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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 239, de 13/05/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 239
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 231
celebrada el jueves, 13 de mayo de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
solicitud relativa al cumplimiento por un Excmo. Sr. Diputado de las
obligaciones de declaración de actividades y de bienes patrimoniales
(número de registro 80286) . . . (Página 12747)
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de
registro 80287) . . . (Página 12747)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-Ley 7/1999, de 23 de abril, por el que se aprueban y
declaran de interés general las obras de regeneración hídrica
incluidas en el conjunto de actuaciones «Doñana 2005» (número de
expediente 130/000069) («BOE», número 98, de 24 de abril de 1999) . .
. (Página 12748)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio,
por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al
ejercicio de actividades
de radiodifusión televisiva. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 104-1, de 24 de febrero de 1998 (número de expediente
121/000102) . . . (Página 12756)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los
Estados Unidos de América sobre promoción de la seguridad aérea.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 300, de 8 de marzo
de 1999 (número de expediente 110/000240). . . . (Página 12764)
- Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá sobre
asistencia legal y cooperación judicial en materia penal, hecho en
Madrid el 19 de octubre de 1998. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, número 311, de 29 de marzo de 1999 (número de expediente
110/000245) . . . (Página 12765)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de Turkmenistán
y Belarús al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 312, de 29 de marzo
de 1999 (número de expediente 110/000246) . . . (Página 12766)
- Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la
medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina),
hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 313, de 29 de marzo de 1999 (número de
expediente 110/000247) . . . (Página 12766)
- Acuerdo relativo a la adhesión del Reino de España al convenio
sobre el apoyo logístico y el perfeccionamiento conjuntos del sistema
de armas LEOPARD, de 30 de septiembre de 1969, en la versión de 29 de
enero de 1997. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 316,
de 12 de abril de 1999 (número de expediente 110/000249) . . . (Página 12766)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley sobre nombre y apellidos y orden de los mismos.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 293-1, de 23 de
marzo de 1999. (Número de expediente 122/000260) . . . (Página 12766)
Propuestas de Resolución relativas a la memoria del Consejo General
de Poder Judicial correspondiente a 1997:
- Propuestas de Resolución presentadas con motivo del debate de la
Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo
General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de justicia
referida al año 1997 (número de expediente 245/000004) . . . (Página 12773)
Avocación por el Pleno:
- Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil (número de expediente 121/
000147). . . . (Página 12782)
Propuestas de creación de subcomisiones.
- Propuesta de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, de
creación de una subcomisión de análisis y estudio de la problemática
de la profesión de auditor de cuentas y su actividad (número de
expediente 158/000046) . . . (Página 12783)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana, con carácter secreto,
para debatir sobre dos dictámenes de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que son aprobados.
Continúa la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 12748)
Real Decreto-ley 7/1999, de 23 de abril, por el que se aprueban y
declaran de interés general las obras de regeneración hídrica
incluidas en el conjunto de actuaciones de «Doñana 2005» . . .
(Página 12748)
Presenta el Real Decreto-ley la señora ministra de Medio Ambiente
(Tocino Biscarolasaga), en nombre del Gobierno. Expone que el
proyecto «Doñana 2005» engloba un conjunto de acciones estratégicas
para recuperar la dinámica hidráulica tradicional en las cuencas
vertientes que aportan agua a las marismas del parque nacional de
Doñana, con el fin de asegurar la calidad de vida de las poblaciones
locales y la conservación de los sistemas naturales marismeños que
encierra el parque nacional, vinculado al conjunto de acciones que
debe ponerse en marcha en la comarca a raíz de la catástrofe de la
balsa de Aznalcóllar. Se remonta en su explicación al Real Decreto-
ley de 8 de febrero de 1984, de modificación del Plan de
transformación de la zona regable con aguas subterráneas Almonte-
marismas, por el que se aprobó la regeneración hídrica de Doñana,
pero añade que el paso del tiempo transcurrido desde la aprobación
del citado real decreto-ley ha demostrado la insuficiencia de las
medidas previstas en el mismo. Paralelamente, la catástrofe derivada
de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar ha justificado una
revisión en profundidad de las estrategias en marcha para posibilitar
la citada regeneración hídrica. Explica las actuaciones correctoras
de carácter hidráulico y medioambiental que está previsto llevar a
cabo y que persiguen evitar la incorporación al interior de la
marisma de Doñana de aguas contaminantes o cargadas de sedimentos,
conseguir antes del año 2005 las aportaciones de agua en cantidad y
calidad necesarias para recuperar la dinámica tradicional de la
marisma de Doñana y la funcionalidad de los ríos, arroyos y caños
correspondientes, y mantener de forma ininterrumpida la permeabilidad
entre la marisma de Doñana y el estuario del río Guadalquivir,
asegurando la incorporación de caudales cuando sea conveniente
o, en caso contrario, evitando la inclusión de los mismos. Afirma que
hasta la fecha se han esforzado en hacer de este proyecto un objetivo
claro, simple y deseable, y así lo han entendido todos los miembros
del Patronato de Doñana, las asociaciones conservacionistas y los
propios gestores del parque nacional, por lo que confía en que el
Parlamento apoye este esfuerzo. A continuación hace un diagnóstico de
la marisma, que necesitará durante toda la vida recibir agua desde
fuera, porque no es suficiente la aportación hídrica recibida
directamente de la lluvia, y explica las actuaciones que se ponen en
marcha con ese fin en el Real Decreto-ley que hoy trae a la Cámara,
para el que pide su convalidación. Asimismo se refiere a los aspectos
relativos a la financiación de las actuaciones expuestas y asegura
que el Ministerio de Medio Ambiente es consciente de la delicada
situación hidráulica que históricamente viene padeciendo el parque
nacional de Doñana y cree haber dado los primeros pasos para poder
resolverla, contando para ello con el apoyo de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las
señoras Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del Congreso,
y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 7/1999, de 23 de abril, por el que se aprueban y declaran de
interés general las obras de regeneración hídrica incluidas en el
conjunto de actuaciones «Doñana 2005», se aprueba la convalidación
por 149 votos a favor, 137 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto
de ley, solicitada por el Grupo Socialista del Congreso, se rechaza
por 139 votos a favor y 151 en contra.
Enmiendas del Senado . . . (Página 12756)
Proyecto de ley de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio,
por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva
89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva . . . (Página 12756)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida;
Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Mato
Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación son sometidas a votación las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio,
por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 12764)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de los
Estados Unidos de América sobre promoción de la seguridad aérea . . .
(Página 12764)
Interviene en turno de fijación de posiciones el señor Segura
Clavell, del Grupo Socialista del Congreso.
Sometido a votación el acuerdo entre España y Estados Unidos sobre
promoción de la seguridad aérea, se aprueba el dictamen por 147 votos
a favor, 16 en contra y 128 abstenciones.
Convenio entre el Reino de España y la República de Panamá sobre
asistencia legal y cooperación judicial en materia penal, hecho en
Madrid el 19 de octubre de 1998 . . . (Página 12765)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de Turkmenistán y
Belarús al Convenio sobre los aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores, hecho en la Haya el 25 de
octubre de 1980 . . . (Página 12766)
Sometido a votación se aprueba por asentimiento.
Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del
ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la
medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina),
hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997 . . . (Página 12766)
Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.
Acuerdo relativo a la adhesión del Reino de España al Convenio sobre
el apoyo logístico y el perfeccionamiento conjuntos del sistema de
armas Leopard, de 30 de septiembre de 1969, en la versión de 29 de
enero de 1997 . . . (Página 12766)
Sometido a votación, se aprueba por 279 votos a favor, 13 en contra y
una abstención.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 12766)
Proposición de ley sobre nombre y apellidos y orden de los mismos
. . . (Página 12766)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora
Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Jané i Guasch,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pedret i
Grenzner, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Sainz
García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuestas de resolución relativas a la Memoria del Consejo General
de Poder Judicial correspondiente a 1997. . . . (Página 12773)
Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la
Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo
General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia
referida al año 1997 . . . (Página 12773)
Presentan propuestas de resolución los señores Cuesta Martínez, del
Grupo Socialista del Congreso; Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas a las propuestas de
resolución interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas por el
señor Rodríguez Sánchez, intervienen los señores Cuesta Martínez, del
Grupo Socialista del Congreso, y Ollero Tassara, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Avocación por el Pleno. . . . (Página 12782)
Del proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil . . . (Página 12782)
El señor presidente comunica que la Mesa, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado someter al Pleno de la Cámara la avocación de
la deliberación y votación final del proyecto de ley de
Enjuiciamiento Civil, solicitada por el Grupo Socialista, lo que se
aprueba por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (votaciones)
. . . (Página 12782)
Proposición de ley sobre nombre y apellidos y orden de los mismos . .
. (Página 12782)
Se someten a votación las enmiendas presentadas a la proposición de
ley sobre nombres y apellidos y orden de los mismos.
A continuación se somete a votación el dictamen de la Comisión, que
es aprobado por unanimidad.
Propuestas de resolución relativas a la Memoria del Consejo General
de Poder Judicial correspondiente a 1997 (votaciones) . . . (Página 12783)
Se someten a votación las propuestas de resolución planteadas tras el
debate de la Memoria del Consejo General del Poder Judicial
correspondiente al año 1997.
Propuestas de creación de subcomisiones . . . (Página 12783)
Propuesta de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda, de
creación de una subcomisión de análisis y estudio de la problemática
de la profesión de auditor de cuentas y su actividad . . . (Página 12783)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Economía, Comercio
y Hacienda, de creación de una subcomisión de análisis y estudio de
la problemática de la profesión de auditor de cuentas y su actividad,
se aprueba por 278 votos a favor y dos abstenciones.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana con carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
SOLICITUD RELATIVA AL CUMPLIMIENTO POR UN SEÑOR DIPUTADO DE LAS
OBLIGACIONES DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y DE BIENES PATRIMONIALES
(Número de registro 80286).
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE
ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Número de registro 80287).
Se someten a votación los dictámenes de la Comisión del Estatuto de
los Diputados, que son aprobados.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 7/1999, DE 23 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN Y
DECLARAN DE INTERÉS GENERAL LAS OBRAS DE REGENERACIÓN HÍDRICA
INCLUIDAS EN EL CONJUNTO DE ACTUACIONES «DOÑANA 2005» (Número de
expediente 130/000069).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VIII del orden del día: Debate
sobre convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/1999, de 23
de abril, por el que se aprueban y declaran de interés general las
obras de regeneración hídrica incluidas en el conjunto de actuaciones
denominado «Doñana 2005».
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, la ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino. (Pausa.-
Rumores.) ¡Silencio, señorías!
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señorías, el proyecto Doñana 2005 engloba un conjunto de acciones
estratégicas para recuperar la dinámica hidráulica tradicional en las
cuencas vertientes que aportan agua a las marismas del parque
nacional de Doñana. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra.
Señor Sanz, don Salvador, por favor. Tienen SS.SS. otros espacios
cercanos para poder despachar tan interesantes asuntos.
No se quede, señor Milián, que le conozco. Por favor. (Pausa.)
Adelante, señora Ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Decía que es un decreto-ley para realizar una serie de obras que
aporten agua al parque nacional de Doñana, tanto en cantidad como en
calidad, todo ello con el fin de asegurar la calidad de vida de las
poblaciones locales y la conservación de los sistemas naturales
marismeños que encierra el parque nacional, vinculado al conjunto de
acciones que debe ponerse en marcha en la comarca a raíz de la
catástrofe de la balsa de Aznalcóllar. Su denominación responde a la
intención de alcanzar en el año 2005 una funcionalidad hidrológica en
las cuencas que afluyen a la marisma de Doñana
análoga a la que caracterizaba esas mismas cuencas a principios de
siglo. Se trata de invertir el ritmo de degradación que durante el
siglo XX han experimentado estas cuencas, recuperando a inicios del
siglo XXI la funcionalidad que las caracterizaba en el siglo XIX.
Por Real Decreto de 8 de febrero de 1984, de modificación del Plan de
transformación de la zona regable con aguas subterráneas Almonte-
Marismas, se aprobó la regeneración hídrica de Doñana, que debía
permitir la recuperación de los caudales tradicionales afluentes a la
marisma del parque nacional del mismo nombre a través del caño
Guadiamar, a las condiciones existentes antes de los grandes procesos
de transformación experimentados por el territorio a mediados del
presente siglo. El paso del tiempo transcurrido desde la aprobación
del citado real decreto ha demostrado la insuficiencia de las medidas
previstas en el mismo. Paralelamente, la catástrofe derivada de la
rotura de la balsa minera de Aznalcóllar ha justificado una revisión
con profundidad de las estrategias en marcha para posibilitar la
citada regeneración hídrica.
Dentro de las citadas actuaciones, se ha previsto todo un paquete de
importantes obras correctoras de carácter hidráulico y medioambiental
que permiten asegurar y completar la necesaria regeneración integral
de la cuenca y de los terrenos aledaños que constituyen todo un
referente sobre un nuevo modelo de gestión y restauración de las
aguas acorde con la conservación de la naturaleza, que, por su clara
necesidad y singularidad, justifica su declaración como obra pública
de interés general. Así lo ha entendido el patronato del parque
nacional de Doñana, cuando en sesión plenaria del 14 de julio de
1998, a la vista de la situación planteada, aprobó la puesta en
marcha del denominado proyecto Doñana 2005. El Ministerio de Medio
Ambiente, en cumplimiento de los citados acuerdos y entendiendo que
efectivamente procede una profunda revisión de la situación
hidráulica de las marismas del parque nacional de Doñana, elaboró el
proyecto Doñana 2005 y ha presentado a financiación las obras que,
por su clara necesidad y singularidad, justifican su declaración como
obra pública de interés general.
El objetivo que se pretende con tales actuaciones es triple. De una
parte, evitar la incorporación al interior de la marisma de Doñana de
aguas contaminantes o cargadas de sedimentos, con objeto de que las
mismas no se incorporen a los sistemas acuíferos. De otra, conseguir
antes del año 2005 las aportaciones de agua en cantidad y calidad
necesarias para recuperar la dinámica tradicional de la marisma de
Doñana y la funcionalidad de los ríos, arroyos y caños
correspondientes. Y, por último, mantener de forma ininterrumpida la
permeabilidad entre la marisma de Doñana y el estuario del río
Guadalquivir, asegurando la incorporación de caudales cuando sea
conveniente o, en caso contrario, evitando la inclusión de los
mismos.
Hasta la fecha hemos realizado el esfuerzo de hacer de este proyecto
un objetivo claro, simple y deseable.Así lo han entendido todos los
miembros del patronato
de Doñana, donde están representadas las administraciones públicas,
los intereses sociales y las asociaciones conservacionistas que han
aprobado el proyecto; así lo han entendido también los sectores más
conservacionistas, que incluso han solicitado participar en su
ejecución; y así lo han entendido finalmente los propios gestores del
parque nacional. Yo espero que por parte del Parlamento también se
apoye este esfuerzo.
Sin duda, el parque nacional es uno de los espacios naturales
protegidos de nuestro país de más compleja gestión. No hace falta
relatar aquí los valores naturales de este espacio, uno de los más
importantes de toda Europa occidental, pero existen circunstancias
alrededor de dicho espacio que es preciso conocer para entenderlo. En
primer lugar, Doñana como espacio está altamente relacionado con el
conjunto de procesos y fenómenos que se desarrollan en su entorno.
Los principales elementos constitutivos de sus ecosistemas, el agua,
los limos, las arcillas y las arenas, son fruto de aportaciones
continuas que se producen fuera del espacio natural. La marisma de
Doñana depende de las aportaciones hídricas que todos los años debe
recibir y el agua de Doñana, como saben todos ustedes, no está allí
ni son suficientes para llenar la marisma las aportaciones de lluvia
directa sobre la misma. Si queremos asegurar su futuro, debe recibir,
como toda la vida, agua desde fuera.
Un diagnóstico de la marisma del parque nacional de Doñana indica que
se han perdido las aportaciones procedentes de la cuenca del río
Guadiamar, que suponían aproximadamente el 50 por ciento de sus
aportaciones totales de aguas superficiales. En años inmediatos
pueden producirse desde Entremuros entradas en avenidas de
contaminación difusa o de sedimentos, en tanto no se rehabilite y
estabilice toda la zona afectada por la rotura de la balsa minera. En
tercer lugar, está distorsionada la funcionalidad entre la marisma y
el río Guadalquivir. No hay intercambio de biomasa y la marisma
funciona como un recinto aislado, sin comunicación con el resto de
unidades ecológicas con las que se relaciona. En cuarto lugar, los
arroyos del oeste aportan grandes cantidades de sedimentos, que están
produciendo aterramientos severos y desapariciones recuperables de
superficies de marisma dulce, la más valiosa y escasa.
El proyecto de solución que hoy presentamos pretende, primero, evitar
que durante el período de actuación se produzcan incorporaciones al
interior de la marisma del parque nacional. Segundo, lograr restaurar
las aportaciones de agua, antes del año 2005, en cantidad y calidad.
Tercero, recuperar la funcionalidad y permeabilidad entre la marisma
del parque nacional de Doñana y el estuario del río Guadalquivir.
Cuarto, establecer un sistema de seguimiento y evaluación que permita
una lectura crítica del cumplimiento del plan. Para todo ello, se
ponen en marcha las siguientes actuaciones: restaurar los arroyos
tradicionales que afluyen al parque nacional de Doñana, al sur del
arroyo de la
Rocina, arroyo Soto Chico, Soto Grande y arroyo de la Laguna de los
Reyes.
Las actuaciones se localizan al sur del arroyo de la Rocina. Se
pretende mejorar la calidad del agua actualmente aportada a la
marisma, al norte del parque nacional, con un coste aproximado de 515
millones de pesetas. Asimismo, se pretende depurar las aguas
residuales de El Rocío, que actualmente se vierten a la marisma del
parque nacional de Doñana, mediante un sistema específico de
lagunaje, que permite además una cierta restauración ambiental del
entorno de la aldea. La actual depuradora es insuficiente. La
ejecución de una nueva es una previsión antigua nunca ejecutada. Se
debe acometer la nueva instalación, pero con un carácter distinto,
acorde con las características naturales del área donde se sitúa.
Esta depuradora tiene un coste inicial de 1.000 millones de pesetas.
En tercer lugar, restauración del arroyo del Partido. Este arroyo fue
canalizado a mediados de los años ochenta y destruido su soto
fluvial. El resultado ha sido una profunda erosión y un gran delta
arenoso dentro de la marisma del parque nacional. Es preciso
recuperar su llanura de inundación, devolver el curso tradicional,
permitiendo los meandros, y restaurar la vegatación de ribera. La
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha iniciado ya un tramo
experimental de actuación y está en marcha el expediente de deslinde
del dominio público del cauce. Se pretende mejorar la calidad de las
aguas actualmente aportadas y evitar los procesos de sedimentación,
que actualmente son generalizados. La actuación estará finalizada
para el año 2002 y el coste del proyecto es de 3.500 millones de
pesetas.
Con relación a la cuarta de las actuaciones, restauración de la
marisma Gallega, el objetivo previsto consiste en la restauración del
perfil original de ese sector de la marisma, eliminando la actual red
artificial de canales, procediendo a la restauración del perfil en el
tramo afectado del caño Guadiamar, así como el restablecimiento de la
continuidad hidrológica entre los dos sectores de la marisma,
posibilitando además la restauración ecológica y paisajística de la
zona. Con ella se elimina y restaura el sistema de caños y arroyos
que tenía la marisma Gallega en el sector situado al norte del parque
nacional, así como la restauración de la comunicación natural entre
los dos sectores de ésta. El coste inicial, 416 millones de pesetas.
La quinta actuación se refiere a la restauración del caño Guadiamar,
incorporando las aportaciones derivadas del río Guadiamar, que debe
ser igualmente restaurado, y del arroyo de la Cigüeña. Es ésta,
probablemente, la más importante de las actuaciones y su recuperación
será un proceso lento en el tiempo. Se trata de recuperar el río
dañado y además restaurar la funcionalidad de los caños en los que se
desdobla en su desembocadura. Las actuaciones se sitúan a lo largo de
todo el cauce del río Guadiamar, de su desbordamiento en la junta de
los caños y del posterior cauce del caño Guadiamar, al norte del
parque nacional. Es la
actuación más compleja, como digo. Estará culminada no antes del año
2004 y su coste se estima en 3.500 millones de pesetas.
En sexto lugar, la restauración del caño Travieso, a partir de la
recuperación de la funcionalidad del Brazo de la Torre, permitiendo
la incorporación de caudales del río Guadiamar al sector más oriental
de la marisma del parque nacional. La actuación se sitúa a lo largo
del antiguo caño Travieso, en la marisma del Guadiamar, al noroeste
del parque nacional. Es una obra compleja que se estima esté
finalizada en el año 2004, implica recuperar unos terrenos hoy
transformados en cultivo, así como trazar nuevamente el caño. El
coste se cifra en 3.330 millones de pesetas.
En séptimo lugar está la recuperación de la funcionalidad mareal del
Brazo de la Torre, permitiendo la recuperación de aguas mareales al
interior de la marisma del parque nacional. La actuación se sitúa a
lo largo del antiguo cauce del Brazo de la Torre y supone la
recuperación de su funcionalidad. A tal efecto, debe hacer posible la
aportación parcial de avenidas desde Entremuros por el citado cauce.
La obra estará finalizada antes del 2003 y su coste se estima en
1.340 millones de pesetas.
La octava actuación se refiere a la restauración de la funcionalidad
de los caños interiores de la marisma, así como de su conexión
permeable con el estuario. Las actuaciones se sitúan a lo largo de
todo el borde este del parque nacional de Doñana con el río
Guadalquivir, con el Brazo de la Torre y con Entremuros. La actuación
plantea una doble intención: por un lado, asegurar la permeabilidad y
comunicación y, por otro, poder discriminar la entrada de
contaminantes. Debe finalizar en el año 1999. Las actuaciones de esta
ficha ya han sido presentadas al patronato que las ha aprobado,
estando parcialmente en ejecución en la actualidad. Su coste estimado
es de 768 millones de pesetas.
El programa Doñana 2005, señorías, es una actuación del Ministerio de
Medio Ambiente y en su ejecución se vinculara todo el Ministerio. La
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir será el órgano encargado
de la ejecución material de las actuaciones, pero éstas serán
diseñadas y planificadas conjuntamente con el organismo autónomo
Parques Nacionales. La citada declaración como obras públicas de
interés general resulta especialmente urgente en estos momentos, una
vez que se ha ultimado la definición técnica de las obras a realizar,
ante la necesidad, dada la importancia del ecosistema a proteger, de
iniciar con carácter inmediato el procedimiento de contratación y
ejecución de las distintas actuaciones incluidas en la citada
declaración, lo que exige acudir al instrumento del real decreto- ley
previsto constitucionalmente para supuesto de extraordinaria y
urgente necesidad.
Con relación a la financiación, señorías, acabo de enumerar la
cuantía de estas inversiones y he de decir que estas obras serán
contratadas y ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir con cargo al programa 512 A, artículo 61, salvo la
actuación
segunda, la referente a la depuración de las aguas residuales de El
Rocío, que será contratada y ejecutada directamente por la Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas en su programa
441 A, artículo 60. La financiación de las actuaciones previstas que
pueden ser contratadas con anterioridad a 31 de diciembre de 1999 se
llevará a cabo en un 75 por ciento con cargo al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, programa operativo Andalucía, en virtud de las
modificaciones realizadas en dicho programa como consecuencia del
accidente de las minas de Aznalcóllar, salvo la depuradora de aguas
residuales de El Rocío, que se incluye en el programa operativo
Doñana del mismo instrumento financiero. El resto de las actuaciones
se financiarán con los fondos estructurales previstos en la nueva
programación comunitaria, período 2000 a 2006.
Señor presidente, señorías, el Ministerio de Medio Ambiente es
consciente de la delicada situación hidráulica que históricamente
viene padeciendo el parque nacional de Doñana y cree haber dado los
primeros pasos para poder resolverla. La solución propuesta es este
proyecto complejo, a medio plazo y con un coste estimado de
aproximadamente 15.000 millones de pesetas, pero también creemos que
es un proyecto de características que sólo podrá llegar a buen
término con el apoyo de todos. Por ello, y teniendo en cuenta que lo
que estamos buscando es frenar la progresiva degradación de la
marisma, recuperar aportaciones de agua en cantidad y calidad
asegurando la conservación futura de las marismas de Doñana, creemos
que es posible, y es lo que solicitamos, contar con el apoyo de esta
Cámara para la convalidación del real decreto-ley de 23 de abril de
1999 por el que se aprueban y declaran de interés general estas obras
que acabo de enumerar de regeneración hídrica incluidas en el
conjunto de actuaciones Doñana 2005.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean fijar
su posición? (Pausa.)
En primer lugar, el señor Mardones, por el Grupo de Coalición
Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, con su venia.
En esta materia de los ecosistemas y, sobre todo, de los parques
nacionales como es esta iniciativa que trae hoy el Gobierno con
respecto al parque nacional de Doñana, el Grupo de Coalición Canaria
tiene la sensibilidad que nace objetivamente al ser la Comunidad
Autónoma de Canarias la que tiene el mayor número de parques
nacionales, concretamente cuatro, y que nos predispone
favorablemente. Anuncio anticipadamente
que vamos a votar favorablemente la convalidación de este real
decreto-ley.
La exposición de la señora ministra de Medio Ambiente y la propia
exposición de motivos nos inducen a ello. Hay una condición previa
que es un acuerdo del patronato del parque nacional de Doñana al
establecer, con fecha de julio del pasado año 1998, el Plan del
proyecto denominado Doñana 2005, destinado, por un lado, a recuperar
actuaciones del antiguo Instituto Nacional de Colonización, después
el Iryda, programas con la FAO en lo que fue el amplio programa de
zonas de cultivos intensivos de gramíneas regables del plan Almonte-
Marismas, que afortunadamente se pudo parar a tiempo para evitar un
deterioro del ecosistema, ya que no se consideraba a mediados de
siglo un bien natural, para ir más bien a una actuación de política
de producciones agropecuarias, fundamentalmente agrícolas.
Afortunadamente, después llega el decreto 357/1984, que viene ya a
poner un orden, una protección, en todo este medio ambiental del
parque nacional de Doñana. Se llevan a cabo una serie de actuaciones
al amparo de este decreto, que afortunadamente consolida muchas de
las situaciones que podían haberse deteriorado. Viene finalmente la
catástrofe de la rotura de la presa de Aznalcóllar y el enorme y
gravísimo problema de agresión con los contaminantes. Con este Plan
del proyecto Doñana 2005 y todo lo que viene a paliar este real
decreto-ley creemos que se persiguen tres grandes objetivos: en
primer lugar, evitar esa contaminación por una entrada de todos estos
productos tóxicos y contaminantes, derivados de la catástrofe de la
rotura del citado embalse de Aznalcóllar; en segundo lugar, conseguir
unas garantías hídricas para que se puedan cumplir el plan y el
programa Doñana 2005. Es importante que las aportaciones de agua
estén garantizadas, sobre todo en el sistema de vasos comunicantes,
que sería el tercer punto a conseguir, en los dos grandes vasos
comunicantes hídricos -digámoslo simplificadamente- que hay ahí,
entre lo que es todo el problema de la marisma de Doñana y el
estuario del río Guadalquivir en su desembocadura en Sanlúcar de
Barrameda.
Creemos que se consigue esto, y se logra invocando una legislación
específica que es la declaración de interés general, porque no sería
posible sin esta declaración de interés general, al amparo de la Ley
de expropiación forzosa, tanto en la declaración de utilidad pública
de las obras que se tienen que realizar como en la aplicación de la
propia Ley de expropiación forzosa de 1954 y, al mismo tiempo, con la
declaración de urgencia, porque Doñana es de una fragilidad tal que
no puede esperar más.
Yo me congratulo de que el Ministerio de Medio Ambiente y el
patronato del parque nacional de Doñana hayan reaccionado con
prontitud, con sensibilidad y con energía, para poner las vías de
remedio que han de tomarse rápidamente para atender estos tres
objetivos que he señalado y garantizar para el futuro, no hasta el
año 2005 sino posteriormente, todo el recurso hídrico de la laguna de
Doñana y de toda la marisma que compone su ecosistema.
Por estas razones, señor presidente, vamos a votar favorablemente la
convalidación de este real decretoley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
El señor González de Txabarri, por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene
la palabra.
El señor GONZÁLEZ DE TXBARRI MIRANDA: Muchas gracias, señor
presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar la convalidación de este
real decreto porque comparte los objetivos con los que está diseñado,
las actuaciones que están previstas y los costes que están
establecidos.
Durante largos meses, por la catástrofe derivada de la rotura de la
balsa minera de Aznalcólllar, hemos estado discutiendo con relación a
esos temas, y, una vez que se han realizado ciertas actuaciones,
parece que es el momento oportuno para dar respuesta adecuada a la
delicada situación hidráulica e hídrica que padece una zona tan
importante como el parque nacional de Doñana.
Nosotros estimamos que los objetivos que están previstos en el real
decreto son ambiciosos, que las actuaciones recogidas en él responden
a las necesidades que están planteadas y, como decía el señor
Mardones, sustentadas por el patronato del propio parque nacional,
por lo que, en consecuencia, los costes también están establecidos en
dicha línea. Por tanto, no hay más que felicitar al Ministerio por la
oportunidad del planteamiento de este real decreto-ley, que va a
permitir que estas actuaciones se realicen dentro de estos planes y
en los plazos previstos, y esperamos que tengan su efecto en el
ecosistema para que podamos conocer un parque más natural, apropiado
y ajustado a su situación y a sus funciones que el que hemos podido
ver en los últimos meses. Es decir, que sea noticia por lo bello de
su paraje y de su situación y por merecer la pena contemplarlo y
estar en él.
En todo caso, lo que hoy se nos pide es el voto para la convalidación
de este real decreto-ley. Por participar de sus objetivos, de sus
actuaciones y de sus costes, cuya presentación en esta Cámara
estimamos razonable y oportuna, el Grupo Parlamentario Vasco va a
apoyar sin ninguna reserva su convalidación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Sedó, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo también va a apoyar la convalidación del presente
decreto, a través del cual se aprueban y declaran como obras
hidráulicas de interés general, en
el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ocho
actuaciones de restauración y recuperación la mayoría de ellas. Con
esta declaración de urgencia en el día de hoy, estas obras serán
declaradas de interés general para, así, poder resolver la
problemática del ecosistema. Para nosotros, tiene mucha importancia
la protección del ecosistema de Doñana. Todo lo que se haga allí
puede ser poco y nos preocupa verdaderamente; nos parece muy positiva
la actuación del Ministerio de Medio Ambiente y, con este conjunto de
actuaciones, denominadas Doñana 2005, puede avanzarse mucho para
asegurar y completar la regeneración de los terrenos y de las
cuencas.
Por tanto, lógicamente, nuestro grupo no puede dejar de apoyar el
decreto que se presenta hoy.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A usted, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra doña
María Jesús Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, señora
ministra, no considero una cuestión de trámite, ni mucho menos, la
convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/1999 que debatimos
hoy en esta Cámara.
Señora ministra, mi tiempo, como el de usted, es oro pero, por
razones de Reglamento, es limitadísimo, por lo que voy a ser muy
breve en la primera parte de mi intervención, en la que ni mucho
menos voy a tratar de convencerla sino de explicar escuetamente por
qué entiendo que, después de los últimos acontecimientos, los efectos
derivados de este real decreto sin las actuaciones previas
provocarían lo contrario de lo que se pretende. El espíritu debería
ser mejorar la calidad de las aguas que se aportan al parque
nacional, pero si la realidad actual nos informa que la
contaminación, la acidez y la concentración de metales pesados en los
ríos Agrio y Guadiamar están ya a 13 kilómetros de la balsa de
Bolidén, la función originaria está ya desactivada. Es decir, que las
filtraciones, unidas a la circunstancia de que los correspondientes
cauces no estén limpios, hacen imposible que el río vuelva a entrar
en el parque nacional por el antiguo caño del Guadiamar. En
definitiva, se pone en evidencia la imposibilidad de poner en marcha
el Plan Doñana 2005 con la pretensión de reintroducir en la zona
todos los aportes hídricos que tenía a principios de siglo.
Señorías, todos los reales decretos son urgentes; en este caso, lo
inminente es sanear y, luego, aportar. Las obras son necesarias, por
supuesto hay necesidad de hacerlas, pero de hacerlas bien. Los
proyectos que albergan el Plan Doñana 2005, antes se quedaban cortos;
ahora están neutralizados.
Por razones de disponibilidad horaria, le seleccionaré sólo alguna
muestra que ilustre no mi disenso sino las dificultades para
acometerlo dicho en su intervención. Por ejemplo, el intento de
cubrir las actuaciones por el Guadiamar aislando el parque nacional
no funciona
como objetivo troncal, porque éste es básico para el
funcionamiento de las marismas. Uno de los problemas centrales es que
las tareas de limpieza han sido profundamente deficitarias y, al
estar los suelos en malas condiciones, se activa el mecanismo de
desviación de los residuos, reconduciéndose hacia el estuario del
Guadalquivir, siendo esta intervención rentable para ustedes desde el
punto de vista conservacionista, pero no desde el punto de vista
ecológico ni social; social, porque afectaría de lleno a la pesca del
estuario, de la que viven directamente, al menos, 120 familias, y
ecológico, porque sólo se seudoatiende al parque nacional, viniendo
las murallas a reforzar la separación entre espacio administrativo y
el ecosistema. Esta solución no sería buena, no abarca todo el Brazo
de la Torre ya que deja fuera la cabecera, lugar que mantiene las
especies que ya no se reproducen en el parque nacional en Entremuros.
Es bastante llamativo, señora ministra, que la actuación propuesta
eluda entrar en esa zona. La razón es elemental, y es que los
terratenientes arroceros han usurpado parte del Brazo y ahí no se
tocan los intereses de las grandes familias, faltaría más.
Y esbozado este apunte, como ilustrativo, como botón de muestra, me
parece más útil en los minutos restantes hablarle de la reciente
coyuntura de su gestión al respecto en la medida en que también, y
sobre todo, afecta a la esencia del sistema democrático, pero no sin
antes decirle que para Izquierda Unida es innegociable la inclusión
en el proyecto Doñana 2005 del deslinde de los dominios públicos en
todo tipo de cauces fluviales, tanto los de fluencia no mareal como
los marítimos terrestres. Además le solicitamos otra actitud, señora
ministra, ya que ni su intervención ni su memoria resuelven los
minuciosos repasos de mi calculadora en cuanto a los costos del
decreto, y sería de gran interés para los bolsillos de los ciudadanos
saber si son 15.600 millones, 14.787 millones, 16.068 millones, equis
más 4.500 u otras cifras. Intente, señora ministra, ser rigurosa y
transparente para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Señora ministra, quiero decirle algo. Siento profundamente el momento
procesal en el que le ha tocado traer el debate a este Congreso de
los Diputados. Usted sabe que ya hoy, en concreto hoy, no tiene ni
ropajes ni maquillaje para escenificar una acción de Gobierno decente
después del reciente episodio; insisto, después del reciente
episodio. Sabemos de lo que estoy hablando. Esta diputada, al igual
que el resto de los ciudadanos españoles, hace sólo una semana, se ha
enterado por la prensa, a través de un informe que permanecía oculto,
clandestino desde hacía demasiado tiempo por parte de su Ministerio,
de que se han producido nuevas filtraciones tóxicas en el río Agrio,
justo aguas abajo de la balsa de estériles siniestrada, en la
catástrofe de Aznalcóllar, apareciendo un tramo con espuma
blanquecina y coloración azulada. Dicho informe técnico, señora
ministra, también aporta los resultados de las analíticas, que ponen
de manifiesto la existencia de unaporte contaminante en la zona
referida, indicando
cómo en sólo 1.000 metros el pH de las aguas baja de 6.1 a 4.7,
duplicándose las concentraciones en cinc, magnesio y cadmio, y
multiplicándose por 10 en cobre. Éste, señora ministra, es el dato
objetivo, verídico, contrastado y oculto. Ante las revelaciones de
los medios de comunicación, la Comisión mixta Junta de Andalucía
y Gobierno central, no han tenido más remedio que reconocerlo y
admitirlo, y acaba de afirmar en su comunicado oficial que, aun
cuando no se encuentren definitivamente concluidas estas
investigaciones, los primeros datos confirman que se trata de
filtraciones contaminantes procedentes de la balsa siniestrada. Todo
esto se detecta el 18 de marzo, y cinco días después se produce la
reapertura de las minas de Aznalcóllar, y hasta el 5 de mayo nadie
sabe nada. Aquí no pasa nada y se repite la conjura del silencio.
¿Cabe mayor burla a la democracia? Mire, señora ministra, las
filtraciones fueron el preludio de la rotura de la balsa de residuos
que todavía no ha sido sellada ni desmantelada y en la que, por
tanto, se mantienen las condiciones que provocaron la catástrofe
ecológica más grave del sur de Europa en el siglo XX. Todos sabían
qué estaba pasando en los prolegómenos de aquel 25 de abril. Lo
denunció un técnico de la empresa Boliden, pero lo que pasó es que se
archivaron las carpetas. Hoy la tozuda historia se repite y todos
vuelven a guardar un mutismo alarmante y, fundamentalmente, cómplice.
Vaya por lo tanto mi denuncia sobre cualquier pacto para ocultar y
silenciar la verdad.
Algo más, señora ministra. Le quiero decir que me parece
absolutamente inadmisible y reprobable el cese político del
presidente del CSIC, el señor Nombela. Ha sido tan evidente que no
soporta la independencia de los científicos que no admite la crítica
de los sabios, que el único eslogan que rige en su Gobierno es el
atado y bien atado. Qué autoritaria, qué peligrosa y qué poco educada
marchándose. Permítame que le diga que este país no se merece una
clase de gobernantes tan contaminados. En el manual de los códigos
sobre ética hay un principio sagrado que dice: no engañarás, no
ocultarás, no falsearás, no dejarás de decir la verdad por acción o
por omisión. Y ¿sabe una cosa? Que desde las piadosas mentiras que
recibimos en nuestra infancia sobre la cigüeña de París y sobre los
Reyes Magos de Oriente por el 6 de enero pocas veces como ahora he
tenido la impresión de que me engañaban como a chinos, y nunca mejor
dicho después del daño colateral a la embajada China en Belgrado.
Voy terminando, señorías, señora ministra, diciendo que yo percibo
que estamos ante un escándalo moral, ante una estafa política. Y en
la sociedad civil ¿sabe usted, señora ministra, lo que pasa? Que
estas cosas se resuelven de la siguiente manera. En una empresa a
uno, si actúa como usted, le cesan y, si es honesto, pide la cuenta.
Por eso, sin ninguna solemnidad pero con una gran convicción, le
pido, por el bien de este país, por la salud de Doñana y de los
ciudadanos andaluces y españoles que dimita, y lo antes posible para
evitar
que lo que hoy es preventivo mañana tenga que ser curativo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aramburu.
Aunque se comprenda por la Presidencia los entusiasmos que pueda
producir alguna intervención en tribunas, lamentablemente el
Reglamento impide que muestren su adhesión o su disconformidad. Así
que les ruego que se abstengan en lo sucesivo de manifestar sus
sentimientos respecto de las intervenciones que se escuchen en la
Cámara.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista no va a apoyar la convalidación de este decreto-ley
porque, aunque se puede valorar como urgentes algunas de las
actuaciones que están contenidas en él, son actuaciones que,
lamentablemente, no serían eficientes si no se hicieran otras, que,
por lo visto, el Ministerio de Medio Ambiente no las considera.
Lamento tener que decir que en esta Cámara, en la Comisión de Medio
Ambiente, la ministra ha pasado por alto lo que es el problema básico
de la contaminación de las aguas del río Guadiamar y de los
acuíferos, algo que, como ya se ha mencionado, se ha sabido por la
prensa. Hace un año que la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir conoce de las filtraciones de aguas ácidas que están
contaminando el acuífero aluvial correspondiente y hace también
bastante tiempo que se sabe que la limpieza de los lodos, que tenía
que haber sido llevada a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en
el cauce del Guadiamar, ha sido insuficiente, aunque usted, señora
ministra, negara el otro día lo que el presidente del CSIC, en su
último informe, ha confirmado que es que el cauce del río está
contaminado y que, por lo tanto, lo que ustedes han hecho hasta ahora
es completamente insuficiente e invalida cualquier actuación urgente
que usted ahora quiera traernos a esta Cámara en una enésima huida
hacia adelante.
Señora ministra, ¿éstas son las confederaciones hidrográficas que van
a tutelar el mercado del agua, confederaciones hidrográficas que no
han sido capaces en un año de poder poner coto al problema de las
filtraciones contaminantes, que en estos momentos tienen ya
deteriorado gravemente el estado de un acuífero importante? ¿Son las
confederaciones hidrográficas, éstas, las que usted dirige, las que
van a tutelar que en el mercado del agua que usted quiere crear no se
produzcan distorsiones contrarias al medio ambiente cuando ni se sabe
siquiera de quién son las aguas ni para qué se utilizan y cuando
llega una catástrofe como la actual no se sabe poner remedio al
problema grave que existe aguas arriba? Usted trae un conjunto de
actuaciones, señora ministra, que, por cierto, conocemos desde
hace un año, como las conoció el patronato el día que aprobó en julio
del año pasado este mismo paquete, que, entonces, por lo visto, no
era necesario declararlas obras de interés general. Lo son un año
después. Y lo son, ministra, por su incapacidad de hacer las cosas
a tiempo. Porque leyendo la memoria, la única razón real de que estas
obras se declaren ahora, y no hace un año, de interés y de utilidad
pública es porque antes de finales de este año algunas de esas obras
tendrían que ser contratadas para poderse beneficiar de la
financiación europea.
Pero volvamos un año atrás, ministra. Hace un año usted presentó en
esta Cámara este conjunto de actuaciones y las presentó también en
patronato del parque nacional de Doñana. Naturalmente en ese momento
todos confiaban en que efectivamente se iba a restaurar el Guadiamar
y se iban a retirar los lodos de manera eficiente. Por tanto, la
aprobación que tuvo lugar hace un año en el patronato de Doñana creo
que, como mínimo, tendría que ser, de nuevo, valorada por los
miembros del patronato que hoy día saben que no se ha hecho todo lo
que se tenía que hacer por parte del Ministerio de Medio Ambiente en
el cauce del río Guadiamar y en los acuíferos correspondientes.
Ministra, usted sabe que esto es así, aunque lo niegue y aunque
quiera seguir presentándose ante esta Cámara como la salvadora del
parque nacional de Doñana. Ya sabemos que el Ministerio apertrechó su
maquinaria el día del accidente en el borde del parque nacional y el
resto, lo que había aguas arriba, usted se empeñó en que no tenía
nada que ver. ¿Sigue usted pensando, ministra, que no tiene razón de
dimitir por ser la responsable de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir? ¿Le sigue pareciendo ridícula una pretensión de
exigencia de responsabilidades políticas, un año después, sabiéndose
que durante este año ha habido filtraciones desde la balsa minera de
Aznalcóllar que han contaminado un acuífero? ¿Dónde está el plan de
descontaminación de ese acuífero, ministra? No está dentro de este
paquete que hoy usted pretende que aprobemos en esta Cámara como un
trámite más, sin ninguna otra importancia. Yo le rogaría, ministra,
que asuma de una vez sus responsabilidades como responsable del cauce
del río Guadiamar, y de los acuíferos como responsable de la
Confederación. Porque estamañana ha vuelto a parecer, una vez más,
que usted sólo es responsable del parque nacional de Doñana aguas
abajo. Todas las actuaciones que usted nos trae se podrían denominar
de final de tubería, para limpiar lo que llega al final de la
tubería. Pero es que aguas arriba, ministra, es donde está el
problema. La balsa minera usted sabe que está a un metro del cauce
del río Agrio, en pleno territorio de policía del dominio público
hidráulico. Y una y otra vez, usted ante esta Cámara, ante los medios
de comunicación y ante la opinión pública, ha querido eximirse de la
importantísima responsabilidad de ser la única competente en materia
de dominio público hidráulico. Por tanto, ahora no venga usted una
vez más al Parlamento a tomar el pelo
a SS.SS., a engañar a los grupos nacionalistas que le van a dar su
apoyo en este decreto-ley, porque de verdad pueden creer que con esas
actuaciones se salva Doñana. No se salva Doñana, señorías, porque de
nada sirve actuar aguas abajo si no se soluciona el problema aguas
arriba, donde también es competente esta ministra, donde esta
ministra no está haciendo lo que tiene que hacer.
Por lo tanto, nuestro grupo no va a dar su voto favorable a esta
convalidación. Tráiganos un decreto-ley, ministra, con las
actuaciones que de verdad son urgentes, con la actuación de deslinde
del dominio público hidráulico, con la actuación de limpieza efectiva
del cauce del río Guadiamar, con la actuación de descontaminación del
acuífero aluvial que ha quedado contaminado. Eso lo dice su comisario
de aguas, ministra. Usted sólo alude al presidente del CSIC cuando
enseña sus cartas en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso para
intentar negar lo obvio, pero después el presidente del CSIC acaba
diciendo que está contaminado el cauce del río. ¿Quiere que se lo
lea, ministra? Quizás usted solamente lee las cartas cuando el
contenido le conviene, pero el informe vino pocos días después,
ministra; después de que usted dijera eso en la Comisión de Medio
Ambiente. Pida usted disculpas, ministra, ante esta Cámara y ante la
opinión pública, porque lleva usted un año intentando evitar la
asunción de responsabilidades políticas y creo que no se merece en
absoluto que este Parlamento acepte, sin más, esta huída hacia
adelante de un conjunto de actuaciones que no van a resolver en
absoluto ni los problemas de la marisma del parque nacional de Doñana
ni desde luego los gravísimos problemas que ahora mismo tienen,
ministra, los acuíferos y el cauce de los ríos Agrio y Guadiamar.
Ustedes, señora ministra, en los tres años que llevan gobernando han
recurrido 68 veces al decreto-ley, siempre por razones de urgente
necesidad. Ustedes viven en una permanente urgente necesidad y, como
a ustedes les gusta mirar hacia atrás, en la tercera legislatura, en
tres años nosotros trajimos a esta Cámara 30 decretos leyes; ustedes,
68. Se ve que se han acelerado las urgencias y las necesidades en
este Gobierno y en este país. Nosotros apoyamos todo aquello que sea
realmente urgente; cambien el contenido de este decreto- ley, pongan
las actuaciones que son de verdad urgentes y, como en otras
ocasiones, daremos nuestro voto favorable a la realización de
actuaciones de urgente necesidad, pero no podemos aceptar que, en
materia de Doñana, se tome el pelo una vez más por parte de la
ministra de este Gobierno. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora
De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente la
convalidación del real decreto por el
que se aprueban y declaran de interés general las obras de
regeneración hídrica incluidas en el proyecto Doñana 2005.
Nuestro grupo entiende que el proyecto denominado Doñana 2005 es un
proyecto ambicioso que pretende que las marismas del parque nacional
de Doñana recuperen su dinámica tradicional, que se recuperen las
condiciones hídricas que existían antes de la transformación de su
entorno, transformación que ha ido eliminando las aportaciones
naturales de agua que de siempre llegaron a Doñana.
Entendemos, señorías, la importancia y trascendencia del proyecto y
la necesidad de iniciar de inmediato el procedimiento de contratación
y ejecución de las distintas actuaciones, por lo que creemos que el
instrumento del real decreto-ley es el adecuado.
Conviene que recordemos brevemente -se ha dicho ya en esta Cámara-
que en febrero de 1984 se aprobó la regeneración hídrica de Doñana de
otra forma, con una actuación menos ambiciosa; sin embargo, ahora,
quince años después, tenemos que reconocer que no ha sido eficaz, que
ha sido totalmente insuficiente. Yo esperaba que los grupos
parlamentarios apoyaran la convalidación del real decreto y que lo
apoyaran porque es importante, porque es un tema que creía que nos
atañía a todos y que todos queríamos solucionar los posibles
problemas del parque nacional de Doñana. La señora portavoz de
Izquierda Unida ha dicho que había una serie de problemas y de nuevo
ha traído aquí el asunto de la balsa de Aznalcóllar. Yo creo, señora
Aramburu, que usted se ha equivocado de foro. Como usted dice, es
cierto que la balsa debería estar sellada, estamos completamente de
acuerdo, pero esto tiene que reclamarlo a la jueza que lleva el caso,
ya que ha transcurrido un año y todavía no sabemos cuáles son las
roturas de la balsa. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué el Parlamento
andaluz no tiene interés en que se sepan las causas de la rotura de
la balsa? Por consiguiente, estando de acuerdo con usted en la
necesidad del sellado de la balsa, su foro sería el Parlamento
andaluz; creo que deben ser sus representantes en el Parlamento
andaluz los que soliciten allí que el Partido Socialista, que
sustenta al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, nos
indique por qué no tiene prisa en que se sepa cuál es la rotura de la
balsa.
En cuanto a las filtraciones, creo que sus informaciones son
erróneas. En este momento no hay filtraciones de la balsa y esperemos
que no las haya y que pueda sellarse definitivamente.
La señora Narbona, con esta falta de grandeza política para reconocer
cuáles son los aciertos del Ministerio de Medio Ambiente a la que ya
nos tiene acostumbrados, nos ha traído aquí unos temas que ya se
discutieron ayer: nos ha hablado del mercado del agua y nos ha
hablado de las confederaciones. Usted se ha equivocado no de foro,
como la señora Aramburu, sino de día; tenía que haber estado aquí
ayer, en la interpelación
sobre política de aguas, para que habláramos del mercado del agua y
de las confederaciones.
Señora Narbona, usted ha sacado el tema, no yo, pero yo voy a
retomarlo. Cuando ocurrió el desastre de Aznalcóllar, dijo usted que
si fuera la ministra de Medio Ambiente, usted dimitiría, y hace un
año usted nos dijo que dimitiría porque usted hacía responsable a la
ministra del desastre de Aznalcóllar. El otro día, en la Comisión,
usted ya no se acordaba de lo que había dicho, porque desde luego si
se acuerda, usted no hace el ridículo como lo está haciendo, y nos
dijo que no, que usted dimitiría porque la Confederación Hidrográfica
tenía pocos medios materiales, con lo cual usted demostró que desde
luego no merecía haber sido secretaria de Estado, porque la
obligación de la secretaria de Estado y de la ministra de Medio
Ambiente ahora es intentar, primero, que haya más medios materiales
y, segundo, hacerlo lo mejor posible con los medios materiales
y humanos que tienen las confederaciones, que es lo que está haciendo
la ministra de Medio Ambiente. Mal le pese, señoría, mal le pese.
Como digo, le falta a usted grandeza política para reconocer qué es
lo que está bien hecho.
Habla usted de las responsabilidades. No insista, señora Narbona, si
ha quedado clarísimo que las responsabilidades no son del Ministerio;
si ha quedado clarísimo que las responsabilidades -políticas, me
refiero- son de la Junta de Andalucía, cuyos consejeros de Industria
y de Medio Ambiente son del Partido Socialista. No saque usted temas
pasados, que no estaba en el ánimo de esta portavoz, sino temas de la
importancia del proyecto Doñana 2005. En cuanto a la urgencia y
necesidad de muchos de los proyectos que se traen, son urgentes y
necesarios porque es urgente necesidad intentar arreglar todo lo que
ustedes dejaron pendiente en catorce años, señoría.
Mi grupo parlamentario quiere mostrar su satisfacción por que sea un
Gobierno del Partido Popular el que apuesta decididamente por la
recuperación de este espacio emblemático, reserva de la biosfera y
patrimonio de la humanidad, ya que es un Gobierno del Partido Popular
el que ha hecho una apuesta decidida por preservar y potenciar esa
identidad cultural de todos los españoles que son los parques
nacionales.
Señorías, es esperanzador, aunque ustedes hayan intentado hoy otra
cosa, que Doñana deje de ser noticia por el tristemente famoso
vertido de Aznalcóllar, y que deje de serlo porque al fin un
Gobierno, el del Partido Popular, va a emprender un proyecto integral
de regeneración hídrica. Del desastre ecológico del entorno del
parque nacional de Doñana hemos sido víctimas todos, señorías. Por
encima de las lamentaciones, incluso de las responsabilidades, debe
quedar la voluntad solidaria de que no se repita, y para ello
esperamos fervientemente que la Junta de Andalucía, con sus
consejeros de Industria y de Medio Ambiente, cumpla con sus
competencias.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora de Lara.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación correspondiente a
la convalidación o derogación del real decreto-ley. Llámese, por
favor, a votación. (La señora Narbona Ruiz pide la palabra.)
Señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señor presidente, nuestro grupo pide que se
tramite al menos como proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así lo someteremos a la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes al debate del decreto- ley, que serán dos; pero
antes quiero informar a SS.SS. de cuáles serán las sucesivas
votaciones y, por tanto, las agrupaciones de debate que vamos a tener
a lo largo de la mañana.
A continuación de las votaciones que vamos a efectuar derivadas de la
convalidación o no del decreto-ley, en su caso, y la tramitación como
proyecto de ley, se debatirán las enmiendas del Senado, y las
someteremos también a votación, seguidas de la votación por
asentimiento o procedimiento de votación electrónica de los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Han decaído los convenios internacionales contenidos en el punto
undécimo del orden del día al no haber alcanzado enmienda de
totalidad. Por tanto, pasaríamos a continuación al dictamen de
Comisión sobre iniciativas legislativas de la proposición de ley
sobre nombre y apellidos y orden de los mismos, que no sería sometida
a votación hasta el final porque también han decaído los proyectos
que constituyen el punto decimotercero del orden del día y, en
consecuencia, el dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley
sobre nombre y apellidos sería votada al final junto con las
propuestas de resolución de la memoria del Consejo General del Poder
Judicial y la creación de subcomisiones, más una propuesta de
avocación que tiene que hacer la Presidencia al Pleno.(Rumores.)
En consecuencia, para que quede más claro, porque yo comprendo que es
confuso: Después de las votaciones que se van a efectuar ahora, habrá
otras dos votaciones: una, tras el siguiente debate, el de las
enmiendas del Senado; y otra al final de la mañana, con todo lo que
haya restado del orden del día.
Se somete a votación la convalidación o derogación del real decreto-
ley por el que se aprueban y declaran de interés general las obras de
regeneración hídrica incluidas en el conjunto de actuaciones Doñana
2005.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
289; a favor, 149; en contra, 137; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la convalidación y se
somete a votación la tramitación del real decreto-ley como proyecto
de ley, al haberse solicitado así por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 139; en contra, 151.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la tramitación
como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 25/1994, DE 12 DE JULIO,
POR LA QUE SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA
89/552/CEE, SOBRE LA COORDINACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES,
REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS RELATIVAS AL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA (Número de
expediente 121/000102).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado -que constituyen el punto
IX del orden del día- al proyecto de ley de modificación de la Ley
25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva sobre la coordinación de disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra don Luis Mardones. (Rumores.)
Señorías, por favor. Señor Carreño. (Rumores.) Por favor, señorías,
guarden silencio. (Rumores.)
Señorías, por favor, el señor Mardones está esperando, para iniciar
su intervención, a que SS.SS. tengan la bondad de callarse. (El señor
vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede comenzar, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Intervendré con gran brevedad porque hoy finaliza este trámite del
Congreso al votar las enmiendas que nos llegan de la Cámara Alta a
esta modificación de la Ley 25/1994, por la que se incorporaba al
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552 de la Unión
Europea, coordinando las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados de la Unión relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Mardones; discúlpeme.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
La Directiva 97/36, de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo,
en su artículo 2 nos daba 18 meses para realizar la incorporación a
nuestro ordenamiento jurídico. Se consigue finalmente el cumplimiento
de la directiva de la Unión Europea con estas enmiendas que nos
llegan del Senado, que en su mayoría introducen una serie de
correcciones técnicas a las que no tenemos nada que objetar y que por
tanto vamos a votar favorablemente, excepto, señor presidente a la
disposición adicional tercera, de la que vamos a solicitar votación
separada, ya que en su primer párrafo, que nos llega del Senado,
vincula por orden del Ministerio de Fomento la potestad de
desarrollar la estructura y las funciones de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.
Vamos a pedir también votación separada de la enmienda del Senado al
epígrafe 15, en su apartado 4, que hace referencia al nuevo artículo
13 de la ley que estamos enmendando por imperativo de estas
directivas comunitarias. Esta enmienda pide la inclusión al final de
este párrafo de lo siguiente: ...ni los realizados por el operador de
televisión en relación con sus propios programas. Con esta frase
estamos conforme, pero a nuestro juicio este apartado 4 debería
terminar ahí, porque no se trata de publicidad, sino de anunciar por
el propio operador de televisión, dentro de los programas ordinarios,
las horas o las fechas en que va a emitir determinados programas
propios realizados por los mismos. Pedimos, por tanto, votación
separada de la última frase, que dice: ...o con los productos
directamente vinculados con ellos. Mi grupo va a votar en contra de
esta frase por entender que, de aprobarse, distorsionaría lo que fue
una posición mayoritaria del Congreso de los Diputados, que respetaba
las anteriores directivas en cuanto a los tiempos máximos de
publicidad. Aprobar esta frase sería dar un cheque en blanco a los
operadores de televisión para sobrepasar los tiempos máximos de
publicidad asignados a un programa o a un día, sería una
americanización de las televisiones y de los programas españoles,
bombardeando continuamente al telespectador de manera abrumadora con
publicidad comercial que excedería todos los límites que hemos
querido ordenar aquí. Por esa razón, señor presidente, mi grupo ha
pedido votación separada de esta última frase de la enmienda del
Senado, que dice: ... o con los productos vinculados con ellos. En
todo lo demás, votaremos de acuerdo con lo dicho.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el
señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco ha tenido que trabajar arduamente estos
días para poder analizar las enmiendas que han remitido desde el
Senado a esta Cámara sobre un proyecto de ley que entendíamos
razonable, ajustado a la directiva y equilibrado en sus parámetros.
Sin embargo, ha sido modificado sustancial y sorpresivamente por
aquella Cámara en tres aspectos que quisiéramos enumerar y analizar
y, en consecuencia, pediremos votación separada. Nos estamos
refiriendo a la disposición adicional segunda, a la tercera y a las
modificaciones recogidas en el actual artículo 15 de este proyecto de
ley. Nosotros sostuvimos los contenidos de este proyecto de ley en
todos sus aspectos porque entendíamos que recogía puntos importantes
de una directiva que se ha venido a llamar Directiva de televisión
sin fronteras. Dicha directiva había sido durante los últimos años
papel mojado, porque las cadenas de televisión, los operadores
televisivos poco caso hacían a los contenidos que estaban recogidos
en la misma, y nos encontramos con la posibilidad de actualizar estos
contenidos protegiendo a los telespectadores, especialmente en lo que
se refiere a materia publicitaria para niños y jóvenes, e impulsando
la industria audiovisual en un aspecto sustancial para todos los
telespectadores, como es el derecho a conocer anticipadamente la
programación, poniendo fin a una práctica tan desconsiderada con la
audiencia como era la contraprogramación. En esos aspectos los
contenidos que remitimos al Senado estaban equilibrados, eran justos
y razonables.
Nos encontramos ahora con estas tres modificaciones que entendemos
que políticamente son muy relevantes. En primer lugar, la
modificación aprobada en el Senado en el actual artículo 15, antes
13, de la directiva, supone la ruptura de los acuerdos adoptados en
esta Cámara en relación a los parámetros equilibrados de publicidad
que se deben conocer en las televisiones durante los cortes
publicitarios.
Esta enmienda número 31, introducida por el Grupo Popular,
desequilibra, en nuestra opinión, los parámetros acordados, rompe los
mismos y nos sitúa en un escenario en el que prácticamente el corte
publicitario pude ser ilimitado al no acotar esta enmienda el cuánto
de las autopromociones de las cadenas televisivas. La redacción de
este 19.4 es excesivamente abierta y ambigua. ¿De qué producto se
está hablando. ¿Son los audiovisuales, son los comerciales? No está
acotado, permite su interpretación más extensa cuando la directiva
pretende la más restrictiva y contamina desde esta posición al resto
de la interpretación del artículo 19.
El señor Mardones en su intervención ha hecho una solicitud de voto
separado del último inciso de este artículo 19.4 y, en caso de que la
Cámara la tome en consideración, estos productos quedarían anulados.
Si esa fuese la posición mayoritaria de la Cámara, las
dudas o preocupaciones que está manifestando este portavoz en su
intervención quedarían delimitadas, aunque, como indico, este
artículo 19.4 contamina, en general, toda la redacción del artículo
19. En todo caso, la pregunta queda abierta y es la portavoz del
Grupo Popular la que tiene que decir de qué productos se está
hablando, si de los audiovisuales o de los comerciales o si está en
condición de sostener la posición que ha mantenido el señor Mardones
en su intervención de separar definitivamente este apartado, con lo
cual el acotamiento se produciría de otra manera.
Señor presidente, en nuestra opinión, también se produce un cambio
significativo en la disposición adicional segunda, que elimina de la
Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones la obligación de que las
acciones de los socios de empresas concesionarias de radio sean
nominativas, aprovechando, debe ser, que el Pisuerga pasa por
Valladolid, porque, que se sepa, esto no estaba recogido entre los
objetivos de la Directiva de televisión sin fronteras. Podríamos
decir que estamos legislando a la carta. Cuando esta Cámara tramitó
la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado no
se entendió suficientemente el introducir esta modificación en la
LOT. Los acontecimientos que hemos conocido meses después en el
mercado radiofónico ponen nombres y apellidos a esta modificación
legislativa. Al eliminarse de la LOT el párrafo que hace referencia a
sucesivos cambios de propiedad, queda claro que Telefónica ahora
podrá comprar Onda Cero y los ciudadanos se quedarán sin conocer
quiénes son los propietarios de estos medios.
Estamos avanzando a pasos agigantados para favorecer posiciones de
dominio en el mercado, concentraciones de medios que conllevan
homogeneidad y la consolidación de grupos de presión sin que se
conozcan equilibrios razonables en un mercado que es concesional que,
en nuestra opinión, debería liberalizarse y dejar de serlo -esa ha
sido reiteradamente la posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV)-, pero que mientras no se legisle en sentido contrario y se
liberalice el sector con todas las consecuencias, conoce esa
naturaleza.
Estamos oyendo, señor presidente, estos días múltiples voces que,
ante actuaciones administrativas en un sentido u otro, se están
elevando para reclamar libertad de expresión, igualdad de
oportunidades y la liberalización del sector. Ante la probable
aprobación por esta Cámara de esta enmienda a la disposición
adicional segunda, quisiéramos que estas mismas voces, las mismas que
ahora se están levantando con tonos e intensidades distintas, se
alzaran también con el mismo tono y con la misma intensidad y
analizaran por qué se aprueba ahora esta enmienda a la disposición
adicional segunda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente, voy a fijar nuestra posición sobre las enmiendas que nos
plantea el Senado a esta reforma de la trasposición de la Directiva
comunitaria sobre televisión sin fronteras al ordenamiento interno.
En primer lugar, quiero destacar un hecho que ya viene siendo común
en toda una serie de proyectos de ley que afectan a cuestiones de
telecomunicación y también de desarrollo de la normativa de
televisión, y es que los textos, cuando vuelven del Senado al
Congreso de los Diputados, incorporan un sinnúmero de enmiendas, y la
inmensa mayoría de estas enmiendas se refieren a simples correcciones
gramaticales de la ley. Ya lo he manifestado en alguna otra ocasión,
no quiero ser reiterativo, pero me parece importante subrayarlo, y
creo que alguien debería de tomar buena nota de ello.
Entiendo que el Senado tiene un papel más importante que el de la
simple corrección gramatical o sintáctica de los textos que se
remiten desde el Congreso de los Diputados y, por tanto, sugiero a
quien corresponda que esta repetición de cambios de conjunciones por
preposiciones, de adverbios o de tiempos verbales, que esta ingente
labor se realizara antes de que los proyectos de ley se publicaran en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, por tanto, antes de su
aprobación por el Gobierno.
Nuestro grupo parlamentario no va a votar todas las enmiendas que ha
planteado el Senado. Obviamente, vamos a votar favorablemente las
correcciones gramaticales porque nos parece que, en general, son
positivas, pero no va a suceder lo mismo con el resto de enmiendas.
Me voy a referir concretamente a dos de ellas. En primer lugar, la
que contiene el artículo 15 del proyecto de ley, que se refiere al
apartado 4 del artículo 13 de la ley que estamos modificando. A esta
enmienda se han referido los dos anteriores intervinientes y desde
diversos sectores, obviamente desde el punto de vista de nuestro
grupo parlamentario, se considera que viene a ampliar de hecho la
cantidad de publicidad permitida. Es decir, el merchandising de
programas y cadenas, de aprobarse esta enmienda, no sería considerado
como publicidad, por lo que el tiempo de los cortes publicitarios
podría verse notablemente ampliado.
Este aspecto, considerando todas las limitaciones que en el futuro va
a comportar la apertura del mercado televisivo, especialmente desde
el momento en que se ponga en funcionamiento la televisión digital,
considerando todos los cambios que esta apertura del mercado va a
comportar, nos lleva a reiterar que esta reforma no es oportuna
porque, de aprobarse, va a redundar en perjuicio de los
telespectadores, que van a tener que soportar mayores cortes
publicitarios dentro de la programación, pero tampoco creemos que sea
beneficiosa
para la misma publicidad, en tanto en cuanto que, al fin y al cabo,
el incremento de la publicidad viene a redundar en una devaluación
del propio mercado o del propio contenido publicitario.
La segunda enmienda a la cual me quería referir es la contenida en el
primer párrafo de la disposición adicional tercera. Es una enmienda
que, en principio, parece que no tiene mayor importancia porque lo
único que viene a decir es que se faculta al Ministerio de Fomento
para que pueda desarrollar las funciones de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.
Quiero hacer dos consideraciones sobre esta enmienda. En primer
lugar, no entiendo por qué una norma que viene a desarrollar la
Directiva comunitaria de televisión sin fronteras se está utilizando
para regular un organismo como es la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, creado por la Ley de Liberalización de las
Telecomunicaciones. No tiene ningún sentido incluir en una norma de
lo audiovisual el precepto que permite el desarrollo de un organismo
que no tiene competencias en materia audiovisual, sino en materia de
regulación del mercado de las telecomunicaciones. En primer lugar,
entendemos que este precepto está fuera de lugar.
En segundo lugar, ha habido quien ha realizado lecturas, no sabría
decir si interesadas u objetivas, en el sentido de que, de aprobarse
este precepto, en la práctica el Gobierno va a tener la posibilidad
de atribuir competencias en materia audiovisual a la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. Francamente me siento incapaz de
manifestar con contundencia si esto va a ser posible o no. Puedo
incluso llegar a manifestar que tengo sospechas de que esto no va a
ser así y que lo que se pretende es algo muy distinto. Pero, a pesar
de ello y a pesar de las dudas que mantiene nuestro Grupo
Parlamentario sobre la posibilidad denunciada desde algunos sectores
de que se puedan atribuir competencias en materia audiovisual a la
CMT, vamos a votar en contra de esta enmienda. Y vamos a votar en
contra de esta enmienda porque no queremos que, ni de forma remota,
se pueda llegar a intuir que nuestro grupo parlamentario estaría a
favor de atribuir competencias en materia audiovisual a la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones.
Hemos defendido desde esa tribuna hace ya varios meses, la creación
del consejo superior de medios audiovisuales. De hecho, se aprobó una
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán, a la cual se
acumularon otras cuatro iniciativas de distintos grupos
parlamentarios, que pretendía la creación de este organismo. Esta
proposición de ley, no sabemos exactamente por qué -intuimos que por
motivos diversos, que los hay-, está paralizada, durmiendo el sueño
de los justos en una Comisión de esta Cámara, y parece que no hay
demasiados grupos parlamentarios que se sientan motivados y crean que
es importante la aprobación dentro de esta legislatura del consejo
superior de medios audiovisuales. Nosotros sí creemos y defendemos
que se debe crear ese consejo y entendemos que se debe de hacer
de forma rápida, de forma inmediata porque, si no, el ejercicio de
toda una serie de competencias, derivadas de la ley que vamos a
aprobar hoy, quedan huérfanas en tanto en cuanto no hay un organismo
que las tenga atribuidas directamente, o sí que lo hay, el Ministerio
de Fomento, pero obviamente la experiencia nos dice que el Ministerio
de Fomento no es el organismo más adecuado para ejercer estas
competencias, entre otras cosas, porque en muchos casos no las está
ejerciendo.
Por consiguiente, en tanto en cuanto no se cree el consejo superior
de medios audiovisuales, nuestro grupo parlamentario se va a
manifestar de forma clara en relación a todas aquellas propuestas
políticas que surjan de los grupos o del propio Gobierno que, de
alguna forma, puedan llevar a la confusión en cuanto a que lo que
realmente se pretende es atribuir competencias en materia audiovisual
a quien no le corresponde, en este caso a la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, que tiene un papel muy claro que jugar en la
regulación del mercado de las telecomunicaciones.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, estamos sorprendidos de
las enmiendas que el Senado intenta introducir en este proyecto de
ley; proyecto de ley que tuvo aquí, en el Congreso, un consenso casi
unánime en el fondo de la cuestión. Hubo un debate bastante relajado
porque en el fondo todas las fuerzas políticas se mostraron
coincidentes. Por tanto, no entendemos que se rompa de manera tan
drástica y tan chapucera este consenso que aquí se consiguió. Pero no
sólo se trata de una chapuza -chapuza por razones de todo tipo,
incluso de tipo técnico-, sino que, al mismo tiempo, se trata de una
involución bastante seria que, desde la propia lógica del Grupo
Popular, se aleja bastante de lo que sería una posición centrista.
Por lo tanto, nos vamos a oponer a todas las enmiendas que el Grupo
Popular ha presentado en el Senado y que vamos a votar hoy aquí, en
el Congreso. No obstante, voy a comentar algunas de ellas, por
ejemplo aquella última a la que se ha referido el portavoz de
Convergència i Unió, con el que estamos totalmente de acuerdo, aunque
nosotros vamos a ser un poco más contundentes en relación con su
intervención.
Efectivamente, la atribución de competencias al Ministerio de Fomento
para que pueda ampliar las de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones es la sustitución de una dialéctica que debiera
conducir de manera urgente a la creación del consejo de lo
audiovisual, el consejo superior de lo audiovisual o elconsejo de la
comunicación, como se le quiera llamar,
y, si la creación de este consejo no se ha realizado con la rapidez
con que debiera haberse hecho, es porque, a nuestro juicio, las ideas
no están claras ni maduras en el seno del Grupo Popular, en el
sentido de que tendría que haber un consejo independiente del
Gobierno y con amplias competencias. Entonces se tiende a que estas
competencias, como sustitución de la falta de voluntad de cara a un
consenso, las asuma la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones, incluso a través de una ley que no tiene nada que
ver con estos aspectos, algo que se está convirtiendo en una
tradición en la forma de actuar del Grupo Popular, esto es,
introducen una enmienda en una ley que no tiene nada que ver, que es
absolutamente incoherente con el sentido de lo que se intenta
aprobar.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esa especie de chapuza que,
sin duda, va a abortar cualquier tipo de posibilidad de que se
apruebe definitivamente en esta legislatura el consejo de la
comunicación o el consejo de lo audiovisual. En absoluto estamos de
acuerdo con esta acción de tirar la toalla del Grupo Popular, porque
luego dice además en una enmienda que el Ministerio de Fomento tiene
las manos totalmente libres para hacer lo que le dé la gana con
respecto a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Esto no
se puede aprobar, señora Mato, es imposible y yo creo que se puede
rechazar en este acto parlamentario.
Otra enmienda es la que se refiere al aumento de la publicidad,
artículo 13.4, que tampoco es admisible. Se trata de aumentar la
publicidad sin límites, no ya hasta 17 minutos por hora, sino
muchísimo más. Se podría discutir si la promoción de productos
propios es publicidad o no, que nosotros pensamos que sí lo es, pero
en todo caso aumentan las interrupciones que afectan al espectador.
Una película que empieza a las diez y que debe acabar a las doce y
media, con la aplicación de esta ley de la forma en que ustedes
aplican todo lo demás cuando liberan el mercado, puede durar desde
las diez hasta la una y media o las dos de la madrugada o hasta la
hora que ustedes quieran, porque no hay límite para esta
autopromoción, como tampoco lo habría introduciendo una acotación al
término productos. No salvaría la situación el decir productos
audiovisuales, porque, con independencia del debate sobre si hay o no
publicidad, seguiría existiendo la interrupción constante de la
emisión. Nosotros no estamos de acuerdo y, desde luego, pensamos que
es publicidad; publicidad que, a nuestro juicio, no ayuda a nadie, ni
siquiera a la empresa encargada de la propaganda, ya que hay una
saturación tal que perjudica a la propia empresa, a la que yo no
defiendo, simplemente aludo a una característica de la situación
nueva que se va a producir.
Así pues, se trata de una enmienda excesiva, que no aporta nada, que
enrarece y que demuestra que ustedes en este último período no tienen
las ideas claras con respecto al modelo audiovisual español. No sólo
son ideas de derechas, sino que además no las tienen en absoluto
claras, ideas que se reproducen en la
enmienda relacionada con el artículo 17.3, cuando ustedes dicen que
no se puede patrocinar un espacio informativo, pero enseguida añaden
si se trata de la parte del espacio informativo referida al deporte o
a la información meteorológica. Dividen el espacio informativo en
tres pedazos. Recuerden que cada vez le dedican más tiempo en los
Telediarios. En el de la noche hasta media hora o 25 minutos. Nos
empapamos constantemente de los entrenamientos del Real Madrid o del
Barcelona. Están estableciendo un espacio, un terreno de juego para
el patrocinio, partiendo el espacio informativo en tres trozos.
Además, el tema del tiempo ustedes saben que interesa muchísimo. El
tiempo es el más objetivo de la radio y de la televisión pública,
aunque a veces se equivoquen, pero por otras razones. Desde ese punto
de vista, esta filosofía neoliberal que ustedes intentan introducir
con la enmienda anterior en esta ley, incluso está perjudicando más
al mercado que ésta que actualmente estoy comentando.
Desde luego, la adicional segunda que introducen no es aceptable.
Ustedes llevan un camino desenfrenado desde que el señor Arenas
anunció en la legislatura pasada que iban a presentar iniciativas
contra la concentración de medios en sentido inverso. No sólo han
roto el límite del 25 por ciento a través de la ley de amañamiento de
los presupuestos, perdón, de la ley de acompañamiento de los
presupuestos, sino que cualquier principio de opacidad que puedan
introducir lo están haciendo, como en este caso, con respecto a las
acciones nominativas de cara a la compra en el sector radio. Intentan
ustedes, en un momento inoportuno, en una ley absolutamente
inadecuada, introducir esta reforma, que es una reforma de ley en
función de unos intereses muy concretos y muy coyunturales de una
situación y de una empresa. Por lo tanto, tampoco la podemos aprobar.
Señora Mato, son chapuzas y chapuzas involutivas dentro de la
política audiovisual las que ustedes, a través del Senado, intentan
introducir en este acto parlamentario. Espero que muchas de ellas no
salgan a través de la votación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en este debate, que en otro momento hubiera sido muy
sencillo, porque se trataría de analizar unas simples enmiendas que
vienen del Senado y de dar nuestra opinión sobre el contenido de las
mismas respecto a un proyecto de ley que todos hemos discutido,
estamos tratando de algo muy distinto, de algo que no tiene nada que
ver con el proyecto de ley que permite la trasposición de una
directiva comunitaria.
Nosotros vamos a votar que no a todas las enmiendas, a pesar de que
algunas de ellas perfectamente podríamos votarlas afirmativamente. En
una situación normal, nosotros hubiéramos votado, como ya hicimos en
el trámite anterior en el Congreso, afirmativamente esas enmiendas.
Pero entendemos que hay suficientes razones que nos obligan a
denunciar una chapuza que se está planteando con este proyecto de
ley. Y lo digo con el convencimiento absoluto de que no puede ser que
con la trasposición de una directiva estemos posibilitando que se
produzca una concentración de medios en torno a dos empresas que se
han privatizado y que están dirigidas por amigos y conocidos del
presidente del Gobierno o del Gobierno o del Partido Popular.
El primer proceso se inició cuando en los últimos presupuestos se
superó, a petición de una de las empresas, el 25 por ciento y se
llegó al 49. Ahora se desbloquea definitivamente la posibilidad de
que dos empresas -y se pueden decir los nombres, Telefónica
y Tabacalera- tengan la facilidad de adquirir una emisora como Onda
Cero y otra como Cadena Ibérica.
Estamos asistiendo, señorías, a un auténtico dislate parlamentario y
hurtando el debate a las Cámaras de un proceso de concentración de
empresas. El Partido Popular, que siempre nos ha criticado de estar
demasiado a favor de la titularidad pública de los medios de
comunicación o de algunos, está posibilitando que esa titularidad
pública se convierta en concentración en manos privadas. Y en muy
poquitas, para tenerlas bien controladas. Eso, señorías, creo que es
razón suficiente para entender que se está vulnerado la libertad de
expresión, la libertad de información, la libertad mínima que puede
tener cualquier persona en este país de poder decir, de poder hacer
lo que estime oportuno en los medios de comunciación que diariamente
vemos y observamos en todo el territorio nacional.
En segundo lugar, se introduce una modificación sustancial, que es la
permisividad que tiene el ministro de Fomento de variar la estructura
y funciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Lo
que no se ha conseguido durante todo este tiempo, lo que se ha
impedido por todos los medios, que el Gobierno tuviera las manos
libres para hacer lo que le viniera en gana, resulta que ahora, a
través de tres líneas y media de un texto en el Senado, no por una
enmienda discutida en el propio Senado, sino como resultado de una
enmienda in voce, se está posibilitando, porque se está permitiendo
que el ministro de Fomento haga lo que le viene en gana con la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Les recuerdo las
funciones que tiene, porque, por ejemplo, puede ser que la Comisión
acabe no arbitrando los conflictos, acabe no otorgando títulos
habilitantes, acabe no velando por la libre competencia, por la que
tanto han suspirado ustedes, acabe por no tener control sobre el
cumplimiento de las obligaciones de servicio público, es decir, acabe
por no ser nada. Eso, señorías, hay que denunciarlo y tiene que ser
un elemento suficientemente importante como
para pensar que estas medidas que se adoptan en este proyecto de ley,
en esta trasposición de directiva no tienen nada que ver, no son
justas, no son adecuadas, son auténticamente denunciables, y no debe
quedar sin contestar esta manipulación que ustedes están haciendo de
la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley de estas
características.
En esa disposición adicional tercera también incluyen otro aspecto y
es el de dotar de fuerza y vigor a Retevisión. Pero además no sabemos
para qué, no sabemos si es para que haga informes. Y en ese caso,
¿para quién son esos informes? ¿Para los que van a pedir las
concesiones? ¿Para los que van a tener algo que ver con el desarrollo
de futuros proyectos? Es decir, qué es lo que se quiere conseguir al
dotar de mayores atribuciones que modifican el objeto social de
Retevisión, qué es lo que se quiere conseguir cambiando ese objeto,
cuando es una empresa que está en fase de privatización, que tiene
privatizado el 30 por ciento y que en ese deseo que tienen ustedes de
privatizar llegará al cien por cien.
Esta trasposición de directiva puede ser criticable porque no
contempla la capacidad sancionadora del consejo superior de medios
audiovisuales, porque no quiere saber absolutamente nada de eso,
porque ha introducido una regulación excesiva de la televenta, porque
ha introducido una regulación excesiva de la publicidad, porque ha
distinguido entre publicidad y autopromoción, porque ha permitido que
en la autopromoción se incluyan aquellos productos que tengan alguna
relación con el programa que les está promocionando, es decir, hay
aspectos importantes para discutir en este proyecto de ley que
hubiéramos votado que no, teniendo toda probabilidad de perder, pero
ante lo que ustedes hacen con el conjunto del proyecto, con estas
disposiciones, con este régimen transitorio que establecen en las
disposiciones adicionales, creo que no merece la pena su
consideración.
Pediría a Convergència i Unió y a Coalición Canaria que
reconsiderasen su voto respecto a la disposición adicional segunda.
No puede ser, y ustedes lo tienen que entender, que semejante ataque
a la libertad de expresión se esté llevando a cabo en una simple
disposición adicional, que está posibilitando, como todo el mundo
sabe porque es público y notorio, que se produzca concentración de
medios. Y ustedes, me da la impresión, no quieren saber nada de
concentración de medios. Me gustaría, señorías, que reconsideraran
esta opción que se plantea en estas enmiendas, que votaran con
nosotros el rechazo a las disposiciones adicionales segunda y tercera
y que dejaran el proyecto de ley en lo que es, un proyecto de ley que
permite única y exclusivamente lo que está discutido y debatido con
absoluta seriedad y con absoluto rigor, que es la trasposición de un
directiva comunitaria, vulgarmente llamada televisión sin fronteras,
en la que hablamos de publicidad, en la que hablamos de protección
del menor, en la que hablamos de aspectos muy importantes, que,
desgraciadamente, quedan en un segundo término
cuando se quiere manipular y se quiere utilizar esta vía para hacer
modificaciones sustanciales en aspectos fundamentales de otro tipo de
leyes que no han sido sometidas al proceso de debate ni en esta
Cámara ni en el Senado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Mato.
La señora MATO ADROVER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos hoy debatiendo las enmiendas del Senado a
un proyecto de ley, que se convertirá en ley en breves minutos, que
considero -y quiero decirlo en primer lugar- que es una buena ley
y que protege los derechos de los telespectadores. Por primera vez en
una ley se reconoce que los telespectadores tienen algún derecho. Me
estoy refiriendo, en concreto, al derecho a la información que tienen
los televidentes, telespectadores o como queramos llamarlos.
Hasta hace unos cuantos días, en que este texto se aprobó en el
Congreso y en el Senado, en mi opinión, los telespectadores no tenían
un derecho fundamental a la hora de ver la televisión: el derecho a
la información; derecho a la información para conocer qué películas,
qué programas, qué informativos, qué programas deportivos se pueden
ver en cada uno de los canales de televisión, sabiendo exactamente a
qué hora empiezan y a qué hora terminan, con una antelación
suficiente -podría ser aproximadamente una semana- a través de los
semanarios, si se quiere consultar esa información.
Esta ley también prohibe e impide la contraprogramación, de manera
que si un espectador ha decidido quedarse en su casa para ver un
determinado programa no se encuentre con la sorpresa, por otro lado
habitual hasta estos momentos, de que le cambian la programación que
tiene pendiente.
En segundo lugar, es importante destacar que se ha incrementado lo
que significa la protección a los menores, que creo que es algo que
todos tenemos en mente y que todos defendemos. La protección de los
menores se incrementa manteniendo un horario familiar de programas de
televisión y con la realización de unos sonidos y unas imágenes
determinados, unos símbolos, para especificar a los padres y a las
familias para qué tipo de edad está recomendado un determinado
programa; eso también se les exige. Y no se les exige sólo al
principio del programa, sino también después de los cortes
publicitarios, a los que me referiré a continuación.
También está prevista la posible implantación, cuando esté permitido,
del llamado chip antiviolencia, que permite a las familias decidir
qué programas quieren ver o no.
Señorías, al final, esta ley también reconoce que todas las emisiones
que se emitan en España, vengan del satélite que vengan, aunque sea
extranjero, tienen que cumplir las obligaciones previstas en esta
ley, lo cual es muy importante desde el momento en que cada vez
entran más canales de televisión en nuestros hogares.
Sólo voy a comentar las tres cuestiones que usted plantea. Me
sorprende -y no es la primera vez que pasa en materia audiovisual, lo
decía el señor Recoder y lo han comentado otros grupos- que cada vez
que el Senado modifica una ley aquí nos llevemos las manos a la
cabeza, porque creo que lo que tiene que hacer el Senado es
precisamente modificar las leyes, incluso en lo que significa
consideraciones morfológicas o correcciones sintácticas. Creo que no
es sólo esa la labor que ha hecho el Senado -que es buena-, sino que
ha introducido las modificaciones que ha estimado razonables, además
de otras cuestiones que ha considerado convenientes incluir en esta
ley, que corrige determinados errores que se han planteado en algunas
leyes.
Entro, en concreto, a responder a tres cuestiones que son las que se
han planteado fundamentalmente por otros grupos, en las que me
gustaría dejar clara la posición del Grupo Popular. Autopromoción. En
ningún caso esta ley incrementa el tiempo de publicidad permitido
a las cadenas. Antes estaban permitidos 12 minutos por hora de
publicidad en las cadenas, y a partir de esos 12 minutos, sólo para
publicidad, había otras formas que no estaban definidas, como podían
ser autopromoción, publirreportajes, televenta, que no tenían un
tiempo definido, por lo cual se podía pasar muy fácilmente -y de
hecho se pasaba- de los 12 minutos, sin contar con que, con esa ley,
como no se definía lo que eran otras formas de publicidad y no se
hacía mención de su tiempo, al final, no se controlaba. Era un poco
incontrolable por parte de quien tiene la obligación de vigilar que
las leyes se cumplan, en este caso la Ley de la Directiva sobre
Televisión sin Fronteras. Por tanto, los 12 minutos se mantienen,
pero lo que sí se ha hecho ha sido tasar otras formas de publicidad,
como pueden ser publirreportajes, como puede ser televenta o como
puede ser autopromoción de la cadena, que, como mucho, tienen
permitidos cinco minutos, con lo que limitaríamos la publicidad a 17
minutos, que entiendo que es una barbaridad. Entiendo que las cadenas
no deberían cortar las emisiones 17 minutos, pero también entiendo la
competencia. Pensando en el siglo XXI -no en el siglo XX, como muchas
de SS.SS. hacen-, para el que queda un año escaso, y pensando
también, aunque entiendo que a algunos les cueste trabajo
reconocerlo, en los avances de las telecomunicaciones y en los
avances que ha supuesto la liberalización de la comunicación en
España (que nos va a permitir, ya nos lo permite, contar con muchos
más canales, tanto de pago como en abierto, y a través de la
tecnología digital terrestre disfrutar dentro de dos o tres años de
15, 16 ó 20 canales en abierto), entiendo
que las propias cadenas tendrán que autolimitarse en su publicidad.
Por tanto, entiendo que 17 minutos es una barbaridad, pero sabiendo
que eso es lo que dice la directiva y que hemos limitado el tiempo
respecto a lo que había en la anterior, creo que ha sido un avance.
Refiriéndome a los avances de esta ley no he dicho, pero lo digo
ahora porque es el momento adecuado, que se ha reconocido que las
sociedades de autocontrol tienen un papel importante y que el
Gobierno quiere que se impulsen. Creo que, sin que sea fundamental,
es un tema de importancia y de relevancia que muestra por dónde va el
Gobierno respecto de esta cuestión.
En tercer lugar, me habla de la promoción de los programas y de los
productos. Nuestro grupo sigue atentamente todos los debates del
Senado y también los referidos a televisión sin fronteras. Quien haya
seguido estos debates sabe que el Grupo Parlamentario Popular
presentó una enmienda sobre la promoción de los programas, que hay
que separarlo de la autopromoción de la cadena. Decir que la cadena
es la mejor sería publicidad, pero decir, por ejemplo, que tal
programa va a hablar sobre el cáncer es información al ciudadano;
decir que a las diez de la noche hay una película de Ava Gadner es
información al ciudadano; decir que a las tres de la tarde va a haber
un partido de fútbol es información al ciudadano y no es publicidad,
siempre que no se meta una coletilla que diga que tal producto
patrocina este programa. Eso es lo que pretendíamos en el Senado. Se
intordujo la palabra productos, pero el Grupo Popular quería incluir
la expresión productos audiovisuales. Desgraciadamente, en el Senado
no se pudo corregir ese texto y ha llegado al Congreso con una
redacción que puede llevarnos a equívocos.
En ese sentido, hemos hablado con todos los grupos parlamentarios
para ver si podíamos delimitar lo que significa productos
audiovisuales, que nunca serían productos comerciales. ¿Qué ha
pasado? Algún grupo parlamentario ha propuesto que se elimine este
segundo párrafo y nuestro grupo está absolutamente de acuerdo con
ello. No queremos que el anuncio de los programas sea publicidad
porque no lo es; no lo es máxime si pensamos, como he dicho antes,
que dentro de dos años va a haber 15 ó 16 canales y, por lo menos uno
de ellos, debería dedicarse a explicar a los telespectadores qué
programas habrá en cada una de las horas del día y en cada uno de los
días de la semana.
No comparto el criterio de que la promoción de los programas sea
publicidad, sí la autopromoción y los productos vinculados a ella.
Partiendo de la base de que también vamos a votar en contra de la
segunda parte del texto, vamos a votar favorablemente la enmienda.
Pasamos a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado en esta Cámara
una proposición de ley pidiendo un consejo de medios audiovisuales
que se encargue de velar por el cumplimiento de la Directiva de
Televisión sin Fronteras; otros grupos pretenden que
ese consejo tenga competencias que trascienden lo que significa velar
por el cumplimiento de la directiva, que es lo que al final afecta a
los telespectadores, y quieren introducir otras competencias que ya
tiene adjudicada la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Son ellos los que tienen paralizada esta ley aquí. A mí me gustaría
que esos otros grupos dijeran aquí en la Cámara si de verdad tienen
interés en que salga esa proposición. Nuestro grupo ha hecho
reiteradamente todos los esfuerzos para que esta proposición salga
adelante en esta legislatura, y seguiremos haciéndolos, porque
creemos imprescindible que haya un consejo que vele por el
cumplimiento de los contenidos de las televisiones, porque lo pide la
sociedad y porque es una propuesta suya.
Dejando bien claro que la propuesta que se hacía en ningún caso
pretendía otorgar a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
las competencias para controlar y velar por los contenidos, en ningún
caso tenía esa pretensión, nuestro grupo parlamentario, en aras a
demostrar por enésima vez que somos los primeros y los más
interesados -así lo demuestra la actuación de otros grupos
parlamentarios- en que exista un consejo audiovisual, va a votar en
contra del primer párrafo de la disposición adicional que habla de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que ustedes en
algunos casos han querido interpretar de una manera que no es lo que
significaba.
Me voy a referir a la última enmienda, que lo único que hace es
equiparar lo que es la televisión con la radio. Estoy de acuerdo con
ustedes en que probablemente se podría hacer de otras muchas maneras.
Lo que pasa es que no parece muy lógico que a estas alturas del siglo
XXI haya una distinción entre lo que se puede hacer con la
televisión, que se ha regulado mediante una ley, y lo que se puede
hacer con la radio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Mato, le
ruego concluya.
La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señor presidente.
Creemos que hay que evitar controles excesivos de los medios de
comunicación, que hay que equiparar la radio a la televisión y con
esta ley, en ese mismo artículo, hay que cumplir lo que dice la
directiva, que las empresas europeas, en un porcentaje determinado
como está explicado en la ley, puedan entrar en el accionariado de
las cadenas, lo que está previsto también en España. Por tanto, no
entendemos que haya esa distinción y eso es lo que hemos querido
corregir.
Están ustedes siempre con la misma canción, y les vuelvo a recordar:
Telefónica es propiedad de sus accionistas, Telefónica es una empresa
privada. También les recuerdo que la operación a la que ustedes se
refieren es de dos, de Telefónica y de la Organización Nacional de
Ciegos de España. No creo que ustedes, a estas alturas, me quieran
decir que la ONCE la ha inventado el señor Aznar o que la dirige él.
Suena a risa
que algunos grupos parlamentarios en esta Cámara digan que eso se
hace para favorecer o no a determinadas empresas en favor del
Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, tomen asiento, vamos a
proceder a las votaciones. (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a las enmiendas
del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley número 25/
1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva de la Unión Europea sobre la
coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva.
Comenzamos votando la enmienda del Senado al artículo único, punto 5,
artículo 5 de la Ley 25, apartado primero.
Comienza la votación. (Pausa.- Rumores.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; en contra, 293.
El señor PRESIDENTE: Queda así rechazada por unanimidad.
Señorías, les ruego guarden silencio porque es complejo el sistema de
desglose de votación de las enmiendas y los portavoces, y seguro que
todas SS.SS., tienen el máximo interés en entender bien cuáles son
los puntos e incisos que se están votando.
Votamos ahora las enmiendas del Senado al artículo único, punto 15,
artículo 13 de la Ley 25 citada, apartado cuatro, inciso final «o con
los productos directamente vinculados con ellos».
Comienza la votación. (Pausa.- Rumores.) Silencio, señorías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, uno; en contra, 292.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Vamos a votar ahora el resto del apartado 4 del artículo 13 de la Ley
25.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 151; en contra, 142.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda al resto del artículo
13, apartado 4.
Pasamos a votar el primer párrafo de la disposición adicional tercera
nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, uno; en contra, 292.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Senado.
Votamos las restantes enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 149; en contra, 144.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del
Senado al referido proyecto de ley. (Rumores.)
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL RIENO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SOBRE PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD AÉREA
(Número de expediente 110/000240).
El señor PRESIDENTE: No se marchen, señorías, tenemos que proceder,
como anticipé, a una serie sucesiva de votaciones de dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Me
señalan que el Grupo Socialista ha solicitado intervenir sobre uno de
ellos, sobre el Acuerdo entre España y Estados Unidos sobre promoción
de la seguridad aérea. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
Señor Alcaraz, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, para que se proceda a la
votación separada del número 45.
El señor PRESIDENTE: El acuerdo relativo a la adhesión de España al
convenio del Leopard.
El señor ALCARAZ MASATS: Exactamente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Se votará separadamente.
Tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha estudiado con detenimiento los
contenidos de este convenio que se somete a la consideración de la
Cámara.
Recordarán SS. SS. que en sesión plenaria anterior se propuso, como
consecuencia del encorsetamiento
a que se someten estas iniciativas en función del reglamento, que se
remitiese al Gobierno a efectos de la renegociación y mejora de los
contenidos del mismo. No obstante, una vez aceptado a trámite este
proyecto de tratado, se vio en la Comisión de Asuntos Exteriores, y
el Grupo Parlamentario Socialista indicó el sentido del voto en la
línea de abstenerse en esta votación.
Nosotros planteábamos lo que el propio Consejo de Estado recoge en el
informe correspondiente. El Consejo de Estado dice lo siguiente: Hay
que reparar, sin embargo, en el hecho de que la cooperación en
materia de seguridad aérea, en los términos en que se regula en el
acuerdo, no se limita simplemente a facilitar la aceptación recíproca
por una parte contratante de los estándares establecidos por la otra
en las distintas especialidades técnicas a que se alude o a fomentar
la cooperación en tal sentido, sino que puede culminar en la
aceptación misma de las determinaciones de cumplimiento efectuadas
por la otra parte, que las autoridades de aviación civil designadas
en el acuerdo formalizarán por escrito en los procedimientos de
ejecución, artículo 3 b). Tal previsión -y este es un aspecto
esencial- sólo encontraría parcial cobertura en el artículo 37 de la
vigente Ley sobre navegación aérea, que establece que podrán ser
convalidados en España los certificados extranjeros de navegabilidad
que cumplan las condiciones mínimas aceptadas internacionalmente.
(Rumores.)
El Consejo de Estado continúa diciendo: Aun sin entrar en las
diferencias entre la convalidación prevista en la ley española y los
procedimientos de ejecución a que se refiere el acuerdo, es notorio
que éste extiende la posibilidad de apreciación de equivalencia
o compatibilidad a otras especialidades técnicas distintas de las
aprobaciones de aeronavegabilidad, entre ellas las de materias
medioambientales. Es decir, un tema específico que preocupa a todos
los españoles (como las características de las rutas de la senda de
aproximación y despegue de la tercera pista del aeropuerto de
Barajas, el cumplimiento de las condiciones medioambientales, las
características derivadas de la composición de los residuos derivados
-valga la redundancia- de la combustión de los combustibles que
utilizan las aeronaves) puede ser sometido a control por parte del
Gobierno de los Estados Unidos y de la administración aeronáutica
estadounidense. Desde esa óptica, nosotros creemos que los contenidos
de ese artículo 3 b) -así figura en el proyecto de convenio- devalúan
la capacidad de la administración aeronáutica española en temas que
nos afectan de forma importante y de los que he puesto un ejemplo
puntual.
Termino, señor presidente. Queremos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, que el señor Segura va a
acabar.
El señor SEGURA CLAVELL: Queremos dejar clara nuestra preocupación
por los contenidos del artículo 5, que termina diciendo: El presente
acuerdo podrá notificarse mediante acuerdo por escrito entre las
partes contratantes. Las autoridades de aviación civil podrán
modificar o poner fin a los procedimientos de ejecución.
El Consejo de Estado alerta también de que este acuerdo, una vez
refrendado por las Cortes Generales, puede ser modificado
sustancialmente por la administración aeronáutica española dentro de
muy pocos meses sin que requiera la aprobación de las Cortes
Generales.
Por esta y otras razones que la premura de tiempo que se me impone,
obviamente no por la Presidencia... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Dejen que el señor Segura
concluya razonablemente, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: El Grupo Parlamentario Socialista se va a
abstener en un acuerdo tan relevante, al que no se puede minusvalorar
desde esta Cámara, como es el del acuerdo bilateral entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de los Estados Unidos de América
sobre promoción de la seguridad aérea, que está vinculado a la gran
confrontación internacional en materia de construcciones aeronáuticas
en la consolidación de una autoridad aeronáutica europea y en las
políticas de cielos abiertos entre los Estados Unidos y el Reino de
España y la Unión Europea. De aquí que, al discrepar con los
contenidos en la línea que hemos indicado, el Grupo Socialista se va
a abstener. (Rumores.- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
Votación del acuerdo entre España y Estados Unidos sobre promoción de
la seguridad aérea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 147; en contra, 16; abstenciones, 128.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SOBRE
ASISTENCIA LEGAL Y COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL, HECHO EN
MADRID EL 19 DE OCTUBRE DE 1998 (Número de expediente 110/000245).
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación, por asentimiento, el
convenio entre España y Panamá sobre asistencia legal y cooperación
judicial en materia penal.
¿Lo aprueba el Pleno? (Asentimiento.)
Gracias, señorías. (Rumores.)
Señora Chamosa, a no ser que quiera salvar su voto, le ruego que
guarde silencio.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE TURKMENISTÁN
Y BELARÚS AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN
INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980
(Número de expediente 110/000246).
El señor PRESIDENTE: Declaración de aceptación por España de la
adhesión de Turkmenistán y Belarús al Convenio sobre los aspectos
civiles de la sustracción de menores, hecho en La Haya. ¿Lo acepta
así el Pleno? (Asentimiento.)
Queda aprobado el dictamen por asentimiento.
- CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOSHUMANOS Y LA DIGNIDAD
DEL SER HUMANO CON RESPECTO A LAS APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA Y LA
MEDICINA (CONVENIO RELATIVO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA BIOMEDICINA),
HECHO EN OVIEDO EL 4 DE ABRIL DE 1997 (Número de expediente 110/
000247).
El señor PRESIDENTE: Convenio para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones
de la biología y la medicina, es decir, el convenio hecho
recientemente en Oviedo el 4 de abril de 1997. ¿Lo aprueba el Pleno?
(Asentimiento.)
Queda aprobado.
- ACUERDO RELATIVO A LA ADHESIÓN DEL REINO DE ESPAÑA AL CONVENIO
SOBRE EL APOYO LOGÍSTICO Y EL PERFECCIONAMIENTO CONJUNTOS DEL SISTEMA
DE ARMAS LEOPARD, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1969, EN LA VERSIÓN DE 29 DE
ENERO DE 1997 (Número de expediente 110/000249).
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el Acuerdo de adhesión de
España al Convenio sobre el apoyo logístico y el perfeccionamiento
conjuntos del sistema de armas Leopard.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 279; en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen sobre el referido
acuerdo.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE NOMBRE Y APELLIDOS Y ORDEN DE LOS MISMOS
(Número de expediente 122/000260).
El señor PRESIDENTE: Al haber decaído el punto XI del orden del día,
pasamos al punto XII: Dictamen de la Comisión sobre la proposición de
ley sobre nombre y apellidos y orden de los mismos.
Enmiendas del Grupo Mixto. En primer lugar, tiene la palabra el señor
Rodríguez. ¿No? ¿La señora Rivadulla antes que el señor Rodríguez?
(Pausa.) Como quieran.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para defender las enmiendas que permanecen vivas
al dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley de nombre y
apellidos y orden de los mismos en nombre de Iniciativa per
Catalunya- Els Verds y Nueva Izquierda.
En primer lugar quiero decir que agradezco muchísimo la forma en que
han transcurrido los trabajos de la Comisión así como los de la
letrada, puesto que tenía cuatro proposiciones de ley y ha tenido que
hacer encaje de bolillos. La verdad es que se agradece el interés
y el buen trabajo que ha realizado la letrada, pero también el de todos
los grupos que hemos trabajado en estas proposiciones de ley.
Señorías, señor presidente, hemos pedido la avocación al Pleno porque
entendemos que la modificación que estamos introduciendo significa un
cambio muy importante en el derecho de gentes, el derecho de las
personas, el derecho de familia. Significa nada menos que superar la
concepción que hasta ahora existía de que el orden de los apellidos
es una cuestión de orden público para pasar a ser un derecho regido
por la voluntad de las partes. Creemos que es un gran paso adelante
en la civilidad por la que debemos regirnos, en una mayor democracia
en nuestras relaciones, y también un paso más en contra de la
discriminación.
Somos conscientes, señorías, de que España ya estaba bien situada en
esta materia. Si tenemos en cuenta que en países cercanos a nosotros,
como puede ser Francia, la mujer al casarse pierde directamente el
apellido; si sabemos que en el sistema anglosajón también el apellido
de la mujer queda absolutamente difuminado, nosotros ya estábamos
bien situados. Pero, efectivamente, con esto estamos dando otro paso,
y es la posibilidad de que las mujeres podamos ser nombradas por
nuestro apellido y que podamos transmitirlo también a nuestros hijos.
Nos vamos a regir, de todas maneras, señorías, por el modelo alemán,
que ya existe, que ya funciona y que no crea ningún tipo de
conflictividad ni de inseguridad jurídica, es un modelo ya
experimentado. Pero además, señorías, estamos aplicando lo que ya en
1979 la Convención de Naciones
Unidas del 18 de diciembre señaló a los Estados miembros para que se
suprimiera todo vestigio de discriminación sexista en relación con el
derecho del nombre, con el orden de los apellidos.
Por otra parte, el Comité de ministros del Consejo de Europa de 1978
estableció la misma recomendación, y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en sentencia de 22 de febrero de 1994, también señaló que el
justo proceder era que se permitiera que también el apellido de la
mujer pudiese tener prelación en la ordenación de los mismos. ¿Por
qué defendemos las enmiendas? Señorías, yo creo que es de justicia;
teniendo en cuenta que Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva
Izquierda somos un poco las madres y los padres de la criatura
-trajimos esta proposición de ley a la Cámara el 9 de diciembre, con
lo que quiero decirles que ya llevamos un año y cinco meses en la
tramitación de esta proposición de ley-, pensamos que este último
debate era necesario. Porque, si bien estamos de acuerdo en cómo ha
quedado la mayor parte de la ley; estamos de acuerdo en que se dé la
posibilidad de acuerdo para invertir el apellido y que el apellido de
la mujer vaya en primer lugar en el orden de los mismos; estamos de
acuerdo con que haya un apellido familiar único, la seguridad
jurídica así lo requiere, y con que se mantenga la posibilidad de que
los hijos, al llegar a los 18 años, como ya sucede en este momento,
puedan cambiar o invertir el orden; estamos también de acuerdo con el
carácter retroactivo de la ley y con la posibilidad de adecuar la
gramática y la fonética a las distintas lenguas del Estado español.
Con todo esto estamos de acuerdo, pero queda un punto de
discrepancia, y es que nosotros queremos dar la posibilidad de que
SS.SS. vuelvan a reflexionar sobre el tema y que perdamos los miedos
que de momento todavía tenemos.
Nosotros no queremos que en caso de discrepancia resuelvan los
tribunales; no es esta nuestra voluntad. Nosotros creemos que la
gente es mucho más sensata de lo que nuestros miedos -que nos están
autolimitando- anuncian. La gente es sensata, la gente tiene sentido
común. Y la gente, las parejas, están decidiendo continuamente en
multitud de temas: deciden sobre el nombre de los hijos, sobre la
residencia donde van a fijar su domicilio conyugal, sobre el régimen
económico matrimonial, sobre el número de hijos, y para todo esto no
acuden a los tribunales, llegan a acuerdos. Nosotros decimos que sea
la pareja, de mutuo acuerdo, quien decida el apellido. Eso no
significa predeterminar que tiene que salir triunfante el que sea el
apellido de la madre; pero si nosotros dejamos abierta la posibilidad
de que en caso de acuerdo prevalezca lo que establece el artículo 53
de la Ley del Registro Civil, significa que damos la oportunidad para
que se dé una conversación como la que a continuación voy a
representar aquí. Si el marido o el compañero le dicen a la mujer o a
la compañera: de este tema no quiero ni hablar, está claro que el
marido o el compañero saben que el apellido que va a prevalecer es el
suyo, porque
no hemos modificado el artículo 53 de la ley citada, señorías.
Por tanto, defendemos estas enmiendas y yo espero de este último
trámite que pueda haber una reflexión. De cualquier manera anuncio
que somos conscientes de que esto ha significado un paso adelante;
que somos conscientes de que estamos dando respuesta a muchas parejas
que se habían dirigido a nosotros diciendo que, como esto estaba
considerado una cuestión de orden público, no había manera de
solucionarlo; que somos conscientes de que había gran cantidad de
recursos ante la Dirección General de Registros y Notarías que no se
solventaban, y habiendo realizado previamente una pregunta al
Gobierno a la que se nos contestó que solamente era posible mediante
el cambio de ley, hemos traído esta proposición de ley. Pero somos
conscientes de que, efectivamente, es un paso adelante. Por ello, si
al final nuestras enmiendas no son aceptadas, vamos a votar a favor
del dictamen, porque pensamos que es de justicia y es dar una
solución. Creemos que de esta forma no estamos promoviendo el cambio
cultural profundo que proponíamos; pero sí hemos roto de alguna
manera el tabú que hacía incuestionable que fuera el nombre, el
apellido del padre, el que se transmitiera de generación en
generación. Eso lo estamos solventando con esta ley.
Señorías, estaremos muy atentos al Reglamento. Hemos dado tres meses
de plazo para que éste se realice; estaremos muy atentos al
Reglamento porque vamos a ver cómo requerirá a las parejas el juez
encargado del Registro Civil si han llegado a un acuerdo o no, o si
se va a limitar a anotar lo que diga el padre, que es normalmente el
que va al Registro, porque la madre suele estar en la clínica o
recuperándose. Normalmente es el padre, el progenitor, el que va a
registrar. O sea, cómo va a quedar esto anotado en el Registro Civil.
Por último, señorías, quiero decir que desde Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda vamos a demandar
del Gobierno que haga una campaña suficiente y clara para que la
población tenga conocimiento de que, a partir de la aprobación de
esta ley (yo cálculo que, con todos los trámites que todavía nos
queda, puede entrar en vigor en diciembre de este mismo año) y con
este cambio legislativo, se ha abierto la posibilidad de que el
apellido de la madre, decidido de común acuerdo, pueda ser el que
ocupe el primer lugar de esto que llamamos el apellido familiar.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
El señor Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, me pide, por
razones técnicas, realizar su intervención más adelante, en el
momento de la fijación de posición. Ya saben que el acuerdo que rige
las intervenciones del Grupo Parlamentario Mixto es que, con
independencia de la posición que adopten sus miembros -es decir,
aunque sea diferente-, todos utilicen el mismo turno.
No obstante, dadas las razones que me ha invocado el señor Rodríguez,
sin que sirva de precedente, tendrá la palabra en el momento de la
fijación de posición.
Pasamos ahora, en consecuencia, a las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que serán defendidas por el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Adelanto que, en el supuesto de que dichas enmiendas no fueran objeto
de aceptación por la Cámara, ello no va a impedir que nuestro grupo
vote favorablemente el dictamen procedente de la Comisión.
Nuestro planteamiento frente a este texto legislativo es un
planteamiento, si quieren ustedes, muy poco trascendental. Nosotros
arrancamos no tanto del principio que se invoca en el preámbulo (que
quiere hacer una referencia a los posibles comportamientos sexistas
en cuanto a que el orden de los apellidos viniera precedido siempre
por el apellido del varón y no de la mujer), sino de una filosofía
absolutamente distinta. Arrancamos de la filosofía del derecho a la
identidad de cada ciudadano, que es algo que está bastante por encima
de una posible polémica acerca de machismo o feminismo. El derecho a
la propia identidad se manifiesta de forma sustancial en algo tan
importante como el nombre y los apellidos. Es evidente que el
ciudadano, cuando no tiene mayoría de edad, debe soportar las
decisiones de sus progenitores, y por eso celebramos que en todos los
artículos que se reforman, alcanzada la mayoría de edad, se le
reconozca al ciudadano no ya cambiar sus apellidos, sino nombrarse
como le parezca conveniente. El Estado de derecho y el orden público
no van a sufrir ningún menoscabo porque la gente se llame como le
parezca conveniente. No hagamos de éste un asunto crucial, porque no
es así, entre otras cosas, porque es frecuente que en la mayoría de
nuestros pueblos a la gente se la conozca hasta por el apodo, y el
apodo ha acabado, al final, convirtiéndose en el verdadero nombre a
través del cual identificamos a las personas. Repito que, por ello,
tenemos que poner el acento no tanto en una polémica -respetable-
acerca del sexismo, sino en la identidad del ciudadano, el derecho a
la propia identidad, el derecho a eso tan importante que se llama el
ser humano como un ente absolutamente irrepetible. En esta línea, el
que nuestra legislación no sólo acepte, sino proteja, ese derecho de
modo tal que esto no pueda ser objeto de discusión, nos parece bien.
Creo, sinceramente, que este tema ya estaba resuelto, si se arranca
del derecho a la propia identidad y del derecho a ponerse el nombre
que a cada uno le parezca conveniente. ¿Por qué? Porque nuestra
legislación tenía perfectamente previstas lo que se llamaban las
rectificaciones registrales. Es decir, aquella persona que, incluso
teniendo un nombre y unos apellidos o una filiación con arreglo al
Registro Civil, no hubiera hecho uso de ella, sino que hubiera
adquirido estado de derecho la utilización de otro nombre y otros
apellidos,
tenía la posibilidad de acudir al Registro Civil y, en un
expediente de rectificación registral y demostrando que ha poseído y
que ha ejercido con tal nombre o apellidos, acababa alcanzando la
rectificación en un expediente de jurisdicción de carácter
voluntario.
Por ello, comprenderán ustedes que, cuando se ha planteado este tema,
por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida haya
habido la predisposición más absoluta a que establezcamos las
fórmulas que queramos. (El señor vicepresidente, FernándezMiranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.) ¿Qué ocurre con nuestras enmiendas?
Que nuestras enmiendas van un poco más allá de esta proposición de
ley, porque si esta proposición de ley establece que en determinados
supuestos -en el supuesto de la llamada filiación por ambas líneas,
perfectamente reconocida-, se tiene o no que llegar a un acuerdo,
nosotros pensamos que, incluso de no llegarse a un acuerdo, en este
tema puede perfectamente actuarse, si se quiere, por aquel que hace
la declaración, porque no presupone ningún cambio en la naturaleza
del ser al que se le coloca una denominación; en su caso, el día que
sea mayor ya escogerá. Es más, tenemos nuestras dudas, incluso, sobre
la restricción a que se somete a los hijos segundos, terceros o
cuartos como consecuencia de la decisión adoptada con el primero.
¿Por qué van a ser de peor calidad?
Y desde luego celebramos enormemente el que ya a los chicos se les
ponga un nombre compuesto o dos nombres simples, lo cual espero que
sea aceptado hasta por la dinastía, que cuando llega el momento de
tener herederos pone una ristra de denominaciones que, sinceramente,
se harán muy gratas al santoral, pero poco tienen que ver con una
cierta austeridad o cautela, llegado el momento de no gastar tantos
folios en el Registro Civil.
En consecuencia, vamos a votar favorablemente este tema, que no tiene
para nosotros ninguna actitud conflictiva, que pensamos que no debió
tenerla nunca, pero la vamos a votar favorablemente, repetimos, desde
una afirmación categórica: el derecho del ciudadano a la propia
identidad nace por el derecho a llamarse él y a pedir ser llamado y
ser conocido como le parezca conveniente, porque eso en modo alguno
va a perjudicar el orden público; ya tendrá él en cuenta, en el uso
de ese nombre y esos apellidos, cuáles sean las expectativas
jurídicas que se pueden ver afectadas en el supuesto, lógicamente, de
la sucesión mortis-causa, y por tanto estamos convencidos de que el
sentido común que ha invocado la señora Rivadulla operará en este
tema.
Evidentemente tenemos que hacer una última referencia, señor
presidente, a que nos parece absolutamente elemental que, con arreglo
a la cultura de cada una de nuestras nacionalidades y regiones, haya
una actitud, no ya de carácter restrictivo, sino absolutamente amplia
para que las formas coloquiales, para que las denominaciones y la
terminología de todas las lenguasque constituyen nuestro acervo
cultural, también se
refleje en la denominación que cada uno quiera poseer o de la que
quiera dotarse.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Es motivo de gran satisfacción para el Bloque Nacionalista Galego dar
su apoyo a este proyecto de ley después de haber pasado por amplias
discusiones que partían de un comienzo de reticencia y de
incredulidad; reticencia a crear una inseguridad jurídica por parte
de algunos, e incredulidad porque se consideraba que no se
necesitaban gran parte de las modificaciones que acabamos de llevar a
cabo. Afortunadamente, después del proceso de debate y de la
información, todos hemos llegado a un punto común de normalidad, de
justicia y de asunción de algo que es una realidad palpable.
Quedó claro que los nacidos después de 1977 tenían amplias
dificultades de carácter legal para poder poner sus nombres, su
onomástica, en el equivalente a la lengua respectiva, que hasta
entonces no había sido oficial, de cada una de estas partes del
territorio del Estado español. Por tanto, nosotros acabamos de librar
de una dificultad jurídica a los ciudadanos de territorios del Estado
que quieren identificarse con su cultura y su lingüística a partir de
la libre elección individual. Por tanto, a partir de ahora no tendrán
ninguna dificultad los muchachos y muchachas nacidos a partir de 1977
en poner el Ángeles que le pusieron sus padres en Anxos, o en poner
el Eduardo en Duarte, o su Martín en Martiño, o su Pablo en Paulo, en
el caso de nuestra lengua. Por supuesto, se podrían buscar los
ejemplos en las otras lenguas del Estado, como son el vasco y el
catalán.
Pero es que además, afortunada y felizmente, otros grupos
parlamentarios aprovecharon la ocasión para intentar regularizar lo
que afectaba a las formas de los apellidos que estaban prácticamente
deturpadas, que estaban bárbaramente españolizadas. Nadie dudará de
que Saavedra, de que Cervantes, de que Leira, de que Ferreiro, de que
Varela, de que Fraga, de que Trillo o Figueroa son apellidos
gallegos, apellidos originados en lengua gallega. Pero seguramente
esto, que es asumido con naturalidad porque muchas veces no se sabe
el origen, no se asumió en el caso de apellidos como Buxán, que
pasaron a ser barbarizados con Buján. Sus señorías deben saber que
Buxán en lengua gallega tiene un sentido, es el lugar donde están los
buxos, los bojes del español. En español, de existir, sería bujano o
bojano. Ameixeiras son una especie de claudias o una especie de
producto del campo, de unos árboles de frutas que no sé si tienen
equivalente en español; desde
luego no es ameijeiras. Hay otros casos, como Otero, que felizmente
pueden pasar a ser Outeiro; o Soto a Souto. Incluso Rajoy, que es el
nombre de una familia germánica con grandes propiedades, puede ser
Raxoi definitivamente. O Almunia, que es Almuiña, y curiosamente ese
Almuiña en gallego no llegó a españolizarse nunca en Almunia. En fin,
todo esto es un grado de normalidad, de naturalidad, que
afortunadamente todos los grupos parlamentarios asumieron.
Hay otra parte de esta proposición de ley que se refiere al orden de
los apellidos. Aquí el Bloque Nacionalista Galego quiere ser claro: o
hay un cambio cultural radical y se pone delante el apellido de la
madre y después el del padre, lo cual corresponde a una visión
cultural, e incluso si se quieren biológica, o se da la otra
posibilidad que es la libertad ejercida, naturalmente, como siempre
cuando se ejerce la libertad, con información y con cobertura del
derecho, que deja en manos de los progenitores por mutuo acuerdo el
orden de los apellidos de sus hijos o hijas.
Nosotros abogamos por esta opción, que se buscó en la Comisión,
porque pensamos que es mejor esto que no dejarlo al criterio o al
capricho de los tribunales en caso de desacuerdo. Nos damos cuenta de
que habrá dificultades para ejercer esta libertad plenamente por
parte de las mujeres, pero este es un campo, como tantos otros, en
que libertad, necesidad, debate y dificultades están perfectamente
unidas. Se trata de poder ejercer la libertad con pleno derecho y
habrá que levantar todos los atrancos que lo dificulten.
Por tanto, nuevamente queremos expresar nuestra satisfacción, porque
pensamos que se da un paso importantísimo en el reconocimiento de la
pluralidad, en el reconocimiento de la diversidad, desde un punto de
vista, además, de gran fundamento de carácter cultural, antropológico
y legal.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, señorías, llegan hoy al
Pleno cinco proposiciones de ley -que han sido tramitadas con
admirable armonía y casi total consenso- relativas a la esfera
personal de la propia identidad, a cómo se fija ésta oficialmente,
referida por supuesto a como la reconoce el derecho, pero con respeto
a las opciones individuales y familiares en dos aspectos: la elección
del apellido y la elección de la grafía de nombre y apellido.
Cuatro iniciativas recogen el derecho de los padres a dar a sus hijos
como primer apellido el de la madre, si así lo desean, alterando la
costumbre y la norma que ha regido hasta ahora. Debo manifestar la
inicial duda que asistió a mi grupo a este respecto por la posible
inseguridad jurídica que pudiera generarse. Nos convenció, sin
embargo, ponderando valores, el que se
trata de una medida que equipara los derechos de hombres y mujeres,
que respeta la libertad de las parejas y que relega las competencias
del Estado en lo que se refiere a la vida y a las costumbres
privadas. Por eso no nos parece adecuado que en caso de falta de
acuerdo se pretenda, como todavía sostiene la enmienda de la señora
Rivadulla, que se judicialice la vida privada.
Creemos que hay opción, con una llamada al acuerdo, y si no, rige la
norma imperativa, igual que ha ocurrido hasta ahora, siempre con la
posibilidad de que los hijos al llegar a los 18 años alteren este
orden o, en todo caso, si la pareja finalmente llega a un acuerdo,
podría hacerlo según la disposición que la propia norma contempla.
Desaparecerá así esa frase, tan odiosa para esta diputada, que te
comentan algunas parejas sobre su deseo de que el primer hijo que
tengan sea varón para poder así perpetuar la memoria de la estirpe.
La iniciativa sobre la grafía, cuya entrada en la Cámara hay que
agradecer al Bloque Nacionalista Galego, consagra ahora, veinte años
después, algo que parecía ya obvio -iba a decir que obvio desde
siempre-, pero sobre todo desde la entrada en vigor de la
Constitución, que es la cooficialidad lingüística. Pretendía la
iniciativa gallega corregir una situación que se daba tras la entrada
en vigor de las reformas de la ley de 1977, que impedía a los jóvenes
nacidos posteriormente, cuyo nombre se hubiese inscrito en
castellano, ejercitar luego la opción de traducirlo a una lengua
distinta.
Se ha aprovechado también para regular el cambio ortográfico de los
apellidos simplificándolo notablemente, como evidencia la mera
lectura de los apartados 2.º y 3.º, así como la claridad con la que
en el apartado 4.º se establece la gratuidad de los trámites. Urge
ahora, creemos, la normativa reglamentaria a la que la propia ley
llama, porque es sabido que en los registros el sistema de fuentes va
con frecuencia de abajo arriba, y se puede hacer caso antes a una
circular que a lo que la propia ley establezca.
Sólo me queda formular ahora en Pleno un deseo, que ya manifesté en
Comisión, deseo que es expresión de derechos, y que es este: la
exigencia del respeto social y usual al nombre que cada uno haya
elegido como propio con arreglo, por supuesto, al ordenamiento.
Creemos que el respeto a su autonomía personal y familiar que la ley
consagra exige que sean llamados con el nombre que oficialmente
ostentan. Mis compañeros de grupo, señores Anasagasti y Zabalía,
deben ser llamados Iñaki y Jon, y no Ignacio y Juan, como todavía es
habitual en determinados medios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señoras y señores diputados, con la
proposición de ley sobre nombre y apellidos
y alteración del orden de los mismos, hoy esta Cámara va a
aprobar una reforma significativa y socialmente muy relevante, que da
respuesta a las legítimas peticiones de muchas familias.
Hasta hoy el ordenamiento español no era el más desfavorable para el
apellido de las mujeres si lo comparamos con otros ordenamientos de
nuestro entorno. Si hacemos un análisis de derecho comparado, nuestro
ordenamiento no era el más desfavorable, otros comportan la pérdida
del apellido de la mujer cuanto ésta se casa, o el hecho de que
ningún apellido de la mujer pase a los hijos. No es el caso del
ordenamiento español, en el cual la mujer conserva siempre sus dos
apellidos y transmite su primer apellido como segundo apellido de sus
hijos.
El hecho de que nuestro ordenamiento no sea el más desfavorable no
implica que no sea discriminatorio para el apellido de las mujeres;
es discriminatorio. El apellido de las mujeres se pierde en segunda
generación y, no nos engañemos, el apellido de las mujeres no es el
que normalmente rige como apellido familiar y social; el apellido
familiar y social normalmente es el del hombre o el marido.
El diccionario de la Real Academia define al apellido como nombre de
la familia con el que se distinguen las personas. Este nombre de la
familia con el que se distinguen las personas, según dice el
diccionario, es normalmente el del padre o el del marido, no es el de
la mujer. Hasta ahora ha sido así y, a partir de ahora, no tiene por
qué ser así.Con la reforma que hoy aprobamos esto puede cambiar.
Actualmente, el artículo 109 del ordenamiento sólo permitía alterar
el orden a partir de la mayoría de edad de la persona, a petición de
la persona y cuando ésta alcanzase la mayoría de edad. Poco se
ejercitaba este cambio. Una persona, cuando ya lleva 18 años o más
con un primer apellido, es muy difícil que cambie ese primer apellido
y lo altere. Por tanto, a partir de ahora sí que va a poder ser.
Desde el inicio los progenitores van a poder fijar el orden de los
apellidos que transmiten a su hijo o hija. No existe, por tanto, un
orden preestablecido. Esta fue una enmienda transaccional de nuestro
grupo en el trámite de Ponencia, y aprovecho para agradecer a la
letrada, a la ponente del Grupo Popular y al resto de los grupos el
esfuerzo que se ha hecho para consensuar una buena solución; solución
que comporta que no hay un orden preestablecido, que los padres,
igual que deciden el nombre, van a tener que decidir el orden de los
apellidos, con la salvedad de que cuando deciden un orden para el
primer hijo o hija este orden va a tener que ser el mismo para los
subsiguientes, pero no hay un orden preestablecido.
Por razones de seguridad jurídica los legisladores tenemos la
responsabilidad de prever que si no se ejercita una opción tenga que
haber una solución de derecho supletorio, alguna solución debe haber.
Nuestro grupo no está de acuerdo en dejar este tema a lostribunales,
decir que resuelvan los tribunales si no hay
acuerdo. Este no es un tema de administración de justicia; demasiadas
dilaciones tiene la Administración de justicia como para que ahora
dejemos en manos de un juez que decida cuál va a ser el orden de los
apellidos; no. Debe haber una regla supletoria, pero -insisto- no hay
un orden preestablecido y por tanto a partir de ahora los
progenitores van a decidir este orden.
En la proposición de ley que hoy aprobamos, a instancias -y quiero
agradecérserlo muy especialmente- del Bloque Nacionalista Galego,
modificamos el artículo 54 de la Ley de Registro Civil. Es una
modificación importante, una modificación que permite la
regularización ortográfica de los apellidos cuando la forma inscrita
en el registro no se adecua a la gramática y fonética de la lengua
española correspondiente. Ahora, el encargado del registro va a tener
que hacer esta adaptación.
Celebramos esta iniciativa y tenemos que destacar que en Cataluña la
Generalitat aprobó el decreto 208/1998, de 30 de julio, que ya hacía
posible esta adaptación del nombre y apellidos si su forma no era la
correcta en la lengua catalana o en la lengua aranesa. A partir de
esta modificación, propuesta por el Bloque Nacionalista Galego, esto
va a poder hacerse en otras lenguas. La adaptación a la lengua
catalana y a la aranesa, ya la teníamos, y ahora será posible para
otras lenguas.
Señorías, hasta principios de la Edad Media no se empezó a usar el
apellido en Europa, siendo los señores feudales y los guerreros, no
las guerreras, los primeros que empezaron por unir a su nombre de
pila aquel nombre de las tierras o pueblos cuyo dominio o posesión
obtenían. Hoy damos un cambio en este largo iter de regulación del
apellido en nuestro ordenamiento jurídico. Y damos un cambio que sin
duda beneficiará la paridad y también que no se pierdan determinados
apellidos singulares, apellidos que hoy se perdían y que a partir de
ahora, si de común acuerdo la pareja lo decide, van a poder
perpetuarse.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego
concluya, señoría.
El señor JANÉ GUASCH: Termino, señor presidente.
Esperamos que esta reforma, señorías, tenga un gran calado social y
que permita avanzar en la necesaria paridad en este ámbito.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, señorías, sean mis
primeras palabras para hacer constar, y que se transmita a través del
«Diario de Sesiones», el agradecimiento de mi grupo, y creo que de la
totalidad
de los grupos parlamentarios, a la excelente labor de la letrada
doña María Teresa González Escudero, que ha facilitado con su
dedicación ejemplar los trabajos de la Ponencia, que no eran fáciles,
en cuanto tenían que unificar cinco proposiciones de ley distintas,
no todas coincidentes en su objetivo.
Superados los trámites de Ponencia y Comisión, nos encontramos hoy en
el Pleno celebrando una ceremonia importante, el debate general sobre
esta ley, que viene a desarrollar lo que es un derecho humano
fundamental, el derecho al propio nombre, algo que tenemos que
considerar siempre, según el artículo 10 de la Constitución española,
como una manifestación del desarrollo libre de la propia
personalidad.
Desde este punto de vista, lo que vamos a aprobar hoy tiene una
unidad clara, aunque provenga de proposiciones distintas. Estamos
consagrando la libertad de la formación del nombre propio, del nombre
legal en su conjunto, tanto del nombre propio o de pila, como se
llamaba antes, como de los apellidos que en conjunto forman el nombre
de cada persona. Ello es, desde las perspectivas de la libertad y del
respeto a nuestra Constitución y a la existencia de una realidad
plurilingüe, absolutamente indiscutible en nuestro país. Se resume en
una unidad la posibilidad de elección por parte de los progenitores
del orden de los apellidos de sus vástagos, la posibilidad de
modificación gráfica de los apellidos y evidentemente la adaptación
lingüística de los nombres sin limitación de edad, conjugándolo, a
nuestro entender de una forma adecuada, con las exigencias de la
seguridad jurídica, ya que en la proposición que espero que se
convierta en ley pronto se extiende la opción realizada para el
primero de los hijos comunes al conjunto de los hijos comunes. Es
cierto que podría pensarse que el derecho al propio nombre individual
prevalecería frente a eso, pero entiendo que la actitud prudente que
demostramos en conjunto, pidiendo que los hijos comunes de los mismos
progenitores deben ser identificados por el mismo nombre conjunto,
familiar, es adecuada. Porque si es cierto, tal y como he empezado mi
intervención, que el nombre es un derecho humano fundamental y que
conlleva una manifestación del libre desarrollo de la personalidad
propia, asimismo lo es que es un instrumento de seguridad jurídica en
el tráfico diario. Y a ello debemos atenernos también.
Vamos a abstenernos en las enmiendas que se mantienen en estas
proposiciones de ley por parte de los grupos Mixto e Izquierda Unida
y no sólo por los argumentos que han dado antes otros portavoces, con
los cuales coincidimos, sino por el hecho de que creemos que
judicializar la resolución de una posible no concordancia de
voluntades en este caso no viene a ser más que un bucle que obliga a
pasar por el juzgado, sin que haya un resultado posible distinto,
puesto que, si no dotamos de una norma interpretativa sobre la cual
tenga que resolver el juez y éste no puede negarse adictar sentencia
o resolución bajo, pretexto de insuficiencia
u oscuridad de la ley, no queda más remedio que ir a la fuente de
derecho inmediatamente siguiente, a la norma escrita, que es la
costumbre. Y la costumbre, en nuestro país, ha sido y es en este
momento la precedencia del apellido paterno respecto al materno.
El resultado va a ser exactamente el mismo con el texto que consta en
el dictamen de la Comisión y este nos parece más sencillo, más
rápido, más directo, y que evita complicaciones en la aplicación de
la ley, ley que, nos interesa mucho destacarlo, está destinada a ser
aplicada millares de veces cada día por millares de operadores
jurídicos distintos. No se trata de una ley reservada a la aplicación
judicial, sino que es de aplicación social, directa e inmediata, en
millares de casos cada día por millares de personas distintas. Por
eso nos congratulamos de que la Comisión aprobara por unanimidad
nuestras enmiendas respecto al plazo de entrada en vigor, la vacatio
legis, de la norma y la obligación imperativa de que el Gobierno
dicte el reglamento en el plazo de tres meses desde la aprobación,
por tanto antes de su entrada en vigor. Esta es una ley que deben
interpretar, ya lo he dicho, millares de personas distintas y las
normas de interpretación y de aplicación han de ser claras, sencillas
y contundentes, debiendo establecer las garantías necesarias para que
el acuerdo de voluntades que quiere el legislador que exista conste
realmente a los registradores en el momento de hacer las
inscripciones oportunas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pedret,
le ruego concluya.
El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señor
presidente.
Quiero acabar recordando algo que todas SS.SS. saben, pero que nunca
está de más, que es la vigencia del artículo 9.2 de la Constitución
española, que obliga a todos los poderes públicos, por tanto también
al Gobierno, a remover todos los obstáculos que existan para la
igualdad entre las personas. Como la ley que vamos a aprobar no es
sólo de libre manifestación de la personalidad, sino que asimismo es
una ley que va en favor de la igualdad de las personas, algo que no
existía por completo anteriormente, dado que un supuesto criterio
técnico en realidad estaba haciendo prevalecer los valores masculinos
sobre los valores del conjunto de la población, creemos que el
Gobierno debe aplicar muy activamente el artículo 9.2 y hacer una
campaña clara, insistente, precisa y tan extensa como fuere
necesario, para que la población conozca la nueva norma y pueda
aplicarse realmente en la práctica, no dejándola en puro flatus vocis
o en palabras muertas en el Boletín Oficial del Estado.
Naturalmente, como se desprende de mis palabras, vamos a votar
afirmativamente el conjunto del dictamen.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pedret.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Señor presidente, señorías, subo a esta
tribuna para fijar posición en nombre de mi grupo acerca de una
proposición de ley que consideramos de gran interés, de gran
importancia, de interés social, y, al mismo tiempo, como ya ha
señalado alguno de los portavoces que me han precedido, de relevancia
jurídica, porque se refiere a un derecho fundamental de las personas.
Sucede que la regulación actual contiene una evidente discriminación,
como todos los grupos han resaltado, entre el hombre y la mujer, en
el régimen jurídico del nombre, al no permitir en ningún caso que el
apellido de la mujer pueda preceder al del hombre. Hoy,
efectivamente, un matrimonio o pareja no tiene posibilidad de elegir
el orden de apellidos que desea poner a sus hijos en el momento de la
inscripción en el Registro Civil. Siempre el apellido del hombre
precede al de la mujer. Y la importancia precisamente de la reforma
que se introduce con esta proposición de ley en el Código Civil es
establecer la libertad de elección para que los padres, de común
acuerdo, decidan el orden de los apellidos, en el bien entendido de
que la decisión tomada para el primero de los hijos será la que
deberá utilizarse en el futuro para los hijos de igual vínculo. Y, lo
que no obsta también, para que ante el no ejercicio de las opciones
posibles, del uso de la libertad, deba regir lo dispuesto en la ley.
Así se configura en el texto que hoy vamos a votar y así sin duda lo
defendió nuestro grupo desde el principio, para evitar la
conflictividad y el vacío legal en que quedaríamos.
La opción que mantiene nuestro grupo tiene como base ese principio de
seguridad jurídica al que han aludido los distintos grupos
parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra. Es lo
que nos lleva a nosotros a no aceptar, a tener que votar en contra,
las enmiendas que se presentan en esa alternativa que siguen
manteniendo algunos diputados del Grupo Mixto y de Izquierda Unida,
al ofrecer como único marco, en el caso de que no haya acuerdo, los
tribunales y sobre la base además de una completa ausencia de
referencia legal y, por lo tanto, de la más clara y evidente
inseguridad jurídica. Por otro lado, la proposición de ley contempla
también un extremo de interés, cual es el introducir en el artículo
54 de la Ley de Registro Civil el uso normal de las diferentes
lenguas del Estado español y la obtención de un estatuto jurídico que
respete su riqueza idiomática.
Lo mismo podemos manifestar en relación con la posibilidad de
permitir regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma
inscrita en el Registro no se adecue a la gramática y fonética, en
definitiva a la ortografía de la lengua española correspondiente. El
que una persona pueda apellidarse en la lengua que nuestra pluralidad
lingüística permite es valorado claramente en
forma positiva por el Grupo Popular. Nos parece asimismo adecuado
recordar que la propuesta del texto que hoy previsiblemente se va a
aprobar coincide con la proposición de ley de nuestro grupo y que
contemplaba que, en el supuesto de la existencia de hermanos menores
de edad, en el momento en que la ley entrara en vigor, los padres
podrán decidir la anteposición del apellido del padre o de la madre,
siendo esto siempre para todos los hijos. Se incluye también que la
posible alteración del orden de los apellidos se subordine a la
necesaria audiencia, si este menor tuviese suficiente juicio.
Termino, señor presidente, señorías, señalando que nuestro grupo
valora positivamente que se haya llegado a un amplio consenso en un
proyecto de ley que contiene un cambio cualitativo muy importante, en
un tema de interés social, como decía al principio de mi
intervención. Se acaba de una vez por todas con una discriminación en
la legislación, adecuándola a una nueva realidad social, a una nueva
cultura que es necesario que se extienda por toda la sociedad
española, y al principio fundamental de igualdad. Con ello se da
cumplimiento al principio constitucional de igualdad como derecho y
valor fundamental que debe integrarse en todo ordenamiento jurídico.
Y aquí había una laguna evidente en nuestro ordenamiento jurídico.
Pero lo que es más importante es que se asegura la libertad de los
padres. Y sólo asegurando, señorías, la libertad de los dos, del
padre y de la madre, se asegura la libertad e igualdad del hombre y
de la mujer como ciudadano individual.
Por ello, señor presidente, señorías, todos los grupos, todos los
ponentes, a los que yo también agradezco el trabajo, con la ayuda
inestimable de la letrada, todos, con el mejor espíritu de consenso,
podemos felicitarnos porque este amplio, este razonable acuerdo al
que hemos llegado, con el respeto a alguna legítima discrepancia,
permitirá que, a partir de la entrada en vigor de esta proposición de
ley, las mujeres sean en nuestro país más iguales a los hombres. Y
nuestra legislación será más igual también.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sainz.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LA MEMORIA DEL CONSEJO GENERAL
DE PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE A 1997.
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA
MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA
REFERIDA AL AÑO 1997 (Número de expediente 245/000004).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Continuamos con
el orden del día.
Como saben SS.SS., los puntos 49 y 50 han decaído. Por tanto, pasamos
al punto 51. Propuestas de resolución presentadas con motivo del
debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades
del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales
de justicia referida al año 1997.
Han sido presentadas resoluciones por los grupos parlamentarios
Socialista, Popular y Catalán (Convergència i Unió).
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo presenta una serie de propuestas. Unas van dirigidas al
Gobierno y otras al Consejo General del Poder Judicial y todas ellas
están en consonancia con lo que son los problemas de mayor actualidad
que se pueden desprender, no solamente de la memoria presentada por
el Consejo General del Poder Judicial, sino también de lo que fue el
debate con motivo de esa presentación acaecido en esta Cámara en el
marco de la Comisión de Justicia e Interior.
Intentan nuestras propuestas resolver una serie de problemas que
creemos que son de especial transcendencia. En primer lugar,
pretendemos reforzar el servicio público de la justicia, su
eficiencia y su gestión. Y qué mejor forma de hacerlo que
profundizando y mejorando todos los mecanismos que garanticen una
adecuada inspección de tribunales, un adecuado control de la
actuación de los tribunales, una vehiculización incluso -por qué no
decirlo- de los aspectos disciplinarios y una utilización, como medio
instrumental también, de la estadística.
Para lograr estos objetivos, planteamos como primera propuesta la
necesidad de instar al Gobierno a que dote de recursos necesarios, en
el ámbito de su competencia, todo lo concerniente a la
informatización íntegra de la Administración de justicia. Ello
garantizará conseguir un mayor y mejor conocimiento y control sobre
la situación real de los juzgados y tribunales, que permitirá también
al órgano de gobierno de los mismos actuar donde se detecten
disfunciones. Por tanto, garantizamos funcionamiento del servicio
público y mecanismos de mejora de la tarea de inspección y control.
En segundo lugar, hablamos de un problema que empieza a crear una
cierta alarma. En varios medios de comunicación, con motivo de
determinadas resoluciones judiciales, se encendió la luz roja en el
sentido de al menos expresar la preocupación por lo que se ha venido
denominando la indulgencia con jueces de poco rendimiento. Y es
verdad, hay un problema serio.
Tengo en mis manos un periódico donde se comenta una resolución del
Supremo y un miembro del Consejo General del Poder Judicial, que
mantiene lógicamente su anonimato, llega a decir lo siguiente:
Estamos muy preocupados porque no se pueden ejercer funciones
disciplinarias si contra eso se une la protección al colega, el
corporativismo. Frente a un juez vago, cabe plantearse
si son los jueces los que deben cancelar las sanciones a sus pares,
pero hay que seguir actuando. Esto es un botón de muestra de ese
clima, que nosotros pondríamos en relación con un problema, también
estructural, del funcionamiento de los órganos de la justicia en
España. Es el siguiente: ¿En qué medida los administrados por el
Consejo General del Poder Judicial pueden anular decisiones del
propio órgano de gobierno de jueces y magistrados? Es verdad que
están los artículos 24 y 106 de nuestra Constitución y que la acción
de todos los poderes no puede sustraerse al control de legalidad ni
al control jurisdiccional. Pero la corrección que a veces se produce
de las actuaciones y decisiones del propio órgano de gobierno del
Poder Judicial, de jueces y magistrados, obliga a plantearse esta
cuestión.
En esta perspectiva, la segunda propuesta insta al Gobierno a que
inicie una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para
intentar que las sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo
General del Poder Judicial tengan un control jurisdiccional de nueva
regulación, a través de un órgano jurisdiccional revisor específico,
sustrayéndolo de la competencia que actualmente tiene atribuida en
exclusiva la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Resolvemos un
problema estructural, abrimos el debate, no damos una fórmula
cerrada, pero apuntamos un problema que empieza a preocupar, a la
vista de la cantidad de revocaciones de sanciones disciplinarias que
el propio Consejo General del Poder Judicial ha impuesto en
determinados supuestos.
La tercera propuesta de resolución también se dirige al Gobierno y
pretende reforzar los mecanismos de interrelación. Hablábamos de que
el papel del Parlamento en nuestra democracia es un papel central, de
que en la acción del servicio público de la justicia debe
garantizarse una sinergia, de que no debe existir nada ajeno entre
los poderes, que no es bueno que existan poderes estancos, que debe
haber una interrelación lógica que se deriva de nuestra Constitución.
La elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial es
un buen mecanismo, pero su presencia sólo en determinadas ocasiones
de especial solemnidad no es el mejor de los instrumentos para
garantizar mecanismos de control democrático, de relación
Parlamentoórgano de gobierno del Poder Judicial. Desde este punto de
vista, proponemos la necesidad de reformar algunos preceptos de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, para que permita ese control
democrático, esa interrelación entre el Consejo General del Poder
Judicial y el Parlamento, para dar cuenta a los representantes de los
ciudadanos de aquellas decisiones de política judicial que se adoptan
y de cómo se ejerce la política disciplinaria y de responsabilidad.
Abrevio. El resto de las propuestas de resolución se dirige al propio
Consejo General del Poder Judicial. Una primera aborda el problema de
la inspección de tribunales y se plantea la necesidad de poner en
marcha todas las medidas que en el propio Libro Blanco de la justicia
se recogen, para reforzar y reformar la inspección
de los tribunales y remitir trimestralmente a la Cámara un
informe en el que se contenga el número de inspecciones realizadas y
las circunstancias relacionadas con las mismas. En quinto lugar, nos
dirigimos al Consejo General del Poder Judicial, instándole a
garantizar una mejora de los instrumentos de formación, de la
especialización y sobre todo de una adecuada integración entre teoría
y práctica, que lleve adelante actuaciones que permitan que el curso
de la escuela judicial cumpla los objetivos marcados por el Libro
Blanco, potenciando esa integración que decíamos de teoría y
práctica. La sexta resolución, también dirigida al Consejo General
del Poder Judicial, intenta mejorar los mecanismos de selección y de
especialización, garantizando la selección ágil de las pruebas y la
potenciación de otros sistemas, como el concurso-oposición y el
concurso entre juristas de reconocida competencia, especialmente por
el turno de especialistas. La séptima y última propuesta de
resolución de nuestro grupo, asimismo dirigida al Consejo General del
Poder Judicial, intenta resolver un problema muy serio y muy
estructural: las vacantes. No se está dando una solución al problema
de las vacantes existentes y el Consejo del Poder Judicial tiene
instrumentos que se derivan de la vigente Ley Orgánica del Poder
Judicial. Nos dirigimos al Consejo para que los aplique, para que
explote todas las posibilidades legales para acabar con ese problema,
que es una auténtica realidad en algunos elementos de ineficacia que
observamos en el funcionamiento del servicio público de la justicia.
Con relación al resto de propuestas, y ya termino, señor presidente,
mi grupo anuncia que va a apoyar las propuestas números 8 y 11 del
Grupo Parlamentario Popular. No vamos a apoyar la 9 y la 10, porque
creemos que no contienen propuestas reales de transformación, sino
mera opinión de congratulaciones o felicitaciones que no deben
merecer, en este caso, la atención de la Cámara porque no aportan
contenidos concretos de impulso y de transformación de la acción de
la justicia.
De las propuestas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió,
estamos de acuerdo con la número 12. Con la número 13 estaríamos de
acuerdo, y se lo sugiero in voce a los ponentes del grupo...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta,
le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Acabo ya, señor presidente.
Sugerimos in voce a los ponentes del Grupo de Minoría Catalana que
supriman el último inciso. Me explico. Estamos de acuerdo en que se
remita a la Cámara el estudio sobre la efectiva aplicación del Código
Penal y que se apunten las necesidades, los problemas y las
disfunciones, pero nos parece excesivo que se pida al Consejo que
acompañe propuestas de modificación que puedan dar respuesta a los
mismos. Creemosque no es la misión del Consejo General del Poder
Judicial asumir una iniciativa legislativa, sino marcar los
problemas, hacer una valoración. Si suprimen ese último inciso,
votaríamos que sí. De otra forma, tendríamos que votar no a esa
propuesta 13.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta,
le ruego concluya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: La 14 y la 15 merecerán nuestro rechazo.
Señor presidente, y con esto concluyo, creemos que nuestro grupo
aporta soluciones en la línea de forzar al Gobierno a abordar
problemas estructurales en el marco de la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y al propio Consejo General del Poder Judicial a
poner en marcha todos aquellos mecanismos que garanticen la eficacia
del servicio público de la justicia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Comenzaré, lógicamente, por defender las propuestas que presenta mi
propio grupo. En la que se ha numerado como 8 se constatan los
resultados positivos que se derivan de la puesta en marcha de los
primeros juzgados de lo Contencioso-administrativo y, en su virtud,
se insta a los poderes públicos competentes a continuar la
implantación de estos órganos jurisdiccionales. Precisamente ayer, en
un acto público, el presidente del Consejo General del Poder Judicial
manejó ya, de una manera muy oficiosa sin duda, algunas cifras muy
ilustrativas sobre el juego de estos órganos judiciales, recordando
que él personalmente nunca había sido muy favorable a su
implantación. Hasta un 55 por ciento de los asuntos están yendo a los
juzgados de lo Contencioso y están descargando, por tanto, a la Sala
de los Tribunales Superiores de Justicia. Se calcula que viene a ser
una media hora lo que se tarda en resolver un asunto por el nuevo
procedimiento abreviado oral. Son elementos que él mismo destacó como
muy positivos.
En la número 9, proponemos que esta Cámara se congratule por la
tramitación parlamentaria del proyecto de ley de enjuiciamiento
civil, que permitirá la modernización de la justicia en este orden
jurisdiccional. Con ello estamos atendiendo propuestas del Libro
Blanco del propio Consejo General del Poder Judicial. Conste que ésta
no es una propuesta autolaudatoria; al hacerlo, estamos alabando
también la postura de colaboración de todos los grupos, y quiero
hacer notar de una manera pública que muy especialmente, por su
asiduidad y trabajo, del Grupo Socialista, en los trabajos de la
Ponencia, que en estos momentos han terminado ya el análisis del
libro primero. Por tanto, no sean tan
modestos y déjennos que reconozcamos la tarea que están realizando.
En la número 10, animamos a la Cámara a constatar la necesidad de que
continúen las tareas de promoción y tramitación legislativa en
materia jurisdiccional y procesal, en orden a la consecución de la
justicia que demandan los ciudadanos. Y, una vez más, no estamos
simplemente alabando la tarea del Gobierno, que en este caso es digna
de alabanza, sino las proposiciones de ley como la que tenemos en
trámite sobre tutela cautelar penal, que hizo el PNV en su día. Una
vez más, estimamos que es bueno que en nuestras resoluciones quede
constancia, y también para el Consejo, de en qué medida sus
preocupaciones son atendidas por esta Cámara.
En la número 11 se constata la necesidad de perfeccionar los
mecanismos conducentes a proveer con prontitud las plazas judiciales
que se han creado y dotado en los últimos años y, en su virtud,
instar a los poderes públicos competentes a adoptar las medidas
conducentes a la mencionada finalidad. La verdad es que me alegra
mucho defender esta propuesta que ya ha sido aceptada por otros
grupos porque es una gozosa circunstancia que se haya invertido el
problema. Hasta ahora el problema es que no había plazas, pero este
Gobierno ha creado tantas plazas respecto a épocas anteriores que el
Consejo no de a basto para cubrirlas; estamos creando un problema muy
saludable al Consejo y le animamos a que lo resuelva porque ojalá la
situación fuera así siempre.
En cuanto a esta propuesta, enlaza claramente con la número 7, que ya
se ha defendido por el Grupo Socialista. De las del Grupo Socialista
nos parece plausible la número 5, donde se propone que la Escuela
Judicial secunde los objetivos del libro blanco, y nos parece muy
razonable. Sin embargo, no compartimos la 6 porque en ella hay
medidas que afectarían a la calidad. Y si la calidad es una
responsabilidad del Consejo General del Poder Judicial a la hora de
cuidar el acceso a la carrera judicial, nosotros no debemos
entrometernos en esa tarea. Si el Consejo General del Poder Judicial
entiende que en el cuarto turno no deben entrar más candidatos es
porque ellos no aprecian la calidad exigible y no debemos ser
nosotros los que asumamos la responsabilidad de unas medidas que
pudieran ir en desdoro de la calidad exigible; por tanto, esa no la
vamos a secundar.
En cuanto a otras propuestas del Grupo Socialista, la número 1 sobre
informatización, es un hecho que este Gobierno, por sus previsiones
presupuestarias, garantiza la cobertura de informatización este año
de todos los órganos judiciales. Hay un elemento que ha quedado
puesto de relieve en esta misma Cámara en encuentros informales con
miembros del Consejo General del Poder Judicial, y es que de poco
sirve que se haya informatizado, incluso en algunas comunidades
autónomas exhaustivamente, si luego los funcionarios no van ultimando
y cumplimentando los elementos que esa informatización les requiere,
porque eso hace que
la estadística sea incompleta, y ahí el Consejo tiene la
responsabilidad de conseguir que esa informatización sea eficaz en
sus resultados.
Discrepamos radicalmente de la resolución número 3, sobre pretendidas
exigencias de responsabilidades políticas a los vocales del Consejo
General del Poder Judicial por esta Cámara. Comento antes ésta porque
ayuda a entender la número 2. La postura de nuestro Grupo es muy
clara: división de poderes. Y el Poder Judicial tiene una función
jurisdiccional que es intocable y unos elementos de gobierno que la
Constitución, para preservar la independencia no sólo subjetiva sino
sobre todo objetiva del Poder Judicial, ha querido que no se viera en
modo alguno condicionada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, aunque
no pensara de manera directa en el Poder Legislativo, tampoco lo
dejaba al margen en la medida en que en nuestro sistema
partitocrático es obvio que los partidos tienen una presencia en esta
Cámara. Y, por si no estuviera claro, la nefasta sentencia del
Tribunal Constitucional sobre este particular reconocía claramente
que si el Consejo acaba reflejando el juego de las fuerzas políticas
en esta Cámara su composición sería inconstitucional. El Tribunal
Constitucional ha dejado bien claro que no debe condicionarse la
independencia judicial tampoco por el juego de fuerzas políticas en
esta Cámara. Dado que la partitocracia no es irrelevante, nos parece
totalmente desaconsejable este asunto, aparte de que su viabilidad es
problemática. ¿Cómo le pedimos responsabilidades políticas a un vocal
de un órgano colegiado? ¿En qué medida él es responsable de
decisiones de todo el órgano colegiado? ¿Cómo vamos a entrometernos
nosotros en el reparto de trabajos y responsabilidades internas del
Consejo que éste, en uso de sus atribuciones, haya podido hacer para
llamar a un vocal determinado y pedirle cuentas de aquello que el
Consejo le ha encargado? Eso lo podrá pedir su presidente o el
Consejo en su conjunto, pero nunca nosotros.
Todo acaba explicándose también cuando vemos la propuesta 4, ya
reiterada en otras ocasiones, que pretende controlar trimestralmente
las inspecciones del Consejo e incluso su ejercicio de la potestad
disciplinaria, lo cual llama la atención cuando el portavoz del Grupo
Socialista acaba de defender con gran acierto que se modifique una
propuesta del Grupo de CiU, ya que no parece razonable que el Consejo
nos proponga modificaciones. Cuando somos tan exquisitos en el
respeto que el Consejo debe tener a nuestras competencias pretendemos
entrar a saco en las de él y pedirle que trimestralmente nos de
cuenta -no sé sabe, Constitución en mano, en razón de qué- desde el
punto de vista de inspección o disciplinario.
Lo que es una perla realmente inesperada es la propuesta 2. Era un
poema ver ayer la sorpresa en ese mismo acto al que me refería al
venerable profesor García de Enterría, que tanto ha luchado contra
las inmunidades en este país en la época anterior a la democracia y
posterior también en el desarrollo de la
Constitución, y no es para menos, cuando se enteró de que se hacía la
propuesta de que las decisiones y resoluciones de un poder, en este
caso el órgano de gobierno del Poder Judicial, no tuvieran control
jurisdiccional como la de los demás poderes, sino que hubiera que
recurrir a un organismo nuevo de un diseño realmente fantasmagórico.
Y la argumentación que se ofrece es que hay un vocal, que hace bien
en no dar su nombre porque, para decir esas cosas, lo mejor desde
luego es tirar la piedra y esconder la mano; sólo faltaba que fuera
capaz de dar la cara para decir que aquí el problema es que hay unos
amiguetes en la Sala Tercera y que las sanciones que se ponen en el
Consejo las echan abajo. Eso no es así y usted lo sabe, señor Cuesta.
El problema es que sancionar a un funcionario siempre es muy difícil
y hay que saber mucho derecho para poder hacerlo, de manera que las
garantías de ese funcionario se vean respetadas en el trámite
jurisdiccional. Evidentemente es muy molesto para un vocal del
Consejo General del Poder Judicial o para su conjunto vender miel al
colmenero y ser capaz de plantear a la Sala Tercera una sanción que
sea irreprochable en términos de derecho, pero el que no esté en
condiciones que no sea vocal del Consejo. Lo que no se puede
pretender aquí es que la Sala Tercera, por el hecho de que son jueces
como nosotros, no pueda controlar jurisdiccionalmente, en defensa de
las garantías de derechos ciudadanos, tan sagrados como los de
cualquier otro cuerpo de la Administración, los que pueda tener un
juez. Eso es un disparate y es un atentado a elementos mínimos del
Estado de derecho. No vamos a secundar esa propuesta en modo alguno y
tampoco las que he dicho con anterioridad por razones de falta de
respeto al Consejo.
Para terminar, en cuanto a las propuestas del Grupo de CiU, nos
parecen muy plausibles las números 12 y 13, que solicitan informes
sobre resultados prácticos de leyes que hemos hecho aquí, y no hace
mucho, como la Ley de lo contencioso -es interesante que nos vayan
aportando elementos sobre sus consecuencias prácticas- y sobre el
Código Penal; informe que, ya se sabe, están prácticamente hecho pero
aún sin aprobar.
Por último, respecto a las otras dos, en la número 14 sobre la
jubilación de jueces que son vocales del Consejo se plantea un
problema sobre la discutible diversidad de trato, pero hay que
reconocer también -ha salido a relucir en nuestro contacto con los
miembros del Consejo- las perturbaciones funcionales que lleva
consigo el que un miembro del Consejo, por ejemplo, cuando ya lleva
cuatro años de mandato, se jubile. ¿Qué se hace, se elige para un año
a otro, se deja falto de un miembro al Consejo? Porque ese miembro
para un año no puede, a diferencia de lo que ocurre en el Tribunal
Constitucional, ser reelegido, con lo cual es una situación
embarazosa y quizá sería razonable plantear esa modificación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ollero,
le ruego concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Termino, señor presidente.
En cuanto a la propuesta de personalidad jurídica de la Escuela
Judicial, la existencia de un órgano autónomo dentro del Consejo
General del Poder Judicial sin duda tiene elementos que merecen un
estudio detenido, pero como lo que se nos ofrece es que propongamos
al Consejo que valore la conveniencia, creo que en esos términos
resulta suficientemente razonable sin que implique, desde luego por
parte de nuestro grupo, una toma de postura al respecto.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ollero.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra
el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias.
Quiero agradecer, en primer lugar, la cortesía del resto de los
portavoces que han cubierto mi ausencia alterando el orden.
Como ya se ha comentado, el Grupo Parlamentario Catalán presenta
cuatro propuestas de resolución: una, recabando, más que instando, al
Consejo General del Poder Judicial que informe sobre el estado de
aplicación de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa en un punto muy concreto sobre conflictos -y aquí no
hablamos en un sentido jurídico absolutamente estricto- o cuestiones
de competencia.
Saben SS.SS. que precisamente la configuración de los órganos de las
jurisdicción contencioso-administrativa y la distribución de sus
competencias es de por sí una cuestión especialmente abierta a la
polémica y al conflicto. Concretamente en la tramitación de esta ley
en esa distribución de competencias hubo criterios de orden técnico,
pero hubo algunos otros también de orden político. Por tanto, tenemos
mucho interés en conocer cuáles son los conflictos, las controversias
que se hayan podido producir a los efectos de proveer los medios para
su subsanación. En estos momentos tenemos conocimiento de que existen
conflictos, por ejemplo, respecto de la Agencia Tributaria entre las
salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores
de justicia y los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, entre
otros supuestos.
Por lo que hace referencia a la segunda de nuestras propuestas, la
número 13, querría tranquilizar de alguna manera al señor Cuesta, y
lo digo en un doble sentido. En primer lugar, no hemos hecho más que
reiterar -en sentido sí estricto- los términos en los que fue
aprobada esta propuesta como consecuencia de la anterior presentación
de la memoria del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, no
se ha efectuado variación alguna en su terminología. En segundo
lugar,
la referencia a las propuestas de modificación que puedan surgir del
Consejo no pretende en modo alguno excitar el celo del Consejo en su
carácter revisor del Código Penal, sino posiblemente ahorrarnos algún
que otro trámite. Es cierto que una vez que el Consejo ponga de
manifiesto problemas, lagunas, contradicciones que se hayan podido
detectar en el Código Penal, los grupos parlamentarios o bien el
Gobierno ha de envíar un proyecto para su subsanación; lo cierto es
que el Consejo también tendrá que proceder a efectuar un informe
preceptivo sobre esta materia. Es cierto que en los informes del
Consejo no sólo se efectúa un comentario sobre propuestas, sino que
se advierte también de la posibilidad de efectuar algún otro tipo de
redacción. Aquí lo que abunda no daña; no pretendemos, en modo
alguno, excitar un celo revisor, sino simplemente lograr que los
grupos o el propio Gobierno, antes de presentar una proposición de
ley o un proyecto de ley de modificación del Código Penal, cuente con
los mayores datos posibles.
Pretendíamos también -y ya se ha dicho aquí- la derogación del
artículo 119.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No entendemos
que sea especialmente razonable este precepto, por un lado, porque
ciertamente las plazas del Consejo General del Poder Judicial
reservadas a miembros de la carrera judicial no cabe configurarlas
como servicio activo. Es evidente que es un requisito para acceder a
las mismas encontrarse en servicio activo con la finalidad de lograr
esamayor representatividad de la carrera judicial, pero, por el
simple hecho de haber accedido a la edad de jubilación deba pasarse
automáticamente a la condición de vocal del Consejo General del Poder
Judicial, no nos parece ni que sea práctico ni que en modo alguno sea
razonable, como ya se ha dicho anteriormente. Una cosa es que un
magistrado en excedencia no pueda cubrir plaza del turno de jueces y
magistrados para el Consejo General del Poder Judicial, lo cual
podemos entender, y otra es que un magistrado en activo que accede al
Consejo y se jubile por edad tenga que dejar de ser vocal. Creemos
que es perfectamente salvable el principio, corrigiendo, sin embargo,
el artículo 119.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Finalmente, la propuesta de valoración de la conveniencia de atribuir
personalidad jurídica propia a la Escuela Judicial, como ha sido
puesto de manifiesto por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
está redactado en términos suficientemente amplios para que su
aprobación no resultase problemática. Sí queremos recordar a SS.SS.
dos cosas: por un lado, que el centro de estudios de la
Administración de justicia, del que depende la formación del
ministerio fiscal y de los funcionarios al servicio de la
Administración de justicia, goza de personalidad jurídica propia y,
por lo tanto, no vemos por qué no debe disfrutar de idéntica
personalidad jurídica propia la Escuela Judicial o el centro
destinado a la formación de los jueces y magistrados. Además,
entendemos que, en su caso, la atribución de esa
personalidad jurídica resolvería diversos problemas de orden
administrativo, financiero y organizativo y dotaría a la Escuela
Judicial de una mayor operatividad.
Por lo que hace referencia a las propuestas presentadas por los otros
grupos, anunciamos nuestro voto favorable a las cuatro propuestas que
han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Popular con
aportaciones positivas diversas. Es posible que alguna no aporte o no
suponga un avance, como señalaba anteriormente el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, pero, en cualquier caso, entendemos que es
razonable la afirmación que se realiza respecto de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. En lo relativo a la
Ley de enjuiciamiento civil, habiendo rechazado mi grupo enmiendas de
totalidad presentadas al proyecto de ley de enjuiciamiento civil,
obviamente no con ánimo de rechazar la propuesta número 9, entendemos
que sí es bueno continuar avanzando en esas modificaciones de orden
procesal, como aquí ha sido puesto de manifiesto en la tramitación
que estamos efectuando de la proposición de ley de tutela cautelar
penal.Finalmente, respecto a la última de las propuestas, la de las
vacantes, incluso es coincidente con alguna de las presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista.
Respecto a estas propuestas del Grupo ParlamentarioSocialista, muy
sucintamente diré que la informatización de la oficina judicial o de
los juzgados y tribunales es algo que ocupa buena parte del libro
blanco y que ocupa buena parte de la proposición no de ley que
aprobamos el día 16 de febrero en este mismo Pleno. Por tanto, sin
perjuicio de que existan problemas de aplicación, no tanto de impulso
o de definición de esta medida, votaremos favorablemente la propuesta
número 1.
Discrepamos de la número 2 del Grupo Parlamentario Socialista.
Entendemos que cuando el Consejo General del Poder Judicial está
realizando una labor materialmente administrativa, como ocurre cuando
impone sanciones, el conocimiento de los recursos que se interpongan
contra esta labor corresponde a la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Por lo que hace referencia a la propuesta 3, también anunciamos
nuestro voto en contra, si bien entendemos que tampoco supone un
excesivo avance respecto de la situación actual. Ciertamente, en
estos momentos el Consejo no tiene más responsabilidad política, y
así ha sido dicho en numerosas ocasiones, que la de comparecer ante
la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y, en su caso,
ser objeto de aquellas reflexiones o críticas que puedan efectuarse
por los grupos parlamentarios. Por tanto, cuando se habla de regular
la responsabilidad política de los miembros mediante la comparecencia
para dar cuenta, entendemos que ésta se está produciendo ya. Si lo
que se quiere es decir alguna cosa más, quizá no estemos en
condiciones de compartirlo.
Por motivos de coherencia con otras votaciones que hemos realizado,
tanto después de la memoria de 1996
como después de la de 1994-1995, no podemos votar favorablemente la
propuesta 4.
No podemos coincidir más con la propuesta 5, sobre la potenciación de
la Escuela Judicial; estamos de acuerdo total y absolutamente y, por
tanto, procederemos a votarla favorablemente.
Compartimos en parte la propuesta 6; quizá hubiésemos estado en
condiciones de formular alguna enmienda. Entendemos que la oposición
libre, tal y como se está realizando en estos momentos, con un cuerpo
de opositores inmenso, con diversos tribunales, con una duración
desorbitada de la propia oposición, en algunos casos supone una
auténtica infracción del principio de igualdad y, por tanto, si la
idea es que debe reducirse, mediante algún examen previo, ese cuerpo
de opositores hay que intentar que sea un tribunal único y con una
duración más limitada en el tiempo; en ese caso estaríamos
absolutamente de acuerdo.
Hay algunos otros aspectos que no podemos compartir. Sus señorías
saben que somos absolutos defensores del sistema de concurso-
oposición y del concurso entre juristas de reconocida competencia,
pero en estos momentos no nos vemos con ánimo para entrar a valorar
los criterios con los que el Consejo General del Poder Judicial
entiende que se acredita esa reconocida competencia o los méritos en
el concurso- oposición. Por tanto, compartiendo muy buena parte del
espíritu de la propuesta 6, la votaremos en contra y, en ese caso,
votaremos favorablemente la propuesta número 7, que hace referencia a
la cobertura de vacantes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
A las propuestas de resolución presentadas se han presentado
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, una a la
resolución número 7 y otra a la número 10, del Grupo Socialista y del
Grupo Popular, respectivamente.
Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Solamente tengo que decir que hemos presentado una enmienda a la
propuesta número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, porque
pensábamos que recoge la preocupación latente sobre el elevado número
de vacantes existentes en la planta judicial, así como las vacantes
que se producen y que son cubiertas en mayor medida por jueces
sustitutos, en la mayoría de los casos con poca o nula experiencia
judicial. Por ello, la enmienda introducida precisa la redacción
ambigua de la parte final de la propuesta de resolución proponiendo
medidas de actuación concretas para evitar la designación de vacantes
temporales por los tribunales de justicia de manera arbitraria,
instando por lo tanto a la regulación de un baremo
que contenga unos requisitos mínimos para ejercer como juez temporal.
En relación con la propuesta de resolución 10 del Grupo Parlamentario
Popular, presentamos la enmienda porque deseamos sustituir: justicia
por servicio público de justicia, más acorde con lo que aquí se
debate, que es el funcionamiento y la organización de los juzgados y
tribunales, es decir, de los instrumentos del Estado para la
aplicación del derecho así como de la actuación del Poder Judicial en
esa tarea, entendiéndola como un servicio público básico que debe
atender las demandas de los ciudadanos, a los que se debe allegar de
una manera más ágil y eficaz, y no como una entelequia abstracta, un
concepto indeterminado, el de justicia, que en todo caso supone una
definición más amplia que excede del ámbito estricto de la
administración de justicia y de las actividades del Consejo General
del Poder Judicial.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, voy a
intervenir brevemente.
Ya en el debate que mantuvimos en la sesión informativa que la
Comisión de Justicia celebró con la comparecencia de don Javier
Delgado, presidente del Consejo General del Poder Judicial, mi grupo,
a través de este portavoz que les habla, tuvo ocasión de mostrar sus
juicios de valor sobre la memoria del año 1997. Fundamentalmente, se
recogía en ella una solicitud de mi grupo del año anterior respecto a
la necesidad de que el Consejo General tuviera informada anualmente a
esta Cámara del seguimiento de cualquier incidencia del tribunal del
jurado, petición que mi grupo ha visto satisfecha cumplidamente.
También le instamos a seguir facilitando anualmente en la memoria un
capítulo específico sobre el tribunal del jurado, y así se ha hecho.
En términos generales, sobre la memoria del Consejo General de 1997
nosotros no teníamos nada más que mostrar nuestra complacencia con la
información que nos facilitaba su presidente, y por tanto no hicimos
ninguna propuesta de resolución. Las que llegan ahora -y fijo
rápidamente la posición, señor presidente- son las que voy a indicar.
En primer lugar, con un concepto general digo que no vamos a votar en
contra de ninguna; vamos a ofrecer solamente votos a favor o de
abstención. Los votos favorables van dirigidos a las cuatro
propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular, por entender que recogen observaciones al hilo de la propia
memoria del Consejo General del Poder Judicial, y sin que la
propuesta 10 suponga, por lo que voy a decir después, incentivar el
celo legislador
del Ministerio de Justicia, porque los grupos pequeños nos las vemos
y nos las deseamos para hacer el seguimiento puntual de tanto
proyecto de ley como hay en la Cámara. Por lo tanto, las propuestas
8, 9, 10 y 11 del Grupo Parlamentario Popular las votaremos
favorablemente.
Vamos a votar también favorablemente las propuestas 12, 13 y 15 del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y nos abstendremos
en la 14 por las mismas razones por las que nos vamos a abstener en
las propuestas de resolución números 2 y 3 del Grupo Parlamentario
Socialista, porque instan al Gobierno a traer a la Cámara proyectos
de ley. Por esta razón, no entramos en el fondo sino en la forma,
porque en la práctica de esta Cámara son más bien objeto de
proposiciones no de ley que pueden traer los grupos para instar al
Gobierno a que mande un proyecto de ley determinado, porque estamos
hablando, a juicio de este modesto portavoz, sobre la memoria del
Consejo General del Poder Judicial. Si de ahí se deriva, como mi
grupo sí ha pensado, algunas observaciones sobre necesarios proyectos
de ley, las vamos a presentar en la Cámara como iniciativa de
proposiciones no de ley instando al Gobierno a traerlos a la Cámara.
Por tanto, no queremos entrar en juicios de fondo, porque coincidimos
tanto con el Grupo Socialista como con el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) en instar al Gobierno para que estas tres
propuestas de resolución (la número 14, del Gupo Catalán de
Convergencia y Unió, las 2 y 3, del Grupo Socialista) son proyectos
de ley necesarios.
Finalmente, nos abstendremos en las propuestas 4 y 6, del Grupo
Socialista, porque no queremos entrar o salir en una competencia del
Consejo General del Poder Judicial acerca de la calidad u otras
cuestiones que afecten al tema judicial puro y simple. Es una
cuestión de matiz y por nuestra parte no queremos introducir ninguna
controversia. Pero sí coincidimos con los juicios de valor que ha
hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Ollero,
sobre estas dos propuestas de resolución. Nosotros no somos quiénes
para decirle al Consejo General del Poder Judicial que modifique unas
condiciones de calidad. Es el Consejo quien tiene que velar por ellas
y, si interviniéramos, sería una intromisión. La Cámara puede dar una
opinión y así la valoro, como simple opinión de una propuesta de
resolución. Por supuesto, pedirle que nos informe trimestralmente me
parece un exceso de celo del grupo. Tampoco vamos a forzar al Consejo
General del Poder Judicial a que nos informe ni trimestral ni
semestralmente; con que nos aporte la memoria anual nos damos por
satisfechos, en esta vía de cordialidad.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, coincidiendo con el tono crítico que tuvo la intervención
que en nombre del Grupo Vasco efectué en la comparecencia del
presidente del Consejo General del Poder Judicial, también seré
crítica en este trámite.
La comparecencia del excelentísimo señor presidente era para cumplir
el trámite constitucional del artículo 109, y nunca mejor empleada la
expresión: cumplir un trámite, pese a lo detallado de la exposición
que efectuó. Este trámite nos parece que no es adecuado si lo que se
pretende es algún engarce entre el órgano de gobierno del Poder
Judicial y el Poder Legislativo, por supuesto, con respeto a la
separación de poderes; pero tal y como se viene configurando el
trámite, nos parece que no sirve para la finalidad que se pretende.
La memoria, más que la valoración de la política judicial es una
evaluación claramente administrativa, descriptiva y con abundancia de
datos que, desde el punto de vista de mi grupo, paradójicamente
resulta escasa por lo hecho por el Consejo y también por la ausencia
de conclusiones, puesto que se nos dice que los datos no arrojan
diagnósticos. Me remito a lo dicho en la comparecencia en Comisión,
cuando se manifestó por el presidente, a preguntas de esta diputada,
que la inspección detecta los atrasos pero no sus motivos, y eso que
estábamos hablando de las dilaciones indebidas en los procedimientos,
motivo que había sido el engarce principal y la justificación
esgrimida por el presidente del Consejo General del Poder Judicial
como causa más importante a la hora de elegir el tema de su discurso
en el comienzo del año judicial.
Mi grupo ha renunciado a la presentación de propuestas de resolución
porque el sistema tradicional de lo que se presenta como memoria no
nos satisface, e igualmente dudamos de la eficacia de lo que se
presenta como propuestas de resolución. No obstante, sí nos
pronunciaremos sobre las presentadas por los demás grupos.
Respecto a las presentadas por el Grupo Socialista, es difícil no
estar de acuerdo con la propuesta 1, pese a que mi grupo duda de si,
al hilo de la memoria presentada por el Consejo, es posible instar al
Gobierno a algo. Efectivamente, la informatización de la
Administración de justicia es una asignatura largo tiempo pendiente y
debiera hacerse desde las instancias centrales lo que desde hace
tiempo se realiza por las comunidades autónomas con competencia en la
materia.
En cuanto a la 2, el régimen sancionador en materia de jueces y
magistrados efectivamente está necesitado de una modificación, pero
creemos que ésta no debe hacerse con un matiz tan importante como el
señalado en esa propuesta, que es el de sustituir la competencia que
actualmente tiene atribuida la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Deben respetarse las garantías del régimen sancionador, pero creemos
que siempre con la
competencia ordinaria, al igual que ocurre con otros funcionarios.
El motivo de la propuesta de resolución, la responsabilidad política
de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, nos parece
que requiere un sosiego mayor que el de la propuesta de resolución
planteada en este momento, puesto que afecta a la propia querencia
constitucional del sistema de consejo que se establece y, por tanto,
también merecerá el voto contrario del grupo al que represento.
La propuesta número 2 tampoco nos satisface. Creemos que la reforma
de la inspección no debe traducirse en una frecuencia mayor de los
informes que nos presenta el Consejo. Ocurre además que, sobre esta
materia, en el día de ayer recibimos -supongo que todos los ponentes-
un informe del propio Consejo General del Poder Judicial y, dados los
términos en los que está redactado, el Grupo Parlamentario Vasco
también votará en contra de esta iniciativa.
Es difícil no estar de acuerdo con lo contenido en la propuesta
número 5 en lo que se refiere a la Escuela Judicial y, por lo tanto,
votaremos a favor. No así a la propuesta número 6, puesto que dudamos
mucho de que el sistema de selección o el número de los seleccionados
sea el problema más importante que acucia a la Administración de
justicia; desde luego, el tenor literal de este punto no nos
satisface en absoluto. Sí votaremos a favor de la propuesta número 7,
que es coincidente con otra propuesta de resolución de las
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Estamos de acuerdo
con que debe cubrirse cuanto antes la plantilla judicial, pero no con
que deba ampliarse su número.
Respecto a las propuestas de resolución presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, debo manifestar a la Cámara que lo primero que
suscitaron en esta diputada fue una cierta sonrisa, ya que es
imposible, en cuatro puntos, mayor loa, incienso o autobombo, no sé
si del Grupo Popular, del conjunto de la Cámara o del Gobierno; sin
embargo, también es difícil estar en contra de lo que se dice.
Efectivamente, los juzgados unipersonales de lo contencioso (que mi
grupo apoyó con su voto al tramitarse esta ley) están dando un
resultado satisfactorio y si, además de esta satisfacción inicial, el
tiempo nos demuestra que evitan dilaciones indebidas, será motivo
para que todos nos felicitemos. Las propuestas números 9 y 10 se
congratulan de la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley
como el de enjuiciamiento civil y, siendo ponente, no puedo por menos
de incluirme en la aprobación de la felicitación. Igualmente, en la
propuesta número 10 se constata que continúen las tareas de promoción
y tramitación legislativa. Participando activamente el Grupo
Parlamentario Vasco en cuantos proyectos se tramitan en esta Cámara,
no podemos decir que no a estas iniciativas, si bien matizo este
carácter de incienso o autobombo que desde la óptima de nuestro grupo
tienen. El único contenido que no es de mera felicitación es el de la
propuesta número 11, que es coincidente con lo manifestado
por la propuesta número7 del Grupo Socialista y, por lo tanto, lo va
a votar a favor.
Un juicio distinto nos merecen las propuestas de resolución
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
con tres de las cuales no podemos estar más de acuerdo. Es
absolutamente oportuno (y ésta sí creemos que encaja totalmente con
el contenido de la memoria presentada por el presidente del Consejo)
el solicitar del Consejo que nos dé cuanto antes los datos respecto a
la delimitación competencial entre los órganos unipersonales y los
órganos colegiados de la jurisdicción contenciosa, para que así se
pueda detectar, o incluso modificar, el sistema establecido en la ley
que hemos aprobado en esta misma legislatura. Asimismo, es
enormemente interesante la evaluación que respecto de la puesta en
práctica del Código Penal se pueda efectuar, y si hacemos caso a las
noticias de prensa, el propio Consejo tiene ya muy adelantados estos
trabajos. El contenido de su propuesta número 3 nos suscita quizá
alguna duda por la contradicción entre el tenor del artículo 119.3 de
la Ley orgánica y lo que puede ser una querencia constitucional de
que quien ha sido elegido con las mayorías cualificadas que las
Cámaras demandan por imperativo de la propia Constitución no pueda
completar su mandato. Quizá, si la querencia constitucional es que
todos los miembros del Consejo cumplan su mandato de 15 años, no esté
mal y avalaremos con nuestro voto también este punto número 3 de la
iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Lo que presenta como propuesta de resolución
número 4 merece no sólo nuestro apoyo sino, incluso, la felicitación,
puesto que creemos que es absolutamente imprescindible que, cuanto
antes, se dote a la Escuela Judicial de una personalidad jurídica
propia e independiente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en relación con
las propuestas de resolución suscitadas con motivo del examen de la
memoria presentada por el Consejo General del Poder Judicial. Nuestro
grupo comparte algunas de las observaciones hechas por la anterior
interviniente, doña Margarita Uría, respecto a la valoración de este
trámite y, lógicamente, analiza todas y cada una de estas propuestas
de resolución no al pie de la letra, sino en cuanto a las ideas que
sugieren, que deben ser objeto de consideración porque el carácter
vinculante que puedan tener para el Consejo es nulo, por un principio
elemental de independencia de poderes, y el carácter que puedan tener
con respecto al Gobierno, lo lógico
es que se reflejara mucho más en proposiciones no de ley concretas
y no en este cúmulo de temas, muchos de los cuales tienen poca
relación unos con otros. Aun así, por cumplir rigurosamente con
nuestro cometido, vamos a analizar todas y cada una de dichas
propuestas para, telegráficamente, exponer nuestra opinión.
En relación a las propuestas del Grupo Socialista, ya adelantamos que
van a gozar de nuestro voto favorable todas ellas, salvo las números
2 y 3, y no porque no compartamos la preocupación que las suscita,
sino pura y sencillamente porque pensamos que no es bueno crear
órganos jurisdiccionales exclusivamente para un tema como el de la
revisión de unos actos de naturaleza administrativa del Consejo
General del Poder Judicial. Creemos que la situación actual,
sometiendo a consideración de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
esta clase de resoluciones de carácter administrativo, es correcta.
En cuanto a las otras resoluciones, que son de carácter político, o
de política judicial, lo lógico es que estén amparadas por el
criterio de la discrecionalidad del Consejo y no tengan por qué ser
objeto de revisión por ningún tribunal ni por esta Cámara, razón por
la cual tampoco podemos dar nuestro voto favorable a la proposición
número 3 en cuanto a la exigencia de un posible control democrático
del órgano de gobierno de los jueces. Creemos que el órgano de
gobierno de los jueces está controlado suficientemente por algo tan
importante como es la presentación de la memoria, y en el acto de
presentación de la memoria no creo que haya ningún grupo
parlamentario que vea limitada su capacidad de expresión para no
poder poner de manifiesto, colegiada o individualmente, la
satisfacción o insatisfacción que le pueda haber producido el
funcionamiento de dicho órgano. En lo que se refiere al resto, en
aras a la brevedad, sabiendo que además se interviene el último y a
estas horas y queriendo cuidar de la integridad física del que tiene
el uso de la palabra, decimos que compartimos todas y cada una de sus
ideas y las vamos a votar favorablemente.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular tienen un carácter
panegírico-laudatorio. ¡Estaría bueno! Si el Grupo Parlamentario
Popular, cuando se trata de un tema como éste no tiene un carácter
triunfalista, sería objeto de reproche. Entendemos perfectamente que
el señor Ollero y el Grupo Parlamentario Popular estén llenos de sana
alegría y se dediquen en esta clase de resoluciones a repartirse
plácemes y felicitaciones. Como tampoco estamos en contra de que lo
hagan así, porque nos parece coherente y educado, simplemente nos
vamos a abstener. Este es un problema de relaciones entre el Grupo
Parlamentario Popular y el Ministerio de Justicia, éste sabrá valorar
cuál es el grado de entusiasmo que suscita en el señor Ollero y
esperamos que lo valore de la forma más adecuada para que le tenga en
cuenta en mayores y más prestigiosos cometidos, que nosotros
celebraremos que lleguen a buenpuerto.
En lo que se refiere a las resoluciones del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), todas ellas van a gozar de nuestro
voto favorable. Queremos en alguna medida hacer hincapié en la
propuesta de resolución número 14, porque es la que ha empezado
a suscitar alguna duda o titubeo. Nosotros no tenemos ninguno. Ante la
situación administrativa de un magistrado que, como consecuencia de
algo tan lamentablemente fatídico cual es la edad, tenga que
jubilarse, escogemos el principio constitucional de que el mandato de
un vocal del Consejo del Poder Judicial tiene que durar cinco años
porque, entre otras cosas, se produce la discriminación de que
ciertos magistrados accedan al Consejo General del Poder Judicial por
el turno de juristas de reconocida competencia y gocen de la
seguridad de la permanencia en el cargo durante cinco años y el que
ha accedido por una vía mucho más normal, que es la elección a través
de sus propios compañeros y respaldada por estas Cámaras, por el
hecho de que se jubile no pueda estar, nos parece absolutamente
absurdo. Por tanto, nos felicitamos de que haya habido una propuesta
de resolución de este tenor. En cuanto al resto, han sido tan bien
valoradas y tan acertadamente puestas de manifiesto su coherencia
y su conveniencia por el resto de los portavoces, que hacemos nuestras
sus palabras y en consecuencia acabamos diciendo que van a gozar de
nuestro voto favorable.
Nada más, señor presidente. No creo que tenga queja. Este grupo
parlamentario es el que más ha procurado servir hoy a lo que se llama
la imperiosa terminación, dada la hora que es y dado el espíritu que
se observa en cada uno de los miembros de la Cámara. Por tanto,
esperamos su felicitación, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): No tengo
ninguna queja, no suelo tenerla de S.S.; se lo agradezco yo y estoy
seguro de que todos los miembros de la Cámara.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Señorías, el señor Cuesta por el Grupo Parlamentario Socialista y el
señor Ollero por el Grupo Parlamentario Popular deben expresar la
aceptación o no -discúlpenme- de las enmiendas planteadas a las
resoluciones de sus grupos.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Agradeciendo la aportación del Bloque
Nacionalista Galego, vamos a rechazar su enmienda porque nuestra
fórmula consigue un mayor nivel de consenso y está mejor redactada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
La enmienda consiste simplemente en sustituir la palabra justicia por
servicio público de la justicia. Sólo quien entienda que la justicia
no es un servicio público se sentiría enmendado y no es nuestro caso,
pero dado el interés del Grupo Mixto y por cortesía parlamentaria,
vamos a aceptar la enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ollero.
Ahora sí, vamos a proceder a la votación. (Pausa.- El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a los últimos puntos del orden del día que acaban de
debatirse.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- DEL PROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (NÚMERO DE EXPEDIENTE
121/000147)
El señor PRESIDENTE: Con carácter previo, vamos a someter a la Cámara
la propuesta de avocación, que era deliberación y votación final del
proyecto de ley de enjuiciamiento civil, que fue solicitada por el
Grupo Socialista, y, oída la junta de portavoces, la Mesa decidió
someter al Pleno. ¿Acuerda el Pleno recabar para sí la avocación y
deliberación final? (Asentimiento.) Muchas gracias.
- PROYECTO DE LEY SOBRE NOMBRE Y APELLIDOS Y ORDEN DE LOS MISMOS
(Votaciones).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las enmiendas
a la proposición de ley sobre nombre y apellidos y orden de los
mismos, comenzando por las del Grupo Mixto, que ha suscrito la señora
Rivadulla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 13; en contra, 153; abstenciones, 113.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 12; en contra, 149; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA
MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA
REFERIDA AL AÑO 1997 (Votaciones).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las propuestas de resolución
planteadas tras el debate de la memoria del Consejo General del Poder
Judicial correspondiente al año 1997.
En primer lugar, votamos las propuestas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), comenzando con la número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 280.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 160; en contra, 115; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta 14.
Restantes propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 162; en contra, 117; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas también las restantes
propuestas del Grupo Catalán.
Pasamos a las del Grupo Socialista.
En primer lugar, las números 1, 5 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 279.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 2 y 3 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 118; en contra, 158; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las números 4 y 6 del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 129; en contra, 151.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de resolución del Grupo Popular, comenzando por las
números 8 y 11. Se someten a votación Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 267; en contra, uno; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las propuestas números 8 y 11,
del Grupo Popular.
Se votan ahora las propuestas 9 y 10, con la enmienda aceptada para
esta última.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 154; en contra, 113; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las referidas propuestas.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:
- DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, COMERCIO Y HACIENDA, DE CREACIÓN DE UNA
SUBCOMISIÓN DE ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PROFESIÓN
DE AUDITOR DE CUENTAS Y SU ACTIVIDAD (Número de expediente 158/
000046).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, se somete a votación el punto XV del
orden del día: propuesta de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, de creación de una subcomisión de análisis y estudio de la
problemática de la profesión de auditor de cuentas y su actividad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 278; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Muchas gracias.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Aclaración.- En el «Diario de Sesiones» número 237, correspondiente
al martes, 11 de mayo de 1999,
página 12649, primer párrafo, línea 9 hasta el final del párrafo,
donde dice: «imponer multas a las cadenas televisivas podría ser un
aspecto a tener en cuenta y ser considerado como una medida que
podría ser más efectiva que la mera imposición de las multas», la
oradora quiso decir: «imponer multas a las cadenas televisivas podría
ser un aspecto a tener en cuenta, pero sin dejar de considerar otras
medidas que pudieran ser más efectivas que la mera imposición de las
multas.»