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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 270, de 11/11/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 270
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 260
celebrada el jueves, 11 de noviembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de los Excmos. Sres. Diputados. (Número
de registro 092626.) . . . (Página 14420)
Convalidación o derogación de Reales-Decretos leyes:
- Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan
medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de
competencia en las telecomunicaciones («BOE» núm. 248, de 16 de
octubre de 1999). (Número de expediente 130/000078.) . . . (Página 14420)
- Real Decreto-ley 17/1999, de 29 de octubre, por el que se conceden
varios crédtios extraodinarios por importe total de 6.946.700.000
pesetas, para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión
del Ministerio de Medio Ambiente («BOE» núm. 260, de 30 de octubre de
1999). (Número de expediente 130/000079.) . . . (Página 14433)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia
Civil. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 162-1, de 8
de marzo de 1999. (Número de expediente 121/000162.) . . . (Página 14437)
- Proposición de Ley sobre adaptación de las normas de circulación a
la práctica del ciclismo. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 233-1, de 27 de octubre de 1998. (Número de
expediente 124/000005.) . . . (Página 14441)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
- Protocolo modificativo del Convenio de extradición de 23 de julio
de 1892 entre el Reino de España y la República de Colombia, hecho en
Madrid el 16 de marzo de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, núm. 372, de 13 de septiembre de 1999. (Número de expediente
110/000288.) . . . (Página 14448)
- Acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República de
Estonia, hecho en Tallinn el 28 de junio de 1999. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, núm. 373, de 13 de septiembre de 1999.
(Número de expediente 110/000289.) . . . (Página 14448)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia relativo
a la readmisión de personas, hecho en Tallinn el 28 de junio de 1999.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 374, de 13 de
septiembre de 1999. (Número de expediente 110/000290.) . . . (Página 14448)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados
(continuación):
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de
registro 092626.) . . . (Página 14449)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de
los menores. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 144-1,
de 3 de noviembre de 1998. (Número de expediente 121/000144.) . .
. (Página 14449)
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 231.898.349 pesetas, para abonar a «Alvamar, S. A.», la
indemnización derivada de las sentencias del Tribunal Supremo de 27
de junio de 1994 y 6 de noviembre de 1997. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, núm. 176-1, de 5 de julio de 1999. (Número de
expediente 121/000176.) . . . (Página 14459)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, núm. 179-1, de 19 de julio de 1999. (Número de
expediente 121/000179.) . . . (Página 14460)
- Proyecto de Ley de régimen jurídico de la protección de las
obtenciones vegetales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
núm. 180-1, de 29 de julio de 1999. (Número de expediente 121/
000180.) . . . (Página 14473)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular:
- Reguladora de la jornada laboral. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 329-1, de 4 de octubre de 1999. (Número de
expediente 120/000007.) . . . (Página 14480)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión,
por la que se regula la elección parlamentaria del Director de Radio
Televisión Española. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm.
86-1, de 25 de marzo de 1997. (Número de expediente 122/000066.) . .
. (Página 14495)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
diversificación de posibilidades de pesca de la flota española.
(Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión número de
expediente 161/001455, «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 398, de 22 de marzo de 1999.) (Número de expediente 162/000371.)
. . . (Página 14504)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre derogación de los
convenios suscritos por el Ministerio de Fomento con las sociedades
concesionarias de autopistas AUMAR y ACESA, por los que se acordó la
prolongación temporal de las concesiones para la reducción de las
tarifas de los peajes. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
núm. 421, de 3 de mayo de 1999. (Número de expediente 162/000365.) .
. . (Página 14509)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con
carácter secreto.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados . . . (Página 14420)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de excelentísimos señores Diputados . .
. (Página 14420)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que queda pendiente de aprobación al no existir quórum.
Continúa la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 14420)
Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan
medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de
competencia en las telecomunicaciones . . . (Página 14420)
El señor ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo), en nombre
del Gobierno, pide el voto favorable de la Cámara para la
convalidación del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el
que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un
mayor grado de competencia en las telecomunicaciones. Explica que el
Real Decreto-ley incluye dos tipos de medidas tendentes a impulsar,
de una parte, el nivel de competitividad en el sector de la
telecomunicaciones y, de otra, a acelerar la traslación a los
ciudadanos de los beneficios que la liberalización está propiciando
en el ámbito de la disminución de los precios o tarifas telefónicas.
En turno en contra de la convalidación intervienen los señores
Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Caldera SánchezCapitán, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno a favor de la convalidación interviene la señora Mato
Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replican los señores Santiso del Valle y Caldera Sánchez-Capitán,
duplicando la señora Mato Adrover.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Real Decreto-ley 17/1999, de 29 de octubre, por el que se conceden
varios créditos extraordinarios por importe total de 6.946.700.000
pesetas, para atender obligaciones derivadas de gastos de inversión
del Ministerio de Medio Ambiente . . . (Página 14433)
La señora ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga), en
nombre del Gobierno, explica las razones que hacen necesaria la
convalidación del Real Decreto-ley que presenta hoy ante la Cámara.
Manifiesta que en el presente ejercicio la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas tiene importantes necesidades
crediticias adicionales para cubrir actuaciones inversoras y hacer
frente a pagos pendientes que no pueden demorarse a ejercicios
posteriores si se quiere garantizar su correcto funcionamiento y
asegurar el cumplimiento de significativos fines de interés público.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Serrano
Vinué, del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané
i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; el señor Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y
la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Enmiendas del Senado . . . (Página 14437)
Proyecto de Ley de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia
Civil . . . (Página 14437)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Moragues Gomila, del Grupo
Socialista del Congreso, y la señora Torme Pardo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición de Ley sobre adaptación de las normas de circulación a la
práctica del ciclismo. . . . (Página 14441)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla
Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); y los señores Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Núñez Casal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Paniagua Fuentes, del Grupo Socialista del Congreso, y Seco Gordillo,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votaciones.) .
. . (Página 14447)
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 16/1999, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación
y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones,
se aprueba la convalidación por 166 votos a favor, 143 en contra y
tres abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza
por 141 votos a favor, 169 en contra y una abstención.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 17/1999, de 29 de octubre, por el que se conceden varios créditos
extraordinarios por importe total de 6.946.700.000 pesetas, para
atender obligaciones derivadas de gastos de inversión del Ministerio
de Medio Ambiente, se aprueba la convalidación por 173 votos a favor,
13 en contra y 126 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza
por 141 votos a favor, 170 en contra y una abstención.
Enmiendas del Senado. (Votaciones.) . . . (Página 14448)
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto
de ley de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, que
son aprobadas.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas del
Senado a la proposición de ley sobre
adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo,
que son rechazadas.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales ... (Página 14448)
Protocolo modificativo del Convenio de extradición de 23 de julio de
1892 entre el Reino de España y la República de Colombia, hecho en
Madrid el 16 de marzo de 1999 . . . (Página 14448)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República de
Estonia, hecho en Tallinn el 28 de junio de 1999 . . . (Página 14448)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Estonia relativo a
la readmisión de personas, hecho en Tallinn el 28 de junio de 1999 .
. . (Página 14448)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Continúa la sesión con carácter secreto.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
(Continuación.) . . . (Página 14449)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de excelentísimos señores Diputados . .
. (Página 14449)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 14449)
Proyecto de Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de
los menores . . . (Página 14449)
Defienden las enmiendas presentadas al proyecto de ley los señores
López Garrido y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Castellano
Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y
las señoras del Campo Casasús, del Grupo Socialista del Congreso,
y Barrios Curbelo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 14460)
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional . . . (Página 14460)
Presenta el proyecto de ley orgánica el señor ministro de
Administraciones Públicas (Acebes Paniagua). Considera que el reparto
de competencias legislativas y de ejecución ha sido uno de los
aspectos cruciales de la Constitución de 1978 y que la organización
territorial que está diseñada en el Título VIII del texto
constitucional implica una profunda descentralización administrativa
y de decisión política, que ha tenido una enorme incidencia, hasta el
punto de haber construido en veinte años un nuevo modelo de
administración completamente nueva. Esto ha sido fruto, en primer
lugar, de la voluntad de los españoles, pero también de los acuerdos
entre las fuerzas políticas, el impulso de las propias comunidades
autónomas, las aportaciones doctrinales y también la ingente labor
realizada por el Tribunal Constitucional. Explica el funcionamiento
del Tribunal Constitucional que ha hecho posible la existencia de un
marco jurídico de referencia para el funcionamiento armónico del
modelo autonómico. Afirma que la envergadura adquirida por el
Tribunal Constitucional en la ordenación del complejo sistema de
reparto de competencias entre las diferentes instancias, hace
imprescindible plantear fórmulas que, en el marco de una voluntad de
cooperación entre ambas partes, puedan servir como mecanismos de
solución extraprocesal que eviten la constante
apelación a la función arbitral e interpretativa del alto tribunal.
Explica el contenido del proyecto de ley y señala que éste no hace
más que ahondar en la dirección ya adoptada de profundizar en lo que
ha de ser una de las principales características del Estado
autonómico en los próximos años: la cooperación entre las
administraciones públicas. Confía en que la modificación que se
propone se apruebe con el mayor grado de acuerdo y desde las
aportaciones que realicen los distintos grupos, ofreciendo para ello
su mejor disposición.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución, presentada por
el Grupo Socialista del Congreso, interviene la señora Rubiales
Torrejón.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
(Votaciones.) . . . (Página 14465)
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley
orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores y el
dictamen de la Comisión.
A continuación se somete a votación el dictamen de la Comisión sobre
el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para
abonar a Alvamar S.A. la indemnización derivada de las sentencias del
Tribunal Supremo, que es aprobado por 326 votos a favor y una
abstención.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación.) . .
. (Página 14467)
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional . . .
(Página 14467)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley de régimen jurídico de la protección de las
obtenciones vegetales . . . (Página 14473)
En defensa de las enmiendas de totalidad intervienen los señores
Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Caballero
Basáñez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliu,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Amarillo
Doblado, del Grupo Socialista del Congreso, y Pintado Barbanoj, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene brevemente el señor ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Posada Moreno) para pedir disculpas por no haber
presentado el proyecto de ley y para pedir la colaboración de los
grupos parlamentarios en la mejora de este proyecto de ley que
considera necesario y muy importante.
Se suspende la sesión a las tres y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular .
. . (Página 14480)
Reguladora de la jornada laboral . . . (Página 14480)
Por el señor secretario segundo (Ríos Martínez) se procede a la
lectura del documento en el que se detallan las razones que
aconsejan, a juicio de los firmantes de la iniciativa, la tramitación
y aprobación por la Cámara de la proposición de ley.
En turno a favor de la toma en consideración de la iniciativa popular
interviene el señor Anguita González, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla
Gracia, los señores Serrano Vinué y Peralta Ortega, la señora
Lasagabaster Olazábal y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del
Grupo Mixto; y los señores Caballero Basáñez, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Gimeno Marín, del Grupo Socialista del
Congreso, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votaciones.) . . .
(Página 14494)
Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo
Socialista al proyecto de ley orgánica 2/1999, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, es rechazada por 123 votos a favor, 164 en
contra y 18 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución de los
grupos parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida al proyecto
de ley de régimen jurídico de las obtenciones vegetales, son
rechazadas por 21 votos a favor, 164 en contra y 117 abstenciones.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular.
(Votación.) . . . (Página 14495)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
de iniciativa popular reguladora de la jornada laboral, es rechazada
por 145 votos a favor y 161 en contra.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 14495)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión,
por la que se regula la elección parlamentaria del director de Radio
Televisión Española . . . (Página 14495)
El señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, presenta la proposición de ley. Manifiesta que defiende, en
nombre de su grupo, la necesidad comunicativa y política de que el
Congreso de los Diputados elija al director general de
Radiotelevisión Española, propuesta que ha sido descalificada por el
portavoz del Grupo Popular aduciendo que es oportunista y
electoralista. Rechaza las acusaciones del portavoz popular de
oportunista, porque esta proposición de ley está registrada desde el
12 de marzo de 1997, y de electoralista porque en una democracia no
se puede descalificar un acto político como acto electoral. Desde ese
punto de vista, deja bien claro que su grupo tiene un modelo
audiovisual, que han ido planteando a lo largo de la legislatura, que
tiene dos elementos fundamentales: la creación del consejo de la
comunicación y la defensa de una radio y de una televisión públicas
como servicio público esencial de dimensión suficiente. Desarrolla
estos dos puntos y pide el voto favorable de todos los grupos, puesto
que si esta proposición de ley no sale
adelante significará que no hay ideas claras con respecto al futuro
de Radiotelevisión Española.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Serrano
Vinué y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Burballa i
Campabadal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Conde Gutiérrez del Álamo, del Grupo Socialista del Congreso,
y el señor Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En un turno por alusiones interviene el señor Alcaraz Masats.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 14504)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre diversificación
de posibilidades de pesca de la flota española . . . (Página 14504)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular el señor Fariñas Sobrino. Manifiesta que la dimensión
alcanzada por la flota obliga a extender su actividad a caladeros
internacionales, con el objetivo de seguir cumpliendo con sus cotas
de mercado y con los planteamientos que, como empresa, se hacen todas
y cada una de las que desarrollan su actividad en el mar, resaltando
las consecuencias que pudieran tener las crecientes regulaciones
restrictivas formuladas por los organismos internacionales o por los
países propietarios de los caladeros. Por ello, su grupo intenta la
búsqueda definitiva de fórmulas alternativas para sustituir las
prácticas actuales de pesca antes de que sea tarde. A continuación
explica los tres aspectos que en el texto aparecen como acciones
piloto de pesca experimental: el primero, fomentar la búsqueda de
nuevos caladeros o zonas de pesca no sujetas a restricciones
internacionales; el segundo, promover campañas de comercialización de
nuevas especies susceptibles de introducirse como cuota de mercado; y
el tercero, la incentivación de la participación de las empresas
privadas en estas acciones experimentales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Tubert i
Alsina, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Blanco López, del Grupo Socialista del Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre derogación de los convenios
suscritos por el Ministerio de Fomento con las sociedades
concesionarias de autopistas AUMAR y ACESA, por los que se acordó la
prolongación temporal de las concesiones para la reducción de las
tarifas de los peajes . . . (Página 14509)
La señora Aroz Ibáñez defiende, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, esta proposición no de ley, en la que se insta al Gobierno
a derogar los convenios firmados con dos sociedades concesionarias de
autopistas que permiten prorrogar sus concesiones a cambio de reducir
peajes. Explica que esta propuesta es ilustrativa del modelo de vías
rápidas que propone el Partido Socialista, libres de peaje en un
período máximo de diez años, defendiendo así los intereses generales
ante unos convenios claramente ventajosos, a su juicio, para las
sociedades concesionarias. Entra a analizar los problemas que existen
en relación con los convenios que solicitan que sean derogados
y solicita el voto favorable de todos los grupos parlamentarios para
esta iniciativa que viene a corregir decisiones del Gobierno que van
en dirección opuesta a lo que demanda la sociedad española, en
especial los ciudadanos catalanes, que es la supresión en un plazo
razonable de los peajes en todo el territorio español.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen los señores Serrano Vinué, del Grupo Parlamentario Mixto,
y Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Aroz Ibáñez.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votación.) . . .
(Página 14513)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
de la Ley de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la
elección parlamentaria del director de Radio Televisión Española, se
rechaza por 133 votos a favor y 146 en contra.
Proposiciones no de Ley. (Votaciones.) . . . (Página 14514)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre diversificación de posibilidades de pesca de la flota
española, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso sobre derogación de los convenios suscritos por el
Ministerio de Fomento con las sociedades concesionarias de autopistas
AUMAR y ACESA, por los que se acordó la prolongación temporal de las
concesiones para la reducción de las tarifas de los peajes, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, se rechaza por 129 votos a favor,
146 en contra y cuatro abstenciones.
Se levanta la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS.
(Número de registro 092626.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que queda pendiente de aprobación al no existir quórum.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 16/1999, DE 15 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS PARA COMBATIR LA INFLACIÓN Y FACILITAR UN MAYOR GRADO DE
COMPETENCIA EN LAS TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 130/
000078.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Declaramos
sesión pública y continuamos con el orden del día.
Punto V, número 34, Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por
el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un
mayor grado de competencia en las telecomunicaciones.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor ministro de Fomento. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio. Es muy temprano. (Pausa.)
Puede comenzar, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para pedir el voto favorable de la Cámara
a la convalidación del Real Decretoley 16/1999, de 15 de octubre, por
el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un
mayor grado de competencia en las telecomunicaciones. El real
decreto-ley al que me refiero incluye dos tipos de medidas tendentes
a impulsar, de una parte, el nivel de competitividad en el sector de
las telecomunicaciones y, de otra parte, a acelerar la traslación a
los ciudadanos de los beneficios que la liberalización está
propiciando en el ámbito de la disminución de los precios o tarifas
telefónicas.
Permítanme que en primer término me refiera a las medidas destinadas
a impulsar una mayor liberalización del sector. Son fundamentalmente
tres. La primera de ellas hace referencia a lo que con una palabra
técnica poco expresiva en castellano se denomina como preasignación.
Se trata, en última instancia, de suprimir el número prefijo que los
nuevos operadores de telefonía fija emergentes en el mercado español
de las telecomunicaciones tienen asignado para que sus clientes
puedan conectar con ellos a través de la red de Telefónica. A partir
de una determinada fecha, 1 de diciembre de 1999, para el 40 por
ciento de las líneas digitales con preasignación, 1 de enero del
2000, para el 54 por ciento de las líneas, y 1 de febrero del 2000,
para el cien por cien de las líneas, a partir de esas fechas, los
usuarios y clientes de los operadores nuevos de telefonía podrán
conectar con sus compañías sin necesidad de marcar un número prefijo
especial.
La segunda medida hace referencia a lo que se denomina portabilidad
del número por parte de los usuarios de los teléfonos móviles. La
portabilidad está actualmente regulada ya para la telefonía fija y se
extiende por el decreto ley a partir del próximo mes de abril del año
2000 también a los usuarios de teléfonos móviles. La razón por la que
no es posible implantar con carácter inmediato esta ventaja para los
usuarios es que se requiere la negociación de un conjunto de
especificaciones técnicas para hacer compatibles todas las
instalaciones y todas las terminales de los distintos operadores de
telefonía móvil.
La tercera medida de carácter liberalizador, finalmente, es que, en
el mes de agosto del próximo año, Telefónica, la compañía hoy
dominante en el mercado español y antiguo monopolio, tendrá un cuadro
dentro del cual podrá fijar libremente sus tarifas telefónicas. Se
trata de establecer un sistema de precios para el operador dominante;
es un sistema de precios máximos con fijación anual y teniendo
siempre como punto de referencia el índice de precios al consumo
previsto para cada ejercicio, normalmente con un porcentaje menor más
-aproximadamente puede ser 2, 3, 4 ó 5 décimas- en relación con el
IPC previsto para el ejercicio inmediatamente siguiente.
Estas son las que podríamos denominar medidas liberalizadoras. Hay
una última, que no se refiere estrictamente a la telefonía, pero que
era necesario regular como consecuencia del final del monopolio de
los servicios portadores de televisión que ostenta Retevisión.
A partir de abril del año 2000, en que concluye el monopolio de los
servicios portadores de televisión, lo que hace el decreto ley es
garantizar la continuidad del servicio y evitar que el operador, que
a partir de ese momento, en un mercado libre es, sin embargo,
operador dominante, pueda también abusar de su posición de dominio y
fijar unas tarifas excesivas, lo cual permite, como es lógico, por
tanto, establecer unas tarifas máximas para los servicios portadores
de televisión en tanto se vaya introduciendo la competencia a través
de otras redes de servicios portadores.
En lo que afecta estrictamente a las medidas de lucha contra la
inflación, que suponen una rebaja de tarifas, puedo trasladar a SS.
SS. que el decreto ley tiene el contenido siguiente. El servicio
telefónico metropolitano, es decir, las llamadas de telefonía local,
se rebaja en un 8,4 por ciento. Ha entrado en vigor la medida el
pasado 1 de noviembre. Y esta rebaja se concreta en dos, llamémoslas
así, submedidas, que tienen una gran importancia. En primer término,
la ampliación del horario de tarifa reducida los días laborables en
cuatro horas diarias y en seis horas los sábados, entre las ocho
y las catorce horas. Y de otro lado, la rebaja del precio del minuto
nominal en el horario normal, que va desde las ocho horas hasta las
dieciocho horas en los días laborables, que se reduce en 0,52 pesetas
por minuto, pasando a costar 4 pesetas.
Tiene importancia extraordinaria para el consumidor la reducción del
horario de tarifa reducida. Después de esta medida, España pasa a ser
el país que tiene menos horas semanales de tarifa punta y más horas
de tarifa reducida; concretamente, antes del decreto ley las horas
semanales de tarifa reducida en España eran 76, la media comunitaria
era de 60 horas semanales, y después del decreto ley se pasa a 50
horas semanales, por tanto, por debajo de la media comunitaria. Es la
cifra más baja de las que están vigentes en la Unión Europea, en
compañía del Reino Unido, que tiene también 50 horas, Irlanda,
Alemania y Austria.
Segunda medida de rebaja de tarifas. Las tarifas del servicio
telefónico provincial se reducen en un 4,36 por ciento, rebaja que
también entró en vigor el pasado 1 de noviembre. En el ámbito del
servicio telefónico interprovincial, la rebaja asciende a un 17,56
por ciento, asimismo desde el pasado 1 de noviembre. Y en el ámbito
del servicio telefónico internacional, la rebaja
es del 6,68 por ciento y entrará en vigor el próximo 1 de diciembre.
Otras rebajas afectan al alquiler de circuitos, el 14 por ciento en
líneas nacionales y el 26 por ciento en las líneas digitales
internacionales. También debe mencionarse que, a partir del 1 de
enero del año 2000, se rebajará el precio de las comunicaciones de
teléfono fijo a teléfono móvil en un 11,8 por ciento. Se rebaja
asimismo el precio de los programas de descuento 50 horas/día y 50
horas/noche para acceso a Internet a través de la red telefónica. El
precio de ambos planes queda situado, para el de 50 horas/día, en
7.650 pesetas al mes, y para el de 50 horas/noche en 3.000 pesetas.
Es de especial significación el precio resultante de la hora de
comunicación con el plan 50 horas/noche, que queda en 60 pesetas por
hora de comunicación, es decir, una peseta por minuto. En el ámbito
de los programas especiales de descuento para acceso a Internet es
también el precio más bajo de los actualmente vigentes en la Unión
Europea.
Es de extraordinaria importancia, porque supone la introducción en
términos asequibles de la tarifa plana para navegar por la red de
Internet, la medida que contiene el real decreto-ley de fijar en
4.000 pesetas la cuota mensual para el acceso indirecto al bucle
local de Telefónica a través de la tecnología ADSL. No hay en estos
momentos ningún país de la Unión Europea que haya introducido la
tarifa plana en los términos en que lo ha hecho el Gobierno español y
ya cuenta con ello la realidad española. Sí es cierto, en cambio, que
casi todos los países de la Unión Europea están justamente
incorporando la tecnología ADSL, cosa que el Gobierno español ha
defendido desde hace varios meses, como único mecanismo que permite
hoy introducir de manera efectiva la tarifa plana para los usuarios
de Internet. Existe la tarifa plana en tres países del ámbito
anglosajón: Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Pero pudieron
introducir en su momento la tarifa plana porque dimensionaron toda la
red de telefonía local para prestar el servicio de telefonía local
con tarifa plana. Y es un servicio más a dar por la red de telefonía
local. Ningún país de la Unión Europea podía tomar esa medida e
implantarla por ese camino. Se ha necesitado la incorporación de una
innovación tecnológica, que separa la voz de la transmisión de datos,
para poder introducir la tarifa plana, que, de no introducirse con
esa nueva tecnología ADSL, sin duda colapsaría la prestación del
servicio de telefonía local. Por consiguiente, España se coloca en la
línea de vanguardia en lo que afecta a la promoción de Internet con
la introducción de la tarifa plana a través de una tecnología que
ofrece capacidad y velocidad extraordinarias, muy próximas a lo que
se conoce con el nombre de banda ancha.
Por último, también contiene el real decreto-ley una última medida de
reequilibrio tarifario. A lo largo de los años 2000/2001 se prevé un
incremento de la cuota fija de abono mensual de 100 pesetas el 1 de
agosto del año 2000, 100 pesetas el 1 de marzo del año 2001 y 100
pesetas el 1 de agosto del 2001. Con ello se termina el
reequilibrio tarifario de Telefónica como operador dominante y
entrará en vigor el sistema de precios máximos a que me he referido
anteriormente, que supondrá la posibilidad de Telefónica de competir,
bajando sus precios y teniendo siempre un techo que no podrá superar
y que tendrá como punto de referencia, en orden a la fijación de tal
techo, el IPC previsible.
En esencia, señorías, éste es el contenido del real decreto-ley, que
tiene ese doble objetivo: de una parte, adoptar una serie de medidas,
algunas de tipo coyuntural, aunque permanentes, para luchar contra la
inflación. Y, de otra, unas medidas que intensifican la libre
competencia y que lógicamente suponen también un factor constante de
presión a la baja de los precios telefónicos, que obviamente tienen
una influencia considerable, sobre todo las tarifas de telefonía
local, en la formación del IPC.
Por todo ello, señorías, porque el real decreto-ley es altamente
beneficioso para el consumidor y altamente beneficioso para el
mercado español de las telecomunicaciones, solicito el voto favorable
de sus señorías.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea solicitar un turno
en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo quiere manifestar su posición contraria a
este real decreto. En primer lugar, porque considera oportuno que
este tipo de disposiciones tan importantes y que afectan directamente
a los consumidores se tramiten como proyecto de ley, ya que, si no,
se mezclan aspectos que pueden tener repercusiones positivas con
otros de los que, en nuestra opinión, pueden quedar cautivos los
consumidores, con determinadas decisiones que van a permanecer a lo
largo de los años y que luego también evaluaré económicamente. Este
Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, contiene, como se decía,
una peculiaridad: incluir un nuevo elemento en la competencia de las
telecomunicaciones, el servicio portador de televisión, cuya
importancia para el IPC realmente es irrelevante, porque supone el
0,9 aproximadamente del mercado, y al mismo tiempo se guía por
tarifas de precios fijos, que en ningún caso influyen en el cálculo
del IPC.
Si pasamos a analizar lo que propone el real decreto en sus artículos
1 y 2, hay que tener en cuenta que las reducciones tarifarias que se
proponen son más aparentes que importantes. En primer lugar, porque
el mayor número de llamadas metropolitanas tiene una duración menor
que el tiempo considerado en la franquicia, por lo que no se verían
afectadas por la disminución. En todo caso, las llamadas de larga
duración y, como se ha dicho, las orientadas a Internet son las que
resultan más beneficiadas. Ahora bien, el abonado residencial hace
llamadas cuya media ponderada no excede de 180 segundos y la
franquicia por la que Telefónica cobra al marcar el número y
contestar el abonado, que es de 11,40 pesetas, da derecho a hablar
160 segundos gratis. A partir de este tiempo, el precio por minuto
pasa a 4,52. Es decir que la mayoría de las llamadas están dentro de
la franquicia y por lo tanto la repercusión de la bajada en este tipo
de llamadas es relativamente pequeña.
Nosotros entendemos la necesidad de reformar los datos de la cesta de
telecomunicaciones para el cálculo del IPC, puesto que, por ejemplo,
no tiene en consideración las fluctuaciones, los precios o los
gastos, por decirlo así, de la telefonía móvil. Es llamativo que a
estas alturas no esté dentro de la cesta de telecomunicaciones la
evolución de precios de los móviles, cuando dentro de muy poco tiempo
vamos a tener prácticamente 10 millones de usuarios. También creemos
que es muy cuestionable la contrapartida que en este caso recibe
Telefónica. El señor ministro ya ha explicado exhaustivamente los
beneficios de la reducción y yo voy a explicar otra parte de la
propuesta que me parece interesante que conozcan SS.SS. y los
consumidores en general.
El aumento acumulado que se produce por la cuota fija, la cuota
mensual de abono, en varios tramos, está en torno al 21 por ciento y
va a representar un incremento de los ingresos para Telefónica
teniendo en cuenta que en este momento estamos en unos 16 millones de
líneas. Por tanto, en el año 2000 va a suponer durante cinco meses un
incremento de ingresos para Telefónica de 8.000 millones de pesetas;
en el año 2001, en tres tramos diferentes, de tres o cuatro meses, en
los cuales varía el incremento, en total le supone a Telefónica
41.600 millones de pesetas más; y del año 2002 en adelante, doce
meses por 300 pesetas son 57.600 millones de pesetas ese año. ¿Qué
quiero decir con esto? Pues que entre el año 2000 y el 2002 le
estamos dando por este real decreto a Telefónica 99.200 millones de
pesetas. En consecuencia, es entendible que Telefónica acepte rebajar
las tarifas, insisto, teniendo en cuenta además que hay ese periodo
de franquicia en el cual el usuario prácticamente se sostiene en esos
160 segundos, y, a cambio, le ofrecemos a Telefónica, fijos,
contantes y sonantes, 99.200 millones de pesetas, porque es verdad
que 100 pesetillas parecen nada, pero si las multiplicamos por 16
millones de usuarios, que son precisamente los que no se pueden
escapar, puesto que es una subida fija e inamovible que luego se
incrementa en tres tramos, le estamos regalando a Telefónica, en
nuestra opinión, 99.200 millones de pesetas.
Me imagino que Telefónica argumentará una vez más que tiene un
déficit de acceso, que cuantificará en la cantidad que crea
conveniente, pero esa cantidad debe regularla, en primer lugar, la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones con una auditoría
contable que establezca realmente estos famosos costes nunca com
probados
y evaluados. Por ello nos parece que es anticipar decisiones que
tienen un peso importante y que ya prácticamente le estamos regalando
a Telefónica esa cantidad, sin negociar, sin discutir y sin evaluar
realmente cuáles son esos costes adicionales que pueda tener la
compañía. En definitiva, una vez más, el monopolio es el gran
beneficiario, hoy como empresa privada, pero teniendo cautiva a la
red, tanto para los usuarios que tienen líneas fijas como también
para aquellos segundos operadores que van a tener que pasar en muchos
casos por las horcas caudinas de Telefónica. Por consiguiente,
competencia relativa.
En cuanto al artículo 6, compensación al Ente Público Radiotelevisión
Española, es una solución imaginativa. Es normal que de los 239.660
millones de pesetas que se produjeron con la venta de Retevisión
Española, 80.000 se transfieran a Radiotelevisión Española, aunque
pensamos que deberían haber sido transferidos de otra manera, pero en
todo caso nos parece relativamente preocupante que en el patrimonio
de una entidad pública empresarial que actualmente actúa sólo como
mero intermediario se mantengan unos 160.000 millones de pesetas y
que sea dentro de esa entidad, con su plena capacidad de obrar, donde
se decida el destino de tan elevada cifra.
Creemos que esas cantidades deben ir dirigidas a completar la
extensión de la red de las televisiones públicas o por lo menos a
contemplar la penetración de la red televisiva, teniendo en cuenta
que todavía hay provincias donde no llega al 80 por ciento de la
población y en otras alcanza al 99 por ciento, pero todavía quedan
zonas de sombra importantes, y creemos que una parte de esos 160.000
millones tiene que ir antes que nada a asegurar la cobertura al cien
por cien del territorio nacional, porque todavía no se da esta
situación y constituye una carencia en las obligaciones al servicio
público que establecía la Ley 46/1980, del Estatuto de la Radio y la
Televisión, en la disposición adicional cuarta. De igual manera, la
Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal, en su
artículo 2, dejaba claro que es el Estado el que debe proporcionar
a cada comunidad autónoma la infraestructura técnica de una red para la
difusión del tercer canal. A tal fin se pondrá en funcionamiento la
red de emisiones, enlaces y reemisores que garanticen la cobertura
del territorio afectado. Este tema continúa pendiente en muchos
aspectos.
Como conclusión, nuestro Grupo Federal de Izquierda Unida considera
que la subida de la cuota de abono mensual supone un perjuicio para
los sectores de población y especialmente para los de más bajos
ingresos; es decir, los pensionistas y aquellos de rentas más bajas
van a sufrir en total una subida en torno al 21 por ciento de sus
cuotas fijas sin que puedan beneficiarse de ninguna otra rebaja,
porque ya procuran ellos precisamente hablar lo menos posible para
evitar que el recibo telefónico les machaque sus ya menguadas
percepciones o pensiones. Por tanto, pensamos -y así lo pediremos-
que este real decreto-ley debía haber sido
tramitado como proyecto de ley para poder distinguir los aspectos que
aborda. Intenta repercutir en algunos temas para bajar los contenidos
de la propia cesta del IPC, en lo que procura poner el peso,
bordeando otros aspectos muy importantes que quedan todavía
pendientes, como usted mismo reconocía en su intervención cuando
argumentaba, por ejemplo, que no se incluye aquí todavía la rebaja
que hay que hacer en telefonía móvil por cuestiones técnicas. Este es
otro tema importante, insisto, pero como no afecta todavía a la cesta
de IPC, parece que hay menos urgencia en entrar en ello cuando hay
entre 10 y 12 millones de teléfonos móviles ya funcionando. En
consecuencia, es urgente abordarlo. A cambio, aceptamos lógicamente
que sea un componente más dentro de la cesta del IPC, porque si no
estamos ante una operación estética de control de la inflación, en
función de los indicadores que entran o no en el IPC, pero no estamos
actuando en el mercado y, al mismo tiempo, creemos que Telefónica,
una vez más, obtiene ventajas. Se hace un gesto aparente que afecta
relativamente poco a la cesta del IPC -si no lo veremos en su
tiempo-, y, por contra, se asegura -insisto- sólo en tres años más de
90.000 millones de pesetas, porque hay que seguir multiplicando por
16 millones de usuarios y son 57.000 millones más cada año, eso
suponiendo que sea inamovible esa cuota de abono fija. Por tanto,
nuestro grupo se pronunciará en contra y pedirá la tramitación como
proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): En nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Mi grupo tiene la misma posición, señor ministro, que Izquierda
Unida. Este decreto-ley tiene algunos aspectos positivos, pocos, y
otros muchos negativos. Es una suma de intereses. ¿Cómo afecta a la
compañía Telefónica este decreto-ley? ¿Cuántos ingresos pierde por
rebaja de tarifas? Unos. ¿Cuánto gana por la subida de la cuota de
abono? Más dinero, señor ministro. Por tanto, en la operación ustedes
están beneficiando a la compañía Telefónica. El voto de mi grupo
tiene que ser contrario. Si este texto se pudiera tramitar como
proyecto de ley -por supuesto lo pediremos-, participaremos en las
enmiendas para mejorar aquellos aspectos tan negativos del mismo.
Predominan, pues, los aspectos negativos, señor ministro, como es el
conjunto de su gestión en la materia, y créame que lo lamento
profundamente. Señor ministro, por ello no es extraño que cuando a
los ciudadanos se les pregunta por el Centro de Investigaciones
Sociológicas -ese que siempre les da a ustedes más intención de voto
de la real- que valoren la gestión de los ministros, usted está el
último, con el 3,7 por ciento, según el último que manejo. A
usted le suspenden rotundamente los ciudadanos por el conjunto de su
gestión.
Veamos primero los aspectos positivos. Lo mejor quese puede decir es
que son puramente coyunturales. No responden a que usted esté
convencido de la necesidad o de la bondad de estas pequeñas rebajas
en las tarifas telefónicas -se lo demostraré con declaraciones en
esta misma Cámara-, y es una imposición del señor Rato, porque la
inflación se les dispara y tienen que controlar coyunturalmente la
subida de la misma. Si por usted hubiera sido -se lo demostraré
después-, no hubiera habido esta propuesta; por tanto: coyunturalismo
y medidas de lucha contra la inflación. Veremos a lo largo de mi
intervención cómo ustedes lo preparan para que el impacto de la
rebaja sea inmediato y el de la subida se demore en el tiempo, pero,
al final, los intereses de los usuarios van a padecer con este
decreto- ley.
Por otra parte, y usted lo sabe muy bien, el alcance de estas rebajas
está prácticamente impuesto por la evolución del mercado. En relación
con los servicios provincial, interprovincial e internacional, las
compañías operadoras en competencia con Telefónica ya han bajado los
precios y obligan a la operadora dominante, a la compañía Telefónica,
a bajarlos y usted actúa aquí como un director comercial de la
compañía. Le voy a decir más, con la maraña de ofertas y planes de
descuento, estas rebajas en servicio provincial, interprovicial
e internacional ya se han producido. Por tanto, prácticamente esta
parte del decreto-ley que usted nos trae a consideración es
innecesaria.
En las llamadas metropolitanas por supuesto que resulta adecuada la
ampliación del horario de tarifa reducida a las seis de la tarde, sin
duda. Esa es quizás, dentro de las pequeñas medidas positivas, la más
importante, la muy discreta, discretísima, señor ministro, rebaja de
la tarifa. Ustedes la bajan a cuatro pesetas el minuto, pero se
respeta, como decía el señor Santiso, la franquicia inicial actual.
¿Esto es suficiente? Claro que no. Usted me contestó aquí en la
Cámara el día 16 de septiembre de 1998 lo siguiente: Las llamadas
metropolitanas con duración inferior a 160 segundos suponen el 80 por
ciento de las mismas. Ustedes no tocan esos primeros 160 segundos.
Por tanto, esta rebaja sólo va a afectar al 20 por ciento de las
llamadas, señor ministro, lo que en absoluto es suficiente; sólo
beneficia al 20 por ciento de las llamadas y justamente a quienes más
consumen, es decir, a quienes tienen más capacidad económica. Usted
olvida al presentar en esta Cámara este decreto-ley que en agosto de
1998 metieron una subida extraordinaria, de caballo, a las llamadas
locales. ¿Lo recuerda? A partir de los 160 segundos, que ahora no
tocan, más del cien por cien de subida. ¿Y ahora viene aquí a decir
que estas medidas de liberalización y de estímulo a la competencia
mejoran y benefician al usuario, cuando usted las baja un 11 por
ciento, después de haberlas subido un cien por cien el año pasado?
¿Dónde va este beneficio? Usted lo sabe muy bien, señor ministro: a
los bolsillos de algunos
directivos de la compañía Telefónica. Esto es tremendamente injusto.
La estructura que ustedes desarrollan en este decreto- ley no es
aceptable. Le voy a leer, por ejemplo, la opinión de dos analistas
financieros: Aquellos cuyo gasto mensual en llamadas sea reducido
saldrán perjudicados por el aumento de la cuota, mucho más que
beneficiados por la rebaja en las tarifas locales. Por el contrario,
los usuarios con mayor proporción de llamadas fuera del ámbito
metropolitano se beneficiarán no sólo de las menores tarifas, sino
también de la presión a la que se verá sometido el resto de los
operadores. Sus medidas siempre tienen una finalidad determinada,
siempre benefician mucho más a unos que a otros, y a eso es a lo que
nos oponemos.
Por último, rebaja de fijo a móvil, sí, un 11 por ciento,pero, señor
ministro, ¿nos quiere explicar qué razón tecnológica hay hoy para que
una terminal móvil, cuyo coste según tengo entendido -yo no soy
experto en la materia; seguramente usted lo será más- está en el
entorno o incluso menos que una terminal fija, vea penalizado el uso
de la misma en un cien por cien sobre la llamada de fijo a fijo? ¿Qué
sentido tiene? Ustedes rebajan un 11 por ciento. Ustedes tienen que
rebajar el cien por cien. ¿Le digo por qué no quieren hacerlo cuando
hay un número elevadísimo de terminales móviles y su coste de
instalación cada vez es menor? Muy fácil: para proteger a la compañía
Telefónica. ¿Por qué? Porque todas las llamadas de fijo a móvil en
este momento, existiendo el monopolio de la compañía Telefónica en
las llamadas locales, se originan a partir de la compañía Telefónica
y ustedes lo que están haciendo es proteger el mercado, proteger la
situación de monopolio, la situación dominante de la compañía en el
mercado.
Vamos ahora a los aspectos negativos, lo que ustedes llaman de
reequilibrio tarifario. Señor ministro, ¿cómo tengo que calificarle a
usted? ¿De mentiroso? Tantas veces nos ha mentido en esta Cámara que
ya no sé qué calificativo aplicarle. El 17 de febrero del año 1999,
señor Arias, a la pregunta del señor Rubalcaba ¿tiene previsto el
Gobierno subir los precios o cuotas de abono del teléfono como
consecuencia del reconocimiento del déficit de acceso de la compañía
Telefónica?, el señor ministro de Fomento, el mismo que aquí se
sienta, Arias-Salgado y Montalvo, contestaba: No lo tiene previsto,
señoría. Y ahora nos trae un decreto-ley en el que la cuota de abono
se incrementa un 20,8 por ciento. Usted dijo aquí hace un año que no
lo tenía previsto. Usted me dijo además a mí en una intervención
parlamentaria que a principios del año 1999 quedaba concluido el
reequilibrio tarifario de Telefónica -23 de septiembre de 1998-.
Falso. Por eso le digo que nos tiene que explicar quién le ha
impuesto a usted este decreto-ley. ¿El señor ministro de Economía?
Usted, teóricamente, no estaba dispuesto a aceptar mayores
incrementos en la cuota de abono que pagamos todos los ciudadanos
porque no tenemos posibilidad de elegir a otra compañía alternativa
para las llamadas de
carácter local. Por lo tanto, aquí hay un incumplimiento flagrante,
señor ministro, de sus compromisos. ¿Cuánto va a representar la
subida para Telefónica, cuánto -fíjese- a igualdad de tráfico?
Suponiendo que se den las condiciones actuales este decreto-ley
¿cuánto le va a suponer a la compañía Telefónica? Ya se lo decía el
señor Santiso y yo coincido bastante con sus datos, aunque no
exactamente, pero todos los análisis que yo he podido recabar
coinciden en que la subida de la cuota de abono supondrá entre
usuarios residenciales y usuarios de negocios en este período unos
101.000 millones de pesetas de incremento de los ingresos de la
compañía Telefónica. Sin embargo, el conjunto de las rebajas que tan
extraordinariamente explica el señor ministro, señorías, sólo se
cuantifican en 90.000 millones. Luego aquí el único que gana es
Villalonga. Aquí el único que gana es el señor presidente de la
compañía Telefónica. Aquí sólo sale ganando, con cargo a las espaldas
de los usuarios de este país, la compañía Telefónica. (Rumores.)
Le voy a dar otro dato más. Con la cesta de consumo, el dato más
objetivo de que disponemos en estos momentos, que publicó la Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones en el año 1998, la aplicación de
este decreto-ley, señor ministro, significa ni más ni menos que un
aumento en términos medios de casi un 4 por ciento de la factura del
abonado residencial. ¿Usted cree que nosotros podemos dar cobertura
parlamentaria a un acuerdo de esta naturaleza, con tanta injusticia y
con esta distribución de la subida de las tarifas? No podemos
hacerlo. Entre el señor ministro de Economía, ingeniero de la
manipulación, y el señor Arias, que nos ha mentido una vez más en
este Parlamento, le meten de matute una serie de beneficios de nuevo
a la compañía Telefónica bajo la apariencia de una rebaja. Claro, la
rebaja se aplica inmediatamente para conseguir efectos inflacionistas
y la subida de la cuota de abono, escalonadamente en los próximos dos
años para que ahora no influya en la inflación, pero haciendo la
cuenta final gana Telefónica, señor ministro, y pierde el consumidor.
¿En quién estaban ustedes pensando cuando elaboraron el decreto-ley?
Puedo imaginarlo. ¿En los cien directivos de la compañía encabezados
por el amigo del presidente del Gobierno, señor Villalonga, para que
se repartan más de 45.000 millones de pesetas? (Aplausos.) ¿Estaban
ustedes pensando en los autores del pelotazo? Porque este decretoley
da cobertura a esta posibilidad. Este decreto-ley beneficia a la
compañía Telefónica.
Internet. Señor ministro, las medidas no llegan ni de lejos a las
persistentes peticiones de este Parlamento y de los usuarios de
Internet. Nosotros queremos una tarifa plana, a precio asequible, de
acceso universal, para todos los ciudadanos. Y ustedes, ¿qué nos
traen aquí? Una medida que de nuevo sólo beneficia a Telefónica, el
estímulo a la prestación del servicio a través de la nueva tecnología
ADSL. Por cierto, fíjese hasta qué punto llega la situación que el
Servicio de Defensa de la Competencia ya ha expedientado a Telefónica
por
abuso de posición de dominio; aún no ha empezado a suministrar el
servicio y ya el Servicio de Defensa de la Competencia acusa y
expedienta a la compañía Telefónica por abuso de dominio en el
mercado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señor presidente. ¿Por qué
lo puede hacer la compañía Telefónica? Porque ustedes se lo permiten.
¿Por qué lo puede hacer? Porque ustedes, señor ministro, se
reservaron en exclusiva, hurtándoselas a la Comisión del Mercado de
Telecomunicaciones, las facultades para regular el acceso al
domicilio de los ciudadanos, el llamado bucle local, e impiden que
cualquiera otra operadora en competencia pueda prestar sus servicios,
que sería la garantía de la mejora de la calidad y de la rebaja del
precio. Ustedes lo impiden. ¿Y qué nos dicen? Que van a poner una
tarifa plana de 4.000 pesetas al mes. Esa cantidad sabe usted muy
bien que es la que los operadores deberán abonar a Telefónica, pero
al usuario no le costará menos de 10.000 pesetas al mes, más el
modem, la instalación y el alta. Eso lo podrá pagar una pyme, sin
duda, pero un usuario residencial no. Además, el ADSL, señorías, no
estará al alcance de todos los ciudadanos hasta dentro de varios
años. En Baleares, me comentaba un compañero diputado que ha
solicitado la conexión a través del ADSL y se le ha informado que
hasta dentro de varios años no habrá disponible esta tecnología. Por
tanto, a quienes no disfruten del privilegio de poder disponer de
ADSL a 10.000 pesetas al mes sólo les quedan dos caminos: seguir
pagando a la compañía Telefónica cantidades abusivas o someterse a
los planes de descuento que para 50 horas -que es como hay que hacer
el cálculo, señor ministro- suponen un mínimo de 7.650 pesetas al
mes. Esto no es lo que ha pedido este Parlamento. La solución es
abrir las líneas de Telefónica en las llamadas locales a otras
operadoras. Así bajarían inmediatamente los precios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera,
le ruego concluya.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo ya, señor presidente.
En estas condiciones mi grupo tiene que decir que no. El decreto-ley
debería haber dado solución a las demandas que aquí he planteado.
Telefónica de nuevo sale ganando. Hasta ahora sabíamos, señorías,
adónde iba una parte de los extraordinarios beneficios que acumula la
compañía Telefónica, a comprar radios y televisiones para ponerlas al
servicio del amigo del señor Villalonga, José María Aznar. Ahora
sabemos que con esta nueva medida y en este país, a juicio de mi
grupo, se podrán continuar adoptando decisiones inmorales, contrarias
al interés público, mediante las cuales hay unos que pagamos, de
forma cautiva porque no podemos
elegir a un operador alternativo, cuotas de abono que ustedes elevan
sistemáticamente, y hay otros, los directivos de esa compañía -que es
privada, sí, pero yo no puedo elegir operador alternativo para mis
llamadas locales; por tanto, estoy cautivo de ella, ya que no tengo
libertad de opción-, a los que con este decreto-ley ustedes les
permiten que se embolsen, en el mayor escándalo de esta década,
45.000 millones de pesetas. Nunca podremos votar a favor de un texto
que permita este tipo de comportamientos.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caldera. ¿Grupos parlamentarios que desean utilizar un turno
a favor de la convalidación? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, debatimos hoy la
convalidación del Real Decretoley 16/1999, de 15 de octubre, por el
que se adoptan medidas para combatir la inflación y para facilitar un
mayor grado de competencia en las telecomunicaciones.
Tengo que aprovechar el turno a favor del decretoley, en primer lugar
porque no pensaba que ningún grupo parlamentario se permitiera o se
atreviera a hacer un turno en contra de un decreto-ley que
beneficia... (Fuertes rumores.) Señorías, déjenme acabar ...
que beneficia claramente a los ciudadanos, claramente a las familias
que utilizan las tarifas telefónicas, porque al final todas las
medidas que tienden a controlar la inflación, como son las que
constan en este real decreto, todas las medidas que tienden a
permitir una mayor competencia, y los que creemos en la competencia
sabemos que esta siempre trae mejores precios, mejores servicios y
mayor calidad para los ciudadanos... (Fuertes rumores.-Un señor
diputado: Para Villalonga.) Señorías, déjenme un momento que acabe.
Decía que todas esas medidas que se contienen en el decreto ley
benefician a los ciudadanos porque incrementan y son buenas para la
competencia.
Todavía me sorprende más cuando algunos grupos parlamentarios tratan
de criticar una bajada de tarifas telefónicas, que yo sé que al Grupo
Socialista le molesta, porque en su etapa de Gobierno nunca se
bajaron las tarifas telefónicas sino todo lo contrario. El señor
Borrell -su anterior candidato a presidente del Gobierno- subió las
tarifas telefónicas en un 60 por ciento. Por tanto, señorías, no me
extraña que a ustedes no les guste que se bajen las tarifas
telefónicas, lo que claramente beneficia a los ciudadanos. En
cualquier caso, este decreto aborda dos cuestiones importantes, en
primer lugar, el control de la inflación y, en segundo lugar,
permitir mayor competencia en telecomunicaciones.
Yo ya sabía, cuando ayer por la tarde buscaba algunos datos, que hoy
no íbamos a hablar del real decreto.
Yo sabía que hoy no íbamos a hablar de los intereses de los
ciudadanos ni siquiera de competencia o de telecomunicaciones. Yo
sabía que hoy íbamos a hablar de Telefónica, porque tienen ustedes
una verdadera obsesión por Telefónica. La verdad es que es lamentable
que el primer partido de la oposición haya tenido en toda la
legislatura, única y exclusivamente, como objetivo prioritario
perseguir a Telefónica, y se equivocan ustedes si se creen que con
eso van a conseguir más votos en las próximas elecciones generales.
(Risas.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) De cualquier forma,
hubo otros tiempos, y yo sé que a ustedes les molesta que se comparen
etapas, pero es absolutamente democrático comparar una etapa con
otra; no es tan democrático insultar, como hacen algunos de ustedes,
porque eso atenta contra la democracia y contra los ciudadanos. Sí es
democrático comparar etapas y, señorías, hablando de Telefónica, que
a ustedes tanto les obsesiona, hay que decir que en otro tiempo, no
hace tanto, hace cuatro años, por beneficiar a una empresa, que
entonces era solamente un 21 por ciento pública, porque ustedes la
habían privatizado, y un 79 por ciento privada, en España se impedía
la competencia, en España había un régimen de monopolio en
telecomunicaciones que se mantuvo a pesar de las directivas europeas
que pedían liberalización. Les recuerdo que hasta aproximadamente
tres meses antes de las elecciones no se aprobó una Ley del cable,
que beneficiaba a Telefónica, pues se le daba un plazo de nueve meses
para que pudiera entrar en todas las demarcaciones. Por cierto, la
ley se modificó por el Gobierno de José María Aznar, como primera
medida para que Telefónica pudiera dejar paso a la competencia en
materia de cable; si no se hubiera modificado, hoy no existiría
competencia.
Por otro lado, ustedes saben que el segundo operador de telefonía
fija no ha venido de la mano del Gobierno del Partido Socialista, ha
venido de la mano del Gobierno del Partido Popular, lo mismo que los
operadores móviles en competencia; el tercer operador móvil también
ha venido de la mano del Partido Popular. Lo que pasa es que la
memoria de todos a veces es flaca. Lo más notorio es que este año
1999 en el que estamos, con un Gobierno socialista todavía podríamos
estar en régimen de monopolio, porque nos habíamos acogido a una
moratoria de cinco años, a la que el Gobierno del Partido Popular
renunció. Por tanto, podríamos estar todavía hoy en una moratoria que
nos separaría cada vez más de los países europeos y de la
competencia. Como digo, competencia siempre significa beneficio para
las empresas.
Ustedes pueden estar obsesionados con Telefónica, pero ya le gustaría
a Telefónica que se le diera un 10 por ciento de lo que ustedes le
daban cuando el 79 por ciento era privado y el 21 por ciento era
público, no como ahora, en que ese 21 por ciento que antes era
público es de más de un millón de españoles que son pequeños
accionistas de Telefónica. Sin embargo, gracias a que hay una
Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones que vela por
que haya competencia,
gracias a que hay un segundo y un tercer operador de telefonía,
gracias a que hay redes de cable que se están instalando en España,
hoy hay competencia y hay mejor calidad. Como decían el señor Caldera
y también el portavoz de Izquierda Unida, efectivamente, las tarifas
internacionales bajan, porque la competencia obliga a que se bajen,
pero es que hace unos años no había competencia para poder bajarlas,
es que la competencia ha venido de la mano del Gobierno del Partido
Popular. La competencia es un mérito de la liberalización que se ha
producido porque el Gobierno popular ha tenido voluntad de hacerla,
voluntad que no tuvo el Gobierno del Partido Socialista. (Varios
señores diputados: ¡Muy bien!) Señorías, nosotros no estamos todo el
día pensando en el beneficio de las empresas. (Varios señores
diputados: ¡No!) Nuestra obsesión no es el beneficio de las empresas,
ni cuando las controlábamos y podíamos llevarnos algo, ni ahora que
son privadas y no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros estamos
solamente trabajando por los ciudadanos (Risas.), en este caso
trabajando para que reciban cada vez mejores servicios y mayor
calidad; sin ninguna duda, trabajando por todos los ciudadanos. Otros
se dedican a otras cuestiones y ya nos veremos en las urnas el
próximo mes de marzo. (Rumores.-El señor Cuesta Martínez: ¿Qué día?)
En cualquier caso, señorías, vamos a lo importante, y lo que de
verdad importa a los ciudadanos en el día de hoy es que con este real
decreto-ley se controla la inflación. Hay quien se atreve decir:
cifras escandalosas de inflación; se le ha ido de las manos al
Gobierno, se han desviado ustedes una barbaridad y el Gobierno no
tiene posibilidades de controlarlo. Bueno, hubo otra etapa, otros
años que ustedes recordarán bien -y también lo recuerdan los
ciudadanos-, por ejemplo del año 1983 a 1986, por recordar la etapa
en que era ministro de Trabajo su actual candidato a presidente del
Gobierno, en que la inflación estaba en el 12, en el 9 y en el 8 por
ciento (La señora López i Chamosa: Ley de las 40 horas.);
desviaciones que, por poner un ejemplo, suponían una rebaja de casi
dos puntos del poder adquisitivo de los pensionistas. Ahora estamos
hablando de décimas de inflación. Antes hablábamos de desviaciones de
puntos, que afectaban mucho más a los ciudadanos. Ahora hablamos de
decretos-leyes para corregir esas décimas que se desvía la inflación
y antes hablábamos de otra cosa importante, por ejemplo, de
devaluaciones de la moneda; cuatro devaluaciones, casi cinco, que
hicieron que la moneda perdiera el 34 por ciento de su valor. La
peseta perdió el 26 por ciento en las cuatro devaluaciones que
ustedes hicieron. Al final, todo es cuestión de ver el esquema
económico de España. Con su Gobierno, tenían ustedes un déficit del
7,1 por ciento, que se va a traducir al final de esta legislatura en
un 1,3 por ciento; los tipos de interés estaban en el 10 por ciento y
van a estar en un 3 por ciento; la tasa de paro estaba en un 24 por
ciento, con 3,5 millones de parados, y ahora está en un 14 por
ciento, con 1.800.000 nuevos empleos. Eso sí, la inflación estaba
antes en un 5 por ciento y no era escandaloso, ahora va a subir dos
décimas y se provoca un escándalo nacional. ¡Ya les habría gustado a
los españoles que esas tasas de inflación se hubieran mantenido en
los trece años de Gobierno socialista!
Señorías, lo importante es que el Gobierno adopta medidas; medidas
que, además de controlar la inflación (que para el ciudadano es bueno
que se controle), mejoran claramente la vida de los ciudadanos. Este
real decreto que estamos comentando en el día de hoy establece una
nueva bajada de tarifas telefónicas. Digo una nueva bajada porque a
ninguno de los dos portavoces que han intervenido le hará falta que
le recuerde las cifras de las bajadas de tarifas telefónicas que se
han producido a lo largo de estos años. No hace ninguna falta,
primero, porque lo saben; segundo, porque se ha repetido en muchos
debates y también en el debate de los presupuestos, hace dos semanas,
en el Parlamento y, tercero, porque el que más y el que menos tiene
en su casa teléfono y un amigo que hace cuentas -si no las hace uno
mismo- para ver con qué compañía le interesa más hacer cada tipo de
llamadas. Además, este decreto está facilitando dos cosas que ha
comentado el señor ministro. En primer lugar, que el número de
teléfono se lo pueda quedar uno sin que se lo quiten cuando se cambie
de compañía y, en segundo lugar, que sin marcar ningún prefijo se
pueda optar por la compañía que le da el servicio más barato o de
mayor calidad.
Señorías, lo que está claro es que el ciudadano ha sido beneficiado
gracias a la actuación del ministro, como ustedes le llaman (me
parece que ha dicho usted, según sus datos, pero sus datos nunca
coinciden con la realidad), peor valorado. Pues bien, el ministro
peor valorado es el que ha traído la competencia a España en materia
de comunicaciones y gracias a él hoy podemos estar hablando de bajada
de tarifas telefónicas. (Rumores.)
Tarifa reducida. Señorías, ahora se ganan dos horas más de tarifa
reducida, a partir de las seis de la tarde. ¿A quién cree usted que
beneficia eso? Beneficia clarísimamente a las familias españolas. De
seis de la tarde a ocho de la mañana es cuando más tiempo pasan las
familias españolas en sus hogares -no las empresas- y claramente les
beneficia que el horario se haya ampliado a dos horas antes. De
manera que las familias, los hijos mayores de las familias, las
madres (después de su trabajo, porque la mayoría de las mujeres están
incorporándose, aunque a algunos les moleste, al mercado de trabajo),
cuando llegan a su casa, tienen posibilidades de hablar por teléfono
más barato, porque hay un decreto que está rebajando las tarifas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Mato, le
ruego vaya concluyendo.
La señora MATO ADROVER: Dice S.S. que ha subido la cuota de abono.
Ustedes saben que la cuota de abono en España es la más baja, salvo
en Grecia; saben también que hay que hacer el reequilibrio tarifario
y
con esto se completa, como ha dicho el señor ministro. En segundo
lugar, no sumen los años que vienen y dejen de sumar las bajadas de
tarifa que se han producido, porque al final el porcentaje de lo que
se baja es muchísimo más alto que lo que se supone va a subir la
cuota de abono. Por otra parte, me gustaría que dentro de dos años,
si seguimos todos aquí en la próxima legislatura, viéramos si las
cuotas de abono siguen subiendo o bajando o acaban desapareciendo con
la competencia que, sin duda, ha introducido el Gobierno del Partido
Popular.
Señorías -y ya voy terminando-, al final, ¿qué es lo importante?
Internet. Todos queremos que haya Internet en todos los hogares y se
está tratando de conseguir la tecnología más avanzada porque el
Gobierno del Partido Popular invierte en innovación tecnológica, en
investigación y desarrollo, porque ése es el futuro. Futuro que
ustedes no conocen porque están todavía en el siglo pasado
(Rumores.), pero ya estamos en el siglo XXI.
Decía usted que hay problemas. Tengo aquí la relación de los países
que están introduciendo la tecnología ADSL, y lo lleva el operador
que ustedes llaman dominante: Telefónica, France Telecom, British
Telecom, Telecom Italia, Deustche Telekom, Telia, Tele Danmark y
Belgacom -me parece que se llama así-. Aquí está la lista, y es de la
Comisión Europea; no diga S.S. que esa tecnología no funciona, que no
se aplica y que lo estamos haciendo de forma distinta al resto de los
países, porque no es así. Vamos a la cabeza de los países, pero no de
distinta forma.
Les guste o no les guste ustedes han hecho perder a la sociedad
española muchos años, porque nunca han tenido una política eficaz en
el control de los precios y, lo que es más grave, han detenido la
modernización de España en los últimos años al impedir la
liberalización de las telecomunicaciones, que siempre significa
mejores precios y, lo que es más importante, mejores servicios para
los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Creo que el debate es clarificador. Me parece positivo que bajen las
tarifas de seis a ocho de la tarde. Probablemente lo será para el
resto de España, pero no en Madrid porque a esas horas estamos todos
en el metro o en los atascos. (Risas.) Otra opción que tienen es que
en ese cartel de la superpensionista misteriosa pongan: Gracias al
Partido Popular porque a partir del año 2000 voy a pagar 300 pesetas
más todos los meses por el teléfono, porque de eso no se va a librar
nadie.
En primer lugar, en este decreto se dan a Telefónica, hasta el año
2000, 99.200 millones de pesetas, y, en segundo lugar, se mantiene la
franquicia para el 80 por
ciento de las llamadas, lo que no supone ninguna rebaja de tarifas.
Todo lo demás está muy bien como operación de publicidad, pero los
datos concretos son esos: que la conexión fija de los teléfonos va a
subir un 20 por ciento en total y que se regalan a Telefónica 99.000
millones de pesetas. Insisto, esos costes que Telefónica argumentará
para intentar mantener ese planteamiento serán un tema a discutir en
su momento. En todo caso, hay una subida muy por encima del IPC, que
afecta, entre otros -y no tienen escapatoria-, a todos los
pensionistas españoles.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Santiso.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Mato, la veo un poquito desorientada, no sé si son los efectos
de ese vídeo que tanto le critican incluso en su propio partido.
En primer lugar, aquí no estamos hablando del año 1983, estamos
hablando de la cuota de abono que van a pagar todos los usuarios
españoles el año 2000. Ese es el debate relevante.En segundo lugar,
yo no he insultado a nadie, cada cosa en su sitio. Sólo he demostrado
que el señor Arias dijo una cosa aquí, hace un año, y hoy hace la
contraria. Es decir, no dijo la verdad en la Cámara, mintió en aquel
momento. Esa ha sido mi única expresión crítica sobre el
comportamiento del señor ministro, con actas parlamentarias. ¿Que no
nos preocupamos de los intereses de los usuarios y ustedes sí? La
pregunta relevante, señoría, es la siguiente: ¿Es verdad o no -y no
han aportado ni un solo dato que lo contradiga- lo que decimos el
señor Santiso y yo de que lo que pierde Telefónica por rebaja de
tarifas lo gana sobradamente por incremento de la cuota de abono? ¿No
es verdad? Lo es. Lo dice la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. ¿No es verdad, señoría -esa es la pregunta
relevante, aunque ustedes se agarran como a un clavo ardiendo al
hecho de que es una compañía privada, que lo es, pero con unas
connotaciones especiales-, que los usuarios españoles, 18 millones de
usuarios residenciales, no podemos elegir otra compañía? Si usted va
al Corte Inglés -no quiero hacer propaganda- o a cualquier otro
comercio a comprarse unos pantalones y no le gustan, se va al de al
lado, pero en este caso no podemos elegir otra compañía. ¿Por qué? Se
lo voy a decir ya que parece que lo ignora: porque presta un servicio
esencial, porque nace en régimen de monopolio en un segmento muy
importante como son las llamadas locales y porque tiene los precios
autorizados e intervenidos. En consecuencia, no se puede permitir que
la compañía se regule exclusivamente por criterios de mercado
mientras los ciudadanos se vean sometidos a la imposición que ustedes
-el ministro de Fomento, el ministro de Economía y el Gobierno- hacen
sobre las
espaldas de los usuarios para cobrarles 300 pesetas más al mes en la
cuota de abono que va a perjudicar sustancialmente a las economías
domésticas más humildes. ¿Para qué? Para que ese dinero -y Telefónica
gana 200.000 millones de pesetas al año- vaya a los bolsillos del
señor Villalonga. Esa es la pregunta: ¿Cuánto se va a llevar
Villalonga? 4.000, 5.000 ó 6.000 millones de pesetas? (Aplausos.-
Rumores.-Varios diputados: ¡Eso es!) ¿Por qué se tiene que llevar
6.000 millones de mi patrimonio y del patrimonio de todos los
españoles? Porque no puedo elegir, señoría, yo no puedo irme a otra
empresa. En tanto en cuanto yo no sea libre en un proceso de
liberalización completo para adoptar mis decisiones, ustedes tendrán
que justificar por qué protegen al señor Villalonga. Es lo que hay
que hablar aquí: más dinero para Telefónica, obligatoriamente con
cargo a los usuarios españoles; más dinero para que Villalonga y sus
amigos se lo repartan. ¿Cuánto se van a repartir?, porque me molesta
profundamente que lo hagan sin que yo tenga la posibilidad de decir
esta boca es mía.
Para acabar, señoría -tanto que ustedes presumen-, fíjese en qué
nivel está el índice de precios al consumo que hemos tenido que pagar
los ciudadanos españoles por las telecomunicaciones en relación con
la Unión Europea. En Europa ha bajado en estos tres años un 6 por
ciento y, en España, ha subido un 4 por ciento. Es decir, diez puntos
de diferencia sobre la media de la Unión Europea. Eso se debe a su
extraordinario proceso de liberalización de las telecomunicaciones.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones -supongo que
ustedes considerarán que es un órgano regulador independiente- no
hace más que criticar las medidas que adopta el Gobierno. Primero,
que se reservara la regulación del acceso al domicilio de cada
ciudadano de línea telefónica para impedir la entrada de otros
operadores. Respecto al uso y comercialización del ADSL para Internet
hay un informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
que afirma que sólo beneficia a Telefónica y el Servicio de Defensa
de la Competencia ha abierto expediente -y usted no ha dicho ni media
palabra sobre esta materia- a la compañía Telefónica por abuso de
posición dominante.
Que nosotros tenemos enemigos; no, señoría. Velamos por el interés
público, velamos por los derechos de los usuarios que están
indignados ante el grave hecho que se está consumando con el proceso
de privatización de las empresas públicas. Muy pocas personas se
están repartiendo el patrimonio construido con el esfuerzo de todos
los españoles y en tanto en cuanto ustedes no puedan justificar su
oposición, porque no la tienen, a ese reparto multimillonario de
cantidades que obligatoriamente tenemos que pagar los ciudadanos al
señor Villalonga, carecen de la autoridad moral para hacer las
críticas que han hecho desde la tribuna. Explique por qué Villalonga
se lleva los 4.000, 5.000 ó 6.000 millones...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Caldera,
le ruego concluya.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo señor presidente.
Impida que lo haga obligatoriamente con cargo a los usuarios
españoles. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Caldera.
Señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor presidente.
Señorías, seguimos en lo mismo, ustedes no quieren hablar de nada, no
quieren hablar de los ciudadanos, no quieren hablar de las ventajas
de la competencia, ustedes no quieren hablar de la bajada de tarifas
telefónicas que se ha producido. Ya sé que el vídeo les molesta, pero
van a ver muchos documentos audiovisuales como ése comparando su
etapa con la nuestra. (Rumores.-Varios diputados: ¡Más, más!) Sí,
señorías, muchos más, no sólo en vídeos; en la Cámara siempre vamos a
comparar su etapa con la nuestra, porque ustedes se avergüenzan de su
etapa. (La señora López i Chamosa: ¡Queremos más!-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López,
le ruego guarde silencio. Señor Cuesta.
Continúe, señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señor presidente.
Ustedes se avergüenzan de su etapa y tienen de qué avergonzarse.
Nosotros estamos orgullosos de lo que se ha hecho y sabemos que hay
que hacer mucho más y, en materia de telecomunicaciones, todavía más.
Pregunta S.S. por qué no hay competencia. Ahí está la pregunta,
¡Ojalá la hubiera en telefonía local!. Por su culpa (Rumores.),
porque ustedes, el señor Borrell, retrasó el cable. ¿Por qué lo
retrasó? Todavía no lo sabemos, no lo ha explicado nadie. Con eso
sucede como con otras muchas cosas, como lo que pasó en un pueblo de
Cádiz, que tampoco sabemos dónde está el dinero ni de dónde salió.
Pero no tiene nada que ver. Yo no sé por qué no hay competencia por
cable. Sé que ustedes la retrasaron. ¿Qué es lo que pasa? Que las
infraestructuras en telecomunicaciones -como todo el mundo sabe,
hasta el ignorante de los ignorantes, señor Caldera- tardan un tiempo
en hacerse. Es absolutamente imposible que en tres años haya
infraestructuras suficientes para que haya redes locales para dar
telefonía local en toda España. Si usted pretende que se den a través
de Telefónica y se obligue a esta compañía a que utilicen su línea,
nunca tendremos competencia real en materia de telefonía. Las
inversiones que se están produciendo en España, que, por cierto
-aunque ya se que a ustedes no les importa-, repercuten, y
mucho, en generación de empleo, tema muy importante para nosotros, no
se dan porque sí, se dan porque están produciendo inversiones que al
final van a repercutir en que haya mayor competencia.
En cualquier caso, ustedes se empeñan en decir que las tarifas no han
bajado. Si usted quiere que le repita las cifras, las repito. Las
tarifas telefónicas han bajado, provinciales, internacionales y
nacionales. Hablamos de las locales, que son las que a ustedes más
les gustan. Hace unos tres, cuatro o seis meses -no me acuerdo ahora
porque hemos hablado muchas veces de este asunto y siempre volvemos a
lo mismo-, era Telefónica la privilegiada, aunque ya he contado con
detalle cómo se privilegiaba antes a Telefónica cuando el 79 por
ciento era privada y el 21 por ciento pública; era un monopolio
absoluto, sin posibilidad de que nadie entrara. Eso sí que eran
privilegios, ¡ojalá hubiera privilegios de esos, si estuviéramos de
directivos de compañías telefónicas!. Lo que sí está claro es que las
tarifas telefónicas han bajado durante esta época.
Hablemos ahora de tarifas locales. Hace un tiempo, cuando se subieron
las tarifas locales, porque hubo que subirlas, aquí se armó la de San
Quintín. Usted exclamaba: ¡Qué vergüenza que suban las tarifas
locales!. El señor ministro decía: La franquicia de 160 minutos hace
que el 80 por ciento de los ciudadanos no esté afectado. Por
supuesto, no era así. ¿Cómo el 80 por ciento cuando el 20 por ciento
restante lo constituían los que más usaban el teléfono y era lo que
más afectaba a los más pobres, a los que menos posibilidades tenían
de hablar?. Eso era hace siete meses. Ahora resulta que se bajan
también las demás tarifas y, según usted, lo del 80 por ciento es
justo al revés: a quienes beneficiamos ahora precisamente es a los
más poderosos. Primero, póngase usted de acuerdo; después, sume -yo
soy de letras, pero sumar no es tan difícil- la bajada de tarifas
locales. Si quiere, se las leo, pero el señor presidente seguro que
me va a regañar. Simplemente con las que vienen en este real decreto,
ya tenemos un 4 por ciento menos en servicio provincial; un 17 por
ciento menos en interprovincial; una tarifa que dura desde las seis
de la tarde, que es un buen hallazgo, una buena medida que se ha
adoptado para las familias españolas, como todos ustedes deben
reconocer.
Al final, argumenta que la cuota de abono es más alta. En primer
lugar, lo es en tres años, y veremos si llega a ser más alta. En
segundo lugar, como le he dicho y usted no lo quiere repetir, la
cuota de abono en España es la más baja de toda Europa. Como a usted
le gusta compararse siempre con Europa, compare la cuota de abono y
verá que es la más baja, salvo Grecia. (Rumores) Será porque hay
motivos para el equilibrio tarifario. En cualquier caso, la ventaja
para los ciudadanos es mucho mayor, con las disminuciones que están
haciendo de tarifas locales a lo largo de estos tres años y medio,
que con todas las demagogias que usted pueda hacer aquí sobre lo que
significa para el año 2001 ó 2002 -ya veremos de aquí al 2001- como
digo: cien pesetas en la subida de la cuota de abono y otras cien
pesetas en el 2001.
Señorías, ustedes pueden seguir con lo mismo. Yo sé que al final de
la legislatura su único objetivo no son los ciudadanos, el nuestro
sí. (Protestas.) Decía ayer el presidente, y decía bien: Ustedes
quieren un escándalo y tienen un enemigo. Pues bien, sigan buscando
el escándalo, que nosotros seguiremos buscando propuestas que
beneficien al ciudadano. Sigan atacando a su enemigo, que nosotros
seguiremos defendiendo a todos los ciudadanos, incluidos ustedes que
son ciudadanos españoles que se merecen el reconocimiento de nuestro
Gobierno y, por supuesto, de nuestro partido.
Señorías, no tengo más que decirles. Ustedes sigan por ese camino,
que a nosotros nos viene bien, y nosotros seguiremos trabajando en
favor de todos los ciudadanos españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Mato.
Grupos parlamentarios que, sin haber intervenido, en el debate desean
fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
El real decreto que somete a convalidación el Gobierno, que se
refiere a las medidas para combatir la inflación y facilitar una
mayor competencia en las telecomunicaciones, a pesar de lo que se
dijo a lo largo de este debate, evidencia un cierto fracaso de la
política gubernamental en lo que se refiere al control de la
inflación y, por lo tanto, de los precios, lo que trataría de
corregir, en este caso a través de la rebaja, las tarifas
telefónicas, insistiendo, eso sí, en esa vía mágica de la competencia
entre empresas que al parecer era la solución para todos los males,
competencia y liberalización que tendrían como consecuencia el
abaratamiento de los precios, según se viene afirmando hace muchos
años. La realidad es que el servicio telefónico, que es un servicio
básico y necesario para los ciudadanos, es caro en general y carísimo
para las personas con rentas más bajas, lo que explica los beneficios
multimillonarios que obtienen las compañías y, de una manera
especial, Telefónica. Esta es la realidad a pesar de los sucesivos
anuncios del Gobierno de rebaja de las tarifas.
Ahora mediante este real decreto vuelve a plantear el Gobierno una
serie de medidas en teoría destinadas a rebajar estos precios, pero
que, desde nuestro punto de vista, tendrán escaso efecto sobre los
recibos que se verán obligados a abonar los ciudadanos, en primer
lugar, porque las tarifas metropolitanas, que suponen aproximadamente
dos tercios del total del tráfico de telefonía fija, apenas sufren
modificaciones. Por otra parte, el Gobierno pretende compensar a
Telefónica de las bajadas en algunas tarifas con el incremento de la
cuota del abono mensual en 300 pesetas al mes durante
los años 2000 y 2001. Es decir, al final 600 pesetillas cada dos
meses, que se verán incrementadas además con el correspondiente 16
por ciento de IVA.
Este modo de actuar del Gobierno, desde nuestro punto de vista, es
rechazable, porque esta vía de compensación para la compañía
Telefónica a través del incremento de la cuota del abono mensual
perjudica a todos, pero de una manera especial a las personas con
menos poder adquisitivo, quienes independientemente del uso que hagan
del teléfono, serán obligadas a pagar una cantidad fija ya hoy
excesiva si quieren disponer de este servicio, un servicio del que,
por otro lado, no pueden prescindir. Yo les recomendaría revisar no
las macrocifras, sino ver los recibos que un ciudadano se ve obligado
a pagar en este momento. Un importantísimo número de usuarios no sólo
no verá rebajado el recibo de su tarifa telefónica, sino que mucho
nos tememos que lo verá incrementado con un uso del teléfono
semejante al que ahora hacen.
Por otro lado, en este real decreto-ley siguen sin abordarse
problemas básicos para conseguir una rebaja sustancial y más acorde
con el coste real de las tarifas telefónicas: se mantiene el coste
del establecimiento de llamada, lo que resulta especialmente
perjudicial para los usuarios de Internet, que por deficiencias en el
funcionamiento de Infovía plus y por la saturación constante que
padece esta red se ven obligados a establecer numerosas conexiones
para acceder a la información deseada; no se acaba de establer una
tarifa plana asequible para el acceso a Internet de los usuarios
domésticos; los planes de 50 horas/día o 50 horas/noche son
excesivamente caros para este tipo de usuarios y además están
condicionados al despliegue de la tecnología ADSL, que no está
disponible en todo el territorio estatal; sigue sin obligarse a la
compañía Telefónica y a sus filiales a devolver los importes no
consumidos en las cabinas telefónicas, lo cual desde nuestro punto de
vista constituye un ejemplo palmario de apropiación indebida y, por
otro lado, tampoco alcanzamos a comprender qué efectos sobre la
inflación o sobre el incremento de la competencia en el mercado de
las telecomunicaciones tiene la transferencia a Televisión de 80.000
millones de pesetas.
En resumen, creemos que se está dando un trato de favor a la compañía
Telefónica y que esta situación se produce en un contexto si cabe
-hay que decirlo así- más escandaloso cuando esta compañía no sólo
obtiene esos beneficios multimillonarios a los que hacía referencia
antes, sino que se va a proceder a un reparto entre sus directivos de
importantes cantidades. Esto no se puede obviar porque, se mire como
se mire, mientras muchos pensionistas o sectores de la población con
rentas más bajas tendrán que hacer frente a recibos de teléfono que
les suponen un sacrificio importante, unos cuantos se embolsan
cantidades absolutamnete desproporcionadas. Por todo esto, el Bloque
Nacionalista Galego no va a votar a favor de la convalidación de este
real decreto-ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Remitiéndome a antecedentes en esta Cámara como el debate que tuvimos
aquí el 21 de septiembre pasado, cuando se aprobó una proposición no
de ley de mi grupo con enmiendas que había presentado también el
Grupo Parlamentario Popular sobre el servicio universal de
telecomunicaciones en Canarias, y a la vista del planteamiento que ha
expresado el señor ministro de Fomento al presentar el real decreto-
ley que nos ocupa, Coalición Canaria hace una valoración positiva.
¿Por qué decimos esto? En primer lugar, porque hay tres principios
rectores perfectamente definidos en su exposición de motivos. Uno,
abaratamiento de tarifas. Esto ya es un bien común que entiende
cualquier usuario, el usuario de una sociedad de servicios que no se
entendería hoy sin las telecomunicaciones porque hoy sociedad de
servicios es equivalente a una sociedad conectada e interconectada
por las telecomunicaciones, en este caso las telefónicas. En segundo
lugar, un objetivo común de inflación. Mi grupo no hace una
valoración excesiva del mismo porque es un factor más dentro de la
política de actuación del Gobierno para concertar los compromisos de
convergencia con la Unión Europea. En tercer lugar, está otro factor
importante, que es la competencia de mercado. Este real decreto-ley
viene a consagrar de una manera práctica y eficaz el principio de la
competencia. Al mismo tiempo, a la vista del debate, el decreto-ley
trata de obtener una posición moderada y equilibrada, manteniendo una
equidistancia para que no se produzca una situación puramente
contraria a intereses económicos de esta compañía ni tampoco se prime
excesivamente un exceso de consumo por parte del usuario, es decir,
busca un equilibrio entre los intereses del consumidor de servicios
telefónicos y la compañía Telefónica nacional de España.
Señorías, no se puede pedir en un decreto-ley que prácticamente
arruinemos a la compañía Telefónica nacional de España, una compañía
que cotiza en las bolsas internacionales no solamente en las bolsas
españolas, que cotiza en bolsas europeas y en la de Nueva York. ¿Se
imaginan ustedes el efecto de hundimiento de acciones de esta
compañía de ranking mundial? Porque no estamos hablando de una
centralita telefónica de un pueblo perdido en la meseta, estamos
hablando de una compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Si los
accionistas viesen una pérdida de intereses estaríamos produciendo un
verdadero crack en esta compañía y una imagen de la empresa española
verdaderamente demagógica. Este real decreto-ley busca un equilibrio
entre los intereses de los consumidores y usuarios de la telefonía y
de la compañía que, hasta hace poco, ha sido quien tenía el monopolio
de las comunicaciones telefónicas en España, a la que se le
abre una competencia pero que no puede ser a costa de su cuenta de
beneficios. Tendrá que haber una moderación y compensación para que
los tenedores de acciones en los mercados nacionales e
internacionales sigan prestando su confianza bursátil a una compañía
de esta envergadura.
Hay otra serie de factores que nos mueven a dar nuestro apoyo a este
real decreto-ley porque entendemos que se trata de hacer asequible
algo que en España es necesario, que es el acceso y uso de Internet.
Se trata de aproximar esta realidad a los precios. En cuanto a
telefonía móvil, se establece un calendario de prestaciones que
garantice la preasignación del operador, porque ante una
liberalización el usuario quiere mantener su número telefónico como
mantiene el del NIF o el del carnet de identidad para todos los usos
y que por el hecho de cambiarse a la competencia no le obliguen a
tener un número distinto. Fíjense, señorías, lo que supondría, con
las conexiones que tenemos los diputados con redes informáticas, con
sistemas de información de nuestros asesores, de periodistas,
etcétera, que nos cambiaran el número si optamos por otro operador,
se produciría un silencio de conexión. Es un daño que se trata de
evitar y que aquí se regula perfectamente.
Todo esto nos lleva al voto positivo porque se produce un
resarcimiento de algo que supuso que este diputado presentase una
enmienda a los presupuestos de 1989, aprobados mediante la Ley 37/
1988, cuando se produjo el expolio del patrimonio del ente público
Radiotelevisión Española al extraerle Retevisión sin que por parte
del gobierno de entonces se produjese una compensación. Ahora se da
una compensación porque hemos estado soportando unos números rojos y
unos debates a veces contradictorios sobre la cuenta de resultados de
Radiotelevisión Española porque nadie valoró el patrimonio que se le
había sacado en aquellas circunstancias.
Por todas estas razones y para no abusar más del tiempo, señor
presidente, visto que hay datos concretos -el señor ministro ha dicho
que en horas de tarifa punta hemos disminuido y en tarifa reducida
hemos aumentado en comparación con las medias europeas-, por la
sensatez de este real decreto-ley que se adapta a las circunstancias,
mi grupo va a votar favorablemente su convalidación a todos los
efectos legales.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará también a
favor de la convalidación del decreto ley. Ciertamente, de las cifras
macroeconómicas, en general muy satisfactorias, la más preocupante es
la de inflación, y por lo tanto todas aquellas medidas
que puedan contribuir a reducirla y ajustarla a la previsión inicial
que se contemplaba en los Presupuestos Generales del Estado para 1999
constituirá, sin lugar a dudas, una buena medida. No pudiendo hacer
uso de la política monetaria, no quedan más que reformas
estructurales, de por sí buenas -la competencia desde luego de por sí
es buena y no únicamente en la medida en que pueda afectar a la
inflación-, así como las medidas de política fiscal -en un anterior
decreto ley tuvimos algunos ejemplos de ellas- y las decisiones que
en materia de precios regulados todavía pueda conservar el Gobierno.
Por lo tanto, en principio el planteamiento es positivo, por lo que
votaremos el decreto ley favorablemente en la medida en que conducirá
precisamente a rebajar la inflación y también el diferencial con el
resto de la Unión Europea.
Por lo demás, la rebaja de tarifas, en sí misma considerada, es
ciertamente positiva, diría incluso que muy positiva. Estamos
hablando, señorías, de un decreto ley que plantea una rebaja de
tarifas que en estos momentos ya se ha producido. La ampliación de la
franja horaria con tarifa reducida ya es efectiva desde antes del 1
de noviembre de este año, y por lo tanto desde hace días, y lo propio
ocurre con la rebaja de tarifas en el servicio provincial,
interprovincial -no así en el servicio telefónico internacional-, del
mismo modo que la rebaja de tarifas en el sistema metropolitano. ¿Qué
es lo que quiero decir? Pues que si en estos momentos, haciendo caso
a otros grupos parlamentarios como el Grupo Parlamentario Socialista
y el Grupo de Izquierda Unida, no convalidásemos el decreto-ley, lo
que tendríamos pura y simplemente sería un incremento de tarifas
respecto de las que ya en este momento, al día 11 de noviembre, están
gozando los ciudadanos.
Como ha aducido también el Grupo Parlamentario Socialista y algún
otro grupo, se dice que esta rebaja de tarifas se ve más que
compensada -no es nuestro criterio, desde luego- por el incremento de
la cuota fija de abono mensual. Hay que poner de manifiesto que este
incremento, partiendo de una cuota de abono que es la más baja,
después de Grecia, de la de la Unión Europea, se producirá a partir
del 1 de agosto del 2000, 1 de marzo del 2001 y 1 de agosto del 2001.
Pediría al señor Caldera más confianza en su triunfo electoral,
porque ciertamente esas subidas, caso de producirse, se realizarían
después de las próximas elecciones generales y por lo tanto, en
última instancia, se cambiaría una rebaja de tarifas de la que ya
gozarían ahora mismo los ciudadanos y habría un futuro eventual
incierto, que es lo que podrá pasar precisamente a partir de las
próximas elecciones.
No podemos valorar más que positivamente las medidas de introducción
y aumento de competencia que supone el calendario para implantar los
mecanismos de preasignación de ordenador, conservación del número por
los usuarios, así como también la continuidad en la prestación del
servicio o portador de televisión.
Quiero hacer alguna referencia a Internet. Saben SS.SS. que mi grupo
parlamentario tiene presentada una
proposición de ley para definir y calificar Internet como un servicio
universal, con todas las ventajas que ello reportaría. Saben también
SS.SS. que hace muy pocas semanas, concretamente el día 28 de
septiembre de 1999, tuvo lugar también en el Congreso un debate que
hacía referencia a las rebajas de las tarifas de Internet, y mi grupo
precisó muy claramente su posición. El planteamiento era que hubiese
una tarifa básica, por así decirlo, lineal de 5.000 pesetas mensuales
en la franja de horario diurno y de 1.000 pesetas mensuales también
en la franja de horario nocturno. No es lo que recoge precisamente el
decreto-ley, que sin embargo entendemos que resulta positivo en la
medida en que supone, respecto de la situación actualmente vigente,
una reducción del importe de acceso al servicio de Internet. Nosotros
continuaremos luchando por una tarifa plana con carácter provisional
en tanto que se establecen los nuevos instrumentos y criterios
técnicos, pero en la medida que supone este decreto-ley un paso
adelante, una ventaja de la que ya están gozando en estos momentos
los ciudadanos, no estamos dispuestos a comparecer ante ellos mañana
para decirles que les hemos subido las tarifas locales, las
metropolitanas, las interprovinciales, las provinciales y, en su
caso, las internacionales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, por instancias
de algunos grupos parlamentarios someteré a la consideración de sus
señorías el hecho de que las votaciones se producirán después del
apartado VII del orden del día, es decir, finalizados los dictámenes
de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales,
si no hay ningún inconveniente por parte de los grupo parlamentario.
(Asentimiento.) Así lo haremos.
- REAL DECRETO-LEY 17/1999, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 6.946.700.000
PESETAS, PARA ATENDER OBLIGACIONES DERIVADAS DE GASTOS DE INVERSIÓN
DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 130/000079.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 35 del orden del día: Real Decreto-ley 17/1999, de 29 de
octubre, por el que se conceden varios créditos extraordinarios por
importe total de 6.946.700.000 pesetas, para atender obligaciones
derivadas de gastos de inversión del Ministerio de Medio Ambiente.
Para su presentación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la
señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señorías, en el presente ejercicio, la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas tiene importantes necesidades
crediticias adicionales para cubrir actuaciones inversoras y hacer
frente a pagos pendientes que no pueden demorarse a ejercicios
posteriores si se quiere garantizar su correcto funcionamiento
y asegurar el cumplimiento de significativos fines de interés público.
Como SS.SS. conocen, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del
texto refundido de la Ley general presupuestaria, según la redacción
dada al mismo por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de medidas de
disciplina presupuestaria y desarrollo reglamentario del mismo, las
obligaciones generadas en 1997 son susceptibles de imputación al
presupuesto del ejercicio de 1998 hasta el límite de crédito que
hubiera quedado disponible a nivel de vinculación en el ejercicio en
el que se hubieren generado. Efectuada dicha operación de imputación,
ha resultado un conjunto de obligaciones de 1997 no imputables por
falta de saldo disponible en dicho ejercicio que, al quedar fuera del
mecanismo instrumental en el Real Decreto 612/1997, ha de ser
atendido mediante un crédito extraordinario. Dicho crédito
extraordinario asciende a los siguientes importes: deuda procedente
del ejercicio de 1997, 2.576.300.000 pesetas, y deuda procedente del
ejercicio de 1998, 4.370.400.000 pesetas. Como acabo de decir, el
real decreto-ley trae su causa de la Ley general presupuestaria como
medida de control del gasto público. La causa de la necesidad de los
créditos extraordinarios con rango propio de ley no es, en
consecuencia, nueva inversión, sino pagar obligaciones surgidas en
años anteriores a las que no se pudo hacer frente en el ejercicio
corriente.
El artículo 63 de la Ley general presupuestaria vigente obliga a
imputar las deudas existentes a los remanentes de créditos no
consumidos en el ejercicio presupuestario en el que se origina la
deuda. Realizada esta operación se puede tramitar el expediente de
deuda con cargo a los créditos disponibles del ejercicio en curso,
cumpliendo las restantes normas vigentes, que en algunos casos
obligan a convalidar en el Consejo de Ministros gastos realizados.
Cuando los créditos del año de origen están agotados no es posible la
imputación, en cuyo caso no existe más camino para pagar la deuda que
acudir al artículo 64 de la mencionada Ley general presupuestaria y
aprobar el pertinente crédito extraordinario. Por lo tanto, la
interrelación de los artículos 63 y 64 obliga, con independencia de
la existencia de crédito utilizable en el año en curso, a habilitar
fondos añadidos para el pago específico de la deuda de la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, que está
motivada por las siguientes razones.
El periodo de sequía y la decisión del entonces Ministerio de Obras
Públicas de realizar por emergencia un sin fin de obras ad hoc en el
cuatrienio 1992- 1995, como consecuencia de la pertinente escasez de
agua, incorporó a las obligaciones económicas ordinarias
de inversión hidráulica las derivadas de las obras para paliar los
efectos de la sequía, que pretendían, entre otros fines, mantener el
abastecimiento a Ciudad Real, Sevilla, Baleares, Algeciras, Ceuta y
un sin fin de pueblos y comarcas de la mitad sur de la península. El
procedimiento vigente durante la etapa del Gobierno socialista en los
indicados años 1992-1995 para la tramitación de las actuaciones
permitió su inicio sin hacer la retención de crédito. La posterior
realización del gasto a partir del año 1996 obligó a demorar la
tramitación de expedientes de obras de nueva realización,
modificaciones de obras complementarias, revisiones de precio, pago
de expropiaciones y liquidaciones de obra ejecutada, lo que originó,
como consecuencia, la aparición creciente de deuda y la ejecución de
las actuaciones que política, social o técnicamente fueron
consideradas como imprescindibles. Se generó, así, una casuística muy
amplia de situaciones cuya solución resultaba imposible atender con
el presupuesto de la Dirección General de Obras Hidráulicas y de
resolver por la vía ordinaria de la legislación vigente en materia
contractual y presupuestaria. Por ello surge la necesidad, a partir
de 1996, de atender, con autorizaciones a través de la imputación y
adiciones de créditos al presupuesto de cada año, las necesidades
sobre deuda reconocida y pendiente de pago por las vías legales
ordinarias.
El cambio de criterios en los efectos y el contenido de las
certificaciones de obras indujo una carga añadida sobre la masa de
deuda al resultar impagable en su año de realización una parte
notable de la obra en curso o intramitables en plazo adecuado las
incidencias de su ejecución que obligaban a su convalidación. Es por
ello que las necesidades de crédito adicional al ya comprometido se
derivan de los siguientes conceptos. En primer lugar, adicionales de
contratos de ejecución, pues es necesario recoger los adicionales de
gasto que se precisa habilitar para financiar las modificaciones
técnicas y obras complementarias durante la materialización física y
puesta en servicio de obras, cuya falta de atención redunda muy
negativamente en el cumplimiento global de la programación y
ejecución del presupuesto en curso.
En segundo lugar, liquidaciones y revisiones de precios. Comprende
los adicionales de gasto resultantes de la medición general y
definitiva de la prestación contratada y las obligaciones legales por
la variación de los índices de precios.
En tercer lugar, convenios, estudios y obras. Se determina la
necesidad de crédito adicional para financiar estudios, trabajos
técnicos y obras muy específicas que son imprescindibles para la
resolución de problemas singulares en seguridad de presas, protección
del domino público hidráulico, planificación o para la concreción de
objetivos de política hidráulica derivados de compromisos
establecidos por el Gobierno.
En cuarto lugar, expropiaciones. A partir de la Ley de medidas de
disciplina presupuestaria se exige retención previa de créditos a la
declaración de urgencia en
expropiaciones, por lo que debe contarse con la oportuna consignación
presupuestaria en el momento en que se aborde una expropiación en
este régimen. En definitiva, mediante crédito extraordinario,
señorías, señor presidente, y los suplementos indicados se permitirá
a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
hacer frente a todas las obligaciones generadas en 1997 y 1998,
saldar así las deudas con terceros y finalizar el presente año con la
debida asignación financiera para todos los gastos y obligaciones que
se generen, todo ello de conformidad con las normas de ejecución y
disciplina presupuestaria.
Es por ello, señorías, por lo que hoy presento ante esta Cámara para
su convalidación el Real Decreto-ley 17/1999, de 29 de octubre, por
el que se conceden varios créditos extraordinarios por importe de
6.946.700.000 pesetas para atender obligaciones derivadas de gastos
de inversión del Ministerio de Medio Ambiente, cuya exposición de
motivos y memoria económica justificativa está en poder de SS.SS.,
así como un listado de obras de las actuaciones que se van a abonar
con este crédito.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno
en contra de la convalidación? (Pausa.) ¿Turno a favor? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero manifestar que desde el Partido Aragonés vamos a
votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley,
entendiendo que de alguna forma puede suponer la regularización y la
disponibilidad de recursos económicos destinados a terminar esos
flecos que en estos momentos están pudiendo paralizar algunas obras
importantes, en concreto en el territorio aragonés y en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, incluidas en el Pacto del Agua.
Nombraría el caso del pantano de Mula Rollán, y me gustaría pensar
que la disponibilidad de tener este año la asignación suficiente para
terminar el proyecto significaría de alguna manera el desbloqueo de
esta obra importante de regulación de la margen derecha del Ebro.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Serrano.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar que también vamos a votar favorablemente la
convalidación de este real decreto-ley, entendiendo, como ha
explicado la señora ministra,
que son unas obligaciones que vienen de compromisos aprobados ya para
los ejercicios de 1997 y 1998, sobre todo en el Plan de obras
hidráulicas y de calidad de las aguas. Se trata de una consecuencia
presupuestaria y es necesario rematarla con la aprobación definitiva
de este real decreto-ley para que los compromisos y obligaciones
presupuestarias de los ejercicios de 1997 y 1998 puedan ser atendidas
satisfactoriamente. Así pues, por estas razones votaremos
favorablemente la convalidación.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también votará
favorablemente la convalidación de este decreto-ley, entendiendo que
estos créditos extraordinarios van a permitir habilitar unos fondos
que eran precisos pero que no constaban en el presupuesto, es un
ajuste presupuestario y con él vamos a desbloquear determinadas obras
hidráulicas. Nuestro grupo quiere mostrar su plena solidaridad con
aquellos territorios que van a beneficiarse de este desbloqueo
presupuestario, y con ello quiere manifestar una vez más su voto
favorable a este decreto-ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
votar en contra de la convalidación de este real decreto-ley, y
además, en caso de que fuera aprobada la convalidación, solicita su
tramitación como proyecto de ley. No tratamos de decir que las obras
que puedan complementarse con este real decreto-ley no sean obras
necesarias de infraestructura hidráulica o no sean obras que vayan a
mejorar determinados aspectos que están pendientes de ejecución, pero
lo que no podemos seguir admitiendo en esta Cámara es una forma de
gobernar que no es nada favorable a la participación de los grupos
parlamentarios, ni a la claridad presupuestaria, ni a la claridad de
la inversión.
El Ministerio de Medio Ambiente es uno de los ministerios con más
baja ejecución presupuestaria de todo el Gobierno, pero además de
esta baja ejecución presupuestaria tiene una mala previsión. Veamos
qué es lo que ha ocurrido durante esta legislatura. En el mes de
diciembre del año 1997, previo a la aprobación de los presupuestos
del año 1998, se nos presenta un real decreto-ley para convalidar
42.000 millones de
pesetas de inversión, también para la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas; en 1998, el 1 de octubre, se nos
presentó un real decretoley de más de 31.000 millones de pesetas
igualmente para la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas, y este año, en el mes de noviembre, se nos presentan
casi 7.000 millones de pesetas para la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Si eso no es mala previsión
presupuestaria y mala presupuestación por parte del Ministerio de
Medio Ambiente, no sé de lo que estamos hablando.
La señora ministra hablaba en su intervención de la necesidad de la
inversión, de la necesidad de que se aprobara este real decreto-ley y
de que no se podía hacer de otra manera. Señorías, si se hubieran
presupuestado las obras como corresponde, no estaríamos hablando de
un real decreto-ley que además, señora ministra, no incluye el
listado de obras al que se destina. En la documentación que se nos ha
remitido a esta Cámara no está el listado de obras, están los
artículos y el programa, pero no el listado de obras, repito, y tengo
la documentación pasada por el registro. Por tanto, seguimos sin
saber a qué obras específicas nos estamos refiriendo.
Tampoco es una buena forma de gobernar porque impide que se pueda
priorizar, y hacemos unos debates de presupuestos en los que no se
admiten las priorizaciones que hacen los grupos parlamentarios de la
oposición y después tenemos que ir a reales decretos porque se ha
presupuestado mal y a la baja. Por tanto, este grupo parlamentario no
descalifica la inversión en sí, pero no puede seguir admitiendo que
se gobierne a base de decretos en inversiones de unas características
tan importantes como son las obras hidráulicas y la calidad de las
aguas. Esas obras son prioritarias, pero prioritario también es que
se respete que esta Cámara participe y pueda mejorar los presupuestos
de inversión del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos hablando,
además, de una Dirección General que depende de la Secretaría de
Estado de Aguas y Costas, que también es la parte del Ministerio que
se lleva mayor consignación presupuestaria. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
Para acabar, señor presidente, si ayer, en la interpelación sobre
trasposiciones de directivas europeas al ordenamiento jurídico
español, le dábamos un suspenso a la señora ministra, en gestión
presupuestaria, en inversión, señora ministra, se lleva usted otro
suspenso por parte de este grupo parlamentario. Desde luego no nos
podemos sentir satisfechos para nada de la trayectoria y de la
ejecución que hace el Ministerio de Medio Ambiente de sus programas y
de sus inversiones.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, don Víctor Morlán,
que se aproxima a la tribuna sin duda con intención de no consumir
más allá del tiempo debido.
El señor MORLÁN GRACIA: No se preocupe, señor presidente, no
consumiré más allá del tiempo que usted me da.
Señoras y señores diputados, señora ministra, tengo que anticipar que
el Grupo Socialista se va a abstener en este real decreto. ¿Por qué?
En principio, por un aspecto fundamental que quiero destacar. Cuando
usted viene aquí a que le convalidemos el pago de unas deudas de
6.900 millones de pesetas, y nos hace una relación de programas del
presupuesto, pero no nos dice a dónde van a ir a parar esos recursos,
es muy difícil que nosotros demos el voto a favor de un real decreto
que pretende atender a unas deudas anteriores a una determinada
fecha, como es la de 1999, concretamente los años 1997 y 1998.
Señora ministra, en primer lugar, en la documentación que han mandado
no figura el listado de obras y se lo he oído decir a usted. En el
expediente completo que tenemos no hay ninguna relación de obras. En
segundo lugar, en este tipo de iniciativas y decisiones del Gobierno,
el Grupo Socialista siempre ha mostrado sensibilidad hacia el apoyo
de estas medidas porque entiende que, si efectivamente son cantidades
consumidas, expropiaciones realizadas, obras ejecutadas o
liquidaciones pendientes de pago, indudablemente no puede ser que no
se paguen. Pero cuando usted lo plantea tal y como lo ha planteado,
cuando usted está diciendo, y en la memoria justificativa así se
expone, que existe a 1 de enero de 1999 una deuda de 16.298 millones
de pesetas correspondiente a expropiaciones, intereses de demora,
liquidaciones, convenios, convalidaciones, obras de emergencia,
revisiones y otras incidencias, y nos encontramos con que lo que
plantea por real decreto es la cifra de 6.900 millones de pesetas,
tengo que entender que el resto, los 9.200 millones de pesetas, tiene
que ser una cifra que está ya incluida en presupuestos y está
contemplada dentro de las partidas presupuestarias del año 2000, pero
usted esto no lo dice tampoco por ningún sitio. Da la impresión que
esta cifra va a ser objeto de un nuevo crédito extraordinario el año
que viene, si ustedes gobiernan.
Creo, señora ministra, que cuando se traen este tipo de iniciativas,
de convalidaciones de reales decretos, las cosas tienen que estar más
claras. El Grupo Socialista nunca va a estar en contra de hacer
frente a este tipo de pagos, pero nunca va a estar dispuesto a
apoyarlos al plantearse tal y como se plantean. Cuando le he oído
decir que estas obras eran consecuencia de la sequía de los año 1992-
1995, como no lo sabía porque nadie lo había dicho, se me ha
encendido el farolillo rojo y he pensado que eran obras del Gobierno
socialista, por tanto, cómo íbamos a votar en contra. Pero ¿por qué
me tengo que creer que eso es así? ¿Por qué tengo que creer que usted
va a poder incluir esa relación de las obras de sequía, cuando su
propio ministerio está teniendo unos niveles de inversión que, frente
a sus teorías o a sus números del 90 y del cien por cien, están en
septiembre en el 37 por ciento de ejecución del presupuesto? Es
decir, están demostrando con los hechos, señoría, que no
se puede confiar en lo que ustedes plantean en este tipo de
iniciativas, ni en lo que ustedes dicen aquí desde la tribuna,
porque, en lugar de darle la configuración oficial de documento
trasladado a la Cámara con todas las bendiciones y con el registro de
entrada, hacen aquí declaraciones de buena voluntad o de intenciones
que, a lo mejor, nada tienen que ver con la realidad de los hechos.
Señorías, nosotros no podemos dar el voto favorable a un real
decreto-ley que no sabemos a dónde va; no podemos darle el sí a algo
que, aun teniendo razón en el fondo, porque se trata de pagar algo
que se debe, no sabemos qué es lo que se paga y tampoco qué es lo que
se deja de pagar. No sabemos si estos convenios los han hecho
ustedes, son convenios anteriores al año 1997 o son convenios que
tienen que ver con algunos aspectos relacionados, por ejemplo, con el
Salto de Millares, que no lo sé. Hay demasiados interrogantes que nos
impiden, desde mi punto de vista, señoría, que apoyemos este real
decreto-ley.
Coincido con la portavoz de Izquierda Unida en una cosa: todos los
años nos están sorprendiendo con reales decretos-leyes de estas
características; todos los años resulta que no son capaces de
articular dentro de los presupuestos las cantidades correspondientes
para evitar que en años posteriores se produzca este tipo de
iniciativas que suponen la convalidación de recursos para atender
deudas que si lo hubieran hecho en condiciones no se hubieran tenido
que plantear. Me gustaría que de una vez por todas se cortara; me
gustaría que ustedes, cuando hacen unos presupuestos, incluyeran
estas cantidades. Este año han recogido cantidades anteriores a 1998
en los presupuestos con la finalidad de ser abonados con cargo al
crédito ordinario, a lo que es el presupuesto general del Estado del
año 2000. Háganlo y así nos evitaremos problemas respecto al futuro.
Por ello, señoría, y entendiendo que tiene una asignatura pendiente,
que es mandar aquí los papeles exactos y claros, tal y como deben ser
tenidos en cuenta por todos los diputados, no podemos apoyar este
real decreto, aunque estamos de acuerdo en que esas cantidades se
paguen, pero díganos a dónde va el dinero, que no lo sabemos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias también, señor Morlán, por su
disciplina con el tiempo que le había concedido la Presidencia.
La señora De Lara, finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará afirmativamente la
convalidación del Real Decreto-ley de 29 de octubre de 1999 por el
que se conceden varios créditos extraordinarios para atender
obligaciones derivadas de gastos de inversión del Ministerio de Medio
Ambiente.
La necesidad de estos créditos extraordinarios se debe, señorías, a
obligaciones surgidas en años anteriores y que no pudieron pagarse en
el ejercicio corriente
por no haberse culminado los correspondientes expedientes. Son, por
tanto, indicativos del rigor con que el Gobierno de José María Aznar
quiere que se realice el gasto, en contraste con el escaso rigor
presupuestario demostrado por los anteriores Gobiernos socialistas.
En contra de lo que aquí se ha afirmado creo que conviene que
recordemos en este momento el enorme esfuerzo inversor del Ministerio
de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas, esfuerzo inversor para dotar a
nuestro país de las infraestructuras hidráulicas y de saneamiento y
depuración que España estaba necesitando.
Entre los años 1996 y 1998 se han ejecutado, en términos de
obligaciones reconocidas, 495.823 millones de pesetas en los
programas de agua del Ministerio de Medio Ambiente. Es el trienio en
que se ha invertido en la materia, en comparación con cualquier época
anterior, muchísimo más de lo que nunca se ha invertido en España. Es
el trienio, señorías, en el que se han saneado las cuentas de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, no
existiendo al día de hoy, al fin, deudas anteriores a 1997, es decir,
gastos que había dejado pendientes el Partido Socialista, después de
una inadecuada gestión en política de aguas.
He de indicar que el Ministerio de Medio Ambiente sí envió al
registro de esta Cámara la relación de actuaciones que han solicitado
los grupos parlamentarios y solamente cabe decir que lamentamos que
no se les haya distribuido.
También quiero decirle al señor Morlán, en contra de lo que él
siempre afirma de que el Ministerio de Medio Ambiente, la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, no ejecuta su presupuesto, que no es
cierto, señor Morlán, y usted lo sabe, porque en el año 1998, en
contra de lo que usted afirma, la ejecución del presupuesto en
materia de aguas fue del 92 por ciento.
La relación de actuaciones que ha expuesto la ministra de Medio
Ambiente, destinataria de los créditos extraordinarios que vamos a
convalidar, nos parece adecuada, señorías, y por tanto, como he
indicado al principio, nuestro voto va a ser afirmativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: También muchas gracias, señora De Lara, de
manera especial por la brevedad y concisión de su intervención, que
pone fin al debate sobre la convalidación o derogación del real
decretoley que concede varios créditos extraordinarios al Ministerio
de Medio Ambiente y con el que finaliza el punto V del orden del día,
que, como anunció la Presidencia, será votado todo él con
posterioridad.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA
CIVIL. (Número de expediente 121/000162.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VI, enmiendas del Senado, que
comienza por las que ha enviado la
Alta Cámara al proyecto de ley de régimen del personal del Cuerpo de
la Guardia Civil. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Mardones, en nombre de Coalición Canaria.
Un momento señor Mardones. Antes de comenzar, aunque sé que S.S.
asiste a la Junta de Portavoces y lo conoce de manera directa, quiero
recordar a los intervinientes que la Presidencia y la Junta de
Portavoces han establecido el criterio para este tipo de debates de
enmiendas del Senado en el sentido de que deberán ajustar sus
intervenciones a las enmiendas efectivamente introducidas por la Alta
Cámara. En consecuencia, no procede reproducir en este turno una
especie de debate de totalidad de salida sobre el proyecto, que
alargaría innecesariamente la tramitación de las enmiendas del Senado
y oscurecería, como además hay alguna experiencia, probablemente el
debate específico de tales enmiendas y las votaciones consiguientes.
Con tal advertencia, que sé que es innecesaria para todos y de manera
particular para el señor Mardones, adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Reconozco una vez más su amistad e inteligencia en comprobar que
tendría para un largo discurso si entrara en profundidades de la ley
y no me centrara solamente en las enmiendas del Senado. A ellas me
atengo y no a hablar de los consejos superiores de personal que
reproduce esta ley. Pues bien, de las enmiendas que llegan del
Senado, y con una estricta disciplina a la indicación, mi grupo
anuncia que va a votarlas favorablemente, porque en su gran mayoría,
señor presidente, son correcciones gramaticales y técnicas. Pero sí
voy a hacer una valoración, porque entiendo que la Cámara ha hecho
alguna mejora en un texto que venía impregnado de una matriz de
origen fuertemente redactada en el Ministerio de Defensa y no en el
Ministerio de Interior.
En primer lugar, señor presidente, me refiero a la enmienda dirigida
al artículo 67, que modifica el texto de esta Cámara cuando atribuía
al ministro de Defensa cuestiones hasta para el ascenso a cabo de la
Guardia Civil. Un ministro se preocupa de que un guardia ascienda a
cabo. Pues bien, esta competencia, por similitud con la Ley de
régimen del personal de las Fuerzas Armadas se ha atribuido al
director general de la Guardia Civil y no al ministro de Defensa,
como estaba en el texto originario. Esto es una equiparación y el
director general de la Guardia Civil se equipara, por tanto, a un
jefe de Estado Mayor. El director general de la Guardia Civil, si
fuera de uniforme, podría llevar cuatro estrellitas en las
charreteras, en las bocamangas o donde lo lleve el uniforme
correspondiente. Lamento, por tanto, que no se haya podido modificar
un empleo de categoría de teniente general en la Guardia Civil.
La otra enmienda que queremos glosar cubre una omisión que tuvimos en
la Cámara, en el artículo 86, cuando en la situación de reserva se
habla solamente
de los oficiales generales. También se corrige ahora la omisión que
se hacía de los tenientes coroneles de la escala de oficiales y los
suboficiales mayores al cumplir seis años de permanencia en el
empleo. Nos parece una enmienda atinada y correctora, que viene a
salvar una omisión o ausencia que estaba en el proyecto original
elaborado por esta Cámara.
La enmienda dirigida al artículo 84, referente a la pérdida de la
condición de guardia civil, introduce una mejora porque el texto,
también excesivamente milimetrado en papel del Ministerio de Defensa,
hacía una equiparación en las condiciones de la pérdida del estado de
guardia civil y se olvidaba de la equivalencia que existe en este
caso y la regulación que hay para los funcionarios del Estado, porque
a fin de cuentas un miembro de la Guardia Civil es también un
funcionario del Estado de uniforme y sometido a unas especiales
características en sus leyes. Pero también está el Cuerpo Nacional de
Policía, que tenía reconocido este derecho, que no tenía que ser el
ministro de Defensa previo informe favorable del Ministerio de
Interior, lo cual equivalía a una especie de sumisión o de orden
inferior del ministro de Interior con respecto al ministro de
Defensa, esto dicho con todos los respetos. Esto es una estructura
orgánica de Gobierno, no puede hacerse una supeditación del ministro
de Interior al ministro de Defensa. Esta ley tiene que ser de un
carácter menos militar de lo que aquí se plantea, de un cuerpo que
presta sus servicios fundamentalmente como Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el Ministerio de Interior. Ahora la pérdida
de la condición de guardia civil no se lleva a cabo por una decisión
del ministro de Defensa, con informe subrogado y favorable del
ministro de Interior, sino que lo decide el Consejo de Ministros. En
la pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación
absoluta o de inhabilitación especial para empleo o cargo público
tendrá que ser el Consejo de Ministros, colegiada y solidariamente,
quien conceda la rehabilitación. Este es un tema delicado y político,
porque hemos visto rehabilitaciones que han motivado hasta escándalo
público o protestas legítimas de grupos parlamentarios y políticos en
esta Cámara. Por tanto, caso de prejuzgarse que hay una decisión
favorable para la rehabilitación en los casos en que han sido
ponderados y condenados a pena principal o accesoria de
inhabilitación absoluta o inhabilitación especial, la responsabilidad
y la competencia debe residir en el Consejo de Ministros. Creemos que
la enmienda por lo menos ha conseguido situar en un marco de Derecho
civil y de igualdad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
a los funcionarios públicos, ya que no es el ministro del ramo
correspondiente quien tiene la competencia sino el Consejo de
Ministros.
Por estas razones, y no abundo más, señor presidente, por seguir muy
ajustada y disciplinadamente su recomendación, refiriéndome a estas
enmiendas señalaré que mi grupo las va a votar favorablemente. Lo
demás será otro tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones, por todo ello.
Había tenido que ausentarse en el momento de comenzar el debate el
representante de Convergència i Unió, el señor Guardans i Cambó, al
que vamos, por tanto, a conceder ahora la palabra. Le hago sabedor de
los criterios que al respecto ha dado la Presidencia, de atenerse a
las enmiendas del Senado y no convertir el debate en una tercera
lectura de totalidad.
Adelante, señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Seré muy breve, pero usted comprenderá que una ley de esta
importancia, que no tiene precedente en nuestro ordenamiento
jurídico, no podía pasar por esta Cámara -cuando celebra lo que es su
último trámite previo a su aprobación, al introducirse aquí las
enmiendas aprobadas por el Senado- sin la más mínima intervención por
parte de nuestro grupo, porque podría entenderse como un desinterés o
como si ésta fuera una ley que -por decirlo coloquialmente- no fuera
con nosotros. Ese es el motivo de mi intervención, no discutir ni
impugnar ninguna de las enmiendas del Senado, que nos parece que son
básicamente de carácter técnico, que perfeccionan el texto y que,
como ya ha comentado el portavoz de Coalición Canaria, en algunos
casos concretos corrigen incluso omisiones -y ese es un papel
importante del Senado- que nos habían pasado desapercibidas en el
trámite de ponencia o en el trámite posterior en Comisión en el
Congreso.
Por tanto, la intención de mi grupo es votarlas a favor y globalmente
mostrarse muy satisfecho por el resultado final de este texto en el
que mi grupo ha tenido un papel importante en uno de sus aspectos más
innovadores, como es la profesionalización, y en un elemento concreto
de la Guardia Civil, la introducción de esa escala facultativa
técnica de la que nos mostramos muy satisfechos, por lo que daremos
nuestro apoyo a las enmiendas que proceden del Senado, considerando
muy positiva esta reforma del conjunto de lo que es el estatuto de
personal de la Guardia Civil.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer
Pleite.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Como no podía ser de otra manera, en el Senado, en la Cámara Alta,
dada la correlación de fuerzas, se ha trabajado y se ha aprobado,
salvo algunas enmiendas de carácter técnico y de redacción, el
carácter militar del Cuerpo de la Guardia Civil.
Como ustedes saben, tuvimos ocasión de plantear en el debate original
en esta Cámara la posición de que
era hora de plantear la desmilitarización de este Cuerpo y, por
tanto, resolver una asignatura que nosotros creemos pendiente de esta
democracia. No ha sido así, y no podía ser de otra manera, repito,
dada la correlación de fuerzas.
En el Senado se ha aprobado una serie de enmiendas, todas ellas,
salvo una, de mejoras técnicas, de redacción, pero hay una al
artículo 88.1.c) que vamos a votar favorablemente -en cuanto al
resto, nos vamos a abstener- porque en ella se da una nueva redacción
al objeto de que el personal de la Guardia Civil tenga el mismo
tratamiento que los funcionarios del Estado y del personal del Cuerpo
Nacional de Policía, un tratamiento que ha sido una de las
reclamaciones permanentes e integrales de Izquierda Unida a la hora
de plantear el debate en el Congreso de los Diputados sobre lo que
debía de ser un tratamiento exactamente equiparador de los
funcionarios del Estado y concretamente, dentro de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, del Cuerpo de la Guardia Civil. No
ha sido así, no es posible que en el resto de la ley haya prevalecido
un espíritu civil frente al militar. Ni siquiera se ha resuelto la
cuestión del asociacionismo para una fuerza como la Guardia Civil, de
cuyo reconocimiento tiene mucha más necesidad que las Fuerzas
Armadas, y tampoco pudo ser en debate de la Ley de personal de las
Fuerzas Armadas. Éstas son asignaturas que, sin duda, se tendrán que
abordar en próximas legislaturas.
Quiero terminar diciendo que, salvo el artículo 88.1.c), que vamos a
votar favorablemente, nos vamos a abstener en el resto.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Meyer.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Muchas gracias, señor presidente, también
una breve intervención, como no podía ser menos, por dos cuestiones.
En primer lugar, porque hemos mantenido a lo largo de la tramitación,
tanto en el Congreso como en el Senado, un altísimo nivel de acuerdo
y, en segundo lugar, porque las enmiendas introducidas por la propia
Cámara Alta tampoco rompen sino que refuerzan el acuerdo mantenido
hasta el momento.
La verdad es que las enmiendas del Senado, como ya han puesto en
evidencia los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, se reducen, excepto las dos o tres últimas, a cuestiones de
corrección gramatical o de estilo, y también a alguna rectificación
de alguna omisión que la ley tuvo en el trámite del Congreso de los
Diputados. Téngase en cuenta que esta es una ley cuyo texto fue
presentado en esta Cámara por el Gobierno antes de que se acabara la
tramitación de la ley que la inspira, la Ley del personal de las
Fuerzas Armadas. Por tanto, alguno de los errores o descuidos que se
produjeron a lo largo de la tramitación de la ley en esta Cámara han
sido subsanados por la tramitación
en la Cámara Alta, con lo cual también estamos de acuerdo.
Señor presidente, solamente haré referencia a la enmienda al artículo
96 que, de alguna forma, refuerza la postura que el Grupo Socialista
ha mantenido respecto a la sanidad militar y las competencias que la
sanidad militar, como cuerpo común de las Fuerzas Armadas, tiene
sobre la Guardia Civil. Me refiero muy concretamente a los temas de
la psicología militar. La enmienda introducida por el Grupo
Parlamentario Popular al artículo 96.5 lo que hace es reforzar la
función que la sanidad militar, y por tanto la psicología militar,
tiene sobre la carrera de los miembros de la institución de la
Guardia Civil. Deja meridianamente claro que todos los informes,
todas las evaluaciones que debe hacer la psicología militar, tanto
para acceder a destinos, a ascensos o incluso para pasar a la
reserva, deberán ser emitidos por la psicología militar. La duda que
se plantea al Grupo Socialista es por qué razón en la Guardia Civil
vamos a mantener psicólogos como miembros de la propia institución en
lugar de haber aceptado enmiendas de grupos parlamentarios, entre
ellos el nuestro, que pretendían introducir a los psicólogos de la
Guardia Civil en la psicología militar. Es decir, si la psicología
militar, dependiendo de las Fuerzas Armadas, del cuerpo común de los
ejércitos, va a tener competencia en los dictámenes psicológicos de
la Guardia Civil, no tiene sentido, señor presidente, que se mantenga
a guardias civiles con competencia en psicología pues esta
competencia queda vacía de contenido en esta ley.
Excepto este problema que, supongo, se va a resolver en el desarrollo
reglamentario que la propia enmienda introduce, el Grupo Socialista,
como he dicho al principio, está absolutamente de acuerdo con las
enmiendas introducidas y con que, con este trámite de hoy, salga
aprobada una ley con un altísimo grado de consenso que permitirá
aplicar más fácilmente al colectivo de la Guardia Civil todo el
entramado de legislación laboral, de legislación de personal.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moragues.
La señora Torme, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra.
La señora TORME PARDO: Señor presidente, señorías, en esta sesión
concluimos la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de
régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. A lo largo de
todo el procedimiento parlamentario, el texto redactado por el
Gobierno se ha ido enriqueciendo con distintas aportaciones por parte
de los diferentes grupos con representación parlamentaria en esta
Cámara, así como en el Senado. En esta sesión procedemos al debate y
votación de las enmiendas que se han introducido por la Cámara Alta
que, en unos casos, introducen mejoras gramaticales y de estilo; en
otros, suponen precisiones
técnicas muy oportunas, y en algunos supuestos introducen
modificaciones que aportan una mayor aproximación y adecuación a la
regulación que en materias similares contempla la Ley de régimen del
personal de las Fuerzas Armadas. En concreto, y sin hacer referencia
a aquellas enmiendas que son de corrección de estilo o de coherencia
técnica, cabe destacar la enmienda introducida al artículo 17.3,
párrafo segundo, en virtud de la cual el Gobierno informará a las
Cortes Generales cada vez que apruebe un real decreto de desarrollo
de plantilla. El texto del Congreso hacía referencia a la obligación
de informar exclusivamente a la Cámara Baja y con esta modificación
lo que se hace es incluir también al Senado.
En el artículo 37, se ha sustituido el que los alumnos de la Guardia
Civil queden sujetos al régimen general de derechos y obligaciones
del personal de la Guardia Civil, que era el texto remitido por el
Congreso, por una redacción que hace referencia al régimen de
derechos y deberes de carácter general. Se evita así a los alumnos la
atribución de las obligaciones concretas del personal profesional de
la Guardia Civil, y se hace una distinción entre lo que es alumno y
lo que es personal propiamente profesional de la Guardia Civil.
Asimismo, el Senado ha modificado la última frase del artículo 48,
con el objeto de incluir en el expediente académico los estudios
profesionales realizados en otros países. En el artículo 49 se ha
añadido un segundo párrafo, que tiene por objeto incrementar las
medidas de comprobación de la plena aptitud psicofísica de los
guardias civiles.
La modificación introducida en el artículo 67.2, párrafo segundo,
relativo a la concesión de los ascensos, pretende precisar que el
procedimiento correspondiente a las evaluaciones, que se regula en el
artículo 62, no puede ser obviado de ninguna manera a la hora de
proceder a la concesión de dichos ascensos. Por su parte, en las
modificaciones a los puntos 4 y 5 de este mismo artículo, se asigna
la competencia, como ya se ha señalado, en ascensos por antigüedad y
por concurso-oposición, al director general de la Guardia Civil, en
lugar de hacerlo al ministro de Defensa, como venía determinado en el
texto del Congreso.
El artículo 84.2 se modifica en el sentido de establecer el cese en
el destino a aquellos guardias civiles que pasen a la situación de
suspenso de empleo. Se equipara así la situación a la contemplada en
la Ley de régimen del personal de las Fuerzas Armadas.
Con las modificaciones contempladas en el artículo 86 lo que se
pretende es adecuar el pase a la situación de reserva a los términos
establecidos en esta misma ley de referencia. Igualmente, al regular
las retribuciones en situaciones de reserva, se señala expresamente
que son para el personal no destinado, ya que la regulación genérica
de estas retribuciones se refiere al personal que no ocupa destino.
Se da una nueva redacción a la letra c) del artículo 88.1, para
equiparar el tratamiento del personal de la Guardia Civil al de los
funcionarios del Estado y al personal
del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo con el contenido del
artículo 105 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, así como del Real
Decreto 2669/1998, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el
procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los
funcionarios públicos en el ámbito de la Administración general del
Estado.
En el artículo 96 se crea el apartado 5, con el fin de clarificar el
concepto de sanidad militar con la inclusión de los servicios de
sanidad de la Guardia Civil en lo que se refiere a sus competencias
en el ámbito del Instituto.
Se introduce una nueva disposición adicional quinta, sobre
perfeccionamiento de trienios, en analogía con lo establecido en la
disposición adicional duodécima de la Ley de régimen del personal de
las Fuerzas Armadas.
Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 de la disposición transitoria
tercera, al objeto de determinar las retribuciones del personal que
pase por adelantado a la situación de reserva, en aplicación del
calendario que se establezca para la adaptación progresiva de las
nuevas edades. Se aplica así el mismo régimen retributivo establecido
en la disposición transitoria décima de la Ley de régimen del
personal de las Fuerzas Armadas.
Con la nueva disposición transitoria novena lo que se pretende es
adecuar progresivamente las plantillas del Cuerpo de la Guardia
Civil, continuando con la aplicación del real decreto actualmente en
vigor hasta que se desarrolle el modelo de plantillas quinquenales
previsto en la presente ley.
En la sexta referencia -que no ha pretendido de ninguna manera ser
exhaustiva- a algunas de las enmiendas aportadas por el Senado,
vuelvo a reiterar, como señalé al inicio de mi intervención, que este
texto se ha visto enriquecido a lo largo de su tramitación
parlamentaria, y así lo ha sido también en su debate en el Senado.
Por ello mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas que han
sido incorporadas por la Cámara Alta.
En definitiva, como ya tuve ocasión de señalar en su momento, el
proyecto de ley que hoy concluye su tramitación es un buen proyecto.
Es un proyecto que por primera vez aborda de una forma completa y
autónoma todos los aspectos que configuran el régimen de personal de
la Guardia Civil. Por ello va a ser esencialmente útil para el
desarrollo de la carrera profesional de los miembros de la Benemérita
y para la mejor ordenación de la tarea que la Guardia Civil tiene
encomendada en la defensa de la libertad y de los derechos de los
ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torme.
Con su intervención en nombre del Grupo Parlamentario Popular
concluye el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
régimen del personal delCuerpo de la Guardia Civil.
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN A
LA PRÁCTICA DEL CICLISMO. (Número de expediente 124/000005.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas de la Cámara Alta a la
proposición de ley sobre adaptación de normas de circulación a la
práctica del ciclismo. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Iniciativa per Catalunya-Els Verds votará a favor de las enmiendas
del Senado, como ya hizo en el trámite del Congreso.
Pensamos que en el Congreso de los Diputados no hemos estado a la
altura de las circunstancias. Hemos creído que poniendo una serie de
medidas de protección personal sobre la figura del ciclista íbamos a
solucionar el problema de las muertes, que se producen en la relación
de un ciclista cada cuatro días, sin tener en cuenta aquéllos a los
que la Dirección General de Tráfico señala como peatón sosteniendo
una bicicleta, en cuyo caso murieron, en 1998, doce personas y hubo
cuarenta heridos graves. No vamos a solucionar el problema de la
inseguridad de los ciclistas haciéndoles ponerse casco y prendas
reflectantes, o sea cargando sobre ellos la responsabilidad de su
protección personal, cuando no hemos adoptado medidas como la
preferencia en la circulación también para los ciclistas.
Parece que el Congreso de los Diputados cree que el ciclismo es
solamente una práctica deportiva, cuando se está convirtiendo cada
vez más en un medio de transporte. Si queremos pacificar el tráfico
de nuestras ciudades deberemos hacer compatible el uso del automóvil
con el uso de las motos y de las bicicletas. Por eso, señorías,
pensamos que en este momento es conveniente votar favorablemente las
enmiendas del Senado. Me da la impresión de que las cosas no van por
este camino, pero como es muy difícil ir en contra de los vientos de
la historia y en contra del progreso, y el progreso lo marca el hecho
de que, cada vez más, nuestras calles y nuestras ciudades tienen que
compatibilizar peatones, automovilistas y ciclistas, debemos ir en
ese sentido.
Creemos que se está haciendo un flaco favor a la figura del ciclista
y en cambio se está preservando la figura del fabricante de
bicicletas. No podemos entender cómo puede ser que a los fabricantes
de coches se les obligue a incorporar medidas de seguridad, como el
cinturón de seguridad, el airbag y otras medidas que inciden en la
seguridad de los usuarios, y en cambio a los fabricantes de
bicicletas no se les obliga a que las bicicletas sean en sí mismas
reflectantes, ahorrando así el hecho de que sea el propio ciclista el
que tenga que ponerse esas prendas encima. Iniciativa per
CatalunyaEls Verds instaría al Grupo Popular a que hiciese caso de lo
han hecho sus compañeros en el Senado, a Convergència
i Unió le pediría lo mismo, y atendería a esta situación.
No estamos haciendo una votación irreflexiva, no estamos haciendo una
votación irresponsable, sino que estamos atendiendo a lo que
realmente dicen los ciclistas. Las calles y las carreteras no son
solamente de los coches, son también de los peatones y de los
ciclistas, y este Congreso de los Diputados tiene que atender a este
derecho.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar en contra de las enmiendas que nos llegan de la
Cámara Alta. Es de difícil explicación para quien no haya seguido los
debates en los diarios de sesiones, tanto del Congreso de los
Diputados como del Senado, armonizar una explicación de esta poda tan
fuerte que ha hecho el Senado suprimiendo aquella parte cautelar
dispositiva que tenía el proyecto que había salido de esta Cámara.
El Senado con sus enmiendas suprime el artículo 5 que estaba referido
a la obligación de utilizar el casco en las vías urbanas, medida que
esta Cámara había introducido cautelarmente, a la vista de todas las
estadísticas médicas, de todos los atendidos en centros de
traumatología, hospitales o clínicas en España donde llegaban heridos
con traumatismos craneales, los que llegaban si no habían perdido la
vida en el asfalto o la pista correspondiente. Se trata de una medida
cautelar necesaria, como en su día, a través de las leyes de tráfico,
se impuso el uso obligatorio del casco en los motoristas o una serie
de medidas de seguridad sobre cualquier otro vehículo.
Hay otra enmienda del Senado que suprime el artículo 6 referido a la
circulación bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias
estupefacientes ¿Es que vamos a levantar una prohibición cautelar de
este tenor que obliga también al ciclista? Se trata de protegerle,
pero se le protege también obligándole a que cumpla una prohibición
expresa disuasoria de que no se puede coger una bicicleta bajo el
efecto de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o
psicotrópicas porque no solamente ponen en peligro su propia vida,
sino que ponen en peligro las normas de seguridad vial y los efectos
que se produzcan por las actuaciones de los tribunales de justicia
sobre otros, que son las víctimas resultantes de la imprudencia o de
la insensatez de quien conduzca cualquier vehículo, automóvil, moto o
bicicleta bajo los efectos de estupefacientes o de bebidas
alcohólicas.
Lo mismo hace el Senado al suprimir el párrafo 2 de la disposición
final, que preveía el desarrollo reglamentario de los principios de
esta ley respecto a las vías decarácter fronterizo, que era también
una medida cautelar,
sensata sobre lo que ocurre con los países limítrofes, Portugal,
Francia o Andorra que puedan tener determinadas legislaciones que
hacen que en el tránsito fronterizo se tengan que reglamentar de
forma distinta.
Por estas razones, señor presidente, y demostrando que este espíritu
de la Cámara Baja, del Congreso de los Diputados, tiene la última
palabra, con toda naturalidad y normalidad porque no es ni excederse
ni ir en contra de, es sencillamente hacer uso del precepto
constitucional y reglamentario que radica y fija en esta Cámara la
última palabra en todo proyecto de ley, y es la voluntad soberana y
democrática de esta Cámara en el sistema parlamentario español la que
hace esta legitimación del voto. Por eso, amparándose en el mismo, mi
grupo parlamentario en este caso concreto votará en contra de estas
enmiendas del Senado.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
La señora Uría, por el Grupo Nacionalista Vasco.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, es para mí una satisfacción poder fijar la postura de mi
grupo exhibiendo la coherencia interna de nuestro grupo de senadores
y de diputados. En efecto, sólo nosotros y los dos senadores de
Izquierda Unida mantuvimos en el paso de este proyecto de ley por la
Cámara Alta lo que había sido considerado como un pacto de Estado en
materia de ciclismo -si se me permite denominarlo así con
exageración-, excepción hecha del parecer de alguna representación
del Grupo Mixto.
Acordado un texto que obtuvo mayoría abrumadora en esta Cámara, la
representación del Grupo Popular en el Senado decidió presentar
enmiendas que descafeinaban de forma importante el contenido de lo
aquí acordado. A estas enmiendas, que hubiesen bastado por sí mismas,
puesto que conocido es por todos que el Grupo Popular tiene mayoría
absoluta en el Senado, se sumó a la votación de manera inexplicable
la representación del Grupo Socialista y también, en última
instancia, el Grupo de Convergència i Unió produciéndose una
pintoresca situación en la historia de los debates parlamentarios, ya
que incluso se solicitó la suspensión de la votación para una sesión
posterior, una vez producido el debate entero de una iniciativa.
Repito, señorías, sólo el grupo al que represento y los dos senadores
que Izquierda Unida tiene en este momento, mantuvieron el pacto y se
atuvieron al texto estricto que habíamos acordado todos los grupos en
esta Cámara.
Quiero hacer una segunda manifestación, saliendo al paso de lo
expresado por la señora Rivadulla, y también por lo aparecido en
distintos medios de comunicación. Se ha indicado que esta ley protege
o pretende proteger a los ciclistas, pero sólo lo hace imponiéndoles
obligaciones. Esto no es así. El texto que se aprueba se remite a
regulación reglamentaria, como no podía ser de otra forma, para la
utilización de los arcenes, la circulación por carriles bici, las
vías de uso preferente o la circulación en paralelo. En el texto de
la ley se extiende a las autovías la prohibición, actualmente vigente
para las autopistas, de su utilización por los ciclistas, salvo
cuando no exista otra vía alternativa. Hay también obligaciones
impuestas a los conductores de vehículos a motor de extremar sus
precauciones, moderar la velocidad y, en ciertos supuestos, ceder la
preferencia de paso cuando se aproximen a lugares o vías en los que
se encuentren o circulen ciclistas.Ciertamente, se impone a los
ciclistas obligaciones de garantizar su propia seguridad haciéndose
visibles con la utilización de elementos o prendas reflectantes,
incluso con el uso del casco, tan traído y llevado en la tramitación
de esta proposición de ley, y también se refuerza respecto de los
ciclistas la prohibición de circular bajo los efectos de determinadas
sustancias. También hay obligaciones para los poderes públicos, para
los otros posibles usuarios de las vías públicas y, sobre todo, para
quienes conducen vehículos a motor. El texto creemos que es
equilibrado y sensato, lo es sin las enmiendas añadidas en el Senado,
que mi grupo, como ya he indicado al principio, rechaza ateniéndose a
lo que en su día votó en el paso de este texto por el Congreso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Uría.
Señor Guardans, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo para fijar su posición con respecto
a las enmiendas del Senado a esta importante proposición de ley,
puesto que tuvo su nacimiento en el propio Senado en su momento,
manifestando que también mi grupo votará en contra de las enmiendas
introducidas en el Senado en el trámite que ha precedido a la
votación de hoy.
Yo entiendo esas llamadas a la coherencia que hacía la portavoz del
Grupo Nacionalista Vasco, pero de todos modos tampoco creo que nadie
deba escandalizarse por que las distintas instituciones del Estado,
concretamente sus dos Cámaras, puedan funcionar autónomamente, tal
como la Constitución prevé. Demasiado acostumbrados estamos todos a
que sean los partidos políticos y no las Cámaras quienes acaben
decidiendo las iniciativas. Por tanto, siendo las Cámaras las que, en
su propio funcionamiento, están decidiendo y fijando su posición,
aunque eso quizá no sea lo más ordinario, no debería escandalizar a
nadie ni llevarnos a denunciar incoherencias; sencillamente, una
Cámara presenta un texto, otra Cámara le aporta las modificaciones,
llevada de su buena fe o creyendo que eso es lo más positivo, y la
primera Cámara, que según la Constitución
tiene la última palabra, la acaba estableciendo, y eso es lo que va a
ocurrir hoy. Yo creo que de ahí no habría que sacar mayores
conclusiones.
Efectivamente, mi grupo considera que las enmiendas introducidas por
el Senado, que son básicamente de supresión, es decir, que lo que
hacen o intentan hacer es aguar, diluir un texto que había salido de
esta Cámara con bastante equilibrio, no deben tener la aprobación
favorable de esta Cámara.Sencillamente, porque mi grupo comparte la
última afirmación de la portavoz del Grupo Mixto, de la señora
Rivadulla: la carretera, las vías interurbanas, la calzada, no son
sólo para el tráfico rodado o para los vehículos a motor, también son
para el ciclismo; las bicicletas tienen el mismo derecho para
circular por las vías interurbanas, fuera de algunos casos como
pueden ser las autopistas y las autovías. Esa realidad, la realidad
de que los ciclistas tienen una serie de derechos y que esta Cámara
no puede ignorar el derecho de los ciclistas de salir a la carretera,
nos obliga a nosotros a actuar en consecuencia y a fijar el marco
legislativo en el que esos derechos deben ejercerse, exactamente
igual que ocurre con todos los demás derechos que protege la
Constitución española. Si un ciclista tiene derecho a circular, tiene
derecho a circular sobrio, no tiene derecho a circular borracho, no
tiene derecho a circular bajo los efectos de la droga. Por tanto, hay
que poner instrumentos para que se pueda impedir a quien
legítimamente circula por una vía interurbana en bicicleta que no lo
haga ni borracho ni bajo los efectos de la droga. Eso no va ni en
perjuicio de los ciclistas ni en perjuicio de nadie, va en la
salvaguarda del legítimo derecho del ciclista para circular por las
vías interurbanas. En ese mismo marco se encuadra también el
establecimiento de la obligatoriedad de utilizar el casco en las vías
interurbanas, no en otras vías, no en caminos rurales, no en
urbanizaciones privadas. Se han dicho muchas barbaridades en la
prensa a este respecto. Lo que aquí se está estableciendo -y además
sin llegar al detalle, puesto que esto lo tendrá que establecer la
Dirección General de Tráfico por vía reglamentaria- es la protección
de los ciclistas, en muchos casos -según estadísticas perfectamente
acreditadas allí donde está ya está establecida-, la protección de
los ciclistas mediante la imposición de una obligación, como es la de
la utilización del casco y de prendas reflectantes, porque, como bien
se ha dicho -y en eso creo que la portavoz del Grupo Mixto y algunas
afirmaciones que han aparecido al respecto en la prensa no se
corresponden con la realidad, no es un tema de opción política, sino
que no cuadra con la realidad-, en un ciclista, en alguien que está
circulando en bicicleta, la carrocería es el cuerpo del ciclista. El
debate no es si las prendas reflectantes han de estar en la bicicleta
o no, puesto que la carrocería es el propio cuerpo del ciclista; el
debate estará, y esa sí sería una opción, en si conviene o no que los
ciclistas puedan circular sin que nadie sepa que están circulando, en
si estamos agilizando, perfeccionando y ayudando al ciclismo en
carretera permitiendo que puedan circular
con una luz tenue y sin que nadie les pueda ver a menos de un metro
de distancia. Si alguien cree que esa es la mejor manera de proteger
al ciclista en carretera, que lo diga. Pero asumiendo que nosotros
creemos que eso no es así, que la mejor manera de proteger al
ciclista que circule en carretera es favorecer su plena visibilidad,
evidentemente, esa visibilidad no puede estar sólo en las ruedas de
la bicicleta, tiene que estar en la carrocería, y la carrocería es el
cuerpo del ciclista. Eso es así aquí y en cualquier otro lugar del
mundo. Y como nosotros creemos que eso es así, no vamos a dar nuestro
voto favorable a las enmiendas del Senado, insisto, sin hacer de ello
mayor drama y respetando los motivos que han llevado a los senadores
a aprobar esas propuestas de modificación que nosotros no
compartimos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
Señor Núñez, por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor NÚÑEZ CASAL: Señor presidente, señorías, el debate de esta
proposición de ley creo que es un ejemplo de cómo no se debe hacer un
debate, y lo digo tanto para el trámite del Congreso como para el del
Senado. Da la impresión -y lo digo con todo el respeto- que después
de los trabajos que se realizaron en su día en el año 1994, después
de todas las ilusiones que se habían depositado en esta iniciativa,
se ha producido algo así como el parto de los montes. Hemos dado
lugar a un texto contradictorio, con una técnica legislativa
completamente rechazable y que sobre todo no responde a la finalidad
inicial de todo lo que se proyectó en su día, que es primar,
favorecer, proteger el uso de la bicicleta. Al contrario, en lugar de
eso se ha procedido a un trámite vulgar de modificación normativa que
tiene repetidas contradicciones internas. ¿Y cuál es el resultado que
nos encontramos en estos momentos con las modificaciones del Senado?
Es en dos puntos, uno la utilización del casco y otro el problema de
la alcoholemia, donde se nota mejor que en ninguno cuál es el
despropósito al que ha conducido este debate. Primero, nosotros no
podemos votar a favor ni del Congreso ni del Senado. Nuestra
coherencia nos lleva a reconocer que el resultado ha sido inoperativo
e ineficaz. Plantear un habilitación reglamentaria respecto al casco
no tiene ningún sentido. Plantear la libre utilización de la
bicicleta en cualquier sitio y lugar sin casco tampoco tiene sentido.
La incorrección parte, en primer lugar, del Congreso cuando habla de
vías interurbanas, definición que impide claramente poder resolver el
problema del casco. Esto se agudiza cuando el Senado suprime el casco
sin más. Es cierto que la Unión Europea no ha planteado la
utilización del casco, y no es menos cierto que experimentos en Nueva
Zelanda y en Australia de utilización del casco han llevado a
provocar el desánimo en el uso de la bicicleta, pero había soluciones
mucho más razonables. El lugar por donde
circula la bicicleta exige el casco, sin embargo, para el típico
paseo idílico por los senderos o por los caminos de carros,
evidentemente, no hace falta el casco.
Mi grupo no puede dar el sí ni a un texto ni al otro. La coherencia a
que aludía la representante del Grupo Parlamentario Vasco nos lleva a
decir que ha fracasado un debate que se hizo en su día y que no ha
producido nada, y ha fracasado también el debate de tramitación de
esta proposición de ley.
En el tema de la alcoholemia ocurre lo mismo. Si uno piensa en los
problemas de interpretación que van a tener los jueces después de que
el Senado haya suprimido de un plumazo lo que ha hecho el Congreso
sobre la alcoholemia, insisto, cuando uno piensa en esos problemas de
interpretación comprueba que una vez más se va a tener que solucionar
por un camino no adecuado, como es la jurisprudencia, un fallo de
trabajo de los órganos legislativos. Ya empezaba con una incoherencia
la exposición de motivos cuando hablaba del reforzamiento de las
medidas contra la alcoholemia sobre los ciclistas, como si los
ciclistas fueran más bebedores que el resto de usuarios de la vía
pública. Si se lee detenidamente el artículo 12 de la ley que se
pretende reformar, se comprobará cómo la referencia a los demás
usuarios de la vía pública provoca una verdadera dificultad a la hora
de definir el tipo de vehículos. ¿Nos fijamos en el título de la
normativa a reformar de vehículos a motor? ¿Con lo que ahora se ha
hecho por parte de los compañeros del Senado quedan excluidos los
ciclistas, que solamente estarán obligados cuando se hallen
implicados en algún accidente de circulación? Pues bien, nosotros,
insisto, no podemos admitir ninguno de los dos textos y lamentamos
que se haya perdido una gran oportunidad de primar el uso de la
bicicleta sobre el uso de otros vehículos a motor que producen todo
tipo de contaminación, todo tipo de peligros. Hay otros países que lo
han solucionado más racionalmente y nosotros, con nuestro voto de
abstención, hacemos una protesta íncita en la coherencia de nuestro
propio grupo pero también una manifestación de que ésta va a ser una
ley abocada a una reforma casi inmediata a partir de su entrada en
vigor.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Paniagua, por el Grupo Socialista.
El señor PANIAGUA FUENTES: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el año 1989 este Parlamento, y no quisiera repetir aquí
argumentos que he expuesto en otros momentos, ha ido organizando
vueltas ciclistas parlamentarias, tanto con el Congreso como con el
Senado, llevando por las carreteras españolas la idea de la bicicleta
como un elemento con dos finalidades fundamentales; una, la del
transporte, es decir, como un vehículo ecológico que se debe de
utilizar y que sirve para
fomentar la salud y para el transporte en las ciudades, y una
finalidad deportiva.
El señor Núñez se ha incorporado recientemente, pero he de recordarle
que su grupo votó en el Congreso todas las disposiciones que salieron
de la ponencia, por lo que tendrían que saber exactamente cuándo
votan de una manera y cuándo votan de otra, ya que su grupo, por
unanimidad, votó en mayo todas las resoluciones de la ponencia. En
aquella ponencia, que yo tuve la suerte de compartir con mi ex
compañero de escaño Martín del Burgo, se llevaron a cabo una serie de
intervenciones a lo largo de seis meses de muchas personas que tenían
relación con el tráfico, que tenían relación con la bicicleta y que
tenían relación con los problemas que se producían como consecuencia
de los accidentes de circulación. Las posiciones no eran uniformes,
había contradicciones. Su grupo también estuvo representado y apoyó
aquellas conclusiones, entre las que se encontraba el uso obligatorio
de casco. Debería haberse leído el informe, porque, a partir de esas
conclusiones, que se publicaron y se aprobaron aquí el 14 de
diciembre de 1995, el Senado, en esta legislatura, hizo una propuesta
sobre lo que pueden hacer los parlamentarios. Efectivamente, nosotros
podemos decir que es necesario que se hagan mejores infraestructuras,
que es necesario pedir a los automovilistas una mejor educación, que
se respete el metro y medio en los adelantamientos, que haya mayor
educación vial; todo podemos achacarlo a problemas de cultura, de
educación, pero, generalmente, eso es un canto al sol. Cuando uno
tiene que concretar las cosas, cuando uno tiene que legislar, cuando
tiene que decir exactamente qué es lo que favorece o perjudica la
mejor circulación, en este caso del ciclista, tiene que concretarlo
en proyectos de ley, en ponencias, y eso es lo que una vez vino del
Senado y todos los grupos analizamos qué se podía hacer para mejorar
la seguridad vial del ciclista. Todos los grupos coincidimos; el suyo
apareció alguna vez y también coincidió, lo digo porque la ponencia
se aprobó por unanimidad aquí, en el Congreso, en mayo. ¿Por qué
salió por unanimidad? Yo recuerdo que Abril Martorell, en Valencia,
me decía: cuando intervengas en una ley, si ves que unos están de
acuerdo en su mayor parte, otros parcialmente de acuerdo y otros
totalmente de acuerdo, es que la ley no es mala. Yo creo que esta
frase tiene algo de razón. Efectivamente, esto no satisface a muchos
de los que practican el ciclismo como medio de transporte ni a otros
muchos que lo practican como deporte, pero por primera vez, y en el
Parlamento, se ha abierto en este país una vía de sensibilidad, de
manifestación a la sociedad de que el ciclista no es un cuerpo
extraño, como decía nuestro antiguo Código de Circulación de 1934, el
primer código de circulación que se hizo en España, que siempre
consideró al ciclista como un elemento extraño en la carretera. De
alguna manera, el ciclista ha conquistado su presencia en la
carretera. Entre 500.000 y 700.000 cicloturistas viajan por las
carreteras españolas todos los fines de semana. Diré
más, somos el país con mayor siniestralidad, con mayor número de
muertes de ciclistas de la Unión Europea. Entre 1990 y 1998 se
produjeron 800 muertos, es decir, un ciclista muerto cada cuatro
días. En estos años se produjeron también 17.000 heridos, algunos con
lesiones irreversibles. Por tanto, hay una incultura con respecto al
ciclista; hay una incultura al respecto. Yo recuerdo -lo he dicho
aquí- cuándo se hizo el primer carril bici en España, que fue en
Valencia, y muchos de los grupos parlamentarios lo criticaron por
dispendio, porque eso no iba a dar ningún resultado y, después, lo
siguieron utilizando. Efectivamente, hay problemas de
infraestructura, hay que hacer las carreteras con arcenes para que
los ciclistas puedan circular, hay que favorecer la educación vial.
Todo eso es verdad, pero yo creo que esta ley ha producido una gran
sensibilidad en todos los ciclistas, que han hecho incluso propuestas
y han criticado la ley, lo cual está bien porque ha hecho que el
Parlamento haya vivido de una manera directa los problemas que tiene
la gente. Yo he recibido, por ejemplo, 400 e-mail y 225 cartas, unas
a favor, otras en contra, otras medio a favor y otras medio en
contra, y algunas han tenido razón en criticar aspectos de los que
nosotros no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, recuerdo que un
cicloturista que es abogado, don Alfonso Triviño, me escribió varios
e-mail a lo largo del trámite de las proposiciones en los que me
decía que nos habíamos equivocado en el artículo 3, apartado d), que
decía que el ciclista tenía la prioridad siempre que fuera por un
carril bici o por un lugar destinado para el ciclista y un
automovilista girara a la derecha o a la izquierda. No habíamos
previsto que el automovilista pudiera ir en camino recto, lo que, tal
como está redactado el artículo 3, y en contradicción con el artículo
21, podía dar lugar a equívocos cuando se produjera un accidente, por
cuanto que el automovilista que fuera en línea recta -y, por lo
tanto, no girara ni a la derecha ni a la izquierda- podría tener
preferencia sobre el ciclista. Efectivamente, yo reconozco que esto
puede ser discutible y que los jueces pueden dictar sentencias
contradictorias cuando se asimila el vehículo que es la bicicleta a
los peatones. Creo que podemos rectificar esto mediante un decreto-
ley, si fuera posible, o mediante una modificación. Ni los que
estuvimos en la ponencia en aquel momento ni los demás diputados nos
hemos dado cuenta de que esto podía acarrear efectos desfavorables.
Pero creo que el resto de los artículos son adecuados, como el que se
refiere a la utilización del casco, por ejemplo. Y eso que dice usted
de Nueva Zelanda y Australia no es verdad. Nos hemos puesto en
contacto con Australia y con Nueva Zelanda y no es una información es
veraz. A usted le han dicho eso, pero usted no lo ha comprobado.
Somos el país con mayor índice de siniestralidad en la Unión Europea,
por razones varias: por el Código de Circulación, por la educación
vial, etcétera. Ya decía el profesor Montoro, que es catedrático de
psicología del tráfico, que cada país conduce como es y que muchos de
los accidentes que se producen también son debidos
a los ciclistas. Hay deberes y derechos que tienen que ser
compartidos. No siempre los accidentes de circulación son causados
por los automovilistas. Hay muchos ciclistas que no paran en los
semáforos, que no respetan el ceda el paso, que beben y causan
también accidentes. Los ciclistas tienen los mismos deberes y los
mismos derechos. Y cuando decimos que el casco se utilice en las vías
interurbanas, no hablamos de la ciudad ni del estudiante que se
traslada a la Universidad o de la madre de familia que coge su
bicicleta. Habría que reglamentar muchas otras cosas, si no por ley,
por reglamento, como hasta qué edad puede un muchacho conducir en
solitario -¿hasta los 14, hasta los 16, hasta los 18 años?-; hasta
qué edad puede ir un niño en la bicicleta con un adulto-¿hasta los
cuatro, hasta los seis años?-. Todo eso es materia de reglamentación.
Creo que es acertado reglamentarlo, aunque seamos el primer país de
la Unión Europea que lo haga. Aquí estamos hablando siempre de
Europa, de que esto no se hace en Europa; pues muy bien, tenemos esa
responsabilidad, y si aquí hay más accidentes que en Francia o en
Bélgica, donde se respeta al ciclista, tendremos que tomar ciertas
medidas.
La mayor parte de los cicloturistas utilizan el casco, yo diría que
el 90 o el 95 por ciento. Pertenezco a una peña cicloturista donde
normalmente la gente lleva el casco, se lo ponen. ¿Por qué no podemos
hacerlo obligatorio si en un 80 por ciento de los accidentes que se
producen por causa de desviación del propio ciclista, sin que haya
ningún choque entre cualquier vehículo y éste, el casco le ha
beneficiado porque ha evitado su muerte? ¿Por qué no imponerlo?
El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, sabe S.S. que esta última etapa
no es crono ni contrarreloj y además que tiene todo el apoyo de la
Presidencia sobre cualquier posición en relación a la protección del
ciclismo y de los ciclistas; pero hay que llegar a la meta y, por lo
tanto, le ruego que vaya pensándolo.
El señor PANIAGUA FUENTES: Voy a llegar a la meta, señor presidente.
Sólo voy a exponer una serie de cuestiones.
La bicicleta como medio de transporte. Desplazarse por la ciudad en
bicicleta representa 25 veces menos gasto de energía que hacerlo en
transporte público y 53 veces menos que hacerlo en automóvil. Es un
medio simple, eficaz y ecológico, y compite con ventaja con el
automóvil. En una distancia de un metro el automóvil desplaza por
hora de 120 a 220 personas, mientras que en el mismo recorrido la
bicicleta podría transportar a 1.500 personas. Por lo tanto, nosotros
debemos estimular el ciclismo como transporte y además como medio
deportivo, en un país donde el ciclismo tiene una gran
representatividad en las competiciones mundiales.
Repito, señor presidente, que probablemente esta sea la última etapa
en que hablemos del ciclismo enesta legislatura; pero, aun con todas
las deficiencias
que podamos encontrar, es la primera vez que este Parlamento se ha
preocupado a lo largo de estos años por que el ciclista sea respetado
en la carretera y no sea un elemento extraño a la misma. Por eso,
señor presidente, para que usted también la ponga en su automóvil, me
permito regalarle esta pegatina, que dice: «Yo respeto al ciclista,
¿y tú?».
El señor PRESIDENTE: También, señor Paniagua, también. Muchas
gracias.
El señor PANIAGUA FUENTES: Por último, anuncio, señor presidente, que
vamos a votar en contra de las enmiendas del Senado.
Gracias. (El señor Núñez Casal pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
Señor Núñez, S.S. ya ha intervenido. Como es natural, se han dirigido
a usted porque están fijando posición sobre enmiendas, usted ha
estado en el debate y es natural que el portavoz del Grupo Socialista
aluda y deje de aludir, eso forma parte de las reglas del juego. Las
alusiones se reservan para cuando se refieren a alguien que no está
en el debate.
El señor NÚÑEZ CASAL: Acato la decisión de la Presidencia, pero no
estoy de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez; no esperaba menos
de su señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, y con las mismas
características de última etapa, tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Muchas gracias, señor presidente.
En este esprint final que supone el trámite de las enmiendas del
Senado limitaré mi intervención a lo que nos recomendaba la
Presidencia, al análisis de las enmiendas que ha introducido el
Senado. Pero el señor presidente me va a permitir que, con carácter
previo, haga dos consideraciones. La primera es la constatación,
a juicio de este humilde diputado, de que el presidente de esta Cámara
tiene palabra y además la cumple, porque en el debate que mantuvimos
aquí el día 27 de mayo se comprometió a participar en la vuelta
ciclista parlamentaria y todos tuvimos ocasión de comprobar cómo lo
hacía, vestido con su maillot y además dotado con el preceptivo casco
protector. Y la segunda consideración es que el señor Núñez ha
hablado de la coherencia que le impide votar a favor de las
propuestas que introdujimos en el Congreso y de las enmiendas que nos
trae el Senado. Esa apelación a la coherencia me parece muy bien,
pero yo le pediría al señor Núñez que fuera coherente consigo mismo y
más concretamente con su grupo parlamentario, lamentando en esta
ocasión el cambio de portavoz dado que la intervención del señor
Castellano fue mucho más coherente que lo que el señor Núñez propone.
Entrando en el análisis de las enmiendas del Senado, debo señalar que
básicamente son tres enmiendas de supresión de tres preceptos que
introdujimos en el Congreso de los Diputados.
La primera pretende suprimir el uso obligatorio del casco. La segunda
suprime el artículo 6, todo lo que se refiere al control de la
alcoholemia y a la obligación de someterse a la prueba de
alcoholemia. Y la tercera suprime el apartado 2 de la disposición
final, relativo a lo que llamamos las carreteras de carácter
fronterizo.
De entrada quiero manifestar la discrepancia del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso con la introducción de estas enmiendas en el
Senado. Por lo que se refiere a la supresión del uso obligatorio del
casco, sin duda, como hemos tenido ocasión de comprobar, es la
cuestión más polémica en toda la tramitación de esta ley, hasta el
punto de que parece que lo único que ha trascendido a la opinión
pública es que aquí se impone una obligación indiscriminada e incluso
parece que abusiva de la utilización del casco por parte de los
ciclistas. Se aduce en contra de esta medida que ello desincentivará
el uso de la bicicleta, que al parecer debería ser el único objeto de
esta proposición de ley. Nada más lejos de la realidad. Esta medida
en nada va a desincentivar el uso de la bicicleta, como ha puesto de
manifiesto el señor Paniagua; lo único que pretende es garantizar que
los ciclistas circulen por nuestras carreteras con las suficientes
condiciones de seguridad vial.
Es obvio que el Congreso de los Diputados no puede elaborar una
reglamentación detallada, porque eso es competencia del Poder
Ejecutivo. En el Congreso de los Diputados nos hemos limitado, y creo
que es importante destacarlo, a expresar la voluntad política de que
los ciclistas circulen en las máximas condiciones de seguridad y para
eso creemos que es imprescindible el uso del casco. La Unión Ciclista
Internacional, máximo órgano en materia de ciclismo y se supone que
el mayor interesado en fomentar su práctica, recomienda el uso del
casco en toda ocasión y circunstancia y además lo impone con carácter
obligatorio cuando se trata de pruebas ciclistas, salvo las de
altísimo nivel. Por lo demás, la mayoría de las asociaciones y peñas
ciclistas que se han puesto en contacto con los distintos portavoces
que hemos intervenido en la tramitación de esta iniciativa nos han
hecho llegar su conformidad con esta medida que significa el uso del
casco en las condiciones a las que luego haré referencia. Obviamente,
también ha habido asociaciones y peñas ciclistas que se han
manifestado en contra y cuando no lo han hecho por motivos políticos
sí lo han hecho por un desconocimiento relativo de lo que en esta
iniciativa se establece sobre el uso del casco. Seguramente, si
hubieran leído la iniciativa desde su preámbulo hasta su último
artículo no hubieran sacado esa conclusión de que pretendemos
establecer abusivamente el uso del casco. Lo que ocurre es que las
asociaciones y peñas que están en contra del uso del casco, que
repito que son minoría, son las que más ruidosamente han protestado,
mientras que las que están a favor de su uso obligatorio no han dicho
nada y se han visto satisfechas por esta medida, pero no lo han
manifestado públicamente.
Sobre la segunda enmienda, relativa al sometimiento de los ciclistas
a las normas generales sobre prohibición de circular bajo los efectos
de sustancias alcohólicas o estupefacientes y la obligación de
someterse a las correspondientes pruebas, quiero señalar que lo que
hemos pretendido es simplemente explicitar de una manera patente que
esta obligación también afecta a los ciclistas. Con la actual
redacción de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, debe entenderse que los ciclistas están sometidos a
esta prohibición y a esta obligación, pero, como se trata de una
norma de carácter limitativo, que podría entenderse restrictiva en el
ejercicio de derechos, puede ocurrir que un tribunal la interprete
restrictivamente y deje fuera de esta obligación y de esta
prohibición a los ciclistas. Para evitar este inconveniente en la
aplicación práctica de la ley es por lo que hemos querido explicitar
que también los ciclistas están sometidos a la prohibición de
conducir bajo los efectos de sustancias alcohólicas o estupefacientes
y a la obligación de las correspondientes pruebas. Quiero resaltar, y
eso me parece a mí que es lo importante, que no imponemos ninguna
nueva obligación que no existiera ya para los ciclistas; simplemente
dejamos patente de una forma explícita en la ley que también los
ciclistas están sometidos a estas medidas.
Concluyo, señor presidente, señalando que estas discrepancias con las
enmiendas que ha introducido el Senado nos llevan a manifestar que
votaremos en contra. Comprendemos las razones por las que el Senado
ha introducido estas modificaciones y en el fondo, si se analiza esta
iniciativa desde su inicio hasta el trámite mismo de esta mañana, se
verá que en realidad no hay tal discrepancia de fondo entre una
Cámara y otra. Son cuestiones puramente formales, de matices, que en
ningún caso deben entenderse como discrepancias. Por tanto, señor
presidente, anuncio que el Grupo Parlamentario Popular también votará
en contra de las enmiendas introducidas por el Senado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Seco.
Con esta intervención concluye el debate sobre las enmiendas del
Senado al proyecto de ley de adaptación de las normas de circulación
a la tan necesaria práctica del ciclismo.
Vamos, por tanto, a llamar a votaciones, correspondientes a los
asuntos del orden del día debatidos hasta este momento. (Pausa.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIONES.):
- REAL DECRETO-LEY 16/1999, DE 15 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS PARA
COMBATIR LA INFLACIÓN Y FACILITAR UN MAYOR GRADO DE COMPETENCIA EN
LAS TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 130/000078.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a proceder a
las votaciones, que no son pocas. Después ha de continuarse el orden
del día, que no es escaso.
Vamos a comenzar la votaciones, que tendrán el siguiente orden: en
primer lugar, votaremos la convalidación o derogación de los reales
decretos leyes y eventualmente su tramitación como proyectos de ley,
que ha sido solicitada en ambos casos; luego las enmiendas del
Senado; si no hay oposición a que se sometan a votación por
asentimiento, así lo haremos con los dictámenes de la Comisión de
Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, luego lo
expresan; y finalmente someteremos a votación, en sesión secreta,
o sea que tendrá que producirse el desalojo de las tribunas, el
dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que ha quedado
pendiente.
Comenzamos, por tanto, sometiendo a votación la convalidación o
derogación del real decreto-ley número 16/1999, de l5 de octubre, por
el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un
mayor grado de competencia en las telecomunicaciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 166; en contra, 143; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, convalidado el real
decreto-ley mencionado.
Se ha solicitado, como he anticipado, su tramitación como proyecto de
ley y se somete por ello a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 141; en contra, 169; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada.
- REAL DECRETO-LEY 17/1999, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE CONCEDEN
VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 6.946.700.000
PESETAS, PARA ATENDER OBLIGACIONES DERIVADAS DE GASTOS DE INVERSIÓN
DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 130/000079.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al real decreto-ley número 17/1999, de
29 de octubre, por el que se conceden
varios créditos extraordinarios para atender obligaciones derivadas
de gastos de inversión del Ministerio de Medio Ambiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 173; en contra, 13; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, convalidado el decreto-
ley.
Pasamos a votar su tramitación como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 141; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la solicitada
tramitación.
ENMIENDAS DEL SENADO. (CONTINUACIÓN.):
- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA
CIVIL. (Número de expediente 121/000162.)
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado, comenzando por aquéllas
que la Alta Cámara ha enviado, tras aprobarlas, al proyecto de ley de
régimen del personal del cuerpo de la Guardia Civil.
Sometemos a votación las enmiendas del Senado al artículo 88.1,
apartado c).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 309; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, aprobadas las referidas
enmiendas.
Restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 292; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, también aprobadas las
restantes enmiendas del Senado al proyecto de ley de régimen del
personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN A
LA PRÁCTICA DEL CICLISMO. (Número de expediente 124/000005.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado a la
proposición de ley sobre adaptación de las normas de circulación a la
práctica del ciclismo.
Se someten a una sola votación en bloque todas las enmiendas de la
Cámara Alta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, tres; en contra, 293; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las
enmiendas del Senado a la proposición de ley referida.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- PROTOCOLO MODIFICATIVO DEL CONVENIO DE EXTRADICIÓN DE 23 DE JULIO
DE 1982 ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, HECHO EN
MADRID EL 16 DE MARZO DE 1999. (Número de expediente 110/000288.)
El señor PRESIDENTE: Como anticipé, someteremos a votación por
asentimiento los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre los tres acuerdos internacionales que figuran en el orden del
día, pero me ha parecido que algún grupo parlamentario deseaba hacer
votación separada de alguno de ellos o someterlos a votación
electrónica. (Pausa.) ¿Entiendo, por tanto, que el Pleno da su
asentimiento al dictamen de la Comisión sobre el protocolo
modificativo del convenio de extradición entre el Reino de España y
la República de Colombia? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías.
- ACUERDO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
ESTONIA, HECHO EN TALLINN EL 28 DE JUNIO DE 1999. (Número de
expediente 110/000289.)
El señor PRESIDENTE: ¿Asimismo, da su aprobación por asentimiento al
acuerdo de extradición entre el Reino de España y la República de
Estonia? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESTONIA RELATIVO
A LA READMISIÓN DE PERSONAS, HECHO EN TALLINN
EL 28 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000290.)
El señor PRESIDENTE: ¿Y al acuerdo entre el Reino de España y la
República de Estonia relativo a la readmisión de personas, hecho en
Tallinn el 28 de junio de 1999? (Asentimiento.)
Muchas gracias.
Quedan así aprobados los tres dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Les ruego que desalojen las tribunas para proceder en sesión secreta
a la votación del dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados. Mientras desalojan las tribunas, les vuelvo a recordar que
permanezcan en sus escaños para efectuar la votación del dictamen de
la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Les recuerdo que a continuación el Pleno comenzará el debate del
punto VIII del orden del día, proyecto de ley orgánica reguladora de
la responsabilidad penal de los menores y proyecto de ley sobre
concesión de un crédito extraordinario. Naturalmente, tendremos una
nueva votación antes de la suspensión para el almuerzo. En todo caso,
esa votación incluirá la votación del proyecto de ley orgánica, que,
como saben, es de rigor anunciarla con tiempo suficiente. Calculamos,
por tanto, que la votación se producirá no antes de las dos de la
tarde y sería deseable que tampoco se produjera mucho después, pero
eso ya depende de sus señorías.
Continúa la sesión con carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
(CONTINUACIÓN.):
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS.
(Número de registro 092626.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LOS MENORES. (Número de expediente 121/000144.)
El señor PRESIDENTE: Sesión pública.
Punto VIII del orden del día, dictámenes de comisiones sobre
iniciativas legislativas.
Debate sobre las enmiendas mantenidas al proyecto de ley orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Ha retirado sus enmiendas la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto,
cosa que se agradece, entiéndaseme, para facilitar la tramitación, y
permanecen vivas, dentro del propio Grupo Mixto, y, por tanto,
repartiendo su tiempo, las de los señores Vázquez más las de los
señores López Garrido y Peralta y las de la señora Rivadulla. ¿Es
así? (Pausa.)
Comienza el señor López Garrido, insisto, repartiendo su tiempo con
el señor Vázquez.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, el proyecto de
ley que hoy se somete a la consideración del Pleno de la Cámara, el
grupo al que represento, los diputados de Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya, lo va a apoyar. Nos parece un buen proyecto de ley y,
además, un proyecto de ley muy importante, porque, como consecuencia
del mismo y de su aprobación se elevará a 18 años la mayoría de edad
penal, que es una asignatura pendiente del Código Penal de 1995. Y se
va a regular la responsabilidad de los menores de 18 años e incluso
de los menores de 18 a 21 años, que un juez considere que deben ser
objeto de la regulación de este proyecto de ley y no del Código
Penal.
Estamos por tanto ante una cuestión de enorme trascendencia, la
responsabilidad sancionatoria de muchos jóvenes y de muchísimos
hechos considerados delictivos por el Código Penal, que pasan a
regularse por este proyecto de ley, que tiene unas características
muy distintas a las del Código Penal. Esto es de una gran importancia
cualitativa y cuantitativa. Hay un estudio hecho por la Junta de
Andalucía, según el cual, si en el futuro se aplicase este proyecto
de ley a todos los jóvenes hasta los 21 años, significaría nada menos
que el 40 por ciento de los hechos delictivos cometidos en Andalucía.
Este proyecto de ley es de importancia crucial y repetimos que está
básicamente bien regulada en este caso la responsabilidad de los
menores, porque en este proyecto de ley el objetivo no es el
vindicativo, no es el castigo, no es la retribución, sino que el
objetivo es la educación. Su objetivo es la educación. Lo fundamental
en este caso es proteger el interés del menor y no satisfacer los
deseos más o menos emotivos que puede haber de venganza o de
retribución en quien es víctima de ese hecho delictivo. Ésa es la
opción del legislador del Código Penal de 1995, elevar la edad penal
a 18 años, y con este proyecto de ley se logra.
Es una regulación que nos parece que cumple las garantías básicas, es
un proyecto también garantista. Los principios constitucionales se
aplican, el artículo 24 de la Constitución se aplica también, tiene
un efecto más allá del campo estrictamente penal, y, además, en el
procedimiento juega un papel fundamental el fiscal, no tanto el juez
en la instrucción, lo cual supone un avance importante, que ya se dio
para el caso de los juicios por jurado, en la Ley del jurado, y que
se da en
este proyecto de ley. Un grupo tan importante y prestigioso como es
el grupo de estudios de política criminal, que recientemente ha
estudiado el contenido de este proyecto de ley, lo ha considerado
positivo, en términos generales, con algunas modificaciones, y ha
hecho hincapié en los aspectos que yo estoy destacando en este
momento.
Nosotros estaríamos a favor, en el momento en que se produzca la
votación de este proyecto de ley, salvo -y anticipo ya una
eventualidad que espero que no se produzca- que algún grupo
parlamentario, creo que Convergència i Unió y no sé si algún otro
grupo, pretendiera introducir una especie de acusación particular en
el procedimiento de este proyecto de ley. Si se adoptase por la
Cámara esta propuesta, nuestro grupo no votaría a favor del proyecto
de ley. Introducir aquí la acusación particular significa
desnaturalizar por completo este proyecto de ley. Esa acusación
pediría, lógicamente, una vindicación, una retribución, un castigo,
y no iría en orden a los intereses del menor y al objetivo de este
proyecto de ley, que es un objetivo educativo y no un objetivo de
castigo. Si no, sería mejor que no se elevase a 18 años la edad
penal, lo que sin embargo sí fue escogido por el legislador del
Código Penal en 1995. Por eso, en el caso de que esta propuesta
o sucedáneo se introdujese en este proyecto de ley, anticipamos que no
votaríamos a favor del mismo.
Para terminar voy a hacer una mención muy rápida a algunas enmiendas
que mantenemos, de las que solamente destacaría tres o cuatro. Creo
que este proyecto de ley debía haber dado un paso mucho más audaz en
cuanto a despojarse por completo del carácter penal. No debería
llamarse de responsabilidad penal del menor sino de responsabilidad
sancionatoria o de justicia juvenil. Además, debería modificarse el
artículo 19 del Código Penal, que habla de responsabilidad penal del
menor. Es un error, no estamos ante una responsabilidad penal, no
estamos aplicando aquí los principios del Código Penal, estamos ante
un objeto fundamentalmente educativo, por lo que debería modificarse
ese artículo 19 del Código y cambiarse el título a este proyecto de
ley para despojarle de su naturaleza penal, que no la tiene. No es un
proyecto de naturaleza penal, es de otra naturaleza. Por eso debería
haberse dado ese paso mucho más decidido y valiente y despojar de
todo carácter penal a este proyecto de ley de una vez por todas, cuyo
contenido no lo tiene realmente.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, vaya concluyendo por favor.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Para terminar, mencionaré simplemente dos
enmiendas, señor presidente. Por una parte, creemos que el artículo
9, regla 5ª, debería suprimirse. Parece excesivo que después de cinco
años de régimen cerrado en internamiento pueda haber otros cinco años
más en libertad vigilada; lo que no se ha conseguido educativamente
en cinco años no se va
a conseguir y, por tanto, introduce un elemento de castigo o de
retribución extraño al sentido de esta ley.
En cuanto al artículo 35.2, creemos que las sesiones de los juicios
sobre estos casos deben ser con carácter general no públicas y sólo
excepcionalmente deben ser abiertas, en interés del menor.
Estos son los aspectos que quiero destacar de este proyecto de ley,
que en conjunto nos parece positivo, importante y necesario; por
tanto, lo apoyaremos en su momento, salvo que se desnaturalice por
alguna de estas enmiendas que he señalado en esta intervención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo para defender las enmiendas vivas del Bloque Nacionalista
Galego al proyecto de ley orgánica reguladora de la responsabilidad
penal de los menores.
En primer lugar, quisiera decir que nos encontramos ante un proyecto
de ley necesario para elaborar una norma que regule de manera
específica la responsabilidad penal de los menores y además corrija
un cierto vacío legal existente en este momento. También valoramos
positivamente muchas de las medidas que se proponen, así como que se
hayan tenido en cuenta enmiendas de nuestro grupo y de otros, que sin
duda mejoran el texto inicial.
Anuncio la retirada de las enmiendas números 68, 70, 71, 72, 74, 76 y
82 y voy a defender el resto de las que mantenemos vivas.
Con la enmienda número 73 pretendemos que en el artículo 9.4 se
modifique la expresión cinco años por tres años, por parecernos
excesivo el periodo de cinco años que se pretende fijar, por cuanto
existe la posibilidad de rebajarlo aplicando otras medidas
correctoras complementarias que ayudarán a la rehabilitación social
del menor de un modo más rápido y menos traumático.
Con la enmienda número 75 proponemos modificar el artículo 17.5 y no
el 19.5, como por error figura en el índice de enmiendas. Con ella
pretendemos que la ley establezca una diferencia en cuanto al tiempo
en que el menor puede estar en situación de detención preventiva en
función de que sea mayor o menor de 16 años.
Las enmiendas 77, 78 y 84 pretenden garantizar que toda la trama de
asistencia al menor sea pública y evitar en consecuencia la
posibilidad de que en esta atención intervengan entidades privadas.
Las números 79,80, 81, 83 y 86 están dirigidas a conferir una mayor
agilidad al proceso estableciendo que en general la instrucción e
incoación del expediente no supere los treinta días o la inmediata
comunicación de las sentencias o el establecimiento de un plazo de
veinte días para resolver los recursos o medidas para corregir
las dilaciones injustificadas de los juzgados atribuibles a jueces o
a personal al servicio de los mismos.
Por último, con la enmienda número 87 pretendemos que se establezcan
las previsiones presupuestarias necesarias para poder aplicar las
disposiciones contenidas en esta ley, que sin duda supondrán un coste
económico, no tanto derivado de las nuevas funciones del ministerio
fiscal como de la necesidad de dotar técnica y materialmente los
juzgados de menores, porque todos sabemos que muchas leyes, al final,
no pueden entrar en vigor en la práctica por falta del necesario
apoyo presupuestario.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez. ¿La señora Uría
desea mantener y defender las enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco?
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco se ha manifestado sustancialmente conforme con esta
iniciativa en todos los trámites que ha tenido en la Cámara, incluso
en la fase de anteproyecto, y así lo manifestamos en el debate de
totalidad, en ponencia y en Comisión. Entendemos, por contra de lo
que se ha dicho por algún otro representante de grupos, que es
correcta la denominación de ley penal juvenil, cohonestando la
expresión con la que consta en el Código Penal. Nos parece que el
adjetivo penal no supone demérito en la actitud proteccionista, sino
que, muy al contrario, introduce elementos de garantía que van en
bien del derecho de defensa de los menores sometidos al imperio de
esta ley.
Nos opusimos en la fase de anteproyecto -y me gusta señalarlo porque
se atribuía al grupo que represento alguna querencia en ese sentido-
al grave defecto de inconstitucionalidad que tenía -y que así señaló
el Consejo General del Poder Judicial- en cuanto que se pretendía
establecer una edad de excepción a los 16 años, manteniendo la
mayoría de edad penal en este tope, respecto de los delitos cometidos
por quienes estaban vinculados con bandas organizadas o con la
violencia terrorista. Mi grupo, desaparecida esta
inconstitucionalidad, presentó con el talante colaborador que le
caracteriza un total de 23 enmiendas, que han tenido éxito suficiente
a juicio de este grupo como para posibilitar que nuestro voto hoy sea
favorable a lo aprobado en Comisión. Nos atribuimos -y creo que no
nos lo negarán los demás grupos- un cierto protagonismo en que
finalmente la edad, por debajo, haya quedado fijada en los 14 años,
frente a la pretensión inicial del texto. Es cierto que hay grupos
que pretendían bajar este tope, entendiendo que hay conductas de
menores que ya pueden tener una cierta responsabilidad -utilizado el
término responsabilidad sin connotaciones jurídicas- en los 12 o en
los 13 años. A nosotros nos parece que dado el carácter de nuestra
Constitución, que contempla la reinserción como prioritaria, en la
primera ley penal juvenil que se haga tras la aprobación de
aquella debe optarse en principio por la posibilidad de reinserción y
la posibilidad educativa siendo generosos en cuanto al tope que se
establezca. Países de nuestro entorno como Alemania, Italia, Austria
y Hungría tienen el tope en estos 14 años y creíamos que puesto que
en otros ámbitos de nuestro sistema se atribuye efectos jurídicos a
esta misma edad, a los 14 años, en esta ley -primera, repito- debiera
ser este el tope propuesto, dejándolo para posteriores modificaciones
si se ve que el planteamiento ha resultado excesivamente generoso
o proteccionista con los menores.
En este trámite a mi grupo le quedan por sostener tres enmiendas, dos
de ellas en clave autonómica y una tercera que yo creo que señala o
detecta un grave defecto de inconstitucionalidad, sobre el que nos
gustaría que reflexionaran los distintos grupos de la Cámara de cara
a su posible votación. La enmienda número 17 y la enmienda número 23
detectan, repito, defectos de percepción en lo que se refiere a las
competencias propias de las comunidades autónomas respecto al texto
de esta ley. No queremos decir con ellas que no se reconozca que las
comunidades autónomas tienen importantísimas competencias a la hora
de ejecutar lo que con las medidas contempladas en esta ley se
propone, sino que esta ley estatal denota escasísima sensibilidad
y un dirigismo clarísimo al decir qué órgano concreto de la comunidad
autónoma va a ser el que deba ejercitar las competencias a que se
refiere.
Creemos que las competencias de autogobierno que tienen las
comunidades autónomas -de las pocas claras que nos van quedando si
atendemos a interpretaciones jurisprudenciales de una y de otra
índole- deben llevar a que reconocida la competencia por parte de la
comunidad autónoma, sea esta la que decida cuáles sean los órganos
concretos que van a ejecutarlas, dentro de los contenidos propios de
la ley. Es más, en la Administración de la Comunidad Autónoma vasca
se da la circunstancia de que en muchos casos no van a ser órganos de
la comunidad autónoma los que ejecuten las medidas, sino que la
competencia corresponderá a los órganos propios de los territorios
forales, con lo cual la denominación resulta inexacta y creemos que
debiera tenerse esa especial sensibilidad de, simplemente, repito,
hacer referencia a las competencias asumidas o reconocidas respecto
de las comunidades autónomas, sin especificación orgánica concreta
como se contiene en el texto de la ley.
Más importante y con más enjundia que esta apreciación que hago, que,
repito, denota falta de sensibilidad en cuanto al reconocimiento y un
cierto dirigismo desde el ámbito estatal en la ejecución de las
competencias propias de las comunidades autónomas, tiene la enmienda
número 18 en cuanto a la posibilidad de que el expediente personal
del menor sea secreto, incluso para el propio menor o su
representación. Creemos que aquí sí podríamos estar tocando el
derecho de defensa del propio menor, es decir el artículo 24 de la
Constitución, y nos gustaría que la posibilidad de modificar este
texto fuese reconsiderada por sus señorías.
Quisiera hacer referencia a la mención efectuada por el diputado
Pablo Castellanos en su intervención en Comisión, cuando decía que
quizás nos encontrábamos ante un texto legal que podría convertirse,
siendo aceptable su contenido, en un brindis al sol, como ha ocurrido
con otros textos aprobados en esta Cámara, como la Ley General
Penitenciaria, magnífica en su contenido pero de muy difícil
utilización en la práctica debido a su costo. Podríamos encontrarnos
con que, teniendo una buena ley, el derecho aplicable a los menores o
la práctica de los procesos en relación con menores no tuvieran el
resultado satisfactorio que todos, quizás con una cierta ingenuidad,
estamos pretendiendo al colaborar en la elaboración de esta ley. Nos
gustaría hacer votos para que esto no sea así. Ahora estamos en el
trámite de aprobación de los presupuestos y cuando una oye barajar
ciertas cifras no puede más que ser llamada al absoluto asombro. Si
respecto de otras cuestiones son posibles las inversiones
millonarias, creemos que en algún momento debiera ser posible también
el esfuerzo para la adecuación de medios, tanto desde el Estado como
desde las propias comunidades autónomas, para que efectivamente en
este primer escalón de la justicia, el que toca a las personas más
jóvenes de nuestra sociedad, sea factible un pacto de Estado que
permita la puesta en vigor cuanto antes de una ley de estas
características.
En cuanto a la entrada en vigor de la ley, quisiera hacer un
llamamiento. Aunque mi grupo no mantiene enmiendas al respecto, sí lo
intentará en el Senado. Lo dije en Comisión y lo repito ahora, la
vocal del Consejo General del Poder Judicial y experta reconocida en
esta materia, doña Esther Giménez-Salinas, decía que la vacatio legis
que contiene el proyecto era excesiva. Ponía el ejemplo muy doméstico
de que si uno espera a tener las cortinas y los tapetitos en los
armarios para cambiarse de domicilio, a lo mejor resulta que no se
cambia nunca. Debiéramos esforzarnos en tener una vacatio menor y en
que pueda ponerse en práctica cuanto antes, aunque todavía no sea con
todos los medios que la ley prevé. En la esperanza de que así sea, de
que la vacatio sea más corta y de que la ley llegue a aprobarse, el
grupo al que represento va a votar favorablemente el dictamen
aprobado en Comisión respecto de esta importantísima ley orgánica.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El texto que hoy llega a este Pleno ha sido fruto de un laborioso
esfuerzo por parte del Ministerio de Justicia y de la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, que llegó a elaborar un
texto articulado y cuyos directores generales de Justicia Juvenil,
don Pere Led y don Antoni del Barrio, hicieron un importante
esfuerzo en este caso. Se ha venido trabajando en esto desde 1997.
También se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los grupos
parlamentarios, que han permitido que el día de hoy se presente un
texto bastante consensuado.
A lo largo del trámite de Comisión y teniendo en cuenta que es un
texto del que nos sentimos corresponsables, gozando prácticamente de
copaternidad, hemos presentado pocas enmiendas, algunas de las
cuales, importantes, han sido objeto de incorporación. Desde el
límite de los 23 años para permanecer en estos centros de
internamiento hasta las modificaciones que se han producido en los
artículos 50 y 51 -si bien no se admite que la medida de
internamiento sea única como pretendíamos nosotros- nos llenan de
satisfacción. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
Querría hacer un llamamiento de cara al futuro. Señorías, reconozco
que el aumento de la edad respecto de la fijada en el proyecto, de 13
a 14 años, puede proporcionar una pátina de progresismo importante,
pero permítanme que les diga que es una pátina aparente, como su
propia denominación indica. En el ámbito de la Generalitat de
Catalunya, señorías, a lo largo de 1998, el ministerio fiscal incoó
diligencias o expediente a 658 menores, de 13 años. Ya me dirán
ustedes qué hacemos ahora con esas 658 personas de 13 años que ya no
entran en el ámbito de esta ley. A partir de ahí hubo supuestos de
internamiento, 69 supuestos de libertad vigilada, 260 de mediación-
reparación, 53 servicios en beneficio de la comunidad, 89
sobreseimientos y queda más de un centenar de casos pendientes de
resolución.
Señorías, mi grupo entiende, y así lo manifestamos en Comisión, que
si no se procede en el Senado a acompañar a esta ley de
responsabilidad penal del menor de una disposición adicional que
permita ampliar la actuación de las administraciones públicas en este
ámbito, dejaremos a muchos menores tirados, sin posibilidad de
tratamiento educativo alguno ni de tratamiento resocializador que en
algún caso requiere la intervención de un mínimo de coacción. Son 658
personas en el ámbito del territorio de Cataluña, 658 personas que,
como también tuve oportunidad de decir en Comisión, han realizado
comportamientos de todo tipo, algunos muy leves, pero hay 295 delitos
de lesiones, 14 de violaciones, un asesinato y 114 robos con
violencia. Si estos menores no están desamparados, la Ley de
protección del menor no permite actuar respecto de los mismos. Por
tanto, me gustaría suscitar el consenso de SS.SS. para que, sin
modificar la ley que en estos momentos se encuentra aquí, podamos, a
través de una modificación de la Ley de protección del menor, hacer
algo por estas personas, salvo que queramos dejarlas realmente
abandonadas o sin educar y verlas dentro de poco también en lo que ya
sería el ámbito de la Ley de responsabilidad penal del menor y del
Código Penal. Quizá la franja de 18 a 21 años también sea algo de lo
que nos debamos ocupar en el futuro.
Querría hacer una defensa muy sucinta de las enmiendas de
Convergència i Unió. Hay algunas que podría denominar menores, la 178
y la 186, respecto a supuestos de desestimiento o de mediación con la
víctima, que espero puedan salir adelante en la sesión del día de
hoy. Otra enmienda, la número 200, tiene por objeto establecer un
régimen transitorio, a cuya retirada procederíamos si tenemos el
compromiso del resto de los grupos sobre su incorporación en el
Senado, con la redacción más adecuada, pero queremos dejar constancia
del hecho de que es una ley que carece de disposiciones transitorias
a estos efectos y ya me dirán ustedes qué van a hacer los juzgados
con aquellas personas mayores de 16 años que en estos momentos están
incursas en diligencias previas o están pendientes de juicio, de la
misma manera que qué deben hacer los juzgados que están tramitando
diligencias de personas entre 18 y 21 años, de las que en función de
la aplicación de la ley y de lo dispuesto en su artículo 2 debiera
ocuparse la justicia juvenil.
Dejo para el final una referencia muy sucinta a nuestra enmienda 185,
que hace referencia al ejercicio de acciones por los particulares. Mi
grupo tiene la conciencia muy tranquila y no cree que quepan dudas
sobre la trayectoria de Convergència i Unió, de un lado, y de la del
Grupo Socialista, de otro, que tiene una enmienda, podríamos decir
incluso más dura, la enmienda 147 al artículo 42 de su texto
alternativo, admitiendo el ejercicio de acciones por particulares.
Con estos antecedentes políticos de unos y otros grupos no tenemos el
menor complejo en manifestar que tal y como está el proyecto de ley,
la víctima no se encuentra suficientemente protegida.
El proyecto de ley contempla a la víctima simplemente como una
persona a la que se debe proporcionar un resarcimiento económico.
Sólo admite su intervención en la pieza de responsabilidad civil, y,
por tanto, señorías, sin perjuicio de que podamos intentar consensuar
de cara al paso de esta ley al Senado algún texto, que no coincida,
si se quiere, con el redactado del artículo 42 del Grupo Socialista o
con la enmienda 185 de Convergència i Unió, algo hay que hacer,
porque imagínense la situación de esa víctima, de una persona que
puede haber sido objeto de una violación, en un procedimiento de esta
naturaleza, cuando se encuentra que está el abogado defensor del
menor, que no crean ustedes que va a proceder a reconocer los hechos
y a solicitar el perdón oportuno -intentará justificar obviamente que
esos hechos no se han producido-, se va a encontrar al ministerio
fiscal, pero no va a encontrar a nadie de los suyos allí, entre
comillas, no va a poder participar en esa fijación de los hechos, que
ya no hablamos de imposición de la medida, alguien que realmente
represente y defienda a la víctima.
El planteamiento de Convergència i Unió era relativamente modesto,
era decir que se admita el ejercicio de acciones por particulares en
aquellos delitos graves cometidos por personas mayores de 16 años. En
cualquier caso, en función de la respuesta que merezcamos
del resto de los grupos, podríamos proceder a retirar la enmienda,
con un compromiso serio y formal, previa aceptación de que esa es la
situación del proyecto de ley, de darle una regulación que nos pueda
ser más conveniente a todos de cara a su paso por el Senado.
Señorías, el interés supremo del menor es uno de los elementos que
impulsa a la ley, pero que eso jamás nos haga perder de vista cuál es
la situación de la víctima. Hay que intentar encontrar ese equilibrio
y ciertamente, señorías, la función hace al órgano. Soy perfectamente
consciente que en el ámbito del derecho comparado hay supuestos en
los que no se permite en este tipo de delitos el ejercicio de
acciones por particulares, pero también nos encontramos con
organismos administrativos vinculados a la Administración de justicia
que tienen también comportamientos diferentes de los que tienen estos
mismos organismos en nuestra organización judicial.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Silva, concluya.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Acabo ahora mismo, señor presidente.
Por lo tanto, solicitando que se reconsidere ese aspecto del proyecto
en el sentido de hacer compatible el interés del menor y una
protección más real de la víctima, concluyo la defensa de estas
enmiendas de Convergència i Unió.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Silva.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
En este trámite evidentemente no final, porque una vez que lo haya
superado la ley deberá pasar al Senado y tendremos todavía ocasión de
volver a tratar de ella, es conveniente, en aras a la brevedad, dar
por reproducidas todas y cada una de las argumentaciones que se
pusieron de manifiesto tanto en ponencia como en Comisión para
mantener nuestras enmiendas, pero es obligado también hacer una vez
más una consideración previa.
Este no es evidentemente el proyecto de Izquierda Unida. Hemos
discutido en muchas ocasiones acerca de cuál debía ser el tratamiento
en las infracciones o en aquellas actuaciones cometidas por menores
que evidentemente tienen que ser objeto de reproche, reproche que
había que cohonestar con una afirmación que ha quedado absolutamente
vacía de contenido.A partir de este proyecto de ley no se puede decir
con seriedad que la responsabilidad penal en nuestro país empieza a
partir de los 18 años. Hay una responsabilidad penal de los menores.
Yo sé que hablar de responsabilidad penal de los menores y asomarse a
este proyecto de ley tiene que obligar a algunos, con una enorme mala
conciencia, a acudir a eufemismo: llamémoslo de otra manera,
disimulémoslo como podamos. No lo disimulemos más. Hay
responsabilidad penal para los menores y, por lo tanto, como hay
responsabilidad penal, intervienen órganos judiciales, los jueces de
menores. Hay un procedimiento sancionatorio. Hay intervención de
partes, fiscal y defensores. No sé por qué no puede haber incluso la
intervención de un acusador particular, si es un auténtico proceso
penal del menor. Hay restricción a la libertad del menor. Hay medidas
que afectan a sus derechos. ¿Bajo la garantía de un juez? ¡Sólo
faltaría! ¿Procurando que haya contradicción? ¡Hasta ahí podríamos
llegar! ¡Eso sería el colmo! Pero esto es un proceso penal del menor.
Nuestra posición no era esta. Es público y notorio que en lugar de
optar por la judicialización, nos hubiera gustado que hubiéramos ido
por el camino de la administravización, eso sí, con la
correspondiente intervención en su momento por parte de los jueces y
por parte de los fiscales, pero haberle dado otro trámite. Pero como
la mayoría de la Cámara ha optado por esta forma de tratamiento, nos
hemos aprestado junto con los demás a colaborar en ello. No
renunciamos bajo ningún concepto a nuestra posición inicial, que
creemos que es mucho más acertada y que no tiene las contradicciones
con las que nos estamos tropezando y nos hemos tropezado en ponencia,
en Comisión y hoy aquí y que se ponen de manifiesto en las
intervenciones, queriendo huir como sea del aspecto represivo, de una
ley absolutamente represiva y de una ley que -repito- hace descender
la responsabilidad de los menores a los 14 años. Aun así hemos
procurado contribuir con los demás a hacerlo lo mejor posible y no
tenemos queja. De todo el conjunto de nuestras enmiendas, más de un
70 por ciento han sido aceptadas, y, en consecuencia, aceptada la
realidad de la voluntad mayoritaria de la Cámara, tampoco tenemos el
menor empacho en votarlo favorablemente, y lo vamos a hacer.
Podríamos no votarlo favorablemente si colocados en las mismas
posiciones de ustedes, no hubiéramos encontrado satisfacción, pero,
aceptadas estas, nos parecía que el proyecto ha mejorado con la
colaboración de todos y cada uno de los grupos, aunque -repetimos- no
es lo que debería hacerse, porque desdice categóricamente toda una
filosofía en cuanto a lo que es el principio de imputabilidad y de la
inimputabilidad. ¿Qué enmiendas mantenemos, en consecuencia? Las que
son de elemental coherencia. Vamos a admitir que por lo menos nos
asomamos a una jurisdicción especializada, la de menores. Si es tan
especializada que tenemos la intención de que el menor salga más
protegido, evitemos toda concomitancia o injerencia de legislación
que está prevista para otros supuestos, en concreto y por ejemplo, el
hecho de las facultades que se conceden a los jueces de instrucción
en el proyecto. Si tenemos unos jueces especializados y además -dicho
sea
con todos los respetos y dicho sea, por qué no, de forma elogiosa-
con unos titulares en los órganos de jurisdicción de menores que a
través de los correspondientes cursillos están poniendo de manifiesto
una gran capacidad y están poniendo una gran vocación encima de la
mesa y se están aprestando a hacer su trabajo de la mejor forma
posible -ojalá todas nuestras jurisdicciones, entre comillas,
tendentes a la especialización vinieran acompañadas de tal grado de
vocación y de capacidad-, si tenemos estas piezas, no pongamos a
disposición del juez de instrucción los menores que sean objeto de
detención. Tenemos ya el suficiente número de jueces de menores para
que no pueda suponer ninguna carga que estén, y no es necesario que
estén físicamente en el local del juzgado, en un servicio de
permanente o de atenta vigilancia al que se le pueda dar cuenta.
Si esto es así, tampoco tiene por qué ser el juez de instrucción el
que intervenga en los supuestos de hábeas corpus. Que intervenga el
juez de menores. ¿O es que estamos especializando a un juez de
menores, a unos fiscales de menores, se están haciendo cursillos y,
luego, inmediatamente -quizás por ahí asoma la realidad del
proyecto-, hay que tirar del juez de instrucción, porque no acabamos
de entender, incluso en la judicialización de este proyecto, que hay
que ir a que sean los jueces de menores los que se responsabilicen de
todo ello?
Es un proceso y como tal proceso -por eso también mantenemos
enmiendas- lo que tenemos que tener en cuenta es un principio
contradictorio, y en ese principio contradictorio no tiene que ser
sólo el juez el que decida si aprueba o no determinados convenios;
también las partes tendrán algo que decir. No cabe la menor duda de
que por la especialidad del tema puede ocurrir que el empecinamiento,
por qué no, de una de las partes, excesivamente dolida como víctima,
pueda llevar a no querer hallar ninguna solución en esa conciliación
que encontramos que es necesaria y que puede ser beneficiosa. En ese
supuesto, evidentemente, tampoco podemos dejar que la reparación
quede en manos de la parte que con su intransigencia impida ese
proceso. Por lo tanto, ahí sí que creemos que deben y pueden el juez
y los equipos técnicos imponer unas medidas en beneficio de la
comunidad que a lo mejor no le dan satisfacción plena a la víctima,
pero que empiezan a abrir un camino de reparación.
Hay un tema que sí que es importante y es que en este proyecto se
varía por completo la filosofía de la responsabilidad de los padres,
tutores o guardadores, que hasta ahora la tienen porque se la impone
el propio Código Civil, por aquella responsabilidad extracontractual
de los delitos o faltas cometidos por los menores o de los daños
causados por los menores. Introducir en la ley la valoración de una
posible minoración de esa responsabilidad por los responsables que
tengan o no la patria potestad en virtud de cuál sea el dolo o
negligencia es cambiar por completo el planteamiento, porque el
planteamiento es que son responsables y lo
son porque hay una situación de culpa in vigilando y de culpa in
negligendo. Por lo tanto, no abramos ese portillo. Si abrimos el
portillo, imponemos además la carga de la prueba de modo tal que con
que no se pueda probar un dolo específico o una negligencia
específica, cabe la posibilidad de ser exonerado de responsabilidad.
Nos parece que esto es contrario a una interpretación mínimamente
rigurosa del principio de la responsabilidad objetiva por el hecho
simple de ser guardadores, de ser padres o tener la patria potestad.
Esto también debería ser corregido.
En todo caso, nos parece que también deben ser corregidas todas las
referencias a ciertas legislaciones especiales. De todas maneras, si
ya estamos en esta vía -que repito hasta la saciedad que no es la que
nosotros hemos escogido-, en la que nos hemos aprestado a colaborar,
que quede perfectamente claro en el tema de la jurisdicción militar
que no hay posibilidad de ninguna interpretación que pueda sustraer
al conocimiento de esta jurisdicción de menores los hechos que ella
contempla.
No nos queda más remedio que culminar esta intervención, señor
presidente, uniéndonos a lo que decía la representante del Grupo
Parlamentario Vasco, y es que efectivamente se haga un esfuerzo muy
serio para atender todas las consecuencias que esta ley va a
comportar.
Lamento que no esté presente en estos momentos mi querido amigo y
respetado compañero, don Manuel Silva, pero le voy a dedicar un
pequeño comentario, y es que no crea que todo aquello que no es
conocido por los jueces queda desprotegido, porque, según esa teoría,
por qué nos íbamos a parar en los 13 años, puede haber supuestos en
los que sea un niño de 9 años el que pueda cometer una infracción
absolutamente grave y, si acompañamos la argumentación de que la
intervención del juez es la protectora, lo tendríamos que llevar
hasta los 9 años. No; puede caber perfectamente la posibilidad de
establecer la edad de 14 años, a partir de la cual se entra bajo la
competencia de los juzgados de menores y que aquellos que, siendo
menores de 14 años, pudieran estar en figuras análogas a las que
contempla esta ley, no queden en modo alguno desprotegidos ni
carentes de un proceso de rehabilitación, porque para eso está el
resto de servicios sociales que tienen todas las comunidades, que
normalmente se ocupan de todos estos supuestos sin necesidad de tener
que pasar por la jurisdicción de menores. Ese argumento de que todo
lo que no está en el juzgado en esta materia no acaba siendo objeto
de conocimiento ni de protección a nosotros no nos vale, por lo que
nos mantenemos en que ha sido un acierto el elevar la edad a los 14
años, sin perjuicio de que, como en todos los temas, es absolutamente
opinable. Además, señor presidente, no es tanta la distancia en la
que nos hemos movido en el proyecto, entre los 13 y los 14 años.
Repito que nuestro grupo, aun no siendo este su proyecto, no siendo
su filosofía, por cortesía y responsabilidad
con el resto de grupos de la Cámara que han optado por otra
vía y no siendo nada dogmáticos, hemos entrado también en esa vía,
hemos tratado de contribuir, nos han aceptado el 70 por ciento de las
enmiendas y por ello este proyecto, cuando llegue el momento de
votación de totalidad, va a gozar del voto favorable del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Castellano.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene
la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señor presidente.
Hace unos meses, desde esta misma tribuna mi compañero de grupo, el
señor Cuesta, pretendía la devolución al Gobierno de este proyecto de
ley. Desde entonces ha pasado el tiempo y han pasado también duros
trabajos de ponencia. Mi grupo reconoce que esos trabajos han
modificado el contenido del proyecto y que en algunos aspectos lo han
mejorado sustancialmente. Se ha elevado de 13 a 14 años la edad
mínima de exigencia de responsabilidad; se ha ampliado, aunque
todavía de una manera cicatera en nuestra opinión, la posibilidad de
aplicación de esta ley a los jóvenes entre 18 y 21 años; se han
introducido algunos elementos en el articulado que aumentan la
seguridad jurídica del proyecto, por ejemplo, la equiparación de la
duración máxima de las medidas con la de las penas, o la
determinación de qué medidas cautelares puede adoptar el juez de
menores; se han desechado algunos de los elementos que dentro de este
proyecto de ley penalizaban la pobreza, aunque, por desgracia, no
todos. El artículo 27.6, después del dictamen de la Comisión, sigue
manteniendo la posibilidad de que el informe del equipo técnico, ese
informe que va a dar pie a la continuación del procedimiento sobre el
menor o a su suspensión y a la sustitución de la medida por una
actividad educativa o de reparación, pueda ser elaborado por
entidades privadas, con lo cual son fácilmente imaginables las
consecuencias de fracturación social que puede producir esta
posibilidad entre las familias con recursos para encargar un informe
a una entidad privada y las familias que no los tengan y la
diferencia de medidas que se podrán adoptar en uno u otro caso.
Señorías, con esta grave salvedad, la verdad es que en estos aspectos
el proyecto de ley ha mejorado sustancialmente. Sin embargo, estas
mejoras no son suficientes para que nuestra actitud inicial de
rechazo total pase a ser una actitud de aprobación global del texto
porque este proyecto de ley, a nuestro modo de ver, contiene todavía
graves insuficiencias y graves errores. No trataré de ser exhaustiva
en la enumeración de estas insuficiencias y de estos errores, pero sí
de ser clara y de referirme alos tres aspectos fundamentales que
preocupan todavía
a mi grupo en relación con este texto que ha salido de la Comisión.
El primero de estos aspectos es evidentemente más técnico, pero tiene
también una honda repercusión en la eficacia y posibilidades de
viabilidad de la ley el día que se apruebe. Como señalaba el
representante de Convergència i Unió, en este proyecto de ley falta
casi por completo un régimen transitorio. Además, se introducen
novedades que, a nuestro juicio -y no sólo a nuestro juicio, sino
según los informes del Consejo General del Poder Judicial y de la
Fiscalía General del Estado-, son inexplicables e inadecuadas. Se
sustituye el régimen de recursos ordinario, previsto en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, por un novedoso régimen de recursos en que
la apelación ha de dirigirse a las nonatas -y, a juzgar por las
previsiones que hace el propio proyecto de ley, yo diría que todavía
ni siquiera concebidas- salas de menores de los tribunales superiores
de justicia. Se establece un nuevo recurso de unificación de doctrina
cuya regulación se remite a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que,
por cierto, no regula en absoluto este recurso de unificación de
doctrina. Quizá más grave todavía que este extraño régimen de
recursos, perfectamente prescindible, es la regulación a que ya se ha
referido el señor Castellano de la responsabilidad civil.
Sinceramente, ni entendemos ni vemos la utilidad de sustituir el
sistema general previsto en el Código Civil por esta responsabilidad
solidaria de padres, tutores, acogedores, guardadores o guardadores
de hecho, moderable a voluntad del juez si no hay dolo o negligencia
grave; es decir, si no hay complicidad o inducción en el delito
cometido por el menor.
Son aspectos que, con ser superficialmente técnicos, repercutirán, y
gravemente, en el funcionamiento de este proyecto de ley si se llega
a aprobar en tales términos. Pero, lo que más nos preocupa es otra
cuestión para nosotros fundamental: la insuficiencia de garantías
que, a pesar de algunas modificaciones, aún presenta el proyecto de
ley; insuficiencia de garantías para el menor sometido al
procedimiento de juzgados de menores.
El señor López Garrido hablaba de un cambio en el nombre de este
texto, de sustituir la expresión responsabilidad penal juvenil por
justicia juvenil. Señorías, al final de estas votaciones el nombre
del proyecto podrá haber cambiado o no, lo que no habrá cambiado es
el proyecto en sí y este es un típico proyecto de ley penal juvenil
en el que a la comisión de un hecho tipificado como delito o falta le
corresponden unas consecuencias jurídicas de carácter sancionador. El
que estas consecuencias jurídicas de carácter sancionador tengan un
contenido primordialmente educativo no altera para nada este carácter
penal, reconozcámoslo y no nos avergoncemos; este es el contenido de
la mayoría de los derechos penales juveniles europeos. Señorías, si
este es un derecho penal juvenil -y lo es, sin duda alguna-, a
cualquier derecho penal le ha de corresponder un contenido de las
garantías que prevé la Constitución y, aquí, estas garantías son
insuficientes.
A título de ejemplo -no quiero extenderme demasiado-, citaré algunas
de las deficiencias que me parecen más clamorosas: no se establecen
las condiciones para la detención de los menores; no se señala cuáles
son los presupuestos que permiten la adopción de medidas cautelares,
y ello frente a la regulación exhaustiva y detallada que hace la Ley
de Enjuiciamiento Criminal de las condiciones requeridas para la
prisión provisional de adultos; es decir, será mucho más fácil y
requerirá menos condiciones -sólo una vaga apreciación por parte del
juez de la gravedad y la repercusión de los hechos- internar
cautelarmente en régimen cerrado a un menor que tener en prisión
provisional a un adulto. Tampoco se establece, salvo en el
internamiento, la duración máxima de las medidas cautelares, así como
se mutila la enumeración de derechos del menor imputado, omitiendo
significativamente alguno tan claro como el derecho a no declarar y a
no confesarse culpable. Es un aspecto, el de las garantías, que
preocupa seriamente a mi grupo, que creemos que en algunos momentos
puede chocar seriamente con la Constitución y que, desde luego, en
nada contribuye a garantizar ni los derechos ni el interés superior
del niño. Posiblemente nos preocupa todavía más la falta absoluta de
previsión de recursos para poner en marcha esta ley que ya han
señalado algunos de los que me han precedido en la intervención. Nos
preocupa sobre todo y ante todo porque puede hacer que incluso los
aspectos positivos que contiene este proyecto sean puro papel mojado,
el brindis al sol del que hablaba hace un momento el señor
Castellano.
Señorías, es imprescindible que no dentro de dos años ni de tres ni
de año y medio, sino antes de un año, antes del previsible momento de
entrada en vigor de esta ley, los juzgados de menores tengan los
medios humanos y técnicos necesarios para ponerla en marcha. Y la
verdad es que nada en este proyecto de ley, ni en los presupuestos
del Ministerio de Justicia, ni en el resto de los presupuestos del
Estado, ni en las declaraciones recientes en esta Cámara del fiscal
general del Estado quitando importancia a las necesidades de 190
nuevos fiscales de menores nos hacen sentirnos optimistas o nos dan
base para creer que dentro de un año podremos contar con estos
recursos.
Es necesario y fundamental dotar a las comunidades autónomas de los
medios necesarios para llevar a cabo la ejecución de las medidas que
a ellas corresponden. Hablo de los medios necesarios, de los medios
que les permitan afrontar el tratamiento de menores en los tramos de
población entre 16 y 18 años y entre 18 y 21, que van a quedar
sometidos a la ejecución de tales medidas por las comunidades
autónomas. Evidentemente, no hablo de los medios que prevé la memoria
económica de este proyecto. En Comisión taché a estos medios de
ridículos; hubo algún enfado por ello, pero sinceramente, señorías,
no se me ocurre otro término más adecuado para describirlos.
Efectivamente, prever 3.700 millones para la ejecución de estas
medidas por las comunidades autónomas cuando sólo la Comunidad
Autónoma andaluza -donde, por cierto, la mayor parte de las personas
en edad de quedar sometidas al ámbito de aplicación de esta ley
forman parte de esos inexistentes 400.000 perdidos del censo-
requiere para ello 10.000 millones; cuando sólo la Comunidad Autónoma
de Galicia, nada sospechosa de querer poner en dificultades al
Gobierno de la nación, requiere 4.600 millones para la puesta en
marcha, deja ver con toda claridad que las previsiones de la memoria
económica son sólo una gota de agua en el mar. Si antes de la entrada
en vigor del proyecto de ley no se consiguen los medios para que
funcione, el nuevo procedimiento de menores que en ella se diseña
será totalmente inviable. El contenido educativo de las medidas será
una quimera para esas comunidades autónomas agobiadas por la
avalancha de niños a los que tienen que corregir y educar sin medios
para ello. Si no se consiguen estos fondos antes de la entrada en
vigor del proyecto de ley, habremos de concluir que el proyecto no es
sólo un brindis al sol, sino también una mera operación de propaganda
del Gobierno.
Por esta razón y por todas las que he citado anteriormente, mi grupo
se abstendrá en la votación de totalidad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Del
Campo.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, me corresponde explanar en nombre del
Grupo Parlamentario Popular el criterio y el sentido de nuestro voto
respecto al proyecto de ley de responsabilidad penal del menor que
hoy se debate en Pleno. Nuestro voto va a ser afirmativo, señoras y
señores diputados, porque tenemos una gran satisfacción en debatir
hoy aquí un texto que viene a llenar una laguna, un vacío en el
ordenamiento jurídico vergonzoso y grave. Digo vergonzoso y grave
porque ustedes saben que desde 1948, con la Ley de tribunales
tutelares de menores, existía una regulación para los menores
infractores que era preconstitucional. Sólo a raíz de la sentencia
del Tribunal Constitucional número 36/1991 se modifica el artículo 15
de dicha ley, elaborada con unos principios paternalistas y
moralizantes de la época que ahora, desde luego, están muy
distanciados de la realidad social y política que viven España y los
españoles. Por ello, sólo se modifica ese artículo y se denomina Ley
4/1992, reguladora del procedimiento y competencia de los juzgados de
menores. Esa es la ley que hoy se está aplicando en España, una ley
que está juzgando de forma penal a menores de 12 años y que está
ingresando en prisión de adultos a menores de 16 años.
Se han producido aquí declaraciones de algún grupo parlamentario
proclamando su abstención. Al parecer, lo que defienden es que se
siga aplicando la citada Ley
4/1992 a esos menores de 12 años e ingresando en prisión a esos
jóvenes infractores de 16 años. Pero lo cierto es que esta ley se
hizo esperar mucho tiempo y que, a pesar de que en la exposición de
motivos de la Ley 4/1992 se recogía que era una regulación urgente y
que estaban a la espera de una nueva y renovada legislación de
menores, ésta nunca llegó. Como tampoco llegó con el Código Penal de
la democracia, que regula en su artículo 19 la mayoría de edad penal,
artículo que no se aplicaría hasta que se elaborara una ley
reguladora de la responsabilidad penal de los menores que, según el
artículo 69 del citado Código Penal, se aplicaría a los infractores
menores de 21 años. Estos dos artículos de nuestro Código Penal hoy
no se están aplicando porque el Gobierno socialista fue incapaz de
elaborar esta regulación necesaria y sólo el Gobierno del Partido
Popular, al incorporarse en 1996, durante dos años ha intentado
llegar a acuerdos con los colectivos y agentes que trabajan con los
menores infractores, así como con los grupos parlamentarios que están
aquí representados y que han intervenido positivamente en el debate
extraparlamentario para la elaboración de este proyecto de ley a fin
de consensuar una norma adecuada, coherente y con rigor, que en todo
momento defienda los intereses de los menores infractores y que se
fundamenta en dos pilares: la educación para recuperar al menor y
joven infractor y la asunción de la responsabilidad por estos menores
y jovenes, de tal manera que se produzca un desarrollo maduro y
equilibrado de su personalidad. Porque no nos vamos a engañar. A lo
único que esta conduciendo la política criminal que se está llevando
a cabo con los menores es a que nuestros menores infractores estén y
continúen en la calle, y sólo cuando son delincuentes adultos se les
ingresa en prisión.
Es una pena que ahora no se encuentre presente el señor Silva, porque
nos consta que Convergència i Unió, teniendo como base la Ley 4/1992,
tan restrictiva y simple, ha intentado aplicar en su comunidad todo
lo que nosotros estamos defendiendo en el proyecto de ley, por lo que
les felicitamos. Lo mismo está sucediendo en el País Vasco o en
Galicia.
Como decía, es necesario tener una regulación adecuada para todos los
jóvenes infractores del territorio español, algo que en este momento
no existe porque tenemos una norma preconstitucional dado que la Ley
de 1948, que se modificó en un solo artículo, procede de una Ley de
bases de 1918. El Gobierno del Partido Popular ha buscado el
tratamiento adecuado a estos menores infractores, un tratamiento que
se ha abordado en profundidad y sin hipocresía y que ha tenido en
cuenta la compleja realidad de los menores que normalmente delinquen;
un sistema judicial, como he dicho anteriormente, elaborado con
seriedad, con rigor y con coherencia, que va a contar con un equipo
multidisciplinar y que lo que va a perseguir es la recuperación del
menor. Aquí no hay españoles de dos clases. Según el Partido Popular,
a quien siendo joven comete un error se le va a dar una segunda
oportunidad -para nosotros eso es muy importante-, y se la vamos a
dar
en todo momento a todos los jóvenes hasta los 21 años. Voy a
distinguir cinco apartados de este proyecto de ley que me parecen muy
interesantes.
En primer lugar, el procedimiento. El procedimiento recoge un marco
flexible para que el juzgado de menores aplique unas medidas, siempre
con una finalidad sancionadora educativa. Estas medidas podrán ser
sustituidas -como recogen los artículos 13, 14 y 51 del proyecto de
ley- cuando lo considere pertinente el ministerio fiscal, siempre con
el apoyo y el asesoramiento del equipo técnico. También se va a
desistir de la incoación del expediente -según regula el artículo 18-
cuando sean delitos menos graves y faltas y - artículo 19- el
sobreseimiento cuando puede en todo momento llegarse a un acuerdo de
reparación o de conciliación entre la víctima y el agresor. Asimismo
se tendrá presente el interés del menor en la intervención del
ministerio fiscal -artículo 23- y en todos los informes que, tal y
como recoge el artículo 27, deba elaborar el equipo técnico teniendo
en cuenta las circunstancias personales, familiares y sociales del
menor. No nos avergüenza decir que son circunstancias sociales,
porque sabemos que el entorno del menor le obliga muchísimas veces a
delinquir. Hay que tener en cuenta todos esos condicionantes, porque,
si no, nunca podremos cambiar la situación de nuestros menores
infractores.
Quiero destacar como muy relevante también el contenido del artículo
30, sobre la audiencia, para tener en cuenta las opiniones de los
letrados y de los menores infractores, la elección del centro, así
como unas medidas de protección posteriores al cumplimiento de las
medidas impuestas por el juez. Nos encontramos con un procedimiento
que va a tener siempre en cuenta y por encima de todo el interés del
menor, lo cual para nosotros es muy importante pues hemos comprobado
que es la única forma de recuperarlo y reeducarlo en unos centros
adecuados y con un equipo técnico en condiciones.
Las medidas contempladas en este proyecto van a tener todas las
garantías que establece la ley. Me ha causado sorpresa escuchar que
no cuenta con las garantías suficientes, porque dichas garantías se
recogen en el artículo 17 -sobre detención del menor-, en el artículo
22 y en el apartado 3 del artículo 1, que exige que en todo momento
se le aplicarán al menor y al joven infractor todas las garantías y
derechos que recoge nuestro ordenamiento jurídico y tratados
internacionales. Nos encontramos, pues, con una aplicación de medidas
sancionadoras educativas con todas sus garantías, en una etapa de
edad que nos parece la más adecuada: a partir de los 14 años; a los
menores de 14 años se les aplicarán las medidas de protección que
recoge nuestro ordenamiento civil, especialmente la Ley 1/1996, de
Protección Jurídica del Menor, que establece la posibilidad de
declarar en riesgo o en desamparo al menor, por lo que repito que
esas medidas de protección nos parecen muy adecuadas. Respecto a los
tramos, serán dos tipos: uno, de los 14 a los 16 años y,
otro, que va de los 16 a los 18 años que, según los artículos 69 del
Código Penal y 4 del proyecto de ley, se va a extender hasta los
menores de 21 años cuando delincan. Desde luego, la intensidad de las
medidas a aplicar estará de acuerdo con el período evolutivo, con la
infracción y con las circunstancias del menor.
Por otra parte, estimamos relevante ese órgano esencial que se
regula, el ministerio fiscal. El ministerio fiscal va a ser el
garante de los derechos del menor y el promotor de la acción de la
justicia, según recoge el artículo 124 de la Constitución española
que valorará el interés del menor. Va a ser, igualmente, un órgano
especializado, lo mismo que el letrado, el juez y todos los
profesionales que van a intervenir en el procedimiento.
Querría destacar como muy importante también -y con esto contesto al
representante de Convergència i Unió- la acusación particular. Es
cierto que nosotros rechazamos la acusación particular porque no
queremos un procedimiento vindicativo, pero también entendemos que
los intereses de las víctimas -por otra parte muy legítimos, tal como
ha dicho- deben ser defendidos y respetados. Recogemos el guante que
el señor Silva nos ha tendido y vamos a estudiar la posibilidad de
integrar los intereses de la víctima en el ámbito de la
responsabilidad civil, articulando alguna medida adecuada, pero no
nos parece que se tenga que contemplar como la víctima de un
procedimiento penal de mayores porque entonces se neutralizaría la
finalidad que se persigue con esta ley, que es la sancionadora
educativa.Nos mostramos favorables a reelaborar la enmienda de
Convergència i Unió en el Senado. Estamos convencidos de que vamos a
conseguir una unidad de criterios en la segunda Cámara y de que vamos
a caminar conjuntamente, porque ya han demostrado que aplicando la
ley han conseguido unos logros importantes en su propia comunidad
autónoma.
El equipo técnico es un órgano esencial en esta ley. Se incorporan
intereses extrajudiciales y se conoce la realidad del menor en todos
los campos. Destacamos también la existencia de este órgano adscrito
al ministerio fiscal, al que orientará y ayudará en la toma de
resoluciones. Por último, quiero decir que sin la ejecución este
procedimiento no tendría mayor validez. Compartiendo la opinión de
todos los intervinientes, estimamos que esta ley es magnífica. Así lo
han dicho todas las personalidades que han comparecido en la Comisión
de Justicia a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios.
Manifestaron que es un magnífico proyecto de ley, que es el mejor
proyecto de ley que ha podido elaborar el Gobierno del Partido
Popular. Yo, que he tenido que intervenir como ponente en otros
proyectos de ley y sé que se ha trabajado mucho desde el Ministerio
de Justicia para la elaboración de este proyecto de ley -otros
partidos que han gobernado con superministros no han sido capaces de
elaborar la normativa que ha salido desde el Ministerio de Justicia
desde que está gobernando el Partido Popular-, puedo asegurar que
estoy enamorada y que defiendo a capa y espada este proyecto de ley
porque me parece
que es magnífico y en este momento no nos podemos permitir
desperdiciarlo, no podemos perder una iniciativa legislativa de este
tipo.
Por otra parte, es trascendental que su ejecución la desarrolle el
órgano de la comunidad autónoma correspondiente, así como que es
transcendental que se aseguren los recursos suficientes para su
aplicación. En este punto, quiero responder a algo que se ha dicho.
Se ha querido fundamentar la abstención en que no se recogen en el
proyecto de ley recursos suficientes. Es necesaria una ley para
exigir recursos suficientes. Aquí está la ley, el Partido Popular y
el Gobierno han establecido una vacatio legis lo suficientemente
amplia para dar lugar a la elaboración, a la existencia de todas las
infraestructuras y de los elementos materiales y personales que son
necesarios. No hemos aprobado una ley para aplicarla al día siguiente
porque sabemos que se van a necesitar muchos medios, y aquí estamos
para dar la cara. Si nuestro propio partido, que gobierna en Galicia,
y además muy bien, dice que son necesarias unas ayudas económicas,
nos parece muy bien porque cuando gobernamos lo que defendemos son
los intereses del menor, no defendemos intereses de partido. En este
momento estamos defendiendo a los menores infractores que tantas
necesidades tienen desde hace muchos años. Hubo un partido, el
Partido Socialista, que gobernó catorce años y no hizo nada por el
joven infractor. Repito que es una ley rigurosa y justa, llamamos al
voto responsable y a la coherencia.
Para finalizar, voy a parafrasear a Octavio Paz. Octavio Paz decía
que la coherencia y la responsabilidad no se definen, no se
conceptuan, sino que se ejercen. Por consiguiente, yo pido el
ejercicio de esa responsabilidad, de esa coherencia, a un grupo que
ha declarado que se va a abstener en la votación, porque esta ley va
dedicada al hombre no buscando su humillación, sino su dignidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Barrios.
Concluido el debate de este dictamen del proyecto de ley orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y no habiendo
enmiendas vivas al proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario por importe de 231.898.349 pesetas, para abonar
a Alvamar, S.A., la indemnización derivada de las sentencias del
Tribunal Supremo de 27 de junio de 1994 y de 6 de noviembre de 1997,
¿sobre este proyecto de ley hay algún grupo que desea intervenir? (El
señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
Señor Mardones, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, me gustaría intervenir
con respecto al proyecto de ley de menores que hemos estado
debatiendo y para el que no se había solicitado el turno a los grupos
que no habíamos presentado enmiendas para fijar la posición.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Usted perdone, señor
Mardones. Por lo que se me había indicado, suponía que la señora
Barrios cerraba el turno. Tiene usted razón. Si el señor Mardones
quiere fijar la posición sobre el proyecto de ley orgánica reguladora
de la responsabilidad penal de los menores, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias. Lo haré con gran brevedad,
señor presidente, pero quiero resaltar la importancia de esta ley
orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Mi
grupo va a votar en contra de las enmiendas que han presentado los
distintos grupos parlamentarios por estar identificado con la
doctrina que trae este proyecto de ley del Gobierno. Digo aquí, en la
Cámara y en presencia de la señora ministra de Justicia, que es un
magnífico y extraordinario proyecto de ley, un proyecto de ley
necesario e imprescindible. De aquellas medidas doctrinales que
empezaron muy tenuamente en la Ley de 1948 sobre los tribunales
tutelares de menores en España, se llegó a la Ley reguladora de 1992
y a la Ley 10/1995, del Código Penal, de cuyo imperativo en el
artículo 19 se deriva la exigencia de esta ley tutelar de la
responsabilidad penal de los menores, y mi grupo se congratula de
este paso. Qué duda cabe, frente a las dudas que han expresado
legítimamente algunos portavoces de supuestas deficiencias que,
cuando entre en vigor esta ley, hay que hacerle un seguimiento para
ver qué carencias pudiera tener, el comportamiento de los juzgados de
menores y el grado de entendimiento técnico, educativo
y presupuestario entre la Administración de justicia del Gobierno del
Estado y las comunidades autónomas responsables en esta materia. No
olvidemos que junto a todos los factores de concreción de una edad
penal entre 14 y 18 años hay unas horquillas de consideración y de
flexibilidad. Mi grupo no se escandaliza de que sea una ley penal; es
una ley penal y trae su consecuencia precisamente del vigente Código
Penal. Lo que trata es de aportarle un sentido de responsabilidad, de
flexibilidad, de sentido común y de inteligencia, incluso cuando
entre los 14 y 18 años crea unos tramos de 14 a 16 y de 17 a 18, para
que los magistrados, jueces, fiscales y quienes intervengan en el
proceso, a través de los juzgados de menores de nueva creación, en
los juzgados, en las audiencias provinciales y en los tribunales
superiores de justicia de las comunidades autónomas, puedan, con su
especialización -y esto también es responsabilidad del Consejo
General del Poder Judicial-, adecuar todo este personal.
Es más, el propio proyecto de ley sabe que hay unos agentes que son
los que ponen a disposición de los jueces a estos menores, y son los
servicios de la policía del Ministerio del Interior, ya que también
por imperativo de esta ley las brigadas de menores de la policía
tendrán que especializarse e informarse para poner adecuadamente, con
los atestados pertinentes, a disposición de los juzgados de menores
que estén en los tribunales superiores de justicia de las comunidades
autónomas
esta actuación. Espero que haya también, por parte del Ministerio de
Justicia y por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, un
tratamiento inteligente cuando, una vez que transcurra el año para la
entrada en vigor de la presente ley -y estaremos pensando ya en el
año 2001-, los presupuestos económicos correspondientes contemplen
con sensatez la dotación de medios humanos y de personal, no
solamente en la competencia de las comunidades autónomas, sino las
que se deriven del Ministerio de Justicia y de la Administración
central del Estado, en este caso el Ministerio de Economía y
Hacienda.
Por tanto, creemos que esto es un paso fundamental e importantísimo.
Es una pieza que armoniza en el derecho comparado europeo y de los
países más avanzados, y no hay aquí ningún demérito en que el derecho
español, en este caso en la defensa de los menores, tuviera que
sufrir ningún menoscabo ni deterioro de imagen, sino todo lo
contrario, en primera línea está la defensa de unos valores de una
sociedad que necesita también la protección penal debida a las
acciones de índole penal que pudieran estar cometidas por menores
entre los 14 y los 18 años, con un efecto disuasorio también, porque
son personas que se van a incorporar a partir de los 18, incluso en
el tramo de los 18 a los 21 que contempla la ley, a una sociedad
ordenada y organizada, que es la que hay y que se defiende, en el
sentido del Estado democrático de derecho, con un Código Penal
constitucional y democrático como el nuestro. Por ello, creemos que
todos los beneficios, como bien ha señalado en su intervención el
señor López Garrido, tienen su acomodo perfectamente reflejado en
esta ley todavía en trámite de proyecto. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Por esta razón, y termino, señor presidente, mi grupo parlamentario,
entendiendo todos estos valores positivos de pieza de
enriquecimiento, quiere resaltar fundamentalmente un aspecto muy
pedagógico de esta ley, porque si se está hablando aquí de que no es
solamente penal, sino sancionadora y educativa, las leyes, sobre todo
las que son por iniciativa del Ministerio de Justicia -como todas,
pero las del Ministerio de Justicia fundamentalmente-, deben tener
buenos, magníficos y pedagógicos preámbulos. Y esta ley, señora
ministra, y lo digo para su satisfacción, trae un magnífico preámbulo
o exposición de motivos que da claridad a la doctrina que inspira el
resto de su articulado. En el derecho español, piezas que vienen de
muy atrás, como incluso la que hemos derogado, la Ley de lo
Contencioso- Administrativo, estaban prologadas de una manera clara y
contundente, que daba luz y claridad a cuál era la doctrina del
legislador para que se entendiera también el espíritu, no solamente a
través de la letra sino del texto articulado. En nombre de mi grupo
me congratulo, y lo vamos a apoyar, por el magnífico texto
explicativo de la exposición de motivos que ayuda a comprender por
qué en este Parlamento, a la altura de 1999,
plenamente constitucional y democrático en todos los derechos, hemos
aprobado este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
señor Mardones.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979,
DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente
121/000179.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos, por lo
tanto, al punto 43 del orden del día, apartado IX, debates de
totalidad de iniciativas legislativas -contando con que no hay
fijación de posición sobre el punto 42-, proyecto de ley orgánica de
modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al que
ha sido presentada una enmienda de totalidad de devolución por parte
del Grupo Parlamentario Socialista. Previamente, para la presentación
del proyecto, y en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Señor presidente, señorías, el reparto de competencias legislativas y
de ejecución ha sido sin duda uno de los aspectos cruciales de
nuestra Constitución de 1978. Creo que podría decirse, sin temor a
exagerar, que ha sido uno de los mayores retos de la historia de
España. La organización territorial que está diseñada en el Título
VIII del texto constitucional implica una profunda descentralización
administrativa y de decisión política, que ha tenido una enorme
incidencia en nuestro modelo, hasta el punto de haber construido en
20 años un modelo de administración completamente nueva.
El desarrollo y asentamiento de nuestro Estado autonómico ha sido
fruto de una compleja labor, en la que han tenido participación
decisiva, en primer lugar, la voluntad de los españoles, pero
también, sin duda alguna, los acuerdos entre las fuerzas políticas,
el impulso de las propias comunidades autónomas, las aportaciones
doctrinales y también la ingente labor realizada por el Tribunal
Constitucional, cuya jurisprudencia en temas competenciales, a lo
largo de estos ya casi20 años de funcionamiento, ha permitido la
fijación de unos criterios interpretativos a la vez estables y
flexibles, que han hecho posible la existencia de un marco jurídico
de referencia para el funcionamiento armónico de nuestro modelo
autonómico.
En la ordenación del complejo sistema de reparto de competencias
entre las diferentes instancias, el Tribunal Constitucional ha
jugado, pues, un papel fundamental. El Tribunal Constitucional, desde
el comienzo de su
funcionamiento en el año 1980, ha admitido a trámite más de mil
asuntos entre recursos de inconstitucionalidad y conflictos de
competencias; es decir, impugnaciones en las que se discutía el
reparto constitucional y estatutario de competencias entre las
administraciones.
En estos momentos se encuentran pendientes de resolución por el
Tribunal 183 impugnaciones en materia competencial que, junto con
otras cuestiones, hacen que en algunos asuntos se encuentren
pendientes de sentencia con nueve años o más de antigüedad. Y si toda
sentencia adecua su satisfacción a que su fallo se dicte lo antes
posible, en el caso de las cuestiones de competencia se hace más
patente, y a veces se resuelven cuestiones excesivamente antiguas,
pronunciándose sobre normas que han perdido su virtualidad por
haberse incluso derogado o modificado por una posterior legislación
más ajustada a nuevos tiempos y nuevas necesidades.
Se hace, por tanto, imprescindible la necesidad de plantearse
fórmulas que en el marco de una voluntad de cooperación entre ambas
partes puedan servir como mecanismos de solución extraprocesal que
eviten la constante apelación a la función arbitral e interpretativa
del alto tribunal.
La cada vez más abundante legislación autonómica, como consecuencia
de los nuevos traspasos y de la asunción de nuevas competencias, y
con carácter más general del proceso dinámico que conlleva el
desarrollo de nuestro Estado autonómico, hace que resulte
imprescindible encontrar soluciones que permitan la apertura de un
cauce previo de entendimiento, de carácter voluntario, entre las
administraciones interesadas, a partir del cual se examinen las
normas con el fin de llegar a acuerdos que eviten la controversia y
el conflicto y que demuestren que la Administración general del
Estado y las comunidades autónomas son capaces de entenderse cuando
les dan la oportunidad de debatir y examinar los problemas con calma
y con voluntad de cooperar.
En el caso de las normas y decisiones sin rango de ley, la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional prevé ya un trámite posible de
entendimiento para resolver las diferencias sin acudir al Tribunal,
que es, como todos ustedes conocen, el trámite del requerimiento
previo. Tramite que -como ha señalado el propio tribunal- responde a
la finalidad primordial de apurar las posibilidades de resolución
convencional o negociada de las diferencias entre la Administración
general del Estado y las comunidades autónomas. Pues bien, dicha
fórmula no es aplicable, sin embargo, en el caso de las disposiciones
con rango de ley susceptibles de verse sometidas al recurso de
inconstitucionalidad en donde no existe en este momento ningún cauce
de entendimiento que pueda, a través del diálogo, evitar el recurso
al tribunal. Para conseguir, pues, una auténtica colaboración que
evite la fórmula del recurso es necesario plantearse la introducción
o el impulso de aquellos mecanismos que hagan necesaria la creación
de foros de encuentro y acuerdo sobre disposiciones
objeto de controversia antes de acudir a la vía jurisdiccional.
Que el encuentro favorece el acuerdo no es una afirmación abstracta,
sino que se encuentra ya avalada por la práctica. Cuando la
cooperación está institucionalizada, sus resultados demuestran la
eficacia de este camino. Me refiero, en concreto, al supuesto que ya
conocemos de Navarra y a las previsiones de la Ley orgánica de
reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra, que en su
artículo 69 crea una junta de cooperación para la resolución de las
controversias entre la Administración foral y la general del Estado.
Este órgano de encuentro ha sido y es un instrumento de una enorme
utilidad para la conclusión de acuerdos entre ambas partes. Ha
evitado, señorías, aproximadamente un 50 por ciento de los casos
antes de recurrir a las instancias jurisdiccionales. Y ese es el
objetivo final que subyace en la modificación que se propone, el de
sustituir la vía de la impugnación y del conflicto por el cauce de
colaboración y de cooperación en la solución de controversias. En
definitiva, de ampliar las oportunidades del diálogo y del
entendimiento en un marco de lealtad institucional mediante,
precisamente, la institucionalización de órganos de encuentro que
permitan un debate y análisis sosegado de las diferentes posturas.
Con esto no hacemos sino llevar a la práctica los principios de
relación entre las administraciones públicas que enuncia la Ley 30 de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, entre los cuales se encuentran los de
colaboración y respeto al ejercicio legítimo de cada administración
de sus propias competencias sin interferir o menoscabar las ajenas en
un marco de lealtad institucional.
Para ello creemos que no hacen falta grandes reformas, pues resulta
suficiente con utilizar y potenciar los mecanismos que ya nuestro
actual ordenamiento contempla, concretamente con fortalecer el
funcionamiento de las comisiones bilaterales de cooperación, pues a
veces una pequeña reforma se convierte en un gran instrumento. Estas
comisiones han venido funcionando esporádicamente desde 1987 y en la
actualidad existen comisiones bilaterales de cooperación integradas
por representantes de ambas administraciones y constituidas por
acuerdo de ambas partes. En sus actas de constitución se prevé que
actúen como cauce de diálogo y entendimiento, que reúnan a los
responsables de las diferentes administraciones para intercambiar
información, para tratar aquellos asuntos de interés común y poder
llegar a acuerdos. Algo que en principio puede parecer tan simple
como posibilitar la reunión de estas comisiones cuando se plantee la
posibilidad de una controversia competencial que pueda ser
susceptible de dar lugar a un recurso de inconstitucionalidad, es
suficiente para favorecer de una manera inmediata y sustantiva el
diálogo previo y, sin duda, una sustancial reducción de la
litigiosidad competencial por vía de acuerdo.
Con la presente modificación pretendemos potenciar el funcionamiento
de estas comisiones bilaterales de cooperación con el fin de que
puedan servir como foro de encuentro en el que a petición de
cualquiera de las partes puedan examinarse las posibles controversias
que susciten las normas estatales o autonómicas con rango de ley
formal. A partir de dicho examen, y si se llega a un acuerdo que
pueda permitir la solución de la controversia por cauces
extrajurisdiccionales, y siempre desde el respeto a las competencias
de las distintas administraciones, se pondrían en marcha los
mecanismos adecuados para evitar el planteamiento del recurso de
incontitucionalidad.
El cumplimiento de esta finalidad exige una modificación puntual de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, concretamente de su
artículo 33, con la finalidad esencial de hacer posible en estos
supuestos una ampliación del plazo de tres meses inicialmente
previsto en la ley orgánica para la interposición del recurso de
inconstitucionalidad, con el objetivo de que en un nuevo plazo puedan
adoptarse decisiones que permitan llegar a acuerdos.
Se ha considerado razonable establecer un plazo de nueve meses para
permitir, en su caso, una posible modificación legislativa de la
norma cuestionada, valorando para ello los plazos que en sí mismo
exige el trámite parlamentario. No obstante debe precisarse que dicho
plazo no ha de ser necesariamente agotado, por lo que si durante el
transcurso del mismo no se apreciara la existencia de voluntad o
posibilidad expresa de acuerdo podría plantearse el recurso antes de
finalizar este plazo. Se garantiza así suficientemente el principio
de seguridad jurídica, evitando que la norma quede innecesariamente
pendiente del recurso cuando las circunstancias no permitan una
solución consensuada.
Así pues, la modificación que se propone del artículo 33 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional contempla los siguientes
aspectos. El plazo de tres meses previsto para la interposición del
recurso de inconstitucionalidad se convierte en un plazo de nueve
meses cuando concurran los siguientes requisitos: que la norma con
rango de ley estatal o autonómica haya sido examinada por la comisión
bilateral de cooperación, cuya convocatoria se realizará a petición
de cualquiera de las administraciones y siempre de manera voluntaria.
Hemos preferido optar por la voluntariedad, es decir, que la
Administración general del Estado o la Administración autonómica
decidan libremente someter la cuestión al examen de la comisión,
porque creemos firmemente que el camino de la colaboración no puede
venir por la imposición de trámites obligatorios, pues en muchos
casos la imposición y el deber los convierten en inútiles. La
voluntad de entendimiento no puede imponerse sino que surge del
convencimiento de su utilidad, de que unos y otros tengamos ese
convencimiento de que existe la voluntad.
En segundo lugar, que, examinada la norma, se considere que las
cuestiones de competencia suscitadas por la misma pueden encontrar
solución a través de
mecanismos de cooperación. Entendemos que es mejor no precisar la
naturaleza que haya de revestir dicho acuerdo, porque consideramos
más apropiado que la propia comisión bilateral estudie todos aquellos
mecanismos que eviten el recurso de inconstitucionalidad. Obtenido el
acuerdo precedente, dicho acuerdo ha de ser elevado y puesto en
conocimiento del Tribunal Constitucional dentro de los tres meses
siguientes a la publicación de la norma por los órganos ejecutivos
legitimados para la interposición del recurso por ambas partes, esto
es, el presidente el Gobierno y el órgano colegiado ejecutivo de la
comunidad autónoma.
Por último, y en aras del principio de seguridad jurídica, se
especifica que esta posibilidad no afecta y por tanto deja a salvo,
en todo caso, la legitimación para interponer el recurso que se
atribuye a sujetos distintos de los hasta aquí examinados, es decir,
el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores en
los términos en que lo prevé la propia ley orgánica.
En definitiva, señorías, es oportuno señalar que este proyecto no
hace más que ahondar en la dirección ya adoptada de profundizar en lo
que ha de ser una de las principales características del Estado
autonómico en los próximos años: la cooperación entre las
administraciones públicas. Espero que esta modificación se apruebe
desde el mayor grado de acuerdo y de consenso, desde las aportaciones
que realicen los distintos grupos, sobre las que ya hemos tenido
conversaciones, para lo que ofrecemos nuestra mejor disposición. Una
modificación en el texto de la ley, pues, que conlleva toda una
cultura de relaciones, que a buen seguro será fructífera tanto en el
resultado práctico como en la mentalidad con la que se aborde la
corresponsable tarea de avanzar en nuestro modelo de organización
territorial para el futuro, presidido, insisto, por los principios de
cooperación y colaboración entre las administraciones y siempre en
defensa del interés general.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
En nombre del Grupo Socialista del Congreso, para la presentación de
su enmienda a la totalidad de devolución, tiene la palabra la señora
Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 19 de julio -y me interesa destacar esta fecha-
se publica en el Boletín Oficial de las Cortes el proyecto de ley del
Gobierno de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y
lo estamos debatiendo en noviembre. De pronto, parecía que había
prisas y después pausas; a lo mejor no había mayoría parlamentaria
suficiente hasta estos momentos, algo ha pasado ahí. Quiero que quede
constancia de que el proyecto se publica en julio y lo estamos
debatiendo a mediados de noviembre, cuando está terminando la
legislatura.
La finalidad última de este proyecto va dirigida a una hipotética
reducción de la conflictividad constitucional entre el Gobierno y los
consejos de gobierno de las comunidades autónomas. A pesar del
larguísimo discurso del ministro, que se ha remontado casi a los
romanos, hay que decir a SS. SS. que se trata de un proyecto
pequeñito, de una cosa insignificante.
Por otra parte, señorías, el proyecto Acebes es realmente muy poco
consistente. Ya les ha dicho el ministro que la reforma consiste
simplemente en la ampliación, de tres a nueve meses, del plazo de
interposición de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes,
disposiciones y actos con fuerza de ley, producidos tanto por el
Estado como por las comunidades autónomas en aquellos casos en los
que se haya llegado a un acuerdo en las comisiones bilaterales de
cooperación entre el Estado y las respectivas comunidades autónomas.
El plazo se amplía -y es la única finalidad de este pomposo proyecto
de ley de reforma de la Ley del Tribunal Constitucional- con objeto
de dar más tiempo para modificar la norma sobre la que se ha
producido el acuerdo en la comisión bilateral, de tal manera que no
sea necesario finalmente interponer el recurso. El acuerdo ha de
notificarse al Tribunal Constitucional y publicarse tanto en el «BOE»
como en los boletines oficiales de las comunidades autónomas.
Pues bien, señorías, ya el propio Consejo de Estado, que es
consultado con carácter facultativo y emite dictamen de este
anteproyecto el 24 de junio -por seguir avanzando fechas-, da
formalmente el visto bueno al anteproyecto, aunque formula
observaciones -algunas han sido incorporadas al texto del proyecto-
que advierten de algunos problemas que, desde nuestro punto de vista,
no quedan en absoluto resueltos en el texto. Por ejemplo, no se ha
consultado previamente a las comunidades autónomas. A nosotros esto
nos parece de una gravedad extrema, y queremos subrayarlo
expresamente, porque las comunidades autónomas son los órganos
colegiados legitimados para interponer el recurso de
inconstitucionalidad en el nuevo plazo que prevé el proyecto. Sólo
con posterioridad a su aprobación, el Gobierno -que, ya les he dicho,
dilata deliberadamente la tramitación parlamentaria del proyecto que
hoy traemos a colación, entre otras cosas porque no contaba con apoyo
parlamentario suficiente para llevarla a cabo de manera razonable-
dice que ha evacuado esas consultas a las comunidades autónomas, con
un resultado que mi grupo desconoce. Acaba de decir el ministro que
ha hablado ya con los grupos parlamentarios para mejorar la ley en
futuras tramitaciones. Hay que decir que el principal grupo de la
oposición, que algo tendría que decir en materia autonómica y en
materia de reforma constitucional, no ha sido consultado a este
respecto más que sobre cuál iba a ser su posición política, pero no
sobre el contenido del mismo. Por lo tanto, ni las comunidades
autónomas ni, por lo menos, el principal partido de la oposición han
participado en la reforma de la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional.Es este, pues, un proyecto inoportuno
por el fondo y por la forma. Ya me dirán ustedes qué sentido tiene
modificar deprisa y corriendo la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional a estas alturas de la legislatura. Cuando estamos
liquidando por cierre, vamos a modificar nada menos que la Ley
orgánica del Tribunal Constitucional.
La reforma, señorías, no se concibe exclusivamente como un mecanismo
previo a la interposición del recurso, sino que interfiere en un
elemento esencial del procedimiento, ya que crea una excepción al
plazo general, y por tanto una distorsión en el proceso establecido,
aparte de una grave injerencia, como he dicho antes, en la autonomía
de las propias comunidades autónomas, que ya veremos si no recurren
la ley, si es que se aprueba, por inconstitucional. A nuestro juicio,
se debería, al menos, haber indagado sobre las potencialidades de un
foro de diálogo y negociación como vía alternativa a la solución
jurisdiccional -y parece indicarlo así el Consejo de Estado-, como
posibilidad previa, independientemente del proceso y no incardinado
en él, y siempre que -repito y reitero- las comunidades autónomas
estuvieran dispuestas a ello. Según afirma el propio Consejo de
Estado, todo mecanismo que trate de evitar la conflictividad por vía
negociada requiere reforzar los sistemas de seguimiento y de
cooperación en el tiempo anterior al plazo de interposición del
recurso, y no tanto cuando haya empezado a transcurrir.
Nos parece, pues, un mal proyecto desde el punto de vista de la
técnica jurídica y seriamente antiautonomista. No hay identidad entre
los sujetos sustantivos y los procesales. Los sujetos que pueden
llegar a un acuerdo -y esto es bien grave- son los miembros de las
comisiones bilaterales de cooperación, que son parte del Ejecutivo y
pueden no ser los autores de la norma cuestionada. La solución que
pueda proponer el acuerdo que se adopte no tiene por qué vincular, ni
vinculará, a los órganos legislativos ni, por supuesto, puede
vincular a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado, ni tampoco
a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que somos
en gran parte autores de una ley. Estamos constitucionalizando -
constitucionalizando, señorías- un órgano como las comisiones
bilaterales de cooperación. No parece que estos órganos de
cooperación tengan entidad jurídica ni política para que se proceda a
su constitucionalización; no merece la pena que tengan este rango a
partir de esta reforma, si es que, como parece, se aprueba.
Por otra parte, es bastante habitual que la norma constitucionalmente
cuestionada pueda afectar a varias comunidades autónomas
simultáneamente. Por ejemplo, la última Ley de puertos que aprobamos.
Se daría el caso de que en las comisiones bilaterales podrían estar
negociando a la vez diferentes comunidades autónomas, que podrían
llegar a acuerdos o a desacuerdos distintos. ¿Qué pasará en este
caso? Permítame que le diga, en términos vulgares, señor Acebes, que
este proyecto de ley, por más que usted lo haya presentado contoda la
solemnidad del caso, es un churro de una categoría
importante, sólo que se va a introducir nada más y nada menos que en
la Ley que regula al más alto Tribunal de este país; si no, ni
siquiera hubiéramos presentado enmienda de devolución, pero va
justamente a incardinarse en la ley reguladora del más alto Tribunal.
Señorías, el carácter voluntario de la vía propuesta, la inexistencia
de un mecanismo que obligue a intentar llegar al acuerdo continúa
limitando la efectividad de la solución propuesta. El texto tampoco
determina la naturaleza de los acuerdos que deban adoptarse en la
comisión bilateral. Si se considera que estos son similares a los
convenios de colaboración, éstos deben ser comunicados al Senado y
publicados en el BOE y en los diarios oficiales de las comunidades
autónomas. No se arbitra, señorías, ningún sistema de publicidad ni
de trámite de admisión del propio Tribunal Constitucional respecto
del acuerdo que le deben comunicar el Estado y las comunidades
autónomas. Si no hay comunicación por una de las partes, ¿se entiende
inexistencia del acuerdo o desestimiento. Así, suma y sigue, y eso
que es solamente la modificación de un artículo, fíjense ustedes si
la reforma hubiera sido más amplia.
En conclusión, mi grupo es favorable, y siempre lo ha sido -la
mayoría de las enmiendas a la última reforma de la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común fueron presentadas por mi grupo parlamentario-,
a aumentar la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas
y a disminuir la potencial conflictividad constitucional, pero
respetando escrupulosamente la autonomía legalmente reconocida y en
una norma no tan mediatizada por un supuesto tan concreto como éste.
Simplemente la idea de ampliar el plazo y el texto es, lo he dicho
ya, política y jurídicamente muy débil, parece más un parche que una
solución, puede crear más problemas que los que intenta resolver y,
desgraciadamente, introduce una cierta inseguridad jurídica.
Por otra parte, señorías, algunos creen que la conflictividad ante el
Tribunal Constitucional que este proyecto de ley pretende reducir
-según ha dicho el ministro y piensan algunos- es lo importante de
este texto legal. Tengo que decirle que precisamente los recursos de
inconstitucionalidad no son los que más preocupan al Tribunal
Constitucional. Pensemos en los recursos de amparo. En efecto, hay
que decir -y ahí están los datos, señorías- que la bolsa de este tipo
de recursos de inconstitucionalidad permanece prácticamente estática
desde 1984. Luego no le hagamos este tipo de favores al Tribunal
Constitucional -que al final no son favores- y encima perjudiquemos a
las comunidades autónomas que sí se van a ver afectadas por este tipo
de norma.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Rubiales, le ruego concluya.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino enseguida, señor presidente.
El objetivo de racionalizar la potencial conflictividad
constitucional entre el Estado y las comunidades autónomas debería
intentar conseguirse, señor ministro, mediante un consenso político
que pretendiese una reforma más amplia de varios aspectos legales,
contando siempre con la voluntad de las comunidades autónomas,
fomentando la cooperación real que facilitase mecanismos de solución
extrajurisdiccional de los conflictos y promoviese la lealtad
constitucional. Pero esto es pedir peras al olmo, señor Acebes,
porque precisamente es lo que ustedes, señores del Gobierno y señores
del Grupo Popular, no saben hacer. Antes de modificar deprisa y
corriendo una ley orgánica como ésta, podrían ustedes instar al
presidente del Gobierno, señor Aznar, por ejemplo, a recibir a los
presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por socialistas
por voluntad de los ciudadanos, y que ostentan, según la Constitución
y sus estatutos de autonomía, la consideración de representantes
ordinarios del Estado, pero parece que eso a ustedes no les importa o
les importa muy poco.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Rubiales, termine por favor.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino, señor presidente, en este mismo
momento.
Señorías, ustedes van a pasar a la historia por el desastre
autonómico que han sido capaces de organizar en esta legislatura. El
enfrentamiento, el desencuentro y el caos organizado no se arreglan
con parchecitos de esta naturaleza. Por falta, pues, de oportunidad y
porque este proyecto no cumple los requisitos de eficacia necesarios,
ni respeta la autonomía de las comunidades autónomas, y puede, a
juicio de este grupo, convertirse en una reforma completamente
inútil, es por lo que presentamos esta enmienda de totalidad para que
el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/
1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, sea devuelto al
Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rubiales.
Señorías, someto a su consideración la sugerencia de distintos grupos
parlamentarios. Habiendo superado las dos de la tarde, procederíamos
a continuación a la votación de los puntos 41 y 42 -como recuerdan el
punto 41 tiene carácter orgánico y se anticipó la hora de votación a
las dos de la tarde-; seguiríamos después de la votación, sin
interrumpir para la comida, con los debates de totalidad, el que está
en marcha y el siguiente, el de régimen jurídico de la protección de
las obtenciones vegetales. Si finalizásemos antes de las cuatro,
interrumpiríamos con la brevedad o la largueza que el tiempo nos haya
concedido y comenzaríamos a las cuatro de la tarde con la toma en
consideración de proposiciones de ley de iniciativas populares y
votaríamos tanto las enmiendas a la totalidad como el punto 45
del orden del día, al finalizar el debate de este último punto.
¿Están de acuerdo todos los grupos parlamentarios? (Asentimiento.)
Vamos a llamar a votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
(VOTACIONES.):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LOS MENORES. (Número de expediente 121/000144.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a los dictámenes de Comisión que han sido debatidos
y a las enmiendas que se han sostenido ante el Pleno.
Comenzamos con el dictamen de la Comisión de Justicia al proyecto de
Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
(El señor Silva Sánchez pide la palabra.)
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señorías, mi grupo desearía retirar las
enmiendas 185 y 200, dándonos por satisfechos con las explicaciones y
el compromiso asumido por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Entonces, señor Silva, quedarían subsistentes
las enmiendas 178, la 186 y las dos transaccionales. (Asentimiento.)
Al haberse retirado la enmienda de la señora Lasagabaster, del Grupo
Mixto, comenzamos por las enmiendas subsistentes de los señores López
Garrido, Peralta y señora Rivadulla y, luego, las del señor Vázquez
Vázquez (don Guillerme). Lo digo a efectos de los cuadernos de
votaciones.
En primer lugar, insisto, dentro de las del Grupo Mixto, de los
señores López Garrido, Peralta y Rivadulla, enmiendas 115, 141, y
transaccionales a los artículos 1.4 y 28.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 141; en contra, 185; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas.
Enmiendas números 110, 112, 142, y transaccionales a los artículos 8,
15, 17, 26.1 y 35.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, cuatro; en contra, 318, abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de los señores López Garrido, Peralta y señora
Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, cinco; en contra, 185; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Vázquez, también del Grupo Parlamentario Mixto,
comenzando por las números 77, 78 y 87.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 139; en contra, 185; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 75, 79, 80 y 84.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, tres; en contra, 320; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 73, 81, 83 y 86, del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
323; a favor, cuatro; en contra, 182; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco, comenzando por las números 17
y 18.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 154; en contra, 169; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 23, del Grupo Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 16; en contra, 172; abstenciones, 139.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Catalán, comenzando por la 178.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 167; en contra, 159; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada, en consecuencia, la enmienda
178, del Grupo Catalán (Convergència i Unió) (Aplausos.)
Enmienda número 186, del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
(Rumores.-Aplausos.) ¡Silencio, por favor!
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 165; en contra, 159; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda 186 del Grupo
Catalán. (Rumores.)
Enmienda transaccional con la enmienda 158, del Grupo Socialista, a
la disposición final primera bis nueva. (Rumores.) ¡Silencio! Moderen
sus entusiasmos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 21; en contra, 157; abstenciones, 147.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la enmienda transaccional con la enmienda número 66, del
Grupo de Izquierda Unida, a la disposición final tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 162; en contra, 162; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Al haberse producido empate, y de acuerdo con el
Reglamento, se procede a una nueva votación. (Fuertes rumores.)
¡Silencio, por favor!
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 166; en contra, 160.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.- Protestas.)
Señorías, les ruego, por favor, contengan sus emociones (Risas.-
Protestas.) y permitan que el resto del
hemiciclo pueda formar adecuadamente su criterio de votación.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida,
empezando por las números 30, 35, 42, 59, 60 y 61.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 147; en contra, 176; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas número 26, 38, 43 y 58.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 14; en contra, 311; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
325; a favor, 14; en contra, 179; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 136; en contra, 186; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votaciones correspondientes al dictamen, comenzando por la votación
de los artículos 9, regla 5.a; 27.6, 28, 41, 42, 44... (El señor
López Garrido pide la palabra.)
Señor López Garrido, ¿a qué efectos?
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, solicitaría votación
separada del artículo 9, regla 5.a
El señor PRESIDENTE: Votación del artículo 9, regla 5.a
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 187; en contra, 138; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos los artículos 27.6, 28, 41, 42, 44.2 g), 61.2, 63, 64 y
disposiciones finales quinta y séptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 191; en contra, 133; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votación de los artículos 4, 7.2, 13, 17, 22, 25, 37, disposición
transitoria y disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 192; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 327.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el dictamen en
esta parte.
Señorías, al tratarse de un proyecto de naturaleza orgánica, con
arreglo a la Constitución y a su desglose en reglamento, vamos a
proceder a la votación de conjunto del proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
326; a favor, 190; en contra, uno; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: Al haber superado la mayoría absoluta legalmente
exigida, queda aprobado con naturaleza orgánica el dictamen de la
Comisión sobre el proyecto de ley reguladora de la responsabilidad
penal de los menores.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 231.898.349 PESETAS, PARA ABONAR A ALVAMAR, S.A., LA
INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 27
DE JUNIO DE 1994 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 121/
000176.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del dictamen de la
Comisión del proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario para abonar a Alvamar, S.A. la indemnización derivada
de las sentencias del Tribunal Supremo. Se vota el conjunto del
dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
327; a favor, 326; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen
sobre el referido proyecto de ley.
Ahora continuaremos el debate de las enmiendas de totalidad al
proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional hasta terminar.
A continuación, con las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de
régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.
Luego, sin proceder a la votación, se interrumpirá la sesión y se
reanudará en todo caso a las cuatro de la tarde, momento en que
continuaremos con el debate y toma en consideración de la proposición
de ley de iniciativa legislativa popular. Todo ello será votado
después de finalizar el debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley de iniciativa popular, es decir, en la tarde. El
resto de los puntos del orden del día de la propia tarde, los puntos
XI y XII, serán votados al final de la sesión de la tarde. Por tanto,
ahora y antes de la sesión de la tarde no habrá ninguna nueva
votación, sino que continuaremos la sesión con el punto que estábamos
debatiendo. (Pausa.-El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN.):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979,
DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente
121/000179.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, continuamos el
debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de modificación de
la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Expuesta ya por la señora Rubiales la defensa de la enmienda de
totalidad, pregunta la Presidencia si algún grupo desea consumir un
turno en contra. (Pausa.)
Pasamos a fijación de posiciones. ¿Grupos que desean intervenir en
fijación de posiciones? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente. Lamento haber
tardado tanto en llegar hasta la tribuna, pero contaba con que, como
suele ser habitual, hubiese alguna intervención de los representantes
del Grupo Parlamentario Mixto o del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
Señor ministro, usted conoce -quizá no SS.SS.- que el Grupo Vasco
barajó la posibilidad de formular enmienda a la totalidad sobre este
proyecto, ciertamente no por las mismas razones que el Grupo
Socialista, o no totalmente, sino porque consideramos que los veinte
años de vigencia de la Constitución y de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, que los cumplió el mes pasado, debieran posibilitar
una reflexión sobre la justicia constitucional -y quizá sobre la
modificación de la norma que la regula- que fuese más allá de estos
retoques, el segundo retoque, por cierto, en esta legislatura.
Desde la perspectiva del grupo al que pertenezco, el gran debate a
efectuar es el papel desempeñado por el Tribunal Constitucional, tal
y como está configurado el propio órgano y el proceso por el que se
regula, en la construcción del Estado autonómico. Desde nuestra
óptica, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha tenido más
influencia que el Legislativo y que el Ejecutivo, ha sido más
decisiva -y, desde nuestra óptica, para mal-, es decir, lo ha sido
siempre su intervención, o casi siempre, en demérito de las
posibilidades de autogobierno y, desde luego, de reconocimiento de
singularidades o de hechos diferenciales. Para nosotros es clave la
actual inexistencia de cauces institucionales orgánicos que permitan
la integración singular de cada comunidad autónoma en lo que al
respecto son las competencias del Estado, principalmente para que
pueda darse una participación leal en la fijación de los marcos
jurídicos básicos y de las posiciones diferenciales o asimétricas que
contempla el ordenamiento constitucional. El proyecto de ley
introduce una medida de parcheo que no persigue atajar las causas
reales de la conflictividad, sino que es tributaria de un modelo
relacional inservible, en el que sólo va a incidir para favorecer aún
más la posición de dominio que ostenta el Estado frente a las
comunidades autónomas.
Si es lícito formular opciones políticas desde esta tribuna -y
supongo que sí- y darles una forma jurídica, el grupo al que
represento pediría una sección bilateral en el Tribunal
Constitucional que recogiera el hecho diferencial, hoy por hoy -SS.
SS. lo conocen-, pura ciencia ficción. No es esta nuestra iniciativa,
no es este hoy el debate, y nos ceñiremos al examen del proyecto, que
sólo introduce una modificación en cuanto al plazo para interponer el
recurso de inconstitucionalidad, de tal forma que en determinadas
circunstancias, que son las que el proyecto explica, se alarga de
tres a nueve meses. Los requisitos para que se dé tal ampliación del
plazo son que se trate de recursos a impugnar por el presidente del
Gobierno o por los ejecutivos de las comunidades autónomas, que se
haya adoptado un acuerdo en el seno de las comisiones bilaterales de
cooperación entre el Estado y la respectiva comunidad autónoma y que
dicho acuerdo sea puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional.
Entre paréntesis comentaré que estas comisiones bilaterales sólo
existen en este momento respecto a asuntos relacionados con las
comunidades europeas y sólo respecto de dos comunidades autónomas;
son, ciertamente, las que regula la Ley 30/1992, pero no están
constituidas. De aprobarse el proyecto, si no existiesen estas
comisiones bilaterales, habrá supuestos en los que el plazo seguirá
siendo el original de los tres meses. Se da además la
circunstancia de que, siempre que se produzca el recurso entre
sujetos legitimados distintos de los que el proyecto prevé, el resto
de los que contempla el artículo 32 de la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional, éstos podrán interponer el recurso en la forma
ordinaria que actualmente prevé la ley, y la posibilidad de
negociación quedará circunscrita a los sujetos a que el proyecto de
ley nos remite.
Tiene razón la señora Rubiales cuando dice que el trabajo que pesa
sobre el Tribunal Constitucional relativo a materia competencial no
es el más relevante: 180 casos pendientes de sentenciar no son
muchos, y si un día se hace una reforma que permita aligerar el
trabajo del Constitucional, el Tribunal deberá incidir en los
amparos, sobre los que seguramente se podría hacer algo, aunque
creemos -si se me permite ser optimista en este foro- que la reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que pronto verá la luz, con su
recurso de infracción procesal y la nueva regulación de la casación
algo motivará o hará en positivo en la línea de eliminación de la
incidencia de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Si el objeto no es otro que la potenciación de mecanismos para la
resolución extraprocesal de conflictos entre el Estado y las
comunidades autónomas, creemos que desde el punto de vista político
esta iniciativa no añade nada. Desde el punto de vista jurídico
podríamos entender que incide de un modo inocuo. Desde la estructura
técnica del proceso no se ve alterado ninguno de los principios que
lo fundamentan ni la igualdad en el acceso a los instrumentos de
debate jurídico por las partes. En esto creemos que el proyecto sirve
correctamente al fin perseguido y en sí mismo pudiera valorarse de
una forma positiva. Es un instrumento modestísimo, señor ministro,
pero ciertamente no inconstitucional. Nada aporta, sin embargo, al
entorno en el que los conflictos se desenvuelven y, por tanto, a las
condiciones en que las partes se encuentran al recibir la medida que
encierra el proyecto o, a más abundamiento, a una evolución más
amplia sobre las causas reales de los conflictos y sobre el tipo de
mecanismos que existen en la actualidad para propiciar los cauces de
relación que tanto parecen interesar al Gobierno, promotor de esta
iniciativa.Sólo afecta, repetimos, a quien ya se encuentra en la
antesala del conflicto, y esto, de alguna manera, resulta claro en el
informe que ha hecho el Consejo de Estado.
Pese a este juicio negativo, siendo prácticos, el juego de mayorías
en la Cámara permite adelantar que, con nosotros o sin nosotros, si
el tiempo lo permite, es decir, si la legislatura dura lo que debe
durar, el proyecto irá adelante y, pese a su falta de ambición en las
pretensiones, hemos optado por la mejora -por supuesto, desde nuestra
óptica- por la vía de enmiendas parciales, habiendo presentado cuatro
al texto del proyecto. La primera de ellas hace referencia al hecho
diferencial, con el que he empezado la exposición de nuestra postura
ante este proyecto de ley. Se pretende introducir la legitimación
pasiva de las Juntas Generales
de los territorios históricos del País Vasco, en coherencia con la
garantía institucional que la propia Constitución prevé; garantía
que, desde un punto de vista de participación democrática en los
órganos supremos de decisión de la Comunidad Autónoma vasca, se ve
sustentada por el carácter parlamentario de las Juntas Generales en
cuanto a su elección, organización y funcionamiento y garantía de la
autonomía foral, que viene siendo recogida en la disposición
adicional primera de la propia Constitución, que, como SS.SS.
conocen, es nítidamente distinta de la autonomía local. Así lo ha
entendido la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa y así
aparece también, en cuanto a la legitimación activa, en la
recientemente aprobada Ley orgánica 7/1999, de 21 de abril.
Otras dos enmiendas hacen referencia a lo siguiente. Para respetar la
competencia de cada institución y evitar que se pueda interpretar,
como ocurre con el texto propuesto por el proyecto de ley, que los
gobiernos puedan alcanzar acuerdos en una actuación que corresponda
a los parlamentos, se introduce un redactado nuevo en el artículo 43
que evita la cuestión de que parezca que este órgano pueda corregir
lo que un Parlamento, órgano de soberanía popular, haya podido
decidir. Asimismo, se pretende evitar hacer referencia al eventual
debate o negociación entre las partes,como si su única alternativa en
estas negociaciones previas fuese el acordar que la ley debe ser
modificada. De este debate inicial, de este entendimiento previo,
podrá resultar en algunos casos que la ley, la iniciativa, el acuerdo
adoptado por la comunidad autónoma respectiva no debe ser modificado.
Es decir, las conversaciones sobre el acuerdo previo no siempre se
van a traducir en que una de las partes pierda y deba dar la razón
a la otra. Creemos que estas dos cuestiones son corregidas con el nuevo
redactado que proponemos del artículo 33, y una tercera enmienda
tiene la corrección correspondiente en la exposición de motivos de la
iniciativa.
Hay una cuarta enmienda, en la que tenemos cifradas enormes
esperanzas, señor ministro, que viene firmada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria y el grupo al que yo represento, que introduce
la novedad de que el Gobierno no podrá invocar el artículo 161.2 de
la Constitución y, por lo tanto, la admisión del recurso no
suspenderá la vigencia de la aplicación de la ley, sin perjuicio de
que el Tribunal Constitucional pueda adoptar en su caso las medidas
cautelares, previos los trámites procesales que considere oportunos,
cuando decida utilizar esta vía previa de negociaciones, que supone
un periodo de nueve años. Perdón, quiero decir meses. Los recursos
constitucionales son ciertamente largos, pero una duración de nueve
años para el período previo de negociaciones sería mucho tiempo.
Creemos que esta medida que contiene la enmienda a la que me refiero
no es ciertamente inconstitucional. Señorías, todos ustedes conocen
que existe una diferencia de dicción entre el artículo 161.2
del precepto constitucional y los correspondientes desarrollos que
contiene el texto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional extiende la posibilidad de
utilización de este precepto por parte del Gobierno fuera de los
límites estrictos previstos en el 161.2. Creemos que además se trata
de preservar con mayores garantías la posición y certidumbre que
alcanza al ciudadano destinatario de la ley autonómica ante la
prolongación del plazo de su vigencia en condición de eficacia plena,
sin perjuicio de reafirmar las facultades del Tribunal
Constitucional, que podrá ponderar siempre y en todo caso los
intereses concurrentes en cada caso concreto.
Señorías, la leal colaboración en el quehacer legislativo, eso sí,
desde la óptica de nuestro grupo, nos lleva a desear que el proyecto
de ley se tramite y, por supuesto, que llegue a recoger, si es
posible, nuestras enmiendas, rechazando la enmienda de devolución al
Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro, señorías,
cuando el Gobierno decidió presentar este proyecto de ley nuestro
grupo compartía buena parte de los motivos de discrepancia que se han
planteado en este debate. Por tanto, inicialmente nuestro grupo no
acogió con una voluntad positiva el proyecto de ley, principalmente
por dos razones. En primer lugar, porque, como se ha dicho por parte
de algún otro portavoz, ésta no es la reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional que se precisa cuando estamos acabando ya la
legislatura, sino que debemos hacer una reforma más global de la
misma. Si realmente queremos contribuir a bajar ese colapso de
asuntos pendientes, hay otros ámbitos que es necesario reformar
y modificar. Por tanto, una primera frialdad de nuestro grupo venía
dada por esa parcialidad del proyecto en un aspecto: los recursos de
inconstitucionalidad, que en este momento no es precisamente el
aspecto que más problemas plantea ante la jurisdicción
constitucional.
Segundo motivo de la frialdad inicial de nuestro grupo ante este
proyecto de ley. Nosotros, al igual que otros grupos parlamentarios
de esta Cámara, consideramos que cuando se decidiera por una Comisión
bilateral posponer ese plazo de tres meses y acordar un plazo de seis
meses más, por tanto un total de nueve meses, si al final no hubiese
acuerdo, el Gobierno en este caso podría impugnar esa ley autonómica.
Nos encontraríamos con que, si el Gobierno decidiera invocar el
artículo 161.2, se suspendería una ley autonómica que quizás ya
llevaría meses aplicándose. Vemos ahí una grave distorsión de la
eficacia jurídica, de la seguridad
jurídica y, sobre todo, del valor que nosotros consideramos debe
tener toda ley aprobada por un Parlamento democrático. De ahí que
nuestro grupo sugiriera, conjuntamente con los grupos Vasco y de
Coalición Canaria, la modificación en este supuesto específico de la
posibilidad que el Gobierno tiene de invocar el artículo 161.2.
Alguien podría pensar que esto es inconstitucional, pero nosotros
consideramos que no lo es en ningún caso, porque siempre es voluntad
del Gobierno, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, ampararse e invocar el artículo 161.2 o no hacerlo.
Ahora sigue teniéndola. Sabe que, si va a ese acuerdo bilateral, ya
está renunciando después a esa posibilidad, pero puede no llegar a
ese acuerdo bilateral y a los tres meses hacer el recurso de
inconstitucionalidad e invocar el 161.2. Hacer esa modificación tiene
un gran valor para nuestro grupo parlamentario y para otros grupos de
la Cámara, lo tiene porque es romper con una interpretación que la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dio a ese artículo 161.2,
una extensión a todos los supuestos, cuando esa no era la dicción de
la Constitución, cuando la propia Constitución alude en el 161.2 a la
impugnación de disposiciones y resoluciones, pero en el recurso de
inconstitucionalidad, por ejemplo, se regula en el 162. Por tanto, no
había voluntad del constituyente de hacer eso para cualquier recurso
de inconstitucionalidad, y en cambio la ley orgánica extendió este
supuesto. Por tanto, romper ese automatismo nos parece de un gran
valor y, si se acepta esta enmienda, nuestro grupo aceptará
globalmente el proyecto de ley y votará hoy en contra de la enmienda
de totalidad.
Nosotros vemos aspectos positivos en este proyecto de ley, y quiero
también hacer un repaso de aquellos aspectos positivos que nosotros
creemos que tiene la norma. El proyecto de ley se basa en una
voluntariedad, y eso es muy positivo. Es voluntario llegar a ese
acuerdo de darnos un plazo superior. Por tanto, no se conculca
ninguna competencia autonómica ni estatal, partimos de una
voluntariedad. Puede no acordarse y no pasa nada, pero podemos
acordarlo. Es una buena solución.
Segundo aspecto, se basa en la bilateralidad, en un acuerdo de la
Comisión bilateral entre Gobierno central y Gobierno autonómico. Por
tanto, no estamos aquí ante una conferencia sectorial, ante un café
para todos, estamos ante una relación bilateral de un Gobierno
autonómico que plantea dudas de la constitucionalidad de una ley de
esta Cámara o viceversa, del Gobierno estatal que plantea dudas sobre
la constitucionalidad de una ley autonómica. Creemos que esa
bilateralidad es el marco adecuado y, por tanto, consideramos muy
positivo que el proyecto de ley enlace, que construya esta nueva
posibilidad de alargar el recurso sobre la base de la bilateralidad.
También es positivo que eso no impida que en los tres primeros meses
los otros sujetos legitimados puedan interponer el recurso, porque si
se interpusiera quedaría sin efecto ese acuerdo bilateral entre dos
gobiernos.
Hay algún aspecto que nuestro grupo no comparte del proyecto de ley y
que vamos a intentar enmendar. La exposición de motivos del proyecto,
no su articulado, pero sí la exposición de motivos, se basa en que,
si se llega al acuerdo, se va a modificar la ley pendiente de
recurso. No necesariamente. El acuerdo puede ser darse un plazo
superior para discutirlo. El acuerdo no tiene por qué llevar
necesariamente implícito modificar la ley que se va a recurrir, puede
que sí y puede que no, pero la exposición de motivos se basa
estrictamente en que el acuerdo será para modificar o reformar global
o parcialmente esa ley recientemente aprobada, y creemos que esa no
es una redacción adecuada.
Tampoco es adecuado, y también ha hecho alusión a ello el señor
ministro en su intervención esta mañana, que parezca que la
exposición de motivos dirija esta nueva posibilidad para las leyes
autonómicas, porque habla de la creciente normativa autonómica
después de los procesos de traspasos. No, el proyecto de ley debe
basarse en una equiparación, como también se puede aplicar ante una
ley aprobada por estas Cortes Generales. No es ese el motivo, el
motivo no es para dar un plazo superior por si impugno una ley
autonómica, también es por si un Gobierno autonómico quiere impugnar
una ley de esta Cámara. Por tanto, se debería encontrar ese punto de
equilibrio en la exposición de motivos.
Por último, señor ministro, señorías, nosotros, y creo que nuestro
grupo tiene una especial legitimidad, compartimos claramente esos
principios de colaboración y cooperación sobre los que se basa el
proyecto. Compartimos con ustedes y con todos los grupos de la
Cámara, en todos los proyectos, en todas las leyes y en todos los
foros, esa voluntad de diálogo. Hoy que estamos debatiendo, señor
presidente, este proyecto de ley orgánica para evitar recursos ante
el Tribunal Constitucional, quiero hacer una denuncia, señor
ministro, una denuncia que hace nuestro grupo parlamentario a su
Gobierno: poca sensibilidad, poco diálogo y poca voluntad de consenso
ha demostrado su Gobierno cuando el viernes pasado decidió impugnar
la ley catalana de selecciones catalanas deportivas, cuando decidió,
en el día en que precisamente se constituía el Parlamento de
Cataluña, presentar un recurso de inconstitucionalidad, que se aleja,
señor ministro, de esa voluntad de colaboración, de cooperación y de
diálogo que todos hemos demostrado, ante un proyecto de ley que era
voluntad unánime, excepto de 12 diputados, de todos los grupos que
constituyen el nuevo Parlamento de Cataluña.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Jané, vaya concluyendo,
por favor.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señor presidente.
El Gobierno demostró poca sensibilidad y esperemos que, a través de
reformas como las que hoy se van a aprobar e insistiendo todos los
grupos en ese diálogo
que su Ministerio quiere emprender, se eviten en un futuro
impugnaciones como las que se protagonizaron la semana pasada.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Aprovechando lógicamente la
situación, no voy a decir de vacío, pero sí de facilidad que tiene el
hemiciclo, me voy a ir trasladando todo lo necesario hasta encontrar
un micrófono que funcione. Lo digo, entre otras cosas, porque parece
ser que hoy es difícil molestar a algún compañero de escaño cuando
haya necesidad de ir cambiando de sitio.
Nuestro grupo suscribe, desde la primera expresión a la última, la
enmienda de totalidad. Nos parece que la enmienda de totalidad es
absolutamente razonable en lo que se refiere a la entidad de este
proyecto y a las contradicciones. Lo lógico sería votarla a favor,
pero conocidas también el conjunto de enmiendas que otros grupos
parlamentarios, como son el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo
Parlamentario Catalán, han introducido, y que para comunidades que
están bajo la responsabilidad de partidos nacionalistas puede ser
pragmáticamente bueno el que se entre a debate, no vamos a votar la
enmienda de totalidad a favor, pero la suscribimos íntegramente y
vamos a abstenernos, con lo cual mostramos nuestra conformidad con
dicha enmienda pero, al mismo tiempo, no impedimos el que se
aproveche este trámite parlamentario para que otros grupos, que
tienen problemas planteados en esta materia, puedan tratar de
solucionar las situaciones que se crean por esa falta de cooperación
que el proyecto quiere solucionar. Lamentamos que un proyecto de
reforma del Tribunal Constitucional se quede en tan parco contenido.
Podíamos haber aprovechado para haber introducir todo un conjunto de
enmiendas sobre la reforma del Tribunal Constitucional, pero sería
contradictorio con la posición que hemos mantenido a lo largo de toda
la legislatura, que ha sido la de rechazar que, cuando venga un
proyecto de ley, se utilice esa percha para colgar cualquier cosa,
venga o no a cuento. Por ello nos hemos abstenido, pero en aras a que
el trabajo de la Cámara pueda ser fructífero, por una cuestión de
puro pragmatismo, no vamos a apoyar la enmienda, que entendemos
perfectamente, para dar vía a que ese proyecto se tramite. También
tenemos muy serias dudas de que ese proyecto vea la luz en esta
legislatura. Es más, y lo digo con absoluta seriedad, si este
proyecto de ley ve la luz en esta legislatura y se queda sin tramitar
un proyecto como el del procedimiento de los juzgados de vigilancia
penitenciaria, y se queda sin tramitar en esta legislatura un
proyecto como el del proceso cautelar penal, y se queda sin arreglar
en esta legislatura el Reglamento de la Cámara, y se
queda sin arreglar en esta legislatura un proyecto de ley
importantísimo o unas proposiciones de ley sobre las uniones de
hecho, tendremos que denunciar clarísimamente que en lugar de tener
un sentido de responsabilidad con leyes importantísimas que se van a
quedar sin aprobar en esta legislatura, por puro oportunismo y en una
falta absoluta de respeto a iniciativas de los grupos, se le da a
este proyecto de ley, por importante que sea, un trato tal que supone
una discriminación de un conjunto de leyes que, aprobadas ya en
ponencia y que solamente están pendientes de un empujón definitivo,
no van a salir. Pensamos exigir la correspondiente responsabilidad al
Gobierno, porque se nos quedan en el tintero leyes importantísimas
que de verdad hubieran mejorado muy notablemente el Estado de derecho
al que creemos que todos debemos servir.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Castellano.
Finalmente, por el Grupo Popular, el señor LópezMedel tiene la
palabra.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, señorías, cuando el
Gobierno remite a las Cortes un proyecto de ley es legítimo, sin duda
alguna, presentar una enmienda de totalidad, pero también es
indudable que esto puede obedecer a diversas motivaciones. En este
caso, la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo
Socialista a este proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional creo que no es sino una demostración de
que el grupo proponente de esa enmienda a la totalidad está
profundamente despistado y desorientado en materia autonómica. Prueba
de ello es que es el único grupo del Congreso que ha presentado
enmienda a la totalidad.
En esta Cámara, aunque no estén presentes todos en estos momentos,
hay representantes de más de diez partidos políticos, y hete aquí que
el único que se opone, no ya a la aprobación, que no estamos hablando
de eso, sino a la tramitación parlamentaria, simplemente a la toma en
consideración, es el Grupo Socialista. Es, decía, una prueba de la
desorientación y de la poca responsabilidad con que han asumido los
temas referidos al Estado autonómico, donde a lo largo de toda esta
legislatura han venido anteponiendo sus intereses partidistas a los
intereses generales del Estado.
Se han hecho algunas referencias que inevitablemente me llevan a
contestar. Así, sin perjuicio de señalar que el presidente del
Gobierno de la nación está siempre dispuesto a recibir a cualquier
presidente autonómico que en defensa de los intereses de su comunidad
autónoma busque puntos de encuentro y no de enfrentamiento, que lo
único que hacen es perjudicar a los ciudadanos, quiero recordar que
un mes después de constituirse este Gobierno el ministro de
Administraciones Públicas en aquel tiempo convocó al principal par
tido
de la oposición para diseñar lo que entendíamos era necesario: un
pacto autonómico entre los dos principales partidos a nivel estatal
que, sin excluir la participación de otros, diseñase las bases del
desarrollo autonómico en esta fase. Quiero recordar que fueron
varias, entre junio, julio y septiembre de 1996, las reuniones que se
celebraron, y este portavoz fue testigo privilegiado de las mismas.
Sin embargo, a pesar de los avances, el interlocutor en aquel
momento, el señor Benegas, en un momento dado y con gran sinceridad,
expuso que desde su partido, concretamente desde la Secretaría
General, se habían dado instrucciones de romper dichos contactos. No
les interesaba el entendimiento sino más bien la confrontación.
Podría buscar también múltiples ejemplos en materia de financiación
autonómica, donde han utilizado el Tribunal Constitucional para
dirimir discrepancias legítimas en el orden político pero no el orden
jurisdiccional. En todo caso, les recuerdo que más que buscar la
aproximación han ido buscando el enfrentamiento.
Esta es la misma actitud que se refleja respecto del proyecto de ley
que hoy se debate. Se trata de una propuesta concreta que tiene por
objeto mejorar las relaciones entre el Estado y las comunidades
autónomas y que pretende sustituir -aunque sea modestamente, pero
pretende hacerlo- la vía del conflicto por la del entendimiento, y a
ello lógicamente se opone el Partido Socialista.
El ministro ha estado muy claro en la exposición de las razones que
justifican este proyecto de ley. ¿Acaso no es cierto el gran retraso
que tiene el Tribunal Constitucional en la resolución de los temas,
singularmente en el orden autonómico? ¿Acaso no es indudable también
la acumulación de asuntos pendientes durante mucho tiempo? ¿Y acaso
no es necesario buscar fórmulas de colaboración que faciliten la
solución extraprocesal de estos litigios? Esto es lo que se pretende
con este proyecto de ley, proyecto de ley que enlaza con una
constante del Partido Popular a lo largo de estos tres años y medio,
cual es la necesidad de potenciar todo lo que suponen mecanismos de
cooperación. En ese sentido, quiero recordar la importante reforma
producida en la Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas, en virtud de la Ley 4/1999, aprobada este año, en la cual
se refuerzan las conferencias sectoriales, se prevén otros órganos de
cooperación, se potencian los convenios y se introducen los
conceptos, planes y programas conjuntos. Además, por vez primera, se
recoge en el derecho positivo español un principio que consideramos
fundamental, y estoy seguro de que también lo es para todos los demás
grupos y para el principal partido de la oposición, cual es el de la
lealtad institucional, tal y como venía recogido en el proyecto de
ley. Con este cambio legislativo, la potenciación de la cooperación
se ha desarrollado, sin duda alguna, en la práctica y puede
observarse en las 65 reuniones de las conferencias sectoriales que
tuvieron lugar durante la pasada legislatura; en la presente
legislatura se han reunido en 105 ocasiones.
Igualmente, en materia de convenios entre el Estado y las comunidades
autónomas, el incremento es espectacular. A lo largo de esta
legislatura se han firmado nada más y nada menos que 1.321 convenios
entre el Estado y las comunidades autónomas, desde una idea
fundamental: que es mucho más positiva la colaboración que el
enfrentamiento. Se han firmado acuerdos con todas las comunidades
autónomas, por supuesto, sin ningún tipo de distinción política. Se
han producido en este tiempo también 242 traspasos de competencias
a las comunidades autónomas, por supuesto, también a las socialistas. Y
todo ello se ha producido, al igual que las reformas de estatutos que
han llegado a estas Cámaras, desde un espíritu de consenso y desde
una actitud de diálogo por nuestra parte.
Esta ha sido nuestra línea, es la que va a seguir siendo y es la que
se refleja en el proyecto de ley. Se ha objetado que no ha habido
diálogo y ello no es así. Tras la elaboración como proyecto de ley,
se hizo pública esa pretensión y ningún dirigente socialista formuló
ninguna objeción, ninguna oposición. Todo lo contrario, los juicios
de valor que se realizaron fueron positivos. Se remitió igualmente
para solicitar el dictamen del Consejo de Estado para su informe. Y
cuando fue también aprobado por el Consejo de Ministros en julio y
remitido a esta Cámara, los juicios de valor por parte de destacados
dirigentes de todos los partidos fueron unánimemente positivos.
Desde el Gobierno se habló de este tema con el señor Jauregui, que no
es ni diputado ni senador pero que es un cargo muy importante en el
organigrama del Partido Socialista, nada más y nada menos que
secretario de política autonómica. Quiero recordar también que tras
la constitución de los nuevos gobiernos autonómicos, tras las
elecciones en junio del año pasado, el secretario de Estado de
Administraciones públicas convocó a todos los consejeros de
Presidencia o de relaciones institucionales, por supuesto también a
los socialistas, y uno de los temas del que se habló fue éste, sin
que tampoco se formulara ninguna objeción. Igualmente quiero recordar
que, el 18 de octubre, el mismo alto cargo del Ministerio compareció
a petición propia en la Comisión general de comunidades autónomas del
Senado para abordar este tema; intervinieron no sólo los portavoces
parlamentarios sino también los consejeros de Presidencia que lo
tuvieron a bien.
Ahora inicia su andadura este proyecto de ley en el Congreso.
Nosotros queremos que se tramite, queremos que se tome en
consideración. Así pues, como he dicho anteriormente, no sólo se ha
hablado sino que se va a seguir hablando, pues ésta ha sido, a lo
largo de todo este tiempo, una constante de la actuación del Partido
Popular. Pero también he de decir que no vamos a admitir, ni con este
proyecto de ley ni con otro tipo de cuestiones que afectan a la
articulación territorial del Estado, posicionamientos de paralización
o de bloqueo por razones partidistas. Se ha hecho referencia, y lo
comparto plenamente, a la importancia que tiene la Ley orgánica del
Tribunal Constitucional, que
es objeto de modificación puntual. Contrasta el alcance de esta
reforma, que algunos portavoces han calificado de modesta, y lo
señalado anteriormente acerca del diálogo habido con la actitud de
algunos grupos, con la actitud concretamente de un grupo que de
pronto, hace poco menos de un año, nos sorprendió a todos cuando
registró en esta Cámara, de forma unilateral, sin ningún tipo de
diálogo, una proposición de ley que afectaba y que afecta a una de
las normas fundamentales del derecho constitucional español: la que
fija nada más y nada menos que las reglas del juego democrático, la
reforma de la Ley Orgánica del régimen electoral general. Sin
consultar absolutamente a nadie, pretendía el Grupo Socialista en esa
proposición de ley realizar una reforma amplia, cambiar la forma de
elección de los alcaldes para que fuesen electos los más votados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López-Medel, vaya
concluyendo.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Voy concluyendo, señor presidente.
Por cierto, después de los pactos que hicieron para gobernar a toda
costa y con cualquiera, no sé si siguen pensando lo mismo, pero lo
cierto es que esa proposición de ley que presentaron de forma
unilateral ha quedado aparcada.
En otro orden de cosas, se utiliza indebidamente el dictamen del
Consejo de Estado como excusa para rechazar el proyecto de ley y se
ha llegado a afirmar que es una reforma inútil. Respecto a lo
primero, quisiera pedir que se leyera de forma completa el dictamen
del Consejo de Estado. Es un informe que en ningún momento, a
diferencia de lo que se afirma en la enmienda de totalidad, cuestiona
la constitucionalidad de la reforma. Por otro lado, si se leyera
completo se observaría que en el texto que se remite a esta Cámara el
Consejo de Ministros asumió casi todas las propuestas que le hizo el
alto cuerpo consultivo. De hecho, la redacción del precepto se
asemeja muchísimo a la que propuso el Consejo de Estado. Y esto mismo
enlaza con la objeción de inutilidad de dicha reforma. Al respecto,
el dictamen del Consejo de Estado afirma -y leo literalmente- que la
búsqueda de un mecanismo de colaboración entre el Estado y las
comunidades autónomas que permita evitar el ulterior proceso
constitucional parece razonable y oportuna. Repito, razonable y
oportuna.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor López-Medel, termine,
por favor. Falta todavía un punto del orden del día por debatir y
hemos de acabar a las cuatro de la tarde.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Concluyo ya, señor presidente.
En todo caso, he de destacar que el Tribunal Constitucional lo
considera viable.
Por último, señor presidente, he de destacar que nos basamos en la
idea de cooperación y desde esa idea de cooperación quiero hacer una
llamada al consenso. En esta disposición hemos estado, e invito a
todos los grupos de esta Cámara, especialmente a aquéllos que hoy se
van a quedar solos votando en contra de esta proposición de ley, para
que, en el trámite parlamentario, entre todos, estudiemos
detenidamente las enmiendas y mejoremos el texto, sin duda alguna,
porque es mejor buscar puntos de encuentro y no de enfrentamiento.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor López-Medel.
- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN DE LAS
OBTENCIONES VEGETALES. (Número de expediente 121/000180.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos al debate de las
enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley de régimen
jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas de totalidad.
Dos, del Grupo Mixto. La primera, firmada por el señor Vázquez.
(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) No
es preceptivo que el señor ministro presente el proyecto de ley. ¿No
va a presentar ningún miembro del Gobierno el proyecto de ley?
(Pausa.) No es preceptivo, no lo es. (Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.)
Señor Vázquez, espere, por favor, un momento para que, si está en la
casa el señor ministro, puedan avisarle. (Pausa.) La hipoglucemia
afecta a todas SS.SS., incluido el presidente. Por tanto, si en dos
minutos no llega el ministro, el señor Posada, comenzamos el debate.
(Pausa) No es preceptiva la presentación. Seguramente, el señor
ministro habrá tenido otras obligaciones.
En consecuencia, comenzamos con el debate. El señor Vázquez tiene la
palabra para la defensa de su enmienda de totalidad.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo para defender la enmienda a la totalidad que el Bloque
Nacionalista Galego presenta al proyecto de ley de régimen jurídico
de la protección de las obtenciones vegetales. Es un proyecto de ley
que, por la marcha del debate, podría aparentar que tiene escasa
importancia, pero no es así. Es un proyecto de ley que ha causado una
profunda preocupación entre las organizaciones agrarias por su
contenido, por su apuesta a favor de las grandes transnacionales, por
las vías que deja abiertas para la introducción de nuevos productos,
cuya repercusión se desconoce, y por profundizar en la marginación de
los derechos de los agricultores tradicionales.
La materia viva posee dos propiedades fundamentales y paradójicas, la
de reproducirse y multiplicarse, conservando sus características, y
la de cambiar, transformarse, evolucionar. La primera nos ha dado la
agricultura y la segunda la selección. A lo largo del tiempo, se ha
acumulado una extraordinaria variabilidad genética. Durante su breve
historia, los seres humanos han domesticado las plantas, las han
seleccionado y las han adaptado a sus necesidades, sacando partido de
esta variabilidad natural y ampliándola. Pero desde mediados del
siglo XIX estas dos propiedades se volvieron antagónicas y en la
actualidad lo son aún más. La selección no buscaba, ni busca, en lo
fundamental, satisfacer necesidades, sino que, en primer plano, se
convirtió en un medio para ganar dinero. Los investigadores de
semillas se dieron cuenta entonces de que su actividad no puede ser
una fuente de ganancias si el agricultor siembra el mismo grano que
ha recogido. Podríamos afirmar que la naturaleza se opone al derecho
natural del beneficio y la agricultura y el agricultor a la selección
y al seleccionador.
El presente proyecto de ley se decanta claramente por proteger la
creación de privilegios o la materia viva de las variedades vegetales
y defender ese nuevo derecho del seleccionador moderno, convertido en
gran empresa transnacional agroquímica, sin ningún reconocimiento al
ingente trabajo campesino de domesticación y de selección y
adaptación llevado al cabo de miles de años y que ha acumulado un
patrimonio biológico universal. La primera justificación que esgrime
el Gobierno en la exposición de motivos del proyecto de ley de
régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales es la
adecuación de la normativa interna a un nuevo marco jurídico
internacional cambiante, en referencia concreta a los compromisos de
la Unión Internacional para la protección de obtenciones vegetales,
la UPOV, de 1991, cuando gran parte de los Estados miembros de la
Unión Europea mantiene su adhesión a través del convenio de 1978, que
propugna unos criterios menos restrictivos, sobre todo con relación a
la investigación a través del material protegido, evitando así que la
investigación se concentre en grandes emporios agroquímicos al
posibilitar el uso de ese material para la libre investigación. De lo
contrario, únicamente podrá investigar y evolucionar sobre variedades
inscritas en el registro el propio descubridor de la variedad
vegetal, es decir, podrá monopolizar la misma, y también con relación
a los derechos del agricultor, reducidos en el convenio de la UPOV de
1991 a simple privilegio, como reproduce el actual proyecto de ley.
Parece también inoportuna la trasposición de la Directiva 98/44 CE al
ordenamiento jurídico interno del Estado español al ser notoria la
oposición de varios Estados miembros de la Unión Europea, a la cabeza
de los cuales están Holanda e Italia pero existiendo también una
fuerte contestación social en Francia, a la adopción de esa
directiva. Se ha llegado incluso a interponer un recurso judicial al
Tribunal de Luxemburgo.
Por todo esto sería prudente esperar a que hubiese un pronunciamiento
judicial sobre dicha normativa comunitaria, para evitar tener que dar
marcha atrás en un futuro sobre la trasposición de esta directiva, de
ser declarada no conforme con el ordenamiento jurídico comunitario.
La exposición de motivos del proyecto de ley justifica el sistema de
protección del derecho de los obtentores de variedades vegetales en
un supuesto impacto positivo en la economía, en el sector agrícola en
particular, y en facilitar el acceso de los agricultores a las nuevas
tecnologías, la mejora de la productividad de las explotaciones, la
competitividad de los productos agrícolas y el aumento de la renta de
los mismos agricultores. Estos son términos y expresiones que
nosotros no podemos compartir por cuanto, por parte del Gobierno, no
se aporta una concreción específica de dichas mejoras ni la actitud
de presión de la industria agrogenética actual indica que esos
motivos sean los que promueven este sistema de protección del derecho
de los obtentores vegetales. En realidad, el sistema de protección
del derecho de los obtentores vegetales es el escudo formal de la
práctica iniciada en los últimos años por parte de las firmas
agroquímicas, de apropiación de los logros estratégicos compartidos
por todos hasta ahora. Sólo algunas compañías transnacionales,
convertidas en propietarias de las capacidades naturales de las
plantas por medio de un sistema jurídico similar al que se plasma en
este proyecto de ley, deciden sobre su uso.
Esto que acabamos de exponer es lo que verdaderamente se esconde en
el proyecto de ley del Gobierno: el control de los recursos
genéticos, asegurar su valorización y su explotación comercial, a
través de un pequeño número de variedades mejoradas, encomendando
dicho control a un reducido número de empresas del complejo genético
industrial. Y todo ello sin la más mínima reflexión sobre las
consecuencias, absolutamente desconocidas hoy, que las nuevas
variedades puedan tener sobre la salud pública y el medio ambiente y,
lo que es aún peor, sin que se plasme legalmente ningún mecanismo
para que la Administración pueda denegar la protección jurídica del
derecho del obtentor cuando no se haga mención sobre si las nuevas
variedades son seguras, tanto desde el punto de vista sanitario como
ambiental.
Es obvio que la aplicación de esta ley en la agricultura tendrá una
influencia decisiva, al limitarse los tradicionales derechos de los
agricultores -el uso de la semilla de la variedad vegetal costeada
por los mismos- a un limitadísimo privilegio de los agricultores,
tutelados siempre por los obtentores vegetales. En este sentido,
también afirmamos que la protección de la investigación privada de
forma desmesurada, como se prevé en el proyecto de ley, en perjuicio
de la libre circulación de conocimientos, de recursos genéticos y de
la investigación pública traerá un coste exorbitante, al presidir la
vía de los linajes, es decir, las variedades vegetales reproducidas
por el propio agricultor, que
hasta el momento se ha mostrado una vía eficaz para evolucionar y
desarrollar variedades vegetales. Tampoco puede dejar de llamar la
atención la definición, consciente, de variedad nueva, que se hace en
el artículo 6 del proyecto de ley, remitiéndose únicamente a la fecha
de inscripción en el registro de variedades vegetales, o el olvido de
plasmar los criterios para considerar una variedad tradicional de
dominio público, posibilitando así una vía para registrar en la
actualidad variedades vegetales que se llevan empleando de una forma
pública y desde tiempo inmemorial.
Para concluir, señor presidente, nosotros pensamos que es posible
actuar desde otra perspectiva, volver la espalda a esta política de
patentar la materia viva, declarar la materia viva bien común público
y reorganizar la investigación pública en torno a ese bien común para
contrarrestar un embargo privado, que intente eliminar cualquier
alternativa científica que permita una agricultura ecológicamente
responsable, y asegurar la libre circulación de conocimientos y
recursos genéticos, que han permitido unos avances extraordinarios en
los últimos setenta años sin la masiva inversión privada, y, por
último, devolver a los agricultores su poder sobre las variedades
vegetales.
Por todo ello, el Bloque Nacionalista Galego pide la devolución al
Gobierno de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vázquez.
También por parte del Grupo Parlamentario Mixto se ha presentado una
enmienda firmada por la señora Rivadulla. La señora Rivadulla no está
presente. Yo no sé, señor Vázquez, si la señora Rivadulla le ha hecho
alguna indicación. (Pausa.) Entonces, decae la enmienda de totalidad
de devolución de la señora Rivadulla.
Pasamos a la defensa de la enmienda de totalidad de devolución
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Centella, tiene la palabra para su defensa
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el Grupo Federal de Izquierda Unida ha presentado esta
enmienda de devolución porque entiende que esta ley, de aprobarse,
tendría repercusiones negativas de forma general en materia
medioambiental y específicamente sobre la agrobiodiversidad, además
de tener una especial repercusión negativa en el sector agrario.
Para empezar, no entendemos por qué se ha remitido este proyecto sin
haber sido sometido previamente a la consideración y a la negociación
de las organizaciones agrarias, ya que esta legislación en materia de
protección de obtenciones vegetales es un asunto muy importante para
los agricultores y debería haberse consultado, como digo, con sus
organizaciones. Nos sorprende también el interés del Gobierno por
intentar actualizar compromisos internacionales, cuando creemos que
no hacía falta. Nuestro país es miembro de la
Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales
desde el año 1980 y por tanto suscribe el convenio de 1978, por lo
cual entendíamos que no era necesario haber suscrito el convenio de
1991. Nos parecía que bastaba con la situación de las cosas y lo que
se ha hecho, a nuestro modo de ver, no es mejorar sino empeorar.
Como decía, pensamos que, en el caso de los agricultores, se plantea
un perjuicio real al restringirse el llamado privilegio de los
agricultores. Vemos cómo se va hacia atrás en las principales
ventajas que se señalan en el convenio de 1978, que son precisamente
el uso libre del material protegido para fines de investigación
-aunque limitado, es verdad, al convenio de 1972- y la mejora de las
semillas por parte de los agricultores, si bien bajo una serie de
restricciones. No solamente no se avanza, sino que se empeora.
Creemos que existe una iniciativa a nivel internacional por parte de
los llamados fitomejoradores a plantear una excepción en materia de
investigación, porque están previniendo las dificultades que, de
extenderse este convenio, existirían para el desarrollo de la
investigación, lo cual parece contradecir la idea de que es necesario
un sistema de patentes o un sistema para favorecer la investigación.
En el convenio de 1991 se incorpora el criterio de novedad, que no es
sino permitir la obtención de derechos sobre variedades creadas, lo
que supone -no nos engañemos- permitir una legislación menos
restrictiva sobre variedades modificadas genéticamente. Y sobre todo
significa permitir que el monopolio sobre tales variedades sea el que
prime en la toma de decisiones, poniendo a su vez en peligro, no lo
olvidemos, las variedades tradicionales que en el momento de la
solicitud de derechos de obtención no estuvieran catalogadas. También
sabemos que ustedes conocen perfectamente que, en el convenio de
1978, los derechos de protección se refieren exclusivamente al uso
comercial de materiales reproductivos, frente a la abstención en la
UPOV de 1991 al uso comercial de todo material de la variedad. Esta
modificación -es evidente que ustedes tenían que saberlo- no
beneficia precisamente a la preservación de las variedades, sino más
bien al contrario supone un trato de favor a los intereses
comerciales sobre el objetivo de preservación y utilización de dichas
variedades. Creemos que habría que mantener esa prohibición expresa
de la doble protección vía derecho de obtentor y al mismo tiempo el
derecho de la patente que se permite en el convenio de 1991. Esto,
repetimos, no beneficia precisamente a los intereses del Estado
español y sí al de las empresas multinacionales. Pensamos que se
están tomando decisiones que al final van en el sentido de favorecer
otros intereses, eso sí, intereses poderosos, intereses que nos
consta que presionan al Gobierno en el sentido de ir privatizando la
agricultura, en un sentido muy perjudicial no solamente para la
economía sino también para la salud.
En definitiva, el convenio de 1991 y las modificaciones que se
pretenden en esa línea con este proyecto de ley perjudican a los
fitomejoradores y a los agricultores
nacionales y no nos parece necesario reformar la actual Ley de
protección de obtenciones vegetales, y menos, como decíamos, en la
línea de perjudicar los intereses nacionales. Creemos sinceramente
que es suficiente con el cumplimiento de los compromisos del año
1978. Sería innecesaria la aprobación de esta ley. Consideramos que
la legislación de derechos de obtención debe limitarse a regular todo
lo relativo a la protección de los derechos del obtentor y sería
suficiente con remitirse a la necesidad de que la variedad haya
cumplido los requisitos que actualmente establece la legislación de
requisitos de variedades, evitando con ello la complejidad de la
aplicación de la ley y la duplicidad de procedimientos. Nos referimos
de forma especial a cuando la legislación de ciertas variedades
incluye entre sus criterios la justificación de una mejora agronómica
y establece con carácter específico las variedades de dominio
público, considerando por tales variedades las tradicionales, las
variedades de población, los arquetipos locales, etcétera. Esto nos
parece que no se contempla en absoluto en este proyecto de ley, como
tampoco ninguna consideración respecto a las implicaciones que las
variedades nuevas o las recientemente creadas tendrán en materia de
bioseguridad, lo cual resulta preocupante en el caso de que la
variedad protegida demuestre posteriormente que ha provocado un
perjuicio a la salud de las personas, los animales o el medio
ambiente, visto que ustedes siguen optando por los intereses de las
multinacionales, en lugar de por los intereses de las personas.
En el presente proyecto de ley no se considera el llamado derecho de
los agricultores, a pesar de que incluso con el convenio de 1991 se
podía permitir que los Estados firmantes se dotasen de una
legislación propia para proteger tales derechos. Ni siquiera se
limita el derecho de los obtentores por interés publico, aludiendo
a la erosión, a la agrogenética y a la pérdida de la agrobiodiversidad
en el Estado español. En ese sentido, queremos seguir denunciando que
ustedes se olvidan de las organizaciones profesionales agrarias, que
están con voz pero sin voto en la Comisión nacional de la estimación
de variedades, a pesar de que los obtentores y mejoradores son
miembros de pleno derecho de esta Comisión. Nosotros sí entendemos
por qué no quieren ustedes que esté presente la OPA. Díganselo a ella
y no jueguen con un doble lenguaje. Con respecto a la Comisión
nacional de bioseguridad, tampoco se ha considerado la introducción
de ningún representante de las OPA. Pues bien, este proyecto de ley
no solamente no contempla esta posibilidad, sino que lamenta
directamente su presencia, mientras que sí están representados los
intereses de los obtentores mediante los expertos de botánica
genética, producción de semillas y de plantas de vivero.
Para ir terminando, creemos que estamos ante un proyecto de ley que
no solamente sería innecesario desde el principio, sino que es
perjudicial y que responde a unos intereses muy concretos a cuyo
servicio hoy se ponen ustedes, intereses que no son precisamente
los de los agricultores y los del conjunto de la población. Son esos
intereses de las multinacionales con cuya camiseta ustedes van a
jugar hoy en esta Cámara. Lo mejor sería retirar este proyecto de
ley, mantener y mejorar el cumplimiento de la legislación vigente y,
sobre todo, a partir de ahora tener mucho más en cuenta los intereses
de la mayoría de la población.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
¿Grupos parlamentarios que desean participar en el debate fijando su
posición? (Pausa.)
Como disponemos de escaso tiempo, tienen cinco minutos cada uno de
ustedes. Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Rápidamente, y resumiendo lo que tenía preparado, intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para fijar la postura
de nuestro grupo en relación con este debate de enmiendas a la
totalidad presentadas al proyecto de ley sobre el régimen jurídico de
protección de las obtenciones vegetales.
Vaya por delante que no vamos a apoyar estas enmiendas a la
totalidad, puesto que hemos presentado bastantes enmiendas parciales
y entendemos que a través de ellas se puede mejorar este proyecto de
ley en el sentido que nosotros pensamos. Por un lado, los títulos
competenciales alegados por el Estado para fundamentar su competencia
a la hora de reglamentar la materia objeto del proyecto de ley son
dos, el 141.1.9 y el 141.1.1 de la Constitución, y entendemos que
existen también títulos competenciales en nuestro caso por parte de
la Comunidad Autónoma del País Vasco que se pueden hacer valer y son
los derivados del artículo 12.4 del Estatuto de autonomía, ejecución
en materia de propiedad industrial, y el derivado del artículo 10.9,
competencias exclusivas en materia de agricultura. Por todas ellas,
por el decreto de transferencias y algunas sentencias del Tribunal
Constitucional, entre ellas la 103/1999, de 3 de junio, sobre la Ley
de marcas, que ofrece los mínimos que en su cumplimiento deben ser
respetados por el Estado, es decir, reconoce que la competencia
autonómica se proyecta sobre aquellos momentos de la regulación que
resulten separables de la concesión e inscripción del derecho, por
todo ello, vamos a movernos más en el ámbito de las enmiendas
parciales y no vamos a apoyar estas enmiendas a la totalidad.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, desde el escaño y con brevedad vamos a
posicionarnos en lo que hace referencia a la enmienda a la totalidad
al proyecto de ley de régimen jurídico de la protección de las
obtenciones vegetales presentada por el Grupo Parlamentario Mixto
y por Izquierda Unida.
Entendemos que el actual proyecto de ley es un paso adelante en la
adecuación de la normativa actual a los cambios que están
produciéndose en el ámbito internacional, a la vez que dota de una
mayor protección a los obtentores, hecho que entendemos positivo por
la dificultad actual para que la pequeña empresa, básicamente
familiar, que es la que existe en este momento en el Estado español
en el ámbito de la obtención y conservación de semillas, se dedique
de una forma más intensa a lo que es la investigación, teniendo en
cuenta que en muchos casos la posible multiplicación de estas nuevas
variedades es realmente sencilla, tanto en el caso de las gramíneas
por su fuerte alogamia, como en las variedades de población en
algunas especies de leguminosas. Por lo tanto, el soporte a los
obtentores es una manera clara de impulsar la investigación en
nuestro territorio, investigación que pivota básicamente sobre
empresas familiares, para evitar ceder espacio a las grandes empresas
multinacionales.
Paralelamente, el artículo 14 especifica claramente la situación de
excepción en beneficio del agricultor, que le permite utilizar con
fines de propagación entre sus explotaciones el producto de la
cosecha obtenido de la siembra en ellas de material de propagación de
una variedad protegida que haya sido obtenida de forma lícita y que
no sea híbrida o sintética. Efectivamente, habrá que estudiar con
detenimiento, en el proceso de debate de las enmiendas al articulado
del presente proyecto de ley, que esa excepción en beneficio del
agricultor es suficiente y si efectivamente queda claro el rol que
las cooperativas agrícolas han de jugar en el papel de la propagación
de material vegetal para su uso en las explotaciones de sus
asociados. Asimismo ha de quedar clara la protección de las
variedades abiertas y por lo tanto asegurarnos de que la nueva
normativa, a través de los criterios de nuevas variedades, evita que
alguien intente apropiarse de los derechos de obtentor de una
variedad existente que por alguna razón no estuviese catalogada.
Resumiendo, entendemos que es un proyecto de ley mejorable y que
durante el debate del articulado tendremos la posibilidad de
perfeccionarlo con la adición de las enmiendas que en aquel momento
incorporemos. Por estos motivos el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) votará contra la enmienda a la totalidad que
han presentado el Grupo Parlamentario Mixto e Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Companys.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
También intervendré con brevedad, pero seguramente agotaré el tiempo,
por lo cual pido benevolencia, señor presidente, porque estamos
hablando de una ley que no afecta solamente a agricultores y
ganaderos; estamos hablando de una ley que afecta al conjunto de los
consumidores, puesto que de las semillas se derivan alimentos, de las
semillas se deriva el engorde de toda la carne que consumimos y por
lo tanto esta ley no solamente afecta a agricultores y a ganaderos
sino que afecta al conjunto de la población.
Es una ley necesaria y urgente. Ese es absolutamente el único motivo
por el cual nuestro grupo no ha hecho una enmienda a la totalidad y
no ha pedido la devolución del texto, porque entendemos que esto
hubiera retrasado considerablemente la aprobación de esta ley, que,
repito, es muy necesaria y muy urgente.
No solamente estamos hablando de obtentores de productos vegetales,
sino que estamos hablando también de la implantación de la tecnología
moderna para obtener dichos productos. En el tema de la obtención y
de la protección de los obtentores hay numerosa legislación,
legislación que además es contradictoria. Por un lado, estaría la
UPOV de 1991, de carácter e inspiración más bien del otro lado del
Atlántico, y, por otro, tendríamos la Directiva 98/44/CE actualmente
en vigor. Aun dentro de esta directiva no hay unanimidad, puesto que,
como ha dicho ya algún otro portavoz, las posiciones de los países
dentro de la Unión Europea están encontradas.
Lo que subyace realmente en este debate es el propio concepto de
patente vegetal. Así como las patentes de carácter industrial son
elementos que se pueden tipificar con mayor facilidad, las de
productos biológicos, en este caso de elementos vegetales, tienen
unas características diferentes y, por lo tanto, hay conceptos
distintos a la hora de establecer la protección de los obtentores. Lo
que sin embargo ya sería ceguera es que no reconociésemos que en
cualquier caso la tecnología es un elemento principal para la
obtención de productos vegetales, de semillas y material vegetal de
reproducción. Por consiguiente, esta tecnología es la que ha ido
evolucionando y es la que está introduciendo nuevos considerandos que
están ausentes en esta ley.
Hay una presión fuerte, hay que reconocerlo, por parte de las
empresas obtentoras, en las que se están moviendo cantidades
astronómicas. Por otro lado, de igual manera que las patentes
industriales son un elemento clave del desarrollo industrial, en la
obtención de semillas quién domina la tecnología de producción de
semillas y quién domina la tecnología de obtentores de vegetales es
también un elemento clave para la
independencia del sector agrario y para el futuro de la agricultura
de cualquier región, nación o país.
En este sentido, no podemos por menos que llamar la atención sobre
una ausencia grave. Es cierto que se nos dice que no es una ley que
trata de los elementos transgénicos, pero es absolutamente imposible
hablar hoy día de obtentores de vegetales sin tener en cuenta esta
dimensión. Y no se trata, señorías, de que mi grupo opte por la
diligencia cuando se ha descubierto el ferrocarril. Nosotros optamos
por el tren. Ahora bien, antes de montarnos en el tren queremos tener
la garantía y saber que este tren no va a descarrilar, tener las
cautelas suficientes y necesarias de que no se van a producir
accidentes graves.
Esta ley no contempla elementos importantísimos como es la
contaminación biológica que pueden dar las nuevas semillas y los
nuevos elementos vegetales de carácter transgénico. Asimismo, en los
elementos de carácter transgénico no se califican dos grupos muy
distintos, como son aquellos elementos transgénicos de carácter
intraespecífico y aquellos otros que tienen carácter interespecífico.
Para entendernos, siempre que tenemos semillas de carácter
intraespecífico, los mecanismos evolutivos naturales han sido capaces
en el transcurso de millones de años de hacer los ensayos necesarios
para que existan en el mundo biológico las defensas naturales que
pudiera haber ante aquellas acciones de carácter nocivo. Es decir, el
proceso evolutivo puede establecer correctores y de hecho lo hace en
aquellos mecanismos que la naturaleza ha podido ensayar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Amarillo, termine.
El señor AMARILLO DOBLADO: Termino inmediatamente.
Cuando estamos ante ensayos de semillas con productos vegetales de
carácter interespecífico y somos capaces de introducir el gen de un
pez ártico en la fresa -y nunca se va a poder cruzar un pez con una
fresa-, nunca la naturaleza ha podido ensayar ese mecanismo
y haríamos muy mal si no estableciéramos unas cautelas profundas,
porque no podemos saber, no tenemos garantía alguna ni se nos ofrece
para saber cuál puede ser el comportamiento de esos productos
vegetales o de estas semillas.
Yo creo que hay que establecer una política sobre los elementos
transgénicos y las cautelas que debemos tener son el elemento clave
de la ley cuya enmienda estamos debatiendo. Mi grupo ha presentado un
conjunto de enmiendas en este camino, que están destinadas
a establecer las cautelas necesarias para que no cometamos errores de
los cuales en el futuro podamos arrepentirnos. En este sentido,
nosotros entendemos que tenemos la obligación de perfeccionar esta
ley con rapidez, porque es una demanda importante, y ese es el motivo
por el cual no hemos hecho una enmienda a
la totalidad y por el cual nos vamos a abstener en el voto de las que
se han presentado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Amarillo.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Pintado, a quien también le pedimos que intervenga con la mayor
brevedad posible.
El señor PINTADO BARBANOJ: Gracias, señor presidente.
Voy a intentar hablar con celeridad y concreción, ya que no ha podido
intervenir el ministro en el turno de presentación del proyecto,
sobre nuestra postura en relación con el proyecto de ley y también
con las enmiendas de totalidad que se han formulado.
Tal como ha reconocido el señor Vázquez, el proyecto tiene una gran
importancia para el sector agrario, y estoy de acuerdo también con el
señor Amarillo en cuanto a que su ámbito competencial va mucho más
allá de la atención al sector agrario, porque afecta directamente a
todos los consumidores en cuanto a la transformación de los alimentos
a través del sector agroalimentario.
Hay que reconocer que la mejora en la obtención de las semillas a lo
largo de los años y especialmente durante las últimas décadas ha sido
el medio de producción más decisivo, que ha aumentado suficientemente
los rendimientos, ha conseguido capacidad de adaptación de los
cultivos, ha mejorado sensiblemente la calidad de los alimentos desde
el punto de vista del sector agroalimentario y sigue siendo una
fuente de alimentos fundamental. Además, se están desarrollando
programas desde el punto de vista de la producción energética, de la
protección medioambiental y también en cuestiones medioambientales
desde el punto de vista de la reforestación y, por qué no nombrarlos
también, de los productos ornamentales. Me atrevería a decir que
supone uno de los factores fundamentales desde el punto de vista de
la competitividad y del desarrollo rural a través de la aplicación
tecnológica de las nuevas obtenciones vegetales.
Respecto a la importancia económica y social, se ha dado un sesgo, a
mi juicio totalmente sectario, sobre las ingentes cantidades de
dinero invertidas por las empresas, multinacionales o no, y también
por los institutos de desarrollo, que nadie ha nombrado aquí, de las
administraciones públicas, sea desde el ámbito nacional o de las
comunidades autónomas. Esto ha dado a nuestro país y a la comunidad
internacional una serie de productos que están consiguiendo grandes
beneficios, como anteriormente comentaba, en cuanto al desarrollo
vegetativo de nuestras plantas.
Este proyecto de ley también persigue directamente que a los señores
que hacen esas inversiones para conseguir una mejora productiva se
les dé una garantía en cuanto a conservar los derechos adquiridos.
Tal como se ha dicho, esto responde también a la adecuación a
la normativa internacional. Se ha hablado sobre la importancia del
convenio UPOV de 1978 a 1991 y se han dicho inexactitudes que creo
que es importante resaltar, porque si algo tiene el convenio de 1991,
es que reconoce sin ninguna ambigüedad, como en 1978, el privilegio
de la excepción del agricultor. Las cuestiones económicas se dejan a
la potestad del ministro de Agricultura a la hora de exonerar de
responsabilidad a los agricultores y los pequeños agricultores quedan
exonerados del pago de royalties por la utilización de las semillas
en sus propias explotaciones.
En definitiva, lo que prevé esta ley es armonizar nuestra legislación
actual con la legislación o los convenios internacionales que nos
apoyan. Diremos que desde el punto de vista comunitario tenemos el
Reglamento 2400, que es el que más directamente nos afecta y el que
deja la puerta abierta para que los Estados miembros de la Unión
Europea puedan legislar y crear unas garantías a través de su propia
legislación para los obtentores. España ha optado por esta medida, es
decir, por hacer una regulación nacional y otorgar una garantía
nacional, pero abierta también, lógicamente, a los obtentores
nacionales para que puedan acudir al registro de protección de
obtentores comunitarios, para el caso de que quieran introducir la
posibilidad de esa variante en otros países de la Unión Europea. En
cualquier caso, la ley es necesaria para la trasposición de los
convenios que acabo de comentar y busca como objetivos fundamentales
reforzar los derechos de los obtentores, mejorar el funcionamiento de
la Administración, definir claramente el privilegio del agricultor y
contemplar la protección de las invenciones biotecnológicas.
A mi juicio, hay una pregunta clave que se plantea en este momento en
contra de los antagonismos que parece que se han querido verter desde
esta tribuna. No hay contraposición de intereses entre los obtentores
de variedades vegetales y los agricultores y yo creo que, para mejor
muestra, habría que acercarse al sector agrario -los que procedemos
de él lo tenemos bastante fácil- para ver la evolución durante estas
décadas y lo que hemos conseguido en nuestras explotaciones, en las
que hemos pasado de rendimientos irrisorios, rendimientos que en la
actualidad no tendrían ningún futuro ni viabilidad desde el punto de
vista económico y agronómico, a lo que hoy hemos conseguido con la
mejora de estas variedades y con el capital invertido, ya sea por
multinacionales o por otro tipo de instituciones o empresas, que han
dado al agricultor la posibilidad de tener realmente un potencial en
su casa.
Ha hablado del privilegio del agricultor, de las diferencias entre el
convenio de 1991 y el de 1978. La extensión del derecho del obtentor
va en esa línea que estamos hablando, para hacerlo más atractivo a la
propia empresa, si es una empresa determinada, para que pueda tener
una garantía de protección durante más años y realmente pueda obtener
un beneficio en este sentido. Yo creo que toda la sociedad española
está totalmente de acuerdo con la posición que está adoptando
este Gobierno no solamente en esta materia sino en general en
cuanto al desarrollo de la tecnología y dando impulso y creando
programas de apoyo para que nuestra comunidad científica, nuestras
instituciones y las propias empresas tengan motivos para lanzarse
a la investigación, porque si no estamos perdiendo competitividad
respecto a otros países.
Variedades tradicionales...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pintado, vaya
terminando, por favor.
El señor PINTADO BARBANOJ: Dos minutos más, señor presidente, y
termino.
Sobre las variedades tradicionales, quiero decir que difícilmente se
podrá perder ni registrar ningún tipo de variedad tradicional si
realmente está dentro del catálogo nacional. Es decir, ustedes tienen
que saber que, aparte del banco de germoplasma, hay un banco elenco
de referencias de variedades tradicionales que concretamente en el
caso de España afecta en la actualidad a unas 1.200.
Se ha hablado del peligro para el mantenimiento de la biodiversidad.
Aquí también hay que aclarar un concepto. Estamos hablando de
agricultura y un señor que hace una práctica agraria en un campo
determinado está intentando que no haya biodiversidad; es decir, que
es un concepto totalmente contrario a lo que aquí se está planteando,
porque la biodiversidad se entiende como aparición de hierbas o
especies autóctonas que lo que hacen es castigar directísimamente al
cultivo de referencia. Si no, que pregunten a los productores de maíz
si tienen una invasión de sorgum alepensium o a los productores de
trigo o cebada, con la avena loca, o qué les pasa a los productores
de alfalfa con la coscuta o con cualquier especie de este tipo que
podrían ser de protección de la biodiversidad. Existe una
incompatibilidad concreta en ese sentido y hay que tener muy claras
las posturas en cuanto a la protección de los intereses de los
agricultores.
Hay otra cuestión fundamental a la que ha hecho referencia el señor
Centella y más específicamente el señor Amarillo, al que agradecemos
que no haya presentado ninguna enmienda de totalidad. Entendemos no
solamente su propio argumento en cuanto a la celeridad de la
aprobación de esta ley, sino que si la ley es mejorable -a través de
la fase de enmiendas lo podremos ver- en cuanto a cuestiones
técnicas, también es una necesidad clara y concreta.
Usted ha hablado de la bioseguridad en cuanto a la garantía de las
plantas transgénicas. Yo le puedo garantizar que con la
reglamentación actual española, que data de 1975, no hay ni una
especie ni una variedad transgénica que no se pudiera aprobar
directísimamente. Y aquí está la madre del cordero de lo que se ha
venido hablando durante las intervenciones de los distintos
portavoces y de lo que se ha visto en las enmiendas de totalidad y
las enmiendas parciales. Ustedesestán confundiendo -y se han
confundido porque las
tres enmiendas de totalidad han bebido prácticamente de la misma
fuente- el registro de variedades de obtentores y el registro de
variedades comerciales, cuestión bien distinta.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pintado, han
transcurrido ya con creces los dos minutos que S.S. solicitó.
Termine, por favor.
El señor PINTADO BARBANOJ: Termino inmediatamente. Muchas gracias,
señor presidente.
Sólo quiero decir que, en cuanto a la bioseguridad, esta ley tiene
suficientes cautelas en relación con los controles que dependen de la
Ley 14, de medio ambiente, y del propio reglamento comunitario que en
estos momentos está en fase de redacción.
Para terminar, me referiré a la presencia de las OPA y a la
participación de las organizaciones agrarias. En marzo de 1997, el
Ministerio de Agricultura remitió a las organizaciones agrarias el
primer borrador de anteproyecto de esta ley de protección jurídica de
los obtentores vegetales. Hubo diversas reuniones y se incorporaron
aquellas cuestiones que se consideró por parte del Ministerio que
iban en beneficio de la propia ley. Desde el punto de vista de la
participación en la comisión nacional de protección de obtentores,
otra vez estamos confundiendo los términos. Entendemos que en la
comisión nacional de variedades comerciales puede haber una
representación porque hay un marco más comercial o más político. En
el caso de las obtenciones vegetales está abierto única y
exclusivamente a genetistas y a personas que tienen algo que aportar,
no sobre la base de su representación social sino sobre la de sus
conocimientos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
Pintado.
Señora Rivadulla, aunque la Presidencia había considerado decaída su
enmienda, en vista de que ha habido un error, si ningún portavoz se
opone a ello, esta Presidencia propone someterla a votación. No
cabría su defensa pero sí su votación. ¿Ningún portavoz se opone?
(Pausa.) Entonces, la someteremos a votación.
Tiene la palabra, brevemente, el señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo con absoluta brevedad. Tomo la palabra porque un
malentendido, del que no culpo a nadie sino a mí mismo, me ha
impedido estar aquí para presentar el proyecto de ley. No voy a
entrar a hacer su presentación ni a hablar de su contenido, porque
creo que una vez que se han discutido las enmiendas a la totalidad y
se ha producido el posicionamiento de los grupos, estaría fuera de
lugar, pero sí quiero decir, porque esta es una declaración que
quiero hacer enfáticamente,
que tanto este ministro como el Gobierno consideran este
proyecto de ley muy necesario y muy importante. Por lo tanto, sin
perjuicio de que yo pida a los grupos que apoyan al Gobierno que
respalden este proyecto de ley y de que me ofrezca desde el
Ministerio a estudiar detenidamente cada enmienda que se haya
presentado, porque creo que este proyecto de ley puede y debe
mejorarse con las enmiendas de todos los grupos, también pido al
resto de la Cámara que lo apoye y que no admita las enmiendas a la
totalidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor
ministro.
Tal como se había indicado anteriormente, las enmiendas de totalidad
a los dos proyectos de ley debatidas se someterán a votación después
de la discusión del punto que aparece como número 45 en el orden del
día.
Se suspende la sesión por diez minutos.
Eran las tres y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
- REGULADORA DE LA JORNADA LABORAL. (Número de expediente 120/
000007.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, se reanuda la
sesión.
Entramos en el punto X del orden del día, toma en consideración de
proposiciones de ley de iniciativa popular, con la toma en
consideración de la iniciativa reguladora de la jornada laboral. En
primer lugar, por parte del señor secretario se va a dar lectura del
documento en el que se detallan las razones que aconsejan, a juicio
de los firmantes de la iniciativa, la tramitación y aprobación por la
Cámara de la proposición de ley.
Señor Ríos.
El señor SECRETARIO SEGUNDO (Ríos Martínez): Razones para el uso de
la iniciativa legislativa popular. La comisión promotora de esta
iniciativa legislativa popular considera que, aunque de manera
restrictiva, nuestra legislación ha dado cabida a fórmulas de
intervención de los ciudadanos en la vida pública y política que van
más allá del ejercicio de su derecho a voto en los procesos
electorales. Pensamos que los problemas de desempleo, precariedad y
exclusión no son un fenómeno exclusivamente social, son también, y en
primerísimo lugar, un agudo problema para nuestro sistema
democrático. La democracia, si debe cimentarse sólidamente,no puede
contemplar con indiferencia la existencia
de ocho millones de pobres en nuestro país o casi 50 millones en la
Unión Europea, tres millones de desempleados en España y 18 millones
en la Unión Europea. Esta creciente desigualdad y exclusión empobrece
nuestras democracias, hace aún más poderosos a los poderosos y más
débiles a los de abajo. Ahora comprobamos, además, que las recetas
económicas ortodoxas no hacen disminuir este problema y, considerando
la precariedad laboral, arrojan serias dudas sobre el futuro. Por eso
hace falta un profundo debate social sobre las alternativas. No es
suficiente, siendo necesario, la intervención de los mecanismos
regulares de la democracia representativa. Pensamos que la magnitud
del desafío nos exige intentar la intervención activa del conjunto de
la ciudadanía. Se trata de un debate sobre nuestro futuro común y
creemos que la iniciativa legislativa popular reúne las condiciones
mínimas para hacerlo posible. Los promotores de esta iniciativa
estamos convencidos, además, de la pertinencia de estas estrategias.
Pensamos útil abrir nuevos caminos a la participación ciudadana,
caminos que hagan posible la discusión, el debate, la reflexión y la
propuesta en forma de una ley que, a buen seguro, tendrá un enorme
impacto en nuestra vida social, política y económica.
La ley se inscribe en el contexto de una campaña por la ley de 35
horas y la protección social plena que tiene objetivos claros y de
amplio calado. En primer lugar, derrotar el pensamiento único
neoliberal hoy dominante. Esta es una condición previa. Los
ciudadanos y ciudadanas no pueden admitir un modelo social y político
organizado en torno a sus magnitudes macroeconómicas y monetarias que
nos dicen que la economía va bien y que, no obstante, hay que
convivir con el paro y la precariedad. Nosotros proponemos subordinar
la economía a las necesidades de las poblaciones. Trabajar por
conseguir la ley de las 35 horas es avanzar en esta dirección.
En segundo lugar, impugnar las políticas económicas neoliberales.
Como ha puesto de manifiesto reiteradamente la experiencia de
nuestras sociedades, la alternativa al desempleo estructural no es el
mercado laboral desregulado y precario. La realidad es que una parte
reducida trabaja más y en peores condiciones laborales. No puede
olvidarse que la tendencia de los últimos años ha sido hacia la
prolongación de la jornada y el crecimiento de los ritmos
productivos. Apostar por conseguir la ley de las 35 horas, el salario
social o renta básica, es apostar por una lógica nueva y, lo que es
más importante, una prioridad de lo social y de la política
económica, condición previa para resolver realmente el problema del
desempleo. Proponemos, además, reflexionar sobre el papel del trabajo
en nuestras sociedades, sobre su presente y su futuro, y sobre la
viabilidad y conveniencia de propuestas como el salario social y la
renta básica, que buscan originales relaciones entre trabajo y
ciudadanía, entre trabajo y bienestar social.
En tercer lugar, construir un modelo de sociedad democrático e
igualitario. Todas las políticas que se vienen
realizando con el pretexto de la globalización y de la
competitividad tienden a degradar el modelo social, mercantilizar la
fuerza del trabajo y reducir el de por sí débil modelo de Estado
social. Con esas u otras medidas lo que se busca es provocar
inseguridad y miedo en las mayorías que den más poder a los de
arriba. Avanzar en la ley de 35 horas es un instrumento importante
para avanzar hacia el pleno empleo y, con ello, profundizar en un
modelo de sociedad más justo y hacia unos derechos sociales
entendidos como derechos imprescindibles de ciudadanía.
En cuarto lugar, repartir todos los trabajos. El tipo de sociedad que
genera un sistema social basado en la precariedad y en la exclusión
favorece la discriminación de la mujer y consolida el modelo
patriarcal. Impulsar la ley de 35 horas es avanzar en un reparto real
del trabajo que modifique las relaciones entre producción
y reproducción, que replantee radicalmente las relaciones entre trabajo
doméstico y trabajo asalariado.
En quinto lugar, avanzar hacia un modelo social y ecológicamente
sostenible, es decir, un modelo de producción y consumo de bajo
impacto ambiental. Conseguir las 35 horas significa imponer criterios
sociales, es decir, elecciones conscientes de la sociedad que son
imprescindibles para impedir la lógica depredadora del mercado
capitalista. Sostenibilidad ecológica y cuestión social de los de
abajo encontrarán así una alianza nueva y mucho más profunda.
En sexto lugar, conquistar una democracia participativa. La
aportación fundamental del movimiento obrero y de los nuevos
movimientos sociales y de la izquierda social y política ha sido la
de unificar la lucha social por la emancipación de los trabajadores y
extender la democracia entendida como autogobierno de las
poblaciones. Conseguir la ley de 35 horas es volver a situar en el
centro de la democracia la cuestión social y, con ello, impedir que
siga avanzando un modelo oligárquico que margine a las mayorías
sociales de la política. En este sentido, la reivindicación de una
ley que reduzca la jornada laboral a 35 horas semanales es una
batalla contra el paro, contra la pobreza y la exclusión social, pero
también una batalla por un modelo de sociedad democrática
igualitaria, ecológicamente sostenible; es decir, un modelo de
producción y consumo de bajo impacto ambiental y por una nueva
relación entre géneros, por la profundización y extensión de la
democracia política; en síntesis, por una opción de civilización.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ríos. ¿Turno a favor de la toma en consideración? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra don Julio Anguita.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Señor presidente, escasísimas señorías
presentes en el hemiciclo (Rumores.), cuando se viene aquí a defender
una proposiciónde ley o una iniciativa parlamentaria en nombre
de un grupo parlamentario pueden suceder avatares horarios que dejen
el hemiciclo vacío. Pero cuando se viene aquí a defender una
iniciativa legislativa popular que constituye la representación y la
fijación de un debate europeo y español y que tiene detrás más de
setecientas cincuenta mil firmas de españoles y españolas, la
ausencia de miembros del Gobierno es una auténtica vergüenza; y otras
ausencias también, señorías. Porque este parlamentario no va a
defender una iniciativa de su grupo; trae aquí la defensa de algo que
ha costado sacrificio, esfuerzos y sobre todo la presencia, a través
de sus firmas, de tres cuartos de millón de ciudadanos y ciudadanas.
Vaya, por tanto, el agradecimiento a los militantes y a las personas
que firmaron y que hicieron posible que esta iniciativa legislativa
popular esté aquí. Vaya también el reconocimiento a los miembros de
la comisión promotora: la Unión Sindical Obrera, la Confederación
General del Trabajo, los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de
la enseñanza, el sector crítico de Comisiones Obreras, la Plataforma
anti-Maastrich, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España
y, naturalmente, Izquierda Unida; y, junto a ellos, el apoyo y la
ayuda de los militantes y directivos de otras organizaciones ligadas
a movimientos cristianos de base y a colectivos alternativos.
Apoyamos, y por eso estamos consumiendo este turno a favor, esta
iniciativa legislativa popular que contempla y pide la reducción de
la jornada laboral a treinta y cinco horas semanales, sin reducción
salarial y en cómputo semanal. ¿Es algo nuevo la reducción de la
jornada laboral? ¿Es algo ex novo? ¿Lo traemos aquí para ver qué
puede ocurrir? ¿Traemos aquí un problema que esté desconectado de la
realidad? Una breve historia situaría esta cuestión en el día de hoy.
Ya en 1848 Marx saludaba que se hubiese conseguido la jornada de diez
horas diarias. En 1890 tiene lugar la primera convocatoria del 1 de
mayo para la lucha por conseguir las ocho horas diarias. En 1945 lord
Keynes ya planteaba que la solución definitiva era menos trabajo. En
1962 la Organización Internacional del Trabajo recomendaba las
cuarenta horas y, en 1975, el Consejo de Ministros de la entonces
Comunidad Económica Europea proponía las cuarenta horas. Es en 1981
en Gran Bretaña donde se consigue treinta y nueve horas en la
industria de la maquinaria; en 1982, en Francia, la ley de las
treinta y nueve horas; y el año pasado, la primera ley de las treinta
y cinco horas, que ha permitido crear ciento veinticinco mil puestos
de trabajo fijos -y no en precario- y la perspectiva de setecientos
mil puestos fijos. En 1983-1986 en Holanda se consiguen las treinta y
ocho horas, la Volkswagen alemana una jornada de 28,8 horas y en
Finlandia los dos turnos de seis horas. (Rumores.) Y sigo la
cronología porque también estaba contemplada en mi intervención.
Sugiero a los señores diputados que tengan paciencia, que este
portavoz siempre suele hacer justicia a todo el mundo, cosa que no
sucede al revés.
En el año 1983, siendo ministro don Joaquín Almunia, interviene a
favor de la ley de las cuarenta horas el
que hoy es presidente de la Junta de Andalucía, señor Chaves. Tiene
un debate con don Fernando Suárez, que era diputado en aquellas
filas, y hay un argumento importantísimo que yo suscribo: cuando el
señor Chaves dice que la jornada de cuarenta horas o todo cambio en
la jornada se tiene que hacer primero por ley. Por tanto, en el año
1983 se fija con claridad la Ley de la reducción de la jornada a
cuarenta horas y, además, la obligatoriedad del descanso anual de
treinta días, sin que pueda ser sustituido por cualquier otro
incentivo.En junio del año 1995, en el Parlamento Europeo se aprueba
la petición y la demanda de que se reduzca la jornada laboral para
conseguir de esta manera paliar el alto nivel de desempleo. Y ya es
en 1995 cuando el primer ministro del Gobierno socialista de Francia,
que fue el señor Rocard, plantea una serie de medidas para la
reducción de la jornada: la jubilación progresiva, las horas
extraordinarias, la reducción del tiempo semanal y -algo importante
que servirá para el final de mi intervención- el reclamo que hace
Rocard de la utopía. He aquí un breve repaso pero queda algo por
mencionar. Es en 1993 cuando Izquierda Unida propone la reducción de
la jornada laboral a 35 horas. Para este portavoz es un consuelo y
también una especie de gratificación a través de la pequeña historia
cómo aquellas risas, aquellas críticas acerbas se han transformado en
un apoyo siquiera a la formulación de las 35 horas,
independientemente de los distintos contenidos. Fuimos, después de
1983, la primera fuerza política que se atrevió a plantear esta
cuestión. Y bien, después de ello el sindicato de UGT lo aprobó en su
congreso por ley, otros sindicatos han hablado de la necesidad de que
se aborde la reducción de la jornada laboral, y dentro de este clamor
y de la iniciativa legislativa popular que hacen los miembros de la
comisión promotora son, por tanto, todavía más de destacar las
ausencias en este hemiciclo. No estamos ante un debate normal, ante
un debate corriente.
Por tanto, a mí me gustaría dirigirme a los distintos miembros de los
grupos parlamentarios, a sus portavoces, para pedirles que teniendo
el respaldo que tienen por lo menos voten a favor de la toma en
consideración; que si se toma en consideración tiempo habrá de
introducir aquí las enmiendas, las visiones alternativas, pero no
hurtéis el debate y que una iniciativa de este calado muera aquí hoy.
No estáis a la altura de lo que está ocurriendo en Europa, vais por
detrás. Por tanto, este llamamiento es que simplemente os incorporéis
a un debate que está reclamando vuestro pueblo, aunque después en el
trámite normal introduzcáis las enmiendas que creáis pertinentes. No
perdáis ese tren.
Cuatro son las razones que mueven a esta fuerza política a apoyar la
toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular. La
primera son las consecuencias de la ciencia y de la técnica aplicadas
a la producción; la segunda es la apuesta por la sociedad de pleno
empleo estable; la tercera deviene de las consecuencias de una
sociedad en plenitud de derechos sociales, y la cuarta es la marcha
hacia la utopía. Permítanme
el desarrollo de estos cuatro apartados con la mayor brevedad
posible.
Las consecuencias de la ciencia y la técnica aplicadas a la
producción. En los últimos 120 años la productividad ha sido superior
a los ingresos salariales. Toda una reflexión. Desde mediados de los
años setenta los costes laborales unitarios y reales se han reducido
en España y en Europa en un 18 por ciento, y los salarios han crecido
en un 18 por ciento menos que la productividad. Un ejemplo de la
locomotora económica europea. En Alemania, entre 1955 y 1960, cien
mil millones de marcos invertidos en bienes de equipo industriales
creaban dos millones de empleos, la misma cantidad invertida entre
1960 y 1965 creaba cuatrocientos mil empleos. Hay margen, por tanto,
para reducir la jornada a 35 horas, un 12,5 por ciento, sin que haya
que tocar los salarios; queda todavía beneficio por causa de la
productividad. Con datos del Instituto Nacional de Estadística y en
concreto de la contabilidad nacional de España, lo que producían 100
trabajadores en 1983 lo producen 81 en 1998. Las consecuencias están
clarísimas: si se hubiese aplicado la reducción de la jornada laboral
a la productividad, esos productos tenían que hacerse hoy en una
jornada laboral de 31 horas y 24 minutos de 1998. El aumento de la
productividad y la ausencia de reducciones equivalentes de la jornada
laboral explica la inversión en la relación entre rentas salariales y
rentas del capital que ha ocurrido entre 1977 y 1998. Así, en 1977
las rentas del capital eran el 44,9 por ciento y las rentas del
trabajo el 55,1 por ciento; en 1998 las rentas del capital han sido
el 53,8 por ciento y las rentas del trabajo el 46,2 por ciento. Por
tanto, hay margen para reducir, como he dicho antes, la jornada
laboral.
La segunda línea que refuerza nuestra argumentación es la apuesta por
la sociedad del pleno empleo. Señorías, como después voy a explicar,
en nombre del empleo se acometen grandes propuestas y se hacen
también grandes felonías con los trabajadores. El empleo para los
hombres y las mujeres -supongo que aquí habrá unanimidad- es un
derecho humano reconocido por la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y no me negarán SS.SS. que está contenido de manera expresa,
taxativa, rotunda, vinculante e imperativa en los artículos 35 y 40
de la Constitución española. Hasta ahora, el discurso oficial venía
manteniendo que para que hubiese creación de empleo bastaba con el
crecimiento sostenido de la economía; crecimiento sostenido era la
consigna porque se decía que con él era posible la creación de
puestos de trabajo. Izquierda Unida siempre mantenía reservas -no
está de acuerdo con el concepto crecimiento sostenido y sí con el de
desarrollo sostenible- y venía diciendo que el crecimiento sostenido
tenía unos límites: recursos limitados de la naturaleza, impactos
medioambientales, cultura consumista imposible de predicar para los
6.000 millones de habitantes del planeta, etcétera. Pero ha ocurrido
algo más de los límites que marcan la finitud de los recursos
naturales. Entre 1973 y 1993, la tasa
media del crecimiento del producto nacional bruto de los países de la
OCDE fue del 2,5 por ciento anual y el desempleo se triplicó al pasar
del 3 por ciento a mediados de 1970 al 10 por ciento en 1992. En
España, entre 1970 y 1992 el producto interior bruto creció en un 96
por ciento y el empleo estuvo estancado. Pues bien, ¿qué ha pasado?
Algo que es el despertar de un sueño que era imposible: que hemos
llegado a una situación en la que el crecimiento sostenido ya no
implica creación de empleo. En el informe sobre desarrollo humano de
1993 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se hace
esa afirmación que ya no hay economista que la desmienta: se ha
llegado a una situación en la cual el crecimiento económico no
permite la creación de empleo. Pero hay algo más que afecta al
Gobierno. En un reciente informe del Foro Económico Mundial se dice:
reducir empleo para aumentar la productividad y la competitividad ha
sido el recurso de numerosas economías, incluida la española. Pues
bien, ¿cómo se resuelve la salida a este problema? El discurso
oficial mantenía que era necesario crecimiento sostenido para crear
puestos de trabajo. La realidad, que es tozuda, dice: ya con
crecimiento sostenido no se crean puestos de trabajo. ¿Cuál es la
salida? Creación de empleo en precario, que es en la que estamos.
Cuando el presidente del Gobierno plantea el pleno empleo para el año
2003 está planteando simplemente la plena precariedad, porque no hay
otra salida dentro de esa propia lógica. Tenemos así esa tasa de
paro, tenemos ese índice de precariedad en torno al 40 por ciento y
la rotación y la temporalidad de los contratos. ¿Cómo se ha resuelto
la contradicción? Cada vez que se dice que aumenta el empleo va
aumentando el número de empleos en precario. Si SS.SS. tienen
presente que la tasa de precariedad roza el 40 por ciento, permítanme
que les lea simplemente una radiografía de la realidad, de lo que
entiende el Gobierno y la política conservadora por el pleno empleo.
El número de contratos temporales por cada empleo temporal ha
aumentado de cinco a seis en un período de tres años. En ese mismo
período han aumentado al 24,3 por ciento los contratos de duración
igual o inferior a un mes; han aumentado del 15,7 por ciento al 18,2
por ciento los de hasta tres meses; han descendido del 18,2 por
ciento al 15,7 por ciento los de tres a seis meses; han descendido
del 2,4 al 1,7 los de seis a doce meses y han desaparecido
prácticamente los de un año o más. Esa es la explicación del llamado
pleno empleo.
Pues bien, la proposición que hoy viene aquí intenta ser un mecanismo
no absoluto ni excluyente, pero sí un mecanismo importante para
abordar la propuesta que nosotros compartimos: sociedad de pleno
empleo, pero, a continuación, añadiéndole con solemnidad estable, tal
y como manda la Constitución en sus artículos 35 y 40.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Anguita, debería ir
concluyendo.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Voy terminando.
La tercera línea, la consecución de una sociedad en plenitud de
derechos sociales. Izquierda Unida ha mantenido en esta tribuna
muchas veces que hay tres desarrollos del concepto seguridad: el
militar, el policial y el civil. Una sociedad segura es aquella que
tiene satisfechos sus derechos constitucionales. Por tanto, al hablar
de esta propuesta estamos intentando desarrollar el concepto de
seguridad, tal como lo entiende la izquierda. Y de la misma manera
que no hay democracia sin libertad, tampoco la hay sin igualdad y sin
justicia social. Entendemos que esta iniciativa legislativa popular
ayuda a eso, en la medida en que tiene tres marcos de actuación que
son simultáneos, pero que en primera instancia parten de la ley, caso
de aprobarse. El primero es el marco legal, por tanto, lo que se
pueda acordar en esta Cámara; el segundo es la concertación, que no
la negamos, que es el paso subsiguiente a la hora de poner en marcha
los mecanismos que esta ley pueda ir aprobando; y el tercero es la
incentivación necesaria para que esto se ponga en marcha. Por tanto,
son tres círculos de actuación: el mecanismo legal, la concertación
social y la incentivación.
Esto nos lleva a un debate, caso de aprobarse esta ley, que se tiene
que suscitar en la sociedad española. En primer lugar, el debate
acerca del salario directo, la inflación, la productividad, los
precios, la capacidad adquisitiva; en segundo lugar, el debate sobre
el salario indirecto, cuestión clave y fundamental en una nueva
situación, educación y cultura, la sanidad, el ocio creador, las
atenciones sociales, el transporte público, la calidad de vida, el
medio ambiente; y, en tercer lugar, el salario diferido y la
protección social plena, pensiones y jubilaciones, seguro de
desempleo mientras se consigue el pleno empleo estable y renta básica
mínima. Y bien, a partir de ahí, la propia ley va desarrollando en su
exposición de motivos esto que nosotros estamos explicando de manera
sucinta, pero hay dos afirmaciones que quiero subrayar en esta
Cámara. La primera es cuando dice: no queremos seguir condenados por
más tiempo a elegir entre paro o precariedad. Efectivamente, hay que
optar, basta ya de palabras. Pleno empleo no es pleno empleo en
precario y, por tanto, no podemos crear aquí ni en la sociedad
debates sobre el paro o la precariedad. La segunda, la reducción de
la jornada laboral, debe ser acompañada de otras medidas que paso a
comentar sucintamente en la recta final de mi intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Ruego que lo haga con
mucha brevedad, señor Anguita, porque ha superado con creces su
tiempo.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Sí, señor presidente.
Primero, supresión de las horas extraordinarias: 90 millones de horas
extraordinarias en las grandes empresas, sin contar las que se hacen
en las pymes y las que hacen los trabajadores autónomos, del orden
del 3,5 millones de trabajadores. Y un ejemplo más: 20 millones
de horas extraordinarias en el año 1998 en la banca. Prohibición
de las empresas de trabajo temporal; el adelanto de la edad de
jubilación a los 60 años a medio plazo; la penalización de los
contratos temporales; la inversión pública en proyectos sociales de
medio ambiente y en aquellos trabajos que pueden ir acompañados de
una política dirigida a la atención social, papel fundamental del
sector público, tal y como aprobó el Parlamento Europeo en la
mencionada sesión de junio de 1965. Y a esas medidas añadiríamos
algunas más también sucintamente: supresión paulatina del
pluriempleo; las incompatibilidades y las dedicaciones exclusivas; el
papel fundamental de la aplicación de la ley; la quinta semana de
vacaciones; el contrato de relevo o de solidaridad; la jubilación
parcial y el plan de adaptación del colectivo de jubilado a la nueva
realidad bajo la forma de trabajos socialmente útiles; reducción de
los abanicos salariales; modificación de las relaciones laborales,
especialmente en el caso de las retribuciones no sujetas a convenio
colectivo, hoy de actualidad con el caso de las stock options; el
estudio sobre la implantación de la jornada continuada; afloramiento
de la economía sumergida y modificación del régimen actual de las
empleadas de hogar; caminar hacia la consideración, dentro de la
economía, del papel económico y social que cumple el trabajo
doméstico e ir acabando con la división sexual del trabajo. Y, por
último, el fondo de inversión obligatoria. Planteaba yo que el tercer
círculo era la incentivación. Ya basta de dar dinero a las empresas,
dinero que da el Gobierno, dinero que dan los Gobiernos de las
comunidades a cambio de nada. Basta ya de esos 300.000 millones de
pesetas que se detraen a los trabajadores para pagar el seguro de
desempleo y para que los empresarios paguen su cuota a la Seguridad
Social. Por tanto, hagamos que con el excedente se cree el fondo de
inversión obligatoria, que estén las centrales sindicales, que lo
puedan administrar, que se cree nuevo trabajo y a partir de ahí
podemos hablar con los empresarios sobre gasto social. El articulado
de la ley va desarrollando estas cuestiones.
Y, por último, la cuarta razón que quiero señalar con énfasis es
caminando hacia la utopía. Señorías, entre fines y medios tiene que
haber una adecuación. No se puede llegar al concepto genuino y
auténtico de pleno empleo creando puestos de trabajo en precario. Por
tanto, si queremos llegar a una sociedad de pleno empleo estable, que
es lo que realmente tiene el concepto, tendremos que empezar con
medidas que paulatinamente vayan llegando a ese fin.
La plena emancipación y la plena realización humana, que es, desde
nuestro punto de vista, la eliminación del trabajo alienado y
alienante, debe contemplarse también desde la óptica de la reducción
de la jornada laboral. Por tanto, eso es lo que planteamos como
utopía; utopía como condición sine qua non, pero también como
realidad. Y cuando se nos dice que somos utópicos al hacer estos
planteamientos, que ocupan enmi intervención el cuarto lugar, yo
quiero decirle a esta
Cámara lo siguiente: señorías, la utopía ha permitido que hoy haya
parlamentos y que haya libertad, igualdad y fraternidad, siquiera en
los textos legales; pero diría algo más: todas las utopías, desde La
República de Platón, desde la Utopía de Tomás Moro, desde La ciudad
del Sol de Campanela, las utopías y las experiencias sociales de
Owen, de Cabet, de Saint-Simon, de Fourier, siempre han tenido una
característica: que eran posibles técnicamente; eran difíciles de
realizar por condicionamientos sociales y políticos, por intereses
económicos, por grupos de presión, pero todas las utopías eran
perfectamente realizables técnicamente. La sociedad de pleno empleo,
la reducción de la jornada laboral es posible técnicamente -creo que
lo he podido demostrar- y, además, es el impulso necesario para otro
tipo de sociedad.
Y termino. Señorías, el que podamos hacer un debate en profundidad,
el que la sociedad española no se vea frustrada, siquiera esos tres
cuartos de millón de ciudadanos y ciudadanas que han firmado, ese
conjunto de militantes y organizaciones, el clamor de otras, nos debe
llevar a que este debate no puede ser abortado hoy. Por tanto, den su
voto a que se pueda tramitar y nos enfrentaremos, discutiremos y
pasaremos a la opinión pública nuestras distintas posiciones. Pero,
en nombre de criterios democráticos de oportunidad, de
representatividad, den su voto para que esto se pueda tramitar.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Anguita. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que van a fijar la posición en este debate? (Pausa.) ¿El
Grupo Mixto repartirá su tiempo entre cinco? Tendrán que ponerse de
acuerdo.(Pausa.) Señora Lasagabaster, usted que es la portavoz, ¿me
puede indicar quiénes de su grupo van a tomar la palabra en este
debate?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, solicitaría que,
en atención a la naturaleza de la iniciativa, pudiéramos intervenir
las cinco personas de distintas formaciones políticas que integran el
Grupo Mixto. (La señora López i Chamosa: Que hable, que hable.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora López i Chamosa,
¿quiere callarse, por favor? (Risas.)
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Como bien sabe el señor presidente,
habitualmente solemos ser muy respetuosos con el tiempo y trataremos
de hacerlo igualmente en esta iniciativa. Creo que es oportuno que
todo el mundo pueda hablar, dada la naturaleza de la iniciativa.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Saben SS.SS. que si
reparten los 10 minutos que tiene atribuido su grupo entre cinco
personas, le corresponden 2 minutos a cada una.
Han pedido la palabra todos los grupos integrados en el Grupo Mixto.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Cumpliremos con el tiempo que marca la Mesa y esperamos de su
amabilidad que si nos pasamos medio minuto nos sea concedido.
En primer lugar, quisiera decir que la portavoz del Grupo Mixto ya lo
ha expresado. Esta propuesta parlamentaria que viene hoy al Congreso
de la mano de una iniciativa legislativa popular en la que se
solicita que haya una ley reguladora de la jornada laboral es muy
importante para nosotros. Efectivamente, esta propuesta es sentida
por las fuerzas de izquierda, pero yo diría que va más allá, es
sentida por los sindicalistas y por la población en el sentido de que
no podemos ir con los instrumentos que hasta el momento tenemos
fijados. Cuando hace un tiempo surgió una propuesta de la mano de
Iniciativa per Catalunya-Els Verds sentó mal, no se entendía, pero
ahora va tomando y suscitando consensos, como en Italia y como está
sucediendo ya en Francia.
Quisiera decirles, señorías, que se impone una reducción del tiempo
de trabajo y una reordenación de los horarios porque el crecimiento
económico no es suficiente. El crecimiento económico provoca, entre
otras cosas, concentraciones empresariales que llevan a la reducción
de plantilla y a la precarización. Por ello, es evidente que esta ley
es necesaria y pensamos que debe hacerse con el consenso de las
organizaciones empresariales y sindicales, con su complicidad.
Creemos que el plazo es razonable, enero del 2001, que hay tiempo
para que se pueda ir negociando a través de la negociación colectiva
y a través de la ley y habrá que ver cómo se aplica a la pequeña y
mediana empresa y hacerlo de forma responsable a través de incentivos
que vayan muy ligados a la creación de puestos de trabajo. Creemos
que hay medidas que se tienen que aplicar forzosamente, como son las
relativas a las horas extraordinarias, solamente aquellas que se
realicen por fuerza mayor son justificables y siempre compensadas por
períodos de descanso. Hemos de ir a una regulación de las jornadas
especiales, a los permisos de larga duración, a la jubilación
anticipada y esta ley no podrá llevarse a cabo si no hay un fondo
general para financiar la reducción de horarios con las aportaciones
que hasta ahora hay, con parte del desempleo, ayudas a las empresas
para trabajo indefinido, con la presión fiscal que deberá haber sobre
las horas extras y una financiación finalista condicionada a la
creación de puestos de trabajo.
Señorías, discrepo totalmente de lo que ha dicho hoy el señor Montoro
en el sentido de que no podrá haber
un incremento de la población activa porque eso podría acarrear una
tasa de paro considerable. No podemos ir a la defensiva, debemos ir a
medidas como esta, porque las mujeres, que tenemos un 38 por ciento
de actividad, tenemos derecho a trabajar. No se puede decir que no
puede aumentar la población activa o la tasa de actividad porque eso
significaría paro. Vayamos a estas medidas que nos está permitiendo
el desarrollo tecnológico -hay cantidad de puestos de trabajo que
significarían una ayuda en la vida de las personas- y vayamos a una
reducción de trabajo, que significa a la vez reducción del tiempo
para el trabajo productivo y más tiempo para la vida de las personas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Rivadulla.
Le tocaría ahora el turno al señor Serrano, que tendría que haber
intervenido antes que la señora Rivadulla. Como la ordenación que
hemos hecho ha sido un poco anárquica, vamos a intentar reordenarla.
Señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Gracias, señor presidente.
Anárquica no, utópica.
El Partido Aragonés, por norma, tiene la intención de dar su voto
afirmativo a las tomas en consideración de proposiciones vía
iniciativa popular, por respeto a esos 750.000 ciudadanos y
ciudadanas que hemos dado nuestra firma y, sobre todo, como
reconocimiento a los colectivos, a esa comisión promotora que,
gracias a su esfuerzo, a su dedicación y a su concienciación, hoy
podemos debatir. Felizmente hoy aquí, en el Parlamento, confluyen dos
aspectos, el sentir de la calle con lo que el Parlamento, donde
reside la soberanía popular, debe plantear.
Quiero pasar por encima lo que son aspiraciones históricas: pleno
empleo, estabilidad, mejora de la calidad de vida, contextos
económicos como mundialización, competitividad, globalización,
etcétera, pero quería dejar claro desde la perspectiva del Partido
Aragonés que es necesario profundizar en el diálogo y en el debate
social de absolutamente todos los agentes sociales, donde sindicatos
y empresarios tienen mucho que decir; que es necesario también
plantear una regulación en el contexto general del marco económico,
social y político de la Unión Europea, que en el caso de la
pretensión de aplicar de forma uniforme y unilateral la reducción de
la jornada podría tener realmente dificultades dada la variedad de
condiciones y de situaciones que tienen las pequeñas y medianas
empresas, las grandes empresas, la Administración y no olvidemos el
colectivo de autónomos.
Por eso, desde el Partido Aragonés entendemos que no basta
exclusivamente -repito, no basta exclusivamente- con la aprobación de
la ley, sino que es necesario acompañarla de medidas incentivadoras,
de medidas activas de apoyo y de concienciación. En ese
sentido, damos, repito, nuestro voto favorable a esta toma en
consideración.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Serrano.
El señor Peralta tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Debatimos una iniciativa legislativa popular relativa al tema de la
jornada laboral de 35 horas. Este dato, señorías, junto con la
circunstancia de que hay otra iniciativa legislativa popular relativa
también a los trabajadores y a la siniestralidad en el sector de la
construcción, así como que hemos debatido ya otra promovida por un
sindicato sobre la gratuidad en la enseñanza, pone de manifiesto la
existencia en nuestro país de una amplia conciencia ciudadana
respecto a que es necesario desarrollar la Constitución y la
legislación en materia de derechos sociales, en materia de derechos
de los trabajadores.
En concreto, esta iniciativa legislativa se explica porque el actual
modelo de desarrollo económico, por diversas circunstancias, como la
globalización y el fuerte factor tecnológico, ha dado como
consecuencia que en las sociedades desarrolladas el paro sea un
problema muy importante, y para abordarlo se ponen en marcha
distintos tipos de medidas: crecimiento económico, medidas de reparto
del trabajo y yacimientos nuevos de empleo.
La medida que hoy nos ocupa se inscribe dentro de las de reparto del
trabajo, pero sería bueno no perder de vista que es una medida que,
en definitiva, pretende combatir el paro, a diferencia de ocasiones
anteriores en las que se apostaba por una reducción de trabajo, por
razones distintas, fundamentalmente por mejora de las condiciones de
vida de los trabajadores asalariados.
Ahora se trata de crear empleo, y nosotros compartimos esta
iniciativa porque no creemos, tal como piensa el Gobierno de nuestro
país, actualmente la derecha, que baste simplemente mantener el
actual modelo de desarrollo económico para crear empleo. Creemos que
hace falta introducir mejoras y cambios importantes en el mismo. No
creemos, como cree el actual Gobierno de derechas de nuestro país,
que baste pura y simplemente el crecimiento económico y la coyuntura
económica. Creemos que la política y los gobiernos tienen que llevar
a cabo una labor activa en la creación de empleo.
Finalmente, no creemos, como hace el Gobierno de este país, que no
sea necesario adoptar medidas de reparto de empleo; nosotros creemos
que sí, y así se está haciendo en Europa, señorías. Una Europa, una
Unión Europea que, desde que está gobernada mayoritariamente por
gobiernos de centro izquierda nucleados en torno a la
socialdemocracia y con composiciones plurales de la izquierda, ha
imprimido un giro muy importante y muy positivo en este terreno. Ha
conseguido
que el actual Tratado de la Unión tenga no sólo un artículo, como
ocurre en la Constitución española, sino un título completo dedicado
al empleo. Ha conseguido que ya se haya celebrado una cumbre
extraordinaria sobre el empleo en Luxemburgo y esté prevista otra el
año que viene.
Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa porque compartimos que, en el
ámbito de la Unión Europea, nuestro país tiene que situarse a la
altura de las circunstancias. Termino diciendo que, sobre todo,
compartimos que el objetivo de crear empleo, que es la razón de ser
de esta iniciativa, requiere contar a fondo con los agentes sociales.
Sin ellos, medidas de este tipo o bien pueden ser la flexibilidad que
requiere la patronal o bien pueden conducir a que no se cree empleo,
y el objetivo es ése. Nosotros creemos que este tipo de iniciativas
tienen que apoyarse fundamentalmente en la participación y en el
protagonismo de los agentes sociales.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Peralta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Adelanto, en nombre de Eusko Alkartasuna, nuestro voto favorable a la
toma en consideración de esta iniciativa. Esta iniciativa nos hace
enfrentarnos a una cuestión muy urgente en nuestra sociedad, que es
la de hacer efectivo y real el derecho al trabajo. Las políticas
activas de creación de empleo y el impulso de la promoción económica
creadora de empleo no se han revelado suficientes para dar respuesta
al derecho al trabajo, a pesar de los nuevos empleos creados.
Por eso, desde Eusko Alkartasuna hemos defendido, y defendemos,
fórmulas de reparto de trabajo, para cuyo éxito es necesario impulsar
el acuerdo de los agentes económicos y sociales, sin descartar la
legislación pertinente, siempre, eso sí, que se cumplan determinadas
condiciones que pasaremos a exponer en el trámite de enmiendas, No
obstante, creemos que es importante la toma en consideración de esta
iniciativa para que podamos proceder a regular cómo se debe efectuar
esta legislación. Consideramos urgente hacerlo así porque, de esta
manera, podríamos hacer efectivas formas de reparto de trabajo que
propugnen eliminación de horas extras, utilización voluntaria de
fórmulas como el contrato a tiempo parcial idefinido, los contratos
de relevo y sustitución convenientemente incentivados por la
Administración, haciendo más intensas las ayudas e incentivos cuando
estos contratos se concibieron con personas pertenecientes a
colectivos especialmente castigados por el desempleo, por ejemplo,
mujeres o jóvenes en acceso al primer empleo. También nos parece
importante, dentro de estas cuestiones, la reducción de la jornada.
Deben producirse, e incluso incentivarse
públicamente, los nuevos empleos generados por estas medidas.
Por todo lo expuesto y presentando -esperemos- a posteriori nuestras
enmiendas a la regulación concreta, decimos que sí a la toma en
consideración de esta proposición, importante en la forma y desde
luego en el fondo.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Finalmente, también por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Voy a expresar brevemente la opinión del Bloque Nacionalista Galego
acerca de la proposición de ley reguladora de la jornada laboral, un
tema sobre el que, como es sabido, se ha debatido en anteriores
ocasiones, pero que hoy vuelve a esta Cámara vía iniciativa popular,
por tanto, avalada por la firma de miles de ciudadanos y ciudadanas
que demandan la reducción de la jornada laboral a un máximo de 35
horas semanales, la reducción sustancial de las horas extraordinarias
y otras medidas, todo ello como vía para posibilitar la creación de
más empleo, algo necesario en una situación como la que nos toca
vivir. Por más que desde el Gobierno se realizan constantes
declaraciones en las que se transmiten a la sociedad datos que
avalarían un vertiginoso descenso del paro e incluso se oyen voces
afirmando que en los próximos cuatro años es factible que se consiga
el pleno empleo -supongo que todo ello para transmitir una imagen de
lo bien que nos va a todos en esta materia-, la verdad es que el
panorama, en lo que se refiere al empleo y a las condiciones
laborales de los trabajadores y trabajadoras, es más que preocupante.
No lo es sólo porque las cifras de paro son aún muy elevadas -en el
conjunto del Estado por encima de la media de los Estados de la Unión
Europea; por cierto, en algunas comunidades autónomas como Galicia,
por encima de la media estatal, a pesar de la disminución de la
población activa-, sino porque los trabajadores y trabajadoras han
visto cómo en los últimos años empeoraban notablemente sus
condiciones laborales y salariales. A la precariedad laboral, a la
inestabilidad en el empleo, hay que sumar los bajos salarios, la
pérdida de derechos laborales en la práctica o el incremento del
número de horas de trabajo que se ven obligados a realizar los
trabajadores y no por propia voluntad. Es decir que en este momento,
hablando de empleo, sería necesario abordar políticas que mejorasen
no sólo las cifras netas de paro reduciéndolas notablemente, sino
también políticas que garanticen que los empleos reúnan condiciones
de dignidad, tanto en materia salarial como horaria o de estabilidad;
políticas que, además, deberían ser posibles en un marco de expansión
económica, por tanto, en un marco de ingentes beneficios
empresariales.
En todo caso, iniciativas como ésta que hoy debatimos aquí, con
propuestas sobre las que efectivamente se discute en otras latitudes,
tienen el interés de plantear vías de solución concretas para
intentar que los ciudadanos y ciudadanas puedan conseguir un empleo a
través de la reducción de la jornada semanal a 35 horas y otras
medidas complementarias. Por tanto, desde nuestro punto de vista, no
se puede negar de entrada esta vía si se está dispuesto en serio a
buscar el aumento del empleo, incluso a conseguir eso que se dice el
pleno empleo. En todo caso, habría que dar una oportunidad de
comprobar si tal resultado es posible que se alcance a través de una
solución como la que hoy se propone, entre otros motivos, porque
otras propuestas, como es evidente, no lo consiguieron. Por eso, como
la reducción de la jornada laboral nos parece una vía interesante de
explorar, es por lo que vamos a votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)
para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la iniciativa
legislativa popular de proposición de ley reguladora de la jornada
laboral.
Es una realidad, que no por repetida deja de tener su gravedad, que
nuestra sociedad se enfrenta a un grave problema, el de la fuerte
tasa de desempleo. A pesar de que en estos cuatro últimos años el
crecimiento de la economía ha sido continuo y de importancia, el paro
sigue estando en niveles insostenibles, sobre todo en lo que se
refiere a los jóvenes y a las mujeres. Durante decenios, la marcha de
la economía y la creación de empleo habían sido paralelas, hacía
falta que el producto interior bruto creciera por encima del 2 por
ciento para que los puestos de trabajo que se creaban restituyesen a
los que se perdían, pero al parecer esta ley económica ha perdido
validez. Basta observar lo que aquí ha ocurrido en los últimos años.
Hasta ahora nunca habíamos estado en una situación en la que, tras
cuatro años de crecimiento económico, el paro se mantuviera en tasas
tan altas. Es bastante evidente que aquella correlación de causa
efecto entre ciclo económico expansivo y crecimiento del empleo no
funciona ya de manera apreciable. La evolución de la tecnología y la
inversión en maquinaria y técnicas cada vez más avanzadas, que
sustituyen a un gran número de trabajadores y trabajadoras, provoca
un desfase entre el crecimiento y la necesidad de nuevos puestos de
trabajo. Cada vez hace falta menos gente para producir el mismo
volumen de productos. Con el paso de la era industrial a la de la
tecnología de la información, los conocimientos requeridos para
trabajar se transforman
totalmente. Tampoco el nivel de empleo se modifica sustancialmente y
solamente como consecuencia de la reforma de las leyes laborales.
Por otro lado, en el último cuatrienio las empresas han triplicado
sus beneficios, aunque de los mismos solamente alrededor de una
tercera parte se han destinado a la inversión productiva,
repartiéndose el resto en forma de dividendos. Esta falta de
responsabilidad empresarial en la inversión productiva es otro factor
a tener en cuenta. Sin embargo, desde la perspectiva de EAJ-PNV sí
creemos que existen medidas concretas de actuación contra el
desempleo. Para mi grupo el empleo hoy, sin embargo, admite planes
articulados de estimulación. Para el Grupo Nacionalista Vasco resulta
indispensable propiciar un gran pacto social que vincule la actitud
ante el empleo no sólo de la Administración u otros poderes públicos,
sino también de los diversos interlocutores sociales y agentes
económicos. El desempleo es un problema colectivo de toda la sociedad
y una responsabilidad igualmente colectiva su remoción. El número
elevado de parados que tiene nuestra sociedad denota un fracaso
social donde predominan actitudes de defensa corporativa de intereses
propios, aun siendo legítimos. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Para el Grupo Vasco un pacto social puede armonizar y debe conllevar
una política de rentas dirigida a la creación de empleo,
posibilitando en su seno actuaciones tan relevantes y necesarias
como, en primer lugar, un crecimiento de los salarios armónico con la
evolución de la productividad en los distintos sectores económicos,
es decir, solidaridad por parte de los trabajadores con empleo
respecto a los trabajadores en paro. En segundo lugar, distribución
de beneficios ajustada a los requerimientos económicos de los
distintos sectores, es decir, solidaridad por parte de los
empresarios con la difícil situación social en un momento económico
que comporta notables beneficios. En tercer lugar, remoción de las
rigideces que subsisten en el mercado de trabajo de forma consensuada
entre los interlocutores sociales. En cuarto lugar, desregulación y
liberalización de otros mercados en virtud de los requerimientos de
la competitividad. En quinto lugar, medidas convenidas de reparto del
trabajo, disminución de horas extras u otras que incluyan una
reducción sustancial de la jornada laboral y disminución de horas
extraordinarias dentro de un proceso solidario de negociación
colectiva.
Por consiguiente, estamos en la línea de la proposición no de ley
aprobada por la mayoría nacionalista en el Parlamento vasco con la
oposición del PP y del PSOE, en la que en el primer punto se instaba
al Gobierno vasco a adoptar medidas que incentiven el diálogo y la
cooperación entre los interlocutores sociales, apoyando cuantas
acciones sean positivas para la creación de empleo y en el segundo
punto se trataba de incentivar, desde el respeto a los acuerdos
adoptados por los agentes económicos y sociales en el ámbito
de la empresa, la implantación progresiva de la jornada de 35 horas.
Por cierto, como aplicación en Euskadi al ámbito de los trabajadores
de la Administración pública vasca de esta proposición no de ley, en
el acuerdo alcanzado de cara a los presupuestos del año 2000 se
introduce la implantación progresiva de dicha jornada, siempre que
vaya también acompañada de una adecuación de plantillas y de la
modernización de la organización administrativa, es decir,
negociación colectiva.
En resumen, apostamos por un gran pacto social, pero no por rígidas
regulaciones legales, que no se corresponden a las diferenciadas
situaciones de cada subsector económico y social. Por consiguiente,
no estamos de acuerdo con el contenido de esta proposición de ley,
que va más en la línea de algunos modelos puestos en marcha en el
Estado francés y que no han demostrado hasta este momento demasiada
eficacia, frente a las experiencias de otros Estados europeos, como,
por ejemplo, Gran Bretaña, donde medidas basadas en la negociación
colectiva cara a la reducción de la jornada laboral se han mostrado
mucho más eficaces para la creación de empleo y, por consiguiente,
para la reducción de las tasas de desempleo.
La iniciativa popular como forma de participación de los ciudadanos
en la formación de la voluntad del Estado nació en el proceso
constituyente como consecuencia de afirmar las instituciones de
democracia representativa frente a las que constituyen una aplicación
de la democracia semidirecta. Por ello, teniendo en cuenta que se
trata de la toma en consideración de una proposición de ley de
iniciativa popular que ha sido respaldada por más de 700.000 firmas,
el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a votar a favor de la toma
en consideración de esta proposición de ley, lo que no presupone
nuestro apoyo global al contenido de la misma en su ulterior
tramitación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señor presidente.
Abordamos en este tramo final de la legislatura - previsiblemente
quedan menos de dos meses para que terminen los trabajos de esta
Cámara- la toma en consideración de una proposición de ley y lo
hacemos en pleno periodo preelectoral. Es evidente que no es el caso
de los grupos parlamentarios que ya han utilizado su turno de palabra
con relación a esta iniciativa, a los que no voy a acusar de
electoralismo, y mucho menos el de las organizaciones sociales, que
seguramente hace más de un año que están trabajando en esta línea.
Pero es evidente que esta tarde este debate, al menos en las
posiciones de algunos otros grupos parlamentarios, viene muy marcado
por esta contienda electoral que se sitúa en el horizonte. Además, si
somos suficientemente
serios, entenderemos perfectamente que, si esta proposición de ley
se tomase en consideración hoy, las afirmaciones que se hacen de
voluntad de modificar sustancialmente su contenido a través del
trámite parlamentario correspondiente se situarían en el terreno de
la fantasía. Éste puede ser hoy un debate interesante desde el punto
de vista de la cuestión de fondo, puede ser interesante con relación
a las alternativas políticas y sociales al fenómeno del desempleo,
pero éste no es un debate que tenga continuidad en el momento
parlamentario en el que estamos: cuando la legislatura se termina y
la incapacidad de los grupos parlamentarios para presentar enmiendas
a la misma es más que evidente. Si esta tarde se tomase en
consideración esta proposición de ley, lo previsible es que no
tuviéramos tiempo de iniciar los trabajos de la ponencia. (Rumores.)
Situados en esta perspectiva, que me parece fundamental, entremos en
el debate de fondo, que es complejo y apasionante en el Estado
español y en el conjunto de Europa. Algunos sectores vinculan el
debate sobre las 35 horas con sus posibilidades de creación de
empleo. El simple análisis de los procesos del paso de las 48 a las
44 horas y de las 44 a las 40 horas ha demostrado que nunca, en
ningún ciclo histórico de dos años, estas modificaciones han
implicado la creación de más empleo; nunca, es evidente que no. Están
claras (y lo afirman economistas vinculados a la izquierda europea, a
la izquierda marxista) las consecuencias que tendría una medida de
estas características sobre los costes salariales de los trabajadores
y también sus implicaciones en los procesos de productividad también.
Si además esta medida sólo se vincula a grandes empresas o a la
propia Administración pública, quizá ésta no es la mejor forma de
crear empleo. Sí es cierto, es indudable, que las 35 horas van
ligadas a dos debates apasionantes e importantísimos en el Estado
español y en el conjunto de Europa: el debate sobre la mejora de la
calidad de vida de las personas, seguro que sí, y el debate sobre el
modelo de sociedad, seguro que sí. Y también se une al debate sobre
la flexibilidad en los sistemas productivos, seguro que sí. En esa
línea es interesante y necesario discutir sobre las 35 horas.
Estoy seguro de que la evolución de los tiempos en esos dos terrenos,
en el de la calidad de vida y en el de la flexibilidad de los
sistemas productivos, nos va a llevar a las 35 horas; estoy seguro de
ello, pero no es la vía de la creación de empleo. Se ha dicho ya esta
tarde que la vía de la creación de empleo va a pasar por un
crecimiento económico sostenible y sostenido, pero por él mismo no es
suficiente, sino que habrá que potenciar las fórmulas del tiempo
parcial; habrá que ser mucho más eficaces en la lucha contra la
precariedad laboral -en esta legislatura se han tomado decisiones en
esta línea también con los votos de algunos grupos que van a apoyar
esta iniciativa-; tendremos que mejorar sustancialmente nuestros
mecanismos de formación de las personas que trabajan, de las personas
que aún no trabajan, de la gente joven, de la gente ya
adulta; debemos plantear de verdad la dimensión de la no
incorporación de la mujer al mercado laboral y preocuparnos por su
escasa tasa de actividad en él y abordar de manera inteligente la
regulación de los flujos migratorios. Ésas son las reflexiones que
están relacionadas con la creación de empleo.
Además, señorías, el camino hacia el objetivo de la reducción de la
jornada laboral, de la reorganización del tiempo de trabajo, de la
reducción de las horas extraordinarias tampoco es el que se plantea
en la redacción de esta proposición de ley. Nosotros entendemos (y
creo que en eso coincidimos como mínimo con el Grupo Parlamentario
Socialista sobre el fondo y también con el Grupo Parlamentario Vasco)
que el que se avance hacia la reducción de la jornada laboral sólo
puede ser el resultado de la negociación colectiva; tan solo ésa es
la línea que nos puede permitir avanzar. Es la posición que defienden
los sindicatos españoles (Protestas.) y la que han defendido los
sindicatos de Italia, por ejemplo, en 1998. Es más, es la solución
que hoy están encontrando muchas empresas y sectores españoles. Son
muchas ya las empresas cuya jornada laboral se sitúa en las 37, 38,
incluso 35 horas. Ésa es la línea para avanzar hacia la flexibilidad
y la concertación colectiva entre empresarios y sindicatos, entre
trabajadores y empleadores. Todos entendemos que una medida de estas
características se debe tomar en el marco del diálogo social,
contando con toda la sociedad y precediendo este debate de una
importantísima comunicación con el conjunto de sectores implicados en
ella. El debate no nos llega precedido de ese diálogo, ni muchísimo
menos, ni tampoco nos llega después de haber profundizado en el
análisis sobre las consecuencias que tendría esta medida en la
creación de empleo, en los costos salariales, en la productividad del
sistema. Es evidente que el debate no se cierra esta tarde, ni mucho
menos; vamos a hablar de las 35 horas en la próxima legislatura y en
los próximos meses; desde luego que sí. Por tanto, nuestro grupo
parlamentario da hoy a esta sesión un carácter importante porque
presenta una iniciativa legislativa popular, pero entiende que el
debate va a necesitar diálogo, capacidad de profundizar en las
consecuencias del mismo y, sobre todo, de plantear nuevas respuestas
a los nuevos problemas para conseguir un modelo de sociedad más justo
y más equilibrado. No creo que la propuesta de iniciativa popular que
nos presenta hoy Izquierda Unida sea la mejor manera de abordar este
debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Gimeno.
El señor GIMENO MARÍN: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor Ríos, quiero agradecer en
nombre de mi grupo a la comisión organizadora de esta iniciativa
legislativa popular el
esfuerzo realizado para permitir que debatamos hoy dos cuestiones,
que creo que se deducen de su intervención: un procedimiento
democrático de participación social en un debate parlamentario -y
ustedes hoy, representando a esa comisión organizadora, traen esta
iniciativa legislativa- y otro problema de fondo que sin duda esta
iniciativa contiene en su articulado.Creo que hay confusión en
algunos grupos cuando no son capaces de distinguir las dos cuestiones
de que hoy tratamos: una iniciativa legislativa popular que se trae a
esta Cámara y, a partir de mañana, si la misma fuera aceptada a
trámite, debatir otro problema; pero hagámoslo hoy no sea que no
podamos hacerlo mañana sobre esta base.
Señor Anguita, no puedo sino darle la razón en algunas de las cosas
que usted menciona, y se la puedo dar incluso con los datos que hoy
conocemos -sin duda S.S. también- de la encuesta de población activa,
que pone claramente de manifiesto que después de cuatro años de
Gobierno la contratación temporal aumenta en este país. Eso ocurre
después de que el Gobierno dedique año tras año en los Presupuestos
Generales del Estado cantidades ingentes a intentar reducir esa
contratación temporal. Cerca de un billón de pesetas se han gastado
durante estos cuatro años en intentar que la contratación temporal
disminuya y hoy la conclusión es que ese tipo de contratación no ha
disminuido. Todo el mundo sabe que algo habrá que hacer para resolver
los problemas sobre el empleo que existen en este país. Ya sé que en
este debate no se ha hablado sólo de empleo sino de muchas más cosas,
y a ellas me voy a referir.
Los socialistas vamos a apoyar la tramitación de la iniciativa
legislativa popular de la jornada laboral de 35 horas porque no se
puede hacer otra cosa, aunque sólo sea, como digo, por el
procedimiento y la forma en que se ha traído a esta Cámara. Creo que
el respeto al conjunto de los ciudadanos merece esa consideración y
los grupos así deberían hacerlo. No tiene nada que ver el problema de
fondo; se puede debatir sobre él, se puede discrepar sobre el mismo,
pero hoy, en una discusión en la que se puede aceptar o no una
iniciativa popular legislativa, después de ver el contenido de esa
iniciativa (que no es ninguna barbaridad en cuanto a importancia del
tema que se trae a esta Cámara, la cual tendrá que ser también
reflejo de los importantes debates que se producen en nuestra
sociedad, estemos de acuerdo o no con los matices o los problemas de
fondo que se plantean) sería suficiente para que se tomara en
consideración. No coincidimos en absoluto con quienes desde el
Gobierno han manifestado en otros momentos -no es la primera vez que
se habla de este tema- que el debate sobre el tiempo de trabajo es un
debate falso; en absoluto. Nosotros creemos que es un debate
importante, mucho, en el que están inmersas muchas fuerzas sociales y
así se está demostrando con esta iniciativa legislativa no sólo en
España sino también en Europa, con especial repercusión en algunos
países, en estos momentos en Francia, que se ha citado, y en otros.
Hay más razones, y se han explicado por otros intervinientes de otros
grupos, al presentar la iniciativa, diciendo que el tema de fondo que
se plantea en ella no es un tema cualquiera sino trascendental para
la evolución de la sociedad y para el modelo de sociedad que entre
todos queremos construir. La incorporación de las nuevas tecnologías
ha producido un importante incremento de la productividad del
trabajo. Esto es sabido y asimilado por todos, dando lugar a que en
los últimos 40 años en Europa la producción se haya multiplicado por
tres y, sin embargo, la cantidad de trabajo se haya reducido en un 30
por ciento. Pero en España, utilizando datos más próximos, porque no
hace falta que nos vayamos tan lejos, vemos que el problema es de
extraordinaria importancia por las consecuencias que tiene para el
futuro. Si consideramos los datos de 1976 a 1978, sólo por citar los
que figuran en la base de datos Tempus del Instituto Nacional de
Estadística, podemos ver con claridad que la riqueza del país ha
crecido un 67 por ciento, mientras el empleo sólo lo ha hecho en un 6
por ciento y el paro el 413 por ciento. Ésa es la realidad que nos
ofrece la evolución de unas tecnologías que se incorporan: una
riqueza que aumenta, una productividad que crece, pero una realidad
que no es capaz de resolver problemas fundamentales para la forma de
vivir del conjunto de la sociedad.Además, hoy en España la reducción
de jornada, frente a algunas de las intervenciones que he oído, es
defendida claramente por los agentes sociales, no sólo por los que
hoy traen la iniciativa. Los sindicatos también la defienden
claramente (Rumores.); que la hayan firmado o dejado de firmar no
importa en este debate porque es cierto que ellos en este momento
también la defienden, y dudo mucho de que no estén a favor de que se
apoye en esta Cámara la tramitación de esta iniciativa popular.
Señorías, sabemos que la reducción de jornada es posible como
consecuencia del incremento de la productividad, pero debe orientarse
claramente a mejorar la calidad de vida, así como a la creación de
empleo. También es cierto, y hay que reconocerlo y decirlo, que no
toda reducción de jornada produce automáticamente creación de empleo.
Pero yo creo que en todas las intervenciones se ha expresado que no
solamente es esta iniciativa la que hay que articular para dar
solución a problemas tan importantes como el empleo, sino que a la
vez es necesario un crecimiento económico que tenga el empleo como
objetivo prioritario y unas políticas activas dirigidas a crearlo. Y
en ese contexto, ¿qué ha ocurrido en el más reciente pasado de
nuestra vida política, económica y social? Las alternativas que se
han dado para debatir y plantear soluciones a ese problema han sido
las siguientes. Por supuesto, en esta Cámara se ha utilizado el
instrumento legal para reducir la jornada, fijándose en las
experiencias. Yo he leído también ese «Diario de Sesiones» que ha
citado, señor Anguita, en el que figuran afirmaciones del señor
Chaves, coincidentes con las del señor Almunia cuando era
ministro; paradojas de la vida de quienes quieren hacerse fotos con
los sindicatos para parecer más sociales, contradictorias sin ninguna
duda con decisiones tomadas en su día que parecerían excesivamente
sociales para algunos de la derecha en este momento.
En cualquier caso, además de esa iniciativa legislativa de reducción
de la jornada, las alternativas que en la práctica se han
desarrollado son las que ya conocen SS.SS.: la reducción de jornada
articulada a través de la negociación colectiva, el esfuerzo de los
agentes sociales por intentar ir reduciendo la jornada. Es un
esfuerzo retomado e intensificado en los últimos tiempos, y mucho
tendrán que ver los debates que se están produciendo sobre el tema y
las iniciativas que se toman. La reducción de jornada a través de la
negociación e incentivada económicamente desde las administraciones
públicas es otro de los métodos que se está utilizando en este debate
parlamentario, habiendo presentado distintos grupos iniciativas para
animar esa negociación para reducir la jornada y crear empleo. Y por
último, está la reducción de jornada por ley, como he dicho al
principio. En los últimos años han sido las dos primeras alternativas
las que se han llevado hacia delante y hoy se trae a esta Cámara el
otro procedimiento posible, compatible con las otras iniciativas.
La situación en España es que la jornada media efectiva por
trabajador se encontraba a principios de 1999 en una media anual de
1.770 horas, incluyendo las horas extraordinarias, lo que supone en
términos de jornada semanal alrededor de unas 37 horas. Ésa es la
situación en estos momentos, pero en términos medios. Sus señorías
saben que el término medio significa que hay unos que tienen jornadas
más altas y otros que las tienen más bajas, siendo las empresas de
más de 250 trabajadores las que tienen una jornada más reducida, pero
no de una forma muy significativa, lo que indica los referentes que
sirven, las negociaciones que tienen lugar en cada una de las
unidades económicas a la hora de producir efectos en el resto. A
nivel de la Unión Europea, con datos de 1994, nos encontramos con 70
horas anuales por encima de la media europea y ésa es la realidad
española. Actualmente tenemos jornadas más amplias que la media
europea.
Este debate se suscita fundamentalmente en la medida en que se piensa
que puede tener repercusión sobre el empleo. Es el debate que debe
suscitarse y el que se va a producir en esta Cámara, y ojalá fuera
como consecuencia de esta iniciativa legislativa. Sin ninguna duda,
ese debate se seguirá produciendo. Y para quienes dicen (no sé si
sandeces o qué) que va a haber un pleno empleo sólo hay una
alternativa real y técnica posible. En los últimos tiempos el
Gobierno se ha llenado la boca diciendo que con él, no se sabe cómo,
va a haber pleno empleo. Desde otros bancos se ha dicho cuál es la
única solución técnica para ese pleno empleo que plantea el Gobierno,
y es verdad que no hay otra posibilidad técnica real para que ese
pleno empleo se pueda producir, pero ni siquiera ésa es posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gimeno,
vaya concluyendo.
El señor GIMENO MARÍN: Sí, señor presidente.
Es cierto que no existen condiciones homogéneas ni en las empresas ni
en los sectores por lo que se refiere a la productividad y que
tampoco existe una homogeneidad en cuanto a las consecuencias a la
hora de adoptar medidas de reducción de jornada por ley sin reducción
salarial. Probablemente no en todos los casos los efectos podrían ser
los mismos o tener la misma naturaleza respecto al empleo, pero la
forma de solucionar estos problemas también depende de la habilidad,
del debate y de las iniciativas que se tomen. Por ello, el momento y
la forma de adoptar una medida de estas características es importante
y así lo vemos nosotros. Creemos que es un tema en el que hay que
analizar la forma y el momento, pero hoy se trata de ver si esta
Cámara decide que ese debate es importante y que debe producirse. Yo
les digo que este debate es muy importante y que deberían
reconsiderar su posición algunos de los grupos que ya la han fijado.
Es cierto que la reducción de jornada simboliza también la historia
del movimiento obrero, como se ha dicho, y la historia nos dice -es
así, tengo que manifestarlo- que con ningún ministro del Grupo
Popular nunca será posible que se reduzca la jornada por ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Quiero
aclararle, para que conste en el «Diario de Sesiones», señor Gimeno,
que el señor Ríos ha dado lectura al escrito de la comisión promotora
en su calidad de secretario segundo de la Mesa del Congreso de los
Diputados.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la flexibilidad del tiempo de trabajo es un viejo,
inacabado y cambiante debate, al que el Grupo Parlamentario Popular
se acerca con un tremendo respeto y requiere por nuestra parte de un
tratamiento riguroso, huyendo de demagogias y de dogmatismos; es un
viejo, inacabado y cambiante debate que no va a tener hoy aquí su
final, señorías. Discutiremos mucho sobre la flexibilidad del tiempo
de trabajo en esta Cámara, sobre la reordenación del tiempo de
trabajo, sobre la jornada laboral, y lo haremos porque no sólo
nosotros sino muchas más personas, dentro y fuera de esta Cámara,
dentro y fuera de este país, han debatido sobre la disminución del
tiempo de trabajo. Es una antigua reivindicación del movimiento
sindical, como bien saben SS.SS., que en sus orígenes -y esta
reflexión no la hago simplemente por hacer ahora un guiño a la
historia, sino porque la voy a utilizar posteriormente- era una
conquista social que se pretendía para mejorar la seguridad, la salud
y las condiciones en general de los trabajadores. Hoy, en cambio, ya
no se plantea así; hoy
la reducción de jornada se motiva en que es un medio, importante
medio, o medio junto con otros, que puede servir para la lucha contra
el desempleo, para crear más y mejores empleos, como así nos ha
expuesto algún portavoz.
No estamos, por tanto, señorías, ante un debate que se podía haber
planteado desde un punto de vista político, ético, social, el de
mejorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores y de sus
familias; no, ése no es el planteamiento, sino el del reparto del
tiempo de trabajo como una de las soluciones al problema del
desempleo. Y el planteamiento de la iniciativa legislativa popular,
que también hacen algunas de SS.SS., da por sentado algo que nosotros
no compartimos, que es el efecto automático de sustitución de esas
horas por nuevas contrataciones; eso no sólo no está claro sino que
además, señorías, la experiencia demuestra que no existe tal relación
directa entre la jornada laboral y el nivel de desempleo. Si nos
ponemos de ejemplo nosotros mismos, los españoles, España, la jornada
laboral media pactada en convenio colectivo se redujo entre 1982 y
1996 en un 5,7 por ciento, incluida una reducción por ley en el año
1983, mientras que la tasa de paro (y no lo tengo que recordar a SS.
SS.) aumentó significativamente.
También saben SS.SS. -en alguna ocasión lo han utilizado- que en los
últimos años se ha producido un ligerísimo aumento de la jornada
laboral y, en cambio, ha descendido el desempleo. Incidiendo en lo
anterior, y por si el ejemplo español no es suficiente, países con
jornadas muy altas, como Suiza, Estados Unidos o Japón, por citarle
uno de cada continente y con sistemas de relaciones laborales
completamente distintos, tienen los índices de paro más bajos de todo
el planeta. Por ello, planteamientos como los que hace esta
iniciativa legislativa popular nos mueven a la reflexión, no sea que
una medida de la naturaleza que se propone, establecida de forma
generalizada para todas las empresas por los periodos transitorios
que se dispongan, pueda tener un efecto enormemente negativo sobre el
empleo en aquellas cuyo funcionamiento pueda verse perjudicado u
obstaculizado por la reducción legal de la jornada y que no podrían
absorber la elevación de los costes laborales que ello produciría.
Señorías, nuestro sistema productivo tiene sus propias
peculiaridades. La sociedad española está realizando un gran esfuerzo
de modernización que pretende consolidar una situación de
competitividad en el marco de los países más avanzados. Conviene, por
tanto, ser cuidadosos, muy cuidadosos en este terreno, ya que en las
economías globalizadas actuales lo que está claro es que si no hay
competitividad no hay empleo. El debate del tiempo de trabajo, el
debate sobre el reparto del tiempo de trabajo necesariamente hay que
vincularlo con empleo y con productividad; no se pueden aislar, en
absoluto. A la hora de hablar del reparto del tiempo de trabajo,
tenemos que ver qué efectos económicos tiene para el empleo, sobre el
conjunto de la legislación, sobre las cuentas españolas en el
exterior y sobre
las cuentas públicas. Señorías, son muchas las incógnitas
a dilucidar, muchas las cuestiones a despejar. ¿Habrá mantenimiento o
pérdida de salario con una reducción de jornada? La iniciativa
legislativa popular nos dice que no, que mantenimiento, nunca pérdida
o descenso del salario. Inmediatamente podemos hacernos otra
reflexión: ¿Y si no lo hay? Una reducción generalizada de jornada por
ley que no afecta a los salarios ¿qué efecto puede tener, en cambio,
en la capacidad de competir de nuestras empresas en una economía cada
vez más globalizada, cada vez más competitiva? (Rumores.) Señorías,
estoy haciendo reflexiones, preguntas en voz alta.
El reparto del tiempo de trabajo que propone la iniciativa
legislativa popular ¿contribuiría a crear empleo o tal vez se
produciría una intensificación y una densidad en el trabajo? Menos
pausas, menos descansos, menos tiempos muertos. ¿Qué repercusiones
tendría lo que se propone en esta iniciativa sobre las diferentes
categorías de trabajadores, padres, madres de familia, trabajadores
de edad, personas con compromiso en el voluntariado? Son muchas las
preguntas que podemos hacernos; tal vez, señorías, las respuestas las
podamos encontrar en un país, el único país europeo, que ha llevado
a cabo una reforma del tenor que se pide en la iniciativa legislativa
popular. ¿Saben ustedes cuál es? Francia; no hay otro. Sólo lo ha
acordado uno más, Italia, pero no lo ha puesto en práctica. ¿Y qué ha
ocurrido allí hasta ahora, señorías? Acudamos a lo que nos dicen los
agentes sociales franceses, los estudiosos franceses. ¿Saben que nos
dicen? Que las 35 horas no han traído consigo creación de empleo; que
después de la aplicación hasta el primer trimestre de este año apenas
habían sido seis mil los nuevos empleos creados, evidentemente fuera
del sector público, con la reducción de 35 horas por ley. En lo que
ya todos coinciden, en este caso estudiosos franceses, es en que no
se va a crear empleo con esa reducción legal de jornada en Francia;
es un dato real que tenemos ahí, señorías, no una elucubración. En
cambio, sí se han puesto de acuerdo en que puede mejorar la calidad
de vida de los trabajadores, que podrán disfrutar de un mayor tipo de
ocio. Porque sí que es cierto también, y así se ha constatado, que
esa reducción del tiempo de trabajo viene sin pérdida de remuneración
salarial, y que en ese caso no hay una pérdida de calidad de vida de
los que trabajan. ¿Pero qué pasa con los que no trabajan? Con una
reducción generalizada de jornada por ley a 35 horas los que no
trabajan en Francia siguen sin trabajar. Es más, señorías, ese primer
principio, el de que sólo iba a beneficiar (y que no es el debate que
tenía que haber hoy aquí) a la calidad de vida de los trabajadores,
también está puesto en solfa ya por los propios estudiosos y
analistas franceses. En cinco de cada seis empresas francesas que
adoptan la reducción de jornada se está produciendo una densidad e
intensificación del trabajo, porque no crean nuevos empleos, recortan
descansos, acumulan turnos. Hoy los analistas franceses nos dicen
que, ante la previsión de que la calidad
de vida mejoraría -leo textualmente-, el tiempo ganado para la vida
privada a costa de intensificar el trabajo y flexibilizar los
horarios es un engaño y la ganancia una quimera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor presidente. Ésa es la
realidad, señorías, y no la soslayamos, ni puede hacerlo esta Cámara,
ni tampoco Europa, porque este debate ya se ha producido en Europa.
No es un debate que se tenga ahora, ya se ha producido, y saben
perfectamente SS.SS. qué han hecho las instituciones europeas. Las
instituciones europeas no han considerado apropiada la reducción
legal de la jornada entre sus orientaciones, sino muy al contrario,
el pacto entre sindicatos y empresarios. Ese debate ya se ha
producido y el resultado es el que es, señoría, aunque a algunos
parezca no gustarles en demasía.
Y nadie viene a esta Cámara a hurtar ningún debate, señorías. En todo
caso, ¿qué les parecería a ustedes si la posición de mi grupo fuera:
no estamos en absoluto de acuerdo con el contenido de la iniciativa
legislativa popular, discrepamos de su núcleo esencial -como así
hacemos-, de la reducción generalizada por ley, pero en cambio
votaremos la toma en consideración para valernos de nuestras mayorías
y desnaturalizar completamente lo que nos han pedido 750.000
ciudadanos? Señorías, eso sí es una burla al sistema democrático. Es
una burla al sistema democrático no tener en cuenta el contenido de
las proposiciones que nos hacen llegar, porque si 750.000 españolas y
españoles nos dicen que quieren que este Parlamento apruebe una
proposición de reducción generalizada de la jornada por ley y
nosotros no estamos de acuerdo, no podemos desnaturalizarla,
admitirla a trámite y cambiarla en función de nuestra mayoría, porque
así tengamos no sé qué pedigrí democrático mayor. Al revés,
cometeríamos una burla a esos 750.000 españoles, señorías, y estoy
seguro que también a quienes dentro de esta Cámara son sus
defensores.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo.
Por eso, señorías, nosotros votamos en contra de la toma en
consideración, porque no queremos desnaturalizarla con mayorías y
porque no estamos de acuerdo con su núcleo esencial: la reducción
generalizada por ley de la jornada. Me parece que es bastante
sencillo de entender. Otros cambian o a lo mejor es que siguen sin
estar de acuerdo con la reducción por ley de la jornada de 35 horas,
pero hoy nos dicen que en cambio están dispuestos a votar una
proposición cuyo núcleo esencial es justamente ése. Nosotros
respetamos demasiado la iniciativa legislativa popular y respetamos
demasiado la soberanía de esta Cámara. (Rumores y protestas.)
Por ello, señorías, no vamos a votar a favor de la toma en
consideración; por cierto, una actitud tan democrática como pueda ser
cualquier otra por la que opten los distintos grupos con
representación en esta Cámara.
Ya se ha dicho -y no voy a incidir, señorías, señor presidente, para
acabar ya- que los sindicatos, los agentes sociales, los empresarios
tampoco están completamente de acuerdo con esta proposición. Nosotros
sí compartimos lo que dicen ellos: acuerdos sector por sector,
empresa por empresa entre empresarios y sindicatos, porque ahí donde
haya margen para repartir la productividad que se haga, pero tengamos
mucho cuidado a ver si reducciones generalizadas de jornada en alguna
empresa o en algún sector nos podrían costar puestos de trabajo.
Nosotros en materia de empleo, los experimentos ni con gaseosa,
señorías (Rumores.); por eso estamos a favor de las políticas que se
han venido realizando hasta ahora, políticas que han penalizado el
uso indebido de horas extraordinarias, políticas que han fomentado la
contratación a tiempo parcial -y acabo ya, señor presidente-,
políticas que ven su refrendo en la encuesta de población activa o en
el dato de ayer de récord de afiliación a la Seguridad Social en
nuestro país. Por cierto, cuando se crea empleo también se crea
empleo temporal, evidentemente, pero ¿saben la diferencia entre la
creación de empleo del Gobierno del Partido Popular y la de otros
gobiernos? Si comparamos la creación de empleo de esta última EPA,
hay más de 1.900.000 trabajadores con contrato indefinido que en el
primer trimestre de 1996 no tenían ese contrato indefinido...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Acabo ya, señor presidente. Únicamente hay
200.000 trabajadores con contrato temporal más que en el primer
trimestre de 1996. Me parece que no deberían olvidarse esas
cuestiones cuando se haga algún tipo de afirmaciones desde los
escaños de esta Cámara. Por eso, señorías, nosotros -y acabo, señor
presidente- estamos completamente de acuerdo en que este país puede
crear empleo, y que lo puede hacer acercando además los umbrales de
crecimiento económico a los umbrales de creación de empleo. Y no nos
hacen falta 50 años, como dijo el portavoz habitual de Izquierda
Unida en la materia, sino con cinco años más creciendo al ritmo que
lo estamos haciendo ahora y convirtiendo el empleo en crecimiento
económico en nuestro país, en cinco años se podrá hablar de pleno
empleo en este país. Y no es una utopía, será una realidad.
(Rumores.) Señorías, lo que no nos gustaría...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, S.
S. debe concluir de forma inmediata.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo ya, en diez segundos, si me dejan.
(Rumores.)
Señorías, lo que no nos gustaría es que se pudiera ampliar la frase
que el tan reputado neoliberal, parece ser, señor Schröder -no sé si
lo he pronunciado debidamente-, presidente del Gobierno alemán dijo
respecto de la adopción por Francia de la ley de 35 horas. Dijo: Si
el Gobierno socialista francés decide imponer por decreto la semana
laboral de 35 horas, Francia hará un gran y excelente regalo a la
industria alemana. Nosotros no queremos que esa frase se haga
extensible a la industri española. Frente a incertidumbres e
incógnitas, preferimos realidades: las de más y mejor empleo para
todos.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps. (El señor Anguita González pide la palabra.)
Señor Anguita, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Señor presidente, se han utilizado
expresiones que yo he usado en la tribuna, pero en un sentido
totalmente contrario al que les di.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No, señor
Anguita. Su señoría ha utilizado un turno a favor de la iniciativa y
el resto de los grupos parlamentarios han utilizados un turno de
fijación de posición, en unas ocasiones coincidente con la postura de
su grupo parlamentario y en otras ocasiones no coincidente, pero no
ha habido contradicciones ni se han abierto nuevos debates.
El señor ANGUITA GONZÁLEZ: Yo no quiero debatir, simplemente
clarificar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No hay
posibilidad de réplica, señor Anguita, muchas gracias.
Vamos a proceder la votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.):
- DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/
1999, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de
expediente 121/000179.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ocupen sus escaños, vamos a
proceder a las votaciones. Ruego que lo hagan con presteza, o sea con
rapidez; el orden del día está todavía muy abigarrado y en beneficio
de todos convendría no perder tanto tiempo en los acomodamientos.
(Pausa.) Señora Tocino.
Votación de la enmienda de totalidad de devolución del Grupo
Socialista al proyecto de ley orgánica de
modificación de la Ley de tal naturaleza del Tribunal Constitucional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 123; en contra, 164; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, en consecuencia, la enmienda
del Grupo Socialista.
- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OBTENCIONES VEGETALES.
(Número de expediente 121/000180.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar, en una sola votación, las tres
enmiendas que solicitan la devolución al Gobierno y que han sido
suscritas dentro del Grupo Mixto por los señores Vázquez y la señora
Rivadulla, y además por el Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 21; en contra, 164; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las
referidas enmiendas de totalidad de devolución.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR.
(VOTACIONES.):
- REGULADORA DE LA JORNADA LABORAL. (Número de expediente 120/
000007.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley de iniciativa popular reguladora de la jornada
laboral.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 145; en contra, 161.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la toma en
consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY 4/1980, DE 10 DE ENERO, DE ESTATUTO DE
RADIO Y TELEVISIÓN, POR LA QUE SE REGULA LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA
DEL DIRECTOR DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/
000066.)
El señor PRESIDENTE: Punto XI que abre ya los últimos puntos del
orden del día que llevarán a una votación a su finalización, es decir
al final de la sesión. Punto XI del orden del día: toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida
de modificación del Estatuto de Radiotelevisión, por la que se regula
elección parlamentaria del director de Radiotelevisión Española. Por
si no lo han entendido, no habrá una nueva votación hasta que
finalicen los debates de todas las iniciativas pendientes.
Comenzamos, por tanto, el debate de la referida iniciativa del Grupo
de Izquierda Unida sobre el modelo parlamentario de elección del
director de Radiotelevisión Española que presentará ante el Pleno el
portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
(Pausa.)
Silencio, por favor. Quienes hayan de abandonar el hemiciclo para
ocuparse de otras tareas parlamentarias háganlo en silencio y
deprisa. (Pausa.) Baón Ramírez, silencio, por favor. (Pausa.) Puche
Rodríguez-Acosta, Gabino. (Pausa.) Señor Jané y compañía; señora
Amador, señor Jané, por favor. ¡Señor Jané! (Pausa.) Si no le veo no
le creo, don Vicent, abandone, por favor. (Pausa.)
Adelante, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Señores diputados, señoras diputadas, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida me dispongo a defender una proposición de ley para
que el director general de Radiotelevisión Española... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alcaraz.
Señorías, por favor. Señora Romero, señor Eguiagaray, dejen pasar a
la señora Balletbó que está en silencio aguardando poder salir.
(Risas.)
Cuando guste, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Decía, señor presidente, que en nombre de
Izquierda Unida voy a defender la necesidad comunicativa y la
necesidad política de que este Congreso de los Diputados elija al
director general de Radiotelevisión Española. Es una propuesta que ha
sido recientísimamente descalificada por el portavoz del Grupo
Popular aduciendo que es oportunista y electoralista. Esta
proposición de ley está registrada desde el 12 de marzo de 1997
-ahora diré por qué hasta ahora no se ha visto en el seno del pleno
de la Cámara-, por tanto no hay ningún tipo de oportunismo, en todo
caso hay oportunidad política puesto que de pronto no hemos redactado
una proposición a raíz del calor de una pelea comunicativa o al calor
de ciertas propuestas que efectivamente han copiado la posición
original, desde hace muchísimo tiempo, de este grupo parlamentario.
El portavoz del Grupo Popular también acaba de decir a los medios de
comunicación que es una propuesta electoralista. Yo no sé si el Grupo
Popular tiene claro que las elecciones son un acto de enorme
importancia en la democracia, en todo tipo de democracia y que no se
puede descalificar un acto político como acto electoral, no se puede
descalificar; es algo que deja ver que no se tiene clara la esencia
de lo que es una auténtica democracia en función de que naturalmente
no hay por qué descalificar el ciclo electoral.
Desde ese punto de vista, nosotros tenemos un modelo audiovisual que
hemos ido desgranando a lo largo de esta legislatura y que tiene dos
elementos fundamentales: la creación del consejo de la comunicación
y la defensa de una radio y una televisión públicas como servicio
público esencial de dimensión suficiente. Todos sabemos que el
consejo de la comunicación no salió adelante en esta Cámara por tres
votos en contra en su toma en consideración a través de la
presentación de una proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida.
Lo dejo aparte y ya lo seguiremos debatiendo en la próxima
legislatura. Se ha perdido una oportunidad de oro fundamentalmente
por la cerrazón política del Grupo Parlamentario Popular.
En segundo lugar, nosotros queremos una radio y una televisión
públicas pagadas con dinero público y en cuanto que pagadas con
dinero público controladas públicamente; el que paga manda, o debe
mandar. Nos encontramos con algo que no es así; nos encontramos con
que todos los años hay que pedir a la gente 150.000 millones de
pesetas, hay que mandar a la gente el mensaje de que debemos ya
700.000 millones de pesetas de deuda acumulada y eso hay que sacarlo
de los impuestos sin que mejore lo que como servicio público debe ser
Radiotelevisión Española. Ése es el mensaje que estamos dando en
estos momentos. ¿Qué son una televisión y una radio públicas en
cuanto servicio público esencial? Fundamentalmente tiene una
característica, y es que son una radio y una televisión de calidad y
en segundo lugar que son objetivas, son independientes, respetan
escrupulosamente la pluralidad y respetan escrupulosamente, como dice
también el artículo 20 de la Constitución, el acceso de
organizaciones sociales y culturales importantes, específicas que
tienen presencia en la sociedad española.
Detengámonos un momento en el tema de la independencia. A la hora de
pedir dinero a la gente para que subvencionen con dinero
presupuestario la radio y la televisión públicas, fundamentalmente
hay que partir de una base: que esa televisión en cuanto que
independiente no puede ser gubernamental; principio que reina en
todas las televisiones europeas. En todos los países existe el
Consejo superior de lo audiovisual, existe una autoridad democrática
comunicativa que aquí no existe. Hay que tomar medidas para preservar
esa independencia que quiere decir objetividad, pluralidad, derecho
de acceso, independencia del Gobierno. Y nos
vamos a detener en este punto. Si el Gobierno es quien nombra al
director general, es muy fácil deducir que no va a haber
independencia en ese aspecto que es fundamental en una televisión
pública: los informativos, aspecto fundamental de una televisión
pública.
Quiero recordar que hace muy poco tiempo cinco grupos parlamentarios
de esta Cámara, superando en mucho la mayoría absoluta en número de
votos y casi también en número de diputados, dimos una rueda de
prensa diciendo que no había una política informativa adecuada,
serena, plural y socialmente representativa. Quiere eso decir que no
se funciona de acuerdo con las normas que prevé la Ley de 1980 del
Estatuto de Radiotelevisión Española, radiotelevisión pública, que en
sus artículos 3 y 4 prevé cómo se debe caracterizar la pluralidad y
la objetividad. Éste es simplemente el tema que nos ha traído hoy
aquí: cómo hacemos que la televisión y la radio sean más objetivas;
cómo hacemos que el director general no dependa directamente de un
Gobierno; cómo hacemos que su cese no dependa de un Gobierno. Está
claro: que lo nombre el Congreso de los Diputados, así no lo va a
cesar el Gobierno porque dé mala información, y así el jefe de
informativos se podrá independizar de él porque estará apoyado no por
un Gobierno, por el sector duro de un Gobierno o de un partido que
pueden puentearlo, sino que dependerá del Congreso de los Diputados.
Ésa es la idea, señorías, y para eso pedimos el voto. Pedimos el voto
de todos los grupos. Hemos obtenido ya el voto del Grupo Socialista,
un cambio de posición que saludamos, lo que quiere decir que cuando
nosotros inscribimos esta proposición en la legislatura anterior y
fue derrotada, teníamos razón. Cuando la hemos inscrito el 12 de
marzo de 1997 estábamos ante el mismo problema y ahora me parece que
podemos darle una salida a esta situación. ¿Por qué hasta ahora no la
hemos pasado desde el registro al orden del día? Primero porque
tenemos poco cupo en las proposiciones de ley, pero esto es una
excusa. No es cierto, no es verdad, podíamos haberla discutido antes.
No la hemos pasado a debate porque estaba funcionando la subcomisión,
y porque la subcomisión tiene que trabajar sobre el sistema de
financiación estable, sobre estrategias para enjugar la deuda
acumulada y sobre el cambio de la ley del Estatuto de Radiotelevisión
de 1980, donde se prevé que el director general tiene que ser
nombrado por el Gobierno. Hemos esperado a ver si esta subcomisión
llegaba a puerto y como no llega, se nos ha perdido la subcomisión en
el triángulo de las Bermudas y no sabemos ahora mismo dónde está,
teniendo en cuenta la iniciativa del señor Almunia, en el sentido de
que ellos por fin cambian de posición y se vienen a la de Izquierda
Unida, nos hemos visto obligados a presentar esta proposición de ley.
Termino rápidamente, señor presidente, pidiendo este voto. He dicho
anteriormente que tuvimos una rueda de prensa hace muy pocos días
cinco grupos parlamentarios: el Grupo Socialista, el Grupo del PNV,
el
Grupo de Convergència i Unió, el Grupo Mixto y el Grupo de Izquierda
Unida. Creo que como mínimo estos grupos deberíamos votar a favor de
esta proposición de ley, sería lo coherente y lo lógico. En esa rueda
de prensa dijimos: no hay posibilidad de política informativa si no
existe garantía de que el director general sea independiente, que no
dependa del Gobierno. Pido que esos grupos mantengan esa lógica y
voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Al mismo tiempo, pido también al Grupo Popular que vote a favor. No
vale la excusa, el argumento débil de TBO de que no da tiempo a que
se vea la ley, como se ha utilizado para la iniciativa legislativa
anterior por parte del señor Campuzano, y que por tanto se vota en
contra. No. Cuando hay que dar la cara como en este caso se da y se
dice que tampoco se hubiera votado hace seis meses. La prueba está en
que no hay dictamen de la subcomisión, no ha podido alcanzar ese
dictamen la subcomisión. Por cierto, emplazo al Grupo Popular
diciéndole que sí hay tiempo para un texto de modelo de
radiotelevisión incluyendo este tema de cara al próximo mes de
diciembre, y podríamos aprobarlo en el Pleno de esta Cámara.
Termino, señor presidente. Si esta proposición de ley no sale
adelante significará que no hay ideas claras respecto al futuro de
Radiotelevisión Española, no hay ideas claras respecto a lo que es el
núcleo fundamental de una televisión pública -los informativos- y no
hay ideas claras, excepto la utilización gubernamental de esta radio
y de esta televisión públicas de cara al futuro. Espero que no se
utilicen argumentos como los que se han usado de manera bastante
frívola en los medios de comunicación hasta hace unas cuantas horas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Algún grupo desea fijar
su posición? (Pausa.)
En el Grupo Mixto repartirán su tiempo, por demás breve ya lo digo;
el representante del PAR y el señor Peralta.
Adelante, señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a ser breves, como lo hemos venido siendo a lo largo de toda la
sesión de ayer y de hoy.
El Partido Aragonés va a dar su voto afirmativo a la toma en
consideración de esta proposición de ley encaminada a la modificación
del Estatuto de Radiotelevisión Española, para que la elección del
director de Radiotelevisión se realice por elección parlamentaria.
Desde el PAR no querríamos asistir en esta legislatura a este tipo de
debates y estamos viendo, ciertamente preocupados como se hizo en
anteriores legislaturas, que Radiotelevisión Española, este servicio
público es utilizado como arma política, como arma partidista.
Cuestiones como la calidad, el respeto a la pluralidad, la
independencia, la objetividad, ese instrumento dinamizador
de la cultura que debería ser de acceso a la información, no
de propaganda, nos preocupan. Elegir o no al director de
Radiotelevisión entendemos que puede ser una medida necesaria pero en
absoluto suficiente. El debate que hay que introducir es la reforma
total de ese estatuto; el debate que hay que introducir es el modelo
de televisión que queremos, pero más que el modelo de televisión que
queremos el modelo de televisión que esta sociedad necesita.
Tuve oportunidad el sábado pasado de ver los informativos de
Televisión Española, y dejando bien clara la profesionalidad absoluta
de todos los informadores era realmente bochornoso comprobar cómo se
hacía utilización partidista de los mismos. En ese sentido, damos
nuestro voto afirmativo a esta iniciativa de Izquierda Unida.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Serrano.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en la presente legislatura se ha producido, sin lugar a
dudas, un notable retroceso por parte del Ente Público
Radiotelevisión Española en lo que debería ser su situación económica
y el cumplimiento de los objetivos previstos en su estatuto, tanto en
las funciones propias de un servicio público como en los principios
de objetividad, veracidad y pluralidad en el tratamiento de la
información.
Punto significativo de ese retroceso bajo el Gobierno del Partido
Popular fue que el mismo a los pocos meses de su constitución hizo
tabla rasa de aquella promesa, hecha pública en su momento por el
señor Aznar, de que nunca nombraría a un miembro del Partido Popular
director de Radiotelevisión Española. Efectivamente, en febrero de
1997 se nombraba para ese cargo al señor López Amor, diputado del
Partido Popular. Hoy ni siquiera eso sirve y nos encontramos en una
situación que sigue avanzando el deterioro en todos los terrenos.
Las soluciones buscadas por los distintos grupos de esta Cámara han
sido enterradas por la mayoría del Partido Popular. Se ha hecho
referencia por parte del señor Alcaraz a la subcomisión que ha estado
funcionando y que él situaba en un punto desconocido. Por nuestra
parte, en nombre de Nueva Izquierda queremos hacer referencia a las
distintas proposiciones que fueron aprobadas el 23 de junio de 1998,
relativas a la creación de un consejo superior de medios
audiovisuales, proposiciones de ley tomadas en consideración en aquel
momento, entre ellas una del Grupo Popular, y que hoy todavía no han
sido objeto de dictamen por la Comisión Constitucional presidida por
un representante del Partido Popular. En esta situación de deterioro
creciente y preocupante, qué duda cabe de que es necesario tomar
medidas significativas y trascendentes. En la proposición de ley que
nos ocupa se plantea la designaciónpor parte del Parlamento del
director general.
Nosotros creemos que ésta es una medida adecuada, celebramos que haya
un consenso creciente en esta Cámara en torno a este tema, y estamos
convencidos de que, sin lugar a dudas, este será el futuro, pero
nosotros desde hoy ya anunciamos nuestro voto favorable.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peralta, y muchas gracias
a ambos diputados del Grupo Mixto por su concisión.
El señor Mardones, por Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Con relación a la iniciativa que hoy nos
trae aquí el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, he de
decir que comprendo las razones que ha evidenciado el señor Alcaraz
sobre algo que venimos arrastrando, yo diría que hasta con bochorno
de la Cámara, que es encontrar una solución para modificar la Ley 4/
1980 del Estatuto de la Radio y la Televisión. Efectivamente, la
subcomisión que tenía que entender de este tema por unos y por otros
está ausente de una solución práctica y positiva.
Mi grupo lo lamenta, porque entiende que, en el respeto a los
acuerdos que habíamos tomado anteriormente en esta Cámara, de mutuo
acuerdo todas las fuerzas políticas, había que encontrar en el marco
de esta subcomisión la manera de modificar y estudiar el estatuto
nuevo de radio y televisión pública estatal y el consenso para su
solución, y ahí se mantiene mi grupo. Prestaremos nuestro apoyo y
colaboración a todo lo que sea buscar ese lugar de encuentro, porque
fuera de ese lugar de encuentro, señor Alcaraz, tengo la impresión de
que esto no tiene solución. No tiene solución y lo estamos viendo
aquí.
Ahora bien, mi grupo también es partidario de que se aborde la
modificación total, no ya del nombramiento del director general del
ente público aisladamente, porque hacer eso por cualquiera de las
vías que ahora comentaré -esta es una de ellas- no soluciona el
problema de fondo. No olvidemos que el año 1980 fue una fecha de
grandes consensos políticos en España, y la pieza jurídica y legal
total del nuevo ente público de la radio y la televisión se obtiene
por consenso o no tiene tampoco solución; por muchas iniciativas
singulares y parciales que haya, por muy dignas y legítimas que sean,
no tiene solución. Pero con esta en concreto, señor Alcaraz, nos
encontraríamos con un tremendo problema, un problema que plantearía a
la propia Presidencia del Congreso de los Diputados, al señor
presidente en este momento, velar por el mantenimiento del
ordenamiento constitucional. ¿Por qué lo digo? (No me haga gestos
extraños.) Cuando se dice en el artículo 10 del actual Estatuto que
el director general será nombrado por el Gobierno a propuesta del
Congreso de los Diputados y del consejo de administración, no
conozco, señor Alcaraz, un sometimiento constitucional de un poder
del Estado, como es el Congreso de los Diputados o las Cortes, un
sometimiento de subordinación a
un Gobierno haciéndole una propuesta. Como mucho, la Constitución lo
que acepta es que estas instituciones del Estado sometan a refrendo
de Su Majestad el Rey la firma de un nombramiento, como hacemos con
los miembros del Tribunal Constitucional.
Desde luego este diputado no aceptará ninguna medida de sometimiento
de esta Cámara, uno de los tres poderes del Estado, somos el Poder
Legislativo, para que hagamos propuestas al Gobierno para que nos las
apruebe o no nos las apruebe. ¡Pero bueno! ¡Lo que nos faltaba ya
para ponernos en segundo lugar de la jerarquía del Estado!
Contrasentido segundo, artículo 12. Después de proponer que el
director general lo nombre el Gobierno, con el dislate de a propuesta
del Congreso de los Diputados (que sería inconstitucional, a juicio
de este diputado, porque cuando proponemos el nombramiento de
miembros del Tribunal Constitucional lo firma Su Majestad el Rey como
jefe del Estado y no como jerarquía de uno de los poderes del
Estado), ahora se llega aquí a decir que el Congreso de los Diputados
podrá -entiendo que no se puede emplear el verbo cesar, por seguir
siendo para la Real Academia verbo intransitivo, es decir, de
imposible aplicación, será destituir- destituir al director general.
O sea, que quien no lo nombra lo destituye. Si lo nombra el Gobierno,
que lo destituya el Gobierno. Otro asunto sería que una propuesta del
Gobierno viniera al seno de esta Cámara, para que la Cámara diera su
visto bueno o su rechazo a la propuesta del Gobierno, si tuviéramos
ese acuerdo.
Lo que no podemos hacer es adoptar acuerdos que conculcan el
principio constitucional de los tres poderes del Estado y, en segundo
lugar, hacer un galimatías de una administración que nombra y que
después no es competente para destituir. Decimos que lo nombre el
Gobierno y en el artículo siguiente decimos que lo destituya el
Congreso de los Diputados, cuando no tiene el refrendo de nuestra
firma, que supongo que tendría que ser la del señor presidente de
esta Cámara, salvo que se llame a la cuestión el Senado y diga que
esto también es competencia de la otra Cámara.
Por tanto, señoría, mi grupo no se extiende en más razones ante este
documento, que considera inviable, aun comprendiendo las razones del
problema que a todos nos embarga, pero no solucionemos el asunto por
esta vía verdaderamente inadmisible en derecho constitucional y en
derecho administrativo. Por tanto, votaremos en contra.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
La señora Uría no desea consumir su turno.
El señor Burballa, por el Grupo de Convergència i Unió hará uso, que
no abuso, de la tribuna.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor presidente, señorías, nuestro
grupo no tiene muchas ocasiones, porque no ha juzgado hasta ahora
conveniente utilizarlas,
para fijar su posición respecto a Radiotelevisión Española en el
Pleno de la Cámara, pero hoy vamos a hacerlo.
Señoría vamos a votar que no a su iniciativa por tres motivos,
fundamentalmente. Uno por cuestión de oportunidad; usted ha hablado
de la oportunidad de esta iniciativa y nosotros creemos que no es
oportuna, en absoluto. El segundo motivo hace referencia a aspectos
de fondo, y hay un tercero que hará referencia a la coherencia que
creo que nuestro grupo puede hoy blandir en esta sesión.
Señoría, creo que, dejándose llevar por su imaginación, ha confundido
una intervención de nuestro grupo junto con los demás grupos, excepto
el Grupo Popular, en una comparecencia ordinaria del director de
Radiotelevisión Española, con una rueda de prensa que nunca se
produjo. (El señor Alcaraz Masats hace gestos afirmativos.) Pero no
nosotros, señoría. En ese aspecto y en esa ocasión, en un punto
concreto y en un tema concreto, nuestra posición coincidió
absolutamente con el resto de los grupos, exceptuando el Grupo
Popular. Quería fijar esta cuestión.
Yo le digo que no es oportuna, y seguramente coincidiré con S.S. en
que el tema de la elección del director general de Radiotelevisión
Española no es un tema nuclear de la cuestión. Y no lo es porque en
su intervención, S.S. ha hablado de cosas muy importantes: de
financiación, del consejo audiovisual, de su iniciativa compartida
por nosotros, todavía no exitosa, esperemos que pronto lo sea; del
concepto de servicio público esencial, los informativos, la elección
del director general. La elección del director general es un tema muy
importante, pero no es un tema nuclear de la cuestión, en nuestra
opinión.
Su iniciativa, señoría, a nuestro entender, impide la reforma global
de Radiotelevisión Española porque trocea en un aspecto concreto
todas las iniciativas que deberíamos necesariamente tomar y que somos
de la opinión de que hay que tomarlas en esta reforma del Estatuto y
del modelo. De hecho, señoría, su iniciativa liquida los esfuerzos de
consenso y los trabajos de la subcomisión para la reforma del
Estatuto y el estudio de un nuevo modelo. Su iniciativa, señoría,
supone la definitiva liquidación de eso, y estoy seguro de que ni S.
S. ni yo mismo pretendemos que esa subcomisión acabe en parada
biológica continua, como está en este momento. Finalmente, señoría,
su iniciativa sobre todo se configura como un instrumento al servicio
de la continuidad de un debate que, a nuestro entender, debe ser
ajeno a Radiotelevisión Española, que es el debate de la
confrontación política alrededor del modelo.
Entrando en el segundo aspecto, que son las cuestiones de fondo, al
situar el mecanismo de designación del director general en el centro
del debate sobre el futuro de Radiotelevisión Española, más
exactamente como único asunto a debatir, se excluyen dos aspectos
que, a nuestro juicio, son muy importantes: la misión de servicio
público y cuáles son los medios con los que dotamos a la
radiotelevisión pública, y a Radiotelevisión
Española en particular, especialmente desde el punto de vista
financiero, a lo que S. S. ha hecho referencia. A nuestro entender,
estos dos puntos son los verdaderamente nucleares, el encargo de la
misión de servicio público que encomendemos a Radiotelevisión
Española y los medios financieros y de todo tipo con que la dotemos.
Una vez resueltos esos dos temas, esos dos puntos capitales,
señorías, se podrá abordar el mecanismo jurídico-político por el que
se gestione y se controle Radiotelevisión Española y la elección del
director general que, siendo un tema muy importante, como he dicho,
no es el único.
Señorías, deberíamos aceptar que la independencia de actuación de
Radiotelevisión Española y de su director general la va a dar la
resolución de esos dos temas y de otro al que muy brevemente voy a
hacer referencia y que tiene algo que ver con el concepto de valor
democrático, como es la posición institucional que Radiotelevisión
Española, y por extensión las demás radiotelevisiones públicas, deben
ocupar en la sociedad democrática que tenemos.
Muchas veces hemos hablado de la BBC como modelo paradigmático de
televisión pública. Señorías, la BBC acaba de vivir seguramente el
nombramiento más polémico de su historia en el último director
general, un director general que ha sido hasta el momento, hasta
anteayer, militante del Partido Laborista y además contribuyente
importantísimo en la campaña electoral de ese mismo partido, al que
ha dejado porque en el Reino Unido es incompatible normativamente
pertenecer a un partido político y desempeñar la dirección general.
Ese director general es nombrado por un consejo, asimilable a lo que
aquí conocemos como consejo de administración, que a su vez es
nombrado por el Gobierno. A pesar de que la letra impresa permitiría
incluso que un nombramiento directo del consejo de administración
fuese hecho por el ministro del Interior, señoría, ese director
general se nombra, y de hecho se ha nombrado, después de
conversaciones entre el Gobierno y todos los partidos políticos.
Creo, señorías, que nadie en el Reino Unido tiene dudas sobre cuál
será el comportamiento de la BBC respecto del tratamiento de la
información ni respecto a su función de servicio público. Sin llegar
a decir que ese modelo es una balsa de aceite, sí podemos decir que
tiene la suficiente madurez democrática para superar esa fase de
desconfianza mutua que tenemos instalada permanentemente en nuestro
país y que lleva a la confrontación política sobre Radiotelevisión
Española. (El señor vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la
Presidencia.)
Señorías, para finalizar, solamente dos puntos, abusando de su
amabilidad, señor presidente. Entendemos que debería darse a
Radiotelevisión Española una respuesta clara a sus problemas
estructurales, especialmente el financiero. Así se lo dijimos al
Gobierno socialista y al director general de Radiotelevisión cuando
gobernaba el Partido Socialista, que inició el procesode
endeudamiento de Radiotelevisión Española. Lo
hicimos, señorías, mediante enmiendas a los Presupuestos Generales
del Estado. Convergència i Unió proponía una subvención, tal como
prevé el Estatuto, lo cual fue rechazado en su momento por su grupo,
señores del Grupo Socialista, y por el Gobierno socialista.
En esa línea de coherencia con la que me acabo de expresar, también
quisiera decir a las señorías del Partido Popular que deberían
valorar, y mucho, nuestra coherencia antes y ahora; una coherencia,
señorías, que también nos gustaría que fuera correspondida, por
ejemplo, en el Parlament de Catalunya, donde esperamos que ustedes
tengan en el futuro la misma coherencia que hoy van a tener aquí
votando en contra, como nosotros, de la iniciativa que presenta el
señor Alcaraz.
Siempre hemos defendido el cauce del consenso previo para este tipo
de reformas, absolutamente necesarias, como he dicho, consenso por el
que continuaremos trabajando. Creemos que esta iniciativa, señorías,
no contribuye a ello por ser parcial, por ser aislada y por ser
inoportuna, lo que avala la tesis de que debe ser rechazada, en
nuestra opinión. Por todo ello, nuestro voto será en contra de la
toma en consideración.
Muchas gracias, señorías, muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la diputada doña Rosa Conde.
La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna a fijar la posición de mi grupo
parlamentario en la toma en consideración de la proposición de ley de
modificación del Estatuto de Radio y Televisión Española de 1980, por
la que se quiere regular el nombramiento del director general por
esta Cámara. Desde el primer momento, quiero decirle al Grupo de
Izquierda Unida y quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario
Socialista va a votar, como no podía ser de otra manera,
afirmativamente a esta proposición de ley, pero no, señor Alcaraz,
porque hayamos cambiado de posición, sino porque esta es nuestra
posición.
No descubro nada nuevo si les digo que las cosas en Radiotelevisión
Española van muy mal. Por eso se ha presentado esta proposición de
ley, por eso llevamos haciendo las iniciativas que llevamos haciendo
durante toda la legislatura, y yo creo que lo peor es que las cosas,
señores diputados del Partido Popular, van empeorando cada día más.
Por supuesto que las cosas que hay que hacer, que los cambios que hay
que hacer van mucho más allá de la forma de nombramiento del director
general. Mi grupo considera que para cambiar la situación deberían
tomarse una serie de iniciativas de forma conjunta. Obviamente,
habría que crear ese famoso consejo superior de medios audiovisuales;
habría que hacer una reforma institucional a fondo, que abarcara,
además del nombramiento, por supuesto, del director general, el
cambio en el consejo de administración y en la comisión de control
parlamentaria, y habría que establecer un modelo de financiación
estable. Pero mi grupo piensa que es mejor empezar por una cosa que
no hacer nada.
Además, mi grupo tendría también que hacer algunas enmiendas a esta
proposición de ley, por ejemplo, el tiempo de duración del director
general. La proposición de ley fija cuatro años, mi grupo considera
que lo razonable, si queremos realmente conseguir una independencia
del Gobierno, sería que el cargo tuviera una duración de cinco años,
es decir, un año más que la legislatura, que sería una forma de
garantizar la independencia de actuación del director general.
Pero esta y otras enmiendas, señor Alcaraz, tienen otro trámite
parlamentario. Hoy lo importante es que la Cámara apoye -ya veo que
no- mayoritariamente esta proposición de ley, lo que sería
importante. Así podríamos además saber si el Partido Popular, como ha
afirmado en tantas ocasiones, quiere cambiar las cosas en
Radiotelevisión Española o si, por el contrario, se aferra a la
situación actual para poder seguir utilizando la televisión como si
fuera su coto privado de caza. La caza, efectivamente, sería del
principal partido de la oposición, claro.
Es verdad que queda poco tiempo para la tramitación, pero yo creo que
esta, señores del Partido Popular, no es una buena excusa, aunque
puede ser que la den, para no votar esta proposición de ley. Si todos
los grupos nos ponemos de acuerdo, podemos sacarla adelante, y de
esta forma yo creo que iríamos a las elecciones generales del próximo
marzo con alguna garantía más que vamos hoy.
Señorías, señores del Partido Popular, es urgente que se produzcan
cambios en Radiotelevisión Española, y desde luego uno de los cambios
más urgentes, y en esto difiero del diputado de Convergència i Unió,
es que Televisión Española sea una televisión pública de todos y, por
tanto, independiente del Gobierno, y una de las formas de garantizar
la independencia es cambiar el nombramiento del director general, que
no dependa de él.
La existencia de una radio y de una televisión pública es, a juicio
del Grupo Parlamentario Socialista, algo imprescindible para que una
sociedad como la nuestra pueda disfrutar con todas las garantías de
la libertad y de la convivencia democrática. Es absolutamente
necesario para una democracia que la televisión pública garantice el
pluralismo político. Señorías, a mí me preocupa especialmente la
pluralidad y me preocupa que este Gobierno no haya garantizado en
Televisión Española la pluralidad con ninguno de los tres directores
generales. El problema no es, por tanto (que también), el de los
directores generales; el problema es, como ha dicho mi grupo tantas
veces, el Gobierno y su política de comunicación. No hay, señores del
Partido Popular, calidad de democracia sin pluralismo, por eso creo
que
los representantes de los distintos partidos aquí en esta Cámara
tenemos que defender la pluralidad por encima de todo, que es lo que
estamos intentando hacer a lo largo de la legislatura y no siempre lo
conseguimos, porque, señores del Partido Popular, a lo largo de esta
legislatura se ha quebrado algo muy importante, que es ese necesario
pluralismo político.
Esta es la razón principal por la que resulta urgente tomar medidas
que garanticen la independencia de los medios de comunicación
públicos, como también resulta urgente tomar alguna medida, aunque no
es éste el momento procesal, que impida que el Gobierno se apropie de
medios de comunicación privados, como lo está haciendo a través de
Telefónica, porque ambas cosas, la falta de pluralidad en los medios
públicos y la apropiación de los medios privados, ponen en muy grave
peligro la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad
de empresa. No exagero, señorías; el problema con las libertades es
uno de los más graves que tenemos con el Gobierno del Partido
Popular.
A lo largo de la legislatura hemos denunciado aquí, en el Parlamento,
y en los medios de comunicación los dos grandes problemas que tiene
la televisión pública: la manipulación y la ruina financiera. Para
solucionar estos problemas, el secretario general de mi partido y
candidato a la Presidencia se comprometió en esta Cámara el pasado 20
de octubre a tres cosas que me parecen fundamentales respecto al
problema que hoy nos ocupa: el cambio del director general -que lo
nombre el Parlamento-, la creación de un consejo audiovisual
independiente del Gobierno con representantes sociales y
profesionales y dotar a Televisión Española de los recursos
necesarios para reducir drásticamente la publicidad, otro problema
nuevo en Televisión Española. Este es el compromiso de mi grupo
parlamentario que, señor Alcaraz, en lo que se refiere al
nombramiento del director general, coincide básicamente con la
proposición de ley que Izquierda Unida ha presentado.
Además, en la propuesta de pacto de Estado sobre el modelo
audiovisual público presentada por mi grupo parlamentario en julio de
1998 se apuntaba ya la posición concreta que se tenía sobre esto. En
relación al director general, se decía que el director general ente
público debería convertirse en un presidente ejecutivo del consejo de
administración y dotarse de independencia, tanto del Gobierno
-también es importante- como del consejo de administración.
Se decía también que el presidente fuese nombrado en el Pleno del
Congreso mediante un mecanismo que garantice el consenso de todos los
grupos parlamentarios -esto es extremadamente importante- y por un
período de tiempo que (como decía antes) no coincida con la
legislatura ni con el mandato de los miembros del consejo. Esta es la
principal diferencia que tenemos con la proposición de ley, pero ya
habrá tiempo de subsanarla.
En cuanto a las competencias, se decía también en aquella propuesta
de pacto de Estado que, además de
las que le son propias como miembro del consejo de administración,
creemos que el presidente de Radiotelevisión Española debe ostentar
la representación ordinaria de Radiotelevisión, sobre todo ante la
Comisión de Control Parlamentario, debe impulsar y coordinar los
servicios de Radiotelevisión Española y de sus sociedades y debe
actuar como órgano de contratación del ente público. Quizá también
serían algo a introducir en esta proposición de ley las competencias
del director general.
La reforma sería mas completa si se modificara también el consejo de
administración, para hacer de él un auténtico órgano de
representación y de gestión del ente público, y la Comisión de
Control Parlamentario, para que pueda cumplir -que hoy no lo hace,
por más que los grupos parlamentarios nos esforcemos- eficazmente la
tarea de control que le encomienda la Constitución en el artículo
20.3, con objeto de que Radiotelevisión Española esté al servicio de
los ciudadanos y se rija en el desarrollo de sus actividades por los
principios y los valores constitucionales. Sólo estos cambios pueden
garantizar una televisión pública independiente del Gobierno y un
funcionamiento eficaz.
Hay que acabar de una vez por todas con el mal endémico de la
televisión, la manipulación. De nada sirve la denuncia ni ante esta
Cámara ni ante el Defensor del Pueblo ni ante la Junta Electoral ni
ante los medios de comunicación; sólo, señores del Partido Popular,
quitándole el juguete al Gobierno las cosas pueden empezar a cambiar.
Con la televisión tal como está hoy no se puede garantizar el
pluralismo político -y esto es lo que más preocupa a mi grupo-, y sin
pluralismo no hay una verdadera democracia. Por eso mi grupo
parlamentario apoya esta proposición de ley, aunque le parezca corta
y tardía, pero las dos cosas, que sea corta y que sea tardía, tienen
arreglo si todos los grupos pudiéramos ponernos de acuerdo -lo que me
temo que no suceda-, hubiera un consenso y realmente llegáramos a ese
famoso pacto de Estado que todos buscamos pero que nunca hallamos.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Conde.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra don Alejandro Francisco Ballestero de Diego.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor presidente.
Nos encontramos esta tarde ante una iniciativa que tenemos que votar
desfavorablemente, al ser a todas luces inoportuna, extemporánea, de
una utilidad desconocida y que rompe con el compromiso político
adquirido por todos los grupos parlamentarios de lograr un consenso
en torno a la búsqueda de un modelo de la radio y las televisiones
públicas en España en el que se incluya una amplia reforma institucio
nal
en la que iría enmarcada la reforma de la elección del director
general.
Pero, siendo esto cierto, lo más preocupante es la pretensión de
Izquierda Unida de aislar una propuesta singular como es esta, que no
tiene sentido, fuera de la reforma global del Estatuto de 1980 y
hacerlo sólo y exclusivamente por tener un gesto puramente
electoralista. Luego, señor Alcaraz, no se sorprendan cuando,
pretendiendo fagocitarles, les hacen propuestas de tanto contenido
ideológico como el de presentarse juntos a unas elecciones si en
cuanto llega una oportunidad, a la mínima de cambio, acuden
rápidamente al Partido Socialista a apoyar estrategias tan peregrinas
como esta, que permite centrar el debate político nacional en la
elección del director general de Radiotelevisión Española. Una cosa
sí que es cierta: esto nos dice mucho tanto de la capacidad de
propuesta del Partido Socialista como de la preocupación real que
tiene este partido por los problemas de los españoles.
Ahora bien, en este caso tenemos buenas noticias. El Partido
Socialista sólo tiene en esta ocasión dos posturas -en otras muchas
ocasiones tiene múltiples posturas, ahora sólo tiene dos-: en
aquellos sitios donde no gobiernan ni cree que van a gobernar en
muchísimo tiempo, en aquellos sitios, se les llena la boca de
democracia y dicen que al director general hay que elegirlo por
amplia mayoría en el Parlamento; y luego están los sitios donde de
repente gobiernan y se encuentran con la realidad y lo que hacen es
nombrar directamente ellos al director general de Radiotelevisión
Española. Sí que hay una cosa clara: en esta ocasión estamos en el
caso A, que es el caso de alarde de democracia. Por lo tanto, una
conclusión muy positiva, dos mejor: el señor Almunia tiene bien claro
que va a perder las próximas elecciones generales y por eso dice que
se elija aquí (Aplausos.), y al señor Chaves, que esta tarde ha
cambiado de opinión, también le pasa lo mismo.
Pero, volviendo a Izquierda Unida, parece que en este tema lo que ha
habido es un pequeño ataque de celos ante la forzada actualidad que
estaba tomando este tema, y han decidido recuperar una iniciativa
que, por otra parte, presentaron hace ya dos años y medio en esta
Cámara. Sinceramente, no les veo muy encajados en el papel de
presentar iniciativas para la galería que sacrifiquen los pactos de
Estado por un codazo en la fila de los gestos electoralistas. Ahí
tenemos un líder ampliamente destacado, como es el señor Almunia, y
es muy difícil que nadie le pueda alcanzar, ni muchísimo menos.
Señorías, no existen en este momento razones profundas ni de urgencia
que justifiquen, a nuestro entender, una reforma tan puntual como la
que hoy se propone, y una breve muestra de ello son las
contradicciones en las que incurren en la exposición de motivos de
esta proposición de ley. Insisten en que la independencia de
Radiotelevisión Española está garantizada con el nombramiento del
director por el Parlamento. Saben perfectamente que eso no es así,
que nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero si
fuese así, desde luego hay grupos políticos que han tenido 14 años la
oportunidad de acordarse de eso y no se han acordado. Y todavía hay
que seguir viendo gestos de más desfachatez aún cuando determinados
portavoces se suben aquí a decir que van a votar favorablemente
cuando ellos personalmente, señora Conde, tuvieron la oportunidad de
cambiar esta situación desde su responsabilidad de gobierno. (Varios
señores diputados: ¡Muy bien!) Creo que en algo sí se acierta y es en
definir al consenso como parte crucial en todo este proceso. En este
sentido, el Grupo Parlamentario Popular quiere hacer varias
consideraciones. En primer lugar, una de las virtudes con las que
contó la reforma del Estatuto del año 1980 fue precisamente el
consenso alcanzado por todos los grupos políticos, y cualquier
reforma futura debe pasar inevitablemente por ese consenso. En
segundo lugar, si alguien se ha dedicado sistemática y reiteradamente
a tirotear al consenso durante estos años ese es el Partido
Socialista, empezando por una gestión parcial y manipuladora al
frente de radiotelevisión cuando estaban en el poder -que no voy a
repetir, pero tampoco conviene echar en el olvido-, continuando con
el acoso y derribo a los profesionales durante estos años, bien en la
Junta Electoral Central, bien en la Comisión de Control, bien ante el
Defensor del Pueblo. (Varios señores diputados: ¡A la cuestión!-
Rumores.)
En cuanto a las actuaciones estelares en este sentido, yo destacaría
dos: en primer lugar, el papelón del Partido Socialista en el consejo
de administración. Por un lado, años y años impidiendo la renovación
del consejo para luego venir aquí a hablar de consenso. (Rumores.-El
señor Leguina Herrán: ¡Habla del Partido Popular!) Y mientras tanto,
sus miembros en el consejo de administración yendo directamente en
contra de los intereses del ente público. (El señor Aguiriano
Forniés: ¡A la cuestión!) Eso sí, hasta que perdieron la mayoría.
Entonces, curiosamente, los consejeros del Partido Socialista, de
manera libre y voluntaria o quizá un pelín influenciados por algún
dirigente político, hacen que salga del consejo de administración.
Y la segunda gran actuación es la mantenida en la subcomisión, la que
debía fijar un modelo y a la que reiteradamente han tomado el pelo,
entrando y saliendo de ella como si de jugar al escondite se tratara,
llegando incluso a abandonarla durante una tarde para volver al día
siguiente y certificando toda esta actuación con la última
escenificación del abandono definitivo de la misma. (Rumores.) En
tercer lugar, referente al consenso, a pesar de todas estas actitudes
seguiremos teniendo la mano tendida, seguiremos ofreciendo esa
posibilidad de pacto a todos y cada uno de los grupos políticos que
quieran apuntarse con nosotros.
Decía, señorías, que no existe ya tal urgencia porque el momento que
atraviesa Radiotelevisión Española, dentro de hablar de un modelo
diferente, es el mejor que se ha vivido desde hace muchísimos años.
Hace unos días, el director general presentaba en esta Cámara
unos presupuestos históricos donde por primera vez desde hace muchos
años hay un superávit de más de 13.000 millones.(Protestas.) Además
de eso, tenemos cada día una radiotelevisión que sigue incrementando
su calidad de programación.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Por favor, silencio.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Una radiotelevisión que va a estar
presente en los grandes acontecimientos del 2000: estará en las
Olimpiadas, en la Liga de Campeones, en la Eurocopa. (El señor
Aguiriano Forniés: ¡A la cuestión!) Y ya que se hablaba de los
servicios informativos, esta calidad y este liderazgo se ven
incrementados por la credibilidad que tienen los servicios
informativos. Eso lo dicen los estudios, donde sólo el 4 por ciento
de los españoles (y nos gustaría que fueran cada día menos; por
cierto, esto lo dicen de Radiotelevisión Española y del resto de los
telediarios) opinan que son poco objetivos o tienen un sesgo
político. Frente a eso, el 98 por ciento de los españoles, al menos
una vez al mes, ven esos telediarios, y cada vez que hay un
acontecimiento político o social importante Radiotelevisión Española
sigue siendo la referencia.
Olvida en su proposición el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
que la definición del estatuto jurídico del director general de
Radiotelevisión Española no debe circunscribirse al nombramiento y
cese, sino también a otros aspectos importantes, como son sus
funciones e incompatibilidades. En su momento, en la subcomisión
diferentes grupos políticos, entre otros Izquierda Unida, hicieron
aportaciones, y yo creo que ese sí es el camino. También lo dijo el
Gobierno, que insistió en que había al menos tres métodos de elegir
al director: la elección por el Parlamento, el nombramiento por el
Gobierno o la designación por el consejo de administración. Cada uno,
señorías, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero convendrán
conmigo en que el nombramiento por una mayoría de dos tercios, como
estamos comprobando en otros ámbitos, no tiene demasiado éxito; si
no, que le pregunten al Partido Socialista sobre esta permanente
insistencia en no poder renovar a los miembros del consejo, que tiene
que hacerse con la misma mayoría de dos tercios que hoy vienen aquí a
proponer.
Por otra parte, señorías, existen algunas razones, unas formales y
otras puramente técnicas, que desaconsejan su toma en consideración y
que otros grupos ya han manifestado. Por ejemplo, no creemos muy
acertada la discriminación que se hace al dejar fuera del
nombramiento y cese al Senado, teniendo en cuenta que la elección de
los miembros del consejo debe hacerse a medias entre ambas Cámaras.
Entendemos que esto puede ser una discriminación. O, por ejemplo, la
incongruencia formal en que se incurre cuando la competencia formal
para cesar al director se atribuye al Congreso y el nombramiento, al
menos formalmente, corresponde al Gobierno. O, por ejemplo,
determinados defectos
técnicos, como la inexistencia de un régimen transitorio que facilite
la aplicación de la nueva normativa o la eliminación del período de
la vacatio legis.
Para terminar, sabe S.S. perfectamente que ni siquiera concediéndole
a este aspecto de la elección del director general la importancia que
usted pretende darle hoy aquí y que en nuestra opinión en absoluto
tiene, ni siquiera concediéndole esa importancia podría operar algún
efecto positivo la toma en consideración de esta iniciativa, ya que
el plazo que resta hasta el final de la legislatura, y digo bien,
hasta el final de la legislatura -por primera vez hasta el final de
la legislatura-, impide tramitar debidamente la proposición contando
con las enmiendas y debates que cualquier proyecto de ley lleva
aparejado y que no pueden escamotearse a nuestro antojo.
Hace algún tiempo, no mucho, yo podía ver por televisión a aquellas
personas a las que admiraba. Reconozco que a unos los admiraba más
que a otros, como también reconozco que a otros los llevaba y los
llevo viendo muchísimo más tiempo que a unos. Pero estando aquí ya,
lo que tengo claro es que ni el director general ni el Gobierno ni
nadie va a poder conseguir que determinados dirigentes políticos
salgan por la tele ni más altos ni más guapos ni con un poquito más
de pelo. Eso va a ser imposible, como difícil es que recuperen la
credibilidad determinados dirigentes con ese talante que tienen y
esas brillantes proposiciones que hacen. Si por el contrario lo que
de verdad quieren es proponer algo, nuestra mano está tendida;
vuelvan al ámbito de la subcomisión (Rumores.-Aplausos) y a ver si
entre todos somos capaces de encontrar el modelo idóneo para la
radiotelevisión del siglo XXI.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-El señor Alcaraz Masats pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
Señor Alcaraz, ¿a qué efectos pide la palabra? (Rumores.)
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, con independencia de que
ha sido un turno en contra, su impresentable intervención ha estado
trufada de adjetivos. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Alcaraz, ha sido
un posicionamiento y no un turno en contra, por lo que no hay
posibilidad de intervención.
El señor ALCARAZ MASATS: Pues entonces ha sido un posicionamiento
insultante, señor presidente. (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): ¿A qué efectos me pide
la palabra, señor Alcaraz?
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, aparte de hablar de lo
peregrina y electoralista que es nuestra intervención y emplear otra
serie de adjetivos, al final solamente ha entrado un momento en esa
intervención. Yo le quiero decir al señor diputado que hay que
moderar el lenguaje cuando se habla de algo muy serio y que se ha
elaborado seriamente. No es seria la proposición que él hace de
modificar en una subcomisión toda la Ley 4/1980, porque queda un mes
y medio. Lo que sí es serio es aprobar en mes y medio por
procedimiento de urgencia esta reforma de la ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Alcaraz. Ha abusado de la confianza de la Presidencia, porque yo no
le había dado la palabra para esto, pero en todo caso le agradezco
que haya sido tan breve.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
DIVERSIFICACIÓN DE POSIBILIDADES DE PESCA DE LA FLOTA ESPAÑOLA.
(Número de expediente 162/000371.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Pasamos al siguiente
punto del orden del día, el número 47: Proposiciones no de ley. Del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre diversificación de
las posibilidades de pesca de la flota española.
Para su presentación, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el diputado señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Gracias, señor presidente.
Intervengo hoy ante el Pleno de la Cámara con el propósito de exponer
el contenido de la proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Popular relativa a la diversificación de las
posibilidades de pesca de la flota española. Comenzaré diciendo que
es la propia dimensión alcanzada por nuestra flota, que ejerce un
indiscutible liderazgo en el panorama pesquero mundial, como SS.SS.
conocen y reconocerán, la que le obliga a extender su actividad a
otros mares extranjeros, es decir, a caladeros internacionales, con
el objetivo de seguir cumpliendo con sus cuotas de mercado y con los
planteamientos que, como empresa, se hacen todas y cada una de las
que desarrollan su actividad en el mar. Hoy, desgraciadamente, muchos
de esos caladeros están, si no ya agotados, cuando menos
sobreexplotados, por lo que es la propia necesidad de la flota de
altura la que necesita imperiosamente que se investiguen nuevas
posibilidades tanto en lo referente a artes de pesca, como a nuevos
caladeros o zonas donde desarrollar la actividad pesquera, como a
nuevas especies para su comercialización.
Conviene no olvidar aquí un término realmente importante y que viene
siendo deficiente en su aplicación por las empresas que se dedican a
la pesca, que es la pesca responsable. Todos sabemos que forma parte,
no en exclusiva pero sí como parte importante, de la esquilmación de
los bancos de pesca en los que también los propios españoles
desarrollamos nuestra actividad. Aquí conviene decir que tanto la
Nafo, como Nasco, Neafc, o el Iccat, es decir, los instrumentos y
organismos internacionales oficiales, están en un momento oportuno e
importante para poder establecer una cooperación multilateral que
regule de forma definitiva el uso racional de los recursos del mar.
Señorías, al hablar de progresos técnicos, también del desarrollo de
flotas de altura en países donde hasta ahora no venía siendo
habitual, o la mejora de la productividad, nos hace caminar en una
dirección que es la de agotar o, como mejor decía antes,
sobreexplotar los caladeros.
Tengo que decir que el Grupo Parlamentario Popular considera que es
preciso encontrar ya esas nuevas zonas donde nuestros buques de pesca
puedan faenar en condiciones rentables para sus objetivos, por lo que
en nuestra propuesta tenemos que decir que subyace una llamada de
atención sobre las consecuencias que pudieran tener las crecientes
regulaciones restrictivas formuladas bien por los organismos
internacionales encargados de regular el uso de estos recursos, o
bien por los propios países que son los propietarios de esos
caladeros.
Está claro que de ese modo se está dificultando notablemente la
actuación de nuestra flota pesquera de altura en lugares donde la
faena libre venía siendo habitual y que ahora ya no lo es tanto. Más
más allá de la propuesta literal que nuestro grupo presenta hoy en
esta Cámara, tenemos que decir que en el ánimo del Grupo
Parlamentario Popular está el manifestar la necesidad de emprender la
búsqueda definitiva de fórmulas alternativas para sustituir las
prácticas actuales de pesca antes de que sean inaplicables, bien,
como decía antes, por el agotamiento propio de los caladeros, o
simplemente porque los países que tienen derecho a hacerlo aprueban
leyes, regulaciones o normativas restrictivas que pueden llegar a ser
de carácter absoluto; situación que está vigente en los momentos
actuales, y hoy concretamente, porque no conviene olvidar que está
pendiente la renovación de los acuerdos de la Unión Europea tanto con
Argentina como con Marruecos. Uno de ellos ya tiene fecha próxima, y
el de Argentina está como está, y no quiero entrar en un debate
áspero para decir que en las condiciones en las que se encuentra la
firma de ese acuerdo es por lo que es y por nada más.
Con el ánimo de seguir siendo coherente con la propia posición del
Grupo Parlamentario Popular y moderado en el discurso y también en el
debate, tengo que decir que estos acuerdos son imprescindibles para
nuestra flota, en eso estamos absolutamente todos de acuerdo; digo
imprescindibles para su sostenimiento y también para mantener su
actividad en las altas cotas
en las que se encuentra actualmente, también para seguir abasteciendo
al mercado nacional de este pescado que captura nuestra propia flota
y, por supuesto y como más importante, mantener el gran e importante
número de personas que trabajan en cada una de las tripulaciones y
que se traduce en miles de esos puestos de trabajo.
Ya sabemos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar que aquellos países que no tienen capacidad para explotar los
recursos de sus aguas hasta donde la ley les permite están obligados
a aceptar a terceros países para que ejecuten ellos lo que los dueños
de los propios caladeros no pueden hacer por falta de medios
técnicos. Pero no olvidemos también que de todo aprende uno y que
debemos estar prevenidos para cualquier contingencia.
Ante esta necesidad de prevenir, y concretando las medidas de lo que
en el texto de la proposición aparecen como acciones piloto de pesca
experimental, y la actividad de investigación que en nuestra opinión
debería de impulsar el Gobierno, desarrollamos tres aspectos. El
primero, fomentar la búsqueda de nuevos caladeros o zonas de pesca no
sujetas a restricciones internacionales. En segundo lugar, promover
campañas de comercialización de nuevas especies, susceptibles de
introducirse como cuota de mercado. Y, en tercer lugar, la
incentivación de la participación de las empresas privadas en estas
acciones experimentales.
Con respecto al primero de los puntos, tenemos que decir que ha sido
ya, y lo es, como los hechos demuestran palpablemente, objetivo y
voluntad del Gobierno, y más concretamente de la Secretaría General
de Pesca Marítima, la recuperación del acceso de nuestra flota
bacaladera a los caladeros tradicionales del Atlántico norte en el
marco de la Nafo. La búsqueda de caladeros estables, tanto en el
Índico, como en la Antártida, como en el Atlántico norte, como en el
Atlántico sur, países como Argentina, Brasil o Uruguay, incluso en el
Índico con Chile y Nueva Zelanda.
En referencia al punto segundo, tengo que resaltar, y justo es
hacerlo, el consenso generalizado que se ha obtenido en esta Cámara,
en el seno de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre
todo tipo de iniciativas que requerían la necesidad de la
comercialización de especies de profundidades grandes, tipo calamar,
tipo caballa, precisamente en el caladero neozelandés. No suena
extraño decir las acciones que ha desarrollado el Gobierno (unas
veces con financiación europea, a través de su instrumento financiero
que es el IFOP, otras veces por iniciativa propia, a través del
Instituto Español de Oceanografía-, como proyectos experimentales de
cebo artificial en la captura del pez espada. Ha habido también
experiencias interesantes con nuevas especies como las del pez
anaranjado y alfonsino o los estudios importantes ante la supuesta
recaída de números en el stock del pez espada, que se ha realizado
con la subespecie del patú. Es igualmente justo resaltar, señorías,
la postura constructiva que en el seno de la propia Comisión
alcanzaron las propuestas
de ampliación de competencias del Instituto Español de
Oceanografía, que apuntaban en la misma dirección que el punto a que
me voy a referir en esta intervención.
En tercer lugar, la incentivación de la participación de las empresas
privadas y la conservación y estímulo de las actuales empresas mixtas
españolas, porque son las que ejercen su actividad en el medio y cada
día experimentan la necesidad de nuevas perspectivas. En esta línea
tenemos que decir que el Grupo Parlamentario Popular cree que el
Gobierno, más concretamente el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, debe continuar, incluso aumentar, la financiación a
este tipo de empresas pesqueras en los próximos años, sin olvidarse
del control, seguimiento y apoyo técnico-científico en busca de
nuevos caladeros, nuevas especies susceptibles de comercializar o
sistemas de pesca más adecuados que los actuales.
Finalmente, en la exposición de motivos, y no podía ser menos,
señalamos también, en base a diferentes informes de organismos
científicos, la necesidad de aplicar con criterio de economía de
escala las mismas medidas a nuestros caladeros con respecto a la
flota de bajura. Es una medida de prevención que no es más que alejar
el peligro de que podamos sufrir en nuestros caladeros...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Fariñas, debe ir
terminando.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Termino, señor presidente.
Hablaba de la presencia de recursos. Porque lo que es obvio es que se
trata de actividades desarrolladas en ámbitos bien diferentes y que
la desaparición progresiva de capturas en los caladeros
internacionales afortunadamente no tiene el mismo reflejo en el
litoral español, por lo que la flota de bajura de momento todavía no
sufre los males que la de altura.
En definitiva, señorías, señor presidente, se trata, por un lado, de
seguir impulsando y manteniendo las actuaciones que este Gobierno ya
viene realizando y, por otro lado, de impulsar nuevos proyectos que,
conjugados con los actuales, procuren a nuestra flota pesquera unas
nuevas garantías de futuro, que estamos seguros que será la mejor
inversión que actualmente se pueda hacer en el sector.
Por ello, señor presidente, con nuestra propuesta instamos al
Gobierno a continuar y, en su caso, a potenciar las realizaciones de
acciones piloto de pesca experimental como medida fundamental para
poder ampliar y diversificar las posibilidades de pesca de la flota
española. Dado los consensos obtenidos y la trascendencia y la
relevancia que el tema tiene para todas SS.SS., como han manifestado
en los distintos conductos que esta Cámara pone a nuestro alcance,
solicito el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta
proposición que presenta el Grupo Popular y que yo hetenido el honor
de defender esta tarde.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Fariñas.
No se han presentado enmiendas a esa proposición no de ley y, por
tanto, pasaríamos a los grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Canario,
tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Este tema es de sumo interés para la comunidad canaria y, por ello,
deseamos fijar nuestra posición. Hablo desde el escaño por razón de
economía de tiempo, lo que no es óbice para disminuir la importancia
que tiene para nuestro Archipiélago.
España ha sido siempre un país puntero en la pesca. Desde el medievo
los pescadores vascos iban hasta Groenlandia a la búsqueda del
bacalao y al Cantábrico a la captura de la ballena. La flota
española, más importante la de bajura que la de altura, tiene un
puesto importantísimo en el ranking mundial. Pero desde aquella época
de libertad absoluta para pescar donde se quisiera y donde hubiera, a
la situación actual, se ha cambiado muchísimo. Hoy día, como
consecuencia de lo que aquí se ha dicho por el portavoz del Grupo
Popular, por las esquilmaciones que se han hecho de los caladeros, ha
sido necesario una legislación protectora, tuitiva, no solamente
nacional sino internacional. Además, los países han extendido a más
de 200 millas sus aguas territoriales. También han aparecido las
agrupaciones mundiales, como la Unión Europea, que se han hecho cargo
de los convenios que tenían sus respectivos países, pero subsisten
todavía convenios en esos países que afectan a la Unión Europea.
En resumidas cuentas, la situación ha cambiado muchísimo, pero lo que
preocupa es la cuestión social, no solamente por el consumo, gracias
a Dios cada vez más in crescendo en nuestro país, sino porque hay una
flota, tanto la de bajura como la de altura, de gran importancia, de
tipo económico y de tipo social, y porque creemos que hay que adoptar
medidas para el futuro, un plan racional de pesca, pero no para un
archipiélago, ni para un país, ni para un grupo de países, sino que
tiene que ser un plan internacional. Hoy nuestros barcos pescan en
lugares que hace veinte años no pensábamos. Estoy acordándome ahora
de una firma, la primera de España en ventas, Freiremar, cuando hace
25 años se acercó por Las Palmas de Gran Canaria procedente de Vigo,
con un barquito, y hoy tiene la flota primera de España en ventas que
llega hasta las Malvinas, al Pacífico y al Índico, es impresionante.
No podemos adoptar una actitud de pasotismo de que todo poco a poco
se arregla.
Por eso, Coalición Canaria aplaude esta iniciativa, pero tiene que
ser más generosa que la que ha habido hasta ahora. Los 800 millones
que han aparecido en ese
plan que está todavía vigente no son suficientes para apoyar el
empuje que ya han demostrado las empresas privadas en el mundo de la
investigación buscando nuevos caladeros, buscando nuevas técnicas,
buscando nuevas especies y, sobre todo, sin olvidar nunca la pesca de
bajura, que también es importante en nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. Anunciamos nuestro apoyo decidido a
esta iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Gracias, señor Gómez
Rodríguez.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra diputado señor Tubert.
El señor TUBERT I ALSINA: Señor presidente, señorías, atendiendo a la
proposición y como respuesta en nombre de mi grupo parlamentario,
valga nuestra coincidencia en valorar como preocupante la situación
del sector pesquero español, y más después de un análisis en el que
refleja una fuerte dependencia de los caladeros internacionales.
Sin duda, esto es consecuencia de ocupar una posición fuerte en el
mercado, donde poseemos unas cotas altas, y de la iniciativa de un
sector emprendedor, que ha sido dinámico y agresivo, y que
tradicionalmente ha ido mucho más allá de lo que sería su marco
natural. Entendemos, además, que no hay que perder esta posición;
cabe defenderla en todos los foros, debates y negociaciones en las
que esté presente el Estado español. No se puede ceder en ninguna
negociación, sería ceder en la pretensión de nuestros intereses.
Sin desmerecer lo que es el resultado de esta primera vía, creemos
que hay que abrir otras y que sería engañarnos no hacerlo así; hay
que atender a nuevas posibilidades. Pueden ser complementarias o
sustitutivas, el tiempo lo dirá, no es ahora el momento de definirlo,
pero es cierto que en este momento hay muchos factores que no juegan
a nuestro favor. Se han reflejado aquí y cabe dejar constancia de
ellos: hay una sobreexplotación de determinados caladeros, algunos
están al borde de la extinción, actúa un sentido proteccionista de
las capturas y se están abriendo nuevos operadores en el mercado,
algunos de ellos procedentes de países o Estados que en este momento
incluso están aplicando restricciones. Sea todo ello por razones de
peso u oportunistas, nosotros no podemos permanecer pasivos, debemos
obligarnos a mirar adelante y darnos alternativas que sean válidas.
Coincidimos en las alternativas planteadas: la necesidad de
investigar y experimentar alternativas nuevas, en la búsqueda de
nuevas zonas, incluso se han apuntado aquí muchas perfectamente
válidas a nuestro entender. Compartimos la participación del sector
privado en las actuaciones experimentales. Cabe estudiar nuevos
métodos de pesca, cabe orientar al consumidor sobre nuevas
variedades, cabe intensificar la acción
comercial, evidentemente -como se ha dicho aquí también-, de manera
definitiva.
También es bien cierto que todo ello no tiene que salirse del umbral
de rentabilidad para la flota y de la competitividad de nuestro
sector. El entramado tiene para nosotros un marco mucho más amplio de
lo que es propiamente la primera fase, la de captura. Además, todo
este trabajo sería también aplicable a la pesca de bajura, otra
vertiente que tiene pendiente el Estado español.
No pasa nada en este sector, a nuestro entender, que no haya pasado
en otros. Dadas las dificultades, es el momento de hacer una
actuación prioritaria, una actuación valiente desde la
Administración. No para sustituir al sector privado, sino para
reforzar sus iniciativas y darle así la vertiente de rentabilidad. La
experiencia acumulada por nuestra gente, la profesionalidad que tiene
nuestro sector, nos da a todos muchas posibilidades en el futuro. (El
señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
En esta línea nuestro grupo parlamentario va a apoyar siempre todas
las iniciativas; nos van a encontrar en iniciativas que sean
creativas como ésta. Entendemos que su postura es débil, poco
explícita y que podría ser mucho más concreta; que no es necesaria
una proposición para confirmar lo que en teoría se venía ya haciendo,
pero también que si estos mecanismos sirven para reforzar la
actuación del Gobierno son válidos. Ahora hay una puerta abierta que
es el marco plurianual 2000-2006, que da posibilidades
presupuestarias para afrontarla. Por tanto, entendemos que el
Gobierno tiene que aprovecharlo. Vamos a apoyar la proposición porque
el objetivo es el mantenimiento de un sector que es estratégico para
el Estado español, un sector que nos preocupa a todos, y porque en lo
básico entendemos que hay consenso; consenso en la aportación de
soluciones, en el respeto al ecosistema, en el respeto al consumidor
y en buscar una renta con dignidad para los trabajadores de este
sector. Vamos a apoyarla, pero creemos que no hace falta darle más
vueltas a proposiciones sino pasar a actuar. Este es el momento de
actuar. Háganlo ustedes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, estas proposiciones no de
ley dejan descolocado a nuestro grupo cuando provienen del grupo del
Gobierno, y sobre todo en estos momentos. Nosotros creemos que el
grupo que apoya el Gobierno, el Partido Popular, en estos momentos
debería estar preocupado de que los Presupuestos Generales del Estado
que están en trámite recogiesen precisamente esta iniciativa. Por
tanto, cuando nos encontramos con unos presupuestos que no van en la
línea de lo que aquí se dice defender, no
tenemos más remedio que pensar que lo que se está intentando es
ocultar una realidad -la de que este Gobierno no ha apostado por la
pesca- o llenar cupos para que otros grupos no podamos incluir
proposiciones no de ley. En ambos casos se hace un flaco servicio al
Parlamento.
Repito que en estos momentos de lo que de verdad deberían estar
preocupados los diputados y diputadas del Partido Popular es de que
los Presupuestos Generales del Estado viniesen a terminar con la
preocupación y con la frustración que existe en el sector pesquero
por una serie de problemas que este Gobierno no ha sido capaz de
resolver, ni siquiera de afrontar. Ahí está -y lo vamos a repetir
cada vez que ustedes traigan un tema de pesca- esa ley de pesca
prometida desde el primer día por la antigua ministra de Agricultura
y por el actual ministro, pero termina la legislatura sin que se haya
cumplido ese compromiso, esa promesa. Tambiénestá el convenio con
Marruecos. Ustedes han dejado que pase el tiempo y se termine la
validez del convenio sin haber iniciado siquiera las negociaciones.
Estamos hablando de un tema que se conocía desde el primer día en que
llegaron al Gobierno y que ustedes no han situado entre sus
prioridades ante la Unión Europea, porque no hemos oído a ninguno de
sus ministros, ni al anterior ni al actual, exigir y plantarse ante
la Unión Europea para que las conversaciones se iniciasen cuando se
tenían que haber iniciado, no cuando termina el convenio, sino
bastante tiempo antes, y al final vamos a tener que pagar las
consecuencias porque el dinero que nos va a costar se podía haber
invertido en otras cosas y no precisamente en lo que vamos a tener
que invertirlo, que es simplemente en paliar su mal gobierno. Ahí
está también su rechazo a iniciativas parlamentarias que pedían
medidas para regenerar los caladeros españoles, amparándose algunas
veces en temas de competencias y en otras simplemente rechazándolas.
Ustedes vienen ahora a pedirnos el apoyo a una propuesta, pero
nosotros no sabemos si lo piden para lo que realmente dice el texto o
la exposición de motivos, porque después de una exposición de motivos
realmente ambiciosa nos quedamos un poco frustrados con el texto
escueto que se nos plantea. Es un texto que no viene a decir
prácticamente nada, que no viene a suponer ningún compromiso. ¿Quién
va a decir que no? Si ustedes lo que quieren es simplemente hacerse
la foto, muy bien, hoy sacarán adelante aquí este objetivo, pero
pasado mañana el problema seguirá siendo el mismo. Ustedes no
resolverán nada con esta iniciativa. La exposición del portavoz del
Partido Popular no ha venido a desarrollar el texto de la iniciativa
sino a explicar un poco lo que se puede decir en otros debates
parlamentarios y que no era el que hoy correspondía. Se ha perdido
una ocasión para haber hecho una proposición no de ley mucho más
comprometedora para el Gobierno, mucho más concreta y no simplemente
que inste a continuar con las acciones que se están realizando. Vamos
a votar afirmativamente; repito que sería un
absurdo votar en contra, pero que quede constancia de nuestra
protesta, de nuestra repulsa por una acción de Gobierno que siempre
ha situado a la pesca como la última de sus prioridades cara a la
Unión Europea, y ahí están las consecuencias. Repito que ese fracaso
en la negociación del convenio pesquero con Marruecos -porque es un
fracaso que ni siquiera se hayan iniciado las negociaciones- se lo
tiene que apuntar su Gobierno y al final, cuando valoremos lo que nos
cuesta, será el Gobierno del Partido Popular el que habrá tenido esa
responsabilidad.
Entiendo que cuando no se recogen las propuestas de los diputados y
diputadas del Partido Popular en los presupuestos tengan que
presentar proposiciones no de ley, pero más nos valdría a todos que
los Presupuestos Generales del Estado contemplasen las necesidades
que tiene el sector pesquero, contemplasen inversiones importantes
para el sector pesquero y no que viniésemos hoy aquí a aprobar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego que concluya.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Concluyo, señor presidente.
...una proposición no de ley que a fin de cuentas no dice nada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante una proposición no de ley que solamente desde
el impudor del Partido Popular y desde un ejercicio de
autocomplacencia exacerbado se puede justificar; una proposición no
de ley que nos viene a indicar que el Gobierno sigue haciendo más de
lo mismo en el sector pesquero. Para este viaje, señorías, no
necesitábamos estas alforjas. Pero, señores del Partido Popular, en
este brindis al sol nosotros les vamos a acompañar; les vamos a
acompañar porque no queremos que nos presenten ustedes ante la
sociedad como aquellos que estamos en contra de que se exploren
nuevas posibilidades para nuestro sector pesquero. No queremos que
nos presenten así. Pero cabría preguntar en este debate qué ha hecho
el Partido Popular, qué ha hecho el Gobierno de España en estos tres
años y medio precisamente para procurar nuevas posibilidades de
pesca, para procurar la diversificación del sector; en definitiva,
qué ha hecho el Partido Popular a lo largo de estos tres años y medio
para dar respuesta a la iniciativa que plantean, porque la exposición
de motivos es un ejercicio donde reconocen -es un reconocimiento
explícito porque ponen en valor una serie de déficit que existen en
este momento- el fracaso del Partido Popular en materia de pesca.
Señorías, ustedes siempre miran con ojo crítico hacia el pasado, pero
el pasado que ustedes han recibido como herencia del Gobierno
anterior significaba que toda nuestra flota estaba faenando, que
había posibilidades de pesca para todo el mundo. ¿Cuál es la herencia
que ustedes van a dejar en las próximas elecciones? Un sector en el
que hay muchos convenios pendientes de renegociación, y han aludido a
ellos: Argentina y Marruecos. Ustedes han planteado en la Unión
Europea el mandato de negociación con Marruecos muy tarde, ya a punto
de finalizar el convenio. Van a empezar las negociaciones el día 20.
No sabemos cuánto tiempo van a durar. En todo caso, ustedes dejan al
sector con la incertidumbre de si van a seguir faenando porque no se
sabe si va a haber acuerdo. Tampoco hubo acuerdo en el convenio
finalizado con Argentina. Además, señorías, ya que hablan de
recursos, cuando se discutía con la Unión Europea el señor Aznar se
olvidó de plantear las perspectivas financieras y nos encontramos con
que no existían recursos para poder abordar la financiación de estos
convenios y hubo que modificar recientemente en el seno de la Unión
Europea las perspectivas financieras que pudieran dar cobertura a la
posible financiación de este acuerdo. Pero también hay otros acuerdos
pendientes de los que nadie sabe qué ha pasado: Namibia, Sudáfrica,
Mozambique.
En definitiva, estos tres años y medio de gobierno del Partido
Popular no han supuesto un avance en la consecución de nuevas
alternativas para el sector pesquero. Más bien todo lo contrario.
Aquellos acuerdos que estaban vigentes han finalizado y no existe una
perspectiva cierta en relación a su renegociación y no hubo nuevas
posibilidades de pesca para el sector. Por tanto, estamos ante un
balance más bien negativo. Y ante esta perspectiva, ustedes nos
plantean hoy en el Pleno de la Cámara que digamos que el Partido
Popular tiene que continuar haciendo esa política que está generando
incertidumbre, que está generando, como ponía de manifiesto el
portavoz de Convergència i Unió, una gran preocupación en un sector
estratégico e importante para muchas zonas de nuestro territorio.
Señorías del Partido Popular, ustedes han tenido tres años y medio
para cumplir con muchos compromisos, para tratar de dar un salto
importante en la búsqueda de esas alternativas, para traer a esta
Cámara una ley de pesca que, como ya se ha dicho, han anunciado en
reiteradas ocasiones y que no fueron capaces de consensuar con sus
socios parlamentarios, y esta es la razón por la que no está todavía
esa ley en esta Cámara. En definitiva, ustedes, señores del Partido
Popular, han dado pasos atrás en cuanto a liderar el sector pesquero.
El portavoz del Partido Popular decía que la nuestra era una flota
líder a nivel mundial, y yo comparto con él esa afirmación, pero
nuestro Gobierno no asume el liderazgo de la defensa de esa flota y
de ese sector para garantizar perspectivas de futuro para los
trabajadores, para los armadores, para todo el mundo que se mueve en
el entorno de la pesca.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Blanco,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor presidente, concluyo afirmando que el
balance que hoy hacemos con motivo de esta iniciativa no es gris,
sino más bien negro. Por eso hoy digo que no apoyamos esta
proposición para continuar la labor del Gobierno, sino para impulsar
al Gobierno a que lidere la iniciativa y seamos capaces de devolver
la tranquilidad al sector que tenía cuando ustedes asumieron la
responsabilidad de gobernar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
a usted, señor Blanco.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE DEROGACIÓN DE LOS
CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MINISTERIO DE FOMENTO CON LAS SOCIEDADES
CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS AUMAR Y ACESA, POR LOS QUE SE ACORDÓ LA
PROLONGACIÓN TEMPORAL DE LAS CONCESIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS
TARIFAS DE LOS PEAJES. (Número de expediente 162/000365.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 48 y último del orden del día: Proposición no de ley del Grupo
Socialista sobre derogación de los convenios suscritos por el
Ministerio de Fomento con las sociedades concesionarias de autopistas
Aumar y Acesa, por los que se acordó la prolongación temporal de las
concesiones para la reducción de las tarifas de los peajes. Para su
presentación y en nombre de su grupo parlamentario tiene la palabra
la señora Aroz.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Socialista tengo el honor de defender
esta proposición por la que se insta al Gobierno a derogar los
convenios firmados con dos sociedades concesionarias de autopistas,
Aumar en 1997 y Acesa en 1998, que permiten que estas sociedades
prorroguen sus concesiones hasta el año 2019 y 2021, respectivamente,
a cambio de reducir peajes. Esta propuesta de nuestro grupo es
ilustrativa del modelo de red viaria que propone el Partido
Socialista, un modelo de vías rápidas, libres de peaje en un período
máximo de diez años. Con esta iniciativa pretendemos defender los
intereses de los usuarios y el interés general ante unos convenios
que, a nuestro juicio, aparecen claramente ventajosos para las
sociedades concesionarias. Es importante para nuestro grupo que hoy
podamos debatir esta propuesta y de una manera más general el
problema de los peajes en España, recordando que el acuerdo contenido
en estos convenios llevado a cabo por el Ministerio de Fomento han
provocado un fuerte rechazo social, una auténtica rebelión en los
territorios
más afectados por esta cuestión. Tenemos que lamentar que no hayamos
podido debatir con más profundidad y con más tiempo este problema
porque, señorías, la subcomisión parlamentaria que aprobó el Pleno de
esta Cámara en marzo del presente año para que en seis meses
elaborase propuestas de solución a este problema no sólo no ha
elaborado propuestas sino que no se ha constituido, jamás se ha
reunido y es una manifiesta demostración de cuál era la voluntad de
la mayoría de esta Cámara. Debo recordar que estos convenios, de los
que proponemos su derogación, han sido recurridos por diversas
entidades locales, entre ellas por la Diputación de Barcelona, la
Diputación de Cádiz y la Federación de Municipios de Cataluña. Hoy,
coincidiendo con este debate, se ha producido una buena noticia, de
la que nos congratulamos: el anuncio, que esperemos que se confirme
por el ministro de Fomento, de que se va a acordar la gratuidad del
peaje entre Salou y Torredembarra; una gran noticia de la que nos
congratulamos porque es una gran victoria de la movilización popular
en Tarragona y que viene a dar la razón a las distintas iniciativas
presentadas en la Cámara por este grupo parlamentario en esa
dirección. ¿Cuáles son los problemas en relación con los convenios
que pedimos sean derogados? El primero, el de fondo, es que alargan
una situación que hoy cabe considerar de insostenible en España. Es
una situación que configura un modelo de redes viarias que supone
disparidad territorial y que resulta discriminatorio para los
ciudadanos que están afectados por vías rápidas con peajes. Es una
situación fruto de dos coyunturas distintas y en la que coexisten ese
modelo de sistema de peajes que viene del desarrollismo de los años
sesenta (2.000 kilómetros) con una red de autovías de gran capacidad,
gratuitas (7.000 kilómetros), resultado de la etapa democrática, del
esfuerzo fiscal de los españoles y del modelo impulsado por los
gobiernos socialistas, contenido en los planes de carreteras de 1984
y 1991, de financiación presupuestaria y fondos europeos. Este modelo
dual, señorías, que no es equiparable a otros modelos europeos, no
tiene sentido en el momento actual, resulta injustificable
prolongarlo y hay que ir hacia un modelo homogéneo, que no es el de
la generalización de los peajes que parece proponer ahora el Partido
Popular, sino un modelo homogéneo de red viaria de autopistas
gratuitas de gran capacidad y con el necesario estudio que ha de
contribuir a su mantenimiento sin discriminación.
Hay un segundo problema en estos convenios, señorías. El que se
plantea al considerar la equivalencia entre los beneficios para los
usuarios, el interés público en definitiva, y el beneficio de las
sociedades. Para los usuarios es evidente que bajan las tarifas, lo
cual puede ser un beneficio ficticio, porque hoy bajan las tarifas
pero hay que pagar durante más tiempo. ¿Están satisfechos los
ciudadanos que utilizan el tramo Cádiz-Sevilla porque les han bajado
las tarifas, sabiendo que tienen que pagar durante 13 años más? En
cambio, para las sociedades la ventaja es cierta. Se alarga el
negocio y
se consiguen nuevos ingresos no obstante la disminución de las
tarifas. En el tramo concreto al que me he referido, Sevilla-Cádiz,
en 1998, puesto que el convenio se firmó en 1997, ha habido un
incremento de un 27 por ciento en un año. Y cuando en derecho
hablamos de equivalencia en una concesión administrativa como la que
nos ocupa, lo estamos haciendo en aplicación de la ley que exige
mantener el equilibrio económico de la concesión cuando se modifica
el contrato. Hay abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo,
innumerables sentencias -me referiré a las últimas, las de 1987, 1988
y 1991- que estiman que este principio juega tanto a favor de la
concesionaria como a favor de la Administración. Hablando en plata,
señorías, que cabe reducir las tarifas para compensar a las
sociedades concesionarias cuando las cosas van mal, cuando hay
problemas económicos, cuando hay pérdidas, pero aplicando la ley hay
que reducir las tarifas cuando se produce una situación de elevados
beneficios. Es el caso actual.
Las sociedades Aumar y Acesa son las concesionarias más rentables de
España. Me referiré a los beneficios de Acesa de 1997, sabiendo que
seguramente han mejorado a lo largo de 1998 y de 1999, dado el
aumento de tránsito. Los beneficios netos después de impuestos de
Acesa son del 50 por ciento. De cada cien pesetas que pagamos los
usuarios de las autovías 50 son beneficio neto para esta sociedad.
Acepto que hay que contemplar la retribución del capital y los gastos
financieros, pues en cualquier caso nos situamos también en el 20 por
ciento. Una retribución muy generosa para una concesión
administrativa. Señorías, a juicio del Grupo Socialista, en estos
convenios no se ha garantizado el equilibrio económico, el equilibrio
entre interés público e interés privado, porque no se ha aplicado
correctamente la ley. Hay un dato fundamental en esta consideración,
que es la vulneración del cumplimiento de un requisito que debería
haberse llevado a cabo y que no se ha cumplido. En la modificación
del contrato de concesión, los convenios deberían haber incluido el
pertinente estudio económico que debe ser público de acuerdo con la
Ley 30/1992, artículo 54.1. La falta de transparencia ha sido
manifiesta y no solamente no se ha cumplido la ley en aplicación de
la norma que he citado, sino que se ha obstaculizado una iniciativa
del Grupo Socialista que a través de la Comisión Mixta de Relaciones
con el Tribunal de Cuentas pidió en noviembre del año 1998 un informe
de fiscalización especial para que el Tribunal de Cuentas, después de
haber estudiado los dos convenios, expresase su opinión sobre si se
había mantenido o no el principio del equilibrio económico, el
equilibrio entre interés público e interés privado, en los dos
convenios que modificaron significativamente los dos contratos de la
concesión con Aumar y Acesa.
En definitiva, señorías, mi grupo parlamentario afirma que no hacía
falta alargar las concesiones para rebajar tarifas puesto que en la
situación económica actual de las sociedades y en aplicación de las
leyes españolas
debía hacerse con cargo a los beneficios de las sociedades. Por
eso hoy tenemos que afirmar también que nos parece doblemente
inadmisible...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aroz, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Acabo, señor presidente.
Decía que nos parece inadmisible que se haya acordado ahora una
rebaja del 7 por ciento con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, ya que se ha dicho que deberá compensarse a las
concesionarias cada año por la reducción de estas tarifas. Lo
debatiremos en su momento, señorías. La propuesta de derogación de
estos dos convenios con Aumar y Acesa va acompañada de otras que la
complementan como son que las rebajas acordadas deben mantenerse, que
debe considerarse la compensación a las sociedades si hiciera falta,
aunque debe tenerse en cuenta el incremento del tráfico, que debe
crearse un fondo nutrido con los impuestos pagados por las sociedades
que serviría para suprimir, reducir o rescatar peajes.
En definitiva, esta es la propuesta y las razones del Grupo
Socialista en relación con esta iniciativa. Por todo ello,
solicitamos el voto favorable de todos los grupos parlamentarios para
esta iniciativa que viene a corregir decisiones del Gobierno que van
en dirección opuesta a lo que demanda justamente la sociedad
española, y en especial los ciudadanos más afectados que son los
catalanes, que es la supresión en un plazo razonable de los peajes en
todo el territorio español.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
A esta proposición no de ley han sido presentadas dos enmiendas, una
por parte del Grupo Parlamentario Mixto y otra por parte del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Para la defensa de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer
lugar, tiene la palabra el señor Serrano.
El señor SERRANO VINUÉ: Muchas gracias, señor presidente.
En relación con esta proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, quiero manifestar desde el Partido Aragonés nuestro voto
afirmativo y expresar a la Mesa de la Cámara la retirada de esta
enmienda que simplemente pretendía concretar y mejorar la redacción
del tercer punto de la proposición presentada por el Grupo
Socialista. No obstante, aprovecho la ocasión para manifestar que, a
pesar de estar de acuerdo con el fondo de la propuesta que el Partido
Socialista hace, me hubiera gustado que la exposición de motivos se
hubiera ampliado también a la problemática relativa a la A-68,
respecto de la cual las Cortes de Aragón se han venido repetidamente
manifestando. Incluso el propio ministro, en contadas ocasiones, ha
dicho que en brevese iba a solucionar, por lo menos en el tramo
Zaragoza-Huesca.
Me gustaría también hacer hincapié en la necesidad de interés social,
de utilidad pública, a la hora de expropiar, al menos en la
construcción de tramos alternativos, tanto en la A-68 como en la N-II
a su paso por Fraga. En ese sentido quiero remarcar, si cabe, las
enmiendas que desde el Partido Aragonés hemos presentado a los
Presupuestos Generales del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Serrano,
le ruego que se atenga a la cuestión.
El señor SERRANO VINUÉ: Era simplemente para unir la defensa de la
enmienda y la fijación de posición.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Su señoría ha
retirado la enmienda, por lo que sería fijación de posición, pero en
ningún caso puede introducir enmiendas presentadas en el debate de
presupuestos. Tiempo habrá para debatirlas amplísimamente.
El señor SERRANO VINUÉ: No estoy introduciendo enmiendas al debate de
presupuestos, simplemente estoy diciendo que ya en el debate de
presupuestos, en previsión de este aspecto, el Partido Aragonés
presentó una enmienda que permitía tener una partida destinada para
poder llevar a cabo esta cuestión. No estoy mezclándolo con los
presupuestos. No obstante, me alegro del anuncio que ha hecho el
ministro de Fomento en el sentido de liberalizar el tramo Salou-
Torredembarra, de la misma forma que hay antecedentes en la
liberalización del peaje en el tramo Villalba-Villacastín, de la NII,
para eliminar el paso de mercancías peligrosas en el tramo del túnel
de Guadarrama. En ese sentido simplemente pediríamos, desde la
perspectiva aragonesa, que se tuviera la misma sensibilidad con otros
tramos de la red estatal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Serrano.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré rápidamente para manifestar nuestra posición en relación
con la proposición no de ley del Grupo Socialista y para defender la
enmienda que presentamos a la misma.
Nuestro grupo comparte los criterios de la proposición no de ley del
Grupo Socialista en cuanto a la necesidad de derogar los convenios
suscritos por el Ministerio de Fomento con las sociedades
concesionarias de autopistas. Ese es un criterio general. Por otra
parte, hemos planteado una enmienda al punto primero de la
proposición no de ley socialista, en la cual tratamos de que se
incluya a la concesionaria Audenasa, con lo cual
serían Aumar, Acesa y Audenasa. Quiero recordar a SS.SS. que la
concesionaria Audenasa está participada por capital público, 50 por
ciento el Estado y 50 por ciento la Comunidad de Navarra, y que por
tanto no tiene sentido alguno que se haya producido una prórroga en
el plazo de concesión de 15 años al tratarse de una empresa de
titularidad pública. Esperamos que esta enmienda sea aceptada por el
Grupo Socialista.
Si me lo permite el señor presidente voy a fijar posición respecto a
la iniciativa, aprovechando mi turno y así no consumiré otro. Quiero
decirles que el problema de las prórrogas a los concesionarios de
autopistas se remonta a 1977, cuando se introdujo un articulado
preciso en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado. En aquel momento nosotros ya nos manifestamos contrarios a
esta posibilidad de ampliar las prórrogas y lo mismo que decíamos
entonces decimos ahora. Creemos que a este respecto lo que el
Gobierno tiene es una alianza con determinados grupos empresariales y
que lo único que hace es beneficiar a las concesionarias de
autopistas sin que este beneficio recaiga en los usuarios. Quiero
recordar que en este sentido la trayectoria del Ministerio de Fomento
-y no sólo en las autopistas- es la de que todos sus planes de
autopistas han ido dirigidos a beneficiar a sectores determinados de
la economía española. Por tanto, lo que nosotros pedimos es una
reflexión seria en torno al tema que nos ocupa. Podría haber sido
beneficioso aprovechar la creación de la subcomisión que propuso
Convergència i Unió el año pasado, pero lamentablemente esta
subcomisión está paralizada y no hemos tenido la posibilidad de
abordar con seriedad y rigor la problemática de los peajes, de las
autopistas y de la vertebración territorial.
Con esto acabo, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
a usted, señoría. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Anticipo que nuestro grupo no va a dar apoyo
a la proposición, por varias razones que voy a explicar.
En primer lugar, la parte principal de la proposición está dirigida a
derogar los convenios suscritos por el Ministerio de Fomento con las
sociedades concesionarias de autopistas. Los demás puntos se refieren
a la forma en que podría hacerse esta derogación de convenios para
indemnizar o compensar financieramente a las sociedades, proponiendo
la creación de un fondo que pudiese servir incluso para operaciones
de supresión de peajes concretos, reducción de tarifas o rescate
anticipado de concesiones. Éstos son básicamente los puntos de la
proposición, pero siguiendo la exposición de motivos se nos habla de
la gran inquietud que existe, del amplio debate político, social y
económico sobre el modelo de red de
autovías y autopistas, que yo quisiera definir aquí como vías de alta
capacidad.
Este escrito tiene parte de razón cuando en él se puede interpretar
que hay zonas que están verdaderamente discriminadas, incluso lo
reconoció el ministro hace varias semanas en una de sus
intervenciones sobre el tema. Se entra en profundidad sobre la
ampliación de los periodos de concesión para la reducción de los
peajes, como si esto fuese una cuestión muy grave, que lo es en
parte, pero también tendríamos que tener en cuenta que no es nueva,
porque hace muchos años ya existía. Incluso tendríamos que considerar
una noticia del martes 9 de noviembre, que nos dice que el peaje de
la A-19 es definitivamente legal. Hace pocos días, el Tribunal
Constitucional decidió no admitir el recurso de amparo presentado por
el Consejo Comarcal del Maresme. Esta A-19 es la ampliación de la
autopista por Mataró, precisamente la ciudad de la que es alcalde el
presidente de la Federación Catalana de Municipios, Federación que
intenta impugnar estos convenios. Para tener un peaje blando en
aquella zona, se concedió una ampliación de la concesión, se concedió
un peaje blando a cambio de años en la concesión a Acesa. Por tanto,
los usuarios de la autopista Acesa en toda su amplitud, de norte a
sur de Cataluña, de este a oeste, hemos estado pagando más años para
que hubiese un peaje blando. Esto sucedía el año 1991. Venir hoy con
demostraciones de rigor sobre las concesiones, me parece que no es de
recibo.
Yo creo -y quiero hablar más en primera persona, creo que en estos
momentos hay que hablar de esta forma- que no podemos hablar de
rescatar peajes, no me parece lógico que se rescaten peajes. Ayer
mismo, el señor ministro, en respuesta a una pregunta, decía que el
Gobierno concibe toda una red de autopistas de peaje como red
complementaria de la red de carreteras del Estado de alta capacidad.
Si es una red complementaria, exige que haya una alternativa gratuita
en buen estado. Lo que nosotros pedimos es que las autopistas se
queden como están, pero que el Estado establezca la red alternativa
gratuita en buen estado, pues todo lo que es paralelo a las
autopistas de peaje existentes tanto en Levante, como en Cataluña, en
Aragón e incluso en el País Vasco, no tiene la red gratuita en buen
estado, está hecho el complemento pero no está realizada la base. Por
consiguiente, inversiones en vez de rescate en la construcción de las
autovías desdobladas. Esto es compensación -por decirlo de alguna
manera- de la solidaridad que en su momento hubo en estas zonas, una
solidaridad de ir hacia el resto de España para que se construyesen
todas las autovías y ahora esta solidaridad tiene que ser de regreso
para hacer el complemento al revés y construir las vías de gran
velocidad que Cataluña, que Aragón, que Navarra no tienen.
Sorprendentemente, hoy nos enteramos, por declaraciones del señor
ministro, que se establece la gratuidad total y para siempre de un
tramo de autopista en la zona de Tarragona, convirtiendo en zona
urbana la
autopista. Es lamentable que nos enteremos por estos medios.
Tendremos que pedir al ministro que nos explique qué ideas de
autopistas vuelve a tener, porque hace un mes prácticamente -ya
acabo, señor presidente- se proponía en una proposición no de ley en
Comisión, consensuada por todos los grupos, la solicitud de esa
gratuidad mientras durasen unas obras. Hoy, por sorpresa se acuerda ,
no mientras duren las obras, sino para siempre, la gratuidad en este
tramo, cuando hace un mes el Grupo Parlamentario Popular tuvo que
votar en contra por orden del ministro. Es verdaderamente
sorprendente. Yo quisiera que entrase un poco de coherencia en el
Ministerio y piense en el esquema de autopistas como complemento de
una red básica; en toda la zona que existe la autopista falta la red
básica. El Ministerio ha empezado en algunos lugares a construir esta
red básica, pero le falta mucho, y ahí tiene que dedicarse
profundamente. Nosotros estamos en esto, no en lo que se pide en la
moción hoy.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Señoría, este debate sobre los peajes lo
hemos repetido en esta legislatura en tres o cuatro ocasiones. Yo
recuerdo que con el señor García-Arreciado, con el señor Pérez
Touriño y con el señor Morlán lo hemos repetido con distintos
matices. Hoy hay algún matiz nuevo que me gustaría resaltar. Pero
antes querría completar el marco del problema: son 2.200 kilómetros
de autopistas de peaje; cuesta 30.000 millones al año su
mantenimiento; dan trabajo directo a 3.000 personas e indirectamente
a otras 3.000 ; el volumen de negocio es del orden de 150.000
millones de pesetas al año en peaje y 16 empresas prestan servicios
de peaje en el país. ¿Qué propone el Partido Socialista, y disculpe
que de alguna forma repita la propuesta? Dice: vamos a anular dos
convenios firmados por el Gobierno y dos empresas, Aumar y Acesa -hay
que recordar que el convenio de Acesa también se firmó con la
Generalitat-, anular dos convenios de las 16 empresas, mantener los
peajes actuales y crear un fondo de solidaridad con el impuesto de
sociedades y el IVA de las 16 empresas para poder indemnizar a las
dos empresas a las que de alguna forma se les anula el convenio. Eso
es, más o menos, en síntesis, lo que propone.
Señoría, yo me voy a permitir resaltar algunas sinrazones que, a
nuestro juicio, tiene esta propuesta. La primera es que se habla
alegremente sobre el equilibrio económico-financiero. El equilibrio
económico-financiero es un plan contable que año a año tiene que
tener equilibrio en función del peaje y la tarifa que fija el
Gobierno. Quiero recordarle que Acesa, por ejemplo, entre 1969 y 1977
no tuvo beneficios, que Aumar no tuvo beneficios entre 1971 y 1984 y
que no me vale
decir que tiene muchos beneficios. Los beneficios serán grandes o
pequeños en función del capital social o de las inversiones que haga
la empresa. Pero, ¿por qué Aumar, que representa el 21 por ciento de
los kilómetros de peaje, y Acesa, que representa el 25 por ciento,
entran dentro de esa selección que hace el Partido Socialista y las
16 restantes no, pero sí entran para formar el fondo de solidaridad?
Es un tema que no he entendido.
Habla S.S. de rechazo social y de que la ley, de alguna forma, puede
argumentar una cierta incoherencia con el convenio firmado por el
Gobierno. Si hay alguna ilegalidad, es fácil acudir a los tribunales
para instar la caducidad de la concesión -porque esto es una
concesión- y los datos que tiene el Partido Popular son que los
ciudadanos que se han beneficiado de la rebaja del 30 y el 40 por
ciento del peaje están muy contentos y no es que rechacen la medida.
Me gustaría leerle dos cosas sobre la incoherencia del Partido
Socialista. Le he oído hablar de un nuevo modelo sobre las autovías y
la red viaria. Me alegra oírlo, porque en 1995, en la aprobación por
todos los grupos de la cláusula 23 del PDI, se decía: El Congreso
recomienda establecer un marco de negociación con las concesionarias
de autopistas de peaje, a fin de que, respetando el equilibrio
financiero de la concesión, pueda incrementarse el tráfico de estas
autopistas mediante una reducción de peajes. Y hay otro documento que
es una perla, que paso a leer. Se habla de las directrices para una
política socialista de obras públicas, transporte y medio ambiente,
firmado José Borrell Fontelles, Madrid, 1995 : estas fórmulas mixtas
-está hablando de modelos de financiación- pretenden equilibrar el
interés público en el desarrollo territorial con la contribución del
usuario que las utiliza. Se trata de un modelo casual -sigue
diciendo-, pero ciertamente muy eficiente, que ojalá fuésemos capaces
de extender a otras zonas del país. A mí estas manifestaciones me
parecen incoherentes con lo que ahora se nos propone. ¿Qué ha hecho
el Partido Popular?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jiménez,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Termino ya.
El Partido Popular, dentro de la lenta maduración de las
infraestructuras, ha bajado el peaje en un 30 y 40 por ciento en todo
el arco mediterráneo; ha aprobado un decreto para bajar el 7 por
ciento en peaje selectivo; ha sido transparente, porque ha publicado
los acuerdos y los convenios en el boletín y, desde luego, ha sido
sensible, como se ha reconocido por S.S., en algunas zonas donde el
peaje, por determinadas obras, era necesario.
Concluyendo, señorías, el Partido Popular rechaza la propuesta porque
entiende que sacar el dinero de los impuestos para indemnizar a Aumar
y Acesa es restar presupuesto para hacer obras necesarias en nuestro
país
y porque el fondo de solidaridad, el fondo que crea S.S., puede ser
anticonstitucional porque rompe el equilibrio de la universalidad y
va en contra de los artículos 27 de la Ley General Presupuestaria y
23 de la Ley General Tributaria. Por ambas razones, el Partido
Popular no va apoyar la propuesta del Partido Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jiménez.
Señora Aroz, debe expresar la aceptación o no de la enmienda del
Grupo de Izquierda Unida.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Ante todo, permítame mostrar mi agradecimiento a los grupos
parlamentarios que han dado su apoyo a esta iniciativa, así como a
todos los portavoces por el tono del debate. En cualquier caso,
lamento que el bloqueo de la subcomisión parlamentaria acordada por
esta Cámara no haya permitido profundizar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Aroz,
sabe que este turno es exclusivamente para expresar aceptación o no.
No introduzca nuevos elementos de debate porque sería comenzar como
si nada hubiésemos hecho.
La señora AROZ IBÁÑEZ: Gracias, señor presidente. Ya he terminado.
En relación a la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida
manifiesto la aceptación de la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias,
señoría.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Sedó i Marsal pide la
palabra.) ¿Señor Sedó?
El señor SEDÓ I MARSAL: Simplemente quiero hacer una aclaración, ya
que se ha introducido un error en el debate. Se ha hablado mucho, e
incluso ahora, al final, respecto a la subcomisión. Se ha atribuido a
Convergència i Unió y no es así, fue...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sedó, no
introduzcamos nuevos elementos en el debate. Muchas gracias, señor
Sedó.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN.):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY 4/1980, DE 10 DE ENERO, DE ESTATUTO DE RADIO Y TELEVISIÓN,
POR LA QUE SE REGULA LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DEL DIRECTOR
DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000066.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, vamos
a proceder a la votación.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley
del Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección
parlamentaria del director de Radio Televisión Española.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 133; en contra, 146.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda
desestimada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIONES.):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE
DIVERSIFICACIÓN DE POSIBILIDADES DE PESCA DE LA FLOTA ESPAÑOLA.
(Número de expediente 162/000371.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre diversificación de posibilidades de pesca de la flota
española.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada
por unanimidad.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE DEROGACIÓN DE LOS
CONVENIOS SUSCRITOS POR EL MINISTERIO DE FOMENTO CON LAS SOCIEDADES
CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS AUMAR Y ACESA, POR LOS QUE SE ACORDÓ LA
PROLONGACIÓN TEMPORAL DE LAS CONCESIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS
TARIFAS DE LOS PEAJES. (Número de expediente 162/000365.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre derogación de los convenios suscritos por el
Ministerio de Fomento con las sociedades concesionarias de autopistas
Aumar y Acesa, en los términos resultantes de la aceptación de la
enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279 ; a favor, 129; en contra, 146; abstenciones, cuatro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda
rechazada.
Se levanta la sesión.