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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 235, de 29/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 235
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 227
celebrada el jueves, 29 de abril de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de
registro 79556) . . . (Página 12536)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
- Real Decreto-Ley 4/1999, de 9 de abril, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por las lluvias
torrenciales y el temporal acaecidos en enero de 1999 en la Comunidad
Autónoma de Canarias (número de expediente 130/000066) («BOE» núm.
86, de 10 de abril de 1999) . . . (Página 12536)
- Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de
liberalización e incremento de la competencia (número de expediente
130/000068) («BOE» núm. 92, de 17 de abril de 1999) . . . (Página 12539)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 138-1, de 11 de
septiembre de 1998 (número de expediente 121/000138) . . . (Página 12563)
- Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 19 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 159-1, de 24 de febrero de
1998 (número de expediente 124/000004) . . . (Página 12570)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal de 1995,
en materia de protección a las víctimas de malos tratos, y de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
A, núm. 150-1, de 30 de noviembre de 1998 (número de expediente 121/
000150) . . . (Página 12570)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de ordenación de la edificación. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie A, núm. 163-1, de 15 de marzo de 1999 (número
de expediente 121/000163) . . . (Página 12577)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana, con carácter secreto,
para debatir sobre el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 12536)
Real Decreto-ley 4/1999, de 9 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales
y el temporal acaecidos en enero de 1999 en la Comunidad Autónoma de
Canarias . . . (Página 12536)
El señor ministro de Interior (Mayor Oreja) comparece ante la Cámara
para cumplimentar el trámite de convalidación del Real Decreto-ley 4/
1999, de 9 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños ocasionados por las lluvias y el temporal en enero
de 1999 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Explica el conjunto de
fenómenos meteorológicos inusuales ocurridos durante los días 4 a 14
de enero en Canarias, que causaron importantes daños, afectando a la
mayoría de los municipios canarios, lo que requirió una acción de los
poderes públicos para contribuir al restablecimiento de la normalidad
en las zonas afectadas. A continuación hace una síntesis de las
medidas contenidas en el Real Decreto-ley que fue necesario dictar
y considera que debe valorarse el esfuerzo relevante que está
realizando el Gobierno para paliar y reparar los efectos de estos
fenómenos meteorológicos en el archipiélago canario.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Nadal i Malé,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vaquero del
Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida¸ Segura
Clavell, del Grupo Socialista del Congreso, y Soriano Benítez de
Lugo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de
liberalización e incremento de la competencia . . . (Página 12539)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda (De Rato y Figaredo) presenta el Real Decreto-ley de medidas
urgentes de liberalización e incremento de la competencia, aprobado
por el Consejo de Ministros del pasado 16 de abril, resaltando el
hecho de que las medidas contenidas en este real decreto-ley son una
continuación y una profundización de la política económica llevada a
cabo por el Gobierno, especialmente desde junio de 1996. Asimismo
subraya que los debates, las alternativas y las ideas sobre mayores
grados de liberalización y de competencia no son un debate coyuntural
ni se pueden reducir a un conjunto de medidas, sino que van a formar
parte, o al menos así lo pretende el Gobierno y los grupos que lo
apoyan, de un constante debate sobre política económica, distinto,
eso sí, del debate sostenido durantemuchos años sobre déficit
público, recortes de las
prestaciones sociales, aumento de impuestos, discusiones sobre la
incapacidad del mercado laboral de crear empleo o referencias a la
ineficacia de las negociaciones salariales entre empresarios y
sindicatos. Explica las ventajas obtenidas con la flexibilización
y modernización de los mercados de los distintos sectores y añade que
este Real Decreto-ley, cuya convalidación solicita el Gobierno, es un
paso más en esa dirección, pasando a explicar las medidas concretas
adoptadas en ese sentido, no sin antes contestar a la pregunta, que
da por supuesto que se le va a hacer, sobre la urgencia y la
necesidad de profundizar sobre una política ya planteada. Finalmente
afirma que este real decreto-ley responde a una convicción del
Gobierno de que la mejor manera de adaptarse a los cambios
internacionales es a través de la modificación de la oferta, de la
flexibilidad de mercados y del aumento de la competencia.
En turno en contra interviene el señor Eguiagaray Ucelay, en nombre
del Grupo Socialista del Gobierno.
Intervienen de nuevo el señor vicepresidente segundo y ministro de
Economía y Hacienda y el señor Eguiagaray Ucelay, cerrando el debate
el señor vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Aguirre Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En virtud del artículo 73 del Reglamento intervienen los señores
Martínez Noval, del Grupo Socialista del Congreso, y Aguirre
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 4/1999, de 9 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales y el
temporal acaecidos en enero de 1999 en la Comunidad Autónoma de
Canarias, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e
incremento de la competencia, se aprueba por 167 votos a favor y 133
en contra.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley como proyecto
de ley, solicitada por el Grupo Socialista del Congreso, se rechaza
por 133 votos a favor, 166 en contra y una abstención.
Enmiendas del Senado . . . (Página 12563)
Proyecto de ley de régimen del personal de las Fuerzas Armadas . . .
(Página 12563)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano
i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Moragues Gomila, del Grupo Socialista del Congreso, y Fernández de
Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición de ley orgánica de modificación del artículo 19 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página 12570)
No solicitando la palabra ningún grupo parlamentario, se pasa al
punto siguiente del orden del día.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 12570)
Proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en
materia de protección a las víctimas de malos tratos, y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal . . . (Página 12570)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme) y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Castellano i Cardalliaguet, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y las señoras Del Campo
Casasús, del Grupo Socialista del Congreso, y Barrios Curbelo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al proyecto
de ley de régimen del personal de las Fuerzas Armadas.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas del
Senado a la proposición de ley orgánica de modificación del artículo
19 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Sometida a votación de conjunto la proposición de ley, por su
carácter orgánico, se aprueba por 301 votos a favor y dos
abstenciones.
A continuación se someten a votación las enmiendas correspondientes
al dictamen de la Comisión al proyecto de ley orgánica de
modificación del Código Penal en materia de protección a las víctimas
de malos tratos, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asimismo, se somete a votación el dictamen de la Comisión, que es
aprobado por 302 votos a favor y una abstención.
Sometido a votación final de conjunto, por su carácter orgánico, se
aprueba por 302 votos a favor y una abstención.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 12577)
Proyecto de ley de ordenación de la edificación . . . (Página 12577)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Fomento (Arias-
Salgado y Montalvo), en nombre del Gobierno. Expone la situación real
en el sector de la edificación, que justifica un proyecto de ley de
estas características, y se refiere a los objetivos que el proyecto
de ley trata de cumplir, a los requisitos de calidad que introduce
como proyecto para mejorar la edificación en España, al sistema de
responsabilidades que articula en el proceso edificatorio y a la
definición de garantías que el proyecto de ley regula para garantizar
el cumplimiento de sus objetivos. Pide el voto en contra de las
enmiendas de devolución que los grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno, en su momento, tendrán la posibilidad de razonar, y señala,
desde la perspectiva del Gobierno, que es un proyecto de ley
necesario, en el que se ha buscado el más amplio respaldo social y
que, en última instancia, establece un sistema de responsabilidades,
correcto en todo lo que afecta al proceso edificatorio, y un sistema
de garantías, que se introduce por primera vez sólidamente en el
ordenamiento jurídico español, para hacer frente a un problema
verdaderamente sentido en la sociedad española, que es asegurar la
calidad de las viviendas que los españoles adquieren.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Morlán Gracia, del Grupo Socialista del
Congreso, y Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
En turno en contra interviene el señor Ortiz González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Replican los señores Morlán Gracia y Fernández Sánchez, duplicando el
señor Ortiz González.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y
Recoder i Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución del
Grupo Socialista del Congreso y del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, se rechazan por 101 votos a favor, 148 en contra y
cuatro abstenciones.
Se levanta la sesión a las tres y treinta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana con carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de
registro 79556.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 4/1999, DE 9 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS
TORRENCIALES Y EL TEMPORAL ACAECIDOS EN ENERO DE 1999 EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS. (Número de expediente 130/000066.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Sesión abierta y pública.
Pasamos al punto VIII: Convalidación y derogación de reales decretos-
leyes.
El número 36 es el Real Decreto-Ley 4/1999, de 9 de abril, por el que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
lluvias torrenciales y el temporal acaecidos en enero de 1999 en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Les recuerdo a SS.SS. que, por acuerdo de la Junta de Portavoces en
el día de ayer, procederemos a la votación conjunta de los dos reales
decretos y que la votación correspondiente a la proposición y al
proyecto de ley que tienen carácter orgánico no se producirá antes de
las doce y media.
Para su presentación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, comparezco ante SS.SS. para cumplimentar
el trámite de convalidación por esta Cámara del Real Decreto-Ley 4/
1999, de 9 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños ocasionados por las lluvias y el temporal en enero
de 1999 en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Como SS.SS. conocen perfectamente, durante los días 4 a 14 de enero
de 1999 se produjo en el archipiélago canario un conjunto de
fenómenos meteorológicos inusuales, tanto por su variedad como por su
intensidad. Estos fenómenos, consistentes en lluvias torrenciales y
un fuerte temporal de viento, actuaron con especial virulencia
durante los días 7, 8 y 9 de enero ocasionando importantes daños que
afectaron a la mayoría de los municipios canarios. Como consecuencia
de todo ello, se produjeron daños en instalaciones portuarias, en
infraestructuras turísticas y de especial gravedad en los cultivos,
ocasionando destrozos en las cosechas, invernaderos y caminos
agrícolas. Los efectos sobre la población no revistieron especial
gravedad, ya que sólo fue necesaria la evacuación y realojamiento de
un número reducido de familias, aunque se produjeron trastornos
derivados del corte de suministro eléctrico, cancelación de
transportes interinsulares y cortes de carretera. De los daños
producidos cabe destacar los sufridos por los puertos, como
consecuencia de las precipitaciones más intensas con fuertes rachas
de viento durante los días 7 8. y Los puertos más afectados fueron
los de Tenerife y en menor medida los de Gran Canaria. Así mismo, se
han producido daños importantes en infraestructuras costeras, en
concreto en las playas en las islas de Tenerife y La Gomera. También
hay que citar importantes daños en las cosechas de plátano y tomate,
así como en sus infraestructuras de producción y otros destrozos en
la mayor parte de los cultivos. Finalmente, las infraestructuras
municipales se vieron también afectadas como consecuencia de
desprendimientos de muros y otros daños de distinta consideración.
En conclusión, señorías, la magnitud y gravedad de los daños ha
requerido una acción de los poderes públicos para que se contribuya
al restablecimiento de
la normalidad en las zonas afectadas, para lo cual se aprobó el real
decreto-ley en cuestión. Las medidas contenidas en el mismo son, en
síntesis, las siguientes: primera, la subvención estatal del 50 por
ciento a los proyectos de entidades locales para la reparación de
infraestructuras y equipamientos municipales; segunda, subvenciones
por daños en instalaciones y producciones agrarias aseguradas por el
seguro agrario combinado, cuando los riesgos causantes no sean
susceptibles de aseguramiento; tercera, declaración de emergencia de
las obras de reparación en infraestructuras portuarias, agrarias,
costas y otras medioambientales; cuarta, bonificaciones y exenciones
en los cánones portuarios, en el canon por ocupación aprovechamiento
del dominio público portuario y en el canon por prestación de
servicios al público y al desarrollo de actividades comerciales o
industriales a los concesionarios de los puertos gestionados por la
autoridad portuaria de Santa Cruz de; quinto, reducciones fiscales
especiales para las actividades agrarias, mediante la reducción de
los índices de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sexta,
medidas laborales consistentes en la moratoria o exención de las
cuotas de la Seguridad Social para las empresas y los trabajadores
por cuenta propia no incluidos en el régimen especial agrario de la
Seguridad Social y para los trabajadores incluidos en dicho régimen
respectivamente.
Para la financiación de estas ayudas el real decretoley aprueba dos
créditos extraordinarios, uno de 300 millones para la financiación de
las inversiones de entidades locales y otro de 1.400 millones para la
reparación de los daños en puertos. El resto de actuaciones será
financiado con cargo a dotaciones presupuestarias de los respectivos
ministerios, y además hay que tener en cuenta los ingresos que deja
de percibir la Hacienda pública como consecuencia de las ventajas
fiscales contempladas.
Finalmente, con el objeto de aplicar estas medidas se crea una
comisión interministerial, como es práctica habitual, en la que están
representados los departamentos ministeriales afectados así como la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias.
En definitiva, señorías, siempre con las limitaciones que las
acciones que tienen repercusión en el presupuesto deben conllevar,
creo que debe valorarse el esfuerzo relevante que está realizando el
Gobierno para paliar y reparar los efectos de estos fenómenos
meteorológicos en el archipiélago canario y no sólo mediante la
aprobación de estos créditos extraordinarios a los que antes me he
referido, sino también a través de otras medidas que aportarán
considerables recursos económicos a las zonas siniestradas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno a
favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente, con su venia.
Coalición Canaria va a votar favorablemente la convalidación de este
real decreto-ley que, como bien ha explicado hace unos momentos el
señor ministro de Interior, tiene por finalidad atender una serie de
medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales
que se produjeron el pasado mes de enero en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Hay poco que decir sobre la parte descriptiva o narrativa que ha
hecho el señor Mayor Oreja; coincidimos plenamente. Este real
decreto-ley viene a ser hoy en día la finalización del proceso que se
inició con una Comisión Mixta entre la Administración Central del
Estado, representada y presidida por el señor subsecretario del
Ministerio del Interior y la representación del Gobierno autónomo de
Canarias que se constituyó a las pocas semanas de producidos los
tristes hechos y que trabajó intensamente en la valoración y
evaluación de los daños ocasionados por el temporal.
No son parecidas, digamos, las primeras cifras de daños que se
dieron, que se llegó a decir que suponían unos 30.000 millones de
pesetas, y las que vienen recogidas hoy día en este real decreto-ley
como líneas de créditos extraordinarios: los 300 millones que se
asignan a las corporaciones locales para los daños de
infraestructuras de carácter local, así como los 1.400 millones de
pesetas que se asignan a las autoridades portuarias de Santa Cruz de
Tenerife y de Las Palmas para la reparación de los daños de
infraestructuras.
Nos quedaríamos un poco insatisfechos si esto no tuviera también una
cláusula de garantía, como ha señalado el propio señor ministro de
Interior, por la que se contempla la posibilidad de que la
financiación pueda ir con cargo a daños ocurridos en otros
departamentos ministeriales o administraciones públicas para que
pudieran quedar recogidas aquí ya estas cesiones de garantía y las
cláusulas correspondientes. Me estoy refiriendo no solamente a lo que
dice el artículo 10 sobre estos créditos extraordinarios, por un
importe total de 1.700 millones de pesetas, sino al artículo 12 de la
financiación de las demás actuaciones a desarrollar. Creemos que con
esto podrá ser atendida cualquier circunstancia de déficit que
pudiera producirse.
Nos congratulamos de que en el artículo 13 de este real decreto-ley
se haya recogido la creación de esta Comisión interministerial que
por parte de la Administración central del Estado viene a potenciar o
sustituir la representación de la Comisión mixta a la que antes me he
referido entre la Administración central del Estado y la
Administración autonómica canaria para seguir resolviendo cualquier
situación conflictiva de disparidad de criterios en la financiación.
Como las obras de infraestructuras se atienden en estos créditos
extraordinarios con cargo a la financiación con deuda pública, no
vemos tampoco ninguna limitación al respecto. Los caracteres y
criterios de la legislación que regula la emisión de reales decretos-
ley por razones de urgencia son tan evidentes por los daños
catastróficos que no procede añadir ninguna cuestión más.
Por esas razones, señor presidente, y con las garantías suficientes,
nosotros vamos a votar favorablemente la convalidación de este real
decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Nadal.
El señor NADAL I MALÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Como siempre, intervengo para insistir en que nuestro grupo está de
acuerdo con la convalidación, aunque hace notar que reiteradamente
hemos expuesto la necesidad de que se establezca un mecanismo mucho
más sencillo que el parlamentario para poder dar a estos trámites una
mayor agilidad y que se puedan aplicar de forma más inmediata.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Nadal.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación de
este real decreto a pesar de que estimamos, como Coalición Canaria ha
manifestado también al respecto, que la cuantía de las ayudas
concretas contempladas es ciertamente escasa. No obstante,
efectivamente existe el mecanismo complementario de que con cargo a
los presupuestos de los distintos ministerios se puedan ir cubriendo
las necesidades de los proyectos a realizar.
Entendemos que de alguna forma la descripción dantesca de la
catástrofe, ciertamente nada exagerada realizada por el señor
ministro, contrasta con estas cantidades de 300 millones, etcétera,
que se han habilitado para las ayudas en el real decreto.
En cualquier caso, entendemos que estos mecanismos previstos por la
ley deberán suplir la escasez de las ayudas contempladas en el real
decreto. La catástrofe ha sido de tal naturaleza, ha perjudicado
tanto a la Comunidad Autónoma de Canarias, a sus islas y a sus
pueblos, que no tenemos más remedio que entender que la urgencia de
las ayudas implica la necesidad de la ratificación de este real
decreto, por lo que vamos a dar nuestro voto favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista, muy pocos días después de la fecha en la que se
produjeron los acontecimientos que motivan este real decreto-ley,
presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley
cuya exposición de motivos se fundamentaba esencialmente en los
contenidos que hoy se recogen en el mismo. Ya en aquella ocasión
también los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y Popular
presentaron sendas proposiciones no de ley, de forma tal que las tres
se debatieron en sesión plenaria y condujeron a un acuerdo unánime.
En consecuencia, el Grupo Socialista, coherente con aquella posición,
hoy votará a favor de la convalidación de este real decreto-ley.
Los contenidos que figuran en este real decreto-ley pueden ser
susceptibles de discusión en lo que a cuantificación se refiere.
Lógicamente, dado que se creó una Comisión interministerial que, con
la coordinación y la participación del delegado del Gobierno en
Canarias ha servido de puente con la Administración autonómica
canaria, el Grupo Socialista tiene que entender que las
cuantificaciones se adaptan a las necesidades que los equipos
técnicos redactores han evaluado. De aquí las actuaciones que se
prevén en las infraestructuras portuarias de los puertos principales
de Santa Cruz de Tenerife y de la provincia de Las Palmas de Gran
Canaria, en la que terminales específicos de contenedores se vieron
gravemente afectados y los espaldones protectores de los puertos se
vieron quebrados como consecuencia de las intensas actuaciones del
oleaje y, en consecuencia, quedaron inutilizados para el uso de
tráfico de mercancías y de pasajeros, encontrándose hoy en día en
situación de excepcionalidad provisional en la atención de las
necesidades portuarias.
Señor presidente, señoras y señores diputados, nos parece que este
real decreto-ley debe ser ejecutado a la mayor brevedad posible. El
resto de los contenidos recogidos en los artículos nos parece
adecuado y lo importante es que se convierta en realidad, habida
cuenta la fecha en la que nos encontramos. Manifestamos nuestro apoyo
y, consiguientemente, el estímulo a los sectores de la Administración
que deben participar convirtiendo en realidad estas actuaciones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Muchas gracias, señor presidente.
Coincido con lo manifestado por los portavoces de los grupos que me
han precedido y quiero expresar que el Grupo Popular también presta
su apoyo al real decreto-ley que hoy se trae a la convalidación de la
Cámara.
Como ya se ha puesto de relieve por parte del señor Segura, el día 23
de febrero se aprobaba en esta Cámara una proposición no de ley,
fruto de una transaccional en la que estaban de acuerdo los tres
grupos que habían presentado sendas proposiciones no de ley que
coincidían en el fondo, que instaba al Gobierno a que adoptase las
medidas conducentes a paliar los graves daños que se habían producido
en Canarias por la catástrofe que ya aquí se ha descrito. Fruto de
aquel acuerdo fue una proposición no de ley votada por unanimidad en
esta Cámara y me congratula decir que cuando no habían transcurrido
dos meses desde su aprobación, el Gobierno, en el Consejo de
Ministros del día 9 de abril, aprobaba el real decreto-ley que hoy se
trae a la convalidación de esta Cámara.
En definitiva, se trata de proponer medidas habituales en estas
circunstancias. Como ha puesto de manifiesto el representante del
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió sería conveniente, como
también indiqué durante el debate de la proposición no de ley el día
23 de febrero, tramitar un proyecto de ley sobre actuaciones por
daños producidos en situación de emergencia que evitase que este
Parlamento tuviera que tratar el tema cada vez que se produce una
circunstancia de esta naturaleza con las medidas habituales que están
contenidas en este proyecto de ley.
Indudablemente, los daños fundamentales han sido en las
infraestructuras portuarias y es necesaria una intervención urgente,
puesto que el mar está ocasionando daños en los puertos que ya de por
sí sufrieron perjuicios con la catástrofe. Las ayudas son las que ya
ha expuesto el ministro en su intervención. La Comisión
interministerial está actuando. Creo que ya se están aplicándolas
medidas conducentes a paliar los daños y, en consecuencia, como ya
han manifestado también los grupos que me han precedido, el Grupo
Popular manifiesta su apoyo a la convalidación del real decreto-ley
que hoy se debate en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Soriano.
- REAL DECRETO-LEY 6/1999, DE 16 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES DE
LIBERALIZACIÓN E INCREMENTO DE LA COMPETENCIA. (Número de expediente
130/000068.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
número 37 es la convalidación del Real Decreto-ley 6, de 16 de abril
de 1999, de medidas urgentes de liberalización e incremento de la
competencia.
Como les comuniqué a SS.SS, procederemos a la votación conjunta de
los números 36 y 37.
Para su presentación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor vicepresidente segundo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, tengo el
honor de presentar ante esta Cámara el real decreto-ley de medidas
urgentes de liberalización e incremento de la competencia, aprobado
por el Consejo de Ministros del pasado 16 de abril. Quisiera, ante
todo, significar ante la Cámara que para aquellos que hayan seguido
los debates parlamentarios y las iniciativas del Gobierno en materia
socioeconómica, especialmente desde junio de 1996 hasta la fecha, las
medidas contenidas en este real decreto- ley no dejarán de parecerles
una continuación y una profundización de la política económica. Por
lo tanto, no estamos, señorías, ante un cambio ni ante un giro de lo
que ha sido una constante en la política económica del Gobierno: la
creencia de que la liberalización y el aumento de la competencia eran
el camino para conseguir una economía española más eficaz, pero sobre
todo capaz de resolver los problemas de los ciudadanos.
En ese sentido, también quisiera subrayar que los debates, las
alternativas y las ideas sobre mayores grados de liberalización y de
competencia no es algo coyuntural ni que podamos reducir a un
conjunto de medidas, sino que van a formar parte, o al menos así lo
pretende el Gobierno y los grupos que le apoyan, de un constante
debate sobre política económica. Eso sí, bien distinto de los debates
a los que, a lo largo de muchos años de experiencia personal, incluso
de decenios, hemos tenido que dedicarnos en nuestro país tanto desde
el Gobierno como desde la oposición. Para aquellos acostumbrados a
decretos-leyes sobre medidas económicas propuestos por los sucesivos
gobiernos, seguramente en éste echarán en falta menciones al déficit
público, recortes de las prestaciones sociales, aumentos de
impuestos, discusiones sobre la incapacidad del mercado laboral de
crear empleo o referencias a la ineficacia de las negociaciones
salariales entre empresarios y sindicatos.
De alguna manera, señorías, España no sólo ha cambiado de situación
económica -en opinión del Gobierno, ha cambiado a mejor-, sino que,
además, el debate económico, imprescindible, que se deriva de ese
cambio de situación económica, es un debate distinto del que -vuelvo
a repetir- prácticamente hemos tenido durante casi veinte años.
Hablamos hoy desde el principio, de la necesidad de reducir nuestra
inflación, pero no hablamos de tipos de interés; hablamos hoy de la
necesidad de aumentar la estabilidad de nuestra economía, pero no
hablamos de recortes sociales ni de aumento de impuestos ni de
peligros de déficit público. Todo esto podría haber sido distinto si
no se hubiera practicado, desde junio de 1996, una política de
liberalización de mercados de la que esta Cámara es, como no podía
ser de otra manera, testigo y protagonista. Ya
desde junio de 1996, el Gobierno planteó un paquete de medidas que
fueron debatidas en esta Cámara, la mayor parte de las cuales fueron
tramitadas como proyectos de ley, que supusieron un cambio de rumbo y
un primer impulso liberalizador que hemos continuado desde entonces.
En estos tres años -todavía no- de Gobierno han desaparecido
barreras, privilegios, monopolios y rigideces estructurales en muchos
mercados fundamentales de bienes y servicios. La economía española es
hoy, sin duda, más libre, más flexible, más abierta y más eficiente
de lo que era. Como todos hemos podido comprobar a lo largo de los
últimos años con incorporaciones de nuestra economía al euro,
probablemente como hito histórico, está más preparada para satisfacer
las demandas de los ciudadanos perotambién para responder a los retos
de una economía europea integrada y de unos mercados internacionales
globalizados.
La flexibilización y modernización de los mercados de sectores, junto
a la aplicación de una política presupuestaria decididamente
orientada a la estabilidad, han hecho posible, por un lado, la
moderación de precios a niveles históricamente bajos y, en relación
con el crecimiento de nuestra demanda interna, probablemente los más
bajos de nuestra historia moderna, la reducción de los tipos de
interés, que ha sido posible precisamente como consecuencia de la
reducción de los precios y, coincidiendo con una expansión económica
y con una crisis internacional, se ha producido una expansión
internacional de la presencia de nuestras empresas en los mercados y
en las inversiones internacionales. La consecuencia de todo ello ha
sido un importante crecimiento económico, sensiblemente por encima de
nuestros socios, muy intenso en la creación de empleo, con la
creación de más de un millón de puestos de trabajo en este período.
Este real decreto-ley cuya convalidación solicita el Gobierno y yo en
su nombre a la Cámara es un paso más en esa dirección. Si ustedes me
lo permiten, es más de lo mismo. No hay en este decreto-ley cambios
por parte del Gobierno y, en muchos casos -por no decir en todos-, lo
que hay es un adelanto o una profundización de medidas que ya estaban
en marcha. Desde junio de 1996, muy someramente, señor presidente, el
Gobierno ha actuado sobre las telecomunicaciones, creando una
comisión del mercado de telecomunicaciones y concediendo una segunda
licencia en telefonía básica que supuso la definitiva ruptura del
monopolio que ostentaba Telefónica, así como la privatización de
ambos operadores. La reforma de la Ley del Cable ha permitido la
aparición de nuevos operadores en el mercado y la Ley General de
Telecomunicaciones, aprobada en el año 1998, nos sitúa en un nivel de
competencia similar al del resto de los países comunitarios, a pesar
del inexplicable retraso en que se encontraba este sector en junio de
1996.
En estos momentos tenemos dos nuevos operadores de telefonía fija en
el ámbito nacional, uno de los cuales, que no es Telefónica como es
natural, ya supera el
12 por ciento de los servicios que presta, con más de un millón de
clientes y 1.800.000 líneas contratadas; ya se ha adjudicado una
tercera licencia para telefonía móvil y, en total, son 26 las
licencias individuales concedidas en el sector de las
telecomunicaciones en estos tres últimos años, lo que ha supuesto un
intensísimo aumento de la competencia. Hoy podemos observar cómo
aumenta la mejora y la oferta de servicios de telecomunicaciones,
hasta el punto de que hay empresas dedicadas a explicar a los
consumidores y a las empresas sus diversas opciones y estamos
asistiendo a reducciones de costes para las empresas, que pueden
llegar al 86 por ciento sobre las tarifas en función del tramo
horario. Se han reducido espectacularmente las tarifas fuera del
ámbito local, con continuos descensos de aproximadamente un 15 por
ciento anual de media, cuando este mismo tipo de servicios en vez de
bajar subían un promedio del 5 por ciento entre 1993 y 1995.
El sector de la energía ha sido un sector de especial importancia en
las decisiones del Gobierno desde un principio. Ha sido objeto de una
profunda reforma, plasmada en un aumento del proceso de privatización
de Endesa, que ha concluido y de una aprobación de la Ley del Sector
Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos, que han sido completadas con las
medidas que contiene este real decreto-ley. En los últimos tres años,
el coste de la electricidad, por primera vez, se ha reducido en
nuestro país, y de no haberse producido estas reformas esta primera
vez no habría existido. También ha habido reformas en el sector del
transporte. Asimismo, en junio de 1996, el Gobierno propuso una
reforma de la Ley del Suelo, que hubo de adaptarse después a la
doctrina del Tribunal Constitucional y que en estos momentos supone
que la colaboración de comunidades autónomas y ayuntamientos resulta
imprescindible para un aumento de la competencia y eficiencia del
mercado urbanístico. También se han producido reformas en las
oficinas de farmacia, medicamentos y colegios profesionales, algunas
de las cuales son ampliadas y profundizadas en este real decreto-ley.
Además, ha habido cambios importantes en la actividad reguladora del
Gobierno que generan beneficios para el conjunto de la actividad
económica y para la sociedad española en general. En el ámbito
financiero se han realizado múltiples iniciativas para mejorar la
eficiencia de este sector, para canalizar una mayor cantidad de
ahorro hacia la inversión, tomando medidas que, por un lado, han
permitido que la tasa de ahorro de las familias españolas se mantenga
a niveles similares a los de antes del cambio de ciclo económico y
también, cómo no, el cambio de signo del ahorro público.
Una de las primeras preocupaciones del Gobierno, no siempre
comprendida por todos los grupos de la Cámara, al menos hace tres
años, ha sido nuestro convencimiento de que la financiación de las
pequeñas y medianas empresas y su marco tributario eran una cuestión
esencial en el cambio de orientación de la política económica
española. Junto con una transformación de su marco tributario, hemos
completado una
importante reforma para hacer posible el acceso de este tipo de
empresas a la financiación de un mercado de capitales que en el mismo
periodo ha sufrido una transformación de gran importancia:
modificaciones en la ley de capital riesgo, muchas de las cuales
fueron adelantadas en los decretos del año 1996 y una serie de
medidas normativas de reforma referentes a la titulización, a las
instituciones de inversión colectiva, que hoy permiten un mercado más
eficiente, así como el acceso de las pequeñas y medianas empresas al
mismo. Con objeto de adaptar el mercado de capitales español a una
nueva realidad europea y mundial, el Gobierno ha procedido a la
modificación de la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de
introducción del euro.
El Gobierno, en el ámbito de defensa de la competencia, que es uno de
los objetivos de la política del gabinete y uno de los temas que
estoy convencido de que va a absorber una gran parte del trabajo de
esta Cámara en esta legislatura y en las siguientes, ya introdujo en
1966, en el conjunto de las medidas liberalizadoras a las que he
hecho referencia, modificaciones en la ley vigente para otorgar un
margen mayor de actuación a los órganos de defensa de la competencia;
de forma específica, en esas modificaciones se incluyó el control de
las actuaciones públicas. El Gobierno, creo que con el suficiente
consenso tanto institucional como político, está trabajando para
presentar a la Cámara una ley de defensa de la competencia que amplíe
las posibilidades de actuación en este campo.
El sistema tributario -en este momento no es necesario hacer un
repaso de cada una de las medidas- ha sido uno de los ejes de la
política económica del Gobierno, tanto en las relaciones entre el
contribuyente y la Hacienda pública como en la configuración de los
impuestos. En ese sentido, la Cámara ha tenido ocasión de debatir las
posiciones del Gobierno y otras alternativas a lo largo de los tres
últimos años, que han ido desde la modificación de los impuestos que
gravan el ahorro hasta la modificación de los impuestos que afectan a
las personas físicas, la internacionalización de las empresas, las
pequeñas y medianas empresas, lo cual, en opinión del Gobierno y creo
que en opinión de la Cámara, independientemente de la valoración que
se haga, ha supuesto una absoluta transformación de nuestro sistema
tributario. Asimismo, a lo largo de los últimos dos años y medio el
Gobierno ha privatizado prácticamente todas las grandes empresas
públicas en una amplia gama de sectores, alcanzando las enajenaciones
un valor de más de cuatro billones y medio de pesetas, con la
participación de siete millones de suscriptores. En definitiva, como
he dicho al principio, señor presidente, desde junio de 1996, durante
esta legislatura, se ha producido un cambio sustancial en el peso y
en la intensidad de las liberalizaciones en la economía española que
no debería sorprender a nadie que hubiera seguido la posición del
Partido Popular en los años de oposición y sus programas electorales.
La pregunta política relevante, puesto que esto que he resumido ante
la Cámara es conocido y ha sido valorado
en posiciones distintas, es cuál es la razón por la que el Gobierno
cree que debe presentar una nueva iniciativa que profundice en su
política ya planteada y, sobre todo, cuál es la urgencia de presentar
un decreto- ley. A eso también quisiera responder antes de entrar en
el análisis de las medidas concretas, señor presidente.
Entre diciembre de 1998 y finales de marzo-principios de abril de
1999, se han producido hechos importantes en la economía europea y
mundial que afectan, como no podía ser de otra manera, a nuestras
perspectivas y que, en opinión del Gobierno, exigen tomar decisiones
urgentes e importantes que me gustaría ser capaz de poner en un
contexto que puede ser útil no sólo para apuntar las razones del
Gobierno, sino también las alternativas que puedan existir. En estos
momentos, frente a las previsiones y predicciones prácticamente
generalizadas de mercados e instituciones, la nueva moneda europea ha
sufrido una importante depreciación de más de un 10 por ciento en los
tres primeros meses y medio del año. Esto supone un cambio que no
estaba previsto desde el punto de vista de las previsiones de la
Comisión Europea ni del Ecofin y tiene incidencia desde el punto de
vista de la reacción de nuestros mercados, por un lado, en las
exportaciones, pero también en las importaciones y en los efectos de
éstas sobre la demanda interna y sobre las compras de materias
primas.
Esta depreciación de la moneda, en contra de la previsible -al menos
así lo parecía a finales del año pasado- posición de estabilidad del
euro, responde a un hecho extraordinariamente importante y
significativo que marca la realidad económica europea en 1999 -lo
ponen de relieve todas las reacciones de las instituciones
internacionales, la última, el comunicado del G-7 de hace pocos días-
y es la existencia en Europa de dos grupos de países dentro del euro
que están en circunstancias económicas diferentes; no radicalmente
diferentes, pero sí diferentes. En el primer grupo, señorías, se
encontrarían aquellos países con crecimientos iguales o superiores al
3 por ciento del producto interior bruto en términos reales, con un
índice de precios de alrededor del 2 por ciento y, por lo tanto,
dentro de los objetivos marcados por el Banco Central Europeo como
estabilidad de precios, y con un crecimiento importante del empleo.
Esos países, además, son las economías medias y pequeñas de la Unión
Europea. En el otro grupo de países se encontrarían las economías más
importantes, sin duda Alemania, Italia, el Reino Unido y Francia, con
crecimientos similares o inferiores al 2 por ciento y, en algunos
casos -no en el de Gran Bretaña, aunque se encuentra fuera del euro-,
con índices de precios inferiores al 1 por ciento, los cuales vienen
planteando públicamente, desde hace varios meses, su preocupación por
una situación de deflación en sus economías, que no ha sido
reconocida por el Banco Central Europeo, y su convencimiento de que
necesitaban impulsos monetarios, además de otras actuaciones de
política económica, para superar la situación.
España, como ustedes saben, se encuentra en el primer grupo. Para
orientar el debate o intentar llevarlo a la zona que a mí me parece
realista, es preciso que noshagamos una pregunta políticamente
importante: ¿En cuál de los dos grupos preferiríamos estar? ¿Creemos
que política y socialmente es más útil estar entr e los países que
crecen por encima del 3 por ciento, tienen una inflación de alrededor
del 2 por ciento y están creando empleo, o nuestro objetivo y el que
algunos grupos puedan plantear sería más bien que debemos situarnos
en el segundo grupo de países? Es una pregunta relevante, pero que no
debe llevarnos a ninguna conclusión, en el sentido de que la
situación de los otros no nos obligue a reaccionar, porque, como voy
a explicar a continuación, la situación de los otros representa el 50
por ciento del producto interior bruto de la zona euro, son nuestros
principales clientes y su peso e importancia ha determinado que se
produzca un nuevo hecho que tampoco estaba previsto por el Gobierno
ni por las instituciones a finales del año 1998, que es una
importantísima reducción de tipos de interés en medio punto en la
zona euro.
Además de la debilidad del euro y la reducción de tipos de interés,
junto con la debilidad de las economías más importantes de la zona
euro y su extraordinariamente baja inflación, existe una tercera
circunstancia que nos obliga a reaccionar, que es el cambio
sustancial del precio de una materia prima que nos es muy importante,
el petróleo. Sus señorías son conscientes de que en los últimos tres
meses el precio del petróleo se ha incrementado en un 60 por ciento,
de 10 dólares el barril a 16. En nuestra opinión, es ineludible que
el Gobierno proponga en este contexto unas actuaciones que, vuelvo a
repetir, responden a la profundización de la política económica que
hemos llevado hasta ahora.
Señor presidente, paso a continuación a presentar a la Cámara el
contenido del real decreto-ley. Antes de desgranar medida por medida,
he de subrayar que, tal y como el Gobierno ha demostrado a lo largo
de los tres últimos años, es nuestro convencimiento que ningún sector
debe quedar protegido de la competencia, y es nuestra intención que
los privilegios o las situaciones de ventaja sean modificadas y
abiertas de manera constante y consistente por parte de las medidas
económicas que el Gobierno va desarrollando.
En primer lugar, se introducen una serie de medidas relativas a la fe
pública, mediante las que se rebaja en un 25 por ciento los costes
arancelarios de los notarios y registradores de la propiedad en los
préstamos con garantía hipotecaria y en la compraventa de viviendas.
Asimismo, se reducen los costes de inscripción de las sociedades en
los registros mercantiles en el mismo porcentaje, con objeto de
facilitar la creación de empresas, que viene a ser completado con el
compromiso de simplificación administrativa, que la Cámara y la
opinión pública española conocen, y la implantación de una ventanilla
única, que está siendo objeto de experiencia piloto en varias
ciudades españolas, en Palma de Mallorca y en Valladolid
concretamente. Además, y
siguiendo con los fedatarios públicos, en este caso los fedatarios
públicos mercantiles, el real decreto-ley modifica el régimen de los
aranceles pasando de fijos a máximos, con lo que se incrementa el
nivel de competencia y se establece una mayor sujeción de la
actividad de los colegios de notarios, corredores de comercio y
registradores de la propiedad y mercantiles a las normas de la
competencia. Estas medidas, sin duda, suponen un aumento de la
eficacia en un sector que no está sometido a la competencia.
Indudablemente las modificaciones de las circunstancias económicas
españolas, la reducción de los tipos de interés y el aumento de la
actividad en todos los sentidos, exigían, en opinión del Gobierno, un
aumento de sus niveles de eficacia.
En segundo lugar, se posibilita que cualquier ciudadano de la Unión
Europea en posesión del título de piloto y la licencia
correspondiente pueda acceder en España al puesto de comandante de
aeronave civil, adecuando los requisitos establecidos por la
legislación española a lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea
en cuanto a la libre circulación de trabajadores y permitiendo una
mayor competencia entre unos profesionales que, hasta ahora,
mantenían limitada su oferta.
En tercer lugar, y con objeto de profundizar en la liberalización del
mercado del gas natural, se disminuyen los niveles de consumo
requeridos para acceder a la condición de consumidor cualificado,
quedando liberalizado dicho mercado con cinco años de anticipación
a lo originalmente previsto. Además, teniendo en cuenta el rápido
desarrollo del sector del gas natural en España y la conveniencia de
favorecer la entrada de nuevos distribuidores e impulsar la
competencia, se reduce el periodo de exclusividad en una zona
geográfica concedido a los distribuidores en el año 1998, pasando de
15 a 10 años.
En cuarto lugar, en el ámbito del sector eléctrico se sigue
profundizando en la liberalización mediante la adopción de medidas
relativas a la disminución del umbral legal para ser considerado
consumidor cualificado. Por otra parte, la notable disminución de los
tipos de interés, el incremento de la demanda eléctrica y el reparto
de la eficiencia debido a la competencia, hacen posible una rebaja
media por kilovatio/hora de un punto y medio, adicional a los dos
puntos y medio ya rebajados a principios de año, con lo cual la
rebaja total en términos reales para las economías domésticas de la
tarifa eléctrica en 1999 será del 5,6 por ciento.
En quinto lugar, se establecen reducciones de precios en los
servicios de telecomunicaciones y medidas de fomento de la
competencia en telefonía móvil. Quisiera subrayar, para evitar
errores técnicos, que la telefonía móvil sí está incorporada al
índice de productos de precios al consumo.
En sexto lugar, el real decreto-ley también prevé la reducción de las
tarifas abonadas por los usuarios de las autopistas de peaje. Aquí se
ha producido, a lo largo de los tres últimos años, una reducción del
50 por ciento del coste del peaje para los usuarios en las
autopistas, que viene a aumentarse con esta reducción del 7 por
ciento que, por un lado, favorece a los ciudadanos que utilizamos
autopistas de peaje en nuestros desplazamientos en las partes del
territorio nacional donde éstas existen y, por otro lado, incide en
la reducción de costes de todas las actividades económicas que
utilizan el transporte por carretera que, como SS. SS. saben, son muy
numerosas e importantes. Para alcanzar estos objetivos, este real
decreto-ley habilita un sistema de compensaciones que posibilita que
aquellos usuarios que tienen que soportar impuestos por la
utilización de este tipo de carreteras se beneficien de la reducción
de peajes.
En séptimo lugar, y teniendo en cuenta la necesidad de incidir en la
moderación de los precios de los medicamentos y la conveniencia de un
uso más racional de los medios financieros destinados al Sistema
Nacional de Salud, se procede a la revisión del margen actual de los
almacenes farmacéuticos.
Por último, en materia de defensa de la competencia, el Gobierno cree
necesario tomar las debidas cautelas para evitar que los procesos de
modificación de las estructuras de los mercados ocasionen un aumento
excesivo del grado de concentración empresarial. Por ello, en el
capítulo VIII de este real decreto-ley se introduce una serie de
instrumentos para un mayor control de las operaciones de
concentración entre empresas y una mayor eficacia del mismo. En
concreto, se establece la notificación obligatoria para aquellas que
superen determinados umbrales, al tiempo que se prevé la terminación
convencional del procedimiento con el fin de flexibilizarlo y hacerlo
más ágil.
Todas estas medidas, señor presidente, señorías, buscan continuar con
el proceso del cambio estructural de la economía española que nos ha
permitido, por primera vez, establecer un intenso proceso de
crecimiento y creación de empleo, en un marco de estabilidad de
precios. De esta forma se continua con este proceso de mejor
asignación de los recursos económicos a través de la mayor
competencia y de la liberalización de los mercados que tan buenos
frutos está rindiendo. Algunas de estas medidas tienen un impacto
directo sobre el IPC -índice de precios al consumo- que supondría,
aproximadamente, una reducción de un punto y medio adicional al que
estaba previsto en 1999 para la electricidad; un 4 por ciento más
para el gas butano y para el gas natural de usos domésticos; una
disminución del 10 por ciento para las llamadas provinciales, del 20
por ciento para las interprovinciales y del 12 por ciento para las
internacionales, y una disminución entre el 6 y el 13 por ciento de
la telefonía fija a móvil; asimismo, los medicamentos bajarán un 1,55
por ciento y el peaje de las autopistas, como ya he dicho, un 7 por
ciento. La ponderación exacta de estos bienes y servicios constituye,
en nuestra opinión, un impacto directo de unas dos décimas en el
conjunto del año. Asimismo, y dado el incremento de la competencia
que se genera en algunos sectores de gran relevancia, como las
telecomunicaciones, el gas, la electricidad y la fe pública,
entendemos que esto tendrá efectos de entre una y dos décimas
adicionales en el IPC de 1999.
En definitiva, señor presidente, este real decreto-ley que hoy
presento a la Cámara responde a la convicción del Gobierno de que a
través de la modificación de la oferta es como mejor podemos
adaptarnos a los cambios de la economía internacional. Tengo que
decir que los cambios de la economía internacional no son ya
inmediatos en sus efectos y que, por lo tanto, a lo largo de los
últimos años estaremos asistiendo a continuos debates sobre cómo
hemos de reaccionar a esos cambios.
La convicción de este Gobierno ha sido que la adaptación de nuestra
oferta, la flexibilidad de mercados y el aumento de la competencia
son el único, pero también el más seguro camino para que España no
sólo sea capaz de adaptarse a un entorno internacional cambiante,
sino que pueda obtener en esos cambios las mejores condiciones para
responder a lo que son nuestros retos internos más importantes, el
primero de los cuales es la creación de empleo y el aumento de los
niveles de prosperidad y de estabilidad en el horizonte de las
familias y de los ciudadanos españoles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un
turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo va a consumir un turno en contra, que ojalá
pudiera transformarse en un turno diferente o en un turno que, por lo
menos, nos permitiera discutir las medidas para tramitar como
proyecto de ley este decreto-ley, pero estamos convencidos de que
estamos ante una reacción tardía, inconsecuente e insuficiente del
Gobierno ante algo que se veía venir. Estamos también ante una
operación de imagen propagandística sobre la liberalización de la
economía y, sobre todo, estamos ante el reconocimiento de un fracaso
hace tiempo anunciado y permanentemente negado por el Gobierno.
La evolución del IPC de marzo les ha dado el susto del año. Sus
previsiones para el conjunto del año en torno al 1,8 por ciento no
tienen ya visos de cumplirse, y todos los especialistas pronostican
una evolución de los precios del 2 por ciento, o incluso por encima,
para 1999. Hoy estamos en el 2,2, pero la inflación subyacente se
sitúa en el 2,5 y, lo que es más grave, el diferencial de precios con
los países de la unión económica y monetaria no ha hecho sino
ampliarse en los últimos doce meses, hasta situarse en 1 punto en el
índice armonizado de precios de la Unión Europea del mes de marzo.
Su esperanza, señor Rato, señorías, miembros del Gobierno, en este
momento no es que las cosas mejoren mucho en nuestro país sino que,
lamentablemente,
puedan empeorar en el resto de los países de la unión económica y
monetaria; que empiecen a empeorar los precios en Francia y en
Alemania, como, por cierto, los datos del mes de marzo han puesto de
manifiesto. ¿Cuál es el problema, señorías? Me temo, señores del
Gobierno, que el problema son ustedes, que han vendido a quienes les
han querido oír -y no han sido pocos los ingenuos- que la inflación
ya no era un problema en la economía española. Y no lo es, desde
luego, en la forma en que lo era en el pasado, y a eso hemos
contribuido todos. Pero su discurso fatuo de los mínimos históricos
alcanzados cada mes hace mucho tiempo que no tiene el menor interés.
Porque, situados en niveles históricamente bajos, lo único relevante
hace ya tiempo, por lo menos desde que tenemos moneda única, es cuál
es la diferencia de precios que mantenemos con nuestros socios, que
son también nuestros competidores; lo único relevante no digo que
para batir récords históricos, lo único relevante para la
competitividad, que es tanto como decir para el empleo, de la
economía española. Son niveles históricamente bajos, dicen ustedes
con satisfacción. En efecto, lo son, pero ¿de qué nos sirven si son
persistentemente menos bajos que los que mantienen otros países? ¿De
qué nos sirven más que para seguir deteriorando la posición
competitiva de la economía española y para garantizar la pérdida de
empleo en el medio plazo?
Para que ustedes lo recuerden, señorías, hoy no cumplimos el
principal indicador de convergencia en la unión económica y
monetaria. Afortunadamente estamos ya dentro. El problema reside en
que se puede estar dentro y, sin embargo, crear las bases para tener
serios problemas en el presente y en el futuro. Porque a lo largo del
tiempo han hecho un enfático discurso de la competencia, para uso de
oídos castos, que no les ha impedido, sin embargo, confundir
voluntariamente liberalización con privatización; recibir el aplauso
de quienes se han beneficiado de los cuatro billones y medio de
patrimonio público que han vendido ustedes desde que gobiernan;
mantener todos los viejos privilegios de colegios y corporaciones, y
los nuevos privilegios corporativos de los modernos sectores
protegidos que han contribuido ustedes mismos a crear; convertir
monopolios públicos en monopolios y oligopolios privados, eso sí, sin
ninguno de los controles que tenían los anteriores, bajo el
importante argumento de que ahora ya son privados y están en manos
privadas, aunque los suframos todos los ciudadanos como si fueran
instituciones públicas.
Sin embargo, la responsabilidad de lo que ocurre, en esto como en los
aviones, señor Rato, no es de los demás. No es, desde luego, de los
pasados gobernantes, desde Viriato a González, que no les hicieron
todo el trabajo que ustedes hubieran deseado; no es,
fundamentalmente, de los empresarios turísticos, que, ya se sabe, si
pueden subir los precios y hay alguien que se los pague, los subirán;
no lo es, fundamentalmente, de la OPEP, que ya se sabe que son unos
malvados; no lo es, fundamentalmente, de las autonomías, que no
hacen lo que deben, sobre todo si son socialistas; no lo es de los
ayuntamientos, que incluso pueden ser del Partido Popular. Son
realmente otras cosas las que están en la base de los problemas que
están en este momento ocurriendo.
Ustedes son incomparables -me lo reconocerán- para ponerse medallas
ajenas e insufribles para asumir sus propias responsabilidades. Como
aquel nadador que creía batir récords olímpicos porque nadaba a favor
de corriente y se ahogaba en cien metros tan pronto como le empezaba
a faltar el impulso en la espalda. Ustedes, como todos, navegan bien
en la bonanza, porque es fácil que el viento o la brisa les arrastren
sin esfuerzo, y presumen entonces, pero cuando la mar se empieza a
encrespar, surgen los problemas y embarcan agua por las escotillas y
hasta por los imbornales. Esto es lo que empieza a ocurrir con
algunos problemas de la economía española, en una etapa que ya no es
simplemente de aceleración del ciclo económico, sino otra distinta. Y
no será, señor Rato, porque no les hayamos advertido de lo que iba a
pasar, de lo que estaba pasando. Llevamos tres años diciéndoles casi
lo mismo. Su primer plan de liberalización fue pura retórica, como lo
ha sido el segundo, y tan fracasados ambos como pone de manifiesto el
análisis de los resultados que hacíamos recientemente en la Comisión
de Economía. Ha bastado que la energía y los alimentos no se
comportaran del mismo modo que lo hicieron el año 1998 para que los
viejos problemas aparecieran en todo su esplendor: falta de
competencia en múltiples sectores, insuficiente liberalización en
sectores regulados, inflación de servicios al 3,8 por ciento,
y clavada, inflación subyacente al 2,5 o más, depende, y la evidencia
de la concentración de poder económico que están ustedes no sólo
tolerando sino fomentando.
Ahora adoptan medidas de urgencia y pretenden la convalidación de un
nuevo decreto-ley. Resultan inevitables algunas preguntas, entre
otras: ¿por qué es posible ahora lo que decían imposible no ya
solamente hace tres años, hace dos años, hace un año, sino tan solo
hace unos meses? ¿A quiénes protegían ustedes cuando se negaban a
avanzar en lo poco que ahora avanzan hace solamente unas fechas? ¿Por
qué es bueno para los consumidores y la economía lo que era malo hace
solamente unas decenas de días?
Paladines de un discurso huero de la liberalización que no practican,
todas sus medidas tienen que ver con tarifas públicas, como si
quisieran gobernar el IPC a través del BOE, pero nada o apenas nada
que tenga que ver con la creación de condiciones verdaderas de
competencia en los mercados y en los sectores más necesitados de
ella. No es extraño, por eso, que la valoración de los principales
expertos apenas otorgue una décima de incidencia en el IPC a sus
medidas y casi ninguna transcendencia a sus efectos a medio plazo.
Imagen, sí, propaganda, sí, publicidad, también; mucho ruido y muy
pocas nueces.
Veamos, señorías, algunas de sus medidas. La vivienda: la vivienda
sube, lo hace de modo vertiginoso.
Según el IPC, la vivienda en alquiler está creciendo al 3,7 por
ciento, la vivienda en propiedad, al 2,5 por ciento y otras
estimaciones menos piadosas apuntan índices de crecimiento del precio
de las viviendas nuevas y del suelo notoriamente por encima de estas
cifras. Nos habían dicho que la declaración de toda España como suelo
urbanizable acabaría con la especulación del suelo. Evidentemente,
esto era más falso que un duro de plata. Ahora sólo se les ocurre
tirarles de las orejas a los fedatarios públicos y rebajar un pelín
sus aranceles. Pero esto, señorías, es el chocolate del loro en
relación con los precios de la vivienda. Por cierto, ¿por qué sólo
los aranceles de los corredores de comercio pasarán a tener el
carácter de máximos y no los de los notarios y registradores?, ¿o es
que la competencia no es también para ellos? Nada que tenga que ver,
sin embargo, con la movilización de suelo público, por ejemplo, para
abaratar su precio; mucho menos, como hemos propuesto en una
proposición no de ley, con un programa de viviendas en alquiler
especialmente destinadas a jóvenes que permita, entre otras cosas, la
realización de su propia vida; nada que se parezca a la reactivación
de un programa de viviendas sociales con dotaciones adecuadas. En
esto, escasa imaginación, ruido y apenas movimiento.
Ya hemos hablado del caso aéreo y me temo que seguiremos hablando,
pero no hoy. Entretanto, la liberalización del transporte aéreo y
terrestre necesita dar muchos más pasos. Las sospechas fundadas de
concertación de precios en el transporte aéreo y los acuerdos entre
Iberia y las compañías que debieran hacerle la competencia necesitan
algo más que un coscorrón -formal, por otra parte- al sindicato de
pilotos. Y mientras el ministro del caos se despreocupa de estos
aspectos, el transporte interurbano evoluciona muy por encima de la
media de los precios y ustedes prolongan concesiones que hace tiempo
deberían haber sido objeto de revisión.
La energía merece, sin duda, alguna consideración aparte. Anunciaron
la bajada de la bombona del butano y ésta ha subido. El ministro del
ramo lo explicó y lo acabó de arreglar. Por cierto, ¿cuántos nuevos
episodios de aceleración de precios vamos a necesitar para que se
eliminen las barreras de entrada de competidores que ustedes
pactaron? ¿Qué se puede decir de la electricidad? La primera
consideración que hay que hacer sobre la electricidad, señor Rato, es
que ustedes no dicen la verdad, porque no lo es que la tarifa se
reduzca en un 1,5 por ciento, como han dicho y usted ha repetido hoy.
La reducción sólo afecta a los consumidores domésticos, que son una
fracción menor de la tarifa. No afecta a las tarifas comerciales ni a
las de las pequeñas ni a las de las medianas ni a las de las grandes
empresas. La segunda consideración es que ustedes ni siquiera
trasladan a la tarifa las recientes reducciones de tipos de interés.
Dicho de otro modo, y para no perdernos en cálculos técnicos, el tipo
de interés medido por el míbor a tres meses, que es el relevante en
el sector eléctrico, ha experimentado una variación a la baja desde
comienzos
del año del 3,23 por ciento hasta más o menos el 2,56. La revisión de
tarifas que se produjo a comienzos de año no apuró, ni muchísimo
menos, la reducción de tipos que se había producido en el año 1998,
por lo que si hoy se trasladara a los consumidores la reducción de
tipos que se produjo en 1998, la parte que no se apuró de ella y la
que ha tenido lugar en los comienzos de 1999, podríamos simplemente
producir una reducción del conjunto de las tarifas, no solamente de
las domésticas, nada menos que del 8,56 por ciento. Fíjense, la
reducción de los costes financieros de las empresas ha sido de unos
260.000 millones de pesetas; lo que se ha trasladado a los
consumidores han sido aproximadamente unos 35.000 millones de
pesetas. Una maravilla de liberalización, señores del Gobierno. Pero
ya se sabe que ustedes prefieren cargar sobre la tarifa un 4,5 por
ciento, garantizando el derecho de las empresas a recibir un billón
largo de pesetas a costa de los consumidores, como regalo
completamente injustificado. Fíjense si son contradictorios: su
última justificación de los famosos CTC, del regalo navideño del
billón 300.000 pesetas, provenía de que se había producido una
alteración del compromiso regulatorio, que se expresaba en el
adelantamiento del calendario de elegibilidad como consumidores
elegibles previsto en la Ley del Sector Eléctrico. Pues bien, si
ustedes siguen con ese razonamiento, ahora podrían esgrimir
exactamente el mismo argumento para justificar nuevos costes de
transición a la competencia, puesto que también ahora vuelven a
modificar el calendario de elegibilidad. Si ahora no tienen el
descaro de hacerlo, señorías, no es simplemente porque ahora no
tengan razón. Ahora la tienen; cuando no la tenían era cuando con ese
argumento introdujeron costes de transición a la competencia
completamente injustificados, una sinrazón que seguimos pagando mes
tras mes, a mayor gloria del monopolio eléctrico.
Y en las telecomunicaciones, señor Rato, ¿qué es lo que está
ocurriendo? A pesar de sus cifras, esto sigue siendo un escándalo.
Mientras en Europa los precios caen, y caen de forma continua, aquí
siguen creciendo. La rúbrica de comunicaciones del índice de precios
de consumo armonizado de la Unión Europea establece para España un
5,5 por ciento de crecimiento de esta rúbrica, nada menos, muy por
encima del índice medio de precios. En la Unión Europea se reducía,
esto es, caía ese índice en el 3 por ciento en el mes de marzo. Según
un último informe de la Comisión Europea, España es el país en el que
menos han bajado los precios de las telecomunicaciones, y no es
extraño, mientras sigan ustedes protegiendo el monopolio de
Telefónica al servicio de las aventuras financieras y mediáticas del
amigo del señor Aznar. Las medidas que ahora adoptan, más que una
incentivación a la competencia, parecen hechas para que Telefónica
pueda seguir a sus competidores en la lucha por la cuota de mercado.
Tras las medidas del decreto-ley, las llamadas de fijo a móvil
-fíjense- siguen siendo cinco veces más caras que las de fijo a fijo,
en una llamada metropolitana de un minuto, y 13
veces -digo bien, 13 veces- más cara si la llamada es de tres
minutos, algo que no tiene, créanme, justificación ni en las redes ni
en la tecnología. Pero lo mismo sucede cuando hablamos de las líneas
que alquilan los competidores de Telefónica para prestar servicios
alternativos. Según informes homologados, el alquiler de una línea
telefónica era, según la distancia, en España entre un 40 y un 60 por
ciento más que la correspondiente línea en Europa en el año 1997. Hoy
la diferencia sería todavía mayor. Y algo parecido se podría decir de
las líneas no analógicas, sino digitales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Eguiagaray, le ruego que vaya concluyendo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Voy terminando, señor presidente.
Es difícil avanzar así, señor Rato. Sin duda, los beneficios de las
empresas de comunicación van viento en popa y la capitalización
bursátil permite pelotazos como los que hemos conocido recientemente
para aquellos que se han salido de Airtel con los correspondientes
beneficios, lamentablemente, no porque exista competencia, señor
Rato, sino por todo lo contrario, porque no existe suficiente
competencia y se permiten unos precios, unos beneficios y una
capitalización bursátil que favorece a unos cuantos accionistas en
contra de los consumidores. Por cierto, ¿cuándo piensan introducir
competencia en las llamadas locales, que son las más relevantes para
el IPC y sobre las que no hay nada de nada en el decreto-ley? ¿Cuándo
piensan obligar a Telefónica a alquilar el bucle de abonado a los
nuevos operadores? Ustedes han adoptado medidas cosméticas
insuficientes, buena parte de las cuales ni siquiera requieren la
solemnidad de un decreto-ley, entre otras buenas razones porque ya
estaban adoptadas por una modestísima orden ministerial de marzo de
1997, que ahora trasladan al decreto-ley.
En las autopistas, tres cuartos de lo mismo. Han anunciado rebajas
que ni siquiera sabemos cómo se van a negociar, cómo van a compensar
a las empresas concesionarias de autopista y de qué manera se va a
traducir esto para el sector público. Si proceden, como han procedido
hasta ahora, mediante el alargamiento de las concesiones, este año va
a ser de nuevo el negocio para las concesionarias de autopistas de
peaje.
Productos farmacéuticos -termino, señor presidente-. Simplemente
estamos ante medidas ridículas. Rebajan el margen mayorista del 11 al
9,6 por ciento, lo cual algunos deben considerar que es un inmenso
avance, pero les hemos propuesto medidas de muchísimo más alcance, a
algunas de las cuales, sea por su falta de imaginación o de decisión,
no parecen haber prestado ninguna atención. Por ejemplo, introducir
un sistema de escalonamiento en el margen de las farmacias basado no
en el precio del medicamento o en un porcentaje sobre el precio del
medicamento, sino en el acto de dispensación. ¿Me quieren decir -para
que me entiendan-
por qué dispensar con receta una caja de Viagra puede permitir
ingresar diez veces más que dispensar un vulgar antiinflamatorio?
Segundo, sustituir el régimende precios fijos que hoy existe por uno
de precios máximos que permita, en este terreno, el establecimiento
de descuentos a los consumidores finales por parte de los
farmacéuticos, recomendación hecha hace tiempo por el Tribunal de
Defensa de la Competencia. Tercero, liberalizar la venta de
medicamentos y de productos sanitarios que puedan dispensarse sin
receta. ¿Cuál es la poderosa razón para que no se puedan comprar las
aspirinas o incluso los pañales fuera de las farmacias, de que no se
puedan adquirir en una pequeña o en una gran superficie? Cuarto,
establecer urgentemente un sistema de precios de referencia para las
compras de medicamentos por el Sistema Nacional de Salud. Quinto, la
adopción sin más dilaciones de una política de medicamentos genéricos
o la adecuación de las presentaciones farmacéuticas de los
medicamentos a su efectiva dosificación por los facultativos. Todas
éstas son medidas que abaratarían el coste del sistema, pero que
tienen una clarísima incidencia en los precios, a la cual ustedes no
han hecho ni siquiera una referencia.
Del Tribunal de Defensa de la Competencia vamos a tener ocasión de
hablar. Simplemente haré dos consideraciones, y con esto termino,
señor presidente. Estamos ante el anuncio, por enésima vez, de una
ley del Tribunal de Defensa de la Competencia. Señor Rato, hasta
ahora no han hecho más que dos años de anuncios de una ley que no
acaba de venir. Los anteproyectos de ley -y yo tengo uno incluso
posterior a este decreto-ley- del Tribunal de Defensa de la
Competencia modifican lo que ustedes están estableciendo en el propio
decreto-ley. Sobre todo, señor Rato, lo único que parece importarles
a ustedes es minimizar el papel de un órgano independiente y
sustituir buena parte de sus funciones por el Servicio de Defensa de
la Competencia, en manos de un director del Ministerio, algo que ya
han puesto de manifiesto en otras áreas, como en el caso de la
Comisión del Sistema Eléctrico, privando de toda independencia y
convirtiendo a quienes han nombrado para esa importante función en
simples funcionarios al servicio del Ministerio tutelar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Eguiagaray, le ruego que concluya.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Rato, en esa dirección vamos a
avanzar muy poco y yo me temo que las medidas que ahora adoptan son
medidas para que la televisión que ustedes controlan siga haciendo la
propaganda del Gobierno, con nula incidencia en el IPC y, sobre todo,
al servicio de la defensa de la misma política que han hecho, que es
una política hueca, vana, en la que la competencia es un discurso
vacío y con la que acabaremos teniendo más problemas de los que en
este momento son ya claramente tangibles, claramente perceptibles.
Por eso, señor Rato, como a nosotros nos preocupa la inflación, nos
preocupa el futuro y quisiéramos que se avanzara mucho más, no
podemos aprobar el decreto- ley en los términos en los que hoy
aparece. Es verdad que yo quiero ofrecerle la posibilidad incluso de
un cambio de actitud y de voto de mi grupo, siempre que ustedes estén
dispuestos a comprometer el que este decreto-ley se tramite como
proyecto de ley y eso haga posible el introducir medidas que vayan
mucho más allá de la tibias, tardías e insuficientes medidas que hoy
nos traen a discusión.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Eguiagaray. ¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno
a favor? (Pausa.)
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señor Eguiagaray, gracias por el tono de su intervención. Creo que S.
S. me ha dado la razón, lo cual me complace, porque, como la Cámara
ha podido comprobar, ante un decreto-ley que el Gobierno considera
urgente, en unas circunstancias internacionales cambiantes, el señor
Eguiagaray no ha tenido que hacer una sola referencia ni a recortes
de prestaciones, ni a aumento de impuestos, ni a riesgos del déficit
público. (La señora Pozuelo Meño: Es que eso no toca hoy.) No toca,
precisamente eso es lo bueno, que no toque.
El señor Eguiagaray nos ha dicho que debemos hacer más, más
liberalizaciones, más competencia, más de lo que nunca se había
hecho, y eso para mí es una satisfacción, porque supone que podemos
empezar, después de tres años, a debatir sobre la política económica
del siglo XXI, en vez de estar eternamente discutiendo sobre el
fantasma de un caos según el cual la política económica del Gobierno
iba a impedir la entrada en el euro, iba a llevarnos a una situación
económica desastrosa, iba a impedir que la economía española
mantuviera la sanidad pública, las pensiones, la educación y no sé
cuántas cosas más. Por tanto, agradezco no sólo la intervención y el
tono, desde luego, como siempre, del señor Eguiagaray, sino incluso
una proposición no de ley extensa que ustedes han presentado,
primero, porque han tardado tres años en hacerla, y cuando un grupo
parlamentario necesita tres años para replantearse sus posiciones
económicas, hay que agradecerlo. Y segundo, porque creo que con esa
proposición no de ley vamos a poder aumentar el debate en la Cámara
sobre cuestiones que el señor Eguiagaray ha mencionado.
Sobre su intervención concreta y por qué se opone a este decreto-ley,
el señor Eguiagaray nos dice que estamos en una situación complicada
y que vamos camino de una situación grave. Quisiera recordar uno de
los argumentos que he dado al principio de mi intervención.
Estamos creciendo con una demanda interna al 5 por ciento, nuestra
inflación es del 2 por ciento y estamos creando empleo a un ritmo
probablemente incluso superior al previsto en los Presupuestos
Generales del Estado. (Un señor diputado: La herencia recibida.) En
este sentido, no cabe duda que al señor Eguiagaray le debe parecer
muy preocupante la situación; dos décimas de IPC son en este momento
lo que nos separa, y yo creo que merece la pena que nos separe pero,
sin duda -y lo he planteado antes y es una pregunta política que me
parece relevante-, entre los dos grupos de países que hay hoy en
Europa, la pregunta que me gustaría hacerle al señor Eguiagaray es en
cuál de los dos grupos prefiere estar. Señor Eguiagaray, no estamos
incumpliendo el IPC de convergencia. Es punto y medio, y S.S. lo
sabe, y nos encontramos con que en la zona euro en este momento el
IPC es del 1 por ciento y el nuestro es del 2,1, en índice
armonizado. Pero aparte de que me parece un debate irrelevante, es
mejor que nos pongamos en las situaciones en las que estamos.
Su señoría nos acusa de la creación de monopolios privados. Es verdad
que en el gas tenemos una situación que no hemos podido liberalizar,
pero S.S. conoce esa historia mucho mejor que yo: es uno de los
españoles que ha tenido la ocasión de asistir a un almuerzo histórico
en la Moncloa en el cual, a dedo, se entregaron participaciones de
empresas públicas a empresas privadas. Su señoría estuvo en el centro
de la privatización de Enagas a precios inferiores a los que
planteaban las compañías que asesoraban al sector público, en la que,
además, el sector público se quedaba con los pasivos mientras el
sector privado se quedaba con los activos. Por si fuera poco, S.S.
conoce la razón -que yo desconozco- por la cual una entidad privada
puede tener en Gas Natural el 50 por ciento del consejo, aunque no
tenga el 50 por ciento de las acciones. (Aplausos.) Esa muestra de
defensa de los intereses públicos seguramente tuvo que ver con un
copioso almuerzo. Alguna vez, en sus memorias, el señor Eguiagaray
nos lo podrá contar.
Es verdad que nosotros estamos tratando de solucionar esa situación y
es verdad que hemos puesto un plazo, primero de 15 años y ahora de
10, a esa situación. ¿Va a votar S.S. en contra de eso? Bien, va a
votar exactamente en la línea que su actuación como ministro
demostraba. Nosotros queremos reducir la situación de monopolio en el
mercado del gas y somos precisamente los que estamos permitiendo que
haya más competencia en el acceso, que nos adelantemos sensiblemente
a la media de la Unión Europea en competencia en el gas y que,
además, modifiquemos una situación de monopolio privado
-efectivamente- que heredamos de S.S. y que estamos tratando de
modificar.
Si S.S. pretende llevar este debate a la historia de España, de
Viriato a González... (Rumores.- Un señor diputado: De Pelayo.)
Pelayo, si quieren ustedes; él ha dicho Viriato, pero me da igual
Viriato que Pelayo, ya puestos en esos términos. (Rumores.-El señor
Blanco García: ¡No, qué va, no es igual!) Creo que estamos en un
exceso de debate. El señor Viriato y
el señor González -el primero, porque hace mucho tiempo que está en
la otra vida, y el segundo, porque como su candidato a la Presidencia
del Gobierno le considera fantasma, seguramente está a medio camino
entre una vida y la otra- no tienen nada que ver en este debate,
absolutamente nada que ver. (Aplausos.) Dejemos a nuestros próceres
históricos ante la historia y centrémonos en la cuestión que nos
trae. (Rumores.) No les ha gustado eso, ¿eh? (Risas.) Es una broma,
en el mismo tono que el señor Eguiagaray.
La cuestión que nos trae es que el señor Eguiagaray dice: ustedes no
han hecho nada. Hombre, le reconozco que no hemos hecho todo lo que
usted nos puede demandar, pero hay una pregunta que me parece
relevante. Démonos cuenta de que, por primera vez en nuestra
historia, en un momento de crisis de crecimiento en Europa, estamos
entre los países que crecen y no tenemos que tomar medidas que
perjudiquen a los consumidores o a los contribuyentes o a los que
reciben prestaciones sociales, sino que, al revés, estamos
discutiendo a ver quién les baja más las tarifas de la luz. Ese es un
cambio sustancial.
Por cierto, señoría, ni en el Ministerio de Industria ni en la
Comisión Energética ni en la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos ni en el Ministerio de Economía había un sólo plan para
bajar las tarifas de la luz; ninguno. Era algo imposible, como
probablemente era imposible bajar los impuestos, mantener las
prestaciones sociales e incrementar el empleo; se consideraba
imposible. Nosotros hemos bajado las tarifas de la luz, y voy a hacer
una comparación que a la Cámara le puede interesar: desde que somos
Gobierno, las tarifas de la luz han bajado en términos reales el 10
por ciento y, cuando llegamos al Gobierno, entre el año 1986 y 1996
habían subido el 41 por ciento y entre el año 1993 y el año 1996
había subido el 6 por ciento.
Ahora les voy a hacer una pregunta que no creo que sea difícil de
contestar. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡A ver, a ver!) ¿Cómo
les va mejor a las compañías eléctricas, cuando sube la luz o cuando
baja? (Rumores.- Varios señores diputados: ¡Ahora, ahora!) A ver,
piénsenlo ustedes un minuto ¿Cómo les va mejor a las compañías
eléctricas, cuando los ministros de Industria suben las tarifas de la
luz o cuando las bajan? Y piensen ustedes una segunda cosa. ¿Cómo les
va mejor a las familias y a las empresas cuando sube la tarifa de la
luz o cuando baja? (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.)
Si ustedes son capaces de contestar esa pregunta se darán cuenta de
que antes las tarifas de la luz subían y ahora bajan. Ustedes nos
pueden decir que bajan poco. Es un debate en el que nosotros no nos
encontramos incómodos; que la Cámara nos incentive, nos critique y
nos impulse a bajarlas más es un debate positivo. Pero, señorías, que
nos digan que no hemos hecho nada... De momento hemos hecho el cambio
total y es que en esta Cámara se discute bajar las tarifas de la luz
en vez de subirlas. Si a ustedes les parece poco cambio, señorías,
haberlo hecho antes.
Me dice S.S. que en el sector de las telecomunicaciones tampoco hemos
hecho nada. En el sector de las telecomunicaciones en este momento
hay tres operadores compitiendo. Todas las tarifas provinciales,
interprovinciales e internacionales o han crecido cero o han bajado
en todos los años en los que nosotros gobernamos. Es verdad que en
agosto del año 1998 las tarifas locales han subido un 13 por ciento
en la política de reequilibrio tarifario de la compañía Telefónica.
Quiero recordarles que la última subida de tarifas locales, que fue
el año 1994, fue del 38 por ciento, en la misma política. (Rumores.)
Estoy dispuesto a que S.S. nos diga que ya no cree necesario el
reequilibrio tarifario de las tarifas locales. Por cierto, a todos
los que tuvimos ocasión de visitar el Ministerio de
Telecomunicaciones en legislaturas anteriores se nos argumentaba todo
el tiempo que no podía haber ley del cable para proteger a
Telefónica, que no se podía liberalizar el mercado para proteger a
Telefónica, que había que cobrar 60.000 millones de pesetas al
competidor de Telefónica en telefonía móvil para proteger a
Telefónica y, sin embargo, nosotros hemos hecho exactamente lo
contrario. Por tanto, si S.S. cree que la medida que nosotros hemos
tomado para finalizar -y le subrayo la palabra finalizar- el
reequilibrio tarifario de Telefónica es equivocada, créame que tengo
que afirmar que todos, especialmente ustedes, hemos estado un montón
de años equivocados, porque lo del reequilibrio tarifario de
Telefónica y la necesidad de proteger a la compañía Telefónica lo
hemos oído aquí en esta Cámara y en los despachos de los ministerios
desde el año 1982 a 1996 sin parar.
Pues bien, el hecho es que en estos momentos las tarifas están
bajando y nos encontramos con una competencia en el sector de las
telecomunicaciones tan importante, señorías, que hay empresas
privadas españolas que ganan dinero dando las mejores opciones a
consumidores y a otras empresas. En este momento el conjunto de la
competencia en telefonía en nuestro país permite que haya un tipo de
actividad nueva que es ser capaz de elegir la mejor oferta. Eso no lo
habíamos visto nunca, jamás, y se ha producido ahora. Sus señorías me
dicen: Es que lo hacen ustedes para proteger. ¿A quién? Para proteger
a los que se benefician de esas bajadas de teléfonos. Por cierto,
señorías, llevamos tres años escuchando lo mucho que ustedes critican
a las personas que hemos nombrado en algunas empresas, la cantidad de
cosas que ustedes les iban a decir, la cantidad de datos, la cantidad
de fechas, la cantidad de argumentos que ustedes tenían para decir a
esos señores que actuaban mal. Nosotros ya les explicamos que eran
personas profesionales, que los mercados las reconocían como
demostraba el aumento de la consideración de esas empresas por encima
de la media. Pues fíjese la Cámara si no lo sabe, el día que esas
personas vinieron aquí a dar cuenta de su gestión (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben) -sí han venido, los que no
fueron fueron ustedes- (Protestas.) el Grupo Socialista se marchó
de la Comisión. Tenían tantos argumentos, eran tan apabullantes las
evidencias sobre la mala gestión de determinadas personas que el día
que vienen a la Cámara a rendir cuentas el grupo principal de la
oposición coge la puerta y se marcha sin decir ni mu. (Aplausos.) Si
eso se lo ha ocultado a ustedes la dirección de su grupo tengo la
satisfacción de comunicarles que su grupo se marchó. No tuvimos la
escena de mirándoles a los ojos, no; su grupo se marchó porque no
tiene nada que decir, y además es lógico; los demás grupos que se
quedaron les interrogaron, les pidieron cuentas, comprobaron lo que
cada uno quiso. Su grupo no tuvo absolutamente nada que decir y, por
tanto, yo tampoco tengo nada que decir en ese viejo debate en el que
ustedes ya nos han demostrado cuál es el peso de sus argumentos.
Hemos liberalizado el sector de hidrocarburos, al que no ha hecho
referencia S.S. y, por tanto, lo paso por alto.
Como ya he mencionado, se ha planteado en el sector del gas una
modificación sustancial que permitirá que España se sitúe el año que
viene, el año 2000, con un 67 por ciento del mercado totalmente
liberalizado en un sector que heredamos totalmente monopolizado
y para colmo de ejemplos en manos privadas.
Su señoría me dice que en la cuestión de los medicamentos no le
satisfacemos. ¿Por qué me plantea hoy medidas a las que ustedes se
han opuesto o que ustedes han retirado? Hay que tener un poco de
coherencia porque ustedes eternamente vienen sin memoria, pero no de
lo que hacían antes sino de lo que han hecho hace dos días. Me
plantea el señor Eguiagaray -seguramente sugerido por los expertos de
su grupo- el margen escalonado de las farmacias. Esta es una
propuesta de la subcomisión sobre modificación sanitaria a la que
ustedes votaron en contra. ¿Que ahora quieren ustedes estar de
acuerdo con nosotros? Bienvenidos sean. Pero es que además me habla
de mayores descuentos en los productos farmacéuticos. Señoría, esa es
una proposición no de ley que ustedes retiraron del Pleno de esta
Cámara. Si S.S. me pide lo que ni siquiera es capaz de plantear, aun
así, fíjese, le acepto que me lo pida, pero reconózcame que no debe
ser fácil, ¿no? Aun así acepto que me lo pida, pero reconózcame usted
que debe ser al menos un debate abierto, no con la rotundidad con la
que usted me ha hablado. Me gustaría que SS.SS. repasasen cuál ha
sido el coste para el sector que produce fármacos en este país entre
bajadas de precios y aportaciones dinerarias en la legislatura
anterior y en ésta. Hagan ustedes esa simple suma y verán el esfuerzo
que nosotros estamos demandando a un sector al que ustedes demandaban
notablemente menores esfuerzos.
Señorías, creo que lo importante y lo sustancial es que en estos
momentos en Europa existen dos tipos distintos de problemas; nosotros
tenemos problemas y otros tienen otros problemas. Hay economías que
no son capaces de generar empleo y que tienen índices tan bajos de
precios que sus gobiernos hablan de deflación
y de que tienen que reactivar sus economías -yo vuelvo a repetir algo
que he dicho en otros momentos, creo que sólo con políticas
monetarias no lo van a conseguir-, y hay otras economías en las que
nuestro problema estriba no tanto en nuestras cifras como en nuestra
comparación o en nuestro diferencial de cifras. El señor Eguiagaray
tiene razón al insistir al Gobierno en la preocupación que hemos de
tener en nuestro diferencial de inflación con mercados tan
importantes para nosotros como Alemania y Francia. Tiene toda la
razón, de ahí que el Gobierno esté convencido de que el proceso de
liberalización es el único camino. También tiene razón S.S. cuando le
pide al Gobierno más liberalización, porque S.S. reconoce que ese es
el camino por el que podemos mejorar y construir una economía más
estable y al mismo tiempo más generadora de empleo.
Por todo ello, tengo que decir que considero positivo el que la
Cámara no sólo controle y debata sino que critique al Gobierno en el
proceso de liberalización. Creo que es una alternativa en la que
debemos profundizar. El debate sobre cómo podemos acelerar el proceso
de liberalización en España es positivo. Un debate en el que se
planteen las exigencias de los grupos (y ya sabemos -he puesto
algunos ejemplos- que es más fácil hacer exigencias en la oposición
que en el Gobierno, lo cual me parece lógico) le conviene a la
sociedad española. Lejos hemos dejado la referencia a que teníamos
que conformarnos con la media europea. Bienvenido sea que en
telecomunicaciones, en gas y en electricidad se nos pida y se nos
exija un mayor ritmo que la media europea. Bienvenido sea que el
principal grupo de la oposición pida al Gobierno que haga en tres
años el mayor esfuerzo de conseguir que nuestra economía se sitúe en
niveles de flexibilidad y de liberalización mayores. Y en ese debate,
independientemente de las medidas concretas, que como es natural
responden a la convicción que cada uno tenemos del interés de
acertar, creo que avanzamos en una posición y en una dirección
absolutamente relevantes y necesarias. La economía española ha
alcanzado importantes grados de flexibilidad y de liberalización; si
no sería imposible, primero, que pudiéramos debatir hoy esto,
estaríamos atrapados en el déficit público, en las prestaciones
sociales, en los tipos de interés. No estamos atrapados en esa
situación, estamos en otra situación. Es un nuevo debate que exige
nuevas medidas y nuevas alternativas, y eso es muy positivo. Sería
imposible que la economía española pudiera esta creciendo al 5 por
ciento de su demanda interna con un debate sobre los precios del 2
por ciento. Su señoría tiene razón cuando le significa al Gobierno
que debemos ser vigilantes de la evolución de la inflación
subyacente, pero también S.S. sabe que la evolución de la inflación
subyacente ha sido demostrativa del grado de flexibilidad de nuestra
economía. Como S.S. sabe muy bien, de un 3,6 de inflación subyacente
que teníamos en 1996 a un 2,4 que tenemos en este momento, la
situación demuestra que no sólo elementos coyunturales como la
energía o los alimentos no elaborados sino otros elementos nos están
permitiendo mejorar.
Señor presidente, valoro positivamente no sólo el debate sino también
las iniciativas que los grupos hayan planteado. Y vuelvo a reiterar,
fuera de todas las prácticas de debate parlamentario, que el Gobierno
va a estudiar, junto con los grupos parlamentarios que le apoyan, la
iniciativa de su proposición no de ley que espero que planteen al
debate pronto, que podamos en esa proposición no de ley sumarnos con
alternativas, con modificaciones en la línea de muchas de las cosas
que ustedes plantean, y que transmitamos a la sociedad española que
en estos momentos nuestros niveles de crecimiento y de empleo
dependen especialmente del aumento de la competencia y de la libertad
económica en nuestro país y que el que esta Cámara se convierta en la
mayor garante y la más exigente en esos niveles es sólo un motivo de
satisfacción para este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rato, yo también le agradezco a usted su intervención y el
tono, a veces jocoso, y en alguna ocasión tendré que rectificarle. En
todo caso, más allá de la dialéctica parlamentaria y de alguna
utilización supuestamente hábil de palabras o de afirmaciones por mi
parte, me parece que finalmente, como usted empezaba su intervención,
ha venido a darme la razón. Usted me ha dicho: Hace bien la oposición
en pedir que hagamos lo que no estamos haciendo. Además, me ha
expresado la voluntad de tomar en consideración elementos que están
en la iniciativa que el Grupo Parlamentario Socialista, a través de
una proposición de ley, ha planteado ahora. Le rectifico, llevamos
planteándola no sólo en los últimos días sino a lo largo de toda esta
legislatura. Si usted analiza nuestra proposición de ley se dará
cuenta de que esta es una buena parte de las consideraciones que en
esta materia hemos venido diciendo a lo largo de todo este período,
sea en energía, sea en telecomunicaciones, sea prácticamente en todas
las materias, desde los colegios profesionales a todas las demás
cosas; de hecho, estaban formuladas muchos años antes, solamente que
en cada tiempo hay que hacer aquello que se puede hacer y ciertamente
bastante más de lo que ustedes están haciendo.
Mi crítica, señor Rato, no es a que ustedes hagan el discurso; lo
malo es que hacen sólo el discurso y después no adoptan medidas.
Ahora pretende volver la oración por pasiva para decir: Yo les
agradezco que nos den estos consejos, por qué cuando estaban en el
Gobierno no lo hicieron; con lo cual volvemos, señor Rato, a Viriato,
como el señor Arias-Salgado, pero no lo haga usted, por lo menos no
se coloque en ese nivel, porque resulta tan ridículo pretender que el
Gobierno
anterior tenía que haber hecho lo que a ustedes ahora les exigimos
que hagan que es simplemente una forma de discutir poco razonable,
resulta ridícula.
Es ridículo que usted me trate de responsabilizar de la existencia de
problemas de liberalización en el gas. Más allá de la tenencia
conspirativa de la historia, que a veces se suele producir en el
ámbito de la política, pensar que en una cena oculta en la Moncloa se
discutió, se pactó no se sabe muy bien qué alrededor del gas, créame
que no tengo absolutamente nada que ocultar. Por cierto, todo lo que
se hizo en el gas en mi tiempo (y es bastante ridículo que yo tenga
que dar cuenta de lo que se hizo puesto que fue debatido en esta
Cámara cuando yo era ministro; ahora se trata de debatir lo que hace
usted cuando es ministro, no lo que hice yo) ni siquiera fue
criticado por el Partido Popular en Comisión, porque las sospechas no
pudieron ser puestas de manifiesto y todos los datos estaban en la
Comisión parlamentaria que analizó las operaciones en materia de gas.
Pero no analicemos la gestión anterior, analicemos la suya, señor
Rato, y la suya lo que debe poner de manifiesto es que hay muchas
cosas, como usted ha venido a reconocer, que debieran hacerse y no se
hacen.
Dice usted: ¿Por qué no me contesta a esta pregunta: dónde prefieren
ustedes estar? en este juego de construir maniqueos para ver si le
sitúa a uno en aquella posición que no se puede de ninguna manera
defender. ¿Preferirían ustedes estar en una economía que no creciera,
que no generara, empleo, etcétera? Pues no, naturalmente que no
queremos estar en una economía que no crezca y que no genere empleo.
Lo que pasa es que la trampa de su razonamiento, señor Rato, es tan
sencilla como ésta. ¿Por qué en el año anterior y en el anterior
hemos estado cumpliendo el índice de convergencia en materia de
inflación y ahora no? ¿Eso qué significa? ¿Que anteriormente los
demás países no estaban creciendo y generando parcialmente empleo?
¡Si crecían más de lo que están creciendo en este momento! Ese no es
el problema, señor Rato, el problema es que ahora han crecido menos,
pero nosotros tenemos un diferencial de precios que ustedes saben que
estaba cantado que se iba a producir, porque en lo que no han dado
prácticamente un palo al agua es precisamente en la liberalización
del sector de servicios, que es donde están los problemas, ya que en
todo lo demás hay liberalización. Pero si usted confunde
liberalización con la venta de 4 billones y medio del patrimonio
nacional o con convertir Telefónica en una empresa solamente privada
o con impedir que el señor Villalonga ahora y en el pasado comparezca
en esta Cámara; si usted cree que eso es la liberalización y hacer
imposible que los gestores de todas las empresas que ustedes han
metido no puedan venir a dar cuenta al Parlamento, yo tengo que
decirle que eso no es liberalización, es otra cosa diferente,
simplemente la elusión de controles que anteriormente existían y que
ahora seguimos padeciendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las
tarifas? Lo más grave de lo que hoy le he oído es decir a los ciudadanos
españoles que se sientan satisfechos porque pueden ser
engañados en sus barbas todos los días con las tarifas telefónicas.
Es más, ahora tiene que haber una nueva profesión ¡oh virtud de la
competencia! que consista en interpretar día a día, semana a semana,
los cambios de tarifas que decide cada una de las empresas para que
en cada momento puedan los consumidores elegir quién es el mejor.
Fíjese usted, si eso es la transparencia de precios, si eso es un
mercado competitivo, es exactamente la negación de lo que toda la
vida se ha llamado un mercado competitivo. Eso se llama un mercado en
el que se trata de fidelizar a los clientes, haciendo las cosas tanto
más oscuras y, no obstante, haciendo parecer que todo el mundo
obtiene ventajas. Por eso obtienen los beneficios que están
obteniendo y por eso hoy la competencia, que naturalmente es mayor de
la que existía, es rotundamente insuficiente. Por favor, señor Rato,
no siga diciendo esa cosa que me permito decirle que es una simpleza,
por no decir algo un poco más inconveniente (Un señor diputado: ¡Una
bobada!), cuando los consumidores estamos sufriendo todos los días
anuncios y una invasión de mercadotecnia, como se dice, para decirnos
que nos pasemos del uno al otro y no tenemos ni idea de cuál es la
tarifa más barata porque cada semana cambia y hay que volver a hacer
un análisis con una revista especializada, con un experto del sector,
para ver cuál es el proveedor que le interesa a uno más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Eguiagaray, le ruego vaya concluyendo.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Rato, energía. Me ha acusado y ha
acusado también al Grupo Parlamentario Socialista de que no dejamos
no se sabe muy bien qué planes para la reducción de tarifas. Ya se
empezaron a producir reducciones de tarifas en el pasado. La
reducción de tipos de interés, que es uno de los elementos cruciales
de la posibilidad de reducción de tarifas, solamente se estaba
iniciando y eso fue unido al proceso de convergencia. Pero si usted
recuerda, en la campaña electoral de 1996, la anterior, ya nos
encontramos con que en el programa electoral del Partido Socialista
estaban anticipadas las reducciones de precios que después han podido
ustedes hacer simplemente por la evolución de los costes que estaban
previstos. Se pueden hacer tantos más cuantas más reducciones de
costes haya. ¿Cuál es el problema, señor Rato? El problema es que,
como le he dicho y se lo puedo demostrar, ustedes no han traducido a
tarifas, no han bajado a los consumidores lo que se les puede bajar
en virtud de la reducción de costes financieros de las empresas
eléctricas. ¿Por qué? Porque han preferido beneficiar a sus amigos,
porque han preferido hacerles un regalo, porque han preferido que se
lleven un billón trescientos mil millones de pesetas, que es
completamente escandaloso (Aplausos.-Rumores.), porque incluso en
este momento, cuando dicen que van areducir la tarifa solamente
doméstica en un 1,5, están
simplemente ocultando a los ciudadanos que la reducción de tipos de
interés operada en 1999 permitiría hacer una reducción infinitamente
superior. Hoy se puede, sin reducción de los márgenes financieros y
de la situación financiera de las empresas -que a nosotros también
nos interesa no afectar negativamente-, hacer una rebaja de tarifas
de un 8,5 por ciento, pero no solamente sobre el consumidor sino
sobre todos aquellos que compran electricidad. Pero ustedes están en
otra onda. Están simplemente garantizando una evolución de monopolios
públicos convertidos en privados en este momento que no va a favor
del consumidor sino precisamente en contra del mismo.
Señor Rato, termino porque no se trata de volver a discutir lo que ya
hemos discutido. Cuando usted me habla de órganos independientes
simplemente se me erizan los pelos. Lo que ha ocurrido en la Comisión
del sistema eléctrico es un escándalo: que ustedes hayan provocado la
dimisión del presidente de la Comisión del sistema eléctrico, que
hayan generado una nueva comisión en la que simplemente se trata de
premiar la fidelidad, que vayan a impedir la publicidad por parte de
las actuaciones, de los estudios, de los análisis y de las opiniones
de los miembros de la Comisión del nuevo sistema energético. Algo
parecido ha ocurrido, señor Rato, con los cambios que usted ha
operado en el Tribunal de Defensa de la Competencia. ¿Recuerda por
ejemplo esa persona (de la mayor parte de los cambios que usted ha
hecho apenas ninguno es conocido en el sector por sus especialidades
en materia de derecho de la competencia) que compone el Tribunal de
Defensa de la Competencia, por cierto magistrada, que se harta de
decir a todo aquel que le quiere oír que no se sabe por qué la han
nombrado porque ella de derecho de la competencia o de derecho
mercantil no tiene la más remota idea? Eso sí, debe tener el mérito
-que seguramente no es pequeño- de ser amiga de la ministra de
Justicia. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Eguiagaray, le ruego concluya.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Si esta es la concepción de cómo
funcionan las cosas, ¿cómo vamos a creer en esto?
Por tanto, señor Rato, creo que haría bien en reconocer lo que sí me
ha reconocido en el fondo de sus palabras: que han hecho muy poco,
que han hecho un gran discurso -eso sí, con grandes medios
propagandísticos a su favor-, pero muy poco en favor de la
liberalización y en favor de la competencia. Como al menos
nominalmente da la sensación de que pudiéramos estar de acuerdo en
que hay que hacer mucho más de lo que se dice en este ridículo
decreto-ley, quizá podamos ponernos de acuerdo en el futuro pero hoy
por hoy me temo que es difícil. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Eguiagaray.
Tiene la palabra el señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente, gracias,
señor Eguiagaray.
Quiero insistir -aunque me parece que no es relevante no quiero dejar
de subrayarlo- en que en estos momentos nuestros diferencial de
inflación con los países euro se sitúa en un punto y una décima. (El
señor Griñán Martínez: El 50 por ciento.) A partir de ahí S.S. puede
pensar que estamos en una situación complicada, difícil, depende de
cómo quiera matizarlo. Yo no creo que sea maniqueo presentar a la
opinión pública española cuál es la situación europea; no creo que lo
sea. Hemos estado tres meses escuchando lo que nos contaban, por
cierto compañeros de S.S. de la Internacional Socialista, sobre la
situación de sus países con gran preocupación. Hemos asistido a
dimisiones de ministros, hemos asistido a presiones públicas sobre el
Banco Central Europeo, hemos asistido a debates sobre economías que
no son capaces no ya de crecer sino de crear empleo.
Por primera vez en una crisis internacional, señorías, la economía
española se sitúa creciendo el doble que la economía alemana; en la
misma coyuntura y con la misma moneda estamos creciendo el doble que
la economía alemana, y de lo que se trata es de mantener esa
situación. Desde luego, pretender decir que haber conseguido crecer
el doble que la economía alemana con una inflación del 2 por ciento
no es consecuencia de la liberalización, me parece que es un debate
que nos lo pone demasiado fácil y que no aporta nada. Su señoría me
dice que la inflación de servicios no ha evolucionado positivamente.
La inflación de servicios se ha reducido con respecto a inflaciones
anteriores, pero S.S. no me puede negar que sí ha bajado el coste de
los teléfonos. Si S.S. considera que el que haya muchas ofertas es
síntoma de que no hay competencia, entonces debe creer que los coches
no tienen competencia, la leche no tiene competencia, el pan no tiene
competencia, los viajes no tienen competencia, porque todos los días
todos los consumidores de este país están siendo bombardeados con
ofertas de distintos productos y todos sabemos que para poder comprar
desde una radio hasta un automóvil, pasando por una póliza de seguros
e incluso una libreta de ahorro, cualquier consumidor hoy tiene que
hacer el esfuerzo de enterarse de cuál es la mejor oferta. La
situación mejor, según el señor Eguiagaray o de su razonamiento
llevado al extremo, sería la que existía antes cuando nadie tenía que
pensar dos veces en la tarifa telefónica porque se la daban puesta.
En estos momentos, las empresas pueden reducir sus tarifas
telefónicas en el 87 por ciento en el mejor de los casos, es cierto,
pero en el 87 por ciento. No está mal. ¿Su señoría considera que eso
es falta de transparencia y falta de competencia? Pues entonces,
señorías, tengo que decirles que todo el mundo occidental en el que
estamos bombardeados por ofertas distintas de coches, de pisos, de
seguros, de alimentos, de productos de belleza y de medicinas está
equivocado, no es
un mercado liberalizado. Resulta que aquí lo liberalizado es que no
haya ofertas y que por tanto no haya que pensar. Señor Eguiagaray, no
me diga maniqueos porque ya la cosa... Nos empezamos a separar de un
debate medianamente constructivo.
No es ninguna cena secreta en La Moncloa; es comida con foto. Tres
representantes de tres empresas, dos públicas y una privada, con
representantes del Gobierno, con el vicepresidente de entonces, a la
hora de comer, foto anunciando las grandes nuevas para esas empresas.
O sea que de secreto nada. (Aplausos.) Y grandes debates en la
Comisión de Industria, de aquella época, pidiendo cuentas de un
acuerdo que nunca fue sometido a esta Cámara. (El señor Eguiagaray
Ucelay: No es verdad.) No se hizo por ley, señor Eguiagaray, se
tomaron las decisiones en el Consejo de Ministros. Ninguna ley ha
venido a esta Cámara en esa dirección.
En cuanto al sector servicios es indudable que se están produciendo
mejoras en la competitividad y que muchas de ellas tienen que ver con
una flexibilidad y una capacidad del mercado laboral que está siendo
muy positiva para la economía española. Quiero subrayar que, también
por primera vez en un debate sobre inflación en este país, los grupos
y el Gobierno estamos discutiendo sobre cómo conseguir que las
empresas y las grandes empresas bajen más sus precios, en vez de
otros debates que hemos vivido durante demasiados años en la
dirección de que los que tenían la culpa de la inflación eran los
ciudadanos. También quiero subrayar ese cambio, que me parece muy
positivo.
Su señoría me dice que las tarifas eléctricas deberían de bajar más.
Nosotros creemos que están bajando un 10 por ciento en tres años en
términos reales y su señoría opina que esa es una reducción pequeña.
Bien, ese es un debate en el que la oposición siempre va a tener
suerte; no me cabe la menor duda de que ustedes siempre podrán decir:
y un huevo duro, o dos huevos duros, como dice la famosa frase de los
hermanos Marx; no hay duda. En cualquier caso, el Gobierno presenta
un balance, una reducción del 10 por ciento de las tarifas
eléctricas. ¿Que hemos concentrado ahora más en las familias que en
las empresas? Sí, señoría, porque habíamos concentrado mucho más en
las empresas que en las familias en momentos anteriores en decisiones
que ustedes nunca han compartido; jamás han compartido una sola
decisión sobre el proceso de liberalización.
Señor Eguiagaray, no tenemos baja inflación porque hayan bajado los
tipos de interés; bajan los tipos de interés porque tenemos baja
inflación, si no la cuenta no funciona, y S.S. lo sabe igual que yo.
Porque cuénteme S.S. o cualquier miembro de la Cámara en qué ocasión,
en una crisis internacional como la que se produce especialmente a
partir de septiembre-octubre del año 1998, coincide con una bajada
constante de los tipos de interés en España. Algo ha cambiado en
nuestra situación estructural. Sólo tiene S.S. que contemplar las
previsiones de los organismos internacionales sobre
la economía española para este año y para el siguiente, y nuestros
diferenciales de crecimiento se mantienen en un marco de estabilidad.
Lo que pasa es que necesitamos aumentar nuestra competitividad, de
ahí lo positivo de este debate. No diga S.S. que yo reconozco que no
se han movido las cosas. Fíjese usted si se han movido. Cuando
nosotros llegamos había en el sector eléctrico un marco estable que
favorecía a Endesa, estaba pensado exclusivamente para favorecer a
Endesa, y no a costa de las otras empresas sino a costa de los
consumidores. Cuando nosotros llegamos, Telefónica imponía su ley no
sólo poniendo una entrada de 60.000 millones a cualquier competidor
que quisiera entrar, por cierto declarada ilegal por los tribunales.
No se acordará porque no le conviene de lo que sucedió con la segunda
telefonía móvil, pero aquí está el autor: en el mercado costaba
60.000 millones hacerse competidor de Telefónica, para empezar a
hablar; la Comisión Europea lo declaró ilegal, claro, y eso se ha
pagado ahora. Además, cosas tan importantes como la Ley del cable no
se desarrollaban porque a Telefónica no le convenía. (Una señora
diputada: Los amigos.) No, no eran amigos ni enemigos, era que quien
dirigía la política de telecomunicaciones de este país era
Telefónica, quien dirigía la política de electricidad de este país
era Endesa y quien dirigía la política de gas de este país era Gas
Natural. Eso ha cambiado radicalmente en este momento. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
vicepresidente, le ruego que vaya concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señoría, su grupo parlamentario que
tantas veces quiere preocuparnos por las decisiones que hemos tomado
sobre personas, cuando vienen aquí pura y simplemente se van. Seguro
que S.S. no se quiere acordar de esa tarde tan especial antes de
Semana Santa. (Rumores y protestas.) Sí, de Semana Santa; la semana
anterior. (Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego que guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Lo que pasa es que al parecer la
dirección de su grupo ha tenido buen cuidado de que ustedes no se
enteren. Pues yo se lo cuento, contribuyo a la democracia interna del
Grupo Socialista. (Aplausos.) El Grupo Socialista abandonó la
subcomisión de privatizaciones cuando vinieron los responsables de
las empresas privatizadas porque no tenía nada que decir. (Una señora
diputada: Los socios.)
Comisión del Sistema Eléctrico. Me sorprende profundamente que S.S.
no considere correcto el nombramiento de unas personas en la Comisión
del Sistema
Eléctrico, en el mismo sistema y con los mismos criterios políticos
que S.S. aplicó, con los mismos; yo soy testigo de excepción porque
le pregunté a S.S., cuando yo me sentaba en los sillones rojos y S.S.
en los azules, si iba a contar con el consenso parlamentario para la
Comisión del Sistema Eléctrico y S.S. me contestó que no. (Un señor
diputado: Eso es mentira.- Rumores.) Su señoría me contestó eso a mí,
no a otro; me contestó que no lo consideraba necesario. Como digo,
son los mismos criterios. ¿Quiere esto decir que S.S. considera que
la Comisión del Sistema Eléctrico que nombró no era eficaz? ¿Con un
ex ministro, un ex secretario de Estado como presidente, no era
eficaz? ¿Va a pedir usted excusas a la Cámara por haberla nombrado?
¿No, verdad? Pues entonces, señoría, estamos siguiendo exactamente
los mismos procedimientos y el mismo respeto debemos tener a todas
las personas. Yo no tengo ninguna duda sobre esa cuestión. (Un señor
diputado: ¡Pero yo sí!) En cuanto al Tribunal de defensa de la
competencia, S.S. nombraba ex diputados, nosotros nombramos
magistrados independientes; creo que la diferencia es notable.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, lo primero
que tenemos que señalar es que este real-decreto es consecuencia
directa de la renuncia al control de la política monetaria a favor
del Banco Central Europeo que estaba implícita en el proceso de la
unión monetaria. Se nos presenta un Real Decretoley de medidas
urgentes que pretende mitigar los efectos sobre el IPC de la rebaja
en los tipos de interés decretada por el Banco Central Europeo,
contraria a los intereses de la economía española según declaraciones
del gobernador del Banco de España e incluso de algunos miembros del
Gobierno.
Como es sabido, el Bloque Nacionalista Galego nunca fue partidario de
situar la inflación como objetivo prioritario de la política
económica, porque preferimos atender a variables como la tasa de
desempleo, los salarios. (El señor vicepresidente, Companys Sanfeliu,
ocupa la Presidencia.) De todas maneras, lo importante es que este
decreto-ley evidencia lo que ya habíamos dicho antes de la entrada en
la unión monetaria, que la política monetaria del Banco Central
Europeo no se ajustaría a las necesidades de la economía española y
que la única vía de ajuste sería la economía real, como bien reconoce
el Gobierno en la exposición de motivos de este real decreto. Así
dice: Las medidas adquieren especial relevancia tras la incorporación
de España a la
tercera fase de la unión monetaria europea. Las políticas económicas
nacionales ya no cuentan con el instrumento monetario para moderar la
evolución de los precios, de manera que la política fiscal y las
reformas estructurales son los únicos medios disponibles para
mantener la inflación dentro de los límites previstos.
En este caso estamos ante una rebaja que intenta ser oportuna, pero
señores del Gobierno, ¿qué pasaría si en vez de una rebaja ante
repuntes inflacionarios en Alemania o Francia el Banco Central
Europeo decidiese subir los tipos de interés? ¿Qué medidas de
urgencia se tomarían entonces: congelación salarial, reconversión
industrial, reducción de prestaciones sanitarias y sociales o una
suma de todas las anteriores? Reflexionen sobre las consecuencias de
no tener política monetaria propia. Pero todavía hay más; según la
opinión de expertos, las medidas adoptadas por el Gobierno ni
siquiera contribuirán a reducir el índice de inflación. Francamente
no sabemos si contribuirán o no a reducir la inflación, pero nos
parece que dichas medidas son insuficientes, en algunos casos
regresivas, y cuando menos contradictorias con otras actuaciones
recientes del Gobierno. Voy a poner unos cuantos ejemplos.
En lo relativo a las tarifas telefónicas, dudamos de la verdadera
intención liberalizadora del Gobierno, pues las medidas anunciadas no
afectan al tramo más importante del negocio telefónico, cual es el de
las llamadas metropolitanas. Desde el punto de vista de la inflación,
la rebaja ahora anunciada es una medida contradictoria con la última
reestructuración de las tarifas telefónicas aprobadas por el
Gobierno. El 30 de julio de 1998 el Gobierno autorizó a Telefónica
entre otras cosas a incrementar la cuota de abono en 200 pesetas, lo
que suponía un incremento del 16,1 por ciento. Se autorizó igualmente
el incremento del precio de las llamadas metropolitanas en
porcentajes que según la OCU varían entre el 13 y el 72 por ciento en
función de la hora y el tiempo de duración de las llamadas, como muy
bien saben los usuarios de Internet que lo han denunciado repetidas
veces. Las rebajas contempladas en el decreto ni siquiera compensan
las subidas aprobadas por el Gobierno en el mes de julio.
Otro ejemplo. La rebaja generalizada e indiscriminada en el precio de
las autopistas es una medida regresiva y discriminatoria caso de que
no se apliquen rebajas adicionales a los tramos que en la actualidad
carecen de una verdadera alternativa viaria gratuita. Al ser
universal afecta más a quien más las usa, que en los casos donde
existen otras alternativas viarias son precisamente las personas de
mayor poder adquisitivo. Por el contrario, este esfuerzo económico se
debería destinar al abaratamiento o incluso a la gratuidad de
determinados tramos para los que no existen alternativas viarias
gratuitas, como por ejemplo el tramo de Rande, en Galicia, que es un
caso ejemplar y paradigmático que ya hemos propuesto muchas veces.
Además, hay evidencia de que es posible alcanzar rebajas mayores,
como se está demostrando en el caso de Cataluña.
Por último y en tercer lugar, la rebaja de los aranceles de los
notarios y registradores de la propiedad para la constitución,
modificación, subrogación o cancelación de préstamos hipotecarios es
una medida totalmente insuficiente por no contemplar la escalada de
precios en este sector, ya que estos aranceles sólo representan
alrededor del 1 por ciento del coste total de la adquisición de la
vivienda. Por el contrario, asistimos en los últimos años a un
crecimiento espectacular del precio del suelo y de la construcción;
sólo en los tres primeros meses del año 1999 el precio medio de la
vivienda se incrementó el 15 por ciento y los expertos indican que
esa tendencia se mantendrá a lo largo del año.
En definitiva, señorías, el Bloque Nacionalista Galego no se
identifica con estas medidas como contribución positiva a la economía
real y a los intereses mayoritarios. Creemos que son un parche en un
camino equivocado.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Una breve intervención para fijar la posición de nuestro grupo
respecto a este real decreto.
No cabe la menor duda de que en nuestro país y como consecuencia de
medidas adoptadas ya por gobiernos anteriores, las adoptadas por el
actual en el diseño conjunto de las políticas de demanda y oferta han
permitido no sólo cumplir con los objetivos de convergencia nominal
planteados en el programa de convergencia de 1997-2000, sino incluso
obtener resultados mejores de los que allí se definieron. Negarlo es
vivir fuera de la evidencia, de la realidad y de la verdadera
situación económica de nuestro país. España al igual que el resto de
los países comunitarios, presentó su programa de estabilidad y empleo
para el periodo 1999- 2002, con un crecimiento previsto del 3,8 en
1999, y un crecimiento medio del 3,3 en el trienio 2000-2002, con la
consiguiente creación de empleo. Todo ello basado en dos pilares, la
prosecución en la política de consolidación fiscal y reformas
estructurales para apoyar las medidas de avance en materia de
convergencia real.
Como aquí se ha dicho, desde que entramos en la Europa del euro hemos
perdido el instrumento monetario para moderar la evolución de los
precios. Teniendo en cuenta esto y sin olvidarnos de que las
economías están hoy día todas concatenadas -una gripe en Finlandia
puede producir un estornudo en Portugal-, no olvidemos que el
Gobierno hoy día tiene que concentrar su actuación económica en la
materia de política fiscal y reformas estructurales. Dentro de ese
marco se encuadra el presente Real Decreto de medidas urgentes de
liberación e incremento de la competencia, que
nace al amparo del artículo 86 de la Constitución Española, por
situación extraordinaria y de urgente necesidad. ¿Por qué? Muy
sencillo. Como consecuencia del fuerte incremento de la demanda
interna, se ha producido la elevación de determinados precios que
amenazan con el posible repunte de los mismos y también con que
apareciera el fantasma temido de la inflación.
No voy a analizar las diversas medidas que contiene el real decreto
en sus ocho capítulos porque han sido discutidas y aclaradas en las
interesantes y brillantes intervenciones de quienes me han precedido,
pero sí voy a decir que estimamos necesarias esas medidas. Por un
lado, leemos estos días y lo ha ratificado el señor Rato, que el
Gobierno pretende una reducción de tres décimas en el IPC; grupos de
estudio, organizaciones sociales estiman que la rebaja será sólo de
una décima. Pues bien, sean tres décimas o una décima, estamos
seguros de que el Gobierno seguirá en actitud de vigilancia por si
conviniese adoptar nuevas medidas en otros sectores para el control
de la inflación y evitar que crezca el diferencial de precios en
relación a la media de la Unión Europea.
Antes de finalizar, permítanme una breve intervención sobre el gasto
farmacéutico. La reducción del gasto farmacéutico debe basarse en dos
pilares; uno, la responsabilidad del médico prescriptor; y otro la
necesaria y decidida implantación de genéricos y precios de
referencia. En cuanto al margen del sector farmacéutico, que se ha
reducido para los almacenistas, consideramos acertado que se haya
hecho la diferenciación entre mayoristas y minoristas, porque entre
los minoristas están las farmacias y, señorías, hay farmacias y
farmacias. Hay farmacias que no podrían vivir con una liberalización
absoluta y con una reducción de sus márgenes una vez más.
También quisiera hacer un comentario en relación con las
disposiciones transitorias en las que se establece un régimen para la
venta de existencias de medicamentos en las farmacias desde que entró
en vigor el real decreto y hasta el día 30 de abril. Estas
disposiciones señalan que las existencias de especialidades
farmacéuticasque se encuentren en los almacenes mayoristas y oficinas
de farmacia, así como las que les suministren los laboratorios
farmacéuticos, podrán ser vendidas o dispensadas a dichos precios
hasta el día 30 de abril de 1999, y a partir del 1º de mayo, los
laboratorios ya adoptarán las medidas necesarias. Por cierto, se
habla de las siglas M.R., pero en el real decreto no se especifica
qué significan. Sería conveniente que, por una disposición del rango
que fuera conveniente, se explicase el significado. Podrían
significar margen reducido o margen reformado, pero es evidente que
si se emplean unas siglas debe especificarse su significado, como
buena técnica jurídica.
Me pregunto: ¿Qué van a hacer las oficinas de farmacia con las
existencias que tienen adquiridas anteriormente y que no han podido
vender en esta quincena -ni siquiera llega a la quincena- desde que
ha entrado en vigor el real decreto?
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Gómez, vaya
terminando por favor.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Sí, señor presidente.
Finalizo diciendo que nos congratulamos de las medidas adoptadas por
el Gobierno con carácter de urgencia. Esperamos que el Gobierno
continúe en su actitud in vigilando, por si fuera necesaria la
adopción de nuevas medidas para evitar el repunte de la inflación,
y ya anunciamos que votaremos a favor de la convalidación de este real
decreto, rechazando su ulterior tramitación parlamentaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Gómez.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV)
tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) va a apoyar la convalidación de
este Real Decreto-ley de medidas urgentes de liberalización e
incremento de la competencia, y lo hacemos más por la urgente
necesidad y por la seria preocupación que nos produce la marcha de la
economía y el incremento de la inflación que por el convencimiento
sobre los efectos de estas medidas y su alcance. No lo hacemos, desde
luego, porque estemos de acuerdo con el procedimiento que se ha
utilizado a través de un real decreto-ley, ni con el planteamiento
estratégico de política económica resultante del plan de estabilidad.
Lo hacemos, como digo, porque creemos que es urgente y necesario
tomar medidas de choque para frenar de alguna forma la evolución de
la inflación. ¿Por qué decimos que estamos preocupados? Porque
creemos que la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía
es palpable. Desgraciadamente está dando la razón a nuestro grupo
parlamentario cuando -como recordarán SS.SS.- en el debate de los
Presupuestos Generales del Estado y en el debate del plan de
estabilidad, razonábamos el excesivo optimismo del Gobierno en la
previsión del crecimiento económico para 1999. No olvidemos que el
anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado partía de
unas previsiones de incremento del 3,9 por ciento, que luego se
fueron rebajando paulatinamente a medida que iba evolucionando la
economía en los meses siguientes. Las fuentes de análisis económico
internacionales de más solvencia, como pueden ser el Fondo Monetario
Internacional o el Banco Central Europeo, prevén hoy un incremento de
la economía española por encima del 3 por ciento -cerca del 3,3-, que
si bien es superior a la media europea creemos que marca una senda de
descenso mayor del que estaba previsto. Si a esto añadimos la
preocupante evolución del índice de inflación, hay que pensar,
señorías, que en el entorno de la zona euro la inflación está en el 1
por ciento y además controlada,
con un índice armonizado de precios al consumo del 0,8 por
ciento durante todos estos meses. Quiere esto decir que en la zona
euro la inflación está controlada frente a la evolución ascendente
que tenemos en la inflación española, pues en marzo estamos ya en
unas tasas interanuales del 2,1 por ciento, cuando el objetivo
oficial del Gobierno era del 1,8 para este año; sólo nos superan
Portugal y Grecia. Esto nos confirma que la mayor parte de los países
del euro tienen controlada la inflación, frente a la economía
española que no la tiene, hasta el punto de que estamos incrementando
la brecha de la tasa de inflación.
Esta situación viene agravada por el hecho de que unilateralmente ya
no es posible utilizar la política monetaria como instrumento de
control de la inflación. A partir de ahora hemos de tener unos tipos
de interés que marca el Banco Central Europeo, y esto puede ser un
elemento negativo en la situación que está la economía española.
Ante esta situación nos encontramos con que las medidas que contempla
este real decreto-ley, y otras que aún no se han tomado, están
llegando tarde. Partimos del programa de estabilidad, donde tuvimos
ocasión de debatir ampliamente su contenido y las previsiones
macroeconómicas para el período 1998 a 2002, y en su anexo II se
apuntaban las reformas estructurales, reconociendo el propio
vicepresidente segundo del Gobierno en aquella ocasión y en aquel
debate la necesidad de profundizar, incluso de variar las reformas
emprendidas y acometer nuevas reformas que introdujeran mayor
competencia en los mercados y en la economía.
Posteriormente hemos conocido el informe de progreso sobre la reforma
de los mercados de bienes, servicios y de capitales. En dicho informe
se contemplan las medidas adoptadas o las reformas emprendidas en el
mercado de bienes y servicios; sin embargo gran parte de estas
medidas de reforma emprendidas adolecen de un planteamiento y de una
visión global de política económica y tienen cierto componente de
improvisación y de aceleración en su contenido, así como de ir
a caballo de los acontecimientos, frente a los que hay que estar
preparados, indudablemente. Pero entendemos que más que un diseño de
política económica riguroso y serio se trata de medidas, repito, de
cierta improvisación y aceleración en su contenido.
Echamos en falta un plan y un calendario (no es la primera vez que lo
decimos desde el Grupo Parlamentario Vasco, PNV) de reformas
estructurales, tanto de reformas horizontales del mercado de trabajo,
de la fiscalidad, de los capitales, de la investigación y desarrollo,
como de medidas verticales en sectores particulares de la economía.
No es conveniente limitarnos a una serie de medidas parche sino que
la economía española necesita verdaderas reformas, además las
necesita ya en estos momento, ahora, aprovechando precisamente el
momento económico pues todavía estamos en un situación en la que se
pueden tomar estas medidas. Estas medidas no sepodrán tomar en
momentos que las crisis económicas
vuelvan a florecer y hay que tener en cuenta que esto va a ocurrir.
En esta situación, respecto al paquete de medidas que se presenta en
este real decreto, hemos de decir como consideración previa que
echamos en falta una memoria económica justificativa. Ya sé que los
reales decretos no tienen memoria justificativa, pero estas medidas
sí deben tener una memoria económica justificativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Zabalía, vaya
terminando, por favor.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Voy terminando, señor presidente.
Parece ser que el Ministerio de Economía prevé un impacto de tres
décimas sobre el IPC y hay otros analistas financieros que lo estiman
entre el 0,9 y el 1 por ciento -décimas del IPC- lo que da una
diferencia muy alejada en los análisis de los resultados. Por eso nos
hubiera gustado tener una memoria económica de estas medidas.
En este real decreto-ley estamos hablando de medidas puntuales y
concretas que pretenden atajar el incremento de la inflación, de los
precios de consumo actuando directamente sobre los mismos, no son por
tanto medidas que integren un plan serio, estudiado y por supuesto
debatido de reformas estructurales.
Se propone reducir los aranceles notariales de los registradores
mercantiles y de los corredores de comercio, pero no entramos en la
problemática de estos colectivos ni definimos su papel en un marco
económico y mercantil, adaptándolo a los nuevos tiempos en el proceso
de la unión económica y monetaria.
Se proponen modificaciones en la Ley de navegación aérea, adaptando a
las necesidades comunitarias la contratación de comandantes de
aeronaves en el ámbito comunitario. Esta medida tiene indudablemente
un fin concreto -intentar buscar soluciones al caos de tráfico aéreo
que existe en estos momentos-, pero no es una medida estructural. Lo
mismo podemos decir de la modificación de la Ley de hidrocarburos
sobre la distribución a las consumidores intentando mayor
liberalización del mercado gasístico o de la pretendida mayor
liberalización del sector eléctrico mediante reclasificación del
consumidor cualificado y la reducción de la tarifa media del
kilovatio/hora. También se contemplan medidas de reducción de precios
en el servicio de telecomunicaciones y telefonía móvil reduciendo el
7 por ciento en las autopistas. Pero hay más. El capítulo VIII
establece una serie de modificaciones a la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la competencia respecto a la concentración de
empresas que curiosamente se va a debatir próximamente en esta Cámara
con motivo de la reforma de la Ley de la competencia que entiendo
entrará próximamente en el Parlamento. Por tanto, estamos adelantando
ya una serie de medidas que van a ser debatidas en profundidad a
través de una reforma legislativa.
Vuelvo a repetir, señorías, que son medidas importantes, posiblemente
necesarias -veremos sus resultados-, pero estimamos que no son
producto de un plan económico a medio plazo planteado en profundidad
en línea con las necesidades de reestructuración de la economía
española.
Finalmente y para terminar, señor presidente, quería hacer referencia
al procedimiento. No podemos dejar de hablar de ello porque,
efectivamente, las medidas son urgentes, sus teóricos efectos
deberían ser inmediatos y eso es lo que esperamos; pero sigue
utilizando el Gobierno este procedimiento y creemos que es
principalmente por la falta de planificación de medidas y su
calendario de ejecución que nos aboca, como decía antes, a una
especie de improvisación o precipitación, desvirtuando el sentido y
la razón de ser de las medidas urgentes de un real decreto.
Estamos siempre con lo mismo. Un real decreto de medidas urgentes es
para ...
El señor VICEPRESIDENTE (Compans Sanfeliú): Señor Zabalía, debe de
terminar.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Termino, señor presidente, esta vez en
serio.
Decía que un real decreto de medidas urgentes tiene que hacer frente
a situaciones no previstas y que son de urgente solución. Haciéndolo
así no permite un debate más en profundidad y sosegado. Por tanto,
seguimos denunciando esta práctica por parte del Gobierno, que ya es
habitual en la Cámara, de presentar a través de reales decretos
medidas que son de gran calado y profundidad, y que suponen una
reforma legislativa importante. Desde luego nuestro grupo pensamos
que esto debería corregirse.
No hay justificación suficiente para introducir estas modificaciones
legislativas a través de reales decretos. Nosotros mantenemos esta
postura. En cualquier caso, como decía al principio, mi grupo
parlamentario va a apoyar la convalidación de este real decreto. Lo
hacemos porque entendemos que el control de la inflación es
prioritario y esperemos que las medidas urgentes de reformas
estructurales que necesita la economía española no sean aparcadas por
entrar en estos momentos en épocas electorales, ya que sería desde
luego una grave irresponsabilidad por parte del Gobierno. Animo al
ministro de Economía a que sigan estudiándose estas medidas
estructurales de la economía española y puedan ser debatidas incluso
antes de la finalización de este período legislativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Compans Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Zabalía.
Para fijar su posición, en nombre del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió tiene la palabra el señor Josep Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió va a votar favorablemente la convalidación del Real Decreto-ley
sobre medidas urgentes de liberalización e incremento de la
competencia.
Creemos que en esta ocasión el Gobierno y en este caso el
vicepresidente segundo y ministro de Economía, a raíz del
conocimiento del elevado índice de inflación del mes de marzo, que se
incrementó el 0,4 por ciento llegando a un cómputo global del 2,2 por
ciento y del 1,2 por ciento sobre la media comunitaria de la zona
euro, ha actuado con contundencia rápida y oportunamente como no
podía ser de otra forma ya que este diferencial puede perjudicar
gravemente la competitividad de nuestro tejido productivo, y en caso
de no acortarse este diferencial podría reducirse la demanda interna
existente actualmente afectando negativamente a la rentabilidad de
nuestro tejido empresarial, y también comportar incluso un incremento
de la tasa de paro en nuestro país.
También es cierto que dichas medidas han sido consensuadas con
nuestro grupo parlamentario, que se han recogido nuestras sugerencias
y aportaciones, lo cual implica nuestra responsabilidad y nuestra
complicidad con las mismas, determinando, como es lógico, nuestra
posición política, anunciada al inicio de mi intervención.
Al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le gustaría que
estas medidas, aparte de haberse tomado con rapidez, oportuna y
contundentemente, tuvieran la eficacia suficiente para que, a finales
de año, el nivel de inflación se sitúe en el porcentaje previsto, el
1,8 por ciento, pero aquí radica nuestra gran duda: si estas medidas
van a ser suficientemente importantes para que dichos índices de
inflación coincidan con las previsiones hechas por el Gobierno y que
nosotros apoyamos parlamentariamente en su momento, tanto en el Pleno
como en la Comisión de Economía.
Coincidimos con las opiniones de los diferentes expertos económicos
en el sentido de que estas medidas previstas en el plan de choque
seguramente comportarán una bajada entre el 0,1 y el 0,2 por ciento,
debido a que afectarán a la baja de algunos precios regulados, como
son las tarifas telefónicas, la electricidad, el butano, los
productos farmacéuticos de gran consumo, aranceles de diferentes
fedatarios públicos y peajes de las autopistas. Por cierto, a nuestro
entender, las rebajas de aranceles de registradores y notarios
convierten en imprescindible una reorganización o reordenación
general de esto último, así como una nueva regulación de la seguridad
jurídica preventiva o la fe pública extrajudicial. Por otra parte,
nuestro grupo parlamentario entiende que a través de este decreto-ley
se ha establecido la libertad de elección de registrador y quiere
ponerlo de manifiesto.
En cuanto a las modificaciones previstas del artículo 14 de la Ley de
Defensa de la Competencia, también querríamos hacer algunas
precisiones. Entendemos que en el futuro proyecto de ley de defensa
de la competencia
tendría que figurar el reconocimiento de las competencias y
los correspondientes servicios para la instrucción y resolución de
los procedimientos administrativos o la defensa de la competencia que
afecten a los mercados y productos o servicios de dimensión
autonómica; es decir, que cuando se regule este proyecto de ley, que
nosotros esperamos que entre en breve en el Congreso de los
Diputados, estén perfectamente delimitadas las competencias
estatutarias en aquellas cuestiones en que existen competencias
exclusivas en las diferentes comunidades autónomas, pues, a nuestro
entender, aunque nosotros ya hemos dicho que íbamos a convalidar este
decreto-ley, aquí no se especifica claramente que algunas cuestiones
que afectan a comunidades autónomas tengan que comunicarse
obligatoriamente al Tribunal de Defensa de la Competencia. Nosotros
lo vamos a esperar con interés para poder llegar a un acuerdo con el
grupo parlamentario que apoya al Gobierno, en el sentido de que en
esta futura ley de defensa de la competencia estén perfectamente
reflejadas aquellas cuestiones de competencia exclusiva de las
diferentes comunidades autónomas.
Respecto al tema del gas, nosotros no pensábamos hacer ninguna
intervención, pero, en vista de la excitación política parlamentaria
que suscita el debate sobre la liberalización del sector de los
hidrocarburos, y concretamente en materia gasística, queremos
manifestar dos cosas. La primera, que no suceda aquello que dice
aquel refrán español de que cuando dos se pelean, pasa un tercero que
no tiene nada que ver con la disputa y recibe la patada
correspondiente. Por tanto, cuidado con algunas apreciaciones que
hemos podido escuchar esta mañana en relación con la liberalización
del mercado de hidrocarburos, en la que, por cierto, tuvo una
influencia determinante nuestro grupo parlamentario en el sentido de
que conseguimos, con el apoyo de diferentes grupos parlamentarios,
consensuar una ley moderna, competitiva, que incluso iba muchísimo
más lejos que las leyes previstas de liberalización de sectores de
hidrocarburos europeos. Se llegó a unos cómputos en cuanto a los
tiempos de liberalización, a nuestro entender, competitivos, pero...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Sánchez i Llibre,
debe ir terminando, por favor.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy terminando, señor presidente. Hemos
podido apreciar que se quiere criminalizar a algunos sectores como
culpables de este incremento de la inflación, y quiero señalar un
dato importante, señor ministro, señoras y señores diputados, que a
nuestro entender es muy significativo: un 60 por ciento de los
productos que son culpables del incremento de la inflación del mes de
marzo afectan a sectores que son los más liberalizados del mercado
español y en los que existe mayor competencia, como pueden ser el
sector de la hostelería, el de las frutas secas, el de la patata, el
de la vivienda propia, el delaceite y el de las hortalizas. Estos
sectores han sido los
culpables del 60 por ciento del incremento de la inflación del mes de
marzo, y no se ha hablado en ningún momento de la liberalización de
algunos sectores, que ya están liberalizados, por cierto, y que han
afectado negativamente a la inflación.
Volviendo a las medidas, quizá su eficacia hubiera sido más profunda
y contundente si hubieran estado precedidas de reformas
estructurales, que nuestro grupo ha venido demandando a lo largo de
esta legislatura -algunas de ellas ya se han producido y otras han
quedado en el tintero-, o si pudieran desarrollarse dichas reformas a
lo largo de lo que queda de legislatura, lo que consideramos algo
difícil y altamente improbable por las condiciones políticas que
implican los calendarios electorales que tenemos. Pero ello no obsta,
señor ministro, para que nuestro grupo siga intentando poner en
marcha, lógicamente con el acuerdo parlamentario del grupo que apoya
a su Gobierno, todas aquellas iniciativas parlamentarias que
comporten las mencionadas reformas estructurales y medidas
liberalizadoras, que también coinciden con las recomendaciones
tradicionales de algunos organismos.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Sánchez i Llibre,
debe concluir.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Termino, señor presidente.
Por ejemplo, pienso, señor ministro, que hay que pensar profundamente
en las reglas del juego del mercado laboral y en las que afectan a
las microempresas, justamente para crear más empleo; hay que
incrementar la liberalización en los sectores de transporte y de las
telecomunicaciones; hay que dotar de más competencia a todos los
mercados protegidos o poco sometidos a la competencia internacional;
hay que poner en marcha diferentes mecanismos fiscales para el
incremento de la internacionalización de nuestras compañías, y, por
último -y con esto ya acabo, señor presidente-, a mi grupo
parlamentario le gustaría que en lo que queda de legislatura este
Parlamento pueda dar luz verde a medidas tan importantes como son el
fomento a la innovación industrial, con las consiguientes
bonificaciones fiscales...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Sánchez i Llibre,
debe terminar.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ... la ley de la defensa de la competencia
y la ley de la reforma concursal.
Cuente, señor ministro, con nuestro apoyo parlamentario para poder
realizar estas reformas estructurales, aunque ya sabemos que el
calendario electoral puede privar de dar la luz verde a alguna de
ellas.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Sánchez i Llibre.
Para fijar su posición, en nombre de Izquierda Unida tiene la palabra
el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
Con lo bien que iba usted, señor Rato, y de pronto se le mueve todo
el cuadro macroeconómico en indicadores de enorme importancia, como
el crecimiento -nosotros ya hemos tenido ocasión de celebrar algún
debate con usted y decirle que bajara ese índice; usted se resistía,
pero al final ha bajado y tendrá que bajarlo mucho más-, como el
déficit y como la inflación. Cuadro macroeconómico que en el próximo
período -y no a medio, sino a corto plazo- se va a mover con mucha
mayor insistencia y con mucho más ritmo. Quizá por eso muchos
portavoces, o por lo menos alguno del Partido Popular, piensen que es
necesario adelantar las elecciones generales, porque indudablemente
el ciclo negativo de la economía ha empezado en forma también de
desaceleración económica, y está dinámica se va a agudizar en el
próximo período.
El incremento de los precios, del IPC, sin duda ha sobrepasado todas
las previsiones y ha roto en parte esa burbuja eufórica que con
respecto a la economía están ustedes creando de algún tiempo a esta
parte. Para ustedes debieran haberse disparado todas las luces rojas
de alarma, e intentan contener esto con un debate como el que hemos
visto anteriormente, hasta cierto punto patético, un debate que se ha
realizado entre el arrebato y la contención, es decir, entre la
necesidad de liberalizar más y el intento de controlar los precios
mediante este decreto. Ha sido un debate realmente patético, señor
Rato, porque en el momento en que usted decide liberalizar más, se da
cuenta de que hay que controlar precios pero que ya no puede
controlar ningún tipo de mercado, y que esto sin duda va a repercutir
de manera muy negativa en todos los indicadores económicos, empezando
por la inflación. No hubiera sido peligroso tener un 2,4 de inflación
en un momento anterior de la economía, de la construcción europea,
además hubiera sido saludado como una inflación bastante saludable.
¿Cuál es el problema? Pues que nos encontramos con un tipo de cambio
fijo en al Unión Europea y con el triple de la inflación que arrojan
los indicadores en Francia y Alemania; nos encontramos con ese
gravísimo problema con respecto a competidores y a balanzas que están
sufriendo impactos muy negativos en estos momentos.
La Unión Europea, que se inicia en su construcción monetaria a
principios de 1999, ha creado una situación nueva, donde no es
suficiente con mantener una tasa de inflación más o menos
presentable, sino que hay que mantener una tasa de inflación por
debajo o al menos al mismo nivel que los competidores. Existe, pues,
el peligro en los competidores, y así está siendo, aunque usted lo ha
enfocado de manera negativa, como si no fuese algo querido por ello,
una carrera auténticamente deflacionista. Eso es lo que se ha
inaugurado, señor Rato.
Yo creo que ustedes ya han comprendido, aunque no lo van a exponer
directamente, porque están en otra lógica, que no basta con congelar
salarios, que no basta con criminalizar de nuevo los salarios. La
moderación salarial, la congelación salarial no se está traduciendo
nunca en una bajada de precios, se está traduciendo en un aumento de
los beneficios. Naturalmente, ésta es una dinámica que hemos
criticado mucho, por cuanto, además, el crecimiento de los
beneficios, según la Central de Balances del Banco de España más
altos que nunca, incide incluso con mayor proporcionalidad o
ponderación que la misma subida de los salarios en el índice de
inflación.
Por tanto, señor Rato, en España, como siempre, nos hemos situado
mal, muy mal en este momento. Cuando nos situamos en cabeza del
proceso de las privatizaciones, señor Rato, emprendiendo una campaña
radical de privatizaciones -en tres años, proprocionalmente hablando,
han privatizado ustedes más que la señora Thatcher en siete años-,
nos estamos situando en una lógica que ahora se nos vuelve en contra.
Por eso le digo que es patético el contenido de este decreto, que
nosotros votaremos negativamente. Se lanza el índice de precios en el
mes de marzo e indudablemente ustedes dicen que hay que intervenir
sobre los precios, que hay que intentar bajarlos incluso para moderar
en una o dos décimas el IPC en el próximo período hasta finales de
1999. Pero son medidas insuficientes, señor Rato. Vamos a decirlo
claramente. Esto no se lo puede decir el señor Eguiagaray, pero yo
sí. Son medidas absolutamente insuficientes porque es insuficiente el
control del Ejecutivo sobre algunos mercados. Es absolutamente
insuficiente. Ustedes ya no pueden controlar los precios al nivel que
hace falta para bajar el índice de inflación con anuncios
absolutamente esperpénticos que derivan de esta reflexión que le
acabo de hacer. Ustedes anuncian de pronto que va a bajar el precio
del butano; y claro, ¿qué pasa inmediatamente? Que sube el precio del
butano 35 pesetas, creo. ¿Por qué? Porque ustedes controlan una parte
mínima del precio y lo que controla la empresa en función de otros
parámetros es lo que hace subir el precio de la bombona, a pesar de
la proclama -de esa propaganda- que hicieron no hace muchos días.
Están saliendo a la superficie, señor Rato, las contradicciones del
sistema económico que ustedes están creando. Lo que resulta también
esperpéntico es que algún otro grupo hable ahora de que se trata de
afianzar el control sobre los precios. ¡Vivir para ver! Pero, claro,
esto sólo se lo podemos decir desde Izquierda Unida. Ustedes ya no
controlan la dinámica interna del sistema económico que están
creando, porque no controlan muchos mercados que hubiera sido
fundamental controlar, porque no controlan la dinámica de muchos
precios que hubiera sido fundamental controlar en este momento, con
un tipo de cambio fijo, y de cara al próximo período. Usted lo sabe,
señor Rato, no hay nada previsible de aquí a finales de 1999 sobre la
estabilidad del cuadro macroeconómico y, fundamentalmente,
sobre el indicador de precios; no hay nada escrito, usted lo sabe
perfectamente, por eso algunos de ustedes están pidiendo el adelanto
de las elecciones generales.
El proceso que han seguido hasta ahora en la eliminación de la
política de precios máximos, que ahora intentan de nuevo retomar a la
inversa, es también un poco patético, señor Rato; se lo voy a decir
brevísimamente porque inmediatamente el presidente me va a llamar la
atención. Por ejemplo, en este momento, en distintas provincias es
diferente el precio del litro de gasoil, y con unas diferencias
grandes; y hay que recordar que lo utilizan el 60 por ciento de los
usuarios. El 24 de abril, en Madrid valía 98,9 pesetas el litro y en
Burgos 92,9 ó 91,9, dependiendo de las estaciones de suministro. Por
ejemplo, en Asturias, la gasolina y el gasoil son mucho más caros
respecto a la media de España. Fíjese qué resultados tiene quitar la
política de nivel de precios máximo.
Sin embargo, ahora intentan meter de nuevo el precio máximo para los
corredores de comercio, por ejemplo, a los que ustedes no tocan en
otros temas quizá porque dependen de Economía y no quieren más
problemas teniendo en cuenta lo que está pasando en la Agencia
Tributaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Alcaraz, tendría
que ir terminando.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino inmediatamente.
Es absolutamente testimonial eso de marcar unos precios máximos para
los corredores de comercio cuando ya estaba señalado en una serie de
normas, aunque fuese indirectamente en algunas de ellas. Por ejemplo,
en la Ley 3/1994, en la Ley 30/1984, en la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado e incluso en el Real Decreto 33/1986, y también
ustedes lo dicen explícitamente, contestando a una pregunta realizada
por un corredor de comercio, el día 29 de enero de 1997; le dicen que
son precios máximos. No tendría sentido que lo recogieran en el real
decreto que intentan convalidar en esta sesión más que como demagogia
y propaganda.
Podrían haber bajado el precio de las llamadas telefónicas a partir
del 1 de enero, porque estaba previsto en la disposición adicional de
la Orden de 18 de marzo de 1997, y no lo han hecho. No tocan el
precio de las llamadas locales, que incide de manera absolutamente
negativa en el índice de precios al consumo; usted ya lo ha
argumentado, pero, naturalmente, no aceptamos esa argumentación.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Alcaraz, debe
terminar, por favor.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Rato, ¡con lo bien que iba usted! Con
lo bien que iba, y el cuadro macroeconómico empieza a sufrir un
terremoto lento e imparable ya. No es posible mantener el indicador
del crecimiento, no es posible controlar el indicador de la
inflación -porque ustedes ya no controlan nada, y cada vez menos, a
pesar de este decreto patético-, y el problema del déficit, teniendo
en cuenta además la guerra en que nos hemos metido, también va a
sufrir un impacto negativo.
Por tanto nosotros, señor Rato, por si triunfan sus tesis, empezamos
a preparar las elecciones generales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Alcaraz.
Para fijar su posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Yo no me preocuparía por el momento en el que sean convocadas las
elecciones, señor Alcaraz, yo me preocuparía de estar orientado hacia
la modernidad o estar anclado en recetas francamente trasnochadas y
que ya han demostrado su fracaso en otros modelos y en otros momentos
de la historia.
Hemos podido escuchar a todos los grupos expresar su preocupación por
la evolución de los precios al conocer el dato de inflación del mes
de marzo, no sólo ya por la cuantía del incremento, sino por la
evolución de alguno de sus componentes, y porque la evolución del mes
de marzo significa algún alejamiento del objetivo que nosotros
calificamos de alejamiento transitorio. Pero todos los grupos hemos
coincidido, a excepción de uno solo, en que era urgente reaccionar
ante esta evolución de los precios, era urgente porque el marco que
configura la unión económica y monetaria nos introduce en un marco de
integración absolutamente distinto, un marco en el que la política
monetaria es común y es dictada desde el Banco Central Europeo, y un
marco en el que en un momento determinado alguna decisión tomada por
el Banco Central Europeo puede estar dirigida a mayor relajo o a
mayor reforzamiento del crecimiento; y eso es lo que ha pasado, se ha
producido una bajada de los tipos de interés que intenta favorecer o
revitalizar el crecimiento de los países y de las economías centrales
de Europa, bajada de interés fundamentalmente, como digo, para
promover el mayor crecimiento de la demanda interna.
Por eso yo creo que, ante el decreto que hoy vamos a convalidar,
habría que preguntarse si estamos ante un decreto que viene a
rectificar medidas del Gobierno o si viene a ratificar medidas y
políticas económicas del Gobierno. Para el Grupo Popular este real
decreto viene a ratificar y a dar continuidad a políticas ya
iniciadas por el Gobierno en momentos anteriores. Este real decreto
produce el poder conjugar, el poder compatibilizar los beneficios del
ciclo económico en este momento con las medidas económicas eficaces
que tan buen resultado han dado en años anteriores.
Es cierto que en años anteriores desde el Grupo Socialista se
intentaba negar todas las evidencias de la evolución de la economía
española y aquella negativa
se convertía en un auténtico catastrofismo sobre cuál iba a ser la
evolución de la economía española. Es muy cierto también que la
inflación pasó del 4 por ciento en los mandatos socialistas al
entorno del 2 en los mandatos del Gobierno popular; el crecimiento
económico, situado en el 2 en los mandatos socialistas, ha pasado al
3,6 en los mandatos del Partido Popular; el déficit, importante
indicador, ha pasado del 7,3 al 1,8 y el paro ha pasado de aquel 22,3
por ciento al 18,1 actual. Por tanto, ha habido una auténtica mejoría
y aquellos que tantas veces negaban los objetivos y las previsiones
del Gobierno se han confundido y ha acertado nuestro Gobierno.
Creo que estamos en una auténtica reacción inmediata, muy atenta a
cuáles son las características de la evolución de los precios y una
reacción muy ágil, una reacción que es en sí misma, digo, una
ratificación de las políticas de flexibilización, de liberalización y
de la competencia. Yo creo que este decreto para introducir mayor
control en la inflación va a estar avalado por la credibilidad que ha
adquirido el Gobierno durante todo su mandato.
También podíamos ponernos a pensar que ya en otros momentos se han
producido repuntes de la inflación; quiero recordar el que se produjo
en 1998; y en aquel año también desde las filas socialistas se nos
anunció que iba a ser imposible controlar la inflación, y no sólo fue
posible controlar la inflación, sino que ciertamente, hay que
reconocerlo, en 1998 hubo mínimos históricos de la inflación en
España. La inflación precisamente, lo saben SS.SS., introduce una
gran carga de beneficios sociales para los pensionistas, para los
empleados y para las familias españolas. La inflación es el elemento
más importante para poder introducir competitividad en la economía.
Por tanto, yo creo que estamos ante un decreto que va a apostar por
una mayor cohesión social, porque va a promover fundamentalmente el
beneficio de los consumidores, de las familias, de los pensionistas,
es un decreto que va a apostar por introducir competitividad en la
economía española. Y es un decreto muy importante, porque nace
nuevamente desde el diálogo con las fuerzas parlamentarias; es un
decreto que nace desde el contacto con los grupos que ayudan a
gobernar al Gobierno y es un decreto que nace desde el pacto que se
deduce de ese diálogo.
Por todas estas razones, señor presidente, consideramos que estamos
ante un decreto que no sólo goza y va a gozar -como se va a ver en la
votación- de un amplio respaldo parlamentario, sino que es un decreto
adecuado, es un decreto atento y es un decreto que reacciona de forma
inmediata a una situación que calificamos de transitoria pero que no
dejamos de decir que es preocupante.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.- El señor Martínez Noval
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Aguirre.
Señor Martínez Noval, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, apelo al artículo 73 del
Reglamento, porque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no ha
fijado su posición, sino que todo su discurso ha ido dirigido a una
contraposición con manifestaciones de mi grupo parlamentario. Yo creo
que es necesario, por el bien de la Cámara y por la transparencia de
los debates, que le pueda contestar, señor presidente, y le prometo
que sería en medio minuto escaso.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Martínez Noval,
creo que su grupo ha dispuesto de mucho tiempo durante el debate y
por tanto no ha lugar.
Muchas gracias. (Rumores.-Protestas.)
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Señor presidente, ¿en qué artículo
reglamentario se apoya usted para no concederme la palabra?
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor portavoz del Grupo
Socialista, usted no ha intervenido y por tanto no se puede replicar.
(Rumores.)
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Hablo en nombre de mi grupo. (Protestas.-
Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Martínez Noval, de
acuerdo. Tiene un minuto.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero decir una sola cuestión brevísima al portavoz del Grupo
Popular, que ha utilizado manifestaciones y posiciones anteriores de
mi grupo parlamentario. Mire usted hacia atrás, que es lo único que
ha hecho a lo largo de su intervención, y dígame cuándo la inflación
española multiplica por siete la inflación francesa, que es nuestro
principal competidor. Dígamelo, señor Aguirre. (Aplausos.-El señor
Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Aguirre, le pido
que no reabra el debate. En todo caso, conteste y cíñase a la
cuestión.
Tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: No voy a reabrir el debate, señor
presidente, pero quisiera contestar con puntualidad al señor Martínez
Noval.
En primer lugar, lamento que su falta de atención a mis palabras le
haga afirmar que todo mi discurso ha estado mirando para atrás; al
revés, ha estado mirando hacia adelante, lo que ocurre es que usted
ha tenido que coger el rábanos por las hojas con habilidad
parlamentaria para poder intervenir. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señorías, guarden
silencio.
El señor AGUIRRE RODRÍGUEZ: Pero tengo que decirle una cuestión muy
concreta, señor Martínez Noval. Mire usted para atrás y recuerde
todos los períodos de bonanza que ustedes no aprovecharon y en los
que no corrigieron ni el déficit ni el paro; crearon más paro y
crearon más déficit.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a la convalidación o derogación de los reales
decretos-leyes que han sido presentados y debatidos.
En primer lugar, se somete a votación el Real Decreto-ley número 4,
del año en curso, de fecha 9 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las lluvias torrenciales
y el temporal acaecidos en enero de 1999 en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 297.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la convalidación.
Pasamos al Real Decreto-ley número 6, de 1999, de fecha 16 de abril,
de medidas urgentes de liberalización e incremento de la competencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 167; en contra, 133.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del real
decreto-ley.
No ha quedado claro a la Presidencia si algún grupo parlamentario
solicitaba la tramitación de este decretoley como proyecto de ley.
(Pausa.) En efecto, así lo solicita el Grupo Socialista; en
consecuencia, se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 133; en contra, 166; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de
ley del real decreto-ley convalidado.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
(Número de expediente 121/000138.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Enmiendas del
Senado. En primer lugar, al proyecto de ley de régimen del personal
de las Fuerzas Armadas. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Grupos que
desean fijar su posición sobre las enmiendas del Senado al proyecto
de ley de régimen del personal de las Fuerzas Armadas? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones. (Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, y con su
venia.
Si el trámite que tuvimos de este proyecto de ley de régimen de
personal de las Fuerzas Armadas en el Congreso de los Diputados ya
nos dejó insatisfechos, tengo que decir, lamentablemente, que el que
nos viene corregido con enmiendas del Senado nos deja más
insatisfechos, porque dentro de nuestro esquema de valoración de este
proyecto de ley lo que queríamos en el Senado era perfeccionarla, y
no ha sucedido así, sino que ha sido para peor.
Se ha dicho por algunos representantes de medios políticos -cosa que
también nosotros compartimos- que ésta era la ley de la supresión del
servicio militar obligatorio. Si solamente fuera esto, podríamos
haber hecho una ley de la supresión de la mili obligatoria y punto.
Pero conseguido esto, que es una cuestión importantísima aunque
temporal, queda lo más importante de este proyecto de ley, que es la
ley del régimen del personal de las Fuerzas Armadas, la ley que va a
regir para establer toda la carrera militar de los profesionales
españoles de las Fuerzas Armadas. Esto es lo importante porque estos
profesionales, por lo que representan constitucionalmente, por los
valores que encarnan, merecen un amparo legal permanente, pleno y de
la máxima calidad.
Resulta que en este proyecto que nos viene del Senado los miles de
cabos primeros verán rescindida su relación con las Fuerzas Armadas
al alcanzar los doce años de servicio o los 35 años de edad. Veremos
cómo se puede cubrir el hueco si no hay una respuesta con un ejército
profesional en los próximos años y despedimos a estos miles de cabos
primeros. Los militares de complemento, idem de lo mismo, ya que se
irán a casa al cumplir 12 años de servicio o 35 años de edad. La
escala técnica de oficiales de ingenieros, cuyo empleo máximo llega
-a pesar de su titulación académica- sólo al de teniente coronel,
cuando, por ejemplo, en el
de los músicos militares se llega hasta coronel. La infantería de
marina se encuentra con una concesión excepcional del empleo de
teniente general. La defensa nacional se ve cortada en los propósitos
que trae el proyecto de ley -buenos técnicamente- en cuanto a la
reserva y los reservistas, cuando seguimos careciendo de una ley de
movilización nacional. Encima, se va a producir algo para lo que
nadie que yo conociera ni mi grupo ha demandado la rectificación,
corrección o recogida en la ley. Me refiero a mantener el privilegio
de los jefes de Estado Mayor de prolongar injustificadamente su pase
a la situación de reserva, en unas circunstancias para nosotros
indeseables por agravio comparativo con compañeros del mismo
generalato.
El proyecto que nos viene del Senado sigue en la contumacia de
recurrir al artículo 181 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas para excluir del derecho de asociación a los militares,
derecho constitucional, a pesar de que en diciembre del año pasado se
publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 8/1998, sobre el
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que ni en su artículo 7
ni en su artículo 8 considera falta leve ni grave que un militar sea
miembro de una asociación militar, derecho constitucional plenamente
conseguido. Sin embargo, se sigue manteniendo la figura alternativa
de los consejos asesores de personal, sin que se haya introducido en
el Senado ninguna corrección a este respecto. Ya veremos lo que va a
ocurrir en unas Fuerzas profesionales cuando dentro de su estructura
operativa, dentro de los cuarteles, se tengan que crear los consejos
asesores de personal. Veremos qué ocurre cuando se discuta aquí el
recién llegado proyecto de ley de régimen de personal de la Guardia
Civil. Estas circunstancias no han merecido su consideración.
Señor presidente, la declaración de principios que quiere hacer mi
grupo respecto a las enmiendas que vienen del Senado, es para que se
disponga de una moderna y plenamente constitucional ley de régimen de
personal de las Fuerzas Armadas con la que todos sus miembros, desde
el momento de ingresar en los escalafones militares, cualquiera que
sea la procedencia de las distintas academias o grados que posean, se
encuentren plenamente satisfechos de que saben que no van a ser
objeto de ningún trato discriminatorio, de ningún agravio
comparativo, sino que van a tener el orgullo de pertenecer a una
profesión de uniforme al servicio de estas Fuerzas Armadas.
Por estas razones, señor presidente, vamos a solicitar votación
separada de la enmienda del Senado al artículo número 151.3, referida
a los consejos asesores de personal. Solicitamos también votación
separada de la disposición adicional primera bis, porque
increíblemente -no sé si esta enmienda tiene nombres y apellidos- se
le ocurre al enmendante conceder unos ascensos honoríficos desde 1977
-pasando por el 23 de febrero de 1981, y no quiero poner nombres y
apellidos- a unos mandos que van a ser elevados, con carácter
honorífico, a los empleos de general del Ejército de Tierra,
almirante general o general del Aire,
dejando curiosamente fuera a cargos tan significativos como pueden
ser los tenientes generales que hayan pasado por el puesto de
director general de Política de la Defensa o de unidades especiales
como los capitanes generales de Canarias que entonces tenían el mando
unificado, que les daba una plena potestad de mando en Tierra, Mar y
Aire en el respectivo ejercicio de su mando. ¿A qué obedece todo
esto? ¿Quién es el que ha hecho esta solicitud? Porque me extraña la
procedencia que pueda tener este privilegio que se añade aquí, además
vinculándolo con el artículo 13.4, donde se fija el paso a la reserva
durante un período de seis años, a partir de la fecha del cese, si se
pertenece a la Orden de San Hermenegildo. Creo que esto supone un
agravio comparativo respecto de otros generales españoles, porque
nadie ha pedido que se haga con estos efectos retroactivos desde
1977.
Finalmente, señor presidente, solicitamos votación separada de la
enmienda relativa a la disposición final tercera bis, porque nos
parece muy grave y quiero llevar mi reflexión al Grupo Parlamentario
Popular. Con esta enmienda se rompe una regla de juego que estábamos
estableciendo los portavoces con el señor ministro de Defensa
respecto a la estructura orgánica y la nueva ley del Cesid. Traer
aquí esta enmienda rompe la regla de juego y Coalición Canaria, como
socio leal del Gobierno, que aporta lo que entiende debe hacer la
nueva ley que rija el Centro Superior de Información de la Defensa,
el Cesid, cree que no se debe traer aquí de rondón, vía una enmienda
del Senado, que nosotros consideramos totalmente inaceptable en su
forma y en su contenido. La votaremos en contra, señor presidente,
y por ello solicitamos votación separada.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Campuzano. (El señor González de Txabarri
Miranda pide la palabra.)
Perdón, señor Campuzano, discúlpeme, porque previamente no había
visto que el Grupo Vasco (EAJ-PNV) me había solicitado la palabra.
Tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Tener que venir desde la Mesa hasta el escaño para poder intervenir
produce estas interferencias, nunca achacables a la Presidencia.
Gracias, en todo caso.
El Grupo Parlamentario Vasco comparte la exposición que ha realizado,
con rigor y seriedad, el señor Mardones en relación a las enmiendas
del Senado a este proyecto de ley. Las comparte en el fondo y en la
forma. En la forma porque, tras conocer unos intensos trabajos de
esta Cámara en una Comisión mixta sobre un proyecto de ley para la
profesionalización de las Fuerzas Armadas, nos llama particularmente
la atención
que el trámite del Senado, de segunda lectura, se use para volverse
atrás en posiciones que han sido ampliamente consensuadas y muy
matizadas en esta Cámara. No nos parece de recibo, señor presidente,
que, tras los largos debates y constantes propuestas que se han
realizado desde distintos grupos parlamentarios para llegar a un
texto consensuado, ahora nos encontremos, en dos días, con textos
cambiados en aspectos fundamentales por lo que respecta al dictamen
que realizó la Comisión mixta y en lo que respecta a los trámites en
relación con este mismo proyecto de ley, en aspectos tan sustanciales
como el derecho de asociación de los militares o por lo que respecta
a la reforma del Cesid y su codificación. Por ello, compartimos lo
expuesto por el señor Mardones en cuanto a la forma y también en
cuanto al fondo en relación con estos temas. ¿Cuál es el contenido de
las enmiendas planteadas ahora por el Senado? Precisamente aquellos
contenidos que nos retrotraen a épocas que creíamos que eran
pretéritas y que estaban superadas. Volver a recoger hoy el artículo
previsto en la Ley 17/1989, del Cesid, e incorporarlo a este proyecto
como una disposición adicional nos parece que es sorprendente,
señores portavoces del Grupo Popular. Por eso, desde el Grupo
Parlamentario Vasco lo que quisiéramos manifestar es que o se vote en
contra de las enmiendas que ha significado y distinguido el señor
Mardones o que se nos dé una explicación con toda claridad, porque lo
que no podemos, señor presidente, es retrotraernos a la época de las
cavernas en temas de defensa y del Cesid. No está el horno para estos
bollos, señor presidente. Creemos que los grupos parlamentarios, en
su conjunto, hemos trabajado en esta ley con constancia y con rigor y
se nos debe una explicación que tampoco se ha dado en el debate de la
Cámara. ¿Por qué se producen cambios tan sustanciales en aspectos tan
relevantes como el derecho de asociación de los militares o en la
propia adscripción otra vez del Cesid al Ministerio de Defensa y en
relación a las propias funciones del Cesid? No parece que sea de
recibo que el Senado se convierta en una especie de rebotica, donde
no se conozcan cuáles son las propias posiciones y se alteren y se
echen atrás aspectos fundamentales para una vida en democracia, para
una vida en transparencia y que volvamos otra vez a tiempos que
habíamos decidido entre todos superar en aspectos de la defensa y de
los servicios de información y de inteligencia del Estado.
En resumen, señor presidente, o bien que la mayoría de la Cámara vote
en contra de estas enmiendas que ha significado el señor Mardones, al
que quiero aprovechar la ocasión para felicitarle por el intenso
trabajo que ha realizado a lo largo de la tramitación de este
proyecto de ley porque creo que cuando se trabaja con rigor y con
constancia se vence, o bien se dé una explicación muy clara y larga
de por qué en la rebotica se han producido estos cambios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
Tiene la palabra el señor Campuzano, en nombre del Grupo Catalán,
Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Con el trámite de esta mañana finaliza la larga presencia
parlamentaria de un proyecto de ley que, sin duda alguna, es uno de
los proyectos de ley más importantes que se van a aprobar en esta
legislatura. Ésta va a ser la ley que sanciona el fin del servicio
militar obligatorio y me parece que esta dimensión estrictamente
política de este momento tenemos que remarcarla, y más por un grupo
político como es Convergència i Unió, que concurrió a las elecciones
de marzo de 1996 con un compromiso inequívoco con sus electores en
esta materia. Queríamos suprimir la mili y con esta ley sancionamos
esa supresión.
Nos alegramos de que esta posición política mantenida por
Convergència i Unió desde 1989 hoy sea una posición asumida por los
principales grupos de esta Cámara y que en la actuación del Gobierno
y de los grupos parlamentarios en política de defensa ésta haya sido
la actuación central de todos nosotros.
Nos alegramos de que en los aspectos primordiales y esenciales de
este objetivo haya existido un consenso suficientemente amplio y de
que la ley, que tanto en el trámite del Congreso como en el del
Senado ha vivido importantes aportaciones de la mayoría de los grupos
políticos, llegue con un consenso en términos parlamentarios muy
robusto e importante. Ahí agradecemos la posición que han mantenido
el Gobierno y el Ministerio de Defensa para encontrar espacios de
común acuerdo, así como el papel que han jugado los diputados
y senadores del Grupo Parlamentario Popular. Consideramos que es de
justicia hacer estas menciones.
También quiero remarcar que ese logro del fin de la mili obligatoria
es el fruto de un esfuerzo colectivo del conjunto de la sociedad,
especialmente de los sectores sociales más comprometidos en el fin de
la conscripción. Me estoy refiriendo a los movimientos de objetores
de conciencia y al movimiento pacifista en general, porque no en
balde desde principios de los años ochenta muchos de estos colectivos
fueron los que reclamaron el inicio de ese proceso.
Satisface al Grupo Catalán, en el trámite parlamentario de esta ley,
y especialmente en lo que hace referencia a la supresión de la mili,
haber marcado un calendario con la fecha 31 de diciembre del 2002,
con la perspectiva de que el mismo pueda ser adelantado, y haber
introducido un sistema de contingentes que puede permitir ese avance.
Tenemos una decisión tomada, la mili se acaba; tenemos un calendario
y hemos abierto la puerta para poder acelerar ese proceso.
Además, esta ley también introduce el nuevo régimen del personal de
las Fuerzas Armadas, derivado y con continuidad respecto a lo que
marcó la Ley 17/1989, pero introduciendo criterios de mayor
flexibilidad, de avance en un único concepto de militar profesional,
mejorando los sistemas de enseñanza, potenciando
los sistemas de mérito y capacidad para los ascensos de los
responsables de los ejércitos y abordando algunos problemas de la Ley
17/1989, entre ellos, los derivados del establecimientos de los
regímenes de reserva, creando por primera vez una organización que
hace referencia a la aportación suplementaria de recursos y mejorando
también el tratamiento legal que se deriva de la incorporación de las
mujeres a las Fuerzas Armadas. Este es un paquete con el que nuestro
grupo parlamentario se puede sentir satisfecho.
En el trámite de hoy aparecen algunas enmiendas que no dejan de ser
polémicas. Por ejemplo, la que hace referencia al régimen del
personal del Cesid. El texto que se aprobó en el Congreso parecía más
ajustado, y espero que en esta mañana todos tengamos sentido común
para volver a ese texto aprobado. También existen otras cosas que
quizás nos satisfacían más en la redacción del texto aprobado por el
Congreso de los Diputados, pero entendemos que no afectan a lo
sustancial de la ley.
Hoy, cuando esta ley termina su trámite y a la espera de que sea
publicada en el Boletín Oficial del Estado, hay que exigir al
Gobierno el cumplimiento de su desarrollo. Pero hoy también es una
buena mañana para apuntar algunas de las prioridades que entendemos
que en esta materia deberían producirse en los próximos años. En
primer lugar, respecto de la previsión de la ley de avanzar la
supresión de la mili, concretarla; entendemos que hay margen para
avanzar en esa supresión. En segundo lugar, mejorar sustancialmente
las campañas de reclutamiento de soldados profesionales; creemos que
es básico para conseguir este objetivo mejorar dichas campañas. En
tercer lugar, avanzar de verdad en la definición de metodologías y
estructuras administrativas que nos permitan alcanzar una mejora de
todos los procesos de inserción laboral de los soldados
profesionales. Por lo que hace referencia a la problemática del
colectivo de cabos primeros, la experiencia de los diputados que
hemos seguido esta ley pone de manifiesto que existen aspectos que
chirrían y debemos ser capaces de corregirlos. El éxito del fin de la
mili, el éxito del ejército profesional va a ir ligado también a la
capacidad de encontrar una inserción laboral de estos profesionales.
En cuarto lugar, desarrollar la normativa de derechos y libertades
que, a través de una disposición, se abre en esta ley. Hay ahí un
debate, que ha mantenido el señor Mardones, que es el de la
superación en dicha materia de las Reales Ordenanzas que, al entender
del Grupo Catalán, a través del mandato al Gobierno de elaborar un
proyecto de ley orgánica que regule derechos y libertades, abre una
vía para que en un futuro no demasiado lejano podamos establecer un
estatuto de personal de los militares acorde a la profesionalización,
a la integración en la OTAN y en los organismos colectivos de
seguridad. Finalmente, como mandata la ley, incorporar a los sistemas
de formación de los militares los principios de la pluralidad
nacional y lingüística del Estado español.
Nos parece que la ley crea un marco para avanzar enesta línea y el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), más allá de remarcar su satisfacción por haber logrado este
objetivo político y social tan importante, va a ser exigente en
relación con estos cinco ejes en cuanto a su actuación política en
los próximos meses y en los próximos años.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, triste papel el de las Cortes Generales que tienen que
legislar sobre el personal de las Fuerzas Armadas y su régimen
disciplinario y después no pueden decidir sobre su uso. Se impone una
nueva doctrina, donde las Cámaras no deciden sobre la proyección de
las Fuerzas Armadas fuera del territorio, como ocurre en Yugoslavia,
o como en el caso de la cumbre de Washington, donde el presidente
Aznar ha resuelto por sí y ante sí reformas del tratado que en su día
fue ratificado por las Cortes Generales y que autorizó al Gobierno de
entonces a la adhesión. En esos temas trascendentales las Cortes
Generales no pueden decidir, pero sí pueden hacerlo sobre la ley del
personal o del régimen disciplinario.
En todo caso, señorías, quiero manifestar que, desde el punto de
vista de Izquierda Unida, la ley que se nos devuelve por parte del
Senado sigue siendo una ley que no resuelve la democratización de las
Fuerzas Armadas, que no avanza hacia unas Fuerzas Armadas laicas, no
sobredimensionadas a las necesidades de la defensa en el marco de una
política de defensa opaca y poco participativa.
Nosotros entendemos, así lo manifestamos en el trámite del Congreso y
lo reiteramos ahora, que la ocasión que permitía el fin del servicio
militar obligatorio, que indudablemente es una conquista democrática
civil sin precedentes, se debía haber sustanciado con un modelo de
seguridad distinto, un modelo de seguridad que no debería pasar por
una participación en la Alianza Atlántica. Deberíamos apostar por un
modelo en estricto de Fuerzas Armadas, el preciso para las
necesidades de nuestra defensa nacional, con un sistema de armas
también adecuado para esas necesidades y, sin embargo, tanto en el
trámite parlamentario del Congreso como en el del Senado se sigue
apostando por unas Fuerzas Armadas sobredimensionadas, 170.000
hombres, con un gasto que en el año 2002 nos va a situar cerca del
2,16 por ciento del PIB y por encima de países como Alemania y Canadá
con respecto al gasto militar.
Creemos que el sonido que nos llega de la cumbre de Washington es de
tambores de guerra. Se plantea que la OTAN pueda actuar fuera del
marco del propio tratado y esto va a significar un rearme del
conjunto del mundo y un aumento del gasto militar. Como decía al
principio, el presidente Aznar ha resuelto por sí y ante sí reformas
del tratado de la Alianza Atlántica contraviniendo
la autorización que dio en su día las Cortes Generales
para la adhesión al propio tratado. Por lo tanto, estamos ante un
hecho muy claro, que es que estas Cortes Generales no pueden decidir
sobre los grandes temas de defensa nacional. No decide la directiva
de defensa nacional, no decide si se debe participar o no en un
conflicto bélico y no decide sobre las grandes líneas maestras de la
seguridad en el próximo siglo XXI en el marco de la cumbre de
Washington.
En relación a lo que es el modelo, SS.SS. conocen cuál es nuestra
posición, que les he resumido sucintamente. Por otra parte, este
proyecto de ley sigue planteando un modelo de Fuerzas Armadas que no
compartimos. Ya saben ustedes que nosotros defendimos en el trámite
parlamentario del Congreso unas escalas lo más homologadas posibles a
los niveles y escalas de la función pública, con sus mismos
requisitos, pero esto no ha podido ser. Pensábamos que había que
simplificar y homologar al máximo las escalas respecto a la función
pública con dos escalas, suboficiales y oficiales, y con la misma
titulación exigida en la función pública, pero no ha podido ser.
Pretendíamos esto fundamentalmente para resolver que no se entrara en
la discrecionalidad de los ascensos y para que cualquier profesional
supiera que con la titulación debida podría llegar hasta los niveles
que le correspondieran por ley.
No se resuelve el asociacionismo militar; creemos que es una
asignatura pendiente. Desgraciadamente, la democratización de las
Fuerzas Armadas hacia el siglo XXI se estanca. Nosotros vamos a
seguir planteando la necesidad de garantizar a los profesionales de
las Fuerzas Armadas que tengan resuelto el problema del
asociacionismo, en la idea de que el profesional de las Fuerzas
Armadas es un ciudadano o ciudadana simplemente de uniforme a quien
se le encomiendan tareas importantes para la defensa nacional, pero a
quien no se le pueden hurtar sus derechos constitucionales de
asociacionismo.
En el trámite parlamentario del Senado siguen sin resolverse lo que
hemos denominado escalas maltratadas, las escalas maltratadas de
cabos primeros, de los suboficiales, escalas especiales, suboficiales
de complemento de infantería de marina, etcétera. Saben ustedes a lo
que me refiero. El Senado no ha resuelto satisfactoriamente algo que
es de justicia. Estos profesionales entraron en su día en las Fuerzas
Armadas con todas las condiciones para alcanzar esos empleos y, por
arte del Legislativo, de las Cámaras, van a quedar en precario, en
una situación absolutamente negativa. Yo sé que colectivos afectados
por estas medidas han reaccionado bien. Tuve la ocasión y el honor de
participar en una manifestación, en una concentración de familiares
de cabos primeros delante del Ministerio de Defensa. Espero que los
grupos parlamentarios sean sensibles a estas reivindicaciones de las
escalas maltratadas para, más allá de la ley, seguir trabajando y
buscar una solución. El legislador ha tenido gran preocupación por
resolver y adaptar las escalas de capitán para arriba, pero muy poca
sensibilidad para resolver la problemáticade las escalas de capitán
para abajo.
Señorías, voy terminando. Nos alarma que, en el trámite parlamentario
del Senado, en la disposición final tercera bis, se vuelva a subrayar
el carácter militar de nuestros servicios de inteligencia y
contrainteligencia. Es una asignatura que tiene pendiente el Partido
Popular y no la puede resolver así. El Partido Popular se comprometió
en la campaña electoral a reestructurar y reformar en profundidad los
servicios de inteligencia y contrainteligencia, lo cual pasa por su
ubicación administrativa. En un país moderno, democrático, no pueden
estar adscritos los servicios de inteligencia y contrainteligencia al
Ministerio de Defensa -no hay ningún precedente-, tienen que estarlo
a Presidencia de Gobierno, con un civil al frente que rinda cuentas
en esta Cámara o en una comisión de seguimiento de los servicios de
inteligencia y contrainteligencia. Malas noticias las que nos trae el
Senado porque vuelve a subrayar el carácter militar de los servicios
de inteligencia y contrainteligencia.
Nosotros, por supuesto, somos críticos respecto al conjunto de la
ley, especialmente hacia este artículo. Vamos a votar que no y
estaremos con todos los grupos parlamentarios en esa idea de
desmilitarizar los servicios de inteligencia y contrainteligencia y
de exigir al Gobierno que presente de una vez un proyecto de ley para
su reestructuración y reforma.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para anunciar el voto favorable al conjunto de
enmiendas, técnicas y gramaticales, que ha incorporado el Senado en
su tramitación, y a un conjunto importante de enmiendas consensuadas
o transadas con nuestro grupo. Incluso habríamos querido votar
favorablemente la disposición final tercera bis que, por un acuerdo
de última hora de todos los grupos, va a desaparecer, porque lo único
que hacía el texto era recoger literalmente lo que establece el real
decreto de creación del Estatuto del personal del Cesid. Ahora vamos
a recuperar el anterior texto, que dice que el real decreto de
creación del Estatuto de personal del Cesid va a quedar en vigor.
Esto, señor presidente, no tiene por qué significar ninguna traba
respecto a las futuras negociaciones para, entre todos los grupos de
la Cámara, encontrar un estatuto que refleje una nueva manera de
hacer las cosas en el Centro Superior de Información de la Defensa.
Todos los grupos ya han anunciado que van a votar en contra esta
enmienda y el Grupo Socialista va a sumarse a esta petición general
de la Cámara.
El Grupo Socialista va a votar favorablemente las enmiendas, salvo
esta última, porque las incorporaciones que se han efectuado en el
Senado nos permiten
un acercamiento en algunos de los puntos en los que manteníamos
discrepancias con el proyecto. Por ejemplo, mejora el modelo de
carrera del militar de complemento, que incorpora alguno de los
nuevos empleos que habían sido objeto de enmiendas por parte de
nuestro grupo, y el acceso de este colectivo a la condición de
militar de carrera. Creemos que el texto que viene del Senado también
delimita mejor las situaciones de servicio activo y de excedencia
voluntaria, tratando igual a los militares que opten por dedicarse a
la política por elección o por designación, que antes -entendía
nuestro grupo- tenía una redacción bastante más confusa. Finalmente,
mejora el régimen de adaptación de las situaciones administrativas,
que permitirá un trato bastante similar a los militares que, por
dedicarse a la política, hasta el momento se les había aplicado
distintas normas, lo que ha configurado situaciones completamente
diferentes a lo largo de estos 20 años de democracia.
Quiero dejar claro -porque han aparecido noticias contradictorias al
respecto- que con estas medidas no se pretendía lograr un beneficio
económico (porque, como todos ustedes saben, no tienen carácter
económico retroactivo), sino que todos los funcionarios públicos,
militares o civiles, fueran tratados en pie de igualdad, y esto, a
nuestro entender, se logra en buena parte. También tiene que quedar
claro que los militares que se encuentren en las situaciones
administrativas que les corresponden por aplicación de las normas
vigentes en cada caso no van a sufrir ningún cambio en su situación.
Los militares que fueron retirados por aplicación del real decreto
conocido como de Gutiérrez Mellado van a continuar retirados, y los
que están en situación de excedencia voluntaria -algunos de los
cuales están sentados en este hemiciclo- van a seguir en la misma
situación. En todo caso, estas medidas no van a significar ninguna
mejora distinta a las que tienen los funcionarios civiles, ni van a
tener carácter económico retroactivo.
El Grupo Socialista comparte buena parte del contenido de este
proyecto de ley, pero, como no podía ser de otra forma, también
mantiene algunas diferencias de fondo. La fundamental es que no
compartimos el dimensionamiento de las Fuerzas Armadas que en él se
consagra. Nosotros hemos abogado, aquí y ahora, por un ejército más
reducido, más operativo, que nos permita mantener los compromisos de
defensa nacional y los compromisos internacionales que tiene nuestro
país, pero entendemos que está excesivamente sobredimensionado
y debería hacerse un esfuerzo para reducir sus efectivos. Tampoco
compartimos con el Gobierno el período transitorio hacia el proceso
de profesionalización porque, a nuestro entender, es excesivamente
largo.
Por otro lado, mantenemos diferencias en las reivindicaciones
concretas de algunos colectivos afectados por esta ley. Nos hubiera
gustado una mayor generosidad (y tengo que reconocer que ha habido
bastante o mucha del Gobierno, incluso del Grupo Parlamentario
Popular) para resolver alguna situación concreta, especialmente el
tratamiento que se da a un colectivo específico, que es el de los
cabos primeros; colectivo que ha manifestado públicamente a todos los
grupos, a la opinión pública y al propio Gobierno su voluntad de
permanecer en los ejércitos y a los que esta ley cierra esa
posibilidad. Durante la tramitación de la ley algo ha mejorado, pero
no le satisface a nuestro grupo y, por supuesto, bastante menos al
colectivo de cabos primeros que he citado. Tampoco soluciona de forma
adecuada -y termino enseguida, señor presidente- la creación de una
nueva especialidad en el cuerpo de sanidad, la especialidad de
psicología militar, porque no recoge los esfuerzos ni las
disponibilidades personales de un personal militar que ha estado
trabajando en el servicio de psicología militar a lo largo de todos
estos años, ya que el proyecto de ley les excluye e imposibilita su
acceso directamente.
Para acabar definitivamente, quiero expresar mi satisfacción y la de
mi grupo porque con el trabajo serio y riguroso de todos los grupos
de la Cámara y con una clara voluntad de diálogo -como ya he dicho
antes- del Gobierno y del Grupo Popular la tramitación parlamentaria
ha mejorado sustancialmente este proyecto y hace posible que lo
votemos favorablemente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Moragues.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señorías, se cumple hoy un hito importante en la tramitación de este
proyecto de ley del régimen del personal militar de las Fuerzas
Armadas que no pretende, en modo alguno -como ha dicho el señor
Mardones-, ser simplemente el proyecto de ley de supresión del
servicio militar. Como su propio nombre indica, es una ley del
régimen del personal militar profesional de las Fuerzas Armadas que
viene acompañada de un cuerpo legislativo, como es la Ley de
movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas; como ha
sido la Ley de Jurisdicción y Planta; como ha sido la Ley del régimen
disciplinario de las Fuerzas Armadas; como es, en su conjunto, una
política del Ministerio de Defensa, dentro del Gobierno de la nación,
que está recogida perfectamente en la Directiva de Defensa Nacional
1/1997, sancionada por el presidente Aznar. No es una ley aislada, no
nace con voluntad de ser una ley que solamente se preocupe de la
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas en este momento, sino
que es la culminación de un proceso legislativo importante, que tiene
una relevante evolución en estos últimos meses.
Comprendo que haya insatisfacciones derivadas de las enmiendas
presentadas en el Senado, pero esta ley ha nacido con voluntad de
consenso. En esta Cámara se ha expresado reiteradas veces por parte
de todos los
grupos políticos esa voluntad de consenso en una ley que no puede ser
de un partido político, que no puede ser ni del Partido Popular ni
del Partido Socialista ni de ninguno de los otros grupos que componen
esta Cámara, sino que tiene que nacer con voluntad de permanencia en
el tiempo. Y para ello son imprescindibles los mayores acuerdos
posibles, para que, necesariamente, esa estabilidad se mantenga en el
tiempo. Ha nacido con voluntad de consenso y en las intervenciones
que se han producido a lo largo de esta mañana queda perfectamente
claro que, aunque existan diferencias en determinados aspectos, en su
conjunto es una ley en la que todos los grupos políticos hemos
aportado importantes, importantísimas, cuestiones que al final han
dado lugar a este texto que hoy vamos a votar.
Hay algunos términos de esta ley, de las cuestiones que se han
planteado esta mañana, que no me gustaría que dejaran de tener una
contestación. No es cierto que los cabos primeros sean despedidos, no
lo es. La Ley 17/1989 contrata a estos jóvenes de manera
exclusivamente temporal y con la aplicación de dicha ley todos estos
jóvenes tendrían que dejar las Fuerzas Armadas antes o después. ¿Qué
es lo que ha hecho esta ley? Esta ley da un plazo, hasta el 31 de
diciembre del año 2002, para que aquellos jóvenes que lo quieran
hacer voluntariamente firmen un compromiso hasta esa fecha. Y durante
ese período estos jóvenes van a poder volver a realizar promoción
interna, van a poder presentarse a las escalas de suboficiales,
aunque hayan agotado todas las convocatorias, aunque hayan superado
la edad de presentación, aunque hayan superado el tiempo de
permanencia en las Fuerzas Armadas.
Hay cuestiones más importantes. Todas las plazas de suboficiales que
se publiquen lo serán exclusivamente para militares profesionales, es
decir, para los militares de empleo de tropa y marinería profesional;
el cien por cien de las plazas de promoción interna que se publique.
También lo serán el 50 por ciento de las plazas de la Guardia Civil y
un porcentaje del 50 por ciento de las plazas de personal laboral que
se publiquen en el Ministerio de Defensa.
Señorías, ningún grupo parlamentario ha solicitado que todos se
integren en el seno de las Fuerzas Armadas con carácter permanente;
todos han enriquecido el texto y, al final el resultado es algo
razonable para unas Fuerzas Armadas que todos los grupos políticos
insisten en que deben de continuar reduciéndose. La mayor de las
contradicciones es la mantenida por Izquierda Unida al decir que es
una escala maltratada cuando Izquierda Unida habla de una reducción
permanente del número de efectivos de las Fuerzas Armadas y en cada
circunscripción se dedica a decir a los cabos, a los subtenientes, a
los miembros de las escalas auxiliares que tienen que meterlos a
todos dentro. ¿Díganme cómo se combina meter dentro a todos estos
profesionales, reducir hasta 80.000 el número de profesionales de las
Fuerzas Armadas y, además, reducir el presupuesto de la Defensa, con
lo cual no habría ni para pagar las nóminas de unos ni de otros?
Independientemente
del discurso que ustedes tengan de la concepción de la Defensa,
tendrán que abandonarlo, por demagógico, de una vez por todas.
Se ha hecho una introducción importante durante la tramitación de
esta ley, con aportaciones del Grupo Parlamentario Socialista, como
son las escalas de complemento. Las escalas de complemento tampoco
son unas escalas de carácter temporal sino que precisamente
complementarán las escalas básicas de las Fuerzas Armadas y todo el
que ingrese en ellas sabrá que su carácter no va a ser permanente
sino temporal. Se ha admitido la enmienda presentada en el Congreso y
mejorada en el Senado, del Grupo Parlamentario Socialista, para que
puedan llegar hasta la graduación de capitán. En cuanto a los
ingenieros técnicos -y todos hemos recibido, señor Mardones, un
aluvión de cartas-, yo tengo que decir que si en la Función pública
española algún ministerio les reconoce una titulación superior -por
tanto, el nivel A que corresponde a los funcionarios civiles del
Estado titulados superiores- ese es el Ministerio de Defensa, el
único, porque tienen la capacidad de llegar hasta la graduación de
teniente coronel; es decir, todos los ingenieros técnicos, desde la
graduación de teniente a la de teniente coronel, tienen la
consideración de titulados superiores de la Función pública española.
Repito que es el único ministerio que realmente reconoce a los
ingenieros técnicos una cualificación universitaria superior. Pero
también...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
de Mesa, concluya.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Termino, señor presidente.
También quiero decirle, señor Mardones, que además tienen la
capacidad y la posibilidad de realizar la promoción interna para
alcanzar los grados de generalato, sin que los períodos de formación
se contabilicen como período de servicio, sin tener los 33 años de
servicio.
En cuanto a los consejos asesores no se ha podido ir más lejos en
este trámite, señor Mardones. Si usted ve dificultades para el
momento en que se produzcan o se formen los consejos asesores, qué
dificultades no habrá en el momento de dar un paso más allá y
conseguir algunas cuestiones que, si en este trámite no se han
conseguido, no están cerradas las puertas a que en un futuro puedan
alcanzarse. Este es un paso fundamental que, gracias al empuje y a la
permanente reivindicación del señor Mardones de estas cuestiones, ha
entrado en esta ley, cuestión que nosotros valoramos positivamente.
Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular solicita que los
servicios de la Cámara realicen un ajuste del texto con las
correcciones de puntuación y concordancia correspondientes que se han
entregado a la Mesa.
No querría terminar sin decir que no se puede estar permanentemente
cuestionando la legitimidad de los
acuerdos que se adopten en el Congreso de los Diputados porque este
Congreso de los Diputados no es opaco: hay comisiones de Defensa y
plenos de la Cámara en los que se informa absolutamente de toda la
política de Defensa, pero lo que sí tiene que quedar muy claro es que
no pueden decidir sobre las grandes temas de Defensa aquellos que
tienen 13 representantes de los 550 que hay entre las dos Cámaras.
Está clara cuál es la representatividad en el Congreso de los
Diputados de cada una de las fuerzas políticas, como está claro que
la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios han apoyado y apoyan
la política exterior que en materia de la Alianza Atlántica está
realizando el Gobierno de la nación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Fernández
de Mesa, le ruego concluya.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Voy a concluir, señor
presidente, diciendo, como al principio, que esta ley nace con
voluntad de entendimiento, de consenso, de sumar y no de restar y de
que la mayoría de los grupos políticos puedan ver reflejadas sus
inquietudes en esta ley.
Se ha hecho referencia a la disposición final tercera bis del régimen
del personal del Centro Superior de Información de la Defensa. Señor
Morages, nuestro grupo parlamentario no tiene ningún inconveniente en
admitir el texto que viene del Senado, pero no es ese el criterio
mayoritario de los grupos parlamentarios de la Cámara. Tampoco
tenemos ningún inconveniente en que el texto sea exactamente el mismo
y recoja los mismos artículos del texto que salió del Congreso de los
Diputados. Estamos de acuerdo con usted en que lo único que hace es
recoger lo que dice el real decreto fundacional del Cesid. Creemos
que lo que aquí se transcribe es simplemente ese texto para no hacer
referencia en una ley a la Ley 17/1989, que va a quedar derogada
desde la entrada en vigor de la presente y no tenemos ningún
inconveniente, por esa voluntad de consenso, de diálogo, y sobre todo
de sumar y no de restar, de votar en contra de la enmienda del Senado
que se refiere precisamente a la disposición final tercera bis.
Termino, señor presidente. Agradezco a todos los grupos políticos el
apoyo y, sobre todo, los esfuerzos que han realizado para conseguir
esta ley y agradezco también al personal de la Subsecretaría de
Defensa del Ministerio de Defensa el esfuerzo que ha realizado con
todos los grupos políticos para que esta ley sea posible. Estoy
convencido de que, en este momento, hemos dado un paso importantísimo
no sólo hacia la profesionalización, sino hacia las Fuerzas Armadas
del siglo XXI.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Mesa.
Ruego a SS.SS. que desconecten sus teléfonos móviles dentro del
hemiciclo.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 19 DE LA
LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de
expediente 124/000004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a las
enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de modificación
del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la que creo
que no hay ningún grupo parlamentario que desee intervenir.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE 1995,
EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS, Y DE LA LEY
DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 121/000150.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): A continuación,
pasamos al apartado X del orden del día: Dictámenes de comisiones
sobre iniciativas legislativas; y al punto 40, dictamen del proyecto
de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en materia
de protección a las víctimas de malos tratos, y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, quiero intervenir para seguir
defendiendo las enmiendas que en los textos figuraban con los números
5, 6 y 8, presentadas por el Bloque Nacionalista Galego al proyecto
de ley orgánica de modificación del Código Penal de 1995, en materia
de protección a las víctimas de malos tratos, y a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
En primer lugar, quiero decir que esta reforma del Código Penal es
consecuencia de la presión social ante la importancia y gravedad de
unos hechos, los malos tratos, fundamentalmente sobre las mujeres,
que precisan actuaciones concretas para intentar atajarlos y procurar
la seguridad de las víctimas. Las reformas legales que se van a
aprobar hoy son también la expresión de la voluntad de esta Cámara de
avanzar en ese sentido, en la seguridad de que las medidas legales no
son todo, pero pueden ayudar a mejorar una situación inaceptable.
Después de los trabajos en ponencia y en Comisión, reconocemos que el
texto resultante mejora en varios aspectos la legislación vigente, lo
que sintoniza con propuestas defendidas por nosotros y por otros
grupos. Sin embargo, nos parece que en el texto resultante se
mantiene una redacción para el artículo 153 en la que sigue
persistiendo el término habitualidad como elemento
determinante para calificar como delito los malos tratos,
dejando a expensas de la interpretación subjetiva de los juzgadores
el apreciar esa habitualidad en función de criterios generales poco
determinados.
Este problema es el que nos mueve a mantener estas enmiendas, a
sabiendas, por lo apreciado en Comisión, de que ningún grupo va a
respaldarlas. Podemos entender que, desde el punto de vista técnico-
jurídico, la resolución de esta cuestión es difícil, pero también es
evidente que, en los casos de malos tratos a mujeres, mantener este
concepto de habitualidad puede conllevar -en el pasado así sucedió-
que muchas agresiones físicas sean consideradas como faltas,
produciéndose situaciones desgraciadamente irreversibles para la
mujer en demasiadas ocasiones.
Nuestras enmiendas pretenden que se elimine de la norma ese concepto
de habitualidad, que, como reconoce el propio Consejo General del
Poder Judicial, introduce en el tipo penal un concepto jurídico
indeterminado que, por su vaguedad, puede provocar algunos problemas
de interpretación normativa, especialmente trascendentes si se tiene
en cuenta que, por lo general, los malos tratos familiares,
preferentemente los que se infringen a las mujeres, tienden a
aumentar en frecuencia e intensidad con el transcurso del tiempo,
sobre todo si las anteriores agresiones permanecen impunes. Teniendo
en cuenta que los estudios sociológicos coinciden en considerar que
cuando el agresor recurre a la violencia lo hace cada vez de una
manera más frecuente y violenta; considerando también que las
personas agredidas, generalmente las mujeres, son remisas a denunciar
y sólo lo hacen en situaciones límite y que si la agresión se
considera sólo como falta el agresor tiende a repetir su acción, como
digo, en demasiados casos con consecuencias terribles para las
mujeres, nosotros preferiríamos una redacción para el artículo 153
que excluyese el concepto de habitualidad por indeterminado, porque
crea inseguridad jurídica para las víctimas y porque creemos que en
el futuro será fuente de problemas al no acotarse su significado y
depender, como decía al principio, de las distintas interpretaciones
que los juzgadores le den.
En la situación actual, en la que la gravedad y el número de malos
tratos a las mujeres es a todas luces excesivo, preferiríamos un
mayor rigor en la consideración de la agresión física como delito,
dejando en todo caso al juzgador la capacidad de valorar la gravedad
de los hechos y graduar la pena en función de la misma. Reconozco que
es un opción probablemente no exenta de problemas, pero que a
nosotros nos parece más razonable para el fin que se quiere
conseguir, que es erradicar las conductas delictivas consistentes en
malos tratos y otorgar una mayor y mejor protección a las víctimas.
Dicho esto, señor presidente, concluyo diciendo que esperamos que las
medidas que hoy se van a aprobar, que nos parecen positivas salvo en
lo que acabo de manifestar defendiendo nuestras enmiendas, sirvan y
sean útiles para el fin que se proponen.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de Nueva Izquierda hemos mantenido cuatro enmiendas para el
Pleno, las números 26, 27, 28 y 29. La primera y la última son
fundamentalmente de carácter técnico. En la primera de ellas
pretendemos que en la nueva redacción que se propone del artículo 620
del Código Penal quede claro que la pena principal primera es la de
arresto de dos a cuatro fines de semana y que, por tanto, la posible
sustitución por una multa sólo procederá en aquellos casos en que
ésta no tenga repercusión sobre la víctima, su familia y su
patrimonio. Repito que la pena primera es una pena de arresto, y no
tal como está redactado actualmente, que da la posibilidad de opción
entre una u otra en función del criterio del juzgador. Creemos que la
nuestra es una precisión técnica más acertada.
En el mismo sentido, la enmienda número 29 pretende que en la
redacción que se propone al artículo 620, en el último párrafo, que
termina en el dictamen de la Comisión con la referencia a «sin
perjuicio de la responsabilidad penal que por tal incumplimiento le
sea exigible», se precise que le sea exigible con arreglo al artículo
468 del Código Penal. Estas son las dos enmiendas de carácter
técnico, que en nuestra opinión mejoran, sin cambiar sustancialmente,
el texto que hoy debatimos.
Las enmiendas números 27 y 28, que también sostiene nuestro grupo,
pretenden la supresión del artículo 268 del Código Penal, porque
entendemos que no debe eliminarse toda posibilidad de acción penal
entre cónyuges, que actualmente está prevista para todo lo que no
sean delitos de carácter de agresión y daños personales. En algunos
casos en los que no se produce ese tipo de agresiones y daños
personales sino delitos de carácter económico, excepcionalmente puede
ser útil, para evitar indefensión a uno de los cónyuges, normalmente
la mujer, la posibilidad de que se utilice el recurso a los medios
penales. Estimamos que sería oportuna la modificación que nosotros
defendemos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula de haber llegado a este consenso entre todos
los grupos parlamentarios de la Cámara desde aquella frustración que
se produjo en el debate y votación, con carácter del ley orgánica,
cuando en el Pleno pasado entrábamos en la modificación
de la ley orgánica del título VIII del libro II del Código Penal, que
había salido de esta Cámara camino del Senado entonces solamente con
el concepto de la protección sexual de los menores y de evitar los
abusos sexuales sobre los menores de edad.
Las enmiendas que se introdujeron en el Senado, con referencia a un
cuerpo doctrinal y temático totalmente distinto del de la protección
sexual de los menores, como es el introducido entonces con aquellas
enmiendas para ejemplarizar la conducta de la sociedad frente a los
malos tratos, fundamentalmente sobre mujeres, y la votación, que no
se pudo llevar a feliz término como carácter de ley orgánica,
impulsaron precisamente el primer cuerpo de voluntad de todos los
grupos de, en un trámite prácticamente de urgencia y de lectura
única, recoger lo que venía del Senado y que hoy llega aquí, señor
presidente, afortunadamente, como proyecto de ley orgánica de
modificación del Código Penal de 1995 en materia de protección a las
víctimas de malos tratos y, consecuentemente, la modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente.
Nosotros vamos a sumarnos al texto consensuado. Tenemos el propósito
de votar favorablemente las enmiendas transaccionales presentadas por
el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y las que ha presentado in voce el
Grupo Socialista. Después de haber llegado a este consenso en las
reuniones de ponencia, nos podemos sentir hoy satisfechos de dar una
respuesta en esta Cámara a esa demanda social que en esta semana fue
clamorosa. Incluso, algunos colectivos afectados no entendieron por
qué no salía aprobada, por una cuestión reglamentaria en la votación
de una ley orgánica, la parte correspondiente a la lucha contra los
malos tratos en cualquier de las circunstancias contempladas.
Llegados a este feliz término, mi grupo se congratula y votará
favorablemente el texto, dentro de este principio de solidaridad y
consenso, así como las transaccionales que he anunciado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Intervengo a los efectos de manifestar el interés con el que el Grupo
Vasco ha participado en la tramitación de este proyecto de ley, que
incluye determinadas acciones legislativas encaminadas a la
modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
para lograr la erradicación de conductas delictivas consistentes en
malos tratos, a la vez que para otorgar una mayor y mejor protección
a las víctimas de estas deplorables conductas.
También quiero puntualizar que el consenso conseguido en esta Cámara
es más plural de lo que ha venido apareciendo en los medios. Esta
mañana he tenido
ocasión de oír en dos medios de comunicación distintos que el Grupo
Popular y el Grupo Socialista habían llegado a un acuerdo sobre esta
ley. Debo reconocer a la Cámara que me ha molestado esta apreciación,
puesto que en esta Cámara no impera el bipartidismo, somos más los
grupos representados y, si bien el texto se aprueba sobre el proyecto
del Gobierno, justo es reconocer que el grueso de su contenido
procede de enmiendas presentadas por el Grupo de Convergència i Unió,
que en el trámite de Comisión la única enmienda aprobada era del
Grupo Vasco y que las transacciones que se traen ahora a la Cámara se
pactan alrededor de dos enmiendas del propio Grupo Vasco y una del
Grupo Socialista. Creemos que la mayoría que hoy apoya este texto es
más plural de lo que se ha dicho y deseamos que quede constancia en
el Diario de Sesiones de la leal colaboración de nuestro grupo en el
quehacer legislativo de este texto, sobre el que existe tanta demanda
social.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el debate de hoy ponemos punto y final a una larga y
dilatada tramitación parlamentaria para modificar el Código Penal en
materia de malos tratos. Hoy superaremos la votación del pasado 15 de
abril, votación que podía responder en algunos aspectos a
discrepancias puntuales de algún grupo con algunas enmiendas del
Senado. Pero la sociedad no nos entendió ese 15 de abril, no entendió
determinadas abstenciones ni tampoco determinadas ausencias. Por
tanto, hoy debemos celebrar que el Parlamento está en sintonía con la
sociedad.
Fue precisamente nuestro grupo -lo recordaba ahora la diputada
Margarita Uría- quien introdujo, en febrero del año 1988, cuatro
enmiendas relativas a malos tratos. Las introdujimos porque lo decía
el Defensor del Pueblo y porque había una demanda social en este
aspecto, consiguiendo aprobarlas en el seno de un proyecto de ley que
no trataba de malos tratos, el proyecto de ley sobre libertad sexual.
Posteriormente, esas enmiendas fueron mejoradas en el Senado en
aspectos que interesan a las víctimas de malos tratos, pero, al
final, por la abstención de unos y la ausencia de otros, no pudimos
aprobarlo el 15 de abril. Por tanto, hoy nos congratulamos de que
finalmente veamos aprobado en el Congreso de los Diputados este
texto, para que cuanto antes pueda aparecer en el BOE, atendiendo al
compromiso de los grupos de no introducir enmiendas en el Senado, por
lo que el texto que hoy aprobamos no volverá a esta Cámara. ¿Cuáles
son estas propuestas que hoy vamos a aprobar? Sería bueno resumir los
aspectos más importantes
que hoy verán la luz en el Congreso de los Diputados y que -repito-
interesan a la sociedad. En primer lugar, modificamos el artículo 153
del Código Penal, definimos cuándo hay habitualidad. Alguna
jurisprudencia señalaba que la habitualidad sólo se daba a partir de
sentencias condenatorias firmes. Hoy precisamos que se da a partir de
hechos probados y, por tanto, podremos tipificar muchas más conductas
dentro del artículo 153. Además, incluimos la violencia psíquica de
que son objeto en el ámbito doméstico niños y, especialmente,
mujeres; la violencia psíquica, no únicamente la violencia física, se
englobará en este concepto de habitualidad. Creemos que es una medida
muy importante.
Otro grupo de medidas que hoy introducimos hacen referencia a la
necesidad de que, para las faltas del artículo 620, no sea precisa la
denuncia de la persona agredida en supuestos de faltas relativas a
violencia doméstica; va a poder intervenir el ministerio fiscal.
Sabemos que esa obligada denuncia de la persona agredida, atendiendo
a que el agresor es de su ámbito doméstico y familiar, muchas veces
no se producía y quedaba sin respuesta penal. Ahora no será necesaria
la denuncia de la persona agredida y nuestro grupo también lo
celebra.
El núcleo de las enmiendas que hoy van a ser objeto de transacción en
algún aspecto hace referencia a la posibilidad de que el juez acuerde
que el agresor no se aproxime a la víctima. Sabemos, señorías, que el
artículo 48 del Código Penal establecía la posibilidad de no acudir
al lugar donde reside ni al lugar donde trabaja; ahora se perfecciona
el texto: se prohibe la comunicación del agresor con la víctima
agredida por cualquier tipo de medio técnico o telemático, el que
sea, y prohibimos que el agresor acuda al lugar donde está la víctima
o al lugar que normalmente frecuenta la víctima. En este sentido,
nuestro grupo anuncia ya que votará favorablemente las transacciones
que se presentan en relación con los artículos 48.5, 620.3 y 14 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pasando brevemente a las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, nuestro grupo celebra que hoy el Congreso de los Diputados
vuelva a aprobar lo que propusimos en el Senado. Las propuestas de
Convergència i Unió de modificar los artículos 707 y 713 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal iban dirigidas a proteger al menor que ha
sido víctima de una agresión. Ese menor víctima de una agresión,
señorías, tiene que ir a juicio, tiene que declarar como testigo y
tenía que enfrentarse visualmente con su agresor. Ya es lamentable
que el menor haya sido víctima de un delito de este tipo; es
lamentable tener que obligarle a ir a juicio, pero es necesario
hacerlo; por lo menos, evitemos ese contacto visual del menor con su
agresor. Nuestra enmienda al artículo 707 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal hace posible que el juez, si lo estima necesario para el
bien del menor, acuerde poner unas mamparas, unos medios técnicos que
lo alejen de ese contacto visual y también del careo con el agresor,
si no es necesario. Creemos que estas dos medidas del artículo
707 y 713 del Código Penal son necesarias y nos congratulamos de que
hoy se aprueben.
Finalmente -termino ya, señor presidente-, nuestro grupo, como quiere
el consenso, como apuesta decisivamente por la unanimidad, porque la
sociedad no entendería otra cosa, deja aparcadas esas otras enmiendas
que teníamos presentadas al proyecto de ley, enmiendas relativas a
aspectos importantes, aspectos que preocupan también a la sociedad,
pero para cuya aprobación hoy no había el grado de consenso
suficiente. Como no se entendería hoy una votación dispar, nuestro
grupo las deja aparcadas y las plantearemos como proposición de ley.
Son enmiendas relativas a imprudencias temerarias en la conducción
-la seguridad vial nos exige también una reforma del Código Penal en
este ámbito-; a la omisión del deber de socorro, de ayudar a la
víctima en un accidente de tráfico; conductas relativas a la mala
custodia de animales peligrosos. Hemos tenido ejemplos en las últimas
semanas de personas que han sido víctimas de un ataque de un animal
peligroso por la mala custodia de su dueño. Hay que revisar el Código
Penal en todo esto. Como en el tema de malos tratos a animales,
cuando se exige que tienen que ser crueles.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya.
Cualquiera de estas conductas debe ser castigada. Por tanto, nosotros
las dejamos aparcadas para otro trámite y lo que celebramos hoy es
este consenso, que se aprueben, en definitiva, medidas que nuestro
grupo fue el primero en impulsar hace ya más de un año.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Gracias, señor presidente.
Ratificamos las opiniones que vertimos cuando fue objeto de discusión
este proyecto de ley en relación a las enmiendas que había
introducido el Senado en aquella malhadada sesión en que no logró
salir aprobado.
Nos extraña que el grupo parlamentario del PSOE y el grupo
parlamentario del PP recaben ahora el honor y la gloria por haber
consensuado unas enmiendas, que esto salga adelante y no venga
precedido de un serio mea culpa reconociendo que si esto no fue
objeto de aprobación en su día fue por la absoluta irresponsabilidad
del Grupo Parlamentario Popular y la falta de sus diputados y por la
absoluta frivolidad del Partido Socialista Obrero Español, que, con
tal de darle una determinada reprimenda al partido del Gobierno, se
abstuvo cuando había votado favorablemente todas y cada una de las
enmiendas, lo que nos condujo a esa situación.
Que no se ponga nadie ninguna clase de plumas y adornos en un trámite
que es el trámite penoso de un antecedente penoso. Por tanto,
pongamos las cosas en su sitio para que no haya lugar a este conjunto
de actuaciones turiferarias; hagámoslo con una cierta sencillez, que
es bastante mejor.
En esa línea de sencillez, nuestro grupo va a votar favorablemente
las enmiendas transaccionales, celebrando, evidentemente, que se haya
llegado a ese consenso, y lo va a hacer lo mismo que en la última
intervención que tuvo con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque el
sentido de la responsabilidad no permite que, ante la demanda social
que hay sobre la necesaria modificación del Código Penal para atajar
el fenómeno de la violencia doméstica, sigamos con tanta clase de
elucubraciones. ¿Será perfectible el texto? Evidentemente, como
todos. Confiamos, como es lógico y natural, en la jurisprudencia, en
el sabio hacer de los tribunales para que interpreten como se
interpreta todo código penal, de la forma más restrictiva, a fin de
que no se pueda incurrir en situaciones que resulten realmente un
auténtico disparate.
En una inicial redacción así lo parecía, porque no tanto se
sancionaba el hecho de que se aproximaran al lugar que pudieran
frecuentar la víctima o sus parientes con la evidente intención de
llevar adelante una perturbación, sino que podían ser inculpados por
el simple hecho de que diera la casualidad de que por allí pasaban.
Creemos que esto ha quedado corregido, creemos que esto ha quedado
bastante mejor modulado y nos felicitamos y congratulamos como los
demás de todo ello.
En todo caso, es evidente, señor presidente, que con esto no basta.
Es verdad, esta es una contestación desde el Código Penal, que hemos
dicho siempre que tiene que regirse por el principio de mínima
intervención frente a un fenómeno como es el de la violencia
doméstica. Pero hace falta algo más, hace falta penetrar en las
causas de esa violencia doméstica; hace falta que no nos conformemos
con actitudes de este tipo, que además siempre actúan a posteriori y
prácticamente cuando sinceramente tenemos que lamentar la existencia
de víctimas. Aquí hace falta una política, ya que tanto se habla de
la Constitución y de la protección de la familia, entendida ésta como
esa unidad de hecho o de derecho en la que generalmente se gesta
hasta la cultura de aquellos que van a continuar en su proceso, hace
falta un esfuerzo muy serio para la erradicación de la violencia. Y
la erradicación de la violencia doméstica no es separable en modo
alguno de la erradicación de la violencia juvenil en los institutos o
en las escuelas; no es separable en modo alguno de la erradicación de
la violencia y de la cultura de la violencia en la sociedad.
Sinceramente les confieso -y creo que mi grupo me respalda en ello-
que me produce una auténtica incomodidad el estar aquí hablando de
una clase de violencias que reprimimos desde el punto de vista del
Código Penal cuando se practican violencias
mil veces más graves desde los medios de comunicación, que van
envenenando, que van deformando la mente de nuestros ciudadanos y que
les acaban haciendo ver como normales actitudes de contestación, del
viejo ojo por ojo y diente por diente, que evidentemente no creo que
sean el mejor ámbito para poder llevar adelante una política de
cultura contra la violencia. Si algunos de ustedes se conforman con
esta clase de acuerdos, allá ustedes. Desde luego, desde el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida no nos conformamos. Nos gustaría que
de verdad esta Cámara se pusiera la primera en la línea de combatir
la violencia en todas sus manifestaciones allá donde se halle. Y lo
que es más, cumpliendo el artículo 9 de nuestra Constitución, que
obliga a remover los obstáculos que impiden la libertad, la igualdad
y la justicia, que se pusiera a la cabeza de una política educativa,
de una auténtica política, con pe mayúscula, que pusiera los derechos
humanos encima de la mesa y que a toda clase de violencia le dijera
con una enorme sencillez pero con una enorme rotundidad: no, no ha
lugar a esa violencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señor presidente.
Sin las alharacas que reprochaba el señor Castellano, pero con
sinceridad, el Grupo Socialista se alegra hoy de que el Pleno del
Congreso apruebe por fin este proyecto de ley; un proyecto de ley
que, desde luego, ha tenido una historia no tan larga como señalaba
el representante de CiU, pero sí atípica y sobresaltada. Hoy podemos
reparar las desdichadas consecuencias a que nos llevó hace dos
semanas la inflexibilidad del Grupo Popular. En aquel momento no se
pudo aprobar la votación de totalidad de este proyecto por haber sido
vinculada por este grupo a la asunción de una enmienda totalmente
inaceptable al título VIII del Código Penal.
Señorías, el caso es que esto es historia, una historia de hace
quince días. Hoy por hoy, el conjunto de la Cámara ha recuperado la
racionalidad y, la mayoría, la voluntad de diálogo, y entre todos
hemos sido capaces de responder a una demanda social apremiante,
quizá la más apremiante en estos momentos: la de una lucha más eficaz
contra la violencia doméstica; eso sí, sólo un aspecto de la
violencia generalizada en la sociedad, pero un aspecto ciertamente
importante, de los más ocultos y un aspecto en el que las víctimas
tienen menos defensa.
Gracias al trámite de urgencia, en cuya paternidad tenemos el orgullo
de haber tenido la iniciativa, gracias a la celeridad de los trámites
de ponencia y Comisión y gracias a la inmediata entrada en vigor que
acordó la ponencia, no va a ser vano el esfuerzo que algunos
grupos parlamentarios -no sólo Convergència i Unió, también el Grupo
Socialista- hicimos en el Senado introduciendo enmiendas que
perfeccionaran la lucha contra los malos tratos familiares. En
efecto, gracias a este consenso alcanzado finalmente, gracias a esta
urgencia, podremos tener en el Boletín Oficial del Estado, en este
mismo período de sesiones, medidas contra este tipo de malos tratos
que modificarán el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
de acuerdo además con la redacción aprobada por el Senado, a nuestro
juicio, mucho más correcta y mucho más comprensiva de las posiciones
de los distintos grupos parlamentarios que la que envió el Gobierno
al Congreso de los Diputados.
Desde ese momento, el Código Penal -y con toda brevedad lo enumero-
penalizará, junto al maltrato físico en el ámbito familiar, la
violencia psíquica habitual de una forma más clara y más expresa que
la que está recogida ahora en el artículo 173. Introducirá una
definición suficientemente precisa de habitualidad, además, esta
definición excluirá la posibilidad de que la interpretación judicial
exija condenas previas para considerarla. Perseguirá de oficio las
faltas de malos tratos, tanto físicos como psíquicos, e incluirá como
pena accesoria y medida de seguridad la prohibición de aproximación a
la víctima por parte del agresor. Y no sólo el Código Penal, la Ley
de Enjuiciamiento Criminal también recoge, como medida cautelar, el
alejamiento del agresor y establecerá -y esto es importante- la
necesidad de que el juez asegure la comunicación a la víctima de los
actos procesales que puedan afectar a su seguridad, del mismo modo
que hará posible que se evite a los testigos menores de edad la
confrontación visual con el inculpado y los careos.
Señorías, el Grupo Socialista está satisfecho con el texto aprobado
por la ponencia y por la Comisión, que refleja en lo sustancial el
texto que en su día aprobó el Senado. Sin embargo, mantiene viva una
enmienda a la que se ha ofrecido una transacción, cuya aceptación
anuncio desde este momento. Se trata de reformar, como ya pretendimos
hacer en el Senado, el artículo 14.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, atribuyendo al juez de instrucción el conocimiento de las
faltas de malos tratos psíquicos en el ámbito familiar. Nos parece
importante esta reforma porque no cabe duda de que siempre, pero
sobre todo en esta primera etapa de aplicación de la modificación del
Código, la intervención de un órgano profesional como es el juez de
instrucción va a suponer una mejor garantía de los derechos de la
víctima. Así lo venían reclamando reiteradamente, por otra parte, las
asociaciones de mujeres, y nos alegramos de que hoy, con este
consenso, el Parlamento haya llegado a dar satisfacción a esa justa
exigencia.
Señorías, ya lo han dicho otros portavoces desde esta tribuna, pero
quiero repetirlo. Con este texto conseguimos un nuevo avance en la
lucha contra los malos tratos familiares, pero si bien todas las
medidas recogidas son necesarias, no están en él en absoluto todas
las que hacen falta para acabar con la violencia en el ámbito
doméstico. La lucha contra la violencia doméstica no es sólo labor a
posteriori y no es sólo labor del Código Penal. Hay una tarea
importante de concienciación social, hay una tarea que deben ejecutar
las administraciones públicas y la propia sociedad que es necesario
impulsar, seguir día a día, y que no entra dentro del ámbito
legislativo. Creo que esta Cámara, en el momento de aprobar estas
medidas, también debe recordar a las administraciones públicas y a la
sociedad en su conjunto la necesidad de seguir impulsando esta labor.
De todas formas, señorías, hoy nos satisface pensar que hemos
aprobado un instrumento útil, que en un plazo muy breve permitirá
mejorar la lucha contra los malos tratos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora del Campo.
Señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde, en nombre del Grupo Popular, explanar
nuestra posición respecto al proyecto de ley de erradicación de malos
tratos en el ámbito familiar. Este proyecto de ley del Gobierno del
Partido Popular ha sido mejorado ostensiblemente en los debates
parlamentarios en ambas Cámaras por los diferentes grupos; por tanto,
vamos a votar afirmativamente dicho texto, como hemos hecho en
anteriores ocasiones.
Es trascendental aprobar la modificación del Código Penal y de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal para erradicar los malos tratos en el
ámbito familiar y, sobre todo, tal y como han dicho anteriores
intervinientes, porque nos parece esencial acabar con la serie de
vicisitudes parlamentarias que ha sufrido la aprobación de este
texto. Comprendo que en este momento determinado grupo quiera aclarar
situaciones, pero es cierto que desde la sociedad se viene demandando
desde hace muchos años una modificación de este tipo y es necesario
aprobar su contenido, porque consideramos que es realista, riguroso y
eficaz en la lucha contra el maltrato en el ámbito familiar debido a
la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Este proyecto de ley es una de las medidas que aprobó el Gobierno del
Partido Popular en abril del año pasado y, junto a ella, están las
medidas educativas, en el ámbito social, sanitario, jurisdiccional,
de seguridad y económicas. Hasta 9.000 millones de pesetas se van a
aplicar durante tres años, hasta el año 2000, para intentar erradicar
estas conductas. ¿Por qué este cúmulo, esta unión de determinadas
medidas no sólo legislativas, sino también en otros ámbitos? Porque
consideramos que es necesario erradicar esta lacra social que sufren
en su gran mayoría las mujeres de este país y que cada año casi
produce un centenar de muertes con una serie de medidas que no sólo
sean legislativas, de modificación del Código Penal y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Consideramos, desde el Grupo Parlamentario
Popular, desde el Gobierno del Partido Popular, que es
esencial erradicarla desde la evolución de las conciencias, que esta
modificación legislativa sea también instructiva, pedagógica, que nos
enseñe a todos los españoles y españolas a distinguir perfectamente
lo lícito de lo ilícito.
Son esenciales estas modificaciones, porque muchas de estas conductas
surgen de las más hondas pasiones del ser humano. Piensen, señorías,
que estamos hablando de patologías, de crisis familiares; estamos
hablando de aquellas actitudes, de aquellos comportamientos, de
aquellos malos tratos que en todo momento vienen oscurecidos por la
vergüenza y la humillación de las víctimas, que en todo momento
vienen tapados por la oscuridad del hogar familiar. Consideramos que
debe llevarse a cabo una denuncia y se deben, por tanto, modificar no
sólo las conductas, sino también los pensamientos.
Pero no sólo queremos que sea pedagógica e instructiva; también
queremos que sea contundente. Creemos desde el Grupo Popular, de
verdad, que esta modificación que ha llevado a cabo el Gobierno del
Partido Popular y que ha sido enriquecida, como he dicho
anteriormente, por determinadas enmiendas de los grupos, es
importante. Quiero hacer una llamada de atención respecto a lo dicho
por la señora Uría, pues ha indicado que lo importante aquí no sólo
era el acuerdo del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo
Parlamentario Popular. Pues claro que no, que aun siendo importantes,
no sólo lo son los votos. Son muy importantes las aportaciones que en
los debates parlamentarios se han llevado a cabo y hay que reconocer
que tanto el Partido Nacionalista Vasco, como el Grupo de
Convergència i Unió, como Coalición Canaria, como otros grupos con
sus enmiendas han enriquecido ostensiblemente este texto, que, como
decía, queremos que sea contundente. Pensamos que es un texto
realista, riguroso y coherente, con la finalidad de erradicar los
malos tratos en el ámbito familiar.
Anteriores intervinientes han hablado de las modificaciones de los
artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Respecto de la intervención del señor Vázquez, que ha defendido una
enmienda del Grupo Mixto poniendo en tela de juicio la expresión
habitualidad que recoge el segundo párrafo del artículo 153 del
Código Penal modificado y que intenta penalizar la conducta de
ejercer la violencia física y psíquica sobre determinadas víctimas,
consideramos que la habitualidad es mucho más positiva para la lucha
contra los malos tratos que la habitualidad que recoge el artículo 94
del Código Penal, señor Vázquez, porque el artículo 94 regula que la
habitualidad va a exigir sentencia condenatoria en más de tres
ocasiones sobre la misma víctima y además en el plazo de cinco años.
Sin embargo, en este segundo párrafo se recoge que no es necesario
que exista sentencia condenatoria, sólo es necesario que se acredite,
puede ser sobre diferentes víctimas y no precisa un determinado
tiempo para considerar que existe habitualidad.Por tanto, nos parece
que es muy favorable en ese
sentido, y como consideramos que el texto está bastante
perfeccionado, no vamos a votar afirmativamente las enmiendas que ha
defendido, ya que consideramos que no aportan nada nuevo a la
regulación.
Es cierto que se ha podido ir más lejos y que se han podido modificar
más artículos. Pero, llegados a este punto, consideramos dentro del
Grupo Popular que ir más lejos puede suponer llegar tarde. Por
consiguiente, esta modificación no sólo se lleva a cabo respecto del
Código Penal, incorporando una nueva pena privativa de derecho como
es la prohibición de aproximarse a la víctima, a sus familiares y a
otras personas que considere el juez o tribunal o la prohibición de
comunicarse, y que esto, según las modificaciones que estamos
llevando a cabo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, signifique que
se va a aplicar también esta pena privativa de derecho como medida
cautelar a los delitos que regula el artículo 57 del Código Penal,
donde figuran las lesiones y otros delitos también muy importantes.
Con la modificación del artículo 13 nuestros jueces van a poder
aplicar como primera diligencia, desde el momento en que se presente
la denuncia, el alejamiento del agresor del domicilio, el alejamiento
del agresor del lugar en donde se encuentren las víctimas, familiares
y otras personas que considere el órgano juzgador. Nos parece muy
importante esta modificación, muy rigurosa y muy realista.
Señoras y señores diputados, nos alegramos mucho en el Grupo Popular
de que esta vez se consiga el voto unánime de todos los
parlamentarios y parlamentarias. En el Gobierno y en el Grupo Popular
consideramos, señoras y señores diputados, que el problema de los
malos tratos en el ámbito familiar es un problema de Estado, y el
Estado lo constituimos todos, las instituciones sociales y las
políticas, los ciudadanos y las ciudadanas, y sólo con la intención y
el trabajo conjunto, por encima de partidismos, podremos acabar con
esta lacra social, la erradicación de los malos tratos en el ámbito
familiar. Por ello hoy es un día, cómo no, muy bueno para que
comencemos a luchar conjuntamente en esta modificación legislativa
que podemos aprobar por unanimidad para acabar con esta actitud, con
este comportamiento de prepotencia que, tal y como ha dicho el
interviniente de Izquierda Unida, no sólo se produce muchas veces en
el ámbito familiar, que nos preocupa muchísimo, sino en determinadas
circunstancias de nuestros jóvenes y menores.
Nos parecen muy importantes también los cuatro artículos que se han
modificado a instancias del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) respecto a las comparecencias de los testigos menores de
edad. Me refiero a los artículos 448, 452, 707 y 713 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, porque vamos a evitar a nuestros menores,
cuando son testigos en determinados delitos, esa ansiedad y ese
estrés que les produce tener que declarar junto al agresor, tener que
sufrir un careo u oír unas declaraciones teniendo a su lado a quien
le ha agredido.
El Grupo Popular está satisfecho de las declaraciones realizadas por
los diferentes grupos en el sentido de que votarán afirmativamente a
este texto del Gobierno que, como ya he dicho antes, ha sido
modificado por los diferentes grupos parlamentarios con rigor y
seriedad. Comunico a la Cámara que no vamos a poder votar
afirmativamente las enmiendas que defiende el Grupo Mixto, apoyamos
las tres enmiendas transaccionales que se han defendido
anteriormente, y nos alegramos del comportamiento y la actitud de
todos los parlamentarios y parlamentarias apoyando un texto tan
importante para toda la sociedad española.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Barrios.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.- El señor presidente ocupa
la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a los puntos IX y X del orden del día. En primer
lugar, el punto IX, relativo a las enmiendas del Senado al proyecto
de ley de régimen del personal de las Fuerzas Armadas. Votamos las
enmiendas del Senado a los artículos 18, 24, 43, 45, 63, 90, 142,
143, 153 bis, disposición adicional octava, disposición transitoria
vigesimosegunda y disposiciones finales cuarta y octava.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 284; en contra, 13; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado
citadas.
Se someten a votación las enmiendas del Senado a los artículos 3, 6,
10, 19, 66, 110, 113, 114, 120, 121, 144; disposiciones adicionales
segunda, tercera y cuarta; disposiciones transitorias segunda,
tercera, décima, duodécima y vigesimoprimera; disposición final
tercera y preámbulo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 288; en contra, dos; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Votación del artículo 151.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 296; en contra, uno; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda del Senado a la disposición adicional primera bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 279; en contra, 15; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Enmienda a la disposición final tercera bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, uno; en contra, 302.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Finalmente, en lo que se refiere a este proyecto de ley, restantes
enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 299; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas.
Pasamos a las enmiendas que formula el Senado a la proposición de ley
orgánica de modificación del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. En primer lugar, votamos las enmiendas del Senado en un
solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas.
Votamos a continuación el conjunto del proyecto por tener carácter
orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 301; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada con carácter orgánico la
proposición de ley al haber alcanzado la mayoría absoluta legal de la
Cámara exigida por la Constitución y el Reglamento del Congreso.
Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen de la Comisión
al proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal en
materia de protección a las víctimas de malos tratos y las
correlativas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En
primer lugar votamos las enmiendas de la señora Almeida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, cinco; en contra, 297; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Vázquez Vázquez (don Guillerme).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 13; en contra, 287.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas transaccionales a las enmiendas números 1 y 3, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 302; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las referidas transaccionales.
Enmienda transaccional a la enmienda in voce del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 303.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 302; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
Al tener naturaleza orgánica, es necesario una votación final sobre
el conjunto del proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 302; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría absoluta legal
requerida por la Constitución y el Reglamento, el proyecto queda
aprobado con carácter de orgánico.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. (Número de
expediente 121/000163.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día:
Debate de totalidad del proyecto de ley de ordenación de la
edificación. Para su presentación ante el Pleno tiene la palabra el
ministro de Fomento, señor Arias-Salgado. (Pausa.)
Cuando quiera, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para presentar el proyecto de ley de
ordenación de la edificación. Señor presidente, me voy a referir
sucesivamente a los objetivos que el proyecto de ley trata de
cumplir, a los requisitos de calidad que introduce como proyecto para
mejorar la edificación en España, al sistema de responsabilidades que
articula en el proceso edificatorio y a la definición de garantías
que el proyecto de ley regula para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) Pero antes permítame que traslade unos cuantos datos de
la realidad, que son en última instancia los que justifican en mayor
medida la redacción de un proyecto de estas características.
La calidad de las viviendas en numerosas ocasiones no es
satisfactoria ni proporcional al esfuerzo individual que
económicamente supone su adquisición. Los medios de comunicación
reflejan con frecuencia la problemática de edificios recientes, que
incluye desde defectos menores hasta graves problemas estructurales.
En el sector de la edificación, las reclamaciones por falta de
calidad ocupan el primer lugar entre todos los sectores, con un 35
por ciento del total. Además, el plazo de aparición de los defectos
es progresivamente más corto y un 40 por ciento de los mismos aparece
dentro de los tres primeros años de acabarse la edificación. Los
efectos económicos pueden estimarse, según distintas fuentes, entre
el 5 y el 10 por ciento de la facturación de todo el sector al año,
lo que supone unas cifras globales entre 200.000 y 400.000 millones
de pesetas. Esto significa que cada diez años el sector pierde, por
falta de calidad, el equivalente a la producción de un año. Por
tanto, es interés general de la sociedad y de los usuarios de las
viviendas en particular que el Gobierno produzca y la Cámara, en su
caso, apruebe una ordenación técnica, administrativa y reglamentaria
que haga posible mejorar la calidad de los edificios. La calidad de
la construcción de los edificios incide no sólo en los aspectos de
seguridad frente a la ruina del edificio o su protección contra el
fuego, sino también sobre aquellos otros derivados del bienestar,
relacionados con el medio ambiente, y se encaminan a la reducción de
los efectos contaminantes debidos al mayor consumo de energía en los
edificios, a la protección contra el ruido, etcétera.
La ley trata de alcanzar, dentro del marco de competencias del
Estado, tres objetivos principales. En primer término, fomentar la
calidad de la edificación estableciendo los requisitos básicos que
deben satisfacer los edificios. En segundo lugar, delimitar las
responsabilidades fijando, en concreto, las de los diferentes agentes
que intervienen en el proceso de la edificación. En tercer lugar,
establecer las garantías a los usuarios para asegurar la reparación
de los daños materiales causados en el edificio originados por
defectos en la construcción.
Con el fin de garantizar la seguridad, el bienestar y la protección
del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse y
mantenerse de tal forma que satisfagan los requisitos básicos de
calidad siguientes, relativos a la funcionalidad, a la seguridad y a
la habitabilidad de los edificios. La funcionalidad se refiere a la
misma en su sentido estricto, accesibilidad para personas
discapacitadas y acceso a servicios de telecomunicación, entre otros
elementos o características. Respecto a la seguridad, se trata de la
seguridad estructural en caso de incendio y de utilización. La
habitabilidad se refiere, como es lógico, a aspectos como la higiene,
salud, protección del medio ambiente, protección contra el ruido,
aislamiento térmico, ahorro de energía y otros aspectos estrictamente
funcionales. La ley abre también un marco para que en el plazo de dos
años el código técnico de la edificación, que establecerá con
precisión las exigencias técnicas que deban cumplir los edificios,
pueda elaborarse y estar en vigor.
Si algo caracteriza a este proyecto de ley es la tentativa de definir
un sistema de responsabilidades que el proyecto articula de la
siguiente manera. Se establece con carácter general la
responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de
edificación. Dichos agentes responden de modo individual, pero
también responden solidariamente si la responsabilidad individual no
pudiera ser establecida. Para ello se regulan unos plazos que son los
siguientes: diez años por los daños causados por vicios o defectos
que tengan su origen o afecten a cualquier elemento estructural, tres
años por los daños causados por vicios o defectos de elementos
constructivos o de las instalaciones que afecten a la habitalibidad,
y un año por los daños materiales derivados de vicios o defectos de
terminación o acabado.
Para los usuarios se establece el siguiente sistema de garantías. Un
seguro obligatorio, suscrito por el promotor, para garantizar durante
diez años la reparación de los daños materiales causados en el
edificio por defectos de los elementos estructurales. El capital
asegurado será el cien por cien del coste final del edificio. Además,
el proyecto de ley prevé la implantación progresiva de otros dos
seguros. En primer lugar, el seguro suscrito por el promotor para
garantizar durante tres años la reparación de los daños materiales
causados en el edificio por defectos de los elementos constructivos o
instalaciones. El capital asegurado será el 30 por ciento del coste
final del edificio. En segundo lugar, el seguro suscrito por el
constructor o retención del 5 por ciento del coste final del
edificio, para garantizar durante un año la reparación de los daños
materiales causados en el edificio por defectos de terminación o
acabado. El capital asegurado será del 5 por ciento del coste del
edificio.
Es de destacar también, señorías, que en el proceso de elaboración de
este proyecto de ley se ha seguido un sistema de muy amplias
consultas. Se han tenido contactos con los colectivos profesionales
del sector de la edificación, lo que ha permitido al Gobierno enviar
este proyecto de ley con un amplio respaldo social (y no hablo sólo
de asociaciones de promotores, constructores, fabricantes y usuarios,
de asociaciones y entidades aseguradoras, sino también y de manera
singular de los consejos y colegios profesionales), porque se ha
querido introducir en el proyecto de ley un acuerdo básico en el seno
de la sociedad civil, alcanzado entre el Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos y la Mesa de la Ingeniería, que
comprende 15 colegios de ingenieros y que ha suscrito el texto.
Solamente una rama de la ingeniería ha quedado por el momento fuera
del acuerdo y yo querría conseguir que al final de su tramitación
existiera la posibilidad de que también los ingenieros industriales
pudiesen incorporarse al acuerdo final que debe reflejar, a mi
juicio, en todo lo que afecta a las competencias profesionales, el
texto del proyecto de ley.
Voy a dar unos últimos datos para conocimiento de la Cámara. Se ha
dicho que el coste del seguro que con carácter obligatorio introduce
el proyecto de ley incrementa fuertemente el coste final de la
vivienda. Yo querría trasladar a la Cámara los datos que proceden de
los estudios que se han hecho en el Ministerio de Fomento para
elaborar y establecer la definición del seguro obligatorio. De los
estudios realizados y confirmados por las entidades y asociaciones
aseguradoras más importantes, puede afirmarse que la repercusión del
seguro obligatorio que el proyecto de ley establece sobre el precio
de venta de la vivienda estará comprendida entre el 0,6 por ciento y
el 0,8 por ciento de dicho precio. Desagregamos el razonamiento de la
siguiente manera. El seguro supone entre el 0,7 y el 0,9 del coste
del edificio; el coste del control de calidad, entre el 0,5 y el 0,7
del coste del edificio; total de incrementos, por tanto, entre el 1,2
y el 1,6 por ciento del coste del edificio. Ahora bien, el coste del
edificio es igual al 50 por ciento del precio final de la vivienda;
por tanto, el coste del seguro estará entre el 0,6 y el 0,8 del
precio final de la vivienda. Todo ello, globalmente, quedará
compensado por el ahorro colectivo que supondrá la disminución de los
siniestros y del gasto derivado de la falta de calidad de la
edificación.
Señorías, yo pido hoy, desde esta tribuna, el voto contrario a las
enmiendas de devolución que los grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno, en su momento, tendrán la posibilidad de razonar. Quiero
señalar que, desde la perspectiva del Gobierno, este es un proyecto
de ley necesario, que se ha buscado el más amplio respaldo social y
que, en última instancia, creemos que establece un sistema de
responsabilidades correcto en todo lo que afecta al proceso
edificatorio y un sistema de garantías que se introducen por primera
vez sólidamente en el ordenamiento jurídico español para hacer frente
a un problema verdaderamente sentido en la sociedad española. Se
trata de asegurar la calidad de las viviendas que los españoles
adquieren.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
Al proyecto de ley de ordenación de la edificación se han presentado
dos enmiendas de totalidad que solicitan la devolución del proyecto
al Gobierno.
En primer lugar y para defender la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna para defender la
devolución de este proyecto de ley a su gabinete, con la finalidad de
que lo rehagan.
En el año 1996, cuando llegaron al Gobierno, tenían ustedes encima de
la mesa un espléndido proyecto de ley, aprobado a finales de 1995 por
el Consejo de Ministros y publicado en estas Cortes el 9 de enero de
1996; un proyecto de ley que serviría si no hubieran hecho lo que
hacen normalmente, cada vez que han encontrado algún documento o
proyecto de ley importante, o con un contenido que es perfectamente
reconocible por todos, porque en ese momento no se produjo lo que se
está produciendo ahora. La tensión en aquel momento no existía, no
había ningún tipo de tensión respecto a la diferencia entre
profesionales, tal y como está pasando ahora.
El proyecto de ley que encontraron ustedes era integral. Hacía un
tratamiento global de la ordenación de la edificación, por lo que
ustedes podían haber aprovechado estos tres años, haberse ahorrado
todo este tiempo y esta urgencia que dice tiene este proyecto de ley,
que al final parece que no es tanta. Podían haberlo planteado
-repito-, en todo este tiempo que ustedes han tenido. ¿Por qué razón
pretendemos devolver este proyecto de ley al Gobierno? Porque a pesar
de las bondades que ha predicado desde esta tribuna, señor ministro,
este proyecto de ordenación de la edificación adolece de ser el
continente de un proceso global e integral o integrado -como usted
quiera- de lo que es el proceso de ordenar la edificación en España.
Desde que el promotor tiene una idea sobre qué va a hacer, hasta que
se produce la demolición de esa obra que ha hecho, durante todo ese
proceso que puede durar muchos años, hay una intervención de agentes,
se produce la intervención de profesionales y hay una participación
de colectivos sociales que deberían estar contemplados en cuanto a
sus derechos y obligaciones en este proyecto de ley.
En el proyecto de ley ustedes han enumerado de manera somera aspectos
de seguridad de los trabajadores, pero no han conseguido trasladar al
mismo lo que dice la normativa europea. Desde nuestro punto de vista,
los aspectos más importantes que este proyecto de ley no contempla, y
que por tanto forman la base de nuestra petición de devolución, se
traducen en que todo lo que está relacionado con la seguridad y salud
de los trabajadores no lo contemplan; que las condiciones
medioambientales de la edificación únicamente las enumeran sin dar
ningún contenido especial a todo lo que es la protección ambiental;
tampoco hacen referencia a lo que es el patrimonio inmobiliario, no
se contempla en este proyecto de ordenación de la edificación, y por
los derechos y deberes de los usuarios se preocupan muy poco. Usted
tenía que haber pedido informe al Consejo Económico y Social y no se
lo pidió; tenía obligación de pedirlo, pues el artículo 7.o, párrafo
primero, punto 1.a) de la ley que regula el funcionamiento del
Consejo Económico y Social establece que al tratarse en este caso
concreto de un proyecto que tenía repercusión económica, sobre todo
en el aspecto de responsabilidades y garantías, usted tenía que haber
cogido el proyecto y enviarlo al Consejo Económico y Social. En el
informe se dice que la protección de los usuarios no está debidamente
garantizada en el proyecto de ley que usted nos ha presentado esta
mañana, señor ministro.
Nosotros entendemos que este proyecto de ley tiene que responder a la
calidad de la edificación. ¿Cómo se acredita? Cuando ustedes dicen
que un edificio reúne todas las condiciones de calidad, ¿cómo lo
quieren hacer? ¿Qué instrumentos recoge este proyecto de ley para
decir al usuario, el que recibe definitivamente la actuación que se
inicia con arreglo a esta ley, que eso está así? ¿Hay algún tipo de
certificado que hable de la reducción de vertidos contaminantes, de
la prevención de ruidos, la prohibición de utilizar materiales que
sean peligrosos en potencia para la salud, como por ejemplo el
amianto o algunos otros? Es decir, ¿cómo traslada usted todo esto al
usuario? No le dice absolutamente nada. Le da las llaves de la
vivienda, de la instalación o del inmueble y no dice nada más.
Nosotros entendemos, señor ministro, que este proyecto de ley tiene
que contemplar que el usuario, cuando recibe la llave de ese edificio
debe tener un certificado que le diga: esté tranquilo, entre a
ocuparlo que no hay ninguna dificultad. Tiene un certificado
energético en el que le garantizan que todos estos aspectos
medioambientales están perfectamente considerados, recogidos y
garantizados.
En segundo lugar, señor ministro, ustedes anuncian que va a haber un
código técnico de la edificación que va a suponer, según sus
palabras, la unificación actual de toda la normativa, pero eso sí en
el plazo de dos años y a través de un real decreto. Nosotros
entendemos que esta simple enumeración que usted hace desde luego
tiene que responder a que el proyecto de ley recoja en su articulado
un contenido algo mayor y más definitorio sobre lo que tiene que
consistir este código técnico de la edificación para que su
desarrollo (que lo tiene que hacer usted como ministerio, lo que
sucede es que dos años son muchos años para llevarlo adelante)
responda a unos criterios que estén debatidos en esta Cámara y no
responda a lo que a usted le venga en gana en función de unos
intereses o de una situación determinada.
En tercer lugar, señor ministro, entendemos que cuando cualquiera de
nosotros acceda a ese edificio
hemos de tener un documento en el que se nos diga el tipo de edificio
que es. A usted cuando se compra un coche o cuando se compra
cualquier tipo de electrodoméstico, le dan un documento en el que
dicen las características de este bien mueble, las formas de
conservación y mantenimiento y así usted está perfectamente orientado
sobre lo que puede pasar a lo largo de la vida de ese bien inmueble.
Aquí nosotros pedimos también lo mismo. Cualquier ciudadano tiene
derecho a tener un libro del edificio en el que se digan las
características del mismo, las condiciones que reúne el edificio, los
que han participado en el edificio, lo que ha costado y las formas de
conservarlo de aquí en adelante. Ustedes esto ni lo mencionan, señor
ministro.
Si hablamos de los derechos y obligaciones de los usuarios -y digo
usuarios porque aquí usuarios somos todos-, creo señor ministro que
tenemos derecho a la información a través de ese libro que he
indicado, a tener una serie de documentos sobre la estructura y
condiciones de ese edificio, y desde luego unas garantías y unas
acciones para exigir la responsabilidad de los que han intervenido en
el proceso de la edificación mayores de las que en estos momentos
están definidas en este proyecto de ley. También entendemos nosotros
que un usuario ha de tener recogidas en este proyecto de ley sus
obligaciones. Ustedes cogen parte de sus obligaciones, pero no
recogen ninguno de sus derechos; parece que la balanza entre
obligaciones y derechos ustedes la inclinan más hacia un lado que
hacia el otro.
En cuanto al régimen de responsabilidades y garantías, al que también
ha hecho usted referencia señor ministro, le quiero decir lo
siguiente. He estado en estas últimas fechas, como muchos de los
portavoces de esta Cámara que han llevado este tema, en reuniones con
responsables de seguros, con promotores, con profesionales, es decir
con personas ciudadanos y ciudadanas de este país que son técnicos y
expertos en la materia y tienen que ver con lo que va a suponer la
aplicación y publicación en su momento de esta ley de ordenación de
la edificación. Créame que cuando han llegado a la exigencia de
responsabilidades, a la formulación de las garantías que usted ha
planteado, casi todo el mundo (voy a establecer algún tipo de
excepción muy pequeñita, por aquello de que digan que no he dicho el
cien por cien), gran parte de los que estaban allí presentes han
puesto de manifiesto la inseguridad jurídica que se está generando
con el capítulo de garantías, con los artículos 17, 18, 19 y 20 de
este proyecto de ley respecto al usuario final, y no me refiero
solamente a los promotores o constructores cuya relación con las
compañías de seguros va a ser un tanto difícil. Lo que dice la
exposición de motivos, lo que dice el artículo 19.1 y lo que dice la
disposición adicional segunda es contradictorio. Ustedes están
exigiendo el seguro obligatorio en el artículo 19.1 a todo, por daños
a los diez años, a los tres años y a un año, y sin embargo en la
disposición adicional segunda solamente lo exigen a los diez años, no
a los tres ni al año. Cuando
ustedes hayan hablado de este tema con las compañías de seguros -que
imagino lo habrán hablado-, les habrán puesto encima de la mesa sus
dudas y sus problemas a la hora de enfocar las pólizas de seguro; una
batería de dificultades que indudablemente a los técnicos ya les
genera inseguridad. Si eso lo trasladamos a aquel ciudadano o
ciudadana que se limita a pagar unos dineros que salen de sus propios
fondos para acceder a una vivienda, pongo por ejemplo, usted
comprenderá que esas duda se le incrementen por cien, y le digo que
las asociaciones de usuarios, el propio Consejo Económico y Social y
desde luego las compañías de seguros, están inquietos por las
repercusiones negativas que puede tener este proyecto de ley si se
tramita tal y como está en el aspecto de las garantías y de la
exigencia de responsabilidades.
Hay una cosa que en principio va a ser complicada. El Consejo
Económico y Social le dice a usted, y usted no le hace caso, que
según el Código Civil la responsabilidad se exigen en el plazo de
quince años y usted la rebaja a diez. El propio Consejo Económico y
Social le dice que para hacer ese cambio en la exigencia de
responsabilidad, en la duración de la responsabilidad, tiene que
acudir a una ley específica y no lo hace. Es decir usted de manera
solapada lo introduce en este proyecto de ley, cambia la exigencia de
duración de la responsabilidad e introduce un elemento más de duda.
¿A quién va a haber que hacer caso, a una ley de aspecto general como
el Código Civil que contempla la exigencia de responsabilidades con
carácter global o a una ley específica, como es la Ley de ordenación
de la edificación, que hace referencia a un aspecto muy concreto de
las exigencias de la responsabilidad? Eso, quiéralo o no señor
ministro -y seguro que usted lo sabe, porque se lo han dicho- va a
generar inseguridad en todos aquellos que tengan que llevar a cabo
algún tipo de reclamación en el momento que reciben las obras que se
han construido cuando tengan algún tipo de defecto o vicio.
Hay otro caso concreto que se plantea en este proyecto de ley. ¿Desde
cuándo se exige la responsabilidad? ¿Desde que se conoce el vicio o
desde que se produce? Usted dice que desde que se produce y eso es
inadmisible. Es inadmisible que yo compre un bien y la
responsabilidad que puedo exigir la tenga que plantear desde que se
ha producido el vicio sin yo saber que se producía. Hay que
plantearla desde el momento en que se conoce la existencia de ese
vicio.
Hay un aspecto que usted ha mencionado al final y yo también lo
menciono al final intencionadamente, porque para el Grupo Socialista
la Ley de ordenación de la edificación tiene mucho que ver con la
calidad de la edificación, con los aspectos ambientales; tiene mucho
que ver con la existencia o no de un certificado energético, con lo
que le he mencionado al principio, y debiera tener menos que ver con
el problema que usted tiene encima de la mesa: la tensión, la
confrontación entre profesionales. Este proyecto de ley tienen que
llevarlo a cabo, tienen que desarrollarlo un conjunto
de profesionales que han de trabajar codo con codo, los
arquitectos y los ingenieros industriales, y no puede ser, señor
ministro, que usted que en un primer momento intentó conseguir ese
acuerdo y el acuerdo se desbarató, nos venga ahora diciendo que
efectivamente hay quince que dicen sí y uno que dice no. No es un
problema de números; si usted me habla de números yo le puedo hablar
de los 15.000 estudiantes que tenía ayer en las calles de Madrid;
15.000 personas que están preocupadas porque según su criterio este
proyecto de ley va a condicionar su futuro profesional, y usted señor
ministro -ríase lo que le dé la gana-, lo que tenía que hacer es
decir: un momento, yo no quiero más conflictos en este país, que ya
ha generado bastantes; ya tiene usted experiencia en generar
conflictos. Este conflicto córtelo, retire el proyecto de ley, señor
ministro, siéntese con ellos, vuelva a sentarse con todos los
profesionales que están afectados por este proyecto de ley; no
provoque más tensiones entre ellos, señor ministro, porque la tensión
que se está generando ahora no es responsabilidad de unos u otros
colectivos. El hecho de que esté aquí el proyecto y que la tensión se
produzca se debe a que usted está empeñado en mantener un proyecto
que declara de urgencia, para el que llevamos cuatro o cinco
prórrogas del plazo de enmiendas -con lo que veremos dónde está la
urgencia-, y encima no tiene la gallardía de decir: si me he
equivocado en sacar adelante el proyecto de ley cuando todo el mundo
estaba de acuerdo, si ahora no está de acuerdo todo el mundo, como no
lo está -y patente ha quedado-, lo que hago es retirar el proyecto de
ley, me siento con los afectados, hablo y busco la paz entre los
colectivos. Usted se queda muy tranquilo, señor ministro, usted está
en su despacho, está en su gabinete con sus asesores, pero ellos
tienen que trabajar al día siguiente para sacar adelante todo tipo de
proyectos en este país, y usted les va a exigir que se pongan de
acuerdo cuando usted no es capaz de sentarse con ellos para lograr
ese acuerdo. Con la tensión que se ha generado en estas profesiones
usted está planteando situaciones demasiado delicadas como para que
el Gobierno, y en este caso concretamente usted no las sepa
solucionar, y continúe la tramitación de este proyecto de ley,
proyecto que si no mejoran las condiciones, va a dar lugar a una
situación bastante delicada. Nuestro consejo, nuestra petición y
nuestra exigencia, no sólo por esto sino también por todo lo que le
he dicho anteriormente, es que usted retire este proyecto de ley.
Estudie el proyecto en casa con tranquilidad, mejórelo en los
aspectos que le hemos indicado respecto a componentes ambientales y
de calidad de la edificación, respecto a componentes que no están
incluidos, como por ejemplo la subcontratación donde intervienen
agentes que tienen que existir en el proceso de ordenación de la
edificación, o como puede ser...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): SeñorMorlán, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente.
Otro componente que habría que incluir sería el coordinador de
seguridad e higiene, que tiene que existir en todo tipo de obras de
acuerdo con la normativa europea. Reflexione sobre todo eso, y
mientras tanto reúnase con quien tiene que reunirse, es decir con los
profesionales que tienen derecho a que usted les oiga y colabore con
ellos para buscar la solución y a que usted traiga un proyecto de ley
que pueda significar que la edificación en este país tenga un
tratamiento tranquilo y pacífico, sin más confrontaciones que las
necesarias, comprensivo de todos los aspectos que configuran el
proyecto de edificación, que desde luego tiene mucho que ver con una
actividad económica muy importante y que genera muchos puestos de
trabajo. Con leyes como esta, si se mantiene el mismo texto, mal
vamos, señor ministro. Se lo digo a usted, pero también se lo digo a
sus socios en el Parlamento que van a ayudar posiblemente a que salga
este proyecto de ley. Todos ustedes harían muy bien en recoger el
proyecto de ley, sentarse con quien procede hacerlo y sacar un
proyecto de ley en mejores condiciones que el presentado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Morlán.
Para la defensa de la enmienda de totalidad del Grupo Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tenemos un motivo fundamental para pedir la
devolución de su proyecto, y es que el proyecto del Gobierno es
voluntarista, de mucho enunciado pero con muy poco contenido. Ésa es
la razón fundamental de nuestro grupo para pedir la devolución al
Gobierno de este proyecto de ley de ordenación de la edificación.
Si el articulado del proyecto de ley de ordenación de la edificación
estuviera desarrollado según dice su exposición de motivos,
posiblemente podría contar con la aceptación de nuestro grupo. El
problema fundamental radica en que la exposición de motivos sí quiere
abarcar todo lo que debería estar en la ley, pero eso no se
desarrolla en el articulado. No obstante, siendo honestos y un tanto
generosos, tenemos que reconocer que este Gobierno al menos ha
intentado traer a la Cámara una ley que es necesaria, que es
conveniente y que se debería haber traído a estas Cortes hace mucho
tiempo. Por tanto y desde nuestro punto de vista, regular una
actividad económica tan importante como la que corresponde al sector
de la construcción y edificación es totalmente necesario. También es
totalmente necesario regular un sector disperso en normativas,
proteger los derechos de usuarios y consumidores, garantizar la
calidad y seguridad en la edificación y definir las responsabilidades
de
los intervinientes en el proceso constructivo. Estas razones que he
expuesto -y que el proyecto de ley del Gobierno no desarrolla
satisfactoriamente- son fundamentales para nuestro grupo, y de ahí la
enmienda de devolución que hemos presentado.
Señor ministro, como hemos dicho anteriormente esta ley es necesaria.
¿Pero cómo es posible que el Gobierno se haya olvidado en una ley tan
importante de pedir un dictamen al Consejo Económico y Social? ¿Cómo
es posible -resulta inaudito- que el Consejo Económico y Social no
haya tenido ninguna petición por parte del Gobierno para emitir este
dictamen y hayan tenido que hacer un dictamen de manera voluntaria?
No sé que habrá ocurrido, qué interpretación habrá hecho el ministro
en este caso para querer saltarse el dictamen del Consejo Económico y
Social. Por cierto, el dictamen del Consejo, que como decía antes han
hecho de manera voluntaria, sí contiene algunas indicaciones que por
lo menos nosotros consideramos correctas.
Nos gustaría conocer, señor ministro, si ha mantenido reuniones con
organizaciones de usuarios y consumidores. Sabemos que con los
profesionales de la arquitectura y de las ingenierías ha mantenido
durante mucho tiempo innumerables reuniones. En cambio, con las
organizaciones de usuarios y consumidores no nos consta que haya
tenido ni una sola entrevista. Es sorprendente que desde el
Ministerio de Fomento no se hayan tenido contactos con los
consumidores; de ser así pensaríamos que el ministro ha cometido dos
errores de cierta gravedad: primero, ignorar al Consejo Económico
y Social; y, segundo, ignorar también a las organizaciones de
consumidores y usuarios.
Es lógico que el Ministerio y el propio ministro hayan intentado
buscar el consenso entre los distintos profesionales que se dedican a
la edificación, desde el proyectista hasta las direcciones de obra.
Nos parece muy bien que se hayan empleado ocho o nueve meses para
poner en común algunas cuestiones hasta llegar a este consenso, pero
quizás el Gobierno no ha hecho todo lo posible para conseguir ese
acuerdo entre todas las profesiones intervinientes; de ahí que una
ingeniería importante se ha quedado fuera, el Colegio de ingenieros
industriales. Esperamos que a lo largo de los debates futuros
-supongo que hoy el texto del Gobierno saldrá adelante- podamos ir
buscando puntos de encuentro entre estos colectivos y lo que plantea
el proyecto del Gobierno.
Entrando en el articulado el proyecto de ley, en su título I que
habla de responsabilidades relativas a la prevención de riesgos
laborales, se remite a la ley específica, pero seríamos más
partidarios de que en la propia ley de ordenación de la edificación,
teniendo en cuenta el alto grado de accidentes que hay en este
sector, se incluyeran también determinadas medidas preventivas: sobre
todo que esta ley regulara en el aspecto de prevención de riesgos
laborales el papel de las empresas subcontratistas en el sector. No
se puede mantener, ministro, una situación donde el contratista
principal se lleva todo el dinero que un proyecto contiene para
seguridad, mientras los subcontratistas no reciben absolutamente
nada. El 27 por ciento de las unidades de obra subcontratadas -creo
que es la cifra aproximada- carecen de las mínimas normas de
seguridad que todos desearíamos. Nosotros vamos a intentar mejorar
ese apartado porque será conveniente para los trabajadores.
En el capítulo II del articulado tenemos serias discrepancias con el
texto del Gobierno. En lo relativo a funcionalidad, en el apartado de
accesibilidad la redacción es totalmente imprecisa de forma que no
garantiza la movilidad de las personas con algún tipo de minusvalía;
lo enuncia pero no lo desarrolla. Creemos que esta ley debe
contemplar con nitidez la supresión de barreras arquitectónicas que
impiden la movilidad de personas con algún tipo de minusvalía. Será
otro aspecto que intentaremos mejorar, a no ser que hoy consigamos en
esta Cámara que el proyecto del Gobierno sea devuelto para incorporar
correcciones al mismo.
En lo relativo a habitabilidad, el proyecto pone de manifiesto
criterios que compartimos: medidas de protección del medio ambiente,
medidas de protección contra el ruido y medidas de ahorro energético
mejorando el aislamiento técnico. Nos parece importante que la LOE
incluya todos estos conceptos ya desarrollados, pero solamente se
refiere a ellos sin ningún tipo de desarrollo. El ciudadano en la
calle puede estar pensando que a partir de la aprobación de esta ley
va a contar con una vivienda de mayor calidad, pero no es así.
Ustedes se remiten a la elaboración de un código técnico, para la
cual se dan dos años de plazo; casi un año para la elaboración de la
ley, y a partir de ahora dos años más para pensar en qué va a
consistir el código técnico de la edificación. Nos parece excesivo;
nos parece una tomadura de pelo que se dediquen a difundir ante los
medios de comunicación la idea de que a partir de ahora las viviendas
van a contar con unos niveles de calidad muy superiores a los
actuales cuando es totalmente falso. Entendemos que han tenido tiempo
suficiente para elaborar el código técnico de la edificación, y en
todo caso si es necesario se debe conceder algún plazo más, pero dos
años es excesivo.
En cuanto a los agentes que intervienen en la edificación, creemos
que entre el colectivo de profesionales que intervienen en este
proceso, se ha olvidado la participación de los geólogos,
profesionales que deben participar en la definición de las
características geotécnicas del suelo. Han atribuido las competencias
del geólogo al director o jefe de obra; no comprendo muy bien qué
tiene que ver un director de obra, que puede ser aparejador,
arquitecto o ingeniero, con la determinación de las características
que deben tener los suelos para poder edificar sobre ellos.
Recuérdese que este país han ocurrido varias tragedias precisamente
porque no se ha tenido en cuenta dónde se edifica, si se hace en el
cauce de un río o en un terreno de movimientos sísmicos; una cuestión
que me parece importante.
En el capítulo de responsabilidades y garantías tenemos una cierta
coincidencia en cuanto al reparto de responsabilidades civiles entre
las partes que intervienen en el proceso de la edificación, y también
en cuanto a los plazos de aseguramiento que el proyecto contempla,
aunque también hay que decir con toda claridad que esto es un brindis
al sol, que nuevamente se enuncian determinadas medidas para
garantizar que no haya en las viviendas posibles fallos de vicio o
constructivos.
Su proyecto, para empezar, no contempla el aseguramiento de los
edificios públicos que no sean utilizados con el destino principal de
vivienda. No contempla el aseguramiento de todas las edificaciones,
independientemente de su uso. El proyecto pretende incluir
franquicias en el seguro de la vivienda; es decir, ¿de qué se trata
cuando ustedes están hablando de introducir un uno por ciento de
franquicia en el seguro de la vivienda de tres y de diez años?
Ustedes lo que están haciendo es que la responsabilidad del seguro
solamente se va a limitar a arreglar las goteras de los grifos y poco
más, al seguro del primer año. Eso es lo que van a hacer. El seguro
de tres años, que es cuando se pueden percibir defectos y vicios
mayores constructivos en la edificación, si ustedes le meten la
franquicia del uno por ciento, con lo habilidosas que son las
compañías de seguros, lógicamente el usuario de una vivienda se va a
tener que pagar a sí mismo esos defectos que no ha ocasionado él,
sino que devienen de un mal proceso constructivo. Por tanto, mantener
en esta tribuna que a partir de ahora el aseguramiento de la vivienda
está garantizado, realmente no nos parece que sea un enfoque
correcto, es solamente una verdad a medias.
Hay otra cuestión que es que el aseguramiento de la vivienda no lo
piensa poner en práctica automáticamente con la entrada en vigor de
la ley, solamente están diciéndonos que con la entrada en vigor de la
ley comenzará el aseguramiento en los daños estructurales de las
viviendas aquel que hace referencia al seguro de diez años. Mientras
tanto, se remiten a un decreto-ley que podrá regular el aseguramiento
del primer y tercer año en las viviendas. Por tanto, vuelvo
a reiterarle que son verdades a medias lo que usted nos ha contado
aquí, por no decirle algún calificativo que suene peor.
Como conclusión, no va a haber seguro de responsabilidad en los
defectos constructivos en la edificación con este planteamiento que
ustedes están haciendo, lo va a haber posiblemente en el futuro si se
regula mediante ese real decreto al que ustedes aluden.
En segundo lugar, el establecimiento de franquicias va a hacer que el
usuario de la vivienda sea el que tenga que pagarse los desperfectos
de la mala calidad constructiva de otros. Los conceptos de seguridad
y habitabilidad se posponen en un plazo mínimo de dos años, con lo
cual esta ley tampoco sirve, desde ese punto de vista. El coste del
seguro todos nos tememos que va a repercutir en el consumidor.
Nosotros no entendemos por qué un empresario...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández, vaya
concluyendo, por favor.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, termino ya.
No comprendemos cómo un empresario que tiene que ofrecer un producto
bien acabado pretenda luego que si no es capaz de ofrecer ese
producto bien terminado sea el comprador el que tenga que pagar la
póliza o le tengan que repercutir la póliza del seguro. También la
reclamación de daños, esa a la que hacen ustedes referencia en su
proyecto, se remite a dos años desde que se recibe la vivienda, pero
no habla de dos años desde que se perciban los defectos en la
edificación.
Con esto termino, señor presidente, pidiendo a esta Cámara que apoye
estas enmiendas de devolución para que el Gobierno nos traiga un
proyecto que realmente sea útil.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández.
¿Algún grupo parlamentario quiere consumir un turno en contra?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ortiz, por parte del Grupo Popular.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, permítanme los
portavoces de los grupos que han presentado enmienda de devolución,
el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, que inicie mi
intervención releyendo un precepto del Reglamento de esta Cámara, me
refiero al artículo 110, en cuyo apartado 3 se dice: «Serán enmiendas
a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los principios o
el espíritu del proyecto de ley y postulen la devolución de aquél al
Gobierno o las que propongan un texto completo alternativo al del
proyecto».
Bien; en puridad, sus enmiendas, señorías socialista y de Izquierda
Unida, no podrían ser de totalidad. No he visto en la exposición de
ninguno de los dos grupos un ataque frontal y una discrepancia
sustancial ni a los principios ni a los propósitos ni al espíritu del
proyecto. Ustedes han engranado un conjunto de observaciones y de
argumentaciones inconexas, repito, inconexas, con una serie de
afirmaciones gratuitas en unos casos, inciertas en otros -como tendré
ocasión de demostrar- y en otros, en fin, contradictorias, al menos
en el caso del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con ese
espléndido proyecto de 1995 al que antes ha hecho referencia; el
proyecto que entró en la Cámara en los últimos meses, en los últimos
minutos de la pasada legislatura. Por cierto, señor Morlán, me deja
sorprendido cómo no se le ha ocurrido, ante un proyecto tan
espléndido como el de ustedes de 1995, convertirlo en enmienda de
texto alternativo. Habría sido una buena idea si su proyecto era tan
espléndido y tan excelente.
Da la sensación de que ustedes se han planteado en primer término la
decisión de pedir la devolución del proyecto al Gobierno y luego,
sobre la base de esa decisión, han buscado a la desesperada y
apresuradamente un conjunto de argumentos para fundamentar malamente
esa devolución del proyecto al Gobierno. Sin duda, señor Morlán y
señor Fernández, que no han estado lejos de ustedes dos los
propósitos de capitalizar el descontento de algún sector profesional
a cuyas manifestaciones hemos asistido en los últimos días. Estoy
absolutamente seguro, y no sólo aplicando el viejo dicho castellano
de piensa mal y acertarás, que procede al caso, sino desde la
naturaleza de las cosas, desde la realidad de su habitual
comportamiento como Grupo Socialista.
Señorías, este proyecto que debatimos hoy no es, ni en sus objetivos
ni en sus aspectos esenciales ni en sus opciones de fondo, radical,
fundamentalmente distinto de su proyecto de diciembre de 1995.
Ustedes presentaron un proyecto de 50 artículos, nosotros hemos
utilizado un lenguaje más sencillo y lo dejamos reducido a 20
artículos; la sistemática del proyecto es idéntica y hay preceptos
que tienen la misma, exactamente la misma redacción.
Consiguientemente, permítame que ponga en evidencia la obvia
contradicción en la que están incurriendo.
Por cierto que en esta historia de los proyectos de leyes de
ordenación de la edificación se registran cosas curiosas y perfiles
verdaderamente sorprendentes, ante la insuficiencia sentida,
ciertamente desde hace tiempo, de los viejos artículos del Código
Civil, particularmente del 1.591. Hay proyectos desde los años 1973 y
1978, con algunos de los cuales tuve algo que ver, y otros que llegan
hasta el año 1994. Y en esta curiosa y copiosa producción de
proyectos y de borradores destaca una anécdota que subraya un ilustre
comentarista y que no me resisto a recordar. Dice este comentarista:
En 1994, mientras el Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente difunde en papel con su membrete un borrador que
contiene una reforma del Código Civil, primero con fecha 10 de enero
y después con fecha 22 de enero, la prensa nos anuncia que el Consejo
de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, ha propuesto
elevar a Las Cortes Generales una propuesta de modificación de los
mismos artículos del Código Civil, en texto igualmente con membrete
fechado el 15 de febrero. Sorpresa, dice el comentarista, todo el
sector se moviliza y se descubre que el primer sorprendido es el
Ministerio de Obras Públicas. Lo cierto es que en aquellos meses se
dispuso, después de 24 años, de dos proyectos diferentes, uno del
departamento del señor Borrell y otro del departamento del señor
Belloch. Al final, parece que se impuso el sentido común y entró en
esta Cámara, exactamente el 29 de diciembre de 1995, el alabado por
el señor Morlán proyecto del Grupo Parlamentario Socialista.
El proyecto que debatimos hoy, vuelvo a insistir, tiene su propio
perfil, su propia normativa, pero no es esencialmente distinto ni en
sus objetivos ni en sus
principios fundamentales del proyecto de ustedes, ni siquiera en su
sistemática. Pero, con independencia de esta contradicción que quiero
subrayar, hay afirmaciones absolutamente inciertas, inexactas, que
paso a repasar una a una, con el permiso del presidente de la Cámara.
Dicen ustedes que el proyecto no fija el régimen común en aspectos
sustanciales, necesitados de homogeneidad, como la protección
medioambiental, la seguridad y la salud de los trabajadores y la
defensa de los consumidores. Y es incierto. El artículo 1 del
proyecto señala que el objeto del mismo es regular los aspectos
esenciales del proceso de edificación, que son precisamente los que
fijan ese régimen común y homogéneo que dice la enmienda, a partir de
los cuales las comunidades autónomas o las administraciones locales
puedan desarrollar, dentro de ese marco, sus propias competencias.
Por otra parte, la necesaria homogeneidad legislativa que proponen
para el medio ambiente, la seguridad y la salud de los trabajadores y
la defensa de los consumidores ya está establecida en la legislación
del Estado a través de tres leyes que ustedes conocen bien: la Ley de
22 de diciembre de 1972, de protección del medio ambiente
atmosférico, la Ley de 8 de noviembre de 1995, de prevención de
riesgos laborales y la Ley de 1984, de defensa de los consumidores.
Dicen ustedes que no se abordan los problemas de prevención de
riesgos laborales. Lo que no se hace es repetir la normativa del año
1995, a la que he hecho referencia, ni se hace reiteración de
preceptos de orden reglamentario, como el reglamento de servicios de
prevención de 1997 y, en el tema específico de la edificación, el
real decreto, también de 24 de octubre de 1997, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Pero, ítem
más: en el espléndido proyecto del año 1995 tampoco ustedes hacían la
menor referencia a la Seguridad Social y a la prevención laboral.
Dicen ustedes que se omite la mención de la protección del medio
ambiente. Es incierto. El proyecto no omite la protección del medio
ambiente y aparece expresamente reseñado, tanto en la exposición de
motivos, en el tercer párrafo, como en el articulado, artículos 3 y
12, aparte de las referencias implícitas a los requisitos de
habitabilidad, seguridad, etcétera.
Dicen ustedes que no hay una mención a la salvaguardia de las
competencias de las comunidades autónomas, y no es cierto. El
proyecto de ley regula y establece el marco general y un régimen
común para el proceso de edificación y, dentro de él, se dictará la
normativa de desarrollo. Pero, ítem más: tampoco ustedes en su
proyecto, en el espléndido proyecto de 1995, hacían referencia alguna
a la salvaguardia de las competencias de las comunidades autónomas.
Siguen ustedes que, en materia de calidad, la referencia a la calidad
de la edificación es insuficiente. Eefectivamente, con una
perspectiva de menciones concretas, a lo mejor tiene razón S.S. Un
proyecto de esta naturaleza, de carácter general, no puede descender
a aspectos concretos como el certificado energético, los vertidos
contaminantes, la prevención de ruidos o la prohibición del uso de
amianto. Señor Morlán, ¿para qué dejan ustedes las normas
reglamentarias?
Dicen ustedes que el código técnico de la edificación es
insatisfactorio y que es insatisfactorio que se tomen dos años para
su promulgación. ¿Qué plazo establecían ustedes en su proyecto si no
el de dos años, precisamente el de dos años, exactamente el de dos
años? Con una diferencia adicional, que en la disposición final
segunda del proyecto que hoy debatimos se hace una referencia a
aquellas normas de carácter técnico que se declaren en vigor con
carácter inmediato en tanto se promulga ese código técnico de la
edificación.
Podría seguir con infinitos aspectos, con la referencia a los
documentos. Estos documentos se mencionan básicamente en el proyecto
y serán objeto de la normativa reglamentaria.Y esa curiosa mención,
que parece hacerles sentirse particularmente orgullosos, al libro del
edificio, tampoco estaba en su proyecto, señor Morlán, el libro del
edificio. En la normativa reglamentaria que desarrolle esta ley de la
edificación, tenga S.S seguridad de que estará.
Y otro tanto hay que decir de la referencia al subcontratista, que no
es preciso perfilarlo como un agente separado de la figura del
contratista, cuya responsabilidad es la fundamental. Y no digo nada
de la necesidad que tienen ustedes de modificar, literalmente, los
preceptos del Código Civil. Tampoco modificaban los preceptos del
Código Civil, ni siquiera el 1.591 en su proyecto de 1995 y, si me
permite S.S, son legión las leyes especiales que sin modificación del
texto del Código Civil se han dictado desde su entrada en vigor en el
año 1889.
Y qué decir de la franquicia, y en particular de la intervención
sobre la franquicia del señor Fernández. ¿Le parece que con el uno
por ciento del valor del inmueble sólo hay dinero para pagar las
goteras? En fin, hago gracia a SS.SS. de ver uno por uno todos los
aspectos de esa suma inconexa de argumentaciones contradictorias o
inexactas o inciertas o falsas en las que se desgrana y se
desagregaría su enmienda a la totalidad.
Me tengo que referir al final al problema corporativo al que han
hecho referencia SS.SS, tanto el señor Fernández como el señor
Morlán. Y aquí los hechos son claros y contundentes: primero, en una
reunión de la totalidad de la mesa de las ingenierías, las diecisiete
corporaciones o especialidades, se suscribió un protocolo con un
contenido y con un texto, y ese texto se ha trasladado en su
integridad al proyecto. Si después alguna de estas agrupaciones o
asociaciones o sectores profesionales se ha despegado, se ha alejado
de ese texto por razones internas, esto no es culpa del Gobierno ni
del grupo que le apoya. En ese protocolo se pactaba que cualquier
modificación que se introdujera con posterioridad debería contar
nuevamente, en una cláusulaimportante, con el consenso de la
totalidad de los
que suscribían aquel protocolo. Entonces, ¿qué quieren ustedes, que
se atribuya un derecho de veto a los dos colectivos que, entre
diecisiete, son los discrepantes en este último momento? Señorías,
respetemos los hechos, no incurramos en demagogia.
Yo me uno, naturalmente, al deseo del señor ministro y espero que en
el trámite parlamentario en Comisión se pueda lograr el acuerdo y la
incorporación de las asociaciones de los ingenieros industriales y
los ingenieros técnicos que, por el momento, no están incorporados.
En suma, creo, en primer lugar, que las enmienda a la totalidad no
merecerían el nombre de tales. En segundo lugar, se apoyan en una
serie de afirmaciones inexactas, inciertas, cuando no falsas y en
muchos casos contradictorias. Consiguientemente, mi grupo anuncia que
va a votar, como es obvio, en contra de estas enmiendas. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Y, señor
Morlán y señor Fernández, queda, como ustedes han hecho pero al
revés, la sugerencia de que las retiren.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ortiz.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ortiz, mi grupo ha presentado una enmienda de totalidad porque
está convencido de que el proyecto que su Gobierno ha presentado es
un proyecto que tiene todas las anomalías del mundo. Dispone de una
serie de elementos que antes he puesto encima de la mesa, pero si
usted quiere los volveré a poner otra vez, depende de la valoración
que usted haga. Usted no hace ninguna valoración porque le importa un
rábano lo que pueda pasar con la edificación, señor Ortiz. Cuando
usted está diciendo que nuestro proyecto de ley de 1995 tenía 50
artículos, que era una exageración, mientras que el suyo tiene 20
artículos (no ha dicho todavía que era reglamentista, me imagino que
lo dirá a continuación), me parece que usted está haciendo una
interpretación deficiente de cómo tiene que ser un proyecto de ley de
ordenación de la edificación.
Señor Ortiz, yo estoy un poco cansado de que se recurra siempre a lo
mismo: lo que hicimos o no hicimos en la anterior legislatura. No me
compare usted el proyecto de ley de 1995 con éste, porque es mejor el
de 1995, con todas las dificultades que pudiera tener, con todo lo
que fuera necesario complementar en ese proyecto de ley. Lo de
ustedes son cuatro hojas mal escritas. Y yo le agradecería que, en
lugar de mirar al pasado, mirara lo que están haciendo en estos tres
años. Al cabo de ese tiempo, ustedes han presentado un proyecto de
ley que no distingue -para usted no tiene ninguna importancia, para
mí sí que la tiene- lo que es un proyecto básico ni habla de la
demolición de
un edificio. Me dirá S.S. que son emniendas parciales. Bueno, pero
todo forma parte de un proyecto de ley.
No se define la participación adecuada de todos los agentes de la
edificación. Y no me diga usted que solamente son los que figuran en
el proyecto; que los subcontratistas son agentes de la edificación;
que el coordinador de salud y seguridad laboral es un agente. Que no
se regule en el proyecto, por ejemplo, el certificado energético, que
según su criterio no tiene ninguna importancia, para nosotros sí que
la tiene. Porque ese certificado energético, señor Ortiz, tiene mucho
que ver con las condiciones ambientales del edificio. Todo. Porque
cuando yo vaya a un edificio quiero tener la garantía de que la llave
que abre ese edificio me permite llegar a un sitio seguro, que tiene
unas determinadas condiciones ambientales que yo, como ciudadano, en
estos momentos, en 1999, estoy dispuesto a exigir a este Gobierno. Y
estamos en 1999, no en 1995; en 1995 había otro tipo de condiciones y
circunstancias distintas a éstas.
En este proyecto de ley, señor Ortiz, hay una cuestión muy clara. El
proyecto de ley, tal y como usted lo ha planteado, se dedica a hacer
meros enunciados de intenciones. Haga la prueba: coja a un usuario, a
una persona que va a tener que coger la llave y abrir ese edificio,
dele este proyecto de ley y a ver qué hace con él. ¡Si no sabe cuáles
son sus derechos y sus obligaciones, si no sabe qué tipo de edificio
va a habitar, si no sabe quién ha intervenido en el proceso de
edificación, si no sabe qué responsabilidades tienen ni el promotor
ni el constructor ni ninguno de los que intervienen en la
edificación! Porque por mucho que usted diga que sí, señor Ortiz, se
lo he dicho en la intervención anterior, a la hora de la verdad, lo
que dice la disposición adicional segunda está en contra de lo que
dice el artículo 19.1.o, lea usted bien el papel, y si no que se lo
hagan mejor en el Ministerio.
Señor Ortiz, desde nuestro punto de vista, éste es un texto
incompleto, me imagino que usted nos aceptará que es incompleto, no
creo que nos acepte que está falto de rigor, pero tiene muchísimos
elementos para decir que está falto de rigor; es una fuente de
conflictos, y no entre usted ahora aquí al trapo de las connotaciones
interprofesionales y de lo que pasó en una determinada reunión,
porque esa determinada reunión, como usted sabe, tiene otros
componentes que usted no ha dicho y que yo no voy a decir por el
respeto que tengo a esos profesionales, señor Ortiz. Yo no voy a
decir qué tipos de reuniones he tenido con ellos, con unos y con
otros, como usted tampoco debiera decir lo que ha pasado en esa
reunión, porque cuando la cosa se tensiona, cuando la cosa se va al
traste, no es por un quítame allá esas pulgas, es porque hay un mal
de fondo y ese mal de fondo sale a la luz. Y la obligación del
Ministerio, que trae este proyecto de ley, señor Ortiz, en base a un
acuerdo entre profesionales, si no no lo traería o lo hubiera traído
antes -y si todavía no está cerrado el plazo de enmiendas parciales
es porque ese conflicto no está
solucionado-, es reunir a los profesionales y buscar el acuerdo que
antes había conseguido, y como no creo que lo esté haciendo en estos
momentos, o al menos no lo ha conseguido, lo que yo le planteo es
que, por todas las circunstancias que he dicho, por todas las causas
que he puesto encima de la mesa, el señor ministro se lleve el
proyecto debajo del brazo, se siente en el Ministerio, hable con los
profesionales, que son los que tienen que convivir y a los que no
puede someter a mayor tensión entre ellos, que son los que tienen que
redactar los proyectos conjuntamente, que son los que tienen que
firmar las instalaciones y los edificios, y que lleguen a un acuerdo
desde el Ministerio, porque si no, señor Ortiz, mientras tengamos el
plazo de enmiendas abierto y en fase de discusión cualquier tema,
usted, yo y los otros grupos vamos a tener que estar pendientes de
ver cuál es la fórmula más adecuada para que dos grupos de colectivos
se pongan de acuerdo. Y mire: eso que decía el ministro de que se
pusieran de acuerdo, también lo deseamos nosotros, a pesar de lo que
usted dice.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Morlán, concluya,
por favor.
El señor MORLÁN GRACIA: Concluyo, señor presidente.
A nosotros no nos gusta este tipo de conflictos y no queremos que se
plantee este tipo de conflictos, porque se están degradando las
relaciones de una serie de personas que tienen que trabajar
conjuntamente a partir del momento en que este proyecto se apruebe.
Señor Ortiz, usted se habrá quedado muy tranquilo y muy satisfecho
con esa comparación que ha hecho, pero a mí no me ha supuesto ninguna
novedad especial, porque cuando no se tienen más argumentos, desde
luego lo mejor es echar toda la porquería hacia atrás, que es lo que
ha hecho esta mañana, pero como nos tiene habituados a ello no me
preocupa en absoluto.
Yo lo que sí les pido es que recojan el proyecto, se lo lleven y
traigan uno nuevo en mejores condiciones que las que tiene éste.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Morlán.
Tiene la palabra el señor Fernández. (Rumores.)
Guarden silencio, por favor.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El señor Ortiz, más que defender lo que es el proyecto del Gobierno,
lo único que se ha limitado a hacer es una serie de acusaciones a los
grupos políticos que hemos presentado una enmienda de devolución, que
es algo que está contemplado en el Reglamento de la Cámara y que por
tanto no se puede descalificar con la argumentación que él ha hecho.
Al señor Ortiz siempre
le gusta concluir su turno acusándonos de demagogia, de que no
sabemos muy bien qué es lo que hacemos, pero la realidad es que, en
su intervención, el portavoz del Grupo Popular no ha sido capaz de
rebatir ni uno solo de los argumentos que desde la oposición se le
han dado en cuanto a la petición de devolución del proyecto de ley de
ordenación de la edificación.
Yo creo que el señor Ortiz, cuando dice que a los subcontratistas no
hay que incluirlos en la ley de ordenación de la edificación, está
ignorando que estamos hablando de un 27 por ciento del volumen que
ejercen estas personas para el desarrollo de la edificación, o sea,
está tratando de excluir a un 27 por ciento de ese volumen en la
edificación. Tampoco nos han dicho -no sé si finalmente lo hará el
ministro- por qué no se ha pedido un dictamen al Consejo Económico y
Social, cuestión que tiene cierta relevancia. Ni por qué quieren
incluir una franquicia del 1 por ciento en el seguro de la vivienda
con cargo al adquiriente de esas viviendas. Si están exigiendo una
mayor calidad en la edificación, que se la exijan al constructor o al
promotor, pero nunca al usuario.
Por otro lado, cuando me refería a que esta ley no va a resolver de
momento ninguna cuestión relativa a habitabilidad y seguridad, es que
es totalmente cierto. En el anexo al proyecto de ley se dice
textualmente: Se autoriza al Gobierno para que mediante real decreto
y en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de esta
ley apruebe un código técnico de la edificación. Por tanto, estas
medidas que enuncian no van a tener ninguna efectividad. También he
dicho y reitero, porque es totalmente cierto, que los seguros de la
vivienda tampoco van a tener efectos positivos sobre la misma porque
si se van a regular mediante un real decreto y esta medida se pospone
a cuando el Gobierno quiera hacerlo, nos pueden dar las uvas hasta
que el Gobierno quiera hacerlo en vista de las presiones que están
ejerciendo promotores y constructores para que no salga adelante. Por
tanto, pediría al señor Ortiz mayor rigor en sus intervenciones, que
haga mejor los deberes a la hora de venir a esta Cámara. Al menos
nuestra formación ha demostrado que conocemos el proyecto, como
tendrá ocasión de ver en los sucesivos debates que se produzcan.
Aquí, la única falta de rigor que ha habido hoy ha sido la del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández.
Señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no tengan temor de que vaya a agotar el debate. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, guarden
silencio, por favor.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Sólo voy a hacer algunas precisiones y
algunas aclaraciones.
Este proyecto de ley no es un reglamento, señor Morlán. Ya que
estamos comparando un texto con otro, el suyo era bastante más
farragoso y más reglamentario. Este es un texto de principios
generales que tendrá que ser desarrollado a través de la normativa
reglamentaria, como sucede en tantas y tantas de nuestras leyes. Sólo
por un mal entendimiento de ese planteamiento puede usted decir -si
me lo permite cordialmente- la barbaridad de que nuestro texto son
cuatro hojas mal cosidas o mal argumentadas. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Ortiz, perdone un
momento. (Pausa.)
Por favor, señorías, ¿pueden guardar silencio? (Pausa.)
Cuando quiera, señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Sólo con ese mal planteamiento, con esa
deformación voluntaria se puede hacer semejante afirmación, que
espero que en privado corrija y rectifique. Estoy seguro. No he hecho
acusaciones inciertas ni he utilizado argumentos inexactos. Le puedo
mostrar a S.S. el texto de su enmienda a la totalidad, clasificado y
numerado párrafo a párrafo, y recordarle una a una -no lo voy a hacer
ahora- las argumentaciones que he esgrimido invocando la inexactitud
y la falsedad, porque ustedes en su espléndido proyecto tampoco
tenían una previsión sobre la materia, pero no es el momento de abrir
el debate. Me voy a referir solamente a dos extremos.
En primer lugar, en relación con el señor Fernández, evidentemente
ustedes están en el terreno más lícito del mundo si presentan una
enmienda de devolución; lo único que yo he intentado es que lo hagan
con argumentos serios, rigurosos y sólidos. Ustedes pueden solicitar
la devolución colgándola de la percha de su única y exclusiva
voluntad, pero, por favor, háganlo con argumentos serios y sólidos y
no con argumentos como los que se han utilizado aquí esta mañana o en
los textos escritos.
La segunda cuestión es que, señor Morlán, celebro que no quiera
utilizar esta enmienda a la totalidad para capitalizar un conflicto,
un conflicto del que yo, al igual que usted, deseo salir. Confío en
que en el debate en Comisión haya puntos de encuentro que permitan el
objetivo que ha subrayado el ministro en su intervención inicial, que
todos los colectivos estén dentro de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ortiz. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de
Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco comparte la posición gubernamental y del
Grupo Popular de tramitar un proyecto de ley de ordenación de la
edificación que ponga en vigor la configuración legal de estas
construcciones para garantizar la calidad de los edificios, tanto en
lo que respecta a la seguridad estructural como en lo que se refiere
a garantías de otro tipo, y que responda a las necesidades y
exigencias de los ciudadanos y consumidores, que exigen con razón
calidad, precios razonables y garantías tanto en lo que se refiere a
los aspectos técnicos de la edificación como en lo que respecta a la
seguridad de los mismos. Esta necesidad de focalizar la definición
del proceso de edificación en una ley es una cuestión candente y un
objetivo ambicioso que el Grupo Parlamentario Vasco comparte para
fomentar la calidad, sobre todo de la vivienda, como ha indicado el
señor ministro en su exposición, incidiendo en los requisitos básicos
y en las obligaciones de los agentes responsables de las distintas
fases del proceso de edificación y fijar así las responsabilidades y
las garantías que protejan al usuario y al consumidor.
Este proyecto de ley, señorías, va a permitir superar la actual
situación jurídica en relación con el tema de la edificación,
dispersa y abigarrada por un lado y desequilibrada por otro, al
desistir de sus compensaciones manifiestas en aspectos como el del
suelo y el urbanismo, extensamente desarrollados, y escuetas
regulaciones de derecho privado recogidas en el Código Civil en
materia de edificación.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Vasco no comparte los
argumentos expuestos por el Grupo Socialista y por el Grupo Federal
de Izquierda Unida, que solicitan la devolución de este proyecto por
compartir con el Gobierno que es más razonable actualizar
y sistematizar los aspectos globales y básicos de la edificación en una
ley moderna que asuma los objetivos descritos por el ministro en su
intervención, los cuales, dada la hora, no voy a reiterar.
En opinión del Grupo Parlamentario Vasco, resulta correcto que el
Estado fije en esta ley unos mínimos como condiciones básicas para el
ejercicio de derechos que alcancen a la propia definición del proceso
de la edificación y de los agentes que intervienen en el mismo, pues
se trata de referentes indispensables para que se puedan abordar las
cuestiones de su propia competencia en las materias citadas de
responsabilidad civil y profesional, así como en la propia imposición
de garantías obligatorias que aseguren la calidad del proceso y la
defensa de los intereses de todos. Una puntualización, señor
ministro: la defensa del desarrollo de las competencias de las
comunidades autónomas en las facetas de intervención pública
administrativa, las comunidades autónomas con legislación propia y
ejecución de acción pública en vivienda, urbanismo, medio ambiente,
sanidad, defensa de consumidores y usuarios, etcétera.
Como Grupo Parlamentario Vasco, queremos introducir en el debate la
cautela de que el control público sobre el proceso de la edificación
corresponde en
ámbito vasco a la Comunidad Autónoma de Euskadi dentro de su propio
ámbito territorial, por supuesto repartido conforme a sus niveles
intitucionales comunes, forales o locales, conforme a lo recogido en
el Estatuto de Guernica. Esta cautela nos lleva a matizar el proyecto
de ley en dos extremos concretos, en cuanto a que afirme expresamente
que las potestades de ordenación y control de la edificación, en
aplicación de la ley, corresonden a todas las administraciones
públicas, de acuerdo con las diferentes normativas sectoriales, y en
cuanto que afirme, también expresamente, que las normas técnicas
sobre la edificación no agotan las posibilidades de incidir sobre los
requisitos básicos relativos a funcionalidad, seguridad y
habitabilidad de las edificaciones; en otras palabras, la protección
del amplio espectro de intereses que inciden sobre estos requisitos
básicos. El Estado no sustenta ni ostenta monopolio alguno en estas
materias y las administraciones autonómicas y locales también son
competentes y deben de aportar su grado de arena, el que les
corresponde.
Como se ha dicho, en el proyecto de ley se abordan ámbitos que, de
acuerdo con la Constitución y en lo que respecta al Estatuto de
Autonomía de Guernica, son competencia del Estado; casos sobre todo
como el establecimiento de la legislación básica, que afecta a las
relaciones obligacionales y contractuales entre particulares,
personas físicas o jurídicas.
Por nuestra parte, nada que objetar en estas materias. El entorno de
la edificación, sin embargo, es objeto de destino para un gran número
de materias más o menos colaterales con las relaciones privadas que
he enunciado anteriormente -vivienda, medio ambiente, sanidad- y que
ponen de manifiesto la presencia de un claro interés público en
juego, si se quiere, preocupado por que estas relaciones privadas se
desarrollen correctamente, amén de preocupado por la defensa general
de los intereses anónimos de esa figura que hemos llamado consumidor
o usuario. En muchas facetas de estas materias la Comunidad Autónoma
de Euskadi tiene competencias que gravitan sobre el interés público
afín al proceso de edificación. Creemos, señor ministro, que en este
ámbito hay muchas cosas que hablar, y más que matizar, sobre las
previsiones recogidas en el proyecto de ley.
Para terminar, señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco
entiende que el proyecto de ley debe encontrar equilibrios más
razonables entre las competencias atribuidas a distintos agentes que
intervienen en este proyecto de ley. Este proyecto de ley, de
objetivos ambiciosos, no se puede reducir, señor ministro, a una
guerra corporativa entre arquitectos e ingenieros. La redacción que
propone el Gobierno a la Cámara no es neutra, desde ningún punto de
vista, respecto a las competencias de los arquitectos y de los
ingenieros industriales en materias de edificación. Desde nuestro
punto de vista, no es neutra la redacción que trae aquí el Gobierno a
la Cámara ni por razones históricas ni por razones académicas ni por
razones competenciales.
Por hilar los debates, tampoco está en sintonía con los criterios de
política de liberalización de los sectores económicos, que acabamos
de aprobar en un real decreto anterior, del Gobierno por cierto,
señor ministro. Las medidas liberalizadoras que hemos aprobado esta
mañana en la Cámara incluyen a los servicios profesionales en el
listado de los primeros objetivos de las medidas liberalizadoras, y
estas medidas liberalizadoras casan muy mal con la reserva de cotos
cerrados en determinadas edificaciones a colectivos concretos de
profesionales impidiendo a otros su acceso y, en consecuencia,
impidiendo la concurrencia y la sana competencia.
En resumen, señor presidente, sí a la puesta en vigor de un proyecto
de ley que actualice y sistematice la ordenación de la edificación
con objetivos de calidad, garantistas para profesionales y
consumidores, pero con nuestra llamada de atención, tanto al Gobierno
como al Grupo Popular, para afinar en su tramitación dos cuerdas que,
en nuestra opinión, desafinan en este proyecto de ley: las
competencias atribuidas a distintos colectivos de profesionales y las
competencias en estas materias o materias colaterales de las
comunidades autónomas. El Grupo Parlamentario Vasco ha elaborado, con
este objetivo de afinar estos aspectos, diecisiete enmiendas al
articulado que esperamos conozcan la mejor consideración de SS. SS. y
que, en consecuencia, sean votadas e incorporadas al articulado de la
ley durante su análisis en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor presidente, señorías, en primer
lugar, quiero manifestar que, desde nuestro grupo parlamentario,
celebramos la llegada de este proyecto de ley a la Cámara. Creo que
es un proyecto de ley muy importante, que viene a resolver un vacío
legal existente desde hace muchísimo tiempo y cuya ausencia hemos
constatado todos los grupos parlamentarios. De hecho, nuestro grupo
parlamentario viene reivindicando una ley de ordenación de la
edificación desde hace muchos años; es una propuesta de ésas que se
van repitiendo en los programas electorales, uno tras otro, y ha
estado siempre presente en los debates de política de vivienda que ha
habido en esta Cámara. Sin ir más lejos, recuerdo numerosos debates,
en Pleno o en Comisión, durante las últimas cuatro o cinco
legislaturas. Es más, recuerdo que en el año 1989 tuve ocasión de
participar como ponente en la elaboración de un informe que se
realizó en la Comisión de Infraestructuras y que titulamos Sobre la
situación y problemática de las transacciones inmobiliarias en las
zonas turísticas. La elaboración de este informe nos dio ocasión de
efectuar un repaso muy a fondo sobre la problemática de la política
de vivienda y de
suelo, pero sobre todo de vivienda, y una de las conclusiones que se
incluían en este informe -además se señalaba como una conclusión cuya
realización debía tratarse de forma urgente- era la necesidad de
aprobar una ley a la cual no dábamos nombre, pero sí establecíamos
cuál debía ser su contenido. En ese informe -lo tengo aquí- se decía
que esta ley debía señalar los principios básicos de la actividad
edificatoria; debía identificar, definir y regular las funciones de
los diversos agentes que intervienen en el proceso edificatorio, como
son, por ejemplo, el promotor, el constructor, los técnicos, los
subcontratistas; debía configurar las obligaciones
y responsabilidades de cada uno de estos colectivos profesionales que
intervienen en este proceso y, entre otros objetivos, debía articular
un sistema de garantías por defectos constructivos.
Han pasado diez años desde 1989, sin lugar a dudas ha costado, pero
está claro que el debate que iniciamos hoy en la Cámara es ni más ni
menos que el trámite que ha de conducir a la aprobación de lo que
esta misma Cámara, por unanimidad, reclamaba en el año 1989. Decía
que ha costado porque creo que difícilmente encontraremos algún
proyecto de ley que llegue al Pleno de la Cámara habiendo tenido
tantos y tantos anteproyectos. En la anterior legislatura yo perdí la
cuenta, pero había quien hablaba de 18 anteproyectos. Da igual si
fueron 18 ó fueron 17, lo cierto es que cada mes y medio o cada dos
meses nos sorprendíamos con un nuevo texto, que ponía de manifiesto
la dificultad de conciliar todos los intereses que intervienen en
este proceso. En esta legislatura no hemos llegado a ese número de 17
ó 18, ni muchísimo menos, pero también es cierto que, antes de que el
Gobierno aprobara este proyecto de ley -ahora hace escasamente tres
meses-, tuvimos ocasión de conocer y trabajar en más de un
anteproyecto.También quiero recordar cómo al final de la anterior
legislatura -ya lo han hecho anteriores intervinientes- el Partido
Socialista, desde el Gobierno, presentó (de hecho fue su última
iniciativa ante la Cámara) un proyecto de ley de ordenación de la
edificación.
Decía al principio de mi intervención que, sin lugar a dudas, se
trata de una ley necesaria y, también, de una ley esperada. Con la
aprobación de la ley de ordenación de la edificación -el día que se
produzca- completaremos la renovación del marco legal de vivienda
que, de una forma más o menos secuencial, se inició con la aprobación
de la Ley de arrendamientos urbanos en la anterior legislatura, la
aprobación de la Ley de propiedad horizontal que tuvo lugar en esta
Cámara hace escasos días y, en medio de las dos, la aprobación de la
Ley del suelo, en esta misma legislatura, que venía a corregir el
desaguisado provocado por la sentencia del Tribunal Constitucional
que desautorizó de pleno la Ley del suelo socialista.
Las virtudes de esta ley han sido citadas por activa y por pasiva e
incluso en algunas intervenciones, sobre todo en las de los dos
grupos que han presentado enmienda de totalidad al texto del
Gobierno, también
se intuía de alguna forma que coincidían en cuanto a los beneficios
que va a reportar esta ley el día que se apruebe. Desde mi punto de
vista ésta va a ser una ley que va a redundar de forma muy
beneficiosa, muy importante, en un incremento de la calidad de la
edificación y también de la profesionalidad de todos los que
intervienen en el proceso edificatorio, en el proceso de
construcción. Asimismo, va a suponer un incremento importante de las
garantías del comprador, a través de la inclusión de este seguro
obligatorio para hacer frente al cumplimiento de las
responsabilidades que la propia ley establece y que vienen a corregir
de forma muy notable el sistema vigente hasta el momento, derivado
del Código Civil.
Por tanto, la valoración que realizamos desde el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) es una valoración global y positiva,
aunque obviamente también creemos que el texto que ha presentado el
Gobierno puede ser mejorable, así lo vamos a intentar y para eso está
el debate parlamentario. ¿En qué aspectos vamos a incidir en los
sucesivos trámites del proyecto de ley? En primer lugar, y de forma
muy rápida quiero citar que entendemos que el proyecto de ley debe
dar un paso adelante en cuanto a la exigencia de la
profesionalización del constructor. Hoy en día la profesión de
constructor es de hecho una realidad, un oficio, que no tiene ningún
tipo de regulación legal y entendemos que por la responsabilidad que
comporta debería ser objeto de algún tipo de regulación, y en ese
sentido efectuaremos alguna propuesta.
En segundo lugar, el proyecto de ley no tiene en cuenta un sector
profesional muy amplio, que interviene en el proceso de la
construcción, el de los instaladores, y releyendo el informe del año
1989 ya se hacía referencia a los mismos como, repito, una parte
fundamental e importante del proceso de construcción, y también en
ese sentido vamos a plantear propuestas.
En tercer lugar, en cuanto a las nuevas garantías que vienen a dar
cobertura a los tres sistemas de garantías para los compradores de
una vivienda, hay que encajarlas con el sistema del Código Civil.
Especialmente nos preocupa la cuestión de la prescripción de estas
garantías, porque si el proyecto de ley establece o determina que la
cuenta atrás para el vencimiento de los plazos de uno, tres o diez
años es a partir de la fecha de recepción del producto final, es
decir de la vivienda terminada, por parte del promotor, se nos
plantea el problema de aquellas viviendas que por las vicisitudes del
mercado no sean adquiridas dentro de ese plazo, y también vamos a
hacer alguna propuesta en este sentido.
En cuarto lugar, tenemos la clarificación de las competencias de las
comunidades autónomas, especialmente en dos aspectos como son el
régimen sancionador y el reconocimiento de la capacidad de las
comunidades autónomas para dictar normas técnicas en materia de
edificación.
Por último y voy a terminar, señor presidente, no puedo dejar de
referirme al conflicto de las atribuciones
entre distintos colectivos profesionales. Sin lugar a dudas, este no
es el aspecto nuclear de este proyecto de ley, ni muchísimo menos,
pero los hechos y la realidad lo están llevando a convertirse, quizá,
en el aspecto central del debate.
Nuestro grupo parlamentario entiende que puede y debe haber un
acuerdo alrededor de cuáles son las competencias de cada uno de los
colectivos técnicos profesionales. Estamos hablando de colectivos
profesionales cuyos integrantes son mayores de edad y además son
conscientes de aquello para lo cual están capacitados y han sido
formados en las escuelas -sean de arquitectura, sean de ingeniería,
sean de arquitectura técnica, sean de ingeniería técnica- en sus
distintas modalidades. Como además estamos convencidos de que no hay
ningún colectivo profesional que pretenda atribuirse competencias
para tener una participación en el proceso edificatorio que vayan más
allá de aquello para lo cual están formados y han adquirido
conocimientos suficientes que les permitan desarrollar esta labor con
eficacia, sobre todo, garantizando la seguridad de las instalaciones
y de los usuarios de los edificios, por ello creo que habrá acuerdo.
Creo que el acuerdo es posible y que no está lejos y que deben de
realizar un esfuerzo para que éste pueda concretarse.
Nada más, señor presidente. Quiero terminar diciendo que, obviamente,
nuestro grupo parlamentario va a
votar en contra de las dos enmiendas de totalidad planteadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Recoder.
Vamos, por tanto, a proceder a la votación. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a proceder a
la votación.
Ruego a SS.SS., si lo ven a través de los monitores en sus despachos,
se apresuren porque no van a llegar. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas de totalidad de
devolución del Grupo Socialista y del Grupo Federal de Izquierda
Unida al proyecto de ley de ordenación de la edificación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
253; a favor, 101; en contra, 148; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan, en consecuencia, rechazadas las
enmiendas de totalidad.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y treinta y cinco minutos de la tarde.