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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 283, de 22/12/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 283
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 273
celebrada el miércoles, 22 de diciembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000. «BOCG». Congreso de los Diputados», serie A, núm. 186-1, de 29
de septiembre de 1999. (Número de expediente 121/000186.) . . . (Página 152417
)
- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. «BOCG». Congreso de los Diputados», serie A, núm. 187-1, de 7
de octubre de 1999. (Número de expediente 121/000187.). . . . (Página 152417
)
- Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros en españa y su integración social. «BOCG». Congreso de
los Diputados», serie B, núm. 330-1, de 4 de noviembre de 1999.
(Número de expediente 122/000295.) . . . (Página 15255)
- Proyecto de Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de
los menores. «BOCG».
Congreso de los Diputados», serie A, núm. 144-1, de 3 de noviembre de
1999. (Número de expediente 121/000144.) . . . (Página 15269)
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995
en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. «BOCG».
Congreso de los Diputados», serie A, núm. 158-1, de 8 de febrero de
1999. (Número de expediente 121/000158.) . . . (Página 15278)
Modificación del orden del día . . . (Página 15284)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes
- Real Decreto-ley 19/1999, de 3 de diciembre, sobre las obligaciones
de pago exigibles el día 31 de diciembre de 1999. («BOE» núm. 290, de
4 de diciembre de 1999) (Número de expediente 130/000081.) . . .
(Página 15284)
- Real Decreto-ley 20/1999, de 3 de diciembre, por el que se adoptan
nuevas medidas para paliar los efectos de la sequía en algunos
cultivos leñosos. («BOE» núm. 290, de 4 de diciembre de 1999) (Número
de expediente 130/000082.) . . . (Página 15287)
- Real Decreto-ley 21/1999, de 10 de diciembre, por el que se
conceden créditos extraordinarios por importe de 6.683.486.032
pesetas para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivadas
de gastos corrientes en bienes y servicios y otros gastos del
Ministerio del Interior. («BOE» núm. 296, de 11 de diciembre de 1999)
(Número de expediente 130/000083.) . . . (Página 15289)
- Real Decreto-ley 22/1999, de 17 de diciembre, por el que se concede
un crédito extraordinario por importe de 38.472.463.379 pesetas, para
aplicar a presupuesto las indemnizaciones satisfechas a los afectados
por el síndrome tóxico y se complementa el Real Decreto-ley 18/1999,
de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito
para atender gastos de inversión del Ministerio de Fomento. (Número
de expediente 130/000084.) . . . (Página 15292)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado . . . (Página 15241)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000. . . . (Página 15241)
Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social . . . (Página 15241)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo
Barber, la señora Lasagabaster Olazabal, los señores Peralta Ortega y
Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla y Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Molins i
Amat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Martínez Sanjuán y la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, y el señor Aguirre Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social . . . (Página 15255)
Intervienen en el debate la señora Rivadulla Gracia, los señores
Rodríguez Sánchez y López Garrido, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la
señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los
señores Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió);
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; la señora Fernández Sanz, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, y el señor De Grandes Pascual, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de
los menores . . . (Página 15269)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López
Garrido y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Cuesta Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, y la señora Barrios Curbelo,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995 en
materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros
en las transacciones comerciales internacionales . . . (Página 15287)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y
los señores Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida; Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, y Arqueros Orozco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas del
Senado a los diferentes proyectos y proposición de ley debatidos, así
como a las votaciones de conjunto de los dos proyectos de ley
aprobados que tienen naturaleza orgánica.
Modificación del orden del día . . . (Página 15284)
Se aprueba por asentimiento la inclusión en el orden del día del Real
Decreto-ley 22/1999, de 17 de diciembre, por el que se concede un
crédito extraordinario por importe de 38.472.463.379 pesetas, para
aplicar a presupuesto las indemnizaciones satisfechas a los afectados
por el síndrome tóxico y se complementa el Real Decreto-ley 18/1999,
de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito
para atender gastos de inversión del Ministerio de Fomento.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 15284)
Real Decreto-ley 19/1999, de 3 de diciembre, sobre las obligaciones
de pago exigibles el día 31 de diciembre de 1999 . . . (Página 15284)
Presenta el Real Decreto-ley el señor vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo).
Manifiesta que este Real Decreto-ley ya ha sido puesto en vigor por
las empresas desde el 3 de diciembre y recuerda a la Cámara que los
ámbitos de actuación son los propios servicios de las
administraciones públicas y los agentes económicos y sociales.
Explica las medidas tomadas por el Gobierno, que comenzaron en 1996 y
terminan con la reciente creación de la oficina de transición para el
efecto 2000 que tiene como objetivo fundamental realizar el
seguimiento último de verificación del estado de adaptación de los
servicios esenciales y, al mismo tiempo, preparar la coordinación de
los equipos de emergencia de los planes de contingencia para hacer
frente a las incidencias que puedan producirse en el ámbito nacional
e internacional.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Jané i Palau,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santiso del
Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martínez
Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 20/1999, de 3 de diciembre, por el que se adoptaran
nuevas medidas para paliar los efectos de la sequía en algunos
cultivos leñosos . . . (Página 15287)
Comparece ante la Cámara para presentar el Real Decreto-ley 20/1999,
de 3 de diciembre, el señor ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Posada Moreno). Explica que este real decreto-ley viene
a completar las medidas que ya adoptó el Gobierno con anterioridad,
en colaboración con las comunidades autónomas afectadas por la sequía
en algunos cultivos leñosos. Considera que las medidas adoptadas, que
no sólo contemplan las de apoyo al cultivo del almendro y a almazaras
cooperativas sino también otras adicionales relativas a la cotización
a la Seguridad Social y de modificación del rendimiento a efectos de
tributación del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
además de urgentes y necesarias, son las más adecuadas para conseguir
paliar los efectos negativos en las rentas de los agricultores
afectados, al propio tiempo que evitar quebrantos económicos en las
estructuras asociativas del sector olivarero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Amarillo
Doblado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Madero
Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 21/1999, de 10 de diciembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios por importe de 6.683.486.032 pesetas para
atender obligaciones de ejercicios anteriores derivadas de gastos
corrientes en bienes y servicios y otros gastos del Ministerio del
Interior . . . (Página 15289)
Presenta el Real Decreto-ley 21/1999, de 10 de diciembre, el señor
ministro del Interior (Mayor Oreja). Con esta norma, dice, se
pretende atender el pago de distintas obligaciones procedentes de
ejercicios anteriores que no pueden aplicarse al ejercicio corriente,
ocasionando el retraso en el pago un grave perjuicio a los
acreedores. Explica la cuantía de los pagos a los que ha de hacer
frente el Ministerio del Interior y expone el desglose de los
créditos extraordinarios.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cuesta
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Gil
Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 22/1999, de 17 de diciembre, por el que se concede
un crédito extraordinario por importe de 38.472.463.379 pesetas, para
aplicar a presupuesto las indemnizaciones satisfechas a los afectados
por el síndrome tóxico y se complementa el Real Decreto- ley 18/1999,
de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito
para atender gastos de inversión del Ministerio de Fomento . . .
(Página 15292)
Presenta el Real Decreto-ley 22/1999, de 17 de diciembre, la señora
ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). Se refiere a la
convalidación el pasado 18 de marzo del Real Decreto-ley 22/1999, de
26 de febrero, sobre pago de las indemnizaciones reconocidas por
sentencia a los afectados por el síndrome tóxico, resaltando la
rapidez con que se ha realizado el pago de un total de 1.894
indemnizaciones. Explica que estos pagos se han hecho mediante
anticipos de tesorería, conforme a lo previsto en el
artículo 1º del Real Decreto-ley 3/1999, por lo que es preciso
realizar ahora la aplicación definitiva a los presupuestos del
presente ejercicio. A continuación se refiere a la disposición
adicional, que nada tiene que ver con las indemnizaciones a los
afectados por el síndrome tóxico, pero cuya aprobación, mediante
norma con rango de ley, responde también a una urgente necesidad, que
es incluir en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 18/1999,
de 5 de noviembre, las expropiaciones y servicios afectados relativos
a ciertas obras relacionadas con el eje transversal de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Serrano
Vinué, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Riera i Ben, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y los señores
Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
y Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Tras un descanso, se procede a la convalidación o derogación de los
reales decretos-leyes debatidos.
Finalizado el orden del día, el señor presidente felicita las Fiestas
a las señoras diputadas y a los señores diputados, les desea que el
año 2000 haga realidad lo mejor de sus sueños y pide disculpas en
nombre de la Mesa y en el suyo propio por los errores que hayan
podido cometer, levantando la sesión y algo más.
Se levanta la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión, y antes decomenzar los
debates que se desarrollarán según el orden del día, quiero comunicar
a la Cámara que la programación de las votaciones, al incluir varios
proyectos y proposiciones que tienen naturaleza orgánica, y conforme
al Reglamento y a las previsiones constitucionales, nos lleva a que
no se produzca ninguna votación antes de las dos de la tarde. De
forma que, para que quede más claro, las votaciones se producirán a
partir de las dos de la tarde.
Vamos a comenzar con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
presupuestos y al de las medidas de acompañamiento, así como otras
proposiciones y proyectos de ley que tienen naturaleza orgánica, y en
consecuencia, para que tengan tiempo suficiente y lo comuniquen a SS.
SS., que deben conocer con la antelación debida el momento de la
votación, insisto en que las votaciones de este primer punto no se
producirán
antes de las dos de la tarde. Sería deseable -lo digo a efectos de
quienes vayan a intervenir en los sucesivos debates- que esas
votaciones se produjeran entre las dos y las tres de la tarde y
alcanzaran -sería lo deseable- al proyecto de ley de presupuestos más
el de acompañamiento, que se debatirán conjuntamente, y al llamado de
extranjería, de derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, al menos a esos, y, si fuera posible, que
alcanzaran también a los otros dos proyectos de ley que tienen
naturaleza orgánica.
En cualquier caso, tras esas votaciones, que se efectuarían, digamos,
cerrando la mañana, no se suspendería la sesión, que continuará en
consecuencia durante la hora del almuerzo para agilizar la
tramitación y, por tanto, continuará en el punto hasta el que hayamos
llegado entre dos y dos y media de la tarde, con los debates
correspondientes, hasta que acabemos el orden del día, momento en el
cual se producirá el segundo grupo de votaciones, con el que
cerraremos el orden del día y, como diría el clásico, algo más.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2000. (Número de expediente 121/000186.)
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (Número de expediente 121/000187.)
El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulo, comenzamos por el punto I:
Enmiendas del Senado, al proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000 y al proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, debates que se van a producir de
forma acumulada y que comienzan, por tanto, con la intervención de
los grupos que deseen fijar su posición respecto de las enmiendas del
Senado.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿quién desea intervenir? (Pausa.)
Cuatro. ¿Coalición Canaria va a intervenir en presupuestos? (Pausa.)
Se supone que sí. ¿Quién será el ponente? ¿El señor Mardones, en
presupuestos, y el señor Gómez Rodríguez? ¿Dos? (Pausa.) Ya saben que
es un solo turno. ¿Intervendrán dos portavoces? (Pausa.) No, un solo
portavoz. ¿Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora
Uría, en presupuestos y medidas? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.) El señor Molins, su
presidente. Por el Grupo de Izquierda Unida, ¿quién va a intervenir
en presupuestos? (Pausa.) El señor Ríos, como es habitual. Muchas
gracias. ¿Por el Grupo Socialista? (Pausa.) El señor Moreno Monrove.
¿Intervendrá un solo portavoz tanto en presupuestos como en medidas?
(Pausa.) Dos portavoces en el mismo turno. ¿Y por el Grupo Popular?
(Pausa.) El señor Aguirre, sobre los dos proyectos. De acuerdo.
Pues comenzamos por las intervenciones correspondientes al Grupo
Mixto, y dentro de ellas por la del señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unión Valenciana para hacer una valoración
global de la materia incluida en los Presupuestos Generales del
Estado y la ley de acompañamiento, las enmiendas del Senado y lo que
ha significado todo el trámite.
Unión Valenciana, igual que en el debate de totalidad, manifiesta su
rechazo a los Presupuestos Generales del Estado por entender, desde
la óptica valenciana, que no reconocen aquellas partidas que se
necesitan para el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad en
los capítulos presupuestarios dedicados a la inversión, sobre todo en
materia de infraestructuras, en materia agrícola y en materia
medioambiental. En el trámite del Congreso se presentaron las
preceptivas enmiendas, con el medio compromiso de un estudio en
profundidad de las mismas, de una cierta sensibilidad en el trámite
del Senado y la verdad es que esa sensibilidad hacia las demandas de
la Comunidad Valenciana en el trámite del Senado se ha materializado
en una única enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
la relativa a la autovía de Sagunto a Somport. En ese sentido, Unión
Valenciana lamenta que en el trámite del Senado no se hayan
introducido mayores compromisos, vía enmiendas, para mejorar los
capítulos inversores en materia de infraestructuras, medio ambiente y
agricultura referidos al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
Valenciana y considerando, como en el debate de totalidad, que la
Comunidad Valenciana queda claramente discriminada en cuanto a
inversiones, específicamente en los capítulos correspondientes a los
ministerios de Medio Ambiente, Fomento y Agricultura, manifestamos
nuestro rechazo, en este trámite final, al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. Proyectos
fundamentales para el desarrollo socioeconómico de la Comunidad
Valenciana, como las nacionales 332 y 340, las inversiones en los
aeropuertos de la Comunidad Valenciana, el puerto, el impulso
efectivo a través del GIF del proyecto de AVE Madrid-Valencia y un
largo etcétera de cuestiones agrícolas o medioambientales que quedan
aparcadas hacen que nuestro voto sea, como a principios de octubre,
de rechazo a estos presupuestos. Entendemos que la Comunidad
Valenciana sale mal parada en el capítulo de inversiones y, por este
motivo, manifestamos hoy nuestro voto en contra de la gran mayoría de
las enmiendas del Senado y, sobre todo, del conjunto de este proyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado que, repito, es
discriminatorio con la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Estamos en el último trámite del debate de presupuestos y de la ley
de acompañamiento y, en primer lugar, me voy a referir a lo que son
estrictamente enmiendas del Senado. En este caso, se han introducido
dos enmiendas que nos congratulan, porque eran peticiones,
solicitudes que nosotros, Eusko Alkartasuna, habíamos realizado en el
trámite en el Congreso. Me estoy refiriendo a la inclusión de una
partida presupuestaria en el Centro Museo de Arte Contemporáneo para
Álava, en Vitoria-Gasteiz, y la restauración de la catedral vieja de
Gasteiz. En el trámite anterior decíamos que éstas eran cuestiones
claves; en concreto, alguna la habíamos presentado en anteriores
ejercicios presupuestarios porque entendíamos que se habían realizado
compromisos, pero que no se materializaban en estos presupuestos. Por
eso, nos congratulamos, aunque nos hubiera gustado más que se hubiera
hecho en el Congreso.
Lamentamos que haya desaparecido una partida para obras de
modernización de regadíos en Álava, al menos eso nos parece entrever
de las enmiendas que se nos han transmitido del Senado. En todo caso,
creemos que este trámite merece una valoración global de todo lo que
es el presupuesto, un instrumento básico en el cual el Gobierno
define las prioridades, los objetivos, en definitiva sus intenciones
y sus verdaderas voluntades de potenciar una u otra política. En este
sentido, es necesario y coherente señalar lo que ya hemos dicho a lo
largo de toda esta legislatura, obviamente en los trámites
presupuestarios, pero también en discursos importantes, como en el de
investidura. Ya el 4 de mayo de 1996 lamentábamos no poder apoyar al
presidente del Gobierno en su investidura en la medida en que
entendíamos que eso exigía una voluntad clara de cumplimiento de la
ley, cumplimiento de una ley concreta, el Estatuto de Guernica, que
20 años después sigue, desde nuestro punto de vista, sin ser
cumplimentada de conformidad con las especificidades y competencias
que allí se establecen. El presupuesto es un elemento importante, un
instrumento clave para determinar esa voluntad respecto a si se
pretende o no cumplir una ley orgánica. Una vez más hemos visto que
esa voluntad no existe y ya no es cuestión de tiempo, no es cuestión
de haber llegado recientemente, puesto que ha transcurrido toda una
legislatura y seguimos sin que hayan sido transferidas nuestras 37
competencias en materias terriblemente importantes. Hablamos de
cuestiones relativas a la gestión del régimen económico de la
Seguridad Social y hablamos de materias en áreas sociolaborales que
nos permitirían tener un espacio propio en nuestra comunidad y nos
iban a dar mayores posibilidades para rentabilizar y solventar
problemas que tenemos más cercanos. Hablamos también de un tema muy
importante, la investigación científica y el desarrollo tecnológico,
importante porque todos somos conscientes de que es una de las claves
para poder tener competitividad y en definitiva poder estar al frente
de las economías
más competitivas de nuestro entorno sociocultural. Estas son las
cuestiones que quedan pendientes. Lamentamos que sea así, que no se
haya hecho un esfuerzo para hacer esas transferencias. Creo que es
uno de los «debe» que quedan en este Gobierno. No se puede hablar de
cumplimientos o de celebraciones o aniversarios de cosas que no se
cumplen. Creemos que esta cuestión no tenía problemas para ser
cumplimentada.
No voy a repetir los argumentos relativos a cuestiones de solidaridad
en términos generales, y no me refiero solamente a la solidaridad
interna sino también a la externa; me refiero a la ayuda oficial al
desarrollo. En muchas ocasiones se nos ha criticado a los
nacionalistas vascos de poca amplitud de miras -permítanme la
expresión-, de poca apertura al exterior en cuestiones de esta
índole. A mí me sorprende que se nos hagan estas críticas cuando, por
ejemplo, cuando tenemos responsabilidades de Gobierno nuestra
apertura al exterior es tan importante que cumplimos parámetros
establecidos de ayuda oficial al desarrollo del 0,7 por ciento. En
este presupuesto no se llega al 0,28 por ciento. ¿Dónde está la
apertura al exterior? Señorías, esta es una cuestión importante y es
uno de los elementos que configuran la voluntad de un Gobierno. Los
gobiernos no establecen sus voluntades a través de declaraciones ni
de palabras o promesas sino a través de hechos, y los hechos que hoy
estamos enjuiciando no nos dan la oportunidad de señalar que este sea
un gobierno progresista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
En su día, cuando debatimos en totalidad el proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado remitido por el Gobierno, ya
tuvimos ocasión de decir en nombre de Nueva Izquierda que no íbamos a
apoyarlo porque nos parecía que no contenía la respuesta adecuada
a los problemas que presentaba la realidad actual de nuestro país ni
desde el punto de vista de las grandes magnitudes macroeconómicas
(pensemos en la inflación), ni desde el punto de vista del principal
problema de la sociedad española, que es el empleo; tampoco desde el
punto de vista de la modernización de nuestra sociedad y de nuestra
economía mediante un incremento significativo de las inversiones y
una distribución racional de la misma con arreglo a proyectos
estratégicos. Hoy nos encontramos con que, una vez debatidos en el
Congreso han pasado por el Senado y nos tenemos que pronunciar en
relación con las enmiendas que allí se han introducido.
En nombre de Nueva Izquierda no podemos apoyar las enmiendas que se
han introducido por la mayoríadel PP en el Senado sobre el tema de la
inflación, urgidas,
sin lugar a dudas, porque la inflación se ha situado en el 2,7 por
ciento -más del 50 por ciento de desviación en relación con la
previsión inicial que hizo el Gobierno-, incluso por encima de la
posterior revisión que la situaba en el 2,4 por ciento, lo que da
lugar a que aspectos con los que nosotros estamos de acuerdo tengan
que revisarse, por ejemplo, las cuantías de las pensiones públicas,
etcétera. Por lo tanto, no podemos apoyar esas enmiendas.
Tampoco podemos apoyar, señorías, aquellas enmiendas relativas a la
promoción del empleo, adoptando medidas estructurales en línea con
las que se adoptan en otros países europeos, promoviendo acuerdos en
torno a la implantación de las 35 horas, ni las enmiendas que se han
introducido para mejorar la cooperación exterior, que alcanza los
niveles más bajos de la historia de nuestro país y que están muy
lejos de ese 0,7 por ciento, que cuando quienes hoy gobiernan estaban
en la oposición alegremente firmaban y se comprometían a llevar a la
práctica. Finalmente, tampoco podemos apoyar las enmiendas relativas
a incrementos de las inversiones. Sin lugar a dudas, son enmiendas
que vienen motivadas por el caos que reiteradamente se experimenta en
los aeropuertos, en las carreteras, etcétera; o por la urgencia de
una obra como el AVE Madrid-Valencia, que ahora pasa a denominarse
tren de altas prestaciones. Tampoco podemos apoyar las enmiendas que
pretenden mejorar la asignación económica que perciben los soldados
que están realizando el servicio militar obligatorio, ni aquellas que
en cumplimiento de un mandato del último debate sobre el estado de la
Nación intentan mejorar las indemnizaciones de los represaliados
políticos.
Señorías, no podemos apoyar estas enmiendas en nombre de Nueva
Izquierda no por nuestra voluntad, sino porque dichas enmiendas no
existen. La mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso no ha
considerado importante ninguno de estos temas ni merecedores de
medidas, a pesar de que algunos de ellos durante esta tramitación
parlamentaria han dado signos más que preocupantes y dignos de
atención, como es el caso de la inflación, el empleo o la inversión
en infraestructuras. A pesar de que la realidad de nuestro país
demanda medidas urgentes en todos estos temas, la mayoría absoluta
del Partido Popular ha decidido no adoptar ninguna medida, por lo que
lamentablemente desde Nueva Izquierda no vamos a poder apoyar las
enmiendas, pero no por nuestra voluntad, porque nosotros creemos que
son problemas reales que merecerían una atención; sin embargo,
desgraciadamente, ésta no ha sido la opinión del grupo mayoritario.
Nada más y gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.
Finalmente, señor Vázquez Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir para fijar la posición del Bloque Nacionalista
Galego acerca de las enmiendas del Senado tanto al proyecto de ley de
los presupuestos generales como a la llamada ley de acompañamiento,
unas enmiendas que, como suele ser habitual, no modifican nada
sustancial del diseño inicial que el Gobierno trazó en el proyecto
que presentó en su día con una determinada orientación ni tampoco de
lo que ya fue aprobado en su paso por el Congreso. Por tanto, en este
trámite a nosotros no nos queda más que reafirmarnos en lo expuesto
en anteriores debates a través de la defensa de enmiendas a la
totalidad y parciales.
En el caso de los presupuestos generales, resumiendo y para que quede
constancia, volvemos a expresar nuestra disconformidad con las líneas
maestras que orientan estos presupuestos y concretamente nuestro
rechazo a las previsiones de inversión que en los distintos capítulos
se contemplan para Galicia en el año 2000. Desde nuestro punto de
vista estamos ante unos presupuestos restrictivos e insolidarios con
la realidad de una comunidad autónoma cuyo atraso económico en
relación a la media estatal es notorio, la cual precisaría para
intentar acercarse a los niveles medios de renta y de desarrollo del
conjunto del Estado, por no hablar de la Unión Europea, de una
actuación gubernamental más decidida también en materia
presupuestaria, más aún cuando, efectivamente, el deterioro de sus
sectores productivos básicos resulta evidente, lo que está provocando
una situación que nos lleva a constatar que los índices de paro son
más elevados que la media, que las rentas son más bajas y que estamos
asistiendo a un nuevo repunte de un proceso emigratorio que no cesa a
pesar de una negativa evolución demográfica.
Respecto a algunas enmiendas concretas, simplemente quiero expresar
nuestra preocupación por las modificaciones propuestas para atender
los pagos de los tripulantes y armadores afectados por la parada
obligatoria de la flota pesquera que faenaba al amparo del acuerdo de
pesca Unión Europea-Marruecos, preocupación, como es evidente, no
porque se les concedan las ayudas que nosotros demandamos y
defendemos, sino por las partidas que se modifican, que suponen
detraer 5.784 millones destinados en principio a la reestructuración,
renovación y modernización de la flota y 3.039 millones del Feoga-
Orientación pesquera, es decir, que nos parece poco adecuado que,
para atender estas ayudas, se detraigan de los fondos precisamente
las partidas para pesca en lugar de habilitar créditos nuevos. En
fin, esperemos que ello no signifique descubrir estos capítulos ya
poco dotados de por sí.
En cuanto a las enmiendas del Senado referidas a la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, quisiera decir que este
año presentan menos novedades o reformas legislativas en relación con
otras debatidas en años anteriores, aunque, como es sabido,
a nosotros no nos parece que esta sea la vía más adecuada para la
introducción de un gran sinnúmero de reformas legales. En todo caso,
en este trámite del
Senado, desde nuestro punto de vista, tampoco se presentan novedades
importantes. Sin embargo, sí queremos valorar algunas de las
enmiendas que se han presentado y que tienen un carácter positivo.
Entre éstas, quiero mencionar aquella por la que se realiza una
integración de dos cuerpos de fedatarios públicos, notarios y
corredores de comercio, en un único cuerpo de notarios, de manera que
podrán intervenir todo tipo de documentos sin obligar a los
ciudadanos y personas jurídicas a tener que acudir a dos funcionarios
públicos en los casos de préstamos mercantiles, operaciones
societarias, intervención y liquidación de préstamos o requerimiento
del pago de los mismos, etcétera. También nos parece positiva la
nueva disposición adicional vigesimosexta que da una nueva redacción
al artículo 74 de la Ley de Haciendas Locales, que permitirá que los
ayuntamientos regulen bonificaciones de hasta el 90 por ciento en el
impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana en el caso de
edificaciones situadas en el medio rural que tengan un nivel de
servicios e infraestructuras y de equipamientos colectivos inferior
al de zonas consolidadas en el mismo. Desde nuestro punto de vista,
esta es una medida que va a resultar positiva para muchos
ayuntamientos de Galicia donde, como ustedes saben, existen zonas con
apenas servicios y que sin embargo tienen unas ponencias de valores a
los efectos del IBI similares a las de una zona urbana. También nos
parece positiva, y queremos resaltarlo así, la introducción de una
disposición adicional vigesimoséptima por la que el Gobierno se va a
comprometer a estudiar un sistema de previsión social para los
deportistas profesionales de alto nivel.
Paso a referirme a la introducción de algunas disposiciones que nos
parecen negativas, como la vigesimoctava, por la que se introduce una
regulación negativa sobre las participaciones públicas en el sector
energético, puesto que se limitan ostensiblemente los derechos
políticos derivados de acciones o participaciones que tuvieran las
administraciones públicas o entidades participadas mayormente por
ellas, negándoles incluso el ejercicio de los mismos excepto
autorización del Consejo de Ministros. Ello va a suponer que en
aquellas empresas del sector de la energía donde aún se mantiene una
cierta presencia del sector público éste no tendrá capacidad de
decisión directa en relación a la participación accionarial que
ostenta, dejando ya las manos absolutamente libres al capital
privado.
Por último, quisiera comentar la disposición adicional trigésima, por
la que se propone que el Gobierno se comprometa a presentar un
informe en el plazo de seis meses para eliminar la inseguridad
jurídica en materia de derechos de autor en cuanto a la recepción de
las emisiones o transmisiones de radio y televisión en locales
públicos, es decir, que trata de este asunto tan conocido y debatido
que se refiere al cobro del canon por derechos de autor a bares y
restaurantes por uso de radio y televisión en esos locales. Me parece
que con esta decisión se vuelve a aplazar la solución, una vez más,
en vez de resolver un problema que afecta
a un gran número de personas, tal y como se habían comprometido el
Grupo Parlamentario Popular y otros grupos con el sector de la
hostelería. Más parece una disposición provocada por la necesidad de
buscar una salida ante la inminencia del proceso electoral.
En todo caso, señor presidente, como decía al principio, sobre este
proyecto de ley expresamos nuestra opinión en trámites anteriores,
una opinión que no ha variado a lo largo del debate de las enmiendas
en el Senado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Mardones, por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Como le había indicado, anuncio que en el Grupo de Coalición Canaria
compartiremos el turno. Este portavoz que habla intervendrá respecto
a las enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado y mi compañero de grupo don Jesús Gómez respecto a la
denominada ley de acompañamiento.
Entro sin más dilación en materia. Mi grupo va a apoyar y a votar,
por tanto, favorablemente todas las enmiendas de la Alta Cámara, del
Senado, a este proyecto de ley porque entendemos, como valoración
general, que han introducido una serie de modificaciones
perfectamente atendibles, concordantes con el espíritu y lineal
negociación que mantuvo mi grupo con el grupo mayoritario de la
Cámara, el Partido Popular, y con los representantes del Gobierno
respecto a las distintas secciones que afectaban a cuestiones
presupuestarias y competenciales del archipiélago canario, nuestra
comunidad autónoma. Quiero resaltar también aquellas otras enmiendas
que vienen del Senado en una línea de coherencia social y que vienen
impuestas por el cumplimiento de la legislación vigente, sobre todo,
en materia de pensiones públicas, título IV: la revalorización
obligada de estas pensiones por la modificación del índice de precios
al consumo entre noviembre de 1998 y el actual 1999 en un 2,7 por
ciento y todas las alteraciones al alza que traen causa de nuestros
compromisos en la legislación social. Todo lo que afecta a pensiones
de clases pasivas, de caballeros mutilados, las pensiones públicas
-artículo 43 y siguientes-, el establecimiento del límite de la
revalorización en el año 2000 para dichas pensiones, con lo cual se
le da una cobertura de garantía y un aval a las clases pasivas y
pensionistas de este país.
Queremos destacar también, por ejemplo, las modificaciones del
artículo setenta y uno de la ley, en su apartado 7, en las cuestiones
que hacen referencia al impuesto sobre el valor añadido, así como el
apartado 9 del artículo noventa y cinco, que viene a modificar las
bases de cotización para el desempleo del régimenespecial agrario de
la Seguridad Social, añadiendo una
referencia oportuna que es la determinación de las aportaciones al
fondo de garantía salarial.
Igualmente quiero destacar la referencia que en la disposición
adicional decimosexta se hace a las ayudas, con un concepto
actualizado y de carácter humanitario, a los afectados por el
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el proceso
patológico conocido como sida. Consideramos muy oportuno y afortunado
que la Cámara Alta haya tenido en cuenta en la disposición adicional
vigesimocuarta los convenios plurianuales de colaboración en materia
de enseñanza universitaria, dotando un fondo máximo de 3.000 millones
de pesetas para convenios de colaboración con las comunidades
autónomas en ayudas universitarias. También merece ser destacado el
principio que ha inspirado la disposición adicional vigesimonovena
con respecto a los miembros que todavía viven pertenecientes a las
Fuerzas Armadas, Fuerzas de orden público y Cuerpo de Carabineros de
la República durante la Guerra Civil española de 1936-1939, y que
hace referencia a una equiparación, sobre todo, del denominado Cuerpo
de Carabineros de la República española.
Queremos destacar una modificación en la sección 14, Ministerio de
Defensa, que viene a resolver una situación de estancamiento en la
empresa Construcciones Aeronáuticas, donde se produce un alta de
10.000 millones de pesetas para inversiones en una flota de aviones
de transporte medio. No es un avión armado, es un avión de transporte
de personas que la industria aeronáutica española, que descansa en
Construcciones Aeronáuticas, S.A., necesita para proyectar sus ventas
al exterior. No se puede vender un nuevo avión CASA295 si antes no lo
tiene adquirido alguna institución española. La empresa CASA estaba
bloqueada en su posibilidad de promoción comercial en el exterior del
nuevo avión de transporte medio que ha diseñado, que no es ni el
pequeño tipo CASA Nurtanio ni los grandes aviones tipo Hércules que
emplean las Fuerzas Armadas para el transporte de personas o de
material, sino un avión en cuyo diseño España es puntera en el
transporte medio. Por fin, se despeja la posibilidad de que el
Ministerio de Defensa pueda adquirir con un crédito específico los
correspondientes aviones CASA-295.
Termino refiriéndome a la enmienda a la sección 21, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se da cobertura
presupuestaria para que los efectos de la parada que implica la
decisión marroquí del cierre de los caladeros canarios-saharianos a
la flotas pesqueras, fundamentalmente las que operan en los puertos
canarios de Andalucía y de Galicia, puedan ser resarcidos hasta que
se firme por parte de la Unión Europea el nuevo convenio de pesca con
Marruecos. Cada marinero que sea obligado al paro por esta
inactividad de la flota pesquera va a recibir 151.500 pesetas. Es una
medida de justicia social que, como todas las demás, mi grupo va a
votar favorablemente.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar y como introducción diremos que la ley llamada de
acompañamiento cada año recoge más aspectos fiscales y sociales, que
es lo que constituye su contenido más idóneo. También se recogen
normas que, por motivos sociales o de urgencia, es conveniente
introducir como remate anual a un período legislativo. Sin embargo,
en cuanto a las enmiendas que nos remite la Cámara Alta, varias de
esas cinco docenas de enmiendas están dedicadas a correcciones
ortográficas o de estilo. Esto nos lleva a recordar nuestra
pretensión al inicio de la legislatura de revivir la Comisión de
estilo, aquella comisión que existió durante muchos años y a la que
perteneció don Benito Pérez Galdós, que no ha podido salir adelante
en esta legislatura por la oposición irreductible de un determinado
grupo político. La Cámara Alta se hubiese ahorrado todo ese papel
ortográfico que está realizando y el gran tomo también se hubiese
ahorrado mucho papel, más de 200 páginas.
Volviendo al tema que nos ocupa, señalaré que vamos a apoyar las
enmiendas que ha remitido el Senado, respecto a las que comentaré
exclusivamente tres cuestiones. Una, referente a nuestro régimen
económico y fiscal. Aplaudimos que se hayan añadido enmiendas
importantísimas para el Archipiélago que se refieren al régimen
especial de la agricultura y ganadería y al reintegro de las
compensaciones.
Una aportación importante es la enmienda de adición referente a la
Ley del Medicamento del año 1990. Así como en España se conoce con
exactitud el gasto en medicamentos dispensados por recetas, no se
conoce el gasto público total porque no se computa con exactitud el
gasto realizado por compras hospitalarias, y todos sabemos que
existen hospitales militares -muy eficientes, por cierto-
dependientes del Ministerio de Defensa, cuyo gasto no se computa. Y
tampoco se computan los gastos de compra de los hospitales de las
autonomías, de las diputaciones y de los cabildos. Pero como las tres
administraciones están interesadas en la estadística real para poder
comparar nuestras cifras con las europeas y reducir el gasto en lo
posible, porque lo que se pretende fundamentalmente es la
racionalización del gasto mal llamado farmacéutico, nosotros
aplaudimos que el Senado haya introducido esta enmienda que en el
futuro va a permitir el conocimiento del gasto por compras
hospitalarias. Consideramos que ello va a suponer un gran avance
porque nos vamos a adaptar al criterio de la CEOE, al criterio de los
15 países de Europa que integran los dos conceptos, mientras, repito,
en nuestro país el gasto que conocemos perfectamente es el mal
llamado gasto farmacéutico, y digo mal llamado porque parece que son
las oficinas de farmacia las que marcan los precios, y todos sabemos
que es la Administración central la que marca
los precios en las fases de distribución, de almacenamiento
y dispensación. Tenemos que expresar nuestro reconocimiento al Senado
por esta enmienda en la que pusimos mucho interés, con especial
mención a nuestro senador don Victoriano Ríos, al Ministerio de
Sanidad y Consumo, al de Economía y Hacienda y a todos los órganos
profesionales farmacéuticos, así como a los especialistas en economía
que nos han ayudado en este iniciativa.
Por último, en lo referente a los corredores de comercio y notarios,
la disposición adicional vigesimoquinta recoge, por fin, la
integración de estos fedatarios extrajudiciales. Tras muchos años de
tentativas, por fin se ha logrado, y es una noticia muy interesante
no sólo para el prestigio de la fe pública española, sino porque va a
suponer una mayor agilidad operativa, una mayor eficacia para los
ciudadanos y una mayor baratura. Todas estas circunstancias hacen que
aplaudamos esta iniciativa.
Señor presidente, señorías, haciendo votos por que se resuelva de una
vez la falta de armonía entre la Sociedad General de Autores y el
sector de hostelería y para que los afectados por el síndrome tóxico
reciban con urgencia sus justas percepciones, anunciamos nuestro
apoyo a todas las enmiendas con mensaje motivado que nos han sido
remitidas por el Senado, y ello sin cambiar ni una coma.
Si la Presidencia me lo permite, aprovecharé para despedirme de los
estimados diputados y diputadas de este hemiciclo deseándoles muchas
felicidades por Navidad y por el año 2000 y con la petición de que
apoyemos cada uno desde nuestro puesto el mundo de los necesitados
con actos de solidaridad; en estos días, en especial, a nuestros
hermanos de Venezuela, sumidos en la desgracia; ese pueblo tan unido
a España y a Canarias.
Finalmente, refiriéndome a SS.SS. y al personal de la Casa y usando
frases del romancero diría: Señor, ¡qué buenos vasallos tienen los
reinos y pueblos de España! Estas damas y caballeros, por su honra y
sapiencia, merecen el honor de seguir sirviendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Le doy las gracias, señor Gómez Rodríguez, en
nombre de todas SS.SS. y de los servicios de la Cámara, que agradecen
sus palabras de manera muy particular.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha expresado su deseo de no
intervenir. Lo hará, entonces, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), a través de su presidente, don Joaquim Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, corresponde pronunciarse sobre las
enmiendas del Senado a los Presupuestos Generales del Estado y a la
ley de acompañamiento, y voy a hacerlo en nombre de mi grupo
parlamentario.
Durante la tramitación del proyecto en el Senado hemos presentado
cinco enmiendas a la ley de presupuestos, de las cuales cuatro han
sido tomadas en consideración. Entre ellas destaca la que presentamos
de manera conjunta con el Grupo Parlamentario Popular para garantizar
la compensación plena a los pensionistas por la pérdida del poder
adquisitivo durante este año; creemos que ésta es la más
significativa. Ya es tradición que sea en el Senado donde se
presente, pero habiendo puesto nosotros el acento, en el inicio de
esta legislatura, en la necesidad de que, ante los deberes de recorte
del gasto y del déficit, no podía padecer en absoluto el Estado del
bienestar, y siendo las pensiones una des sus patas fundamentales,
quiero iniciar esta intervención remarcando el hecho de que, a lo
largo de estos cuatro años, el Estado del bienestar ha mejorado en lo
que a las pensiones se refiere, que era nuestro objetivo; y no es un
objetivo sencillo. Las pensiones mínimas no sólo han visto compensada
la pérdida de poder adquisitivo este año, sino que han sido
incrementadas. Era una condición muy importante para nosotros y nos
alegramos de haber podido llegar al final de esta legislatura con ese
objetivo conseguido.
Nuestro grupo ha presentado doce enmiendas a la ley de acompañamiento
en el Senado, entre las cuales destacaría las siguientes: la
integración de notarios y corredores de comercio; es una pena que, al
final, haya fallado la necesaria sensibilidad autonómica en la
enmienda que llega a nuestro poder, que apoyaremos aunque insisto en
que le falta ese añadido. La aplicación parcial de la reducción del
10 por ciento por inversiones en medio ambiente a las inversiones
destinadas a sustitución de flotas de vehículos comerciales e
industriales; llevamos años presentando una enmienda de este tenor y
finalmente nos ha sido aceptada. El estudio sobre los sistemas de
previsión social a favor de deportistas profesionales; también ha
sido una enmienda reiterada en el Senado cada año y no hemos
conseguido hacerlo de la manera pretendida; fíjense en que volvemos a
estudiar los sistemas de previsión, pero no hemos sido capaces de
resolverlo. Y la clarificación de la legislación en materia de
radiodifusión y televisión a los efectos de facilitar la emisión en
comunidades colindantes. Por tanto, no debe extrañar a nadie que
después de habernos sido aceptadas tantas de las enmiendas
presentadas nuestro voto vaya a ser favorable tanto a las enmiendas a
la ley de presupuestos como a la de acompañamiento.
Por todo ello, señor presidente, nuestro apoyo a los Presupuestos
Generales del Estado y a la ley de acompañamiento del año 2000 es
evidentemente total, absoluto por razones de coherencia, por razones
de responsabilidad y sobre todo por razones de convicción -lo dijo
Josep López de Lerma en el debate a la totalidad aquí en el Congreso
de los Diputados-. Estas razones de coherencia, responsabilidad y de
convicción nos llevan a apoyar firmemente el proyecto de ley,
conformado con las disposiciones aprobadas en el primer acto en el
Congreso y después con las enmiendas del Senado,
que llega hoy a la Cámara para su aprobación definitiva. Estos
presupuestos permiten prolongar el buen momento económico en el
contexto del euro, dan un impulso -y esto, también querríamos
remarcarlo, ha sido insistentemente solicitado por nosotros- a la
investigación y a la innovación industrial. Se inicia una prioridad
en materia económica que ha sido ésta. Se ha desbloqueado un primer
conjunto de medidas fiscales y presupuestarias dirigidas a impulsar
la investigación y sobre todo la innovación industrial. Da prioridad
al gasto social. En los presupuestos del año 2000 el conjunto del
gasto social representa el 56 por ciento del total del gasto
presupuestario. Sigue aumentando año tras año la parte
correspondiente a gasto social que contemplan los presupuestos, por
tanto, esa prioridad del gasto social es para nosotros una razón de
peso que nos lleva a dar soporte a estos presupuestos. Incrementa,
como he dicho antes, las pensiones más bajas, las pensiones mínimas y
de viudedad y las no contributivos. Son unos presupuestos que ayudan
a la ocupación. Estamos impulsando la ocupación de una manera muy
sustantiva. Y, si se me permite, hay una cuestión pequeña pero para
mí personalmente no menos importante: hemos conseguido arreglar
finalmente un tema que desde hace años arrastrábamos, las pensiones
de los antiguos militares de la República. Es bien pequeñito. Este
diputado empezó a defenderlo en el año 1984 en esta Cámara. Está muy
bien y me alegra profundamente que finalmente, aunque sea en el año
1999, y aunque ya no sean millares de personas sino cientos nada más
porque el resto se nos ha quedado por el camino, hayamos podido
acabar resolviendo este pequeño tema -pequeño para los que no somos
antiguos militares de la República, importantísimo para los que lo
son- de las pensiones para esas personas que defendieron la
legalidad, muchos de ellos con su vida -también entran las viudas-,
otros simplemente con su esfuerzo, en aquel momento de nuestra
historia.
Señor presidente, estos presupuestos y esta ley de acompañamiento, de
hecho son la culminación de una legislatura, son la culminación, de
hecho, de un esfuerzo presupuestario orientado a la integración de la
peseta en el euro, orientado a la integración europea, que viene de
antiguo. Aunque no esté el ministro de Economía -sé que en este
momento no saldría al paso, probablemente más por la rapidez que por
la discusión-, seguro que no le gustaría volver a oír decir desde
nuestro grupo parlamentario que el esfuerzo de integración no empieza
en 1996, que empezó antes, que si no se hubieran hecho cosas
anteriormente probablemente no habríamos conseguido, ni con el
acierto de la política en esta última legislatura, que lo ha tenido,
la integración en el euro. En cualquier caso, un objetivo que parecía
imposible tanto en el año 1993 como después en el momento de la
investidura en esta legislatura, un esfuerzo que parecía imposible
como era conseguir integrar nuestra economía, con los grandes
desequilibrios que en aquel momento padecíamos de inflación, de coste
del dinero, de déficit público, de
paro, un paro que nos atenazaba, es un objetivo que hemos logrado.
Decía yo mismo desde esa tribuna en la sesión de investidura que o
éramos capaces de mantener las tres prioridades de lucha contra la
inflación y contra el déficit público, de creación de empleo y de
mantenimiento del Estado de bienestar, o una de ellas sola no se
podría dar. Muchas tesis existían en aquel entonces de que el único
mecanismo para cortar nuestro déficit público era recortar las
prestaciones del Estado de bienestar. Nosotros dijimos que con
nosotros no se contara para hacer eso y no se ha hecho eso. Realmente
hemos sido capaces de, impulsando la economía y el crecimiento
económico, crear empleo, un millón y medio más de empleos va a haber
al final de la legislatura, un millón y medio más de empleos más los
400.000 que probablemente se van a crear en el año 2000, que es la
previsión para el año 2000; por tanto, habrá casi dos millones más de
empleos al acabar el año 2000 que a finales del año 1996, dos
millones más de empleos. Era el mecanismo imprescindible para poder
cortar el déficit público y a la vez mantener e incluso mejorar las
prestaciones sociales. Ese era el objetivo de nuestro grupo
parlamentario a lo largo de esta legislatura: había que impulsar la
economía productiva; había que ayudar a la pequeña y mediana empresa,
que es la más capaz de crear empleo, y lo hemos sabido hacer entre
todos, fundamentalmente los agentes que más directamente actúan en el
mercado, que son las empresas y los sindicatos, que han ayudado
también para que eso fuera posible. Hoy España es el país de mayor
crecimiento europeo; continuadamente a lo largo de cuatro años hemos
tenido en España un crecimiento medio superior a la media
comunitaria; somos modélicos en la creación de empleo; seguimos
teniendo un pequeño desequilibrio, que probablemente es producto
precisamente de ese mayor crecimiento medio en la inflación, pero
sobre todo estamos entre los que hemos sido capaces de constituir una
moneda única y, además de compartir otros objetivos, podemos también
compartir con ellos esa moneda que nos hace competitivos, que nos
permite crecer, que nos permite crear ocupación y, al mismo tiempo,
nos permite mantener el Estado del bienestar por el que tanto hemos
luchado.
Desde nuestro grupo parlamentario nos congratulamos hoy, al final de
esta legislatura, de haber sido capaces de hacer avanzar y de
construir este modelo de crecimiento, pero, sobre todo, modelo de
solidaridad, a través del mantenimiento y la mejora del Estado del
bienestar que hemos sido capaces también de construir a lo largo de
estos cuatro años. Hoy estamos mejor que hace cuatro años. De ello
nos congratulamos, señor presidente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra don Pedro Antonio Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, nos encontramos
en un trámite en el que analizamos no cuál es la política económica
del Gobierno, que también, sino qué enmiendas ha hecho el Senado a la
propuesta presupuestaria que el Congreso aprobó, de qué manera ha
mejorado la propuesta presupuestaria que el Gobierno nos trajo, y la
adecuación o no de la ley de amañamiento o acomodamiento de esos
presupuestos a la norma legal, que siempre va pareja, como dos pesos
de carga. (El señor Vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la
Presidencia.)
Me van a permitir SS.SS. que haga referencia -puesto que este es el
último debate de presupuestos- a una persona con la que hemos
trabajado siempre y con la que yo personalmente he trabajado la
discusión de presupuestos. El jueves pasado, sobre las diez y media o
las once, me preguntaba a qué hora se podía votar, y yo le indicaba
-porque era uno de los fans que seguía la discusión de los
presupuestos, o por lo menos mis intervenciones en el Pleno- que
sobre la una. La verdad es que no pudo volver a votar y este
compañero se encuentra ahora recuperando la capacidad de su corazón.
Yo espero que Julio esté pronto otra vez aquí, con su velocidad, para
poder acompañar el debate de presupuestos, que siempre le ha gustado,
puesto que él siempre ha dicho que lo que no está dentro de los
presupuestos no existe, es filosofía, lo importante es que las ideas
se encuentren reflejadas en los presupuestos.
Las enmiendas del Senado, señorías, desde nuestro punto de vista,
adolecen de los mismos defectos que tenía la propuesta presupuestaria
que aprobamos en el Congreso. Primero, fiscalmente los presupuestos
eran regresivos, porque las personas más acomodadas, los que más
ingresos tienen, iban a ver reducidas sus aportaciones al Estado y la
inmensa mayoría de la población iba a pagar más impuestos, es decir,
por primera vez los impuestos indirectos iban a ser superiores a los
impuestos directos, y dentro del IRPF las rentas del trabajo iban a
ser el 94 por ciento, mientras que las rentas de capital o de
empresarios y profesionales bajaban su aportación. ¿Y cómo ha
corregido el Senado esta aportación presupuestaria? Fundamentalmente
con una modificación: que el IVA para las peluquerías va a bajar al 7
por ciento. Es importante esa reducción, porque hay una determinada
actividad que se va a acompasar con la vida europea. Esa es la
aportación que han hecho, reducir los ingresos por IVA en esta
actividad y yo me alegro. El problema en cuanto al IVA es que
nosotros habíamos propuesto una modificación importante que tampoco
ha sido tenida en cuenta en la discusión del Senado. Si hay una
posibilidad de devolver ingresos a los españoles, si hay una
situación de una inflación galopante o una inflación que crece por
encima de las previsiones del Gobierno, las originales y las
actualizadas a lo largo del año, bajemos en los productos de primera
necesidad el IVA que perciben, de tal manera que aquello en lo que
los españoles se gastan aproximadamente el 80 por ciento de su
sueldo, comer y vestirse, costara más barato, y en lugar de aplicar
el
IVA del 4 por ciento, fijarlo en el 2 o en el 1 por ciento. Esa
medida daría a todos los españoles, y con menos recursos, una
capacidad de gasto y de consumo mucho mayor que todas las demás
medidas que hemos adoptado. Sin embargo, se ha preferido un parche
diferente.
La distribución del gasto. Otro de los defectos que tenía la
propuesta presupuestaria del Gobierno era una distribución injusta
del gasto. Se escoraban hacia lo que pudiéramos llamar gastos no
productivos y se olvidaban del carácter más social de la propuesta
presupuestaria que nosotros les reclamábamos. Es decir, el
crecimiento económico no se hacía llegar a las políticas activas del
Estado hacia mejor sanidad, mejor educación, mejor prestación social,
mejor cobertura de desempleo, mejor salario mínimo interprofesional
para todos los ciudadanos. Y la distribución del gasto que se ha
hecho en el Senado supone un movimiento de mayor gasto -fíjense,
señorías- de 16.000 millones de pesetas. ¿Y cómo lo han distribuido?
Fundamentalmente, 10.000 millones de pesetas más para defensa, para
dotar al Ejército del Aire de más aviones; han incrementado en 40
millones de pesetas seguridad y protección civil; han incrementado la
seguridad y protección social en 4.000 millones y los servicios
comunitarios en 1.000 millones de pesetas. Pero no han abordado lo
que nosotros exigíamos. Si el Gobierno había tenido la capacidad de
meter la mano en el Inem y de las cotizaciones de los trabajadores
sacar 300.000 millones y reducir la cotización de los empresarios, no
ha encontrado el tiempo ni la posibilidad para sacar 200.000 millones
y dotar de prestación de desempleo a los españoles, que los hay.
El paro se ha reducido, es verdad, se ha generado empleo en este
país, se han generado contrataciones, pero todavía quedan dos
millones y medio de parados. Pues bien, en este país hay 385.000
parados que tienen más de 45 años, que no tienen prestación de
desempleo y que no tienen otro ingreso en su familia. ¿Por qué no
gastar, si hay un crecimiento económico, si España ha producido un
crecimiento de 4,5 billones de pesetas en mejorar las condiciones de
esa parte de la sociedad que es más desprotegida? El Gobierno no ha
preferido esa modificación.
El tercer defecto que tenían los presupuestos, y que tampoco ha sido
corregido en el trámite del Senado, ha sido la previsión del
Gobierno. En el Senado se han subido al 2,7 todas las pensiones
públicas, todas las pensiones generales del Estado, porque la
previsión del Gobierno era del 1,8, la previsión actualizada en el
mes de septiembre era del 2 por ciento y después del 2,3 por ciento;
al final ha sido del 2,7 por ciento. Además, en la discusión de la
distribución nosotros criticábamos al Gobierno esa improvisación, esa
falta de controlar la inflación, que es muy importante para nuestro
país para capacitar a nuestra exportación, para reducir el peso de
los salarios, o que la subida salarial no fuera comida por esta
subida, y nosotros planteábamos que debía acompañarlo con una mejor
dotación de la subida salarial
de los funcionarios o de la oferta pública del empleo. Tampoco ha
sido modificado en el Senado.
Por último, el otro gran defecto es que estos presupuestos no
obedecían a un criterio de Estado, a un modelo de Estado, y que se
iba comprando la voluntad del apoyo político con determinadas
aportaciones. Ya en el trámite del Congreso vimos cómo algunas obras
se han ido incorporando vía propuesta de uno u otro grupo. Como hoy
nos encontramos en un día importante, el 22 de diciembre, en el que
además se está en pleno sorteo, el Senado ha añadido unas pedreas,
muy baraticas, pero pedreas: por ejemplo, 60 millones para Castejón
de Sos, en Huesca. Luego, cuando la oposición presenta enmiendas de
este tipo, nos dicen que son enmiendas de campanario y que pretenden
contentar a todos los españoles; pero el grupo mayoritario también
toca la campana, también hace campanarios, y da pedreas en función de
los senadores que las pueden proponer: por ejemplo, 150 millones para
la circunvalación suroeste de Salamanca, o el tramo Segorbe-Teruel
con 110 millones. Ya me dirán cómo hacen un tramo de autovía con 110
millones de pesetas; pero, en fin, esa es otra innovación
revolucionaria, que es la multiplicación de los panes y los peces, es
decir, la multiplicación del dinero por diez. Un kilómetro de autovía
viene a valer un dinero y aquí hacemos un tramo entero, desde Segorbe
a Teruel, con 110 millones de pesetas. Otro ejemplo, 300 millones de
Teruel a Santa Eulalia, 400 millones de pesetas de Madrid a Ávila,
150 millones de Madrid a Guadalajara... Es decir, unas pedreas que se
han podido introducir desde el Senado.
Hay otras modificaciones que tienen importancia, que demuestran que
el Gobierno no ha tenido previsión y que ha tenido que usar el Senado
para subsanarlo, como ha sucedido en el Ministerio de Agricultura,
donde el Gobierno ha tenido que introducir una enmienda de 237
millones de pesetas para el FEGA, el Fondo Español de Garantía
Agraria, para un pabellón ferial en Jaén. Díganme ustedes qué
previsión tiene el Gobierno, que, queriendo hacer un pabellón ferial
en Jaén, no ha tomado la medida presupuestaria previa. Pero lo más
importante son todas las medidas que toman para hacer frente desde el
Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio de Agricultura a la
renovación del acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima
suscrito entre la Unión Europea y el Reino de España. En un lado
ponen 4.000 millones de pesetas y en Trabajo ponen 4.200 millones de
pesetas. ¿Esto no se tenía previsto, no había una actuación para
poder desarrollarlo? Es decir, nos encontramos ante un Gobierno que
tiene unos presupuestos que parchean y que improvisan, son unos
presupuestos permanentemente improvisados.
Termino con la parte de los presupuestos diciendo: ¿saben ustedes
cómo financian todas estas bajas? Ustedes son fabulosos; cuando no
admitían que tenían dudas, en el debate del Congreso, sobre enmiendas
que planteábamos los grupos parlamentarios, decían: es que la baja
que usted propone no se puede realizar.
¿Saben ustedes cómo hacen las bajas para sacar los 16.000 millones de
pesetas? No se calientan la cabeza: mayores ingresos; remanente de
Tesorería, 6.000 millones; mayores ventas de solares del Ministerio
de Defensa, 4.000 millones. A ojo, lo que necesitamos. Ustedes
cuadran los números a cocotazos, conforme han querido; no hay
previsión, no hay política presupuestaria. Para los demás es
imposible mover un duro; para ustedes es más fácil, para su grupo
parlamentario o para los grupos de la mayoría.
Voy a referirme, señor presidente, a lo que es la ley de
acomodamiento legal que el Gobierno cada año se plantea. Este año
también tiene algunas perlas que han introducido en el trámite del
Senado. Se ha podido añadir una modificación de la Ley del
Medicamento, rebajando especialidades -yo no sé por qué, si hemos
hecho una modificación de la Ley del Medicamento, hay que introducir
en el Senado esa modificación-; se ha introducido una agrupación de
notarios y corredores de comercio -yo no sé por qué hay que hacerlo
con esa enmienda desde el Senado-; se ha propuesto -y tendríamos que
saber a qué obedece- una participación en el sector energético de
entidades públicas -no sabemos si son entidades públicas del Estado,
de las comunidades autónomas o de los municipios-; se ha introducido
una protección a las mutualidades de los deportistas de elite, de
alto nivel, para poder protegerles mejor -viendo al jugador que
cuesta 5.000 millones y que está nervioso y no atina a meter el gol,
lógicamente hay que proteger a los deportistas de elite, a ellos sí,
a los demás no tenemos por qué tratarlos de muchas maneras-, y han
metido una modificación de normas de tráfico, en teoría para dar
prioridad a los vehículos sobre los peatones, y en lugar de proteger
a los ciclistas han hecho una modificación fabulosa, dicen: tendrá
prioridad la bicicleta siempre que circule por un carrilbici. No se
preocupen SS.SS., no va a haber problemas, porque como hay muy pocos
carriles-bici, nunca tendrá prioridad la bicicleta a la hora de
circular. ¡Hay que ver lo que aguanta la ley de presupuestos, hay que
ver las cosas que ustedes pueden modificar con la excusa de que
estamos aprobando los presupuestos! Han modificado ustedes una joya,
que son los derechos de autor. Me voy a parar en la enmienda que han
hecho a nivel de la disposición adicional trigésima. Cuando Izquierda
Unida proponía hace dos años que se recogiera la previsión de los
derechos de autor para las emisiones de televisión en determinados
establecimientos, el Gobierno nos dijo que nuestra propuesta no
estaba madura, que estaba muy improvisada y que traería una propuesta
bien articulada y precisa. Bueno, la ha traído, y para goce y deleite
de SS.SS. les voy a leer la propuesta meditada y medida. Dice: El
Gobierno, en el plazo de seis meses, procederá a remitir a las Cortes
un informe con el fin de eliminar la inseguridad jurídica.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Ríos, deberá ir
terminando.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Esto es, como dicen en la huerta, qué listo es mi hijo Roque que a
los 40 años ha dicho albercoque. Decir que el Gobierno en seis meses
va a traer una propuesta y que el Congreso va a recibir un informe
jurídico para eliminar la inseguridad jurídica de los derechos de
autor es algo así como un brindis al sol, es algo así como decir: no
he podido hacer nada y ahora salgo del paso. Ojo, eso sí, modificando
una ley desde la ley de acompañamiento. Es todo un ejemplo de
seguridad por parte del Gobierno.
Termino, señor presidente. Dentro de las enmiendas del Senado se han
introducido modificaciones al régimen mercantil y algunas
definiciones de directivos y valor de acciones en cuanto a las stock
options -stock options en cuanto a dinero para unos y estocazos para
los ingresos de otros-. La precisión en alguna parte es mayor, pero
no se han atrevido con algo que aquí no quedó bien resuelto, como es
la relación nominal de todas las personas que acceden a la hora de
aprobarlo la junta de accionista. La junta de accionistas debía de
aprobar la relación nominal de todas las personas, del número de
acciones y del valor y del momento en que se produce. Eso es lo que
había salido y no se ha modificado o no se ha introducido.
Añaden, señor presidente, una modificación al tema de la colza desde
una disposición adicional. Señorías, esto raya el cinismo político.
Hicimos un decreto-ley con un crédito ...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Ríos, debe
terminar ya.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente, termino.
Hicimos un decreto-ley con un crédito y resulta que al final venimos
a decirle al Gobierno que tome las medidas para evitar los efectos
negativos sobre los afectados de la colza en función de las
subvenciones que ya han recibido y las que quedan por recibir. En
suma, una vez más le volvemos a dar largas y no solucionamos el
problema.
Termino, señor presidente, diciendo que estos presupuestos y la ley
de amañamiento que le acompaña no son nada más que una refundición de
los presupuestos que necesita una minoría privilegiada del país y los
presupuestos que no necesitan la mayoría de la población. Estos
presupuestos son la culminación de la legislatura de un Gobierno que
es generoso con el poderoso y exigente con el débil.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Ríos.
El Grupo Socialista del Congreso ¿va a compartir turno, van a
intervenir dos oradores? (Asentimiento.) Muchas gracias. Tiene la
palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Efectivamente, señor presidente, luego
intervendrá, con su beneplácito, la señora Mendizabal para la ley de
acompañamiento.
Señor presidente, señorías, debatimos en primer lugar el proyecto de
ley de presupuestos, las enmiendas que provienen del Senado a este
cuarto y último presupuesto del Partido Popular, presupuesto que,
lógicamente, a los partidos que apoyan al Gobierno les parece
fantástico y cuyo criterio nosotros, como hemos manifestado en más de
una ocasión, evidentemente no compartimos. Pero sirvan mis primeras
palabras, señor presidente, dado que es la última oportunidad que
tendremos en este «Diario de Sesiones» y en este Pleno, para
agradecer y felicitar a los servicios de la Cámara de la Comisión de
Presupuestos el trabajo, la dedicación y las facilidades con las que
nos hacen trabajar a los diputados que intervenimos, a pesar de que
todavía no está incorporada la oficina presupuestaria a estas Cortes
que, por otra parte, nos dificulta también el seguimiento de la
política presupuestaria del Gobierno, tema tan importante para el
funcionamiento de este país y para el funcionamiento correcto de los
grupos parlamentarios.
Hoy es el día de la lotería, lo decía el señor Ríos, y yo recordaba
no la lotería nacional, sino un spot publicitario, me parece que es
de la lotería de los ciegos de España, la ONCE, que decía algo así
como: todos los días toca. Con los presupuestos y la ley de
acompañamiento, señor presidente, todos los años toca a alguien; el
año pasado les tocó a las eléctricas con las enmiendas del Senado,
este año no sé si les toca o no les toca a los notarios y corredores
de comercio, pero un tema que tiene mucho que ver con la ley de
presupuestos se ha incorporado en el trámite parlamentario del
Senado, afectando de verdad al funcionamiento de los ingresos y de
los gastos de este presupuesto. También parece que este año les toca
a los concesionarios de autopistas con las modificaciones
legislativas que se producen, parece que también les va a tocar a las
grandes constructoras con la política de aumento de la concesión y la
salida a concesión privada del mantenimiento de las autovías;
posiblemente también les toque a las televisiones autonómicas, que
podrán ensanchar sus límites de funcionamiento, y parece que también
les toca a directivos de grandes empresas, porque la regulación de
las stock options, como dirá luego mi compañera Arantza Mendizábal,
no es todo lo feliz del mundo. Así que a algunos ya les ha tocado la
lotería antes del sorteo, cosa que a nosotros nos parece bastante
poco edificante.
Entrando en el trámite que realmente nos ocupa, que es la ley de
presupuestos, apenas ha habido cambios, es verdad, en el trámite del
Senado. Ha habido algunos, pero creo que se ha desaprovechado la
oportunidad de aceptar enmiendas del resto de los grupos
parlamentarios, enmiendas que podían haber supuesto otro proyecto de
presupuestos, otro acento en un presupuesto aparentemente expansivo
pero que realmente es menos de lo que se dice. Pero no nos importa,
porque quedará muy claro cuál es el modelo presupuestario
del Partido Popular y cuál es el modelo alternativo del Partido
Socialista para que los ciudadanos, dentro de poco tiempo, puedan
comparar uno y otro.
Desde nuestro punto de vista, no han mejorado el proyecto de
presupuestos que salió del Congreso, quitando algunas apreciaciones.
Yo no sé si el presupuesto consigna o no consigna unas determinadas
cantidades, pero, eso sí, la política económica del Gobierno, la
gestión de todos los ministerios estos días está siendo amplificada,
está siendo publicitada y está siendo distorsionada ante los
ciudadanos con campañas de publicidad multimillonarias, dando una
imagen de país de gestión (en plena precampaña electoral) que no se
corresponde con la realidad absolutamente llamativa, colectiva, en un
proyecto solidario impulsado por el Gobierno del Partido Popular que
me preocupa a dónde puede llevar, hasta el punto de que no sé si en
la próxima campaña electoral, en los spot publicitarios, van a tener
que salir los diputados del Partido Popular haciendo la ola porque
ya, después de las fanfarrias que están empleando en esta precampaña,
poco queda. Si todo ese dinero se gastara en otra serie de cosas
mejor nos vendría. Sin embargo, con las enmiendas este presupuesto
sigue incurriendo en los mismos errores de poco gasto en
infraestructuras, pocas medidas de control... Lo veremos
posteriormente, con los créditos extraordinarios o los reales
decreto. Este Gobierno dice que congela el gasto corriente, pero
luego tendremos que intentar aprobar, al final de la mañana o a
primeras horas de la tarde, un crédito extraordinario del Ministerio
de Interior de más de 6.000 millones de pesetas para pagar facturas
de teléfono, de aviones, etcétera, que no se habían presupuestado por
parte de este Gobierno en los ejercicios 1997, 1998 y 1999. De nuevo,
el presupuesto sigue siendo un arma, desde el punto de vista
político, que no se corresponde luego con la realidad de la gestión.
No obstante, mi grupo parlamentario va a votar afirmativamente
algunas enmiendas del Senado, como no podía ser de otra forma.
Corregir las bases y corregir las cantidades de las pensiones del
título IV como consecuencia de la corrección por la diferencia de
inflación noviembre sobre noviembre, evidentemente lo vamos a apoyar.
Pero lo vamos a apoyar desde una sensación agridulce, en el sentido
de que un instrumento tan importante para la solidaridad como son las
pensiones este año han tenido una corrección, en función de la
desviación de inflación, aunque se compense, verdaderamente
importante de casi un punto, fruto de un desgobierno de la política
económica del Partido Popular. También vamos a apoyar la enmienda que
se ha incorporado de 3.000 millones de pesetas a través de una
disposición adicional y el crédito correspondiente a la sección 32
para mejorar la financiación universitaria por la vía de ayudas al
sector universitario. Asimismo, apoyaremos la enmienda del
presupuesto de defensa de incorporar 10.000 millones de pesetas para
un programa, como decía el señor Mardones, de mejora de la financiación
del proyecto de avión ligero de la compañía CASA y las
cantidades correspondientes a los acuerdos pesqueros.
Pero quiero recordar que el aumento que pedimos nosotros en las
enmiendas del Congreso en el Ministerio de Defensa precisamente para
estos proyectos fueron rechazados. El aumento de financiación para la
compensación de los acuerdos pesqueros con Marruecos y la
compensación a los armadores y a los pescadores, que incorporamos en
el Congreso, también fue rechazada. También fueron rechazadas
enmiendas que de otra forma se han incorporado en el trámite
parlamentario del Senado, lo cual indica una cuestión, que es la que
ya presumíamos previamente: que desde la mayoría parlamentaria ni
siquiera se estudian las enmiendas de la oposición. Es decir, se
rechazan enmiendas muy similares porque vienen de donde vienen
y luego tienen que ser incorporadas incluso en el trámite del Senado
porque vienen de su propio grupo parlamentario, lo cual dentro del
juego parlamentario me parece correcto, pero es una cierta perversión
de lo que es el discurso parlamentario. No apoyaremos con nuestra
abstención, es decir, que no votaremos afirmativa ni negativamente
otras enmiendas que se han incorporado a las secciones, porque yo no
sé si es más importante mejorar o arreglar el cuartel de la Guardia
Civil de Ansó que el de Teruel -que nosotros presentamos como
enmienda y que puede estar en peores condiciones que la otra, lo que
pasa es que posiblemente no tiene tantos padrinos para ser apoyadas
estas enmiendas en el Senado-, o la catedral de Vitoria frente a la
catedral de León, o el cruce de ensanchamiento de Castejón de Sos
frente a la variante presentada por cualquier grupo parlamentario,
con el mismo trámite y con la misma legitimidad, para mejorar las
carreteras de su territorio. Así que como no sabemos con qué criterio
se hacen las inversiones y las enmiendas, todas estas enmiendas de
carácter parcial no podremos apoyarlas.
Señor presidente, termino ya. Hemos perdido la oportunidad con el
trámite del Senado de corregir la financiación autonómica, de
corregir las desviaciones salariales de los funcionarios, de corregir
problemas de sectores de la tercera edad que necesitan mejorar su
financiación, de separar las fuentes de financiación entre la
Seguridad Social y el presupuesto del Estado, ampliando la cobertura
incluso de los parados que no tienen prestaciones; de articular un
programa de inversiones distinto, que vertebre el territorio y no
genere, como dicen altos profesionales del Ministerio de Fomento, que
las inversiones en este país se hagan en función de criterios
políticos y no en función de criterios geográficos; hemos perdido la
posibilidad de mejorar la financiación del plan de vivienda y la
educación y de impulsar programas sociales.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu):Señor Martínez Sanjuán,
debe terminar.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Termino.
Hemos perdido la oportunidad, señor presidente, de hacer unos
presupuestos más modernos, sociales, solidarios y dinamizadores de
empleo. La diferencia entre este presupuesto y los presupuestos que
ha venido impulsando el Partido Popular y el que haríamos nosotros
cuando dicen que no hay diferencias entre unos y otros, es algo tan
sencillo que quiero terminar con estas palabras que venían ayer en un
medio de comunicación, y es que el Gobierno francés aprovecha la
mejora de los ingresos a lo largo del ejercicio presupuestario para
dotar de más fondos su plan social. Esto es lo que nosotros hemos
pretendido con nuestras enmiendas, este es nuestro modelo de
presupuestos, de tal forma que la riqueza, el crecimiento económico
se genere y se distribuya mucho más solidariamente de lo que vemos en
este presupuesto con las enmiendas del Senado y con el trámite que
salió anteriormente del Congreso. Por eso, señor presidente,
apoyaremos unas enmiendas, en otras nos abstendremos y a otras no
podremos darle nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Martínez Sanjuán.
También en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Es conocida en esta Cámara la postura de mi grupo parlamentario
respecto a la tramitación de la llamada ley de acompañamiento; a
través de este procedimiento extraordinario se aprueban o se
modifican una serie de leyes. Sobre todo cuando llegamos a este
punto, que es la reversión de la ley del Senado, nos encontramos
siempre con una serie de modificaciones a más a más que en ningún
caso responden normalmente al proyecto inicial presentado, sino que
responden a la necesidad del Gobierno de introducir modificaciones en
leyes que le generan determinados problemas. Por tanto, nuestra
actitud respecto a esta ley de acompañamiento es una actitud crítica
y nuestra posición respecto a las enmiendas parte de esta posición de
fondo. En consecuencia, vamos a votar afirmativamente a muy pocas
enmiendas, a un número concreto de ellas, que son aquellas que
afectan de manera más específica a un grupo de personas o a algún
colectivo que ha estado sometido a situaciones de agravio. Me estoy
refiriendo, por ejemplo, al caso de los maestros de laboratorio o a
aquellos colectivos que, habiendo vivido una situación de gravedad,
como es el caso de los afectados por el síndrome tóxico, no han
podido cobrar, no han tenido una serie de indemnizaciones a las que
tenían derecho. En este punto quiero decir que la enmienda que
nosotros presentamos para la resolución de los problemas de
indemnización de los afectados por el síndrome tóxico respondía más a
una aclaración definitiva que lo
que realmente hace la enmienda presentada por el Grupo Popular.
Otro bloque lo forman las enmiendas con las que queremos mostrar
expresamente nuestro total desacuerdo, y son aquellas que responden a
un modelo distinto del que nosotros planteamos, fundamentalmente las
que están dentro del ámbito de la fiscalidad. Por tanto, votaremos en
contra de todas aquellas enmiendas de origen fiscal o tributario.
También quiero explicitar nuestra posición contraria a otros dos
bloques de enmiendas. Me estoy refiriendo a la disposición adicional
decimoctava, que modifica la Ley del Mercado de Valores, y a la
disposición adicional vigésima, que introduce varias modificaciones
en la Ley de Sociedades Anónimas. Nuestra postura respecto a esta
regulación precipitada, poco transparente y discriminatoria de las
llamadas opciones sobre acciones ha sido ampliamente explicada y
debatida en este hemiciclo. Pero si la regulación de la fiscalidad
dejaba bastante que desear, puesto que había una cierta falta de
coherencia, en definitiva, generaba más problemas de los que
solucionaba, en este caso, con la introducción de estas enmiendas, no
podemos hacer tabla rasa de estos calificativos, sino que, además,
tenemos que añadir el de oscurantismo sospechoso. ¿Por qué? Porque
a la hora de regular la necesidad de publicitar este tipo de
remuneraciones, es decir, a la hora de regular la obligación de
comunicar este sistema de obligaciones a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, resulta que para aquellas sociedades que ya
tengan vigente este sistema, es decir, para Telefónica, no terminamos
de aclararnos si los directivos deben presentar su información
detallada e individualizada o si simplemente vale con presentar la
agregada, porque dentro de la propia enmienda aparecen las dos
situaciones, de tal forma que, si leemos la enmienda de manera
seguida, no tiene deperdicio. Lo único que se hace con esta
modificación nos parece que es introducir más oscurantismo.
En este capítulo de enmiendas en contra de las cuales vamos a votar,
queremos hacer una referencia a la modificación de la Ley del
Medicamento. Nuevamente se aprovecha esta ley de acompañamiento para
dar otro paso en la política errática del medicamento que ha seguido
el Ministerio, paso que no sabemos si es hacia atrás o hacia
adelante. Hace tres meses se modificó por decreto ley el régimen de
precios de los medicamentos y ahora se intenta colar en este ámbito
otra reforma, reforma que no sólo afecta al ámbito nacional sino que
además tiene gran trascendencia comunitaria. Son decisiones de
política farmacéutica que cada vez están más alejadas del interés
general y que resultan contradictorias e inexplicables. Parece que lo
que ahora se pretende es que haya precios distintos para los
medicamentos, un precio para España, que tiene que pagar directamente
el paciente, y otro precio para Europa. No podemos entender cómo en
el Ministerio creen que esto puede ser así. La única aclaración que
ha dado un alto cargo es que, cuando en el ámbito comunitario
esto sea rechazado, él ya no tendrá la responsabilidad; nosotros
esperamos que sea así. La verdad es que el gasto farmacéutico ha
alcanzado el mayor récord de la historia y el Gobierno sigue, como
decimos, adoptando medidas erráticas y contradictorias. Nosotros
queremos dejar claro en este paso nuestro desacuerdo total y nuestra
perplejidad por estas decisiones.
Me queda sólo el grupo de las enmiendas en las que se va a ver más a
fondo nuestra postura, que es en este caso abstencionista, por no
querer participar, por las razones que he explicado anteriormente, en
la aprobación de este ley de acompañamiento. Sin embargo, quisiera
hacer ciertas puntualizaciones sobre algunas de las cuestiones en las
que nos vamos a abstener. Me refiero a las enmiendas al preámbulo de
la ley y a la que hace referencia a la disposición adicional vigésimo
quinta y que se refiere a la fusión de los cuerpos de notarios y
corredores de comercio colegiados. Estas enmiendas plantean un
problema de fondo con el que mi grupo parlamentario coincide, ya que
consideramos que la creación de un cuerpo único constituye un
instrumento imprescindible para la unificación de la fe pública
extrajudicial. Compartiendo este contenido, discrepamos en que se
regule por la ley de acompañamiento y que además se quiera hacer por
desarrollo reglamentario, como se dice. El desarrollo normativo de la
unificación de la fe pública extrajudicial exige en nuestra opinión
una norma de rango legal que regule el ejercicio de la función, la
forma de la documentación y otras cuestiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señora Mendizábal, debe
ir terminando.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Acabo, señor presidente.
Quiero dejar claro que esto es algo que nosotros consideramos
importante, que estamos de acuerdo con la unificación respecto a la
fe pública extrajudicial, pero que en ningún caso nos parece que este
sea el método adecuado.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Mendizábal.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ramón Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: No descubro nada nuevo si confirmo que el
Grupo Parlamentario Popular apoyará todas las enmiendas que vienen al
Congreso desde el Senado para la ley de presupuestos y para la ley de
acompañamiento.
Estamos hoy ante la confirmación de que la política presupuestaria,
en definitiva la columna vertebral de la política de un Gobierno,
tiene y ha gozado durante cuatro años de un respaldo político y
parlamentario que yo desde esta tribuna quiero agradecer a los grupos
Coalición Canaria, PNV y Convergència i Unió. Es evidente
que la estabilidad política que se ha generado desde los acuerdos con
Convergència i Unió, con el PNV y con Coalición Canaria ha hecho
posible que el Gobierno haya podido mantener estabilidad durante
cuatro años. Y digo esto porque, si recuerdan SS.SS., al principio de
la legislatura se dijo al Gobierno del Partido Popular y al Grupo
Parlamentario Popular que estábamos ante un Gobierno con claros
tintes efímeros, que no íbamos a durar ni lo que un caramelo a la
puerta de un colegio. Y al final es la legislatura que más ha durado
de todas las legislaturas de esta joven democracia española.
Además, tengo que agradecer este apoyo a los grupos parlamentarios
que han respaldado la acción política, presupuestaria y económica del
Gobierno porque desde ese apoyo hemos conseguido una institución
presupuestaria que hoy goza de un altísimo respeto, no sólo dentro de
nuestras fronteras sino también de las fronteras europeas. Hemos
conseguido con ese apoyo la corrección de uno de los grandes
desequilibrios de la economía española como era el déficit y en
definitiva hemos avanzado en lo que conocemos como saneamiento de las
cuentas públicas. Gracias también a ese apoyo parlamentario, que se
ha reflejado presupuesto tras presupuesto durante cuatro años
consecutivos, hemos avanzado en lo que hoy podemos llamar la
convergencia real, la convergencia justa, si me permiten el término.
Porque hemos conseguido compatibilizar los objetivos de las cuentas
públicas con el fortalecimiento de las políticas sociales que tienen
todos los presupuestos. Hemos avanzado de forma decidida para llevar
nuestro déficit público prácticamente hacia el equilibrio, hacia el
déficit cero, y hemos conseguido que todas las políticas relativas a
pensiones, a Seguridad Social, a cobertura de desempleo, a educación,
a sanidad, en definitiva, a los cuatro grandes pilares del Estado del
bienestar, hayan salido año tras año fortalecidas y hayan conseguido
compatibilizar esos esfuerzos de saneamiento con los esfuerzos de
reforzar políticas de cobertura social.
Durante todos los años también, esta política presupuestaria que hoy
sancionaremos nuevamente de forma favorable ha coronado con éxito la
gran aspiración de cualquier política de un Gobierno que se quiera
llamar a sí mismo un Gobierno de orientación social, que no es otra
cosa que la creación de empleo. España, desde hace cuatro años, está
inmersa en un proceso intenso de creación de empleo. Lo decía el
señor Molins. Aproximadamente más de un millón y medio de nuevos
empleos. Lo decía igualmente Izquierda Unida, que reconocía también
la creación de empleo -lo denominaban creación de contratos-. En
definitiva, hemos conseguido equilibrio presupuestario, estabilidad
política y estabilidad social, gracias precisamente a esa intensa
operación para la creación de empleo. Además, en estos años hemos
avanzado en lo que podemos llamar la modernización de la economía
española, haciendo pivotar esta modernización sobre los esfuerzos que
se han hecho en materia de infraestructuras y en una novedad
importante en toda la política presupuestaria del Gobierno del
Partido Popular, que es poner en vanguardia,
poner como buque insignia de esta política todo lo relativo a las
políticas de investigacion y desarrollo. En definitiva, la innovación
a cargo de la modernización del país.
Y hoy aprobaremos definitivamente unos presupuestos -¡por qué no
decirlo!- en los que, por primera vez en una legislatura, un Gobierno
español baja los impuestos. Es una realidad. Incluso hoy podemos leer
en la prensa que gobiernos socialistas, en este caso el Gobierno
alemán, anuncian también bajadas de impuestos. Fue muy criticada la
reforma del IRPF por la oposición y hoy podemos leer claramente en
sus propuestas de programa que no piensan modificar este tipo de
reformas ni las tarifas de la reforma del IRPF. Bienvenido sea ese
cambio de postura, ya que significa respaldar nuevamente lo que les
dijimos hace cuatro años, que bajando impuestos se reparte muchísimo
mejor la riqueza. El último colofón de esta política presupuestaria
no es otra cuestión que el hecho de que, con todos estos elementos
juntos, España ha logrado una integración en Europa que podríamos
decir que es de primera clase.
Señorías, refiriéndome ya a las enmiendas que se han presentado en el
Senado y que hoy son objeto de debate, habiendo sido ampliamente
discutidas por todos los grupos, coincido con aquellos grupos que nos
vienen a decir que las enmiendas no tienen en sí mismo una gran
relevancia. Son exclusivamente 90 enmiendas; si no recuerdo mal, unas
50 han sido presentadas a la ley de presupuestos y unas 45 a la ley
de acompañamiento. Realmente no entrañan en sí ninguna novedad en lo
que a política de ingresos y a política de instrucción de gastos se
refiere, por lo que no hay grandes modificaciones, aunque sí hay
avances sustanciales que a mí grupo le gustaría comentar.
Creemos que es un buen avance -todos los grupos parlamentarios así lo
han dicho y nosotros también lo queremos decir- que se haya podido
visualizar la revalorización de las pensiones de los españoles en
función de la evolución de los precios, sin más elementos que el
automatismo de una ley y sin más intervención que el paraguas y el
respaldo de la Constitución y de la Ley de revalorización de
pensiones. Asimismo es bueno resaltar, como lo han hecho ya los
grupos de Coalición Canaria y de Convergència i Unió, que hayamos
dado cobertura a lo que se puede llamar la parada pesquera con
relación al acuerdo pesquero con Marruecos, que hayamos dado
cobertura a una situación de paro transitorio por exigencias de unas
negociaciones que se presumen lentas y prolongadas. Con esta enmienda
presentada en el Senado el Gobierno reacciona pronto y con eficacia a
una necesidad de un colectivo muy centrado en las costas andaluzas y
en las costas gallegas. También me parece que son importantes todas
las novaciones que presenta la ley de acompañamiento sobre impuestos
de sociedades, como ha dicho Coalición Canaria, muy especialmente las
modificaciones fiscales que se refieren al régimen especial de esa
comunidad autónoma. De esta manera, podemos
empezar a reconocer casos específicos en materia agrícola, en materia
forestal y en materia ganadera, y su tratamiento fiscal, en ese
régimen especial. Son igualmente importantes todos los acuerdos
adoptados en el Senado respecto a los límites de endeudamiento de las
haciendas locales y los adoptados en materia de competencia desleal
que se pueda ejercer desde Estados miembros de la Unión Europea.
Quiero salir al paso de algunas afirmaciones que se han hecho en
relación con la interpretación que se da a la modificación que la ley
de acompañamiento hace del sector energético. Señorías, no se trata
de hablar de una desaparición de los poderes públicos en el sector
energético. Se trata exactamente de todo lo contrario. No sé si
conocerán SS.SS. que algunas empresas del sector energético pueden
ser objeto en un futuro de algún tipo de OPA que pueda terminar con
la toma de una participación de su accionariado y que de alguna
manera haga pivotar decisiones políticas de esas empresas en países
extranjeros. Esa correspondencia, cuando se trata de tomar
participaciones en empresas extranjeras del mismo sector energético,
no existe en los casos de los países miembros europeos. Lo que el
Gobierno ha querido hacer ha sido precisamente blindar y limitar la
capacidad para que países que no mantienen correspondencia con
nosotros en materia de adquisición de participaciones en el sector
energético no puedan entrar a tomar esas participaciones en el sector
energético español, actuando de esa manera dentro con intereses
exteriores, que normalmente no coinciden con los intereses
nacionales. Quiero hacer esta referencia porque creo que la norma que
en esta materia ha aprobado el Senado blinda los intereses generales
españoles frente a algunos intereses particulares de empresas
competidoras europeas que no están precisamente haciendo un juego
limpio en lo que al sector energético se refiere.
Tengo que saludar, como lo han hecho los demás grupos parlamentarios,
el acuerdo que ha nacido desde la base sobre los corredores de
comercio y los notarios. Y no sé por qué algún grupo se ha extrañado
de que venga a esta ley. Cuando un acuerdo nace de la base de los
propios cuerpos y han sido ellos mismos los que han alcanzado de
manera autónoma este mecanismo o instrumento, creo que es bueno que
la ley lo ampare. Y también considero bueno el margen que da la ley
para la entrada en vigor de estos acuerdos.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor diputado, debe
terminar.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Voy terminando, señor presidente.
Pienso que son buenos los elementos que va fijando el articulado de
esta ley de acompañamiento para ir señalando los pasos sucesivos que
tendrán que dar estos cuerpos de notarios y de corredores para
alcanzar el cuerpo único.
En definitiva, señorías, estamos ante la aprobación de unos
presupuestos que claramente hacen avanzar a España en su integración
europea, que claramente consiguen que por primera vez en una
legislatura España haya registrado una bajada de impuestos, que
claramente apuestan por la compatibilización de los objetivos de
déficit y saneamiento de las cuentas públicas con el fortalecimiento
de las políticas sociales. Son unos presupuestos que han culminado,
como todos los presupuestos del Partido Popular, en que, año tras
año, más de 400.000 españoles hayan conseguido empleo. Estamos ante
esa política presupuestaria con la que, gracias a la estabilidad
política que nos dan los grupos que respaldan al Gobierno del Partido
Popular, hemos conseguido que esta legislatura haya sido una
legislatura que haya sustituido aquella inestabilidad, que no hacía
más que destruir empleo, por una política económica que genera
estabilidad, que crea empleo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Aguirre.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS
EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente
122/000295.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Vamos a pasar al tercer
punto del orden del día, proposición de ley orgánica sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.
En primer lugar, el Grupo Mixto. ¿Van a compartir turno? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Mercé Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, Iniciativa per Catalunya va a votar en contra de las
enmiendas del Senado por dos motivos fundamentales. Uno se refiere a
la forma en la que se ha producido todo el debate sobre esta ley de
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, y otro, al contenido. (El señor vicepresidente,
FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Ya tuvimos oportunidad de decir en el debate anterior que se produjo
en esta Cámara que el Partido Popular había demostrado un desprecio
absoluto al trabajo parlamentario. Ha sido una ponencia que no ha
sido rápida, una ponencia que ha trabajado 18 meses. Era ese el
momento en que se debía haber manifestado las discrepancias que había
en torno a los trabajos y a los avances que se iban haciendo con
relación a la ley. El Partido Popular ha callado durante 18 meses, el
Partido Popular sabía perfectamente qué era lo que se estaba
debatiendo y el Partido Popular ha manifestado un desprecio absoluto
no solamente al trabajo parlamentario sino, lo que es más importante,
a las expectativas que esta ley ha generado en muchas personas que
están en una situación de grandes penalidades en nuestro país y que
merecían del partido del Gobierno muchísimo más respeto y mucha más
consideración. Nosotros nos preguntamos si esta situación, si esta
burla se hubiese atrevido a hacerla el Partido Popular con los
poderosos. ¿Se hubiese atrevido a hacerlo con Telefónica? ¿La hubiera
tenido meses esperando para dar satisfacción a unos intereses? ¿Se
hubiese atrevido con las eléctricas? ¿Se hubiese atrevido con
aquellos grandes sectores económicos que dan apoyo al partido del
Gobierno? No. El Partido Popular solamente es fuerte con los débiles
de la sociedad. Y eso es algo que repugna a cualquier espíritu
democrático.
Es inaudito en esta Cámara que una ley que sale aprobada del Congreso
de los Diputados reciba del partido del Gobierno más de cien
enmiendas en el trámite del Senado. Esto ha sido una auténtica burla.
Además, han empleado durante todo este último mes -como decía el
manifiesto que ha sido suscrito por todas las ONG y por todos
aquellos colectivos que apoyan una legislación mucho mejor para los
inmigrantes- un discurso demagógico, un discurso alarmista y un
discurso xenófobo, que ha sido expresado por las más altas instancias
del Gobierno de la nación.
Quiero decirles, señorías, grupo que está apoyando al partido del
Gobierno, que no han contribuido a avanzar, a hacer pedagogía sobre
lo que significa la inmigración como un hecho positivo, como un hecho
enriquecedor. Ustedes, al contrario, están dando alas a las
posiciones más retrogradas y más xenófobas de nuestra sociedad. Lo
lamento muy profundamente, porque el consenso estuvo basado en una
lealtad entre los distintos grupos parlamentarios, en no hacer de
esta ley una lucha partidista. No hemos hecho de esta ley una lucha
partidista, en cambio, ahora mismo tengo la firme impresión de que
ustedes con esta ley están haciendo electoralismo, porque piensan que
algunos sectores más reaccionarios, que son los que les apoyan a
ustedes, estarán muy contentos pensando que ustedes han sido duros
con estas personas, a las que debemos manifestar desconfianza y en
alguna forma desprecio. Y repito que lo lamento mucho. Sé que esta no
es la postura de todo el Grupo Popular. He tenido la satisfacción de
compartir trabajo con dos diputados, una diputada y un diputado, que
han compartido los trabajos de ponencia, a los que yo saludo y
felicito, pero lastimosamente lo que pasa es que a veces estos
trabajos no salen adelante porque hay otros intereses que interfieren
y no son los intereses propios de los temas que se están tratando.
Han sido ustedes unos grandes irresponsables, señores del Grupo
Popular. Tengo que señalar también el papelón, el tremendo papelón,
de Convergència i Unió. ¿Cómo puede ser? Convergència i Unió sabía
tan bien como el Grupo Popular lo que estaba haciendo; han tenido un
excelente diputado, Carles Campuzano, que ha estado trabajando
durante los 18 meses. No podían decir que no sabían nada, lo sabían
de pe a pa. ¿Y por qué Convergència i Unió vota a favor del
procedimiento de urgencia y por qué Convergència
i Unió después se desmarca e intenta decir que va a suavizar lo que
dice el PP? No, señores de Convergència i Unió. Ustedes no tienen que
suavizar lo que dice el PP; sencillamente tenía que haber votado en
contra de las enmiendas del Partido Popular, porque esas enmiendas
rompían el consenso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Rivadulla, le ruego concluya.
La señora RIVADULLA GRACIA: Un minuto, señor presidente.
Un consenso muy delicadamente mantenido.
En cuanto al contenido, señorías, ya no puede ser peor. Y quiero
abrir un paréntesis. Esta diputada se ha leído muy a fondo la ley. He
estado presente en el trámite parlamentario de ponencia y me he leído
todas las enmiendas, todas las del PP y todas las transaccionales. Sé
exactamente qué es lo que estamos debatiendo y les digo que hemos
vuelto otra vez al espíritu de control y al espíritu de policía. No
hemos seguido por el camino de la integración social.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Rivadulla, S.S. debe concluir. Está compartiendo tiempo.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, le pediría un momentito
de benevolencia, porque siempre estamos en el Grupo Mixto en este
plan.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Benevolencia ya
se ha tenido, señora Rivadulla, y S.S. está compartiendo tiempo con
el resto de sus compañeros del grupo parlamentario. Por tanto, le
ruego termine a la máxima brevedad.
La señora RIVADULLA GRACIA: Termino diciendo, señorías, que estamos
contentos por la decisión de Coalición Canaria, decisión que no
entendemos, no la entendemos porque es un poco surrealista, pero que
felicitamos, porque en este momento va a permitir que salga aquella
ley que fue realmente votada por consenso de los miembros de esta
Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Rivadulla.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Todas las modificaciones introducidas en el Senado suponen una
pérdida de los derechos reconocidos inicialmente a todos los
extranjeros residentes en el Estado español, en el sentido de que
para el reconocimiento de los mismos se incluye la expresión «se
hallen legalmente en España», en contra del dictamen aprobado
inicialmente en el Congreso, en el cual el reconocimiento
de esos derechos abarcaba a todos los extranjeros que se
encontrasen en territorio español, con independencia de su situación
administrativa.
Las modificaciones introducidas por el Senado en esta ley, lejos de
ser meras cuestiones técnico-jurídicas, como avanzaba el portavoz del
Grupo Popular en el último debate del Congreso, en el que se aprobó
la ley, constituyen un auténtico cambio en la orientación política de
la misma. Sirva de ejemplo ilustrativo la nueva redacción del
artículo 3º del proyecto de ley. Ahora se titula: Derecho de los
extranjeros e interpretación de las normas, frente al título
anterior: Igualdad con los españoles e interpretación de las normas.
Frente a una expresa voluntad de equiparar los derechos fundamentales
de los residentes extranjeros en el Estado español con los
reconocidos a los españoles por la Constitución, lo que permitiría
una interpretación extensiva por parte de los tribunales de los
derechos que les reconoce esta ley, se pretende ahora que tengan unos
derechos fundamentales tasados por la ley, con lo que cualquier
pretensión de un extranjero de ver reconocidos derechos en el sentido
de lo plasmado en la ley inicial está prácticamente sometida a un
numerus clausus. Además, esto conlleva que se va a contravenir la más
reciente doctrina del Tribunal Constitucional, que en algunas
ocasiones y en algunas sentencias admitió la igualdad cuando se
ejerce el derecho de reunión, el derecho de asociación, a la libre
circulación, el derecho de defensa, la no expulsión sin audiencia del
juez, el derecho a la tutela judicial y así sucesivamente.
Por otra parte, se reducen los supuestos de reagrupamiento familiar
al suprimir las letras a) y f) del artículo 17, imposibilitando así
el reagrupamiento con familiares más lejanos en grado de parentesco,
aun concurriendo situaciones humanitarias que aconsejasen el permiso
de entrada en España para reunirse con familiares residentes
legalmente en el Estado español. También juzgamos negativamente las
enmiendas relativas a la situación de los extranjeros que actualmente
están ya dentro del Estado español. Con esta ley, tal como está, se
impedirá regularizar la situación de muchos inmigrantes hoy en el
Estado español, al no acogerse la posibilidad de regularizar en el
futuro la situación a partir de una estancia prolongada en el
territorio español debidamente acreditada. Finalmente, en cuanto a
las enmiendas introducidas, se incluye un régimen sancionador
durísimo, en el que destaca la tipificación como sanción muy grave
del transporte de inmigrantes ilegales por parte de compañías
marítimas, aéreas o terrestres -legales todas ellas-, al Estado
español, responsabilizándolas, además, de transportar a ese
extranjero al Estado de origen, al Estado de donde proviene. Al mismo
tiempo, se prevé como infracción muy grave el incumplimiento de esta
obligación. Todo esto supone una tremenda injusticia y mucho más en
el caso del transporte de refugiados políticos.
El Bloque Nacionalista Galego y Eusko Alkartasuna, por todo esto,
expresan su intención de voto negativo a la totalidad de las
enmiendas, puesto que si bien hay
alguna mejora de carácter técnico en el texto, en su globalidad se
alteró claramente el texto inicial aprobado por el Congreso, lo cual,
aunque permitiría escasamente regularizar y legalizar lo existente,
no constituye realmente el avance que todos desearíamos. Como tampoco
figura en la doctrina del Tribunal Constitucional, pensamos que
debemos mantener este voto negativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Rodríguez.
Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Los diputados de Nueva Izquierda vamos a votar en contra de las
enmiendas del Senado a la ley de extranjería, unas enmiendas que
significan la reintroducción de la arbitrariedad en las decisiones
sobre extranjería, la pérdida de derechos de los inmigrantes
considerándolos personas de distinta condición y clase que los que
viven regularmente en España y la vuelta a las expulsiones
automáticas sin capacidad de respuesta; es decir, la arbitrariedad
absoluta y la puesta en cuestión de la propia de la Ley de asilo.
Cuando a una persona que vive en un país se le considera un ser que
no es exactamente un ser humano igual al otro que vive en ese país,
si eso viene de una legislación nacida del Gobierno o del Parlamento,
es racismo institucional. Estas enmiendas del Senado querían volver
al racismo institucional. No lo van a conseguir porque hoy vamos a
aprobar el texto del Congreso y estas enmiendas no pasan. No pasan y,
afortunadamente, se va a restablecer el consenso político y social
que se obtuvo históricamente en esta Cámara en el trámite de la
primera lectura de esta proposición de ley. Por tanto, el de hoy va a
ser un triunfo de los inmigrantes, en primer lugar, de la gente que
emigra para poder vivir, para trabajar en otro país, para aportar lo
mejor de sí a otro país; va a ser un triunfo del Parlamento, porque
al Parlamento se le ha opuesto un Gobierno intentando romper lo que
fue trabajosamente conseguido aquí; y va a ser un triunfo de la
sociedad civil, de las organizaciones sociales y de los sindicatos,
que se han movilizado muy fuertemente demostrando la capacidad
solidaria que tiene esta sociedad.
El Gobierno, con la ayuda inestimable de Convergència i Unió, ha
menospreciado al Parlamento, ha menospreciado a los inmigrantes, ha
menospreciado a estas organizaciones sociales y sindicatos, ha
menospreciado la propia historia de España, un país de emigrantes. La
semana pasada, el presidente del Gobierno, señor Aznar, recibió una
carta de emigrantes españoles, entre ellos destacados dirigentes del
Partido Popular en América Latina, diciéndole que cómo era posible
entender que un país de emigrantes, de gente que había tenido
muchísimas dificultades cuando emigró, pudiera hacer desde su
Gobierno leyes de este estilo, involuciones del estilo de las
enmiendas que vienen del Senado.
Esta no es la ley que hubiéramos hecho los diputados de Nueva
Izquierda, pero es la ley a la que todos tuvimos que renunciar en
alguna medida para conseguir el consenso que se ha pretendido romper
en el Senado, siendo utilizada -incluso humillada- esa Cámara por el
Gobierno. Todos renunciamos a algo menos ustedes. Ustedes no querían
renunciar a nada. Ustedes han hecho lo peor de la política: firmar un
texto aquí, pedir la urgencia y boicotearlo luego en el trámite del
Senado; incluso engañar al Foro para la inmigración votando el
Gobierno en dicho foro y haciendo lo contrario a continuación con la
presentación de 112 enmiendas, que son enmiendas de ensañamiento más
que de agresión. ¿Qué ha hecho el Gobierno en este tiempo, en
dieciocho meses, cuando creía que no salía la ley? Electoralismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López
Garrido, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Y ahora, cuando ha visto que salía la ley, ha
seguido haciendo electoralismo confundiendo a la sociedad española
con gente que estaría a favor de ese racismo institucional y de esa
xenofobia.
Termino, señor presidente, con una expresión de alguien que estuvo en
esta Cámara hace unos días, un hombre de la cultura, un hombre de la
música, un hombre muy conocido, porque ha aportado mucho también a la
lucha por la solidaridad en este país. Joan Manuel Serrat estuvo aquí
hace unos días propugnando la defensa de los derechos de los
inmigrantes y la igualdad entre los seres humanos. En alguna de sus
canciones, Joan Manuel Serrat decía que hoy puede ser un gran día.
Bien, pues hoy va a ser un gran día porque este Parlamento va a
aprobar una ley consensuada política y socialmente en defensa de la
dignidad de los seres humanos y de los derechos humanos, que tienen
un carácter universal...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor López
Garrido, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Por encima de todo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el 1 de julio aprobábamos aquí, con el
consenso de toda la Cámara, el documento con la manifestación de la
Comisión de Asuntos Exteriores conmemorando el 50º aniversario de la
Declaración de los Derechos Humanos. Lo que aquí aprobamos referido a
la extranjería impregnó el espíritu de los ponentes de las
iniciativas legislativas de tres
fuerzas parlamentarias para dotar de derechos y libertades a los
extranjeros en España. Aquel espíritu llegó hasta la Comisión en un
consenso en aras del cual, para dar testimonio de unidad consensuada
y sin una fisura, incluso Coalición Canaria, que tenía enmiendas al
respecto, las retiró.
De aquí salió un texto camino del Senado y el que nos llega no tiene
absolutamente nada que ver, salvo alguna cuestión titular, con el que
salió de esta Cámara. El intento de criatura legislativa que mandamos
a la Alta Cámara vuelve como un mutante, en una mutación que ni
siquiera la genética es capaz de hacer en los seres vivos. A eso, a
ese mutante de la situación legislativa de consenso que salió de esta
Cámara, Coalición Canaria va a decir que no en todas y cada una de
sus enmiendas. ¿En razón de qué? En primer lugar, en razón de esa
identidad con los principios de los derechos humanos. No se puede
celebrar el 50º aniversario de su declaración aprobando un texto como
el que nos viene del Senado; sería de bochorno democrático. En
segundo lugar, en razón de una sintonía con los principios de la
ética democrática. La democracia no es solamente un procedimiento
formal; la democracia como idea está basada en los principios, y
Coalición Canaria trata de que en relación con el consenso, que
estuvo fundamentado no en un texto más o menos normativo y en una
regulación reglamentaria sino en principios inspiradores de una ética
democrática, recuperemos precisamente esos principios.
La democracia y las leyes no son solamente cuestión cuantitativa,
cuestión de cifras, sino cuestión de principios: el principio de la
solidaridad y el principio de la cooperación fundamentalmente. En
nuestra mecánica eso se expresa con el consenso democrático
parlamentario. Se han roto dos consensos, el parlamentario y el
social. Por ello Coalición Canaria, en la toma de decisiones
oportunas para visualizar una recuperación del hilo conductor de
conexión entre la Cámara que representa al pueblo, este Parlamento, y
la sociedad, preocupada, irritada o crispada, como hemos visto en las
calles y plazas de España en estos días pasados, ha buscado ese hilo
conductor con los inmigrantes que vienen aquí buscando un trabajo, un
salario, una dignidad, una coparticipación, y lo ha hecho encontrando
unos interlocutores en los sindicatos, fundamentalmente UGT y
Comisiones Obreras, y en las organizaciones no gubernamentales, las
ONG, a los que yo quiero hoy, desde la tribuna, en nombre de
Coalición Canaria, rendir un tributo de reconocimiento, de que han
estado a la altura de las circunstancias al tenernos que recordar,
por si alguien lo olvidaba, los principios democráticos que inspiran
precisamente nuestra Norma Fundamental, la Constitución española. Esa
es la razón que nos mueve, por tanto, para no desvirtuar ni consenso
ni principios ni fundamentos en la defensa de los principios de los
derechos humanos y de la solidaridad con todos, llamémosle como le
llamemos, caridad o justicia social, según para donde estén
inclinadas nuestras creencias espirituales, y para que no se nos
encallezca el
alma y el espíritu. No debemos encallecernos, precisamente porque los
callos no deben estar en la sensibilidad democrática cuando nos llega
más bien una norma reglamentaria de un Ministerio del Interior, que
es lo que inspira, y me consta, principios democráticos, que siempre
el Gobierno y nosotros, en sintonía de socios colaboradores, hemos
defendido y como instancias el propio Gobierno también había
postulado y apostado por delante, porque tiempo tiene cualquier
ministro del Interior para hacer cualquier reglamento de policía de
fronteras respetando derechos humanos y leyes salidas de este
Parlamento.
Nosotros nos sentimos hoy satisfechos de contraer este compromiso
ante la Cámara. Creo que es un buen día, un feliz día, un día de
Navidad, un día que cierra el año del 50.o aniversario de la
Declaración de los Derechos Humanos, un día de alegría para el pueblo
español, que se puede encontrar con una lotería económica de
beneficios -y lo va a celebrar-, como también se encuentra la
ciudadanía satisfecha de que el terrorismo no haya podido ejercer su
maldita acción criminal, y rendimos homenaje a la Guardia Civil, que
hoy se ha vuelto a ganar el merecido título de benemérito instituto
al detener el intento de un comando asesino.
También tiene que ser hoy un día bueno y de satisfacción para que
miles de personas en España, acogidas a la caridad muchas veces de
los ciudadanos a través de las ONG, puedan vivir con dignidad en
nuestro país y dejar de ser unos sin papeles, porque una democracia
debe de avergonzarse de tener en su seno territorial gente sin
papeles y que se les pueda considerar, no siéndolo, delincuentes.
Este es el motivo de satisfacción que mi grupo pide a la Cámara que
le demos también a los que han manifestado toda su intensidad
dramática y de crispación, nos vengan de un continente o de otro.
Nosotros en Canarias conocemos perfectamente la sensibilidad de la
emigración, porque juntamente con Galicia, País Vasco, Andalucía y
Extremadura hemos sido a lo largo de la historia, lamentablemente o
también para fortuna de ellos, países que han mandado a sus
emigrantes allí, y hoy día tenemos que hacer esa recuperación. Desde
Canarias recordamos la desgracia de Venezuela, donde ni siquiera
tienen los medios físicos o económicos de huir de su miseria llegando
en pateras a España. El Atlántico no se pasa en patera. Vamos a
brindarles que lo puedan pasar con la dignidad de una ley que
reconoce derechos orgánicos fundamentalmente a todos los ciudadanos.
Esa es, precisamente, la conexión con esa sociedad, porque debe haber
consenso parlamentario pero también social. Hay que tener esa
conexión con la inquietud con la que nos ha hablado en estos días la
calle, por si a alguien los callos de la conciencia se la habían
atrofiado. Ese es fundamentalmente un mensaje de dignidad. Nosotros,
señorías, queremos ser consecuentes con esta postura y definirnos.
Por esa razón, vuelvo a repetir que Coalición Canaria va a votar en
contra de todas las enmiendas que nos llegan de la Alta Cámara,
porque son enmiendas que no solamente recortan derechos admi
nistrativos
o fundamentales, sino que recortan principios de la dignidad humana.
Por eso vamos a votar a todas que no, para no generar una figura de
mutación totalmente contraria al espíritu que había surgido con gran
fortuna en esta Cámara.
Si terminamos esta legislatura después de debatir las prosaicas
enmiendas, necesarias para la gobernabilidad, a la ley de
presupuestos, estamos votando ahora aquí los principios intangibles
de los presupuestos de la dignidad, de la democracia y del derecho
humano a una vida digna. Esos son los principios que como no se
pueden cuantificar, son tan valiosos cualitativamente que nos tienen
que llevar hoy a un pronunciamiento político. No en vano la inquietud
que han reflejado todos los medios sociales ha trasladado este
mensaje. Hoy hacemos esta votación y este debate, fíjense ustedes,
nada más y nada menos que ante una Ley de Presupuestos Generales del
Estado y la que le acompaña, para decir que esta Cámara también tiene
una dignidad, incluso procedimental, porque no hay manera lógica,
sensata y decente de explicar que un proyecto de ley de 63 artículos
reciba 112 enmiendas en la Alta Cámara. Algo mal debe haber en ese
procedimiento. Corríjase.
Nosotros, como nos decía un líder sindical en estos días, no queremos
la derrota de nadie, de ningún gobierno ni de ningún grupo
parlamentario. Queremos la victoria hoy de la dignidad humana y de
sus derechos, porque la democracia está obligada a comprometerse con
ella. Coalición Canaria pide el voto de rechazo a estas enmiendas en
la parte orgánica que queda de la ley, la que salió de esta Cámara,
con plena responsabilidad y soberanía de todos los grupos, porque el
consenso fue -y este Congreso es testigo a través de su «Diario de
Sesiones»- de todo el hemiciclo parlamentario. Por esa razón llamo a
la conciencia de SS.SS. a hacer esta votación política pura en el
mejor sentido de dignidad de la palabra.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el día 25 de noviembre en esta Cámara concluía yo mi
intervención manifestando el deseo del Grupo Vasco de que pudiese
aprobarse la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su
integración social y nuestra disposición para negociar modificaciones
en el Senado, siempre que se conservase la esencia de lo aprobado en
esta Cámara. No ha habido negociación alguna, al menos con el grupo
al que yo represento, ni intento de ella, y el número de enmiendas
presentadas, 112, que afectan a 56 de los 77 artículos, hace patente
que no podemos estar hablando del mismo texto normativo. No se trata,
por tanto, como decía el
portavoz de esta ley en el Senado, de que se pretendan petrificar los
textos aprobados en el Congreso, sino de que realmente 112 enmiendas
que afectan a 56 de 77 artículos van más allá de las posibilidades de
segunda lectura que se reserva a la Alta Cámara.
Decía yo también en mi intervención que el hilo fundamental de
nuestra postura ante una regulación de extranjería era la tutela de
derechos y libertades, y así se evidenciaba en las enmiendas
presentadas a las iniciales proposiciones en las que pretendíamos la
mayor amplitud en el reconocimiento de los derechos contenidos en los
artículos 14 a 29 de la Constitución, sin más restricciones que las
recogidas en el artículo 11.1 del Convenio de Derechos Humanos, y se
ha metido en el Senado una importante tijera. No basta decir, como
hace el punto 3 nuevo del artículo 3, que el criterio interpretativo
es entender que los extranjeros ejercitan los derechos que les
reconoce esta ley en condiciones de igualdad con los españoles, si
luego se toca su derecho a la libre circulación, se limita su derecho
a la participación política más allá de lo constitucionalmente
previsto, se recortan las libertades de reunión y manifestación, y el
derecho de asociación sólo se le reconoce a quien se encuentre
legalmente en España. Es curioso que no se permita asociarse a los
sin papeles, a los más indefensos y más necesitados del apoyo de un
grupo, y mientras esto se hace nos encontremos con que en España en
los cuatro últimos años se ha multiplicado por cinco el número de
asociaciones de índole xenófoba, de raíz neonazi, que reiteradamente
denuncian entidades tan serias como el Movimiento contra la
Intolerancia, sin que sepamos de ninguna actuación, proactiva ni
reactiva, por utilizar la jerga policial al uso, respecto de ellas.
Se ha calificado el texto del Congreso de ley coladero, provocadora
del efecto llamada. También las enmiendas del Senado pueden ser
ingeniosa y descriptivamente calificadas porque a nosotros nos parece
que son las propias de una ley fortaleza o, como las denominaba un
columnista de El Mundo, enmiendas de alambrada, muy poco presentables
para un partido que, según manifiesta, pretende arrebatar las
banderas sociales a la izquierda.
No pretendo desbrozar enmienda a enmienda al texto aprobado por el
Senado, porque sin duda agotaría no este Pleno sino la legislatura,
pero sí puedo parar en algún retoque muy poco subliminal que se hace
en la parte referida a infracciones y sanciones. Según la acertada
denuncia que hace Amnistía Internacional, se pretende introducir bajo
la apariencia de establecer un sistema de multas a las empresas que
transportan ilegalmente extranjeros, pero con ello lo que se hace es
nada más y nada menos que alterar el derecho de asilo, pese a alguna
coletilla paliativa que se incorpora. No es esta la primera vez que
se intenta. El Ministerio del Interior pretendió introducirlo ya en
la Ley de acompañamiento a los presupuestos para el año 1997 y fue
enmendado por nuestro grupo consiguiendo su supresión, ya que
entonces el Consejo de Estado advertía de
la necesidad de que se regulase esta materia por ley orgánica, además
de la posible dificultad de admitir que potestades públicas, como es
la de decidir si se otorga o no asilo, queden inicialmente en manos
de entes privados, como son las empresas del transporte. Esto viola
nuestra propia Ley de asilo, el Estatuto de Refugiados del año 1951 y
el Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional, como sin
duda los señores portavoces han leído en el informe que Amnistía
Internacional, a quien ya he citado, referido a los artículos 50 h),
50 i), y 59 bis, nos ha dirigido a todos los portavoces de los
grupos.
Aunque se haya renunciado a ello como argumento, me es imposible no
referirme a las actitudes del grupo mayoritario, ayudado en esto por
Convergència i Unió, grupo al que por cierto le gustaba la
proposición inicialmente presentada por ellos, le gustaba también el
texto aprobado por este Congreso y se consideraba más padre que nadie
del mismo y, finalmente, también les he oído comentarios ciertamente
elogiosos respecto de lo aprobado en el Senado, siendo los tres
absolutamente distintos, con una capacidad de adaptación que a mí y a
mi grupo nos resulta pasmosa. Pero iba a la organicidad o no como
posible barricada en la que parapetarse para no perder las votaciones
en este trámite final, con la que se nos deleitó como noticia última
el pasado viernes.
El texto aprobado por el Congreso tiene un expreso precepto sobre
esta cuestión que mi grupo solicitó que se introdujese en ponencia y
que tuvo el apoyo de todos, al objeto de separar los títulos
competenciales o las potestades ejercitadas por el Estado en materia
de derechos fundamentales y en materia de principios rectores de la
política social y económica, que sólo en una mínima parte ha sido
matizado en el texto de Senado. Una vez aprobada esta enmienda ya no
se podía alterar lo que era competencia exclusiva del Congreso -ni
siquiera cabría lo que se da en llamar un texto de armonía- y hacía
imposible eludir la votación de totalidad que exige el artículo 81 de
la Constitución. Seguir por ahí hubiese sido un fraude, no ya al
Reglamento sino a la propia Constitución. Se reculó, pero demuestra
una actitud poco escrupulosa en quienes se atribuyen casi el
monopolio en actuar con respecto al marco y dentro de él y luego
especulan con triquiñuelas en el proceso legislativo para burlar un
efecto que no les satisface.
En el proceso legislativo, regido sin duda alguna por normas, también
es de aplicación la institución del abuso del derecho y del fraude de
ley, que, como todos ustedes conocen, consiste en buscar por caminos
aparentemente legítimos un fin que no lo es. Desde luego la meta del
intento fallido no era, o no lo parecía, garantizar la pulcritud del
sistema de fuentes, sino sacar adelante como fuera una norma legal.
En mi intervención del 25 de noviembre aludí a los denostados
miembros de la ponencia del Congreso, tachados de incompetentes o de
indocumentados, y creo que les defendí poniendo como parámetro de
competencia o de pericia la exhibida y derrochada por el Gobierno en
la tramitación
de esta norma. Reitero para todos mi reconocimiento y afecto por
el trabajo tan agradable en equipo que efectuamos y quiero referirme
a dos de ellos que, con absoluta seguridad, abandonan para la próxima
legislatura la actividad parlamentaria: doña Matilde Fernández y don
Pablo Castellano. Se nos tachó de progres por el presidente del
Gobierno y más diplomáticamente de idealistas por el presidente de la
Cámara. Ni a ellos sin duda ni a mí nos molesta que se nos tenga por
partidarios del progreso ni por poseedores de ideales. Ha sido un
placer y un honor trabajar con personas de tal talla personal y
política.
En cuanto al idealismo, un apunte más. Cierto es que el legislador ha
de tener los pies en la tierra, pero hay materias, como es esta de
tutela de derechos y libertades, en las que, desde nuestra
perspectiva de partido, existe la obligación de abrir caminos, de
reafirmar las actitudes personales, y un cierto idealismo, por
supuesto que en la proporción debida, debe formar parte de las normas
que lo regulan. Las leyes en esta materia tienen que ser coherentes
con la realidad, pero internacionalizar los derechos humanos exige
arriesgar y obligar a los poderes públicos más allá de lo que
aparentemente pueden permitirse, y las enmiendas aprobadas por el
Senado son en este sentido modestísimas y timoratas.
Ayer por la tarde, en la presentación del libro que recoge el informe
de la subcomisión creada con motivo del 50.o aniversario de la
Declaración de Derechos Humanos, el presidente de la Cámara, que va a
tener por cierto que concederse un turno por alusiones como le siga
citando, manifestaba su satisfacción por concluir la legislatura con
la presentación de un texto que recoge la pauta del respeto a los
derechos humanos como norte de la política exterior española. Pensé
al escucharle que ojalá ese respeto y tutela se proyectase respecto
de los extranjeros ad intra, cualquiera que fuese su origen y su
situación.
Señorías, concluyo. Entre las 112 enmiendas presentadas por el Senado
y las transacciones varias a que se ha llegado faltaba una
fundamental desde nuestra óptica: la enmienda al título de la ley. Si
este debe ser expresivo de los contenidos en toda norma, debió, si
quería alterarse el mismo, sustituirse el título; ya no cabría hablar
de derechos y libertades de los extranjeros como si estos se
proclamasen sin más, sino que quizá habría que hablar de delimitación
de derechos, ya que se matizan, perfilan y recortan respecto al
contenido de lo que es su núcleo esencial consolidado, y desde luego,
a nuestro juicio, lo de reinserción social, de aprobarse el texto del
Senado, debía desaparecer, puesto que lo aprobado ni lo busca ni
tiene la virtualidad de provocarlo, ya que se han primado los
criterios de policía y de seguridad sobre los de integración social.
Mi grupo quiere volver al texto del Congreso y en tal sentido emitirá
su voto y se felicitará si así se consigue.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Finaliza esta mañana, en esta última sesión de la legislatura, una
larga tramitación parlamentaria de reforma de la vigente Ley de
extranjería, y lo hace en un evidente ambiente de perplejidad, con el
fin del consenso parlamentario que caracterizó los trabajos de esta
Cámara, y con la generación de un debate social sobre el entorno de
la inmigración que ha levantado muchos de los miedos que tiene
nuestra sociedad en relación a este fenómeno. Hemos abierto,
entiendo, la caja de Pandora.
A inicios de esta legislatura Convergència i Unió y otros grupos de
esta Cámara impulsamos diversas iniciativas orientadas a modificar el
marco legislativo existente en España desde 1985. Entendíamos
entonces que esta nueva ley de inmigración había de ser una ley
orientada hacia la integración, hacia la convivencia y hacia la
igualdad de los derechos y de los deberes de todos los ciudadanos,
hacia la estabilidad en la situación administrativa de los
inmigrantes, con el compromiso de las administraciones públicas en el
desarrollo de políticas en esta materia, en la mejora de los
instrumentos de lucha contra las mafias y en el control ordenado de
los flujos migratorios. Entendíamos que el consenso era tan básico
como el contenido de la propia ley. Por eso tomamos en consideración
no tan sólo nuestra proposición de ley sino también la de Iniciativa
per Catalunya y la de Izquierda Unida, y por eso también el mecanismo
parlamentario por el que optamos fue el de una ponencia abierta,
sobre la base de una enmienda a la totalidad del Partido Socialista y
de las enmiendas del PNV y del Grupo Popular, teniendo como
referencia la Ley de 1985 y el reglamento del año 1996. Además lo
hicimos entendiendo que con relación a la inmigración todos habíamos
de desarrollar un discurso público pedagógico, positivo y realista, y
creo que se consiguió. Se consiguió un texto de consenso, que
respondía a aquellos principios, y todos desarrollamos ese discurso
público, pedagógico, positivo y realista ante el fenómeno de la
inmigración. Fue mérito de todos y cada uno de los ponentes en esta
tramitación, muy especialmente del ponente del Grupo Popular.
Creo que hicimos un buen texto, seguramente mejorable en términos
técnicos y necesitado de una mayor precisión en determinados
conceptos, creo que eso nadie en esta Cámara lo duda ni nadie en la
calle que se haya leído el texto salido del Congreso tampoco, pero el
consenso se rompió y se rompió antes de la sesión del 25 de noviembre
de este año -todos sabemos quién lo hizo-; se rompió en relación al
contenido, en relación al estilo y en relación al discurso. El
consenso que había funcionado hasta entonces se
demostró un consenso virtual y es evidente que este fue un acto de
irresponsabilidad política y social. ¿Cuál ha sido y cuál fue nuestra
actitud desde antes del 25 de noviembre? En primer lugar, la de
garantizar que llegásemos a esta sesión y que en esta legislatura
hubiera una nueva ley de emigración; en segundo lugar, trabajar en el
trámite del Senado para salvaguardar los mínimos que constituían el
nuevo texto aprobado en el Congreso y, en tercer lugar, crear
espacios para recuperar el consenso parlamentario y el consenso
social. Yo creo que en relación al primer punto, garantizamos que en
esta legislatura hubiese nueva ley y entendemos que la votación de la
urgencia fue clave en este sentido. En segundo lugar, hicimos un
esfuerzo, con un coste público más que evidente, para evitar que las
enmiendas que el Grupo Popular introducía en el Senado supusieran un
retroceso brutal en relación a lo aprobado por el Congreso, y creo
que el texto que hoy nos llega supera amplísimamente la Ley de 1985 y
supera también la reforma encubierta a través del reglamento de 1996
-y me remito simplemente a una lectura de estos textos-, pero es
evidente que no conseguimos recuperar el consenso que justificaba
nuestra voluntad.
Los esfuerzos que nuestro portavoz, el señor López de Lerma, ha
realizado en estas últimas semanas de diálogo con el Gobierno, pero
también con el resto de los grupos, se han demostrado insuficientes y
no por nuestra responsabilidad. El Gobierno y los grupos de la
oposición deberían haber hecho más para llegar a ese consenso, pero
es evidente que no lo hemos logrado. Hoy no se le puede exigir más
responsabilidad a Convergència i Unió, nadie nos puede exigir más
responsabilidad porque, entre todos, no lo podíamos haber hecho peor.
Hoy nuestra coherencia nos obliga a retornar al espacio donde es
posible el consenso, donde llega el límite de nuestra propia
coherencia, por tanto, nosotros no podemos votar favorablemente las
enmiendas que del Senado.
Discrepo del amigo Mardones. Creo que hoy no es un buen día, hoy
hemos cerrado en falso este debate y este proceso. Va a nacer esta
ley con la oposición de casi la mitad de la Cámara, va a nacer esta
ley con la oposición del actual Gobierno, va a nacer esta ley ante
una opinión pública desinformada, con los tópicos más negativos sobre
el fenómeno de la emigración en el ambiente y sin habernos esforzado
en este último mes en hacer ningún tipo de pedagogía. Hemos cerrado
en falso este debate. ¿Nos queda alguna esperanza hacia el futuro más
inmediato? Creo que sí. Nos queda la esperanza de ser capaces de
afrontar de manera racional este proceso en el contexto de la Unión
Europea y de posicionarnos desde el Estado español en un momento en
el que la Unión Europea, los próximos cinco o seis años, avanzará en
la convergencia real en esta materia. ¿Cuáles van a ser nuestras
posiciones en este debate? Nos va a quedar una ley que va a ser
buena, veremos qué gobierno la aplica y cómo, y vamos a ver si en la
siguiente legislatura nos vamos a atrever a modificar esta ley.
Nosotros tenemos la esperanza, quizás ingenua,
de ser capaces de sacar del debate partidista y electoral esta
cuestión en la próxima campaña electoral. No creo que la pedagogía en
esta materia nos lleve a todos a buscar el simple desgaste electoral.
Espero que todos seamos suficientemente responsables. Nuestra
voluntad con esta ley y en la siguiente legislatura va a ser la de
continuar trabajando por una sociedad abierta, integradora y
cohesionada, entendiendo que hemos superado la Ley de 1985 y la
reforma de 1996, pero que todas las cuestiones de fondo quedan aún
pendientes. Esperamos que todos tengamos suerte.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero empezar mi intervención, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, dando las gracias al Grupo Parlamentario
Popular por el respeto con que nos ha tratado a lo largo de este
trámite final desde que salió aprobada por unanimidad la Ley de
derechos y libertades de los extranjeros en España para su
integración hasta el día de la fecha, porque ha tenido un respeto y
una amabilidad que tienen que ponerse de manifiesto al no haber
intentado negociar con nosotros, bajo ningún concepto, ni una sola
enmienda. Hemos de entender que lo ha hecho por el respeto a nuestras
posiciones, sabiendo que no somos un junco que se mueve a expensas
del viento y que cuando sube a la tribuna un parlamentario de
Izquierda Unida y dice algo en nombre de su grupo, no hay fuerza
material ni ninguna clase de dádivas u ofrecimientos que le vayan
hacer cambiar de opinión. Ese reconocimiento por parte de ustedes
hacia una determinada integridad, tiene que ser puesto de manifiesto
y yo no tengo el menor inconveniente en resaltarlo y, además,
agradecérselo.
En segundo lugar, quiero aclarar, porque me parece que hubo unas
manifestaciones del presidente del Gobierno -yo pude haber cometido
una descortesía al hacerlo así- en las que rechazaba que esta ley se
presentara como un test entre progresistas o reaccionarios, que lo
dejo inmediatamente retirado hasta del «Diario de Sesiones». Bajo
ningún concepto vamos a subir a la tribuna a darle lecciones a nadie.
Ahora bien, si no gusta esa división entre progresistas y
reaccionarios, deberán ustedes aceptar, a la luz de las enmiendas que
han introducido en el Senado, que sí ha quedado clara una situación:
el respeto o la falta de respeto a la Constitución. Eso sí tiene que
quedar claro. No le vamos a colocar ninguna clase de adjetivos más,
pero vamos a dejar eso claro. Es más, vamos a dejar también claro
-aquí algunos se atribuyen el papel de paladines de la Europa
occidental, católica y civilizada y enarbolan las resoluciones
del Consejo Europeo de Tampere para nadie sabe qué objetivos lograr-
si se están sujetando a ella.
Esta ley ha tenido tal grado de provocación -en el mejor sentido de
la expresión-, de discusión y crítica en la mayoría de las
instituciones que, recientemente, se han celebrado unas jornadas
sobre los problemas de la emigración por parte de dos instituciones:
una de ellas harto sospechosa, la delegación en España de la Comisión
Europea, que debe ser sospechosísima de tentaciones de carácter
absolutamente disolventes, debe estar casi al borde de poner en
peligro la Unión Europea; y, otra, la Fundación Friedrich Ebert. Y
por fin, porque no hay más que saber esperar porque las cosas llegan,
en ese debate algunos tuvimos la ocasión de poder tener en nuestra
mano ni más ni menos que las conclusiones del Consejo Europeo de
Tampere. Se había hablado tanto de Tampere que, después de conocer
estas conclusiones, habrá que decirles a los señores del Grupo
Popular: No volváis a invocar el nombre de Tampere en vano; no lo
volváis a invocar. Yo me temo muy mucho que no lo habéis leído, me
temo que no lo habéis leído. No tengo la menor intención de dar
ninguna clase de lección pero, por si acaso ello contribuyera a que
en el momento final, aparte de un serio arrepentimiento, hubiere
propósito de enmienda, hay algunas frases cuya importancia hay que
resaltar. Entre otras cosas, dice esa conferencia que la integración
europea ha estado firmemente enraizada en un compromiso compartido de
libertad, sustentado en los derechos humanos, en instituciones
democráticas y en el Estado de derecho. Yo creo que no hay nadie en
esta Cámara que no lo suscriba. No hay nadie en esta Cámara que no
suscriba que esta libertad no debería considerarse dominio exclusivo
de los ciudadanos de la Unión, su propia existencia ejerce un poder
de atracción para muchos otros ciudadanos de todo el mundo que no
pueden gozar de la libertad que los ciudadanos de la Unión dan por
descontada y, en consecuencia, se ha de hacer lo necesario para dar
garantías a las personas que buscan protección en la Unión Europea o
tratan de entrar en ella. En Tampere, esa Europa de la que a veces
hablamos, había un anhelo, había un latido de progreso en la
protección de los derechos humanos, de la seguridad jurídica, de
creación de ámbitos; no lo que llaman desde la perspectiva del
eurocentrismo, sino como foco que va irradiando la posibilidad de que
muchas gentes encuentren la dignidad que en otros sitios se les
niega. A mí me gustaría que no se argumentara como pretexto el
Consejo Europeo de Tampere para llevar a cabo una obra que,
sinceramente, no tiene la menor justificación.
No voy a repetir lo que, en nombre de mi grupo, dije ya en el último
discurso. Voy a hacer sólo un recordatorio para reiterarlo. Esta es
una ley de desarrollo constitucional. La Ley de derechos y libertades
de los extranjeros en España no es una mera ley de extranjería; en su
día hubo una ley de extranjería, la dinámica impone otros
planteamientos y, como tal ley de desarrollo constitucional, le
tenemos que pedir un enorme
respeto a la Constitución. La Constitución, queridos amigos, no se
puede entender con el carácter reduccionista con que se entiende en
la enmienda que se introduce en el Senado al artículo 3, diciendo
pura y simplemente que servirá como criterio interpretativo. La
Constitución no es un criterio interpretativo. La Constitución es
pura y simplemente la regla máxima a la luz de la cual no sólo se
interpreta, sino que rige y juzga la acción de los ciudadanos y de
los poderes públicos. No se puede, porque es una equivocación muy
seria, invocar el derecho de reciprocidad para el reconocimiento de
los derechos humanos. Los derechos humanos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos se reconocen no para que los Estados
los administren, y si en un sitio se les niegan los derechos humanos
a los ciudadanos, se toma la represalia de negárselos a aquellos que
proceden de aquel lugar. Esto es absolutamente aberrante. El tratado
internacional con sujetos Estados podrá invocar la reciprocidad, a lo
mejor, para regular las fronteras y para otra clase de temas, pero
jamás, en una concepción mínimamente clara de los derechos humanos,
se puede pretextar que como los chinos, por ejemplo, no respetan en
exceso los derechos humanos, ni de los chinos ni de las personas que
allí pueda haber, nosotros aquí, a los que puedan venir y tengan esa
nacionalidad, no se los respetamos. Eso no se puede decir. En
derecho, la reciprocidad es otro concepto. Les estoy diciendo esto a
ustedes, sin entrar en otras consideraciones más que las estrictas
políticas, para que vean incluso cómo las enmiendas del Senado
carecen de rigor científico y técnico. No se puede decir, en cuanto
al derecho de reunión, de asociación o a la educación, que a estos
derechos sólo tienen acceso los que se hallan legalmente en España,
porque cojan ustedes los artículos 21, 22 y 27 de la Constitución y
se encontrarán con que nuestra Constitución no dice los que se hallen
legalmente; dice todos, las personas, los seres humanos, porque esta
es la filosofía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Cuando ustedes restringen el derecho de asociación, restringen el
derecho de reunión, restringen el derecho de manifestación
o cualquier otro, están pisoteando la Constitución.
Podemos ponernos todos de acuerdo también con Tampere en una acción
conjugada para impedir la entrada ilegal en España y podemos hacer
todos los esfuerzos que ustedes quieran para evitar que, so pretexto
de la entrada ilegal, pueda haber mafias que se enriquezcan. Ahora
bien, una vez que un ciudadano está paseando por cualquiera de
nuestras tierras, ese ciudadano, por razón de ser de la conquista de
la humanidad, no por derecho natural, por el progreso de la ciencia y
de la humanidad, es poseedor de unos derechos humanos que están por
encima de las situaciones administrativas. No cometan el error de
seguir empecinándose en esta línea. Y sobre todo, por favor, porque
la Constitución también lo proclama, no pueden ustedes decir que la
tutela judicial de cualquier persona, con arreglo a la Declaración
Universal de
Derechos Humanos, puede depender de estar o no estar aquí. La tutela
judicial es un derecho conquistado por los países civilizados y es
uno de los requisitos fundamentales para medir un Estado democrático.
Seguir analizando enmienda por enmienda no puede conducir ya a nada
porque están ustedes empecinados en una actitud tras de la cual lo
que subyace es algo muy grave: prefieren un clima de inseguridad
jurídica, prefieren la política de las manos libres a la política de
las facultades de organización absolutamente regladas. Y se equivocan
ustedes muy seriamente en ello, se equivocan porque eso no va a
conducir a profundizar o fortalecer el Estado de derecho. Esa clase
de tentación y decir: quiero quedarme con las manos libres y
sustituir a lo largo de toda la ley la expresión «deberá» o «tendrá»
por la de «pondrá», acabará cayendo sobre nuestras costillas. ¿Por
qué?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, le ruego que concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Porque lo que no queremos para los
demás no lo debemos querer para nosotros. Yo les ruego, dado que
todavía están a tiempo, que abandonen esa actitud.
Les voy a decir algo que me parece todavía más grave respecto del
artículo 41. En el artículo 41 decíamos algo que tenía una enorme
razón de ser: Las administraciones públicas vigilarán las condiciones
de vivienda e higiene de los trabajadores y sancionarán si no se
cumple. Hasta esto han eliminado ustedes de la ley; han eliminado las
pocas obligaciones que poníamos en la ley para las administraciones
públicas, de acuerdo con el artículo 9 de la Constitución, que dice
que los poderes públicos tienen que evitar toda situación de
discriminación que impida la libertad e igualdad de los seres humanos
y de los colectivos, y promover y favorecer condiciones que produzcan
precisamente lo contrario. Pues bien, hasta eso han eliminado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, le ruego que concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy a acabar en seguida, señor
presidente, pero perdóneme usted que me exceda porque le tengo que
agradecer al destino que ésta, la última vez que hablo en esta
Cámara, verse sobre un tema relacionado con los derechos humanos;
comprenderá usted que, por ello, a lo mejor abuso de su amabilidad
como no he abusado en otras ocasiones. Es un honor para mí acabar mi
vida parlamentaria con una ley de estas características y, por ello,
a lo mejor pongo demasiado empeño en tratar de convencerles.
En todo caso, sí les digo a ustedes que, en política, el delito es
absolutamente repudiable; ahora bien, el error es mucho peor. El
delito puede tener determinadas razones, incluso a lo mejor se puede
justificar por
la pasión o por cualquier otra causa de la naturaleza, pero el error,
cuando se está en condiciones de no cometerlo, es mucho más grave.
Hoy, el Partido Popular, hacia el cual mi grupo -como hacia cualquier
otra fuerza política- hace patente su respeto, está cometiendo un
grave error. Nosotros no nos queremos aprovechar, ni electoral ni no
electoralmente, de un error del Partido Popular, nos importa mucho
más el contenido de las leyes. A nosotros nos gustaría que el Partido
Popular -y ganaría con ello-, en vez de mantenerse en el sostenella,
variara de actitud, hiciera una seria consideración para que ese
consenso del que tanto se ha hablado respalde una ley de esta
importancia, que nos enorgullece a todos. Piénsenselo. Yo recuerdo
-perdóneme, señor presidente- una discusión en esta Cámara en la que
el Partido Popular -no se llamaba así, sino UCD-, cuando se discutía
un tema tan importante como era la pena de muerte, dividió su voto;
algunos de sus miembros votaron en conciencia a favor de su
eliminación en el Código de Justicia Militar. Aquel día, esos que
votaron a favor de la eliminación de la pena de muerte y provocaron
una discusión no fueron traidores a su ideario ni al partido, sino
absolutamente responsables con la función que aquí nos trae a todos y
a la que estamos obligados a servir. No antepongan intereses de
partido a cosas que en estos momentos están latiendo en el fondo de
su alma, porque luego irán diciendo por los pasillos: yo no lo
hubiera hecho. Tienen una ocasión de oro para deshacer un entuerto
del que les queremos sacar para alegría de todos nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a empezar mi intervención
contestando al señor De Grandes, que fue el último que intervino al
respecto en esta Cámara, hace poco más o menos un mes.
Sinceramente, creo que el señor De Grandes se quedó sin argumentos en
función de las intervenciones del resto de los grupos, pero dejó en
sus palabras uno al que no pudimos responder. Dijo: Señores del PSOE,
qué incoherencia que en 1995 ustedes no apoyaran un proyecto de ley
que presentó en la Cámara Izquierda Unida. ¿Se acuerda, señor De
Grandes? Entonces, yo, aunque no me gusta demasiado mirar para atrás
-miro lo justo para saber dónde estamos y poder dibujar el futuro,
que es lo que me enseñaron-, fui a los «Diarios de Sesiones» y
encontré que la posición favorable a la propuesta de Izquierda Unida
en el año 1995 fue sólo de Izquierda Unida y de Coalición Canaria;
ustedes se abstuvieron. Y se votó en contra o hubo abstenciones
porque el argumento de fondo era que en ese momento
se estaba terminando de negociar un nuevo reglamento, pactado con
las ONG -«Diario de Sesiones». Ahí arriba, en las tribunas, están
muchas de las ONG que estuvieron en esa negociación. Por cierto, uno
de los motivos para cambiar esa ley era que ese reglamento era un
intento de ley que, por final de legislatura, se veía difícil
consensuar, y se hizo lo que se pudo. Como yo he dicho en esta Cámara
y en la Comisión al redactar la ley, ese era un reglamento que los
constitucionalistas nos decían que hiciéramos ley porque casi estaba
vulnerando la Ley de 1985. Pero yo seguí los argumentos. Una diputada
del PP, a quien yo respeto, que intervino en ese momento, dijo cosas
como que del texto de Izquierda Unida le parecía mal que se podían
quedar algunas denegaciones de visados sin justificar, sin argumentar
-fíjense que ustedes ahora, en las enmiendas del Senado, lo intentan
cambiar-; por otro lado, argumentaban que había que exigir recursos
económicos a los inmigrantes, porque, si no, nos llenaríamos de
indigentes -insisto, leído en el «Diario de Sesiones»- y que no era
posible dar un estatuto de permanencia a personas por llevar sólo
seis años aquí. Entonces, me fui también a la Ley de 1985 y me
encontré que cuando el ministro de Interior del año 1985 presentó la
llamada Ley de Extranjería, el Partido Popular, con una enmienda a la
totalidad, pidió que se retirase la ley para que la volviesen a traer
con cuestiones que decía el reglamento que se pusieran en los
artículos. Se quedaron ustedes solos en esa votación. Decían: Es
necesario que esté más reglamentada la ley. Y añadían: «No pueden
ustedes hablar sólo de derechos y libertades; tienen que hablar
también de obligaciones y de responsabilidades». Eso dijo el diputado
del PP.
En 1985 ustedes no tienen posición y dicen que no. En 1995 se
abstienen y proponen aspectos que ahora no mantienen en la ley que
hemos traído y hemos consensuado entre todos, en las enmiendas del
Senado que, por otro lado, están por detrás de la Ley de 1985 y,
desde luego, del reglamento. Y ahora nos vienen con estos cambios. Me
refiero a la intervención de 1985, señor De Grandes; no a las
enmiendas del Senado. Ahora lo comentaré. Considerando su posición en
1985, en 1995 y ahora, puedo concluir que ustedes nunca han tenido
política migratoria; nunca han tenido política. Por unas o por otras
razones han dicho que no, que se abstenían o que lo dejáramos para
otro momento y trajéramos otro texto, pero ustedes no los han traído,
no han tenido nunca una política migratoria y, además, han mantenido
una seria incoherencia en los planteamientos y en los discursos.
Hablaré también brevemente de las conclusiones de Tampere porque
Pablo Castellano ya se ha referido a ello. Al salir de la sesión de
hace unos días, me decía uno de sus diputados: «Matilde, no lees que
en todas las conclusiones de Tampere se habla de personas
regularizadas». Es verdad, señores diputados, se habla de personas en
situación regularizada, pero se habla también de perseguir a los que
traen irregulares a estepaís; se habla de informar exhaustivamente a
los países
de las condiciones en las que pueden venir y de las posibilidades de
empleo; se habla de gestionar bien los flujos; se habla de darles
nacionalidad lo antes posible para integrar a las personas; se habla
de dar igualdad a los que llegan en relación con los nacionales; se
habla de una política seria de integración. Y eso es lo que hay que
hacer con los que llegan a este país.
A mí me gustaría -lo decíamos hace unos días todos los grupos
parlamentarios en una reunión de la Friedrich Ebert- que a este país
la gente viniera desde cada país con su visado, con su permiso de
trabajo y con su precontrato de trabajo. Pero esa no es la realidad
de los puestos de trabajo, de las condiciones y del funcionamiento de
la Administración en este país. Si ustedes dijeran: Voy a poner más
recursos humanos -en Trabajo se tardan ocho meses en resolver un
papel de un inmigrante; en Interior se tarda más de un año; en
Exteriores no quieren ni argumentar la denegación de un visado-; si
ustedes hubieran hecho lo que dijo el ministro de Interior en la
primera comparecencia al principio de la legislatura: Seguiremos
haciendo oficinas únicas -pero se las hemos tenido que sacar con
descorchador, y creo que una o dos en cuatro años-; si ustedes
hicieran los contingentes en cada país, entenderíamos que guardaban
una coherencia. Desarrollemos entre todos Tampere. Llevemos ideas y
propuestas a Europa. Gestionemos con rapidez todos los trámites de la
inmigración y así estaremos impidiendo que lleguen personas sin
papeles, sin documentación.
Lo siento, señores del Gobierno: ustedes se han quedado sin
argumentos económicos, sin argumentos jurídicos, sin argumentos del
marco europeo, sin argumentos demográficos y sin argumentos laborales
para no apoyar la ley que consensuamos y que por unanimidad votamos
en la Comisión Constitucional del Congreso. Ustedes se creen que los
inmigrantes son mano de obra barata y tienen que aprender que son
personas con derechos. (Aplausos.) Eso es lo que tienen que aprender
algunos parlamentarios de la derecha. Han roto el consenso. Dice el
diputado de Convergència i Unió que a lo mejor es que no hubo
consenso. Entonces son ustedes unos cínicos, porque han votado con
mayoría absoluta unas resoluciones que dijimos unánimemente que iban
a ser las políticas concretas que entre todos íbamos a impulsar en
materia inmigratoria: votado por unanimidad, presentado a la
sociedad, presentado a los embajadores, para influir en un trabajo
cada día mejor. Votan eso por unanimidad, pero luego no lo quieren
convertido en artículos de una ley. Son cínicos, además, si mantienen
sin argumentos esas enmiendas del Senado.
Desde luego, nosotros estamos indignados. Esta diputada está
indignada y tiene la suerte de tener todavía la sensibilidad de
indignarse. Me indigna que en esta Cámara haya parlamentarios,
representantes de un pueblo, que dediquen más tiempo, más ilusión y
más energía en defender 45.000 millones para un puñado de altos
directivos de Telefónica y no sean capaces de defender los derechos
de los inmigrantes. (Aplausos.-
Protestas.) Sí, sí. O el billón de las eléctricas. (Nuevos
aplausos.) Y les parece mucho lo que hay que dedicar en recursos
humanos y económicos para los inmigrantes.
No tienen sentido las 112 enmiendas del PP en el Senado. Esas
enmiendas han sido suavizadas por Convergència i Unió, es verdad.
Pero, amigos de Convergència i Unió, conseguisteis suavizar las
enmiendas del PP, conseguisteis que algunas de las enmiendas no
fueran hacia atrás en la Ley de Extranjería -como eran algunas-;
anticonstitucionales otras, como bien sabemos; o situarse detrás del
reglamento de 1996, como también había algunas de esas 112.
Conseguisteis que avanzasen respecto del año 1996. Pero, diputados de
Convergència i Unió, presentasteis 35 enmiendas, rompisteis también
el consenso. Ese es el maldito problema que tiene siempre en la
Cámara Convergència i Unió: tenéis una filosofía ideológica muy
práctica. (Risas.) Y cuando la ideología es la praxis y se está todo
el día con el pragmatismo, se acaban cometiendo los errores que
vosotros cometisteis. Ahora venís aquí a decir que preferís volver al
consenso. A ver si ideológicamente dejáis de ser personas tan
pragmáticas, porque hay algo más que el pragmatismo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego que vaya concluyendo.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Voy concluyendo, señor presidente. ¿Por qué
no podemos votar a favor de las enmiendas del Senado: ni de las del
PP ni el mestizaje con Convergència ni las de Convergència? No
podemos porque recortan derechos: de reunión, de asociación, de
educación, de sindicación. (Varios señores diputados: ¡Eso, eso!) Ahí
están mis compañeros de UGT y de Comisiones. Son jóvenes; pero está
la representante de Izquierda Unida, que militó conmigo en el
sindicato en la industria química. El tema de la sindicación me
recuerda mis peleas negociando los derechos sindicales con el hoy
presidente de Endesa. Decían: No se pueden sindicar los que no tienen
trabajo. Ahora resulta que los inmigrantes que no tienen trabajo
tampoco se pueden sindicar. Como antes. Ese es un discurso de la
transición, superado por suerte. Discurso de principios de la
transición. Y ustedes lo traen a la Ley de inmigración. Recortan la
democracia participativa, las funciones del foro las competencias y
la corresponsabilidad de las administraciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego concluya.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Voy a ir concluyendo, señor presidente. Le
ruego un poquito de solidaridad. (Aplausos.) Sí, de solidaridad con
el tiempo.(Risas.- Aplausos.)
Incorporan en el título II aspectos que son de reglamento. Cambian la
regularización. Con esa maravillosa fluidez verbal que tiene mi amigo
Pablo Castellano, les ha hecho una entrada acerca del agradecimiento
por no contar con nosotros. Yo también estoy muy indignada con eso,
puesto que, finalizada la votación en el Congreso y delante de
representantes del PP, me dirigí al ministro de Interior y le dije lo
siguiente: Ministro de Interior, si tienes una, dos o tres enmiendas
que presentar a esta ley, que refleja una preocupación de Gobierno,
este grupo parlamentario te va a escuchar, e incluso si una de tus
enmiendas es al artículo 29.3, sobre la regularización, he de decirte
que esa es una propuesta de tu Gobierno que nosotros no la entendimos
al principio, sino que la asumimos porque la vieron bien en el foro
de la inmigración. Nosotros creíamos que podía ser una especie de
puertas abiertas para la llegada de personas con una situación
irregular. La respuesta del Gobierno a este grupo, a quien les habla,
responsable de mi grupo en política inmigratoria, fue el silencio. Le
dijimos al ministro de Interior que, si el Gobierno tenía dos, tres o
cuatro enmiendas importantes para él, nosotros estaríamos en
condiciones de hablar con ellos para conseguir de nuevo el consenso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, S.S. debe concluir de forma inmediata.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Voy a concluir de forma inmediata.
Termino con dos reflexiones. Déjenme decirles que ustedes en materia
de inmigración comenzaron esta legislatura diciendo que tenían un
problema y que lo habían resuelto y lo que hicieron fue violar
derechos humanos y emplear fondos reservados para sobornar a
funcionarios de países de África. (Rumores.) Murió una persona e
hicieron el ridículo en Europa y en África. Si hoy no votan la ley
que por unanimidad consensuaron, terminarán la legislatura como la
empezaron. (Rumores.) Esta es una ley que merece ser aprobada
y merece ser aprobada no sólo por los inmigrantes que han llegado a
este país, ciudadanos con derechos, sino también por los españoles
que con maletas de cartón o de lona se fueron a Europa y
constantemente nos están diciendo que no quieren que los inmigrantes
que vienen a España tengan el trato que algunos de ellos recibieron
en países democráticos y no democráticos. En honor a esos españoles
que tuvieron que emigrar, la ley tiene que ser aprobada hoy tal y
como decidimos por unanimidad en el Parlamento. Con ello estaremos
cumpliendo con nuestro objetivo de Estado social de derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Y a partir de hoy, señor diputado de
Convergència i Unió, cada uno
podrá esgrimir sus argumentos en períodos electorales, ¡cómo no!, en
función de si quiere defender derechos o no. Lo que tiene que hacer
esta Cámara es luchar contra los brotes de racismo y sentirnos
contentos por lo que el último libro de Alain Touraine cuenta del
Gobierno francés cuando no fue receptivo a reivindicaciones de los
inmigrantes: Al final acaba haciéndose fuerte el movimiento de los
inmigrantes y el movimiento de los sin papeles. Yo estoy contenta de
que hoy sea más fuerte el movimiento asociativo de inmigrantes de
este país por su torpeza. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Popular va a votar a favor de las enmiendas del Senado
a la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, y lo hace por su firme convicción de
que ésta hubiera sido, es, la gran oportunidad de aprobar la ley que
los inmigrantes necesitan, la ley deseable para cuantos queremos
afrontar el problema de la inmigración con afán integrador,
eficazmente y sin demagogia; la ley que la Constitución y nuestros
compromisos internacionales aconsejan; además, la ley adecuada para
cambiar radicalmente la actitud frente a los fenómenos migratorios.
Entre esta ley y la de 1985, señora Fernández, la ley del Partido
Socialista Obrero Español, recordémoslo -yo también le voy a recordar
la historia-, hay una enorme distancia y, sobre todo una modificación
sustancial de conceptos. En cambio, entre la ley que salió del
Congreso y su actual versión sólo se interponen algunas diferencias,
cuya importancia no vamos a negar hoy, pero que no desnaturalizan en
absoluto los principios que animaron la iniciativa a la que instaron
aquellas proposiciones de ley. Son, eso sí, las diferencias justas e
imprescindibles, primero, para respetar escrupulosamente la
Constitución. ¿Es que puede parecer a algún miembro de esta Cámara no
razonable o no necesaria una enmienda que corrige el desliz de
reconocer sin limitación alguna el derecho de sufragio, activo y
pasivo, a los extranjeros residentes en España, cuando la
Constitución establece que ha de tenderse necesariamente a criterios
de reciprocidad, señor Castellano? ¿Por qué, si la Constitución se
limita a decir que los extranjeros gozarán en España de las
libertades públicas que garantiza su título I en los términos que
establezcan los tratados y la ley, hemos de añadir nosotros que será
en las mismas condiciones que los españoles, introduciendo un factor
de incongruencia normativa con la obligatoriedad misma de los
tratados suscritos por España?
Es verdad, señor Castellano -y le digo con el enorme respeto y
amistad que le profeso, que siento mucho que se vaya de esta Cámara
porque será una pérdida que todos recordaremos-, que este debate
puede
situar a unos y a otros en un lado u otro de la Constitución. Yo
quiero pensar que toda la Cámara está dentro de la Constitución, pero
no tenga duda de que la posición de nuestro grupo está
inequívocamente dentro de la Constitución. Esa es una de las razones
que nos mueve a las reformas que hemos propugnado en el Senado.
Justamente también, son las enmiendas imprescindibles para asumir la
responsabilidad de España como Estado miembro de la Unión Europea, a
la que corresponde establecer las directrices necesarias para el
control de las fronteras exteriores, gestionar los flujos migratorios
y armonizar las políticas en un espacio común, dentro del cual está
reconocido el libre movimiento de las personas. En este hecho tan
simple y trascendental se fundamenta la regulación de los visados, el
asilo y la inmigración, en el título IV del Tratado constitutivo,
según el texto consolidado por el Tratado de Amsterdam, como
políticas relacionadas con la libertad de circulación. Y tales
políticas comienzan a configurarse. Ya hemos tenido oportunidad de
examinar aquí las conclusiones de la cumbre de Tampere. Claro que las
hemos leído, señor Castellano, claro que las hemos leído. (Un señor
diputado: Pues no lo parece.) No vamos a insistir ahora más. España
no puede volver la espalda irresponsablemente, contraviniendo
directrices concretas, mucho menos cuando nuestra vulnerable
situación geográfica y la extensión de la frontera exterior que
Europa tiene en España nos obligan a un mayor rigor en la asunción de
nuestras propias responsabilidades.
Las enmiendas introducidas en el Senado son, señorías, las
imprescindibles para que cualquier Gobierno pueda desarrollar su
propia política de inmigraciones. No podemos llegar al
desmantelamiento de los mecanismos de decisión para convertir la
entrada, el visado o la residencia, en fórmulas inadecuadas que
produzcan el automatismo en la legalización de situaciones
irregulares y que inciten a instalarse en España a los extranjeros
que decidan llegar, burlando la ley y ocupando el lugar de aquellos
otros cuya incorporación a nuestra sociedad pudiera resultar más
conveniente a nuestros intereses, a los intereses de los propios
inmigrantes legales y, en consecuencia, más favorecedora a la
integración. Esas son las directrices de Tampere y no otras.
En no pocas ocasiones, las enmiendas del Senado son meras
correcciones sin incidencia alguna sobre el contenido de la ley, pero
sin duda con gran provecho de su calidad técnico-jurídica, como
reconocía el señor Campuzano. Basta recordar cómo se han perfilado
los efectos de la propia ley, los conceptos de extranjero residente,
de estudiante, de permisos de trabajo por cuenta propia o ajena, de
indocumentados o apátridas o de retorno y devolución, o cómo se ha
hecho una regulación sistemática de las tasas; se han tipificado las
infracciones, se han fijado criterios para graduar las sanciones y se
ha establecido con claridad la responsabilidad de los transportistas.
Nadie podrá negar al Senado la legitimidad de enmendar la ley
recibida del Congreso, pero tampoco se debe dejar de reconocer la
eficacia del trabajo realizado confiriendo al texto una precisión
conceptual de la que en muchos casos, sin duda, carecía.
La presentación de enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular se ha
hecho de la manera más consecuente. Ya en el debate de Pleno sobre el
dictamen de la Comisión anunciamos desde esta misma tribuna nuestro
propósito de presentarlas. Expusimos entonces las razones que nos
asistían y optamos por la abstención al votar los artículos más
problemáticos. Con esa actitud invitamos a una nueva reflexión, a un
nuevo consenso, señora Fernández, que sólo parcialmente hemos
conseguido. Pero, quede la reseña en el «Diario de Sesiones» que
cuando llamamos a la puerta del Partido Socialista para una nueva
reflexión y consenso, señor Laborda -bienvenido a esta casa-,
recibimos simplemente el portazo. No hubo posibilidad a dialogar ni
un minuto, ni un segundo, nada de nada. (Aplausos.)
El resultado final presentado por la Cámara Alta se debe en gran
parte a la aportación constructiva de los grupos que, compartiendo
con nosotros la preocupación por algunos errores conceptuales
deslizados en la tramitación, contribuyeron a enmendarlos y yo quiero
agradecerlo, con independencia del voto que hoy emitan en esta
Cámara. Ahora sólo cabe el sentimiento de la oportunidad perdida y la
sorpresa por algún cambio de posición sobre entendimientos que
supusimos razonablemente alcanzados, cuya intención no llegamos a
comprender, y de los que tendrán que responder ante la ciudadanía
quienes de forma tan estrepitosa como ininteligiblemente los han
protagonizado. Yo he querido releer una interpelación que se hizo en
esta Cámara en septiembre y no alcanzo a comprender la posición de
hoy y las preocupaciones de entonces. Lo que el Senado no ha hecho en
ningún caso, señorías, es restringir derechos, reducir garantías o
limitar los mecanismos de integración de los extranjeros. Hay que
proclamarlo muy alto, porque se ha pretendido airear y dejar sentada
la especie de que el Grupo Popular con sus enmiendas pretendía un
drástico cercenamiento de los derechos de los extranjeros en España.
Lisa y llanamente, señorías, no es verdad. Es una interesada falsedad
política. (Aplausos.)
Han sido admitidas en sus términos 89 de las 112 enmiendas
presentadas por el Grupo Popular. Se han incorporado como
transaccionales 16 y se rechazaron las 7 restantes. Concretándonos a
las 105 enmiendas que han originado cambios en el texto remitido por
el Congreso se puede comprobar que 74 se refieren a materias o
aspectos no regulados nunca en la Ley vigente de 1985, por lo que
difícilmente puede reducir los derechos, señora Fernández, las
garantías y los mecanismos de integración de los inmigrantes que en
ella se reconocen. Por el contrario, el texto resultante constituye
un amplísimo ensanchamiento de las libertades y opciones reconocidas
a los extranjeros.
Después de incorporadas 16 enmiendas, de las 31 restantes, los
derechos, garantías y medidas de reinserción de los inmigrantes son
también mucho más
amplios que en la legislación actual. Se suprime la posibilidad de
imponer la medida de residencia obligatoria en lugar determinado; el
derecho de sufragio pasivo, ahora constitucional, no se reconocía en
la Ley de 1985; se amplía el ámbito de la asistencia letrada gratuita
y del derecho al intérprete; la entrada en España, ahora puramente
discrecional, se regula con garantías; se reducen los límites a la
prórroga de estancia; se limita sustancialmente la actual
discrecionalidad de la Administración en materia de visados y
autorizaciones de residencia; se regulan con precisión las
situaciones de apátridas indocumentados; se introducen precisiones
conceptuales y se objetiviza la concesión de permisos de trabajo. En
fin, se regulan ex novo con rigor los permisos especiales para
estudiantes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor De
Grandes, le ruego vaya concluyendo.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señoría, en los mismos términos en que
lo han hecho otras fuerzas políticas, porque es un debate muy
importante, le ruego un poquito más de tiempo; estoy seguro de que no
me lo van a reprochar (Rumores.).
En cuanto a la educación, señorías, mientras el texto vigente sólo
reconoce derechos a los extranjeros que se encuentran legalmente en
España, el texto aprobado por el Senado reconoce a todos el acceso a
la educación básica e infantil.
La incorporación de las otras 15 enmiendas mantiene ambas
regulaciones en términos equivalentes. Así ocurre con el derecho de
reunión y de asociación, con el derecho a la tutela judicial efectiva
para todos, señor Castellano -espero que esto sea un lapsus linguae-,
con la ejecutividad de los actos, con la prohibición de entrada a
quienes hubieran sido expulsados, con los visados, con la salida de
España, con los requisitos para ejercer una actividad lucrativa, con
los supuestos de expulsión y con los efectos de la expulsión y de la
devolución.
Tampoco puede entenderse restrictiva la limitación de los derechos de
sindicación y huelga a quienes estén autorizados a trabajar, ni la
enmienda que al reconocer los derechos de los extranjeros en España
añade la obligada expresión: en los términos establecidos en los
tratados internacionales. Esas son las diferencias entre la ley que
recibimos y la ley que nosotros hemos querido hacer: una ley
necesaria, posible, constitucional, previsora respecto a la solución
de problemas humanitarios y situaciones de excepcionalidad; generosa
y receptiva con los inmigrantes e idónea para favorecer su
integración.
Se nos podrá decir que las circunstancias son distintas, y es cierto,
pero el Gobierno socialista dispuso de mucho tiempo para cambiar su
ley y no lo hizo, sencillamente porque no quiso, no porque no pudiera
ni porque le faltaran oportunidades o incentivos por parte de otros
grupos. Escapa a la normal comprensión que quienes ahora se empecinan
en hacer una ley viciada
por graves errores, cuya rectificación resultaría ineludible a corto
plazo, negándose a reconocer la necesidad de una adecuación
constitucional y comunitaria, la racionalidad de acierto de las
soluciones a los problemas planteados, la ausencia de cualquier
connotación restrictiva en el reconocimiento de derechos, la
oportunidad política y la calidad técnica del texto aprobado por el
Senado, reaccionaran como lo hicieron ante las iniciativas
parlamentarias que pretendían modificar la Ley de 1985. Esta es la
historia de los actos de su grupo, señora Fernández. Y voy a
ahorrarle las perlas que están recogidas...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor De
Grandes, le ruego concluya.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Como digo, en aras del tiempo, voy a
ahorrarles las perlas que aquí podríamos traer, las expresiones del
señor Corcuera, los informes, todos ellos negativos, de 1995 respecto
a la iniciativa de Izquierda Unida, para concluir, sin duda, en los
términos más importantes.
Por esta ley es por la que, fieles a nuestras convicciones, hemos
batallado hasta el final. Creemos sinceramente que el texto que se ha
sometido a debate en esta Cámara merecía el apoyo de todos los
grupos, no sólo el de los que han venido apoyando al Gobierno en la
legislatura que acaba, sino de toda la Cámara.
Señorías, no quiero abandonar esta tribuna sin dejar de sentar con
una cierta solemnidad, que me permitirán, algunas afirmaciones
cruciales, con lo que voy a acabar, señor presidente. Si, como cabe
deducir del sentido de las manifestaciones de los portavoces que me
han precedido en el uso de la palabra, el texto de la ley corregido y
perfeccionado por el Senado no va a alcanzar la mayoría requerida y,
consiguientemente va a prevalecer el texto originariamente enviado
por el Congreso, el Grupo Parlamentario Popular no está dispuesto
a desdibujar su posición en aras de enmascarar un resultado adverso. A
lo largo de la legislatura hemos votado centenares, miles de veces, y
pueden contarse con los dedos de las manos las ocasiones en las que
el Grupo Parlamentario Popular ha sido derrotado. Si partimos de la
evidencia de nuestra recortada mayoría, ese resultado sólo ha sido
posible en virtud de legítimas transacciones, de permanentes
búsquedas de puntos de encuentro, de recíprocas concesiones,
sustancialmente con los grupos que han venido conformando el respaldo
parlamentario al Gobierno, pero también, en cuantas ocasiones ha sido
posible, hemos abierto el acuerdo a todos los grupos de la Cámara.
Esta proposición de ley, porque se ocupa de una verdadera materia de
Estado, porque atañe al estatuto jurídico nuclear de la nacionalidad,
porque incide en responsabilidades exteriores contraídas por España
ante sus socios de la Unión, deparaba una oportunidad privilegiada
para sustentar el más amplio acuerdo -y tanto más fácil por cuanto
nos separan presupuestos ideológicos antagónicos- en orden a la más
progresiva voluntad
de integración de los extranjeros legalmente residentes entre
nosotros. Deploramos que no ha sido posible, pero nuestro sentido de
la responsabilidad nos lleva a preferir el sinsabor de un resultado
adverso a la desfiguración de convicciones profundas o, por decirlo
más sencillamente, al abandono del sentido común que implica el
consentir que una norma de este jaez se incorpore al ordenamiento
jurídico traumatizándolo abruptamente. No me parece inoportuno evocar
que hubo otra ocasión -el debate de humanidades, señorías- en que
infligir una derrota al Gobierno prevaleció sobre la consideración
atenta de los intereses nacionales en juego. (Rumores.) Con la
perspectiva del tiempo, transcurridos meses y años, estamos seguros
de que los intelectuales, la comunidad universitaria académica y la
opinión pública, la sociedad española en su integridad, está hoy más
persuadida que entonces de la fortaleza de aquellos argumentos
nuestros.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor De
Grandes, debe concluir.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Termino, señor presidente, se lo
aseguro.
Por ello, anunciamos que la reforma de esta ley, no para recortar
derecho alguno, sino sencillamente para acomodarla al espíritu de la
Constitución, a las exigencias de la Unión Europea y a los términos
reales de la demanda social, el sentido común y los intereses de los
extranjeros legalmente establecidos en nuestro país, formará parte de
nuestro compromiso de confianza con los electores en los próximos
comicios.
Hace muy pocas semanas, en el dictamen de la proposición por este
mismo Pleno, tuve ocasión de decir que de todos los reproches que
estábamos dispuestos a afrontar el único que no aceptaríamos es el de
no haber intentado servir lealmente hasta el final los intereses
generales de España. Que cada cual vote, pues, según su propio
criterio y asuma responsablemente ante los electores su propia
conducta. Pero sepan muchos de los que se aprestan a celebrarlo que
no se estará derrotando al Gobierno del PP, se estará derrotando, al
dar curso a una mala ley, al Gobierno de España en una materia en la
que se ponen en juego intereses vitales del Estado. (Aplausos.-
Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor De Grandes.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LOS MENORES. (Número de expediente 121/000144.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto 4 del
orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar,
el señor López Garrido. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.- Rumores.)
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, los diputados de
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya vamos a votar favorablemente
algunas de las enmiendas que vienen del Senado en relación con el
proyecto de ley de responsabilidad penal del menor, pero no a todas.
Algunas de ellas nos parecen un claro retroceso respecto de lo que se
aprobó en esta Cámara en un proyecto de ley que nos parecía positivo,
que nos lo sigue pareciendo en conjunto y que es de enorme
importancia. Significa permitir que la edad penal del menor pase a
ser hasta 18 años y significa modernizar, adecuar a los principios
constitucionales esa justicia penal del menor, haciendo que aquellos
que siendo menores de 18 años o incluso siendo mayores de 18 años y
hasta 21, en algunas ocasiones, sigan un procedimiento sancionatorio
que se preocupa, por encima de todo, del interés del menor, de su
rehabilitación, del aspecto educativo, de sus circunstancias
personales y en donde no juega, no tiene ningún papel, el aspecto
retributivo o vindicativo. Es, por otro lado, la filosofía que nada
tiene que ver con el Código Penal para los adultos -vamos a llamarles
así-; en el caso de los menores, los que no tienen edad penal, no hay
un afán vindicativo en ningún caso por parte del Estado ni de
castigo, sino que el único objetivo es el de la rehabilitación, de
hacer que ese menor -por eso es menor de edad penal- no reincida y se
integre absolutamente en los principios que regulan la vida social,
especialmente en esa constitución en negativo que es el Código Penal.
La oposición a algunas de las enmiendas del Senado por nuestra parte
viene dada porque el Senado, en esos casos, ha abandonado esa
filosofía y se ha sentido tentado, y ha accedido a esa tentación, de
volver a una filosofía retributiva, donde aspectos vindicativos de
castigo reaparecen y están presentes en ese proyecto de ley. Es
verdad que el proyecto de ley significa una sanción, impone
sanciones, pero la filosofía del proyecto de ley de una
responsabilidad penal del menor no es penalista, es una filosofía
pensada para la rehabilitación, pensada para la reeducación; es el
único interés, y no otro, cuando estamos ante un menor. Por ello se
dice que es menor de edad penal y, si no, se le hubiera colocado en
una situación de mayoría de edad penal. En estos momentos, hay
algunos países, como Estados Unidos, por ejemplo, donde son mayores
de edad penal hasta niños de 11 ó 12 años. Esa no es nuestra
filosofía. El Código Penal lo elevó a 18 años, con el único requisito
de que se aprobase esta ley, lo cual se hará esta mañana.
El artículo 4.2 tiene una enmienda del Senado que nos parece
fuertemente restrictiva. El artículo 4.2 se refería, en el texto del
Congreso, al régimen de los mayores de 18 años. En algunos casos
apreciados por el juez, se permite que toda esta ley se aplique
incluso a
los mayores de 18 años, pero apreciando el juez las circunstancias
personales del menor. Sin embargo, nos viene en la enmienda del
Senado un miedo al juez, un miedo a que el juez lo aplique mal y, por
tanto, aparece en este artículo 4.2 un cambio radical respecto de los
principios del proyecto de ley que estudiamos en esta Cámara porque,
para que pueda aplicarse el régimen de esta ley a los mayores de 18
años, hacen falta unas condiciones que ya no dependerán del juez: son
condiciones tasadas y muy restrictivas, que van a hacer mucho más
difícil que se aplique esta ley a los mayores de 18 años. Hace falta
que el imputado hubiera cometido una falta o delito menos grave, en
todo caso y, si no es así, imposible aplicar a los mayores de 18 años
esta norma, lo cual es ir contra el proyecto de ley en su filosofía,
porque supone dejar de lado el único objetivo: el del interés de la
persona afectada, en el caso de la persona enjuiciada, y poner por
delante otros intereses externos, y en esta enmienda se sitúa incluso
en tercer lugar el asunto de las circunstancias personales del
imputado.
La siguiente enmienda es la que se refiere al artículo 9, reglas para
la aplicación de las medidas. En este artículo, otra vez aparece el
miedo al juego que pueda dar la ley, el miedo al juez y a su
aplicación, al cambio de filosofía, porque dice que, en el caso de
personas que hayan cumplido 16 años, podrá alcanzar la duración de
las medidas sancionatorias un máximo de cinco años. Pero cuando los
supuestos previstos en la regla anterior -dice la enmienda del
Senado- revistieran extrema gravedad, el juez tendrá que imponer
necesariamente una medida de internamiento en régimen cerrado de uno
a cinco años de duración. Es decir, el juez no podrá, sino que habrá
de, estará obligado a imponer esa medida sea cual sea su opinión, sin
tener en cuenta para nada las circunstancias personales del menor, no
podrá nunca tener en cuenta esas circunstancias personales. Esa es la
gran limitación que aparece en esa enmienda, rompiendo la filosofía
del proyecto de ley, que es tener siempre en cuenta, en primer y casi
en único lugar, las circunstancias personales del menor. Esto se
agrava por el hecho de que se entiende como de extrema gravedad todo
caso de reincidencia y, por tanto, también aquí hay una limitación
enorme a la apreciación del juez.
Lo más grave es lo que dice el artículo 25. Hay una reforma del
artículo 25, que se complementa con otra del artículo 35, en donde el
Senado introduce una figura inédita en nuestro derecho, contraria a
los principios procesales, que es la de una especie de alumno que
estuviera oyendo una clase todo el curso que no se pudiera examinar
nunca ni pudiera solicitar nada del profesor, es la de la
participación de la víctima o de su representación en una serie de
procesos a lo largo de todo el procedimiento sin poder pedir nada. Es
una especie de acusación particular vergonzante. Como no se ha podido
introducir una acusación particular -lo que desde luego hubiera sido
absolutamente aberrante en un proyecto de ley que no es de
vindicación-, se introduce una figura imposible de calificar que es
la
presencia de la víctima pero sin poder pedir nada, solamente una
serie de pruebas y poco más, en un procedimiento muy farragoso que no
se sabe para qué sirve.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor López Garrido, le
ruego concluya, por favor.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señor presidente.
Es decir, se le va a dar una insatisfacción añadida a la víctima: va
a poder estar ahí, va a poder pedir alguna prueba, pero no va a poder
decir nada, incluso va a poder recurrir la sentencia del juez de
Menores para pedir pruebas, pero no para pedir nada. Es una figura
bastante ininteligible que significa una vez más el miedo a ir hasta
sus últimas consecuencias, con esa filosofía claramente no
vindicativa de este proyecto de ley. Esta especie de vigilante del
juez o vigilante del fiscal -no se sabe exactamente el papel que
juega esta figura- nos parece totalmente fuera de lugar, no sirve
para nada e introduce elementos en el proceso totalmente fuera de
nuestra tradición, insólitos e inéditos en nuestra tradición.
Por último, también nos opondremos a la enmienda al artículo 28.1
porque limita la acción del ministerio fiscal. En este caso aparece
el miedo al fiscal, ya no miedo al juez, innecesario porque el fiscal
tiene que tener una capacidad en todo momento muy amplia para pedir
las medidas cautelares correspondientes y no limitada a cuando haya
indicios racionales de comisión de un delito.
Por todas estas razones, los diputados de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya votaremos en contra de estas enmiendas en el momento en
que se sometan en este hemiciclo a votación las enmiendas del Senado
al proyecto de ley de responsabilidad penal del menor, que hemos
apoyado y seguimos apoyando como una buena iniciativa legislativa,
absolutamente necesaria en este momento dentro del campo de lo penal
y de la justicia del menor.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor López
Garrido.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Quiero expresar con brevedad la opinión del Bloque Nacionalista
Galego acerca de las enmiendas del Senado a la ley de responsabilidad
penal de los menores, unas enmiendas introducidas en este trámite
que, si bien no modifican sustancialmente el proyecto remitido por el
Congreso, introducen alguna innovación sobre la que queremos expresar
nuestro parecer.
Aunque la ley será de aplicación además de a los menores comprendidos
entre 14 y 18 años a los menores hasta 21 años, en el artículo 4 se
estrecha el marco
de esta aplicación, ya que se establece una regulación con supuestos
tasados para la aplicación de esta ley a menores comprendidos en esa
edad y, de no encuadrarse en los mismos, se juzgarán aplicando el
Código Penal. En ese sentido, teniendo en cuenta la experiencia
actual en que la aplicación de las penas comprendidas en el Código
Penal vigente a los menores de 21 años tiene escasos efectos
resocializadores, muchas veces el internamiento en centros
penitenciarios agrava la violencia de menores que delinquieron por
una sola vez, por lo que desde nuestro punto de vista sería mejor la
aplicación de esta ley a menores de 21 años, para poder comprobar si
las nuevas medidas que regulan la misma mejoran la rehabilitación de
los menores. Por tanto, nos parece una enmienda regresiva respecto al
texto salido del Congreso.
Sobre la enmienda introducida al artículo 9.5, tenemos que decir lo
mismo, que nos parece más adecuado el texto de este artículo tal y
como salió del Congreso y que en su momento apoyamos, porque la
sustitución del término podrá, que figura en el texto del Congreso,
por habrá, como aparece en la enmienda del Senado, va a privar a los
jueces de la posibilidad de hacer una valoración de las penas a
imponer, tratándose como se trata de menores de edad, además, desde
nuestro punto de vista, con esta fórmula se infringe el principio de
proporcionalidad de las penas. Nosotros no negamos la gravedad de los
hechos que se propone castigar, pero seguimos convencidos de que el
texto salido del Congreso garantiza de forma más adecuada el castigo
de estos hechos, al tiempo que permite una mayor flexibilidad en la
aplicación de estas penas en función de diversas circunstancias, sin
duda muy valorables, porque estamos hablando de penalizar a menores.
En lo que hace referencia al artículo 25 de esta ley, con la enmienda
que ahora se introduce en el Senado se permite la personación del
perjudicado no con carácter de acusación particular, sino como
interesado para un mayor esclarecimiento de los hechos, pudiendo
proponer pruebas y participando en la práctica de las mismas.
Nosotros creemos que puede ser una innovación positiva, aunque esté
algo difusa, siempre y cuando se mantenga ese carácter de simple
coadyuvante en el proceso y no como parte acusadora.
Esto es lo que queríamos decir sobre estas enmiendas del Senado. Nada
más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo valora positivamente en su conjunto las enmiendas que nos
llegan del Senado a este proyecto de ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores. Haré algunas observaciones y
matizaciones
con respecto a tres artículos que vienen enmendados, sobre los que mi
grupo mantiene algunas reservas.
En el debate que hubo en la Cámara sobre este proyecto de ley
orgánica ya tuvimos ocasión de mostrar nuestro apoyo y concordancia
con el texto enviado por el Gobierno, y lo consideramos positivo y
necesario -ya lo calificamos así entonces-, una pieza jurídica muy
importante que viene a complementar el Código Penal vigente, sobre
todo en la aplicación del mismo al menor, y lo hace de una manera
simétrica, equilibrada, con principios de respeto a su condición de
menor pero también manteniendo los efectos de ejemplaridad en una
sociedad que se rige por unas normas, donde la penalización no es una
cuestión que menoscabe un derecho constitucional legítimo y sí una
garantía pertinente en lo que se trata de corregir. Por tanto,
nuestra valoración es positiva y en su carácter de ley orgánica la
vamos a apoyar con nuestro voto a favor.
Comento muy rápidamente algunas de las enmiendas que nos llegan del
Senado que nos han merecido una particular atención, señor
presidente. En el artículo 4 nos parece positivo que, en razón del
principio de seguridad jurídica y de acuerdo con el informe que en su
día emitió el Consejo General del Poder Judicial, se exija una máxima
objetividad, sobre todo en el tramo de los jóvenes entre 18 y 21
años, para, como bien se dice, racionalizar el impacto que pueden
representar estas medidas en el sistema de justicia juvenil.
Las enmiendas al artículo 8 garantizan que la duración de las medidas
privativas de libertad a que se refiere el precepto no pueden ser
mayores que el tiempo que hubiera durado la pena privativa de
libertad que habría correspondido si el sujeto, de haber sido mayor
de edad, hubiera sido declarado responsable de acuerdo con el vigente
Código Penal. Hubiera sido un absurdo el haber penalizado a este
menor con penas superiores a las que para mayores prevé el Código
Penal. Sería como decir que la juventud es un agravante de la pena, y
esto era inadmisible. Por tanto, nos parece muy afortunada la
enmienda introducida en el Senado. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
Estamos igualmente de acuerdo con la enmienda al artículo 9, porque
convierte una facultad en una obligación del juez. Me parece positivo
que sea obligación del juez esta aplicación, así como las medidas
complementarias que introduce la enmienda al artículo número 9.
Vamos a pedir votación separada del artículo 18, preferimos mantener
una cautela de abstención ya que no se entiende muy bien, salvo que
el portavoz del Grupo Popular lo explicara, por qué hay esta cautela
sobre el ministerio fiscal. Se dice que no debe dejarse a la
discrecionalidad del fiscal ni a las entidades de protección; las
entidades de protección tendrán su reglamento o estatuto, pero el
fiscal tiene el Estatuto del ministerio fiscal que le obliga a velar
por el principio de legalidad; el fiscal no es una figura tenebrosa,
tipo telefilm, que aparece siempre como acusador y como el hombre
malo del procedimiento. El ministerio fiscal defiende el
principio de legalidad. No entendemos, salvo que se nos explique por
la portavoz del Grupo Popular, que sustenta al Gobierno, por qué se
restringe y no se quiere dejar a la discrecionalidad del fiscal.
Vuelvo a repetir que la discrecionalidad del fiscal está fundamentada
en el principio de legalidad a que le obliga el estatuto.
En cuanto al artículo 25, coincido con las observaciones que ha hecho
el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor López Garrido,
sobre esta figura tutelar, respecto a que el implicado no pueda tener
una participación activa en el procedimiento y sea solamente pasiva,
como si fuera un testigo de sí mismo.
En el artículo 28 se vuelve a mantener este principio restrictivo a
la discrecionalidad del ministerio fiscal y me remito a lo dicho
anteriormente. Solicitaré votación separada si no hay una aclaración;
en ese caso, votaríamos favorablemente. Digo esto porque estoy
tratando de defender el principio de legalidad del ministerio fiscal
de acuerdo con su estatuto.
Al artículo 45 se ha presentado una enmienda atinada que viene a
clarificar las competencias que respecto de su organización deben
tener las comunidades autónomas. Creo que mejora el texto del
Congreso. Y con la enmienda al artículo 51 se recupera para el
ministerio fiscal o el letrado del menor la posibilidad de promover
la intervención del juez en caso de conciliación. Es una medida que
nos parece muy indicada. Todas las demás merecen nuestra valoración
positiva, pues enriquecen este importante proyecto de ley. Si hacemos
el análisis de la legislación comparada de los países de nuestro
entorno de la Unión Europea, España puede sentirse orgullosa -y lo
digo en presencia de la señora ministra de Justicia- de disponer de
este instrumento jurídico, positivo, ejemplar y que podrían seguir
muchos países de nuestro entorno, entre ellos el Reino Unido, que
trata con los códigos penales de mayores de edad a sus menores. Por
todo ello, mi grupo votará favorablemente, señor presidente, todas
esas enmiendas y el carácter de ley orgánica, con plena
responsabilidad e identificación con el proyecto del Gobierno y con
nuestra conciencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Lamento, en nombre de mi grupo, que una ley tan importante como la
ley penal juvenil llegue a este Pleno casi sepultada por la
notoriedad que siempre tienen los presupuestos y la enorme
trascendencia que ha adquirido la llamada ley de extranjería.
Es ciertamente una norma de gran relevancia, hora era ya que se
aprobase dando cumplimiento al mandato constitucional de situar la
mayoría de edad a todos los efectos en los 18 años. Mi grupo, acorde
con este interés que manifiesto, ha participado activamente en su
elaboración y en el trámite del Senado, como le quedaban todavía
algunos pequeños escollos de cara a la postura que sostenía, presentó
cuatro enmiendas, de las cuales tres han tenido plena aceptación. No
conseguimos, como era nuestra intención, recortar el período de
vacatio legis para que cuanto antes pudiese entrar en vigor esta
norma que deberá esperar el plazo de un año.
Quisiera poner algún reparo respecto de un texto introducido también
en el Senado, pero quizá forzado por una enmienda de Convergència i
Unió que sorpresivamente tuvo el apoyo mayoritario, no del Grupo
Popular pero sí del resto de los grupos de la Cámara, y que dio lugar
a que en el artículo 25 se estableciese una participación del
perjudicado distinta de la inicialmente prevista en el proyecto de
ley. Mi grupo tiene dudas respecto de si este procedimiento tan largo
y farragoso establecido va a permitir lo que realmente era la idea o
el espíritu inicial de la ley: objetivar lo más posible el proceso,
intentar que las medidas que se impusiesen a un joven fuesen las
adecuadas para lograr lo que debe ser la finalidad
constitucionalmente querida de lograr su reinserción en la sociedad,
evitando que la cierta idea de venganza, que es lógico que se tenga
desde la representación del perjudicado, pueda influir en esta
finalidad, que creemos debe ser atendida con más rigor en los casos
de menores que cuando de delitos cometidos por personas mayores se
trata. Ello no obstante, finalmente se ha limitado el alcance de la
participación -repito, a pesar de lo farragoso de la redacción del
artículo 25- a la sola incidencia de estas personas perjudicadas en
el proceso o de sus representantes, sin que, sin embargo, puedan
solicitar medidas concretas. Que las medidas queden en manos de la
autoridad judicial nos parece que puede ir un poco en la línea de lo
que pretendíamos con nuestra postura, sostenida a lo largo de toda la
tramitación, y por ello no nos opondremos a la aprobación de esta
enmienda del Senado, si bien, repito, no nos deja totalmente
satisfechos el tenor de este precepto.
Hay, sin embargo, dos artículos a los que me quería referir, los
cuales plasman lo que ha sido en muchos casos una actitud del grupo
mayoritario en esta Cámara, del Grupo Popular o del Gobierno en la
tramitación de las disposiciones. Para lograr acuerdos o para
conseguir las mayorías de ley orgánica se llega a pactos en esta
Cámara, en el Congreso, y después se incumplen mediante la
presentación de enmiendas en el Senado. Debo aclarar que en este caso
la actitud creo que obedece más al Grupo Popular en el Senado o a la
incidencia del Ministerio de Interior que al propio Ministerio de
Justicia, autor de la iniciativa, y lo digo en honra de la señora
ministra, que está presente en la tramitación en esta Cámara. Repito,
el texto al que se llegó en relación con los artículos 4 y 9 era
fruto del consenso de todos los grupos y fue aprobado en ponencia, es
decir, ni siquiera llegó a ser votado en Comisión, y en todos los
demás trámites se mantuvo inalterado. Sin embargo, ahora, en relación
con la posible aplicación de la ley al tramo de los mayores de 18
hasta 21, se ha
dado un importantísimo paso atrás, desde nuestra óptica. Si en la
exposición de motivos se alude a la posibilidad de que la ley sea
aplicada a este tramo de jóvenes, creemos que poner como requisito
para la aplicación que el delito cometido sea sin violencia ni
intimidación en las personas ni riesgo para la vida o la integridad
física aboca a la inaplicación de este precepto. No es habitual que
en este tramo entre 18 y 21 se cometan delitos de los llamados de
cuello blanco, no son habituales los estafadores de esa edad, salvo
quizá algún pirata informático, pero lo normal es que los delitos que
se cometen en ese tramo de edad, entre los 18 y los 21, sean delitos
en los que hay violencia, y creemos que la ley se corta a sí misma
las posibilidades de reinserción respecto de ese tramo de edad.
Hubiese sido quizá más honesto decir que no se aplica a partir de los
18 que admitir la posibilidad y luego recortarla de una manera tan
drástica. Repito, mi grupo votará en contra de las enmiendas
introducidas en el Senado a este artículo 4.
De la misma manera, tampoco nos gusta en absoluto la inclusión que se
hace de un párrafo 5 en el artículo 9 respecto a la aplicación de las
medidas de internamiento, se especifica qué se entenderá por
supuestos de extrema gravedad y se incluye entre ellos los casos de
reincidencia, además de los delitos de terrorismo y los constitutivos
de actos de favorecimiento, apoyo o reclamo de la actividad de bandas
u organizaciones. Creemos que este precepto es extraordinariamente
represivo y poco acorde con la idea de juventud que se suele vincular
a inmadurez, es decir, a capacidad de recuperación en quien comete el
delito, y debiera haberse optado por el texto que aprobó esta Cámara,
en el que quedaba, con ciertos parámetros muy claros, a la
posibilidad de la decisión judicial el utilizar o no las medidas de
internamiento.
Salvo estas objeciones, la objeción que ponemos al punto quinto del
artículo 9 y a las enmiendas aprobadas respecto del artículo 4, el
Grupo Vasco votará a favor del resto de las enmiendas introducidas
por el Senado y también apoyará la votación de totalidad en su
carácter de ley orgánica, puesto que consideramos que la ponderación
de lo que no nos gusta en relación con el interés de que esta ley se
apruebe y entre cuanto antes en vigor se inclina del lado de la
balanza de su aprobación inmediata, y tal será nuestro criterio.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Tiene la palabra don Manuel Silva, por el Grupo Catalán (Convergència
i Unió).
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nos congratulamos también de la culminación de la tramitación de este
proyecto de ley que fue muy buscado, trabajado y negociado por mi
grupo y por el propio Gobierno de la Generalitat con el Gobierno del
Estado, con el Ministerio de Justicia, y que llega a un puerto
que para nosotros es satisfactorio.Debo reconocer en primer lugar que
las expectativas que nos ofreció la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, doña Bernarda Barrios, en la aprobación inicial por el
Congreso -y procedimos a retirar dos enmiendas sobre la intervención
de los perjudicados, la intervención de la víctima y las normas de
derecho transitorio- se han visto satisfechas a través de las
enmiendas incorporadas en el Senado, y justo es ponerlo aquí de
manifiesto. Ciertamente, la redacción del artículo 25 es farragosa,
podría haberse efectuado de otra manera, sin lugar a dudas, pero
entendemos que en el fondo significa un punto de encuentro entre
aquellos grupos que pretendían -ese era el planteamiento del Grupo
Socialista y de mi propio grupo- atribuir una mayor intervención al
perjudicado y a la víctima de delitos graves en este tipo de
procesos, respecto de aquellos otros que entendían que la
intervención del perjudicado y de la víctima desnaturalizaba la
filosofía del proyecto. Creo que ahí se ha llegado a un punto medio
y, por lo tanto, nosotros no podemos sino sentirnos satisfechos.
Ciertamente la contribución del perjudicado o de la víctima en la
fijación de los hechos no nos parece un tema menor ni muchísimo
menos, por lo tanto, entendemos que es importante porque contribuye a
evitar esa doble victimización: la víctima podrá participar en el
proceso no pura y simplemente como un objeto a examinar, sino de una
forma activa y, por otra parte, el hecho de que no pueda solicitar
medidas. En la medida en que contribuye a ese punto intermedio, así
lo ponemos de manifiesto.
Respecto de las normas de derecho transitorio, poco podemos decir.
Nos congratulamos de la incorporación de otras enmiendas de carácter
más bien técnico como la distinción entre menores y jóvenes propuesta
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado.
Finalmente, si bien no nos manifestamos conformes en el tenor literal
del artículo 4 o del artículo 9 al que anteriormente se ha hecho
referencia, el planteamiento de mi grupo parlamentario y también del
propio Gobierno de la Generalitat era que no podía generalizarse la
aplicación de la ley de responsabilidad penal del menor a los mayores
de 18 años y menores de 21 años, algo que el Código Penal contemplaba
-y yo creo que resulta muy claro en el propio código- como una
excepción, no desde luego como una transmisión absoluta de los
procesos respecto de estas personas entre 18 años y 21 años a la Ley
de responsabilidad penal del menor. Ciertamente hay que grupos que
podrían desear un mayor arbitrio judicial, pero quizá también sea el
momento de recordar que uno de los efectos de la ley, quizá el más
benéfico, es que garantiza la igualdad de los ciudadanos en el
tratamiento. Por lo tanto, dejar pura y simplemente al albur, al
arbitrio judicial, a la discrecionalidad del juez, si se somete o no
a las normas no sólo procesales sino desde luego también materiales
de aplicación de medidas de responsabilidad penal de los menores el
tratamiento de conductas realizadas por personas mayores de 18 años
y menores de 21 años podría generar, desde luego, un tratamiento muy
desigual, que afectaría además muy directamente al principio de
igualdad establecido en la Constitución. Por lo tanto, si bien al
objetivar se restringe, también es cierto que se garantiza esa
igualdad en el tratamiento. Por todo ello, mi grupo procederá a votar
favorablemente las enmiendas introducidas por el Senado, así como
también el conjunto del proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
El señor Castellano, por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo valora en conjunto las enmiendas del Senado como
positivas para la mejora de este proyecto de ley, sin que eso
menoscabe nuestra actitud mantenida reiteradamente desde el principio
de su tramitación de rechazo o de oposición a toda la filosofía,
porque, efectivamente, sigue siendo ni más ni menos que el juicio
penal a los menores, con lo que volveremos a repetir una vez más que
desaparece todo el concepto de inimputabilidad de los menores de 18
años.
Quizá por eso en el Senado, en la práctica del eufemismo, han
procurado modificar todos aquellos artículos en que se hacía
referencia al letrado defensor del menor para dejarlo en letrado del
menor. El letrado del menor o es letrado defensor o, si no, no se
entiende lo que es. Parece ser que la mala conciencia lleva a creer
que eliminando la terminología se elimina todo lo que conceptualmente
supone este proyecto que, por nuestra parte, aun desde la más
absoluta soledad, hemos mantenido que debería desaparecer del mundo
de la judicialización y entrar en el mundo del derecho
administrativo. Pero, en fin, hechas así las cosas, no cabe la menor
duda que el Senado ha mejorado notablemente este proyecto, salvo en
dos extremos. El artículo 9, apartado 5, desde luego no va a gozar de
nuestro voto favorable, ni tampoco el artículo 25, porque,
compartiendo la filosofía de la enmienda del Grupo de Convergència i
Unió, realmente esta es una figura absolutamente esotérica.
Sinceramente, dentro de lo que se suele publicar al principio de las
producciones cinematográficas, habría que decir que el artículo 25
concibe la teoría de la víctima invitada; igual que hay el artista
invitado, aquí hay un tercero que es la víctima invitada. Invitada ¿a
qué? Invitada a presenciar. También es cierto que sale favorecida
porque no adquiere ningún compromiso, pero su presencia no sirve
absolutamente para nada y, sinceramente, colocarlo no va a dar nada
más que lugar a equívocos y a problemas. En consecuencia, con ese
artículo 9, apartado 5, que impone al juez unas medidas con la
sustitución de la expresión «podrá poner» por «pondrá», además
complementadas con otra medida de privación de libertad durante otros
cinco años, sinceramente, el aspecto penal ya es inocultable. El
artículo 25 no creo
que dé satisfacción al Grupo de Convergència i Unió, por mucha que
sea la amabilidad de la que siempre hace gala el señor Silva en su
intento de aceptar con buenas maneras todo lo que sea la concordia,
no creo que a ellos les dé satisfacción y, como desvirtúa enormemente
el contenido, no será votados favorablemente. Ahora, cuando llegue el
momento de la votación de totalidad, como es lógico y natural y
porque compartimos lo expuesto por doña Margarita Uría, que nos
hubiera gustado que esto entrase en vigor cuanto antes, para que no
sea por nosotros, lo votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don Álvaro Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, señora
ministra, estamos en el último trámite parlamentario de una ley que
es necesaria porque desarrolla un aspecto fundamental de nuestra
Constitución, de nuestro ordenamiento jurídico, de lo que ha sido un
mandato claro del legislador con motivo de la aprobación en el año
1995 del Código Penal, que va a convertir en realidad el criterio de
la mayoría de edad penal a los 18 años. Decía que, efectivamente, es
una ley necesaria y esa necesidad no solamente se deriva de las
disposiciones internacionales, de las disposiciones constitucionales
del artículo 25.2 de nuestra Constitución, que yo creo que en el
ámbito penal juvenil tiene una especial virtualidad; ese mandato que
orienta las penas y las medidas hacia la reeducación y hacia la
reinserción social; ese mandato constitucional también del artículo
24 de nuestra Constitución que habla de los derechos y garantías
fundamentales, del derecho de tutela judicial efectiva, sino de ese
principio también constitucional del artículo 39.4 de la Constitución
cuando habla de la protección de la infancia y, por qué no, de la
protección del menor.
El Código Penal, en sus artículos 19 y 69, así como en la disposición
transitoria décima y en la disposición final séptima, dice a esta
Cámara que apruebe y ponga en práctica esos contenidos a través de
esta ley. Son unos contenidos que deben tener, necesariamente, unos
perfiles muy concretos, los perfiles de considerar que más que en
ningún ámbito en este, en el de la justicia penal de menores, la
justicia debe ser, sobre todo la justicia penal, la última frontera.
Recuerdo el libro tradicional De los delitos y las penas, de
Beccaria, cuando afirmaba allá en 1764 que toda pena que no se deriva
de la absoluta necesidad es tiránica, y recuerdo que citaba, con
motivo de uno de los debates en su día en esta Cámara del Código
Penal, aquella afirmación, que recordará también el presidente de la
Cámara, de aquel ilustre penalista Jescheck, cuando decía que la
tendencia general del nuevo derecho penal se puede describir así:
asistencia social, toda la que sea posible; pena, sólo cuando sea
necesaria.
Pues bien, la pregunta que yo formularía es: el texto que nos remite
el Senado, las correcciones que establece el proyecto de ley de
responsabilidad penal del menor, a la vista de las enmiendas que han
sido aprobadas por el Senado, ¿se incardinan claramente en esta
filosofía? ¿Hacen especial hincapié en ese fin resocializador
y reeducador de la pena? ¿Están concibiendo el derecho penal como una
auténtica última ratio, como la última frontera, o están inspiradas
en algún planteamiento un tanto autoritario, por dura que sea la
frase?
Les decía en el debate de totalidad que tuvimos en su día, en el mes
de febrero, que apreciábamos un cierto regusto totalitario en algunas
de las afirmaciones que encontrábamos en este proyecto de ley, y bien
es cierto que la tramitación parlamentaria en el Congreso corrigió
aspectos sustanciales, tan sustanciales que mi grupo pasó de una
actitud de devolución a plantear la abstención en la valoración
global, en la votación de conjunto de esta ley orgánica, e incluso al
apoyo de muchas de las medidas y de muchos de los pasajes del
articulado que entendíamos que habían sido transados, que reunían y
recogían aspectos importantes. Pero el Senado ha pegado un golpe de
muerte a los avances importantes que se habían conseguido en el
Congreso y vuelve de nuevo a emerger ese regusto autoritario que
criticábamos en su momento, con motivo de aquel debate de conjunto de
la ley.
Porque, efectivamente, señor presidente, señorías, aquí volvemos a
apreciar importantes contradicciones. Hay una vuelta atrás, de alguna
forma lo han puesto de manifiesto otros intervinientes, en la
regulación de la participación del llamado perjudicado en este
proceso. En el fondo subyace el problema de si debe o no existir
acusación particular en este tipo de procesos, se considera que la
acusación particular no debe existir, porque la finalidad de ese tipo
de procedimientos es contradictoria y absolutamente incompatible con
la acusación particular, y ahora aparece una figura de participación
en suspenso, en el aire, flotando en los procesos de un extrañísimo y
ambiguo encaje procesal. La regulación es, me estoy refiriendo a los
artículos 25 y 35 tal como vienen redactados del Senado, una
regulación muy poco clara y muy contradictoria, y además encontramos
poca claridad también en la propia terminología de tipo jurídico,
porque se está hablando del perjudicado, se está hablando a la vez
del ofendido, se usa esta terminología como sinónima y en la propia
Ley de Enjuiciamiento Criminal se hacen distingos, porque el artículo
109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla del ofendido como
víctima y el artículo 110 habla del perjudicado, que puede ser
víctima y ofendido a la vez o simplemente perjudicado.
Pues bien, esta confusión terminológica en el ámbito procesal, más
esa peculiaridad, yo creo que introducen un mecanismo muy
contradictorio en el esquema o en la estructura de este proyecto de
ley. Pero el tema es aún más grave si analizamos el artículo 9 y las
enmiendas que sobre el mismo también se aplican. Me estoy refiriendo
a la regulación o a lo que se denominan
reglas para la aplicación de las medidas, y me estoy refiriendo
también a esa nueva definición del concepto de extrema gravedad,
basada a su vez en el concepto de reincidencia que, cuando menos,
debería ser muy matizado en este ámbito referido al derecho penal de
los jóvenes. Efectivamente, falta flexibilidad cuando se afirma que
la reincidencia se entenderá de extrema gravedad. ¿No es un
contrasentido del proyecto? ¿No es un endurecimiento innecesario,
casi casi autoritario, que introduce el Senado?
En el proyecto encontramos en esta regulación importantes
contradicciones, sobre todo entre la finalidad de reeducación y la
solución represiva que se da a estas cuestiones, cual es el caso de
la reincidencia, y la regulación de determinadas circunstancias a la
hora de fijar la duración media de internamiento en régimen cerrado.
Si la finalidad es que impere la orientación reeducadora, ¿por qué se
hace depender la longevidad de una medida de la gravedad del hecho o
de la reincidencia en vez del grado de madurez del menor? ¿No hay una
cierta contradicción entre lo que el proyecto pregona y lo que
realmente aplica? Nosotros encontramos un tratamiento claramente
contradictorio, como también es contradictorio, grave y autoritario
el tenor, tal como lo remite el Senado, del artículo 4, cuando habla
del régimen de los mayores de 18 a 21 años. Sinceramente, señora
ministra, señores diputados, aquí se establecen, por un lado,
elementos de desconfianza en el juez y, por otro lado y más grave, se
intenta establecer una rigidez, una -yo diría- inaplicación del tenor
del artículo 69 del Código Penal. Se obstruye la aplicación de la
justicia de menores al ámbito de edad de aquellos jóvenes que se
encuentran entre los 18 y los 21 años. Hay un mal concepto desde el
punto de vista de la dogmática jurídica, pero también hay una trampa,
una trampa basada en el pragmatismo, porque ustedes saben que esta
ley requiere medios y, sobre todo, que la aplicación de esta ley en
el ámbito de los 18 a 21 años aumentaría en tal magnitud el número de
causas potenciales que se generarían en nuestros tribunales que, con
las previsiones de esta ley, no sería fácil que fueran recogidas y
aplicadas. Por tanto, ante los problemas presupuestarios se introduce
una obstaculización en la aplicación del artículo 69 del Código Penal
y, repito, con esta concepción autoritaria desde el punto de vista
dogmático-jurídico se dificulta enormemente la extensión y la
aplicación de esta mentalidad reeducadora y de estas medidas al
ámbito de edad de los 18 a 21 años. Creo que son argumentos
suficientemente graves de lo que, a mi juicio, es un tremendo
retroceso que introduce la Cámara Alta a la hora de regular una ley
que, como decía, nos parece necesaria.
Cabría hacer otras críticas, pero no me voy a extender. Sí quiero
dejar claro que este proyecto de ley, tal como afirmábamos desde el
inicio, en el fondo, no es más que una pura operación de cosmética,
ya que no reúne las más mínimas condiciones de aplicabilidad. En la
famosa memoria económica ustedes llegaron a hablar de un costo en
torno a los cuatro mil y pico millones de
pesetas. Pues bien, las necesidades que genera para su correcta
aplicación este proyecto de ley han sido cuantificadas por distintas
comunidades autónomas. Le voy a citar sólo cuatro: el País Valenciano
ya habla de 4.000 millones sólo; Andalucía habla de 10.000 millones
de pesetas; Galicia habla de 4.600 millones de pesetas; Asturias
habla de 2.000 millones de pesetas. Y ustedes cuantifican la
viabilidad de este proyecto en 4.000 millones de pesetas. Es
inaplicable. Es inaplicable porque tampoco tienen ustedes extendida
en su totalidad la planta de jueces de menores en nuestro país. Es
inaplicable porque no tienen tampoco un número de fiscales
suficientes, cuando el fiscal va a desempeñar un papel nuclear. El
propio fiscal general del Estado llamaba la atención sobre que sólo
para esta ley se requieren 130 fiscales nuevos; para esta ley,
fiscales para el ámbito de la justicia de menores. Pues bien, para el
próximo año la previsión es, para todos los órdenes, de 32 fiscales.
Por tanto, hay una falta de solidez infraestructural, una falta de
convencimiento, una operación de pura cosmética a la hora de sacar
esta ley que ya digo que es no solamente autoritaria en muchos
conceptos, sino que es también, y sobre todo, inaplicable.
Inaplicable porque ustedes mismos la hacen inaplicable. Incluso, las
reformas procesales que tienen consecuencias orgánicas, por ejemplo,
la regulación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que va a
requerir este proyecto de ley, o la regulación de la Ley Orgánica del
Poder Judicial para crear las nuevas salas de menores en el ámbito de
los tribunales superiores de justicia que va a requerir también este
proyecto de ley, ustedes las aplazan seis meses. ¿Por qué no trajeron
esas reformas en paralelo? Porque en el fondo están introduciendo
elementos de truco para que la vigencia, la vacatio legis, no sólo
rebase el año que inicialmente prevé el proyecto, sino para que
rebase mayor tiempo, porque ustedes saben que en realidad esta ley es
inaplicable, es decir, nace sin sustento práctico para poder llevarse
a cabo. Será un meritorio ejercicio, eso sí muy controvertido, que
podrá influir desde el punto de vista de la hermenéutica, desde el
punto de vista de lo que sea la interpretación jurídica del actual
sistema regulador en esta materia, pero no va a tener ningún viso
real de aplicación.
Señor presidente, señorías, por estas razones, mi grupo va a votar en
contra de una serie de enmiendas que remite el Senado, sobre todo las
que se refieren al endurecimiento de lo que hemos denominado el
regusto autoritario. Y acabo, señor presidente, señorías, con una
esperanza en el horizonte del año 2000: que ese horizonte suponga una
nueva regulación y una eliminación de estos elementos retrógrados que
el Senado ha reintroducido en el proyecto de ley; que suponga por lo
tanto una reforma importante en esta materia -nuestro grupo va a
tener la responsabilidad de Gobierno y va a poder aplicar esa reforma
en esta materia- y que se haga realidad aquella frase de Jiménez de
Asúa cuando se refería al derecho penal del futuro -se refería al
presente siglo, pero sus frases siguen siendo aplicables al siglo que
vamos a inaugurar-, afirmación y deseo que
se expresaba en la siguiente afirmación: Es de esperar que el
espíritu expiacionista se cancele pronto. Yo creo que en este ámbito
esas palabras del derecho penal del futuro de Jiménez de Asúa tienen
plena vigencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta. En este y en
tantos ámbitos, en efecto.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora
Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular me corresponde
expresar nuestro sentido del voto y nuestra opinión respecto de las
enmiendas que se han aprobado y remitido desde el Senado al proyecto
de ley de responsabilidad penal del menor. Este proyecto de ley, que
hoy termina su ciclo legislativo en esta Cámara, no se inició hace
dos años, cuando el Gobierno del Partido Popular lo presentó. Esta
iniciativa legislativa inició su ciclo hace casi seis años, cuando el
Grupo Parlamentario Popular en la oposición, gobernando el Partido
Socialista, presentó una interpelación exigiendo un marco jurídico
estable para el menor. En la interpelación, que apoyaron todos los
grupos de la Cámara, y en la moción posterior, de mayo de 1994, se
instaba al Gobierno para que determinara la mayoría de edad penal a
los 18 años en el Código Penal que se estaba elaborando, en estos
momentos vigente con esa mayoría de edad penal; también, que esta
mayoría de edad no se aplicara en tanto no existiera una ley de
justicia juvenil. Estuvimos esperando esta ley durante todo el
Gobierno del Partido Socialista y sólo se presentó esta iniciativa,
que hoy termina su ciclo, cuando comenzó a gobernar el Partido
Popular.
El proyecto de ley de responsabilidad penal del menor incorpora una
nueva política criminal y un nuevo modelo de justicia juvenil
fundamentado en dos principios que nos parecen esenciales y que en la
moción consecuencia de interpelación se recogían, como son la
reeducación del menor y la responsabilidad del mismo para conseguir
prevenir futuras infracciones y un desarrollo equilibrado y maduro
del menor y del joven. Consciente el Gobierno del Partido Popular de
la no posibilidad de una justicia absoluta pero sí de una verdadera
justicia, ha elaborado un texto que, a pesar de lo que han dicho
diferentes intervinientes, se aleja del derecho penal y es más
resocializador y más consecuente con el perfil del menor y con sus
circunstancias personales, y las medidas a aplicar sin lugar a dudas
son medidas sancionadoras educativas.
Respecto a las modificaciones que nos han venido del Senado, algunas
de las cuales han sido cuestionadas aquí, en primer lugar, la
expresión «abogado del menor» en lugar de «defensor del menor», que
con carácter general se ha modificado a lo largo del texto, nos
parece muy adecuada respecto a la filosofía del propio texto. Lo que
se intenta es recuperar, resocializar, reeducar
al menor. El abogado del menor existirá y por supuesto defenderá al
menor en todos los aspectos. Pero nos parecía que el calificativo de
defensor iba a llevar al letrado a una actitud más parecida a la que
se mantiene en la defensa del infractor adulto, en la defensa
a ultranza, y nos parecía mejor sustituirla por el otro término.
Respecto a la modificación que se lleva a cabo en el artículo 4, en
el que se fijan las condiciones necesarias para aplicar esta ley a
los mayores de 18 años y menores de 21, se fijan unas condiciones
necesarias casi del mismo tenor literal que las que se fijaban en el
Congreso; lo único que se ha variado es el orden de las mismas,
diciendo que se aplicará a aquellos jóvenes de 18 a 21 años que no
hubieren cometido delitos menos graves, sin violencia y sin
intimidación y sin grave riesgo para las personas y para la
integridad física, teniendo en cuenta también que no hubieran sido
reincidentes después de los 18 años cumplidos y también, como
condición necesaria, la madurez del joven y las circunstancias
personales. Es decir, que si el juez va a tener obligatoriamente en
cuenta estos dos primeros aspectos, también va a tenerlos en cuenta
para beneficiar y aplicar esta ley a los mayores de 18 años y menores
de 21, tal como lo fija el artículo 69 de nuestro Código Penal
respecto de la madurez del menor y sus condiciones personales, lo
cual le beneficiará y especialmente, además, las que proponga, tal
como se dice, el equipo técnico.
El artículo 7 hace una ligera modificación respecto a utilizar la
expresión «restricción de derechos» en la regulación de las medidas,
lo que nos parece muy adecuado. Así lo recoge el artículo 8, donde
también se fijan -no se ha dicho aquí por los anteriores
intervinientes- las medidas que se aplican, según el artículo 7,
primer apartado, letras a), b), c), d) y g). Nos estamos refiriendo
al internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto,
terapéutico y la permanencia en fin de semana; nunca será mayor esta
medida que si se le hubiera aplicado a un mayor de edad aplicándole
el Código Penal de los adultos y por el procedimiento de los adultos.
Esta es una medida beneficiosa y yo creo que importante para que no
se retroceda en relación con los jóvenes y menores a los que se les
aplique.
Varios intervinientes se han referido a la modificación del artículo
9 de este texto, apartado 5. En él se recoge que los jueces aplicarán
en todo momento y en situaciones de extrema gravedad las medidas de
internamiento en régimen cerrado de 1-5 años y de libertad vigilada
de uno a cinco años, considerándose situaciones de extrema gravedad
la reincidencia y, en todo caso, la actividad terrorista y todos
aquellos actos de favorecimiento, apoyo y reclamo de bandas,
organizaciones y grupos terroristas, así como el asesinato, el
homicidio doloso y las agresiones sexuales que regula nuestro Código
Penal en los artículos 179 y 180. En base a la gravedad de esos
delitos nosotros estimamos esencial un año de internamiento en
régimen cerrado seguido de una libertad vigilada, tal y como se
recoge en la reforma, no debiendo considerarse un internamiento en
régimen cerrado como algo negativo para el menor, puesto que siempre
va a
conllevar un seguimiento educativo por parte de los especialistas.
Tenemos que abandonar la política de que es preferible lo que está
pasando en este momento en España, en que jóvenes de 16 años o bien
ingresan en prisiones de adultos o bien se les deja en la calle
pendientes de que la experiencia y el ambiente al final los
transforme en adultos que se van a convertir en delincuentes casi
irrecuperables. A nosotros no nos asusta en ningún momento la medida
del internamiento en régimen cerrado, puesto que van a tener a su
disposición unos psicólogos, unos especializados en la problemática
del menor que los van a recuperar, ya que, como he dicho
anteriormente, los delitos cometidos son verdaderamente graves y
exigen medidas acordes.
Respecto a la modificación del artículo 25, aquí se ha alegado que la
modificación hecha en el Senado resulta farragosa, pero nosotros
consideramos que es esencial por lo siguiente. En el artículo 25 se
establece la intervención del perjudicado y al mismo tiempo la
prohibición de la acusación particular o popular. Y a nosotros nos
parecía importante dejar sentado a través de esta tercera vía que se
ha creado desde el Senado que aquí no nos encontramos ante un proceso
vindicativo, sino ante un proceso en el que a los culpables mayores
de 16 años, teniendo en cuenta la situación particular y peculiar de
la víctima, no personándose en ella, lo hará en determinadas fases de
instrucción y de audiencia, conociendo la proposición de prueba y
pudiendo intervenir en la práctica de la prueba tanto en instrucción
como en audiencia o solicitando nuevas pruebas, al mismo tiempo que
podrá recurrir si no estuviere de acuerdo con la resolución. Ahora
bien, en ningún momento se personará para intervenir frente al menor,
al que se le intenta recuperar, por lo que no cambia en absoluto la
naturaleza educativa y sancionadora que se persigue, no
encontrándonos por lo tanto ante un proceso vindicativo, y sólo
cuando se hayan cometido delitos graves.
Respecto a las medidas cautelares, se recogen reformas en el artículo
28, habiendo pedido el señor Mardones que desde el Grupo Popular se
expliquen las restricciones al ministerio fiscal. Pues bien, son unas
restricciones que en todo momento van en beneficio del menor y del
joven infractor. El ministerio fiscal puede solicitar en base a este
artículo unas medidas cautelares, pero, según se recoge en la
modificación que se ha llevado a cabo en el Senado, sólo lo podrá
hacer si existen indicios racionales de haber cometido un delito o si
se pretende eludir la acción de la justicia, porque normalmente
conlleva una medida de internamiento en régimen cerrado y nos parece
que en tal caso, para ser represivos en ese sentido, tienen que
existir dos criterios esenciales para que el ministerio fiscal pueda
llevarlo a cabo. Por tanto, no es que se intente limitar la actuación
del ministerio fiscal, al contrario, se fijan unos criterios para la
defensa, para aplicar específicamente la solicitud de medidas
cautelares en ese sentido.
En el artículo 45 se han eliminado los términos de entidades públicas
de protección y reforma de los menores, dejándose solamente la
expresión respecto a
las competencias de las comunidades autónomas para que libremente
cada comunidad autónoma establezca qué entidad y qué órgano se va a
hacer cargo de todas estas materias. Respecto al artículo 48, también
se hace una modificación muy importante en el Senado eliminando la
prohibición de que el menor, su representante legal o su letrado
tengan acceso en todo momento al expediente.
Respecto a la disposición adicional tercera, hay que decir que nos
parece bien la modificación que se ha llevado a cabo para que el
registro de las sentencias, en lugar de existir en el ministerio
fiscal, exista en el Ministerio de Justicia. Queremos llamar la
atención sobre lo que nos parece un error del Senado, ya que procede
tener en cuenta, para la aplicación de estas sentencias y para el
control de las mismas, la denominada Lortad, Ley Orgánica reguladora
del tratamiento automatizado de datos del año 1992, pero es que el 13
de diciembre de este año se acaba de aprobar la Ley 15/1999, que
ahora se denomina Ley Orgánica de tratamiento de datos de carácter
personal. Por tanto, los servicios de la Cámara podrán sustituir
perfectamente una denominación por otra, puesto que la Lortad, como
ley y como denominación que se recoge aquí, no existe en este
momento, puesto que se aprobó su modificación durante la tramitación
en el Senado de este proyecto de ley, y posiblemente por un pequeño
error no se tuvo en cuenta.
En cuanto a la disposición adicional sexta, nos parece interesante la
eliminación que se hace de la excepción de Ceuta y Melilla, puesto
que durante la tramitación de este proyecto de ley Ceuta y Melilla
han recibido las competencias en estas materias, así como el carácter
transitorio que se fija en esta disposición adicional sexta nueva. La
disposición adicional sexta nueva recoge que, en todos aquellos
procesos penales en curso donde fuera el imputado un menor de 16 a 18
años, se aplicará automáticamente esta ley a su entrada en vigor, por
lo que el ministerio fiscal remitirá esta petición al juez para que
se conozca el juez de menores, y respecto a los mayores de 18 años y
menores de 21 se estará a lo que regula el artículo 4 sobre las
condiciones necesarias para aplicar, en tal caso, esta nueva ley a
estos jóvenes.
Por último, en la disposición final séptima se recoge la necesidad de
que sean las comunidades autónomas las que desarrollen reglamentaria
y legalmente esta ley.
Señoras y señores diputados, con este proyecto de ley del Gobierno
del Partido Popular se modifica por fin la legislación criminal, que
era tan necesario modificar en España desde hace treinta años, pero
especialmente durante estos años de vigencia de la Constitución,
cuyos artículos 24, 25 y 39 otros hablan de la igualdad y de la
dignidad de todos. Nuestros jóvenes infractores han estado sufriendo
una legislación totalmente desfasada. Desde el Grupo Popular damos la
bienvenida a la llegada de esta ley porque creemos que con ella se va
a eliminar el dolor y la frustración de tantos niños de la calle, de
tantos jóvenes institucionalizados, de tantos adolescentes reclusos
sin futuro
que en este momento se encuentran en España. Por tanto, señoras y
señores, quiero felicitar desde aquí al Gobierno del Partido Popular
y a los grupos que tan intensa y activamente han intervenido en la
mejora de este texto. Estamos convencidos de que este no es un texto
represor, al contrario, es un texto educativo y sancionador,
realista, coherente y con rigor, que va a solventar un problema que
el Gobierno socialista nunca fue capaz de solucionar en catorce años;
al contrario, han sido capaces de permitir que no se esté aplicando
hasta hoy un artículo tan importante del Código Penal, como el 19,
donde se fija la mayoría de edad penal, 18 años, por no haber tenido
la valentía y el rigor de haber elaborado una norma ajustada a
derecho para que se defendiera adecuadamente a los menores
infractores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios, con cuya intervención
concluye el debate sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley
orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE 1995
EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE AGENTES PÚBLICOS
EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. (Número
de expediente 121/000158.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas que la Alta Cámara ha
formulado al proyecto de ley orgánica de modificación del Código
Penal en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. ¿Grupos
que desean fijar su posición sobre las enmiendas del Senado a este
proyecto de ley? (Pausa.)
Entiendo que no desean fijar su posición al respecto el Grupo Mixto
ni el Grupo de Coalición Canaria, por ausencia, ni el vasco por ídem,
por lo que empezaremos con la intervención, en nombre de Convergència
i Unió, del señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente. Voy a
ser muy breve.
La enmienda que se ha introducido en el Senado a este proyecto de ley
refleja lo que ya fue objeto de debate en esta Cámara, en el Pleno,
cuando se trataba de aprobar el texto que ya había sido aprobado por
la Comisión de Justicia e Interior. Esta reforma del Código Penal,
tal y como había sido planteada, dejaba viva una cuestión, que era su
integración con el conjunto del Código Penal. Quedaba viva en ese
momento una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco a la
que mi grupo no dio apoyo. Sí recomendó que se tomara en
consideración y que se planteara en el Senado la propuesta que en su
momento la portavoz de dichogrupo hizo, que era dejar claro que
estamos ante un
bien jurídico protegido distinto como es la corrupción a funcionarios
extranjeros y que no debe ser tratada de la misma manera la
corrupción a funcionarios públicos extranjeros que la corrupción a
funcionarios públicos españoles. Esa enmienda del Grupo Vasco que ya
en el propio trámite del Congreso fue puesta sobre la mesa por la
diputada Margarita Uría es la que finalmente ha sido introducida
y aceptada en el Senado; reforma simplemente la sistemática del Código
creando un título nuevo. Nos parece que es una mejora técnica que en
su momento apoyamos en el Senado y que evidentemente apoyaremos hoy
también.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.
Sin duda por una ausencia más que justificada no pudo pedir la
palabra el Grupo Vasco, que ahora lo hace a través de la señora Uría.
Adelante, doña Margarita.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente. Le agradezco
esta deferencia, pues hemos llegado hasta el último Pleno con las
irregularidades en las presencias y ausencias propias de un grupo
pequeño.
Aunque con una intervención muy corta, sí quería decir algo en
relación con las enmiendas del Senado introducidas en este proyecto
de ley. Fue el Grupo de Senadores Vascos, los senadores de mi propio
partido, el que introdujo esta modificación, que, como ha dicho el
señor Guardans, ya anuncié yo en esta Cámara al tramitarse la ley.
Todos estábamos de acuerdo en que era necesario adecuar el Código
Penal e introducir en él la obligación internacionalmente asumida al
ratificar España un convenio internacional. La duda estaba en si era
el lugar más adecuado para su inclusión en el Código Penal, tal y
como se pretendía, el artículo 423, tercer apartado, o existían
bienes jurídicos distintos a proteger que justificaban abrir un nuevo
título dentro del Código Penal. Comentado con los ponentes de los
demás grupos, así pareció a varios de ellos y fue mi grupo el que
presentó en el Senado estas enmiendas, que fueron allí aprobadas con
la mayoría suficiente, que hoy vuelven a esta Cámara y que por
supuesto van a tener la aceptación del grupo al que represento.
Quiero volver a manifestar, como he hecho en anteriores ocasiones,
que el Grupo Vasco interviene en el quehacer legislativo de esta
Cámara intentando con lealtad mejorar en la medida de sus
posibilidades los textos legales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra don Pablo
Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para manifestar nuestra conformidad con
la enmienda introducida por el Senado dando sustantividad a los
delitos de corrupción en las transacciones comerciales
internacionales en la línea pretendida por el Grupo Parlamentario
Vasco. Nos parece que, con la inclusión de este delito, el Código
Penal reformado tiene mucho más rigor y metodológicamente es mucho
más acertado. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por el Grupo Socialista
¿interviene el señor Cuesta? (Pausa.) No le quedaba claro a la
Presidencia si iba a intervenir o no el Grupo Socialista.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, habíamos valorado la
posibilidad de no consumir turno, pero vamos a hacerlo. Quiero
aprovechar la ocasión para disculpar al ponente que tenía que
intervenir en nombre del Grupo Socialista, que es el querido
compañero diputado don Antonio Pérez Solano. En el día de hoy está
enterrando a su madre y por ello no puede intervenir. Yo sé que
interpreto el sentir de toda la Cámara con un recuerdo y con la
expresión de la solidaridad en estas horas al compañero Pérez Solano.
También quiero decirles en su nombre que hubiera sido en este
trámite, al menos en esta etapa, su última intervención en el
Congreso para defender posiciones en un ámbito en el que ha venido
trabajando de manera muy brillante, que es el ámbito de los derechos
y libertades fundamentales, en la Comisión de Justicia e Interior.
Les transmito un saludo y su despedida.
Entrando en el fondo del asunto, señor presidente, señorías, mi grupo
considera plenamente acertadas las enmiendas que introduce el Senado
en este proyecto de ley. Creemos que se recoge el espíritu de la
enmienda del Grupo Parlamentario Vasco que nosotros habíamos apoyado
en su momento, que establece una nueva sistemática, con el título 19
bis y la nueva regulación, y desde este punto de vista, tanto por
razones de forma como de fondo, nuestro grupo está de acuerdo con la
enmienda que nos llega del Senado y la votará favorablemente.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Cuesta.
Finalmente, por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Arqueros.
El señor ARQUEROS OROZCO: Muchas gracias, señor presidente.
Sin duda, don Álvaro, todo nuestro grupo expresa a través de quien
les habla el pésame a nuestro compañero por la muerte de su madre.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Popular sobre la enmienda
del PNV aprobada por unanimidad en el Senado, en relación con el
proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en
materia de
lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las
transacciones comerciales internacionales.
El pasado día 25 de noviembre, doña Margarita Uría, como portavoz del
Grupo Vasco, hablaba en esta Cámara de una duda teórica sobre la
enmienda que su grupo había presentado al proyecto de ley orgánica
que debatimos y manifestaba la posibilidad de dar una ubicación
distinta al precepto que se pretendía modificar en el trámite del
Senado. Las enmiendas del Senado consideran que el bien jurídico
protegido, las transacciones comerciales internacionales, está
perfectamente diferenciado y que por tanto exige un título nuevo y
aparte. Esta opción sistemática, que no modifica el sentido del
proyecto de ley remitido en su día por el Gobierno, tutela que los
operadores económicos españoles en terceros países no incurran en
prácticas corruptoras con las personas que cumplen funciones
oficiales en dichos países. Se orienta primordialmente a tutelar la
libertad y lealtad de la competencia en las relaciones económicas
internacionales y la relación de los agentes económicos con las
autoridades y funcionarios de terceros países, adecuando el Código
Penal español al convenio ratificado el 17 de diciembre de 1997. El
texto del artículo 423 del Código Penal determina las penas
aplicables en los distintos casos.
El voto del Grupo Parlamentario Popular será favorable de acuerdo con
todo lo expuesto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Arqueros.
Evidentemente, la Presidencia se une al sentimiento de duelo que han
expresado el señor Cuesta y el señor Arqueros por el fallecimiento de
la madre de don Antonio Pérez Solano.
Vamos a suspender la sesión quince minutos, porque, como ha sido
anunciado por la Presidencia, las votaciones se celebrarán a partir
de las dos de la tarde. Suspendemos la sesión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a comenzar
las votaciones correspondientes a las enmiendas del Senado a los
diferentes proyectos y proposiciones de ley que se han debatido a lo
largo de la mañana. Conforme anunciamos, al tener algunas de esas
iniciativas carácter orgánico, las votaciones se han acumulado para
esta hora, continuaremos después con el resto del orden del día, no
sin antes someter a su consideración y espero que aprobación una
alteración relativa a un nuevo decreto-ley, para producir finalmente
en la tarde las votaciones sobre la convalidación o derogación de
reales decretos- leyes.
ENMIENDAS DEL SENADO. (Votaciones.)
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2000. (Número de expediente 121/000186.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos, por tanto, con las enmiendas del
Senado en primer lugar al proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000.
Se someten a votación las enmiendas a los artículos 2 y 4 y al Anexo
I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 175; en contra, 150; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda al Anexo VI .
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
343; a favor, 174; en contra, 167; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas al preámbulo, a los artículos 37, 38, 40, 42, 43, 44 y 87.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 320; en contra, uno; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobadas las referidas
enmiendas.
Pasamos a votar las enmiendas al apartado cuatro del artículo 45, a
la sección 14 y a la disposición adicional trigesimoprimera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
343; a favor, 317; en contra, 20; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobadas las enmiendas
a los referidos preceptos.
Enmienda al resto del artículo 45.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 321; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas al artículo 71 apartado siete, al artículo 95, a la sección
21 programa 800.X y a la sección 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 193; en contra, uno; abstenciones, 150.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Pasamos a aquellas que van referidas a las disposiciones adicionales
decimosexta, decimonovena, vigesimocuarta, vigesimonovena, a la
sección 19 programa 315.A, y a la sección 21 programa 771.A concepto
760.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 342; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Votamos aquellas que se refieren a la sección 19 programa 481,
sección 21 programa 718.B, sección 21 a los conceptos 710 y 779,
relativas al FROM, es decir, Fondo de regulación y organización del
mercado de productos de pesca y cultivos marinos, y a la sección 32
programa 453.B.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 318; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la sección 60, relativa al cambio de la estructura
presupuestaria de la clasificación económica de gastos de la
Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 176; en contra, 17; abstenciones, 151.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Resto de enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 179; en contra, cinco; abstenciones, 160.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobadas las restantes
enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (Número de expediente 121/000187.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas que la Alta Cámara ha
formulado al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, comenzando con aquellas que se refieren a los
artículos 3.4, 3.7, 3.8, 41 en lo relativo a la modificación del
artículo 39 de la Ley General Presupuestaria, 45, 59, 68 bis,
disposición adicional vigésima, nuevo apartado 3 de la disposición
adicional decimoctava, y disposición adicional trigésima, así como la
disposición transitoria decimosegunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 176; en contra, 147; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 33 y disposiciones adicionales vigesimocuarta y
trigesimocuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 317; abstenciones, 27.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda por las que se crea un artículo 33 bis nuevo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 340; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas a las disposiciones adicionales vigesimosegunda
y vigesimotercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
341; a favor, 317; en contra, 18; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda por la que se crea un apartado 16 uno bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
343; a favor, 189; en contra, 146; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas al apartado dos del artículo 67, al artículo 71 bis, al 71
ter, y a las disposiciones adicionales vigesimosexta y vigesimoctava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 176; en contra, 167; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al resto del artículo 67.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 175; en contra, 152; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda al resto del artículo
67.
Enmiendas a las disposiciones adicionales vigesimoséptima
y vigesimonovena, y al artículo 11.E.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
342; a favor, 174; en contra, 21; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda al artículo 40.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
342; a favor, 188; en contra, diez; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmiendas al artículo 71 uno apartado a), al artículo 3 bis y al
artículo 11 apartado g).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 189; en contra, ocho; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de acompañamiento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
343; a favor, 179; en contra, seis; abstenciones, 158.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobadas las restantes
enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, de acompañamiento al de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. (Fuertes y
prolongados aplausos.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS
EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente
122/000295.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar, señorías, las enmiendas del
Senado al proyecto de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. (Rumores.) Las
enmiendas del Senado, por acuerdo de todos los grupos parlamentarios,
se van a someter a una sola votación y por tanto todas en bloque.
(Continúan los rumores.)
Silencio, señorías.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 153; en contra, 190; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Senado.
(Fuertes y prolongados aplausos.-En una de las tribunas del hemiciclo
despliegan una pancarta que dice: No a la ley de extranjería.)
Por favor, retiren la pancarta y expulsen de la sala a quien la
exhibe. (Aplausos.) Ruego a los servicios de seguridad que expulsen
del salón a quien ha utilizado la pancarta. (Continúan los aplausos.)
Gracias.
Señorías, al no haberse incorporado ninguna de las enmiendas
aprobadas por la Alta Cámara, pasamos en consecuencia a votar el
siguiente proyecto de ley por cuanto no procede someter a una
ulterior votación el proyecto de ley orgánica de extranjería, ya que
las enmiendas del Senado han quedado rechazadas, y se mantiene el
texto que salió del Congreso. (Aplausos.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LOS MENORES. (Número de expediente 121/000144.)
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
En primer lugar votamos las enmiendas al punto 10 párrafo segundo del
apartado II del preámbulo, más el artículo 4 puntos 1 y 3, el
artículo 10 punto 3 y la disposición final séptima punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 201; en contra, 140; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los puntos 8 y 9 del párrafo cuarto del apartado II del
preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 205; en contra, dos; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Quedan así aprobadas todas las enmiendas al
apartado II del preámbulo.
Enmienda al artículo 4 punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 191; en contra, 151; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 9º regla 5ª.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
343; a favor, 174; en contra, 165; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 184; en contra, 25; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 35 punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 197; en contra, siete; abstenciones, 140.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 28 punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 333; en contra, cinco; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Restantes enmiendas al proyecto de ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 340; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Señorías, al haberse incorporado, sí, enmiendas del Senado al
proyecto de ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores
y tener naturaleza orgánica, es menester una votación de conjunto
sobre el proyecto que ha de alcanzar la mayoría absoluta de la
Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 198; en contra, ocho; abstenciones, 138.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la Ley orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores al haber
alcanzado la mayoría absoluta en la votación final del Congreso.
(Aplausos.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE 1995
EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE AGENTES PÚBLICOS
EXTRANJEROS EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES. (Número
de expediente 121/000158.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica
de modificación del Código penal de 1995 en materia de lucha contra
la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones
comerciales internacionales. Votaremos las enmiendas de la Alta
Cámara en un bloque y luego, en su caso, si se incorporan,
procederíamos a la votación orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 343; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado.
Por las mismas consideraciones que en la iniciativa anterior,
sometemos a votación de conjunto el proyecto por tener naturaleza
orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
344; a favor, 344.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el proyecto de ley con
carácter de orgánico por unanimidad del Congreso de los Diputados.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- REAL DECRETO-LEY 22/1999, DE 17 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDE
UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 38.472.463.379 PESETAS, PARA
APLICAR A PRESUPUESTO LAS INDEMNIZACIONES SATISFECHAS A LOS AFECTADOS
POR EL SÍNDROME TÓXICO Y SE COMPLEMENTA EL REAL DECRETO-LEY 18/1999,
DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
PARA ATENDER GASTOS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO. (Número
de expediente 130/000084.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, procede ahora someter al asentimiento
-estimo- del Pleno la inclusión en el orden del día de un nuevo
punto, que figuraría como 8 bis, relativo a la convalidación o
derogación, como anticipé, del Real Decreto-ley, de fecha 17 de
diciembre, número 22 del presente año 1999, por el que se concede un
crédito extraordinario por importe de 38.000 millones de pesetas para
aplicar a las indemnizaciones satisfechas a los afectados por el
síndrome tóxico y se complementa el anterior de concesión de créditos
extraordinarios suplementarios para atender gastos de inversión en el
Ministerio de Fomento. ¿Acuerda el Pleno la inclusión en el orden del
día? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 19/1999, DE 3 DE DICIEMBRE, SOBRE LAS OBLIGACIONES
DE PAGO EXIGIBLES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1999. (Número de
expediente 130/000081.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a pasar al punto II del orden
del día, en el que ha quedado integrado ese real decreto-ley,
desarrollándose sin pausa para el almuerzo. Por tanto, se producirán
los debates correspondientes a los cuatro reales decretos-leyes y al
finalizar los mismos procederemos a la votación sobre convalidación o
derogación de cada uno de ellos. Las
votaciones estimamos que no se producirán, y no se producirán, antes
de la cuatro y media de la tarde.
Comenzamos por el Real Decreto-ley que con el número 19 se aprobó en
fecha 3 de diciembre de 1999 sobre las obligaciones de pago exigibles
al día 31 de diciembre de 1999. (Rumores.)
Señorías, quienes hayan de permanecer en el hemiciclo para intervenir
o complementar las intervenciones que han de producirse en relación
con los decretosleyes tienen a su disposición en la parte de atrás el
servicio que habitualmente dispone la Cámara en las noches de
presupuestos, víveres y manutención. No sé si ha quedado claro que
pueden dirigirse a la parte de atrás. Insisto, señorías, en que
quienes hayan de permanecer en el hemiciclo para asistir o participar
en los debates tienen a su disposición en la parte de atrás del
hemiciclo el servicio de manutención que es habitual en las noches de
presupuestos. Señorías, guarden silencio.
En nombre del Gobierno, para presentar la disposición que se somete a
convalidación, tiene la palabra el vicepresidente don Rodrigo de Rato
Figaredo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar a la Cámara el Real Decreto-ley
19/1999, de 3 de diciembre, sobre obligaciones de pago exigibles el
31 de diciembre de 1999. (Rumores.) Quiero significar que este
decretoley ha sido ya conocido y puesto en vigor por las empresas a
las que pueda afectar y a los ciudadanos ...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rato. ¡Señorías, por favor!
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): ... desde el 3 de diciembre y se enmarca
en las diferentes medidas legislativas y de todo tipo que el Gobierno
ha tomado respecto al llamado efecto 2000. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) En ese sentido
quiero recordar brevemente a la Cámara que el Gobierno ha planteado
actuaciones en dos ámbitos, dentro de los propios servicios de las
administraciones públicas para adaptar todos los equipos informáticos
al problema del llamado efecto 2000 y también en el ámbito de agentes
económicos y sociales impulsando y concienciando a los mismos para
que bajo su responsabilidad y en su actuación profesional o
empresarial tomen decisiones que puedan evitar las consecuencias ...(
Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor vicepresidente. Discúlpeme.
Señorías, les ruego que guarden silencio y abandonen el hemiciclo si
así desean hacerlo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Estas medidas tomadas por el Gobierno
comenzaron en 1996 con la revisión de los grandes equipos
informáticos de la Administración; a lo largo del año 1997 el Consejo
Superior de Informática aprobó una serie de medidas dirigidas a la
sensibilización de todas las administraciones públicas; y en junio de
1998 el Consejo de Ministros acordó adoptar 23 medidas dirigidas
tanto al sector público como al privado y más recientemente la
creación de la Oficina de transición para el efecto 2000, que tiene
como objetivo fundamental realizar el seguimiento último de
verificación del estado de adaptación de los servicios esenciales y,
al mismo tiempo, preparar la coordinación de los equipos de
emergencia y de los planes de contingencia para hacer frente a las
incidencias que puedan producirse en el ámbito nacional e
internacional.
Señorías, precisamente para prestar especial atención al sector
privado se creó la Comisión Nacional del Efecto 2000 a que acabo de
referirme, que aglutina a representantes de los distintos
departamentos ministeriales, comunidades autónomas, corporaciones
locales, organizaciones empresariales, organizaciones de consumidores
y usuarios y expertos en el sector de telecomunicaciones
e informática. Esta Comisión Nacional ha prestado especial atención a
los sectores considerados estratégicos, entre los que se encuentra el
sector financiero al que precisamente quisiera referirme. Dentro del
sector financiero es importante resaltar que éste está estrechamente
vinculado a otras instituciones europeas, como el Banco Central
Europeo o el sistema europeo de bancos centrales, lo que obliga a
adecuar nuestras actuaciones de transición al efecto 2000 a las
decisiones de estas instituciones internacionales, no sólo europeas,
sino a instituciones como el Banco de Basilea, con competencias más
allá de Europa.
Las medidas de precaución planteadas sobre el efecto 2000 en el
sector bancario se han dirigido principalmente a estas cuestiones.
Por un lado, garantizar el abastecimiento de dinero en efectivo para
el caso de demandas excepcionales, garantizar la provisión de
liquidez adecuada a las entidades bancarias, asegurar el
funcionamiento del sistema de pagos, asegurar durante los días 31 de
diciembre, 1 y 2 de enero el funcionamiento de las redes de cajeros y
terminales de puntos de venta, así como asegurar el funcionamiento de
los mercados de deuda pública anotada. En todas estas áreas el propio
Banco de España, como parte integrante del sistema europeo de bancos
centrales, ha emprendido una serie de actuaciones, entre las que me
gustaría destacar muy brevemente las siguientes: la ampliación de dos
a tres semanas el plazo de las operaciones periódicas de
refinanciación de forma que no existan operaciones de este tipo
durante los 12 primeros días del año 2000; el incremento del
suministro de liquidez, proporcionando mediante subastas mensuales a
celebrar en octubre, noviembre y diciembre, la cantidad a otorgar,
que en cada una de ellas ha pasado de 15 millones a 25
millones de euros; además, en caso de necesidad, con el fin de dotar
de liquidez al mercado del sistema europeo de bancos centrales ha
establecido en su esquema ordinario de operaciones la posibilidad de
realizar permutas financieras, los llamados swaps, en el mercado de
divisas, que no implican consumo de garantías, así como la ampliación
del periodo de sesiones del propio sistema nacional de compensación
electrónica al día 30 de diciembre de 1999, fecha en la que
eventualmente se podría producir como consecuencia del efecto 2000 un
mal funcionamiento en las operaciones de cierre. Quiero también
mencionar la previsión para el 3 de enero de la apertura anticipada
de los sistemas de pago, tanto para los pagos al por menor nacionales
como para los grandes pagos nacionales y transfronterizos.
Para comprobar que todas estas cuestiones están perfectamente
establecidas en la práctica diaria del funcionamiento del sector
bancario, éste ha realizado una serie de pruebas desde 1998,
interviniendo en ellas las principales entidades de crédito
españolas, que han seguido las directrices tanto del Banco de España
como del Banco Central Europeo y el sistema europeo de bancos
centrales. Todas estas pruebas han resultado satisfactorias y
adicionalmente se han adoptado las medidas necesarias para garantizar
el correcto funcionamiento de las tres redes de cajeros automáticos
existentes en nuestro país y las terminales de punto de venta a
partir del 1 de enero del año 2000 al ser estos servicios los que
pueden tener mayor impacto en los ciudadanos. El número de cajeros
adoptados a las tres redes, como saben SS.SS., es de 40.000 y las
terminales punto de venta instaladas en comercios, grandes
superficies, cines y gasolineras superan las 600.000.
Con el fin de comprobar el funcionamiento de todas estas unidades que
proporcionan liquidez a los clientes, el pasado 22 de noviembre se
realizó una prueba en tres cajeros conectados a cada una de las tres
redes de sistemas de pago comprobando que los cajeros automáticos
están adaptados para operar con normalidad desde las cero horas del
día 1 de enero del año 2000. También se han realizado pruebas el
pasado 18 de septiembre en el mercado de valores y en el sector
seguros se está trabajando intensamente con la colaboración de las
entidades y estamos en condiciones de afirmar que los datos indican
que todo el sector está adaptado al efecto 2000 en estos momentos.
Desde el punto de vista de la difusión de los datos, en el sector
financiero, que como es natural funciona dentro de un esquema de
confianza del público en el normal funcionamiento de los servicios,
se ha producido un flujo de información en el ámbito internacional
que está canalizado por medio del Banco de Pagos de Basilea, que
concentrará las posibles incidencias que se produzcan en cualquier
país y las comunicará inmediatamente a los organismos supervisores y
reguladores del sistema financiero español. Dentro de los países de
la Unión Europea, será el Banco Central Europeo quien canalice las
posibles incidencias ocurridas en el sector y las transmita a los
organismos y autoridades implicados,
y en el ámbito nacional serán el Comité de Emergencia del Ministerio
de Economía y Hacienda y el Banco de España los responsables de
recabar la situación del sector y servir de enlace entre la que ya he
mencionado Oficina de Transición al 2000 y el Banco de Pagos de
Basilea y el Banco Central Europeo.
Las principales entidades que componen el sector financiero han
establecido planes de contingencia para cualquier posibilidad que
pueda afectar a caída de líneas de comunicaciones o al suministro
eléctrico, y entre estas medidas que tienen establecidas las
entidades financieras está la utilización de centros de cálculo de
respaldo, así como la utilización de grupos electrógenos con
autonomía ilimitada, utilización de teléfonos móviles y
funcionamiento en modo manual durante un período limitado de tiempo.
Todos estos planes de contingencia se han consolidado en un Plan de
contingencia sectorial, que está en poder del comité de emergencia
del Ministerio de Economía y Hacienda.
Quisiera mencionar muy brevemente las medidas normativas ya aprobadas
por esta Cámara, entre ellas el decreto-ley que somete el Gobierno a
ratificación de la Cámara, como la Ley 41/1999, de 12 de noviembre,
en la que se declaró inhábil el día 31 de diciembre a efectos de
liquidación de obligaciones en los sistemas de pagos interbancarios,
es decir, que no afectan a los privados, sino que serían los pagos
entre las entidades financieras. También recordará la Cámara que esta
disposición adicional que acabo de mencionar fue votada en esta
Cámara casi prácticamente por unanimidad y, si bien hubo algunas
reflexiones sobre el hecho de que una decisión como ésta podría
producir desconfianza, el Gobierno entiende que las medidas
precautorias no deben producir desconfianza siempre que estén
dirigidas a evitar un efecto que indudablemente se va a producir,
como es el efecto 2000, para que distorsionen lo menos posible el
funcionamiento de la vida diaria de los ciudadanos y de los mercados.
En ese sentido, la segunda iniciativa que se ha tomado desde el punto
de vista normativo está en la Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda del 4 de noviembre de este mismo año, que se refería a la
regulación de las operaciones de cierre del ejercicio de 1999,
relativas a la contabilidad de gastos públicos y que modifica la
instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto
del Estado. En esta orden se establece, entre otros, que el último
día del ejercicio de 1999 en el que se podrán satisfacer libramientos
de pago por delegaciones provinciales de Economía y Hacienda o/y por
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera será el 30 de
diciembre. Quiero decir que a efectos prácticos esto era algo que ya
venía sucediendo, puesto que en las administraciones públicas el día
31 de diciembre suele ser un día de vacaciones.
Quisiera mencionar muy brevemente las medidas adicionales que
contiene este decreto-ley, que fue publicado el 3 de diciembre y que
supone que, para evitar posibles perjuicios para los ciudadanos o
cualquier persona física o jurídica, pública o privada que tenga que
hacer pagos a través de entidades financieras el 31 de diciembre, se
establece que las obligaciones de pago exigibles a esa fecha cuando
no puedan ser cumplidas por causas no imputables al obligado al pago
puedan efectuarse el primer día hábil del año 2000 sin incurrir en
mora. Esta es una previsión que probablemente está contenida ya en
nuestro ordenamiento jurídico, habida cuenta de que los ciudadanos no
son responsables de las causas de fuerza mayor, pero nos parecía
especialmente significativo que pudiera contenerse de manera expresa,
referida a una fecha tan significada como el principio del año 2000 y
que está dentro del complejo de situaciones que puedan derivarse del
efecto 2000.
Se excluye en el mismo artículo único de este real decreto-ley a la
Seguridad Social y se la excluye de manera expresa porque, como SS.
SS. saben, la Seguridad Social en su reglamento de recaudación
establece que el último día hábil es el 30 de diciembre para los
pagos a la Seguridad Social. Esta es una cuestión perfectamente
lógica, ya que la Seguridad Social tiene que realizar sus ingresos en
las mismas fechas contables, en el mismo período presupuestario que
se realizan sus pagos y todos los ingresos que se efectúen con
posterioridad al 31 de diciembre de cada año son contabilizados en el
año siguiente. En cualquier caso, habida cuenta de que el reglamento
de recaudación de la Seguridad Social contenía la previsión de que el
último día hábil para pagos a la Seguridad Social es el día 30 y que
se establecía con una norma con rango de ley el hecho de que el día
31 de diciembre pudieran no resultar exigibles las operaciones que
por causas no imputables al obligado no pudieran efectuarse, al
Gobierno le pareció necesario ratificar que, en el caso de la
Seguridad Social, las obligaciones cuyo plazo reglamentario venza el
31 de diciembre deberán hacerse efectivas el día anterior hábil, que
en este caso sería el día 30.
Los motivos de urgente necesidad son obvios para la Cámara, habida
cuenta de que el efecto 2000 se produce dentro de muy pocos días, por
lo que agradezco al Congreso de los Diputados su atención sobre este
tema y reclamo su respaldo al decreto-ley planteado por el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané i Palau.
El señor JANÉ I PALA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el grupo Catalán (Convergencia i Unió) apoyará la
convalidación de este real decreto-ley sobre cumplimiento de las
obligaciones de pago exigibles el 31 de diciembre de 1999, requerida
como es, por el artículo 86 de la Constitución, la urgente necesidad
para dictar el mismo. A nuestro juicio, las medidas que contiene el
real decreto-ley son oportunas y, en todo
caso, previenen posibles problemas que preocupan a entidades
financieras, a los mercados y a los ciudadanos en general ante el
llamado efecto 2000, por lo que, como he anunciado al principio,
nuestro grupo parlamentario votará favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero decir, con la mayor brevedad, que nuestro grupo va a votar
favorablemente, entendiendo, no obstante, que dado el conocimiento
que se tenía de este posible problema e incluso los debates habidos
en esta Cámara y en el Senado, se podría haber anticipado bastante
más la previsión por parte del Gobierno. Pero como es un efecto que
espero que al menos no nos prive del champán y de las uvas el 31 de
diciembre, nuestro grupo apoyará el decreto-ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez
Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Como el resto de los grupos parlamentarios, el Grupo Socialista
también va a apoyar la ratificación del real decreto-ley sobre
obligaciones de pago exigibles a 31 de diciembre, coherentemente con
la decisión que adoptamos, tanto en el Pleno del Senado como en el
Pleno del Congreso, cuando fue introducida la enmienda en la Ley de
Sistemas de Pago y Liquidación de Valores, en la que se habilitó el
día 31 como inhábil a efectos de transacciones, de acuerdo con lo
adoptado por el Banco Central Europeo y todos los bancos centrales.
Nos parece una medida de precaución, una medida positiva para evitar
cualquier problema y sólo pediría al señor ministro dos pequeñas
cosas y así termino el año con una broma, con una cierta maldad
-entre comillas-: que toda la transición al efecto 2000 funcione bien
y no como Barajas. Quiero que todo vaya bien y ojalá sea así.
También le pediría que si se va a ampliar la información a los
sectores, se haga información y no propaganda. Es un asunto muy serio
y, aunque todo el mundo lo conoce ya por la ratificación en el
Boletín Oficial del Estado, como a efectos de Seguridad Social va a
funcionar una fecha y a efectos de sistemas convencionales de pago y
de transacciones exteriores o intrabancarias va a funcionar otra, con
el fin de que no haya un lío en algunos sectores, en la medida en que
la fecha de cómputo a efectos de transacciones con Seguridad Social
será el 30 de diciembre, si hay alguna
empresa, algún sector, alguien afectado que no se haya enterado, que
no incurran en sanciones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Sanjuán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, nuestro grupo también respaldará, como ya se imaginan,
el real decreto-ley por el que se regula la forma en que se cumplirán
las obligaciones de pago exigibles al día 30 de diciembre, y si no le
importa, señor Martínez Sanjuán, en este acto le contestará este
diputado en vez del señor vicepresidente. No se preocupe, señor
Martínez Sanjuán, porque quienes habitualmente cumplen con sus
obligaciones de pago en el ámbito de la Seguridad Social saben
perfectamente que el reglamento de recaudación, como dijo el señor
vicepresidente, establece desde hace tiempo que es el 30 de diciembre
el día para presentar las obligaciones de pago y no el día 31. Por lo
tanto, no se preocupe, porque los interesados ya conocen esta
normativa desde hace tiempo y no ha lugar a la preocupación. En todo
caso, lo que sí debo decirle es que, en el hipotético caso de que
hubiera personas que pudieran quedar perjudicadas por el efecto 2000,
esta norma viene a erradicar cualquier incertidumbre sobre esta
cuestión, de modo que los ciudadanos vean cumplidas sus obligaciones
sin ningún requerimiento de la Administración en el caso de que no
sean imputables a su persona, tal y como dice el real decreto.
Tampoco se les escapa que tan sólo se hace referencia a los casos en
los que intervenga la intermediación de entidades financieras. Por lo
tanto, aludimos a un procedimiento muy tasado que no debe causar al
señor Martínez Sanjuán ningún tipo de preocupación.
Para acabar, señor presidente, nuestro grupo parlamentario agradece
la sensibilidad y la nítida preocupación que nos consta que durante
todo la legislatura ha puesto de manifiesto el Gobierno para dotar de
la seguridad y la facilidad que se requiere en las transacciones de
todo tipo dentro del ámbito del sistema financiero español.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cámara.
- REAL DECRETO-LEY 20/1999, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN
NUEVAS MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN ALGUNOS
CULTIVOS LEÑOSOS. (Número de expediente 130/000082.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto VII del orden del día: Convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 20, de 3
de diciembre de 1999, por el que se adoptan nuevasmedidas para paliar
los efectos de la sequía en algunos cultivos leñosos.
Para su presentación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante esta Cámara para solicitar la convalidación
del Real Decreto-ley 20/1999, de 3 de diciembre, por el que se
adoptan nuevas medidas para paliar los efectos de la sequía en
algunos cultivos leñosos. Este real decreto-ley viene a completar las
medidas que ya adoptó el Gobierno con anterioridad, en colaboración
con las comunidades autónomas afectadas, con el Real Decreto-ley 11/
1999, de 11 de junio, convalidado por esta Cámara, de adopción de
medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía.
Como SS.SS. conocen, desde el otoño de 1998 hasta el comienzo del
otoño de este año, hemos atravesado por uno de los períodos de sequía
más importantes de la última década. La sequía afectó principalmente
al sur y este de la Península, originando graves perjuicios en los
pastos que constituyen el soporte alimenticio de la ganadería
extensiva y en cultivos como los cereales de invierno, las
leguminosas, la remolacha de secano y el girasol. Pero, con
posterioridad a la adopción de medidas que iban dirigidas a estos
cultivos, pudo contrastarse que esta sequía también afectó gravemente
a algunos cultivos leñosos como el almendro y el olivar. En concreto,
se han detectado importantes daños en el cultivo del almendro en la
Región de Murcia, que no sólo han afectado a la producción y renta de
los agricultores este año, sino que también han originado un alto
porcentaje de deterioro en las plantaciones e incluso la muerte de
los árboles en algunos casos. Esta situación significa no sólo una
sensible pérdida de producción en la presente campaña, sino también,
y muy probablemente, la disminución de la recolección en la próxima y
la consiguiente pérdida de renta de un gran número de pequeñas
explotaciones familiares cuya economía se basa en este cultivo. Este
mismo efecto negativo de la sequía se ha reflejado también en el
sector olivarero fundamentalmente de Andalucía, donde se esperan
disminuciones en la producción de aceite próximas al 40-50 por ciento
de la media de las tres últimas campañas, en algunas zonas
determinadas, lo que tendrá una especial relevancia en términos
económicos en las almazaras cooperativas, que tanto representan para
los olivareros de Andalucía que participan no sólo como usuarios de
sus servicios, sino también como socios propietarios de las mismas.
Por todo ello, y en orden a evitar que las repercusiones de la sequía
en estos sectores conlleve un grave quebranto económico tanto para
los productores de almendra como para los cooperativistas olivareros
y las propias estructuras asociaciativas de este sector, el Gobierno,
a iniciativa de los ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y
Trabajo y Asuntos Sociales,
aprobó en su reunión del 3 de diciembre el real decreto- ley por el
que se adoptan nuevas medidas para paliar los efectos de la sequía en
algunos cultivos leñosos.
Considero que las medidas adoptadas, que no sólo contemplan las de
apoyo al cultivo del almendro y a las almazaras cooperativas sino
también otras adicionales relativas a la cotización a la Seguridad
Social y de modificación del rendimiento a efectos de tributación de
impuesto sobre la renta de las personas físicas, además de urgentes y
necesarias, vistos los daños producidos y sus repercusiones
económicas, son las más adecuadas para conseguir el objetivo
propuesto, que no es otro que el de paliar los efectos negativos en
las rentas de los agricultores afectados, al propio tiempo que evitar
quebrantos económicos en las estructuras asociativas del sector
olivarero.
Por todo ello, y en nombre del Gobierno, solicito a esta Cámara la
convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista del Congreso, tiene la palabra el
señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Muchas gracias, señor presidente.
El decreto que nos trae hoy el Gobierno a convalidar es tardío,
insuficiente y significativo. Es tardío porque desde la fecha en que
se produjo la sequía, tanto para el almendro como para el olivar, ha
transcurrido tiempo suficiente como para que este decreto hubiera
venido con más antelación. Además, es insuficiente porque lo que se
dan son opciones de crédito: 3.000 millones para el almendro y 30.000
millones en créditos para el olivar. Son, pues, 33.000 millones los
que se ponen a disposición de los agricultores y difícilmente va a
haber garantías para consumir ni siquiera la mitad de esta cantidad.
Pero, aun suponiendo -es una suposición inverosímil- que los 33.000
millones se cumpliesen, lo que de verdad dice el real decreto es que
se va a subvencionar la mitad del euríbor, que actualmente está al
3,88 por ciento. El 50 por ciento de 3,88 por ciento es 1,95. Por lo
tanto, es el 1,95 por ciento de 33.000 millones, en el caso máximo,
lo que subvencionaría el Gobierno. Estamos hablando, pues, de tan
solo 643 millones. Las pérdidas aceptadas que hay entre el almendro y
el olivar -las que dan las organizaciones profesionales agrarias son
mucho mayores- están en el orden de los 170.000 millones de pesetas.
Esto quiere decir que la proporción es de 644 millones, que pone el
Gobierno como subvención, frente a unas pérdidas de 170.000 millones;
o, dicho de otra manera: por cada 1.000 pesetas de pérdida el
Gobierno pone cuatro pesetas de subvención. Y decimos que es
significativo porque es muy significativo. Si comparamos esta
subvención de 644 millones con las que van a otros sectores, por
ejemplo al sector eléctrico, de 1,2 billones,
una simple división nos dice que por cada peseta que va al cultivo
del almendro o al agricultor que tiene olivos van 1.863 pesetas a los
dueños de las empresas eléctricas. Es significativo entonces que pese
en el Gobierno 1.863 veces más un accionista del sector eléctrico que
un olivicultor o un agricultor que tiene almendros. Por eso decimos
que es harto significativo. No obstante, aunque dan ganas de decir
1.863 veces que no, nos vemos obligados a decir que sí y nos vemos
obligados a decir que sí porque hay unas moratorias de carácter
fiscal respecto a la Seguridad Social y, si nosotros nos opusiéramos
a ello, dada la inseguridad que tiene el grupo mayoritario como
acabamos de ver en una votación hace un momento, podría ocurrir que
el decreto fuese rechazado y que entonces se causasen perjuicios a
los cultivadores de olivos, a los olivicultores y a aquellos
agricultores que tienen almendros. Sólo por esta cuestión no decimos
1.863 veces no, que es la relación que hay entre la peseta que va al
agricultor como subvención y la peseta que va a los dueños de las
eléctricas, tratándose en un caso de una sequía mientras que en el
otro lo que se hace simplemente es aumentar los beneficios que de por
sí tiene. Realmente quisiéramos decir que no porque el decreto se lo
merece; sin embargo, mi grupo va a apoyarlo por las razones que he
dicho.
Finalmente, quiero decirle al señor ministro algo en relación con los
debates que hemos tenido sobre la sequía, algo que se puede comprobar
con el «Diario de Sesiones» en la mano. Reiteradamente les dijimos
que lo estaban ustedes haciendo de manera tardía y este decreto es
una buena prueba de ello. Más tardío no puede ser, en el último
momento, el último día, en la última sesión y a última hora. Es
insuficiente. El sistema de créditos no puede funcionar si no hay
garantías para que estos créditos se puedan conceder. Por lo tanto,
el conceder créditos es un auténtico brindis al sol y mucho nos
tememos que además hay una operación detrás de la cual ustedes,
cuando finalice esta sesión, van a decir que 33.000 millones van para
el sector agrario. Por favor, no mientan, no falten a la verdad y
sean rigurosos, porque tan solo van 643 millones, aunque lo que sí es
cierto es que ha habido 1,2 billones de las eléctricas para
subvencionar el sector eléctrico. Esa es la realidad y ustedes no
deben enmascararla, sino decirla tal cual.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Amarillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.
Señorías, tal como nos ha explicado el Gobierno por boca del señor
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la última sequía
agrícola causó graves daños en las cosechas, pero fundamentalmente,
como se ha comprobado recientemente -para eso hay que esperar el
tiempo oportuno, no siendo por eso tardío el decreto-, causó daños en
las plantas y en los cultivos perennes y
leñosos, concretamente en el almendro, en la provincia de Murcia, y
en los olivares, en algunas zonas de Andalucía. Hasta que no se
comprueban los daños no se puede poner el remedio, habiendo dicho
siempre el ministro de Agricultura, lo que siempre ha compartido
nuestro grupo, señor presidente, señorías, que las medidas adoptadas
tanto en el Real Decreto 11/1999, de 11 de junio, como en éste que el
Gobierno nos trae a la Cámara para su convalidación no dan una
solución satisfactoria en relación con los daños por adversidades
climatológicas. Se trata de paliar los graves efectos que se produce
en las economías y en las rentas del sector primario, en las
economías y en las rentas de agricultores y ganaderos. Por tanto, en
ese ánimo de paliar una vez más los daños no ya de una cosecha sino
de cosechas futuras, se trae este nuevo Real Decreto por parte del
Gobierno estamos seguros que será muy bien recibido por el campo y
también paliará los efectos producidos, no ya de manera anual de
cosecha sino permanente, dada la condición de cultivo perenne que
tienen el almendro y el olivar. Repito, mi grupo piensa que de esta
manera se paliarán los efectos de años venideros.
Por todo ello y en nombre de mi grupo, anuncio nuestro voto
afirmativo a la convalidación de este real decreto al tiempo que
pensamos, señor presidente, que no es tardío sino oportuno, pues hay
que traerlo ahora cuando se ha hecho la valoración pertinente, que no
es insuficiente y que es muy significativo. Claro que es
significativo porque este Gobierno se ocupa de los problemas del
campo, de los problemas de la agricultura, de la ganadería y de la
pesca; claro que es oportuno traerlo ahora y es significativa la
sensibilidad de este Gobierno ante los problemas, pues además de
montar por primera vez un sistema adecuado de seguros, que es la
ayuda fundamental que tiene el campo ante las adversidades cuando
algo se escapa a la actuación de los seguros, una línea de modernidad
en estos tiempos que corren; cuando algo no se cubre con los seguros,
está la acción subsidiaria del Gobierno, y por supuesto de las
comunidades autónomas para ayudar en aquellas cuestiones donde los
seguros no llegan, como es el caso.
Tratar de confundir esta cuestión con no sé qué ayudas de no sé qué
sector eléctrico y que a algún portavoz le pida el cuerpo votar 1.863
veces no, es incitar a que este portavoz le diga 1.863 veces que no
se ha enterado de qué va la cosa y 1.863 veces felices Pascuas
y próspero Año Nuevo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Madero.
- REAL DECRETO-LEY 21/1999, DE 10 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE DE 6.683.486.032
PESETAS PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DERIVADAS
DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR. (Número de expediente 130/000083.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto octavo del orden del día:
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 21, de 10 de
diciembre de 1999, por el que se conceden créditos extraordinarios
para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivadas de
gastos corrientes en bienes y servicios y otros gastos del Ministerio
del Interior.
Para su presentación y en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, someto
hoy a la consideración del Pleno para su convalidación, el Real
Decreto-ley 21/1999, de 10 de diciembre, por un importe de
6.683.486.032 pesetas.
Con la norma que hoy traemos, se pretende atender el pago de
distintas obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, que de
acuerdo con la norma anterior no pueden aplicarse al ejercicio
corriente. El pago de dichas obligaciones y su imputación al
ejercicio corriente únicamente pueden realizarse mediante la
aprobación de una norma con rango de ley y cualquier retraso en el
pago ocasionaría un grave perjuicio a los acreedores así como el
devengo de los correspondientes intereses de demora.
La cuantía de los pagos a que ha de hacer frente el Ministerio del
Interior asciende a 6.683.486.032 pesetas y se corresponde con los
siguientes gastos. Gastos corrientes en bienes y servicios por un
importe de 6.000 millones de pesetas; gastos financieros por un total
de 490 millones de pesetas; inversiones de reposición asociadas al
funcionamiento operativo de los servicios, 183 millones de pesetas.
El desglose de los créditos extraordinarios es el siguiente. En el
servicio 01, ministerio, subsecretaría y servicios generales, el
crédito asciende a 24 millones de pesetas. En el servicio 02,
Secretaría de Estado, son 607.000 pesetas y corresponden únicamente a
comunicaciones postales a favor de Correos y Telégrafos. Para la
Dirección General de Policía, servicio 03, el importe del crédito es
de 5.000 millones de pesetas, de los cuales las partidas más
relevantes corresponden a comunicaciones telefónicas 2.100 millones
de pesetas y a la deuda con la Fábrica de Moneda y Timbre por el
suministro del DNI y pasaportes 1.100 millones de pesetas, ambas
generadas en 1998; estas dos partidas significan esencialmente la
cuantía más relevante de este crédito que se solicita. En el servicio
04, Dirección General de la Guardia Civil, el total del crédito es de
952 millones de pesetas, destacando los gastos de locomoción, dietas
y traslados cuya cuantía asciende a 472 millones, los generados por
comunicaciones telefónicas de 117 millones y los 246 millones
correspondientes a intereses de demora. Por último, en la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias las obligaciones de este
servicio ascienden a 664 millones de pesetas, de los que 554 millones
se derivan de los conciertos de asistencia sanitaria de los reclusos
y 99 millones de gastos de combustible y energía.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Para fijar la posición de los grupos parlamentarios, tiene la palabra
en primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, nuestro grupo parlamentario dará su voto
favorable a la convalidación de este real decreto-ley, por el que se
concede un crédito extraordinario de 6.600 millones de pesetas para
atender gastos corrientes en bienes y servicios correspondientes al
Ministerio de Interior. Este real decreto-ley es necesario, dado que
el Ministerio de Interior debe atender el pago de diversas
obligaciones procedentes de ejercicios anteriores que están
pendientes de imputar presupuestariamente y que ya no pueden
retrasarse más por el perjuicio que podrían suponer para los terceros
acreedores.
Por todas estas razones y por las exigencias de disciplina
presupuestaria, damos nuestro apoyo a la convalidación de este
decreto-ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, estaba rebuscando en este decretoley el importe de la
financiación necesaria para seguir inaugurando la motocicleta 2000 o
el vehículo en renting 2000. Esto pone de manifiesto, señor ministro
y se lo digo abiertamente, la imprevisión del Ministerio. Por segundo
año consecutivo fracasa estrepitosamente aquel viejo concepto que
siempre manejan como tópico en los debates presupuestarios de
optimización en la gestión del Ministerio de Interior; fracasa una
vez más lo que ha sido la llamada gestión de la Dirección General de
Administración de la seguridad ciudadana y pone de manifiesto también
cierto intento de confundir a la opinión pública. Ustedes no son aquí
suficientemente transparentes.
Es verdad que hay datos que aparecen en la memoria justificativa,
pero en la normativa, en el articulado, en lo que va al Boletín
Oficial del Estado hablan de agujeros presupuestarios de ejercicios
anteriores y lo despachan así intentando crear la especie o sembrar
la duda de si no serán consecuencia o reflejo de aquel agujero que
nos imputaban a los socialistas cuando tuvimos responsabilidades de
Gobierno. La verdad es que si no buceamos en los datos se acaba en la
tentación de hasta creer sus propias mentiras, porque la propaganda
hace mella no solamente en los ciudadanos, sino a veces también en
esta Cámara; pero buceando en la memoria justificativa ya aparecen
los datos, y los datos son que más del 95 por ciento de los 6.600
millones que este año nos
presentan con este decreto-ley obedecen al ejercicio presupuestario
de 1998; es decir a su propia gestión. Son agujeros que proceden de
una ineficaz gestión presupuestaria y de una muy deficiente
planificación presupuestaria hasta tal punto que en todos los debates
de los tres últimos años hemos llamado la atención del Ministerio de
Interior, porque considerábamos que no estaban priorizados los gastos
por un lado, y que estaban infradotando partidas que afectaban
necesariamente a la operatividad de los propios servicios del
Ministerio de Interior. Esto ocurre también este año.
Recuerdo que el año pasado con el Decreto-ley 17/1998, de 11 de
diciembre, se concedieron 9.700 millones -¡qué casualidad!- con la
misma técnica. Hablaban en abstracto de agujeros presupuestarios,
pero de los 9.700 millones 9.500 eran de su pésima infradotación y
gestión presupuestaria en el seno de su Ministerio. Este año, estos
6.683 millones, que no serán los únicos, son también un efecto claro.
Dicho esto, han tenido ustedes cierta habilidad. Este año, en la
memoria del Consejo de Estado desaparece un párrafo, aunque sigue
siendo de actualidad -y que yo leo- que estaba presente en otros
decretos, como el del año pasado, cuando el Consejo de Estado dice:
No obstante y habida cuenta de que la gran mayoría de las
obligaciones que se han de dotar corresponde a gastos corrientes en
bienes y servicios, se llama la atención de la conveniencia de que
los créditos presupuestarios sean objeto en su momento de una
previsión más ajustada a la realidad, a fin de evitar el tener que
acudir a las modificaciones presupuestarias, cuyo cometido está
pensado para situaciones de carácter excepcional. Así se pronunciaba
el Consejo de Estado el año pasado.
Este año, si no de forma textual, indirectamente también se
manifiesta aunque lógicamente autoriza estos gastos, como no puede
ser de otra manera; pero quede bien claro que este decreto-ley y
estos 6.680 millones largos de pesetas son para financiar mala
gestión presupuestaria del Ministerio del Interior del actual
Gobierno del Partido Popular; que se suman a los 10.000 millones que
tuvimos que financiar el año pasado, y demuestran lo que hemos dichos
que sus presupuestos no han crecido en esta materia, no han
priorizado elementos fundamentales, no han conseguido la tan
cacareada optimización de la gestión, se han quedado anclados en la
pura dinámica de inauguraciones de motocicletas y de vehículos por el
sistema renting, y exclusivamente en pura cosmética; ha habido un
desastre de gestión.
Dicho esto, como mi grupo considera no obstante que estos gastos son
necesarios porque sobre ellos ya llamamos en su momento la atención
en relación a la necesidad de cubrirlos presupuestariamente, mi grupo
votará favorablemente a este decreto-ley.
Nada más y muchas gracias
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, porque desde luego el Grupo Parlamentario Popular
apoyará la convalidación de este real decreto-ley, sumándonos a las
razones básicas y de fondo expresadas tanto por el señor ministro
como por el señor Jané, en nombre del Grupo Catalán (Convergència
i Unió).
Creo que a estas alturas conviene resaltar, precisamente al hilo del
trámite que hoy nos ocupa, que el rigor y la jerarquización
presupuestaria, la disciplina presupuestaria, la eficacia en la
distribución del gasto, la optimización en la aplicación de los
recursos, y desde luego la transparencia siempre la más absoluta,
rigurosa y escrupulosa transparencia han venido presidiendo los
términos generales de la política presupuestaria ejecutada durante
estos años por el Ministerio del Interior, todo ello en consonancia
con la voluntad de poder articular una política seria, eficaz,
próxima al ciudadano, dinámica, acorde con las necesidades que tiene
planteadas nuestra sociedad en una materia tan sensible como es la
preservación desde las políticas propias del Ministerio del Interior,
la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Nosotros hoy hemos escuchado con todo respeto, como hacemos siempre,
una mera reiteración de los argumentos que con ocasión del debate de
los Presupuestos Generales del Estado nos planteó el Grupo
Socialista. Frente a esos argumentos, que dicho con todos los
respetos los seguimos considerando simplemente pseudoargumentos y
basados en el voluntarismo pero no en la realidad de los hechos,
nosotros sólo tenemos que reafirmar los propios criterios, contenidos
y valoraciones que este grupo parlamentario realizó con ocasión de
ese debate presupuestario.
En definitiva, en este momento y al expresar nuestro apoyo a la
convalidación de este real decreto-ley, tenemos que decirle al
Ministerio del Interior que para este grupo parlamentario ha sido una
satisfacción y un honor apoyar durante estos años y día a día la
política desarrollada por el señor ministro y por todo su equipo.
Creemos que ésta ha sido y sigue siendo una política eficaz para
hacer del Ministerio del Interior una casa abierta, transparente,
próxima al ciudadano, garante en todo caso y en todo momento en
circunstancias difíciles y en circunstancias no difíciles, en todo
momento, repito, garante de los derechos y libertades de nuestra
sociedad. Creemos que los ciudadanos en su conjunto han sabido
valorar -y así lo dicen los propios ciudadanos- las políticas
desarrolladas por este Ministerio del Interior, y estamos seguros de
que en citas muy próximas los ciudadanos van a tener nuevamente
ocasión de refrendarlas.
En todo caso, quiero decir a todos los grupos parlamentarios con los
que hemos compartido en esta legislatura momentos de acuerdo y
momentos de desacuerdo, momentos de coincidencia y momentos de
divergencia, que para este Grupo Parlamentario Popular, hablando de
las cuestiones de seguridad, hablando de las cuestiones de Estado, y
también de las cuestiones
presupuestarias que afectan a las cuestiones de seguridad, siempre la
voluntad de respeto a las posiciones del otro ha primado y primará
sobre cualquier otra consideración. La voluntad de servir esas
políticas de seguridad desde una óptica de Estado y abriendo espacios
de consenso, siempre ha sido lema fundamental de la política de este
Ministerio, y desde luego también lema fundamental de la política de
este grupo parlamentario.
A todos los que nos hemos reconocido juntos en las coincidencias y
también a todos los que nos hemos podido reconocer juntos en las
divergencias, a todos en nombre de este Grupo Parlamentario Popular,
muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil Lázaro.
- REAL DECRETO-LEY 22/1999, DE 17 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDE
UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 38.472.463.379 PESETAS, PARA
APLICAR A PRESUPUESTO LAS INDEMNIZACIONES SATISFECHAS A LOS AFECTADOS
POR EL SÍNDROME TÓXICO Y SE COMPLEMENTA EL REAL DECRETO- LEY 18/1999,
DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
PARA ATENDER GASTOS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO. (Número
de expediente 130/000084.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto noveno del orden del día: convalidación o derogación del Real
Decreto-ley 22, de 17 de diciembre de 1999, por el que se concede un
crédito extraordinario para aplicar a presupuestos las
indemnizaciones satisfechas a los afectados por el síndrome tóxico y
se complementa el Real Decreto-Ley 18/1999, de concesión de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito para atender gastos de
inversión del Ministerio de Fomento.
Para su presentación y en nombre del Gobierno, tiene la palabra la
señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señorías, el pasado 18 de marzo, esta Cámara convalidó
con el voto favorable de todos los grupos, el Real Decreto-Ley 3/
1999, de 26 de febrero, sobre pago de las indemnizaciones reconocidas
por sentencia a los afectados por el síndrome tóxico. Como saben SS.
SS., este real decreto-ley estableció un procedimiento excepcional
para asegurar el pago inmediato de las indemnizaciones a medida que
la Audiencia Nacional fuera fijando su importe para cada caso
individual.
En aplicación de esta norma, las primeras indemnizaciones se pagaron
en el mismo mes de marzo y han seguido pagándose durante los meses
sucesivos al ir dictando la Audiencia Nacional los correspondiente
autos liquidatorios de las cantidades debidas a cada
afectado. Los pagos se han efectuado con rapidez, lo que demuestra la
eficacia del procedimiento establecido en el real decreto-ley que SS.
SS. convalidaron, como he dicho, el pasado mes de marzo.Quiero
destacar que el plazo medio desde que la Audiencia resuelve en firme
sobre la indemnización correspondiente a un afectado hasta el momento
en que se produce el pago es sólo de trece días. El Gobierno, además,
está poniendo todos los medios que se le han solicitado para
facilitar la labor de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y
conseguir que los autos que fijan las indemnizaciones para cada caso
concreto se dicten con la mayor celeridad. A tal efecto, el
Ministerio de Justicia ha puesto a disposición de la Audiencia dos
médicos forenses, una secretaria judicial, un oficial, diez
auxiliares y tres agentes; todos ellos se integran como personal de
refuerzo en la Sección Primera de lo Penal para dedicarse de manera
exclusiva a la tramitación de estas actuaciones. Además, se ha
desarrollado e implantado una aplicación informática específica para
la gestión de los incidentes liquidatorios y está prevista una
ampliación del número de auxiliares para acelerar en lo posible los
trámites de la ejecución.
En el período comprendido entre el 12 de marzo y el 30 de noviembre
del presente año, se ha pagado un total de 1.894 indemnizaciones en
virtud de otras tantas resoluciones firmes de la Audiencia Nacional.
El importe total de los pagos realizados por el Estado a los
afectados por el síndrome tóxico asciende a la cantidad de
38.472.463.379 pesetas. La indemnización media por caso pagado
asciende a 20.312.811 pesetas.
Estos pagos se han realizado mediante anticipos de tesorería,
conforme a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 3/1999.
Por ello es preciso ahora realizar la aplicación definitiva a los
presupuestos del presente ejercicio de los pagos realizados hasta el
30 de noviembre, tal y como ordena el precepto indicado. Al no
existir dotaciones para esta finalidad en la Ley de Presupuestos para
1999, se hace necesario aprobar el correspondiente crédito
extraordinario y a esta finalidad responde el Real Decreto-ley 22/
1999, de 17 de diciembre, cuya convalidación solicito de SS.SS.
El sistema de anticipos de tesorería ha permitido, como ya he dicho,
imprimir celeridad a los pagos. Ahora llega el momento de regular y
regularizar los pago efectuados en el ejercicio dotándolos de
cobertura presupuestaria, y esto sólo puede hacerse mediante la
concesión de un crédito extraordinario. Éste es exactamente el
mecanismo diseñado en el Real Decreto-Ley 3/1999, de 26 de febrero,
que esta Cámara convalidó en marzo pasado de manera prácticamente
unánime. Por tanto, confío que en esta ocasión SS.SS. votarán de
nuevo favorablemente la convalidación que el Gobierno les solicita.
El contenido del real decreto-ley se completa con una disposición
adicional que nada tiene que ver con las indemnizaciones a los
afectados por el síndrome tóxico, pero cuya aprobación mediante norma
con rango de ley responde también a una urgente necesidad.
Se trata de incluir expresamente en el ámbito de aplicación del Real
Decreto-ley 18/1999, de 5 de noviembre, las expropiaciones y
servicios afectados relativos a ciertas obras relacionadas con el eje
transversal de Cataluña. La disposición adicional no modifica el
importe del suplemento del crédito concedido mediante el Real
Decreto-ley 18/1999, sino que se limita a determinar con mayor
precisión las obras comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha
norma, obras que redundarán en una mejora de la red viaria de
Cataluña, por lo que también pido a SS.SS. la convalidación de esta
disposición adicional..
Muchísimas gracias, señor presidente; gracias señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Para fijar la posición de los grupos parlamentarios, tiene la palabra
en primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor
Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Muchas gracias, señor presidente.
En ésta que va a ser la última intervención de la legislatura y en el
último punto del orden del día, vamos a dar nuestro sí, igual que al
resto de convalidaciones de los reales decretos. De alguna forma,
únicamente pretendemos manifestar al final, repito, lo que ha querido
ser nuestro modo de operar en estos cuatro años de legislatura por
parte del Partido Aragonés: una actitud constructiva y positiva.
En el caso concreto del pago de indemnizaciones por el reconocimiento
de las deudas del síndrome tóxico, de alguna forma entendemos que se
está dando ya página final a lo que pensamos que es una deuda
histórica que llevaba coleteando bastante tiempo.
El Ministerio de Fomento también nos pide que convalidemos o que
demos nuestro apoyo para la búsqueda de financiación de los recursos
necesarios para la puesta en marcha de una parte del eje transversal,
y nosotros hemos manifestado nuestra actitud no crítica, pero sí en
todo caso entendíamos que no correspondía a lo que eran las
competencias del ministro de Fomento, repito que en aras a dejar buen
saber de boca y sobre todo por ser nuestra última aportación, es un
sí crítico, pero en todo caso constructivo.
Voy a aprovechar, señor presidente -con todo respeto y con petición
al resto de los compañeros diputados-, para hacer un deseo, y ese
deseo de cara a la próxima legislatura y al próximo milenio, es
manifestar que van a quedar muchas cuestiones pendientes, pero estoy
convencido de que esa búsqueda de la paz, de la libertad y del final
de la violencia va a ser un objetivo que todos, absolutamente todos
vamos a conseguir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Serrano.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Señor presidente, señora ministra, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a dar el voto
favorable, como no podría ser de otra manera, a la convalidación de
este real decretoley que concede el crédito extraordinario para el
pago de las indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico,
de conformidad con la sentencia de 26 de septiembre de 1997 que dictó
el Tribunal Supremo, y en la que se declara la responsabilidad civil
subsidiaria del Estado en el pago de las indemnizaciones.
Celebramos muy especialmente, señora ministra, que hoy, en el último
Pleno de esta VI Legislatura se dé por fin solución a un problema
social que tiene ya tras de sí casi 20 años de historia. Con la
aprobación de este crédito regularizamos hoy a nivel presupuestario
una situación que el Gobierno ha asumido de pago de indemnizaciones,
como usted misma comentaba en la Cámara, y que nunca mejor dicho,
pienso yo, podría decirse aquella frase de que más vale tarde que
nunca. Las indemnizaciones han llegado tarde. Muchas familias
humildes, sencillas las mayoría de ellas, han sufrido en sus carnes
problemas muy graves a raíz de esta tragedia, pero al final el
Estado, asumiendo esta responsabilidad subsidiaria les compensa,
dentro de lo posible. Como portavoz de la Comisión de Sanidad quiero
dejar constancia de que la salud no tiene precio, y que por tanto
esta indemnización sólo es una compensación, pero en todo caso una
compensación justa.
Naturalmente, mi grupo también vota favorablemente y apoya la
convalidación que usted nos pedía, señora ministra, en cuanto a la
concesión de un crédito extraordinario para ayudar a la financiación
del eje transversal de Cataluña.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar en nombre del Grupo Socialista que vamos a votar
favorablemente la convalidación de este decreto-ley que el Gobierno
somete hoy a consideración de la Cámara, no sin hacer alguna
reflexión porque es una paradoja quizá que este último punto y este
último debate, por tanto, esté relacionado con uno de los problemas
sociales, una de las catástrofes de la salud pública producida en
España hace ya muchos años que ha tenido unas consecuencias nefastas
para miles y miles de ciudadanos, muchos de ellos, por cierto, de mi
tierra.
Pero quiero hacer una llamada de atención, dando por bueno como ya he
dicho el voto a favor del decreto- ley. He oído a algún portavoz,
también a la señora ministra en su intervención, que con esto se
cerraba un capítulo, que se restituía algo que el Estado obviamente
ha tenido obligación de restituir, como confirmó la
sentencia de la Audiencia Nacional, en lo que se puede restituir.
Murieron muchas personas, muchas de ellas han quedado en una
situación donde la catástrofe de salud pública se ha convertido en
una catástrofe social para muchas familias, pero no es cierto que
todos sus problemas estén solucionados y arreglados y yo desde aquí
-lo hemos debatido en la Ley de Presupuestos- quiero hacer un nuevo
llamamiento porque se volverá a plantear en la próxima legislatura y
es curioso y paradójico que hoy que estamos en el debate de este
decreto- ley nuevamente los afectados por el síndrome tóxico se van a
manifestar en muchas partes de España reivindicando una situación que
para ellos es injusta y que debería tener una reconsideración como
algunos grupos parlamentarios hemos planteado.
Señorías, muchas de las indemnizaciones, una parte de las
indemnizaciones que van a recibir se van a quedar prácticamente en
nada, porque como es conocido se les descuentan las aportaciones y
prestaciones que el Estado ha dado durante estos años, porque así lo
dice la Ley del año 1981. Por otro lado se consagra una
incompatibilidad que viene de la Ley de 1981 sobre la indemnización y
algunas pensiones específicas, algunas pensiones especiales que han
tenido los afectados del síndrome tóxico y que son enormemente
preocupantes para aquellas personas que no han cotizado, que no
tienen por tanto una pensión con cargo al régimen de la Seguridad
Social, y que con esa incompatibilidad y una vez que cobren la
indemnización pierden ese tipo de prestación, quedando sólo abierto
el camino de la prestación asistencial, que ciertamente en nuestro
país y como sabemos, todavía es enormemente escasa.
Quiero insistir que en la inmensa mayoría de estas familias hay un
drama social que ninguna cantidad, ninguna indemnización va a
restituir suficientemente. Desde aquí quiero hacer una apelación al
grupo mayoritario de la Cámara que no ha venido apoyando las
enmiendas que se proponían en la Ley de acompañamiento a los
presupuestos para que reconsidere su actitud, y especialmente al
Gobierno. Hay que derogar la incompatibilidad, señora ministra,
porque en muchas circunstancias hay personas que se van a quedar con
una indemnización prácticamente pírrica y desde luego en una
situación social comprometida. A lo mejor no estamos hablando de
muchos casos, es evidente queno de la mayoría, pero le puedo asegurar
que yo losconozco personalmente, tienen la sentencia, saben ya lo que
se les va a descontar, y su situación familiar, personal y social va
a quedar seriamente comprometida. El esfuerzo seguramente no es de
mucho dinero y creo que merece la pena. Creo que deberíamos forzar un
compromiso ante este drama social, ante esta laguna social para que
un Estado llamado del bienestar, un Estado que todos aspiramos a que
sea moderno se reconozca a sí mismo porque pone la atención hacia los
más débiles. Estas personas en su día y por una falta de control
sanitario recibieron un perjuicio enormemente grave. Creo que han
estado muchos años con asistencia esperando esta sentencia, luchando
y sufriendo.
La evolución de sus patologías es muy difícil de controlar y yo
desde aquí animo al grupo mayoritario de esta Cámara a que
reconsidere su posición, y al Gobierno especialmente después de lo
que ha pasado y lo conocen bien algunos portavoces, a que la
legislatura que viene si es posible se arrancara con una
reconsideración hacia un problema que afecta a un grupo determinado.
Creo que es un acto de justicia social, más allá de cualquier debate
político.
Simplemente quiero decir que vamos a votar -aunque la votación es
conjunta- también lo que afecta al Ministerio de Fomento; es verdad
que se cuela un poco de rondón en un decreto-ley que tiene una
naturaleza difícilmente armonizable en cuanto a su contenido, pero
sabemos que es un compromiso. En todo caso, hay un detalle y creemos
que, desde esa perspectiva, no tiene mayor importancia.
Quiero terminar, señor presidente, en estas fechas y en este fin de
legislatura, insistiendo seriamente y haciendo esa apelación al
Gobierno y a la señora ministra para que reconsideren la posición que
se ha mantenido hasta ahora y abramos una legislatura en la que el
Gobierno trabaje en una reconsideración, en una modificación
legislativa de esa ley de 1981 que cierra muchas puertas a la
restitución social, económica, material y, si me apura, moral que
todo este colectivo está reclamando. Hoy se van a manifestar, como
conocen muchos de ustedes, y sería positivo que vieran alguna luz en
su horizonte de lucha, que es muy duro y muy dramático.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Zapatero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Popular
para apoyar la convalidación de este decreto-ley que acaba de
presentar la ministra de Justicia en nombre del Gobierno. Este
decreto-ley es consecuencia -ya lo han dicho algunos portavoces que
han intervenido, incluso lo ha dicho la ministra- del decreto- ley
que aprobamos en el mes de marzo, y ese Decreto- ley 3/1999 es
consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de
1997. El procedimiento es conocido por SS.SS. y, por tanto, no voy a
incidir en él. Se sabe que es un crédito extraordinario para pagar la
deuda establecida por estos pagos hasta el 30 de noviembre y que lo
del mes de diciembre va para el presupuesto del año 2000.
Me gustaría hacer una reflexión, porque algunos de los diputados,
incluso el portavoz del Grupo Socialista, han hablado sobre la
situación en la que se quedan, después de la sentencia y de lo que
convalidemos ahora por la tarde, algunos afectados del síndrome
tóxico.Quiero recordar a S.S. que en la pasada legislatura
se aprobó por unanimidad una ponencia especial sobre el síndrome
tóxico, que propuso unas medidas de carácter general, sanitarias, de
investigación, sociales y educativas, habiendo ejecutado el Gobierno
el noventa y tantos por ciento de estas medidas a lo largo de esta
legislatura. Si hemos llevado a cabo esas medidas, si se va a pagar
esta indemnización por parte del Gobierno o del Estado, después de
tantos años, ¿podríamos decir que hemos cumplido con nuestra
obligación? ¿Podemos estar satisfechos? Yo diría que no, como ha
dicho el portavoz del Grupo Socialista, porque significó en su
momento una intoxicación masiva por la actuación de unos
desaprensivos y porque en su momento había pocos controles en materia
de consumo.
Pero le tengo que decir a S.S. que, aparte de las indemnizaciones, se
siguen manteniendo las ayudas económico-familiares complementarias
para los afectados, las ayudas domiciliarias y lo que se llaman las
ayudas extraordinarias desde el punto de vista social, pero también
las medidas desde el punto de vista de los servicios sanitarios, la
atención sanitaria propiamente dicha y la investigación. Ha dicho el
portavoz del Grupo Socialista que el Grupo Popular o el Gobierno no
habían atendido algunas de las enmiendas que había presentado su
grupo a la Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos para el año
2000. Tengo que informar al señor diputado que se incorporó a la Ley
de acompañamiento que acabamos de aprobar esta mañana una enmienda
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, donde se establecían
medidas de carácter social, como usted muy bien ha dicho, para
aquellas personas, después de las indemnizaciones, porque sean unas
cantidades mayores o menores o por las circunstancias especiales que
sean; se ha aprobado esa enmienda y va como disposición adicional en
la Ley de acompañamiento que, repito, acabamos de aprobar esta
mañana.
Para conocimiento de la Cámara, puedo decir que el texto es el
siguiente: La situación de los afectados por el síndrome del aceite
tóxico. En orden a establecer una cobertura económica y social, se
deberán estudiar todos aquellos casos que, tras percibir el importe
determinado por la sentencia anteriormente referida -habla de la
sentencia del Tribunal Supremo-, se encuentran en situación de
especial necesidad. Habría que decir que no vale aquí eso del café
para todos, que todos los afectados por el síndrome tóxico no pueden
mantener una situación de subsidio social por parte del Estado, sino
que serían algunos casos en particular.
También le quiero hacer una matización al diputado del Grupo
Socialista, y es que lo que se hace ahora no es como consecuencia de
una ley -fue un decreto del año 1981-. Lo que hace el Gobierno es
consecuencia de la resolución de la sentencia del Tribunal Supremo.
No se puede ir en contra de una sentencia del Tribunal Supremo por
parte del Ejecutivo y a través del Legislativo. Nosotros creemos que
unas circunstancias muy especiales, como pueden ser ciertos casos de
afectados por el síndrome tóxico, tienen derecho, por justicia
social, a
recibir otras ayudas por parte del Estado. Me parece que esto es
conveniente precisarlo en el día de hoy.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Villalón.
Finalizado el orden del día, el Pleno se reanudará a las cuatro y
media de la tarde.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ocupen sus escaños para que
podamos proceder a las votaciones con las que se cierra el orden del
día.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (Votaciones)
- REAL DECRETO-LEY 19/1999, DE 3 DE DICIEMBRE, SOBRE LAS OBLIGACIONES
DE PAGO EXIGIBLES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1999. (Número de
expediente 130/000081.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar la convalidación o derogación
de los reales decretos-leyes que han sido presentados y debatidos,
correspondientes al punto II del orden del día, comenzando por el
que, con el número 19, lleva fecha de 3 de diciembre de 1999, sobre
las obligaciones de pago exigibles el día 31 de diciembre de 1999.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 298; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real
Decreto-ley.
- REAL DECRETO-LEY 20/1999, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN
NUEVAS MEDIDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA EN ALGUNOS
CULTIVOS LEÑOSOS. (Número de expediente 130/000082.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación sobre el Real Decreto-ley
que, con el número 20, lleva fecha de 3 de diciembre de 1999, por el
que se adoptan nuevas medidas para paliar los efectos de la sequía en
algunos cultivos leñosos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 301.
El señor PRESIDENTE: Todos los votos han sido favorables a la
convalidación, por lo que queda así aprobada por unanimidad del
Congreso.
- REAL DECRETO-LEY 21/1999, DE 10 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE DE 6.683.486.032
PESETAS PARA ATENDER OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DERIVADAS
DE GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y OTROS GASTOS DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR. (Número de expediente 130/000083.)
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la votación del Real Decreto-
ley número 21 que, con fecha 10 de diciembre de 1999, concede
créditos extraordinarios por importe de 6.000 millones de pesetas
para atender obligaciones de ejercicios anteriores derivadas de
gastos corrientes en bienes y servicios y otros gastos del Ministerio
del Interior.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 304; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la
convalidación.
- REAL DECRETO-LEY 22/1999, DE 17 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CONCEDE
UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 38.472.463.379 PESETAS, PARA
APLICAR A PRESUPUESTO LAS INDEMNIZACIONES SATISFECHAS A LOS AFECTADOS
POR EL SÍNDROME TÓXICO Y SE COMPLEMENTA EL REAL DECRETO- LEY 18/1999,
DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
PARA ATENDER GASTOS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO. (Número
de expediente 130/000084.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto nuevo del orden del día.
Votación sobre la convalidación o derogación
del Real Decreto-ley 22 del presente año, que se aprobó el
pasado 17 de diciembre, que concede un crédito extraordinario por
importe de 38.000 millones de pesetas para aplicar a presupuesto de
las indemnizaciones satisfechas a los afectados por el síndrome
tóxico, complementando así el real decreto-ley anterior, que concedía
créditos extraordinarios y suplementarios para atender gastos de
inversión del Ministerio de Fomento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 305; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la
convalidación del Real Decreto-ley.
Señorías, me parece que ningún grupo parlamentario ha solicitado la
tramitación como proyecto de ley de los reales decretos-leyes
convalidados. (Risas.) Si no es así, señorías, y como es una
inexcusable y grata tradición, sencillamente deseo transmitirles a
todas SS.SS., en nombre propio, en nombre de la Mesa y de los
servicios de la Cámara, nuestra más cordial felicitación en estas
fiestas de Navidad y desearles a todas SS.SS., a todos SS.SS. que el
próximo año, nada menos que el año 2000, haga realidad lo mejor de
sus sueños, de todos y de cada uno. Será muy difícil, señorías, que
para quien les habla pueda superar el honor de haberles presidido
durante la VI Legislatura. (El señor Paniagua Fuentes: ¡Viva
Shakespeare! Aplausos.) Muchas gracias, señor Paniagua. (Un señor
diputado: ¡Manda huevos!) Muchas gracias. En cualquier caso, cuenten,
en mi nombre y en el de la Mesa, con nuestrasdisculpas por los
errores que hayamos podido cometer, y que desde luego hayamos
cometido, y con nuestra más sincera amistad.
En fin, como dijera mi antecesor, ya un clásico, se levanta la sesión
y algo más. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de las
señoras diputadas y de los señores diputados, puestos en pie.)