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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 271, de 15/11/1999
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE



Año 1999 VI Legislatura Núm. 271



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 261



celebrada el lunes, 15 de noviembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:



- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2000 «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 186-1, de 29 de
septiembre de 1999. (Número de expediente 121/000186.) . . . (Página 145185
)




S U M A R I O



Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 145185
)




Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000
. . . (Página 14518)



Títulos I y II . . . (Página 14518)



Página 14516




El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende las enmiendas 263, 264, 266 y 267, del Bloque
Nacionalista Galego, a los títulos I y II.




La señora Lasagabaster Olazábal solicita la palabra para dar por
defendida la enmienda presentada por el señor López Garrido, del
Grupo Parlamentario Mixto.




El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende las enmiendas de su grupo a los títulos I y II,
planteando un concepto diferente de la política de ingresos del
Estado y una lucha frontal al fraude fiscal, así como una mayor
transparencia en la discusión de los gastos fiscales. También
defiende las enmiendas a las disposiciones adicionales porque tienen
relación con la gestión presupuestaria.




El señor Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, anuncia
que su grupo mantiene todas las enmiendas que fueron rechazadas en
Comisión, menos la número 1556 al título I, que fue aprobada, y toda
la filosofía de su enmienda a la totalidad. El Grupo Socialista
presenta en este debate una enmienda a la totalidad al título I, en
la medida en que en el artículo dos está la distribución funcional
del gasto público de un presupuesto de 33,6 billones de pesetas en
gastos, que se distribuyen en función de programas y de la
distribución funcional del gasto, filosofía con la que su grupo no
coincide. Tras explicar el contenido de las diversas enmiendas
manifiesta que quieren otro presupuesto, otra forma de gasto y
mayores controles para la gestión de este presupuesto o de cualquier
otro.




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Título III . . . (Página 14524)



La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende la enmienda que su grupo mantiene al título III, artículo
veinte, apartado cuatro, que pretende suprimir el carácter de básico
en lo establecido en dicho artículo.




El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
las enmiendas 1, 2 y 3 al título III, que se refieren a las
retribuciones de los funcionarios del Estado, así como a las del
personal del Cuerpo de la Guardia Civil y del personal del Cuerpo
Nacional de Policía.

El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende las enmiendas que hacen referencia a la necesidad de
modificar el incremento salarial previsto del 2 por ciento para los
funcionarios públicos, y mantiene el resto.




La señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, da por
defendidas las enmiendas del señor López Garrido, también del Grupo
Parlamentario Mixto, al título III.




El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende las enmiendas a este título III que aborda los gastos
del personal de la Administración pública.




El señor Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista del Congreso,
defiende las enmiendas de su grupo a este título y algunas relativas
a distintas disposiciones adicionales que están vinculadas con el
citado título.




En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.




En un segundo turno intervienen la señora Fernández González, y los
señores Jané i Guasch y Rodríguez Zapatero.




Títulos IV y VIII y sección 07 . . . (Página 14532)



El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda número 4 al artículo treinta y nueve, que se refiere a la
fijación de la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez de
la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, y solicita que
su cuantía se vaya aproximando en lo posible al salario mínimo
interprofesional.




El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego
presenta al título IV, que hacen referencia a la previsión de
revalorización de las pensiones públicas para el año 2000, y las que
presenta al título VIII, que pretenden corregir las bases de
cotización a la Seguridad Social de diversos colectivos que, desde su
punto de vista, son excesivas e injustificadas.




El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda número 508, presentada por Nueva Izquierda, en relación con
el régimen especial de los trabajadores del mar, que pretende
restablecer una situación anormalmente modificada.




Página 14517




El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende las enmiendas de su grupo a los títulos IV y VIII,
que tienen como objetivo fundamental elevar el compromiso que
adquieren estos presupuestos con el sistema público de pensiones
y con el sistema garantizado de la propia Seguridad Social.




El señor Gimeno Marín, del Grupo Socialista del Congreso, defiende en
nombre de su grupo, las enmiendas mantenidas a los títulos IV y VIII
.




En turno de fijación de posiciones interviene el señor Camps Devesa,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Títulos V y sección 06 . . . (Página 14538)



El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende las enmiendas 774 y 775 al título V, que tienen como
objetivo reducir las ayudas comerciales e incrementar las ayudas al
desarrollo.




El señor Pérez Segura, del Grupo Socialista del Congreso, explica la
posición de su grupo en relación al título V, operaciones
financieras, y defiende las enmiendas que se refieren a la
incapacidad de abordar claramente la correcta financiación de los
entes y empresas públicas, en general, así como la política
presupuestaria en el ente Radiotelevisión Española, en particular.

Asimismo se refiere a las enmiendas que colateralmente se presentan a
las disposiciones adicionales.




En turno de fijación de posiciones interviene el señor Albendea
Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Título VI . . . (Página 14541)



El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
las enmiendas números 5 y 6 al título VI, de las normas tributarias
de diversas figuras impositivas, que Unió Valenciana presentó en su
día.




La señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
las enmiendas 435 y 436, relativas al articulo 70, y la 437, que se
refiere al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.




El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, explica las enmiendas 294, 296 y 298, dando el resto de
enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego por
defendidas.




El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, explica en las enmiendas al título VI, normas tributarias, lo
que ha sido la postura de su grupo a lo largo de toda la discusión
presupuestaria sobre la necesidad de abordar otra política fiscal.

Asimismo defiende dos enmiendas referidas a las disposiciones
adicionales vigésima y vigésima primera, en las que reclaman la
equidad fiscal que el Gobierno aplica para otras vertientes.




El señor Álvarez Gómez, del Grupo Socialista del Congreso, defiende
las enmiendas formuladas por su grupo al título VI, que contiene
normas sobre el sistema tributario español y su modificación en el
proyecto de ley remitido por el Gobierno. Al mismo tiempo defiende
las enmiendas que pretenden la inclusión de disposiciones adicionales
o la modificación de algunas otras que tienen estrecha relación con
las normas tributarias de este mismo título.




En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez-
Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Título VII . . . (Página 14546)



El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
enmienda número 7, de adición, al artículo 80, que se refiere a las
subvenciones a las entidades locales por servicios que se prestan de
transporte colectivo urbano.




La señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
dos enmiendas a este título VII que proponen compensar a los
municipios por gastos que exceden de sus competencias.




El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las
enmiendas números 500 a 507, presentadas por Nueva Izquierda, que
hacen referencia a entes territoriales y, fundamentalmente, al
sistema de financiación que debe seguirse para aquellas comunidades
autónomas que no aceptaron el plan de financiación propuesto por el
Gobierno para esta legislatura.




El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende la única enmienda que su grupo presenta a este título
VII, con la que pretenden modificar la cantidad consignada para el
Fondo de Compensación Interterritorial.




El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende las enmiendas presentadas al título VII, que se
refiere a los entes territoriales.




Página 14518




La señora Pozuelo Meño comparte el turno con la señora Rubiales
Torrejón, ambas del Grupo Socialista del Congreso, defendiendo las
enmiendas a este título VII.




En turno de fijación de posiciones interviene la señora Fernández
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Disposiciones adicionales, transitorias, final (nueva) y anexos . . .

(Página 14554)



La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las cuatro enmiendas vivas que mantiene su grupo. Dos de
ellas hacen referencia a la modificación de la disposición adicional
octava, financiación de la formación continua, y las otras dos
proponen dos disposiciones adicionales nuevas.




El señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
las enmiendas números 8, 9 y 99 referentes a las disposiciones
adicionales.




La señora Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende
las cinco enmiendas que su grupo mantiene vivas a las disposiciones
adicionales, transitorias y anexos.




El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto, defiende algunas de la enmiendas presentadas a las
disposiciones adicionales, y da el resto por defendidas.




El señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende en
nombre de Nueva Izquierda, las enmiendas 509 a 516 a las
disposiciones adicionales.




El señor Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
defiende una serie de enmiendas presentadas en relación con el
Instituto Nacional de Empleo tanto en la ley de presupuestos como en
la de acompañamiento.




El señor Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende, de las veintitrés enmiendas presentadas a las
disposiciones adicionales, ocho, que vienen a intentar hacer frente a
problemas concretos de carácter sectorial. El resto ya han sido
defendidas a lo largo de los distintos títulos con los que tenían
relación.




El señor Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, defiende
las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales referidas a
la asignación tributaria de la Iglesia católica, a la financiación de
las confesiones de notorio arraigo, una disposición
nueva referida a la regulación de las cotizaciones sociales a los
ministros del culto o pastores evangélicos, y a la disposición
adicional 22 sobre techos mínimos y máximos para otros fines de
interés social.




El señor Martínez Sanjuán, también del Grupo Socialista del Congreso,
defiende las enmiendas 1648, 1624 y 1625, no haciendo referencia al
resto de enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales,
finales y transitorias porque ya han sido defendidas.




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Cámara RodríguezValenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.




A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas a los
títulos y disposiciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000.




Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la
noche.




Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.




- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2000. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000186) Títulos I y II El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se abre la sesión.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen
sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2000.

Por acuerdo de la Junta de Portavoces, SS.SS. conocen el orden en el
que van a ser debatidos los distintos títulos, comenzando por los
títulos I y II, que se debatirán conjuntamente. En primer lugar, y en
nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de sus
enmiendas tanto al título I como al título II tiene la palabra el
señor Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.

Efectivamente, voy a defender las enmiendas del Bloque Nacionalista
Galego a los citados títulos. En la enmienda número 263, al artículo
diez, apartado dos.1,



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pretendemos suprimir la expresión: «...y prestaciones de servicios a
ejércitos de países integrados en la OTAN,» porque constituye un
añadido en relación al proyecto de presupuestos de años anteriores y
supone autorizar al Ministerio de Defensa directamente, sin consulta
al Congreso, para ordenar pagos de ejércitos integrados en la OTAN
como consecuencia de cualquier enfrentamiento bélico. Por tanto, se
debe suprimir dicha referencia y obligar a que el control de esos
pagos no se sustraiga de la Cámara legislativa a favor del Gobierno.

En la enmienda número 264 proponemos la supresión del apartado cuatro
del artículo once, que habilitaría al Gobierno para que pudiera
acordar la no disponibilidad de créditos previamente aprobados por
esta ley de presupuestos para garantizar la consecución de las
previsiones de déficit público. Desde nuestro punto de vista, esto
constituye un artificio contable que puede tener repercusiones graves
al habilitar indirectamente al Gobierno para suspender partidas sin
discriminación de las mismas y facultándolo para la suspensión de
partidas previstas, por ejemplo, en infraestructuras, gastos
sociales, etcétera.

En la enmienda 266 pretendemos añadir en el artículo trece, uno, en
el primer párrafo, lo siguiente: «en la enseñanza obligatoria».

Queremos que se delimite la ayuda a la enseñanza privada limitando
así los recursos públicos destinados a centros concertados, que no se
puedan percibir fondos públicos para sostener precisamente las
enseñanzas no obligatorias.

Con la enmienda número 267, al artículo trece, apartado uno,
pretendemos la supresión de varios párrafos que, desde nuestro punto
de vista, tienen una redacción fraudulenta al usar el término
provisionalmente, cuando éste es ya el tercer año que se incluye en
la ley de presupuestos el sistema de financiación de los ciclos
formativos en los centros concertados; pensamos que se debe alcanzar
un modelo estable de financiación de la enseñanza para los centros
concertados. Por otro lado, las enseñanzas experimentales deberían
impartirse en centros públicos y, por tanto, habría que suprimir
cualquier posibilidad de financiación a través de los presupuestos.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.

Tiene la palabra el señor López Garrido. (La señora Lasagabaster
Olazábal pide la palabra.)
Señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Solicito dar por defendida la
enmienda del señor López Garrido, dado que no está en este momento.

Supongo que vendrá dentro un minuto pero, por si acaso, la damos por
defendida.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster. Se da por defendida la enmienda del señor López
Garrido.

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y para
la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, siempre que discutimos el
articulado de la ley de presupuestos nos encontramos haciendo
referencia a criterios de globalidad cuando en realidad hacemos
frente a la reflexión de cómo pretende ingresar el Gobierno. A los
grupos parlamentarios no nos queda otro remedio que presentar la
evolución de nuestra discusión parlamentaria en los debates de
Comisión y de totalidad sobre este título I, en el que se plantea
cómo va a ingresar el Estado.

La primera enmienda que Izquierda Unida quiere defender supone un
concepto diferente de la política de ingresos del Estado. El Gobierno
se propone producir un volumen de ingresos de 31 billones 947.000
millones de pesetas distribuidos en la ordenación del capítulo de
ingresos. Nosotros planteamos una modificación sustantiva de esa
política de ingresos.

Creemos que hay que modificar la actuación del IRPF para hacerlo más
progresivo, más ajustado al mandato constitucional de equidad y,
sobre todo, para que se beneficien más las capas más humildes en
lugar de las más poderosas de la población. El impuesto de la renta
de las personas físicas ha puesto en manos de los ciudadanos más
poderosos del país un volumen de dinero cercano al billón de pesetas.

Proponemos incrementar la recaudación del IRPF en ese volumen de
dinero a través de lo que el Gobierno ha puesto en manos de ese
círculo de ciudadanos. Tratamos de reducir los gastos fiscales que el
Estado ha planteado reduciendo la deducción por planes privados de
pensiones y la doble imposición de dividendos y elevando las
ganancias patrimoniales, porque hoy en día el tributo de patrimonio
lo costea un escaso número de ciudadanos españoles -apenas es
ejecutado el 5 por ciento de la declaración de patrimonio, el 95 por
ciento está exento-. Nuestra filosofía sería incrementar la previsión
de tributación. Generamos otros impuestos para gravar la capacidad de
lujo y el potencial económico que hoy en día el Gobierno ha
renunciado a medir. Prácticamente, aquí cotiza solamente la renta del
trabajo, que supone el 94 por ciento del IRPF, y el IVA, impuesto
indirecto que pagamos todos los ciudadanos españoles. Proponemos
modificar la tributación del impuestos de sociedades para aumentar el
tipo general y disminuir algunos gastos fiscales que no son
finalistas, que se dan a las empresas a fondo perdido. Hay 60.000
millones de pesetas de I+D que no sabemos cómo va a controlar el
Gobierno, qué empresas los van a recibir o con qué garantías. Vamos a
reducir el dinero que da por el impuesto de sociedades para
inversión, que no está ligado al fomento del empleo y queremos
ligarlo al fomento del empleo. Pretendemos incrementar



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lo que el Estado ahora mismo ingresa a través de la tributación de la
Onlae, de gestión de loterías y apuestas del Estado, que ha reducido,
no sabemos por qué, la aportación al Estado. mayores ingresos fiscales a través de la gestión de una mayor
inversión pública y, por tanto, de ingreso de fondos comunitarios.

El otro gran bloque de nuestra propuesta fiscal sería atacar de
verdad el corazón del fraude fiscal, evitar la elusión fiscal.

Creemos que poniendo medidas oportunas estaríamos aflorando mayor
volumen de fraude. Solamente en el IVA se ha visto mejorar la
recaudación. Nosotros pensamos que la lucha contra el fraude -que,
por cierto, existe, no paran de salir escándalos permanentemente- no
está recogida y, por tanto, deberíamos de incorporarla. Por último,
nosotros creemos que, además de las rentas del trabajo, las
plusvalías, las rentas de capital deben de pagar más de lo que pagan
hoy y en volúmenes bastante significativos. No entendemos por qué un
millón de pesetas ganado trabajando puede cotizar en una escala del
18 al 48 por ciento y un dinero, el mismo millón, ganado en acciones
resulta que no tiene que cotizar en esa misma escala.

La enmienda 751 pretende añadir transparencia, añadir objetivo a la
discusión de los gastos fiscales. No es posible que estemos
discutiendo sobre un presupuesto que habla de programación, de
planificación por objetivos y programas y, sin embargo, no conozcamos
cuáles son las garantías, cuáles son las prioridades de que el
Gobierno se ha dotado en la distribución de los beneficios de los
gastos fiscales, qué ventajas hemos obtenido, dónde ha ido
distribuida cada una de las bonificaciones, de las exenciones o de
las subvenciones que el Gobierno ha provocado desde las distintas
administraciones públicas, incluida la Seguridad Social.

Es verdad que a nivel de propaganda se añade en el libro amarillo una
relación de gastos fiscales distribuidos por capítulos de los
distintos impuestos, pero el Gobierno no se obliga a una liquidación,
desconocemos cuál es la liquidación de esos gastos fiscales del año
anterior y este año propone incrementar los gastos fiscales a 5,8
billones de pesetas. Ese es el objetivo de esta enmienda: por un
lado, ingresar más de manera progresiva, recuperando los principios
de progresividad y equidad que la Constitución nos da, y, por otro,
dotar de transparencia los 5,8 billones de pesetas que el Gobierno
propone distribuir a nivel de beneficios fiscales.




Voy a defender ahora una serie de enmiendas, señor presidente, que
hacen referencia a las disposiciones adicionales y que tienen
relación con la gestión presupuestaria. Nosotros pretendemos que el
Gobierno, a la hora de presentar los presupuestos en la Cámara,
presente también, de acuerdo con los artículos 54 y 55 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, una liquidación
provisional del presupuesto del año anterior y un avance del que se
está gestionando, pero liquidado al mismo nivel de desagregación con
el que lo aprobamos, porque si ustedes miran la liquidación
de presupuestos con la que hemos trabajado a la hora de discutir los
presupuestos, verán que conocemos una liquidación global de los
programas, una liquidación global de los títulos, pero no vamos a una
distribución por programas. Nosotros creemos que, al igual que se
hace una previsión de unos objetivos dentro de cada programa y de
unas actividades, debería de producirse esa liquidación, y así
sabríamos cómo el Gobierno ha distribuido cada una de las previsiones
presupuestarias y si ha previsto gastarse en sanidad se ha gastado en
sanidad, si ha previsto gastarse en defensa se ha gastado en defensa,
pero no una evolución que significa una declaración de previsión
presupuestaria que después no se ejecuta.

El segundo objetivo es facilitar el acceso que los grupos
parlamentarios tienen a la evolución y a la gestión que la
Intervención General del Estado hace de los presupuestos. La verdad
es que hemos discutido. Este es el sexto año que hago la discusión de
presupuestos y siempre hemos dicho que tenemos la voluntad de poner
en marcha la oficina presupuestaria, que desde esta Cámara se va a
controlar, se va a conocer el desarrollo y la gestión presupuestaria.

Esto queda muy bien, incluso hemos propuesto reformas reglamentarias,
hemos propuesto resoluciones de Presidencia. ¿Qué es lo que pretende
la enmienda de Izquierda Unida? Una cosa más sencilla que todo eso:
que los grupos, a través de una tarjeta identificativa dentro de los
ordenadores, accedan a lo que la Intervención General ha intervenido,
con el mismo grado, y así sabríamos cómo se encuentra en un momento
determinado todas y cada una de las previsiones. Es verdad que
conoceríamos la diferencia que hay entre obligación reconocida,
adjudicación y pago de la adjudicación, y es una pequeña información
que tendríamos todos y cada uno de nosotros con mayor grado de
precisión. En todo caso, habría que reconocer que nos dotaría de
mayor rigor a la hora de hacer nuestras propias enmiendas,
conoceríamos mejor cuál ha sido la voluntad originaria del Gobierno y
cuál es la ejecución presupuestaria, incluso la evolución de las
modificaciones que el presupuesto ha ido aprobando a lo largo de todo
el tiempo.

Por último, a nosotros nos gustaría que se presentara una liquidación
presupuestaria. Ustedes saben que tanto en los meses de mayo como en
agosto se hacen tres comparecencias cuatrimestrales donde se hace una
liquidación, y nos gustaría que el anexo que acompaña a la
liquidación, tanto la definitiva como la que se hace en cada una de
esas discusiones, venga con el mismo grado de desagregación con el
que es aprobado el presupuesto general, sobre todo en operaciones
corrientes y en operaciones de capital, que son las transferencias,
el capítulo IV y el capítulo VII, que ahora mismo desconocemos en su
evolución. Estoy convencido de que esa actuación llegará con todo
rigor más tarde o más temprano, aunque sería mejor que fuese ahora.

Termino, señor presidente, con una enmienda a una disposición
adicional que tiene relación con el artículo trece. En el artículo
trece se decide la distribución de



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fondos públicos para los centros concertados; nosotros queremos que
el Gobierno remita en los Presupuestos Generales del año 2000 un
anexo cuatro donde se den los módulos económicos para distribuir los
fondos públicos hacia los centros concertados, que se dé un
desglose...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego que vaya concluyendo.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente, estoy
terminando.

Un desglose en donde se pueda conocer qué volumen de subvención de
centro concertado de educación va al capítulo I y, por tanto, a pagar
a los profesores, qué volumen va a inversión, qué volumen va a cada
una de las vertientes. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el
Gobierno, que está incrementando el volumen de subvenciones a los
centros concertados, lo está haciendo sin una garantía, que es,
primero, mejorar la calidad de la enseñanza, el número de alumnos por
cada profesor, preparación y actualización del profesorado, y,
segundo, la calidad y condición laboral de cada uno de los
profesores. Esto está produciéndose a la vez que se están
incrementando los recursos. Es decir, tenemos profesores que tienen
mayor jornada laboral que tienen los públicos, que tienen menos
salario que tienen los profesores de centros públicos y además
centros que reciben más dinero que los públicos. Alguien se lleva el
dinero por en medio y queremos conocer con exactitud cuál es la
distribución de esos recursos.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Comienza un debate nuevamente, el debate de las enmiendas parciales y
del articulado de la ley de presupuestos, después de un trámite a
velocidad de vértigo en la Comisión de Presupuestos, en el que da la
sensación de que, como dicen los asesores de imagen, esto tiene que
pasar con perfil bajo; es decir, cuanto antes se pase mejor y cuanto
menos se hable o menos se amplifique quizá también mejor. Sin
embargo, mi grupo parlamentario, que mantiene todas las enmiendas que
fueron rechazadas -todas menos una precisamente a este título, la
1556, que fue aprobada en el trámite de Comisión-, mantiene vivas
todas sus enmiendas y fundamentalmente toda la filosofía de nuestra
enmienda de totalidad, que también se refleja en la enmienda a la
totalidad que hacemos a los títulos I y II. Uno tiene la sensación de
que el debate parlamentario en Comisión y posiblemente en Pleno es lo
mismo, no sé si debe ser así, mi grupo parlamentario cree que no debe
ser así. Da la sensación de que ha perdido la razón de ser
desde el punto de vista político y dialéctico. El presupuesto se
pacta, las mayorías hablan, parece legítimo, democrático, algunos
grupos parlamentarios cobran, en el estricto sentido democrático de
que se aceptan sus enmiendas, y a los grupos parlamentarios de la
oposición posiblemente se nos escuche y se nos conteste, pero como si
tratara de una cuestión de trámite.

Mi grupo parlamentario presenta una enmienda de devolución a este
título I en la medida en que en el artículo dos está la distribución
funcional del gasto público, de un presupuesto de 33,6 billones de
pesetas en gastos que se distribuyen en función de los programas y de
la distribución funcional del gasto con la que mi grupo parlamentario
no coincide, y por eso pide su devolución. Nosotros hemos hecho un
presupuesto, a pesar de que a algunos no les guste, verdaderamente
alternativo, que recoge las principales propuestas que nuestro
candidato Joaquín Almunia presentó en el debate de totalidad, y lo
hemos hecho también con responsabilidad. Algunos pueden decir que las
enmiendas que ha hecho globalmente mi grupo parlamentario pueden
tener una calificación u otra, pero lo hemos hecho con
responsabilidad, porque aspiramos a que la filosofía que hemos
incorporado en nuestras enmiendas al conjunto del presupuesto y a la
ley de acompañamiento lo sean a un presupuesto que creo que vamos
a administrar los socialistas después del mes de marzo. Para nosotros,
señor presidente, señoras y señores diputados, el presupuesto es algo
más que un conjunto numérico de artículos, en la medida en que se
tiene que convertir en un instrumento de política económica de
igualdad, de progreso, de solidaridad y de vertebración social y
territorial que echamos en falta en este presupuesto.

Dicen que las propuesta que ha presentado el Grupo Socialista -no lo
he oído en esta Cámara, lo tengo que decir, pero sí lo he leído en
referencias de mítines después del debate- parecen apolilladas, y
hacen esta crítica desde el punto de vista de la modernidad, de la
modernidad que algunos aspiran a representar. La verdad es que uno
tiembla cada vez que oye el concepto de modernidad en boca de
algunos, cuando parece que modernidad en estos presupuestos y en los
anteriores es favorecer a los monopolios, seguir privatizando más
y más empresas, servicios públicos, como viene en la ley de
acompañamiento, hacer una fiscalidad de diseño, hacer obras en
algunos sitios a costa de otros, centrifugar el gasto público en un
billón de pesetas que están en activos financieros; concretamente
este año se permite que las empresas públicas se puedan endeudar en
más de 800.000 millones, trasladando presupuestos del Estado al
presupuesto de las empresas públicas. Para algunos esto es la
modernidad. La modernidad de nuestro presupuesto alternativo está
apostar por la educación, impulsar el empleo y la estabilidad en el
empleo, invertir lo que necesita este país y practicar la solidaridad
entre los colectivos, entre las regiones y también con otros países.

Así, por ejemplo, hemos visto que hay menos sensibilidad desde este
punto de vista,



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en la medida en que han sido rechazadas casi todas las enmiendas que
en el área de cooperación, en el área del Ministerio de Asuntos
Exteriores ha presentado mi grupo.

Hemos presentado un proyecto distinto, que aumenta el presupuesto de
gasto público y de ingresos en 980.000 millones de pesetas respecto a
lo que ha presentado el Gobierno, pero es una cantidad inferior,
señoras y señores diputados, a lo que ha recaudado y ha gastado de
más este año el presupuesto del Estado con esta mayoría, un
presupuesto que ha tenido a lo largo del año 1999, o tendrá al final
del año, una desviación en el gasto de 985.000 millones de pesetas
entre créditos ampliables y generaciones de créditos; la causa será
la que se quiera, pero el presupuesto de este año se va a cerrar con
una desviación de gasto de 985.000 millones respecto a lo que este
Congreso autorizó. Legal, legítimo, pero lo que proponemos nosotros
es decir previamente en qué nos gastaríamos y dónde recaudaríamos
estos 980.000 millones de pesetas. Y lo queremos hacer no subiendo
los impuestos, como nos han dicho, sino aplicando determinados
recortes a determinadas políticas de gastos fiscales. Para recaudar
16,6 billones de pesetas en el artículo tres se dice que el
presupuesto va a tener unos gastos fiscales de seis billones de
pesetas, lo cual supone un 35 por ciento sobre la cifra de
recaudación, y esto es debido fundamentalmente a la política, como
decía anteriormente, de diseño fiscal que se está estableciendo en
estos años. Creemos que hay que hacer otro presupuesto, porque a
pesar de lo que dice el Partido Popular en ese documento de 500
páginas que han repartido entre los diputados y los medios de
comunicación de que vivimos el milagro español a lo largo de estos
años, ese milagro español, a la vista de lo que ha supuesto la
gestión presupuestaria, debe ser que los funcionarios no se hayan
rebelado contra un Gobierno que prácticamente les ha congelado sus
retribuciones en estos años, o el de los usuarios de los aeropuertos
que han vivido año tras año una situación yo diría que rocambolesca,
o el de los usuarios de las carreteras nacionales, en las que como
vulgarmente se suele decir no se ha echado un capazo de brea en
tantos y tantos sitios, de forma que tenemos unas infraestructuras
verdaderamente deterioradas.

Queremos que el gasto público -que nosotros proponemos aumentar- se
haga con rigor, que se haga con auténtica capacidad de control y que
se mejore la gestión presupuestaria. El Partido Popular ya empieza a
tener historia y el Tribunal de Cuentas en el año 1996 ha dicho que
encuentra irregularidades en la gestión de los contratos públicos por
más de un billón de pesetas, que uno de cada tres altos puestos entre
funcionarios y personal laboral de nivel A se ha nombrado de forma
discrecional o también -y no es una cuestión que nos preocupe- que si
se hubiese aplicado el sistema europeo de cuentas del año 1995 a las
cuentas públicas del Estado, concretamente en el ejercicio de 1998
España hubiese tenido un déficit del 3,1 por ciento de su producto
interior bruto. Las circunstancias han cambiado,
ya lo sé; el producto interior bruto, la EPA, el año que viene se
cambiará el sistema de modulación o medición de precios en el IPC. El
caso es que por una u otra razón cada año nos encontramos con una
serie de problemas a la hora de enjuiciar la limpieza o la valoración
global del gasto público.

Por eso, como decía, hemos presentado una serie de enmiendas a estos
títulos I y II respecto a la gestión presupuestaria. Queremos otro
presupuesto pero también con más controles, como proponemos a través
de las enmiendas 1553, 1555, 1557, 1558 y subsiguientes,
estableciendo una serie de limitaciones en el empleo de los fondos
asignados por el Parlamento, de forma que determinadas modificaciones
presupuestarias que se hacen y que se explican (así lo hará el señor
Cámara), no se debieran producir, o que hubiera para mayor control
del gasto público una capacidad de disponibilidad del 10 por ciento
de los créditos en el caso de que la gestión presupuestaria de un
año, que tiene que ver el crecimiento de los gastos y de los ingresos
con el ciclo económico, no se pudiera establecer en esos niveles.

La enmienda 1562 propone mejorar la información de las desviaciones
del gasto, de los mayores incrementos de crédito que se han
producido.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Sanjuán, le ruego que vaya concluyendo.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, me quedan exactamente 24
segundos. Muchas gracias por recordármelo.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Por eso le digo
que vaya concluyendo, no que concluya.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Le había entendido mal, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Martínez
Sanjuán, estamos perdiendo el tiempo usted y yo.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Las enmiendas 1565 y 1566, referidas al
artículo 13, a los módulos de centros concertados, pretende eliminar
aquellos elementos de provisionalidad que se siguen estableciendo año
tras año. Las enmiendas 1567 y 1568 pretenden disciplinar el gasto
público y la toma de decisiones de las fundaciones sanitarias
incorporadas por leyes de acompañamiento. Queremos que sea el
Ministerio de Economía y Hacienda el que controle el gasto y la
evolución de los salarios del personal de las fundaciones.

Por último, a través de la enmienda 1564 proponemos incrementar la
dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado a la
Seguridad Social en 200.000 millones de pesetas, adicionales a los
16.000 que incorpora el proyecto, con el fin de separar las



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fuentes de financiación en lo que serían complementos a mínimos. De
esta forma, la liberación de un presupuesto de 200.000 millones de
pesetas por parte de la Seguridad Social permitirá, como luego
demostraremos a través de las enmiendas, incrementar el fondo de
reserva hasta unos niveles mucho más sensatos y mucho más razonables
que los que ha hecho el Gobierno. En definitiva, señor presidente,
queremos otro presupuesto, otra forma de gasto y queremos mayores
controles para la gestión de este presupuesto o de cualquier otro.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Sanjuán. ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Cámara.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.

He de decir que el Grupo Parlamentario Popular, señorías, afronta
este cuarto debate en el Pleno del Congreso de los Diputados del
dictamen de Presupuestos Generales del Estado de forma bastante
confortable. Y he de decirlo porque, a juzgar por lo ocurrido en el
debate de totalidad y en el de Comisión, la verdad es que la posición
es de cierta comodidad no por desgana del Grupo Parlamentario Popular
precisamente, señor Martínez Sanjuán, yo creo que más bien por todo
lo contrario: es imposible producir un debate tan intenso como usted
quiera, señor Martínez Sanjuán, si no hay propuestas que debatir. Eso
es lo que creo que ha ocurrido en el debate de Comisión, y por el
tono de su intervención posiblemente se vuelva a producir.

La discusión en Comisión de ambos títulos, I y II, no produjo
ciertamente grandes debates, yo diría que ni siquiera pequeños
debates. Tradicionalmente en estos títulos, además, al menos en los
otros tres debates de Comisión, venía a hacerse una especie de enlace
entre el debate de totalidad del grupo mayoritario de la oposición
con los debates sobre el articulado y las secciones, pero ni siquiera
esto hemos visto con ocasión del debate de los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2000. Se nota, señor Martínez Sanjuán, cierta
desgana del Grupo Parlamentario Socialista a afrontar debates de
carácter presupuestario, sin duda porque es tremendamente difícil
seguir manteniendo debates en materia presupuestaria cuando año tras
año se pierden los debates de carácter presupuestario y el Gobierno
sigue obteniendo mayor credibilidad en cuanto a la gestión de su
presupuesto. Por tanto, esta realidad provoca la desgana del Grupo
Socialista. Que ocurra esto afortunadamente al final de la
legislatura no le produce a nuestro grupo parlamentario, como digo,
sino cierta comodidad. Esto podía ser dicho de forma bastante
gratuita si no dijera nada más, si no se avalara con datos, pero creo
que bastaría con repasar lo que ha ocurrido en el debate de Comisión.

El contenido esencial y natural
de los Presupuestos Generales del Estado casi se concreta en el
título I donde se recoge entre otras cosas la aprobación de la
totalidad de los estados de ingresos del sector público estatal y se
consigna el importe de los beneficios fiscales, es decir se consigna
prácticamente la globalidad del presupuesto. Pues bien, la habitual y
clásica enmienda de remiendo del presupuesto consistente en
incorporar cada una de las enmiendas a las secciones y al articulado
convertirían el presupuesto, como decía el señor Martínez Sanjuán, en
un presupuesto alternativo nada más, porque decir que las enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista constituían una alternativa a las
propuestas en materia presupuestaria efectuadas por el proyecto de
ley creo que no se compadece con la realidad. Por ejemplo,
refiriéndonos a las enmiendas que se presentaban a los capítulos
siguientes, los referidos a la modificación y ejecución de los
créditos presupuestarios, hemos asistido a una absurda reiteración
por cuarto año consecutivo de un bloque de enmiendas bastante pequeño
tanto en el número como en su contenido político y que se mantienen,
según nuestro grupo, sólo por aquello de no dejar sin enmendar alguno
de los títulos del articulado de la ley de presupuestos.

Además el Partido Socialista, señor Martínez Sanjuán, sigue sin
responder a las preguntas que por cuarto año consecutivo le viene
haciendo el Grupo Parlamentario Popular. Ustedes plantean enmiendas
de tan importante calado político como que deba ejercitarse la
vinculación de créditos en el concepto en lugar del subconcepto. Pues
bien, yo insisto en seguir preguntando si tiene algún dato el Partido
Socialista para que eso deba hacerse de alguna manera; el Grupo
Socialista sigue sin presentar ninguna de las dificultades que
provocaría la necesidad de aceptar estas enmiendas.

Por tanto, calificaría en principio de muy pobre el balance de la
legislatura en cuanto a la capacidad de respuesta del Grupo
Socialista a estos títulos referidos a materia estricta de legalidad
presupuestaria y de muy alta capacidad por parte del Gobierno. Quiero
recordarle que en este título se incorporaron en 1997 y 1998 las
medidas de ajuste presupuestario y de disciplina que llevaron al
déficit del 7,1 por ciento en el año 1995 al 1,4 en 1999, y que
permite plantear como objetivo para el presupuesto del año 2000 el
del 0,8; es decir, por primera vez se plantea un objetivo situado por
debajo de la senda prevista en el programa de estabilidad, lo que
facilita alcanzar el otrora impensable equilibrio presupuestario en
el 2002.

Fíjense qué distinto es el escenario presupuestario en materia de
déficit. Es esencialmente distinto, porque estamos hablando por un
lado de un déficit del 7 por ciento y por otro de un déficit
presupuestario que no llega a un punto del PIB y ustedes lo que hacen
es presentar las mismas enmiendas en el mismo escenario
presupuestario. ¿Ustedes creen que es lo mismo corregir un déficit
del 7 por ciento que corregir una situación de equilibrio
presupuestario? ¿Dónde hay quecorregir la cifra de déficit? ¿Hay que
corregirla ahora?



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¿Hay que corregirla en el año 1995? ¿Hay que corregirla con las
mismas enmiendas, con enmiendas del calado al que me he referido?
Realmente es muy difícil sostener y aceptar que quien como toda
alternativa técnica y presupuestaria a la ejecución del presupuesto
que hace el Gobierno del Partido Popular, presente por ejemplo la
enmienda 1553, en la que ustedes plantean que hay que seguir llegando
a acuerdos de no disponibilidad de créditos, como tuvo que hacer el
Gobierno del Partido Popular en el Real Decreto 12/1996 para hacer
frente a los 720.000 millones de pesetas con que hubo que pagar las
pellas de otras ocasiones.

Convendrán conmigo, señorías, que objetivamente y vistos estos
resultados, resulta muy difícil aceptar que la oposición política
esté hoy en condiciones de hacerse cargo de las finanzas del Estado.

Por el contrario, los datos que obran en poder del Gobierno son
altamente expresivos de la cualificación que esta parte tiene para
afrontar los retos que vienen y que han de venir. Por ejemplo, el
esfuerzo de consolidación fiscal que se ha venido realizando en los
últimos años ha sido sin ninguna duda un elemento clave para la
transformación de la economía española. Hoy los agentes económicos
toman sus decisiones en un ambiente de certidumbre ante una política
presupuestaria que cumple sus objetivos y en un ambiente de gran
credibilidad. A mí me gustaría conocer, aunque realmente es difícil
saberlo, qué opinan los mismos agentes económicos sobre estas
enmiendas que tanta importancia tenían para el portavoz del Grupo
Socialista. Sin duda en cuanto a credibilidad y a estabilidad, yo
creo que puede decirse bien poco de las promesas del Partido
Socialista.

Por pasar a otro capítulo, y voy terminando señor presidente, en el
capítulo III relativo a la Seguridad Social, se introducen
importantes modificaciones a este proyecto de ley en materia de
financiación de la Seguridad Social. De una parte desaparecen
aquellas previsiones que venían siendo ya casi históricas en el
presupuesto relativas a la concesión de sendos préstamos del Estado a
la Seguridad Social para lograr el equilibrio presupuestario y cubrir
la otrora falta de adecuación de la Tesorería entre ingresos y gastos
de la Seguridad Social. Esto se ha solucionado. Afortunadamente el
Partido Socialista no lo critica, como no puede ser de otra manera;
sin embargo como única alternativa a esta situación reeditan el
manoseado debate sobre los complementos a mínimos que tantísimas
veces perdió en esta Cámara el señor Cercas a manos del señor Camps,
al que veo aquí.

Voy a finalizar definitivamente. Hacía referencia el señor Martínez
Sanjuán a que las cuentas del Ejecutivo, del Gobierno del Partido
Popular, ya han sido vistas por el Tribunal de Cuentas. Ciertamente
se han señalado algunas deficiencias, pero yo quisiera recordar que
en el año 1995, en el mismo ejercicio a que hacía referencia el señor
Martínez Sanjuán, tuvo que entrar en esta Cámara un proyecto de ley
de modificación de la Ley de Contratos por razones bien distintas de
las que apunta el Tribunal de Cuentas en relación con el año
1996. Se estaba hablando de atajar en aquella época procesos
interminables de corrupción, y cuando este debate tuvo lugar con
ocasión de la modificación de la Ley de Contratos hablábamos de otras
cosas; hablábamos de modificar determinadas rúbricas de la Ley de
Contratos, pero desde luego señor Martínez Sanjuán de lo que no
hablábamos era de aquello que se hablaba en el año 1995, cuando por
mandato de esta Cámara, por mandato del Pleno del Congreso de lo
Diputados hubo que modificar -lo recordará el señor Martínez Sanjuán-
un difícil papel a cumplir por el Gobierno en el debate sobre el
estado de la Nación del año 1995, donde se le mandataba intervenir de
modo inmediato en materia de contratos. Por tanto, es muy difícil
seguir sustentando su oposición política en semejantes datos.

En fin, absolutamente nada nuevo en relación con el principal grupo
de la oposición en torno a...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cámara,
le ruego vaya concluyendo.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Acabo de inmediato, señor
presidente.

Mientras el Gobierno sigue ganando obviamente en materia de
credibilidad y de estabilidad presupuestaria, las fórmulas del
Partido Socialista no cambian señores diputados, siguen siendo las
del año 1995 y lo único que se mueve en dicho grupo es el banquillo y
ni así, señorías.

Nada más, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cámara. Título III Pasamos al dictamen de las enmiendas
correspondientes al título III.

En primer lugar, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, tenemos una enmienda viva al título III, en relación
con el artículo veinte apartado cuarto, que hace referencia a las
retribuciones de los empleados públicos.

Exactamente, nuestra enmienda pretende suprimir el carácter básico
establecido en dicho artículo. Es una vieja discusión, pero no por
ello deja de tener mucha importancia; discusión y debate que hemos
actualizado no solamente en este debate presupuestario sino también
en un reciente proyecto de ley de estatuto de la función pública, en
la medida que entendemos que no necesariamente tiene que establecerse
esta carácter básico a esta cuestión y que no responde a lo que bien
se señala en el artículo 149.1.13.a, sobre bases y coordinación de la
planificación de la actividad económica. Creemos que las comunidades
autónomas pueden cumplimentar y seguir las bases establecidas en ese
artículo sin tener necesariamente que estar obligadas por una



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determinada situación en cuanto a las retribuciones de los empleados
públicos.

Ya hemos visto en otras ocasiones cómo otras administraciones
públicas que no son la de la Administración del Estado han llevado a
cabo planificaciones que afectaban a las retribuciones o al carácter
de mayor o menor retribución a sus empleados públicos para seguir
estas bases de coordinación de la actividad económica y han reducido
en algunos ejercicios presupuestarios sus retribuciones a los
empleados.

Por tanto, creemos que esta cuestión debe encuadrarse mucho más en el
artículo 148.1.1.a, en la organización de las instituciones de
autogobierno de las comunidades autónomas, y no en el anterior
artículo de la Constitución. Por tanto pretendemos que se suprima ese
carácter básico y que las administraciones autonómicas puedan
determinar cuál es la situación que mejor convenga dentro de su
organización y autogobierno.




Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.

Señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.




Intervengo en nombre de Unió Valenciana para defender las enmiendas
números 1, 2 y 3 a este título III del articulado de la ley de
Presupuestos Generales del Estado, enmiendas que se refieren a las
retribuciones de los funcionarios del Estado, así como a las del
personal del Cuerpo de la Guardia Civil y del personal del Cuerpo
Nacional de Policía.

En las tres enmiendas solicitamos que las retribuciones
complementarias de carácter fijo experimenten para el año 2000 un
incremento del 2,6 por ciento, para paliar la pérdida de valor
adquisitivo sufrida por estos funcionarios en los últimos años, así
como la diferencia de las percepciones salariales con otros Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto en el caso de la Guardia Civil
como del Cuerpo Nacional de Policía; 2,6 por ciento avalado después
de que el Gobierno haya ratificado la subida del 2 por ciento para el
año 2000, pero teniendo en cuenta que en el año 1997 el IPC fue del 2
por ciento y la subida salarial fue del cero por ciento, con lo cual
la pérdida del valor adquisitivo fue del 2 por ciento en el año 1997
y sobre todo en el año 1999, en que la previsión de inflación por el
Gobierno fue del 2,4 por ciento y la subida salarial para los
funcionarios y empleados públicos fue del 1,8 por ciento, con lo cual
el poder adquisitivo se vio mermado en el 0,6 por ciento. Por tanto,
con las previsiones del año 2000 que estiman una inflación del 2 por
ciento y una subida del mismo porcentaje, pensamos que debería
equilibrarse con una subida salarial adicional en torno al 2 por
ciento para paliar los efectos negativos que este IPC ha tenido sobre
los funcionarios públicos y
sobre todos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.

Señor Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a defender las enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego
mantiene a este título III, varias de las cuales hacen referencia
precisamente a la necesidad de modificar el incremento salarial
previsto del 2 por ciento para los funcionarios públicos, que a
nosotros nos parece que prosigue una línea establecida por el
Gobierno en los últimos años y que claramente es tendente a disminuir
el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios. Como ya se
ha referido aquí, estos salarios se congelan o se incrementan por
debajo del IPC real anual; por tanto, con este incremento del 2 por
ciento previsto para este año es evidente que no van a poder
recuperar lo perdido en los años inmediatamente anteriores a este
debate y menos aún lo perdido en los últimos nueve años, en que la
tendencia fue fundamentalmente la misma.

También presentamos enmiendas al artículo veinticuatro proponiendo
que se suprima este apartado porque veda cualquier posibilidad de un
aumento retributivo superior al fijado en la ley de presupuestos del
Estado a las comunidades autónomas, sin posibilidad de que contemplen
los diferentes incrementos del IPC en cada una de ellas, y por vedar
también cualquier margen de actuación sobre las retribuciones
complementarias, lo que convierte una vez más la autonomía real de
las comunidades autónomas en papel mojado.

Tampoco nos parece adecuada la previsión del Gobierno respecto al
ingreso en los cuerpos de la Administración o la reposición de
efectivos en los mismos, porque en este terreno el Gobierno practica
una política restrictiva y pretende que las plazas del sector público
se repongan únicamente en un porcentaje máximo del 25 por ciento.

Esto aparte de incidir negativamente en la creación de empleo por
parte de la Administración, supone un progresivo desmantelamiento de
la misma en beneficio de externacionalización de servicios propios de
las administraciones a través de empresas de servicios. En esencia
esto es una vía encubierta de ir privatizando la Administración, bajo
la apariencia de la necesidad de disminuir el número de funcionarios.




Mantenemos también enmiendas a otro tipo de cuestiones, y en algunas
de ellas pretendemos que todas las retribuciones básicas sean
contempladas dentro de las pagas extraordinarias de los funcionarios
públicos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego vaya
concluyendo.




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El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Concluyo, señor presidente,
dando por defendidas las restantes enmiendas.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
a usted, señor Vázquez.

Enmiendas del señor López Garrido.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor presidente, las doy por defendidas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, para cuya presentación tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, el articulado del
título III de la ley de Presupuestos Generales del Estado aborda todo
el sistema retributivo, los gastos de personal de la Administración
pública. Hay que reconocer que este año hay un acuerdo parcial que
avala en parte la propuesta del Gobierno en cuanto a la previsión
presupuestaria; pero ese acuerdo parcial está cifrado sobre una
recuperación de la pérdida de capacidad adquisitiva durante el año
1999, que no sabemos si se hará en un pago único en el mes de enero,
haciendo frente a esa pérdida de capacidad adquisitiva desde el 1,8
al 2,3, 2,4, ó 2,5, según sea el índice de precios al consumo que
tengamos previsto al final del ejercicio, y se plantea una subida del
2 por ciento. Lo cierto es que a pesar de las medidas del Gobierno la
inflación no ha quedado contenida, no ha caído como se esperaba y la
previsión, si la del año pasado que se cifraba en el 1,8 por ciento
ha quedado corta, la de éste con el 2 por ciento va a ser corta
tambíen.




¿Qué plantea Izquierda Unida? Pues plantea abordar con mayor rigor la
pérdida de capacidad adquisitiva en la función pública, y que no sea
sistema para ajustar los números de las cuentas generales del Estado.

Nosotros hacemos una propuesta superior a la que hace el Gobierno.

Por un lado pretendemos destinar, según nuestros datos, 0,7 puntos
aproximadamente para superar la capacidad adquisitiva perdida el año
anterior; consolidar esa parte de pago, y a partir de esa
consolidación del 2,5 ó 2,4 por ciento abordar la subida de este
ejercicio. Para lograr ese volumen nosotros proponemos destinar el 3
por ciento de lo que pudiéramos llamar la masa salarial de toda la
Administración general, de los 600.000 empleados públicos que tiene
la Administración. Esa filosofía debe ir acompañada de un compromiso
de una u otra fórmula, que hoy no se cumple y que ha estado encima de
la mesa cada vez que se ha negociado o discutido entre sindicatos y
Administración, y es recoger en el artículo veinte, dentro de la ley
de presupuestos una cláusula de revisión salarial del personal al
servicio del sector público. ¿Para qué? Para
conseguir que automáticamente si se produce, se pueda recuperar esa
pérdida de capacidad adquisitiva no en base a una nueva negociación
sino de facto y desde el momento en que se pueda producir. Es un
sistema parecido al que tenemos hoy en el sistema público de
pensiones. Consideramos que esa revalorización, que está recogida en
infinidad de convenios y en infinidad de ramas, debería ser recogida
dentro de la propia Administración pública.

La tercera línea que proponemos modificar a través de nuestra
enmienda 756, es la referida a cubrir las vacantes, la oferta pública
de empleo. El Gobierno viene siendo rácano en el uso de este recurso.

Hay una filosofía permanente; incluso hoy el ministro para las
Administraciones Públicas presentaba una filosofía que iba a
derivarse del estatuto de la función pública y venía a decir que
mucho de lo que hacen hoy los empleados públicos lo va a poner en
manos privadas; va a privatizarse servicio público. Por tanto, no
sólo hemos transferido y se ha reducido sino que le sigue sobrando
personal en la Administración Pública. Eso sí, no le sobra ni un alto
cargo. Los altos cargos siguen en su sitio. No sabemos si es que le
sobran funcionarios para recibir a los ciudadanos, funcionarios que
son enseñantes, funcionarios que son ATS o auxiliares de clínica, le
sobra personal que trabaja; personal para mandar no le sobra, falta
personal. Como en el baloncesto, hay que incorporar personal dentro
del trabajo.

Nosotros consideramos que ésa no es la forma de actuar y por eso
proponemos que la oferta pública de empleo vaya directamente a cubrir
todas las vacantes que estén relacionadas con la prestación directa
de servicios al ciudadano. No tenemos problema alguno en que si hay
vacantes en altos cargos, en asesores o en determinados departamentos
no se cubran las vacantes. Por tanto, no hablamos del cien por cien
de todo el personal de la Administración Pública, no, hablamos del
cien por cien de las vacantes que se produzcan en la prestación
directa de servicios al ciudadano, para que no se vea empeorada la
prestación de los servicios públicos que se pueden prestar o que se
están prestando.

Respecto a la otra línea, hubo el otro día una declaración de
personalidades ajenas a la Administración y a las fuerzas políticas
aquí representadas, que venía a decir que no entendía por qué la
Función pública, por qué la Administración pública abusaba de lo que
pudiéramos llamar la contratación temporal. Parece normal que si hay
una vacante que va a ser cubierta a corto plazo, esa vacante sea
cubierta mientras tanto de manera temporal o interina; pero el
problema es que se anulan vacantes, puesto que sólo se cubre el 25
por ciento, y de ese 25 por ciento que se dice a principios de año
apenas se cubre la mitad. En los dos últimos años, la oferta pública
de empleo ha estado muy contenida, por debajo del 25 por ciento de
las vacantes que se venían anunciando, porque hay un abuso de la
temporalidad. ¿Y eso qué genera? Empeoramiento de los servicios,
inestabilidad a la hora de prestar la relación con los ciudadanos, y
nosotros creemos mejor que lo que vaya



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a ser el cuerpo, el esqueleto de que la Administración quiera dotarse
esté cubierto por personal estable. Sin embargo deberían superarse
esas dos maneras de entender, personal laboral -al que después me
referiré en algunas de nuestras enmiendas-, y personal funcionario,
porque hoy están conviviendo personas que hacen lo mismo, que
realizan el mismo trabajo, pero una es funcionario y otra laboral y
no tienen la misma situación a la hora de percibir los ingresos y a
la hora de mantener la relación con la Administración. No sabemos por
qué a igual trabajo no hay igual salario; hay distinto salario en
función de la situación de laboral o funcionario.

Nosotros creemos que en el próximo año hay que reducir la tasa de
temporalidad. ¿Para qué? Para dotar de estabilidad al empleo público,
y para eso sólo hace falta una cosa: un Gobierno que sepa lo que
quiere hacer, qué servicios va a prestar y manera de dotarlos de
recursos humanos. Eso es lo que hace falta. Eso es primordial en
cualquier tipo de actuación. Si el Gobierno no tiene a su disposición
esos instrumentos, lógicamente vamos dando palos de ciego, unas veces
crecemos, otras veces decrecemos y otras se va actuando de un lado
hacia otro, actuamos con una movilidad excesiva, aunque la movilidad
como fórmula para actuar no nos parece negativa siempre y cuando
favorezca la promoción en el empleo y ampliar y recuperar carrera
administrativa que hoy hemos ido perdiendo de manera progresiva o de
manera paulatina.

Además, consideramos que hay que introducir un mayor volumen de
negociación en lo que son los sistemas de retribución complementaria
dentro del sector público estatal, por eso proponemos que cualquier
modificación que se produzca en las retribuciones complementarias
durante el año 2000 se produzca negociando con los agentes sociales.

Tanto es así que deben abordarse las reclasificaciones, la
revalorización o el mantenimiento de esas retribuciones de manera
negociada, no de manera impuesta, entendiendo que hay una
distribución más o menos arbitraria dentro de la Administración
pública. Junto con esto, nosotros proponemos que cada complemento se
destine a la función para la que ha sido creado, y no consideramos
positivo que el complemento de productividad sea destinado a un alto
cargo. ¿Por qué? Porque es el alto cargo el que decide la
distribución de la productividad. Si es él mismo el que lo
distribuye, es manifiestamente incompatible ser alto cargo y recibir
un complemento de productividad, porque él es el que busca la mayor
productividad de todo el servicio, no el que percibe la distribución
de esa productividad dentro de la Función pública.

Nosotros consideramos que se debe intentar cumplir lo que se promete.

Estamos terminando la legislatura y es bueno que hagamos revisión.

Nadie debe tomar esto como si quisiéramos echarlo en cara, pero la
verdad es que se anunciaron unas cosas y no se han cumplido. El grupo
mayoritario de la oposición les dice: Nosotros ya sabíamos que no lo
iban a poder hacer, por tanto, no
nos preocupa. Sin embargo, a mí sí me preocupa, porque nadie puede
prometer lo que no ha valorado, lo que no ha presupuestado, lo que no
ha previsto, y si de los 8.000 altos cargos les sobraban 5.000, no sé
por qué ahora, en lugar de 8.000, tenemos 8.500. Eso no es razonable,
por lo menos yo no comparto que sea la forma correcta de actuar, ni
mucho menos que los sistemas de gratificación para los que pudiéramos
llamar cargos de libre designación haya crecido con fórmulas tales
como una reunión en un consejo de administración o un plus de
productividad, cuando la evolución en las remuneraciones de la
Función pública ha sido tacaña con todos los demás. Es decir, para el
que al final es el que hace el trabajo la distribución ha sido
tacaña, y para el que va a ocupar un puesto de libre designación,
porque es amigo mío o porque va a hacer el trabajo que yo creo mejor,
para ése sí buscamos fórmulas para ensancharle; es el embudo para
poder percibir mayor salario. Esa es la política que nosotros no
creemos positiva.

Presentamos dos enmiendas que van destinadas a conseguir una
declaración de intenciones. Me decían que no es necesario porque ya
no se hace. Es el tema de los contratos blindados y de las
productividades ligadas a los altos cargos. En todo caso, espero que
sea así y que no busquemos fórmulas para darle vueltas dentro del
funcionamiento de la Administración.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ríos, le
ruego vaya concluyendo.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Termino, señor presidente, haciendo referencia a las enmiendas en las
que planteamos que, dentro de la Administración pública, a igual
trabajo debe corresponder igual salario, sobre todo en lo relativo a
las pagas extras. Hoy, en la Función pública no se percibe como paga
extra, como en cualquier relación laboral, el cien por cien de lo que
se cobra. Se cobra el cien por cien del sueldo, pero luego hay una
serie de complementos que no tributan. Lo que nosotros proponemos es
que el complemento de destino también se incluya en la paga extra
para que, cada vez más, el salario esté en relación con el puesto de
trabajo y no con una situación coyuntural. En todo caso, estamos
buscando que los trabajadores de la Función pública tengan la misma
relación que los de la iniciativa privada. ¿Para qué? Para evitar que
la Función pública sea la escuela donde aprenden los que después van
a ganar dinero fuera de ella.

Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Rodríguez Zapatero.




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El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.

Intervengo para defender las enmiendas del Grupo Socialista al título
III y algunas relativas a distintas disposiciones adicionales, que
están lógicamente vinculadas con la naturaleza del citado título.

Quiero empezar por una que en Comisión seguramente pasó con la no
suficiente atención por parte de algún grupo político de esta Cámara.

Me refiero a la enmienda 1630, sobre la que el Grupo Socialista ruega
al conjunto de los grupos parlamentarios una especial atención, más
allá de la propia mecánica de este debate y más allá, incluso, de la
propia lógica presupuestaria entre Gobierno y oposición.

Señorías, con esta enmienda tratamos de superar uno de los últimos y
escasísimos resquicios que quedan de situación de desigualdad como
consecuencia de la confrontación civil que asoló a nuestro país del
año 1936 al año 1939. Ya han pasado sesenta años desde su terminación
y, como ustedes saben, en el año 1984 se reconoció por ley a los
miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden Público y
del Cuerpo de Carabineros de la República, es decir, a los militares
no profesionales que sirvieron a la República, el derecho a una
prestación de jubilación y de pensión de viudedad; pero ese derecho
tenía una limitación, que era el 70 por ciento de la prestación del
ejército llamado profesional.




Señorías, pasados ya unos años, comprobado objetivamente que no
supone ningún aumento de gasto fiscal para el presupuesto, dado que
lamentablemente entre las personas que reciben este tipo de
prestaciones es muy elevado el número de las que fallecen por razones
biológicas evidentes, hoy proponemos que esa prestación llegue al
cien por cien sin cómputo de trienios para que tengan una
compensación, quizá más moral que material -estamos hablando de
personas que sobrepasan en casi todos los casos los ochenta años de
vida-, que suponga esa equiparación que, insisto, no supone gasto
porque todos los años, desde los últimos, el Estado viene ahorrándose
dinero por el número de fallecimientos. Yo creo que con ello esta
Cámara haría un servicio a la reconciliación, en uno de sus puntos
finales, y espero tenga la consideración, y especialmente la
sensibilidad, de aquellos grupos que lo han demostrado siempre en
este tipo de cuestiones.

Más allá de esa enmienda, quiero referirme a la oferta de empleo
público. Se ha dicho ya por algún representante que la situación en
esta materia es muy grave. El Grupo Socialista propone elevar de un
25 a un 75 por ciento el límite de la tasa de reposición. Quiero
aportar simplemente un dato, señorías, sobre lo que está pasando con
la evolución del empleo público en nuestro país. En el año 1993, la
oferta pública de empleo de la Administración del Estado fue de
12.695 puestos de trabajo y, en el año 1999, lamentablemente ha sido
de 1.551. El brutal descenso en la oferta de empleo público pone de
manifiesto, como se ha dicho aquí por algún portavoz, la tendencia a
que la Administración
del Estado prácticamente no vaya prestando servicios públicos
que, de una u otra manera, se vayan privatizando, provocando
situaciones que afectan a la calidad en muchos casos y a la igualdad
de los servicios públicos.

Quiero recordar, además, que en la actualidad nuestro país está muy
por debajo de la media europea en cuanto a número de empleados
públicos por cada cien habitantes y que esta congelación tan fuerte
del empleo público no tiene sentido, siendo un país que aún necesita
una red más amplia de servicios sociales si, como según dice el
Gobierno, el déficit va en una dirección positiva.

Junto a ello, presentamos una enmienda en relación con las
retribuciones de los empleados públicos, una enmienda que tiene por
objeto una compensación por la pérdida del poder adquisitivo. En los
años de Gobierno del Partido Popular los empleados públicos han
perdido dos puntos de poder adquisitivo en unos años de crecimiento
económico; seguramente no habríamos presentado esta enmienda si no
hubiera habido ese crecimiento económico. Parece más que razonable
que se produzca una compensación y proponemos una cuantía del 0,7 por
ciento más de retribución sobre el 2 por ciento que contempla el
proyecto de ley.

La enmienda 1570 se refiere al límite de la productividad. La
política de este Gobierno en relación con este elemento retributivo
merece una crítica severa. En los tres años de mandato del Partido
Popular -y con este presupuesto que termina sería el cuarto- ha
habido un aumento del 45 por ciento de la productividad, que es el
elemento retributivo más discrecional y el que representa una cuantía
mayor para aquellos niveles directivos, que -como recordaba el señor
Ríos- han aumentado exponencialmente bajo su mandato de manera más
clara. Y no sólo lo han hecho con los secretarios de Estado, sino que
han aumentado muchísimo la productividad, y en algunos sitios, como
la Agencia Tributaria, es casi secreto oficial. Sería bueno que algún
día el señor ministro de Economía informara aquí de qué productividad
tienen los directivos de la Agencia Tributaria, porque supera con
mucho a la de los secretarios de Estado y podría ser muy
significativa. En cualquier caso, proponemos que la productividad
nunca supere el límite del 30 por ciento de la retribución básica de
un funcionario. No hablamos de un funcionario normal, porque eso
nunca pasa, sino que nos referimos lógicamente a los niveles
directivos, especialmente de algunas agencias, entidades públicas u
organismos autónomos en los que ese margen de autonomía ha derivado
hacia unos aumentos no presentables de la productividad.

Igualmente, en la enmienda número 1649 nos referimos a una cuestión
que seguramente algunas de SS.SS. conocen más detenidamente, que es
la situación en la que se encuentran un conjunto de españoles y
familias afectadas por la sentencia sobre el síndrome tóxico, cuyas
consecuencias se vienen arrastrando durantemuchos años. Proponemos la
derogación de la ley de



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1981, que declaraba incompatible la indemnización que en su día se
estableció por los tribunales con las prestaciones conocidas como del
síndrome tóxico, que abarcan una amplia gama de compensaciones y
ayudas por parte del Estado. Esa incompatibilidad, conocida la
sentencia y una vez que se van a recibir las indemnizaciones, parece
injustificada. Socialmente creemos que hay que hacer un esfuerzo para
que estas personas afectadas tengan un futuro garantizado más allá de
la indemnización que ahora se produzca como consecuencia de la
sentencia de la Audiencia Nacional, y que esas prestaciones se
mantengan en los términos que han tenido durante estos 17 ó 18 años.

En definitiva, señor presidente, estas son las enmiendas relativas al
título III y sus vinculaciones más directas con las relativas a las
disposiciones adicionales nuevas que el Grupo Socialista ha
propuesto.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Zapatero. ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor vicepresidente del
Gobierno, señorías, intervengo para fijar la posición de nuestro
grupo en relación a una de las enmiendas que ha defendido el señor
Rodríguez Zapatero, concretamente la enmienda 1630.

El señor Rodríguez Zapatero y el resto de la Cámara saben que nuestro
grupo tiene presentada una proposición de ley, pendiente de debate
ante este Pleno, muy semejante a la redacción de la enmienda 1630 del
Grupo Socialista, de ahí que tengamos una especial sensibilidad ante
este tema.

Antes de anunciar la posible transacción que nuestro grupo haría a
esa enmienda, quiero poner de relieve, señor Rodríguez Zapatero, que
la ley que ustedes enmiendan fue aprobada en época socialista, con
mayoría absoluta del Grupo Socialista en esta Cámara, y que ya
entonces no se atendieron unas propuestas totalmente sensatas.

Nosotros coincidimos con el sentido de su enmienda y creo, señor
Rodríguez Zapatero, que toda la Cámara coincide también. Aquí no se
va a producir una votación de las que pueda dividir a la Cámara en
dos mitades, porque el colectivo afectado no se lo merece. No se lo
merece porque es gente muy mayor. Desgraciadamente, los posibles
beneficiarios de esta enmienda cada vez son menos. No llegamos a
cubrir la cifra que cada año se destina a esas pensiones en los
Presupuestos Generales del Estado porque son gente muy mayor y no
generan pensiones de orfandad. Es simplemente una pensión para ellos
o sus viudas y, por tanto, nosotros creemos que es de justicia que
esta Cámara apruebe hoy un reconocimiento para este colectivo. Un
reconocimiento que le sirva a ese colectivo para un tema de honor, no
tanto para un complemento económico, que será mayor o menor. Ni su
enmienda ni la posible transacción que nosotros plantearíamos tiene
en cuenta ni tan siquiera los trienios. Es un tema de honor
profesional, de decir que el empleo alcanzado por estos militares se
tiene en cuenta en su cien por cien a la hora de computar su pensión.

Por tanto, es un símbolo que para ellos es importante, y para
nosotros y para todos los miembros de esta Cámara entiendo que
también.

Por ello, nos gustaría que hoy este Pleno acordase una enmienda que
reconociera este derecho; que a quienes durante la Guerra Civil
formaron parte de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden
Público y del Cuerpo de Carabineros de la República se les pague, se
les otorgue su pensión en función del empleo alcanzado por el
causante en esa época; que se les dé ese reconocimiento, ya que es un
tema de justicia para un colectivo que ha sufrido mucho en su vida
y -repito- del que cada vez, desgraciadamente, quedan menos.

De todas formas, nosotros entendemos, igual que decíamos en nuestra
proposición de ley, que tampoco podemos alterar los presupuestos de
un día para otro y a través de enmiendas parciales, porque el
equilibrio presupuestario exige cierta prudencia por parte de todos.

Nos gustaría que se les reconociera y se les pagara ya ese cien por
cien, que es lo que propondremos en nuestra enmienda, pero entendemos
que la propia lógica presupuestaria exige a todos los grupos
encontrar un punto de equilibrio y un punto de acuerdo. En ese
sentido, nuestro grupo plantearía llegar a ese cien por cien a través
de dos ejercicios presupuestarios y que en el próximo ejercicio, en
el año 2000, se les reconociera ya ese 80 por ciento; en el 2001, el
90 por ciento, y llegar a percibir plenamente ese cien por cien el 1
de enero del 2002.

Creemos que esa sería una decisión justa, prudente de este
Parlamento, y estamos convencidos, señorías, de que aquí habrá
unanimidad de todos los grupos, porque no es un tema que rompa ningún
presupuesto, no es un tema que altere las partidas presupuestarias,
que sí que en algún punto el Estado puede ahorrar, porque cada año
esa partida queda sobredotada porque son menos los beneficiarios que
los que al inicio del ejercicio estaban presupuestados.

Por tanto esperamos, señor presidente, señorías, que esta enmienda
transaccional que nuestro grupo presentaría pueda ser aceptada hoy y
hagamos justicia y cumplimiento con un aspecto que entendemos que ya
la ley de 1984 debería haber reconocido. Nunca es tarde si la dicha
es buena y esperemos hoy dar una alegría a este colectivo.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Fernández.




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La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a tratar con la mayor brevedad posible de reproducir en cierta
medida la respuesta que desde nuestro grupo parlamentario se dio a
los diversos grupos en el trámite de enmiendas y en la discusión
correspondiente en la Comisión de Presupuestos. Voy a intentar
hacerlo agrupando estas enmiendas formuladas por los diversos grupos
parlamentarios en una serie de bloques, porque sin duda todas ellas
tienen un denominador común y, si me permiten SS.SS., también tienen
antecedentes muy reiterados en ejercicios presupuestarios anteriores.

Cuando el Gobierno establece, a través de la ley de Presupuestos
Generales del Estado, el incremento retributivo de los funcionarios
públicos, SS.SS. saben perfectamente que lo hace dentro de unos
parámetros de estimación del crecimiento económico, del IPC y de
adecuar las retribuciones de los funcionarios públicos a esos
parámetros. Por tanto, se fija un incremento retributivo que, como
SS.SS. saben perfectamente, este año aparece determinado en el dos
por ciento de incremento salarial. Este año existe un apoyo más, si
cabe, a la tramitación parlamentaria que se produjo en ejercicios
anteriores, y es el gran acuerdo que, impulsado por el Gobierno y
aceptado y firmado por los sindicatos, da respaldo a este incremento
retributivo, a la par que a un fondo salarial para determinar una
mayor equidad en aquellos cuerpos de funcionarios que, por una u
otras razones, habían experimentado crecimientos salariales en menor
medida. Por tanto, señorías, quiero aprovechar para decirles que no
se trata ni de una subasta ni de un capricho ni de una casualidad.

Los Presupuestos Generales del Estado tienen unos parámetros
económicos, un orden y un concierto y unos objetivos que persigue
este Gobierno y que apoya el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto,
las enmiendas que desde diversos grupos parlamentarios, Grupo
Parlamentario Mixto, Grupo Socialista o Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, apuestan por incrementos retributivos que excedan
el dos por ciento recogido en el proyecto de ley, como dijimos en el
trámite de Comisión, no van a contar con el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular. Como tampoco van a contar con nuestro apoyo
una serie de enmiendas que se formulan por parte del Grupo
Parlamentario Mixto y que se reiteran año tras año. La señora
Lasagabaster decía en su intervención, como en ejercicios económicos
anteriores, que discrepa profundamente acerca de la calificación de
norma básica en el capítulo de retribución de los funcionarios
públicos. Nosotros entendemos que el artículo 149 del texto
constitucional, en el punto 1, párrafos 18 y 19, da causa y razón
para establecer, como atribución del Gobierno, las bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica,
y en ella encuadramos el capítulo retributivo de todo el sector público
estatal y de los funcionarios públicos al servicio de la
Administración pública española. Ese es nuestro criterio, no sólo del
Grupo Parlamentario
Popular, sino que S.S. sabe perfectamente que también es la
doctrina compartida por el Tribunal Constitucional español.

Respecto a la tasa de reposición de efectivos en la oferta pública de
empleo, existen grupos parlamentarios que entienden que la medida es
muy restrictiva, y en las sucesivas enmiendas se establecen
parámetros distintos a los que se recogen en el artículo veintiuno,
párrafo uno, del proyecto de ley. Nosotros, por contra, creemos que
esta medida de restricción en el acceso a la Función pública, una
Función pública que en el año 96-97 estaba muy saturada, era buena y
tenía efectos positivos sobre toda la dotación y el conjunto de la
Función pública española. Por tanto, la mantenemos con las
excepciones que el propio articulado recoge en dicho artículo
veintiuno, con una excepción que yo significaría especialmente por su
novedad y por la sensibilidad del Gobierno y por el apoyo que a esa
sensibilidad tiene el Grupo Parlamentario Popular. Me estoy
refiriendo a hacer excepción a la Administración local del criterio
de la inferioridad al 25 por ciento en la tasa de reposición de
efectivo en aquellas corporaciones locales de menos de 50.000
habitantes y en la policía local y, posteriormente, incorporado en el
trámite de Comisión, también a los servicios de prevención y
extinción de incendios.

Por razones sobradamente justificadas y acreditadas, esta excepción
apuesta también por los más de 8.000 ayuntamientos españoles que
tienen demandas y necesidades muy determinadas donde, no sólo los
nuevos criterios de financiación, sino también pequeños apoyos como
este, creemos que son un reforzamiento a las políticas de la
Administración local en nuestro país.

Por otro lado, existen grupos parlamentarios que plantean una serie
de enmiendas que yo diría que son obsesiones reiteradas en el tiempo
y que traen causa de políticas que afortunadamente no están en vigor
en este país, con este Gobierno, porque no las ha apoyado. El
portavoz de Izquierda Unida insiste año tras año en que se supriman
los contratos blindados. Y yo le digo año tras año desde esta
tribuna, con satisfacción pero con rotundidad, que no existen
contratos blindados. Por tanto, yo instaría a dicho grupo
parlamentario a que suprimiera esta enmienda en trámites
parlamentarios posteriores.

También existen preocupaciones recurrentes que yo quiero despejar
respecto al complemento de productividad de determinados altos
cargos. Sus señorías saben perfectamente, porque algunos tuvieron
mucho que ver en la Ley de medidas de la Función pública, que
aparecen regulados y están perfectamente establecidos los requisitos
de publicidad y de transparencia, que ningún portavoz tenga aquí
ningún miedo; ni hay opacidad ni hay secretismo. Quien quiera conocer
los datos, los tiene a su disposición, y quien quiera emboscarse en
opacidades, tiene derecho a su discurso, pero que sepa que falta
deliberadamente a la verdad.

El resto de las enmiendas, que se refieren a cuerposdistintos de la
Administración pública en nuestro país,



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en lo único que se diferencian es en ir variando donde dice 2, que
diga 3,6, o donde dice 2, que diga 2,6.

Yo quiero finalizar esta intervención haciendo referencia a la
postura de nuestro grupo parlamentario respecto a la enmienda 1630,
formulada por el Grupo Socialista. Esta enmienda fue defendida en el
trámite correspondiente de la Comisión de Presupuestos y quizá por
falta de adecuación no la tratamos en este título que hace referencia
a la Función pública, y entendimos que su ubicación era más precisa
en el capítulo siguiente, que hace referencia a pensiones y también a
clases pasivas. Pero el portavoz socialista -y está en su legítimo
derecho político y procedimental- trae nuevamente a este título un
planteamiento que subrayó y que enfatizó en el trámite
correspondiente de la Comisión.

Hemos mantenido conversaciones desde que el Grupo Parlamentario
Socialista planteó esta enmienda, conversaciones que yo creo que se
pueden calificar, de forma sincera, como tendentes a solucionar algo
en lo que nosotros también creemos. Por nuestra parte, ha habido
sensibilidad a la hora de buscar un punto de encuentro, un punto
común que sirva para que, en un tema tan árido, tan numérico, tan
frío, tan pesado y tan medido como son los Presupuestos Generales del
Estado, aparte de ser los presupuestos de la convergencia y del
empleo, sean también los presupuestos de la reconciliación. Desde que
el Grupo Parlamentario Socialista formuló y presentó esta enmienda
nos trasladó en reiteradas ocasiones su sentir y su ánimo por
encontrar un punto de colaboración con el grupo mayoritario, con el
grupo del Partido Popular, para tratar de dar solución -y me van a
permitir SS.SS.- a algo que cuando gobernaba el propio Partido
Socialista no quiso, no pudo o no supo adecuar presupuestariamente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego vaya concluyendo.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Voy concluyendo, señor presidente.

Desde entonces nosotros hemos reiterado nuestra predisposición a
aceptar esa enmienda. Pero en unos Presupuestos Generales del Estado
donde todo son créditos, donde todo son partidas, donde el Gobierno
hace un esfuerzo por presentar unos espléndidos presupuestos en el
plano del crecimiento económico, en el plano del empleo y en el plano
de la convergencia, S.S. sabe muy bien que modificar cualquier
partida presupuestaria que suponga un incremento de gasto siempre
plantea un pequeño desajuste en lo que es el denominador común de
unos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, nos pareció -y
el Gobierno así lo vio también, y yo quiero poner de manifiesto su
sensibilidad, y especialmente la del ministro de Economía y Hacienda-
que había cuestiones en las que era necesario y queríamos prescindir
de los números y de los créditos, y queríamos apostar, como aquí se
ha dicho por otros portavoces, porque estos presupuestos tengan
también su pequeña colaboración a superar etapas,
consecuencias e injusticias históricas de las que nadie en este
hemiciclo nos sentimos satisfechos.

Esa es la predisposición del Grupo Parlamentario Popular y yo quiero
subrayarla porque me pareció por alguna de las intervenciones que
algunos querían poner líneas divisorias; líneas divisorias
artificiales, líneas divisorias que no se van a producir por este
grupo parlamentario. Hemos colaborado activamente en encontrar una
vía de consenso, porque somos sensibles a esas medidas, en la
comisión que se creará para tratar de estudiar todas las
consecuencias derivadas del exilio.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego concluya.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Concluyo, señor presidente.

Queremos hacer un esfuerzo más y queremos aprobar la enmienda que ha
formulado el Grupo Parlamentario Socialista en sus propios términos
para acabar con las desigualdades y para hacer un gesto sentido,
democrático, querido y que apueste por la reconciliación. En un
debate frío, numérico, de créditos, nivelado y presupuestado todo al
céntimo, queremos hacer este gesto para suprimir disparidades,
desequilibrios e injusticias históricas que no vienen bien a este
país, que no quiere esta sociedad y que no quiere ni este Gobierno
popular ni su grupo parlamentario.

Muchas gracias. (Aplausos.- La señora López i Chamosa: Menos mal que
aplaudís a alguien que merece la pena.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Fernández. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.)
Señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, intervengo muy brevemente
para congratularnos por esta manifestación de voluntad que ha hecho
el Grupo Parlamentario Popular, que se separa de lo que el propio
grupo nos había dicho durante las semanas pasadas y por lo cual
intentábamos encontrar una transacción.

Nuestro grupo va a apoyar que en el presupuesto del año 2000 pueda
otorgarse ese cien por cien, que es lo que habíamos pedido siempre.

Lo pidió ya en 1984, cuando se inició esta legislatura, porque
entendía que era discriminatorio para este colectivo.

Nos congratulamos de que esta Cámara pueda aprobar hoy esta
importante enmienda y que con ello encontremos el consenso de todos y
pongamos punto final a una discriminación que se arrastraba desde
hace años.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané. (El señor Rodríguez Zapatero pide la palabra.)



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Señor Rodríguez Zapatero, ¿a qué efectos me solicita Nosotros
pretendemos que haya un incremento la palabra? mayor que el que fija
el Gobierno para que, de alguna manera, esas grandes polémicas que
existen a nivel El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Estoy convencido público
tengan también una repercusión real en las de que el presidente no va
a tener ningún inconveniente; previsiones presupuestarias. (El señor
presidente simplemente para dejar constancia del agradecimiento ocupa
la presidencia.) del Grupo Parlamentario Socialista al Grupo Respecto
al título VIII, presentamos varias enmiendas Parlamentario Popular y
al resto de los grupos y de que pretenden corregir las bases de
cotización a la nuestra satisfacción plena porque podamos tener una
Seguridad Social de diversos colectivos que desde



votación unánime sobre esta enmienda planteada por nuestro punto de
vista son excesivas, porque frente a



el Grupo Parlamentario Socialista. Creo que con esta las reducciones
de las cotizaciones empresariales generalizadas



votación se va a consumar uno de los últimos flecos de que plantea
este proyecto de ley se propone



la reconciliación y del valor de la Constitución de 1978. un aumento
por encima del 2 por ciento de las cotizaciones realizadas por los
trabajadores inscritos en los



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y regímenes especiales
agrarios por cuenta propia, autónomos



Lozana): Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero. y de empleadas del
hogar, situando las nuevas



Títulos IV y VIII Pasamos a las enmiendas que afectan a los títulos
IV bases para este año 2000 en un 2,55 por ciento por y sección 07 y
VIII y a la sección 07. encima de las señaladas para 1999, lo que
desde luego



Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, a nosotros nos
parece un tratamiento diferenciado y



en primer lugar, el señor Chiquillo. carente de justificación. Parece
que el Gobierno reduce las cotizaciones a los empresarios, pero por
contra se



El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente. les aumenta a
los trabajadores por cuenta propia, tal como expuse anteriormente, y
en ese sentido va nuestra



Intervengo muy brevemente para defender la enmienda.




enmienda número 4 al artículo treinta y nueve de la Ley Muchas
gracias, señor presidente.




de Presupuestos Generales del Estado, que se refiere a la fijación de
la cuantía de las pensiones de jubilación El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor Vázquez.




e invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no Señor Peralta.

contributiva. Pedimos que la cuantía de estas pensiones se vaya
aproximando en lo posible al salario mínimo El señor PERALTA ORTEGA:
Gracias, señor presidente. interprofesional.

Consideramos que es importante aumentar las pensiones Para defender
la enmienda 508 presentada por de menor cuantía para ir reduciendo la
distancia Nueva Izquierda en la que, en relación con el régimen entre
las distintas modalidades de prestaciones, y es especial de los
trabajadores del mar, solicitamos que se por ello por lo que Unió
Valenciana pide este esfuerzo restablezca la situación que fue
anormalmente alterada para intentar equiparar lo más posible estas
pensiones, en la pasada Ley de presupuestos, en virtud de la cual en
su modalidad no contributiva, al salario mínimo en este régimen
especial no se cotiza por los salarios interprofesional. realmente
percibidos por los trabajadores, sino por las Gracias, señor
presidente. bases tarifadas.

Saben SS.SS. que este sistema de bases tarifadas era El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y común en nuestro país hasta que a
partir del año 1974 Lozana): Muchas gracias, señor Chiquillo. se
estableció el principio de cotizar sobre salarios reales. Señor
Vázquez. Este principio, que fue aplicándose progresivamente, recibió
un respaldo unánime de esta Cámara en el El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ
(don Guillerme): Pacto de Toledo en el año 1995 y sorprendentemente,
Muchas gracias, señor presidente. por lo que hace referencia al
régimen especial de trabajadores Defiendo las enmiendas que presenta
el Bloque del mar, donde ya se estaba aplicando, fue Nacionalista
Galego a estos títulos. En lo que se refiere objeto de reforma en
unos presupuestos anteriores, al título IV, nuestras enmiendas hacen
referencia a la pasándose al sistema antiguo de bases tarifadas.

previsión de revalorización de las pensiones públicas A nosotros nos
parece que este es un sistema, en primer para el año 2000, que el
Gobierno fija en un 2 por ciento. lugar, injusto, porque no garantiza
unas prestaciones Queremos decir que este incremento no se
corresponde adecuadas sustitutorias de rentas. Los trabajadores con
la bonanza económica existente. Desde tendrán unas rentas en activo y
cuando se encuentren nuestro punto de vista, el Gobierno debería
procurar en situaciones de cualquier tipo de contingencia protegida
que esta bonanza económica alcanzase a toda la población, por el
régimen especial de trabajadores del mar estableciendo mecanismos de
redistribución de la cobrarán con arreglo a bases cotizadas. En
segundo riqueza para que ésta no se quedase cada vez en menos lugar,
produce una quiebra en la solidaridad, que es el manos. principio
general de todo el sistema, con arreglo al cual



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todos los trabajadores sin excepción deben cotizar por salarios
reales.

Por tanto, solicitamos que sea estimada esta enmienda que pretende
restablecer una situación anormalmente modificada que, de otra parte,
es la general del sistema.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

Señor Ríos, por el Grupo de Izquierda Unida.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, las enmiendas que Izquierda
Unida ha presentado a los títulos IV y VIII tienen un objetivo
fundamental, que es elevar el compromiso que adquieren estos
presupuestos con el sistema público de pensiones, garantizado por la
propia Seguridad Social.

La enmienda va dirigida a una distribución diferente, al artículo
cuarenta y cinco, apartado cuatro, del proyecto de ley, y tiene una
pretensión: equiparar la pensión de viudedad (que ahora mismo está
regulada por el proyecto de ley en una cantidad de 989.000 pesetas
cuando hay cónyuge a su cargo y sin cónyuge a su cargo en 839.000
pesetas), en el caso de no tener cónyuge a su cargo, al salario
mínimo interprofesional. Lo que propone Izquierda Unida es que en el
caso de que el jubilado tenga más de 65 años con cónyuge la pensión
sea de 1.200.000 pesetas y sin cónyuge a su cargo sea de un millón,
lo que supone unas 200.000 pesetas superiores a las que el proyecto
de ley propone. ¿En qué nos basamos? En conseguir de verdad una
equiparación al salario mínimo interprofesional, que es lo que dice
la Carta Social europea, que fue firmada por nuestro país en 1980, es
decir, que el salario mínimo interprofesional sea el 60 por ciento
del salario medio.

La verdad es que con el tiempo ha ido perdiendo capacidad, puesto que
no hay una revalorización automática, y esa obsolescencia que se ha
producido es la que ha provocado que el SMI, el salario mínimo
interprofesional de nuestro país, esté muy por debajo de lo que fue
el compromiso que en el año 1980 adquirió España con la Carta Social
europea.

Esa tabla que propone la enmienda 773 va complementada con la
evolución de todos los demás sistemas públicos de pensiones. Si es
una incapacidad permanente, por parte del Gobierno se propone
1.400.000; nosotros proponemos 1.900.000. Si es absoluta y con un
titular mayor de 65 años, 1.200.000. Si es una pensión de viudedad,
sin cónyuge a su cargo, nosotros proponemos un millón de pesetas. En
suma, es acercar en este año, con crecimiento económico, la pensión
más baja al salario mínimo interprofesional; compromiso que siempre
decimos que debe adquirirse, pero que en los años de bonanza no es
posible, solamente se actúa para mantener la capacidad adquisitiva
-en este año vamos un poco más allá-, y no se reduce drásticamente
como es el compromiso que sistemáticamente venimos anunciando.

Por otro lado, la enmienda 771 pretende establecer un límite máximo
para la percepción de una pensión
extraordinaria, en caso de incapacidad ocurrida en acto de servicio
para los cuerpos de seguridad del Estado. Hay un texto refundido de
clases pasivas, el Real Decreto 670, que establece que el carácter
indemnizatorio para actos de terrorismo o para accidentes en actos de
servicio tenga un 200 por ciento del máximo regulador que tenemos
ahora mismo. Nosotros queremos fijar ese máximo para evitar que se
pueda producir una actuación de compatibilidad de ingresos, que
creemos que no es posible.

Señor presidente, presentamos una serie de medidas en el título VIII
tendentes a hacer realidad, fuera de la Administración pública, lo
que le anunciaba del salario mínimo interprofesional, que lo
cifrábamos en 77.000 pesetas para el año 2000. Ustedes saben que el
proyecto de ley del Gobierno lo fija en 70.000 pesetas, y eso no
sería ni siquiera el 60 por ciento del haber bruto del salario medio
europeo ni del salario medio español, y con esa política de recuperar
la capacidad adquisitiva iría actuando después el sistema público de
pensiones. Nosotros creemos que las pensiones, cuyos importes en
términos anuales sean menores al salario mínimo interprofesional,
deben ir acercándose cada año, este año en una cuantía concreta, y
esa es nuestra enmienda 791 que presentamos a través de una
disposición adicional.

Voy a defender dos disposiciones adicionales ligadas al empleo y que
hacen referencia a las zonas agrícolas. Nosotros queremos disponer de
un volumen de dinero de empleo rural que sea de carácter ampliable
para que todos los trabajadores que están acogidos a este empleo
rural puedan trabajar los dos meses que se les exige para tener
derecho a prestación por desempleo durante el año 2000. Esa cuantía
no la tenemos valorada, por eso declaramos que el crédito sea
ampliable a lo que propone el Gobierno para poder hacer frente a esa
realidad.

Por último, proponemos que se mejore la dotación del empleo rural a
través de un convenio del Inem y las corporaciones locales.

Proponemos destinar, para que se pueda generalizar el acuerdo de
empleo y prestación del seguro agrario, 50.000 millones de pesetas
para toda España y en concreto en dos regiones donde este tipo de
actividad tiene un volumen importante, que al final es una especie de
subsistencia mientras que no se consiga otro tipo de empleo.

Fundamentalmente hacemos una distribución dirigida hacia Andalucía y
Extremadura. Este plan de empleo rural viene funcionando en esas dos
comunidades de manera generalizada y lo que queremos es ampliar los
recursos para que de verdad lleguen a todas las personas que lo
necesitan y no que sea una especie de lotería que le puede caer a uno
o a otro en función de la cercanía del equipo que pueda estar
gobernando en cada caso. Por tanto, señor presidente, nuestra
enmienda 789 va dirigida a conseguir que este empleo rural sea más
amplio a través de un convenio que debería establecer el Inem con las
corporaciones locales.




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El objetivo que hemos intentado concretar en estos dos títulos es
mejorar la prestación pública de las pensiones que reciben los
funcionarios del Estado, así como el sistema público general de todos
los ciudadanos; filosofía que va ligada con la consolidación de un
Estado del bienestar que sea más generalizado a la hora de repartir
beneficios. Estamos en un año de crecimiento económico, España va a
crecer económicamente 4,5 billones de pesetas y parte de ese volumen
de dinero queremos destinarlo para que llegue a las capas más débiles
de la población, puesto que si no se reparte el crecimiento económico
crecerá mucho más la distancia que hay entre las personas que
perciben poco y las que perciben mucho, criterio que queremos
corregir desde la actuación de los poderes públicos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.

Por el Grupo Socialista, el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARÍN: Gracias, señor presidente.

Señorías, el debate de las enmiendas del título IV, del VIII y clases
pasivas en cierta manera reproduce el debate que, sin duda, tendremos
con la comparecencia del ministro de Trabajo para debatir las
secciones 19 y 60. Por ello en estos momentos el debate lo vamos a
conretar a aspectos mucho más parciales y quizá con menos
significación y pasión política. En cualquier caso, sobre el título
IV, que fundamentalmente se refiere a las pensiones, diría que 1999
ha sido el año de las pensiones, el debate de las pensiones de los
grupos de la oposición con el Gobierno. El Gobierno se ha negado
sistemáticamente a aceptar todas las propuestas de los distintos
grupos, y también del socialista, que a lo largo de todo el año se
han hecho de incremento de las pensiones mínimas, estableciendo una
diferenciación entre lo que son las pensiones con carácter general y
las pensiones mínimas. El Gobierno ha pasado, descalificaciones
incluidas, a querer encabezar el planteamiento de subida de las
pensiones mínimas mediante un acuerdo con los sindicatos, que todos
hemos celebrado, pero quiero indicarles que a nosotros nos sigue
pareciendo insuficiente.

El problema que se ha venido produciendo durante todo este tiempo es
que no se ha querido distinguir entre lo que son las pensiones en
general, el mantenimiento del poder adquisitivo y la situación de los
colectivos de pensionistas que se encuentran en una situación mucho
más desfavorecida por niveles de renta, como son las pensiones
mínimas del sistema de la Seguridad Social y de clases pasivas, las
pensiones no contributivas y del conocido como SOVI. En este
contexto, este colectivo de pensionistas se encuentra en un momento
no diría marginal, pero ante la situación de bonanza económica en la
que nos encontramos se han visto excluidos de todos los mecanismos
que les podían beneficiar, incluidos los planteamientos del Gobierno
de favorecer fiscalmente a los que por distintas circunstancias
tenemos la suerte de hacer la declaración de la renta. En este caso
concreto hay que decir que
estos colectivos de pensionistas ni siquiera tienen que hacer la
declaración de la renta, por lo que ni esos posibles beneficios
fiscales que el Gobierno ha anunciado que han beneficiado al conjunto
de las rentas del país les ha podido afectar.

En ese sentido, no ya sólo por la mejora de la situación económica,
sino también por los mayores ingresos que el Estado va a disponer en
el año 1999 desde el punto de vista fiscal -concretamente más de un
billón de pesetas según manifiestan desde el propio Gobierno-, parece
razonable que se piense que la distribución de esos mayores ingresos
y beneficios deben ir en alguna parte a estos sectores. Por eso,
durante todo el año, incluso desde los presupuestos anteriores, hemos
venido defendiendo que a estos colectivos debería pagárseles una
pensión en una sola vez de 28.000 pesetas, lo que supone 2.000
pesetas al mes. Es una cuantía escasa, pero podría compensarles de
esos beneficios no distribuidos que se mantienen. El Gobierno se ha
negado y la respuesta que ha dado es hablar de la subida de pensiones
para el año que viene. Quiero decir que en el momento que llegó al
acuerdo con los sindicatos las previsiones de inflación para este año
eran menores de las que en estos momentos tenemos, con lo cual,
aunque sólo fuera por eso, debería revisarse el criterio del acuerdo
al que se llegó entre el Gobierno y los sindicatos para mejorar en
parte esas previsiones para el año 2000, puesto que, según las
manifestaciones que se han hecho por parte del Gobierno, esas subidas
previstas para el año 2000 compensan o no las posibles desviaciones
que se produzcan, sin perjuicio del cobro de la pensión que
corresponda como consecuencia de la desvisión de la inflación al
conjunto de las pensiones.

En ese contexto, las enmiendas que nosotros presentamos a este título
tienen que ver con ese tipo de criterios y con esa defensa de las
posiciones que hemos hecho a lo largo de todo el año. Concretamente,
nosotros establecemos que no es posible determinar en estos momentos,
hasta no conocer la inflación de noviembre sobre noviembre -nos falta
un mes-, claramente la cuantía de lo que van a ser las pensiones
mínimas para el año 2000. En ese contexto, entendemos que la subida
de las pensiones mínimas, de las no contributivas y de las que tienen
que ver con el SOVI, incluido el tema de las clases pasivas, se tiene
que plantear sobre la base de las percepciones que tienen ahora como
pensiones. Habría que incluir, en términos anuales, esa cuantía de
28.000 pesetas que nosotros venimos defendiendo, habría que incluir
la desviación de inflación y, sobre esa desviación de inflación,
incorporar las previsiones de inflación para el año 2000, que, de
acuerdo con los cálculos del Gobierno, sigue en el 2 por ciento. Si
este año no se van a cumplir las previsiones, creemos que tampoco se
cumplirán al año siguiente, pero, en cualquier caso, mantendríamos
ese criterio de previsión de inflación.

Hay otras enmiendas que se refieren a una obsesión que ha mantenido
el Gobierno durante todo este tiempo,



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que tiene que ver con los señalamientos provisionales e iniciales de
las pensiones y el reconocimiento definitivo de los complementos a
mínimos. Nosotros queremos establecer unos límites al Gobierno a la
hora de pedir las cantidades de más que hayan podido ser cobradas por
los pensionistas, máxime cuando haya sido por falta de diligencia de
la propia Administración a la hora de determinar las cuantías
exactas. Nosotros establecemos que la cantidad que debe devolver un
pensionista, en el caso de que haya cobrado por encima de la
exigencia legal, no pueda superar el cinco por ciento de la cuantía
de la pensión. Lo decimos porque estamos hablando de pensionistas con
rentas muy bajas y nos parece que se podría cometer alguna injusticia
en el supuesto de que se hicieran reclamaciones de mayor cuantía en
las percepciones de cada uno de los meses.

Hemos planteado, aunque con poco éxito, que se reconozca un nuevo
colectivo de pensiones mínimas: la invalidez permanente total con más
de 60 años. Creemos que esto es bastante razonable. Nos encontramos
con un colectivo en una situación muy característica, muy peculiar,
ya que, con esa edad y con una invalidez total, difícilmente pueden
encontrar trabajo, ésa es la realidad y, por tanto, creemos que estas
personas deberían incorporarse a la lista de las pensiones mínimas y
que, además, deberían equipararse con la pensión de jubilación de
menos de 65 años con cónyuge y sin cónyuge a cargo, siguiendo en eso
la modalidad que ya tenemos al respecto.

En cuanto a las pensiones de viudedad, de las que tanto hablan
ustedes y que ponen permanentemente como ejemplo de los incrementos
que se han producido estos años, supongo que les gustará oír que la
pensión de viudedad de una persona con menos de 60 años no entendemos
que se diferencie según tenga o no cargas familiares. Proponemos -y
seguro, repito, que les gustará escucharlo- que sea equiparada a la
de viudedad cuyo perceptor trenga entre 60 y 64 años, sin establecer
diferenciación entre cargas y no cargas familiares. Supongo que ese
supuesto les gustaría también a otros grupos y, si hicieran caso, sin
ninguna duda conseguiríamos unanimidad en la Cámara a ese respecto,
porque todo el mundo cita a estos colectivos, pero luego nos
olvidamos todos y la verdad es que no tiene ningún sentido que se
mantenga esa diferenciación si realmente queremos reconocer que las
pensiones de viudedad están muy bajas de determinado tipo de
sectores.

El título VIII se refiere a las cotizaciones. Fundamentalmente me
referiré al desempleo. No sé si se me entendió bien en el debate en
Comisión, pero quiero decir que nosotros pretendemos la
simplificación de las cotizaciones, que no se introduzcan más
supuestos de cotizaciones por desempleo, porque, al final, es un lío,
incluso para establecer el control. Establézcanse dos tipos: uno,
para los contratos indefinidos y otro, para los contratos temporales,
pero no se diversifiquen más, no se introduzcan más supuestos ni más
tipos.

Respecto a la propuesta que hace el Gobierno en la ley de
presupuestos, nosotros mantenemos que se rebaje un 0,25 por ciento
más la cotización por desempleo, por algo tan simple y tan razonable
como que los excedentes en el Inem son excesivamente grandes en estos
momentos y hay margen para distribuirlos en tres partes: una, para
reducir; otra, para incrementar los subsidios por desempleo, tal como
están defendiendo los sindicatos, y la otra, para un posible fondo de
reserva a fin de prever coyunturas no tan favorables. No estaría
demás que existieran esos fondos de reserva para prever ese tipo de
situaciones, sin perjuicio de que, mediante acuerdo con los agentes
sociales, pudieran dedicarse en un 50 por ciento a prestaciones
formativas.




En cuanto a las recomendaciones del Pacto de Toledo, creemos que
debería mantenerse clara la posición por parte del Gobierno -que, por
supuesto, no lo está- en el sentido de que con cotizaciones sociales
no podrían ni deberían bonificarse cotizaciones de la Seguridad
Social. Es un contrasentido desde un punto de vista económico, porque
lo que se da en una mano se quita de la otra a la misma empresa, por
lo que no es extraño que se produzcan esos efectos que nosotros
creemos, y que es que se neutralizan en un sentido y en otro los
efectos positivos con los negativos.

En lo fundamental, esas son las enmiendas que nosotros defendemos a
estos títulos.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gimeno.

Tiene la palabra el señor Camps, del Grupo Parlamentario Popular.




El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos encontramos ante el cuarto debate presupuestario en el
que este portavoz tiene la oportunidad de intervenir en esta Cámara,
y créanme que nosotros lo afrontamos como los tres anteriores, con
seriedad, con rigor, dispuestos a la confrontación de ideas y de
proyectos que supone siempre un debate presupuestario. Y si hemos
observado cierta apatía -si me permiten la expresión-, principalmente
en el grupo mayoritario de la oposición en este caso, tal vez se deba
a que como ustedes han manifestado en cada debate presupuestario que
ese iba a ser el último, han llegado no cansados, sino sorprendidos
de que estemos ante el cuarto debate de unos presupuestos presentados
por un gobierno del Partido Popular.

En este caso nos corresponde debatir las enmiendas al título IV, VIII
y a la sección 07, sobre pensiones públicas y cotizaciones sociales.

Hay cierto acuerdo entre los grupos que han presentado enmiendas en
que van encaminadas a modificar las cuantías de las distintas
pensiones públicas, a añadir algunos nuevos tipos de pensionistas o,
en todo caso, a la elevación de las citadas pensiones. Es coincidente
en algunos grupos (me referiré en primer lugar a las enmiendas del
Grupo



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Parlamentario Mixto, presentadas por Unión Valenciana, y al núcleo
duro de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida) la propuesta de
igualar la mayor parte de nuestras pensiones mínimas al salario
mínimo interprofesional, con la diferencia de que el Grupo
Parlamentario Mixto no pretende que el salario mínimo
interprofesional también se adecue, como pretende el Grupo de
Izquierda Unida, al 60 por ciento del salario medio, tal como dicen
-y explicaré posteriormente por qué- que nos recomienda la Carta
Social europea.

En primer lugar, a mi grupo le gustaría dejar sentado en este debate
sobre la adecuación al salario mínimo interprofesional que los
presupuestos del año 2000 son los primeros en los que nos vamos a
encontrar con que la pensión tipo, que sería la de jubilación con
cónyuge a cargo, va a ser igual al salario mínimo interprofesional
vigente en nuestro país. Los presupuestos del año 2000 van a hacer
realidad una pretensión que yo creo que compartíamos todos los grupos
de esta Cámara, que era la de ir acercando y por fin llegar a que las
pensiones mínimas de este país se igualaran al salario mínimo
interprofesional. Reitero que es una pretensión de todos los grupos
de esta Cámara y que ello, señorías, si me permiten decirlo, es
posible justamente por la situación en la que se encuentra nuestro
sistema de Seguridad Social en estos momentos, porque va a presentar
superávit en el año 2000; porque ya no va a necesitar de préstamos
del Estado ni de nadie, como hacían falta hace algunos años; porque
se van a mejorar también las pensiones mínimas, con el acuerdo que ha
habido entre el Gobierno y los sindicatos, y además se va a
constituir el fondo de reserva que conocen SS.SS. Creo que con esto
se ha llegado ya al equilibrio entre lo que se puede ahorrar y el
pago de las prestaciones que tienen que ir, como siempre, a los más
desfavorecidos, como ocurre en estos presupuestos.

Haciendo referencia a lo que he denominado el núcleo duro de las
enmiendas de Izquierda Unida, me gustaría hacer una apreciación
principalmente respecto a las que presentan al artículo cuarenta y
cinco, apartado cuatro, en las que, como ya he indicado, pretenden la
subida de las pensiones mínimas y además adecuarlas al salario mínimo
interprofesional -las no contributivas llegarían hasta el 70 por
ciento del mismo- y a su vez el salario mínimo interprofesional al 60
por ciento del salario medio, que, como he dicho antes, dicen ustedes
que nos lo recomienda la Carta Social europea, que avaló el Gobierno
español en 1980, pero que yo me he leído de cabo a rabo y no he
encontrado esa recomendación por ningún sitio. Lo único que figura -
eso sí que es cierto- en la Carta Social europea avalada por España
es el principio general del derecho en su artículo 4, el cual
compartimos, relativo a una remuneración equitativa, pero en ningún
sitio aparece, señorías, que en relación con el salario mínimo
interprofesional que fija el Gobierno en interlocución con los
agentes sociales tengamos que llegar a que éste sea, como pretenden
ustedes, el 60 por ciento del salario medio. Pero es que además,
señorías, me parece que
ustedes tampoco lo han encontrado, porque con ese argumento
presentaron propuestas hace poco en esta Cámara diciéndonos que la
recomendación era del 70 por ciento del salario medio y en cambio hoy
nos dicen que es del 60 por ciento, entrando en contradicción con
ustedes mismos, ya que ni siquiera cuando cuantifican llegan ustedes
en sus enmiendas a ese 60 por ciento, aunque también es cierto que
SS.SS. lo han expresado así, o sea, que no quieren engañar a nadie;
por tanto, vamos a decir que su enmienda numérica ya no llega tampoco
al 60 por ciento. Lo cierto, señorías, es que esa recomendación no se
encuentra en ningún sitio. Debemos avanzar hacia mejorar las
prestaciones mínimas de nuestro sistema, pero de una manera real,
porque, si SS.SS. se hubieran parado un momento a hacer números, se
hubieran dado cuenta de que las pretensiones que recogen en su
enmienda están muy lejos de poder hacerse realidad en estos
presupuestos y, si me apuran SS.SS., en ninguno. Llegar hasta ese 60
por ciento del salario mínimo interprofesional del salario medio,
como pretenden SS.SS., y adecuar luego todo nuestro sistema de
pensiones mínimas al mismo nos costaría alrededor de unos 3 billones
de pesetas, y a mí me parece que 3 billones de pesetas es una cuantía
que está muy lejos de la realidad. Sus señorías deben reconocer que
por mucho esfuerzo presupuestario que se quiera hacer, desde luego,
se trata de una cuantía que está muy lejos de los presupuestos y de
la realidad en la que nos encontramos.

Con respecto al principal grupo de la oposición, quiero referirme a
lo manifestado por el señor Gimeno en cuanto al tema del desempleo
para centrarme posteriormente en lo que es puramente la cuestión de
la Seguridad Social. Ya dijimos en Comisión, y lo voy a repetir para
que no se diga que fue un malentendido, que no compartimos las
enmiendas que ustedes presentan al efecto de las reducciones de
cotización por contingencia de desempleo o simplificación, como han
manifestado aquí esta tarde. En primer lugar nosotros creemos -en
materia de Seguridad Social también lo defendíamos- que todas estas
reducciones deben hacerse progresivamente, sin poner en peligro el
equilibrio financiero del sistema de protección por desempleo. Hay
grupos a los que el equilibrio les da más o menos igual, pero
nosotros somos muy respetuosos tanto con el equilibrio del sistema de
la Seguridad Social como con el económico-financiero de desempleo,
puesto que no queremos encontrarnos con situaciones que seguro que no
escapan a la memoria de los muchos que estamos en esta sala en el día
de hoy. La propuesta del Grupo Socialista no cuantifica el efecto
económico del descenso en cotizaciones, además de que acorta la
distancia -y en eso sí que nos van a encontrar siempre delante- entre
la contratación estable y la contratación de duración determinada,
puesto que la diferencia entre ambos tipos es del 0,75 en el texto
del proyecto de ley y del 0,5 en el caso de la propuesta formulada
por el Grupo Socialista, apostando ustedes en consecuencia en menor
medida por la contratación



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indefinida, justo lo contrario de lo que pretendemos hacer desde el
Gobierno del Partido Popular y desde este grupo parlamentario.

Además, su enmienda propone reducir el tipo de cotización de los
empresarios para todos los contratos por tiempo indefinido y mantener
el tipo de cotización del proyecto de ley en dichos contratos para
los trabajadores, así como aplicar a todos los supuestos de
contratación temporal el mismo tipo que en 1999 se aplicó a la
contratación estable. Y ello lo que desde luego no supone es una
penalización de la contratación temporal eventual, como pretenden, ni
tampoco de la contratación por obras ni de las empresas de trabajo
temporal, puesto que lo que se propone de reducción respecto de lo
que se fijó en 1999 se queda en nada. Por último, en su enmienda
tampoco se distingue entre la contratación temporal, eventual o por
obra en los contratos formativos de relevo o efectuados por
minusválidos. Yo entiendo que S.S. me diga que quiere simplificar y
reducirlo a dos grandes grupos, pero es que tampoco tenemos que
penalizar a los colectivos con mayor dificultad de inserción, como
pueden ser los jóvenes o los minusválidos, en el mercado de trabajo.

De ahí que nosotros defendamos que, aunque se trate de una
contratación eventual, existan unos tipos de cotización distintos
para justamente mejorar su capacidad de inserción en el mercado de
trabajo. Tampoco compartimos en absoluto lo que pretenden ustedes en
su enmienda 1643 para crear un fondo de reserva para la cobertura de
la protección por desempleo, porque en cierta medida el fondo de
reserva que se propone no es distinto de lo que hoy se hace, siendo
otra cuestión vestirlo de forma distinta, como pretenden ustedes.

Financiadas ya las prestaciones por desempleo, contributivas y
asistenciales, y mantenido en todo caso el nivel y la tasa de
cobertura de la protección por desempleo, se destinan los fondos
necesarios a políticas activas de empleo que tienen por objeto
mejorar las posibilidades de empleo de los desempleados con vistas a
su inserción laboral y al fomento estable de su contratación. Eso
justamente es lo que se afirma por el grupo proponente en lo que se
refiere al 50 por ciento del fondo de reserva y, si bien el grupo
proponente no explicita lo que hay que hacer con el 50 por ciento,
eso es justamente lo que se está haciendo ahora sin la existencia de
ese fondo de reserva.

Señorías, no nos repitan insistentemente, una y otra vez, que el
Pacto de Toledo prohíbe la bonificación de la contratación por
cotizaciones sociales, porque saben SS.SS. de manera sobrada que en
el Pacto de Toledo no se discutió de prestaciones por desempleo; lo
saben perfectamente sus señorías.




El señor PRESIDENTE: Señor Camps, ha de concluir.




El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente.

Además, fue un Gobierno socialista justamente el que pidió que no se
hablara de prestaciones por
desempleo ni de nuestro sistema de desempleo en el Pacto de Toledo.

Sus razones tenía en el año 1995, y usted, señor Gimeno, las conoce
tan bien como las conozco yo. Por lo tanto, al final nos cansaremos
de tanto oír esa cantinela y no va a hacer que estos debates tengan
la agilidad que algunos otros portavoces de su grupo piden ni la
intensidad con la que pretenden que los tengamos en esta Cámara.

Señor presidente, y respecto a las enmiendas que hacen mención a las
pensiones de nuestro sistema de Seguridad Social y de clases pasivas,
he de reconocer, señores del Grupo Socialista, que este año han
variado sus enmiendas. Prácticamente les ha quedado sólo una, lo cual
indica, tal vez, lo falaz de las enmiendas que presentaban años
anteriores, lo falaz de sus críticas y también la gestión de este
Gobierno, porque yo creo que muchas de las enmiendas que ustedes
presentaban -y mira que les decíamos que las prisas eran malas
consejeras- al final se han mostrado caducas por la buena gestión del
Gobierno del Partido Popular. Ustedes se agarran como un clavo
ardiendo a la enmienda por la que pretenden subir 2.000 pesetas por
mes las pensiones mínimas, que es un debate viejo ya tenido en esta
Cámara; fue una propuesta incoherente, irresponsable y demagógica del
principal grupo de la oposición y la mantienen, erre que erre, en el
debate presupuestario en el que ahora nos encontramos. Y lo hacen,
además, cuando saben que esta Cámara ya ha rechazado esa medida.

Ustedes están tan faltos de propuestas y de alternativas que siguen
presentando exactamente lo mismo que ya hemos discutido y saben que
cuenta con el rechazo de la mayoría de esta Cámara. Pero hay una
diferencia. Antes pretendieron subir las pensiones mínimas de este
país sin acuerdo social y por decreto y ahora lo único que pretenden
es seguir subiendo las pensiones mínimas de este país sin acuerdo
social, otra vez, pero en este caso por la ley de presupuestos. Ya sé
que ustedes partidarios del acuerdo social no lo han sido mucho, pero
cuando se produce, aunque no sea con su participando, deberían
aplaudirlo y dejar de presentar iniciativas en esta Cámara que van en
contra de esos acuerdos sociales que se producen. Saben sobradamente
-y acabo ya, señor presidente- que Gobierno y sindicatos han llegado
a un acuerdo de subir las pensiones mínimas de este país que se
plasma justamente en esta ley de presupuestos. Y si ello es posible,
señorías, es justamente porque ha habido un consenso social, un
consenso político con quien ha querido tenerlo y, sobre todo, porque
la buena política económica de este Gobierno y la buena política en
materia de empleo y Seguridad Social permite que para el año que
viene tengamos una Seguridad Social con superávit, sin créditos del
Estado, y que por tanto podamos acometer la subida de las pensiones
mínimas y, como no podía ser de otra manera, subir las prestaciones
de los más desfavorecidos, como hemos venido haciendo durante tres
años con viudas y huérfanos; por cierto, señor Gimeno, que han
mejorado mucho su situación respecto a la que se encontraban hace
cuatro



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años en este país y también -y en eso sí que tengo inversión. Ese
viejo adagio de enseñar a pescar en lugar que agradecer la
intervención del principal grupo de la de dar un pez. De eso se
trataría, no de que dependan oposición- porque ya reconocen ustedes
por fin la más de nosotros tanto en tecnología como en actividad
buena situación económica gracias a la política de este productiva y
en la propia inversión. Por eso nuestra Gobierno, que está
revertiendo justamente en este caso enmienda 774 quiere reducir el
dinero que ustedes van en los más necesitados, en los pensionistas
más desfavorecidos. a destinar a ayudas comerciales, 80.000 millones,
y destinar la mitad, 40.000 millones, a la ayuda al desarrollo Por
todo ello, señorías, instamos al principal grupo que esté ligada a la
Ley de cooperación y que favorezca de la oposición a que recupere esa
cordura política que el desarrollo de los países que ahora mismo
están parece aún no haber recuperado con la presentación necesitados.

¿ En que? En lo que decidan ellos, para los de las enmiendas que
todavía mantiene en esta Cámara proyectos que ellos quieran
establecer, para las prioridades y que vuelva a la senda del Pacto de
Toledo, que es en que allí son básicas y que pueden no serlo para la
que nos encontramos agentes sociales, Gobierno y la nosotros, en
función de lo que pudiéramos ver desde mayor parte de los grupos
políticos de esta Cámara. aquí, pero que es una necesidad vital para
ellos. Por Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) tanto, la
enmienda 774 pretende que el artículo 56 divida los recursos del
Gobierno. Por cierto que estos El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor 80.000 millones -en esto han sido poco creativos el Camps.

Gobierno y el Partido Popular- es la misma cantidad



Título V Título V y sección 06, Deuda Pública, que se debatirán que
se destinaba en 1994 y que sigue destinándose cada y sección 06
conjuntamente. Sólo mantienen enmiendas el Grupo año a los fondos
FAD. No se ha modificado, la creatividad de Izquierda Unida y el
Grupo Socialista. es escasa, las ideas que aplican son mínimas.

Tiene la palabra el señor Ríos, en primer lugar. Por último, señor
presidente, la enmienda 775 tiene como objetivo que en el artículo
57, en el que se crea El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, nos
una especie de fondo de concesión de microcréditos encontramos en el
debate del articulado de la ley de para lo que pudiéramos llamar el
desarrollo social básico presupuestos y son sugerentes todas las
intervenciones, en el exterior, se aplique el mismo criterio que
decíamos pero me da la impresión de que no hay voluntad de ir antes.

Nosotros proponemos que se cree ese a una confrontación de ideas,
como pedía antes algún fondo y que prime el desarrollo social básico
en lugar portavoz. Nos encontramos en un trámite muy devaluado del
comercio. Por eso nuestra adición sería que la utilización y yo creo
que, por desgracia, esta devaluación del de este fondo cumplirá todos
los requisitos recogidos debate en la Cámara está provocada por la
voluntad en la Ley de cooperación para el desarrollo y en que tiene
el Gobierno, en contra de lo que anunció al el reglamento que se
apruebe. Queremos destinar este inicio de la legislatura de hacer a
esta Cámara el centro nuevo fondo que para el año 2000 se va a
acercar a del debate político del país, de sacarlo en las campañas
8.000 millones de pesetas, cifra que todavía es un tanto de
presentación de los presupuestos que ha estado escasa, pero menos da
una piedra, para el desarrollo haciendo desde hace un mes. Por tanto,
cuando vamos social de los países que reciban esos proyectos de
a confrontar las ideas cuesta trabajo porque te encuentras apoyo y no
para lo que pudiéramos llamar créditos de con un frontón que te
devuelve con más fuerza las exportación o de ayuda al exterior,
cimentada sobre pelotas que lanzas, como si la goma se multiplicase
por nuestra realidad exportadora que al final sería como un tres. Voy
a poner el ejemplo de las enmiendas que voy complemento de lo que
antes queríamos reducir. a defender al título V. En todo caso, señor
presidente, estas enmiendas se El Gobierno, el Partido Popular cuando
era oposición, vienen presentando año tras año -y después entramos
antes de iniciar esta legislatura, llegó a un acuerdo en réplica,
controversia y contraposición- porque el con los agentes sociales,
las ONG y los distintos grupos Gobierno sigue, erre que erre,
encabezonado en no de la Cámara para destinar el 0,7 por ciento de
las modificar su posición política y en no cumplir lo que previsiones
presupuestarias del PIB a la ayuda al desarrollo. promete. Es un
vicio -en la vida política no se llega a En aquel momento, cuando se
llegó a este consenso, hacer realidad- porque cuando llega la hora de
prometer era el camino para pasar del 0,35 al 0,5 y en dos se nos
pone la boca muy grande y hacemos grandes años llegar al 0,7 por
ciento. Pues bien, el Gobierno ha discursos, pero cuando llega la
hora de comprometernos, cogido la carretera estrecha pero hacia atrás
y del 0,35 con el cheque y con el billete en la mano, hemos bajado al
0,25. Es una forma de hacer debate de vienen los recortes y se llega
a ajustar una política más ideas y de compromisos presupuestarios.

¿Qué pretende atemperada que consiste en no modificar nada. la
enmienda de Izquierda Unida? Cumplir la Ley de cooperación y que los
recursos no se destinen desde la El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señor Ríos. recuperación de los fondos de ayuda, de los FAD, que
Vamos a ver al señor Pérez Segura, del Grupo Socialista, en realidad
son fondos con retorno, es dinero que que también mantiene enmiendas.

damos a nuestras empresas para que inviertan en países en vías de
desarrollo, en países pobres, para venderles El señor PÉREZ SEGURA:
Gracias, señor presidente lo que nosotros tenemos y recuperar toda la
y que santa Lucía le conserve la vista. (Risas.) Nos



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podemos permitir estas licencias poéticas porque la discusión de
estos presupuestos, con las escasas señorías que la siguen, va a todo
galope, por lo que podemos incorporar estas gracias.

Me corresponde defender la posición del Grupo Socialista en relación
al título V, operaciones financieras, del proyecto de ley de
presupuestos para el ejercicio del año 2000. En este título vemos que
el proyecto tiene la misma estructura y los mismos textos que el de
1999. El Gobierno insiste y reitera su política inercial de
centrifugación del déficit y, en consecuencia, se da un incremento
importantísimo en la política de avales y de autorización de
endeudamiento a los organismos y empresas públicas. Botón de muestra
es la cifra tope, global, de dichas autorizaciones, 857.602 millones
de pesetas, es decir, cerca de un 20 por ciento más que en el
ejercicio de 1999, que la cantidad fue de 718.886 millones de
pesetas. Por tanto, se trata de un aumento a todas luces escandaloso.

Por lo que respecta a la concesión de avales como superposición de
garantías a la obtención de dichos créditos, esta rúbrica se
incrementa en una cifra nada desdeñable, en un 9 por ciento. Vemos
que los mayores incrementos se producen en el Instituto de Crédito
Oficial, cuya concesión límite asciende a 600.000 millones en
relación a los 450.000 del año 1999, y en AENA que se le conceden
80.000 millones en el proyecto en relación a los 24.500 millones del
ejercicio pasado. Por todo ello, el Grupo Socialista ha presentado un
paquete de enmiendas para corregir este desaguisado de ingeniería,
empezando por la 1582, de devolución, por las razones hasta ahora
expuestas, por lo que significa de incapacidad de abordar claramente
la correcta financiación de los entes y empresas públicas, en
general, así como por la política presupuestaria en el ente
Radiotelevisión Española, en particular. Otras enmiendas se refieren
a diversos artículos de este título en orden a una mayor
transparencia de la actuación del Gobierno en esta materia, mediante
la remisión de información detallada de la evolución de estos
créditos y avales. Paso a referirme a algunas de ellas con algo más
de detalle.

Primero están las enmiendas que pretenden abordar eso que el Gobierno
defiende con tanto interés, la política de información, de
comunicación con transparencia. Son dos, la 1583 y la 1586, que lo
que pretenden es establecer garantías para que esta Cámara,
depositaria de la voluntad popular, así como el Senado, pueda tener
trimestralmente fiel reflejo de todas y cada una de las operaciones
tanto de créditos a empresas y entes públicos como de los avales
prestados a las operaciones que estas empresas realizan; son
enmiendas a los artículos 48 y 52. Podríamos aplicar estas enmiendas
muy concretamente al caso de Radiotelevisión Española. Ustedes siguen
con la misma política de dejar aparcado, esperando que se pudra, un
determinado pacto político que nunca llega y una deuda en
autorización de 111.551 millones de pesetas que se pretende dedicar
a este ente público. Siguiendo con la misma idea del año pasado,
ofreciendo un pacto que sabemos estéril,
presentamos la enmienda 1587 que pretende una asunción directa por el
Estado de la deuda histórica de Radiotelevisión Española en orden a
un calibre de 80.000 millones de pesetas. Si hablamos de incrementos
notables en cuanto a la posibilidad de endeudamiento o de prestación
de avales, por supuesto tendríamos que referirnos a la SEPI. Con este
proyecto de ley de presupuestos la SEPI pretende obtener la
autorización del doble de la cifra que tenía concedida el año pasado,
de 100.000 pasa a 200.000. No podemos dejar al arbitrio de la propia
SEPI la autorización de endeudamiento de las empresas que de ella
dependen, sino que la decisión de este endeudamiento tiene en cierta
manera carácter de política económica, por lo que tendría que
depositarse esa autorización en la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos del Consejo de Ministros. De ahí nuestra enmienda 1585.

Otras enmiendas hacen referencia al fondo de titulización de activos
que, como sabe el Grupo Popular, también fue objeto de trabajo en la
Comisión, con lo que en ese trámite pusimos sobre la mesa en concreto
una enmienda, si no me acuerdo mal la 1588, que pide que culmine la
redacción del punto primero de este epígrafe con la expresión
«destinados a la financiación de las pequeñas y medianas empresas».

Entendemos que las grandes empresas no necesitan nuevos instrumentos
de financiación -permítanme ser más riguroso en este punto- y las
pequeñas y medianas empresas sí necesitan la movilización de
recursos. Si este instrumento se dirige a las pequeñas y medianas
empresas cumplirá su función; si no, evidentemente no estaríamos de
acuerdo.

Hay otro aspecto. No todo es hablar de deuda en este título, no todo
es hablar de avales; las deudas, los avales también pueden tener
otros destinos que no son los estrictamente empresariales, pueden
tener destino de tipo solidario, como es el caso de los fondos FAD y
el de otros fondos, objeto de alguna de nuestras enmiendas que paso
muy brevemente a relatar a SS. SS. Antes quisiera hacer mención de
algunas enmiendas que colateralmente se presentan a las disposiciones
adicionales porque también hacen referencia a fondos, por tanto a
financiación y asunción de deuda; son las que se presentan como
aportaciones a los fondos Fiex y Giex. Lo menciono porque, después de
encontrárnoslos tantos años en los presupuestos y de que ni por asomo
exista una reglamentación, pretender una aportación millonaria a
estos fondos es casi burlarse de la voluntad de estas Cámaras. No me
corresponde entrar en demasía en estas consideraciones porque se
trata de disposiciones adicionales, pero sí está relacionado con el
Fondo de Ayuda al Desarrollo. Para nuestro grupo no constituye ningún
problema reconocer que en los años anteriores veníamos apostando por
una dotación del orden de 80.000 millones de pesetas para la
aportación de nuevos fondos, por tanto el mantenimiento de un
determinado nivel de posibilidad de financiación del Fondo de Ayuda
al Desarrollo. Pero rectificar es de sabios o, mejor dicho, las
necesidades de la cooperación internacional van por otros derroteros.

Ya no es el



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paraíso de los conseguidores de financiación para proyectos de
empresas. Hoy en día, la sensibilidad social nos empuja a la creación
de fondos para la condonación y conversión de deuda externa como la
más interesante de las políticas de apoyo a los países en desarrollo,
en concreto a los países pobres altamente endeudados. Por tanto, este
año cambiamos de estrategia y nos sumamos a lo que otros grupos ya
venían manteniendo -lo reconocemos- y en concreto abogamos por una
minoración de la aportación a este fondo, el FAD, que pasaría de
80.000 millones a 50.000 millones de pesetas. ¿Liberamos al Gobierno
de estos 30.000 millones para dedicarlos a cooperación para el
desarrollo? Evidentemente no. Lo que proponemos es que con este
remanente, digamos, de 30.000 millones de pesetas se cree un fondo
destinado a ejecutar las operaciones relacionadas con el tratamiento
de la deuda que el Estado español tiene con los países pobres
altamente endeudados. Suponemos que el Grupo Parlamentario Popular
verá esta enmienda incluso con ilusión porque concuerda con el
discurso que el vicepresidente primero hizo en la reunión del Fondo
Monetario Internacional, en la cual prometió que el Gobierno español
crearía un fondo de estas características, del orden de 25.000
millones de pesetas, cosa que no vemos en los presupuestos y, sin
duda, la percha necesaria para el cumplimiento de esta promesa del
señor Cascos sería la votación entusiasta por parte del Grupo
Parlamentario Popular de esta enmienda del Grupo Socialista. Con esto
ustedes podrían dar cumplimiento a los preceptos de la Ley de
cooperación, que apoya principalmente las operaciones de desarrollo
social básico; podrán también en su momento aprobar en la sección 12
-si creen en ello- el fondo de ayuda humanitaria creado por nuestro
grupo, y podrán asimismo solventar de alguna manera el problema que
les supone presentar unos presupuestos con una minoración del 50 por
ciento de su famoso fondo de microcréditos; un instrumento muy loable
que ustedes dotaron con 12.000 millones en el año 1999 y que ahora
dotan con 8.000 millones de pesetas. Con todo ello presentan un
magnífico expediente de aportación para la ayuda al desarrollo del
0,28 por ciento del PIB, muy lejos de las promesas que aquí ya les
han recordado otros grupos y que ustedes insisten reiteradamente en
no cumplir.

Muchas gracias. (El señor Albendea Pabón pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor Albendea, ¿pretende fijar posición? (Asentimiento.) Tenía dudas
al respecto. Adelante.




El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señor presidente.




Señor Pérez Segura, estoy de acuerdo con lo que ha dicho al comienzo
de su discurso, es decir, que los presupuestos del año 1999 son muy
parecidos, en lo relativo al título V, al presupuesto para el año
2000; pero yo diría que en lo que son iguales es en la coherencia y
en el rigor. Naturalmente, al ser los cuartos presupuestos que hace
este Gobierno con esa coherencia y ese rigor, sin duda alguna los
resultados son cada año mejores, y en eso es en lo que probablemente
discrepamos. Por eso, al debatir este título V del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, mi grupo no puede
sino expresar su satisfacción por lo que de dicho título se
desprende, que es una gestión eficiente, una gestión rigurosa, una
gestión austera de las finanzas públicas. A la deuda pública se
destinan 2 billones 850.000 millones de los gastos no financieros del
presupuesto, que constituyen el 14,2 por ciento, y esto supone que se
reduce respecto al ejercicio precedente en un 7,8 por ciento. Pero la
reducción de los gastos financieros respecto al año 1999 es todavía
mayor. El total de los pasivos financieros ha pasado a ser de 2
billones 611.000 millones y representa un 22,4 por ciento menos que
el año anterior. En total, teniendo en cuenta tanto las operaciones
no financieras como las financieras, esta sección ha tenido una
reducción del 15,5 por ciento, algo verdaderamente insólito en la
historia de las finanzas públicas de este país.

La necesidad neta de endeudamiento del Estado se eleva a 1 billón
709.000 millones, lo que supone un 27 por ciento menos que la
necesidad de endeudamiento prevista inicialmente para 1999. Por eso
he dicho antes que la coherencia y el rigor es el mismo pero los
resultados todavía son mejores año tras año. La política de
alargamiento de la vida media de la deuda seguida por el Tesoro en
los últimos años ha hecho que los vencimientos no se concentren en el
corto plazo. Junto a esa estrategia de evitar la concentración de
vencimientos, el Tesoro tiene otro objetivo: abaratar el coste de
financiación, objetivo que está alcanzando. La reducción de los tipos
de interés que se ha producido en España en los últimos años ha
permitido que los pagos por intereses se reduzcan, y ese efecto se
verá reforzado por las políticas de canje que se han venido
desarrollando en los años precedentes. El repunte de los tipos de
interés que está teniendo lugar en estos momentos no pone en peligro
la reducción del coste de nuestra deuda, puesto que el tipo medio
sigue muy por encima de los tipos de emisión. A mediados de 1999 sólo
el 50 por ciento de los bonos y letras en circulación presentaban
tipos de emisión inferiores al 6 por ciento.

Con estos presupuestos, señorías, se persevera en la reducción del
déficit público. La intensidad del ajuste es superior a la media
europea, 6,3 puntos frente al 3,1 de media en la zona euro. Con estos
presupuestos se cumple también este año la regla de oro de las
finanzas públicas, es decir que la inversión pública sea superior al
déficit. También con estos presupuestos podemos destacar la
corrección del llamado déficit estructural, es decir el resultante
tras eliminar el componente cíclico.

Por todas estas razones, no cabe duda que sólo cabe calificar la
enmienda de totalidad que el Grupo Socialista ha presentado al título
V de sectaria y absolutamente carente de la menor razón sólida. (La
señora Cunillera i Mestres: ¡Hala! ¡Alegría! ¡Alegría!). Vamos a
votar



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en contra, pues es evidente que la gestión financiera del Estado
llevada a cabo por este Gobierno es rotundamente positiva por sí
misma. Pero quiero decir también que tienen ustedes mala suerte.

Comprendo que ejercer la oposición con estas cifras es mala suerte,
porque esta misma mañana, dos horas antes de este debate, las
agencias de prensa han repicado informando a los ciudadanos y a la
sociedad española de que el déficit del Estado, en términos de
contabilidad nacional, se situó al finalizar el mes de octubre en
25.300 millones de pesetas, que equivale al 0,02 por ciento del
producto interior bruto, cuantía inferior en un 88,6 por ciento a la
registrada en el mismo período del año anterior y que supone
prácticamente el equilibrio presupuestario. Comprendo que es mala
suerte que esta noticia haya salido hoy, justo cuando estamos
debatiendo esto. Creo, señor Pérez Segura, que si ustedes tuvieran
coherencia política, lo honrado, lo honesto y con lo que ganarían
credibilidad ante el país hubiera sido retirar esta enmienda a la
totalidad después de conocer esta mañana estas noticias, pero veo que
no lo han hecho; pues peor para ustedes.

Respecto a las nueve enmiendas del Grupo Socialista y las dos de
Izquierda Unida que permanecen vivas al articulado de este título, me
voy a referir muy rápidamente a las que considero más relevantes.

Algunas de ellas son recurrentes. Igual que los presupuestos, también
sus enmiendas son recurrentes, señor Pérez Segura. La que se refiere
a que el Estado se haga cargo de la deuda de Televisión Española, por
80.000 millones de pesetas, es la misma del año pasado, y la que
solicita que se suprima el aval del Estado al Ente Público
Radiotelevisión Española también se presentó el año pasado. Por
tanto, por las mismas razones que ya expresé en la Comisión y que en
aras de la brevedad del debate no quiero reiterar, vamos a votar en
contra de ellas.

Respecto a las enmiendas referidas a la dotación al Fondo de Ayuda al
Desarrollo, que quieren ustedes reducir, no podemos aceptarlas porque
son límites máximos que están fijados de acuerdo con las necesidades
que ya están previstas para el ejercicio 2000. Lo único que haríamos
es crear problemas de gestión al Fondo de Ayuda al Desarrollo. Por
tanto, no podemos votar a favor de eso.

En cuanto a la enmienda por la que pretenden crear un nuevo fondo de
condonación y conversión de deuda externa para inversión en
desarrollo con una dotación inicial de 30.000 millones de pesetas, no
concretan cuál es la finalidad del fondo, se desconoce quién lo
administraría, cuál sería su plan de actuación. Es decir, un fondo de
estas características ha de ser creado por una ley que regule todos
esos aspectos y no crearlo en una ley de presupuestos, sin reglamento
ninguno ni conocimiento de para qué sirve. Tampoco se sabe por qué
han decidido ustedes que sean 30.000 millones y no 100.000, por
ejemplo. Por todas esas razones, tampoco vamos a apoyarlo.

Por lo que se refiere a las enmiendas de Izquierda Unida, la número
774 va en la misma orientación que la 1590 del Grupo Socialista y,
por tanto, no vamos a apoyarla. Sobre el fondo que proponen para
microcréditos que se ajustan a la Ley de cooperación, quiero
recordarle, señor Ríos, que la Ley de acompañamiento del año 1998 ya
establecía en su artículo 105 cómo era el fondo y los requisitos que
se requerían para la concesión de estos microcréditos y sujeta dicho
fondo a los requisitos establecidos en la Ley de cooperación
internacional para el desarrollo, por lo cual sería una reiteración y
tampoco vamos a apoyar la enmienda.

Por todo ello, señoras y señores diputados, ratifico como ya anuncié,
que vamos a votar en contra tanto de la enmienda a la totalidad como
de las enmiendas al articulado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albendea.

Pasamos, ahora sí, al título VI al cual mantienen Título VI



enmiendas, dentro del Grupo Mixto, el señor Chiquillo, el señor
Vázquez, el señor Saura que debe estar representado. Pues a ello.

Luego están, por ir avisando, los grupos de Izquierda Unida y el
Grupo Socialista.

Señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.




Tomo la palabra, muy brevemente, para defender las enmiendas números
5 y 6 que a este título VI, de las normas tributarias de diversas
figuras impositivas, presentó en su día Unió ValenÁiana. Voy a pasar
a defender la primera de ellas, la número 5, referente a la creación
de una nueva sección en este título VI relativa a impuestos
especiales. Nos referimos a la figura impositiva del impuesto sobre
hidrocarburos y solicitamos en un nuevo artículo que el gasóleo
destinado al uso agrícola quede exento del gravamen del impuesto
especial de hidrocarburos. Está más que justificado, dada la baja
rentabilidad de las explotaciones agrícolas, aconsejar que en este
extremo se reduzca la fiscalidad que soportan los agricultores
respecto a este impuesto de hidrocarburos. Por ello, solicitamos la
exención de ese gravamen a lo que es el uso agrícola.

La enmienda número 6 se refiere al artículo sesenta y nueve, punto
uno, relativa al IBI. Solicitamos que a partir del 1 de enero del año
2000, cuando se actualicen los valores catastrales, se mantenga lo
referente al impuesto de bienes sobre inmuebles de naturaleza urbana
y que se actualice con el coeficiente del 1.02, pero solicitamos que
quede sin actualizar lo que se refiera a la naturaleza rústica de
este impuesto sobre bienes inmuebles. Al igual que en el ejemplo
anterior respecto a las dotaciones agrícolas, es aconsejable no
actualizar esos valores catastrales por cuanto suponen una fiscalidad
aumentada. Por el contrario, no es aconsejable que este sector sufra
un aumento de fiscalidad que se ha ido incrementando año a año.




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Por tanto, en ese trámite Unió ValenÁiana defiende estas dos
enmiendas, las números 5 y 6, referentes directa o indirectamente a
la fiscalidad sobre el sector agrario, para atender las demandas del
sector agrario.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente. Para defender
las enmiendas de Iniciativa per Catalunya-Els Verds al título VI.

Concretamente solicitamos la modificación del artículo setenta por lo
que se refiere al impuesto de actividades económicas. La enmienda 435
se refiere a añadir un nuevo apartado al artículo setenta, que diría:
«Cuatro. Con efectos del 1 de enero del 2000: a) se incrementarán en
un cinco por ciento las cuotas, importes mínimos, así como los
valores en pesetas por metro cuadrado del elemento tributario
superficie de los locales, consignados en el Real Decreto legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, y en el Real Decreto legislativo
1259/1991 de 2 de agosto.» Se pretende con ello actualizar la base
imponible del impuesto, lo cual no conduce a un aumento de la presión
fiscal, sino simplemente a su mantenimiento. Con la enmienda 436,
relativa también al artículo setenta, se pretende aclarar que la
exención de las obras benefico-sociales de las cajas de ahorro no
incluye aquellas actividades que, aun estando enmarcadas en este
ámbito, pudieran conllevar finalidades lucrativas o comerciales. La
última enmienda, la 437, se refiere al impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica y señalamos que con efectos del 1 de enero del 2000
se actualizarán todas las cuotas del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica contenidas en el cuadro de tarifas del artículo
96.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
haciendas locales, mediante la aplicación de un coeficiente del 5 por
ciento. Al igual que lo señalado en la primera enmienda, se trata de
mantener actualizada la base imponible del impuesto, lo cual no
supone un aumento de la presión fiscal sino su necesario
mantenimiento.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.




Tiene la palabra el señor Vázquez Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.

Para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este
título VI, voy a hacer referencia a tres de ellas y daré el resto por
defendidas. Con la enmienda 294 pretendemos extender la deducción en
la base imponible del impuesto de sucesiones, además de a los
negocios empresariales o industriales, a los supuestos de transmisión
de una explotación agrícola por causa de muerte, ya que en general
dicho suceso no supone ningún lucro adicional para quien recibe la
explotación, puesto que en la mayoría de los casos ya se encontraba
trabajando en la misma y en la práctica totalidad servirá como
instrumento de trabajo. Con la enmienda 296 pretendemos que se
reduzca el gravamen del IVA en las entregas de bienes de artesanía al
4 por ciento, favoreciendo así la reducción de sus precios para
hacerlos más competitivos frente a los productos realizados
industrialmente. Por último, con la enmienda 298 proponemos
posibilitar la exención en el impuesto de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados en los supuestos de permuta voluntaria
de fincas rústicas de superficie mínima de manera que se favorezca
así la contratación de las mismas. Esta medida serviría en los casos
de excesiva fragmentación de la propiedad como alternativa a los
procesos de concentración realizados por la Administración y
fomentaría la permuta voluntaria de fincas rústicas al aplicarse esta
exención del impuesto.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.




Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, intentaré
defender las enmiendas de Izquierda Unida ante esta comisión,
ampliada en el espacio de ocupación, y voy a procurar no elevar mucho
la voz porque el fragor del debate nos debe llevar a acercar
posiciones, que al final es lo que debía de ser el debate
parlamentario: intentar que las posiciones de cada grupo fueran
expuestas para buscar qué polos están cerca unos de otros y así
reducir las distancias o, en todo caso, defender nuestras posiciones.

Las enmiendas al título VI, que son todas las normas tributarias que
intenta regular el proyecto de ley en su articulado, desde nuestro
punto de vista van a repetir lo que ha sido nuestra postura a lo
largo de toda la discusión presupuestaria sobre las razones para otra
política fiscal. Aquí se establece la escala general del impuesto del
IRPF en las dos vertientes, la escala general a nivel del Estado y la
escala autonómica. Nosotros proponemos que se eleve lo que es la
escala que se establece para el impuesto. Nosotros creemos que se
deberían elevar los porcentajes de los seis tipos aplicables en la
escala general del IRPF, según una nueva escala que oscilaría entre
un tipo mínimo del 16,66 por ciento y un máximo del 46,2 por ciento y
lo que propone el Gobierno es un mínimo del 15 por ciento y un máximo
del 39 por ciento. El Gobierno establece para todo el bloque de once
millones de pesetas o más, el 39,60, y nosotros propondríamos el 46
por ciento. ¿Para qué? Fundamentalmente para establecer, a la hora de
distribuir el impuesto, un espacio mayor en el que fijar lo que debe
de tributar cada ciudadano y hacer un abanico más progresivo,
intentando que se amplíe, inclusive por encima de la escala propuesta
por el Gobierno. La verdad es que creemos que no se debe cifrar sólo
en estos cinco grandes bloques -es verdad que son



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seis, pero menos de 612.000 pesetas hay un volumen muy reducido de
ciudadanos a los que se le aplica ese 15 por ciento- y que por encima
también hay que buscar progresividad. Aunque parezca mentira, en
España hay buenos españoles, hay 170.000 españoles que declaran ganar
más de 12 millones de pesetas y, dentro de ellos, hay 349 que
declaran ganar más de 100 millones. Por supuesto, no es lo mismo
ganar 100 millones que ganar 20 o que ganar 10, y queremos establecer
una mayor progresividad para que el que más gane pague más, que es lo
que, al fin y a la postre, dice nuestra Constitución. Es cierto que
la Constitución también se vacuna y no establece el concepto
confiscatorio, pero hemos tenido tarifas y bloques de distribución de
la escala del impuesto que han estado muy por encima de lo que ahora
mismo estamos discutiendo.

La enmienda 777 establece en esta escala general del impuesto la
misma distribución a nivel del Estado que para las comunidades
autónomas. Nosotros proponemos que la parte delegada del impuesto
autonómico del IRPF se modifique, ampliando el porcentaje de los seis
tipos aplicables en la escala y que se eleve entre el tipo mínimo del
3,34 por ciento a un máximo del 9,80, y así recuperaríamos la
progresividad e inclusive el volumen de recaudación que ahora mismo
existe. Muchas veces se dice que cuando este dinero se deja en manos
de los ciudadanos que más recursos tienen, revierte en mayor
actividad económica, mayor inversión, mayor generación de empleo,
pero lo cierto es que lo que encontramos no es eso, lo que
encontramos es que todo ese dinero va a fórmulas de ahorro o fórmulas
de inversión ligadas a determinados fondos que no van ligados
precisamente al esfuerzo en la generación de empleo ni al esfuerzo
inversor para modernizar nuestras empresas y la estructura
productiva.

La enmienda 778 pretende la revalorización, atendiendo al incremento
previsto para el IPC, del impuesto sobre actividades económicas;
impuesto que año tras año, una vez que están establecidas todas sus
tarifas, va perdiendo eficacia a la hora de ser aplicado por las
distintas administraciones. Nosotros revalorizaríamos el impuesto
sobre actividades económicas, puesto que el IPC del año 1999 al 2000
es del 2 por ciento, en un 2 por ciento. Con ello actualizaríamos la
base imponible del impuesto a la hora de ser gestionada por los
propios ayuntamientos y, en consecuencia, no habría un incremento de
la presión fiscal, sino un mantenimiento de la misma.

La enmienda 779 pretende incrementar figuras impositivas en función
del Real Decreto legislativo 1175. La 780 propone la actualización de
las tarifas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, al
igual que antes hacíamos para el IAE, para que mantenga la presión
fiscal sobre ellos, máxime cuando el volumen de recorrido de estos
vehículos está provocando un volumen de gasto para las
administraciones tanto en infraestructuras como en lo que pudiéramos
llamar actividad de recuperación o mantenimiento de las condiciones a
nivel de contaminación. Cuanto mayor
es el volumen de vehículos que hay circulando en nuestras calles y
carreteras, el volumen de dinero que destinan el Estado y las
administraciones para restaurar los daños es mayor.

Termino con dos enmiendas referidas a las disposiciones adicionales
vigésima y vigésimo primera. El objetivo de estas enmiendas es
precisamente reclamar la equidad fiscal que el Gobierno aplica para
otras vertientes. La revisión que hace el Gobierno en la disposición
adicional vigésima garantiza a la Conferencia Episcopal un volumen de
ingresos de 24.000 millones de pesetas, con independencia de las
cruces que los españoles hagan en la declaración de la renta.

Consideramos que esta previsión no obedece a la evolución del
impuesto sobre la renta, que ahora mismo estaría en cifras de 14.000
o 15.000 millones en el mejor de los años, de acuerdo con lo que los
españoles han decidido voluntariamente; sin embargo, aquí se eleva la
previsión del año pasado, que era de 21.000 millones, hasta los
24.000 millones. Se paga una previsión determinada, hay actuación
desde el erario público lógicamente porque la mayoría de la población
tiene esa inclinación religiosa o ese compromiso religioso; pero el
Estado debe responder a todos los españoles, y no lo hace igual para
otros credos o religiones.

En el mismo sentido, la enmienda 787 va dirigida a los pagos a
cuenta. Como ustedes saben, el Estado va pagando mensualmente un
anticipo a cuenta de la liquidación definitiva, igual que hace con
los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Cada año, si se suma
lo que ha ido pagando mes a mes, resulta más dinero del que los
españoles deciden después dar. Bien, pues lo que hace el Gobierno en
la disposición adicional vigésimo primera apartado dos es elevar a
definitivas las cantidades entregadas a cuenta en 1999. No estamos de
acuerdo con eso porque no obedece a la liquidación veraz de lo que ha
sido la decisión de los españoles, sino a una hipotética voluntad de
apoyar. Creemos que no debe hacerse así, que la liquidación
definitiva debe ajustarse al pago que cada español ha venido a
realizar y que todo lo demás es favorecer a determinada corriente de
opinión que sale beneficiada de la actuación global por arriba, a
nivel de lo que podríamos llamar aparato episcopal, pero no respecto
a las actuaciones y proyectos concretos que presentan determinadas
corrientes del bloque creyente, puesto que se hace partícipe a una
vertiente diferente de la que había regulada antes.

El Gobierno presenta tres modificaciones sustantivas: en primer
lugar, aceptar como decidido por los españoles lo que ya ha pagado
previamente, que no compartimos; en segundo lugar, garantizar un
mínimo que no obedece a las previsiones anteriores y, en tercer
lugar, hacerle partícipe de otros fines sociales que hasta ahora se
destinaban a otras vertientes definidas y muy concretas. Por tanto,
se está favoreciendo a quien creemos nosotros que puede estar más
agradecido al Gobierno, que no es precisamente el cliente permanente



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o el fiel permanente que compone la congregación de fieles que es la
Iglesia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.

Por el Grupo Socialista, don Julio Álvarez Gómez.




El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Paso a defender desde el Grupo Socialista las enmiendas formuladas al
título VI, que contienen normas sobre el sistema tributario español y
su modificación en el proyecto de ley remitido por el Gobierno. Al
mismo tiempo, defenderé también las enmiendas que pretenden la
inclusión de disposiciones adicionales o la modificación de algunas
disposiciones adicionales que tengan estrecha relación con las normas
tributarias de este mismo título.

En conjunto, las enmiendas formuladas por el Grupo Socialista tienen
básicamente cinco finalidades. En primer lugar, se trata de impedir
que continúen quedando impunes los fraudes de ley cometidos con
ocasión de las formalización de contratos de arrendamiento
financiero; ese es el sentido de la 1644. En segundo lugar,
incrementar la equidad, la progresividad y la coherencia de la Ley
reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas,
impidiendo de esta forma que se menoscaben los principios básicos
asentados ya en nuestro sistema tributario por parte del Gobierno a
lo largo de esta legislatura. En ese sentido van las enmiendas
números 1592, 1645 y la 1653. En tercer lugar, adecuar las normas de
nuestro sistema tributario a las decisiones del Ecofin. En cuarto
lugar, conseguir que se aplique a las donaciones efectuadas a
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONG los
beneficios fiscales de la Ley de fundaciones e incentivos fiscales.

En definitiva, se trataría de estimular la solidaridad y el
desarrollo a través de estos proyectos llevados a cabo por las ONG
que, no siendo oficiales, deben tener las mismas ventajas, deben
tener los mismos incentivos. En quinto lugar, pautar adecuadamente la
recaudación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y
en el impuesto de sociedades, ampliando los supuestos en los que los
sujetos pasivos deben efectuar pagos fraccionados y retenciones, con
el objetivo de distribuir adecuadamente en el tiempo la carga
tributaria, solucionar algunos déficit de caja y contribuir también a
la reducción del déficit público. Me referiré a ellas brevemente.

La enmienda 1592, que es de adición al artículo cincuenta y nueve del
proyecto de ley, trata de actualizar la cuantía del mínimo personal y
familiar a la inflación prevista por el Gobierno del 2 por ciento
para el año 2000. Se trata, en definitiva, de mantener en términos
constantes la renta disponible. Especialmente en una legislatura que
se ha caracterizado por el incremento de las tasas y de los impuestos
indirectos, consideramos que es preciso insistir en la necesidad de
que los impuestos directos, especial y básicamente el impuesto sobre
la renta de las personas físicas, no vean recortada
su equidad, su progresividad. En este caso el proyecto de ley congela
la cuantía del mínimo personal y familiar y únicamente deflacta la
tarifa de acuerdo con la inflación prevista por el Gobierno. Creemos
que es necesario actuar sobre estos dos elementos del impuesto sobre
la renta de las personas físicas para que poco a poco, de manera
soslayada, el Gobierno no vaya menoscabando la equidad y la
progresividad de este impuesto.

Con la enmienda número 1593 queremos modificar el primer párrafo del
artículo sesenta y dos del proyecto de ley, que se refiere al pago
fraccionado en el impuesto de sociedades para armonizar el tipo
aplicable a los pagos fraccionados y en las retenciones
incrementándolo del 18 al 20 por ciento.

Con la enmienda 1594, que es una enmienda de adición al artículo
setenta y uno del proyecto de ley, se pretende que el impuesto sobre
el valor añadido se tribute al tipo reducido del 7 por ciento cuando
se trata de servicios de reparación de bicicletas, calzado, artículos
de cuero, prendas de vestir y ropa blanca para adaptar la imposición
indirecta española a las decisiones del Ecofín.

Esta misma finalidad -adaptar la imposición española indirecta a las
decisiones del Ecofin- es la que tiene también la enmienda 1595 con
el objeto de que tributen también en el mismo impuesto sobre el valor
añadido al tipo reducido del 7 por ciento las ejecuciones de obras
que consistan en la reparación de viviendas particulares, a excepción
de los materiales utilizados en las mismas. Creemos que esta medida
puede y debe estimular la inversión y, por tanto, también debe crear
empleo.

Respecto a las disposiciones adicionales, señor presidente, con la
enmienda número 1644 se trata de añadir una disposición adicional a
través de la que se modifica la Ley 26/1998, de 29 de julio, sobre
disciplina e intervención de las entidades de crédito. El Grupo
Socialista quiere que esté más nítido y definido el actual régimen
fiscal aplicable a las operaciones de arrendamiento financiero que
tengan por objeto bienes inmuebles. Consideramos que el burladero
actual es ficticio, pero tiene la oportunidad esta Cámara de
identificarlo, de advertirlo, y tenemos además la obligación de
contribuir a dignificar la vida política, de hacerla más transparente
y entendible para los ciudadanos. Es una de las demandas que nos
hacen los ciudadanos. No pueden seguirse cometiendo fraudes de ley al
amparo de normas fiscales que han querido establecer beneficios
fiscales exclusivamente para actividades económicas y no a las
actividades de mero disfrute de bienes inmuebles. Esta Cámara debe
proteger el nombre de la Agencia Tributaria. Si el Gobierno insiste
en degradarla, es el Parlamento quien tiene la obligación inexcusable
de ampararla, y con ello no hará sino proteger los intereses comunes
de todos los españoles, la justicia y la equidad de nuestro sistema
tributario. ¿De qué vale tanta pompa, señorías, al establecer el
estatuto de los contribuyentes si el ministro portavoz, el



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señor Piqué, se salta impunemente la legalidad vigente en materia
tributaria? En definitiva, señorías, la Agencia Tributaria no puede
estar al servicio del interés particular de un miembro del Gobierno.

La Agencia Tributaria es de todos, a ella todos debemos contribuir en
función de nuestra capacidad de pago y no puede haber burladero
alguno que impida que se haga efectivo el principio de la capacidad
de pago.

La enmienda 1645 pretende la adición de una disposición adicional que
regule de manera más equitativa y más concreta algunas rentas en
especie que pueden ser objeto de tributación en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas. Se trata de que se consideren y se
computen como rendimientos del trabajo las primas o cuotas
satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad
del trabajador hechas por su empresario, asimismo, se trata también
de concretar la cuantía de determinadas rentas en especie percibidas
por los contribuyentes cuando ello es posible. Esto es así con las
viviendas en arrendamiento que se ponen a disposición de los
contribuyentes, impidiendo que de esta forma queden sin computar y
gravar rendimientos reales, que no hacen otra cosa que ocultar la
renta real de los contribuyentes vía arrendamiento de vivienda
facilitado por los empresarios.

Con la enmienda 1646 se trata de facilitar la retención sobre
determinadas ganancias patrimoniales y sobre rendimientos del capital
mobiliario. Señorías, se trata de armonizar los tipos de retención en
los distintos rendimientos que constituyen la renta de los
contribuyentes, tomando de referencia el tipo general contenido en el
artículo 83.1.1º del Reglamento del impuesto sobre la renta de las
personas físicas, y acercar los tipos de retención a las escalas de
gravamen efectivo del impuesto, pautando adecuadamente la recaudación
y contribuyendo con ello a minorar los déficit de caja y además a
acercar la recaudación efectiva a los momentos en los que se realiza
el supuesto de hecho contemplado en la norma tributaria.

Finalmente, la enmienda 1647, también sobre una disposición
adicional, trata de detraer, a través de un ingreso a cuenta, parte
del futuro impuesto que ha de satisfacerse en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas y en sociedades por los contribuyentes
en el momento de enajenación de un bien inmueble; se trata, por
tanto, de periodificar la recaudación de forma más adecuada cuando se
producen estas ganancias del capital.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez Gómez.

Por el Grupo Popular, don Vicente Martínez-Pujalte tiene la palabra.

Adelante.




El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor portavoz del Grupo Socialista, se refería usted a algo
relacionado con saltarse la legalidad. Debo entender que no conoce
exactamente la legalidad, porque aquí la legalidad, señor portavoz -y
mida bien sus
palabras-, no se la ha saltado nadie. Cuando hablaba de saltarse la
legalidad quizás se refería a otros ministros de la época socialista
que se sentaban en esos bancos azules y que tuvieron que dimitir por
fraudes fiscales. (La señora Cunillera i Mestres: Ten cuidado, ten
cuidado, que las palabras las devuelve el viento.) Desde luego, este
Gobierno y este grupo parlamentario no se ha saltado la legalidad
nunca. Cuando se dice algo, hay que estar dispuesto a recibir, sobre
todo cuando hay verdades por medio. Y decía usted algo de la Agencia
Tributaria y de su prestigio. Debe referirse seguramente a la
contribución inestimable del señor Huguet, del señor Aguiar y del
señor Borrell por darle realce a la Agencia Tributaria y por cumplir
bien con sus obligaciones mientras estaban en el ejercicio de
responsabilidades nombrados por el Partido Socialista. (Rumores.)
Cada vez que ustedes quieran hablar de ética, me parece que tienen
que mirar a sus bancos. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Los méritos
que hay que hacer para ir en una lista!-Rumores.) Yo creía que
habíamos venido a hablar de enmiendas a los presupuestos, pero
también podemos hablar de esos temas, no les tengo ningún pavor.

Tanto el título VI de la ley de presupuestos como el título I de la
ley de acompañamiento hablan de sistema fiscal. Lo que se hace tanto
en el título VI como en el título I de la ley de acompañamiento es
continuar con lo que ha sido la reforma fiscal del Grupo
Parlamentario Popular, del Gobierno del Partido Popular. No se han
modificado en absoluto los tipos impositivos, señor Álvarez. Hablaba
usted, quizá por desconocimiento, de que se habían aumentado las
tasas, los impuestos indirectos. No hemos aumentado los impuestos
indirectos. El tipo del impuesto sobre el valor añadido es el mismo
que cuando nosotros llegamos, no como cuando en la otra legislatura
el ministro socialista aumentó el tipo y bajó la recaudación. No
hemos aumentado los tipos en absoluto. Quizá habla de aumento de
tipos por desconocimiento suyo. Presenta otra enmienda diciendo que
hay que aumentar en un 2 por ciento el mínimo personal y familiar
para darle progresividad. Quién le oyera hace un año, señor Álvarez,
porque en esta tribuna el Grupo Socialista decía que el mínimo
personal y familiar quitaba progresividad. Han cambiado en un año.

Según cambian las circunstancias, cambian sus palabras. El Grupo
Popular apostó por un modelo económico distinto del empleado por el
Partido Socialista cuando estaba en el Gobierno y ese modelo incluía
una reforma tributaria a fondo, reforma que se ha ido aplicando desde
1996 hasta ahora, reforma que exigía, en primer lugar, darle un mejor
tratamiento al ahorro, y eso lo hicimos en junio de 1996. Ahora
ustedes hacen una propuesta nueva, la cuarta que les conozco en esta
legislatura, sobre el tratamiento de las plusvalías. Cada vez un
tratamiento distinto y ahora además su propuesta es tremenda porque
significa el alejamiento absoluto de lo que está pasando en el resto
de los países europeos. Se está trabajando en una directiva europea
sobre el ahorro que establece un tipo del 20 por ciento. El



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Gobierno francés está trabajando en un tipo cercano al 20 por ciento,
algo similar a lo que aquí se hizo en 1996, y ahora ustedes plantean
modificarlo. No nos parece razonable, porque la modificación que se
hizo al tratamiento del ahorro y que ha beneficiado a millones de
familias españolas es un tratamiento que ha contribuido eficazmente
al crecimiento, a la inversión y al empleo. Y nosotros hicimos una
reforma a fondo de la fiscalidad para las pymes y ustedes ahora
proponen dos enmiendas muy sorprendentes: aumentar el tipo impositivo
en un 7 por ciento a todos los pequeños comercios y a todas las
pequeñas industrias, a los quioscos, al señor que tiene un pequeño
taller. Ustedes proponen la eliminación del 7 por ciento de reducción
a los módulos. (El señor Martínez Sanjuán: Está en otra ley.) No;
está en el estado de gastos, señor Martínez Sanjuán. Y proponen
también subir el tipo impositivo para las pymes societarias del 30 al
35 por ciento. No proponen subir el tipo impositivo para las grandes
sociedades; proponen subir el tipo impositivo para las pequeñas
empresas, que han sido los motores del crecimiento y los que han
creado empleo.

No se puede ir con ese tipo de propuestas, como no se puede ir con
propuestas que aumenten la tributación de las familias. Ahora
proponen modificaciones para aumentar el tipo impositivo a las
familias que contratan seguros sanitarios. Nos parece razonable que
esté exento ese tipo de seguros a los que ustedes proponen subir el
tipo. Son un tipo de seguros que afectan a muchos miles de familias
españolas y no a las familias con grandes recursos. Lo que aquí
proponen es fundamentalmente subir impuestos y así lo explican en su
enmienda 1658: como pretenden aumentar el gasto público, tienen que
aumentar los ingresos casi en un billón. ¿Cómo? Aumentando impuestos.

Pero como no les llega ni siquiera con el aumento de los impuestos,
entonces, yo creo que en un alarde de insolvencia en materia
tributaria, proponen aumentar también las retenciones, pero, no se lo
pierda, señor Álvarez, proponen aumentar las retenciones a cosas tan
peculiares como los fondos de inversión, que tienen una tributación
del 20 por ciento y usted propone una retención del 25. También
proponen subir las retenciones a un producto absolutamente
sorprendente: las plusvalías inmobiliarias. Mire, señor Álvarez, un
ciudadano de renta baja, que tiene que trasladarse de domicilio
porque cambia de trabajo, que se ve obligado a vender el piso y a
hacer una reinversión comprándose otro piso, que está exento, y
proponen que el comprador le diga al vendedor: ¿cuál ha sido su
plusvalía? Pues no le voy a dar el dinero porque le voy a dar un 25
por ciento a Hacienda y, si lo quiere recuperar, espere un año,
aunque no se pueda comprar su piso. Me parece que ahí hay bastante de
insolvencia. Quizá, señor Álvarez, este año no han tenido la
oportunidad de que el señor Aguiar les haga las enmiendas, como el
año anterior, y estas enmiendas todavía tienen menos consistencia.

(Rumores.)
Señor Álvarez, con su modelo fiscal, con un modelo fiscal que depende
fundamentalmente de dar cobertura a la necesidad de gastar más
dinero, nos quieren abocar otra vez a una espiral de subida de
impuestos, de subida de retenciones, de no ajustar retención y
factura fiscal final y, por tanto, a mayor déficit público, más paro
y menor crecimiento económico. Ese no es el camino; por lo menos, no
es el camino que ha dado buenos resultados en los últimos años. El
camino que ha dado buenos resultados en los últimos años es una
apuesta por un sistema tributario moderno, justo, que haga que los
contribuyentes de las pequeñas y medianas empresas, las familias con
menos recursos económicos bajen su nivel de tributación y puedan
destinar una cantidad económica mayor al crecimiento, a la inversión
y al empleo.

Sobre los impuestos indirectos, le debo decir, señor Martínez
Sanjuán, que aquí no se han aumentado los impuestos indirectos ni una
peseta, y este año -y espero que aprueben esas medidas- no sólo no se
han aumentado, sino que se ha bajado la tributación real, porque ni
siquiera se ha actualizado con el IPC. Estamos en el buen camino en
materia tributaria; la reforma tributaria goza de una excelente
salud. Ustedes mismos, que el año pasado nos censuraban enormemente
la reforma del IRPF, este año han visto cómo dicha reforma ha
contribuido a mejorar inversión, crecimiento, el bienestar de las
familias y además a mejorar la recaudación de los impuestos. Yo creo,
señorías, que sus enmiendas no se deben a una solvencia tributaria,
sino a la necesidad de dar cobertura a su voracidad de gasto público,
a la que ya nos tenían acostumbrados durante 13 años.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor MartínezPujalte.




Título VII Vamos al título VII, concluido como ha sido el VI. En el
título VII mantienen enmiendas, dentro del Grupo Parlamentario Mixto,
el señor Chiquillo, el señor Saura, el señor Vázquez y el señor
Peralta. Pues a ello.

Señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.




Intervengo para defender la enmienda número 7, presentada por Unión
Valenciana al articulado de la ley de presupuestos; una enmienda de
adición a la actual redacción del artículo ochenta que añade un nuevo
párrafo que se refiere a las subvenciones a las entidades locales por
servicios que se prestan de transporte colectivo urbano. Solicitamos
que, tal como han pedido desde hace años el Ayuntamiento de Valencia
y diversos municipios del área metropolitana de Valencia, se
reconozca la realidad metropolitana del entorno de la ciudad de
Valencia y que en lo que se refiere a la subvención al transporte
público urbano colectivo de los municipios que integran dicha área
metropolitana -un



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total de 44 y cerca de 1.400.000 ciudadanos-, estos tengan un
tratamiento distinto al que tienen en la actualidad, que están
incluidos en el cajón de sastre respecto a otros municipios que
prestan este servicio, diferenciándose del tratamiento de subvención
que reciben los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Nosotros
consideramos que debe darse un tratamiento a esa unidad territorial
que es el área metropolitana, repito, de 44 municipios y más de
1.400.000 ciudadanos y que se les debe conceder una subvención
análoga a las condiciones económicas de que dispone el área
metropolitana de Madrid y la extinguida corporación metropolitana de
Barcelona. Pensamos que en la actualidad el área metropolitana de
Valencia debe definirse, porque así se reivindica por el Ayuntamiento
de Valencia y otros ayuntamientos de la comarca, por la elaboración
de un contrato-programa específico en el que se reconozca el servicio
de transporte público que prestan diversas sociedades públicas, como
son la Empresa Municipal de Transportes, los ferrocarriles de la
Generalitat valenciana y el Consorcio Valenciano de Transportes; un
contrato-programa que debe formalizarse antes de que finalice el
primer semestre del año 2000. Es una cuestión de justicia, una
demanda histórica del área metropolitana para que se fomente el uso
del transporte público urbano y se reconozca una realidad
metropolitana que presta un servicio de transporte público en buenas
condiciones a 1.400.000 ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.

Señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.




Iniciativa per Catalunya-Els Verds tiene dos enmiendas al título VII,
y en las dos se propone compensar a los municipios por gastos que
exceden de sus competencias. A través de la primera nos proponemos
añadir un artículo nuevo al título VII, capítulo I, relativo a
corporaciones locales, con el siguiente texto: Con cargo a los
créditos, se hará efectiva una compensación equivalente al importe de
la exención del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente a
centros concertados en el ejercicio de 1993. Con ello nos proponemos
compensar a los municipios afectados por el coste de la exención
correspondiente al ejercicio de 1993, tal y como se hace en relación
con los ejercicios de 1994 en adelante, en aplicación del artículo
9.2 de la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas locales.

La siguiente enmienda se refiere a la compensación de los beneficios
fiscales de que disfrutan las autopistas de peaje en el impuesto
sobre bienes inmuebles. Nos proponemos añadir un artículo nuevo al
título VII, capítulo I, en el que se pretende que se haga efectiva
una compensación equivalente al importe de las bonificaciones
aplicadas en virtud del artículo 12.a) de la Ley 7/1972, durante el
período 1994-1999, en las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles
correspondientes a
autopistas en régimen de peaje de las que son beneficiarias las
sociedades concesionarias de las autopistas, tanto de titularidad
estatal como autonómica. A estos efectos, se atenderá al estudio
derivado del cumplimiento de la disposición adicional vigesimotercera
de la Ley de Presupuestos del Estado para el año 1999. Con ello nos
proponemos, señorías, compensar a los municipios afectados por el
coste de las bonificaciones de que disfrutan las autopistas de peaje
en el impuesto sobre bienes inmuebles. Se trata de una medida que se
enmarca en un ámbito competencial que no corresponde a los
ayuntamientos y, por tanto, el gasto fiscal que genera no debe
detraerse de los ingresos municipales.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.

Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.




Voy a defender las enmiendas números 500 a 507 presentadas por Nueva
Izquierda y que hacen referencia al título que nos ocupa, entes
territoriales, y fundamentalmente al sistema de financiación que debe
seguirse para aquellas comunidades autónomas que no aceptaron el plan
de financiación propuesto por el Gobierno en esta legislatura.

En relación con estas comunidades autónomas, nosotros creemos que
deben contemplarse dos criterios importantes. En primer lugar, como
criterio de evolución, la variación que experimenten los ingresos
tributarios del Estado ajustados estructuralmente, los conocidos como
ITAE. Y en segundo lugar, que se adopte como criterio de población la
resultante de la última renovación del padrón efectuada el 1 de mayo
de 1996 y que ha sido declarada oficialmente por un real decreto del
año 1997. Nos parece que estos dos criterios son importantes a la
hora de establecer un sistema de financiación adecuado y esas
comunidades autónomas que no se ajustaron al acuerdo con el Gobierno
tienen derecho en todo caso a un sistema de financiación justo que
debe contemplar esos criterios.

Nos parece asimismo que la liquidación provisional debe ser objeto de
una liquidación definitiva y que la misma no debe estar constreñida a
una fecha temporal en cuanto a la obtención del acuerdo. Somos
conscientes de la labor de obstaculización que está llevando a cabo
el Gobierno en relación con dichas comunidades autónomas, hasta el
punto de que no recibe a los presidentes de las mismas, y nos parece
que fijar una fecha tope para llevar a cabo ese acuerdo efectivamente
sólo sirve para intentar establecer legalmente condiciones que hagan
inviable el mismo.

Finalmente, por lo que se refiere al Fondo de Compensación
Interterritorial, creemos que debe sustituirse el porcentaje del 39
por ciento establecido en el proyecto de ley de presupuestos por el
porcentaje del 42 por ciento y que debe sustituirse el importe global
de 141.000 millones por el de casi 150.000 millones. El



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motivo de estas dos modificaciones, señorías, es que se tome en
consideración el incremento producido en la inversión real civil, de
acuerdo con lo dispuesto en la propia Ley reguladora del Fondo de
Compensación Interterritorial. Por todo ello, señorías, solicitamos
el voto favorable a las mismas.

Gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta.

Señor Vázquez Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.

Con toda brevedad, voy a defender nuestra única enmienda a este
título VII, con la que pretendemos modificar la cantidad consignada
para el Fondo de Compensación Interterritorial, puesto que creemos
que está insuficientemente dotado, ya que existe una congelación en
términos reales del mismo. Pensamos que esta consignación se debe
aumentar considerablemente para asegurar precisamente la disminución
de los desequilibrios territoriales, algo que, como es evidente,
persiste a lo largo de los años.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida. Señor
Ríos Martínez.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, estamos iniciando
el debate del título VII y es mi sexta intentona para tratar de
convencer al grupo mayoritario de la bondad de las propuestas de
Izquierda Unida.

El título VII se refiere a los entes territoriales. Una de las
innovaciones de las propuestas políticas del debate de investidura
fue un nuevo sistema de financiación autonómica y un nuevo orden de
reparto de poder entre las distintas partes del Estado: entes
locales, corporaciones locales, Administración autonómica y
Administración central. Esto fue lo que se anunció al comienzo de la
legislatura, pero el caminar del tiempo no ha ido por esos senderos.

La potenciación de la vida local, que es uno de los primeros
objetivos de las enmiendas de Izquierda Unida, no se ha acompasado,
se siguen manteniendo los mismos textos que había en el año 1995,
antes de que llegara al Gobierno el Partido Popular. El ejemplo:
mientras las comunidades autónomas reciben todos los meses una
cantidad, después de valorar los ingresos del Estado -y, por tanto,
la participación en los tributos del Estado- en un porcentaje del 98
por ciento y cuando termina el ejercicio se liquida la diferencia
entre ese 98 por ciento y el cien por cien, a las corporaciones
locales -no sabemos por qué- se les remite el 95 por ciento. No
sabemos si porque son peores gestores, porque son más deudoras con el
Estado al final del ejercicio, no sabemos por qué a las corporaciones
locales se les remite el 95 por ciento cada mes y a las comunidades
autónomas el 98 por
ciento. Por tanto, aquella declaración de intenciones de mejorar y
ampliar el protagonismo de los municipios queda en un tono un tanto
menor en algo tan sencillo como es la participación en los ingresos
del Estado, que, además, lo que hace es dar bastante liquidez al
funcionamiento de la vida local.

El segundo bloque de enmiendas es del mismo tenor. Trata de
fortalecer la política del transporte colectivo desde las
corporaciones locales. Hemos discutido mucho sobre la necesidad de
dar paso al transporte colectivo frente al individual. Incluso en
algunos ayuntamientos se adoptan medidas para favorecer que los
vehículos que accedan a las ciudades y sean utilizados por mayor
número de personas tengan un tratamiento más favorable. Nuestra
enmienda 783 pretende incrementar el apoyo que desde las
corporaciones locales se hace al transporte colectivo, a fin de que
determinados sectores de la población que se encuentran en una
situación difícil en un momento determinado, como puede ser el parado
de larga duración u otros colectivos similares, reciban estos
recursos.Esta propuesta de Izquierda Unida significaría un incremento
10.000 millones de pesetas para el conjunto de corporaciones. El
Gobierno, sin embargo, ha introducido una partida finalista para el
transporte colectivo de una sola comunidad autónoma, con un volumen
que empezó siendo de 2.000 millones, después de 3.000 y ahora de
6.000, que es Canarias, según el criterio de insularidad. El Gobierno
está usando esto para complementar el apoyo político que determinados
grupos le dan en la Cámara.

El bloque de enmiendas que hemos presentado para fortalecer no la
vida local, sino la vida en la comunidad autónoma, las hacemos a
través de las distintas disposiciones adicionales. La innovación que
traía el Gobierno con el nuevo modelo de financiación autonómica
pactado con los socios que le dieron el apoyo en la investidura
pivotaba sobre tres elementos, fundamentalmente: uno, mayor autonomía
financiera para las comunidades autónomas y, por tanto, mayor
capacidad de recaudación propia -eso es la autonomía-, y reducción de
la presencia de la aportación que desde el Estado se hacía a través
de la PIE, de la participación en los ingresos del Estado. En segundo
lugar, poníamos en marcha algo que establecía el artículo 15 de la
Lofca, un fondo de nivelación. Por fin, los ciudadanos españoles,
vivieran donde vivieran, iban a recibir unos recursos para que los
servicios públicos más universalizados como educación, servicios
sociales, etcétera -no la sanidad-, tuvieran el mismo volumen, la
misma calidad; que la prestación de los servicios no se hiciese con
grandes desproporciones. Esa innovación se vendió en la Cámara como
una voluntad del Gobierno y venía con una presupuestación al lado. En
el año 1997, 10.000 millones de pesetas. Por fin, el Gobierno
desbloqueaba lo que el Gobierno anterior había tenido paralizado,
había puesto en marcha la nivelación de los servicios. Ha pasado
1997, 1998, 1999, no se ha puesto en marcha la nivelación de los
servicios y siguen apareciendo



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los 12.000 millones de pesetas. ¿Qué propone Izquierda Unida? Hace
poco intentó presentar una proposición de ley para tramitar, por esa
reforma de la Lofca, que se acumularan las previsiones del fondo de
nivelación desde 1997 hasta ahora. Es decir, si en 1997 había 10.000
millones, 12.000 en 1998 y 12.000 en 1999, que este año, junto con la
previsión de los 12.000, estuviesen los 36.000 restantes. Entonces se
me dijo: esa propuesta se está haciendo desde un debate equivocado.

No debe hacerse desde el debate de la Lofca (se me dijo por el grupo
mayoritario que soporta, sufre o apoya al Gobierno, que el término
sea al gusto o al uso), hágase desde la discusión de los
presupuestos. Esta discusión es típico que se haga en el debate de
los presupuestos. Yo le dijo entonces: no se preocupe S.S., vendrá
también en la discusión de presupuestos. Aquí tenemos la propuesta
para ver si lo que entonces era posible, ahora es posible desde los
Presupuestos Generales del Estado. Nuestra enmienda no es ni más ni
menos que eso: que se haga una consolidación para que el Fondo de
nivelación sirva de verdad para que la educación se preste en las
mismas condiciones en Extremadura, Andalucía, Madrid, Cataluña o
Asturias, buscando unos parámetros, unos niveles.

La segunda propuesta que hacemos, dentro de este mismo Fondo de
nivelación, es que se haga un pago a cuenta, unos anticipos de
tesorería como se hace por ejemplo en los anticipos que se dan a los
ayuntamientos, a las comunidades y en determinadas instituciones que
antes han surgido en la discusión, para conseguir que empiece a
llegar este dinero y no termine la legislatura habiendo quedado muy
bien porque han dicho que se crea un fondo, pero sin llegar el fondo
a ningún destinatario. Por tanto, el objetivo de Izquierda Unida es
que se dé ese anticipo. ¿Para qué? Para que la cantidad de este año
pueda producir ya beneficios distribuidos hacia las comunidades
autónomas, y que en función de lo que sea el acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera en la distribución definitiva, y espero
que el Gobierno después de tres años repitiendo la intentona haga
como los buenos estudiantes, aprobar antes de la sexta convocatoria,
porque en otro caso la asignatura la tienen perdida y no quiero que
la suspendan al final de la legislatura; que por lo menos en la
tercera intentona puedan pasar y puedan producir la distribución, y
en función de esos criterios, lo que ha sido anticipo en este año se
compensará con los recurso que han tenido los otros años. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)



El otro bloque de enmiendas que hemos presentado, y que voy a
defender ahora mismo, va dirigido fundamentalmente hacia lo que
podíamos llamar la denominación de deuda histórica. Algunos estatutos
de autonomía antes de aprobarse, en concreto el andaluz y el
extremeño, tenían una disposición adicional que en función de las
transferencias que se habían valorado y habían recibido tendrían una
compensación, un pago, una deuda de lo que eran las condiciones en
que se le
daban las competencias para ser gestionadas y eso llego a valorarse o
evaluarse por las distintas administraciones. Nosotros proponemos
precisamente que se cree ese fondo para distribuir esa deuda
histórica y que se proceda con las comunidades que lo tenían recogido
en los estatutos de autonomía, mientras que a través del Fondo de
nivelación se proceda a acometer las diferencias y disparidades en lo
que es el volumen de competencias que las demás comunidades autónomas
han tenido. Es decir que cuando se da una competencia que está mal
valorada y al primer año de ejecución la comunidad autónoma tiene que
rascarse el bolsillo y echar mano de 1.000, 2.000 ó 3.000 millones
para pagarlo, que eso sea compensado. Éste es el objetivo de la
enmienda 796.

Por último, la enmienda 802 tiende a hacer partícipe a la vida local
de los fondos europeos. Como hay una nueva distribución de lo que es
el quinquenio 1999-2003, para garantizar la participación local en
los fondos europeos, en los fondos Feder, proponemos que a partir del
año 2000 los ayuntamientos consigan 15 millardos a través del Fondo
de Cohesión, 10 milllardos a través del Fondo Social europeo, más 45
a través del Feder. ¿Qué estamos definiendo? El compromiso y el pacto
que se estableció para esa financiación, y que de verdad sea
distribuido como ha establecido al Federación Española de Municipios
y Provincias. Si ahí todos los partidos hemos pactado y hemos llegado
a un acuerdo, a la hora de hacerlo de hacerlo efectivo desde los
Presupuestos Generales del Estado debemos mantener el acuerdo; si no
estaremos diciendo en un sitio una cosa, y cuando tenemos que
aplicarla estamos haciendo otra bien distinta. Por tanto, el objetivo
de la enmienda 802 es incrementar la participación local en fondos
europeos.

Estoy convencido, señor presidente, de que el objetivo de explicar
nuestras propuestas ha sido cumplido y espero que al rebatir estas
propuestas sea un poquitín menos frontón, que la pelota vuelva con
menos velocidad que otras veces, porque al no haber réplica aquí sólo
se sale a rechazar las propuestas de los demás, pero que sea con
menos velocidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Pozuelo. Le recuerdo que al compartir el turno de su grupo
parlamentario con otra señora diputada, el tiempo también deben
repartirlo SS.SS.




La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.




El año pasado por estas fechas, cuando debatíamos el proyecto de
presupuestos para 1999 en el que se incorporaba el nuevo sistema de
financiación para las corporaciones locales que habría de estar en
vigor hasta el año 2003, el Grupo Socialista puso de manifiesto,
y así consta en el «Diario de Sesiones», las graves consecuencias que
tendría un sistema de financiación



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municipal que no había obtenido el consenso suficiente entre el
conjunto de los ayuntamientos y diputaciones representados en la
Federación Española de Municipios y Provincias. El Gobierno no estuvo
ni está dispuesto a reconocer las demandas más elementales que
reclaman los ayuntamientos a fin de dar solución a los problemas
económicos y de gestión que tienen planteados.

Las corporaciones locales reclaman reformas que permitan una nueva
definición del ámbito de competencias configurado en el actual Estado
de las autonomías. A lo largo de estos años se ha producido una
profunda transformación en la configuración y distribución de
funciones, servicios y competencias que de facto ejercen las
corporaciones locales en nuestro país. Además y acorde con estos
principios, solicitan una modernización de las haciendas locales y de
las fórmulas de financiación que permitan lograr la suficiencia
financiera necesaria para obtener la correspondiente autonomía local.

Señorías, nada de esto se consiguió el pasado año. La FEMP, en su
reunión de febrero de este año así lo reconoce y acordó continuar las
negociaciones con el Gobierno a fin de abordar al menos parcialmente
la solución a estos problemas.

Este año, señorías, el Gobierno no ha tenido siquiera el detalle de
cumplir con la tradición ya histórica de presentar a la Federación el
borrador de presupuestos para el año 2000, al objeto de analizar y
debatir con los representantes de las corporaciones locales el
contenido de las previsiones presupuestarias y las modificaciones
legales que les afectan. Pero eso sí, en el documento de presentación
de los presupuestos para el próximo año el Gobierno dice que el
contenido de los mismos consolidará el sistema de financiación
municipal para el próximo quinquenio.

El Gobierno, en su infinita capacidad para inventar la realidad,
llega a creerse sus propias fantasías, y lo que es peor pretende que
los demás las creamos, pero la realidad se impone con crudeza. La
realidad económica y financiera de nuestras corporaciones locales es
realmente preocupante y ninguna de las medidas y previsiones
presupuestarias de este proyecto de ley va a servir para mejorar esta
situación sino que por el contrario van a empeorarla, porque están
convirtiendo las dificultades en problemas estructurales, porque no
abordan ni de lejos la necesidad de que el Gobierno deje de ejercer
una falsa tutela sobre los entes locales, que reconozca de una vez la
autonomía política y económica de los ayuntamientos y que deje de
considerarlos, en definitiva, como una instancia administrativa de
segundo orden en lugar de la primera administración política que
presta servicio a los ciudadanos.

El Grupo Socialista considera que con el actual modelo de
participación en los ingresos del Estado y con las estructuras de las
distintas figuras impositivas locales nunca va a existir la autonomía
local, porque no es posible de esta manera obtener la suficiencia
financiera: los tributos locales, que constituyen la principal
fuente de financiación de los ayuntamientos. Pero del análisis
de su evolución se desprende claramente que no pueden seguir
creciendo como vía de obtención de mayores recursos. Es realmente
imprescindible hacer un esfuerzo para modernizar y adecuar la nueva
realidad económica de los tributos locales -en el IAE, en el IBI-, y
permitir que las corporaciones locales tengan capacidad de gestión en
estos impuestos, que son los que más ingresos permiten a los entes
locales.

En cuanto a la participación en los ingresos tributarios del Estado,
ya me referí anteriormente acerca no sólo a su insuficiencia sino a
la estructura obsoleta y por tanto inadecuada que se mantiene, pero
sí quiero referirme a las liquidaciones definitivas que se realizan
a los ayuntamientos. El Gobierno ha utilizado aquí todo tipo de trucos
con tal de escatimar recursos financieros a las corporaciones
locales. En la liquidación del año 1996 modificaron unilateralmente
el cálculo de evolución de participación en los ingresos tributarios,
provocando una situación insólita: más de 4.000 ayuntamientos
tuvieron que devolver al erario público 5.000 millones de pesetas. En
1997 trucaron la ley que establecía que los ayuntamientos debían
percibir sus ingresos con arreglo a la población reconocida en el
nuevo censo de 1996, y establecieron que la liquidación debía hacerse
con cargo a la población de 1991.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pozuelo,
le ruego vaya concluyendo.




La señora POZUELO MEÑO: Sí, señor presidente, voy lo más rápido
posible.

Este hecho injusto, discriminatorio y sin precedentes ha provocado
que el Defensor del Pueblo presente un recurso de
inconstitucionalidad.

Está claro que la variante población sigue siendo recurrente para el
Gobierno como elemento de manipulación y también en la financiación
municipal. Además de lo ya dicho, el Gobierno utiliza
discrecionalmente la nueva normativa sobre el padrón actualizado, de
manera que mientras la ley establece que la participación en los
ingresos del Estado debe realizarse con arreglo al censo de población
aprobado por el Gobierno a 31 de diciembre de cada año, el Gobierno
se reserva la mejor oportunidad para aprobar la actualización del
censo de cada año, de forma que si no se actualiza antes de 31 de
diciembre las corporaciones locales percibirán sus ingresos según la
población de años precedentes.

Señor presidente -ya sí termino-, lo ajustado del tiempo no me
permite hacer un análisis más detallado y pormenorizado. De todas
maneras quiero señalar a la Cámara que el pasado sábado concluía en
Sevilla la V Asamblea de municipios y provincias andaluzas. En ella
estaban representados 726 ayuntamientos, ocho diputaciones y nueve
mancomunidades, es cierto que no todos con derecho a voto ya que en
Andalucía se ha respetado un principio esencial en democracia: no
alterarlos censos en beneficio de los intereses partidistas



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de cada momento. Ruego al Gobierno que no ignore ni olvide en esta
ocasión las decisiones que se han adoptado por amplísima mayoría ni
margine las demandas de las corporaciones locales andaluzas, cuyo
principal objetivo es conseguir la mejor situación posible de los
entes locales para que puedan prestar con eficacia los servicios que
requieren los ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pozuelo.

Señora Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Gracias, señor presidente.

Señorías, el año pasado, creo que por estas fechas, por estas horas
aproximadamente, en la comisión, en las comparecencias y en todos los
trámites previos a este debate presupuestario, la portavoz que les
habla indicaba la necesidad de que esta Cámara se plantee de una vez
por todas la modificación y la reforma del debate presupuestario.

Realmente tiene muy poco sentido todo lo que estamos haciendo desde
el punto de vista del contenido, de la atención, desde el punto de
vista de la cantidad de temas que estamos abordando, pues parece que
estemos todos aquí más cumpliendo un trámite parlamentario, respecto
del que se presupone qué votos se tienen, que hablando realmente del
contenido. Los tiempos se reparten, el presidente dentro de un
momento me dirá que ya se ha terminado mi tiempo sin haber podido
profundizar, la portavoz del Grupo Popular dirá que estoy diciendo lo
mismo de siempre, que son debates muy antiguos, carentes de rigor y
esas cosas sabidas de antemano, con lo cual la moral a la hora de
intervenir disminuye porque una se pregunta qué hace aquí, aunque
agradece a los compañeros y compañeras de todos los grupos que me
están escuchando y están hoy aquí presentes; seguramente, el votar
pronto hace que hoy se anime un poquito la concurrencia en esta
Cámara.

Señorías, voy a intervenir respecto al capítulo II del título VII del
texto articulado de la ley, en relación con un tema muy importante:
la financiación de las comunidades autónomas. Como mañana tendré que
volver a intervenir en el debate de las secciones 32 y 33 porque
intervendrá el ministro y tendré que contestar a la presentación que
el ministro haga, me van a hacer gracia de que profundice en algo que
por otra parte a la mayoría de SS. SS. tampoco parece interesarles
mucho.

Las enmiendas de mi grupo parlamentario van dirigidas a tres
cuestiones muy concretas: a la financiación autonómica, al
reconocimiento de la población según el censo del año 1996 y al
reconocimiento de la deuda histórica, más al incremento de la cuantía
del Fondo de Compensación Interterritorial de acuerdo con lo que es
la inversión real nueva que aparece recogida en los propios
Presupuestos Generales del Estado. En la misma línea de lo que han
dicho los portavoces de algún que otro grupo parlamentario -que es
este
momento tampoco está prestando excesiva atención, como nosotros no se
la hemos prestado a ellos-, las enmiendas de mi grupo van dirigidas a
poner de relieve una vez más que el modelo de financiación continúa
manifestando una excesiva dependencia del impuesto sobre la renta de
las personas físicas y su incapacidad para generar recursos
adicionales para las comunidades autónomas.

La corresponsabilidad fiscal hoy no existe porque fue liquidada por
el Gobierno. El modelo de financiación no solamente es malo porque
descansa sobre el impuesto, sino porque además el Gobierno y el grupo
parlamentario que lo apoya han hecho que sea peor. Hoy todas las
comunidades autónomas pierden -no sólo las que no aceptaron el
modelo, sino también las que lo aceptaron- y así lo han reconocido
absolutamente todos los responsables de las comunidades autónomas,
unos de manera expresa y otros de manera menos expresa. Todas las
comunidades autónomas que han celebrado las elecciones en junio de
este año ya se están planteando la inutilidad del sistema de
financiación, y creando comisiones en sus propios parlamentos
autonómicos para buscar sistemas de financiación nuevos alternativos,
con lo cual el fracaso del modelo es absolutamente evidente para
todas. Las comunidades autónomas que aceptaron el modelo verán crecer
menos sus ingresos globales, excepto Galicia y Canarias porque son
las que tienen más vinculada la evolución de sus ingresos a la
participación en los ingresos generales y menos a la renta.

Al final (y como ya ocurrió, señorías, desde el principio de este
sistema), la Hacienda estatal deberá inyectar recursos al sistema
para compensar a las comunidades autónomas que aceptaron el modelo.

Eso ocurre desde el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de marzo de 1998 y resulta evidente a estas alturas del
relato que la evolución de los ingresos de las comunidades autónomas
que aceptaron el modelo se situará por debajo del crecimiento del PIB
nominal previsto para el año 2000 en un 5,8 por ciento, y se volverá
a aplicar entonces el mecanismo que garantiza que los recursos de
cada comunidad autónoma crecerán al menos esa cifra.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Rubiales, le ruego vaya concluyendo.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino, señor presidente.

Como me he quedado aquí -ya lo preveía-, digo a SS.SS. que nuestras
enmiendas van encaminadas primero a criticar el propio modelo, y
después a evitar que las comunidades autónomas que no lo aceptaron se
vean injustamente tratadas y especialmente discriminadas por no haber
aceptado el modelo.

Queremos que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera que
no se reúne desde marzo de 1998. Ese Consejo de Política Fiscal y
Financiera que en esta Cámara parecía ser el oráculo de Delfos porque
decidió



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que la población a tener en cuenta a la hora de fijar la financiación
de las comunidades autónomas era aquella que había fijado el propio
Consejo. Pues bien, nosotros pedimos que la población que sea tenida
en cuenta a la hora de fijar la financiación de las comunidades
autónomas no sea la del año 1992, señorías, sino la que el propio
Gobierno aprobó en el decreto del año 1996.

Señoras y señores del Grupo Popular, mi grupo parlamentario va a
solicitar votación separada de la enmienda que pide el reconocimiento
del censo de población real para las comunidades autónomas, para que
la señora Teófila Martínez -venga o no venga a esta votación que se
va a producir con posterioridad-, tenga después que decir a los
andaluces por qué no son tenidos en cuenta los 400.000 andaluces que
están reconocidos por el Gobierno desde el año 1996.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Rubiales, le ruego concluya.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino, señor presidente.

Por tanto, mi grupo va a pedir que sean coherentes con la norma que
ustedes mismos aprobaron, y si ustedes han dicho que la población es
la que es, sobre la población no se puede negociar porque sobre los
datos de la realidad no cabe la negociación; hay que partir de ellos
para después negociar todo lo demás.

Por último, también pediremos votación separada sobre lo que ustedes
dicen es demagogia, y es el reconocimiento de la deuda histórica para
Andalucía y Extremadura, que está reconocida expresamente en sus
estatutos de autonomía y que no tiene nada que ver con el Fondo de
nivelación; Fondo de nivelación que por otra parte SS.SS. no aplican
porque tampoco han sido capaces de fijar los criterios.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Rubiales, S.S. debe concluir.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino, señor presidente, diciéndoles
que muestren ustedes su coherencia, y que si su incoherencia sigue
manifestándose lo pagarán ustedes muy caro porque les aseguro que los
ciudadanos de las comunidades autónomas no entienden el porqué de su
arbitrariedad y de su empecinamiento en mantenerse en errores que no
benefician a nadie sino que perjudican a la mayoría.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rubiales. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
Fernández.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Con la brevedad que se exige en este debate presupuestario, voy a
tratar de dar respuesta, tal como hiciera en el título III de este
mismo proyecto de Presupuestos Generales del Estado, de forma
sintética y de forma global -si me permiten la expresión- a las
enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, toda
vez que un año más las enmiendas tienen el mismo denominador común,
tienen la misma finalidad, obedecen al mismo discurso, y a mi juicio
obedecen al mismo error histórico en que incurren determinados grupos
parlamentarios y específicamente determinadas comunidades autónomas:
no haber aceptado el modelo de financiación que han adoptado la
inmensa mayoría de las comunidades autónomas en nuestro país desde
1997 al año 2001.

En la explicación de las enmiendas se han puesto de manifiesto
demasiadas cuestiones que a mí me gustaría tratar de sintetizar con
toda brevedad. Los tiempos son los que mandan y suele cerrar el
debate el grupo parlamentario mayoritario que apoya al Gobierno. Sin
abusar de esta posición, cosa que S.S., señor portavoz de Izquierda
Unida sabe que no me gusta hacer, creo que es preciso y necesario dar
respuesta, no sé si con contundencia, con rapidez o cómo, a los
planteamientos que ha formulado. Decir en el año 1999 que el Gobierno
del Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular no han
demostrado ninguna sensibilidad respecto a los ayuntamientos
españoles en materia de reforzamiento de competencias y de
financiación, es un discurso que se podrá mantener pero cuyo rigor a
mi juicio no se sostiene. Este Gobierno y este grupo parlamentario
que apoya al Gobierno de José María Aznar han impulsado y han
tramitado algo que parecía una reivindicación imposible. Me estoy
refiriendo a la plasmación y al desarrollo del pacto local, que como
S.S. sabe obedece a reivindicaciones históricas, y algunas casi
eternas por parte de los ayuntamientos españoles, tratando de
fortalecer sus niveles de autogobierno y tratando de atribuirse
competencias que otros gobiernos y otras épocas les negaban
sistemáticamente. A partir de ahí, convengo con S.S. que desde el
municipalismo español está por plantearse otro discurso y otro debate
bien necesario que son los pactos locales autonómicos, pero S.S.

convendrá conmigo en que al menos tenemos la primera pieza de encaje
del puzzle, que es el pacto local. Decir que en los ayuntamientos
españoles no se ha avanzado nada en el tema de financiación, y creo
recoger también las afirmaciones realizadas por la portavoz
socialista, sinceramente y teniendo en cuenta las disfunciones que se
producían en el modelo hasta 1998, a mí me da la sensación de que se
ha avanzado y se ha avanzado mucho. Su señoría sabe muy bien que el
modelo que estaba en vigor y en funcionamiento hasta 1998 establecía
trece entregas a cuenta, lo que suponía a mi juicio una disfunción
importante en el quehacer y en la fijación de compromisos
presupuestarios por parte de los ayuntamientos españoles. En las
liquidaciones definitivas tampoco se había conseguido el automatismo
que en su día se



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había pretendido, y por si ello fuese poco teníamos un nivel de
litigiosidad elevadísimo por la oscuridad y la concurrencia de reglas
que no eran uniformes ni siquiera eran uniformemente interpretadas.

Sinceramente, tengo la sensación de que es un avance y un criterio
objetivo eficaz que a través del nuevo modelo de financiación de los
ayuntamientos españoles se pondere la población pasando del 70 al 75
por ciento; tengo la sensación de que pasar de ocho estratos a cinco
es una racionalización y también es un avance. Que se hayan
establecido criterios y cautelas para beneficiar a ayuntamientos con
población inferior a 5.000 habitantes y que se tengan también
criterios de inversión de recaudación fiscal en aquellos
ayuntamientos que de forma estacional tienen una población elevada y
por tanto una sobredimensión en los servicios, y que en otras épocas
de la anualidad ven decrecer los habitantes y no tanto los servicios,
me parece que es otro avance importante.

Por lo que se refiere al sistema de financiación autonómica, me llama
poderosamente la atención una intervención recurrente desde 1997.

Este año estamos en condiciones de emitir algún tipo de conclusión,
ya que estamos en el análisis de la liquidación definitiva de 1997
que se produce en julio de 1999. A la vista de estos datos y de estas
cifras, podemos sacar conclusiones suficientemente elocuentes. En
primer lugar, quienes quieren condenar y demonizar el sistema que ha
sido mayoritariamente aceptado por casi todas las comunidades
autónomas en nuestro país (y aprovecho para reiterar que quieren lo
mejor para sus habitantes y la mayor recaudación posible), a mi
juicio y a juicio de muchas comunidades autónomas que no están en la
insumisión, han visto cumplidos tres objetivos. Uno de ellos es el
objetivo de la suficiencia. Sus señorías recordarán que la
financiación de las comunidades autónomas antes del nuevo modelo
crecía sólo conforme al producto interior bruto, y a partir del nuevo
modelo tiene un crecimiento muy superior. Hay otro criterio que
también me parece importante y creo que su puede destacar, que es el
criterio de la solidaridad; es decir se incrementa la financiación de
aquellas comunidades autónomas que tienen menos niveles de renta, y
finalmente se apuesta por la corresponsabilidad. Pero yo añadiría un
argumento finalista numérico de recursos y de pérdidas. Quienes
tienen que tratar de buscar razones y argumentos para reiterar en las
tres comunidades autónomas que no se han adherido al nuevo modelo de
financiación, están diciendo que no se tiene en cuenta la población.

Sus señorías saben muy bien lo que establece la Lofca respecto a la
negociación y lo que sucedía en los modelos de financiación
anteriores. En el quinquenio 1987-1991 se tomó la población de 1983,
en el quinquenio 1992-1996 se tomó como referencia la población de
1988, y sinceramente yo no oía estos discursos tan airados que se
están produciendo en la actualidad. Más bien creo que resulta muy
duro. No sé por qué me da la sensación que en lugar de que nuestras
diputadas andaluzas que han sido invocadas
aquí tengan que hacer no sé qué discursos extraños en su comunidad
autónoma, más bien creo que algunos tendrán tremendas dificultades
para explicar en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Extremadura
que la liquidación definitiva hubiese sido superior en 30.000
millones de pesetas si se hubiesen adherido al modelo de financiación
autonómica que han hecho suyo el resto de las comunidades autónomas.

Debe ser duro, porque es un discurso imposible de construir decir a
los andaluces, a los extremeños y a los castellano-manchegos que han
dejado de percibir 30.000 millones de pesetas. Como esto no se quiere
admitir, como los números son tozudos y los discursos complejos, se
vuelve una y otra vez a esbozar el criterio poblacional. Quienes
conocen cómo funciona el sistema de financiación autonómica saben muy
bien que eso es una excusa para tratar de eludir un discurso
responsable ante las tres comunidades autónomas a las que se ha
establecido la penalidad de dejar de percibir 30.000 millones de
pesetas.

Me llama poderosamente la atención otra argumentación. Aquí se han
defendido enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, por
parte del Grupo Socialista y por parte del Grupo de Izquierda Unida.

Sus señorías saben perfectamente que todos los modelos de
financiación autonómica han sido negociados como corresponde, y
quienes creemos en la autonomía de las comunidades autónomas como
corresponde por parte de esas comunidades autónomas en aquellos foros
adecuados como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Me
llama la atención...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego vaya concluyendo.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Concluyo, señor presidente.

Me llama poderosamente la atención los que gritan y hacen
aspavientos, porque realmente es muy dura la situación a la que
llevaron a tres comunidades autónomas de auténtica penalización en un
decremento de los recursos que podían obtener. Me llama poderosamente
la atención que se trate de conjugar un discurso autonomista y, a su
vez, que se pretenda trasladar, con el automatismo de introducir unas
enmiendas, un modelo que no han negociado estas tres comunidades
autónomas. Realmente, defender el discurso de las autonomías,
defender los intereses que les son propios y tratar, a través de la
presentación de enmiendas, de trasladar un modelo de financiación
autonómica que estas tres comunidades autónomas ni siquiera han
negociado, sinceramente a mí me parece un espectáculo lamentable y
bochornoso desde el punto de vista político.

Por otro lado, desde el Grupo Parlamentario Socialista son muy dueños
de presentar recursos de inconstitucionalidad. Saben muy bien también
que hay doctrina del Tribunal Constitucional estableciendo que la



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variable población es uno de los argumentos a negociar Por tanto,
nuestras enmiendas han tratado de corregir y a ponderar, porque así
lo establece la Lofca. esa situación para que el acuerdo Hobetuz
pueda En definitiva, señorías, yo creo que harían bien en ser
financiado directamente con las cuotas de los trabajadores,
rectificar, que harían bien en dejar de presentar que son los que en
este momento establecen enmiendas de tutela a las comunidades
autónomas, que esa financiación, con el complemento lógicamente de en
todo caso son dueñas de sus decisiones, para que lo que pueda
corresponder del Fondo Social europeo. negocien, para que
rectifiquen, para que los andaluces, Hay otras dos disposiciones
adicionales nuevas que los extremeños y los castellanomanchegos no
dejen de queremos introducir: una, referente a la cooperación y
percibir 30.000 millones de pesetas por un error político ayuda al
desarrollo, y en ella tratamos simplemente de en el que persisten
desde hace tres años, sin tratar que se cumplan los compromisos que
todo el mundo de buscar una salida airosa que permita a esas
comunidades -incluido el Partido Popular- ha establecido en cuanto
autónomas gozar de mayores recursos en beneficio a ese 0,7 de la
ayuda oficial al desarrollo. La otra es de sus ciudadanos. una
disposición adicional nueva, la vigésimo quinta, Muchas gracias.

(Aplausos.) que pretende dar cumplimiento a un mandato de esta
Cámara.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Muchas gracias, señor
presidente.

Lozana): Muchas gracias, señora Fernández.




Disposiciones Pasamos al debate de las enmiendas correspondientes El
señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y adicionales, a las
disposiciones adicionales, transitorias, final Lozana): Muchas
gracias, señora Lasagabaster. transitorias, final (nueva) (nueva) y
anexos. Señor Chiquillo. y anexos En primer lugar, y en nombre del
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.

El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.




La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, Intervengo para defender
las enmiendas 8, 9 y 99 al señor presidente. articulado de la Ley de
Presupuestos Generales del Tenemos cuatro enmiendas vivas a estas
disposiciones Estado, referentes a las disposiciones adicionales.

adicionales, final y transitorias. En concreto, dos de La primera de
las enmiendas, la número 8, presenta ellas hacen referencia a la
modificación de la disposición una modificación a la disposición
adicional décimo adicional octava, financiación de la formación
continua. sexta, punto dos, la referente al mantenimiento del Es
verdad que ha sido modificada en el trámite poder adquisitivo de las
pensiones en el año 2000. de Comisión y mejorado en cierta manera el
texto original, Entendemos que este mantenimiento del poder
adquisitivo pero creemos que sería mucho mejor todavía si de las
pensiones para el año 2000 se debe hacer pudiéramos tratar de
subsanar los problemas que esta extensivo también a las pensiones no
contributivas de cuestión ha ido planteando a lo largo de los
diferentes la Seguridad Social y a las no concurrentes del extinguido
ejercicios. Como habrán oído ustedes en muchos SOVI. momentos a lo
largo de diferentes años, constantemente La actualización de las
pensiones en el año 1999 no hemos tenido ocasión de ver al ministro
de Trabajo se ha ajustado al incremento real del IPC al final del
tener que presentar un real decreto-ley para proceder a ejercicio y
los efectos de la pérdida de la capacidad financiar la formación
continua que se realiza en la adquisitiva afecta por igual a todos
los beneficiarios de Comunidad Autónoma del País Vasco. La razón es
que prestaciones, sean contributivas o no; es lo que pretendemos
existe un acuerdo entre sindicatos...(Rumores.) subsanar con esta
enmienda número 8.

Con la enmienda número 9 solicitamos la adición de El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y una disposición adicional nueva
para dar tratamiento Lozana): Un momento, señora Lasagabaster.

Señorías, fiscal a las ayudas que recibieron, entre los años 1995 les
ruego guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar, y 1999, los
propietarios de viviendas afectadas por aluminosis. señoría, muchas
gracias. Pensamos que aquellos propietarios que hayan recibido estas
ayudas del Gobierno central o de los La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL:
Gracias, gobiernos de las comunidades autónomas deben tributar señor
presidente. de una manera que no sea gravosa o cuasi confiscatoria.

Decía que la razón era que no estaba establecida la financiación
directa y, por tanto, teníamos que acudir La última enmienda, la
número 99, se presenta a la al remanente de la Tesorería del Inem
para hacer frente disposición adicional tercera; ha habido un error y
pido a esas obligaciones y financiación de esta formación a la Mesa
en este trámite que se vote por separado esta continua de los
trabajadores que aportaban con sus enmienda. Se refiere a las
pensiones asistenciales y cuotas el dinero correspondiente. Creemos
que para subsidios económicos de la Ley 13/1982, de 7 de abril, que
esto no vuelva a suceder sería más razonable de Integración Social de
los Minusválidos. Solicitamos incluir ese acuerdo dentro de los que
son los Presupuestos que la disposición adicional tercera se
modifique en los Generales del Estado y no tener que acceder a
términos que aparecen en la enmienda porque entendemos través de esa
vía, que no parece la más indicada. que, con la aparición de las
pensiones no contributivas,



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se congelaron en el año 1991 las cuantías de los subsidios
establecidos en la Lismi, cuyo importe se mantiene en 24.935 pesetas
con catorce pagas. Atendiendo a las demandas de los afectados,
aquellos que cobran estas pensiones vía Ley de Integración Social del
Minusválido, pedimos que, cuando menos, el subsidio de garantía de
ingresos mínimos se sitúe en torno al 50 por ciento del salario
mínimo interprofesional.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Chiquillo, le ruego concluya.




El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.

Solicitamos que el subsidio suba a 35.328 pesetas al mes en catorce
pagas para este colectivo que se beneficia de los subsidios y
percepciones incluidos en la Ley de Integración Social del
Minusválido del año 1982.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Chiquillo.

Señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.




Intervengo para defender las enmiendas que mantenemos vivas. La
primera de ellas es una reivindicación que Iniciativa per Catalunya-
Els Verds viene planteando desde hace muchos años: la necesidad de
crear un fondo de garantía de alimentos y pensiones compensatorias
por impago de alimentos o pensiones derivadas de ruptura matrimonial
o de núcleo familiar, con la finalidad de garantizar el pago de las
obligaciones económicas derivadas de los procedimientos de
separación, divorcio, nulidad o alimentos, tanto de unidades
familiares matrimoniales como no matrimoniales, previstos en la
legislación vigente.

La siguiente enmienda hace referencia a la participación local en los
fondos europeos. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Rivadulla, discúlpeme. Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Continúe, señoría.




La señora RIVADULLA GRACIA: La siguiente enmienda pretende añadir una
disposición adicional nueva relativa a la participación local en los
fondos europeos, cuyo texto sería el siguiente: De acuerdo con el
marco fijado en el pacto sobre la participación local en los tributos
del Estado para el quinquenio 1999-2003, garantizar la participación
local, a partir del año 2000, en 42 millardos del Feder, 15 millardos
del Fondo de Cohesión y 10 millardos del Fondo Social europeo para
infraestructuras locales e iniciativas de formación y ocupación
dentro de la regulación comunitaria para el período 2000-2006.

La siguiente enmienda hace referencia a la creación de una
disposición adicional vigésimo quinta para que se produzca una
prestación por desempleo de cargos
electos locales, cuyo texto sería el siguiente: El Gobierno, durante
el año 2000, estudiará en el marco de la Comisión Nacional de
Administración Local las modificaciones normativas necesarias con el
fin de dar viabilidad a los supuestos para hacer efectiva la
percepción de prestaciones por desempleo por parte de los cargos
electos locales.

La siguiente es una enmienda que queremos se someta a votación, a
pesar de que ha sido objeto de una transaccional, que dice lo
siguiente: A partir del 1 de enero del año 2000 se equipararán las
bases de cotización por contingencias comunes del colectivo de
artistas con las del régimen general.

La última, señor presidente, se refiere a las ayudas al desarrollo y
en Iniciativa per Catalunya-Els Verds creemos muy conveniente que el
Gobierno adopte las medidas necesarias y habilite los créditos
presupuestarios suficientes para que se destine al menos el 0,7 por
ciento del producto interior bruto a programas de ayuda al
desarrollo.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
a usted, señoría.

Señor Vázquez.




El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.

Tomo la palabra para defender algunas de las enmiendas a las
disposiciones adicionales, transitorias y anexos y dar el resto por
defendidas.

Con la enmienda 307 pretendemos modificar el texto de la disposición
adicional decimosexta en la que se prevé el pago de las cantidades
equivalentes a la diferencia entre la pensión percibida en el año
1999 a la que le correspondería de aplicar el IPC realmente
incrementado en este año. Para evitar suspicacias de tipo electoral o
electoralista, a nosotros nos parece que ese pago se debería hacer
antes del 31 de enero de 1999, ya que además no existiría ningún
impedimento para ello.

Con la enmienda 308 proponemos la supresión de la disposición
adicional vigésima porque contempla un sistema de financiación del
Estado a la Iglesia Católica en el que se le garantiza un mínimo de
24.000 millones de pesetas, independientemente de las aportaciones
depositadas en ese sentido por los contribuyentes del IRPF, sin que
por cierto se contemple ninguna medida similar para otras confesiones
religiosas. De esta manera, se vulnera lo establecido en el artículo
16.3 de la Constitución.

Por último, quiero decir que pretendemos introducir en los anexos,
con la enmienda 312, una serie de bienes culturales en Galicia que se
podrían ver también favorecidos por el mecenazgo, vía deducción del
impuesto de sociedades, ya que los incluidos en el proyecto de ley
nos parecen escasos, al nombrarse casi únicamente bienes de índole
religiosa y dejando al margen importantes monumentos histórico-
culturales.




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Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.

Señor Peralta, por último, dentro del Grupo Mixto.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.




Tomo la palabra para defender, en nombre de Nueva Izquierda, las
enmiendas 509 a 516 a este epígrafe de disposiciones adicionales. La
primera enmienda que quisiéramos defender es la que hace referencia a
las ayudas a la cooperación. Hoy se ha hecho público, y aparece
recogido en los medios de comunicación, que las ONG rompen sus
relaciones con el Gobierno a través del Consejo de Cooperación, como
consecuencia de la demora por parte del Gobierno en aceptar el plan
que fue aprobado en dicho Consejo y en el que se contenía una reserva
de las ONG pidiendo que la ayuda a la cooperación ascendiera al 0,35
por ciento, exactamente la mitad de lo que en su día firmó el grupo
que hoy tiene mayoría en esta Cámara, es decir, el 0,7. A nosotros
nos parece que es necesario incrementar notablemente esa ayuda a la
cooperación y, por tanto, desearíamos hoy hacer hincapié en este tema
y pedir el voto favorable de toda la Cámara para que nuestro país se
sitúe en la onda de la modernidad, ésta sí auténtica, que significa
ser solidario con el resto del mundo.

En segundo lugar, quisiéramos destacar el tema de los represaliados
políticos. Se ha hecho referencia anteriormente, por parte de la
portavoz del Grupo Popular, a que estos presupuestos iban a ser
también los presupuestos de la reconciliación en virtud de la
aprobación de una enmienda sobre las pensiones de los militares de la
República. Qué duda cabe que tienen derecho plenamente justificado a
ello, pero también aquellos que no sólo participaron en el ejército
de la República, sino que posteriormente siguieron trabajando para
que la democracia fuera realidad en nuestro país cuanto antes y eso
les llevó a sufrir las represalias políticas. La actual regulación es
limitada. Quiero recordar que en el último debate sobre el estado de
la Nación se aprobó una moción para que el Gobierno lo regulara de
manera más generosa y se ha incumplido.

Finalmente, quiero hacer una referencia breve a dos temas: el de una
iniciativa urgente para el empleo y el de un plan de formación de
agentes medioambientales, así como la necesidad de terminar con las
discriminaciones en determinados ámbitos locales, caso de la ciudad
de Cádiz, o de determinados colectivos, como el de Tous, afectados
por la rotura de la pantanada.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra
el señor Zabalía.




El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.




Mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas
relacionadas con el Instituto Nacional de Empleo tanto a la ley de
presupuestos como a la ley de acompañamiento.

Por lo que se refiere a la ley de presupuestos, tenemos presentadas
dos enmiendas, las números 2143 y 2144, que están relacionadas con el
Inem. Pero antes de explicar las razones y el propósito de estas
propuestas, conviene recordar a SS.SS. que, desde la regulación de
sus funciones en la Ley 51/80, básica de empleo, en la que se define
el Inem como el organismo gestor de la política de empleo, no ha
contado con ninguna adaptación legal. A pesar de los procesos de
transferencias a la mayor parte de las comunidades autónomas que se
han producido, tan sólo han circulado documentos estratégicos sobre
el servicio público de empleo, sin ningún valor normativo para
definir cuál debe ser el papel del Inem en su nuevo contexto.

No obstante, en los últimos años son varias las normas que, desde
puntos de vista financieros o simplemente extraordinarios, están
introduciendo regulaciones parciales que tienden a configurar un
tratamiento del Instituto Nacional de Empleo eludiéndose el debate
directo y, lo que es peor, condicionándose definitivamente el
panorama desde el que tendrá que adaptarse algún día el cumplimiento
del Estatuto de Guernica en materia sociolaboral. Y esta situación
nos preocupa enormemente por la falta de cumplimiento del propio
desarrollo del Estatuto y por la pérdida de eficacia ante la creación
de empleo y lucha contra el desempleo, que podría ser efectiva con el
desarrollo de las transferencias del Inem a las comunidades
autónomas.

Por lo que respecta a la enmienda número 2143, lo que pretendemos es,
en esta disposición adicional octava del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado, reproducir lo que viene ya siendo
práctica habitual desde el año 1995 con el fin de dotar de
financiación al acuerdo interprofesional vasco para la formación
continua que gestiona la fundación Hobetuz. Esto viene, como saben
SS.SS., como consecuencia del compromiso de investidura que en su día
se firmó entre el Grupo Parlamentario Vasco del PNV y el Gobierno.

Se van cumpliendo los compromisos anuales (y de hecho ya hay una
enmienda también este año aprobada del Partido Popular que de alguna
forma garantiza que se vaya a financiar para este año la fundación
Hobetuz), pero existe una incertidumbre permanente porque esta
financiación se tiene que renovar anualmente y, por otra parte, no se
cumple el Estatuto de los Trabajadores que regula la forma de
financiar la formación profesional. Una vez más nos encontramos ante
la reclamación de la existencia de una partida nominativa que
garantice la continuidad de la financiación al citado acuerdo, que en
todos estos ejercicios acaba siendo atendido mediante convenios de
colaboración y reales decretos-ley que recomponen finalmente la
financiación con un carácter extraordinario, generando por ello



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innecesarias dudas y problemas de gestión por la incertidumbre
temporal en la disponibilidad real de estos fondos. Lo venimos
denunciando permanentemente, todos los años, pero no se nos está
haciendo caso.

Sobre esta cuestión el Gobierno vasco tiene planteada una alternativa
de suscribir un convenio plurianual, sin haber recibido hasta el
momento respuesta alguna de la Administración del Estado. Con esta
fórmula se evitarían precisamente esas incertidumbres, se cumpliría
con la regulación y la normativa vigente, y además también se
cumpliría con la razón de ser de las cotizaciones para la formación
profesional. La formación profesional tiene que ser financiada con
las cotizaciones que para ello trabajadores y empresas están todos
los meses tributando.

El trasfondo también está en la negativa de la Administración del
Estado a contemplar la formación continua como una materia objeto de
transferencia a las comunidades autónomas, aduciendo que se encuentra
pendiente del fallo por el Tribunal Constitucional el modelo de
gestión que articuló a través del Forcem y que fue recurrido tanto
por la comunidad gallega como por la catalana. Y vamos a dejar el
Forcem aparte, porque aquí habría que hablar largo y tendido sobre
este tema.

En definitiva, con el horizonte de vencimiento el próximo año del
acuerdo interprofesional vigente a nivel estatal y las incertidumbres
de un fallo jurisdiccional, que no nos aclara demasiado porque no
revisará las especificidades del Estatuto de Guernica sino el modelo
del entorno estatal, el asunto es que existe toda una coartada
perfectamente tejida para que el Inem mantenga un papel singular en
el control y el diseño de la gestión de la formación continua.

Por lo que respecta a la enmienda 2144, proponemos la supresión de la
disposición adicional vigésima tercera del proyecto de presupuestos,
utilizando para ello el argumento más llamativo de los que
justificarían su eliminación, y es que esta disposición adicional
tiene una manifiesta inconstitucionalidad, porque dicho precepto
establece una reserva de créditos a favor del Inem a fin de
excluirlos de la territorialización que, de otro modo, impone la
gestión transferida ya a la mayor parte de las comunidades autónomas,
a lo que añade una regulación material de las funciones que desempeña
el Inem con dicha gestión centralizada. Si analizamos el estricto
punto de vista presupuestario de esta medida, veremos que resulta
innecesaria, dado que parece evidente que el Instituto Nacional de
Empleo continúe desempeñando la gestión, que no ha sido objeto de
transferencia a las comunidades autónomas, concretamente con respecto
a Euskadi en su totalidad y parcialmente, en diferentes niveles,
respecto al conjunto de las comunidades autónomas.

Por tanto, la cuestión principal es el hecho de aprovechar la
cobertura de la ley de presupuestos para regular el Inem una
atribución de funciones en toda regla por esta especie de puerta de
atrás, que ya ha sido muchas veces descalificada por los tribunales,
como es la ley de acompañamiento. Evidentemente estamos ante un
intento de trasladar un papel del Inem, impropio, que mantenga
centralizados ámbitos funcionariales y cuya previsión en la ley
cerraría cualquier debate alternativo, por supuesto, condicionando
definitivamente las expectativas respecto al traspaso pendiente de la
comunidad autónoma vasca, siendo, por tanto, el aspecto más grave el
fraude que se comete al enmascarar la regulación competencial tras
previsiones presupuestarias. La alegación jurídica definitiva estaría
en la inconstitucionalidad de la atribución competencial a favor del
Inem. El esquema que se puede hacer hoy indica que al Estado le
corresponde la legislación laboral y a los órganos de las comunidades
autónomas, sin excepción, la ejecución de dicha legislación. Sin un
debate directo, difícilmente vamos a examinar la situación, incluidas
las posibilidades hipotéticas de que el Estado, a través de otros
títulos competenciales, pueda seguir ostentando algún tipo de función
ejecutiva en algo tan pegado a pie de obra como tienen que ser las
políticas activas de empleo. Desde luego resultaría imposible por
impresentable respecto a alguno de los supuestos que ya indica el
artículo enmendado. Por ejemplo resulta realmente ridículo que el
Estado se reserve la experimentación de programas para trasladar su
gestión a las comunidades autónomas cuando su evaluación sea
positiva.

En definitiva, la verdadera perspectiva es que el Inem debiera ser
objeto de remodelación, pero de una forma directa y con un debate
abierto en una ley sobre el empleo, en la que se dilucide
definitivamente incluso si dicho organismo debe dejar de existir.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, estamos debatiendo ya la
parte final del articulado de la ley, las disposiciones adicionales y
transitorias. Ya hemos defendido a lo largo de los distintos títulos
las que tenían que ver con los contenidos de cada uno de ellos, la
distribución de los impuestos, la fiscalidad en lo que es el acto
administrativo, en la política social, y yo voy a referirme, de las
23 enmiendas a las disposiciones adicionales que hemos presentado, a
ocho de ellas, que vienen a intentar hacer frente a problemas
concretos de carácter sectorial.

La primera enmienda va dirigida a conseguir que sea realidad lo que
la ley establece y, por tanto, dotar a los distintos centros
públicos, a los hospitales, de personal que pueda acometer las
actuaciones de interrupción voluntaria del embarazo que pueda decidir
cada uno de los ciudadanos, puesto que la regulación de la objeción
de conciencia no está establecida y, al no estarlo, es necesario
dotar de personal a esos hospitales que sí puedan acometerlo, de
forma que esa objeción de conciencia



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no sea una fórmula de impedir un derecho y una regulación legal.

Queremos apoyar, a través de un sorteo especial, políticas dirigidas
hacia la campaña de cooperación y el 0,7. Pretendemos apoyar las
transferencias de un hospital como el Gómez Ulla en Madrid.

Pretendemos destinar un apoyo hacia el estatuto especial de la ciudad
de Cádiz, que hasta ahora tiene la declaración pero no el apoyo desde
la Administración central. Queremos establecer una figura, y es que
nuestro Gobierno reclame al Gobierno de Estados Unidos una
compensación, un pago por los gastos que ocasiona tener una base
militar extranjera dentro de nuestro territorio, y queremos regular
desde la propia ley de presupuestos la dificultad para que el
Gobierno no pueda seguir construyendo autopistas de peaje. Por tanto,
queremos regular desde esta ley que las autopistas de peaje sean
congeladas como fórmula de dotar la red general de carreteras y a la
vez se establezca un plan de rescate de las actuales autopistas
existentes.

Por último, queremos establecer dentro de educación todo lo que
pudiéramos llamar medidas que garanticen que la educación se recibe
en condiciones de equidad desde las distintas comunidades. Por tanto,
pretendemos establecer un fondo adicional de 41.000 millones de
pesetas para que las competencias de educación lleguen bien a las
comunidades que aún restan, es decir, Asturias, Castilla-La Mancha y
Extremadura, aunque vemos que la situación del desarrollo de la Logse
no se ha hecho igual con las transferencias que se han remitido a lo
largo de todo el ejercicio de 1999.

Finalmente, queremos establecer un fondo de compensación
interterritorial dentro del Ministerio de Educación para que exista
un ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades. En suma, que
el lugar de residencia no dificulte la calidad de la educación que
recibimos cada uno de nosotros.

Estas ocho enmiendas van a políticas sectoriales, que están recogidas
en las propuestas de las distintas secciones, pero en el cuerpo de
regulación del articulado de la ley creemos que debe garantizarse la
previsión para que el Gobierno, una vez establecida la cantidad, no
ponga pegas de regulación legal. Este es el objetivo de estas ocho
enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en
primer lugar, el señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a defender una serie de enmiendas a las disposiciones adicionales
de este proyecto de ley que nos ocupa, referidas, en concreto, a una
serie de temas: el primero, a la asignación tributaria de la Iglesia
católica; en segundo lugar, enmiendas referidas a la financiación de
las confesiones de notorio arraigo; en tercer lugar, una disposición
adicional nueva referida a la regulación
de las cotizaciones sociales a los ministros de culto o pastores
evangélicos, y a la disposición adicional vigésima segunda sobre
techos mínimos y máximos para otros fines de interés social.

Estas enmiendas tienen mucho que ver, señor presidente, señorías, con
los principios que se desprenden del artículo 16 de nuestra
Constitución. Como ustedes saben, nuestra Constitución garantiza, por
un lado, la libertad religiosa y de cultos; en segundo lugar,
garantiza claramente la laicidad del Estado, es decir, la neutralidad
religiosa del Estado. Ninguna confesión, dice el artículo 16, tendrá
carácter estatal. Pues bien, en materia de asignación tributaria
viene aplicándose en nuestro país un sistema transitorio que está
produciendo una sobrefinanciación de la Iglesia católica, es decir,
la Iglesia católica recibe todos los años a cuenta de lo que se
recauda por el 0,5 por ciento procedente del impuesto sobre la renta
de las personas físicas una cantidad superior a lo que realmente
recauda. En los últimos cinco años se le ha perdonado a la Iglesia
católica, en relación a esas cantidades a cuenta, una cantidad
próxima a los 30.000 millones de pesetas. ¿Quién financia esos 30.000
millones de pesetas? Aquellos que declaran expresamente a la Iglesia
católica como contribución del 0,5, pero también aquellos que no
declaran la financiación de la Iglesia católica.

No estamos ante un sistema de asignación tributaria, estamos ante un
sistema dotacional, por lo tanto, ante un sistema transitorio pero
que está incurriendo en inconstitucionalidad, en quebrantamiento del
tenor del artículo 16, y este año el proyecto de ley todavía da una
vuelta de tuerca más y establece una norma que no sabemos de dónde
sale, porque no está justificada ni en los acuerdos económicos entre
el Estado español y la Santa Sede ni en los precedentes legislativos.

Esa disposición establece en estos momentos un techo mínimo; es
decir, la Iglesia católica, recaude lo que recaude del 0,5 por ciento
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, va a recibir en
todo caso 21.300 millones de pesetas. Además, se dice: y esta norma
se aplicará durante los ejercicios 2000, 2001 y 2002. Señorías, se
está hipotecando el futuro, se está introduciendo una modificación
legislativa inconstitucional en favor del sistema dotacional,
discriminatoria con otras confesiones. Nosotros, en nuestras
enmiendas, proponemos el respeto al principio de libertad religiosa;
financiación para otras confesiones religiosas de notorio arraigo, en
línea con las relaciones de colaboración y cooperación que se deducen
del artículo 16 de la Constitución y del propio artículo 9. No
pretendemos quitar a la Iglesia católica un céntimo de las
previsiones presupuestarias para este año, pero nuestra enmienda
mandata al Gobierno para que el próximo año presente un sistema
definitivo de regulación de la asignación tributaria de la Iglesia
católica acorde al tenor del artículo 16 de nuestra Constitución.

Señorías, en esta materia hay un dato: sólo el 33 por ciento de los
impositores marcan directamente la equis;por ese concepto, la Iglesia
católica viene a ingresar en



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torno a 14.000 millones de pesetas. Este año se destinan 21.300
millones de pesetas. Se está haciendo una sobrefinanciación y, por
tanto, es inútil marcar la equis, porque en todo caso, a través de
este proyecto de ley, se introduce un techo, una cantidad mínima de
21.000 millones de pesetas, que, como digo, significa una
sobrefinanciación superior a los 8.000 millones de pesetas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta,
le ruego que vaya concluyendo.




El señor CUESTA MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.

Acabo diciéndoles lo siguiente. Hay un tratadista muy insigne,
Dionisio Llamazares, que acaba de publicar el libro Derecho de la
libertad de conciencia. Este insigne catedrático afirma rotundamente
que el actual modelo transitorio debe convertirse ya en permanente,
y que el actual modelo que regula las relaciones económicas, sobre todo
el régimen de asignación tributaria, es inconstitucional. Así se
desprende de su última monografía, como digo, de gran interés a la
hora de comentar este problema.

Finalizo, ahora sí, diciendo que también quiero llamar la atención de
la Cámara en favor de las otras confesiones religiosas de notorio
arraigo y del establecimiento de unos mínimos y de unos máximos
superiores a las previsiones del proyecto de ley en relación a la
cantidad que se garantiza y que se va a destinar a los otros fines de
interés social.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.

Señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Como decía mi compañero Álvaro Cuesta, algunas previsiones están
sobredotadas y algunas otras infradotadas, muchos programas están
infradotados. Por eso, hemos presentado una serie de enmiendas en
relación con nuevas disposiciones adicionales, finales y
transitorias, a las que no haré referencia porque ya han sido
discutidas, algunas son en relación con una mejora de la información,
otras de carácter humanitario, como la 1630, que se va a votar
afirmativamente, otras de carácter tributario y algunas otras de
carácter social. Sin embargo, sí quiero referirme a tres enmiendas,
las números 1648, 1624 y 1625.

A lo largo de todo el debate parlamentario he escuchado una frase
recurrente: que el Grupo Parlamentario Socialista es poco
imaginativo; que no presenta alternativas, o presenta muy pocas, al
presupuesto del Estado, etcétera. Con estas enmiendas y algunas
otras, mi grupo parlamentario quiere dar una seña de identidad,
quiere decir clara y nítidamente los fallos que encuentra en estos
Presupuestos Generales del Estado. Para nosotros la educación, la
extensión de la política
social en un momento de crecimiento económico, en un momento de
reparto de la coyuntura económica es fundamental. Seguimos sin
encontrar auténticos programas de carácter social o de carácter
novedoso en los presupuestos del año 2000. La enmienda 1648 se
refiere a un programa integral de extensión de una política educativa
y social que tenga en cuenta las necesidades de la sociedad española,
respecto a la educación de los niños de más corta edad, a través de
la extensión y la generalización de las escuelas maternales y de la
extensión de una política social destinada fundamentalmente a la
tercera edad. Avanzamos inexorablemente, gracias a una mayor calidad
de vida de este país, a una permanente evolución y alargamiento de la
vida familiar y ciudadana, y este país, por muy bien que vayan las
cosas, aunque se cree empleo, por bien que vayan desarrollándose
determinados parámetros, adolece de una falta de políticas sociales
destinadas a la tercera edad. Por eso nosotros proponemos un programa
integral de 100.000 millones de pesetas a través de la enmienda 1648.

Como decía el señor Ríos, para nosotros la educación es fundamental.

Se está aplicando la Logse en comunidades autónomas que han tenido
unas transferencias infradotadas para hacer una extensión
generalizada de una política educativa de nuevos centros, de nuevos
servicios, de nuevos profesores, y no, por el contrario, como se está
produciendo en muchas comunidades autónomas, debido precisamente a
las transferencias y a su coste, una política de recortes en
determinados servicios educativos.

La enmienda 1625 también se refiere al área de la enseñanza y va
destinada a dotar, pero no en los términos en que fue aprobada en
Comisión por una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, una
cuestión tan importante como es la financiación de la universidad
para avanzar en el proceso de convergencia del año 2000. No sé si
tenemos proyectos alternativos, pero desde luego como van a votar en
contra de las enmiendas de nuestro grupo parlamentario, quiero que
sepa la Cámara que el Grupo Parlamentario Popular, y posiblemente
también sus socios, van a decir que están en contra de que se
equipare el salario mínimo interprofesional entre los mayores y
menores de 18 años, de que se cree un fondo de reserva con el exceso
de cotizaciones del INEM para momentos de dificultades, de que se
amplíe la cobertura por desempleo o de que establezcan políticas de
incentivos para los nuevos contratos que supongan reducción de
jornada y ampliación de nuevas plazas laborales. También van a decir
que no, votando en contra de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, a una serie de medidas antiinflacionistas, más
concretamente a la enmienda 1640, en la que pedimos que el Gobierno
haga en los tres primeros meses del año 2000 un censo de los solares
y bienes ociosos que tienen los diferentes ministerios u organismos
para que, a través de un convenio con las administraciones
municipales y autonómicas, se pueda desarrollar un plan de viviendas
que suponga un ataque



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frontal a la política de especulación y al alza de los precios.

También sabemos que van a decir que no porque los ministerios se han
convertido, gracias a una política de mejora de ingresos, en los
mayores especuladores y puntos de referencia del precio de los
solares y de las viviendas.

Hace tan sólo unos días -y con esto termino, señor presidente- se
publicaba en un periódico de tirada nacional un anuncio de subasta de
propiedades del Ministerio de Defensa dirigido no sólo a los
promotores, sino también a los inversores. El propio Gobierno está
vendiendo solares, terrenos y puntos de referencia que podían ser
objeto de un amplio programa de choque en viviendas, en colaboración
con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y lo que están
haciendo es dirigir los proyectos a través de subastas, a precios
verdaderamente altos, no sólo a los promotores, sino también a los
inversores. Así se consigue que el precio de la vivienda suba y sea
un oscuro objeto de deseo para muchas personas que no tienen
posibilidades de alcanzarlo.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
a usted, señor Martínez Sanjuán.




¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.




El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para referirme a tres aspectos de estas
disposiciones adicionales y finales que mi grupo considera
importantes. En primer lugar, mi grupo se congratula de haber
transaccionado en Comisión la que será la nueva disposición adicional
vigesimosexta. Esta disposición adicional, nueva en el articulado del
proyecto de ley, afecta a un tema muy importante. Afecta, señorías, a
la bonificación que los ayuntamientos aplican a las autopistas de
peaje, una bonificación del 95 por ciento de la cuota del IBI. Los
ayuntamientos soportan esta bonificación, la aplican a las autopistas
de peaje que pasan por su término municipal y por ley se establece
que deberá compensarse a estos ayuntamientos. Mi grupo, señorías, no
ve dónde está esa compensación. Por parte del Grupo Popular y por
parte del Gobierno se pactó ya en la anterior Ley de presupuestos una
disposición adicional, en la que se decía que durante el año 1999 el
Gobierno estudiaría esta compensación. Finalmente, la nueva Ley de
presupuestos incorpora un compromiso, un mandato al Gobierno: El
Gobierno presentará en el mes de enero del año 2000 en el registro
del Congreso de los Diputados, estén o no disueltas las Cámaras -hago
esta precisión porque, a pesar de que se produzca la disolución, el
registro no cierra-, el informe que acredite de qué forma se compensa
a los ayuntamientos por esa
bonificación del 95 por ciento del IBI. Por tanto, esperamos ese
informe y que el mismo dé respuesta efectiva a una demanda de los
ayuntamientos que aplican esa bonificación a las autopistas de peaje.

Una segunda enmienda que quería comentar es la nueva disposición
final introducida en el articulado. Esta disposición final es
importante, señorías, porque afecta a los créditos destinados a ayuda
al desarrollo. A partir de ahora vamos a dar cumplimiento a lo que ya
establece la Ley de cooperación internacional para el desarrollo y el
Gobierno en cada ejercicio, cuando se apruebe el proyecto de ley de
los presupuestos, deberá incorporar también un informe integrado de
los créditos destinados a financiar programas de ayuda oficial al
desarrollo. Consideramos que la publicación de este informe ayudará y
contribuirá a incrementar esa ayuda al desarrollo tan necesaria y que
nuestro grupo comparte.




Quiero hacer una reflexión final. Sabe el Grupo Popular, el Gobierno
y el Grupo Vasco que nuestro grupo no comparte la redacción literal
final de la disposición adicional vigesimotercera, relativa a la
gestión directa por el Inem de créditos relativos al fomento del
empleo. A pesar de considerar satisfactoria la enmienda incorporada
en ponencia, que es un paso más, nuestro grupo cree que la
constitucionalidad de esta redacción es dudosa, una redacción que
pudiera conculcar competencias autonómicas. Por tanto, ya lo
manifesté en Comisión y lo manifiesto ahora en el Pleno, no vamos
a apoyar la supresión de esta disposición adicional, pero nuestro grupo
confía en que en el trámite del Senado sabremos encontrar una
solución satisfactoria y que impida lo que va a ser una realidad, que
es que al final esto acabe en el Tribunal Constitucional. Evitemos
ese recurso final al Tribunal Constitucional y demos una solución
satisfactoria en el trámite del Senado.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Cámara.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.

Quiero comenzar haciendo referencia a la intervención anterior a la
mía, la del señor Jané, relativa a la enmienda presentada en relación
con la retención, aquella que originariamente era del 7 por ciento
sobre los créditos del Inem, y que también ha sido presentada por el
Partido Nacionalista Vasco. Debo decir que mi grupo no comparte en
principio aquel calificativo que se desprendía de la lectura de la
enmienda del Partido Nacionalista Vasco, por cuanto era una
disposición adicional de carácter inconstitucional, ya que se
producía una vulneración de las competencias de las comunidades
autónomas. Sinceramente yo creo que no es así. Hay un precepto en
vigor, el artículo 153 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, que establece



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que en conferencia sectorial se procederá a la territorialización de
los créditos que deban ser gestionados por aquellas comunidades
autónomas que hayan asumido las competencias. Esto es lo que dice el
artículo 153. Es un mandato que se recoge en la disposición adicional
vigesimotercera, una vez aprobada la enmienda 2077 del Grupo
Parlamentario Popular, que, como recordarán, servía para eliminar
aquel porcentaje del 7 por ciento. Podía parecer lo más llamativo de
aquel texto original del proyecto de ley y, obviamente, para
coordinarlo con este artículo 153, había que corregir. Esto es lo que
hizo la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

La propuesta -según recuerdo- del señor Jané, en la Comisión de
Economía, era que la determinación de esa reserva, aceptando que
debía de producirse una reserva (todavía no está finalizado el
proceso de transferencias en materia del Instituto Nacional de
Empleo), tendría que efectuarse no por la conferencia sectorial de
asuntos laborales, sino por las conferencias bilaterales de las
comunidades autónomas. Esto no se compadece directamente con el
artículo que ha mencionado S.S. Por lo tanto, ruego a los señores
Jané y Zabalía que lo analicen, por cuanto es un escollo que nuestra
enmienda 2077, en opinión tanto del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió como del Grupo Nacionalista Vasco, avanza hacia
una solución satisfactoria que según la opinión manifestada por
ustedes no les satisface totalmente. Obviamente, hay comunidades
autónomas con las que hay que seguir hablando más allá de la
Comunidad Autonóma de Cataluña y del País Vasco. Les ruego que hagan
esta reflexión que he hecho en voz alta sobre este artículo 153. Hay
que dar cumplimiento a este precepto y considerar que este proceso de
transferencias en materia de Inem y los créditos afectados no está
cerrado. Por lo tanto, difícilmente, señor Zabalía, se puede hablar
de inconstitucionalidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Con respecto a las enmiendas planteadas por el Grupo Socialista, cuyo
debate no se ha producido hasta el momento con motivo de la discusión
de los títulos que hemos visto con anterioridad, haré referencia a
algunas de las que ha hecho mención el Grupo Socialista. En concreto,
querría hacer una mención especial a la 1615, 1616 y 1617, a la
disposición final decimosexta. Efectivamente, señor Martínez Sanjuán,
vamos a votar que no. Pero no vamos a votar que no por las razones
caprichosas que aducía el señor portavoz del Grupo Socialista, sino
porque el Grupo Parlamentario Popular tenía la opción de elegir entre
lo que planteaba el Grupo Socialista, consistente en incrementar las
pensiones mínimas, las no contributivas y las SOVI, en 28.000 pesetas
desde el 1 de enero de 1999, o la consensuada entre el Gobierno y los
sindicatos el 16 de septiembre, en la que estos asuntos quedaban
perfectamente delimitados. Este grupo parlamentario prefiere los
importes pactados entre el Gobierno y sindicatos el pasado 16 de
septiembre, donde no sólo se garantiza el poder adquisitivo de las
pensiones de este año y el
siguiente, sino que se garantiza por encima, con carácter general, de
las de la Seguridad Social y clases pasivas del Estado. Por lo tanto,
no es caprichoso, sino que preferimos, como se imaginarán, los
acuerdos de mayor trascendencia que el que pueda obtenerse con un
grupo político. Preferimos acuerdos de mayor calado y diálogo social
que el que ha sido explicitado por el Grupo Socialista.

También votaremos que no -insisto, señor Martínez Sanjuán-, no de
manera caprichosa, sino porque este es el tenor de las propuestas que
hace el Grupo Socialista. Dice que quiere contribuir a solucionar
algunos de los severos problemas que en materia de educación tienen,
por ejemplo, las universidades. Por la enmienda 1623 tratan de crear
una disposición adicional nueva en la que se destinarían 7.000
millones de pesetas a un programa plurianual que comprende los
ejercicios 2000, 2001 y 2002, que permitiera resolver -leo lo que
dice su enmienda- las insuficiencias económicas de las universidades
públicas. Pues bien, ustedes proponen 21.000 millones de pesetas, de
los que 7.000 corresponderían a esta primera anualidad. ¿Por qué
vamos a votar que no, ya digo, no de forma caprichosa? Para poder
comprometer un gasto plurianual hay que hacer un ejercicio más serio
en relación con las propuestas. Es necesario disponer del plan al que
hace referencia el Grupo Parlamentario Socialista, de la programación
que correspondería a ese plan y la cuantificación de las acciones.

Ninguna de estas cuestiones ha sido puesta sobre la mesa por el Grupo
Socialista. Además, el Estado no puede establecer el porcentaje que
las comunidades autónomas aportarían a la sostenibilidad de las
universidades, sino que previamente habrán de suscribirse los
necesarios convenios que describan las actuaciones de colaboración, y
esto tampoco lo perfila la enmienda del Grupo Socialista. Algo muy
evidente y ciertamente llamativo es que, dado que la enmienda ha de
ser neutral a efectos presupuestarios, debiera necesariamente fijar
la financiación y esto tampoco se hace.

Por último, y de forma más clamorosa, la financiación de los
servicios transferidos a las comunidades autónomas (esto ha sido
objeto de la intervención con ocasión del último título que se ha
debatido, y la señora Fernández se lo ha explicado a la portavoz del
Grupo Socialista) tiene cabida en el acuerdo general sobre
financiación de las comunidades autónomas. Obviamente, hay tres
comunidades autónomas que no van a poder sustentar como quisieran los
gastos derivados de estas insuficiencias a las que hace referencia el
Grupo Socialista, que son Andalucía, Extremadura y Castilla-La
Mancha. Esto está relacionado directamente con el acuerdo sobre
financiación autonómica. Sobre ello se da respuesta cumplida en
materia de financiación de universidades públicas. Quizá estas tres
comunidades autónomas tendrán que preguntar a los dirigentes del
Grupo Socialista por qué también en este caso, y con ocasión de la
pérdida de los recursos a los que hizo referencia la portavoz de
nuestro grupo parlamentario,



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señora Fernández, tampoco las universidades públicas en estas tres
comunidades autónomas podrán obtener la financiación que tiene el
resto de las comunidades autónomas.

Hay cuatro enmiendas de carácter industrial presentadas por el Grupo
Socialista en las que dicen querer atajar problemas de
insuficiencias, allá donde ustedes consideran que existen. Por
ejemplo, en la 1626 les parece insuficiente la información sobre las
aportaciones financieras y garantías concedidas a la SEPI. Si alguno
de los portavoces del Grupo Socialista que redactó la enmienda
hubiera tenido la precaución de comprobar qué tipo de información se
suministra a la Comisión de Industria y a la Comisión de Presupuestos
en materia de aportaciones financieras a la SEPI, habría comprobado
que esta enmienda era innecesaria.

En la 1627 se sugiere que se regularice el régimen jurídico del
Consejo Consultivo de Privatizaciones. Señores del Grupo Socialista,
no hay nada que regularizar. Está regularizado por cuanto el Consejo
de Ministros de 28 de junio de 1996, por el que se crea tal Consejo,
establece, de forma pormenorizada, cuál es el régimen de
funcionamiento y el régimen jurídico del Consejo Consultivo de
Privatizaciones. Lo que sorprende a nuestro grupo es que al Grupo
Socialista le seduzca la idea de instrumentalizar de forma política
el Consejo Consultivo de Privatizaciones, a través de una dependencia
orgánica de algún ministerio, en este caso el Ministerio de
Industria. Nuestro grupo considera que esto vulneraría la razón de la
existencia del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Por tanto, nos
parece que, para proteger su independencia, debe estar ubicada en el
lugar donde actualmente existe. Por consiguiente, no existen
insuficiencias a las que hace referencia el Grupo Socialista.

La enmienda 1628, que también es de carácter industrial, pretende la
redistribución de créditos de reconversión e industrialización,
cuando saben SS.SS. que para poder acometer una enmienda de esas
características tendría que ser posible determinar previamente,
mediante un plan como el que apuntan, las zonas de aplicación.




El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Cámara, por favor.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Termino, señor presidente.

No existe una catalogación, como saben SS.SS., de los lugares donde
se producirán las condiciones coyunturales, porque de ello estamos
hablando, en definitiva, para poder aplicar la orden que concede las
ayudas y los créditos de reconversión y de reindustrialización.

Por lo que se refiere a la enmienda 1629, relativa a los créditos
relacionados con el Ministerio de Industria y las actuaciones en la
margen izquierda del Nervión, les debo decir que ustedes desconocen
que es el Consejo de Gobierno vasco, las diputaciones forales y los
municipios los que actualmente mantienen ya convenios
de colaboración que hacen ociosa la presentación y, por tanto,
aprobación de esta enmienda. Digo que ustedes lo conocen a través de
la propia portavoz de industria y diputada por Vizcaya, señora
Mendizábal. Esta es una realidad y es ocioso, repito, conocer cuál es
el actual funcionamiento de estos créditos referentes a la
reindustrialización de la margen izquierda.

Termino, señor presidente, haciendo referencia también a la enmienda
1624, parecida a las enmiendas de carácter social con las que
finalizaba la intervención el señor Martínez Sanjuán. Con relación a
esta enmienda 1624 le digo lo mismo. Nuestro grupo parlamentario
prefiere los acuerdos mantenidos con las centrales sindicales y con
los agentes sociales españoles, más allá de los acuerdos que ustedes
no fueron capaces de alcanzar en su momento. El Grupo Parlamentario
Popular está satisfecho de poder suscribir un proyecto de ley que
mantiene acuerdos de tan amplio calado y de tan importante impacto
social, como los que aparecen en este proyecto de ley.

Nada más, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cámara.

Vamos a proceder a las votaciones de los títulos y disposiciones del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que han sido
debatidos en la tarde de hoy.

Quiero anunciar al Pleno, y me parece que todas SS.SS. ya lo
conocerán, que se han cumplido las previsiones que la Junta de
Portavoces había establecido para toda la tarde-noche y que, por
tanto, tras las votaciones terminaremos la sesión correspondiente a
la jornada de hoy. Buena manera de empezar.

Ya saben SS.SS. que el próximo conjunto de votaciones se producirá al
final de la mañana de mañana, así como en las mañanas sucesivas, a
partir de la una y media de la tarde, con lo que hasta entonces se
haya debatido.

Señorías, vayan ocupando sus escaños, porque vamos a proceder a las
votaciones. (Pausa.)
Votaciones correspondientes al título I del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, comprendiendo
dicho título los artículos uno al doce. (Rumores.) Señorías, guarden
silencio, incluidos los miembros del gabinete.

Comenzamos con las enmiendas del Grupo Mixto. En primer lugar votamos
la 495, del señor López Garrido.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 16; en contra, 287; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Vázquez Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 17; en contra, 287; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 17; en contra, 164; abstenciones, 126.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por la 1553 y 1554.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 131; en contra, 175.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 143; en contra, 162; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el texto del dictamen del título I, sin perjuicio de
las modificaciones que resulten del curso del debate. Artículos dos;
tres; cuatro; seis, punto uno, 2; y doce, dos.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 162; en contra, 141; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto de los artículos del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 287; en contra, uno; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado así el título I.

Pasamos al título II, artículos trece al diecinueve. Comenzamos por
las enmiendas del Grupo Mixto correspondientes al señor Vázquez.

Enmienda número 266.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 145; en contra, 162.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 267, del señor Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 16; en contra, 166; abstenciones, 123.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 143; en contra, 163; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Texto del dictamen del título II, comenzando por el artículo trece,
uno.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 161; en contra, 144; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos al resto del dictamen del título II.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 288; en contra, dos; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado así el resto del dictamen del
título II.

Pasamos al título III, artículos veinte a treinta y seis. En primer
lugar, dentro del Grupo Mixto, la enmienda de la señora Lasagabaster.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 20; en contra, 285; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Chiquillo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 144; en contra, 163.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor
Chiquillo.




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Pasamos a las del señor Vázquez. En primer lugar, las enmiendas 268 y
270.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 20; en contra, 161; abstenciones, 126.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas mencionadas del
señor Vázquez.

Pasamos a votar las restantes enmiendas del señor Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 16; en contra, 288; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor López Garrido, comenzando por la 497.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 144; en contra, 163.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del señor López Garrido.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 16; en contra, 287; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del
meritado diputado.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, números
756, 763, 764 y 766 a 769.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 18; en contra, 164; abstenciones 125.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.

Enmienda 757, del Grupo de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 14; en contra, 289; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 754, del Grupo de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 141; en contra, 162; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 142; en contra, 163; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista, en un solo bloque.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 146; en contra, 160; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen del título III, comenzando por los artículos
veintiuno, uno; veintisiete, cinco y treinta y cuatro, tres.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 165; en contra, 137; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Resto del dictamen del título III.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 287; en contra, dos; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen del título
III.

Pasamos al título IV, artículos treinta y siete al cuarenta y seis,
comenzando por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Enmienda del señor Chiquillo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 18; en contra, 164; abstenciones, 124.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 17; en contra, 163; abstenciones, 126.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del señor
Vázquez.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 141; en contra, 163; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 143; en contra, 163; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el dictamen del título IV, empezando por los
artículos treinta y nueve; cuarenta, cuatro, 2; cuarenta y uno, tres;
cuarenta y cuatro, dos, 2; cuarenta y cuatro, tres; cuarenta y cinco,
cuatro, y cuarenta y seis.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 163; en contra, 141; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto de los artículos del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 291; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos al título VIII, artículos noventa y cinco y noventa y seis,
comenzando por las enmiendas que dentro del Grupo Mixto presenta el
señor Vázquez y dentro de ellas la número 300.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, cuatro; en contra, 163; abstenciones, 139.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 303.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, dos; en contra, 176; abstenciones, 128.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del señor Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 15; en contra, 163; abstenciones, 129.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda del señor López Garrido.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 143; en contra, 164.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 143; en contra, 163; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación correspondiente al dictamen, desglosando en primer lugar el
artículo noventa y cinco, nueve, 2.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 162; en contra, 139; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el referido artículo.

Resto del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 290; en contra, dos; abstenciones, 15.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen correspondiente al
título VIII.

Pasamos a la sección 07. Votamos la enmienda que ha presentado el
Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 140; en contra, 163; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la sección 07.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 161; en contra, 143; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Título V, artículos cuarenta y siete a cincuenta y siete.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 144; en contra, 163.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por la 1582.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 130; en contra, 163; abstenciones, 12.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 142; en contra, 162; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen del título V, comenzando por los artículos
cincuenta, dos b) y cincuenta y seis.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 162; en contra, 141; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 291; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votación de la sección 06, que no ha tenido enmiendas.




Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 294; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Título VI, artículos cincuenta y ocho a setenta y cuatro. Dentro del
Grupo Mixto, enmiendas del señor Chiquillo.




Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, tres; en contra, 287; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Saura, comenzando por la 436.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor 143; en contra, 162; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.




Restantes enmiendas del señor Saura Laporta.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 18; en contra, 288; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Vázquez Vázquez, comenzando por la 295.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 143; en contra, 163.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 297, del señor Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 17; en contra, 285; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del señor Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 15; en contra, 162; abstenciones, 130.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a las enmiendas de Izquierda Unida, las 776 y 777.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 22; en contra, 163; abstenciones, 121.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 143; en contra, 163; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por la 1592.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 129; en contra, 174; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 143; en contra, 162; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen del título VI.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 163; en contra, 16; abstenciones, 128.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Título VII, artículos setenta y cinco a noventa y cuatro, comenzando,
como es habitual, por la enmienda del señor Chiquillo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 19; en contra, 162; abstenciones, 126.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del señor Chiquillo.

Pasamos a las enmiendas del señor Saura.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 142; en contra, 163; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 299, del señor Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 143; en contra, 164.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor López Garrido, que sigue ausente.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 141; en contra, 163; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida .

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 141; en contra, 163; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por la 1598
y la 1601.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 141; en contra, 163; abstenciones, tres.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 142; en contra, 162; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen del título VII, comenzando por los artículos
noventa y noventa y cuatro, dos y tres.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 163; en contra, 142; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Resto del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 291; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el título VII.

Pasamos a las disposiciones adicionales primera a vigésimo tercera,
más de la vigésimo cuarta a la vigésimo octava, nuevas.

Señor Zabalía ¿qué desea?



El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Señor presidente, si es posible, mi grupo
parlamentario quisiera votación separada, en el texto de las
disposiciones adicionales, de la disposición adicional vigésimo
tercera, sobre la gestión del Inem.




El señor PRESIDENTE: No he comprendido, señor Zabalía. Lo lamento.




El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Al final, en el texto de las disposiciones
adicionales hay dos votaciones. Solicitamos votación separada de la
disposición adicional vigésimo tercera.




El señor PRESIDENTE: Así se hará. Muchas gracias, señor Zabalía.

Comenzamos por las enmiendas, dentro del Grupo Parlamentario Mixto,
de la señora Lasagabaster, números 213 y 214.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 32; en contra, 160; abstenciones, 115.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas de la señora Lasagabaster.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 23; en contra, 160; abstenciones, 124.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 99, del señor Chiquillo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 18; en contra, 163; abstenciones, 125.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del mencionado diputado.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 15; en contra, 162; abstenciones, 128.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Saura Laporta.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 141; en contra, 161; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 305 y 307, del señor Vázquez Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 16; en contra, 164; abstenciones, 127.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del señor Vázquez Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 16; en contra, 288; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Seguimos con las del señor López Garrido, en las mismas condiciones.

Comienza la votación. (Pausa.)



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 143; en contra, 163; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), comenzando por la
2144.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, cinco; en contra, 288; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 2143, del PNV.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, cinco; en contra, 164; abstenciones, 138.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida números 786, 787, 793, 804,
805 y 807.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307, a favor, 19; en contra, 164; abstenciones, 124.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 140; en contra, 163; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a las del Grupo Socialista, comenzando por la 1630.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 305; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda. (Aplausos.)
Enmienda 1622, del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 127; en contra, 175; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1650.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 131; en contra, 163; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Restantes enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 142; en contra, 162; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas del
Grupo Socialista.

Pasamos al texto de las disposiciones adicionales, empezando por la
decimoquinta, decimosexta, apartados dos y tres, y la vigésima,
apartado cuatro.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 162; en contra, 141; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos ahora la disposición adicional vigésimo tercera, que ha
solicitado votación separada el señor Zabalía.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 286; en contra, siete; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Restantes disposiciones adicionales.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 289; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos ahora las disposiciones transitorias una a sexta. Dentro de
ellas, tenemos aún enmiendas del señor Vázquez, del Grupo
Parlamentario Mixto, empezando por la 310.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 21; en contra, 163; abstenciones, 122.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 311, del señor Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, tres; en contra, 174; abstenciones, 126.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda subsistente del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 140; en contra, 163; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo
Socialista.

Pasamos a votar el texto de las disposiciones transitorias.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 291; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos ahora la disposición final nueva.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 292; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a los anexos. En primer lugar, enmiendas del señor Vázquez.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 20; en contra, 165; abstenciones, 116.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 140; en contra, 163; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 808, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

Votamos en conjunto las del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 140; en contra, 162; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Socialista.

Sometemos a votación los textos de los anexos uno a séptimo según el
dictamen, sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar
como consecuencia de la estimación de enmiendas en el curso del
debate.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 163; en contra, 11; abstenciones, 131.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados y, por tanto, se suspende la
sesión, que comenzará mañana a las nueve de la mañana. Buenas noches.

Se suspende la sesión.