Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 65, de 16/09/1997
DIARIO DE SESIONES DE LAS
CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 1997 VI Legislatura Núm. 65
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAON RAMIREZ
Sesión núm. 6
celebrada el martes, 16 de septiembre de 1997,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DIA:
Debate del Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la
gestión realizada durante el año 1996. (Número de expediente Congreso
260/000002 y número de expediente Senado 780/000002) (Página 1310)
Comparecencia del señor Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda Torres),
para dar cuenta de la necesidad de dotar al sistema público educativo de
todos los recursos necesarios para que cumpla adecuadamente su finalidad
fundamental, según el Informe anual presentado por dicha Institución. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente Congreso 212/000722 y número de
expediente Senado 713/000351) (Página 1338)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
--DEBATE DEL INFORME ANUAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA
GESTION REALIZADA DURANTE EL AÑO 1996. (Número de expediente Congreso
260/000002 y número de expediente Senado 780/000002.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Conforme es preceptivo, de acuerdo con las normas que regulan el
funcionamiento y la organización de esta Comisión, previamente el
Defensor del Pueblo someterá su informe anual a esta Comisión, para que
se aclare y se debata cualquier cuestión, aunque sin resoluciones, sin
votación, y luego ese informe será elevado por el Defensor del Pueblo a
las Cámaras. En ese sentido quiero hablar de la metodología de hoy.
Hay dos asuntos que componen el orden del día. El primero es el informe
anual, que va a presentar don Fernando Alvarez de Miranda, y a
continuación vamos a suspender por unos minutos la sesión. Después, como
ya es costumbre también en esta Comisión, los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios intervendrán de menor a mayor. Una vez concluido
este debate entraremos en el segundo punto del orden del día, que, aunque
es un tema que está implícito en el informe general, lo ha solicitado el
portavoz de Izquierda Unida, que no está aquí, y que lo defenderá si así
lo estima conveniente. Para ello se seguirá el mismo sistema de
intervenciones. Lo que es cierto es que hasta que no esté él, prefiero no
dar ninguna instrucción al respecto.
Don Fernando Alvarez de Miranda tiene la palabra para hacer su
exposición.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda Torres): Muchas gracias,
señor Presidente, por sus amables palabras. Muchas gracias también a
todos ustedes, señoras y señores diputados y senadores, que han tenido la
gentileza, la amabilidad de asistir hoy a esta sesión de la Comisión
Mixta del Defensor del Pueblo. En realidad, como ustedes saben bien, ésta
es una sesión que celebramos todos los años en cumplimiento de las
obligaciones que nos impone la ley orgánica, y yo creo que no solamente
por la obligación en sí, sino por lo que en estas sesiones se puede
esclarecer o se puede aportar, es de gran importancia, a mi juicio, sobre
todo la participación de los grupos políticos, como ha venido siendo
habitual desde el primer momento de la creación del Defensor, que tienen
un protagonismo más destacado tanto en la Comisión Mixta como en el resto
de las relaciones con el Defensor del Pueblo. Finalmente, quiero también
expresar mi agradecimiento a todas las autoridades, tanto del Estado como
de las comunidades autónomas y de los entes locales, que cooperan con sus
respuestas a la redacción del informe.
Han transcurrido más de dos años desde que este Defensor fuera designado
por las Cortes Generales como alto comisionado y, por tanto, nos
encontramos más bien pasada la mitad del tiempo en el que hemos de
cumplir con la recomendación recibida, y esto nos podría servir como
momento propicio para intentar llevar a cabo una cierta valoración, una
cierta reflexión acerca del trayecto que hemos recorrido.
En alguna ocasión los medios de comunicación, incluso algún sector de
ciudadanos, se han preguntado si tiene verdadera utilidad, verdadero
sentido la institución del Defensor del Pueblo, que tiene un nombre muy
sugestivo pero que a veces es de eficacia discutida. También nos preocupa
a quienes estamos intentando gestionarla con el único empeño de cumplir,
lo más fielmente posible, el mandato constitucional. Como se señala en la
propia presentación del informe que ahora nos proponemos analizar, este
intento de evaluar el nivel de eficacia del Defensor del Pueblo, en su
papel de interlocutor entre la Administración y el ciudadano, ha sido
abordado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en encuestas que
realizó a finales de 1996, en lo que se llama el barómetro de invierno,
a través de las cuales se traslucía que los españoles parece que tenían
una opinión mayoritaria favorable hacia la institución. Recientemente,
hace unos días, hemos leído que también Demoscopia, que por un encargo
recibido del Consejo General del Poder Judicial había hecho una
valoración, coincidí en líneas generales con la valoración que procedía
del Centro de Investigaciones Sociológicas. Más del 50 por ciento de los
ciudadanos opina que el Defensor del Pueblo es una institución útil o muy
útil, aunque, por otra parte, tan sólo un reducido porcentaje, inferior
al 25 por ciento de la población, considera que la Administración hace
caso al Defensor. Ahora bien, estas opiniones, como los datos contenidos
en nuestro informe, siendo expresivas, no agotan, a mi juicio, los
elementos o factores que deben de tenerse en cuenta a la hora de realizar
una valoración global y es que enjuiciar la actuación de la institución
en función de los logros y los resultados obtenidos plantea no pocos y
complejos problemas. De una parte, porque la propia resolución de una
queja, por ejemplo, puede no llegar a considerarse en términos
satisfactorios plenos para el reclamante; por ejemplo, cuando se consigue
una respuesta expresa por parte de la Administración, aunque no le dé la
razón al interesado. En estos casos es evidente que lo que habría que
destacar es la utilidad de la gestión que se ha realizado, con
independencia del carácter satisfactorio de la misma para el ciudadano,
sin dejar, por tanto, de constatar el dato positivo que supone la
actuación institucional.
Por otra parte, es difícil evaluar en determinados casos el impacto que
pueda tener en términos numéricos una determinada recomendación formulada
por el Defensor y aceptada por la Administración. Tal sucede, por
ejemplo, con la recomendación sobre la adopción de un plan especial de
mejora de los procedimientos tributarios o la recomendación sobre la
subsanación de defectos en los impresos de notificaciones en materia de
tráficos o la recomendación sobre requisitos que deben cumplir las
resoluciones de los recursos. Lo que sin duda es cierto es que en todos
los informes parlamentarios que el Defensor del Pueblo ha presentado a
las Cortes desde los orígenes de la institución,
así como las páginas que corresponden al que ahora vamos a debatir, están
contenidas miles de quejas que han podido ser solucionadas
satisfactoriamente. Pero aun siendo esto importante es necesario
profundizar en la reflexión sobre el alcance real de la gestión del
Defensor, que no se limita únicamente a tramitar las quejas que se
refieren a asuntos concretos, sino que también favorece la creación de
nuevos comportamientos mediante recomendaciones o sugerencias que
posibiliten un cambio en las actitudes administrativas.
En cualquier caso, señorías, creo no pecar de pretencioso si afirmo que
en la labor que hemos venido realizando en el día a día hemos puesto
nuestra mejor ilusión y esfuerzo, pero también sentido autocrítico,
porque somos conscientes de los problemas que aún persisten en nuestro
funcionamiento y de las carencias estructurales de que adolece la
institución. Pero mantenemos intacta la esperanza de conseguir que
nuestro trabajo sea cada vez más fructífero, máxime cuando nos sabemos
--y eso es muy importante-- depositarios de la confianza y el apoyo de
SS. SS. Por eso tenemos especial interés en escuchar la voz de los grupos
parlamentarios, cuya opinión siempre es tenida en cuenta por este
Defensor. No en vano somos comisionados de las Cortes y dependemos de
ellas para desempeñar nuestra función; dependencia que desde luego se
mantiene con total flexibilidad porque debemos reconocer y afirmar que
jamás hemos recibido órdenes, conminaciones, influencias ni presiones en
uno u otro sentido por parte de nadie. Nos importa, por tanto, escuchar
a SS. SS. al concluir esta exposición que deseo concretar en tres puntos
básicos, tres reflexiones fundamentales.
La primera versará sobre los aspectos más característicos o
significativos de nuestro funcionamiento durante el año 1996. Lógicamente
aquí habré de referirme a las quejas que han sido investigadas durante el
año que nos ocupa, pero también a la tramitación de los expedientes que
habían quedado pendientes de resolución en años anteriores, porque las
quejas, como ustedes bien saben, no terminan su tramitación con el año
natural, hay quejas que siguen su tramitación en varios años por la
complejidad de los asuntos. En la segunda parte dedicaré especial
atención a exponer varios temas monográficos que han suscitado una
preocupación sustancial de la institución y a los que el informe dedica
un capítulo entero. Después haré una breve sinopsis de las principales
actuaciones que ha llevado a cabo el Defensor en el cumplimiento de su
función de supervisar la actividad de la Administración y que se
encuentran también recogidas en esta segunda parte. En un tercer lugar me
propongo efectuar el recorrido por las recomendaciones y sugerencias que
han sido dirigidas a lo largo del año a las distintas administraciones y
hacer una exposición sucinta de las principales respuestas que hemos
recibido de la Administración, para concluir con una alusión a las
solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad o amparo
y una breve reseña de las relaciones institucionales.
En relación con el primer punto, funcionamiento de nuestra institución
durante 1996, no quisiera cansar a SS. SS. con una farragosa exposición
de datos que, por otra parte, se encuentran en el informe, pero sí me
parece importante decir que el volumen de quejas tratadas ha sido
superior al del año precedente, a pesar de que el ideal consistiría
precisamente --por lo menos en la utopía a la que deberíamos aspirar-- en
que las quejas fuesen disminuyendo, porque eso querría decir que los
ciudadanos se encuentran más acordes con la Administración. Pero ese
ideal no lo hemos conseguido. Iremos trabajando por esa utopía, pero la
realidad es que en 1996 el número de quejas que hemos recibido,
colectivas o de grupos llamados de quejas idénticas, ha sido bastante
elevado: 14.898, frente a las 2.400 contabilizadas en el año 1995. Por
ello hay que insistir, una vez más, en que el valor estadístico de estos
datos no siempre es el mismo, ya que la motivación, pretensión y
fundamentación de estas quejas difiere enormemente entre unos grupos y
otros y por eso se ha optado en el informe por separar la información
estadística de este tipo de quejas de las que se refieren a las
individuales.
En total, las quejas recibidas en el ejercicio de 1996 han sido 25.793,
que junto a las 122 que se iniciaron desde el Defensor de oficio suman
25.875 quejas. A 31 de diciembre se encontraban pendientes de examen
1.013 quejas, por lo que a lo largo del año han sido tramitadas 24.862,
lo que supone el 96,08 por ciento de las mismas. De las 24.862
tramitadas, 14.898 corresponden a trece grupos de quejas idénticas y el
resto, es decir, 9.964, son individuales. De estas últimas el 41 por
ciento han sido cursadas ante la Administración y el 58,9 por ciento
únicamente se han despachado con los interesados. Conviene resaltar que
en todos los casos en los que no existe posibilidad de tramitar las
quejas ante la Administración, es decir, cuando no puede admitirse la
pretensión formulada en la queja, se contesta expresamente a los
interesados mediante un escrito motivado en el que se informa sobre
cuáles son las vías más adecuadas a Derecho para que puedan ejercitar su
acción, sin perjuicio, lógicamente, de las que el interesado utilice
porque considere que son más adecuadas. Digo esto para subrayar el
esfuerzo de reflexión jurídica a que obliga a todo el equipo del Defensor
el estudio de todas y cada una de las quejas, aunque sea para
reconducirlas hacia mejor destino, esfuerzo que no siempre ha sido
suficientemente valorado. Incluso a la larga esta labor de estudio de las
quejas que no pueden ser admitidas tiene consecuencias importantes ya que
a medio o largo plazo --y esto va más allá de la tramitación de la propia
queja-- en ocasiones al observar el Defensor la reiteración de algunas de
estas solicitudes ha llegado a deducir la existencia de una más amplia
problemática social, lo que da lugar a la formulación de las pertinentes
recomendaciones a la Administración.
El número de quejas individuales que llegan a la institución hace ya
tiempo que viene estabilizándose, normalmente en torno a las 900 ó 1.000
quejas al mes, casi cuatro veces más que el conjunto de las que reciben
los ombudsmen de nuestro entorno. Se trata de quejas de toda índole:
unas, muy ajustadas, con gran conocimiento por parte de los reclamantes
de nuestras competencias y otras con pretensiones que desbordan en todo
momento la órbita de
nuestras facultades legales, lo que exige inicialmente, como decía, un
plus de trabajo, puesto que tenemos que asumirlas, evaluarlas y
orientarlas hacia su destino. Lógicamente, en una fase posterior, la
labor de investigación resulta más compleja en la tramitación de las
quejas admitidas. Sí he de decir que ha habido todavía una cierta
lentitud --lo reconozco con una cierta tristeza--, una no suficiente
rapidez, a veces, en la dinámica de nuestro funcionamiento, a pesar de
que se han acortado los tiempos de la contestación de los escritos.
Seguimos haciendo un esfuerzo --tengo que reconocerlo--, lo siguen
haciendo en todas las áreas, pero ésa es la realidad. Si el promedio en
el año 1995 era de cinco meses, con independencia del tiempo que tarda en
atendernos la Administración de que se trate, en el año 1996 se ha
rebajado ese promedio y en estos momentos nos esforzamos en disminuir al
máximo este retraso dentro de nuestras posibilidades.
Al propio tiempo, se ha mantenido un intenso y permanente esfuerzo por
huir de la especialización del lenguaje y más aún de la rutina
burocrática, para lo cual hemos procurado acercarnos al ciudadano con un
discurso más sencillo, con un contacto directo tanto con los interesados
como con los órganos de la Administración. En este sentido, hemos
utilizado al máximo la facultad que está en nuestra ley orgánica de
acudir a los núcleos donde se genera un mayor número de reclamaciones, y
así, a lo largo de 1996 hemos visitado 28 cárceles, 20 comisarías y 15
depósitos municipales de detenidos, porque nos habían llegado quejas muy
preocupantes sobre la situación de estos centros. Podrían añadirse
también visitas a ayuntamientos, instituciones y organismos de la
Administración, pero no quiero recargar esta enumeración. Lo que debe
destacarse es que como consecuencia de todas estas visitas realizadas por
la institución, se elaboraron dos importantes estudios de carácter
sectorial. El primero de ellos examina la situación penitenciaria y de
los centros municipales de depósitos de detenidos desde el año 1988 hasta
nuestros días; el segundo se refiere a la atención residencial a personas
con discapacidad y otros aspectos concretos durante el año 1996. También
se ha efectuado una investigación sobre la seguridad y prevención de
accidentes en las áreas de juegos infantiles, cuya presentación tuvo
lugar en el año 1997, por lo que me parece más adecuado dar cuenta de
ello en el informe próximo.
Entrando ya en el segundo punto de la exposición, me voy a detener en la
enumeración de las quejas que se refieren a problemas muy específicos que
han suscitado, como decía, una especial preocupación en la institución y
que han sido recogidas en el informe en forma de estudios monográficos a
los que se dedica un capítulo especial. Han sido ocho en total, a los que
hay que añadir --y eso es lo más destacable-- un informe sobre la
situación de la infancia desde la perspectiva de la institución del
Defensor del Pueblo, que se ha incluido también en este capítulo y que
por su importancia constituye una novedad digna de ser resaltada. Todos
los temas a los que se otorga esta especial consideración se refieren a
cuestiones que tienen particular relevancia por su repercusión social o
porque en ellos pueden verse afectados derechos fundamentales.
El primero de estos temas monográficos se refiere a las dilaciones
indebidas en la jurisdicción contencioso-administrativa, muy
especialmente en las correspondientes a las salas del Tribunal Supremo,
de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia, que
se encuentran al borde del colapso por la acumulación de recursos
pendientes. Es tan reciente la intervención del presidente del Consejo
General del Poder Judicial reconociendo estos retrasos que no voy a
insistir y a revolver el tema. Lo que sí es cierto es que cabe afirmar
que los retrasos generalizados que se producen actualmente en todas estas
salas de lo contencioso afectan de una forma directa al derecho
fundamental a un juicio sin dilaciones indebidas y, por tanto, a la
tutela judicial efectiva; derechos que, como SS. SS. conocen, han sido
desarrollados no sólo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
sino por numerosos convenios internacionales suscritos por España, así
como por reiteradas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Es necesario decir, a la hora de desarrollar el contenido de este derecho
fundamental, que el Tribunal Constitucional ha declarado que estamos ante
un derecho que tiene una faceta prestacional, por lo que los poderes
públicos deben dotar a los órganos judiciales de las medidas necesarias
para el cumplimiento de sus funciones. Por ello, aun considerando
imprescindible la aprobación de una nueva ley procesal, sería necesaria,
además de dicho texto, una serie de medidas de apoyo encaminadas a
reforzar medios personales y materiales. Con esta finalidad, el 29 de
julio de 1996 se dirigió por el Defensor al Ministerio de Justicia una
recomendación insistiendo en la conveniencia de la tramitación de esta
nueva ley contencioso-administrativa con procedimientos rápidos y
eficaces para aquellas materias que por su contenido y naturaleza no
requieran la utilización de un procedimiento más complejo, así como que
también se dote a estos órganos jurisdiccionales de los necesarios medios
técnicos e informáticos. Por las últimas noticias que hemos recibido
parece ser que sí se ha reaccionado, creándose doce nuevas plazas de
magistrados para la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia
Nacional y que se propone incluso, como tema que se trata en el Libro
Blanco de la justicia, afrontar toda la problemática de estas dilaciones
de una manera, diría, casi frontal y definitiva. Confiemos en que ese
problema se resuelva.
El segundo de los temas que ha sido objeto de tratamiento monográfico se
refiere a la mendicidad. Este tema ha sido examinado especialmente a raíz
de la reprobable actitud de la policía de algún ayuntamiento en el que no
solamente se detenía a las personas que se encontraban en la calle
pidiendo limosna --como procedimiento habitual para erradicar la
mendicidad--, sino que, además, a los detenidos se les exigía la entrega
del dinero recaudado. El Defensor comenzó sus investigaciones en el
Ayuntamiento de Santander por considerar que los hechos de los que tenía
conocimiento resultaban a todas luces contrarios a los principios del
respeto a los derechos fundamentales de la persona. Por eso solicitó de
dicho municipio el correspondiente informe para conocer el número de
intervenciones y
de retenciones de dinero que se habían llevado a cabo. Como consecuencia
de las actuaciones practicadas, pudo comprobarse que las ordenanzas que
venían rigiendo como soporte jurídico de la actuación policial eran del
año 1900. El Defensor no estimó ajustadas a la Constitución tales normas
por su carácter preconstitucional y su clara similitud con lo dispuesto
en la Ley de Vagos y Maleantes, derogada, como ustedes saben, y la Ley de
Peligrosidad Social. Por ello, se advirtió al Ayuntamiento de Santander
que amparándose en las citadas ordenanzas de policía y buen gobierno no
podían seguir adoptándose medidas que afectasen a derechos fundamentales,
tales como el derecho a la libre circulación, a determinar la imposición
de sanciones en contra del principio de legalidad y demás garantías
previstas en el ordenamiento jurídico español. El Ayuntamiento en
principio parecía que tenía unas ciertas vacilaciones en las
contestaciones al Defensor y, finalmente, tuvimos que dirigir una
recomendación para que a la mayor brevedad posible fuesen modificadas las
ordenanzas municipales adecuándolas a estos principios de legalidad y
tipicidad y a los derechos fundamentales recomendados y reconocidos en la
Constitución. La contestación del Ayuntamiento de Santander fue
manifestar que la ordenanza de 1900 y, en concreto, el artículo 4 que
regula la mendicidad, no se había aplicado desde hacía muchos años por
considerarse que había quedado derogada con la entrada en vigor de la
Constitución y otras leyes posteriores, añadiendo que la mendicidad
solamente era perseguida cuando se realizaba con intimidación a los
vecinos o bien cuando se utilizaba para este fin a menores de edad. Esta
es la contestación que tenemos oficialmente del Ayuntamiento de
Santander, aun cuando las noticias de prensa en ocasiones parece que no
coinciden con estas afirmaciones del Ayuntamiento.
Junto a esta actuación, se iniciaron otras investigaciones de oficio ante
los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Vigo, Mazarrón y Zaragoza. Todos
ellos han ido facilitando --con mayor o menor rapidez-- la información
que se solicitaba, aceptando en términos generales las recomendaciones
hechas desde la institución de adecuar sus ordenanzas sobre mendicidad a
los principios constitucionales.
El tercero de los temas estudiados monográficamente se refiere a la
situación de los presos españoles en las cárceles extranjeras, cuyas
condiciones de vida son verdaderamente difíciles debido a los graves
problemas de masificación y hacinamiento que existen en dichos centros
penitenciarios. La situación resultaba especialmente preocupante en las
cárceles del Magreb, de Marruecos, en Tánger, en Tetuán y en Sale-Rabat,
dado el importante incremento del número de ciudadanos españoles que se
encuentran cumpliendo condena o a la espera de juicio en dichos
establecimientos. Por ello, se solicitó información sobre las previsiones
del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con la posibilidad de
ampliar el número de funcionarios españoles que realizasen las labores
consulares en Marruecos, de manera que todos los nacionales pudieran
recibir la atención que demandaban. La contestación que recibimos del
Ministerio fue que no existían previsiones en tal sentido.
Asimismo resultaba alarmante, por el gran número de quejas recibidas, la
situación de los ciudadanos que se encuentran encarcelados en países
iberoamericanos en durísimas condiciones. En alguna ocasión el adjunto
primero, señor Rovira, y el propio Defensor, pudieron comprobar
personalmente en alguna de estas prisiones las condiciones de vida que
llevaban, por lo que hay una solicitud generalizada de todos estos
ciudadanos manifestando su deseo de cumplir el resto de sus condenas en
España. Nuestra institución ha efectuado el seguimiento de cómo se
encuentran estos ciudadanos, concluyendo que la posibilidad de cumplir
las penas en el país de origen del condenado debe establecerse, como
ustedes bien saben, mediante un oportuno convenio entre los Estados a los
que afecte el asunto. Se necesita, en definitiva, la concurrencia de la
voluntad del condenado, la voluntad del Estado de condena y la del Estado
de cumplimiento. La firma de estos convenios puede venir a paliar la
situación de los nacionales españoles que cumplen estas condenas, aun
cuando luego suele ocurrir que los complicados procedimientos
burocráticos establecidos en los acuerdos alargan la tramitación, con la
desesperación de los ciudadanos. Conviene recordar que el Convenio de
Viena, al que se adhirió España en 1970, dispone que debe facilitarse por
los estados firmantes del mismo la libre comunicación de los funcionarios
consulares con los nacionales de su país que se encuentren en prisión.
Por lo tanto, debe realizarse el mayor esfuerzo posible --y así lo hemos
hecho llegar al propio ministerio-- por cumplir rigurosamente con las
obligaciones de visitar a los presos tantas veces como su situación real
lo haga necesario, siempre que lo soliciten con motivo justificado y,
desde luego, las veces que lo establezcan los mínimos legalmente
establecidos. Por otro lado, dado el tiempo transcurrido desde que fueron
dictadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores las disposiciones
conteniendo normas sobre comunicaciones a los detenidos, sería oportuno
--y así lo hemos indicado-- que el citado departamento se planteara la
actualización, y, además sería conveniente que procediera a estudiar el
sistema más adecuado para que las órdenes internas --que a veces se trata
de eso, órdenes internas circulares que el propio ministerio hace llegar
a sus oficinas consulares-- que en muchas ocasiones afectan a los
derechos de los ciudadanos, tuvieran la publicidad debida, la máxima
publicidad posible.
El cuarto tema objeto del estudio monográfico se refiere al contenido de
los programas emitidos por las cadenas de televisión, que han suscitado
quejas muy numerosas de ciudadanos y asociaciones que han acudido al
Defensor para protestar por la emisión de escenas o mensajes de contenido
inadecuado o perjudicial para la juventud y la infancia, así como por los
mensajes publicitarios y la denominada contraprogramación. La televisión
--ustedes lo saben-- está configurada como un servicio público esencial
y no es necesario subrayar ante SS. SS. la extraordinaria influencia que
este medio de comunicación ejerce en la sociedad. Tampoco necesito decir
el efecto que la televisión y los mensajes que a través de ella se
transmiten producen en la juventud y la infancia, cuya protección exige
un posicionamiento activo de los funcionarios y autoridades a quienes la
Constitución y la ley encomienda esta misión. Pues bien, hay que decir
con sinceridad, que de las investigaciones realizadas por nuestra
institución ante los servicios competentes de la Administración se pudo
deducir la existencia efectiva de ciertos incumplimientos, por parte de
las distintas televisiones, de la normativa vigente en esta materia, e
incluso hasta un cierto grado de comprensión por los órganos responsables
del control de las infracciones, especialmente en lo que afecta a la
publicidad, al situarlas en el escenario de la pugna por la audiencia de
la que forma parte, de manera tan competitiva, y están condicionando las
distintas cadenas de televisión.
El estatuto de Radio y Televisión, la Ley 4/1980, señala a la protección
de la juventud y la infancia como uno de los criterios inspiradores de la
programación de la radio y televisiones públicas, criterio que la Ley
10/1988 extiende también a las televisiones privadas que son, a fin de
cuentas, concesionarias de un servicio público esencial. Por su parte, la
Ley 25/1994, de 12 de julio, incorpora al ordenamiento jurídico español
la directiva de la Unión Europea sobre el ejercicio de las actividades de
radiodifusión televisiva e inciden, entre otras materias, en la
protección de la juventud y la infancia, prohibiendo la emisión de
escenas, imágenes o mensajes que puedan dañar a estos colectivos moral o
físicamente, señalando límites a los que debe someterse la publicidad
dirigida a los menores. En general, las violaciones de estos límites se
tipifican como infracciones muy graves y su sanción correspondería al
Consejo de Ministros. No es admisible que una comprensiva política de
persuasión, como la que al parecer se está manteniendo hasta la fecha
hacia las cadenas de televisión, implique la dejación de competencias
sancionatorias en perjuicio de la debida protección de colectivos como
los menores y jóvenes, que carecen de otros mecanismos de defensa a estas
agresiones. No es cómodo para quien defiende derechos y libertades --y
para quien como ustedes han luchado tanto por esta libertad-- instar a
sancionar, limitar o prohibir; pero tampoco lo es, en modo alguno, para
las autoridades administrativas o políticas a quien la ley encomienda tal
misión. Sin embargo, entiendo que la protección de la juventud y la
infancia no es un valor de lujo del que se puede arbitrariamente
prescindir, y por ello, en la línea ya apuntada por otras voces más
autorizadas, como fue la de la Comisión especial sobre los contenidos
televisivos del Senado que se creó en 1983, estimo --insisto-- que
debiera abordarse de manera inmediata la creación de una autoridad u
organismo independiente desvinculado jerárquicamente de la Administración
y que se atribuya a este organismo la competencia, entre otras, de
supervisar el cumplimiento de las normas de protección de la juventud y
la infancia ante la radiodifusión televisiva y la imposición o, al menos,
la propuesta de las sanciones pertinentes. Esta es una afirmación que
entendemos de máxima urgencia y que creemos podría, al menos, paliar el
efecto nocivo que están causando algunos de los programas televisivos. El
otro día, sin ir más lejos, pude contemplar en uno de los programas de
una determinada cadena privada cómo se estaba recomendando, en un debate
que había sobre la drogadicción, que desde pequeños los niños pudieran
probar las drogas para así evitar el efecto nocivo de las adulteraciones
que pudieran dañarles en el futuro. A mí realmente eso me parece
absolutamente inadmisible. Debe haber alguna autoridad independiente para
que cuando existan casos de esta naturaleza que atentan gravemente a la
infancia, producir la reacción que les señalaba.
El quinto problema objeto de estudio monográfico es la atención
residencial a las personas con discapacidad. El artículo 49 de la
Constitución española encomienda a los poderes públicos la realización de
una política de integración de las personas con discapacidad, para
garantizarles el disfrute de los derechos que el título I del texto
constitucional reconoce a todos los ciudadanos.
Desde esta perspectiva, el Defensor ha venido prestando una atención
preferente a las personas con discapacidad, al objeto de contribuir al
reconocimiento y respeto de sus derechos para favorecer su plena
integración social. Por eso se consideró conveniente realizar un estudio
sobre la atención residencial a personas con discapacidad y otros
aspectos conexos que se añadían a anteriores informes sobre la atención
residencial a otros segmentos de la población. Se visitaron 39
establecimientos tanto de atención residencial como educativos con
residencia y sanitarios.
Estas visitas efectuadas a los centros en que son atendidas en régimen de
internamiento las personas con discapacidad, de manera específica las
afectadas por deficiencia mental, nos permitió constatar que, en
determinados casos, se desconocen los derechos fundamentales de estas
personas. Así, los ingresos en esos establecimientos se producen, a
veces, a petición simplemente de los padres o tutores, pero sin que se
solicite la previa autorización judicial que existe en los artículos 211
y 271 del Código Civil. Asimismo padres y tutores pueden prohibir la
salida de los residentes o prohibirles igualmente determinadas visitas,
con lo que se llega de hecho a un sistema de reclusión en este tipo de
establecimientos. Incluso, respecto de las comunicaciones, es usual que
las cartas se las lean otras personas, lo que en muchos casos se realiza
sin la previa autorización correspondiente del interesado. En la mayoría
de los centros visitados existen salas de aislamiento, habiéndose también
constatado la utilización, en algún caso, de medios mecánicos de sujeción
sin que dicha utilización se comunique a la autoridad judicial.
Esta institución, tal y como ya expresó en el referido estudio sobre la
atención residencial a estas personas discapacitadas, considera que sería
muy conveniente que, por medio de la correspondiente norma legal, se
regulase el régimen de estos centros de internamiento, tales como
establecimientos psiquiátricos, centros de atención a minusválidos
psíquicos y otros similares, en aquellos aspectos que puedan implicar
restricciones o privaciones de la libertad personal o de otros derechos
fundamentales como son los relativos a los ingresos, las salidas, las
visitas, la utilización de salas de aislamiento y el uso de medios
mecánicos de contención. En el informe llegamos a decir, porque creemos
que es así, que incluso en algunos casos estos discapacitados retenidos
en esos centros tienen menos libertad que los reclusos de nuestras
cárceles; así es la triste realidad.
Otra de las cuestiones especiales se refiere a la modificación producida
en la tributación por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que
afecta a familias con hijos discapacitados a su cargo. El Defensor,
preocupado por la situación de los padres con hijos discapacitados, que
venían obligados a incluir como rendimientos del trabajo, a efectos del
IRPF, las prestaciones por hijo a cargo de las que son beneficiarios,
dirigió al Ministerio de Economía y Hacienda una recomendación para que
se modificase el tratamiento tributario de las citadas prestaciones
familiares, a fin de que las mismas fuesen consideradas rentas exentas de
este impuesto. Igualmente se recomendó la modificación de la Ley 18/1991,
de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de
forma que los hijos mayores de edad, declarados discapacitados
judicialmente y sujetos a la patria potestad prorrogada, se pudieran
considerar como menores integrantes de la unidad familiar a efectos del
impuesto. El citado departamento ministerial aceptó ambas recomendaciones
y las modificaciones propuestas por el Defensor han quedado incluidas en
los artículos 14 y 3.º, respectivamente, de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
La preocupación por las líneas de alta tensión y su posible repercusión
sobre la salud de los ciudadanos es motivo de otro de los temas que se
han estudiado con especial interés. Desde una perspectiva jurídica, la
cuestión estriba en determinar si la normativa vigente, no solamente la
que afecta al ordenamiento eléctrico sino también al urbanístico, se
cumple efectivamente; esto es, si el tendido de las líneas y la
construcción de viviendas, cuando existe cierta proximidad entre ambas,
se ha ajustado a las prescripciones legales.
La legislación vigente no especifica la anchura mínima de los pasillos
para el transporte de energía eléctrica ni la distancia a que deben
situarse las viviendas respecto del eje de una línea de alta tensión;
pero existiendo el posible riesgo para la salud de los campos
electromagnéticos, un elemental sentido de la prevención exigiría el
establecimiento de las medidas adecuadas para que se reduzcan a la mínima
expresión las radiaciones que puedan soportar las personas como
consecuencia del trazado de las líneas de alta tensión.
En el plano urbanístico, especialmente en el otorgamiento municipal de
las licencias de edificación, es donde se ha producido una mayor
conflictividad. Los ciudadanos se preguntan por la legalidad de las
licencias otorgadas por los ayuntamientos a los promotores de viviendas
ubicadas debajo de las líneas de alta tensión, ante la duda de sus
potenciales efectos nocivos. Por su parte los ayuntamientos defienden su
postura sobre la base de la afirmación de que las líneas de alta tensión
están instaladas con anterioridad a la construcción, que las licencias de
edificación se ajustan a la normativa urbanística aplicable y, por tanto,
se respetan las distancias de seguridad previstas en el reglamento de
líneas de alta tensión.
Es cierto que los efectos sobre la salud de los campos generados por ese
transporte de energía eléctrica a través de estas líneas son
controvertidos y, a veces, absolutamente contradictorios; pero también es
verdad que un principio mínimo de cautela exigiría la adopción de ciertas
medidas al respecto, aunque no suponga un respaldo de las hipótesis
existentes sobre posibles patologías generadas por estos campos
electromagnéticos que puedan crear las líneas de alta tensión. La salud
pública es un bien constitucional de carácter prioritario cuya efectiva
protección no puede quedar al albur de una negociación entre los
ciudadanos, las compañías eléctricas y los ayuntamientos o comunidades
autónomas, sino que debe abordarse desde una perspectiva global.
La normativa vigente se ha quedado obsoleta, es insuficiente para regular
adecuadamente una materia tan compleja. Las tecnologías, como ustedes
bien saben, avanzan a un ritmo necesariamente superior al de la creación
jurídica, y una posible adopción de nuevas normas que presten atención a
la red de alta tensión tampoco solucionaría el problema existente ya que
las actuales líneas surcando zonas urbanas continuarían constituyendo un
grave problema. Por tanto, a juicio de nuestra institución, la
modificación del ordenamiento eléctrico debería ser completada con la
supresión en entornos residenciales de las líneas de alta tensión, como
objetivo programado dentro de un futuro plan de ordenación del trazado de
estas líneas, cuya elaboración requeriría la participación efectiva de
todos los sectores afectados.
Sobre la base de estas consideraciones, el Defensor recomendó al
Ministerio de Industria y Energía --cuyo objetivo es la modificación del
reglamento de las líneas de alta tensión-- que garantice la creación de
pasillos eléctricos excluyentes de cualquier actividad humana de carácter
permanente y su adaptación a la resolución que, por otra parte, existe
del Parlamento Europeo, de mayo de 1994, en la que se solicitaba la
limitación de la exposición de los trabajadores y del público en general
a las radiaciones electromagnéticas.
Finalmente, el octavo tema monográfico se refiere a las notificaciones en
materia de tráfico, que siempre han suscitado numerosas quejas y
reclamaciones ante nuestra institución. Para que las notificaciones en
materia de tráfico puedan llevarse a cabo es imprescindible que la
Administración competente conozca tanto la identidad como el domicilio
del presunto infractor, si bien ha podido constatarse que existe una
inadecuada actualización de las bases de datos que utilizan los
ayuntamientos puesto que están recibiendo muchas veces notificaciones
quienes ya no son los titulares de los vehículos en el momento de
cometerse la infracción. Por eso nos hemos pronunciado sobre la necesidad
de que se arbitren medidas en orden a la constante actualización de los
domicilios que figuren en las bases de datos de los ayuntamientos y, por
otra parte, que se modifique la normativa vigente con el fin de que las
autoridades municipales puedan ejercer su potestad sancionadora sin las
actitudes dilatorias o entorpecedoras de los interesados como
consecuencia de la defectuosa práctica actual de las notificaciones.
Se ha recomendado también a algún ayuntamiento y a la Dirección General
del organismo autónomo Correos y Telégrafos que en las notificaciones que
se reciban por personas
distintas de los interesados se observe el más escrupuloso cumplimiento
de todos los requisitos exigidos, entre los que cabe señalar la plena
identificación de quien acepta dichas notificaciones --es decir, el
nombre, los dos apellidos, así comosu documento nacional de identidad--,
a fin de garantizar que la notificación llegue a poder del interesado y
que la infracción no quede sin la correspondiente sanción.
Dentro del capítulo dedicado a estos temas --lo indicaba al hacer una
especie de resumen de lo que iba a consistir esta intervención-- se ha
incluido, lo decía el informe, un estudio genérico sobre la situación de
los menores en España desde la perspectiva de la institución del
Defensor, que constituye una novedad digna de ser resaltada. Es la
primera vez que lo hacemos con este carácter, porque es cierto que la ley
orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección jurídica del menor, que
modificó parcialmente el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil,
estableció en su artículo 10 medidas para facilitar el ejercicio de los
derechos, que uno de los adjuntos del Defensor se haría cargo de todos
los asuntos relacionados con los menores. De conformidad con lo dispuesto
en esta norma, se decidió que todas las quejas referidas a la infancia
fueran coordinadas por la adjuntía primera y el área de atención al
menor, aunque la tramitación ordinaria de estas quejas continuara
llevándose a cabo por el área correspondiente a la materia de que se
trate.
Como consecuencia de todo lo anterior se ha decidido incluir este estudio
genérico, que permite ofrecer una visión de conjunto sobre la infancia,
en el que destacan las repercusiones que la entrada en vigor del nuevo
Código Penal ha tenido en relación con los menores. Ello dio lugar a que
el Defensor dirigiera una recomendación al Ministerio de Justicia sobre
tres aspectos del nuevo Código Penal.
El primero de dichos aspectos se refiere a la difusión de pornografía
infantil a través de los medios informáticos ya que podrían existir
dificultades jurídicas para encontrar un tipo penal en el que se pudiera
sancionar la difusión de estas imágenes cuando su grabación o difusión se
hubiera hecho fuera del territorio nacional y los receptores fueran
mayores de edad. Ante esta situación se recomendaba que se llevaran a
cabo las iniciativas legales oportunas en orden a incluir de manera
expresa aquellos supuestos en los que se exhiban imágenes o material
pornográfico infantil cuando los receptores sean tanto mayores como
menores, todo ello con independencia del lugar en el que se haya
producido o emitido el material o las imágenes pornográficas.
El segundo aspecto que incluía la recomendación se refería a la diferente
penalidad con que se castigaba el delito de corrupción de menores en el
anterior articulado del Código Penal y en el texto vigente. Al considerar
que no existe proporcionalidad entre la gravedad de las conductas que se
sancionan en el actual artículo 181 y las penas en él previstas se
recomendó la posibilidad de adecuar estas penas a la gravedad de los
hechos tipificados, especialmente cuando los jóvenes que se ven
implicados en estos hechos tienen 12 o más años. Esta conclusión se
obtiene sobre todo después de examinar el contenido de la sentencia del
Tribunal Supremo que todos ustedes conocen, de 16 de septiembre de 1996,
que evidentemente conmocionó a parte de la sociedad española.
El último aspecto que contenía la recomendación hacía referencia a las
dificultades existentes en algunas Audiencias provinciales para sancionar
conductas realizadas sobre menores debido a la reducción de los plazos de
prescripción que, en términos generales, han pasado de diez años del
Código anterior a los cinco y tres años del nuevo Código. Esta
recomendación fue asumida plenamente por el Ministerio en la proposición
de ley que ha sido remitida a las Cortes y que en estos momentos supongo
que estará tramitándose en la Comisión legislativa correspondiente.
La segunda parte del informe está dedicada a analizar la actuación del
Defensor en el desempeño de su función de supervisar el funcionamiento de
las administraciones públicas para evitar posibles excesos o anomalías.
No se contiene --ni creo que es el caso-- un análisis pormenorizado de
cada caso, sino que se hace una referencia genérica de los temas que se
ha considerado pueden tener mayor interés desde el Defensor y que
permiten efectuar una valoración global de las diferentes conductas
administrativas.
Siguiendo una línea que se inició en el informe del año 1995, se ha
prescindido de la diferenciación clásica en anteriores informes
consistente en separar las quejas que se referían a derechos y libertades
de los españoles, de la investigación respecto de aquellas que atañen al
mal funcionamiento de la Administración pública en supuestos que no
afectan a derechos fundamentales ya que esta distinción suponía en la
práctica una dificultad añadida a la hora de tratar de localizar en el
informe alguna queja o alguna cuestión determinada.
En relación, pues, con esta segunda parte, por lo que se refiere en
primer lugar a la Administración de justicia y una vez que hemos hecho la
primera alusión en el tema monográfico, debemos decir también que existen
importantes dilaciones, además de las señaladas en el ámbito de la
jurisdicción contencioso-administrativa, en el ámbito de la jurisdicción
civil que presenta en determinados órganos unipersonales, así como en
algunas secciones civiles de audiencias provinciales y sobre todo en la
Sala Primera del Tribunal Supremo, unos niveles de saturación que hacen
que aquellos procedimientos que por su naturaleza son susceptibles de
recurso de casación, no reciban una respuesta judicial definitiva hasta
transcurridos seis o siete años desde su inicio. Por ello se ha efectuado
una investigación sobre los distintos órganos judiciales con el fin de
averiguar las causas de esas dilaciones en la tramitación de los
distintos procedimientos, para lo cual, como era preceptivo, hemos
solicitado frecuentemente la colaboración del Consejo General del Poder
Judicial que en sus informes, una y otra vez, recuerda el desequilibrio
existente entre los medios humanos con que cuentan los órganos
jurisdiccionales y su enorme carga competencial.
Aunque la mayor parte de las actuaciones del Defensor en materia de
Administración de justicia se deben a dilaciones injustificadas, en algún
caso el Defensor del Pueblo ha tenido que intervenir para esclarecer
hechos que por su gravedad y por afectar a derechos fundamentales, ha
debido
ser objeto de una investigación específica por parte de la Fiscalía
General del Estado.
Por lo que se refiere a la Administración penitenciaria, hay que recordar
que en el año 1996 se elaboró --y creo que lo conocieron SS. SS.-- el
informe monográfico sobre la situación de las cárceles españolas relativo
al período 1988-1996. Por esta razón en este informe no se recogen todas
las actuaciones llevadas a cabo por el Defensor del Pueblo en esta
materia, ya que el informe monográfico, como he dicho anteriormente, fue
bastante exhaustivo. Sin embargo, sí debería poner de relieve que el
informe que estamos analizando pone de relieve algunos problemas que se
refieren también a la masificación, a la falta de suficiente espacio,
particularmente en los departamentos de mujeres de algunas cárceles, por
ejemplo, Nanclares de Oca, Cuenca, Bonxe (Lugo), Albacete, Orense, Murcia
y el centro de inserción social Victoria Kent, que contrasta con las
adecuadas instalaciones del centro penitenciario de Madrid, en Soto del
Real, donde las internas son alojadas en un módulo de similares
características a los utilizados por los hombres.
También se destaca la situación en que se han encontrado algunos centros
penitenciarios en los que convivían más de dos presos por celda, llegando
a veces hasta seis, conservándose los dormitorios colectivos o las
brigadas en que pernoctaba un número importante de internos. Por tanto,
parecía existir una sobreocupación de celdas y la existencia de
dormitorios colectivos exigía aplicar una política de construcción de
nuevos centros o de adaptación del centro. En este momento hay siete
establecimientos en obras, con diversos grados de ejecución y que
continúan pendientes de finalizar dicha construcción. En alguno de ellos
se ha diferido su inauguración --a pesar de estar totalmente terminado--
por diferencias de criterios políticos respecto a su ubicación y
pertinencia. Las modificaciones que en la realidad penitenciaria
supondría la efectiva entrada en funcionamiento de todos los centros
actualmente en construcción e incluso el construido, al menos en aspectos
como el alojamiento y el espacio, podría resolver buena parte de las
deficiencias estructurales de que adolece el actual sistema
penitenciario.
El Defensor se ha preocupado de investigar también aquellos casos en que
ha tenido conocimiento del fallecimiento de internos en establecimientos
penitenciarios. A la vista de los datos obtenidos, se solicitó de la
Administración penitenciaria un informe que contuviera una valoración
relativa a los posibles medios que se podían adoptar en sede
administrativa para mejorar el vigente sistema de prevención de los
suicidios. Recientemente estamos leyendo en la prensa noticias de estos
casos de suicidio que se van sucediendo con mayor asiduidad de la que
sería razonable. Parecía claro que podía ser perfeccionado este sistema
de prevención a partir de los datos constatados. Desde la perspectiva de
la obligación que corresponde a la Administración de velar por la vida,
de velar por la seguridad de los internos, también se solicitó un informe
relativo a la implantación de medidas que permitieran detectar estos
intentos de suicidio con la mayor celeridad posible para reducir con ello
su número, sin que hasta el momento hayamos recibido contestación de la
Administración.
Por lo que se refiere a la seguridad pública, concretamente a las
intervenciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ha preocupado a
esta institución la falta de rigor con que ha venido llevándose a cabo la
práctica, en algunos casos, del desnudo integral de detenidos por
miembros del Cuerpo Nacional de Policía, como consecuencia de la
insuficiente regulación en el ordenamiento español de esta cuestión, ya
que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo determina
que la detención deberá practicarse en la forma que menos perjudique al
detenido en su persona, y el artículo 19 de la Ley Orgánica de protección
de seguridad ciudadana permite el control superficial de los efectos
personales. Ambos preceptos son incompletos para dibujar los límites de
los registros personales o cacheos, y no permiten precisar cuándo ni de
qué modo debe acudirse a un registro de mayor o de menor intensidad.
Ante la necesidad de evitar el uso indiscriminado del desnudo integral,
procurando en todo caso que la adopción de esta medida sea justificada y
esté basada en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, el
Defensor, siguiendo la línea jurisprudencial señalada por el Tribunal
Constitucional en su sentencia 57/1994, formuló al Ministerio del
Interior una recomendación para que dictase una instrucción sobre esta
cuestión dirigida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La
instrucción dictada por la Secretaría de Estado para la Seguridad recoge
la recomendación, estableciendo que la práctica del desnudo de detenidos
se decida por el funcionario responsable de acordar dicha medida, que
deberá ser motivada, debiendo, además, quedar constancia de la misma en
el correspondiente libro-registro de detenidos.
La expulsión de 103 inmigrantes de Melilla en junio del año pasado
reafirmó la necesidad de garantizar la adecuada utilización de los
procedimientos previstos en la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España. Después de las
investigaciones que se practicaron de manera exhaustiva, con visitas de
ambos adjuntos y de los responsables del Defensor, se concluyó que el
proceso de expulsión (me estoy refiriendo en este caso al de Melilla,
porque el problema también existe, aunque con menor virulencia en estos
momentos, en Ceuta) había adolecido de una serie de anomalías que por su
naturaleza habían supuesto la vulneración del ordenamiento legal en esta
materia y así se lo hicimos saber. La verdad es que por las condiciones
de abandono y marginalidad, hizo imprescindible formular al Ministerio
del Interior una recomendación con el fin de evitar que se llegue a estas
situaciones. Las recomendaciones que son objeto de especial seguimiento
por el Defensor del Pueblo, y de manera especial en este año 1997, tratan
de abordar conjuntamente la problemática de los inmigrantes de Ceuta y
Melilla para evitar la repercusión de las situaciones vividas en ambas
ciudades en estos dos últimos años. Las noticias aparecidas en la prensa
ayer y anteayer nos dicen que van pasando y que es un verdadero problema
controlar esa especie de absorción por estas ciudades de inmigrantes
subsaharianos que una y otra vez insisten --y seguirán insistiendo--, en
buscar un medio de vida más digno.
Recientemente --tan sólo hace unos días-- se ha podido constatar la
persistencia del problema. Ello nos hace reclamar --así se lo hemos hecho
saber al Ministerio del Interior y quiero resaltarlo ante esta Comisión--
la creación urgente, y al nivel adecuado, de una estructura estable de la
Administración para temas de inmigración que pueda superar la
insuficiente situación.
Dentro de unos días vamos a tener una reunión con representantes de los
distintos ministerios, para poder --si es posible-- actuar con fórmulas
coordinadas; pero lo cierto es que, hoy por hoy, a pesar de la buena
voluntad, a pesar de las promesas, a pesar del interés que seguro están
poniendo las autoridades, lo cierto es que se sienten impotentes, o no
han podido aplacar esta entrada casi diaria que va aumentando
progresivamente. Las condiciones en las que están viviendo estos
inmigrantes en Ceuta o en Melilla son realmente inhumanas. Hay que ir a
verlas para saber cómo son.
Por lo que se refiere a la Administración militar, y más concretamente al
tema de la insumisión, hay que señalar que si se opta por el modelo de
fuerzas armadas profesionales y se suprimen, por tanto, las prestaciones
personales obligatorias que están previstas actualmente, se produciría la
situación de que habrá unos jóvenes condenados por determinadas conductas
que, en breve, dejarán de ser delictivas.
El Defensor quiere dejar constancia del criterio que se recogió en un
comunicado elaborado tras la reunión de coordinación mantenida por todos
los comisionados autonómicos en el año 1995, en el sentido de que estas
conductas no deberían conllevar penas de prisión y la sanción que
merezcan debe ser proporcionada al interés jurídico que pretender
proteger.
El año pasado se suscitó un problema, que todavía persiste, que afecta a
un número elevado de jóvenes que se declararon objetores de conciencia,
han realizado la prestación social sustitutoria y a los que todavía no se
les ha abonado el vale que entregaba la Dirección General de Objeción de
Conciencia para la adquisición de vestuario. Esta situación, expuesta por
numerosos objetores que se han dirigido a nuestra institución, motivó el
inicio de una investigación de carácter general, que ha continuado a lo
largo del presente año, a consecuencia de la cual se han formulado una
serie de recomendaciones al Ministerio de Justicia, que todavía no ha
respondido, y que se recogerán en nuestro próximo informe.
El tema de la Administración educativa suscita cierta polémica, sin que,
en muchos casos, los llamativos titulares que han publicado algunos
periódicos recojan verdaderamente el contenido de lo que se refleja en el
informe.
La prestación de un servicio tan costoso como el educativo siempre ha
estado limitada negativamente por las disponibilidades presupuestarias y
la mayor parte de los problemas que cada año se tratan en los informes
anuales tienen su origen en esta cuestión. No es pues una novedad del
informe del año 1996 la mención a las restricciones presupuestarias que
afectan a la educación y tan sólo se llama la atención de los poderes
públicos sobre sus problemas y, respecto de un período compartido por
gobiernos de distinto signo político, porque razones ajenas a la política
educativa y vinculadas a la incorporación de España a la Unión Económica
y Monetaria, acrecientan el rigor presupuestario en unos términos muy
estrictos. Por este motivo, el informe advierte a quienes tienen cada año
la obligación de aprobar los presupuestos --me estoy refiriendo,
evidentemente, a SS. SS.-- sobre la ineludible necesidad de dotar al
sistema educativo de todos los recursos necesarios para que cumpla
adecuadamente su finalidad fundamental, porque si las dotaciones
presupuestarias no son suficientes, las consecuencias negativas se verán
reflejadas en un futuro no muy lejano, en un sistema educativo deficiente
que no responderá a las necesidades de la población.
Además de esta llamada general de atención, el informe aborda algunos
supuestos en lo que se refiere directamente a la carencia de recursos
económicos que impide la adopción de soluciones reclamadas. La gratuidad
de los libros de texto en los niveles de educación obligatoria,
bonificaciones y exenciones para familias numerosas, escolarización y
transporte escolar en la etapa de educación infantil, sustitución de
profesorado, homologación retributiva del personal docente que imparte
clases de religión en centros públicos, son algunas cuestiones que no han
tenido la solución deseable por las restricciones presupuestarias
reseñadas.
Igualmente, en la implantación del nuevo sistema educativo, que ha
sufrido varios retrasos en su calendario de aplicación ya en ejercicios
anteriores a este de 1996, así como la construcción de nuevos centros y
la mejora o reforma de los existentes, son aspectos que están afectados
por las limitaciones a que hace referencia el informe.
En la Administración sanitaria hay que señalar que, como ha venido
sucediendo en años anteriores, un significativo número de quejas se
refiere a los derechos reconocidos a los usuarios del sistema sanitario
público. Por ello hay que referirse al derecho de los pacientes y de sus
familiares a la información sobre los procesos de enfermedad,
especialmente en los casos en que se produzcan ingresos en centros
hospitalarios por vía de urgencia. En tal sentido se remitió una
recomendación a la Dirección General del Insalud de Madrid para que en el
centro hospitalario La Paz se estableciera, de forma protocolizada, el
procedimiento a seguir en aquellos supuestos en los que, por estas
razones de urgencia, el ingreso de los pacientes se efectúe sin el previo
conocimiento de los familiares, a fin de informar a éstos de tal
circunstancia. Esta recomendación fue aceptada, procediéndose en
consecuencia a elaborar en el servicio de urgencia de dicho hospital un
protocolo de localización de familiares.
Durante este año al que se contrae el informe, han continuado llevándose
a cabo actuaciones relativas a listas de espera, referidas a la
realización de intervenciones quirúrgicas. No obstante, parece observarse
un paulatino descenso de las quejas, lo que podría apuntar hacia una
posible mejora en la situación de estas listas; pero ello no impide
constatar que continúan existiendo y que dan lugar a demoras en la
prestación de la asistencia sanitaria en varios centros hospitalarios.
En el marco protector de la acción social, se han realizado actuaciones
en un intento de paliar la desigualdad de
tratamiento que existe entre trabajadores incluidos en los respectivos
campos de aplicación de los regímenes especiales agrarios y de los
trabajadores autónomos. En el primero de estos regímenes, el régimen
especial agrario, para tener derecho a las distintas prestaciones es
requisito indispensable que los trabajadores se encuentren al corriente
en el pago de sus cotizaciones en el momento de producirse el hecho
causante, circunstancia que no se exige en el segundo de los regímenes
citados. Las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo culminaron
con la formulación de una recomendación a la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social para que se modificara la vigente regulación en esta
materia del régimen especial agrario, ya que la exigencia de encontrarse
al corriente en el pago de las cotizaciones podría ser excesivamente
rigorista. En la contestación dada por la mencionada Secretaría de Estado
se nos manifiesta que para la modificación de este requisito sería
necesaria una norma con rango de ley y, en este sentido, cualquier
modificación debería abordarse dentro del marco del acuerdo sobre
consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.
Es de señalar también, en otro aspecto, que el ordenamiento español de la
Seguridad Social se caracteriza por una excesiva rigidez al establecer la
incompatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y el
desarrollo de una actividad laboral comparado con los criterios más
flexibles en que suelen estar inspirados los ordenamientos de la mayoría
de los países miembros de la Unión Europea. De ahí que fuera deseable que
de lege ferenda el ordenamiento español se acomodara también a este
criterio contenido en la recomendación de la Comunidad Económica Europea,
de 10 de diciembre de 1982, relativa a los principios de una política
comunitaria sobre la edad de jubilación, conforme a la cual los
pensionistas no deberían ser excluidos de otras formas de actividad
remunerada. Comprendo que esto puede tener dificultades y algún tipo de
rechazo, pero la realidad es que tenemos que hacer esta referencia porque
es obligada, porque nos parece justa y, en definitiva, porque en este
momento estamos hablando de una situación temerosa respecto de esos
propios jubilados.
El tercero de los puntos sobre los que quiero centrar mi reflexión se
refiere al contenido de las recomendaciones que el Defensor ha efectuado
a las distintas administraciones públicas. Esta cuestión siempre suscitó
el interés de SS. SS. y, por eso, en el informe de este año se incluye un
apartado específico en el que quedan reflejadas todas las
recomendaciones, indicando cuáles han sido aceptadas o rechazadas por la
Administración y haciendo una breve síntesis de su contenido.
Las 142 recomendaciones formuladas por el Defensor han abarcado un campo
bastante amplio de actuación, que comprende tanto recomendaciones de
cambios legislativos y de interpretaciones de normas como invitaciones a
la modificación de distintas actuaciones de las administraciones
públicas. A título enunciativo citaré, entre las recomendaciones que han
sido aceptadas, algunas que han adquirido mayor repercusión social que
otras: la relativa a la imposición coactiva de reconocimientos físicos,
a la que antes me refería; la modificación de la normativa fiscal que
afecta a las prestaciones familiares por hijos a cargo e, igualmente, los
incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad, a fin de que
puedan considerarse como menores integrantes de la unidad familiar; la
recomendación sobre la adopción de medidas para la resolución de la
problemática de los inmigrantes subsaharianos; la recomendación sobre la
autorización para el regreso a territorio nacional de extranjeros cuyo
permiso hubiera perdido vigencia; la recomendación sobre la implantación
de un sistema que permita a los reclusos tener constancia documental de
las cartas que entregan a los funcionarios de prisiones; la recomendación
sobre garantías respecto a la solicitud de asilo previas a una expulsión;
la recomendación sobre implantación del segundo llamamiento en pruebas de
selectividad para el acceso a la universidad; la recomendación sobre
novatadas en colegios mayores universitarios; la recomendación sobre la
supresión del requisito de que la adopción se haya formalizado dos años
antes del fallecimiento del causante para acceder a la pensión de
orfandad, equiparando a los hijos adoptivos con los demás; la
recomendación sobre la atención por personal femenino a víctimas del
mismo sexo de delito contra la libertad sexual; la recomendación sobre la
gestión de los recursos acuíferos, en particular del sistema de La Mancha
occidental; la recomendación sobre mendicidad; la recomendación sobre
modificación de los impresos de notificación en materia de tráfico,
etcétera.
En cambio, no ha sido aceptada la recomendación efectuada al Ayuntamiento
de Madrid sobre tramitación de notificaciones recibidas en los domicilios
por personas distintas al interesado, ni la recomendación en relación con
la retirada del vehículo por la grúa municipal habiendo aportado el
conductor pruebas que acreditaban la inexistencia de infracción que
legitimara tal intervención.
Por último, quiero decir que de las 28 recomendaciones que se encontraban
pendientes de contestación en el momento de terminarse el informe, 12 han
sido aceptadas, mientras que en los 16 casos restantes la Administración
todavía no se ha pronunciado.
Como es sobradamente conocido, el Defensor del Pueblo, por ser una
magistratura de persuasión, carece de autoridad ejecutiva. En el
ejercicio de su autoridad moral, la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo
permite que se incluyan en el informe las administraciones que han
incumplido con el deber legal de colaborar con esta institución y, por
eso, en el informe se ha hecho una relación de estas administraciones. Si
bien es cierto, y tenemos que reconocerlo, que el número es exiguo en
relación con el volumen total de expedientes y que en la mayoría de los
casos se trata de administraciones locales con escasos medios, se han
incluido expresamente en el informe para conocimiento de estas Cortes.
También se recogen en la tercera parte del informe las 11 solicitudes de
interposición de recursos de inconstitucionalidad dirigidas a nuestra
institución. De estas 11 solicitudes solamente se interpuso, en el año
1996, un recurso contra el inciso «que residan legalmente en España», del
apartado a) del artículo 2 de la Ley 1/1996, sobre Asistencia Jurídica
Gratuita, por entender que podía vulnerar el artículo
24 de la Constitución, al no respetar el contenido esencial del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, y el artículo 53.1, por la
misma razón.
No se consideró oportuna la interposición de recurso de
inconstitucionalidad en los restantes casos, por los diferentes motivos
que se reflejan de forma detallada en el informe.
Finalmente, quiero hacer una breve referencia a las relaciones
institucionales, en las que cabe insistir en la fluida y cordial relación
con los comisionados autonómicos, que no solamente continúa dentro de
esta línea de colaboración, sino que ha alcanzado un excelente nivel de
comunicación en un esfuerzo común para mejorar nuestra eficacia al
servicio de los ciudadanos. Los días 25 y 26 de septiembre de 1996 se
celebraron en León las XI Jornadas de Coordinación de Defensores y
Comisionados, y dentro de unos días, a principios de octubre,
celebraremos en Sevilla las XII Jornadas. Con este motivo de impulsar
nuestro espíritu de cooperación, se han venido firmando convenios, el
primero de ellos en el año 1996, con el Procurador del Común de Castilla
y León. También se han firmado otros convenios de colaboración con
distintos organismos y universidades y, en este marco de actuación
académica, quiero destacar que los adjuntos han desarrollado una intensa
labor de divulgación universitaria, participando en numerosos seminarios
y conferencias.
En el escenario internacional podemos resaltar nuestra participación en
el Primer Congreso de la Federación Iberoamericana de Defensores del
Pueblo, la FIO, que se celebró en la ciudad de Querétaro, experiencia que
nos llevó a tener una mayor participación, un mayor protagonismo, y que
tuvo particular importancia como germen de la convocatoria del II
Congreso, que, como ustedes saben, se celebró este año, el pasado mes de
abril, en Toledo, y que constituyó una plataforma decisiva para coordinar
los esfuerzos de todos los Defensores y Procuradores en la lucha por la
defensa de los derechos humanos en todos los países iberoamericanos. El
próximo día 22 la junta directiva celebrará una reunión para plantearse
los problemas que tiene pendientes en estos momentos la FIO.
Concluyo dedicando unas palabras a poner de relieve el verdadero
significado de la labor del Defensor en el ejercicio de esta función de
alerta de la actuación de las administraciones, para custodiar todas las
libertades y todos los derechos fundamentales.
Dentro de la complejidad tecnológica que significa la sociedad en la que
estamos metidos y las dificultades de la especificidad de los
procedimientos jurídicos, a los que hay que añadir el peso de la
maquinaria burocrática, el ciudadano se encuentra en no pocas ocasiones
como perdido, sin saber qué camino tomar, y es precisamente en estos
casos cuando la tarea del Defensor de acercar las estructuras
administrativas al ciudadano y, en definitiva, intentar modernizar la
gestión de la Administración, entendida como auténtico servicio en favor
de los intereses generales, no como un poder burocrático, adquiere su
verdadera dimensión y resume el sentido de nuestra institución y de las
homólogas existentes en otros países. Pero con ser trascendental esta
función, que constituye una especie de signo de identidad del Defensor,
es importante también subrayar el papel que corresponde al informe anual
que ahora se debate. En su letra, en sus gráficos y en sus números se
ofrece una especie de retrato social que permite conocer en profundidad
cuáles son las inquietudes y dificultades con que tropiezan nuestros
ciudadanos. Informar de estos problemas no es una cuestión de técnica
numérica; es, sobre todo, compartir inquietudes, solidarizarse con lo
humano para que no nos resulte ajeno y, desde luego, abrir una vía al
diálogo con los poderes públicos, especialmente con el Poder Legislativo.
En las páginas del informe encontrarán SS. SS. numerosa propuestas e
iniciativas que corresponden a otras tantas reclamaciones y peticiones
que han sido formuladas ante nuestra institución. Esperamos que puedan
ser tenidas en cuenta en la medida en que así lo estime conveniente el
Parlamento, porque vienen a ser la respuesta institucional a la hora de
corregir desajustes, situaciones conflictivas existentes entre el
ciudadano y la Administración. Significaría, sin duda, un respaldo para
el desempeño de nuestra labor, que precisa siempre del apoyo y la
comprensión de SS. SS.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Es de agradecer el informe exhaustivo y exacto que
ha realizado el Defensor del Pueblo, sobre todo teniendo en cuenta
ciertas deficiencias físicas que hoy padece. Por eso es conveniente que
suspenda la sesión por diez minutos, a cuyo término los grupos
parlamentarios podrán manifestar sus opiniones o formular las cuestiones
que tengan a bien plantear.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra don Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Una vez más, señor Defensor del Pueblo, don
Fernando Alvarez de Miranda, quiero reiterarle nuestra palabra de aliento
y de estímulo, como comisionados del Congreso de los Diputados y del
Senado, a esta extraordinaria y magnífica labor --exhaustiva, añadiría
yo-- que viene realizando la institución del Defensor del Pueblo.
En primer lugar, haré una serie de observaciones al informe que el señor
Defensor del Pueblo nos acaba de presentar en su larga y extensa
exposición, al hilo de lo que considero que son valores positivos de este
informe. En primer lugar, la sistemática de la exposición se ha ido
mejorando a lo largo de los años, facilitando la comprensión no solamente
para los diputados que formamos parte de esta Comisión, sino también para
cualquier lector, analista o estudioso de ese pulso de la patología o
sanidad administrativa de la Administración general del Estado en cuanto
a
sus relaciones con los ciudadanos y en cuanto a la norma de conducta, de
comportamiento y de respuesta de estos ciudadanos. A eso ayuda,
fundamentalmente, la sistemática de la ordenación de la temática y del
índice, que se evidencia plenamente con la primera parte de este informe
presentado para 1996.
En cuanto a la sistemática, señor Defensor del Pueblo, quiero pedirle que
persistan en dos aspectos que desde hace un par de años han empezado a
cobrar intensidad sobre los aspectos puramente pasivos de la institución
del Defensor del Pueblo, y los llamo pasivos en cuanto que la institución
tenía una primera concepción de trabajo que era estar en su sitio
esperando la llegada de las reclamaciones de los ciudadanos. Quiero
destacar la importancia que tiene para las funciones encomendadas a este
Congreso y a la institución del Defensor del Pueblo el que la institución
salga a la calle, vaya a buscar los problemas y no espere a la vía de la
denuncia del ciudadano; me refiero a un comportamiento pasivo en el
sentido puramente de la recepción del asunto. Por tanto, le instamos a
que efectúen esos estudios e investigaciones sectoriales. Si la
información que se contiene en las quejas de los ciudadanos no procede de
un análisis detallado de la propia Administración del Estado, tiene que
buscarla la institución del Defensor del Pueblo para saber qué está
pasando con los temas que se han calificado aquí, con gran fortuna, como
temas monográficos de determinación de estas materias, así como el
tratamiento que se tiene que dar a temas tales como los presos, la
mendicidad, las líneas de alta tensión, el tráfico, la televisión y la
situación de la infancia. Le insto, señor Defensor del Pueblo, a mantener
esa línea de ir a buscar los problemas allí donde estén.
Quiero destacar otro tema que es positivo y que convendría trasladar a
los comisionados de las distintas comunidades autónomas que tienen
figuras similares, por competencias estatutarias, a la del Defensor del
Pueblo. Es necesario no solamente que ellos hagan estudios e
investigaciones sectoriales, porque del análisis que he hecho de este
informe deduzco que en algunas comunidades autónomas hay problemas que no
se dan en otras, que tienen mayor peso específico por cuestiones
sociológicas, económicas, instrumentales, de la propia Administración
autonómica que funciona allí, o por el distinto grado de comportamiento
que se deriva de las comunidades autónomas según el nivel de
transferencias que tengan. Qué duda cabe que la capacidad resolutiva de
una comunidad autónoma como la de Cataluña, el País Vasco o Canarias, por
poner unos ejemplos, que tienen una serie de competencias distintas de
otras generales, influye también en el uso de los ciudadanos de la
institución, bien del Defensor del Pueblo, en términos estatales
generales, bien de la del comisionado respectivo que ellos tengan por sus
competencias estatutarias.
Otro tema a destacar, también muy positivo, es que hayan aumentado
ustedes el número de visitas, dentro de la nueva filosofía del Defensor
del Pueblo de ver qué pasa y no limitarse solamente a que le denuncien lo
que ocurre en una comisaría de Policía, en un asilo o en un centro de
acogida de la tercera edad, sino que va allí con la inspección. Al llegar
a este punto, quisiera hacerle una matización. En el informe que se nos
ha presentado observo que en el índice de las visitas realizadas
predominan las realizadas en la zona centro. Desconozco si esta
circunstancia se debe a que la institución del Defensor del Pueblo, que
usted representa y preside, actúa en este área de Madrid y de las
comunidades autónomas circundantes y no vienen aquí reflejadas las
visitas que están realizando los comisionados de las comunidades
autónomas que los tienen. Quisiera que me aclarase esta duda el señor
Defensor del Pueblo porque observo ese predominio en inspecciones a
comisarías, centros sociales, etcétera, en la región centro, y se ve que
la España periférica no está tan representada. Si esto es así, le insto
a que el Defensor del Pueblo incite el celo de los respectivos
comisionados de las comunidades autónomos para que saquen su institución
de la sede oficial y vayan a investigar los problemas de toda índole allí
donde están, porque a veces una fotografía --como ocurre con la revista
que ustedes editan-- es más elocuente que mil palabras; sacar una
fotografía de todos esos sumarios en los suelos de los despachos
judiciales de lo Contencioso-administrativo es verdaderamente
significativo.
Otro tema para el que también creo que se debe incentivar a estos
comisionados y que está realizando muy bien, a mi juicio, la institución
del Defensor del Pueblo es el de las recomendaciones efectuadas a las
distintas administraciones públicas. Vemos con agrado, señor Defensor del
Pueblo, que la institución que usted preside está aumentando las
recomendaciones a las administraciones públicas. No se trata solamente de
pedir información del deseo que tiene un ciudadano de utilizar la
institución y de deducir lo que está ocurriendo en el pulso que ustedes
le toman en el día a día a la situación de reclamación de los ciudadanos
ante la Administración pública del Estado y de las comunidades autónomas,
sino que hacen recomendaciones de corrección, y a lo largo de mi corta
intervención reseñaré algunos casos puntuales.
Deduzco por el informe, señor Defensor del Pueblo, que existen dos
grandes asignaturas pendientes que siguen ahí. Una es la jurisdicción
Contencioso-administrativa, porque no se trata de una pura reclamación
técnica. Si hay atasco en la jurisdicción Contencioso-administrativa, se
está vulnerando el principio de tutela judicial efectiva, y ése es el
valor que tenemos que defender, el tema constitucional de la tutela
judicial efectiva.
En los retrasos de la jurisdicción Contencioso-administrativa ustedes han
puesto un caso muy concreto referido a un expediente y una reclamación
presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la Sala de
Santa Cruz de Tenerife, en la jurisdicción militar: un ciudadano militar
hace una reclamación de solicitud de pensión por caballero mutilado que
el Ministerio de Defensa le deniega. Esto se hace en 1986 y se llega a
1996 y en la jurisdicción Contencioso-administrativa no se le ha dado
respuesta a este ciudadano. Le quiero felicitar por haber puesto como
ejemplo un caso que es paradigmático: un ciudadano lleva 10 años
esperando de la jurisdicción Contencioso-administrativa la resolución de
una pensión de mutilado, desde luego, esto es intolerable en una
Administración que tiene que funcionar con agilidad.
Otra asignatura pendiente es la objeción de conciencia, y creo que están
actuando ustedes, señor Defensor del Pueblo, muy positivamente al recoger
una inquietud social que se está viendo incrementada en estas última
fechas después de algún lamentable suceso que ha ocurrido en cuarteles
españoles y de los anuncios de la supresión del servicio militar. Creo
que o se resuelve esta materia, al menos en la época de transición hasta
que se implante el servicio militar voluntario y se suprima el
obligatorio, o vamos a tener problemas de todo tipo, fundamentalmente
político-social, en el asunto de la objeción de conciencia al aumentar el
número de objetores. Yo le insto, señor Defensor del Pueblo, a que sigan
ustedes machacando firmemente en el tema de los derechos constitucionales
que se tienen que derivar para la aplicación de la actual Ley de objeción
de conciencia, a la cual mi grupo tiene que hacer fuertes críticas,
comenzando por la diferencia que hay entre el período de la prestación
sustitutoria y los nueve meses del servicio militar obligatorio.
Sobre los recursos de inconstitucionalidad, señor Defensor del Pueblo,
quiero mostrar mi criterio de coincidencia con el dictamen ante un
recurso de petición de inconstitucionalidad presentado por un grupo de
letrados de la Comunidad Autónoma canaria por una decisión que allí se
tomó. En el ámbito canario este tema fue objeto de controversias, de
críticas, en sectores de la opinión pública. Quiero decirle que coincido
plenamente con los criterios jurídicos que la institución del Defensor
del Pueblo adoptó, que vienen suficientemente razonados en muchas
páginas, para decidir la no interposición del recurso de
inconstitucionalidad. Es una pieza de la que usted y sus colaboradores
pueden sentirse orgullosos. Lo han rematado ustedes bien porque no
solamente dicen que no procede el recurso de inconstitucionalidad, sino
que hacen una contundente recomendación a la Administración pública
canaria, al gobierno de Canarias, para que en las leyes de los
Presupuestos Generales del Estado precisamente, o en las leyes de
presupuestos de la comunidad autónoma correspondiente, los preceptos que
no guarden directa relación con las provisiones de ingresos y las
habilitaciones de gastos de los propios presupuestos o con los criterios
de política económica general en que éstos se sustenten, y que sean
además complemento necesario para la mayor inteligencia y para la mejor
y más eficaz ejecución del presupuesto, no deben aparecer para no generar
una inseguridad jurídica como se hizo. Es una recomendación que aunque
haya sido dirigida al Gobierno autónomo de Canarias deberían tomar nota
todas las comunidades autónomas a la ahora de confeccionar sus
presupuestos, indudablemente también la propia Administración central del
Estado al confeccionar los Presupuestos Generales del Estado, porque este
diputado que habla en nombre de Coalición Canaria a lo largo de varias
legislaturas ha presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado en contra precisamente de lo que se había hecho en la denuncia,
para que no aparecieran en los presupuestos Generales del Estado estas
referencias que no tienen por qué aparecer y al que le afectan les genera
una inseguridad jurídica. Está bien que se les haya denegado el poder
acceder al recurso de inconstitucionalidad, pero eso no es óbice para que
la propia Administración pública, al redactar sus presupuestos, no cumpla
también con unos principios de publicitación, de lo que debe y no debe
ponerse.
Por otro lado, no sé si hay alguna medida respecto a esas
administraciones públicas que no contestan a los escritos del Defensor
del Pueblo. He visto que en este tema al que me estoy refiriendo las
administraciones canarias tenemos una nota bastante desfavorable, desde
la Consejería de Sanidad hasta los ayuntamientos que no han contestado a
las requisitorias del Defensor del Pueblo.
Quisiera instarle --aunque vendrá en el informe de 1997 porque es en ese
año cuando se ha efectuado-- a una buena idea que ustedes han tenido en
las instituciones: los convenios entre la institución del Defensor del
Pueblo y los comisionados. Ejemplo de ello es el que usted ha firmado con
el Diputado del Común de la Comunidad Autónoma de Canarias. Creo que eso
es ir generando unos criterios de uniformidad de actuación, respetándose
las competencias soberanas de cada institución pero creando un cuerpo de
doctrina común, porque a fin de cuentas se está actuando sobre ciudadanos
españoles que están todos amparados por los mismo derechos
constitucionales, y sería un contrasentido que la aplicación de una
interpretación de un derecho constitucional en una comunidad autónoma con
un comisionado fuera distinta de la que genera otra comunidad autónoma
con otro comisionado. Esas unidades de doctrina o de criterio, como se
les quiera llamar, con todos los respetos, creo que son muy buenas.
Finalmente, señor Presidente, quiero hacer mención a una cuestión que no
figura en el informe del Defensor del Pueblo y que para mí merece
palabras de encomio, y para lo cual les voy a aplicar lo que dicen los
jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa: Yo no puedo
resolver tantos expedientes y tantos sumarios y fallar sentencia porque
la Administración de justicia no me da ni jueces ni juzgados ni medios
humanos ni materiales. Esa es la explicación que normalmente el
Presidente del Consejo General del Poder Judicial da para justificar que
no es una cuestión de pasividad, de que los jueces de lo
contencioso-administrativo trabajen menos o tenga menos capacidad de
trabajo que los jueces de otras jurisdicciones como la civil o la penal.
Por eso le pregunto si la institución del Defensor del Pueblo está en
estos momentos bien dotada de medios humanos y materiales para ir
haciendo frente a todas esas iniciativas loables que han tomado, como los
estudios a los que me estaba refiriendo antes precisamente, porque no es
lo mismo una plantilla de personal para comportarse pasivamente viendo
las reclamaciones que les llegan de los ciudadanos que sacar a la calle
la institución, empezar a hacer visitas, inspecciones y sobre todo
estudios e investigaciones sectoriales que tan útiles nos son, y como el
señor Defensor del Pueblo ha explicitado, en cuestiones como la
protección de la infancia o la televisión. Me gustaría saber si el que no
vaya la institución con su experiencia acumulada con la lupa y la
tablilla de medir a esos órganos o instituciones de la Administración
pública o paraestatal que están actuando en este campo es debido a una
deficiencia de medios humanos o estructurales, y se puedan poner los
medios para ir atemperando esto a las circunstancias presupuestarias,
pero dándole una prioridad a una función tan extraordinaria como la que
viene realizando la institución del Defensor del Pueblo.
Con mis palabras de felicitación y estímulo a esta labor, señor
presidente, termina mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán quiero
expresar nuestro agradecimiento por la labor que ha realizado la
institución del Defensor del Pueblo en este período y a usted al frente
de ella. El buen hacer de la institución es la principal consolidación y
defensa y garantía de los derechos y libertades consagrados en la
Constitución. El texto que nos ha remitido y que hoy debemos evaluar es
muy extenso y nos es del todo imposible debatir los temas uno a uno en
una sola comparecencia, pues como venimos apuntando en anteriores
intervenciones estos informes por su calidad y rigurosidad deberían
ocuparnos varios debates en esta Comisión para su estudio en profundidad,
ya que constituye un documento obligado y necesario para llevar a cabo
una buena labor legislativa, dado el contenido de necesidades reales
plasmadas en él, pero sí queremos destacar algunas áreas que nos han
llamado la atención. En ellas se exponen temas que, aunque en otros
informes ya se habían apuntado, no se habían tratado con la profundidad
del que hoy nos ocupa. Nos referimos a la dedicada en especial a la
problemática de las familias numerosas y a las compuestas por un solo
progenitor, o a aquellas familias de personas separadas con hijos comunes
y otros pertenecientes a anteriores uniones y que, por tanto, en algunas
ocasiones están repartidos en uno o varios núcleos familiares. Estas
situaciones crean un problema interpretativo al aplicar la ley en
relación con los beneficios a los que podrían acogerse dichos núcleos
familiares, y nos parece acertado, tal como se refleja en el informe, una
modificación de dicha ley. Estas situaciones están lejos de ser
anecdóticas y cada día se presentan con más frecuencia en nuestra
sociedad.
Quisiera hacer una especial mención al capítulo 9, en el que se trata con
intensidad un tema de gran preocupación: la ocupación y la relación del
ciudadano con la Administración laboral. Señor Defensor, le felicitamos
y le agradecemos en este apartado su considerable y especial atención a
dos colectivos desfavorecidos por la demanda de empleo: las mujeres
desocupadas con hijos a cargo y los desocupados discapacitados. En lo
referente a la problemática de la mujer ha puesto usted el dedo en la
llaga. Hoy en día todos sabemos que la formación continua es la mejor y
más eficaz arma para paliar el desempleo, que un trabajador o trabajadora
con una buena formación tiene más posibilidad de acceder a un buen puesto
de trabajo, y dos de los obstáculos para acceder a esta formación por el
colectivo de mujeres desempleadas con hijos a cargo son la
incompatibilidad de los horarios y la falta de instituciones públicas que
se hagan cargo de los menores durante la duración de dicha formación.
Pero sería conveniente y necesario que esas actuaciones también llegaran
a paliar la problemática para lograr una buena y verdadera igualdad de
oportunidades en el acceso al empleo por parte de las mujeres, sean
cuales fueran sus cargas familiares.
Con referencia a los desocupados discapacitados y a la atención que se
les dispensa en las oficinas de empleo en relación a su promoción y
utilización, nos complace su preocupación pero más las actuaciones que
desde la institución se están realizando sobre este tema. Nos parece muy
acertada su recomendación al Instituto Nacional de Empleo, la elaboración
de un programa específico de eliminación de barreras arquitectónicas en
las oficinas de empleo y la promoción desde éstas de un conocimiento, por
parte de las empresas, de las ayudas a la contratación de este colectivo.
Es lamentable que después de tantos años aún tengamos que denunciar el
incumplimiento de la Lismi, sobre todo en lugares públicos y desde la
Administración.
Termino mi intervención refiriéndome a los instrumentos privilegiados que
tiene el Defensor del Pueblo: las recomendaciones, las sugerencias, la
posibilidad de interposición de recursos de inconstitucionalidad y los
recursos de amparo, que utiliza muy mesuradamente. Este camino es
positivo y también útil para ejercer un buen control y seguimiento de la
actuación del Gobierno.
Señor Presidente, no me voy a extender más sobre el informe; lo damos por
conocido y debatido, dando nuestra aprobación y apoyo a la gestión del
Defensor del Pueblo. Pero señor Defensor del Pueblo, no quisiera terminar
esta intervención sin un ruego: una atención hacia una parte de la
ciudadanía que en muchas ocasiones no es escuchada por la Administración
con la suficiente sensibilidad para sus demandas. Don Fernando, cada
semana muere una mujer en el Estado español, una ciudadana a manos de su
ex marido o de su ex compañero; unas mujeres que en muchos casos han sido
maltratadas con continuidad por sus compañeros y que en cuanto toman la
decisión de romper la relación son amenazadas y atemorizadas por éstos;
unas mujeres que desgraciadamente son atendidas cuando ya no hay remedio.
Le ruego, señor Defensor, que abogue por estas ciudadanas y por sus hijos
para que desde la Administración y la sociedad en su conjunto se les dé
la protección a la que tienen derecho.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Almeida tiene la palabra.
La señora ALMEIDA CASTRO: Bienvenido, señor Defensor del Pueblo. La
verdad es que se me había retirado la portavocía de esta Comisión, pero
a la vista de que no hay nadie de mi grupo, y tengo un compromiso
electoral, no quiero dejar de trabajar sea en la condición de portavoz
titular o en la que me den y por eso asumo en nombre del Grupo de
Izquierda Unida la valoración que hacemos del informe presentado por el
Defensor del Pueblo.
Quiero decir, en primer lugar, que todavía está pendiente una deuda que
este Parlamento tiene con el Defensor del Pueblo. En septiembre de 1995
quedamos en adoptar
un compromiso parlamentario en el plazo de tres meses, pero en diciembre
de aquel año se disolvieron las Cortes y ya llevamos año y medio de esta
legislatura y todavía no se ha concretado ese compromiso que a lo mejor
evitaría este peregrinar que va a tener desde hoy el Defensor del Pueblo
de comisión en comisión, de pleno en pleno, contándonos repetidamente el
mismo informe con los mismos debates. Es una burocratización de su labor
dentro del Parlamento, que requeriría que nos pusiéramos todos los grupos
de acuerdo --no es un llamamiento al Defensor, que estaría contento--
para lograr un compromiso respecto al Defensor del Pueblo, que es un
vínculo de actuación entre el poder elegido por los ciudadanos, que somos
nosotros, y el desamparo que tienen los ciudadanos con respecto a la
Administración, que es protegido por el Defensor del Pueblo. Eso no se
hace con muchos informes sino con una actividad mucho más ágil. Por eso
creo --y quiero que conste así en el «Diario de Sesiones» y seamos todos
responsables-- que el Congreso de los Diputados y el Gobierno de la
nación deben asumir el acuerdo que se tomó el 26 de septiembre de 1995
para hacer la defensa necesaria del mismo. Ya hubo una discusión en los
debates del Código Penal sobre para qué vale la institución del Defensor
del Pueblo, si vale solamente para presentarnos informes aquí o para
tener un seguimiento, una comparación y que nosotros podamos ayudarle,
porque las recomendaciones y los informes muchas veces no son cumplidos
ni desde la propia Administración, no se les da respuesta y no hay una
sanción. Por eso en los debates del Código Penal se intentó que incluso
el no contestar a las recomendaciones pudiera ser objeto de alguna
penalización, porque puede no ser delito ni falta, pero es un déficit de
democracia que en este Parlamento deberíamos de contemplar.
Creo que tenemos que asumir un compromiso, en primer lugar, para
facilitar el trabajo del Defensor, y además gestionarlo de la forma más
rica, porque no puede venir a decírnoslo año tras año sin que nadie le
haga caso, y ese caso se lo tenemos que hacer aquí. Por tanto, vamos a
reiterar esa propuesta y vamos a plantear ese nuevo sistema de
vinculación más directa que nos dé una relación de lo que queremos hacer,
porque cuando nombramos al Defensor del Pueblo lo hacemos para que
defienda a los ciudadanos precisamente de la Administración, en su gran
mayoría, y muchas veces de las deficiencias que no puede suplir, como
cuando hay procedimientos judiciales, pero es que son auténticos
desamparos que pueden tener otra vía pero acuden al Defensor del Pueblo
--ya lo sabemos-- porque se sienten indefensos ante las instituciones
democráticas. Por tanto, el primer compromiso de este grupo es reiterar
esa necesidad a la que se había comprometido el Parlamento para
facilitarle su tarea.
Si estudiamos el informe veremos que es verdad que se han duplicado las
quejas en este último año. Es cierto que esa duplicidad viene por unas
constantes y reiteradas quejas en grupo y que eso las hace aumentar, pero
aunque sean en grupo son quejas y me preocupa si el enfrentamiento es
individual o colectivo. Me imagino que los funcionarios le habrán vuelto
loco con todos los enfrentamientos que ha habido, pero hay que analizar
--y está bien analizado en su exposición-- ese aumento de las quejas para
ver qué nivel de diálogo se está produciendo en la democracia, porque me
parece importante tenerlo en cuenta. Al duplicarse las quejas, aunque sea
--como usted advierte en el informe y con datos-- por presentarlas
colectivamente, al menos a este grupo le gustaría analizar si hay una
percepción de mayor intolerancia que pudiera dar lugar a las quejas
colectivas o una mayor conciencia de la ciudadanía para ir al Defensor
del Pueblo, que también sería bueno aunque sea para quejarse, porque como
dice en relación a otros aspectos que luego trataremos, es verdad que
muchas veces la gente protesta más de lo que se queja al Defensor del
Pueblo. En este caso no sé si se están unificando las protestas al
Defensor, de tal manera que lleguen más directamente. Nos gustaría que
aclarara esta cuestión porque nos preocupa que por un lado aumente la
intolerancia, aunque no nos preocupe que aumente la conciencia
democrática de los ciudadanos para acudir a su servicio. Me gustaría que
analizara un poco más esta cuestión.
Otro de los temas que me gustaría tratar es la deficiencia de la
Administración al hacer una interpretación yo diría que un poco
restrictiva de los derechos de los ciudadanos. Estoy muy preocupada por
el tema penitenciario que usted ha planteado y que tiene varios aspectos.
Uno de ellos es el de los presos españoles en el extranjero, y ya usted
hablaba en el anterior informe de los presos en Marruecos. Como nosotros
también tenemos relaciones hemos hecho indagaciones sobre esos temas. Los
convenios están por firmarse; el de Marruecos no sé el tiempo que llevaba
para que se sentaran a firmarlo. Pero mientras desde el Gobierno no se da
una solución, hay cantidad de presos en unas situaciones terribles,
alejados de sus familias, que están creando inconstitucionalidad, porque
cuando se firman los convenios los procedimientos para traerse a un preso
que está cumpliendo condena en el extranjero son tales que la mayoría
termina viniendo en libertad porque ya ni son presos cuando se resuelve
su caso. Esto es muy importante porque está afectando a un derecho
constitucional de los presos, que es la reinserción en su entorno, y está
afectando a un montón de situaciones que nosotros tenemos que tener
claras. De esto se habla ligeramente, pero es un tema al que hay que dar
una respuesta y no sabemos cuál es la que da la Administración. No se
trata de mandar luego a las monjitas a darles cien dólares al mes, como
dicen, para que compren entre todos en la cárcel, sino que requiere una
política más abierta para asegurar ese sentido constitucional que tiene
la pena.
Dentro de los límites penitenciarios, ya en nuestro Estado, no en el
extranjero, también nos preocupa la falta de una acción directa para la
reeducación, para la reinserción y sobre todo para no agravar el
sufrimiento de los presos. ¿A qué me refiero? Usted lo ha dicho en su
informe. Destaca, por ejemplo, la falta de ofertas laborales en los
centros penitenciarios de mujeres, y donde las hay, las tienen, cuando
pueden, cosiendo sábanas para el resto de los presos, sin ninguna
formación profesional, y sin poder reinsertarse. En la cárcel se sigue
teniendo el criterio de que son delincuentes pero no se las ponen unas
medidas de reinserción que supongan un favorecimiento laboral, sino
que están más en las tareas propias de su sexo haciendo peluquería --la
que lo hace cuando puede-- o cosiendo sábanas y no las integran en
procesos formativos que no se dan en las cárceles de mujeres excepto,
como usted destaca, en el centro penitenciario de Carabanchel, donde hay
más aportaciones, pero en las visitas que hemos hecho a centros de
mujeres hemos observado que hay una falta absoluta de acciones y la gente
redime penas barriendo y fregando como pueden, pero sin ninguna labor
recuperadora. Por supuesto que esa respuesta usted no la puede dar, pero
la exigencia sí la está planteando usted y creo que es un tema muy grave.
También nos causa preocupación la aplicación del artículo 60 del
reglamento penitenciario. Cuando digo que no hay que agravar más la pena
de los presos es porque hoy se está viendo que no se buscan medios a los
que tienen enfermedades incurables para darles la libertad. Es verdad que
muchas veces se dice que están abandonados de la gente y que ni su propia
familia los quiere y que hay otros que aunque estén muy graves pueden
cometer delitos cuando estén fuera. Pues habrá que buscar soluciones para
que esa libertad que se les dé sea vigilada, pero que sea una vigilancia
afectiva y no que permanezcan en el centro personas que van perdiendo la
vida. El otro día en Soto del Real murió, al lado de otro preso, un
enfermo incurable que estaba sin salir porque en esa posibilidad que
tiene la Administración se lleva de una forma muy estricta la no
aplicación de ese artículo. Creo que una buena labor que podría hacer el
Defensor del Pueblo es promocionar ese espíritu humanitario, porque la
gente puede perder la libertad pero no sus derechos humanos; como
derechos humanos nos parece muy importante que veamos esas deficiencias,
más cuando usted ha visitado cantidad de centros penitenciarios.
Otra cuestión que está afectando muy profundamente son los retrasos de la
Administración. Los retrasos de la Administración son negativas de
derecho, y muchas veces se niegan los derechos para hacer tiempo. Yo he
visto a gente a la que se le deniega una prestación de invalidez, por
ejemplo, porque en ese momento no hay dinero para pagar; si se le
deniega, entre los recursos y las demandas, se encuentran con que pasan
años y, como ha dicho el señor Mardones, hay gente que ha solicitado una
pensión de mutilado de guerra --ya que se ha logrado superar la
mutilación de guerra después de 50 años-- y cuando se la den se la darán
de muerto de espera de guerra, porque se están produciendo obstáculos que
generan una desprotección de los ciudadanos. Quizá para eso, que tiene
una justificación de trámite, tendríamos que buscar otros medios para que
usted no tuviera que contestar que está pendiente de recurso. Estar
pendiente de recurso diez años significa tener unos medios no de
intromisión en la labor de la justicia, pero sí de exigencia de eficacia
en la justicia, y que empecemos entre todas las organizaciones e
instituciones democráticas a no aislarnos de los problemas sino a ser
portavoces de las deficiencias que hay en la estructura. Creo que el
Defensor del Pueblo en ese caso no es muy ágil ni muy valiente. Respeta
mucho a las otras instituciones en vez de proclamar, en esa defensa de
los intereses de los ciudadanos, la necesidad de la eficacia. Creo que
ese juego de poderes distintos no está bien hecho, quizá por la actividad
legislativa de este propio Parlamento, que debería buscar otro encaje.
Repito que nos preocupa este tema.
Hay otra cuestión que usted resalta y que es curiosa. Me parece que cada
vez molestan más los pobres, pero molestan externamente. Estamos viendo
actuaciones terribles de muchos ayuntamientos que están limpiando las
calles de pobres; no están haciéndolos ricos, porque si desaparecen de
las calles porque los hacen ricos estaríamos todos tan contentos, sino
que los quitan por vergüenza, los expulsan, los mandan a otro lado. Están
limpiando la calle de mendigos en vez de darles soluciones sociales. Los
están expulsando, incluso desde Canarias, donde alguno le ha puesto un
avión para que se vengan a la Península y limpiar porque molestan al
turismo. Nos preocupa mucho esa situación que se está produciendo y usted
lo destaca. Creo que es de los primeros informes en los que se destaca
esta limpieza decorativa. No quiero caer en si son ayuntamientos de un
sentido o de otro. Me preocupa el hecho de que ello implica una cierta
mentalidad que se puede meter en la sociedad, una mentalidad de
intolerancia que si se hace desde las instituciones luego va a ser mucho
más difícil pararla en los ciudadanos. Quiero saber qué respuesta le han
dado, qué justificación, porque aunque usted la cita un poco en su
informe, creo que no la expresa con toda la crudeza que tiene un tema de
éstos que tiene mucho que ver también con los incidentes. En este informe
noto que muchos de los incidentes más destacados, excepto de
funcionarios, de retrasos de plazos por parte de la Administración y de
los presos que están desahuciados, se refieren sobre todo a temas de
gente sin posibilidades, a la emigración. Hay continuos incidentes en la
negativa al reagrupamiento familiar, que es otro tema que también me
parece importante. Con la Ley de Extranjería --me dirá que es una ley muy
consensuada, aprobada por todos los grupos--, que tiene deficiencias al
haber demasiada actividad en la Administración, y sin un control de la
misma, se están dando hoy terribles problemas. No da ningún problema el
turismo sexual para irse en avión al Caribe a ver a las chicas, pero en
todos los consulados extranjeros, cada vez que uno se quiere casar con
una, piensan que tienen otras intenciones y se encuentran con que no
saben quién ama, quién no ama, sino al revés, quién se quiere venir aquí
a ejercer de otras cosas. Los cónsules en los países extranjeros se están
convirtiendo en una especie de objetores al matrimonio y están planteando
serios problemas en estos momentos. Me gustaría saber qué respuesta dan,
porque yo lo he vivido en algún caso, pues aunque una no sea una
defensora del pueblo sí se está en nombre del pueblo intentando defender
sus intereses y le toca hablar con muchos consulados a ver qué pasa con
las mujeres y con los hombres. Es verdad que a veces se tiene un sentido
de protección, pero me parece que hay una intromisión en la vida personal
que se hace con unos criterios que no tengo claro qué se pretende, si
salvaguardar al que se quiere casar o a la que se quiere casar de quién
le va a tocar de marido o salvaguardar que se pueda venir aquí con sus
derechos y meterse otro extranjero más en nuestro país. Me parece que
esos criterios se
están entrometiendo muchísimo en la vida de los cuidadanos.
Lo mismo sucede con la expulsión de extranjeros. Usted ha contado el caso
de la situación que se vive en Ceuta y Melilla. Me consta que el Defensor
del Pueblo hizo un viaje allí, pero puede ir ahora y verá que pasa lo
mismo. Ahora hay otros centros que están en unas situaciones de vergüenza
ajena en el siglo en que vivimos. ¿Cómo podemos plantearnos que la
actividad de la Administración, aunque sea desde el punto de vista
humanitario, dé respuesta a estas cosas? Es verdad que podemos tener
leyes y hacer leyes y poner fronteras, pero cuando las fronteras no nos
han valido y están dentro, qué vamos a hacer, tendremos que darles un
trato humanitario. Eso no entra dentro de la concepción; diciendo que son
ilegales no cubrimos el que tengan tratos inhumanos. Creo que todo ser
humano tiene derecho a estar en el sitio donde esté, derecho a entrar en
el país donde piense que pueda vivir, porque es un derecho humano buscar
su seguridad. Es verdad que los responsables de los países tienen derecho
a poner fronteras para que no entre quien no tiene que entrar, pero una
vez que han entrado son legales porque son legales desde que han nacido
y, sin embargo, hay un criterio de ilegalidad que está convirtiendo en
una clara torpeza todo este proceso. A nuestro modo de ver, esto se está
acentuando en este último período de manera bastante intensa. Ya empezó
con la expulsión de aquellos inmigrantes dopados, que no sé si entra en
este informe o en el anterior, que fue una situación de vergüenza ajena
en una sociedad democrática. El Defensor del Pueblo no puede decir sólo
que eso lo hacían antes o lo hacían después; lo hemos descubierto, eso no
se puede hacer, y tenemos que tomar medidas y pedir responsabilidades que
yo no he visto tampoco en este informe.
No voy a hablar ahora de la educación. Como tampoco ha venido el que ha
hecho la pregunta, luego la formularé para que no decaiga ningún derecho
de nuestro grupo. Quería saber qué impresión se tiene de la colaboración
de la Administración. Usted manda recomendaciones, muchos le contestan,
pero una cosa es contestar, que ya es un síntoma de educación, y otra
cosa es colaborar. Colaborar significa dar solución a los casos y no sólo
contestación, muy burocratizada muchas veces, a los problemas. ¿Entiende
que se está dando una sintonía entre las preocupaciones que tiene el
Defensor del Pueblo y las preocupaciones que tiene la Administración? ¿Es
una sintonía apreciable o hay más casos de asintonía? Porque yo del
informe --por muy claro que esté, cada vez mejor hecho, y por ello
tenemos que felicitarle-- no deduzco esa visión de eficacia que es lo que
debe proclamar y generar el Defensor de Pueblo. Cuando denuncio una
injusticia, sea administrativa, sea de deficiencia, sea de que el Fondo
de Garantía Salarial no paga a una persona que está sin salario --que por
eso se lo van a pagar-- y cuando se tarda mucho tiempo, ¿qué posibilidad
hay de plantear estas cuestiones, de que no se tarde tanto tiempo en
empezar a percibir las pensiones, que todo lo relativo a protección, a
convivencia de los ciudadanos tenga, de verdad, una pronta respuesta de
la Administración? Me gustaría que por lo menos surgiera una queja. Aquí
no estamos para que sólo nos dé un informe, sino para que nos dé sus
quejas y que nosotros podamos convertirlas en ley, en reforma, en
exigencia. Las cosas escritas quedan muy bien, pero el sentimiento que
hay detrás de todo lo escrito es lo que a nosotros nos impulsa para poder
tomar iniciativas legales. Una iniciativa de nuestro grupo, la de 1995,
que le hubiera dado otra agilidad en el funcionamiento y otra forma, ni
siquiera se ha llevado a cabo, pero vamos a insistir en ella. Además,
después de que esta institución lleva funcionando muchos años, con el
recuerdo de los anteriores y con el suyo, con la experiencia de los
departamentos, veamos si es necesario legislar de otra manera la figura,
añadirle cosas, cambiar aspectos, buscar responsabilidades y otras
cuestiones que a mí me parece que nos darían un índice de que estamos
sirviendo, usted como Defensor del Pueblo y nosotros como representantes
del pueblo.
Nosotros le vamos a prestar nuestro apoyo porque queremos ser, de verdad,
no sólo meros ciudadanos representantes, sino defensores de una sociedad
democrática más progresista, más amplia y con más conciencia de derecho.
Usted nos trae las miserias que tenemos en estas sociedades democráticas
y, por tanto, hay que hacer que este informe sea cada vez más pequeño, no
porque la gente se calle sino porque no tenga tantas quejas que dar. Nos
preocupan las duplicidades, el que usted tenga más trabajo, pero sobre
todo que nos traslade ese trabajo a nosotros. Ese es el compromiso con
este informe, que tendremos ocasión de volver a exponer en el Pleno
--quizá otro portavoz--, pero yo he querido decirle qué opinaba de las
páginas que nos ha entregado este año.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra doña Cristina Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar quiero agradecer al Defensor
del Pueblo el informe del año 1996, su comparecencia y, desde luego,
todas las explicaciones que demuestran un enorme trabajo de la
institución como hemos visto a través del informe y de lo que nos ha
dicho. Considere que tiene el apoyo de este grupo para seguir en esa
línea de realizar las funciones y el cometido que constitucionalmente
está previsto.
Creo que se sigue en esa línea positiva, que ya se inició en el anterior
ejercicio, de permanencia y cambio; se sigue una línea de trabajo
estudiando el funcionamiento de todas las administraciones en las
distintas áreas, pero a la vez se pone el foco en determinados temas que
por su interés o por su influencia en las circunstancias sociales deban
ser objeto de un mayor conocimiento por parte del Congreso y del Senado,
de los Diputados y Senadores, en suma.
Es interesante también, y me parece importante resaltarlo, que la
encuesta del CIS le haya dado el segundo puesto al Defensor del Pueblo,
lo que da cuenta de que hay un reconocimiento social, un reconocimiento
desde el punto de vista de la sociedad, del trabajo que realiza el
Defensor.
Querría decir algo también respecto a esa duplicidad en las quejas.
Verdaderamente lo que tenemos que ver es el
número real; el número real no aumenta, pero sí es curioso constatar una
vez más que es Madrid la que más quejas tiene y cómo van aumentándose
paulatinamente según van consolidándose los defensores de las comunidades
autónomas. Muchos de ellos son de reciente implantación; Madrid tiene muy
poco tiempo de implantación, y eso se irá viendo no sólo en la existencia
de un defensor sino también como consecuencia de las transferencias de
competencias que se están realizando a las comunidades autónomas. Por
tanto, habrá muchos temas en los que aumente la queja directa al defensor
autonómico y se reduzca la queja al defensor a nivel nacional, puesto que
no tendrá competencias en determinadas cuestiones.
Voy a referirme a algunos de los temas que han sido considerados como
objeto de tratamiento monográfico en este ejercicio de 1996. El primero
al que se refiere el Defensor es la jurisdicción
contencioso-administrativa. Las cifras de pendencia son alarmantes. No es
nada nuevo. Las cifras alarmantes de pendencia en lo
contencioso-administrativo, también en lo social y en lo penal, son una
realidad. Se refiere el Defensor en otro punto de su informe a la Sala
Primera del Tribunal Supremo. También se refiere a temas civiles, a temas
de lo contencioso-administrativo que también son importantes. Se alude a
las soluciones en las recomendaciones clásicas. Yo recuerdo de la etapa
del Consejo General del Poder Judicial de los años 1985-90 que eran ésas
las recomendaciones: una nueva ley reguladora de lo
contencioso-administrativo, hoy ya felizmente en trámite en esta Cámara;
la puesta en funcionamiento de los juzgados de lo
contencioso-administrativo, que ya prevé la Ley Orgánica del Poder
Judicial de 1985; dotar de suficientes medios técnicos y, naturalmente,
un refuerzo de carácter transitorio a los órganos actuales. Pero yo le
sugiero al Defensor del Pueblo que pensemos también en la posibilidad
--ya contempla algo la nueva ley-- de reducir la adjudicación de
competencias al ámbito judicial.
La asunción de competencias en el ámbito judicial, en todos los órdenes
jurisdiccionales, es tan extraordinaria en España que yo diría, y lo he
oído muchas veces en el ámbito judicial, que es un pozo sin fondo. Es
decir, podemos dotar de más medios materiales, más medios personales,
puede haber más juzgados, puede haber más personal al servicio de la
Administración de justicia, más jueces, más magistrados, pero si sigue
teniendo unas competencias tan extraordinarias el ámbito del Poder
Judicial nunca serán suficientes, siempre habrá una mayor demanda. En
países de nuestro entorno --quizá el espacio judicial también habrá que
homologarlo en un avance y una consolidación de la Unión Europea-- hay
situaciones muy distintas, como probablemente conoce el Defensor, tanto
en el orden social como en el orden contencioso-administrativo, que en su
mayoría no están en el ámbito de la jurisdicción.
Respecto al segundo tema que es objeto de tratamiento monográfico la
mendicidad, sobre el que hay un estudio de determinados ayuntamientos, se
ha producido un retroceso en las libertades, qué duda cabe --así lo pone
de manifiesto el informe del Defensor--, y se ha solucionado.
Afortunadamente podemos pensar que no haya reiteraciones, pero también
tenemos que estudiar la utilización de menores de edad --y es una
sugerencia--, puesto que se ha hecho un trabajo muy importante que ahora
comentaré sobre la infancia, completando este estudio de la mendicidad.
Precisamente se alude a que la mendicidad, naturalmente, puede
perseguirse cuando se utiliza a menores, pero es que son
extraordinariamente numerosos los casos en los que se utiliza a menores
para la mendicidad, y casi son menos los casos en que hay mendicidad sin
menores. Yo creo que este tema es importante. Hay otro aspecto que
también me parece interesante, y es que además de respetar a las personas
que puedan realizar esa actividad de mendicidad, sería bueno inculcarles
la utilización de los albergues. En muchas ocasiones no se utilizan los
albergues por estas personas que están en la mendicidad y es bueno que se
les mentalizara que en ellos están mejor que en determinadas condiciones,
pero no para imponérselo, sino como una opción que es buena y que les
puede facilitar unas condiciones de vida mejores.
Respecto a los presos españoles en el extranjero, que es otro tema, creo
que es bueno que se siga trabajando en el convenio, sobre todo con el de
Marruecos, y ya veo que el Defensor está trabajando en ello intensamente.
Una cuestión que me parece de enorme interés son los contenidos en
televisión, que fue objeto de un trabajo en el Senado, en la anterior
legislatura, de una comisión que presidió la Senadora Victoria Camps y en
la que yo tuve ocasión de comparecer dos veces. Me parece un tema de
importancia capital.
El artículo 20 de la Constitución establece la libertad de expresión como
base de cualquier Estado democrático y, naturalmente, del nuestro; pero
hay una limitación y una excepción a esa libertad de expresión: la
protección de la juventud y de la infancia al final de ese artículo 20.
Tan importante como la libertad de expresión es proteger a la juventud y
a la infancia. Me parece importante lo que dice el Defensor sobre que hay
déficit de protección, que hay abandono de instrumentos legales. Tenemos
instrumentos legales que no se utilizan. De hecho, cuando se traspuso la
directiva de contenidos televisivos se aludió a determinados aspectos de
protección a la juventud y a la infancia, y también a la igualdad
hombre/mujer, que era otro de los aspectos que allí aparecía. El Defensor
dice claramente, desde luego, que no está siendo eficaz, hasta el
momento, este sistema de control que tenemos diseñado, al menos desde la
perspectiva de los menores a los que debe protegerse, dice textualmente.
Se propone por parte del Defensor algo que también menciona, que está en
las conclusiones de esa Comisión sobre contenidos televisivos del Senado:
crear una autoridad o un organismo independiente, desvinculado
jerárquicamente de la Administración, que entre otras competencias
aplicara el régimen sancionador que está previsto, porque las sanciones
tienen, qué duda cabe, un elemento disuasorio fundamental y forman parte
del orden social en el que convivimos y, naturalmente, las sanciones se
establecen para aplicarlas como elemento disuasorio para aquellos que no
quieran cumplir lo que, entre todos, hemos determinado que son elementos
fundamentales de la convivencia.
Asimismo, me parece importante, y creo que demuestra una sensibilidad
especial por parte del Defensor, el estudio monográfico que hace a la
atención residencial a personas con discapacidad, y cómo, además de ese
estudio sobre los minusválidos psíquicos, físicos, la recuperación de
físicos y centros ocupacionales, que visita y analiza --es muy completo
el informe--, son importantes los tres aspectos a los que alude, que son
la clave de la integración: la actuación en oficinas de empleo para la
integración laboral, que se puede desarrollar e impulsar en gran medida
buscando a esas personas con minusvalía un trabajo, pues pueden
desempeñar una función y pueden ser eficaces y tener un trabajo
remunerado. Todos conocemos casos de personas con síndrome de Down que
están perfectamente integradas en un trabajo, pero sabiendo qué tipo de
trabajo pueden desempeñar, y así tantos casos. Luego, la eliminación de
barreras urbanísticas, arquitectónicas, de transporte y de comunicación
es un tema fundamental. Y en las discapacidades que veo que es como una
constante a lo largo de este informe (no en vano, por la Ley de Reforma
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se estableció que
el adjunto primero del Defensor fuera monográficamente competente para
los temas de infancia) se ha visto cumplido ese compromiso, es decir, que
ha sido muy efectiva la ley. El tema de los menores discapacitados y los
tutelados es de una importancia extraordinaria.
Sobre la decisión válida jurídicamente en personas con trastorno
psíquico, que no terminamos de verlo aplicado de forma clara, está la
instrucción de la Fiscalía de 1990. Sin embargo, nos dice el Defensor que
debería recabarse preceptivamente la autorización judicial y, desde
luego, se constata la inexistencia de una regulación que garantice los
derechos fundamentales en ese terreno y para esas personas.
Otro aspecto que me parece importante y que alude también a los
discapacitados --tema monográfico--, es el del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas en familias con hijos discapacitados a cargo. ¿Qué
pasa cuando esos hijos son mayores de edad? Cuando son mayores de edad,
siguen siendo personas discapacitadas, incapacitadas judicialmente, y es
lo más lógico que sean, a efectos del IRPF, personas dependientes de la
unidad familiar. Esto, que es tan elemental, ha tenido que ser una
recomendación del Defensor del Pueblo al Ministerio de Economía y
Hacienda y, efectivamente, en la ley de acompañamiento para el ejercicio
de 1997, aprobada el 30 de diciembre de 1996, así se acordó. Ocurre lo
mismo con la exención de las prestaciones familiares con hijo a cargo. Me
parece importante que se haya dado lugar a estas recomendaciones, por lo
que felicito al Defensor, desde luego, por la consecución de este logro.
En cuanto a las líneas de alta tensión --antes se ha hablado de ello--,
no hay suficiente sensibilización en cuanto a medio ambiente. Es un tema
que todavía no ha terminado de calar en la sociedad. Muchos, desde el
ámbito de la empresa eléctrica y desde la responsabilidad en el ámbito de
la industria, consideran que no existen esos efectos nocivos o que no son
seguros, que son dudosos, por lo que no hay todavía esa cultura
medioambiental. Creo que es un trabajo que tenemos que realizar todos, y
me parece importante que el Defensor haya incluido también este año un
tema de medio ambiente, tema que afecta, desde luego, a la ciudadanía y
que, poco a poco, creo que tiene que ir calando en el sentimiento
colectivo.
Sobre las notificaciones en materia de tráfico --lo ha completado muy
bien el Defensor al hacer su exposición con el asunto de las
notificaciones--, es un tema que me resulta eterno, problemático, porque
en las notificaciones siempre hay alguna irregularidad y, por tanto, da
lugar a alguna nulidad, a alguna fórmula para presentar un recurso y para
aplazarlo y, al final, conseguir que no se produzca el pago. Al fin y al
cabo todo el tema de las multas de tráfico, de las notificaciones y toda
esta materia, son sistemas para intentar que el tráfico pueda discurrir
de forma eficaz, pero qué duda cabe que tiene que cumplirse con la
legislación y con la normativa vigente.
Entramos por último, antes de hacer un análisis posterior sobre los temas
generales, en el tema de la situación de la infancia, que ha merecido,
como ha dicho muy bien el Defensor, un tratamiento específico. La Ley
1/1996, de 15 de enero, ya estableció esa adjuntía específica, como he
dicho, para la adjuntía primera del Defensor del Pueblo, y lo que ha
hecho y conseguido es una visión de conjunto de las actuaciones llevadas
a cabo. Hay nuevas leyes. Está la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, que afecta de una forma específica; está también el Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España, la reforma del reglamento de la Ley de
extranjería, y es importante lo que hicimos respecto a los menores y su
posibilidad de atención en determinados ámbitos. Se han tocado los temas
de la adopción, de la idoneidad y los problemas que ha generado en cuanto
al derecho transitorio.
Alude posteriormente el Defensor a algo sobre lo que estamos todos
atentos. Por parte del Gobierno se ha dicho en esta legislatura que se
iba a remitir cuanto antes la ley de justicia juvenil. La entrada en
vigor del Código Penal deja suspendida la entrada en vigor, de acuerdo
con el artículo 19, de todo lo que afecta a los menores, pero en ese
tramo, al subir la edad a los 18 años, el tramo entre 16 y 18 años,
lógicamente, estamos ante una situación de interinidad. La Ley 4/1992, de
5 de junio, sobre mecanismos de los juzgados de menores, es insuficiente,
y todo el tratamiento de los menores infractores requiere de una
actuación específica. Nosotros, como grupo parlamentario, hemos reiterado
al Gobierno la necesidad de que se dé lugar al código de justicia juvenil
y vamos a ver si, cuanto antes, entra la Cámara en el análisis de esta
normativa de tanta importancia.
En cuanto a las recomendaciones --el tema de contenidos televisivos, ya
lo he tocado-- al Código Penal, hay tres aspectos reiterados también por
el Defensor: uno, el tema del artículo 189: sancionar penalmente las
grabaciones de imágenes pornográficas en las que intervengan menores, la
utilización de nuevas técnicas informáticas. Hay en tramitación una
proposición de ley, que creo que se presentó con el acuerdo de todos los
grupos. Efectivamente, desde el punto de vista del Código Penal, aunque
el Código Penal
es muy moderno, muy reciente, la técnica informática avanza a tal
velocidad que te quedas lejos, a veces, de lo que puede haber sido una
tipificación que ha surgido en los meses posteriores a la aprobación del
nuevo Código Penal.
En cuanto al artículo 181 --en el que dice el Defensor que hay numerosas
quejas de padres, de colectivos de mujeres juristas y de grupos
feministas, que me consta, porque me han llegado a mí también--, estoy de
acuerdo y creo que nos lo tenemos que plantear. Una cosa es la corrupción
de menores y lo que fue la corrupción de menores en etapas anteriores, y
otra cosa es la pedofilia, tipificada como delito en toda Europa, en
todos los países de nuestro entorno, y que implica una tipificación
fuerte y, desde luego, un efecto disuasorio y una protección a los
menores.
Los plazos de prescripción es un tema que yo no había tenido en cuenta.
Creo que es una puntualización oportuna la que ha hecho el Defensor
relativa a que los plazos de prescripción de cinco y tres años son muy
cortos --antes eran de diez años--. Aluden a esa posibilidad en una
cláusula de protección para que empiece a correr a partir de la mayoría;
puede ser. Tomo nota y lo paso a mi grupo. Lo que sí constato es que en
esta ocasión el informe del Defensor tiene muchas propuestas legislativas
--muchas de ellas interesantes e importantes-- que nos pueden servir para
que nuestro grupo tome iniciativas en algunos de los temas que propone el
Defensor.
En esa visión de conjunto que hace de la infancia hay un aspecto que toca
de puntillas pero que yo he tenido ocasión, a través del Teléfono del
niño, de conocer muy a fondo, y los resultados son terribles y realmente
preocupantes, que es la violencia en los centros escolares, la violencia
entre los propios menores y la violencia con el profesorado, que enlaza
también con las bajas de los profesores y, en consecuencia, los gastos
enormes en sustituciones, que es uno de los gastos a los que se alude en
educación. Como el tema educativo vamos a tratarlo luego, no voy a
profundizar ahora, pero sí diría que aquí se toca este tema muy de
puntillas. Quizá fuera bueno que en este ejercicio o en el siguiente, se
profundizara en ese problema de la violencia en los centros escolares. De
hecho en otros países que no lo han atajado a tiempo --quizá en España
estamos a tiempo de hacerlo-- han tenido que poner incluso detector de
metales y de armas para entrar en los colegios. Recientemente salía en
los medios de difusión que eso ha pasado en Estados Unidos. No estamos en
ese nivel, pero sí sería bueno profundizar en este tema e intentar
cortarlo a tiempo.
A las familias numerosas se ha referido la representante de Convergència
i Unió, y alude a algo que es una realidad. Yo conocí muy a fondo este
tema. Efectivamente, lo único que hicimos en la anterior legislatura fue
aumentar el número --que a partir de tres personas se fuera familia
numerosa en lugar de cuatro-- y que cuando uno de los hijos fuera
minusválido pudiera ser a partir de dos. En efecto, la legislación es del
año 1971, crea muchos problemas de aplicación, es preconstitucional y
además en cada comunidad autónoma lo aplican de una forma porque están
interpretando esa ley de una manera distinta. El problema grave que se
presenta, que es también de tipo educativo y que luego veremos más a
fondo, es que el Ministerio de Educación se refiere al crédito
presupuestario para no aplicar a las becas la Ley de 1971 en cuanto a esa
reducción de las familias numerosas respecto al número de hijos y aumento
del número de familias numerosas, ya que suponían un gasto muy fuerte
desde el punto de vista administrativo.
Todos los temas referentes a la enseñanza los voy a dejar para una
intervención posterior. Sólo diré ahora que ha comentado el Defensor que
no es una novedad la escasez en créditos presupuestarios. Seguramente es
cierto. A lo largo de los años el informe del Defensor habrá dicho y
reiterado que había que invertir más en la enseñanza pública, que no
podía competir la enseñanza pública con la privada y, por tanto, había
que dotarla de mayores medios. Pero yo sí que creo que en cierta medida
es una novedad que en este informe del Defensor se diga por primera vez
que estas repercusiones de tipo económico han ocasionado repercusiones
más amplias hasta el extremo --estoy leyendo textualmente-- de haberse
reabierto el debate sobre el carácter público o privado de la enseñanza.
Quizá está ahí el punto de inflexión. Por eso este informe en cuanto a
educación ha sido muy debatido cuando se dio a conocer en el mes de junio
en los medios de comunicación como consecuencia de la no convocatoria de
una rueda de prensa (todos recordamos cómo se produjo). Hay,
efectivamente, un punto de inflexión quizá acumulativo, pero el hecho
cierto es que se ha producido en este ejercicio y tenemos que poner los
medios para que no se produzca en un futuro. De ahí la oportunidad de la
alerta del Defensor sobre este tema. Luego, probablemente,
profundizaremos más en esta materia con motivo de la iniciativa del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya específica y
monográfica sobre el tema educativo.
Queda otro tema importante, que es el relativo a la expulsión de
emigrantes de Melilla. Este tema ha merecido una recomendación del
Defensor importante, aceptada, pero no se ha puesto en práctica su
contenido --mayores dotaciones, tratamiento individualizado, oficinas de
extranjería, más control fronterizo y coordinación con las comunidades
autónomas--. Tengo que decir que, a mi juicio, es un tema --lo he dicho
muchas veces-- de Estado. Aquí tenemos que trabajar todos de la mano,
tenemos que coordinarnos. Es un tema que afecta a la Unión Europea, somos
territorio de frontera Schengen y, por tanto, el control de fronteras es
obligado. Además debemos de incorporar en España a las personas que
vienen con trabajo. Es bueno que las personas que vienen tengan trabajo
porque si no, es traerlas a una situación igual o peor que la que puedan
tener en sus países --otra cosa es el asilo, cuando hay persecución
política o guerras--, y sobre todo tenemos que insistir muchísimo en la
cooperación al desarrollo para que aquellas personas que nacen en un país
no tengan que abandonarlo, porque, al final, aunque tengan que
abandonarlo --como nos ha pasado en España hasta hace muy poco, pues
éramos país de emigrantes-- quieren volver a su país de origen. Tenemos
que trabajar en esa línea, en la cooperación al desarrollo --y ahí todo
el esfuerzo será poco-- y luego, naturalmente, ser generosos con los
cupos, con los contingentes en las materias en que España
puede ofrecer trabajo: recogida de frutas, servicio doméstico,
construcción, etcétera, pero no en otros. Además es un tema que debe ser
estudiado en el marco de la Unión Europea. Creo que el tema de Melilla es
gravísimo. Yo, como diputada por Málaga, he tenido ocasión de acudir a
Melilla varias veces, he estado con la gente y he visto cómo está la
situación. La situación es mucho peor que hace un año porque también
existe el efecto imán --Melilla es para muchas personas de Africa el
paraíso, el camino para ir a Europa, bien sea España, bien sea otro
país--. Naturalmente habrá que ayudar a todos estos países y trabajar en
la cooperación al desarrollo, pues tenemos ahí un tremendo problema que
debemos asumir como problema de Estado pero en el marco de la Unión
Europea. De hecho, nuestro grupo parlamentario ya ha tenido reuniones con
nuestros europarlamentarios precisamente para atender humanitariamente,
en línea con lo que decía la Diputada Almeida, a las personas que ya han
entrado y, naturalmente, intentar que no entre un flujo tan
extraordinario que no podamos acomodarlo, creándose problemas tanto para
la población de Melilla como para la población más cercana como puede ser
Andalucía, Málaga o Almería, en fin, las zonas de mayor influencia en
cuanto a este problema.
Entrando ya en los temas generales, que se refieren a todo lo que es la
Administración en general, por lo que respecta a la Administración
sanitaria --voy más rápido-- quiero señalar el paulatino descenso de las
listas de espera. En cualquier caso alude a que esta solución que se ha
dado por el actual Gobierno en cuanto a establecer un plazo máximo para
prestar la asistencia demandada y después derivar a otro hospital público
y después de otro hospital público, si no se pudiera en ese tiempo
máximo, ir a la privada, es todo consecuencia de un informe del Defensor
del Pueblo de 1994. Por tanto, la propuesta del Defensor del Pueblo ha
sido acogida por la Administración. Sin embargo recordará el Defensor del
Pueblo que cuando se han tomado estas medidas han sido criticadas.
Nuestro grupo ha visto algunas pegas en ellas. Yo le sugiero que
reconsidere los problemas que puedan derivarse de enviar todo al ámbito
privado y que pueda ir más lento en el ámbito público precisamente para
poder potenciar determinadas clínicas privadas. Por ahí hemos tenido
algunas quejas, algún tipo de problemática. Yo le plantearía la
posibilidad de estudiarlo a fondo y reconsiderarlo.
En cuanto a la salud mental, efectivamente el nuevo Código Penal vino a
dar solución al carácter indefinido en los internamientos psiquiátricos
en los casos en los que se apreciaba la eximente completa de enajenación
mental. En efecto, hay problemas de asistencia con estos enfermos, y lo
está diciendo el Defensor en su informe, pero todos hemos leído --la
mayoría de los medios de comunicación se hicieron eco, especialmente El
País con dos informes de una página entera dos días y un editorial otro--
los problemas originados en los hospitales públicos a otros pacientes y
a los propios médicos por el alboroto generado al no tener la suficiente
preparación esos hospitales para atender a estas personas, y que al haber
entrado en vigor el Código Penal hay que hacerlo, encontrándonos con que
hay repercusiones para la propia organización del hospital. Por tanto,
sería interesante también que se profundizara un poco en ello.
En cuanto a la administración de la Seguridad Social y acción social,
efectivamente se ha referido la diputada de Convergència i Unió a un tema
que iba yo a mencionar también, el tema de las mujeres con hijo a cargo.
Sí quisiera comentar también dos aspectos que han demostrado la
sensibilidad del Defensor. En las prestaciones por maternidad a partir de
la Ley de 30 de diciembre de 1994, efectivamente se separó el tratamiento
legal de las prestaciones por incapacidad temporal, pero ha habido una
serie de disfunciones y el Defensor ha intervenido en ellas y lo ha
evitado. Se ha solicitado un informe al Instituto Nacional de la
Seguridad Social y se estaba preparando un nuevo manual de procedimiento
para reunir y sistematizar todo el mecanismo de gestión de estas
prestaciones. Por tanto, eso es positivo. Pero aún más positiva me parece
la modificación del régimen especial agrario. Ahí teníamos una especial
preocupación, y yo recuerdo haber planteado ya este tema. Anteriormente,
en la situación de maternidad, se consideraba que había que estar
prestando servicio por cuenta ajena en la fecha del inicio del embarazo
y hoy no. Hoy, gracias a la intervención del Defensor, se ha conseguido
que simplemente se acredite la situación de alta, como es lógico.
Respecto al tema del medio ambiente quiero destacar el problema de los
ruidos, las molestias que muchas instalaciones originan a los vecinos. Es
importante la competencia de los ayuntamientos y veo en su informe que se
hace referencia a zonas medioambientalmente protegidas, aconsejando que
allí recaben mayores requisitos. Me parece muy oportuno y así quizá se
pueda combinar la libertad, el ocio, las fiestas que tanto se celebran en
estas épocas veraniegas con la necesidad que tienen algunas personas,
sobre todo los mayores, de tranquilidad y que con un alboroto muy grande
no pueden dormir.
Respecto al tema de urbanismo y vivienda, el Defensor alude y estudia muy
a fondo el Real Decreto-ley 596, de 7 de junio, sobre medidas
liberalizadoras en materia de suelo. Sobre todo lo analiza, plantea la
lejanía de las quejas que muchas veces se producen, destacando la falta
de participación ciudadana en todo lo que afecta al urbanismo. Pero sobre
todo me interesa destacar en el tema de la vivienda, cómo al aludir al
nuevo plan de vivienda 1996-1999 --que se aprobó el 28 de diciembre de
1995, que mantiene el mismo marco financiero del plan anterior-- se nos
dice que la apertura de una línea de ayudas financieras para la creación
de patrimonios públicos de suelo edificable, destinado preferentemente a
viviendas de protección oficial, es muy positivo. Pero a renglón seguido,
el propio informe del Defensor destaca --como criticó en su momento este
grupo parlamentario-- que el Real Decreto-ley 596, de 7 de junio, al
reducir del 15 al 10 por ciento la cesión de suelo a los ayuntamientos,
podría dificultar el objetivo de la creación de patrimonios municipales
con fines colectivos. Esta cuestión es muy interesante y quizá pueda
merecer una recomendación del Defensor, puesto que enlaza con la
importancia expresada en el nuevo plan de vivienda en el sentido de crear
esos patrimonios
colectivos, pudiendo ser contraria a ello dicha reducción. Creo que se
podría profundizar un poco más en este tema.
De nuevo aparece este año, una vez más, el tema relativo al realojo y
también una vez más se pone de manifiesto la poca colaboración del
Ayuntamiento de Madrid. Somos conscientes de la dificultad del tema; el
tema del realojo es muy problemático, así como el de la población
marginada, pero precisamente ahí hay que trabajar a fondo para erradicar
esas situaciones de pobreza y esos focos de enfermedades y problemas para
todas las personas que pertenecen a esos colectivos, tanto nacionales
--el pueblo gitano-- como extranjeros.
Por último y respecto al personal al servicio de las administraciones
públicas, el Defensor nos dice que hay numerosas quejas --aproximadamente
un millar de funcionarios-- sobre la provisión de congelación salarial de
la Ley de Presupuestos Generales y el incumplimiento de los acuerdos
1995-1997. El Defensor nos dice a este respecto que está en estudio un
posible recurso, es decir que todavía el Defensor no ha tomado una
decisión sobre esta materia. Me gustaría, si es posible, que nos aclarara
estos puntos y que nos dijera también en qué medida y por qué línea se va
enfocando ese estudio. En este mismo tema relativo al personal al
servicio de las administraciones públicas me ha llamado la atención --y
por ello felicito al Defensor-- el caso de una vivienda vacante en la
Guardia Civil que fue entregada y retirada al saber que la habitaría una
pareja de hecho. Efectivamente se actuó y parece que están intentando
llevar a cabo una reforma del orden general, porque tienen derecho, pero
no el mismo derecho a la vivienda. Por tanto, me parece importante que no
haya discriminaciones en ese terreno. El Defensor nos dice que hará el
seguimiento del resultado de estos temas.
En esa línea puesta de manifiesto por el Defensor, en el sentido de que
también es labor de esta institución favorecer la creación de nuevos
comportamientos, le recuerdo que el año pasado le solicité que desde el
Defensor se hiciera un estudio del lenguaje en la Administración y de la
discriminación que, como mujeres y por mor de la tradición y de los años
de historia, se padecía todavía en el tema del lenguaje, y hoy se lo
reitero precisamente para contribuir a la consolidación de nuevos
comportamientos.
Finalmente, me referiré a dos temas. Uno, es el de la seguridad
ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana está en el apartado 3.1.3 de
la seguridad pública, y apenas merece diecisiete líneas en el informe del
Defensor. La seguridad ciudadana está ligada al tema de las drogas,
combina medidas sancionadoras con disuasorias, preventivas y
rehabilitadoras. Yo esperaba quizá algo más profundo, dado que el tema
--según una encuesta del CIS-- es el segundo problema que preocupa a los
españoles. En la revista del informe del Defensor se corrige, en cierta
medida, esa poquedad y se alude de modo más importante también ligado al
tema de las drogas. Qué duda cabe que el tema de la inseguridad ciudadana
está muy ligado al tema de las drogas. En la revista se dice que
barriadas enteras de Madrid y poblaciones de Galicia han sido las que con
más firmeza han presentado sus quejas. Este problema es muy grave.Tenemos
que ver a quién afecta más hoy. A las capas sociales más altas no les
afecta tanto porque tienen medios para tener policías privados. A quien
hoy está afectando es a las capas sociales más modestas y aquí el
Defensor podría hacer un estudio monográfico, ligado al tema de las
drogas o en sí mismo. Porque el tema relativo a las armas blancas y las
navajas, al que también dedica un apartado, podría unificarse en un
tratamiento monográfico para el año que viene y profundizar en el tema de
forma que se nos dieran unas líneas de actuación para que posteriormente,
desde la iniciativa parlamentaria, los distintos grupos pudiéramos actuar
para evitar que este tema se deteriore.
Para terminar, me voy a referir a un tema que ha creado cierta alarma
social, es un tema grave y por ello le propongo al Defensor la
realización de un estudio monográfico. Me refiero a la cantidad de
mujeres muertas, maltratadas por agresiones espeluznantes a manos de sus
cónyuges o compañeros. Ultimamente estamos viendo víctimas de
enamoramientos platónicos. Ya han ocurrido dos casos en los que atacan a
una mujer que no conocen y de la que supuestamente pretenden tener una
correspondencia. Creo que todo esto tiene algo que ver con el tema de la
publicidad, al que parece que no damos importancia. La aparición de la
mujer como objeto sexual, la utilización, las vejaciones, la indignidad,
la violencia, los atropellos que aparecen, están muy ligados con los
contenidos televisivos. Todo ello está generando una situación en la que
están aumentando los atropellos a las mujeres, tanto en malos tratos
como, en lo que es peor, en los asesinatos. Muchas mujeres están
padeciendo estas muertes, y mujeres que han denunciado estos hechos.
Desde el Defensor se puede llevar a cabo una actuación con la policía. Se
puede realizar un análisis de todos los casos de denuncia que se han
producido. Se da la circunstancia de que personas que han efectuado la
denuncia tres y cuatro veces al final han padecido el asesinato, la
muerte. Sería necesario profundizar en estos casos y, posteriormente, a
través de los mecanismos que vienen obligados con el Consejo General del
Poder Judicial --porque no se puede actuar directamente con la
justicia--, que me consta que encontrará el Defensor campo propicio y
conciencia sobre este tema, realizar una valoración de cómo se está
produciendo el seguimiento de las sentencias en los juzgados. Porque
estamos hablando del colapso en lo contencioso administrativo, pero el
colapso en lo penal, el aumento de casos en lo penal y el retraso en su
resolución es también terrible y puede afectar a casos de denuncias por
malos tratos, agresiones, violaciones, agresiones sexuales y situaciones
que afectan, desgraciadamente, al colectivo de mujeres que, aunque, por
fortuna, tenemos una situación de igualdad, y, por fortuna --en teoría--,
tenemos la posibilidad de acceso a una situación distinta de la que fue
históricamente, sin embargo sigue perviviendo una situación de
desigualdad, siguen siendo necesarias medidas de todo tipo para proteger
a un inmenso número de mujeres que están en una situación muy grave y de
gran desigualdad.
Nada más, señor Presidente, que terminar reiterando las gracias al
Defensor por su informe y por su trabajo, tan útil
para la actividad parlamentaria que llevamos a cabo en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Alberdi.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
De nuevo, un año más comparece el Defensor del Pueblo, como comisionado
de las Cortes Generales, para dar cuenta de la gestión realizada a lo
largo del ejercicio 1996, mediante la presentación de un informe, como
establecen los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica del Defensor del
Pueblo.
Efectivamente, el artículo 54 de la Constitución obliga al Defensor a dar
cuenta de su gestión a las Cortes Generales.
El artículo 32, antes citado, de la Ley Orgánica, concreta que tal
resolución de cuentas se produce en un informe anual ante las Cortes
cuando estén reunidas en período ordinario de sesiones.
El artículo 33, en sus tres primeros párrafos, indica el contenido de
este informe anual. Debe incluir, dice textualmente, el número y tipo de
quejas presentadas. La inclusión de este número de quejas, lógicamente,
no ofrece ninguna duda; respecto al tipo de las mismas, los diversos
informes anuales anteriores han especificado la distribución por áreas
geográficas de procedencia, por edades, sexo y estado civil de quienes
las han presentado.
El informe debe contener, asimismo, el número de quejas rechazadas y sus
causas, así como las que fueron objeto de investigación y el resultado de
las mismas, con especificación de las sugerencias o recomendaciones
admitidas por las administraciones públicas.
De los informes anuales emitidos por el Defensor del Pueblo, hay que
señalar que en su estructura ha habido tres etapas distintas,
coincidiendo con los distintos titulares de la institución.
Este año, como dice el Defensor del Pueblo en su presentación, la
estructura del informe se ha mantenido invariable. Así como en el
ejercicio pasado esta portavoz dijo textualmente que la estructura del
informe --con el objetivo de hacer más útil este documento de trabajo--
nos parecía adecuada y provechosa, en esta ocasión me atrevería a
preguntar al Defensor si no sería más conveniente elaborar un capítulo
sobre la situación de esos derechos y libertades constitucionales a tenor
de la actuación administrativa, por ejemplo, derechos relativos a la
vivienda y al urbanismo, derecho a la cultura, derecho a la educación,
derecho a un medio ambiente adecuado, derecho a la salud, derecho a la
protección social, en vez de estos temas que estudia el Defensor de forma
monográfica que son cuestiones que, evidentemente, tienen particular
relevancia por su especial repercusión, o porque en ellos pueden verse
afectados derechos fundamentales, pero que no siempre se han visto
vulnerados.
Siguiendo el texto literal del artículo 33, en cuanto al contenido del
informe, que, dicho sea de paso, el Defensor del Pueblo cumple a la
perfección, nos encontramos en primer lugar con el número y tipo de
quejas. Utilizando adecuadamente los datos estadísticos para no crear
confusión, concluiremos que el número de quejas --no quejosos, sino
quejas-- es similar al del año anterior. Efectivamente, en el año 1995
hubo 10.803 quejas individuales; este año 1996 ha habido 10.977. En 1995,
2.411 grupos, que obedecían sólo a 29 materias; este año ha habido
14.898, pero sólo 13 materias. Total, reduciendo, llegamos a la
conclusión de que en 1995 hubo 10.832 quejas y en 1996, 10.990.
En segundo lugar, el artículo 33 dice también que hay que hacer una
enumeración en el informe anual del número de quejas rechazadas. En el
informe de 1996 el Defensor del Pueblo, al referirse a ellas las denomina
no tramitadas ante la Administración, y fueron 5.677. En el informe de
1995 las llama no admitidas, y fueron 8.722. Por curiosidad, preguntaría
al Defensor si es que no le gusta el término rechazadas que contempla el
artículo 33 de la ley, porque debo decirle que a mí tampoco me gusta.
En tercer lugar, el artículo 33 sigue diciendo: así como las que fueron
objeto de investigación y el resultado de las mismas.
El informe también debe contener la especificación de las recomendaciones
o sugerencias admitidas por las administraciones públicas. Hay que
señalar que tanto las recomendaciones o sugerencias han aumentado en el
informe de 1996. Las recomendaciones fueron 142 en 1996, y en 1995 fueron
93; las sugerencias fueron 196, en 1996, y en 1995, 179. Por tanto, le
damos la enhorabuena al Defensor por ese trabajo aumentando las
recomendaciones y sugerencias. En cambio, las quejas de oficio han
disminuido. En 1996, han sido 122, y en 1995, fueron 154.
También, como dice la ley, se hace un perfecto análisis de las
administraciones que han incumplido el deber de contestar al Defensor del
Pueblo. En 1995, fueron 20, y en 1996, han ascendido a 22.
En cuanto a la segunda parte del informe, trata, como hemos dicho, de
nueve temas monográficos que afectan a muchos ciudadanos. En primer
lugar, las dilaciones indebidas en la jurisdicción
contencioso-administrativa. El Defensor del Pueblo pone de manifiesto
este problema, sobre todo en los informes comprendidos entre 1990 y 1996;
es decir, se ha reiterado durante los seis últimos informes.
A este respecto, la disposición adicional primera de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de 1985, ordenaba al Gobierno remitir a las Cortes, en el
plazo de un año, un proyecto de ley del proceso
contencioso-administrativo. La Ley orgánica establece también, como
órgano jurisdiccional nuevo, los juzgados de lo
contencioso-administrativo. Pues bien, el Gobierno socialista anterior
incumplió este mandato durante casi una década. Sólo en el verano de
1995, el Gobierno anterior remitió a las Cortes un proyecto de ley,
caducado por la disolución de las Cámaras en enero de 1996. A finales de
octubre de 1996, concluyó en el seno del Ministerio de Justicia la
redacción del borrador que actualmente está aprobado --fue aprobado el 6
de junio por el Consejo de Ministros y el mismo 6 de junio entró en el
registro del Congreso-- y creo que el plazo para la presentación de
enmiendas finaliza el 16 de septiembre --hoy, concretamente-- pero no sé
si se ampliará o no este plazo.
Quiero resaltar también que el Ministerio de Justicia ha hecho un
esfuerzo importante con la creación de 80 nuevas plazas de magistrados,
incrementándose, por tanto, los medios personales que recomendaba el
Defensor del Pueblo. Concretamente para la jurisdicción
contencioso-administrativa, hay destinadas 16 de estas 80 nuevas plazas
creadas.
En cuanto al segundo de los temas monográficos a que alude el informe, el
de las líneas de alta tensión, sólo resaltar que desde el punto de vista
de los posibles efectos de los campos electromagnéticos generados en el
entorno de las líneas de alta tensión, aunque hasta la fecha no existe
unanimidad de criterios en los diferentes estudios epidemiológicos y
experimentales sobre los efectos biológicos de estos campos, la
preocupación sobre el tema se ha trasladado al Parlamento, y el Grupo
Popular ha formulado una proposición no de ley, relativa a la
constitución de un grupo de trabajo en el seno del Ciemat, que estudie y
elabore un informe sobre los eventuales riesgos de contaminación
electromagnética derivados de las líneas de transporte de energía
eléctrica en nuestro país, para conocimiento del Congreso de los
Diputados y de la opinión pública española. De hecho, Ciemat ha
constituido ya un grupo de trabajo en el que participan especialistas en
efectos biológicos, epidemiológicos y dosimetría.
En cuanto a otro tema monográfico, las notificaciones en materia de
tráfico, en el que se exponen diversas quejas relativas a defectos
procedimentales entre los que sobresalen los relativos a las
notificaciones, se refieren a expedientes que, lógicamente, tramitan los
ayuntamientos. Por su parte, la Dirección General de Tráfico, ha dictado
instrucciones dirigidas a las jefaturas provinciales de tráfico a fin de
lograr que en la tramitación de los expedientes se cumpla lo dispuesto en
el artículo 59.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y,
consiguientemente, el principio fundamental del ordenamiento jurídico en
materia de notificaciones; esto es, que toda resolución de la
Administración que afecte a los derechos e intereses de los
administrados, ha de ser fehacientemente notificada y estar
documentalmente acreditada.
En cuanto a la mendicidad, que se trata en el informe del Defensor y
también ha sido tratada aquí con referencia a quejas formuladas
básicamente contra intervenciones de la policía local de determinados
ayuntamientos, no me voy a entretener puesto que, como digo, se ha
hablado aquí mucho.
Otro de los temas tratados monográficamente ha sido la atención en
residencias a personas con discapacidad. Hay que decir que la
consideración final es la conveniencia de regular legalmente, sobre todo
el régimen de los centros de internamiento, como establecimientos
psiquiátricos, centros de atención a minusválidos psíquicos y otros
similares, en aquellos aspectos que puedan implicar restricciones o
privaciones de libertad o de otros derechos fundamentales de las
personas.
La situación de los presos españoles en cárceles extranjeras es otro de
los temas que trata monográficamente el Defensor. Hay que destacar las
dificultades de todo tipo que tienen que salvar muchas oficinas
consulares para poder ejercer sus obligaciones de atención y asistencia
a detenidos. A pesar de ello, la atención consular se ha venido
ejerciendo satisfactoriamente. Dicha atención abarca desde la detención
del español hasta el momento de su puesta en libertad, incluyendo
asesoramiento jurídico y visitas periódicas a los centros penitenciarios,
así como la ayuda económica que reciben en el año, que durante este
pasado ejercicio 1996 a que se refiere el informe, ascendió a 51 millones
de pesetas, de los que se beneficiaron 582 españoles.
En cuanto al tema, también tratado monográficamente, de los efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en las familias con hijos
discapacitados, cabe señalar que las recomendaciones formuladas por el
Defensor del Pueblo en esta materia fueron oportunamente atendidas, como
aquí se ha dicho, a través de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, mediante la
oportuna modificación de los artículos 9 y 87 de la Ley 18/1991, de 6 de
junio, reguladora del citado impuesto.
El último tema monográfico aparecido en el informe del Defensor, y que es
tratado extensivamente, es la situación de la infancia. Desde la
perspectiva de la institución del Defensor del Pueblo, y como
preocupación esencial de dicha institución, el informe plantea la
necesidad de que las administraciones correspondientes incidan en la
mejora de la cobertura legal para su adecuada protección, destacando como
imprescindible que se persista en el camino recién iniciado de reforzar
los programas dirigidos a fomentar la inserción de los menores
discapacitados en familias, en régimen de acogimiento o de adopción, como
fórmula alternativa a la atención en centros residenciales.
Entrando en la segunda parte del informe, dado el poco tiempo de que
dispongo y la extensa presentación del informe, me voy a referir a
aquellos derechos fundamentales que afectan a un mayor número de
ciudadanos, como son el derecho a la vivienda, el derecho a la educación,
que hemos quedado en verlo posteriormente, el derecho a la protección de
la salud y el derecho a la protección social.
En cuanto al derecho a la vivienda, y antes de comentar las cuestiones
relativas a este derecho, es preciso hacernos eco del gravísimo problema
que supone el envejecimiento de nuestros cascos antiguos y la
insuficiente respuesta normativa que existe para asumir el problema de
conservación de los edificios. Ni los propietarios con escasos recursos
económicos que ocupan estos inmuebles ni los que tienen contratos de
alquiler con una renta baja pueden asumir la obligación que tienen en
principio de acometer las obras necesarias de conservación y los
ayuntamientos son reacios a utilizar el instrumento de la ejecución
subsidiaria ante las escasas posibilidades de resarcimiento del gasto
financiero que conlleva la utilización de este procedimiento, por lo que
no se ofrecen soluciones a este problema. Desde luego, como dice el
Defensor del Pueblo, es necesario que los ayuntamientos empleen toda la
diligencia posible tan
pronto reciban denuncias de los particulares, extendiendo esta diligencia
al seguimiento de las obras que se ordenan, imponiendo las medidas
sancionadoras que permita la ley.
Entrando ya en el problema de la vivienda, nos parecen más que lógicas
las denuncias que con lamentable habitualidad a lo largo de los años se
ve obligado a hacer el Defensor del Pueblo sobre la insuficiente
respuesta, dada la lenta tramitación de los procedimientos, por
infracciones al régimen legal de viviendas de protección oficial que, con
motivo de las deficiencias constructivas y de otras infracciones, como el
sobreprecio en la compraventa, se producen por causa de la construcción
y venta de este tipo de promociones. Creemos que, aún más si cabe en el
tema antes comentado de las infracciones y urbanizaciones particulares,
las respuestas al problema de las deficiencias constructivas deben venir
más por la adopción de medidas preventivas destinadas a paliar los
efectos de aquéllas sobre las viviendas que por la aplicación de medidas
sancionadoras, que, por lo demás, en algunos casos son imprescindibles,
ya que están destinadas a hacer cumplir la legalidad en esta materia.
Cabe resaltar las denuncias habituales sobre el derecho a la vivienda,
que, una y otra vez, ponen de manifiesto la preocupación de los
ciudadanos por este bien básico que, sin embargo, no nos llega y que, al
mismo tiempo, tal y como viene configurado en el artículo 47 de la
Constitución, es un derecho. Nos referimos, como venimos diciendo, al
acceso a una vivienda digna y adecuada. Este derecho afecta, a su vez, a
otros derechos constitucionales, pues sin su efectivo disfrute es difícil
que los ciudadanos puedan desarrollar con dignidad otros derechos
constitucionales, tales como el derecho a la intimidad personal y
familiar, el de libre residencia, etcétera.
Respecto al derecho a la salud, tengo que decir que, a nuestro modo de
ver, el sector de la asistencia sanitaria, al venir referido a un
servicio público esencial, merece ser considerado como prioritario en la
labor de supervisión del Defensor del Pueblo. En los informes anuales se
suele realizar un seguimiento intenso de las disfuncionalidades de las
administraciones sanitarias y de la evolución del derecho a la protección
de la salud, de tal modo que un estudio continuado de los referidos
informes ofrece un semblante aproximado de las sombras de nuestro sistema
público de salud. Sin duda, la parte del informe sobre la materia de
salud debería ser uno de los capítulos esenciales del informe del
Defensor del Pueblo. Este año advertimos una adecuada y organizada
presentación del informe sobre los derechos, el funcionamiento de los
servicios y el alcance de las prestaciones, pero también notamos, dicho
con todos lo respetos, una excesiva parquedad expositiva. A nuestro
juicio, el capítulo sobre la materia sanitaria, a tenor de la importancia
que conlleva, se presenta de forma sucinta y escueta. Nos permitimos
recomendar a la oficina que amplíe los contenidos informativos que se
destacan en el área de salud.
En este informe se echan de menos las consideraciones generales que en
otros informe se han aportado sobre el sistema sanitario respecto al
desarrollo de la Ley General de la Sanidad, la evolución de los derechos,
los funcionamientos anormales del servicio, los problemas organizativos,
etcétera. Lógicamente, siempre es interesante conocer la formada opinión
del Defensor del Pueblo sobre los aspectos generales de las
administraciones sanitarias. Siendo interesante estudiar la casuística
que se destaca, ésta se asimila más ajustadamente a la luz de las
consideraciones generales que se formulan. En este sentido, permítame la
crítica al estimar que se prodigan en exceso los casos individuales en
detrimento de las apreciaciones generales sobre el sistema.
También sería conveniente realizar en el informe un análisis detenido de
la coordinación de las administraciones sanitarias y de asuntos sociales,
como se viene diciendo a lo largo de los años. En especial, sería
conveniente examinar la coordinación de los programas de actuación
sociosanitaria para un amplio colectivo de personas que necesitan
prestaciones a caballo entre diversas redes públicas: atención a personas
ancianas y minusválidas; asistencia a enfermos crónicos y pacientes
terminales; atención a aspectos específicos de los niños que presenten
algún tipo de problemática social o sanitaria; intervenciones
sociosanitarias a drogodependientes, inmigrantes y colectivos sociales
desprotegidos. El reparto competencial de estas materias entre las
distintas administraciones públicas viene provocando que las
intervenciones de los recursos públicos se desarrollen al margen de una
aplicación integrada e intersectorial de las prestaciones públicas. Como
decíamos, estamos seguros de que el Defensor del Pueblo puede supervisar
la comunión de las administraciones implicadas, no sólo de la
Administración central sino de distintas comunidades autónomas, en aras
de la defensa de la eficacia del sector público frente a las personas más
desprotegidas.
En cuanto al derecho a la protección social, esta parte del informe se
presenta bien organizada y expuesta de manera sencilla y completa.
Destaca el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo en materia de
menores y minusválidos. Respecto a los asuntos de la tercera edad, me
permitiría sugerir al Defensor del Pueblo --ya lo decíamos en el
ejercicio pasado-- que promueva estudios sobre el abandono familiar de
los ancianos. Sin embargo, el informe tiene dos lagunas a mi manera de
ver, la más significativa se refiere a las situaciones de fragilidad
social de las mujeres desprotegidas, en especial de las mujeres separadas
con cargas familiares y sin apoyo social. Sería recomendable que el
Defensor del Pueblo estableciera entre sus próximos objetivos, elaborar
algún estudio específico sobre esa realidad social que, además, ha sido
planteada por las dos portavoces que me han precedido.
Otra de las materias que pasan desapercibidas en el informe se refiere a
los problemas de la juventud española. Comprendemos que el volumen de
quejas que presentan los jóvenes sea mínimo, pero quizá por esta razón
sería bueno que el Defensor del Pueblo se interesase por sus problemas.
Para concluir, puesto que estamos mal de tiempo, el Defensor del Pueblo
debe incitar a los poderes públicos para que actúen correctamente por lo
que sus recomendaciones han de ser razonadas, independientes y objetivas,
aunque carezcan de fuerza ejecutiva.
Su eficacia fundamental reside, porque así lo quiso el legislador, en ser
el comisionado de las Cortes Generales y su autoridad deriva
exclusivamente del respaldo que le otorgan las Cámaras en defensa de los
derechos y libertades fundamentales. Ni que decir tiene que cuenta con el
apoyo del grupo parlamentario al que represento.
Por último, destacaré las palabras que el Defensor del Pueblo en la
presentación de este informe dice textualmente. Hay una realidad evidente
que se desprende de la lectura del informe que ahora se presenta: que los
derechos y libertades fundamentales comprendidos en nuestra Constitución
son vividos de forma plena por la generalidad de los ciudadanos y se
ejercitan sin trabas de ningún tipo; es, por tanto, posible afirmar
--palabras del Defensor del Pueblo-- que España se encuentra
perfectamente homologada en este aspecto con el resto de los países
europeos de más honda raigambre democrática.
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de los grupos parlamentarios,
corresponde al Defensor del Pueblo dar respuesta conjunta a todos ellos.
Tiene la palabra.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda Torres): Muchas gracias,
especialmente a los representantes de los grupos parlamentarios que han
tenido la amabilidad de intervenir de una manera creo acertada y
correcta. En modo alguno han molestado al Defensor del Pueblo, todo lo
contrario, las observaciones críticas, las reflexiones que en algún
momento haya podido haber sobre posibles defectos que aparezcan en el
informe, en la estructura o desarrollo de una materia tan amplia que
ocupa dos volúmenes a pesar de que procuramos salir de lo particular para
ascender y remontarnos a los temas que puedan plantear las diferentes
quejas desde la perspectiva de problemas generales.
Ustedes me van a perdonar, no quiero parecer grosero, y aunque quisiera
contestar puntualmente a cada uno de los representantes de los grupos
parlamentarios que han intervenido, dada la hora y el cansancio que SS.
SS. tienen y habiendo oído repetidamente que la mayor parte de las
observaciones hechas han coincidido en líneas generales en los puntos
esenciales del propio informe y en las observaciones del Defensor, y
volver a reiterar yo otra vez lo que ustedes han manifestado en cada una
de sus intervenciones respecto de lo que había dicho sería absolutamente
interminable, me permito hacer solamente alguna mención y advertencia,
incluso contestación a las cuestiones que han destacado de este informe.
Por un lado, hay una ligera discrepancia entre quienes consideran que la
sistemática de este informe ha tenido una mejora respecto a años pasados
y quienes consideran que mejor que hacer esta enumeración de puntos
concretos o temas específicos se debía haber vuelto a tratar con un
criterio distinto los problemas que afectan a los derechos más
fundamentales, de lo que pudiera ser la actitud de la Administración. No
obstante, la mejor forma no quita que se puedan hacer las dos cosas, de
manera que tomo buena nota de las dos observaciones en el sentido de que
junto a la misma sistemática que pueda comprender temas monográficos, no
se olvide la posibilidad de que puedan existir algunos temas que, con
independencia de las propias áreas administrativas en que han destacado,
tengan necesidad de tratarse, siempre que afecte a los temas
fundamentales.
Veo que no está el representante de Coalición Canaria; le quería
agradecer su intervención, especialmente la referencia que ha hecho sobre
el caso de la tutela judicial efectiva --como muy bien recordaba la
representante del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya-- del mutilado canario que es escandaloso; el Defensor del
Pueblo tiene sobre su agenda un seguimiento constante y anual.
El hablaba de que entendía que no se hubiera admitido un recurso de
inconstitucionalidad en relación con la Ley de Presupuestos, sobre los
temas que no tuvieran una relación directa con los problemas de aumentos
o disminución de gastos y agradecía que se hubiera hecho por parte de la
autoridad canaria, en el recurso de este año, la advertencia de que eso
no se volviera a repetir. Tengo que decir que se repitió en el año 1997
y el Defensor del Pueblo interpuso recurso. Por tanto, lo queseñalabael
representante de Coalición Canaria ha quedado reforzado en el año 1997 al
haberse interpuesto recurso por esa introducción o intromisión
improcedente de temas que son ajenos a los presupuestos.
Tengo que agradecer a la señora representante de Convergència i Unió que
haya señalado y destacado algo en lo que creo que quizá no hayamos
profundizado lo suficiente en este informe --y digo creo porque después
ha sido reiterado por algún representante de otro grupo parlamentario--,
que es el problema del maltrato de las mujeres. Indudablemente hemos
recibido quejassobreeste tema y --como algunas de SS. SS. han sugerido--
se podría plantear para el futuro, siempre que los medios nos lo
posibiliten, el hacer un estudio monográfico sobre los maltratos de las
mujeres; creo que es una asignatura pendiente.
Doña Cristina Almeida, en nombre de Izquierda Unida, ha hecho tantísimas
aportaciones que sólo puedo decirle que las he recogido porque me parece
que son --como todas las que ella suele hacer-- dignas de estudio.
Reiterando la vinculación del Defensor del Pueblo y de las Cortes
Generales, ha recordado el compromiso que se adquirió de manera unánime
por parte del Pleno del Congreso de responder a los informes del Defensor
del Pueblo, señalando además el plazo de tres meses. Como SS. SS. pueden
comprender, yo estoy esperando que eso se cumpla y que, aunque
efectivamente aquello se hizo en una legislatura anterior, la nueva
legislatura y los nuevos responsables de poder tomen conciencia de que un
informe del Defensor del Pueblo no es una novela que se escribe para que
conozcamos más o menos las pequeñas historias y las quejas --que en algún
caso casi serían dignas de libros de humor y en otros de humor
sangriento, por las cosas que nos llegan al Defensor del Pueblo--, sino
que realmente tengamos una respuesta de la Administración en el sentido
que se solicitaba.
Hemos dicho que en principio había una aceptación del 50 por ciento de
los ciudadanos señalando que la institución
del Defensor del Pueblo es conocida, pero a continuación he tenido que
añadir que el 25 por ciento de esos ciudadanos dice que la Administración
no les hace caso alguno y eso es importante. Quiere decirse que de alguna
manera esperamos de la Administración esa respuesta en la que nos den la
razón o nos digan por qué no la tenemos, pero que hay que dar respuesta
a este informe que es algo más que las ciento y pico recomendaciones o
advertencias, que es algo más que todo lo que significa el detalle del
informe. Por tanto, me gustaría que SS. SS. insistieran, precisamente
como representantes de esa soberanía popular y en la línea que se acordó
en octubre o noviembre de 1995, para pedir que ese compromiso de
respuesta a los informes del Defensor del Pueblo fuera una realidad y
esto no se convirtiera en un libro de biblioteca que lo grupos
parlamentarios van aumentado, sino que en algún caso pueda servir para
algomásqueeso. Yo le agradezco mucho a S. S. que haya recordado ese
compromiso y estamos esperando esa contestación del Gobierno. Es cierto
que en algunos casos y para temas puntuales el Gobierno está
respondiendo, pero efectivamente no se trata de la respuesta global que
el informe precisa y demanda y que SS. SS., de una manera unánime,
acordaron que se hiciera.
Respecto a los presos en cárceles extranjeras también se ha señalado que
los cónsules cumplen lo que pueden. Ahora bien, antes he dicho que había
dos temas que indudablemente tenían que tomarse en consideración. En
primer lugar, los presos se siguen quejando diciendo que no les visitan
todo lo que ellos quisieran, y probablemente es razonable desde la
perspectiva de quien está en una cárcel en un país extranjero, con las
condiciones en que viven, fundamentalmente en Marruecos, porque lo que
querrían es que todos los días fueran a verles no sé si las monjitas o
los cónsules, pero que alguien estuviera dándoles un poco de ánimo, y eso
es cierto que no existe. Y para evitar que nos digan si es mucho o poco
lo que van a visitarlos hay una fórmula, que es la que estamos
reclamando, que está prevista en las circulares internas y es que en los
libros de registro de cada uno de los consulados se anoten los días en
que se produce la visita a los presos españoles en cada una de esas
cárceles. De esa manera no habría la excusa por parte de algunos de los
consulados de decir que sí se está visitando mientras los presos dicen
que no les visitan, sino que tendríamos un término de comparación
suficientemente útil.
Quiero señalarles que en este próximo informe del año 1997 vamos a dar
una especial importancia a la labor de los cónsules en el extranjero, no
sólo por el problema de las cárceles --que aunque es un tema importante
no sucede en demasiados países--, sino también por el otro problema, en
el que ustedes han puesto el dedo en la llaga, de la actitud de muchos de
nuestros representantes consulares que sienten una especie de recelo
pensando que todo español o española que se quiere casar en el extranjero
lo que pretende hacer es un matrimonio de conveniencia. Matrimonios de
conveniencia los ha habido en toda la historia de la humanidad, y me
parece absurdo que ahora nosotros tengamos una especie de repulsa a que
ese matrimonio de conveniencia se celebre por el hecho de que quieran
venir a España un español o una española acompañados de otra persona en
condiciones de formar una pareja, se supone que estable. De manera que
éste es uno de los temas, que efectivamente se ha notado y que en alguna
medida quienes tienen más contacto con los consulados lo pueden apreciar
de forma efectiva, en los que debemos insistir ante las autoridades
correspondientes. Si dos personas, una de ellas española, quieren
contraer matrimonio, no se les debe negar, aunque sea con la idea de
venir a España y traer a su cónyuge porque ésta no es una razón
suficiente para que se les deniegue y se les pongan las pegas que en
algún caso hemos visto que se están poniendo. Repito, ése es uno de los
temas que me parece que merece la pena tomar en consideración.
En cuanto a la falta de ofertas laborales en los centros penitenciarios,
me van a permitir ustedes que no insista en tratar todos los temas que
están incluidos en el informe específico que se presentó y se discutió,
porque la falta de puestos laborales, así como el que no se hayan puesto
en marcha algunos de los centros laborales que están ya construidos,
reside en que no encuentran trabajo porque no hay empresarios que se lo
encarguen. Probablemente podría estudiar la propia dirección
penitenciaria la posibilidad de coordinar y realizar, aunque bastante son
las labores que tienen que hacer, en los propios centros penitenciarios
esa tarea que les diera el contenido laboral que les falta.
En cuanto a la aplicación del artículo 60 del reglamento en relación con
los enfermos terminales, ése es un tema, señora Almeida, en el que hemos
insistido y en el que estamos sensibilizados hasta el máximo. Tanto el
año pasado, como demuestra el propio informe de centros penitenciarios,
como ahora estamos siempre pendientes para que cuando se produzca algún
caso de enfermedad terminal se pueda poner en marcha todo el
procedimiento reglamentario para que esa persona pueda pasar sus últimos
momentos de la vida fuera de una prisión.
En el tema de la mendicidad creo que han coincidido todos ustedes, y
además observo que otros comisionados parlamentarios lo están siguiendo
también muy de cerca. La preocupación del Defensor del Pueblo va tomando
cuerpo y hoy al mendigo, aunque no sea una persona agradable de ver, los
ayuntamientos no le consideran como un ser al que hay que eliminar como
sea, bien mandándole por la fuerza fuera del término municipal, bien
recluyéndole, bien aplicándole cualquier otro tipo de medidas que
supongan la privación de su libertad.
Una de las cosas que me han quedado muy grabadas, y es algo que se ha
mantenido siempre en el Defensor del Pueblo, es que no se debe de
comparar la ilegalidad con el trato de inhumanidad, precisamente ése fue
el argumento que primó en la junta de coordinación que nos llevó a
recurrir la Ley de Justicia Gratuita que no se aplicaba a los llamados
inmigrantes ilegales o inmigrantes no documentados. No sé qué resolverá
el Tribunal Constitucional, pero las razones que aquí se han expuesto
fueron las que tuvimos en cuenta en el momento de tomar esa decisión.
En cuanto a Melilla, es un tema recurrente y creo que no voy a poder
aportar más de lo que ustedes conocen, más de lo que algunos de los
señores diputados que están aquí presentes
han podido ver directamente, o de lo que han visto los adjuntos o los
asesores de la institución, que constantemente están pendientes de este
tema. Se ha presentado por escrito ante el Ministerio del Interior la
sugerencia de crear de manera inmediata y urgente una autoridad que vaya
resolviendo sobre la marcha los temas que afectan a estos inmigrantes,
porque lo que no puede seguir es la situación de hacer consideraciones de
conmiseración por quienes están sufriendo esa lacra de vivir en esos
campamentos y luego dejar pasar el tiempo sin resolver ni su situación de
inhumanidad ni su situación legal en España. Dentro de unos días hemos
quedado con las autoridades responsables del Ministerio de Trabajo y del
Ministerio del Interior para buscar una fórmula --que, en principio, no
sé si será esta misma de la autoridad o del comisionado independiente--
que lo resuelva, pero creo que el tema ha calado y que está en vías de
solución.
Es cierto que en el tema de las líneas de alta tensión no ha habido ni
hay una opinión pública mayoritaria que se preocupe por ello, aunque
ciertamente que quienes viven debajo o en la proximidad de estas líneas
de alta tensión están fuertemente preocupados por el tema, pero no es una
cuestión que haya tenido una repercusión a un nivel suficiente. Nosotros
entendimos y seguimos entendiendo que aun cuando existan dudas sobre si
efectivamente los efectos electromagnéticos pueden producir
perturbaciones en la salud de quienes viven en las proximidades, no cabe
duda que la prevención de esa medida de salud sería lo suficientemente
importante como para tomar algún tipo de solución conjuntamente entre los
ayuntamientos, las compañías eléctricas y las autoridades que tienen la
responsabilidad de la instalación o la reforma de las líneas.
Es verdad que uno de los temas en el que quizás no hemos hecho hincapié
de manera suficiente, aunque nos parecía que quedaba resaltado al tratar
el tema de la juventud y de la minoría de edad, es la situación de la
infancia. Este es otro de los temas que podrían estudiarse de manera
monográfica, siempre y cuando dispongamos de medios suficientes, y con
ello aludo y agradezco la intervención de la señoría que ha preguntado si
teníamos medios suficientes. Vuelvo a repetir lo que dije en el Pleno del
Congreso el año pasado: el Defensor del Pueblo, como ustedes saben,
depende del presupuesto de las Cortes Generales y esta institución no ha
experimentado ningún aumento desde el año 1990, a excepción del aumento
de tipo vegetativo. Por otro lado, se nos exige y nosotros mismos nos
estamos imponiendo y queremos tener una mayor actividad, sobre todo en el
campo que nos parece que es más prometedor, porque no se trata solamente
de recibir las quejas sino de que el Defensor se adelante a hacer los
estudios monográficos sobre la infancia y sobre los demás temas que
quedan pendientes. Para eso necesitamos, evidentemente, más personal,
porque en estos momentos está la plantilla absolutamente cerrada, y unos
medios que no podemos conseguir con el presupuesto general que tiene el
Defensor del Pueblo, que no llega a los 1.100 millones de pesetas, pero
es que ese presupuesto lo tenemos desde hace cinco años y seguimos en
esta situación. Sabemos que dependemos de las Cortes Generales, esperamos
que las Mesas del Congreso y del Senado en su reunión conjunta se den
cuenta de que la institución del Defensor del Pueblo y los que están en
ella trabajando no pueden vivir con el mismo presupuesto que el que
tenían hace cinco años haciendo un trabajo mayor, de manera que yo confío
sinceramente --porque me consta la buena disposición que en este sentido
tienen los presidentes de nuestras Cámaras-- que podamos en este año
reforzar el equipo para llevar a cabo estas actividades de orden
extraordinario que son necesarias para el propio funcionamiento de la
institución.
Otro de los temas que se ha suscitado y que he subrayado como muy
importante para poder estudiar es el de la violencia en los centros
escolares, y aunque a continuación vamos a tratar de los centros
escolares y de temas relativos a la educación, quiero señalar que es
cierto que se está produciendo esta violencia y que nos llegan noticias
no solamente a través de los propios interesados o de sus padres, sino de
los medios de comunicación. Yo creo que nosotros deberíamos tener la
posibilidad de poder entrar a estudiar a fondo en qué consiste la raíz
del problema y cómo puede resolverse esa violencia en los centros
escolares.
Por lo que se refiere a las familias numerosas, la reducción del número
de hijos, todo eso que, efectivamente, hemos visto que de alguna manera
se ha conseguido en parte, creo que ha sido una buena medida que debemos
de subrayar como positiva, así como lo que pueda representar la actuación
del Defensor del Pueblo respecto de temas que ustedes señalaban en el
sentido de evitar el drama de los marginados, de quienes viven en centros
de marginación y de quienes vienen desde fuera, para que, a pesar de esa
situación de marginación, puedan ampararse un poco en esa especie de
bonanza que existe en toda Europa y que indudablemente en España va en
aumento, con un nivel de vida, por supuesto, muy superior al de todos los
países africanos; porque el problema, como se señalaba, no está en
tenerlos aquí colocados, sino en la cooperación al desarrollo sostenido,
que es un problema que, insisto, debe estudiarse desde la perspectiva y
desde la proyección de la Europa comunitaria, no solamente desde los
países más desarrollados, y éste es uno de los temas que siempre
señalamos en cada una de las reuniones que tenemos los defensores y los
responsables de la política de cooperación. Yo creo que en este momento
España tiene una buena perspectiva desde el punto de vista de la
cooperación al desarrollo. Las cantidades que en estos momentos se pueden
utilizar en la línea de la cooperación al desarrollo son positivas, según
se desprende de las noticias que proceden de la propia Agencia y de los
órganos responsables de nuestro Gobierno.
También planteaban ustedes que en el problema de las listas de espera se
pudiera reconsiderar el tema del envío a las clínicas privadas. Yo creo
que ésa fue una solución de emergencia para acabar con un atasco que
existía en los hospitales públicos y que de alguna manera ha permitido,
como hemos señalado, el dar una perspectiva bastante positiva a las
antiguas listas de espera, que eran un cáncer de la sanidad española. En
ese sentido, es verdad que quizás nos haya faltado, y me refiero a la
observación de la señora Camilleri, una visión de conjunto en la
exposición del área de salud. Probablemente el área de salud, que es una
de las
áreas que recibe un número de quejas más numeroso, ha tenido siempre un
tratamiento muy detallado, y el personal que trabaja en esa área lo hace
con una dedicación bastante intensa de la que podemos sentirnos
satisfechos, pero quizás no hayamos dado la visión de conjunto de lo que
puede representar el área de salud.
Entre los temas que pueden quedar como pendientes estamos de acuerdo que
uno de ellos es el estudio del lenguaje en la Administración. Es cierto
que el año pasado se nos hizo esta advertencia, y aunque no lo hemos
tenido abandonado, porque cuando ha habido casos en que notábamos que
existían circunstancias concretas y puntuales sí nos hemos dirigido a la
Administración con observaciones o con sugerencias a este respecto,
quizás fuera bueno hacer un estudio más a fondo sobre esta diferencia en
nuestro lenguaje en relación a la distinción de sexos.
Por lo que se refiere a que la seguridad ciudadana está poco contemplada
en el informe, es posible, pero la verdad es que ha sido uno de los temas
que nos ha preocupado más durante todo el curso de 1996. Hemos seguido
muy de cerca todos los problemas de la seguridad en todos los aspectos,
no solamente en el aspecto de las detenciones, del tratamiento de los
detenidos, sino que se han efectuado visitas a los centros, a los
depósitos que existen de fines de semana, a las comisarías, se están
realizando visitas a cuarteles de la Guardia Civil, a cuarteles del
ejército y en relación con posibles violaciones de los derechos de los
ciudadanos en esos centros. Yo creo que en el tema de las drogas y de la
seguridad ciudadana hemos de insistir y lo vamos a tratar en la próxima
reunión de los comisionados autonómicos en Sevilla, es un tema que nos
preocupa y que tendremos muy pendiente en nuestro calendario.
Son muchas las cosas que han dicho SS. SS., todas muy acertadas, pero
quisiera terminar remitiéndome a las palabras que a su vez la señora
Camilleri tomaba en nuestra representación, en el sentido de que debemos
de incitar a los poderes públicos con sugerencias, con recomendaciones
razonables, independientes y objetivas. Ese es nuestro deseo. No sé si lo
habremos cumplido con la perfección que hubiéramos deseado, pero crean,
señorías, que desde luego en esa línea estamos y en esa línea vamos a
seguir.
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido este punto del orden del día.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO (ALVAREZ DE MIRANDA
TORRES), PARA DAR CUENTA DE LA NECESIDAD DE DOTAR AL SISTEMA PUBLICO
EDUCATIVO DE TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE CUMPLA ADECUADAMENTE
SU FINALIDAD FUNDAMENTAL, SEGUN EL INFORME ANUAL PRESENTADO POR DICHA
INSTITUCION. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente Congreso 212/000722
y número de expediente Senado 713/000351.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar rápidamente, dado lo avanzado de la
hora, en el segundo punto del orden del día, que doña Cristina Almeida
sostiene para que se celebre. En primer lugar, corresponde una
intervención expositiva de la peticionaria de la comparecencia,
interviniendo a continuación los grupos parlamentarios de menor a mayor.
Para iniciar la exposición, tiene la palabra el señor Defensor del
Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda Torres): Efectivamente,
este orden del día tenía un segundo punto que, según dice literalmente,
pide que se dé cuenta de la necesidad de dotar al sistema público
educativo de los recursos necesarios para que cumpla su misión
fundamental. Debo comenzar haciendo unas precisiones sobre esa
literalidad de la solicitud que se nos formula, con el fin de evitar que
las afirmaciones contenidas en el informe puedan ser interpretadas
incorrectamente, o que puedan extraerse conclusiones a las que el informe
no ha pretendido llegar en ningún momento.
En primer lugar, quiero hacer notar que este informe --lo he dicho ya
antes-- no se limita a mencionar la necesidad de dotar al sistema
educativo de todos los recursos necesarios para que cumpla adecuadamente
su misión, eso lo hemos venido diciendo en informes anteriores, sino que
califica, y eso es verdad, tal necesidad de ineludible. Decimos que es
necesario que el sistema educativo disponga de los recursos, pero es una
necesidad ineludible. Pienso que eso es así porque cualquier progreso
futuro de nuestra sociedad ha de cimentarse necesariamente en la
educación y los efectos de las carencias actuales, si es que las hay, se
nos devolverán multiplicados en el futuro.
En segundo lugar, debiera advertir que esta ineludible necesidad a la que
se refiere el informe no tiene únicamente como destinatario el sistema
público educativo, sino también el privado. Prueba evidente es la
literalidad del texto del informe, que hace referencia al sistema
educativo en general y no sólo al sistema público; también la afirmación
que se expresa según la cual la aportación de recursos financieros a la
enseñanza pública y a la privada, proporcional al servicio que prestan
tanto en la escolarización de alumnos como en la compensación de las
desigualdades geográficas, económicas y sociales, debiera ser siempre
suficiente.
En definitiva, lo que el informe dice, lo que realmente quiere decir, es
que el sistema educativo en su conjunto en todos sus niveles, en todas
sus etapas y ciclos y grados, ha de disponer de los recursos necesarios
si se quiere que se cumplan adecuadamente los fines que le encomienda la
legislación educativa y que son sin duda el fundamento de cualquier
progreso futuro. Por eso insistimos ante los representantes de la
soberanía popular, a quienes compete la aprobación anual de las leyes de
presupuestos, para que en una época como la presente, en la que es
obligado mantener una austeridad y un rigor presupuestario adecuado, no
se rebajen al sistema educativo los recursos que le son imprescindibles.
Pienso que será difícil encontrar alguien que no esté de acuerdo con lo
expuesto. Sería poco razonable y nada previsor
que se admitiese por cualquier motivo la restricción de medios necesarios
al sistema educativo. Hay que proporcionarle a éste, en cada momento,
todos los recursos que resulten posibles y si éstos no son suficientes
también los imposibles, porque como también se apunta en el informe
cualquier deficiencia actual del sistema educativo provocará en el futuro
unas consecuencias con toda seguridad más costosas que el ahorro de
recursos que en el presente y de forma coyuntural pudiera producirse.
En el informe correspondiente a la gestión de 1996 se incluye esta
reflexión sobre la necesidad de dotar todos los recursos necesarios por
un doble orden de razones y con independencia de que es un tema
recurrente para el Defensor del Pueblo en todos los anteriores informes.
Por un lado, desde una perspectiva más general, porque es en este tramo
final de aproximación al objetivo último de la unión económica y
monetaria de la Unión Europea cuando mayor es el riesgo y la necesidad
--y lo sabemos bien-- de las restricciones presupuestarias. Por otro
lado, desde la perspectiva más concreta, porque la actividad de la
institución a lo largo de 1996 ha permitido detectar algunos supuestos en
los que al menos inicialmente la Administración educativa que estuvo bajo
gobiernos de signo político distinto no consideró viable resolver
determinados problemas puntuales a causa, precisamente, de las
limitaciones presupuestarias. A algunos de estos asuntos haré referencia
a continuación, pero quiero hacer las reflexiones previas al respecto.
Las limitaciones presupuestarias están presentes directa o indirectamente
en parte de las quejas que en materia educativa tramita el Defensor y que
van quedando reflejadas en los sucesivos informes ante las Cámaras.
Cuando se habla de deficiencias en los edificios e instalaciones
docentes, de carencia de profesorado o de la imposibilidad de muchos
alumnos universitarios de acceder a los estudios correspondientes, se
está hablando de limitaciones que pueden paliarse con una mejora en la
gestión y que en otras ocasiones requieren ineludiblemente la aportación
de más recursos financieros. No es, pues, una novedad del informe de 1996
la referencia a las restricciones presupuestarias que pueden afectar a la
educación, aunque hemos de reconocer que precisamente por su
trascendencia hemos incluido el tema como un nuevo epígrafe del informe,
que en los años anteriores no se incluía, en el que se agrupan los
problemas de la insuficiente dotación presupuestaria, reflexión, insisto,
que se ha venido haciendo en años anteriores y cuya manifestación más
significativa fueron las sucesivas consideraciones que se hicieron a las
modificaciones del calendario de implantación de la Logse en los años
1993 y 1994.
Por otra parte, quiero reseñar también, en cuanto al informe anual se
refiere, que la referencia a las restricciones presupuestarias en materia
educativa no deben entenderse como una crítica hacia una determinada
política educativa y presupuestaria o el alineamiento con una posición
específica. Para el Defensor del Pueblo, como no podía ser de otro modo,
todas las políticas que permitan el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales respecto de cualquier derecho fundamental son igualmente
válidas y sus advertencias, sugerencias y recomendaciones, por utilizar
la terminología de nuestra ley orgánica, sólo surgen cuando en supuestos
concretos deficiencias normativas, de gestión o presupuestarias limitan
o dificultan el ejercicio de tales derechos a los ciudadanos. Por ello,
lo que la consideración que motiva esta comparecencia pretende, como se
señala específicamente en el epígrafe en el que se contiene la
advertencia, es llamar la atención --llamar la atención, insisto-- sobre
un riesgo que puede ser próximo, a juzgar por los resultados de diversas
actuaciones que se han practicado por la institución y en las que
incidieron negativamente las limitaciones de carácter presupuestario.
A estas actuaciones concretas que figuran en el informe voy a referirme
a continuación. Primero, el coste excesivo que para muchas familias
supone la adquisición de libros de texto es motivo frecuente de quejas al
Defensor. Cuando además se trata de etapas en las que la escolarización
es obligatoria, se da la paradójica circunstancia de que el cumplimiento
de la obligación constitucional de escolarizar obligatoria y
gratuitamente a todos los alumnos traslada a las familias una parte del
coste de esta escolarización. A juicio de la institución las notas de
obligatoriedad y especialmente de gratuidad que acompañan a las
enseñanzas básicas deberían tener la consecuencia de posibilitar, al
menos en determinados supuestos, el acceso de los alumnos a los libros de
texto y material escolar sin coste económico para sus familias. Planteada
la cuestión ante el anterior Ministro de Educación y Ciencia, del que se
requirió información en relación con los proyectos que se tuvieran
elaborados, solamente pudo deducirse la disposición para estudiar el
problema. Con el nuevo equipo se reanudó nuestra intervención con dos
recomendaciones en las que se demandaban soluciones concretas en el marco
de la normativa vigente en materia de becas de ayudas al estudio, Real
Decreto 29/1983 y de compensación de desigualdades en el ámbito
educativo, Real Decreto 299/1995, obteniéndose una respuesta en la que se
aludía a razones presupuestarias para desechar la posibilidad de ofertar
con carácter general libros de texto y material escolar gratuito a los
alumnos de niveles educativos obligatorios. No obstante, se hacía mención
a la posibilidad de estudiar fórmulas alternativas que se orientarían a
una nueva organización y gestión del material propio del centro y la
colaboración de otras entidades con obligaciones educativas. En todo
caso, pese a la respuesta inicial, en el comienzo de este curso 1997-98
se acaba de publicar la Orden del ministerio de Educación y Cultura del
3 de septiembre, por la que se convocan ayudas para la adquisición de
libros de texto y material didáctico complementario para los niveles
obligatorios de enseñanza orientadas a familias con escaso poder
adquisitivo, y aunque todavía sea quizá pronto para evaluar
definitivamente el efecto de estas medidas que sólo parcialmente pudieran
resolver el problema, ha de valorarse positivamente, pues supone sin duda
un avance hacia el objetivo de la gratuidad de los libros de texto en los
niveles de escolarización gratuita y obligatoria.
También en el informe se aborda en su verdadera vertiente educativa la
problemática derivada de la Ley 25/1971, de 19 de junio, a que tantas
veces se refirió Cristina
Almeida, de protección de familias numerosas, reiterando planteamientos
que se habían formulado desde el Defensor en los años 1994 y 1995 ante el
Ministerio de Asuntos Sociales sugiriendo la modificación de la ley.
Desde esa época hemos sugerido la modificación de esta ley porque nos
parecía que no era suficientemente generosa con lo que se pretendía. La
aplicabilidad y el alcance de los beneficios de esta ley plantea
importantes dificultades interpretativas, en cuyo análisis no procede
entrar ahora, pero que debieran dar lugar a la actualización de la norma
como cuestión previa para adecuar la mencionada Ley 25/1971 a la nueva
realidad social. Por lo que aquí interesa, baste decir que tanto en los
niveles educativos anteriores a la universidad como en los
universitarios, la razón fundamental por la que los ciudadanos no
disfrutan de su derecho a obtener exenciones o bonificaciones en las
tasas o precios a abonar por los servicios educativos, en razón de su
condición de miembros de familias numerosas, es la carga presupuestaria
adicional que supondría la asunción de estos costes.
La homologación retributiva del personal que imparte enseñanzas de
religión católica en los centros docentes públicos es otro de los asuntos
que motivan la llamada de atención del Defensor sobre la necesidad de
dotar al sistema educativo de los recursos necesarios, ya que también en
este caso las restricciones y limitaciones presupuestarias han impedido
el cumplimiento de una obligación que fue reconocida por el Estado y cuya
dificultad se incrementa como consecuencia del grave desfase acumulado de
anteriores ejercicios presupuestarios. En efecto, el Gobierno y la
Conferencia Episcopal suscribieron en mayo de 1993 un convenio sobre el
régimen económico de este personal en el que se preveía la progresiva
homologación de sus retribuciones con las que percibe el personal docente
interino hasta alcanzar su plena equiparación en el próximo ejercicio de
1998. Pues bien, lo cierto es que a pesar de haberse realizado un
esfuerzo presupuestario se está todavía muy lejos de lograr la mencionada
equiparación que exigiría una aportación suplementaria, como ha afirmado
el Ministerio de Educación y Cultura, que no resulta ni siquiera
planteable en el actual marco de restricción presupuestaria.
La cobertura de sustituciones del profesorado en el ámbito de gestión del
Ministerio de Educación y Cultura, específicamente en la Dirección
Provincial de Educación de Madrid, ha dado lugar a la tramitación de
diversas quejas a lo largo de estos últimos años. En general estas
quejas, planteadas habitualmente por asociaciones de padres de alumnos,
se refieren a la falta de cobertura de las ausencias de aquellos docentes
que causan baja por enfermedad o que obtienen licencias o permisos por
distintos motivos, especialmente cuando estas bajas o licencias son de
corta duración. El problema no es general, pero se agudiza en algunas
épocas del año o en algunas zonas concretas, con el consiguiente
perjuicio para el derecho a la educación de los alumnos que temporalmente
no disponen del profesor que les imparta la docencia. Como es evidente,
en el fondo del problema se encuentran las limitaciones presupuestarias
que padecen los gestores educativos para proceder a la contratación de
profesores sustitutos, ya que, según la información remitida por el
propio Ministerio de Educación y Cultura, existen unos límites del 3 por
ciento para educación infantil primaria y del 2 por ciento para educación
secundaria, siempre en relación a sus plantillas presupuestarias,
superados los cuales, y con independencia de la existencia o no de más
sustituciones a realizar, no pueden contratarse profesores sustitutos.
Por último, en el mismo epígrafe en el que se contiene la ponderación que
motiva esta comparecencia sea lude al transporte escolar de alumnos de
educación infantil, para el que esta institución ha solicitado ayudas
económicas específicas cuando los padres se ven en la necesidad de
trasladar a sus hijos a otras localidades por no disponer de plazas de
este nivel educativo en su lugar de residencia y del que se daba cuenta
ya en el informe de 1995, haciéndose mención de la normativa en la que se
apoyaba la intervención que venía practicándose ante las autoridades del
Ministerio de Educación y Ciencia, deducida de las prescripciones de la
Logse. La aprobación del Real Decreto 29/1996, de 28 de febrero, sobre
ordenación de acciones dirigidas a la compensación de las desigualdades
en educación, pudo contemplarse como el marco reglamentario adecuado para
la solución, entre otros, de este problema. Sin embargo, a pesar de los
condicionantes económicos que se pueden aducir al señalar que se trata de
un servicio complementario, hay que hacer notar de nuevo la necesidad de
regularizar este servicio por la eficacia preventiva de desigualdades
ante al ejercicio del derecho a la educación que significa la
escolarización temprana de los alumnos.
Estas actuaciones que se han reseñado hasta aquí, en las que las
limitaciones presupuestarias han sido la causa directa de que no se hayan
conseguido los resultados que hubieran debido obtenerse según el Defensor
del Pueblo, justifican la llamada de atención que se realiza a las
autoridades educativas y a los parlamentarios, con el máximo de los
respetos, sobre la ineludible necesidad de dotar al sistema educativo en
su conjunto de todos los recursos necesarios. Pero éstas no son las
únicas. La carencia de plazas suficientes para escolarizar a la totalidad
de los alumnos de tres años en educación infantil, las deficiencias en
instalaciones y en equipamientos de algunos centros docentes, la
inadecuación de las existentes para la impartición del nuevo sistema
educativo en condiciones de calidad, la limitación de plazas
universitarias en estudios ampliamente demandados, que conduce a que los
alumnos cursen estudios distintos de los elegidos en primera opción, las
dificultades de la UNED, puestas de manifiesto por ella misma, para
absorber a los 150.000 alumnos con los que cuenta dentro de sus límites
materiales y de personal son, entre otras cuestiones, las que transitan
por los informes del Defensor y que también se incluyen en éste.
Podrían mencionarse otros ejemplos, pero creo que es suficiente, máxime
teniendo en cuenta que lo que se pretende es justificar una verdad tan
evidente, y espero que indiscutida, como la de que el sistema educativo
debe ser dotado de todos los recursos económicos para que cumpla
adecuadamente su misión fundamental. Una vez hecha
esta afirmación, poco más tengo que añadir al respecto, pues no
corresponde al Defensor del Pueblo --óiganlo ustedes bien-- concretar la
cuantía de las asignaciones presupuestarias que deben destinarse a la
educación, las cuales dependen no sólo de la política presupuestaria y
educativa que se lleve en cada momento, sino también de las necesidades
concretas del sector, cuya evaluación exige el conocimiento de multitud
de datos de los que, obviamente, la institución del Defensor no dispone.
En todo caso, en el informe del año 1996 se ha querido dejar constancia
expresa de estas actuaciones en las que, como se ha dicho, han incidido
limitaciones de carácter presupuestario para que las autoridades
educativas competentes y los representantes de la soberanía popular
tengan conocimiento de ellas, las valoren y las estimen oportunas a la
hora de aprobar los presupuestos, incrementando las partidas destinadas
a la educación, para paliar estos y otros problemas que pueda suscitar el
sistema educativo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alvarez de Miranda.
Por el Grupo peticionario de la comparecencia tiene la palabra la señora
Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Agradezco al señor Defensor del Pueblo esta
insistencia en una pregunta que no quisiera que pensara que la he
mantenido para entorpecer la labor de esta Comisión y para hacerla más
larga, sino con la secreta esperanza de que viniera la que había
formulado esta pregunta, la titular o la responsable de educación de
nuestro grupo parlamentario, la señora Aramburu. Sobre la marcha me he
tenido que hacer cargo de mantenerla por solidaridad de grupo, para que
no decaiga, por lo que pido perdón por las deficiencias que en datos y
cifras pudiera tener, puesto que yo no venía preparada para hacer la
pregunta.
En este informe hemos notado que hay una preocupación especial. Yo sé que
el Defensor del Pueblo no va a venir a hablar de presupuestos, pero está
hablando de deficiencias para proteger un derecho ciudadano tan
importante como es la educación. No va a echar la culpa a si es un
sistema político del Gobierno de ahora o del Gobierno de antes, sino que
dice que hay una deficiencia en el sistema educativo que puede tener unos
efectos perjudiciales para el futuro. Por eso mostrar la preocupación es
uno de los deberes. En cuanto a esa llamada de atención diré que antes de
que saliera publicado nos hemos dado por aludidos y en junio presentamos
esta pregunta precisamente para insistir en ese tema.
La educación no pertenece a un Gobierno de un color o de un signo u otro;
la educación pertenece al derecho que la Constitución da a todos los
españoles y españolas, de lo que también habrá que hablar. Es verdad que
hay una apuesta por la enseñanza pública desde el Estado, porque el
Estado tiene obligación de dar ese derecho. Esto no quiere decir que la
enseñanza privada cubra todas las necesidades, todos los aspectos o todos
los beneficios que quiera tener, y nadie está por la prohibición de la
privada sino por la inversión de la pública. Es verdad que a través de
sucesivas restricciones presupuestarias se puede convertir en una merma
del Derecho constitucional; restricciones presupuestarias que ha habido
antes y que habrá después pero que tenemos que evitar que afecten a
elementos fundamentales. Ya las restricciones presupuestarias de
diciembre de 1995, que fueron hechas por un gobierno anterior, marcaron
una evidente merma de recursos en muchísimas actividades. El que venga
otro gobierno y diga que como ya estaba hecho lo sigue manteniendo no nos
da ninguna esperanza, cuando estamos viendo una degradación que está
afectando a la igualdad de oportunidades en la educación. A nosotros este
tema nos preocupa y queríamos responder a esa llamada de atención. La
pregunta está reflejada en su informe. Hemos visto que se han denunciado
y se denuncian deficiencias en todos los informes. Y no quiero hablar de
la cuestión universitaria, ya que es un problema que no afecta al
Defensor; afectará a la Comisión de Educación. Por ejemplo, la
imposibilidad de hacer valer los títulos extranjeros aquí es una especie,
otra vez, de oposición de intereses más que de cultura que sirva a los
intereses de los ciudadanos. En fin, que estamos tomando nota de todas
estas cosas que se detectan.
El tema de fondo es qué se hace, que es una observación mucho más amplia
y más preocupante y por ello tenemos que hacernos eco, y lo queremos
hacer aquí, todos los grupos parlamentarios de que tenemos que forzar el
sistema educativo. Yo recuerdo, una vez en París, hablando con Cortázar
de Chile que decía que la educación no se ve en el año que ocurren las
cosas, se ve en los siglos venideros; que cuando hay una dictadura que
recorta libertades, que recorta la información, que recorta la igualdad,
todas las generaciones que van pasando por ese desastre terminan
sufriendo un proceso en el futuro que es muy difícil de equilibrar. Por
eso hay que parar ahora el nivel de desgaste de la educación pública
respecto a lo que ha sido un hecho histórico en nuestro país, que es la
obligatoriedad de la escolaridad, el intentar que la escolaridad empiece
de cero a tres años, que ahora no está en absoluto financiada y que está
suponiendo gravísimos problemas, primero, para el control de los niños
que desde esa edad tienen unos hábitos que pueden favorecer su
integración en el proceso educativo, para la incorporación de las mujeres
al trabajo, para el reparto de las tareas familiares, para un buen número
de cosas que no sólo incide en el aspecto educativo. Mientras todo esto
no se financie estamos teniendo una deficiencia en todos los sectores. Si
nos referimos a la ESO y a las nuevas instalaciones que se están
haciendo, que haya gente que se tenga que trasladar de pueblo es ya una
medida disuasoria, o si los transportes no son buenos o no puedes
estudiar en la zona en que estás lo que quieres porque no hay número
suficiente. Estamos viendo que hay cantidad de elementos que hay que
atacar. Incluso ha surgido un problema con la vivienda que nos han
reconocido tanto la portavoz del Partido Socialista como la portavoz del
Partido Popular. Las cesiones de suelo de los ayuntamientos al Ministerio
de Educación están plantando serios problemas de construcción y de
edificación. Si mermamos los niveles de cesión tenemos menos medios. Está
destacado en el informe, no es que yo lo esté inventando, está en el
informe
también que hay problemas de cesión en algunas comunidades, en otras no,
incluso problemas de reestructuración, porque ahora dicen que hay pocos
niños, pero si hay pocos y los que vienen de cero a tres años no tienen
una plaza escolar habrá cada vez menos. Por lo tanto, no estamos
planteando el problema en toda su dimensión.
Estamos preocupados porque las políticas educativas no se hacen sólo por
Maastricht o por la convergencia y la puntualidad, se hacen con una
finalidad mucho más solidaria que no tiene que ir sólo a la ayuda
puntual, porque estamos planificando para el futuro, para la competencia
con Europa, para la diversidad de estudios, que necesita diversidad de
profesorado, que necesita renovación de los materiales y de las
estructuras, y si mantenemos los límites presupuestarios por igual a
todas las cuestiones estamos desnivelando unos sectores con otros. No
quisiera poner ejemplos, pero es verdad que en educación estamos haciendo
una inversión de futuro que afecta tanto que a nosotros nos tiene muy
preocupados. Además, estamos leyendo cosas que afectan al contenido de la
enseñanza. Ya sé que me pueden decir que soy demagoga, pero a mí me
preocupa no solamente la materialidad de la enseñanza sino los derechos,
la educación que se recibe, el contenido de la enseñanza, de los libros
y de la formación. Se ha dicho que van a recibir una subvención colegios
del Opus Dei; a mí me da igual que sean del Opus Dei. Si no reciben
subvención que hagan lo que quieran, pero si la reciben es para hacer
hombres y mujeres iguales y no para estudiar por separado los niños y las
niñas, para darle un contenido distinto a la educación. A mí me preocupan
las cosas que están pasando en el sistema educativo porque influyen en
las relaciones de futuro.
Por tanto, queremos manifestar que en estos momentos determinados
sectores están afectando, como han dicho ustedes, los libros de texto. Yo
sé que la solución con una restricción presupuestaria no es viable en un
principio. Usted ha dicho que desde el propio Gobierno se ha ofrecido la
oportunidad de que haya unos libros comunes para que los puedan
trasladar, como en mi colegio las gratuitas iban a un sitio a mirar los
libros para no gastarlos. Yo creo que hay que empezar a ver que los
libros de texto pueden dejar de ser un negocio y convertirse en una
necesidad. Hay muchas soluciones. Con todo esto se está dando un
contenido restrictivo a la educación que a la larga va a llevar a una
desigualdad, tanto por el fondo como por la forma, y a una disuasión. Ya
no le voy a hablar de la selectividad porque los problemas
universitarios, las quejas a que usted se ha referido, son quejas de
desprotección individual, pero luego tiene que haber una protección
colectiva en el marco de la Comisión de Educación. En ese sentido estamos
dispuestos a plantear esos temas y, además, que esa llamada que usted
hace sepa que es respondida desde el grupo de Izquierda Unida y es
respondida con la preocupación de que no se trata sólo de mantener mermas
presupuestarias, sino de abandonar una cosa que ha sido un elemento
distintivo de la sociedad española, que es que hoy nuestros niños y
nuestras niñas se vean en igualdad de oportunidades caminando hacia el
futuro y ahora compitiendo con una Europa que nos ha adelantado pero con
la que tenemos que coincidir. Para eso no podemos frenar el futuro y para
no frenar el futuro no podemos frenar la inversión y, en lo que pueda,
este grupo parlamentario intentará conseguir que los acuerdos
presupuestarios tengan en cuenta este nivel educativo precisamente para
no tener que sufrir las consecuencias del futuro.
El señor PRESIDENTE: Procede que ahora fijen posición los demás grupos,
en la inteligencia de que tiene que ser un tiempo muy limitado, dado que
son las tres menos cuarto.
Tiene la palabra la señora Amorós, por el Grupo Catalán de Convergència
i Unió.
La señora AMOROS I SANS: Voy a ser muy breve, señor Presidente, dada la
hora en la que estamos. Quería simplemente manifestar mi acuerdo con la
señora Almeida en que la educación es, junto con la sanidad, uno de los
pilares fundamentales de los derechos de todos los españoles y españolas,
pero hay que tener en cuenta que el día 1 de enero va a ser transferida
a varias comunidades autónomas la organización educativa. Quisiera
recordar que hay comunidades autónomas que ya recibimos nuestras
competencias el 1 de enero de 1981, con unos recursos muy escasos que han
obligado a sacar de los presupuestos generales de la Generalitat partidas
importantes destinadas a educación en detrimento de otros servicios
públicos necesarios también para la ciudadanía catalana, como pueden ser
las infraestructuras viarias. Conviene recordar que en Cataluña los
peajes son de pago.
Es verdad que la educación es el pilar y la contención de otras muchas
cosas y que en el informe del Defensor del Pueblo se recoge la
preocupación por la masificación en las cárceles. A lo mejor, dotando
presupuestariamente la educación y haciendo que sea obligatoria, bien
utilizada y bien recibida por los ciudadanos y ciudadanas, se eliminaría
tener que construir edificios para albergar a nuevos reclusos al aumentar
la población penitenciaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora
Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, quiero señalar la oportunidad
de la iniciativa planteada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
a la vista del informe del Defensor del Pueblo de 1996. Nosotros también
lo pusimos de relieve en manifestaciones públicas ante los medios de
difusión, porque juzgando los resultados de determinadas actuaciones
realizadas en el ejercicio de 1996, como dice el Defensor, cabe concluir
que el actual marco de restricciones presupuestarias ha tenido una
repercusión negativa en el ámbito educativo, sin perjuicio, como ha dicho
muy bien el Defensor, de que fuera algo que se venía reiterando a lo
largo de los años, pero qué duda cabe que en este año ha debido tener una
incidencia especial y, sobre todo, el Defensor ha tenido la sensibilidad
de darle un apartado específico y de ver de qué modo están repercutiendo
esas limitaciones presupuestarias en el ámbito educativo. Y dice, con
razón, que no debe padecer el
sistema educativo las restricciones que están impuestas al gasto público,
porque eso hace que cualquier avance en el futuro pueda ser puesto en
cuestión. Nos ha dicho que el informe del Defensor afecta al sistema
educativo general, al público y al privado. Pero yo aquí quisiera también
remitirme al propio informe del Defensor cuando nos dice que sería
desleal con la enseñanza pública hacerla competir con la privada --y
estoy refiriéndome a párrafos textuales del informe del Defensor--
estando sometida a restricciones presupuestarias. Ciertamente que se ha
visto por parte del Defensor un tratamiento específico con respecto a la
enseñanza pública y por tanto un llamamiento a las autoridades
competentes en materia educativa para que se dote al sistema educativo,
de forma ineludible, de todos los recursos necesarios, sin perjuicio de
que existe la privada concertada, que también realiza un papel desde el
punto de vista del servicio educativo.
Quería referirme simplemente al apoyo a la posición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida en cuanto al planteamiento de esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, la señora Camilleri
tiene la palabra.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Señor Presidente, una vez más gracias al
Defensor del Pueblo y a toda la institución por este informe que hoy nos
presenta y, concretamente, por la parte del derecho a la educación. Antes
de empezar, voy a hacer unas consideraciones previas que hay que analizar
para entender en profundidad el informe que nos presenta hoy el Defensor
sobre la materia educativa.
El informe se refiere, como SS. SS. conocen, al año 1996, por lo que las
denuncias recogidas son responsabilidad, en su inmensa mayoría, de la
gestión del Gobierno socialista que gobernó hasta el mes de mayo. El
Partido Popular puso en marcha un curso académico que, casi en su
totalidad, había programado el ejecutivo del Partido Socialista. Cabe
decir también que no sólo el Gobierno del Partido Popular comenzó en mayo
de 1996, sino que las quejas que llegan al Defensor se han producido con
anterioridad a la fecha de su presentación, por lo que podríamos llegar
a la conclusión de que la mayoría de las quejas que aquí se recogen
responden a un gobierno del Partido Socialista, aunque no con ello quiero
eludir la responsabilidad que tiene el partido al que represento.
Hay que analizar también que el número de quejas hay que utilizarlo en
sus justos términos. Así, en el año 1995, hubo 446 quejas y en el año
1996 ha habido 283. Me estoy refiriendo a las quejas admitidas a trámite.
De las 283 quejas, quedan todavía en trámite 169 y concluidas 114. De las
114 concluidas, se cerraron con actuación correcta 66 casos, se subsana
el error en 41 casos, y sólo queda sin subsanar una queja.
Hechas estas consideraciones previas, he de decir que en los sucesivos
informes anuales ha venido destacando el Defensor del Pueblo los efectos
negativos de las limitaciones presupuestarias desde el mismo inicio de la
implantación del nuevo sistema educativo hasta el presupuesto de 1996,
aprobado por el Gobierno anterior; es decir, no es cosa nueva del
presente ejercicio. El presupuesto de 1997, el primero elaborado por el
Partido Popular, viene a coincidir con la preocupación expresada por el
Defensor del Pueblo, y contempla un incremento del 3,8 por ciento del
gasto por alumno y un plan de inversiones de 35.500 millones de pesetas,
que permitirá la ampliación y modernización de la red de centros
públicos. Prueba de ello es que de los 63 centros van a ser 65 los que
estarán en funcionamiento este año, algunos de ellos en el último
trimestre de 1997; es decir, de los 63 que se anunciaron, finalmente van
a ser 65 los centros. Saco a colación el ejemplo (porque se refiere a
ello el Defensor del Pueblo en su informe) del centro de educación
secundaria de Collado-Villalba, en Madrid, que será inaugurado dentro de
unos días, con una inversión de 315 millones de pesetas.
En segundo lugar --y también se ha referido a ello el Defensor y las
compañeras portavoces que me han precedido--, es la primera vez que por
parte del Gobierno central se han creado en la enseñanza obligatoria
200.000 becas para libros, de 10.000 pesetas cada beca, que suponen 2.000
millones de pesetas, destinadas a familias con ingresos inferiores a
1.200.000 pesetas, pero disminuyendo esta cantidad a mayor número de
hijos. El Gobierno del Partido Popular, a pesar de tener un presupuesto
para 1998 restrictivo y restringido elaborado y próximo a su
presentación, como todos conocen, apuesta por la sanidad, la educación y
la creación de empleo y, concretamente, la partida destinada a educación
aumentará en un 6 por ciento.
Hay que señalar también, porque aquí se ha citado, que el 80 por ciento
del presupuesto va destinado a la enseñanza pública. Ha aumentado, como
ustedes conocerán, el número de alumnos en la pública, lo que significa
que la oferta es buena, a pesar de que el número de alumnos ha descendido
como consecuencia de la baja natalidad. El Defensor del Pueblo se refiere
también en su informe a la escolarización infantil de los niños de 3 a 6
años. Pues bien, he de decirles que aunque el Defensor del Pueblo habla
de que se intentará este año una escolarización del 75 por ciento, se
encuentra escolarizado actualmente un 80 por ciento.
El informe realiza una valoración positiva --porque no todo va a ser
malo-- de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación y Cultura
en sus primeros meses de gestión sobre aspectos tan relevantes como
mayores garantías de escolarización en educación infantil, revisión y
mejora de la red de centros educativos, agilización de obras que habían
sufrido retrasos en la Administración anterior, reformas del
procedimiento de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos
públicos, reclamado insistentemente por el Defensor desde octubre de
1992, cuyo resultado es el Decreto 366/1997, de libertad de elección de
centros, donde se amplía la libertad de elección de centros; agilización
sobre reconocimiento, concesión y pago de becas; reformas iniciadas en la
enseñanza universitaria; planes de estudio, selectividad (ya conocen SS.
SS. la subcomisión creada en el Senado, que ya ha entregado su informe a
la Comisión); homologación de títulos, que el Defensor del Pueblo también
venía reclamando desde hace
más de 10 años y, por último, cabe resaltar que el Ministerio atendió la
mayoría de las recomendaciones que el Defensor del Pueblo le hacía, entre
las que destacan las referidas a becas y ayudas al estudio, acceso de
padres separados a las calificaciones escolares, homologación de títulos
extranjeros, consejos escolares y derecho de elección de centros
docentes, entre otros. Por último, cabe destacar el acuerdo, aprobado en
la conferencia sectorial de educación celebrada el 8 de julio pasado,
para la redacción de un libro blanco para el estudio sobre, las
necesidades de financiación del sistema educativo y proceso de aplicación
de la Logse.
Termino --dado el tiempo que llevamos aquí y que todos tendremos hambre
(Risas.)-- poniendo de manifiesto que tanto la Ministra de Educación y
Cultura como el Gobierno son partidarios de un acuerdo educacional de
todas las fuerzas políticas. La educación debe ser campo de debate, pero
no de batalla. No debe quedar sometida a los vaivenes de la coyuntura
política y económica.
El señor PRESIDENTE: ¿El Defensor del Pueblo quiere hacer uso de la
palabra?
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Alvarez de Miranda Torres): Quería decirle
a la señora Almeida que si ella ha venido como sustituta a una comisión
como ésta la felicito porque creo que es difícil mejorar la precisión del
lenguaje y la intensidad de sus afirmaciones, de manera que ha salido
ganando con la sustitución Izquierda Unida.
A todos los demás quiero agradecerles el interés que han puesto y las
sugerencias que han hecho. Yo de manera muy particular he atendido a las
cifras que la señora Camilleri nos ha proporcionado porque me parece,
como ella acaba de decir, que, efectivamente, y yo creo que ése es el
verdadero resumen, éste no es un problema de partido, éste es un problema
de Estado en el que todos los grupos políticos estamos comprometidos y a
los que la educación nos interesa por igual. Ustedes saben que el
Defensor del Pueblo no toma ni debe tomar partido por ninguna de las
opciones políticas, lo que lleva a veces a resaltar en los informes
algunos puntos que pueden resultar incómodos a quien en aquel momento
está ejerciendo la responsabilidad del poder. En todo caso les aseguro la
lealtad y el deseo de que este problema tan importante de la educación
sea resuelto de esa manera concertada a la que aludía la señora
Camilleri.
Muchas gracias por su paciencia en esta mañana de hoy.
El señor PRESIDENTE: Gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.