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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 233, de 27/04/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 233
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ENRIQUE FERNÁNDEZ-MIRANDA Y LOZANA
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión Plenaria núm. 225
celebrada el martes, 27 de abril de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 12406)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para equiparar
las cuantías mínimas de las pensiones de viudedad entre los
beneficiarios de distintas edades. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, núm. 238-1, de 16 de noviembre de 1998 (número de expediente
122/000210) . . . (Página 12406)
- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, para equiparar las
cuantías mínimas de las pensiones de viudedad para beneficiarios con
menos de sesenta años a los importes de dicha clase de pensiones para
beneficiarios entre sesenta y sesenta y cuatro años. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, núm. 196-1, de 11 de mayo de 1998 (número
de expediente 122/000173) . . . (Página 12406)
Avocación por el Pleno:
- Proyecto de Ley de Ordenación de la Edificación (número de
expediente 121/00163) . . . (Página 12413)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Vázquez), relativa a la
modificación del artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
modernización de las explotaciones agrarias. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, núm. 277-1, de 22 de febrero de 1999 (número de
expediente 122/000245) . . . (Página 12413)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre aplicación del censo
actual de población a la financiación de las Comunidades Autónomas.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 378, de 15 de
febrero de 1999 (número de expediente 162/000332) . . . (Página 12419)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre conciliación
de la vida familiar y laboral de los trabajadores. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 378, de 15 de febrero de 1999 (número
de expediente 162/000334) . . . (Página 12425)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del
Gobierno para el saneamiento integral del río Segura (número de
expediente 173/000139) . . . (Página 12432)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre los efectos para el sector
agrario de los acuerdos tomados en la Cumbre de Berlín (número de
expediente 173/000140) . . . (Página 12439)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
situación socio-económica en la que se encuentra y a la que se
enfrenta la juventud (número de expediente 173/000141) . . . (Página 12445)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 12406)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . . (Página 12406)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para equiparar
las cuantías mínimas de las pensiones de viudedad entre beneficiarios
de distintas edades . . . (Página 12406)
Del Grupo Socialista del Congreso, para equiparar las cuantías
mínimas de las
pensiones de viudedad para beneficiarios con menos de sesenta años a
los importes de dicha clase de pensiones para beneficiarios entre
sesenta y sesenta y cuatro años . . . (Página 12406)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, para su toma en consideración, el señor Vaquero del
Pozo. Explica que su grupo pretende, mediante la presente proposición
de ley, contribuir al desarrollo progresista del Pacto de Toledo y a
perfeccionar los mecanismos protectores del sistema público de
Seguridad Social; en definitiva, se trata de mejorar la situación de
un importante colectivo de la sociedad, que son los beneficiarios de
las pensiones de viudedad. Añade que este planteamiento está
íntimamente ligado con la situación discriminatoria de la mujer en
España respecto de su nivel de renta y en cuanto sujeto de protección
social, y exige que todas las pensiones mínimas se igualen al salario
mínimo interprofesional. Se refiere a continuación a la distinción
por tramos de edad para la cuantificación de las pensiones mínimas,
que considera se hace en base a dos razones superpuestas: la primera,
en función de que las cargas
familiares gravan más la economía doméstica y es necesario aumentar
la pensión de viudedad cuando hay hijos menores en el núcleo
familiar; y la segunda, que el viudo o la viuda por debajo de los 60
años está aún en edad de trabajar, por lo que su situación económica
no dependerá exclusivamente de la pensión de viudedad. Considera
falaz este razonamiento, puesto que la estadística choca con el
argumento y pasa a explicar los datos que corroboran su exposición.
Manifiesta que el Pacto de Toledo, en su recomendación número 12,
comprometía a todos los firmantes a mejorar las pensiones de
viudedad, sobre todo las más bajas y, aunque reconoce que algo se ha
hecho, añade que se ha hecho de manera discriminatoria
e insuficiente, por lo que proponen que la disposición adicional
séptima bis de la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y
racionalización del Sistema de Seguridad Social quede redactada como
sigue: «Las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad para
beneficiarios con menos de 60 años se equipararán de modo gradual y
en el plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor de la Ley
de consolidación y racionalización del Sistema de la Seguridad
Social, a los importes de dicha clase de pensión para beneficiarios
con edades comprendidas entre 60 y 64 años, sin que dichas cuantías
se puedan ver modificadas por ninguna circunstancia o concepto.»
Presenta la proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso
sobre el mismo tema, para su toma en consideración, la señora López i
Chamosa. Denuncia en primer lugar que el Pacto de Toledo se utiliza
para todo, lo mismo para recortar una serie de prestaciones que para
desarrollarlas. Considera que el Pacto de Toledo fue un gran éxito
del conjunto de la clase política y se debería contribuir a preservar
lo que fue su espíritu: la negociación en el desarrollo de todos los
temas. Explica que su proposición de ley pretende, al igual que la de
Izquierda Unida, modificar la disposición adicional séptima bis, para
mejorar una serie de pensiones de viudedad que perciben hombres y
mujeres menores de 60 años, sin entrar a plantearse si tienen cargas
familiares o no.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Peralta
Ortega y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario
Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano
i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
la señora Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Avocación por el Pleno . . . (Página 12413)
Proyecto de Ley de Ordenación de la Edificación . . . (Página 12413)
El señor vicepresidente (Fernández-Miranda y Lozana) comunica a la
Cámara que la Mesa, oída la Junta de Portavoces, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, ha acordado
proponer al Pleno la avocación de la deliberación y votación final
del proyecto de ley de ordenación de la edificación, lo que se
aprueba por asentimiento.
A continuación se procede a las votaciones de la toma en
consideración de las proposiciones de ley debatidas anteriormente.
Sometida a votación en primer lugar la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, para equiparar las cuantías mínimas de las pensiones de
viudedad entre beneficiarios de distintas edades, se rechaza por 130
votos a favor y 153 en contra.
Sometida a votación en segundo lugar la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista del Congreso, para equiparar
las cuantías mínimas de las pensiones de viudedad para beneficiarios
con menos de sesenta años a los importes de dicha clase de pensiones
para beneficiarios entre sesenta y sesenta y cuatro años, se rechaza
por 131 votos a favor, 151 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Vázquez), relativa a la
modificación del artículo 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
modernización de las explotaciones agrarias . . . (Página 12413)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, para su
toma en consideración, el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme). Lo
hace en nombre del Bloque Nacionalista Galego y con la intención de
avanzar en la resolución de un problema real importante que, tres
años después de la entrada en vigor de la mencionada Ley, se pone de
manifiesto y hace peligrar la condición de muchas explotaciones
agrarias familiares como prioritarias y, en consecuencia, dificulta o
impide el acceso a ventajas fiscales o a diferentes líneas de ayuda
establecidas. Explica el contenido de la norma legal actual que
pretenden modificar con la adición de un nuevo apartado en el
artículo 6 de la Ley 19/1995 del siguiente tenor: « c) Comunidades de
bienes siempre que más del 50 por ciento de sus comuneros sean
agricultores profesionales y que su objeto exclusivo
sea el ejercicio de la actividad agraria. Además deberá constar su
constitución en escritura pública, incluyendo un pacto de
proindivisión con un mínimo de seis años.»
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliu,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Blanco
López, del Grupo Socialista del Congreso, y Pérez Lapazarán, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del
artículo 6 de la Ley 19, de 4 de julio de 1995, de modernización de
las explotaciones agrarias, se rechaza por 131 votos a favor, 153 en
contra y una abstención.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 12419)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre aplicación del censo actual
de población a la financiación de las Comunidades Autónomas . . .
(Página 12419)
Presenta la proposición no de ley en nombre del Grupo Socialista del
Congreso la señora Rubiales Torrejón. En primer lugar se refiere a
las manifestaciones del señor Zaplana, presidente de la Generalitat
Valenciana, a los medios de comunicación en el sentido de que el
criterio vertebrador del conjunto del sistema de financiación de las
comunidades autónomas debe ser la población. Se alegra de oírselo
decir porque es lo mismo que ella viene diciendo desde hace dos años
y lo mismo que viene diciendo Pedro Antonio Ríos, por Izquierda
Unida, y todos aquellos que lo defienden. Es más, añade que el Pleno
de la Cámara aprobó, a iniciativa del Grupo Socialista, una
proposición no de ley en octubre de 1997 en la que se pedía que se
publicara el censo, que se aprobara y se aplicara a la financiación
municipal y de las comunidades autónomas. Explica que esto no ha
sucedido y que, por el contrario, se han encontrado con la sorpresa
de que el señor Rajoy, anterior coordinador del programa autonómico
del Partido Popular, y el señor Acebes, actual ministro de
Administraciones Públicas, dicen que el modelo autonómico está
cerrado, cuando en realidad la Constitución regula un modelo abierto
y flexible. Afirma que el actual modelo de financiación que el Grupo
Socialista viene denunciando no sirve a nadie, y sería llegado
el momento de ponerse a negociar uno nuevo que se distanciara de
las disputas partidarias y electorales y sirviera para alcanzar el
consenso y el acuerdo que nunca debería haberse perdido, según
palabras del señor Zaplana.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz
Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, sobre aplicación del censo actual de población a la
financiación de las comunidades autónomas, se rechaza por 125 votos a
favor y 156 en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre conciliación de
la vida familiar y laboral de los trabajadores . . . (Página 12425)
La señora Sainz García defiende, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, una proposición de ley que considera de gran
trascendencia, y lo hace con la esperanza de que pueda concitar el
apoyo unánime de los distintos grupos de la Cámara porque se trata de
una proposición de interés general. Pone de relieve el esfuerzo
llevado a cabo por el Gobierno con el fin de fomentar las políticas
activas que impulsan la incorporación de las mujeres al mercado
laboral y la igualdad de oportunidades, pero reconoce que es
necesario seguir avanzando en la profundización y en la
diversificación de las medidas, haciendo llegar a la sociedad el
mensaje de que el cuidado de la familia deber ser una responsabilidad
compartida, porque las mujeres, al incorporarse al mundo laboral,
tienen que hacer grandes esfuerzos para conciliar las exigencias del
hogar y de la familia con un trabajo fuera de casa. Admite que es
difícil el cambio de mentalidades y actitudes necesario para alcanzar
una igualdad realmente vivida y por eso, afirma, éste ha de ser
impulsado desde todos los ámbitos. En ese contexto de progresivo
apoyo a la política de igualdad, el Grupo Parlamentario Popular
considera muy importante mejorar la legislación actual, con el fin de
conseguir un marco normativo que mejore las posibilidades de
incorporación de la mujer al trabajo y promueva la conciliación de la
vida familiar y laboral. A continuación explica en detalle el
contenido de su proposición no de ley y, aunque sabe que el tema es
preocupación común de otros grupos que tienen presentadas asimismo
iniciativas, solicita el votofavorable de la Cámara para la suya, con
el fin que
estas medidas puedan ser debatidas y articuladas con efectos legales
antes de terminar la legislatura.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen el señor Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y la señora Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras
Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Cortajarena Iturrioz, del Grupo Socialista del Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Sainz García.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre conciliación de la vida familiar y
laboral de los trabajadores, en los términos resultantes de la
aceptación de enmiendas por parte del grupo proponente, se aprueba
por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 12432)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del Gobierno
para el saneamiento integral del río Segura . . . (Página 12432)
El señor Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende en
nombre de Nueva Izquierda la moción que trae consecuencia de la
interpelación urgente de la semana pasada sobre la necesidad de que
exista una política general del Gobierno tendente a asegurar el
saneamiento integral del río Segura, que acabe con la terrible
contaminación que padece aquel río y que repercute directamente en
las condiciones de vida, en la salubridad y, seguramente también de
manera inmediata, en la economía de los hombres y mujeres que viven
en la cuenca del río Segura, fundamentalmente en su cuenca media y
baja. Se muestra decepcionado por la respuesta que tuvo su
interpelación por parte de la señora ministra de Medio Ambiente, en
la que atisbó un cierto desprecio y prepotencia que apenas ocultan,
según su parecer, el nerviosismo que le produce una situación para la
que no acaba de encontrar solución. A continuación expone los seis
puntos de su moción y agradece a los diversos grupos la presentación
de sus enmiendas que, en general, mejoran el texto. Finalmente
plantea que, dada la importancia del tema, se
pueda llegar a un pacto de Estado que reúna al menos tres requisitos:
transparencia, conocimiento exacto del estado del río y definición de
objetivos y compromisos concretos, y emplaza al Grupo Parlamentario
Popular y a los grupos que habitualmente le apoyan a que tomen
conciencia de la gravedad del asunto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor
Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras
Bartolomé Núñez, del Grupo Socialista del Congreso, y Urán González,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Díez de la
Lastra Barbadillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Alcaraz Ramos.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del Gobierno
para el saneamiento integral del río Segura, en los términos
resultantes del debate, se rechaza por 129 votos a favor y 156 en
contra.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre los efectos para el sector
agrario de los acuerdos tomados en la cumbre de Berlín . . . (Página 12439)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Amarillo Doblado, del Grupo Socialista del Congreso. Se refiere en
primer lugar a la salida del Gobierno de la señora ministra de
Agricultura y a la dimisión del presidente del Fega y pasa
a continuación a exponer el contenido de su moción que, según su
opinión, presenta la posibilidad de que algunas de las graves
deficiencias que se están produciendo en la gestión del sector
agrario en España puedan reconducirse y evitar así males mayores.
Manifiesta que en toda Europa, muy particularmente en Francia e
Italia, se está asistiendo al debate de la reforma de las estructuras
agrarias, debate que considera muy necesario en España, por lo que la
Cámara, previa consulta de todos los sectores interesados, debería
estudiar un proyecto de ley que abordara de manera sistemática todos
aquellos vectores relacionados con el empleo y las rentas de los
activos rurales, teniendo en cuenta que no todos los activos agrarios
son rurales. Finalmente anuncia la aceptación de las enmiendas de
adición presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliu,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Madero
Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Socialista del Congreso, sobre los efectos para el sector
agrario de los acuerdos tomados en la cumbre de Berlín, en los
términos resultantes de la aceptación de enmiendas por parte del
grupo proponente, se rechaza por 124 votos a favor, 153 en contra y
dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
situación socioeconómica en la que se encuentra y a la que se
enfrenta la juventud . . . (Página 12445)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Centella Gómez.
Manifiesta que su grupo presenta la moción con la intención de que la
propuesta sea un instrumento útil para el debate, de manera que se
puedan afrontar soluciones a los problemas que tiene la juventud en
relación con el empleo, la vivienda, el ocio o las consecuencias que
ha tenido el servicio militar obligatorio y una prestación social
sustitutoria concebida más como un castigo que como una posibilidad
de elección. Plantean su propuesta como una alternativa real y viable
a la política del Gobierno, por lo que rechazan totalmente las
descalificaciones de la semana pasada por parte del ministro de
Trabajo y del portavoz del Grupo Popular. Explica el contenido de la
moción y agradece al Grupo Socialista la presentación de su enmienda,
sobre la que espera poder llegar a un acuerdo.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del
Congreso, interviene el señor Caballero Serrano.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano
i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a la votación separada de los dos puntos de la moción a
petición del señor Centella.
Sometido a votación en primer lugar el punto 1 de la moción
consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la situación
socioeconómica en la que se encuentra y a la que se enfrenta la
juventud, en sus justos términos, se rechaza por 10 votos a favor,
250 en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación en segundo lugar el punto 2 de la moción, se
rechaza igualmente por 120 votos a favor, 141 en contra y una
abstención.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Buenas tardes,
señorías.
Vamos a proceder, en primer lugar, conforme al artículo 20.1.3.o del
Reglamento, al llamamiento del diputado don Luis Felipe Ramos Llano
para proceder al juramento o promesa de acatar la Constitución.
Don Luis Felipe Ramos Llano, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?
El señor RAMOS LLANO: Juro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Don Luis Felipe
Ramos Llano ha adquirido la condición plena de diputado. Bienvenido a
esta Cámara, señoría. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA EQUIPARAR
LAS CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD ENTRE BENEFICIARIOS
DE DISTINTAS EDADES (Número de expediente 122/000210).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA EQUIPARAR LAS
CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD PARA BENEFICIARIOS CON
MENOS DE SESENTA AÑOS A LOS IMPORTES DE DICHA CLASE DE PENSIONES PARA
BENEFICIARIOS ENTRE SESENTA Y SESENTA Y CUATRO AÑOS (Número de
expediente 122/000173).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto I del orden del día: Toma
en consideración de proposiciones de ley. Vamos a debatir de forma
conjunta, por ser dos iniciativas similares, los puntos I y II. El
punto I lo constituye la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, para equiparar las cuantías mínimas de
las pensiones de viudedad entre beneficiarios de distintas edades. El
punto II es el relativo a la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, para equiparar las cuantías mínimas de las
pensiones de viudedad para beneficiarios con menos de 60 años a los
importes de dicha clase de pensiones para beneficiarios entre 60 y 64
años.
En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mediante la proposición de ley que Izquierda Unida trae hoy
a esta Cámara pretendemos contribuir al desarrollo progresista del
Pacto de Toledo y a perfeccionar los mecanismos protectores del
sistema público de Seguridad Social. Tratamos, en definitiva, de
mejorar la situación de un importante colectivo de nuestra sociedad,
que son los beneficiarios de las pensiones de viudedad. Es este un
tema que está íntimamente ligado con la situación de la mujer en
España respecto de su nivel de renta y su discriminación, como
género, en cuanto sujeto de protección social. Me explico. Los datos
cantan. De entre las prestaciones contributivas sustitutorias del
salario sólo en las de muerte y supervivencia son las mujeres
mayoritarias, mientras que en aquellas que se derivan de la
vinculación al mercado de trabajo, desempleo, jubilación o invalidez,
las mujeres son minoritarias. El 50 por ciento del total de pensiones
que perciben las mujeres son pensiones de viudedad.
Cuando Izquierda Unida trae a la Cámara una proposición de ley como
ésta pretende, entre otras cosas, resolver, aunque sea sólo
parcialmente, un contencioso social tan antiguo como la configuración
patriarcal de nuestra sociedad que ni siquiera la revolución
tecnológica o el Estado del bienestar, con ser logros históricos muy
encomiables, han conseguido erradicar. Se trata, ni más ni menos, que
de la discriminación de la mujer como género respecto del hombre.
Discriminación respecto de la renta pues la pensión media de la mujer
es, en general, un 38 por ciento menor que la del hombre, siendo
mayoritaria la mujer, precisamente, en el tramo de las pensiones más
bajas. En 1997 la pensión media de jubilación fue, como saben SS.SS.,
de 79.682 pesetas, mientras que la de viudedad era de 49.554. Ni que
decir tiene que el panorama se completa con el dato de que las
prestaciones no contributivas están absolutamente feminizadas, como
la pobreza en general, pues la inmensa mayoría de las pensiones no
contributivas es para mujeres.
El legislador ha intentado garantizar unos mínimos de protección
social, habilitando para ello el mecanismo
de la pensión mínima, pero el remedio, con ser positivo, es escaso
e insuficiente y, además, discriminatorio. Escaso porque la cuantía
de estas pensiones es pequeña. Estamos hablando de unas pensiones
mínimas para el año 1999 de 56.990 pesetas para las viudas o viudos
con 65 o más años; de 49.735 pesetas para los comprendidos o
comprendidas entre los 60 y 64 años, y de 45.480 y 37.955
respectivamente para los menores de 60 años, según tengan o no cargas
familiares. Cantidades insuficientes a todas luces para paliar la
situación de pérdida o de recomposición de la unidad familiar por
fallecimiento de uno de los cónyuges, precisamente el que trabaja,
incorpora una renta y que, en la mayoría de los casos, o bien
garantizaba una renta salarial ya de por sí exigua para sobrevivir,
para ir tirando diríamos, o bien significaba un status socioeconómico
que después de la pérdida del cónyuge, con esas pensiones como medio
de subsistencia, ya no podrá mantener. Ninguna pensión mínima de
viudedad llega al salario mínimo interprofesional, hoy establecido en
69.270 pesetas; ni siquiera el tramo de los 65 o más años. Izquierda
Unida seguirá exigiendo que todas las pensiones mínimas se igualen al
salario mínimo interprofesional. Decíamos también que, desde nuestro
punto de vista, es un mecanismo discriminatorio, derivado de la
redacción que la reforma de 1997 dio a la disposición adicional
séptima bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, pues, como hemos indicado, al distinguir tramos de edad para
la cuantificación de los mínimos, el tramo de menores de 60 años
distingue entre las viudas o viudos que tienen cargas familiares
cuyas rentas no superan determinados límites de ingresos y los que no
tienen cargas familiares y pueden superar el límite de ingresos,
mientras que otros tramos, los de 65 o más y los comprendidos entre
60 y 64, no distinguen la cuantía en función de las cargas familiares
y el límite de ingresos. ¿Qué razón ha podido tener el legislador
para distinguir esto? A nosotros se nos ocurre simplificarlo -de
forma más o menos crítica aparecen expuestos en los distintos debates
sobre el tema- en dos razones superpuestas. La primera, porque se
entiende que las cargas familiares gravan la economía doméstica más
y, por tanto, se pretende garantizar que a las edades en que todavía
pueden subsistir en el núcleo familiar dichas cargas se les aumente
la pensión de viudedad mínima, aunque ésta sea menor. La segunda
razón, porque se supone que por debajo de los 60 años el viudo o
viuda está aún en edad de trabajar y, por tanto, su situación
económica no dependerá exclusivamente de la pensión de viudedad.
Dicho sea de paso, apañado iría, en función de la cuantía, porque
difícilmente podría subsistir con ella. Al ser dicha pensión una mera
ayuda para compensar la pérdida de status social, de renta personal
o familiar, la cuantía no tiene por qué ser tan elevada. Pero, eso sí,
la compensación deberá ser menor en la medida en que la viuda o el
viudo debe soportar a sus espaldas las cargas familiares según el
nivel de rentas o ingresos.
Estos son, en definitiva, los razonamientos en función de los cuales
se realiza esta distinción de tramos, esta minoración y
diferenciación de unos tramos de edades a otros. Razonamiento que se
nos antoja falaz pues hay que decir que la estadística choca con el
argumento. Hay que verlo despacio. Señorías, de los 237.834 viudos o
viudas menores de 60 años, 184.069, es decir, el 77,4 por ciento,
está comprendido entre los 45 y los 60 años, precisamente son las
edades en que más posibilidades existen de que las cargas familiares
hayan desaparecido del seno familiar -no siempre ocurre así, pero
estadísticamente eso es así- y en que más riesgo existe de ser parado
o parada de los que llamamos de larga duración, es decir, de estar
excluido o excluida del mercado de trabajo y, por tanto, de estar más
necesitado de ser ayudado económicamente.
Señorías, el Pacto de Toledo, en su recomendación número 12 nos
comprometió a todos los firmantes a mejorar las pensiones de
viudedad, sobre todo las más bajas. Y algo se ha hecho en este
sentido, no vamos a decir que no, pero insuficiente y
discriminatoriamente, como hemos analizado. El artículo 9 de la Ley
24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del
sistema de la Seguridad Social, que es la que desarrolla dicho pacto,
introdujo, mediante la disposición adicional séptima bis, que
pretendemos reformar con esta proposición de ley, un mecanismo de
equiparación gradual, en tres años, de las pensiones de los menores
de 60 años y los comprendidos entre 60 y 64. Ese mecanismo es
positivo, pero condicionándolo al cumplimiento del requisito de
ingresos y cargas familiares antedicho, que no consideramos justo o
estimamos insuficiente, imperfecto y discriminatorio de alguna forma,
por las razones que ya hemos expuesto.
Proponemos -y con esto acabo, señorías- que la citada disposición
adicional séptima bis quede redactada como sigue: Las cuantías de las
pensiones mínimas de viudedad para beneficiarios con menos de 60 años
se equipararán de modo gradual, y en el plazo de tres años a partir
de la entrada en vigor de la Ley de consolidación y racionalización
del sistema de la Seguridad Social, a los importes de dicha clase de
pensión para beneficiarios con edades comprendidas entre 60 y 64
años, sin que dichas cuantías se puedan ver modificadas por ninguna
circunstancia o concepto.
Gracias, señorías, por su atención.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Vaquero.
En nombre del Grupo Socialista, para la presentación de su
iniciativa, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el señor Vaquero iniciaba su parlamento diciendo que la
propuesta de Izquierda Unida pretendía hacer un buen desarrollo del
Pacto de Toledo. Cuando hablamos del Pacto de Toledo uno llega a
perderse, porque parece que está escrito en hojas de goma
y, en función de lo que quieres hacer, lo estiras para un lado o para
otro, porque estamos hartos de oír en esta Cámara que el Pacto de
Toledo se utiliza lo mismo para recortar una serie de prestaciones
que para prohibir o para desarrollar. El Pacto de Toledo fue un gran
éxito del conjunto de la clase política de este país y deberíamos
preservar su espíritu: la negociación en el desarrollo de todos los
temas.
Hoy nos encontramos aquí como consecuencia de la Ley 24/1997 que
introdujo una disposición séptima bis que ahora se pretende
modificar, incluso -ateniéndonos al Pacto de Toledo- se pretenden
mejorar una serie de pensiones de viudedad que perciben las personas,
hombres o mujeres, menores de 60 años. Pero lo que hace esta
proposición de ley es todo lo contrario, es decir, introduce una
nueva categoría de viudedad que hasta ahora no existía. Antes
teníamos tres: mayores de 65 años, de 60 a 64 y de menos de 60 años,
y ahora tenemos una más, que es la de menos de 60 años con cargas
familiares. Como cualquier hombre o mujer de este país, nos
preguntamos: ¿qué diferencia hay entre que un hombre o una mujer
queden viudos con 50 años y que un hombre o una mujer de 60 años
queden viudos, con idénticas condiciones de renta que los de 50, para
que al de 60 años le demos un complemento de mínimos y al de 50, no?
¿Qué pasa, que la persona de 60 años come más, paga más de piso?
Señorías, es inexplicable que a igualdad de rentas a una viuda o
viudo se le exija que tenga cargas familiares y a otro, no. Habrá que
hacer una reflexión algún día sobre este sistema de pensiones de
viudedad porque es totalmente injusto. Parándonos a pensar, si
cualquiera de SS.SS., hombre o mujer, falleciera su viudo o viuda
podría cobrar una pensión máxima de viudedad en la máxima alta, con
independencia de que tenga buenas rentas, buenas condiciones de
trabajo o de que no tenga hijos. En cambio, al marido o a la mujer de
un trabajador de la seguridad privada que enviuda, que a lo mejor
tiene rentas bajas, que es lo más normal, le estamos cuestionando un
complemento de mínimos, es decir, le estamos negando que pueda llegar
a las 56.000 pesetas. Este sistema, por mucho que lo diga la ley, es
totalmente injusto y en algún momento tendremos que reformarlo. Lo
que no puede ser es que las reformas que introducimos contengan
nuevas injusticias, porque eso es lo que hace esta proposición de
ley.
Señores del Grupo Popular, como Gobierno dejan mucho que desear, bien
claro que lo dejan, pero como técnicos en imagen, como propagandistas
no tienen precio. Si cuando tengan que dejar el Gobierno montan una
empresa de propaganda, de telemática, etcétera, seguro que llega a
ser la primera del país, porque para lo único que ha servido esta
medida es para que Televisión Española anunciara el siguiente
titular: Se añade a los complementos de mínimos a las viudas o viudos
menores de 60 años, pero luego no explicó que, además, se exigían
unos requisitos que no se demandan a ningún otro pensionista de
complementos de mínimos.
Señorías, estamos hablando de conceptos distintos de lo que es un
Estado del bienestar. Una leía hace unos meses en un periódico a una
directora general de ustedes que decía que creía en las limosnas. Se
puede entender que hoy estemos discutiendo aquí esto porque, si no,
no tendría ningún sentido traer una modificación del Pacto de Toledo
en estas condiciones y que cuestionemos lo que estamos cuestionando
hoy aquí para cualquier viudo o viuda, es decir, que una persona con
rentas mínimas inferiores a 55.900 pesetas al mes no tenga derecho a
un complemento de mínimos igual que tienen otras pensiones, de
viudedad o de otro tipo.
A veces me cuesta entender que tengamos que discutir aquí cosas tan
sencillas y tan razonables de aplicar y no seamos capaces de ponernos
de acuerdo. Es impensable que estemos hablando de una medida, que
hayamos creado una nueva pensión de viudedad que diferencia a las
viudas de menos de sesenta años en función de si tienen cargas
familiares o no. Es impensable que ustedes hayan traído a este
Parlamento una ley basada en el desarrollo del Pacto de Toledo, de
cuya firma todos decimos que nos sentimos muy contentos, sin ninguna
negociación, sin ningún acuerdo con los distintos grupos de esta
Cámara, y que luego, durante su tramitación, no hayan sido capaces de
aceptar enmienda alguna. Nosotros ya la presentamos cuando discutimos
la Ley de 1997. No fue posible por su cerrazón, y lo que ha hecho el
Grupo Parlamentario Socialista, teniendo delante la Ley de 1997, en
la cual se materializaba esta nueva pensión de viudedad, es traer
a esta Cámara una proposición de ley más solidaria y más justa con las
necesidades.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora López,
le ruego vaya concluyendo.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Concluyo, señor presidente.
Estamos hablando de pensiones mínimas, de pensiones en circunstancias
extremas, de pensiones que ni siquiera se pueden denominar de
subsistencia. ¿Se imagina alguno de ustedes viviendo con 56.000
pesetas al mes? ¿En qué se gastan ustedes 56.000 pesetas, en tabaco,
en copas? Piénsenlo, señorías, estamos hablando de complementos de
mínimos para que algún viudo o viuda pueda llegar a cobrar al mes
56.000 pesetas de pensión. Eso nos debería hacer reflexionar, sobre
todo a aquellos que los domingos van a misa, hacen reflexiones
y hablan de la bondad cristiana. Hagamos un poco de bondad cristiana y
demos a estas personas ese pequeño complemento de mínimos que creo
que se lo tienen ganado.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora López. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno en
contra de las iniciativas? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Como han reconocido los proponentes de esta iniciativa, en el Pacto
de Toledo todos los grupos de la Cámara coincidimos en la necesidad
de mejorar las pensiones de viudedad, especialmente las más bajas,
según se decía. En desarrollo de dicho pacto el Gobierno suscribió un
acuerdo con los dos sindicatos más representativos -la representación
empresarial no quiso firmarlo- en el que se concretaba esa previsión
del Pacto de Toledo y se hacía referencia a un incremento de las
pensiones de viudedad en aquellos casos en los que esta prestación
constituye garantía de supervivencia, con atención al nivel de renta
del beneficiario y cargas familiares, con prioridad en las pensiones
mínimas de viudedad de los menores de 60 años para equiparar su
cuantía con las pensiones mínimas que el sistema otorga a los viudos,
viudas y mayores de 60 años, lo que se realizaría de forma gradual en
función de las disponibilidades económicas del sistema de la
Seguridad Social. Esta era una medida importante, acordada por el
Gobierno con los dos sindicatos más representativos, Comisiones
Obreras y UGT, en desarrollo del Pacto de Toledo, medida que tenía
que afectar a un número significativo de pensionistas de nuestro
país.
Nosotros creemos que esta era una medida ciertamente positiva, por lo
que apoyamos en su día el Pacto de Toledo, el acuerdo del Gobierno
con los sindicatos. Hoy se nos dice que es positiva pero
insuficiente. Es verdad que hay que mejorarla de manera progresiva.
Teniendo en cuenta la evolución de los datos económicos y de las
necesidades sociales hay que mejorar el sistema de protección social.
En este caso concreto, no podemos desconocer que, tal como hacía
referencia la señora López i Chamosa en nombre del Grupo Socialista,
quizá tengamos que someter a una revisión en profundidad las
pensiones de viudedad creadas en su día para atender la situación de
necesidad de las mujeres que no trabajaban o eran expulsadas del
mercado laboral, que dependían de las rentas del marido, mientras que
hoy nos encontramos con una situación radicalmente distinta; no sólo
las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo, sino que el
Tribunal Constitucional reconoce las pensiones también a los varones.
Esto seguramente obliga a una reflexión en profundidad acerca de esta
pensión que es compatible hoy con la percepción de rentas por parte
de su beneficiario. Cabe perfectamente que un trabajador esté
cobrando el cien por cien de sus rentas y además esté cobrando un 45
por ciento de una pensión de viudedad de una persona que ya no vive
con él y que ya no realiza gastos.
En este contexto, nuestra posición al día de hoy es la de valorar
positivamente esta modificación que se hizo de acuerdo con los
sindicatos. Vamos a votar a favor las dos proposiciones de ley porque
compartimos con los grupos que las defienden su voluntad de mejorar
el sistema de protección social y sólo nos gustaría recordarles que,
de acuerdo con los sindicatos, precisamente con los sindicatos de
clase, los sindicatos más representativos, es más fácil conseguir ese
objetivo.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Quisiera decir telegráficamente que el Bloque Nacionalista Galego va
a votar a favor de la toma en consideración de las proposiciones de
ley presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Federal de
Izquierda Unida y destinadas a equiparar las cuantías de las
pensiones mínimas de viudedad para los beneficiarios menores de 60
años a las de las que perciben las personas entre 60 y 64. Lo hacemos
porque compartimos las razones expuestas -por cierto, con brillantez-
por ambos ponentes y por tanto compartimos también la necesidad de
modificar una situación que tal como está contemplada actualmente
resuelta injusta y discriminatoria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, creo que recojo el criterio unánime de la Cámara al
desear un pronto restablecimiento a nuestro presidente.
Ahora, entrando en esta materia de las dos proposiciones de ley que
presentan respectivamente el Grupo Socialista y el Grupo Federal de
Izquierda Unida, diré unas breves palabras para marcar nuestra
posición. Como es sabido, en materia de pensiones de viudedad, en lo
referente a mínimos, existían tres grupos: beneficiarios con edad
inferior a los 60 años, entre 60 y 64 y de 65 en adelante. En la Ley
de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social se
aprobó en esta Cámara, a través del artículo noveno, una modificación
de la disposición adicional undécima para recoger algo que clamaba no
solamente en la literatura social sino también en los sindicatos, la
mejora de este grupo que se refiere a los beneficiarios con edad
inferior a los 60 años. En esa Ley de consolidación y racionalización
que aquí se aprobó decíamos que debería hacerse con una determinadas
condiciones, condiciones que se refieren a no superar los requisitos
de renta fijados anualmente en los Presupuestos Generales del Estado,
no alcanzar un determinado límite de rentas y atención a las cargas
familiares.
Pues bien, con estas dos proposiciones de ley que presentan los
estimados grupos políticos se pide la anulación
de esta circunstancia, o sea, la anulación de lo que hemos
aprobado en la Ley de consolidación y racionalización del Sistema de
Seguridad Social. Todos estamos de acuerdo, y yo aplaudo las
intervenciones de la señora López y del compañero señor Vaquero, en
que es necesaria una revisión a fondo de las percepciones, no
solamente de las viudas, señor Vaquero, sino también de los viudos,
de los viudos también; viudas y viudos no pueden tener percepciones
de hasta un 45 por ciento y las percepciones mínimas que se marcan.
Pero hoy no se traen aquí estas grandes cuestiones, y bendita sea la
hora en que no se hace porque estamos en una época preelectoral; se
trae la mejora concreta de un grupo social de beneficiarios de edad
inferior a 60 años, que ya se ha ido mejorando con la creación de un
grupo intermedio, que al año 1997 estaba igual que el de los menores
de 60 años, en 1998 estaba con 40.770 pesetas y en 1999 con 45.480
pesetas.
Claro que es poco, y poco son las pensiones de los huérfanos y poco
son las pensiones no contributivas y poco son las pensiones de los
incapacitados, pero tenemos que tener en cuenta que por el sistema
actual que tenemos en nuestro país puede correr peligro su equilibrio
y que esta mejora que se pretende, según me informan en el
Ministerio, va a suponer como mínimo unos 49.000 millones de pesetas.
Si hoy la prensa nos ha dicho que el endeudamiento del sistema de la
Seguridad Social pasa ya de 800.000 millones, ahora hablamos de
incrementarle 50.000 millones y no pensamos en el problema real de
nuestro país, que es la falta de equilibrio entre población activa y
beneficiarios de pensiones y que dentro de pocos años este será un
país de viejos y todos necesitaremos pensiones de jubilación.
Señores, creo que debemos tener un respeto muy grande a los
principios del Pacto de Toledo, que cumple cuatro años en este mes de
abril. El principio fundamental es el equilibrio y el mantenimiento
del sistema que tenemos, y para el mantenimiento del sistema seamos
prudentes y graduales. Se han mejorado las pensiones con todos los
criterios que ha habido, aprobados últimamente y exclusivamente para
estos grupos, pero nosotros estimamos que hay que actuar con cautela
con respeto al Pacto de Toledo y por eso, pese a que estamos muy
conformes con el contenido de fondo, de que son pequeñas las
cantidades que perciben viudos y viudas, decimos que en este caso
concreto de supresión de unas circunstancias que exigimos en la Ley
de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social,
vamos a votar negativamente las dos proposiciones de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el
señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente, señorías,
intervengo en nombre del Grupo ParlamentarioVasco (EAJ-PNV) para
fijar la posición de
nuestro grupo en relación con la toma en consideración de estas dos
proposiciones de ley presentadas por los grupos de Izquierda Unida y
Socialista para equiparar las cuantías mínimas de las pensiones de
viudedad entre beneficiarios de distintas edades.
El Congreso de los Diputados ya ha intervenido en este tema adoptando
por mayoría una moción mediante la que se instaba al Gobierno, dentro
del marco del Pacto de Toledo, a adoptar las medidas correspondientes
para adecuar las cuantías de las pensiones de orfandad y viudedad,
dentro de las cuales habría que considerar el caso que hoy se nos
propone, es decir, a este colectivo de menores de 60 años.
Nuestro grupo entiende que es precisamente en el marco de desarrollo
del Pacto de Toledo y mediante las necesarias negociaciones entre los
agentes sociales en el que hay que llegar a los correspondientes
acuerdos que permitan regular de una manera definitiva, entre otras
cosas, los aspectos que se presentan en estas proposiciones de ley
para que las cuantías de las pensiones mínimas de viudedad para
beneficiarios con menos de 60 años se puedan equiparar de modo
gradual a los importes de dicha clase de pensiones para beneficiarios
con edades comprendidas entre 60 y 64 años.
Por todo ello y de una forma muy breve diré que el Grupo
Parlamentario Vasco no va a apoyar estas proposiciones de ley, pero
sí nos parece oportuno instar al Gobierno y a los agentes sociales a
avanzar en los acuerdos necesarios en el marco del Pacto de Toledo
que permitan regular y dar soluciones globales a toda la
problemática, como la situación planteada en estas proposiciones, de
las cuales es simplemente un aspecto parcial.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
En nombre de Convergència i Unió voy a posicionarme en relación a la
toma en consideración de estas dos proposiciones de ley del Grupo
Socialista y del Grupo de Izquierda Unida y anuncio nuestro voto
negativo a las dos.
Tanto el señor Gómez como el señor Caballero han introducido
suficientes argumentos como para justificar este voto contrario
también por parte de nuestro grupo parlamentario. En esta VI
Legislatura todos los grupos compartíamos dos objetivos en esta
materia: de un lado, mantener el poder adquisitivo de las pensiones
y, de otro, mejorar las prestaciones más bajas. Yo creo que a estas
alturas de la legislatura el conjunto de los grupos políticos nos
podemos sentir mínimamente satisfechos en esta materia, porque es
evidente que el marco legal que se deriva de la Ley de
racionalización y consolidación, resultado -y se ha dicho- de un
acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, crea unas
condiciones que garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo de
los pensionistas, creo que esto es indudable, y además el desarrollo
que se ha hecho de la misma a lo largo de estos tres años ha
introducido mejoras importantes respecto a las prestaciones más
bajas, en el caso concreto, por ejemplo, de las viudas menores de 60
años, un aumento del 10 por ciento de media anual, en el compromiso,
recogido por la propia Ley de racionalización y consolidación, de
avanzar hacia la plena igualdad con las personas mayores de 60 años.
Partiendo de esta mejora sustancial en esta VI Legislatura, pero
también de las consideraciones que se han hecho tanto por parte de la
señora López i Chamosa como del señor Vaquero y por el resto de
ponentes, de que estamos ante una situación que debemos calificar
como escasa e insuficiente; recogiendo asimismo el planteamiento que
se ha hecho por parte de Nueva Izquierda, en el sentido de que
cualquier modificación en esta materia debe caracterizarse por una
revisión en profundidad del conjunto del sistema, muy especialmente
respecto a las pensiones de viudedad, y de que estas revisiones
necesitan el marco político que supone el Pacto de Toledo como
compromiso del conjunto de fuerzas políticas de desarrollar de una
determinada manera el proceso de mejora y consolidación del sistema
público de pensiones, y, en paralelo, el diálogo social, la propuesta
que nos hacen hoy los grupos Socialista y de Izquierda Unida
difícilmente puede ser apoyada por nuestro grupo.
Entendemos que hay un compromiso político de revisión del Pacto de
Toledo en el año 2000 y que es entonces cuando debemos plantear en
profundidad aspectos que realmente impliquen una mejora del sistema
y asumir sus consecuencias de orden financiero. Además, este proceso
deberá ir acompañado del consiguiente diálogo con los agentes
sociales. Hoy no se dan estas circunstancias. Es más, el debate viene
viciado, no desde esta tarde sino desde hace unas cuantas semanas,
por connotaciones electorales que todos pretendemos evitar. En este
sentido el Grupo Parlamentario Catalán reitera su compromiso de abrir
la discusión sobre la mejora del sistema público de pensiones en el
marco del Pacto de Toledo, partiendo del convencimiento de que en
esta legislatura y en esta materia se han producido avances que no
podemos desdeñar y de los que todos, también el Grupo Socialista y el
de Izquierda Unida, nos podemos sentir perfectamente copartícipes,
básicamente porque el Grupo Socialista ha dado su apoyo parlamentario
a este conjunto de mejoras que se han producido a lo largo de estos
años.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular en relación a las dos iniciativas presentadas por los grupos
parlamentarios de Izquierda Unida y Socialista.
Antes de entrar en el comentario de frases que se han oído en los
debates en esta Cámara, que yo creo que son hasta cierto punto
alucinantes, a mí me gustaría recordarles, porque ustedes lo conocen
perfectamente, que fue precisamente el Ejecutivo al que respalda el
Grupo Parlamentario Popular el que trajo una iniciativa legislativa a
esta Cámara en virtud de lo que teníamos planteado en el programa
electoral, que era empezar a cumplir la recomendación número 5 del
Pacto de Toledo para mejorar las pensiones de viudedad y orfandad.
Decir que parece que el grupo parlamentario al que represento y el
Ejecutivo al que apoya han traído una iniciativa legislativa a esta
Cámara que toma como consideración si un perceptor de pensión de
viudedad -que no una pensionista, a la que luego me referiré- come
más o menos me parece una expresión de muy poca altura para traer a
esta Cámara. Hay que hablar desde la responsabilidad, desde el
ejemplo de lo que se ha venido efectuando por parte de algunos grupos
parlamentarios que sí han tenido responsabilidad de gobierno.
Como me gusta hablar en tono positivo, tengo que decir que, en base a
la recomendación número 5 de los pactos de Toledo, las pensiones más
pequeñas de viudedad se han mejorado. Asimismo, antes, cuando un
causante en el momento del fallecimiento no estaba en situación de
alta o asimilada al alta, por muchos años que hubiera cotizado, el
perceptor de la pensión de viudedad se quedaba sin poder acceder a
esa prestación, y hoy -y fue una iniciativa de esta diputada- también
se ha mejorado la pensión de viudedad, puesto que aunque el causante
no hubiera estado en situación de alta, se le reconoce esa
prestación.
Hay que decir más, señorías. A la pensión de viudedad es acumulable,
cuando hay cargas familiares, la pensión de orfandad. Eso tampoco ha
sido esgrimido por ninguno de los grupos proponentes. Sin embargo, sí
se ha dicho que el Grupo Parlamentario Popular quiere dejar las cosas
como estaban antes. ¿Igual que antes de llegar el Grupo Parlamentario
Popular al Gobierno o igual que cuando gobernaba el Ejecutivo apoyado
por el Grupo Socialista? Esas mejoras se han producido durante esta
legislatura con iniciativas del Gobierno, respaldadas por el Grupo
Parlamentario Popular. No se puede hacer demagogia de determinadas
políticas y hablar sólo, cuando interesa, de la recomendación número
5 del Pacto de Toledo, que sí se ha sido cumplido por el Ejecutivo.
Hay que ver otras recomendaciones, además de la 5, como la número 15.
Hay que ver la evolución del equilibrio financiero del sistema de la
Seguridad Social. Hay que vigilarlo, señorías. Hay que invocar la
mejora de los mecanismos de recaudación para aumentar las arcas de la
tesorería general
de la Seguridad Social, que es la que tiene los recursos económicos
del sistema, y la lucha contra el fraude, cosa que también ha hecho
el Ejecutivo y que ha ayudado a nutrir con muchos miles de millones
las arcas de la Seguridad Social. Además, de prosperar esa
iniciativa, supondría un gasto aproximado en recursos de 48.700
millones de pesetas.
Es evidente que hay que realizar un desarrollo progresista de los
pactos de Toledo, pero hay que tener en cuenta todas y cada una de
las recomendaciones. La portavoz que está en el uso de la palabra lo
que sí les diría a grupos que han ostentado la responsabilidad de
gobierno es que no se puede venir aquí a pedir lo que no se ha hecho,
no se puede venir a predicar con acciones que no se han contemplado
durante largos años de ejercicio del Ejecutivo, que no se puede hoy
desayunar con notas de prensa realizadas por un representante del
Grupo Socialista, invocando que hay un agujero de 800.000 millones a
la Seguridad Social, cuando han subido las altas a la Seguridad
Social, cuando se ha mejorado la gestión, cuando se ha controlado en
mayor medida el fraude y cuando no se habían alcanzado tales cotas de
afiliación en todo la historia del sistema de la Seguridad Social.
Señorías, no se puede denunciar por un lado que el Ejecutivo tiene
agujeros negros en las arcas de la Seguridad Social y luego venir a
pedir todavía más gasto, sin tener en cuenta la evolución y el
equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social.
Sinceramente, señorías, después de haber oído las intervenciones a
favor de las iniciativas que estamos tratando, se deberían tener en
cuenta quizá aportaciones mucho más colaboradoras, con mejores grados
de consenso, respaldando iniciativas legislativas que se han debatido
y estudiado en esta Cámara para facilitar la creación de pequeñas
empresas, creación de empleo, simplificación administrativa, medidas
económicas desde el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda,
pactos sociales, colaborar en esos pactos sociales para que de verdad
podamos presumir de que somos capaces de levantar el sistema
productivo español, con más empleo, con más creación de empresas, con
más iniciativas empresariales, y luego podremos ir vigilando la
marcha y la evolución del equilibrio financiero de la Seguridad
Social, porque en modo alguno el grupo parlamentario al que
represento se niega a mejorar ninguna de las prestaciones de la
Seguridad Social; lo que sí denunciamos es una demagogia total de
venir a pedir lo que no se ha hecho en trece años de Gobierno
socialista. Ahí sí nos negamos a que nadie nos pase la mano por la
cara. Por tanto, lamento decir que el grupo parlamentario al que
represento no podrá apoyar las iniciativas presentadas hoy y
debatidas en esta Cámara.
Por otro lado, quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, al Grupo Parlamentario Vasco y al Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) el respaldo, la sensatez y la
coherencia con la que han defendido sus posturas, así como el ánimo
para seguir luchando por la creación de empleo, por la
creación de empresas y para que haya más riqueza que se pueda
distribuir posteriormente a los españoles.
Muchas gracias.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (Número de
expediente 121/000163).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías,
quiero plantearles que la Mesa de la Cámara, oída la Junta de
Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de
ordenación de la edificación. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.)
Queda, por tanto, aprobada la avocación.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (Continuación):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA EQUIPARAR
LAS CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD ENTRE BENEFICIARIOS
DE DISTINTAS EDADES (Número de expediente 122/000210) (Votación).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA EQUIPARAR LAS
CUANTÍAS MÍNIMAS DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD PARA BENEFICIARIOS CON
MENOS DE SESENTA AÑOS A LOS IMPORTES DE DICHA CLASE DE PENSIONES PARA
BENEFICIARIOS ENTRE SESENTA Y SESENTA Y CUATRO AÑOS (Número de
expediente 122/000173) (Votación).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para equiparar las
cuantías mínimas de las pensiones de viudedad entre beneficiarios de
distintas edades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 130; en contra, 153.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la toma en consideración.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso para equiparar las cuantías
mínimas de las pensiones de viudedad para beneficiarios con menos de
60 años a los
importes de dicha clase de pensiones para los beneficiarios entre 60
y 64 años.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 131; en contra, 151; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR VÁZQUEZ), RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 19/1995, DE 4 DE JULIO, DE
MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS (Número de expediente
122/000245).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Toma en
consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a la modificación del artículo 6 de la Ley 19/1995, de 14 de
julio, sobre modernización de las explotaciones agrarias.
Para su presentación en nombre del grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Vázquez. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio. Ocupen sus escaños o abandonen
el hemiciclo, por favor.
Señor De Luis, por favor. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.-Continúan los rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, por favor,
guarden silencio. (Rumores.) ¡Señor Paniagua!
Cuando quiera, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego presenta
esta proposición de ley relativa a la modificación del artículo 6 de
la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones
agrarias, con la intención, naturalmente, de que esta Cámara apruebe
su toma en consideración y así avanzar en la resolución de un
problema real e importante que, tres años después de la entrada en
vigor de la mencionada ley, se pone de manifiesto y que hace peligrar
la condición de muchas explotaciones agrarias familiares como
prioritarias y, en consecuencia, dificultar o impedir el acceso a
ventajas fiscales o a diferentes líneas de ayuda establecidas.
Tal y como se refleja en la exposición de motivos de la proposición,
la norma legal actual maneja como referencia básica el concepto de
explotación agraria prioritaria, estimulando su formación bien a
través de la titularidad individual o bien a través de figuras
asociativas. Precisamente el motivo de la modificación que se propone
se refiere al marco jurídico que prevé la
redacción del citado artículo 6 de la Ley 19/1995 para explotaciones
agrarias asociativas o comunitarias, que consideramos ineficaz por
cuanto excluye a las comunidades de bienes, al eliminar taxativamente
la posibilidad de que las explotaciones agrarias que se constituyan
bajo la modalidad de comunidad de bienes tengan la calificación de
prioritarias.Esta exclusión, además de injusta en cuanto que
discriminatoria, es contradictoria respecto a lo dispuesto en la
propia ley. En efecto, en el capítulo IV de la misma se prevé la
primera instalación de agricultores jóvenes como cotitulares o
socios. En esta línea, el Real Decreto 204/1996, en su artículo 14,
letras a) y b), contempla la posibilidad de que un agricultor joven
acceda a la cotitularidad de una explotación cuando el titular
transmita al menos un tercio de su propiedad en los elementos que
integran la explotación, por lo que en este supuesto nos encontramos
con la constitución espontánea de una comunidad de bienes en la
propia explotación agraria en la que dos tercios de la propiedad son
ostentados por el anterior titular y el tercio restante por el
agricultor joven que se incorpora, que sería excluida de la
calificación de prioritaria al no contemplarse en la propia ley la
figura jurídica de comunidad de bienes como fórmula asociativa para
las explotaciones prioritarias, limitándose el acceso a otras ayudas
complementarias a la subvención de primera instalación como los
planes de mejora, a tenor del artículo 4.1.a) del Real Decreto 204/
1996.Sirviéndonos de este ejemplo bastante frecuente como línea
argumental, podríamos decir que la Ley 19/1995 contempla la
posibilidad de que se constituyan comunidades de bienes para
favorecer la instalación de agricultores jóvenes pero excluye al
tiempo dicha figura jurídica de la calificación de prioritaria.
Otro aspecto a destacar es que la propia ley permite que
explotaciones agrarias que pertenezcan a una comunidad hereditaria
sean consideradas prioritarias, aceptando así que explotaciones con
una naturaleza jurídica similar a las comunidades de bienes, dado que
la explotación pertenece a varios coherederos en proindivisión,
ostenten dicha calificación, por lo que resulta discriminatorio no
permitir que explotaciones de las que son titulares comunidades de
bienes no hereditarias sean excluidas en la nomenclatura del citado
artículo 6.
Por otro lado, y no sólo a través del mecanismo de acceso a la
cotitularidad de un agricultor joven, por medio de la cesión de un
tercio de la misma por el antiguo titular, muchas explotaciones
agrarias de carácter familiar se revistieron de la forma jurídica de
comunidades de bienes, dado que la propiedad de las tierras se
encontraba en proindivisión y favorecía la tributación fiscal a
través de la atribución de rentas, según lo establecido en el
artículo 33 de la Ley General Tributaria, permitiendo asimismo
mantener la unidad de la explotación bajo una sola denominación,
aunque los agricultores incorporados a la misma fuesen varios, al
adecuarse a la definición del artículo 2.2 de la Ley 19/1995. Así, la
propia Administración admitía que las
comunidades de bienes y las figuras comunitarias asimiladas, como las
comunidades titulares de montes vecinales en mancomún, obtuviesen la
calificación de prioritarias; por ejemplo, la Orden de 16 de junio de
1998, de la Consellería de Agricultura de Galicia, por la que se creó
el Registro de explotaciones prioritarias de la comunidad autónoma,
en aplicación del artículo 16 de la Ley 19/1995, posibilita que la
titularidad de una explotación prioritaria sea ostentada por una
comunidad de bienes, por lo que muchas explotaciones, asociativas
o comunitarias, a las que se incorporaban especialmente agricultores
jóvenes, se transformaron precisamente en comunidades de bienes y
surgió, por tanto, el problema al no contemplar -y comprobarlo a
posteriori- explícitamente el artículo 6 de la Ley 19/1995 como forma
jurídica de las explotaciones prioritarias las comunidades de bienes,
por lo que podrían verse excluidas del catálogo de explotaciones
prioritarias y, en consecuencia, verse asimismo excluidas de las
ayudas establecidas en el marco del citado Real Decreto 204/1996 y de
la obtención preferente de la asignación de cuota láctea procedente
de la reserva nacional o del fondo nacional de cuotas y de los
derechos de prima por vaca nodriza o de ovino y caprino.
Para evitar esta situación indeseable y para no dejar la norma
vigente a expensas de una interpretación más o menos flexible, la
consideración de las comunidades de bienes como formas jurídicas
posibles de las explotaciones agrarias prioritarias, es por lo que
proponemos esta modificación puntual de la ley, de manera que se
plasme la inequívoca voluntad de los legisladores en este aspecto, lo
que nos parece más lógico que mantener la actual situación y dejar
que quede a expensas de las administraciones autonómicas o de los
tribunales la interpretación en base a la redacción actual, más aún
cuando el propio artículo 6 describe la práctica totalidad de las
figuras asociativas admitidas en derecho excepto ésta, las de
comunidades de bienes, que pretendemos que se incluya con esta
modificación.
Por tanto -y concluyo, señor presidente, señoras y señores
diputados-, para evitar consecuencias indeseables y además
innecesarias, es por lo que proponemos la siguiente modificación.
Artículo único. Se añade un nuevo apartado al artículo 6 de la Ley
19/1995, del siguiente tenor literal: «c) Comunidades de bienes,
siempre que más del 50 por ciento de sus comuneros sean agricultores
profesionales y que su objeto exclusivo sea el ejercicio de la
actividad agraria. Además, deberá constar su constitución en
escritura pública, incluyendo un pacto de proindivisión con un mínimo
de seis años.» Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vázquez. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la
proposición de ley? (Pausa.) ¿Grupos que van a fijar su posición en
este debate? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Qué duda cabe que la ley que regula todo este proceso de
modernización de las explotaciones agrarias, la Ley 19/1995, de 4 de
julio, necesita algunas adecuaciones y retoques, máxime cuando se
habían aprobado ya figuras determinadas como el Real Decreto 204, del
año 1996, de mejoras estructurales y modernización de explotaciones
agrarias, y los nuevos enfoques que se vienen dando, tanto desde los
principios que la Agenda 2000 para la política agrícola común plantea
como también de los del proyecto de ley de cooperativas que acabamos
de discutir en esta Cámara, en trámite actualmente en el Senado.
Las formas de asociacionismo agrario son muy diversas, algunas
genéricas de todo el Estado y otras muy específicas, con
particularidades de las comunidades autónomas. Hoy el Grupo Mixto, a
través de la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, nos trae esta
iniciativa que, a nuestro juicio, tiene una aplicación muy concreta
en el campo gallego por el fuerte minifundismo que tiene su
estructura agraria -no es el caso en este momento de Canarias-, y
plantea una serie de problemas que nosotros quisiéramos tratar con el
debido respeto pero también con expectativas de futuro.
En primer lugar, hacer actualmente una simple modificación de la Ley
de modernización de las explotaciones agrarias de 1995 conllevaría no
entrar en el fondo del problema. Hacer una modificación para recoger
exclusivamente esta singularidad de las comunidades de bienes, donde
hay una serie de condicionantes y limitaciones en cuanto al número y
a la figura de sus socios y el compromiso de vinculación exclusiva a
la actividad agraria - cosa, a veces, muy difícil de determinar-,
significa no entrar en el fondo del problema. Nosotros entendemos,
por lo que se viene desarrollando en estos dos últimos años, que
habría que contemplar cualquier otra reforma de la ley mencionada en
un marco más amplio.
Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el texto de la ley, como
del decreto que he mencionado, no limita la participación en
beneficios de determinado tipo de las comunidades de bienes
agrícolas, agrarias o ganaderas. La ley no las excluye específica y
tácitamente de una participación, aunque aquí, en la justificación de
la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, se viene a decir que la
ley excluye, como forma jurídica de las explotaciones prioritarias, a
las comunidades de bienes. No creo que con las actuales líneas de
ayuda permitidas y no impugnadas por la Unión Europea, que es una de
las cuestiones importantes, se vaya a traducir un beneficio supuesto
para las estructuras asociativas agrarias de comunidades de bienes
que vaya a confrontarse con las directivas comunitarias y las
restricciones a determinado tipo de ayudas y subvenciones. Por tanto,
mi grupo, con este respeto, desearía que esta iniciativa fuera
considerada en la necesaria modernización
global de la actual Ley de 1995. Ese es el marco adecuado, por una
concepción mucho más amplia de adaptación a las directivas de la
Agenda 2000 y de la situación actual del asociacionismo agrario.
Por esas razones, señor presidente, nuestro grupo va a votar en
contra de esta toma en consideración, ya que entiende que debe
contenerse en una futura ley de modernización de las explotaciones
agrarias.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a intervenir brevemente, en nombre
del Grupo Parlamentario Vasco, para fijar la posición de nuestro
grupo en relación con la toma en consideración de esta proposición de
ley del Bloque Nacionalista Galego, relativa a la modificación del
artículo 6 de la Ley 19/1995, de modernización de las explotaciones
agrarias.
Mediante esta proposición no de ley, el Bloque Nacionalista Galego
pretende dar solución a la problemática de muchas explotaciones
agrarias familiares que tienen la forma jurídica de una comunidad de
bienes para ejercer la actividad agraria y ganadera, pero que se
encuentran ante la difícil situación de no tener acceso a diferentes
líneas de ayuda que existen para favorecer al sector y también de
quedarse excluidas de los beneficios fiscales que contempla la ley
que se trata de corregir al no tener la condición de prioritarias.
Ciertamente, la situación que se trata de corregir mediante esta
proposición de ley presentada afecta de una forma sustancial a
explotaciones de la nación galega, dada la peculiar estructura de la
realidad agropecuaria en Galicia, pero no sólo a este territorio, por
lo que nos parece oportuna y de justicia la redacción del nuevo
apartado que se propone incluir al artículo 6 de la citada Ley de
modernización de las explotaciones agrarias. Desde el Grupo Vasco
vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley,
en espera de que el desarrollo normativo de la Unión Europea, tras la
aprobación de la Agenda 2000, pueda dar una solución más estable a
este tema.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente. Voy a
intervenir brevemente y desde el escaño.
Efectivamente, la propuesta que ha presentado el Bloque Nacionalista
Galego es una propuesta razonable
y razonada, y no es más que la plasmación de una realidad, ya que,
con toda seguridad, la comunidad de bienes es la forma jurídica que
más se adecua a la realidad de las explotaciones agrarias gallegas, y
creo que todos estamos de acuerdo en que no se puede dar un
tratamiento discriminatorio a ese modelo de explotación agraria. Por
lo tanto, tiene razón el Bloque Nacionalista Galego y tendremos que
buscar un mecanismo para solucionarlo. No obstante, mi grupo
parlamentario entiende que para la aplicación de la Agenda 2000 en
este momento se están redactando toda una serie de reglamentos y
habrá que adaptar la Ley de modernización de las explotaciones
agrarias a esta nueva realidad y, si me lo permiten, seguramente
habrá que hacer una profunda modificación de dicha norma para que sea
más audaz en defensa del modelo de explotación agraria familiar.
Resumiendo, más que la modificación del apartado c) del artículo 6 de
la Ley 19/1995, de 4 de julio, habría que modificar sustancialmente
una ley que prácticamente no se ha aplicado, pero que es básica para
asegurar el desarrollo rural. Por lo tanto, pedimos al Gobierno la
modificación amplia de esa normativa, adaptarla a la nueva situación
resultante de la aprobación de la Agenda 2000 e incluir aquellas
situaciones que produzcan tratamientos discriminatorios.Por
consiguiente, no votaremos a favor la modificación, en espera de que
el Ministerio ponga de forma inmediata sobre la mesa una propuesta de
modificación más ambiciosa, dejando claro que no estamos dispuestos a
que esta situación de discriminación hacia las empresas familiares
agrarias en Galicia se alargue en el tiempo.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Companys.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Estamos de acuerdo con la iniciativa que se presenta. Quiero resaltar
que estamos en el trámite de toma en consideración. Por tanto, desde
esa postura de coincidencia, vamos a votar favorablemente, porque
entendemos que cuando se está de acuerdo con la filosofía, con la
intención con la que se presenta una iniciativa, lo lógico es votar
favorablemente y no, como hacen algunos grupos, hacer una finta para
decir que sí pero a la hora de la verdad votar que no.
Nosotros creemos, como se ha dicho, que es una propuesta interesante,
que es una propuesta que avanza en la solución de un problema que es
real, que trata, como bien se ha explicado por parte del diputado
proponente, de evitar que se ponga en peligro la continuidad de las
explotaciones agrarias familiares, fundamentalmente en la Comunidad
gallega. Pensamos que es positivo concretar la ley para que de esta
manera se
eviten interpretaciones negativas. Por eso -repito-, como nosotros
estamos de acuerdo con la propuesta, vamos a votarla favorablemente.
Entendemos que eso es lo consecuente; lo contrario, decir que sí y
luego votar que no, no es ni más ni menos que hacer una finta para
acabar diciendo que no, que es lo que se dice con el voto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la Ley 19/1995, de modernización de explotaciones agrarias,
que hoy tratamos de modificar con la admisión a trámite de la
proposición no de ley que pretende añadir un nuevo apartado al
artículo 6, ha sido una ley que ha venido dando respuesta a los
cambios estructurales de la agricultura de las últimas décadas para
que, una vez finalizado el período de transición, de integración en
el seno de la Unión Europea, nuestras explotaciones agrarias fueran
más rentables y más competitivas en un mercado cada vez más amplio y
libre, en un mercado que nos exige cada vez mayores cambios y que es
cada vez más exigente con las explotaciones agrarias. Ha sido la Ley
19/1995 la respuesta al mandato constitucional comprendido en el
artículo 130.1, según el cual los poderes públicos deberán atender la
modernización y el desarrollo de todos los sectores económicos y, en
particular, el de la agricultura y la ganadería.
Esta ley, señorías, a juicio del Grupo Socialista, ha supuesto un
impulso en la modernización de las explotaciones agrarias,
favoreciendo los cambios y reestructuraciones necesarias con el
objetivo de mejorar la capacidad de competir. Se hacía necesario
superar deficiencias estructurales que limitaban las posibilidades de
competir de muchas explotaciones agrarias. Pero, a pesar del esfuerzo
de ajuste estructural de los últimos años, aún persisten problemas
debido a la reducida dimensión de muchas de ellas, debido a la
rigidez en los mercados de la tierra o a la escasa flexibilidad en
los modos de producción o a la insuficiencia en la organización
comercial.
La ley que hoy tratamos de modificar, como reza en su preámbulo,
tiene como objetivo corregir los desequilibrios y corregir las
deficiencias estructurales que condicionan la competitividad de las
explotaciones agrarias. Y la ley utiliza como referencia básica -como
puso de manifiesto el diputado proponente, señor Vázquez- el concepto
de explotación familiar de carácter asociativo. Este modo de
explotación prioritaria queda definido por criterios subjetivos
ligados al titular de la explotación, pero también por otros de
carácter objetivo de modo que globalmente aseguren la viabilidad
económica de la explotación y justifiquen la posible concesión de
apoyos públicos de modo preferente.
Siendo insuficiente, como es, la dimensión de muchas explotaciones
agrarias, fundamentalmente en territorios como el gallego, y siendo
uno de los problemas que condicionan su viabilidad futura, la ley
propone medidas para dinamizar los mercados de la tierra, para
permitir un más fácil acceso a la propiedad y al arrendamiento. De
este modo, se proponen incentivos fiscales a las transmisiones de
fincas rústicas por compra, sucesión o donación en el caso de
constitución o consolidación de explotaciones prioritarias, al tiempo
que se contemplan incentivos especiales en la transmisión íntegra de
explotaciones o cuando se efectúan en beneficio de agricultores
jóvenes.
La ley establece con claridad las explotaciones agrarias prioritarias
y determina su concepto y características, reconoce la preferencia de
trato en el acceso a las ayudas públicas y en su artículo 6 establece
las fórmulas jurídicas de estas explotaciones, contemplando las
sociedades cooperativas, las sociedades agrarias de transformación,
las sociedades civiles, las sociedades laborales o mercantiles, pero
no reconoce las comunidades de bienes como fórmula asociativa, que es
de hecho una fórmula que se viene utilizando más adecuada a la
realidad agraria de muchas zonas de nuestro país, por la parcelación
de la tierra, por la proindivisión de la base territorial de muchas
explotaciones, que dificulta la constitución de otras sociedades para
ejercer la producción agraria en común, por no exigírsele casi ningún
requisito especial en sus relaciones fiscales con Hacienda, pues sólo
se trata de repartir beneficios o pérdidas e incluir el resultado en
la declaración individual de cada comunero. Por eso las comunidades
de bienes son una fórmula muy adecuada a una realidad agraria muy
importante en algunas zonas del territorio. Por todo ello, valoramos
la iniciativa como muy positiva, valoramos la modificación de esta
ley como muy positiva y por eso el Grupo Socialista anuncia que va a
votar afirmativamente.
Señorías, no podemos mantener sin amparo legal a las comunidades de
bienes, contribuiríamos a hacer peligrar la condición de muchas
explotaciones familiares como prioritarias, criterio éste que
prevalece para la concesión de numerosas ayudas, para el reparto de
cantidades de referencia, por ejemplo, de la cuota láctea. Estamos en
un momento en el que vamos a asistir, como consecuencia de la
negociación en el seno de la Unión Europea, a un nuevo reparto de
cuota y, por tanto, es un buen momento para tratar de dar cobertura
legal a una situación que de hecho se viene produciendo en muchas
partes del territorio. Por tanto, creemos conveniente admitir a
trámite esta modificación de la Ley 19/1995. Como decía el portavoz
de Izquierda Unida, la admisión a trámite no significa que estemos
absolutamente de acuerdo con los términos que se plantean, porque se
abre un período de enmiendas. No es el caso, insisto, del Grupo
Parlamentario Socialista, porque no sólo vamos a votar favorablemente
la admisión a trámite de esta modificación de la Ley 19/1995,
sino que, además, estamos de acuerdo con el contenido de la
modificación que se propone.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Blanco.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde intervenir en nombre del Grupo Parlamentario
Popular y, antes de entrar en más consideraciones, quisiera
manifestar nuestra posición contraria a la toma en consideración de
esta iniciativa que presenta el Bloque Nacionalista Galego.
Los argumentos son varios y voy a tratar de explicarlos en esta
tribuna, pero, previamente, quisiera poner de manifiesto que el
oponernos no supone que no compartamos muchas de las cuestiones que
el portavoz del Bloque Nacionalista Galego ha expuesto y no
consideremos que la modificación que propone sea desaconsejable
o para echar en saco roto. Muy al contrario, consideramos interesante
el contenido de esta iniciativa, pero creemos que en estos momentos
adolece de inoportunidad, así como, en algunos aspectos y a mi
juicio, de interpretaciones muy estrictas de la propia Ley 19/1995.
Los argumentos para oponernos se pueden considerar de dos tipos, unos
de carácter formal y otros de inoportunidad temporal. El primer
argumento, y creo que ya lo ha puesto de manifiesto el portavoz de
Coalición Canaria, lo tenemos ante la pregunta de si es necesario
modificar la ley para contemplar este supuesto que propone el Bloque
Nacionalista Galego. Ante esta pregunta habría que decir que es muy
dudoso que el artículo 4 -no el 6- no contemple en la actualidad las
comunidades de bienes como fórmula de explotación familiar y que
éstas se pudieran clasificar como explotaciones prioritarias. Es muy
dudoso que ese artículo 4 de la ley no otorgue ya cobertura legal a
las comunidades de bienes, si la interpretación jurídica se efectúa
como a mi juicio debiera realizarse, con una interpretación lógica y
una interpretación analógica. Y esta afirmación viene incluso avalada
por el propio reglamento de desarrollo de la ley, que en su artículo
4, apartado cuarto, recoge en parte uno de los supuestos de esa
comunidad de bienes. Por tanto, si se ha interpretado
reglamentariamente ya, me pregunto por qué no puede realizarse de
nuevo lo que propone el Bloque Nacionalista Galego en ese mismo
reglamento e incluso en ese supuesto que no contemplan el reglamento
ni la ley, y no utilizando la propia ley y este trámite
parlamentario. A mi juicio, quizá pudiera contemplarse lo que
proponen en ese reglamento sin modificar la ley.
Sin embargo, por si este argumento no fuera suficiente y les ofrece
dudas a SS.SS. o hubiese quizá una interpretación jurídica más
restrictiva que la que yo hago, hay otros argumentos que también la
hacen inasumible
por nuestro grupo. A mi juicio, el segundo argumento es quizá el eje
principal para oponernos a esta iniciativa y mantener el voto
negativo. Consideramos que en estos momentos no es oportuno modificar
esta ley, y le voy a explicar los motivos que justifican esta
oposición, que tiene que ver con los acuerdos alcanzados en la cumbre
de Berlín y que afectan a la Agenda 2000.
En lo que afecta a la política agraria comunitaria, dos políticas
parecen prevalecer, una de producciones y mercados y otra de
desarrollo rural, dentro de la cual se encuentra todo lo referente a
la política de mejora de las estructuras agrarias. La aplicación de
aquellos acuerdos de Berlín supondrá, de hecho, la aprobación
y publicación de un nuevo reglamento de desarrollo rural; reglamento
que, si se acuerda el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, nos
entregó la señora ministra y yo se lo entregué a los portavoces. Y
uno de los aspectos más importantes de ese reglamento es que será
cofinanciado por el propio Feoga. Este reglamento comunitario, entre
otras cuestiones, tendrá por objeto todo lo referido a esa mejora de
las estructuras, y no sólo de las estructuras de las explotaciones,
sino también de su transformación y comercialización, es decir, todo
lo referente a inversiones en materia de industrias agrarias. Por
tanto, ese nuevo marco de ayudas comunitarias a las inversiones en
las explotaciones agrícolas y a la instalación incluso de jóvenes
agricultores girará en torno al concepto de titular de una
explotación que posea capacidad y competencia profesional adecuada.
Precisamente ese concepto de agricultor profesional, que puede ser
una persona física o jurídica, es lo que va a necesitar desarrollo
normativo por parte del Estado y, dentro del Estado, de las
comunidades autónomas. Todo ello con el objeto de permitir la
aplicación inmediata de esos reglamentos comunitarios.
Para adaptarnos al futuro reglamento de desarrollo rural en esta
materia de explotaciones agrarias y podernos beneficiar de su
financiación, tendremos que modificar muy en profundidad toda la Ley
19/1995. Le puedo asegurar que esto se va a realizar inmediatamente,
en un plazo muy breve. Ya sabe que la Agenda 2000 comienza su periplo
el próximo año y terminará en el 2006. El cambio de esta ley se
deberá acometer no solamente en aspectos tan puntuales y concretos
como los que ustedes proponen, sino en temas de más envergadura que
afectan al contenido y a la filosofía de la propia ley. Me podría
decir que por qué no los acometemos ya y yo le podría contestar que
tenemos que esperar a que se apruebe este reglamento de desarrollo
rural, incluso a un segundo reglamento, el de aplicación del
reglamento de desarrollo rural. Pero algo se puede avanzar en los
aspectos de la ley que pueden verse afectados si se tiene en cuenta
el borrador que entregué a los señores portavoces; y no solamente en
esos aspectos tan puntuales que propone el Bloque sino en otros más
importantes. Obligará a modificar aspectos tan importantes regulados
en este proyecto de ley como la definición y la filosofía de la ley.
Como
cambio más significativo podría señalarse la posible desaparición de
los ATP, los agricultores a título principal, como destinatarios
principales de las ayudas públicas, y sustituirlos por una figura que
pudiera ser agricultor profesional, mucho más adaptado a lo que es la
agricultora española. Las modificaciones que se van a acometer serán
también sobre las características exigibles a estas explotaciones
prioritarias para buscar, entre otras cuestiones, una mayor
flexibilidad, una mayor adaptación a los mercados, una mayor
modernización, una mayor dimensión. Afectará también a temas tan
importantes como las explotaciones cuyo titular sea una comunidad
hereditaria y puedan acceder como tales a la condición de explotación
prioritaria, incluso a la posibilidad que establecía el Bloque
Nacionalista Galego de que las explotaciones se constituyan bajo esta
fórmula de comunidad de bienes. Pero en esa futura modificación de la
ley tendremos que abordar temas de tanto calado como la incorporación
de nuevos beneficios fiscales; beneficios fiscales relacionados con
los ingresos procedentes de los arrendamientos rústicos, beneficios
fiscales de los importes de las subvenciones de explotación que
reviertan, eso sí, en programas de modernización o de mejoras
estructurales, incluso beneficios fiscales para las actividades
complementarias a la actividad agraria y a las explotaciones de
familias rurales. En definitiva, que la nueva modificación de la ley
pueda afectar a todo un importante paquete de cuestiones, y espero
que entre éstas se pueda contemplar lo que propone esta iniciativa.
Por todas estas razones y por los objetivos fijados, consideramos que
debieran conseguirse los cambios mediante una sola y única
modificación normativa más amplia que lo que propone el Bloque
Nacionalista Galego. Todo ello se debe afrontar simultáneamente para
hacerlo de una manera más coherente y uniforme. Parece inoportuno, es
ilógico acometer en estos momentos cambios tan concretos, parciales,
puntuales, a todas luces poco significativos. A mi juicio, habría que
acometer a corto plazo modificaciones de mucho mayor alcance, tal
como les he puesto de manifiesto. Por todas estas razones, nos parece
inoportuna la aprobación de esta proposición presentada por el
Bloque.
Termino manifestando que el Grupo Parlamentario Popular ha utilizado
este turno de fijación de posiciones para realizarlo en contra; turno
en contra que, insisto, no es al contenido de la proposición sino
principalmente a la inoportunidad en el tiempo de la iniciativa. Pero
no duden de que lo que proponen tiene valor para nosotros y, en el
futuro, esperemos que lo podamos tomar en cuenta en el debate que
tengamos en Comisión.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vamos a proceder a la
votación de la proposición. (Pausa.-El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, vamos
a proceder a la votación de la toma en consideración de la
proposición de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la
modificación del artículo 6 de la Ley 19, de 4 de julio de 1995, de
modernización de las explotaciones agrarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 131; en contra, 153; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE APLICACIÓN DEL CENSO
ACTUAL DE POBLACIÓN A LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Número de expediente 162/000332).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. El número 4 es
la proposición no de ley, del Grupo Socialista del Congreso, sobre
aplicación del censo actual de la población a la financiación de las
comunidades autónomas. Para su presentación en nombre de su grupo
parlamentario tiene la palabra la señora Rubiales. (Pausa.-El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Cuando quiera, señora
Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor presidente, podría hacer algo que
seguramente me agradecerían muchas de SS.SS., y es leer una cosa que
dice el señor Zaplana en la prensa de hoy, no sólo en un medio de
comunicación sino en siete, en una intervención de ayer en la Bolsa
de Valencia donde presentó las líneas generales que inspiran un nuevo
modelo estable de financiación autonómica. Dijo el señor Zaplana,
presidente de la Generalitat valenciana, que el criterio vertebrador
del conjunto del sistema debe ser la población, porque los ciudadanos
son los verdaderos receptores de los servicios públicos. Cuando lo
leí esta mañana parecía que se me hubiera aparecido la Virgen, no me
podía imaginar una cosa igual, porque llevo aproximadamente dos años
(muchas de SS.SS. lo saben porque me han oído y me comentan: ¿Otra
vez, Amparo, con la población y el censo?) diciéndole al señor Rajoy,
día tras día, exactamente esto mismo que dice el presidente de la
Generalitat valenciana; es más, he tenido la oportunidad de decírselo
también al señor Acebes. Desde que se aprobó el Real Decreto-ley
1645/1997, de
31 de octubre, estamos diciéndole al Gobierno que el criterio
vertebrador del conjunto del sistema debe ser la población, porque
los ciudadanos son los verdaderos receptores de los servicios
públicos. Lo he dicho yo, lo ha dicho Pedro Antonio Ríos por
Izquierda Unida y lo hemos dicho hasta la saciedad todos aquellos que
creemos que tiene que ser así. Es más, señorías, lo ha dicho también
el Pleno de esta Cámara que, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, aprobó una proposición no de ley, en octubre de 1997,
pidiendo que se publicara el censo, se aprobara y se aplicara a la
financiación municipal y de las comunidades autónomas. Sigue pasando
el tiempo, siguen pasando los meses y los años, y nos encontramos
cada día con más misterios y con más sorpresas. Voy a contar a SS.SS.
muy rápidamente las dos sorpresas y los dos misterios con los que nos
encontramos.
Desde que se aprobó el nuevo modelo de financiación autonómica en el
debate de investidura, los socialistas estamos diciendo que el modelo
no servía, que nacía mal, que nacía viciado de origen porque no había
consenso ni acuerdo, que era un modelo que no fomentaba la
solidaridad ni la corresponsabilidad entre comunidades autónomas, y
por eso había que corregirlo, modificarlo, arreglarlo. Nos hemos
pasado dos años diciendo que había que pactar un nuevo modelo de
financiación sobre la base del consenso y el acuerdo entre los
partidos nacionales o con los partidos nacionales y nacionalistas y
entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Nos han dicho hasta la
saciedad que no había revisión del modelo hasta el año 2001, que el
modelo en la actualidad era intocable. La semana pasada, cuando el
Partido Popular presenta el modelo de financiación, la propuesta
electoral para las próximas elecciones autonómicas del Partido
Popular, el señor Rajoy, a la sazón coordinador del programa
autonómico de su partido, dice no sólo que el modelo autonómico ya
está cerrado (no sé muy bien qué entiende por cerrar el modelo
autonómico cuando la Constitución regula un modelo abierto y
flexible), sino que -también el señor Acebes lo dice- no tendrá
modificaciones sustanciales con respecto al sistema actualmente
vigente. Hoy el señor Zaplana, en esa intervención a la que antes me
refería y por la que les decía que parecía que se me había aparecido
la Virgen esta mañana cuando lo he leído, propone un sistema de
financiación basado en la cesión de algunos impuestos especiales del
IVA y de un porcentaje del IRPF que algunos dicen que sería más del
30 por ciento y él dice que no, que el porcentaje ya se verá y se
discutirá. El Grupo Parlamentario Socialista lleva diciendo que el
modelo de financiación se base en la cesión de los impuestos
especiales del IVA y en un porcentaje del IRPF desde hace más de dos
años. Nos encontramos hoy también con la sorpresa de que al señor
Pujol, presidente de la Generalitat de Catalunya, le parece muy bien
la propuesta que hace el señor Zaplana y yo les digo a ustedes: ¿Qué
hacemos que no estamos ya sentados negociando y viendo un nuevo
modelo de financiación
que, como dice el señor Zaplana, se salga de las disputas
partidarias, de las disputas electorales y sirva para buscar entre
todos el consenso y el acuerdo que nunca debería haberse perdido? Su
principal valedor, como ustedes saben, fue el señor Pujol y al señor
Pujol tampoco hoy le gusta ¿Qué hacemos hoy con este modelo de
financiación que no le sirve ya a nadie?
Pues bien, este modelo de financiación que no sirve ya a nadie tiene
otro problema, el de la población: los misterios de la población, los
misterios del padrón, el culebrón del censo de población. Ustedes
saben que tenemos un censo de población que rige para unas cosas sí y
para otras no. Les he contado en alguna ocasión (hoy no voy a hacerlo
porque verán que no estoy en mi mejor momento físico a causa de un
catarro) el chiste de alguien que pregunta si el reloj es de oro y le
dicen: Tiene días. Pues el censo de la población tiene también días.
Andaluces somos 7.200.000 para unas cosas y para otras somos
6.800.000. Para la sanidad somos 7.200.000; para la financiación
autonómica 6.800.000, para la educación 6.800.000, para la
financiación municipal 7.200.000 y para el Fondo de Compensación
Interterritorial 7.200.000. Como ustedes comprenderán, esto es algo
absolutamente incoherente y fuera de toda lógica.De ahí que el Pleno
de esta Cámara, en octubre de 1997, aprobara que se aplicara el censo
de la población, el real, a la financiación no sólo municipal sino de
las comunidades autónomas. Me están diciendo los del PP que no. Yo ya
no sé que voy a hacer con ustedes pero aquí está el «Diario de
Sesiones» de 28 de octubre de 1997. Dijo el portavoz del PP que iba a
votar en contra. Al final, hubo una enmienda y se retiró. Perales
Pizarro: «Señor presidente, sería aceptar la enmienda del Partido
Popular, que dice: «Una vez subsanados los problemas que impedían
disponer de cifras de población a 1 de mayo de 1996 para todas las
provincias y comunidades autónomas, así como para el total nacional,
proceda a la aprobación oficial definitiva de las cifras resultantes
de la última renovación del padrón».
Añadiríamos: que tenga los efectos pertinentes en la participación de
las corporaciones locales en los tributos del Estado y en la
financiación de las comunidades autónomas». Día después viene
publicado en el «Diario de Sesiones». Por eso lo lógico es que la
población sea la que es y no sea otra.
Quería terminar, señorías, con los misterios del padrón, los
misterios del censo. Recordarán, aparte de esta historia que les
acabo de explicar de que para unas cosas somos unos y para otras
somos otros (se aplica para la financiación sanitaria pero no para la
financiación educativa, no para los servicios sociales), recordarán
que allá por el mes de julio de 1997 el inefable portavoz del
Gobierno a la sazón -no el de Loreto Consulting sino el otro, el de
la Constitución, ése que mandaba a votar a los jóvenes), el señor
Rodríguez, en el Consejo de Ministros del 11 de julio, dijo que se
había aprobado el padrón municipal de habitantes. Salió publicado en
la referencia del Consejo de Ministros y creímos que el padrón
municipal estaba aprobado
a efectos de 1 de mayo de 1996 desde el 11 de julio de 1997.
Después el portavoz de Coalición Canaria, el señor Mardones, gracias
a su celo le preguntó al señor Rato: ¿Qué pasa con el padrón, que no
está aprobado? ¿Lo recuerda el señor Mardones? El vicepresidente
segundo del Gobierno, el señor Rato, le dijo: No, si no está aprobado
el censo de población. Organizamos un pequeño escándalo y dijimos:
¿Qué pasa, no está aprobado? Después de muchos dimes y diretes, de
preguntas y respuestas y de cosas rarísimas, nos dijeron que había
habido un error, aunque estaba en la referencia del Consejo de
Ministros, estaba en todas partes y hubo comparecencias del señor
Rajoy y hubo de todo. Por toda explicación nos dijeron al final que
había habido una equivocación entre el índice verde y el índice rojo.
Otras veces nos dijeron que había cinco municipios que no estaban
conformes con la cifra oficial y que estaban esperando a resolver el
contencioso con ellos. En fin, nos dijeron, como ustedes hacen y
dicen, de todo menos la verdad, menos claridad, menos saber lo que
ocurre nos dijeron de todo. Por fin tuvimos esa sesión plenaria en la
que pedíamos que se aprobara el censo y que tuviera efectos, la que
les acabo de leer antes, y se aprobó el padrón según el Real Decreto
1645, de 31 de octubre. Nosotros seguimos diciendo que se aplique,
que se aplique, que se aplique este padrón a la financiación
autonómica.
El padrón, a partir de la Ley 4/1996, de 10 de enero, reguladora de
las Bases de Régimen Local, establece lo que se conoce como padrón
continuo. Es un esfuerzo importante que lleva muchos años intentando
el Instituto Nacional de Estadística. No se trata más que de que la
renovación quinquenal que es el censo, que se hace los años que
terminan en uno y en seis, se puede hacer anualmente con un sistema
mucho más rápido y más adecuado mediante el cual sólo tienen que
rellenarse las casillas de los nacimientos e inmigrantes de cada
municipio, las altas, por un lado, y las bajas, muertes y emigrantes,
por otro. Es un esfuerzo importante de modernización, de saber con
más rapidez cuál es la población que en cada caso tenemos, pero sin
duda alguna es complicado y difícil porque son más de 8.000
municipios los que existen en nuestro país, municipios que se ven
afectados directamente porque su financiación depende de la población
que tengan y normalmente se resisten a perderla; por eso digo que es
un tema complicado y difícil. Nos encontramos con que el Instituto
Nacional de Estadística, en cumplimiento de la obligación legal
establecida, aprueba el 18 de marzo de ese año otro real decreto con
la renovación del padrón municipal, a efectos de 1 de enero de 1998.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya concluyendo por favor.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Concluyo enseguida, señor presidente.
Nosotros, que hemos visto estos resultados, tenemosalgunas dudas que
voy a plantear a SS.SS. y sobre las
que no quiero hacer ningún juicio de valor. Solamente quiero decir,
señorías, que mi grupo parlamentario va a pedir mañana la
comparecencia urgente de la directora del Instituto Nacional de
Estadística para que nos explique qué ocurre con la renovación del
padrón, a efectos de 1 de enero de 1998. El INE ofrece los primeros
resultados de este padrón continuo y arrojan para el conjunto de
España un crecimiento demográfico anual del 2,8 por mil, desde el
último recuento efectuado, como les decía antes, con efectos de 1 de
mayo de 1996. En el período anterior, 1991-1996, el crecimiento había
sido del 3,9 por mil. Hay un decrecimiento que es lógico porque, como
saben, uno de los problemas serios de este país es la caída de la
natalidad. Sin embargo, la coherencia se nos empieza a venir abajo al
comprobar algunos crecimientos que existen en el padrón continuo
entre comunidades autónomas. Por ejemplo, la población de Cataluña
(no vamos a pensar mal, simplemente queremos que la directora del INE
nos explique cómo puede ser esto así o por qué es así, ya que
seguramente hay razones clarísimas), la población de Cataluña,
repito, que permanecía estancada en el período 1991-1996 con un
crecimiento por debajo del 1 por mil anual, pasa a crecer a un ritmo
del 6 por mil. Por su parte, Andalucía, que había crecido en el
período 1991- 1996 el doble que el crecimiento español, sufre un
parón colocándose en el 1,4 por mil de crecimiento y el País Vasco
crece a un ritmo superior incluso al de Andalucía. En cuanto al saldo
migratorio anual, Andalucía baja en 31.000 personas y el País Vasco
-fíjense ustedes la sorpresa- crece ahora en emigración en 2.419.
Enhorabuena. A nosotros nos parece estupendo que crezca la emigración
en el País Vasco, aunque no nos parece que, a bote pronto, esta sea
la opinión generalizada, pero da igual. Solamente les apunto que el
padrón tiene muchos misterios, muchas sorpresas, muchas cosas no
claras, muchas cosas muy complicadas y muy oscuras que alguna vez
tendrán que clarificarse y aprobarse. ¿Pero qué quiere mi grupo? Pues
mi grupo no quiere hoy más que reiterar lo que ha dicho el señor
Zaplana: que se aplique el padrón de la población, ese que tiene esas
cosas tan raras y tan oscuras y en el que crece tanto Cataluña y
Euskadi crece por debajo de Andalucía. La iniciativa del Grupo
Socialista no está referida al real decreto de marzo de 1998 porque
se presentó en febrero de 1998, cuando aún no se había aprobado la
renovación parcial del padrón de 1998. Queremos que se aplique ese
padrón al censo de la población, y a ver qué ocurre con las
elecciones municipales y autonómicas que ahora tenemos.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rubiales, termine, por
favor.
La señora RUBIALES TORREJÓN: Termino, señor presidente.
Que se aplique ese padrón ahora mismo a la financiación de las
comunidades autónomas porque, como
dice el señor Zaplana -y es una autoridad porque algo sabe de la
materia-, la población es el único y principal criterio que tiene que
ser tenido en cuenta a la hora de la financiación autonómica. La
valoración que después se dé a la población es un tema a discutir y a
debatir, pero que no se pueden financiar las comunidades autónomas
sino a partir de la población realmente existente es una verdad tan
de Perogrullo que parece mentira que en esta Cámara, en un debate
parlamentario tengamos que estar tantas horas discutiendo algo que es
de sentido común, de justicia y de coherencia política. Por eso les
pido, señorías, que no se vuelvan ustedes atrás sobre sus propios
actos, y que de la misma manera que en octubre de 1997 votaron a
favor de la proposición no de ley diciendo que la población tuviera
efectos a la hora de la financiación municipal y de la financiación
autonómica, repitan ustedes la misma coherencia de entonces y voten a
favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
que sólo pide se aplique a lo único que queda por aplicar, que es a
la financiación autonómica ordinaria. Los otros pactos de apoyo, de
gobernabilidad y todo ese tipo de prebendas que les dan a ustedes,
que se lo sigan dando, pero por una vez sean ustedes coherentes con
sus principios y voten algo que es de justicia para todos los
españoles.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Rubiales.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en el debate?
(Pausa.)
El señor Mardones tiene la palabra, por el Grupo de Coalición
Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, como bien ha recordado la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en esta iniciativa, señora Rubiales, este
diputado que les habla hizo en octubre de 1997 una pregunta al
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda
sobre la fecha de publicitación de los censos referidos a 1996, pero
el sentido que daba la pregunta de Coalición Canaria era de
preocupación en cuanto a los problemas que se estaban detectando en
la Comunidad Autónoma de Canarias respecto a los censos de sanidad,
donde por el efecto tanto del incremento en unas 100.000 personas que
se estimaban para llegar a la cifra de 1.600.000 ciudadanos de
derecho empadronados en Canarias como la financiación de un margen de
sanidad de las prestaciones obligadas por los acuerdos de la Unión
Europea a la población asistida de procedencia comunitaria no
española, se hacía necesario un reajuste tanto en esta financiación
de la sanidad como del Fondo de Compensación Interterritorial.
Como ha recordado la señora Rubiales, se aprobó también en esta
Cámara una proposición no de ley sobre remisión a los censos de 1996.
Nosotros entendíamos
que la aplicación de un censo continuo, de aplicarse, podría estar
modificando los acuerdos fijos de financiación quinquenal de las
comunidades autónomas, y aquí hay un fondo que en este momento
Coalición Canaria quiere respetar, no que se apliquen ahora unos
censos que están en la realidad demográfica del país pero que en
ningún momento deben suponer insuficiencia financiera de las
comunidades autónomas si sólo se trata de hacer la ponderación de los
censos de población. No cabe duda que la ponderación de los censos de
población es uno de los vectores o factores más importantes para
encontrar la bolsa de financiación total de estas comunidades
autónomas, pero no es el único, porque hay otros que van por vía de
compensación.
Ahora bien, si nosotros apoyáramos la iniciativa que el Grupo
Socialista trae con esta proposición no de ley, Coalición Canaria
piensa que estaríamos conculcando -y repito esto, conculcando- los
acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque son los
acuerdos de dicho Consejo los que tienen fuerza para aplicar el modo,
la fórmula, el modelo y la cuantía de financiación de las comunidades
autónomas sin que se produzca insuficiencia financiera en las mismas.
Esto significa que hay un modelo pactado para el quinquenio de 1997
hasta el 2001. Fórmulas como las que propone la señora Rubiales
tienen sensatez y acoplamiento siempre y cuando el Consejo de
Política Fiscal y Financiera las acepte e incluya consensuadamente, y
hasta ahora, que yo conozca, no hay más consenso que el vigente
signatado por 13 comunidades autónomas, del cual otras tres
voluntariamente o con las decisiones políticas soberanas quedaron
fuera de aquel pacto, pero el hecho de que haya un acuerdo y por
tanto un modelo pactado para la financiación hasta el 2001 nos obliga
a no acceder a una proposición no de ley que trate de modificar, sin
que haya un acuerdo en el marco que nosotros consideramos fundamental
que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y mientras esté
vigente que es hasta el año 2001. Será posiblemente en el próximo año
2000 cuando los grupos parlamentarios tengamos que ir creando un
criterio político al respecto y después, en su momento, el Consejo de
Política Fiscal y Financiera hará el nuevo modelo pactado de
financiación de las comunidades autónomas que lo suscriban a partir
del 2001, y tenga la virtualidad del reconocimiento de un hecho real
de los censos. Mientras tanto, tenemos que atenernos al modelo
pactado y hecho en el marco del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Si no estaríamos haciendo saltar por los aires las
cuadernas que dan marco legal, legitimidad democrática y aplicación
presupuestaria y técnica a estos acuerdos de financiación de las
comunidades autónomas. Por estas razones, tendremos que votar en
contra de la toma en consideración de la proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Silva tiene la palabra.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Es cierto que la portavoz del Grupo Socialista ha hablado de varios
temas: del sistema de financiación, del propio padrón y hasta de la
natalidad en Cataluña, que alguna explicación le podamos dar después.
Cierto es que en la reivindicación de un sistema de financiación más
justo y que entre en vigor a partir del año 2002, en el quinquenio
2002-2007, parece que cada vez existe más consenso o que encontramos
más aliados. En este caso parece que un aliado relevante es el
presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, el señor Zaplana.
Estamos seguros que de aquí al final de la legislatura se harán más
apreciaciones de ese tipo.
En cualquier caso, si bien el padrón es continuo, lo que hay que
decir es que los acuerdos de financiación son quinquenales. Una cosa
es que se pueda ir modificando la cifra del padrón de una forma cuasi
instantánea, y otra pretender aplicar esta cifra de población con
carácter retroactivo, y carácter retroactivo es pretender aplicar
esta cifra a los efectos incluso futuros de hechos pasados, que es
precisamente el acuerdo de 23 de septiembre de 1996. Como comentaba
el en estos momentos ausente portavoz del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, es un acuerdo, no es una ley, no es un decreto, y
en ese acuerdo se tienen en cuenta variables, coeficientes de esas
variables, incluso fenómenos de otra naturaleza. Si se reclama la
aplicación del padrón actualizado, también se podría reclamar la
aplicación de la cifra del esfuerzo fiscal actualizado y la cifra de
la dispersión de población actualizada. También podríamos actualizar,
por qué no, y entrar a debatir los coeficientes que se aplican a
estas variables o tener en cuenta esas otras consideraciones que se
efectúan en los acuerdos, como son las modulaciones financieras o las
garantías de mínimo. En ese caso lo mejor sería lo que estamos
dispuestos a hacer: esperar a que acabe el plazo de vigencia de este
acuerdo de financiación y sentarnos a valorar todos esos elementos
e introducir las modificaciones que sean precisas. Desde luego si una
cifra puede tenerse en cuenta a efectos de financiación de la sanidad
es porque la vigencia del acuerdo de financiación de la sanidad es de
1998 al 2001, y si se tiene en cuenta respecto a la financiación
municipal es por su inclusión en los Presupuestos Generales del
Estado en relación a cada año.
Por tanto, señorías, si hay que entrar a valorar estos elementos
entraremos, pero lo haremos respecto a un nuevo sistema de
financiación. Dios me libre de pensar mal a esos efectos del
incremento de natalidad que se ha producido recientemente en
Cataluña, pero puestos a pensar quizá la causa sea una determinada
política familiar que hemos impulsado en Cataluña y también a través
de este Parlamento, y quizá también una determinada política
económica que hemos impulsado en Cataluña y también a través de este
Congreso de los
Diputados determina que tengamos la cifra de paro que tenemos y que
no tienen otros. Eso quizá determine que los ciudadanos se animen a
formar una familia ante esas expectativas familiares y económicas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor presidente.
Compartimos la proposición no de ley que somete hoy a votación el
Grupo Socialista, y compartimos por tanto el objetivo final de la
intervención que ha hecho la señora Rubiales Torrejón. Otra cosa es
lo que ha dicho el señor Zaplana. No conocemos todavía la propuesta
sistematizada, pero en principio la miramos con muchísima cautela,
teniendo en cuenta que no es lo mismo el 30 por ciento del IRPF en
Valencia que Andalucía, y que no es lo mismo la recaudación de
distintos impuestos en un sitio que en otro, sobre todo cuando no se
habla claramente de un fondo de nivelación, de un fondo de
solidaridad, no se habla de las distintas rentas y cómo tienen que
ser contempladas en un sistema de financiación adecuado, que
tendríamos que aprobar para el quinquenio 2002-2007.
Por tanto quisiera decirle al Partido Popular, sottovoce, ahora que
nadie nos está oyendo, que se están equivocando de manera muy grave,
porque ahora esto se entiende como un aumento del agravio que ya
supuso la deuda histórica, con independencia de las explicaciones que
se den aquí más o menos técnicas. Se está entendiendo que allí somos
7.200.000 andaluces y que sólo se cotiza de cara a unos servicios
básicos muy retrasados en Andalucía por 6.800.000 andaluces. Eso es
lo que se entiende; no se entiende ninguna otra perorata. Es más hay
una serie de opiniones políticas que hablan ya de cierto sentimiento
antiandaluz en el Partido Popular en función de posiciones como ésta,
posiciones que incluso llevan a que haya una impresión política en
estos momentos en Andalucía de que nadie quiere ser candidato del
Partido Popular a las elecciones autonómicas, entre otras cosas
porque se siente allí cierta marginación en función de temas como
éste, y ustedes lo saben perfectamente.
Estamos perdiendo dinero. Nosotros a partir de 1982 reclamamos la
denominada deuda histórica, cuya financiación viene contenida en el
estatuto de autonomía y que debiera haber sido subvencionada en
función del diferencial muy negativo de los servicios básicos, y
ahora nos encontramos con una posición cerril que no tiene
explicación política; explicación técnica vale cualquiera, las dan
ustedes con muchísima tranquilidad, pero esa explicación no la
comprende nadie en Andalucía.
Por tanto, señorías, vamos a votar a favor de esta proposición no de
ley, y sentimos mucho la falta de sensibilidad andaluza del Partido
Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, mi grupo
va a rechazar esta proposición no de ley porque nos parece
absolutamente inapropiada y no defiende los intereses de las
comunidades autónomas; simplemente pretende seguir justificando lo
injustificable. El Grupo Socialista por razones no políticas sino por
razones partidistas, ha impedido a los gobiernos de tres comunidades
autónomas aceptar un modelo de financiación que hubiera sido mucho
mejor para el bienestar de los ciudadanos y para el bienestar de
andaluces, castellano-manchegos y extremeños. La señora Rubiales
lleva planteando reiteradamente en esta Cámara estas cuestiones, y
ante la misma pregunta la misma respuesta: el modelo de financiación
autonómica es el resultado de un pacto, es el resultado de un
consenso que fija unos porcentajes de participación que se mantienen
durante el quinquenio de vigencia del modelo. Para llegar a esos
porcentajes se utilizan diversos criterios. Se utilizan criterios
como la población, que pesa en un alto grado, pero también se
utilizan otros, señora Rubiales, que usted parece no querer
modificar; se utilizan criterios como la dispersión geográfica, que
afecta mucho a Andalucía y les resulta beneficioso porque
efectivamente la población está muy dispersa; se utilizan criterios
como la pobreza relativa o el esfuerzo fiscal. A lo largo del
quinquenio, señora Rubiales, no se modifican esos criterios aunque
varíen las unidades cuantitativas que llevaron a su fijación. Por
ejemplo, entre 1988 y 1993 la población de Andalucía aumentó en
294.000 habitantes. Era entonces director general de Coordinación de
Haciendas Territoriales el señor Aguiar, amigo de Borrell y ahora
implicado en un caso de corrupción; entonces ustedes no exigieron que
se modificara ningún criterio. Entre 1993 y 1996 también ha aumentado
la población, lo ha hecho en 89.000 habitantes, y ustedes pagan una
campaña desde la Junta de Andalucía -y, además, quieren que la
financiemos con los impuestos de todos los españoles- para dañar al
Gobierno.
Están haciendo demagogia y diciendo falsedades con este asunto. Los
recursos que reciben las comunidades autónomas anualmente aumentan,
pero no se cambian los coeficientes para determinar la participación
de cada una de ellas. Por cierto, la población es el criterio que
siempre han defendido Cataluña y la comunidad valenciana. A propuesta
de Cataluña y de la comunidad valenciana se fijó en el último modelo
un criterio para asegurar que cada comunidad autónoma percibiría al
menos el 90 por ciento de lo percibido por el criterio de población.
Para asegurar esa percepción a las comunidades autónomas, se va a
usar el censo real haciendo bueno lo que aprobamos aquí en octubre de
1997;
vamos a dar cumplimiento a lo que aquí se aprobó en esa proposición
no de ley.
Entendemos que no es conveniente ir modificando los criterios
anualmente; no se puede ir pactando un modelo de financiación cada
año. El modelo de financiación ha de tener una duración determinada y
esa duración hay que respetarla. Mi grupo quiere un modelo de
financiación y ayer el presidente de la comunidad autónoma de la que
yo soy diputado, el presidente Zaplana, hizo una propuesta para el
siguiente modelo; no para cambiarlo ahora sino para que sirva de
análisis de cara el siguiente modelo. La propuesta tenía que recoger
tres bases: una, la financiación autonómica debe permitir que todos
los ciudadanos españoles, residan donde residan, reciban los mismos
servicios de calidad. El modelo de financiación debe asegurar la
suficiencia financiera para que las comunidades autónomas puedan
prestar esos servicios. Por otra parte, hay que garantizar que el
modelo sea solidario, que las comunidades autónomas puedan ir
convergiendo en términos reales y hay que asegurar que las
comunidades autónomas también puedan alcanzar niveles de desarrollo
alto partan de donde partan. Por fin y como tercera base, el modelo
de financiación debe tener corresponsabilidad suficiente para que
quien decide los gastos, quien tiene el beneficio político de gastar
y prestar servicios, asuma también el coste político de pedir los
ingresos a los ciudadanos.
Señorías, se acordó un modelo para el quinquenio 1997-2001 que
utilizaba las mismas variables que el modelo anterior. Se hizo eso
para que ninguna comunidad autónoma perdiera dinero y se respetaron
los criterios que había. El nuevo modelo, el que está vigente
actualmente introduce modificaciones sustanciales en materia de
corresponsabilidad fiscal, en materia de autogobierno y en materia de
capacidad normativa.
Señora Rubiales, cuantas veces plantee este tema en la Cámara
tendremos que decir lo mismo. No sé si usted lo sabe ya, pero si no
lo sabe lo tiene que aprender. Detrás del planteamiento del Grupo
Socialista se esconde una falacia. Por motivos partidistas, se está
intentando erosionar la imagen del Gobierno y se ha prohibido a tres
presidentes de comunidades autónomas que acepten un modelo que les
beneficiaría. En 1999, esas tres comunidades autónomas han perdido
58.000 millones por no aceptar el modelo.
En cuanto a Andalucía, mi grupo la respeta, mi grupo quiere que siga
creciendo y quiere que los andaluces reciban unos servicios de
calidad; pero la comunidad autónoma, por una decisión del presidente
de la Junta de Andalucía inducida por el Grupo Socialista, ha hecho
que pierdan 72.000 millones entre los años 1997, 1998 y 1999, y eso
tiene difícil justificación porque el Grupo Socialista está
impidiendo...(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Silencio; silencio, señorías.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: El Grupo Socialista está impidiendo
que los andaluces tengan mejores servicios, está impidiendo que
Andalucía crezca, que Andalucía sea región puntera. (Rumores.-
Aplausos.) Flaco servicio, señora Rubiales, está usted haciendo a los
andaluces que merecen todo el respeto y todo el esfuerzo de esta
Cámara y no ser usados para intentar dañar la imagen del Gobierno.
Queda muy claro, señora Rubiales, que el Grupo Socialista antepone
sus intereses partidistas a los intereses de los andaluces y eso mi
grupo no lo puede aceptar. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Nosotros
estamos dispuestos de todas maneras a llegar a consensos. Queremos
dialogar un modelo de financiación. (Rumores.) Sólo tres comunidades
autónomas, las gobernadas por el Partido Socialista no han aceptado
el modelo. Todas las demás, gobernadas por distintos partidos, han
aceptado un modelo que está dando muy buenos resultados, pero
efectivamente hay que seguir analizando cómo se puede mejorar el
modelo. El presidente Zaplana ha propuesto una serie de medidas muy
interesantes y yo creo que son unas medidas que en esta Cámara
debíamos estudiar. Ha propuesto que siendo solidarios con todas las
comunidades autónomas, que garantizando la suficiencia para que las
comunidades autónomas puedan prestar servicios, las comunidades
autónomas mejoren su autogobierno y además sean más corresponsables
en los ingresos porque ya son responsables en los gastos.
Desde luego la posición del Grupo Socialista a veces no facilita este
consenso porque están anteponiendo intereses partidistas al servicio
de los ciudadanos. (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Creo que esto, señorías, no les
beneficia ni siquiera electoralmente, porque los ciudadanos quieren
un modelo de financiación solidario, corresponsable y que les permita
seguir recibiendo buenos servicios y eso es lo que nosotros queremos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez-
Pujalte.
Señorías, vamos a someter a votación la proposición no de ley
debatida. (Pausa.-El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, vamos
a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la proposición no de ley del Grupo
Socialista del Congreso, sobre aplicación del censo actual de
población a la financiación de las comunidades autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 125; en contra, 156.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CONCILIACIÓN
DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LOS TRABAJADORES (Número de
expediente 162/000334).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre
conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores.
Para su presentación y en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra doña María Jesús Sainz García.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender, en nombre de mi grupo,
una proposición no de ley que nuestro grupo considera de gran
trascendencia, y lo hago desde la esperanza de que pueda concitar el
apoyo unánime de los distintos grupos de la Cámara porque, lejos de
cualquier interés partidista, se trata de una proposición de avance
social y de interés claramente general.
Hace unos días, en nombre también de mi grupo, recordaba en esta
tribuna cómo la dimensión de la igualdad y del género debe tenerse en
cuenta en todas las políticas y en todas las acciones, y una de las
áreas de carácter prioritario es, precisamente, la del empleo. El
Gobierno ha venido prestando un especial esfuerzo a la política
activa que impulsa la incorporación de las mujeres al mercado
laboral. La igualdad de oportunidades ha venido fomentándose con
especial atención en aquellos ámbitos en que la mujer estaba
infrarrepresentada, en aquellas mujeres que tuvieran una menor
cualificación profesional y en las que se reincorporaban al mercado
de trabajo después de un período de apartarse de él, por atender las
obligaciones familiares.
El Gobierno también se ha preocupado de dictar una serie de medidas
importantes. Ahí está la significativa que supone la bonificación del
cien por cien de las cuotas a la Seguridad Social de los contratos de
interinidad que se celebran para sustituir a una mujer de baja por
maternidad, más conocida coloquialmente por coste cero, o aquella
medida también importante en donde se incorporan unas desgravaciones
trascendentales para los contratos de mujeres en las profesiones en
las que están subrepresentadas que, como ustedes conocen, son
demasiadas y, como recordarán, fueron catalogadas por este Gobierno
hace poco. Y es que el empleo de las mujeres es, sin duda, el mayor
reto del Gobierno actual y para nuestro grupo siempre ha sido algo
prioritario.
Reconocemos, como hemos señalado -y en algunos otros casos que no
hemos recordado-, que este
Gobierno ha tomado importantes medidas que abren un nuevo camino para
que la igualdad en el trabajo sea real, pero también somos
conscientes de que es necesario seguir avanzando en la profundización
y en la diversificación de las medidas. Necesitamos, además, que se
produzca un cambio de mentalidad. Es preciso, señorías, que la
sociedad se dé cuenta de que el cuidado de la familia debe ser
claramente una responsabilidad compartida, y ello porque si bien la
presencia de las mujeres en el mercado laboral se ha venido
multiplicando en los últimos años, la mayoría de ellas se ven
obligadas a hacer verdaderos esfuerzos, incluso podríamos decir casi
acrobacias, para lograr conciliar las exigencias del hogar y de la
familia con un trabajo fuera de casa. ¿Por qué? Porque las
estructuras han sido diseñadas para el empleo masculino,
consecuencia, en definitiva, de ese reparto polarizado durante tantos
años de las responsabilidades familiares y profesionales entre los
sexos. Las mujeres han tenido que reorganizar su propia vida para
atender esas funciones, esas dobles funciones. Algunas, también lo
sabemos, renuncian a tener un hijo o retrasan claramente el momento
de tenerlo y, por otro lado, esta Cámara no puede tampoco olvidar que
a causa del envejecimiento demográfico cada vez será mayor la
necesidad de atender a familiares mayores.
Pues bien, ante estos hechos, se impone un ajuste importante para
resolver las contradicciones inherentes a las estructuras y
comportamientos sociales. Esto pasa, en primer lugar, por fomentar la
conciliación entre el hombre y la mujer en la vida familiar y
laboral, por impulsar también el reparto equilibrado de las
responsabilidades, convirtiendo así el trabajo y el cuidado de los
hijos en derecho y en práctica de todos. Se requiere sensibilizar a
la opinión pública del interés que ello tiene. Reconocemos que el
empeño no es fácil, que el cambio de mentalidades y actitudes debe
ser impulsado desde todos los ámbitos, con el fin de que se produzcan
esos necesarios cambios estructurales para alcanzar una igualdad
realmente vivida. Seguro que todos compartimos, señorías, la idea de
que para promover la igualdad entre hombres y mujeres no basta con
aplicar medidas positivas centradas en las mujeres, son también
necesarias medidas dirigidas a adaptar la organización social a las
exigencias que conlleva una mejor distribución de los papeles, de las
funciones, de las tareas entre los hombres y las mujeres. Y en este
contexto de progresivo apoyo a la política de igualdad, considera
importante mi grupo mejorar la legislación actual, con el fin de
conseguir un marco normativo que mejore las posibilidades de
incorporación de la mujer al trabajo y promueva la conciliación. Ello
supone propiciar posibilidades de elección, que la pareja pueda
decidir libremente cuándo y quién disfruta de los permisos; ello
supone que se individualice el derecho de los permisos y las
excedencias, desde la idea de contribuir a impulsar una mayor
participación de los hombres en la atención a los hijos.
En el ámbito de la maternidad y paternidad de hijos e hijas
biológicas, solicitamos en la proposición no de ley que se dé un
nuevo tratamiento a estos permisos. Hasta ahora conocen, señorías,
cómo el padre sólo puede tomar este permiso las cuatro últimas
semanas, correspondiendo a la madre en exclusiva las doce primeras,
y mi grupo piensa que debe ampliarse el plazo para que el padre pueda
solicitar simultánea o consecutivamente con la madre el permiso de
baja por maternidad o paternidad, porque estamos hablando de un
permiso que tiene como objetivo, por un lado, la recuperación física
de la madre y, por otro, el cuidado del niño, y en este último
cometido debe implicarse el hombre desde el primer momento. Asimismo,
y aunque sabemos que el Gobierno actual amplió de ocho semanas a 16
los casos de adopción de menores de nueve meses, mi grupo considera
que debe irse más allá, llegando a que se igualen todos los derechos
laborales, ampliando, por lo tanto, el permiso en 16 semanas, con lo
que se equiparará el nacimiento biológico a la paternidad
y maternidad adoptiva, porque no podemos olvidar que la protección debe
ser intensa especialmente cuando el niño llega en los primeros
momentos a un nuevo hogar, a una vida familiar diferente y distinta.
Solicitamos también que se configure una excedencia para atender a
familiares consanguíneos, incapacitados o mayores de 65 años,
necesitados de cuidados especiales, y que se articule o extienda
también a estos mismos supuestos los sistemas de flexibilización o
reducción del horario, en línea con la recomendación recogida en el
texto elaborado en la subcomisión de familia en esta Cámara.
Y nuestra petición última hace referencia a algo de gran interés en
el marco de las medidas positivas; nos referimos a la última
propuesta que solicita mayores garantías para las mujeres
embarazadas. Proponemos que expresamente -expresamente, repito- se
regule la prohibición de despido por embarazo, es decir, que en el
Estatuto de los Trabajadores se especifique la prohibición de
despedir a los trabajadores durante el período de baja por maternidad
o paternidad, adopción o acogimiento o cuando hayan solicitado o
estén disfrutando de los permisos por lactancia, reducción de jornada
o excedencia para el cuidado de los hijos o familiares.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Sainz,
le ruego concluya.
La señora SAINZ GARCÍA: Sí, señor presidente, acabo.
Este instrumento será de gran utilidad para luchar contra la
discriminación. Estas medidas coinciden, como es natural, con
propuestas que el Gobierno ha venido señalando como objetivos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que deben articularse con
la máxima urgencia en un proyecto de ley que requerirá modificar una
serie de leyes de gran importancia -me refiero al Estatuto de los
Trabajadores, a la Ley de Procedimiento
Laboral o a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a
la Ley General de la Seguridad Social-. Todas estas propuestas
debidamente desarrolladas contribuirán a dar un salto cualitativo en
la legislación, de gran interés para la protección de las familias, y
todo ello en el marco de una política de igualdad, porque
contribuirán a impulsar la conciliación, tan necesaria en los
distintos trabajos, y a mejorar la vida laboral de las mujeres.
Estaremos, por tanto, ante un buen instrumento para alcanzar ese
compromiso de la participación del hombre en las tareas del cuidado
de la familia, medidas que contribuirán a impulsar el necesario
cambio de mentalidad y de actitudes, propuestas que conllevan un
espíritu de progreso y de mejora de la sociedad. Desde este
convencimiento lo solicitamos en la proposición no de ley que en
nombre de mi grupo estoy defendiendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Sainz,
le ruego concluya.
La señora SAINZ GARCÍA: Termino, señor presidente.
Señorías, cuando presentamos esta proposición lo hacíamos recogiendo
un tema de gran interés para nuestro grupo y sobre el que sabíamos
que había una clara coincidencia. Hoy -y con ello termino- conocemos
que el tema es de preocupación común de otros grupos y nos alegramos
de verdad de que así lo sea. Hoy sabemos también que actualmente está
en fase de tramitación, pero la urgencia emana del calendario; por
eso nuestro interés para que se presente cuanto antes, por eso
nuestro interés en seguir manteniendo esta proposición no de ley
porque tiene, sin duda, un alcance social muy importante. Nuestro
grupo desea que estas medidas puedan ser debatidas, que puedan ser
articuladas con efectos legales antes de terminar la legislatura,
como también, sin duda, desea nuestro grupo que esta futura ley, que
consideramos y pensamos que será una buena ley, alcance el mayor
consenso posible.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sainz.
A esta iniciativa han sido presentadas dos enmiendas, una por parte
del Grupo Parlamentario Vasco y otra por parte del Grupo de Izquierda
Unida.
En primer lugar, para la defensa de la enmienda presentada por el
Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
para defender una enmienda de adición que hemos presentado y, de
paso, para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la
proposición no de ley del Grupo Popular, sobre conciliación de la
vida familiar y laboral de los trabajadores, queestamos debatiendo en
estos momentos.
Tras hacer en la exposición de motivos una recopilación de diversas
normativas, que se han ido tomando en los últimos años, con medidas
dirigidas fundamentalmente a facilitar la incorporación de la mujer
al mercado laboral, se finaliza en esta proposición instando al
Gobierno a presentar en el plazo más breve posible un proyecto de ley
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras, conteniendo de manera especial una serie de
medidas que parecen ser los títulos de este futuro proyecto de ley o,
en todo caso, conjuntos de modificaciones a introducir en el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Dado el
carácter genérico con que se enumeran dichas medidas: ampliación de
la excedencia por cuidados familiares; ampliación de la duración del
permiso del padre dentro del permiso de maternidad; flexibilización
de los permisos de reducción de jornada por cuidados familiares y
extensión del mismo en ciertos supuestos; regulación de la
prohibición de despido por razón de embarazo, parto o utilización de
la reducción de jornada o excedencia por cuidados familiares,
etcétera, naturalmente hay que estar de acuerdo con los diversos
capítulos o apartados que parece que debería contener este futuro
proyecto de ley de conciliación de la vida familiar y laboral.
Sin embargo, en la enumeración de este tipo de medidas, desde el
Grupo Vasco hemos echado en falta un apartado relativo a la
prevención de riesgos laborales en relación con la maternidad y de
las correspondientes modificaciones en la legalidad vigente,
relativas a las prestaciones de la Seguridad Social, derivadas de los
cambios que las medidas propuestas para la ley pueden traer como
consecuencia. Por ello, hemos presentado una enmienda de adición que
se pretende introducir en la relación de medidas, que dice:
Regulación de las modificaciones legales necesarias en materia de
prevención de riesgos laborales y de prestaciones del Sistema de la
Seguridad Social para protección de la maternidad.
En el Grupo Vasco entendemos que es necesario evaluar los riesgos
laborales que en determinadas condiciones de trabajo experimentan las
trabajadoras en situación de embarazo o de parto reciente, que pueden
influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, de
manera que si de los resultados de dicha evaluación apareciesen
riesgos para la seguridad y la salud, o una posible repercusión sobre
el embarazo o la lactancia de dichas trabajadoras, por parte
empresarial se deben adoptar las medidas necesarias para evitar la
exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
Asimismo, entendemos que las medidas genéricas expuestas en la
proposición no de ley presentada deben ir acompañadas por una
alusión, consecuencia de las modificaciones a introducir en el
Sistema de Seguridad Social, con el fin de que las prestaciones
económicas en las situaciones de maternidad, prestaciones por riesgo
durante el embarazo y situaciones
protegidas queden debidamente reguladas en las modificaciones
correspondientes de la Ley General de la Seguridad Social.
Entendemos que la enmienda de adición presentada completa el conjunto
de medidas que la proposición no de ley que estamos debatiendo
pretende, que son instar al Gobierno a desarrollar el futuro proyecto
de ley, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras, por lo que esperamos que sea bien
acogida y admitida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, la iniciativa
que, en forma de proposición no de ley, nos trae hoy el Grupo Popular
sobre conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores,
además de que llega demasiado tarde, oliendo a elecciones, entiendo
que tiene truco o que al menos pretende resolver, desde ese
procedimiento, cuestiones de otra índole. Sinceramente no entiendo
cómo estando circulando ya el anteproyecto de ley sobre ese tema el
Grupo Popular trae una proposición no de ley instando al Gobierno a
que presente lo que ya está más que aireado. ¿No les parece a ustedes
que algo no funciona o al menos lo parece? Yo no entiendo
absolutamente nada en este sistema procedimental. Al menos, señorías,
están ustedes haciendo propaganda. Además, la semana pasada, con el
debate del Fondo de pensiones, la argumentación que ustedes
utilizaron es la que hoy quiebran y desautorizan. Por tanto, no basta
con que ustedes sepan las razones, explíquennos a qué se está jugando
con este tema.
Tengo serios disensos con gran parte de la exposición de motivos, a
pesar del esfuerzo que hacen por plagiar el lenguaje de la izquierda
y el verbo neofeminista. Ustedes saben perfectamente que las
necesidades de conciliar la vida familiar y laboral es una necesidad
ancestral reconocida históricamente, y ha resultado sencillamente que
a la ideología dominante no le ha interesado resolverlo, con su
diseño de sociedad jerarquizada, de fuertes y débiles.No creo que sea
necesario insistir en lo que ya es patrimonio de la cultura general,
y es que el patriarcado no es consustancial a la existencia de los
sexos, no lo es. Por tanto, la atribución de los roles es parte del
organigrama masculino, en el que se residencian los pilares de
cualquiera de las variables que usa la derecha para gobernar.
La crisis de estructura familiar, la doble jornada femenina, al igual
que algunas otras crisis, son solo colaterales y tangenciales con la
evolución de la estructura demográfica, con la composición de las
unidades y de los tipos convivenciales y con los nuevos perfiles del
mercado laboral. Conocen perfectamente que ese análisis epidérmico y
retórico del catón tecnocrático al
uso no esconde más que la necesidad de resolver un conflicto social,
por la desasistencia de un Estado que desampara a sus ciudadanos, no
dando cobertura de servicios públicos a un segmento de la población,
que se constituye en sector estructuralmente dependiente del femenino
y del femenino familiar, como son los ancianos, los discapacitados,
los niños, las niñas, etcétera. Miembros cotizantes, pero no
productivos a quienes no se les restituye su aportación al Estado y
quedan desposeídos del bienestar social, siendo las mujeres quienes,
con su dedicación gratuita -y he dicho gratuita, no altruista-
ahorran salarios, gastos y protección. Es decir, que el Estado priva
y privatiza y cuando el circuito familiar se agota, les sustituyen
las ONG correspondientes, y así hasta convertirse en un instrumento
insolidario al servicio de la reproducción, de la estructura del
poder.
Señorías, este discurso es tan antiguo como el oficio más viejo del
mundo. Por eso, cuando uno va de recién llegado a esto se le nota
muchísimo. Decir que hasta épocas recientes el reparto de
responsabilidades estaba claramente segmentado y que las mujeres se
dedicaban a lo privado y doméstico y, por tanto, no remunerado,
mientras que el hombre ejercía lo público, es no reconocer que la
evolución no constituye naturaleza de generalidad, señorías, que las
modificaciones configuran marcos excepcionales y muestrario
anecdótico. Esa es la cuestión.
Vamos a ver, señorías. La mayoría de las mujeres no están
estadísticamente inscritas en el Inem y, a pesar del dato, el paro
femenino asciende a cifras superiores al 40 por ciento. Ustedes dicen
que el mercado laboral ha sufrido una profunda transformación debido
a la incorporación de la mujer a la actividad laboral. Ya me lo
contarán o ya me lo demostrarán, porque la profesión mayoritaria y,
sin lugar a dudas, aplastante, señorías, es la de ama de casa o sus
labores. Que sepamos las mujeres, los maridos, compañeros o lo que
sean, aparte de sacar el perro, la basura, ir por las baguettes,
acompañar a la mujer al híper, hacer la paella los domingos o la
barbacoa -si viven en adosados-, y cosas por el estilo, lo que suelen
contar algunas como avance de sus correspondientes, demuestra no sólo
que no se comparten las tareas domésticas, sino que son una
sobrecarga doméstica estos maridos, compañeros o lo que sean. Por
eso, conviene hablar con muchísima prudencia de los cambios que se
operan en las estructuras sociales.
Obviamente, hay que reconocer que tras las directrices europeas,
algunos flecos del plan de igualdad de oportunidades, las
movilizaciones sindicales, la persistente intervención del movimiento
feminista, además de las aportaciones de algunas fuerzas, se han
producido tímidos avances, pero armas de doble filo en algunos casos,
armas de doble filo en la normativa laboral y en el diseño de los
estereotipos sexistas, que identifican mujer con los derivados del
ejercicio de la maternidad. Yo creo, señorías, que en este tema no es
aconsejable abusar de la demagogia ni del triunfalismo y sacar
como excelencias lo que debía tener rango de virtualidad y de
normalidad, como son los decretos 11/1998 y 15/1998 o la Orden
ministerial del 16 de septiembre de 1998; lo que me demuestran con
estas intervenciones es que no han entendido nada de nada de nada.
Señorías, medidas como la del coste cero, la feminización de las
ocupaciones no mixtas o resolver el carácter basura de los contratos
parciales, ¿no les parece a ustedes que es una obligación democrática
sin más apelativos y sin más epítetos? Por eso les digo que no
enreden en el discurso, no usen el disfraz de lagarterana y vamos a
intentar confluir, al menos, en un paquete de mínimos para avanzar en
las políticas de igualdad. Son evidentes las tremendas dificultades
-por no decir en exclusiva- que entraña para la mujer incorporarse al
mundo laboral, sin resolver las responsabilidades que se derivan de
sus ocupaciones familiares y domésticas. En este marco es donde se
insertan las medidas de reformismo blando que el partido del Gobierno
nos propone, siendo alguna de ellas de doble uso porque, dependiendo
de quién y cómo se apliquen, pueden significar instalar a las
mujeres, por la vía del derecho y la vía de la conquista, en un papel
subalterno de madre, esposa, cuidadora, enfermera, geriatra y,
además, buscadora de calderilla en el marco de la parcialidad
laboral. A las medidas conciliadoras, señorías, siempre se acogen las
mujeres. Por tanto, vamos a legislar para sancionar una desigualdad,
en lugar de corregir la organización social que reparte los papeles
en función de los géneros. Por eso, señorías, la contradicción no es
sólo dialéctica, es profundamente estructural, ideológica y política.
En este marco, mi aportación en el turno de enmiendas -que tiene un
carácter matizadamente sindical y que planteo con las enmiendas y en
los apartados que ustedes conocen- pretende mejorar el texto para que
no sean los empresarios los que administren los roles, para que las
concesiones a la paternidad no sean a costa de los derechos
adquiridos y reconocidos, para que las funciones asistenciales en el
marco de la unidad familiar sean retribuidas, y para que la
maternidad y sus derivados no sean la justificación del ordenamiento
parcial de la incorporación y permanencia de la mujer en el mundo
laboral.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Aramburu, le ruego concluya.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Termino en este instante, diciéndole al
partido del Gobierno que la desigualdad, manifiesta y reconocida
desde su heterodoxia, en cualquier análisis engeliano necesita,
primero, fumigar telarañas, señorías, porque lo que para ustedes es
brocha gorda para las mujeres son pinceles finos, y este cuadro tan
costumbrista y tan desgarrador necesita buenos y mejores pintores, y
menos parcheadores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu. ¿Grupos que, no habiendo presentado enmiendas,
desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a apoyar con su voto la aprobación de esta proposición no
de ley que nos ha presentado la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, por las siguientes razones. Qué duda cabe que es necesario
conciliar la vida familiar y la vida laboral, es decir, la vida
dentro del núcleo fundamental de la sociedad, la familia como la
entendemos en nuestra escala de valores, una vida hacia dentro,
interna, que tiene que tener un tejido y una trabazón conjuntiva, de
vínculos basados en el afecto, junto a la sangre, y el reto exterior,
que es la sociedad de consumo, la sociedad laboral, que demanda que
para captar los recursos económicos de esa unidad familiar sea
necesaria la participación de cuantos más de sus miembros en el mundo
laboral. Esto ha llevado a una tensión, a un dislocamiento. No en
balde expertos mundiales, como puede ser en este caso el doctor Rojas
Marcos, por invocar a un español y en un campo de experimentación
como es la psicología y la psiquiatría social en el ámbito de la
ciudad de Nueva York, han hablado de la necesidad de buscar unos
puntos de armonización entre la vida familiar y el mundo laboral,
porque ese trabajo exterior hace que quiebren determinados modelos de
comportamiento estructural dentro de la familia. Por tanto, hay que
armonizar en la flexibilización de horarios laborales, en los
compromisos familiares por maternidad o paternidad, en una igualdad
de los sexos, en la atención a una serie de compromisos que deben ser
trasladados a la asistencia pública, como asistencia a familiares
mayores de 65 ó 70 años, discapacitados, imposibilitados para el
acceso al mercado laboral por lesiones físicas, cerebrales, etcétera.
Todo ello está en esta línea de concordancia, tal como lo plantea la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Mi grupo estima -es la segunda razón por la que le da su apoyo- que
para evitar la dislocación del modelo familiar, comunidad estructural
básica de un modelo de convivencia social y armonizarla con las
exigencias laborales, lo que hay que hacer es potenciar la vida
familiar y asegurar los recursos económicos que proceden del mundo
del trabajo. Esta proposición no de ley insta al Gobierno a que
traiga una ley que concilie la vida familiar con las exigencias y
obligaciones laborales, lo cual -se lo digo a la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular con gran satisfacción- armoniza plenamente con
el artículo 39.1 de la Constitución española que, al imponer a los
poderes públicos los principios rectores de política social -que es
auténtica, pura, loable, constitucional, democrática y moderna
política social-, señala que los poderes públicos deben asegurar
la protección social, económica y jurídica de la familia. Ese
artículo de la Constitución es el marco que da garantía plena y
legitimidad a esta iniciativa, por lo que la vamos a votar con la
satisfacción de armonizar criterios sociales con criterios
constitucionales.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra la señora Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Gracias, señor presidente.
Nos encontramos ante una importante medida destinada a hacer
desaparecer la discriminación laboral entre hombres y mujeres, a
conciliar la vida laboral y familiar y a favorecer la incorporación
de la mujer al mundo del trabajo.
Nuestro grupo, Convergència i Unió, no puede por menos que
congratularse y felicitarse de esta proposición no de ley de la cual
se siente impulsor. En efecto, señorías, ya en el año 1991, en el
Senado, nuestro grupo presentaba una interpelación sobre las medidas
a llevar a término para exonerar a las empresas de la cotización a la
Seguridad Social correspondiente a las trabajadoras en situación de
permiso por maternidad. En la pasada legislatura, Convergència i Unió
presentó una proposición de ley al Congreso, finalmente aprobada; es
la Ley 4/1995, del 23 de marzo, de regulación del permiso parental y
por maternidad, derecho que puede ejercitar tanto el padre como la
madre. Esta ley, impulsada por Convergència i Unió, consiguió que la
maternidad dejase de ser considerada como una incapacidad laboral
transitoria.
En el debate de política general, del día 12 de junio de 1997, se
aprobó una transacción de Convergència i Unió en la que se instaba al
Gobierno a impulsar medidas legales que ayudasen a conciliar la vida
laboral de la mujer trabajadora con las responsabilidades familiares,
y muy especialmente con la maternidad. La medida llamada de coste
cero, que el Gobierno implantó recientemente por decreto-ley, tiene
su origen en una enmienda transaccional presentada en el debate de
los Presupuestos Generales del Estado para 1998 y en una proposición
no de ley presentada el 9 de marzo de 1998. Esta ha sido la actitud
constante de nuestro grupo en la política de igualdad de
oportunidades.
Señorías, el aumento de la participación de la mujer en el mercado de
trabajo es una de las características más importantes de nuestra
época que, sin embargo, no está exenta de problemas. Afortunadamente
existe un consenso cada vez más generalizado respecto a la necesidad
de adoptar medidas que faciliten la conciliación del trabajo
remunerado y las tareas de cuidados, tanto en el caso de las mujeres
como en el de los hombres.
La integración de las mujeres en el mercado laboral es una realidad
innegable, pero esta realidad pone demanifiesto que su incorporación
plena a los derechos
sociales y económicos es considerablemente insuficiente. No podemos
negar que la situación ha mejorado, pero todavía queda un largo
camino por recorrer. En general, las mujeres ocupan categorías
profesionales más bajas, tienen peores formas de contratación, ganan
menos y tienen menos continuidad en sus puestos de trabajo; por otro
lado, en el ámbito doméstico el peso fundamental del trabajo familiar
sigue siendo asumido por las mujeres. Uno de los mayores problemas
que se plantea la mujer trabajadora es precisamente cómo compaginar
sus responsabilidades, tradicionalmente domésticas, con el desempeño
de un trabajo remunerado. Con la presencia creciente de las mujeres
en el mercado laboral, la conciliación de trabajo y de vida familiar
sigue siendo motivo de segregación femenina y, a pesar de que debería
concernir tanto a hombres como a mujeres, hemos de constatar la doble
presencia laboral femenina, compartiendo el trabajo remunerado con el
trabajo del hogar. Se tiende a considerar que el cuidado de los hijos
o de los mayores dependientes es principalmente responsabilidad de la
mujer. En consecuencia, las dificultades de compaginación son un
serio obstáculo para la igualdad de las mujeres en el empleo. La
maternidad y el cuidado de los hijos de corta edad es una tarea que
recae fundamentalmente en las mujeres. Por tanto, cualquier medida
que facilite la conciliación del trabajo remunerado y las tareas de
cuidados es una necesidad cada vez más consensuada y una
responsabilidad no sólo de mujeres y hombres, sino también de los
Estados. La maternidad no es sólo cosa de mujeres, es un bien social
y como tal debe considerarse y protegerse.
Por otro lado, la responsabilidad del cuidado de personas
dependientes es hoy día cada vez más un obstáculo para que la mujer
participe enteramente y progrese en el mercado laboral. El enfoque
que se hace del cuidado de las personas dependientes es
discriminatorio. Se sigue presuponiendo que los cuidados son
responsabilidades de las mujeres. Las políticas de igualdad de
oportunidades comportan el reconocimiento y el apoyo social y
político de las responsabilidades familiares de los trabajadores y
trabajadoras. Las leyes deben ser un instrumento que permita dar
cobertura y garantía a las necesidades sociales existentes.
Por ello, nos parece oportuna la proposición no de ley del Grupo
Popular. Hay que impulsar todas las medidas legales positivas que
sean necesarias en favor de la maternidad, así como las
bonificaciones laborales a las empresas que faciliten la
compaginación de la vida laboral y familiar. Esperamos que el
Gobierno, al hilo de medidas como ésta, siga promulgando e impulsando
iniciativas similares a fin de conciliar la vida familiar y laboral
de hombres y mujeres, todo ello en el marco de las conclusiones sobre
empleo del Consejo de Europa en Luxemburgo para el desarrollo de
políticas activas orientadas a facilitar el acceso y la estabilidad
de la mujer en el mercado laboral.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Socialista para manifestar, en primer
lugar, que no sé si felicitar al grupo proponente o si sentirme
preocupada. Voy a explicar la razón.
El 27 de noviembre de 1998 se presentó en el Registro de esta Cámara
una proposición de ley en la cual se exigía la conciliación de la
vida familiar y laboral de las trabajadoras y trabajadores. Cuál no
será nuestra sorpresa que, con fecha de Registro de 8 de febrero de
1999, nos hemos encontrado con una proposición no de ley que presenta
el grupo que apoya al Gobierno en los mismos términos. O bien quieren
hacer ustedes, señores del Grupo Popular, que el Gobierno trabaje o
les está faltando un poco de imaginación o creatividad en esta
materia, porque hay muchas más cosas, además de la conciliación de la
vida laboral y familiar, en las que el Gobierno podía seguir
avanzando.
Nos gratifica esta proposición no de ley porque, como ya he dicho
anteriormente, el Grupo Socialista la presentó como proposición de
ley en su día. En segundo lugar, porque recoge el planteamiento que
hicimos en el nuevo contrato social entre hombres y mujeres, suscrito
por todas las organizaciones feministas de nuestro país e impulsado
por la Federación de Mujeres Progresistas, que demanda a la sociedad,
a los poderes públicos, a las instituciones, a las organizaciones no
gubernamentales y a todos aquellos responsables de la sociedad civil
que el nuevo contrato social que exige el reparto del trabajo, del
poder y las cargas familiares pueda verse sustentado en todas las
iniciativas que coadyuven al logro de esta medida.
Nadie va a discutir que desde la creación del Instituto de la Mujer,
en el año 1983, auspiciado por el Partido Socialista, este Instituto
ha sido un elemento clave para el desarrollo de las políticas de
igualdad y para avanzar en la nueva imagen social de las mujeres. El
avance conseguido por las mujeres en los últimos años se puede
manifestar en cantidad de instancias, pero yo diría una prioritaria y
principal que a las mujeres siempre nos llamaba poderosamente la
atención, y es que el artículo 54 del Código Civil señalaba que la
mujer debía obedecer al marido y que éste debía proteger a la mujer.
Desde el año 1981, dice que el marido y la mujer son iguales en
derechos y deberes. La situación en la actualidad, en la que los
cambios en la estructura familiar con el aumento de familias
monoparentales o monomarentales -como muy bien señala Carmen Alborch
en su libro- es creciente y la lenta concienciación de los hombres en
el reparto de tareas y responsabilidades, ponen de manifiesto que
compaginar el ejercicio de un empleo con el cuidado y educación de
los hijos y la atención de los
familiares discapacitados hace necesario el avance de esta iniciativa
y la obtención de una norma que garantice su cumplimiento.
Lo que pretendíamos con la proposición de ley presentada es conseguir
una mayor igualdad de oportunidades para las mujeres y desterrar para
siempre la elección excluyente de la mujer entre ser madre o ser
trabajadora. Creemos que es una desigualdad evidente y que no
beneficia a las políticas que algunos quieren auspiciar, como son las
políticas natalistas. Como recoge un documento presentado por el
departamento confederal de la mujer de UGT sobre el tema, en marzo de
este año, la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral no ha
ido acompañada de un proporcional reparto de las tareas domésticas y
las responsabilidades familiares. A pesar de que la población activa
ocupada femenina no ha dejado de crecer en los últimos años y de que
las trabajadoras han ido ganando espacios de igualdad en la mayor
parte de los sectores y en los niveles de responsabilidad, nos
encontramos con que el proceso de equiparación en el reparto de
tareas y responsabilidades marcha a un ritmo muy lento, lentísimo
diría yo. La realidad es que la mujer se sigue ocupando en la
práctica totalidad del trabajo no remunerado.
Ya hace un año -lo recordarán SS.SS.-, en el Pleno de esta Cámara se
aprobó por unanimidad de los grupos parlamentarios el estudio y la
valoración del trabajo remunerado en España, incluyendo el cuidado de
los hijos, el familiar, las tareas domésticas, de buena vecindad, el
trabajo voluntario y aquellos otros que no quedaran recogidos o que
no fueran remunerados. La realidad en nuestro país también, señorías,
es que el modelo patriarcal imperante hasta hace muy poco está
periclitado, ya no está en uso, no es progresista, no es moderno, yo
creo que nadie lo reivindica. Sin embargo, los hábitos empresariales
no están facilitando el disfrute de permisos de excedencia para los
hombres y la ausencia de medidas legales que lo favorezcan contribuye
a esta situación. Otro dato importante es que las mujeres por igual
trabajo perciben menores ingresos, lo que hace que en muchas familias
la opción sea muy fácil: cuando hay que dejar un empleo remunerado
siempre es la mujer la que tiene que optar por esta medida. ¿Cómo se
reparte en Europa esta materia? En los países nórdicos, donde tienen
años de experiencia en el desarrollo de medidas de reparto y
conciliación, el tiempo que dedican el hombre y la mujer a las tareas
domésticas tiende a equipararse. En Dinamarca, las mujeres, por
ejemplo, dedican 18 horas a la semana a las tareas domésticas y el
hombre, 13. En Holanda, la mujer, 30 horas y el hombre, 16. En
Italia, sin embargo, las mujeres dedican 7 horas al día y el hombre
una hora y media. En Grecia, el 57 por ciento de los hogares no
tienen tareas compartidas, elevándose al 70 por ciento las de menor
nivel educativo. En Austria, los hombres dedican el 70 por ciento de
su tiempo al trabajo remunerado fuera del hogar y un 30 por ciento a
las tareas
domésticas. Sin embargo, este porcentaje se invierte cuando hablamos
de mujeres. Es justo al revés. Las mujeres dedican el 70 por ciento
al trabajo de las labores domésticas y el 30 por ciento al trabajo
remunerado. En España, esta situación es casi inexistente. Las
españolas, según el estudio del Centro Superior de Investigaciones
Sociológicas, dedican siete horas y treinta y cinco minutos diarios
al trabajo doméstico. Además, cuando se ocupan de familiares,
enfermos, discapacitados, que también pululan alrededor de la unidad
familiar, se les añade una hora más de trabajo.Las mujeres realizan
en España el 79 por ciento de trabajo no monetizado, mientras que los
varones realizan el 21 por ciento de este trabajo. Qué vamos a decir
en España de un dato importante y de una realidad que nos parece cada
día más preocupante. En nuestro país hay un total de 290.000 familias
monoparentales de las cuales, en 1996, 252.000 tenían como cabeza de
familia a la mujer y 38.000 a un varón. Del total de mujeres de las
familias monoparentales, el 57 por ciento son separadas, el 32 por
ciento viudas y el 7 por ciento solteras. ¿Cómo se está tratando este
problema en la Unión Europea? Hay cuatro aspectos que tiene que
recoger el futuro proyecto legal y que así se anuncian en la
iniciativa...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Cortajarena, le ruego vaya concluyendo.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.
La situación de la maternidad, el cuidado y la educación de los hijos
y el cuidado de las personas mayores o de los incapacitados que
necesitan atención. En los dos primeros supuestos hay estudios y, en
cuanto al tercero, no se han hecho estudios sobre esta materia.
En España los permisos parentales estaban previstos en la carta
comunitaria de derechos sociales desde el año 1989 y en la directiva
de 1996 se conceden por nacimiento y por adopción. Este es un derecho
individual y de carácter intransferible. Los datos más relevantes de
los países que conforman en la actualidad la Unión Europea demuestran
que en cuatro países se dan por estos permisos 14 semanas; en ocho,
entre los que se encuentra el nuestro, se conceden 16 semanas
retribuidas con el cien por cien, y en cuatro países tienen más de 16
semanas en las que el padre o la madre pueden tomar estos permisos.
La fuente de este trabajo es de la OIT del año 1998.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Cortajarena, le ruego concluya.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente, ahora
concluyo.
En nuestro país, aparte de que esta iniciativa pueda ser considerada
importante, observamos que, a pesar
de los esfuerzos que se han hecho para la contratación y para el
avance del aumento del empleo, se está confirmando la feminización
del paro. ¿Por qué lo digo? Porque el aumento de las 754.000 mujeres
ocupadas debe ser observado como un decrecimiento de la población
activa femenina y de esta manera el número de desempleadas sólo se ha
reducido en un 9,9, mientras que el de los hombres lo ha hecho en un
30 por ciento. Las trabajadoras tienen un contrato temporal en el 35
por ciento, y el acuerdo para el impulso de la contratación
indefinida sigue beneficiando al hombre. Si la solución era el
trabajo a tiempo parcial, que en muchos países de la Unión Europea se
ha utilizado para mejorar las condiciones del reparto y para
compartir las tareas, en España no se ha podido dar por una razón muy
simple, porque el 40 por ciento de los contratos que se ofrecen a las
mujeres son a tiempo parcial; no es una opción ni una elección, sino
una obligación.
Por todo ello, quiero decir que la posición de nuestro grupo va a ser
la de votar favorablemente esta proposición no de ley. Esperamos
contar con la misma generosidad del Grupo Parlamentario Popular
cuando se debata la proposición de ley antes mencionada. Todas las
medidas legales que favorezcan y avancen en el reparto de las tareas
y en la filosofía de compartir, mejorarán el futuro y el proyecto
político de una Europa cada día más unida donde las mujeres y los
hombres estemos equitativamente representados en las tareas, en las
responsabilidades, en el empleo, en el trabajo y en el poder.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Cortajarena.
Señora Sainz, S.S. tiene la palabra para expresar la aceptación o
rechazo de las enmiendas a su iniciativa.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, quiero manifestar que aceptamos la enmienda
presentada por el PNV y las número 1 y 2 de Izquierda Unida; en
cambio, no podemos hacer lo mismo con la número 3 también de
Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Vamos a proceder a la votación. Votación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre conciliación de
la vida familiar y laboral de los trabajadores, en los términos
resultantes de la aceptación de enmiendas del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
282; a favor, 282.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aceptada
la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL
GOBIERNO PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DEL RÍO SEGURA (Número de
expediente 173/000139).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto III del
orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Punto 6, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del
Gobierno para el saneamiento integral del río Segura.
Tiene la palabra el señor Alcaraz Ramos. (El señor vicepresidente,
Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Estamos esperando a que se
produzca el silencio necesario para que comience a hablar el
interviniente.
Adelante, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para defender, en nombre de Nueva Izquierda, la
moción que trae causa de la interpelación urgente presentada por
nuestro grupo la pasada semana, sobre la necesidad de que exista una
política general del Gobierno tendente a asegurar el saneamiento
integral del río Segura, que acabe con la terrible contaminación que
padece aquel río y que repercute directamente en las condiciones de
vida, en la salubridad y seguramente también, de manera inmediata, en
la economía de los hombres y mujeres que viven en la cuenca del río
Segura, fundamentalmente en su cuenca media y baja.
A nuestro modo de ver, la interpelación arrojó un resultado
decepcionante. La intervención de la señora ministra estuvo marcada
por una serie de rasgos que la convierten en claramente
decepcionante, y así ha sido percibido por la población que vive en
la zona a la que hacía referencia. En la intervención de la señora
Tocino hubo un tono absolutamente inadecuado de prepotencia que a
malas penas ocultan el nerviosismo que le produce una situación para
la que no acaba de encontrar solución, un desprecio por las
movilizaciones que se están desarrollando y que van a seguir de
manera continuada, fundamentalmente en la Vega Baja del Segura y por
la aportación de datos sesgados, en muchos casos no demostrados, en
especial en lo referente a inversiones. Porque mediante el mecanismo
de sumar conceptos que no pueden ser sumados aparecían unas cifras
que no se compadecen ni con lo que realmente se refleja en los
Presupuestos Generales del
Estado, ni con los niveles de inversión que se están desarrollando
para el saneamiento del río Segura.
Por otra parte, en la intervención de la señora ministra hubo un más
que elocuente silencio, no pronunció una sola palabra sobre una gran
cantidad de cuestiones de gran interés y que repercuten en la
realidad de la vida cotidiana de los ciudadanos que viven alrededor
del río. Así, por ejemplo, no hubo ninguna referencia a la
declaración de zona sensible según las normas europeas, a la
necesidad de establecer el caudal ecológico según las previsiones de
la propia Confederación Hidrográfica del Segura, ni a dar soluciones
al problema cada vez más grave de la salinización de las tierras, ni
a la regeneración de los acuíferos, ni a la reforma del sistema de
riego o a todo lo que suponga ahorro de agua.
La conclusión única que se puede sacar es que en el Ministerio de
Medio Ambiente no existe una visión integral del problema y, por
tanto, no existe la perspectiva de buscar soluciones integrales a la
cuestión. La señora ministra se refugiaba en algunas intervenciones
en torno a la depuración, que en muchos aspectos son las más
importantes, pero esto desgraciadamente no agota el problema, un
problema acumulado durante muchos años. Sabemos que no se puede
prometer que se va a solucionar de un día para otro, pero o hay un
enfoque global de alternativas, de soluciones y de planificación, o
desgraciadamente ni siquiera la existencia de depuradoras asegura
acabar con la contaminación; como prueba, de todas las depuradoras
existentes u otros sistemas similares, solamente ocho funcionan
correctamente. Por esta razón presentamos la siguiente moción, que a
nuestro modo de ver sintetiza las alternativas principales a estos
problemas y que hemos reunido en seis puntos.
El primero se refiere a la existencia de un plan integral de
saneamiento. La señora ministra aludió a que dicho plan existe, pero
desgraciadamente no solamente nadie lo ha visto -aunque ella enseñó
aquí unos folletos, que dijo que traía para entregarnos y que nunca
nos entregó-, sino que trató de confundir a la opinión pública
diciendo que un plan integral es la suma de actuaciones que se van
haciendo o las promesas que se hacen. Para nosotros este plan, que
debería elaborarse en tres meses, ya que la señora ministra dice que
lo tiene, debería incluir la planificación de todas las actuaciones
conducentes a acabar con la contaminación, la definición de los
compromisos presupuestarios y el establecimiento de instrumentos de
cooperación entre todas las administraciones implicadas.
Un segundo elemento es la declaración de zona sensible, que es un
acto de decisión política, y existen razones, al amparo de la
normativa europea, para que se lleve a cabo. Es cierto que ello
comportará, a la vez que permitirá acelerar las obras de depuración,
problemas económicos a algunos ayuntamientos. Por eso nosotros en la
moción también incluimos un elemento del que creemos que se ha
hablado poco hasta ahora, pero que hay que introducir, la necesidad
de que el
Ministerio, en colaboración con las comunidades autónomas afectadas,
programe fórmulas de ayuda o subvención, líneas de créditos blandos,
etcétera, para estos ayuntamientos.
En tercer lugar, pedimos el establecimiento inmediato de un caudal
ecológico de cuatro metros cúbicos por segundo, la cifra que ha
evaluado la Confederación Hidrográfica para todo el cauce del río, y
no como ahora, que el Gobierno da unas cifras que sin llegar a los
cuatro metros, al menos dice que existe agua, olvidando que existe en
la cabecera y en las zonas altas pero no en la desembocadura, que es
precisamente donde más necesidad hay porque la contaminación es
mayor. Igualmente en este punto incluimos la necesidad de adoptar
medidas urgentes para la recarga de acuíferos.
En cuarto lugar, se trataría de encargar estudios científicos
independientes, porque hay una falta de crédito absoluto en los
estudios de la propia Confederación, que en mucha casos no evalúa una
serie de componentes químicos o elementos que contaminan. Por tanto,
sería muy tranquilizador para los ciudadanos disponer de estudios
independientes sobre calidad general del agua, potenciales daños para
la salud humana y animal, posibilidad de incorporación de materias
contaminantes a cultivos o a la cadena trófica y el impacto de la
salinización. Sobre todo eso hay ya estudios independientes de
universidades, etcétera, que sistemáticamente son ignorados por la
Confederación y el Ministerio.
En quinto lugar, nuestra moción recoge que se presente un plan para
promover reformas en los sistemas de riego y en las canalizaciones,
con el fin último de ahorrar agua, fundamentalmente en la Vega Baja.
Es cierto que ha habido alguna tímida actuación en Murcia, pero no en
la Comunidad Valenciana, donde el tema sigue siendo muy importante.
Finalmente, se pide incrementar las medidas de vigilancia y de
sanción de cualquier tipo de vertido ilegal o contaminante aumentando
para ello los efectivos del Seprona y de la guardería fluvial.
Entendemos que este es el suelo mínimo que debería procurar el
consenso. Se pide ni más ni menos que lo que están pidiendo los
ciudadanos, que viene avalado, como digo, por muchos informes
técnicos y que en muchos casos es reclamado simplemente por el
sentido común.
Se han presentado diversas enmiendas, que agradezco a Unión
Valenciana, a Izquierda Unida y al Grupo Socialista, porque, en
general -luego haré alguna matización-, mejoran y completan el texto
que presentamos. Lamento que el Grupo Parlamentario Popular no haya
tenido a bien siquiera presentar enmiendas. Puede ser por una de
estas tres razones: bien porque está absolutamente de acuerdo con la
propuesta que hacemos y entonces esperamos su voto favorable, bien
porque desprecia la iniciativa, sabiendo lo que significa ese
desprecio, o bien porque se trata de un encastillamiento en una
defensa numantina del Ministerio que
provoca una cerrazón que no admite ninguna otra aportación. Esto
sería lo más grave. Ante el problema del Segura, ante su magnitud y
cómo está afectando el mismo a la convivencia en una zona, o hay
presión o hay consenso. Será necesaria la presión mientras no se
aborde con decisión la regeneración integral. Vuelvo a insistir en la
palabra integral, porque ya no valen las promesas, ni siquiera
actuaciones necesarias pero que no dejan de ser aisladas del Segura.
Hace falta que los ciudadanos recuperen la confianza en los poderes
públicos; poderes públicos que sean capaces de dar la cara, no de ir
a hacerse la foto -como repitió hasta tres veces la señora ministra-,
sino de explicar de verdad lo que pasa, lo que se va a hacer y lo que
se está haciendo.
Entendemos que, dada la importancia de la cuestión, hay que hablar de
un auténtico pacto de Estado. Yo empezaba mi intervención la semana
pasada con un concepto que repito: el Segura no puede seguir siendo
el río olvidado. Por razones demográficas y por el desastre ecológico
que se está produciendo, debe ser un tema central en la política
medioambiental del Gobierno y de todas las administraciones
implicadas, y no lo está siendo. Ese pacto de Estado requiere al
menos tres requisitos: en primer lugar, transparencia, rehuir el
ocultismo; en segundo lugar, conocimiento exacto del estado del río,
no solamente datos parciales y que han perdido crédito porque son
contestados por otros, a veces de organizaciones independientes con
bastante prestigio; finalmente, definición de objetivos y compromisos
concretos. No otra cosa pretende nuestra moción: compromisos
concretos.
Emplazamos al Grupo Parlamentario Popular y a los grupos que
habitualmente le prestan su apoyo a que tomen conciencia de la
gravedad del asunto. Si dejan que pase la ocasión que se les brinda,
sólo se conseguirá prolongar una situación ya muy complicada. Por eso
les ruego y les pido que en un acto de sensatez y de sentido común
voten favorablemente esta moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
A la moción defendida por el señor Alcaraz se han presentado
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto -señor Chiquillo-,
del Grupo Socialista y del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Una vez más, intervenimos en esta Cámara sobre una cuestión que para
algunos puede ser intrascendente, pero que para más de medio millón
de ciudadanos es una cita más en la lucha por conseguir y recuperar
el río Segura, río cuya situación de contaminación alcanza niveles
insoportables y de extrema gravedad y del que el propio Libro Blanco
del agua dice que está en situación
difícil. Unió Valenciana ha defendido en esta Cámara junto a
otros grupos parlamentarios que de una vez por todas el Gobierno
tenía que tomar conciencia de la gravedad de la situación y adoptar
medidas urgentes a muy corto plazo. Por eso hablo de una vez más,
porque se debatió en esta Cámara en mayo de 1998, en noviembre del
mismo año y el diputado de Nueva Izquierda señor Alcaraz ha vuelto a
presentar ahora con toda la actualidad esta reivindicación de miles y
miles de ciudadanos que reclaman ese plan de saneamiento y depuración
integral del río Segura.
Unió Valenciana va a apoyar íntegramente esta moción porque considera
que deben emprenderse rápidamente las actuaciones. Hay que dejar de
lado ya las promesas vacías. En mayo de 1998, a una pregunta del
diputado que les habla, la ministra de Medio Ambiente prometió 17.000
millones, que no se han visto por ningún lado, y los daños a la
agricultura, al medio ambiente, al turismo y a la salud pública van
in crescendo por la grave situación que tiene el río Segura, sobre
todo en los tramos medio y bajo de su curso. Por tanto, las
actuaciones deben ser urgentes, porque en los últimos años se han
producido más de 2.000 vertidos ilegales e incontrolados en el río
Segura. Deben ser urgentes porque prácticamente el 80 por ciento de
las estaciones depuradoras del río Segura funcionan de una manera
deficiente o insuficiente. Las actuaciones deben ser urgentes porque
el río Segura no puede esperar más.
Después de reconocer la oportunidad y el compromiso que se recoge en
esta moción presentada por el diputado de Nueva Izquierda,
simplemente debo decir que Unió Valenciana la va a apoyar, que ha
presentado una enmienda de adición para que, de acuerdo con la
demanda de los colectivos vecinales y agrícolas de la comarca, se
cree una subdelegación de la Confederación Hidrográfica del Segura en
la ciudad de Orihuela. Solicitamos ese plan de saneamiento integral y
cuantas veces haga falta volveremos a traer a esta Cámara esa
demanda. Al igual que los ciudadanos lo reclaman en Orihuela, en
Valencia y el próximo día 9 de mayo en la ciudad de Madrid, en la
capital de España, los diputados comprometidos con la lucha para
salvar el río Segura seguiremos cuantas veces haga falta recordando
que es una asignatura pendiente que el Gobierno central debe aprobar
con ese plan de saneamiento integral.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista,
tiene la palabra la palabra la señora Bartolomé.
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista va a apoyar íntegramente la moción presentada por
Nueva Izquierda como consecuencia del debate de la interpelación del
pasado miércoles,por el contenido y también, digamos, por la
oportunidad de plantear nuevamente un tema que tanto preocupa a la
provincia de Alicante, a la Comunidad Valenciana y también a la
Región de Murcia.
Señoras y señores diputados, la situación de contaminación del río
Segura es algo que no sólo reconocen y ponen de manifiesto los grupos
de la oposición, sino que por fin ha tenido que reconocer
públicamente el vicepresidente del Gobierno autónomo de Murcia, que
hacía unas declaraciones a principios del mes de abril afirmando que
el estado del río era desastroso, pero no sólo él, sino que ya
empieza a reconocerlo hasta la propia ministra.
No es la primera vez que en estas Cortes Generales se ha tratado este
tema, pero quizá sea ya la hora de que el Gobierno se tome en serio
lo que aquí se aprueba y lo que aquí se plantea y se ponga en marcha
para solucionar este grave problema. La contaminación del río Segura
es uno de los problemas medioambientales más graves que está
padeciendo la Comunidad Valenciana y también la Región de Murcia. Si
ya es importante el problema ambiental, más lo es la repercusión de
tipo económico y sanitario, y esta gravedad de la situación es lo que
no parece haber interesado especialmente al Ministerio de Medio
Ambiente. Al contrario, da la impresión de que todo esto de la
contaminación del río Segura ha sido inventado por los ciudadanos,
por los alcaldes de la zona y por algunos científicos.
A propósito de científicos tengo que nombrar hoy aquí a Manuel Nieves
Ruiz, oriolano y catedrático del área de edafología y química
agrícola de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, que está
siendo cuestionado y maltratado por los representantes políticos de
la derecha de la provincia e incluso por alguno de sus propios
compañeros de departamento, simplemente porque hace un estudio
riguroso o tan riguroso como el que puedan hacer otros expertos,
cuyos resultados no son del agrado de algunos responsables políticos
del PP, que están desde luego más preocupados por los procesos
electorales que en averiguar si realmente la salud de las personas
está o no en peligro. Creo que este desprestigio a que está sometido
un ciudadano, un técnico que desempeña su trabajo en una institución
pública como la Universidad Miguel Hernández, de Elche, no es de
recibo.
Hemos de alegrarnos al menos de que la ministra de Medio Ambiente
hable ya de un plan de saneamiento para el río Segura. Parece que no
le sonaba de nada. La semana pasada reconocía que ella creía que no
era necesario hacer un plan, como si cuando llegaron al Gobierno no
hubiera ya un plan integral de saneamiento, y lejos de continuarlo y
a ser posible mejorarlo, sobre todo dada la situación boyante de la
economía española, este plan ya existente se ve paralizado, las
inversiones se ven reducidas y lo único que se practica por las
administraciones competentes es ir haciendo algunas cosas a salto de
mata, sin planificación y postergando las grandes inversiones siempre
a años posteriores al presupuesto en curso. Además, la señora
ministra ha tenido tiempo de elaborar un plan integral
del río Segura, porque así se lo mandató el Congreso de los
Diputados, a través de la Comisión de Medio Ambiente celebrada el 10
de marzo de 1998, en la que, a propuesta del Grupo Socialista y
apoyada por todos los grupos de la Cámara, se aprobó una proposición
no de ley instando al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias
para lograr un saneamiento integral del río Segura. Por tanto, causa
extrañeza escuchar a la ministra sus argumentos de que ella pensaba
que no tenía que poner en marcha ningún plan, que con lo que se
estaba haciendo era bastante.
Señorías, la situación del río, como decía en estos momentos, es
realmente grave. La aparición de datos reales sobre la existencia de
cadmio, un metal altamente tóxico, ha preocupado sobremanera a los
ciudadanos de la Vega, porque independientemente de la polémica
suscitada sobre si los informes dicen o no la verdad, lo cierto es
que los manejados hasta el momento reconocen la presencia de altos
niveles de este metal. Por tanto, es lógica la alarma social creada,
el cadmio está ahí, en más o menos proporción, pero el hecho es que
se trata de un producto muy tóxico, y con negar la evidencia no
conseguimos otra cosa que preocupar más a la población. Es normal que
se exija a la Administración que ponga toda la carne en el asador y
se tome en serio un plan de recuperación. Como le decía mi compañero
Ramón Ortiz el pasado miércoles, no nos importa que se haga la foto
en la presentación de este plan. Lo que deseamos realmente es que se
hagan las cosas, porque eso en definitiva va en beneficio de los
ciudadanos y de las ciudadanas de la zona.
En definitiva, mi grupo va a apoyar la moción con la aportación de
dos puntos más que nos parecía que podrían completar la presentada
por Nueva Izquierda, relacionados con proceder a la instalación de
redes pantalla que recogieran todos los residuos sólidos que en estos
momentos están circulando por el cauce del río, así como que se
proceda también a la instalación de estaciones de oxigenación, de
manera que el problema de los olores se vea mermado, pensando sobre
todo en la época estival, y los ciudadanos vean mejorada su calidad
de vida.
Para terminar, recomendaría a la señora ministra y al resto de
representantes del Partido Popular que no eludan su responsabilidad
buscando siempre como culpables a otros, en este caso al anterior
Gobierno. Al principio de la legislatura esto puede tener algún
sentido, pero a estas alturas no se puede estar constantemente
echando balones fuera, sobre todo teniendo en cuenta que precisamente
en la zona de la Vega Baja ustedes han tenido y tienen el gobierno en
muchos de los ayuntamientos afectados y que además han tenido un
conseller de la zona, alcalde de Orihuela, como es Luis Fernando
Cartagena -por cierto, misteriosamente desaparecido de la vida
política-, que ha tenido alguna responsabilidad en infraestructuras.
Hay que asumir la responsabilidad. Para eso han ganado ustedes las
elecciones. Actúen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Bartolomé.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a
apoyar la moción consecuencia de la interpelación presentada por el
Grupo Mixto, porque creemos que ya es hora no solamente de haber
aprobado en esta Cámara, a través de una iniciativa del Grupo
Socialista el año pasado, la necesidad de la creación de un plan
integral, sino de que en realidad se empiece a actuar de una manera
decidida y rápida ante una situación que ya no soporta más dilaciones
en el tiempo, ya no soporta más promesas y ya no soporta más
intervenciones como las que hizo la señora ministra el miércoles de
la semana pasada. No es suficiente con expresar la cantidad de miles
de millones de pesetas que la señora ministra dice que se están
invirtiendo, pero que en realidad los habitantes de la Vega no tienen
la posibilidad de notar en su vivencia diaria. El río sigue siendo
una cloaca y parece ser que la cloaca se sigue llevando los miles de
millones de pesetas que la señora ministra dice que ya se han
invertido o que se van a invertir.
No convencieron en absoluto a nuestro grupo parlamentario las
explicaciones que se dieron y, es más, creemos que es totalmente
necesario que una de las partes que aporta la moción, que es la
elaboración de ese informe para despejar las dudas que se han
suscitado, se haga realidad, entre otras cosas porque el Ministerio
de Medio Ambiente tiene como norma ignorar o negar la fiabilidad de
todos aquellos informes que no sean los emitidos por el propio
Ministerio o por las confederaciones. Esta mañana, en la
comparecencia de la señora ministra para otro tema, hemos tenido la
oportunidad de volver a escuchar lo mismo, es decir, no existen otros
informes nada más que aquellos que son los oficiales y, si existen,
no son fiables y no sirven nada más que para generar alarma en la
población. Lejos de nuestra intención está ser alarmistas. La verdad
es que los que nos alarman son los habitantes de la Vega cuando se
manifiestan y protestan. Nos tienen que alarmar a los que estamos en
esta Cámara porque realmente protestan con razón. No pueden continuar
viviendo en las condiciones en las que están las márgenes del río
Segura.
Señorías, no es admisible tampoco que se hable de que se van a
solucionar los problemas cuando se haya elaborado el Plan hidrológico
nacional, como decía la ministra la semana pasada, porque si no se
acomete de manera integral el saneamiento del río Segura, que no es
solamente poner las depuradoras en funcionamiento, por mucho que se
haga el Plan hidrológico nacional, el río Segura continuará
contaminado.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha formulado dos
enmiendas para complementar la moción que ha presentado el Grupo
Mixto, porque
considerábamos que las dos cosas que apuntamos en nuestras enmiendas
no quedaban suficientemente recogidas y que eran dignas de
explicitarlas así. No solamente hace falta que se analicen los
problemas de salinización de las tierras en el informe técnico que se
tenga que hacer por parte de los expertos sino que, además, sabiendo
ya que aquella existe, es necesario apuntar actuaciones precisas que
hagan frente a una mayor salinización. No sólo son los expertos sino
la propia Confederación y el Ministerio, y creemos que no se pondrá
en duda, los que hablan de la salinización de las tierras, de un
grado bastante alto y que además continúa aumentando. Por tanto, hay
que acometer actuaciones precisas para que, con independencia del
resultado de los informes, en caso de que se aprobara esta
iniciativa, se tomen las medidas que puedan paralizar dicha
salinización de las tierras.
La segunda enmienda que hemos presentado es, señorías, porque estamos
convencidos de que también es necesario para un saneamiento y un
mejor funcionamiento del río Segura, como decía antes. No solamente
se trata de la depuración de las aguas, sino que además de incidir,
como dice la moción, en la racionalización y en el ahorro de los usos
del agua, que realmente se puedan reutilizar las aguas que se depuran
para riego. Creíamos que esta era una de las aportaciones necesarias
porque también se tienen que acometer actuaciones para que las aguas
depuradas puedan volver a ser reutilizadas para el riego, se puedan
aprovechar y ahorrar el recurso agua para otros fines.
Estamos convencidos de que si en realidad el Gobierno y el partido
que lo sustenta tuvieran claro todo lo que nos han contado en las
diferentes ocasiones que han tenido para decir que se estaban
haciendo estas cosas y que era verdad que se estaban llevando a la
práctica y estuvieran haciendo lo que hay que hacer, no tendrían
ningún inconveniente en aprobar hoy esta iniciativa, de la misma
manera que no lo hubieran tenido en aprobar las iniciativas que se
presentaron en la Comisión de Medio Ambiente en noviembre del año
pasado, que venían de alguna forma a plantear lo que la moción recoge
hoy. Y si de verdad, señorías, estuvieran convencidos el Gobierno y
el partido que lo sustenta de la situación del río Segura, de que de
verdad no puede soportar por más tiempo que se sigan aplazando las
obras que necesita, estarían dándole el impulso necesario, entre
otras cosas porque cuando hay interés por parte del Gobierno en
conseguir que una obra se acabe a tiempo no solamente se destinan los
recursos necesarios, sino que además se puede estar trabajando
mañana, tarde y noche, como en el ejemplo de la autovía Madrid-
Valencia, que por fin se terminó, en la que como el Gobierno estaba
muy interesado en inaugurarla, se estuvieron llevando a cabo los
trabajos a ese ritmo y se puso todo lo que creyeron necesario para
cumplir el compromiso de que se acabara en un plazo determinado. Por
lo tanto, señorías, si el Gobierno tuviera esa misma sensibilidad
para el río Segura, llevaría a cabo las obras que necesita, tanto de
saneamiento, como del
plan integral, como cualquier otro tipo de actuación que garantizara
que esa cloaca fuera convertida otra vez en río y pudiera integrarse
en la vida de sus ciudadanos, de las personas que viven en su ribera.
No tendría inconveniente en poner el dinero para que se pudieran
hacer las obras y además agilizarlas con todos los turnos de trabajo
que fueran necesarios.
Por consiguiente, señorías, desde el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida vamos a apoyar la propuesta, convencidos de que es
una necesidad para la vida misma de las personas de la ribera, no
solamente por las repercusiones económicas que tiene tanto en los
cultivos, como en el turismo, como en las actividades que se generan
en su entorno, sino porque en realidad es imposible continuar
viviendo en la ribera del río por los olores que este produce y con
un problema de salud pública que parece que no tiene demasiado
interés ni para el Gobierno ni para el grupo que lo sustenta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán. ¿Grupos
parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, la señora Díez de la Lastra tiene la palabra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Popular va a fijar su posición respecto a esta
moción referente al río Segura, que por otra parte y como bien se ha
dicho aquí ha sido objeto de múltiples iniciativas.
La tenacidad es una virtud, pero no así la terquedad. Yo creía que
las explicaciones dadas en múltiples ocasiones por la ministra de
Medio Ambiente, con datos oficiales contrastados, había convencido a
los grupos que han insistido ahora con sus iniciativas y con las
enmiendas sobre el río Segura, pero parece que persisten en su
postura de no ver algo tan tangible como es el esfuerzo inversor de
este Gobierno, destinado a resolver el problema del saneamiento del
río Segura. Voy a intentar, aunque sin muchas esperanzas, dada su
actitud, argumentar nuestra posición siguiendo el guión de la moción
que ha presentado el señor Alcaraz.
Señor Alcaraz, hablar ahora de un plan integral de saneamiento no
tiene sentido, máxime cuando en estos dos últimos años el Gobierno
del Partido Popular ha tenido actuaciones que en sí mismas, sumadas,
dan lo que hubiera supuesto un plan integral y que no obedecen
a caprichos de las administraciones implicadas, sino que están
sometidas a un plan coordinado, como se ha repetido reiteradamente
por la ministra de Medio Ambiente, y no han sido actuaciones a salto
de mata, como se acaba de decir ahora mismo -creo que lo ha dicho la
señora Bartolomé-, sino realizadas siguiendo este plan coordinado.
Vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. A mí el nombre me da
igual. Lo importante es actuar. Puede ser un plan coordinado de
saneamiento integral. A usted le gusta ese. Pues cuando usted sea
Gobierno le pone el nombre que usted quiera, pero el objetivo es el
saneamiento integral del río Segura. Según ese plan, las obras
necesarias se han presupuestado plurianualmente; unas están
terminadas y otras se están ejecutando. Tengo aquí todas las
ejecuciones, no solamente del Ministerio de Medio Ambiente sino del
Gobierno de Murcia y de la Diputación de Alicante en convenio con la
Generalidad, y lo que no se puede pretender, como dije la semana
pasada, es que en dos días se proyecte, se licite, se construya y se
ponga en funcionamiento una depuradora. Cuando alguien se rompe una
pierna o ha dejado el cuidado de su salud, en dos días no se puede
buscar la solución; requiere su tiempo. Qué mas quisiéramos que tener
la varita mágica y en dos días tener saneado el río Segura, realizado
el trasvase y solucionados todos los problemas que hay en España.
Pero eso verdaderamente es difícil.
Su segundo punto habla de declaración de la zona sensible. Señor
Alcaraz, aquí hay una cierta demagogia, usted sabe perfectamente que
los criterios para la determinación de zonas sensibles y menos
sensibles están regulados por el Real Decreto-ley 509/1996 y se
aplican los parámetros. Según estos parámetros y estos criterios,
ninguno de estos casos es aplicable al Segura.
El problema del tramo final de este río no es la eutrofización, ni se
trata de aguas superficiales destinadas a la obtención de agua
potable; el problema es el aporte excesivo de contaminación de origen
orgánico, y su solución no está en la eliminación de fósforo o de
nitrógeno, sino en la instalación o mejora del rendimiento de los
sistemas de depuración de las poblaciones que vierten en este cauce,
tanto en la Comunidad Autónoma Valenciana como en Murcia. La
declaración del tramo final del Segura como zona sensible no tendría
más sentido que el de una apariencia puramente simbólica, demagógica,
pero no respondería ni al concepto ni a la finalidad que esta figura
tiene prevista ni aportaría nada a la solución real del problema.
En cuanto al punto 3 de su moción, cuando se habla del caudal, yo
comparto plenamente su criterio, que está establecido además -como
usted bien ha dicho- en la propia normativa. No obstante, la actual
falta de agua hace difícil su cumplimiento. La posibilidad de que se
cumplan las previsiones sobre caudales ecológicos que se contienen en
el Plan hidrológico del Segura se especifican y se reconocen en el
Libro Blanco del agua y están completamente subordinadas a que en el
futuro se incrementen las aportaciones del Tajo y, en su caso, se
consiga el trasvase del Ebro, cuestiones que deben abordarse en el
marco del Plan hidrológico nacional.
Por lo que respecta a las aguas subterráneas, a las que se refiere en
la moción, no se trataría de adoptar una sobrecarga de los acuíferos,
sino una carga de los mismos y además ésta sería prácticamente
imposible
de llevar a cabo debido al actual déficit estructural de la cuenca.
No obstante, le puedo anunciar -ya que dicen que no hacemos nada y
que mostramos un desprecio a la moción- que en un próximo Consejo de
Ministros se tiene previsto aprobar la modificación de la Ley que
regula el trasvase Tajo-Segura, con el fin de propiciar un trasvase
de agua con carácter extraordinario para garantizar el consumo de
agua en otoño. Dicha aprobación permitirá hacer frente a los efectos
de la sequía, luego entonces nos vamos adelantando en las
actuaciones.
Con relación al punto 4, encargo del estudio, le diré que carece de
sentido, ya que hay revisiones periódicas y lo que se debe hacer es
profundizar precisamente en estos análisis a través de los organismos
que los vienen realizando. Hay un control permanente de la calidad
del agua, las cátedras de Miguel Hernández y la Universidad de Murcia
las vienen realizando, creo que Intagua también ha hecho algún
estudio y, desde luego, hay una tesis doctoral preparada con tomas de
agua continuas y de una manera científica.
Si se refieren -como la señora Bartolomé- al estudio del señor
Nieves, yo tengo que decir que en la última reunión de la Comisión
provincial de aguas el propio señor Nieves reconoció que las muestras
se las había proporcionado otra persona. Yo no niego su capacidad
como abogado, pero, desde luego, no conozco su formación científica.
Lo que sí sé es que este señor se ha encargado de mandar los informes
a Bruselas sin contrastar, una imprudencia, por otra parte, por las
repercusiones negativas que puede tener para la economía de nuestra
agricultura. En este sentido, he de señalar que Asaja no está de
acuerdo con esos informes y he de señalar la indignación de los
agricultores, que ha sido destacada últimamente en la prensa, que han
manifestado su preocupación por el daño en la imagen, que puede tener
consecuencias nefastas al extender un velo de sospecha acerca de lo
saludable de los productos agrícolas de estas comunidades.
Sobre los daños para la salud humana, animal y contaminación en
cultivos, no tiene ninguna consecuencia, porque, como bien sabe el
señor Alcaraz y quizás también la señora Bartolomé, las aguas que
llegan al consumo humano y animal proceden de la mancomunidad de
canales del Taibilla, que toma sus aguas de la cabecera del río. Por
lo que se refiere a los cultivos, las aguas que no proceden de pozos
llegan a través de los canales de Crevillente y de su ramal del
embalse de La Pedrera, desde donde se distribuye a las zonas
regables.
En cuanto al punto número 5, de regadíos, también usted llega tarde,
qué le vamos a hacer. Además de las actuaciones que realiza la
Confederación Hidrográfica del Segura en materia de mejoras de
canalización, especialmente en la Vega Media, las transformaciones en
los sistemas de riegos competen a las respectivas comunidades
autónomas y, en su caso, al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Por lo que se refiere a la Comunidad Valenciana, que es la que más
conozco, la Generalitat tiene en tramitación, en estos momentos -la
licitación será en breve-, la redacción de un proyecto de
modernización de los regadíos de la Vega Baja del Segura según el
sistema de alimentación por tercios, en la provincia de Alicante.
Esta actuación se va a llevar a cabo en coordinación con la
Confederación Hidrográfica del Segura, que, en los últimos años, ha
acometido una serie de proyectos y obras de modernización,
actualmente ejecutados o en ejecución, en las márgenes derecha e
izquierda de la Vega Media y la Vega Baja del río. Como verán
ustedes, no se está haciendo absolutamente nada.
En cuanto a medidas preventivas y sancionadoras, compartimos su
necesidad, pero en materia de policía de aguas se ha intensificado la
protección del Segura y, en los últimos meses, se han incoado más de
40 expedientes por vertidos contaminantes, con propuestas de sanción
que en algún caso llegan a 7.000 millones de pesetas, siendo el
montante 20.000 millones de pesetas. Si eso no le parece intensificar
la vigilancia de los vertidos ilegales, que venga Dios y lo vea, pero
creo que ni así ustedes lo podrían creer, porque están en una postura
totalmente negativa (Rumores.) La plantilla de la guardia fluvial
está aumentando, y en esta función también colaboran otros empleados
de la comisaría de aguas. Con esta situación la media de territorio
por empleado es aceptable, ya que en las zonas más complejas se
aumenta la concentración de efectivos. Por otra parte, la Guardia
Civil y su servicio especializado, Seprona, presta ya una
colaboración muy estimable al organismo. A título indicativo le puedo
decir que durante 1997 han remitido 238 escritos relativos a
denuncias por posibles infracciones de la Ley de Aguas.
Termino enseguida, señor presidente. No sé si habré convencido a SS.
SS., imagino que no, porque, repito, la tenacidad es una virtud, pero
la terquedad no lo es. Creo que las actuaciones han sido muchas,
importantes y contrastables, todas ellas basadas en un plan de
coordinación, no a salto de mata. Yo quiero recordarle a la señora
Bartolomé que en una intervención suya, porque este tema se ha
tratado en sede parlamentaria en muchas ocasiones, dijo que las
infraestructuras y las medidas se tomarían paulatinamente. Eso es
sensato, porque varitas mágicas, como hemos dicho, no hay. Eso es lo
que decía en su intervención y sin embargo ahora parece que quiere
hacerlo de la noche a la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señora Díez
de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Voy terminando, señor
presidente.
La situación del río Segura es grave, todos lo hemos confirmado, pero
está en vías de curación, en fase de recuperación. Desde luego, la
situación no sería ésta si los vertidos se hubieran arreglado y
controlado hace mucho tiempo, como dije la semana pasada en la
interpelación, porque la propia plataforma pro Segura dice que hace
20 años que no les hace caso la Administración.
Termino ya, señor presidente. Quiero señalar que el que no vayamos a
votar a favor no significa desprecio alguno por la moción, como ha
dicho el señor Alcaraz. Yo sé cuál es el papel de la oposición,
porque la he estado ejerciendo 12 años en un ayuntamiento y, de
hecho, en estos 12 años en el Ayuntamiento de Alicante he aprendido
mucho. Lo que tengo claro es que hay que ejercerla, porque en un
sistema democrático tan importante es la oposición como el Gobierno,
pero, repito, lo que tengo muy claro es que hay que ejercerla con
buena fe, seriedad y rigor, y eso es algo que en este tema no se ha
producido por parte de los grupos que han intervenido antes.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-
Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Díez de la
Lastra.
El señor Alcaraz tiene la palabra para indicar si acepta o no las
enmiendas que se han presentado a la moción que ha defendido.
El señor ALCARAZ RAMOS: Si, señor presidente, desde una enorme
terquedad, aunque sé que no es turno de alusiones, pero la réplica no
la voy a dar yo, la van a dar miles de ciudadanos, y no, como decía
la ministra, porque algunos convoquemos la manifestación, sino porque
hoy con su voto el Partido Popular está convocando muchas
manifestaciones y con argumentos tan tristes como los que ha dado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Indique si acepta o no las
enmiendas.
El señor ALCARAZ RAMOS: Acepto la enmienda planteada por Unión
Valenciana y las enmiendas de Izquierda Unida. En cuanto a las del
Grupo Socialista, y de acuerdo con su portavoz, la primera es
aceptada y a la segunda les propongo un texto transaccional, que
sería el siguiente: Instalar sistemas de oxigenación al paso del río
por las diversas localidades en aquellos casos en que sea necesario
para garantizar la salubridad y la calidad de vida.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz. ¿El
Grupo Socialista está conforme con esa modificación a su enmienda?
La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Efectivamente, está conforme con esa
transaccional.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): De acuerdo. Vamos a proceder
a la votación. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación
correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del Gobierno
para el saneamiento integral del río Segura, en los términos
resultantes del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 129; en contra, 156.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la moción.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LOS EFECTOS PARA EL SECTOR
AGRARIO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA CUMBRE DE BERLÍN (Número de
expediente 173/000140).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto 7 del
orden del día: Moción consecuencia de interpelación urgente, del
Grupo Socialista del Congreso, sobre los efectos para el sector
agrario de los acuerdos tomados en la cumbre de Berlín.
Para su presentación en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender en nombre de mi grupo la moción consecuencia
de la interpelación que presentamos en la sesión de control del
miércoles pasado. Tengo que decir que lamento profundamente que,
estando la ministra en esta sede, no haya acudido precisamente en
estos momentos al hemiciclo.
Desde que se presentó la interpelación hasta que se produce esta
moción han ocurrido distintos sucesos, todos ellos relacionados, de
una u otra manera, con el debate al que hace alusión esta moción. Uno
de ellos es la salida de la ministra del Ministerio. Nunca sabremos
si la ministra sale de motu proprio o realmente, ante los reiterados
escándalos habidos en el Ministerio y la evidencia de una mala
gestión... (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Amarillo.
Señorías, les ruego guarden silencio.
Señorías, si no van a ocupar sus escaños, les ruego que abandonen el
hemiciclo.Señor Martínez-Pujalte.
Puede continuar, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Como iba diciendo, ante la evidencia de una mala gestión se produce
esta salida.
Es también un hecho notorio que el propio presidente del FEGA,
encargado de la distribución de las ayudas que provienen de la PAC,
ha sido dimitido en tres días, dándose la versión que se quiera dar a
su dimisión. El hecho es que esta moción ofrece la posibilidad de que
algunas de las graves deficiencias que se están produciendo en la
gestión del sector agrario en España puedan reconducirse evitándose
males mayores.
En primer lugar, la moción propone una ley de carácter básico que
permita que las comunidades autónomas, cada una dentro de sus
competencias, la desarrollen para que las ayudas de la PAC puedan ser
moduladas, previa consulta con las organizaciones profesionales
agrarias y con el movimiento cooperativo. Tengo que decir que no es
una cuestión oportunista que el Grupo Socialista trae a esta Cámara.
Les recuerdo que el 8 de febrero de 1999 nuestro grupo presentó una
proposición no de ley sobre la modulación de las ayudas agrarias, y
así consta en el «Diario de Sesiones» y en el Boletín de la Cámara.
Igualmente, no queremos cualquier tipo de modulación, queremos una
modulación que se base en los principios de equidad. No podemos
consentir que el 80 por ciento de las ayudas se lo lleven el 20 por
ciento de los perceptores; queremos que se haga bajo los principios
de modernización de las explotaciones agrarias, es decir en
consonancia con la propia política agraria comunitaria, y que se
tenga muy en cuenta el mantenimiento del empleo y la generación de
puestos de trabajo.
El segundo punto hace alusión al estatuto del agricultor y del
ganadero. Esta es una cuestión que está en consonancia con los
acuerdos de distintas organizaciones profesionales agrarias y que
tiene por fin el que claramente se defina cuál es el agricultor a
título principal, cuál es la agricultura familiar, cuál es el
agricultor a título parcial y cuál es la empresa agraria.
En el tercer punto hacemos alusión a algo que está de enorme
actualidad en estos momentos y que desgraciadamente la propia
ministra de Agricultura ha interpretado muy mal. Acabamos de tener un
repunte inflacionario de 0,4 puntos en el cual se aduce que la
alimentación ha sido uno de los principales factores. Está claro que
hay una enorme confusión porque tienen muy poco que ver los precios
en origen con los precios en destino, y no se puede decir, como creo
que se ha dicho -y buena ocasión hay ahora, ya que en estos momentos
tenemos aquí a la propia ministra para que lo desmienta-, que la
disminución de los precios de intervención es un factor que
contribuye a la moderación de la inflación y de los precios en
destino. Por el contrario, creemos que se tiene que arbitrar un
conjunto de medidas que permitan que las cooperativas y las
organizaciones de productores agrarios puedan estar presentes en los
mercados sin destino para favorecer, por un lado, las rentas agrarias
y, por otro, a los consumidores, de esta manera podremos disponer de
un ágil instrumento que modere y favorezca el control de los repuntes
inflacionarios.
En toda Europa en estos momentos, muy particularmente en Francia y en
Italia, se está asistiendo al debate de la reforma de las estructuras
agrarias. En particular, el Parlamento francés acaba de aprobar la
Ley de orientación agraria. Esta ley tiene por fin contemplar el
medio agrario en el conjunto del mundo rural. Este debate abierto en
Europa es muy necesario también en España, y precisamente esta Cámara
debe intervenir con un proyecto de ley, previa consulta de todos los
sectores interesados, para que podamos abordar de manera sistemática
todos aquellos vectores relacionados con el empleo, vectores
relacionados con las rentas de los activos rurales, teniendo en
cuenta que no todos los activos agrarios son rurales.Hay que
posibilitar que en el medio rural no se pierda población; hay que
posibilitar que en el medio rural se mantengan las rentas agrias y
tenemos que posibilitar igualmente que haya intercambio, que exista
la posibilidad de que se cambie de una actividad a otra. Esto es lo
que pretendemos en el punto 4 al pedir un proyecto de ley básica que
permita el desarrollo y la explotación rural. Lógicamente esta ley
tiene carácter básico, ya que las comunidades autónomas tienen muchas
competencias en este campo y son estas comunidades las que las tienen
que desarrollar.
En el quinto punto aspiramos a la redefinición de los rendimientos
sobre cereales en las distintas comarcas agrarias, que el reparto de
los derechos del ganado vacuno, que el reparto de la cuota láctea no
se convierta en un instrumento partidista, en un instrumento para
premiar a unos y castigar a otros, y mucho menos en un instrumento
cuasinepótico en términos políticos. Queremos que haya unos criterios
técnicos, racionales, objetivos, que procedan del consenso con todos
los agentes económico-sociales del sector, sean organizaciones de
productores agrarios, sean organizaciones profesionales agrarias, sea
movimiento cooperativo, con el fin de llegar a unos criterios que
permitan que este reparto sea justo, favorezca a todos y se haga con
equidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego concluya.
El señor AMARILLO DOBLADO: Sí, señor presidente.
Igualmente, en el sexto punto -y en esto nos atenemos a un escrito
que ha mandado la Cámara, en el mismo sentido que nos comunica la
Presidencia-, pedimos que se ponga coto a algo que no se debe
consentir: no se puede permitir que con el dinero público se haga un
programa en televisión, Agroesfera, que se convierta en un programa
no de información, sino de propaganda. Yo diría que ni siquiera es
una propaganda partidista, sino puramente personal. Tenemos que
investigar aquí, en la forma que me dice la Presidencia de la Cámara,
cuál es la naturaleza empresarial del programa Agroesfera y tenemos
que investigar qué clase
de información se ha dado, con qué criterios se ha dado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego concluya.
El señor AMARILLO DOBLADO: Voy terminando, señor presidente.
Hay que investigar cuántas veces aparece o no el Gobierno, cómo lo
hace y a cuento de qué, con el fin de que el dinero público se
invierta en los medios públicos en los términos que dice la
Constitución.
Por último, tengo que informar que se han presentado dos enmiendas de
adición por parte del Grupo de Izquierda Unida. Ambas enmiendas
enriquecen nuestro texto y las vamos a aceptar.
Nada más. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
Han sido presentadas una serie de enmiendas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para cuya presentación y
defensa tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, nadie puede
negar que, después del debate de la interpelación de la semana
pasada, ha ocurrido algo que debía haber tenido una explicación por
parte del Gobierno. Sin embargo, todavía hoy no hemos tenido una
explicación en esta Cámara de las dimisiones habidas en el ministerio
de Agricultura, dimisiones que están relacionadas -digan ustedes lo
que digan- con el escándalo de las subvenciones. Con mayor motivo
debía haberse explicado cuando, la semana pasada, la señora ministra
hizo una apasionada defensa y dijo que no había habido ninguna
circunstancia especial en el Ministerio que justificara dimisión
alguna. Por tanto, después de la intervención de la señora ministra,
todavía era más necesario que se diesen explicaciones en esta Cámara
de las dimisiones habidas. También se ha anunciado por el Partido
Popular que la ministra de Agricultura va a encabezar la candidatura
a las próximas elecciones europeas. Quizás el Partido Popular no haya
tenido argumentos para explicar en esta Cámara por qué cambia una
ministra por intereses partidarios. Nosotros entendemos que la cambia
en un momento difícil en el que hay un convenio pesquero con
Marruecos en una situación crítica y un desarrollo de la Agenda 2000
preocupante. Sin embargo, descabeza al Ministerio de Agricultura por
razones meramente partidistas y sin dar explicación alguna a esta
Cámara. Sinceramente creemos que se tenían que haber dado
explicaciones.
Dicho esto, entrando en la moción que se presenta, nosotros creemos
que es oportuna, que se presenta en un momento en que se están
produciendo presiones para intentar una mayor liberalización del
comercio que puede poner en peligro la viabilidad del futuro de
las explotaciones agrarias, ya que es imposible la existencia de una
agricultura europea sin una ayuda directa. Por eso nosotros queremos
seguir anunciando que si la Unión Europea avanza en el proceso de
liberalización que se trata de imponer en el ámbito mundial al sector
agrario, nos encontraremos con que los agricultores y los ganaderos
europeos tendrán cada vez una mayor dificultad para conseguir
ingresos del mercado que les permitan mantener un mínimo nivel de
vida y la viabilidad de sus explotaciones. Por eso nos ha dolido más
que la llamada Agenda 2000 haya sido realizada prestando más atención
a la reforma futura de la Organización Mundial del Comercio que a
dotar al sector agrario europeo de los instrumentos necesarios para
garantizar su futuro en el marco de la ampliación de la Unión Europea
a los países del centro y del este de Europa. Estos son, señorías,
los puntos de partida que nosotros hemos venido defendiendo en todos
los debates habidos en torno a la llamada Agenda 2000 y por eso,
desde esta perspectiva, queremos decir que coincidimos básicamente
con los puntos que se nos plantean en la moción que se presenta por
el Grupo Socialista. Nos alegramos sinceramente de que el Grupo
Socialista nos presente una moción que contemple de una forma clara y
rotunda la modulación de las ayudas. Nos alegramos porque parece que
se empiezan a superar contradicciones que habían llevado a los
eurodiputados socialistas a votar en contra de esta modulación en el
Parlamento Europeo, y nos alegramos de que se resuelva precisamente a
favor de los que pueden estar defendiendo la modulación de las
ayudas.
Izquierda Unida siempre ha defendido y va a seguir defendiendo la
modulación de las ayudas porque entendemos que la situación actual es
injusta desde el principio. Esta situación, que ya hemos denunciado
hasta la saciedad, acumula la mayor parte de las ayudas en manos de
los grandes propietarios, que se han repartido entre unos pocos la
mayor parte de las subvenciones, favorecido a los especuladores y a
aquellos que vienen al campo a beneficiarse de las subvenciones. Digo
esto mostrando nuestra mayor sorpresa cuando el comisario Fischler ha
llegado a decir que hay que apoyar a los agricultores europeos
precisamente porque son la única garantía para conservar la cultura
rural, la cultura del campo que tantos siglos ha costado construir en
nuestra Europa. Pues bien, es incompatible la política del señor
Fischler con el apoyo a la agricultura, con el apoyo al medio rural.
Por eso nuestra enmienda trata de ligar el mantenimiento de la
creación de empleo con la necesidad de apoyar las explotaciones que
más contribuyen al asentamiento de la población en el medio rural.
Nos preocupa que al hablar de modulación solamente se haga referencia
por parte de la ministra a criterios medioambientales. Por todo esto
nosotros creemos que la modulación tiene que ir dirigida
fundamentalmente al empleo y a propiciar el asentamiento de los
agricultores en las zonas más despobladas y desfavorecidas.
Proponemos en nuestra enmienda propiciar la celebración de un debate
parlamentario sobre lo que debe ser la agricultura en el siglo XXI;
una agricultura que parta de una mayor profesionalidad en el sector y
que expulse a los especuladores y a aquellos que han venido
a beneficiarse del campo y que no han ido a producir; una agricultura
que parta de una apuesta por unas producciones de calidad y por unos
alimentos seguros que sean el sustento de una modernización de
nuestra explotación agraria y de una mejora de las condiciones de
vida del medio rural porque, no nos engañemos, para un verdadero
asentamiento de los agricultores en su explotación, la atención a los
servicios y a la infraestructura en el medio rural debe estar
equiparada con el medio urbano. Entendemos que es necesario discutir
cuál será el papel y cuáles serán las funciones de los agricultores y
los ganaderos en el siglo XXI, de manera que se reconozca su
aportación a la comunidad tanto en la producción de alimentos como en
-no menos importante- la aportación cultural, al paisaje y a la
salud. Por eso entendemos que el debate parlamentario que proponemos
en nuestra enmienda puede servir de catalizador de las energías que
han demostrado los agentes sociales y los sindicatos agrarios en la
defensa no solamente de sus intereses particulares, de sus legítimos
intereses concretos, sino también de una identidad colectiva que a
todos nos interesa.
En definitiva, estamos de acuerdo en general con la moción que se nos
presenta, pero creemos que se puede completar con nuestras
aportaciones y nos alegramos de que hayan sido asumidas. En este
momento se plantea el debate. La ministra no podía subir a la tribuna
la semana pasada a decir que está de acuerdo con la modulación y que
hoy el Partido Popular vote en contra de ella sin haber presentado
ninguna enmienda. Esto no es lógico y lo único que se hace es
mantener una política en la que se ha estado más pendiente de ir de
farol, de decir en cada momento lo que se entendía que había que
decir, independientemente de que luego se hiciera lo contrario de lo
que se decía. Por eso creemos que si el Partido Popular está de
acuerdo en avanzar hacia la modulación tenía dos caminos: uno, votar
a favor de lo que hoy aquí se presenta y, otro, plantear su propia
alternativa. No ha hecho ninguna de las dos cosas. Por tanto, venir a
decir aquí que no les preocupa evidencia que el Partido Popular en
estos momentos está en una postura contraria a lo que el campo
español está reclamando y que no es, ni más ni menos, que la
modulación de las ayudas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego vaya concluyendo..
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino en un minuto, señor presidente.
Es importante que hoy se resuelvan aquí otras cuestiones que se
plantean en la moción, como es la necesidad del debate sobre el
futuro de la agricultura. Si al final se ha admitido nuestra enmienda
la votación tiene
que ser global y el Partido Popular debería apoyar esta moción porque
sería abrir unas perspectivas de futuro al campo español; lo
contrario será seguir manteniéndolo en unas condiciones que no se
merece.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella. ¿Grupos parlamentarios que sin haber presentado
enmiendas desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo que reconocer que, al leer por primera vez esta
moción del Grupo Socialista y llegar hasta el punto 4, tuve que
volver a iniciar la lectura puesto que no daba crédito a lo que
estaba leyendo y pensé que al tratarse de la primera hora de la
mañana estaba todavía dormido. Pero no, una segunda lectura me llevó
al terreno de la realidad. No estaba dormido y tampoco había
retrocedido en el tiempo a épocas que algunos pretenden que
olvidemos. Hasta en cuatro ocasiones se dice que el Gobierno elabore,
previa consulta con las organizaciones agrarias y el movimiento
cooperativo, determinados proyectos de ley, y en una quinta que
informe, también previa consulta con las organizaciones agrarias y el
movimiento cooperativo. Para el grupo proponente parece que no
existen las comunidades autónomas, aun en el caso de que las mismas
tengan competencias en el ámbito agrario. Según esta moción, el
llamado Estado de las autonomías parece que ha pasado a mejor vida.
Una vez más, la concepción estatalista pura y dura, la concepción del
nacionalismo español en su estado más reaccionario aparece reflejada
con una diáfana claridad en esta moción. ¿O es que el subconsciente
colectivo les ha traicionado de nuevo, señoras y señores del PSOE? Y,
claro, luego tienen el desparpajo -por decirlo de una forma suave- de
hablarnos de marcos constitucionales, de determinados marcos
estatutarios, e incluso recientemente nos hablan de federalismo como
de un redescubrimiento. No estaría de más, por otro lado, que se
leyesen el artículo publicado recientemente en El País por su
preclaro compañero don Ramón Jáuregui. ¿O es que en El País se
escribe una cosa y luego sus propuestas concretas corresponden a su
concepción estatalista de siempre?
No voy a entrar en el contenido concreto de la moción, pues con lo
dicho creo que está dicho todo, pero es que no me resisto a hablar,
aunque sea muy brevemente, del punto 6 de la moción, que no tiene
desperdicio. En una moción sobre los acuerdos de Berlín pedir medidas
en relación con un programa agrario de Televisión Española, por muy
sectario que éste pueda ser, parece de ciencia-ficción.En fin, sin
extenderme más, creo que por lo dicho queda clara la opinión
que nos merece esta moción, pero también otras conclusiones que
podríamos extraer de la misma.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señoras y señores
Diputados, hemos dejado claro en diversas ocasiones nuestro
posicionamiento por lo que hace referencia al resultado de los
acuerdos de la cumbre de Berlín. No nos duelen prendas en admitir que
la propuesta aprobada es mucho mejor de lo que se pudiera pensar en
principio. No es menos cierto que esa mejora relativa es en parte el
fin de una situación injusta que arrastrábamos desde nuestra
incorporación a la Unión Europea, allá por el año 1986.
Es absolutamente cierto que los cultivos mediterráneos continúan
estando discriminados y que una parte de las ayudas que obtenemos son
como resultado de una aplicación absolutamente benevolente de los
reglamentos. Es cierto que la renta del agricultor puede sufrir un
descenso, sobre todo en años de excelentes cosechas mundiales.
Tendremos que ver cómo se comportan los precios y sobre todo si
realmente los mercados agrarios mundiales funcionan con la
transparencia teórica que deben tener. Por otra parte, parece que se
está consolidando la imagen del agricultor no sólo como responsable
de la producción de alimentos sino como conservador del medio
ambiente. Sin duda ésa puede ser una aportación más del sector, sobre
todo cuando se vayan instalando estos nuevos conceptos como
agricultura sostenible, etcétera. Estamos de acuerdo y coincidimos
con el comisario Fischler en que se tendrá que potenciar el modelo
europeo de agricultura basado en la empresa familiar agraria y, por
tanto, adaptar, por ejemplo, la Ley de modernización de explotaciones
agrarias a los nuevos reglamentos comunitarios que resulten de la
aprobación de la Agenda 2000. Por tanto, nuestra posición es clara y
no podemos renunciar al modelo europeo agrario, al modelo de la
empresa familiar agraria.
No obstante, nuestro grupo parlamentario entiende que las propuestas
de la moción que se han presentado por el Grupo Parlamentario
Socialista, sin entrar en el fondo de las mismas, tienen problemas
tanto en la forma como en la temporalidad. Por lo que hace referencia
a la temporalidad, una vez que el propio presidente del Gobierno
anunció la semana pasada el cese de la actual ministra, la oposición
tendría que pedir el nombramiento inmediato de un nuevo ministro
y solucionar lo más rápidamente posible esta situación de impasse en la
que estamos en este momento. Nuestro grupo pedirá la comparecencia,
una vez efectuado el nombramiento, para que se nos explique cuáles
serán las líneas del futuro Ministerio. En cuanto a la forma, por lo
que hace referencia a las propuestas
desde nuestro punto de vista son inaceptables. Todas se inician con
el siguiente redactado: que el Gobierno elabore, previa consulta con
las organizaciones agrarias, el movimiento cooperativo, etcétera. Con
ello queda patente que el Partido Socialista, usted particularmente,
señor Amarillo, a pesar de que fue consejero de agricultura, no se
acuerda de las competencias que sobre ese tema tienen las comunidades
autónomas. O sea, hay que hablar de modulación de las subvenciones de
la Unión Europea, del estatuto del agricultor, de la comercialización
directa de los productos agrarios, del desarrollo integral de las
comarcas rurales, del reparto de la cuota láctea, del rendimiento
comarcal de los cultivos herbáceos, etcétera, y las iniciativas que
se tomen en torno a esos temas, materia de competencia exclusiva de
las comunidades autónomas, las ha de tomar el Gobierno central, eso
sí, asesorado por las organizaciones agrarias y por el movimiento
cooperativo. Es un modelo que no nos gusta y no es el nuestro. Los
parlamentos autonómicos, los gobiernos autonómicos y las consejerías
de agricultura se convierten en un mero adorno y no sirven
prácticamente para nada. Por tanto, no estamos de acuerdo con estos
planeamientos. Estamos viviendo en un Estado autonómico donde hay
unas competencias que son propias de las comunidades autónomas y que
en la propuesta de resolución que ha presentado el Partido Socialista
no se contemplan.
Como colofón a esta serie de despropósitos se pide la creación de una
comisión de investigación sobre un programa de Televisión Española
dedicado a la agricultura. Esta mezcla coloquial hace que la
propuesta para nosotros sea poco creíble. Si se desea entrar en el
tratamiento televisivo de Agrosfera, lo que hay que hacer es acudir a
los mecanismos de control existentes en el seno de Radiotelevisión
Española, no en una moción que, como su tema indica, trata de
analizar los efectos para el sector agrario de los acuerdos de la
cumbre de Berlín. Por los motivos que he explicado, nuestro grupo no
va a dar soporte a la moción del Grupo Socialista. Muchas gracias,
señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.
Señorías, como cuestión previa en esta intervención quisiera hacer
una aclaración al señor Amarillo, y parece que también al señor
Centella, que han puesto en duda la razón por la cual la señora
ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación deja tal cargo. Se lo
recordaré por si hay alguna duda, ya que alguna insinuación, torpe
como siempre, se ha hecho en ese sentido. Es sencilla y llanamente
porque mi partido ha decidido, porque así lo ha estimado conveniente,
presentar de cabeza de lista a las elecciones al Parlamento Europeo
-donde por cierto se espera que obtendremos un éxito sin
paliativos...(Rumores.)- a la todavía ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Además, entiende mi grupo -y así lo expreso con
orgullo- que este éxito viene precedido de una confección magnífica
de la lista encabezada por una persona de tanta valía y de una
probada solvencia como es la ministra señora De Palacio. Si queda
aclarado, queda aclarado, y si quieren lo repito nuevamente.
(Aplausos.)
En segundo lugar, me gustaría aclarar que a este portavoz a veces le
es difícil seguir los juegos parlamentarios y dialécticos del
portavoz del Grupo Socialista, señor Amarillo. Con todo respeto, la
moción que nos presenta S.S. no tiene nada que ver con la
interpelación que debatimos la semana pasada. Todos recordamos -
y ahí está el «Diario de Sesiones»- que el miércoles pasado debatimos
sobre la Agenda 2000 y la cumbre de Berlín, y hoy la moción del Grupo
Socialista nos presenta una serie de puntos inconexos en forma de
moción en los que no vemos ni sentido ni oportunidad. Además -y no
insistiré en el tema-, con un espíritu jacobino, sobre el que los
portavoces de otros grupos han insistido, impropio de estos tiempos
que corren puesto que, cuando se reclaman consultas de todo el mundo
hay que evacuarlas -y mi partido así lo hace- fundamentalmente con
las comunidades autónomas que, como S.S. debe saber porque ha
ejercido el cargo durante muchos años en una comunidad autónoma, son
las que tienen transferidas innumerables competencias en materia
agraria.
Entrando en alguno de los puntos de la moción me voy a referir a la
modulación. ¿Tengo que recordar una vez más al Grupo Socialista y a
su portavoz la contestación que le dio hace pocas fechas el señor
Fischler, comisario de Agricultura? Que cuando en la cumbre de Berlín
y antes en la de Bruselas España pretendía entrar en esta materia de
la modulación, los gobiernos socialistas europeos se negaron en
rotundo. Hable usted con sus colegas europeos a ver cuándo quieren
entrar en la materia, porque nuestro grupo -y se dijo el jueves
pasado, en la Comisión de Agricultura, en la comparecencia del
secretario general de Agricultura- ofreció el consenso cuando se
cumplan las condiciones que se tienen que cumplir. Por cierto, la
postura de los gobiernos socialistas europeos es contraria e impide
que se avance en esa materia porque como sabe, y si no se lo
recuerdo, señor Amarillo, se podrá instar al Gobierno a entrar en la
cuestión de la modulación cuando se disponga de los textos
legislativos preceptuados en el reglamento horizontal, etcétera.
Todavía no se puede entrar y además, repito, los partidos y los
gobiernos socialistas europeos nos impiden hacerlo. Pero cuando se
pueda, nuestro grupo estará encantado de entrar en la materia para
ver si podemos consensuar, pero teniendo en cuenta los peligros que
ello conlleva en materia fiscal y sobre todo en materia de empleo.
En cuanto al desarrollo rural, no entendemos -y no es ojo al dato
sino a lo que está pasando- la falta de seriedad con que algún grupo
aborda este tema. Habrá
que legislar sobre esa materia, pero nunca antes de que estén
desarrollados los reglamentos que contempla la Agenda 2000. Por
tanto, tenga un poco de paciencia, señor portavoz del Grupo
Socialista, que sabe perfectamente que todavía no es el momento y,
sin embargo, ello no empece para que sepamos todos perfectamente lo
que es agricultor con total dedicación, el agricultor a tiempo
parcial, los profesionales con diversificación de rentas, etcétera.
Su señoría sabe que los pagos compensatorios podrán no discriminar,
pero sí las ayudas complementarias que la PAC tiene y otras muchas
ayudas de los programas Proder y Leader, que S.S. parece que olvida,
pero que sin embargo empezaron bien en la etapa socialista y se han
mejorado mucho más en la etapa popular. (Rumores.)
Por lo que se refiere al capítulo de comercialización, a usted y al
resto de las señorías del PSOE les diré que no tienen ni idea de lo
que piden en esta moción y que parece que están añorando el Servicio
Nacional del Trigo de los años cuarenta. Es lamentable que se plantee
la moción en esos términos cuando de una manera moderna las
interprofesionales, las asociaciones de productores agrarios y las
cooperativas están funcionando perfectamente en origen y en destino.
Hay que ayudarlas, hay que potenciarlas, hay mucho que hacer, pero
ese es el camino y no esa especie de comercio de Estado que SS.SS.
proponen.
En cuanto a los rendimientos de herbáceos, señor Amarillo, ¿quiere
reconocer ante este Pleno que lo que usted plantea en la moción por
anticipado se lo contestó el señor Díaz Eimil, secretario general de
Agricultura, el jueves pasado? ¿Cómo se van a repartir los beneficios
obtenidos? Por cierto, gracias por el reconocimiento de que hay algo
que repartir, porque es ya público, notorio e historia que cada
ministro de Agricultura que venía de Bruselas no es que no tuviera
nada que repartir, es que había que matar vacas o que arrancar cepas.
En este momento hay que repartir algo, efectivamente, una mejora en
los rendimientos. (Rumores.) Pues bien, el señor Díaz Eimil,
secretario general, le dijo cómo y no le tengo que contestar yo aquí
de qué manera. Parte de ese incremento, de ese agravio histórico en
cuanto a rendimientos deberá utilizarse para compensar aquella rebaja
que se hizo en los rendimientos de los regadíos. ¿Lo recuerda S.S.?
Así fue, y de lo que quede se hará un reparto equitativo entre el
resto del secano de España. Eso sin contar con el 10 por ciento de
subida que a lo largo de este sexenio 2000-2006 tendrán los pagos
compensatorios de los herbáceos, incluido el girasol, que si baja una
peseta la subvención o pago compensatorio subirá otra peseta, puesta
como mínimo por el Ministerio de Agricultura en la orden que en su
momento aparecerá, mediante un programa agroambiental, y no se ha
dicho, simplemente se está calumniando en algunas comunidades
autónomas, como Castilla-La Mancha, con papeles y con escritos
absolutamente insidiosos en los que no se dice la verdad. Además, han
quedado -y ese es un logro de este Gobierno afortunadamente y del que
todos nos tenemos que alegrar- en que no tendrá penalizaciones,
cuando todos sabemos que el girasol y las oleaginosas en general, por
no se sabe qué motivos, cada año tenían penalizaciones, sin ir más
lejos este año del 7 por ciento. Puesto que sabe S.S. cómo se va a
repartir, ¿por qué entonces sigue preguntando?
Finalmente, señor presidente, hay un punto que es la solicitud de una
comisión de investigación sobre un programa de televisión llamado
Agrosfera. Aquí sí que -si me permite- le tengo que acusar de
amarillismo, sin segundas. No sé si pretende que a S.S. y a mí nos
saquen en televisión con la misma imagen que a Robert Redford; eso es
imposible, señor Amarillo. (Risas.) Mi grupo entiende que es un
programa que está funcionando bien, y ya es difícil funcionar bien en
La 2 y a las nueve y media de la mañana. Me parece que se lo han
puesto difícil a los profesionales de televisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero,
le ruego concluya.
El señor MADERO JARABO: Concluyo, señor presidente, preguntando por
qué se pide una comisión de investigación, por qué se siembra en este
Pleno la duda sobre quienes realizan el programa de Agrosfera. El
Grupo Parlamentario Popular tiene la minutación exacta del programa
del último año 1998 y de los meses de febrero y marzo de 1999. Lo
único que se deduce de aquí es que la directora, la producción, el
equipo de redactores y todos los profesionales del programa no
merecen una reprobación, como usted pretende, ni siquiera la siembra
de dudas sobre su actuación profesional, sino el reconocimiento de su
buen hacer. Por cierto, le recuerdo que la directora de Agrosfera
tuvo puestos de responsabilidad en la etapa del PSOE y, como es una
magnífica profesional, lo fue entonces y lo sigue siendo ahora, con
independencia del color político del Gobierno de turno.La dirección
de Agrosfera, su equipo de redacción -repito- y cuantos profesionales
y trabajadores colaboran en el programa dan cada semana una nueva
muestra -según opinión de mi grupo- de profesionalidad, sensatez y
honestidad. Por contra, nos parece una irresponsabilidad proponer una
comisión de investigación sobre un programa informativo que está
funcionando perfectamente, a nuestro entender, y con criterios
profesionales. A su disposición está, repito, la minutación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero,
le ruego concluya.
El señor MADERO JARABO: Termino, señor presidente, diciendo que este
programa, en una franja horaria absolutamente desfavorable, está
sirviendo de manera ejemplar al mundo rural español.
Mi grupo entiende, señorías, que no merece la pena estimar la moción
en ninguno de sus puntos, más allá del respeto que nos merece su
portavoz y su grupo. En
consecuencia, y después de todo lo dicho, votaremos en contra.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Madero.
Habiéndose expresado por parte del señor Amarillo la aceptación de
las enmiendas, vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso sobre los
efectos para el sector agrario de los acuerdos tomados en la cumbre
de Berlín, en los términos resultantes de la aceptación de enmiendas
por parte del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 124; en contra, 153; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada
la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRA Y A LA QUE SE
ENFRENTA LA JUVENTUD (Número de expediente 173/000141).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida sobre la situación socioeconómica en que se
encuentra y a la que se enfrenta la juventud. (Pausa.-El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Para defensa de la moción
y en nombre del Grupo de Izquierda Unida, el señor Centella tiene la
palabra. (Pausa.-Varios señores diputados abandonan el salón de
sesiones) Señorías, transiten con rapidez, por favor. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente. Señorías,
presentamos esta moción como consecuencia del debate que celebramos
la semana pasada, y lo hacemos, tal y como dijimos entonces, con la
intención de que nuestra propuesta sea un instrumento útil para el
debate, de manera que se puedan afrontar soluciones para los
problemas de empleo, de vivienda, de ocio, las consecuencias que ha
tenido el servicio militar obligatorio y una prestación social
sustitutoria concebida más como un castigo que como una alternativa
que puede tener la juventud. Hacemos nuestra propuesta
desde el convencimiento de que es una alternativa real, una
alternativa viable a la actual política del Gobierno; una política
basada en la desregulación del mercado laboral, basada en la
liberalización del suelo y por tanto de la vivienda, y en plantear el
ocio como consumo.
Por eso no podemos admitir las descalificaciones que se hicieron la
semana pasada por parte del señor ministro, ni mucho menos por parte
del portavoz del Partido Popular, porque evidentemente puede ser que
como dijo el ministro la semana pasada no se entiendan nuestros
argumentos, pero en el mismo sentido le digo que muchos jóvenes
tampoco le entienden a él ni a su Gobierno cuando frente a los
problemas reales se empeñan en esconderse detrás de las estadísticas
para intentar demostrar blanco sobre negro que todo va bien, sin
aportar soluciones de futuro. Sobre todo, no podía admitir sus
palabras al portavoz del Partido Popular y le tenía que decir que si
a él la represión policial le suena solamente de oídas, a muchos
estudiantes, a muchos jóvenes de Barcelona y de otros puntos del
Estado no solamente los golpes y empujones de la policía les suenan
muy próximos sino que más que sonar les diría que les duelen en su
propia carne. También le quiero decir que ser antisistema, ser
contracultural, ir en contra de esta sociedad no es sino estar en
contra de un sistema que se considera injusto y es la causa de los
problemas que venimos a plantear aquí aportando soluciones.
Por eso desde Izquierda Unida creemos que en este debate no se pueden
utilizar las estadísticas para camuflar la realidad; no se puede
hacer porque es inmoral, señorías, sacar de las listas del paro a un
joven que a través de una empresa de trabajo temporal, solamente haya
trabajado durante algún día al mes. Por tanto, en contra de lo que se
trató de decir la semana pasada, subo a esta tribuna convencido de
las posibilidades de una juventud que se sigue movilizando en defensa
de unos valores de solidaridad, de justicia social; una juventud que
está llenando las concentraciones contra la guerra de Yugoslavia; una
juventud que ha salido a la calle en defensa de una educación pública
de calidad; una juventud que en definitiva está exigiendo con su
participación en las ONG un nuevo orden internacional más justo que
evite tragedias como la que están sufriendo en estos momentos
demasiadas zonas del mundo.
Nuestra moción propone en primer lugar la eliminación o supresión de
las empresas de trabajo temporal. Lo hacemos porque no podemos
engañarnos y ya es tiempo de hacer balance de lo que han representado
estas empresas y es evidente, es una realidad que la casi totalidad
de las contrataciones gestionadas a través de las ETT no son empleos
nuevos, no es en definitiva creación de empleo sino que ha sido
reposición o sustitución de empleo, eso sí con el agravante de que el
empleo sustituido es distinto en primer lugar en cuanto al salario
que recibe la persona contratada a través de una ETT, y también es
distinto en cuanto a los derechos
laborales y a los derechos sociales. De esta forma se ha
conseguido reducir sustancialmente los costes laborales de las
empresas y esto se hace a costa de la estabilidad del empleo y sobre
todo a costa, como decíamos, de la reducción de los salarios en su
gran mayoría de jóvenes, porque las empresas de trabajo temporal
reparten el trabajo reduciendo la duración de los contratos y
aumentando la rotación en los puestos de trabajo para que los
derechos sociales, la retribución pueda caer por debajo de los
límites establecidos en los convenios. Por tanto no podemos
engañarnos, una empresa de trabajo temporal solamente tendrá sentido
si le sirve al empresario para bajar costes.
Por eso nosotros no podemos proponer una simple modificación de la
normativa que regula las ETT, proponemos su sustitución por
instrumentos públicos de contratación y lo hacemos porque para
nosotros está claro que la causa del alto nivel de desempleo en la
juventud no es debida a la rigidez del mercado laboral, y lo
repetiremos una y mil veces. Señorías, la estrategia de mejorar la
competitividad vía reducción de costes laborales está abocada
irremisiblemente al fracaso.
Por desgracia siempre existirán países donde las condiciones
laborales sean peores, donde los niveles de vida propicien
reducciones de costes mayores de las que se puedan hacer en este
país. Estamos convencidos de que el paro juvenil no lo solucionan las
empresas de trabajo temporal, y permítanme les diga que esto lo
sabían ustedes, lo sabían todos aquellos que aprobaron en su día la
creación de las ETT. Las ETT sí han cumplido un objetivo que estoy
completamente seguro de que era el que realmente les interesaba a
quienes impulsaron su creación; las ETT han conseguido desde su
creación deteriorar las condiciones laborales, han conseguido que la
duración media de un empleado intermediado por las ETT no sea
superior a los cinco días, pero también, señorías -y ustedes lo
saben-, han propiciado un aumento de la siniestralidad, han
propiciado una aumento de los accidentes laborales, y como dijimos
antes han producido una reducción salarial encubierta al margen de la
negociación colectiva; por tanto han conseguido reducir los costes
laborales unitarios para propiciar un aumento de los beneficios
empresariales y una reducción de los ingresos de los trabajadores.
Este balance presentan hoy por hoy las empresas de trabajo temporal.
Por eso planteamos alternativas para los jóvenes que partan de
potenciar los instrumentos públicos de contratación y siempre desde
la base de asegurar todos los derechos sociales, los derechos
laborales y, cómo no, partiendo del principio de que a igual trabajo
igual salario.
En segundo lugar, nuestra moción plantea el problema de la vivienda.
Repetimos aquí lo que ya dijimos la semana pasada. No se equivoquen
señores del Partido Popular, la okupación no es la solución al
problema de la vivienda, sino que es precisamente una consecuencia de
este problema. La solución al problema de la falta de vivienda es que
todas las personas de este paíspuedan ejercer el derecho
constitucional a una vivienda
digna y que no existan edificios públicos o privados vacíos
abandonados o derruidos, cuando miles de jóvenes no pueden acceder a
una vivienda. La okupación es consecuencia de que en este país haya
viviendas vacías, edificios públicos vacíos, mientras hay jóvenes que
no pueden emanciparse, que no pueden tener un proyecto propio de vida
por no disponer de vivienda.
La semana pasada incentivaba, y también lo hago hoy, al uso de todas
las viviendas vacías y animo a que se dé uso social a todos los
edificios vacíos o abandonados esperando que se acabe la
especulación. Señorías, el problema que tienen miles de jóvenes para
acceder a la vivienda no significa solamente cubrir una ansiedad que
es básica para cualquier ciudadano, lo que espera la juventud es
poder emanciparse para disponer de un espacio propio, y la única
garantía que existe hoy por hoy es tener una vivienda propia para su
disfrute de forma individual o de forma colectiva. Por eso planteamos
la necesidad de hacer un plan integral de la vivienda, un plan que
recoja las necesidades que hoy los jóvenes no ven reconocidas en la
política del Partido Popular.
Señor Ballesteros, claro que el movimiento okupa es un movimiento
antisistema, un movimiento contracultural y que esta enfrentado con
la sociedad, pero no se alarme, créanme que no tienen rabo ni
cuernos. Permítame le diga que son un antisistema, que son
contraculturales cientos de miles de jóvenes que se oponen a la
guerra, que se oponen a la agresión que se está produciendo en este
momento en Yugoslavia y participan en las ONG, que defienden una
sociedad más justa, que entienden que la miseria que lleva a miles de
niños cada día a la muerte no es una casualidad ni es culpa de
fenómenos meteorológicos, sino que es culpa de un sistema, de una
sociedad con la que no solamente no están de acuerdo sino que
trabajan activamente para cambiarla. Tenemos muy claro que a estas
alturas con su política del suelo no se va a acabar con el problema
de la vivienda, así como que con la política especulativa que llevan
los ayuntamientos del Partido Popular tampoco se va a acabar con el
problema de la vivienda.
Un tercer elemento que defendemos en nuestra moción es la necesidad
de eliminar cualquier castigo, sanción o condena a los jóvenes que se
hayan opuesto activamente al servicio militar obligatorio, y como
decía a una prestación social sustitutoria que estaba concebida más
como castigo que como alternativa. Sería absurdo que una vez
producida la eliminación del servicio militar obligatorio, todavía
hubiese jóvenes que sufriesen las consecuencias de haber defendido en
solitario y con riesgo de su propia libertad una necesidad que al
final ha sido incluso asumida por el propio Gobierno.
Por eso, señorías, después del debate de la semana pasada, llega hoy
el momento del voto, el momento de la propuesta concreta y del
compromiso concreto. Ahí es donde cada grupo nos situamos. Hoy
ustedes se sitúan en el partido del no, hoy ustedes van a votar en
contra sin haber presentado ninguna propuesta, y no la han presentado
por dos motivos: porque no tienen
alternativa o porque no se atreven a plantearla por escrito ya que
les da vergüenza aparecer ante la juventud con la propuesta
reaccionaria que viene defendiendo el Partido Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Centella, le ruego
concluya, por favor.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino en un minuto, diciéndoles que es
triste acabar hoy este debate sin haber llegado a presentar por
escrito ni una sola propuesta.
Agradezco al Grupo Socialista que haya presentado una alternativa a
nuestra iniciativa y les digo que coincidimos bastante con su
enmienda; pero no podemos coincidir en su propuesta sobre las
empresas de trabajo temporal, porque como les decía no estamos por
una regulación de las empresas de trabajo temporal. Creemos que esa
no es la solución. Nos negamos a creer que se puedan convertir las
ETT en ONG dedicadas al fomento del trabajo temporal. Pensamos que
las ETT han demostrado que nos son alternativa al empleo y por eso la
única posibilidad es impulsar los instrumentos públicos de
contratación. Por eso no podemos admitir su enmienda. Sí podríamos
haber llegado a una enmienda transaccional; si ustedes aceptaran la
primera parte de nuestra propuesta, nosotros no tendríamos ningún
conveniente en aceptar su enmienda. Ustedes tendrían que aceptar la
primera parte, la que habla de la supresión de las empresas de
trabajo temporal. Si ustedes estuviesen de acuerdo en eso, podríamos
llegar a una enmienda transaccional que recogería la mayor parte de
su enmienda y la primera parte de la nuestra.
Con nuestra propuesta se puede avanzar y se puede generar ilusión en
la juventud. Como no se puede crear ilusión en la juventud es
viniendo a esta Cámara simplemente a decir no, como parece ser que
viene el Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Centella.
Efectivamente, a esta moción consecuencia de interpelación se ha
presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO SERRANO: Señor presidente, señoras y señores
diputados, hemos de reconocer la importancia que tiene traer hoy al
Pleno esta moción consecuencia de la interpelación de la semana
pasada, sobre la situación en que se encuentra la juventud en España.
La oportunidad viene sobre todo como consecuencia de la situación a
que se tienen que enfrentar, porque a pesar de que los jóvenes hoy
representan como ninguna otra generación de nuestra historia una
fuente inagotable de nuevos valores, de actitudes positivas, es
cierto que la mayoría de los jóvenes de hoy han de enfrentarse a
situaciones que dificultan, más
aún que niegan sus posibilidades para incorporarse de manera autónoma
a nuestra sociedad. Como saben, una mayoría de jóvenes en España se
enfrenta a la imposibilidad de emanciparse por padecer un paro
juvenil insoportable, mucho mayor que en el resto de Europa, con
altas tasas de precariedad, a la que han contribuido las empresas de
trabajo temporal que además se han aprovechado de esta situación de
desempleo masivo entre la gente joven. La mayoría de los jóvenes
permanecen en sus domicilios familiares y son mantenidos por sus
padres porque no se pueden emancipar, y no como tratan de decir
algunos por comodidad o por desidia. Los jóvenes quieren iniciar
cuanto antes la mayor aventura de su vida, y ésta no es otra que
iniciar la vida de manera autónoma.
Pero junto con estos problemas relacionados con la emancipación, la
gente joven desgraciadamente en España también tiene que afrontar
otra serie de problemas no menos importantes y muy significativos
como pueden ser las dificultades para participar o las altas tasas de
mortalidad juvenil por sida o por accidente de tráfico, los embarazos
en adolescentes y el peligro que tienen las mujeres jóvenes de ir
ante el juzgado por interrumpir sus embarazos. Es que, señorías, como
les dije la semana pasada España no va bien para la gente joven. No
va bien porque hay una ausencia absoluta de políticas de juventud por
parte del Gobierno, en concreto por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y por el Instituto de la Juventud; porque la
ausencia de políticas de juventud que afecta de manera directa a la
gente joven, unida a la ausencia de políticas sociales dirigidas a la
población en general está produciendo, como también les decía la
semana pasada, un proceso muy importante pero también muy
preocupante, como es la juvenalización de la pobreza. Les decía que
un informe nada dudoso señala que el 44 por ciento del total de los
pobres en España tienen menos de 25 años, que son niños y jóvenes.
El balance no puede ser más negativo. El Partido Popular no ha
cumplido ni una sola de sus propias previsiones en materia de empleo,
de vivienda, de ocio, ni de educación que iban destinadas a los
jóvenes. Ahora se les llena la boca hablando de la disminución del
desempleo juvenil, y lo hacen curiosamente en una situación de
bonanza económica, donde todos sabemos que se produce con esta
situación de bonanza económica un mayor aumento en el empleo. Esto es
algo coyuntural que ocurría también durante las épocas de Gobierno
socialista en épocas de crecimiento económico, pero lo cierto es que
el paro juvenil está bajando no como consecuencia de que se esté
creando empleo entre los jóvenes, sino que fundamentalmente está
bajando su tasa de actividad. Deben reconocer, señorías, que para su
Gobierno, para el Partido Popular la gente joven y las políticas
dirigidas a ellos no son una prioridad en estos momentos. Además,
España sigue siendo uno de los pocos países que no cuenta con un plan
específico para subsanar las situaciones de desempleo de la población
juvenil, a diferencia de lo que
suele ocurrir con los gobiernos socialdemócratas de nuestro entorno,
de Alemania o de Francia; tampoco es una prioridad facilitar el
acceso a la vivienda a los sectores más desfavorecidos, y de manera
especial a la gente joven. Por eso hoy es más caro acceder a una
vivienda, hoy es mucho más difícil para un joven acceder a una
vivienda que hace tres años, porque además las decisiones que ha
tomado su Gobierno no han hecho otra cosa que perjudicar el acceso a
la vivienda de los sectores más desfavorecidos y de manera especial
de la gente joven. De ahí el Real Decreto 1/1997, que obliga a que la
subvención pública que se da al que adquiere una vivienda de
protección pública la tenga que destinar a minorar el capital en
lugar de poder utilizarla libremente para otras necesidades que puede
tener a la hora de buscarse un alojamiento. De ahí que la Ley de
régimen del Suelo va a perjudicar y va a afectar muy negativamente a
los más desfavorecidos y digo de nuevo que ahí está la gente joven.
De ahí también que la modificación que han hecho del IRPF va a
afectar muy negativamente a aquellos jóvenes que deciden alquilar una
vivienda. Como es cierto también que se está produciendo un retroceso
muy importante en el sistema educativo, reconocido por los propios
jóvenes que se han venido movilizando en estos meses de atrás,
retroceso que afecta además a los jóvenes estudiantes con mayores
dificultades para poder acceder a la educación. Este año saben y
tienen que reconocer que va a haber 23.000 becarios universitarios
menos que en años anteriores, es decir que 23.000 jóvenes no van a
tener beca este año. Junto a todas estas situaciones que condicionan
la realidad juvenil de nuestro entorno, también hemos de denunciar
claramente en esta tribuna todo el retroceso que se está produciendo
en partidas presupuestarias destinadas a actividades de información y
educación sexual, a campañas de prevención del sida en adolescentes y
jóvenes, a disminución del presupuesto para prevenir los accidentes
de trabajo. El otro día les decía que no sé si será una consecuencia
directa, pero ciertamente desde que ustedes están en el Gobierno es
mayor el número de jóvenes que mueren en accidente de tráfico y
aumenta año tras año; posiblemente tenga que ver con que ustedes han
disminuido las campañas destinadas a prevenir los accidentes de
tráfico en gente joven. Todo esto unido a la situación prácticamente
de carajal en que se encuentra el servicio militar obligatorio y la
objeción de conciencia, hace que el Partido Popular sólo esté
preocupado por el interés electoral, por los réditos electorales que
le puede propiciar la profesionalización del servicio militar y de la
objeción de conciencia.
Hoy nos encontramos con un montón de jóvenes, casi un millón de
jóvenes que no saben muy bien cuál va a ser su situación, si tendrán
o no que hacer la mili, cientos de jóvenes están pendientes de hacer
la prestación social, otros muchos están cumpliendo la prestación
social pero saben que ha perdido absolutamente el valor de actividad
de beneficio a la comunidad que tenía en su momento porque ustedes
han hecho una
prestación y hace que los jóvenes vayan a las administraciones con
independencia de que allí puedan hacer o no un servicio a la
comunidad, lo que persigue la prestación social de los objetores de
conciencia.
A esta realidad señalada de manera muy rápida han de enfrentarse la
mayoría de los jóvenes de este país. Para los jóvenes España no va
bien, no va nada bien. Es claro y evidente que así es. La solución a
estas situaciones no pasa por traer aquí a esta Cámara propuestas más
populistas que eficaces en la solución de los problemas. Por eso
desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda
de sustitución a la moción del Grupo Federal de Izquierda Unida,
donde fundamentalmente buscamos soluciones a los problemas que tienen
la mayoría de los jóvenes españoles. Ciertamente las ETT están
contribuyendo a precarizar aún más un mercado de trabajo con altas
tasas de precariedad laboral, pero no se trata de hacerlas
desaparecer, sino de modificar aquellos aspectos que están bien
identificados y que son negativos. Será necesario acometer otra
reforma como la que ya se ha estudiado en el Parlamento por
iniciativa del Grupo Socialista en torno a la equiparación de
salarios, pero será necesario acometer otras iniciativas relacionadas
con la duración mínima de los contratos, con las condiciones del
empleo, de salud, de formación profesional o de representación
sindical.
Igualmente, desde el Grupo Socialista pretendemos ofrecer soluciones
a los problemas de acceso a la vivienda en la juventud española. Para
ello pedimos que se cumpla lo que este Pleno del Congreso aprobó ya
hace escasamente un año, en el mes de junio del año pasado, una
proposición no de ley que fue aprobada por todos los grupos
parlamentarios, que además era consecuencia del trabajo que se había
desarrollado desde una subcomisión en la que habían participado
numerosos ciudadanos, representantes de organizaciones sociales de
carácter juvenil o también sindicales, incluso representantes de
administraciones autonómicas y municipales y que hasta la fecha el
Gobierno, el Partido Popular no ha hecho ningún caso de las distintas
recomendaciones que esta Cámara aprobó con el voto también de los
representantes del Partido Popular. Debe cumplirse de manera
inmediata todo lo que se proponía en esa proposición, todo lo que
tenía que ver con el fomento de la formación profesional y el
autoempleo, lo que tenía que ver con la elaboración de un plan
específico de atención a los jóvenes, lo que tenía que ver con el
fomento del alquiler entre los jóvenes de manera fiscal y con apoyo
directo. Todo esto que allí decíamos y muchas cosas más -que no voy a
comentar por no alargarme- tiene obligación de cum,plir el Gobierno
porque así les instamos en esta Cámara.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que la mejor forma
de atacar los problemas que en estos momentos rodean al servicio
militar obligatorio, al proceso de profesionalización del servicio
militar es acortar la duración de este proceso, e intentar evadir lo
que ustedes electoralmente están intentando. Por un lado, están
diciendo a la gente joven y sobre todo a sus
familias que la mili ya se acaba, que ya no tendrán que ir más a la
mili, y por otro lado están demandando que cada vez hay menos jóvenes
que quieran ser soldados profesionales y cada vez hay también menos
jóvenes que atiendan las necesidades propias del servicio militar
obligatorio hasta su desaparición. Nosotros les instamos, como ya lo
hemos venido haciendo anteriormente, a acelerar el proceso de
profesionalización para evitar todos los problemas anexos a dicha
profesionalización del servicio militar.
Por último, consideramos prioritario traer hasta el Parlamento un
plan para la juventud, que entendemos ha de ser discutido -y no como
lo que han hecho hasta ahora- con el conjunto de las asociaciones
juveniles representativas del país, y desde luego consensuado con el
Consejo de la Juventud de España que hasta el momento y como bien
saben ha sido absolutamente ignorado por parte del Gobierno. Repito,
un plan integral que atienda las demandas de los jóvenes desde muy
diversas perspectivas, no sólo desde lo que supone la emancipación
sino también de todo lo que tiene que ver con la participación, con
la salud, con la calidad de vida, con la educación en valores y
demás. Esto es lo que nosotros proponemos. Nos hubiera gustado que el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida hubiera admitido
nuestra enmienda, que en gran medida creemos que es más realista y
más posibilista respecto de la solución de los problemas que tiene la
gente joven.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Caballero. ¿Grupos distintos del enmendante que quieran fijar su
posición en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señor presidente.
La gente que provenimos del ámbito de las políticas de juventud, que
hemos ostentado responsabilidades y que hemos trabajado en estas
cuestiones, a veces cuando llegamos a esta casa tenemos la sensación
de que muchas de aquellas políticas que afectan a los jóvenes, o
incluso los debates más globales sobre las políticas de juventud
quedan al margen del debate del Congreso de los Diputados. En esta
legislatura hemos tenido una subcomisión que ha trabajado en esta
materia, que ha elaborado una serie de propuestas, algunas de ellas
interesantes, pero creo que a todos nos han sabido a poco.
La interpelación que planteaba Izquierda Unida abría la oportunidad
de mantener en la Cámara un debate sobre estas políticas globales de
juventud, en un momento además que en el conjunto del Estado español
muchos de los elementos que han configurado durante los años ochenta
y noventa estas políticas de juventud están superados.
Creo que los responsables municipales y autonómicos que trabajan en
este tema son conscientes de que
algunos elementos del discurso y de la acción política en esta
materia corresponden a otros parámetros. Por tanto el debate que
planteaba Izquierda Unida podía servir para reflexionar en voz alta
sobre los límites de la actuación de la Administración central del
Estado en esta materia. En cambio, Izquierda Unida ha optado por
plantearnos una interpelación y una moción centradas en los aspectos
aparentemente más contundentes de los problemas que afectan al mundo
de la juventud. Entendemos que ahí se ha perdido una buena
oportunidad para hacer esa reflexión más amplia.
Además ha planteado soluciones respecto a estos problemas más
contundentes que afectan a la juventud (el problema de la ocupación,
el problema de la vivienda, el problema del servicio militar, el
problema de esa visión global por parte del Gobierno central) de
manera equivocada, buscando aquello que constituye los elementos más
chocantes que afectan a estos ámbitos concretos.
En el ámbito de la ocupación parece reducir el problema de la gente
joven a la existencia de las empresas de trabajo temporal, y todos
sabemos que la presencia, la inserción de la juventud en el mundo
laboral es mucho más compleja. Las empresas de trabajo temporal
constituyen un problema en ellas mismas, en función de la regulación
que tienen y también en función de la aplicación de esa regulación
que se ha hecho a lo largo de estos últimos años, pero evidentemente
no podemos reducir a ellas el problema del paro y de la juventud. En
este punto concreto, y lo sabe el ponente de Izquierda Unida, el
Congreso de los Diputados tomó en consideración hace cosa de unas
semanas una proposición de ley del Grupo Socialista que aborda una de
estas cuestiones. Las próximas semanas se va a debatir en el Congreso
en su globalidad esta reforma de las ETT, y hoy nadie en el mundo
sindical, ni UGT ni Comisiones Obreras plantean la desaparición de
las ETT, plantean en todo caso su reforma. Por tanto y de entrada, en
ese primer punto de su moción no podemos coincidir; el problema de la
juventud en materia de ocupación es más amplio.
En segundo lugar y en relación a la vivienda, también nos parece que
el problema de los jóvenes y la vivienda no está en relación a un
fenómeno como la okupación, un fenómeno complejo y difícil que
creemos no se puede abordar de forma superficial y frívola. Nos
parece que formular la necesidad de políticas públicas que faciliten
la posibilidad para la gente joven de marchar de casa de sus padres
necesita planteamientos de otro tipo y no abordando exclusivamente la
cuestión de la okupación. Por tanto, ahí tampoco podemos coincidir
con el Grupo de Izquierda Unida.
Aborda también la moción una reflexión sobre el ámbito de la
insumisión, en una legislatura en la que precisamente este Gobierno,
y a impulso de este grupo parlamentario, ha hecho la transformación
más radical en esta materia en los últimos 20 años: la supresión del
servicio militar, la desaparición de las penas de prisión para los
insumisos, la reducción a la mitad de las sanciones por
inhabilitación. Entendemos que ya estamos
en una fase de transición que nos va a llevar a la solución de este
problema en su globalidad.
Finalmente, la moción plantea la petición de que el Gobierno presente
un plan de actuación joven. Nuestro grupo parlamentario ha pedido al
Gobierno que comparezca, en el seno de la Comisión de Política Social
y Empleo, al objeto de informar de las directrices de este plan de
actuación que el Gobierno encargó al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales hace cuestión, creo recordar, de un mes.Entendemos que hay
voluntad en el Gobierno de elaborar este plan y existe ya un
mecanismo parlamentario en marcha, como va a ser esa comparecencia,
para que el conjunto de los grupos políticos podamos debatir sobre
esta cuestión.
Todos ellos nos parecen suficientes elementos para no votar
favorablemente esta moción y lamentamos que hayamos perdido una
oportunidad de haber planteado un debate que afecta a un sector muy
importante del conjunto de la población y que está necesitado, más
que nunca, de soluciones nuevas, imaginativas y sugerentes.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
anunciar nuestro voto negativo a la moción y a la enmienda presentada
por el Partido Socialista. Pero, en todo caso, para anunciar el voto
negativo a la moción presentada por Izquierda Unida, agradeciendo
también, de manera previa, la oportunidad que nos han dado de
celebrar, durante estos dos días, este debate y este análisis de los
problemas de la juventud en general, debate que, por otra parte,
sobre todo el miércoles pasado, celebramos a horas bastante
juveniles. Recuerdo que terminamos a la una menos cuarto de la
madrugada.
Creo que el análisis y las soluciones que aporta el grupo de
Izquierda Unida nada tienen que ver con la realidad. Creo
sinceramente que en el análisis que hacen de esos problemas de los
jóvenes se olvidan de las necesidades principales de los mismos. Los
jóvenes necesitamos algo muy diferente; los jóvenes necesitamos
políticas activas, políticas imaginativas; los jóvenes necesitamos
soluciones y necesitamos que todos los grupos parlamentarios y toda
la sociedad española aporte este tipo de soluciones. Lo que no
necesitamos son posturas como las que mantiene en estos momentos
Izquierda Unida, posturas que personalmente a este portavoz le
decepcionan, posturas que yo calificaría de arcaicas, posturas
estáticas, posturas tremendamente regresivas para un grupo que se
define a sí mismo como progresista.
Analizando el apartado 1.a) de su moción, ustedes entran en el tema
del empleo. En primer lugar abordan las empresas de trabajo temporal.
Ciertamente es un
tema preocupante; ciertamente hay que corregir errores de las
empresas de trabajo temporal y ciertamente se están poniendo los
medios para corregir estos errores. Hay propuestas presentadas por
parte del Grupo Parlamentario Popular, y se presentarán iniciativas
por parte de otros grupos encaminadas a solventar esos problemas, que
sí que están presentando las empresas de trabajo temporal. Por otra
parte -y quiero recordar al Grupo Socialista- esta ley fue aprobada
por ese grupo y por esos políticos que hoy ustedes califican de
rancios y casposos, en concreto usted, pero que luego viene aquí a
hacer un discurso exactamente igual en estos momentos. (Aplausos.)
Ahora bien, esos problemas se solventarán, pero tenemos una visión
diametralmente opuesta de cuál es la situación en estos momentos del
mercado laboral. Su visión se basa -y así nos dicen en la moción- en
potenciar el empleo, en crear empleo desde el Estado. La visión y la
acción del Gobierno del Partido Popular es que el empleo lo tiene que
crear la sociedad. Además, pretenden ustedes apoyar la estabilidad en
el empleo, pero hacen un discurso plenamente contradictorio. Me
gustaría que recordasen ustedes aquí, y si no para eso estoy yo
(Risas.), que ha sido precisamente este Gobierno el que ha hecho
desaparecer, gracias al diálogo social y a los agentes sociales con
los que ustedes no se ponen de acuerdo, los contratos-basura, tan
perjudiciales para los jóvenes; o que precisamente ha sido este
Gobierno el que ha conseguido, a través de aquella reforma laboral
-consensuada, por supuesto-, que a estas alturas más de 750.000
jóvenes hayan firmado un contrato bonificado indefinido, lo que
significa algo más del 60 por ciento de todos los contratos estables
firmados al amparo de la reforma. Creo que esos datos, junto con la
reducción del paro y de la precariedad laboral juvenil que se está
produciendo -espectacular, aun reconociendo el problema que todavía
existe-, nos sitúa en una posición totalmente diferente. Preferimos
empleos sin planes que planes sin empleo, como nos traía el Partido
Socialista. (Aplausos.) Le voy a decir una última cosa respecto a
temas de empleo. Ustedes, Izquierda Unida, sigan poniéndose al frente
de las manifestaciones, que el Partido Popular va a seguir poniéndose
al frente de las oportunidades y del trabajo para los jóvenes.
En segundo lugar, abordan el tema de la vivienda, o por lo menos
hacen una referencia -yo creo que una referencia desmesurada- al tema
de la ocupación, que a mí me preocupa. Creo que sobra en algunas
ocasiones su referencia a la ocupación y falta algo más la referencia
a las medidas que se están tomando en favor del acceso a la vivienda.
Me preocupa también el reflejo de la juventud española que usted
pretende hacernos ver. Usted pretende identificarnos a los jóvenes
con una juventud antisocial, con una juventud antisistema, como le
decía antes, porque así es como se definen los okupas a sí mismos,
que no es como los defino yo; también dicen que una parte de su
preocupación es la vivienda, pero sólo una parte. En el Grupo Popular
creemos que
la juventud actual es totalmente diferente. Creemos y confiamos en
una juventud que es muy variopinta, creemos y confiamos en una
juventud que sigue estando a la vanguardia de las ideas, del
pensamiento y de la acción. Creemos y confiamos en una juventud que
sigue desarrollando un torrente solidario, aunque bien es cierto que
no lo hace a través de las instituciones, y ahí estoy de acuerdo en
que buena parte de culpa la tenemos todos los partidos políticos,
pero sobre todo -no se olvide- el partido que durante una gran
cantidad de años ha estado gobernando en este país. (Rumores.) Ahora
bien, ese concepto de que la juventud está fuera del sistema nosotros
no podemos compartirlo.
Si lo que le preocupa de verdad es el tema de la vivienda, le volveré
a señalar qué está haciendo este Gobierno. Para aquéllos que tengan
unos ingresos inferiores a los dos millones y medio -y hay muchos
jóvenes-, se están planteando ayudas de hasta un 16 por ciento en las
cuotas de los créditos hipotecarios, con un máximo de 15 años; se
están planteando subvenciones a un fondo perdido hasta el 5 por
ciento del total del préstamo hipotecario solicitado; desde el nuevo
plan de vivienda, se está permitiendo que durante dos años los
jóvenes puedan interrumpir el pago del préstamo hipotecario en caso
de pérdida de trabajo. Esas sí que son medidas. Con ellas, junto con
la nueva Ley del Suelo, el nuevo concepto de la vivienda que queda en
el IRPF y, desde luego, con esa bajada de los tipos de interés -que
el otro día atribuía ya a las meigas-, sí que se va a conseguir que
los jóvenes podamos acceder, de verdad, a una vivienda. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Ballestero, vaya
concluyendo, por favor.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor presidente.
En el apartado 1.c), ustedes nos dicen que los jóvenes están
discriminados o condenados por el tema del servicio militar y la
objeción de conciencia, y ahí tengo que reconocer que en algo tienen
razón. Los jóvenes españoles, los actuales, en materia de servicio
militar y de objeción de conciencia, estamos discriminados. Es una
discriminación porque después de 200 años en los que, promoción tras
promoción, los jóvenes se tenían que ir a hacer la mili, ahora
llegamos nosotros y, gracias al Partido Popular, tenemos la suerte de
tener la certidumbre de que no vamos a volver a hacer la mili. Eso,
efectivamente, es una discriminación positiva. (Aplausos.) Nos han
devuelto un año de vida, nos han quitado un año de preocupaciones,
nos han quitado un año de incertidumbres, nos han devuelto un año
para hacer lo que nosotros queramos con él. Además de eso, y en este
período transitorio, se podía dejar pasar la ocasión de arreglar
problemas puntuales de los jóvenes, pero no se deja pasar. En abril
de 1996 había 47.000 jóvenes cumpliendo la prestación social
sustitutoria y 130.000 en espera. Ahora mismo hay 90.000 cumpliendo
la prestación y 30.000 en espera. Esto es
como el anuncio: lavamos tres veces más de platos. (Risas.) La
situación se ha invertido. Por cada joven que en el año 1996 estaba
cumpliendo la prestación, había tres en espera; ahora pasa justamente
lo contrario. Reconozco y comparto su preocupación por acelerar la
profesionalización, pero yo creo que esta profesionalización se tiene
que hacer como se está haciendo, de una manera responsable.
En cuanto al apartado 2, reconociendo también -que no me duelen
prendas- que quizás el plan joven debería estar lo antes posible en
esta Cámara, debo señalar que es de todo punto innecesario, en tanto
que el 5 de marzo el Consejo de Ministros aprobó la realización de un
plan joven para los años 2000 al 2003, plan que, por otra parte, como
ustedes solicitan, debe estar presentado para el 31 de octubre de
este año y que -recogiendo esa inquietud- estará consensuado con los
diferentes grupos, con las diferentes asociaciones juveniles y con
todo el mundo, y plan que, entre otras cosas, va a tratar materias
como las que ustedes recogen de la inserción laboral, el acceso a la
vivienda, la educación para la salud, las alternativas saludables de
ocio y tiempo libre, el apoyo a colectivos desfavorecidos, la
prevención del racismo y la violencia, el voluntariado, la
cooperación y participación, entre otras cosas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Ballestero,
concluya, por favor.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Concluyo, señor presidente.
Hay una cosa clara, este plan de juventud del Partido Popular será
totalmente diferente a los planes de juventud del Partido Socialista,
igual que las políticas de juventud del Partido Popular son
diferentes a las políticas de juventud del Partido Socialista
(Rumores.) No vamos a traer aquí papel mojado, no vamos a seguir con
esa teoría de no hacer nada, de dejar pasar el tiempo para que los
problemas de los jóvenes, si nos descuidamos, se conviertan en los
problemas de los pensionistas por el paso del tiempo (Aplausos.).
Tenga por seguro que me preocupa mucho el papel que se vaya a traer
aquí dentro de unos meses, pero me sigue gustando más ver la firma de
muchos jóvenes en papeles que son contratos bonificados o que son
préstamos hipotecarios.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ballestero. (El señor Centella Gómez pide la palabra.)
Señor Centella, la Presidencia ha creído entender de su intervención
que únicamente aceptaría la enmienda del señor Caballero, del Grupo
Socialista, si se acoplaba de alguna forma a su enmienda. Si usted
quiere señalarlo de forma más clara, tiene la palabra para manifestar
la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Socialista.
El señor CENTELLA GÓMEZ: De la intervención del Grupo Socialista se
ha deducido que no se aceptaba la transaccional. Solicito votación
separada de los dos puntos de nuestra moción.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muy bien, señor Centella,
así se hará.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, vamos
a proceder a la votación separada de los dos puntos de la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre la situación socioeconómica en la que se
encuentra y a la que se enfrenta la juventud, en sus justos términos.
Votación correspondiente al punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
262; a favor, 10; en contra, 250; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazado
el punto 1 de la moción.
Votación correspondiente al punto 2 de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
262; a favor, 120; en contra, 141; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazado
el punto 2 y, por tanto, la moción en su conjunto.
El Pleno se reanudará mañana a las dieciséis horas.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta minutos de la noche.