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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 215, de 23/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 215
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 207
celebrada el martes, 23 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Mixto (señoras Rivadulla y Almeida), para la
tramitación preferente y urgente de las demandas judiciales para el
reconocimiento de los derechos previstos en los apartados 4 y 5 del
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 166-1, de 18 de marzo de 1998 (número de
expediente 122/000145) . . . (Página 11501)
-Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
del Código Civil en materia del proceso de separación y divorcio
cuando tengan como precedentes malos tratos entre cónyuges. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 262-1, de 14 de diciembre
de 1998 (número de expediente 122/000233) . . . (Página 11506)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de reforma del
Código Civil en materia de proceso de separación y divorcio, cuando
se deriven o tengan como precedentes malos tratos entre los cónyuges.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 236-1, de 16 de
noviembre de 1998 (número de expediente 122/000208) . . . (Página 11506)
Proposiciones no de Ley:
-Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta al
Gobierno a presentar en el plazo de seis meses, un Proyecto de Ley de
reforma de la Ley 19/1988, de 12 de julio sobre Auditoría de Cuentas,
que contemple la actualización y modernización de la profesión de
auditor de cuentas, así como la homologación de estas actividades con
las de los países dela Comunidad Europea y la unificación de las
corporaciones profesionales. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, número 294, de 16 de junio de 1998 (número de expediente 162/
000251), procedente del número de expediente 161/001053 . . .
(Página 11517)
-Del grupo Parlamentario Coalición Canaria, para recabar del Gobierno
de la Nación la adopción de las medidas legales y presupuestarias
precisas con el fin de paliar los graves daños acaecidos en Canarias,
en sus infraestructuras públicas y sectores productivos de su
economía, por el reciente temporal de causas meteorológicas, aéreas y
marítimas, en las primeras semanas del mes de enero. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 373, de 8 de febrero de 1999
(número de expediente 162/000324) . . . (Página 11523)
-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los daños
causados en el archipiélago canario por el fuerte temporal. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 373, de 8 de febrero de
1999 (número de expediente 162/000318) . . . (Página 11523)
-Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la necesidad de la
adopción de medidas urgentes para afrontar las actuaciones precisas
que compensen los daños causados en cada una de las islas de la
Comunidad Autónoma de Canarias como consecuencia del fuerte temporal
a que ha estado sometida durante más de una semana en la primera
quincena del mes de enero. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, número 373, de 8 de febrero de 1999 (número de expediente 162/
000320) . . . (Página 11523)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-Del Grupo Socialista del Congreso, sobre control del gasto
farmacéutico y derechos de los pacientes (número de expediente 173/
000120) . . . (Página 11527)
-Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre criterios del Gobierno en
materia de financiación de las corporaciones locales y posibles
reformas legales al respecto (número de expediente 173/000121) . . .
(Página 11532)
-Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
situación de la agricultura y ganadería española ante la Agenda 2000
y la reforma de la Política Agraria Común (PAC) (número de expediente
173/000122) . . . (Página 11537)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley. . . . (Página 11501)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señoras Rivadulla y Almeida), para la
tramitación preferente y urgente de las
demandas judiciales para el reconocimiento de los derechos previstos
en los apartados 4 y 5 del artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores . . . (Página 11501)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, interviene la señora Rivadulla Gracia, en
nombre de Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda.
Manifiesta que su proposición tiene como objeto establecer un
procedimiento urgente y preferente, el mismo que se establece en el
artículo 126 de la Ley de Procedimiento Laboral para unos
determinados supuestos que regula el artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores, por el cual se concede el derecho a la ausencia de una
hora de trabajo por lactancia de
un hijo menor de nueve meses y a la reducción de la jornada por
guarda legal de un menor de seis años o de un disminuido físico o
psíquico, porque poco se puede avanzar si resulta que para que una
mujer haga efectivo este derecho a través de una demanda en las
instancias de los tribunales de lo social ha de seguir un
procedimiento. A continuación explica el contenido del artículo único
de esta proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vaquero del Pozo,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y las señoras
Marón Beltrán, del Grupo Socialista del Congreso, y Pardo Raga, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señoras Rivadulla y Almeida), para la
tramitación preferente y urgente de las demandas judiciales para el
reconocimiento de los derechos previstos en los apartados 4 y 5 del
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, se aprueba por 289
votos a favor, uno en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación
del Código Civil en materia del proceso de separación y divorcio
cuando tengan como precedentes malos tratos entre los cónyuges . . .
(Página 11506)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de reforma del Código
Civil en materia de proceso de separación y divorcio, cuando se
deriven o tengan como precedentes malos tratos entre los cónyuges
. . . (Página 11506)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Castellano
Cardalliaguet. Manifiesta en primer lugar que la responsabilidad que
siempre comporta subir a la tribuna a defender una iniciativa se ve
hoy acrecentada por la inmerecida confianza que han depositado en él
las señoras Aramburu, Sabanés, Urán, Maestro y Aguilar, diputadas del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y promotoras de esta
proposición de ley que va
mucho más allá de lo que puede ser la letra, porque se trata de
emplazar de forma definitiva y contundente a la Cámara en un tema que
ha suscitado una enorme sensibilidad en nuestra sociedad y, por ende,
en sus representantes legales y parlamentarios sobre el mal trato a
las mujeres. Considera que ha llegado el momento de tomar medidas que
pongan coto o que, por lo menos, puedan paliar la situación en que se
encuentran muchísimas mujeres, y propone que se incluya un nuevo
punto octavo en el artículo 82 del Código Civil, donde se entendiera
como causa de separación y divorcio la desaparición del afecto entre
los cónyuges, suponiendo esto un reconocimiento explícito de que el
compromiso de vida en común no tiene posibilidad alguna de ser
impuesto a quien no lo desee libre y voluntariamente. Matiza los
supuestos que pueden darse en esta filosofía de la voluntariedad que,
considera, todavía no ha cuajado en muchas capas de la sociedad y
pasa a explicar el contenido concreto de la proposición de ley de su
grupo. Termina su intervención pidiendo a la Cámara el voto
favorable, con el convencimiento de que si es admitida a trámite,
junto con la que presenta el Grupo Popular sobre el mismo tema, las
aportaciones de todos los grupos parlamentarios harán surgir un texto
legal que dará satisfacción a todos y que merecerá la aprobación de
la sociedad.
En defensa de la toma en consideración que sobre el mismo tema
presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, interviene la
señora Barrios Curbelo. En primer lugar pide el voto afirmativo a la
toma en consideración de la iniciativa legislativa que ha presentado
su grupo. A continuación se refiere al Plan de erradicación de la
violencia doméstica, creado por el Gobierno en el pasado mes de abril
para dar respuesta a la reacción de toda la sociedad española y de
todos los órganos del Estado y del Gobierno en contra de la violencia
doméstica. Explica que este Plan va a tener una duración de tres años
y contará con 9.000 millones de pesetas, recogiendo, aparte de
medidas de tipo educativo, social y sanitario, modificaciones en el
Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo
coordinarse estas modificaciones con otras en materia civil, por lo
que han presentado su proposición de ley en la que solicitan
modificar el Código Civil en sus artículos 86, que recoge las causas
de divorcio, y 103, que regula las medidas que se van a aplicar
cuando se presente una demanda de separación, divorcio o nulidad que
se fundamenta en malos tratos. Anuncia que su grupo votará a favor de
la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, porque les parece muy adecuado añadir como causa de separación
la ausencia de afecto, y muestra su convencimiento de que, a lo largo
del debate parlamentario, se podrán mejorar las dos proposiciones de
ley que persiguen dar soluciones
a quienes se encuentran en una crisis matrimonial con malos tratos
físicos y psíquicos.
En turno en contra interviene la señora Alberdi Alonso, en nombre del
Grupo Socialista del Congreso.
En turno por alusiones intervienen el señor Castellano Cardalliaguet
y la señora Barrios Curbelo, contestando la señora Alberdi Alonso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Almeida
Castro y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Jané i Guasch, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, de modificación del Código Civil en materia del proceso de
separación y divorcio cuando tengan como precedentes malos tratos
entre los cónyuges, se aprueba por 177 votos a favor y 126 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de
reforma del Código Civil en materia de proceso de separación y
divorcio, cuando se deriven o tengan como precedentes malos tratos
entre los cónyuges, se aprueba por 179 votos a favor, 123 en contra y
una abstención.
Proposiciones no de ley . . . (Página 11517)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), por la que se insta al
Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley
de reforma de la Ley 19/1988, de 12 de julio, sobre auditoría de
cuentas, que contemple la actualización y modernización de la
profesión de auditor de cuentas, así como la homologación de estas
actividades con las de los países de la Comunidad Europea y la
unificación de las corporaciones profesionales . . . (Página 11517)
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), el señor Zabalía Lezamiz. Manifiesta que su
proposición no de ley tiene como objetivo concretar en el tiempo la
reforma
de la Ley de auditoria de cuentas y reflexionar sobre la
conveniencia de unificar sus corporaciones y sobre el papel que debe
desempeñar el Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas
como organismo público. Aclara que esta voluntad quedó plasmada en el
debate de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del día 24 de
junio de 1998, cuando se aprobó por unanimidad una proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), instando
al Gobierno a presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto
de ley de modificación de la Ley de auditoría de cuentas. Como han
pasado ocho meses desde que se aprobó en Comisión aquella iniciativa
sin que exista ningún atisbo de llevarla a cabo, su grupo presenta de
nuevo en el Pleno esta proposición no de ley, porque así lo demandan
todos los estamentos relacionados con el tráfico mercantil. Apunta
los problemas que se presentan en este ámbito y explica el contenido
concreto de la proposición no de ley. Por otra parte, conscientes de
las dificultades que existen para encontrar solución a todos los
problemas y de la necesidad de buscar puntos de encuentro, se
muestran dispuestos a analizar y consensuar las propuestas de reforma
sin precipitación y en su globalidad a través de una subcomisión
parlamentaria, dentro de la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, por lo que su grupo, junto con el Popular, Catalán y
Coalición Canaria han suscrito una propuesta de creación de dicha
subcomisión
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Martínez Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso; Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso;
Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.
A los efectos de aceptar la enmienda suscrita por cuatro grupos
parlamentarios y agradecer al Grupo Socialista la retirada de su
enmienda, interviene el señor Zabalía Lezamiz.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), por la que se insta al Gobierno a presentar, en el
plazo de seis meses, un proyecto de ley de reforma de la Ley 19/1988,
de 12 de julio, sobre auditoría de cuentas, que contemple la
actualización y modernización de la profesión de auditor de cuentas,
así como la homologación de estas actividades con las de los países
de la Comunidad Europea y la unificación de las corporaciones
profesionales, se aprueba por 291 votos a favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, para recabar del
Gobierno de la nación la adopción de las medidas legales y
presupuestarias precisas con el fin de paliar los graves daños
acaecidos en Canarias, en sus infraestructuras públicas y sectores
productivos de su economía, por el reciente temporal de causas
meteorológicas, aéreas y marítimas, en las primeras semanas del mes
de enero. . . . (Página 11523)
Del Grupo Parlamentario Popular en el congreso, relativa a los daños
causados en el archipiélago canario por el fuerte temporal . . .
(Página 11523)
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la necesidad de la
adopción de medidas urgentes para afrontar las actuaciones precisas
que compensen los daños causados en cada una de las islas de la
Comunidad Autónoma de Canarias como consecuencia del fuerte temporal
a que ha estado sometida durante más de una semana en la primera
quincena del mes de enero . . . (Página 11523)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria defiende la
proposición no de ley el señor Mardones Sevilla. Fundamenta su
proposición no de ley en la necesidad de adoptar por parte del
Gobierno de España, en colaboración con el Gobierno autónomo de la
Comunidad Autónoma de Canarias, una serie de medidas paliativas de
los gravísimos daños acaecidos en el archipiélago canario con motivo
de un desafortunado temporal de viento, lluvia y fortísimas marejadas
que causaron graves daños y destrozos en la infraestructura
portuaria, embarcaciones, cultivos bajo plástico, invernaderos
y bienes privados y públicos. Manifiesta que esta iniciativa de su
grupo coincide con las que presentan los grupos parlamentarios
Popular y Socialista y expresa el deseo de Coalición Canaria de que
lacomún denominación de los problemas tengan también el común
denominador de encontrar una solución consensuada. Expone el criterio
armonizador de su iniciativa y pide para ella el voto favorable de la
Cámara.
El señor Soriano Benítez de Lugo presenta la proposición no de ley
sobre el mismo particular presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Reitera que las tres proposiciones no de ley presentadas pretenden la
adopción de medidas para paliar los daños ocasionados por el temporal
acaecido en Canarias. Explica que las medidas propuestas son las
habituales en estos casos y opina que si hubiera estado ya tramitado
en la Cámara un proyecto de ley sobre actuaciones reparadoras de los
daños producidos en situaciones de emergencia, no se hubiera tenido
que acudir a estos procedimientos que ya son normales cada vez que
una catástrofe de esta naturaleza afecta a cualquier parte del
territorio nacional. Explica el contenido de su proposición no de ley
y confía en que la Cámara dé su apoyo unánime a la enmienda
transaccional a la que han llegado los tres grupos parlamentarios
proponentes.
En nombre del Grupo Socialista del Congreso interviene el señor
Segura Clavell. Reitera los argumentos expuestos anteriormente por
los portavoces de losgrupos de Coalición Canaria y Popular y añade que
el temporal
acaecido en la Comunidad Autónoma de Canarias se produjo por causas
totalmente desconocidas, dando una serie de explicaciones técnicas
sobre estos fenómenos para demostrar que no son acontecimientos que
se puedan reproducir con frecuencia. A continuación explica el
contenido de su proposición no de ley y se felicita por haber sido
capaces de llegar a una proposición pactada entre los tres grupos
proponentes, que desea se vea reforzada con el apoyo de los restantes
grupos parlamentarios.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la enmienda transaccional que ha sido presentada
y aceptada por los tres grupos proponentes de las proposiciones no de
ley relativas a la dotación por el Gobierno de medidas de todo orden
para paliar los daños acaecidos en Canarias como consecuencia de los
fuertes temporales habidos en las primeras semanas del mes de enero,
se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 11527)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre control del gasto
farmacéutico y derechos de los pacientes . . . (Página 11527)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Socialista del Congreso, sobre control
del gasto farmacéutico y derechos de los pacientes, la señora Amador
Millán. Expone los hechos objeto de la interpelación y de la presente
moción y plantea una serie de preguntas sobre la utilización
del sistema informático denominado terminal autónomo de
identificación de recetas que, mediante la recopilación de
determinados datos del paciente, trata de individualizar el gasto que
produce cada paciente por las recetas médicas. Por último anuncia la
aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto y el rechazo
de la presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Alcaraz Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, y Gutiérrez Molina, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); y las señoras Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Maestro Martín, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene la
señora Amador Millán.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
se rechaza por 136 votos a favor y 159 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre criterios del Gobierno en
materia de financiación de las corporaciones locales y posibles
reformas legales al respecto . . . (Página 11532)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Mixto, el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme). Manifiesta que la
moción del Bloque Nacionalista Galego pretende instar al Gobierno
a poner en marcha un nuevo proceso negociador encaminado a alcanzar un
modelo de participación de los municipios en los tributos del Estado
más justo y equilibrado y que se ajuste más a la realidad de
muchos municipios que no están de acuerdo con el sistema de reparto
actual porque no responde a sus necesidades. Explica el contenido de
su moción y muestra su disconformidad con las opiniones del señor
ministro de Administraciones Públicas expuestas en la interpelación
de la semana pasada. Asimismo
fija su posición en relación con las enmiendas presentadas por
los grupos Socialista e Izquierda Unida.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Perales Pizarro, del Grupo Socialista del congreso; y Fernández
Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Gil i
Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 131 votos a favor, 156
en contra y cinco abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
situación de la agricultura y ganadería española ante la Agenda 2000
y la reforma de la política agraria común (PAC) . . . (Página 11537)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Centella Gómez. Se
pregunta por qué, cuando se viven los momentos más decisivos de la
negociación y están sobre la mesa las propuestas alemana y francesa,
no hay ninguna formal y completa del Gobierno español. Considera que
si la ministra de Agricultura hubiera acudido al Parlamento en su
momento oportuno hubiera podido contar con un amplio respaldo en
torno a la postura que España necesita defender en el marco de la
Unión Europea. Compara estas negociaciones con las de la OCM del
aceite y opina que o se está empleando un doble lenguaje o se quiere
ocultar un acuerdo al que ya haya podido llegar el presidente del
Gobierno con otros presidentes de Gobierno de la Unión Europea.
A continuación explica el contenido de su moción, que pretende servir
de punto de encuentro y que puede reforzar la postura española si de
verdad se cree en ella, y termina refiriéndose a las enmiendas
presentadas, solicitando el voto favorable de todos los grupos de la
Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, y Amarillo Doblado,
del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla
Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones
Sevilla, del GrupoParlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Centella Gómez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por
124 votos a favor y 156 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORAS RIVADULLA Y ALMEIDA), PARA LA
TRAMITACIÓN PREFERENTE Y URGENTE DE LAS DEMANDAS JUDICIALES PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS PREVISTOS EN LOS APARTADOS 4 Y 5 DEL
ARTÍCULO 37 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (Número de expediente
122/000145).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día. Debate sobre la toma en
consideración de las proposiciones de ley, que comienzan por la del
Grupo Parlamentario Mixto, suscrita por las señoras Rivadulla y
Almeida, para la tramitación preferente y urgente de las demandas
para el reconocimiento de los derechos previstos en los apartados 4 y
5 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
La señora Rivadulla tiene la palabra para la presentación de la
iniciativa.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva
Izquierda subo a defender la proposición de ley que, como muy bien ha
señalado el presidente de la Cámara, tiene por objeto establecer un
procedimiento urgente y preferente, el mismo que se establece en el
artículo 126 de la Ley de Procedimiento Laboral para unos
determinados supuestos que regula el artículo 37 del Estatuto de los
Trabajadores, por el cual se concede el derecho a la ausencia de una
hora de trabajo por lactancia de un hijo menor de nueve meses y
también derecho a la reducción de la jornada
por guarda legal de un menor de seis años o de un disminuido físico o
psíquico. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rivadulla, somos pocos y hay
que callar. Hay que guardar silencio porque SS.SS. no permiten que se
escuche adecuadamente a la oradora.
Adelante.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
La motivación de esta proposición de ley viene dada por el hecho de
que es necesario hacer realmente efectivo el derecho que se establece
en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
Señorías, poco podemos avanzar si para que una mujer haga efectivo
este derecho a través de una demanda en las instancias de los
tribunales de lo social ha de seguir un procedimiento ordinario; y
quiero recordarles, señorías, que el procedimiento ordinario en estos
momentos se sitúa alrededor de unos plazos que van de cinco meses
para el juicio oral desde la interposición de la demanda. Si tenemos
en cuenta que el ejercicio del derecho de lactancia se establece en
los nueve primeros meses, nos damos cuenta de que estamos delante de
un plazo perentorio. Por tanto, señorías, si no modificamos esto
estamos vaciando de contenido un derecho que, a nuestro entender, es
un derecho muy importante.
El procedimiento urgente que nosotros señalamos es aquel en el que la
vista se establece dentro de los cinco siguientes días al de la
admisión de la demanda y que la sentencia se produce en los tres
días. Quiero recordarles, señorías, que si es la trabajadora la que
unilateralmente decide tomarse el derecho de lactancia sin que el
conflicto haya sido resuelto, esto va a dar lugar a un despido
disciplinario por ausencias reiteradas injustificadas y yo pienso,
señorías, que esto está posibilitando el hecho de que muy pocas
mujeres piden el permiso de lactancia. La verdad es que yo he hecho
varias preguntas al Gobierno en relación con las empresas públicas, y
el Gobierno no sabe cuántas trabajadoras de empresas públicas han
solicitado este permiso de lactancia. Parece mentira pero este dato
no se me ha podido facilitar por parte del Gobierno.
No les voy a explicar porque no es el momento, señorías, la
importancia de la lactancia materna. Todos ustedes saben que el mismo
artículo posibilita que sea el padre el que lo solicite. Hay muy
pocos padres que lo hacen, pero en este caso pensamos que es
importante que lo solicite la madre porque la lactancia materna,
tanto para la madre como para el bebé, es realmente importante.
Resulta que los conflictos que se están suscitando continuamente son
aquellos en los que las empresas públicas sobre todo, y me quiero
referir concretamente a un caso de Renfe, consideran que es
incompatible el ejercicio del derecho al permiso de lactancia con el
de guarda de un menor de seis años, que también comporta una
reducción de la jornada, parece
mentira pero estos conflictos se están suscitando sobre todo en la
empresa pública. De hecho esta proposición de ley viene a raíz de un
caso producido en Lleida, y Renfe se ha encargado de contestarme a
través de respuestas del Gobierno que éste es el criterio que Renfe
está siguiendo. Por consiguiente, estos conflictos se están viendo
día a día por una interpretación muy restrictiva que están haciendo
los letrados, los abogados del Estado, los abogados que están
defendiendo concretamente a la empresa Renfe y que están limitando
muchísimo el derecho de las mujeres.
Quiero decirles que en el mes de abril del año pasado solicitamos la
comparecencia del en aquel momento secretario general de empleo y
actual ministro de Trabajo, señor Pimentel, para tratar de este tema
relacionado con la trabajadora y se me señaló que el Gobierno iba a
modificar este criterio. No me consta que el Gobierno haya modificado
este criterio restrictivo en cuanto a la interpretación de una ley, y
por tanto estos conflictos se dan continuamente. De hecho entiendo
que estos conflictos se suscitan y entiendo que llevan a la mujer a
desistir de solicitar el permiso de lactancia. Quiero recordarles,
señorías, que si solamente se puede ejercer el derecho de permiso de
lactancia en una jornada completa, si tenemos en cuenta que las
mujeres accedemos cada vez más a contratos a tiempo parcial, jornadas
no completas, es normal que cada vez tengamos más este tipo de
problemas, que debe sustanciar los tribunales.
Es por eso, señorías, que la proposición de ley consta solamente de
un artículo, en el cual solicitamos que se sustancie por el
procedimiento de urgencia y preferente todo lo relativo a los
conflictos derivados de la solicitud del permiso de lactancia y su
compatibilidad con el de la guarda y custodia de un menor de seis
años o disminuido físico o psíquico. Pensamos, señorías, que es la
forma más lógica y eficaz de defender los derechos de las mujeres
trabajadoras y que necesitamos medidas de este tipo, no declaraciones
grandilocuentes que seguramente ahora con ocasión del 8 de marzo
vamos a tener ocasión de oír en todas partes, sino soluciones que
vayan quitando poco a poco las piedras que las mujeres todavía
tenemos en el camino para hacer efectivo nuestro derecho al trabajo y
a la maternidad.
Muchas gracias señor presidente, muchas gracias señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rivadulla.
¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en contra?
(Pausa.) ¿Ningún grupo parlamentario desea oponerse a la admisión a
trámite de la toma en consideración de la proposición de ley?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la
palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con gran brevedad para anunciar que Coalición Canaria va a
dar su apoyo para que se tome en consideración esta iniciativa que
como proposición de ley ha presentado la señora Rivadulla por el
Grupo Mixto. Son argumentos que compartimos porque son los propios de
un Estado donde el principio de justicia social y de derecho deben
primar sobre cualquier norma reguladora restrictiva y más en este
caso que se trata de seguir una línea que ya hemos tenido ocasión de
debatir en cuestiones similares en la protección de la mujer, en la
lactancia, en la maternidad; por tanto una serie de derechos -yo
diría que mínimos-, no perturbadores de una dinámica laboral hacen
que nuestro grupo coincida en este principio de justicia social, de
sensatez y de sentido común con lo que es reconocer con toda
naturalidad este derecho en nuestra política laboral y social.
Por esas razones y concordando con las que se dicen en la exposición
de motivos que justifican la presentación de esta iniciativa y las
que han sido complementariamente desarrolladas por la señora
Rivadulla, reitero, señor presidente, que daremos con plena
convicción nuestro voto de apoyo a la toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
El señor Caballero, por el Grupo Vasco.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para fijar nuestra postura ante la
propuesta de toma en consideración de esta proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto para que se tramiten preferentemente y de
forma urgente las demandas judiciales para el reconocimiento de los
derechos previstos en los apartados 4 y 5 del artículo 37 del
Estatuto de los Trabajadores.
Muy brevemente indicaré que nos parece correcta y vamos a apoyar la
toma en consideración de esta proposición de ley, tendente a que el
ejercicio de derechos que están reconocidos por la ley a trabajadoras
y trabajadores quede libre de algunos obstáculos que aparecen en su
puesta en práctica diaria, de tal manera que su ejercicio quede
expresamente reconocido en el texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral. En todo caso, en el debate posterior se podrá
perfilar con mayor precisión jurídica si es necesario, esta
proposición hoy propuesta.
Nada más. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
Señor Silva, por el Grupo de Convergència i Unió.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Conocen SS.SS. el interés que legislatura tras legislatura ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el tratamiento de las
políticas familiares, tanto en el impulso de la subcomisión de la
familia en cuyo informe se propugnaba la potenciación de los permisos
familiares, que es uno de los temas que nos trae aquí, de la misma
manera que hace 15 días estábamos debatiendo también sobre los
permisos por maternidad en los supuestos de filiación adoptiva.
Mi grupo simpatiza absolutamente con las políticas familiares, con la
ampliación de estos permisos y además con todas aquellas medidas que
permitan hacer efectivo el ejercicio de los derechos derivados del
Estatuto de los Trabajadores. Desde este punto de vista votaremos
favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Sin embargo querríamos avanzar algunas consideraciones de orden
técnico, que quizá hubieran debido ser tenidas en cuenta por el grupo
proponente antes de traer al Congreso esta proposición de ley. La
proposición de ley se remite al procedimiento regulado en el artículo
126 de la Ley de Procedimiento Laboral para tramitar aquellas
demandas en las que se pretenda el reconocimiento de los derechos
previstos en el artículo 37, apartados 4 y 5, del Estatuto de los
Trabajadores; esto es el permiso por lactancia y para atender a
personas sobre las que se ostenta la guarda legal o bien a menores de
seis años. Sí querríamos recordar que precisamente no se tramitan por
los artículos 125 y 126 de la Ley de Procedimiento Laboral aquellos
procedimientos que tienen por objeto el reconocimiento del derecho
a las vacaciones previsto en el artículo 38; ese reconocimiento del
derecho se rige por el procedimiento ordinario y este procedimiento
especial de los artículos 125 y 126 tiene por objeto pura y
exclusivamente resolver aquellos problemas sobre la fijación
individual o colectiva de la fecha de las vacaciones, y por tanto
trasladado al ámbito de estos permisos debiera tener por objeto no ya
el reconocimiento del derecho, sino la fijación concreta del momento
en el que en la jornada laboral se produce bien la concesión de ese
permiso de una hora, bien la reducción de la jornada, o en su caso a
lo largo del período de duración del contrato de trabajo, cómo se
concreta la reducción entre el tercio y la mitad de la jornada
laboral para atender a ese menor de seis años o a esos otros
familiares sobre los que se ostente la guarda legal y que así lo
precisen.
Por tanto, entendemos que desde el punto de vista político establecer
mecanismos eficaces para garantizar estos derechos es una medida que
requiere todo nuestro apoyo y protección. Desde el punto de vista
técnico entendemos que remitir el reconocimiento del derecho a lo
dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Laboral no es
una solución técnica correcta, es incongruente con la propia
exposición de motivos y quizá a través de las medidas cautelares que
prevé la
Ley de Procedimiento Laboral se obtendría mejor resolución.
En cualquier caso y para acabar, señor presidente, en la tramitación
parlamentaria que debe seguir a esta toma en consideración, sería
bueno plantearnos si estos procedimientos sumarios deben extenderse a
otros casos que también lo requieren, como los supuestos en el
artículo 37.3.b) del propio Estatuto de los Trabajadores, en los que
también se hace referencia a permisos por nacimiento de hijos o por
enfermedad grave de determinados parientes.
En consecuencia, sí al planteamiento político en todos sus extremos,
incluso en el planteamiento a que hacía referencia la señora
Rivadulla de la lactancia materna, pero desde el punto de vista
técnico creemos que esta proposición de ley es francamente mejorable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Vaquero del Pozo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente. Voy a fijar muy
brevemente la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Estamos conformes con esta proposición de ley, ya que coincidimos
plenamente tanto en el diagnóstico como en el objetivo y el medio
propuesto por dicha proposición de ley. Respecto al diagnóstico,
efectivamente existen supuestos en los que el ejercicio del derecho
no es practicable en función de posiciones obstaculizadoras por parte
de los empleadores, tanto públicos como privados, que sin duda alguna
merman la posibilidad de que tanto el padre como fundamental
y sociológicamente la madre pueda ejercitar estos derechos de cuidado
de sus hijos en el período de lactancia y en el supuesto de guarda
legal. Por tanto estamos absolutamente de acuerdo en el objetivo que
plantea la ley; es decir dotar de una tramitación urgente, preferente
la demandas judiciales ante los juzgados de lo social para el
reconocimiento de dichos derechos, y además de forma abreviada, como
plantea el trámite - por tanto, también estamos de acuerdo con el
medio- del artículo 126 de la Ley de Procedimiento Laboral. Nosotros
entendemos que dentro de los derechos susceptibles de ser reclamados
ante la jurisdicción laboral por el trámite preferente y urgente es
necesario incluir estos derechos, pues se plantea que el señalamiento
del acto de la vista sea en los cinco días posteriores a la admisión
de la demanda, y que en todo caso el recurso a la sentencia se tenga
que realizar en tres días; así, unidos los dos plazos que hemos
dicho, se establece un período de tiempo de resolución de los
conflictos de ocho días, plazo que nos parece absolutamente adecuado.
Otra cosa será que efectivamente contemplemos las propuestas que
hagan otros grupos parlamentarios en el trámite, cosa que sin duda
podrá enriquecer y mejorar esta proposición de ley, pero en
cualquier caso nosotros aceptamos su tramitación como proposición de
ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Vaquero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra doña Carmen Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista esta iniciativa es
acertada y es necesaria, puesto que hay que adaptar la ley a la
realidad social, y para ello parece evidente que hay que introducir
en la normativa vigente algunas modificaciones.
La realidad cotidiana -la relataba perfectamente la señora Rivadulla-
es que con frecuencia existe oposición de los empleadores a facilitar
a la madre, o en su caso al padre, el derecho al permiso
correspondiente por lactancia de un menor de nueve meses o en los
supuestos de guarda de un menor de seis años a la reducción de la
jornada laboral, casos que debido a su concreta eficacia temporal -y
de hecho así es- pueden convertirse en una obstrucción al ejercicio
de ese derecho por la lentitud de los procesos, siendo por tanto
imprescindible arbitrar medidas adecuadas para que la tutela judicial
sea efectiva.
Por ello, parece lógico adaptar la Ley de Procedimiento Laboral a lo
establecido en el artículo 37, apartados 4 y 5, del Estatuto de los
Trabajadores con un trámite de urgencia, como el que ya regula el
artículo 126 de dicha ley procesal para los supuestos de vacaciones,
mucho más corto, ya que se ha demostrado que el trámite ordinario tan
dilatado en el tiempo desvirtúa totalmente la eficacia en un proceso
en que la celeridad es definitiva.
Hay múltiples razones que lo amparan, pero reivindico especialmente
la función social de la maternidad como un claro avance del Estado de
bienestar. Tener hijos ya no es sólo una decisión de la pareja; desde
la sociedad, desde las instituciones se están lanzando mensajes para
aumentar los índices de natalidad para rejuvenecer la población. Hay
por tanto que ser innovadores con la maternidad, con esa función de
servicio a la sociedad que biológicamente corresponde a las mujeres,
pero que cada vez nos implica más a todos. Es necesario por tanto
cuidar, proteger a la mujer no con un paternalismo trasnochado, no
con fórmulas incentivadas para que abandone la vida laboral y regrese
al hogar para dedicarse en exclusiva a su función reproductora, sino
que hay que protegerla con derechos que garanticen y hagan compatible
la maternidad y el trabajo fuera del hogar, única manera de que tenga
plena libertad a realizarse como persona y como madre.
Ciertamente, ya en los últimos meses del siglo XX, podemos decir que
este ha sido el siglo de la mujer. Los mayores avances sociales en
pro de la igualdad han sido conquistas de este siglo, desde el
derecho a ser
considerada persona, sin duda el primer derecho como ha sido el
derecho al voto, seguido después de un largo y penoso silencio de la
dictadura y un gran salto cuantitativo y cualitativo de la etapa de
Gobierno socialista. Hoy quiero llamar la atención que estamos
asistiendo a un parón, por no decir retroceso, y esto, señorías que
sustentan al Gobierno, las mujeres tarde o temprano lo van a
denunciar. Hoy existe más discriminación para la mujer, más agresión
y más violencia. No quiero decir que sean ustedes culpables de tales
agresiones, pero sí tienen la responsabilidad de adoptar medidas para
evitarlas. La tasa de desempleo femenino casi duplica a la masculina;
en muchos casos la mujer sigue cobrando menos que el varón; el ritmo
de incorporación de la mujer al trabajo, y por tanto la tasa de
actividad femenina se ha ralentizado. Un dato nada más significativo:
en el período de 1985 a 1988 creció 4 puntos y en el período de 1995
a 1998 sólo 1,5 puntos, lo cual es grave, o al menos merece un
estudio. La mujer sigue teniendo más dificultad para acceder al
trabajo, se le exige más cualificación, tiene menos servicios
sociales públicos, menos centros de asesoramiento e información y no
se impulsan acciones que vayan equilibrando una situación injusta en
la que ha costado muchos años avanzar. Finalmente, señorías, la mujer
está discriminada fundamentalmente por la razón que motiva esta
iniciativa que hoy debatimos, en cualquiera de sus variantes,
embarazo, lactancia, en definitiva por la maternidad y por la doble
función que debe asumir para hacer compatibles su vida privada y su
vida laboral. En esa línea, hace meses que presentamos una
proposición de ley para conciliar vida familiar y profesional. Desde
luego, pasa por cambios en el modo de organizar y concebir el trabajo
asalariado, teniendo en cuenta el trabajo doméstico, el tiempo y la
convivencia social entre hombres y mujeres. Por tanto, protección a
la familia, toda, a la vida y a la maternidad. Pero hay que impulsar
políticas menos retóricas y más realistas, con una buena red de
servicios sociales, estructurada, profesionalizada y pública, un plan
de empleo decidido de apoyo a la mujer, para que en la práctica no
haya ninguna discriminación por razón de serlo y menos por algo de lo
que estamos legítimamente orgullosas como es la maternidad.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Concluyo, señor presidente.
Es necesario un impulso constante de los poderes públicos para seguir
avanzando en este camino. Tengamos muy presente, señorías, que el
derecho puede convertirse en una hipoteca si no se adoptan medidas
prácticas, medidas que se traduzcan en presupuestos y actuaciones
concretas que faciliten compatibilizar vida profesional y familiar.
Votaremos, cómo no, a favor de esta iniciativa, que procuraremos
enriquecer en el trámite correspondiente
para contribuir de alguna manera a que no se frustre la mayor
conquista, sin duda, del siglo XX, que ha sido la lucha por la
igualdad de la mujer.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marón.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular había pedido la
palabra doña Carmen Pardo Raga.
La señora PARDO RAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario
Popular para fijar nuestra posición respecto a la proposición de ley
que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, y ya anuncio que nuestro
voto va a ser favorable. Pero antes permítanme que haga una
valoración del tema para explicar el sentido de nuestro voto.
En los últimos años, nuestro mercado laboral ha experimentado una
profunda transformación debida fundamentalmente a la incorporación de
la mujer a la actividad laboral. Se han producido importantes avances
en la normativa laboral tendentes sobre todo a reforzar el papel de
las mujeres en el mercado de trabajo y a romper estereotipos sexistas
que todavía asocian de forma exclusiva la maternidad y los cuidados
familiares con las mujeres. Aquí, señorías, quisiera destacar como
uno de las más significativos, el Real Decreto- ley 11/1998, más
conocido como de coste cero, y del que los representantes de esta
Cámara tienen ya suficiente conocimiento.
Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que es necesario
continuar avanzando en el desarrollo de medidas que contribuyan a una
mayor y mejor realización de las políticas de igualdad. Se puede
afirmar que la incorporación de las mujeres al mundo laboral ha
supuesto que en la mayoría de las ocasiones éstas hayan asumido el
nuevo rol laboral sin abandonar el antiguo y tradicional papel
familiar, de manera que esta doble jornada, y muy especialmente el
cuidado de los miembros de la familia, sigue siendo asumida por las
mujeres después de una jornada laboral, con el sentimiento añadido de
culpa y frustración porque piensan que no pueden atenderles
debidamente, como les exigen todavía la sociedad y la estructura
familiar.
Por otra parte, en pocas áreas normativas hay una mutación tan
constante como en el terreno de los derechos laborales. Hemos de
adaptarnos continuamente a una sociedad que está en cambio y, por
tanto, creemos que hemos de hacer un esfuerzo mayor que en otras
áreas para la construcción de normas flexibles y adaptadas a la
sociedad de cada momento.
Para el actual Gobierno popular, la adecuación del mercado de trabajo
a los requerimientos de la nueva sociedad, representada por el nuevo
milenio y los avances en los derechos sociales y laborales, va a
seguir siendo una prioridad máxima. Así lo expresó el actual ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, señor
Pimentel, en su comparecencia en el seno de la Comisión el 16 de
febrero. Permítanme, señorías, que cite textualmente. Decía: Una de
las necesidades más elementales y urgentes es el fortalecimiento de
las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y
así se verá reflejado en el Plan de empleo de 1999, porque desde el
Gobierno y el propio Grupo Parlamentario Popular la política sobre la
mujer tiene un peso específico importante, siendo por eso que estamos
convencidos de que es necesario desarrollar un conjunto de políticas
específicas que permitan la inserción de la mujer en el mercado
laboral.
Hasta la llegada del Gobierno del señor Aznar no se había apoyado
suficientemente la familia en nuestro país. El propio ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales anunció en esta Cámara la preparación de
un anteproyecto de ley de conciliación de vida familiar y
profesional, que significa un avance claro de apoyo a la familia y a
la vez una consecución de igualdad real entre hombres y mujeres. El
citado anteproyecto estará elaborado para promover la conciliación de
la vida familiar y profesional y, entre otros temas, abarcará los
siguientes: la igualdad de derechos laborales entre los padres
adoptivos y los biológicos, la equiparación de los derechos de
hombres y mujeres dentro de los permisos parentales y otra serie de
medidas, como la protección laboral específica a las personas que
tienen que atender en el seno de su familia a alguna persona con
minusvalía,incapacidad, discapacidad o con un grado elevado de
dependencia.
Así pues, señorías, estamos convencidos de que hemos de hacer un
esfuerzo entre todos para que, con una mayor facilidad, hombres y
mujeres puedan conciliar la vida familiar y profesional. Y si somos
conscientes de que la sociedad va por delante de los poderes
públicos, será inteligente por parte de este Gobierno darle un marco
adecuado, tal y como pide hoy la proposición de ley del Grupo Mixto,
para la tramitación preferente y urgente de las demandas judiciales
por el reconocimiento de los derechos previstos en los apartados 4 y
5 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
Esta proposición de ley que presenta el Grupo Mixto no cuestiona los
derechos que aparecen en el artículo.
El señor PRESIDENTE: Señora Pardo, vaya concluyendo, por favor.
La señora PARDO RAGA: Sí, señor presidente, voy concluyendo.
Simplemente pretende que se hagan sin más dilación, considerando que
son los derechos referentes a la lactancia y al cuidado de las
personas disminuidas físicas o psíquicas. Vemos que con ello se
persigue la obtención de la sentencia en un breve espacio de tiempo
y por eso, señorías, en este camino el Grupo Popular estará a la
cabeza
de estas reivindicaciones, sabiendo que tiene un Gobierno detrás cuya
intención es la
potenciación de las medidas que favorezcan la inserción de la mujer
en el terreno laboral.
Así pues, como he anunciado al principio, nuestro voto será
favorable, y lo será porque el Gobierno del señor Aznar ha demostrado
en reiteradas ocasiones que acepta sugerencias vengan de donde
vengan, sin apriorismos estériles o sectarios, haciendo frente a sus
responsabilidades, siempre que defiendan los intereses generales de
todos los ciudadanos y ciudadanas.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pardo Raga.
En consecuencia, vamos a proceder a la votación. Llámese a votación,
por favor.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, que han suscrito las señoras Rivadulla y
Almeida y presentado ante el Pleno la primera de ellas, para la
tramitación preferente y urgente de las demandas judiciales para el
reconocimiento de los derechos previstos en los apartados 4 y 5 del
artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 289; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley debatida.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN
DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DEL PROCESO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO
CUANDO TENGAN COMO PRECEDENTES MALOS TRATOS ENTRE LOS CÓNYUGES
(Número de expediente 122/000233).
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE REFORMA DEL
CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE PROCESO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO, CUANDO
SE DERIVEN O TENGAN COMO PRECEDENTES MALOS TRATOS ENTRE LOS CÓNYUGES
(Número de expediente 122/000208).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las proposiciones de ley
que sobre la misma materia han presentado los grupos de Izquierda
Unida y Popular y, en concreto, sobre modificación del Código Civil
en materia de proceso de separación y divorcio cuando se deriven o
tengan como precedentes malos tratos entre los cónyuges.
Las proposiciones se van a debatir agrupadamente de forma tal que, en
primer lugar, intervendrá, para la presentación de la del Grupo de
Izquierda Unida, el señor Castellano, y posteriormente el Grupo
Popular.
Finalizado el turno, fijará posición el resto de los grupos.
(Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio, especialmente quienes están
intentando despachar en el hemiciclo: el señor Posada, el señor
Padilla, el señor Benítez de Lugo, el señor López de Lerma, la señora
Conde. (Rumores.) Silencio. Señor Campuzano, por favor; señor Milián,
no busque víctima, mejor desaloje.
Adelante, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
La responsabilidad que siempre comporta el subir a esta tribuna para
defender las posiciones del respectivo grupo parlamentario, en este
caso de Izquierda Unida, se ve hoy acrecentada por la inmerecida
confianza que me han otorgado doña María Jesús Aramburu, doña Inés
Sabanés, doña Presentación Urán, doña Ángeles Maestro y doña Rosa
Aguilar, diputadas todas ellas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, que son promotoras de una iniciativa, de una proposición de
ley que, efectivamente, señor presidente, va mucho más allá de lo que
puede ser la letra de nuestra proposición de ley. Se trata
sencillamente de emplazar de forma definitiva y contundente a esta
Cámara para que... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Castellano. Señorías. Señora
de Leiva. Señor de Luis, colabore con la Presidencia, por favor.
Adelante, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Repito, señor presidente. Se trata
de emplazar a esta Cámara en un tema que, al parecer, ha suscitado
-no podía ser otra manera- una enorme sensibilidad en nuestra
sociedad y, por ende, en sus representantes legales y parlamentarios
sobre el mal trato de las mujeres. Ha llegado el momento en que se
pase de la queja, en que se pase de una evidente y legítima
manifestación de solidaridad a tomar medidas que pongan coto o que,
por lo menos, puedan paliar la situación en que se encuentran
muchísimas mujeres, que, bien con carácter previo a manifestar su
intento de llevar una vida digna, promoviendo su separación o
divorcio, o bien porque ya han puesto en marcha el ejercicio de estas
acciones, en lugar de ser objeto de comprensión, en lugar de
respetarse ese elemental derecho a la libertad, son objeto de toda
clase de malos tratos, de toda clase de vejaciones.
Algunos podrán objetar que una simple modificación legal como la que
proponemos, que en modo alguno empece la adopción de otro conjunto de
medidas que puedan adoptarse, tiene más carácter represivo que
educativo y que puede que no sea la única vía, y estamos
absolutamente de acuerdo con ello. Hasta que seamos capaces de
conseguir que el reproche social ante estos comportamientos se plasme
hasta en las propias escuelas, se viva en las propias familias sin
que haya ninguna clase de complacencia, ni siquiera de intento
justificativo, no podremos parar en la lucha que tenemos que llevar
hacia adelante. Pero, de momento, es evidente que cuando aparece algo
tan grave como la violencia conyugal, en situaciones de hecho o de
derecho, ésa es la prueba manifiesta de que ha desaparecido lo único
que puede vincular a dos ciudadanos a mantener una vida en común, el
afecto. Es más, yo diría que nuestra proposición de ley, al insistir
en que se incluya un nuevo punto octavo en el artículo 82, en el que
se entendiera como causa de separación y de divorcio la desaparición
del afecto entre los cónyuges, debería bastar. No haría falta ninguna
otra consideración. Sería el reconocimiento explícito de que ese
contrato -entiéndase la expresión-, de que ese compromiso de vida en
común no tiene ninguna posibilidad de ser impuesto a quien no lo
desee libre y voluntariamente, y con ello, repito debería bastar.
Lamentablemente, esta filosofía, la filosofía de la voluntariedad, la
filosofía de la libertad más absoluta, no ha cuajado todavía en
muchas capas de nuestra sociedad. Se sigue pensando por parte de
algunos, desde Izquierda Unidad pensamos que de una forma equivocada,
que las relaciones interpersonales pertenecen al orden público, y no
es así. Las relaciones interpersonales sólo deben pertenecer al
ámbito de lo que llamamos el orden público cuando las consecuencias
de su quebranto, cuando las consecuencias de su frustración,
repercuten en seres inocentes que son los hijos. Salvado este
supuesto, debería contemplarse desde la legislación, debería
contemplarse desde la más elemental ética, el respeto más absoluto a
la voluntad, qué duda cabe que admitiendo -porque nuestra sociedad
está estructurada como está- que a lo mejor, en el ejercicio de la
voluntad de uno de los cónyuges de poner fin a la convivencia puede
haber, y no podemos ignorarlo, ni más ni menos que una situación de
inferioridad, objetivamente dañosa para el cónyuge que la sufre, que
debe ser objeto de protección y al que no se puede dejar abandonado a
su suerte. En todo caso, el principio o la filosofía de la
voluntariedad debería estar suficientemente plasmado en nuestras
leyes.
Sin embargo, cuando además de esa desaparición del afecto lo que
aparece es un conjunto de -utilizando la vieja terminología canónica-
sevicias, malos tratos, atentados a la propia integridad personal e
integridad psíquica, atentados a algo tan absolutamente protegible
como debe ser el derecho a la propia personalidad, no podemos
permanecer, en modo alguno, como meros espectadores; se tienen que
tomar medidas que faciliten algo tan elemental como es la legítima
defensa. Legítima defensa del cónyuge que, por el simple ejercicio
del derecho a la libertad, comprobada la desaparición del afecto,
tiene derecho y quiere a iniciar una vida en la que pura y
sencillamente tal vez no va a encontrar la felicidad sino que
simplemente va a escapar a una situación auténticamente tormentosa y
auténticamente dañina para ellos.
Podríamos discutir enormemente acerca de si bastaría con la denuncia
de unos malos tratos comprobados,
si es necesario, por el contrario, la condena, si basta con el
procesamiento o si, en cualquier otro supuesto, la simple apertura
del juicio oral por este motivo da lugar a ello. Yo no voy a entrar
en ninguna disquisición jurídica, porque este problema no es
jurídico; éste no es un problema jurídico. Jurídicamente le daremos
la fórmula que creamos conveniente en la ponencia, si aceptamos el
que sea objeto de tramitación en esta Cámara. Yo quiero entrar en el
problema político y quiero entrar en el problema ético, a cuyo
servicio tiene que estar el derecho y a cuyo servicio tiene que estar
la legalidad. Y al servicio de esa legalidad, repito, no voy a hacer
enorme hincapié en cuál sea el supuesto a contemplar, pero sí voy a
hacerlo en que si algo hay grave -porque generalmente se produce en
un ámbito en que está casi garantizada la indefensión de la víctima,
en que ésta está en una actitud absolutamente inerme, por condiciones
subjetivas y objetivas- es la violencia sobre la mujer en las
situaciones de convivencia. No es lo mismo la violencia en cualquier
otro supuesto.
Cuando se nace a la situación de convivencia por razón del afecto,
por razón del compromiso de una vida en común, y se sigue
alimentando, por gravísimas que sean las circunstancias que se
atraviesen, la esperanza de la restauración de una posible situación
mejor, se está en unas condiciones anímicas y corporales
objetivamente imposibilitadoras del ejercicio de la más legítima
defensa. Y allí donde no puede llegar la voluntad, donde se puede
producir la imposibilidad de que la propia víctima ponga coto a esa
situación, tiene que intervenir inmediatamente el legislador, y tiene
que hacerlo tomando las medidas inmediatas para la paralización de
toda actitud dañosa, tiene que colocar inmediatamente encima de la
mesa ese conjunto de disposiciones que eviten la continuidad en el
daño y que puedan servir pura y sencillamente para que no se
produzcan daños mayores.
No voy a cansar a SS.SS. con argumentaciones acerca de la necesidad
absoluta de modificación de esta legislación para que las situaciones
bien dañinas y peligrosas en que se encuentran muchísimos ciudadanos
y ciudadanas sean objeto de inmediata corrección y que, desde luego,
no pueden esperar a la tramitación de un largo procedimiento ni
pueden ser objeto de buenos consejos.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo enseguida, señor presidente.
Acabo apelando a algo que yo creo que a todos los que estamos en la
Cámara, por encima de las formulaciones jurídicas, por encima del
texto de la ley, nos ha hecho coincidir desde el momento mismo en que
muchas diputadas lo pusieron de manifiesto y nos llamaron
y convocaron a un compromiso para que estas situaciones, si
efectivamente no podemos evitar que se
puedan repetir -ahí están las circunstancias de cada caso-, sí
podemos poner los mecanismos para que en cuanto se produzcan y en
cuanto aparezcan no puedan continuar y sean objeto inmediatamente de
corrección, de cuidado y de solidaridad por todos nosotros.
Por ello, pido a la Cámara el voto favorable hacia esta proposición
de ley, en el ánimo abierto de Izquierda Unida de que si la misma es
admitida a trámite, junto a la presentada por el Partido Popular,
estamos convencidos de que la aportación de todos los grupos
parlamentarios hará surgir un texto legal que nos dará satisfacción a
todos y que merecerá pura y sencillamente la aprobación por la
sociedad en un tema en el que muy legítimamente nos está reclamando
un mayor sentido de responsabilidad y una inmediatez absoluta.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Para la defensa de la proposición que sobre la misma materia, de
forma análoga, ha formulado el Grupo Popular, tiene la palabra la
señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo para solicitar el voto
afirmativo a la toma en consideración de la iniciativa legislativa
que hemos presentado el Grupo Popular, en el sentido de modificar dos
artículos del Código Civil en materia de separación y divorcio cuando
tuvieren como causa o razón los malos tratos.
Todos sabemos que el maltrato a la mujer y a determinados familiares
de forma continuada se ha venido realizando desde hace muchos años,
pero también es cierto que la ausencia de miedo, de vergüenza, y los
cambios que se han producido en la sociedad española han dado lugar a
que se hayan producido con mayor asiduidad y número las denuncias por
malos tratos. Esto ha tenido como consecuencia que en los últimos
años se hayan producido casi 20.000 denuncias por malos tratos al año
y se haya conocido que se han ocasionado muertes a mujeres por malos
tratos en una cantidad mayor que las muertes producidas por la banda
terrorista ETA.
Ello ha dado lugar a una reacción de toda la sociedad española, de
todos los órganos del Estado y del Gobierno español, en el sentido de
considerar estas agresiones que se producen a los familiares como un
ataque a la propia sociedad, como un ataque a la democracia. Y
considerándolo una cuestión de Estado, el Gobierno español, en abril
del pasado año, ha regulado el denominado Plan de erradicación de la
violencia doméstica. Este plan, que va a tener una duración de tres
años y con un importe de unos 9.000 millones de pesetas, además de
medidas de tipo educativo, social y sanitario, recoge unas
modificaciones legales. Se modifica el Código Penal y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a través de un proyecto de ley que en este
momento se encuentra en el Congreso, en el sentido de que, en el
artículo 153, que regula las lesiones, se establece que se
considerará culpable de delito por lesiones aquél que ejerza
habitualmente la violencia, física o psíquica, sobre el que es o era
su cónyuge o estuviese unido con análoga relación de afectividad, o
a otros familiares. Modifica también el artículo 13 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, considerando que se pueden aplicar medidas
cautelares de alejamiento o de prohibición de residencia cerca de las
víctimas en aquellos delitos en que se atenta contra la integridad
física o psíquica de los familiares.
Teniendo en cuenta esta iniciativa, que nos parece muy importante
para erradicar los malos tratos, la violencia física o psíquica, que
normalmente se produce contra la mujer en el hogar o contra otros
familiares que conviven con el agresor, y entendiendo que es
importante que contenga estas medidas de prevención general y de
erradicación de los malos tratos, e incluso que tenga un contenido
pedagógico para distinguir perfectamente lo que es una actuación
criminal, creemos que estas medidas -como he dicho anteriormente-
deben coordinarse con unas modificaciones en materia civil. Por eso
hemos presentado esta iniciativa legislativa, con el fin de modificar
el artículo 86, que recoge las causas de divorcio.
En la actualidad, el apartado 5º del artículo 86 del Código Civil
establece que se podrá acudir al divorcio cuando existiere sentencia
firme condenatoria por atentar contra la vida del cónyuge,
ascendientes o descendientes. El Grupo Parlamentario Popular
considera que se debe añadir otra serie de supuestos: que también se
pueda acudir al divorcio cuando existiere sentencia firme
condenatoria; cuando los malos tratos se produzcan utilizando
violencia e intimidación, amenaza o engaño sobre el cónyuge o
descendientes, aborto o lesiones al feto; cuando se atente contra la
integridad física del cónyuge, ascendientes o descendientes,
considerando dichas lesiones como delito (es lo relativo al artículo
153, que se modifica con el proyecto de ley del Gobierno, al que
antes me he referido); cuando se ejerce violencia de forma habitual
contra el cónyuge, ascendientes, descendientes y otros convivientes
en la unidad familiar o, por último, cuando se hubieren realizado por
el condenado en sentencia firme delitos de detención ilegal,
secuestro o coacciones sobre el cónyuge, ascendientes o
descendientes.
Al Grupo Popular nos parece muy importante esta ampliación de poder
acudir al divorcio en estas circunstancias debido a que, en este
momento, toda persona que sufre malos tratos sólo puede acudir a la
separación. Con esta proposición no se está limitando que se pueda
acudir a la separación; por el contrario, se está aumentando una
panoplia de posibilidades de acudir al divorcio cuando existen malos
tratos. Además, con las modificaciones que se van a llevar a cabo por
el proyecto de ley del Gobierno, va a ser mucho más fácil conseguir
la condena por el delito de lesiones, por ejercer habitualmente la
violencia, y mucho más rápido,
porque la modificación del artículo 153 que recoge el proyecto del
Gobierno, en materia penal, establece que, para este tipo de delitos,
la habitualidad no va a ser la que regula el artículo 94 del actual
Código Penal, que exige como mínimo tres sentencias condenatorias
sobre la misma víctima y en un determinado período de tiempo. En el
segundo párrafo de este artículo 153 se recoge que, para este tipo de
delitos en los que se ataca a la integridad física o psíquica de los
familiares o convivientes, se va a considerar habitualidad sólo el
poder acreditar que se está ejerciendo la violencia física o psíquica
sobre cualquiera de las víctimas que conviven y que no es necesario
ese número mínimo que regula en este momento el Código Penal, en su
artículo 94.
Por tanto, estamos tratando de que, en momentos de auténtica crisis,
como es una ruptura matrimonial, y cuando la mayoría de las veces las
mujeres o féminas convivientes, cónyuges, hijos menores, incluso los
habidos fuera del matrimonio, o menores que en un momento dado pueden
estar bajo determinada situación de acogimiento o guarda, que están
sufriendo una situación crítica de mal trato físico o psíquico, se
les pueda dar una salida, una solución, no aumentar el sufrimiento
que esas personas tienen. Esta es la finalidad de esta modificación.
Respecto al artículo 103, que es el que regula las medidas que se
aplicarán cuando se presente una demanda de separación, divorcio o
nulidad, que se fundamente en malos tratos, y se presenten medidas
provisionales o provisionalísimas, que regulan los artículos 103 y
104, añadimos dos párrafos, en el sentido de que cuando esto
surgiere, es decir, presentación de demanda de separación, divorcio o
nulidad por malos tratos con medidas provisionales o
provisionalísimas, previamente o posteriormente, el juez que vaya a
conocer de estos procedimientos, sabiendo todos la lentitud, por lo
recargados que están en este momento los juzgados de familia o de
primera instancia, pueda practicar una prueba pericial psicológica,
para fijar una serie de medidas que no permitan que el agresor se
acerque de forma espontánea y sin control ni vigilancia a los
familiares agredidos, Y que esta prueba pericial psicológica en todo
momento se lleve a cabo desde que haya una sentencia condenatoria por
malos tratos o desde que se haya abierto el juicio oral en este
sentido.
Consideramos que estos dos apartados van a ayudar muchísimo a la
celeridad de la aplicación de las medidas cuando exista crisis
conyugal y cuando esta crisis conyugal está fundamentada en algo tan
terrible como son los malos tratos físicos o psíquicos. Porque en
este momento, señoras y señores, los procedimientos, no sólo de
separación y de divorcio son lentos, sino de medidas provisionales y
provisionalísimas, llegan a tardar en aplicar medidas hasta tres o
cuatro meses. Esta práctica de la prueba pericial podrá permitir que
el juez, previamente y con base en la modificación que en lo penal se
está llevando a cabo y coordinando medidas, practique la prueba
pericial, no permitiendo que exista un régimen de visitas o un
acercamiento al
hogar o al trabajo familiar. Eso nos parece esencial, porque, además,
en este momento, y no nos engañemos, las víctimas que sufren los
malos tratos son los, en su mayoría, tienen que salir del hogar
familiar, con sus hijos o con todos aquellos familiares o
convivientes que sufren las agresiones. Nosotros pensamos que esto es
injusto, que lo que se debe hacer es tomar las medidas oportunas para
que quien tenga que salir del hogar sea el agresor y que esto lo
pueda dictar el juez fundamentado en una prueba pericial, para poder
garantizar la integridad física o psíquica.
Esto va unido a una iniciativa legislativa que se va a debatir el
jueves, que es el proyecto de ley de enjuiciamiento civil, donde se
va a regular la modificación de un nuevo procedimiento de separación
o divorcio, que dará lugar a una mayor agilidad e inmediatez, con
unos plazos más breves y con posibilidad de conocer más adecuadamente
los intereses en conflicto en estos procedimientos, coordinando todas
las medidas penales que se recogen en el proyecto de ley del
Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Barrios, por favor.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente. En seguida
termino.
Con esta proposición de ley y la de Izquierda Unida, cuya toma en
consideración por supuesto vamos a votar afirmativamente, porque nos
parece muy adecuado añadir una causa de separación como es la
desaparición de afecto entre los cónyuges, puesto que muchísimas
veces muchas parejas, para no tener que esperar un determinado
periodo o alegar determinada causa, muchas veces inexistente, para su
separación, ahora podrían alegar esta causa de separación que es la
falta de amor o de afecto, que nos parece esencial en la convivencia.
A lo largo del debate parlamentario, podríamos mejorar las dos
proposiciones de ley cuya toma en consideración se está debatiendo en
este momento, pero estamos convencidos de que las mismas están
elaboradas para mejorar la situación de las mujeres maltratadas y que
en todo momento lo que se persigue es dar mayores soluciones a
quienes se encuentran, en una crisis matrimonial, en la peor de las
situaciones, que es cuando se ha sufrido el maltrato físico y
psíquico, que todos y todas conocemos, pues todos los parlamentarios
y parlamentarias estamos muy sensibilizados con este tema. La medida
nos parece muy adecuada y por eso pido su voto afirmativo para la
toma en consideración y para su posterior debate parlamentario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barrios. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿El Grupo Catalán desea
consumir un turno en contra? (Pausa.) ¡Ah! Parecióme que levantaban
el brazo.
La señora Alberdi, en nombre del Grupo Socialista, sí desea utilizar
el turno en contra. Adelante, señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante dos proposiciones de ley, del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo de Izquierda Unida, hechas, a mi
juicio, precipitadamente, sin estudio y sin profundizar. Fueron
presentadas en noviembre y diciembre de 1998, respectivamente, a raíz
de la propuesta del Defensor del Pueblo, para intentar responder
-desde luego, inadecuadamente- a los problemas de los malos tratos
que se producen habitualmente en el marco de la relación conyugal o
de una ruptura conyugal. Contienen propuestas que no resuelven los
problemas, sino que más bien los complican. Se trata de propuestas
que no son serias. En el caso del Grupo Parlamentario Popular, está
elaborada por el propio grupo, no ha pasado por el gabinete técnico
de ningún Ministerio ni por la Comisión de Subsecretarios.
Sinceramente, creemos que no hubiera superado la prueba.
Fue el informe del Defensor del Pueblo sobre la violencia doméstica
contra las mujeres el que sugirió, como una de las modificaciones en
el ámbito del Derecho Civil, la del artículo 86. Hoy se contempla el
apartado 5. Pero el Defensor proponía que cuando exista situación de
violencia doméstica se pueda acceder directamente al divorcio, sin
necesidad de esperar a los plazos legalmente previstos.
En primer lugar, y comprendiendo el objetivo del Defensor en cuanto
al acortamiento de los plazos, sería discutible si la medida se puede
tomar sola, de una forma aislada, en cuanto técnicamente posible, o
si habría que reducir una serie de trámites y avanzar una reforma en
la totalidad. Esa es la idea de lo que presentó el Defensor. En
cualquier caso, dicha propuesta habría de estudiarse desde la
perspectiva de un cambio en profundidad del régimen jurídico de las
rupturas matrimoniales y no como lo hacen los proyectos de ley que
hoy se presentan, a nuestro juicio. El caso del PP es más llamativo,
ya que es el partido que está en el Gobierno y que, por tanto, viene
obligado a ser más riguroso. Su propuesta no resiste el más mínimo
análisis jurídico y demuestra que el PP persigue la propaganda, el
hacer que hace y en ningún caso resolver el problema de miles de
mujeres víctimas de malos tratos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) La
proposición de ley del PP y de Izquierda Unida no reduce los plazos
ni plantea el acceso directo al divorcio por causa de malos tratos,
como quería el Defensor. Mantiene la situación actual de cese de la
convivencia como forma de obtener el divorcio y añade al apartado 5
del artículo 86 diversas causas, entre ellas la de malos tratos con
condena firme en causa penal, como vía para el divorcio. Señorías,
obtener una sentencia firme en causa penal en nuestro ordenamiento
jurídico es mucho más lento y requiere más trámites
que el cese de la convivencia para obtener el divorcio, además de que
la prueba en el ámbito penal tiene otras características y garantías
que en el civil por lo que su obtención es más complicada.
La reforma del artículo 86, apartado 5, del Código Civil que se pide
por los dos grupos proponentes va en contra del objetivo que en
teoría se propone. El objetivo es reducir los plazos, ir directamente
al divorcio. Pues bien, la propuesta produce, sin duda alguna, un
plazo mucho más largo que una separación previa o un cese efectivo de
la convivencia conyugal en los plazos establecidos. Todos sabemos que
el artículo 86, apartado 5, comienza diciendo -lo ha dicho S.S. la
representante del Grupo Parlamentario Popular- que será causa de
divorcio la condena por sentencia firme por la comisión de
cualesquiera de los siguientes delitos: el que está previsto hoy, que
es atentar contra la vida del cónyuge, ascendientes o descendientes,
al que el Partido Popular añade la integridad física y, no sabemos
por qué, no incluye la psíquica, pero añade otros como aborto,
lesiones al feto, violencia habitual, detención ilegal, secuestros o
coacciones.
No sé si ha pensado el grupo proponente -creo que no- que su
propuesta requiere la condena por sentencia firme. ¿Saben SS.SS. lo
que tarda una sentencia firme en producirse y cuántos recursos caben
hasta obtener la firmeza? Desde luego, más años y más trámites que
para que transcurran los años de cese efectivo de la convivencia
conyugal previstos en el propio artículo 86 como causa de divorcio.
Uno o dos años, según sea de mutuo acuerdo o contencioso. A ello,
además, hay que añadir, como hemos dicho, que la prueba cambia
absolutamente en el ámbito civil y en el penal, ya que, como es
sabido, la prueba en la jurisdicción penal está rodeada de una serie
de garantías que la dificultan, lo que no ocurre en la jurisdicción
civil.
Si lo que pretende el PP con esta proposición es reducir los trámites
y agilizarlos, va a conseguir todo lo contrario y va a complicar la
situación. Nos tememos que lo que ha querido una vez más el Partido
Popular, el Grupo Parlamentario Popular, es aparecer como
comprometido con la causa de las mujeres víctimas de malos tratos,
sin estudiar el tema a fondo, y se ha lanzado a la propaganda. Además
ha aludido S.S. al plan de acción del Gobierno. En el plan de acción
del Gobierno que se aprobó en abril de 1998 ni se menciona la posible
reforma que hoy se trae aquí. Simplemente ni se menciona, lo cual es
curioso y hay que destacarlo, porque, como digo, no hubiera resistido
el filtro de pasar por una serie de informes de gabinetes técnicos.
Hay que reiterar que el Defensor del Pueblo, a pesar de que el
Partido Popular no lo haya entendido, quiso decir y dijo en su
informe que proponía la reforma del artículo 86 del Código Civil para
poder acudir directamente al divorcio sin esperar los plazos de cese
de convivencia previstos actualmente en la ley. Pero como causa
directa, civil, no como causa condicionada al requisito nada menos
que de una sentencia firme penal
condenatoria. Esto con respecto a la primera parte de la propuesta.
Con respecto a la segunda parte de la propuesta, que es más amplia en
el caso del PP, de modificación del artículo 103 del Código Civil, es
innecesaria y contraproducente y además demuestra la ignorancia de
quien lo hace, ya que en la práctica de los tribunales la prueba
pericial psicológica puede ser acordada en cualquier momento si así
lo considera conveniente el juez para mejor proveer. Por tanto, no se
precisa a este respecto ningún tipo de reforma. Ahora bien, otra cosa
es que a través de esta petición aparezca la idea de que el
maltratador es una persona con alteraciones psicológicas, cuando la
realidad es que se trata de personas que tienen interiorizada la idea
de superioridad y dominio sobre las mujeres. Resulta muy grave que el
Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, pueda tener este
planteamiento en torno a la violencia de género.
Por su parte, Izquierda Unida hace la propuesta idéntica, pero en
este caso la produce en el artículo 104 del mismo Código Civil. Hay
otra propuesta relacionada con la desaparición del afecto entre los
cónyuges, que se comenta sola, porque para eso está el mutuo acuerdo.
Y la verdad es que hoy en día el problema no es obtener la causa,
sino los efectos personales y patrimoniales en torno a las causas
tanto de separación como de divorcio.
Sí resulta grave -y en esto quiero hacer hincapié, señorías- la
referencia en la propuesta del Partido Popular a la atribución del
uso no exclusivo de la vivienda familiar, al que parece dar carta de
naturaleza, cuando no está previsto en el actual Código Civil -esto
no figura en la propuesta de Izquierda Unida-, aunque se acuerde en
algunos casos por los tribunales. Se trata de una aberración
jurídica, a nuestro juicio, recoger esta posibilidad precisamente en
los casos de violencia.
En suma, creemos, primero, las modificaciones propuestas no sólo no
benefician, sino que agravan y entorpecen la situación jurídica legal
que las mujeres maltratadas vienen padeciendo con la ley actual,
además de significar un engaño inadmisible para las afectadas.
Segundo, introducir en las actuales medidas provisionales de
separación un dictamen psicológico del agresor desvirtúa el propio
procedimiento provisional y abreviado. Tercero, aludir a la no
atribución del uso de la vivienda en estos supuestos de violencia,
cuando la ley actual establece lo contrario, la atribución exclusiva
a uno de los cónyuges, es un escarnio para las víctimas de la
violencia. Hoy se prevé la atribución exclusiva de la vivienda
familiar al cónyuge víctima de los malos tratos y a los hijos. ¿Cómo
es posible que el Partido Popular quiera cambiar esta situación
precisamente en estos casos? Nos asombra, desde luego. Creemos que lo
que habría que hacer, y no hace desde luego el Partido Popular con
esta propuesta, es acometer seriamente una reforma en profundidad,
una reforma sustantiva y una reforma procedimental; modificar el
proceso, ordenarlo, evitar usos...
El señor PRESIDENTE: Señora Alberdi, concluya, por favor.
La señora ALBERDI ALONSO: Voy terminando, señor presidente.
Evitar usos inadecuados del mismo con fines dilatorios, buscar la
concentración y la inmediación y, desde luego, no hacer brindis al
sol trayendo a esta Cámara proyectos como el que nos ocupa, que no
hacen sino marear los temas, contar cambios y supuestas mejoras que
no existen y levantar falsas expectativas entre las mujeres.
Nuestro grupo, señorías, señor presidente, votará en contra de la
toma en consideración de esta propuesta, que no resiste, como
decimos, el más mínimo análisis y que demuestra la vacuidad del Grupo
Parlamentario Popular y su afán de propaganda, sin perjuicio, desde
luego, de reservarnos, para el supuesto de que fuera aprobada por
esta Cámara, la posibilidad de enmiendas a todo su contenido.
Muchas gracias. (El señor Castellano Cardalliaguet pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alberdi.
El señor Castellano pide la palabra. Y la señora Barrios. ¿El señor
Castellano también por alusiones?
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: No, es que como hay un turno en
contra, en la medida en que se pueda entender que ese turno en contra
es también contra la admisión a trámite de esta proposición, pido el
uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Ahí voy, ahí voy. En la medida en que pueda
entenderse, pero ha recibido mucho más varapalo, tengo la impresión,
el Grupo Popular.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: No se preocupe, señor presidente,
que bajo ningún concepto voy a salir en su defensa (Risas.).
El señor PRESIDENTE: Estaría usted en su derecho, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Ese papel se lo dejo a ellos. Lo
digo porque podría pensar S.S. que, saliendo en su defensa, lo
hiciera tan mal, que le dejara en peor situación. Bajo ningún
concepto.
El señor PRESIDENTE: Me deja muy tranquilo.
Adelante.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Le voy a reservar su tiempo.
Quiero referirme exclusivamente a lo que pueda suponer
descalificación de la modesta proposición de ley que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida ha introducido.
Yo le diría, voy a decírselo, a nuestra querida ponente, doña
Cristina Alberdi, que se plantee sencillamente a efectos dialécticos
el supuesto de que nos conformáramos con sus tesis y dijéramos amén a
toda su argumentación -que yo no voy a descalificar bajo ningún
concepto, el derecho es absolutamente opinable-. Nos conduciría a la
paradójica situación de que, queriendo todos poner coto a una
situación que a nadie gusta, nos quedáramos sin legislar sobre ella.
La enmienda o el turno en contra obviamente a lo que no puede
conducir es a todo lo contrario. Si alguien acusa en un momento
determinado a unas proposiciones de ley de insuficiencia, de no ser
lo suficientemente adecuadas, lo sensato y lo lógico es decir: voy a
poner encima de la mesa las que son más suficientes y las que son más
adecuadas. Pero querer conducirnos al callejón sin salida de decir
que no se estime ninguna de las proposición -y ahora me refiero a la
mía- nos llevaría a quedarnos sin legislar sobre un tema que la
propia oponente, en su turno en contra, reclama como importantísimo,
entre otras cosas citando -asumimos esa cita y la valoramos en lo que
debe- ni más ni menos que al Defensor del Pueblo. Punto primero.
Punto segundo. Repito que nuestro intento de incluir en el artículo
82 un punto octavo, la desaparición del afecto entre los cónyuges, no
la equiparamos al divorcio por mutuo consenso. Es al contrario.
Históricamente Izquierda Unida ha defendido, frente a la opinión del
divorcio por mutuo consenso, la opinión del divorcio por el simple
disenso de una de la partes. Nadie puede estar obligado a convivir en
común con otra persona si no quiere. Por tanto, lo que hacemos es
precisamente introducir algo que no se contempla en la legislación
actual: la pura voluntariedad de no permanecer en vida en común.
Sobre cuyo supuesto no admitimos ni que se pida cuenta o
explicaciones, porque es el ejercicio de la más omnímoda libertad. Y,
desde luego, no queremos entrar en lo que hoy nuestro Código Civil
contempla como las relaciones de culpabilidad o de causalidad. No,
cuando alguien no quiere vivir con otra persona, no debe haber fuerza
humana ni divina que le obligue a ello. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la presidencia.) Esto es lo que
quiere decir el divorcio por la desaparición del afecto entre los
cónyuges. Y basta que sea enarbolado, esgrimido o alegado por una de
las partes para que, desde nuestro punto de vista, inmediatamente se
deba dar lugar al mismo, para evitar mayores males.
Y tercero. Puede que tenga razón la señora Alberdi. A lo mejor, en lo
que se refiere a la modificación del artículo 86, los supuestos que
se contemplan pueden dilatar más el proceso. Muy bien. Pero frente a
esa tesis, señora Alberdi, es cierto y evidente que, como no se
modifican otras posibles causas, será la parte la que escoja aquel
procedimiento que le pueda parecer más cómodo o más rápido, en cuyo
caso, si usted quiere, podrá acusarnos de ponerle otra albarda al
jumento.
Pues con dos albardas, a lo mejor resulta que ofrece dos
oportunidades.
En la medida en que usted haya querido mantener un turno en contra de
nuestra proposición de ley, le hago estas reflexiones, desde la
comprensión más absoluta de sus posiciones y, por descontado, sin
verter ni un solo elemento de descalificación acerca de lo que usted
haya podido decir. Pero, evidentemente, no lo compartimos, porque si
lo compartiéramos, comprenderá que tendríamos que retirar ahora mismo
la proposición de ley y quedarnos en esa situación, que nos parece
muy poco razonable, de dejar que las cosas sigan como están. Porque
no queremos que las cosas sigan así es por lo que provocamos, y
vuelvo a utilizar el mismo término, un debate en esta Cámara, para
que de una vez por todas se admitan estas o cualesquiera otras
proposiciones y nos pongamos a la tarea. Y no le quepa la menor duda,
señora Alberdi, de que, reconociendo su autoridad en la materia, su
presencia en la ponencia y sus aportaciones serán tan bien recibidas
que va a salir todo ello absolutamente enriquecido, pero sea
coherente, no se oponga a que por lo menos se trate este tema.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
Señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señor presidente.
Hago mía la exposición que ha hecho el señor Castellano, a pesar de
que ha dicho que no quería defender al Grupo Popular de los ataques
que la señora Alberdi, en nombre del Grupo Socialista, nos ha hecho
con relación a nuestra iniciativa legislativa. Sí me ha parecido muy
adecuado su talante y todo lo que ha dicho al respecto y, en ese
sentido, me remito a lo dicho, esto es, estas iniciativas que se han
presentado tienen como finalidad ampliar la posibilidad que pueda
tener la mujer que sufre malos tratos físicos y psíquicos para poder
acudir no sólo a la separación sino también al divorcio y que, con la
lentitud con que en este momento se están tramitando los
procedimientos, por la acumulación de los mismos, pueda practicarse
una mera prueba pericial que dé lugar al alejamiento del agresor, con
unas medidas adecuadas. Sin embargo, la señora Alberdi -y me ha
sorprendido mucho, porque no acostumbra a tener este tipo de
intervenciones- nos ha atacado a los miembros del Partido Popular,
diciendo que esta es una iniciativa resultado de algo así como: el
que mucho habla y da poco trigo. Y que todo son iniciativas cara a la
galería, interpretando nuestros motivos.
Señoras y señores parlamentarios del Grupo Socialista, la actitud del
Partido Popular, de las mujeres y de los hombres del Partido Popular,
en la lucha por las mujeres y los hombres de la sociedad española es
tan legítima y tiene la misma finalidad que la de cualquier
otro grupo parlamentario, cualquier otro partido político: conseguir
su felicidad y su buena convivencia.
Con respecto a sus críticas, tengo que decirle que nosotros lo que no
hacemos es hablar mucho, que es una especialidad que tienen otros
partidos. Nosotros lo que hacemos es trabajar en el día a día. Esta
iniciativa es resultado, por supuesto, de ese trabajo. No sólo es el
resultado, sino que le voy a recordar -no sé si estaba en ese momento
usted en el Grupo Socialista como parlamentaria- que, con fecha 11 de
febrero de 1992, el Grupo del CDS presentó una iniciativa legislativa
en el sentido de considerar como causas de divorcio las mismas de la
separación y, sin embargo, el único grupo, el único, que votó en
contra de esa iniciativa fue el suyo. Hace siete años, la señora
Pelayo, en nombre del Grupo Socialista -que, por cierto, intervino
por Izquierda Unida el señor Castellano, y lo puede recordar-,
alegaba que esa modificación lo que hacía era repetir causas y que,
por tanto, no estaba de acuerdo. Que con lo que estaban de acuerdo
era con modificar la ley de enjuiciamiento civil. Hace siete años
niegan ustedes una iniciativa similar, que, según ustedes, sería el
fundamento de la que hoy en tal caso apoyarían, pero, repito, en ese
momento la niegan, y ahora vuelven a cercenar otra iniciativa
parlamentaria, por la única causa de que no nace de ustedes.
A mí me parece muy bien el debate político y que se pueda decir que
la vida política es dura, pero yo creo que en el Congreso de los
Diputados estamos para valorar y para mejorar iniciativas
legislativas. En ese momento, hace justamente siete años, ustedes
negaron una iniciativa en este sentido. Hoy la vuelven a negar
alegando que sólo se arregla el problema de las separaciones
y divorcios con la modificación del Código Civil, lo que tampoco
llevaron nunca a cabo. Entonces, ¿qué es lo que se pretende?
¿Oposición por oposición, incluso estando en el Gobierno en aquellos
años? Sigan ustedes haciendo oposición, porque nosotros consideramos
que hablamos poco, pero damos trigo y al final nuestro trabajo
beneficia a todos los españoles; el de ustedes, ni trigo, ni millo,
ni cebada y al final ni alfalfa.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Barrios.
Señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Le ha salido a usted, señoría, un defensor inesperado de su
propuesta, que a la vez defendía la suya, que tiene una gran
capacidad dialéctica. El señor Castellano ha dicho que no
descalificaba a nadie; yo no descalifico, pero sí hay una serie de
datos en la propuesta que, como he dicho, me parecen inadecuados y no
resisten el más mínimo análisis.
Señoría, lo primero que hay que ver es que el plan de acción que
desarrolla y aprueba el Gobierno no
incluye esta propuesta, y usted se remonta nada menos que a hace
siete años, a una propuesta del CDS, diciendo que el Grupo Socialista
no la aprobó. Es probable que fuera una propuesta que no estuvieraa
adecuadamente realizada, porque no se trata sólo de hacer propuestas
y a través de las enmiendas crear una situación mucho peor e
inadecuada a la que tenemos en el momento actual. Lo que yo he
querido dejar claro cuando he intervenido es que la propuesta que
ustedes hacen -y me he referido a que tiene una parte
propagandística, pero voy a admitir que no la tenga- tiene una parte
de impericia, porque llevar a cabo una propuesta en los términos en
que se presenta complica la situación más que beneficiarla, y esto se
lo puede decir cualquier persona experta en temas matrimoniales.
En el momento actual en el ámbito matrimonial hay muchos problemas,
pero estos no vienen derivados de la causa de separación ni de
divorcio -que es muy fácil obtenerla hoy en España, es muy fácil
probarla, y en eso no hay nunca problemas-, sino en los efectos
personales y patrimoniales. El tema más grave que tenemos en el
ámbito de la resolución de la rupturas matrimoniales es el procesal,
precisamente porque hay una duplicidad o multiplicidad de supuestos,
de medidas, de efectos, de contraefectos, de modificaciones, y eso es
lo que habría que reformar. Ahora tenemos la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que tampoco lo resuelve, pero donde formularemos las enmiendas
oportunas. No piense usted, señoría, y se lo digo con toda honradez,
que por hacer atropelladamente una serie de modificaciones y traerlas
a esta Cámara vamos a pensar que con muy buena voluntad usted está
resolviendo un problema, porque puede estar creando un conflicto
mayor, un batiburrillo y una situación que perjudique a las personas
que tienen que acudir a este tipo de supuestos. No soy sólo yo, sino
los expertos en este ámbito matrimonial, cualquiera que haya visto
las dos proposiciones de ley, sobre todo la de ustedes, los que se
llevan las manos a la cabeza, sobre todo en el artículo 103, cuando
usted habla de un uso no exclusivo del domicilio familiar, que es uno
de los caballos de batalla que tenemos en el tema de las rupturas
matrimoniales, máxime en casos de violencia contra las mujeres. Ese
es uno de los supuestos en el que está más indicado el uso exclusivo,
la atribución a la mujer y los hijos, y usted plantea en la
alternativa algo que no está en el Código Civil, nada menos que el
uso de la vivienda con carácter no exclusivo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señoría, le
ruego que concluya.
La señor ALBERDI ALONSO: ¿Qué pasa, señoría, es que hay que llegar a
que se le pegue fuego a una mujer y se muera para que haya una
sensibilidad sobre esta materia? Pues si hemos de llegar a eso, ahí
había un uso no exclusivo. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Alberdi. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la verdad es que nos encontramos ante
unas proposiciones de ley sobre las que, en principio, todos decimos
que podían ser estupendas, que está muy bien acceder al divorcio de
una forma rápida y, por tanto, yo tendría que decir que estamos de
acuerdo. Sin embargo, creo que esta ley no va a permitir el acceso al
divorcio de forma rápida, ni va a permitir que las mujeres tengan
mayores facilidades, sino que tendría que ser mediante otras leyes
cuya reforma está pendiente también en esta Cámara, como es la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que me temo que
difícilmente vaya a ser tramitada en esta legislatura. También está
pendiente la reforma del Código Penal en materia de malos tratos, de
habitualidad, etcétera. Por el contrario, de repente, vemos hoy esta
reforma que, por ser tan pequeñita, parece que va a arreglar grandes
cosas.
Para cualquier ciudadano y ciudadana el derecho al divorcio de
inmediato, a elección suya entre la separación o el divorcio, es un
derecho que nos tenemos que cuestionar. No podemos obligar a la gente
por decreto o por mandato de una ley a tener que aguantar su relación
durante más tiempo cuando quieren romperla. Ahora se lo admitimos a
las mujeres con malos tratos, y quiero decir que muchas veces en
torno a los malos tratos se empieza a hacer un gueto, se crea una
situación en la que si a usted le pegan, entonces puede ir al
divorcio, pero si no le pegan y no le quieren y le tratan mal,
entonces vaya a la separación. Eso es absurdo porque estamos
condicionando incluso que entre el maltrato por la falta de afectio
maritalis y el maltrato por una paliza se esté ahorrando un pleito, y
no estamos en eso. Estamos dando salida siempre a situaciones de
presión social y no a situaciones de necesidad pública, de necesidad
personal y de necesidad individual.
Estas dos proposiciones de ley, pero sobre todo la del Grupo
Parlamentario Popular que, primero, introduce unas causas de acceso
directo al divorcio como es que te provoquen una amenaza de aborto,
cuando el terrible problema que existe ahora es que los maridos te
denuncian cuando interrumpes el embarazo para quitarte a los hijos y
su custodia y además hay otros problemas planteados, indican que
estamos fatal. Segundo, que ahora digamos que para demostrar los
malos tratos hay que hacer un estudio psicológico del agresor cuando
nos ha dicho el Defensor del Pueblo que uno de los rasgos típicos del
maltratador es que es simpático, alegre, cordial para los de fuera y
un maltratador para los de dentro, nos lleva a que lo único que
podemos encontrar en ese examen psicológico sea eso. Además, y le voy
a comentar otra situación, si quiere
acelerar el pleito, excepto en Madrid capital, donde hay un equipo
multidisciplinar que tiene psicólogo, en toda la periferia no hay ni
un psicólogo y tardas un año para hacer una prueba psicológica, con
lo cual debemos pensarlo.
No vemos clara esta situación. No por regularla mal vamos a causar
bien. Nos deberíamos sentar tranquilamente y no andar a la carrera,
presentando cada uno una proposición de ley y esperando que se
presenten las enmiendas. ¿Por qué no hablamos de un proyecto de
modificación de la Ley del Divorcio de verdad, que aclare y dé
rapidez al procedimiento? ¿Cómo es posible que usted hable de que en
una separación se pueda adjudicar una vivienda a los dos? Como ha
señalado la diputada Cristina Alberdi, cuando se ha decidido que el
piso de arriba es para Ana Orantes y el piso de abajo para el marido,
éste cuando la ha visto pasar la ha quemado. ¿Cómo vamos a provocar
estas situaciones? Ello supone desconocer cuál es la realidad.
Por tanto, vamos a sentarnos y a hablar. Si todos queremos arreglar
el problema, vamos a hacerlo bien. No vayamos a provocar estas
situaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida,
le ruego que concluya.
La señora ALMEIDA CASTRO: Yo pediría que se retiraran estas
proposiciones para que podamos hacer un gran trabajo en unidad.
Podemos oponernos a las dos porque no resuelven el problema, aunque
nos da pena por compartir la idea del acceso directo al divorcio.
También le quería decir al señor Castellano que la pérdida del
afectio no la están planteando ustedes para el divorcio, la están
planteando para la separación y en ese sentido, desde el momento en
que se presenta una demanda, la pérdida del afecto está presente y ya
hemos conseguido introducirla en nuestro ordenamiento. Lo que
queremos es eliminar el proceso de ir a dos pleitos distintos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Almeida,
S.S. está compartiendo el tiempo con el señor Vázquez.
La señora ALMEIDA CASTRO: Lo comparto con don Guillerme.
Anuncio que nuestro grupo no ve clara la proposición y, aunque
deseamos solucionar los problemas, nos vamos a oponer a esta
resolución.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Desde nuestro punto de vista, las proposiciones de ley de
modificación del Código Civil en materia del proceso de separación y
divorcio con precedentes de
malos tratos entre los cónyuges pretenden, aunque sea colateralmente,
abordar también el problema de los malos tratos con medidas legales
que contribuyan a erradicar la violencia. Del contenido de las
propuestas nos parece importante la inclusión de un nuevo punto 8 en
el artículo 82 del Código Civil, que añade a las causas de separación
la desaparición del afecto entre los cónyuges, lo que supone una
adaptación a la realidad social, además de ser acorde con el parecer
de numerosa jurisprudencia. En ese sentido, efectivamente es
abundante la praxis judicial que considera causa de separación la
falta de afecto marital, muchas veces por la dificultad probatoria de
la concurrencia de otras causas establecidas en el artículo 82.
Respecto a la reforma que se propone del artículo 86.5, tenemos que
decir que la redacción que presenta el Grupo Popular nos parece
excesivamente prolija, un tanto farragosa por ser excesivamente
casuística, además de restrictiva al exigir en todos los casos
sentencia condenatoria en firme y no contemplar los atentados contra
la integridad psíquica del cónyuge, ascendientes o descendientes.
Parece, pues, exagerado el requisito de que las causas de divorcio
propuestas tengan siempre base delictiva, lo mismo que exigir del
cónyuge, normalmente mujer, el padecimiento reiterado habitual de
malos tratos. La propuesta del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida nos parece más adecuada por todo lo contrario de lo
dicho: propone una fórmula más sencilla y flexible y da cabida a un
abanico más amplio de situaciones, en las que se exige una conducta
violenta, tanto física como psíquica, como causa para acceder al
divorcio.
En cuanto a las reformas que se proponen de los artículos 103 y 104,
podemos compartir que el juez o la jueza pueda proponer tal prueba,
pues podría coadyuvar en su labor de imponer las medidas más
apropiadas, sin embargo, creemos que nunca debe servir para dilatar
en el tiempo las medidas a adoptar.
Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor de la
toma en consideración de las proposiciones de ley que debatimos
porque consideramos que suponen una base de partida para buscar
modificaciones legales que ayuden a las víctimas de malos tratos o
mejoren la causalidad del divorcio, en la esperanza de que en los
trámites parlamentarios posteriores las reformas que resulten de los
debates sean favorables y, en definitiva, signifiquen una mejoría
para las condiciones de vida de los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a votar favorablemente la toma en consideración
de estas dos proposiciones de ley, sin
entrar en cuestiones puramente formalistas y de procedimiento. La
señora Alberdi se refería a que la iniciativa del Grupo Popular no
hubiera pasado por la Comisión de subsecretarios; lo que tiene que
pasar por la Comisión de subsecretarios son los proyectos de ley del
Gobierno; las proposiciones de ley lo que tienen que pasar es el
trámite parlamentario de que se tomen en consideración mediante su
trámite en ponencia, Comisión y Pleno, en los que se va
perfeccionando el texto legal definitivo.
En las dos iniciativas hay un factor común de recurrencia, pese a la
disparidad teórica que pueda haber. La iniciativa del Grupo Federal
de Izquierda Unida hace referencia a modificaciones en los artículos
82, 86 y 104 del Código Civil; la del Grupo Popular se refiere al
artículo 86 y al 103, y coinciden las dos en el 86.5, sencillamente
porque se trata de dar salida legal a una situación conyugal
insostenible. Esta situación conyugal insostenible es la que da
salida no solamente a la habitual de la separación, sino a la
divorcio, y creo que ambos presentadores de la iniciativa han dejado
esto explícitamente detallado. ¿Que hay insuficiencias textuales,
como dice la señora Alberdi? De acuerdo, pero para eso las tomamos en
consideración y no es por menospreciar a la Comisión de
subsecretarios, pero aquí podemos hacer un trabajo fino, jurídico,
legal, para que el texto final recoja lo que es un factor común en
este momento de un artículo de fondo que hay que modificar en el
Código Civil: que esos malos tratos de uno de los cónyuges conlleve
el divorcio en las condiciones que se establezcan, porque se ha roto
precisamente ese valor moral que pone en su justificación el Grupo de
Izquierda Unida que es la desaparición del afecto entre los cónyuges
y después lo que se pueda derivar, también dentro de ese mismo
parámetro que venía regulando una serie de causas para producir bien
la separación, pero sobre todo el divorcio, que es el punto 5 del
artículo 86 del Código Civil. En ese lugar de encuentro estamos,
porque, ¿qué duda cabe de que las matizaciones y doctrinas son
variables? La memoria del fiscal general del Estado del pasado año ya
señalaba las disparidades de criterio cuando se habla del tipo en los
malos tratos familiares, respecto a cuál es el bien jurídico a
proteger, si el honor, si la familia, es decir, hay que tener en
cuenta todo lo que dice la memoria del fiscal general del Estado,
porque el ministerio fiscal va a ser el que haga uso del principio de
legalidad en caso de denuncia de malos tratos en el ámbito familiar,
vía comisaría de policía o vía juzgado, para que aquellos que se
produzcan entre ambos cónyuges puedan terminar en la disolución del
vínculo matrimonial e incluso, como apuntan algunas sentencias del
Tribunal Supremo, aquellos que afectan a las parejas de hecho, ya
que, efectivamente, hay sentencias del Tribunal Supremo sobre la
ruptura del vínculo por pérdida del afecto entre los que forman la
pareja de hecho que se pueden interpretar en ese sentido.
Por esas razones, señor presidente, porque creo que en el fondo hay
que resolver este problema, vamos a
votar favorablemente la toma en consideración de ambas iniciativas, y
en el trabajo de ponencia y de Comisión el ensamblaje de ideas muy
positivas para llevar a buen fin ambas proposiciones de ley
coincidirá también con el de Coalición Canaria y con el de otros
grupos de la Cámara.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, las iniciativas presentadas tienen su origen en la llamada
violencia doméstica, que definitivamente ha salido del ámbito de lo
privado y ha pasado a lo público. Ya no sirve aquello de que a nadie
importa lo que ocurre entre las cuatro paredes de un supuesto hogar y
se van adoptando iniciativas desde los poderes públicos. Se ha
aludido aquí a las sugerencias hechas en su famoso informe por el
Defensor del Pueblo, y en la Cámara hemos tomado iniciativas en
materia social o en materia educativa por la estima y la dignidad de
las personas. Igualmente se está tramitando en este momento en la
Cámara una modificación del Código Penal y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, y hoy se nos traen dos iniciativas para dar
rápida finalización a situaciones que son indeseables. En estos días
en que se celebraba un homenaje al célebre fiscal Chamorro, se
recordaban sus múltiples aciertos en la aplicación de un derecho
apegado a las realidades sociales y se citaba su célebre frase: Una
sola bofetada es causa de divorcio. Efectivamente, así debe ser de
una forma clara y en la línea de conseguirlo van las iniciativas que
hoy se han presentado.
De la de Izquierda Unida nos parece adecuada la introducción en el
punto 8 del artículo 82 de la consideración como causa de divorcio o
de separación la desaparición del afecto entre los cónyuges. Hay,
evidentemente, una línea jurisprudencial ya muy consolidada en este
sentido, pero no está nunca de más la mención expresa por si hubiera,
señorías, despistados. La modificación del punto 5 del artículo 86
debiera hacerse más en la línea de lo que propone Izquierda Unida que
de la del Grupo Parlamentario Popular, puesto que la espera a la
sentencia firme puede llevar a situaciones no deseadas, e igualmente
debe mencionarse a otros parientes distintos de ascendientes y
descendientes; quizá lo correcto sería la cita del término parientes,
ya que no se puede olvidar la intervención que en estos conflictos
suelen tener, por ejemplo, los hermanos. La inclusión de un nuevo
párrafo en el artículo 104 nos parece que debería hacerse en el
artículo 103. En todo caso, no se obliga al dictamen psicológico en
ningún caso. Creemos que son defectos que podrían corregirse con
enmiendas parciales, que
es lo que mi grupo piensa hacer si, como en definitiva deseamos, se
toman en consideración las iniciativas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores
diputados, nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la
toma en consideración de estas dos proposiciones de ley.
Efectivamente, estamos ante el debate de toma en consideración y, en
este sentido, a nuestro grupo parlamentario le ha sorprendido que en
este debate de toma en consideración se consumiera un turno en
contra. ¿Por qué? Porque no estamos ante la votación final de unas
proposiciones de ley, no estamos ante el dictamen que nos viene ya de
la Comisión y que este Pleno debe aprobar. Estamos en el inicio de
dos nuevas propuestas legislativas y el Pleno del Congreso debe ahora
fijar su posición sobre si las acepta o no a trámite. En este debate
inicial, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará
a favor de que se tomen en consideración estas dos proposiciones de
ley. ¿Por qué votará a favor? Porque las dos proposiciones de ley
intentan dar respuesta jurídica a un problema social de malos tratos,
ya que cuando se insta la correspondiente separación y divorcio los
trámites, los plazos, devienen excesivamente largos y excesivamente
penosos, especialmente para la mujer que es víctima de esos malos
tratos y a la que un largo proceso judicial tortura todavía más que
la separación que de hecho que ya se ha producido en muchas
ocasiones.
Estas dos proposiciones de ley intentan aligerar el proceso judicial
y que pueda accederse directamente al divorcio sin pasar antes por el
proceso de separación. Quizá tiene razón la señora Alberdi cuando
dice que técnicamente hay errores en las proposiciones de ley y que
al final a lo mejor no consiguen el resultado buscado. Pero es que
estamos en la toma en consideración; por tanto, enmendemos estas
proposiciones de ley, hagamos una ponencia conjunta, analicémoslas
con sosiego, con calma jurídica, midiendo exactamente las
consecuencias de cada uno de los aspectos de las propuestas del
articulado, pero no nos neguemos a tomarlas en consideración. En este
informe del Defensor del Pueblo sobre la violencia doméstica en la
mujer, informe que fue pedido por nuestro grupo parlamentario, por
nuestra portavoz en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor
del Pueblo, María Mercè Amorós, se reclama una solución jurídica en
el ámbito civil. En el ámbito penal también se pedía, y fue nuestro
grupo parlamentario quien, hace más de un año, propuso enmiendas al
proyecto de ley del Código Penal, enmiendas que ya han sido aprobadas
en el Congreso y ahora se encuentran en el Senado.
Por tanto, si lo pide el Defensor del Pueblo, si entre todos decimos
que realmente existe esta necesidad de regular y modificar el Código
Civil, tomemos en consideración estas proposiciones de ley, démosles
oportunidad de dar respuesta jurídica a lo que es una demanda social.
Desgraciadamente, señorías, por muchas reformas jurídicas que
hagamos, las leyes no van a atajar el problema de la violencia
doméstica, las leyes no son suficientes. Pero si en algo podemos
ayudar, como legisladores tenemos la responsabilidad y la necesidad
de tomar hoy en consideración estas proposiciones de ley y empezar un
trámite de ponencia que analice detenidamente las consecuencias
jurídicas de su articulado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre las proposiciones de ley que han
presentado los grupos de Izquierda Unida y Popular, la primera de las
cuales dice: De modificación del Código Civil en materia del proceso
de separación y divorcio cuando tengan como precedentes malos tratos
entre los cónyuges.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 177; en contra, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
referida proposición de ley.
Votación sobre la iniciativa del Grupo Popular, de reforma del Código
Civil en materia de proceso de separación y divorcio, cuando se
deriven o tengan como precedentes malos tratos entre los cónyuges.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 179; en contra, 123; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda también aprobada la toma en consideración
de la citada proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), POR LA QUE SE INSTA AL
GOBIERNO A PRESENTAR, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, UN PROYECTO DE LEY
DE REFORMA DE LA LEY 19/1988, DE 12 DE JULIO, SOBRE AUDITORÍA DE
CUENTAS, QUE CONTEMPLE LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
PROFESIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS, ASÍ COMO LA HOMOLOGACIÓN DE ESTAS
ACTIVIDADES CON LAS DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA
UNIFICACIÓN
DE LAS CORPORACIONES PROFESIONALES (Número de expediente 162/000251,
procedente del número de expediente 161/001053).
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. Debate sobre la proposición no de ley del Grupo Vasco (EAJ-PNV),
por la que se insta al Gobierno a presentar, en el plazo de seis
meses, un proyecto de ley de reforma de la Ley número 19, de 12 de
julio de 1988, sobre Auditoría de Cuentas, que contemple la
actualización y modernización de la profesión de auditor de cuentas,
así como la homologación de estas actividades con las de países los
de la Comunidad Europea y la unificación de las corporaciones
profesionales.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Zabalía. (Rumores.)
Guarden silencio, señorías, para que comience el señor Zabalía.
(Rumores.) Señor Carreño, señor Rupérez y señor Baón; señor Burgos,
por favor.
Adelante, señor Zabalía
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) sobre la reforma de la Ley 19/1988, del
12 de julio, de Auditoría de Cuentas, tiene un claro objetivo:
concretar en el tiempo algo sobre lo que coincidimos todos los grupos
parlamentarios, porque así lo hemos manifestado reiteradamente en
otros foros y en esta Cámara, y es la necesidad de reformar la Ley de
Auditoría de Cuentas, la conveniencia de unificar sus corporaciones
y, asimismo, reflexionar sobre el papel que debe desempeñar el
Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas como organismo
público. Esta voluntad quedó plasmada en el debate de la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda del día 24 de junio del año pasado,
cuando aprobamos por unanimidad una proposición no de ley presentada
por el Grupo Catalán de Convergència i Unió instando al Gobierno a
que presente en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de
modificación de la Ley de Auditoría de Cuentas. Nuestro grupo
parlamentario apoyó el texto consensuado indicando la necesidad de
establecer en un plazo determinado la presentación de este proyecto
de ley, especificando además los aspectos más importantes que debería
de contemplar. En primer lugar, la actualización y modernización de
la profesión de auditor de cuentas; en segundo lugar, la homologación
con la regulación y el reconocimiento de esta profesión a nivel
internacional y, en particular, con la de los demás países de la
Comunidad Europea; y, en tercer lugar, la necesidad de llegar a la
unificación de las corporaciones profesionales. (El señor
vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la Presidencia.)
Han pasado ocho meses desde que aprobamos esta proposición no de ley
en Comisión sin que se haya adelantado trabajo alguno o exista algún
borrador del proyecto de ley. De ahí que mi grupo parlamentario
presente a debate esta proposición no de ley, dado que hemos
constatado que así lo demandan todos los estamentos relacionados con
el tráfico mercantil: los inversores, los accionistas de las
empresas, sus clientes, proveedores, agentes que tienen relaciones
con las empresas, es decir todo el sector económico empresarial. Lo
demanda también la propia profesión, sin distinción de titulación, de
formación o de adscripción corporativa. Y lo demandamos los partidos
políticos, que nos hacemos eco de esta necesidad.
La Ley de Auditoría de Cuentas del año 1988 trató de adaptar las
directivas comunitarias al ordenamiento jurídico mercantil, en un
proceso de reformas establecido por la Comunidad Europea. Sin entrar
en los pormenores del proceso parlamentario que tuvo lugar ni en el
grado de consenso alcanzado en aquel momento, hay que reconocer que
la ley cumplió su cometido con aspectos positivos, pero con grandes
carencias y muchas deficiencias, que se han puesto de manifiesto a lo
largo de los últimos 10 años en que ha estado en vigor. Es necesario,
por lo tanto, sin más demora, realizar una profunda modificación de
esta ley, de forma que su contenido se adapte a la realidad económica
marcada por la pertenencia a la unión monetaria y por la
globalización de la economía, al incremento de agentes en los
mercados financieros, inversores individuales o colectivos en el
mercado de valores. Una reforma que recoja la demanda social de una
profesión garante de la veracidad de los estados financieros de las
empresas, que establezca el marco normativo para el desarrollo de la
profesión y de su actividad de acuerdo con las demandas actuales de
los usuarios de la información económica; que contemple el papel que
debe de jugar la Administración en defensa de los intereses de los
ciudadanos y de la economía sin caer en el intervencionismo propio de
otras épocas.
En estos últimos años hemos tenido la oportunidad de escuchar a los
profesionales de auditoría demandando unánimemente, sin distinción de
la corporación a la que pertenecen, la modificación de esta ley.
Hemos comprobado el papel fundamental de estos profesionales como
fedatarios de los estados financieros de las empresas y la
trascendencia del trabajo de auditoría, quizá no suficientemente
conocido a nivel popular salvo en momentos determinados, con motivo
precisamente de algún escándalo financiero. Por cierto, debo recordar
a esta Cámara que, con motivo de la intervención del Banco Español de
Crédito por el Banco de España, la Comisión parlamentaria creada al
efecto estableció entre sus conclusiones -y me estoy refiriendo al
año 1994- la necesidad de reformar la normativa de la auditoría para
-y decíamos textualmente- 'mejorar, perfeccionar y desarrollar los
mecanismos correspondientes a los trabajos de auditoría para el
cumplimiento de sus fines'; lo dijo esta Cámara hace cinco años.
Hemos comprobado también el llamado expectation gap, término
anglosajón que se usa para expresar las diferencias entre las
expectativas de los usuarios de los estados financieros y la
responsabilidad
de los auditores en sus actuaciones profesionales. Hemos visto la
necesidad de unificar la actual división corporativa, creando una
única corporación que defienda exclusivamente los intereses de unos
profesionales y de una actividad, al margen de las titulaciones que
les faculten para realizarla.
Estas y otras realidades se han puesto de manifiesto en las numerosas
ocasiones en que representantes de esta Cámara hemos tenido ocasión
de analizar y debatir. Es cierto que estas inquietudes no son
exclusivas del Estado español; con mayor o menor intensidad existen
en otros países, de ahí que la propia Comisión Europea pusiera en
marcha el Libro Verde sobre la auditoría y que en estos momentos un
subcomité técnico esté desarrollando las propuestas recogidas en este
libro. Sin embargo, la auditoría de cuentas en España tiene una
problemática propia cuya solución no puede demorarse.
En base a todo lo expuesto, recordando los compromisos adquiridos por
el Gobierno por mandato de este Parlamento, el Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV) ha presentado esta proposición no de ley con ánimo
conciliador y constructivo. La conjunción de intereses y objetivos,
que en este caso sabemos que son de todos los grupos parlamentarios,
nos impulsa a encontrar la fórmula para que el proceso de reforma de
la Ley de Auditorías de Cuentas se lleve adelante sin más dilación
y con la mayor brevedad posible.
En este sentido, y conscientes de las dificultades de dar solución a
todos los problemas que hemos apuntado, conscientes de la necesidad
de buscar puntos de encuentro, estamos dispuestos, previamente a la
realización de la reforma de la ley, a analizar y consensuar las
propuestas de reforma sin precipitación y en su globalidad a través
de una subcomisión parlamentaria, dentro de la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda de esta Cámara, que estudie en toda su extensión
la problemática de la profesión y la actividad de la auditoría de
cuentas y emita sus conclusiones y recomendaciones correspondientes.
Creemos que esta decisión puede ser el mejor camino para llegar a la
solución de los problemas con que en estos momentos se enfrenta la
auditoría de cuentas. En consecuencia, el Grupo Vasco, el Grupo
Popular, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Coalición Canaria
hemos suscrito una propuesta de creación de una subcomisión en el
seno de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda para el análisis
y el estudio de la problemática de la profesión y la actividad de la
auditoría de cuentas, con vistas a emitir un informe con las
conclusiones y recomendaciones que se estimen oportunas. Espero y
deseo que esta solución sea contemplada favorablemente por todos los
grupos de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Zabalía.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no
de ley. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Como decía hace algunos meses Miguel Roca Junyent, la Ley de
Auditorías de 1998 representó un paso importante en la regulación de
la auditoría de cuentas en España. Con ella no se pretendía solamente
trasponer a nuestro país el contenido de la VIII directiva
comunitaria; en aquel momento se aprovechó la ocasión para mejorar la
información e incluso la seguridad jurídica de las empresas, ante el
proceso de internacionalización de la economía española. Con aquella
ley se reforzaba la transparencia y la fiabilidad de los datos
económicos de las empresas españolas en base a una información
económica contable más ajustada a la realidad y a las exigencias del
momento.
Han pasado 10 años, como decía el señor Zabalía, desde su aprobación
legislativa y han transcurrido muchos y diversos acontecimientos
económicos de primera magnitud en los que el sector de las auditorías
ha tenido, a veces tristemente, un importante protagonismo; el señor
Zabalía ha citado algunos casos. Sin embargo, también ha habido
cambios en este sector en el ámbito europeo y surgen dentro y fuera
de España voces autorizadas, aunque no siempre coincidentes, en línea
con la necesidad de introducir cambios más o menos importantes sobre
la legislación de las auditorías de cuentas.
La Federación de expertos contables europeos elaboró ya en 1996 un
documento expresando las limitaciones y cambios que se debían de
producir en los ámbitos legislativos europeos. La Comisión Europea
publicó en julio de 1996 el libro verde o documento de discusión
sobre la regulación de la auditoría en la Unión Europea; libro verde
que ha sido ampliamente debatido y al que se han hecho multitud de
aportaciones desde los Estados miembros y sus organizaciones
oficiales, así como desde instituciones, además de las aportaciones
individuales y privadas.
En el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 8 de mayo de
1996 se publica la comunicación de la Comisión relativa a la
auditoría legal en el ámbito de la Unión Europea, marcando el camino
que pensaban debiera de seguir. En dicha comunicación se abordan y
sugieren temas de reflexión y adaptación en materias como el plan de
acción, la creación del comité de auditorías, la evaluación de las
normas de auditoría, el control de calidad de los trabajos y el
principio de independencia, la responsabilidad civil de la profesión
del auditor y la capacitación profesional, entre otras cuestiones.
También el Instituto de auditores censores jurados de cuentas publicó
el pasado año un libro blanco sobre la auditoría de cuentas en
España, y en el mismo se sugieren cambios de la actual legislación y
se proponen once puntos fundamentales para el debate. Son temas que
van desde la posibilidad de la autorregulación
profesional en el sector hasta la colegiación obligatoria. Temas
todos ellos importantes y sobre los que mi grupo mantiene sus propios
argumentos y posiciones, que en su momento, y una vez presentado el
proyecto de ley -que esperemos sea pronto-, se manifestarán. De esta
forma, tanto en España como en el resto de la Unión Europea existe un
consenso básico, tanto en el propio sector de la auditoría como entre
las respectivas administraciones y parlamentos, de ir produciendo
cambios armónicos y coherentes entre los Estados miembros y en la
línea de las conclusiones del libro verde. Es más, recuerdo que con
la aprobación de la Ley de modificación del Mercado de Valores se
aprovechó la ocasión para introducir algunos cambios en la Ley de
Auditorías. Es decir, existe una voluntad y un criterio ampliamente
sentidos en la propia Administración de ir adaptando el sector de
auditorías.
Señor presidente, nosotros habíamos presentado una enmienda de texto
alternativo a la proposición presentada por el PNV porque entendíamos
que la proposición no de ley prefiguraba e indicaba de una forma
absolutamente nítida y clara el contenido y las conclusiones que
debía abordar aquella proposición de ley de modificación de la Ley de
Auditorías. Efectivamente, hemos conocido esta mañana, y también por
boca del señor Zabalía, un texto alternativo de cuatro grupos
parlamentarios en el que se propone la creación de una subcomisión en
el seno de la Comisión de Economía que dé respuesta y establezca un
grado de trabajo y de consenso entre los grupos parlamentarios.
Nosotros nos vamos a sumar a este texto alternativo, a esta
proposición firmada por cuatro grupos parlamentarios, pero, señor
presidente, déjeme que le diga que a este grupo parlamentario también
le hubiera gustado estar en la discusión de un texto que es inocuo en
su vertiente política, aunque nos parece legítimo que los grupos que
sustentan al Gobierno hayan decidido por su cuenta, sin contar con el
Grupo Socialista, la presentación de un texto alternativo a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario del Partido
Nacionalista Vasco.
Nosotros, en aras al consenso, vamos a retirar nuestro texto
alternativo a la proposición no de ley, pero también quiero decir que
uno tiene la sensación de que cuando no se quieren avanzar las cosas,
cuando se quieren dilatar los plazos, se crean subcomisiones en el
seno de las comisiones de este Congreso de los Diputados, y no nos
gustaría que lo que se va a aprobar, también con el voto del Grupo
Socialista, una vez retirado nuestro texto alternativo a la
proposición no de ley, fuera solamente un mecanismo dilatorio; nos
gustaría que fuera un compromiso serio, rotundo y eficaz por parte de
este Parlamento para asumir una responsabilidad que no corresponde
sólo a esta Cámara sino al Gobierno, que es el que debe de hacer las
propuestas legislativas del cambio de una ley importante como es la
Ley de Auditorías del año 1988.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Martínez Sanjuán.
Existe otra enmienda firmada por tres grupos parlamentarios. Para su
defensa, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.
El pasado 24 de junio, en la Comisión de Economía, Hacienda y
Comercio, discutíamos una proposición no de ley de parecido tenor a
la defendida por el señor Zabalía y presentada por el Grupo
Nacionalista Vasco, en donde se instaba a que el Gobierno presentara
un proyecto de ley de reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas, Ley
19/1988, y nuestro grupo en aquella ocasión presentó, junto con
Coalición Canaria, una enmienda que obtuvo la aprobación de todos los
grupos, como se ha dicho con anterioridad, que trataba de coordinar
la reforma en la que consideramos que es necesario introducirnos con
los trabajos que en la actualidad se están produciendo en la Unión
Europea para abordar la reforma, una reforma no sólo de la propia
legislación sobre la auditoría de cuentas sino del marco profesional
de la auditoría en todo el ámbito de la Unión Europea, como
consecuencia de una todavía -creo- reciente resolución y comunicación
de la Unión Europea del 11 de mayo y una resolución del Parlamento de
Estrasburgo de 15 de enero del pasado año, donde se hacía referencia
precisamente a la necesidad de abordar en toda la Unión un estudio
sobre el sector que tratara la problemática que hoy es común en todo
el ámbito de la Unión. Estos trabajos, ciertamente con sus pausas,
siguen su curso con normalidad.
Con posterioridad a aquella sesión de la Comisión de junio del año
pasado, el subcomité técnico que fue mandatado para realizar dichos
trabajos se reunió en Londres los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre, donde analizó fundamentalmente el grado de cumplimiento de
las normas internacionales de auditoría en la Unión Europea y el
papel del auditor ante el fraude. Luego algún avance sí que ha habido
en relación a estos trabajos que está realización la Unión Europea en
el subcomité técnico. Se ha previsto otra reunión en Roma, los días 3
y 4 de mayo, en donde nuevamente se tratarán los temas relacionados
con el cumplimiento de las normas de calidad y el grado de
cumplimiento de las normas internacionales de auditoría, y se seguirá
ahondando en fijar las líneas de una actuación futura.
En nuestra opinión, en la Unión Europea se está acometiendo un
trabajo con el sosiego que quizá esto necesite, y que incluso hubiera
necesitado en nuestro país, de forma que se alcance una serie de
conclusiones sobre aspectos puntuales para promover las reformas
legislativas en todos los países de la Unión y, por lo tanto, también
en España. Pero nos sigue pareciendo necesario que cualquier texto de
reforma de la Ley de Auditoría cuente con la necesaria coordinación
de estos acuerdos o propuestas que ya se están haciendo desde
Bruselas, aunque ciertamente de modo indiciario al día
de hoy, de modo que, refiriéndonos a la Comisión de Economía
celebrada en el mes de junio, estos trabajos se pueden ir acompasando
con la reforma legislativa que se ha de producir en España de forma
paulatina, según vayan llegando los resultados del trabajo del
subcomité técnico de la Unión Europea.
Ahora bien, este sosiego o este planteamiento de trabajo que se está
haciendo en la Unión Europea creo que también se debe trasladar a
España. Es decir, si bien es conveniente, por las razones que he
apuntado, esperar a incorporarlos a una reforma legislativa hasta
tanto no tengamos esas conclusiones, de modo que se produzca la
necesaria coordinación entre las conclusiones de Europa y las que
deban de producirse en España, sí que se debe producir con el sosiego
necesario el debate sobre las propuestas de reforma que afectan
directamente a nuestro país, puesto que si existe un acuerdo básico
sobre la necesidad de reforma y en que ésta sea congruente con las
conclusiones que se vayan obteniendo en el marco de la Unión Europea,
también existe un acuerdo básico que ha sido explicitado en multitud
de ocasiones en todos los foros en los que se han tratado estos
temas, a los que hizo referencia con anterioridad algún otro
portavoz, y es que esta reforma debe ser consensuada. Es decir,
debemos seguir poniendo elementos para que la reforma que se produzca
en el futuro sea consensuada, porque esto es lo que verdaderamente
potencia el interés de los auditores, de la profesión, y lo que puede
potenciar una reforma legislativa que cumpla los objetivos que
pretende la proposición de ley del Grupo Nacionalista Vasco y la
propia enmienda que hemos presentado los cuatro grupos enmendantes.
Pues bien, este acuerdo básico al que me refería es un acuerdo que
tiene que producirse en el ámbito de las corporaciones, porque hoy en
España -como en prácticamente la totalidad de los Estados de la
Unión, excepto uno- los auditores se encuadran en más de una
corporación profesional. En España, hoy, los intereses de los
auditores están representados por tres corporaciones: el Consejo
general de economistas, el Instituto de censores jurados de cuentas y
el Consejo superior de colegios oficiales y titulares mercantiles y
empresariales de España. Por otra parte, y desempeñando un papel
primordial en este ámbito, se encuentra el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, organismo al que se atribuye por ley un
importante elenco de cometidos en materia de supervisión técnica del
trabajo del auditor y de elaboración de pronunciamientos técnicos,
con el que necesariamente se ha de contar para acometer una reforma
de estas características; organismo que -quiero decir de paso- ha
conseguido últimamente importantes acuerdos o climas de acuerdos en
materias donde no hace demasiado tiempo lo que existía era una
distancia inabordable entre las corporaciones, por lo que yo creo que
resulta importante, no sólo por su cometido, sino por su acreditada
capacidad para lograr el diálogo, la implicación del ICAC en estos
trabajos de reforma legislativa sobre los
que esta tarde hablamos. Por lo tanto, señorías, el consenso debe
venir también de este ámbito, del ámbito de las corporaciones y del
propio ámbito del Gobierno. Es cierto que las posturas de las
corporaciones en relación con algunas cuestiones que podrían tener
reflejo en la pretendida reforma legislativa no son unánimes y, por
ello, queremos transmitir el deseo de nuestro grupo de que, con la
iniciativa que hoy ponemos en marcha, puedan allanarse estas
dificultades que hoy todavía subsisten, de modo que el proyecto de
reforma de la ley que llegue a presentarse obtenga el más amplio
consenso posible. A estos efectos, creo que el instrumento sobre el
que los cuatro grupos de esta Cámara se han puesto de acuerdo en la
enmienda presentada al texto del Grupo Nacionalista Vasco puede
resultar muy útil.
A todos los grupos parlamentarios -como dijo el señor Zabalía- y a
los propios auditores nos une la necesidad de reformar la ley. Pues
bien, el instrumento parlamentario que puede proporcionar el diálogo
y el sosiego necesario para que esto se haga con la mayor dosis de
acuerdo es, en nuestra opinión, la constitución de una subcomisión
parlamentaria que aborde todas las cuestiones que en la actualidad se
plantean. De este modo, todo el sector podrá participar en los
trabajo que en esta Cámara se producirán y en las conclusiones que al
final de estos trabajos se han de conseguir, de forma que el Gobierno
pueda obtener un instrumento lo suficientemente meditado y
consensuado que permita ahondar en la modernización de la profesión y
la actividad profesional de la auditoría en España, y que permita,
además, la necesaria adaptación del marco jurídico español al marco
jurídico comunitario.
En esta subcomisión se podrán plantear asuntos como la necesidad o no
de unificar las corporaciones o bien mantener el actual sistema; en
esta subcomisión se podrá plantear de nuevo si la auditoría debe
definirse como una actividad o una profesión, a pesar de los
pronunciamientos que ya ha habido en esta materia por parte del
Tribunal Constitucional; se podrá plantear la necesidad de reformar o
aclarar otros temas más puntuales como la configuración del acceso al
ejercicio de la auditoría o la exigencia de la formación
continuada...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Cámara, vaya
terminando, por favor.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Sí, señor presente. O la
revisión del régimen de regulación de la actividad. En definitiva, un
buen número de elementos, incluidos la calidad del propio informe de
la auditoría y su contenido, revisiones de calidad de los mismos y
otros tantos que vienen siendo tratados de forma sectorial fuera de
esta Cámara.
Pues bien, se trata de poner en marcha un nuevo foro en el ámbito
parlamentario que dé respuesta a estas cuestiones que están
planteadas en el sector, porque la auditoría, señorías, cumple
obviamente un objeto
de importante interés público. El auditor garantiza con su opinión
la fidelidad de la argumentación económica que presentan nuestras
empresas, y por otra parte a nuestro entorno económico le interesa
que tal opinión sea prestada en óptimas condiciones y que los
auditores estén investidos de autoridad y prestigio, de modo que sus
opiniones sienten la debida credibilidad sobre la materia objeto de
su examen. En algunas materias, incluso España puede aportar
soluciones, pero en otras es evidente que necesita avanzar en
reformas. Esperemos que la Constitución, si esta Cámara llega a un
acuerdo, como así parece, sirva a estos propósitos y que permita
poner las bases sobre la reforma legislativa que pretendemos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Josep Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está de acuerdo, tiene
que estarlo porque es uno de los que ha suscrito y presentado con las
otras tres fuerzas parlamentarias dicha enmienda, para que se pueda
crear una subcomisión en el seno de la Comisión de Economía
y Hacienda que analice y estudie en profundidad la problemática de la
profesión de auditor y de las actividades referidas a la misma, en la
que se pueda elaborar un informe que incorpore una serie de
conclusiones que puedan servir de base para afrontar esta reforma
legislativa.
Con fecha de 24 de junio de 1998 se aprobó una iniciativa
parlamentaria, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) a través de una proposición no de ley en la
Comisión de Economía y Hacienda, justamente en la dirección de
modificar la Ley de Auditoría de Cuentas del año 1988 y que iba en la
dirección de resolver algunas cuestiones que a nuestro entender
estaban candentes. Era evidente la necesidad de reformar dichas
cuestiones pendientes en el sentido de dar una definición propia de
la profesión en todo aquello que era susceptible de mejorar, en los
planteamientos relativos a las responsabilidades reales del auditor,
establecer también unos límites relativos al secreto profesional,
regular mejor la independencia e incompatibilidades del auditor e
incluso las propias vías de acceso a la profesión.Todo ello, señor
presidente, configuraba una serie de materias que desde la
perspectiva del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió debían ser
objeto de una revisión, junto a la reforma del ICAC, que a nuestro
entender debería ser revisado y adaptado al contexto de lo que hoy
existe en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo
parlamentario apoya la creación de la subcomisiónno con la idea de
que sus trabajos no esclarecerán
absolutamente nada, sino, por el contrario, para que dicha
subcomisión resuelva en un breve período de tiempo la situación que
afecta a diferentes corporaciones profesionales y sea una realidad la
modificación de la Ley de auditoría de cuentas.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
Por parte de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con toda brevedad para expresar mi satisfacción, como
diputado y como auditor en ejercicio debidamente autorizado por esta
Cámara, porque todos los portavoces que han intervenido hasta ahora
han reflejado a través de sus palabras que consideran necesaria la
reforma de la ya decenaria Ley de auditorías. Los acontecimientos
sobrevenidos posteriormente -ampliación de la Unión Europea,
aparición de nuevas técnicas, aplicaciones informáticas, nuevas
técnicas contables, etcétera- exigen una actualización de esa
importantísima ley que marcó un hito hace diez años, y todos los
grupos políticos creemos que la misma merece la dedicación de una
subcomisión adecuada donde veamos el abanico de problemas que hoy
abarca la actividad de la auditoría.
Coalición Canaria ha firmado esta enmienda y espera que los
resultados sean fructíferos y que, como aquí se ha dicho, la
subcomisión no sea un instrumento dilatorio, sino eficaz para una
actividad que, además de profesional, tiene interés nacional e
internacional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Gómez Rodríguez.
Señor Zabalía, esta Presidencia entiende que acepta la enmienda que
se ha presentado firmada por los cuatro grupos parlamentarios.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Sí, señor presidente, efectivamente
aceptamos la enmienda ya que ha sido suscrita también por mi grupo
parlamentario.
Quiero aprovechar el turno para agradecer al Grupo Parlamentario
Socialista y a su portavoz la retirada de su enmienda transaccional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Zabalía. ¿Grupos que no han intervenido y desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, después de haber escuchado
atentamente la intervención del portavoz del PNV, señor Zabalía,
quiero decir que vamos a apoyar, aunque con reticencias, la creación
de esta subcomisión.
Ya se ha hablado aquí de la poca credibilidad que tiene la creación
de subcomisiones en esta Cámara, y tenemos que lamentarnos por ello;
es una realidad de la que serán más responsables aquellos grupos que
más responsabilidad tienen en esta Cámara. Esto nos hace suponer que,
una vez más, se opta por el camino fácil, que es el de la vía muerta.
A pesar de eso, no vamos a ser nosotros quienes nos opongamos ni
planteemos ninguna pega a la creación de esta subcomisión;
simplemente, queremos mostrar nuestra preocupación. Para nosotros, lo
fundamental del trabajo de esa subcomisión debe ser no el de reflejar
intereses corporativos, no el de reflejar los intereses de una parte
privilegiada de la profesión ni de las titulaciones, bien sean
economistas, abogados o profesores mercantiles, sino el de velar por
los intereses de todos los ciudadanos en su relación con el trabajo
de los auditores.
Para nuestro grupo, no estaría de más que los órganos del Ministerio
de Economía velasen más de lo que lo hacen para que con toda la
eficacia posible y también con toda la imparcialidad que es necesaria
y, cómo no, con toda la objetividad de la empresa objetora, se
desarrolle a la vista de la experiencia y con todo detalle, como no
debe ser de otra manera, el régimen infractor y el régimen
sancionador.
Creemos que son elementos que hay que corregir y que son los que de
verdad servirían no para mantener privilegios -repito-, sino para
hacer que la ley sea realmente útil a la mayoría de los españoles.
Con esa poca confianza votaremos favorablemente; nos hubiera gustado
más que se hubiese aprobado la proposición tal como venía del grupo
proponente, pero no va a ser nuestro grupo la única voz discordante.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
Vamos a proceder a la votación en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda. (Pausa.- El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
proposición no de ley que ha sido presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJPNV), por la que se insta al Gobierno a
presentar, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley de reforma
de la Ley 19/1988, de 12 de julio, sobre auditoría de cuentas, que
contemple la actualización y modernización de la profesión de
auditor, así como la homologación de estas actividades con las de los
países de la Comunidad Europea y la unificación de las corporaciones
profesionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 291, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobada la proposición
no de ley.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, PARA RECABAR DEL
GOBIERNO DE LA NACIÓN LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS LEGALES
Y PRESUPUESTARIAS PRECISAS CON EL FIN DE PALIAR LOS GRAVES DAÑOS
ACAECIDOS EN CANARIAS, EN SUS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y SECTORES
PRODUCTIVOS DE SU ECONOMÍA, POR EL RECIENTE TEMPORAL DE CAUSAS
METEOROLÓGICAS, AÉREAS Y MARÍTIMAS, EN LAS PRIMERAS SEMANAS DEL MES
DE ENERO (Número de expediente 162/000324).
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LOS DAÑOS
CAUSADOS EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO POR EL FUERTE TEMPORAL (Número de
expediente 162/000318).
-DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA NECESIDAD DE LA
ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA AFRONTAR LAS ACTUACIONES PRECISAS
QUE COMPENSEN LOS DAÑOS CAUSADOS EN CADA UNA DE LAS ISLAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS COMO CONSECUENCIA DEL FUERTE TEMPORAL
A QUE HA ESTADO SOMETIDA DURANTE MÁS DE UNA SEMANA EN LA PRIMERA
QUINCENA DEL MES DE ENERO (Número de expediente 162/000320).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las proposiciones no de ley
que se tramitarán de forma acumulada y que han presentado los grupos
de Coalición Canaria, Popular y Socialista, sobre las medidas que el
Gobierno pueda adoptar en relación con los daños causados en el
archipiélago canario por el fuerte temporal habido hace varias
semanas.
Para empezar, tiene la palabra el representante del Grupo de
Coalición Canaria, don Luis Mardones. (El señor vicepresidente, Beviá
Pastor, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señorías, ocupen sus escaños.
Si tienen que abandonar el hemiciclo, les ruego que lo hagan en
silencio para poder continuar los debates pendientes.
Cuando quiera, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria presentó en su momento está proposición no de ley
fundamentada en la necesidad de adoptar por parte del Gobierno de
España, en colaboración con el Gobierno autónomo de la Comunidad de
Canarias, una serie de medidas paliativas de los gravísimos daños
acaecidos, a partir del día 6 de enero de este año, en el
archipiélago canario, con motivo de un desafortunado temporal de
viento, lluvia y fortísimas marejadas, que causaron graves daños y
destrozos, a la infraestructura portuaria, a las embarcaciones, a los
cultivos bajo plástico, a los invernaderos, a los bienes privados y a
los bienes públicos.
Esta iniciativa de Coalición Canaria, como ya tendrán ocasión de
defender los siguientes oradores, coincide con otras del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista en el
mismo sentido. Parecía lógico que en la común denominación de los
problemas tuviéramos también el común denominador de encontrar una
solución consensuada. Hay tres iniciativas; son de tres fuerzas
parlamentarias de este hemiciclo, también representadas en el
Parlamento autónomo de Canarias.
Es deseo de Coalición Canaria venir aquí con un criterio armonizador,
abierto, siendo los primeros en subir a la tribuna, para defender
esta iniciativa, ofrecer este espíritu de consenso para la ayuda a
los damnificados, atender con las medidas pertinentes a la
rectificación de todos los daños producidos por el violento temporal
y llegar a un texto de consenso. Hemos estado trabajando a lo largo
de toda la tarde sobre la norma común de las tres iniciativas y nos
podemos felicitar en este momento de que los tres grupos
parlamentarios proponentes hayamos llegado al consenso de un texto
sobre las medidas para solucionar un problema que no es que ataña a
una de las fuerzas políticas sino que afecta al pueblo de Canarias, a
la riqueza insular del Archipiélago, a sus infraestructuras y a los
sectores productivos a los que era necesario darles una respuesta
positiva.
Empezaron a dar respuestas el día 12 de enero cuando el Gobierno
autónomo de Canarias, por decisión de su presidente, convocó un
consejo extraordinario que adoptó una serie de medidas urgentes;
entre ellas está la creación de una Comisión entre los distintos
departamentos del Gobierno autónomo de Canarias con competencias
legislativas y administrativas que motivaron la promulgación del
decreto 1/1999, del 12 de enero. Bajo la presidencia del consejero de
Economía y Hacienda, y formando parte del mismo las distintas
consejerías afectadas -entre ellas la de Obras Públicas, Vivienda y
Agua, la de Agricultura, Pesca y Alimentación, la de Política
Territorial y Medio Ambiente y el consejero de presidencia y
relaciones institucionales, que actúa como secretario de esta
Comisión interdepartamental-, se pusieron en contacto inmediatamente
con el Gobierno central.
Desde Coalición Canaria reconocemos al Gobierno central que
inmediatamente el Ministerio de Interior, como órgano que encauza
todas las declaraciones de daños catastróficos, designó al
subsecretario don Leopoldo Calvo Sotelo para que llevara la parte de
coordinación por parte del Gobierno. Se ha efectuado recientemente en
Canarias una de las reuniones con presencia del subsecretario del
Ministerio de Interior
para que, en combinación con el consejero de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias, se llegaran a estipular estas medidas.
La iniciativa de Coalición Canaria recogió en su momento el
pronunciamiento del Gobierno autónomo de Canarias, se mantuvo en
coordinación con la subsecretaría del Ministerio de Interior y hoy,
señor presidente, señorías, hemos llegado a estipular un texto de
consenso común que presentaremos en su momento procedimental ante la
Presidencia de la Cámara por los tres grupos proponentes de la
medida, que satisface el fondo y la forma. Quiero agradecer el grado
de colaboración y cooperación que hemos encontrado por parte del
Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista,
porque estamos trabajando sobre la misma causa común, sin diferir en
los medios para conseguirlo. En la propuesta se recoge una
satisfacción para los poderes públicos, dado que hubo daños muy
cuantiosos en infraestructuras portuarias, cuya atención
presupuestaria y administrativa corresponde al Ministerio de Fomento.
La valoración de los daños que a primeros de este mes se hace por
esta Comisión interdepartamental y en colaboración con la autoridad
portuaria y otras representaciones de la Administración central del
Estado es de aproximadamente unos 35.000 millones de pesetas, de los
cuales, cerca de 5.000 millones son de titularidad del Estado por
daños en infraestructuras portuarias en las dos provincias canarias
de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife y en paradores de turismo,
como el de la isla de Hierro. En cuanto a los daños y pérdidas
sufridas en instalaciones, infraestructuras en la comunidad autónoma,
las cifras superan los 2.000 millones de pesetas; las habidas en
bienes y servicios de cabildos y ayuntamientos superan los 8.000
millones de pesetas y las pérdidas en el sector de infraestructuras y
de explotaciones en agricultura de particulares superan los 17.000
millones de pesetas.
No tengo nada más que añadir, señorías, sino pedirles el voto de
apoyo a la aprobación de esta proposición no de ley, que hemos
presentado conjuntamente los tres grupos parlamentarios, que será
dado a conocer por la Presidencia de la Cámara y por los compañeros
de los grupos proponentes que me seguirán en el uso de la palabra. A
fin de cuentas, se trata de un consenso de inteligencia, de
positivismo político, en el cual nosotros somos una pieza más,
complementaria, de esta voluntad de atender estos daños catastróficos
producidos por el temporal que azotó al archipiélago canario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Cuando quieran, pasen SS.SS. el texto acordado a la Presidencia.
Gracias.
Coincidiendo en el contenido fundamental con la misma idea que acaba
de defender el señor Mardones,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra para
la defensa, tanto del texto de su iniciativa como de la enmienda
presentada, el señor Soriano Benítez de Lugo, por el Grupo Popular
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Señor presidente, señorías, como ya
ha puesto de manifiesto mi antecesor, la noche del 7 al 8 de enero de
este año un violento temporal azotaba la práctica totalidad de las
islas Canarias, afectando a intereses públicos, privados y sobre todo
a grandes infraestructuras portuarias, que quedaron dañadas
sustancialmente en la mayor parte de las islas. Inmediatamente, el
Grupo Popular presentó una proposición no de ley, que en estos
momentos defiendo ante SS.SS.; al día siguiente se presentó la del
Grupo Socialista y posteriormente la de Coalición Canaria, todas
ellas encaminadas a la adopción de medidas para paliar los daños
ocasionados por este temporal. Se proponen las medidas habituales en
estos casos y, si hubiera estado ya tramitado en esta Cámara un
proyecto de ley sobre actuaciones reparadoras en los daños producidos
en situaciones de emergencia, no hubiéramos tenido que acudir a estos
procedimientos, que ya son habituales cada vez que una catástrofe de
esta naturaleza afecta a cualquier parte del territorio nacional. Los
daños fueron fundamentales en infraestructuras portuarias y también
en materia agrícola, sobre todo en plantaciones de plátanos y
tomates.
Las tres proposiciones no de ley vienen a coincidir. La de Coalición
Canaria hace especial hincapié en la necesidad de coordinar las
actuaciones del Estado con las de la comunidad autónoma. La del Grupo
Socialista, después de una larga y prolija exposición de motivos,
donde se ve la mano del diputado señor Segura, trata de poner
especial énfasis en los daños habidos y propone habilitar los
créditos correspondientes para reparar esos daños existentes. Por
último, la del Grupo Popular propone simplemente articular una serie
de medidas para paliar los daños tras un estudio detenido y una
evaluación de los daños producidos. He de decir que hasta la
promulgación por esta Cámara de la Ley 2, de 21 de enero de 1985, de
Protección Civil, el Gobierno en estos casos dictaba decretos-leyes
declarando zonas catastróficas, y el Gobierno concedía ayudas, toda
clase de exenciones fiscales, moratorias y bonificaciones encaminadas
a paliar los daños ocasionados. Últimamente, mediante el Real
decreto-ley 2/1998, de 17 de abril, se adoptan una serie de medidas
para reparar daños catastróficos en cinco comunidades autónomas. Pues
bien, en estos momentos nos encontramos con que es de aplicación la
Ley de Protección Civil, a la que he hecho anteriormente referencia,
y -como ya ha explicado detalladamente el señor Mardones- se ha
designado una Comisión interministerial que está actuando, que está
funcionando bajo la presidencia del subsecretario de Interior, señor
Calvo Sotelo, que se ha trasladado in situ a las islas Canarias donde
se está actuando tanto por el Gobierno autónomo como por el Gobierno
de la nación en íntima colaboración para llevar
a cabo la evaluación correspondiente. Esta Comisión interministerial
está actuando, tiene ya los primeros estudios y el señor Mardones ya
ha puesto de manifiesto cuáles son las medidas que se están
adoptando; por consiguiente, ahorro a SS.SS. su mención. Como es
habitual en estos casos, el delegado del Gobierno se ha dirigido al
Consorcio de Compensación de Seguros para evaluar los daños, que
también está actuando. Por último, intervendrá la Comisión Nacional
de Protección Civil, tal como establece el título III de la Ley 2/
1985, de 21 de enero, ya citada.
Como ha dicho también el señor Mardones, las tres proposiciones no de
ley coincidían sustancialmente en su finalidad con matices más o
menos acusados entre unas y otras. De aquí que se haya llegado entre
los tres grupos a un proyecto de resolución consecuencia de una
enmienda transaccional, porque -como también se ha señalado- el Grupo
Popular presentó una enmienda a la proposición no de ley del Grupo de
Coalición Canaria y entre los tres grupos hemos sido capaces de
llegar a un texto transaccional -que entrego en estos momentos a los
servicios de la Cámara- que viene a coincidir en la necesidad de
adoptar las medidas conducentes a paliar los daños ocasionados por
esta catástrofe.
Esperando y confiando en el apoyo unánime de la Cámara a esta
proposición, consecuencia de una enmienda transaccional, suplico y
espero el voto favorable de todas SS.SS.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Soriano.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, tal como han manifestado los dos
anteriores intervinientes, portavoces de los grupos parlamentarios de
Coalición Canaria y Popular, señores Mardones y Soriano
respectivamente, entre los días 13 y 14 de enero la Comunidad
Autónoma de Canarias se vio sometida a unas condiciones
meteorológicas excepcionales, con fuertes vientos huracanados,
lluvias torrenciales y estado del mar con oleaje de gran intensidad,
con elevadas alturas de olas que azotaron fuertemente importantes
zonas del litoral de cada una de las islas.
Según los datos iniciales aportados por investigadores de física de
la atmósfera de la Universidad de La Laguna, por expertos del
Instituto de Meteorología se trató de un acontecimiento sin
precedentes en la comunidad canaria, al menos en los últimos 50 años
en los que se han procesado, se han evaluado y se han cuantificado
con las distintas tecnologías disponibles en los diferentes momentos.
Concretamente, el Instituto Nacional de Meteorología anunció que,
como consecuencia de ello, va a analizar
los datos del temporal que se registraron de forma tal que,
según el propio Instituto, en las series históricas de que se
disponía no hay constancia de algo parecido. La directora del Centro
Meteorológico de Canarias llegó a manifestar que no sabía exactamente
lo que había ocurrido; como consecuencia, podría llegar a calificarse
como una especie de enigma meteorológico lo que había sucedido
entonces en Canarias.
Señorías, sirvan estas reflexiones para hacerles llegar a los
miembros de los diferentes grupos parlamentarios, representantes de
los diferentes puntos del Estado español, que aquel acontecimiento,
que trajo consigo una serie de pérdidas materiales, no se suele
reproducir con cierta frecuencia. Insisto, ha sido un fenómeno
meteorológico desconocido. Profesores de física de la atmósfera de la
Universidad de La Laguna llegaron a manifestar que el fenómeno de la
calima, en el que la arena del desierto del Sáhara llega hasta el
Archipiélago, se puede producir por dos procesos diferentes: primero
el habitual, en el que el anticiclón de las Azores se sitúa en la
península Ibérica y provoca que los vientos lleguen a Canarias desde
el este, procedentes del desierto con arena y muy secos; y, segundo y
menos común, precisamente lo que ocurrió estos días en Canarias,
cuando los vientos soplaron desde el sudoeste del Archipiélago,
arrastrando desde el ecuador la humedad y la arena sahariana, que
circuló en la llamada corriente ecuatorial de polvo del Sáhara, que
comienza en el mayor desierto del mundo y que finaliza en el Caribe,
tras atravesar las islas de Cabo Verde. El profesor de física de la
atmósfera de la Universidad de La Laguna al que estoy haciendo
referencia, aclaró que los vientos del oeste transportaron esa calima
a Canarias y fue cuando por ejemplo se produjo esa intensa actuación
de vientos en la isla de La Palma y en Fuerteventura, islas
distantes, algo que no puede entenderse con facilidad desde el punto
de vista del análisis ortodoxo de la ciencia de la física
atmosférica, e hizo que las islas experimentasen o se viesen
sometidas a un acontecimiento sin precedentes en el último medio
siglo. Un artículo de divulgación científica y de análisis de lo que
ocurrió publicado por ese profesor universitario, requeriría
obviamente una dimensión temporal superior a la que corresponde a
esta intervención en representación del Grupo Socialista, pero con
ello he querido sintetizarles y transmitirles la idea de que fue un
fenómeno atmosférico singular.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo
Socialista (como es evidente los socialistas canarios miembros de
esta Cámara instamos a la adopción de una serie de medidas a la mayor
celeridad) se recogen una serie de contenidos, de motivaciones y de
descripciones de lo que ocurrió, pero nos encontramos en un punto en
el que es menester adoptar una resolución y por ello, dado que hemos
sido tres los grupos parlamentarios de esta Cámara que hemos hecho
propuestas de resolución, a lo largo del día de hoy hemos llegado al
acuerdo de una enmienda transaccional,de la que el señor presidente
dispondrá en
unos minutos. Con esa enmienda transaccional pretendemos que se
inicien una serie de actuaciones, y por otro lado que se continúen
otras que están en marcha.
Este interviniente no puede dejar de reconocer que el ministro de
Administraciones Públicas en aquel momento, don Mariano Rajoy, se
desplazó de inmediato a la comunidad canaria para conocer in situ la
magnitud de lo ocurrido, aunque fuese visualmente y recibiendo los
primeros informes técnicos en una aproximación superficial. Sus
declaraciones públicas fueron recogidas con agrado y -es justo
reconocerlo- condujeron a que el Gobierno de la nación, en acuerdo de
Consejo de Ministros, designase al subsecretario de Interior para que
movilizase y llevase a cabo una serie de actuaciones tendentes a dar
satisfacción a las necesidades generadas en Canarias. No me atrevo a
indicar a SS.SS. si fueron 30.000 ó 25.000 millones, la realidad es
que sectores agrarios de zonas de medianía fueron arrasados y que
importantes instalaciones agropecuarias en los sectores de
plataneras, del tomate, etcétera, junto con las plantas
correspondientes, resultaron arrasadas. Lo más espectacular fue que,
como consecuencia del fuerte oleaje, se produjeron fracturas
importantes en diques de abrigo e instalaciones portuarias, unas de
interés general del Estado y consiguientemente en el ámbito
competencial de la Administración general del Estado, y otras en el
ámbito competencial de la comunidad canaria, pequeñas instalaciones,
refugios de abrigo, puertos deportivos, etcétera.
El listado sería enorme. Todos los intervinientes, porque lo hemos
comprobado, disponemos de él y sabemos que se ha creado la comisión
mixta entre el Gobierno de la nación y el Gobierno de Canarias.
Criticar lo que nosotros creemos que fue una negligencia inicial del
Gobierno de Canarias compete al Grupo Parlamentario Socialista en el
Parlamento de Canarias, y consiguientemente no llevo a cabo ninguna
reflexión al respecto, pero sí es función de este Parlamento y de
este grupo parlamentario de la oposición instar, estimular,
controlar, insistir y perseverar para que el Gobierno lleve a cabo
las actuaciones necesarias para que se repongan los daños acaecidos,
como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, como recordarán SS.
SS., tales como Andalucía, Extremadura, etcétera.
En consecuencia, el Grupo Socialista se felicita de que seamos
capaces de llegar a un acuerdo consensuado y a un proyecto de
resolución pactado entre los tres grupos proponentes, que deseamos se
vea reforzado con el apoyo de los restantes grupos parlamentarios de
esta Cámara.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Segura.
¿Grupos parlamentarios que quieran fijar su posición en este debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Sedó tiene la palabra.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, intervengo muy brevemente
para decir que nuestro grupo va a votar favorablemente, cómo no, la
enmienda transaccional que se presenta, como también encuentra
favorables cada una de las tres proposiciones no de ley que se
presentan. En un análisis visual de las mismas, no ya del contenido
sino de la manera como se presentaron, se observan unas
circunstancias que marcan la variación, y damos cierta prioridad a la
presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
La presentada por el Grupo Parlamentario Popular lo fue en el día 12
de enero, y se refiere en primer término al temporal que viene
azotando. Todavía se estaban produciendo los temporales, y por tanto
el contenido del texto no es tan amplio, sino que refleja una
reacción a lo que estaba pasando. Parecido es, aunque tiene algo más
de detalle, el texto del Grupo Socialista, que habla de los
temporales de los días 14 y 13, y el mismo día 13 redacta su
proposición no de ley, por lo que se trata de textos elaborados en
caliente, por decirlo de alguna manera. En cambio, el texto del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria ya tiene unos días más y está
estudiado más detalladamente en sus cuatro puntos, que son la base de
la enmienda transaccional que los tres grupos proponentes de las
proposiciones no de ley han llevado a cabo. No tenemos que decir nada
más, salvo que nuestro grupo va a apoyar esta enmienda transaccional
conjunta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, el señor Vaquero tiene la
palabra.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, manifiesto nuestra
satisfacción por un doble motivo. Primero, porque siempre hay que
felicitarse cuando en acontecimientos aciagos como estos, funciona la
solidaridad y la cohesión intercomunitaria, que se articula a través
del Estado; y en segundo lugar, porque entre los tres grupos
proponentes de las distintas proposiciones no de ley se haya llegado
a un consenso transaccionando la resolución que tenemos en nuestras
manos, que también satisface nuestras expectativas de que en la
resolución que apruebe finalmente esta Cámara se contemplen aspectos
que Izquierda Unida considera indispensables.
En primer lugar, la coordinación de las distintas administraciones,
que se explícita; y en segundo lugar, la planificación del paquete de
medidas donde se contemple la rehabilitación de lo destruido, que no
necesariamente tiene por qué poner las cosas como estaban, por
ejemplo, en playa Santiago, en La Gomera, existen antiguas
reivindicaciones de los vecinos y pescadores de la zona para
modificar el diseño que tenía anteriormente. Lógicamente, en la
planificación habrán
de contemplarse las aspiraciones de estos vecinos. Creo que en la
resolución quizá falte una alusión a dicha participación de los
vecinos junto con la gestión de las administraciones, pero en
cualquier caso esperamos que de la sensibilidad de los gestores de
esta resolución se pueda ver finalmente atendida en la práctica esta
aspiración de participación de los vecinos.
Al manifestar nuestra posición favorable a estas proposiciones no de
ley y a su transaccional, por parte de Izquierda Unida sólo nos resta
esperar la unanimidad que se merece el tema.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vaquero.
Señorías, no va a someterse a votación cada una de las iniciativas de
los grupos proponentes sino el texto al que han llegado como
resultado de un consenso de los tres grupos.
Llamamos a votación. (Pausa.- El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la enmienda
transaccional que ha sido presentada y aceptada por los tres grupos
que suscribían sendas proposiciones no de ley para la dotación por el
Gobierno de medidas de todo orden a fin de paliar los daños acaecidos
en Canarias como consecuencia de los fuertes temporales habidos en
las primeras semanas del mes de enero. Por tanto, se somete, a
votación la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 287.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la enmienda
transaccional.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONTROL DEL GASTO
FARMACÉUTICO Y DERECHOS DE LOS PACIENTES. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 173/
000120)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del
Grupo Socialista sobre control del gasto farmacéutico y derechos de
los pacientes, para cuya presentación tiene la palabra doña Ángeles
Amador. (Rumores.- Varios señores diputados abandonan el salón de
sesiones) Un momento, señora Amador.
Señorías, ruego que abandonen el hemiciclo quienes no hayan de
permanecer en el debate o quienes, como el señor Silva en sus nuevas
funciones de portavoz
adjunto tiene tantas cosas que negociar, es mejor que lo hagan fuera.
(Pausa.)
Adelante, señora Amador.
La señora AMADOR MILLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender en nombre del Grupo Socialista la moción
consecuencia de la interpelación urgente que presentamos la semana
pasada ante este Pleno. Los hechos objeto de aquella interpelación y
de esta moción que voy a defender son brevemente los siguientes. En
el año 1997 el Ministerio de Sanidad y Consumo implanta un nuevo
instrumento de control del gasto farmacéutico a través de un sistema
informático denominado terminal autónomo de identificación de recetas
que, mediante la recopilación de determinados datos del paciente,
trata de individualizar el gasto que produce cada paciente por las
recetas médicas. En cuanto se anunció la implantación de ese
instrumento informático solicitamos información al Gobierno, a través
de la Comisión de Sanidad, ante la que compareció el presidente del
Insalud, y en diversas preguntas orales.
Lo cierto es que al no obtener la información que requeríamos, el 29
de abril del año 1998 el Grupo Socialista presentó una proposición no
de ley en la que pretendíamos que la Agencia de Protección de Datos
ratificara que ese instrumento preservaba la confidencialidad que
debe protegerse en cuanto a los datos de la historia clínica de todos
los pacientes. La proposición no de ley se debatió en la Comisión de
Sanidad en el mes de abril de 1998 y no obtuvo los votos suficientes
para ser aprobada.
El Insalud promulgó una circular en el año 1998 especificando la
obligatoriedad para todos los médicos de atención primaria de
utilizar el instrumento del TAIR. El 17 de noviembre de 1998 el
Insalud, con la Tesorería General de la Seguridad Social, firma un
concierto con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos en el
que encomienda a éstos -a los colegios- el procesamiento de los datos
obtenidos a través del TAIR. Finalmente, el 29 de enero último, del
año 1999, el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha
promulgado una orden ministerial (de fecha 19 de enero), en la que
dice que adapta la normativa protectora de la confidencialidad de los
datos a la utilización del TAIR.
Por tanto, señorías, los hechos que el Grupo Socialista viene
denunciando desde hace más de un año respecto a la preocupación que
suscita que esos datos relativos al historial médico de cada paciente
sean manejados por entidades ajenas a la Administración sanitaria,
resulta que han requerido una adaptación normativa que el Gobierno ha
hecho en enero de este año. Pero el problema, señoras y señores
diputados, es que 17.000 TAIR, esos instrumentos de control del
gasto, están funcionando desde el año 1997, han expedido millones de
recetas, afectan a millones de pacientes y sólo en enero de 1999 el
Ministerio de Sanidad ha
adaptado la normativa. Por tanto, señoras y señores diputados, el
Grupo Socialista vuelve a plantear ante esta Cámara que se inste al
Gobierno para que con carácter urgente la Agencia de Protección de
Datos, que es el órgano competente para hacerlo, dictamine sobre
todos y cada uno de los extremos que contiene nuestra moción, y que
en síntesis son: ¿los datos que recaba el TAIR afectan a la intimidad
de los pacientes? ¿Se pueden ceder a un tercero ajeno a la
Administración sanitaria? ¿Se pueden cruzar con otros datos que obran
en poder de los colegios de farmacéuticos sin vulnerar la intimidad a
la que tenemos derecho todos en nuestra historia clínica? ¿Caben
otros usos de esos datos por parte de terceros y puede el Insalud
autorizarlos como se prevé expresamente en el concierto que ha
firmado con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos? ¿Es suficiente
la orden ministerial para adaptar el contenido de la ley orgánica de
protección de datos al manejo de este instrumento? ¿Y qué pasa
durante el año y medio, dos años casi, en los que se ha estado
utilizando este control sin cobertura normativa, desde que se
implantaron en el año 1997, hasta la entrada en vigor de la orden
ministerial, que como explica en su preámbulo, dice que la
utilización del TAIR hace necesario adaptar la normativa y señorías,
el TAIR se utiliza desde el año 1997 y la normativa es de 29 de enero
de 1999?
Por todo eso, señorías, y porque la preservación del derecho a la
intimidad de los pacientes no es una manía del Grupo Socialista, sino
que su vulneración constituye un delito tipificado en el Título X del
Código Penal vigente, y por tanto estamos hablando de un asunto muy
serio, someto a la consideración de SS.SS. la moción del grupo
parlamentario, que únicamente busca la garantía de que la Agencia de
Protección de Datos nos tranquilice a todos y nos diga que ese
procedimiento es correcto, que los datos sanitarios de nuestra
historia clínica están a salvo y que no tenemos motivos para temer
que se utilicen para otros fines, cuyo alcance no necesito explicar
aquí de nuevo a SS.SS. porque están en la mente de todos.
Finalmente, señor presidente, se han presentado dos enmiendas a
nuestra moción. Una por parte del Grupo Mixto, a instancia de los
diputados señores Alcaraz, Saura y Peralta, que vamos a aceptar
porque completa el contenido de nuestra moción, y otra del Grupo
Parlamentario Popular que desvirtúa la información que necesitamos
nos sea ratificada por la Agencia, y por tanto no podemos aceptar. Es
conocido que el Grupo Parlamentario Popular, siguiendo la indicación
del presidente del Gobierno, quiere que el Parlamento sea el centro
del debate, pero una vez más la iniciativa del Grupo Popular lo que
hace es privar de contenido a esta moción, que resulta a nuestro
juicio de la mayor transcendencia, y como no todos tenemos por qué
ser corresponsables de la ligereza con la que el Gobierno ha actuado
en esta materia, espero de SS.SS. que ratifiquen con su voto que esta
moción se lleve a término.
Muchas gracia, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Amador.
En efecto, como S.S. ha anunciado, a la moción se han presentado dos
enmiendas, una de ellas, la primera en el tiempo, suscrita por dos
diputados del Grupo Mixto y ratificada por su portavoz, y la otra por
el Grupo Parlamentario Popular. ¿Por el Grupo Mixto desea intervenir
el señor Alcaraz para la defensa de su enmienda? (Asentimiento.)
Adelante.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente. Seré muy
breve porque ya ha sido anunciada la admisión de esta enmienda, lo
cual me releva de la necesidad de profundizar mucho.
Efectivamente, nos parece que la moción que se presenta es oportuna,
está bien redactada y va directamente al corazón de un problema que
ya ha sido suficientemente explicado por la portavoz del Grupo
Socialista, pero entendíamos que faltaba un elemento: el dictamen que
se pide a la Agencia de Protección de Datos debe tener algún tipo de
destino final. Creemos que no basta exclusivamente con que se realice
desde los parámetros que se indican en la moción, sino que ese
dictamen debe ser conocido lógicamente por el Gobierno. El Gobierno
debe reaccionar de inmediato adoptando las medidas que sean
necesarias para adecuar su actuación a las conclusiones que se
deriven del mismo, dando también cuenta a este Congreso de los
Diputados de las mismas para que el Congreso pueda en su caso adoptar
las medidas lógicas de control del Gobierno; igualmente, dado el
régimen competencial en nuestro Estado, este dictamen deberá
trasladarse con la mayor brevedad posible a las autoridades
sanitarias de las comunidades autónomas, para que a la vista de las
conclusiones del mismo, puedan también adoptar las medidas oportunas.
Éste es el único sentido de nuestra enmienda de adición. Celebramos y
agradecemos a la proponente de la moción que la tome en
consideración, porque entendemos que de alguna forma mejora, como
decía, lo que ya es de por sí una buena moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
La enmienda del Grupo Popular será defendida por el señor Gutiérrez
Molina. Adelante.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señorías, defendemos la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular
ha presentado a la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista, porque del análisis de los aspectos
que se señalan en dicha moción los puntos que nosotros incluimos en
la enmienda recogen la sustancia de la moción, aparte de que desde
luego queremos poner en claro también algunos de los seis puntos que
presenta
la moción que a nuestro juicio quedan insuficientemente explicados, o
dicho de otra manera, como ha sucedido anteriormente con motivo de
las comparecencias del presidente del Insalud en Pleno y en Comisión,
da lugar a una especie de debate un tanto artificial según nuestro
punto de vista.
Nosotros en el punto primero y como primera premisa no tenemos ningún
inconveniente en que se solicite por el Congreso de los Diputados con
carácter urgente un dictamen a la Agencia de Protección de Datos.
Ahora bien, los extremos que debe contener dicho dictamen y que
explicitamos en nuestra enmienda -ya sabemos que no va a ser aceptada
pero interesa que la Cámara conozca los motivos de la misma- vamos a
intentar analizarlos muy brevemente, señalando los puntos de la
moción del Grupo Parlamentario Socialista que, a nuestro criterio,
son susceptibles de ser recogidos en las enmiendas, así como otros lo
son de ser rechazados.
En cuanto al punto 1.o, tenemos que decir, señor presidente, que la
creación por parte del Insalud de ficheros informatizados con datos
personales de los pacientes, con fines de control o con fines de
evaluación de actividades asistenciales, tanto en los órganos de
gestión como en los centros sanitarios, se encuentra amparada por
diferentes disposiciones de muy amplio rango, vigentes en la materia.
Para no cansar a SS.SS., porque hay muchas, nosotros queremos señalar
el artículo 8.o de la Ley 5/1992, el artículo 23 de la Ley General de
Sanidad y diversas ampliaciones legales dentro del propio ámbito del
Insalud.
Ciñéndome a lo que ha dicho la representante del Grupo Parlamentario
Socialista, queremos dejar claro que la información registrada a
través de los TAIR tiene como objetivo proporcionar información a
cada médico para la mejora de la organización y de la calidad de su
actividad, así como mejorar el sistema de información para la gestión
asistencial sanitaria y las prestaciones que de ella se deriven.
Quedó clara la postura del Grupo Parlamentario Popular en la
comparecencia del presidente del Insalud y también quedó clara en la
comparecencia del ministro, en el Pleno pasado.
Además, en el grado de confidencialidad que se estaba aquí
debatiendo, existe, y todos lo sabemos, un sistema de autorizaciones
que limita el acceso de los usuarios a los diferentes procesos de
aplicación, unido a que el personal de administración sólo tiene
acceso a los datos de actividad que ya maneja en la actualidad.
Además, el personal médico sólo tiene acceso a los datos de su propia
consulta, unido a que el acceso a la información procedente de las
recetas irá referido estrictamente al respectivo ámbito de actuación.
Y por si ello fuera poco, como garantía última en el caso de alguna
transgresión normativa, la confidencialidad de los datos sanitarios
está perfectamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico y
conviene aquí enfatizarlo.
Finalmente, en cuanto al punto 1.o de la moción, era necesario
recordar, y así lo hacemos, que, además de
por los motivos legales de salvaguarda de la confidencialidad, todo
profesional del sistema, sanitario y no sanitario, que por motivo de
su propio trabajo necesaria e inevitablemente tenga acceso a datos
generales y personales, está obligado por el deber de secreto o
sigilo profesional. Y esta garantía de salvaguarda de la intimidad de
los usuarios figura, desde el punto de vista ético, en distintos
puntos del código de ética y deontología médica de la organización
médica colegial.
No obstante, repetimos, no hay inconveniente, por parte de nuestro
grupo, en solicitar de la Agencia de Protección de Datos que emita un
dictamen referido a si la información emitida por el TAIR preserva el
derecho a la intimidad del paciente, de acuerdo con toda la
legislación que he señalado antes.
En cuanto al punto 2.o de la moción, poco hay que decir. No
consideramos procedente plasmarlo en el dictamen porque no existe, ni
va a existir, cesión de la base del TAIR al Consejo general de
colegios oficiales de farmacéuticos; por tanto, poco más hay que
decir de este punto.
En cuanto al punto 3.o de la moción, tal como se ha indicado en la
contestación a la pregunta anterior, no se va a ceder la base de
datos del TAIR ni el fichero de gestión de la prestación farmacéutica
al Consejo general de colegios oficiales de farmacéuticos. La única
información a la que tienen acceso los farmacéuticos es aquella que
da validez a la receta a la hora de su dispensación y de su
facturación por parte del Sistema Nacional de Salud.
Por otra parte, las condiciones del concierto suscrito por la
organización farmacéutica colegial establecen claramente que de la
etiqueta del TAIR los colegios farmacéuticos sólo podrán tomar una
serie de datos específicos que en nada modifican la sustancialidad y,
sobre todo, la confidencialidad a que antes hacía referencia.
En todo caso, señor presidente, cabe insistir en todos los aspectos
recogidos en la contestación al punto 1.o
de la moción del Grupo Parlamentario Socialista; aspectos
relacionados con transgresión normativa, así como con la
obligatoriedad de salvaguardar la confidencialidad, por el deber de
secreto o sigilo profesional de todos los profesionales del sistema,
sean sanitarios o no lo sean.
En cuanto al 4.o punto de la moción, señor presidente, nosotros
tampoco creemos procedente incluirlo en el dictamen del Congreso de
los Diputados porque, tal y como se ha indicado, no se van a ceder
las bases de datos a que se hacía referencia en el punto anterior, y
los únicos casos previstos y que creemos que pueden hacerse en base a
la cláusula sexta del concierto entre el Insalud...
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Molina, debe terminar, por
favor.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: ... la Tesorería General y las oficinas de
farmacia no se refieren a las bases de datos del TAIR, sino al
cumplimiento de las condiciones
de facturación de las recetas médicas por parte de la oficina de
farmacia al Insalud.
Por último, señor presidente -y concluyo-, los aspectos considerados
en el punto 6.o, en el que hasta el momento no se han terminado de
implementar los procedimientos ni el sistema de información necesario
para poder obtener datos del pleno funcionamiento del TAIR,
especialmente en lo que a las recetas se refiere, nos han llevado a
presentar una enmienda de modificación. Nosotros creíamos que si se
recogían los puntos fundamentales, no se vaciaba de contenido la
moción sino, por el contrario, podía generar el mayor consenso de la
Cámara. Esta enmienda de modificación viene redactada de la siguiente
manera: «El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a: solicitar
de la Agencia de Protección de Datos que emita un dictamen sobre los
extremos siguientes: 1.o Si en la información emitida por el TAIR se
preserva el derecho a la intimidad del paciente, de acuerdo con la
legislación vigente. 2.o Si el contenido de la Orden Ministerial de
fecha 19 de enero de 1999, promulgada por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, da cumplimiento a lo previsto en la Ley Orgánica 5/1992, de
29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal. 3.o Si a la base de datos del TAIR se la
puede dar otros usos distintos a los previstos en la legislación
vigente.» Nosotros creemos, señor presidente, que esta enmienda de
modificación no solamente no vacía la moción sino que, al contrario,
como decía al principio, puede generar el consenso de todos los
grupos de la Cámara para dar trámite a la moción que hoy se ha
presentado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez Molina. ¿Grupos
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señor Caballero, por el Grupo Nacionalista Vasco.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV), para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la
moción presentada por el Grupo Socialista sobre control del gasto
farmacéutico y derecho de los pacientes, moción que es consecuencia
de la interpelación urgente presentada la pasada semana.
En esta moción se insta al Gobierno a elaborar con carácter urgente
un dictamen de la Agencia de Protección de Datos sobre diversos
extremos en relación a la utilización del terminal autónomo de
identificación de recetas, TAIR, con vistas a la decisión de
controlar el gasto farmacéutico.
La pasada semana se aludió a que dicha medida de control del gasto
farmacéutico había suscitado el rechazo de determinados grupos de
profesionales y de algunas organizaciones de pacientes, destacando la
preocupación
que dichos sectores han manifestado en relación con el derecho
a la confidencialidad de los datos relativos a la salud de los
pacientes, preocupación que en dichos casos nuestro grupo comparte.
A esta moción se han presentado dos enmiendas por parte del Grupo
Popular y del Grupo Parlamentario Mixto. Nuestro grupo entendía que
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular suponía una
mejora técnica sobre la moción que estamos debatiendo -un tema
bastante delicado- y que completaba sustancialmente la moción
socialista, por lo que, en caso de haber sido aceptada, nuestro grupo
estaba dispuesto a apoyarla; en caso contrario, no podemos apoyar la
moción socialista porque no podemos estar de acuerdo con el punto 2.o
de la moción ni estimamos procedente el punto 4.o, porque no se puede
considerar previsible la cesión de datos. Por consiguiente, de no
aceptarse -como se ha dicho anteriormente- la moción del Grupo
Popular, vamos a votar en contra de la moción del Grupo Parlamentario
Socialista.
Nada más y muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Éstos son socios!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caballero.
La señora Riera había pedido la palabra, por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
Señora Amador, si yo no estoy en un error -he repasado el «Diario de
Sesiones»-, me parece que fue el 30 de junio cuando se vio en
Comisión la proposición no de ley que el Grupo Socialista presentó
para que se instase a la Agencia de Protección de Datos sobre la
fiabilidad del proceso del TAIR. En todo caso, lo de menos son las
fechas exactas, pero recordará S.S. que mi grupo parlamentario en
aquel momento apoyó las tesis que el Partido Socialista defendía y
procuró, dentro de sus posibilidades, que el Partido Socialista, que
era el proponente, y el Partido Popular llegasen a un consenso sobre
un tema que nos parecía que era importante. Fue esta una tarea en la
que fracasamos y, ante una situación en la que nos pareció que por
ambas partes había poca voluntad de llegar a este acuerdo, mi grupo
optó por abstenerse. ¿Qué quiero decir con esto, señora Amador? Pues
que recupero el discurso, o sea, no hemos variado en absoluto nuestra
postura desde el mes de junio hasta hoy. Consideramos entonces que
ustedes tenían razón en mostrar esta inquietud y en querer tener la
certeza de que el TAIR se hacía respetando las garantías que la
Lortad prescribe y lo seguimos considerando ahora.
En este sentido, hemos hablado con el Partido Popular, con el grupo
que sustenta al Gobierno, diciendo que -y lo reconozco así
abiertamente- como la moción que ustedes presentan tiene un aspecto
que, bajo mi punto de vista, le da credibilidad, que es el de que
ustedes instan a la Agencia de Protección de Datos a que se pronuncie
(tengo que decirles con toda sinceridad,
señora Amador, que pienso que es una buena actitud, una buena
propuesta), nosotros pensábamos que era perfectamente posible
consensuar este tema y, en este sentido, la propuesta que hace el
Partido Popular en su enmienda pienso yo que intenta llegar a este
acuerdo. El Partido Popular, en su enmienda, acepta solicitar a la
Agencia de Protección de Datos un dictamen sobre si se cumplen las
normas y usted ha anunciado que no lo van a aceptar. Nosotros
seguimos pensando, igual que pensábamos en el mes de junio, que es
lamentable que en un tema que todos quisiéramos que sirviese para
tranquilizar a los ciudadanos y ciudadanas, no podamos llegar a un
consenso. Señora Amador, compartiendo la inquietud de su propuesta,
lamentamos que no lleguen a un acuerdo con el Partido Popular y nos
veremos obligados a votar en contra de esta moción.
Nada más. (Rumores.- El señor Aguiriano Forniés: ¿No os abstendréis
como la otra vez?)
El señor PRESIDENTE: Señor Aguiriano.
Gracias, señora Riera.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la
moción del Grupo Socialista, al igual que lo hizo en Comisión. Yo
creo que hay un acuerdo general en que el tema es enormemente
sensible. Desde nuestro punto de vista, es lamentable que se hayan
tomado este tipo de medidas para controlar el gasto farmacéutico y,
como repetidamente mi grupo parlamentario ha planteado, datos
fundamentales del certificado de defunción, que son absolutamente
básicos para cualquier estudio epidemiológico, siguen siendo secretos
por una alusión al derecho a la intimidad y a la confidencialidad,
cosa que evidentemente contrasta flagrantemente con la utilización de
datos que puede suponer la implantación del TAIR. Insisto, la
imposibilidad del personal sanitario de acceder a datos procedentes
del certificado de defunción hace que en nuestro país ningún estudio
epidemiológico fiable sobre mortalidad, que es el factor decisivo,
pueda ser utilizado.
Lamento que esta moción vaya a ser rechazada. No obstante, mi grupo
parlamentario estima que la Agencia de Protección de Datos puede
actuar de oficio, es decir, que no es preceptivo, obviamente, el voto
positivo de la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara
para que la Agencia de Protección de Datos intervenga, según lo
estime oportuno, a la hora de evaluar lo que todos deseamos, y es si
los mínimos del derecho a la confidencialidad están respetados.
Insistiendo en que es lamentable que en esta Cámara pueda no avanzar
una propuesta de estas características, que es el mínimo
indispensable para que los ciudadanos tengan garantizado el derecho a
la confidencialidad, en los tiempos que corren hay razones
sobradas para sospechar que pueda estar vulnerado y afectado en un
momento u otro por intereses que no tienen nada que ver ni siquiera
con el control del gasto farmacéutico.
Señorías, reitero el apoyo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
a la moción del Grupo Socialista y a la enmienda del Grupo Mixto, e
insisto en que Izquierda Unida solicitará a la Agencia de Protección
de Datos, ya que parece que esta moción va a ser rechazada, una
actuación de oficio que permita que el motivo fundamental sobre el
cual parece haber un consenso unánime pueda finalmente ser
salvaguardado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Finalmente, la señora Amador, a los solos efectos de aceptar o
rechazar la enmienda, en este caso del Grupo Popular, porque la del
Grupo Mixto ya fue aceptada en su primera intervención, lo que fue
agradecido por su portavoz y suscriptor de la enmienda, el señor
Alcaraz.
Adelante, señora Amador.
La señora AMADOR MLLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestra posición es la de rechazar la enmienda del Grupo Popular por
razones que brevísimamente voy a exponer a la vista de la
intervención que ha hecho el portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Amador, sin abrir debate. Ya sabe S.S.
que eso está vedado por el Reglamento, o sea, que le ruego que lo
haga en un solo mensaje, si es posible, para que procedamos a la
votación.
La señora AMADOR MILLÁN: Sí, señor presidente.
Con posterioridad a la proposición no de ley de 29 de abril de 1998,
debatida el 30 de junio de 1998 en la Comisión de Sanidad, se han
producido dos hechos muy importantes. Uno es la firma del concierto
del Insalud -que he citado en la tribuna- con el Consejo general de
colegios de farmacéuticos, cuya cláusula sexta dice: El Insalud
procederá a la grabación de los datos contemplados en las recetas de
forma complementaria y no sustitutoria. La grabación de datos se hace
por parte de los colegios. Por tanto, no es que haya cesión de datos,
es que los datos los tienen los colegios, no el Insalud.Lo que ha
cedido el Insalud es la capacidad de recoger los datos. Por tanto, no
es que haya cesión, es que ni los tiene el Insalud; los recogen los
colegios -cláusula sexta del convenio, que tengo a disposición de
todas SS.SS.-. Pero además dice: Cualquier otro uso distinto al del
cumplimiento de las recetas debe ser autorizado por el Insalud. Por
tanto, hay una previsión de otros usos en este texto firmado por el
Insalud, y por eso es fundamental el punto 2.o, señor portavoz del
Partido Nacionalista Vasco, porque consideramos que la Agencia debe
pronunciarse sobre si esto es posible.
Finalmente, señor presidente, el TAIR no da datos a los médicos; el
TAIR emite un código de barras que leen los colegios de
farmacéuticos. Cuando se debatió la proposición no de ley en
Comisión, el portavoz del Grupo Popular dijo que la garantía de
confidencialidad se cumple y se ha cumplido, y esto lo decía el 30 de
junio de 1998.
La pregunta es: ¿Por qué el Ministerio de Sanidad ha tenido que
promulgar una orden ministerial que dice que para cumplir la Ley
Orgánica de Protección de Datos, a la vista del TAIR, tiene que hacer
una norma? Ni el portavoz popular podía garantizar entonces que se
cumplía ni tampoco hoy, señor presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Amador.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Les ruego que lo hagan con
mayor celeridad. Ya saben que el orden del día de las tardes del
martes acostumbra a estar muy cargado. En beneficio de todos, es
menester hacer las cosas con un poco más de presteza.
Votación de la moción del Grupo Socialista sobre el control del gasto
farmacéutico y derechos de los pacientes, incorporada que ha sido la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y tras rechazar
la del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 136; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción debatida y presentada
que fue por el Grupo Socialista.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE FINANCIACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y POSIBLES
REFORMAS LEGALES AL RESPECTO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 173/000121)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la del Grupo Mixto, sobre criterios
del Gobierno en materia de financiación de las corporaciones locales
y posibles reformas legales al respecto.
Presentará la moción don Guillerme Vázquez. (Pausa.- El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, por favor,
ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo, incluida el área
económica, empezando por los señores Fernández de Troconiz y Martínez
Sanjuán. (Pausa.) Silencio, por favor.
Cuando quiera, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (Don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la moción que presenta el
Bloque Nacionalista Galego pretende instar al Gobierno a poner en
marcha un nuevo proceso negociador encaminado a alcanzar un modelo
nuevo de participación de los municipios en los tributos del Estado,
más justo y equilibrado, que se ajuste más, por tanto, a la realidad
de muchos municipios que no están de acuerdo con el sistema de
reparto actual, porque no responde a sus necesidades.
El pasado miércoles, durante el debate de la interpelación presentada
por el BNG, el ministro de Administraciones Públicas afirmó que el
Gobierno está satisfecho con el sistema vigente, ya que, según su
criterio, fue fruto de los acuerdos alcanzados con la Federación
Española de Municipios y Provincias; acuerdos en los que, según él,
se recogían las reivindicaciones planteadas desde todos los
territorios y afirmaba además el señor ministro que el actual modelo
no se revisaría hasta el año 2002.
Nosotros no compartimos esa posición, como no la comparte la
Federación Galega de Municipios y Provincias, quien por activa y por
pasiva se ha manifestado contraria al actual modelo por
discriminatorio para sus municipios, como tampoco comparte esa
opinión el Parlamento de Galicia, que el pasado 10 de febrero
unánimemente acordaba apoyar las reivindicaciones que, a propósito de
la financiación, plantea dicha Federación. Es obvio, pero a lo mejor
no innecesario recordar, que eso significa que todas las fuerzas
políticas de Galicia comparten la misma posición básica respecto al
actual modelo que rechazan.
Además, durante el debate del pasado miércoles, no sólo este grupo
interpelante sino otros de esta Cámara mostraron sus discrepancias
con el actual sistema, lo que quiere decir que el consenso sobre este
tema dista mucho de existir.
En una situación así lo lógico sería que el Gobierno no se cerrase en
banda y tratase de alcanzar un nuevo acuerdo más satisfactorio para
todos, abriendo, por tanto, un nuevo proceso negociador. No se trata
hoy, naturalmente, de reproducir el debate de la semana pasada, pero
sí es bueno recordar que con el actual sistema de financiación salen
proporcionalmente más beneficiados aquellos municipios con población
superior a 500.000 habitantes -y curiosamente en Galicia no existe
ninguno de estas características-, mientras que los municipios que
tienen una gran extensión geográfica y asentada su población en un
gran número de núcleos sufre un agravio comparativo al no
contemplarse una circunstancia como esta, que indudablemente supone
un factor de encarecimiento a la hora de prestar los servicios que
los ciudadanos precisan.
El actual sistema de participación de los municipios en los tributos
del Estado no da respuesta a necesidades reales y diferenciadas,
porque no se trata de discutir si con los criterios que se fijaron en
la Ley de presupuestos para 1999 se incrementaron los ingresos, en
concreto los de los municipios a los que me refiero, sino de discutir
si este sistema garantiza la igualdad real
y práctica de los ciudadanos que viven en distintas zonas del Estado,
con realidades poblacionales diferentes y, en concreto, si permite
que los ciudadanos que viven en la Comunidad Autónoma de Galicia
puedan acceder al mismo nivel de servicios con este sistema.
Insisto, por tanto, en que el Gobierno debe abrir un nuevo proceso de
negociación que conduzca a la eliminación de los desequilibrios
existentes. En esta situación no se puede seguir manteniendo el
actual sistema hasta el año 2002, no se puede seguir agravando la
situación de muchos municipios por lo menos durante tres años más,
sobre todo de unos municipios como los que he citado, en los que no
sólo las pesetas por habitante que reciben como financiación de los
fondos del Estado están por debajo de la media estatal, sino que no
ven contemplada su especial estructura administrativa. También debe
contemplar el Gobierno en la negociación que proponemos aumentar las
partidas destinadas a cubrir la financiación de los municipios que
hoy se ven obligados a asumir un gran número de competencias que con
los fondos ordinarios que reciben actualmente no pueden cubrir
adecuadamente.
En ese sentido va la moción que presentamos, cuya parte resolutiva
dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el
necesario proceso negociador para establecer un nuevo modelo de
participación de los municipios en los tributos del Estado a partir
del año 2000 que contemple, entre otros, los siguientes aspectos:
Uno, el incremento de las partidas destinadas a este concepto para
garantizar la suficiencia financiera de los municipios. Dos, la
extensión de los municipios y el número de núcleos de población, con
la consiguiente dispersión geográfica de la misma, serán criterios a
tener en cuenta para fijar la participación de los municipios en los
tributos del Estado.
Quisiera aprovechar este turno para fijar mi posición en relación con
las enmiendas presentadas a esta moción del Bloque Nacionalista
Galego por los grupos Socialista y de Izquierda Unida. Decimos que, a
efectos de votación, vamos a aceptar las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista al punto segundo de nuestra moción, aun cuando lo
que propone añadir necesitaría, en algunos casos, una discusión
específica, por ejemplo, cómo dirigir el fondo que se propone y, en
fin, porque introduce otros criterios, posibilidad que, por cierto,
nuestra propuesta original dejaba abierta, y que, desde nuestro punto
de vista, resultan algo prolijos. En todo caso, lo que a nosotros nos
interesa dejar claro es que siguen vigentes los criterios a
considerar en un nuevo modelo de participación de los municipios en
los tributos del Estado, los que se refieren, por tanto, a la
extensión de los municipios, al núcleo de población, así como los que
se recogen tanto en el preámbulo como en el punto primero de la
moción. Y aceptamos esta enmienda porque no afectará al núcleo de lo
que proponemos en nuestra moción.
La enmienda que presenta el Grupo Socialista de creación de un punto
tres nuevo, que hace referencia al transporte público, no la vamos a
aceptar simplemente
porque nos parece que no encaja demasiado en el contexto de la
moción. Tampoco vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que propone añadir un punto
tercero nuevo, ya que en realidad es más bien una declaración de
principios, contra la que no tenemos nada pero que creemos que no
encaja mucho en el contexto de esta moción.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Como S.S. hacía referencia, a esta moción han presentado enmiendas el
Grupo Socialista y el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor presidente, señorías, voy a hacer la
defensa de la enmienda del Grupo Socialista no sin antes decir que
nos parece buena la iniciativa del Bloque de hacer la interpelación
y debatir hoy esta moción, porque el sistema de financiación que aprobó
el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado es malo. La
discusión de hoy pone de manifiesto además el fracaso del Gobierno.
Acaba de decir el portavoz del Bloque que el propio Parlamento de
Galicia, donde tiene mayoría el Partido Popular, como es conocido, o
la propia Federación de Municipios Gallegos, donde es mayoría el
Partido Popular, y también esto es conocido, han rechazado
categóricamente este sistema de financiación. Asimismo, se sabe que
los miembros del Partido Socialista integrados en la ejecutiva de la
FEMP también han rechazado este sistema de financiación. Otros grupos
también lo han hecho, de tal manera que nos encontramos ante un
sistema de financiación que ha quebrado una regla de oro en la
financiación municipal de los últimos años, cual ha sido el acuerdo
entre todas las formaciones políticas y el acuerdo de la Federación
Española de Municipios y Provincias y el Gobierno, de tal manera que
tenemos un sistema cuya cuantía y criterios de distribución para el
quinquenio 1999-2003 ha representado una quiebra de los principios
que venían informando las relaciones del Gobierno y la FEMP, así como
en su seno.
Ya dijimos el otro día que en la Federación Española de Municipios y
Provincias existía una tradición que suponía que no se adoptaba
ningún acuerdo que no fuese producto del consenso, no sólo entre las
fuerzas políticas representadas sino también entre la multiplicidad
de municipios y diversidad de realidades. Esto se ha roto en el
proceso de negociación y se ha roto en el sistema de financiación que
unilateralmente el Gobierno ha llevado a efecto y que hoy rige en la
financiación de los municipios. Además, el Gobierno remitió tarde la
ley de presupuestos y la ley de acompañamiento a laFederación
Española de Municipios y Provincias, en un
ejercicio que es habitual ya en el Gobierno como es el de desconocer
o pretender desconocer la división vertical de poderes.
El Gobierno del Partido Popular actúa con los municipios y con
algunas comunidades autónomas como si desconociera la división
vertical de los poderes, la condición de autónomos y la condición de
las corporaciones locales de decidir en sus competencias sin
necesidad de que el Gobierno intervenga en lo que no son propias
competencias de éste. Se mandaron tarde los presupuestos y el
Gobierno ha actuado con la FEMP como si ésta o los municipios no
tuvieran capacidad de autonomía reconocida en los artículos
correspondientes de la Constitución. Por tanto, es un sistema malo,
que no soluciona los problemas de los municipios y además que ha
puesto a la Federación Española de Municipios y Provincias en una
situación de crisis real, hasta el punto de que la presidenta de la
Comisión de Hacienda, una persona cualificada del Partido Popular,
presentó su dimisión con carácter irrevocable.
Se ha manipulado un acta de la subcomisión de la Comisión nacional de
Administración local, pretendiendo sacralizar como acuerdo lo que
constituía una oferta del Gobierno y un acta de una reunión y se
presentó a última hora, sin posibilidad de discusión, una propuesta
sesgada del nuevo sistema de distribución a favor de los municipios
mayores de 500.000 habitantes y para los menores de 5.000 habitantes.
Lo anterior no va a resolver la suficiencia financiera de los
ayuntamientos ni de las diputaciones y esta situación viene a poner
de manifiesto el insuficiente peso de la Hacienda local española en
relación con los países más desarrollados de Europa.
Nosotros hemos presentado una enmienda que pretende lo siguiente: en
primer lugar, incrementar los ingresos a través de transferencias o
participación del Estado, que es la primera parte de la moción del
Bloque Nacionalista Galego y del Grupo Mixto; en segundo lugar,
proponemos que el transporte público sea subvencionado al 50 por
ciento del coste, ya que el Gobierno en los últimos ejercicios está
reduciendo de manera importante la aportación al transporte público.
Al mismo tiempo, hemos introducido dos nuevos conceptos que desde
nuestro punto de vista mejoran la propuesta del Bloque: uno, la
atención al coste metropolitano, no sólo de Madrid y Barcelona, ya
que hay otras áreas metropolitanas que deben ser atendidas. Y, dos,
la especialización productiva de los municipios. En España hay, con
características muy acusadas, municipios turísticos que triplican o
cuadruplicar su población en verano, municipios fronterizos con
problemáticas especiales y municipios de montaña que también tienen
singularidades que deben ser recogidas en el sistema de financiación.
Esta es nuestra enmienda y esperábamos mayor generosidad del grupo
que propone la moción, del Grupo Mixto. No ha sido así. No obstante,
vamos a apoyar la propuesta porque nos parece que la moción que
presenta el Grupo Mixto insiste en dos aspectos
sustanciales: uno, que el sistema es un mal sistema, que ha obtenido
un gran rechazo por parte de los grupos políticos que están en la
Federación Española de Municipios y Provincias representados y por
parte de instancias como el Parlamento gallego, cuyo grupo
mayoritario es precisamente el Partido Popular. Y, dos, porque el
sistema discrimina negativamente a ayuntamientos, no sólo a los
municipios que menciona quien presenta la moción sino a otros
municipios de España como los que he mencionado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Perales.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Fernández, don Julián.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario en cuanto a la
moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego. Quiero anunciar
que, independientemente de la aceptación o no por parte del Bloque de
la enmienda de adición que ha presentado mi grupo, nosotros vamos a
apoyar la citada moción. Y lo vamos a hacer porque coincidimos con su
contenido, coincidimos en la totalidad de los aspectos que la moción
contiene. Yo creo que es necesario recordar, aunque ya lo han hecho
otros oradores, que en la Federación Española de Municipios y
Provincias, para llegar a acuerdos en cuanto a financiación de los
entes locales en esta ocasión ha habido una cierta precipitación, lo
que ha impedido que estos acuerdos se hagan con un mínimo de
consenso. Por lo tanto, la financiación para el quinquenio 1999-2003
nace con unas carencias que yo pienso que habrá que subsanar en un
futuro no muy lejano. El resultado de estas actitudes políticas ha
sido que existe una clara insatisfacción por parte de los municipios
en cuanto al modelo de financiación municipal acordado.
Por estas razones, mi grupo participa de la propuesta del Bloque
Nacionalista Galego de abrir un nuevo proceso negociador que
establezca un modelo de participación de los municipios en los
tributos del Estado, prestando especial atención a aquellos
municipios con baja densidad poblacional, para garantizar su
suficiencia financiera. Aunque el discurso del BNG se ha centrado en
los problemas de los municipios gallegos y sus propuestas van
dirigidas a mejorar la financiación de los pequeños municipios,
posiblemente debido a la gran atomización de las entidades locales de
Galicia, entendemos que estas propuestas tienen su traslado también a
los municipios del Estado. Tengo que recordar que el 86 por ciento de
los municipios españoles tienen una población inferior a 5.000
habitantes y que los municipios más numerosos, en todo caso, son
aquellos que no superan los 1.000 habitantes. Para que se hagan SS.
SS. una idea, les diré que, de un total del
8.097 municipios, 6.951 cuentan con poblaciones inferiores a 5.000
habitantes y el 86 por ciento de los municipios se acoge al 15 por
ciento de la población. Esto es para que se vean las diferencias.
Creemos, por tanto, en la necesidad de mejorar la financiación de los
pequeños municipios y en que los criterios de participación en los
tributos del Estado contemplen baremos correctores que garanticen la
suficiencia financiera necesaria de estos municipios para que puedan
prestar los servicios básicos a sus ciudadanos. Del mismo modo
entendemos que existe la necesidad de garantizar el principio
constitucional de igualdad, para que todos los ciudadanos puedan
disfrutar de bienes y servicios que están reconocidos
constitucionalmente, siendo necesario para cumplir esta exigencia
dotar de mayores recursos económicos a los municipios que, por
extensión y número de población, tienen dificultades.
La enmienda de Izquierda Unida pretendía establecer un debate un poco
más amplio y no reducirlo solamente al ámbito de la financiación
local sino poner de manifiesto que dentro de la problemática
municipal existen otras carencias, como son los niveles
competenciales de los ayuntamientos y como es su autonomía política.
Nuestra enmienda iba dirigida a reabrir algún tipo de debate en torno
a estas cuestiones, pero, como ya ha anunciado el portavoz del BNG,
no va a ser aceptada. Por tanto, vuelvo a manifestar y a reiterar que
vamos a apoyar la moción que ha presentado el Bloque Nacionalista
Galego.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández. ¿Grupos distintos de los enmendantes que quieren
participar en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la
señora Gil.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, nuestro grupo va a votar en
contra de la moción propuesta por el Bloque Nacionalista Galego por
una razón, porque hace apenas dos meses mi grupo apoyó con sus votos
el nuevo sistema de financiación municipal, que rige desde ahora
mismo para este quinquenio.
Querría poner de relieve algo que se esconde tras las palabras de la
moción. La moción que ha presentado el portavoz del Bloque
Nacionalista Galego no sólo habla de financiación municipal, sino que
habla de bienestar de las personas, de sostenibilidad del bienestar
de un cierto tipo de municipios. Sin duda, todo gobierno local debe
tener como finalidad que su municipio, sea pequeño o grande, sea
rural o urbano, se identifique como una comunidad de progreso
personal y colectivo, como una comunidad que podemos llamar del
bienestar. Pero no existe bienestar ni interrelación solidaria entre
las personas de una sociedad si no se garantiza la satisfacción, en
términos de igualdad, de
las necesidades no sólo individuales, sino colectivas, si no se
rechaza la exclusión del bienestar de los servicios fundamentales y
si no se sabe escuchar e infundir deseos de progreso en las personas
y en los colectivos que componen esta sociedad.
El diputado Guillerme Vázquez, del Bloque Nacionalista Galego, ha
hablado de financiación. Es cierto que éste es un tema siempre en
equilibrio entre el deseo y la posibilidad, entre la ambición y la
oportunidad. Por ello, la Administración que decide la distribución
de los recursos, sea la del Gobierno del Estado, sea la del Gobierno
autonómico o sea la del mismo gobierno local, debe priorizar las
necesidades y jerarquizar los recursos para satisfacerlas.
La moción además nos habla de algo, a mi entender, muy importante.
Nos habla del olvido que nuestra sociedad en general y la sociedad
política, que es urbanita, tiene de cierto tipo de municipio rural.
Pone también en evidencia que los criterios por los que se regula la
participación de los municipios en los tributos del Estado causarán
siempre en su aplicación efectos discriminatorios. Siempre. Antes,
hoy y probablemente mañana. Porque fueren cuales fueren es difícil
siempre una clasificación y criterios universales para poderlos
aplicar a entes vivos y únicos como son los municipios. Entre estos
están los que más duelen y que son el objeto de la moción. Son estas
realidades vecinales, no urbanas, con núcleos poblacionales
dispersos, con limitaciones duras que dificultan y a veces
imposibilitan las relaciones sociales para poder conformar la
sociedad cohesionada y una verdadera comunidad. El Bloque
Nacionalista Galego conoce en profundidad esta realidad porque es la
característica de su país, pero lo que expone en su moción se hace
también extensible a otros espacios sociales municipales no urbanos
de este país, cuya extensión y dispersión no sólo dificultan, sino
que a veces imposibilitan, el acceso y el disfrute de los servicios
públicos en relación de igualdad. Sin duda, los gobiernos locales de
estos municipios tienen grandes dificultades para lograr no sólo la
necesaria cohesión social de los grupos dispersos, sino también la
sostenibilidad de este bienestar vecinal, sobre todo por lo que
respecta a la prestación cualitativa de estos servicios básicos y,
sin duda, como bien ha dicho el portavoz del Bloque Nacionalista
Galego, todo ello se vincula a la financiación, que es más costosa
para los municipios con gran extensión y escasa y dispersa población,
que deben prestar los mismos servicios fundamentales que los
municipios extensos, poblados, ricos y compactos: el alumbrado
público, la recogida de residuos, la limpieza viaria, el
abastecimiento de agua potable, el alcantarillado, la pavimentación e
incluso el acceso a los núcleos de población.
El carácter dinámico de la comunidad local, las diferentes
singularidades existentes exigen el establecimiento de una serie de
criterios cerrados y universales, pero también debe incluirse entre
ellos, cuando sea posible la revisión, el de la dispersión de núcleos
vecinales, además de otros criterios complementarios que
también pudieran atender caracteres específicos de otros municipios,
como los turísticos, los de núcleos históricos, los de patrimonio
local, etcétera.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Gil, debería ir
concluyendo.
La señora GIL I MIRÓ: En cualquier caso, nosotros, como grupo,
tenemos un compromiso con el Bloque Nacionalista Galego y con toda
esta Cámara: que, al amparo del artículo 116 de la Ley reguladora de
las haciendas locales, se pueda incluir en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 una asignación complementaria
para aquellos municipios con núcleos de población dispersa con
dificultad financiera manifiesta para prestar adecuadamente los
servicios públicos obligatorios. Éste es nuestro compromiso.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Gil.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Mercedes Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Paso a exponer, lo más rápidamente posible, cuál es la posición del
Grupo Parlamentario Popular respecto a la moción que ha sido
defendida esta misma tarde por el Grupo Mixto, y concretamente por el
diputado adscrito al Bloque Nacionalista Galego. Haré también una
somera referencia a las diversas enmiendas que han formulado los
grupos parlamentarios, concretamente el Grupo Socialista e Izquierda
Unida, toda vez que el portavoz del Grupo Mixto ha manifestado en su
intervención la aceptación de las enmiendas formuladas por el Grupo
Socialista.
Se han dicho muchas cosas en defensa de esta moción y me gustaría
aprovechar este turno para justificar no solamente nuestro voto,
sino, a poder ser, nuestro mensaje político y, por tanto, nuestro
criterio en la materia. Se ha dicho por alguno de los intervinientes,
y yo quiero remarcarlo -concretamente por la portavoz de Convergència
i Unió-, que hay un antecedente previo y un compromiso no solamente
parlamentario, sino legal, que vincula a toda la sociedad española y,
por supuesto, a los más de 8.000 municipios de España. Me estoy
refiriendo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y a la ley
de medidas, coloquialmente conocida como ley de acompañamiento. En
sendos textos legales, como consecuencia de un compromiso con la
Federación Española de Municipios y Provincias, se ha suscrito un
acuerdo que da soporte a las bases que van a regular el nuevo
quinquenio, a las bases de financiación de las corporaciones locales
y de las propias provincias.
Saben SS.SS., porque sin duda han hecho los cálculos pertinentes,
que, conforme a las cantidades globales que se establece que ha de
aportarse a los municipios
españoles y a las provincias españolas, existen dos datos
absolutos, en términos económicos, que son incuestionables. Respecto
al ejercicio anterior, los municipios españoles, por lo que se
establece en los Presupuestos Generales del Estado de 1999, tienen
15.000 millones más. Estamos hablando de un incremento presupuestario
de cerca del 6 por ciento. Y las provincias españolas reciben, si
tomamos como referente el ejercicio presupuestario anterior, 5.000
millones más. Esto quiere decir que en términos absolutos no
solamente estoy de acuerdo con lo que dice la moción, sino que, por
redundante, me parece innecesario. Claro que establecemos un
incremento de partidas en los Presupuestos Generales del Estado
tendentes a dar cobertura al mandato constitucional que garantice la
autonomía desde la suficiencia financiera de los municipios y las
provincias de España. Tan es así, que lo creemos y lo practicamos,
que establecemos, como digo, un incremento presupuestario superior al
incremento global que se ha barajado para inversiones y para otras
políticas que se contienen en los Presupuestos Generales del Estado.
Se ha dicho también que han sido un rotundo fracaso el pacto local y
el pacto de financiación, y para ello se han utilizado argumentos que
no se ajustan a la realidad. Se ha hablado, de memoria, pero no con
papeles, del rechazo supuesto que, según algún portavoz, se ha
producido por parte del Parlamento gallego, donde dijo que tiene
mayoría absoluta el Partido Popular. Yo le digo que bienvenida sea
esa mayoría absoluta, porque se está trabajando muy bien
políticamente desde esa posición y desde Galicia, y que no es verdad
que se haya condenado a través de un acuerdo aprobado en el Pleno. Yo
sí tengo el acuerdo que se ha aprobado institucionalmente en el Pleno
y no es verdad que el Pleno del Parlamento gallego, de forma unánime,
haya rubricado el fracaso del pacto local y de la financiación para
las corporaciones locales y las provincias españolas.
Por tanto, me gustaría, por aquello del rigor parlamentario, que
trabajásemos todos con documentos homogéneos y, sobre todo, con
argumentos que se basen y se soporten en la verdad. No es menos
cierto que desde Galicia, como desde Asturias, desde el País Vasco y
desde todas las comunidades de España, se quiera mejorar los
criterios sobre cuya base se establezca la distribución de la cuantía
global. Y decía de forma muy oportuna la portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que, según un artículo
contenido en la Ley de medidas, concretamente el 116, que es aprobado
y que por tanto liga no solamente a los municipios sino a toda la
sociedad española, cuando en un municipio, con la utilización de las
normas financieras reguladas en la presente ley, no se pudiesen
prestar adecuadamente los servicios públicos, los Presupuestos
Generales del Estado podrán establecer una asignación complementaria.
La portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
decía que ese era su compromiso y yo tengo que añadir,
señorías, que, por supuesto, también es el compromiso del grupo
mayoritario que apoya al Gobierno y que estamos muy satisfechos de la
consecución que se ha hecho no solamente del pacto local, sino
también de los términos en que el mismo se ha establecido.
Tengo que hacer alguna precisión, porque yo seguí con mucha atención
el debate presupuestario y las enmiendas que los grupos
parlamentarios presentaron y las que no presentaron. Sinceramente me
parece bastante temerario, en términos políticos, que algún grupo
político haya establecido en una enmienda el incremento del 50 por
ciento en la transferencia para financiar el transporte colectivo
público y que se haga con cargo al déficit de funcionamiento. SS.SS.
saben que el criterio no es pacífico, que hay alcaldes que no son del
Partido Popular que dicen que la gestión se debe primar y que, por
tanto, la asignación de las transferencias del Estado al servicio
público de transportes debe hacerse siguiendo el criterio de
kilómetro recorrido, de número de viajeros, y no subvencionando o
premiando a quienes gestionan deficitariamente los transportes
públicos.
Aquí hay un gran debate abierto, con alcaldes socialistas que no
sostienen precisamente el criterio que ustedes formulan en la
enmienda que han presentado, y me parece que deberían salir del
confusionismo en el que están inmersos. Por lo que hace a los
municipios turísticos, limítrofes o con peculiaridades específicas,
saben que está abierta la discusión en la Federación Española de
Municipios y Provincias y que todos, desde la sensatez y nunca desde
el sectarismo o desde la provocación para no conseguir los acuerdos,
estamos abiertos a mejorar la financiación de los municipios
españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Fernández, le ruego
concluya.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Concluyo, presidente.
Cuando se dice por parte de algún grupo que son los pequeños
municipios los que se han visto perjudicados por estos criterios de
financiación, nuevamente esta afirmación no es exacta ni se ajusta a
la realidad. Saben perfectamente SS.SS. que se ha garantizado, porque
así se ha contenido en las leyes a las que he hecho referencia en
tantas ocasiones, que los municipios inferiores a 5.000 habitantes
tendrán una participación mínima en tributos del Estado que cubra el
70 por ciento del déficit mayor por habitante. Estimado el calendario
de 1993 a 1996, el año que arroja un déficit mayor saben SS.SS. que
es 1995, con un déficit por habitante y año de 22.352 pesetas. Pues
bien, a éste, que es el más favorable para los municipios y el más
oneroso para el Estado, se aplica el 70 por ciento, es decir, se
garantizan 15.646 pesetas en el presente ejercicio, lo cual supone un
incremento del 45,8 por ciento respecto al ejercicio presupuestario
inmediatamente anterior. Esto es lo que tienen garantizado estos
pequeños municipios por los que algunos de los portavoces han
manifestado
su inquietud, inquietud que nosotros no solamente
compartimos, sino que solucionamos a través de la oportuna medida que
se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en la
Ley de acompañamiento.
Si me lo permite el señor presidente, para finalizar diré que he
entendido que el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto no va a
aceptar la enmienda que formula Izquierda Unida, pero me gustaría
hacer un pequeño comentario respecto al tema. Me refiero a las
transferencias de las comunidades autónomas en favor de los
ayuntamientos. Mantenemos la filosofía, porque lo hemos dicho en
nuestro discurso político y yo lo quiero reiterar hoy aquí, de que
hay un pacto local, hay nuevos criterios de financiación y hay un
reto cuya solución debe nacer desde la negociación porque las bases
ya están establecidas. Como quiera que no hay que formalizar
criterios porque éstos ya han sido establecidos y lo que hay que
hacer es negociar e impulsar esa negociación, convenimos en parte en
esa filosofía porque la mantenemos en nuestro discurso político. Es
cierto que a veces las enmiendas se hacen muy rápidamente y la
gramática y las palabras se cuidan en menor medida, pero las ideas y
las bases están; lo único que resta, y es en lo que están trabajando
no sólo mi grupo sino el Gobierno de España, es impulsar ese proceso.
Por estas razones, señor presidente, señorías, desde el Grupo
Parlamentario Popular no vamos a apoyar la moción que ha sido
defendida por el Bloque Nacionalista Galego. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Fernández.
Vamos a proceder a la votación en el bien entendido, señor Vázquez,
de que S.S., como ha anunciado, acepta el añadido de la enmienda del
Grupo Socialista al punto 2, no el añadido al punto 3 y no aceptaba
la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Con este acuerdo, vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.- El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
moción del Grupo Mixto sobre criterios del Gobierno en materia de
financiación de las corporaciones locales y posibles reformas legales
al respecto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 131; en contra, 156; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción del
Grupo Mixto.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
SITUACIÓN DE LAAGRICULTURA Y GANADERÍA ESPAÑOLA ANTE
LA AGENDA 2000 Y LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC).
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 173/000122)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre la
situación de la agricultura y ganadería española ante la Agenda 2000
y la reforma de la política agraria común.
Adelante, señor Centella. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio. Señor Peón, señor Martínez Sanjuán, por
favor, señorías. (Pausa.)
Puede comenzar, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, en estos
momentos cientos de miles de familias de nuestro país están
pendientes del resultado de la recta final de la negociación en torno
a la llamada Agenda 2000, y están pendientes porque de los acuerdos
que se tomen en la Unión Europea esta semana va a depender el futuro
de gran parte del sector agrario de nuestro país.
Cuando se viven los momentos más decisivos de la negociación, nos
preguntamos por qué si sobre la mesa existe una propuesta alemana o
una propuesta francesa, no existe ninguna propuesta formal, completa,
del Gobierno español; por qué no existe, con la claridad que debería
haber existido desde el principio, una postura clara de nuestro
Gobierno. La ministra puede -y creemos que debe- encabezar y seguir
encabezando manifestaciones, pero sobre todo debe de presentar una
propuesta oficial de nuestro Gobierno ante la negociación de la
Agenda 2000. Si hubiese venido a esta Cámara en su momento oportuno,
habría podido tener un amplio respaldo en torno a la postura que
nuestro país necesita defender en el marco de la Unión Europea.
Nuestro país, en la negociación que hubo en torno a la OCM del
aceite, tuvo un planteamiento claro, que se plasmó en diversos
acuerdos parlamentarios, que luego tomó forma en el llamado Informe
Jové. Todos reconocimos que los acuerdos parlamentarios sirvieron de
bastante, así como el llamado Informe Jové. ¿Por qué en este momento
no se ha querido buscar ese camino? ¿Por qué en este momento nuestro
Gobierno, el Partido Popular, está tan falto de iniciativa política?
Está tan falto que ni siquiera ha llegado a presentar una alternativa
a la propuesta que trae nuestro grupo aquí. Esto nos parece bastante
grave, porque, señorías, no se puede decir una cosa en Bruselas y
luego no querer que esta Cámara respalde con sus votos lo que se
trata de decir fuera de esta Cámara. No se pueden hacer discursos
como el que hizo el vicepresidente la semana pasada en esta Cámara y
luego no querer comprometerse. En ese caso lo que se está intentando
es utilizar un doble lenguaje o, peor, ocultar
un acuerdo al que ya ha podido llegar nuestro presidente del Gobierno
con otros presidentes de Gobierno de la Unión Europea. Creemos que
puede haber trampas en esta negociación, creemos que el presidente
puede haber dado ya por perdida la batalla. Por eso, se trata de huir
de cualquier acuerdo parlamentario que aunque no ate al Gobierno, sí
que lo ponga en evidencia, así como al Partido Popular.
Por ello, señorías, traemos una moción esta nocheaquí bastante
simple; una moción que no ata al Gobierno. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Centella; discúlpeme.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Repito que traemos una moción que sirva de punto de encuentro, una
moción que, como ya explicaremos, no va a atar al Gobierno, sino que
puede reforzar la postura española si de verdad creemos en ella. Es
una moción que responsabiliza a cada uno de los grupos que hoy nos
comprometemos aquí con nuestros votos.
Al presentar esta moción debemos repetir, una vez más, que para
nosotros la Agenda 2000 plantea perspectivas financieras de la Unión
Europea, y lo hace con la excusa de apostar por una ampliación hacia
los países del Este, cuando en realidad lo que está haciendo es
situar a nuestro sector agrario en una negociación a la baja de la
política agraria en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
Este paquete financiero coincide con la fijación del euro como moneda
única y con el proceso de convergencia nominal, sostenido por el
Pacto de Estabilidad, lo que significará, entre otras cosas, no nos
engañemos, una consolidación de la política restrictiva, con una
fijación del presupuesto nacional y la prioridad del IPC sobre otras
variantes, todo ello bajo esa batuta del Banco Central Europeo que,
no vamos a repetir una vez más, está fuera de cualquier control
democrático.
La Agenda 2000 pretende asumir nuevos retos -se dice-, como la
ampliación del Este, con una menor aportación. Señorías, como
decíamos la semana pasada, no nos engañemos, no se puede cuadrar el
círculo, y lo que estamos ocultando es que se está intentando abrir
nuevos mercados y además pagar menos por la misma.
Nosotros creemos, y así va nuestra moción, que en estos momentos es
cuando hay que situar en primer plano la defensa de nuestra
agricultura, la defensa de uno de los sectores más productivos de
nuestro país y hacerlo con todas las consecuencias, con una postura
clara, con una moción como la de hoy que la reforzaría. Es una moción
perfectamente asumible por todos los grupos; una moción que como
primer elemento plantea que no se negocien a la baja las ayudas
actuales a la política agraria común. Eso es algo que debería ser
evidente y algo que nuestro Gobierno tiene que
defender y conseguir porque, en caso contrario, estaríamos condenando
a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos a pagar esa mala
negociación de nuestro Gobierno. No es justo que una vez más sean la
agricultura y la ganadería quienes paguen los platos rotos de un mal
Gobierno.
También planteamos en nuestra moción un segundo elemento y es que no
se admita de ninguna manera la renacionalización de las ayudas. Es
evidente, y ya lo decíamos la semana pasada, que no lo planteamos
solamente porque eso perjudique los intereses españoles, sino porque
volver a las aportaciones nacionales de la ayuda de la PAC
significaría acabar con la cohesión europea, acabar con esos
principios europeos que tanto dicen algunos defender cuando presentan
el euro, pero que luego a la hora de la verdad vemos cómo todo se
convierte en pura palabrería y, al final, lo que queremos es
convertir a la Unión Europea en un puro mercado de intereses, en un
puro mercado especulativo. Por tanto, creemos que es una propuesta
simple, y que no nos digan que eso ata al Gobierno.
El tercer elemento que planteamos es que hay que avanzar en la
modulación de las ayudas, que no es justo que un número pequeño de
propietarios como la duquesa de Alba o como la reina de Inglaterra
reciban ayudas muy por encima de las que reciben el conjunto de los
cientos de miles de agricultores que son los que, de verdad,
mantienen el campo, el empleo y que, de verdad, hacen que se asienten
territorialmente las poblaciones. No es justo eso y no tiene otro
camino que la modulación. Por tanto, que no se nos diga como se nos
dijo aquí la semana pasada que todos los países tienen que entrar por
el mismo sistema. Si planteamos esa premisa, evidentemente estamos
negando la posibilidad de que exista esa modulación. Por tanto, en
este tercer elemento todos podemos coincidir.
El cuarto elemento que planteamos es la necesidad de que haya un
debate agrario en profundidad, en el cual se sitúe de verdad el
futuro de nuestra agricultura y de nuestra ganadería en el siglo XXI.
Así lo han planteado diversas organizaciones agrarias y así creemos
que debe asumirlo esta Cámara. El reto de la agricultura es
considerar que aquel que es especulador, aquel que viene a servirse
del campo y no a ser, como ha sido toda la vida, gente que consiga
mantener la economía española, no es agricultor. Ese debate es
necesario y es nuestro cuarto elemento.
En resumen, es una moción muy de mínimos, una moción que no ata el
Gobierno, salvo que el Partido Popular no quiera comprometerse en
algo en lo que ya su presidente, en lo que ya su Gobierno se ha
comprometido. Por eso, nos tememos que la falta de iniciativa del
Partido Popular no evidencia nada más que ese pacto oculto que puede
existir ya, por el cual nuestro Gobierno ha dejado una vez más solos
a los agricultores, a los ganaderos. Por tanto, nosotros creemos en
estos momentos que sería muy importante que hoy aquí saliese
reforzada la postura de nuestro país, no la del Gobierno ni la de
ningún grupo político, la postura
de los miles de agricultores y ganaderos, de agricultoras y ganaderas
que el día 20 se manifestaron por las calles de Madrid y que ayer lo
hacían en Bruselas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego concluya.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Como decía, ayer lo hacían en Bruselas, evidenciando, por otra parte
también, una vez más, los múltiples déficit democráticos que tiene la
Unión Europea.
Pensamos que es una moción que puede ser muy importante y muy asumida
y la ofrecemos, con esa sinceridad, para que sirva de encuentro.
Entendemos que el hecho de que el Grupo Popular no haya presentado
enmienda alguna no debe significar una ruptura y queremos situar ante
su responsabilidad al Partido Popular, a Convergència i Unió y al
resto de los grupos parlamentarios, que tienen que optar, que tienen
que elegir, porque no se puede estar al lado del sector agrario en
las manifestaciones, no se puede estar al lado del sector agrario y
ganadero en las ruedas de prensa, para luego venir a esta Cámara y no
comprometerse con el voto, que es como se comprometen las cámaras
parlamentarias.
Creemos que nuestra moción, repito, puede ser un buen lugar de
encuentro, pero son ustedes, señorías del Grupo Popular, señorías de
Convergència i Unió, las que eligen. Ustedes pueden elegir esta noche
situarse al lado de los agricultores.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego concluya.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Concluyo, señor presidente.
Ustedes pueden elegir, como decía, situarse al lado de los ganaderos
y de los agricultores españoles, o pueden elegir situarse en contra,
pero es evidente que después de esta noche ustedes no podrán repetir
ejercicios de cinismo político, que no es otra cosa el apoyar
manifestaciones y luego venir a esta Cámara y votar en contra de lo
mismo que se defiende en esas manifestaciones.
Por tanto, termino pidiendo el voto favorable para esta moción y
creyendo que es posible, porque otra cosa, repito una vez más, no
sólo evidenciaría que ustedes están en contra del sector agrario sino
que su Gobierno tiene ya un pacto hecho para acabar cediendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino refiriéndome a las enmiendas
presentadas. Si el Grupo Popular estuviese dispuesto a votar nuestra
moción, la plantearíamos tal y como está. Si por parte del Grupo
Popular y
de Convergència i Unió no se manifiesta ese apoyo, como creemos que
las enmiendas presentadas tanto por el Grupo Socialista como por
Unión Valenciana vienen a completar nuestra moción, aceptaríamos la
enmienda del Grupo Socialista y aceptaríamos también parte de la
propuesta de Unión Valenciana, porque aunque pensamos que no va bien
enumerada, creemos que los dos primeros párrafos pueden formar un
punto 5, siempre que se sustituya lo de producción agrícola
mediterránea por producción agrícola de interés para nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
S.S. debe concluir. Además está apurando un trámite que debe
satisfacer a continuación de la exposición de los grupos
parlamentarios, que es la aceptación o no de las enmiendas. Le ruego
concluya con la máxima brevedad.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, trataba de ahorrar tiempo,
pero ya que S.S. no me lo permite, lo dejaré para después.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Démoslo por
tiempo ganado.
Muchas gracias, señor Centella.
Efectivamente, han sido presentadas enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unión Valenciana ante un tema de gran
virtualidad y de una gran realidad, de una posiblemente dura realidad
o de un duro revés, tal como están aconteciendo los hechos.
El documento de la Agenda 2000, bajo el título de Por una Unión más
fuerte y amplia, plantea diversos extremos que van a incidir en el
futuro de la Unión Europea, de cara al año 2000 y hasta el año 2006.
Hoy el debate que nos ocupa es, después del reto de la ampliación de
la Unión Europea, la propuesta de un nuevo marco financiero para esos
años, sobre todo en cuestiones de la política agrícola común. El
porqué de la Agenda 2000 creo que está más que justificado: la
ampliación de la Unión Europea, las nuevas negociaciones comerciales
multilaterales derivadas de la Ronda Uruguay, que se van a iniciar a
finales de este año, y sobre todo acordar un nuevo marco financiero
estable y definido de antemano.
Sin embargo, en la cuestión agraria se marcan unos objetivos que son
difusos y que no parecen definidos con claridad para el futuro de la
agricultura española y, sobre todo, para el futuro de la agricultura
mediterránea. En ese análisis de los objetivos y de ese marco
financiero, indudablemente aparece una primera duda, la de por qué no
se habla de compromisos firmes para
ese marco financiero, respecto al futuro de los productos agrarios
del Mediterráneo, comentarios que brillan por su ausencia en esa
Agenda 2000.
Es importante poner encima de la mesa que esta Agenda 2000 tiene una
clara y rotunda línea de indefinición sobre el modelo de agricultura
europeo que queremos diseñar para los próximos años, porque más bien
parece que, al revés, el documento evita pronunciarse sobre el futuro
de esa agricultura europea y principalmente sobre el futuro de la
agricultura mediterránea.
En Unión Valenciana estamos de acuerdo con los planteamientos que ha
presentado Izquierda Unida, pero le hemos añadido unos puntos en los
que pretendemos que se ponga con firmeza encima de la mesa las
reivindicaciones de las producciones agrarias eminentemente
mediterráneas, por la importancia que tienen en el conjunto del
Estado español, en la política agrícola común y, sobre todo, por lo
que en la producción agrícola final significan estas producciones
agrarias mediterráneas típicas, como son las frutas y hortalizas, el
olivo, el vino, el tabaco y otros sectores que pasan desapercibidos
en la política agrícola común y en los compromisos de la Agenda 2000.
Pensamos que principios como el de preferencia comunitaria y el de
solidaridad financiera deberían aparecer claramente recogidos en esta
Agenda 2000 para que nuestro Estado diera un sí, porque hay mucho en
juego. Estamos hablando de la importancia económica, de la
importancia medioambiental y del futuro de miles y miles de puestos
de trabajo y millones y millones de jornales a partir del año 2000
hasta el 2006.
Por eso lo que solicitamos es instar a las autoridades nacionales
españolas a que pongan todos los medios a su alcance para defender
las producciones mediterráneas dentro del conjunto de la PAC, y que
en la negociación deben considerarse prioritarios e innegociables los
fondos de la PAC para que se pueda modernizar y hacer competitiva la
agricultura española, la agricultura mediterránea, ante los retos del
siglo XXI.
Presentamos estas propuestas con ánimo constructivo porque hay mucho
en juego, pensamos que la agricultura mediterránea y la agricultura
española necesitan de un apoyo firme ante la Unión Europea y sobre
todo que los caprichos de Austria y Alemania no pueden significar que
el Estado español se convierta en un Estado de servicios, en un
Estado del turismo y no tenga ninguna rentabilidad, ninguna
viabilidad y ningún futuro una agricultura que ha sido fundamental en
el desarrollo económico de nuestro Estado, y que si pagamos la
factura de la PAC del año 1992, la agricultura mediterránea y la
agricultura española no están dispuestas a seguir siendo moneda de
cambio y a pagar la factura de la PAC y de la Agenda 2000.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, salgo para defender la enmienda de mi grupo, que
ya ha sido aceptada por Izquierda Unida en su turno. Es una enmienda
que está destinada fundamentalmente a insistir en la modulación de
las ayudas. Dado que nuestros recursos propios son escasos, dado que
desgraciadamente nos movemos en una situación de penuria financiera y
de recorte financiero gracias a cómo está llevando las negociaciones
el Grupo Popular, se hace más importante que nunca que estos recursos
se repartan de la mejor manera posible, y un reparto eficaz de los
recursos conlleva que se haga en función de los principios de
equidad, en función de que nuestra agricultura y nuestras
explotaciones agrarias hayan de ser lo más competitivas posibles, en
función de la generación de empleo, y también considerando, cómo no,
otros elementos de carácter medioambiental o posible desertización,
bien del suelo o bien poblacional. Todo ello se debe de aplicar por
cultivos.
En su conjunto consideramos que la enmienda es necesaria y también
que la moción que ha presentado Izquierda Unida es pertinente y por
eso vamos a apoyarla.
No podemos por menos que lamentar profundamente cómo se están
llevando a cabo las negociaciones por parte del Grupo Popular. En
primer lugar, lo que lamentamos es que no hemos conseguido saber en
esta Cámara cuál es la posición del Gobierno y del grupo que lo
sustenta, ni por activa ni por pasiva; unas veces era que no podían
adelantar nada porque aquello comprometía la negociación; otras veces
se nos decía, y además con palabras muy altisonantes, que cómo se
pedía que el Gobierno se pudiese posicionar en esto o en aquello; y
ahora estamos descubriendo lo que ocurría, que es que el Grupo
Popular y algún otro grupo que le apoya no podían darnos ninguna
posición porque no la hay. Conocemos cuál es la posición alemana en
la negociaciones y conocemos cuál es la posición francesa, pero
desconocemos totalmente cuál es la posición española. Sí conocemos
que, de manera muy atípica, la ministra de Agricultura no encuentra
un lugar oportuno para reunirse con las organizaciones profesionales
agrarias y lo tiene que hacer en un locutorio. Eso sí lo conocemos y
los poderes mediáticos nos lo han dicho por activa y por pasiva.
También conocemos lo que decía anteriormente el jefe del Gobierno,
señor Aznar, de cómo aquél que pedía determinados fondos era un
pedigüeño, por aquello de que pedir y pedigüeño se relaciona. Y
ahora, ¿cómo tenemos nosotros que calificar a quienes, de entrada,
nos dicen que vamos a perder 200.000 millones de pesetas en las
ayudas de la PAC, y nos lo dicen sin parpadear? ¿Qué calificativo les
podemos dar a negociadores de esta naturaleza?
Sólo hay una preocupación del Partido Popular y es la preocupación
mediática, la de ganar la batalla de los medios de comunicación, y
que el sector agrario pierda las posiciones que tiene le importa
poco. Ya hemos perdido un 5,5 o un 6 por ciento, según datos del
Eurostat y del propio Gobierno, en renta agraria y somos el único
país del euro que ha tenido pérdidas de esta naturaleza. Es más.
Hemos perdido el 1 por ciento más en renta de lo que ha perdido
cualquier otro país del ámbito del euro. Si ahora perdemos estos
200.000 millones, estaremos en una pérdida de un 6 por ciento más de
media, que en Galicia, cornisa cantábrica y la cuenca del Duero se
transforma en tres o cuatro veces más. Es decir, el Grupo Popular va
a echar, aproximadamente, a 50.000 explotaciones del sector agrario.
Esa es la política que en estos momentos tenemos, porque las
concreciones son: que se acepta el 30 por ciento de la bajada de
bovino, que se acepta el 20 por ciento de la bajada del precio de
cereales, que se acepta el 15 por ciento de la bajada del precio de
la leche. Y en el precio de la leche, casualmente, lo que se va a
intentar es lavar la cara diciendo que se consigue una cuota del
orden de medio millón o 600.000 toneladas más de leche. (Rumores.) Y,
dicho sea de paso, se van a olvidar de decirnos lo que gana Francia,
se van a olvidar de decirnos que Francia gana un millón y pico y
Alemania más. Y se van a olvidar de decirnos que lo que ocurre es que
la presión de la leche francesa produce una tendencia de precios a la
baja y previsiblemente tengamos un hundimiento del precio de la
leche. Así es como hay que decir las cosas. Estamos al borde del
hundimiento del sector lácteo, como consecuencia de una negociación
en la cual lo único que se pretende es tener algo donde asirse, un
punto mediático, no un punto de política real de defensa de los
intereses de los ganaderos. (Rumores.) Y análogamente nos va a
ocurrir con la carne de bovino y con los herbáceos, porque ¿cómo va a
quedar el maíz de regadío? ¿Va a subir o va a bajar? La renta de los
maiceros ¿va a subir o va a bajar? Va a bajar, y mucho. Y nos van a
decir: Esto ha sido un éxito, antes teníamos 2.650 kilos por hectárea
y ahora hemos conseguido 2.800/2.900 de media. Y se olvidan de
decirnos que en el mismo saco han metido el maíz, han metido el
girasol, en el mismo saco han metido todo y las rentas de los
maiceros, las rentas del girasol, las rentas de cada uno de ellos
bajarán. ¿Cuánto girasol vamos a tener después de la negociación?
¿Vamos a seguir teniendo un millón de hectáreas de girasol o medio
millón? ¿Cuánto girasol vamos a tener, cuánto maíz vamos a tener?
Estas son las preguntas a las cuales tenía que haber respondido el
Gobierno, estos son los documentos que nosotros le pedíamos, estas
son fijaciones de criterios, esto es lo que le hemos estado pidiendo
al Gobierno y al Grupo Popular. ¿Y qué es lo que hemos conseguido
hasta ahora? Lo único que hemos conseguido es alguna votación
sorprendente. Por ejemplo, que ustedes se opusiesen a una
interpelación nuestra para que todas las ayudas tuvieran que estar
financiadas por Bruselas,
a eso se han opuesto ustedes, han votado que no. ¿Y por qué han
votado que no?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego concluya.
El señor AMARILLO DOBLADO: Termino, señor presidente.
Claramente, porque no querían caer en una contradicción flagrante, no
querían que después viniéramos con el «Diario de Sesiones» a decirles
que votaron aquí que la financiación iba a ser íntegramente a cargo
de Bruselas y resulta que no es así. Eso es lo único en claro que
hemos conseguido hasta ahora.
Lamentamos muchísimo cómo se está desarrollando la negociación,
lamentamos muchísimo cómo se ha tratado la cuestión en este
Parlamento, lamentamos muchísimo que no haya ni un solo documento del
Grupo Popular en el que podamos avanzar cuáles son sus posiciones,
qué es lo que realmente están defendiendo, cuál es su estrategia. No
hay estrategia, lo único que se intenta en la negociación es salir lo
menos mal posible y poner en marcha toda la máquina de propaganda
-desgraciadamente no podemos decir de información, tenemos que decir
de propaganda, por llamar a las cosas por su nombre- del Grupo
Popular con el fin de ganar el poder mediático e intentar ganar la
imagen.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Pero a los agricultores no les engañan
ustedes, y esta vez espero que tampoco engañen a la población urbana
como han hecho otras veces.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para señalar que Iniciativa per Catalunya-
Els Verds votará a favor de la moción.
Nos parece una moción muy oportuna y votaremos que sí. Precisamente
hoy la Presidencia alemana está manteniendo sus rondas bilaterales de
negociación con España. Pero, señor Centella, no estoy de acuerdo con
el tono porque, si todo está perdido, ¿qué hacemos aquí discutiendo?
Todo no debe estar perdido, si todo estuviese perdido no podríamos
estar exigiendo, y yo me niego a no exigir hoy aquí, desde la Cámara,
que el Gobierno siga negociando y que incremente su presión. Ya
sabemos que es un momento difícil para España
y para todos los países. Ayer en Bruselas había agricultores de
todos los países de la Unión Europea. Todos lo tienen muy mal, pero
nosotros lo tenemos mucho peor, porque los países del Norte
arreglaron sus organizaciones comunes de mercado hace mucho tiempo
y además sus rendimientos son muy superiores a los nuestros.
La situación es muy difícil y yo quisiera que hoy de aquí pudiésemos
salir con un mínimo consenso, porque realmente las negociaciones
requieren de ese consenso y de una exigencia. Además, señorías, creo
que la ministra y el Gobierno -y acabo- deben saber que la
negociación en Bruselas es muy dura, pero que la negociación en el
Estado español todavía lo va a ser más, porque si entramos en un
momento de vacas flacas, vamos a ver cómo se van a repartir de forma
equitativa los recursos, pocos o muchos, que a partir del año 2006
nos queden de la Unión Europea.
Por eso, señorías, pido que se realice ese debate sobre la
agricultura a nivel del Estado español y que se produzca una gran
concertación con las organizaciones profesionales agrarias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con gran brevedad, señor presidente,
porque ya en el «Diario de Sesiones» del pasado Pleno tuve ocasión de
intervenir en una materia similar.
Tengo que volver a decir lo siguiente. En primer lugar, no podemos
hacer un catálogo de mociones en las que dominen la voluntariedad, el
idealismo o el deseo de conseguir horizontes que ni siquiera están en
el marco de la negociación.
En segundo lugar, al Gobierno se le señalan unos objetivos, pero todo
Gobierno tiene que tener la flexibilidad y la libertad de poder
instrumentalizar los medios y las vías para llegar a alcanzar esos
objetivos.
En tercer lugar, dentro de la política general agraria hay principios
que todos suscribimos, como el mantenimiento de las rentas agrarias.
Habría que decir si dentro del mismo están determinadas
explotaciones, minifundistas o latifundistas. Estamos viendo que el
gran debate que existe en este momento en los países en que las
rentas agrarias son un componente muy importante de su estabilidad
económica y social es a quién está favoreciendo la política actual de
la Unión Europea, por si hay que hacer un reacoplamiento de dichas
rentas.
Finalmente, señores de Izquierda Unida, los consensos no se pueden
obtener a través de este tipo de iniciativas. Deseamos un consenso,
pero un consenso empieza mucho antes con una negociación en esta
Cámara. El consenso no puede venir a la trágala,requiere un punto de
partida en el que haya una connivencia
de intereses políticos, económicos y de negociación con esta
actuación. Si se trata de hacer esto de una manera tan singular, por
un solo grupo proponente, los consensos no se van a alcanzar nunca.
Tenemos que hablar de ello los grupos parlamentarios mucho antes,
para venir con textos de máxima aproximación.
En cualquier caso, tal como está la situación negociadora en este
momento, flaco servicio le haríamos al Gobierno desde el Parlamento
si le condicionáramos con un texto por el que conocerían las otras
partes los objetivos fijos y encorsetados con los que se le condena.
Yo, desde luego, si tuviera que llevar ese papel a una negociación
diría que se buscaran otro negociador, porque me habrían quitado los
instrumentos más importantes en una mesa de negociación. Pidamos
después, a través del control parlamentario, cuentas del resultado de
esta negociación; pero el hecho de la negociación en sí mismo es
competencia del Ejecutivo, del Gobierno.
Coalición Canaria quiere ser consecuente con la línea política de sus
pactos de apoyo y vamos a votar que no a esta moción, porque
implicaría una deformación de la forma y de los métodos con que un
país tiene que conseguir sus objetivos, en este caso en cuanto a la
política agrícola común en la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), tiene la palabra el
señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el desarrollo de la Agenda 2000 es motivo de gran
preocupación para el sector agrario, sobre todo por lo que supone
para las pequeñas explotaciones que, no hay que olvidarlo, son las
que más empleos dan..
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Caballero.
Señorías, les ruego que desconecten sus teléfonos móviles. Como ven,
interfieren con la megafonía del hemiciclo.
Continúe, señor Caballero. Gracias.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Decía que no hay que olvidar que las
pequeñas explotaciones son las que más empleo están creando en el
mundo agrario.
En relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, estamos de acuerdo con los puntos uno,
dos y cuatro. Respecto al punto tres, de modulación de las ayudas,
entendemos que una propuesta más eficaz que la efectuada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida sería la que plantease, en
primer lugar, el límite máximo de ayudas para la explotación en
50.000 ecus y, alternativamente, se podría establecer un límite
decreciente
como el que propone el Parlamento Europeo en su informe de 21 de
octubre de 1998.
En segundo lugar, habría que plantear la redistribución por la
Comisión Europea de los recursos así ahorrados que se utilizarían
para reforzar la dotación presupuestaria de las medidas incluidas en
el reglamento único de desarrollo rural, en particular de las medidas
agroambientales y para completar las ayudas directas correspondientes
a zonas de agricultura de montaña.
A pesar de estas consideraciones sobre la modulación de las ayudas de
la PAC, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a apoyar la moción
presentada por Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Caballero.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, a nadie se le escapa que en materia
agraria, con toda seguridad, nos esperan unos meses difíciles. Los
portavoces de agricultura que tuvimos la oportunidad de debatir en
Bonn con los diputados alemanes sobre el futuro de la PAC ya sabíamos
que con posterioridad a las elecciones generales en Alemania
propondrían la aprobación de la Agenda 2000, pero que su contribución
era excesiva y, sobre todo, que eran los que más aportaban. La
modificación tendría que tener un perfil más adecuado a las
necesidades del proyecto agrario alemán. Así de claros y contundentes
fueron los diferentes grupos políticos, por unanimidad.
Han pasado unos pocos meses, las elecciones alemanas ya se realizaron
y ahora son los socialistas alemanes quienes ponen encima de la mesa
un tema tan controvertido como es la aprobación de la Agenda 2000 y
sobre todo la financiación del presupuesto comunitario, en un momento
en que la Unión Europea se amplía y los nuevos socios son básicamente
productores agrarios. De hecho, hemos entrado en una dinámica
peligrosa para el sector. Hace unos días, en una tertulia
radiofónica, escuchaba a alguien que afirmaba con rotundidad -como se
acostumbra a hacer en esos sitios- que el 40 por ciento del
presupuesto comunitario, el que se dedica a la política agraria, sólo
afecta de una forma directa a un 4 ó 5 por ciento de la población
comunitaria y, por tanto, el tema no era muy preocupante. Aquí se
equivocaba el tertuliano, como también se podría equivocar el
Gobierno si en la negociación utilizase la financiación agraria como
contrapartida, como moneda de cambio para mantener los fondos de
cohesión. ¿Cuál es la situación actual? Que la Comisión, atenta a los
intereses de la Organización Mundial del Comercio, antes de que en el
marco de la ronda de Singapur se inicie la negociación comience ya un
proceso de
apertura. ¿Alguien cree que es lógico que en una negociación que
sabemos de antemano que va a ser difícil, incluso antes de iniciarla,
se puedan hacer ya las concesiones?
Otro de los ejes de la reforma es la mundialización de los precios.
La equiparación de precios de producción con los precios mundiales no
puede ser atribuida exclusivamente al productor, ya que en el proceso
productivo inciden una serie de factores, una serie de costes
fundamentales para la confección del precio final que el productor no
puede controlar, como puede ser la fiscalidad, la estructura de la
explotación, los costes energéticos, los costes sociales o
medioambientales, que impiden esa confluencia de costes.
Resumiendo, estamos intentando unificar precios entre sistemas
productivos no homogéneos; quieren que el agricultor sea capaz de
competir en el libre mercado con un producto que está altamente
intervenido en su producción y que además le exige unos costes
adicionales de carácter social y medioambiental que no soportan otros
productos de idéntica calidad, todo ello agravado por la propuesta de
países como Alemania u Holanda de renacionalizar las ayudas
comunitarias, de hecho eso representaría un grave retroceso sobre la
situación actual y pondría la agricultura de los países
económicamente más débiles en una situación muy difícil.Sobre todo es
absolutamente inadmisible que, una vez se ha asegurado la
financiación de los cereales, de la carne de vacuno, de la leche,
recaigan una vez más sobre el resto de las OCM, maltratadas de forma
constante en el pasado, los costes de la integración de los nuevos
Estados.
Por tanto, quiero que quede constancia de la preocupación de nuestro
grupo parlamentario por la problemática que se avecina. Estamos
plenamente convencidos de que la ministra y el conjunto del Gobierno
conocen perfectamente bien cuáles son nuestras posiciones al respecto
y, por tanto, su obligación es negociar y hacerlo bien, sobre todo
porque sobre el conjunto del Gobierno, pero de forma especial sobre
la ministra, recae la representación de todo el sector. En una
situación de esta índole entendemos que lo razonable es cerrar filas
en torno a la gente que está negociando. Nuestro grupo parlamentario
entiende que cualquier debate en este momento que no obtenga la
unanimidad no es positivo y, por tanto, si no hay posibilidad de
llegar a una transacción que se apruebe por unanimidad, nuestro grupo
va a votar en contra.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Pascual. Le ruego que fije posición desde el escaño, señoría.
El señor PASCUAL MONZÓ: Señor presidente, quiero manifestar mi
protesta porque ha habido otros portavoces que han subido a la
tribuna.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual,
si va a dar lugar a una protesta formal, suba usted a la tribuna. Le
he formulado un ruego, pero ya estamos perdiendo el tiempo que
podíamos ganar. Por tanto, ocupe usted cómodamente la tribuna.
El señor PASCUAL MONZÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, normalmente, la mayoría de los portavoces, cuando salimos a
la tribuna, hablamos de la oportunidad de la iniciativa parlamentaria
presentada en esta Cámara, pero tengo que decir, en nombre de mi
grupo, que éste no es el caso. Hay que resaltar la inoportunidad en
este momento de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
En estos momentos estamos en plena negociación del documento de la
Agenda 2000; por tanto, creo que es el peor momento para marear, para
despistar la negociación que está llevando a cabo la ministra de
Agricultura en nombre del Gobierno español. Hay que señalar que a lo
largo de los debates que se han celebrado desde la presentación por
la Comisión del paquete de la Agenda 2000, el Gobierno español ha
demostrado en todos los foros de debate que la defensa del modelo de
agricultura europea y la necesidad de garantizar una financiación
suficiente y adecuada para asegurar la supervivencia, el desarrollo,
la competitividad y la renta de los agricultores es un objetivo
primordial.
En lo que se refiere a la moción que ha presentado Izquierda Unida,
tengo que decir que tanto en el Ecofin como en los consejos europeos
España ha defendido la necesidad del mantenimiento de la línea
directriz agraria, con su definición y método de cálculo actual, a
quince países de la Unión Europea. Pero como ya se ha dicho aquí, la
dificultad negociadora española es doble porque tenemos dos frentes.
Un frente similar al del resto de los Estados miembros, que es la
reforma de la PAC, y un frente suplementario para reequilibrar,
señorías de los bancos socialistas, señor Amarillo, la situación que
gracias al Tratado de Adhesión que ustedes firmaron estamos
soportando. (La señora Leiva Díez: ¡Que ustedes votaron!) Señorías,
también hay que decir que desde el primer momento España se ha
opuesto a cualquier intento de asumir en los presupuestos nacionales
un porcentaje de las ayudas directas actualmente financiadas por el
Feoga-garantía, lo que supondría la renacionalización de la PAC, una
ruptura de los principios de solidaridad financiera y de cohesión,
además de una discriminación entre los Estados miembros en función de
su renta per cápita. Esto, señorías, es totalmente contrario a la
agricultura familiar, a la explotación familiar agraria, cuya
importancia hay que resaltar. En las actuales negociaciones
el Gobierno español está defendiendo la agricultura familiar como
elemento clave de ese modelo de agricultura europea que se pretende
preservar y de un desarrollo sostenido del medio rural.
En cuanto a la tan traída modulación, señorías, el Grupo Popular y el
Gobierno consideran que este asunto es especialmente importante y que
requiere de un total consenso. Hasta ahora, la posición mantenida por
el Gobierno ha sido firme y clara en todo momento, entendiendo que
los ahorros que se produzcan, ya sea por razones de empleo o por
condiciones medioambientales, deben repercutir en los propios
agricultores, esto debe tener carácter obligatorio para todos los
Estados miembros y, además, las medidas que desarrolle la modulación
deben permitir una gestión transparente, no discriminatoria entre los
Estados miembros y de fácil aplicación por todas las administraciones
agrarias. En estos momentos, señorías, es imposible ir más allá de
estos principios, pues todavía no hay una propuesta firme y concreta
de la Unión Europea al respecto. Por tanto, actualmente todos los
debates son prácticamente estériles.
Señorías, se ha dado información exhaustiva en esta Cámara y en el
Senado. Hay que señalar que en lo que a la información se refiere el
Gobierno siempre ha mantenido y seguirá manteniendo una postura de
transparencia total en las negociaciones. También ha disfrutado de
una exquisita coordinación entre los distintos departamentos
ministeriales, cosa que es muy de señalar cuando en otras
negociaciones importantes, como cuando se produjo el acuerdo de Blair
House o la reforma de la PAC de 1992, si en algo se distinguió el
Gobierno de entonces fue en la falta de coordinación, porque un
ministro decía una cosa y otro decía otra. El Gobierno, tanto el
presidente como el vicepresidente y los ministros, han informado
sistemática y puntualmente al Parlamento nacional, a la sociedad en
su conjunto, al sector de las organizaciones profesionales agrarias,
a las cooperativas y a las comunidades autónomas con las conferencias
sectoriales del Ministerio, ha informado sobre los avances que se han
producido en el debate y además tiene la firme intención de seguir
haciéndolo. No en balde ayer mismo la ministra presentó una petición
de comparecencia urgente ante esta Cámara para explicar los
resultados de la negociación de esta semana.
Señorías, señor Chiquillo, precisamente la agricultura mediterránea
se identifica completamente con la defensa por parte de..
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual,
le ruego concluya.
El señor PASCUAL MONZÓ: Voy concluyendo, señor presidente.
La OCM de frutas y hortalizas se consiguió mejorar ostensiblemente
con la llegada de la ministra de Agricultura a la cartera
ministerial, se mejoró una propuesta que el ministro anterior desde
esta tribuna dijo que era
aceptable para España. El señor Jaques Blanc, presidente de la
Comisión Intermediterránea, el pasado 15 de febrero, en la
Conferencia de regiones periféricas mediterráneas, dijo textualmente
que la ministra española era la principal defensora de la agricultura
mediterránea. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué pelota!) No, en
todo caso lo sería el señor Jaques Blanc.
El Gobierno ha defendido y seguirá defendiendo los intereses agrarios
españoles con la máxima firmeza, pero lo que no podemos aceptar, y se
ha dicho muy bien por varios portavoces, por la señora Rivadulla, por
el señor Mardones, por el señor Companys, es un mandato cerrado de
esta Cámara que ate al Gobierno ante unas negociaciones y que sólo
redundaría en detrimento de la mejor defensa de los intereses del
sector. El vicepresidente ya lo dijo en la interpelación el pasado
miércoles: hay que dejar negociar al Gobierno con las manos libres y
luego, señorías, están en su perfecto derecho de hacer oposición
constructiva criticando los resultados, hayan sido buenos o menos
buenos, en esta Cámara.
Señorías, hasta los mismos agricultores tienen una postura mucho más
tolerante y abierta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual,
le ruego concluya.
El señor PASCUAL MONZÓ: Termino, señor presidente.
Esta mañana mismo hemos oído por la radio las declaraciones del
secretario general de la Coag respaldando la actitud de la ministra
de Agricultura en esta negociación. (Rumores.- Aplausos) Por tanto,
señorías, el voto del Grupo Parlamentario Popular va a ser negativo a
su moción. Es una lástima que en unos momentos tan importantes para
el futuro de la agricultura española no se llegue a un acuerdo y el
grupo de Izquierda Unida no haya querido admitir una enmienda in voce
del Grupo Popular para que, como ya se ha dicho antes, haya una
unanimidad en estos criterios, para que a Bruselas llegue una
posición unánime de respaldo de esta Cámara a la negociación que está
llevando a cabo la ministra en defensa de los intereses agrarios
españoles.
Señor Amarillo, de su intervención se deduce que, por desgracia,
parece que ustedes más que respaldar el planteamiento de la ministra
quieren que esta negociación sirva para lavar su mala conciencia de
negociaciones anteriores con un nuevo fracaso de España. (Protestas.)
Eso sería muy malo porque, desde luego, señor Amarillo, los
agricultores tienen muy claro quién está defendiendo sus intereses en
Bruselas y quién viene a esta Cámara a utilizar los intereses de los
agricultores en beneficio propio. Eso, señor Amarillo, señorías, los
agricultores lo saben muy bien. (Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pascual.
Señor Centella, le ruego que exprese casi telegráficamente la
aceptación o no de las enmiendas presentadas a su iniciativa.
(Rumores.) ¡Silencio, señorías! Tengamos la fiesta en paz.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, quiero decir que no hemos
aceptado la enmienda transaccional que se nos ha planteado por el
Grupo Popular porque..
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
el turno no es para decir lo que no acepta de las enmiendas.
Exclusivamente exprese la aceptación o no de enmiendas planteadas por
el Grupo Socialista y por el Grupo Mixto.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, le recuerdo que cuando
estaba intentando argumentar nuestra opinión sobre las enmiendas
usted me dijo que lo hiciese en el turno final.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
éste es el momento en el cual usted debe expresar la aceptación o no
de las enmiendas. Adelante.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Decía que la enmienda transaccional del
Grupo Popular..
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
se lo reitero. Yo no sé si me estoy explicando muy mal. Su señoría
tiene que expresar exclusivamente si acepta o no las enmiendas que
existen, y las que hay son la del Grupo Socialista, por un lado, y la
del Grupo Mixto, por otro. Todo lo demás no forma parte del turno de
intervención que el Reglamento le concede a S.S.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Entiendo que tenía la obligación de
manifestarlo, ya que se ha hecho una alusión por parte del portavoz
del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Lo entiende
mal, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Entiendo que la actitud de la mesa está
impidiendo esa explicación, ya que se ha hecho por parte...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
se lo reitero. Le ruego que se ciña al Reglamento. El turno le
corresponde para explicar la aceptación o no de las enmiendas
presentadas, porque después hay que votar en consonancia con su
manifestación.
El señor CENTELLA GÓMEZ: La Presidencia me interrumpió cuando estaba
interviniendo y me impidió terminar.
Dicho eso, para no alargarme más, quiero decir que aceptamos la
enmienda del Grupo Socialista. Como decía en mi intervención, de la
enmienda de Unión Valenciana cambiaríamos en el primer párrafo:
mediterráneas por: de interés para nuestro país, quedando íntegro el
segundo, en donde sí se hace alusión al tema mediterráneo. El último
párrafo, aun estando de acuerdo, no lo aceptamos, ya que
correspondería a otra iniciativa. En el momento en que Unión
Valenciana la presente, nosotros la apoyaremos. Por lo tanto,
quedaría el punto 5 con los párrafos uno y dos y el punto 6 con el
párrafo siguiente. Aceptaríamos la enmienda del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños.
Vamos a proceder a la votación.
Votación de la moción del Grupo de Izquierda Unida sobre la situación
de la agricultura y ganadería española ante la Agenda 2000 y la
reforma de la política agraria común en los términos resultantes del
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
280; a favor, 124; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La sesión continuará mañana a las dieciséis horas.
Se suspende la sesión. Buenas noches.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.