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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 257, de 16/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 257
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 247
celebrada el jueves, 16 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de
registro 86190.) . . . (Página 13608)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para
la contención del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud.
(Número de expediente 130/000074.) («BOE» núm. 195, de 16 de agosto
de 1999.) . . . (Página 13609)
- Real Decreto-ley 13/1999, de 3 de septiembre, por el que se
financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (Número de expediente 130/000075.)
(«BOE» núm. 212, de 4 de septiembre de 1999.) . . . (Página 13618)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley de los Grupos Parlamentarios Popular en el
Congreso, Socialista del Congreso, Federal de Izquierda Unida,
Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria
y Mixto, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 321-1, de 8 de julio
de 1999. (Número de expediente 122/000287.) . . . (Página 13623)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley por el que se crea el Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, núm. 149-1, de 16 de noviembre de 1998. (Número
de expediente 121/000149.) . . . (Página 13629)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, núm. 161-1, de 8 de marzo de 1999.
(Corrección de error en «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
núm. 161-2, de 15 de marzo de 1999.) (Número de expediente 121/
000161.) . . . (Página 13630)
- Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España
en la segunda reposición de recursos del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial Reestructurado. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
núm. 167-1, de 26 de abril de 1999. (Número de expediente 121/
000167.) . . . (Página 13640)
Dictámenes de Comisiones de Investigación:
- Dictamen de la Comisión de Investigación para analizar la política
desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino, en el
marco de la política agraria común. (Número de expediente 152/
000002.) . . . (Página 13644)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la
mañana con carácter secreto.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de
los Diputados . . . (Página 13608)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de
los Diputados sobre declaraciones de
actividades de excelentísimos señores
Diputados . . . (Página 13608)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de Reales
Decretos-leyes . . . (Página 13609)
Real Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para la
contención del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud . .
. (Página 13609)
El señor ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría) comparece
ante la Cámara, en nombre del Gobierno, cumpliendo un mandato
constitucional, con el objeto de dar debida información sobre el Real
Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para la
contención del gasto farmacéutico, adoptado por el Gobierno a la
vista de la evolución de los indicadores de gasto en la prestación
farmacéutica de los últimos meses. Explica las razones de la
tendencia al crecimiento de dicho gasto farmacéutico que siempre fue
motivo de preocupación para el Gobierno y las medidas adoptadas para
contenerlo desde julio de 1996. Añade que, ante la situación actual,
se ha decidido por el Gobierno una reducción coyuntural de los
precios autorizados de los medicamentos financiados por la Seguridad
Social que, por razones de urgencia, adopta la forma de Real Decreto-
ley, pasando a explicar los resultados que se esperan obtener con la
implantación de las medidas tomadas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); las señoras Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Maestro Martín, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, y Amador Millán, del Grupo Socialista del
Congreso, y el señor Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Real Decreto-ley 13/1999, de 3 de septiembre, por el que se financia
el acuerdo interprofesional sobre formación continua en la Comunidad
Autónoma del País Vasco . . . (Página 13618)
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Pimentel Siles)
solicita de la Cámara, en nombre del Gobierno, la convalidación del
Real Decreto-ley 13/1999, de 3 de septiembre, como se hizo otros
años.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la
señora Cortajarena Iturrioz, y el señor Azpiroz Villar, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Por alusiones intervine el señor Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para la contención
del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud, se aprueba la
convalidación por 298 votos a favor, uno en contra y cuatro
abstenciones.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 13/1999, de 3 de septiembre, por el que se financia el acuerdo
interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, se aprueba la convalidación por unanimidad.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas .
. . (Página 13623)
Proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Popular en el
Congreso, Socialista del Congreso, Federal de Izquierda Unida,
Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria
y Mixto, de solidaridad con las víctimas del terrorismo . . .
(Página 13623)
Defienden la propuesta conjunta de todos los grupos parlamentarios el
señor Peralta Ortega, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del Congreso, y Gil Lázaro, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición de ley de solidaridad con las
víctimas del terrorismo, se aprueba por unanimidad.
Enmiendas del Senado . . . (Página 13629)
Proyecto de ley por el que se crea el Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales . . . (Página 13629)
En turno de fijación de posiciones respecto de las enmiendas del
Senado al proyecto de ley intervienen el señor Torres Sahuquillo, del
Grupo Socialista del Congreso, y la señora Castro Masaveu, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 13630)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas . . . (Página 13630)
Defienden sus enmiendas al proyecto de ley los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme) y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario
Mixto; Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Fernández
Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Morlán
Gracia, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en
la segunda reposición de recursos del Fondo para el medio ambiente
mundial reestructurado . . . (Página 13640)
Defienden las enmiendas presentadas al proyecto de ley los señores
Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las
señoras Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y García-Hierro Caraballo, del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora De Lara
Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Votaciones. . . . (Página 13642)
Sometida a votación la enmienda del Senado al proyecto de ley por el
que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Forestales, se rechaza por 137 votos a favor, 174 en contra
y dos abstenciones.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al dictamen de la
Comisión del proyecto de ley por el que se modifica la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
A continuación se procede a las votaciones correspondientes al
dictamen de la Comisión.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por
la que se autoriza la participación de España en la segunda
reposición de recursos del Fondo para el medio ambiente mundial
reestructurado.
A continuación se procede a la votación del dictamen de la Comisión,
que es aprobado por 314 votos a favor, uno en contra y una
abstención.
Dictámenes de comisiones de investigación . . . (Página 13644)
Dictamen de la Comisión de investigación para analizar la política
desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino, en el
marco de la política agraria común. . . . (Página 13644)
Presenta el dictamen de la Comisión el señor Mardones Sevilla,
presidente de dicha Comisión.
Defienden los votos particulares presentados los señores Martínez
Noval, del Grupo Socialista del Congreso;
Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Peralta
Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, y Centella Gómez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno en contra de los votos particulares intervienen los señores
Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometido a votación el voto particular suscrito y defendido por los
grupos parlamentarios Socialista del Congreso, Vasco (EAJ-PNV) y
Mixto, se rechaza por 144 votos a favor, 172 en contra y una
abstención.
Sometido a votación el voto particular suscrito por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 143 votos a
favor y 172 en contra.
Sometido a votación, finalmente, el dictamen de la Comisión de
investigación, se aprueba por 172 votos a favor y 150 en contra.
Se levanta la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS.
(Número de registro 86.190.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 12/1999, DE 31 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA
LA CONTENCIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
(Número de expediente 130/000074.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII del orden del día sobre la
convalidación o derogación de dos reales decretos-leyes, el primero
de los cuales hace el número 12 del presente año 1999, de fecha 31 de
julio, referido a medidas urgentes para la contención del gasto
farmacéutico del Sistema Nacional de Salud.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
ministro de Sanidad, señor Romay Beccaría.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco ante SS.SS. en nombre del
Gobierno y cumpliendo un mandato constitucional, con el objeto de dar
debida información, previa al debate y votación en esta Cámara, del
Real Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio, de medidas urgentes para la
contención del gasto farmacéutico, que ha sido adoptado por el
Gobierno a la vista de la evolución de los indicadores de gasto en la
prestación farmacéutica de los últimos meses.
Como conocen SS.SS., el gasto farmacéutico presenta en los últimos
años una tendencia al crecimiento que se fundamenta ciertamente en
factores demográficos -aumento de la población protegida y mayor
esperanza de vida-, así como en la introducción de nuevos
medicamentos, más avanzados y de mayor precio, tanto orientados al
tratamiento de enfermedades que carecían de este tipo de terapia como
indicados para patologías ya conocidas, pero que, por su mayor
eficacia, constituyen una alternativa farmacológica preferente.
No obstante, los niveles de gasto farmacéutico en España y su ritmo
de crecimiento en los últimos años fueron motivo de preocupación para
este Gobierno desde su formación. El porcentaje de gasto sanitario
dedicado a medicamentos en España supera el 20 por ciento y se
distancia claramente del de los países con los que habitualmente nos
comparamos, en torno al 15 por ciento.
No menos preocupantes que este nivel de gasto eran los porcentajes
anuales de crecimiento: del año 1986 a 1995, la factura de
medicamentos para el Sistema Nacional de Salud creció en términos
netos, es decir, deducidas las aportaciones de la industria, un 14,40
por ciento; de 1990 a 1995, ese crecimiento fue del 11,32 por ciento.
Estas magnitudes resultaban insoportables para crecimientos
presupuestarios en el entorno del 6 por ciento.
Nosotros tomamos medidas inmediatamente. En julio de 1996 conseguimos
un nuevo acuerdo con la industria que, junto con otras medidas de
gestión, permitió
bajar el crecimiento neto del gasto en ese mismo año 1996 a un 9,58
por ciento frente al 11,5 de 1995. Ese año introdujimos medidas
legislativas pertinentes para el registro de medicamentos genéricos y
para el establecimiento de precios de referencia. En 1997 se produjo
una rebaja de dos puntos en el margen de las oficinas de farmacia y
de uno en el de los almacenes de distribución, lo que supuso una
reducción del 3,87 por ciento en el precio de los medicamentos. La
aportación de la industria llegó ese año a más de 20.000 millones,
frente a 14.000 de 1995, con lo cual el crecimiento neto de la
factura farmacéutica fue en 1997 del 2,89 por ciento. En noviembre de
1997, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al acordar la nueva
financiación del Sistema Nacional de Salud, asumió la necesidad de
obtener, a partir de 1998, un ahorro de 65.000 millones de pesetas
anuales en el gasto de medicamentos, que deberían proceder de las
siguientes medidas: ampliación de la lista negativa, introducción de
genéricos, aplicación de precios de referencia y aportaciones de la
industria.
El acuerdo con Farmaindustria de 22 de enero de 1998 remitió la
consecución de ese objetivo, en 1998, a una lista negativa reducida,
a una aportación de la industria de 39.000 millones de pesetas y al
efecto de los genéricos; en 1999, a los efectos de la lista negativa,
a una aportación de la industria de 26.000 millones y al mayor efecto
de los genéricos y precios de referencia. En 1998 se alcanzó
prácticamente el objetivo: la aportación de la industria fue la
prevista, 39.000 millones. La entrada en vigor, el 1 de septiembre,
de la lista negativa hizo posible que un crecimiento del 12,5 por
ciento previsto en agosto para fin de año se redujera a un 10,5, lo
que supuso un ahorro de 20.000 millones. La suma de las dos cifras da
un ahorro próximo a los 60.000 millones frente a los 65.000 estimados
en el acuerdo de financiación.
Todas estas medidas arrojan un balance muy positivo para los primeros
dos años completos de este Gobierno, 1997 y 1998. La factura neta del
gasto farmacéutico para el Sistema Nacional de Salud creció en esos
dos años un 6,63 por ciento frente al 11,32 ya citado del período
1990/1995.
La evolución del gasto en los primeros meses de 1999 evidenció que
las previsiones que habían servido de base al acuerdo con
Farmaindustria de enero de 1998 no se cumplían. Los efectos de la
lista negativa se habrían neutralizado por el consumo creciente de
nuevos fármacos muy costosos. Ante esta misma Cámara tuve ocasión de
explicar el importante aumento que estaba experimentando en el
Sistema Nacional de Salud el coste medio de la receta, que ha sido de
un 11,86 por ciento en los ocho primeros meses de este año. Esto sólo
se explica por el gran consumo de medicamentos de reciente registro,
que coinciden mayoritariamente con los más caros.
En el primer trimestre de este año el crecimiento del gasto ya había
alcanzado un 10,59 por ciento. El número de medicamentos genéricos
registrados y su consumo
crecía ciertamente, pero como partíamos prácticamente de cero, las
cifras de ahorro obtenidas por esta vía resultan claramente
insuficientes para compensar esas otras partidas crecientes de gasto.
De mayo de 1998 a marzo de 1999 el número de envases genéricos
consumidos en el Sistema Nacional de Salud ha pasado de 53.000 a
407.000, y el importe de la factura de genéricos ha crecido desde 86
millones a 568. Pero evidentemente se trata de cifras modestas
comparadas con el gasto total de medicamentos.
Así las cosas, por el Real Decreto-ley de 16 de abril de este año, de
medidas económicas, se redujo nuevamente el margen de los almacenes
de distribución, en esta ocasión en 1,4 puntos, con una minoración de
los precios de los medicamentos del 1,55 por ciento con efectos a
partir del primero de junio. Aunque esa medida contribuyó a mejorar
la evolución del gasto desde de su entrada en vigor, la situación a
mediados de año, con un crecimiento acumulado a 30 de junio del 10,98
por ciento, exigía la adopción de medidas complementarias si se
pretendía alcanzar este año y el próximo el objetivo de ahorro de los
65.000 millones previstos en el acuerdo de financiación, que a su vez
prevé que llegadas estas circunstancias era preciso adoptar medidas
complementarias.
Era necesario, pues, tomar algunas decisiones. Las medidas adoptadas
hasta ahora no habían afectado a los precios industriales máximos de
las especialidades farmacéuticas, a los que se refiere el artículo
102 de la Ley del Medicamento, no obstante su incidencia relevante en
el precio final de los medicamentos, así como en el gasto
farmacéutico y en el uso de los medios financieros destinados al
Sistema Nacional de Salud. Tales precios han mantenido, como se
apuntaba, una marcada tendencia al alza durante los últimos años, que
no se ha corregido no obstante la reducción general de costes operada
en la economía española ni los extraordinarios incrementos del
consumo, si bien no se pueden desconocer las aportaciones que la
industria ha venido haciendo en los últimos años al Sistema Nacional
de Salud.
Con base en la situación descrita, se ha decidido por el Gobierno una
reducción coyuntural de los precios autorizados de los medicamentos
financiados por la Seguridad Social y que por razones de urgencia
adopta la forma del Real Decreto-ley 12/1999, de 31 de julio. De esta
reducción de precios se obtendrá, con carácter general, un impacto
promedio del 6 por ciento sobre el consumo del periodo junio 1998/
mayo 1999. Por cierto, en el Reino Unido, en el pasado mes de julio y
con los mismos fines de contención del gasto se ha operado una
reducción de precios de los medicamentos del 4,5 por ciento.
En términos más precisos, con esta medida legislativa se estiman los
siguientes resultados. Primero, la revisión cuyo impacto respecto al
periodo junio 1998/mayo 1999 en el precio de venta al público, IVA
incluido, asciende a 59.411 millones de pesetas; se realiza en
precios autorizados y deberá absorber la supresión de
la bajada voluntaria de los laboratorios de noviembre de 1993, que
desaparecería con la finalización del acuerdo con Farmaindustria de
1998.
Segundo. El impacto para 1999, al entrar la medida en vigor el 1 de
noviembre a efectos de facturación del Sistema Nacional de Salud, se
estima en 7.600 millones de pesetas netos, deduciendo el efecto de la
eliminación de la bajada de precios de noviembre de 1993. Para el año
2000 el impacto neto previsto asciende a 52.400 millones de pesetas.
Con la reducción de precios, la creciente introducción de genéricos
en el mercado -son ya casi trescientos y van a ser cuatrocientos a
fin de año- y la aplicación de los precios de referencia, las tasas
de crecimiento para el año 1999 se podrían situar en el entorno del 7
por ciento, descontada la aportación de 20.000 millones
correspondiente a los primeros ocho meses y medio del pacto con
Farmaindustria, y puede situarse entre el 5 y el 6 por ciento en el
año 2000, porcentajes estos últimos más en relación con las
previsiones de política económica.
La revisión llevada a cabo por el Gobierno no afecta a los formatos
de precio inferior a 350 pesetas, por su bajo precio, antigüedad en
el registro y haber sido revisados al alza recientemente como
consecuencia de los acuerdos con el sector farmacéutico. Tampoco
afecta a las especialidades no financiadas, a los envases clínicos,
las especialidades calificadas de uso hospitalario, los medicamentos
para diagnóstico y los anestésicos generales. Los precios se reducen
de forma escalonada, desde un 4,87 por ciento para las especialidades
comprendidas entre las 350 y las 1.000 pesetas de precio de venta de
laboratorio, hasta un 9,15 por ciento para las especialidades de más
9.000 pesetas de precio de venta de laboratorio, justamente porque
los mayores crecimientos de consumo se están operando en las
especialidades de precios más altos.
Además de esa rebaja coyuntural de los precios, el real decreto-ley
contiene, asimismo, una modificación de la actual regulación
legislativa de las prestaciones de especialidades farmacéuticas no
bioequivalentes y que se han incluido en el cálculo del precio de
referencia. Las razones de la modificación son las siguientes. La
aprobación por el Real Decreto 1.035/1999 establece el procedimiento
para la aplicación del nuevo sistema de precios de referencia que
afecta a especialidades farmacéuticas bioequivalentes agrupadas en
conjuntos homogéneos, con la característica principal, entre otras,
de estar formadas por especialidades con la misma composición
cualitativa, cuantitativa, dosis farmacéutica, día de administración
y presentación. Para la determinación del precio de referencia, en
dicha norma se toman en cuenta las especialidades bioequivalentes o
no bioequivalentes que cumplan la igualdad de características antes
descritas. Así pues, el sistema previsto en el Real Decreto 1.035/
1999 operaría de forma tal que las especialidades bioequivalentes,
con precios superiores al de referencia, deberán ser sustituidas por
especialidades genéricas, salvo que el paciente abone la
diferencia entre el precio del genérico y el de la especialidad
prescrita, todo ello sin perjuicio de la aportación que le
corresponda.
Ahora bien, de acuerdo con dicho sistema pudiera suceder que se
mantengan especialidades farmacéuticas no bioequivalentes y que se
han incluido en el cálculo del precio de referencia cuyo precio sea
superior al de referencia fijado. Esta situación estaría fuera de
toda lógica si se tiene en cuenta que las especialidades
bioequivalentes, con precios por encima del de referencia, van a ser
sustituidas, mientras que las no bioequivalentes, al no cumplir la
condición de intercambiabilidad no lo sean y, por lo tanto, el
Sistema Nacional de Salud debería financiar importes superiores al
fijado como precio de referencia. Por ello, se ha considerado
necesario, para el correcto funcionamiento del régimen de precios de
referencia, que iniciará su desarrollo en breve la modificación legal
que se incluye en el artículo 2 del Real Decreto-ley 12/1999 de 31 de
julio.
Por todas las razones expuestas, y teniendo en cuenta la evolución
del gasto farmacéutico en los últimos meses, el Gobierno, en uso de
las previsiones del artículo 86 de la Constitución, ha considerado
necesaria la adopción de las medidas urgentes que se recogen en el
Real Decreto-ley 12/1999 de 31 de julio y para el que solicito a SS.
SS, en nombre del Gobierno, su ratificación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. ¿Algún grupo desea
consumir un turno en contra de la convalidación? (Pausa.)
De no ser así, ¿qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Vázquez, en nombre del
Grupo Mixto.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
El Real Decreto-ley 12/1999 que hoy discutimos sobre medidas de
contención del gasto farmacéutico en el sistema sanitario público
plantea una medida para intentar conseguir frenar este gasto,
consistente, en lo fundamental, en limitar el precio industrial
máximo a una serie de productos y, en general, rebajar el precio de
los fármacos en un 6 por ciento, con lo cual el Gobierno espera
ahorrar el año que viene -porque éste ya menos- 52.500 millones de
pesetas en la factura farmacéutica.
Sin entrar a discutir acerca del éxito de las medidas adoptadas por
el Gobierno en este campo que acaba de relatar el señor ministro con
el entusiasmo que le caracteriza, sí quiero decir que esta medida
concreta, desde nuestro punto de vista, es positiva, por más que sea
discutible si la rebaja en el precio podría ser mayor o alcanzar a
más productos o si pudo aplicarse con anterioridad en lugar de seguir
insistiendo, por la vía de medidas como el medicamentazo, que, por
cierto, volvieron a demostrar su ineficacia, además de suponer
lo ya dicho en su día, como fue repercutir una parte del gasto sobre
la economía de las gentes que cuentan con menos poder adquisitivo.Por
tanto, valoramos positivamente que el Gobierno decida tomar medidas
concretas de rebaja de los precios de los medicamentos y que esta
decisión suponga no repercutir el asuntos sobre los mismos, las
clases más desfavorecidas, así como valoramos que el Gobierno actúe
concretamente en la línea de fijar precios máximos en lugar de lo
habitual de dejar que el mercado lo regule todo.
Por ello, nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este
real decreto-ley, a pesar de que pueda haber ciertos desajustes a la
hora de que haya en este período de transición distintos precios para
el mismo medicamento, etcétera, y desde luego animando al Gobierno a
buscar vías, que sin duda existen, que supongan una disminución del
gasto público en farmacia sin que se ponga en peligro la atención
igualitaria a las personas o signifique simplemente repercusión sobre
sus bolsillos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez, por Coalición Canaria.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Coalición Canaria va a apoyar el texto
presentado por el señor ministro en relación con las medidas urgentes
para la contención del llamado gasto farmacéutico, y es que creemos
que es tarea de todos apoyar las medidas de reducción de este gasto,
que aunque sea el de España uno de los más bajos de Europa, sigue
incrementándose. En nuestro país, lamentablemente, el ritmo de
crecimiento es superior al del IPC y al del PIB, lo cual, desde el
punto de vista de la economía pública y privada, es inadmisible y por
todo ello apoyamos este decreto. Pero creemos que debemos aprovechar
esta coyuntura para exponer con el mayor afán constructivo tres
aportaciones.
Primero, consideramos que la denominación del gasto es inadecuada. No
se debería llamar gasto farmacéutico, debería llamarse gasto público
sanitario del medicamento, pero no gasto farmacéutico, porque eso
induce a la población que no esté avezada en estos temas a creer que
la oficina de farmacia es la causante de la subida de los precios, y
todos sabemos, señorías, que el precio en España, como en el resto de
los países de Europa occidental, viene determinado por el Gobierno,
por la Administración central, y bendita sea la hora en que eso es
así, porque, ¿qué sería de este país si fuese un mercado libre?
Bastante tenemos ya con el oligopolio que se origina con
Farmaindustria. No se olviden que en Farmaindustria hay 350 empresas
laboratorios y cien dominan el 90 por ciento de los productos que se
venden.
Tampoco sería justo olvidar que la farmacia es una oficina de interés
público, que es el tercer escalón, porque antes está, repito,
Farmaindustria y luego está también el almacén, y no es el margen de
la farmacia el mayor de los tres escalones.
Igualmente no podemos olvidar que no todo el gasto público se hace en
farmacia. Los hospitales y establecimientos de la red pública, tanto
del Insalud como de las siete comunidades autónomas, no van a las
farmacias a adquirir sus medicamentos, los medicamentos se adquieren
en los primeros escalones, laboratorios o almacenes, pero, repito, no
van a las farmacias. Por todo ello, si la farmacia no interviene en
el precio, si la farmacia no es todo lo que se vende en el sector
público -no nos olvidemos de los hospitales- y tampoco es el sector
que tiene la mayor participación, consideramos que debería llamarse
gasto público del medicamento.
Otra cuestión que viene ligada a esta es la necesidad de tener
estadísticas completas, fiables y consolidadas del gasto. Hace falta
incorporar los gastos de las administraciones autonómicas, no
solamente el farmacéutico, que se lleva a la perfección, sino también
los gastos hospitalarios de las comunidades autónomas que tienen
transferidas las competencias. ¿A cuánto asciende, a un 10, a un 15,
a un 20 por ciento? Para afrontar este problema de una forma
definitiva es necesario tener todos estos datos consolidados.
Por último, señor presidente, señorías, consideramos que ante la
gravedad del problema y ante los esfuerzos que tanto la
Administración central anterior como la actual han venido haciendo
para reducir este gasto y que se han traducido en las medidas de
contención y de reducción de los márgenes de almacenamiento y de
farmacia de los dos medicamentazos, ya anulados quizá en sus efectos,
en los convenios con Farmaindustria y en la afortunada aparición de
los genéricos, sería necesario que el Ministerio no estuviese solo,
sería necesario que toda la sociedad española, todos los estamentos
y los organismos que tengan que ver con la sanidad se reunieran en una
mesa de trabajo para conseguir la implantación de medidas no
solamente coyunturales sino estructurales que de una forma permanente
erradiquen este mal que hace que en el mismo año se tengan que
adoptar con urgencia medidas que eran imprevisibles cuando se tomaron
las anteriores. En esa mesa estoy seguro de que se hablaría de la
necesidad de potenciar el escalón primario de la sanidad, de forma
que el prescriptor -el médico- tenga medios humanos y materiales, así
como tiempo suficiente para diagnosticar y recetar con serenidad.
Sería necesario potenciar la gerencia de establecimientos sanitarios
para que aporten, en un sentido de solidaridad, los datos
estadísticos para esa consolidación necesaria a fin de conocer el
gasto público real del medicamento en España. Habría que incrementar
la inspección farmacéutica para acabar con las bolsas de fraude -no
nos olvidemos de la célebre cartilla del abuelo-. Habría que
potenciar la mejora de la salud para no gastar tanto en sanidad.
Muchas serían las medidas que habría que adoptar, entre ellas, la
dosificación, aunque haya que abrir los envases, y otras. Creemos que
es hora de que se consiga esa planificación total y armónica de todos
los organismos y entidades relacionadas con el gasto sanitario
y quizá con pretensiones de pacto de Estado, para así poder seguir
disfrutando de la bendita hora en que en España se estableció el
Estado del bienestar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Caballero, por el Grupo Vasco.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en relación con la convalidación del Real Decreto-ley de
medidas urgentes para la contención del gasto farmacéutico, desde el
Grupo Vasco (EAJ-PNV) queremos hacer alguna consideración. Respecto
del primer artículo, la reducción progresiva del precio industrial
máximo nos parece equilibrada y no parece viable a la luz de las
actuales tensiones con Farmaindustria pujar por reducciones mayores.
Tampoco parece viable, aunque pudiera ser deseable, reducir la lista
de exclusiones eliminando de la misma al menos los apartados c), d),
e) y f). En cuanto al artículo 2, pensamos que se trata de una
cuestión que complementa el Real Decreto 1035/1999, por el que se
regula el sistema de precios de referencia en la financiación de los
medicamentos. Es una medida ya conocida que da coherencia al real
decreto citado y que ha requerido una valentía por parte del
Ministerio, al césar lo que es del césar, aunque también cabe decir
que se podría haber optado por disposiciones igualmente efectivas y
menos beligerantes como, por ejemplo, la declaración de oficio de la
bioequivalencia de todas las especialidades farmacéuticas que por
principio activo, forma farmacéutica, dosis, etcétera, pudieran
pertenecer al grupo homogéneo citado.
En cuanto a nuestra posición, desde el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) apreciamos en primer lugar las medidas que contribuyen a
contener el desmesurado crecimiento del gasto farmacéutico, tanto por
su impacto en la economía general como por su repercusión directa
sobre el gasto sanitario público. En este sentido valoramos
positivamente la prudencia, la viabilidad y los efectos que se pueden
anticipar de las medidas propuestas. En segundo lugar y al margen de
lo anterior, previo reconocimiento de la competencia estatal
exclusiva para legislar sobre la materia, dado que las
administraciones afectadas, por ser las que pagan la factura
farmacéutica, son las comunidades autónomas con transferencias y el
Insalud, conviene recomendar una mayor comunicación desde el
Ministerio. A estos efectos, cabe señalar que una vez aprobado por el
Consejo de Ministros este real decreto, en el departamento de Sanidad
del Gobierno vasco se tuvo conocimiento a
posteriori, a través de un fax, el día 5 de agosto. Obviamente, en
este caso la consulta o al menos la información no es una obligación
formal del Gobierno de Madrid pero sí una obligación moral o al menos
una elemental cortesía. Hacerlo de otro modo no contribuye a generar
adhesiones sino recelos y no es la primera vez que esto sucede así.
Finalmente, vamos a apoyar la convalidación del real decreto que
estamos debatiendo por todo lo dicho anteriormente.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, pienso que ninguno de los grupos parlamentarios que
estamos representados en esta Cámara cuestiona las motivaciones que
han inducido a su Ministerio a tomar por la vía de urgencia una
decisión que tiene por objetivo parar la tendencia alcista que el
gasto farmacéutico viene registrando en España. Desde ayer, día 15,
los laboratorios farmacéuticos del Estado español están solamente
autorizados para comercializar productos de acuerdo con la nueva
tarifa, tal como ha quedado tras la aplicación del real decreto. Esta
medida, señor ministro, se suma a la que con el mismo fin su
Ministerio ya ha tomado en otras ocasiones: reducción del margen de
las oficinas de farmacia, reducción del margen de los almacenes
farmacéuticos, potenciación de los medicamentos genéricos con la
preceptiva modificación de la Ley del Medicamento, los precios de
referencia y la financiación selectiva de medicamentos.
Usted, señor ministro, y los distintos ministros de Sanidad que hemos
tenido desde la democracia se han enfrentado constantemente con una
doble situación. Por un lado, nadie, afortunadamente, quiere poner en
duda las bondades del Sistema Nacional de Salud y lo que tiene de
beneficioso para nuestra sociedad este modelo en el que nos hemos
fijado y que queremos seguir; por otro, todos son conscientes de que
la tendencia alcista, sin perspectivas positivas de poder contener el
gasto farmacéutico, es una preocupación que hace cada vez más difícil
el equilibrio con las políticas presupuestarias que la propia Unión
Europea nos marca.
De todas maneras, señor ministro, y no quisiera que se interpretase
esto como una crítica a su gestión y a su Gobierno, con independencia
de los gobiernos y de los distintos responsables sobre la materia, mi
grupo parlamentario piensa que muchas veces estamos intentando la
cuadratura del círculo, porque alguna incompatibilidad existe entre
mantener el Sistema Nacional de Salud con las premisas que nos hemos
fijado, lo que todos nos hemos dado por bueno y positivo, y mejorarlo
en la propia dinámica que la sociedad está marcando. Las
nuevas tecnologías que sean asumibles por el sistema, los nuevos
medicamentos, las nuevas prestaciones, incluso el mayor nivel de vida
que la sociedad española en su conjunto ha ido adquiriendo nos hace
proclives a que las expectativas de demanda sean cada vez más altas.
La propia pirámide de edad, el hecho de que la población del Estado
español gane, afortunadamente, en años de vida y que en la base de la
pirámide existan muchas personas mayores y menos personas jóvenes
encarece todos los costes del sistema. Compaginar todo esto, que es
muy legítimo, y al mismo tiempo conseguir que el porcentaje del gasto
sanitario baje en relación al PIB es prácticamente conseguir la
cuadratura del círculo. Además, tendríamos que tener en cuenta un
fenómeno que a veces olvidamos o aparcamos en según qué tipo de
discusión estamos, y es que si bien es cierto que el porcentaje de
gasto farmacéutico en el conjunto del Sistema Nacional de Salud es
alto, también es cierto que los medicamentos del Estado español son
los más baratos del entorno europeo y que el dinero que el Estado
invierte en sanidad, en proporción a los servicios que presta y a la
efectividad de los mismos, hace que resulten de los más económicos
del entorno europeo. Por lo tanto, cuidado con fijarnos
exclusivamente en las observaciones de que el porcentaje que estamos
gastando en farmacia es alto, porque también depende de con qué lo
comparamos y de qué denominador estamos partiendo.
No obstante, repito, comprendemos la problemática a la que tiene que
enfrentarse el Ministerio y vamos a dar nuestro voto favorable a la
convalidación de este real decreto. Señor ministro, insisto en que en
el fondo siempre está la misma cuestión: más dinero para la sanidad.
Sé, señor ministro, que usted podría ahora decirme que con esta
medida vamos a conseguir más dinero para la sanidad, y es evidente y
no quiero negarlo, pero quizá no sea la forma deseable ni la que nos
tenemos que fijar como objetivo que este mayor dinero para la sanidad
venga de manera muy determinante, por más o menos imposiciones que se
consigan, sea frente a los farmacéuticos, sea frente a los
laboratorios o frente a todos juntos. En el fondo hay una decisión
que es política, que es decir: estamos en época de preparar los
presupuestos. Seguro que el Gobierno está por la labor, pero tengamos
presente que estas medidas que sirven para frenar el impacto no
tienen que estar reñidas, bien al contrario, con la conciencia plena
de que es necesario que en la sanidad pública se invierta más dinero.
De no ser así, terminaremos en una trampa mortal, porque no va a ser
compatible mantener las dos cosas a la vez. Todos queremos tratar a
los enfermos de sida, todos queremos que nuestros mayores vivan más
años y con más calidad de vida, todos estamos convencidos de que los
medicamentos curan muchas veces o ayudan a mejorar determinadas
dolencias y que, por lo tanto, en este sentido no son sólo un gasto,
sino que repercuten en un ahorro de otro tipo de financiación
sanitaria que se produciría de no ser por los medicamentos.
Hay que tener presente otra cosa, señor ministro. Afortunadamente la
España del siglo XXI está muy lejos de aquella en la que alguien
decía que inventar, que inventen ellos. Hoy día nuestro país no puede
permitirse que la industria farmacéutica esté continuamente
demonizada, considerándola la culpable de todos los males de la
sanidad. Si bien es cierto que se ha criticado, y muchas veces con
razón, que determinada propaganda o determinados cruceros recreativos
con cargo a la industria farmacéutica los estamos pagando entre todos
los usuarios de la sanidad, también es cierto que la investigación y
el desarrollo de los nuevos fármacos, cambiar medicamentos obsoletos
por medicamentos nuevos tiene un coste importante que debe soportar
la industria y que de no ser capaces de hacerlo compatible con la
contención del gasto, va a provocar -y sería muy lamentable y
seguramente nadie lo desea- que la industria farmacéutica de nuestro
país desaparezca. En orden a evitarlo, señor ministro, sería deseable
que las normativas que el Ministerio adopte lo sean por la vía del
consenso y no de la imposición. Estoy convencida de que el Ministerio
lo ha intentado, pero nunca hay motivo suficiente como para romper
las vías de diálogo. La negociación siempre estará mejor que la
imposición. A todo ello hay que añadir una cuestión que nos parece
que también es básica y de sentido común: ahorro sí, racionalización
del gasto también, más dinero para la sanidad y mejor gestión de los
recursos que tenemos a nuestra disposición.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa, la señora
Maestro tiene la palabra.
Están muy tribunos o tribunas -no sé cómo se diría- sus señorías. Lo
digo porque con un orden del día tan apretado...
La señora MAESTRO MARTÍN: Con toda brevedad, señor presidente, subo a
la tribuna simplemente por contribuir a que el debate sobre un tema
como el gasto farmacéutico se dé con la debida importancia.
Mi grupo parlamentario, señor ministro, va a apoyar la convalidación
del real decreto-ley. Entendemos que la medida contribuirá a reducir
un gasto farmacéutico cuya valoración nosotros hemos estimado siempre
-insisto- no tanto elevadísima o desproporcionada sino inadecuada
y que no se corresponde con las necesidades de salud de la población.
En ese sentido no comparto algunas de las apreciaciones de la señora
Riera. El problema fundamental no es el envejecimiento de la
población, el problema fundamental no es la aparición de nuevos
fármacos excesivamente caros, sino que hay una irracionalidad de
fondo en el gasto. Por lo tanto, las reservas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida a la convalidación del real decreto-ley
son una vez más porque este Ministerio de Sanidad y otros ministerios
de gobiernos anteriores no se han atrevido a abordar de una manera
integral todos los
aspectos que inciden en el uso de fármacos en nuestro país.
Hay medidas clamorosas que todos los grupos parlamentarios dicen
apoyar, incluido usted, señor ministro, y las recuerdo: algo tan
sencillo como la adecuación del número de unidades a las necesidades
de los tratamientos. Realmente que no se haya abordado una medida
como esta, que supone que en muchos medicamentos se esté gastando un
50 por ciento más, contribuyendo a la inseguridad en el uso de
fármacos mediante el almacenamiento en las farmacias privadas de las
casas particulares, revela hasta qué punto no hay voluntad política
de abordar el gasto farmacéutico y la racionalidad en el uso de
medicamentos.
Señor ministro, vamos a apoyar esta medida. Creemos que es
simplemente el exponente del fracaso de medidas anteriores, del
fracaso de la exclusión de la financiación de determinados
medicamentos, de no haber abordado el registro de medicamentos y de
que continúen en el mismo medicamentos manifiestamente obsoletos
financiados por la sanidad pública. No se ha abordado -y anuncio que
tendremos ocasión de debatirlo en profundidad en esta Cámara- la
presión sostenida, ilegal, de los laboratorios con respecto a la
prescripción; no se ha abordado la presión «científica» que los
laboratorios hacen a través de las publicaciones o el escándalo que
supone la financiación de congresos, y muchas veces ni siquiera con
congresos, la financiación de viajes de placer, que está incidiendo
en la prescripción y violando toda la legislación nacional y europea.
No se están planteando, como ha dicho el representante de Coalición
Canaria, las condiciones en las que se prescriben los medicamentos en
atención primaria. Y a todo esto hay que sumar un largo etcétera, que
no es el momento de recordar.
Mi grupo parlamentario no va a caer en el error de hacer demagogia
con esto. La medida es positiva. El intento de contención del gasto
es más que modesto, y queda pendiente, para este Gobierno y para los
que le han precedido -y ojalá no ocurra así con los que sigan-, un
abordaje integral de la política del medicamento en aras a que se
consuma exactamente lo que las necesidades de salud de la población
determinen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Maestro, por su
concisión.
Corresponde el turno al Grupo Socialista, por el que intervendrá la
señora Amador.
La señora AMADOR MILLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el 26 de mayo último, poco antes de acabar el anterior
período de sesiones, el señor ministro de Sanidad comparecía en este
Pleno y a pregunta de una diputada del Grupo Socialista, la señora
Pozuelo, nos decía en relación con el gasto farmacéutico que el año
pasado, 1998, se había conseguido un ahorro de unos 65.000 millones.
«Hasta ahora» -y cito literalmente
lo que decía el señor ministro- «todas nuestras previsiones se han
cumplido; en los tres años que gobernamos nosotros el gasto
framacéutico se ha reducido; en los dos últimos años llevamos un
gasto farmacéutico del seis y pico por ciento... En dos años hemos
conseguido que el crecimiento del gasto farmacéutico bajara del 11,32
por ciento ... al 6,63 por ciento. Son casi cinco puntos de ahorro,
suponen más de 50.000 millones al año que hemos podido dedicar a
otras cosas mucho más necesarias.» Todo esto lo decía el señor Romay
en el Pleno del 26 de mayo y así consta en el «Diario de Sesiones».
Dos meses después de estas afirmaciones, resulta que el Gobierno
aprueba un decreto-ley, inefable decreto-ley, que es el que hoy nos
trae a convalidación, que consta de dos artículos y una disposición
adicional y que contiene una memoria muy ilustrativa. Esa memoria,
cuya lectura recomiendo, dice cosas muy distintas a las que había
dicho el ministro aquí dos meses antes. Dice que teniendo en cuenta
las pesimistas previsiones con las que se inició el año 1998..., dice
que los augurios para el año próximo son poco optimistas (Un señor
diputado: ¡Ay, Romay, Romay!), dice que las cifras de crecimiento no
se pueden afrontar, dice respecto al ahorro, al que el ministro se
refería, que donde el ministro decía 20.000 millones son 8.000, y
dice que es urgente, extraordinariamente urgente, adoptar medidas.
Señorías, la dignidad de este Parlamento exige que al menos tengamos
la oportunidad de poner de manifiesto lo que constituye ya una
verdadera farsa. Las cifras del gasto farmacéutico y las medidas para
contener dicho gasto constituyen una sucesión de falsedades
y manipulaciones, pero los hechos al final son contundentes y resulta
que dos meses después de que el ministro nos diga en este Pleno lo
orgulloso que está de cómo va el gasto farmacéutico se plantea un
decreto- ley, señoras y señores diputados, que constituye, si me
permiten la expresión, un ajuste de cuentas con la industria
farmacéutica, que ha denunciado aquel acuerdo del que el Gobierno
estaba tan orgulloso. Y el Grupo Socialista, que lleva explicando el
contenido de ese acuerdo, no estuvo de acuerdo con las concesiones
que aquel acuerdo contenía, ni estaba de acuerdo entonces ni está de
acuerdo ahora con esta ruptura de las reglas del juego que supone
este decreto-ley, porque, señor ministro, así gestiona cualquiera.
Dando instrucciones para que en la lista de espera no entre el que no
pueda salir en seis meses y trayendo aquí la artillería de un
decreto-ley para bajar los precios de los medicamentos, así gestiona
cualquiera. Pero, claro, el sistema de precios de los medicamentos
tiene un ordenamiento jurídico, está regulado en una directiva
comunitaria y ustedes lo han ratificado al modificar la Ley del
Medicamento manteniendo un sistema de fijación de precios que
establece la Administración; usted, señor ministro, el Ministerio de
Sanidad, fija los precios de los medicamentos, y hay unas reglas del
juego que deberían ser respetadas. Por tanto, yo quiero decir hoy
aquí que esta medida, el decreto-ley, puede tener consecuencias, aquí
y en Europa, y además el Grupo Socialista quiere dejar constancia de
que las posibles consecuencias de esta medida, consecuencias de todo
orden, jurídicas, sancionadoras e indemnizatorias, son de la
exclusiva responsabilidad de quien la está adoptando, que es el señor
Romay como ministro de Sanidad en el Gobierno del señor Aznar. ¿Qué
ha pasado, señor ministro, para que haya irrumpido usted con un
decreto-ley con extraordinaria y urgente necesidad cuando tan bien
iban las cosas en el gasto farmacéutico? Pues ha pasado que no es
verdad, que el gasto farmacéutico está en una situación grave, que
está desbocado, que todas las supuestas medidas tan eficaces que ha
venido usted adoptando no han dado ningún resultado, que no son
ciertas, que ha modificado usted la Ley del Medicamento cada año en
la Ley de acompañamiento porque así lo había pactado con la industria
farmacéutica; que mientras nos habla usted de los genéricos, resulta
que a 31 de diciembre de 1998, según los datos de la propia
industria, los genéricos ocupan una cuota de mercado del 0,2 por
ciento; que la desviación en el año 1998 ha sido superior al 10 por
ciento y que eso ha creado un problema financiero importante que en
1998 ha enjugado usted con algunos manejos presupuestarios -digo
manejos en el sentido de que ha aplicado usted aportaciones de
Farmaindustria y los ahorros de la incapacidad sin control en el
Parlamento y sin consignación presupuestaria-. Y las previsiones de
1999, señor ministro, según la memoria del decreto-ley, y lo dicen
ustedes, superan el 11 por ciento, y como el presupuesto de 1999 es
sensiblemente igual al gasto de 1998, todo el crecimiento es
desviación.
Todo esto, señor ministro, ocurre en el SistemaNacional de Salud
mientras que hay una comunidad autónoma que no ha firmado el acuerdo
con Farmaindustria, que no ha quitado medicamentos de la financiación
pública porque no aplica su recorte, que no recibe aportación alguna
extrapresupuestaria, que además está sufriendo la subida de precios
de esos 800 medicamentos que ustedes concedieron como contrapartida,
y resulta que en el año 1998, mientras el Sistema Nacional de Salud
crecía el 10,8 por ciento, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha
crecido el 8,9 por ciento. Y de enero a julio de 1999, mientras el
resto del Sistema Nacional de Salud...
El señor PRESIDENTE: Señora Amador, ha de ir concluyendo.
La señora AMADOR MILLÁN: Señor presidente, voy a tratar de concluir
lo antes posible, pero apelo a su benevolencia, porque este decreto-
ley trata sobre un asunto muy importante para despacharlo en tan
pocos minutos.
El señor PRESIDENTE: Adelante, adelante.
La señora AMADOR MILLÁN: El resto del Sistema Nacional de Salud,
señor ministro, de enero a julio de 1999, ha crecido el 11,4 por
ciento y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 6,4. ¿Qué ha
pasado, señor ministro? ¿Qué ha pasado? ¿Quiere explicarnos por qué
ninguna cifra coincide? ¿Por qué en mayo nos dice una cosa y la
memoria del decreto-ley dice otra? ¿Por qué hay extraordinaria y
urgente necesidad para adoptar una medida de esta naturaleza? ¿Por
qué todas y cada una de las medidas que ha adoptado su Gobierno han
producido el efecto de llevar el gasto farmacéutico a cotas no
conocidas hasta ahora? Dígame, señor ministro, por qué están
excluidos de esta bajada de precios los medicamentos de uso
hospitalario. La memoria del decreto-ley dice textualmente, en su
página 5, que las ventas a instituciones hospitalarias están
creciendo más rápidamente que las ventas con receta y sin embargo no
se bajan los precios de las ventas a hospitales. Fíjese lo que dice
la memoria de Farmaindustria del año 1998: El saldo deudor del
Sistema Nacional de Salud en hospitales es de 120.340 millones a 31
de diciembre de 1998. Un 15,2 por ciento más de la deuda pendiente a
finales del año anterior. Continúa la tendencia de progresivo
crecimiento de la deuda pendiente observada a partir de 1996, señor
ministro. La deuda del conjunto del Sistema Nacional de Salud se ha
incrementado en un 53 por ciento desde 1996, mientras que entre 1993
y 1995, fíjese, había descendido el 21 por ciento. ¿Por qué hay deuda
y este incremento de deuda, señor ministro, con el mejor presupuesto
de la historia en sanidad, como lo califican ustedes?
El artículo 2 del decreto-ley, señorías, produce una perplejidad que
lleva al sonrojo. Se refiere a los precios de referencia, señor
ministro. Los precios de referencia, regulados en sucesivas leyes de
acompañamiento, como es su costumbre, se desarrollan en un decreto
que se publica en el «Boletín Oficial del Estado» el 29 de junio de
1999, señor ministro. Entra en vigor a los 20 días de su publicación
y ha estado en vigor 12 días. Porque este decreto, señorías, del mes
de junio de 1999, dice que los precios de referencia no se aplican a
las especialidades farmacéuticas no bioequivalentes. Artículo 1.3 del
decreto de junio de 1999. La memoria del decreto-ley que nos traen
ustedes hoy dice literalmente que la situación que prevé este decreto
estaría fuera de toda lógica. Y cuando el decreto dice que los
precios de referencia no se aplican a los medicamentos no
bioequivalentes, el artículo 2 del decreto-ley dice que sí se
aplican. ¿Usted cree, señor ministro, que se puede legislar diciendo
que no en el mes de junio y en el mes de julio diciendo que sí, sin
dar una explicación?
La disposición transitoria, señor ministro, dice que el decreto entra
en vigor en una fecha para el sistema y por los periódicos y por la
radio nos enteramos de que los consumidores van a tener que esperar a
que los medicamentos se agoten en las farmacias, a que se acabe el
almacenaje. Señor ministro, ¿cuándo una ley entra en vigor un día
para uno y otro día para otro? ¿Cómo es posible que ni siquiera la
disposición transitoria
haya merecido la atención de una redacción respetuosa con la
legalidad?
Ese es el decreto-ley, señorías, que hoy vamos a convalidar. Y se va
a convalidar, señoras y señores diputados, con el voto del Grupo
Socialista, porque entre el Partido Popular y el Partido Socialista
es público y notorio que hay muchas diferencias, pero seguramente la
más importante es el sentido de la responsabilidad. Y, señor
ministro, estamos en una situación grave, tenemos un problema de
déficit serio que nos aleja de nuestros socios europeos. Su
incompetencia, su falseamiento de la realidad y la opacidad en su
gestión han creado un problema financiero en el Sistema Nacional de
Salud grave, y concretamente en el gasto farmacéutico.
Por esas dos razones, por el problema del déficit y por el problema
financiero creado en el sistema, el Grupo Socialista va a votar la
convalidación de este decreto-ley, pero denunciando hoy aquí lo que
este decreto-ley significa en un Gobierno del que usted forma parte,
que en lo atinente al uso y abuso de decretos-leyes tiene un abultado
currículum. Éste supera todas las previsiones. Las dos disposiciones
del articulado y la transitoria, señor ministro, van a pasar a la
historia, y el Grupo Socialista denuncia hoy las consecuencias que
esta norma puede tener, deja constancia en el «Diario de Sesiones» y
no va a consentir que se olvide ni que usted atribuya la
responsabilidad de esta decisión al conjunto de esta Cámara, como le
gusta tanto hacer. El Parlamento convalida este decreto-ley por las
razones que cada portavoz ha expuesto. Las del Grupo Socialista son
claras y contundentes, pero en modo alguno compartimos el atropello
que significa esta medida ni la ruptura de las reglas del juego ni
nos sentimos responsables de las consecuencias de futuro que sin duda
va a traer, porque no todo vale, señor ministro.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Amador.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Villalón Rico.
El señor VILLALÓN RICO: Gracias, señor presidente. Atendiendo a su
sugerencia, intervengo desde el escaño.
Señoras y señores diputados, intervengo, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, para apoyar la convalidación del Decreto-ley
12/1999, sobre medidas urgentes para la contención del gasto
farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud, que acaba de presentar
el ministro de Sanidad. Consideramos que la utilización del
procedimiento legislativo, el decreto-ley, se ajusta de forma
explícita a lo que podríamos denominar la urgencia y la importancia
del tema que nos ocupa esta mañana. Se justifica en la urgencia por
razones estrictamente presupuestarias, puesto que, dado su carácter
anual, es necesario que se deje sentir de forma inmediata.
Y en cuanto a la importancia de la cuestión, creo que todos somos
conscientes de ello. Algunos de los diputados que han intervenido han
puesto de manifiesto la importancia de este tema del gasto
farmacéutico y sus palabras han sido coherentes con lo que al final
van a votar. Otros han hablado de responsabilidades, pero han sido
incoherentes, porque, después del discurso que acabamos de oír...
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, apaguen ese móvil.
Lamentaría mucho tener que prohibir, en perjuicio de toda la Cámara,
los móviles en el edificio. (Rumores.) No, la Presidencia se está
dirigiendo a donde ya ha percibido que en algún momento se hacen
sonidos inadecuados en determinadas intervenciones. (Pausa.)
Agradezco que lo hayan apagado e insisto en que, en perjuicio de
todos, puede producirse la prohibición absoluta de introducir móviles
en el hemiciclo.
Adelante, señor Villalón.
El señor VILLALÓN RICO: Gracias, señor presidente.
Estaba diciendo que todos somos conscientes de la importancia de lo
que supone en el presupuesto sanitario de los Presupuestos Generales
del Estado el gasto de farmacia y, por lo que he oído yo a lo largo
de esta mañana, la gran mayoría de los grupos que han intervenido han
sido coherentes en sus intervenciones con lo que al final van a
votar, apoyando la convalidación de este decreto-ley.
Sorprendentemente, ha habido un grupo que, por lo menos en lo que va
a votar, ha sido incoherente en relación con lo manifestado por su
portavoz.
Señor presidente, si se me permite, haré una muy breve reflexión a la
hora de hablar de política sanitaria. Cuando se habla de una buena
política sanitaria, creo que hay que hablar de lo que es el binomio
prestaciones sanitarias-política presupuestaria. Y es evidente que
a lo largo de estos tres años y medio de legislatura la asistencia
sanitaria ha mejorado de forma ostensible; es evidente que se han
incrementado los recursos para las inversiones en material sanitario,
en centros hospitalarios, en más prestaciones sanitarias, pero
también es evidente que se ha correspondido con una buena política
presupuestaria, con una política ajustada y donde ha habido control
del gasto.
Esto que digo, señor presidente, para la política sanitaria en
general, vale para lo que podríamos denominar política farmacéutica
en particular. Es decir, se han mantenido las prestaciones
farmacéuticas a lo largo de estos años de legislatura. Porque todos
tenemos que recordar que en el verano de 1996 había algunos
portavoces de la oposición que ya nos estaban asustando a todos los
ciudadanos con que al parecer se iban a recortar las prestaciones
farmacéuticas. Estamos a punto de terminar la legislatura y hemos
visto que hemos mejorado las prestaciones farmacéutica. Esto se ha
acompañado además, señor presidente, de un control del gasto
farmacéutico. Porque los expertos en políticas presupuestarias dicen
que lo más difícil del
ajuste presupuestario en sanidad es el ajuste desde el punto de vista
de lo que es el gasto farmacéutico. Eso dicen los expertos y la
realidad también les da la razón. Vemos que en países de la Unión
Europea sucede eso. Hoy el ministro ha comentado un caso parecido en
el Reino Unido, pero hace unos años también sucedió en Alemania y en
otros países. Las oscilaciones del gasto farmacéutico son variables
según los diferentes indicadores que se tomen en distintos meses o
circunstancias variables.
Tampoco nos tenemos que ir, señor presidente, a otros países de la
Unión Europea. Podemos analizar lo que ha pasado en la década de los
noventa en nuestro país. En la década de los noventa, refiriéndonos
al gasto farmacéutico, hay que decir que entre los años 1990 y 1996
el crecimiento anual era en torno al 12,5 por ciento. Bien es verdad
que en el año 1994 ese crecimiento fue menor, del 6,5, porque entró
en vigor el decreto de financiación selectiva. Pero es que hay que
decir que lo habitual en esos años era que el aumento de gasto
farmacéutico fuera del 12, del 14, del 16, del 17 por ciento. Yo no
sé si alguna ilustre diputada sabrá quién era la ministra en ese
momento. Tampoco me tengo que remontar a los años ochenta, en que el
aumento del gasto farmacéutico estaba en torno al 20 por ciento. ¿Qué
es lo que ha pasado en los tres años del Gobierno del Partido Popular
con respecto al incremento del gasto farmacéutico? La media de estos
tres años está en torno al 7 por ciento, porque se han tomado
medidas, tanto coyunturales como estructurales. Y antes el portavoz
de Coalición Canaria hacía un llamamiento para tomar más medidas
estructurales. Nosotros agradecemos la colaboración del ilustre
diputado que nos hace propuestas, propuestas serias, para actuar
sobre el gasto farmacéutico y no hace demagogia o es incoherente,
como lo han sido otros diputados de esta Cámara que han intervenido.
El gasto farmacéutico, señor presidente -nos lo dicen los que se
dedican a su estudio-, tiene una tendencia natural al crecimiento
cada año, además con cifras que son, desde el rigor y la seriedad,
para tener en cuenta. Es habitual que el gasto farmacéutico como
crecimiento habitual esté en torno al 10 por ciento, y eso lo hemos
visto a lo largo de los años, pero, mientras que en años anteriores,
como antes hacía referencia a los años ochenta y noventa, no se
tomaba ninguna medida, el Gobierno del Partido Popular, el Ministerio
de Sanidad en estos años las ha tomado y por eso se ha ido rebajando
el incremento del gasto farmacéutico.
¿Por qué se incrementa ese 10 por ciento que dicen los expertos?
Antes, la señora portavoz de Izquierda Unida decía que no, pero ese
es el estudio, el aumento de la esperanza de vida, la mayor
cobertura, el hecho de que la participación de los ciudadanos en el
gasto de recetas sea menor a lo largo de estos años. Esa es la
realidad del gasto farmacéutico. ¿Cuál es la realidad de nuestro
gasto farmacéutico? Que es el 25 por ciento del
gasto sanitario. Teniendo en cuenta que el 25 por ciento es una cifra
importante, seis o siete puntos por encima de lo que es la media de
otros países de la Unión Europea, el Gobierno, a lo largo de estos
tres años de legislatura, ha tomado varias medidas que seguramente
los diputados de esta Cámara conocen, como es el decreto de márgenes
de farmacia, la financiación selectiva, el acuerdo con la industria
farmacéutica. Y ahora hay alguien que sale en defensa de la industria
farmacéutica, cosa que me sorprende, porque resulta que cuando
llegábamos a esos acuerdos, los criticaban; realmente la incoherencia
ha sido el denominador común de su discurso. También la introducción
de los genéricos. Antes se hablaba de que en el año 1998 había pocos
genéricos. Es verdad, porque es una medida estructural pero a largo
plazo; no puede ser una medida de hoy para mañana. Y ha dicho el
ministro que al final de este año habrá 400 genéricos en el mercado
farmacéutico. Los precios de referencia. Son medidas que ha tomado
este Gobierno y que anteriormente nadie había tomado. A mí me
sorprende que se digan ciertas cosas en esta Cámara, cuando alguien
ha tenido la responsabilidad del Ministerio de Sanidad y ha sido un
desastre, tanto desde el punto de vista de las prestaciones como
desde el punto de vista del control del gasto. (Rumores.) A ver si
son ustedes objetivos y son coherentes.
Hacían referencia a la memoria que acompaña a este decreto-ley. Es
evidente que en los primeros meses de este año había una tendencia al
crecimiento un poco superior al 10 por ciento y, por poner un
ejemplo, el presupuesto del Insalud para el año 1999 es el
presupuesto liquidado del año 1998. Entonces daba la sensación de que
el incremento podría ser entre el 10 y el 11 por ciento. Por eso se
toman medidas. Hay que recordar que ya se tomaron en el Decreto-ley
6/1999, sobre medidas urgentes liberalizadoras del Gobierno. Se han
tomado estas medidas de disminución de los precios de los
medicamentos porque parece que es lo indicado.
Señor presidente, el decreto-ley, como se ha dicho a lo largo de esta
mañana, consta de dos artículos. En el primer artículo se establece
la disminución del precio de las especialidades farmacéuticas, en
torno al 6 por ciento. El segundo artículo es más bien técnico, en
relación con las especialidades farmacéuticas no bioequivalentes que
se adaptan al decreto de precios de referencia. Con esto reducimos el
incremento del gasto farmacéutico. Nos vamos a quedar en las cifras
medias de esta legislatura en el año 1999, que es el 7 por ciento. Y,
por supuesto, se toma una medida de carácter social, como es que a lo
largo de estos tres años se ha reducido el precio de los medicamentos
un 11 por ciento. Éstas son razones más que válidas para apoyar la
convalidación de este decreto-ley. También se ha hecho referencia a
una comunidad autónoma que se caracteriza por la restricción en las
recetas a los facultativos, que se caracteriza porque se pagan los
medicamentos con un retraso de más de 400 días y porque el
gasto ha aumentado a lo largo de los años en torno a cifras del 10 y
del 15 por ciento.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villalón.
Con su intervención concluye el debate del Real Decreto-ley 12. Vamos
a pasar al siguiente sin votar el que acaba de ser debatido, para
acumular las votaciones al final de este punto.
Quiero anunciar a la Cámara que, en principio, las votaciones de la
mañana se producirán como sigue: las de los dos reales decretos-
leyes, conjuntamente, después del debate que viene a continuación.
Después de esas votaciones, procederíamos a debatir y someter a
votación la proposición de ley de todos los grupos parlamentarios
sobre ayudas a las víctimas del terrorismo. Luego ya, tanto las
enmiendas del Senado como los dos dictámenes de Comisión
constituirían una tercera tanda de votaciones, que creo podrían
calcularse para el final de la mañana. En función de los debates,
tampoco puedo predecir si el debate sobre la Comisión de
investigación y su posterior votación será antes o después del
almuerzo. Eso ya queda para más adelante.
- REAL DECRETO-LEY 13/1999, DE 3 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE
FINANCIA EL ACUERDO INTERPORFESIONAL SOBRE FORMACIÓN CONTINUA EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. (Número de expediente 13/000075.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 13, del presente ejercicio de 1999,
de 3 de septiembre, por el que se financia el acuerdo
interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Para su presentación ante el Pleno, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el ministro de Trabajo, señor Pimentel. (El señor
vicepresidente, FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, presidente.
Brevemente, quiero solicitar la convalidación al Congreso de los
Diputados del Real Decreto-ley 13/1999, de 3 de septiembre, por el
que se financia el acuerdo interprofesional sobre formación continua
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Como ya se procedió en años anteriores, se presenta este decreto-ley,
que supone la financiación de 3.450 millones a la Fundación Hobetuz,
que es la que, en virtud del artículo 82 del Estatuto de los
Trabajadores, conjuntamente con el Gobierno vasco, desarrolla la
formación continua en el ámbito del País Vasco. Hemos utilizado la
fórmula del decreto-ley porque es un acuerdo que hay que financiar
dentro de los presupuestos
del presente año y por el procedimiento de urgencia era la vía más
indicada. Este procedimiento ya lo hemos hecho otros años y tuvo la
convalidación de esta Cámara.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra de la convalidación? (Pausa) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en primer
lugar, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
El señor ministro ha explicado de una manera concisa las razones por
las cuales será absolutamente obligatorio y necesario financiar el
acuerdo a la Fundación vasca Hobetuz. Pero permítame que utilice este
turno de fijación de posición no solamente para decir que
efectivamente vamos a aprobarlo, como no podía ser de otra manera,
por entender la importancia de la formación continua para el
mantenimiento y la creación de empleo, sino porque también es
necesario, como hemos dicho en otras ocasiones, hacer unas
reflexiones sobre cómo no se deben hacer las cosas o cómo mejorar las
cosas en cuanto a los procedimientos. Lo dijimos ya anteriormente,
cuando la extraordinaria y urgente necesidad nos llevaba al mes de
diciembre. Hemos llegado al mes de septiembre y realmente creemos que
no se puede proceder de la misma manera. Por varias razones. En
primer lugar, porque no parece razonable que se utilice un real
decreto-ley, aun cuando usted señale que se hace en aplicación de la
disposición adicional decimosexta de los Presupuestos Generales del
Estado. En teoría la formación continua tiene que financiarse con
cargo a las cuotas abonadas por los trabajadores para este concepto y
no parece razonable que todos los años haya que hacer una
negociación, que puede ser más o menos dura o más o menos razonable,
pero que en todo caso produce una inseguridad jurídica ciertamente,
no sólo en cuanto a la cuantificación, que creemos razonable -los
5.000 millones, de los cuales se han abonado 1.550-, sino también en
cuanto a la dilación en el tiempo y en cuanto a la inseguridad frente
a contingencias que se pudieran producir. Recordemos que estamos
hablando de la financiación de este año, que estamos ya en
septiembre, y en otras ocasiones se han producido efectos mucho más
gravosos cuando hemos llegado al 17 de diciembre en esta Cámara sin
que se hubiera producido la transferencia de esos fondos para el
mismo ejercicio.
Nosotros creemos que de una vez por todas esta cuestión tiene que
zanjarse y que tiene que producirse una financiación con cargo a las
cuotas de los trabajadores de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
sin tener que realizar esas negociaciones y tener que estar
pendientes al final de un real decreto-ley que se financia
con un remanente de tesorería y no con cargo a lo que debiera
ser. Por eso, señor ministro, decimos una vez más que nos parece que
hay que mejorar esta cuestión, que el dinero se tiene que transferir
también en un primer trimestre para que pueda tener su eficacia y
eficiencia más completa, que se calcule la financiación y que se
realice de conformidad con las cuotas. En definitiva, señor
presidente, señor ministro, si bien estamos de acuerdo en la
cuantificación, no lo estamos en el procedimiento ni en la forma. Es
verdad que se ha votado el 11 de mayo una resolución en relación con
el informe de fiscalización de la Forcem, en la recomendación número
7, en el sentido que yo estoy explicando, es decir, en tener que
determinar de manera detallada la financiación de las iniciativas
públicas no solamente en la Forcem, sino cuantas otras hubiere, que
en este caso sólo es la Fundación vasca Hobetuz, legítimamente, para
que se financien de forma directa y no tener que seguir estos
procedimientos de convalidación de reales decretos-ley.
Por último, señor ministro, no quisiera terminar mi intervención sin
hacer mención a una cuestión en la que yo creo que estará usted de
acuerdo conmigo, al menos en la literalidad y en la teoría, que es la
aplicación del estatuto de autonomía. Pues bien, ustedes han decidido
últimamente -no diría que al principio de la aprobación del Estatuto
de Autonomía del País Vasco, pero sí ahora- ser firmes partidarios
del cumplimiento de ese estatuto. Yo le pediría que se cumpla el
estatuto, consideración a la que ustedes constantemente nos llaman.
Y en el cumplimiento del estatuto hay competencias relativas a la
formación profesional continua, a la transferencia de esas
competencias, en definitiva, lo que coloquialmente se llama la
transferencia del Inem. Yo le pediría, señor ministro, que esto no se
demore veinte años más; llevamos ya veinte años, y no parece que
dejar pasar otros veinte años sea hacer coherente la teoría con la
práctica. Por tanto, le pido que cumpla lo que el propio Partido
Popular aprueba en el Parlamento vasco, que es recabar la
transferencia de estas competencias, y de una vez por todas
eliminemos tantos problemas y tantas cuestiones que lo único que
hacen es ir en detrimento de quienes tenemos que beneficiar, que son
los trabajadores, pues el instrumento de formación es capital -al
menos así lo señalan todos- para el mantenimiento y la creación de
empleo y también para la competitividad de las empresas.
Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Con gran brevedad. Vista la justificación que el señorministro del
ramo ha presentado al respecto y que compartimos,
en razón del principio de solidaridad desde nuestro grupo
parlamentario con el Grupo Vasco (PNV) y del principio de
concordancia a partir del título VIII de nuestra Constitución,
relativo a las comunidades autónomas, tratándose como se trata de la
convalidación de un Real Decreto-ley para financiar con cargo a los
presupuestos del Instituto Nacional de Empleo este acuerdo, que ya
viene de 1995 y que fue ratificado recientemente por la Comisión
tripartita en el ámbito del País Vasco para la formación continuada,
entendiendo que tiene también el soporte legal de las disposiciones
correspondientes (la adicional decimosexta de la Ley General de
Presupuestos Generales del Estado para el corriente año de 1999), así
como el soporte económico con cargo a los fondos del presupuesto de
gastos del Instituto Nacional de Empleo, mi grupo, el Grupo de
Coalición Canaria, va a votar favorablemente la convalidación de este
Real Decreto-ley para garantizar la financiación del acuerdo
interprofesional sobre la formación continua en la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario, como es lógico, va a votar favorablemente la
convalidación de este Real Decretoley para la financiación de la
formación continua del País Vasco, de Hobetuz. Éste, como saben SS.
SS., es un procedimiento habitual que con carácter anual aparece, en
cumplimiento de los acuerdos que se establecieron en su día entre el
Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, para la financiación
de la formación continua en el País Vasco a través de los
Presupuestos Generales del Estado.
En este mismo trámite, el año pasado decíamos que no compartíamos el
momento en que se estaba produciendo, puesto que estábamos
convalidando el Real Decreto en diciembre de 1998, ni tampoco la
forma en que se estaban tramitando los fondos para esta financiación,
parte de ellos mediante un Real Decreto para un crédito
extraordinario. Este año tenemos que reconocer el esfuerzo del
Ministerio por adelantar el momento de la financiación -estamos
tramitando la convalidación de este Real Decreto en septiembre-, que,
por otra parte, era uno de los problemas que tenía esta institución,
pues se estaban acumulando una serie de deudas a través del ejercicio
presupuestario que no podían continuar. Entendemos que hay que
señalar esta mejora en cuanto al tiempo, puesto que es un hecho. No
así en cuanto a la forma ya que, como decíamos el año pasado y
volvemos a reiterar éste, se mantiene el instrumento de financiación
en parte a través de un crédito extraordinario que, aun proveniente
de los presupuestos
del Inem, no proviene de donde tiene que provenir, que
aparece recogido en la disposición adicional decimosexta de los
Presupuestos Generales del Estado y que también se señala en la
legislación laboral vigente así como en el Estatuto de los
Trabajadores. Y es que la financiación de la formación continua tiene
que provenir de los fondos creados por las aportaciones de las
empresas y de los trabajadores mediante sus cuotas a la formación.
Esto está establecido así y es un incumplimiento permanente que el
Gobierno está teniendo. Lo curioso es que parte de la financiación sí
se establece de forma legal, como son los 1.550 millones de este año,
que se han financiado correctamente y además en tiempo porque se hizo
antes del verano. Sin embargo, estos 3.450 millones tienen que ser
financiados mediante eta fórmula, que entendemos, en primer lugar,
que no cumple con la legalidad vigente y, en segundo lugar, que
habría que erradicar definitivamente, porque no es adecuada y además
está creando el problema de tener que estar permanentemente
convalidando un Real Decreto-ley en esta Cámara.
Yo rogaría al señor ministro y al Ministerio que buscáramos alguna
fórmula por la cual evitáramos esta forma de financiar, que en
realidad no es más que cumplir con la legalidad que está establecida
para la financiación de la formación continua de Hobetuz. Reitero que
nos gustaría buscar alguna fórmula que garantizara además la
estabilidad plurianual, de forma que no tuviéramos que estar todos
los años presentando una enmienda a los Presupuestos Generales del
Estado para recoger la financiación de la formación continua. Yo
espero que, de acuerdo con el Ministerio, demos solución
y estabilidad definitiva a la financiación de la formación continua en
el País Vasco, y agradezco al resto de los grupos parlamentarios que
van a apoyar la convalidación de este real decreto-ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, de nuevo nos encontramos con el proceso de
ratificación de un decreto de su Gobierno sobre una materia fruto de
un compromiso político entre el Partido Popular y el Partido
Nacionalista Vasco por el apoyo de éste a la investidura del
presidente Aznar. Con esto pretendo subrayar que, en sentido
estricto, no es fruto de un diseño general de la política de
formación profesional, sino del pago de un apoyo político, aunque
luego ese compromiso genere disfunciones: una de ellas, el origen y
el carácter de los fondos, o la coherencia entre las actuaciones en
el ámbito estatal y la gestión de esos fondos que se le transfieren.
En este tema el Gobierno no ha conseguido dar una solución
satisfactoria al problema de la coexistencia deestos dos acuerdos
sobre la formación entre los sindicatos
y los empresarios, uno en el ámbito estatal y otro en el ámbito
vasco.
Partimos de la convicción de que la formación continua de los
trabajadores es un tema fundamental para su desarrollo profesional y
el de las propias empresas. Consideramos también necesario que la
formación continua forme un subsistema estatal junto a la formación
profesional reglada y la formación ocupacional para los parados.
Entendemos que uno de los instrumentos para darle coherencia es el
sistema general de cualificaciones que permita a los trabajadores
acreditar sus conocimientos, entre otras vías, a partir de esa
formación. La apuesta por la coherencia general del subsistema de
formación continua debe ir unida a la necesidad de una
descentralización de la ejecución de los fondos que permita diseñar
planes de formación lo más ligados posible a la realidad de los
sectores productivos y de la pequeña empresa. Esto supone acercar la
gestión al ámbito de las comunidades autónomas. Así se aprobó en
diferentes resoluciones en el último debate sobre el estado de la
Nación.
A pesar de esta ausencia de la necesaria coherencia de un subsistema
que establezca de una manera armónica qué aspectos son de competencia
estatal y cuáles deben ser gestionados desde otros ámbitos, vamos a
apoyar también este año el decreto de transferencia de fondos a la
fundación vasca Hobetuz, sobre todo porque pensamos que este tiempo
nos ha servido para ir consolidando un modelo de descentralización, y
queremos subrayar qué elementos consideramos que han sido más
negativos y que se deben mejorar para los próximos planes de
formación que se vayan a diseñar.
Este año es para nosotros especial, se da una situación que consiste
en que el segundo acuerdo nacional de formación continua, sobre el
que se basa la actuación del Forcem, debe ser renovado. Por su parte,
el acuerdo vasco de formación que crea Hobetuz tiene una vigencia
inicial de cuatro años, y esos fondos que se le transfieren
corresponden a su cuarta convocatoria anual de ayudas. Estamos, por
consiguiente, en el momento final de una etapa que dará paso a otra,
que para nosotros debería ser distinta, que superase esa serie de
problemas que se han venido detectando en la gestión de estos fondos
y en la coherencia y cohesión de los distintos planes de formación,
por un lado porque el Gobierno ha permitido determinadas prácticas de
exclusión de algunos agentes sociales en la gestión de Hobetuz,
practicando el toma dinero y corre con el Gobierno vasco y la
fundación Hobetuz, sin entrar en las condiciones de participación en
las acciones formativas. Hay, como usted sabrá, recursos de distintos
sindicatos a los diferentes planes presentados por Hobetuz. Por otro
lado, la descentralización de fondos debe hacerse no mediante
acuerdos coyunturales entre partidos políticos, que pueden cambiar
por la coyuntura, en este caso con unas elecciones generales a la
vista, sino mediante la regulación clara de la descentralización de
determinados fondos y funciones. Ese aspecto debe ser insoslayable
para el Gobierno, en lo que le queda de
mandato y en la discusión que tenga con los agentes sociales, para la
renovación del próximo acuerdo nacional.
En estos términos de criterios comunes estatales, descentralización
en la gestión de las iniciativas y el respeto a la libre concurrencia
está nuestro apoyo a la convalidación de este decreto. En la medida
en que el Gobierno se aparte de estos criterios nosotros seremos
profundamente críticos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Navas.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para informar al ministro de la postura que va a mantener
el Grupo Socialista en esta materia. En la secuencia de las
convalidaciones de los reales decretos sobre la formación continua
desde el año 1996 nos hemos encontrado con tres dotaciones
presupuestarias, provenientes de remanentes de tesorería, tres
convalidaciones que se han remitido a la Cámara, y un ejercicio, el
del año 1997, señor ministro, en el que ningún grupo sabe qué ocurre.
En septiembre del año 1995 se firmó el acuerdo interprofesional para
la formación continua en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El
Gobierno socialista modificó el Estatuto de los Trabajadores y
promulgó la Ley 11/1994, por la cual se le dio eficacia normativa y
profesional a este acuerdo. Por tanto, la postura favorable del
Gobierno socialista y del Partido Socialista a este acuerdo queda
demostrada. Sin embargo, tenemos que hacerle una serie de preguntas
que responden al planteamiento que ya hemos defendido en nuestras
anteriores intervenciones. ¿Por qué razón, señor ministro, llevan
cuatro años financiando incorrectamente este acuerdo? Que en el año
1996 lo hubiesen tenido que hacer por la prórroga presupuestaria y
hubiesen tenido que usar esta vía no les da bula, a ustedes ni al
Gobierno, para hacerlo durante tres años de forma inadecuada. Además,
consta en la firma del acuerdo que su financiación deberá quedar
incluida en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Con qué criterio
determinan ustedes los remanentes? ¿Quiere contárnoslo, por favor? En
el año 1996, fueron 972 millones; en 1997, 2.500. En 1998, fueron
3.100 millones y en 1999, 3.450. En total, 10.022 millones de
pesetas.
Este Gobierno, que nos ha demostrado en esta semana que se cuestiona
incrementar las pensiones mínimas en su tercer año de legislatura
convocando al Pacto de Toledo para tomar esta decisión -que como
Gobierno puede y debe tomar para el año 1999-, incrementa en un 400
por ciento la cuantía de remanentes para la formación continua en el
País Vasco en tres años. No sabemos cuál es la razón, señor ministro.
Nuestro grupo se
pregunta si ustedes no estarán pagando favores al PNV por las dos
ausencias y las tres abstenciones que le regalaron el martes en esta
Cámara en la votación de la iniciativa socialista para incrementar
las pensiones mínimas y no contributivas en el ejercicio de 1999; o
si le estarán devolviendo el favor de su incomprensible abstención en
el tema del lino. Bien mirado, la verdad es que no parece un gran
precio el cobrado por el PNV si se tiene en cuenta que miles de
jubilados residentes en la Comunidad Autónoma vasca van a ver
frenados sus ingresos en el año 1999 por la inestimable colaboración
que les han prestado.
El acuerdo para la formación continua, como sabemos todos los aquí
presentes, debe financiarse con el 0,3 por ciento de las cotizaciones
para la formación profesional que figura en los presupuestos del
Inem. Lo que en el año 1996 se pudo considerar como una situación
extraordinaria -dicho por su propio portavoz en su intervención- ha
pasado, por una unilateral decisión de su Gobierno -apoyado por el
PNV, aunque a veces manifiestan su oposición-, a servir de modelo
cada año para financiar este acuerdo. Señor ministro, el Grupo
Socialista se opone a esta forma arbitraria de financiación, hecha
con remanentes de tesorería, que permite utilizar los fondos
destinados a la cobertura de los desempleados para prestaciones
económicas o para su formación y usarlos para formar a los
trabajadores ocupados en el País Vasco. Les adelanto ya que vamos a
presentar una iniciativa en la Comisión de Política Social y Empleo y
una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que la
financiación de este acuerdo cumpla la norma y la legalidad.
Los socialistas vascos, señorías, estamos comprometidos y apoyamos el
acuerdo para la formación continua en el País Vasco, pero, por favor,
no queremos que se financie con las sobras de los presupuestos.
Señores del PNV, queremos una financiación real porque los vascos y
las vascas, los trabajadores, tienen derecho a una formación
financiada correctamente.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Cortajarena.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en cuanto a la
convalidación de este Real Decreto-ley de financiación del acuerdo
interprofesional de formación continua en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Como se ha dicho, este es el tercer debate en la materia y yo no
hubiera tenido ningún inconveniente en dar por reproducidos los
argumentos y razones que en los dos precedentes debates expuse, pero
como in extenso la gente ha intervenido, bien repitiendo bien
introduciendo algún nuevo dato, alguna referencia, por breve que sea,
haré referencia a la cuestión.
Resalto las palabras del portavoz del Partido Nacionalista Vasco, ya
que al menos en este ejercicio se ha producido con antelación
suficiente -todavía tenemos un cuatrimestre del año por delante- esta
financiación que completa el conjunto de los 5.000 millones que se
transfieren a Hobetuz en el año 1999. Como ha quedado puesto de
relieve ya en el debate, 1.550 millones fueron ya transferidos en
junio de este año.
Cuando doy por reproducidas mis palabras anteriores lo hago en todos
los extremos. Supongo que hay razones de técnica presupuestaria que
impiden hasta el momento haber alumbrado otro camino más idóneo -como
han puesto de relieve otros portavoces- que en el que estamos ahora.
El que estamos planteando ahora no es ningún pago político, como
algún diputado ha afirmado aquí, sino un compromiso de acuerdo del
Gobierno derivado del estricto cumplimiento de la legalidad. Y el
estricto cumplimiento de la legalidad, señor presidente, se refiere a
que el 27 de septiembre de 1995 -hace prácticamente cuatro años-, en
virtud del desarrollo del artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores, se configuró y constituyó la formación continua vasca,
llamada Hobetuz.
Tal y como tuve oportunidad de exponer en el debate celebrado en esta
Cámara, el 12 de diciembre del año 1996, el Gobierno popular ha
venido a cumplir el mandato legal, a desarrollar una prevención
legal, que era dotar de financiación a un sistema de formación
continua válido y legalmente constituido. Cuestión diferente es, como
se ha puesto de relieve, la perfectibilidad -que yo también reclamo-
en cuanto a los instrumentos presupuestarios, pero no en cuanto a su
cantidad ni al hecho de que se produzca, que es, en mi opinión, lo
auténticamente relevante para el cumplimiento de la ley y para el
cumplimiento de una formación continua posible dentro del País Vasco.
Pero como el Pisuerga pasa por Valladolid, evidentemente se habla de
diversas cuestiones y no sólo de la convalidación de este real
decreto-ley, y se aprovecha -legítima, pero inadecuadamente en mi
opinión- para reclamar transferencias del Inem y cuestiones
diferentes, como es el tratamiento del debate de las pensiones que el
martes pasado tuvo lugar en esta Cámara. Me parece muy legítimo, pero
no vienen al caso stricto sensu, al hecho de que lo que votan a votar
SS.SS. es la convalidación de un real decreto-ley, que es oportuno,
que no produce dilación sino que en este caso produce posibilidad de
financiación material de Hobetuz, la formación continua vasca, y que,
por lo tanto, es plenamente correcto.
Agradezco también el apoyo y la adhesión mayoritaria de la Cámara. Me
gustaría que el grupo mayoritario de la oposición se adhiriera, pese
a que ha manifestado, en lógica coherencia con sus anteriores debates
-todo hay que decirlo-, un voto de abstención, que responde a la
posición que ha venido manteniendo en los tres debates precedentes,
que hasta el momento se celebraban por la época navideña y en este
caso hemos tenido
la suerte de que se haya celebrado con el principio del curso escolar
en septiembre.
Vaya por delante el apoyo del Grupo Popular a la ratificación y
convalidación del real decreto-ley. Apoyaremos siempre, como dije al
principio de mi intervención, el cumplimiento de la legalidad, que no
es el cumplimiento de ningún pago político, sino acuerdos políticos
que se fundan y se basan en el cumplimiento estricto y desarrollo de
la legalidad, cuestión que hasta que no llegó al poder el Gobierno
popular -todo hay que decirlo- no se había cumplido.
Muchas gracias. (Aplausos.- El señor Zabalía Lezamiz pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Azpiroz.
Señor Zabalía, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Señor presidente, la portavoz del Grupo
Socialista ha aludido a dos temas que no tenían que ver con este real
decreto y por alusiones le pediría la palabra por un minuto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S.S. tres
minutos para responder a las alusiones.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Simplemente dos aclaraciones a la portavoz
del Grupo Socialista, señora Cortajarena.
Primero, usted no se ha enterado de que se van a subir las pensiones,
a lo que el Partido Nacionalista Vasco va a dar su apoyo, hecho que
va a tener la repercusión de subir pensiones a más de cien mil
ciudadanos del País Vasco.
Segundo, cuando usted o su grupo pierdan alguna votación no nos miren
a nosotros, mire a su grupo, porque si estuviesen todos no perderían
tantas votaciones como las que están perdiendo últimamente.
Nada más. Muchas gracias. (La señora Cortajarena Iturrioz pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
Señora Cortajarena, el turno del señor Zabalía ha sido por alusiones,
S.S. introdujo elementos de discusión que no eran propios del debate
y, por tanto, no ha lugar a réplica.
Muchas gracias. (Pausa.- El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Vamos a
proceder a las votaciones.
Vamos a comenzar con las votaciones correspondientes a los reales
decretos-leyes que han sido debatidos y cuya convalidación se
solicita.
Votamos la convalidación o derogación del Real Decreto-ley que hace
el número 12 del presente año, de fecha 31 de julio, sobre medidas
urgentes para la
contención del gasto farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud.
(Rumores.) Señorías, lamentaría que por demorarse en conversaciones
improcedentes en este momento se quedaran sin votar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 298; en contra, uno; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del real
decreto-ley mencionado. Nadie ha pedido su tramitación como proyecto
de ley. En consecuencia, pasamos a votar el Real Decreto-ley número
13, de 3 de septiembre, por el que se financia el acuerdo
interprofesional sobre formación continua en la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
306; a favor, 306.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL
CONGRESO, SOCIALISTA DEL CONGRESO, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA,
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA
Y MIXTO, DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. (Número de
expediente 122/000287.)
El señor PRESIDENTE: Voy a reiterar, señorías, antes de pasar al
siguiente punto del orden del día que, como saben, es la tramitación
en lectura única de la proposición de ley de solidaridad con las
víctimas del terrorismo, que las votaciones a lo largo de la mañana
se ordenarán de la siguiente forma. Tras este debate, el de la
proposición de ley a la que acabo de referirme, se producirá una
nueva votación específica. Luego, las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de creación de un colegio oficial de ingenieros
técnicos forestales y los dos dictámenes de las comisiones los
votaremos conjuntamente; las tres iniciativas al final de sus
debates. A esas alturas ya podremos saber si el debate que resta, que
es el derivado de la Comisión del lino, se hace antes o después del
almuerzo.
Pasamos ahora, por tanto, a la proposición de ley que quedó incluida
en el orden del día en este punto, suscrita por todos los grupos
parlamentarios, que pretende adoptar determinadas medidas de
solidaridad con las víctimas del terrorismo.
El debate se va a ordenar por intervenciones de los grupos en función
de su menor a mayor representación numérica. Por tanto, comenzamos
por las intervenciones del Grupo Mixto, al que representarán tres
portavoces, el señor Peralta, la señora Lasagabaster y el señor
Rodríguez. ¿Es así? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Peralta. (Rumores.) Por favor, señorías,
silencio. Vuelvo a llamar la atención de las señorías que ocupan la
parte central del hemiciclo y que tienen tendencia a querer
convertirlo en el parqué de la Bolsa, formando corrillo. Señor
Soriano, por favor.
Cuando quiera, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley que todos los grupos vamos a apoyar
en este acto es, en el fondo, la asunción por toda la sociedad
española de la reparación justa a los daños causados durante décadas
por una minoría. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.) Esta proposición de ley acredita una vez más, si era
necesario, el que el terrorismo daña en definitiva a toda la sociedad
española, sin perjuicio de que, evidentemente, sus más directos
destinatarios han sido las víctimas que han sufrido en sus propias
carnes o en las de personas allegadas a ellas la lacra y el dolor
causado por los terroristas.
Esta proposición de ley es -políticamente hay que destacarlo- un
nuevo paso más de todas las fuerzas democráticas en la estrategia
unitaria que les ha permitido derrotar al terrorismo. Esta
proposición de ley merece su apoyo también porque tiene un contenido
justo de indemnización a todas las víctimas. Es una proposición de
ley que se tramita, además, en el momento oportuno, cuando ya se
vislumbra el fin del negro túnel del terrorismo. Sólo nos cabe
desear, en nombre de Nueva Izquierda, y estoy seguro de que en nombre
de todos los grupos que lo apoyamos, que esta proposición de ley
contribuya efectivamente a que se acelere ese final que depende en
exclusiva de que la organización terrorista renuncie definitivamente
a la violencia y posibilite que el proceso político, el proceso de
paz en el País Vasco, se desarrolle en un pleno respeto a las normas
democráticas.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Peralta.
Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de Eusko Alkartasuna y en este trámite, aunque sea breve
pero no por ello menos sentido, es necesario volver a plantear dos
cuestiones claves que ya señalamos de manera clara el pasado martes.
La primera es que esta proposición de ley es la expresión del
reconocimiento y solidaridad de todos aquellos que han sufrido la
violencia y violaciones de derechos humanos, sea cual sea su signo.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Lasagabaster,
¿puede parar un momento? (Pausa.)
Cuando quiera.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.
Decía que es la expresión del reconocimiento y solidaridad y también
es expresión del reconocimiento y solidaridad hecha en virtud del
consenso de todas las formaciones políticas que en este momento
estamos en esta Cámara. Esas son las dos cuestiones principales. Es
importante que todos aquellos que se hayan sentido a lo largo de los
años, por una u otra razón, víctimas de violaciones de derechos
humanos o de violencia se sientan amparados por esta proposición de
ley.
Estas son las claves de lo que queremos hacer. Es significativa la
rapidez en el trámite, es significativo -al menos por primera vez,
que yo haya visto- que tal aceleración se haya producido con su toma
en consideración y aprobación en la misma semana. Eusko Alkartasuna
ha sido siempre proclive a realizar este gesto sin poner en ningún
momento obstáculo o problema alguno a esta cuestión porque tenemos
que trabajar en este conflicto. Este era un primer gesto debido y
necesario, aunque tenemos muchas cosas en las que seguir trabajando.
Este espíritu de consenso y de unanimidad, no exento de esfuerzos, es
terriblemente importante para continuar así.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Finalmente, tiene la palabra el señor Rodríguez, también por el Grupo
Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego ve en esta proposición de ley, que fue
apoyada por todos los grupos de la Cámara, una llamada a la expresión
libre y pacífica de las ideas y una consideración del fenómeno
político de la violencia terrorista como un fenómeno que no puede ser
más que excepcional. Lo normal, por lo tanto, es que un Estado
democrático tiene que atenerse a unas normas democráticas y de
funcionamiento, a los principios propios de un Estado de derecho para
imponer una convivencia pacífica, y a esto responde la proposición de
ley que considera a las víctimas del fenómeno terrorista como
víctimas de un fenómeno anormal en una sociedad democrática, que es
excepcional, que afortunadamente va a dejar de ser normal en muchas
partes del Estado. Por consiguiente, los individuos que la padecieron
deben ser amparados con una legalidad de carácter extraordinario por
parte del Estado, una legalidad de carácter extraordinario que se
debe aplicar a todas las víctimas por igual, amparar, reparar a todos
y asumir los daños que se han causado. En todo caso, el Bloque
Nacionalista Galego sabe también que esta proposición de ley se
inserta en un contexto que ayuda a la pacificación, al diálogo y a la
comprensión mutua entre los ciudadanos del Estado español.
Por todo esto, apoyamos la proposición de ley y lo hacemos en este
momento con más entusiasmo y sin reparo de ninguna clase.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Con gran brevedad porque no tengo más que ratificarme en lo dicho, en
nombre de mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en la sesión
del Pleno de esta Cámara del martes pasado, cuando dimos nuestras
razones (el fundamento legal, el fundamento económico, el fundamento
social y el fundamento político, especialmente la valoración política
del principio de solidaridad con las víctimas del terrorismo) que
justifican esta proposición de ley hecha por consenso, y reitero
y entrecomillo la palabra consenso con el énfasis de un principio
político, ennoblecedor y con la concordancia y sintonía de todas las
fuerzas políticas de este arco parlamentario al respecto. Igualmente,
hemos mantenido el consenso para la tramitación de esta iniciativa
parlamentaria, utilizando el trámite más radicalmente abreviado de
nuestro Reglamento, en lectura única, como se ha señalado
oportunamente por el señor presidente de la Cámara, una tramitación
directa y en lectura única de esta iniciativa legislativa, a la cual
ninguno de los grupos, solidariamente, presenta ninguna enmienda de
modificación o de rectificación y a los efectos de que con este uso
perentorio del Reglamento de la Cámara las víctimas del terrorismo,
los que aparecen aquí relacionados para percibir las ayudas y las
indemnizaciones correspondientes, no tuvieran -fue otro de los
pricipios de solidaridad- que esperar, en un trámite judicial
ordinario, a ir recibiendo paulatinamente las indemnizaciones a las
que las sentencias judiciales firmes habían condenado a los autores
de los actos y asesinatos terroristas y la bonificación
correspondiente a las víctimas al subrogarse. Hoy este tema, que el
Estado recoge en sus presupuestos, nosotros lo vamos a apoyar sin
ninguna dilación.
Señor presidente, y con esto termino, reiterando nuestros principios
políticos coincidentes con los de los demás que han amparado esta
tramitación desde su punto de vista de redacción en un inicio y hoy
en su actuación final en esta Cámara, quiero que conste nuestro voto
de apoyo lo más significativamente posible, con la misma armonía y
con el cierre que la propia
Administración general del Estado, a través del Gobierno español, ha
realizado también favorablemente en la tramitación de esta
iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
La utilización de la tribuna no es síntoma de extensión en la
intervención puesto que se ha aportado por todos los grupos que éstas
van a ser breves, sino porque quiero simbolizar simplemente en nombre
del grupo al que represento la importancia que damos a la norma que
hoy aprobamos.
Voy a ser breve y sintética. Quiero manifestar, en primer lugar, la
satisfacción del grupo al que represento porque haya sido posible con
el esfuerzo de todos esta rapidísima tramitación de la norma. En
segundo lugar, quiero agradecer la labor del vicepresidente primero
como tejedor de este acuerdo posible entre todas las fuerzas
políticas y, en tercer lugar, quiero aludir a cuanto dije el martes.
Califiqué esta norma como un rescate del olvido, una medida contra el
olvido. Ahora quiero además añadir algo en un fecha tan simbólica
como es la de hoy, en la que se celebra el primer año de la tregua de
ETA, que no es contradictorio con cuanto manifesté y que coincide con
lo que hoy el lehendakari vasco expresa en un artículo publicado en
casi todos los medios de comunicación.
Creemos que la ley que hoy aprobamos junto con otros factores que son
igualmente importantes ha de servir como factor de superación del
pasado.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Reiteramos fundamentalmente, y no puede ser de otra manera, lo que
tuvimos ocasión de manifestar hace un par de días. Mi grupo sentía y
siente una gran preocupación precisamente en este escenario de un año
de tregua, que día a día parece que se hace más irreversible, ante
que se pudiese llegar a dar por buena aquella cita, de la que
nosotros discrepábamos absolutamente, que viene a decir que el que es
misericordioso con el cruel siente indiferencia por el inocente. En
algún momento quizá ha podido parecerlo sin perjuicio de que a lo
largo de estos años, si bien de modo incompleto y más bien tardío, se
hayan ido adoptando medidas importantes para las víctimas del
terrorismo. Sin embargo, queremos que quede perfectamente claro
que es precisamente esa inexistencia e indiferencia respecto del
inocente lo que, desde luego, nos legitima para ser misericordiosos,
generosos se dice también, con aquellos que han causado tanto y tanto
dolor.
El objetivo de la ley -tampoco se trata ahora de explicitarlo- trata
también -decíamos el martes- no tanto de compensar lo que de ningún
modo es compensable o indemnizar lo que no es en modo alguno
indemnizable, sino de efectuar un reconocimiento, compartido por toda
la sociedad, del dolor que se ha causado a las víctimas;
reconocimiento fundamentalmente en la medida en que han sido las
víctimas propiciatorias, las que han recibido por la sociedad y a
cuenta y cargo de ella los golpes que le iban dirigidos; aquellas
víctimas propiciatorias que nos están reconciliando a lo largo de
estos meses con la libertad, la convivencia, la tolerancia y la
democracia. Es expresión también de la voluntad de la sociedad, como
decía antes, no de compensar ni de indemnizar, sino de compartir
auténticamente el dolor sufrido por las víctimas y por sus
familiares. Si no fuera porque el número de víctimas ha sido tan
crecido, cientos y cientos, miles de personas, quizá pudiese darse
por buena también aquella expresión de que nunca tantos debimos tanto
a tan pocos. Desgraciadamente han sido muchos.
En cualquier caso, como ocurre en el proceso de paz y en sus
diferentes partes -y la moción que aprobó el Congreso de los
Diputados hace unos meses hablaba de víctimas, de política
penitenciaria, de otros extremos-, esta ley no deja de ser
precisamente una ley, y, por lo tanto, no puede en modo alguno -lo
decíamos también el martes- ni tiene por objetivo comprar el perdón
-que no deja de ser más que un derecho moral de las víctimas-. De la
misma forma, en este proceso de paz estamos avanzando sin exigir
tampoco el arrepentimiento de los culpables, arrepentimiento que en
este caso no sólo es un derecho -desde luego que lo es- de los
culpables, sino también una obligación moral que no debe interferir
en este proceso. Por lo tanto, señorías, después de manifestar
también la satisfacción, como ya ha sido expresada, por el consenso
respecto al contenido, por el consenso también respecto de la
tramitación y por su rapidez, no puedo sino terminar la intervención,
como decía el martes pasado, significando que no sólo se efectúa un
reconocimiento, que no sólo se desea compartir el dolor, sino que en
la medida de lo posible se solicita también de tantas y tantas
personas a las que tanto debemos un cierto perdón por el
comportamiento que desde los poderes públicos y desde los grupos
políticos hemos tenido hacia ellos a lo largo de algunos años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente. Subo a
esta tribuna en nombre de Izquierda Unida no para hacer un discurso
largo, sino para simbolizar la importancia que nosotros damos a este
asunto. El aprobar esta proposición de ley y hacerlo sin enmiendas de
ningún tipo por parte de los grupos parlamentarios, aprobando también
que se haga por trámite de urgencia, batiendo un récord a la hora de
la urgencia -el debate anterior lo tuvimos el martes-, simboliza,
repito, la importancia que le damos a este tema.
Por segunda vez el Congreso aporta capacidad de diálogo y unidad. La
primera vez fue cuando este Congreso, en función del debate sobre la
necesidad de cambiar la política penitenciaria, aprobó por unanimidad
la necesidad de una nueva política penitenciara, consensuada,
dinámica y flexible. Otra cosa es que se cumpla más o menos esta
resolución, aprobada en esta Cámara por unanimidad, que se cumple muy
relativamente. Ahora, aprobamos por unanimidad una proposición de
ley. El otro día tuve ocasión de aclarar ante esta Cámara, cosa que
no se ha producido de manera suficiente ante los medios de
comunicación y, consecuentemente, ante la opinión pública, la
diferencia que existe entre una proposición de ley y un proyecto de
ley. A veces se ha dicho que éste es un proyecto de ley que deriva de
la iniciativa del Gobierno y no es así; estamos ante una proposición
de ley, que parte de la iniciativa de los grupos parlamentarios,
generalmente de la oposición. En este caso ha partido de todos los
grupos parlamentarios, contando con el que apoya o soporta al
Gobierno del Partido Popular. Por tanto, por segunda vez, sin líneas
divisorias falsas, sin líneas divisorias que muchas veces se están
utilizando de manera profusa y, a nuestro juicio, criticable, el
Congreso de los Diputados llega a un acuerdo por unanimidad en un
tema de enorme importancia. Ruego que esto se tenga en cuenta, porque
la apuesta que hacemos no es sólo por honrar, por resarcir a las
víctimas del terrorismo, que es muy importante, sino también porque,
de forma equilibrada, hacemos una apuesta por le proceso de paz, una
apuesta de cara al futuro y de cara a la normalización definitiva, y
esto hoy tiene mayor importancia por cuanto que en este momento
podemos aducir la necesidad de remarcar el primer aniversario
-esperemos que sea el último porque se haya conseguido la tregua
definitiva- de esta situación, que mejora con mucho la anteriormente
sufrida por todo el país, singularmente en Euskadi.
Por tanto, apostamos por el proceso de paz; apostamos por la
normalización definitiva; apostamos por el diálogo, no sólo por la
información, por el consenso de todos los grupos, consenso que, si es
dinámico, tiene que ser muy rítmico: información y acuerdo, no sólo
información. En definitiva, apostamos también por que se consiga que
esta unidad que hoy simboliza la aprobación que vamos a realizar de
cara al trámite de urgencia se traduzca a todos los niveles. Aquí no
está funcionando ningún tipo de línea divisoria, señores del
Gobierno, señores del Grupo Popular; esperemos que la proyección que
se haga desde aquí, superando cualquier tipo de línea divisoria, se
exprese en la necesidad de un nuevo encuentro de todos los partidos
democráticos, de todos los que han pasado por las urnas para
conseguir la consolidación definitiva del proceso de paz y la
normalización.
Al mismo tiempo, habría que decir que esta proposición de ley es muy
importante, es muy completa, pero no totalmente; hay un compromiso de
complementarla. Hay un compromiso en la dirección de que hay una
serie de hechos que no han dependido de bandas organizadas, sino de
otra serie de situaciones, en muchos casos ilegítimas, que se pueden
considerar hasta cierto punto desestabilizadoras de la democracia, en
muchas ocasiones antidemocráticas, que hay que recoger para el
futuro. El otro día yo citaba el caso de Vitoria, el de la huelga de
la construcción en Granada o el caso de la muerte del joven García
Caparrós en el proceso de reivindicación de la autonomía plena para
Andalucía. Es un compromiso que queda pendiente y que esperemos que
se cumpla en lo sucesivo.
Termino, señor presidente. El Congreso aporta por segunda vez
capacidad de diálogo, no hay línea divisoria en esta propuesta;
aporta por segunda vez unanimidad, unidad, cambio de la política
penitenciaria y aprobación de la solidaridad con las víctimas del
terrorismo. Apuesta por un proceso irreversible de paz y por un
entendimiento dinámico y flexible. Esta es la apuesta de fondo y
esperemos que se tenga en cuenta y que no se reduzcan las
posibilidades de conseguir un proceso irreversible, un punto de no
retorno en toda esta situación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Alfredo Pérez
Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor presidente, señorías, la vida
parlamentaria ofrece pocas ocasiones para que quienes representamos
aquí al conjunto del pueblo español podamos expresarnos unánimemente
en una misma dirección. Hoy no sólo vamos a manifestar el común
acuerdo a una proposición en esta Cámara, sino que lo vamos a hacer
con una misma voz, aunque esté compuesta de tonos distintos, la voz
en la que se reconoce y en la que quiere hacerse oír nuestra
sociedad, la voz del reconocimiento, de la gratitud, del
acompañamiento, la voz de la solidaridad.
No merece la pena que hoy centremos nuestra atención en la sinrazón
del terrorismo, que reiteremos nuestro rechazo y nuestro desprecio a
toda violencia. Al menos hoy no concedamos el protagonismo a los
verdugos y dirijamos nuestra mirada a las víctimas, porque
reconoceremos en ellas a quienes han pagado personalmente por el odio
dirigido contra toda la colectividad. Todos somos, pues, deudores del
cruel sufrimiento
que les ha sido impuesto y estamos éticamente obligados a no
infligirles el añadido del olvido. No pueden tener el destino de
haber sido los desafortunados parapetos que el cálculo criminal o el
azar ha interpuesto entre la destrucción y cada uno de nosotros.
Sabemos quiénes son o fueron y lo que les debemos y por ello tienen
que seguir presentes a nuestro lado, presentes en nuestra memoria.
La recuperación de la democracia hace ya más de 20 años permitió
ordenar la vida colectiva en el respeto a la voluntad popular como
fuente de toda legitimidad, en el reconocimiento y preservación del
pluralismo y en la propuesta de la tolerancia respecto de las
distintas posiciones ideológicas, religiosas, culturales o políticas;
abrió el cauce adecuado para satisfacer las distintas aspiraciones de
autogobierno expresadas por la vía democrática y pacífica. A lo largo
de estos años el desarrollo social ha permitido el acceso de los
españoles a niveles de bienestar desconocidos en nuestra historia y
ha posibilitado el avance de la cohesión y de la solidaridad. Nuestra
incorporación al proyecto europeo nos ha situado definitivamente en
un área geográfica y de valores en la que rigen y se respetan los de
las democracias asentadas.
A lo largo de este periodo tan fecundo nuestra sociedad no ha dejado
de ser acosada por el terrorismo. Si hemos conseguido dejar atrás la
mayoría de los problemas que nos dividieron dramáticamente y que
sacudieron históricamente nuestra convivencia, no podemos afrontar el
de las consecuencias de la violencia con la injusta ignorancia de
quienes fueron sacrificados por la misma. La memoria y el
reconocimiento frente al manejo o a la manipulación muestran la
superioridad ética de la sociedad democrática frente a los proyectos
de totalitarismo. Sabemos que no basta el reconocimiento cuando es
además necesaria la solidaridad, pero tampoco debemos dar el
protagonismo hoy, aquí, a esta parte de la proposición que delimita o
pormenoriza la solidaridad. La generosidad en este debate está en las
víctimas; en nosotros, si acaso, la gratitud.
Este Parlamento es plenamente consciente de que se ha abierto una
puerta para que pueda desaparecer para siempre la violencia y se ha
manifestado a favor de todos los esfuerzos que puedan servir para
abrirla cada vez más, con el único límite de que la puerta siga
siendo la de la entrada a la casa común de la democracia.
El reconocimiento de las víctimas del terrorismo no es ni puede ser
ningún movimiento de tipo táctico, no puede depender de las
variaciones en el escenario ni menos aún venir dictado por el cese de
la violencia. La búsqueda de la paz no puede hacerse a costa del
olvido, pero tampoco de la inaceptable homologación entre víctimas y
verdugos. La generosidad y, si se quiere, la generosidad mutua, que
requiere toda reconciliación que mire al futuro y no al pasado, no
puede desarrollarse sin haber hecho el reconocimiento a esas víctimas
y sin haber hecho del mismo reconocimiento,de ese reconocimiento, la
principal de las bases éticas
sobre las que apoyarnos para ofrecer y para permitir el perdón.
No es posible, pues, la paz sin honrar la memoria de las víctimas.
Este es el principal argumento moral, la declaración de principios
que este Parlamento, como sede de la soberanía popular, quiere dejar
hoy bien claro. Quiere unirse al duelo en honor de las víctimas, un
duelo que quiere ser de solidaridad y de consuelo, que es
precisamente todo lo contrario que el olvido.
Nada más, muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Pérez Rubalcaba.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el
señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, señorías, en los mismos
términos expresados por anteriores portavoces, subo a la tribuna
simplemente para resaltar la importancia de la iniciativa que nos
ocupa y del acto que vamos a culminar.
Yo quiero comenzar agradeciendo, porque me parece que así es de
justicia, la valoración hecha hace unos minutos por parte del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) en relación con la labor que el Gobierno ha
desarrollado en este asunto y específicamente la referencia hecha a
la tarea del vicepresidente primero.
Yo quiero también señalar que el origen de esta iniciativa es, sobre
todo y ante todo, una iniciativa de todos; una iniciativa conjunta y
coetánea, de sociedad, de Gobierno y de Parlamento, sea cual sea el
orden de los factores que se quiera establecer, sin que ello altere
la naturaleza final del producto. Porque ésta es, sobre todo y ante
todo también, una iniciativa de todos; una iniciativa en la que se ha
dejado de lado, como no podía ser de otra forma, la legítima
dialéctica Gobierno- oposición, la definición de posiciones
legítimas, pero de naturaleza partidaria o particular, para, por el
contrario, establecer un gran espacio político común de homenaje, de
reconocimiento y de honor a las víctimas del terrorismo. Porque ésa
es, fundamentalmente, la naturaleza, el sentido y el alcance de esta
proposición de ley, que es la reparación moral, que es la reparación
histórica a la experiencia, al sacrificio, a la entrega de aquellos
que precisamente en virtud de esa entrega más han contribuido a hacer
posible las actuales expectativas, los actuales horizontes de paz.
Quisiera, por tanto, señalar que las compensaciones de naturaleza
material que esta proposición de ley incorpora, con ser importantes
en la medida en que también pueden determinar una corrección de la
situación que pueden vivir muchas de las familias de las víctimas,
son sobre todo nacidas de ese origen, de ese fin, de ese objetivo,
que no puede ser otro, que no es otro que el de rendir honor a todas
ellas, en nombre, y sin distinción, del conjunto de la sociedad
española.
Quisiera apuntar simplemente, a efectos de los servicios de la
Cámara, la apreciación de un error que se ha deslizado en la
transcripción del texto. Como ya hemos
comentado, en el artículo 3, párrafo 2, letra b), cuando se hace
referencia al supuesto de fallecimientos y cuando no hubiera recaído
sentencia, enumerando los beneficiarios, en su línea sexta, la
conjunción o debe ser sustituida, como es natural, por y, a los
efectos de que la enumeración sea completa. Simplemente lo decimos
para constancia técnica, para que el texto no salga del Congreso con
un error puramente de transcripción.
Como decía, señor presidente, señorías, esto, finalmente, viene a ser
la certeza de que esta Cámara, en representación del conjunto de la
sociedad española, ha sabido cumplir con su deber. Y en este acto de
homenaje y de honor a las víctimas cabe también que introduzcamos un
profundo compromiso, propio de todos los grupos de la Cámara, en
orden a abordar en el futuro nuestra propia relación, nuestro propio
empeño y trabajo en común en pro de la paz. Porque si hemos sido
capaces por las víctimas de dejar de lado aquello que legítimamente
nos podía separar y conjugar (Gobierno, oposición, grupos
parlamentarios, sociedad) todo lo que nos puede unir, todo lo mucho
que nos une, también por la paz, conviene que en el futuro seamos
capaces de seguir andando por ese camino, por una paz que, como ha
dicho reiteradamente el Gobierno, como ha dicho reiteradamente el
Grupo Parlamentario Popular, en lo que coincidimos, creo, todos los
grupos de la Cámara, ni tiene significado electoral ni tiene alcance
partidario ni puede ser un motivo de confrontación. La paz es una
tarea de todos, cuyo único protagonista, por ser precisamente su gran
beneficiario, es el conjunto de la sociedad española. Y en ese empeño
por hacer próxima la paz, en esa tarea de todos por ganar la paz, es
imprescindible que la metodología y el compromiso de fondo que hemos
sabido aplicar a la gestación de esta proposición de ley sigamos
llevándolosadelante en ese camino, primando lo que nos une, sabiendo
dialogar respetándonos recíprocamente y no haciendo nunca del
adversario legítimo, del legítimo competidor democrático, un enemigo.
En definitiva, señor presidente, señorías -y con esto concluyo-, creo
que hoy el conjunto de los grupos de la Cámara pueden decirle a la
sociedad española que hemos estado a la altura de nuestra
responsabilidad, que hemos sabido cumplir con nuestro deber y que
hemos entendido perfectamente, y actuado en consonancia, el mandato
que esa sociedad nos dio. Porque lo que esa sociedad nos dijo
recientemente es que las víctimas del terrorismo, por ser quienes más
han dado por la paz, por la libertad y por la democracia, merecían
este reconocimiento de honor. Las víctimas son un patrimonio común,
las víctimas son de todos, las víctimas, por tanto, no podían estar
al albur de ese juego dialéctico Gobierno-oposición. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Hoy hemos demostrado, con el
comportamiento político y parlamentario de todos los grupos de la
Cámara, que las víctimas sí son víctimas de todos, que las víctimas
sí son un patrimonio común y que, por tanto, su evocación, su
reconocimiento, su memoria tiene que ser siempre el mejor acicate
para todos para andar el camino de la paz, respetándonos
recíprocamente y primando siempre aquello que nos une.
Concluyo, señor presidente, señorías, diciendo que es cierto que aún
nos queda mucho por recorrer en la búsqueda, en el logro de ese
camino de la paz, pero que los demócratas tenemos que recorrer ese
camino desde la voluntad -como tenemos todos- de construir una paz,
desde la ley, desde la justicia y desde la solidaridad, que sea
reflejo final de la enorme capacidad de conciliación que alberga en
su seno la sociedad española. Pero precisamente por eso, éste es el
momento de recordar también que los demócratas, todos los demócratas
representados en esta Cámara, jamás le hemos vuelto la espalda a la
paz y, por tanto, no tenemos deuda alguna con la paz. Son otros los
que todavía tienen que decir sí definitivo a la paz, y esperemos que
esta vez no pierdan esa sólida oportunidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Vamos, en consecuencia y concluido el debate, a proceder a la
votación. Llámese, por favor, a votación. (Pausa.)
Votación sobre la proposición de ley de solidaridad con las víctimas
del terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 314.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada por unanimidad
del Congreso la proposición de ley de solidaridad con las víctimas
del terrorismo. (Aplausos.)
Señorías, a efectos de su constancia en el «Diario de Sesiones», la
Presidencia cree oportuno subrayar que el consenso en torno al
procedimiento alcanzado por todos los grupos parlamentarios y el
esfuerzo que luego han desplegado han permitido no sólo el resultado,
sino también que esta sea la proposición de ley que más rápidamente
se ha tramitado en el Congreso de los Diputados. (Aplausos.)
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES. (Número de expediente
121/000149.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto
de ley por el que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Forestales.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre las enmiendas del Senado
al referido proyecto de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene al palabra el señor Torres Sahuquillo.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor presidente.
Quiero hacer una breve aclaración previa a la intervención. Yo mismo
hablé ayer con los portavoces de los demás grupos parlamentarios
sobre este asunto y les sugerí la posibilidad de no intervenir,
puesto que el debate tiene que ser necesariamente breve y parecía que
íbamos mal de tiempo hoy. Así lo acordamos, pero me acaba de
comunicar la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que han
cambiado de posición respecto a ayer y van a votar en contra de la
enmienda, lo que me obliga a hacer una brevísima intervención. Pido
disculpas a los portavoces de los demás grupos, porque no he tenido
tiempo de decirles que sí iba a intervenir cuando ayer les pedí que
no lo hiciéramos. Les pido disculpas. La razón es que me acabo de
enterar ahora mismo.
Quiero decir brevemente, señor presidente, que del Senado viene una
sola enmienda aprobada, enmienda que presentó mi grupo parlamentario,
el Grupo Socialista, y que no pretende ni más ni menos que evitar que
se pueda paralizar el procedimiento para constituir el Consejo
General de Colegios Técnicos Forestales. La razón es que tal y como
está redactado el proyecto, como salió del Congreso de los Diputados,
un pequeño colegio, con muy pocos asociados, pudiera paralizar el
procedimiento si no estuviera de acuerdo con algunas de las
cuestiones que se plantearan allí, porque se exige la unanimidad de
todos. Lo que nosotros planteamos en la enmienda es que si no se
produce la unanimidad, se utilice el voto ponderado en función de los
asociados que cada colegio tenga para que no sea posible paralizar el
procedimiento, suponiendo -no es que nosotros lo supongamos- que
hubiera una postura egoísta de unos pocos.
Esa es la enmienda y pensamos que es una pena que no se apruebe
porque se agilizaría el procedimiento. Todos los colectivos quieren
que haya un rápido avance y lamentamos que el Grupo Parlamentario
Popular no pueda mantener la posición que ha mantenido en el Senado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias también por sus explicaciones
de cortesía a los restantes portavoces.
¿Algún otro portavoz desea, en consecuencia, intervenir? (Pausa.)
La señora Castro Masaveu tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.
Tengo que aclarar que mi grupo en ningún momento ha cambiado la
posición de su voto, porque precisamente de lo que se trata es de
mantener la postura que el Grupo Parlamentario Popular ha sostenido
cuando el debate se produjo inicialmente en esta Cámara. En aquel
momento el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de las
enmiendas del Grupo Socialista y ahora sigue manteniendo la misma
posición votando en contra de esas enmiendas.
También he de manifestar con toda brevedad que existen solamente tres
colegios profesionales, el nacional, el de Cataluña y el de Galicia,
y que entendemos que aceptar la enmienda sobre el voto ponderado que
propone el Grupo Socialista significaría dar la primacía al Colegio
nacional en detrimento de los colegios autonómicos de Galicia y
Cataluña. Nosotros consideramos que la postura del proyecto es más
justa, puesto que lo que hace es que los estatutos del Consejo
General se aprueben con el voto unánime, porque la importancia de
esos estatutos debe requerir el voto unánime de los colegios, por lo
que nosotros mantenemos el texto del proyecto y votaremos en contra
de la enmienda.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castro.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 13/1995, DE 18 DE
MAYO, DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de
expediente 121/000161.)
El señor PRESIDENTE: Concluido así el debate sobre las enmiendas del
Senado al proyecto de ley de creación del Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales, pasamos al punto IX del
orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas
legislativas, comenzando por la correspondiente al proyecto de ley
por la que se modifica la número 13 de 1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Dentro del Grupo Parlamentario Mixto, mantienen enmiendas el señor
Vázquez y la señora Rivadulla. Intervendrá en primer lugar el señor
Vázquez; no veo a la señora Rivadulla.
Adelante.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Efectivamente, estamos hoy en el trámite de la discusión del dictamen
elaborado en Comisión sobre la modificación de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, sobre la que nosotros en general
seguimos manteniendo la misma opinión que expresamos en otras
ocasiones. Creemos que es una reforma que
era sin duda necesaria por las insuficiencias y la falta de
operatividad práctica de algunos aspectos de la ley vigente, y que,
sin embargo, ni en el proyecto de ley que presentó en su día el
Gobierno ni en su discusión posterior aparecen plasmadas las reformas
adecuadas para dar solución a los defectos detectados, cuando menos
desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, que no
comparte, como decía antes, la filosofía que inspira el proyecto y
algunas de sus soluciones. En todo caso, sí reconocemos que hubo
algunos aspectos que se mejoraron técnicamente. Sin embargo, creemos
que el dictamen aprobado en Comisión sigue manteniendo, en lo
sustancial, la filosofía del proyecto de ley, y en la medida en que
nuestras enmiendas no fueron recogidas es obvio que tenemos que
seguir creyendo que las modificaciones deberían caminar en el sentido
de garantizar un mayor papel de las administraciones para poder
disponer de mecanismos capaces de corregir los desequilibrios que el
mercado genera, para incidir de una manera positiva en la disminución
del paro y para fomentar el equilibrio territorial o la defensa del
medio ambiente. Tampoco compartimos que no se dé una mayor capacidad
normativa a las comunidades autónomas en esta materia, que no se
impulse de manera más decidida la transparecencia en la contratación
o que se cuele la posibilidad de contratar trabajadores a través de
las ETT por más que como disculpa se afirme que es un tipo de
contratación que sólo se hará de forma limitada o excepcionalmente.
La modificación de la ley que se pretende aprobar, desde nuestro
punto de vista, opta claramente por las grandes empresas en
detrimento de las pequeñas y medianas, que han venido sufriendo
discriminación y condiciones en la práctica de desigualdad y que
desde luego con estas modificaciones van a seguir sufriéndolas.
Volver a insistir en que las pequeñas y medianas empresas constituyen
la base del tejido económico, que son las generadoras de la mayor
parte de empleos y que por tanto deberían ver reflejados sus
intereses en esta ley es algo que parece obvio. La ley debería prever
mecanismos suficientes para garantizar la posibilidad de acceso a los
contratos, especialmente los de mayor cuantía por parte de las pymes,
permitiendo la acumulación de características diversas; debería
además resolver convenientemente, lo que no sólo no lo hace sino que
incluso lo empeora, el problema existente respecto a los pagos de los
contratistas a los subcontratistas y suministradores, problema éste
de gran importancia, puesto que lo que aconteció en el pasado y que a
la luz de la reforma va a seguir pasando es que a los subcontratistas
se les paga tarde y mal sin que las empresas afectadas tengan
mecanismos prácticos de reacción ante esta situación cuando nosotros
creemos que la ley debería prever esos mecanismos que a su vez
deberían ser aplicados para garantizar los pagos en un plazo
razonable a este tipo de empresas. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Nosotros creemos
que se sigue manteniendo una situación injusta y discriminatoria para
estas
pymes, que en muchas ocasiones la situación que se vive pone contra
las cuerdas a este tipo de empresas, además de que, tal como está
funcionando el problema de los pagos, sirve para financiar a costa de
las pymes a las grandes empresas contratistas a través de la demora
en los pagos más allá de lo razonable.
A nosotros nos preocupa que siendo todos conocedores de esta
realidad, sin embargo no se resuelva. Por ello surge una pregunta
inevitable y es por qué si todos los grupos políticos conocemos esta
situación y por qué si desde el propio sector afectado se proponen
soluciones que resolverían el problema o en todo caso es su opinión
que lo resolverían -en ese sentido, por cierto, tenemos conocimiento
de una transaccional que se va a presentar en el transcurso de este
debate- por qué no se aportan las soluciones concretas a ese
problema. En fin, cada quien puede contestar a esta pregunta como
quiera. Cada uno puede escudarse en mil argumentos pero, desde el
punto de vista de mi grupo, la única explicación posible es que se
trata de perpetuar una situación que favorece de manera clara a las
grandes empresas constructoras, que se benefician, como decía antes,
de aplazar los pagos a subcontratistas y suministradores.
Podríamos seguir insistiendo en esto, podríamos decirlo más alto pero
yo creo que no más claro. Nosotros creemos que estamos ante una
modificación de la ley que no es neutral sino que se orienta en
beneficio de los más grandes y que no resuelve algunos de los
problemas más importantes que existen en la ley vigente y, en ese
sentido, no sólo va a perjudicar a las pequeñas y medianas empresas
sino que es más que posible que obligue a nuevas reformas en el
futuro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por la señora Rivadulla,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
De forma muy breve agruparé las enmiendas de la señora Rivadulla, que
corresponden a los diputados de Iniciativa per Catalunya-Els Verds,
en dos bloques. Un primer bloque hace referencia a las enmiendas 144,
146 y 149, que no han recogidas en los trabajos en Comisión y en
ponencia y que para nosotros eran fundamentales e importantísimas. Se
trata de enmiendas que intentan integrar la dimensión ambiental en el
ámbito de la contratación pública. Es decir, el objetivo de estas
enmiendas es que el establecimiento de criterios ambientales en la
contratación pública de suministros y servicios sea una herramienta
importante para estimular a los diferentes sujetos del mercado y,
además, que las empresas que libremente hagan la opción de producción
respetuosa del medio ambiente tengan posibilidad de acogerse a
incentivos de la Administración. Desde ese punto de vista quiero
destacar la enmienda 149, por la cual proponemos que en el plazo de
un año
el propio Gobierno establezca un marco de contratación de las
administraciones públicas con integración de la dimensión
medioambiental.
El otro bloque de enmiendas que quiero defender son las números 143,
145, 147 y 148, que hacen referencia, por un lado, a diversas
propuestas relacionadas con la contratación pública con entidades sin
ánimo de lucro y, por otro, a la contratación con empresas que tengan
en su plantilla minusválidos. Hemos propuesto en este conjunto de
enmiendas la necesidad de introducir en los criterios de contratación
pública ofertas orientadas al interés público y a la conveniencia
social. Creemos que no sólo se deben tener en cuenta criterios de
rentabilidad económica o de eficiencia mercantil, sino que también,
dentro de las condiciones de contratación pública, existan criterios
de interés público y de conveniencia social.
Finalmente, los trabajos en Comisión han acabado en una modificación
de la disposición adicional octava que, de forma muy genérica a
nuestro entender, recoge de alguna manera, en los apartados 1 y 2,
estos dos aspectos, los aspectos de contratación con empresas que en
su plantilla tengan minusválidos y, en el apartado 2, la contratación
con entidades sin ánimo de lucro. Nosotros vamos a mantener nuestras
enmiendas porque la redacción del texto que se nos trae desde la
Comisión simplemente indica que los órganos de contratación podrán
señalar en los pliegos de cláusulas administrativas estos criterios.
A nuestro entender, el texto que debería salir hoy del Pleno del
Congreso es que deberán, es decir, la obligatoriedad de que en las
cláusulas administrativas de contratación siempre se incluyan estos
criterios. Por esa razón votaremos favorablemente la disposición
adicional octava en caso de que no se acepten nuestras enmiendas,
pero mantendremos éstas porque creemos que favorecen de forma más
clara y concreta tanto la contratación con entidades sin ánimo de
lucro como la contratación con empresas que tengan en su plantilla
trabajadores minusválidos.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna e intentaré ser lo más conciso posible, pero creo
que es preciso, para nosotros por lo menos, defender lo que ha sido
nuestra aportación a este proyecto de ley y que mantenemos porque no
ha tenido el consenso posible en Comisión. En el trámite en Comisión
fueron detenidamente debatidas todas las enmiendas, por lo que voy a
centrarme exclusivamente en aquellos aspectos que creemos que son
importantes.
Decíamos que era necesaria y urgente la actualización de este marco
normativo y que la trascendencia que tiene la contratación en el
ámbito de las administraciones públicas era otro de los aspectos que
daban importancia a esta reforma. Era necesario adaptar la regulación
del mercado, tanto a la configuración de un Estado de la autonomías,
cuyos estatutos reconocen las competencias que en esta materia tienen
las comunidades autónomas, como a la pertenencia a la Unión Económica
y Monetaria, asimilando esta normativa a la de otros países de la
Unión.
En este aspecto nuestras enmiendas han tenido una componente técnica
organizativa y también han acometido una serie de reformas que
creemos que son importantes y que darían a este proyecto de ley la
dimensión y el alcance que pensamos debe tener. Por una parte, me voy
a referir a una enmienda, individualizándola, porque creo que es
importante. Es la enmienda 45, a través de la cual pretendemos
flexibilizar las condiciones para la entrada de nuevos operadores en
el mercado de las telecomunicaciones.
El artículo 115 de la ley, en su apartado 2, b) establece la
obligación, entre otras, de que para que los adjudicatarios de los
contratos puedan ceder sus obligaciones y derechos a terceros es
necesario que el cedente tenga ejecutado al menos el 20 por ciento
del importe contratado o que tenga realizada la explotación al menos
en un plazo de una quinta parte del tiempo de duración del contrato.
Entendemos, en primer lugar, que este requisito no debería resultar
de aplicación en el supuesto de transmisión de títulos que regula la
Ley General de Telecomunicaciones, puesto que si pretendemos
flexibilizar el mercado de los servicios de telecomunicaciones es
imprescindible posibilitar el acceso al mismo del mayor número
posible de operadores como condición necesaria para introducir una
mayor competencia en este sector. No me voy a extender porque saben
SS.SS. el problema que tenemos precisamente con los aspectos
relacionados con la inflación. Desde luego, creemos que se debe
seguir trabajando en este ámbito, como digo, para poder flexibilizar
y dar mayor posibilidad al número de operadores que puedan entrar en
el mercado de las telecomunicaciones.
En segundo lugar, esta reforma de la Ley de contratos pretende
abordar una problemática sobre la que mi grupo parlamentario no es la
primera vez que se manifiesta. Me refiero a la regulación de los
pagos a subcontratistas y suministradores. Como recordarán SS.SS., en
julio del año 1997 se debatió en el Senado la toma en consideración
de una proposición de ley por la cual proponíamos regular con mayor
claridad, precisión y racionalidad el pago a subcontratistas y
suministradores. La ley del año 1995 había dado un paso adelante en
este sentido, pero la experiencia de estos años había puesto de
manifiesto una falta importante de eficacia. Nuestra propuesta fue
rechazada en aquel entonces por el Grupo Parlamentario Popular sobre
la base -decía su portavoz- de que la única solución contractual que
se
reconoce en la ley como contratación administrativa es la que liga a
la Administración con el contratista adjudicatario de la obra. Por
tanto, no puede interferir en las relaciones de derecho privado
existentes entre contratista y subcontratista. Insistía el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en aquella ocasión en que la
regulación de las relaciones entre contratista y subcontratista
estaban en el ámbito del derecho privado.
Ahora, al parecer, ya no es este el motivo que se expone en esta
reforma de ley. La reforma que propone el Gobierno contempla la
regulación de los contratos con subcontratistas y suministradores que
se derivan de contratos administrativos. Era lógico y confirma las
razones que nuestro grupo parlamentario argumentó en aquel momento en
el debate de aquella proposición de ley. El Gobierno ha entendido que
no puede sostener el principio de no intervención en las relaciones
privadas y que la Administración Pública contratante debe
involucrarse en el control y el buen fin de las partes subcontratadas
si verdaderamente quiere proteger el interés público.
Superados, por tanto, los argumentos legales que existieron en su
momento, vamos a centrarnos ahora en el contenido de fondo. Desde
luego, la redacción de los artículos 116 y 116 bis nuevo creemos que
no aborda el problema desde una perspectiva real. De persistir esta
redacción, lo que se va a conseguir es consolidar una mala situación.
El desequilibrio de fuerzas entre contratista y subcontratista es
evidente. Se hace necesario, por tanto, no sólo regular esta relación
sino establecer aquellas salvaguardas que impliquen el cumplimiento
de las obligaciones restringiendo la arbitrariedad de las
interpretaciones, que en muchos casos empujan a la parte más débil a
hacer dejación de sus derechos por necesidades de mercado. Por eso,
en la enmienda 37 establecemos el plazo para determinar el pago. Dice
el texto que comienza cuando el contratista principal apruebe la
factura emitida por el subcontratista. Es indudable que se da un
margen de discrecionalidad, aunque posteriormente se den 30 días como
máximo para conformidad o disconformidad, situación ésta que invalida
el plazo. Nosotros proponemos que en su lugar el comienzo del plazo
del pago se determine desde la fecha de presentación. Por cierto,
quiero advertir que existe un error en la redacción de nuestra
enmienda número 37, porque se dice fecha de presentación por el
contratista principal y se quiere decir: fecha de presentación al
contratista principal; es un error obvio leyendo el texto, pero
quiero dejarlo puntualizado.
Lo mismo respecto de la garantía o aval. El texto establece que para
pagos superiores a 120 días el subcontratista podrá exigir aval.
Podrá es una exigencia potestativa que a nadie se le escapa que el
subcontratista no ejercitará ante las posibles consecuencias que la
misma puede conllevar en las relaciones futuras. Sería, por tanto, un
refuerzo de las garantías que se establezca el deber de exigir en vez
de poder exigir. De la misma forma sería conveniente reforzar los
requisitos
de la subcontratación, facultando al contratista o subcontratista la
puesta en conocimiento de las contrataciones realizadas en el órgano
administrativo.
La nueva redacción de los artículos 116 y 116 bis deberá obligar a
establecer ciertas preferencias. Por ejemplo, precisar, con respecto
a la obligación de abono a los subcontratistas, la referencia del
artículo 116 bis, en lugar del 104, que era una garantía de acuerdo
con la regulación anterior. Por otra parte, otra consecuencia debe
ser que el incumplimiento de las obligaciones recogidas en los
artículos citados sea motivo de suspensión de la clasificación al
contratista por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.
Finalmente, proponemos que para la aprobación de las sucesivas
certificaciones de obra el contratista principal deberá justificar y
demostrar a la Administración el pago anterior a los subcontratistas
y suministradores. Como pueden ver, señorías, lo único que
pretendemos en este apartado es incrementar el grado de
responsabilidad de la Administración ante las implicaciones
económicas y sociales que se desprenden de la contratación
administrativa.
Para terminar voy a hacer referencia al ámbito competencial de esta
ley; una ley que como su nombre indica es de contratos de las
administraciones públicas, no del Estado, como antiguamente, y por
tanto debe establecer el régimen jurídico básico de la contratación
pública sin impedir que las comunidades autónomas establezcan su
propio desarrollo normativo de acuerdo con sus estatutos de
autonomía. Sin embargo, no es este el espíritu que se desprende del
texto legislativo. A esta ley le sobra normativa básica. Algo se ha
mejorado con la enmienda consensuada entre el Grupo Popular y el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), pero no es suficiente. Aparte de
no ser suficiente, siempre estamos en la misma situación de que para
conseguir algún desarrollo en el ámbito autonómico tenemos que ir
arrancando nuestros derechos porque se necesita o no el voto; al
final siempre es una contrapartida a pagar. Este es el problema de
fondo. Además, la enmienda pactada entre el Grupo Popular y
Convergència i Unió contempla siete artículos como ley básica que no
lo eran en el texto inicial. En concreto, entre los requisitos para
contratar, la regulación de la exigencia de solvencia económico-
financiera y técnica al contratista, contemplada en los artículos 16,
17, 18 y 19, o el artículo 144 que regula la indemnización a cobrar
por el contratista en casos de fuerza mayor, o el que hace referencia
a la ejecución del contrato de gestión de servicios públicos, en el
texto inicial no eran ley básica, ahora sí.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zabalía,
le ruego concluya.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Mi grupo parlamentario propone modificar completamente la disposición
final primera -es nuestra
enmienda número 48-, tanto en su contenido como en la técnica
legislativa empleada. La técnica legislativa en cuanto a que la
excepcionalidad debe estar referida a aquellos artículos que se
consideren legislación básica y no considera legislación básica toda
la ley por principio, dejando la excepcionalidad a las materias que
no lo son. Creemos que esta técnica legislativa es absolutamente
errónea y por ello se solicita en nuestra enmienda corregirla.
Respecto a su contenido, también consideramos que deben contemplarse
como básicos, primero, dentro de los requisitos para contratar, los
aspectos relacionados con la capacidad de contratar, el procedimiento
y la excepción y el reajuste de garantías exigidas para los contratos
de la Administración; en segundo lugar, por lo que respecta a las
actuaciones, se debe ampliar la reducción del carácter básico en la
ejecución y modificación de contratos; y en tercer lugar, respecto a
la revisión de precios y extinción, habría que reducir el alcance de
la aplicación de las causas de resolución reguladas en el artículo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zabalía,
debe concluir.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Termino, señor presidente, en un minuto.
Todo lo anteriormente expuesto es en cuanto a la normativa reguladora
de los aspectos generales de contratación. Más contenido tienen los
aspectos relacionados con la ejecución. Habría que ampliar, por
tanto, la consideración de no básico en los contratos de obra de la
preparación del contrato en los aspectos de instrucciones técnicas y
replanteo de obras y los plazos en procedimientos abiertos y
restringidos. Curiosamente, en los contratos de gestión de servicios
públicos todos estamos de acuerdo en reducir el alcance básico de la
ejecución del contrato, que está en contradicción con el criterio que
se ha aplicado en el contrato de obras. ¿Por qué en el contrato de
obras sí y en el contrato de servicios públicos no? En los contratos
de suministros se debería ampliar la reducción de la misma, igual que
para el contrato de gestión de servicios. Estas son, como decía, las
propuestas que en materia competencial recoge nuestra enmienda número
48, adecuando el tratamiento del régimen competencial entre el Estado
y las comunidades autónomas.
Señorías, reconociendo ciertas mejoras y algunos avances sobre el
texto legislativo de 1995, para nuestro grupo parlamentario esta
reforma es insuficiente, no cubre nuestras expectativas,
principalmente en la regulación de las condiciones de pago a
subcontratistas y suministradores, pero fundamentalmente no cubre
nuestras expectativas en el ámbito parlamentario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Zabalía,
por favor.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Termino, señor presidente.
Por tanto, en este trámite mi grupo parlamentario no va a dar el voto
favorable al texto del proyecto de ley, distinguiendo en la votación
lo que es el ámbito competencial, que está recogido en la disposición
final primera, del resto del proyecto de ley. Y en cuanto a las
enmiendas de los demás grupos votaremos de forma similar a como lo
hicimos en el debate en Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Simplemente quiero dejar constancia -y
ahora sí termino, señor presidente- de que la enmienda número 42,
aprobada en Comisión, no está incluida en el texto del dictamen de la
Comisión y, por tanto, espero que los servicios de la Cámara puedan
corregir este error.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Así se hará,
señor Zabalía. Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas del
Grupo Federal de Izquierda Unida, el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero hacer mención, en primer lugar, a que este proyecto
de ley que hoy debatimos no obedece solamente a la voluntad política
del Gobierno para regular el marco de las relaciones contractuales de
las administraciones. Recordemos el acuerdo del Congreso, adoptado
por unanimidad el 11 de noviembre de 1997, que instaba al Gobierno a
traer a esta Cámara un proyecto de reforma de esta Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas; recordemos también la recomendación
de la Comisión Europea, de 12 de mayo de 1995, y la propuesta de
directiva del Parlamento Europeo, de 30 de octubre de 1998, que
invita a sus Estados miembros a adoptar una serie de medidas
relacionadas con las contrataciones públicas. Por tanto, estamos ante
una modificación requerida por todos los grupos de esta Cámara y
también a instancias de las recomendaciones de la Comisión Europea.
Nosotros hemos defendido que el proyecto del Gobierno se tramitara en
esta legislatura, y lo hemos hecho porque teníamos la clara voluntad
y la esperanza de que en el trámite parlamentario se corrigiesen
aspectos de la Ley de 1995 que no han funcionado con corrección,
sobre todo lo que se refiere al pago de suministradores y
subcontratistas. El texto que hoy debatimos desgraciadamente no da
satisfacción a estas demandas requeridas por los grupos políticos y
también por los propios interesados. Por eso nuestro grupo ha
presentado 29 enmiendas a este proyecto de ley, de las cuales han
sido aceptadas solamente dos. No voy a hacer en este momento una
defensa pormenorizada de
cada una de nuestras enmiendas por cuestión de tiempo -sería
imposible hacerlo-, pero pretendemos que la actualización y
modernización del marco jurídico en que se desenvuelven todas las
administraciones dé lugar a una ley que, en primer lugar, profundice
en la transparencia de los actos de las administraciones públicas.
Señorías, la transparencia en estos actos de las administraciones
públicas se consigue facilitando información y datos de los actos
públicos. De momento, en este trámite parlamentario el Grupo Popular
se ha negado a aceptar que empresarios o asociaciones de empresarios
o profesionales puedan solicitar información sobre adjudicaciones
practicadas por la Administración. Si quieren SS.SS. pueden remediar
esta situación recogiendo el sentir de nuestra enmienda número 120.
También en aras de esa transparencia creemos que habría que limitar
todavía más las contrataciones directas y las mesas de contratación
unipersonales. También creemos que no es lo más transparente posible
que el órgano de contratación sea solamente el ministro o el
secretario de Estado de turno. Es muy posible que tengamos
percepciones muy distintas del concepto de transparencia el Partido
Popular y nuestro Grupo, Izquierda Unida.
En segundo lugar, queremos que las administraciones públicas sean lo
más objetivas posibles en sus contrataciones. En este sentido
proponemos las enmiendas 133 y 134 a fin de limitar el alcance del
artículo 125 de la Ley, que deja un amplio margen a la contratación
conjunta de proyectos y ejecución de obras. Entendemos que el riesgo
potencial que supone esta modalidad de contratación hay que limitarlo
y no dar carta de naturaleza a lo que es excepcional.
En tercer lugar, auspiciamos que esta ley dé un tratamiento más justo
y equitativo a los colectivos empresariales y profesionales que se
mueven en torno a la contratación pública. En este sentido va la
recomendación de la Comisión y del Parlamento Europeo y también el
acuerdo del Congreso de los Diputados en su sesión del 11 de
noviembre de 1997. Quiero hacer una breve referencia a este acuerdo
porque me parece importante, ya que en aquel momento suscitó un grado
de consenso importante. El texto del acuerdo era el siguiente. El
Congreso instaba al Gobierno para que elaborara el correspondiente
desarrollo normativo que posibilitara la equiparación de plazo de
pago de precios pactados entre contratistas, subcontratistas o
suministradores. El espíritu de aquel acuerdo creo que estaba muy
claro. Incluso el portavoz popular, el señor Cámara, parecía que en
aquel momento se sentía preocupado por la relación entre contratistas
y subcontratistas. Luego hemos podido comprobar en el trámite
parlamentario de esta ley que esa preocupación ha desaparecido y ha
dejado paso quizás a la defensa de otros intereses que no son los de
la pequeña y mediana empresa, no son los de los suministradores y
tampoco son los de los subcontratistas. La alarma en el retraso de
pagos en este país creo que ya es importante, de tal modo que ha
llegado a la Unión Europea - de la que nosotros
somos partícipes-, recomendando a sus Estados miembros que adopten
las medidas jurídicas y prácticas necesarias con objeto de hacer
respetar los plazos de pago contractuales en las transacciones
comerciales y garantizar mejores plazos de pago en los contratos
públicos. Es una recomendación que hace la Comisión. También hay una
propuesta de directiva europea que va a obligar a los Estados
miembros a que las condiciones de pago hacia los subcontratistas sean
exactamente iguales a las del contratista principal. Por tanto,
señorías, está siendo modificada la Ley de 1995 con cierta frecuencia
y ésta que estamos haciendo también se va a ver abocada a
modificaciones futuras, en breve, como consecuencia de la entrada en
vigor de esta directiva. Creemos que es totalmente injusto el
tratamiento que hace el artículo 116 bis sobre este asunto tan
importante, ya que no tiene en cuenta el inicio de cómputo de los
plazos desde la fecha de conformidad de la factura del subcontratista
al contratista, deja un plazo abierto de 30 días para la aceptación o
no de la factura, con lo cual posibilita que esos 30 días se puedan
convertir en 60 ó en los que el contratista quiera; posibilita
establecer fórmulas de pago superiores a 120 días cuando la Comisión
Europea los está limitando a 60 y pretende rebajarlos a 45. Léase la
directiva, señor Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Fernández, le ruego que vaya concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Finalmente, posibilita continuar con la
práctica de emitir pagarés con cláusula de no a la orden, por lo
menos en aquellas facturas que no superen el plazo de 60 días.
Nuestro grupo ha consensuado con otros grupos de esta Cámara una
enmienda transaccional que recoge las números 124, 125, 126, 127, 128
y 129, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que se
refieren a toda esta problemática, y esperemos que finalmente el
Grupo Popular y otros grupos de esta Cámara que están un tanto tibios
puedan manifestar su aceptación a estas enmiendas.
Señorías, nuestro grupo va a votar en contra del proyecto de ley de
contratos de las administraciones públicas, que vulnera el acuerdo
del Parlamento del 11 de noviembre, que no recoge el sentir
comunitario de protección a las pymes, que sigue favoreciendo a unos
pocos en detrimento de muchos y que a su vez favorece la entrada de
las ETT en la contratación pública...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Fernández, le ruego concluya.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: ...en detrimento de los trabajadores.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a defender globalmente el conjunto
de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista a este
proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas, que ya
han sido debatidas en la Comisión y que han pasado su trámite con más
pena que gloria porque el Grupo Popular ha mantenido una posición
dura inquebrantable. Todos pensábamos que sobre este proyecto podían
producirse mayores puntos de encuentro porque entendíamos que en la
contratación administrativa se trataba de gestionar bien los recursos
de la Administración pública y, por tanto, podía haber una mayor
sintonía en muchos de los aspectos que la configuran, pero nos hemos
encontrado con que se plantea una especie de contrato de adhesión: si
están de acuerdo ustedes con este texto bien y, si no, hagan lo que
quieran, pero no vamos a estar dispuestos a aceptar muchos de sus
planteamientos.
Señorías, nosotros mantenemos en este trámite las mismas enmiendas
que en Comisión, y me gustaría destacar algunos aspectos de las
mismas porque entiendo que son fundamentales para ver cuáles son las
diferencias que existen entre la filosofía del texto del Gobierno
y del texto del Grupo Socialista. A la vista de lo manifestado en
Comisión por el señor Cámara, he de entender que la reducción del
ámbito de aplicación de la ley, exceptuando de la misma los contratos
de seguros, bancarios y de inversiones, así como aquellos que tengan
por objeto la creación literaria, artística y de espectáculos, entra
dentro de esos criterios filosóficos que dice el señor Cámara de
alejar de la contratación pública determinados sectores en base a su
especificidad, a sus peculiaridades, a sus características, etcétera;
es decir, todo aquello que a ustedes les viene bien poner encima de
la mesa para justificar su decisión de eliminar del control público
aquella gestión de recursos procedentes de los impuestos que ustedes
pretenden que se gasten sin ningún control. No demonizamos lo
privado, y de eso buenas experiencias hay porque en este país se
iniciaron procesos de liberalización en la época del Gobierno
socialista, pero les pido a ustedes que no demonicen lo público. Cada
vez que pueden, en las modificaciones legislativas tienen intención
-y lo hacen- de dar un bocado a la Administración pública para
pasarlo al sector privado. En este caso concreto, cuando ustedes
definen el ámbito de aplicación de la norma, lo que hacen es excluir
determinados sectores de la misma para que en lugar de ser
gestionados con arreglo a las normas de la contratación pública lo
sean con arreglo a las normas de la contratación privada.
Se lo decía en Comisión y se lo reitero ahora, señor Cámara. ¿Por qué
razón no quieren aceptar ustedes que cuando hablamos de solvencia
técnica de las empresas no hay que incorporar aspectos de control y
calidad
medioambiental? No lo entiendo, porque ustedes han estado presumiendo
en esta Cámara durante esta legislatura de que han sido los adalides
del medio ambiente y, cada vez que se discute sobre quién es más o
menos medioambientalista, resulta que ustedes presumen de que tienen
un ministerio. El Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio
horizontal y, por tanto, tiene que influir en todos aquellos sectores
de la Administración. En este caso concreto lo que le estoy diciendo,
señor Cámara, es que no hubiera pasado nada si a estas
características técnicas de las ofertas hubieran incorporado
criterios medioambientales, criterios de control de calidad, que no
creo que sea ninguna barbaridad, en absoluto, y de hecho en la Unión
Europea en muchos países se está funcionando así y se está trabajando
en esa misma línea.
Nuestras enmiendas números 60, 62 y 64 ponen de manifiesto la
existencia de una cortina de humo en un problema de calado cual es el
del empleo, y dicen que con esta ley se fomenta el grado de
estabilidad en el empleo; lo dicen y lo aseveran con muchísima
rotundidad. Pues no es así. El hecho de que existan tres palabras sin
importancia, «en su caso», echa por tierra su preocupación por las
teorías sobre el empleo, porque al fin y al cabo no hacen sino dejar
a la ley en las mismas condiciones que estaba antes cuando no
figuraba esta norma. Ustedes plantean ambivalencias, fórmulas bonitas
al decir «nosotros fomentamos la estabilidad en el empleo», «queremos
que se mantengan las plantillas», pero añaden a continuación la
expresión «en su caso» y ya la hemos liado. Lo que han hecho ustedes
es cargarse el precepto e intentar evitar que esta norma se pueda
cumplir y que haya obligación de cumplirla por parte de las empresas.
Hay un aspecto que usted en su intervención en la Comisión decía que
era uno de los que habían motivado la presentación de esta ley en
esta Cámara -y tengo que adherirme a lo que ha planteado tanto el
portavoz de Izquierda Unida como algún otro portavoz respecto a la
razón por la que se formula la modificación de esta ley- y es el de
la subcontratación y el suministro. En ese aspecto, señor Cámara, le
tengo que decir que ustedes con el texto que introducen están
perjudicando seriamente a aquellos que dicen que van a beneficiar. La
Ley de 1995 dice que el plazo del pago del contratista al
subcontratista será el mismo que el que tiene el contratista respecto
a la Administración. Lo que ustedes están planteando es, primero, que
eso no sea así porque establecen 30 días para contestar y ver si la
factura está o no bien hecha y, segundo, ustedes marcan una pauta
mayor que viene motivada por la existencia de un acuerdo entre las
dos partes. En una relación entre el contratista y el subcontratista
lo normal es que quien tenga la llave de esa negociación, de ese
contrato, no sea el subcontratista sino el contratista. En una
contratación administrativa pública no puede ser que la
Administración evada su responsabilidad en cuanto a conocer y a saber
qué es lo que pasa con los subcontratistas en sus relaciones con el
contratista que está gestionando
recursos públicos. A pesar de que ustedes están diciendo que esto
es una garantía mayor para percibir el subcontratista y suministrador
el pago que tiene por parte del contratista, yo le tengo que decir
que esta norma concretamente, esta norma tal y como viene establecida
lo que hace es dar un paso atrás y llevar al subcontratista y al
suministrador a la misma situación de inseguridad, de desequilibrio
que existía anteriormente en sus relaciones con el contratista. Léalo
usted, señor Cámara. Usted sabe perfectamente que cuando hay que
sacar punta a una ley los recovecos que se encuentran son muchos. Si
usted está facilitando que esos recovecos sean más grandes,
indudablemente no va a haber ningún problema. Los grandes
contratistas tendrán las puertas abiertas para hacer con los
subcontratistas y los suministradores lo que les venga en gana,
y usted lo sabe y es consciente de ello. Nuestra obligación es
intentar
que no se produzca ese desequilibrio y que se dé un trato igualitario
por parte de la Administración respecto a aquellas sociedades,
entidades o personas que están trabajando con cargo a fondos y a
recursos públicos, y eso no se produce con esa modificación.
Por eso, señor Cámara, nosotros -y a esto ha hecho referencia el
señor portavoz de Izquierda Unida- hemos elaborado una transaccional
que de algún modo recoge todo el planteamiento que le he hecho, que
intenta poner solución a esta situación de maltrato que reciben estas
empresas en la contratación pública cuando son subcontratistas o
suministradores, y hemos intentado aproximarnos a su tesis.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán,
le ruego que concluya.
El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente.
Nos hemos intentado aproximar a su tesis, y usted tiene el texto de
esta propuesta que hace referencia a las enmiendas 124, 125, 126,
127, 128 y 129, de Izquierda Unida, a las números 15, 16, 17 y 18,
del Grupo Mixto, del señor Vázquez, a la 37, del Grupo Vasco, y a la
89, del Grupo Parlamentario Socialista. Es un paso de aproximación a
sus planteamientos, es un paso en el que se acepta el pago en 90 días
-60 más 30- cuando viene la factura, y es un paso en el que se acepta
el que puede haber algún tipo de acuerdo en el que la posición del
subcontratista quede garantizada mediante la fórmula que se plantea.
Yo creo que el esfuerzo que se hace, señor Cámara, deberían tenerlo
muy presente porque indudablemente beneficiaría y daría satisfacción
a un gran número de empresas en este país que con la norma que
ustedes están estableciendo van a tener complicado, a partir de
ahora, gestionar sus contratos con los contratistas principales.
Señor presidente, señor Cámara, dado que se me ha acabado el tiempo,
doy por defendidas las restantes enmiendas del Grupo Socialista, que
se someterán avotación y que me gustaría que tuvieran una mejor
aceptación de la que han tenido hasta este momento a lo largo de este
debate.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En
nombre del Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para fijar la posición de Coalición Canaria
sobre este importantísimo proyecto de ley cuyo origen es la Ley 13/
1995, de 18 de mayo. Es importantísimo por la gran cuantía que supone
en la contratación de las administraciones central, autonómica
y local la actuación pública, también por el número y variedad de
empresas que están afectadas, no solamente grandes empresas
constructoras sino también muchas pymes, y ahora también van a estar
afectadas muchas de las empresas llamadas de consultoría que han
venido actuando con la Administración de una forma impune, sin pasar
sus contratos al Tribunal de Cuentas.
La normativa comunitaria y leyes posteriores a la del año 1995
obligaron al Gobierno a presentar este proyecto de ley que trae y
tiene como metas diversos puntos que no cabe la menor duda de que
suponen un avance. Por ejemplo, se mejora la concurrencia, se da más
publicidad y transparencia a los procedimientos de contratación, se
hace una adaptación a la legislación comunitaria, se regulan los
contratos que he mencionado de consultoría y asistencia, se
introducen figuras como la del leasing o arrendamiento financiero y
el de arrendamiento con opción de compra y la de los contratos con
empresas de trabajo temporal. Sin embargo, tenemos que reconocer que
pese a esa filosofía de progreso aún quedan muchas normas que es
necesario promulgar -ahora se llama implementar- como consecuencia de
directivas europeas que tendrán que incorporarse al texto de la
legislación positiva española y a situaciones que creemos que no
deben relegarse al sector privado sino que deben regularse dentro del
sector público. Me estoy refiriendo al problema que existe sobre la
situación en un plano de inferioridad del provisionista y el
subcontratista en relación con el contratista principal con la
Administración pública. Sin embargo, también consideramos que la ley
regula la actividad de subcontratación con unos efectos que a lo
mejor tendrán que ser corregidos en el futuro, aunque tenemos que dar
una oportunidad a la ley a los efectos de estas normas que suponen un
avance. Estimamos, igualmente, que la situación de bonanza que tiene
la economía española actual no hace muy preocupante esta cuestión,
pero hay que poner el parche antes de que se produzca el mal; hay que
prever la posibilidad de normas complementarias para regular y
resolver la situación financiera por créditos pendientes de pago a
subcontratistas y suministradores, que por ahora no es angustiosa,
pero que podrá serlo en el futuro.
Esperamos que las enmiendas que se han añadido como consecuencia del
pacto con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) serán
las suficientes para que las competencias autonómicas queden
adecuadamente respetadas. Esto lo consideramos importantísimo, porque
ya hay comunidades, como por ejemplo la Comunidad Autónoma del País
Vasco y la Comunidad Autónoma de Canarias, que tienen legislación de
segundo rango en materia de contratación administrativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gómez, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente.
Concluyo diciendo que esperamos que esta ley tenga éxito y, si no,
que se modifique con toda la celeridad posible. De todas formas,
anunciamos que vamos a votar favorablemente el dictamen de la
Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
negoció el proyecto de ley de contratos de las administraciones
públicas con el Grupo Parlamentario Popular, grupo mayoritario en
esta Cámara. Fruto de esas negociaciones, fruto de ese inicial
consenso, ha sido el avanzar en determinados aspectos de este
proyecto de ley y, aunque no hemos avanzado lo suficiente en otros,
para nuestro grupo, el global de este proyecto de ley merece la
aceptación y, por tanto, no hemos mantenido enmiendas vivas para el
trámite de pleno.
Señorías, este es un proyecto de ley necesario; es necesario para
adecuar plenamente la Ley de 1995 a la Directiva comunitaria de 13 de
octubre de 1997; es necesario para superar determinadas rigideces que
el contexto político del año 1995 impuso a la ley de contratos y, por
tanto, había un común consenso en que debía avanzarse hacía una mayor
simplificación, hacia una mayor transparencia, hacia una mayor
concurrencia. Todo ello se refleja en el texto del dictamen de la
Comisión, al igual que se refleja un avance en el ámbito de superar
determinadas distorsiones económicas que se producían entre la
empresa adjudicataria de los contratos y los subcontratistas y
suministradores.
Finalmente, un reto más que nuestro grupo planteó para impulsar este
proyecto de ley venía dado por la llamada cláusula social. El 13 de
abril de este año, el Pleno de esta Cámara aprobó una moción
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Nosotros fuimos quienes introdujimos en esta
Cámara el debate sobre el tercer sector, sobre la necesidad de
potenciar ese tercer sector, esas entidades sin ánimo de lucro que
están haciendo una gran función social y que nosotros queremos
apoyar. En esa moción sobre el tercer sector había un mandato
expreso: introduzcamos en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas una cláusula social, una cláusula que dé preferencia a esas
entidades sin ánimo de lucro en la adjudicación de determinados
contratos de carácter social. Eso se ha conseguido, hemos introducido
la disposición adicional octava; no es del tenor que nos hubiera
gustado, pero es un avance clarísimo en este ámbito del tercer
sector. Ahora, determinados grupos pueden decir: se debería haber
hecho más. Muy bien, pero hemos sido nosotros quienes la hemos
introducido a partir de la moción aprobada por el Pleno de esta
Cámara. Creemos que es un avance y, desde esta tribuna, queremos
invitar a las administraciones públicas a que hagan uso de esta
cláusula social y la apliquen, a que den esa preferencia a las
entidades sin ánimo de lucro cuando se trate de contratos de ámbito
social.
También es importante destacar en este ámbito social que en los
proyectos de obras se ha introducido el preceptivo estudio de salud y
seguridad. Deberá presentarse ese preceptivo estudio de salud y
seguridad y esperamos que ello contribuya a mermar la siniestralidad
laboral.
En el ámbito autonómico también hemos avanzado, aunque estoy de
acuerdo con el señor Zabalía en que no lo hemos hecho lo suficiente.
Esta ley, señorías, tiene demasiados artículos básicos, lo que es una
clara evidencia leyendo incluso el propio formato. En este momento,
el acuerdo no ha permitido avanzar más, aunque algo sí que hemos
progresado, porque hay menos artículos básicos, como por ejemplo en
aspectos tales como las sanciones por incumplimiento empresarial, el
procedimiento y pago del importe de la revisión de precios o las
causas y efectos de la resolución y modificación de los contratos,
pero falta avanzar más en el ámbito autonómico. Queda pendiente,
entre otros aspectos, un nuevo impulso a la extensión, en todas las
administraciones y en todo el territorio español, de las
clasificaciones empresariales otorgadas por los órganos de
clasificación de las comunidades autónomas. Debemos avanzar más en
ese efecto, porque, aunque se ha progresado, no ha sido suficiente, y
es que se parte de una desconfianza de lo que hacen estos órganos...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jané, le
ruego vaya concluyendo.
El señor JANÉ I GUASCH: Voy concluyendo, señor presidente.
Las comunidades autónomas son Estado y, por tanto, tienen plenos
efectos esas clasificaciones.
En el ámbito de la subcontratación hemos dado un paso adelante.
Tampoco hemos avanzado lo que se debiera, pero hemos dado un claro
paso adelante en favor de los subcontratistas, sin dejar de encontrar
ese
equilibrio necesario, puesto que una relación privada no puede ser
regulada por una ley pública. Hemos avanzado y esperamos que se dé el
paso decisivo, repito, que se espera a través de la normativa
comunitaria; demos, como decía el portavoz de Coalición Canaria, una
oportunidad a esa ley. Esos fueron los términos que habíamos acordado
con el Grupo Popular, nosotros los respetamos y, por tanto, nos
mantenemos en ese artículo 116 bis, que creemos que puede avanzar en
un futuro. Es un primer paso.
Por último, destacar que se han introducido medidas importantes en la
simplificación procedimental. Será potestativa la constitución por
los licitadores de la garantía provisional...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego
concluya, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Se impulsa una mayor utilización de
procedimiento negociado, se suprimen determinados certificados que
eran más burocracia y creemos que todo ello redundará en beneficio de
una contratación pública más transparente, más rigurosa, pero también
más ágil.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.
Finalizamos hoy la primera lectura que se hace de este proyecto de
ley por la que se modifica la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas para dar paso al Senado de lo que deba ser
finalmente el texto definitivo de la ley, y es el momento de hacer
una valoración de lo que ha sido el paso por la Comisión del dictamen
de este proyecto de ley. Yo creo que el balance que debe hacerse,
según nuestro punto de vista, tiene que ser satisfactorio, señor
Morlán, puesto que el trabajo en Comisión ha permitido introducir
mejoras en el texto, mejoras que yo creo que son indudables y a
alguna de ellas han hecho referencia en su intervención los señores
Zabalía y Gómez y en el último turno el señor Jané. Esto es una
evidencia, ha habido una treintena de modificaciones de prácticamente
todos los grupos, incluida alguna del Grupo Parlamentario Socialista
y de Izquierda Unida. Creemos que es satisfactorio no por el número
de enmiendas que se han incorporado al dictamen, sino por la calidad
de las enmiendas presentadas y porque además el debate en Comisión
estuvo presidido por un cierto clima de sosiego y de diálogo que yo
creo que no se compadece con algunas de las afirmaciones que han
hecho los portavoces de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, pero
lo cierto es que fue así. Recuerde, señor Morlán, que prácticamente
la única discusión que mantuvimos usted y yo
fue si la garantía se tenía que formalizar sobre la base del precio
del proyecto o del precio de licitación. Esta fue la máxima de las
discusiones que llegamos a alcanzar en aquella Comisión, sin
perjuicio de que no llegáramos a un acuerdo sobre los puntos a los
que usted ha hecho referencia, que ciertamente es así, pero reconozca
conmigo que el debate se mantuvo en esos términos de sosiego político
y de diálogo.
Además, ha habido algo muy importante y es que se ha mantenido un
gran número de reuniones con representaciones amplísimas del sector
al que va dedicado la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Todos los grupos parlamentarios hemos mantenido reuniones sinceras
con asociaciones de empresarios, con administraciones locales,
administraciones autonómicas, etcétera. Por lo tanto, se puede decir,
sin ningún género de dudas, que aunque no se esté de acuerdo con
alguno de los puntos del proyecto de ley, sí que ha recabado en su
mayor parte un consenso muy amplio entre asociaciones de empresarios
-insisto-, administraciones autonómicas y administraciones locales.
Esto quiere decir que el grado de contacto que se nos debe de
solicitar a los grupos parlamentarios de esta Cámara con la sociedad
civil, a la que va dirigido el proyecto de ley, creo que no ofrece
ninguna duda.
Decía que las modificaciones introducidas han sido importantes.
Ciertamente ha sido importante la incorporación, mediante la enmienda
presentada por Convergència i Unió, de esta referencia al tercer
sector, que era absolutamente necesaria, como quiera que había sido
así aprobado en el debate sobre el estado de la Nación a iniciativa
del Grupo Catalán y que va a permitir, ni más ni menos, que por fin
el denominado tercer sector se incorpore altráfico mercantil que
supone el trabajo con la Administración pública de forma decidida
y que se mejore su situación con respecto a la Administración pública
en este punto. Yo también quiero hacer extensivo el llamamiento que
ha hecho el señor Jané a que las administraciones autonómicas
utilicen este precepto.
También es importante la modificación que se introduce en materia de
legislación básica y no básica, entre lo que ha de regular el Estado
en materia de contratación administrativa y lo que debe regular la
Administración autonómica. Quiero decirle en este punto al señor
Zabalía, porque así ha sido el tono de su intervención en este tema,
que no ha necesitado nadie arrancar del Gobierno nuevos elementos no
básicos del proyecto de ley. No se trata de arrancar, señor Zabalía;
se trata de acordar entre la Administración autonómica y la
Administración central cuál es el ámbito de competencia, el ámbito de
actuación en materia de contratación administrativa. El sesgo que ha
dado a su intervención en materia de arrancar no lo comparto,
fundamentalmente porque el Gobierno del Partido Popular también
mantiene el poder en buena parte de las comunidades autónomas de
España y reconocerá conmigo que tanto interés tiene el Partido
Popular en incrementar las competencias en materia de contratación
administrativa
como lo pueda tener S.S. o el señor Jané. Ese es el contenido cierto
de la aprobación de la enmienda con la transaccional que fue
presentada por nuestro grupo, junto con el de Convergència i Unió, y
esa es la globalidad del acuerdo que se alcanzó. Como digo, no
comparto el sesgo que tiene que ver con arrancar del Gobierno
determinado tipo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cámara,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Sí, voy acabando.
Repito que se incorporan importantes modificaciones que yo creo que
van a permitir atajar muchos de los problemas que tiene la
contratación administrativa y que se hace además en un ámbito
político completamente distinto al que fue el del año 1995, señor
Morlán.
En el año 1995 ustedes se tuvieron que dedicar a atajar una situación
anormal. Ya va siendo hora de que algún Gobierno, el Gobierno del
Partido Popular, puesto que puede hacerlo porque se dan las
condiciones políticas para ello, ataje el ámbito de la contratación
administrativa en una situación absolutamente normal. Ya no hay
condiciones de anormalidad en el sector de la contratación
administrativa como ocurrió en el año 1995. Permita que alguien, por
fin, se siente a determinar las reglas sobre las que debe de
conjugarse el futuro de la contratación administrativa en situaciones
de normalidad. Ya nadie se despierta por la mañana con asuntos
relacionados con el ámbito de la contratación administrativa que
después ustedes tuvieron que atajar. En esta situación política, el
Gobierno del Partido Popular ha tenido que atajarlo de otra manera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cámara,
le ruego concluya.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Algunas de las importantes
incorporaciones que se hicieron en aquella ley creo que han sido
mejoradas en ésta y no debieran haber sido cuestionadas, por lo menos
hasta el punto que lo hizo su señoría.
Quiero finalizar haciendo una referencia brevísima a lo que ha sido
al final el debate de este proyecto de ley en relación con
subcontratistas y contratistas. En el año 1995 se introduce un
importante artículo que regula de forma tímida la relación entre
contratistas y subcontratistas. Lo que hace el proyecto de ley en la
actualidad es regularlo ya no de forma tímida, sino de forma
decidida. ¿Por qué? Porque es una situación insostenible para muchas
de las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la contratación
administrativa y se ataja de modo decidido.
Algunas de las precisiones que se hacen en el artículo 116 bis quizás
hasta tengan carácter reglamentario, pero esta es la opción que ha
tomado el Gobierno del Partido Popular y que nuestro partido asume.
Hasta el momento no había ningún plazo en el que el contratista
tuviera que presentar la conformidad a la factura. Ahora se dan 30
días de plazo máximo para dar conformidad a la factura. Antes no
existía con su proyecto de ley. Se establece que el carácter general
de ese plazo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cámara,
S.S. debe concluir.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Si, señor presidente, acabo de
inmediato.
Se introduce en el artículo 116 bis esta consideración. Se introducen
nuevas garantías para que los contratistas y subcontratistas puedan
hacer frente mejor a su actividad comercial y no obtener las pérdidas
que evidentemente están teniendo en la actualidad. Y le digo lo mismo
que le decía al señor Gómez, con el que estoy plenamente de acuerdo.
Hay que dar una oportunidad a este proyecto de ley. Estoy convencido
de que, en muchos de los aspectos cuestionados hoy, dentro de no
demasiado tiempo se podrá comprobar que la eficacia que pretendía el
proyecto de ley ha tenido su fruto y los problemas que actualmente
tiene el sector se verán disminuidos con la aprobación de estas
medidas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Cámara.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE ESPAÑA
EN LA SEGUNDA REPOSICIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE
MUNDIAL REESTRUCTURADO. (Número de expediente 121/000167.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 43 del orden del día, que es el dictamen de la Comisión sobre
el proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España
en la segunda reposición de recursos del Fondo para el medio ambiente
mundial reestructurado.
Se mantienen, dentro del dictamen, enmiendas de los grupos
parlamentarios Vasco, Izquierda Unida y Socialista.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la
palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente. Intervendré con
la mayor brevedad posible.
Nuestro grupo parlamentario, efectivamente, tiene presentada una
enmienda al artículo 3 de este proyecto de ley, que es el que fija el
pago de las contribuciones al denominado Fondo de ayuda al
desarrollo, abriendo una vía específica de financiación que no han
contemplado las anteriores leyes de los años 1994 y 1997, que se
referían a las dotaciones presupuestarias que a los
efectos pertinentes consignaran las leyes de presupuestos generales.
La cuestión no es la de requerir vinculaciones rígidas desde un punto
de vista presupuestario, sino ser consecuentes con la ordenación de
las actuaciones financieras que se realizan en los artículos 27 y 28
de la Ley 23/1998, de Cooperación al desarrollo. Con arreglo a tales
preceptos deben distinguirse dos vías de financiación, según se trate
de acciones de cooperación multilateral, como es el caso del Fondo
para el medio ambiente mundial, o de acciones de cooperación
bilateral, ámbito en el que precisamente debe desenvolverse el fondo
de ayuda al desarrollo y que, por lo expuesto, ha sido invocado en el
proyecto de ley de un modo irregular, al menos formalmente
considerado.
Es importante mantener un criterio de rigor en este tipo de acciones
porque, si ya lo es en términos generales, adviértase que,
lógicamente, en materia de cooperación lo es de un modo mucho más
estratégico. No en vano se ha destacado que uno de los males más
perniciosos de cara al impulso de la solidaridad cooperante radica en
la falta de administración transparente de los recursos públicos
destinados a este fin. Por lo tanto, mi grupo parlamentario mantiene
esta enmienda al artículo 3, que se refiere precisamente al pago de
la contribución.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Mi intervención será breve también, porque ya quedó clara cuál era
nuestra posición en el debate que tuvimos en la Comisión de Economía.
A través de nuestra enmienda, no tratamos de posicionarnos en contra
de la aportación española al Fondo para el medio ambiente mundial
reestructurado, sino todo lo contrario. Precisamente lo que pretende
la enmienda es separar la financiación de los fondos de ayuda al
desarrollo y el Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado,
por dos razones claras. Una, porque los fondos de ayuda al desarrollo
deben cumplir su función y deben estar separados de la aportación que
se tiene que hacer a un fondo mundial al que España debería estar
contribuyendo. A pesar de eso, Izquierda Unida ni siquiera está
planteando que se aumente la aportación al Fondo, sino sencillamente
que se separen las dos fuentes de financiación y que, en todo caso,
el Gobierno, para el año 1999, apruebe un crédito extraordinario para
hacer la aportación al Fondo para el medio ambiente mundial
reestructurado.
Señorías, no es este un tema en el que los recursos se tengan que
dividir para atender dos cuestiones diferentes, aunque tengan que ver
con el desarrollo de los
países menos favorecidos. Estamos convencidos de que los fondos de
ayuda al desarrollo deben aplicarse precisamente para esto y que los
proyectos que nuestro país financie deben contemplar también la
vertiente medioambiental, pero, en realidad, esto significaría
extraer los recursos de los fondos de ayuda al desarrollo y no
contribuir con las aportaciones que nos corresponden como país al
Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado. Por eso
mantenemos nuestra enmienda al artículo 3.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Gracias, señor presidente.
También brevemente, para ratificar la posición que nuestro Grupo
mantuvo en la Comisión de Economía respecto a la razón por la cual no
presentamos enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. Es un
proyecto de ley que se impulsó por el Gobierno Socialista en 1994.
Nuestro país fue uno de los promotores en crear este Fondo para el
desarrollo del medio ambiente en los países más pobres, para unos
proyectos tan importantes como reducir la emisión de gases que
provoca en el cambio climático; proteger la capa de ozono; preservar
la diversidad biológica; detener la contaminación de las aguas o
mitigar la degradación de las tierras, su desertización y
reforestación.
Todos estos proyectos, que deben financiarse con cargo a este fondo
mundial en los países a los cuales les estamos pidiendo que su
desarrollo contemple al mismo tiempo estas limitaciones para
preservar el medio ambiente mundial, fueron la razón por la cual
nosotros contribuimos a iniciar este proceso junto con otros países,
y fueron aprobados por unanimidad de la Cámara.
Finalmente, en 1997 se incorpora la contribución de nuestro país al
fondo, que es de aproximadamente 2.463 millones de pesetas, el 12,03
por ciento, que es lo que se plantea en este nuevo proyecto, mientras
que anteriormente lo fue del 12,36 por ciento. A nosotros nos parece
que la cantidad, además de ser menor, es insuficiente, teniendo en
cuenta que el fondo mundial tiene en la actualidad un déficit de
aproximadamente 657 millones de pesetas. Creemos, por tanto, que la
aportación de nuestro país no tiene que ser cicatera, sino que al
menos deberíamos contribuir con una cantidad igual a la del primer
fondo, y por supuesto debiéramos seguir estando a la cabeza, como
Alemania, Suiza, Italia u otros países, de quienes apuestan de manera
decidida y clara por la conservación del medio ambiente mundial.
Nuestras enmiendas van en la dirección de incrementar en 657 millones
de pesetas, es decir, pasar del 0,8 al uno por ciento, que también es
una cantidad
mínima, por eso planteamos que, de acuerdo con la ley de
acompañamiento de los presupuestos de 1999, podría extraerse de las
devoluciones de los fondos de desarrollo, que en el saldo del año
anterior fueron aproximadamente unos 30.000 millones de pesetas. Esto
no va a suponer ningún desajuste económico, no va a romper ningún
plan de estabilidad de la Unión Europea, como se dijo por el Grupo
Popular en la Comunidad, sino que va a reforzar ante el resto de los
miembros el papel interesado, sensible, de nuestro país.
La última enmienda es una nueva adicional, que lo que plantea son las
recomendaciones del Consejo General del Estado en su informe y lo que
establece el propio Banco Mundial como obligación para los gobiernos,
que es facilitar una información detallada, a través de una memoria,
de un informe económico, de los proyectos que nuestro país presenta,
de los proyectos que se financian y de la cuantía del conjunto de los
miembros y su aportación a este fondo, para que podamos visualizar
cuál es, en el proceso final, el desarrollo de estos fondos, si se
están gestionando de manera adecuada y para los fines previstos.
Finalmente, nuestro Grupo comparte las enmiendas tanto del Grupo de
Izquierda Unida como del Partido Nacionalista Vasco, porque
entendemos que es fundamental el que haya una claridad a la hora de
saber la partida presupuestaria y qué destino tiene la dotación de
los fondos de cooperación. Creemos que es muy importante que no se
detraiga...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora García-
Hierro, le ruego concluya.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Finalizo ya.
Decía que es muy importante que no se detraiga de otras partidas de
cooperación al desarrollo, sino que sea una partida específica, un
presupuestos específico para contribuir a dicho fondo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora García-Hierro. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, como los demás grupos que han intervenido.
El proyecto de ley que hoy debatimos tiene como objeto la
autorización para la participación de España en la segunda reposición
de recursos del Fondo para el medio ambiente mundial reestructurado.
Para el Grupo Popular constituyen una buena noticia, señorías, todas
las iniciativas que se realicen para financiar proyectos y
actividades relativas al medio ambiente, al medio
ambiente mundial y al desarrollo sostenible de los países en
desarrollo. Es de todos conocido que los grandes problemas
medioambientales que amenazan nuestro
entorno no pueden resolverse a nivel local, ni siquiera a nivel
nacional. Las medidas para reducir las
emisiones de gases que producen el efecto invernadero o para
preservar la diversidad biológica entre otras
muchas, son medidas que deben tomarse de forma global. Los problemas
a los que nos estamos refiriendo y sus consecuencias afectan a todo
el planeta, por ello
adquieren especial relevancia las aportaciones a ese fondo.
El Gobierno de la nación, que ya mostró su especial sensibilidad ante
esos problemas, y los grupos de esta
Cámara, hicieron posible, por Ley de 24 de abril de 1997, la
participación del Reino de España en el Fondo para el medio ambiente
mundial reestructurado y la
contribución a la primera reposición de recursos.
Señorías, compartimos el fondo de las enmiendas
que aquí se han defendido por parte de los grupos parlamentarios
y que son un claro exponente de la preocupación
medioambiental de los diputados que han intervenido; preocupación
medioambiental que, como he dicho, compartimos plenamente. Creo que a
todos
los que consideramos como algo esencial la defensa del medio ambiente
nos parece siempre escasa cualquier
dotación presupuestaria que se consigne. No obstante, y pese a que
las propuestas que se hacen desde la oposición
son sin duda alguna bienintencionadas, no dejan de ser propuestas que
son fuente directa de un incremento de los créditos presupuestarios
y, por tanto, de
un incremento del gasto. Cosa distinta es, señorías, como ustedes
conocen, la labor de la oposición y la
labor del Gobierno. Asimismo, el Gobierno de la nación debe analizar
cuestiones de necesidad presupuestaria
derivadas de otros compromisos económicos, tales como el cumplimiento
del Pacto de estabilidad. Por ello, aún compartiendo el fondo de las
enmiendas,
nuestro voto será negativo.
Por último, simplemente le quiero hacer una aclaración
a la portavoz del Grupo Socialista, que supongo que ha tenido un
lapsus en su intervención, porque
hablaba de una tercera enmienda, una tercera enmienda que no es tal,
porque se llegó a una transaccional y está incluida en el dictamen de
la Comisión.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Vamos a proceder a la votación.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a los tres puntos del orden del día que se han
debatido, comenzando por la enmienda del Senado al proyecto de ley
por el que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Forestales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 137; en contra, 174; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada la enmienda del
Senado al citado proyecto de ley.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión
al proyecto de ley por la que se modifica la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. Vamos a votar separadamente las enmiendas
y luego, en diversos apartados, haremos las votaciones
correspondientes al dictamen.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto, comenzando por las del
señor Vázquez y dentro de ellas por la número 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 15; en contra, 176; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 2 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 17; en contra, 296; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 6, 7 y 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, tres; en contra, 307; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Se somete a votación la transaccional a las números 15 a 18, también
a las 124 a 129 de Izquierda Unida, a la 37 del Grupo Nacionalista
Vasco y a la 89 del Grupo Socialista. ¿Lo aceptan así los grupos?
(Asentimiento.) Se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 142; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 140; en contra, 174.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas de la señora Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 139; en contra, 174.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Vasco (PNVEAJ). En primer lugar,
las números 32 y 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
311; a favor, 20; en contra, 167; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 24, 27, 29 y 30.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, siete; en contra, 182; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas números 20, 21, 28, 34, 38, 44 y 48,
del Grupo Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, siete; en contra, 306; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 31, 45 y 46.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
310; a favor, 19; en contra, 290; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos en este grupo las restantes enmiendas del Grupo
Vasco (EAJ-PNV), ya que la 37 se votó con la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 145; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, comenzando por las 117, 121 y
130.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 15; en contra, 299; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 132, 133, 134 y 139 a 142.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 15; en contra, 175; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 115 y 123.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 145; en contra, 168; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. Las enmiendas 124 a
129 se votaron también con la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 141; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista, comenzando por las números 67, 69, 86
a 88 y 97.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 143; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista, teniendo en cuenta que la
89 se votó con la transaccional a varios grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 138; en contra, 172; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos así a las votaciones correspondientes al dictamen. En primer
lugar, votamos el artículo único, que comprende los artículos de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, números 21.1, 28, 69.3, 94.2 y 3, 125,
150, 152.2 y 4, 198.2, 203, disposición adicional octava,
disposiciones transitorias décima y undécima, así como la disposición
final única y la exposición de motivos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 170; en contra, 15; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos citados.
Ahora se vota el artículo único, que alcanza a los artículos de la
Ley 13/1995 números 5.2 y 3; 9, 17, 18, 19, 20, 25.1, 26, 37, 42.1 y
3; 53.3, 57, 79.2, 82.1, 84.2, 3 y 5; 87, 93.2 y 3; 100.2, 4 y 7;
111.2 y 4; 116.2 y 4; 116 bis, 130.2 y 3; 131, 141, 147.3 y 6; 153.1,
3 y 4; 155.2, 157, 158, 159, 183, 197, 199, 202, 215.2 y 3; y
disposiciones adicionales tercera, novena y undécima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 160; en contra, 152; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición final primera de la Ley 13/1995 citada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
316; a favor, 296; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314 ; a favor, 294 ; en contra, 16; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Pasamos al proyecto de ley por la que se autoriza la participación de
España en la segunda reposición de recursos del Fondo para el medio
ambiente mundial reestructurado, comenzando por una enmienda del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
316; a favor, 145; en contra, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
316; a favor, 146; en contra, 170.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
316; a favor, 147; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Socialista.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
316; a favor, 314; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
DICTÁMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ANALIZAR LA POLÍTICA
DESARROLLADA MEDIANTE AYUDAS COMUNITARIAS AL CULTIVO DEL LINO, EN EL
MARCO DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN. (Número de expediente 152/
000002.)
El señor PRESIDENTE: Al haber decaído el punto X del orden del día
por no haber alcanzado totalidad la proposición de ley de creación
del colegio profesional de pedagogos, pasamos al debate
correspondiente al dictamen de la Comisión de investigación para
analizar la política desarrollada mediante ayudas comunitarias al
cultivo del lino, en el marco de la política agraria común, que
constituye el punto XI del orden del día.
El desarrollo de este punto y su debate se atendrá a los siguientes
términos. En primer lugar, el presidente de la Comisión de
investigación, señor Mardones, presentará el dictamen y luego se
presentarán los votos particulares por quienes los han suscrito,
primero por el Grupo Socialista junto al Vasco (EAJ-PNV) y al Mixto,
a continuación el del Grupo de Izquierda Unida y en tercer y último
lugar fijarán posición los grupos parlamentarios.
Señor Mardones, tiene la palabra. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio para poder continuar con el orden del día y
que abandonen el hemiciclo si así piensan hacerlo.
Puede comenzar, señor Mardones. (Rumores.)
Señorías, les ruego silencio.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco en mi calidad de presidente
que he sido de la Comisión de investigación para analizar la política
desarrollada mediante
ayudas comunitarias al cultivo del lino en el marco de la política
agraria común.
Disponen SS.SS. del amplio y detallado informe, dictamen
y conclusiones, así como de los votos particulares que salen de los
trabajos de esta Comisión a lo largo de los pasados meses inmediatos.
Por tanto, haciendo gracia a la Cámara para favorecer los debates que
vengan sobre las conclusiones y los votos particulares, en los
antecedentes, de sobra conocidos, relatará esta presidencia
sucintamente la parte institucional.
La creación de la Comisión nace de unas iniciativas, en primer lugar,
el 20 de mayo, del Grupo Parlamentario Socialista, 90 Diputados, que
solicitan reglamentariamente la creación de una comisión al respecto,
que lleva fundamentalmente siete puntos de investigación. El 20 de
mayo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda-Unida y el Grupo
Mixto presentan tambiénuna solicitud para analizar la distribución
realizada de las ayudas comunitarias al cultivo del lino mediante una
comisión de investigación. Y finalmente, el 24 de mayo, el Grupo
Parlamentario Popular hace también una análoga solicitud de comisión
de investigación para analizar la política desarrollada mediante
ayudas comunitarias al cultivo del lino.
Con los trámites reglamentarios precisos se llega a su consideración
en el Pleno de esta Cámara del 27 de mayo, en que es aprobada la
creación de esta Comisión temporal de investigación, con un objeto,
que es el señalado; tiene una composición con la ponderación adecuada
de los grupos parlamentarios que forman la Cámara, se determina que
el voto será ponderado y que culminará sus trabajos en el menor
tiempo posible. De acuerdo con ello el día 17 de junio pasado se
constituye esta Comisión, en un principio bajo la Presidencia del
excelentísimo señor presidente del Congreso de los Diputados, don
Federico Trillo. Tiene la composición que conocen SS.SS. en cuanto a
la nominación de los señores diputados. Comienzan sus actuaciones el
mismo día 17 de junio, a las que siguen dos más. Se acuerda una serie
de sesiones de comparecencias que, al amparo del reglamento y por
petición de todos los grupos parlamentarios, serán públicas para la
presencia de los distintos medios de comunicación social y las
comparecencias se efectúan a lo largo de los días 20, 21, 22, 27, 28
y 29 de julio.
El siguiente punto del dictamen, que conocen SS.SS., trae toda la
documentación que se acordó solicitar por la Comisión y que aportan
el Gobierno y las comunidades autónomas. La documentación solicitada
al Gobierno consta de 25 epígrafes; la solicitada a las comunidades
autónomas se agrupa en siete apartados. Hay una solicitud de
documentación especial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, con ocho apartados especificados, y la documentación también
solicitada a distintos órganos de la Unión Europea. Se señala también
en el informe-memoria la documentación aportada por todas estas
distintas administraciones generales y autonómicas públicas en
cualquiera de sus elementos. En otro apartado figura la documentación
que
aportaron los comparecientes y, por la oferta que había hecho el
portavoz del Grupo Mixto, una documentación presentada por miembros
de la Comisión.
Las comparecencias, acordadas por la Comisión siempre con el voto
ponderado que había ordenado Pleno, fueron de 35 personas físicas,
que van desde el ámbito de las autoridades públicas de las distintas
administraciones, general del Estado o de las comunidades autónomas,
a entidades mercantiles de derecho público y privado, distintos entes
generadores de procesos de transformación en el lino textil, así como
personas que forman ámbitos muy variados y que se señalan ahí, hasta
las 35 que he dicho.
El punto sexto habla del plazo de la emisión del informe, que se
reguló de acuerdo con el mandato del Pleno, interpretado por esta
presidencia, de culminar los trabajos en el menor tiempo posible. La
celebración de las comparecencias acordadas por la Comisión y la
ordenación de los trabajos de la misma constituyen el núcleo sobre el
que se tomaron determinaciones: hubo debates, hubo controversias,
hubo acuerdos.
Quiere señalar esta presidencia, aunque está en detalle en el
informe- dictamen que tienen sus señorías, el aspecto referente al
ritmo, ya que en los meses inmediatos a la constitución de la
Comisión, pasadas las elecciones autonómicas, municipales, locales y
europeas del 13 de junio, nos encontramos con la situación
reglamentaria de que en los meses de julio y agosto era necesaria la
solicitud de habilitación para que la Comisión pudiera desarrollar
sus trabajos. Aquí surgió el problema del ritmo que debería seguir el
desarrollo de los trabajos, que pudo ser, y de hecho lo fue,
controvertido ante las diferentes denuncias por parte de diversos
grupos parlamentarios representados en la Comisión, en primer lugar,
sobre el retraso de la remisión de documentos por parte del Gobierno
y de las comunidades autónomas y sobre la necesidad de contar con los
mismos con carácter previo a la celebración de las comparecencias.
Ello motivó que el presidente de la Comisión manifestara en la sesión
del 8 de julio pasado que instaría para que la documentación fuera
enviada sin demora alguna, como efectivamente así se hizo, mediante
la remisión de los correspondientes oficios a través de la
Presidencia del Congreso de los Diputados. Las posiciones de todos
los grupos al respecto de esta cuestión controvertida del ritmo
quedan suficientemente reflejadas en el amplio informe que tienen sus
señorías.
Finalmente, después de la habilitación conseguida en el mes de julio
con la demanda de la correspondiente satisfacción de la firma de
señores diputados, la necesaria para el mes de agosto se hace por
solicitud reglamentaria del Gobierno de la nación. En el mes de
agosto se señaló el plazo del día 13 como límite para que los
distintos grupos parlamentarios presentaran sus conclusiones y la
reunión correspondiente de votación, previo debate, se celebró el día
17 de agosto. Dicho día y mediante el uso del voto ponderado, ante
las propuestas presentadas por los distintos grupos y habiendo
solicitado la presidencia si había posibilidad de cualquier
ensamblaje de propuestas vía consenso y habiéndose manifestado por
los señores portavoces miembros de la Comisión que no había ninguna
línea que propiciase un consenso para textos comunes, se procedió a
la votación de las propuestas presentadas por el sistema del voto
ponderado, en el uso del cual las conclusiones que va a proceder a
leer la presidencia son las que obtuvieron mayoría de votos por los
emitidos por representantes del Grupo Parlamentario Popular, del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, quedando las propuestas que se
habían formulado por los demás grupos en la disposición de ser
presentadas como votos particulares para esta sesión que nos reúne
hoy en el Pleno.
Las conclusiones, que paso ya a leer formalmente, son las siguientes,
elevadas, como digo, en razón del voto ponderado de mayoría ante esta
sesión del Pleno.
Primera. El cultivo de lino en España, que había desaparecido
prácticamente en los años cincuenta, reapareció en 1993 como
consecuencia del cambio de normas reguladoras de la política agraria
común aprobadas en 1992 por la Comunidad Europa. En las campañas
1994, 1995 y 1996 se produce un importante crecimiento en términos
relativos de este cultivo, que pasa de las 186 hectáreas cultivadas
en 1993 a 44.440 hectáreas en 1996. En la campaña de 1997, la
superficie cultivada de lino fue de 46.414 hectáreas; en la de 1998,
de 89.587 hectáreas; descendiendo en 1999, según estimaciones
provisionales, en unas 12.000 hectáreas. Las causas de este
desmesurado crecimiento del cultivo hay que hallarlas en un modelo de
ayudas establecido en la Unión Europea, que durante varios años,
hasta 1998, no exigía para la percepción de ayudas a la renta otra
cosa que la siembra y posterior recolección de lino textil; ello
puede haber dado lugar a la aparición, junto a empresarios que
legítimamente confían en las perspectivas industriales de futuro del
lino textil, de lo que puede calificarse como agricultores
especulativos, productores cuyo principal estímulo, de forma
absolutamente desproporcionada, si se compara con otros cultivos que
perciben ayudas comunitarias, es el apoyo público y no el valor
comercial de lo cultivado.
Segunda. A pesar de todo y aunque el crecimiento del cultivo de lino
en España entra en el período 1993- 1997, puede calificarse como de
muy notable. Ha de tenerse en cuenta que su importancia en el
conjunto del sector agrario es muy escasa si se compara con el resto
de los cultivos que reciben ayudas de la política agraria común:
cereal, maíz, proteaginosa, oleaginosa, leguminosa, retirada y trigo
duro. Resulta que el lino recibió en la campaña 1997-1998, última
liquidada, ayudas por importe de 5.438,4 millones de pesetas, el 0,61
por ciento, mientras que el conjunto de las ayudas de la PAC ascendió
a 883.743 millones de pesetas. En cuanto a las superficies
cultivadas, el lino, en la misma campaña, representaba el 0,524 por
ciento del total de superficies
sujetas a las ayudas compensatorias de la PAC, 46.415 hectáreas, de
un total de 8.855.838 hectáreas.
Tercera. A partir de 1996 y a raíz de las inspecciones realizadas en
los ejercicios anteriores por la Dirección General de Agricultura de
la Comisión Europea, que denunciaban la existencia de una situación
generalizada de caza de la prima, en referencia a las campañas de
1994 y 1995, se introducen importantes variaciones en la legislación
comunitaria para intentar evitar que la elevada cuantía de la ayuda
se convierta en el único motivo que induzca al productor a cultivar
lino. Concretamente, la normativa europea, con la aprobación
explícita y el apoyo del Gobierno español, en particular de la
excelentísima señora ministra de Agricultura, doña Loyola de Palacio,
estableció tres nuevos requisitos para la percepción de las ayudas,
como son: Uno, la exigencia de un contrato de transformación de la
varilla de lino cultivada en fibra de lino textil. Dos, la obligación
de alcanzar un rendimiento mínimo por hectárea. Tres, la exigencia de
un aval por el 100 por cien de la ayuda compensatoria, en garantía
del cumplimiento de los requisitos establecidos para aquellos
productores que se conviertan en transformadores directos. Asimismo,
se dictaron normas dirigidas a la intensificación por los Estados
miembros del control e inspección de cultivadores y transformadores.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Por otro lado, la Comunidad Europea ha establecido un rendimiento
mínimo de 1.000 kilogramos por hectárea para poder recibir la ayuda
compensatoria que será incrementado progresivamente en los próximos
años. Ello permite suponer que el cultivo de lino textil en España
disminuirá su crecimiento, incluso se reducirá sensiblemente en un
futuro inmediato, dada la dificultad real de alcanzar tales
rendimientos mínimos en importantes zonas del país, principalmente
por razones geográficas o pluviométricas.
Cuarta. Desde el punto de vista socioeconómico, la Comisión considera
que no sería correcta ni aceptable una descalificación global del
sector del lino textil en España. Existen elementos suficientes, de
entre los que destacan las cifras de importación de lino, no sólo
para el sector textil sino también en la industrial auxiliar del
automóvil o en el sector de producción papelera, para creer que, con
independencia de las deficiencias graves del actual sistema de ayudas
europeas, se trata de uncultivo que podría desarrollarse con éxito y
tener una salida comercial en diversos sectores. Para ello serían
precisas importantes inversiones en la fase de cultivo y en la de
transformación así como en cambios radicales en la comercialización.
La Comisión entiende que las administraciones general y autonómica,
en el marco de sus respectivas competencias, deberían adoptar las
medidas oportunas para que, mientras continúe vigente la actual
organización común del mercado del lino y del cáñamo y el régimen de
ayudas que de la misma se desprende, se potencie cuando menos la
adecuada comercialización de la fibra de lino producida en España,
incrementando así el valor
añadido del producto. En cualquier caso, la Comisión entiende que los
productores agrarios españoles no tienen por qué rechazar a priori un
cultivo incluido actualmente en las ayudas de la PAC y por el sólo
hecho de que no existan posibilidades reales de comercialización del
producto obtenido, pues tal circunstancia se da, aunque en menor
medida, en otros cultivos protegidos. En cualquier caso, es
importante señalar que esta situación políticamente discutible,
derivada directamente de una normativa aprobada en el seno de la
Unión Europea, no ha de confundirse con el fraude, entendido como la
creación artificial de las condiciones establecidas en la normativa
comunitaria para obtener las ayudas.
Quinta. Se ha planteado el reparto competencial de la regulación de
las ayudas al cultivo del lino. De la normativa vigente y de la mera
observación de cómo ha sido llevada a la práctica en el conjunto del
Estado se desprende una distribución competencial globalmente clara y
precisa. Corresponde, en primer lugar, a las instituciones
comunitarias la promulgación de los reglamentos, de directo y
obligado cumplimiento en los Estados miembros de la Unión, en los que
se señalan todos los requisitos esenciales para la percepción de las
ayudas. En los mismos se especifica la cuantía de las ayudas, se
definen los beneficiarios y sus obligaciones y se especifican las
normas básicas de control, que son también de obligado cumplimiento
para los Estados miembros. La normativa comunitaria no prejuzga el
reparto competencial interno que cada Estado puede hacer en virtud de
su modelo constitucional, sin perjuicio de las responsabilidades del
Reino de España ante las instituciones comunitarias para el caso del
incumplimiento de sus obligaciones.
El Gobierno, y en su conjunto la Administración general del Estado,
actúa como interlocutor único ante las instituciones europeas en la
elaboración de las normas y en su eventual fiscalización por
aquellas. En este sentido, todos los representantes de las
comunidades autónomas han hecho sentir su general descontento por la
escasa participación que se les concede actualmente en esta relación
con las instituciones comunitarias en sus distintos niveles.
Concretamente, y en lo referente a las ayudas al lino textil, son los
responsables de la Dirección General de Agricultura quienes
participan en las reuniones con los responsables de la Comisión
Europea en las materias sustantivas, correspondiendo al Fondo Español
de Garantía Agraria, Fega, la relación con el Feoga, en cuanto al
mecanismo de pago de las ayudas. Por otro lado, el Ministerio de
Agricultura, por orden ministerial o a través del Fega, según
corresponda, dicta normas generales de coordinación, de acuerdo con
las comunidades autónomas. Tales normas, de contenido sustancialmente
idéntico al de las dictadas por los demás Estados de la Unión,
recogen la normativa comunitaria. Tienen carácter básico, por lo que
pueden ser desarrolladas, en particular en materia de controles, por
las comunidades autónomas.
Finalmente, son las administraciones autonómicas las que se ocupan de
tramitar, resolver y pagar las ayudas
al lino textil; efectuar los controles administrativos y de campo
previstos en la reglamentación comunitaria y en las normas de
coordinación del Ministerio; controlar la realización de las labores
normales de cultivo, las exigencias de la recogida y el cumplimiento
del rendimiento mínimo del cultivo; conceder y retirar las
autorizaciones para efectuar la transformación de las varillas de
lino y controlar el cumplimiento de las condiciones en que se hayan
concedido; controlar la ejecución de los contratos de transformación
y el cumplimiento de los compromisos de transformación así como
controlar la obligación de transformar la totalidad de la producción
obtenida en las superficies para las que se solicita ayuda.
Sexta. De la información detallada recibida de las comunidades
autónomas, a quienes, como queda dicho, corresponde en exclusiva la
inspección y eventual detección de fraudes así como la autorización
de las industrias transformadoras, no se detecta que exista en este
sector un índice de fraude relevante, ni en términos absolutos ni en
comparación con otros cultivos que dan derecho a la percepción de
ayudas procedentes de fondos de la Unión Europea. Las comunidades
autónomas poseen los instrumentos legales y administrativos
necesarios para llevar a cabo un adecuado control de la producción
del lino, de forma que no se produzcan irregularidades ni hechos que
pudieran ser constitutivos de delito, como podría ser la venta de
certificados de transformación, que acreditaría una transformación
ficticia, con la finalidad de obtener una ayuda a la que en ningún
caso se tendría derecho. De haberse producido tales irregularidades,
éstas sólo se podrían detectar y reprimir por los servicios de
inspección de las comunidades autónomas, pues puede así afirmarse que
el control llevado a cabo por las comunidades autónomas en sus
respectivos territorios, endurecido progresivamente en la medida en
que se ha ido modificando la normativa comunitaria aplicable así como
por iniciativa propia en el ejercicio de sus competencias, ha sido
correcto. Hay que señalar que la Comisión Europea aplicó a España una
reducción del 10 por ciento en la liquidación de las campañas de
1994-1995 por supuesta infracción por las comunidades autónomas de
las normas de control e inspección. Esta decisión ha sido recurrida
por el Gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea.
Séptima. La sucesión de varios incendios ocurridos en los últimos
meses en determinadas instalaciones de empresas transformadoras de
lino textil ha provocado una alarma y una desconfianza en la opinión
pública más que comprensibles, a pesar de su exigua importancia en
términos cuantitativos. Sin embargo, la Comisión considera que la
información facilitada así como las actuaciones policiales y
judiciales que se han seguido en cada caso no permite sostener una
presunción de que tales incendios hayan servido para el cobro
fraudulento de ayudas o para el encubrimiento de actuaciones
irregulares.
Octava. El grado de transparencia y publicidad de las normas
comunitarias, nacionales y autonómicas, en materia de concesión de
ayuda al cultivo del lino textil, tanto antes como después de su
adopción, impiden que pueda imputarse a ningún alto cargo del
Ministerio de Agricultura la utilización de información privilegiada.
Por otro lado, y como se desprende de conclusiones anteriores, la
introducción del cultivo del lino textil en España es consecuencia
directa de un generoso régimen de ayudas comunitarias y no de la
supuesta actuación concertada de un grupo de personas que años más
tarde habrían de ocupar cargos de confianza en la Administración bajo
el Gobierno del Partido Popular.
Novena. La Comisión no tiene que realizar reproche político alguno a
don Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública
Mercasa. El señor Ruiz Paz estaba vinculado con la empresa por un
contrato laboral suscrito en 1996 y, por tanto, no fue nunca alto
cargo del Ministerio de Agricultura. En consecuencia, no estaba
sujeto al régimen de incompatibilidades de los altos cargos y podía,
por tanto, realizar las inversiones lícitas que estimara oportuno en
cualquier sector empresarial. Por lo demás, la empresa Mercasa no
tiene ninguna relación con el cultivo del lino ni con la tramitación
y cobro de subvenciones agrarias, por lo que desde su posición en la
empresa no podía influir directa ni indirectamente en la concesión de
ayudas que otorgan las comunidades autónomas.
Décima. La Comisión ha acreditado que es absolutamente legítimo el
cobro de ayudas comunitarias al cultivo del lino llevado a cabo por
la esposa, y no por otros miembros de su familia, como falsamente se
ha divulgado, del ilustrísimo señor don Quintiliano Pérez Bonilla,
director general de Ganadería del Ministerio de Agricultura, en
fincas heredadas de su padre en 1990 y que se circunscriben a la
campaña de 1995, 6.324.592 pesetas, y de 1996, 531.968 pesetas, antes
del nombramiento de su esposo. Conviene reiterar que el señor Pérez
Bonilla no tenía en función de su cargo en el Ministerio influencia
alguna en la concesión a su cónyuge de unas ayudas por parte de una
comunidad autónoma, conforme a unas condiciones ampliamente
divulgadas.
Undécima. Por idénticas razones, la Comisión entiende que el
excelentísimo señor don Carlos Moro no pudo influir en la concesión a
su favor de unas ayudas por el lino cultivado en fincas de su
propiedad desde 1994. Sin embargo, la Comisión manifiesta sus dudas
sobre el alcance que deba darse a la expresión -entre comillas- mera
administración del patrimonio personal o familiar -se cierran las
comillas-, que se recoge en el artículo 4 de la Ley 12/1995, de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los
altos cargos de la Administración general del Estado. En
consecuencia, manifiesta sus dudas sobre la eventual incompatibilidad
en las actividades de don Carlos Moro en el ámbito agrícola con sus
funciones como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. Por ello,
la Comisión, careciendo de competencias para
establecer las posibles incompatibilidades de altos cargos, solicita
que tales actividades sean examinadas expresamente por la Inspección
General de Servicios de la Administración pública, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 12/1995.
Duodécima. Respecto a las imputaciones realizadas a don Nicolás López
de Coca, la Comisión entiende que las actividades privadas
desarrolladas por sus hijos, totalmente independientes de su padre
desde 1993 en el ejercicio de su profesión de ingeniero agrónomo, son
actuaciones privadas totalmente legítimas, que para nada comprometían
la imparcialidad e independencia del que fue subsecretario y más
tarde presidente del Fega, en el ejercicio de sus cargos. De nuevo ha
de reiterarse que, por las razones ya expuestas, el señor López de
Coca no pudo, en función de su cargo, interferir en la concesión de
unas ayudas para cuya concesión tiene competencia exclusiva la
Comunidad de Castilla- La Mancha, ni tampoco en el otorgamiento de
una autorización en 1999 por la Comunidad para el funcionamiento de
una planta de transformación del lino, en cuyo capital social
participan minoritariamente sus hijos. Sin perjuicio de las
consideraciones que pudieran hacerse en cuanto a la creación de una
apariencia de conflicto de intereses a que su actuación pudiera dar
lugar, el hecho es que el papel del señor López de Coca como
presidente del Fega no le permitía beneficiarse de una supuesta
información privilegiada ni le obligaba a abstenerse de expedientes
concretos de concesión de ayudas a empresas con participación de
miembros de su familia, que en ningún caso se tramitaron en el
Ministerio de Agricultura sino en la correspondiente Consejería
autonómica.
Decimotercera. Finalmente, y como consecuencia de todo lo anterior,
no cabe exigir a la excelentísima señora doña Loyola de Palacio,
ministra de Agricultura entre 1996 y 1999, responsabilidad política
alguna, en relación con el objeto de esta Comisión, derivada de un
supuesto conocimiento de actividades presuntamente irregulares de
personas designadas por ella para cargos de confianza en el
Ministerio. Por el contrario, durante el tiempo en que doña Loyola de
Palacio representó a España en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea se introdujeron en la normativa comunitaria importantes
modificaciones legislativas para evitar la utilización fraudulenta o
especulativa de la PAC en lo relativo al cultivo del lino. Por otro
lado, merece reseñarse la aprobación bajo su mandato del Real Decreto
259/1999, de 12 de febrero, por el que se estableció la Comisión para
el análisis y prevención del fraude en los sectores agroalimentario y
pesquero. El proyecto del real decreto fue presentado en septiembre
de 1998 a la consideración de la conferencia sectorial, que, tras un
detenido estudio y tras solventar ciertas reticencias derivadas del
hecho de que la persecución del fraude es directa competencia de las
comunidades autónomas, lo aprobó por unanimidad. Una de las misiones
específicas de la Comisión será formular propuestas para arbitrar
adecuados mecanismos de coordinación y control con las
administraciones autonómicas de los posibles fraudes, contribuyendo a
la detección, persecución y erradicación de las actuaciones
fraudulentas con motivo de las ayudas procedentes de fondos
comunitarios. Éstas son las conclusiones que se votaron y aprobaron
con el voto mayoritario de los grupos que se han señalado
anteriormente. Quedaron para su posterior debate como votos
particulares ante el Pleno de la Cámara los votos particulares
presentados, uno, por el grupo parlamentario del Partido Socialista
Obrero Español, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo
Mixto y, otro, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Esta Presidencia, antes de abandonar la tribuna, terminando su
exposición, quiere rendir un tributo de gratitud y agradecimiento a
las facilidades que encontró en los órganos superiores de esta
Cámara, Presidencia y Mesa, así como en los servicios de la Cámara,
ya que trabajamos en meses de no habilitación parlamentaria. En
todos, personal auxiliar, subalterno, técnico, he encontrado apoyo;
hicieron fundamentalmente posible y facilitaron el trabajo de los
señores parlamentarios. Esta Presidencia quiere dedicar a todo el
personal auxiliar de la Cámara este tributo de reconocimiento, dado
que hubo sesiones, como la comparecencia final de la señora De
Palacio, que terminaron a las cuatro horas y diez minutos de la
madrugada del día 30. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor MARDONES SEVILLA: Señorías, estamos en un trámite de
cortesía al que todos nos hemos sumado, porque nos ayudaron ujieres,
técnicos, todo el servicio de estenotipistas y taquígrafos de la
Cámara, y creo que se lo merecen.
Esta Presidencia también quiere expresar su reconocimiento, por la
magnífica labor desarrollada, al señor letrado que la Presidencia
asignó a esta Comisión, don José Luis Peñaranda, que ha sido capaz de
redactar todas estas conclusiones. Y la Presidencia, desde un punto
de vista de cordialidad parlamentaria, quiere agradecer a todos los
diputados y diputadas miembros de la Comisión el trabajo, la
dedicación, respetando todas las disparidades, toda la polémica, que
no sirvió más que para enriquecer el debate parlamentario. La
Presidencia se encontró, como todas las presidencias de las
comisiones de investigación, con una falta pormenorizada
reglamentaria, que fue suplida con el buen entendimiento de todas las
señoras y señores diputados miembros de la Comisión, a los que
también quiero mostrar mi agradecimiento. El debate fue vivo, con
criterios dispares, como ocurre en un debate parlamentario, pero se
facilitó a la Presidencia el que, de la manera más satisfactoria
posible para los intereses parlamentarios, permitiera que no
existiera limitación de tiempo para las distintas intervenciones.
Éste es el dictamen de la Comisión, que esta Presidencia presenta
respetuosamente. No les quepa duda,
señorías, de que esta Presidencia tenía verdaderas ganas, humanas y
parlamentarias, de dejar de serlo.
Muchas gracias. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
¡Señorías, señorías!
Al dictamen se han presentado dos votos particulares, el primero de
los cuales va suscrito por el Grupo Socialista, el Grupo Vasco y el
Grupo Mixto. Los propios suscriptores del voto proponen que el
primero en intervenir sea el Grupo Socialista, que lo hará a través
de su portavoz, don Luis Martínez Noval. (La señora López i Chamosa
pronuncia palabras que no se perciben.)
Señora Chamosa, la llamo severamente al orden y severamente quiere
decir que si he de volver a llamarla al orden la expulsaré del Pleno.
Lo que se puede decir en los pasillos no se puede decir en el Pleno,
señora Chamosa. (La señora López i Chamosa pronuncia nuevamente
palabras que no se perciben.)
Señora Chamosa, la vuelvo a llamar al orden.
Adelante, señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para hablar de dos escándalos. El
primero, el que afecta al comportamiento de altos cargos del Gobierno
de Aznar que han cobrado subvenciones por el cultivo del lino. El
segundo, el que afecta a la Comisión del lino, a la propia Comisión
del lino, y que se produce en el ámbito parlamentario cuando se
pretende conseguir en ese ámbito, de la manera que sea, la más rápida
exculpación de doña Loyola de Palacio, para que ésta pueda
presentarse ante el Parlamento Europeo limpia de polvo y lino.
Hablemos del primer escándalo, el de los altos cargos. El escándalo
surge cuando se conoce públicamente que altos cargos del Gobierno de
Aznar o familiares de los mismos cobran ayudas por el cultivo de
lino, con la particularidad, bastante relevante a mi juicio, de que
estos altos cargos principalmente desempeñan sus funciones en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ministerio,
señorías, que es el que negocia con Bruselas las ayudas de la
política agrícola común, fija la posición de España en la regulación
comunitaria de estos asuntos, desarrolla la normativa comunitaria
estableciendo normas básicas que han de ser aplicadas en el
territorio nacional, realiza labores de coordinación con las
comunidades autónomas y establece planes nacionales de control de las
ayudas de la política agrícola común, entre otras funciones.
Es lógico, señorías, que la ciudadanía se sienta escandalizada.
Escandalizada ante unos comportamientos que afectan a quienes son
responsables políticos y a su vez perceptores particulares o
individuales de ayudas públicas. La sociedad no comprende, señorías,
que unas ayudas destinadas a que los agricultores dispongan de una
renta digna, que les permita seguir dedicándose
al cultivo del campo, sean cobradas por unos altos cargos cuya
actividad es otra, o así debe serlo al menos, porque a ello les
obliga la ley, la Ley de incompatibilidades de altos cargos, cuando
ésta exige que deben desempeñar sus funciones públicas con dedicación
absoluta.
Frente a estos hechos, es entonces normal, señorías, que los
ciudadanos se pregunten: ¿Cómo pueden los mismos altos cargos
encargados de la política agraria y por tanto de gestionar -verbo
entendido en el más amplio sentido de la palabra- las ayudas PAC,
cómo puede esa gente, que son los encargados de esa política, cobrar
esas ayudas? ¿No están acaso en una situación privilegiada respecto
del conjunto de los agricultores, lo que les debe impedir
precisamente recibir esas subvenciones? ¿Cómo pueden ser capaces de
deslindar el ejercicio de sus funciones públicas, que han jurado
desempeñar fielmente, cómo pueden compatibilizarlo con una actividad
privada o familiar que les supone el cobro de unas subvenciones
respecto de cuya actividad y sus resultados, lógicamente, deben
buscar el máximo beneficio? Y siguen las interrogaciones, señorías.
¿Es este el comportamiento que cabe esperar de los responsables
políticos en el ejercicio de su cargo? ¿Cabe esperar además eso
cuando se les encomienda la ordenación y la gestión de los recursos
públicos?
Ante estas cuestiones, señoras y señores diputados, se constituye una
Comisión de investigación, que, a pesar de los avatares a los que más
adelante me referiré, ha constatado lo siguiente: Que el espectacular
crecimiento a partir de 1994 del cultivo de lino en España ha estado
asociado a la percepción de las ayudas otorgadas por la Unión
Europea. Que el importe de estas ayudas resulta muy atractivo y
remunerador, sobre todo cuando se dispone de grandes superficies de
secano. Que el productor, además de cultivar lino, necesita del
contrato de una empresa transformadora, que a su vez suele ser
proveedora de semillas certificadas. Que se origina un círculo de
producción, transformación y percepción de las ayudas que se cierra
mediante el concurso de determinadas empresas, en las cuales
participan estos altos cargos o sus familiares.
La Comisión también ha comprobado que el lino ya transformado no
tiene apenas ninguna salida comercial. Sólo entre el 10 y el 15 por
ciento se dedica a la industria papelera o a la de revestimiento de
vehículos, sin que se sepa en estos momentos qué pasa con el resto
del lino. Han sido muchos los comisionados que han preguntado sin
encontrar una respuesta satisfactoria. ¿Dónde está el lino? Esa
pregunta no ha obtenido respuesta a lo largo de los trabajos de la
Comisión.
También la Comisión ha constatado que el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, bajo la dirección política de doña Loyola de
Palacio, no tuvo ninguna preocupación ni por el desorbitado
crecimiento del cultivo en España ni por intentar diseñar una
política, con relación a este producto, con criterios de rentabilidad
social. No ha existido ni se ha impulsado por el Ministerio
responsable del sector ningún proyecto o programa
de fomento de la mejora de la calidad de lino que se cultiva en
España o que promoviera la búsqueda de salidas comerciales al mismo.
La laxitud -ese es el término exacto- del Ministerio de Agricultura
había preocupado seriamente a la Comisión Europea, quien alerta a
este departamento de nuestro país acerca del incremento espectacular
que el cultivo del lino había tenido en España durante la campaña
1996-1697. Además, se ha podido comprobar que es con la llegada del
Partido Popular al Gobierno cuando acceden a cargos de
responsabilidad política ciertas personas que, de modo personal o a
través de familiares, tienen fuertes intereses en este sector; que es
durante este período cuando el número de hectáreas cultivadas de lino
se incrementa en grandes proporciones y se empiezan a instalar
industrias transformadoras ligadas a esos altos cargos.
La conjunción de elementos hace que los hechos basculen desde lo que
podría denominarse una mala política o una ausencia de política a
otra situación caracterizada por ser un asunto de corrupción
política. Y es el que estos altos cargos hayan cultivado lino
prevaliéndose de una posición privilegiada, hecho que les permite
tener una mayor capacidad de análisis y de prospectiva acerca de las
ventajas que reporta el cultivo de este producto, lo que empieza a
producir una confusión entre lo público y lo privado, lo que hace que
aparezcan por tanto fuertes conflictos de intereses.
A nuestro juicio, estos altos cargos de la Administración general del
Estado con intereses en el cultivo y/o en la transformación de lino,
bien por haber percibido directamente las subvenciones de lino o
porque las han percibido sus familiares directos, han vulnerado la
Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y
de los altos cargos de la Administración general del Estado. Esta
legislación de incompatibilidades -recordarán SS.SS., por avatares
ocurridos a miembros del Consejo de Ministros sobre los que hemos
discutido reiteradamente en esta Cámara- obliga a inhibirse del
conocimiento de los asuntos que interesen a empresas o sociedades en
cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna
parte ellos, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo
grado civil. Esta misma ley les obliga a dedicarse al desempeño de
sus funciones con dedicación absoluta. Por poner un único ejemplo: el
señor López de Coca no sólo no se inhibió del conocimiento de los
asuntos referentes al lino, sino que, amparándose en su condición de
presidente del FEGA, del Fondo Europeo de Garantía Agrícola, realizó
unas llamadas telefónicas al consejero de Agricultura y Medio
Ambiente de Castilla- La Mancha para que éste revocara una orden de
su Consejería que impedía la solicitud de las ayudas comunitarias
durante la campaña 1999-2000 si se había cultivado lino en la campaña
anterior. Este hecho demuestra la colisión entre la defensa de unos
intereses públicos que, por su cargo hubieran tenido que defender, y
la de unos intereses privados, ya que sushijos eran cultivadores de
lino y, de hecho, esta orden
les afectaba. Eran, además, los hijos del señor López de Coca
accionistas de una empresa transformadora de dicho producto, de la
que él mismo era avalista de un crédito de 70 millones de pesetas,
solicitado por sus hijos para su inversión en la empresa
transformadora.
Podríamos seguir constatando hechos, pero ya han quedado
suficientemente expuestos en la propuesta de dictamen que ahora, como
voto particular de diversos grupos parlamentarios, hemos elevado a
este Pleno. Sin lugar a dudas, la presencia de estar personas con
fuertes y crecientes intereses en el sector explica la actuación del
Fondo Español de Garantía Agrícola, organismo con un importante papel
en este sector y al que llegaban requerimientos de la Unión Europea y
de las propias comunidades autónomas, y del que siempre, por parte
del citado organismo, se recibía una respuesta claramente orientada a
que se otorgara la subvención, sin exigencia de control ni
justificación.
Analizados estos comportamientos y la correspondiente sanción
política que a nuestro juicio les corresponde, hemos considerado a la
ex ministra doña Loyola de Palacio responsable política de este
escándalo. No es admisible, en modo alguno, el intento injustificado
de la actual comisaria y de su grupo parlamentario de descargar su
responsabilidad política en las comunidades autónomas con extensiones
de lino, y exclusiva y explícitamente, de entre éstas, en aquéllas
que son gobernadas por socialistas. A nosotros nos compete esta
exigencia de responsabilidad política, así lo hemos entendido y así
lo hemos hecho. Ahora bien, pese a las prisas que tanto el Gobierno
como el Partido Popular han tenido, este asunto, señorías -se lo
puedo asegurar-, no acaba ni aquí ni ahora. Sin perjuicio de las
actuaciones que puedan llevar a cabo instituciones comunitarias y
españolas, recordaré que a la Fiscalía anticorrupción le
corresponderá examinar el alcance jurídico-penal de estos
comportamientos.
Paso ahora, señorías, a abordar el segundo de los escándalos a los
que pretendo referirme: el de la Comisión del lino. Comenzaré
manifestando que el funcionamiento de la Comisión de investigación ha
estado plagado de múltiples faltas -de rigor, de seriedad- y, por
ello, creo que podemos definir su desarrollo como una burla y una
farsa que se ha llevado a cabo aquí, en esta Cámara, en el Congreso
de los Diputados. (Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Muy bien!
¡Muy bien!) Con oprobio hemos tenido que contemplar cómo -esta vez,
en la Cámara- el interés general vuelve a subordinarse al interés
particular del Gobierno y de aquellos que con él configuran el bloque
gubernamental. Como esa subordinación se ha producido a través de un
elenco amplísimo de irregularidades ocurridas en la ordenación y en
el funcionamiento de los trabajos de la Comisión, quizás resulte útil
a SS.SS. que sean enumeradas.
La documentación inicialmente requerida no llegó a tiempo y cuando lo
hizo, lo fue de manera incompleta. Lo habitual fue que llegara tarde
y mal. Quizás el ejemplo más paradigmático estuvo en el caso de la
declaración
de actividades y en la de bienes y patrimonio de algunos altos
cargos, que sólo se pudieron analizar cuando éstos ya habían
comparecido ante la Comisión. Hasta entonces, sus declaraciones
habían permanecido retenidas, intencionadamente, en el Ministerio de
la Presidencia, lo que constituye un exponente claro de la alergia
que el Gobierno del Partido Popular tiene a todo lo que supone
control parlamentario.
De las comparecencias tan sólo recordaré que se acumularon durante
seis días y que fueron 36 los comparecientes, por lo que las
declaraciones prestadas lo fueron, en muchos casos, sin la serenidad
y la seriedad debidas. Inverosímiles, esperpénticos y escandalosos
fueron los horarios de las sesiones, que llegaron a durar hasta 18
horas consecutivas. (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!) Se optó
deliberadamente por un modelo consistente en agotar a los diputados,
comparecientes, miembros de los servicios de la Cámara y medios de
comunicación, con sesiones maratonianas que duraron hasta la
madrugada. En concreto, señorías, la ex ministra Loyola de Palacio
(sin duda, una de las comparecencias capitales de dicha Comisión)
inició su intervención en torno a las diez de la noche y terminó
sobre las cuatro de la madrugada. (Rumores.-Varios señores diputados:
¡Qué escándalo! ¡Qué barbaridad!)
El despropósito en este aspecto fue de tal naturaleza que cayó en el
ridículo. ¿Y esto para qué, nos debemos preguntar todos? Para dos
cosas, señorías: para que los medios de comunicación no pudieran dar
información cumplida y rápida de lo que sucedía en esa Comisión; y,
sobre todo, para que la ex ministra Loyola de Palacio pudiera decir
el día 30 de agosto, en su comparecencia de control previo llevada a
cabo ante los diputados del Parlamento Europeo -por cierto, faltando
a la verdad- que la Comisión de investigación del Parlamento español
había concluido exonerándola de cualquier tipo de responsabilidad,
incluida la política. Esfuerzo poco útil puesto que, como es sabido,
a pesar de esa manifiesta mendacidad, la señora De Palacio ha
aprobado su examen con severos reparos.
Por cierto, señor presidente y señores diputados, ¿qué ha sucedido
con el escrito presentado por tres grupos parlamentarios el día 8 de
septiembre, en el que se requería de la Presidencia del Congreso que,
en su función de representante de esta Cámara, trasladase a su colega
presidenta del Parlamento Europeo y a los grupos parlamentarios
miembros del mismo, por supuesto a la mayor urgencia posible, que
este Parlamento aún no había concluido el trámite de aprobación por
su Pleno de las citadas conclusiones?
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, ha de ir concluyendo.
(Protestas.)
Señorías, el respeto al Reglamento no tiene nada que ver con los
contenidos.
Adelante, señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Pues bien, señorías, en esta secuencia de
irregularidades he de manifestar que las fechas elegidas para obtener
las conclusiones, debatirlas y, en su caso, presentar las
correspondientes enmiendas y votos particulares, fueron absolutamente
inadecuadas. Más allá de los intereses particulares del Gobierno y de
su grupo parlamentario, no existía razón alguna para que la Comisión
de investigación se viera obligada a realizar sus trabajos y
actividades en las fechas en las que lo hizo. La única justificación
de tan arbitraria decisión fue la de preservar al Gobierno, con su
presidente a la cabeza, de las responsabilidades que se contraían en
el llamado asunto del lino. Téngase claro: no se quería que la
opinión pública se enterara diariamente. Para conseguir tal propósito
se recurrió a las más variadas estrategias y al empleo de las más
bruscas decisiones posibles e imaginables. El último incidente de
cuantos han ocurrido lo constituyó la desaparición o la no grabación
de un debate clave para demostrar la legitimidad o ilegitimidad de
las decisiones tomadas a partir del 29 de julio. Ese momento es en el
que el Grupo Popular, junto con Convergència i Unió, imponen un
calendario adicional de actividades a desarrollar durante el mes de
agosto. Pues bien, de ese debate de la Comisión no queda rastro; no
queda huella alguna de la advertencia de las minorías de que este
punto no estaba incluido en dicha sesión, y más teniendo en cuenta la
especificidad que respecto de este tema tienen las sesiones de los
órganos del Congreso fuera de los períodos ordinarios; ni tampoco
queda huella de la nulidad de la votación subsiguiente por falta del
preceptivo quórum de presencia.
Dicho esto, permítanme, señorías, acercarme a este infeliz
acontecimiento señalando que sabido es por todos que no ha habido
consenso en el desarrollo y ordenación de los trabajos de la Comisión
y que ésta, en todo momento, ha funcionado mediante una mayoría
mecánica. El resultado de semejante proceder lo he descrito
reflejando el caótico funcionamiento de la Comisión.
Señor presidente, la seguridad en el desempeño de nuestro trabajo
político, la que hemos de tener dentro del Congreso y la que ha de
trasladarse a toda la sociedad, ha quedado gravemente dañada y
maltrecha con la desaparición o la no grabación de un debate
esencial. Permítame decirle con rotundidad que cuesta trabajo admitir
que hoy, a finales de siglo, en este momento en el Congreso de los
Diputados de España puedan ocurrir estas cosas. A partir de ahora
será difícil convencer a los ciudadanos de que cuando en el
Parlamento se investiga ese trabajo se efectúa con seriedad y con
rigor.
Conscientes de nuestra credibilidad por todas estas irregularidades,
porque esta Cámara quedaba muy debilitada, observando que la desidia
adquiría una inadmisible magnitud, nos vimos obligados a dirigirnos
a la Mesa del Congreso de los Diputados para que, en la función que le
otorga el artículo 31 del vigente Reglamento de la Cámara, velara no
sólo por la buena
marcha y eficacia de unos trabajos de extraordinaria importancia y
enorme repercusión pública, sino para que también amparara a las
minorías que formaban parte de la referida Comisión y, desde luego,
para que protegiera la propia dignidad de los diputados y la imagen
de esta Cámara. Duele reconocer, señoras y señores diputados, que en
tan noble pretensión fracasamos. No encontramos el necesario apoyo
solicitado. A pesar de los graves hechos que se estaban produciendo
no encontramos amparo. La acción concertada entre el Gobierno y la
mayoría que le apoya, dirigida a arropar a éste en su decisión de
habilitar el mes de agosto, nos condujo a un punto intolerable; desde
nuestro punto de vista, al mayor atropello que desde 1978 ha sufrido
el Congreso de los Diputados. (Aplausos.)
Señorías, la intromisión del Gobierno de la nación en los trabajos de
una Comisión de investigación, habilitando en su exclusivo interés
determinados días del mes de agosto para presentar y votar las
oportunas conclusiones, lo que supuso una quiebra del equilibrio de
poderes y una invasión clara de las competencias del Ejecutivo y
Legislativo, no había ocurrido, no tiene precedentes en esta Cámara.
Es cierto que el Gobierno tiene, desde el punto de vista
reglamentario, la capacidad de habilitar determinados períodos, pero
hasta ahora nunca el Ejecutivo se había entrometido de manera tan
brutal en un trabajo que nació en esta Cámara y que se estaba
realizando en el seno del Parlamento. Desde nuestro punto de vista,
la competencia reglamentaria del Gobierno para habilitar determinados
períodos no puede socavar en modo alguno las competencias del
Congreso de los Diputados ni arroyar literalmente los derechos de la
minoría. Por tanto, siendo la Comisión de investigación para
analizar...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: ... la política desarrollada mediante ayudas
comunitarias al cultivo del lino, puramente parlamentaria, pertenecía
al Congreso de los Diputados en su función máxima de control, y no al
Gobierno de la nación, la decisión de cuándo, en qué condiciones, en
qué días y en qué meses se había de realizar ese trabajo. Es más, en
este orden de ideas, si la mayoría de los grupos parlamentarios que
apoyan al Gobierno del Partido Popular hubieran querido zanjar
vergonzosamente los trabajos, degradando de paso el Congreso de los
Diputados, podían haberlo hecho desde luego con la oposición clara y
rotunda de los diputados socialistas, pero respetando el equilibrio
de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Procedimientos hay
para esa pretensión. Quizá por ello, porque explícitamente no se
querían visualizar los mismos, se optó por inferir contundentes
ataques a los que debían de ser los trabajos de una Comisión de
investigación.
He subido a esta tribuna con una doble preocupación, que no ha hecho
en modo alguno cómodo mi discurso,
se lo confieso; ni como portavoz del grupo parlamentario ni como
diputado de esta Cámara desde hace unos pocos años. Esa doble
preocupación nace, de una parte, porque las peores sospechas
albergadas por mi grupo en el momento de creación de la Comisión del
lino sobre la gestión del Gobierno en este tema, y en concreto sobre
la gestión de Loyola de Palacio y algunos de sus altos cargos, se han
visto confirmadas incluso en una Comisión de investigación con
connotaciones tan negativas como las que estoy relatando. Y de otra
parte, señorías, porque la actuación de la Presidencia de esta Cámara
en lo que atañe a la citada Comisión de investigación ha venido a
confirmar, e incluso a superar, las peores expectativas. ¿Creen
posible SS.SS. que el presidente del Congreso, actuando en funciones
delegadas del órgano rector de la Cámara, no impidiera el atropello
parlamentario que se ha producido a partir del 29 de julio y sus
posteriores consecuencias, siendo como es nuestro presidente
habilísimo jurista y avezado parlamentario? ¿Creen que es posible
que, por olvido momentáneo de lo dispuesto en los artículos 67.3 y
73.2 de la Constitución española y 61.2 y 3 y 78.1 del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, hayan sido allanadas todas
las pretensiones de la mayoría y del Gobierno? Sinceramente, son
muchos años -algunos compartidos con muchos de ustedes- los que llevo
conociendo a quien en estos momentos ostenta la Presidencia de la
Cámara, y no creo posible que nada de esto que estoy diciendo le
pasara desapercibido. Tanto más cuanto que la convocatoria de la
Comisión de investigación para la sesión que tiene lugar del día 20
al 29 de julio y el orden del día que se adjunta fue formalizada por
el propio presidente. Por cierto, ¿creen SS.SS. que el Gobierno debe,
en contra de cuatro grupos parlamentarios, entre ellos el mío propio,
el de la minoría mayoritaria, fijar cuándo una Comisión tiene que
debatir y votar tal o cual propuesta, teniendo en cuenta además lo
que supone el mes de agosto en este país para el seguimiento de la
actividad política y teniendo en cuenta además que se trata de una
Comisión creada por los grupos parlamentarios y no a iniciativa del
Gobierno?
El Grupo Parlamentario Socialista considera sinceramente que esta
actuación del Gobierno supone un atentado a las competencias
constitucionalmente establecidas de control del Legislativo al
Ejecutivo y constituye también un atentado a la dignidad y
credibilidad parlamentarias. Todas estas razones le son puestas de
manifiesto a la Mesa del Congreso por los Grupos Parlamentarios
Socialista, Vasco, Federal de Izquierda Unida y Mixto, en sendos
escritos de 30 de julio y 7 de septiembre. Al primero de esos
escritos contesta el presidente ...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, debe concluir, y S.S. lo
sabe.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Lo sé, señor presidente, y concluyo.
El señor PRESIDENTE: La paciencia de quien le habla es absolutamente
ilimitada respecto de lo que S.S. tenga que decir en ejercicio de su
legítimo derecho de libertad de expresión, pero la del presidente de
la Cámara está limitada por el Reglamento. (Protestas.) Por tanto, S.
S. debe concluir. (Fuertes protestas.)
Concluya, por favor, señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Concluyo, señor presidente.
Al primero de dichos escritos contesta el presidente -según él mismo
dice, actuando en funciones delegadas de la Mesa- de forma negativa a
todos los asuntos que se le plantean en el mismo. Al segundo escrito,
de reconsideración del primero, la mayoría de la Mesa ni siquiera
contesta; simplemente, no lo admite a trámite. Y el Grupo
Parlamentario Socialista se pregunta: ¿conoce la mayoría de la Mesa
de la Cámara la jurisprudencia que sobre sus competencias ha
establecido el Tribunal Constitucional? ¿Conoce la mayoría de la Mesa
de la Cámara el contenido del artículo 31.2 del Reglamento del
Congreso de los Diputados? ¿Sabe la mayoría de la Mesa de la
Cámara...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, ahora sí que tengo que
velar por lo que se trata de un asunto no decidido y que está ahora
mismo sometido a estudio por la Mesa. (Protestas.) Permítame que
diga, ahora y en todo momento en que en el debate se quieran traer a
colación en Pleno asuntos que están siendo considerados por la Mesa
del Congreso, que no voy a tolerar que se pongan a debate en el
Pleno. (Rumores.) Señorías, hay que respetar los procedimientos.
(Fuertes protestas.) En efecto, siempre, incluido este caso. Señor
Martínez Noval -sé que usted me entiende muy bien-, omita cualquier
referencia al asunto que todavía está pendiente de decisión. Y
concluya, por favor.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, estoy refiriéndome a
cuestiones que el presidente de la Comisión expuso en la lectura del
dictamen de la mayoría. Son las mismas cuestiones, bien es verdad que
abordadas desde otro punto de vista.
Pues bien, señorías, tanto por acción como por omisión, la ex
ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, doña Loyola de
Palacio, es responsable política del nombramiento de una serie de
altos cargos de su departamento con fuertes intereses en el sector
del lino, que mantiene y ampara aun después de conocer las
actividades empresariales que en el cultivo de este producto venían
desarrollando. Esta es la principal conclusión incorporada al voto
particular presentado por mi grupo parlamentario y por otros grupos.
En lo que afecta a la Presidencia de la Cámara y también a la mayoría
de su órgano rector, es mucho más grave lo ocurrido puesto que incide
en la esencia misma de la representación ciudadana de la que somos
titulares los que nos sentamos en estos escaños y, en
consecuencia, menoscaba y debilita el sistema democrático que tiene
su pilar más básico en este Parlamento. El trámite parlamentario de
la Comisión de investigación del lino se ha arrastrado desde su
creación y desde el inicio de sus trabajos con el consentimiento de
la Presidencia de la Cámara. Para ello se ha vulnerado, de forma
consciente e inequívoca, el Reglamento del Congreso, se ha actuado
con sectarismo, se ha caído en una pobre y estrecha actitud
partidista, lo que ha motivado que, desde nuestro punto de vista, su
autoridad, señor presidente, esté perdida para dirigir esta Cámara y
cualquier otra institución desde donde se deba actuar con
neutralidad. (Aplausos.)
Por todas estas razones, señorías, les pido el apoyo para nuestro
voto particular.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez- Noval.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASÁÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV
para la defensa del voto particular de nuestro grupo sobre las
conclusiones de la Comisión de investigación, para analizar la
política desarrollada mediante ayudas comunitarias al cultivo del
lino en el marco de la política agraria común, que hemos presentado
conjuntamente con el Grupo Socialista y el Grupo Mixto.
En el Grupo Vasco, desde el principio, hemos entendido que el trabajo
de la Comisión era para analizar políticas -como su mismo nombre
indica- desde una perspectiva política y para sacar conclusiones
políticas en su caso. No es posible presentar las conclusiones de
esta Comisión sin hacer alguna referencia al método de trabajo que
nos ha sido impuesto y que ha condicionado los trabajos realizados,
devaluando en gran medida los resultados obtenidos. En las largas,
precipitadas y en algunos casos nocturnas sesiones de esta Comisión,
a lo largo de la segunda quincena de julio, hemos presenciado la
comparecencia de cargos y ex cargos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación cuando la señora doña Ignacia Loyola de Palacio
era la máxima responsable del mismo, de diversos consejeros de
Agricultura de comunidades autónomas con cultivo de lino y de
responsables de empresas transformadoras del lino, junto con algunas
otras personas.
Desde el Grupo Vasco hemos asistido, primero con sorpresa y luego con
creciente indignación, a toda clase de retrasos en el envío de
documentación solicitada al Gobierno español, con la falta de
seriedad y respeto hacia el Parlamento que ello ha conllevado, y a
increíbles manipulaciones en el desarrollo de la Comisión, que en
algunos casos han sido verdaderas chapuzas y que también han sido
denunciadas por el portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra. Pero lo que
colma el vaso de agua es la misteriosa -y lo digo entre comillas-
falta de grabación de una parte de la sesión del 29 de julio.
Entonces, según parece, se decidió por parte de CiU, el Partido
Popular y el Grupo Canario celebrar una sesión el 17 de agosto para
sacar las conclusiones y dar por finalizada la actuación de la
Comisión. Antes de procederse a la votación el resto de los grupos
abandonamos la Comisión, por lo que no existía quórum presencial para
realizarla, y entendíamos, por consiguiente, que la decisión adoptada
no era legal. Por ello, se elevó un escrito al presidente del
Congreso, señor Trillo, solicitando que se declarasen nulos esos
acuerdos, solicitud que fue denegada, alegando, entre otras cosas,
que se abandonó la sesión una vez iniciada la votación, se supone que
en base a la palabra del presidente de la Comisión, dado que no
contaba con otro medio para comprobar lo denunciado.Naturalmente, y
cómo ponerlo en duda, la responsabilidad es de los técnicos
encargados de la grabación, ¡cómo no! Sin embargo, del informe
técnico que nos ha sido entregado cabe también deducir que pudo haber
orden del presidente de la Comisión para que no se grabase esa
importante parte de la sesión. Sin comentarios.
Pues bien, después de las comparecencias realizadas, algunas de ellas
con nocturnidad y alevosía, como ya se ha señalado, y examinada la
documentación que nos llegó -la que nos llegó a tiempo y cuando
tuvimos oportunidad de estudiarla-, desde el Grupo Vasco hemos ido
sacando algunas conclusiones que hemos cotejado con las de otros
grupos y que nos han llevado a presentar conjuntamente unas
conclusiones con el Grupo Mixto y el Grupo Socialista y que
prácticamente coinciden también con las que ha presentado el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.
Como se señala en la conclusiones a las que hemos llegado, avanzada
la década de los 90 el cultivo del lino en España experimenta un
crecimiento espectacular, hasta llegar a convertirse en el Estado
europeo con más superficie cultivada de lino. Sin embargo, ese
crecimiento espectacular no coincide ni mucho menos con una salida al
mercado de la producción, lo que acredita que la evolución de ese
subsector no viene motivada por exigencias del mercado, sino que
resulta atribuible a la importancia de las ayudas comunitarias.
Pues bien, en primer lugar quiero destacar que, del estudio
realizado, para el Grupo Vasco aparece claro que, bajo el mandato de
doña Ignacia de Loyola de Palacio no ha existido la más mínima
política de planificación, de investigación ni de ayuda a los
agricultores y transformadores del lino; política que considerase de
una forma global las ayudas, el cultivo y la transformación del lino,
la comercialización de la fibra transformada y su posterior
industrialización, investigación dirigida a mejorar el bajo nivel de
calidad de la mayor parte de la fibra transformada obtenida,
etcétera, todo lo cual ha llevado a las situaciones que nos han
venido explicando los distintos comparecientes.
Se ha jugado y se ha despilfarrado un dinero público, un dinero de
todos los europeos, en el mejor de los casos sin saber muy bien a qué
y para qué se dedicaba, y esta situación tiene un responsable
político con un nombre concreto, y es la máxima responsable de la
política agraria en aquellos momentos, la entonces ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, la señora doña Ignacia de Loyola
de Palacio.
Por otro lado, y unido a lo anterior, para el Grupo Vasco (EAJ-PNV)
aparece también la responsabilidad en el terreno ético de quienes,
bajo el mandato de doña Ignacia de Loyola de Palacio y por
consiguiente bajo su responsabilidad, han simultaneado cargos con la
percepción de ayudas comunitarias al sector agrario, directamente
o por medio de familiares directos, en un cultivo y en un producto
que alguno de ellos confesó que no sabía para qué servía ni a dónde
iba una vez transformado. Como dije en la misma Comisión, estamos
hablando de ética, de responsabilidad ética, y no de estética, como
en un desafortunado juego de palabras fue manifestado por la propia
ex ministra ante la prensa y posteriormente también en su
comparecencia ante la misma Comisión.
Lo que diferencia el proceso del desarrollo del sector del lino en
España del que ha tenido lugar en otros Estados europeos, además de
la falta de planificación ya señalada, es la presencia de altos
cargos de la Administración y de directivos de empresas públicas con
fuertes y crecientes intereses en el sector que estamos examinando,
lo que también explica que desde esa misma Administración no se hayan
adoptado en ningún momento medidas adecuadas para reorientar el
crecimiento desordenado y puramente especulativo del sector. En una
democracia, por lo menos en las democracias europeas asentadas, por
encima de exigencias legales resulta un imperativo ético que ningún
cargo público utilice su cargo en provecho propio o cercano ni que su
ejercicio lo comparta con actividades privadas relacionadas con el
mismo. Y de la situación creada en este aspecto de responsabilidad
ética sobre las ayudas al cultivo del lino, vuelve a aparecer la
responsabilidad directa de la ex ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación, quien, por cierto, en su comparecencia ante la
Comisión, de forma bastante prepotente, se permitió dar lecciones de
democracia a los presentes. Y esto lo hacía ella, que todavía no hace
muchos años, en un programa de la segunda cadena de la televisión
francesa realizó la defensa del general Franco, recién fallecido, y
del régimen franquista, haciendo así, a nuestro entender, una clara
apología del terrorismo. (Rumores.) Sí, señorías, del terrorismo de
Estado que representó el fascismo español durante 41 años. (Un señor
diputado. ¡Muy bien!) Pero, además de la responsabilidad ética,
aparece también la responsabilidad en el terreno de las
incompatibilidades, como la del señor delegado del Gobierno en la
Comunidad de Castilla-La Mancha, que ha obligado al mismo Grupo
Parlamentario Popular a incluir este apartado, aunque sea de forma
vergonzante, en sus
conclusiones. Todo este montaje ha sido para salvar la cara, a
nuestro entender, a la máxima responsable de la situación que se ha
provocado por las ayudas al cultivo del lino que, repito una vez más,
para nuestro grupo es doña Ignacia de Loyola de Palacio, en un
momento en que el Gobierno español la había propuesto para un cargo
de comisaria en el Gobierno de la Unión Europea. La señora De
Palacio, tras una gestión que fue un desastre, porque alimentó la
codicia de los buscasubvenciones; porque no se apostó por el cultivo
del lino y su posterior desarrollo, sino por cobrar; porque descuidó
la política pesquera; porque sólo hizo agitación respecto al aceite
poniéndose al frente de manifestaciones; porque olvidó la agricultura
de montaña y como ministra fue la clásica agitadora de la derecha
terrateniente española (Protestas.-Aplausos.), sin criterio político
alguno, en su comparecencia en el Parlamento Europeo, como ya se ha
señalado, también mintió al afirmar que el Parlamento español la
había exonerado de toda responsabilidad en el tema del lino, dado que
el Parlamento español no había finalizado todavía sus trabajos al
votarse hoy mismo las conclusiones de la Comisión.
Por último, a través de nuestro voto particular hemos mantenido las
conclusiones que conjuntamente con el Grupo Socialista y el Grupo
Parlamentario Mixto presentamos en la Comisión y que fueron
rechazados por la mayoría existente en la misma. Mantenemos también
las conclusiones presentadas, así como las cinco propuestas que se
extraen de ellas, tendentes a que no vuelvan a repetirse las
situaciones que hemos estudiado en los trabajos de la Comisión.
Quiero destacar la propuesta final referida a la necesidad de
articular la fórmula que asegure la participación de las comunidades
autónomas ante las instancias competentes de la Unión Europea cuando
se trata de asuntos referentes a la política agraria común, propuesta
que en numerosas ocasiones ya había sido formulada anteriormente por
el Grupo Vasco.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (El señor Guerra
Zunzunegui: ¡Qué barbaridad!.- Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, como diputado de Nueva Izquierda y en nombre del Grupo
Mixto subo a esta tribuna para defender el voto particular que hemos
suscrito junto con el Grupo Socialista y con el Grupo Parlamentario
Vasco a las conclusiones de la Comisión de investigación del lino.
Permítanme, señorías, que comience diciendo que se puede añadir poco
a lo que ya se ha dicho por los anteriores comparecientes,
especialmente por el representante
del Grupo Socialista. Pero muy brevemente, señorías, permítanme que
les diga con claridad que las instituciones democráticas de nuestro
país, y especialmente esta Cámara, no se merecían en modo alguno el
desprecio y el maltrato que el Grupo Parlamentario Popular les ha
infligido, máxime cuando ello se ha producido no en función de la
necesaria adaptación de las instituciones nacionales a la importancia
creciente de las instituciones europeas, sino única y exclusivamente
en función del evidente objetivo de ocupar, por parte de una
destacada dirigente del Partido Popular, la ex ministra Loyola de
Palacio, parcelas de poder en las mismas.
Se ha producido, insisto, un importante desprecio y maltrato a las
instituciones democráticas nacionales, a esta Cámara. En efecto, se
creó ante la evidencia y la innegable realidad de hechos escandalosos
una Comisión de investigación con el objetivo no de investigar esos
hechos, sino con el objetivo explicitado de exculpar políticamente a
la ex ministra de Agricultura, tal y como ella misma tuvo -no se si
decirlo- la irresponsabilidad de reconocer antes incluso de que la
Comisión iniciara sus trabajos de investigación y comparecencias.
Y así consta publicado en medios de comunicación.
El funcionamiento cotidiano de la Comisión se ha sometido a una
dinámica que en absoluto guardaba la menor coherencia con el objetivo
teórico de investigar; se han acumulado innumerables comparecencias
en pocos días, con unas jornadas inagotables, sin los medios
adecuados para llevar a cabo el trabajo; se ha hecho referencia a la
retención de documentación imprescindible por parte del Gobierno u
otras entidades y, en todo caso, no a disposición de la Comisión que
tenía que trabajar con las mismas. Se ha desconocido, señorías, el
espíritu y la letra de la Constitución y el Reglamento, imponiendo,
de forma absolutamente carente de fundamento, un calendario de
trabajo en el propio mes de agosto, desconocido en la historia de la
democracia española -sería bueno recordar que ni en el año 1977,
cuando había que sentar las bases de la democracia, se trabajó-, y
sólo explicable por los intereses partidistas del Grupo Parlamentario
Popular. No se merecían, por tanto -insisto-, las instituciones
democráticas españolas estos y otros maltratos infligidos por el
Grupo Parlamentario Popular y sus aliados. En ningún caso debería
haberse producido el daño que esas actuaciones han conllevado. Y
mucho menos cuando ello se ha ejecutado en función no de reforzar el
proyecto democrático, y en concreto la labor del control del
Parlamento Europeo, sino de copar poder dentro de la Unión Europea,
aunque fuera sobre la base del desprecio al Parlamento Europeo a
quien la candidata a comisaria, doña Loyola de Palacio, se permitió
manifestar que había sido exculpada políticamente por esta Cámara, lo
que es evidente que no había tenido lugar ni entonces ni en estos
momentos en que tengo el honor de dirigirles la palabra.
En segundo lugar, señorías, ¿por qué se han hecho tantas tropelías?
Muy claro y sencillo. Porque los hechos eran incontestables y
cualquier actuación mínimamente coherente sólo hubiera servido para
extraer las consecuencias políticas lógicas de los mismos. ¿O no es
verdad, señorías, que un grupo determinado de personas, vinculadas
entre sí por sus relaciones con los órganos que elaboraban la
política agraria del Partido Popular se dedicaron a cultivar lino?
¿No es verdad que esas mismas personas cuando el Partido Popular gana
las elecciones generales de 1996 pasan a ocupar cargos significativos
en la Administración central y, en concreto, en el Ministerio de
Agricultura? ¿No es verdad que esas personas por sí mismas o a través
de familiares se dedicaron entonces, en atención a las nuevas
exigencias de la política comunitaria, no sólo al cultivo, sino
también a labores de transformación del lino? ¿No es verdad que esas
mismas personas no adoptaron medida alguna cuando se denunció las
peculiaridades que tenía el sector del lino en España carente de
cualquier salida comercial y que, sin embargo, en pocos años nos
hayamos convertido en el país con mayor extensión cultivada de lino
en el ámbito de toda la Unión Europea y cuando había países que
tenían tradición de décadas de dedicarse a cultivarlo? ¿No es verdad
que esas mismas personas no adoptaron ninguna medida efectiva cuando
desde las instancias comunitarias se les requerían explicaciones y
actuaciones? ¿No es verdad que esas mismas personas son las que
contestaban a las comunidades autónomas que manifestaban su
preocupación por la situación diciéndoles que mantuvieran un criterio
absolutamente laxo, en absoluto coherente con lo que reclamaba la
Unión Europea? ¿No es verdad que al estallar públicamente el
escándalo algunas de esas personas se vieron obligadas a dimitir para
evitar ser cesadas?
Estos hechos son innegables, señorías, y la conclusión política de
los mismos evidente: la responsabilidad por acción y por omisión de
quien era ministra de Agricultura, doña Loyola de Palacio. Esto,
señorías, era evidente, por más que se haya intentado confundir, y se
ha intentado reiteradamente acusando a algunas comunidades autónomas
con la desfachatez de que finalmente en las propias conclusiones
oficiales se reconoce explícitamente que las comunidades autónomas,
todas sin excepción han funcionado perfectamente. Se ha intentado
confundir también afirmando que se estaba investigando en esa
Comisión a todos los cultivadores del lino, cuando lo cierto es que
el único objeto de investigación por parte de esta Comisión era un
reducido número, muy reducido, de grandes cultivadores, propiamente
terratenientes, afiliados al Partido Popular y que compatibilizaban
sus tareas de dirección en la política estatal de agricultura con la
gestión de sus intereses privados, ofreciendo un ejemplo evidente de
colusión entre intereses públicos y privados y desde luego un hecho
claramente reprobado por la opinión pública.
Señorías, todos los de esta Cámara -la opinión pública ha entendido
perfectamente esta situación- podremos aprobar formalmente unas
conclusiones, pero la opinión pública tiene claro lo que ha pasado.
Buena prueba de ello -y tuve ocasión de decirlo en la propia
Comisión- son los chistes que reiteradamente han aparecido en los
medios de comunicación sobre esta materia y que sólo se explican
porque movilizaban la alegría que la gran mayoría de la población
española sentía al ver los apuros justificados que ha tenido que
pasar esa minoría de altos cargos de agricultura que
irresponsablemente llevaba a cabo una actuación de mezcla de
intereses públicos e intereses privados.
Nada más y gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Para la defensa de los votos particulares del Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida y tengo que empezar
lamentando la ausencia del ministro de Agricultura, lamentando la
poca atención que él está prestando a este debate, que con toda
seguridad le sería muy interesante seguir, porque no solamente
estamos analizando actuaciones pasadas sino actuaciones que todavía
se mantienen y que todavía están en la responsabilidad del actual
ministro de Agricultura. Él que es diputado y sabe de la importancia
de los debates parlamentarios debería de haber prestado mucha más
atención de la que le hemos visto esta mañana.
Desde Izquierda Unida, cuando se aprobó en esta Cámara la creación de
una Comisión de investigación sobre las ayudas al cultivo del lino,
ya mostramos nuestras preocupaciones aquel día, ya mostramos nuestros
temores sobre la voluntad del Grupo Popular y del Gobierno de llevar
a cabo una verdadera investigación parlamentaria; pero créanme que no
teníamos ni idea entonces de hasta dónde ustedes estaban dispuestos a
llegar, no teníamos ni idea de que ustedes estaban dispuestos
a forzar hasta el límite la propia credibilidad de la Cámara para
conseguir sus objetivos.
Señorías, por el simple relato de los hechos verán ustedes las
barbaridades cometidas, el desprecio con el que se ha tratado al
Parlamento y el poco respeto que se ha tenido a la división de
poderes. Ha tenido cierta gracia leer estos días el programa
electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones
en el año 1996, en el que se hablaba de regeneración democrática, de
respeto al Parlamento; un programa que se comprometía a regular el
funcionamiento de las comisiones de investigación con el fin de que
éstas tuviesen el objetivo de dilucidar responsabilidades políticas.
Pues bien, todo esto ha quedado reducido a una Comisión que no recibe
en tiempo y forma la documentación solicitada al Gobierno; una
Comisión con el calendario
impuesto; una Comisión con jornadas de trabajo que terminan,
como se ha dicho, de madrugada; una Comisión donde se ha aplicado una
mayoría mecánica que nunca ha buscado el consenso; una Comisión en la
que desaparecen grabaciones de importantes sesiones en las que los
comparecientes son seleccionados por el propio Gobierno; una
Comisión, en definitiva, que termina sus trabajos solamente con la
participación de los miembros que suman la mayoría parlamentaria. En
eso es en lo que han quedado las propuestas, las promesas del señor
Aznar de regeneración democrática: en una verdadera farsa democrática
con algunos episodios más dignos de Expediente X que de otra cosa.
Pero ustedes desde el PP, desde Convergència i Unió, desde la mayoría
parlamentaria han ido más lejos. Cuando ya no les ha quedado otro
recurso han llegado a utilizar a la Presidencia de esta Cámara para
que les cubra sus despropósitos, y lo han hecho de una forma que ha
dañado gravemente la credibilidad de la propia Presidencia del
Congreso, de tal forma que ella sale devaluada hoy de este debate;
hoy don Federico Trillo es menos presidente del Congreso de todos los
Diputados, hoy el señor Trillo ha demostrado que ha actuado como un
disciplinado militante del Partido Popular, porque ha firmado las
resoluciones que su Partido le ponía por delante sin siquiera
molestarse en consultar a los demás grupos políticos, en corroborar
la opinión de los demás grupos políticos. Ha firmado resoluciones que
si hubiésemos podido escuchar las cintas se hubiese comprobado que no
respondían a la verdad. Todo esto lo han hecho ustedes, todo esto lo
han forzado ustedes solamente con la intención de salvar un camino
que para ustedes ya no tenía retorno, pero que ha llevado, como
decía, al propio descrédito de la institución parlamentaria.
Ustedes comprenderán que no es posible presentar unas conclusiones de
la Comisión sin hacer referencia a los métodos de trabajo que se nos
han impuesto y que han condicionado evidentemente los resultados.
Señorías, nosotros seguimos creyendo que una Comisión de
investigación parlamentaria es un importante instrumento que tiene el
Parlamento para controlar una actuación del Gobierno; pero, cuando es
la mayoría que apoya al Gobierno la que impone los métodos, sin el
más mínimo interés por buscar un consenso con la oposición, cuando
esta mayoría controla el desarrollo de los trabajos, cuando incluso
se salta las normas de funcionamiento democrático, es evidente que lo
que se pretende no es otra cosa que vaciar de contenido el objetivo
último de las comisiones de investigación. Ya es difícil explicar que
sea la mayoría que apoya al Gobierno la que al final acabe realizando
el control de su propia gestión.
Por tanto, la primera conclusión a la que deberíamos haber llegado es
que es necesaria una nueva reforma de la normativa de funcionamiento
de las comisiones de investigación para evitar su descrédito y para
conseguir que cumplan la misión de control que debe ser suprincipal y
casi única tarea. Creemos que esta Comisión
debe ser un ejemplo de lo que no se debe repetir, debe ser un ejemplo
para que de verdad se tome conciencia de la importancia que tienen
las normas de funcionamiento en un Parlamento.
Como decía, hemos sufrido una serie de actuaciones. Ha empezado por
no admitirse todas las peticiones de comparecencias de manera que han
quedado fuera de ellas personas implicadas muy directamente en el
cultivo del lino, con importantes repercusiones, como son los
responsables del FEGA o de la Secretaría de Estado de Comercio, pero
también han quedado fuera -y eso puede explicar el apoyo, creemos, de
manera demasiado vergonzante del Grupo de Convergència i Unió- las
comparecencias de los presidentes autonómicos. Una vez seleccionado
esos 35 comparecientes de forma unilateral por la mayoría
parlamentaria, se condensaron, como ya se ha dicho, en seis días, de
forma que no se nos dio ninguna posibilidad de disponer de tiempo
entre una y otra comparecencia. No se nos dio ninguna posibilidad de
poder repreguntar y pedir más documentación una vez oídas las
comparecencias. Todo esto parecía irracional, parecía ilógico pero
era una realidad que tenía un objetivo, que no era ni más ni menos
que, al final, la Comisión de investigación fuese una farsa, fuese
tan devaluada que no tuviese la mínima credibilidad.
En estas circunstancias, antes de iniciar los trabajos se anunció que
era muy difícil llegar a una consenso, a unas conclusiones que fuesen
realmente útiles para lo que se pretendía. Empezamos a entrar en el
esperpento desde el primer día, cuando ya se nos propuso ese horario
desproporcionado, pero también cuando se empezaron a ordenar las
comparecencias de una manera que no entendíamos, porque lo lógico era
o bien empezar desde los altos cargos del Ministerio para terminar
con los profesionales del sector o a la inversa, empezar con los
profesionales y terminar con los altos cargos. Pero no, se hizo una
especie de bocadillo, empezando los altos cargos y terminando la ex
ministra de Agricultura. A esa situación que podía ser tan falta de
lógica, al final acabamos hallándole una explicación, como ya
diremos. Pues bien, antes de empezar las comparecencias nos
encontramos con que sólo tuvimos dos días para leer los papeles que
se nos habían entregado; papeles, documentos, que no llegaban ni al
30 por ciento de los requeridos, en los que faltaba la mayor parte de
los más importantes. Por ejemplo, faltaba algo tan relevante como el
registro de bienes de los altos cargos que iban a comparecer; faltaba
algo tan interesante como son los informes del Ministerio de Interior
acerca de los incendios ocurridos sobre el lino. Cuando vinieron los
altos cargos no les pudimos preguntar porque no teníamos su registro
de bienes. Todo esto se permitió por la Presidencia de la Comisión,
todo esto se permitió por el resto de los grupos políticos de la
mayoría parlamentaria. Por tanto, empezamos los trabajos con muchas
dificultades, repito, con sólo el 30 por ciento de la documentación
requerida y solamente tuvimos dos días para leerla. De los documentos
entregados
nos encontramos con uno que era anónimo, no venía firmado y
pretendía, en cierto modo, avalar algunas tesis de las defendidas por
el Gobierno, teniendo que retirarlo ante la vergüenza de quienes lo
habían enviado; repito, documento anónimo que no venía ni con firma
ni con aval.
Por otra parte, se nos comunicó que podíamos hacer la lista de los
cargos después de que estos hubiesen comparecido. De esta manera, es
evidente que en sus comparecencias quedaron muchas dudas. Planteamos
el volver a llamarlos pero, de nuevo, el rodillo de la mayoría
parlamentaria nos lo impidió y se nos obligó a seguir un ritmo a
todas luces ilógico e irracional. Pero quizá lo más grave de todas
las anomalías sufridas en la Comisión fue cómo se condicionó, cómo se
forzó la ampliación del calendario, planteando el tema fuera del
orden del día, sin estar convocados previamente para ello, llegándose
incluso a faltar a la verdad al plantear que los comisionados del
PSOE, PNV, Izquierda Unida y Grupo Mixto abandonamos la Comisión una
vez iniciada la votación, cuando es evidente que lo que ocurrió es lo
que ocurrió y lo podemos demostrar no sólo los que estábamos allí
sino también periodistas que estaban en la puerta cuando salimos.
Esto se podía haber demostrado de una forma muy fácil, simplemente
escuchando las cintas. Sin embargo, cuando fuimos a escucharlas
dichas cintas no estaban grabadas. No estaban grabadas no sabemos si,
como decía, por un expediente X o por una voluntad explícita de quien
presidía la Comisión. La realidad es que no estaban grabadas y eso ha
impedido que una sesión que se celebró en el mes de agosto haya sido
invalidada. Es grave, es vergonzoso que a estas alturas del siglo XX
este Parlamento no pueda tener esa mínima garantía en su trabajo, y
eso tiene una responsabilidad política, no sólo técnica, porque
además del informe técnico se puede desprender cómo se desarrollaban
los trabajos de la Comisión.
Seguimos manteniendo con toda la dureza el escrito presentado para
denunciar la ilegalidad de la modificación del calendario de
reuniones de la Comisión cuando se celebró una sesión fuera del orden
del día y cuando se produjo una votación que no tenía quórum
suficiente para celebrarse. Por consiguiente, con todas las
limitaciones que he denunciado se han desarrollado los trabajos de la
Comisión, trabajos que, repito, son incompletos pero que sí han
dejado ver alguna luz, sí han permitido llegar a algún tipo de
conclusión, porque a pesar de todos sus esfuerzos no han podido
ocultar algunas evidencias.
Puedo comenzar señalando, como ya se ha dicho, que el cultivo del
lino en España prácticamente desaparece, y se recupera a partir del
año 1993, cuando viene una importante ayuda comunitaria. Y esto no es
malo, no nos parece mal que desde la PAC se intenten recuperar
cultivos prácticamente desaparecidos, desde la PAC se den ayudas a
cultivos que no están en estos momentos en la Unión Europea en un
buen nivel. Lo que sí nos parece mal es que años después se mantenga
la misma situación, lo que sí nos parece mal es que
el Gobierno no haya hecho nada por mejorar esa situación. Señorías,
señor ministro, la responsabilidad de las distintas administraciones
españolas en relación a las ayudas de la PAC no se puede limitar
solamente a su reparto, ni siquiera al control de ese reparto con
arreglo a la normativa europea. Tenemos la responsabilidad de hacer
que esas subvenciones, esas ayudas tengan la máxima rentabilidad
social, productiva para el conjunto de la economía nacional. Por esto
es grave, es la primera evidencia de la responsabilidad del
Ministerio de Agricultura, de su ministra entonces, ya que en ningún
momento le interesó que el cultivo del lino alcanzase ningún grado de
rentabilidad en nuestro país. Las declaraciones de altos cargos,
incluida la de la propia ministra en la madrugada, vinieron a
demostrar que existía un desconocimiento total del cultivo del lino.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego que concluya.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, señor presidente, concluiré, no le quepa
la menor duda, en todo caso con menor tiempo del que ha empleado el
Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego lo
haga a la mayor brevedad posible.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Como decía, demostró desconocer, incluso, a
dónde iba el lino cultivado. Nos dijo que ella no tenía ni idea de lo
que se hacía con el lino. Hay una realidad y es que en este país
solamente se consume el 20 por ciento del lino que se cultiva en
España y el otro 80 por ciento se desprecia -no porque no haga falta,
ya que tenemos que importar lino- , sino por la mala calidad. Se nos
dijo por un representante de la industria transformadora que el lino
que producíamos en España no llegaba ni siquiera a alcanzar el 50 por
ciento de los parámetros de calidad exigidos. Por lo tanto, hay una
simple regla matemática que deberíamos haber hecho todos en la
Comisión, que algunos hicimos pero que, evidentemente, la mayoría
gubernamental no quiso. Si en España se siembran 100.000 hectáreas de
lino, con una producción mínima de 1.000 kilos por hectárea, tenemos
en nuestro país una producción de 100.000 toneladas de lino. Si
solamente utilizamos el 10 o el 20 por ciento, resultan sobrantes
80.000 toneladas de lino que nadie nos ha dicho dónde están, y
créanme que es muy difícil ocultar una tonelada de lino, ya que no le
cabe en el bolsillo a ningún cultivador. Hemos terminado la Comisión
y no sabemos todavía dónde está el lino, para qué se utiliza. Es
evidente que a nadie en el Ministerio de Agricultura le ha importado
lo más mínimo aconsejar a los agricultores para que diesen una
rentabilidad productiva al lino que cultivaban. Quienes tenían que
diseñar la política del Gobierno sobre el cultivo del lino no lo han
hecho, y no lo han hecho no por dejación, sino porque estaban
directamente relacionados con el cultivo del lino, estaban
directamente relacionados con el cobro
de primas comunitarias y les interesaba que el lino no fuese un
producto rentable, sino un cultivo especulativo porque en la
especulación es donde ellos encontraban su negocio.
Entendemos, de las comparecencias celebradas, que el señor López de
Coca, don Quintiliano Pérez Bonilla, don Carlos Moro y el señor
González Ruiz de Paz han compatibilizado su trabajo en la
Administración con un interés muy directo en la forma en que se
repartían las ayudas comunitarias al lino y que esta relación ha
condicionado, en el caso del señor López de Coca muy directamente,
sus actuaciones en materia de agricultura. El señor López de Coca no
solamente ha tenido relación a través de su hijo Ismael y de una
cuñada, cobrando altas subvenciones, en torno a los 35-59 millones,
sino que, como quedó demostrado, ha avalado en 70 millones de pesetas
a su hijo, quedando patente que del mantenimiento de la rentabilidad
de la empresas de su hijo dependía ese aval de 70 millones que el
señor López de Coca le tenía prestado y, por tanto, cómo no iba a
tener interés directo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
S.S. debe concluir.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, concluiré, señor presidente, cuando sea
oportuno.
En ese sentido les diré que tenía mucho interés en que el cultivo del
lino a su hijo en concreto le fuese rentable.
Todas estas circunstancias han motivado una actuación que fue
coordinada. Porque también se nos dijo que se habían producido unas
llamadas telefónicas al consejero del Castilla-La Mancha para que se
anulase una orden de dicha Consejería que impidiese la solicitud de
ayuda al cultivo del lino durante la campaña 1999-2000 si se había
cultivado lino en la campaña anterior. En la comparecencia del señor
López de Coca se nos dijo que esto se había hecho para defender el
interés de los agricultores, pero es una realidad que cuando le
preguntamos al consejero de Castilla-La Mancha se nos dijo que
solamente se recibieron tres llamadas en la Consejería y ninguna de
ellas era de ningún sindicato agrario, sino precisamente de los tres
altos cargos de la Administración, que son solamente quienes tienen
interés en que no se endurezca la normativa del cultivo del lino para
seguir especulando con él. Por tanto, no estamos solamente hablando
de incompatibilidades en el Ministerio de Agricultura, sino de una
actuación coordinada, de una concesión coincidente de estos tres
altos cargos para que el Gobierno de CastillaLa Mancha cambiase la
normativa y le permitiese seguir especulando con el cultivo del lino.
Señor presidente, señorías, para terminar, con toda sinceridad, nunca
hemos llegado a entender por qué han montado ustedes este
espectáculo. Tenían la mayoría parlamentaria suficiente, podían haber
aprobado un calendario a su gusto, podían haber aprobado una
conclusión a su medida, pero podían haberlo hecho guardando
las formas parlamentarias. No entendemos por qué ustedes han forzado
las sesiones de madrugada, no entendemos por qué han enviado tarde y
mal la documentación, por qué han forzado el calendario, por qué le
han obligado a jugar ese papelón al presidente de la Comisión
tapándole la vergüenza a un gobierno que ha despreciado en todo
momento al Parlamento, por qué han utilizado al presidente de esta
Cámara de esta manera, que, repito, hoy es menos presidente de todos
los diputados que nunca. En realidad solamente encuentro una
explicación y es que ustedes han iniciado hoy el entierro de las
comisiones de investigación. Ustedes quieren acabar con las
comisiones de investigación por el camino más corto, ustedes quieren
eliminar una comisión que les pueda controlar. Evidentemente, si lo
que ustedes buscaban era blindar a la señora Loyola de Palacio, poco
finos han estado; poco finos porque, como se ha demostrado en su
comparecencia ante el Parlamento Europeo, es evidente que no solo no
la han blindado sino que han puesto de manifiesto, todavía mucho más,
sus implicaciones, sus responsabilidades. Incluso la señora ministra
tuvo que desmentirse en la Comisión y decir que no había hecho las
declaraciones que salieron publicadas en la prensa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
termine.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, un minuto solamente.
(Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio,
señorías.
Concluya de forma inmediata, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Evidentemente, señorías, después de haber
aguantado hasta la madrugada haciendo el juego que ha marcado la
mayoría del Gobierno, ustedes pueden escuchar aquí una serie de
argumentos, aunque no les gusten. Decía que hoy aquí ustedes pueden
aprobar unas conclusiones, las que quieran. Ustedes podrán tratar de
echar lino sobre el escándalo que ha ocurrido, pero, evidentemente,
los hechos van a ser muy tozudos, los hechos van a seguir estando ahí
y lo que no pasa por ninguna parte es el lino transformado. Señorías,
ha quedado plenamente demostrada la responsabilidad de la ex
ministra.
Quiero terminar señalando la responsabilidad que en estos momentos, y
agradezco que esté presente, tiene el señor ministro porque todavía
hay circunstancias que pueden tener arreglo y el ministro se
comprometió a arreglarlas. Por lo tanto, le exigiremos, señor
ministro, que cumpla con su obligación y que cese a aquellos altos
cargos que todavía siguen siendo cazaprimas, que todavía siguen
siendo especuladores en el cultivo del lino.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra de los votos
particulares? (Pausa.-Un señor diputado: ¿Cuándo se come?) En nombre
del grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para manifestar que Coalición Canaria
apoyará con su voto las conclusiones y dictamen de la Comisión.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante la Cámara en nombre de mi grupo para
presentar las conclusiones de una Comisión de investigación que, en
la medida en que nosotros votamos favorablemente, también pedimos.
Hemos trabajado en esa Comisión muy intensamente; hemos pasado más de
70 horas escuchando intervenciones de gente muy diversa, altos cargos
de la Administración General del Estado, consejeros autonómicos,
empresarios, líderes de asociaciones; hemos recibido una gran
cantidad de documentación, y, después de todo ese trabajo, hemos
puesto por escrito nuestras conclusiones, que son las hoy defendemos
aquí. Conocemos la verdad y la queremos explicar a esta Cámara y a la
opinión pública; otros también conocen la verdad y también han
descubierto hasta qué punto una campaña electoral puede ser licencia
para falsear la verdad y atacar el honor ajeno. (Rumores.- La señora
Martínez González: ¡Que te quemas!-El señor Ros Maorad: ¡Qué
papelón!) En este momento, quienes así han actuado, cuando hablan de
problemas de forma no están actuando como defensores de la
Constitución o del Reglamento, están utilizando un legítimo recurso
que todos los abogados conocemos: quien ha perdido un pleito, porque
sabía que no tenía razón, siempre tiene a su disposición los recursos
por defectos formales para ver si por esa vía consigue impugnar ese
pleito que sabe que ha perdido.
Ese es el papel que hoy han desempeñado aquí con los votos
particulares. Porque, señorías, la forma es importante, pero no se
nos puede acusar a nosotros de ridiculizar al Parlamento, como
alguien ha hecho. Un portavoz ha llegado a decir en esta Cámara, y
nadie se ha inmutado, que diga lo que diga la Comisión de
investigación, la opinión pública ya se ha formado su sentencia. ¿No
es eso despreciar al Parlamento? Todos recordamos el escándalo que se
produjo en esta Cámara al final de la legislatura anterior, con
motivo de determinados escándalos que agitaban la vida pública
española, cuando a alguien se le ocurrió decir que,
dijeran lo que dijeran los tribunales, la opinión pública ya tenía
formada su sentencia. Hoy, señores, estamos exactamente en eso, pero
al revés. (El señor Ros Maorad: Y tú en medio.) Ustedes creen que,
diga lo que diga la Comisión de investigación, sean cuales sean los
hechos, ya han ganado la victoria mediática y han conseguido
transmitir esa imagen de confusión y, como ha dicho un portavoz, se
dan por satisfechos con que los chistes en la prensa diaria
descalifiquen el cultivo del lino o den la imagen de que este
Parlamento es un cachondeo. Señorías, a ese juego no nos apuntamos.
Defenderemos la forma, la hemos defendido y la seguiremos
defendiendo, pero ningún defecto de forma permitirá descalificar las
contundentes conclusiones que hoy venimos a presentar aquí. ¿Podíamos
reunirnos el 17 de agosto? ¿No podíamos? No lo sé. (Un señor
diputado: Votaste sí.) Esta Cámara tiene sus propias autoridades en
la interpretación del Reglamento y sus propios cauces de
interpretación; parece que sí. Nada de todo ello es más que la
anécdota para intentar hacer un ruido que oculta que la Comisión de
investigación ha llegado a descubrir la verdad y ha puesto sobre la
mesa, en primer lugar, que hemos trabajado y mucho y, en segundo
lugar, que lo hemos hecho con transparencia y mucha.
Señor portavoz del Grupo Socialista, a estas alturas nos hace sonreír
a los que hemos seguido este tema durante el mes de julio el que
digan que hemos actuado de espaldas a la opinión pública; después les
podemos entregar un dossier de prensa. Nos hace sonreír el que digan
que las reuniones de trabajo se han hecho para ocultárselo a los
medios de comunicación; le haremos llegar un dossier de prensa sobre
hasta qué punto los medios de comunicación han seguido los trabajos
de esta Comisión. Y, finalmente, tenemos unas conclusiones objetivas
y claras, que son las que han sido leídas y sobre las que me voy a
pronunciar a continuación; unas conclusiones que se derivan -y es
importante poner las cosas en su contexto- de poner la lupa al 0,5
por ciento del total de los recursos de la Unión Europea que en
materia agrícola se reciben en España; al 0,5 por ciento del total de
los cultivos herbáceos que se realizan en España. Con esa lupa puesta
-que rara vez ha sido puesta por este Parlamento a ningún otro
cultivo y a ninguna otra ayuda-, hemos llegado a las siguientes
conclusiones y diferenciado dos aspectos, que se han intentado
confundir intencionadamente y que, como digo, nosotros creemos que
deben ser distinguidos con toda nitidez. En primer lugar, el problema
del régimen de subvenciones como tal y, en segundo lugar, la
imputación a una serie de personas con nombres y apellidos de haber
constituido una trama para cobrar esas subvenciones. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El régimen de subvenciones europeo al cultivo del lino merece nuestra
crítica más radical y así ha sido planteado en las conclusiones y así
lo defendemos aquí. Nos encontramos ante una organización común de
mercado en el ámbito del lino absolutamente ineficaz,
esperpéntica y que fomenta la especulación en el ámbito
agrícola, un régimen que financia un producto con independencia de su
calidad, un régimen elaborado por el Consejo de Ministros de la Unión
Europea que establece subvenciones no en función de la calidad de un
producto, sino sencillamente por el hecho de ser cultivado, con
independencia de que eso que ha sido cultivado y por lo cual se ha
recibido una subvención sea a continuación abandonado en una
carretera o incluso quemado. Esa es, efectivamente, una realidad y
ese régimen merece nuestra crítica. Bien es cierto que ese régimen se
ha ido perfeccionando progresivamente y en particular, señorías,
desde 1996 se han ido endureciendo los requisitos para obtener esas
subvenciones. Todavía no es un régimen que nos parezca satisfactorio,
pero hoy se puede decir que las concesiones de ayudas al lino, las
concesiones de ayudas a la renta en el ámbito son más duras desde
1996 que antes de dicho año y eso se ha hecho, señorías, por el
Consejo de Ministros de la Unión Europea y, por tanto, evidentemente,
por parte del Reino de España y de quien allí le representaba.
Es, sin embargo, un producto válido y esa es otra conclusión que se
deriva de esta Comisión. El hecho de que critiquemos duramente, y no
quiero volver sobre ello porque no me quiero alargar más de la cuenta
en esta intervención, que exista un régimen que me he atrevido a
calificar de kafkiano por las consecuencias prácticas que tiene no ha
de llevarnos a descalificar el cultivo del lino en España, señorías,
y esa es una de las conclusiones a la que hemos llegado también. El
lino es y puede ser no sólo en el ámbito textil, sino también en el
industrial un cultivo con futuro en España. Lo es en Egipto, así que,
¿por qué no lo puede ser en España? Egipto exporta lino, señorías,
lino de calidad. Hay demanda en el mercado y la hay en España y, por
tanto, con que existieran unos determinados requisitos de calidad
para la subvención y con que por parte de las administraciones
públicas, con competencias en materia agrícola todas ellas, se
articularan los mecanismos de impulso a las industrias de
transformación y de impulso a la calidad, aquellos que tienen
competencias en materia agrícola -volveré sobre esto-, si eso se
hiciera, podría tener España una potente industria del lino en
Europa. ¿Falta control en el sector del lino, señorías? No, no falta
control. No hay fraude en el sector del lino en España. No existe
fraude en absoluto en el sector del lino en España, señorías, y así
lo han detectado las comunidades autónomas, que en el uso legítimo de
sus competencias han inspeccionado, y así nos han informado a la
Comisión, acerca de los niveles de fraude. Esas comunidades
autónomas, del color político que sean, han desarrollado bien su
trabajo, han inspeccionado, han controlado el cultivo del lino y han
comprobado que no existe fraude, entendiendo por fraude, señorías, lo
que fraude es: la manipulación de los requisitos para poder llegar a
tener una subvención, nola aplicación estricta de unos requisitos
absurdos que
permiten cobrar por no hacer nada o por sembrar un producto inútil,
sino la alteración de los datos que permiten llegar a percibir esa
subvención. Eso es fraude, señorías, y en España no hay fraude del
lino y desde aquí queremos manifestar nuestro más absoluto respeto al
conjunto de agricultores españoles que han percibido, y que muchos de
ellos seguirán percibiendo, ayudas al lino.
No vamos a criminalizar el cultivo del lino en España y en este
contexto, señorías, y lejos de todo planteamiento estrictamente
partidista, puesto que nada tiene que ver ahí la Administración de la
Generalitat de Cataluña, es de justicia reconocer que en Cataluña
este problema no existe (Rumores.) Y lo digo bien claro porque es un
reconocimiento a la sociedad catalana, al medio rural catalán y a la
pequeña y mediana industria catalana, que merece ese reconocimiento
desde aquí. Ahí no ha habido especulación en el sector del lino, sin
necesidad de que ni la Generalitat de Cataluña ni ninguna autoridad
política actuara, sencillamente se ha actuado con responsabilidad.
¿Cuál ha sido en este contexto el papel del Ministerio? No es el
Ministerio de Agricultura quien ha controlado este tema. Su papel es
mínimo, su papel ha sido evidentemente representar a España en
Bruselas, sin oír a veces a las comunidades autónomas tanto como
debería, impulsar un cierto endurecimiento, menor del que querríamos,
de la organización común de mercado del lino y de los requisitos para
obtener las subvenciones -ese es todo el papel- y transmitir unos
fondos que recibe de Bruselas para entregarlos a las comunidades
autónomas, que son quienes individualizadamente, una por una, cada
una de las personas físicas o jurídicas que se lo solicitan, perciben
las subvenciones. Ese es el papel de las comunidades autónomas, que
son quienes posteriormente han realizado el control sobre el eventual
fraude y el seguimiento. Y hay que decir -insisto- que no se trata de
culpabilizar a las comunidades autónomas; hay que culpabilizar a un
sistema de subvenciones -insisto- absolutamente mal organizado, que
debería ser puesto en el marco global de lo que son las subvenciones
agrícolas en el ámbito europeo, lo cual nos puede sacar totalmente de
contexto.
Si dejamos este tema de lado y nos centramos en lo que son las
imputaciones que propiamente dieron lugar a esta Comisión de
investigación, entramos en los dominios de la falsedad, de la
calumnia y de la pura imputación gratuita, señorías. No ha existido
un fraude en el Ministerio de Agricultura, no ha existido ninguna
trama en el Ministerio de Agricultura que se haya articulado para
percibir no sé qué subvenciones ni ha habido ningún núcleo de
corrupción en el Ministerio de Agricultura que alguien, a 15 días de
una campaña electoral, haya tenido el honor y la valentía de sacar a
la luz pública. Estamos hablando, señorías, de ayudas otorgadas por
las comunidades autónomas, gestionadas por las comunidades autónomas,
fiscalizadas por las comunidades autónomas, en cuya concesión nada
tiene que ver el Ministerio de Agricultura. En nada pueden
influir unas ayudas, señorías, cuyas condiciones de concesión son
públicas, para cuya concesión han recibido todos los agricultores
españoles estímulos por parte de las Cajas de Ahorro y de las
asociaciones agrarias. No es que alguien se haya hecho -y permítanme
la expresión- el listillo (Un señor diputado: El listón.) en función
de no se sabe qué información; son las Cajas de Ahorro, son las
entidades agrícolas las que han ido a llamar a la puerta de los
agricultores para decirles que debían cultivar lino porque existía un
reglamento que les subvencionaba si así lo hacían. (Rumores.-El señor
Ros Maorad: Eso no es cierto.) No ha habido ningún tipo de
información privilegiada. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Guardans. Señorías, les ruego
que guarden silencio y no interrumpan al orador.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sencillamente no cabía tal información
privilegiada. Hay que insistir en que lamentablemente -y es uno de
los temas que políticamente mi grupo considera importante-, con el
afán de atacar a la titular del Ministerio de Agricultura, el Partido
Socialista, muy en particular en su voto particular, valga la
redundancia, ha ignorado expresamente a las autonomías. Y eso lo ha
vuelto a hacer hoy en su discurso el portavoz del Grupo Socialista
describiendo la política agrícola española como si no existiera el
título VIII de la Constitución, como si no existieran consejerías de
Agricultura en las comunidades autónomas y como si no existieran
estatutos de autonomía. Hay que recordar al Partido Socialista que
existen autonomías y que, respecto de la que yo más conozco -e
imagino que las demás también- son muy celosas de sus competencias,
que son plenas en materia agrícola. Y las competencias en materia
agrícola no son competencias de un jefe de servicio; son competencias
políticas que se ejercen políticamente y que incluyen también todo
este tema. Pretender ignorar las competencias autonómicas para cargar
así la responsabilidad en el ámbito de la Administración general es
una falta de responsabilidad que no se corresponde con el marco
constitucional español actual.
Pero es que, además, es falsa, es expresamente falsa la imputación
que se ha hecho a una serie de personas concretas, a altos cargos en
dos casos, persona contratada en otro y alto cargo de otro Ministerio
en un cuarto caso.
Antes de empezar a comentar esos nombres y apellidos particularmente,
aunque ya se ha hecho en las conclusiones, permítanme, señorías, que
les subraye algo que a este portavoz le parece muy importante
destacar. Una dimisión nunca debe convertirse en prueba de cargo
contra nadie. Y quien sostenga lo contrario que suba a esta tribuna y
lo diga; quien considere que una dimisión, ante la presión de la
opinión pública, ante la presión que supone verse en la portada de un
medio de comunicación nacional un día sí y otro también con
imputaciones gratuitas para preservar su nombre y para preservar la
tranquilidad de su familia decida abandonar el servicio de la cosa
pública y retirarse a su casa, quien considere que esa dimisión, por
sí sola, es prueba de cargo, es motivo suficiente para su imputación,
como se ha dicho aquí y como se viene diciendo en los últimos meses,
que suba a esta tribuna y lo diga. Yo respeto el derecho de una
persona inocente a dimitir, señorías.
Si pasamos a las personas concretas de quienes se ha estado hablando,
se hicieron una serie de imputaciones al señor Ruiz de Paz (aparece
ya detallado en el dictamen y conviene reiterarlo otra vez); una
persona que tenía un contrato -no era ningún alto cargo- como
director financiero de una empresa, dependiente administrativamente
del Ministerio de Agricultura, sin ninguna relación ni directa ni
indirecta con el cultivo del lino; una persona que, por tanto, tenía
y tiene la perfecta libertad para realizar las inversiones que
estimara oportuno, en cualquier campo, en el lino, en Telefónica o en
la industria del cable. (Rumores.)
En segundo lugar, un actual alto cargo del Ministerio de Agricultura,
el señor Pérez Bonilla, de quien se dice -claramente, ya en el
dictamen- que de todo lo que estamos hablando (esa trama de personas
que se han lucrado durante años bajo el Gobierno del Partido Popular)
es de una persona que fue nombrada director general de Agricultura
cuando su mujer, años antes, había recibido en herencia unas
propiedades, en esas propiedades había sembrado lícitamente lino y
por ese lino sembrado había percibido el importe total, en 1995,
señorías, de 6.300.000 pesetas; en 1996, esa personas que
legítimamente estaba cultivando, y cuyo esposo fue nombrado director
general (Rumores.), percibió todavía 500.000 pesetas de ayudas al
lino, por un cultivo que ya tenía antes de que su esposo fuera
nombrado director general. Tampoco este portavoz comparte esa idea
-que es sobre la que se construye todo este esquema- de que cualquier
propiedad de cualquier inversión de un familiar de un alto cargo es
una inversión del alto cargo puesta a nombre de un familiar. Esa
imputación no sólo es falsa, sino que me gustaría que fuera aplicada,
por no ir más lejos, a la totalidad de los miembros de esta Cámara.
(Fuertes rumores.-El señor Ros Maorad: Sí, sí, muy bien.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Yo me niego a aceptar, señorías, que las
inversiones legítimas y libres que pueda realizar una persona mayor
de edad en el marco de la libertad que ampara la Constitución que
todos nos hemos dado, automáticamente deban ser calificadas como
inversiones de otra persona puestas a nombre de. Y aquí es donde
encaja muy particularmente la situación del señor López de Coca. No
es admisible que la legítima actividad financiera o mercantil de unos
hijos se plantee siempre como si fueran simples testaferros de su
padre. Da igual que tengan más de treinta años,
da igual que sean ingenieros agrónomos, da igual que realizaran esa
actividad antes de que su padre tuviera un alto cargo: son simples
testaferros de su padre. (Rumores.) No compartimos esa visión. Desde
Convergència i Unió, entendemos que la idea de la patria potestad
romana ha sido superada hace muchos años, y en este momento
respetamos la libertad de los hijos para invertir donde estimen
oportuno. Si a eso sumamos lo que ya ha sido reiterado -y aparece en
las conclusiones-, que, en ningún caso, ninguna de las personas que
ha sido mencionada podía haber influido, ni en favor de su cónyuge ni
en favor de sí mismo ni en favor de sus hijos, en la concesión de
esas ayudas, porque esas ayudas han sido otorgadas exclusivamente por
una comunidad autónoma -o por dos, en este caso-, es claro que no hay
ningún tipo de responsabilidad. Y como no la hay, no la hay tampoco
por parte de quien fue ministra de Agricultura durante ese período.
(Rumores.) No existe ningún tipo de responsabilidad política y mi
grupo lo dice con la cabeza bien alta, porque es fruto de su propia
investigación, no fruto de otras imputaciones o presiones que alguien
quiera ver, creyendo que la verdad nunca puede lucir por sí sola.
(Rumores.)
Finalmente, si examinamos la actuación de don Carlos Moro,
actualmente delegado del Gobierno, lo primero que queremos decir es
que tampoco desde el punto de vista de las subvenciones percibidas ha
podido influir para nada en las cantidades que ha recibido. No tenía
ni tiene facultad alguna de interferir en esas entregas que ha
percibido por ayudas al lino, que se le han hecho en aplicación
estricta de los reglamentos comunitarios y de la normativa estatal y
autonómica, y donde él no podía haber influido en ningún caso.
Sin embargo, mi grupo ha planteado en el caso de don Carlos Moro otra
cuestión que sigue manteniendo en este momento, y es la apariencia
grave -puesto que no podemos ir más allá- de incompatibilidad seria
sobre si le corresponde a un delegado del Gobierno, cuando cierra su
despacho de delegado del Gobierno, irse a ejercer las funciones de
empresario agrícola. Esa sí es una cuestión distinta sobre la que mi
grupo, a la luz de la Ley de incompatibilidades, manifestó en la
Comisión sus más serias dudas, y por eso solicitó y sigue solicitando
que la Inspección General de los servicios de la Administración
pública examine si esa actuación es o no compatible con la Ley de
incompatibilidades. (Rumores.) Se nos ha hecho llegar un dictamen
elaborado a instancia de parte por esa Inspección General y,
lógicamente, sin más información que la que ha sido facilitada por el
propio interesado. En ese dictamen precisamente del Ministerio de
Administraciones Públicas se dice con toda nitidez, dirigiéndose al
señor Moro, que sus actividades serían compatibles con la Ley de
incompatibilidades evidentemente siempre que no fueran actividades
profesionales, evidentemente siempre que se tratara de actividades
que no tuvieran nada que ver con el tráfico mercantil, y
evidentemente -insiste otra vez- siempre que se distingan de lo que
es una actividad profesional.
Pues bien, señorías, de la comparecencia de don Carlos Moro ante la
Comisión de investigación -cuyo «Diario de Sesiones» esperamos sea
facilitado a partir de hoy, con la aprobación de estas conclusiones,
al Ministerio de Administraciones Públicas y a la Inspección General
de los servicios- se desprende que don Carlos Moro sí ha estado, o al
menos así lo parece, desarrollando una actividad profesional, cuando
manifestó ante la Comisión de investigación: me considero delegado
del Gobierno y dedico una parte de mi tiempo a las cuestiones
agrícolas; o cuando dijo expresamente: tengo un contrato de
transformación con tal o cual empresa; o cuando expresamente
manifestó que era él personalmente quien compraba o vendía su
producción o las semillas al respecto (si comprar o vender no son, al
menos en apariencia, actividades mercantiles, solicitamos que se nos
aclare, porque tienen toda la apariencia de serlo); o finalmente,
cuando don Carlos Moro manifestó en la Comisión que estaba sometido
al régimen fiscal de módulos. (Rumores.) Señorías, quien tributa por
módulos es empresario.
Por tanto, solicitamos -y es la conclusión con la que termino mi
intervención- que la Inspección General de servicios de la
Administración pública emita un dictamen, no sólo a la luz de las
afirmaciones que legítimamente pueda hacer el propio interesado, sino
a la luz de sus afirmaciones ante la Comisión de investigación,
y evidentemente a la luz de la inspección que, en sentido estricto, le
corresponde hacer en cumplimiento de la ley a la Inspección General
de servicios de la Administración pública. Estas son las conclusiones
que mi grupo ratifica, y que ratifica, insisto y lo quiero reiterar
en los términos políticos, con pleno convencimiento de que son la
verdad y de que ningún debate sobre la forma -que es lo que hoy se ha
intentado traer aquí- las podrá desvirtuar. Este portavoz no sabe si
será capaz de hacerlas llegar a la opinión pública, porque es verdad
que la opinión pública ya ha sido intoxicada durante dos meses con
informaciones contradictorias que venden mejor que la verdad espesa,
pero esta es la verdad, que aunque espesa es verdad.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Guardans i Cambó.
Por el Grupo Popular, don Jaime Ignacio del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, señorías, en 1994 don
Carlos Moro sabía que en julio de 1996 iba a ser nombrado delegado
del Gobierno en Castilla-La Mancha, por eso decidió iniciar una nueva
experiencia agrícola entre las tierras heredadas de sus padres y
sembró lino. (Rumores.) Desde entonces lo ha hecho cada año y, hasta
la fecha, la suma total de las ayudas percibidas de Bruselas a través
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asciende a 55 millones
de pesetas. Las dudas suscitadas a lo largo de los trabajos de la
Comisión de investigación, que acaban de ser expuestas por el
portavoz de Convergència i
Unió, sobre si dicha actividad agrícola excedía o no de la mera
administración del patrimonio personal han sido disipadas por la
Inspección de servicios de la Administración del Estado, a nuestro
juicio, en un informe que declara que no ha incurrido en ninguna
vulneración de la Ley de incompatibilidades. Naturalmente, si la
Cámara entiende oportuno que se emita otro nuevo informe no tenemos
nada que decir, sino todo lo contrario.
Ese mismo año de 1994, don Gonzalo Ruiz Paz sabía que en 1996 iba a
ser nombrado, mediante contrato laboral, director financiero de la
empresa nacional Mercasa. Por eso decidió cultivar lino. El señor
Ruiz Paz era y es un empresario agrícola, y el grupo familiar al que
pertenece mantiene 80 puestos de trabajo y factura más de 500
millones de pesetas. Una de esas empresas, creada en 1995, cuando
todavía no se exigía a los agricultores ningún contrato de
transformación, es una agramadora. Para conocimiento de SS.SS., la
varilla del lino que cultivan los agricultores se transforma en fibra
de lino. (Rumores.) El señor Ruiz Paz no fue alto cargo del
Ministerio de Agricultura ni su puesto en Mercasa tenía nada que ver
con las subvenciones comunitarias ni, por supuesto, con la producción
o transformación del lino.
En 1993, tres hijos de don Nicolás López de Coca, dos de ellos
ingenieros agrónomos, que por supuesto sabían que en julio de 1996
doña Loyola de Palacio nombraría a su padre primero subsecretario del
Ministerio de Agricultura y después presidente del FEGA,
constituyeron una sociedad para dedicarse a actividades agrarias,
entre ellas el cultivo del lino. Desde 1994 han venido cultivando
unas 200 hectáreas de media anual y, además, poseen el 25 por ciento
del capital social de una pequeña empresa agramadora cuyas
actividades de transformación han dado comienzo en 1999. En total,
los tres hijos del señor López de Coca han cobrado directamente o a
través de sociedades participadas 75,5 millones de pesetas en cinco
años. Estamos hablando de cantidades brutas, señorías. Para conocer
la magnitud del extraordinario enriquecimiento que han tenido han de
descontarse los gastos de producción, que vienen a representar
aproximadamente un 60 por ciento del total de la ayuda.
Por último, en 1995 la esposa de don Quintiliano Pérez Bonilla,
sabedora de que su marido iba a ser nombrado meses más tarde director
general de Ganadería por doña Loyola de Palacio, tuvo la feliz idea
de cultivar lino en las tierras que en 1990 había heredado de sus
mayores. Percibió 6.300.000 pesetas de subvención y al año siguiente
puso una pequeña cantidad de lino por la que recibió la astronómica
cifra de 500.000 pesetas, en total 6.800.000 pesetas (Aplausos.), y
no volvió a cultivar lino. Cuando los protagonistas de nuestra
historia tomaron la decisión de cultivar lino, atraídos como otros
muchos agricultores por la elevada cuantía de las ayudas
comunitarias, debieron cumplimentar, de forma inexcusable, todos y
cada uno de los numerosos requisitos exigidos por la Comunidad Autó
noma
de Castilla-La Mancha (Un señor diputado: ¡Bono!), única competente
para la tramitación, inspección y pago de las ayudas de la política
agraria común en aplicación de la normativa de la Unión Europea.
Al comienzo de mi intervención he identificado a todos los actores de
la gran trama descubierta y denunciadaurbi et orbi por el presidente
de Castilla-La Mancha, don José Bono, con la inestimable colaboración
de su consejero de Agricultura, don Emilio Alonso. Un reducido grupo
de personas, cuyas dotes proféticas les había llevado a adivinar que
en 1996 el Partido Popular no sólo ganaría las elecciones sino que
dos de ellos se iban a convertir en altos cargos del Ministerio de
Agricultura, decidieron ponerse de acuerdo para comportarse como un
clan organizado. (Rumores.) Conseguido el acceso a las altas esferas
de la Administración, haciendo uso de información privilegiada y
siempre bajo el manto protector de la ministra de Agricultura, se
convirtieron en agricultores a tiempo parcial para lanzarse a la caza
de la prima por el cultivo del lino, por cierto en el coto del señor
Bono. (Aplausos.) ¿Y cuáles eran los objetivos del clan? Adviertan,
señorías, la extraordinaria astucia y perspicacia de los integrantes
de la mafia del lino: la finalidad de la confabulación era que los
hijos del señor López de Coca y la esposa del señor Pérez Bonilla
siguieran haciendo lo mismo que hacían bajo el Gobierno del señor
González, es decir, cultivar lino bajo el control del señor Bono.
Esta es la perspicacia de los actores de la trama. (Aplausos.)
Señorías, todo esto sería para tomarlo a risa si no fuera porque se
han dicho cosas tremendas, con gravísimo daño para la fama y el
prestigio de personas honorables. (Rumores.) Escuchen, señorías, con
el mismo respeto con el que nosotros hemos escuchado al portavoz del
Grupo Socialista; les pido ese respeto.
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!
El señor DEL BURGO TAJADURA: Se han dicho cosas tremendas, desde que
el delegado del Gobierno en Castilla- La Mancha era el jefe de la
mafia del lino -se han dicho y escrito- hasta que el Ministerio de
Agricultura era una cueva de cazaprimas, chorizos, en roman paladino,
donde sus altos cargos (Rumores.),...
El señor PRESIDENTE: ¡Señorías!
El señor DEL BURGO TAJADURA: ... agricultores a tiempo parcial,
habían entrado a saco en el fondo de las ayudas comunitarias,
robándoselas a los agricultores honrados. Se ha dicho que este grupo
de altos cargos creó las condiciones necesarias para que un cultivo
cuya única finalidad -Bono dixit- es la de ser quemado se
desarrollara en España para su lucro personal, aprovechándose de
información privilegiada por su presencia en la mesa de negociación
de Bruselas. (Rumores.) Se ha dicho que el grupo integrante de la
trama posee o ha promovido empresas agramadoras
con la única finalidad de vender certificados falsos de
transformación. (Un señor diputado: ¡Así es!) Y en pleno delirio de
cinismo y difamación se ha llegado a insinuar que, al verse
descubiertos, prendieron fuego al lino para eliminar pruebas
incriminatorias, todo ello con la complicidad del delegado del
Gobierno en Castilla- La Mancha, interesado en evitar que las
investigaciones de la Guardia Civil llegaran a buen puerto, al ser
juez y parte, porque también su lino -Bono dixit- había ardido.
(Rumores.)
Pues bien, todo lo anterior es radical y absolutamente falso, una
patraña que -todo hay que decirlo- reportó pingües beneficios
electorales a sus mentores. (Rumores.) Señorías, les recomiendo la
lectura de las casi 700 páginas que integran los seis «Diarios de
Sesiones» de la Comisión de investigación. (Protestas.) Comprendo su
falta de tiempo para ello, pero me conformaría con que leyeran los
que no han tenido la oportunidad de escucharlas de viva voz del
presidente de la Comisión, al menos en su integridad, las
conclusiones aprobadas por la Comisión, porque son rigurosas, justas
y están sustentadas en hechos probados. El primero de todos, que no
hay ninguna trama de altos cargos del Ministerio de Agricultura -la
palabra trama, por cierto, ha desaparecido esta mañana en las
intervenciones que he tenido el placer de escuchar-; que es falso que
el ex presidente del FEGA y el director general de Ganadería
cultivaran lino; que las ayudas concedidas a sus familiares por la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ni son ilegales ni ética ni
estéticamente reprobables ni, desde luego, han hecho ricos a sus
perceptores; que nadie hizo uso de información privilegiada porque
nada hay más transparente que la política agraria común, tanto antes
como después de la toma de decisiones; que ni los dos altos cargos
imputados ni nadie en el Ministerio de Agricultura durante el mandato
de doña Loyola de Palacio han tenido función alguna en relación con
los expedientes cuestionados de concesión de subvenciones; (Rumores.)
que es falso que los altos cargos del Ministerio de Agricultura,
injusta y calumniosamente acusados, se hubieran convertido en
incendiarios para eliminar pruebas incriminatorias. Por el contrario,
lo único cierto es que bajo el mandato de doña Loyola de Palacio la
Comunidad Europea introdujo importantes reformas en los reglamentos
de concesión de las ayudas al cultivo del lino, como la exigencia de
rendimientos mínimos por hectárea y la necesidad de contar con un
contrato de transformación, amén de reducir el importe de la ayuda
por hectárea. De existir algún fraude, sólo podía ser detectado
y sancionado por las comunidades autónomas, por lo que si fuera cierto
que las agramadoras de Castilla-La Mancha hubieran vendido
certificados falsos de transformación para facilitar el cobro de las
ayudas, ello demostraría el fracaso e ineficacia de los servicios de
inspección de la Consejería de Agricultura de dicha comunidad
autónoma.
Merece una especial mención el comportamiento del consejero de
Agricultura de Castilla-La Mancha en la
Comisión (Protestas.), que ha faltado a la verdad consciente y
deliberadamente en numerosas ocasiones y no solamente en su
comparecencia ante la Comisión de investigación sino también ante las
Cortes castellano- manchegas. Así, falseó las cifras de producción
del lino afirmando que bajo el mandato de Loyola de Palacio se pasó
de 3.000 a 100.000 hectáreas, siendo así que cuando la ex ministra se
hizo cargo de su Ministerio en 1996 se habían superado ya las 40.000
hectáreas. No dijo la verdad al afirmar que la introducción y el
rápido incremento del cultivo del lino se debió a la organización de
una trama empresarial promovida por los altos cargos del Ministerio
de Agricultura para facilitar la documentación necesaria para el
cobro de subvenciones -estas son palabras textuales-, cuando la mayor
empresa transformadora de la comunidad castellanomanchega pertenece a
un empresario que pasa por ser amigo del señor Bono, al que autorizó
el señor Bono una capacidad de casi 20.000 hectáreas de
transformación de varilla de lino, más del doble de la concedida a
ninguna otra... (Aplausos.-Protestas.) -un momento que todavía no he
terminado- ...así como una subvención a fondo perdido, privilegio del
que tampoco ha gozado ninguna otra empresa transformadora de España
(Rumores.); y no dijo la verdad al afirmar que los incendios
producidos en ciertas agramadoras, propiedad -según él- de los altos
cargos, fueron provocados o consentidos; y no dijo la verdad al
facilitar el monto de las ayudas percibidas por los supuestos
implicados; y no dijo la verdad al manifestar que hasta 1999 no tuvo
conocimiento de las denuncias de la Comunidad Europea que aludían a
la posible existencia de cazaprimas en el cultivo del lino cuando en
su comparecencia demostró conocer perfectamente un escrito de la
Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, formulado en
1996, respecto a las campañas de 1994 y 1995, es decir, todavía bajo
gobiernos socialistas, en el que se aludía a graves deficiencias de
control detectadas en los servicios de las comunidades autónomas que
habían podido dar lugar -y eso lo dice respecto a campañas
gestionadas bajo gobiernos socialistas- a una situación de caza de la
prima generalizada. Finalmente, demostró ser un experto en la
aplicación de la ley del embudo cuando se vio obligado a confesar que
hermanas suyas cobraban ayudas de la PAC, aunque en la comunidad
andaluza, eso sí, pero ocultó, si bien luego rectificó enviando dos
escritos a la Comisión, que también tenía -¡oh casualidad!- otro
hermano que sí cobraba ayudas tramitadas por su propia Consejería sin
que este hecho le hubiera llevado a formular ni inhibición ni
abstención alguna. (Rumores.- Un señor diputado: ¡Qué escándalo!) O
cuando tuvo la desfachatez de acusar a la ex ministra de Agricultura
por su falta de interés por el cultivo del lino, omitiendo que él
mismo no formuló propuesta alguna en relación con dicho cultivo en
ninguna de las numerosas comisiones sectoriales presididas por doña
Loyola de Palacio y a las que asistió en representación de Castilla-
La Mancha.Por último, y en el colmo de la
inconsciencia, el señor Alonso reveló a la Comisión que el Gobierno
castellano-manchego había encargado a sus servicios informes
jurídicos ajenos por completo alas competencias de la Comunidad para
utilizarlos como arma arrojadiza contra el Partido Popular, lo que
podría constituir un presunto delito de prevaricación. (Aplausos.-
Protestas.)
Hubo también otra notable comparecencia ante la Comisión de
investigación; me refiero a la del consejero de Agricultura de la
Comunidad de Andalucía, don Paulino Plata. Tampoco este ilustre
consejero dijo la verdad cuando informó a la Comisión que él mismo
había visto en varias ocasiones al señor López de Coca negociar en
Bruselas junto a la anterior titular del departamento, siendo así que
nunca, nunca, la acompañó durante las negociaciones de la PAC ni en
ninguna otra ocasión a Bruselas. (Protestas.) En otro momento de su
comparecencia -les pido, señorías, que presten atención a lo que voy
a decir ahora-, el consejero de la Junta de Andalucía puso el algodón
como ejemplo de control bien hecho en contraste con lo que sucedía
con las normas de control del lino, a las que calificó de
extraordinariamente relajadas. Y al preguntársele sobre ciertas
denuncias -aparecidas por cierto en el diario El País- en los medios
de comunicación sobre un supuesto fraude en el algodón, el señor
Plata, además de acusar al señor López de Coca de ser el filtrador de
tales denuncias y de haber lanzado contra la Junta de Andalucía a los
servicios de inspección de la Comisión Europea nada menos, manifestó
que su consejería había quedado exonerada de cualquier
responsabilidad. Pues bien, señorías tengo en mi poder un escrito -y
quede constancia de que no lo he recibido a través del Ministerio de
Agricultura- (Rumores.), dirigido al FEGA por la Dirección General de
Agricultura de la Comisión Europea, fechado el 10 de marzo de 1998,
en el que a resultas de la inspección realizada respecto a las
cosechas de 1995, de 1996, que son responsabilidad de gobiernos
socialistas, y de 1997 en el sector de cultivos herbáceos, se expresa
la sospecha -y cito textualmente- de la existencia de irregularidades
a gran escala que no permiten excluir la hipótesis de un fraude
organizado, fraude que habría consistido en haberse declarado como
cultivadas de girasol extensas superficies en realidad plantadas de
algodón, con la finalidad de percibir simultáneamente las ayudas
establecidas para cada uno de los cultivos. (Rumores.) Los
inspectores de la Comisión Europea...
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
El señor DEL BURGO TAJADURA: ...imputaban a la Junta de Andalucía
numerosas deficiencias e irregularidades en el control del cultivo de
algodón que habrían podido facilitar el fraude. El señor Plata
manifestó a la Comisión que la Junta había quedado totalmente
exonerada, lo que no es cierto pues el asunto todavía colea en
Bruselas y podría dar lugar a la imposición al Reino de España de una
penalización, aunque el FEGA ha defendido la gestión de la comunidad
autónoma.
Pues bien, refiero todo esto porque en el llamado escándalo del lino
se han tomado como dogmas de fe las consideraciones expuestas por los
servicios de inspección de la Comisión Europea, redactadas en
términos muchísimo más suaves que las del algodón -no hablan de
fraude para nada- y que dieron lugar a una penalización, asómbrense,
de 40 millones de pesetas. (Rumores.) Es decir, todo el escándalo del
lino se ha traducido hasta el momento en una penalización de Bruselas
de 40 millones de pesetas, cuando las penalizaciones que se ponen por
Bruselas anualmente a España, al Reino de España, ascienden a
alrededor de 20.000 millones de pesetas. Este es el escándalo del
lino, señores. Imagínense, señorías, la sangre política que podía
haber hecho el Partido Popular destapando el supuesto fraude del
algodón por motivaciones electorales, haciendo públicos los informes
de la inspección europea que aludían a la nefasta gestión de la Junta
de Andalucía, y no se hizo porque dimos un ejemplo de responsabilidad
en la gestión de los intereses nacionales que contrasta con la
irresponsabilidad con que se ha actuado en el que bautizaron desde el
principio como el escándalo del lino. (Aplausos.- Rumores.)
Señorías -voy terminando, señor presidente-, en nombre de nuestro
grupo, al expresar el pleno apoyo a todas y cada una de las
conclusiones aprobadas por la Comisión de investigación, manifiesto
ante esta Cámara que el presidente Bono y su consejero de Agricultura
son responsables de haber actuado en todo este asunto con manifiesta
mala fe, por espuria motivación electoral. (Rumores.-Aplausos.) El
presidente Bono y su consejero de Agricultura son responsables de
haber engañado a los agricultores de su comunidad al anunciarles la
suspensión del pago de las ayudas al lino como consecuencia de la
proliferación de cazaprimas para, a renglón seguido y en plena
campaña electoral, enviar una circular tranquilizando a los
sobresaltados productores afirmando que sus cobros no estaban en
peligro porque en realidad el problema se había originado por cuatro
o cinco personas, altos cargos del Ministerio de Agricultura o de la
Administración central, perceptoras de importantes ayudas o
relacionadas con las industrias transformadoras en que se habían
producido incendios, todo lo cual era radicalmente falso. (Rumores.)
El presidente Bono y su consejero de Agricultura son responsables de
haber calumniado a personas inocentes con la única finalidad de dañar
al Partido Popular en general y a la ex ministra Loyola de Palacio en
particular. (Rumores y protestas.-Aplausos.) Finalmente, el
presidente Bono y su consejero de Agricultura son responsables de
haber dañado los intereses generales de la agricultura española al
poner bajo sospecha de prácticas fraudulentas ante las autoridades
comunitarias a todo un sector del que se benefician más de 4.000
agricultores; y veremos qué va a ocurrir ahora en Bruselas cuando el
mismo comisario adopte decisiones en relación con este tema.
Concluyo, señor presidente. Desde el principio de su andadura...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
El señor DEL BURGO TAJADURA: ...se ha pretendido ilegitimar los
trabajos de esta Comisión de investigación con toda clase de
subterfugios. Cuando no se tiene razón en el fondo, se intenta
enmarañarlo todo con base en fútiles pretextos formales. Lo de menos
son los argumentos, lo importante es hacer ruido y así confundir a la
opinión pública. Pocas veces, señor presidente, y lo digo en su honor
porque también su honor está siendo mancillado por acusaciones
absolutamente falsas (Rumores.-Aplausos.), una Comisión de
investigación ha trabajado con tanto rigor, ha manejado una
documentación tan completa -hago un paréntesis-, remitida a tiempo,
incluida la declaración de patrimonio de los altos cargos; por
cierto, ninguna de las personas que han hablado o han establecido
conclusiones ha podido decir, en absoluto, que de esas declaraciones
de patrimonio se derivara ningún enriquecimiento ilícito o no
justificado. (Rumores.-Un señor diputado del Grupo Socialista:
¡Faltaría más!) Hemos escuchado el testimonio de todos cuantos tenían
algo que decir sin límite de tiempo ni cortapisas reglamentarias.
Algunos se quejan de las sesiones nocturnas, propias de los
parlamentos europeos; se ve que tienen poca experiencia en ese tipo
de cuestiones. (Rumores.) Yo he asistido a alguna comisión de
investigación en la que, por cierto, 54 propuestas de comparecencia
quedaron reducidas a siete; de los siete, cuatro se acogieron al
derecho constitucional de no responder. En esta Comisión nadie lo
hizo, todo el mundo expresó libremente las cosas que tenía que decir
ante la misma.
Por otra parte -y esta es la gran contradicción en la que algunos
grupos incurren-, después de descalificar la sesión de 29 de julio
porque no existen cintas, cuando existe un acta que está redactada en
un borrador por el letrado, que refleja por tanto lo que el letrado
vio, acta que después es firmada por el secretario con el visto bueno
del presidente (no se puede afirmar que no existe acta, existe acta y
se levanta acta de lo que allí ocurre, no hay ningún precepto
reglamentario que diga que en esas sesiones reservadas lo que da
prueba es la cinta que se graba como mero auxiliar de quienes han de
redactar el acta) (Rumores.) la mayor contradicción en que se puede
incurrir...
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. ¡Silencio!
El señor DEL BURGO TAJADURA: ... es que después de decir que todo
esto es nulo y que todo lo que sigue después de la reunión del 29 de
julio es nulo, resulta que el día 12 todos los grupos presentaron sus
conclusiones y el día 17 todos los grupos acudieron a la Comisión
a votarlas y a reservar sus votos particulares para este Pleno. Mayor
inconsecuencia no se puede admitir. (Rumores.)
En esta relación de los trabajos de la Comisión faltó una
comparecencia -lo reconozco, señorías-, la del señor Bono. Pero eso
no ha sido impedimento para que en la Comisión haya quedado
constancia de hechos incontrovertibles que prueban su responsabilidad
en uno de los montajes políticos más bochornosos, mezquinos
y miserables de nuestra democracia.
Nada más. (Fuertes rumores.-Prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Muchas gracias, señor Del Burgo. (Algunos señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.- Varios señores diputados dan
golpes en los pupitres.)
Señorías, guarden la cortesía y además de la cortesía, respeten el
mobiliario. Todos se lo agradeceremos.
Vamos a proceder a las votaciones, haciéndolo, en primer lugar, con
los votos particulares. Se votará en primer término el que han
suscrito y defendido los grupos Socialista, Vasco y Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
317; a favor, 144; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazado el voto
particular suscrito por los mencionados grupos parlamentarios.
Se somete a votación el voto particular suscrito por el Grupo Federal
de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 143; en contra, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazado también el
voto particular del Grupo de Izquierda Unida.
Votación del dictamen de la Comisión de investigación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
322; a favor, 172; en contra, 150.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el dictamen de
la Comisión de investigación para analizar la política desarrollada
mediante ayudas comunitarias al cultivo del lino. (Aplausos.)
Se levanta la sesión.