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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 213, de 17/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 213
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 205
celebrada el miércoles, 17 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 11416)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre control del gasto
farmacéutico y derechos de los pacientes (número de expediente 172/
000133) . . . (Página 11438)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre criterios del Gobierno en
materia de financiación de las corporaciones locales, y posibles
reformas legales al respecto (número de expediente 172/000134) . . .
(Página 11442)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
situación de la agricultura y ganadería española ante la Agenda 2000
y la reforma de la Política Agraria Común (PAC) (número de expediente
172/000135) . . . (Página 11449)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 11416)
Del Diputado don Pedro Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo.
Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno
para erradicar la discriminación salarial y laboral que padecen los
trabajadores de las empresas de trabajo temporal? (Número de
expediente 180/001575) . . . (Página 11416)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Mantiene Vd. hoy el mismo criterio que sostuvo con firmeza como jefe
de la oposición sobre la creación de comisiones de investigación, en
aras de la transparencia democrática? (Número de expediente 180/
001576) . . . (Página 11417)
Del Diputado don Gabriel Cisneros Laborda, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno de laincidencia que, para la política exterior de España,
pueda tener la decisión del Parlamento Vasco de prestar su sede para
una reunión de militantes del llamado «Partido de los Trabajadores
Kurdos», pretendidamente autoproclamada «Asamblea Kurda en el
exilio»? (Número de expediente 180/001588) . . . (Página 11418)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Persiste el Sr. Piqué en
negarse a asumir su responsabilidad política ante las graves
irregularidades en la concesión de subvenciones del MINER? (Número de
expediente 180/001577) . . . (Página 11420)
Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno
sobre la posición de la Comisión Europea, en relación con los costes
de transición a la competencia en el sector eléctrico? (Número de
expediente 180/001578) . . . (Página 11421)
Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
papel espera el Gobierno que juegue la Fundación para el Desarrollo
de las Industrias Marítimas en relación con la mejora de la
competitividad del sector naval? (Número de expediente 180/001593)
. . . (Página 11422)
Del Diputado don Salvador Sanz Palacio, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Está pensando el
Gobierno en prestar atención específica a determinadas áreas de
interés tecnológico que refuercen el Programa ATYCA? (Número de
expediente 180/001594) . . . (Página 11423)
Del Diputado don Antonio Landeta Álvarez- Valdés, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Considera el Gobierno que se puede mantener el actual crecimiento
industrial con creación neta de empleo industrial? (Número de
expediente 180/001595) . . . (Página 11424)
De la Diputada doña Mercé Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno, tal y como
sostiene la Seguridad Social en un recurso, que las máquinas han
convertido el trabajo de las empleadas de hogar en algo liviano?
(Número de expediente 180/001573) . . . (Página 11425)
Del Diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Cuándo tiene
previsto el Gobierno promover el Plan de Apoyo al Primer Empleo para
que autónomos y profesionales sin asalariados cuenten con incentivos
suficientes para contratar un primer empleo? (Número de expediente
180/001587) . . . (Página 11426)
De la Diputada doña Dolores García-Hierro Caraballo, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opina la
Ministra de Justicia respecto a la posición que mantiene el Fiscal
General del Estado con respecto a los problemas de obstrucción a la
labor de la Fiscalía de Medio Ambiente originados por el Gobierno de
la Comunidad Autónoma de Madrid? (Número de expediente 180/001580)
. . . (Página 11426)
De la Diputada doña María Dolores Sánchez López, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el resultado de la
investigación abierta por la muerte de la joven nigeriana Julienne
Danielle? (Número de expediente 180/001579) . . . (Página 11428)
Del Diputado don Gerardo Torres Sahuquillo, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera correcto el Ministro de
Fomento inaugurar el comienzo de una obra pública que un mes y medio
después del acto no ha comenzado? (Número de expediente 180/001582)
. . . (Página 11429)
Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno subir
las tarifas, precios o cuotas del teléfono, como consecuencia del
reconocimiento del «déficit de acceso» de la Compañía Telefónica, S.
A.? (Número de expediente 180/001585) . . . (Página 11430)
De la Diputada doña María Isabel Díez de la Lastra Barbadillo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas está llevando a cabo el Ministerio de Fomento para dar
cumplimiento a la moción consecuencia de interpelación urgente
aprobada por el Pleno de la Cámara en fecha 29 de octubre de 1998,
por la que se instaba al Gobierno a adoptar los pasos necesarios para
el establecimiento de una tarifa plana para el acceso a Internet por
parte de usuarios residenciales, PYMES y en centros educativos y
sanitarios? (Número de expediente 180/001589) . . . (Página 11431)
De la Diputada doña Ana Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración le merece al
Ministerio de Fomento el proceso de liberalización del sector de las
telecomunicaciones que se ha llevado a cabo en España en los últimos
tiempos? (Número de expediente 180/001590) . . . (Página 11431)
Del Diputado don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué ha permitido el
Ministerio de Medio Ambiente las obras de construcción de un complejo
hípico en Oviedo, en una de las márgenes del Río Nora, en contra de
lo establecido en la Ley de Aguas y del Reglamento del dominio
público hidráulico? (Número de expediente 180/001583) . . .
(Página 11432)
Del Diputado don Julio Álvarez Gómez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué planes o proyectos tiene
previsto aprobar el Gobierno, y qué participación tendrán las
Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla-León, para la
recuperación y prevención medioambiental de los ríos que discurren
por las comarcas de Valdeorras, Val de Quiroga y el Bierzo, afectados
por la intensa explotación de pizarra? (Número de expediente 180/
001584) . . . (Página 11433)
Del Diputado don Benito Jesús Rego Cobo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está
adoptando el Gobierno para preservar la biodiversidad en el
territorio español? (Número de expediente 180/001591) . . .
(Página 11435)
Del Diputado don Manuel González Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué planes tiene el
Gobierno respecto a la regulación de la responsabilidad civil en
materia medioambiental? (Número de expediente 180/001592) . . .
(Página 11436)
Del Diputado don José Blanco López, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno, acorde con
el pacto contra el transfuguismo, los recientes anuncios del PP de
Galicia, de incorporar a sus listas electorales a alcaldes en
ejercicio, concejales y militantes de otras formaciones políticas?
(Número de expediente 180/001581) . . . (Página 11437)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 11438)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre control del gasto
farmacéutico y derechos de los pacientes . . . (Página 11438)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, sobre control del gasto farmacéutico y derechos de los
pacientes, la señora Amador Millán. Manifiesta que su interpelación
se concreta en una petición de informe sobre los instrumentos de
control de la prestación farmacéutica puestos en marcha por el
Gobierno y la repercusión que estos instrumentos tienen sobre los
derechos de los pacientes. Esboza brevemente las medidas puestas en
marcha por el Gobierno para controlar el gasto farmacéutico,
derivadas fundamentalmente del acuerdo firmado con Farmaindustria, y
asegura que éstas tienen repercusión directa en los derechos de los
pacientes. A continuación se centra en la repercusión que tiene la
implantación del denominado TAIR, el terminal para el control del
gasto farmacéutico,
en la preservación del derecho fundamental de los pacientes a
la intimidad de su historia clínica, y termina su intervención
formulando una serie de preguntas al señor ministro sobre el
particular.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Sanidad y
Consumo (Romay Beccaría). Muestra su extrañeza por las referencias de
la señora Amador a la política del gasto farmacéutico y rechaza las
acusaciones
vertidas en la interpelación sobre la receta blanca, la gestión de
los pañales por parte del Insalud o la de que los medicamentos que se
excluyen afecta a la calidad de la prestación que se da. Opina que
estas críticas no se compadecen con la experiencia de la interpelante
en esta materia, ni con lo que dijeron los socialistas cuando
retiraron medicamentos análogos en el año 1993. A continuación se
refiere al TAIR, terminal para el control del gasto farmacéutico.
Asegura que se trata de un artefacto mediante el cual se consigue una
información muy interesante, desde muchos puntos de vista, sobre la
prestación farmacéutica y otras cosas, y es perfectamente compatible
con el proyecto de informatización general del Sistema Nacional de
Salud, pasando a explicar su funcionamiento. En cuanto a la
preocupación manifestada por la interpelante sobre el derecho a la
confidencialidad de la historia clínica de los pacientes, aclara que
el código de identificación personal por sí solo no permite conocer
la identidad del titular si no se cruza con la correspondiente base
de datos, y el acceso a esa base está totalmente restringido al
personal autorizado, ateniéndose en todo a la regulación del
tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
Replica la señora Amador Millán, duplicando el señor ministro de
Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre criterios del Gobierno en
materia de financiación de las corporaciones locales y posibles
reformas legales al respecto . . . (Página 11442)
El señor Vázquez Vázquez (don Guillerme) presenta la interpelación en
nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que los municipios
constituyen la administración más cercana a los ciudadanos y tienen
la obligación de prestarles una serie de servicios básicos, para lo
que es imprescindible disponer de los medios económicos necesarios,
como establece la Constitución en el artículo 42, nutriéndose
fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del
Estado y en los de las comunidades autónomas. Sin embargo, su grupo
opina que el actual modelo de participación de los municipios en los
tributosdel Estado no garantiza una distribución equitativa
y justa de los fondos que el Estado destina a la financiación de las
corporaciones locales, dando como resultado un sistema de
financiación desigual que no da respuesta a las necesidades reales de
muchos ayuntamientos. Critica los criterios seguidos en los
Presupuestos del Estado de 1999 a aplicar a las transferencias de las
corporaciones locales por participación en los ingresos del Estado,
porque la práctica, en lugar de garantizar una financiación igual en
todos los ayuntamientos, resulta discriminatoria para muchos de
ellos. Manifiesta que al Bloque Nacionalista Galego le parece básico
que el Gobierno se esfuerce en conseguir un modelo de financiación de
las corporaciones locales que resulte equilibrado y garantice la
posibilidad de acceso de los ciudadanos a un nivel de servicio
semejante, independientemente del lugar en el que vivan, y pide al
señor ministro que reflexione sobre la situación singular de la
estructura de la administración local gallega, que se caracteriza por
una población diseminada en un gran número de núcleos, y sobre si con
criterios iguales se puede dar respuesta a necesidades diferentes.
Expone a continuación los criterios de reparto planteados por la
Federación Galega de Municipios y Provincias para tratar de
equilibrar la situación y pide al Gobierno que, a través del ministro
de Administraciones Públicas, explique cuál es su posición respecto a
las demandas planteadas unánimemente por los municipios y fuerzas
políticas de Galicia.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Administraciones
Públicas (Acebes Paniagua). En contestación a la primera parte de la
interpelación, manifiesta que los criterios del Gobierno en materia
de financiación de las corporaciones locales han quedado plasmados en
los acuerdos alcanzados por la Federación Española de Municipios y
Provincias sobre las medidas a adoptar en relación con la
financiación de las corporaciones locales durante el quinquenio 1999-
2003, así como sobre las modificaciones a introducir en el resto de
la normativa contenida en la Ley 39/1988, reguladora de las haciendas
locales. A continuación pasa a exponer dichas modificaciones en sus
líneas generales y explica que estos acuerdos en materia de
financiación local son el complemento necesario e imprescindible del
ya alcanzado en materia de gestión y funcionamiento de las
corporaciones locales, que se ha dado en llamar el pacto local. Por
otra parte, afirma que el Gobierno es consciente de la necesidad de
reforzar la autonomía local y de que ésta ha de ir acompañada de los
recursos necesarios, por lo que llegó a un acuerdo con la Federación
Española de Municipios y Provincias en materia de financiación local,
explicando el contenido del acuerdo y sus objetivos. En cuanto a la
pregunta sobre los criterios de distribución de la participación de
los municipios en los tributos del Estado, responde que los acuerdos
han
recogido como variables de reparto la población, el esfuerzo fiscal
en tributos municipales, las unidades escolares y la consideración de
una financiación mínima a favor de los pequeños municipios.
Replica el señor Vázquez Vázquez (Don Guillerme), del Grupo
Parlamentario Mixto, duplicando el señor ministro de Administraciones
Públicas (Acebes Paniagua).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Perales
Pizarro, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora Fernández
González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cerrando el
debate el señor ministro de Administraciones Públicas.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la
situación de la agricultura y ganadería española ante la Agenda 2000
y la reforma de la Política Agraria Común (PAC) . . . (Página 11449)
El señor Centella Gómez presenta la interpelación del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque consideran que es
imprescindible un debate diferenciado sobre la situación de la
agricultura y la ganadería española ante la Agenda 2000 y ante la
reforma de la política agraria común, que intente despejar en la
medida de lo posible la preocupación que existe actualmente en el
sector agrario ante la posibilidad de que una vez más sea este sector
el sacrificado en una negociación comunitaria. Considera necesario
reafirmar en esta Cámara que hay que mantener el carácter europeo de
la agricultura y la ganadería y que cualquier vía de
renacionalización de la PAC debe ser innegociable para el Gobierno de
España. Su Grupo está de acuerdo en que la ampliación de la Unión
generará necesidades económicas adicionales que tendrán que hacer
frente tanto a la regulación de los mercados como a las mejoras
estructurales productivas de sus explotaciones, pero desconfía cuando
ve que los Estados comunitarios, que son contribuyentes netos, tienen
su interés en ampliar mercados, pero no están dispuestos
a incrementar sus aportaciones al presupuesto comunitario, tratando de
buscar argumentos para conseguir aumentar su beneficio con el menor
gasto posible. Explica los hechos en los que se basan sus temores y
asegura que Europa no se puede construir sin solidaridad, denunciando
el doble lenguaje de quien se llena la boca de europeísmo, pero es
cómplice a la hora de eliminar políticas comunes, básicas para la
integración europea. En consecuencia reclama el mantenimiento de la
PAC por el presupuesto europeo y la modulación de la ayuda, desde la
estricta defensa de los principios de la Unión Europea. Finalmente,
manifiesta que le gustaría oir en la contestación del señor
vicepresidente, aparte de las explicaciones sobre la política del
Gobierno, que se considerará innegociable para España cualquier
reducción de las ayudas de la PAC, hasta dónde se está dispuesto a
llegar en el cumplimiento de ese compromiso y que se va a desarrollar
en nuestro país un verdadero sistema de modulación de las ayudas, un
sistema que sea realmente progresivo y justo.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo).
Comienza subrayando que le parece muy ajustada la petición de que se
produzcan en la Cámara debates diferenciados, incluso de política
general, respecto a la evolución de la Unión Europea, pero añade que
hay que tener en cuenta que la tradición de la Cámara es que se
celebre un debate general cada vez que se celebra una cumbre,
tradición que, por otra parte, viene de legislaturas anteriores. Sin
embargo, anuncia que en este semestre se van a producir, al menos,
tres debates diferenciados sobre la política europea, como
consecuencia de las tres sucesivas cumbres que se van a celebrar. Por
otra parte, la pretensión del portavoz de Izquierda Unida de que la
agricultura es el sector sacrificado en la negociación de la Agenda
2000 le parece una afirmación gratuita, que no se ajusta a la
realidad, aunque reconoce que se está ante una negociación compleja
que, en este momento, no puede considerarse resuelta, y afirma que en
ningún caso el Gobierno español va a considerar que la agricultura
europea en su conjunto, y muchos menos la española, vayan a ser
sacrificadas. Contesta a las críticas efectuadas por el señor
interpelante y asegura que España sigue manteniendo la idea de
preservar una agricultura europea propia, con unas características
específicas, las de la multifuncionalidad, que hacen que el sector
agrario europeo sea mucho más que un elemento puramente económico,
susceptible de un análisis estadístico, sino que también responde
a una influencia en otros ámbitos que constituyen un elemento básico,
por ejemplo, de dos políticas muy esenciales en la Unión Europea,
como es la del equilibrio territorial y la del mantenimiento de
nuestros ecosistemas. Explica, a continuación, la propuesta inicial
de la Comisión -que, en síntesis, es una bajada de precios, con unas
compensaciones para preparar al sector agrario europeo de cara a la
Organización Mundial de Comercio y a la ampliación a las nuevas
democracias europeas-, propuesta con la que España no está totalmente
de acuerdo. Por otra parte, afirma que, en contra de lo que se dice
en la interpelación, el Gobierno español ha denunciado reiteradamente
las ambigüedades e imprecisiones que, a su juicio, contiene la
denominada Agenda 2000, en la que no se reafirman los principios
fundamentales de solidaridad financiera y preferencia
comunitaria, que son los pilares básicos del Tratado de la Unión, y
no se contempla una financiación adecuada para asumir las futuras
adhesiones de los países del Este de Europa. Asimismo expone los
objetivos que se plantea el Gobierno en la negociación y reitera una
vez más que la agricultura y la política agrícola común son objetivos
esenciales del Gobierno del Partido Popular y que están manteniendo
posiciones transparentes, coherentes y constructivas, pero firmes, en
la defensa de los intereses de España y de la política agrícola común
europea en los foros europeos, posiciones que, confía, darán
rendimientos satisfactorios en la negociación final.
Replica el señor Centella Gómez, duplicando el señor vicepresidente
segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Amarillo
Doblado, del Grupo Socialista del Congreso, y Pascual Monzó, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON PEDRO VAQUERO DEL POZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ERRADICAR LA
DISCRIMINACIÓN SALARIAL Y LABORAL QUE PADECEN LOS TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL? (Número de expediente 180/001575).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas orales al Gobierno en el Pleno,
comenzando por las que responderá, como viene siendo habitual, el
señor presidente del Gobierno.
Pregunta número 11, que formula al Gobierno el diputado don Pedro
Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno
para erradicar la discriminación salarial y laboral que padecen los
trabajadores de las empresas de trabajo temporal?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señor diputado, el 1 de enero del año 2000 se producirá la
equiparación plena entre los salarios que perciben los trabajadores
vinculados a empresas de trabajo temporal y los que determine el
convenio de aquel sector al que pertenezcan las empresas en las
cuales desarrollen sus trabajos o sus labores. Eso es lo que
establece el convenio firmado por los agentes sociales y,
naturalmente, el Gobierno velará por su cumplimiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Aznar, la mejor empresa de trabajo
temporal es la que no existe. Su obligación es mantener un servicio
público de empleo que potencie el empleo indefinido; sin embargo,
está usted potenciando las empresas de trabajo temporal, que sólo
realizan un uno por mil de contratos indefinidos y el resto son
contratos con una duración media de seis días. Su obligación es
evitar que las empresas de trabajo temporal violen la ley, quedándose
con más del 50 por ciento del salario de sus trabajadores, no
invirtiendo en formación, creando las grandes superficies sus propias
empresas de trabajo temporal, haciendo listas negras y controles
ideológicos de los solicitantes de su empleo y otras prácticas
ilegales. Pero usted no ha hecho nada para acabar con esta selva sin
ley, pues sabe que estas empresas significan un medio muy eficaz para
tirar hacia abajo de los salarios, tanto en las empresas privadas
como en las administraciones públicas. Ni siquiera está usted
dispuesto a cumplir la Ley de la Función Pública ni el mandato que le
dio este Congreso de que las administraciones públicas se abstuvieran
de contratar a través de empresas de trabajo temporal; ha hecho unos
92.000 contratos directos a través de empresas de trabajo temporal y
sigue permitiendo que el señor Aparicio, en la Seguridad Social,
contrate los trabajos de informatización de datos con El Corte
Inglés, Arthur Andersen, etcétera, que a su vez contrata con empresas
de trabajo temporal, burlándose de este Congreso de los Diputados.
Sabe que las empresas de trabajo temporal son impopulares y por eso
se apresta a dar la falsa sensación de querer reformarlas pero sin
mojarse. Que negocien los sindicatos y la patronal y mientras,
¿piensa usted indemnizar a todas las víctimas del terrorismo laboral
que realizan estas empresas traficantes de jóvenes, devolviéndoles
las partes del salario que los trabajadores han dejado de percibir?
Los jóvenes no se fían de su España de las oportunidades y con razón,
pues la ven desde el prisma del atraco a mano armada que hacen con
ello las empresas de trabajo temporal. ¿Qué medidas ha dicho que va a
tomar para atajar esta situación? Ninguna, señor Aznar, que yo haya
oído. Suprima usted
las empresas de trabajo temporal y potencie definitivamente un
servicio público de empleo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
Después de escuchar a S.S. tendría que decir que comprendía que la
pregunta que me podría hacer es por qué no suprime el Gobierno las
empresas de trabajo temporal. Pero si me pregunta por qué hay
discriminación salarial, le digo que el 1 de enero del año 2000 se va
a producir la equiparación plena, que es exactamente la contestación
a lo que S.S. ha preguntado.
Las empresas de trabajo temporal están reguladas por una ley del año
1994, tienen su reglamento y tienen un convenio nacional vigente en
este momento y, como todas las empresas, están sujetas también a la
Inspección de Trabajo, que tiene, entre sus instrucciones,
directrices de velar por la convergencia salarial. A nosotros, al
Gobierno le interesa, fundamentalmente, y a la sociedad española, el
empleo estable, en donde, como S.S. sabe, estamos avanzando. Le diré
para su información, señoría, que las empresas de trabajo temporal
emplean en un 75 por ciento a jóvenes que no tienen trabajo y que el
30 por ciento de los que trabajan en una empresa de trabajo temporal
quedan finalmente estables en la empresa donde están prestando
servicios, que es una cifra bastante importante y respetable, en mi
opinión. Es verdad que hay un auge muy importante de estas empresas y
también es verdad que hay que estar atentos a lo que significan los
mecanismos de equiparación y de protección social. Es lo que hace el
Gobierno, es lo que ha hecho la ley de acompañamiento y cualquier
reforma legal, señoría, será en el marco del diálogo social, que es
el que quiere promover el Gobierno y es el marco que ha dado buenos
rendimientos en términos de creación de empleo y de interés para los
trabajadores a lo largo de esta legislatura.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿MANTIENE
USTED HOY EL MISMO CRITERIO QUE SOSTUVO CON FIRMEZA COMO JEFE DE LA
OPOSICIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN, EN ARAS
DE LA TRANSPARENCIA DEMOCRÁTICA? (Número de expediente 180/001576).
El señor PRESIDENTE: Pregunta con el número 12, que formula al
Gobierno el portavoz del Grupo Socialista, don Luis Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Aznar, ¿mantiene usted hoy el mismo criterio que sostuvo con
firmeza como jefe de la oposición sobre la creación de comisiones de
investigación, en aras de la transparencia democrática?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señoría, tanto en declaraciones públicas como en el programa
electoral del Partido Popular hemos manifestado la conveniencia de
una regulación de las comisiones de investigación que, entre otras
cosas, contuviera (Rumores.) que su creación no dependiera
exclusivamente de la voluntad de la mayoría. Yo sigo considerando ese
criterio razonable, prudente y sensato y espero que sea recogido en
el nuevo Reglamento del Congreso. (Risas.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. (Rumores.) ¡Silencio,
señorías!
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Señor Aznar, ahórrese después, en la última palabra que tiene usted,
los calificativos que le sugiera esta pregunta, porque estamos ya
habituados a que no responda a lo que nosotros inquirimos, queremos
saber de usted y, sin embargo, consuma el tiempo en lo que a usted le
conviene. (Risas.) Si además de eso los medios de comunicación que
usted controla (Rumores.) silencian a quienes preguntamos, pues miel
sobre hojuelas para usted, señor Aznar.
La oposición la hacemos nosotros, señor Aznar, y no necesitamos,
créame (Rumores.), de sus consejos, lo que necesitamos esta tarde es
saber si usted sigue sosteniendo con la misma firmeza lo que dijo en
el mes de junio del año 1993: que usted era partidario de que esta
Cámara indagase, investigase, llegase al conocimiento de los asuntos
oscuros. Y no se me ampare, que es lo que ha hecho, como su grupo
parlamentario, en el nuevo Reglamento. Está muy bien ese nuevo
Reglamento, estará muy bien, y, por favor, no comprometa con sus
palabras la posibilidad de que ese Reglamento vaya adelante. Pero,
señor Aznar, yo le tengo que recordar con este Reglamento, con el que
está en vigor, que en esta legislatura se creó una comisión de
investigación que ustedes impulsaron. No puede usted olvidar eso
porque, a fin de cuentas, aquí no se trata de una cuestión
reglamentaria, se trata de una cuestión política, de la actitud
política, y la conclusión es que ustedes temen los resultados de una
comisión de investigación. Ustedes tienen miedo de las conclusiones a
las que pueda llegar esa comisión de investigación.
Señor Aznar, ustedes están vaciando de contenido esta Cámara. Lo que
no les conviene lo impiden ustedes en esta Cámara por todos los
medios a su alcance. Ocurrió ayer a altas horas de la noche a
propósito de la posición española en torno a la negociación en la
Agenda 2000. Por su responsabilidad, por su empecinamiento y el del
ministro de Economía esta Cámara sorprendentemente no tiene posición
ante esa cuestión tan importante.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente.
Señoría, yo no pienso como pensaba un ilustre dirigente socialista
(Rumores.) que los programas electorales están para no cumplirlos
(Rumores.) , yo creo que más bien están para cumplirlos, y nosotros
respondemos del nuestro, que es el que yo le he leído a S.S., y creo
que lo estamos cumpliendo razonablemente.
Creo también, señorías, que desde el punto de vista de control del
Ejecutivo -yo ruego a S.S. que mire los datos, que mire los hechos,
que compruebe los números-, esta legislatura no tiene comparación
respecto de cualquier legislatura anterior (Rumores.-Protestas.), no
tiene punto de comparación. Y en relación con lo que significa la
petición de una comisión para unos determinados asuntos a los que S.
S. se ha referido, en concreto a las subvenciones del Ministerio de
Industria, hemos ofrecido todas las informaciones; se ha comparecido
en la Cámara, se ha dado información exhaustiva (Rumores.), y se ha
aprobado la creación de una comisión de estudios para que puedan
analizarse todas las subvenciones del Ministerio de Industria. Lo que
ocurre es que a ustedes no les interesa saber lo que ha pasado con
eso. (Rumores.- Protestas.- Aplausos.) Ustedes lo que quieren y han
intentado organizar es una cacería a ver si se cobran la cabeza de un
ministro de este Gobierno (Rumores.). Eso no es una actitud ni
política ni parlamentariamente correcta. Yo les invito a ustedes a
que trabajen en esa comisión, se enteren de los datos (Rumores.) y se
establezcan criterios para el futuro, y se lo ofrezco, señoría, sin
trampa ni cartón (Rumores.- Protestas.) y, por supuesto, sin
pucheros. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias. Silencio. (El señor Medina Toledo
pronuncia palabras que no se perciben.) Señorías, respeten la tarima.
Señorías, silencio.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL CISNEROS LABORDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL GOBIERNO DE LA INCIDENCIA QUE, PARA LA POLÍTICA EXTERIOR
DE ESPAÑA, PUEDA TENER LA DECISIÓN DEL PARLAMENTO VASCO DE PRESTAR SU
SEDE PARA UNA REUNIÓN DE MILITANTES DEL LLAMADO «PARTIDO DE LOS
TRABAJADORES KURDOS», PRETENDIDAMENTE AUTOPROCLAMADA «ASAMBLEA KURDA
EN EL EXILIO»? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/001588).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23 que formula al Gobierno el
diputado don Gabriel Cisneros Laborda, del Grupo Parlamentario
Popular. (Risas.-Rumores.- El señor Griñán Martínez: Que va a salir
en la tele.) Un momento, señor Cisneros. Señorías, les ruego que
respeten a quien esté en el uso de la palabra, con independencia de
los escaños desde los que hable, se lo ruego encarecidamente.
Adelante, señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre le
formulo esta pregunta, no es en absoluto insensible a los derechos de
las minorías y a las manifestaciones de sus especificidades
culturales en forma pacífica. Por ello, le anima a perseverar en la
política activa de defensa de los derechos humanos que el Gobierno
español viene manteniendo en el seno de la Unión Europea como se puso
de manifiesto en las convenciones de Luxemburgo y Viena en relación
con los derechos culturales de los ciudadanos turcos, iraquíes,
armenios o de cualquier otra nacionalidad, de origen étnico kurdo,
siempre con respeto al principio de integridad territorial de los
Estados. Sin embargo, una cosa son los derechos de los ciudadanos de
etnia kurda a la expresión de su pluralidad cultural, lingüística
o religiosa, y otra muy distinta el apoyo a una organización político-
terrorista, anclada en el estalinismo, con un terrible historial
criminal a la espalda, que ha determinado el que sea proscrita en
Alemania, Francia, los Países Bajos y otros países occidentales y que
le ha deparado el sombrío privilegio de ocupar una posición
preferente en el ranking de peligrosidad establecido por el
departamento de Estado americano. Aludo al Partido de los
Trabajadores Kurdos, del que el llamado Parlamento kurdo en el Exilio
no pasa de ser una organización de fachada. No deja de ser una
sarcástica paradoja que de los casi 3.000 asesinatos atribuidos al
PKK por organizaciones humanitarias no gubernamentales, sólo entre
1991 y 1995, el 85 por ciento de las víctimas de estos atentados sean
precisamente kurdos elegidos por sus ciudadanos como responsables
municipales de sus aldeas, o el caso especialmente cruel de los
asesinatos masivos de maestros por considerarlos agentes de
desculturalización.
Es evidente que el artículo 149.1 de la Constitución establece que el
Estado tiene competencia exclusiva sobre relaciones internacionales y
el artículo 97 que corresponde sólo al Gobierno dirigir la política
interior y exterior y, si bien es verdad que existen sentencias
del Tribunal Constitucional que admiten actividades de las
comunidades autónomas con relevancia internacional, éstas quedan
siempre sujetas a que no produzcan perjuicios sobre la dirección y
puesta en ejecución de la política exterior. En consecuencia, le
ruego...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cisneros.
Adelante, señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
Señor diputado, al autoproclamado Parlamento kurdo en el Exilio es
realmente un instrumento de propaganda del Partido de los
Trabajadores del Kurdistán -PKK-. Sus miembros no han sido elegidos
democráticamente en ninguno de los Estados en los cuales existe
población de origen kurdo y los partidos de origen kurdo que viven en
alguno de esos Estados, por ejemplo en Irán o en Irak, se han negado
a participar en ese parlamento.
Señoría, el PKK es una organización de carácter terrorista,
responsable de numerosos atentados dentro y fuera de Turquía, uno de
los cuales ha causado la muerte a un ciudadano español nacido
precisamente en el País Vasco y el autoproclamado Parlamento kurdo en
el Exilio manifiesta un carácter solidario con la lucha armada contra
el Estado turco. El Gobierno condena cualquier uso de la violencia y,
por tanto, se opone a la reunión en España de un grupo de 65 personas
que carecen de la más mínima representación democrática, de la más
mínima legitimación y que, desde luego, han justificado, cuando no
alentado o participado, en acciones y en actividades terroristas. Y
lo que estamos discutiendo no tiene nada que ver con la situación del
pueblo kurdo. El Gobierno español, en una política que es acervo
común de nuestra democracia, alienta la protección de los derechos
humanos y el reconocimiento cultural de aquellas minorías o de
aquellos pueblos que pueden tener un cauce pacífico de representación
en las estructuras de los Estados legalmente reconocidos, y esperamos
también que eso se produzca en el caso kurdo.
Por otra parte, estamos hablando de las relaciones con un Estado
miembro de la Alianza Atlántica, socio de España, con el cual España
tiene muy importantes vinculaciones políticas, económicas y
culturales que hay que salvaguardar. Quiero decirle que apelo a la
sensatez y a la responsabilidad de quienes han tomado esa decisión
para que la reconduzcan, la revisen, la retiren, en todo caso
pensando en el bien general de todos. En una democracia normal no se
puede tener relaciones de ningún tipo con grupos que justifican, que
amparan o alientan acciones terroristas y, desde luego, el Gobierno
utilizará los medios de que dispone en el Estado de derecho y el uso
de sus competencias constitucionalmente garantizadas para hacer todo
lo posible para que la reunión no se celebre y no cause perjuicios a
nadie.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PERSISTE EL SEÑOR PIQUÉ EN
NEGARSE A ASUMIR SU RESPONSABILIDAD POLÍTICA ANTE LAS GRAVES
IRREGULARIDADES EN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL MINER? (Número de
expediente 180/001577).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que, con el número 13, formula al
Gobierno el diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor Piqué, yo comprendo que en ocasiones formar parte del Gobierno
hace confundir un diván con el asiento que usted ocupa, pero la
responsabilidad que usted tiene, obviamente, es responder a esta
Cámara. Se han conocido durante los últimos meses graves
irregularidades e ilegalidades en las subvenciones que han concedido
con el Plan de reactivación de las comarcas mineras del carbón. Tanto
es así, que se ha creado una asociación de empresarios discriminados
por esas subvenciones: Uría Motor, Pérez Villar -¿le suena el
nombre?; 17 meses su expediente en el Ministerio, de despacho en
despacho, que sí, que no, hasta que se la dan, por supuesto-,
Torcidos Ibéricos, en un municipio que no ha visto ni un minero ni
una mina nunca, y, por último, Telecable, en Asturias, donde ustedes
han inventado ya el último desdén de justificar lo injustificable,
que es decir que el cable es sector servicios.
Son graves irregularidades, y usted no ha dado ni una sola respuesta,
ni política ni administrativa. Por eso le pregunto: ¿Persiste el
señor Piqué en no asumir ninguna responsabilidad política por las
graves irregularidades de las subvenciones de su Ministerio?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, yo sé que es muy difícil insistir en reiteradas ocasiones
sobre las mismas cosas, pero ustedes lo logran. Vienen repitiendo las
mismas cosas desde hace meses, como es natural, sin resultado
(Protestas.), y va a seguir siendo así, porque cada vez que se
contestan... (Protestas.-Rumores.) Señorías, no se pongan nerviosos.
Cada vez que se contestan con total exhaustividad, ustedes no
escuchan. Pero vamos a seguir insistiendo, no se preocupen, vamos a
repetir siempre las mismas explicaciones.
Yo le voy a mandar a S.S., porque a lo mejor no ha tenido ocasión de
verlo, el «Diario de Sesiones» de mi última comparecencia ante la
Comisión de Industria, en la que doy cumplida respuesta a estos temas
que usted plantea, excepto el último, al que también le voy a
contestar que no sigan insistiendo por ahí, porque no sólo es una
falsedad (Protestas.-Rumores.), sino que es algo peor en política:
ustedes meten la pata. (Protestas.) No sigan por ahí, no sigan por
ahí. (Fuertes protestas.) No sigan por ahí.
Y en cuanto a las graves irregularidades en la concesión de
subvenciones y la asunción de responsabilidades políticas, no sé muy
bien a qué se refiere usted. (Rumores.-Protestas.) No, déjeme que le
diga. ¿Se refiere usted a que antes no se respetaba el principio de
legalidad y, por ejemplo, no había control de la Intervención?
(Protestas.) ¿Se refiere usted a que las subvenciones del sector del
carbón no tenían la aprobación de la Comisión Europea? ¿A qué se
refiere usted cuando habla de graves irregularidades y de la asunción
de responsabilidades políticas? (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!.-Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor Piqué, responda de sus actos.
Primero, empresa Telecable. ¿Me puede usted explicar qué diferencia
hay con una subvención que han denegado a Gas Natural de Asturias
para la gasificación de la comarca del Nalón, criterio de denegación
infraestructuras? ¿Cuál es la diferencia entre el cable y el gas?
¿Por qué ahí se aplica ese criterio? Explíquelo, señor Piqué.
(Rumores.) Uría Motor, 17 meses, y la orden ministerial dice que a
los seis meses se considera denegada la subvención. Le doy tres
ejemplos más de subvenciones denegadas a talleres por plazo, tres
ejemplos le puedo dar en estos momentos: un taller en Villablino,
Talleres Cholo; un taller en Utrillas, talleres a nombre de Bonilla
Alcalá; un taller en Andorra, de reparación de vehículos. ¿Por qué a
estos se les aplica el plazo de los seis meses sin evaluar y se les
deniega, y el señor Pérez Villar, 17 meses en el Ministerio hasta que
se le dice que sí? (Protestas.-Rumores.) ¿Por qué? ¡Responda!
¡Responda! Eso es una irregularidad grave, es no respetar la orden
ministerial, y quien no respeta los reglamentos comete una
ilegalidad. (Rumores.) Remita usted los expedientes. Asuma su
responsabilidad política y déjese de zarandajas del pasado, del
psiquiatra, asuma lo suyo, responda ante esta Cámara, porque así es
la democracia. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero, siga usted por ahí. (Rumores.- Protestas.)
Me parece muy bien. Siga usted por ahí. Yo entiendo muy bien que
ustedes tengan ese interés tan especial, por ejemplo, por Gas
Natural, lo entiendo muy bien, porque podríamos hablar largo y
tendido de Gas Natural. (Rumores.- Varios señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.) Siga usted argumentando en
términos de si hay irregularidades, de si hay no sé qué. Permítame
una expresión coloquial, señor presidente. Supongo que la dignidad de
esta Cámara me permitirá una expresión coloquial, y con esto acabo.
Acepte usted la prueba del algodón en un doble sentido. (Risas.-
Rumores.) Acéptenla.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, ha de concluir en ese caso en
ese tono. (Rumores.)
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Señor
presidente, si no he podido concluir es porque el ruido me lo impide.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Tendrá nuevas oportunidades, señor ministro. En
una nueva pregunta, sin duda, podrá continuar parte de su discurso,
señor ministro. Ahora ha concluido su tiempo. (Rumores.- Aplausos.)
Señorías, vuelvo a llamarles al orden sobre el respeto al uso de la
palabra en la Cámara, sobre todo cuando, como en este caso, se pueden
perjudicar las legítimas expectativas de cada cual en el uso del
escasísimo tiempo de que se dispone para el turno de preguntas
orales. Por tanto, les ruego encarecidamente que no practiquen ese
tipo de conductas.
- DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL
GOBIERNO SOBRE LA POSICIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA, EN RELACIÓN CON
LOS COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA EN EL SECTOR ELÉCTRICO?
(Número de expediente 180/001578).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno, en
sustitución del señor Hernández Moltó, el diputado don Javier
Fernández Fernández, del Grupo Socialista.
Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno sobre la posición de
la Comisión Europea, en relación con los costes de transición a la
competencia en el sector eléctrico?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Siento, de verdad, no poder dar la valoración por una razón muy
sencilla: por el momento la Comisión Europea no ha expresado ninguna
posición en relación a este tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted desde ese escaño y desde otras tribunas nos
dijo una y otra vez a los socialistas que no entendíamos el concepto
de coste de transición a la competencia y que por ello confundíamos
los derechos de las compañías con las ayudas públicas. Usted no
opinaba entonces, sino que pontificaba, como acostumbra, y además en
un terreno que no es suyo, porque no tenía legitimidad para decidir
usted lo que era en cada caso. Sin embargo, quien sí tiene esa
legitimidad, que es la Dirección General IV, ha decidido poner
nombres a esas subvenciones, las ha denominado ayudas, no derechos,
señor ministro, y así las ha denominado también el señor Van Miert, y
existen resoluciones en el Parlamento Europeo en esa dirección. Yo
comprendo que es un grave revés para usted, pero le puede servir para
refrenarse en esa irrefrenable pasión que tiene por dar lecciones,
señor ministro. Yo no quiero darle ninguna lección, pero permítame
darle dos consejos. En primer lugar, que por esta cuestión no remita
usted al señor Van Miert al diván del psiquiatra como si fuera un
socialista español obsesionado enfermizamente con usted, por utilizar
sus propias palabras; y en segundo lugar, que haga más caso a las
directrices de Bruselas que a las presiones de la patronal eléctrica,
y le va a ir bastante mejor.
En el fondo de la cuestión subyace que en este Parlamento hemos
otorgado derechos por 1,3 billones de pesetas, y ahora quien tiene
capacidad para decirlo afirma que no se trataba de derechos, y el
Parlamento en su día, antes de tomar esa decisión, antes de hacer esa
votación, tenía que haberlo sabido, y usted, antes de remitir aquella
enmienda al Senado, podía haberlo sabido también, señor ministro,
porque se entrevistó con Van Miert a principios de diciembre. ¿Es que
no le preguntó por un tema tan esencial? Pues sería un olvido brutal,
sería una negligencia, señor ministro. Y si se lo preguntó y no lo
trasladó a este Parlamento, eso equivale a mentir, y tenemos esa duda
más que razonable y queremos que nos la resuelva, señor ministro.
Resuélvanosla usted, que le creemos. Díganos si fue simplemente una
incompetencia, o es que mintió.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Vamos a ir más allá de argumentos un poco extraños; vamos a ir a la
realidad de las cosas. El planteamiento de los costes de transición a
la competencia lo está haciendo la gran mayoría de países europeos.
Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Bien. Hay muchas cosas que se tienen
que ir precisando y resolviendo y para eso hace falta que todos los
países miembros demos toda la información necesaria a la Comisión
Europea, cosa que España viene haciendo desde el primer momento con
total transparencia y con total colaboración con los servicios de la
Comisión. (Un señor diputado: ¿Seguro?) Yo le rogaría que antes de
adoptar decisiones precipitadas y sacar conclusiones antes de hora
espere sólo un poquito y cuando la Comisión Europea se vaya
pronunciando sobre esas cuestiones entonces podamos volver a
discutirlo. Lo único que le puedo decir en cuanto a sobre qué temas
sí se ha pronunciado de verdad la Comisión, es que se ha pronunciando
y se sigue pronunciando en términos muy elogiosos respecto al modelo
de liberalización del sector eléctrico en España, porque no hay
parangón, y eso se ha dicho explícitamente. Eso es así. Yo ya sé que
a lo mejor a ustedes no les gusta, pero esa es la única realidad.
Cuando haya una pronunciación respecto a los otros temas, yo le
emplazo, volveremos a hablar aquí. Si hay cosas, como es natural, que
matizar o corregir, lo haremos, porque la verdad absoluta no existe.
Yo le rogaré que me permita, cuando llegue esa oportunidad,
recordarle dos frases que ha dicho hoy.
Muchísimas gracias, señoría. (Aplausos.-Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Están aquellas alturas un poco revueltas. Guarden silencio.
- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
PAPEL ESPERA EL GOBIERNO QUE JUEGUE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LAS INDUSTRIAS MARÍTIMAS EN RELACIÓN CON LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR NAVAL? (Número de expediente 180/001593).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno el
diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señor ministro de Industria, el sector de construcción naval durante
los últimos años, finales de la década
de los setenta y durante toda la década de los ochenta, ha sufrido
una grave crisis que se ha traducido en la total pérdida de carga de
trabajo para los astilleros públicos españoles, la amenaza de cierre
en más de uno de ellos o incluso la falta de competitividad buscada a
lo largo de los últimos gobiernos socialistas, con resultados que al
final no se tradujeron en los beneficios que todos esperábamos. Con
la llegada del nuevo Gobierno y el cambio del 3 de marzo del año
1996, se despeja la carga de trabajo para los astilleros públicos y
hoy es el día de la fecha en que todos disponen de aquélla, aunque
sea manifiestamente mejorable de cara al futuro. Es indudable que se
ha despejado el futuro desde el punto de vista de la Unión Europea,
sobre todo para astilleros como Astano, para el que queda
perfectamente clarificada la posibilidad de construcción de buques en
materia de offshore y no de buques convencionales, y falta
seguramente por cerrar el ciclo con una mejora sustancial en la
competitividad de los astilleros públicos españoles.
Por otra parte, las subvenciones recibidas de la Unión Europea,
seguramente tan transparentes como las del fondo minero, al que se
acaba de referir el ministro de Industria en anteriores preguntas,
dejan claro cuál es la política que se está siguiendo en los países
asiáticos como Corea, con graves crisis, donde están sufragando esos
problemas económicos que tienen con las aportaciones del Fondo
Monetario Internacional, al que también contribuye España, sin
acometer cambios desde el punto de vista estructural ni muchísimo
menos dar a las ayudas la finalidad que está prevista para el resto
de los países constructores navales.
Es importante saber, señor ministro, cuáles son las expectativas que
tiene este Gobierno o cuál es el papel que espera que juegue la
Fundación para el Desarrollo de las Industrias Marítimas, creada el
pasado 15 de julio, en relación con la mejora de la competitividad
del sector naval español, que está en función de empezar a dar
mejores resultados que los que hasta ahora teníamos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández de Mesa.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, yo creo que la necesidad de aumentar la competitividad de
nuestra industria naval no merece ninguna discusión. Eso debe llevar
a que la Administración y las empresas busquemos fórmulas que
permitan suplir deficiencias y aprovechar potencialidades y, desde
luego, en ese contexto el factor tecnológico se configura como un eje
de actuación absolutamente fundamental. Para eso hay que buscar la
cooperación y la integración horizontal y vertical entre empresas de
los diferentes subsectores que constituyen nuestro sector naval y en
este sentido, desde el Ministerio, hemos promovidoreuniones entre
esos distintos subsectores, destacando
entre otras conclusiones la necesidad de contar con algún centro
tecnológico para el conjunto del sector naval, como fórmula para
proporcionar servicios tecnológicos a las empresas e integrar
esfuerzos en este campo. Para ello estamos elaborando un programa de
adaptación tecnológica del sector naval que entre otras cosas
contempla la creación de la fundación a la que usted hacía
referencia. Esta fundación tiene como patronos la Gerencia del sector
naval, la Sociedad de Reconversión de los Pequeños y Medianos
Astilleros, la Unión Española de Constructores Navales, la Asociación
de Navieros Españoles, la Asociación Española de Industrias
Auxiliares Marítimas y la entidad asociativa de tres astilleros
denominada Midyards-3. Conforme a los estatutos de esa fundación, sus
fines son los siguientes: el fomento de la investigación y el
desarrollo y la difusión de los aspectos tecnológicos relacionados
con el sector marítimo en general y actuar como foro de encuentro
para intercambiar conocimientos entre entidades y personas
interesadas. En consecuencia, el Gobierno espera que la Fundación
para el Desarrollo de las Industrias Marítimas pueda constituir un
eficaz instrumento para coadyuvar a la viabilidad de nuestro sector
de construcción naval en unos momentos difíciles y complicados, en un
contexto de agudizada competencia internacional en el que nos
desenvolvemos -y hay que decir que no siempre respetuosa con los
principios que deben inspirar esa competencia-, pero en una posición
mucho mejor que la que tenía ese sector hace apenas tres años.
Muchísimas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON SALVADOR SANZ PALACIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ESTÁ PENSANDO EL
GOBIERNO EN PRESTAR ATENCIÓN ESPECÍFICA A DETERMINADAS ÁREAS DE
INTERÉS TECNOLÓGICO QUE REFUERCEN EL PROGRAMA ATYCA? (Número de
expediente 180/001594).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que con el número 29
formula al Gobierno el diputado don Salvador Sanz Palacio, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Sanz.
El señor SANZ PALACIO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde que usted se hizo cargo de la cartera
ministerial, ha expresado una especial preocupación y sensibilidad
por parte del Ministerio de Industria en impulsar el desarrollo
tecnológico, la innovación, la seguridad y la calidad industrial de
las empresas españolas, y es que usted era muy consciente de que el
punto de partida, en lo que se refiere al gasto en investigación más
desarrollo, era muy precario. Prueba de ello han sido intervenciones
públicas suyas,
reuniones sectoriales e incluso una conferencia en el Club Siglo XXI,
en la cual usted dijo que gastamos poco y mal, y expresaba su deseo
de incrementar el gasto y la participación de las empresas en el
mismo.
Lo que pretende desde el Ministerio de Industria es apoyar la
industria española y ayudar a alcanzar un nivel competitivo que le
permita operar en una posición de igualdad con la de los países de
nuestro entorno económico. La iniciativa Atyca es un buen instrumento
para ello, porque ha agrupado programas y racionalizado recursos. Se
trata de reunir en un único paraguas todos los programas de apoyo.
Este nuevo enfoque en la política tecnológica, unido a un esfuerzo
importante en materia de política presupuestaria y a una política de
modernización del sector público empresarial, ha hecho que se haya
mejorado y que la tendencia para los próximos años vaya en la buena
dirección.
Pero las cosas, señor ministro, como usted bien sabe, no son
estáticas, sino que hay que efectuar cambios y modificaciones, y las
innovaciones han de convertirse en una práctica continua que permita
a la empresa el mantenimiento en el tiempo de la necesaria capacidad
competitiva. El esfuerzo tecnológico de la economía española es un
objetivo clave para nuestro futuro crecimiento y para la
competitividad internacional de las empresas españolas. En este
contexto parece razonable que programas como Atyca tengan una mayor
proyección en el futuro, consolidando lo ya iniciado y ampliando sus
horizontes hacia nuevos objetivos, bien cuantitativos, cualitativos o
sectoriales.
Por todo ello, le formulamos la siguiente pregunta: ¿Está pensando el
Gobierno en prestar atención específica a determinadas áreas de
interés tecnológico que refuercen el programa Atyca?
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la iniciativa Atyca es una actuación importante del
Ministerio. Se ha diseñado de acuerdo, por una parte, con las
necesidades reales de nuestra industria y también con el propósito de
que el sector privado, es decir, nuestras empresas, asuman el
protagonismo que les corresponde. Para eso hay una serie de
incentivos y de apoyos, basados en los principios de optimizar los
recursos y conseguir el máximo impacto de esas medidas de apoyo y de
incentivación.
Atyca se desglosa en dos grandes líneas de acción: el programa de
fomento de la tecnología industrial y el programa de calidad y
seguridad industrial. Tiene ya dos años de vigencia, 1997 y 1998;
queda otro todavía, 1999. Los resultados son francamente positivos.
En primer lugar, se ha cumplido con la función de darle un carácter
horizontal y prestar una atención especial a la
difusión tecnológica; también ha cumplido el objetivo simplificador y
coordinador que tenía, porque anteriormente había múltiples
programas, normalmente descoordinados, y se han ido acercando los
instrumento de apoyo a las necesidades de cada colectivo.
En la línea de mantener la eficacia demostrada del programa, hay que
ir provocando diversas adaptaciones. Lo cierto es que la evolución
del propio programa, nuestra experiencia y los avances tecnológicos
nos han permitido identificar cada vez con más intensidad la
necesidad de prestar mayor atención a nuevos espacios tecnológicos en
las industrias del transporte, en la sociedad de la información y en
los terrenos energéticos, de tal manera que en coordinación con la
política nacional de investigación científica y desarrollo
tecnológico tengan una entidad propia dentro de la actual política
tecnológica del Ministerio de Industria. Desde este punto de vista,
los programas tecnológicos de investigación y desarrollo energético
tienen una gran virtualidad, la de la incidencia horizontal respecto
al conjunto del tejido productivo, con especial trascendencia en el
empleo, en la calidad de vida de los ciudadanos y en el medio
ambiente. En cuanto al transporte, hay que tener en cuenta que
vertebra la actividad económica y satisface no sólo las necesidades
individuales, sino que permite el buen funcionamiento y la eficiencia
económica de nuestra sociedad. Finalmente, creo que no merece
discusión que debemos profundizar en el concepto de sociedad de la
información.
Por tanto, todo esto que estaba ya siendo promovido en Atyca conviene
ahora que adquiera un perfil y unos objetivos propios, diferenciados
y mucho más intensos que en el pasado.
Muchísimas, gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO LANDETA ÁLVAREZ- VALDÉS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SE PUEDE MANTENER EL ACTUAL CRECIMIENTO
INDUSTRIAL CON CREACIÓN NETA DE EMPLEO INDUSTRIAL? (Número de
expediente 180/001595).
El señor PRESIDENTE: Con el número 30 formula una pregunta el
diputado don Antonio Landeta Álvarez- Valdés, del Grupo Popular.
Señor Landeta.
El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Señor presidente, señor ministro,
señoras y señores diputados, en los dos últimos ejercicios, 1997 y
1998, se han creado cerca de 800.000 puestos de trabajo netos en el
conjunto de la economía. Esta producción ha permitido que en el
período considerado la tasa de paro sobre la población activa se
redujera en 3,6 puntos. La contribución
del sector industrial a este positivo comportamiento no ha sido
desdeñable. La política industrial del Gobierno en el año 1997 obtuvo
un crecimiento del 6,5, lo que trajo consigo que fuéramos el único
país, junto con Gran Bretaña, de la Unión Europea que creó empleo
neto industrial, en contra de la visión pesimista y agorera de
algunos sobre las posibilidades de nuestra industria española. Esta
nota no sólo ha tenido una senda de expansión en la actividad, sino
que ha generado cerca del 30 por ciento del total de esos nuevos
puestos de trabajo, y 1998 se cerrará con una tasa de crecimiento del
producto industrial ligeramente inferior a la del año anterior.
Parece, por tanto, importante para mantener la actual tendencia de
reducción del desempleo que la industria continúe en esta senda de
expansión, de acuerdo con la evolución más reciente de los
indicadores de actividad.
Por todo ello, queremos preguntar al Gobierno, como artífice de la
actual política industrial y de empleo, si considera que se puede
mantener el actual crecimiento industrial con creación neta de empleo
industrial.
Muchas gracias, señor presidente, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Landeta.
Señor ministro
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, para evaluar las posibilidades de que nuestra industria
continúe creciendo y generando empleo es bueno hacer antes una muy
breve reflexión sobre cuál ha sido la pauta o el modelo de
crecimiento que hasta ahora ha observado y la situación, por tanto,
que en estos momentos tiene. Creo que ya es una evidencia que a pesar
de que a partir del verano el panorama económico internacional se ha
visto ensombrecido parcialmente por la extensión de la crisis
financiera delsureste asiático, globalmente no hay duda alguna de que
el ejercicio de 1998 ha sido muy positivo desde el punto de vista del
desarrollo de nuestra industria. Nuestra producción industrial, una
vez filtrada de efectos de estacionalidad, en los once primeros meses
ha crecido en torno al 5,6 por ciento, cifra realmente muy
considerable, y quizá lo más importante sea destacar que es casi dos
puntos superior a la del promedio de la Unión Europea y tres puntos y
medio superior a la delconjunto de la OCDE, con lo cual la industria
está contribuyendo de manera muy notable a la llamada convergencia
real. Otro aspecto destacable es que este crecimiento se ha producido
con ausencia total de tensiones inflacionistas. Nuestra tasa de
inflación industrial ha sido negativa, incluso descontando el efecto
de la evolución de los precios internacionales de la energía, y creo
que eso también es algo remarcable. Finalmente, como usted comentaba,
el crecimiento de la producción ha venido acompañado de ritmos
máximoshistóricos de creación de empleo industrial, lo que nos
permite afirmar que en España estamos en estos momentos en un
auténtico proceso de reindustrialización, tanto desde el punto de
vista de la actividad como desde el punto de vista del empleo.
En cuanto a las perspectivas creo que cabe esperar una continuidad en
este proceso de crecimiento y de creación de empleo, aunque
probablemente a ritmos menos elevados que los del año pasado. Hay
cambios en el contexto internacional, hay un proceso de maduración de
nuestro propio ciclo industrial, pero también hay razones que nos
invitan al optimismo y a pensar que se va a mantener un ritmo intenso
de crecimiento. En primer lugar, la industria española está
fundamentalmente orientada a los mercados europeos, menos afectados
por las crisis internacionales y más estables; en segundo lugar, los
propios empresarios industriales están siendo más optimistas en sus
previsiones de futuro y, en tercer lugar, la demanda interna ha
venido cobrando un protagonismo creciente en el proceso de
crecimiento industrial en los últimos meses. Todo ello hace que las
perspectivas sean de continuidad de la expansión del crecimiento
industrial en Europa, particularmente en España, y que por tanto
podamos decir que se va a seguir creando empleo de una manera muy
significativa.
Muchísimas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Industria y
Energía.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MERCÉ RIVADULLA GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO, TAL Y COMO
SOSTIENE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN RECURSO, QUE LAS MÁQUINAS HAN
CONVERTIDO EL TRABAJO DE LAS EMPLEADAS DE HOGAR EN ALGO LIVIANO?
(Número de expediente 180/001573).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá el
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, comenzando por la número 9,
que formula al Gobierno la diputada doña Mercé Rivadulla Gracia, del
Grupo Mixto.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro: ¿Considera el Gobierno, tal y como sostiene la
Seguridad Social en un recurso, que las máquinas han convertido el
trabajo de las empleadas de hogar en algo liviano?
El señor PRESIDENTE: Gracia, señora Rivadulla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, presidente.
Señoría, el Gobierno considera que esta actividad, el trabajo de la
empleada de hogar en particular y el trabajo doméstico en general
supone por supuesto un esfuerzo físico y además psíquico, con lo cual
no sólo es digno de reconocimiento sino, en lo posible, del apoyo que
los medios a nuestra disposición nos permitan.
Gracias, señorías. Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor ministro.
Me alegra mucho que usted diga eso, pero deberá girar instrucciones
para que situaciones como las que se han presentado no se vuelvan a
producir porque es un asunto grave. Sabíamos que hay jueces que
piensan que las máquinas han facilitado de tal manera el trabajo de
las empleadas de hogar que prácticamente ya ni es trabajo, pero lo
que nos ha sorprendido, señor ministro, es que sea la propia
Administración, la Seguridad Social, la que, a través de un recurso
de súplica, haga suyos estos argumentos y señale que los trabajos de
las empleadas de hogar prácticamente no son ni trabajo.
Señor ministro, quiero señalarle que estamos hablando de un colectivo
que es el peor tratado, más aún que los autónomos. El carácter
tuitivo del derecho del trabajo en este colectivo brilla por su
ausencia. Además, nos parece muy incoherente este recurso planteado
por la Seguridad Social, porque la propia secretaria para Asuntos
Sociales señaló que le parecían unas sentencias absolutamente
injustas.
No quiero leer el texto del recurso que la Seguridad Social ha
planteado, pero quiero decirle, señor ministro, que es una falta
total de respeto no solamente hacia el trabajo de las empleadas de
hogar sino de las mujeres, de millones de mujeres. En la Convención
de Pekín se empezó a hablar de valorar el trabajo que las mujeres
realizamos. En cuanto a considerar que las máquinas nos han
solventado el problema, quiero decirle, señor ministro, que a las
mujeres no nos lo han solventado, pero muchísimo menos a las
empleadas de hogar, que es para ellas una profesión y un trabajo por
cuenta ajena.
Solamente me interesa que me responda, señor ministro, a dos
preguntas, en primer lugar si van a retirar el recurso y, en segundo
lugar, si va a girar instrucciones para que situaciones como esta no
se vuelvan a repetir.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, presidente.
Señoría, he oído con atención su intervención y hay una coincidencia
básica con la opinión que usted emite
sobre la dignidad, el reconocimiento y las dificultosas
circunstancias del trabajo doméstico y de las empleadas de hogar. Por
tanto, no voy a cuestionarle ni una sola de sus afirmaciones.
Únicamente debo matizarle que esta es la opinión de un letrado
particular en una sentencia particular y específica y en unas
circunstancias muy concretas, que en ningún caso ha sido postura
habitual ni general ni extensiva. Estudiaremos cada caso particular,
pero quede tranquila, señoría, que la opinión básica sobre la
dignidad del trabajo y su reconocimiento y las necesarias mejoras,
que tendremos que ver entre todos cómo las conseguimos, son sin duda
ninguna un postulado y un aliento que tendremos en el Ministerio de
Trabajo.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO PROMOVER EL PLAN DE APOYO AL
PRIMER EMPLEO PARA QUE AUTÓNOMOS Y PROFESIONALES SIN ASALARIADOS
CUENTEN CON INCENTIVOS SUFICIENTES PARA CONTRATAR UN PRIMER EMPLEO?
(Número de expediente 180/001587).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno el
diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, todos hemos coincidido en estos últimos meses en
destacar la generación de empleo en el Estado español, pero también
coincidiríamos todos en destacar el hecho de que no estamos sacando
suficiente provecho al potencial que suponen los miles de autónomos y
profesionales liberales que trabajan en nuestra sociedad. Cerca de
dos millones de estos ciudadanos trabajan sin asalariados. Si
fuésemos capaces simplemente de aprovechar un 5 por ciento de las
posibilidades que ofrecen esas personas, podríamos crear cerca de
100.000 puestos de trabajo. En 1996, y precisamente a petición de
Convergència i Unió, se incorporó en la política del Gobierno una
línea de subvenciones a la creación de puestos de trabajo en este
sector -un millón de pesetas por puesto de trabajo creado- y hemos
observado que en el plan de empleo y también en el plan de
estabilidad el Gobierno incorpora un denominado plan de apoyo al
primer empleo para este sector precisamente.
El sentido de nuestra pregunta es reclamarle al Gobierno cuándo
piensa poner en marcha esta previsión del plan de empleo y del plan
de estabilidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, presidente.
Señoría, efectivamente, conozco el interés de su grupo y el personal
de S.S. en desarrollar lo que sin duda alguna puede ser una fuente
muy importante de empleo en nuestro país. Hay casi dos millones de
autónomos que son simultáneamente trabajadores y empresarios por
cuenta propia. Si un porcentaje de estas personas decidiera contratar
a su primer asalariado, tendríamos una fuente muy importante de
ingresos. Para que den este salto de trabajador por cuenta propia
a ser empresarios, hacen falta ayudas financieras, fiscales, laborales
y también un cambio cultural muy importante.
Sabe usted que hemos recogido algunas medidas fiscales importantes en
la tributación por módulos que incentivan la creación del primer
empleo, y en nuestro plan de empleo recogimos la intención de
estudiar medidas más específicas para apoyar el primer empleo en
forma de bonificación a la Seguridad Social. Sabe usted que los
autónomos ya se benefician del conjunto de bonificaciones para el
empleo estable. A día de hoy estamos estudiando esta medida -que
tiene, repito, en principio, muy buena orientación- y la posibilidad
de incluirla en el plan de empleo para 1999.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Coincidimos en su valoración positiva de la tributación por módulos,
pero entendemos que este sector, históricamente maltratado, por el
anterior y por este Gobierno, tiene el riesgo de oír buenas palabras
y ver pocos hechos. Nos gustaría que esta previsión que se contenía
en el plan de empleo, que se contiene en el plan de estabilidad y que
el señor ministro nos dice que se va a incluir en el próximo plan de
empleo realmente se convirtiera en hechos. No generemos más
expectativas que después no seamos capaces de cumplir. Aprovechemos
de verdad esta oportunidad y si el ministro necesita un apoyo
explícito de Convergència i Unió en esta cuestión, en el seno del
Consejo de Ministros o allí donde haga falta, puede contar con
nosotros.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
- DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORES GARCÍA-HIERRO CARABALLO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUÉ OPINA LA MINISTRA DE JUSTICIA RESPECTO A LA POSICIÓN QUE
MANTIENE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO CON RESPECTO A LOS PROBLEMAS DE
OBSTRUCCIÓN A LA LABOR DE LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE ORIGINADOS
POR EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID? (Número de
expediente 180/001580)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, que formula la
diputada doña Dolores García- Hierro Caraballo, del Grupo Socialista.
Señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿cuál es la posición que mantiene el fiscal general
del Estado Respecto a la postura del Gobierno de la Comunidad de
Madrid de no facilitar los informes y documentos que exige la
Fiscalía de Medio Ambiente y de Urbanismo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid para el desarrollo de su función como ministerio
público?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Hierro.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, dejando al margen que S.S. ha cambiado el texto de la
pregunta, que antes hacía referencia a la opinión que a la ministra
de Justicia le merecía la posición del ministerio fiscal, pero dando
por buena esa rectificación que S.S. ha efectuado en este momento, lo
que tengo que decirle a S.S. es que el fiscal general del Estado
-como no podía ser de otra forma con este Gobierno- lo que hace es
defender el principio de legalidad ante todas las instancias, sean
administrativas, penales o civiles.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Gracias, señora ministra.
Necesariamente he tenido que cambiar el contenido de la pregunta
porque desde que la formulé hasta el día de hoy han sucedido hechos
nuevos que han sido bien recogidos por la prensa.
Partíamos de una situación en la que el Gobierno de la Comunidad de
Madrid se negaba continuamente a facilitar la información y la
documentación requerida por la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente
y se dirigió mediante un oficio, sin ningún informe jurídico, al
fiscal general del Estado con la documentación para que éste a su vez
le comunicara cuál era la decisión que debía adoptar. Hay una
circular del mes de diciembre del fiscal general del Estado que viene
a limitar el derecho al fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de
Madrid
y a todos los fiscales a poder instruir expedientes o solicitar
información y documentos que no sean de hechos delictivos o con
indicios de delito claramente.
Han sucedido algunos hechos y tenemos conocimiento por los medios de
comunicación de que el fiscal general ha corregido esa circular del
mes de diciembre y que donde dijo digo dice Diego y ha sacado una
nueva circular que ha remitido al Gobierno de la comunidad el pasado
día 29 de enero diciendo que se remitan los 27 expedientes que han
sido solicitados y queno se habían enviado por el Gobierno de la
comunidad. Casualmente, el 9 de febrero el señor Galardón era
interpelado y negaba la existencia de esta circular. Sabemos que
algunos de esos expedientes han sido remitidos por la propia Fiscalía
General a algún juzgado de Madrid. Estamos hablando de delitos
urbanísticos, estamos hablando de que el urbanismo en Madrid está
dañando de manera muy perjudicial el medio ambiente, estamos hablando
de que algo se oculta, de que algo no huele bien y de que la
actuación de un Gobierno del Partido Popular, amparada en principio
por una circular del fiscal general, no se atiene a la transparencia
ni a la ley.
El señor PRESIDENTE: Señora García-Hierro, muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Siento mucho decirle, señoría, que lo que no se atiene a la realidad
es la intervención de S.S. porque ha cambiado todos los datos. En las
opiniones podremos no estar de acuerdo, pero los datos tenemos la
obligación de aceptarlos tal cual son.
Lo que S.S. indica sobre la circular dirigida al Gobierno de la
comunidad autónoma en realidad es la circular 3/1988, consultada en
Junta de fiscales de Sala que trata de la intervención del ministerio
fiscal en la nueva Ley de lo contencioso-administrativo, poco que ver
en concreto con las actuaciones del fiscal del Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid.
Lo que S.S. denomina 27 expedientes que no han sido remitidos, según
me consta, en el escrito dirigido por el fiscal general del Estado al
presidente de la Comunidad de Madrid -que evidentemente se dirigió al
fiscal general utilizando el cauce institucional y transparente para
comunicación entre instituciones, no la llamada telefónica que no
deja huella; se dirigió por escrito y el fiscal general le contestó
por escrito- se refiere exclusivamente a tres expedientes, de dos de
los cuales le dice que se remita la documentación y que el tercero es
exclusivamente para su conocimiento.
Señoría, creo que en este terreno el fiscal general del Estado ha
actuado con arreglo a lo que él creía el principio de defensa de la
legalidad y el presidente de la comunidad autónoma y el consejero del
Medio Ambiente han cumplido con su defensa del interés general de la
Comunidad de Madrid.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DOLORES SÁNCHEZ LÓPEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ABIERTA POR LA MUERTE DE LA JOVEN
NIGERIANA JULIENNE DANIELLE? (Número de expediente 180/001579).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 15, que contestará
el ministro del Interior y formula la diputada doña María Dolores
Sánchez López, del Grupo Socialista.
Señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace dos meses en un calabozo de la Guardia Civil de
Ceuta murió Julienne Danielle, joven nigeriana de 24 años embarazada
de siete meses. Su Gobierno en la ciudad de Ceuta se comprometió con
algunas ONG de solidaridad a dar información una vez acabada la
investigación. Esta información no nos ha llegado y es por lo que le
formulo la pregunta que figura en el orden del día de hoy sobre cuál
es el resultado de la investigación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
Señoría, me alegro de la pregunta porque es oportuna. Quiero decirle
que el Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha decidido proceder
al archivo de las diligencias previas practicadas con motivo de la
muerte de esta joven nigeriana, diligencias previas que fueron
remitidas a la autoridad judicial el 10 de diciembre de 1998, luego
ya hay una respuesta del Poder Judicial. Asimismo, quiero comunicarle
que el Defensor del Pueblo, con fecha 1 de febrero de 1999, ha dado
por conclusa la queja que con este mismo motivo tramitó al delegado
del Gobierno en Ceuta.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en 1996 dijeron ustedes que en seis meses arreglarían
el problema de los inmigrantes de Ceuta y Melilla. Tres años después
la situación de éstos
en aquellas ciudades es absolutamente caótica, tan caótica como su
política de inmigración, tan caótica que no hay en toda Ceuta -salvo
un calabozo de la Guardia Civil- un lugar para que una mujer
embarazada pase la noche.
Señor ministro, Julienne no era una mujer miedosa, había atravesado
toda África y casi podríamos decir que a pie, sin embargo, unas horas
en España le dieron tanto miedo que se quitó la vida. ¿Qué se
encontró Julienne cuando llegó a la España-va-bien del señor Aznar?
¿Se encontró a una mujer guardia civil que le diera confianza? ¿Se
encontró a un traductor que le explicara en su lengua o en una lengua
comprensible para ella lo que estaba pasando? ¿Se encontró
profesionales de la medicina o del trabajo social, como dicen las
leyes? No, señor ministro, no encontró nada de esto. Le curaron los
pies en un hospital, cuyos responsables se negaron a albergarla
durante la noche, y la metieron toda la noche en un calabozo, que eso
era, por más que las puertas estuvieran abiertas. Un guardia civil
que chapurreaba francés le explicó como pudo sus derechos y qué iba a
pasar con su vida en el futuro. Después de esa noche Julienne se
suicidó. Este es un hecho que lamentamos todos, tan lamentable como
la ausencia de política de inmigración de su Gobierno, que es lo que
realmente está en el origen de este hecho y de otros casos que no
olvidamos y han sucedido durante su mandato. No vamos a olvidar ni el
suicidio de Julienne ni los 103 narcotizados; no olvidamos tampoco
los incendios en los campamentos y en los centros de internamiento;
no olvidamos los malos tratos recibidos por senegaleses que se
resistían a ser expulsados en Málaga ni las cargas en las colas de
los inmigrantes a la espera de permisos de trabajo, ni vamos a
olvidar la insostenible situación de los centros de internamiento
tantas veces denunciada. Nuestra memoria, señor ministro, nos va a
llevar a asegurar que su política es lamentable y caótica.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
Señoría, usted me ha preguntado por el resultado de las
investigaciones, no tanto por el fenómeno conjunto de la inmigración
ni por los hechos. Creo que es lo que le he respondido. Me va a
reconocer, señoría, que le ha dado exactamente igual la respuesta que
le he dado, lo que pone de manifiesto que el resultado de una
actuación judicial o una investigación del Defensor del Pueblo le
resultan indiferentes. Es más, usted hace un relato de los hechos y
una interpretación de los mismos que no sólo contradice la versión de
la Guardia Civil, sino que también contradice una resolución judicial
y una decisión del Defensor del Pueblo, porque, de otro modo, ni el
Juzgado de Instrucción hubiera archivado
las diligencias ni el Defensor del Pueblo hubiera dado por concluso
el trámite de la queja.
Señoría, todos vivimos, no sólo usted, una sacudida al conocer las
circunstancias trágicas de una joven nigeriana embarazada de siete
meses. Los primeros, los guardias civiles que atendieron
ejemplarmente a esa joven nigeriana. Todos apoyamos y facilitamos
todas las investigaciones, internas, administrativas y de carácter
judicial, pero la regla también es que todos tenemos que saber acatar
las decisiones y determinaciones de carácter judicial y el Estado de
derecho, y usted también, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Interior.
- DEL DIPUTADO DON GERARDO TORRES SAHUQILLO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA CORRECTO EL MINISTRO DE
FOMENTO INAUGURAR EL COMIENZO DE UNA OBRA PÚBLICA QUE UN MES Y MEDIO
DESPUÉS DEL ACTO NO HA COMENZADO? (Número de expediente 182/001582).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que responderá en nombre
del Gobierno el ministro del Fomento y que comienzan con la número
18, que formula el diputado don Gerardo Torres Sahuquillo, del Grupo
Socialista.
Señor Torres. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor presidente.
¿Considera correcto el ministro de Fomento inaugurar el comienzo de
una obra pública que un mes y medio después del acto no ha comenzado?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la colocación de la primera piedra es un acto simbólico
perfectamente legítimo y, cuando se trata de una inversión en una
gran infraestructura, podríamos discutir qué se entiende por comenzar
la obra. Si usted cree que es poner ladrillos con cemento, hay otros
conceptos técnicamente más legítimos que implican que efectivamente
la inversión ha comenzado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor presidente.
El pasado día 21 de diciembre de 1998, víspera del sorteo de Navidad
y por tanto día de esperanzas, el señor ministro de Fomento,
acompañado del presidente de Aragón, don Santiago Lanzuela, inauguró
-entrecomillo-: el comienzo de las obras de la autovía Mudéjar en dos
tramos entre Teruel y Zaragoza. Se hizo acompañar el ministro para el
fausto acontecimiento por numerosas autoridades, muchos periodistas y
fotógrafos, varios técnicos, diversas Fuerzas de Seguridad y siete
grandes máquinas de obras públicas que iban a comenzar los trabajos.
El señor ministro vino a Teruel con helicóptero, como caído del
cielo, y dio la señal del comienzo de las obras en la autovía de
Teruel. Parecía una escena de la película Bienvenido mister Marshall,
de Berlanga. Pues bien, al marcharse el señor ministro lo hizo con él
el presidente aragonés, se marcharon también las autoridades, los
periodistas, las Fuerzas de Seguridad, los técnicos y hasta las
máquinas, señor ministro, se marcharon las máquinas, dejando, eso sí,
en una desangelada soledad la susodicha finca agrícola, porque fue
una finca agrícola, con las huellas de los asistentes y un cartel
anunciador que pusieron ustedes.
Esta finca al día de hoy sigue igual, y por esta foto, que está
tomada hace tres días, pueden ustedes comprobar cómo está la autovía
de Teruel: con el cartel puesto y la finca intacta.En este preciso
momento la obra no ha comenzado y han transcurrido ya 58 días, casi
dos meses, señor ministro, desde que se produjo la pantomimade la
inauguración del fallido comienzo de las obras.
Señor ministro, usted no nos ha dicho la verdad, porque en este
momento todavía no se ha adjudicado el control de calidad y la
vigilancia de las obras, ni tampoco se ha depositado en una cuenta
bancaria el dinero de las expropiaciones de las fincas a ocupar, sin
cuyo requisito las obras no pueden comenzar.Además, los restantes
diez tramos de esta autovía Mudéjar, dentro del territorio de Aragón,
no tienen consideración presupuestaria porque ustedes no aprobaron
una enmienda de 1.500 millones que mi grupo presentó.
Señor ministro, más obras y menos propaganda, por favor. Si no lo
hace así, tendremos que decirle a usted que no es un ministro de
Fomento sino, como decimos en Aragón, un ministro cantador de jotas
bravas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Torres.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, le voy a dar los datos concretos. Los dos tramos cuyas obras
en el sentido técnico han comenzado son los siguientes: Santa
Eulalia-Monreal fue adjudicado a las dos empresas, Nexo y Comsa, por
una cuantía de 11.295 millones de pesetas. La obra Monreal-Calamocha
fue adjudicada el día 16 de noviembre de 1998 a la UTE Obrascon-
Huarte-Lainsa-Cir por 4.648 millones de pesetas. Lo que ustedes no
resisten, señoría, es que en estos momentos esta obra Teruel-Zaragoza
tenga una consignación presupuestaria, por la vía del modelo alemán,
de 16.000 millones de pesetas. Lo que ustedes no resisten es que este
Gobierno haya puesto en marcha una autovía fundamental como es la
conexión entre Teruel y Zaragoza.
Le voy a decir lo que es muy grave en materia de infraestructuras. Lo
que es grave es poner primeras piedras y no poner las segundas; lo
que es grave, señoría, es firmar convenios con las comunidades
autónomas sin consignación presupuestaria, y lo que es grave,
señoría, es inaugurar cuatro veces una obra. Estas eran prácticas del
Gobierno anterior. Yo no incurriré en ellas, y verá usted cómo dentro
de muy poco tiempo habrá obra física en esos dos tramos en la autovía
de Teruel-Zaragoza que ustedes o no quisieron o no pudieron o no
supieron hacer.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO SUBIR
LAS TARIFAS, PRECIOS O CUOTAS DEL TELÉFONO, COMO CONSECUENCIA DEL
RECONOCIMIENTO DEL «DÉFICIT DE ACCESO» DE LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA, S.
A.? (Número de expediente 180/001585).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
21, que formula don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿tiene previsto el Gobierno subir las tarifas,
precios o cuotas del teléfono, como consecuencia del reconocimiento
del déficit de acceso de la compañía Telefónica?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
No lo tiene previsto, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Le tomo la palabra. Tiempo habrá de ver si una vez más me ha engañado
usted en este Parlamento o esta vez me ha dicho la verdad; sería una
excepción.
Le quiero decir tres cosas, señor ministro. Primera, andan sus altos
cargos hablando de la Unión Europea y el déficit de acceso. Usted
sabe que es verdad que hay que hablar de déficit de acceso, pero hay
que saber primero cuánto vale, si existe déficit de acceso y, en su
caso, quién lo financia. La Unión Europea no dice que haya que
financiar lo que no existe ni que tengan que financiarlo los
consumidores.
Segundo, usted está estudiando con Telefónica, está pactando; veremos
aquí el pacto, espero que nos lo explique, porque usted sabe que el
déficit de acceso que Telefónica filtra a través de su amplia gama de
medios de comunicación no responde a la realidad.
Tercero y más importante, señor ministro. El otro día le oí decir en
algún sitio que iba a aplicar soluciones imaginativas y me eché a
temblar, señor ministro, porque la última vez que aplicó soluciones
imaginativas subió el teléfono. Hace muy poco que volvió a echar la
imaginación a volar, destrozó la vida de los internautas cambiando a
Infovía Plus y dejando a la gente con un servicio deficitario. Le
digo: no eche usted a volar la imaginación como la última vez que
subió las tarifas. Por tanto, si hay que pagar un déficit de acceso,
que habrá que verlo en este Parlamento, que sea de otra forma, de
forma imaginativa, pero que no paguen los usuarios ni con subidas en
la factura del teléfono ni con subidas de cuotas de abono.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Hemos debatido ya tanto sobre el reequilibrio tarifario, señoría, que
ya sabe que ustedes como Gobierno subieron las tarifas telefónicas
mucho más de lo que las ha subido nunca este Gobierno.
Gracias a la política de este Gobierno han bajado las llamadas
provinciales el 5 por ciento; las interprovinciales, el 25 por
ciento; las internacionales, el 32 por ciento; la cuota de alta por
línea adicional, el 43 por ciento; el tráfico de red fija a móvil, el
13,9 por ciento; los servicios de inteligencia de red, entre el 3,5
por ciento y el 28 por ciento; han bajado todas las tarifas de
telefonía móvil y siguen bajando. Han quedado congeladas, desde el
año 1994, las tarifas locales hasta el minuto 2,40 y se hizo el
reequilibrio tarifario subiendo el 13 por ciento, a partir del minuto
2,40, las tarifas locales. Teniendo en cuenta que ustedes las
llegaron a subir el 67 por ciento, la verdad, señoría, hemos quedado
muy bien; teniendo en cuenta que ustedes metieron 3 décimas al IPC y
nosotros 7 centésimas, me reconocerá S.S. que lo hemos hecho mucho
mejor. Y le digo que por donde quiera usted hacer el cálculo, por
donde
quiera, la factura media mensual de las familias españolas en
telefonía ha bajado, como mínimo, el 4,5 por ciento. Esa es la
política de este Gobierno. (Rumores.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO.
¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE
APROBADA POR EL PLENO DE LA CÁMARA EN FECHA 29 DE OCTUBRE DE 1998,
POR LA QUE SE INSTABA AL GOBIERNO A ADOPTAR LOS PASOS NECESARIOS PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TARIFA PLANA PARA EL ACCESO A INTERNET POR
PARTE DE USUARIOS RESIDENCIALES, PYMES Y EN CENTROS EDUCATIVOS Y
SANITARIOS? (Número de expediente 180/001589).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula doña María
Isabel Díez de la Lastra, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Díez de la Lastra.
La señora DÍEZ DE LA LASTRA BARBADILLO: Muchas gracias, señor
presidente.
Señor ministro, aunque el crecimiento en el uso de la red de Internet
en España es impresionante, nos encontramos aún en una fase
incipiente en cuanto a su implantación. Con el objeto de extender su
uso a todas las capas de la población, y especialmente a sectores con
gran importancia estratégica, desde el punto de vista económico y
social, como son las pymes, la educación y la sanidad, esta Cámara,
con el consenso de todos los grupos parlamentarios, aprobó por
unanimidad una moción el pasado septiembre por la que se instaba al
Gobierno a adoptar los pasos necesarios para establecer una tarifa
plana para el acceso a Internet en estos sectores. Transcurridos seis
meses desde la fecha creo que es oportuno preguntarle: ¿qué medidas
está llevando a cabo el Ministerio de Fomento para dar cumplimiento
a dicha moción?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, en estos momentos se encuentra ante la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones el
borrador de la orden ministerial por virtud de la cual se introduce
la llamada tarifa plana de acceso a Internet.
La tarifa plana tenía, técnicamente hablando, un problema. Si se
hubiera decretado unilateralmente, con carácter inmediato y sin tener
en cuenta, como es lógico, la situación de Telefónica, habríamos
provocado el colapso de la red local, el llamado bucle del abonado,
del servicio de telefonía local de Telefónica, porque al ser una
tarifa plana y baja en cuantía era fácilmente deducible que podría
colapsarse el funcionamiento de la red local de Telefónica.
La aparición de una nueva tecnología, llamada ADSL, permite separar
la transmisión de datos de la transmisión de voz. Con esa tecnología
el acceso a Internet no colapsa la transmisión de voz del servicio de
telefonía local y, por consiguiente, se puede ahora introducir la
tarifa plana y facilitar de esa manera el acceso de muchísimos
internautas a una tarifa plana que la hace mucho más accesible. En un
primer momento esa tarifa plana de Internet estará en 5.000 pesetas.
Creo que la orden ministerial podrá estar en vigor a finales del mes
de marzo, cuando haya cumplido toda su tramitación.
Esta tarifa todavía es alta, es un primer paso, pero para compensar
esa tarifa alta se han establecido dos planes de descuento: para los
que consumen 10 horas de Internet al mes o para los que consumen 50
horas. En ambos casos la tarifa que se paga por esas 10 horas, en
horas altas o en horas bajas, o esas 50 horas, en horas punta o en
horas nocturnas, está por debajo de las 3.000 pesetas. Por tanto, a
muy corto plazo vamos a tener tres posibilidades: una tarifa muy baja
para los abonados de 10 horas; una tarifa algo más alta para los
abonados de 50 horas al mes y 5.000 pesetas mensuales de tarifa plana
para todos aquellos que, por consumir más de 50 horas al mes, quieran
la posibilidad de tener indistintamente a disposición y con una misma
tarifa el acceso a Internet.
Esos son los planes del Gobierno, desde la consideración de que el
acceso a Internet es un instrumento de conocimiento, de formación, de
cultura y de educación de primera magnitud.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN LE
MERECE AL MINISTERIO DE FOMENTO EL PROCESO DE LIBERALIZACIÓN DEL
SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES QUE SE HA LLEVADO A CABO EN ESPAÑA
EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS? (Número de expediente 180/001590).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
25, que formula don Cristóbal Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Pons.
El señor PONS FRANCO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, de todos es conocido que en la sociedad actual las
telecomunicaciones son una parte fundamental en la vida de los
ciudadanos, debido sobre todo a que son un servicio final cuya
cobertura puede servir para medir tanto la calidad de vida de los
mismos como para ser de la misma manera un factor crecientemente
esencial para muy diversos sectores de la economía. También es
conocido de todos, señor ministro, que la situación que usted heredó
del anterior Gobierno y de su antecesor en el cargo, el señor
Borrell, fue la de un sector que estaba totalmente sujeto a monopolio
y que en su proceso de liberalización estaba en el vagón de cola de
los países europeos. Y de todos es conocido también, señor ministro,
que ha sido este Gobierno el que estableció, como una de sus
principales prioridades respecto a este sector, promover el paso de
este sistema antiguo basado en el monopolio a uno moderno basado en
la plena competencia, que proporcionase a la sociedad mejores
servicios y menores precios.Así, este Gobierno, a través de las
diversas reformas estructurales que ha acometido, ha ido implantando
durante los últimos tres años una serie de medidas, entre las que
podemos destacar la aprobación de la Ley General de
Telecomunicaciones, que han permitido que los diferentes segmentos
del sector hayan estado preparados para afrontar el día 1 de
diciembre del pasado año su apertura a la competencia efectiva.
Pues bien, una vez transcurrida esta fecha, que marca la apertura de
la competencia en este sector en España, creemos, señor ministro, que
es muy importante conocer qué valoración le merece al Ministerio de
Fomento el proceso de liberalización del sector de las
telecomunicaciones que se ha llevado a cabo en España en los últimos
tiempos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pons.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, la valoración que cabe hacer de un proceso de
liberalización, con carácter general, yo diría que es similar a la de
cualquier otro proceso de liberalización. El poner término a los
monopolios siempre va a beneficiar, beneficia de hecho y está
acreditado, a los ciudadanos.
Con carácter genérico podemos decir, en primer término, que un
proceso de liberalización -y, por tanto, de aparición de nuevos
operadores de telefonía, de nuevas empresas que prestan servicios de
telefonía u otros servicios de telecomunicaciones- implica una
presión a la baja de los precios. Corrigiendo el defecto originario,
que es la existencia de precios políticos en el
antiguo monopolio de Telefónica y, por tanto, debiendo incrementarse
inicialmente las tarifas locales, es lo cierto que todas las demás
bajan y en su momento comenzarán también a bajar las propias tarifas
locales.
Segundo, la liberalización, al producirse la aparición de nuevas
empresas, implica para todos los ciudadanos una mayor oferta de
servicios, e implica algo también significativo, y es que las
empresas pueden ofrecer planes y pueden ofrecer -valga la
redundancia- ofertas adaptadas a la situación de cada empresa o a la
situación de grupos de ciudadanos que tienen unos determinados tipos
de consumo.
En tercer lugar, la liberalización es el impulso definitivo para
introducir innovaciones tecnológicas. Hace un minuto me refería a la
incorporación de una tecnología como la ADSL que va a poner en marcha
Telefónica para permitir la tarifa plana de acceso a Internet. Es una
tecnología nueva; hay otras muchas tecnologías que están en proceso
de incorporación en el mundo español de las telecomunicaciones, pero
ya le anuncio que los operadores de cable, que empezarán a actuar en
las grandes ciudades españolas aproximadamente a finales de este año
o a principios del año que viene, van a prestar una multiplicidad de
servicios de telecomunicaciones, entre ellos servicio de telefonía
local, en competencia, por tanto, con las tarifas locales de
Telefónica.
Por último, señoría, un proceso de liberalización produce un
extraordinario crecimiento del mercado. En España, simplemente con el
inicio de la liberalización, con el anuncio de los primeros pasos
liberalizadores, el mercado ha crecido a una media del 14 por ciento
anual; en el presente ejercicio, las previsiones más realistas dan un
crecimiento del 20 por ciento. Eso no solamente tiene una importancia
extraordinaria para la productividad de la economía española, sino
que sobre todo es una fuente de creación de empleo, que es el
objetivo esencial.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUÉ HA PERMITIDO EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO
HÍPICO EN OVIEDO, EN UNA DE LAS MÁRGENES DEL RÍO NORA, EN CONTRA DE
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE AGUAS Y DEL REGLAMENTO DEL DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO? (Número de expediente 180/001583).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno que contestará la señora ministra de Medio
Ambiente.Pregunta número 19, que formula don Álvaro Cuesta Martínez,
del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señora ministra, los
empresarios dedicados a la ganadería equina, incluido el dirigente
del Partido Popular y alcalde Oviedo, están de suerte, han
garantizado la viabilidad de su negocio privado, y lo están porque el
primer empresario equino y a la vez alcalde de Oviedo decidió
construir de manera unilateral una ciudad o complejo para caballos
con dinero público. Estamos ante el mayor escándalo de corrupción que
se ha vivido en Oviedo. Durante un año se han realizado obras por
valor de 2.300 millones de pesetas al lado del río Nora, en un
espacio de especial protección, en zona inundable y sin garantías de
ningún tipo; se ha infringido la Ley de Aguas, el reglamento de
dominio público hidráulico, la legislación en materia de medio
ambiente, la administrativa y la urbanística y faltan todo tipo de
autorizaciones y garantías sobre los vertidos. Ahora estas obras
están paralizadas por su manifiesta ilegalidad y hasta el momento su
Ministerio y la Confederación Hidrográfica no se han enterado o han
mirado hacia otro lado. ¿Por qué ha permitido el Ministerio de Medio
Ambiente las obras de construcción de un complejo hípico en Oviedo,
en una de las márgenes del río Nora, en contra de lo establecido en
la Ley de Aguas y del reglamento de dominio público hidráulico?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
diputado, debería ser un poco más preciso en las afirmaciones tan
categóricas -y tan vacías de contenido, por otra parte- que hace.
Para tranquilidad de S.S., le puedo asegurar que el Ministerio de
Medio Ambiente ha cumplido en todo momento y sigue cumpliendo la
legalidad vigente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora ministra, se ha incumplido
manifiestamente porque son obras que no tienen la autorización previa
preceptiva conforme establece la Ley de Aguas y el reglamento de
dominio público hidráulico cuando habla, por ejemplo, de las zonas de
policía. Además, ha habido una dejación escandalosa de funciones por
parte de la Confederación, que ha manifestado públicamente que le
parecía un problema de escaso interés, en la filosofía del
vicepresidente, que todo lo considera subsanable, y aquí estamos
amparando incluso intereses privados. ¿Por qué no ha habido un
expediente sancionador?
Señora ministra, yo esperaba esta tarde de usted que públicamente
anunciara que iba a exigir la depuración de responsabilidades en la
Confederación Hidrográfica; lo que no esperaba, aunque estemos en
semana de carnaval,
es que usted viniese disfrazada de amazona. (El señor Gómez
Darmendrail: Muy gracioso.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora ministra
de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga):
Recuperemos la calma y la seriedad, señor diputado.
Hay cinco expedientes, pero no sancionadores. El Ayuntamiento de
Oviedo solicita una autorización para la construcción de un puente
sobre el río Nora -todo ello relacionado con lo que usted quiere
vagamente iniciar aquí- el 23 de octubre de 1997, concediéndosele el
31 de mayo de 1998. Solicita igualmente autorización para obras en el
dominio público hidráulico y zona de servidumbre en una zona de
acceso al Molinón y la Confederación se la concede el 21 de octubre
de 1998. Asimismo, pide autorización en diciembre de 1998 para obras
en el dominio público y zona de servidumbre en otra zona distinta,
salvando el cauce del río Nora, para un paso provisional y se le
concede el 22 de enero de 1999, todo ello por el Ministerio de Medio
Ambiente. Solicita además autorización para obras correspondientes al
proyecto de construcción del campo hípico municipal del Molinón el 25
de enero de 1999, siendo en este momento y en este expediente, que se
encuentra en trámite de información pública, en el que
simultáneamente se está estudiando otro expediente de denuncia de
Izquierda Unida en el Ayuntamiento, junto con dos informes de la
guardería fluvial así como de la comisaría de aguas, todos ellos de
febrero de 1999, y se encuentra en trámite de incoación para ver si
hubiera habido algún tipo de ilegalidad por ejecutarse obras sin
autorización en zona precisamente de policía de cauces.
En cuanto a la autorización de vertido, que es la quinta, se solicita
por el Ayuntamiento de Oviedo la autorización el 25 de enero de 1999.
Hasta el presente no se ha producido ningún vertido, por lo que, como
sabe S.S., se está cumpliendo la legalidad, ya que la autorización es
exigible cuando se producen estos vertidos.
Por tanto, recupere la calma S.S. y tenga la seguridad de que donde
se cometa una infracción va a haber por parte de este Gobierno una
sanción, pero cuando los expedientes se autorizan porque se solicitan
a tiempo, también creo que es de justicia reconocer que no se
producen las anomalías que S.S. ha traído aquí cargadas de contenido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JULIO ÁLVAREZ GÓMEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ PLANES O PROYECTOS TIENE
PREVISTO APROBAR EL GOBIERNO, Y QUÉ PARTICIPACIÓN TENDRÁN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GALICIA Y CASTILLA-LEÓN, PARA LA
RECUPERACIÓN Y PREVENCIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LOS RÍOS QUE DISCURREN
POR LAS COMARCAS DE VALDEORRAS, VAL DE QUIROGA Y EL BIERZO, AFECTADOS
POR LA INTENSA EXPLOTACIÓN DE PIZARRA? (Número de expediente 180/
001584).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
20, que formula don Julio Álvarez Gómez, del Grupo Socialista.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿qué planes o proyectos tiene previsto aprobar el
Gobierno, y qué participación tendrán las comunidades autónomas de
Galicia y Castilla-León, para la recuperación y prevención
medioambiental de los ríos que discurren por las comarcas de
Valdeorras, Val de Quiroga y El Bierzo, afectados por la intensa
explotación de pizarra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Álvarez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Existe
un principio, acuñado en todo el derecho ambiental español, que es el
de que quien contamina paga. Por tanto, todas aquellas medidas
correctoras y compensatorias que haya que poner en marcha debidas a
la situación de deterioro que están produciendo en aquellas zonas que
usted cita esas explotaciones de pizarras tendrán que ser solicitadas
por las comunidades autónomas correspondientes, para que se cumplan
los trámites de la autorización en los términos en que se ha
concedido.
En relación al Ministerio de Medio Ambiente, existen otros proyectos
en marcha para garantizar la calidad de esos ríos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, su respuesta esconde una solución a un problema, un
problema que se viene acumulando desde hace muchos años, como en
otros temas de este tipo, ya que no se puede conocer con exactitud
quién está contaminando en este momento. Señora ministra, España es
el primer país productor de pizarra del mundo y en estas tres
comarcas se produce prácticamente el cien por cien de la pizarra
española. En este sector hay 5.000 empleos directos y 20.000 empleos
indirectos, lo que hace un total de 25.000 empleos. Se está
amenazando, por lo tanto, la viabilidad futura de explotaciones
económicas que son un sector estratégico en tres comarcas deprimidas.
No se esconda en lo que ha pasado, aborde el futuro. Acumular 12
millones
de toneladas de residuos cada año en estas tres comarcas significa
que esta solución no puede ser abordada unilateralmente, ni siquiera
desde el sector empresarial, ni siquiera desde cada una de las
comunidades autónomas que pueden tener competencia para resolver este
problema. El Estado, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que
liderar este proceso, tiene que liderarlo haciendo uso de sus
competencias de coordinación y de dirección cuando hay varias
comunidades autónomas afectadas por un mismo problema, un problema
que se concentra además en un territorio muy preciso. No puede usted
dar una respuesta hueca a las peticiones de esta Cámara, no puede su
grupo parlamentario, cuando llevamos este asunto a la Comisión
correspondiente, imputar esta responsabilidad a las comunidades
autónomas y decirnos ahora que quien contamina paga. Eso no es dar
una respuesta, señora ministra. Despierte. Lleva tres años en una
primavera bucólica. Este problema no tiene solución si no se abordan
conjuntamente los proyectos que los empresarios tienen encima de la
mesa de la Confederación Hidrográfica. Resuelva esos expedientes y
resuelva este problema, que no es solamente un problema
medioambiental, sino también un problema económico que afecta a
muchas familias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Álvarez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Su señoría habla de problemas que vienen arrastrándose desde hace
muchísimos años. La verdad es que no soy yo quien ha mirado hacia
atrás. Si hubiera habido una gestión correcta, y me parece que algo
de responsabilidad tuvieron ustedes cuando se sentaban en estos
bancos, seguramente no tendríamos este problema hoy encima de la
mesa.
En segundo lugar, señoría, mal que le pese a usted, hemos celebrado
el 20 aniversario de la Constitución española y ya en el año 1978 se
estableció claramente cuáles eran las competencias de la
Administración central y cuáles de las comunidades autónomas.
Concretamente, y en relación con el medio ambiente, las competencias
básicas son las de legislación básica y las competencias de gestión
medioambiental están residenciadas en las comunidades autónomas y en
los ayuntamientos.
No me pregunte S.S. por los vertidos, los residuos, los vertederos o
los escombros porque hace ya algunos años tuvimos también el problema
que causó precisamente el famoso vertedero del Ayuntamiento de Bens,
en La Coruña, en el que no tenían responsabilidades ni la
Administración central ni la comunidad autónoma y, sin embargo, por
la incompetencia del ayuntamiento, gestionado curiosamente por un
alcalde socialista, hubo que ayudarle a sacar las castañas del fuego
con 800 millones de pesetas. Yo le tengo que decir que de
lo que me ocupo concretamente es de la calidad del vertido de los
ríos y, precisamente porque el que contamina paga y se pagan esos
cánones por el vertido, estamos trabajando en la depuración de las
aguas de esos ríos con proyectos tan concretos y tan contemplados en
los presupuestos de este año como en la zona de Valdeorras el
saneamiento de Sobradelo, Entoma y El Barco, en Orense; por otra
parte, en la zona de El Bierzo, el saneamiento de los grandes núcleos
de El Bierzo y Laciana, en León y, asimismo, la recogida y transporte
de las aguas residuales de los grandes núcleos de El Bierzo y Laciana
hasta los puntos de concentración que se diseñan para el tratamiento
de las estaciones depuradoras correspondientes. Esto es lo que
tenemos que hacer.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON BENITO JESÚS REGO COBO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ
ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD EN EL
TERRITORIO ESPAÑOL? (Número de expediente 180/001591).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
26, que formula don Benito Rego Cobo, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Rego.
El señor REGO COBO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Medio Ambiente, España posee uno de los
patrimonios naturales más importantes de Europa, tanto desde el punto
de vista de diversidad de especies como desde el punto de vista de
conservación. España cuenta con unas 1.500 plantas endémicas, es
decir, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. En
cuanto a la fauna, la península Ibérica posee la mayor riqueza
biótica de Europa occidental con entre 50.000 y 60.000 especies de
animales diferentes. En conjunto, en España se calcula que hay unos
70.000 seres vivos diferentes frente a un total en Europa de unas
142.000 especies distintas. Sin embargo, su estado de conservación no
es el mejor deseable. En las últimas décadas se ha producido una
pérdida irreversible de la biodiversidad que hay que atajar. A modo
de ejemplo, existen en nuestro país 245 especies de vertebrados
amenazados de extinción. La pérdida de biodiversidad ha alcanzado
incluso a los animales domésticos. Por ejemplo, han desaparecido ya
cuatro razas de ganado vacuno: la campurriana, la pasiega, la
labaniega y la marinera. Se están haciendo esfuerzos en el sentido
correcto de la protección de nuestra fauna y flora. Así,
recientemente, modificar la Ley de espacios naturales implica una
mayor coordinación y unos objetivos comunes de gestión en todos los
parques nacionales.
Por otro lado, la incorporación de nuevos parques nacionales a la red
es una medida importante de preservación de espacios de alto valor
ecológico. Sin embargo, hay otras áreas en las que hay que actuar y
es urgente emprender estas actuaciones. Por ejemplo, es necesario
poner en marcha de forma definitiva la estrategia nacional de la
biodiversidad, es preciso diseñar un plan para la protección de
nuestros humedales, es importante no olvidar las acciones de
protección, los espacios y la flora y las faunas marinas presentes en
nuestra plataforma continental, es urgente agilizar todas las
tramitaciones precisas para la inclusión definitiva de espacios en la
red Natura 2000 y para su adecuada protección e incluso es preciso
incrementar la presencia internacional de España en aquellos foros en
los que se habla y se discute la biodiversidad, dado el peso
específico que nuestro país tiene en este concepto. Por tanto, le
pregunto a la señora ministra: ¿qué medidas está adoptando el
Gobierno para preservar la biodiversidad en el territorio español?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rego.
Señor ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Como sabe S.S., la última vez que tuve ocasión de responder a una
pregunta en este sentido enumeré los trabajos que se estaban
desarrollando para elaborar una estrategia nacional de biodiversidad.
Pues bien, me es grato confirmarle que en este momento ha culminado
el proyecto y tenemos una estrategia para la conservación de la
diversidad biológica. Puedo confirmarle que han participado todos los
sectores implicados en seis mesas de trabajo: además de la
Administración central, comunidades autónomas, la Federación Española
de Municipios y Provincias, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones sindicales, sectores económicos, organizaciones de
usuarios y de consumidores. Realmente ha habido una gran
participación, aceptando un compromiso no solamente de redactar una
estrategia de biodiversidad sino, además, de cumplir cada una de las
actuaciones que en ella se determinan. Por tanto, tenemos ya un marco
con unas líneas directrices de cómo debemos conservar esa diversidad
biológica que, como usted ha dicho, es la más rica del continente
europeo. En cualquier caso, con esas líneas generales lo que se hace
es, primero, un diagnóstico de situación, cuáles son las especies más
amenazadas, cuáles son los instrumentos con los que contamos para
evitar ese deterioro y, sobre todo, marcamos unas líneas concretas de
actuación con unos programas sectoriales, dotándonos de unos
calendarios para poner en marcha esas actuaciones, de tal manera que
no solamente consigamos el objetivo de preservar la naturaleza y esta
biodiversidad sino que seamos capaces de cambiar las tendencias de
cuantas personas de una u otra forma podemos estar afectando a esa
diversidad biológica. En
esos planes sectoriales contamos, por ejemplo, con el Plan
estratégico de defensa de los humedales, que tuve el honor de
presentar en sus líneas básicas precisamente en Valencia el día
mundial de los humedales, a principios de febrero. Con todo esto he
pedido ya una comparecencia en el Congreso de los Diputados para que
en el seno de la Comisión de Medio Ambiente, a principios de marzo,
podamos hacer una presentación pública, para conocimiento de todas
SS.SS., de en qué ha consistido esta estrategia de lucha para la
conservación de la diversidad biológica, que ha logrado unos
consensos tan unánimes.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ PLANES TIENE EL
GOBIERNO RESPECTO A LA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN
MATERIA MEDIOAMBIENTAL? (Número de expediente 180/001592).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
27, que formula don Manuel González Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor González.
El señor GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, el desastre de las minas de Aznalcóllar, donde se
halla involucrada la empresa Boliden, ha puesto de manifiesto la
necesidad de contar con un marco normativo eficaz que ayude realmente
a paliar estos desastres ecológicos. Además de lo que ya se indica en
otras leyes en cuanto a responsabilidad, incluso penal, en estos
daños provocados en el medio ambiente, es preciso asegurar que se
cumpla uno de los principios básicos de la protección del medio
ambiente, que es el principio de restauración, por el cual es
preciso, en la medida de lo posible, hacer retornar a la situación
anterior a que los daños se produjeran los espacios deteriorados. Por
supuesto, el responsable de esta restauración es quien deterioró el
medio. Sin embargo, en la práctica sucede a menudo que es un problema
a definir quién es el responsable y, en la mayoría de los casos,
cuando se determina este responsable surgen los problemas derivados
de la insolvencia del mismo. Tristemente este puede ser el caso de
Aznalcóllar. Por ello es urgente regular la responsabilidad civil en
materia de medio ambiente. La elaboración de un proyecto de ley al
respecto ha sido anunciada reiteradamente por el Gobierno a través
del Ministerio de Medio Ambiente en esta misma Cámara. Este proyecto
de ley debiera clarificar conceptos tales como la responsabilidad
objetiva ante daños en medios ambientales
o la necesidad de disponer de coberturas suficientes por medio
de seguros u otros instrumentos adecuados para poder hacer frente a
los costes en los que se incurra debido a accidentes con
repercusiones medioambientales y a la necesidad de su restauración.
En definitiva, la regulación de la responsabilidad civil en materia
de medio ambiente es urgente y es un compromiso que ha adquirido el
Gobierno con la sociedad.
Por todo lo anterior, creo oportuno formular la siguiente pregunta:
¿qué planes tiene el Gobierno respecto a la regulación de la
responsabilidad civil en materia medioambiental?
Gracias, señor presidente; gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor presidente.
En efecto, como S.S. indica, el derecho al medio ambiente es un
derecho constitucional, es un derecho que ha gozado de la máxima
protección de la Constitución española al incorporarlo a los derechos
fundamentales de las persona. Sin embargo, no parece que todas las
actuaciones vayan encaminadas en esta dirección y así, si bien el
artículo 45 de la Constitución es el que advierte que todos tenemos
derecho a un medio ambiente sano, curiosamente no siempre que se
produce un daño al medio ambiente, salvo que tenga una repercusión
como un delito ecológico, queda convenientemente sancionado. Por esta
razón, y por encima de las sanciones administrativas o de las
sanciones penales en caso de delito ecológico, notamos que existía
una carencia en la legislación ambiental española cuando llegamos al
Ministerio, y es que, con independencia de que ya en el año 1993
existiera un libro verde de la Unión Europea que recomendaba
precisamente la elaboración de leyes de responsabilidad civil para
que ningún daño al medio ambiente quedara impune, curiosamente no se
había puesto en marcha todavía esta iniciativa legislativa. Por eso y
con anterioridad al accidente de Aználcollar, que usted acaba de
citar, ya estuvimos elaborando un primer borrador que fue presentado
precisamente en la conferencia territorial a todas las comunidades
autónomas. Con todas las aportaciones que conseguimos de los
distintos sectores, no solamente jurídicos y técnicos, dada la
complejidad de este ambicioso proyecto, estamos en este momento
elaborando un nuevo borrador que esperamos que sea la última
definición del mismo que hacemos llegar a los departamentos
ministeriales que pueden estar más afectados por esta legislación. En
definitiva, como el artículo 1.902 del Código Civil regula de manera
bastante escasa este tipo de responsabilidad civil, puesto que le
hace que sea responsabilidad civil uniéndola a que el causante sea el
que va a pagar este daño o que, por otra parte, tengamos también
relacióncon un accidente, nosotros queremos regular la
posibilidad de que simplemente exista la obligación de reparar el
daño ambiental por el mero hecho de que el daño se ha producido. Es
decir, que en el funcionamiento normal de determinadas actividades
que producen impactos ambientales exista la obligación de cumplir con
el requisito de la reparación tanto del daño ambiental como del daño
a las personas o a la administración que pudiera haberse inferido.
Para ello estamos trabajando en un anteproyecto de ley de
responsabilidad civil objetiva que no tenga ni culpa ni relación con
ningún accidente.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ BLANCO LÓPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO ACORDE CON
EL PACTO CONTRA EL TRANSFUGUISMO LOS RECIENTES ANUNCIOS DEL PP DE
GALICIA DE INCORPORAR A SUS LISTAS ELECTORALES A ALCALDES EN
EJERCICIO, CONCEJALES Y MILITANTES DE OTRAS FORMACIONES POLÍTICAS?
(Número de expediente 180/001581).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
17, que contestará el señor ministro de Administraciones Públicas y
que formula don José Blanco López, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor ministro, ¿está de acuerdo el Gobierno
con la conducta política de algún ministro o presidente de diputación
de instigar, fomentar e impulsar el cambio de partido de alcaldes y
concejales a cambio de no se sabe muy bien qué prebendas?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Señor presidente, señor diputado, el Gobierno está a favor de que se
cumpla el acuerdo sobre la conducta política en relación con el
transfuguismo para las corporaciones locales. El acuerdo al que
llegaron los firmantes del mismo dice que se comprometen a rechazar y
no admitir en su grupo político a un concejal integrado en la
candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo conseguido
en su partido original. Asimismo se compromete a impedir la
utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las
mayorías de gobierno en las instituciones públicas.
Por tanto, agradecería a S.S. que me concretase quiénes son los
concejales y quiénes son los alcaldes para poder pormenorizar de
manera rigurosa si encajan o no en el cumplimiento de estos
compromisos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor ministro, llámelos usted como quiera,
pero repruebe estos comportamientos y no los justifique. Fomentar y
alentar este tipo de conductas sólo conduce al desprestigio de la
política y los políticos. Que las promueven miembros del propio
Gobierno es algo inédito y muy grave. Es el propio Gobierno el que
viola, después de haberlo firmado con toda solemnidad, el pacto
antitransfuguismo.
El señor Romay, sentado a su lado, selló el acuerdo, participó en el
anuncio del transvase de un alcalde del Partido Socialista al Partido
Popular, ofreciendo, según se dice, todo tipo de recompensas y
garantizando -así se recoge en La Voz de Galicia de ese día- más
inversión pública para ese ayuntamiento, utilizando de esta forma los
recursos públicos con fines partidarios. Una conducta extendida en
Galicia que atenta contra un principio constitucional fundamental, el
de la no discriminación por razones ideológicas, que, por cierto, es
la práctica de los dirigentes del Partido Popular con los gobiernos
democráticos y personas que no sintonizan con su partido, privando de
esta forma a los ciudadanos de servicios por el hecho de que no
compartan su pensamiento. (La señora Fernández González: ¡Eso es
falso!) Esto, señor ministro, es clientelismo, como lo es,
vergonzante, la forma de seleccionar a las personas para trabajar,
por ejemplo, en la Diputación de Orense. Para ustedes, señor
ministro, el fin justifica los medios; todo vale con tal de tener el
control y el poder político, todo el poder político, señor ministro.
Ustedes confunden el viaje al centro con el viaje hacia el partido
único. Las prácticas así lo avalan. Esta es la única política que
saben hacer -espero que usted la repruebe-, llámela como la llame,
fomentar el transfuguismo de alcaldes en ejercicio. Señor ministro,
la ética deben dejar de predicarla y de una vez por todas empezar a
practicarla. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro
de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Teníamos dos posibilidades: hacer una intervención rigurosa y ver si
se ha cumplido o no el pacto de transfuguismo, o hacer una soflama
política sin ninguna consistencia. Usted ha optado por la segunda.
Efectivamente, he leído las declaraciones de algunas de SS.SS.
respecto al incumplimiento por parte de algunos miembros del Partido
Popular del pacto antitransfuguismo.
El primero fue en el municipio de Nogueira, en el cual no es concejal
desde el año 1987 la persona que ha anunciado que quiere pasarse del
Partido Socialista al Partido Popular. El segundo es en el municipio
de Rubiana y la persona no ha sido concejal nunca. Por tanto,
difícilmente puede pasarse de grupo de concejales o puede pasarse de
grupo parlamentario. Y en cuanto al caso a que ha hecho usted
referencia, el del municipio de Touro, el alcalde no se ha cambiado
ni de grupo de concejales ni de grupo político. Ha anunciado su
intención, como alcalde independiente presentado en la lista del
Partido Socialista, cuando acabe sus responsabilidades y su
compromiso, de presentarse por el Partido Popular. Por tanto, en
ninguno de estos tres supuestos se incumple lo pactado en el
compromiso entre los grupos políticos y firmado también por el
Gobierno, a diferencia de lo que ha ocurrido en Valencia en los
últimos días con miembros del Partido Socialista o lo que está
ocurriendo en la Ciudad Autónoma de Melilla, gobernada por un
tránsfuga con el apoyo de los militantes del Partido Socialista.
Nada más. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CONTROL DEL GASTO
FARMACÉUTICO Y DERECHOS DE LOS PACIENTES (Número de expediente 172/
000133).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Concluido el
trámite de las preguntas orales, pasamos al punto V del orden del
día: Interpelaciones urgentes. En primer lugar, y como punto 32,
interpelación urgente del Grupo Socialista sobre control del gasto
farmacéutico y derechos de los pacientes. Para su presentación, en
nombre de su grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Amador.
(El señor vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la Presidencia.)
La señora AMADOR MILLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la interpelación que formulamos hoy al Gobierno se concreta
en una petición de informe sobre los instrumentos de control de la
prestación farmacéutica puestos en marcha por el Gobierno y la
repercusión que estos instrumentos tienen sobre los derechos de los
pacientes. El Gobierno ha puesto en marcha distintas medidas para
controlar el crecimiento del gasto farmacéutico que se derivan
fundamentalmente del acuerdo firmado con Farmaindustria. Brevemente,
para esbozarlas, podemos recordar la exclusión de medicamentos de la
financiación pública, la implantación de las recetas blancas con
cargo al paciente, la liberalización de los precios de los
medicamentos no financiados,
la devolución del monopolio en la dispensación de absorbentes
para incontinencia en las oficinas de farmacia, el proyecto de
fijación de precios de referencia para los medicamentos y la
implantación del TAIR, el terminal para el control del gasto
farmacéutico. Todas estas medidas tienen, sin duda, repercusión en
los derechos del paciente. Es evidente que los medicamentos que se
han excluido de la financiación pública, que se prescriben en la
sanidad pública, afectan a la gratuidad que hasta ahora tenían porque
los paga el paciente al cien por cien; como va a pagar la diferencia
de precio que va a suponer la liberalización de los medicamentos no
financiados; como va a pagar la diferencia en el precio de los
absorbentes que pasaron del 45 por ciento de descuento en el concurso
público al 11 por ciento que se ha pactado con los farmacéuticos;
como va a pagar la diferencia de precio de los medicamentos cuando el
Gobierno apruebe el sistema de precios de referencia. Todas, por
tanto, afectan a los derechos de los pacientes.
Pero esta interpelación tiene un objetivo concreto que es analizar la
repercusión que en los derechos de los pacientes y en un derecho
fundamental de los pacientes tiene la implantación del denominado
TAIR, el terminal para el control del gasto farmacéutico.Esta
decisión del Insalud se implanta en su territorio en el año 1997. Hoy
se nos ha confirmado en la Comisión de Sanidad que a lo largo de 1997
se implantaron 17.000 aparatos TAIR y en el primer trimestre de 1998
se completó la implantación alcanzando los 18.000. Como SS.SS. saben,
este es un sistema de control informático de las recetas que emiten
los médicos en virtud del cual se identifica al paciente, se
identifica su enfermedad por el medicamento que consume y se
identifica al médico prescriptor. Ha supuesto una inversión superior
a 3.300 millones de pesetas. Cada aparatito cuesta unas 183.000
pesetas. El procedimiento de contratación ha sido objeto de debate
una vez más esta mañana y presenta serias dudas acerca de su
legalidad. Además, parece que ya no es útil este instrumento porque
se está sustituyendo por la informatización completa de cada servicio
y de cada médico de atención primaria en lo que se refiere a la
prescripción. Hoy hemos oído en la Comisión de Sanidad al presidente
del Insalud esforzarse en buscar utilidades marginales a este
aparatito, el TAIR, diciendo que para algo seguirá sirviendo, porque
ha reconocido que va a ser sustituido.
Con ser todo ello muy preocupante, señorías, el objeto de esta
interpelación se centra en lo que más nos preocupa de todo, y es la
preservación del derecho fundamental de los pacientes a la intimidad
de su historia clínica. Tan pronto como el Ministerio decidió
implantarlo solicitamos la comparecencia del presidente del Insalud
para que nos diera explicaciones. No las dio y presentamos una
proposición no de ley el 29 de abril de 1998, admitida a trámite y
debatida el 30 de junio de 1998, por la que pedíamos que la Agencia
de Protección de Datos verificara que este instrumento decontrol de
las recetas no vulnera la intimidad del
paciente. Obtuvimos en aquel debate el apoyo y el acuerdo de algunos
portavoces, pero a la hora de votar el resultado impidió que esta
propuesta se aprobara. El portavoz del Grupo Popular dijo entonces
que se garantizaba -y aquí está el «Diario de Sesiones»- que se
cumple y se ha cumplido también anteriormente lo exigido por la Ley
orgánica de tratamiento de datos informáticos. Pero lo cierto es,
señorías, que el 17 de noviembre de 1998 el Insalud hace público el
concierto que ha firmado con el Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos. En ese concierto se encomienda a los colegios de
farmacéuticos la grabación y el procesamiento de los datos de las
recetas. Contiene una cláusula en la que se expresa que el Insalud no
lo hace salvo con carácter de muestreo y sustitutorio. Y, lo que es
más grave, contiene otra cláusula en la que se dice que hay que
garantizar la confidencialidad de estos datos y que cualquier otro
uso de los datos de los pacientes debe ser autorizado por el Insalud.
La literalidad de este acuerdo, señorías, para mi grupo es
incompatible con la legalidad preservada por la Ley de protección de
datos. Pero es que, señorías, nos ha sorprendido la lectura del
Boletín Oficial del Estado que en su edición del día 29 de enero
último, 1999, publica una orden ministerial que modifica la
regulación que en cumplimiento de la Ley orgánica de protección de
datos estaba establecida para el Ministerio de Sanidad y justifica
esa orden que como quiera que se ha puesto en marcha el TAIR hay que
dar cumplimiento a esa ley y hay que modificar los registros
informáticos. En el mes de enero de este año, el Ministerio de
Sanidad ha modificado la normativa protectora de los datos acerca del
historial sanitario de los pacientes, orden que ha entrado en vigor
hace escasos días. Por tanto, señorías, nos encontramos ante la
siguiente situación, que espero que el ministro en su contestación
nos aclare. Si se cumplían todas las garantías de preservar los
derechos a la intimidad de la historia clínica ¿por qué se ha
modificado la normativa al respecto? ¿Qué responsabilidad asume el
portavoz del Grupo Popular cuando se permitió afirmar en la Comisión
de Sanidad que se cumplían esos requisitos? ¿Qué cobertura jurídica
ha tenido la utilización del TAIR hasta la entrada en vigor de esta
norma, es decir, durante los años 1997 y 1998? ¿Durante este período
se ha vulnerado la Ley de protección de datos? ¿Quién va a responder
por ello, señor ministro? ¿Es admisible que del procesamiento de esos
datos se encargue a entidades ajenas a la Administración sanitaria?
¿Qué otros usos puede autorizar el Insalud de esos datos a los
colegios de farmacéuticos o a quien sea?
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señora Amador, vaya
terminando, por favor.
La señora AMADOR MILLÁN: Termino inmediatamente, señor presidente.
¿Se impidió la aprobación de la proposición no de ley del Grupo
Socialista para que la Agencia de Evaluación
de Datos informara sobre esta cuestión para dar tiempo al
Ministerio mientras tanto a adaptar la normativa y cubrir
aparentemente la legalidad? ¿Está en condiciones, señor ministro, de
garantizar que en ningún caso se vayan a utilizar esos datos por
personas no autorizadas, lo que como usted debe saber constituye un
delito vigente en el Código Penal? ¿Cuál es la razón, señor ministro,
de que asuma tan grave riesgo? Espero su respuesta.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Amador.
Para contestar en nombre del Gobierno tiene la palabra el ministro de
Sanidad, señor Romay Beccaría.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, empieza la señora Amador su intervención
con referencias a la política del gasto farmacéutico que yo, de
verdad, no entiendo. No venga usted aquí a decir, señora Amador, que
lo que estamos haciendo este año para contención del gasto
farmacéutico responde a nuestros acuerdos con Farmaindustria, cuando
lo que ocurre este año es que Farmaindustria multiplica casi por tres
su aportación al Sistema Nacional de Salud; pasa de 15.000 millones.
La situación anterior -se lo recordaba esta mañana- es que la
industria farmacéutica aportaba una cifra que no llegaba a los 15.000
millones pero con el compromiso por parte de la Administración
sanitaria de no tocar la lista de medicamentos disponibles, de no
hacer ninguna lista negativa. Dice usted que este año acordamos con
la industria farmacéutica que ésta va a pagar casi tres veces más de
lo que pagaba, no 15.000 millones escasos sino 39.000, y además pasa
por que hagamos una lista negativa, con lo cual conseguimos que se
produzca la reducción de venta de los medicamentos y que en vez de
crecer el consumo farmacéutico a los niveles habituales del 14 y pico
por ciento crezca al diez y medio por ciento. Ese acuerdo consiste en
que pagan tres veces más y soportan un crecimiento menor. La verdad
es que no se comprende como vienen ustedes aquí con acusaciones de
este tipo, y se entiende menos que insistan ustedes, una y otra vez,
en acusarnos de que queramos una receta blanca para que se puedan
dispensar los medicamentos no incluidos en la prestación, cuando la
receta blanca la inventaron ustedes y nosotros lo único que hicimos
fue continuar con ella.
Trae usted aquí también el tema de los pañales, pero con los pañales
se hizo una excelente gestión. No había prácticamente casi nada
hecho, unos acuerdos para comprar los pañales directamente a un
residencia, pero se hace una negociación excelente por parte del
Insalud que consigue ahorros muy importantes, y al mismo tiempo
facilidades para que los usuarios tengan los pañales disponibles en
todas las farmacias y con todaslas ventajas que ello lleva consigo.
Me dice usted que los medicamentos que excluimos afectan a la calidad
de la prestación que damos. De verdad, señora Amador, no se compadece
eso con su experiencia en estas materias, ni con lo que dijeron
ustedes cuando retiraron medicamentos análogos en el año 1993. ¿Es
que aquéllos no afectaban a la calidad y éstos sí? ¿Cómo se puede
decir que afecta a la calidad de la prestación que damos que
retiremos medicamentos que la mayor parte de los servicios de salud
ya consideran de escasa utilidad y no hay que prescribirlos? ¿Es con
eso con lo que afectamos a la calidad de las prestaciones que damos?
Éstas se mantienen en unos excelentes niveles y gracias a que nos
ahorramos ese dinero en medicamentos podemos abrir centros de salud.
Es lo que decían ustedes cuando justificaban esa misma medida en el
año 1993. ¿Es preferible seguir dispensando aquellos medicamentos de
escasa utilidad terapéuticas o hacer centros de salud, abrirlos por
las tardes y mejorar la situación de las listas de espera? ¿Qué es
más importante para la calidad de la prestación farmacéutica, esto o
aquello?
Creo que se lo ha explicado muy bien el presidente ejecutivo del
Insalud esta mañana. Este artefacto, mediante el cual conseguimos una
información muy interesante y desde muchos puntos de vista sobre la
prestación farmacéutica y otras cosas, es perfectamente compatible
con el proyecto de informatización general del Sistema Nacional de
Salud. Les explicaron esta mañana que la informatización completa de
los centros de salud consume ocho años, y a nosotros nos pareció que
valía la pena anticipar esta medida y tener este aparato en
funcionamiento, porque sólo con que nos ahorre un punto de gasto
farmacéutico se financia en un año. Lo hemos instalado en dos años,
llevamos una ventaja muy grande y se aprovechará para que rinda todas
sus utilidades. Lo otro suponía esperar ocho años para obtener esta
información tan relevante desde el punto de vista económico y desde
el punto de vista asistencial.
El irrenunciable objetivo de una identificación personalizada de los
usuarios de los servicios de salud se ha venido consiguiendo mediante
la progresiva implantación de la tarjeta sanitaria individual, que
hoy posee prácticamente el cien por cien de la población protegida,
titulares y beneficiarios. Sin embargo, hasta ahora su uso se
limitaba al reconocimiento visual. Ustedes se gastaron 2.200 millones
en las tarjetas sanitarias, que ya estaban muchas emitidas en su
época, y eso sólo servía hasta ahora, aparte de llevar una banda
magnética, como un mecanismo de identificación visual, pero no tenía
utilidad alguna a efectos informativos, que sí empezamos a obtenerla
con la introducción de esta otra medida.
El Insalud y el Ministerio vieron desde el principio que era
necesario superar las limitaciones de la tarjeta sanitaria y los
resultados insatisfactorios del programa Sifar, que servía para dotar
a los centros y consultas de atención primaria y poner en marcha este
terminal que
permite obtener una información de muchísima utilidad económica y
asistencial.
El objetivo fundamental, como ya se ha comentado, es proporcionar a
los médicos de atención primaria del Insalud un dispositivo de
lectura, registro e impresión de los datos contenidos en la tarjeta
sanitaria individual con el fin de asegurar la correcta
identificación de los pacientes en su relación con los servicios
sanitarios, así como mejorar los sistemas de información para la
gestión de los servicios sanitarios con especial atención a una de
las prestaciones de mayor trascendencia, como es la prescripción de
medicamentos. Ayudar al médico a cumplimentar los documentos
derivados de la asistencia sanitaria y colaborar en el control y
lucha contra el fraude en la prescripción farmacéutica a través de
toda la información que facilita. Su nivel de utilización, según los
datos procedentes de consultas sistemáticas de los coordinadores, se
sitúa en el 95 por ciento y la valoración es francamente alta. Todo
eso nos va a permitir, además, seguir avanzando en el sistema de
información, no sólo a esos efectos exclusivamente económicos sino,
como digo, de mejora de la información para dar una buena asistencia
sanitaria.
Del nuevo programa destacaremos, además, la incorporación de un
código de identificación del paciente, que permitirá obtener
estadísticas del consumo de medicamentos y proporcionará al médico un
análisis sistematizado de los tratamientos instaurados a cada uno de
sus pacientes, bien por el mismo u otros facultativos, y le hará
conocer el grado de cumplimiento de estos tratamientos, al menos en
la medida que el medicamento ha sido dispensado.
Le preocupan a S. S. los derechos de los pacientes, en especial
cuando tienen que ver con la confidencialidad. Le diré a este
respecto que el código de identificación personal por sí solo no
permite conocer la identidad de su titular si no se cruza con la
correspondiente base de datos.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Señor ministro, vaya
terminando.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Termino en
seguida, señor presidente.
El acceso a esa base está totalmente restringido al personal
autorizado y su regulación se atiene estrictamente a la Ley 5/1992,
de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter
personal.
Es muy importante destacar también de este programa su posible
utilización para prevenir y sancionar los supuestos de fraude, como
he dicho. Le diré también, a modo de conclusión, que una
característica que hay que resaltar de este sistema de información
son los altos niveles de seguridad y privacidad de los datos
tratados, que se manejan bajo códigos y se transmiten en ficheros
protegidos; solamente el personal autorizado de inspección,
direcciones médicas y los propios médicos responsables del paciente
tienen acceso a la identidad del usuario.
Podemos afirmar que nos encontramos ante uno de los proyectos
estratégicos más importantes del Insalud. Todo este conjunto de
actuaciones encuentra su base normativa en el artículo 23 de la Ley
General de Sanidad, en el Real Decreto 18/1996, relativo al Insalud,
en los artículos 95 y 96 de la Ley del Medicamento, y en el artículo
8 de la Ley 5/1992, sobre tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal. Por medio de estos instrumentos, el Insalud no va
a disponer de ningún dato que no estuviera ya en su poder, pero
evidentemente los va a poder utilizar mejor.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Señor ministro, debe ir
terminando.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Un segundo,
señor presidente, y termino.
El TAIR no recoge más que los datos de obligada consignación en la
receta médica. Por todo lo que he dicho, el nuevo sistema garantiza
la seguridad y privacidad de los datos en mejores condiciones que las
existentes en la actualidad y todas las actuaciones del Insalud en
este campo han estado respaldadas por los servicios jurídicos del
Instituto, que avalan la legalidad de todas sus actuaciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Muchas gracias, señor
ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Amador.
La señora AMADOR MILLÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, una vez más usted viene con sus notas y omite
cualquier contestación a todas y cada una de las preguntas que le
hemos hecho, e ignora una vez más el contenido de esta interpelación.
Señor ministro, como portavoz en la Comisión de Sanidad del Grupo
Parlamentario Socialista, estoy aquí para controlar su actuación
política, la de su Gobierno. Se da la circunstancia de que he tenido
el honor de pertenecer al Gobierno anterior, pero no estoy dispuesta
a tolerar que por esa circunstancia S. S. y los diputados del Grupo
Popular cada vez que hacen uso de la palabra traten de convertir el
control del Gobierno en el reproche continuado a la actuación del
Gobierno anterior.
Las cuentas de la actuación del Gobierno anterior las dábamos los
ministros socialistas cada vez que veníamos a esta tribuna, sin
escudarnos en otras cosas anteriores, ¡y fíjese la de años que
teníamos para escudarnos en actuaciones de las que ustedes son
bastante herederos! Nosotros dábamos cuenta de nuestra actuación;
usted sistemáticamente viene aquí, y sus parlamentarios también
(culminando en una actuación esta mañana que va a dar lugar a
actuaciones de mi grupo, señor ministro), a impugnar la política, en
este caso
sanitaria, de los gobiernos anteriores. Si usted quiere saber mi
opinión, señor ministro, le diré que estoy muy orgullosa de la
política sanitaria de los gobiernos socialistas, y le deseo que en la
misma situación que yo, tres años después de dejar el Gobierno pueda
usted decir lo mismo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!
Aplausos.) Por tanto, no es momento hoy, señor ministro, ni lo va a
ser en lo que queda de legislatura, para que yo explique los acuerdos
con Farmaindustria, los acuerdos con los farmacéuticos o el gasto
farmacéutico. Usted lo conoce divinamente, entre otras cosas porque
cuando coincidió conmigo lo seguía usted día a día, y por tanto sabe
usted perfectamente que en el año 1994, por ejemplo, el gasto
farmacéutico en el Insalud creció el 1,8, y usted se va siempre a no
sé qué año para sacar otras cifras.
No es ese mi derecho ni mi deber en esta tribuna. Yo vengo a pedirle
cuentas de su gestión política, de la de este Gobierno y produce
sonrojo, y produce enormes dudas sobre qué concepción tienen ustedes
del funcionamiento de un Estado de derecho, que aprovechen esta
tribuna para permanentemente intentar eludir su responsabilidad, la
suya señor ministro. ¿Qué garantía jurídica ha tenido el TAIR los dos
años que ha estado en funcionamiento sin cobertura legal? ¿Qué
significa esta orden que usted firma y dice que para dar cumplimiento
a la Ley orgánica de protección de datos, teniendo en cuenta que se
ha puesto en marcha el TAIR, hay que modificar la legislación?
Boletín de 29 de enero 1999. El TAIR está funcionando desde el año
1997. Dos años, millones de recetas, millones de pacientes. ¿Quién le
ha autorizado a usted para encomendar a los colegios de farmacéuticos
el procesamiento de esos datos en una cláusula que se contiene en
este convenio, y que yo hoy aquí vuelvo a denunciar? ¿Quién? Por
cierto, que los pañales han pasado de un descuento del 45 al 11 por
ciento lo dice usted en estos fastuosos panfletos propagandísticos
que hacen. ¿Qué cobertura jurídica ha tenido el TAIR? ¿Quién
garantiza la intimidad de los pacientes? ¿Por qué se han negado
ustedes a que la Agencia de Protección de Datos, como es su
obligación, su cometido y su competencia, avale que esa utilización
es legal? ¿Cómo está usted en condiciones de excluir la comisión de
un delito -que supone la violación de los datos sanitarios- cuando no
son ustedes los que manejan esos datos sanitarios? Yo no he puesto en
duda que el Insalud pueda recabar de los pacientes cuanta información
quiera, lo que impugno, señor ministro, es que eso se lo entregue
usted a los colegios de farmacéuticos, y se lo entrega usted habiendo
firmado este acuerdo. Contésteme, por favor.
La moción que va a seguir a esta interpelación, señor ministro, va a
exigir que en un Estado como el nuestro, en el que afortunadamente
existen las instituciones que garantizan los derechos de los
ciudadanos, por quien tiene esa competencia, se garantice que el TAIR
preserva la intimidad del paciente. Señor ministro, quiero decirle
que las consecuencias de la utilización de esos datos -que usted sólo
parece ver la parte de la información
económica que suministran- son gravísimas. Identificar las
enfermedades de algunas personas les inhabilita para ser contratados,
les inhabilita para que suscriban seguros de vida. Es gravísimo que
esa información se maneje fuera de la Administración sanitaria, y con
estos instrumentos usted no está en condiciones de garantizar que se
haga un uso indebido de esos datos, y eso está en el Código Penal,
señor ministro. Llevamos un año pidiendo garantías -no imputando
nada-, pidiendo que la Agencia de Protección de Datos, que para eso
se creó, avale que ese estupendo aparato (que ha costado tanto dinero
y que efectivamente tiene otras implicaciones, que no son sólo ésta,
señor ministro, y tendremos ocasión de comprobar) cumple la legalidad
vigente en algo tan sustancial como preservar la intimidad de la
historia clínica de cada uno de nosotros.
Eso es lo que le pedía que me contestara, eso es lo que usted ha
eludido refiriéndose a los gobiernos socialistas, y por tanto la
moción que formulemos espero que obtenga el amparo de esta Cámara
para que no seamos todos corresponsables de una situación como la que
acabo de denunciar.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Muchas gracias, señora
Amador.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señora Amador, ¿Cómo me puede usted pedir que no me refiera a la
gestión de los gobiernos socialistas si me viene usted a acusar de
que llego a un acuerdo con Farmaindustria en virtud del cual existen
unas recetas blancas, y las recetas blancas las crearon ustedes?
(Rumores.-Varios señores diputados: TAIR.) ¿Pero quién habló aquí de
las recetas blancas? ¿He sido yo o ha sido la señora Amador? ¿He sido
yo el que he hablado de las acuerdos con Farmaindustria o ha sido la
señora Amador? Si me viene a decir que creamos las recetas blancas,
le tengo que decir que no, que las recetas blancas no las creamos
nosotros, que las crearon ustedes. (Varios señores diputados: TAIR.)
Si me viene aquí a reprochar un acuerdo con Farmaindustria tendré que
explicarle cuál es nuestro acuerdo con Farmaindustria y cuál fue el
de ustedes. Hay que ser coherentes, lo que no se puede hacer es venir
aquí a plantear unas cuestiones y pedir después que no se traten esas
cuestiones. No he sido yo el que he suscitado esas cuestiones, ha
sido S.S., que ha venido a hablar de los pañales, y no sé que tiene
que ver el TAIR con los pañales. La que habló de los pañales fue S.S.
Insisto en que la gestión del Insalud en relación con los pañales es
excelente, y una cosa es el 45 por ciento en unas residencias y otra
cosa es el 11 por ciento en todos los pañales que suministran a
través de todas las oficinas de farmacia. Le aseguro que ahí no nos
ganan ustedes.
¿Quién habló aquí de la exclusión de medicamentos? Está usted
orgullosa de la exclusión de medicamentos y me parece muy bien, yo
también, pero no me parece congruente que estando usted orgullosa de
la exclusión de medicamentos -que yo apoyé, por cierto, en el año
1993-, venga usted esta tarde a lanzar un arma arrojadiza sobre la
exclusión de medicamentos. Estas cuestiones las tuve que afrontar
porque las plantearon ustedes.
Le repito que los derechos de los pacientes están mejor garantizados
con este sistema que con el anterior. Discutan ustedes lo que
quieran, pero es rigurosamente así. Los derechos de los pacientes, la
confidencialidad y el secreto están mejor garantizados ahora que
antes y la intervención de los colegios farmacéuticos en la grabación
de unos datos es compatible con esta garantía de la confidencialidad,
la privacidad y los derechos de los pacientes a que antes me refería.
Los datos de los pacientes que se generan en el TAIR se están
empezando a grabar ahora, después de la publicación de la orden a que
se refería S.S. Me sorprende mucho que estando el TAIR funcionando
tan fuera de la ley y al borde de la ilegitimidad penal, SS.SS. desde
el año 1997 no denunciaran semejante situación. Se están haciendo las
cosas bien, con garantía de confidencialidad total.
La actuación en relación con los colegios farmacéuticos -como antes
he dicho- está bajo la garantía de los servicios jurídicos del
Insalud, que han avalado la legalidad de todas esas actuaciones,
incluida también la legislación referente a la protección de datos, y
con eso aspiramos a mejorar la eficiencia de nuestros servicios, la
prestación farmacéutica, gestionarla mejor y disponer de una
información de extraordinaria utilidad para una buena asistencia de
calidad. Los médicos van a poder hacer un seguimiento de la
prescripción farmacéutica, pero no sólo en el aspecto económico,
también en los aspectos clínicos y asistenciales, con lo cual
trabajamos por una buena gestión económica de los recursos y también
por una mejor calidad de las prestaciones que damos.
Esos son los hechos, señoría. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Muchas gracias, señor
ministro. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE FINANCIACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES, Y POSIBLES
REFORMAS LEGALES AL RESPECTO (Número de expediente 172/000134).
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Interpelación del Grupo
Mixto sobre criterios del Gobierno en materia de financiación de las
corporaciones locales y posibles reformas legales al respecto.
Para su presentación, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Es evidente que los municipios constituyen la Administración más
cercana a los ciudadanos y tienen la obligación de prestarles una
serie de servicios básicos. Para poder llevar a cabo esta función es
imprescindible que dispongan de los medios económicos necesarios, que
dispongan en definitiva de suficiencia financiera.
El artículo 142 de la Constitución establece que las haciendas
locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño
de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas
y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación
en los del Estado y de las comunidades autónomas. También en el
artículo 14 se establece que todos los ciudadanos son iguales ante la
ley.
El actual modelo de participación de los municipios en los tributos
del Estado desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, no
garantiza una distribución equitativa y justa de los fondos que el
Estado destina a la financiación de las corporaciones locales, dando
como resultado un sistema de financiación desigual y que no da
respuesta a las necesidades reales de muchos ayuntamientos. Al
establecer un criterio igual o igualitario para todo el Estado sin
contemplar las realidades diferentes y a la vez basar la distribución
de los fondos tomando como criterio fundamental el número de
habitantes del municipio, resultan claramente perjudicados los
municipios más pequeños por número de habitantes y con una población
mas diseminada a lo largo del territorio.
La Ley de presupuestos para 1999 estableció variables y porcentajes a
aplicar a las transferencias de las corporaciones locales por
participación en los ingresos del Estado que contemplan aspectos
conocidos que en resumen son: que el 75 por ciento será en función
del número de habitantes de derecho de cada municipio, el 14 por
ciento en función del esfuerzo fiscal medio, el 8,5 por ciento en
función de la capacidad tributaria, y por último el 2,5 por ciento en
función del número de unidades escolares cuya conservación y
mantenimiento corran a cargo de los ayuntamientos.
Pues bien, la aplicación de estos criterios que seguro pretenden
garantizar una financiación igual de todos los ayuntamientos, resulta
en la práctica discriminatoria, como decía, para muchos de ellos. De
la aplicación de los criterios vigentes salen claramente beneficiados
los municipios de más de 500.000 habitantes, resultando que un
municipio de estas características puede llegar a recibir fondos por
habitante casi tres veces mayores de los que recibe la gran mayoría
de los municipios en Galicia.
Al Bloque Nacionalista Galego le parece básico que el Gobierno se
esfuerce en conseguir un modelo de financiación de las corporaciones
locales que resulte equilibrado y garantice la posibilidad de acceso
de los ciudadanos a un nivel de servicio semejante,
independientemente del lugar en el que vivan. Es una preocupación que
compartimos, como el señor ministro sabe,
con la Federación Galega de Municipios y Provincias que en repetidas
ocasiones se ha manifestado en ese sentido, porque en los criterios
de financiación no se tiene en cuenta la singularidad de la
estructura de la Administración local gallega, una estructura que se
caracteriza por contar con municipios con una gran extensión
geográfica, y además por contar con una población asentada en un gran
número de núcleos; es decir con una población que vive diseminada en
muchos núcleos y no concentrada como sucede en ayuntamientos de otras
zonas del Estado. Esta singularidad lleva a que de las
aproximadamente 62.000 entidades de población existentes en el
conjunto del Estado, 30.000 estén enclavadas en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Galicia. Esta realidad, como decía, desde
nuestro punto de vista debe ser considerada por el Gobierno, porque
si no se contempla no se puede solicitar un acceso igual de los
ciudadanos a los servicios en condiciones de igualdad.
Digo esto porque es fácil de entender que dotar de servicios básicos
como iluminación, recogida de basuras, saneamiento, abastecimiento de
agua o reparación de caminos y carreteras, incluso transporte de
escolares donde no puedan acceder los autobuses, resulta mucho más
costoso cuando la población se encuentra diseminada en muchos núcleos
que cuando se trata de prestar estos mismos servicios en la población
concentrada en uno o en pocos puntos. Por tanto el Gobierno, señor
ministro, debe reflexionar sobre esta situación, debe reflexionar
acerca de si con criterios iguales se puede dar respuesta a
necesidades diferentes. Las disposiciones legales deben servir para
dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos, deben
adaptarse a las distintas realidades y no crear situaciones de
agravio comparativo. Por tanto, la realidad de aquellos municipios
que tiene una estructura como la mencionada debe ser contemplada,
como de hecho se contemplan formas de financiación municipal
específicas para unos municipios concretos o áreas metropolitanas.
Con los criterios actuales de reparto de los fondos destinados a la
financiación de los municipios, se produce una situación en la que
salen primados -entre comillas-, y con eso no quiero decir que
reciban financiación suficiente aquellos municipios con un número de
habitantes superior a 500.000, que además son los que tienen una
mayor capacidad de obtener recursos vía imposición propia para cubrir
una parte de su presupuesto.
En la escala establecida salen más perjudicados comparativamente
aquellos municipios con menor número de habitantes, quienes a su vez
tienen menor capacidad de recaudación propia, y todo ello se agrava
-como decía- cuando la extensión geográfica y la dispersión de la
población suponen un factor de encarecimiento a la hora de prestar
estos servicios básicos.
Para tratar de reequilibrar esta situación en un sentido más
equitativo, la Federación Galega de Municipios y Provincias plantea
unos criterios de reparto que manteniendo como ejes más importantes
los criterios de
población y esfuerzo fiscal, contemple también otros como la
extensión territorial, el número de núcleos de población, unos
criterios que nosotros como fuerza política compartimos
sustancialmente.
Es una propuesta en la que aparte de demandar un aumento al montante
global de los fondos destinados por el Estado a la financiación
municipal, la distribución de estos fondos se haría tendiendo a los
parámetros siguientes: el criterio de población supondría el 65 por
ciento, en lugar del 75, y los coeficientes variarían siendo para los
municipios de más de 500.000 habitantes el 2,85, entre 100.000 y
500.000 habitantes, el 1,75, y para el resto, es decir para los
municipios de hasta 100.000 habitantes, el coeficiente del 1,50.
El criterio del esfuerzo fiscal representaría el 15 por ciento y se
incluirían dos criterios nuevos en función de la extensión
territorial que representaría el 10 por ciento y el número de núcleos
de población que supondría otro 10 por ciento. Ésta es una propuesta
que como todas las propuestas es discutible, naturalmente; pero en
todo caso y hasta ahora, que nosotros sepamos no fue tenida en cuenta
por el Gobierno, y a nosotros nos parece que debería ser contemplada
para dar solución a una situación de discriminación en la práctica en
la financiación de los municipios de estas características, pues
resulta evidente que los criterios de reparto deben guardar una
proporcionalidad entre las necesidades y los recursos financieros
para hacerles frente.
Con esta interpelación por tanto, queremos que el Gobierno, a través
en este caso del señor ministro de Administraciones Públicas,
explique cuál es su posición respecto a las demandas planteadas
unánimemente por los municipios y fuerzas políticas de Galicia,
referidas al establecimiento de nuevos criterios de participación de
los municipios en los ingresos del Estado, de manera que a la hora de
establecer los criterios de financiación se contemple la singularidad
de la estructura de la Administración local de Galicia. No es
necesario insistir, porque el señor ministro sin duda es conocedor
del tema, que en este momento existe un profundo malestar entre los
regidores municipales de Galicia, al no ver una respuesta práctica a
sus demandas.
Para concluir, señor ministro, a nosotros nos parece que las demandas
de cambio del actual modelo de financiación de participación de los
municipios en los tributos del Estado, que seguramente en otros
lugares a lo mejor también pero que plantean fundamentalmente los
municipios gallegos, se asientan en una base real, no solamente es
que en Galicia no existe ningún municipio con más de 500.000
habitantes, a los que nos referíamos antes, diciendo que precisamente
son los que proporcionalmente salen más beneficiados.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Vázquez, vaya
terminando, por favor.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Concluyo inmediatamente,
señor presidente.
Decía que son los que salen proporcionalmente más beneficiados con
los actuales criterios de reparto, y que la mayoría de estos
municipios, al contar con gran número de núcleos de población ven
cómo la prestación de los distintos servicios resulta mucho más cara
sin que esta circunstancia sea contemplada a la hora de recibir la
financiación necesaria para cubrir esa diferencia.
Nosotros creemos que la respuesta a esta demanda no puede consistir
en que no se puede resolver el problema planteado en base a que se
trata de una singularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Estamos convencidos de que existen fórmulas capaces de resolver ese
tema sin perjudicar por supuesto a nadie. Quizá para empezar, una
buena fórmula sería que por parte de su ministerio no se hiciesen
oídos sordos a esta demanda y se estableciese un diálogo fluido y sin
perjuicios destinado a conseguir una solución satisfactoria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro
de Administraciones Públicas, señor Acebes.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.
El motivo de la interpelación es conocer los criterios del Gobierno
en materia de financiación de las corporaciones locales y las
posibles reformas legales al respecto que S.S. plantea.
Los criterios del Gobierno en materia de financiación de las
corporaciones locales, que es la primera parte de su interpelación,
han quedado plasmados y por tanto creo que son conocidos, aunque
luego tendré que insistir en ellos, en los acuerdos alcanzados por la
Federación Española de Municipios y Provincias sobre las medidas a
adoptar en relación con la financiación de las corporaciones locales
durante el quinquenio 1999-2003 así como sobre las modificaciones a
introducir en el resto de la normativa contenida en la Ley 39/1988,
reguladora de la haciendas locales, formalizados el pasado 5 de
octubre y que más adelante pasaré a exponer en sus líneas más
generales.
Estas reformas legales han dado lugar a una reforma del sistema
financiero global de las corporaciones locales, al que hace
referencia el texto de la interpelación, con la aprobación de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, que ha procedido a realizar las modificaciones
pertinentes de la Ley reguladora de las haciendas locales. Estos
acuerdos en materia de financiación local son el complemento
necesario e imprescindible del ya alcanzado en materia de gestión,
que también es conocido, ha pasado por esta Cámara, de funcionamiento
de las corporaciones locales, y que se ha dado en llamar el pacto
local.
El Gobierno es consciente de la necesidad de reforzar la autonomía
local y, convencidos de que no existe
una verdadera autonomía, si ésta no va acompañada de los recursos
necesarios para todas las corporaciones locales para poder ejercer, a
su vez, las competencias asumidas, llegó a un acuerdo con la
Federación Española de Municipios y Provincias en materia de
financiación local, acuerdo, señoría, en el que se fue absolutamente
sensible y en el que se recogieron todas las reivindicaciones sobre
las distintas peculiaridades y especificidades de las distintas
corporaciones locales en todos los territorios, a las que creo que se
dieron satisfacción, como a continuación intentaré acreditar. Y todo
con el objetivo de potenciar, como bien decía S.S., los cauces de
captación de recursos de las entidades locales, permitiéndoles lograr
el grado deseable de autonomía financiera.
Estas medidas pueden agruparse de la siguiente manera: regulación del
endeudamiento local, establecimiento de un sistema de participación
en los tributos del Estado más ecuánime y progresivo, modificación
del sistema tributario local en el aspecto técnico y en la
potencialidad recaudatoria y asignación directa a las entidades
locales de un mayor volumen de ayudas de la Unión Europea, para
mejorar sus actividades y las infraestructuras necesarias para la
prestación de los servicios asignados a las mismas.
Respecto a las medidas de reforma del endeudamiento local, cabe
señalar el artículo 59 de la Ley 50/1988 y la Ley reguladora de las
haciendas locales, relativo a las operaciones de crédito, pudiéndose
señalar, en primer lugar, como criterio que ha presidido estas
reformas, que se adapta, simplifica y liberaliza el sistema actual de
autorización de operaciones de crédito local a los objetivos
establecidos en el Programa de Convergencia en la Unión Europea en
materia de déficit y deuda de las administraciones pública, objetivo
que supongo que será compartido por todas SS.SS. En segundo lugar, se
actualiza la tipología de las operaciones de crédito a largo plazo y
se sistematiza la correspondiente a las operaciones a corto plazo. En
tercer lugar, se regulan las garantías que pueden prestar las
entidades locales para el pago de las operaciones financieras, se
modifica la distribución interna de competencias para autorizar
operaciones de crédito, entre el pleno y el presidente, para
adaptarlas al pacto local, y se equipara el tratamiento de la deuda
pública de las corporaciones locales a las del Estado.
La pretensión de todos estos objetivos es conseguir, con las medidas
que paso a exponer, primero, establecer un nuevo sistema de
autorización para las operaciones de crédito a largo y a corto plazo,
cuando concurran distintas circunstancias. Las autorizaciones para
estas operaciones corresponden, en unos casos, al Ministerio de
Economía y Hacienda y, en otros, a la comunidad autónoma respectiva.
Segundo, como tipos de operaciones financieras, se establecen y se
regulan los derivados financieros destinados a cubrir en todas las
corporaciones locales los riesgos de tipo de cambio o de tipo de
interés e introducen, como he dicho antes, la posibilidad de emitir
deuda para realizar operaciones
a corto plazo. Tercero, se regulan las garantías que se pueden
ofrecer en los contratos de crédito, que serán distintas según se
trate, lógicamente, de operaciones a corto o a largo plazo. Y,
cuarto, se ha modificado la distribución de competencias entre el
pleno y el presidente de la corporación local en materia de
aprobación de operaciones de crédito, en consonancia también con el
pacto local.
Sobre la participación, que me preguntaba S.S., de las entidades
locales en los tributos del Estado, los acuerdos a que he hecho
referencia se centraron en fijar la cuantía de esta participación en
el año 1999, que es el año base del quinquenio, así como las reglas
de evolución aplicables por este concepto en los restantes años y los
criterios que debían inspirar el modelo de participación de los
municipios en los tributos del Estado. La participación de las
entidades locales en los tributos del Estado se ha fijado, para 1999,
en un billón 389.029 millones de pesetas, de los que 895.586 millones
de pesetas corresponden a los municipios y 493.843 millones a las
provincias. Ello ha significado un aumento de 15.000 millones de
pesetas para los municipios y de 5.000 millones a favor de las
provincias, con relación a la financiación que hubieran obtenido de
haberse aplicado los criterios anteriores a esta reforma.
Se mantiene, por otra parte, la previsión de que estas reglas sean
susceptibles de variación a partir del año 2002. No tienen, por
tanto, carácter cerrado para todo el quinquenio, con el fin de que
puedan cambiarse de mutuo acuerdo en consonancia con lo que se pacte
con las comunidades autónomas. Por tanto, existe esa posibilidad de
acuerdo y de diálogo que pedía su señoría.
En los criterios de distribución de la participación de los
municipios en los tributos del Estado, también uno de los nudos
importantes de su interpelación, los acuerdos han recogido como
variables de reparto, tal y como decía S.S., la población, el
esfuerzo fiscal en tributos municipales, las unidades escolares y la
consideración de una financiación mínima a favor de los pequeños
municipios. Se reduce el coeficiente de ponderación de los estratos
que se refieren a municipios con poblaciones entre 5.000 y 100.000
habitantes. El 14 por ciento de la participación se distribuirá en
función del esfuerzo fiscal medio a cada municipio. Todas estas
medidas van dirigidas principalmente a mejorar la capacidad
recaudatoria de los pequeños municipios, aquellos con menos de cinco
mil habitantes, estableciéndose además una garantía...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor ministro, vaya
terminando, por favor.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Termino en seguida, señor presidente.
Complementan estas medidas los Presupuestos Generales del Estado para
1999, que establecen que a los municipios con población no superior a
5.000 habitantes se les garantiza como mínimo una participación
por habitante equivalente al 70 por ciento del déficit medio por
habitante del estrato, deducido de las liquidaciones de presupuestos
de las corporaciones locales de 1995 y que se concreta en 15.646
pesetas por habitante. Con esta medida se contribuye a la consecución
del equilibrio presupuestario de aquellos municipios, de aquellos
ayuntamientos con menor capacidad de obtención de recursos
financieros, que venían siendo tradicionalmente los más desatendidos
con el sistema anterior. Con eso se ha logrado una de las
reivindicaciones más importantes que tenían esos municipios, a los
que hacía referencia en la interpelación S.S., que son los municipios
con menor población, los municipios más dispersos, y que, como luego
seguramente tendremos la oportunidad de comprobar, han sufrido, todos
ellos, una evolución positiva en este año respecto a los ingresos de
años anteriores.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Después de la intervención del señor ministro, me parece que poca
réplica me queda por hacer. Yo creo que, en lo sustancial, lo que el
Gobierno mantiene es que la financiación de los municipios en este
momento es la adecuada, partiendo de que los criterios establecidos
son consecuencia de lo pactado con la Federación Española de
Municipios y Provincias. A partir de esos acuerdos, los criterios
resultantes dan satisfacción a las peculiaridades que pudiesen
existir en los distintos territorios.
Digo que poco tengo que replicar, porque usted sabe, señor ministro,
que la Federación Galega de Municipios y Provincias no está en
absoluto de acuerdo con esto. No solamente no está de acuerdo con que
no se contemplen los criterios de extensión territorial y de
expresión geográfica, sino que tampoco lo está con que el criterio de
población aumente del 70 al 75 por ciento. Y no es sólo que no esté
de acuerdo la Federación Galega de Municipios y Provincias, es que
tampoco lo está por unanimidad el propio Parlamento de Galicia, que
este pasado 10 de febrero aprobó por unanimidad hacer suyas las
reivindicaciones de la Federación Galega de Municipios y Provincias,
que dice que las considera indispensables dentro de la justicia y de
la eficiencia del reparto de dicho fondo, resumiendo la declaración
hecha por el Parlamento de Galicia.
Lo único que le quiero hacer constar es que le debe quedar claro que
este tipo de financiación, establecidos los criterios de
financiación, no responde a las necesidades de la inmensa mayoría de
los municipios en Galicia y que su federación, la federación de
municipios, no está de acuerdo. Lo que a mí me parece, señor
ministro, es que la actitud del Gobierno debería ser,
por lo menos, escuchar, prestar atención y ver si hay alguna fórmula
para dar satisfacción a sus demandas. En todo caso, nosotros
intentaremos en nuestra moción que el Congreso de los Diputados dé
respaldo a estas propuestas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua): Con
toda brevedad, señor presidente.
En la exposición que he realizado, señor diputado, he intentado
acreditar cómo aquellos municipios a los que usted se refiere han
tenido un incremento en su recaudación, que supongo que es la
pretensión última de su interpelación. Si quiere, podemos concretar
más en lo referente a los municipios gallegos. Tengo a su disposición
los cuadros que demuestran la evolución de la participación de los
tributos del Estado estimada para 1999, respecto de 1998, es decir,
tras la aprobación de las reformas que se han hecho este año. En
general, es positiva, hasta tal punto que resulta un crecimiento
superior al crecimiento medio estimado en los ayuntamientos del resto
de España. Se concreta en un porcentaje que supera prácticamente en
todos los casos el 7,3 por ciento, lo cual me parece de una
importancia notable. Sólo hay tres municipios por debajo de esa
media, todos ellos de la provincia de Orense, y que a su vez tienen
compensaciones, por sus peculiaridades, como ayuntamientos mineros o
por pérdidas de recaudación en licencias fiscales. Pero en el resto
de las provincias, desde municipios en los que se ha incrementado,
incluso en los pequeños municipios, que sobrepasan el 15 por ciento
del incremento en la participación estimada, me parece que se
demuestra que la reforma no sólo ha sido beneficiosa para el conjunto
de municipios, sino que los criterios de reparto han beneficiado
especialmente a los municipios gallegos, también a los más pequeños.
Por lo tanto, las distintas variables han sido ajustadas, dentro del
acuerdo a que se llegó en la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Quiero aclararle que, de ningún modo, de mis palabras se puede
desprender que la Federación Española de Municipios y Provincias, el
Gobierno o las partes que han negociado este acuerdo hayan sido
insensibles a las peticiones de Galicia o de la federación de
municipios gallegos, dado que, según decía usted, su petición es de 2
de febrero. El acuerdo ya estaba no sólo firmado, sino tramitado y
completado en su totalidad; si no, se hubiesen tratado, como conocen
muchos de los diputados que están en la Cámara y que han participado
en esas negociaciones. Luego se podrá haber estado de acuerdo o no,
pero se han valorado todas las peticiones que han llegado a la
federación de municipios, a los partidos políticos que han
participado, o al
Gobierno. Todas y cada una se han valorado y han tenido contestación.
No ha sido posible para aquellas que se han tramitado después de
concluido todo el proceso. En sucesivas modificaciones, en aquellas
en las que está prevista una valoración de cómo ha evolucionado el
modelo, se podrá tener en cuenta. Si una vez que ha finalizado la
tramitación, una vez que hemos completado las reformas económicas y,
por lo tanto, las reformas legales, se presenta una petición, la
podremos tener en cuenta de cara al futuro; pero en ningún momento
con carácter retroactivo.
En cualquier caso, quiero señalar nuestra absoluta disponibilidad a
tratar el tema que S.S. expone, a buscarle, si es posible,
soluciones, desde la objetividad de los datos y de la evolución de la
bondad de la reforma que se ha producido.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que este turno de fijación de posición de los grupos
después de una interpelación en la que el grupo proponente intenta
obtener información o está en controversia con el propio Gobierno nos
deja a expensas de lo que vaya a ser la concreción de la moción. Esta
mañana, en la comparecencia del señor ministro, hemos hablado del
papel del pacto local, de lo que había sido el acuerdo que se había
producido en determinadas reformas legales a nivel del Estado, del
protagonismo que se había facilitado a los municipios, que había
producido algunos movimientos en la Ley de Régimen Local, pero el
impulso del protagonismo de los municipios en un modelo de Estado
diferente dista mucho de lo que debía ser un objetivo ya conseguido.
En ese sentido, nuestra posición como grupo parlamentario es que el
modelo de Estado debe pivotar sobre tres grandes patas, en una gran
acción conjunta; que la diferencia entre un municipio y las
comunidades autónomas está solamente en que no tienen Parlamento y,
por tanto, no elaboran leyes; que las comunidades autónomas son parte
del Estado y gestionan en función de su propia realidad, de sus
propios hechos diferenciales, pero que los municipios, como entes más
cercanos a los ciudadanos, deben recibir mayor volumen de
competencia, mayor volumen de capacidad financiera y mayor
posibilidad de poder acercar la gestión a los ciudadanos.
Una encuesta del CIS, que se ha presentado a finales de diciembre, en
todas las comunidades autónomas hacía dos preguntas: cuál es la
institución que funciona mejor, que está más cerca del ciudadano y
cuál atiende mejor al ciudadano. En ambas preguntas, situaba a los
ayuntamientos por encima de las otras cuatro instituciones,
Parlamento autónomo, Gobierno autónomo, Gobierno central y Parlamento
central. Este aspecto de buscar un pacto local que haga residir en la
institución más cercana al ciudadano la gestión de los servicios
fundamentales y, por tanto, dotarle de competencias y recursos
financieros, sería el objetivo de ese gran pacto local al que
nosotros animaríamos a las fuerzas políticas. Es verdad que no debe
ser vertical, que debe producirse más bien a nivel horizontal y de
abajo hacia arriba, pero también es verdad que las fuerzas políticas
que tienen responsabilidad de Gobierno tendrían que tener un mayor
protagonismo.
Por consiguiente, en función de cómo se concrete la moción que
presente el grupo parlamentario interpelante, nosotros la apoyaremos
o presentaremos algunas enmiendas, con la voluntad de que de este
debate pudiera surgir un encuentro, un acuerdo del Parlamento, para
que mandate tanto al Gobierno como a las fuerzas políticas en los
distintos niveles un compromiso común. Ya que no ha podido ser esta
legislatura, a pesar de que en el debate de investidura se dijera que
los municipios tendrían un protagonismo activo, esperamos que la
próxima sea la legislatura del protagonismo municipal en la esfera
del Estado o la municipalización del poder en mayor grado del que
ahora mismo tenemos.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Ríos.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: Señor presidente, señorías, en primer lugar
quería felicitar al señor ministro por su presencia hoy en la Cámara,
no como diputado, sino como ministro de este Ministerio tan
importante. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En segundo
lugar, quiero decir que el señor ministro no es responsable directo
del sistema de financiación, lo fue su antecesor, pero qué duda cabe
que debe ser solidario con la gestión anterior y, por tanto, con el
sistema de financiación que actualmente está en vigor.
Nosotros, señor ministro, como grupo estamos en contra del sistema
que se ha aprobado. Nos parece que el Gobierno desaprovechó una
oportunidad, una oportunidad de oro, porque el Partido Socialista
manifestó una predisposición favorable a llegar a acuerdos, pero las
prisas o los malos consejeros no hicieron posible que se llegara a
ellos. Tenemos un sistema que tiene dos características que nos hacen
estar en contra. Primero, la cuantía y, segundo, los criterios de
distribución de la participación en los ingresos del Estado para el
quinquenio 1999-2003, si es que hay un quinquenio, o sólo este año en
vigor, han representado una quiebra de los principios que venían
informando tanto la relación entre el Gobierno y la Federación
Española de
Municipios y Provincias como en el seno de la propia Federación.
En la FEMP existía una tradición que suponía la no adopción de
acuerdos que no fuesen producto del consenso, no sólo entre las
fuerzas políticas representadas, sino también entre la multiplicidad
de municipios y diversidad de realidades que existen en el panorama
municipal español. Esto se ha quebrado en el proceso de negociación
que ha dado lugar al sistema de financiación que usted está
defendiendo hoy en la Cámara.
Normalmente, los gobiernos anteriores remitían en el mes de junio de
cada ejercicio el anteproyecto de la ley de presupuestos y de
acompañamiento, a fin de recabar la opinión de los representantes
legales y de negociar las modificaciones. Había una relación
dialéctica, y debe existir, entre el Gobierno central y las
corporaciones locales, eso que se ha convenido en llamar, que se
llama, la división vertical de poderes, de tal manera que el Gobierno
central no aprobaba la referencia presupuestaria en relación con los
ayuntamientos y diputaciones sin que éstas participaran y se tuvieran
en cuenta la mayor parte de sus aportaciones. En esta ocasión, en
este ejercicio, el Gobierno ha mostrado menos diligencia y no comenzó
los contactos con la FEMP hasta bien entrado el mes de septiembre,
incluso a posteriori de la aprobación del proyecto de ley por parte
del Consejo de Ministros.
La negociación presupuestaria se empezó en septiembre, aunque bien es
verdad que había un grupo técnico que discutía sobre la reforma de la
ley de Hacienda. Esto desembocó en una vertiginosa carrera por parte
de los representantes de la FEMP para negociar, con un calendario
absolutamente imposible y que dio lugar a que no se haya podido
conseguir en muchos años un acuerdo por consenso entre los miembros
de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno.
Hemos observado un demagógico uso de un acta de una subcomisión de la
Comisión Nacional de Administración Local. Ese acta, firmada por
todos los miembros que participaron, se pretendió sacralizar como un
acuerdo, no siendo más que una oferta del Gobierno, y se lanzó como
un arma arrojadiza en cualquier tipo de debate sobre el sistema de
financiación.
El sistema del Gobierno de distribución de los recursos económicos
para los ayuntamientos se hizo sin la más mínima justificación
técnica y se hizo de forma sesgada, a favor de los municipios mayores
de 500.000 habitantes y para los menores de 5.000 habitantes.
Nosotros, señor ministro, no compartimos la cifra que acaba de dar.
Había un incremento muy importante para los municipios de más de
500.000 habitantes y también para los municipios de menos de 5.000
habitantes. Presentamos en el Senado una enmienda para que las
cantidades de los municipios de menos de 5.000 habitantes fueran
incrementadas con 5.000 millones de pesetas, pero no fue aprobada.
Por último, señor ministro, en todo este proceso de negociación se
produjo la ruptura de la confianza institucional
de la Federación Española de Municipios y Provincias de
manera grave, porque los propios representantes del Partido Popular
no cumplieron los compromisos que habían adquirido y asumido en la
propia comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios
y Provincias. Además, señor ministro -usted lo comprenderá
seguramente-, el sistema anterior no sólo no va a resolver la
situación financiera de los entes locales, sino que no es ni siquiera
un paso en la dirección de resolverlo.
Esta situación, que debe ser provisional, para un solo año, debería
aprovecharla el Gobierno para impulsar la apertura de unas nuevas
negociaciones, que el Gobierno llamara de nuevo a la FEMP, a las
formaciones políticas, para iniciar un nuevo sistema de financiación,
con nuevos criterios y, desde luego, con un incremento en la cuantía
inicial de los ayuntamientos y su participación en lo que se llama la
PIE. Desde luego, usted, señor ministro, tiene la responsabilidad de
abordar otras cuestiones muy importantes. La primera, el insuficiente
peso de la Hacienda local en relación con la media de los países más
desarrollados de Europa. Se acaba de decir por parte del portavoz de
Izquierda Unida que la Hacienda local española sigue siendo
insuficiente -sin duda, no es responsabilidad suya- en relación con
el resto de países de Europa. Segunda, tenemos que conseguir entre
todos que se incrementen los ingresos de los ayuntamientos a través
de transferencias o de participación en los impuestos estatales y en
la PIE. Hay que incrementar la PIE y hay que estudiar la posibilidad
de que los ayuntamientos participen en algunos impuestos estatales de
los que en otra sesión cualquiera tendremos oportunidad de hablar.
Tenemos que atender prioritariamente el transporte público, que no se
ha incrementado en los últimos años; los costes metropolitanos, la
especialización fiscal o productiva de municipios turísticos,
fronterizos, de montaña u otras especialidades, y tenemos que
conseguir entre todos que haya un establecimiento de transferencias
corrientes desde las comunidades autónomas a las haciendas locales,
para que los gastos originados en el ejercicio de titularidades
autonómicas y en el mantenimiento de inversiones cofinanciadas sean
atendidos por las comunidades autónomas de manera firme y no
caprichosa, como se hace en el caso de algunas comunidades autónomas.
Por último, señor ministro, en el caso de los fondos europeos,
tenemos que conseguir una implicación de las corporaciones locales en
los programas que se financian con fondos procedentes de la Unión
Europea hasta el nivel que representa el gasto de las corporaciones
locales en el conjunto del Estado.
Quiero decirle, señor ministro, que el Grupo Socialista o, mejor
dicho, el Partido Socialista -porque, naturalmente, actuamos en otras
instancias distintas a esta Cámara- está en disposición de llegar a
un acuerdo en materia de financiación, pero no estamos de acuerdo en
que se nos someta a calendarios imposiblesde acordar, en que se nos
someta a negociaciones en
las que no es posible negociar la cantidad ni los criterios de
distribución y, naturalmente, no estamos dispuestos a comulgar con
ruedas de molino y aceptar lo que es un mal sistema de financiación.
El señor PRESIDENTE: Señor Perales, concluya, por favor.
El señor PERALES PIZARRO: Termino.
No pueden pretender que el Partido Socialista termine diciendo que es
un buen sistema de financiación lo que es objetivamente un mal
sistema de financiación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer una intervención muy breve en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, toda vez que los argumentos que se han
exhibido por el grupo interpelante, por el Grupo Mixto, y
concretamente por el diputado del Bloque Nacionalista Galego, tienen
un carácter muy general. Nosotros estaremos a la expectativa de la
traducción de su intervención en la moción correspondiente, que se
sustanciará y votará en el Pleno de la semana que viene.
No obstante, no quería dejar pasar esta ocasión para hacer alguna
referencia a ciertas intervenciones que se han producido en torno a
esta interpelación y más concretamente a alguna aseveración hecha por
quien actuó en nombre del Grupo Socialista y que, por incierta, no
puede quedar sin respuesta. Desde el Grupo Socialista se quiere
obviar algo que ha sido una medida sin precedentes conocidos en los
últimos años en el municipalismo español. Me estoy refiriendo, como
también se ha referido el señor ministro, a la incidencia en los
municipios españoles del pacto local, no solamente medidas de
carácter legal, de financiación, sino también reforzando la autonomía
y, por tanto, impulsando y respaldando la labor que, dentro de la
inmediatez, tienen los ayuntamientos frente a sus ciudadanos. Se oyen
argumentaciones tales como que el señor ministro actual, don Ángel
Acebes, no tiene la culpa, porque esto lo ha formalizado su antecesor
en el cargo, y el Grupo Parlamentario Popular tiene que decir al
representante y portavoz del Grupo Socialista que hacemos nuestra la
política que hoy ha exhibido el actual titular del departamento y,
como no puede ser de otra forma, la del anterior, el señor Rajoy.
Porque creemos, sin duda, señorías, que ha sido un impulso decidido a
la política local en España. Otros han estado hablando del pacto
local, desde aquella asamblea de La Coruña, del municipalismo
español, pero en la práctica no se tradujo en ninguna modificación de
ningún texto legal ni, desde luego, en la mejora de la financiación
de los ayuntamientos españoles. Ha
sido posible el acuerdo en la FEMP, y algunos partidos tendrán que
contestar por qué el calendario y los criterios que siempre les
sirvieron de repente devienen en inoperantes y absolutamente rígidos.
Por tanto, la pregunta que yo formulo es quién ha quebrado el
consenso y por qué se ha quebrado el consenso. La inmensa mayoría de
los más de 8.000 ayuntamientos de España están sin duda satisfechos
con el nuevo modelo de financiación porque se establecen mejoras en
las cuantías y en los criterios de ponderación que benefician a los
pequeños ayuntamientos y a los ayuntamientos intermedios, sin
desprecio de los grandes ayuntamientos de España. Por tanto, desde el
Grupo Parlamentario Popular estamos abiertos en esta materia, como en
tantas otras, como a S.S. le consta, a propiciar cualquier tipo de
diálogo, de acuerdo y de consenso. Pero para que existan diálogo,
acuerdo y consenso, debe haber una voluntad bilateral. No se puede
uno escudar en que no se propician los acuerdos si deliberadamente
uno se coloca al borde o al margen de los acuerdos. Estaremos, pues,
atentos a la formulación y a los términos de la moción, pero nos
parece que las afirmaciones que se han hecho por parte de algunos
intervinientes, desde nuestro grupo, como grupo parlamentario, ni
podían ni debían quedar sin respuesta.
Muchas gracias, señor presidente.(El señor ministro de
Administraciones Públicas, Acebes Paniagua, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Sabe, señor ministro, que si interviene ahora reabre el debate.
Adelante.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Espero no reabrir ningún debate, pero por cortesía tenía que
agradecer a los representantes del Grupo Parlamentario Socialista,
como no podía ser de otra manera, su felicitación y buenos deseos y,
por tanto, compartir la oferta de diálogo, dado que con los
representantes de los demás grupos ya había tenido la oportunidad de
hacerlo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
En efecto, no se abre debate, y para no dejar mal al señor Perales,
se agradece también la cortesía en su nombre.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA
SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ESPAÑOLA ANTE LA AGENDA 2000
Y LA REFORMA DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN, PAC (Número de expediente
172/000135).
El señor PRESIDENTE: La tercera interpelación, y última de la sesión
de la tarde, es la que formula el
Grupo Federal de Izquierda Unida sobre la situación de la agricultura
y ganadería española ante la Agenda 2000 y la reforma de la política
agraria común.
El señor Centella tiene la palabra en nombre del grupo interpelante.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Izquierda Unida presenta esta interpelación urgente sobre la
situación de la agricultura y la ganadería española ante la Agenda
2000 y ante la reforma de la política agraria común porque, como
decíamos ayer, creemos que es imprescindible un debate diferenciado
sobre este tema, un debate que intente despejar en la medida de lo
posible la preocupación que existe actualmente en el sector agrario
ante la posibilidad de que una vez más sea este sector el sacrificado
en una negociación comunitaria, que no es una simple posibilidad
teórica, sino que es un riesgo que va tomando cuerpo cuando vemos,
como dijimos ayer, cómo la propia ministra y el consejero de
Agricultura de la Junta de Andalucía parece que están dando por
perdida la batalla.
En ese sentido, nosotros creemos que es necesario reafirmar una vez
más en esta Cámara que hay que mantener el carácter europeo de la
agricultura y la ganadería, por lo que debemos empezar dejando muy
claro que cualquier vía de renacionalización de la PAC debe ser
innegociable para nuestro Gobierno, y debe serlo no solamente por la
defensa de los intereses de nuestro país sino también porque la
actual posibilidad de que se cofinancie la PAC puede ser una amenaza
directa contra la integración europea, como un elemento contrario que
es a los principios básicos de la Unión.
Todos sabemos que la política agraria común absorbe la mitad del
presupuesto comunitario y, en consecuencia, constituye una de las
principales políticas internas de la Unión, quizá el elemento más
unitario que actualmente existe en la Unión Europea. Pero también
tenemos que reconocer que en estos momentos el principio más atacado,
el principio más en peligro es el de la solidaridad. Y aquí queremos
denunciar que bajo pretextos de subsidiariedad, bajo pretextos de
control del gasto, de conveniencia de realizar actuaciones
estructurales, lo que en realidad se está persiguiendo es acabar con
una solidaridad financiera que, no nos quepa la menor duda, se
traducirá en una mayor fractura entre el norte y el sur de Europa.
Por tanto, que nadie nos confunda, porque aunque se plantea en un
principio que la Agenda 2000 está motivada por la futura ampliación
de la Unión Europea hacia los países del Este y del Centro, la
realidad nos está demostrando que en el tema agrario, igual que la
reforma que ya se realizó en 1992, no va en tal sentido; es más,
nosotros creemos que sigue siendo fruto de la complicidad con los
intereses de los Estados Unidos y que se empieza a dar satisfacción a
la exigencia de este país en torno a lo que debe ser la próxima ronda
de la Organización Mundial del Comercio.
En consecuencia, señorías, estamos de acuerdo en que la ampliación de
la Unión generará necesidades económicas adicionales que tendrán que
hacer frente tanto a la regulación de los mercado como a las mejoras
estructurales productivas de sus explotaciones. Pero el problema
surge cuando vemos que no es posible cuadrar el círculo, cuando vemos
cómo los Estados comunitarios, que son contribuyentes netos, están
interesados en los mercados de estos países. Tienen su interés
centrado en ampliar mercados, pero no están dispuestos a incrementar
sus aportaciones al presupuesto comunitario. Lo que tratan es de
buscar argumentaciones para conseguir esos objetivos, que no son
otros que los de aumentar su beneficio con el menor gasto posible.
Por tanto, no es casual que la posición de la agricultura dentro de
la Agenda 2000 esté sorprendentemente poco relacionada con el proceso
de ampliación de la Unión Europea, y que los contenidos agrícolas de
la Agenda 2000 tengan más que ver con una continuación de la reforma
de la PAC del año 1992 y, como decía, con la preparación de la nueva
ronda de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.
Nosotros compartimos profundamente las preocupaciones del sector por
los efectos sociales, por los efectos que tendrá sobre el empleo esta
Agenda 2000, de aplicarse en el sector agrario, que afectará, no le
quepa la menor duda, a los sectores más débiles. Nos preocupa en este
sentido que siga ganando terreno la lógica de la cofinanciación por
el camino que sea, por el camino directo o por el camino indirecto.
Para nosotros la solución debe venir, en primer lugar, por el
fortalecimiento del presupuesto comunitario. Ese es un elemento que
no tiene vuelta de hoja, es un elemento que debe ser innegociable,
porque, como decía antes, es imposible de otra manera cuadrar el
círculo. Pero también debe venir a través de una propuesta de
verdadera modulación de las ayudas directas, una modulación que sea
capaz de corregir los desequilibrios existentes actualmente. Por el
contrario, la propuesta de la Comisión vemos que no es, ni más ni
menos, que un simulacro de modulación, modulación propuesta por la
Unión, que lo que va a hacer es cristalizar los desequilibrios que
actualmente existen, incluso aumentarlos. Porque, no nos engañemos
tampoco, lo que está detrás de las discusiones en estos momentos no
es cómo financiar políticas comunes, no es cómo financiar una
política agraria común, sino cómo eliminar cargas financieras en las
aportaciones de los Estados miembros. Es decir, lo que se pretende
una vez más es que la cohesión sea la víctima en la nueva etapa de la
Unión Europea. Realmente resulta paradójico que se tenga que dar esta
batalla precisamente ahora, cuando existe una mayoría socialdemócrata
en gran parte de los países de la Unión.
Para Izquierda Unida la construcción de la unión política en Europa
no puede hacerse sin solidaridad, y denunciamos el doble lenguaje de
quien se llena la boca de europeismo, pero luego resulta cómplice a
la
hora de eliminar políticas comunes, políticas que son básicas a la
hora de hablar de integración europea. Por esto denunciamos que se
están introduciendo equívocos en las actuales negociaciones, que se
está intentando confundir cohesión con despilfarro, que se está
intentando confundir aumento de gasto público, para intentar
presentar a los agricultores y a los ganaderos como unos
profesionales de la subvención y como unos responsables del
desequilibrio presupuestario de las finanzas europeas. Para nosotros
hablar de cohesión no tiene por qué ser hablar de disparar gasto
presupuestario, sino al contrario, entendemos que siempre que se
aplique una correcta modulación tiene que ser mucho más rentable esta
política que lo ha sido la reforma surgida en torno al año 1992, que
sí que ha provocado un aumento de las diferencias entre productores
de distintos países y entre territorios distintos de la Unión. De
aquí la importancia que tiene que el Gobierno asuma, de una vez y con
valentía, el debate sobre la modulación.
En consecuencia, reclamamos el mantenimiento de la financiación de la
PAC por el presupuesto europeo, reclamamos la modulación de la ayuda
y lo hacemos desde un planteamiento de estricta defensa de los
principios de la Unión Europea. Creemos que en medio de la fiesta del
euro, junto a la suelta de palomas y al espectáculo mediático que se
pretende hacer para hacernos creer que la Unión Europa ya es un
hecho, nuestro Gobierno en concreto debería estar en estos momentos
mucho más preocupado por comprometerse claramente en la vía de una
armonización fiscal, social y medioambiental para alcanzar las
necesarias reformas de las instituciones, que deben de ser previas a
cualquier intento de ampliación de la Unión Europea. En estos
momentos, la realidad es bien distinta y seguimos denunciando que
detrás de la fiesta, detrás de las declaraciones europeístas, yo
diría que en algunos casos cínicamente europeístas, lo que se esconde
es la construcción de una Europa desequilibrada y de una Europa
claramente fuera de lo que debe ser un componente democrático y de lo
que debe ser una serie de instituciones democráticas.
Las conclusiones a las que ha llegado el propio Comité de
intervención agraria de la Unión Europea señalan que las reformas de
la PAC que propone la Agenda 2000 pueden destruir miles de empleos en
la agricultura. Y, no nos engañemos, estos empleos se destruirán
fundamentalmente en países como el nuestro, en países que son los que
más necesitan esa financiación íntegra de la PAC.
Por otra parte, también entendemos que, en este marco, la pretensión
de la Comisión Europea de aumentar para el año 2005 la renta unitaria
de los agricultores y de los ganaderos europeos solamente es posible
con la destrucción de hasta una tercera parte del número de personas
que trabajan hoy en el sector agrario. Ustedes deben de saber que
precisamente, como decía, España estará sin duda entre los países más
perjudicados. También tenemos que decir que en
nuestro país la amenaza del desempleo no es igual para todos.
Evidentemente, la amenaza del desempleo afectará mucho más
directamente a las explotaciones más pequeñas, a las regiones más
desfavorecidas y, por lo tanto, a aquéllas que tienen menos capacidad
de soportar una bajada en las ayudas comunitarias. Por eso, estas
explotaciones pequeñas y medianas son las que más empleo generan y
las que más asientan territorialmente a la población.
Por lo tanto, nosotros creemos que sí estamos ante un debate
presupuestario, pero detrás de este debate presupuestario se
evidencia el modelo sobre la construcción europea, en el cual es
básico aumentar los ingresos y, sobre todo, disminuirlos
adecuadamente. Porque, no nos engañemos, para que esto fuese posible
es necesaria una mayor democratización de las instituciones europeas
y es necesario un mayor desarrollo de los reglamentos sociales de la
Unión Europea.Es evidente que la Unión Europea necesita aumentar sus
ingresos para financiar no solamente la ampliación, sino sobre todo
para poder llevar a cabo una verdadera política económica. También
necesita revisar los instrumentos de la política agraria común. En
este sentido, es necesario determinar quiénes son los destinatarios
prioritarios de las ayudas. Para nosotros, solamente desde una
modulación de las mismas es posible evitar situaciones como las
actuales, en las que un número pequeño de personas, un número pequeño
yo diría de especuladores, se lleva la mayor parte de las ayudas que
vienen de la Unión Europea.
Por tanto, es necesario una reforma de la PAC que no tenga como
objetivo disminuir las ayudas al campo, sino que tenga como objetivo
la creación de empleo, el asentamiento de la población en las zonas
rurales y el aumento de la renta en las regiones más desfavorecidas,
objetivos todos ellos que no deben resultar extraños porque deben
corresponderse con los principios básicos comunitarios. De esta
forma, la previsión optimista que se decía se hace del aumento de la
renta agraria solamente es posible contemplando en paralelo un fuerte
descenso de la mano de obra empleada, un fuerte descenso de la mano
de obra en la agricultura y en la ganadería o, lo que es igual, la
renta global de la actividad agraria será menor, pero, como habrá
menos activos para repartir, la renta unitaria subirá.
El señor PRESIDENTE: Señor Centella, concluya, por favor.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Voy terminando.
Por tanto, estimar en una tercera parte la disminución de empleados
del sector agrario es una verdadera catástrofe para determinadas
zonas de nuestro país, una verdadera catástrofe para familias que
solamente tienen en el campo la posibilidad de vivir, la posibilidad
de ganarse el sueldo, porque, no lo olvidemos, el campo en nuestro
país es un elemento básico en nuestras posibilidades de desarrollo.
Por consiguiente, yo espero que el señor vicepresidente no solamente
nos explique la política del Gobierno, sino que venga a esta Cámara a
comprometerse, porque lo que hoy necesita nuestro sector agrario son
compromisos concretos. En su intervención me gustaría oír
compromisos. En primer lugar, que se consideraría innegociable para
nuestro país cualquier reducción de las ayudas de la PAC. También me
gustaría saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar en el
cumplimiento de ese compromiso. Igualmente, me gustaría oír el
compromiso de que se va a desarrollar en nuestro país un verdadero
sistema de modulación de las ayudas, un sistema que sea realmente
progresivo y justo. Nosotros creemos que ustedes no han sido capaces
de abanderar la formación de un bloque mediterráneo en la Unión
Europea. Sinceramente esperamos que ustedes no se conviertan ahora en
los mejores aliados de aquellos que quieren disminuir la agricultura
mediterránea. Esa es la preocupación que existe. Espero que de este
debate y, sobre todo, de la moción que discutamos la semana próxima,
se puedan despejar muchas de las dudas que hoy tiene nuestro sector
agrario.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la
palabra su vicepresidente, don Rodrigo de Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, tengo el
honor de contestar, en nombre del Gobierno, a la interpelación
planteada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
respecto a las negociaciones, dentro de la llamada Agenda 2000,
referidas a la agricultura y a la política agraria común.
Quisiera comenzar subrayando que la petición, creo que muy ajustada,
de que en esta Cámara se produzcan debates diferenciados, incluso de
política general, respecto a la evolución de la Unión Europea, debe
tener en cuenta que cada vez que se produce una cumbre hay una
comparecencia del presidente del Gobierno, tradición que, por otra
parte, tengo que decir, como todos sabemos, viene de legislaturas
anteriores, y que produce un debate que no puede ser más diferenciado
sobre la política europea. En concreto, en este semestre SS.SS. van a
tener ocasión de tener al menos tres debates diferenciados de
política europea, como consecuencia de las tres sucesivas cubres que
se van a producir. En ese sentido, tengo que decir que,
independientemente de las iniciativas que tomen los grupos
parlamentarios como, por ejemplo, la de esta tarde, desde el punto de
vista del funcionamiento de la Cámara existe ya un procedimiento que,
vuelvo a subrayar, viene de varias legislaturas anteriores.
La pretensión del portavoz del Grupo de Izquierda Unida de que la
agricultura es el sector sacrificado en la negociación de la Agenda
2000 me parece una afirmación
gratuita. Además, tengo que decir que no se ajusta a la
realidad. Es cierto que, como ocurre en todos los presupuestos
europeos, estamos ante una negociación compleja que en este momento
no puede considerarse ni mucho menos resuelta, como todos somos
testigos, pero, entre otras cosas, cubre la evolución de la política
europea en su conjunto y de la política agrícola en particular para
los próximos seis años. La Cámara es plenamente consciente del peso
de la política agrícola en el presupuesto comunitario, nada más y
nada menos que la mitad del presupuesto comunitario. Para que nos
hagamos una idea, en un país como España, con un millón de personas,
aproximadamente, dentro de la población ocupada en tareas agrícolas,
hay un billón de pesetas de política agrícola común. Estamos hablando
de cantidades muy importantes, tanto para nuestro país como para el
conjunto de los países europeos. Si quiere S.S. que lo ratifique, lo
ratifico con todo énfasis. En ningún caso va a considerar el Gobierno
español que la agricultura europea en su conjunto, y mucho menos la
agricultura española en particular, vayan a ser sacrificadas en una
expresión que, además, indica un cierto sentido que no comparto,
señoría, de que toda la negociación de la Agenda 2000 gira en torno a
los intereses españoles y que el resto de los países forman un frente
contra nosotros. Su señoría ha dicho en algún momento que el Gobierno
no ha sido capaz de crear un frente de países mediterráneos. No hay
ningún frente de ningún país. Su señoría debe ser consciente de que
todos los países están defendiendo sus intereses. En unos casos
coinciden con los de determinados países y en otros casos con los de
otros, no sólo en el tema de la agricultura sino en general.
Por otra parte, S. S. ha dicho muy enfáticamente, al principio de su
intervención, que todo esto responde a una cesión a los intereses
norteamericanos. Precisamente en este semestre, con una crisis como
la que se va a producir entre Estados Unidos y la Unión Europea por
el plátano y por las hormonas de la carne, me parece una afirmación
un poco gratuita por parte de S.S. No se puede decir que no sólo la
posición del Gobierno español, sino la del conjunto de la Unión
Europea, esté cediendo posiciones precisamente respecto a las
posturas que pueda defender el Gobierno de Estados Unidos. España
sigue manteniendo la idea de preservar una agricultura europea
propia, con unas características específicas, las de la
multifuncionalidad, características que concurren claramente en la
agricultura europea, y que hacen que el sector agrario europeo sea
mucho más que un elemento puramente económico, susceptible de un
análisis estadístico, sino que también responde a una influencia en
otros ámbitos que constituyen un elemento básico, por ejemplo, de dos
políticas muy esenciales en la Unión Europea, como son la del
equilibrio territorial y la del mantenimiento de nuestros
ecosistemas.
Lo que plantea la propuesta inicial de la Comisión es, en síntesis,
una bajada de precios, con unas compensacionespara preparar al sector
agrario europeo de
cara a dos acontecimientos, que S.S. ha mencionado, uno en la
Organización Mundial de Comercio, las nuevas negociaciones que
empezarán a partir de noviembre de este año en Estados Unidos, y el
otro la ampliación al Este, la ampliación a las nuevas democracias
europeas. Tengo que decirle que la posición española no ha sido
totalmente coincidente con la de la Comisión. Nosotros entendemos que
algunas de las decisiones que vamos a tomar, que podríamos tomar
ahora, quizás debiéramos esperar a tomarlas en el momento en que
comenzase la renegociación de la Organización Mundial de Comercio. En
cualquier caso, como S.S. es consciente, en este momento existe una
posición por parte de la Comisión y de algunos países europeos de
avanzar en definir cuál ha de ser la política agrícola común de los
próximos años.
Nos encontramos ahora en lo que el Gobierno cree que es la recta
final de la negociación de todos -y quiero subrayar la palabra todos-
los elementos que conforman el amplio paquete de la Agenda 2000 y que
esperamos llegar a un acuerdo en el mes de marzo, en la cumbre de
Berlín. Tengo que decir que en contra de lo que ha afirmado en la
tribuna el portavoz de Izquierda Unida y de lo que afirma en el
escrito de la interpelación, el Gobierno español ha denunciado
reiteradamente las ambigüedades e imprecisiones que, a nuestro
juicio, contiene esta denominada Agenda 2000, en la que no se
reafirman los principios fundamentales de solidaridad financiera y
preferencia comunitaria, que son los pilares básicos del Tratado de
la Unión, y no se contempla una financiación adecuada para asumir las
futuras adhesiones de los países del este de Europa, es decir, de los
pecos. Creo que en este sentido S.S. es consciente de que, una y otra
vez, no sólo en los consejos de agricultura sino en los consejos de
asuntos generales, en el Ecofin y en las cumbres, el Gobierno
español, a través de su presidente y los diversos ministros, hemos
insistido en que los límites, tanto cuantitativos como conceptuales
que planteaba la propuesta de la Comisión, es decir, la llamada
Agenda 2000, no son aceptables para España.
En todos los debates celebrados hasta el momento la postura del
Gobierno de España ha sido de rechazo absoluto a la propuesta de una
cofinanciación de las políticas agrícolas y de las ayudas directas de
la PAC, porque entendemos que esa renacionalización encubierta
contiene un ataque directo a lo que deben ser las políticas europeas,
lo que S.S. ha dicho -me parece habérselo entendido- que es una mala
utilización del principio de subsidiariedad, en lo que coincido con
S.S., pero al mismo tiempo también porque claramente es una política
que discrimina entre países con diversos niveles de renta per capita
y también porque es una política que discrimina a países como España,
en donde todavía tenemos un alto nivel de población ocupada en la
agricultura. Por último, porque hace depender de la voluntad de los
parlamentos nacionales políticas que son decididas a nivel europeo.
Respecto a la línea directriz agrícola, tengo que destacar que la
posición española, por otra parte la que hasta ahora se ha defendido
por todos los ministros de Agricultura, es su mantenimiento. Además
estoy seguro de que S.S. ha estudiado las propuestas de cada uno de
los países con respecto a las distintas organizaciones comunes de
mercado y habrá podido comprobar cómo las posiciones en cada OCM no
coinciden después con las posiciones de los países respecto a la
directriz agrícola, lo cual quizás nos puede indicar que el debate
sobre la política agrícola no se va a dirimir exclusivamente en
términos financieros sino también en términos políticos, lo cual,
desde el punto de vista de España, no es una mala posición.
Para el Gobierno de España, y en esto claramente coincido con lo que
ha afirmado el portavoz de Izquierda Unida, el problema de la
financiación de la política agrícola común es fundamental para hacer
efectivo el modelo de agricultura y ganadería europea que queremos
y al que me he referido al comienzo de mi intervención. Es
imprescindible, por tanto, disponer de recursos adecuados y
suficientes para llevar a buen término el proceso de reforma, a pesar
de las pretensiones de algunos países de reducir sus contribuciones
netas al presupuesto europeo. Hoy, y esa es la razón de que yo
intervenga esta tarde, lo cual me honra, está en Bruselas la ministra
de Agricultura, en la bilateral entre la Presidencia de la Comisión y
España, precisamente para analizar el Consejo de Ministros de
Agricultura que la semana que viene se producirá para cerrar el
capítulo agrario de la Agenda 2000, en lo que respecta al desarrollo
rural y al reglamento horizontal de ayudas y a las diferentes
organizaciones comunes de mercado, de cultivos de herbáceos, de carne
de vacuno, de leche y de productos lácteos y de vino.
El primer objetivo que se plantea el Gobierno de España de cara a
estas negociaciones es restablecer un equilibrio razonable en
sectores como el lácteo, herbáceos o vacuno, donde hemos sufrido
graves discriminaciones en relación con otros países europeos, desde
nuestra incorporación. En cierto sentido, y creo que S. S. estará de
acuerdo conmigo, tenemos en este momento dos dificultades; una, la de
la propia negociación, que ya es una dificultad, no para España sino
para todos los países, para conciliar los intereses, en varias
ocasiones contrapuestos, en todos los temas, y en agricultura
también. La segunda dificultad, y esta es más bien específica
nuestra, es que debemos, y desde luego el Gobierno lo va a intentar,
superar algunos de los desequilibrios que aceptamos en la negociación
de la adhesión. En este sentido, me parece que el sector lácteo y el
vacuno son dos ejemplos muy concretos.
Como bien conocen SS. SS., el rendimiento histórico asignado a España
en la reforma de 1992 para los cultivos herbáceos -otro ejemplo
claro- fue inferior al que correspondió, por ejemplo, a Portugal y a
Grecia.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, ha de ir concluyendo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Sí, voy concluyendo.
Aceptamos unos rendimientos en un momento especialmente difícil para
nosotros, con una intensa sequía. El Gobierno actual cree que los
rendimientos deben fijarse sobre la experiencia de otros momentos en
la historia de nuestra agricultura más acordes con la normalidad
climática, como podría ser el periodo 1984-1988.
Lo mismo puedo decir del sector del vacuno donde, a pesar de que en
el año 1997 el Gobierno actual consiguió un aumento del 10 por ciento
de las primas asignadas a España, seguimos estando por debajo del
porcentaje de primas con relación a sacrificios, por lo que creemos
que hay que reequilibrar esta situación. Lo mismo tengo que decir con
respecto al sector lácteo, en relación con el cual S. S. es
plenamente consciente, como lo es toda la Cámara, de que el Gobierno
español en su momento aceptó una cuota claramente deficitaria con
respecto al consumo interno. Sobre la OCM del vino, tengo que decir
que no podemos sentirnos insatisfechos, ya que creo que se han
llevado a cabo avances importantes. Además, tengo que decir que nos
parece que, en el final de la negociación, todavía podemos continuar
avanzando en mejorar la situación de nuestros viñedos. En cualquier
caso, creo que nuestra posición es que la OCM del vino se realice en
el marco de la Agenda 2000 como garantía del mantenimiento de una
ficha financiera razonable a los intereses españoles.
En lo que respecta al desarrollo rural, el proyecto de reglamento que
presenta el Consejo contempla aspectos técnicos sobre ayudas y el
contenido de las mismas; por un lado, origen de la financiación y,
por otro lado, los aspectos de la programación técnica.
Muy brevemente, sobre el origen de la financiación tengo que decir
que nuestra posición es que ésta debe ser financiada a través del
capítulo 2, por tanto a través de la sección Orientación del Feoga y
no a través del Feoga-Garantía que, como sabe S. S., ha sido
propuesto por algunos países. Eso lo ha defendido el Gobierno en
todos los consejos, tanto de agricultura como en los generales y en
el Ecofin. (El señor vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
Entendemos que hay que apoyar las explotaciones familiares, apostando
por una agricultura competitiva capaz de sostener empleo agrario. En
ese sentido, creemos que, como S. S. ha dicho, el tema de la
modulación es especialmente importante.Nuestra posición sobre la
modulación es que, desde el punto de vista español, ésta será posible
si los ahorros que se produzcan en esta modulación, ya sea por
razones de empleo, si pueden ser bien definidas, ya sea por razones
de medio ambiente, repercutan después en los mismos agricultores del
Estado que ha sido capaz de producir esos ahorros. En ese sentido
también entendemos que esta modulación debe aplicarse con carácter
obligatorio a todos los Estados miembros con medidas que permitan una
gestión transparente, no discriminatoria y fácil para las comunidades
autónomas. Si se encontrase
entre todos los países una propuesta final razonable, estaríamos
dispuestos a respaldarla, porque efectivamente a través de esta
modulación podemos aumentar el apoyo a las explotaciones familiares
en las condiciones que acabo de mencionar.
Quiero terminar, señoría, con la discusión de la Agenda 2000 en sus
aspectos agrícolas y ganaderos dentro de nuestro país. Creo que los
grupos parlamentarios son conscientes de que se han mantenido muchas
conferencias sectoriales con las comunidades autónomas, así como
reuniones con las organizaciones profesionales, y que el sector
agrario español está plenamente informado por el Gobierno de la
situación de las negociaciones en este momento. En concreto, respecto
a las comunidades autónomas, quiero subrayar que el viernes pasado,
es decir hace escasamente cinco días, se ha producido la última
conferencia sectorial, que ha sido dedicada monográficamente a la
Agenda 2000. Por tanto, el Gobierno de la nación y los de las
comunidades autónomas están plenamente coordinados en una negociación
que en algunos aspectos, como es el caso del vino o del aceite, ha
dado pasos importantes.
El portavoz de Izquierda Unida ha hecho una referencia al final a los
productos mediterráneos. Yo creo que una vez que hemos conseguido
algunos avances significativos, que no son para nosotros definitivos,
pero que sí consideramos positivos en el tema del vino y en el tema
del aceite, que son precisamente productos mediterráneos, es injusto
que se nos diga que no hemos sido capaces de avanzar en esa
dirección. En cualquier caso, yo tengo que decirle al Grupo de
Izquierda Unida y al conjunto de la Cámara y reiterar una vez más que
la agricultura y la política agrícola común son objetivos esenciales
del Gobierno del Partido Popular y que, por lo tanto, estamos
manteniendo posiciones transparentes, coherentes y constructivas,
pero firmes, en la defensa de nuestros intereses y de la política
agrícola común europea en los foros europeos. Creo que todo eso va a
dar rendimientos -nunca mejor dicho- satisfactorios en la negociación
final.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, en primer lugar, en cuanto a si la preocupación
que existe de que la agricultura sea finalmente sacrificada es una
afirmación gratuita de nuestro grupo, yo creo que usted, más que
convencernos a nosotros, debía de convencer a toda las asociaciones
agrarias y a todos los sindicatos del campo, que son los que vienen
denunciando su preocupación, que además no es nueva, porque no sería
la primera vez que el sector agrario es sacrificado en una
negociación europea. Hay un dato objetivo y es que con las propuestas
que hay ahora mismo sobre la mesa, evidentemente, el sector agrario
será el gran sacrificado en esta negociación de la Agenda 2000. Por
lo tanto, no nos convenza usted a nosotros; convenza a quienes
realmente tiene que convencer, porque parece ser que hasta ahora no
lo han conseguido.
Señor vicepresidente, usted aquí nos ha explicado la postura de su
Gobierno, postura que todos conocemos. Lo que yo creía es que usted
tenía que venir aquí a decirnos hasta dónde está dispuesto a
comprometerse su Gobierno. Sabemos que ese era su punto de partida,
pero ¿ustedes están dispuestos a considerar innegociable cualquier
disminución de la ayuda a la PAC? ¿Ustedes están dispuestos a
considerar innegociable cualquier tipo de renacionalización de la
política agraria común? Y cuando digo cualquier tipo, digo cualquier
posibilidad de que, al final, tengamos que cofinanciar algún tipo de
política agraria. Aquí puede despejar esa preocupación del sector
agrario. Para explicar la postura de partida de su Gobierno, no sobre
nuestra interpelación. Ahí están las declaraciones que continuamente
hacen ustedes. Lo que hace falta hoy, repito, son compromisos.
Sabemos que la ministra está en Europa -por cierto, con poco éxito-
(Rumores.) y esperemos que al final de la negociación tengan ustedes
más éxito que en otras, pero la realidad es que, hasta ahora, poco
han conseguido modificar.
Ustedes ayer votaron en contra de una moción en la cual se incluía el
tema agrario. Ustedes podían haber pedido votación separada de ese
punto, pero votaron en contra de comprometer al Gobierno. El Gobierno
tiene que venir aquí a ser respaldado por esta Cámara, porque hemos
presentado una interpelación y presentaremos una moción para apoyar
al Gobierno, pero también para que este se comprometa, y el Grupo del
Partido Popular ayer no quiso comprometer al Gobierno. Esperemos que
la semana que viene no vuelva a dar la espalda y sí quiera
comprometer al Gobierno en unos puntos de la política agraria que no
son nuevos sino, simplemente, los que venimos defendiendo en esta
interpelación.
Me ha defraudado con su intervención en el sentido de que no hemos
escuchado ningún compromiso. Señor vicepresidente, evidentemente,
usted no tiene por qué hacer suyas declaraciones de otros miembros de
su Gobierno, pero ha sido una realidad que hasta ahora desde la
postura española siempre se ha defendido la necesidad de formar un
frente de los países mediterráneos para defender los productos
agrarios; productos agrarios que se ven atacados en los
planteamientos de la Agenda 2000. No nos ponga usted el ejemplo del
vino porque si en algo se nos puede salvar la OCM del vino es
precisamente porque Alemania está por medio y gracias a eso puede que
la OCM del vino tenga mejor fortuna que la OCM del aceite, cuyas
consecuencias estamos viendo en la elevación de los precios por la
desaparición de la intervención. Ustedes han renunciado y usted lo
reconoce aquí. Espero que la señora ministra de Agricultura no le
contradiga en un próximo
debate, porque hasta ahora ella viene defendiendo la necesidad de
crear ese frente mediterráneo.
Tibia defensa ha hecho usted de la modulación. La modulación no sólo
es una posibilidad de ahorrar; es una cuestión de justicia que debe
evitar que en este país haya 127 propietarios que se lleven más de
15.000 millones de pesetas anuales, mientras haya 182.469
agricultores que viven y trabajan directamente la tierra y que ganan
menos de 300.000 pesetas anuales. Ese es el objetivo de la modulación
y su defensa ha sido tan tibia como la que viene haciendo su
Gobierno. Este es el otro elemento en el que ustedes tienen que
comprometerse en la política agraria.
Al final salimos de esta interpelación como hemos entrado, pensando
que el Gobierno da por perdida la batalla, que asume esa rebaja de la
ayuda, que está intentando enfrentar la agricultura con otro tipo de
fondos. Creemos que ese es un mal principio, pero será un peor final.
Si no es así, espero que usted diga que se comprometen a considerar
estos temas como innegociables. Si no se compromete en esta tribuna,
por mucho que usted diga que es una afirmación gratuita de nuestro
grupo, quienes son realmente los afectados, los ganaderos, los
agricultores y los trabajadores del campo, seguirán pensando que una
vez más serán los grandes sacrificados en una negociación
comunitaria. En estos momentos, como en otras épocas, no se van a
encontrar ustedes sólo con la oposición parlamentaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego concluya.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Concluyo, señor presidente.
Ustedes se van a encontrar con una oposición y el hecho está ahí. El
día 20 hay una gran movilización del sector agrario, movilización que
Izquierda Unida va a apoyar activamente porque entendemos que se
tiene razón cuando se expresa esa preocupación. Por tanto, ustedes no
se van a enfrentar sólo con una oposición parlamentaria; ustedes se
van a enfrentar con una fuerte oposición social. Si ustedes no son
capaces de aprovechar ese empuje, como hicieron en la OCM del aceite,
si ustedes le dan la espalda a la opinión ciudadana, también serán
cómplices del resultado que se obtenga.
Nosotros no queremos apostar por su fracaso, porque evidentemente
este no será el de su Gobierno, será sobre todo el fracaso del campo
español, será el fracaso de esos cientos de miles de personas que
viven para la agricultura, para la ganadería y que además no tienen
otra forma de ganarse la vida. Esperemos, pues, obtener un buen
resultado. Ustedes nos van a encontrar siempre ahí, no sólo
apoyándoles, sino, como hoy, exigiéndoles que se comprometan. Todavía
tiene usted posibilidad de comprometerse...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino.
Espero que usted se comprometa y espero sobre todo que la semana que
viene, con el voto, que es como se comprometen los parlamentarios, su
grupo parlamentario lo haga y no le dé la espalda a este sector, lo
que, en definitiva, es dar la espalda a la economía de este país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señor presidente, señorías, yo quisiera
comenzar diciéndole al portavoz de Izquierda Unida que el que haya
manifestaciones o pronunciamientos públicos de los sectores
económicos, agrícolas y ganaderos sobre la Agenda 2000 no es porque
no estén convencidos de la posición del Gobierno, es porque quieren
defender sus ideas y se manifiestan. Que de ahí S.S. saque la
consecuencia de que los agricultores españoles creen que la
negociación va a ser negativa es pensar que los agricultores
españoles no son racionales, porque se han dado cuenta de que en el
vino y en el aceite se han manifestado antes de finalizar las
negociaciones, cosa que, por otra parte, no creo que haya que
considerar excepcional, y los resultados han sido satisfactorios, y
S.S. lo sabe.
Su señoría puede tratar de confundir, no sé con qué éxito, creo que
con poco, que haya manifestaciones con que en este momento el campo
español no sepa que este Gobierno está consiguiendo buenos resultados
en las negociaciones, cuando se finalizan. Si lo que pretende es
hacer un juicio sobre la negociación del Gobierno antes de que esta
finalice, S.S. se va a quedar insatisfecho, sin duda, porque eso es
imposible. Lo que S.S. me pide hoy es que yo le diga cuál va a ser el
final de la negociación. Yo lo que le he dicho a S.S. es cuáles son
nuestras posiciones en la negociación y S.S. entiende que cuando el
Gobierno dice cuáles son sus posiciones en la negociación el Gobierno
no se compromete. Claro que se compromete, pero estamos en una
negociación. Esperemos el final de la misma, salvo que S.S. pretenda
que el Gobierno no tenga posiciones de negociación, sino que tenga un
mandato cerrado de la Cámara. Si eso es lo que pretende, tengo que
decirle que no vamos a coincidir con usted. Si S.S. de ahí decide que
eso va en contra de los intereses del campo, tengo que decirle que la
experiencia demuestra que no es así, porque vuelvo a ponerle los
ejemplos que son responsabilidad de este Gobierno en negociaciones
agrícolas en las que hemos conseguido resultados que han sido
juzgados por las personas afectadas, españoles y españolas, como
satisfactorios.
Su señoría no hizo nada porque fuera así y no fue capaz de contribuir
a esa negociación más que desde una crítica absolutamente excesiva en
la que no entiende
que las posiciones del Gobierno son compromisos, pero hay una
diferencia, no diré estrecha sino muy amplia, entre los compromisos
de un Gobierno y un mandato cerrado sin ningún margen de negociación
en una cuestión como es un presupuesto europeo de seis años que
afecta a todo tipo de políticas. Nos pide algo que sabe no le podemos
dar. Lo que sí nos debe pedir en mi opinión -nos puede pedir lo que
quiera-, son los resultados. Júzguenos por los resultados, pero nos
quiere juzgar antes de que se produzcan. A lo mejor es que le es más
cómodo esto que cuando tenga que juzgar los resultados. Creo que sí,
que desde la posición que ha tomado S.S. es así.
El Gobierno español está plenamente comprometido con la posición de
una política agrícola europea y en contra de una renacionalización de
la política agrícola común. Se lo he dicho yo, se lo ha dicho la
ministra de Agricultura, lo ha dicho el presidente del Gobierno, lo
hemos dicho aquí, lo hemos dicho en las cumbres y en todos los
consejos europeos. Considera que eso no es suficiente. Esa es ya una
apreciación suya, pero desde el punto de vista político, el Gobierno
está claramente en una posición nítida sobre lo que debe ser el
futuro de la financiación de las políticas agrícolas europeas,
incluidas políticas que algunos países han insinuado que podrían
financiarse a través del presupuesto agrícola y que en nuestra
opinión son políticas de cohesión que no deben financiarse a través
de dicho presupuesto agrícola, mención que he hecho en mi primera
intervención.
Respecto al éxito de la ministra, vuelvo a referirme a los hechos
concretos. De cuando la ministra de Agricultura se encontró con la
negociación del aceite a lo que ha conseguido la diferencia es
bastante notable. En este momento hay 10.000 millones de pesetas más
que la cifra alcanzada en cualquier campaña anterior, cosa que S.S.
sabe, y si hablamos de pesetas por kilogramo, estamos hablando en
este momento de 200 pesetas, mientras que en el momento más alto se
habían recibido 137. Por tanto, en ese sentido la negociación ha sido
suficientemente expresiva, como lo ha sido también en el tema del
vino.
Con respecto a la modulación, vuelvo a insistir en que S.S. coincide
con el Gobierno aunque no quiera en que es necesaria una modulación
de políticas, pero el Gobierno pone unas condiciones a la misma.
Primera, que los ahorros que se consigan reviertan en el país que los
consigue y, por tanto, en sus agricultores ¿Coincide o no S.S. con
esa condición? No me lo ha dicho. Segunda, que las reglas sean para
todos los países, es decir, que en todos los países se produzca una
política de modulación. Tercera, que las reglas sean transparentes,
cuantificables e iguales en todos los países. Si coinciden esas
condiciones, estaremos de acuerdo en que hay que ir a una modulación
que nos pueda permitir incidir sobre el problema que S.S. apunta y es
que las ayudas agrícolas puedan concentrarse en este momento en una
cantidad excesivamente reducida desde elpunto de vista del número de
agricultores. Ya le he
dicho cuál es la posición del Gobierno sobre la política de
modulación. Lo que me gustaría saber es si S.S. coincide o no con
nuestra propuesta o tiene otra alternativa. Le hemos reconocido la
necesidad de la modulación y la estamos defendiendo en los foros
europeos, pero con unas determinadas reglas con las que me gustaría
saber si S.S. coincide.
Al final, ha dicho que tenemos que tener en cuenta que no sea la
agricultura la sacrificada de otras políticas europeas. Coincido
plenamente y el Gobierno español no está planteando una política en
la que haya unos determinados fondos que salgan beneficiados a costa
de la política agrícola. Al contrario, estamos manteniendo posiciones
muy firmes con respecto a la política agrícola, porque estamos
convencidos de que tanto la política de cohesión como la agrícola son
políticas europeas fundamentales que deben tener suficiente
financiación desde el punto de vista de la actual configuración de la
Unión Europea y de la ampliación.
Señoría, espero, como es natural, con toda atención su moción, pero
quiero decirle con toda rotundidad que una cosa es respaldar al
Gobierno y otra atarle. Si pretende respaldarnos, no puede hacer lo
segundo, atarnos, y si quiere juzgarnos, va a tener muchas ocasiones
para hacerlo, especialmente cuando acabe la negociación. Hemos
planteado unos objetivos y unos compromisos en la negociación, pero
no vamos a ir con un mandato absolutamente cerrado, como no va ningún
país europeo ni ha ido nunca ningún Gobierno español. En ese sentido,
si lo que quiere S.S. son mociones para conseguir un consenso de la
mayoría, puede hacerlo, y si lo que quiere es tener mociones que
pierdan las votaciones, también puede hacerlo. Esa es una decisión
política de su grupo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
A mí me parece que sin lugar a dudas uno de los debates políticos más
importantes y trascendentales es el que está teniendo lugar en el
seno de la Unión Europea en estos momento. También me parece evidente
que de la capacidad de defensa de nuestros intereses que el Gobierno
tenga ante los demás socios comunitarios van a depender en buena
medida las posibilidades de desarrollo económico futuro.
Efectivamente, nos estamos jugando muchas cuestiones básicas, algunas
muy importantes para economías de varias comunidades autónomas, entre
ellas, de una manera muy singular, para la Comunidad Autónoma de
Galicia. A lo largo del debate se hizo referencia a sectores claves
en nuestra comunidad, en otras también, el de la carne de vacuno, el
problema lácteo y las reformas que se adopten
en las respectivas OCM. Si la situación en la que se encontraban
hasta ahora no era buena, con las reformas que se proponen, tal cual
se conocen hasta el momento, puede agravarse hasta límites que no son
asumibles. Por lo tanto, a mí me parece que es lógica la
preocupación, tanto a la luz de la experiencia pasada, como a la luz,
como decía, de las propuestas que están encima de la mesa, una
preocupación que comparten, por ejemplo, los consejeros de
Agricultura de la llamada cornisa cantábrica, etcétera.
Es conocida nuestra posición respecto a estas cuestiones. Nosotros
criticamos muchas veces en solitario las condiciones discriminatorias
en que se tenía que desarrollar la actividad productiva, por ejemplo,
del sector lácteo y cárnico. Denunciamos el injusto nivel del reparto
de las cuotas, que suponía realmente un corsé; denunciamos también el
sistema de primas a la producción de la carne de bovino, etcétera,
incluyendo también el escaso apoyo que se está prestando a la
industria láctea propia y la permisividad consecuente con la
penetración de grupos industriales foráneos. En esencia, denunciamos
la configuración de la política europea, que era perjudicial para
nuestros productores, y también muchas veces denunciamos la
incapacidad de los sucesivos gobiernos para modificarla e incluimos
denuncias claras en esta Cámara del exceso de celo a la hora de
aplicar normas que por injustas nos perjudicaban, como el tema de la
supertasa, etcétera.
En todo caso, a la luz de la intervención del señor vicepresidente,
por una vez voy a coincidir con el Gobierno en los planteamientos
respecto a la negociación de estas OCM. A mí me parece que hay que
corregir la discriminación que sufrieron estos sectores desde la
entrada en el Mercado Común Europeo y que en la negociación de lo que
se trata es de superar los desequilibrios existentes en este momento
en temas básicos como el sector del vacuno y de la cuota láctea. A mí
me gustaría que el Gobierno tuviera éxito en su posición, porque
-vuelvo a insistir y el señor ministro seguro que lo comparte
conmigo- las propuestas de reforma que en este momento están sobre la
mesa son francamente preocupantes tanto para el sector lácteo como
para el sector cárnico. Me parece que el objetivo final del Gobierno,
en la batalla que debe dar a nivel europeo, debe ser garantizar que
nuestros agricultores y ganaderos puedan producir y competir en
igualdad de condiciones respecto a los demás Estados europeos. Creo
que esta batalla, señor ministro, no se puede saldar diciendo el
Gobierno al final de la negociación que el resultado no fue tan
negativo como el inicialmente previsto. Me parece que nos estamos
jugando mucho -creo que también lo comparte el Gobierno- y para
concluir sólo tengo que decir que el final de la discusión está cerca
y nosotros le deseamos al Gobierno todo el éxito en la negociación,
porque de ese éxito va a depender nuestro futuro.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
La verdad, señor vicepresidente, estaba casi entusiasmado porque el
azar permitiese que fuese S.S. el que llevase esta interpelación;
interpelación que tengo que decir que está muy relacionada con lo que
se está debatiendo durante estos días, está íntimamente relacionada
con la interpelación nuestra de la semana anterior y con la moción
que se votó ayer, y el número de contradicciones entre lo que dicen
los miembros del Gobierno, incluso entre lo que le he creído entender
a usted y lo que se vota es manifiesto. Fíjese, consta en el «Diario
de Sesiones» y se lo voy a leer, lo que dice el punto d) de la moción
a la que ustedes mismos ayer votaron que no -lo mismo tiene hoy la
ocasión de rectificar aquí-. Ayer votaron ustedes no a lo siguiente:
Que la política agrícola común siga obteniendo íntegramente su
financiación del presupuesto comunitario, garantizando el
mantenimiento de las rentas agrícolas. Tal como consta en el «Diario
de Sesiones» a esto han votado ustedes no.
Realmente es claro que la financiación agraria es deficitaria desde
un punto de vista estructural, no es ninguna novedad. Lo que no nos
dice el Gobierno, y yo por lo menos no he conseguido aclararme con su
intervención, es cómo se está dispuesto a cubrir ese déficit
estructural. Eso es lo que nos tiene usted que decir, porque yo no lo
he entendido. Nosotros decimos con cofinanciación, no, de ninguna
manera. Si hay que hacer aportaciones, véase como se pueden aportar
de otra manera; no se rompa el principio de cohesión y de solidaridad
financiera al que el vicepresidente ha hecho alusión. Por tanto,
tendrán que arbitrarse otras formas. Es una cuestión fundamental del
debate, tanto del Ecofin como de la reunión que se celebre del
Consejo del día 22. Ustedes, sin embargo, no se pronuncian sobre
esto, aunque sí se pronuncian en la calle y en los discursos
diciendo: nosotros no vamos a admitir la renacionalización ni la
cofinanciación. Pues bien, no admitir la renacionalización ni la
cofinanciación de la política agraria comunitaria significa
solemnemente decir que no y significaba que ustedes ayer hubieran
votado que sí. Puede haber sido un error que me imagino podrán
rectificar.
Este debate está también muy relacionado con el problema de la
modulación. Es cierto que nosotros hemos introducido con fecha 8 de
febrero de 1999 una proposición no de ley -que, por tanto, está en el
registro de esta Cámara-, que conocen SS.SS. en la cual fijamos
nuestros criterios de modulación. Yo le oigo a usted decir, con
notabilísima sorpresa, que la legislación en que se ampare la
modulación tiene que ser igual para todos los países dentro de la
Unión Europea. Eso, créame, es un error de un tamaño considerable,
por una razón que se la digo ahora mismo. Son tan diferentes las
estructuras productivas dentro de los países
de la Unión Europea, son tan distintos los tipos de empresa y tan
diferentes los grupos sectoriales de cultivo de producción agraria,
que es materialmente imposible establecer una legislación común.
Luego si se quiere que haya modulación, una manera de imposibilitarla
es decir: no, tenemos que encontrar un denominador común para el
conjunto de todos los países europeos. Muy bien, ya sabemos que no lo
va a haber, es una manera sutil de intentar que no haya modulación.
Nosotros hemos fijado, y está ya en el registro del Parlamento,
cuáles son los criterios de modulación: un criterio de equidad, que
se acabe con esas desigualdades enormes que hay y que nosotros hemos
sufrido en el reparto de las subvenciones compensatorias a la pérdida
de renta de los agricultores, pero que tampoco se vaya contra la
propia política agraria comunitaria y que, por tanto, la
modernización y la competitividad de la explotación agraria se tenga
en cuenta; que se tenga en cuenta, por supuesto, el empleo como un
elemento fundamentalísimo de la empresa agraria; que se tengan en
cuenta otras circunstancias relacionadas con las condiciones del
territorio respecto a problemas que pueda haber de desertización o de
despoblamiento; además, como cada grupo de cultivo tiene unas
condiciones y unos condicionantes especiales, que se refiera a grupos
de cultivo. Tenemos, pues, una política muy clara sobre esto y hemos
presentado aquí esta proposición, que muy pronto verá esta Cámara,
para suscitar el debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego vaya concluyendo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Voy a intentar ser muy breve. Termino
rápidamente.
Por otro lado, señor vicepresidente, nos ilustra usted con los
enormes éxitos que ha tenido el Gobierno en las discusiones de las
OCM anteriores. Por optimista que se sea, éxito hasta ahora, ninguno,
ni siquiera éste del aceite. Usted que es economista, y además un
buen economista, quite usted el título de aceite de oliva, ponga
producto A, y ese producto A dice: 55 por ciento de la producción
mundial, 45 por ciento del mercado, 3,5 por ciento mercado
internacional, 12,5 por ciento en el mercado agrario; y después le da
la solución que se le ha dado al aceite de oliva, y créame que sería
sorprendente que llegara al mismo resultado.
Nos tememos lo peor en el problema del reequilibrio, porque nos
tememos, señor presidente, algunas demagogias. No consiste en decir:
hemos conseguido tal cuota más o tal cuota menos, sino en saber cómo
influye la misma en los precios que tenemos actualmente. Por ejemplo,
si nos viene el Gobierno diciendo: hemos conseguido 600.000 toneladas
más de cuota láctea, y resulta que Francia ha conseguido tres
millones y Alemania ha conseguido más, ¿sabe lo que va a ocurrir? Que
la presión de la leche francesa va a ser un vector permanente que va
a inducir a la baja el precio del sector lácteo y vamos a tener una
importante crisis de precio, con locual es mucho peor el remedio que
la enfermedad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego concluya.
El señor AMARILLO DOBLADO: Termino, señor presidente.
No basta con decir tal cuota más, sino que hay que ver cómo influyen
unas y otras cosas en el marco global de precios.
Nosotros estamos verdaderamente inquietos por lo que entendemos una
enorme soledad y sobre todo una falta de claridad al abordar los
problemas y de valentía para decir: en esto nos podemos comprometer y
en esto no. Creo sinceramente, señor vicepresidente, que ustedes van
detrás de los hechos y no tienen muy claro adónde van.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en principio quiero felicitar desde el Grupo Parlamentario
Popular la intervención del vicepresidente económico del Gobierno y
ministro de Economía y Hacienda, porque se demuestra que desde que
España es miembro de pleno derecho de la antes Comunidad Económica
Europea y ahora Unión Europea hay un Gobierno totalmente sensible con
los problemas de la agricultura española, y no solamente desde el
responsable de la cartera correspondiente, como podía ser el ministro
o ministra de Agricultura, sino desde el vicepresidente económico. Ya
nos hubiera gustado en esta Cámara que en legislaturas anteriores,
como por ejemplo cuando la reforma de la PAC de 1992 en que se jugaba
mucho España, que un vicepresidente hubiera tenido una sensibilidad y
un conocimiento tan profundos como los que ha demostrado aquí sobre
la problemática de la agricultura española (Un señor diputado: ¡Muy
bien!), porque además creo que la contestación ha sido muy exhaustiva
y en muchos puntos ha superado ampliamente los problemas planteados
por el interpelante portavoz de Izquierda Unida.
Hay coordinación en el Gobierno, cosa que no pasaba con gobiernos
anteriores. Desde luego, la mejor defensa que se pueda hacer de
nuestros intereses es una garantía para la agricultura española,
sobre todo si el responsable del Gobierno español en el Ecofin, donde
se debaten los marcos presupuestarios y el futuro de la política
económica y financiera, en este caso la Agenda 2000, tiene un
conocimiento profundo de la agricultura.
Se ha dicho anteriormente por un portavoz que gracias a Alemania se
va a conseguir una buena OCM del vino. Si consideramos que en la
reforma de la OCM del vino se han tenido en cuenta las propuestas
españolas, creo que se está diciendo mucho, pero no es solamente que
se esté diciendo mucho, sino que lo vamos a seguir diciendo, porque
vamos a conseguir sacar adelante
temas tan importantes como las nuevas plantaciones, los derechos de
replantación, la reestructuración varietal o la ficha financiera.
España va a seguir diciendo mucho y en una OCM tan importante como la
del vino vamos a seguir defendiendo los intereses que España está
planteando desde el punto de vista vitivinícola.
También me gustaría contestar al portavoz del Grupo Socialista sobre
el tema de la modulación. Dice que han presentado una proposición no
de ley que se va a debatir pronto en el Pleno del Congreso, según he
entendido, porque el planteamiento de España en cuanto a la
modulación es un error. Yo no he visto que sea ningún error, sino
todo lo contrario, señor Amarillo, porque la defensa que ha hecho el
vicepresidente de la modulación va encaminada precisamente a evitar
lo que ustedes con su planteamiento distinto quieren evitar. Hay que
hacer una modulación que sea igual para todos los Estados miembros y,
además, que los ahorros reviertan en cada país, como muy bien ha
dicho el señor vicepresidente del Gobierno. Yo no he leído su
proposición, pero lo que usted ha dado a entender desde la tribuna es
que vamos a caer en las desigualdades y en la falta de competitividad
de las explotaciones españolas con los planteamientos que defiende el
Gobierno español. Además, con modulaciones distintas en diferentes
países, cualquier país puede llegar a recurrir el que otro país haya
hecho unas modulaciones más beneficiosas para sus propios
agricultores.
Si ustedes quieren encorsetar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual,
vaya concluyendo.
El señor PASCUAL MONZÓ: Termino, señor presidente.
Señorías, ustedes quieren encorsetar la actuación del Gobierno y la
defensa de los intereses españoles en la Unión Europea, y yo creo que
no es una gran estrategia el ponerle un corsé, además, una de las
obligaciones del Gobierno es precisamente disponer de margen para
poder negociar. Como muy bien ha dicho el señor vicepresidente, no
hagan suposiciones baratas, señorías, aténganse a los resultados. Lo
que pasa es que los resultados, como son buenos, electoralmente no
les interesan y entonces se olvidan de debatir sobre tales resultados
y simplemente hacen conjeturas que luego, gracias a Dios, no
responden a la realidad. Desde luego, los agricultores y ganaderos
españoles saben apreciar bastante mejor que ustedes esos resultados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pascual.
Finalizados los puntos del orden del día, el Pleno se reanudará
mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cinco minutos de la noche.