Año 1996 VI Legislatura
Comisiones. Núm. 74



CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO



COMISION DE PRESUPUESTOS



PRESIDENCIA DE DON JOAN LERMA BLASCO



celebrada el lunes, 9 de diciembre de 1996



ORDEN DEL DIA:



--Dictaminar el Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1997. (Número de expediente 621/000002.)



--Dictaminar el Proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria.

(Número de expediente 621/000004.)



Se abre la sesión a las diez horas y quince minutos.




--DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
1997. (621/000002.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta
sesión de la Comisión para la tramitación simultánea del proyecto de ley
de los Presupuestos Generales del Estado y del proyecto de medidas de
disciplina presupuestaria.

En cualquier caso, vamos a dar comienzo a esta sesión lamentando la
pérdida de nuestro compañero Senador José Antonio González Caviedes,
Senador por Valladolid y Alcalde de Olmedo. Damos nuestro más sentido
pésame a la familia y a todos sus amigos y, naturalmente, lamentamos la
pérdida de un compañero que ha llevado durante muchos años la
responsabilidad de representar a Valladolid en el Senado.

A continuación, vamos a empezar a debatir los proyectos de ley de
Presupuestos Generales para 1997 y de disciplina presupuestaria. De
conformidad con el criterio manifestado por los portavoces de los grupos
parlamentarios, y

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con el objeto de agilizar los debates, así como considerando el número de
artículos del proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria y
las enmiendas presentadas al mismo, propondremos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, que la Comisión dictamine
directamente el citado proyecto de ley sin designar previamente la
Ponencia.

Antes, vamos a dar, si no hay ningún voto en contra, por aprobada el acta
de la sesión anterior. ¿Se entiende que se puede dar por aprobada?
(Pausa.) Damos por aprobada el acta y, a continuación, proponemos el
acuerdo expresado anteriormente sobre el dictamen de los dos proyectos de
ley. ¿Se entiende acordado? (Pausa.) Se entiende acordado, por tanto, por
la Comisión, y pasamos entonces al debate de los vetos. Habrá, como
ustedes conocen, cinco minutos para cada una de las defensas de las
propuestas de veto.

Empezamos con el veto de la señora Inmaculada de Boneta. Tiene la palabra
para defender su propuesta de veto.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Me uno a las palabras del señor Presidente en relación a la pérdida que
esta institución ha sufrido con el Senador González Caviedes y en el
pésame a su familia, a sus amigos y al Grupo Parlamentario Popular, en
particular.

Dicho esto, paso rápidamente a la defensa de esta propuesta de veto, que
presento en nombre de Eusko Alkartasuna, y quiero decir, en este sentido,
que estos Presupuestos, que se nos han presentado con un objetivo claro,
que es cumplir los criterios de convergencia, los compartimos en cuanto
al objetivo, pero no consideramos que los medios que se han planteado,
mediante el instrumento de los Presupuestos, sean los correctos o los
mejores para cumplir este objetivo y, a la vez, presentar unos
presupuestos que sirvan al desarrollo de nuestro país y a la mejora de
las condiciones en general para el año 1997.

En primer lugar, creemos que son unos Presupuestos poco realistas, que
son voluntaristas, que hay un notable optimismo a la hora de presupuestar
el ingreso y también a la hora de presupuestar los gastos, en un caso por
exceso y en el otro por defecto. Creemos que, sin olvidar los objetivos
de Maastricht, no hay que olvidar tampoco algo fundamental para el Estado
español en su conjunto, que es tomar medidas en política de empleo que
contribuyan a la creación de los empleos que estamos necesitando. Creemos
que los Presupuestos son muy restrictivos en inversiones, y en particular
en la Comunidad Autónoma vasca, con unas inversiones que podríamos llamar
ridículas en infraestructuras, por ejemplo, que tienen un conjunto de
inversiones de 8.000 millones, de los cuales más de la tercera parte
están presupuestados para inversiones en materia de defensa e interior.

No estamos tampoco de acuerdo con la política de congelación salarial en
relación a los funcionarios, porque creemos que es necesario adoptar una
serie de medidas en la reforma de la Función Pública y de las
Administraciones Públicas en general, pero no creemos que una decisión de
congelación de salarios, reiterada, por otra parte, por los Gobiernos
socialistas en sucesivas congelaciones, arreglen el problema, sino que
habría que tomar el toro por los cuernos, por decirlo de una manera
coloquial, y acometer esa reforma de la Administración y ajustarla a las
dimensiones que el Estado Autonómico requiere y a las transferencias que
ya se han realizado. Creemos también que las inversiones en I+D no
apuestan decididamente por un desarrollo necesario, puesto que el I+D lo
consideramos como un motor del desarrollo, y nos alejamos cada vez más de
la media europea del 2,5 por ciento sobre el PIB de inversión en I+D,
quedándonos escasamente en el 0,9. Y, por último, por señalar una
cuestión fundamental sobre la que se basa este veto que presento en
nombre de Eusko Alkartasuna, creemos que falla totalmente la solidaridad,
puesto que en contribución al desarrollo estamos muy lejos del 0,7 por
ciento del PIB que se está demandando desde hace años y que se considera
un objetivo, y no se llega ni siquiera al 0,4 ó 0,5 por ciento, que
consideraríamos que sería un paso tímido, pero una apuesta clara y
decidida en la solidaridad y en la necesidad de cooperación al
desarrollo.

Por todas estas razones, pero fundamentalmente por la primera, porque
creemos que son unos Presupuestos poco realistas y que no van a ser
válidos siquiera para el cumplimiento del objetivo que se propone,
presentamos este veto.

Nada más, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Boneta.

A continuación, para defender conjuntamente las propuestas de veto
presentadas, tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez. Tiene usted diez
minutos, si los quiere utilizar, porque son para defender conjuntamente
las dos propuestas.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente, pero me va a
sobrar tiempo.

Señorías, solamente deseo reflejar nuestra opinión de que el objetivo
fundamental de estos presupuestos, reactivar la economía del país y crear
empleo, no se va a cumplir. Y, por el contrario, creemos que en estos
presupuestos se plantea dilapidar parte del patrimonio público y se
recortan los gastos sociales y el poder adquisitivo de los trabajadores,
concretamente el de los funcionarios, pero también más allá de ellos.

En definitiva, señorías, no nos creemos las bondades presupuestarias que
anuncia el Partido Popular con estos presupuestos. Bajo nuestro punto de
vista, están llenos de trampas contables, porque pensamos que las
previsiones de ingresos, tal y como están presentados, no sólo no se van
a cumplir, sino que no van a cubrir, siquiera mínimamente, los objetivos
que se declaran. Por lo tanto, mantenemos nuestra posición de veto.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nieto Cicuéndez.

Para la tercera propuesta de veto, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el Senador Granado.




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El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Intervendré
con mucha brevedad.

Ya en otros años hemos tenido ocasión de comentar lo difícil que es,
reglamentariamente, defender una propuesta de veto en Comisión antes del
debate en Pleno del proyecto, y los imponderables a que ello nos obliga.

El presupuesto que se presenta por parte del Gobierno, y el proyecto de
ley de disciplina presupuestaria que viene aneja al mismo, porque se está
tramitando a la vez, tienen una finalidad que el Grupo Parlamentario
Socialista comparte, garantizar que España pueda estar en la primera
línea de construcción de la Unión Económica y Monetaria Europea, para lo
cual, evidentemente, es necesario hacer un esfuerzo, que debe ser
compartido por toda la sociedad española y por el conjunto de las
Administraciones Públicas. Lo que sucede es que, a nuestro juicio, este
objetivo compartido está mal resuelto desde el punto de vista de las
opciones que han realizado el proyecto de ley de Presupuestos y el de
medidas de disciplina presupuestaria. Por un lado, se difieren gastos y
se adelantan ingresos; se realizan, por decirlo así, «triquiñuelas» a fin
de facilitar la ejecución presupuestaria de 1997 con una tasa de
actualización de balances en el Impuesto de Sociedades que va a suponer,
en la práctica, menores ingresos en ejercicios sucesivos, pero que se va
a cobrar este año; o como determinados adelantamientos de gastos al año
1996 o adelantamientos de ingresos al año 1997 que luego se van a ver
difícilmente soportados en ejercicios sucesivos. Se toman medidas
fiscales que comprometen la capacidad de los ingresos públicos de poder
seguir consolidando fiscalmente el ajuste presupuestario en los
ejercicios sucesivos. Se compromete el crecimiento del país a largo plazo
al disminuir, con un enorme rigor, el gasto en educación o en inversión
civil nueva de toda la Administración del Estado. Se reparte
desigualmente el ajuste, bien territorialmente, afectando más a las
Comunidades Autónomas en donde el Estado tiene más competencias, o bien
socialmente, afectando más a aquellos servicios públicos que son
fundamentales para la liberación social y para los grupos más
desfavorecidos. Y, en suma, el presupuesto, a nuestro juicio, compromete
el crecimiento del país a largo plazo, compromete el proceso de
nivelación social que ha experimentado España en los últimos quince años,
dificulta en el futuro que el Estado pueda seguir atendiendo sus
compromisos en la Unión Económica y Monetaria Europea y dificulta,
incluso, su realización, por las previsiones de ingresos del año 1997.

Por todas esas razones, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no va
a apoyar este proyecto de ley de Presupuestos ni el de medidas de
disciplina presupuestaria.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Defendidas las tres propuestas de veto, para un turno en contra, tiene la
palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el Senador Utrera
Mora.




El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para consumir este turno en contra de todos los vetos
presentados, tanto los del Grupo Parlamentario Mixto como el del Grupo
Parlamentario Socialista, y me gustaría constatar, en primer lugar, esa
coincidencia que prácticamente todos los intervinientes anteriores han
señalado respecto a compartir objetivos que promueven o forman parte del
futuro colectivo de España como nación y que nos tienen que aproximar a
los niveles de vida y de bienestar de nuestros socios comunitarios.

Desde hace algunos años entendemos que a España, que ingresó en la Unión
Europea hace más de una década, sin embargo, le queda todavía la tarea
pendiente de aproximarse realmente a los estándares de vida y de
bienestar que existen en la Unión Europea. Eso es algo que debemos
conseguir entre todos progresivamente, y tenemos ante nosotros, en un
horizonte muy próximo, muy cercano, un peldaño más, muy importante, para
garantizar esa convergencia real con Europa. Por lo tanto, hemos de
felicitarnos en cuanto a la coincidencia de objetivos.

Los dos grupos que han presentado vetos señalan a renglón seguido que,
estando de acuerdo con los objetivos, no lo están con los instrumentos.

O, dicho de manera más retórica, que estos presupuestos distribuyen los
costes y los esfuerzos de manera desproporcionada entre distintos grupos
sociales y que, por lo tanto, con estos presupuestos no se van a alcanzar
los objetivos compartidos de integración en la Unión Monetaria. Vamos a
rebatir, tanto desde un punto de vista macroeconómico como
micropresupuestario, entrando en algunas de las principales partidas de
los presupuestos, estas afirmaciones.

Desde el punto de vista macroeconómico, se señala que los presupuestos,
en cuanto a las cifras --hemos de entender que tanto al cuadro
macroeconómico que le sirve de base como a las previsiones de ingresos y
gastos--, son pocos realistas. Incluso se ha llegado a apuntar que son
demasiado optimistas en cuanto a ingresos y pesimistas --es decir, que
presupuestan poco-- por lo que hace a la realidad del gasto. A este
respecto, y con los datos de que disponemos, hay que señalar que en los
últimos quince años quizá sea éste el presupuesto más afinado por el lado
de ingresos y gastos que se ha realizado.

El compromiso del Gobierno del Partido Popular con la credibilidad de las
cifras presupuestarias --que, por otro lado, ya ha trascendido a los
mercados financieros y a los agentes económicos, que han permitido una
reducción de la prima de riesgo de España con respecto a los países
europeos tan significativa-- que ha ganado desde el momento de su
presentación, no está basado en el aire, en nada, sino que, por el
contrario, se corresponde con un análisis serio y riguroso de las
posibilidades de recortar gasto en la Administración, que se han apurado
al cien por cien, y de las posibilidades recaudatorias del sistema fiscal
y vigente con las modificaciones que introducimos en estos presupuestos y
que el Gobierno también introdujo el pasado mes de junio, que,
inequívocamente, van a la reducción de la carga fiscal soportada por los
contribuyentes que realmente están pagando sus impuestos.

Por lo tanto, las previsiones de ingresos y el compromiso de crédito
presupuestario, por el lado del gasto, no



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pueden ser más firmes por este Gobierno, y rechazamos así las acusaciones
de poco realistas o de voluntarismo en las cifras presupuestarias.

Más consistente, exigiendo, por lo tanto, un poco más de análisis, sería
la crítica de que estos presupuestos no sirven para activar la economía
ni para crear empleo. Ciertamente, desde los distintos grupos
parlamentarios y desde las distintas posiciones ideológicas se pueden
sostener todo tipo de argumentos respecto a cómo la economía española ha
venido reaccionando en los últimos años ante los distintos estímulos que
desde el sector público se pueden operar. Yo quisiera llamar la atención
de todos los presentes en la Comisión sobre un hecho significativo y muy
relevante. Hasta hace muy poco, unos meses tan sólo, con el último
Gobierno del Partido Socialista, seguía prevaleciendo la tesis según la
cual impulsos fiscales a través de mayor gasto público consignado en
presupuestos y ejecutado durante el período de vigencia de los mismos
promoverían tasas de crecimiento más altas y, por lo tanto, también tasas
de creación de empleo superiores. Es la famosa tesis de que el sector
público, mediante el impulso que su gasto puede operar en la economía,
contribuye realmente a fortalecerla. Frente a esto, en todo el mundo
occidental se está aceptando comúnmente que precisamente esos impulsos
fiscales, en la medida en que vengan acompañados de déficit
presupuestario incontrolado y en la medida en que afecten a los tipos de
interés al alza, al final no generan efecto expansivo real, sino que
pueden producir una contracción económica y penalizar la creación de
empleo. Desde el Partido Popular, desde el Grupo Parlamentario Popular,
siempre hemos sostenido que ésa era exactamente la situación que se
estaba dando en los últimos años: impulsos fiscales muy fuertes, no se
estaba conteniendo el déficit público a pesar de aumentos fiscales
importantes y a pesar de aumentos también muy importantes del gasto
público, y lo único que se estaba haciendo era debilitar la posición del
sector público con acumulación de deuda a una tasa inusitadamente rápida,
elevaciones de tipos de interés y destrucción de tejido industrial, de
tejido productivo español. Las tres circunstancias conjuntamente
configuran la herencia que este Gobierno, el Gobierno del Partido
Popular, ha recibido de los Gobiernos anteriores, y precisamente esa
herencia ha obligado a que el ajuste presupuestario para 1997 --dado que
los compromisos ya estaban firmados respecto a la integración en la Unión
Económica y Monetaria-- sea mayor del que a nosotros mismos nos hubiera
gustado. Por tanto, estos Presupuestos son los que necesita la economía,
realmente contribuyen a activarla y pensamos --y de hecho los últimos
datos disponibles de la Encuesta de Población Activa así lo confirman--
que 1997 va a ser un año muy positivo para la creación de empleo.

Por último, desde una perspectiva micropresupuestaria, es decir, respecto
de lo que se está haciendo en las partidas a las que se está dando
prioridad --lo que se denominan las prioridades de gasto-- dentro de los
Presupuestos para 1997, yo quisiera llamar la atención sobre tres
cuestiones principales. Primero, no hay triquiñuelas contables, no se
está produciendo eso que en Europa se ha venido en llamar la contabilidad
creativa, un invento curioso, propio de informadores y de personas que se
aproximan, pero poco, al Presupuesto, que tienen un conocimiento muy
genérico del mismo, y que viene a resumir un estado de opinión en el
sentido de que ya que tenemos compromisos concretos de déficit público,
si no se consiguen por las buenas, se consiguen por las malas; es decir,
si no se consigue realmente contener el déficit público, enmascaremos el
déficit que tenemos para que así lo parezca. A mí esto me recuerda a
épocas anteriores como, por ejemplo, el año 1993, cuando hubo que aflorar
--por cierto, inmediatamente después de las elecciones generales, en las
que se nos decía que el déficit público estaba controlado-- casi un
billón de pesetas de gasto público que estaba en situación de
extrapresupuestario y en partidas tan importantes, tan significativas y
tan conocidas como las prestaciones por desempleo. Con eso quiero decir
que no forma parte de las intenciones de este Gobierno --ni, desde luego,
del Grupo Parlamentario que lo sostiene-- entrar en ese juego negativo,
en ese círculo vicioso de ocultar cifras un ejercicio para tener que
aflorarlas varios ejercicios después. Consecuentemente, nada más lejos de
la intención de este Gobierno que contribuir, mediante contabilidades
creativas o mediante falta de transparencia, a engordar una pelota que
tristemente en España tenemos experiencia de qué inoportuna es cuando hay
que aflorarla.

Por tanto, no es eso ni, desde luego, es ésa la interpretación que se
puede dar al hecho de que, utilizando la experiencia que existe en
Europa, se haya decidido que una parte importante de la inversión pública
en activos públicos se realice mediante el concurso de la iniciativa
privada y que para ello se creen cauces de participación del capital
privado en la financiación de capital público; tampoco se operan
reducciones de gastos trasladándolas a ejercicios distintos de 1997 --ya
que hablamos del Presupuesto de 1997--, ni tampoco estamos anticipando
ingresos de ejercicios sucesivos. Simplemente se establecen calendarios
racionales de gastos e ingresos públicos y desconocemos --nos gustaría
algo más de detalle-- qué es eso de trasladar ingresos y gastos hacia
ejercicios distintos de los presupuestados.

Con todo, aparte de esta cuestión de la contabilidad creativa, las
críticas se han concentrado exclusivamente en otros dos apartados más: en
primer lugar, la necesaria austeridad, un exceso de restricción se dice
por alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, y, por otro lado, la congelación salarial. En que los
Presupuestos son muy restrictivos estamos de acuerdo pues, como antes
explicábamos, era la solución, la única solución posible, dada la
herencia presupuestaria recibida en la situación financiera de las
Administraciones públicas y dados los compromisos que a muy corto plazo
hay que satisfacer. Efectivamente, este Presupuesto, con crecimientos del
gasto muy poco por encima del 1,5 por ciento consolidado, es un
presupuesto de ajuste muy importante.

En segundo lugar, la congelación salarial no es, desde luego, una medida
popular, ni siquiera es una medida deseada, pero recordamos a quienes con
tanta ferocidad ahora se oponen a una congelación salarial en el sector
público



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que ellos mismos la practicaron en el pasado y que la practicaron con
tasas de inflación que superaban en más del doble la tasa de inflación
prevista para 1997 --quiero recordarles a todos los Senadores de los
otros grupos parlamentarios que 1996 es el primer año en muchos en el que
se va a cumplir la previsión de inflación y, por tanto, podemos pensar
que también en 1997 se va a cumplir-- y que, además, esa congelación
salarial va a contribuir eficazmente a la consolidación, es decir, a la
reduccción del déficit público, al objetivo programado del 3 por ciento.

En definitiva, frente a congelaciones salariales muy recientes
prácticamente inútiles --por cuanto no sirvieron para reducir el déficit
público-- y costosas --por cuanto supusieron para quienes vieron sus
salarios congelados pérdidas de poder adquisitivo por encima de los 5
puntos--, ahora para 1997 esas pérdidas se quedarán reducidas a la mitad
y, además, sí van a contribuir eficazmente a la contención del déficit
público. Por lo demás, desde el Ministerio de Administraciones Públicas
se ha hecho una oferta de garantía de crecimientos salariales en años
sucesivos en la medida en que la consolidación presupuestaria lo permita,
por eso consideramos el ejercicio 1997 y las decisiones presupuestarias
incluidas para el mismo como excepcionales en el tiempo y condicionadas
por el muy corto plazo impuesto por los compromisos que España ha
suscrito y que tiene que alcanzar.

Por todas las razones apuntadas, el Grupo Parlamentario Popular está muy
satisfecho con el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
presentado por el Gobierno y modificado, en la medida en que se han
incorporado algunas enmiendas importantes, en el Congreso de los
Diputados, y votará en contra de todas las enmiendas de veto que se han
presentado.

Gracias, Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Utrera.

Abrimos un turno de portavoces. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Voy a ser muy breve, señor Presidente.

Solamente quiero decir que nuestro Grupo Parlamentario va a votar en
contra de los diversos vetos presentados porque, básicamente, estamos de
acuerdo con el Proyecto de Presupuestos que ha presentado el Gobierno. Y
estamos de acuerdo con este Proyecto de Presupuestos porque hay tres
elementos importantes: en primer lugar, estos Presupuestos garantizan el
Estado de bienestar; en segundo lugar, nosotros creemos que con estos
Presupuestos se da un relanzamiento de la inversión productiva y, en
tercer lugar, son unos Presupuestos restrictivos, que se estaban pidiendo
desde hace tiempo, con objeto de alcanzar la convergencia monetaria de
cara a 1999.

Todos sabemos que alcanzar esa convergencia es un anhelo político, pero
también sabemos que existen unos parámetros económicos que, desde luego,
si no se cumplen será imposible que podamos entrar en el euro en la
primera fase, y nosotros pensamos que con estos Presupuestos se va a
hacer una corrección del déficit público y de la deuda pública. Por otro
lado, con las diversas medidas de tipo económico en el sentido más amplio
que se han tomado, estamos viendo cómo han ido hacia abajo tanto los
tipos de interés como el índice de inflación. Por último, en estos
momentos vemos cómo la peseta mantiene una fortaleza dentro del sistema
monetario europeo.

En consecuencia, creemos que esos cinco objetivos que se nos marcan para
entrar en la moneda única tienen un apoyo importante en estos
presupuestos. Con esto no quiero decir que solamente con estos
presupuestos conseguiremos entrar en la moneda única, serán necesarias
otra serie de medidas, algunas ya las ha tomado el Gobierno y otras las
deberá tomar al respecto.

Pero, tal y como decía al principio, y en conclusión, vamos a votar en
contra de los vetos y a favor de estos presupuestos porque creemos que
con ellos podremos conseguir los tres objetivos que he citado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo para fijar la posición de nuestro Grupo, y lo hago muy
brevemente porque la próxima semana tendremos ocasión de hacer un debate
más amplio sobre la globalidad de este proyecto de ley.

Nuestro posicionamiento es muy claro y conocido, vamos a votar en contra
de esas propuestas de veto, porque entendemos que estos presupuestos,
globalmente, respetan los acuerdos que permitieron la investidura del
Presidente del Gobierno, señor Aznar y, además, estos acuerdos se cumplen
en gran medida.

De forma esquemática consideramos que estos presupuestos contribuyen a
cinco aspectos para nosotros primordiales: en primer lugar, la
consolidación del Estado de las Autonomías; en segundo lugar, el
cumplimiento de los acuerdos de Maastricht; en tercer lugar, el refuerzo
del Estado del bienestar; en cuarto lugar, el impulso de la economía
productiva; y, por último, el inicio de un proceso de reformas
estructurales.

Estas cinco áreas son prioritarias para Convergència i Unió y determinan
nuestro voto positivo a estos presupuestos, por tanto, nuestro voto
negativo a los vetos presentados y, de hecho, a nuestro acuerdo global de
gobernabilidad en el que estamos actualmente con el Gobierno del Partido
Popular.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Nieto
Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.




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Quiero hacer una aclaración para que conste en el «Diario de Sesiones».

El portavoz del Partido Popular, a la hora de posicionarse en contra de
los vetos, ha manifestado que todos los grupos que hacemos los vetos
estamos de acuerdo con el marco de la convergencia de Maastricht. Con
independencia del veto, Izquierda Unida no comparte tampoco los objetivos
de Maastricht ni cree en ellos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Como bien ha dicho el Senador Cambra, habrá ocasión de discutir más
detenidamente en el Pleno este proyecto de ley. Simplemente me gustaría
hacer tres puntualizaciones a lo manifestado por el Senador Utrera,
portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Una primera es en lo referente a la creación de empleo. Según los datos
de la Encuesta de Población Activa, desde que se produjo la reforma
laboral este país ha creado, desde enero de 1994 hasta la última Encuesta
de Población Activa, algo menos de 900.000 puestos de trabajo. En este
sentido, el proceso de creación de empleo es un proceso en el que, por
primera vez, la economía española ha conseguido crear puestos de trabajo
a tasas de crecimiento del producto interior bruto inferiores al 3 por
ciento. Se ha conseguido con una política de rigor presupuestario y de
atención a la inversión pública.

La inversión pública es el gran maltratado del proyecto de presupuestos
para 1997. La inversión en obra nueva civil del Estado baja prácticamente
por debajo de los 250.000 millones de pesetas, en un presupuesto
billonario. En este sentido, nuestras críticas no son sino las mismas que
hacen los empresarios del sector, que hoy mismo salen a los medios de
comunicación para decir que no creen en las nuevas medidas de
financiación extrapresupuestaria de las inversiones, que ven difícil el
funcionamiento de esas nuevas empresas y sociedades públicas que tienen
que acometer la financiación de estas inversiones y que, realmente,
auguran una caída en el crecimiento del producto interior bruto de
nuestro país de continuarse con las previsiones presupuestarias en lo que
a financiación de inversiones se prevé en el proyecto de ley de
presupuestos.

El proyecto de ley de presupuestos y de medidas, al incorporar nuevos
sistemas de pago, no contemplado actualmente en la Ley de Contratos del
Estado el pago único para las inversiones, favorecen una contabilidad
creativa de estas inversiones, porque, en términos de contabilidad
nacional, estas inversiones deben ser contabilizadas en los años en los
que realmente se vienen ejecutando y, sin embargo, con el sistema de pago
único esto va a ser imposible y se van a contabilizar las inversiones,
inevitablemente, cuando se efectúe el pago y en ejercicios sucesivos.

En segundo lugar, me gustaría señalar que la falta de acuerdo con las
Administraciones autonómicas y las Administraciones municipales --en lo
que es la financiación del déficit público no se ha realizado todavía
ningún acuerdo de modificación de escenarios presupuestarios-- va a hacer
recaer, sobre las regiones españolas en las que el Estado tiene más
competencias, el peso fundamental del ajuste presupuestario. Esto se va a
producir, inevitablemente, cuando comparemos el presupuesto del
Ministerio de Educación o del Ministerio de Sanidad en aquellos
territorios en los que el Estado tiene competencias con los presupuestos
de las Comunidades Autónomas en los territorios donde éstas asumen
competencias plenas en educación o en sanidad. Esto va a marcar un ajuste
desigual desde el punto de vista territorial en nuestro país.

En cuanto a la disminución de la presión fiscal para los contribuyentes
que pagan sus impuestos, si uno hace esta reflexión a partir de las
medidas incorporadas o que se van a incorporar vía de enmienda al
proyecto de ley de presupuestos del Estado, al proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y de orden social e, incluso, al proyecto de
ley de disciplina presupuestaria, llegaría a la conclusión de que si va a
disminuirse la presión fiscal en el año 1997 en nuestro país para los
contribuyentes que pagan sus impuestos, éstos son únicamente los
empresarios, porque solamente a determinadas rentas del capital se va a
bajar la presión fiscal para 1997 en nuestro país, no para los
trabajadores por cuenta ajena que van a soportar, evidentemente,
perjuicios en cuanto a la disminución de los servicios que perciben del
Estado, y perjuicios en cuanto a la congelación de sus rentas salariales
si son empleados públicos.

Es verdad que hubo congelaciones salariales de los empleados públicos en
otros ejercicios, pero eran ejercicios en los que crecía el paro, eran
ejercicios en los que la situación de crisis que vivía la economía
española hacía pagar, precisamente, sacrificios mucho más importantes a
los que no eran empleados públicos, y a éstos se les pidió una lógica
contribución al sacrificio colectivo del país. Lo que no parece muy
congruente es pedir sacrificios a los empleados públicos o a los
trabajadores por cuenta ajena cuando, con la otra mano, se producen
regalos fiscales hacia colectivos con una enorme capacidad de renta,
entre los cuales están desde inversores de sectores concretos hasta
deportistas de elite u otro tipo de categorías que, precisamente, no
están incluidos entre los grupos más desfavorecidos de nuestro país.

Por estas razones, manifestamos que seguimos sin apoyar el proyecto de
ley de presupuestos ni el proyecto de ley de disciplina presupuestaria.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Utrera.




El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero agradecer el apoyo de los grupos a la posición del Grupo
Parlamentario Popular en relación con estas enmiendas de veto y, en
particular, el razonamiento en el cual sustentan su posición contraria a
estos vetos. Es decir, para todo aquel que quiere ver, es obvio que este
presupuesto es el que es; éste es un presupuesto que distribuye
austeridad en el gasto que, al mismo tiempo, reacondiciona, puesto



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que no se puede hablar de auténtica reforma fiscal, sino que introduce
pequeñas modificaciones que tratan de modificar los principales defectos
que presentaba y que sigue presentando aún el sistema tributario español.

Son unos presupuestos que, en definitiva, hay que valorarlos en función
de lo que persiguen.

Y lo que persiguen --así se ha dicho-- es la consolidación del Estado de
las Autonomías, es cumplir los compromisos suscritos en Maastricht, es
iniciar las reformas estructurales de liberalización de mercados
productivos que necesita nuestro país, es impulsar la economía productiva
y ser solidarios con los que realmente necesitan la solidaridad pública.

He de señalar, en primer lugar, y perdónenme el salto en el orden lógico,
al portavoz de Izquierda Unida que yo ya conozco su posición contraria a
los compromisos y a los objetivos perseguidos por Maastricht. Por tanto,
entiendo, aunque no comparto, su rechazo absoluto, no solamente a los
instrumentos, sino también a los objetivos que persiguen los Presupuestos
Generales del Estado. Sin embargo, yo sí llamaría la atención del
portavoz de Izquierda Unida sobre el hecho de que no nos podemos salir
del orden normal de la Unión Europea en la cual estamos integrados.

Consolidar presupuestariamente o reducir el déficit público en cualquier
país y en cualquier situación es sano. Y es sano en la medida --y esto
espero que lo comprenda y lo comparta-- en que permite que la economía
productiva, por ejemplo a través de las reducciones de tipos de interés,
pueda realmente salir beneficiada. Yo creo que hemos de cambiar todos la
idea de que déficit público alto y persistente es positivo para la
evolución económica, porque lo que se está demostrando es que ese efecto
expansivo aparente del gasto público en exceso, del déficit público, es
más aparente y, por tanto, más engañoso que real. Al final, se generan
reacciones en mercados financieros, tipos de interés, incluso, en las
expectativas de los contribuyentes que piensan que los impuestos tendrán
que subir en el futuro para colmar o para compensar ese aumento de
déficit público. Esto genera perturbaciones suficientes como para más que
contrarrestar la inercia expansiva inicial.

Pero si nos centramos en la valoración que el portavoz socialista, el
señor Granado, ha hecho en su primera y en esta segunda intervención, yo
diría que quien ya tiene una historia tan larga --y ciertamente el
Partido Socialista que ha gobernado en España la tiene y mucho--, tiene
que cuidar mucho las argumentaciones que utiliza. Yo, sencillamente, no
alcanzo a entender lo que se me acaba de decir respecto de la congelación
salarial. Es decir, hemos visto cómo había que pedir austeridad hace unos
años a los funcionarios públicos y cómo, además, había que pedirla con
tasas de inflación muy elevadas, por encima del cinco por ciento. Si esto
ha sido así, por qué no vale ahora cuando estamos a meses de tener que
cumplir compromisos suscritos por el gobierno socialista --nosotros
también hubiéramos suscrito, desde luego, los compromisos de
Maastricht--, que ha dejado a la Hacienda pública con las suficientes
dificultades como para que haya que tomar estas medidas que nosotros
consideramos excepcionales, de emergencia para poder cumplir esos
compromisos por ellos suscritos previamente.

Lo mismo cabe decir respecto de la inversión pública. Señor Granado, si
usted no entiende que este país necesita durante los próximos años
consolidar su déficit público, es decir, reducirlo y que para ello hay
que utilizar aquellos instrumentos de los que existe experiencia
internacional, y uno de ellos son las inversiones públicas mediante
procedimiento de pago único, o sea, la participación del capital privado
en la financiación de inversión pública, si usted eso no lo entiende y
habla de contabilidad creativa, pues sencillamente creo que no debemos
extendernos más en los argumentos. Ahí no hay contabilidad creativa. La
auténtica contabilidad creativa es cuando se oculta gasto público o
cuando se trata de diferir en el tiempo para no conseguir nada.

Nosotros hemos dicho explícitamente que utilizamos estos sistemas porque
España necesita una dotación de capital público superior a la que ahora
el presupuesto público puede financiar. El nivel de deuda pública
existente y los compromisos de reducción del déficit público no permiten
financiar las inversiones en infraestructura que España necesita. Y
partiendo de ese supuesto, preferimos, ante la opción de no financiar y
de que, por tanto, no se realicen esos proyectos de inversión en
infraestructura pública, instrumentar mecanismos que permitan que el
capital privado concurra en la financiación de esas infraestructuras. Y
hemos dedicado una parte sustancial del proyecto de ley de medidas
fiscales y de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado a
habilitar fórmulas que permitan que el capital privado contribuya a la
financiación de esas infraestructuras, de ese capital social. Eso es así.

Usted llámelo como quiera. Pero, desde luego, no hay contabilidad
creativa ni, por tanto, intento alguno de diferir hacia el futuro gasto
público. Lo que queremos, simplemente, es disponer de esas
infraestructuras sin gravitar sobre los Presupuestos del 97 porque es
imposible.

Por otro lado, abre usted una nueva cuestión. Yo creo que cuando no queda
otra cosa que decir, como señalaba un catedrático de economía hace
algunos años, se habla de pymes. Y yo diría también que cuando el Partido
Socialista no tiene en estos momentos otra cosa que decir habla de
Comunidades Autónomas, de financiación de Comunidades Autónomas.

Yo había oído muchas cosas respecto del sistema de financiación de
Comunidades Autónomas y creía que estaba preparado para rebatir la
mayoría de ellas. Pero su argumentación de que dentro de las Comunidades
Autónomas, dependiendo de su distinto nivel competencial, el ajuste de
unos Presupuestos Generales del Estado se traslada sobre las Comunidades
Autónomas creando discriminación entre ellas, sencillamente, me parece
esotérico. Estamos entrando ya en una auténtica hipnosis presupuestaria.

¿Eso qué quiere decir, que tenemos que igualar las competencias? Señores,
llevamos muchos años diciendo que las Comunidades Autónomas del artículo
143 dispongan de competencias educativas plenas y también de competencias
sanitarias. Las educativas las vamos a conseguir. El año que viene todas
las Comunidades Autónomas del 143,



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y gracias en gran medida a la dedicación que este Gobierno va a tener,
van a disponer de competencias educativas. De las sanitarias se dispondrá
un poco más adelante porque primero hay que llegar a un pacto para
atribuir esas competencias. Pero reducir de esa situación de hecho que,
efectivamente, podría ocurrir que en una restricción presupuestaria en un
determinado ejercicio algunas Comunidades Autónomas, las más dependientes
de los Presupuestos del Estado, se vean sometidas a esa restricción
presupuestaria, es tanto como negar que podría ocurrir justamente lo
contrario en un ejercicio posterior; es decir, que en ejercicios en los
cuales presupuestariamente se decida desde el Estado dar un impulso algo
superior estaremos creando discriminación en sentido contrario en las
Comunidades Autónomas.

Yo creo que hay que ser algo más sereno, algo más severo, incluso, al
argumentar sobre las Comunidades Autónomas porque podemos despertar
instintos de revancha o de confrontación que no se corresponden con la
realidad. No podemos arrojar a la cara estos Presupuestos a ninguna
Comunidad Autónoma y mucho menos, por supuesto, provocar, a través de
ellos, enfrentamientos entre Comunidades Autónomas. Son lo que son:
presupuestos de austeridad, presupuestos de rigor, que tienen muy
ajustado todo aquello que financian, como la educación y la sanidad.

No comparto que caigan los presupuestos educativos, puesto que por alumno
matriculado y, por tanto, por beneficiario de las políticas educativas,
los presupuestos educativos no se reducen, sino que se amplían,
ligeramente, pero se amplían. Lo mismo ocurre significativamente con el
presupuesto sanitario. Y, desde luego, no hablemos ya de las prestaciones
--como señalaba alguno de los portavoces que me ha precedido en el uso de
la palabra en este segundo turno-- a aquellos grupos más necesitados.

¿Dónde quedan las críticas socialistas que hace algunos años oíamos de
que los pensionistas no iban a cobrar pensión, de que iban a perder poder
adquisitivo con las pensiones? ¿Dónde quedan? ¿Qué ha ocurrido con esas
críticas? ¿Quién se va a retractar por parte del Partido Socialista
Obrero Español de lo dicho durante la campaña electoral? ¿Quién va a
disculparse por las preocupaciones creadas a colectivos tan importantes
como los pensionistas? ¿Acaso estos Presupuestos no colman esa
prestación? ¿No garantizan el poder adquisitivo? Eso sí, estos
Presupuestos, a diferencia de los de todos los años anteriores, han
mejorado en una cosa la situación y eso ya lo conocemos hoy: no será
necesaria la paga que tenían los pensionistas por desviaciones de
inflación. Ya sabemos que estos Presupuestos van a conseguir que no haya
desviación ninguna en la tasa de inflación al final del ejercicio.

Por tanto, no nos vale el argumento de que hay tensiones con las
Comunidades Autónomas ni, desde luego, el de la apariencia creativa de la
contabilidad presupuestaria, pues yo diría que más creativos son los
argumentos que está utilizando el portavoz socialista para poner su veto
a los Presupuestos que la contabilidad, ni mucho menos el de que hay una
especie de confrontación entre asalariados que pierden poder adquisitivo
mientras que otros grupos están obteniendo fuertes beneficios mediante
las reformas fiscales. No hay más que ver el objeto de las reformas
tributarias, por ejemplo, en pequeñas empresas, pues estamos hablando de
lo que estamos hablando, señor Granado. No estamos hablando de los grupos
más poderosos de este país ni de grandes entramados industriales. Nos
estamos refiriendo a empresas muy pequeñas, con niveles de facturación
anuales no superiores a 250 millones de pesetas. En esos casos se produce
una rebaja fiscal que entendemos que va a ser muy positiva para dinamizar
la actividad económica y para crear empleo, que sigue siendo el objetivo
principal de estos Presupuestos para 1997.

Si somos rigurosos y analizamos una a una las modificaciones fiscales que
se están introduciendo en estos Presupuestos y las que ya se han
introducido por el Gobierno mediante Decreto-ley en el pasado inmediato,
en los últimos meses, vemos, insisto, que se trata de modificaciones --no
de auténtica reforma-- en el sistema tributario para corregir los efectos
más perversos del mismo. Y muchos de esos efectos se refieren a la
deslocalización de actividades y de ahorro. Puedo poner como ejemplo la
enmienda, ya incorporada al informe de la Ponencia, relativa a la
bonificación del 90 por ciento de las cotizaciones a la Seguridad Social
a los trabajadores inscritos en el segundo registro de buques.

Ese es el tipo de medidas que defendemos y defenderemos siempre, porque
promueven actividad económica para España y no la envían hacia otros
países, que es lo que se ha venido haciendo durante los últimos años.

También tenemos ejemplos, incluso de altos cargos socialistas, que
podríamos sacar a colación, pero no merece la pena hacerlo.

Por tanto, no aceptamos la argumentación de que se está haciendo una
reforma fiscal orientada a favorecer a unos y a perjudicar a la mayoría,
a la cual, además, se le congela el salario. Sencillamente, se trata de
dos tipos de decisiones con finalidades y objetivos relacionados, pero
distintos. Las reformas fiscales están orientadas a la creación de empleo
y la dinamización de la economía, mientras que la congelación salarial
--al igual que la congelación en otras muchas partidas presupuestarias--
está imbricada en la austeridad y en los compromisos de déficit público
que hay que cumplir en el ejercicio de 1997, es decir, a la finalización
de este Presupuesto.

Creo que con esto quedan suficientemente contestadas las argumentaciones
en defensa de las enmiendas de veto presentadas a estos Presupuestos
Generales del Estado.

Gracias, señor Presidente, por su amabilidad en el tiempo que me ha
concedido.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Utrera.

Terminado el debate de las propuestas de veto, vamos a pasar a su
votación, separadamente.

En primer lugar, tenemos la propuesta de veto al proyecto de ley de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997 presentada por la Senadora De
Boneta. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 15; abstenciones, una.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la propuesta de veto presentada por el señor Nieto.

(Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a
favor, nueve; en contra, 15; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, pasamos a votar las propuestas de veto al proyecto de ley
de medidas de disciplina presupuestaria.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto presentada por el señor
Nieto. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos
a favor, nueve; en contra, 15; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve;
en contra, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos, pues, al debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1997.

De conformidad con lo manifestado por los portavoces de los Grupos, se
realizará una sola votación el martes por la tarde, cuya hora fijaremos
el martes por la mañana, en función del debate.

Comenzamos el debate por el Título I, artículos 1 a 11, y Anexos I y II.

A este Título han presentado enmiendas los señores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de las enmiendas números 185, 186, 256 y 257, tiene la
palabra el señor Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Doy por defendidas estas enmiendas en sus justos términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo de Convergència i Unió tiene presentada la enmienda número 947.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda que presentamos al artículo 11 basa su justificación en que,
con el sistema de financiación vigente, hasta 1994 las decisiones tomadas
por el Gobierno o el Ministerio de Sanidad que comportaban un incremento
del gasto suponían el correspondiente incremento de recursos de las
Comunidades Autónomas a través de la participación en la liquidación del
Insalud.

Con el nuevo modelo de financiación, la liquidación a las Comunidades
Autónomas se realiza en función del crecimiento real del PIB nominal y,
por tanto, no recoge la financiación correspondiente a las decisiones
adoptadas por el Gobierno central.

Por tanto, con la enmienda se pretende instrumentar un sistema que en
estos supuestos permita tener un mecanismo de financiación para las
Comunidades Autónomas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentadas las enmiendas números
981 a 989.

Para su defensa, tiene la palabra su portavoz.




El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.

En este Título se trata de discutir las medidas cuyo objetivo es
introducir un mayor rigor en la ejecución presupuestaria, con la
finalidad de que no se altere el importe del gasto público global que
aprueben las Cortes para 1997.

Mi Grupo presenta una serie de enmiendas al Título I que pretenden, desde
ajustar la cuantía de los beneficios fiscales que prevé el Gobierno,
hasta introducir un mayor rigor en la gestión de las modificaciones
presupuestarias previstas. Todo ello, buscando el equilibrio
presupuestario de la Seguridad Social, dedicando las aportaciones del
Estado para complemento de mínimos y sustituyendo el préstamo para cubrir
su insuficiencia financiera para transferencias del Estado.

Dado que algunas enmiendas están relacionadas con lo que otros Senadores
defenderán en las Secciones, me referiré someramente a ellas, para hacer
hincapié en aquellas que afectan más directamente al Título I.

En cuanto al artículo 3, de los beneficios fiscales que afectan a los
tributos del Estado, presentamos la enmienda número 981, que modifica a
la baja la cuantía prevista en el proyecto en 90.000 millones de pesetas,
para ajustarla a enmiendas posteriores. Esto nos lleva a reflexionar
sobre el concepto que tiene el Gobierno de las políticas presupuestarias
que, con casi cuatro billones de beneficios fiscales, impone sin
negociación previa una congelación salarial a los funcionarios, o aumenta
otros conceptos tributarios, para paliar el desaguisado, en nuestra
opinión, exclusivamente con el fin de beneficiar fiscalmente a las clases
más favorecidas de esta sociedad.

La enmienda número 982 pretende modificar los presupuestos del ente
público Radiotelevisión Española, en coherencia con las alteraciones que
se propone en la sección correspondiente y que, posteriormente, serán
pormenorizadas.

Al artículo 8 proponemos, mediante la enmienda número 983, modificar la
Regla Segunda de las normas de modificación y ejecución de créditos
presupuestarios, por considerarla innecesaria al estar incluida en otros
proyectos de ley que se tramitan en la Cámara en estos momentos y por
entender que la nueva redacción es más coherente e introduce algunas
restricciones no incluidas en el artículo 71 del texto refundido y que,
por coherencia con esta enmienda, nos llevaría a plantear la supresión de
las reglas



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Tercera y Cuarta, tal y como se pretende en la enmienda número 984.

Respecto a la competencia específica en materia de modificaciones
presupuestarias, que plantea el artículo 9 del proyecto de ley,
proponemos la enmienda número 985, mediante la cual se pretende
introducir mayor rigor en la gestión, limitando las transferencias a
supuestos que se den dentro de la misma función y volviendo a la
redacción que antes había respecto a modificar las competencias del
Ministro de Economía y Hacienda, en relación con lo que se dice en el
texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

En todo este artículo subyace un claro intento de disminuir el nivel de
competencias sobre algunas de las materias que se regulan en la Ley
General Presupuestaria. Como nos parece más conveniente el texto
articulado que está en vigor y, además, no entendemos qué es lo que se
pretende con la redacción actual, no podemos aceptarla.

La enmienda número 986 también es de sustitución y afectaría a los
apartados dos, tres y cuatro del artículo 10 del proyecto. Nos parece que
supone dejar al Gobierno las manos absolutamente libres, de tal forma que
desdibuja las líneas que pueda aprobar el Parlamento.

Por esta razón queremos que el Gobierno traiga a las Cámaras, si fuera
necesario para su debate correspondiente, los compromisos de créditos
para operaciones de capital o que no puedan efectuarse transferencias de
crédito de operaciones de capital a operaciones corrientes.

Para terminar el turno de defensa de nuestras enmiendas al Título I del
proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, lo haríamos
respecto a las que afectan al artículo 11 y que responden a los números
987, 988 y 989.

El motivo de estas tres últimas enmiendas es que consideramos que el
proyecto debe empezar a desarrollar las recomendaciones de consolidación
presupuestaria del Pacto de Toledo, para que sea el Estado quien asuma
sus responsabilidades financieras en los próximos cuatro años, en lo que
se refiere a los complementos de mínimos.

La nueva redacción de este artículo 11, apartado dos, y concordantes,
persigue mantener el ritmo de crecimiento de las aportaciones del Estado
a las prestaciones no contributivas, corrigiendo así la injustificable y
exigua aportación a la financiación del complemento de mínimos prevista
en 155.612 millones, 200.000 pesetas del Capítulo 9, pasivos financieros,
como aportación del Estado, ya que su destino es la financiación de
prestaciones no contributivas, como paladinamente reconoce el propio
Gobierno.

Del mismo modo solicitamos la supresión del apartado tres, del artículo
11, por lo expresado anteriormente y la modificación del apartado cuatro,
para determinar la naturaleza de las operaciones que se autorizan y para
no seguir insistiendo en el concepto de que el sistema de Seguridad
Social es deficitario, cuando el sistema contributivo previsto para el
próximo ejercicio refleja unos excedentes de cuantía nada despreciable.

Señor Presidente, con esta intervención doy por defendidas las enmiendas
de mi Grupo al Título I y sólo me resta fijar nuestra posición respecto a
las enmiendas de otros grupos, correspondientes a este mismo apartado.

Con toda brevedad anuncio en este momento nuestro voto favorable a las
enmiendas números 185 y 186, del Grupo Parlamentario Mixto,
correspondientes a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y la enmienda
número 947, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, por considerar las primeras coincidentes con las presentadas por
nosotros al artículo 11 y la del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió de absoluta justificación en sus propios términos.

Señor Presidente, como en este momento también estamos debatiendo los
anexos I y II, queremos fijar nuestra posición y anunciar nuestro voto
favorable a las enmiendas números 256 y 257, del Grupo Parlamentario
Mixto, presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque
estamos de acuerdo con que se asegure durante el ejercicio presupuestario
la financiación suficiente de todas las prestaciones a cargo del sistema
de la Seguridad Social y que se garantice la existencia del crédito
necesario para atender los compromisos contraídos en materia de
pensiones.

Asimismo también quiero manifestar nuestro voto a favor de las enmiendas
números 1.325 y 1.326, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene
presentadas al Anexo II, por considerarlas eminentemente técnicas y que
dan cobertura legal a lo previsto en los términos presupuestarios a que
se refieren.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Hay presentadas dos enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular,
las números 1.325 y 1.326.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Alierta
Izuel, para su defensa.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Con su venia, haremos un turno conjunto de defensa de estas enmiendas
que, como se acaba de señalar, son de carácter técnico, de mejoras, y en
consecuencia no hace falta extenderse sobre ellas. Al mismo tiempo, con
el permiso del señor Presidente, haremos un turno en contra de las
restantes enmiendas.

Muy brevemente haré unos comentarios para fijar nuestra posición con
respecto a las enmiendas presentadas por los restantes grupos. Me
extenderé más detenidamente en las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, en cuanto que ha defendido con más extensión
sus enmiendas.

Evidentemente, el Título I recoge materias de muy diferente naturaleza.

En el Capítulo I de este título se presentan las grandes cifras de los
presupuestos. A dicho capítulo hay dos enmiendas presentadas, una sobre
la cifra global de los presupuestos para Radiotelevisión Española --creo
que es preferible debatirla cuando se debatan las enmiendas de veto y de
contenido de este organismo autónomo-- y otra sobre la disminución en los
beneficios fiscales, que propone el Grupo Parlamentario Socialista en



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coherencia con otras enmiendas que presenta a lo largo del texto.

En consecuencia, su debate está más bien relacionado con el origen de
esta enmienda y únicamente quiero hacer una manifestación, puesto que en
relación con los gastos fiscales se han hecho unos comentarios por parte
del Grupo Parlamentario Socialista. Dice una frase que ya es reiterativa:
que el Gobierno del Partido Popular intenta beneficiar a las clases más
pudientes y perjudicar a las más desfavorecidas. Lo escuchamos en tantas
circunstancias que incluso lo oímos donde no tiene absolutamente ningún
sentido, porque si se lee el anexo de beneficios fiscales --por primera
vez aparece acompañando a los presupuestos en unos de los tomos
amarillos, que este año es mucho más extenso con respecto a otros, puesto
que se introduce una nueva metodología, parte de ella ya venía
aplicándose a nuevos conceptos y se explica por qué la cifra sufre un
incremento muy grande, es decir, se explican los criterios por los que se
hace y se hace, incluso, en el anexo de beneficios fiscales-- se ve que
se distribuyen los beneficios fiscales por su función, es decir, por su
destino y no por la naturaleza del impuesto que lo genera, sino por el
tipo de actividades a los que se dirige.

Puede decirse que los gastos fiscales realmente favorecen a inversiones,
fundamentalmente en gran medida a la vivienda, al consumo de productos
generalizados y, en consecuencia, a todo el país y mayoritariamente a la
mayor parte de la población y si se hace un análisis detenido de estos
gastos fiscales, con las limitaciones que tiene un estudio de este tipo
--lo reconocen los propios autores--, sobre cuál es su causa, origen,
destino y función, se verá que el hacer un análisis --aprovechando los
gastos y beneficios fiscales-- sobre que este Gobierno intenta perjudicar
a los más desfavorecidos y beneficiar a los más favorecidos es un
despropósito, porque no tiene ningún fundamento ni circunstancia que lo
justifique. Pero puestos a repetir este comentario con tanta
promiscuidad, por lo menos podrían tener el cuidado de no hacerlo en
circunstancias sin ningún sentido, lo cual confirma que es un dicho que
se repite. Como dijo alguien, algo dicho muchas veces acaba
convirtiéndose en una verdad, aunque, quizá, no tenga mucho fundamento.

Muy brevemente paso al análisis de las enmiendas presentadas al Capítulo
II, de este Título I, que no versa sobre una materia difrente. Se refiere
a las normas de modificación y ejecución de créditos presupuestarios.

En este sentido, las enmiendas que presenta el Grupo Socialista a los
artículos números 8, 9 y 10 proponen supresiones de párrafos que existían
en los presupuestos que presentó el propio Gobierno Socialista para 1995.

Estos artículos normalmente proponen modificaciones, con vigencia para un
año, de las normas generales que aparecen en la Ley General
Presupuestaria. Pues bien, las enmiendas que presenta el Grupo Socialista
proponen que estas modificaciones con vigencia para 1997 que se recoge en
el proyecto de ley en algunos casos se supriman y se vuelva al texto
original de la Ley General Presupuestaria.

Debo decir que estas supresiones ya existían en los propios Presupuestos
presentados por el Gobierno Socialista en 1995. Comprendemos que en estos
momentos el Grupo Socialista tenga una aspiración de rigor presupuestario
que no ha tenido en ejercicios anteriores. Es más, debo decir que, con
respecto a los Presupuestos de 1995, las normas de modificación y
ejecución de créditos presupuestarios en el Presupuesto para 1997 son más
restrictivas. Tenemos un punto de comparación. Independientemente de que,
como es conocido, conjuntamente con la ley de presupuestos generales del
Estado se tramita una ley de disciplina presupuestaria que modifica --y
restringe en muchas ocasiones-- los contenidos de la propia Ley General
Presupuestaria.

Así, debemos decir que en el actual proyecto de ley de presupuestos para
1997, en el artículo 8, por ejemplo, desaparecen excepciones que existían
en 1995. No se habla de créditos vinculantes porque éstos se recogen con
mucho más rigor en la propia ley de Medidas de Disciplina Presupuestaria
que se tramita también en esta Cámara.

En el Capítulo IX, las facultades que se conceden al Ministro de Economía
y Hacienda también se reducen con respecto a las que existían en los
Presupuestos para 1995. En el proyecto de ley para 1995 se permitía al
Ministro autorizar toda clase de incorporaciones, cosa que ahora se
suprime en el nuevo proyecto de ley, salvo unas limitaciones. Igualmente,
las facultades de los titulares de los Departamentos disminuyen en el
nuevo proyecto de ley con respecto a las que existían en 1995.

En cuanto a las limitaciones del gasto presupuestario, se mantienen con
un rigor nuevo y, sorprendentemente, unas enmiendas socialistas tratan de
introducir más rigor en un texto que es nuevo comparado con el que
existía en 1995. Es decir, en el artículo que habla de limitaciones se
han introducido nuevas limitaciones --concretamente las reglas Segunda y
Tercera-- a las que, al mismo tiempo, enmienda el Grupo Socialista quien,
sin embargo, en el año 1995 no consideró procedente ni siquiera incluir
unos textos más suaves que los que ahora pretende.

En consecuencia, en ese sentido anunciado de rigor presupuestario --cosa
que ha reclamado el Grupo Popular durante muchos años--, el proyecto de
ley de presupuestos para 1997 avanza en un mayor rigor en la modificación
y ejecución de los créditos presupuestarios, independientemente de que
tanto en la ley de Medidas de Disciplina Presupuestarias como en la de
Acompañamiento que se tramita conjuntamente en esta Cámara se avanza en
poner más rigor en este aspecto concreto de la Ley General
Presupuestaria, es decir, de ejecución de los presupuestos en cuanto a
modificación y a su ejecución, aspectos más urgentes, que justifican que
se haga este tratamiento para esta materia en estos momentos,
independientemente de que exista la intención de presentar una nueva Ley
General Presupuestaria que modifique el conjunto de la legislación que
abarca esta materia.

El Capítulo III versa sobre una materia diferente, que es la Seguridad
Social. En este aspecto, debe tratarse más en el momento en que se debata
la Seguridad Social en su conjunto. Unicamente --por brevedad y por
contestar a las intervenciones habidas hasta este momento--, debo señalar
que precisamente en este ejercicio, y para estos presupuestos



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para 1997, se avanza notablemente en la mejora del sistema de
financiación de la Seguridad Social y concretamente del Instituto
Nacional de la Salud. Como es conocido, porque figura en los
presupuestos, las transferencias del subsector Estado, por ser más
precisos, al Instituto Nacional de la Salud aumentan de una forma muy
notable, pasan de dos billones 250.000 millones en transferencias
corrientes a dos billones 878.000 millones de pesetas. Es quizá la
partida que más aumenta en los gastos del Estado. Como es sabido, en los
presupuestos generales del Estado el subsector Estado aumenta sus gastos
en 1,7 por ciento; la Seguridad Social en un 3,4 por ciento y la
aportación sanitaria alcanza el 13 por ciento. Es decir, a pesar de las
restricciones presupuestarias y las dificultades de compaginar, en
términos presupuestarios, todos los objetivos de política económica que
existen en este momento, las aportaciones al Instituto Nacional de la
Salud aumentan de una forma muy notable, permitiendo además a la
Seguridad Social que su contribución por cotizaciones al Instituto
Nacional de la Salud disminuya, con lo que al mismo tiempo se mejora
notablemente también la propia financiación de la Seguridad Social.

En consecuencia, las cifras de financiación tanto de la Seguridad Social
en su conjunto como del Instituto Nacional de la Salud en particular
aumentan notablemente y se mejora su financiación.

Otras enmiendas proponen la disminución de los préstamos y que se
conviertan en aportaciones. A este respecto debo señalar que, si
comparamos las cifras que aparecen para 1997 con las de 1995, estos
préstamos disminuyen de una forma notable: de 444.000 millones que
aparecían en aquel ejercicio bajamos a 155.000, que son las cifras que
aparecen para 1997.

En consecuencia, la financiación no solamente aumenta, sino que
progresivamente y de una forma muy importante da un salto hacia una
financiación más ortodoxa. Es evidente que las circunstancias
presupuestarias obligan todavía a alcanzar los objetivos últimos por
pasos, pero no es menos cierto que, si en algún ejercicio nos encontramos
con nuevas formas de financiación que se pretenden en el Pacto de Toledo
y en la delimitación que en la Seguridad Social y en sus diferentes
componentes deben hacerse, el ejercicio para 1997 supone el avance más
importante realizado en los últimos años, y debe considerarse todavía
mucho más meritorio teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias
que, en general, tenemos para el ejercicio 1997 y que se han reflejado en
estos presupuestos.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

No habiendo turno de portavoces, pasamos a debatir las enmiendas
presentadas al Título II, artículos 12 a 16 y Anexos IV y V.

Hay presentada la enmienda número 871, del señor Ríos Pérez, del Grupo
Parlamentario Mixto, a quien le damos la palabra para defenderla a
continuación.




El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, parece que ha habido un error,
pues no es al artículo 15, sino a la Sección 15. Ruego se haga la
rectificación.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, damos la palabra al Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, para la defensa de las
enmiendas números 51 a 55.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, la enmienda número 51 es de adición, a través de la cual
pretendemos posibilitar la implantación de la nueva Formación Profesional
en todos aquellos casos en los que exista una demanda de nuevas
enseñanzas.

La enmienda número 52 es de modificación, relativa al módulo económico de
distribución de los fondos públicos para el sostenimiento de los centros
concertados. En este sentido, consideramos que la Lopeg, en la
Disposición Final Primera, determina que a los efectos de distribución de
la cuantía global el importe del módulo económico por unidad se fijará
anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los
de las Comunidades Autónomas, no pudiendo en éstos ser inferior al que se
establezca en los primeros. Es por esa razón, señorías, por lo que, a
nuestro juicio, carece por completo de sentido y vulneraría la ley la
limitación del importe destinado por las Comunidades Autónomas a la
financiación de los ciclos formativos.

La enmienda número 53 es también de modificación y relativa a los módulos
económicos de las Comunidades Autónomas. Proponemos un nuevo texto: «Las
Comunidades Autónomas, en pleno ejercicio de competencias educativas,
podrán adecuar los módulos establecidos en el citado Anexo a las
exigencias derivadas del currículum establecido por cada una de las
enseñanzas, siempre que ello no suponga una disminución de las partidas
de dichos módulos, fijadas en la presente Ley.»
La enmienda número 54 es también de modificación. Se refiere al pago a
cuenta y, a través de ella, solicitamos lo siguiente: «Las retribuciones
del personal docente tendrán efectividad según las fechas indicadas en el
Anexo IV de esta Ley, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los
respectivos Convenios Colectivos de la Enseñanza Privada, aplicables a
cada nivel educativo en los Centros Concertados, pudiendo la
Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa de las
organizaciones empresariales, hasta el momento en que se produzca la
firma del correspondiente Convenio, considerándose que estos pagos a
cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero de 1997. El componente del
módulo destinado a «Otros gastos» surtirá efecto a partir del 1 de enero
de 1997.» (El señor Vicepresidente, Unceta Antón, ocupa la Presidencia.)
Por último, señorías, la enmienda número 55 es también de modificación.

La presentamos porque consideramos que, en muchos centros, el ejercicio
económico no coincide con el curso escolar, momento tras cuya
finalización se vienen efectuando las justificaciones. Por lo tanto, en
este sentido y basándonos en lo dicho, lo más conveniente es adecuar
dicha justificación al ejercicio económico real del propio centro,
porque, de lo contrario, se provoca una complicación innecesaria para
esos centros.

Muchas gracias, señor Presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Gangoiti.

Para la defensa de la enmienda número 990, tiene la palabra el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Senador Iglesias.




El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 990 lo es al Título II del proyecto de ley. Pedimos
que se sustituya la cantidad de 3.000 pesetas, que en el artículo 12,
apartado tres, establece el proyecto como aportación complementaria de
los alumnos de las antiguas filiales, de los antiguos institutos o
centros homologados de iniciativa predominantemente municipal, por la de
2.428 pesetas mensuales por alumno. La cifra de 3.000 pesetas, que supone
un aumento de 1.000 pesetas sobre la cantidad actualmente vigente, nos
parece arbitraria. Sube 1.000 pesetas seguramente porque es un número
redondo. Creemos que ésa es la razón por la que se añaden 1.000 pesetas a
la cantidad anteriormente vigente. Proponemos 2.428 pesetas como el
resultado de aplicación de los índices de crecimiento del IPC desde el
momento en que estuvo congelada la cantidad de 2.000 pesetas hasta el
momento actual. Hemos acumulado los índices de precios al consumo de
varios años, y de eso nos salen las 2.428 pesetas.

Esto tiene una explicación que nosotros situamos en lo que llamaríamos
los costes sociales de la educación. En los tramos no obligatorios y, por
lo tanto, no gratuitos de la educación, como son la educación infantil,
el Bachillerato, la Formación Profesional de segundo Grado, la educación
universitaria, hay costes sociales que tienen que intentar compensar las
situaciones de origen, familiares o sociales, que impiden o dificultan el
acceso de determinados alumnos a los tramos correspondientes de la
carrera educativa. Entendemos que, en esas aportaciones complementarias
de los padres para estos tramos, se debería ser muy cuidadoso para no
cargar excesivamente las economías familiares. Hablamos de cantidades
relativamente modestas. Aunque el porcentaje de aumento es del 50 por
ciento, que es muy alto, sin embargo la cantidad de la que estamos
hablando es relativamente pequeña. Nos parece más razonable la propuesta
de crecimiento que contiene nuestra enmienda, y por eso la presentamos a
la consideración de la Comisión.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador.

¿Turnos a favor y en contra?
Tiene la palabra Isidro Fernández Rozada.




El señor FERNANDEZ ROZADA: De posicionamiento, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): De acuerdo.




El señor FERNANDEZ ROZADA: Gracias.

Voy a ser muy breve al referirme a este Título II, capítulo I, para dejar
constancia de la política educativa del Gobierno en materia de gestión de
presupuestos docentes. Nosotros creemos que el módulo económico de
distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados
está enmarcado en la línea de coherencia con respecto a la calidad de
enseñanza que se pretende. Pensamos que es lo acertado, por lo que nos
extraña que sea precisamente el Grupo Parlamentario Socialista en el
Senado el que presente una enmienda en el sentido de lo expresado por su
portavoz, señor Iglesias, en este momento, o sea, situar la cantidad en
2.428 pesetas y no en 3.000.

Nosotros entendemos que el déficit de las antiguas filiales es muy
cuantioso en la actualidad, y sólo ha sufrido dos incrementos --lo sabe
muy bien el señor Iglesias-- de 1.500 a 2.000 pesetas en un solo año, ya
en el curso 1990-1991, y realizado precisamente por el propio gobierno
socialista, que no tenía en cuenta entonces la subida del IPC, sino que
fue a subsanar el déficit de los mismos, como también se hace ahora en la
actualidad. Por eso nos parece apropiada la propuesta contenida en el
proyecto de presupuestos. Desde luego, en estos momentos no estamos en
condiciones de poder aprobar la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.

En cuanto al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que
pide, en general, respecto a este título, una aplicación con carácter
provisional de los módulos de Formación Profesional de Primer Grado a los
ciclos formativos de Grado Medio que no tengan establecido módulo
específico en el Anexo IV de la ley, extendiendo dicha medida a los
ciclos formativos de grado superior respecto a la Formación Profesional
de Segundo Grado. Con la finalidad de dar una mayor coherencia a la
implantación de los ciclos formativos de Grado Medio de la nueva
Formación Profesional específica en los centros privados concertados, se
considera adecuada parte de la filosofía del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, pero nos gustaría que pudiera quedar con
la siguiente redacción: Con carácter provisional, durante el primer
trimestre del curso 1997-1998, podrán financiarse con arreglo a los
módulos económicos de Formación Profesional de Primer Grado los ciclos
formativos de Grado Medio que no tengan establecido módulo específico en
el Anexo IV de esta ley, cuya implantación se autoriza por la
Administración educativa competente en los centros concertados de
Formación Profesional. En todo caso, en el próximo Pleno, donde tendremos
también ocasión de debatir este Título, explicaremos con mayor
profundidad lo que pretende en líneas generales el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos.

También quiero decir que nuestra preocupación se centra, tanto en lo
cuantitativo como en lo cualitativo, en relación con que se cumplan los
objetivos que la propia Ministra ha puesto de manifiesto en sus
comparecencias tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

Consideramos que esos objetivos son los más adecuados dentro de una
política que se pueda llevar a cabo y que permita, no sólo la
homologación, sino también la calidad de enseñanza que desde el Grupo
Parlamentario Popular estamos defendiendo.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Fernández
Rozada.

Obviando el turno de portavoces como venimos haciendo, salvo que ustedes
consideren lo contrario en algún momento, pasamos al Título III,
artículos 17 a 31.

A este título, el Senador Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, ha presentado
las enmiendas números 187 a 206, ambas inclusive, a quien concedemos la
palabra para su defensa.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Vamos a dar por defendidas en sus justos términos estas enmiendas para
agilizar el debate.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a este Título las
enmiendas 991 y 992.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Arévalo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, el Título III es,
sin duda, uno de los que han producido un mayor debate hasta ahora,
debate que se seguirá produciendo hasta la aprobación de estos
presupuestos generales en el Pleno de esta Cámara.

Este Título se refiere a los gastos de personal, fundamentalmente a los
de los empleados públicos, y también a los de todos aquellos que perciben
sus remuneraciones de las distintas Administraciones públicas. Se trata
de un título de cuya redacción seguramente estará ya arrepentido a estas
alturas el partido que sustenta al Gobierno.

Nosotros enmendamos este título en su totalidad y presentamos un texto
alternativo al mismo desde el principio hasta el final. Se trata tan sólo
de dos enmiendas.

La inflación prevista para 1997 es del 2,6 por ciento. Eso es lo que
deberían aumentar las retribuciones de los empleados públicos para el año
1997. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que
presenta el Gobierno congela estas retribuciones, es decir, impide que
puedan ser aumentadas, medida que ocasiona, no sólo un evidente perjuicio
a todas aquellas personas que deberían conseguir lo que por derecho les
corresponde, sino, además, una de esas graves contradicciones que se
contienen en los presupuestos generales para 1997.

Por otra parte, esta medida es obligatoria para todos. Estamos de acuerdo
en que al tratarse de una legislación básica se incluye en ella a todas
las Administraciones públicas, pero hay que tener en cuenta que hasta
este momento han sido varias instituciones pertenecientes a las
Administraciones públicas --Comunidades Autónomas y Ayuntamientos-- las
que han anunciado ya que procurarán por otras vías el aumento de las
retribuciones a los funcionarios a lo largo de 1997, cosa que creo que
van a conseguir --fíjense en lo que les digo--, si no directamente por
los procedimientos que se podrían haber previsto en la ley de
presupuestos, sí por otros. Es decir, en mi opinión hay capítulos de
índole más o menos dudosa, más o menos oculta o discutible, por medio de
los cuales se logrará que se aumenten las retribuciones de algunos
empleados públicos.

Pero también hay aquí dos inconvenientes fundamentales que debería haber
tenido en cuenta el Gobierno para evitar que se produzca esa congelación
que todavía no se ha producido, y en este sentido sigo animando al
partido mayoritario y al Gobierno para que, en el trámite de discusión
del proyecto de presupuestos generales del Estado para 1997, rectifique
lo que hasta ahora ha venido diciendo, y para que incorpore la subida de
las retribuciones en igual cuantía que aumenta el índice de precios al
consumo.

Repito que hay dos inconvenientes graves que no han sido tenidos en
cuenta. En primer lugar, el Gobierno anterior tenía un compromiso con los
representantes de los funcionarios públicos en función del cual en los
años 1995, 1996 y 1997 se aumentarían las retribuciones de dichos
funcionarios en la cuantía que nosotros proponemos a través de nuestra
enmienda. En segundo lugar, el Gobierno incumple la Ley 7/1990, sobre
negociación colectiva y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, y la incumple porque no
se han sometido a negociación de ningún tipo con los empleados públicos
los objetivos preferentes de esta Ley, en tanto que en el proyecto de ley
de presupuestos se incorporan elementos que incumplen dicha Ley, que
modifican el sistema establecido, y que, por tanto, ponen en peligro todo
razonamiento que sobre esto se pueda hacer.

Las distintas variables para aumentar las retribuciones están previstas
en la ley y, naturalmente, afectan a todos los funcionarios, y cuando me
refiero a todos los funcionarios quiero llamar su atención sobre un
aspecto concreto. Hay algunos funcionarios a quienes no afecta casi nada
la la congelación de su salario en su economía familiar, mientras que hay
otros empleados públicos con una economía bastante ajustada, cosa que
debería tenerse en cuenta. Es decir, hay una serie de empleados públicos
que van a verse muy afectados --y no quiero referirme a los distintos
Cuerpos de la Administración o a las diferentes clasificaciones que
tienen-- de prosperar el proyecto del Gobierno.

Pero quisiera hacer mención del apartado cuatro del artículo 17 que ha
sido objeto de modificación en el Congreso de los Diputados a
consecuencia de una enmienda presentada por Convergència i Unió que fue
transaccionada posteriormente con el grupo mayoritario. A nosotros nos
parece positivo que prosperara esa enmienda y, por tanto, en función de
esa aprobación damos el paso siguiente, que el número de plazas de nuevo
ingreso --me refiero a las convocatorias que se han de producir-- deberá
ser inferior al que resulte por aplicación de la tasa de reposición de
efectivos, eliminando, por tanto, que sea inferior al 25 por ciento. Este
es el paso siguiente --repito-- a la enmienda que se presentó y que
prosperó en el Congreso de los Diputados. Por tanto, tengo confianza en
que esto también pueda prosperar ahora para completar algo tan necesario
en esta materia.

Seguramente con esto se verá afectada la eficiencia de los servicios
públicos. No quiero dramatizar, pero el hecho de que los ciudadanos sean
los destinatarios de todo lo que



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atañe a la función pública puede suponer para éstos un perjuicio que no
sabemos hasta dónde puede llegar. Hay un error fundamental por parte del
Gobierno al haber establecido esto; hay una equivocación a este respecto
de la que se dan cuenta en estos días al producirse numerosas
manifestaciones públicas. Incluso está anunciada una huelga de
funcionarios públicos para pasado mañana. Es decir, con todo esto se
aprecia lo equivocado que está el Gobierno.

Hay que decir que el Gobierno socialista también produjo en su día una
congelación en las retribuciones de los funcionarios; creo que éste sería
un motivo suficiente para que ahora no se eche mano de eso mismo.

Consideramos que esto ya está suficientemente agotado. Por tanto, no se
debería utilizar a los empleados públicos como destinatarios de unos
recortes presupuestarios que pueden ser aplicados en otros sectores.

Pueden disminuirse los gastos en otros sitios, se pueden producir menos
gastos en cosas sobre cuya eficacia tenemos serias dudas. Pero hay
ingresos que también se van a dejar de percibir, por lo que son
perjudicados los empleados públicos, y no hago ya ningún otro
razonamiento sobre si lo que se hace...




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): No, Senador, no haga más
razonamientos porque está ya fuera de todo tiempo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Pues no hago ya más razonamientos, señor
Presidente. No quiero hacer más razonamientos que una última cuestión,
que es que no hago el razonamiento de que se está perjudicando a unos y
beneficiando a otros porque yo creo que queda suficientemente aclarado.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Arévalo.

Para la defensa de las enmiendas 1.311 y 1.312, tiene la palabra el
Senador Alierta, por el Grupo Parlamentario Popular.




El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.

Defiendo estas enmiendas diciendo que son técnicas; concretamente, la
1.312 pretende introducir una precisión terminológica para dar más
exactitud a la redacción.

Y, si me permite el señor Presidente, acumularé este turno de defensa con
un turno en contra, pidiendo, en primer lugar, excusas a los restantes
grupos parlamentarios, ya que la persona que estaba encargada por nuestro
Grupo de llevar el debate de este capítulo, por haber tenido un accidente
de circulación, no ha podido estar presente en estos momentos, aunque,
afortunadamente, se encuentra en perfecto estado de salud.

En consecuencia, yo contestaré brevemente a los argumentos expuestos por
los distintos grupos parlamentarios en la medida de lo que pueda; en
algunos términos técnicos, espero que en el debate de Pleno se pueda
contestar adecuadamente a lo manifestado por el representante del Grupo
Parlamentario Socialista. Sí me extenderé en alguna medida sobre algunas
consideraciones que se hacen con generalidad al contenido del Título III
de la ley de presupuestos para 1997, que, evidentemente, es un título que
tiene una gran repercusión, al menos en cuanto a su difusión, y quizá no
tanta desde el punto de vista presupuestario.

En primer lugar, tengo que señalar que la congelación salarial se
pretende hacer para un ejercicio en el cual el incremento de precios al
consumo que se prevé es del 2,6 por ciento, es decir, mucho más reducido
que el que existió en otros ejercicios en los que también hubo
congelación salarial, y que, además, afortunadamente, en estos momentos,
después de que ya han pasado casi dos meses desde que se presentaron los
presupuestos generales del Estado, las expectativas son que este
objetivo, que en principio era el que más dificultades tenía, parece que
se va a conseguir y que, incluso, es muy posible que en el primer
trimestre de 1997 el incremento de precios al consumo baje de la cifra
del 3 por ciento, lo que desde luego sería batir un auténtico récord
histórico.

En consecuencia, en términos cuantitativos, la congelación salarial de
1997 no va a ser como en otros ejercicios en los que el incremento de
precios al consumo era mucho mayor, 3,5, 4, 4,5, sin pasar a otros
tiempos en los cuales este incremento de precios al consumo era todavía
mucho mayor.

En segundo lugar, debo decir que quizá el debate sobre el Título III, si
se lleva a términos económicos, hay que situarlo en el contexto global de
toda la política económica española. Es decir, el Gobierno socialista
hizo en su día congelaciones salariales, y, sin embargo, no resultó de
allí que se alcanzaran los objetivos de déficit público y de control de
gasto público. Fueron unas congelaciones de las que ni el conjunto de la
sociedad, ni especialmente los funcionarios, se beneficiaron. No da la
impresión de que la congelación salarial que ha presentado el Gobierno
para 1997 en los presupuestos vaya a ser estéril para el conjunto de la
sociedad, y especialmente --debo insistir-- para los propios
funcionarios. En los presupuestos del Estado y en la evolución financiera
no son independientes unos títulos de otros. Es conocido que el problema
presupuestario del Estado español viene fundamentalmente de algo que se
viene señalando en todos los presupuestos que se han debatido en esta
Cámara, que es el incremento de los gastos financieros, de los intereses
que se pagan, que han crecido de una forma espectacular no sólo desde
1983, sino también desde 1991 y 1992. Por poner un ejemplo y una cifra
comparativa, se estima hoy importante el volumen que se destina a los
gastos de sanidad; pues bien, los pagos por intereses son equivalentes a
los gastos de Sanidad. En los presupuestos que tienen sus señorías
--próximamente debatiremos el Título V-- hay casi tres billones y medio
de pesetas para gastos financieros, es decir, que realmente estamos
pagando --porque es la cantidad que estaba también presupuestada para
este año y que de alguna forma se mantiene para el ejercicio que viene--
10.000 millones de pesetas diarios de intereses. Es la obligación de
atender a estos pagos ineludibles lo que ha ido expulsando de los
presupuestos no desde 1997, sino ya desde hace varios ejercicios,
incrementos salariales a los funcionarios y es lo que



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ha ido expulsando a las inversiones, que las ha ido reduciendo
progresivamente. Y en el ejercicio de 1997, en el cual nos encontramos
con que tenemos que mantener y alcanzar un objetivo de déficit público
que se había venido soslayando en los últimos años, evidentemente, las
circustancias contracturales impiden --y además así lo exige toda la
legislación vigente-- que se puedan disminuir estas cargas por intereses
que están allí, producto de una deuda que se ha acumulado y además de una
forma espectacular en los últimos ejercicios. Si hay que hacer una
reducción en gastos para alcanzar este capítulo, va a afectar a todos los
sectores, porque, evidentemente, los pagos por intereses no se pueden
reducir. Y, en consecuencia, afecta a la inversión, a las retribuciones y
a todas aquellas partidas que, de alguna forma, han sido expulsadas de
los presupuestos por estos gastos por intereses.

Pero debo señalar que esto que hasta ahora había sido un círculo vicioso
de gastos por intereses que nos llevaban a más endeudamiento, más gastos
por intereses y menos posibilidad de gastos para los demás, parece que se
acorta y que estamos en un círculo virtuoso. Es conocido el descenso
espectacular que han tenido en los últimos meses los tipos de interés en
España. Si a cualquier economista le hubieran asegurado que los tipos de
interés iban a reducirse a los niveles que actualmente existen en los
mercados financieros, hubiera adoptado una actitud totalmente incrédula.

Un diferencial de 200 puntos básicos con respecto al bono alemán, por
utilizar una expresión, yo creo que lo hubiéramos firmado absolutamente
todos los españoles. Pues bien, lo que hace tres meses hubiéramos firmado
todos los españoles, es decir, 200 puntos de diferencia con respecto al
bono alemán, hoy está en 130. ¿Y qué va a significar esto? Pues va a
significar que en el futuro la carga por intereses que soporta el Estado,
todas las demás instituciones públicas y, al mismo tiempo, las empresas
--y por tanto no me extenderé--, va a disminuir de una forma importante.

El ahorro por pago de intereses en los próximos ejercicios puede ser del
orden de 800.000 millones de pesetas. ¿Y a qué se ha debido este descenso
de los tipos de interés? Pues a muchas circunstancias. Pero no cabe duda
de que en los mercados existe algo que se llama credibilidad; la política
del Gobierno tiene credibilidad de que va en serio a reducir el déficit
público, y los presupuestos que presentó han tenido credibilidad. ¿Por
qué han tenido credibilidad? ¿Porque planteaban una impopular congelación
salarial? No exclusivamente, pero también. ¿Por qué han tenido
credibilidad? ¿Porque planteaban una reducción en los gastos de
inversiones que todos sentimos y que todos echamos en falta? No
exclusivamente, pero también. ¿Por qué han tenido credibilidad? ¿Porque
se hacían unos planteamientos presupuestarios que en principio no iban a
ser populares y, por tanto, significaban un coste político?
Evidentemente, no exclusivamente, pero también. Es decir, que plantear
medidas que no son populares, que no son de nuestro agrado, que,
evidentemente, van en contra de lo que nos gustaría hacer, pero que las
circunstancias económicas en las que se hacen los presupuestos para 1997
obligan a hacerlas significa que se ha transmitido una sensación de
credibilidad, de que se quieren poner en serio las finanzas de este país.

Y eso ya ha producido sus frutos: que los tipos de interés van a bajar.

Si el ahorro para los próximos dos años es de 800.000 millones, va a
permitir que con los mismos objetivos puedan aumentarse las retribuciones
de los funcionarios y puedan aumentarse las inversiones. ¿Cuál es la
mejor garantía para los funcionarios de la continuidad de su trabajo en
unas condiciones que les permitan desarrollar una carrera profesional y
asegurar sus retribuciones? Unas finanzas públicas saneadas. Esa es la
mayor garantía de seguridad para los funcionarios de que tendrán un
contexto en el que podrán desarrrollar una carrera profesional adecuada;
de que podrán desarrollar su carrera administrativa y podrán tener las
condiciones materiales que les permitan llevar a cabo su trabajo de una
forma eficaz y productiva.

¿Eran saneadas las finanzas públicas que hemos tenido hasta este momento?
Los gastos financieros, los intereses de la deuda pública, iban
desplazando a gastos en bienes y servicios para comprar cosas
elementales. En consecuencia, sí está cualificado el Gobierno, lo que
permite sanear las finanzas públicas, porque estos gastos financieros,
que han desplazado a todos los demás, tienen una expectativa de
crecimiento que va a permitir alcanzar esos objetivos, en unos casos,
aumentar la inversión, porque no los desplaza; pero, en otros casos, unas
expectativas para todo el conjunto de la sociedad, y podría extenderme en
este aspecto. Pero no me refiero sólo a los funcionarios que en el
Estado, en una Administración Pública saneada, podrán con toda seguridad
desarrollar su carrera. Para hacer una comparación en términos
cuantitativos, el gasto de la congelación salarial son 80.000 millones de
pesetas aproximadamente. Eso es lo que paga el Estado por ocho días de
intereses. Y es posible que el propio éxito de la política del Gobierno
en la reducción de los tipos de interés en este momento genere margen
suficiente para reconsiderarlo. Quizás por eso se plantean las ofertas
que para 1998 y 1999 garanticen, en la medida en que hoy puede hacerse,
que los funcionarios tendrán crecimientos adecuados, porque la política
que hoy se plantea y que les pide un pequeño sacrificio, sin embargo,
para el futuro, producirá frutos y, en consecuencia, crea unas
circunstancias que permitirán garantizar a los funcionarios que sus
salarios no sólo crecerán con el IPC, sino que incluso se podrán atender
otros considerandos, como ha sido puesto de manifiesto por el Gobierno en
las negociaciones habidas hasta el momento.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador Alierta.

Terminado el Título III, pasamos a debatir las enmiendas correspondientes
a los Títulos IV y VIII, artículos 32 a 41; 88 y 89.

El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una enmienda, a través del
Senador Iriguíbel Mateo.

Para su defensa, tiene la palabra la Senadora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.




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Damos por defendida la enmienda presentada por el señor Iriguíbel Mateo
en los mismos términos en los que ha sido presentada su justificación.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senadora De
Boneta.

A continuación, tenemos las enmiendas números 207, 208, 209, 210, 211,
212, 229 y 230, del Senador Nieto Cicuéndez.

Tiene su señoría la palabra para su defensa.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, igual que en el caso
anterior, se dan por defendidas estas enmiendas en sus justos términos.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senadora De
Boneta.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene
presentadas las enmiendas números 56, 57 y 61.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Paso a defender las tres enmiendas que tenemos presentadas a estos
títulos.

La enmienda número 56 es de adición, por la que solicitamos que:
«Pensiones extraordinarias del Régimen de Clases Pasivas del Estado
originadas por incapacidad o inutilidad física en acto de servicio o como
consecuencia del mismo, sus normas limitativas se consideran como
extraordinarias, siendo su importe máximo de percepción, por la propia
pensión o en concurrencia con cualesquiera otra a la que tuviera derecho,
el 200 por 100 del límite establecido con carácter general.» (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Señorías, ruego silencio, porque
no se escucha al interviniente.




El señor GANGOITI LLAGUNO: La enmienda número 57 es de adición, respecto
de las pensiones extraordinarias, y la presentamos ya que consideramos
que los apartados anteriores impiden que con la compatibilidad de las
pensiones que pudiera percibir pudiera sobrepasar la limitación
establecida en la letra d) del número siete del artículo 35.

Por último, a través de la enmienda número 61, de modificación, lo que
pretendemos es el establecimiento de un régimen de cotización igual para
todos los grupos de clasificación que componen la flota pesquera de
bajura española.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador Gangoiti.

Pasamos a las enmiendas 993, 994, 995 y 1.017, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez de la Borbolla.




El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Señor Presidente, ha habido un
error. La enmienda número 995 corresponde al Título siguiente, el V, por
lo que defenderé las números 993, 994 y 1.017. Las dos primeras en
relación con el Título IV y la última en relación con el Título VIII.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): De acuerdo, Senador. Tomamos
nota. Pase usted a defender las que acaba de enumerar.




El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.

Se trata de la defensa de dos líneas de actuación en el Presupuesto que
están en concordancia con muchas otras que venimos defendiendo. Las
enmiendas números 993 y 994 intentan hacer posible el mantenimiento del
nivel de renta de aquellas personas que van a tener que ver
complementados sus ingresos con los complementos de mínimos. en los
últimos años, al no haber habido presupuesto, esos niveles mínimos de
renta se han visto deteriorados y pensamos que han de ser complementados
en la evolución lógica de estos años en que no se han visto
incrementados.

Por lo que se refiere a la enmienda número 1.017, el objetivo es hacer
posible una incentivación del empleo real mediante la desincentivación de
la realización de horas extraordinarias estructurales. El hecho de que se
realice este tipo de horas extraordinarias estructurales supone en sí la
necesidad de mayor empleo. Si dichas horas están bonificadas en sus
cotizaciones respecto de las horas normales, es lógico que no se produzca
incremento en la contratación y, por lo tanto, como una vía para producir
dicho incremento en la contratación de trabajadores, incentivación para
el empleo estable o parcial, es decir, para el empleo en términos
generales, pedimos la subida de las cotizaciones de las horas
extraordinarias estructurales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador.

Las siguientes enmiendas, números 1.317 y 1.328, corresponden al Grupo
Parlamentario Popular. (El señor Fernández Menéndez pide la palabra.)
Tiene la palabra su señoría.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Señor Presidente, vamos a presentar una
enmienda transaccional.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): ¿Para las dos? (Pausa.) De
acuerdo, Senador. Quedamos pendientes de que esa enmienda transaccional
llegue a la Mesa antes de las votaciones para poder ser votada.

Para turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el Senador Lobo.




El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señor Presidente.

En relación con el Título IV --la posición al Título VIII la fijará el
Senador Fernández-- se han presentado una serie



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de enmiendas, la mayoría de las cuales suponen incrementos. Esta es la
razón fundamental por la que mi Grupo no las va a admitir, ya que, como
muy bien saben sus señorías, el criterio del Gobierno, al que este Grupo
Parlamentario apoya, para estos especiales, ajustados y austeros
presupuestos es el de que la totalidad de las pensiones no tengan un
incremento superior al 2,6 por ciento del IPC previsto, y las enmiendas
planteadas o bien superan porcentualmente esta cifra, o bien, al plantear
equiparaciones, se colocan fuera de la estructura presupuestaria que
nuestro Grupo defiende. Es loable, es digno de alabanza que todos sigamos
planteando legítimas reivindicaciones de los pensionistas, pero no
pretendemos ahora hacerlo todo de una vez y en el mismo momento. Sus
señorías saben que no es posible y ésta es la razón por la que no pueden
tener cabida en el marco diseñado por el Gobierno --con el apoyo,
insisto, de este Grupo Parlamentario-- para estos Presupuestos.

Asimismo, hay unas enmiendas que aparentemente son muy razonables desde
el punto de vista formal, pero que de ser aprobadas se podría incurrir en
una situación discriminatoria, pues de la literalidad de las mismas se
puede llegar a la conclusión de que las pensiones extraordinarias
causadas en acto de servicio en el Régimen de Clases Pasivas se
corresponden con las que por accidente de trabajo o enfermedad
profesional reconoce la Seguridad Social y, sin embargo, estas últimas no
se incluyen en las medidas que propone la enmienda. Por lo tanto y pese a
que el espíritu querido por los enmendantes no es éste, podría incurrirse
en esa discriminación.

Por último, lo que se plantea en definitiva en las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista es la compatibilidad de las
pensiones en el tema de los complementos a mínimos. Nosotros entendemos
que en estos casos se beneficia y no se perjudica por ser derechos
restrictivos y no aplicables por este Gobierno precisamente a los
pensionistas, a los que aparentemente se pretende defender con estas
enmiendas pero que de prosperar les perjudicarían. Por ello vamos a
rechazarlas.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Lobo.

Para fijar posición en el Título VIII, tiene la palabra el Senador
Fernández.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.

Aparte de la enmienda que antes mencionaba del Grupo Parlamentario
Popular, hay presentada una enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, la número 61, que nosotros vamos a estudiar en el
transcurso de este debate, e incluso en el transcurso del debate en
Pleno, a fin de fijar una posición definitiva.

Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, números 229 y 230, en la
primera de ellas se pretende incrementar los tipos de cotización al
sistema de la Seguridad Social en cuanto a las horas extraordinarias no
estructurales se refiere. Pasar del 28,3 por ciento al 60 por ciento, que
es lo que pide la enmienda, va a favorecer el incremento de los costos
sociales no salariales, que precisamente son los costos de cotización al
sistema de la Seguridad Social, por lo tanto, entendemos que no es éste
el momento de admitir esta enmienda.

La segunda enmienda de Izquierda Unida se refiere a la cotización en los
contratos de aprendizaje. A nuestro juicio, el contrato de aprendizaje es
un contrato de acceso al mundo del trabajo, que fue establecido hace poco
tiempo, en la última reforma laboral del año 1994, y que de alguna forma
da a los jóvenes una posibilidad de primer empleo; por lo tanto,
entendemos que en este ejercicio no debemos modificar la normativa
respecto a la cotización del mismo.

La enmienda número 1.017, del Grupo Parlamentario Socialista, se refiere
a bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional, y en el punto dos, bases y
tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. En ella se
recoge también que la cotización por las horas extraordinarias motivadas
por la fuerza mayor se efectúe al 14 por ciento, del que el 12 por ciento
será a cargo de la empresa y el 2 por ciento a cargo del trabajador.

Asimismo, se contempla la sustitución de la retribución de las horas
extraordinarias estructurales por períodos de descanso, pero nosotros
entendemos que esto es un tema de convenio colectivo, entre empresas y
trabajadores, y así lo establece el Estatuto de los Trabajadores. Por lo
tanto, no vemos tampoco la necesidad de que esta enmienda se incluya en
el actual artículo 88.

Esta es, señor Presidente, la posición de mi Grupo.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador
Fernández.

Terminados los Títulos IV y VIII, pasamos al Título V, artículos 42 a 50,
Anexo III y Sección 06.

Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, entiendo que la enmienda
número 995 entra a formar parte precisamente de este Título V, por lo que
la enumeraremos en este momento.

Empezamos por las enmiendas números 213 y 214, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Mixto. Tiene la palabra la Senadora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, las doy por defendidas en
sus justos términos.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senadora.

A continuación, enmiendas números 995, 996, 997 y 1.028, del Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la Senadora
Arnáiz.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, Presidente.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la enmienda
número 995, de supresión al artículo 45.dos.C), en el cual queremos que
se suprima el importe máximo del aval del Estado a Radiotelevisión
Española



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por el total de 180.000 millones que figuran en el texto de los
Presupuestos.

Presentamos la enmienda número 996, al artículo 46, a fin de que el
Gobierno deba autorizar las operaciones concretas cuanto excedan de 1.000
millones de pesetas.

La enmienda número 997 es de adición y pretende la inclusión de un
artículo nuevo, el 47.bis, de información sobre avales públicos
otorgados, que propone que el Estado asuma con efectos de 1.º de enero de
1997 la deuda del Ente Público Radiotelevisión Española por un importe de
90.666 millones de pesetas y serán por cuenta del Ente Público los
intereses corridos hasta la fecha de asunción.

Finalmente, en la enmienda número 1.028, de supresión, al Anexo III,
Operaciones de créditos autorizadas a Organismos Autónomos y Entes
Públicos, proponemos la supresión de la autorización de endeudamiento
concedida al Ente Público Radiotelevisión Española en coherencia con las
enmiendas anteriores, pues creemos que es muchísimo mejor que esa deuda
sea directamente asumida por el Estado y que el resultado del déficit de
explotación sean, efectivamente, los 90.000 millones a los que nos hemos
referido y no los 177.000 millones del principio --porque después de las
enmiendas del Partido Popular parece que acabarán siendo el tope máximo,
es decir, los 180.000 millones--. Y ello porque consideramos que eso
supondría no sólo una situación de inestabilidad para la Empresa Pública,
sino una situación absolutamente insostenible. La primera obligación del
Gobierno --y en este caso también lo asumimos como oposición-- es
asegurar la viabilidad de la empresa pública y creemos que esa viabilidad
no está asegurada con el endeudamiento tan enorme y tan atroz, por ello
--si el Presidente me lo permite, con este comentario doy por defendido
también el presupuesto alternativo que presenta nuestro Grupo a la
Empresa Pública-- lo que pretendemos es, precisamente, equilibrar ese
presupuesto rebajando las pérdidas de explotación, reduciendo la deuda,
impidiendo nuevos endeudamientos y rebajando las pérdidas de explotación
exactamente, según nuestro presupuesto alternativo, en 36.200 millones de
pesetas.

Al mismo tiempo, respecto al proyecto de plataforma digital y de
televisión temática, para el cual se nos pide la aprobación de un crédito
de cerca de 20.000 millones de pesetas, pensamos que realmente supone un
cheque en blanco porque se da esa cifra y no se da absolutamente ningún
otro dato, ninguna alternativa, ninguna orientación del proyecto,
etcétera. Por lo tanto, consideramos que es un poco arriesgado, es un
salto en el vacío y nos tememos --aunque no queremos pecar en este
momento de pesimistas--, como ya dijimos en la comparecencia de
autoridades, que se trata de unos presupuestos liquidadores, de que
cuanto peor mejor, de que si la situación es insostenible borrón y cuenta
nueva, carta blanca para hacer cualquier cosa. En este caso la Directora
General lo llamó plan de renovación, pero nosotros sospechamos que eso
sea simplemente mantener los informativos y regalar las cuotas de
audiencia de los programas llamados comerciales a las empresas privadas.

Como siempre hemos sido defensores de la televisión privada, de hecho en
un Gobierno socialista ha sido cuando se ha liberalizado, pero,
fundamentalmente, somos defensores del servicio público que es Televisión
Española, creemos que con los presupuestos que presenta el Gobierno su
viabilidad está absolutamente puesta en entredicho y con los presupuestos
que presentamos los socialistas la viabilidad es posible.

No es que tenga grandes esperanzas de que se voten estas enmiendas, pero
el trabajo de responsabilidad del Grupo Parlamentario nos hace
presentarlas y defenderlas en este momento.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senadora Arnáiz, estoy
de acuerdo con esa última observación que usted ha hecho, y la comparto.

Pasamos a dos últimas enmiendas de este Título V, las números 1.313 y
1.327, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 1.327 propone una modificación al Anexo III. Se
autoriza al Ente Público Radiotelevisión Española para la repercusión del
Real Decreto-Ley 15/1996, de 18 de noviembre.

La enmienda número 1.313 tiene un carácter técnico.

El Título V se refiere a operaciones financieras del Estado y, por lo
tanto, afecta al Estado y a muchos organismos en cuanto se recoge en el
Anexo la capacidad de endeudamiento de los mismos y la financiación. Se
ha hablado poco sobre las operaciones financieras que avalan al Estado y
hay que tener en cuenta que en los demás presupuestos, y en éste también,
se debate la Sección 06, que recoge las asignaciones para deuda pública.

Quizá en el Título III he hecho abundantes extensiones sobre las
dotaciones de deuda pública en los presupuestos, su evolución en los
últimos ejercicios, cómo han condicionado toda la política presupuestaria
y cómo estas expectativas están cambiando, aparte de que las dotaciones
inicialmente aprobadas en los presupuestos en el mes de septiembre, antes
de que las mejores expectativas se hicieran realidad, significaban ya una
consolidación de las cifras y una interrupción de esa tendencia al
crecimiento en los gastos financieros que había sido característico desde
los primeros años de Gobierno socialista, en los que los gastos
financieros ascendieron a 184.000 millones de pesetas, para llegar a los
tres billones y medio en los cuales estamos. Pero, puesto que este Título
V afecta a la financiación de empresas públicas, debo decir que quizá
estos temas se debían debatir y, concretamente lo relativo a
Radiotelevisión Española, en ese contexto.

Los últimos comentarios que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista me
han sorprendido un poco. En esta Comisión de Presupuestos, hace cuatro
años, compareció el entonces Director de Radiotelevisión Española, señor
García Candau, al cual la representante del Grupo Parlamentario Popular
le hizo llegar su preocupación porque la llegada de las televisiones
privadas podía incidir en la



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cuenta de resultados o en la viabilidad económica de Radiotelevisión
Española.

Recuerdo que el señor García Candau, textualmente --porque en ocasión
posterior le volví a insistir personalmente--, le dijo que no nos
preocupáramos, que él estaba allí para asegurar la viabilidad económica
de Radiotelevisión Española, que la llegada de las televisiones privadas
no iba a significar absolutamente modificación alguna de una situación en
la cual Radiotelevisión Española se había venido manteniendo sin
necesidad de subvenciones. Esto fue hace cuatro años.

Pues bien, cuatro años después, la propia existencia de la deuda
acumulada en Radiotelevisión Española y sus expectativas económicas en
estos momentos hacen preguntarse no sólo sobre la capacidad financiera,
sino sobre la intención del Gobierno socialista de apoyar, con políticas
financieras adecuadas, eso que afirma de que quiere sostener el servicio
público de Radiotelevisión. Señoría, extendiendo los argumentos, la mejor
garantía de mantener un servicio público de Radiotelevisión Española es
mantener una Radiotelevisión Española que financieramente sea viable.

Un servicio público puede tener algunas desviaciones, como cualquier
otro, y podrán ser necesarias subvenciones por parte de los ingresos
generales que tiene el Estado, pero en estos momentos las necesidades
financieras de Radiotelevisión Española escapan, por su magnitud, a toda
consideración de que la sociedad en general debe ayudar a sostener un
servicio público. Es decir, tal como se ha administrado Radiotelevisión
Española, ya no sólo plantea la capacidad de financiación, sino, incluso,
si existía por parte del Gobierno socialista voluntad de sostener la
Radiotelevisión Española.

Si se quiere sostener un servicio público, es evidente que hay que
procurar ayudarlo, pero que, básicamente, en las líneas generales se
financie y que su gestión no arrastre al resto de la sociedad en su
conjunto. Y la gestión financiera de la Radiotelevisión Española en los
últimos años, a pesar de las palabras del señor García Candau a una
preocupación que se le manifestó en esta propia Comisión de Presupuestos
--y así consta en el «Diario de Sesiones» oportuno--, ha sido de tales
características que, incluso, pone en peligro su propia viabilidad.

¿Cómo se ha soslayado esto? Se ha soslayado en los presupuestos
anteriores mediante la asunción de deuda, un procedimiento que no aparece
en estos presupuestos, no sólo para Televisión Española, sino para
empresas públicas. En vez de recurrir y sostener los déficit que éstas
tienen o mandarles las transferencias oportunas o tratar de que, en la
medida de lo posible, estas empresas se sostengan a sí mismas, el
mecanismo que se diseñó fue muy criticado, por el cual la deuda que va
acumulando la asume el Estado. Resulta que el Estado ha asumido dos
billones largos, dos billones, trescientos mil millones de pesetas de
deuda de organismos y empresas públicas a través de estas disposiciones
que aparecían en unos artículos en el Título V.

Esto es una forma de aumentar la deuda sin que se repercuta en el déficit
público. Son unos mecanismos que siempre hemos criticado en otros
presupuestos y que han desaparecido de éste. Evidentemente si es un ente
público debe tener su propia administración, es más lógico que así sea, y
si tiene dificultades se le ayuda, lo que no se hace son mecanismos
financieros por la puerta de atrás. Es decir, tú administras de desastre,
creas un pufo impresionante, nosotros cada año vendremos, cogeremos una
parte del pufo y se lo trasladaremos al conjunto de la sociedad española.

Pues no sólo se puede extender la intencionalidad del Gobierno socialista
de mantener Televisión Española, sino, incluso, la intencionalidad del
Gobierno socialista de mantener una adecuada administración de este
Estado. Eso no son formas de hacer las cosas, hay que tomar medidas más
oportunas.

Consecuencia, ¿qué se hace en estos presupuestos? Empezar a financiar de
una forma más ortodoxa. Me dice usted que en estos presupuestos hay
elementos suficientes para pensar que no se quiere continuar con la
Televisión Española. En absoluto, se le autoriza a que tenga el
endeudamiento oportuno y, al mismo tiempo, se aumentan los avales. Por
supuesto que el Estado debe asumir las consecuencias de la gestión de un
organismo que es público, evidentemente, y la asumimos, pero la asumimos
con una metodología financiera más acorde.

Hay que autorizar y avalar ese endeudamiento porque en estos momentos
Radiotelevisión Española, como recuerda un representante de los medios de
comunicación, no tiene por sí capacidad crediticia para endeudarse, salvo
el aval del Estado. Se le conceden estos avales, se toman medidas para
poder sanear ese elemento y, evidentemente, hay alternativas en el Título
V sobre operaciones financieras en cuanto a la televisión digital, pero
son operaciones en las que no sólo entra Televisión Española, sino que
también concurren televisiones privadas, que me imagino que harán sus
números; se trata de que entre la mayor cantidad para que, entre todos,
acaben haciendo el mejor servicio posible, compartir esos riesgos y dar
salida a las actividades de esta entidad.

Pero, vuelvo a repetir, quizá estas materias sean más propias de debate
en otro título que en este de operaciones financieras. Lo que debo decir
es que esos 20.000 millones que menciona el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista no son en sí un cheque en blanco, son más bien
un intento de acometer el encauzamiento financiero de un Ente que, desde
el punto de vista de utilidad política, ha servido para el Gobierno de
turno, pero el pufo que ha dejado ha sido tan impresionante que ha
quedado en el conjunto del Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Alierta. Pero me
gustaría que fijara también la posición del Grupo Parlamentario Popular
respecto del resto de las enmiendas porque no le he oído mencionar,
Senador Alierta, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto ni las del
Grupo Parlamentario Socialista.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Pido excusas por esta omisión.




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El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Está excusado, Senador Alierta.

Tiene la palabra.




El señor ALIERTA IZUEL: Gracias.

Lo que pretenden las enmiendas de Izquierda Unida, que han sido
defendidas en sus propios términos, ya está recogido en los textos. Las
restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista son muy fieles con
los argumentos dados y, por lo tanto, no tiene sentido dar más
argumentos. En cuanto a las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
tienen un alcance muy concreto y las apoyaremos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Alierta.

Pasamos a los Títulos V y VI, artículos 42 a 67, a los que tiene
presentadas dos enmiendas el Grupo Parlamentario Mixto. La primera del
Senador Ferrer Roselló que defiende la señora De Boneta, quien tiene la
palabra.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Queda defendida en sus propios términos la enmienda del señor Ferrer
Roselló.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): La segunda enmienda la defenderá
el señor Nieto Cicuéndez. Adelante, Senador.




El señor NIETO CICUENDEZ: Quedaría conforme está.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Nieto.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos números 58, 59 y 60. Tiene la palabra el Senador
Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

En efecto, nuestro Grupo tiene presentadas tres enmiendas al título VI
que paso a defender inmediatamente. La primera, la enmienda número 58, es
de adición y hace relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Nosotros pedimos la incorporación de un artículo 51 sobre rentas
exentas para que, con efectos a partir del día uno de enero de 1997, se
dé una nueva redacción a la letra c) del apartado uno del artículo 9 de
la Ley 18/1991, de 6 de junio, que quedaría redactada, de acuerdo con
nuestra enmienda, de la siguiente forma: «Uno. Estarán exentas las
siguientes rentas: c) Las pensiones por inutilidad o incapacidad
permanente para el servicio de los funcionarios de las Administraciones
Públicas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiere sido causa de
las mismas inhabilitase por completo al perceptor de la pensión para toda
profesión u oficio.

Las pensiones de los funcionarios públicos cuya causa venga por la
incapacidad permanente para el servicio cuando esta incapacidad
permanente o inutilidad haya sido producida en el acto de servicio o como
consecuencia del mismo.»
La enmienda número 59 es también de adición e igualmente se refiere a la
exención de rentas en los siguientes casos: «Las pensiones reconocidas en
favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con
ocasión o como consecuencia de la guerra civil, 1936/1939, ya sea por el
régimen de Clases Pasivas del Estado o al amparo de la legislación
especial dictada al efecto.

Las pensiones extraordinarias reconocidas al personal que perteneciendo
al Benemérito Cuerpo de Mutilados pasó a la situación de retirado en
aplicación de la Disposición Final sexta de la Ley 17/1989, de 19 de
julio, y Real Decreto 219/1992, de 6 de marzo.»
La última enmienda, la número 60 que tenemos presentada a este Título VI,
es de modificación del artículo 57. Pedimos sustituir el párrafo tercero
por el siguiente texto: «Respecto de los períodos que se inicien durante
1997 el porcentaje a que se refiere el apartado 4 del artículo 38 de la
Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, será el
18 por ciento para la modalidad de pago fraccionado prevista en el
artículo 2 del mismo. Dicho porcentaje será el 22 por ciento para los
sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo
dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, haya superado la cantidad de 1.000
millones durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los
períodos impositivos dentro de 1997. Las deducciones y bonificaciones a
las que se refiere dicho apartado incluirán todas aquellas otras que le
fueren de aplicación al sujeto pasivo.»
Con esto, señor Presidente, doy por defendidas las enmiendas de nuestro
Grupo al Título VI.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Gangoiti.

La enmienda 949 está presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.

El Senador Sixte Cambra tiene la palabra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestro Grupo tiene presentada al Título VI una única enmienda, la 949,
que tiene por objeto reducir en un 50 por ciento la fiscalidad que
soportan los gases licuados del petróleo cuando este combustible es
utilizable por vehículos de transporte público. El objeto de llevar a
cabo esta reducción es favorecer el transporte público, contener la
inflación y proteger el medio ambiente. Este tercer aspecto, sobre todo,
es muy importante. Con ello queremos que se faciliten las pruebas piloto
que determinadas ciudades están haciendo con este combustible de cara a
la mejora medioambiental.

Nada más, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Cambra.

Para defender las enmiendas --14 creo que son-- que van de la 998 a la
1.011, ambas inclusive, presentadas por



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el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Novo.




El señor NOVO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Defiendo las 14 enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta
al Título VI, Normas Tributarias. Las dos primeras, la 998 y la 999, han
sido formuladas al artículo 51, relativo al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. En la 998 mantenemos la retención del 10 por ciento
que fija la norma actual para la transmisión de bienes inmuebles situados
en España por personas no residentes. Con la 999 queremos que la exención
permanezca en los 20 años y no en los 10 que contempla el proyecto de
ley, pues ello, a nuestro modo de ver, está bastante injustificado.

En nuestra enmienda número 1.000 proponemos la actualización de la
cuantía de las deducciones familiares y para la percepción de los
rendimientos de trabajo dependiente. Se explica mal que a través del
artículo 52, que no enmendamos, pase de 28.000 pesetas a 29.000 la
deducción lineal del rendimiento de capital mobiliario. Si se actualizan
las partidas también nos parece oportuno que se actualicen las
deducciones familiares y la percepción por trabajo dependiente. En la
misma línea va nuestra enmienda 1.001 al artículo 54 que propone
actualizar al 2,6 por ciento los límites para la obligación a declarar.

Nuestras enmiendas 1.002 y 1.003 al artículo 55 son reproducciones de las
dos primeras que defendí referidas al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. No entendemos la reducción del 10 por ciento al 5 por
ciento en la retención por transmisión de bienes inmuebles situados en
España, en este caso, sociedades no residentes, ni la exención que baja
de 20 a 10 años. Creemos que son tan poco justificables como lo que hace
referencia al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Nuestra enmienda 1.004, de supresión del punto tres del artículo 56,
obedece a su relación con el Real Decreto-ley 7/1996 en cuya
convalidación en el Congreso nuestro Grupo parlamentario mantuvo una
posición radicalmente en contra. En coherencia, nuestra enmienda es de
supresión.

Al artículo 57 presentamos la enmienda número 1.005 proponiendo el
mantenimiento de la situación vigente del 20 por ciento en lugar del 18
que establece el proyecto (entregas a cuenta) que sólo se podría entender
en una situación idílica de exceso de recaudación que parece que no se
produce casi nunca. No parece lógico aumentar tensiones de déficit de
caja reduciendo al 18 por ciento los ingresos a cuenta.

Con nuestra enmienda 1.006 al artículo 60 (Impuesto sobre Actividades
Económicas) sometemos a revisión los valores catastrales, fijándolos en
un 2,6 por ciento, y las tarifas del Impuesto sobre Actividades
Económicas que serían también del 2,6 por ciento. También incluiríamos, a
través de la enmienda 1.007, un artículo 60 bis similar a alguna enmienda
presentada por otro Grupo, actualizando el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, revisando la cuantía que sería también del 2,6 por
ciento. Y esto lo hacemos por una lógica preocupación en ambos casos por
las arcas municipales, pues las exigencias y dificultades presupuestarias
también alcanzan a las Corporaciones Locales sin que a través de nuestra
enmienda --y esto quiero destacarlo-- se aumente la presión fiscal, sino
que simplemente se mantiene y en algún caso se actualiza porque lleva dos
años sin revisarse.

La enmienda 1.008 es de adición al artículo 63 (Impuestos Especiales) y
trata de suavizar la elevación de la fiscalidad sobre determinadas
bebidas. Proponemos remitirnos a la situación anterior al Real Decreto
12/1996. En este punto, entre los incrementos que se proponen y nuestra
pretensión, de incremento recaudatorio cero, deberíamos encontrar entre
todos un escenario que compaginase la intención de aumentar la
recaudación --lo que seguramente compartiríamos, pero no en incrementos
del 25 por ciento-- con la no reducción drástica del consumo como
consecuencia del aumento de la fiscalidad, lo que, sin duda, puede
conllevar efectos que nadie desea en zonas muy concretas en las que se
ubica este sector y, sobre todo, para el muy importante número de
trabajadores del mismo.

En cuanto al artículo 66, presentamos dos enmiendas. La número 1.009
propone moderar el incremento de las tasas --en coherencia con
presupuestos anteriores--, reduciéndose del 8 por ciento planteado al 6
por ciento. Asimismo, presentamos la enmienda número 1.010 por no
entender por qué no se deflacta la base imponible de la tributación del
juego, porque, en definitiva --y nos sorprende--, es una forma de otorgar
un beneficio fiscal a dicha tributación.

Finalmente, en coherencia con lo anterior, reducimos los incrementos de
los servicios postales y telegráficos, del 8 por ciento, previsto en el
proyecto de ley, al 6 por ciento.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Novo Muñoz.

Para la defensa de las enmiendas números 1.314 y 1.316, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Blasco.




El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a proceder a la defensa de la enmienda número 1.314, así como a fijar
nuestra posición en relación con las enmiendas relativas al Capítulo I,
es decir, las comprendidas en los artículos 51 a 61. En cuanto a la
defensa de las enmiendas correspondientes a otros Capítulos, la llevará a
cabo el Senador Sánchez Cuadrado.

La enmienda número 1.314 hace referencia a una modificación en el
artículo 60.uno.6.º, en el sentido de que en la actual redacción: «la
intermediación de servicios financieros como los seguros y los fondos de
pensiones» se suprima «como los seguros y los fondos de pensiones»,
dejando, por tanto, únicamente la expresión «la intermediación de
servicios financieros».

Como señala la justificación de esta enmienda, la intermediación de
seguros está reservada a los mediadores de seguros por la Ley de
Mediación de los Seguros Privados,



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por lo que no procede atribuir la función de intermediación en seguros a
Bancos y Cajas de Ahorros.

En cuanto a nuestra posición en relación con las enmiendas presentadas
por los distintos grupos, en primer lugar, quiero hacer referencia a que
las normas tributarias que se incluyen en este Capítulo están, como no
podía ser menos, enmarcadas globalmente en los presupuestos, cuyo
objetivo fundamental es el cumplimiento de la convergencia, de la que
tantas veces se ha hablado ya en esta Comisión, es decir, del Tratado de
Maastricht.

El esfuerzo que ello supone hace preciso crear el marco tributario
adecuado, y en este Capítulo se proponen una serie de medidas al
respecto. En este sentido, sería muy difícil alcanzar los objetivos de
control del déficit público, de creación de empleo y de crecimiento
económico, si este marco fuese alterado sin ninguna explicación
coherente.

Creemos que todas las modificaciones que se plantean a través de las
enmiendas de los distintos grupos impedirían la consecución del objetivo
fundamental. Por tanto, voy a hacer una breve referencia a cada una de
ellas, comenzando por las números 58 y 59, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos. Son enmiendas relativas a un artículo que en estos
momentos no contempla el proyecto de ley de Presupuestos, sino que está
enmarcado en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, por lo que no podemos hacer referencia a ellas en este
momento.

Respecto de la enmienda número 60, a pesar de los esfuerzos que, al
parecer, se han efectuado, no se puede dar por incorporada en estos
momentos al proyecto de ley.

En cuanto a la enmienda número 181, del Grupo Mixto, en estos momentos no
parece oportuno, ni pensamos que sea la única medida que haya que tomar,
evitar una actualización de los valores catastrales. Creemos que, a la
larga, incluso podría resultar perjudicial.

El resto de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y por el Grupo Socialista hacen referencia a modificaciones de
las cantidades propuestas a los distintos artículos. Eso es tanto como
decir que lo que no se modifica hay que modificarlo, y que lo que se
modifica hay que modificarlo todavía más. Entre otras cosas, se dice que
se reducen los ingresos fraccionados del Impuesto de Sociedades, que
pasan a ser del 18 por ciento, cuando en realidad aumentan del 15 al 18
por ciento. En definitiva, se pretende una serie de modificaciones sin
grandes propuestas ni explicaciones. Sin embargo, creemos que es
innecesario modificar el marco creado en la ley de Presupuestos y, por
tanto, votaremos negativamente a todas las enmiendas presentadas al
Capítulo I del Título VI.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Blasco.

Para la defensa del resto de las enmiendas, tiene la palabra el Senador
Sánchez Cuadrado.




El señor SANCHEZ CUADRADO: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, me referiré a la enmienda número 1.316, del Grupo
Popular, para luego comentar el resto de las enmiendas presentadas por
los diversos Grupos a los Capítulos II y III del Título VI.

Como ya es sabido, el artículo 67 del proyecto de ley de Presupuestos
actualiza al 8 por ciento la cuantía de los servicios postales y
telegráficos. La enmienda que mi Grupo presenta a este artículo, la
número 1.316, tiene una característica excepcional, puesto que trata de
adaptar estos servicios específicos de carácter internacional a los
mercados, con el fin de permitir a Correos y Telégrafos que compita con
otras compañías que están actuando en los mismos. Por tanto, parece
lógico que se le dote de la misma capacidad, ya que al mismo tiempo se le
está exigiendo las calidades adecuadas.

Con respecto a las enmiendas presentadas por el resto de los Grupos, hay
algunas relativas al Impuesto sobre el alcohol. Ya se ha dicho aquí por
el Senador que las ha defendido que se pretende mantener la situación
fiscal anterior al Real Decreto-ley de 26 de julio. En este sentido, mi
Grupo estima que dicho Real Decreto-ley tenía un encaje en la política
general económica del Gobierno de lucha contra la inflación y, por tanto,
consideramos que no es procedente su alteración en tan breve espacio de
tiempo. En consecuencia, votaremos en contra de las mismas.

Respecto a las enmiendas relativas a las tasas, el Gobierno pretende un
incremento del 8 por ciento de las mismas, con el objetivo de adaptarlas
al coste de los servicios y corregir la diferencia que se produce entre
lo previsto en los presupuestos y el IPC real. En consecuencia, esa
reducción del 6 por ciento que pretende el Grupo Parlamentario Socialista
no nos parece correcta y vamos a mantener el criterio planteado por el
Gobierno en los Presupuestos.

Finalmente, me referiré a la enmienda que defiende el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, relativa a los carburantes y
al gas licuado para el servicio del transporte público. Nosotros
entendemos que la lucha contra la inflación es un objetivo encomiable
--todos lo pretendemos--, pero consideramos que ya el Gobierno, a través
de numerosas medidas y correcciones de carácter estructural, pretende
reducir los precios tanto de la energía como de los teléfonos, los
intereses hipotecarios, etcétera. Por tanto, insistir en esta reducción
de precios en el transporte público no encajaría en ese cuadro
macroeconómico de estabilidad que pretende el Gobierno y, en
consecuencia, también nos vamos a oponer a esta enmienda defendida por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

En síntesis, señor Presidente, defendemos nuestra enmienda número 1.316 y
votaremos en contra del resto de las enmiendas que presentan los demás
grupos parlamentarios a los Capítulos II y III.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Sánchez
Cuadrado.

Terminamos con estas intervenciones el Título VI.

Pasamos al Título VII, que comprende los artículos 68 a 87, ambos
inclusive, y Secciones 32 y 33.

A este Título han presentado enmiendas el señor Ferrer Roselló, del Grupo
Parlamentario Mixto.




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Para su defensa, tiene la palabra la Senadora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 144, presentada por el Senador Ferrer Roselló,
pretende que se dé al área metropolitana de Valencia un tratamiento
homólogo al que reciben las de Madrid y Barcelona. En ese sentido queda
defendida en sus propios términos.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senadora De Boneta.

Para la defensa de las enmiendas números 216 a 218, ambas inclusive, y
las números 815 y 816, tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez, que
figura como portavoz.




El señor NIETO CICUENDEZ: Señoría, las damos por defendidas tal y como
vienen expresadas.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.

Pasamos a la enmienda número 978, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.

Tiene la palabra el señor Cambra i Sánchez.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero hacer notar que hay un error porque hay dos
enmiendas de nuestro Grupo a la Sección 32, las números 977 y 978.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Senador, le autorizamos a que
defienda la enmienda número 977, porque si no habría que buscarla aquí y
va a suponer una pérdida de tiempo.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Ambas enmiendas, tanto la 977 como la 978,
afectan al contrato-programa que tiene Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.

La primera de ellas, la número 977, tiene por objeto aumentar su dotación
en 511 millones, 600.000 pesetas, para ajustar las liquidaciones
correspondientes a los ejercicios de 1994 y 1995, según lo dispuesto en
la Comisión de Seguimiento del contrato-programa, celebrada el día 20 de
noviembre de este año.

Por lo que hace referencia a la enmienda número 978, se pretende que se
aumente la dotación a la misma compañía en 186 millones de pesetas. Y en
este caso para ampliar la partida destinada a Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya en orden a cumplir con los compromisos
contraídos en el contrato-programa suscrito en fecha 28 de julio de 1995
entre la Administración General del Estado, la Generalitat de Catalunya y
Ferrocarrils de la Generalitat, en lo que hace referencia a los recursos
a transferir para el ejercicio 1997.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Sixte Cambra.

Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista, que tiene presentado dos
bloques de enmiendas a este Título VII, de la número 1.012 a la número
1.016, ambas inclusive, y de la número 1.299 a la número 1.304, ambas
inclusive.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Armet i Coma.




El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señor Presidente.

Vamos a hacer una defensa de este conjunto de enmiendas relativas al
Título VII y a las Secciones 32 y 33, empezando por dar una orientación
preliminar básica para entender nuestro posicionamiento, el cual viene
presidido por la voluntad de llegar a un acuerdo en los temas de
financiación autonómica; esta voluntad hasta el momento se ha frustrado y
esta frustración política conlleva que nosotros defendamos la prórroga
del sistema de financiación autonómica, lo que comporta modificaciones
importantes en el Título VII y en las Secciones 32 y 33.

Lo que suponía una prórroga del sistema --como nosotros lo
denominábamos--, tenía que verse compensado con una línea más general
dentro de lo que ha sido nuestra misión presupuestaria. Dicha línea se
apoyaba en nuestra voluntad de dar soporte a un incremento notable de la
inversión pública. Es decir, lo que pretendíamos es que en ningún momento
la prórroga del sistema supusiera una merma en inversión pública en los
distintos territorios del Estado. Al contrario, desde el punto de vista
inversor había una incidencia territorial de índole superior en nuestro
planteamiento que la que había en el que se hace en el proyecto
presentado por el Gobierno. Este es el sentido más profundo de nuestra
orientación.

Nosotros defendíamos el criterio de que todas las administraciones
públicas, de la misma forma que todos los sectores sociales, tuvieran
crecimientos comunes en un año presupuestario que era de dificultades, e
intentar obtener, mediante un conjunto de enmiendas complementarias, los
fondos indispensables para incrementar notablemente la inversión pública
en todo el territorio de España. Desde esta perspectiva lo que hace la
primera enmienda es un ajuste en relación a exigir el mismo esfuerzo
presupuestario en todos los niveles de la Administración; en este caso,
la Local.

También introducimos una enmienda muy concreta, creo que interesante, que
hace referencia a un crédito de 2.500 millones de pesetas para ceder las
compensaciones a las corporaciones locales afectadas por el beneficio
otorgado en favor de las presas de instalaciones hidroeléctricas
instaladas en sus términos municipales.

Existen compensaciones por figuras impositivas determinadas, pero en
cambio no existe para alguna de las figuras más importantes, que es el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo que de forma acumulada conlleva un
retraso en aportaciones a las corporaciones locales equivalentes a unos
4.500 millones de pesetas, aproximadamente. Esta enmienda intenta
satisfacer parcialmente una deuda acumulada por el mundo local.

Muy brevemente, señores Senadores, me gustaría señalar la importancia de
ese tema, dado que normalmente el



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impacto de una central hidroeléctrica --bien las grandes centrales
hidroeléctricas construidas en los años sesenta y setenta o las pequeñas
contra las posteriores o las minicentrales de los momentos actuales-- ha
sido siempre muy negativo para el municipalismo que ha visto cómo se
producía una eclosión de puestos de trabajo artificiales, la desaparición
de los mismos, la desertización de la zona y enormes problemas que nunca
han comportado beneficios concretos que permitieran un desarrollo
estable.

Nosotros presentamos también una enmienda que hace referencia a lo ya
comentado en relación a mantener el incremento de la financiación
autonómica en relación a lo que sería un planteamiento adecuado al
conjunto presupuestario. Es decir, nos encontraríamos con una prórroga
que tendría una voluntad política. Esta prórroga --como he señalado-- no
significa un menoscabo de la inversión territorial, sino que el tema de
la financiación autonómica queda a la espera del acuerdo, el más amplio
posible por parte de todos los grupos parlamentarios, para darle la
suficiente estabilidad de cara al futuro. A corto plazo, nuestro ajuste
permite una compensación por la vía de las inversiones públicas.

Hay un conjunto de enmiendas, algunas significativas que me gustaría
señalar. Una hace referencia a las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura que, como ustedes conocen perfectamente, en sus Estatutos de
Autonomía, disposición adicional segunda y disposición transitoria
segunda, respectivamente, se habla de que las circunstancias
socio-económicas les impiden la prestación de un nivel mínimo de algunos
de los servicios transferidos.

En este sentido, nosotros evaluamos una primera cantidad importante, que
ya fija la propia enmienda en una partida de 20.000 millones de pesetas
para Andalucía y 5.000 millones de pesetas para Extremadura, lo cual
permitiría dar salida a una prescripción estatutaria que ha sido uno de
los objetivos fundamentales expresados por el Conjunto de las Comunidades
Autónomas y específicamente señalados en esos dos Estatutos de Autonomía.

Lógicamente voy a señalar que todo lo que hace referencia a las secciones
específicas son orientaciones derivadas de lo que he comentado al
principio. También quiero señalar que introducimos una doble
consideración, un incremento de partida respecto a inversiones en la zona
metropolitana de Madrid y Barcelona en lo referente al transporte
público. Creemos que esto es importante y significativo y simplemente me
gustaría decirles que, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona el
ferrocarril metropolitano y el transporte de superficie vienen a
representar el 90 por ciento de lo que sería otro transporte público, el
de la Generalitat de Cataluña. Sería bueno y positivo que todos los
Senadores estuvieran en la misma dirección y que apoyaran los
contratos-programa suscritos con el Estado, tanto en relación a una
empresa pública, que representaría el 10 por ciento de viajeros-kilómetro
de la conurbación de Barcelona, como de lo que es el gran sistema
metropolitano que es el que, digamos, da un soporte cuantitativo
importante.

Nosotros también damos una valoración a lo que hace referencia al
Consorcio Regional de Transportes de Madrid para apoyo y fomento del
transporte colectivo, según, lógicamente, el contrato-programa firmado
por el Estado, un incremento de la cantidad consignada. Estos incrementos
son mínimos, pero del todo indispensables si queremos que todo el
conjunto de inversiones proyectadas no se retrasen de forma ostensible.

Existe un retraso a partir de los consorcios por una razón muy simple:
porque todo el mundo tiene la excusa, en relación a otro, para no sacar
hacia adelante los objetivos propuestos. Si no damos un impulso mínimo a
través de los Presupuestos Generales del Estado, encontraremos enormes
dificultades para poder desarrollar esta política.

Por último, deseo señalar que, como es lógico, nuestra posición delante
de este Título no es la que nosotros habríamos querido. Habríamos deseado
que este Título fuera el del consenso, el de la cooperación institucional
y, por tanto, del acuerdo entre los dos principales grupos de esta Cámara
y el conjunto de los grupos que conforman su arco parlamentario. Esta era
nuestra ilusión. Continuaremos en esta lógica. Nos hemos visto obligados
a establecer una vía de posible entendimiento sobre la base de la
prórroga del sistema de financiación, y hemos querido --esto sí-- hacer
una vía de compensación mediante un conjunto de enmiendas que sobrepasa
en mucho lo que significa la estabilización económica para los distintos
entes territoriales, es decir, las Comunidades Autónomas y las entidades
locales.

Nos gustaría separar este criterio general, que es el que es seguro que
no permitirá un entendimiento con el Grupo que da soporte al Gobierno,
del conjunto de enmiendas específicas y sectoriales que nos gustaría que
fueran contempladas con toda su extensión y con toda su importancia, y
que esperamos que tengan una buena acogida.

Por último, deseo decir que la esperanza nunca se pierde. Sería de
interés que ustedes vieran la posibilidad de entender que una prórroga
del sistema es el mejor de los mecanismos para estabilizar, con vistas al
futuro, un sistema estable, positivo y que tenga el consenso máximo, con
lo cual daríamos estabilidad a todo lo que es el desarrollo de la
financiación de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales.

Nosotros no perderemos la esperanza hasta el último momento, hasta el
último minuto, hasta su debate en el Pleno, por si es posible hallar
también las posibilidades de vías de futuro. Estas vías no han de ser
maximalistas, sino que han de ser las posibles en cada uno de los
momentos. Para nosotros es un error histórico que se haya consolidado, en
este debate presupuestario y en la modificación de leyes orgánicas, un
cambio sustancial del bloque constitucional con un consenso cercano sólo
al 50 por ciento cuando los consensos que necesitan los cambios en ese
bloque constitucional deben llegar al 80 o al 90 por ciento, si es que
queremos darles estabilidad con vistas al futuro.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Armet.

Para la defensa de la enmienda número 1.384, del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el Senador



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Tomey. Entiendo que defenderá dicha enmienda y que fijará la posición del
Grupo con respecto al resto de las presentadas. (Pausa.)
Tiene su señoría la palabra.




El señor TOMEY GOMEZ: Gracias, señor Presidente.

La enmienda del Grupo Parlamentario Popular es una definición de
conceptos en el estado de gastos, y se justifica por sí misma, ya que el
crédito no sólo va destinado a la ciudad autonómica de Ceuta sino también
a la ciudad autonómica de Melilla.

Respecto al resto de las enmiendas de los demás grupos, tenemos que decir
lo siguiente.

Estimamos que la enmienda del Grupo Mixto, de Unión Valenciana, defendida
por la Senadora De Boneta, sobre el área metropolitana de Valencia, está
correctamente tratada en los Presupuestos, exactamente igual que el resto
de las áreas metropolitanas de Madrid y de Barcelona.

Las enmiendas de Izquierda Unida tienen distintos aspectos. La mayoría de
ellas se refieren a la financiación de las corporaciones locales. Tenemos
que decir que el Gobierno del Partido Popular ha respetado exactamente
los acuerdos firmados y pactados con la anterior Presidencia de la
Federación Española de Municipios y Provincias, que ostentaba el Alcalde
de La Coruña, y que se ha mantenido la participación en los tributos del
Estado que en ellos se fijaron. Por lo tanto, consideramos que, dentro de
todo un Presupuesto restrictivo, un Presupuesto de ajuste importante, la
participación de las corporaciones locales, en lo que se refiere a los
ayuntamientos, con el 6,69 por ciento de aumento, y en lo que se refiere
a las diputaciones, cabildos y consejos insulares, con el 5,82 por
ciento, es correcta.

El resto de las enmiendas tratan de cambiar el sistema o la fórmula de
financiación de las corporaciones locales. Creemos que es una cuestión
importante de debate y que se debe enclavar en toda la discusión que se
realice en el pacto local que, sin lugar a dudas, dará satisfacción, si
se llega a él con el consenso más amplio, a todas estas inquietudes de
los distintos municipios, ya que, en España, la variedad de municipios es
muy grande entre los ocho mil y pico que tenemos. Hay desde municipios
con menos de 100 habitantes hasta municipios con un número millonario de
habitantes.

En cuanto a las enmiendas de Convergència i Unió, debo decir que las
estamos estudiando, y en el momento de la votación diremos nuestra
opinión. Todas son enmiendas de carácter técnico respecto a dos asuntos
concretos de contratos-programa, y en el momento de la votación tendrán
su explicación correspondiente.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, su portavoz ha mantenido que preferían llegar a un consenso y
a un acuerdo. Quiero referirme a estas palabras en los siguientes
términos. Deseo manifestar de forma clara que el modelo de financiación
que defienden el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
es apoyado por siete partidos políticos, por doce Comunidades autónomas y
por otras tres a las que no les afecta. Por consiguiente, goza de un
amplio consenso en el que no ha participado o no ha querido participar el
Grupo Parlamentario Socialista. En consecuencia, no se puede decir que
esas Comunidades o esos Presidentes de Comunidades Autónomas no quieran
--porque así es-- lo mejor para sus habitantes y para el futuro y el
desarrollo de sus respectivas Comunidades. En este caso, el Grupo
Parlamentario Popular, en el anterior Pacto autonómico de financiación,
ya dio muestras de querer llegar a un consenso. No se puede solicitar
ahora, a través de unas enmiendas, que se deje un período transaccional
cuando hay, como decía, Comunidades Autónomas y grupos políticos que
apoyan este pacto, esta nueva forma de financiación de las Comunidades
Autónomas.

En cuanto a lo que se refiere a las corporaciones locales, nos llevamos
la sorpresa de que hay una enmienda que solicita que se rebajen 5.000
millones de pesetas en la participación en los tributos del Estado de las
corporaciones locales. Nos sorprende porque esto era un pacto de
financiación hecho con los municipios, que contó con el consenso del
Grupo Parlamentario Socialista y de todos los grupos representados en la
Federación Española de Municipios y Provincias --nosotros felicitamos al
Gobierno por haberlo mantenido en sus justos términos--, y que, dentro de
los incrementos de los distintos ministerios, supone que las
corporaciones locales tengan uno mayor que el resto de las partidas, que
el incremento que tienen los propios Presupuestos Generales del Estado.

Por otra parte, hay otras enmiendas referidas a compensaciones a
municipios que tienen presas o centrales hidrográficas. A este respecto
quisiera decir que el Programa 912C recoge una tasa de variación del 512
por ciento con respecto al Presupuesto prorrogado de 1996, pero, además,
el propio Grupo Parlamentario Popular en el trámite del Congreso presentó
una serie de enmiendas referidas a los presupuestos de las
Confederaciones Hidrográficas ya que nuestro Grupo estima que son las que
deben abonar esas compensaciones concretamente a través del IBI.

De ahí que no podamos aceptar en modo alguno sus enmiendas. Además, como
he dicho antes, nuestro sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas tiene un amplio respaldo por parte de los partidos políticos
representados en ellas y, por tanto, ese consenso ya ha sido efectuado.

Sólo el aislamiento en que se encuentra el Grupo Parlamentario Socialista
ha impedido que dicho Grupo participara en él. De ahí que no podamos
aceptar ninguna de sus enmiendas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Tomey.

Pasamos a las Disposiciones Adicionales Primera a Vigésima sexta.

La Senadora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, ha presentado la
enmienda número 50.

Tiene la palabra para su defensa.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.




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Uno de los motivos por los que hemos presentado la enmienda de veto que
defendimos en su momento es que está directamente conectada con la
enmienda a la Disposición Adicional Décima que ahora vamos a defender.

Esta enmienda es de modificación y su texto dice así: «Al objeto de
atender proyectos de ayuda al desarrollo en países del tercer mundo se
dota en la sección 12 de un crédito por valor equivalente al 0,5 del PIB
generado por la economía del Estado Español para 1997.»
Con este porcentaje del 0,5 que proponemos tampoco se llega a alcanzar el
objetivo del 0,7 tantas veces solicitado y tantas veces prometido en
cierto sentido, pero al menos se cubren los pactos ya firmados, tendentes
a conseguir paulatinamente ese objetivo en este ejercicio.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senadora De
Boneta.

Pasamos a las enmiendas del Senador Ferrer Roselló. (La señora De Boneta
y Piedra pide la Palabra.)
Tiene la palabra la Senadora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor Presidente, se mantienen las
diecisiete enmiendas que presenta el Senador Ferrer, gran parte de ellas
referidas a infraestructuras, quedando defendidas todas ellas en sus
propios términos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Está bien.

Pasamos a la defensa de las enmiendas números 183, 184, y números 231 a
251, ambas inclusive, presentadas por los Senadores Nieto Cicuéndez y
Román Clemente del Grupo Mixto.

Tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, las damos por defendidas en
sus justos términos.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, señor Senador.

Corresponde ahora la defensa de la enmienda número 870 presentada por el
Senador Ríos Pérez.

Su señoría tiene la palabra.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En la Disposición Adicional Vigésima Cuarta, según el texto remitido por
el Congreso, aparece un acondicionamiento de la percepción de
aportaciones vinculado al Contrato-programa de transportes terrestres.

Consideramos que este acondicionamiento puede impedir que a lo largo de
1997 se perciban estos 3.000 millones de pesetas ya que hay que
configurar el transporte público regular de viajeros como integrado de
carácter insular. Por tanto, esta enmienda tiende a que esa aportación se
pueda hacer directamente a la Comunidad Autónoma de Canarias en 1997 ya
que ello está previsto en la Ley 19/1994, de Modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Ríos.

El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene
presentadas las enmiendas números 62 y 63.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 62 es de modificación, y va en consonancia con la
problemática que en estos momentos vivimos en relación con el carbón y
las tarifas eléctricas.

Proponemos un texto nuevo que es el siguiente: «Incorporación a los
Presupuestos Generales del Estado de la compensación a la minería del
carbón.

Durante el ejercicio económico de 1997 se incluirá en los Presupuestos
Generales del Estado el coste específico asociado a la minería del carbón
cuyo importe será del 4,865 por ciento de la facturación de la energía
eléctrica.»
Las razones en que basamos nuestra enmienda están incluidas, en líneas
generales, en la Decisión de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
de 28 de diciembre de 1993. Dicha Decisión establece que las ayudas estén
consignadas en los Presupuestos Generales del Estado o mecanismos
equivalentes precisamente a partir de 1997. Por ello solicitamos su
inclusión en estos Presupuestos, a la vez que creemos que no puede
considerarse jurídicamente que la tarifa eléctrica sea un mecanismo
equivalente.

Adicionalmente, hacer que el citado esfuerzo recaiga sobre el consumidor
eléctrico, es decir, sobre nuestra industria, sea ésta pequeña, mediana o
incluso grande, es injusto. El esfuerzo debe ser de toda la sociedad,
estando de acuerdo con ayudar a la industria minera y a las zonas mineras
en los términos que establece la Unión Europea en su Decisión de 28 de
diciembre de 1993 de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

Asimismo, dichas ayudas deben hacerse en el marco de la liberalización
del sector eléctrico de forma que no afecten a la competencia en el
mismo.

Por último, quisiera resaltar a este mismo respecto que en el caso de
Alemania el propio Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional
en una sentencia que dichas ayudas vayan con cargo a la tarifa eléctrica.

Por lo que se refiere a la enmienda número 63, está basada en lo
dispuesto en el Real Decreto 1271/1984, referente a la reconversión del
sector de construcción naval. Con esta enmienda proponemos que se
establezca un trato equitativo al conjunto de empresas del sector naval
de modo que puedan mantener sus cotas de competitividad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Gangoiti.

Para la defensa de las enmiendas números 950, 951, 952 y 953, presentadas
por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.




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El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En este trámite solamente voy a defender tres enmiendas ya que retiramos
la número 951 en este momento. Por tanto, quedan por defender las números
950, 952 y 953.

La enmienda número 950 tiene por objeto adicionar un apartado 3 a la
Disposición Adicional Quinta para conseguir actualizar las asignaciones
por hijo a cargo de acuerdo a la inflación soportada desde 1990, último
año en que se modificó dicha asignación.

La número 952 propone añadir una Disposición Adicional nueva al texto del
proyecto de ley que tiene por objeto mantener para el ejercicio de 1997
la bonificación fiscal que han venido disfrutando los centros de
enseñanza no reglada hasta 1995. El hecho de que en 1996 se haya
trabajado con unos presupuestos prorrogados evitó que esta bonificación
fiscal se hiciera extensiva a dicho año. Por tanto, pretendemos que se
recupere para el ejercicio de 1997 esta bonificación fiscal para los
centros de enseñanza no reglada.

Por último, nuestra enmienda número 953 tiene por objeto posibilitar la
descentralización de los recursos destinados a formación profesional al
transferirse desde la Administración central a la Autonómica los fondos
afectos a la cuota de la formación profesional y de fondos estructurales
que hasta 31 de diciembre de 1996 han estado asignados al Acuerdo
Nacional de Formación Continua. Pretendemos que esta transferencia se
realice siempre y cuando exista un acuerdo entre la Administración
autonómica y los agentes sociales representados en la misma.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Cambra.

Para la defensa de las enmiendas números 1.018 a 1.023, ambas inclusive,
del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Garcías
Coll.




El señor GARCIAS COLL: Gracias, señor Presidente.

La enmienda número 1.018 es de supresión y hace referencia a la
Disposición Adicional Decimoctava, según la cual se actualizan los
coeficientes de valor de adquisición a efectos del Impuesto sobre el
Rendimiento de las Personas Físicas. El Grupo Parlamentario Socialista
presenta una enmienda de supresión, en coherencia con la presentada al
proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social,
por la que se derogan determinados preceptos del Real Decreto-Ley 7/1996,
de 7 de junio.

La enmienda número 1.019 va dirigida a la Disposición Adicional Vigésima
Segunda y es una enmienda de adición según la cual queremos completar los
sectores acogidos a beneficios fiscales especiales. Esto va en coherencia
con el artículo 41 de la Ley de referencia y la Disposición Adicional
Sexta y se dirige a todas aquellas donaciones que estén incluidas para
programas de atención a personas discapacitadas, a personas mayores, a
toxicómanos, pero siempre dentro bien del Plan Nacional sobre las Drogas
o bien de los planes autonómicos y nacionales de servicios sociales. Es
decir, es una enmienda de adición que pretende ampliar beneficios
fiscales especiales.

La enmienda número 1.020 es también de adición y se refiere a la
Disposición Adicional Vigésima Tercera, que ya sufrió una modificación en
el Congreso. Creemos que aún es insuficiente porque, a nuestro parecer,
no se ha tenido en cuenta a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en la compensación a las Universidades públicas por la
extensión de beneficios fiscales a familias numerosas, por lo que
pretendemos corregir este error incluyendo a la UNED.

La enmienda número 1.021 es de modificación y pretende mejorar la
redacción de la Disposición Adicional Vigésima Cuarta, que hace
referencia al tema del transporte insular canario. Creemos que con
nuestra enmienda se precisa mejor el concepto de la compensación para
dicho transporte.

La enmienda número 1.022 es también de adición, y por ella el Grupo
Parlamentario Socialista pretende mejorar el control parlamentario y
conseguir una ejecución más precisa y exacta de la que propicia el
Gobierno, para obligar al mejor cumplimiento de la Ley de Presupuestos y
también de los Reglamentos de la Seguridad Social.

Y, por último, la enmienda número 1.023 es de adición, y a través de ella
se pretende facultar al Gobierno para firmar un convenio con la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares para invertir, a través de los
Presupuestos Generales del Estado, en las carreteras de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. La Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares tenía, con el antiguo sistema de financiación, una financiación
asimilada de 3.000 millones de pesetas para la construcción de
carreteras, y en estos momentos no hay una financiación determinada. Por
tanto, creemos que sería conveniente que se suscribiese ese convenio con
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, ya que no hay inversión de
carreteras de los planes generales del Estado en Baleares.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Garcías Coll.

Pasamos a las enmiendas 1.318 a 1.321, del Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Acacio Collado.




El señor ACACIO COLLADO: Gracias, Presidente.

Intervengo brevemente para defender las enmiendas citadas. La 1.318
entiendo que queda muy bien justificada en sus propios términos. La 1.319
también queda justificada, y pretende excluir cierto tipo de pólizas de
la compañía CESCE, de créditos a la exportación.

Respecto a la 1.320, se refiere precisamente a algo de lo que se acaba de
hablar, es decir, de la compensación por la no existencia de carreteras
estatales en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y entiendo que
tal y como queda reflejado en el texto queda muy bien definido lo que se
pretende con la enmienda.

Y la 1.321, que nos queda, pretende encomendar al Ministerio de Economía
y Hacienda la instrumentación del



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pago total o parcial de las indemnizaciones por extinción de relaciones
laborales a los trabajadores de Mediterráneo Técnica Textil, S. A.

Nada más, muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Senador Acacio Collado, ¿va usted
a fijar la posición de su Grupo respecto al resto de las enmiendas?



El señor ACACIO COLLADO: Sí, si el Presidente me lo permite.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Puede usted empezar, tiene su
señoría la palabra.




El señor ACACIO COLLADO: Como tampoco se han defendido todas las
enmiendas una por una, voy a hacer una exposición global para decir que
en principio se van a estudiar algunas de las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; que no se han
defendido una serie de enmiendas variadas del Grupo Parlamentario Mixto,
algunas de las cuales piden planes integrales para todos los sectores que
afectan a la Comunidad Valenciana, pero entiendo que debería justificarse
un poco más lo que se pretende y no dejarlas tan ambiguas, y, en general,
van a ser rechazadas el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista.

Nada más, muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Acacio Collado.

Vamos a pasar a las Disposiciones Transitorias, de la Primera a la
Cuarta. Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Nieto Cicuéndez,
para defender las enmiendas números 252 y 253, presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Las doy por defendidas.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.

Pasamos a las enmiendas números 954 y 955, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Señor Sixte Cambra, tiene su
señoría palabra, si es usted el que va a defenderlas.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Las enmiendas números 954 y 955 son, de hecho, alternativas una con la
otra, y con ello lo que se pretende es que la Disposición Transitoria que
permite al Gobierno central, en determinados casos, hacer una excepción a
la normativa existente en el proyecto de ley sobre la oferta de empleo
público, se haga extensiva también al resto de las Administraciones
Públicas, concretamente a las Comunidades autónomas y a las Corporaciones
Locales.

La enmienda número 954, simplemente, prevé esta posibilidad, que es la de
convocar concursos para aquellas plazas que están cubiertas por
trabajadores con contrato interino o temporal, y en este caso ofrecemos
una alternativa, que es la enmienda número 955, a través de la cual se
permitiría en todos los casos, incluida la excepción que ya se prevé en
el proyecto de ley para el Gobierno central, introducir una limitación de
hasta el 25 por ciento, como máximo, de los puestos que están
presupuestariamente dotados, ya que están cubiertos actualmente por
personal interino o temporal.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Cambra.

Para la defensa de las enmiendas números 1.024, 1.025 y 1.026, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Zamorano.




El señor ZAMORANO VAZQUEZ: La número 1.024 que presenta el Grupo
Socialista es una enmienda coherente y lógica con el planteamiento que
hemos mantenido sobre la política retributiva del Gobierno.

No compartimos la congelación salarial como viene establecida, y la
enmienda trata de incrementar en un 2,6 por ciento las indemnizaciones
por residencia de los funcionarios públicos que tuvieran derecho a
percibirla. Todo ello en coherencia con lo que ha sido todo nuestro
planteamiento en el Título III de la ley.

La número 1.025 es una enmienda habitual en todos los Presupuestos,
referida a las congelaciones o a las absorciones de los complementos
personales transitorios. Podría parecer que no tiene mucho sentido en un
momento en que se plantea la congelación salarial.

Con todo, la enmienda que presenta el Grupo Socialista plantea una
novedad, y es introducir una coletilla en los párrafos segundo y tercero
de la misma, en el sentido de que estas absorciones solamente se realicen
cuando los cambios se correspondan dentro del nivel de destino. Se trata
de evitar un efecto perverso --que tradicionalmente la norma venía
produciendo-- dentro de los funcionarios en donde se les aplicaban estos
complementos personales. Nos encontrábamos con la paradoja de que muchos
funcionarios veían dificultada su motivación porque los posibles ascensos
que pudieran tener en esos cambios de puestos de trabajo se absorbían de
sus propias retribuciones. También daba la casualidad de que si ese
cambio de destino no se consolidaba y volvía al destino anterior podría
suceder --y de hecho sucedía-- que esa absorción que se había producido
quedara ya perdida y al volver al nuevo nivel de destino no la
recuperase. Son pocos casos pero tienen su significativa importancia en
cuanto a la motivación de la Función Pública, y es por lo que se presenta
esta enmienda.

La enmienda 1.026 a la Disposición Transitoria Tercera es de
modificación. También es un texto habitual en las Disposiciones de las
Leyes de Presupuestos, pero en el párrafo primero no aparecen los
organismos públicos de investigación. El sentido de la enmienda es
incluirlos dentro de esos párrafos.




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Debemos anunciar nuestro apoyo a la enmienda número 954 que ha presentado
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a esta
Disposición Transitoria.

Mucha gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Zamorano.

Para la defensa de la número 1.322, del Grupo Parlamentario Popular, y
para fijar su posición respecto del resto de las enmiendas presentadas,
tiene la palabra el Senador García Carnero.




El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Brevemente, voy a intervenir para fijar la posición de nuestro Grupo y,
en primer lugar, para defender las enmiendas 1.322 y 1.323 presentadas
por el Grupo Parlamentario Popular, puesto que la 1.324 fue ya
incorporada al informe de la Ponencia.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Senador García Carnero, estamos
en las Disposiciones Transitorias: la 1.322, ya que la 1.323 corresponde
a las Disposiciones Finales.




El señor GARCIA CARNERO: Señor Presidente, pretendía defender en el mismo
turno ambas enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Por parte de esta Vicepresidencia
no hay inconveniente, pero hay otra enmienda del Partido Socialista a las
Disposiciones Finales. Puede usted defender las dos enmiendas.




El señor GARCIA CARNERO: Muchas gracias, señor Presidente.

En la enmienda 1.322 se pretende recoger, mediante una disposición
legislativa a través de la Ley de Presupuestos, lo relativo a la afección
de los remanentes del Fondo de Solidaridad de determinados programas del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La enmienda número 1.323 a la Disposición Final Primera pretende cambiar
la autorización que se otorgaba al Gobierno para la afectación de los
créditos al Acuerdo del Plan de Empleo Rural por el Acuerdo para el
Empleo y la Protección Social Agrarios.

Por lo que se refiere a las enmiendas formuladas por el Grupo
Parlamentario Mixto, las números 252 y 253, y la 1.025 del Grupo
Parlamentario Socialista, debemos manifestar nuestra oposición
fundamentalmente porque no concuerdan con nuestra filosofía. Las del
Grupo Parlamentario Socialista van en coherencia con su enmienda al
Título III, sobre la que hemos manifestado ya nuestra posición contraria.

Ocurre exactamente lo mismo en cuanto a las enmiendas 254 y 255 del Grupo
Parlamentario Mixto y la enmienda número 1.026 del Grupo Parlamentario
Socialista.

La número 956 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió había sido ya incorporada al texto del Informe de la
Ponencia.

Por último, la enmienda 1.027, del Grupo Parlamentario Socialista, a la
Disposición Final Segunda, cuya motivación es por coherencia con otras
enmiendas, debo manifestar que ya hemos fijado una posición contraria a
las mismas.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Senador García Carnero, por lo
menos esta Presidencia no ha oído su posición sobre las números 954 y 955
de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.




El señor GARCIA CARNERO: Señor Presidente, no vamos a fijar todavía
posición sobre las mismas puesto que está en estudio la posibilidad de
admitirlas o fijar una transaccional.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): De acuerdo. Pasamos a las
derogatorias. (La señora Pleguezuelos Aguilar pide la palabra.) Tiene la
palabra su señoría.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor Presidente, las disposiciones
finales no han sido defendidas, lo que ocurre es que el señor Senador no
se encontraba en ese momento en la sala y ha contestado a ellas. Si les
parece bien, las defenderé ahora. No tendría inconveniente en que no se
produjera tal debate, pero debería quedar constancia de que al Grupo
Socialista no se le ha dado la opción de defender la enmienda a la
Disposición Final Segunda.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Tiene usted razón, señora
Senadora. Tiene el turno que le corresponde.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

La enmienda presentada por mi Grupo a la Disposición Final Segunda, como
reza su justificación, es coherente con otras enmiendas, y no es ni más
ni menos que la negación de nuestro Grupo a ese instrumento que se ha
creado en la Ley de Acompañamiento que es el Ente Público GIF, que va
destinado a invertir en infraestructuras ferroviarias.

Entendemos que este modelo es realmente incierto, tan incierto como para
que haya despertado bastantes recelos entre los trabajadores de Renfe. No
sabemos cuál va a ser el futuro real de este Ente, si al final se
destinará o no para labores de mantenimiento o para labores que, en
definitiva, puedan acometer y que acometen en la actualidad los
trabajadores de Renfe. Sin duda, entendemos que está sirviendo al
Gobierno Popular para maquillar la caída de la inversión pública en
materia de infraestructuras ferroviarias.

Genera tantas incertidumbres que el propio Partido Popular ha tenido que
enmendarla a través de la aceptación en Ponencia de una enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, casi
coincidente con la suya, porque ni siquiera había previsto la capacidad



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de endeudamiento de un Ente Público que nace con la vocación de invertir
en infraestructuras ferroviarias, es decir, de hacer inversiones que, sin
duda, comportarán un nivel de endeudamiento.

Pues bien, el propio Grupo Parlamentario Popular ha debido enmendar
aquello que inciertamente generó y de cuyo futuro todos recelamos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular.




El señor GARCIA CARNERO: Gracias, señor Presidente.

Brevísimamente, para decir que la intervención de la portavoz socialista
no ha añadido nada a lo que en el texto y justificación de sus enmiendas
se proponía, por lo que los argumentos que esgrimíamos antes son válidos.

Simplemente debo decir que el hecho de que en la mentalidad del Grupo
Socialista no quepa pensar que puedan desarrollarse las infraestructuras
ferroviarias a través de un Ente Público gestor no impide que haya otras
formaciones políticas --como es el caso del Grupo Parlamentario Popular y
otras formaciones de la Cámara-- que sí entiendan que éste pueda ser un
buen instrumento para el desarrollo de ese tipo de infraestructuras. Por
lo tanto, confiamos en ello. Nuestra enmienda, efectivamente coincidente
con la de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, la 1.324 y la 956, lo único que pretende es dejar libertad al
Gobierno para fijar las cuantías que autoricen ese endeudamiento. Ello es
fruto ni más ni menos de que es el primer Presupuesto en el que se pone
en marcha este Ente Público.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador García
Carnero.

Volvemos a hacer una retroversión, porque hay unas enmiendas, las números
254 y 255, a la disposición derogatoria, presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto.

Para su defensa, damos la palabra al Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Ya están contestadas, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Sí, señoría, pero le damos la
opción de defenderlas.




El señor NIETO CICUENDEZ: Yo las doy por defendidas, y él las ha dado por
no apoyadas.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): ¿Las respetamos en sus justos
términos? (Pausa.) Muy bien, Senador Nieto Cicuéndez.

Pasamos a las enmiendas de ingresos y gastos.

Enmienda número 1.029, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, esta enmienda es congruente con nuestra posición global ante
los presupuestos. Hemos defendido que es necesario un mayor volumen de
gasto público en el sistema educativo y en inversión pública, y esto
exige un mayor esfuerzo fiscal a los ciudadanos, sobre todo a aquellos a
los que el Gobierno y los grupos políticos que lo apoyan están haciendo
regalos fiscales por la vía de las sucesivas enmiendas que se van
incorporando a los trámites parlamentarios al proyecto de Ley de
Presupuestos y al proyecto de Ley de medidas de acompañamiento, y que
antes se incorporaron al ordenamiento jurídico por la vía de los
decretos-leyes aprobados en el verano de este año.

En este sentido, nuestras enmiendas pretenden ser congruentes con la
filosofía de no sentir miedo a hacer otro tipo de oposición, ni a pedir
mayores esfuerzos a los ciudadanos que más pueden, y no nos da miedo
decir que esa política de mayor gasto público, que consideramos
fundamental en lo que es inversión en el sistema educativo, debe ser
lógicamente financiada con un mayor esfuerzo fiscal de esos ciudadanos
que tienen rentas más altas, situación que el Gobierno está contribuyendo
a mejorar ejerciendo una menor presión fiscal, que nosotros, en estos
momentos, consideramos contraproducente, porque va en contra, incluso, de
los objetivos de reducción del déficit público y del endeudamiento
necesarios para que España esté en la primera línea de la construcción de
la Unión Monetaria Europea.

Por esa razón hemos presentado una enmienda global al presupuesto de
Ingresos y Gastos, en la que se contemplan los efectos de las enmiendas
con mayor presión fiscal, que defendemos los socialistas, y en las que
también se presupuesta un mayor esfuerzo del Estado en inversión pública
y en el sistema educativo.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador Granado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, la base fundamental de los argumentos que pueden aducirse en
defensa de la enmienda presentada se corresponde, en gran medida, con los
efectuados a la totalidad de los presupuestos, puesto que se refieren a
las cifras globales. Además, como es sabido, se votan al final, por si
hubiera que recoger modificaciones consecuencia de enmiendas. Por lo
tanto, los argumentos están expuestos, tanto a favor como en contra,
éstos en el turno que en su momento ha hecho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. Pero puesto que se insiste en uno de los aspectos
tocados en ese debate quisiera hacer algún comentario adicional. Me
refiero al tema de la imposición sobre lo que se llama «clases
privilegiadas» o, por ser más concretos en términos de imposición, lo que
llamamos incremento de patrimonio o plusvalías. Sobre este tema, señor
Presidente,



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se está haciendo una demagogia auténticamente infundada. Me explico.

Como consta en la propia enmienda, la recaudación prevista para 1997 en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas asciende a más de
cinco billones de pesetas. Es una cifra que representa aproximadamente la
recaudación que este Impuesto ha tenido en nuestro país en los últimos
años, es decir, cifras que van aumentando un 5 ó 6 por ciento, por lo que
la recaudación por este Impuesto en los últimos años, durante el mandato
del Gobierno socialista, se mueve en torno a la cifra que acabo de citar.

Pero escuchando a los representantes del Grupo Parlamentario Socialista,
cualquiera diría que los incrementos de patrimonio que ahora, según
dicen, se ven favorecidos, han sido la base de esta recaudación. Pues
bien, señor Presidente, en esta misma Comisión se alegó lo que se
recaudaba por incrementos de patrimonio en la declaración de la Renta de
las Personas Físicas durante los ejercicios de 1992-93; y en el debate de
totalidad se pusieron de manifiesto cuáles eran las recaudaciones: una
cifra del orden de 49.000 millones de pesetas, señores miembros de la
Comisión de Presupuestos: durante el Gobierno socialista, en 1994, de
cinco billones de pesetas que se recaudaron en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, en la parte correspondiente a las bases
imponibles, que se pueden imputar y que lo hacen a incrementos de
patrimonio, una cantidad equivalente a 49.000 millones de pesetas. Seamos
claros. ¿Quién ha exonerado impositivamente a los incrementos de
patrimonio en este país? Los socialistas. Los cinco billones de pesetas
restantes que se han recaudado, ¿de dónde proceden? Pues, en un 70 ó 75
por ciento, de impuestos de rendimientos de trabajo. En incrementos de
patrimonio, las llamadas plusvalías, 50.000 millones de pesetas. ¿Es que
no ha habido incrementos de patrimonio en estos años en nuestro país?
Evidentemente, los ha habido. Pero la legislación que había ha permitido
que la recaudación fuera en estas proporciones.

Las medidas de modificación propuestas, no sólo no disminuyen esta cifra
prevista de recaudación, sino que la aumentan, porque antes, con el
transcurso del tiempo, dejaba de pagarse, y así se ha dicho repetidas
veces: una persona podía ganar mil millones de pesetas, pero si tenía
capacidad y paciencia para esperar suficientes años, podía verse
totalmente exonerada de impuestos de incrementos de patrimonio por ese
incremento de patrimonio de mil millones de pesetas. Ahora se pone un
tope del 20 por ciento. Podrá esperar diez o quince años, pero pagará el
20 por ciento. En consecuencia, como se va a pagar ese porcentaje de
todas las cantidades sobre las bases imponibles declaradas, la
recaudación prevista va a ser mayor sobre las plusvalías. Y no sólo eso,
sino que, además, va a estar mejor repartida, porque, como saben sus
señorías, ahora se establecen unos mínimos exentos. Es decir, antes, todo
el que tenía incrementos de patrimonio tenía que pagar. Ahora hay
incrementos de patrimonio, por debajo de 200.000 pesetas, que están
exentos. En consecuencia, estos mínimos exentos crean una escala de
progresividad que no va a afectar a quien puede ganar miles o decenas de
millones; pero al pequeño inversor, a quien tiene pequeños incrementos de
patrimonio, es decir, a la mayoría de las personas que tienen ahorros, sí
les va a beneficiar. Por lo tanto, desde el punto de vista de
«progresividad», hablando en términos tributarios, de la tributación de
plusvalías, estamos aumentando lo que técnicamente se llama progresividad
al introducir ese mínimo exento que opera en determinadas circunstancias,
que ahora no procede explicar.

En consecuencia, señor Presidente, es hora de que dejemos claras dos
cosas; los incrementos de patrimonio no han pagado en este país con
Gobiernos socialistas, las cifras de recaudación lo testimonian. Es más,
se ha señalado repetidas veces que lo que estaba consiguiendo el actual
sistema de imposición en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas era que aquellas personas que tenían grandes patrimonios se
constituyeran en sociedades. Aquí todo el mundo acaba haciendo
sociedades, pero lo hacen las personas con grandes ingresos. A la clase
media, a los trabajadores que no tienen unos ingresos de este tipo, no
les compensa hacer una sociedad. En consecuencia, este sistema, a base de
demagogia, ha conseguido que quien tiene grandes patrimonios se
constituya en sociedad anónima y, por lo tanto, no pague incrementos de
patrimonio por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
adicionalmente, los que tienen grandes capitales disponen de medios para
conocer y buscar otras disposiciones en otros países para tratar de
eludir la imposición de incrementos del patrimonio que existe en este
país y que no es normal en el resto de los países de la Unión Europea.

El sistema impositivo heredado en este momento tiende a que los agentes o
las personas busquen soluciones, accesibles sobre todo para personas con
grandes rentas, a fin de hacer una imposición diferente. Esto se refleja
en un decremento paulatino de la recaudación, decremento que en los
últimos años se pone de manifiesto con mucha mayor intensidad en las
grandes rentas; es decir, que si las grandes rentas han pagado pocos
incrementos de patrimonio, en los últimos años vienen pagando menos de lo
que pagaban hace unos años. En definitiva, señor Presidente, no sólo no
han pagado, sino que hay una tendencia decreciente hasta llegar a los
niveles mínimos a que hemos llegado y, además, era igual para todos.

Con la venía del señor Presidente, voy a extenderme un poco más para
puntualizar: no se han pagado incrementos de patrimonio en este país bajo
Gobiernos socialistas y las cifras de recaudación lo dicen. Después de
catorce años de Gobierno socialista el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sigue siendo en su mayor parte, del orden del 70 por
ciento y en las mismas proporciones procedente de rendimientos del
trabajo. La cifras son así, aunque también debo decir que suele ser
normal en todos los países.

Con esto no quiero hacer acusaciones, pero lo que sí quiero es cortar las
alegaciones demagógicas acerca de que el Gobierno socialista protege a
los trabajadores y que el Gobierno del Partido Popular está favoreciendo
a las clases pudientes, cuando la realidad de la evolución fiscal de los
últimos catorce años demuestra que el Gobierno socialista ha hecho una
labor estándar --y en el caso de los incrementos de patrimonio muy
negativa para la recaudación



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y para la justicia por la política impositiva que ha llevado-- y que,
desde luego, si algún elemento de progresividad se ha introducido en los
incrementos de patrimonio en las últimas reformas ha sido la modificación
que ha introducido el Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador Alierta.

Señorías, propongo a todos ustedes lo siguiente: suspender ahora y
empezar a las cuatro de la tarde --más o menos como estaba previsto-- con
la enmienda al Capítulo 1 de todas las Secciones y con la enmienda al
Capítulo 1 de todas las Secciones, Presupuestos de Organismos Autónomos,
etcétera, presentadas por los Grupos Mixto y Socialista, para, a
continuación, entrar en las Secciones comenzando con la 12. ¿Están
conformes sus señorías? (Pausa.)
Se suspende la sesión.




Eran las trece y cincuenta y cinco minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Buenas tardes, señorías, se
reanuda la sesión. Vamos a continuar con la enmienda número 258,
presentada por el enmendante, señor Nieto Cicuéndez, al Capítulo 1 de
todas las Secciones.

Tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En coherencia con nuestra posición de que los salarios de los
funcionarios no sean congelados, planteamos que todas las partidas
destinadas a las retribuciones de los mismos se incrementen el 2,6 por
ciento.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Nieto Cicuéndez.

Pasamos a la enmienda número 1.030, al Capítulo 1 de todas las Secciones,
presupuestos de Organismos Autónomos, Entes del artículo 1.e), y
presupuestos de la Seguridad Social, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Arévalo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, esta enmienda tiene el objeto de aplicar una cantidad de 80.000
millones de pesetas para distribuir proporcionalmente en base a la
enmienda a la totalidad que hemos presentado al Título III y que, por
tanto, requiere que se pueda contar con una cantidad de dinero a aplicar
en los Presupuestos, dado el incremento del 2,6 por ciento que proponemos
para el personal al servicio del sector público.

Abundo en las mismas razones que he dado esta mañana. Al no haberse
tenido en cuenta el aumento de retribuciones que estaba previsto de
antiguo para todos los empleados públicos, es necesario que se aplique
esta cantidad para poder corregir lo que, sin duda, es una equivocación
en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado.

Hace aproximadamente dos meses, el Ministro de Administraciones Públicas
compareció ante la Comisión de Interior y Función Pública de esta Cámara
y pudimos discutir con él suficientemente lo que ya se anunciaba para los
Presupuestos Generales del Estado, es decir, que no iba a haber aumento
de retribuciones. Le advertimos que habíamos recibido contestación del
Gobierno a una pregunta escrita en la que se nos daban como justificación
tres razones: primera, que había que atender los objetivos de
convergencia y, por tanto, era necesario que se aplicara esta
congelación; segunda, que al aumentar las cantidades a asignar a los
pensionistas no era posible aumentar a los funcionarios y, tercera, que
de esta manera se facilitaba la existencia de nuevos empleos. Cuando
hablamos de las razones así expuestas, al final, el Ministro dijo: A qué
viene eso; yo no sé cómo se puede defender esto de esta manera. Lo mismo
dije yo: No sé cómo se puede defender, pero el Gobierno lo dijo por
escrito y lo firmó. Estamos de acuerdo en el objetivo de convergencia,
aunque ya hemos dicho esta mañana cuáles eran los procedimientos para
evitar que se produjera la congelación; pero, naturalmente, las otras dos
razones que se nos dieron no había por dónde cogerlas.

Señor Presidente, con esto quiero decir que son tan débiles los
argumentos que se han utilizado para defender la congelación salarial de
los empleados públicos que, incluso, esta mañana he creído entender al
Senador Alierta, en su brillante intervención, que estaba también
convencido de que no era el mejor procedimiento lo que se había hecho en
este proyecto de Presupuestos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador Arévalo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, su portavoz en este
caso, el señor Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Los argumentos para oponerse a esta enmienda están expuestos, pero
agradezco la amable y directa indicación del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Voy a intervenir muy brevemente, sobre todo,
para aclarar este extremo.

Es posible que a posteriori, como consecuencia del propio éxito que la
presentación de los Presupuestos Generales del Estado ha tenido en los
mercados financieros, incluso pudiera plantearse que si esto hubiera sido
así, podría haberse hecho de otra forma.

Quisiera hacer una matización importante. En economía son muy importantes
las expectativas y, aunque en este momento --es lo que ha podido
insinuar-- quizás estuvieran consolidadas, también debemos tener presente
que esas expectativas son siempre frágiles. ¿Por qué razones se tiene
credibilidad? Es algo etéreo, que tiene su consistencia pero que no tiene
un reflejo claro.




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¿Por qué hace dos años al Estado español se le exigía que pagara cinco
puntos de interés por encima de lo que pagaba el Estado alemán y, en
cambio, en este momento los mismos inversores sólo le piden 1,30 puntos
por encima de lo que paga el Estado alemán? ¿Hemos cambiado tanto los
españoles? ¿Ha cambiado la situación física de nuestros países? ¿Tanto ha
cambiado la situación económica? ¿Por qué hace dos años necesitábamos ese
diferencial? Nadie esperaba que hubiéramos llegado a esas circunstancias
y, sin embargo, en estos momentos estamos en ese diferencial.

Su señoría puede calcular que cuatro o cinco puntos de interés sobre una
deuda de 30 billones de pesetas, sólo para el Estado español suponen dos
billones de pesetas. Evidentemente, sería mucho más sencillo cuadrar las
cuentas, en términos de déficit público, si estos dos billones de pesetas
--que hay que poner en sus presupuestos-- no se hubieran producido.

Se podría hacer un cálculo muy interesante. Si los 30 billones de pesetas
de deuda que tiene el Estado español estuvieran a los tipos de interés
vigentes hoy en el mercado, posiblemente estaríamos ya de sobra
cumpliendo el Tratado de Maastricht. Si en vez de a los tipos que se
emitieron del 10 por ciento, estuvieran al 5 ó 6 por ciento, que es lo
que se emite hoy, nos estaríamos ahorrando dos billones de pesetas, con
lo cual ya habríamos cumplido, porque ése es prácticamente el déficit
previsto; es decir, en 1997 no íbamos a tener déficit.

Todos estos elementos --como puede ver su señoría-- influyen de una forma
para luego reflejarse en las cuentas del Estado. ¿Cómo se ha conseguido
que bajen los tipos de interés? No es una cosa que haya venido por
correo, no estaba decidido que en octubre de 1996 los tipos de interés
bajaran y, en cambio, en diciembre de 1994 se dispararan. Recordará usted
que en diciembre de 1994 se produjeron una serie de acontecimientos
penosos en la vida española: el caso Gal se disparó y la inestabilidad
política condujo a que los mercados financieros elevaran los tipos de
interés. En cambio, en este momento, se ha creído la política de
austeridad y de cumplimiento de unos criterios del 3 por ciento, cosa
que, por otra parte, se lleva intentando hacer en este país desde hace
varios años, sin conseguir la credibilidad, que es lo que decía esta
mañana.

¿Cómo se consigue esa credibilidad? Mire usted, ésta es una cuestión muy
etérea. En la credibilidad de la política presupuestaria influyen una
serie de factores, como, posiblemente, que el Gobierno tome unas medidas
que, en principio, son impopulares, que tienen un coste político --nadie
lo niega--, que son a contracorriente no sólo de lo que puedan pensar los
ciudadanos o los funcionarios, sino a contracorriente de lo que nos
gustaría y aspiramos los que pertenecemos al Partido Popular. ¿O es que
usted piensa que los que pertenecemos al Partido Popular deseamos que los
funcionarios ganen poco? Evidentemente, no. Deseamos que tengan unas
retribuciones superiores a las que tienen en este momento. Pero hay que
tomar unas medidas, entre ellas la contención de las inversiones, para
las que hay que buscar soluciones, y la contención de gastos, que tienen
un coste político. Posiblemente, estos elementos no sean los que hayan
decidido, pero sí los que han contribuido a transmitir a la opinión
financiera internacional que el Estado español por fin se toma en serio
la estabilidad financiera, que el Gobierno está dispuesto a asumir los
costes políticos, que en política es su propio patrimonio, para alcanzar
lo que --y todo el mundo está de acuerdo-- este país necesita. En
consecuencia, empieza a tener una credibilidad su intención política, y
automáticamente se ve la rentabilidad que tiene en términos financieros
en los mercados, hasta tal punto que las previsiones de ahorro para los
próximos años en gastos financieros empiezan a alcanzar cifras de cientos
de millones de interés, que garantiza que el déficit se va a cumplir y,
sobre todo, que las retribuciones para los funcionarios en los próximos
años van a tener los incrementos adecuados. ¿Por qué? Porque las finanzas
públicas de este país empiezan a coger el camino que se llama «círculo
virtuoso».

¿Quién nos decía hace seis meses que este círculo virtuoso que se ha
iniciado en los últimos meses se iba a producir? No es una cosa que no
esté en nuestras manos. Son inversores. Pero los inversores tampoco son
entes, entre ellos está el señor que vive a la vuelta de la esquina, que
compra una Letra del Tesoro. No vamos a decir que los entes son los
gnomos de Zurich; no, son las compañías españolas de seguros, son los
bancos, son las empresas que mantienen su ahorro, son los ahorradores,
son personas de carne y hueso que tenemos a nuestro alrededor, incluso,
si me apura, muchas de las personas que están en esta sala, que tienen
sus pequeños ahorros. Todas estas personas empiezan a creer en el mercado
español.

En un momento determinado en este país se dijo: nos lo vamos a tomar en
serio. Esto recuerda una reunión con los italianos, que dudaban, pero
dijeron: si los españoles se lo toman en serio, nosotros no seremos
menos. Y fíjese, automáticamente se transmitió ese razonamiento, que
puede no tener consistencia, pero la gente se lo creyó, y a la lira le
pasó lo mismo que a la peseta. En Italia no se lo toman en serio, pero
ven que los españoles van por delante y no se quieren quedar detrás. Van
a tomar las medidas, han fijado un impuesto --cosa que nosotros no hemos
hecho-- y se lo han creído. En consecuencia, las razones estaban allí, la
misma experiencia práctica, desde el punto de vista financiero, lo ha
avalado y nos permite sentar las bases para que no sea necesario en el
futuro.

Por último, las expectativas de alcanzar un IPC del 2,6, que eran
difíciles, también se van a confirmar, lo cual quiere decir que esa
congelación que en principio se pedía, que puede tener una importancia,
conforme este IPC sea menor, va a ser menor. Es decir, que, en la medida
en que todos esos objetivos se van cumpliendo, el sacrificio que se pide
--y que nadie ha negado-- va a ser relativamente menor. A medio plazo
toda la sociedad española ganará, incluidos los funcionarios con un
sacrificio relativamente menor las finanzas públicas se sanearán.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Alierta.




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Pasamos a las enmiendas relativas a las distintas secciones. Comenzamos
por la Sección 12, Asuntos Exteriores.

Como enmendante figura el Senador Nieto Cicuéndez, con las enmiendas
números 259 a 264, ambas inclusive.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Estas enmiendas tienen el siguiente sentido: por un lado, el de rebaja de
partidas, como es el tema de la OTAN, en la que creemos que no debemos de
estar, y, por tanto, las partidas destinadas a ella sobran, y, por otro
lado, otras partidas, como elementos culturales exteriores, que
consideramos que debían destinarse a la ayuda a la democratización de
Guinea, que cuantificamos en 70 millones de pesetas, y el resto a ayudas
a las ONG, al Tercer Mundo.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Nieto.

La enmienda número 64 pertenece al Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Esta enmienda lo que contempla es una dotación
de 100 millones de pesetas para ayudar al proceso de democratización de
Guinea Ecuatorial.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador Gangoiti.

La enmienda número 957 es del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, y para su defensa tiene la palabra el Senador Cambra
i Sánchez.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Esta es la única enmienda que hemos presentado a la Sección 12. Tiene por
objeto permitir la aplicación del Convenio marco para las relaciones
entre la Agencia Española de la Cooperación Internacional y la
Coordinadora de ONG para el Desarrollo.

En cuanto a la cantidad que hemos presentado en la enmienda, estamos
abiertos a cualquier transacción; consideramos que lo importante es que
se dote este concepto y, por tanto, que se reconozca la ayuda a este
Convenio.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador Cambra.

Pasamos a las enmiendas números 1.031, 1.032 y 1.033, del Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el Senador
Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Con igual brevedad, voy a decir que nuestras enmiendas van en el sentido
de permitir la aplicación del Convenio con la Coordinadora de
Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo; asimismo, para
mejorar los fines que mantiene la Agencia Española de Cooperación
Internacional y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional con
los programas de ayudas al desarrollo que realiza en colaboración con las
Organizaciones no Gubernamentales y para dotar una partida concreta a los
Presupuestos del Estado que permita al Estado español colaborar en el
proceso de democratización de la que fue la última colonia española,
Guinea Ecuatorial. Pensamos que la sociedad española tiene un compromiso
con la democratización de Guinea Ecuatorial y que sería bueno que en los
Presupuestos del Estado --y ésta es una intención que compartimos con
diferentes Grupos Parlamentarios de esta Cámara, con el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos y con los Senadores de Izquierda Unida--
existiera una partida concreta que permitiera al Estado español colaborar
en este proceso de democratización de Guinea, de acuerdo con un reparto
de los fondos que, según nuestras noticias, ya ha sido pactado entre las
organizaciones democráticas de Guinea Ecuatorial y el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador Granado.

Las enmiendas números 1.360 a 1.381 corresponden al Grupo Parlamentario
Popular y para su defensa tiene la palabra el Senador Soravilla.




El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ser también muy breve. La enmienda número 1.360 es para subsanar un
error que se cometió en el Congreso. Yo creo que todas sus señorías saben
que se aprobaron dos enmiendas en el mismo sentido, lo cual producía una
duplicidad de cantidades. En consecuencia, lo que hacemos aquí es crear
un nuevo concepto, el 481, con una serie de subconceptos que van del 0 al
6, dotando a distintas instituciones sin fines de lucro de un total de
38.840.000 pesetas, que producen baja en el programa correspondiente.

La enmienda número 1.381 la hemos presentado con el deseo de singularizar
nuestro compromiso, que apoyamos, además, como línea general de nuestra
política exterior del Gobierno, que es fortalecer a la Comunidad
Iberoamericana de Naciones sobre unas bases democráticas, y dotamos con
60 millones los programas específicos de Fundaciones y ONG para
consolidar y reforzar las democracias en Iberoamérica; para ello, creamos
también un nuevo concepto, el 486, en el Programa de Cooperación para el
Desarrollo, el 134.

Nuestra posición respecto al resto de las enmiendas, en cuanto a las del
Grupo Mixto, nos vamos a oponer. Lamento que no podamos aceptar la
supresión que se nos pide de becas, viajes, intercambios y también de
ayudas, en las enmiendas 259 y 260. Simplemente quiero recordarle



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a su señoría que la reiteración de epígrafes y de conceptos cuando se
producen en distintos programas no es una duplicidad, sino que son
actuaciones diferenciadas y, en consecuencia, no podemos admitirlas.

Con respecto a la 263, pide la supresión de nuestra participación en
organismos de la Defensa, como son la OTAN y la UEO; es una parte
sustancial de nuestra discrepancia político-ideológica, y creo que el
Senador Nieto mantiene esa posición del Grupo de Izquierda Unida en
solitario. Nosotros la respetamos, pero nos vamos a oponer, naturalmente,
a esa enmienda.

Con respecto al resto de las enmiendas donde, efectivamente, se producen
coincidencias entre los Grupos creo que todas ellas se plantean con una
sensibilidad muy similar, incluso también con la nuestra. Saben lo
extremadamente riguroso que es este Presupuesto en todos los sentidos y
también que está muy ajustado en cuanto a los equilibrios, pero por
nuestra parte también estamos estudiando la posibilidad de, sin romper
esos equilibrios, estudiar ahora y atender en otro momento --y me acojo a
la proposición que hacía el Senador Cambra-- la posible transacción de
asunto de la Coordinadora de las ONG, con la idea de mantener la apuesta
que se ha hecho desde este Presupuesto por la solidaridad. En tal
sentido, intentaremos estudiar el encaje presupuestario de todas aquellas
enmiendas, la 264, del Grupo Parlamentario Mixto, 957, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y la 1.031, del
Grupo Parlamentario Socialista, que van encaminadas a dotar al Convenio
de la Coordinadora de ONG. Lo mismo ocurre con las enmiendas números 64,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 261, del Grupo
Parlamentario Mixto, y 1.033, del Grupo Parlamentario Socialista, que se
refiere a las ayudas al proceso de democratización de Guinea Ecuatorial.

Si bien, aparte del incremento, sería una singularización, puesto que
parte de ello queda contemplado en los propios Presupuestos.

También quiero agradecer a todos los Grupos las sugerencias que han
quedado plasmadas en sus enmiendas y la brevedad con que las han
expuesto, lo cual significa, aparte de otras cosas, que coincidimos
básicamente en la idea de lo que es el Presupuesto de esta Sección 12.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador
Soravilla.

Terminamos la Sección 12 y pasamos ya a la Sección 13 en la que tenemos
dos vetos a la totalidad de la Sección y, si les parece, señorías, vamos
a dar el tiempo del veto y de las enmiendas.

En primer lugar, la enmienda número 265, que es un veto a la Sección 13,
del Senador Nieto Cicuéndez, juntamente con las enmiendas números 266 a
281, ambas inclusive. Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

El motivo del veto y de las enmiendas es que consideramos que el
Presupuesto de Justicia curiosamente no aborda las necesidades que ésta
tiene en cuanto a las dotaciones, ni en cuanto a los juzgados, siendo un
tema tan latente en la sociedad, como lo es la tardanza con que se
produce la justicia, etcétera, que se debe a la falta de dotaciones, a la
falta de medios, a la falta, incluso, de juzgados. El veto, en primer
lugar, está motivado porque en esta Sección consideramos totalmente
insuficientemente el presupuesto que se destina a estos fines y a
aquellos, incluso, que legislativamente estamos aprobando
permanentemente. Es decir, cómo se puede pretender que sea eficaz la
justicia y también toda una serie de medidas que hemos aprobado aquí,
como los arrestos de fin de semana y toda una serie de cuestiones, una
serie de delitos que hemos estado discutiendo en la reforma del Código
Penal, con la dotación tan raquítica de este Ministerio. Las enmiendas
tendrían sentido si se da una dotación presupuestaria mayor.

De todas formas, nosotros hemos querido reflejar en las enmiendas de la
266 a la 281 lo que nosotros consideramos prioridades inaplazables, es
decir, sitios donde o se toman algunas medidas, se hacen juzgados, se dan
dotaciones, etcétera, o si no, seremos corresponsables de que la justicia
en España no funcione; no valdrá echarle luego la culpa al empedrado, a
los jueces, etcétera, como generalmente se está haciendo. Consideramos
que esto es una irresponsabilidad y que, por tanto, habría que tomar
medidas en ese sentido.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador Nieto.

Pasamos a las enmiendas 905, 906, 907, 908, 909 y 920 de la enmendante,
señora Costa Serra. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, las defiendo en sus justos términos. Están en relación con
la insuficiencia de personal y de instalaciones judiciales en Ibiza y en
Formentera.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, señor Ríos.

La enmienda número 881 es del Senador Armas Rodríguez. Para su defensa,
tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: En la misma línea, señor Presidente, de una
deficiencia en las instalaciones judiciales de Arrecife, en Lanzarote. La
mantengo en sus propios términos.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, señor Ríos.

Seguimos con las enmiendas 134 y 135, del señor Ferrer Roselló. Para su
defensa tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.




El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, mantenemos estas enmiendas en sus
justos términos en relación con la insuficiencia de los edificios
judiciales de Valencia.




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El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias.

Enmienda número 65, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.

El Senador Gangoiti tiene la palabra para su defensa.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Aquí lo que pedimos es una dotación por importe de cien millones de
pesetas para las obras de ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Enmiendas números 958 y 961, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.

El Senador Cambra tiene la palabra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La número 958 es una enmienda histórica en nuestro Grupo porque en
anteriores tramitaciones presupuestarias ya la presentamos en este
sentido. Tiene por objeto consolidar de manera efectiva la revisión de
las retribuciones de los secretarios judiciales.

En cuanto a la enmienda número 961, nuestro objetivo es dotar una partida
para poder llevar a cabo las obras de construcción de la Audiencia
Provincial de Lleida tras los sucesivos acuerdos que se han firmado por
parte del Ayuntamiento y el Ministerio de Justicia en los últimos años,
pero dichas obras no se han hecho efectivas y son de gran necesidad para
la ciudad de Lleida.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias.

La enmienda número 1.034, de veto, junto con las enmiendas números 1.035,
1.036, 1.037. 1.038, 1.039, 1.040, 1.041 y 1.042, han sido presentadas
por el Grupo Parlamentario Socialista.

El Senador Marín tiene la palabra para su defensa.




El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, nuestro Grupo Parlamentario presenta una enmienda de veto a la
totalidad de la Sección 13 y, en el caso de que el veto sea rechazado,
una serie de enmiendas parciales.

Está muy lejos de la intención de nuestro Grupo adoptar una fórmula de
oposición mecánica, es decir, la oposición se opone, el Gobierno rechaza
más que con fundamentos objetivos por el hecho de estar colocado cada uno
en una posición en la dialéctica parlamentaria.

Pensamos que hoy da credibilidad a nuestra postura la que hemos mantenido
a lo largo de la legislatura. Hemos afirmado --creemos que con
claridad--, por una parte, que los presupuestos de Justicia en años
anteriores han sido también muy austeros, que producían, incluso, algunas
insuficiencias que han sido reconocidas por los responsables anteriores
del Ministerio de Justicia; de ahí la producción de eso que se ha llamado
agujeros, que no era otra cosa que la producción de déficit entre la
factura real del coste de los servicios y lo consignado
presupuestariamente.

Por otra parte, y después de hacer la anterior afirmación, hemos
insistido en que era necesario cambiar esta situación y producir ya una
política distinta, y todo ello comprendiendo los momentos restrictivos
actuales y siendo, como se verá después en las enmiendas parciales, muy
moderados en la formulación de las enmiendas, teniendo en cuenta,
precisamente, esta circunstancia.

Señorías, vetamos la Sección porque consideramos que con lo dispuesto en
ella no solamente no se inicia ese camino de recuperación --al que me he
referido--, sino que se producirá, inevitablemente, un empeoramiento, un
regreso en la situación, y que conste que hemos empezado reconociendo que
no partíamos de una situación buena, en absoluto. Señorías, sin entrar en
una guerra de cifras, lo cierto es que la participación del Ministerio de
Justicia en el conjunto de los actos del Estado disminuye en estos
presupuestos, según datos suministrados por el propio Gobierno.

Así las cosas, entendemos que no se podrán suministrar al Poder Judicial
los medios necesarios para satisfacer las necesidades de la alta misión
de la Administración de la Justicia, ni puede garantizarse la cobertura
de las necesidades impuestas por la entrada en vigor de nuevas leyes y la
prevista aparición de nuevos órganos jurisdiccionales.

Además de este veto, hemos presentado una serie de enmiendas parciales
que paso a defender de forma escueta.

En primer lugar, una enmienda de devolución del Programa 142A. En
realidad, se trata de una consecuencia del veto. El veto se plantea por
la existencia de una serie de insuficiencias que, a nuestro juicio, van a
impedir ese progreso en la Administración de Justicia, y este Programa
142A es, precisamente, el más importante, el de más contenido y,
lógicamente, aquí las insuficiencias son todavía más evidentes. Con las
previsiones de este Programa no es posible atender, a nuestro juicio, las
necesidades mínimas de los tribunales y del Ministerio Fiscal --las que
tiene planteadas en estos momentos--, y tampoco da respuesta a las
demandas de justicia de los ciudadanos.

Nada se prevé sobre los nuevos juzgados de vigilancia penitenciaria,
sobre los juzgados de lo contencioso, sobre los juzgados de menores,
sobre los equipos necesarios para poner en marcha el Código Penal, y no
estamos de acuerdo con la previsión de gastos de funcionamiento.

Señorías, se prevén unos gastos de funcionamiento inferiores a los que ya
habían producido unos déficit; es decir, si se habían producido unos
déficit, lo lógico, lo razonable hubiera sido aumentar, ajustar esas
previsiones presupuestarias, pero se hacen previsiones inferiores a las
que ya, en la anterior legislatura, produjeron desajustes y determinados
déficit. A nuestro juicio, la consecuencia inevitable será que estos
déficit aumentarán.

Presentamos también las enmiendas números 1.036 y 1.040 a la Dirección
General del Servicio Jurídico del Estado. La primera, para continuar el
proceso de informatización; la segunda, para gastos corrientes que
garanticen un mínimo funcionamiento del Servicio Jurídico del Estado.




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Las enmiendas números 1.038 y 1.039 son al Servicio 03, Dirección General
de los Registros y Notariado. Una, al Capítulo 1, para que el Servicio
pueda contar con el personal necesario; y, otra, al Capítulo 2, para
mejorar, aunque sea mínimamente, los medios materiales.

Presentamos también la enmienda número 1.037, al Servicio 05, Dirección
General del Objeción de Conciencia. En varias ocasiones hemos traído el
debate, tanto a la Comisión como al Pleno, con la señora Ministra de
Justicia y con el señor Secretario de Estado, sobre el planteamiento que
se hace de la objeción de conciencia. Ello nos evita tener que entrar hoy
a fondo en la cuestión ya debatida por nuestra parte abundantemente.

Señorías, no estamos de acuerdo con la relación entre los objetivos que
se marcan y la previsión presupuestaria. Son objetivos que nosotros
mismos hemos calificado como razonables; es decir, normalizar, con una
serie de medidas que se dice se van a tomar, la situación de la objeción
de conciencia. Pero eso no se compadece después con la previsión
presupuestaria y, a nuestro juicio, no es posible atender los objetivos
que el propio Gobierno se marca, y que nosotros calificamos como
objetivos razonables, con la previsión presupuestaria que después se
hace.

Por eso, y en congruencia con ello, presentamos dos enmiendas, una, la
número 1.041, al Capítulo 4, transferencias corrientes a Comunidades
Autónomas, a corporaciones locales y a familias e instituciones sin fin
de lucro, para aumentar las dotaciones que permitan, a través de los
convenios, crear un mayor número de plazas para el cumplimiento de este
derecho constitucional de la objeción de conciencia. Y, otra, la número
1.042, al Capítulo 1, para incremento del «haber en mano» de los
objetores.

Por último, mantenemos la enmienda número 1.041, al Servicio 02, Programa
142 A, Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal. Es una enmienda
cuantitativamente más importante, de 9.141 millones de pesetas, y no es
otra cosa que una consecuencia de las deficiencias señaladas
anteriormente, y lo hacemos de una manera moderada. Entendemos
perfectamente cuál es la situación del Ministerio, sabemos en qué
presupuesto nos estamos moviendo y planteamos unas soluciones
económicamente moderadas. En definitiva, se trata de ir cubriendo con
esta enmienda, a través de incrementos, en unos casos, y reasignación de
dotaciones, en otros, las deficiencias que hemos manifestado en las
consideraciones generales en el veto.

Como se ve, señorías, por el componente de nuestras enmiendas, éstas
parten del reconocimiento de la realidad, del reconocimiento de la
situación, y plantean situaciones que son perfectamente posibles, que son
soluciones moderadas y que, en definitiva, no harían otra cosa --y no
tenemos inconveniente en reconocerlo-- que iniciar ese camino de
recuperación y, desde luego, impedir el camino de regreso, que es el que
se mantiene en los presupuestos tal como están redactados en estos
momentos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Marín.

Queda por defender en esta Sección la enmienda número 1.361, del Grupo
Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el Senador
Prada.




El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda 1.361, presentada por mi Grupo, no pretende otra cosa que
realizar una corrección técnica a dos enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, que
se refieren a la financiación de traspasos pendientes a la Generalitat de
Cataluña. Es una cuestión de mera ordenación. La doy entonces por
defendida en sus justos términos dado que se trata, insisto, de una mera
corrección técnica a dos enmiendas que se introdujeron en el proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 en su tramitación en
el Congreso de los Diputados.

La posición de mi Grupo, en términos generales, respecto del conjunto de
enmiendas que se han defendido en esta Comisión, y dado que las enmiendas
presentadas por diversos grupos, referidas a la creación de nuevos
juzgados, a la rehabilitación de edificios u organismos ya existentes,
han sido defendidas en sus justos términos, es de rechazo global de las
enmiendas presentadas por el conjunto de los grupos parlamentarios de
esta Cámara.

A juicio del Grupo Parlamentario Popular, los Presupuestos que presenta
el Ministerio de Justicia en la sección 13 de esta Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997 son totalmente adecuados. Y en ellos las
cantidades consignadas a cada partida y los objetivos programados por el
Gobierno pueden convertirse en una realidad. Evidentemente, todos estos
presupuestos y las cantidades que han sido consignadas para cada una de
las partidas entran dentro del contexto de austeridad presupuestaria. No
obstante, mi Grupo quiere felicitarse de que en esta Sección se produzca
un incremento, en relación al Presupuesto prorrogado de 1996, del 0,9 por
ciento. También quiero señalar que se produce una reducción del gasto
corriente provocando, como no puede ser de otra manera, pues sigue la
filosofía del Partido Popular que en este momento es Gobierno, una mejora
en la gestión.

Me gustaría también indicar la satisfacción del Grupo Parlamentario
Popular porque este año tenemos la oportunidad de discutir los
presupuestos del Ministerio de Justicia separados de los del Ministerio
de Interior, pues supone una mayor garantía para los ciudadanos el que se
diferencien muy claramente, también vía Presupuestos Generales del
Estado, las competencias del Ministerio de Justicia de las competencias
del Ministerio del Interior.

Entendemos también que se pueden cumplir esos programas. El Gobierno ha
dicho, siguiendo las prioridades del Consejo General del Poder Judicial,
que se van a crear 80 nuevas plazas de magistrados, 24 juzgados de
vigilancia penitenciaria y 46 equipos de apoyo en virtud de las
disposiciones que establece el Código Penal. Por todo ello, va a ser
factible la consecución de los fines del propio Presupuesto y los
objetivos, que han sido expuestos --como bien señalaba el Senador Marín
Rite-- por la Ministra de Justicia en su comparecencia en el Senado y
recientemente



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por el Secretario de Estado del Ministerio de Justicia, que pretende el
Ministerio de Justicia.

Por último, señor Presidente, me gustaría hacer referencia, muy
brevemente, a la enmienda 1.037 en la que el Senador Marín Rite ha puesto
especial énfasis. Es una enmienda que se refiere a las transferencias
corrientes en materia de prestación social sustitutoria. Para estos fines
existe la consignación presupuestaria por un importe total en los tres
conceptos de 470 millones de pesetas y se cuenta con la colaboración de
las Administraciones públicas al realizarse la prestación en el lugar de
residencia. Esta participación se hará mediante convenios y se estiman
como suficientes los importes crediticios que aparecen en el proyecto de
Presupuestos.

Por lo que se refiere a la enmienda 1.042, en la que se solicita por
parte del Grupo Parlamentario Socialista un incremento del «haber en
mano» de objetores de conciencia de 1.500 millones de pesetas a 7.500
millones de pesetas para entregar en metálico a los objetores de
conciencia, quiero señalar que esta posibilidad no está prevista en
ninguna disposición normativa. En consecuencia, no entendemos el sentido
de la propia enmienda porque previamente debería existir una regulación
normativa, reglamentaria o de rango de ley.

Por último, respecto de la referencia que el Senador Marín Rite ha hecho
a la enmienda 1.041, que prevé un importe de 9.141 millones en el
programa de tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, quiero decir que
la previsión del Capítulo 1 de este programa que ha realizado el
Ministerio está ajustada a la plantilla existente. El aumento que se
pretende dar en esta enmienda al Capítulo 2 no se justifica al estar
saneado el concepto por haberse pagado las importantes deudas existentes
en ejercicios anteriores. La previsión presupuestaria del proyecto de
ley, en lo que se refiere al Capítulo 4, está ajustada a las necesidades.

Hay que tener presentes las transferencias de competencias que en esta
materia se han realizado a diversas Comunidades Autónomas. Por lo que se
refiere al Capítulo 6, la programación de inversiones en la
Administración de Justicia para 1997, se atiende cumplidamente con la
dotación que prevé el proyecto de ley de Presupuestos que estamos
debatiendo.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Prada.

Pasamos a la Sección 14, Defensa, a la cual hay formuladas dos enmiendas
de veto. La enmienda de veto 282 es del Senador Nieto Cicuéndez, al que
yo le rogaría que la defendiera como la anterior, junto con las enmiendas
comprendidas entre la 284 y la 304, ambas inclusive. Para su defensa,
tiene la palabra el Senador Nieto.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda 282 es de devolución porque entendemos que el presupuesto de
Defensa, tal y como está concebido, no cumple los objetivos declarados,
tales como potenciar o invertir lo que haya que invertir en la industria
nacional y en crear puestos de trabajo en nuestro país.

Voy a seguir defendiendo el resto de las enmiendas, en las que intentamos
reducir y en muchos casos suprimir la inversión militar en el País Vasco.

Consideramos que este tipo de inversión no es necesaria para el País
Vasco. Al contrario, creemos que todo lo que va por este camino no ayuda
ni a la creación de empleo, repito, ni, desde el punto de vista político,
a la situación actual del País Vasco. Creemos que todo esto es un
«desideratum». Una enmienda que consideramos de interés es la 304, que
destina una partida de 1.000 millones para el traslado del Cuartel de
Getafe. Con estoy doy por defendidas las enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Para la defensa de la enmienda
1.043, enmienda de veto a la totalidad de la Sección, y de las enmiendas
1.044, 1.045, 1.046 y 1.047, donde figura como enmendante el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador González.




El señor GONZALEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Mi Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad de la
Sección 14 porque entendemos que no cumple los objetivos marcados por el
propio Ministro de Defensa en sus comparecencias y porque defrauda
también compromisos adquiridos en la anterior Legislatura por el Grupo
que hoy sustenta al Gobierno. El propio Ministro mantenía que con estos
Presupuestos se persigue: primero, mejorarlos; segundo, potenciar la
dimensión internacional de nuestras Fuerzas Armadas y, tercero, su
modernización.

Estos Presupuestos no mejoran respecto de presupuestos de otros años,
sino todo lo contrario. Si analizamos un poco las cifras vemos que estos
Presupuestos bajan poco en su cantidad global, bien es cierto, pero bajan
unos 63 millones de pesetas más o menos. El tanto por ciento respecto de
producto interior bruto también desciende. Pasamos del 1,17 del año 1996
o del 1,24 de los últimos años a un 1,1 por ciento. Y también desciende
la participación o el tanto por ciento de los Presupuestos globales.

En estos últimos años hemos mantenido una media del 4,45 y del 4,37 por
ciento, mientras que en estos presupuestos se desciende al 3,64 por
ciento, casi 0,73 puntos. Por tanto, creemos que no se pueden mejorar los
presupuestos, según se nos dijo en las interpelaciones.

Por otro lado, tampoco entendemos que estos presupuestos sirva para
potenciar la modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Como saben, dicha
modernización está basada, primero, en la profesionalización de las
Fuerzas Armadas y, después, en la inversión. En cuanto a la
profesionalización, los presupuestos no contemplan más que 3.500 hombres
por año, lo que se venía haciendo con el modelo que teníamos aprobado.

Pero si queremos alcanzar los objetivos propuestos por el Gobierno para
una profesionalización total en el año 2000, se necesitarían,
aproximadamente, entre 10.000 y 12.000 hombres. Por tanto, estamos
aplazando ese compromiso y quizá tengamos que hacer un esfuerzo que no se
pueda llevar a cabo en años sucesivos. Asimismo, observamos una
desinversión de 13.000 millones de pesetas con respecto a los
presupuestos de 1995 --los últimos aprobados--, lo que no va a servir



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para potenciar esa modernización que se persigue como objetivo y con el
que coincidimos.

Por otra parte, los presupuestos no potencian la dimensión internacional
de las fuerzas de Defensa; todo lo más, la mantienen. Tampoco se prevé
nuestra integración en la OTAN, la participación en conflictos
sobrevenidos, ni se tiene en cuenta el Euroejército, el Eurofor. Lo que
está previsto es el mantenimiento de un crédito de 20.000 millones de
pesetas para las fuerzas de Bosnia, cantidad ya existente por tanto, en
último caso, se mantiene.

También creemos que con estos presupuestos corre peligro nuestra
industria de Defensa, es decir, que tendrán una repercusión negativa en
la misma. Aunque en principio saludamos el acuerdo al que han llegado los
Ministerios de Defensa e Industria, de 35.000 millones, tenemos nuestras
dudas al respecto, porque sabemos que hay que devolver dicho crédito y
creemos que eso va a tener una repercusión negativa en el coste final del
producto.

Hemos comprobado que el presupuesto desciende un poco para 1997, se
mantiene en 1998 y, sin embargo, hay un incremento espectacular en 1999;
en algunas partidas, por encima del 90 por ciento, siendo de más del 25
por ciento en lo que es el presupuesto general. Entendemos que eso es una
huida hacia adelante y de alguna manera supone ir aplazando los
compromisos adquiridos, esperando que vengan tiempos mejores.

En cuanto a las enmiendas parciales, tres de ellas pretenden potenciar
nuestra industria de Defensa. Una de las enmiendas, de 100 millones de
pesetas, es la relativa a la construcción de un nuevo buque anfibio de
apoyo logístico, el LPD, lo que serviría para garantizar la carga de
trabajo en la fase previa al inicio de la construcción de las fragatas
F-100, ya que, a nuestro entender, durante un año y medio no habría
trabajo en la factoría. Aprovechando, además, el proyecto del primer
buque anfibio y la necesidad que hay de ellos, según manifestó en su
comparecencia el Almirante Jefe del Estado Mayor, se eliminaría esa
incertidumbre.

También presentamos otra enmienda, de 2.000 millones de pesetas, para la
realización de la gran carena de submarinos en Cartagena. Con esta
enmienda queremos que se localice geográficamente en Cartagena una
partida concreta, lo que daría tranquilidad a la factoría, sin riesgos de
que una partida global se viera difuminada.

Seguimos insistiendo en la cofabricación de los Leopard II, para lo cual
también hemos presentado una enmienda parcial de 2.000 millones de
pesetas. Nuestra intención es garantizar que el Ejército de Tierra pueda
disponer de estos carros de combate, lo que, además, tendría una
incidencia positiva en la industria nacional de Defensa; en este caso, en
Santa Bárbara Blindados.

Este proyecto fue debatido en los últimos presupuestos socialistas y, si
bien es cierto que el desembolso mayor habría que hacerlo a partir de
1998, creemos que es importante destinar una partida de 2.000 millones,
que se podría detraer perfectamente del proyecto Eurofighter 2000, ya
que, como ha ocurrido durante estos años, es probable que sufra retrasos,
no achacables a España, sino a los socios europeos. Además, gracias a la
ayuda que este proyecto recibe de Industria, de 24.000 millones, con ello
no se causaría ningún perjuicio, sino que, por el contrario, daría
tranquilidad, en primer lugar, al Ejército de Tierra, en segundo lugar, a
nuestra industria de Defensa --en este caso, a Santa Bárbara-- y, por
último, al conjunto de nuestras Fuerzas Armadas.

Por último, en cuanto a nuestra enmienda parcial relativa al aumento del
«haber en mano» a la tropa, fue también una reivindicación del Partido
Popular en la oposición. Con ella proponemos que los soldados pasen de
cobrar 1.500 a 7.500 pesetas. Creemos que esta enmienda recoge no sólo lo
que nosotros pensamos al respecto, sino lo que el Partido Popular
defendió a través de varias enmiendas en la anterior legislatura, aunque
hemos comprobado que se sigue manteniendo el «haber en mano» de entonces.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador González López.

Pasamos a la enmienda 921, firmada por el señor Padrón Rodríguez, del
Grupo Mixto.

Para su defensa, el Senador Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Defendemos la enmienda en sus justos términos, para el acondicionamiento
y mejora de las deficiencias del Cuartel de Valverde.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, señoría.

Pasamos a las enmiendas números 1.330, 1.371 y 1.372, del Grupo
Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Soravilla.




El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

No me voy a extender en la defensa de estas enmiendas, todas ellas de
carácter técnico. Por tanto, las tres quedan justificadas en sus propios
términos.

En cuanto a la posición de mi Grupo respecto de las distintas
intervenciones, nos vamos a oponer a ambos vetos. En este sentido, creo
que en el veto del Senador Nieto se mantienen unas posiciones políticas
muy divergentes.

Por otra parte --y esto sirve como argumento para ambos--, no creemos que
ninguno de los dos vetos esté plenamente justificado. En contra de lo que
ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, pensamos que este presupuesto
cumple las previsiones, que se van a cumplir los objetivos, así como la
mayor parte de los compromisos. Además, la justificación de este veto
tiene un carácter más político y testimonial que de otro género, y a las
pruebas me remito, al examinar las enmiendas parciales presentadas
fundamentalmente por el Grupo Socialista que, según mis notas, han sido
cuatro.

Creo que el presupuesto produce una inflexión positiva, que es un buen
presupuesto. Efectivamente, preferiríamos que fuera mejor; de hecho, va a
suponer una transición a



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otro mejor, porque éste tenía, inevitablemente, que corregir las
múltiples desviaciones producidas en ejercicios anteriores. En esa
corrección estamos. En consecuencia, ni siquiera con las enmiendas
parciales presentadas por los grupos este presupuesto tiene una
alternativa posible. Insisto una vez más en que creo que es un buen
presupuesto y, por tanto, nos opondremos a los vetos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Senador Nieto, creo que no
hay muchas posibilidades de coincidencia; por tanto, nos opondremos
prácticamente a todas ellas. De todas formas, las seguiremos estudiando
con la calma requerida.

Con respecto a las presentadas por el Grupo Socialista, en principio
también estaremos pendientes del estudio de todas ellas. Sin embargo,
puedo decir que la gran carena de submarinos no es una necesidad que haya
aparecido de la noche a la mañana, sino que existía tiempo atrás. En su
momento se solicitó, pero no se llegó a hacer nada al respecto. Por
tanto, estudiaremos con calma el asunto, pero insisto en que no estaba
prevista.

Con relación a las fragatas F-100, la construcción del buque LPD y la
adquisición de los Leopard, todos estuvimos presentes en la comparecencia
del Secretario de Estado, y desde este Grupo apoyamos cuantos argumentos
dio sobre la adquisición del Leopard y todo lo demás. En consecuencia, no
creo que puedan ser debidamente contempladas en un sentido positivo. A
pesar de todo, también seguiremos estudiando las posibilidades que hay.

Por último, en cuanto a la enmienda relativa al incremento del «haber en
mano» de la tropa, creo que está presentada dentro de lo que es un juego
político completamente legítimo, aunque yo creo que está muy poco
fundamentado. Hay que tener en cuenta, por una parte, que si exigimos una
serie de congelaciones salariales, si pedimos una austeridad y una
solidaridad, no vamos a incrementar, precisamente en estos presupuestos,
este «haber en mano» y máxime cuando estamos en un momento en que
estudiamos claramente un ejército profesional en muy poco tiempo.

De todas formas, también estudiaremos todas las posibilidades.

Creo que he contestado a todas las defensas que se han hecho de las
enmiendas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Soravilla.

Continuamos con la Sección 15, Economía y Hacienda.

Para la defensa de las enmiendas números 305 a 311, ambas inclusive,
tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir con brevedad. Las defiendo en sus justos términos.

Sólo quiero hacer hincapié en un tema, en una de las primeras enmiendas,
que es el capítulo referido a la exportación --creo que es un aspecto
importante-- y, sobre todo, a la industria conservera y agroalimentaria.

Creo que merecería la pena, al menos, hacer un esfuerzo, considerar una
partida que permita que nuestro país no pierda ese tren, que es muy
importante.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias, Senador Nieto.

El señor Ríos Pérez ha presentado la enmienda número 871. Para su
defensa, le concedo la palabra.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La Ley del Régimen Económico y Fiscal, del año 1994, preveía que la
Administración del Estado, a través del Instituto Español de Comercio
Exterior, tuviera una ayuda directa en la promoción de los productos
canarios en Africa Occidental. Ese es el sentido de la enmienda número
871.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): El Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos formula las enmiendas números 66 y 67.

Tiene la palabra el Senador Gangoiti Llaguno.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, nuestro Grupo presenta dos enmiendas a esta Sección.

En primer lugar, la enmienda número 66, por la cual solicitamos un
incremento en la partida de 2.500 millones de pesetas. La razón es que
nosotros consideramos que el importe original que aparece en el proyecto
--algo más de 7.100 millones de pesetas-- es insuficiente, si tenemos en
cuenta que la iniciativa para la pequeña y mediana empresa se ha ampliado
ya a Pymes que no son industriales.

Por otro lado, también cabe señalar que la mayoría de la dotación va
destinada a las Zonas Objetivo 1 y nosotros creemos que, en consecuencia,
hay que incrementar también las partidas dirigidas a las Zonas Objetivo
2.

Todos somos conscientes de que uno de los mayores problemas con los que
se enfrenta nuestra sociedad, a nivel de Estado español, es el del
desempleo. También es un gran problema en estos momentos a nivel europeo,
aunque aquí supone el doble de la media europea. Ese problema de Europa
va a llevar seguramente a que en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno, posterior a la de Dublín, es decir, la de Amsterdam, en el
mes de junio, haya quizás un documento sobre el empleo. Todos somos
conscientes de que las pequeñas y medianas empresas son el gran
instrumento generador de empleo.

Por otro lado, las zonas más sensibles al paro son las zonas Objetivo 1 y
Objetivo 2, es decir, las zonas subdesarrolladas o las zonas en
reconversión, que han sufrido la brutal crisis siderúrgica, naval, textil
o del carbón, es decir, de los principales sectores en crisis en Europa.

Por tanto, ésta es la razón por la que nosotros presentamos la enmienda
número 66.

En la enmienda número 67 también solicitamos un incremento de 4.000
millones de pesetas en el programa de incentivos regionales para la
localización industrial. ¿Por qué la presentamos? Porque nosotros
consideramos que la



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partida de incentivos regionales va destinada únicamente a la Zona
Objetivo 1 o Zona Asistida e incluida en el artículo 92.3.a) del Tratado
de Roma, no incluyéndose actuaciones para las zonas asistidas del
apartado c) del citado artículo. Lo que supone una discriminación hacia
ese tipo de zonas. Por tanto, solicitamos un incremento para su ejecución
cofinanciada y su colaboración con las Comunidades Autónomas de las
regiones del artículo 92.3.c).

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Gangoiti.

Para la defensa de la enmienda número 1.048, de veto a la totalidad de la
Sección, y de las enmiendas números 1.049 a la 1.060, ambas inclusive,
del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Gibert i
Bosch.




El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.

Puesto que el Ministerio de Economía y Hacienda es quien elabora los
presupuestos, el desacuerdo global con la orientación de los mismos sería
una razón suficiente para presentar esta enmienda de veto. Sin embargo,
esto conduciría naturalmente a una reproducción inoportuna del debate de
totalidad. La verdad es que también encontramos razones suficientes para
presentar este veto en la estructura interna de los presupuestos del
Ministerio.

Presentamos esta enmienda de veto a la totalidad de la Sección y 12
impugnaciones a 12 Programas que nos parecen muy significativos en esta
Sección.

En relación a estos Programas, empezando por el 124.D, que es el de
coordinación y relaciones financieras con las Comunidades Autónomas, más
allá del fondo y de la forma en que se ha producido esta modificación del
sistema de financiación, a nuestro parecer, de una manera más o menos
explícita, el Ministerio se declara incapaz de estimar la evolución del
coste del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, lo
cual nos parece ya una razón más que suficiente para estar en desacuerdo.

Ello, en contraste con la penuria creciente a la que se va a someter a la
Administración Local, que ni siquiera se alivia dotando algo mejor el
Programa 613.D, para la revisión de los catastros rústicos y urbanos.

Esto podría suponer, en cierta medida, un alivio o, por lo menos, unas
expectativas para esta penuria de los ayuntamientos.

En relación a los Programas 524.I, 551.C; 612.A y 612.B, que tratan de
investigación estudios estadísticos y económicos, elaboración y difusión
estadística, previsión y política económica, y planificación,
presupuestación y política fiscal, la verdad es que están redactados
igual que en anteriores presupuestos, lo cual nos parece curioso. Estos
presupuestos, no sólo difieren de nuestros planteamientos, sino que, en
al ámbito teórico, el que debería venir definido por estos programas, a
nuestro juicio difieren de los suyos, de los propios planteamientos del
PP. Es decir, de la impresión de que el Gobierno modifica la praxis, pero
que no es capaz o no se molesta en traducirlo o confesarlo en sus propios
programas. En realidad se pone, a nuestro juicio, una vez más de
manifiesto que han pensado poco en lo que querían hacer, en lo que tal
vez reside la explicación de una trayectoria errática.

Voy a poner un ejemplo. Ante la crítica del Diputado Socialista, señor
Martínez San Juan, en el debate de presupuestos del Congreso de los
Diputados, a la no existencia de reformas estructurales en los
presupuestos, la respuesta del Diputado del Grupo Parlamentario Popular,
señor Aguirre Rodríguez, remitió a los ocho decretos de julio.

Además de que es una aceptación explícita, a nuestro juicio, de que los
presupuestos no contenían reformas
estructurales,nospareceunarespuestadeuncontenido --casi me atrevería a
decir-- patético.

En lo que se refiere al Programa 613.G, de aplicación del sistema
tributario, resulta paradójico, teniendo en cuenta las críticas acerbas
del pasado, que este Programa no apunte ni una sola nueva medida en la
lucha contra el fraude fiscal. Lo que sí hay son retoques fiscales, en
forma de regalías clientelares que nos hacen pensar cada vez más que
tienden a una cierta contrarreforma fiscal.

En cuanto a los Programas 724.B, 751.A, 761.A y 762.B, todos ellos de la
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, nos parece difícil de
explicar la indefinición y precariedad de medios de dicha Secretaría, que
debería de ser una de las prioridades básicas de la política económica.

El acervo del comercio exterior es un ejemplo claro de una política de
anuncios y rectificaciones continuas. En cuanto al comercio interior, el
reiterado anuncio del desarrollo de la Ley de Comercio no tiene
traducción presupuestaria alguna. El propio Secretario de Estado, señor
Fernández Norniella, en una comparecencia reciente no fue capaz de
concretar los perfiles de viabilidad o no de los comercios que hay que
modernizar, dándonos la impresión de que se trata de alargar
clientelarmente la agonía de estos comercios, pero no de profundizar en
el plan de modernización del pequeño comercio.

En el turismo se nos habla de un nuevo plan estratégico. Nos da la
impresión, yo diría que afortunadamente, de que hay una cierta política
continuista, porque la reorientación de los últimos años nos parece
acertada. Pero la confianza que nos merece el equipo --y no nos referimos
a las personas, sino a las declaraciones que se han venido haciendo en
esta Cámara-- nos parece también una razón suficiente para impugnar estos
programas.

En cuanto a las PYME, es evidente que puede ser una medida acertada la de
ampliar los campos de actuación de los programas de soporte y ayuda a
ámbitos distintos del industrial, pero esto debería traducirse, como es
lógico, en la dotación, y aquí sí que nos preocupa que no se produzca un
continuismo de unas políticas que empiezan a dar fruto, y así lo
reconocen en general muchos sectores con empresas que tienen el tamaño
propio de la definición de PYME.

En definitiva, a nuestro juicio, el Ministerio ha diseñado unos
presupuestos a partir de un criterio erróneo que consiste en considerar
el objetivo de la Unión Monetaria como un punto de llegada, sin pensar en
el día de después, y no como una condición que hay que cumplir, que es un
punto de partida y que deseamos que se cumpla como tal. Compartimos, por
lo tanto, los objetivos, pero no parece que se esté diseñando un
cumplimiento nominal en estos



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presupuestos. Por ejemplo, en relación al déficit, es evidente que los
números cuadran nominalmente si pensamos en él, pero estamos hablando de
un cuadrar basado en un incremento de, aproximadamente, el 2 por ciento
sobre los gastos no financieros y de un seis y pico por ciento en
relación a los ingresos, y lo que hay que analizar es si tienen una
traducción presupuestaria que pueda considerarse realista, viable,
sólida, es decir, si es verdad que entramos en un círculo virtuoso, como
decía el Senador Alierta hace unos minutos, o si es voluntarista, algo
cosmético, bastante precario, y entramos en una espiral que puede
conducir a un cierto vértigo en el futuro.

Si analizamos los gastos veremos que los criterios de dar por bueno este
incremento reducido, o bien son factores inciertos --como, por ejemplo,
el supuesto del mantenimiento de los tipos de interés o su descenso, que
no es una variable que esté del todo bajo el control del Gobierno--, o
bien son un anuncio voluntarista de mejoras en la gestión del gasto
--está bien que se haga como anuncio voluntarista, pero que está por
verificar--, o bien son, digamos, diferidos o coyunturales. Es el caso
del recorte de inversiones. En los presupuestos se califica de motor
necesario para el crecimiento y, al mismo tiempo, se dice que hay que
reducirlos porque es inevitable como medio del control de gasto, y se
habla de articular modelos alternativos, de participación privada en la
financiación y en las inversiones de uso público, sin más explicaciones.

Me parece que aquí hay que hacer dos comentarios. El primero es que esta
instrumentación es difícil que pueda llevarse a cabo en 1997 y, por lo
tanto, entraremos en una fase de vaivenes en la inversión real que la
convierten precisamente en no motor.

Por otra parte, son instrumentaciones que conducen, aparentemente, salvo
que se nos explique de otra manera, a aplazar deuda, simplemente a eso.

Es el mismo caso que la congelación salarial de los funcionarios, que es
para un año, pero que no es una reforma estructural. También es el caso
de la salida del presupuesto de las empresas públicas deficitarias, que
se sustituye por avales que, como es evidente, tendrán vencimiento.

En relación con los ingresos ocurre algo similar. Hay elementos variables
e inciertos como este supuesto de un crecimiento del 3 por ciento, que
tampoco es un factor que esté bajo el control del Gobierno. Entre otras
cosas requiere una variable del 2,6 por ciento de incremento del consumo,
que ojalá se produzca. También sucede en medidas coyunturales como, por
ejemplo, el contabilizar como ingresos corrientes los 450.000 millones de
pesetas previstos por las privatizaciones. Creo que ésta es una razón de
peso suficiente para no estar de acuerdo con el Programa 612.F de gestión
del Patrimonio del Estado.

Por otra parte, ingresos de menor cuantía o inexistentes como, por
ejemplo, las tasas nuevas, suponen aproximadamente unos 50.000 millones
de pesetas que no compensan ni siquiera las recientes regalías fiscales.

Hay una estimación general. Yo creo que en este caso todos los analistas
han considerado que, por lo menos en una partida como la de la Seguridad
Social, ésta está sobrevalorada como mínimo en unos 150.000 ó 200.000
millones de pesetas.

Por todas estas razones creemos que en el presupuesto de la Sección 15
hay razones suficientes para considerarlo inadecuado y presentar este
veto a la sección en su conjunto y, en particular, a los programas que he
mencionado.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Gilbert i Bosch.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

Contestaré brevemente a las enmiendas.

Con respecto a las presentadas por Izquierda Unida, y ciñéndome a aquella
que ha sido defendida, deseo señalar que el Programa de promoción
comercial e internacionalización de la empresa ha sufrido un notable
aumento con respecto a la dotación que aparecía en el presupuesto para
1995, último vigente, pasando de 80.000 millones de pesetas, que fueron
prorrogados para el presente ejercicio de 1996, a 117.000 millones de
pesetas. Es uno de los programas que sufre uno de los mayores
incrementos, y de ahí la preocupación que manifiesta el Senador por la
promoción de las actividades exportadoras. El menciona la región de
Murcia, pero es extensible a todas las Comunidades Autónomas de este
país. Las industrias que se ubican a lo ancho del territorio, con este
aumento, pueden ser notablemente atendidas.

Una idea similar es la planteada por el Senador Ríos, que propone una
transferencia entre partidas de este programa. Es decir, que también es
necesario atender inversiones y, por lo tanto, en principio parece
difícil atender la minoración que se propone. De todas maneras, el
contexto del programa en el cual aumenta notablemente la dotación
permitirá que la promoción comercial exterior y la internacionalización
de la empresa española tenga mayores posibilidades de las que ha tenido
en ejercicios anteriores.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, si bien representan aspiraciones que
todos compartimos, creemos que las dotaciones que tienen en estos
momentos son suficientes. Los datos de los que nosotros disponemos son
ligeramente superiores a las que ha mencionado. Por lo tanto, en el caso
de incentivos regionales como las dotaciones para las PYME, existen unas
cantidades elevadas con las que se ha hecho un importante esfuerzo.

Con respecto a las enmiendas planteadas a la Sección 15 por el Grupo
Parlamentario Socialista, debo señalar que, en la práctica, han llevado a
dicha sección el debate sobre el papel que el Ministerio de Economía y
Hacienda juega en la elaboración del presupuesto y en la política
económica de este país. Presentan unas enmiendas a los diferentes
programas. En algunos casos se extienden más en su contenido. Por no
repetir argumentos ya dichos, le diré que es posible que el Grupo
Parlamentario Socialista --al menos así lo expone formal y públicamente
en esta Comisión-- no se crea los presupuestos para 1997, sin embargo,
todo el mundo se los ha creído. Llevamos ya muchos años



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con esta cuestión, desde que se aprobó el Primer Plan de convergencia
--creo que fue allá por el año 1989 ó 1990-- y se elaboró, por el Grupo
Parlamentario Socialista, el Segundo Plan de convergencia, hace también
unos años. En ellos se establecía que uno de los objetivos de esos planes
era alcanzar los criterios de Maastricht. Insisto en que esto ya viene
desde el año 1991. Es decir, que esto ya data de 1991, no es de anteayer.

En cuanto a los objetivos de política económica, según manifestaban
siempre los diferentes Ministros de Economía y Hacienda que venían a
presentarnos los presupuestos, consistían en controlar el gasto, en
reducir el déficit público o en el cumplimiento de los requisitos
contenidos en los propios planes de convergencia establecidos por los
diferentes Gobiernos y Ministerios de Economía y Hacienda. Sin embargo,
como he dicho antes, esos objetivos no tenían una traducción en la
credibilidad de quienes se mueven en los mercados financieros, personas
que no sólo arriesgan sus opiniones sino también su dinero.

Es decir, que cuando se solicitan del Gobierno español unos determinados
tipos de interés por prestar dinero --intereses que empiezan a ser muy
similares a los que se le piden al Estado alemán--, en realidad se está
proporcionando una confianza al Estado español en términos de
credibilidad económica igual que la que tiene el Estado alemán, pero si
lo que se solicitaba hace dos años eran cinco puntos por encima, la
credibilidad del Estado español, administrado en esos momentos por un
Gobierno socialista, no era la misma que la del Estado alemán,
administrado a su vez por el Gobierno correspondiente. Es decir, que la
presentación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados y en
esta Cámara por parte los Ministros socialistas le permitía al Grupo
Parlamentario Socialista tener credibilidad en relación con esos
presupuestos, credibilidad que, sin embargo, terminaba ahí.

Pero este año, el Ministerio de Economía y Hacienda elabora unos
presupuestos que no le merecen credibilidad al Grupo Socialista --lo que
entendemos es una pena--. Sin embargo, en cuanto uno sale de las
manifestaciones oficiales de sus dignos representantes a los medios de
comunicación, resulta que los presupuestos para 1997 tienen una
credibilidad que se extiende a lo ancho y largo del mundo económico y
demás ambientes financieros verdaderamente sorprendente.

Señores del Grupo Socialista, el Ministerio de Economía y Hacienda
administra la Sección 15, pero también tiene a su cargo otras secciones,
por ejemplo, la referida a Clases Pasivas, y más concretamente la Sección
06, a la que tradicionalmente se ha presentado una enmienda, puesto que,
como se ha dicho antes, la Deuda Pública iba creciendo y creciendo
mientras que se expulsaban incrementos salariales de otras partidas de
acción social. Es decir, que esto no es de hoy sino de hace cinco años.

Creo que fue hace dos años cuando se dijo en un debate en esta misma
Cámara que el enemigo del Estado del bienestar era el déficit público
puesto que el déficit acumulado hace que los intereses que han de pagarse
expulsen a todos los demás gastos. Señores Senadores, lo que está en
crisis no es el Estado de bienestar sino el déficit creado. Ese déficit
dura cinco o seis años, pero al séptimo o al octavo --y ya estamos en el
décimo año-- ya no hay posibilidad para atender los gastos sociales ni
pagos por intereses.

Si ustedes consideran que el Ministerio de Economía no sólo administra la
Sección 15 sino que también administra la Sección 06, y además tienen en
cuenta las reflexiones que he hecho en otras ocasiones en referencia a
que esas expectativas de mayores gastos financieros no sólo se quiebran
sino que se consolidan, verán que es conveniente mantener en todo momento
las políticas para dar una sensación de continuidad y firmeza.

Decía que si ustedes analizan que el Ministerio de Economía y Hacienda
también administra la Sección 06, de la Deuda Pública, y que los gastos
por intereses no sólo se han estabilizado sino que las perspectivas
señalan que de mantenerse el nivel de deuda los gastos financieros van a
ser menores, podremos ver de nuevo que los recursos que se ingresan por
el sistema impositivo se podrán dedicar no a pagar intereses --en este
momento estamos pagando 10.000 millones de pesetas diarios--, sino a
hacer, por ejemplo, una carretera o un gran hospital. Eso significa unas
horas de intereses, unos días de intereses, mientras que la congelación
salarial significa ocho días de intereses. Pues bien, si eso se quiebra,
empezaremos a tener una menor carga relativa en términos de intereses y
podremos atender a las inversiones, podremos tener una verdadera eficacia
en el sector público, tendremos unos funcionarios satisfechos y unos
medios para dedicar a inversiones y gastos sociales a los que hay que
atender.

En consecuencia, creemos que no procede en absoluto presentar una
enmienda de veto a los programas del Ministerio enumerados en su
intervención por el digno representante del Grupo Parlamentario
Socialista, Ministerio que si algo ha tenido en los últimos meses ha sido
un éxito espectacular al haber alcanzado objetivos que están incluso por
encima de las aspiraciones más optimistas que podían preverse hace tan
sólo unos meses.

Debo decir que es esperanzador ver cómo la intención de tomarse las cosas
con seriedad puede producir recompensas. Hemos podido comprobar que lo
que se desea hacer no es ningún imposible. Señores Senadores del Grupo
Socialista, es una pena que esto, que aparentemente es tan sencillo, no
se haya hecho hace unos años. De haber sido así, no nos encontraríamos
hoy en una situación tan grave y tan difícil como ésta, en que tenemos
que acometer todo esto con urgencia.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, señor Alierta.

Continuamos con la Sección 16. A ella se ha presentado la enmienda número
312.

Pediría al Senador Nieto que, como hemos venido haciendo por las
enmiendas anteriores, defienda esta enmienda junto con las enmiendas
números 313 a 352, ambas, inclusive.

Tiene la palabra el Senador Nieto.




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El señor NIETO CICUENDEZ: Señor Presidente, nos encontramos ante una
partida presupuestaria destinada a Interior que, a nuestro juicio, es
todavía más raquítica que la destinada a Justicia dadas las necesidades y
la situación en que nos encontramos. Consideramos, por tanto, que el
Ministerio del Interior no va a poder cumplir con el papel que tiene
encomendado en relación con la actualización de salarios y necesidades
informáticas y de coordinación. Repito que se trata de un presupuesto
raquítico dados los fines que deberían cumplirse. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
En lo que a dotaciones a Instituciones Penitenciarias se refiere,
consideramos que habría que invertir más.

Por otra parte, hay una serie de partidas que no quedan demasiado claras.

No se trata de partidas significativas
--se trata de partidas pequeñas--, pero desde el punto de vista del
rigor presupuestario consideramos --repito-- que no quedan lo
suficientemente claras.

Insisto en que para nosotros se trata de un presupuesto raquítico. Lo que
hoy necesitan nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, nuestras policías
locales en relación con delitos de narcotráfico o de terrorismo, es una
mayor dotación presupuestaria para tener unos medios mucho más eficaces
que les permitan cumplir con su labor.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Enmiendas números 882, 883 y 884 del Senador Armas Rodríguez.

Tiene la palabra el Senador Ríos López.




El señor RIOS LOPEZ: Señor Presidente, estas enmiendas se refieren a la
creación de una nueva Comisaría de Policía en Arrecife, a la remodelación
del Centro Penitenciario de Arrecife de Lanzarote y a la creación en la
isla de Lanzarote de una Subdelegación de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Las Palmas. Las doy por defendidas en sus justos términos.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Enmienda número 26 de la Senadora De Boneta.

Tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS LOPEZ: Señor Presidente, se solicita a través de esta
enmienda la mejora de la cárcel de Iruña en Pamplona. La doy por
defendida en sus justos términos.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Enmienda número 904 de la Senadora Costa Serra.

Tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Esta enmienda solicita la mejora y acondicionamiento
de la Comisaría de Policía de Ibiza.




El señor PRESIDENTE: Gracias.

Enmiendas números 132 y 133 del Senador Ferrer Roselló.

Tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, se solicita por medio de estas
enmiendas la construcción de depósitos municipales para presos y
detenidos, y asimismo la mejora de viviendas para la Guardia Civil en
Valencia.

Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 922 a 928 del señor Padrón
Rodríguez.

Tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Se solicita en ellas la creación de las
subdelegaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico en las islas menores
canarias y la mejora de los cuarteles de la Guardia Civil en Valverde,
Puerto del Rosario y Corralejo. Las defiendo en sus justos términos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda de veto número 1.061
y enmiendas 1.062 a 1.069, tiene la palabra el Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor AREVALO SANTIAGO: Señor Presidente, señorías, en la Memoria que
elaboró el Gobierno acompañando a estos presupuestos se presentaban los
objetivos del Ministerio del Interior exactamente en los mismos términos
en que los presentó el Gobierno anterior, el Gobierno socialista, en los
presupuestos que se formularon para el año 1996; tenían exactamente los
mismos objetivos. Por lo tanto, si eran los mismos objetivos parece que
deberían coincidir bastantes de las cosas --o casi todas--, desde luego,
en las cuantías, de aquellos presupuestos. Y resulta que no es así.

Se nos dirá que constantemente decimos que estos presupuestos son
escasos, que van a producir deudas, etcétera. Sin duda, en los del
Ministerio del Interior van a producir deudas y, si no, al tiempo. Y las
van a producir porque, tal y como están formulados, necesariamente nos
lleva a ello. Por cierto, en estos presupuestos del Ministerio del
Interior --como en los otros Ministerios-- sería un ejercicio muy
interesante --algunas veces resultaría grotesco-- leer las enmiendas que
presentaba el Grupo Popular en anteriores ejercicios a los distintos
capítulos, secciones, etcétera. Sería muy curioso porque podríamos sacar
unas conclusiones que, naturalmente, aclararán muchas de las cuestiones
que incluyen en los presupuestos.

Los presupuestos del Ministerio del Interior representan una disminución
del 1 por ciento; de los 627.683 millones de pesetas, han pasado a
622.214 millones de pesetas. Esto significa que esta disminución no se
compatibiliza ni siquiera con la austeridad, porque una cosa es la
austeridad y otra cosa muy distinta es la operatividad y la eficacia.

Querer encubrir en la austeridad lo que puede ser consecuencia del mal
funcionamiento de los servicios en cualquier Ministerio es grave; cuando
se trata del Ministerio del Interior es muchísimo más grave.

Conocemos los problemas de la seguridad, del terrorismo, estamos de
acuerdo con las atenciones que se merecen



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los distintos Departamentos que dependen del Ministerio del Interior
pero, naturalmente, también con la atención que se merecen las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que también les congelan las
retribuciones y solamente se les consolida los derechos económicos
revisados con anterioridad en los ámbitos de la Administración Militar y
de la Seguridad Ciudadana, cosa que hizo el anterior Gobierno.

Por lo tanto, en este momento los presupuestos del Ministerio del
Interior se quedan con una serie de problemas pendientes que, repito, o
mucho nos equivocamos o vamos a notar a lo largo del ejercicio cómo el
endeudamiento que se produce en el Ministerio tiene que dar paso a nuevas
actuaciones, a nuevos motivos de rectificación para poder llegar hasta el
final del año.

Cuando se dividió el Ministerio de Justicia e Interior en los dos
Ministerios, Justicia e Interior, se incorporó a este último
Instituciones Penitenciarias. Y en Instituciones Penitenciarias es donde
se produce uno de los más notorios problemas de estos presupuestos. No se
ha tenido en cuenta que ha entrado en vigor un nuevo Código Penal que
exige una serie de actuaciones en las Instituciones Penitenciarias, no
sólo de formación de los funcionarios, sino también de instalaciones,
donde resulta que en estos presupuestos se disminuye absolutamente todo
lo que se refiere a Instituciones Penitenciarias, desde sanidad,
vestuario y hasta la comida. No sé si es que piensan que va a disminuir
la población reclusa, que en este momento es de unas 39.000 personas. Es
difícil pensar que a lo largo de 1997 disminuya esta población, pero
parece ser que los presupuestos están hechos pensando en eso, en que va a
disminuir la población reclusa. Cuando, en general, los problemas de
seguridad y la delincuencia en el año 1997 va a ser similar a la del año
1996, hacer los presupuestos de esta manera no deja de ser un alarde de
lo que no se debe hacer.

Otro capítulo importante en estos presupuestos del Ministerio del
Interior es el Plan Nacional sobre Drogas. Es otro de los grandes
problemas que existen en el país: la drogadicción, el tráfico de
estupefacientes, etcétera. ¿Cómo se les atiende? Reduciendo lo que con
anterioridad se estaba dedicando al Plan Nacional sobre Drogas.

Hemos presentado algunas enmiendas concretas sobre ello para programas
supracomunitarios de las organizaciones no gubernamentales, para la
rehabilitación y la reinserción pero, naturalmente, de ser aprobado daría
un paso que podría tener una cierta relevancia dentro de estos
presupuestos.

No obstante, hay que llamar la atención en el sentido de que cuando se
hacen unos presupuestos hay que tener en cuenta su conjunto pero también,
repito, hay que ir atendiendo a los distintos sectores dentro de cada
Ministerio. He citado el de Instituciones Penitenciarias y el Plan
Nacional sobre Drogas. En ellos, como he indicado antes, hay cuestiones
que tienen mucha importancia, como la seguridad, el terrorismo, etcétera,
pero también lo tiene todo aquello que dentro de la Unión Europea exigen
nuestras relaciones con otros países como, por ejemplo, la creación de
Europol y todo lo que se deduce de Schengen. No se atiende
suficientemente en estos presupuestos y, por lo tanto, la continuidad de
los objetivos previstos en materia de Interior no se da cuando se
traducen en cifras. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es la
práctica. Y aquí, señores Senadores, han utilizado ustedes una teoría
--la de la Memoria del Gobierno cuando presentó los presupuestos, y otra
cosa es la práctica, la de los números, donde ustedes, a nuestro juicio,
han equivocado completamente los que deberían ser para el Ministerio del
Interior.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para defender la enmienda número 962, tiene la palabra el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Doy por defendida la enmienda número 962 en sus justos términos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Para defender las enmiendas números 1.331 a 1.336 y para turno en contra,
tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.




El señor GARCIA CARNERO: Gracias, señor Presidente.

Efectivamente, en el mismo turno procuraremos defender las enmiendas
presentadas por nuestro Grupo y, a la vez, fijar nuestra posición
respecto de las mismas, que ya anuncio que será negativa respecto de los
vetos presentados por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Por nuestra parte, sería necesario hacer una breve sipnosis del contenido
de esta Sección 16 a los presupuestos generales del Estado que recoge al
Ministerio del Interior, porque ello dará respuesta adecuada a la
negativa de los vetos que se han formulado y, a su vez, deshará las
aseveraciones carentes de fundamento que aquí se han planteado.

Por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto se ha calificado el
presupuesto de esta Sección 16 como un presupuesto raquítico, y por el
portavoz siguiente se ha dicho que la reducción era del 1 por ciento.

Pues bien, para fijar las cosas en su justa medida, habría que decir que,
comparando este presupuesto no con el del año 1996 --que no existió--
sino con el presupuesto prorrogado de 1995, más los créditos
extraordinarios concedidos, menos los acuerdos de no disponibilidad, la
variación a la baja es exactamente del 0,85 por ciento. Es decir, tenemos
una disponibilidad prevista para el año 1997 que es un 0,85 por ciento
menor que la variación de 1996.

Decía el Senador Arévalo que le sorprendía ver que se planteaban como
objetivos de este Ministerio prácticamente los mismos que los del
Gobierno anterior. Yo no creo que eso sea motivo de sorpresa para nadie;
un Ministerio del Interior ha de plantearse siempre los mismos objetivos,
que son la lucha contra la delincuencia y la persecución



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del delito. No entiendo, por tanto, que ningún Ministerio del Interior,
sea del color político que sea, pueda plantear otros objetivos que no
sean ésos; otra cosa es que las cuantías económicas destinadas a ello
hagan más o menos factible su ejecución. Y en ese sentido me gustaría
deshacer una relación que aquí se viene estableciendo y que, desde luego,
no tiene ninguna razón de ser en el Ministerio de Interior, que es medir
la eficacia de manera directamente proporcional a las cuantías económicas
asignadas. Es decir, la policía no es más eficaz porque las cuantías
económicas sean mayores o menores, y la historia reciente puede demostrar
esta aseveración; no es verdad que eso sea así.

Se ha dicho también que estos presupuestos van a producir deudas, que las
dotaciones son insuficientes y que, por ello, habrá deudas. Esa
aseveración que se ha hecho supone, a nuestro juicio, romper con un
principio de rigor presupuestario, que es el de la fidelidad a los
números, que es una máxima ineludible en la vida presupuestaria. Claro
que las prácticas anteriores así venían demostrándolo, porque, hablando
de deudas, señor Arévalo, tendría que recordarle que en los pocos meses
de este Gobierno se han convalidado deudas contraídas, y sin presupuesto
para ello ya en el Ministerio del Interior, por un valor superior a los
51.000 millones de pesetas. Seguramente, al año que viene no quedarán sin
pagar, como existían, 22.000 millones de pesetas de llamadas telefónicas
y de fax (Rumores.) --que se dice pronto, ¿no?-- o 2.200 millones
pendientes de pago a las compañías eléctricas, pendientes de pago y sin
presupuesto que les diera cobertura, o más de 11.000 millones pendientes
de pago a compañías constructoras.

De manera que yo tengo la certeza de que el rigor presupuestario, la
austeridad y, sobre todo, la disciplina, harán que este presupuesto, con
un 0,85 por ciento menos de dotación que el anterior, no arrastre este
tipo de lacras que ha tenido que afrontar el Partido Popular en los pocos
meses que lleva de Gobierno. De manera que, respecto a los problemas
pendientes, ésos que le acabo de referir son algunos.

Me parece, señorías, que es necesario señalarle que algunas de las
reducciones que dan lugar a esa bajada del 0,85 por ciento tienen su
justificación, por ejemplo, en los Capítulos II y IV, en la no previsión
de convocatorias electorales, que reducen partidas muy significativas;
que no se verán, además, estos presupuestos lastrados por deudas que ya
han sido reconocidas de años anteriores y que la práctica de presupuestos
de ejercicios anteriores nos venía a evidenciar que se hacían dotaciones
al alza a fin de corregir los atrasos que ya se sabían, que ya estaban
comprometidos, que ya estaban ejecutados, en muchos casos.

Se ha creado como una novedad muy importante en estos presupuestos la
Dirección General para la Seguridad del Estado, que pretende centralizar
la financiación con criterios de racionalidad y puramente empresariales
en cuanto a las adquisiciones y contrataciones de material, obras y
servicios que son muy numerosas en toda la Administración del Estado, y
especialmente en este Ministerio. No me parece necesario abundar en que
ha sido este Ministerio justamente el ejemplo más deplorable en cuanto a
las prácticas de contratación de obra pública, por lo que la
centralización apuntada puede ser un buen camino para reducir
notablemente los gastos. De manera que cuando se habla de austeridad y de
eficacia, que pretende centralizarse en esta Dirección Provincial, no se
está hablando a humo de pajas, sino de hechos concretos.

Cuando se dice desde aquí también que se disminuyen determinadas
partidas, y que eso va a ir en perjuicio, por ejemplo, de la población
reclusa o en merma de la seguridad, habría que decir que de las dos
partidas de reducción más significativa, una de ellas es, por ejemplo, la
de gastos reservados, con una reducción del 35 por ciento. Y seguramente
su señoría también me agradecerá que no abunde más en este tema
sobradamente conocido por todos.

Hago todas estas referencias económicas para que no se haga una
descalificación como la que aquí se ha hecho al decir que por ser unos
presupuestos más ajustados económicamente, ello va a suponer una
desatención de las obligaciones propias del Ministerio, tanto con la
población reclusa como con lo que se refiere a la seguridad ciudadana. No
es verdad que eso sea así, y me da la impresión de que el Ministerio del
Interior ha sido durante años, en los aspectos de gestión, en los
aspectos financieros, un buen ejemplo a corregir, corrección que se
pretende llevar adelante con estos presupuestos.

Tampoco tiene sentido la descalificación que aquí se ha hecho de la
Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, porque no es
verdad que se reduzcan esas cuantías. No es verdad, se mantienen en sus
propios términos y, además, se habilita otra forma, que será
perfeccionada con una enmienda que defenderé luego, para que parte de los
fondos procedentes de los decomisos del narcotráfico puedan revertir
directamente en la aplicación de programas del Plan Nacional sobre
Drogas. Por tanto, todas las transferencias y todas las actuaciones
previstas en el Plan Nacional sobre Drogas se van a mantener y se van a
poder incrementar.

Aquí se ha dicho también que Instituciones Penitenciarias pasa este año,
por primera vez, a depender del Ministerio del Interior y que antes
dependía del Ministerio de Justicia, pero a mí me gustaría señalar en ese
campo una novedad muy notoria que sostienen estos presupuestos, y es que,
a la vez que se mantiene el primero de los objetivos de siempre, que son
las prestaciones de custodia y tratamiento de los reclusos, se abre un
segundo campo, que es el de la reinserción y los servicios sociales. Este
segundo objetivo va a ser gestionado por un organismo autónomo,
denominado Organismo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, y tendrá
una doble vertiente: por una parte, la que contempla el presupuesto
puramente administrativo y otra más de carácter comercial, que, aparte de
dar mayor posibilidad de trabajo a los reclusos y, por tanto, una mayor
reinserción social, proporcionará también ingresos a estas partidas. El
presupuesto de esta segunda fase o presupuesto comercial pasa ya de casi
2.500 millones, con lo que, a nuestro juicio, se atienden suficientemente
esas reservas que se habían formulado sobre él.

Me parece, por tanto, señorías, que los presupuestos que hoy se presentan
se hacen en un marco de austeridad,



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como a lo largo de las intervenciones de todos los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular se ha venido manteniendo, pero me gustaría insistir
en que no es una austeridad voluntaria, ni siquiera es sólo, como a veces
se quiere hacer ver, una austeridad impuesta por el compromiso de
Maastricht a poco más de un año, sino que es una austeridad obligada por
ese compromiso para el que hay que hacer unos sacrificios pero también
por una situación presupuestaria auténticamente calamitosa, por lo que
sus responsables deberían ser un poco más moderados a la hora de hacer
juicios de valor económico. Y el Ministerio del Interior no es ajeno a
esa situación general presupuestaria del Gobierno. Asume, por tanto,
también esas restricciones económicas, y lo hace justamente en aquellas
partidas que menos pueden afectar a los objetivos fundamentales del
Gobierno, a los objetivos de la seguridad. Antes les citaba, por ejemplo,
la reducción en gastos reservados, pero podría citarles otras, como, por
ejemplo, las atenciones protocolarias de algunas direcciones generales,
como la de la Guardia Civil, que son casi irrisorias, que no llegan ni a
un millón de pesetas. Por lo tanto, es en esas partidas que no afectarán
a la atención a los ciudadanos, a las obligaciones contraídas que son
propias del Ministerio, donde se produce ese ajuste. Y en cuanto a las
atenciones del personal, los funcionarios de este Ministerio, como los
demás del Estado, habrán de asumir esa situación que no es apetecible por
nadie, pero sobre la que están sobradamente explicadas las razones que
llevan a ella. Por todo ello, nosotros rechazamos las críticas generales
que se han hecho para justificar las enmiendas de veto por parte del
Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista.

Paso brevemente a hacer referencia a algunas de las enmiendas, por
ejemplo, las comprendidas de la 313 a la 352, del Grupo Parlamentario
Mixto.




El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando, por favor.




El señor GARCIA CARNERO: Sí, señor Presidente, en seguida concluyo.

Muchas de estas enmiendas adolecen de una presentación técnicamente
correcta, asumen o imputan la baja a partidas de quien se sabe que no va
a ejecutarlas. Por lo tanto, son expresiones de voluntades políticas o de
acciones concretas en localidades o en establecimientos concretos, y como
tal las tomamos, pero, desde luego, carentes de rigor y del ajuste
presupuestario exigibles a quien pretenda llevar esto adelante. Y lo
mismo podría decirse de las enmiendas números 882 a 884, del señor Armas,
o de la número 904, de la señora Costa, así como de las enmiendas
comprendidas entre la 922 y 928, del señor Padrón Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
números 1.062, 1.063, 1.064, 1.065 y 1.066, realmente son vetos
parciales. Es decir, lo que han hecho es enmendar parcialmente y
descalificar el presupuesto, acusándolo de infradotación.

La enmienda número 1.067, que se refiere al Plan Nacional sobre Drogas,
creo que ha sido suficientemente contestada, igual que la número 1.068. Y
la enmienda número 1.069, de carácter técnico, me parece que trata de
corregir la asignación de partidas. La estudiaremos para su posterior
incorporación.

Concluyo, señor Presidente, haciendo una brevísima referencia a las
enmiendas presentadas por nuestro Grupo. La número 1.331 amplía la
dotación para atender a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica
10/1995, en lo que se refiere a penas y arrestos de fin de semana, y que
ha sido reclamada por algunos grupos políticos.

La enmienda número 1.332 lo que hace es corregir un error de asignación
de una partida que viene asignada al Patronato de Viviendas de la Guardia
civil y creemos que lo correcto sería que figurara la Dirección General
de la Guardia Civil, así como corregir el cuartel al que va destinada esa
partida, Haro en lugar de Logroño.

La enmienda número 1.333 pretende ampliar las dotaciones para la
prevención, investigación, persecución y represión de delitos
relacionados con el tráfico de drogas, no sólo al artículo 2 de la Ley
36/1995, de 11 de diciembre, sino a la Disposición Adicional de dicha
ley, así como la aplicación a esas actividades de los fondos provenientes
de los decomisos llevados a cabo en el Plan Nacional sobre Drogas.

La número 1.334 es una enmienda técnica por la que se pretende traspasar
créditos de personal entre la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y el recién creado, con esta nueva ley, Organismo Autónomo
de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

La enmienda número 1.335 dota con 80 millones más las atenciones
derivadas de la pena de arresto de fin de semana como nueva modalidad
privativa de libertad que establece el nuevo Código Penal, con lo cual
también se desdice la crítica efectuada diciendo que no se atendía desde
este presupuesto ese tipo de atenciones.

Finalmente, la enmienda número 1.336 pretende incluir en estos
presupuestos lo previsto en los artículos 83, 84, 85 y 86 de la ley de
Medidas Fiscales cuya tramitación se lleva a cabo en estos momentos en la
Comisión de Economía y Hacienda del Senado y que tiene prevista su
tramitación y probable aprobación a la par que los presupuestos, por lo
cual deben hacerse las previsiones y las dotaciones presupuestarias
suficientes para que esa ley, que, como digo, está en tramitación, a la
hora de ponerse en funcionamiento a partir del próximo 1 de enero tenga
la dotación presupuestaria suficiente.

Le agradezco, señor Presidente, su benevolencia al permitirme explicar la
posición de nuestro Grupo.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Pasamos a continuación a la Sección 17: Fomento.

Para la propuesta de veto, damos la palabra al señor Ríos, del Grupo
Parlamentario Mixto, para defender las enmiendas números 131 y 96 a 182,
del señor Ferrer Roselló.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.




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Esta propuesta de veto está en relación con la insuficiencia de
infraestructura de la Comunidad Valenciana.

Las enmiendas parciales, las defiendo todas en sus justos términos. Son
las números 96, 100, 101, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 149, 151, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 174 y
182.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Pasamos a continuación a la enmienda número 353, presentada por el señor
Nieto Cicuéndez, y, simultáneamente, las enmiendas números 354 a 548.

Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente, y no se
asusten porque sean tantas, pues las voy a defender con brevedad.

En primer lugar, querría hacer una consideración acerca del veto. A
nuestro juicio, existe una tendencia en infraestructuras a primar el
coche, a seguir introduciendo la cultura del automóvil en detrimento del
tren y de otros transportes menos contaminantes, quizás más populares,
más de masas, que crean menos accidentabilidad. La mortalidad va a ser
cada vez mayor en este país, el mayor «ranking» es del automóvil. En la
rentabilidad económica, en la calidad de vida y en la cultura del coche
creemos que se debe corregir, al menos, la tendencia, y nos tememos que
en estos presupuestos se pretende dar una mayor vuelta de tuerca a esa
cultura del automóvil en detrimento del ferrocarril. El tema de la
aviación civil tampoco está suficientemente tratado, e incluso en el
transporte aéreo se prima más el de mercancías que la aviación civil en
sí. Y también consideramos que sale mal parada la política de vivienda,
pues seguimos estando por debajo de la media de la Unión Europea, un 0,35
por ciento. Por lo tanto, creemos que en estas necesidades sociales no
solamente no corregimos la tendencia sino que vamos aumentándola en el
sentido opuesto.

En este contexto y con estas premisas, nuestras enmiendas están
territorializadas incidiendo en cada zona en aspectos concretos:
enterramiento de vías, viales, desarrollo del ferrocarril, etcétera,
medidas todas que están reflejadas en nuestras enmiendas y que obedecen a
una filosofía distinta de la actual política de infraestructuras y de
transportes. Por supuesto, hay muchas infraestructuras de las recogidas
en el proyecto que consideramos necesarias y respecto a ellas o las
mantenemos o simplemente cambiamos las partidas presupuestarias, pero el
veto tiene la filosofía de estar encaminado fundamentalmente a buscar una
mejor calidad de vida, pues nosotros creemos que estos presupuestos están
reñidos con lo que nosotros entendemos por calidad de vida.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Para la defensa de las enmiendas números 885, 886, 887 y 895, del señor
Armas Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Ríos Pérez.

El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, las doy por defendidas en sus
justos términos y se refieren concretamente a la Oficina de Correos de
Arrecife, a las obras de desdoblamiento de la carretera de Ronda de
Arrecife, a la construcción de la carretera Orzola-Arrecife y al Puerto
de Orzola.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
y 12, tiene la palabra el Senador Blasco Nogués.




El señor BLASCO NOGUES: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, los Senadores que hemos suscrito estas enmiendas, todos ellos
del Partido Aragonés, hemos presentado a los presupuestos generales del
Estado de 1997 doce enmiendas a esta Sección y trece más a otras que
veremos posteriormente y anticipo, en aras de la brevedad, que las
daremos por defendidas con el mismo argumento que a continuación
expondré.

Tradicionalmente los presupuestos generales del Estado no han sido para
nada magnánimos con Aragón, territorio que, como ya conocen sus señorías,
ocupa el 10 por ciento de la extensión española pero que únicamente es
habitado por el 3,5 por ciento de esta población, lo que se traduce en
una densidad que es la segunda más baja de todo el Estado. Esto ya supone
unos desequilibrios que originan no pocos problemas y que, además, se
agravan por el hecho de que un desarrollismo mal planificado hace que el
50 por ciento de la población aragonesa viva en la capital, Zaragoza, lo
que provoca en grandes áreas de Aragón una despoblación progresiva, así
como un envejecimiento de esa población que permanece en los lugares de
origen, objetivo que seguro preferirían cuantos se ven obligados a
abandonarlos emigrando, bien a la capital, bien a Comunidades Autónomas
vecinas que tienen muchas más posibilidades que la nuestra.

La gran extensión de nuestra Comunidad Autónoma hace precisas grandes
inversiones que año tras año han negado sistemáticamente para Aragón los
presupuestos generales del Estado, dejación que no ha hecho sino agravar
la problemática antes mencionada, cuyos resultados, recuerdo, son: la
despoblación, el progresivo envejecimiento y un deterioro gravísimo y
generalizado en esta Comunidad Autónoma que tiene grandes posibilidades
de futuro, un futuro que querríamos que se plasmase en estos presupuestos
generales del Estado, pues ya no nos queda ni mucho tiempo, ni va a
quedar a este paso gente que lo pueda disfrutar.

Con estas enmiendas queremos también dar cumplimiento a los compromisos
electorales que fueron ofrecidos a los aragoneses por el Partido Popular
y el Partido Aragonés en la coalición electoral firmada al respecto, unos
acuerdos públicos que los aragoneses no olvidan y que debemos satisfacer
y un compromiso que obtuvo muy buenos resultados electorales en Aragón,
como así se ha reconocido por parte de los dos partidos.




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Hay voluntad, y así nos consta, por parte del Partido Popular de
transaccionar algunas de las enmiendas presentadas, sin que hasta este
momento hayamos podido concretarlas. Seguramente al Partido Aragonés le
parecerá poco, pero las acogeremos con esperanza, pues después de tantos
años de marginación por parte de Gobiernos anteriores comenzaremos a dar
solución a las prioritarias necesidades inversoras que en parte recogen
estas enmiendas que hoy presentamos. Contamos con que en estos momentos
el Partido Popular votará negativamente nuestras enmiendas, pero las
mantenemos presentadas por el Partido Aragonés, confiando en que la
voluntad de diálogo se plasme en realidades y se incluyan en los próximos
presupuestos generales del Estado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blasco.

A continuación, tiene la palabra la señora De Boneta y Piedra para la
defensa de las enmiendas números 27 y 28.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

He presentado estas enmiendas en nombre de Eusko Alkartasuna a la Sección
17 siendo consciente del carácter restrictivo de los presupuestos y
pensando que deberíamos haber presentado muchas más. En realidad había
presentado un bloque de tres enmiendas, una de las cuales, por razones
que se me escapan, ha ido a Registro pero no ha sido registrada. (Risas.)
En cualquier caso, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos tiene una enmienda sobre el mismo asunto, el metro de Bilbao, y
anuncio que la votaré afirmativamente, aunque lamento que no haya tenido
plasmación en el presupuesto la enmienda a la que me refiero.

En cuanto a la enmienda número 27, se solicita un aumento de 4.000
millones en el Programa 38, Servicio 513.D, con el fin de proceder a la
reparación y mantenimiento del tramo de la Nacional-I que transcurre por
el enclave del Condado de Treviño. Este es un problema viejo que no se
soluciona por razones políticas, puesto que al estar este tramo limitado
en sus dos extremos por la N-I que transcurre por Alava, la Diputación de
Alava no puede proceder a su reparación al estar fuera de su territorio y
no poder ejercer su competencia, y a la vez el Estado no llega a arreglar
nunca este tramo de una alta siniestralidad. Por eso hemos presentado
esta enmienda y creemos que, por encima de otras cuestiones que se tienen
que resolver en relación con el enclave de Treviño, debe existir una
dotación a fin de que de una vez por todas se arregle ese tramo, lo cual
redundará en bien de todos los ciudadanos --también de los ciudadanos de
Burgos y los del resto de Castilla y León cuando circulan por ese tramo.

La enmienda número 28 solicita en el Programa 513.A un aumento de 2.300
millones de pesetas para financiar la «Y» ferroviaria vasca. Este es un
proyecto para el que, a nivel puramente testimonial, hay previsto unos
100 millones de pesetas --y no me digan que no es testimonial, pues en
las comparecencias me dijeron que 100 millones no son testimoniales, pero
tratándose de un proyecto como éste sí es testimonial-- para la
financiación de la «Y» ferroviaria vasca. Es hora ya de que se cumplan
los compromisos en ese sentido y por eso hemos presentado esta enmienda.

Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 929, 930, 931, 932, 933 y 946,
del señor Padrón Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Ríos Pérez.




El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, las defiendo en sus propios
términos y se refieren concretamente a una carretera de Valverde a
Frontera, la construcción de dos edificios de Correos en Gran Tarajal y
Morro Jable y la primera piedra de la construcción del nuevo puerto de El
Hierro.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda número 872, del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Siguiendo la línea de este Senador en representación de Coalición
Canaria, la mayoría de las enmiendas que se han presentado van en el
sentido de plasmar la Ley del Estado 19/1994, en relación con el Régimen
Económico y Fiscal, y en este caso se pretende simplemente el cambio de
una clasificación económica a otra para la realización de obras del
Convenio de Carreteras que se han aprobado y que pueden ser ejecutadas
por el Gobierno de Canarias al existir cofinanciación europea y de la
Comunidad Autónoma. En total son 4.400 millones, de los cuales están
destinados al Túnel de la Laja 2.500, a Padre Anchieta-Guamasa 800 y al
Túnel de la Potabilizadora en Las Palmas 1.100 millones. En definitiva,
se trata de cambiar la clasificación económica de esta partida, que ya
está aprobada.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, para la defensa de las enmiendas números 68 a 73.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 68 se refiere a la «Y» ferroviaria vasca, en la que
pedimos una dotación de 2.000 millones de pesetas porque consideramos que
es un impulso importante para las comunicaciones con el resto de Europa.

Con la enmienda número 69 se solicitan 5.000 millones de pesetas y la
presentamos en base al compromiso adquirido ya por la Administración del
Estado en la financiación del metro de Bilbao.




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La enmienda número 70, por importe de 4.000 millones de pesetas, está
destinada a mejorar el trazado de la Nacional I, en el tramo que discurre
por el Condado de Treviño, incluyendo la variante de la Puebla de
Arganzón.

La enmienda número 71, por valor de 100 millones de pesetas, tiene como
objetivo eliminar un paso a nivel peligroso, el de Etxarri-Aranaz, en
Navarra.

La enmienda número 72 se refiere a una dotación para la ejecución del
estudio del análisis topográfico de la línea del tren de alta velocidad
Madrid-Zaragoza para el tramo correspondiente a la Comunidad Foral de
Navarra.

Y, por último, la enmienda número 73 se refiere al Puerto de Bilbao y, en
concreto, al túnel que hay que hacer en Serantes. Se trata de la
ejecución de las obras bajo el Túnel de Serantes que es fundamental para
la ampliación del Puerto de Bilbao, que se está llevando a cabo en estos
momentos y que debe ser acometida con carácter inmediato ya que, de otro
modo, a finales de 1998, finalizada la citada obra, resultará
improductiva por la falta de accesos portuarios. En este sentido, me
gustaría señalar la estipulación cuarta del Programa URBAN, suscrito por
convenio entre el MOPTMA e Instituciones locales vascas, que dice
textualmente: «El MOPTMA, a través de la Dirección General de
Infraestructuras de Transporte Ferroviario, se compromete a realizar un
nuevo acceso ferroviario desde Ortuella a la estación de mercancías en la
ampliación del Puerto de Bilbao.»
Para acabar, quisiera señalar la importancia de esta obra. Tengan ustedes
en cuenta, señorías, que cuando esté finalizada esta obra de la
ampliación del Puerto de Bilbao, para mediados del año 1998, existirán en
el Atlántico europeo cinco grandes puertos para los grandes petroleros:
Amsterdan, Amberes, Le Havre y el Puerto de Bilbao.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
para defender las enmiendas números 963, 964, 966, 967 y 968, tiene la
palabra el señor Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 963 solicita una dotación de 2.000 millones de pesetas
para incrementar el concepto de subvenciones para adquisición y
rehabilitación de vivienda de promoción pública y privada, incluso, las
previstas en el Real Decreto 709/1986, de 4 de abril.

En cuanto a las enmiendas números 964 y 966 son para dotar con sendas
partidas, la primera de ellas, la rehabilitación de la Residencia
Masó-Bru en San Gregori, población de Girona y, la segunda, para dotar
con 300 millones el acondicionamiento de la línea ferroviaria entre
Lleida y La Pobla de Segur.

Por último, las enmiendas números 967 y 968 son alternativas a la número
969 que ha sido incorporada al informe de la ponencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la enmienda
número 1.070 y de las enmiendas números 1.071 a 1.100, tiene la palabra
la Senadora Pleguezuelos Aguilar.




La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Le anuncio que compartiré el turno con la Senadora López Yébenes.

En primer lugar, para la defensa del veto habría que partir, y así lo va
a hacer mi grupo, del hecho de que compartimos el carácter restrictivo de
estos presupuestos y, por tanto, la austeridad presupuestaria en la que
se enmarcan, pero hay muchas razones para presentar este veto a la
totalidad de la Sección 17, Ministerio de Fomento, y yo sólo voy a
destacar un par de ellas.

El presupuesto es claramente insuficiente porque la reducción que recoge
en inversión real, en infraestructuras de transporte, tanto por carretera
como en ferrocarril, va a tener una incidencia negativa importante en el
desarrollo de nuestra economía nacional y, por tanto, en la creación de
empleo.

Por otro lado, otra cuestión también muy relevante es que va a afectar
negativamente a la competitividad sostenible del territorio y, por tanto,
a la vertebración del mismo. Y otro elemento igualmente importante para
rechazar o enmendar en la totalidad el presupuesto que prevé el Gobierno
Popular para esta Sección es que es inaplicable en el sentido de que no
se puede aplicar o no se puede ejecutar con ese carácter voluntarista o
en los términos tan voluntaristas que el Gobierno Popular recoge en el
mismo. ¿Por qué? Porque, sin duda, esos 100.000 millones de aportaciones
patrimoniales que recoge para promotores privados en infraestructuras,
40.000 millones para carreteras y 60.000 millones inicialmente para
transportes ferroviarios (ahora, por enmienda del Grupo Popular parece
que van a ir al GIF, a ese instrumento incierto, como decía esta mañana),
esos 100.000 millones, repito, no van a garantizar en absoluto que se
presupueste o se compense la falta de recursos para estas inversiones.

Además, van a vaciar de contenido presupuestario el Ministerio de
Fomento, dejando el destino final de un volumen importante de recursos
fuera del debate parlamentario, es decir, sin que podamos aprobar los
proyectos concretos en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados y
sin que podamos hacer un ulterior control de esas inversiones finalistas
que el Grupo Parlamentario Popular no es capaz de recoger en los
presupuestos y que sí nos pide de forma arbitraria que aprobemos.

Por tanto, tal y como se presenta este Presupuesto parece que vamos a
sufrir este año y alguno más una drástica reducción en infraestructuras
de transporte, con las consiguientes y graves consecuencias negativas
para la generación de empleo, de actividad económica y que, en ningún
caso, señorías, va a compensar esa apelación voluntarista que el Gobierno
del señor Aznar hace al concurso del capital privado.

Respecto a las enmiendas singulares, señor Presidente, señorías,
siguiendo en la línea de moderación presupuestaria



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y económica que alguno de mis compañeros de grupo han planteado en otras
secciones, había dos posibilidades: o hacer caso del rigor y de la
coherencia presupuestaria cuando se es Gobierno y cuando se es oposición
y, manteniendo ese criterio de austeridad, plantear enmiendas que
establezcan, sin ninguna duda, prioridades y políticas de carácter
general, o hacer lo que habitualmente venía haciendo el Partido Popular
durante todos estos años de oposición, que era presentar enmiendas de
campanario a todos y cada uno de los territorios, cientos y cientos de
enmiendas a esta sección y a otra que entonces estaba englobada en ésta,
la del Ministerio de Medio Ambiente, y luego venderlas en sus
territorios, con la negativa del entonces Gobierno socialista. Pues bien,
el Partido Socialista, en aras del rigor presupuestario también en la
oposición, ha optado por presentar una serie de enmiendas que establezcan
prioridades, que establezcan el cumplimiento de los compromisos
territoriales y de esas prioridades para esas Comunidades Autónomas y
Corporaciones locales, desde luego, de grandes políticas.

En ese sentido, las enmiendas números 1.071 y 1.072 solicitan la baja de
esos 100.000 millones de aportaciones patrimoniales a promotores
privados; baja que mi Grupo plantea en términos de reutilizar esos
recursos para establecer una serie de actuaciones concretas que
consideramos prioritarias en cada una de las Comunidades Autónomas.

Observarán ustedes que nuestras enmiendas van relacionadas por
territorios. No se trata, por tanto, de hacer una enmienda por cada
territorio, sino de centrarnos en grandes políticas: en materia de
infraestructura de transporte por carretera y ferrocarril, en materia de
vivienda, y en garantizar un buen funcionamiento de servicios como el de
Correos y Telégrafos y el de Renfe, evitando excesivos endeudamientos de
estos entes públicos.

Respecto a la infraestructura de transporte por carretera hemos
presentado trece enmiendas, la 1.074 y las que van de la 1.077 a la
1.088, todas ellas al Programa 513, porque entendimos que había una serie
de inversiones previstas en el PDI y también en presupuestos anteriores
que, ahora, por arte de magia, desaparecen del proyecto de presupuestos
generales para 1997. Como es por ejemplo el caso de la Autovía del
Mediterráneo, en el tramo de Estepona-Guadiaro, o era el caso de la
Autovía de la Plata, que --con carácter simbólico, y todavía
insuficiente-- hemos conseguido que se incluya en el Congreso con el
apoyo del Partido Popular y a instancias de otros grupos políticos.

También la construcción de la autovía Jerez-Los Barrios, que era un
compromiso adquirido por el Moptma con la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Existe todo un conjunto de inversiones, la mayoría en carreteras, en las
que el Gobierno ha optado no ya por no incluirlas en los presupuestos
generales del Estado para 1997, sino por maquillarlas, de manera que en
la práctica es como si no existieran, aunque sí que aparecen en el Anexo
de inversiones. Voy a poner unos cuantos ejemplos: la Autovía del
Noroeste, o la de Cervera-Igualada, o la de Murcia-Albacete, o la del
Cantábrico, o la de Alicante-Cartagena, o una muy cercana para mí, la
Autovía del Mediterráneo en el tramo Adra-Motril, son inversiones muy
importantes y relevantes para la competitividad del territorio, sobre
todo en esas zonas, y se contemplan con cantidades como 50, 100 ó 150
millones de pesetas, que, sin duda, es una dotación que significa en
términos reales que estas actuaciones ni siquiera pueden abordarse ni
empezarse a lo largo de 1997.

En materia de ferrocarril, señorías, presentamos una serie de enmiendas,
de la 1.089 a la 1.094, que suponen un incremento global de 42.750
millones de pesetas al Programa 513D. En estas enmiendas, también de
forma global, existen programas muy importantes, como es el de la
renovación de vías, cuya inversión baja en el proyecto de presupuestos un
total de 4.000 millones de pesetas para toda España; hay programas
relevantes que ni siquiera aparecen consignados, con cantidades
simbólicas, como es el acceso a los puertos de Bilbao y Algeciras; hay
actuaciones en grandes ejes, como el corredor del Mediterráneo, que deben
ser prioritarias y que el proyecto de presupuestos recoge pero desplaza a
otros servicios ferroviarios cuyo comienzo real, posiblemente, aparezca
como algo efectivo a partir del año 2000 o quizá más; actuaciones como la
«Y» vasca o el corredor del Norte Madrid-Valladolid, que aparecen con
cantidades escasísimas. No sabemos cuándo podremos disponer en este país
de ese servicio ferroviario de 200 ó 220 kilómetros por hora.

No le quiero citar, por no ser excesivamente extensa, la adecuación o el
soterramiento de vías férreas en ciudades, que tampoco habían contemplado
con un presupuesto que pueda resolver los problemas, o el desdoblamiento
de otras, como es el caso de la vía Cádiz-Jerez que, por cierto, el
Ministro de Fomento prometió a la actual Alcaldesa, Teófila Martínez.

Esperemos que aunque sólo sea por cumplimiento de esas promesas podamos
disponer en Andalucía de ese desdoblamiento.

Para terminar mi intervención, quisiera defender tres enmiendas puntuales
que hemos presentado al Programa 431, Promoción, Administración y Ayuda a
la vivienda. Una de ellas trata de incrementar en 6.000 millones de
pesetas la cantidad consignada, porque es la única forma de garantizar la
máxima eficacia en los créditos de esta sección. Es un programa
horizontal y creemos que escaso en cuanto a los recursos que contempla.

Presentamos la enmienda 1.100 al SEPES, para el Convenio con Extremadura,
enmienda que, fruto de la necesidad de atender las peticiones de algunos
de sus socios, ustedes dieron de baja en el Congreso, y esperamos que, a
través de este trámite, podamos recuperarla; la enmienda al Programa
431A, que reclama 50 millones de pesetas al Ayuntamiento de Melilla para
restaurar edificios modernistas de inspiración de don Enrique Nieto, que
entendemos que es un programa necesario para esta circunscripción.

Antes decía que en esa línea de prestar un servicio público correcto en
Correos y Telégrafos era conveniente dotarlo de mayores recursos y para
ello en la enmienda número 1.075 reclamamos un incremento de 10.000
millones de pesetas.




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Para terminar, en la enmienda 1.099 se reclaman 550 millones de pesetas
de incremento para los convenios con las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales para infraestructuras viarias en zonas con
centrales nucleares. No se puede retrasar más la construcción de las
obras necesarias de protección civil en lo que son los planes de
emergencia nuclear, y la dotación que recogen los presupuestos de 1997 no
van a cubrir estas necesidades.

La enmienda número 1.098 la consideramos muy importante. Se trata de
incrementar en 1.000 millones de pesetas la cantidad para infraestructura
en carreteras de las cuencas mineras. Entendemos que la situación por la
que atraviesan las cuencas mineras, tanto las del carbón, con el tema del
protocolo eléctrico, como las de hierro --usted, Senador Bris, sabe que
hemos tratado en alguna otra Comisión el caso de la Empresa Andaluza de
Minas, única mina de hierro que disponemos en España-- necesitan abordar
inversiones que mejoren sus infraestructuras y eso es un reto de
modernización necesaria que en este momento reclama mayores recursos.

Para terminar, señorías, había un programa que se contemplaba ya en el
nonato proyecto de presupuestos generales del Estado para 1996, en el que
había un compromiso del antiguo Moptma con las asociaciones de
discapacitados y minusválidos en el sentido de ir adecuando poco a poco
los transportes públicos para que este grupo de personas pudiera acceder
a ellos. Nosotros presentamos una enmienda que trata de incrementar en
100 millones de pesetas esa dotación para que los minusválidos puedan
acceder a los trenes.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Senadora.

Me anunció usted que iba a compartir su tiempo.

Tiene la palabra la Senadora López Yébenes.




La señora LOPEZ YEBENES: Intervengo para defender la enmienda número
1.076 a la Sección 17. En los Presupuestos Generales del Estado se ha
recortado el Capítulo de subvención a Renfe en 60.000 millones de
pesetas. Esta reducción va a afectar, evidentemente, al cumplimiento del
contrato-programa elaborado y firmado entre el Estado y Renfe y en el que
se pretendía introducir, para adaptarlo a la evolución del mercado del
transporte en el umbral del siglo XXI, un elemento determinante en el
proceso de modernización y adecuación del ferrocarril español. Todo ello
teniendo en cuenta la necesaria adaptación de las infraestructuras
actuales y la incorporación de nuevas tecnologías y modos de transporte
para adecuar el ferrocarril a las auténticas necesidades de un Estado
moderno que mira con garantía de futuro al transporte de viajeros y
mercancías. En este sentido se presentó por Renfe el Plan Estratégico
94-98 en todo el territorio español dirigido principalmente al sector
empresarial del país, pretendiendo entusiasmarlo e implicarlo en los
nuevos modos de realizar el transporte y en la nueva oferta del
ferrocarril, teniendo en cuenta que inexorablemente el desarrollo del
tren en España parece ligado al espíritu que emana de la normativa
comunitaria 4/40.

A su vez, el Gobierno anterior aprobó el Plan Director de
Infraestructuras, estableciendo el diseño intermodal de los transportes y
las medidas necesarias para analizar la movilidad de los ciudadanos y las
necesidades de los mismos con el objeto de poder definir los modos de
transportes y dar una respuesta adecuada a las empresas que demandan los
servicios de ferrocarril con tres ejes básicos, servicios de cercanías,
el sistema de alta velocidad y el desarrollo de largo recorrido y
servicio de transporte de mercancías.

La Directiva comunitaria 4/40 y el Plan Director de Infraestructura
definen de manera profunda el futuro no sólo del ferrocarril, sino de los
transportes de este país. El Plan Estratégico prevé también las bases
para formar el «joint venture» con la industria constructora de material
ferroviario para fomentar sus explotaciones.

Esta situación suponía, a su vez, un ajuste no traumático de la plantilla
de personal a través de un sistema de jubilaciones anticipadas o bajas
incentivadas pactadas con el trabajador que aseguraban una rápida
recolocación y evidentemente con las bajas vegetativas.

La línea marcada parece que no se quiere continuar y los fuertes recortes
efectuados, así como el cambio político aplicado, ponen en peligro llevar
a cabo la ejecución de un contrato programa y el desarrollo de un plan
estratégico que pretendía hacer viable un ferrocarril. Y no sólo eso,
sino que a propuesta del Ministerio de Fomento se crea un ente público,
el GIF, adscrito a dicho Ministerio que lo controlaría técnicamente y que
cuidaría de su eficaz gestión.

¿Preguntamos qué va a pasar con Renfe? Permítame que diga que este ente
ha creado grandes suspicacias entre todos los trabajadores de la propia
empresa y de los mismos sindicatos ferroviarios que no estando
satisfechos con este planteamiento han propiciado huelgas para el día 18
en paros intermitentes de dos horas con concentraciones y comunicado de
prensa.

En base a todo lo expuesto someto a consideración de la Mesa la enmienda
del programa 513.B en una cuantía de 40.000 millones de pesetas siendo
conscientes de que la convergencia es un ajuste de gasto en nuestro país,
pero conscientes también de que el ferrocarril la necesita para cumplir
el contrato programa y seguir una línea de transporte de viajeros y
mercancías competitivas y con un menor impacto medioambiental.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris
Gallego para defender las enmiendas número 1.340, 1.341, 63 y 76, y para
un turno en contra.




El señor BRIS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, intervengo para manifestar la postura del Partido Popular en
relación con los vetos y la defensa de nuestras enmiendas.

Quiero señalar, como se ha dicho reiteradas veces, que el Presupuesto
consolidado del Ministerio de Fomento y



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de sus organismos autónomos en 1997 asciende a un billón 103.184 millones
de pesetas --son cifras presupuestarias--, lo que supone un incremento
del 5,8 por ciento en relación al presupuesto real prorrogado de 1996.

En lo que se refiere a las inversiones en materia de infraestructura es
cierto que había habido en los últimos años una tendencia a la baja, que
habían pasado del 0,78 por ciento del producto interior bruto en 1995 al
0,89 por ciento en 1996. Se empieza a invertir ahora la tendencia a la
baja que se venía experimentando en los últimos cinco años, incluso
dentro de un escenario financiero, como se ha dicho por los señores
Portavoces, inusualmente restrictivo. Se intenta adoptar medidas, en las
que algunos no creen y nosotros sí, que permitan contrarrestar los
efectos negativos de la restricción financiera del Estado mediante
cambios legislativos que figuran en las leyes que vamos a aprobar que
flexibilizan los modelos de gestión pública de infraestructuras y
facilitan el acceso de capital privado a la financiación de las mismas.

Por lo tanto, no estamos como se viene diciendo reiteradamente en una
minoración en la inversión, sino que, al contrario, se invierte la
tendencia a la baja que se venía experimentando en los últimos cinco
años. Se pone una incidencia especial en la modernización de
infraestructura del país, en estos momentos, como los señores Senadores
saben, muy por debajo de la media europea, con un énfasis importante en
las actuaciones de ferrocarriles y de autopistas. Se espera, y la
situación económica así lo requiere, que el presupuesto del Ministerio de
Fomento ejerza un impacto notable sobre la economía española, incidiendo
sobre la situación económica general del país, evaluada a través de sus
principales indicadores, como son el déficit público y la deuda pública,
sin olvidar que el Gobierno anterior produjo en 1996 un fuerte recorte
presupuestario, considerando además actualmente que la inversión directa,
indirecta del Ministerio de Fomento en 1997, como consecuencia de ese
recorte del que estamos hablando, supone aproximadamente un incremento
del 15 por ciento sobre el presupuesto ajustado del ejercicio anterior.

Quiero decirles que tanto en ferrocarriles, como en carreteras, puertos,
aeropuertos, viviendas y comunicaciones se han confeccionado unos
presupuestos dignos y responsables, acordes con el marco presupuestario
en el que nos encontramos. Quiero tranquilizar, por tanto, a los señores
Portavoces que han presentado los vetos, a Unión Valenciana, a Izquierda
Unida, al propio Partido Socialista, con unos criterios en los que han
querido intervenir ciertamente muy similares todos ellos, en los que se
habla de restricciones presupuestarias y de caída de la inversión.

El Partido Popular que está gobernando tiene tanta preocupación como
pueden tener los señores Senadores para que se mantenga la inversión y se
aumente, si es preciso como sucede en estos presupuestos, de tal manera
que se puedan reducir los índices preocupantes que nos tienen que llevar
a la convergencia de Maastricht; es decir, el índice del paro, el déficit
público y la deuda pública. Por tanto, en razón a estos argumentos y a
otros más, que son difíciles de exponer en este espacio de tiempo,
indudablemente nuestro Grupo va a votar que no a los vetos que se han
presentado.

En relación con las enmiendas del Partido Popular se presentaron nueve;
tres de ellas, la 1.338, 1.339 y 1.362, fueron retiradas, se incorporaron
la 1.337 y la 1.380, y han quedado vivas para el debate cuatro, dos que
son consecuencia de una mejora técnica y dos que se refieren a
actuaciones puntuales. Respecto al resto de las enmiendas que han
presentado los demás Grupos políticos quiero que sepan que eran 294. En
trámite de ponencia se retiraron las tres que he señalado del Partido
Popular, más una del Partido Socialista, la 1.096, que estaba ya
recogida, incorporándose, como hemos dicho, las enmiendas 1.337 y 1.380
del Partido Popular, coincidentes respectivamente con las números 965 y
969 de Convergència i Unió que, por tanto, se consideran igualmente
incorporadas en este trámite.

Quedan vivas en estos momentos 286 enmiendas, muchas de ellas lógicamente
pueden ser todavía transaccionadas, pero lo que no podemos hacer es
aprobar un número enorme de enmiendas que puedan desvirtuar el carácter
restrictivo y homogéneo que realmente tienen los presupuestos del Partido
Popular.

Quiero señalar que el Partido Socialista, como ha dicho su portavoz, la
Senadora Pleguezuelos, ha ido a enmiendas de carácter general, sin
olvidar algunas de carácter singular, pero eso es lógico y, por lo tanto,
admisible; nuestra votación en algunas de ellas será negativa y algunas
otras serán transaccionadas o se votará afirmativamente.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos a la Sección 18 que hace referencia a Educación y Cultura.

Empezamos con la enmienda de veto del señor Nieto Cicuéndez número 550 y
las enmiendas números 551 a 631.

El señor Nieto tiene la palabra.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Este veto está fundamentado en que, entre otras cosas, aparte de no
cubrir las necesidades que en educación y cultura tiene nuestro país, el
Grupo Popular incumple los argumentos de su campaña electoral porque, en
lo que se refiere a educación, no nos acercamos a la media europea con
estos presupuestos ni de lejos.

Pero es que, además, son insuficientes, y seguramente me dirán luego que
por número de alumnos aumenta, puesto que los alumnos han disminuido. Eso
puede valer para la galería y para el «Diario de Sesiones», pero para la
realidad de la calle no vale; se está viendo palmariamente, incluso han
empezado los cursos, hay más alumnos por aula, hay menos dotaciones en
las aulas y, sobre todo, dentro de que el presupuesto es insuficiente,
hay una tendencia en los presupuestos, y yo diría que incluso más en la
práctica, a subvenciones de una manera más o menos abierta hacia la
enseñanza privada en deterioro de la pública.

Por tanto, respecto a educación se puede decir que en los presupuestos en
algo se distingue la izquierda de la derecha,



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porque demuestran que estos presupuestos son de derechas, priman lo
privado y deterioran cada vez más lo público, y en enseñanza ése es un
tema muy serio y muy grave, que terminaremos, más a corto que a largo
plazo, pagando. Ese es el argumento del veto.

En lo que se refiere a cultura, ocurre exactamente lo mismo. El concepto
que ustedes tienen de la cultura, que reflejan en las partidas
presupuestarias, no es el nuestro, incluso con el mismo presupuesto
nosotros tenemos unas prioridades distintas sobre el tema cultural, que
se reflejan también en las enmiendas que hacemos al mismo.

Por tanto, tenemos poca esperanza de que algunas enmiendas pudieran ser
recogidas, aunque, si demuestran algún talante de no seguir la táctica
del rodillo, algunas se podrían recoger. Desde luego lo sustancial de lo
que es el planteamiento de la política educativa en ustedes no es una
política educativa de progreso. Por eso el veto que hacemos a este
apartado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 888, 889 y 890, presentadas por
el Senador Armas Rodríguez, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Las doy por defendidas en sus justos términos indicando que la enmienda
número 888 está en relación con el Centro de la UNED, la enmienda número
890 con la construcción de una piscina olímpica y, sobre todo, la número
889, con la subvención a los deportistas para venir a competir a la
península, porque, si no, tendríamos que hacer una liga propia. (Risas.)
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 13, 14, 15 y 16 tiene la palabra
el señor Blasco Nogués.




El señor BLASCO NOGUES: Muchas Gracias, señor Presidente.

Intervengo para conformar la defensa de las enmiendas números 13, 14, 15
y 16, presentadas por los Senadores del Partido Aragonés, en los términos
expuestos en sus respectivas justificaciones, que han sido explicados en
la intervención de este Senador en defensa de las enmiendas a la Sección
17, incidiendo, en este caso, en la importancia de la adecuada
escolarización en aras de conseguir un mayor asentamiento poblacional.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41 y 46 tiene la palabra la Senadora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero advertir, para que conste en Acta y se tome nota,
que las números 34, 42 y 49 quedan retiradas porque, de alguna manera,
están recogidas por otra enmienda de Eusko Alkartasuna, de esta misma
Senadora.

Me ha parecido que el señor Presidente no ha mencionado la enmienda
número 32, que también consta en este mismo paquete.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, no está en este paquete.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Están retiradas las números 34, 42, 48 y
49, pero la 32 está y me parece que no la ha mencionado, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Sí, de acuerdo.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Si no aparece debe ser una equivocación. Se
hizo un escrito --a la vez que se retiraban estas enmiendas-- en el que
constaba que había un error muy curioso, puesto que una partida --y
aprovecho para indicar de qué se trata esa enmienda-- que destinábamos a
Ikaskuntza, a la Sociedad de Estudios vascos, en la justificación se
había deslizado algún duende que decía «por la importante labor que Eusko
Alkartasuna presta en este terreno», evidentemente era la labor de
Ikaskuntza. Por eso se hizo un escrito de corrección de errores junto con
la retirada de la enmienda.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo, queda añadida la enmienda y puede usted
defender las otras.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.

En este paquete de enmiendas, que se refieren a hacer pequeñas dotaciones
a instituciones relacionadas con la cultura, con las artes o con eventos
deportivos, entiendo que podría realizarse un pequeño esfuerzo por parte
del Partido que apoya al Gobierno para aceptarlas, teniendo en cuenta que
la pequeña cuantía no entorpece para nada la austeridad de los
presupuestos y, sobre todo, algo que es más importante, que se deja ver
en el olvido de estas instituciones un sesgo en la política cultural que
olvida las lenguas y la cultura propia de las Comunidades con lenguas
propias y oficiales.

En este sentido, la enmienda número 29 solicita diez millones de pesetas
como subvención a los editores de revistas en euskera y en otras lenguas
--no sólo en euskera-- propias y oficiales, con el fin de que puedan ser
distribuidas también a las bibliotecas públicas y se tenga conciencia de
una cultura plural que corresponde a un Estado plurinacional. Son diez
millones de pesetas.

La enmienda número 30 solicita 150 millones de pesetas para la Real
Academia de la Lengua Vasca-Euskalzaindia y otras instituciones de este
tenor existentes en Comunidades también con lengua propia.

Ya me he referido a la enmienda número 32, que solicita una subvención de
50 millones a Eusko Ikaskuntza por el trabajo que realiza en pro de la
cultura vasca.




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Del mismo modo, en la enmienda número 33 se solicitan 25 millones para la
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.

Asimismo, en la enmienda número 31 se solicita una aportación del Estado
de 50 millones de pesetas que ayude a las instituciones que van a
promover los Mundiales de Ciclismo para octubre de 1997 en Donostia.

Consideramos que este evento es lo suficientemente importante para todos
como para que el Gobierno del Estado, en este caso el Ministerio de
Educación y Cultura, tenga en cuenta este evento con una pequeña ayuda.

La enmienda número 35 solicita una inclusión de partidas con destino al
Museo de Bellas Artes de Alava, 80 millones. La enmienda número 41
solicita 60 millones para el Museo de San Telmo de San Sebastián.

Hay otro grupo de enmiendas dirigidas a apoyar eventos musicales de gran
reflejo internacional como es la quincena musical de Donostia, para la
que solicitamos 40 millones de pesetas en la enmienda número 36, o el
certamen de masas corales de Tolosa, enmienda número 38, para el que
solicitamos 10 millones de pesetas; sumas todas ellas --lo vuelvo a
repetir-- muy pequeñas y muy simbólicas, pero que, de alguna manera,
reflejarían una cierta sensibilidad hacia estos certámenes con
trascendencia internacional.

En la enmienda número 37 solicitamos 300 millones de pesetas para el
Palacio Kursaal en Donostia, aunque había ya un compromiso del Gobierno
para financiar este proyecto, y también para el Palacio Euskalduna de
Bilbao; pero si bien no hay ningún compromiso, se vería con buenos ojos
que, de alguna manera, los Presupuestos Generales del Estado se
corresponsabilizasen con proyectos de este tenor dentro de la Comunidad
Autónoma vasca.

Por último, las enmiendas números 39 y 40 hacen referencia a algo que ya
está contemplado en los Presupuestos, pero que, a nuestro parecer, no lo
está suficientemente bien, sobre todo en algunos tramos. Me estoy
refiriendo a la Ruta Jacobea. Nosotros creemos que es necesario impulsar
la ruta del Camino de Santiago que transcurre por la Comunidad Navarra y
por las comunidades costeras y para ello pedimos 60 millones de pesetas.

También creemos que es absolutamente necesario financiar la puesta en
funcionamiento del Albergue de Estella que recoge muchos peregrinos, para
lo cual pedimos 64 millones de pesetas.

Yo creo que con esto he defendido todas las enmiendas que se han citado
en este paquete. Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Boneta.

Para defender las enmiendas 910, 911, 912, 913, 918 y 919 de la señora
Costa Serra; 115, 116, 150, 159 y 169 del señor Ferrer Roselló y 873, 874
y 877 del señor Ríos Pérez, tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Mixto.




El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Las enmiendas de la señora Costa, que se refieren a una serie de
construcciones escolares deficientes, a centros de profesores y a la
creación de nuevos puestos de inspectores educativos en la provincia de
Baleares quedan defendidas en sus justos términos.

Las enmiendas del señor Ferrer, que solicitan la restauración del
Monasterio de San Miguel y de la Catedral de Valencia, así como el apoyo
a la ciudad de artes y ciencias de Valencia, también quedan defendidas en
sus justos términos.

La enmienda 873 de Coalición Canaria solicita la rehabilitación del
Teatro Leal de La Laguna, un teatro clásico muy antiguo situado en la
tercera ciudad del archipiélago, así como solicita el comienzo de las
obras del Auditorio de Santa Cruz de Tenerife para el que hay un convenio
con el Ministerio.

Las enmiendas 875 y 876 han quedado incorporadas a la Ponencia y por
tanto no me voy a referir a ellas. Sí me voy a detener un poco más
detalladamente en la 874 que solicita subvención para los deportistas de
la Comunidad Canaria, lo que provocó, al parecer, cierta hilaridad antes.

Les puedo decir que entre El Hierro y Lanzarote la distancia es
exactamente igual que la que hay entre Madrid y Gerona. Además, sólo es
posible cubrirla por vía aérea y por razones ignotas cuesta más dinero
que ir de Canarias a Madrid.

Respecto a la enmienda concreta de Coalición Canaria se justifica porque
en los últimos años ha quedado paralizada la subvención para el deporte
canario. Los deportes canarios y los equipos han ido subiendo de
categoría --y de esto tenemos todos nosotros que alegrarnos y me imagino
que sus señorías también--, y en estos momentos competimos mucho más con
la Península. De no tener subvención volveríamos a nuestras categorías
anteriores.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos para defender las enmiendas números 74 a
80, 85 y 88.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda número 74 solicita una subvención para el Colegio Mayor
Olarain de San Sebastián para obras de infraestructura, equipamientos
educativos y universitarios, teniendo en cuenta el carácter
supracomunitario e internacional de dichos programas y de dicho centro.

La enmienda número 75 es de modificación y teniendo en cuenta que este
año se celebra el centenario del quizás decano de los orfeones a nivel de
Estado, el Orfeón Donostiarra, se solicita una ayuda para el desarrollo
de las actividades que se celebrarán a lo largo del centenario de esta
institución que no tiene ningún ánimo de lucro.

En la enmienda número 76 se solicita una inversión de 100 millones de
pesetas para acometer las obras de infraestructuras previstas para la
adecuación del Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, ubicado en
Oñati.




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En la enmienda número 77 se pide una partida para que las reales
academias e instituciones adscritas cuenten con recursos «ad hoc» para el
cumplimiento de sus fines y, en concreto, para que la Real Academia de la
Lengua Vasca y la Sociedad de Estudios Vascos cuenten con recursos
suficientes para la investigación lingüística y cultural, dado que el
Estado es pluricultural y plurilingüístico.

La enmienda número 78 solicita ayudas tanto para el Auditorio de San
Sebastián como para el Proyecto Euskalduna de Bilbao.

La enmienda número 79 solicita una partida de 25 millones de pesetas
destinada a la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País para
desarrollar actividades de carácter supracomunitario e internacional.

En la enmienda número 80 pedimos subvenciones para primar la afiliación
de menores a la Mutualidad General Deportiva.

En la enmienda 85 solicitamos 10 millones de pesetas para el Orfeón
Pamplonés. Y en la enmienda número 88 se solicita la misma cantidad que
he citado anteriormente para financiar todas las actividades que
desarrolla la prestigiosa Sociedad Filarmónica de Pamplona.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió para la defensa de las enmiendas 970, 971, 972 y 973.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La primera de estas cuatro enmiendas que nuestro Grupo ha presentado a
esta Sección, la número 970, es coincidente en su intención con la número
77, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y con la número 30, de
la Senadora De Boneta. Nuestra enmienda tiene por objeto dotar de forma
suficiente las partidas destinadas a reforzar la labor de investigación
lingüística y sociocultural que efectúan las Reales Academias y las
instituciones autonómicas análogas adscritas a dicho Programa, como son
el Institut d'Estudis Catalans y la Real Academia de la Lengua Vasca, o
la Sociedad de Estudios Vascos.

La enmienda número 971 propone dotar presupuestariamente el convenio
firmado entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Fundación Orfeó
Català, para hacer frente al pago de la rehabilitación del Palau de la
Música de Barcelona. Por tanto, en este caso se trata de completar un
convenio ya existente.

En cuanto a la enmienda número 972, pretende posibilitar la redacción del
proyecto e inicio de la obra del Instituto de ESO para la comarca del Pla
de Mallorca, a ubicar en Sineu.

Por último, la enmienda número 973 propone continuar la contribución del
Ministerio de Educación y Cultura, ya iniciada en otros períodos
presupuestarios, para las obras del Teatro-Auditorio de la Lira, de
Amposta, en su segunda y última fase.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 1.101 y 1.102 a 1.188, tiene la palabra
el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor IGLESIAS MARCELO: Muchas gracias, señor Presidente.

Para contribuir a la economía de este proceso, anuncio que retiramos la
enmienda número 1.131, ya que su texto está duplicado respecto de otra
anterior, así como la enmienda número 1.161, por ser exactamente igual
que una enmienda del Grupo Canario admitida en el trámite de Ponencia.

Por tanto, al ser innecesaria, retiramos esta enmienda.

Creo que hay tres notas fundamentales que podrían definir la posición del
Grupo Parlamentario Socialista respecto de la Sección 18. Por un lado,
presentamos una enmienda de veto, una enmienda a la totalidad, lo que
significa que existe una actitud de disenso, de no conformidad, de no
aceptación de lo que se plantea en la Sección 18.

Por otra parte, hay un conjunto de enmiendas parciales, más de ochenta,
que introducen modificaciones en los créditos presupuestarios por un
importe global de algo más de 23.000 millones de pesetas. Llamo su
atención en este punto, porque se trata de aumentar créditos en una
Sección que tiene más de un billón 100.000 millones de pesetas, en la
que, como digo, solicitamos aumentos de créditos por más de 23.000
millones de pesetas, lo que supone un porcentaje pequeño de aumento sobre
los créditos que esta Sección distribuye. Por tanto, existe alguna ligera
discrepancia respecto del contenido cuantitativo de la Sección.

Por último, la tercera nota hace referencia a que las enmiendas que hemos
presentado a la Sección 18 constituyen algo más del 25 por ciento de las
que nuestro Grupo parlamentario presenta a este proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, ese número de enmiendas
refleja que esta Sección constituye uno de los temas de debate político
más de fondo de lo que los presupuestos encierran.

Creo que estas tres notas definen bien nuestra posición.

En primer lugar, como he dicho, presentamos una enmienda de veto, una
enmienda de devolución al Gobierno de la Sección 18. En este sentido, he
de decir con toda claridad que, teniendo en cuenta que la educación es
uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar, de la
igualación de las personas que se enfrentan con el destino de sus propias
vidas, creemos que el presupuesto de Educación y Cultura para 1997
constituye un duro golpe al Estado del bienestar que, con mucho esfuerzo,
se ha venido construyendo durante los últimos años.

Pensamos que este proyecto de presupuestos quiebra una trayectoria
largamente mantenida, durante más de una década, en la que el gasto en
educación ha aumentado de manera importante, sostenida; unas veces más, y
otras menos. Como digo, este proyecto de presupuestos quiebra esa
tendencia.

Por tanto, porque este proyecto supone un recorte importante en términos
de pesetas corrientes; porque supone



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un desigual trato para distintos sectores de la comunidad educativa;
porque entraña importantes dificultades para la puesta en práctica de la
reforma educativa --que se encuentra en uno de los momentos cruciales de
su desarrollo--, y por lo que hay detrás de los Capítulos
presupuestarios, por su filosofía --que no compartimos--, no podemos
admitirlo, y presentamos una enmienda de veto para la devolución al
Gobierno de la Sección 18.

En términos absolutos, el proyecto de presupuestos para 1997 de Educación
y Cultura supone un recorte total de 23.000 millones de pesetas respecto
del presupuesto inicial, nonato, de 1996. Insisto, se trata de 23.000
millones de pesetas menos de presupuesto.

El recorte en presupuestos es una noticia que siempre inquieta, que es
preocupante, y de ello se deduce el esfuerzo que el Gobierno y el Grupo
Parlamentario que lo sustenta han estado realizando desde la presentación
del proyecto de ley para convencer a la opinión pública de que este
proyecto de presupuestos no encierra recorte presupuestario significativo
alguno de la Sección 18, de Educación y Cultura.

Sin embargo, nosotros decimos que este presupuesto supone una rebaja de
2,5 puntos respecto de los créditos iniciales del año anterior. Insisto,
se trata de 2,5 puntos que, sumados a 2,6 puntos de inflación,
constituyen una merma de recursos del 5,1 por ciento sobre los créditos
disponibles con anterioridad.

Pero en el supuesto de que la hipótesis manejada por el Gobierno acerca
de que, comparando este presupuesto con las cifras finales disponibles de
1996 --recortadas a lo largo del año en diversas cuantías para
educación--, eso suponga, como ha defendido la Ministra de Educación en
varias ocasiones, una mejora del 0,7 por ciento del presupuesto en
términos de pesetas nominales, habrá que concluir que, si aumenta el 0,7
por ciento en pesetas nominales, disminuye el 1,9 por ciento en pesetas
constantes. Es decir, incluso en la hipótesis más favorable de las
defendidas por el Gobierno, este presupuesto supone un recorte de
posibilidades reales de gasto en educación y en cultura para nuestro
país.

Por tanto, disminuye el gasto en educación; disminuye el peso de la
educación en el conjunto del gasto del Estado, y disminuye el peso del
gasto en educación sobre el PIB nacional. Esa es, pues, una de las
razones por las que debemos solicitar su devolución.

Estamos convencidos de que este presupuesto tiene que ser austero, de que
tiene que ser restrictivo, «ma non troppo»; es decir, no debe ser
demasiado restrictivo. Creo que si se aprieta tanto el cinturón, corremos
el riesgo, no de afinar la figura, sino de asfixiar al receptor del
cinturón, y en este caso existe el riesgo de que la inversión educativa y
los gasto en educación asfixien las posibilidades de desarrollo de
nuestro sistema educativo.

No nos quejamos, pues, de que éste sea un presupuesto austero, de que sea
restrictivo, porque tiene que serlo, pero no demasiado. Prueba de ello es
que, como he dicho, pedimos un aumento de créditos por un importe de
23.000 millones de pesetas; pero no más. Creemos que esa cantidad sería
suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos que tiene
planteados en estos momentos nuestro sistema educativo.

Pero hay algunas razones más, que voy a exponer muy brevemente. Por un
lado, existe el riesgo de que este presupuesto constituya un marco de
referencia pésimo para la negociación de las transferencias educativas a
las Comunidades del artículo 143 de la Constitución. Y tenemos noticia de
que los respectivos Consejeros de Educación, no sólo de las Comunidades
gobernadas por el Partido Socialista, sino de las gobernadas por el
Partido Popular, ya han manifestado su recelo frente a una negociación de
competencias que tenga como referencia las dotaciones presupuestarias del
año 1997. No será posible negociar ni firmar transferencias con esas
dotaciones de recursos y, por tanto, enmarcamos de pésima forma una
negociación de transferencias de competencias educativas, que es un reto
muy importante para el año 1997, que debería estar en juego en el año
1998, pero que me temo que no va a ser posible.

En este presupuesto también hay una distorsión importante respecto de
equilibrios históricos penosa y dificultosamente conseguidos; que no se
pueden tirar por la ventana, que hay que mantener y romper, aunque sea en
una mínima forma, constituye riesgos evidentes, los cuales empiezan a
advertirse en el desasosiego que hay en el mundo educativo, en los
alumnos, en los padres, en los profesores, en los centros, en las
Comunidades Autónomas, respecto de la política educativa del Gobierno.

Esa especie de hervor soterrado y profundo puede dar explosiones
terribles. Es hora y es momento de remediar esas cosas. Hay una
distorsión entre dotaciones a la enseñanza de titularidad estatal y a la
de titularidad privada concertada. Hay una distorsión significativa,
importante, que rompe un equilibrio histórico que no debería de romperse
nunca.

Hay también una distorsión en el reparto territorial de las dotaciones,
porque qué suerte tan distinta van a correr las Comunidades Autónomas que
tienen transferidas las competencias educativas y cuyos servicios
transferidos experimentan un aumento del 6,5 por ciento en el presupuesto
del año 1997 y, por tanto, teóricamente un aumento lineal de todas las
transferencias recibidas, incluidas las de educación, más 6,5 por ciento,
aunque no obligatoriamente igual para todos ellos, menos el 2,5 por
ciento de retroceso de las dotaciones de este presupuesto. Una distorsión
de más de 8 puntos entre estar en Valencia, Andalucía, Cataluña, País
Vasco --aunque su régimen es absolutamente distinto--, a estar en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León o en Extremadura.

Todo ello justifica nuestra posición de petición de devolución al
Gobierno, en la que va implícita la oferta de un gran pacto escolar.

Asociaciones poco sospechosas de estar a nuestro lado, como la Asociación
de Religiosos de la Enseñanza y la Concapa en Congresos recientemente
celebrados han levantado su voz pidiendo un gran acuerdo nacional por la
estabilidad del sistema educativo. Esa oferta está en pie, está viva, la
mantenemos y es todavía momento de firmar ese gran pacto.

Por todas esas razones nosotros solicitamos la devolución al Gobierno de
la Sección 18.




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En cuanto a nuestras enmiendas, me referiré muy rápidamente a ellas
porque son bastantes y no quiero hacer un examen pormenorizado de todas.

En general persiguen un objetivo común: reponer a los niveles del nonato
presupuesto del año 1996 los créditos presupuestarios de educación y de
cultura. Ni una peseta más ni una menos.

Detrás de aquel proyecto de presupuesto había una voluntad política, que
no es un simple ejercicio de voluntarismo, sino el resultado de un
análisis pormenorizado de las necesidades del sistema educativo en un
momento crucial de su desarrollo. Justamente eso es lo que nosotros
venimos a pedir en el conjunto de nuestras enmiendas.

Pedimos inversión nueva en educación secundaria, formación profesional y
escuelas oficiales de idiomas. Y en inversión de reposición para todas
las Comunidades Autónomas del artículo 143 pedimos las cantidades
suficientes para poder realizar los gastos de inversión y de reposición
necesarios para aplicar correctamente el sistema educativo.

Extremadura pierde más de 2.000 millones de pesetas; Castilla y León,
cerca de 2.000; Castilla-La Mancha, 2.183; Asturias, cerca de mil
millones de inversión; Aragón, casi 900; Madrid, 1.922 millones de
inversión sobre lo previsto. Hay Comunidades Autónomas donde, con las
cantidades que se consignan para inversión nueva, no se podrá construir
en el año 1997 ni un solo instituto de secundaria, ni uno solo, cuando
las necesidades han sido contadas y medidas austeramente. Los Senadores
del Grupo Parlamentario Popular nos han dado buen ejemplo en los años
anteriores solicitando inversiones pormenorizadas en los pueblos de sus
circunscripciones, que nunca dijimos que estuvieran mal --estaban bien,
naturalmente--. Ahora esas posibilidades de inversión son prácticamente
nulas.

En cuanto a las inversiones en el gasto de funcionamiento de los centros,
en los meses de agosto, septiembre y octubre del año próximo los centros
educativos no tendrán un duro para su funcionamiento, porque los gastos
de funcionamiento de institutos, de centros de primaria, de infantil, de
educación especial se recortan en más del 20 por ciento. Hay que reponer
cantidades importantes para los gastos de funcionamiento de los centros.

Algunas de las enmiendas que presentamos contienen cierta novedad
respecto de las presentadas en el Congreso de los Diputados y del
proyecto de presupuestos del año anterior. Por ejemplo, la solicitud de
una dotación para la Federación de Universidades Populares, que nos
parece extraordinariamente importante; un aumento significativo de las
becas y ayudas para estudiantes que, aunque mantienen prácticamente el
mismo nivel que en el presupuesto pasado, significan una disminución en
términos reales porque no aumenta ni siquiera el importe de la inflación.

Por tanto, hay una serie de enmiendas cuyo objetivo es reponer las
inversiones, las dotaciones, las subvenciones en cultura, en los
distintos aspectos del presupuesto.

Para terminar y sin hacer mención de otras muchas enmiendas que tengo
vivas, que seguramente tendremos ocasión de defender en el Pleno, como,
naturalmente, no todo van a ser críticas, porque algún aspecto de las
propuestas que hace el Grupo Parlamentario Popular nos merecen la
aprobación, quiero subrayar solamente dos peticiones, una del Grupo
Parlamentario Popular y otra presentada conjuntamente en enmiendas
coincidentes del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y de la
Senadora De Boneta. Estamos de acuerdo con la enmienda número 1.345, del
Grupo Parlamentario Popular, respecto de una dotación para una fundación
que nos parece extraordinariamente interesante, así como con el aumento
de las dotaciones para los gastos de las Reales Academias, incluyendo las
de los territorios autónomos, para el cuidado de las lenguas, que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y la
Senadora De Boneta.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la fijación de la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el Senador Fernández Rozada.




El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, diré que vamos a rechazar los vetos presentados a la
Sección 18 del Ministerio de Educación y Cultura y me referiré muy
brevemente a las enmiendas a esta Sección, que han tenido a bien formular
el resto de los grupos parlamentarios.

Quiero agradecer el tono de quienes han intervenido en defensa de sus
enmiendas o de los vetos, lo cual demuestra un afán constructivo que
siempre es positivo, sobre todo, cuando se trata de temas referidos a la
educación y a la cultura.

Es cierto y empiezo por reconocer que, siendo los presupuestos la Ley que
enmarca la política general de los Gobiernos y, por tanto, la más
importante de los Parlamentos, nos gustaría a todos --yo lo decía cuando
intervenía como portavoz de este Grupo Parlamentario en la oposición--
que los medios y los recursos no fuesen tan escasos y pudiéramos tener
efectivamente presupuestos no tan ajustados, no tan restrictivos. Pero
creo que en esta ocasión deben reconocer sus señorías que, en un solo
presupuesto, el Gobierno de España, el Gobierno que preside nuestro
Presidente nacional, tiene que adoptar una serie de criterios que nos
permitan, a partir de Maastricht, entrar en Europa con la cabeza alta y
con posibilidades de un desarrollo posterior y de alcanzar un bienestar.

Sus señorías tendrán que reconocer que esos criterios, sin duda alguna,
obligan también a ciertas restricciones, sin que eso dé lugar a que nos
retrotraigamos en el tiempo y encontrar o buscar a los culpables de la
llegada al año 1997 en las circunstancias históricas en las que España se
encuentra. Por eso cuando se habla de homologar y cuando se habla, por
una parte, de menos restrictivos y menos austeros, resulta difícil
entender, salvo contradicción manifiesta, posiciones que después, de
alguna forma, quieren llevar al ánimo de los Senadores que apoyamos al
actual Gobierno que pidamos la devolución de este presupuesto, cuando
creo que, en Educación y Cultura, es el presupuesto que se aconseja



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para, como ya he dicho, poder cumplir esos criterios de entrada en
Europa.

El presupuesto, en efecto, es de 1 billón 69.461 millones de pesetas, un
incremento, por lo tanto, de unos 7.256 millones de pesetas sobre el
gasto disponible en 1996. Este presupuesto, señorías, es riguroso. Cuenta
con dotación presupuestaria suficiente para cubrir las necesidades y los
objetivos del Ministerio, que son los siguientes: una educación libre, de
calidad y gratuita en los niveles obligatorios; el fomento de la cultura;
la preservación del patrimonio histórico-artístico y un significado
impulso a la ciencia y a la promoción del deporte.

Como peculiaridades más significativas resalta la integración de los dos
antiguos ministerios de Educación y Ciencia y Cultura, la implantación
generalizada del primer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el
descenso de la población en edad escolar en 166.000 alumnos menos en toda
España, 80.000 menos en el territorio MEC. Este presupuesto, destinado
globalmente a la enseñanza infantil Primaria y Secundaria, representa un
incremento neto de 9.916 millones de pesetas respecto al de 1996, que
considerando, como decía antes, la disminución del alumnado en esta
enseñanza, supone sin duda una mejora de los estándares de calidad en el
servicio público de la Educación que se pone de manifiesto en el gasto
medio por alumno. Invito a sus señorías a que lo hagan y así podrán
comprobar esta aseveración.

Finalmente, éste es un presupuesto riguroso y solidario con los objetivos
económicos del país. Es, además, suficiente y adecuado para cumplir los
objetivos del Departamento, basados, sin duda alguna, en la libertad y en
la calidad de la enseñanza.

No voy a entrar aquí en el debate de fondo sobre las formas de obtener
esa calidad de enseñanza y, sobre todo, respecto a esa acusación de
desviación de fondos públicos hacia la enseñanza privada concertada,
cuestión que no es así. Si se hace referencia a los datos que me acaba de
citar, se verá claramente que se da un trato igual tanto a la defensa de
la enseñanza pública como a la de la enseñanza concertada. Nosotros
seguimos apostando, por encima de lo público y de lo privado, por una
enseñanza pública pero también de calidad, y por una enseñanza privada,
como es lógico concertada, también de calidad, porque para que se dé la
libertad de enseñanza, cuando se tiene la garantía del ejercicio de la
libertad para elegir centro y, por lo tanto, para cumplir con el
requisito constitucional de que haya una oferta plural --y ahí está, sin
duda alguna, para garantizar esa oferta plural--, tendrá que funcionar no
sólo el sistema público, sino también el privado. Indudablemente, en esa
garantía de libertad se esconde también el respeto al mantenimiento de
los medios que puedan posibilitar, al igual que en la enseñanza pública,
una calidad dentro de la enseñanza privada concertada, por eso no vamos a
entrar aquí en ese debate. Probablemente, como decía el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, tendremos ocasión de hacerlo en el
trámite de Pleno.

Sí deseo decir que nosotros, por todas estas razones, consideramos que
debemos votar negativamente los vetos presentados.

En cuanto a las enmiendas de otros grupos, quiero manifestar que las
enmiendas de Eusko Alkartasuna, del Grupo Mixto, se refieren a
competencias transferidas a la Comunidad Autónoma del País Vasco y, por
lo tanto, es dicha Comunidad la que tiene que tomar la decisión sobre el
incremento o no de dichas partidas.

Respecto a la Sección 31, ha de tenerse en cuenta la función para la que
está destinada dicha sección, y que no sirva como instrumento inadecuado
para el descenso de sus partidas.

De igual manera, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos corresponden a competencias traspasadas a su
Comunidad, por lo que creemos que es el Gobierno del País Vasco el que
debe tomar la decisión sobre el incremento o descenso de dichas
cantidades.

Por lo que se refiere a la enmienda de Izquierda Unida, del Grupo Mixto,
referida al veto, ya he tenido ocasión de dar las razones por las que
vamos a rechazarla. También votaremos de forma negativa sus enmiendas
porque significan un incremento del gasto destinado a Universidades,
suprimiendo, por ejemplo, el gasto destinado a la Conferencia Episcopal
para la enseñanza de la Religión, que es un acuerdo interestatal que
tiene el Estado de la nación y que debemos cumplir.

En cuanto a la gratuidad en centros de enseñanza infantil en Primaria, la
libertad de enseñanza es un derecho constitucional y, a nuestro juicio,
quien no lo defienda no está defendiendo lo que dice la propia
Constitución.

El resto de las enmiendas se producen dando de baja la Sección 31,
práctica parlamentaria que no es adecuada si se tiene en cuenta la Ley
General Presupuestaria.

Por lo que se refiere a las enmiendas de Coalición Canaria, del Grupo
Mixto-Baleares, del Grupo Mixto de Aragón, es probable que haya alguna
transacción y que, en algunos casos, podamos hablar de forma constructiva
y positiva.

En cuanto a las enmiendas socialistas, es indudable que todas ellas no
plantean un presupuesto alternativo al presentado por el Gobierno, ya que
las bajas que se proponen se producen todas ellas en la Sección 31.

Indico --y vuelvo a repetirlo por tercera vez-- que la práctica
presupuestaria de proponer bajas nos parece totalmente incorrecta cuando
se acude para ello, de forma generalizada, a la Sección 31, porque esta
Sección está concebida precisamente con otras finalidades. Pero, además,
muchas de las enmiendas socialistas se refieren a un presupuesto base
para 1996 inexistente, ya que no fue aprobado por la Cámara. Por esta
razón, todos los datos de los que parten dichas enmiendas tienen, a
nuestro juicio, una base falsa, ya que los incrementos que proponen se
realizan a partir de un presupuesto base inexistente que fue rechazado
por la Cámara. En todo caso, probablemente en el trámite de Pleno de
estos Presupuestos y en esta Sección, tendremos ocasión de incidir en
ciertos aspectos de algunas enmiendas que, a nuestro juicio, también
tienen un afán constructivo, pero algunas de ellas se enmarcan dentro de
las de otros grupos, y es posible que puedan tener un resultado final
positivo. En todo caso --insisto-- quiero finalizar agradeciendo



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el tono empleado, a lo largo de la tarde, por los intervinientes en el
debate de esta Sección.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos ahora a la Sección 19, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
y a la Sección 60, Seguridad Social e Inserso.

Para la defensa de la enmienda de veto número 47 tiene la palabra la
señora De Boneta.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Queremos manifestar una vez más que las razones de nuestra enmienda de
veto se fundamentan en que entre nuestras competencias exclusivas
estatutarias se encuentran también los aspectos que se recogen en esta
Sección.

Pues bien, habiendo transcurrido diecisiete años desde que se aprobó el
Estatuto de Guernica, no sólo no ha sido iniciado el trámite de
transferencias, sino que no hay voluntad política alguna de
transferirlas. Por tanto, eso justifica nuestro rechazo a las partidas
que se contienen en esta Sección, ya que parte de ellas deberían estar
contempladas ya en los presupuestos de nuestra Comunidad Autónoma de
haberse transferido esas competencias exclusivas.

Muchas gracias. (El señor Vicepresidente, Unceta Antón, ocupa la
Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senadora De Boneta.

Pasamos a la defensa de la enmienda de veto número 632, de las números
633 a 650, ambas inclusive, y de la número 824 que ha quedado descolgada.

Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señor Presidente.

En cuanto a nuestra enmienda de veto, también en los presupuestos
destinados al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales apreciamos una
reducción alarmante. El gasto de este Ministerio se ve reducido en un
30,3 en relación a presupuestos anteriores.

Creemos que esa reducción no se justifica en absoluto ya que,
independientemente de que el INEM y otros organismos hayan terminado este
ejercicio presupuestario con superávit, es decir, sin gastar lo que
tenían asignado, consideramos que se trata de una baja demasiado
sensible.

Por otra parte, hemos podido apreciar cómo van disminuyendo las partidas
presupuestarias --por eso las enmiendas tienen relación con nuestro
veto-- en temas que despiertan una gran sensibilidad, por ejemplo, la
cobertura para la inmigración, para las mujeres, para los colectivos más
desprotegidos, por ejemplo, el de los gitanos, etcétera. Las partidas van
disminuyendo progresivamente, de tal manera que lo que debería suponer un
impulso a las necesidades sociales de los más desprotegidos, no sólo no
tiene continuidad, sino que sufre un retroceso en la política
presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

También hemos percibido que disminuyen las cantidades asignadas a
garantías para los colectivos inmersos en la Seguridad Social,
discapacitados, jubilaciones temporales, etcétera.

Por el contrario, se prevén unos ingresos en función de una mayor
actividad, de una mayor reactivación del mercado de trabajo que
consideramos son demasiado optimistas --ojalá nos equivoquemos.

Por tanto, en función de los presupuestos destinados al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales planteamos este veto. Por otra parte, nuestras
enmiendas intentan corregir algunos retrocesos en temas vitales, entre
otros, el apoyo a los más marginados de nuestra sociedad.

Mantenemos, pues, nuestro veto y asimismo nuestras enmiendas.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Muchas gracias.

Enmienda número 891 del Senador Armas Rodríguez.

Para su defensa tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, esta enmienda se refiere a la
construcción de un edificio para albergar las oficinas del Instituto
Nacional de Empleo en Arrecife.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias.

Enmiendas números 974 y 979 del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió.

Tiene la palabra el Senador Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

La enmienda número 974 tiene por objeto dotar con 49 millones 514.000
pesetas una partida con la intención de mantener el número de personal
funcionario del INEM destinado a la realización de políticas activas del
mercado de trabajo en lugar de reducir su número y aumentar el número de
funcionarios adscritos a programas de carácter pasivo.

En la enmienda número 979 se dotan unas transferencias del Inserso con un
importe de 1.934 millones de pesetas, concretamente a la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para impulsar el programa-piloto que habrá de
permitir la optimización de los recursos existentes destinados a
actividades asistenciales de la tercera edad. Estos programas-piloto se
han iniciado exclusivamente por parte de la Generalitat y necesitan
dotarse de estos fondos para que puedan ser llevados a cabo con
efectividad.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Gracias, Senador Cambra.

Pasamos ya a la defensa de los cuatro vetos presentados por el Grupo
Socialista a las Secciones referentes al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Seguridad Social e Inserso, que se corresponden con las
enmiendas números



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1.305, 1.306, 1.307 y 1.310, y asimismo a la defensa de las enmiendas
1.189 a 1.212, ambas inclusive, y enmienda número 1.308.

Para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez de la Borbolla.




El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Señor Presidente, presentamos
una serie de vetos a la Sección 19 y a la Sección 60, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social.

Encuadradas en esos vetos y en una misma filosofía, por si no fueran
éstos aceptados, presentamos también una serie de enmiendas.

Presentamos los vetos por una razón fundamental a nuestro juicio. No se
trata tanto de intentar buscar un baremo de comparación entre unos
presupuestos y otros, como de plantear una comparación entre los
presupuestos y los objetivos marcados por el Gobierno.

Pensamos que con estos presupuestos los objetivos que marca el Gobierno
--objetivos que le condicionan de un modo externo, me estoy refiriendo,
por ejemplo, a los Pactos de Toledo--, son difícilmente alcanzables en
función de nuestros cálculos y en función de las previsiones que se
pueden barajar en referencia al crecimiento de fondos genéricos del
sistema, crecimiento de las tasas de ocupados y de personas protegidas.

Sin querer hacer catastrofismo, quisiera decir que este presupuesto pone
en riesgo el futuro equilibrio del sistema de protección social. Por ello
proponemos la devolución al Gobierno, de la misma manera que consideramos
que con este presupuesto es muy difícil alcanzar los objetivos de
promoción de empleo, mejora de las condiciones de formación profesional y
atención a determinados colectivos sociales por parte de la acción de
Gobierno. Por eso proponemos también vetos a la Sección 19.

Señor Presidente, pido perdón porque mi estado físico no es en este
momento el mejor posible, aunque en realidad el mejor posible ya no lo
será nunca. (Risas.) En cualquier caso, mi estado físico es lamentable a
causa de un resfriado.

Decía que en el marco de esos vetos se incluyen una serie de enmiendas,
una serie de impugnaciones a distintas áreas y organismos autónomos.

Entre otras, proponemos las enmiendas números 1.189 a 1.193 y la número
1.308. Y el conjunto de enmiendas se podría enmarcar en cuatro líneas de
razonamiento. Primera línea, la enmienda 1.194 hace referencia a la
necesidad que nosotros entendemos que existe de una mayor aportación del
Estado para financiar los complementos de mínimos de pensiones. Segunda
línea, pensamos que es necesario desarrollar una serie de acciones
positivas, no simplemente mantener acciones procedentes de etapas
anteriores, sino acciones positivas nuevas con respecto a determinados
colectivos sociales, y a ésta van referidas las enmiendas números 1.200 a
1.209. Tercera línea, las políticas activas de empleo que pensamos que
deben ser complementadas con nuevas iniciativas, cuales son las que se
integran en las enmiendas números 1.195 a 1.199, y, entre las políticas
activas de empleo, hago referencia a una muy específica y que no se debe
considerar como de carácter simbólico, que es la enmienda número 1.210,
mediante la cual se postula un plan especial de empleo, de un costo
relativamente poco alto, para Ceuta y Melilla. Y, finalmente, hay una
cuarta línea dirigida a la promoción y fomento de investigaciones
sociales por parte de entidades representativas de los agentes sociales,
de los sindicatos. En este sentido, se plantea en las enmiendas 1.211 y
1.212 la posibilidad de una subvención para el desarrollo de líneas de
investigación social tanto por parte de la Fundación Primero de Mayo como
por parte de la Fundación Largo Caballero.

Como es evidente, señor Presidente, la argumentación de estas enmiendas
podría ser más prolija, y esperamos hacerla en mejores condiciones en el
Pleno, pero espero que haya quedado suficientemente explícita nuestra
posición.




El señor VICEPRESIDENTE (Unceta Antón): Eso le deseamos todos, y esta
Presidencia, señor Rodríguez de la Borbolla, desea que pase usted el
trance de la gripe, porque este Presidente también sabe lo que es, y que
en el Pleno esté usted en perfectas condiciones, que, por otro lado, no
se le ha notado en la argumentación que usted ha presentado, o sea, que
ha estado muy bien.

Para la defensa de las enmiendas números 1.347, 1.354, 1.355, 1.370 y
1.379, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Lobo.




El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, voy a intentar responder brevemente a las enmiendas de
veto presentadas por Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Socialista,
el Grupo Parlamentario Mixto, en la representación de Eusko Alkartasuna,
a esta Sección 19.

De los Presupuestos recogidos en esta Sección 19, dice la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, aunque el señor Rodríguez de la Borbolla
no lo ha expresado aquí, que son nada más y nada menos que insolventes,
insostenibles e insolidarios, e Izquierda Unida los califica de
insuficientes. Es evidente, señorías, señor Presidente, que mi Grupo no
está en absoluto de acuerdo, y por ello vamos a rechazar las tres
enmiendas de veto, y lo hacemos en la convicción de que el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales pone en la elaboración de estos Presupuestos
su participación en las cuentas del Estado al servicio del
fortalecimiento del bienestar y la solidaridad, y hace un esfuerzo de los
niveles de cobertura y calidad a través de la introducción de medidas de
protección social, de mejora de la gestión de los recursos y de la lucha
contra el fraude. Este objetivo, que además es un compromiso claro del
Gobierno, se ha definido como una de las máximas prioridades del
Departamento, plasmándose, entre otros aspectos, en el mantenimiento de
la capacidad adquisitiva de las pensiones, en un importante esfuerzo en
políticas activas de empleo, con un crecimiento medio ponderado de estas
políticas del 3,75 por ciento, y en el mantenimiento de dedicación
presupuestaria a programas relativos a la mujer, a la juventud, al menor,
a la familia y a la seguridad e higiene en el trabajo, así como un ligero
aumento y un ligero crecimiento --lo digo para tranquilizar al portavoz
de Izquierda



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Unida-- en las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial, que todos
conocemos como Fogasa.

En efecto, hemos de decir, señorías, que programas como acción en favor
de los emigrantes, atención a la infancia y a la familia y administración
de las relaciones laborales y condiciones de trabajo experimentan
aumentos respecto a los Presupuestos base de 1996 del 9,4 por ciento, del
10 por ciento y del 2,6, respectivamente.

Por lo que respecta a los programas dedicados a la juventud y a la
promoción de la mujer, ambos se estabilizan en los niveles del
presupuesto base de 1996, lo que puede considerarse positivo en unos
Presupuestos para 1997 que son claramente restrictivos. En definitiva, el
Departamento, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la Sección
19, participa en 1997 con 19 programas, de los que 11 aumentan, dos se
mantienen en los niveles anteriores y seis disminuyen. En consecuencia,
el total del presupuesto no financiero del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, incluidos los organismos autónomos y el Consejo
Económico Social, asciende a dos billones 131.951 millones de pesetas y a
dos billones 637.654 millones, si tenemos en cuenta, además, las
operaciones financieras. Si a esta cantidad sumamos el presupuesto de la
Seguridad Social, Sección 60, cuyo importe es de 12 billones 134.647
millones de pesetas, el resultado es un presupuesto consolidado para el
conjunto de las secciones 19 y 60 de 14 billones 772.291 millones de
pesetas. Comprenderán sus señorías que este presupuesto nos parece
solvente, sostenible, como yo creo que acabo de demostrar, y solidario y
suficiente, a la par que ajustado a la realidad y austero.

Voy a fijar también la posición de mi Grupo Parlamentario respecto a las
enmiendas presentadas por los otros grupos a la Sección 19 en lo que hace
referencia al área de trabajo; voy a dejar la defensa de las relativas a
asuntos sociales a mi compañero, el Senador Armario, y doy por defendidas
las enmiendas de mi Grupo que hayan podido permanecer vivas relativas a
esta Sección. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Comenzando por las enmiendas de totalidad del Grupo Parlamentario
Socialista relativas a los distintos institutos, que son, me parece, las
números 1.189, 1.192 y 1.193, tengo que decir que las vamos a rechazar,
dado que entendemos que no son acordes con la realidad del momento,
puesto que está basada la petición de esta enmienda en que los
institutos, porcentualmente, reducen el gasto presupuestado, cuando en
realidad lo que ocurre es que la reducción presupuestaria apreciada tanto
en seguridad e higiene como en economía social se debe a las
transferencias que en la inmensa mayoría de estas competencias se han
realizado últimamente a las Comunidades Autónomas del artículo 143.

Y por lo que al INEM se refiere, tampoco podemos estar de acuerdo con el
veto, toda vez que nosotros creemos que el escenario de crecimiento de
empleo del que nosotros partimos es el más acorde con la situación
económica prevista para el próximo ejercicio y cuando, por otra parte,
además, el gasto en políticas activas aumenta un 6,5 por ciento en
términos brutos con respecto al presupuesto de 1995, prorrogado a 1996. Y
no nos parece asumible la pretensión de las enmiendas socialistas de
compensar el ahorro en prestaciones por desempleo con un gasto
equivalente en políticas activas, dada la distinta naturaleza de ambos
gastos.

Por lo que respecta a las enmiendas de tipo parcial, rechazamos las del
Grupo Parlamentario Socialista, las del Grupo Parlamentario Mixto y las
de Izquierda Unida, y diré muy brevemente que no las podemos aceptar dado
que los créditos destinados a los fines previstos en estos Presupuestos,
y que pretenden ser modificados por estas enmiendas, se mantienen, como
acabo de demostrar creo que abundantemente, y en muchos casos se
incrementan respecto a los Presupuestos de 1995, y por tanto los
consideramos suficientes para los fines que han de cumplir, teniendo
además en cuenta el marco restrictivo en el que nos desenvolvemos y en el
que nos encontramos.

Por lo que respecta a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, la número 974, no coincidimos en los
datos, en el número de profesores del INEM que deben estar adscritos al
programa de escuelas taller y casas de oficio, y por tanto dejamos
abierta esta enmienda a una negociación con el Grupo enmendante, por si
se puede llegar a un acuerdo o a una aproximación en este sentido.

Por lo que respecta a la Sección 60, y para agotar este turno en contra
de las enmiendas presentadas por los distintos Grupos, trataré también
muy brevemente de contestar a las presentadas a esta Sección en la parte
que hace referencia a la Seguridad Social, y dejaré a mi compañero, el
Senador Armario, las relativas al Inserso. Es decir, mi intervención se
ceñirá a las enmiendas números 1.305, 1.306, 1.307, 1.308 y a las 47 y 48
de la Senadora De Boneta, del Grupo Parlamentario Mixto.

El Grupo Socialista presenta también enmiendas de veto a esta Sección
alegando reducción del crecimiento de las aportaciones del Estado a la
Seguridad Social, lo que nos obliga a sobrevalorar los ingresos por
cotizaciones y a minusvalorar los gastos de pensiones e incapacidad.

Pues bien, vamos a rechazar estas enmiendas, dado que las aportaciones
del Estado a la Seguridad Social no sólo no se reducen sino que se
incrementan en un 5,3 por ciento con respecto a 1996. Por lo que se
refiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el crecimiento es
del 5,36. Asimismo, tampoco se da una sobreestimación en los ingresos por
cotizaciones, lo que sí se produce es un incremento en el número de
cotizantes y, además, un incremento de la base media del 4,4 por ciento
para 1997, dándose además variaciones en los demás conceptos que integran
la cotización. Si a esto añadimos la lucha contra el fraude y la
morosidad, creemos que puede alcanzarse un resultado positivo.

Por lo que se refiere a las enmiendas números 47 y 48, de la señora De
Boneta, del Grupo Parlamentario Mixto, no podemos admitirlas dado que el
Gobierno considera que el principio de unidad de caja no es un tema que
esté en cuestión.

Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso, cedo la palabra a mi
compañero, el Senador Armario.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el Senador Armario.




El señor ARMARIO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

En primer lugar, he de mostrar la satisfacción del Grupo Popular por el
hecho de que a pesar de estar en el debate de un Presupuesto que se
considera austero y restrictivo, el área de asuntos sociales se vea
incrementada, lo cual dice mucho del compromiso de este Gobierno para
desarrollar las políticas encaminadas a la mejora del Estado de Bienestar
Social.

Respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, todas con planteamientos
incorrectos en su aplicación presupuestaria, las números 635 y 636 piden
un aumento de crédito para el Plan Gerontológico, y debo decir que éste
tiene un crédito en el proyecto de presupuestos de 4.200 millones, lo que
representa, con respecto a 1996, un 5 por ciento de aumento que
consideramos suficiente para desarrollar las políticas relacionadas con
la tercera edad.

En cuanto a las enmiendas 637 y 638 para programas de acción social para
la minoría étnica gitana, que solicita un aumento de 100 millones de
pesetas, he de decir que también existe la misma cuantía del Presupuesto
de 1996. Por lo tanto, lo consideramos óptimo para el desarrollo de estas
actividades, independientemente de que el plan concertado de la red de
servicios sociales, que tiene un incremento de 1.510 millones de pesetas,
puede destinarse para estos fines.

En cuanto a la enmienda 640, que solicita un aumento de crédito de 400
millones de las transferencias de Comunidades Autónomas a instituciones
sin ánimo de lucro, debo decir que precisamente en el proyecto de
Presupuesto de 1997 esa partida viene incrementada en un 18,5 por ciento.

En cuanto a la enmienda 646, para grupos y colectivos que trabajan por
los derechos de los gay y lesbianas, el capítulo tiene bastante dotación
para la atención del colectivo interesado, independientemente de que
exista un incremento del capítulo IV de un 10,7 por ciento en relación
con el de 1996 en 2.378 millones de pesetas. Lo mismo debo decir en
cuanto a la enmienda 647.

En relación a las enmiendas 641, 642, 643, 644 y 645, no se clarifican
los conceptos de alta y baja. Ya existe una dotación presupuestaria en el
proyecto de Presupuestos Generales y también está contemplada su
inclusión en los ejercicios siguientes en los conceptos 483.03 y 489.01
para cumplir con esta finalidad.

En cuanto a la enmienda 650, tiene un planteamiento incorrecto, ya que la
aplicación presupuestaria que se da de alta es la misma que se da de
baja. Por otra parte, no se entiende el sentido de proponer la atribución
de 225 millones a un órgano para supervisar la aplicación por otro de
unas ayudas de 55 millones.

En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, solicita un alta de 1.934 millones para actividades
asistenciales a la tercera edad, en convenio con la Generalitat de
Cataluña, cuyo incremento se financiaría a expensas de la minoración de
los créditos destinados a dar cobertura a la gestión no transferida aún
del Inserso y ello impediría la realización de los objetivos previstos en
dicha gestión directa.

Respecto a las enmiendas números 1.190 y 1.191 presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, solicitando la devolución del proyecto de
presupuestos del Instituto de la Mujer y del Instituto de la Juventud,
debo decir, señores socialistas, que si han existido restricciones a
estos presupuestos son las restricciones del Consejo de Ministros del 28
de diciembre de 1995. Si al Presupuesto prorrogado de 1995 se le deducen
estos Acuerdos del Consejo de Ministros, nos encontramos con un
Presupuesto inicial de 1996 menor que el previsto por el Gobierno para
1997, tanto para el Instituto de la Mujer como para el Instituto de la
Juventud.

Debo decir que el Presupuesto está confeccionado siguiendo unas normas de
austeridad y que creemos suficiente la dotación para los programas a
favor del pueblo gitano, en referencia a la enmienda número 1.204,
independientemente de que los programas también se pueden financiar por
ese Plan Concertado de servicios sociales con las Comunidades Autónomas y
corporaciones locales. Al igual que en la enmienda 1.200, se mantiene el
presupuesto de los servicios de atención primaria e infancia para 1996 y
figura con una nueva partida destinada a la atención de familias
desfavorecidas en situación de riesgo social, concepto 454.03, con un
importe de 130 millones de pesetas, que también incide en política de
menores.

No se justifica la cifra de incremento propuesta en la enmienda 1.201, si
bien somos conscientes de la necesidad de continuar con estas
prestaciones, pero el plan concertado se incrementa y, además, existe un
nuevo crédito de 218 millones de pesetas para la erradicación de la
pobreza.

En cuanto a las enmiendas 1.202 y 1.203, que solicitan un incremento de
1.200 y 1.600 millones al Plan Gerontológico, debo argumentar lo mismo
que en las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto e Izquierda Unida: el
aumento en el proyecto de Presupuesto de 1997 del plan gerontológico en
un 5 por ciento.

En cuanto a la enmienda 1.206, creemos que el proyecto satisface de forma
razonable la distribución de los recursos disponibles, más aún con la
enmienda que presenta nuestro Grupo, de un incremento de 164 millones y
medio en pensiones asistenciales para emigrantes.

Respecto a la enmienda 1.207, sobre dotación para el Plan Europeo
Integral de Inmigrantes, ya existe dotación presupuestaria en el proyecto
de Presupuesto y también está contemplada su inclusión en los ejercicios
siguientes para cumplir con esta finalidad, conceptos 480.01, 480.03 y
489.01.

En cuanto a la enmienda 1.208, que solicita un incremento de 400 millones
para dotar la campaña europea contra la xenofobia y racismo, tiene
también consignación en el concepto 483.03 y en otras partidas existentes
en el propio Ministerio de Asuntos Sociales y de otros Departamentos.

En cuanto a la enmienda 1.209, existe dotación presupuestaria, también
está contemplada su inclusión en los ejercicios siguientes, conceptos
480.01, 483.03 y 489.01.




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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular rechaza las enmiendas
presentadas por los distintos Grupos.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Pasamos, a continuación, a la discusión de la Sección 20, Industria y
Energía.

Para defender la enmienda de veto número 651 y las enmiendas 655, 656 y
657, tiene la palabra el señor Nieto Cicuéndez.




El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

A nadie se le escapará que el motivo del veto a esta Sección es la
preocupación que existe acerca de la empresa pública, porque lo que se
plantea en la misma es la privatización de todo aquello que sea rentable
y que pueda venderse, dejando en una situación enormemente precaria a la
minería del carbón al proponer que sea pagado a través de los recibos de
la luz de todos los ciudadanos. Creemos que esto no es una solución
acorde con lo que debía ser la política de energía en nuestro país y que
habría que buscar una solución acorde con la realidad, empezando por
mantener lo público rentable para impulsar la transformación necesaria de
las zonas deprimidas. Si hay que resolver el tema de la minería lo
correcto sería empezar a hacer inversiones productivas que permitieran
una reconversión en estos sectores deprimidos y no adoptar una solución
de parche --que es lo que vemos planteado-- que lo que va a traer como
consecuencia en un plazo más corto que largo es una situación de
inestabilidad y de deterioro de zonas importantes de nuestro país. No
vemos medida alguna en el sentido de hacer otro planteamiento de las
empresas públicas y de la energía que permitieran hacer una reconversión
real y efectiva que no dejara a las zonas de León y de Asturias
condenadas a medio plazo a la desertización.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nieto.

A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario
Mixto para defender la enmienda número 914 de la señora Costa Serra.




El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Se defiende en sus mismos términos una subvención para el agua desalada
de Formentera.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Franco
Gutiez para la defensa de las enmiendas números 1.213, de veto, y 1.214.




El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

La enmienda de veto del Grupo Parlamentario Socialista a la Sección 20,
Industria y Energía, viene determinada por lo que consideramos que es un
mal diseño para la industria española durante 1997. Y es un mal diseño
porque la reordenación que se hace en el Ministerio de Industria y la
política empresarial que ha hecho el Gobierno conduce a desajustes, a
privar al Ministerio de instrumentos operativos, a que puedan aparecer
distintos objetivos que sean contradictorios entre los distintos
departamentos que van a diseñar la política industrial en el futuro.

Desde esta perspectiva, creemos que, tal y como está diseñada, no hay una
política industrial activa porque no hay posibilidad de desarrollar una
política horizontal, ni hay posibilidad de desarrollar una política
sectorial industrial, ni hay posibilidad --tal y como está configurado el
Presupuesto-- de una política territorial industrial.

La única política que vemos, bastante evidente, en este Proyecto es la
política llamada eufemísticamente de modernización del sector público, y
ésta sí que es una política activa. Es una política que, por un lado,
castiga de forma severa los «holdings» industriales más potentes que hay
en España --con las consecuencias que se derivan para el tejido
industrial subsidiario o que se generan a partir de estos «holdings»--,
entendiendo que los mismos tienen unas características a las que debería
tender el conjunto de la industria española: la capacidad de escala, la
capacidad de investigación y desarrollo y la capacidad de
internacionalización.

Pues bien, esta política del Gobierno, lejos de potenciar estos ejes, lo
que hace es filosóficamente desmantelarlos, por eso la política activa
del Gobierno --y en este caso del Ministerio y del área de Industria-- es
la liquidación del sector público, pero bien es verdad que del sector
público rentable --lo que va a permitir ganar dinero a quien lo compre--,
no la liquidación del sector público no rentable, que quedará en manos
del Estado, y ya ha visto el Gobierno en sus zigzag sistemáticos y
permanentes en qué pantanos se ha metido, que han conducido --desde
nuestro punto de vista-- a una desmoralización seria en esta política
activa de desmantelamiento del sector público, a una seria
desmoralización, a un serio deterioro y a una seria intranquilidad en el
conjunto del país. Por eso creemos que la única política activa es ésta
que se derivará en 1997, que parece que tiende a dos objetivos: uno, a
consolidar desde el punto de vista de la empresa energética el duopolio
imperfecto y, otro, a desarrollar la contabilidad creativa, buen
instrumento para, aparentemente, eliminar déficit público para
trasladarlo a futuros ejercicios, a futuras generaciones.

Además, este conjunto de políticas que se diseñan para 1997 a través de
los Presupuestos nos parece extraordinariamente opaco por los inicios que
el propio Ministerio está teniendo hasta la fecha, tanto en el programa
de privatizaciones --no sabemos ni cuántas, ni cómo, ni para qué se va a
emplear el dinero de las mismas porque ahí las contradicciones son
evidentes entre distintos miembros del Gobierno--, como en la creación de
un fantasmal consejo consultivo --y digo fantasmal no porque no sea
evidente, sino porque nadie sabe quién lo va a controlar y va a ser
invisible a todos excepto al Gobierno y a los que lo componen.

Asimismo, nos parece que la política energética de la que se deriva esta
situación va a centrarse básicamente en el protocolo eléctrico --el tan
deseado por algunos grupos financieros protocolo eléctrico, aunque se nos
quiera vender



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que puede ser extraordinariamente útil-- y cuya firma está anunciada en
breve plazo. Querría puntualizar que, efectivamente, estamos de acuerdo
en que se bajen las tarifas ese 3 por ciento, pero también podría hacerse
un esfuerzo superior si los costes hundidos no fuesen de 1 billón 900.000
millones de pesetas, tal y como está confeccionado en estos momentos,
aunque, por cierto, hace unos días eran 2 billones 400.000, es decir, que
en un par de semanas se ha reducido en 400.000 millones de pesetas y eso
hay que agradecérselo a la huelga de los mineros. A lo mejor eso compensa
la posibilidad de seguir manteniendo las subvenciones al carbón hasta el
2010 con esos 400.000 millones de pesetas, que sin la huelga de la
minería posiblemente se hubiese firmado tal y como se concebía hace un
par de semanas. Asimismo, querría decirle que técnicos independientes que
conocen a fondo el sector plantean que este coste de 1 billón 900.000
millones de pesetas es excesivo, por lo cual nosotros creemos que si se
hiciera aún un recorte en ese volumen de dinero de costes hundidos se
podría bajar el coste de la energía no en 3 puntos, sino en 5 puntos el
próximo año, a lo cual les animamos encarecidamente.

Por consiguiente, porque desde el punto de vista de la política
industrial activa, creemos que está subsumida en otras áreas; porque
desde el punto de vista de la política de privatizaciones, no es tal,
sino la privatización de lo rentable, el mantenimiento de lo no rentable,
y la crisis sistemática que se ha generado en todo el sector público, con
grave riesgo, incluso, para algunas industrias por los zigzag permanentes
del Gobierno; porque existe un objetivo, la denominada contabilidad
creativa, que trata de lanzar el déficit hacia otros ejercicios; porque,
además, todo el proceso que se está planteando de privatización para el
próximo año es bastante opaco en su conjunto; por todo ese conjunto de
razones, nosotros nos oponemos a esta Sección, entendiendo que lo que
necesita la industria española no es este conjunto de medidas bastante
contradictorias, sino una seria política industrial activa.

Con la enmienda número 1.214 solicitamos que se incorporen 30.000
millones de pesetas de subvención a la explotación de Hunosa, entendiendo
que la fórmula que ha utilizado el Gobierno está generando en este
momento mucha inseguridad --y a las pruebas me remito con los conflictos
de los últimos tiempos-- y que el futuro de Hunosa quedaría mejor
garantizado con la incorporación de esta partida a los Presupuestos
Generales del Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, para
fijar su posición.




El señor UNCETA ANTON: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a empezar con las dos enmiendas a la totalidad de la Sección, las
números 1.213, del Grupo Parlamentario Socialista, y la 651, del Grupo
Parlamentario Mixto. En ambas enmiendas, como veto a la totalidad, se
plantea la devolución de la totalidad de la Sección 20 del Proyecto de
ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 criticando la
reordenación del sector público empresarial planteada por el Gobierno, se
rechaza la política de privatizaciones y la política de financiación de
las empresas de la Agencia Industrial del Estado, alegando, incluso,
opacidad y atipicidad de los organismos y procedimientos utilizados, como
afirmaba el Senador Franco, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Dicho veto coincide en algunos puntos con el veto planteado por el Grupo
Parlamentario Mixto; se critica la ausencia de elementos presupuestarios
que impulsen la política industrial y se rechaza la política de
privatizaciones. Es cierto que en la política que defiende el Grupo
Parlamentario Mixto las privatizaciones no encajan. Esto no es de ahora,
es de siempre. Somos conscientes de esa posición, la entendemos, aunque
no la compartamos. Ahora, lo que no entiende, por lo menos este portavoz,
es que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, se
rechace una política de privatizaciones, cuando, primero, el Partido
Popular está siguiendo las directrices marcadas por el Partido Socialista
en el tema de empresa pública, como trataré de demostrar, pero, además, a
estas fechas, el Partido Socialista había privatizado ya del orden de
tres billones de pesetas. No comprendo cómo con ese volumen de
privatización realizado por el Partido Socialista, ahora, cuando el
Partido Popular está empezando a plantear a los seis meses el Plan de
privatizaciones para sanear, entre otras cosas, la deuda y hacer una
serie de infraestructuras necesarias para nuestro país, le haya entrado
ese celo antiprivatizador. No lo entiendo.

No sé si esta explicación le ayudará al Senador que me ha precedido en el
uso de la palabra, pero para comprender el presupuesto de la Sección 20 y
las líneas básicas de esta actuación del Gobierno en materia de política
industrial, yo le diría que hay que precisar los marcos externos e
internos en que dicha política industrial ha de inscribirse y que, por
primera vez desde hace muchos años, existe. Respecto a los condicionantes
externos, se puede afirmar y afirmo ya que resulta evidente que nuestro
país no puede ser ajeno a las grandes tendencias que están teniendo lugar
en el mundo a lo largo de las últimas décadas, no es de ayer. Estas
tendencias se manifiestan a diferentes niveles, comercial, financiero,
social, etcétera. Y en el aspecto de los condicionantes internos, hay que
referirse a la situación coyuntural que atraviesa la economía española,
que, si bien ha notado la desaceleración experimentada por las economías
europeas durante los años anteriores a 1995, dicho año y el primer
semestre de 1996, ciertamente se muestra más dinámica que en los países
vecinos. Aunque las perspectivas de crecimiento de 1996 son optimistas,
dada la significativa reducción de nuestros desequilibrios básicos en los
últimos años, lo cierto es que la recuperación descansa en gran parte en
el cambio de expectativas de los agentes económicos y esto obliga al
Gobierno a hacer políticas que sean creíbles.

El marco general de la política del Ministerio de Industria y Energía en
el Proyecto de Presupuestos gira en tres ejes básicos. Por una parte, la
modernización del sector público empresarial de nuestro país, algo que no
les es ajeno,



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porque, como ustedes conocen, fue planteado en el discurso de investidura
y está dentro de nuestro programa. Por lo tanto, lo conocen ustedes y lo
conocen todos los españoles. La política de modernización del sector
público tiene el propósito de introducir mayores niveles de eficacia y
racionalidad y no de hacer caja, como dicen ustedes con frecuencia. Las
bases de este eje se recogen, además, en el Acuerdo del Consejo de
Ministros del pasado 28 de junio de 1996, que ya se está ejecutando y que
tendrá unas implicaciones presupuestarias claras que deberán aplicarse
adecuadamente en el ejercicio de 1997 y en el seno de estos Presupuestos,
si se aprueban por la Cámara.

El segundo eje son las relaciones de la Administración con el sector
empresarial privado. El objetivo es mantener un contacto permanente y
fluido con los diferentes subsectores industriales para trasladar sus
aspiraciones y sugerencias a la actuación de Gobierno, con un criterio
claro: mejorar su competitividad productiva y tecnológica a nivel
internacional. Y esto lleva al Gobierno a hacer un esfuerzo especial por
dinamizar las políticas tecnológicas y de calidad industrial de este
Departamento, al tiempo que pone en marcha planes de reindustrialización
de aquellas áreas geográficas afectadas por el proceso de
reestructuración productiva, como es el caso, y ello va dirigido al
portavoz del Grupo Mixto, de las regiones de la minería.

Por último, sobre la liberalización del sector energético se sitúa un
tercer eje para lograr el abaratamiento de la energía, puesto que esto es
decisivo para que nuestras empresas puedan competir internacionalmente,
al tiempo que ello favorece la lucha contra la inflación.

Estos son los tres ejes, señores portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto, que han presentado el veto, y
dentro de ellos, en el área de industria, está la política tecnológica.

Ustedes saben perfectamente que las actuaciones del Miner en tiempos
pasados se instrumentaban básicamente alrededor del Plan de Actuación
Tecnológica Industrial, el PATI, y el Plan de Fomento de la Capacidad
Tecnológica. Como continuación a estos programas, la Comisión delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado la iniciativa del apoyo
a la tecnología, la seguridad y la capacidad industrial, tratando de
resumir todos estos programas en uno solo, para evitar que nuestras pymes
tengan que tener poco menos que unos asesores constantes para poder
conocer los programas que existían. Este es el Programa Atica para el
período 1997-1999, que tiene una dotación de 18.603 millones de pesetas y
que supone un incremento de recursos próximos al 50 por ciento. En la
línea de apoyo a I+D, hay una dotación de 20.000 millones de pesetas, que
suponen también un incremento. Y, dentro de esta política, debo destacar
los préstamos incluidos para apoyar las actividades I+D en tecnologías
aeroespaciales y navales que, tras la enmienda aprobada por el Congreso,
se elevan a 45.460 millones de pesetas, casi un 350 por ciento más que en
1996. Vayan tomando nota, señorías, porque no sé a qué han presentado
ustedes el veto.

En política de calidad industrial, que va en la línea del Programa Atica,
se refuerza la política industrial de fomento a la calidad perseguido en
el segundo Plan de Calidad Industrial, el PNCI de 1994-1997, y cuenta con
2.900 millones, con un incremento de casi un 20 por ciento frente al año
anterior. Hay otras actuaciones de carácter industrial, como ustedes
conocen porque tienen los Presupuestos, como por ejemplo, promoción y
diseño, que cuenta con 1.239 millones de pesetas, algo desconocido hasta
la fecha en estos programas.

Las actuaciones de reindustrialización y reconversión están dirigidas
--como he dicho anteriormente-- a los sectores con los que están en
marcha programas de reestructuración. Destacan, por ejemplo, en
construcción naval, tanto civil como militar, Bazán y el armamento de
Santa Bárbara, con un programa de ayuda y presupuesto de 30.000 millones
para reindustrializar a lo largo de 1997 aquellas zonas afectadas por el
posible cierre de factorías, y no estoy hablando aquí de meter los
130.000 millones anuales durante tres años que conlleva el Plan de
reordenación minera por encima de todos los programas de ayuda a la
minería.

En la empresa pública industrial, la reordenación del sector público
empresarial, puesto en marcha por el Gobierno, busca a toda costa mejorar
la eficiencia de las empresas y reducir el costo endémico que algunas de
ellas supone para el erario público.

Poco más puedo decirles sobre este Programa, porque todos ustedes lo
conocen. En el área energética, por ejemplo, el presupuesto de este
Programa se incrementa un 16 por ciento.

Señor Presidente, yo diría que los argumentos expuestos demuestran
claramente que las cifras del presupuesto respaldan una política
industrial firme y decidida y que los planteamientos esgrimidos, tanto
por el Grupo Parlamentario Socialista como por el Grupo Parlamentario
Mixto, no justifican en absoluto la enmienda a la totalidad de esta
Sección.

En cuanto a las enmiendas, debo de hacer las siguientes observaciones a
las mismas.

Respecto a la enmienda número 655, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
dotación de 500 millones de pesetas como transferencia a la empresa
Inespal-Laminación de Alicante, para mantener la competitividad y los
puestos de trabajo, no se han previsto en el presupuesto estas
aportaciones nominativas para empresas industriales con participación
estatal. ¿Por qué? Porque la financiación de estas empresas se hará a
través de los grupos industriales públicos constituidos a los que
pertenecen, y no empresa a empresa, con lo cual nuestra posición es de
rechazo a la misma.

Debemos decir que la enmienda número 656, por la que se solicita un
incremento de 100 millones de pesetas para acceso al suelo industrial,
Sepes, en Cantabria, está mal dirigida, porque el Sepes no pertenece al
Ministerio de Industria sino al de Fomento.

Respecto a la modificación del presupuesto del Sepes, incrementándolo en
520 millones de pesetas comprometidas por el Plan de reactivación para
polígonos industriales, como Molina de Segura, Aguilas, Totana, etcétera,
con financiación ajena a largo plazo, debemos decir lo mismo, que no
pertenece a este Ministerio, sino que el Sepes depende del Ministerio de
Fomento. Por tanto, no es que rechacemos ni aceptemos esta enmienda, sino
que no pertenece a esta Sección.




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Respecto a la enmienda número 914, de dotación de 300 millones de pesetas
para la subvención a la producción de agua desalinizada en el
Ayuntamiento de Formentera, tenemos un caso parecido, puesto que todo el
tema de aguas ha pasado, lógicamente, a la Secretaría de Estado de
Energía y Recursos Minerales, que ha sido traspasado al Ministerio de
Medio Ambiente, tras la creación de ese Departamento y, por tanto,
tampoco pertenece a esta Sección.

Con respecto a la enmienda número 1.214, del Grupo Parlamentario
Socialista, de dotación nueva de 30.000 millones de pesetas para
subvención de explotación a Hunosa, debemos decirles, señores Senadores
socialistas, que ya conocen que en los Presupuestos Generales del Estado
las ayudas a Hunosa se hacen a través de la Agencia Industrial del
Estado, y, por tanto, no vamos a duplicarlo.

Con esto, señor Presidente, termino.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Vamos a dar por terminada la sesión de hoy con la discusión de la Sección
20, Industria y Energía. Mañana empezaremos a las diez de la mañana con
la Sección 21, Agricultura, Pesca y Alimentación. Seguiremos a lo largo
de todo el día con el debate hasta finalizar los Presupuestos Generales
del Estado. A continuación debatiremos el Proyecto de ley de medidas de
disciplina presupuestaria, y a lo largo de la mañana, en función de cómo
se desarrollen los debates, fijaremos el horario de votación para mañana
por la tarde.

Se levanta la sesión.




Eran las veinte horas y veinticinco minutos.