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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 192, de 11/11/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 192
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 186
celebrada el miércoles, 11 de noviembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 10204)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política general e iniciativas
del Gobierno para garantizar que las diversas Comunidades Autónomas
de España incluidas en el Objetivo 1 en la actualidad mantengan para
el período 2000-2006 su condición de Región Objetivo 1 de la Unión
Europea (número de expediente 172/000119) . . . (Página 10228)
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de liberalización
del sector energético (número de expediente 172/000120) . . . (Página 10235)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el
Gobierno exponga sus criterios y medidas previstas, tanto de orden
político como plasmadas en iniciativas parlamentarias, para lograr el
mejor cumplimiento de los fines de la fe pública (número de
expediente 172/000121) . . . (Página 10242)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas . . . (Página 10204)
Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿A la
vista de la decisión de la Audiencia Nacional, que desautoriza
totalmente la posición del Sr. Cardenal sobre Pinochet, cuándo piensa
el Gobierno cesarle como Fiscal General del Estado? (Número de
expediente 180/001451) . . . (Página 10204)
De la Diputada doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Cuál es la opinión del Presidente y del Gobierno sobre el
procesamiento del Sr. Pinochet por Tribunales Europeos, dada la
posición que el Ministerio Fiscal ha venido manteniendo
reiteradamente? (Número de expediente 180/001462) . . . (Página 10205)
De la Diputada doña Ana María Torme Pardo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno
informar a la Cámara de las iniciativas que haya adoptado para
cooperar con las Repúblicas Centroamericanas devastadas por el
huracán «Mitch»? (Número de expediente 180/001466) . . . (Página 10206)
Del Diputado don Antonio Serrano Vinue, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el balance
que el Gobierno hace de las maniobras que la OTAN ha realizado en
fechas recientes en la Base Aérea de Zaragoza? (Número de expediente
180/001473) . . . (Página 10207)
Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información
puede facilitar el Gobierno sobre la futura Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas? (Número de expediente 180/001474) . . . (Página 10208)
De la Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿En los
planes y previsiones del Gobierno para indemnizar, de la forma más
justa posible, a las víctimas del terrorismo, están contempladas las
víctimas del GAL o de cualquier otra actuación contraterrorista?
(Número de expediente 180/001461) . . . (Página 10209)
Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué medidas
prevé adoptar el Ministerio de Fomento para mejorar la operatividad
de los aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Galicia? (Número de
expediente 180/001450) . . . (Página 10210)
Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué iniciativa ha llevado a cabo
el Gobierno para cumplir el acuerdo del Congreso de los Diputados
acerca de la tarifa plana para los usuarios de Internet? (Número de
expediente 180/001457) . . . (Página 10211)
De la Diputada doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la evolución hasta la
fecha de hoy del Plan de Viviendas 1998/2001? (Número de expediente
180/001458) . . . (Página 10213)
Del Diputado don Jesús Caldera SánchezCapitán, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Con
sidera el Ministro suficientes las inversiones de su Gobierno para
conservación de carreteras? (Número de expediente 180/001459) . . .
(Página 10214)
Del Diputado don Ángel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son los motivos para la atribución al Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF) tanto de la construcción como la
administración del nuevo acceso ferroviario al norte-noroeste de
España, línea ferroviaria Madrid-Valladolid- Medina del Campo?
(Número de expediente 180/001467) . . . (Página 10215)
Del Diputado don Sergio Senador GómezAlba Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En
qué situación se encuentra la construcción del tren de Alta Velocidad
entre Madrid y Barcelona? (Número de expediente 180/001471) . . .
(Página 10215)
De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Va a disminuir el
número de becarios universitarios el próximo curso? (Número de
expediente 180/001454) . . . (Página 10216)
Del Diputado don José Ramón Calpe Saera, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha
adoptado el Gobierno para ayudar a las familias en la adquisición de
libros de texto? (Número de expediente 180/001470) ... (Página 10218)
Del Diputado don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el esfuerzo
inversor del Ministerio de Educación y Cultura en materia de
educación en la Comunidad de Castilla
y León para el presente año 1998? (Número de expediente 180/
001472) . . . (Página 10218)
Del Diputado don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿En cuántos billones de pesetas se
ha incrementado la deuda de la Seguridad Social desde que el Partido
Popular está en el Gobierno? (Número de expediente 180/001455) . . .
(Página 10219)
Del Diputado don José Antonio GriñánMartínez, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el conjunto de
prestaciones que se propone financiar el INEM con los ingresos por
cotizaciones de desempleo durante 1999? (Número de expediente 180/
001456) . . . (Página 10221)
Del Diputado don Alejandro Francisco Ballestero de Diego, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno de los acuerdos a que se ha llegado con
las Organizaciones Sindicales sobre medidas de contrato a tiempo
parcial? (Número de expediente 180/001468) . . . (Página 10222)
Del Diputado don José Ramón Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo incide en el
sector la nueva normativa sobre Programas y Fondos operativos que
aprobó el Comité de Gestión de Frutas y Hortalizas el pasado 8 de
julio? (Número de expediente 180/001469) . . . (Página 10223)
Del Diputado don Lluis Miquel Pérez Segura, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Cuándo estará el Gobierno en
condiciones de suministrar a laCámara la información suficiente para
que ésta pueda ejercer la función de control de la ejecución
presupuestaria que tiene encomendada? (Número de expediente 180/
001428) . . . (Página 10224)
Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el Gobierno el
grave retraso en el pago de las prestaciones por prejubilación
correspondientes al Plan del Carbón? (Número de expediente 180/
001460) . . . (Página 10225)
Del Diputado don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuáles son los criterios que la
Agencia Estatal de Administración Tributaria ha trasladado al Abogado
del Estado para su actuación en las causas por delito fiscal, y que
han dado lugar a que, en ocasiones, se pida el archivo de estas
causas? (Número de expediente 180/001426) . . . (Página 10226)
Del Diputado don Ignasi Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Justicia: ¿Cómo tiene previsto la Sra. Ministra dar cumplimiento a
la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el
24 de junio, con el fin de garantizar el acceso telemático al
Registro Mercantil, y superar así la situación actual de ilegalidad
en las actuaciones registrales al respecto? (Número de expediente
180/001464) . . . (Página 10227)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 10228)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general e
iniciativas del Gobierno para garantizar que las diversas comunidades
autónomas de España incluidas en el Objetivo 1 en la actualidad
mantengan para el período 2000-2006 su condición de Región Objetivo 1
de la Unión Europea . . . (Página 10228)
Presenta la interpelación urgente el señor Chiquillo Barber, del
Grupo Parlamentario Mixto. Le preocupa el futuro de los fondos
estructurales y la repercusión que sobre diversas comunidades
autónomas del Estado español pueda producirse el próximo año por las
decisiones que en el seno de la Unión Europea vayan a adoptarse.
Explica que la eliminación de las desigualdades económicas entre las
distintas regiones de la Unión fue uno de los objetivos prioritarios
mediante la puesta en funcionamiento de acciones específicas y el
apoyo a obras emprendidas por los Estados miembros y las propias
autoridades regionales de acuerdo con el principio de subsidiariedad,
siendo la Comunidad Valenciana una de las regiones beneficiadas por
estas ayudas. De ahí la preocupación que les causa la perspectiva de
que la Comunidad Valenciana, junto a la de Cantabria, dejen de estar
entre las regiones consideradas hoy por hoy Objetivo 1 en la Unión
Europea. Añade que sería un perjuicio tremendo para su comunidad el
verse privados de unos fondos que resultan del todo imprescindibles
para su desarrollo futuro. Finalmente pregunta si el Gobierno ha
desarrollado o piensa desarrollar algún tipo de iniciativa para
garantizar que el conjunto de comunidades mantengan para el período
2000-2006 su condición de región Objetivo 1 de la Unión Europea.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Fomento (Arias-
Salgado y Montalvo). Manifiesta que la interpelación que plantea el
señor Chiquillo Barber supone una de las grandes batallas que se
habrá de librar durante los próximos 24 meses para conseguir que
España continúe recibiendo la misma cantidad de fondos estructurales
y de cohesión que viene recibiendo en los últimos años, lo que exige
un determinado planteamiento global. Explica el planteamiento global
de la Agenda 2000 que consta de dos principios: el de concentración
de los seis objetivos precedentes en tres -el Objetivo 1 es el que
más interesa a España- y la concentración de la ayuda en las regiones
menos desarrolladas, por lo que serán regiones receptoras de fondos
estructurales todas aquellas que no alcancen el 75 por ciento de la
renta media de la Unión Europea. Explica la postura de España en
relación con estos dos principios y las razones técnicas que permiten
pensar que todas las comunidades autónomas incluidas hoy en el
Objetivo 1 seguirán estándolo, y en el caso de que alguna comunidad
autónoma pudiera incumplir los mencionados principios sería por un
margen muy escaso y, en esa eventualidad, seguiría recibiendo
recursos
del Objetivo 1 a través del régimen transitorio. Afirma que en este
punto concreto el Gobierno está empeñado en defender en los nuevos
reglamentos que en estos momentos están en marcha que la regulación
de dicho régimen transitorio sea generosa en duración e intensidad de
las ayudas. Añade, por último, que el Gobierno hará el máximo
esfuerzo para que España siga siendo el primer país beneficiario en
la redistribución de fondos estructurales.
Replica el señor Chiquillo Barber, duplicando el señor ministro de
Fomento.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Navas
Amores, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Martinón Cejas, del Grupo Socialista del Congreso, y Martínez Casañ,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de liberalización
del sector energético . . . (Página 10235)
El señor Fernández Fernández presenta la interpelación en nombre del
Grupo Socialista del Congreso. Acusa al señor ministro de Industria y
Energía de seguir las teorías lampedusianas, es decir, cambiar algo
para que nada cambie, y considera que toda la regulación de la
competencia de los sectores energéticos que ha puesto en marcha son
más bien medidas estáticas, que tienen mucha retórica y que impiden
el cambio que ya se había iniciado con anterioridad. Se refiere a
continuación a algunas empresas, centrándose sobre todo en el sector
eléctrico. Opina que habrá que tomar medidas, además de remitirse a
la titularidad privada de las empresas, para impedir que los
beneficios de la transición a la competencia vayan a los accionistas
en lugar de a los usuarios y consumidores, mostrando su total falta
de fe ante las medidas tomadas por el señor ministro.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria y
Energía y portavoz del Gobierno (Piqué i Camps). Encuentra razonable
la falta de fe del señor interpelante en él como ministro de
Industria y Energía, pero se congratula de que se muestre tan
partidario de la libertad, del mercado, de la ruptura de los
monopolios y de la introducción de la competencia, pero recuerda que
no era así cuando el Gobierno socialista establecía su reglamentación
sobre el sector eléctrico. A continuación pasa a demostrar que la
liberalización que se plantea en la Losen es sólo una liberalización
de diseño, de imagen, a diferencia de la que está poniendo en marcha
el Gobierno. Se compromete, si
el plan de liberalización actual no funciona suficientemente bien, a
intensificar los ritmos, y muestra su total disposición a aceptar
cualquier planteamiento liberal que se le haga desde el Grupo
Socialista.
Replica el señor Fernández Fernández, duplicando el señor ministro de
Industria y Energía y portavoz del Gobierno.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el
señor Medina Toledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que el
Gobierno exponga sus criterios y medidas previstas, tanto de orden
político como plasmadas en iniciativas parlamentarias, para lograr el
mejor cumplimiento de los fines de la fe pública . . . (Página 10242)
Presenta la interpelación el señor Castellano Cardalliaguet, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Comienza su
intervención afirmando que la fe pública es una garantía al servicio
de un principio constitucional importantísimo que se llama la
seguridad jurídica, que ha de concebirse como la legítima tutela que
desde el Estado se ofrece a los ciudadanos para ejercer sus derechos
y para el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que la fe pública
legitima o sacraliza derechos personales y patrimoniales. Por ello,
está seguro que todos estarán de acuerdo en que la fe pública es, en
consecuencia y por estar al servicio de la seguridad jurídica, una
obligación, una función inexcusable y exigible del Estado. Explica a
continuación el contenido del artículo 9º de la Constitución, que le
lleva a afirmar que la Constitución es la garantía del Estado social
y democrático de derecho. Distingue la fe pública judicial de la fe
pública extrajudicial, plasmada en los actos de constancia por parte
de un funcionario público acerca de cuál es la entidad de las partes
y el contenido de sus negocios jurídicos y la legalidad de los mismos
y en los actos de registro. Se pregunta si puede ser objeto de
negocio o tráfico el cumplimiento de una obligación del Estado de la
que depende la seguridad jurídica, patrimonial y personal de los
ciudadanos y si el proceso de mercantilización de la fe pública va a
continuar o el Gobierno al que pertenece la señora ministra va a
hacer algo al respecto.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia
(Mariscal de Gante y Mirón). Centrándose también en la fe pública
extrajudicial afirma que, al igual que ha hecho el señor Castellano,
se debe partir siempre del principio de la seguridad
jurídica, pues dicha seguridad es uno de los requisitos básicos para
el adecuado respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos y
para el correcto funcionamiento de la vida económica. Por lo tanto,
añade, la configuración de un buen sistema de fe pública, que
garantice la seguridad jurídica, no debe considerarse simplemente
como una característica deseable de todo sistema legal, ni tan
siquiera como un elemento de la conflictividad social, sino como una
condición ineludible para conseguir una correcta y eficaz protección
de los derechos ciudadanos y un progresivo desarrollo de la economía,
siendo la figura clave que permite dar cumplimiento a los objetivos
señalados la del fedatario público. Explica lo que se entiende como
seguridad jurídica preventiva, es decir, un sistema capaz de otorgar
fiabilidad en las transacciones y de descongestionar los tribunales y
pone de relieve las consecuencias claramente positivas de orden
económico para los ciudadanos que lo utilizan. A continuación,
después de afirmar que el sistema de fe pública negocial existente en
España está correctamente regulado, funciona adecuadamente y es
positivamente valorado por los ciudadanos en general y por los
usuarios concretos en particular, expone las medidas legales que el
Gobierno ha desarrollado y va a desarrollar dirigidas a mejorar todo
aquello que sea mejorable.
Replica el señor Castellano Cardalliaguet, duplicando la señora
ministra de Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cuesta
Martínez, del Grupo Socialista del Congreso, y Pillado Montero, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿A LA
VISTA DE LA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL, QUE DESAUTORIZA
TOTALMENTE LA POSICIÓN DEL SEÑOR CARDENAL SOBRE PINOCHET, CUÁNDO
PIENSA EL GOBIERNO CESARLE COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO? (Número de
expediente 180/001451).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: preguntas orales al Gobierno en el Pleno.
Pregunta número 11 que formula al Gobierno don Juan Alberto Belloch
Julbe, diputado del Grupo Socialista.
Señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.
A la vista de la decisión de la Audiencia Nacional, ¿cuándo piensa el
Gobierno cesar como fiscal general del Estado al señor Cardenal?
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente del Gobierno. ¡Silencio, señorías!
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señorías, el Gobierno
no cesará al fiscal general del Estado por el hecho de haber
defendido una interpretación legítima de la legislación española, en
concordancia con sus atribuciones constitucionales y legales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Belloch.
El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor presidente.
Antes que nada, señor Aznar, quiero manifestar que nuestro grupo
parlamentario está de acuerdo con la actitud de su Gobierno de no
obstaculizar la extradición del general Pinochet. Dicho lo anterior,
nos sorprende más desde esa posición por qué se persiste, por qué ese
empecinamiento en mantener, por un lado al señor Cardenal y por otro
lado al señor Fungairiño. Compartí experiencia judicial con el señor
Cardenal en Bilbao, y de él se decía que no se mojaba ni en la ducha,
y con eso querían decir que cada vez que había un caso difícil y
delicado, relacionado por ejemplo con el mundo abertzale, el señor
Cardenal desaparecía. En este caso no sólo se ha mojado sino que se
ha lanzado directamente a la piscina, precisamente para defender, no
ya jurídicamente sino políticamente, al dictador Pinochet. (Algunos
señores diputados: Mentira.) ¿Qué está pasando?
No solicitamos su dimisión, su cese por razones jurídicas, sí que nos
parece preocupante el empecinamiento en seguir sosteniendo que
mientras no cambie la ley no cambiará de criterio, incluso después de
la decisión de la Audiencia Nacional; lo que nos preocupa es su
posicionamiento político, su configuración como un defensor objetivo
a la hora de argumentar su postura de la dictadura del general
Pinochet.
Por favor, césele. Algunos nos dicen: cuidado, que si le cesan
desaparecerá el motivo más fácil de hacer oposición al Gobierno del
señor Aznar. Yo en parte comparto ese criterio, sólo en parte. Es
verdad que mientras esté en activo será imposible que prospere su
discurso retórico de giro hacia el centro. Pese a eso somos
partidarios de su cese porque está en juego algo
mucho más importante: el prestigio de la institución del ministerio
fiscal y el prestigio de este país.
Una última recomendación: no estaría mal que aprovechara este trámite
parlamentario para que, como han hecho otros líderes europeos, dijera
de una vez qué opina de la dictadura de Chile y qué opina del
genocida, del torturador, del terrorista, señor Pinochet. Nada más y
muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, el
Gobierno -como ha recordado S.S.- dijo que respetaría en todo caso lo
que han sido las decisiones de los tribunales y de la justicia, que
se ajustaría a ello, y que le parecería un grave error en razón de la
importancia de las relaciones de España y Chile y las obligaciones de
España con las democracias iberoamericanas en particular, intentar la
politización de ese asunto. Por tanto, el Gobierno ha hecho lo que
dijo que iba a hacer: respetar las decisiones de la justicia.
En segundo lugar, en relación con la Fiscalía debo decir, señor
Belloch, que en este asunto hay un antecedente, que es la decisión de
la Fiscalía de 18 de abril de 1996, decisión de la Secretaría Técnica
de la Fiscalía General del Estado, de la Junta de Fiscales y del
fiscal general del Estado, todas ellas contrarias a la competencia de
la Audiencia Nacional en orden a la investigación de presuntos
delitos por asesinato y genocidio establecido en Argentina.
Exactamente lo mismo, según determina este documento de la Fiscalía
que su señoría debe conocer muy bien. (El señor Belloch Julbe hace
signos negativos.) Quiero recordarle que entonces era fiscal jefe de
la Audiencia Nacional el señor Aranda, fiscal general del Estado el
señor Granados, y ministro de Justicia un tal señor Belloch que usted
debe recordar y reconocerse en él. (Risas.-Aplausos.)
En relación a la posición del Gobierno, le quiero garantizar que este
Gobierno no ha tenido ninguna orientación de carácter político en la
Fiscalía; no le puedo garantizar lo mismo en la que corresponde a su
señoría. Quiero recordarle también que este Gobierno firmó en julio
del año pasado el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, porque
somos partidarios de un orden penal internacional para estas
cuestiones y que la delegación española -por cierto, presidida por el
embajador Yáñez, que le sonará también a S.S- fue muy activa y al día
siguiente de que se aprobase el Estatuto del Tribunal Penal
Internacional era firmado por el Gobierno de España.
En todo caso, señoría, naturalmente que compartimos la condena no de
esta dictadura chilena que hubo, sino de todas las dictaduras
(Rumores.) que se puedan producir en cualquier país. (Aplausos.) De
todas, absolutamente de todas. Lo que se ha demostrado en este asunto
es que el Gobierno ha estado en su sitio, los tribunales han actuado
libremente, la justicia ha
actuado libremente y S.S. ha estado también en su sitio, es decir,
metiendo la pata.
Gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA OPINIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL GOBIERNO SOBRE EL
PROCESAMIENTO DEL SEÑOR PINOCHET POR TRIBUNALES EUROPEOS, DADA LA
POSICIÓN QUE EL MINISTERIO FISCAL HA VENIDO MANTENIENDO
REITERADAMENTE? (Número de expediente 180/001462).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22 que formula al Gobierno el
diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Señor Aznar, ante la petición de extradición del general Pinochet,
¿qué opina? ¿Qué opina también del papel jugado por el ministerio
fiscal?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno. (Rumores.)
Silencio, señorías.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): La opinión del
Gobierno, señoría, es la de cualquier Gobierno constitucional: el
respeto a las decisiones judiciales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Aznar, ante la batalla perdida por el
ministerio fiscal y también en parte por usted, hay que reconocer que
ha pedido la extradición en tiempo de telegrama. Sin embargo, hay dos
cosas en las que usted está muy mal situado política y éticamente. De
una parte, usted no ha opinado sobre la dictadura sino con media boca
y quizá nos ha amenazado al decir que habla de todas; hable de todas.
En este tema la ética no se puede dosificar porque divide con una
línea divisoria a todos los ciudadanos y es una línea que no es de
tiza. Usted se ha situado en el único lugar imposible, ni en un lado
ni en otro: encima de la línea divisoria. Usted está jugando
simplemente el papel de cartero, el triste papel de un cartero que
suelta el paquete y se sacude las manos. Su posición es confusa y
mucho más después de las declaraciones del
señor Fraga y confusa también, señor Aznar, porque el papel de los
fiscales no es de recibo.
Primero, si ustedes han dado instrucciones para determinar el papel
de los fiscales, han jugado a entender ese paréntesis
anticonstitucional del dictador Pinochet que no es un fascista
austero, es un asesino y un ladrón de caudales públicos.
En segundo lugar, si no han dado instrucciones -como ha dicho- para
que no intervenga el ministerio fiscal y éste ha actuado en defensa
de los intereses del Estado por cuenta propia, falta un último
movimiento en este ajedrez doloroso que estamos viviendo por parte de
usted. ¿Qué opina de la actuación de los fiscales? ¿Está de acuerdo?
Si no está de acuerdo, ¿cómo lo va a expresar? ¿Qué posición va a
adoptar el Gobierno en desacuerdo con este tema que no es cualquier
cosa? Señor Aznar, ¿cuándo adoptaría la posición que superaría este
agujero de coherencia que tiene usted en su posición ética y
política? No es un tema cualquiera. Juegue la partida de ajedrez
completa y en todo el tablero porque si no se puede empezar a pensar
que el esqueleto moral de su posición política no es sólido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente.
Señoría, el Gobierno defiende la validez universal de los derechos
individuales y de las libertades, y por tanto no le cuesta ningún
trabajo, sino todo lo contrario, manifestar su rechazo y repugnancia
a lo que significa cualquier régimen autoritario o cualquier régimen
dictatorial allí donde se produzca. Estoy hablando de dictaduras y,
por tanto, de dictaduras que no solamente tienen una plasmación
práctica sino que también pueden tener un discurso teórico, señor
Alcaraz, y estoy convencido, espero y deseo, que S.S. comparta la
misma expresividad de condena de cualquier dictadura allí donde se
produzca y tenga el contenido ideológico que tenga.
Lo que quiero decir, señoría, también en este punto, es que nosotros,
justamente por eso, nos alegramos mucho cuando deja de haber una
dictadura y si hay una transición democrática que conduzca o que
pueda conducir a una democracia. La obligación española, la
obligación de España, la obligación del Gobierno español, y yo creo
que de esta Cámara, señorías, es colaborar con todos los países que
hacen una transición hacia la democracia y dejan atrás una dictadura,
y además tenemos la responsabilidad de cooperar con esos países para
consolidar esa transición. Esa es una doctrina que avala la posición
española desde hace 20 años. Y cuando la transición comenzó en Chile,
el Gobierno español de entonces la apoyó e hizo bien porque era su
obligación, como este Gobierno cumple con su obligación intentando
que se consolide la democracia en Chile. Preferimos sin duda una
democracia en Chile o
en cualquier otro país a un régimen autoritario o a una dictadura.
Ahora bien, señor Alcaraz, eso pasa también por respetar las reglas
de lo que se define en la posición de un gobierno, que es respetar en
todo caso las decisiones judiciales, y yo las he respetado y hemos
pedido la extradición del antiguo dictador de Chile, señor Pinochet.
Esa ha sido la posición del Gobierno, esa y no otra. Y le quiero
decir que políticamente hoy, en este Congreso de los Diputados, yo
quiero manifestar en nombre del Gobierno mi respeto a la democracia
chilena, mi aprecio por el Gobierno chileno y mi deseo de que su
situación se consolide totalmente en aras de las libertades y de la
democracia de Chile.
Muchas gracias, señor presidente. (Fuertes y prolongados aplausos.-
Varios señores diputados golpean los pupitres.) (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor Madrid, señor Madrid, don Demetrio; señor Villarrubia. (El
señor Madrid López continúa golpeando el pupitre.) ¡Señor Madrid, le
llamo al orden! Le llamo al orden, señor Madrid.
Señor Madrid, contenga sus expresiones de desagrado en los términos
razonables, en los razonables, señor Madrid. (Rumores.- El señor
Madrid López pronuncia palabras que no se perciben.) Sin debate, sin
debate, señor Madrid.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL GOBIERNO
INFORMAR A LA CÁMARA DE LAS INICIATIVAS QUE HAYA ADOPTADO PARA
COOPERAR CON LAS REPÚBLICAS CENTROAMERICANAS DEVASTADAS POR EL
HURACÁN MITCH? (Número de expediente 180/001466).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 25, que formula al
Gobierno doña Ana María Torme Pardo, diputada del Grupo Popular.
Señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Gobierno, a lo largo de estas dos
últimas semanas todos hemos podido ver imágenes realmente dramáticas
de los efectos que ha causado el huracán Mitch en Centroamérica. Las
cifras de muertos y desaparecidos, que siguen aumentando de día en
día, son estremecedoras; sólo en Nicaragua ya se habla de más de
35.000 muertos. Por otra parte, los daños materiales son
incalculables y afectan a decenas de miles de personas.
Para superar una catástrofe de una magnitud como ésta, la ayuda
internacional es imprescindible, no sólo a corto plazo, en el primer
momento de mayor emergencia, sino también a medio y a largo plazo.
Sólo con
una ayuda generosa y eficaz estos países afectados van a ser capaces
de superar y afrontar su recuperación y su reconstrucción. Ante las
distintas peticiones de ayuda que se han venido sucediendo, en España
ha habido una reacción inmediata; nuestra sociedad ha dado muestras,
como en otras ocasiones, de su generosidad y solidaridad. Podemos
afirmar que la sociedad española se ha volcado, ha desbordado todo
tipo de previsiones, conmovida, como no podía ser de otra manera, por
los efectos dramáticos que ha causado el Mitch a su paso. Pero,
además, se trata de unos países con los que tenemos unos lazos muy
estrechos, no en vano compartimos con ellos una historia y una
cultura comunes.
Por ello, señor presidente del Gobierno, dada la magnitud de esta
catástrofe y teniendo en cuenta la movilización que se ha generado en
la sociedad española, le formulo la siguiente pregunta: ¿Puede el
Gobierno informar a la Cámara de las iniciativas que hayan adoptado
para cooperar con las repúblicas centroamericanas devastadas por el
huracán Mitch?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora, Torme.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente.
Señoría, ante una catástrofe de estas dimensiones las prioridades de
las ayudas exigen, como es lógico, una programación escalonada. Hay
tareas de máxima urgencia, como las tareas de rescate, medicinas,
agua, alimentos; de urgencia más o menos inmediata, como alojamientos
o viviendas; de urgencias a corto plazo, como reestructuración de
infraestructuras, de comunicaciones y de transporte; o de urgencia a
medio plazo, como es la recuperación de los tejidos productivos. Como
ha dicho S.S. más de 38.000 víctimas, más de 3.000.000 de
damnificados. Estamos ante una impresionante tragedia.
El Consejo de Ministros del día 6 aprobó una ayuda humanitaria por
importe de 1.600 millones de pesetas. Al mismo tiempo, estableció un
puente aéreo para transportar esa ayuda humanitaria a los países
afectados. El Gobierno también intentó movilizar a la sociedad
española, que en un ejercicio de solidaridad verdaderamente
impresionante, que quiero reconocer y agradecer, ha aportado más de
7.000 millones de pesetas. El Gobierno español movilizó las ayudas de
la Unión Europea, que aprobó ayudas por valor de 16.000 millones de
pesetas y también el Gobierno español dotó de un fondo de cuestiones
de emergencia por importe de 3.000.000 de dólares.
Para el próximo Consejo de Ministros del día 13, el Gobierno va a
aprobar un paquete de medidas por importe de 18.500 millones de
pesetas, unos 130 millones de dólares, en fondos de ayuda al
desarrollo y en fondos de viabilidad. Al mismo tiempo, el Gobierno va
a aprobar la condonación de los pagos de la deuda FAD hasta el 31 de
diciembre del año 2001, por importe
de 7.500 millones de pesetas, es decir, en torno a 42 millones de
dólares. Al mismo tiempo la condonación de deudas de la Compañía
Española de Exportación por importe de 1.430 millones de pesetas. En
total el Gobierno va a aprobar medidas por importe de 27.500
millones, es decir, más de 170 millones de dólares, que es más,
sustancialmente, que todas las ayudas que ha aprobado la Unión
Europea.
Naturalmente nos planteamos, además de la condonación de esta deuda
hasta el año 2001, una operación política global de la condonación de
deuda con los países afectados, que tiene que hacerse necesariamente
en el marco del Club de París y que deseamos hacer coordinadamente
con los demás países miembros de la Unión Europea, a cuyos efectos el
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de economía ya se ha
dirigido a ellos. A ello añada S.S. los trabajos del Ministerio de
Trabajo, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Defensa o de
cuantos puedan establecer un capítulo de ayudas para las poblaciones
afectadas. El próximo viernes su Alteza Real el Príncipe de Asturias
visitará la zona y naturalmente...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO SERRANO VINUE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL BALANCE
QUE EL GOBIERNO HACE DE LAS MANIOBRAS QUE LA OTAN HA REALIZADO EN
FECHAS RECIENTES EN LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA? (Número de expediente
180/001473).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32 que formula al Gobierno, en
nombre del cual contestará el ministro de Defensa, el diputado don
Antonio Serrano Vinue, del Grupo Popular.
Señor Serrano Vinue.
El señor SERRANO VINUE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, en octubre de 1997 solicité en esta misma
Cámara información por el posible uso de la base aérea de Zaragoza
por parte de las Fuerzas Aéreas americanas, USAF, y también por
tropas de la OTAN, datos que en su día le agradecí. Desde entonces
hasta hoy las circunstancias políticas han cambiado. Hoy estamos
perfectamente integrados (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Serrano.
Señor Rodríguez Zapatero, señora Balletbó. (La señora López i
Chamosa, pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Chamosa,
señora Chamosa...
Adelante, señor Serrano.
El señor SERRANO VINUE: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que hoy, a diferencia de entonces, estamos plenamente
integrados en la estructura militar de la OTAN. El verano pasado el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Fomento, Aeropuertos
Nacionales y el propio Gobierno de Aragón firmaron un importante
acuerdo para la cesión de 70 hectáreas de la parte militar, con el
objetivo fundamental de potenciar la parte civil del aeropuerto.
Desde entonces hasta hoy se han desarrollado diferentes maniobras y
ejercicios en el propio campo de maniobras de San Gregorio, en la
base aérea de Zaragoza, en Bardenas. Sin ir más lejos hoy mismo el
propio Príncipe de Asturias ha visitado tanto las instalaciones de la
base de Zaragoza como los ejercicios llevados a cabo en Bardenas. No
quisiera desaprovechar la ocasión, señor ministro de Defensa, de
poner en su conocimiento, aunque lo conoce perfectamente, lo que
piensa la opinión pública aragonesa y en especial el Partido
Aragonés, y es que si tenemos las cargas y los costes de la ubicación
de estas instalaciones militares, ¿cuando tendremos las
compensaciones, compensaciones en criterios puramente globales, con
una visión amplia y nada simplista? Y lo tiene que entender, ¿cómo
estaría la opinión pública de Madrid, de Barcelona, de Bilbao o de
Sevilla si un tercio de su término municipal fuera territorio militar
o simplemente si su aeropuerto en estos momentos tuviera
responsabilidad militar? Tenemos oportunidades para manifestar la
voluntad política de buscar ese tipo de compensación; proyectos como
el Leopard, el Eurocaza, la posible ubicación en Zaragoza, por qué
no, de ese simulador, el futuro avión de entrenamiento europeo, el
Eurotrainer, si realmente se utilizan los campos de maniobras de
Zaragoza para entrenar, ¿por qué no se construye allá?
En este contexto global, dadas las condiciones de la base aérea de
Zaragoza le formulo la pregunta que aparece en el orden del día, que
es: ¿Cuál es el balance que el Gobierno hace de las maniobras que la
OTAN ha realizado en fechas recientes en la base aérea de Zaragoza?
Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.
Ruego a los señores ministros y señora ministra que no despachen en
el banco azul teniendo, como saben, a su disposición la zona de
Gobierno de la Cámara. (Rumores.)
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, al final estaba preocupado de que hubiera un error en el
orden del día, porque prácticamente todo el texto se refería, como ha
dicho S.S., más al contexto.
Somos conscientes en el Ministerio de lo que son terrenos militares
para muchas ciudades. Somos conscientes
de que en muchas ciudades existen por decisiones de
ministerios de Defensa de hace muchos años. Dos cosas: una, es una
utilidad general la que se presta; dos, sabe S.S. que estamos
teniendo que reducir muchas instalaciones militares y los primeros
que se oponen en muchísimos casos son los propios habitantes.
Yendo a la pregunta concreta le tengo que decir que el balance es
altamente positivo. Ha sido el ejercicio de mayor envergadura de su
clase que se ha realizado en Europa, el ejercicio llamado Nato Air
Meeting, y en él han participado 1.300 personas y 90 aviones de nueve
países de la Alianza. Asimismo, es la primera vez que se ha realizado
fuera de la región central de Europa, habiéndose escogido para su
realización la región sur, entre otras cosas por la creciente
importancia que el área mediterránea tiene para la Alianza Atlántica.
El objetivo del ejercicio fue practicar misiones denominadas
Composite Air Operations (Comao), en las que participan aviones de
varios tipos y de varias naciones. Consiste en concentrar unidades
aéreas de países distintos tratando de alcanzar un objetivo común. El
tipo de misiones tiene mucha semejanza con las que se vienen
realizando en la antigua Yugoslavia, donde el concepto de disuasión,
extraordinariamente importante, por medio de la fuerza aérea ha
tenido su expresión práctica en el logro de imponer la voluntad
internacional de paz, sin necesidad de hacer un sólo disparo.
Por otra parte, las contribuciones de la base aérea de Zaragoza han
sido excelentes, como excelentes son sus capacidades, y así lo ha
puesto de relieve su señoría. Especial mención merece la gran
aportación al adiestramiento de las diferentes unidades que ha
supuesto la participación de los medios de defensa aérea del Ejército
de Tierra y del grupo Alfa de la Armada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
INFORMACIÓN PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO SOBRE LA FUTURA ESCUELA
SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS? (Número de expediente 180/001474)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, que formula al Gobierno el
diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Popular.
Señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, recientemente el Ministerio de Defensa ha
decidido la creación de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas
(Esfas), que va a sustituir a las actuales escuelas del Estado Mayor
específicas de Tierra,Mar y Aire, y en la que se impartirá tanto el
curso
único de Estado Mayor como el de capacitación para ascenso a general
de cualquiera de los tres Ejércitos.
Está claro, y el tiempo así lo ha demostrado, que las actividades de
las Fuerzas Armadas, sobre todo las de carácter operativo, se
desarrollan hoy en gran medida de forma conjunta, es decir, fuerzas
nacionales de más de un ejército, o bien de forma combinada, como es
la colaboración entre fuerzas de distintos países. Por otra parte, el
planeamiento y la definición de objetivos de fuerza ya no vienen
determinados específicamente por una amenaza concreta, sino que están
condicionados por los riesgos emergentes y la incertidumbre sobre el
empleo de la fuerza. En consecuencia, la enseñanza militar superior,
señor ministro, entendemos que debe ser extremadamente flexible y
debe preparar a nuestros oficiales para enfrentarse tanto a
situaciones de incertidumbre como impredecibles, teniendo además en
cuenta las consideraciones puramente militares, las dimensiones
políticas, económicas, psicológicas y sociológicas que influyen en el
planeamiento operativo y estructural de la fuerza. Por tanto, señor
ministro, sería oportuno que, a partir de la creación de esta nueva
escuela superior, se elevara más, si cabe, la calidad de la enseñanza
militar, ya que la evolución de la política en materia de seguridad y
defensa, en los umbrales del siglo XXI, se orienta cada vez más hacia
una mayor participación en operaciones internacionales en el marco de
las diferentes organizaciones.
Señor ministro de Defensa, atendiendo a los planteamientos
expresados, desde un proyecto entiendo que importante y ambicioso,
deseo hacerle la siguiente pregunta: ¿Qué objetivos se ha marcado el
Ministerio de Defensa con la reciente creación de la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro.
Señorías, señor ministro de Interior, ya sabe la forma. Señor Meyer.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor
presidente.
Lo ha dicho S.S., las circunstancias de todo tipo, de los objetivos,
de las operaciones, de la participación casi siempre conjunta, y
muchas veces combinado-conjunta, hace que cada vez sea más necesario
que los altos oficiales de los ejércitos tengan una educación, una
formación, un perfeccionamiento lo más común posible; es decir, los
oficiales de Estado Mayor deben estar capacitados no sólo para
integrarse en los estados mayores específicos sino también en los
conjuntos y combinados de diferente naturaleza. Y para ello deben
tener conocimiento no sólo de las formas de actuación
de su ejército, sino también de los demás y una visión clara de la
situación internacional y de su previsible evolución, así como de los
parámetros que pueden incidir en la inestabilidad, y ser, igualmente,
capaces de valorar las dimensiones de los nuevos conflictos de las
misiones asignadas dentro de organizaciones internacionales y de los
desafíos que plantea el operar en un ambiente combinado conjunto.
Esta situación aconseja, en paralelismo a lo que ya han hecho
diversas y grandes naciones de nuestro entorno, abordar el ambicioso
proyecto de crear un curso único de Estado Mayor que, en la medida de
lo posible, cubra las necesidades específicas de los ejércitos de
Tierra, de Mar y de Aire y, a su vez, impulse y refuerce la misión
conjunta.
Además de estas razones, señoría, hay una extraordinariamente
importante. Felipe V creó cinco secretarías de despacho; pues bien,
dos de las cinco, guerra y marina, están hoy subsumidas en el
Ministerio de Defensa que tiene sólo 20 años. Es extraordinariamente
importante que nuestros militares se acostumbren a trabajar en un
ambiente de unidad, ya lo están haciendo en el Ministerio, en las
organizaciones internacionales, en la Alianza. Para conseguirlo
entendemos que es extraordinariamente importante tener una formación
conjunta. Ha dicho S.S.: reforzar lo conjunto. A eso vamos. Y el año
que viene, el 1 de septiembre, por primera vez en la historia, el
curso de Estado Mayor será conjunto para los tres ejércitos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Defensa.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URÍA ECHEVARRÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN LOS
PLANES Y PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA INDEMNIZAR, DE LA FORMA MÁS
JUSTA POSIBLE, A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, ESTÁN CONTEMPLADAS LAS
VÍCTIMAS DEL GAL O DE CUALQUIER OTRA ACTUACIÓN CONTRATERRORISTA?
(Número de expediente 180/001461).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que contestará, en nombre
del Gobierno, el ministro de Interior y que formula, con el número
21, doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Nacionalista Vasco.
Señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, a la hora de formular esta pregunta me ha preocupado
la precisión en el lenguaje. Si indemnizar es dejar indemne, es decir
libre o exento de daño, ello no es posible cuando estamos hablando de
quienes han sido víctimas de actos terroristas. Quizá
fuese más justo, más lógico, hablar de compensar o de resarcir.
Dentro de las medidas que a este respecto está barajando adoptar el
Gobierno, ¿se tiene pensado incluir en ellas a quienes han sido
víctimas de cualquier actuación contraterrorista?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
La legislación sobre ayudas a víctimas de terrorismo nunca ha
limitado sus beneficios a las víctimas de delitos calificados como de
terrorismo por órganos jurisdiccionales, sino que ha extendido su
ámbito de aplicación a los delitos cometidos por cualquier tipo de
asociaciones criminales armadas. En definitiva, la aplicación que
realiza el Gobierno de la normativa sobre ayuda a víctimas del
terrorismo está sujeta, como toda actuación administrativa, al
principio de legalidad. Evidentemente, está obligado a otorgar esta
ayuda a todos los solicitantes que se encuentran en los supuestos
previstos en dicha normativa y que justifiquen su derecho de acuerdo
con el procedimiento legalmente establecido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor ministro, sé que existen posibles
problemas jurídicos. Se habla de posible prescripción, pero ello se
arregla. De hecho, en el decreto se señaló como fecha la del primer
atentado de ETA. La cuestión sobre la posible existencia o no de
banda armada la soluciona hoy en gran medida la jurisprudencia de la
Audiencia Nacional. Además, creemos que es perfectamente posible que
a efectos administrativos el Gobierno adopte un criterio no
exactamente coincidente con el manejado a efectos penales, puesto que
de comisión de delitos se está tratando y el criterio, por tanto,
tiene que ser mucho más estricto.
En cuanto a la reivindicación del hecho, el propio Tribunal Supremo
ha sostenido, en un supuesto de atentado presuntamente de ETA no
reivindicado, que existe la posibilidad de deducción racional de que
así han sucedido las cosas, a través del examen de los hechos,
antecedentes, coetáneos o posteriores. Creemos, desde nuestra óptica,
que el ordenamiento jurídico nos da cauces para poder contemplar
todas estas situaciones. Lo que queríamos y lo que creemos que es
importante en este foro es obtener el compromiso de su voluntad
política.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor
presidente.
Precisamente le acabo de reiterar que la doctrina del Consejo de
Estado, como la práctica administrativa del Ministerio de Interior en
la concesión de ayudas a las víctimas, tiene ese planteamiento global
y amplio a que antes he hecho referencia. Pero lo mejor es ilustrarle
con algunos ejemplos.
Por resolución de la Subsecretaría de Interior, que fue notificada el
12 de agosto de 1997, se dio una ayuda a la viuda y a la hija de
Tomás Alba Irazusta, que fue asesinado por el Batallón Vasco-Español
el 28 de septiembre del año 1979 en San Sebastián. En la actualidad,
se están tramitando ya las solicitudes formuladas por familiares de
18 personas presuntamente asesinadas por los GAL. Tales solicitudes
se han presentado de acuerdo con el Real Decreto de 23 de enero de
1998 -es decir, no hay ninguna novedad en la posición del Gobierno-,
por el que se regulan los criterios de asignación de ayudas a las
víctimas del terrorismo derivadas de los beneficios obtenidos en el
sorteo de la Lotería Nacional de 18 de octubre de 1997, por ejemplo.
Todas ellas serán estudiadas junto con las demás solicitudes
presentadas, que son más de 800, que serán estimadas o desestimadas
con arreglo a los criterios estrictos de legalidad que se derivan del
citado real decreto y del conjunto del ordenamiento regulador de
ayudas a víctimas del terrorismo. No es un capricho del Gobierno. Una
vez más, el Gobierno hará del estricto cumplimiento de la ley su
único referente en la aplicación de estas medidas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERME VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ MEDIDAS PREVÉ
ADOPTAR EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS
AEROPUERTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA? (Número de
expediente 180/001450)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que contestará el señor
ministro de Fomento, comenzando por la número 10, que formula el
diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Mixto.
El señor VÁQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el transporte aéreo se ha convertido en los últimos
tiempos en un medio con una utilización cada vez más masiva y
probablemente lo sea más en el futuro. Este medio de transporte
adquiere un relieve especial para aquellas zonas que, como la
Comunidad Autónoma de Galicia, cuentan con unas vías de comunicación
terrestre deficientes para poder realizar los necesarios
desplazamientos, de manera significadamente deficiente en el caso del
ferrocarril.
El transporte por vía aérea en la Comunidad Autónoma de Galicia pasa
por muy malos momentos. Se están poniendo muy en evidencia sus
insuficiencias. No sólo sufre los problemas, entre comillas, normales
derivados de los retrasos, cancelaciones, overbooking, cambio de
horarios, frecuencias, etcétera, sino que además el sistema
aeroportuario gallego ve restringidas sus posibilidades por las
adversas condiciones meteorológicas, entre las que destacan las
relativamente frecuentes nieblas, que resultan imposibles de superar
por la inexistencia de los adecuados sistemas técnicos. Esto ocasiona
más retrasos, frecuentes desvíos de vuelos de un aeropuerto a otro,
cancelaciones, cuando no la incomunicación total por cierre de todos
los aeropuertos, como aconteció recientemente.
Como usted sabe, esta situación es fuente de malestar y preocupación
para los usuarios de los aeropuertos de Galicia, malestar que ya
alcanza el nivel de controversia pública, con pronunciamientos de
distintos sectores que demandan una mayor inversión en medios
técnicos capaces de superar las dificultades provocadas por las
condiciones meteorológicas citadas. Por cierto, en ese sentido se
pronunció recientemente el Parlamento de Galicia unánimemente.
Preocupan, por tanto, en Galicia cuáles son los planes del Gobierno
para mejorar los medios técnicos y las infraestructuras en general de
los aeropuertos, así como otras cuestiones relativas al
establecimiento del número de frecuencias acordes con la demanda o
las conexiones viarias de estos aeropuertos. Es por lo que le
formulamos, señor ministro, la siguiente pregunta: ¿Qué medidas prevé
adoptar el Ministerio de Fomento para mejorar la operatividad de los
aeropuertos de la Comunidad Autónoma de Galicia?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, querría empezar por distinguir que hay dos planos muy
distintos: uno, el que afecta a las compañías aéreas, con su
problemática, y el otro, el que afecta estrictamente al
funcionamiento de los aeropuertos. Como es lógico, yo le puedo
responder de aquello de lo que soy responsable, que es el
funcionamiento de los aeropuertos.
En segundo lugar, y como reflexión previa también, debo decirle que
el conjunto de los tres aeropuertos gallegos, La Coruña, Vigo y
Santiago, para la población de Galicia tienen una capacidad
equivalente a la que tiene el aeropuerto de Barajas. Quiere decirse,
señoría, que la capacidad de emitir y de recibir transporte aéreo de
los aeropuertos gallegos es absolutamente excepcional en el conjunto
de España.
Dicho esto, los aeropuertos están en muy buenas condiciones de
utilización. Entre 1998 y 1999 se van a invertir en los tres
aeropuertos más de 2000 millones
de pesetas, y le puedo relacionar una serie de inversiones, algunas
en ejecución y otras de muy inmediata iniciación. El aeropuerto más
importante, que es el de Santiago y que está abierto las 24 horas del
día, tiene ya un nuevo sistema de comunicaciones. Se ha sustituido el
llamado sistema Vor, que es absolutamente imprescindible para que
pueda utilizarse adecuadamente la pista de aterrizaje. Se va a
sustituir el sistema LS de la cabecera 17, introduciendo uno más
moderno justamente para poder utilizar la pista en las peores
condiciones climatológicas. Y finalmente, está previsto para el año
2000 un cambio de emplazamiento de la estación radar de aproximación.
Esas inversiones son solamente para el aeropuerto de Santiago. En el
aeropuerto de La Coruña le puedo citar algunas. Se ha remodelado la
torre de control y se la ha dotado de nuevos equipos. En la pista y
campo de vuelo se han hecho obras de mejora. También se ha producido
la sustitución del sistema Vor y hay una estación de radar secundaria
en As Pontes prevista para el año 1999. Está prevista la inversión
para el balizamiento del eje de pista para el año 1999 y 2000, que es
vital también para poder utilizar las instalaciones de aterrizaje
según las condiciones climatológicas, de la misma manera que en el
aeropuerto de Vigo. De tal manera que a finales del año 1999 o
principios del 2000, los tres aeropuertos de Galicia tendrán los
sistemas más modernos para poder recibir el transporte aéreo
cualesquiera que sean las condiciones climatológicas, sin perder
nunca de vista que el aeropuerto fundamental para la realización del
transporte aéreo en Galicia es el aeropuerto de Santiago y que el
aeropuerto de Vigo y La Coruña ofrecen características distintas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INICIATIVA HA LLEVADO A CABO
EL GOBIERNO PARA CUMPLIR EL ACUERDO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
ACERCA DE LA TARIFA PLANA PARA LOS USUARIOS DE INTERNET? (Número de
expediente 180/001457)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el
diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor presidente, señor ministro, ¿qué
iniciativas ha desarrollado el Gobierno para cumplir el acuerdo del
Congreso de los Diputados acerca de la tarifa plana para los usuarios
de Internet?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Pues como se puede imaginar S.S., en las conversaciones y proceso de
negociaciones con Telefónica se ha iniciado un doble camino: por una
parte, un camino destinado a implantar en determinadas áreas y
ámbitos la tarifa plana que requiere el Congreso de los Diputados, y
en otros ámbitos donde no es posible con carácter inmediato aplicar
la tarifa plana, se está en negociaciones para adoptar unos planes
que suponen muy importantes descuentos, que le puedo explicar en mi
segunda intervención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor ministro, yo sé que usted no era un
fanático de esta propuesta, le gustaba muy poco, lo ha declarado en
muchos sitios. Su grupo parlamentario no tuvo más remedio que
apoyarla porque se quedaba en minoría y prefería apoyarla que perder.
Por tanto, entiendo que usted está haciendo todo lo posible por no
aplicarla, y de hecho su respuesta es enormemente insatisfactoria;
habla usted de aplicarla en unos casos, de descuentos. No, señor
ministro: tarifa plana para los usuarios de Internet, eso quiere
decir una cosa y usted y yo sabemos perfectamente lo que quiere
decir.
Usted tiene la obligación política de aplicarla, señor ministro, y
tiene usted competencias para hacerlo, porque la disposición
transitoria de la Ley General de Telecomunicaciones le habilita para
hacerlo a usted. De hecho, usted es el que aprobó la subida de las
tarifas telefónicas urbanas, en contra de la cual ya sabe que estamos
los socialistas. Y además le voy a dar una buena noticia para la
aplicación de esta moción. El presidente de Telefónica, en una carta
que ha dirigido a una internauta, doña Gemma Castellana -está
publicado en Internet-, dice que él mismo es el principal abanderado
a la hora de denunciar que las tarifas iban en contra de la comunidad
electrónica.
Es decir, señor ministro, es usted el culpable de la tarifa plana,
según dice el presidente de Telefónica. Entiendo que va a usted a
apoyar fervientemente al presidente de Telefónica, el gran internauta
del reino, después de esta carta. Por tanto, señor ministro, no se
esconda en Telefónica porque su presidente ya dice que él es el
primero que protestó contra la subida de tarifas que usted hizo.
Aplique usted la tarifa plana, cumpla usted la obligación política en
este Parlamento porque nosotros, señor ministro, queremos que lo
haga. Si no lo hace, y rápidamente, tengo que decirle que traeremos
aquí una moción de reprobación contra usted. No porque no cumpla lo
que le piden los internautas,
ni tan siquiera porque no cumpla lo que le piden los
socialistas, sino porque no puede usted burlarse del conjunto del
Parlamento; usted es un demócrata y lo sabe. Por tanto, cumpla rápido
que su amigo Villalonga ya le ha dicho que él está de acuerdo.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, en estos momentos existe ya tarifa plana para las pymes
establecida por Telefónica a través de la red digital de servicios
integrados. Existe, por tanto, tarifa plana en relación con las
pymes, punto que pedía la moción del Congreso de los Diputados.
Hasta finales de abril de 1999, hay un convenio entre el Ministerio
de Educación y Telefónica para introducir la llamada educación en
red, que asegura que en la enseñanza primaria y en la secundaria va a
haber acceso gratuito a Internet hasta finales de 1999 y, a partir de
finales de 1999, tarifa plana en el ámbito educativo, educación
primaria y educación secundaria. Las universidades tienen ya también
el acceso con tarifa plana a través de la red Iris, como sabe S. S.,
que gestiona el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta
red es utilizada también por los centros hospitalarios de atención
primaria y especializada. Por tanto, en los cuatro ámbitos en los que
la moción pedía la introducción de la tarifa plana, ya está la tarifa
plana, señoría.
Queda un último ámbito, que es el de los usuarios residenciales.
Usted sabe como yo que no se puede imponer de golpe la utilización de
la tarifa plana en el acceso a Internet porque la red local de
Telefónica está dimensionada para unos determinados usos. Si
introducimos con carácter inmediato la tarifa plana, se
congestionaría automáticamente la red de telefonía local y el
servicio que se prestaría a los demás usuarios de teléfono sería muy
negativo. En Europa nadie tiene la tarifa plana para los usuarios
residenciales y en el mundo solamente tres países: Estados Unidos,
Hong-Kong y Nueva Zelanda. Estados Unidos tiene en estos momentos un
problema de saturación de la red local que supone un pésimo servicio
para el resto de los usuarios de telefonía. No obstante, señoría,
estamos negociando con Telefónica unos planes de descuentos muy
importantes, que es un paso necesario y previo a la implantación de
la tarifa plana, para poder disponer de tiempo y redimensionar la red
local de Telefónica porque, si no, quedaría absolutamente
congestionada.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA EVOLUCIÓN HASTA LA
FECHA DE HOY DEL PLAN DE VIVIENDAS 1998/2001? (Número de expediente
180/001458)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno doña
Cristina Narbona Ruiz, diputada del Grupo Socialista.
Señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.
Señor ministro, hoy es día 11 de noviembre de 1998. Queda poco más de
un mes para que termine este año y quisiera preguntarle si en ese
espacio de tiempo, algo más de un mes, va a haber resultados
significativos del nuevo Plan de vivienda 1998-2001, teniendo en
cuenta que todavía, a la fecha de hoy, hay comunidades autónomas que
no han firmado el convenio con el Ministerio de Fomento. Para darle
cierta ventaja -le recuerdo que me llamó usted formalista por pedirle
resultados anuales en el espacio de un año-, figurémonos que en los
próximos tres meses se acelera efectivamente la política de vivienda.
¿Van ustedes a ser capaces, en este primer año de cuatro meses
escasos, de cumplir su promesa electora de 150.000 viviendas
protegidas al año, señor ministro?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narbona.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, creo que dispone usted de suficientes datos para poder
valorar la eficacia de este Gobierno en la ejecución de los planes de
vivienda.
En el año 1996, cuando el Gobierno había tomado posesión
recientemente y aplicando el Plan nacional de vivienda elaborado por
el Gobierno socialista, nos encontramos con que en el mes de mayo
había realizadas 7.000 actuaciones. Recién llegados al Gobierno,
entre el mes de mayo de 1996 y el 31 de diciembre de 1996, pasamos de
7.000 actuaciones a 141.189, exactamente. Por tanto, le garantizo que
a 31 de marzo del próximo año, que es la fecha que prevé el propio
plan para el cierre de este ejercicio, estarán cumplidas las
previsiones contenidas en el plan recientemente aprobado. (El señor
Leguina Herranz: Eso es imposible.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Leguina.
Gracias, señor ministro.
Señora Narbona, adelante.
La señora NARBONA RUIZ: Señor ministro, ustedes nunca acaban de
contar la verdad en este Parlamento en materia de política de
vivienda. Ahora me ha recordado lo que hicieron en el año 1996, donde
se encontraron,
afortunadamente, un plan consensuado y puesto en marcha por
el Gobierno socialista, plan que ha seguido estando en vigor hasta
ahora mismo, porque, en contra de lo que afirmó aquí el
vicepresidente Rodrigo Rato durante el debate de los presupuestos,
todavía no están cerrados todos los convenios con las comunidades
autónomas del Plan de vivienda 1998-2001. Usted sabe perfectamente,
señor Arias-Salgado, que este año va a terminar con las peores cifras
de los últimos diez años en materia de viviendas protegidas objeto de
financiación, unas cifras que no van a ir más allá de las 50.000
viviendas objeto de financiación. Sabe que estoy diciéndole la verdad
y que el señor vicepresidente ni siquiera desmintió estas cifras
cuando se las recordó el portavoz; se limitó a decir que los
socialistas no teníamos política de vivienda, cosa que evidentemente
es falsa, y a decir que los convenios del nuevo Plan de vivienda
estaban todos cerrados, cosa que también es mentira, señor Arias-
Salgado.
En política de vivienda, además de ver los efectos beneficiosos de
los tipos de interés, tienen ustedes que hacer algo más, señor
ministro, porque los precios de la vivienda están subiendo por encima
del IPC, lo dicen todos los análisis que en este momento pueda usted
consultar. Sabemos que esa es una tendencia que se va a acentuar y
aunque el coste de los créditos hipotecarios llegara a ser cero,
señor ministro, aunque un crédito hipotecario tuviera un tipo de
interés cero, dígame cuántos españoles se pueden comprar una vivienda
de más de 15 millones de pesetas, porque ahí se está situando el
precio medio de la vivienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, en el tiempo que me resta voy a hacer tres consideraciones.
La primera, que están concluidos todos los convenios con las
comunidades autónomas. Algunos están pendientes de la formalización
estricta de la firma. Los convenios están cerrados, lo que pasa,
señoría, es que los consejeros muchas veces no tienen fechas
disponibles o todos quieren tener una fecha disponible que no siempre
coincide con las posibilidades del ministro de Fomento.
En segundo lugar, señoría, su plan 1996-1999, el que tenían ustedes
previsto, suponía 514.000 actuaciones. En el plan que hemos hecho
nosotros están previstas 551.000 actuaciones. Y en lo que se refiere
a la ejecución del presente año, señoría, no solamente vamos a
sobrepasar las 50.000 actuaciones, es que ya las hemos sobrepasado,
ya se han hecho más de 50.000 actuaciones con arreglo al plan
anterior. En estos momentos y hasta el 31 de marzo del próximo año,
quedan por realizar unas 70.000 actuaciones de vivienda. Le aseguro,
señoría, que en los cinco meses que quedan, si tuviéramosmedios, no
solamente haríamos 70.000 actuaciones,
volveríamos a hacer las 140.000 que hicimos cuando asumimos el
Gobierno.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZCAPITÁN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO
SUFICIENTES LAS INVERSIONES DE SU GOBIERNO PARA CONSERVACIÓN DE
CARRETERAS? (Número de expediente 180/001459).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el
diputado don Jesús Caldera Sánchez- Capitán, del Grupo Socialista.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Fomento, desde el año 1989 hasta 1995 el número de
víctimas mortales por accidentes en carretera fue disminuyendo, de
más de 7.000 a un poquito más de 5.000, por fortuna. Desde que
gobiernan ustedes se han incrementado de nuevo. Cada vez hay más. No
lo digo yo, una información publicada recientemente en un periódico
afirma que las víctimas mortales por accidente de tráfico se vuelven
a disparar este año. Ya sabemos sus justificaciones, siempre es culpa
de otros: de los conductores que salen a la carretera cuando no
deben, de que el bienestar económico provoca que haya más coches y en
consecuencia más accidentes; por cierto, en Europa no ocurre eso,
cada vez hay menos siniestralidad. Por ello le pido que de una vez
afronte su responsabilidad y me diga: ¿considera usted suficientes
las inversiones de su Gobierno para conservación y mantenimiento de
carreteras?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Lo que le
puedo responder, señoría, es que en materia presupuestaria todos
queremos más, yo también.
Muchas gracias, señor presidente.(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Caldera Sánchez-Capitán.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor ministro, ustedes han hecho
del eslogan España va bien el eje central de su política. La
asociación de la carretera describe lo que ustedes están haciendo y
nos dice en su último informe que entre los años 1995 y 1997 -período
1996/1997 de su Gobierno- ha aumentado en un 11 por ciento la
necesidad de inversión en carreteras y ustedes tienen un déficit de
más de 120.000 millones de pesetas en inversión en carreteras. Pero
voy a
decir más, y es que ustedes mienten. Perdón, señor ministro, su
propia documentación lo demuestra. Ustedes afirman que invierten
mucho dinero en carreteras, en conservación, pero la realidad es la
contraria. ¿Reconoce este documento? Es la sección que usted nos
envía del Ministerio de Fomento, la memoria explicativa. Ustedes
dicen que aumentan la inversión en conservación de carreteras. Cómo
es posible, señor ministro, si en su página 169, en los dos capítulos
más importantes, reposición y refuerzo de firmes, ustedes dicen que
en el año 1997, entre obras iniciadas, en curso y terminadas, se
abordaron 199 kilómetros y en el año 1999 sólo se van a abordar 157;
y en refuerzo de firmes, se pasa de 1.900 kilómetros a 1.300. ¿Cómo
es posible que ustedes digan que aumentan las inversio nessi la
memoria demuestra lo contrario? ¿Sabe lo que le ocurre a usted? Que
están instalados en la propaganda y en el botafumeiro y a lo que se
ve son insensibles a los aumentos de las víctimas en carretera y al
dolor. Como España, según ustedes, va bien, reconozca, al menos,
señor ministro, que en algo no va bien. En los accidentes con
víctimas mortales en carreteras vamos muy mal por la dejación de su
Gobierno. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, yo
le pediría un poco de rigor y que aprenda a leer los presupuestos.
Una memoria explicativa no es el informe de la Intervención General
del Estado de la ejecución de presupuestos. Yo le voy a leer a usted
las cifras que figuran en el informe de la Intervención General del
Estado y que demuestran cuál es la ejecución presupuestaria de este
Gobierno en materia de conservación de carreteras.
Una memoria explicativa no significa ejecución presupuestaria, y
usted lo sabe. Es una memoria explicativa y no ejecución
presupuestaria. Ustedes en 1993 invirtieron 81.000 millones en
conservación de carreteras en términos de obligaciones reconocidas
del programa de conservación de carreteras. (Rumores.) Le pegaron
ustedes un corte significativo en el año 1994, 78.000 millones.
Volvieron a bajar en el año 1995 a 69.000 millones. En 1996, gracias
a un crédito extraordinario que ya aprueba este Gobierno, sube a
72.000 millones. Hablo en términos de obligaciones reconocidas, pura
ejecución presupuestaria. En 1997 hemos invertido en conservación
83.000 millones y al término del año 1998 se van a superar los 90.000
millones en ejecución presupuestaria, inversión, programa 513.D,
conservación de carreteras. Lo que le tengo que decir, señoría, y
este es el dato que le debería preocupar a usted, es que los tres
grandes ejes que vertebran las comunicaciones de vías de alta
capacidad en España (Madrid-Zaragoza, Madrid-Bailén y Madrid-Burgos,
ejes que hicieron ustedes), que representan el 3,5 por ciento de la
red estatal de carreteras, se llevan la friolera de casi el 14 por
ciento de los gastos de conservación, porque ustedes hicieron
mal esas carreteras y en esas carreteras, que están mal hechas, hay
que invertir más dinero del necesario. Eso es lo que le debería
preocupar a usted, señor Caldera. (Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARIO CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS PARA LA ATRIBUCIÓN AL ENTE PÚBLICO GESTOR DE
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (GIF) TANTO DE LA CONSTRUCCIÓN COMO LA
ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO AL NORTE-NOROESTE DE
ESPAÑA, LÍNEA FERROVIARIA MADRID-VALLADOLID-MEDINA DEL CAMPO? (Número
de expediente 180/001467).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el
diputado don Ángel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRÍGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor
presidente.
La construcción de la variante ferroviaria del Guadarrama y nuevo
acceso de Madrid-Valladolid-Medina del Campo constituye una obra
vital para mejorar la infraestructura e impulsar el desarrollo no
sólo de Madrid y Castilla y León, sino de Galicia, Asturias,
Cantabria y País Vasco. Todas estas comunidades autónomas, el mundo
social, económico y político estamos preocupados por que se defina
cuanto antes el proyecto y se inicien y concluyan las obras en el
menor plazo posible. Todos los afectados somos sensibles a cualquier
incidencia relacionada con el tren entre Madrid y Valladolid que
pueda afectar a los plazos necesarios y deseados. Por ello, la
referencia del acuerdo del Consejo de Ministros sobre dicha
comunicación, acuerdo del 18 de septiembre, nos ha preocupado y
motiva la pregunta que formulo al ministro de Fomento, que espero
sirva para tranquilizarnos. Señor ministro, ¿cuáles son los motivos
para la atribución al Ente Público Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias de la construcción y administración del nuevo acceso
ferroviario al norte-noroeste de España, línea ferroviaria Madrid-
Valladolid-Medina del Campo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, en el programa del Gobierno uno de los objetivos
fundamentales, en lo que afecta al futuro del ferrocarril en España,
es la necesaria separación de ejecución, gradual pero necesaria,
entre lo que es estrictamente la prestación del servicio de
ferrocarril, que corresponde a Renfe, y la construcción y
administración de infraestructuras ferroviarias. Este Gobierno ha
creado el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias para ir
produciendo esa separación. El primer paso ha sido encomendarle la
construcción y administración de la línea de alta velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelonafrontera francesa; y el segundo paso ha sido
encomendarle la construcción de lo que se llama el corredor que va
hacia el norte-noroeste de España y, en una primera fase, el tren
Madrid-Segovia-Valladolid. Es producto de un planteamiento que, en
primer lugar, permite ir a una mayor racionalización en las
inversiones en infraestructuras, puesto que como servicio público, en
el futuro, el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias va a
cobrar un canon por cada tren que circule por esas infraestructuras,
y, en segundo lugar, permite una actuación mucho más rápida y mucho
más ágil que la que se desprende de la organización de las
infraestructuras ferroviarias que está centralizada en el Ministerio
de Fomento. Son mecanismos de desconcentración y de descentralización
de decisiones que permiten una mayor agilidad administrativa y que,
además, van en la buena línea de separar esos dos servicios públicos
que son muy diferentes: servicio de ferrocarril, por una parte, y
creación y explotación de infraestructuras, por otra. Ese es el
futuro del conjunto de la Administración ferroviaria española y de la
explotación del conjunto ferroviario español en un proceso que
necesariamente ha de ser gradual.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON SERGIO SENADOR GÓMEZALBA RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN
QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD
ENTRE MADRID Y BARCELONA? (Número de expediente 180/001471).
El señor PRESIDENTE: La pregunta número 30, que contestará el señor
ministro de Fomento, la formula don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo
Parlamentario Popular.
Tiene la palabra.
El señor GÓMEZ-ALBA RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la comunicación entre las dos grandes capitales de la
nación, Madrid-Barcelona, debe ser mejorada. Es una prioridad del
Gobierno la comunicación por ferrocarril de alta velocidad entre
Madrid y
Barcelona y la frontera francesa. Esta línea de alta velocidad es uno
de los proyectos principales del PDI, cuyo primer objetivo es
modernizar las líneas férreas. Unavez construida esta línea,
permitirá la integración de nuestro país en la futura red europea de
alta velocidad. Este proyecto forma parte en el ámbito europeo del
esquema director de la red de alta velocidad y es uno de los 14
proyectos prioritarios en materia de transporte definido en la cumbre
europea de Essen. Ha de tener muchas y positivas consecuencias para
la economía catalana la vertebración del territorio, pero además la
construcción de esta línea de alta velocidad es la más importante de
este fin de siglo en Europa en el ámbito ferroviario. Permitirá no
sólo mejorar la comunicación entre las dos grandes ciudades y Europa,
sino también entre ciudades como Zaragoza y Lérida, con unos
importantes ahorros para tráficos normales de Pamplona, Logroño,
Huesca, etcétera. Todo lo anterior hace, señor ministro, que la
opinión pública, especialmente la de las zonas afectadas, siga con
enorme interés las novedades referentes al asunto, por lo que en
ocasiones cunde la alarma cuando noticias tales como que municipios
gobernados por el Partido Socialista están presentando recursos
judiciales que dificultarán los trabajos. A ello se refería
críticamente el presidente de la Generalitat, hace muy pocos días, en
el Parlament de Catalunya, aún frescas las polémicas en los medios
sobre las fechas de terminación de esta obra. Por ello, señor
ministro, es oportuno remitirle a la pregunta que figura en el orden
del día, que es: ¿en qué situación se encuentra la construcción del
tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Alba.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, voy a intentar resumir un poco la respuesta porque, de lo
contrario, resultaría muy prolija. En estos momentos existen en
ejecución, por tanto en obras, stricto sensu, 290 kilómetros. El
total del recorrido entre Madrid y Barcelona son 620 kilómetros y
desde Barcelona hasta la frontera francesa aproximadamente unos 130
kilómetros más. El proyecto, que como ha dicho bien S.S. es el más
importante, a efectos ferroviarios, que se está haciendo en estos
momentos en Europa, comprende por tanto un total de unos 750
kilómetros, con un coste superior al billón de pesetas. En estos
momentos, los diversos tramos entre Madrid y Guadalajara están
pendientes prácticamente de la declaración de impacto ambiental;
entre Guadalajara y Lleida, prácticamente todo está en ejecución de
obra. Los accesos a Lleida se van a licitar antes de que concluya
este año, para poder iniciarlos en términos de obra. Muy
recientemente ha concluido el período de información pública del
tramo que va desde Lleida hasta Martorell, y la semana pasada ha
salido a información pública el tramo que va desde Martorell, que es
prácticamente la entrada en
Barcelona, hasta la frontera francesa. Es decir, que en estos
momentos está en ejecución, en sus distintas fases, la totalidad del
tren de alta velocidad MadridZaragoza- Barcelona-frontera francesa.
Eso es lo que permite a este Gobierno garantizar que en el año 2002
el tren llegará hasta Zaragoza y Lleida y que en el año 2004 llegará
a Barcelona. Además, el Gobierno hará el máximo esfuerzo posible
para, también en el año 2004, llegar hasta la frontera francesa,
teniendo en cuenta que la entrada en Barcelona es, desde el punto de
vista de su coste y de la dificultad técnica de la ejecución, un
proyecto que puede llevar más tiempo del inicialmente previsto. En
todo caso, le puedo garantizar que el Gobierno hará el máximo
esfuerzo posible para que se puedan cumplir la fechas que le he
referido, es decir, el año 2004. Es una declaración de voluntad
política que en su momento hizo el Gobierno francés, que ha hecho
también el Gobierno español, pero que, en contra de lo que se ha
dicho, no figura en ninguno de los convenios internacionales firmados
entre Francia y España después de las distintas cumbres hispano-
francesas, celebradas aproximadamente desde el año 1992 ó 1993. En
todo caso, ambos gobiernos tienen esa voluntad política, sin perder
de vista tampoco que la llamada sección internacional entre Perpignan
y Figueras ha de realizarse mediante la convocatoria de un concurso
público para tratar de involucrar financiación privada, de tal manera
que aunque no sea suficiente, en cuyo caso habría ayudas públicas,
sea con financiación privada como se pueda hacer el túnel de esa
sección internacional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A DISMINUIR EL
NÚMERO DE BECARIOS UNIVERSITARIOS EL PRÓXIMO CURSO? (Número de
expediente 180/001454).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que en nombre del
Gobierno contestará la ministra de Educación y Cultura y que
comienzan por la que formula, con el número 14, la señora doña
Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo Socialista.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿va a disminuir el número de becarios universitarios
el próximo curso?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como consecuencia de la disminución del número de alumnos de
nuevo ingreso en la universidad y de la apertura de múltiples
universidades nuevas y centros universitarios en distintas
provincias, es posible que se dé esta circunstancia, en cuyo caso,
cuando acabe la tramitación, yo misma se lo comunicaré. Lo importante
es decir que el presupuesto destinado a becas no solamente no ha
disminuido sino que ha aumentado para el próximo año en un 11,2 por
ciento, hasta alcanzar los 93.000 millones de pesetas, y acumulado
desde el año 1996, en que nos hicimos cargo del Gobierno, en un 24
por ciento.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señora ministra, me sorprende que
no nos diga la cantidad, cuántos becarios universitarios menos habrá,
por lo que se lo voy a decir yo: habrá 23.000 becarios universitarios
menos el próximo curso. Esto está en la página 455 de los indicadores
de seguimiento. El año pasado, señora ministra, había 282.900
becarios en la universidad y para el año que viene, para el curso
siguiente, habrá 260.000 becarios universitarios.
Señora ministra, a mí me gustaría aclarar un poco esta situación, que
ha sido muy confusa. En el debate de los presupuestos, el señor Rato
dijo que habría menos becas universitarias por la extensión de la
enseñanza obligatoria dos años más. Eso lo han dicho también algunos
responsables de su Ministerio y usted, pero esa no es la realidad,
porque aquí se dice claramente que las becas de universidad
disminuyen en 23.000 y son sus propios papeles, señora ministra. Pero
es que tampoco se entiende que lo que haga sea precisamente disminuir
la partida correspondiente a becas y ayudas de carácter general en
8.000 millones de pesetas. ¿Cómo justifica usted esto? Señora
ministra, es verdad que la partida, el monto global, se incrementa en
10.000 millones, pero ustedes no están diciendo que todo ese dinero y
más es para compensar a las universidades por la exención de tasas en
concepto de familia numerosa. A nosotros nos parece muy bien que
ustedes paguen lo que deben a los rectores y a las universidades,
pero nos parece intolerable que salga precisamente del bolsillo de
los que tienen menos.
Señora ministra, ya le he dicho más veces que ni usted ni su Gobierno
tienen sensibilidad social, rompen siempre la cadena por el eslabón
más débil y hacen pagar siempre al que tiene menos recursos
económicos. Señora ministra, no me diga que si bajan las becas es
porque desciende el número de estudiantes universitarios. A ver si se
entera usted de una vez que estamos inmersos en la sociedad del
conocimiento. Todos los foros internacionales a los que usted dice
que va le dicen que ahora más que nunca es necesario llevar a cabo
una formación permanente. De lo que se trata es de impulsar que no
sólo los jóvenes lleguen a la universidad, sino también las personas
adultas. Por eso es intolerable que usted disminuya el número de
becarios en la universidad. Señora ministra, no puede usted seguir
haciendo una política de becas flacas, no puede y no debe. Su
obligación, señora ministra, es atender a los que tienen menos
recursos económicos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez de Baldeón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo creo que la obligación del Gobierno es garantizar que la
cuantía que se dedica a becas sea mayor. El Gobierno, señoría, a
diferencia de ustedes, tiene enorme sensibilidad social y por eso
precisamente ha aumentado la partida destinada a becas en este año en
un 11,2 por ciento, y eso es lo que parece que a S.S. le duele. Y le
voy a decir por qué puede disminuir el número de becarios. En primer
lugar, porque hay menos estudiantes que llegan a la universidad por
primera vez, por el hecho de la disminución demográfica. En segundo
lugar, porque se están construyendo nuevos centros universitarios y
se abren nuevas universidades en cada una de las provincias, y eso
requiere menos traslados y menos becas de residencia porque hay más
alumnos. La universidad de Castilla-La Mancha, a la que pertenece S.
S., ha abierto la titulación de medicina y va a abrir la de
ingenieros de caminos, por lo que no debe extrañar a S.S. que los que
antes venían aquí ahora no necesitan la beca de residencia. Y en
tercer lugar, señorías, porque estamos haciendo un control del
fraude. Hemos cruzado las declaraciones de la renta de los que
quieren ser becarios con las declaraciones de la renta de la Agencia
Tributaria y en el muestreo que hemos hecho en 3.300 y pico
declaraciones para acceso a beca hemos encontrado un 14 por ciento de
fraude, por el procedimiento de hacer una primera declaración y luego
una declaración complementaria, o por el procedimiento de
ocultaciones de patrimonio y de ocultaciones de fondos de
inversiones. Y precisamente el estar controlando el fraude puede ser
una de las razones por la que el número de solicitudes de becas
disminuya.
Señoría, ha aumentado la facilidad para obtener becas. Se ha
disminuido el umbral de patrimonio que se requiere. Por ejemplo, se
ha suprimido la contabilización de los tractores y de los aperos de
labranza y de la ganadería para hacer más accesibles las becas a
aquellas familias pertenecientes al ámbito rural. En cambio, se han
aumentado los umbrales máximos de renta que se requieren para pedir
la beca. En el caso de las familias numerosas hasta un 4,2 por ciento
más, es decir, más del doble del crecimiento del IPC. Se ha aumentado
la cuantía de las becas. Por primera vez en este año
los estudiantes universitarios llegan -veo que no me escucha, porque
no le interesa, cuando le digo lo que el Gobierno está haciendo- a
tener 589.000 pesetas además de la exención de tasas. Por tanto, este
Gobierno sí tiene sensibilidad social y no S.S. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ CALPE SAERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL
GOBIERNO PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS EN LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE
TEXTO? (Número de expediente 180/001470).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula el diputado don
José Ramón Calpe Saera, del Grupo Popular.
Señor Calpe.
El señor CALPE SAERA:. Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación, desde hace ya muchos años asistimos a
un debate público constante en los medios de comunicación, así como
en esta Cámara, acerca de la carestía de los libros de texto y del
esfuerzo económico que suponen para las familias. Pese a que el
debate no es nuevo -insisto en que es de hace muchos años- y pese a
las acusaciones de falta de sensibilidad social que a su Gobierno se
le formulan y que usted acaba de demostrar que no son en absoluto
justificadas, hasta el curso pasado, 1997/1998, no hubo ningún
Gobierno que afrontara un sistema de ayudas directas a las familias
para la adquisición de libros de texto. Usted explicó en esta Cámara,
en un Pleno del mes de septiembre de 1997, el sistema objetivo y nada
arbitrario que se había establecido, dando participación a los
centros docentes para que las familias pudiesen tener esas ayudas tan
necesarias al principio de curso escolar para la adquisición de los
libros que sus hijos precisan. Por lo que sé, en este curso ese
sistema ha continuado vigente, se ha mejorado y se ha incrementado su
cuantía -ahí está la falta de sensibilidad social-, pero también el
Gobierno ha impulsado iniciativas legislativas, algunas ya en vigor y
otras en trámite parlamentario, para que estas ayudas no sólo sean
las directas sino que tengan opción a ellas un número mucho mayor de
familias beneficiarias.
Creo que es el momento oportuno, poco tiempo después de iniciado el
curso escolar y en una de las primeras sesiones de control tras este
inicio de curso, para que usted explique la situación en que se
encuentran todas estas medidas y haga saber a la Cámara cómo se están
desarrollando y qué perspectivas de futuro tienen.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.
Señoría, hasta el año 1997 existían ayudas para la adquisición de
libros de texto en los niveles de enseñanza no obligatoria; lo que no
había era ayudas para los niveles de la obligatoria. Precisamente
porque el esfuerzo económico que hacen las familias, y muy
notablemente las familias numerosas, es enorme a principios de curso,
el problema se ha paliado por parte del Gobierno tomando cuatro
medidas diferentes. En primer lugar, hemos autorizado la venta de
libros de texto con descuentos de hasta un 12 por ciento que se han
podido hacer este año y que han beneficiado a todas las familias
españolas con niños en edades entre 3 y 16 años. El Ministerio de
Hacienda ha calculado que las familias españolas se han ahorrado
1.500 pesetas en la compra de libros de texto por cada hijo en edad
de enseñanza obligatoria.En segundo lugar, las ayudas directas. El
año pasado, por primera vez -lo ha dicho muy bien S. S.-, pusimos las
ayudas para adquirir libros de texto y material didáctico en la
obligatoria, ayudas por importe de 10.000 pesetas que el año pasado
fueron a 200.000 familias, las más necesitadas desde el punto de
vista socioeconómico, y este año van a ayudar a 300.000 familias. Por
tanto, ha habido un incremento de más del 50 por ciento en este tipo
de ayudas. En tercer lugar, en la Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, que vendrá próximamente a esta Cámara para
aprobación definitiva, se ha incrementado en 25.000 pesetas el mínimo
familiar exento por cada hijo entre los 3 y los 16 años de edad en
concepto de material escolar. Por último, acabamos de aprobar el Real
Decreto sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material
curricular que garantiza que los libros de texto tienen que tener,
como mínimo, una validez de al menos cuatro cursos y que los libros
que incorporen ejercicios a completar por los alumnos tienen que
hacerlo en separatas a fin de no invalidar los libros para los
hermanos en cursos posteriores.
Por tanto, señoría, le agradezco mucho la pregunta porque estoy
convencida de que se ha hecho un esfuerzo presupuestario muy
importante para tratar de paliar las dificultades de las familias
españolas a principios de curso con la compra de libros de texto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ADOLFO ABEJÓN ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL ESFUERZO
INVERSOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN MATERIA DE
EDUCACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL PRESENTE AÑO
1998? (Número de expediente 180/001472).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el
diputado don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Abejón.
El señor ABEJÓN ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación y Cultura, Castilla y León se encuentra
inmersa en el proceso negociador de las transferencias educativas no
universitarias, cuya culminación marcará en esta materia el hecho más
relevante del presente siglo para nuestra comunidad. El factor
demográfico, la gran extensión geográfica -es la región más extensa
de Europa- y su dispersión y escasa población en las zonas rurales,
ya que con el 28 por ciento de los municipios españoles sólo alberga
un 6 por ciento de la población nacional, demandan una especial
atención en el plano educativo como fórmula más eficaz de desarrollo
y progreso de nuestros pueblos. Asimismo, como muy bien conoce la
señora ministra, una buena educación es la segunda prioridad,
juntamente con la sanidad y después del empleo, que demandan los
ciudadanos de Castilla y León para sus hijos. Los castellanos y
leoneses hemos podido constatar cómo, desde que usted se hizo cargo
del Ministerio, ha tenido una especial sensibilidad hacia la
educación y el patrimonio cultural de nuestra tierra, con importantes
actuaciones presupuestarias tanto en los ejercicios pasados como en
el presente. Convencidos, señora ministra, de que la ejecución de los
presupuestos de su ministerio en Castilla y León al finalizar el año
1998 será altamente satisfactoria y en la seguridad de que seguirá
incrementando las inversiones de educación en nuestra comunidad, es
por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el esfuerzo
inversor del Ministerio de Educación y Cultura en materia de
educación en la Comunidad de Castilla y León para el presente año
1998?
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Abejón.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Su señoría me pregunta por el esfuerzo inversor no referido a todo el
Ministerio, sino únicamente a la enseñanza no universitaria. El
previsto para el año 1998 en toda Castilla y León en educación no
universitaria asciende a 6.525 millones de pesetas. Con ello hemos
puesto en funcionamiento 14 nuevos colegios o institutos de nueva
construcción y otros tres, el López de Mendoza de Burgos, el Valle
Lancia de Villablino en León, y el Torres de Villarroel en Salamanca
se van a terminar antes del 31 de diciembre de 1998, con lo que se
cumplirá el ritmo de construcción de nuevos institutos de enseñanza
secundaria que -como sabe S.S.- es de un centro nuevo inaugurado cada
seis días desde el 6 de mayo de 1996 hasta el 31 de diciembre de
1998. Además de estos centros de régimen general, en Castilla y León
se ponen en funcionamiento el conservatorio profesional de Palencia y
el superior de Salamanca.
Además se ha iniciado o se ha continuado la construcción de 20
centros nuevos que entrarán en funcionamiento en el próximo curso, en
el 1999-2000, y algunos otros cuyas obras se van a iniciar con
carácter inmediato en el momento en el que se solventen algunos de
los problemas que hay en relación a los solares. Hemos acometido las
obras de ampliación y mejora para adecuar al nuevo sistema educativo,
dotándoles de aula de informática, de música, de laboratorios de
física y química, de ciencias y de idiomas y de instalaciones
deportivas, a 71 centros más en la comunidad. Y en 279 colegios e
institutos ejecutamos obras de reparación y mantenimiento. Dentro de
éstas cabe destacar las que se realizan en los trece centros de
educación especial que están destinadas a suprimir las barreras
arquitectónicas y adaptarlas a las especiales condiciones del
alumnado que tiene estas necesidades educativas especiales. La
inversión que se destina a equipamiento y a material informático en
Castilla y León asciende a 587 millones de pesetas. Además, los
servicios centrales del departamento han destinado a la comunidad 18
millones en gastos relacionados con materias informáticas como compra
de nuevos programas, de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y
formación permanente del profesorado. Por último, en el programa de
deporte en edad escolar y en la universidad la cuantía que se
invierte es de 66,23 millones de pesetas. A ello hay que añadir,
señoría, las inversiones que el Ministerio hace en materia de cultura
y en materia de investigación, que no puedo detallar ahora por falta
de tiempo pero que demuestran que los presupuestos del Ministerio,
que este año han aumentado en un 6,8 por ciento, han tenido una
incidencia muy especial en la Comunidad de Castilla y León.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO CERCAS ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN CUÁNTOS BILLONES DE PESETAS SE
HA INCREMENTADO LA DEUDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DESDE QUE EL PARTIDO
POPULAR ESTÁ EN EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/001455).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15 y siguientes que responderá
en nombre del Gobierno el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En
primer lugar, la formulada por don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo
Socialista.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Trabajo, en el último debate que hemos tenido entre
su grupo y el nuestro, que ha sido con motivo de la ley de
presupuestos, una vez más se han vuelto a contrastar las cifras del
endeudamiento de la Seguridad Social facilitadas por su ministerio
respecto de las que maneja el Grupo Parlamentario Socialista. Las
diferencias son astronómicas: ustedes hablan de 600.000 millones lo
que se ha incrementado el endeudamiento mientras ustedes están en el
Gobierno y nuestras cifras son de más de dos billones y medio de
pesetas. El problema es que nuestras cifras, señor ministro, proceden
de fuentes que son la Intervención General de la Seguridad Social y
los documentos presupuestarios de la Tesorería. En fin, señor
ministro, podemos tener diversidad de apreciaciones, pero sería
bueno, sobre todo en un tema de esta relevancia, que al menos hubiera
identidad en las cifras. Y yo quiero saber exactamente, señor
ministro, en cuánto se ha incrementado el endeudamiento de la
Seguridad Social desde que usted es ministro de Trabajo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Quiero agradecer al señor diputado su pregunta y he de decirle que es
exactamente lo que figura en los Presupuestos Generales del Estado.
En 1999 habrá una reducción espectacular de los préstamos a la
Seguridad Social, que desde que estamos en el Gobierno se han venido
reduciendo.El señor diputado ha cambiado parcialmente su pregunta,
que anteriormente se refería a cuántos billones y ahora me dice en
cuánto. No sé si el señor diputado quiere computar 1996 como año de
Gobierno del Partido Popular aunque tomáramos posesión en mayo y el
presupuesto viniera prorrogado de 1995. En fin, las cantidades que se
refieren a los préstamos de la Seguridad Social figuran en los
presupuestos y puedo anunciarles que ya no hacemos ninguna petición
de préstamo a entidades financieras ni al Banco de España, y en 1999
como sabe, con una reducción sensible.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, como habrán podido oír
todos los diputados de la Cámara, el señor ministro no me ha dado una
cifra. Me hace una referencia a la ley de presupuestos. Señor
ministro, con arreglo a lo que dice la documentación presupuestaria,
la Seguridad Social está en una situación de endeudamiento superior a
5,5 billones de pesetas. Cuando usted llegó al Gobierno debía 2,8
billones de pesetas. Por tanto, de todo el endeudamiento de la
Seguridad Social la mitad se debe a su gestión, y usted nos dice
constantemente que estamos en el mejor de los mundos. La Seguridad
Social va muy bien, los déficit son cada vez menores, etcétera, pero
cada vez está más endeudada.
Señor ministro, en su réplica debe usted ceder a la tentación de
hablar de cosas de las que no hablamos y aprovechar que no voy a
tener turno de réplica para contestarme exactamente si mis cifras son
verdaderas. Usted ha incrementado en 2,7 billones, señor ministro, el
endeudamiento de la Seguridad Social, ¿si o no? Si es que sí, sepa
que la Seguridad Social podría no estar endeudada porque todo
proviene de que ustedes no quieren cumplir el pacto de Toledo
respecto a la financiación del complemento de mínimos. Si le queda
algún tiempo, señor ministro, me gustaría saber qué va a pasar
definitivamente con la financiación de los complementos de mínimos,
porque toda la deuda de la Seguridad Social proviene de una decisión
de su Gobierno que es computar ese programa que desde el punto de
vista del Partido Socialista es inequívocamente no contributivo y que
ustedes lo están financiando con cotizaciones sociales. Al respecto
le digo, señor ministro, ahora que está hablando de renovar el pacto
de Toledo, que le vamos a exigir que lo cumpla, y según el Pacto de
Toledo el complemento de mínimos no debe ser la causa de
endeudamiento de la Seguridad Social.(El señor Núñez Pérez: Díselo a
Chaves.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cercas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señor presidente, yo creo que a la Cámara se viene con sumo gusto a
contestar preguntas y por parte del Gobierno, al menos, no se viene a
construir titulares. (Rumores.) Quiero decir con toda claridad que el
préstamo en 1996 fue de 444.000 millones después de que
inexplicablemente fuera recortado en los primeros meses del año a
345.000 millones; el préstamo para 1997 fue de 156.000 millones para
compensar déficit y de 350.000 millones para la diferencia caja-
devengo; en 1998, el préstamo fue de 350.000 millones para compensar
caja-devengo y 125.000 millones para déficit; y en 1999 será de
88.000 millones para déficit y de 220.000 millones para caja y
devengo. Ni una peseta de entidades financiera, ni una peseta del
Banco de España. A esa cantidad astronómica que ha citado el señor
Cercas de 5,5 billones se le restan esas cantidades y ya sabe cuáles
son las responsabilidades del Gobierno anterior, que por cierto en el
año 1995, que no estábamos en el Gobierno, cerró con un endeudamiento
de cerca de 800.000 millones de pesetas de la Seguridad Social.
Afortunadamente en 1999 se han puesto en marcha definitivamente los
pactos de Toledo; ni una peseta de cotizaciones irá a Sanidad; se ha
firmado un pacto con los sindicatos; mal que les pese los
pensionistas tienen garantizado automáticamente el poder adquisitivo
de las pensiones y afortunadamente estamos muy cerca de los 14
millones de cotizantes que nos plantea claramente una relación de 2 a
1 entre cotizantes y pensionistas. Esa es
la realidad de la Seguridad Social, que nos debería alegrar a todos,
señor Cercas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL CONJUNTO DE
PRESTACIONES QUE SE PROPONE FINANCIAR EL INEM CON LOS INGRESOS POR
COTIZACIONES DE DESEMPLEO DURANTE 1999? (Número de expediente 180/
001456).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno don
José Antonio Griñán Martínez, diputado del Grupo Socialista.
Señor Griñán.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Confieso, señor presidente, que desde el
lunes tengo mis dudas sobre si habría sido más rápido formular esta
pregunta al director general de Trabajo de la Junta de Castilla y
León, pero ya que está aquí el señor ministro se la voy a formular a
él. ¿Cuál es el conjunto de prestaciones que se propone financiar el
Inem con los ingresos por cotizaciones de desempleo durante 1999?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Griñán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señor presidente, en el mismo tono cordial, probablemente la pregunta
anterior habría que presentársela al señor Chaves, que es un
especialista en Seguridad Social, como usted sabe, y en incremento de
pensiones. En cualquier caso, como conoce muy bien el señor Griñán,
que es un experto en estas cuestiones, las prestaciones que se prevén
dentro de los presupuestos son tanto las contributivas como las
asistenciales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Griñán.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en el presupuesto del Inem para 1999 figura un gasto
de casi 300.000 millones de pesetas para bonificar cotizaciones
sociales, y en ese mismo presupuesto figura una aportación del Estado
que está alrededor de los 150.000 millones de pesetas, lo que quiere
decir claramente que el año que viene se van a financiar
bonificaciones de cotizaciones sociales con la cuota del desempleo;
es evidente. Tengo que decirle que esta medida me resulta en primer
término incoherente, porque incoherente es financiar una presunta
política de empleo con un impuesto sobre el empleo.
Pero además de incoherente es insolidaria, porque resulta insolidario
también financiar una política de desgravación de costes
empresariales con el esfuerzo casi exclusivo de los trabajadores.
Además de incoherente e insolidaria es ineficaz, porque lo que
pretende es mejorar la estabilidad en el empleo y, año y medio
después de haberse aprobado estas desgravaciones en las cotizaciones
sociales, la tasa de temporalidad que nos dice la EPA es
prácticamente la misma que nos decía hace año y medio: 33 y pico por
ciento. Y además de incoherente, insolidaria e ineficaz es ilegal. Es
ilegal porque, después de la reforma de 1988, lo que se puede hacer
es financiar con las cotizaciones de desempleo las prestaciones de
desempleo en su integridad y, además de eso, se pueden financiar
también lo que podrían ser programas de formación para desempleados.
Sin embargo, en ningún caso se puede financiar desgravación de
cotizaciones sociales, según la ley, con las cotizaciones de
desempleo. Una de dos, o se modifica la ley o se modifican los
presupuestos. En opinión de mi grupo, lo coherente sería modificar
los presupuestos. Me temo que lo que se produzca sea una modificación
de la ley, con lo cual esto dejará de ser ilegal, pero seguirá siendo
incoherente, insolidario e ineficaz.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Griñán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señor presidente, muchas gracias.
Agradezco el tono de la intervención del señor Griñán, que me plantea
cuestiones importantes a las que debo contestar.En primer lugar, el
señor Griñán ha hecho una referencia a la modificación que fue
promovida por el Gobierno anterior y que en su día permitió que con
cotizaciones se atendieran prestaciones contributivas y
asistenciales. En segundo lugar, tengo que recordarle al señor Griñán
que el que se utilicen fondos del Inem para bonificaciones
empresariales no es una novedad de esta etapa. Anteriormente, y de
acuerdo con la Ley 10/1994, se venían pagando por el Inem, para
ciertos colectivos de desempleados, determinadas reducciones de las
cuotas empresariales de la Seguridad Social; por tanto, no podemos
considerar que en este momento sea insolidario y que anteriormente
fuera un mecanismo solidario.
Finalmente, tengo que cuestionar con rotundidad que se me diga que es
innecesario, porque he de decir, señorías, que desde mayo de 1997, en
que se hace una reforma del mercado de trabajo pactada por sindicatos
y empresarios, en España se han hecho cerca de un millón de contratos
indefinidos para mujeres en sectores donde tienen su representación,
para jóvenes, para personas con discapacidad y para parados de larga
duración. Si usted considera, señoría, que una reforma de esas
características, con cerca de un millón de contratos indefinidos en
algo más de un año, ha representado
un elemento innecesario de nuestro mercado de trabajo, con todo el
respeto y el afecto que sabe le profeso, discrepo abiertamente.
He de decirle, finalmente, que al amparo de lo que dice
específicamente el artículo 223 de la Ley General de la Seguridad
Social, creemos que las cotizaciones y las aportaciones del Estado
como elementos de financiación del Inem lo son tanto para
prestaciones por desempleo como para lo que pueden significar el
conjunto de políticas activas de empleo. Esta medida ha venido
decidida con el aval de los sindicatos y empresarios como una medida
de política activa de empleo.
En cualquier caso, en el ámbito de lo que es la disquisición
estrictamente legal, estoy dispuesto a estudiar sus argumentos, como
no podía ser de otra manera. Pero, señorías, con cerca de un millón
de contratos indefinidos, todo lo contrario: bienvenidas sean las
bonificaciones, eso sí, sólo para empleo estable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO FRANCISCO BALLESTERO DE DIEGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LOS ACUERDOS A QUE SE HA LLEGADO CON
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SOBRE MEDIDAS DE CONTRATO A TIEMPO
PARCIAL? (Número de expediente 180/001468).
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la pregunta última que
contestará el Ministro de Trabajo a don Alejando Francisco Ballestero
de Diego, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hay una gran cantidad
de ciudadanos españoles que pensamos que el Gobierno del Partido
Popular está obteniendo notables resultados en las políticas que
viene desarrollando, y, lo que es más importante, pensamos que estos
resultados se están notando y viendo en nuestra vida diaria.
Si tuviésemos que buscar un elemento común diferenciador que defina
la política del Partido Popular, éste sería sin duda la permanente
actitud de diálogo, la mano tendida, el hecho de estar gobernando
contando con los gobernados, lo que ha demostrado a estas alturas que
había métodos diferentes, que había estilos diferentes de hacer
políticas.
En ese sentido, en el de buscar una permanente actitud de diálogo, el
diálogo social impulsado y continuado por el Ministerio que usted
dirige ha obtenido notables resultados, como son los acuerdos en
materia de pensiones, en materia de salud y prevención de riesgos
laborales, acuerdos en materia de formación profesional, entre otros,
y no quisiera dejar en el tintero el buen papel jugado en la reforma
laboral. Estos acuerdos están siendo muy importantes para toda la
sociedad en general, pero particularmente beneficioso para los
colectivos más desfavorecidos, como antes señalaba, y entre los que
se encuentra el de los jóvenes.
Todos estos pactos están beneficiando desde luego a la creación de
empleo, pero a pesar del incremento en las cifras de creación de
empleo, a pesar del incremento de la contratación estable frente a la
contratación temporal, no debemos dormirnos en los laureles y, por el
contrario, tenemos que apoyar cada iniciativa que vaya dirigida a
luchar contra el primer problema que tenemos todos los españoles.
En este sentido, el contrato a tiempo parcial, muy poco utilizado en
España frente al resto de los países de la Unión Europea, parece un
método apropiado para luchar contra este problema, sobre todo en lo
que se refiere a la contratación temporal. En las últimas fechas han
surgido algunas dudas por parte de un sector de los agentes sociales
que desde este grupo deseamos que se resuelvan próximamente, y por
ello creemos que este es un foro adecuado para que nos muestre cuál
es la valoración del Gobierno en los acuerdos alcanzados con los
sindicatos en torno a la contratación a tiempo parcial.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ballestero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer la pregunta del señor diputado y decirle que el
desarrollo en España del tiempo parcial estable en una nueva
normativa era una de las cuestiones claves del plan de empleo para
1998, y ello porque sin duda España tampoco en materia de tiempo
parcial es un país hoy europeo. Como sabe S.S., el porcentaje de
tiempo parcial en España está en torno al 8 por ciento; en la Unión
Europea en torno al 16 por ciento; pero, lo que es más importante,
dentro de ese 8 por ciento en España podemos hablar de un 80 a 85 por
ciento de tiempo parcial temporal, y en la Unión Europea podemos
hablar de un 80 a 85 por ciento de tiempo parcial estable. En toda
Europa el tiempo parcial estable ha sido un mecanismo extraordinario
especialmente para lo que significa la conciliación de la vida
familiar y la vida laboral; es un contrato extraordinariamente
utilizado en muchos países de la Unión Europea, por ejemplo, Países
Bajos, Holanda, Reino Unido o Suecia. Por eso el Gobierno de España,
partiendo de la directiva comunitaria, que también está amparada por
un acuerdo de la patronal europea, Unice, con la Confederación
Europea de Sindicatos, ha desarrollado más de doscientas horas de
diálogo con sindicatos y empresarios buscando
un contrato a tiempo parcial que fuera flexible, que diera también
estabilidad al empleo y protección social para el trabajador. Hemos
buscado una fórmula en definitiva que hiciera el tiempo parcial
estable atractivo para el empresario y atractivo también para el
trabajador. En consecuencia, el Gobierno tiene que hacer una
valoración muy positiva del principio de acuerdo firmado con las
organizaciones sindicales, y desea de manera muy expresa y muy
taxativa que se pueda producir una incorporación de los empresarios
españoles al desarrollo del tiempo parcial estable. No se plantea el
Gobierno necesariamente la fórmula de suscribir el principio de
acuerdo que tenemos con los sindicatos, pero sí de desarrollar el
conjunto del tiempo parcial estable, que siempre tendrá un escenario
ideal, no sólo en la relación con el Gobierno, sino en la propia
negociación colectiva.
Por tanto, el Gobierno espera y desea que, en un plazo de cuatro o
cinco años, también en materia de tiempo parcial estable podamos ser
europeos, y habremos avanzado definitivamente en la conciliación de
la vida laboral con la vida familiar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ RAMÓN PASCUAL MONZÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO INCIDE EN EL
SECTOR LA NUEVA NORMATIVA SOBRE PROGRAMAS Y FONDOS OPERATIVOS QUE
APROBÓ EL COMITÉ DE GESTIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EL PASADO 8 DE
JULIO? (Número de expediente 180/001469).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que contestará la ministra
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que formula, con el número
28, don José Ramón Pascual Monzó, del Grupo Popular.
Señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: Muchas gracias, señor presidente.Señora
ministra, señorías, la nueva OCM de frutas y hortalizas trajo cambios
importantes en la entonces normativa de organización común del
mercado de frutas y hortalizas. El pilar fundamental para llevar
adelante esta nueva normativa eran los fondos operativos y los
programas operativos. Los fondos operativos iban a ser cofinanciados
al 50 por ciento por Bruselas y por los agricultores, miembros de
organizaciones de productores. Estos programas operativos iban a
significar un amplio abanico de inversiones para los miembros de las
organizaciones de productores, y hay que reconocerlo así gracias a la
primera actuación de la ministra en el Consejo de Ministros en el
debate de la nueva OCM, que consiguió abrir sobremanera posibilidades
de inversiones, tanto para la parte de la producción como para
la parte de la comercialización.
Pero la indefinición del reglamento 411/1997, que regulaba las líneas
generales de presentación de los fondos y los programas operativos,
ha traído una gran incertidumbre al sector, a los miembros de las
organizaciones de productores, sobre qué tipo de inversiones se iban
a poder realizar. Por tanto, muchas veces han abordado inversiones
con una cierta temeridad, sin saber si iban a ser cofinanciados en
ese 50 por cien, por esta falta de definición.
También se ha observado una diferencia de criterios a la hora de
aplicar estos programas operativos entre los distintos países de la
Unión Europea. Por fin, el comite de gestión de frutas y hortalizas
el pasado 8 de julio ha sacado una nueva normativa sobre el tipo de
inversiones a desarrollar. Indudablemente, una vez más, no han
faltado voces, en general voces socialistas (para más desgracia
portavoces socialistas de agricultura de alguna comunidad autónoma),
augurando catástrofes y fallos en esta nueva normativa.
Por tanto, para evitar miedos e incertidumbres en el sector agrario,
señora ministra, explique cómo incide en el sector la nueva normativa
sobre programas y fondos operativos que aprobó el comité de gestión
de frutas y hortalizas el pasado 8 de julio.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (De Palacio
del Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señor diputado, el reglamento aprobado el 8 de julio
viene a clarificar una situación de incerticumbre y de indefinición
de la que adolecía el anterior desarrollo de la OCM de frutas y
hortalizas. Tenemos que decir que la definición que se ha conseguido
con la aprobación de este reglamento en el mes de julio es totalmente
favorable a lo que eran las tesis españolas y, por tanto, que una vez
más han quedado en su sitio los que auguraban grandes catástrofes
para el resultado final de la OCM. Al revés, está dando un resultado
magnífico y esta mayor clarificación va a permitir una mayor
flexibilización en cuanto a la consideración de conceptos
subvencionables y, por tanto, va a poder permitir todavía una serie
de mayores acciones en el terreno, como muy bien ha dicho, de la
producción y también de la modernización y del impulso a la parte
importantísima hoy día que es la comercialización.
Este nuevo reglamento contempla claramente que se pueden cofinanciar
al 50 por ciento, con dinero de Bruselas, programas ejecutados a
partir del año 1999 donde se incluyan costes generales de producción
de plantones de cultivos perennes, costes ligados a producciones
biológicas o experimentales, aquellos decarácter medioambiental o los
relacionados con la
mejora de calidad, incluidas las semillas y plantones certificados;
que se van a poder incorporar gastos generales por un importe máximo
del 2 por ciento hasta un límite de 60.000 ecus, es decir, casi del
orden de 10 millones de pesetas; que se van a incorporar, sin
necesidad de justificación específica, gastos generales de personal
cualificado contratado para mejorar o mantener un nivel elevado de
calidad, de comercialización o medioambiental; compra de terrenos
para la realización de inversiones que figuran en el programa; gastos
de desplazamiento y dietas de productores que participen en cursos de
formación; inversiones en medios de transporte que requieran
condiciones específicas para conservación del producto.
Por tanto, incide este desarrollo reglamentario de una manera
totalmente favorable en cuanto a la gestión de los programas y fondos
operativos de la OCM de frutas y hortalizas; da cobertura jurídica a
actuaciones de los Estados miembros en posteriores inspecciones
llevadas a cabo por los organismos competentes sobre la aplicación de
estos programas y, por tanto, va a permitir un impulso todavía
superior, si cabe, al realizado a lo largo de este primer año y pico
de aplicación en el sector de frutas y hortalizas, nuestro sector más
competitivo, más dinámico, más de futuro, dentro del sector agrario,
y el que está dando unos resultados en la balanza comercial que en el
año 1997 supusieron 911.000 millones de pesetas entre lo exportado en
fresco y congelado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señora ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
- DEL DIPUTADO DON LLUIS MIQUEL PÉREZ SEGURA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUÁNDO ESTARÁ EL GOBIERNO EN
CONDICIONES DE SUMINISTRAR A LA CÁMARA LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
QUE TIENE ENCOMENDADA? (Número de expediente 180/001428).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que contestará el
ministro de Industria y Energía y portavoz del Gobierno. La primera,
la número 9, que formula el diputado don Lluis Miquel Pérez Segura,
del Grupo Socialista.
Señor Pérez Segura.
El señor PÉREZ SEGURA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Piqué, señor ministro portavoz, la pregunta que le formulo es
una pregunta que ya tiene telarañas. Primero, el vicepresidente
primero nos obsequió con su mutismo absoluto al respecto; luego iba
dirigida al vicepresidente segundo, señor Rato, que, por los modos
demostrados en el debate presupuestario, mejor
que no nos la conteste; prefiero que la conteste usted por su talante
y por su manera de hacer.
La cuestión planteada afecta a la capacidad de control parlamentario
sobre el Ejecutivo. Es una encomienda constitucional a las Cortes
Generales; es, por tanto, una cuestión de dignidad para esta Cámara,
y pido al señor ministro que la entienda como tal.¿Hasta cuándo
bloquearán ustedes, desde el Gobierno, este aspecto del nuevo
Reglamento de la Cámara? ¿Cuándo van a permitir ustedes que se ponga
en funcionamiento la oficina presupuestaria de este Congreso de los
Diputados?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado, muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Gracias, señoría, gracias también por sus palabras iniciales, aunque
no estoy seguro de que me esté haciendo un favor diciéndome estas
cosas. En cualquier caso, quiero decirle que el Gobierno está
proporcionando ya información sobre la ejecución presupuestaria a la
Cámara; se están remitiendo tanto al Congreso como al Senado las
publicaciones que elabora la Intervención General del Estado, en las
que se detalla la ejecución del presupuesto cada mes; también lo hace
la Intervención General de la Seguridad Social, que remite
periódicamente la estadística de ejecución del presupuesto de la
Seguridad Social; las Cámaras están recibiendo, además, al finalizar
cada ejercicio presupuestario, como es natural, la correspondiente
liquidación, y esos documentos no sólo los reciben los servicios de
las Cámaras, sino que a determinados diputados y senadores que, por
las funciones que tienen encomendadas, tienen un especial interés, se
les remite también un informe detallado sobre la ejecución del
presupuesto no financiero del Estado.
Le diré además que, en lo que llevamos de legislatura, se han
realizado más de 200 envíos a la Cámara de documentación
presupuestaria tanto del Estado como de la Seguridad Social, y todo
ello es independiente de la documentación que reciben SS.SS. en
contestación a solicitudes de informes, preguntas escritas u otros
cauces reglamentarios; debo decir que hay cerca de 5.500 respuestas
de contenido presupuestario en esta legislatura frente a las 802 de
toda la legislatura pasada. Es verdad que además hay una
comparecencia cuatrimestral del secretario de Estado de Presupuestos
y Gastos para explicarles la ejecución del presupuesto, y hay una
remisión previa de un informe para que SS.SS. conozcan antes los
datos y puedan desarrollar mejor su labor.
Otra cosa es la oficina presupuestaria de las Cortes. El Gobierno no
tiene ninguna intervención en la puesta en marcha de esta oficina, no
tiene atribución, sino que son las Cámaras las que se autoorganizan
como poder independiente que son del Poder Ejecutivo y, por tanto,
deben ser SS.SS., los distintos grupos parlamentarios, los que
resuelvan esta cuestión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Pérez Segura, adelante.
El señor PÉREZ SEGURA: Gracias, señor presidente, entiendo sus
palabras.
Todo esto que nos ha dicho, señor ministro, está muy bien, pero la
cuestión es cuán diferente posición tenía el Grupo Popular, en
concreto el señor Rato, cuando era el azote del Gobierno en esta
materia; cuánto ha llovido desde que en el programa del Partido
Popular se prometía la creación de esta oficina; cuánto ha llovido
también y cuán olvidada está la promesa del presidente del Gobierno
en el debate de investidura prometiendo esto.
La cuestión es, y usted me entenderá porque es experto en temas
tecnológicos, cuándo enchufarán sus ordenadores con los del Congreso
para que todos los diputados tengamos acceso a los datos del Sicop y
del Sicoss, a efectos de que en tiempo real podamos controlar al
Gobierno. Usted me va a decir que cómo no lo hacía esto ya el
Gobierno socialista. Pues mire, este papel es de verdad (El señor
diputado muestra un documento a la Cámara.), no es como el del señor
Rato en relación al debate presupuestario, es una resolución de
nuestro Ministerio dando instrucciones, pendientes de desarrollo por
su Gobierno, en el sentido de que los diputados de esta Cámara puedan
recabar del Gobierno en tiempo real datos concretos y actuales de la
ejecución presupuestaria, no al cabo de tres meses.
Este es el fondo de la cuestión, y a ver si podemos hacer como en
Norteamérica, que desde nuestro despacho, por vía Internet, tenemos
acceso a esos informes pero del Congreso, cuando no los tenemos del
Gobierno de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Segura.
Señor ministro portavoz.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, yo le reitero que el Gobierno está a lo que resulte de la
voluntad de las Cámaras. Lo que sí le digo es que cuando llegue el
momento el Gobierno se encontrará en las condiciones adecuadas,
porque ya lo está, de suministrar los datos necesarios para que la
oficina presupuestaria pueda cumplir el cometido para el que fue
concebida.
Sin embargo, sólo dos matizaciones muy breves, si me lo permite el
señor presidente. Cuando se solicita información en tiempo real, hay
que tener en cuenta que desde que se produce un gasto en una
aplicación del presupuesto de un Ministerio hasta que este hecho es
conocido por la Intervención General, ya sea del Estado o de la
Seguridad Social, pasa un lapso de tiempo,
ya que los distintos centros de gastos deben enviar esta
información a través del Sicop o del Sicoss, al que usted hacía
referencia, y la ley obliga además a que la información que se
suministra se refiera a períodos mensuales cerrados. Por tanto, un
acceso en tiempo real podría originar interpretaciones erróneas y hay
que cuidar eso. El último punto es que estos dos sistemas
informáticos contienen algunos datos sobre particulares y usted sabe
que algunos de estos datos están protegidos por la Ley Orgánica de
Protección de Datos. Esos son los únicos límites.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL GOBIERNO EL
GRAVE RETRASO EN EL PAGO DE LAS PRESTACIONES POR PREJUBILACIÓN
CORRESPONDIENTES AL PLAN DEL CARBÓN? (Número de expediente 180/
001460).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 20, que formulará
don José Luís Rodríguez Zapatero, diputado del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria (en este caso únicamente como tal), como
usted bien sabe, el Plan del carbón firmado en julio de 1997 contenía
dentro de otros aspectos esenciales un plan amplio de prejubilaciones
de aquí al año 2005, que empezó el 1 de enero de 1998, es decir, de
este año. Pues bien, como es conocido, hay un incumplimiento muy
grave de ese plan de prejubilaciones, ya que prácticamente los cerca
de 3.000 trabajadores que se han prejubilado en algunas provincias
como León, en torno a 1.700, al día de hoy ni tienen firmados sus
contratos ni han recibido las prestaciones de prejubilación. Hay,
señor ministro, situaciones muy preocupantes, desde el punto de vista
social, y por ello le pregunto: ¿cuáles son las razones de ese grave
retraso en el pago de las prestaciones por jubilación de los
trabajadores afectados por el Plan del carbón?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Es cierto que en el pago de las prestaciones por prejubilaciones se
están produciendo retrasos por causas que yo creo que son plenamente
justificables. A pesar de eso, tengo que decirle a S.S. que,
conscientes de las situaciones personales que están detrás de esos
retrasos, hemos realizado entre todos los esfuerzos posiblespara
poder atender la situación creada a los mineros
prejubilados afectados. ¿Cuáles son esas razones? Son diversas y se
las puedo especificar con detalle, pero son atribuibles a todas las
partes afectadas, a las propias administraciones competentes, a los
trabajadores y sindicatos, a las propias empresas, porque estamos
hablando de un colectivo extraordinariamente amplio, de más de 4.000
trabajadores, que están condicionados a presentaciones de planes de
empresa que tenían unos meses para poder ser presentados. Esos planes
después han sido alegados y puestos en cuestión por las
organizaciones sindicales; al final, las listas definitivas no se han
tenido hasta pasado el verano. Todo eso explica una situación que no
es satisfactoria y por ello se ha considerado necesario establecer un
procedimiento tendente a facilitar un anticipo de 100.000 pesetas por
mes de desempleo contributivo a los prejubilados con resolución ya
emitida, que es un anticipo a regularizar con los atrasos generados a
la fecha de su primer cobro por prejubilación y que entendemos que
resuelve a corto plazo una situación que desde luego tenemos que
resolver lo más rápido posible.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Señor ministro de Industria, aunque ha
reconocido algo de la ineficacia, son excusas de mal pagador. Quiero
recordar a este Gobierno que hemos pasado del no sobra un minero, que
dijo en León y en Asturias el señor Aznar, a no pagar a los
prejubilados. Y le reitero, señor Piqué, que hay un grave problema
social. Hay ineficacia en su Ministerio. El instituto del carbón aún
no está en marcha. Se ha aprobado hace cuatro días la RPT. Hay un
desastre en la gestión. No se ha empezado una sola obra de la
reactivación de las comarcas mineras. Hay dejación y desidia.Señor
Piqué, dedique un poco de tiempo, no sólo a la búsqueda del centro,
que nos parece muy bien, sino también a los graves problemas sociales
que se derivan de la mala gestión de su Ministerio en un sector tan
sensible. Esa dejación y esa desidia han provocado una grave
preocupación. Es verdad que se ha producido ese anticipo por la
entidad que ha recibido la adjudicación del pago de las
prejubilaciones, pero mire, mucho más importante que eso sería que el
día de hoy, aquí y ahora, se comprometiera a decirnos cuándo de
verdad van a firmarse los contratos y se va a regularizar la
situación de los miles de trabajadores que, ya prejubilados, están
empezando a pasar dificultades económicas de una manera imprevisible
e inexplicable. Y yo le pregunto, señor Piqué: ¿hay problemas
presupuestarios? ¿Hay problemas jurídicos en la configuración de cómo
se ha hecho el plan? Porque eso sería grave y habría que reconsiderar
toda la estructura del modelo de prejubilaciones. Le ruego, le exijo,
por tanto, que haga un pronunciamiento claro en ese sentido y que
establezca un compromiso ante esta Cámara, porque creo que el
problema lo requiere.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Yo le he aceptado que existen una serie de retrasos que hay que
corregir, y lo estamos haciendo. De hecho, a lo largo del mes de
noviembre los primeros colectivos afectados van a iniciar el cobro de
prestaciones, y las explicaciones de lo que está sucediendo son,
insisto, claras. El instituto del carbón se pone en marcha el 1 de
enero, desde el punto de vista legal. Es la fecha en la que empiezan
a figurar los prejubilados nuevos. Le recuerdo que hay un anticipo de
edad de prejubilación, que antes no existía, desde los 55 hasta los
52 años (son más de 4.000 personas.) Esto se tiene que hacer a través
de planes de empresas. Las empresas necesitan tres meses para
presentarlas. Una vez que presentan esos planes, los sindicatos
presentan sus alegaciones. Hay que verlas y hasta el mes de julio no
estamos en condiciones para ver las listas definitivas, analizarlas
una por una y empezar a hacer las cosas. Estamos, es verdad, en el
mes de noviembre, y por eso hemos habilitado unos anticipos. Yo creo
que en muy breve tiempo estará todo plenamente regularizado. Se puede
hablar siempre de ineficacia, pero estamos poniendo en marcha el Plan
sobre la minería del carbón más ambicioso que nunca se ha planteado
en nuestro país, y al final el balance será francamente
satisfactorio.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOAN SAURA LAPORTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS
QUE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA HA TRASLADADO AL
ABOGADO DEL ESTADO PARA SU ACTUACIÓN EN LAS CAUSAS POR DELITO FISCAL,
Y QUE HAN DADO LUGAR A QUE, EN OCASIONES, SE PIDA EL ARCHIVO DE ESTAS
CAUSAS? (Número de expediente 180/001426).
El señor PRESIDENTE: Finalmente, pasamos a las preguntas que
responderá la ministra de Justicia, la primera de las cuales
corresponde a la número 8, que formula don Joan Saura Laporta, del
Grupo Mixto.
El señor SAURA LAPORTA: Señora ministra, ¿cuáles son los criterios
que la Agencia Tributaria ha trasladado al abogado del Estado para su
actuación en las causas por delito fiscal y que han dado lugar a que,
en ocasiones, se pida el archivo de estas causas, como es el caso de
las cesiones de crédito del Banco de Santander?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señorías, según me informa la Dirección General del Servicio Jurídico
del Estado, desde abril de 1996 el abogado del Estado, en
representación procesal del Estado, en las diligencias a que S.S. se
ha referido, diligencias previas 53/1992 del Juzgado Central de
Instrucción número 3, se adhirió a la petición de sobreseimiento de
las actuaciones con respecto al Banco de Santander y los responsables
del mismo, así como a la no participación del banco o de sus
administradores en los delitos fiscales cometidos por los
suscriptores de cesiones del crédito, y la Agencia de Administración
Tributaria sobre este último asunto no emitió opinión. De entonces
acá la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado ha
mantenido esa misma postura porque se habían mantenido los
presupuestos en los que se basaba dicha petición.
El señor PRESIDENTE: Gracias señora ministra.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Es escandaloso que el Gobierno, ante uno de
los mayores casos de fraude y de delito fiscal, como es el caso de
las cesiones de crédito del Banco de Santander, haya pedido su
archivo y que usted se escude en un informe de 1996, como si desde
entonces hasta ahora no hubiera pasado nada, señora ministra. Ha
dimitido un conseller de Valencia por este caso, y hay un informe
pericial que actualiza el caso.
Señora ministra, nos encontramos ante la utilización masiva de
testaferros por parte del Banco de Santander que, como relata el
informe pericial de julio de 1998 -no estamos en 1996, sino en 1998-,
se utilizaron hasta 89 muertos como testaferros. Y usted vieneaquí
hoy y nos dice que se acoge a un informe de 1996. Es tan escandalosa
su posición, que la juez que instruye el caso les ha dado un varapalo
al Gobierno y al ministerio fiscal sin precedentes, no sólo
manteniendo el caso abierto, en contra de la opinión del Gobierno,
sino añadiendo, y porque la juez es muy bien educada, que se queda
sorprendida de que aquellos que han de defender el interés, ustedes,
sean precisamente los que pidan el archivo del caso.
Señora ministra, ustedes deben explicaciones públicas. Yo le voy a
formular tres repreguntas concretas que me gustaría que usted
contestara. No me venga con el 96. Explique políticamente por qué
ustedes hoy en casos de menor importancia mantienen unas posiciones y
en este cambian la posición. Explicación política del Gobierno del
archivo. Segunda pregunta: quiero saber si el Servicio Jurídico del
Estado, que depende de usted, pidió el informe preceptivo a la
Agencia Tributaria. Ustedes lo pidieron, ¿si o no? ¿Tuvieron
contestación? En el caso de que la tuvieran, ¿qué dijo? Tercera
pregunta. Pedir el archivo de este caso es una decisión
del Gobierno, en concreto del Ministro de Economía y de usted. ¿Cuál
ha sido su participación en este tema, su información y qué
orientaciones ha dado usted?
En todo caso, y para acabar, señora ministra, ustedes no han
defendido ni el interés general ni la Hacienda pública; ustedes han
defendido los intereses de la principal entidad financiera del Estado
en contra de los intereses generales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, me permitirá que recalque ante la Cámara que ésa es su
opinión. Evidentemente no es una opinión basada en criterios
jurídicos, que son los que regulan la actuación del Servicio Jurídico
del Estado. El Servicio Jurídico del Estado, señoría, no ha cambiado
de opinión desde abril de 1996. No tiene usted que decir ante esta
Cámara que sí ha efectuado ese cambio porque no es cierto. Existen
las mismas bases jurídicas que fueron tenidas en cuenta en abril de
1996 en base a información de marzo de 1996; por tanto, de acuerdo
con los criterios de actuación del Servicio Jurídico del Estado se
mantiene la postura dada sin que exista intervención alguna posterior
por parte de la Agencia Estatal Tributaria o por parte del ministro
de Economía, como S.S. ha afirmado, para modificar ni para paliar una
situación que jurídicamente, le insisto señoría, el Servicio Jurídico
del Estado entiende que es adecuada a su postura.
Gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. ¿Donde suena ese
artefacto? (Pausa.) Colaboren con la Presidencia en cerrar tamaña
insensatez. ¿Señor Chiquillo acaso? Señoría. ¡Señor Guerra!
(Rumores.)
Pueden comprobar hasta qué punto es capaz de distraer no sólo la
atención del hemiciclo, sino del propio diputado que lo ha abandonado
sin escuchar a la Presidencia.
- DEL DIPUTADO DON IGNASI GUARDANS I CAMBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
JUSTICIA: ¿CÓMO TIENE PREVISTO LA SEÑORA MINISTRA DAR CUMPLIMIENTO A
LA PROPOSICIÓN NO DE LEY APROBADA POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL
24 DE JUNIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO TELEMÁTICO AL
REGISTRO MERCANTIL, Y SUPERAR ASÍ LA SITUACIÓN ACTUAL DE ILEGALIDAD
EN LAS ACTUACIONES REGISTRALES AL RESPECTO? (Número de expediente
180/001464).
El señor PRESIDENTE: Continuemos con la pregunta número 23, que
formula el diputado don Ignasi
Guardans I Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, con fecha 17 de febrero de 1998 su Ministerio aprobó
una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado
por la que se prohibía una actividad hasta entonces lícita, como era
el acceso telemático a las bases de datos de los archivos del
Registro Mercantil -también se prohibían las del Registro de la
Propiedad- y su incorporación a bases de datos para su
comercialización; actividad lícita que desarrollaban una serie de
empresas amparadas en la libertad de empresa y en la Constitución en
ese sentido. Mientras su Ministerio hacía eso, este Parlamento con
pleno conocimiento de su director general estaba precisamente
estableciendo lo contrario. Su director general había copiado un
proyecto de ley y este Parlamento estaba exactamente llegando a la
conclusión inversa y autorizando expresamente, como así hizo en la
Ley de condiciones generales de la contratación, el acceso telemático
a las bases de datos de los registros mercantiles y la incorporación
a bases de datos para su comercialización. Su Ministerio ignoró lo
que había salido del Parlamento y este diputado así se lo hizo notar
de forma informal al director general, valga la redundancia, haciendo
constar que esa instrucción había quedado nula e ilegal por
contradecir la ley aprobada en esta Cámara. Sin embargo eso fue
radicalmente ignorado, hasta el punto de que fue necesario que la
Comisión de Justicia e Interior aprobara por unanimidad, el día 30 de
junio de 1998, una proposición no de ley instando al Gobierno a dejar
sin efecto la instrucción de la Dirección General de Registros y a
dictar las disposiciones que fueran oportunas en desarrollo de la
ley, pero claramente y con el fin de garantizar la posibilidad de
acceso telemático al Registro Mercantil y la incorporación de la
información obtenida.
Los registradores mercantiles ignorando la legalidad prefieren
aplicar la instrucción y no la ley, puesto que la instrucción
establece una prohibición y les es igual que contradiga una ley,
porque aunque tenga rango superior es la instrucción lo que de hecho
aplican. Por eso con cierto cansancio, señora ministra, con todo
respeto pero también con toda firmeza, le pregunto exactamente: ¿cómo
piensa aplicar la proposición no de ley de este Congreso de los
Diputados, con el fin de garantizar el acceso telemático al Registro
Mercantil y superar así la situación actual de absoluta ilegalidad en
las actuaciones registrales al respecto?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el Gobierno para dar cumplimiento a la proposición no de ley
de 24 de junio de 1998, sobre acceso telemático al Registro Mercantil
con sujeción a las normas de protección de datos de carácter
personal, ha modificado el reglamento del Registro Mercantil a través
de una disposición adicional contenida en el Real Decreto 1867/1998,
de 4 de septiembre, por el que también se adapta el reglamento
hipotecario a la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de
contratación; en ella se añaden los números 4 a 8 al artículo 12.
Esta reforma se ha realizado con plena conformidad de la Agencia de
Protección de Datos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Guardans, por breves segundos.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora ministra, debería dejar sin efecto
la instrucción, como le pedía expresamente la proposición no de ley,
porque esa reforma no tiene disposición derogatoria y sabe usted bien
-y si no le informo desde este escaño- que ese reglamento modificado
no es el que está siendo aplicado. Hay una instrucción en el BOE que
dice lo contrario y mientras usted no purgue el Boletín Oficial del
Estado eso es lo que aplicarán los registradores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Sabe S.S. que la instrucción queda derogada de hecho y de derecho al
existir norma posterior con rango superior. De cualquier manera
tendré en cuenta el criterio expuesto por S.S. para que se aplique la
legalidad que el Ministerio ha puesto en marcha y que SS.SS.
decidieron establecer en una proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Justicia.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL E
INICIATIVAS DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR QUE LAS DIVERSAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE ESPAÑA INCLUIDAS EN EL OBJETIVO 1 EN LA ACTUALIDAD
MANTENGAN PARA EL PERÍODO 2000-2006 SU CONDICIÓN DE REGIÓN OBJETIVO 1
DE LA UNIÓN EUROPEA (Número de expediente 172/000119).
El señor PRESIDENTE: Al haberse aplazado las preguntas del señor
Fernández Marugán, de la señora Cunillera y de doña Carmen Laura Gil
i Miró, pasamos al punto VI del orden del día: interpelaciones
urgentes
al Gobierno. En primer lugar, del Grupo Mixto de la Cámara sobre la
política general e iniciativas de Gobierno para garantizar que las
diversas comunidades autónomas de España incluidas en el Objetivo 1
en la actualidad mantengan para el período 2000-2006 su condición de
Región Objetivo 1 de la Unión Europea.
El señor Chiquillo tiene la palabra para formular la interpelación.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, señorías, señor
ministro, después del debate de ayer sobre el documento Agenda 2000,
inquietante para los intereses del Estado español, intervengo para
formular esta interpelación urgente sobre los fondos estructurales,
su futuro, el Objetivo 1 y la repercusión que sobre diversas
comunidades autónomas del Estado español puede producirse el próximo
año por las decisiones que en el seno de la Unión Europea van a
adoptarse.
La diversidad existente en las regiones europeas constituye por un
lado un factor de enriquecimiento para todos sus habitantes, pero
supone a la vez un obstáculo para la integración. Las regiones
confieren a los ciudadanos un profundo sentido de su identidad,
circunstancia que desde el punto de vista político y social ha de ser
considerada como un factor decisivo para el proceso de construcción
europea.
De esta forma, la eliminación de las desigualdades económicas
existentes entre las diversas regiones de la Unión pasó a ser uno de
los objetivos prioritarios mediante la puesta en funcionamiento de
acciones específicas, y sobre todo mediante el apoyo a otras
emprendidas por los Estados miembros y las propias autoridades
regionales de acuerdo con el principio de subsidiaridad.
Con estas medidas se estaría en disposición de abordar la
construcción de un gran mercado, la unión económica y monetaria real
y la convergencia nominal, enfocando los problemas del espacio
europeo desde una perspectiva solidaria. El objetivo queda claro:
lograr la necesaria cohesión europea. El medio: las intervenciones
presupuestarias que pretenden eliminar progresivamente los enormes
desequilibrios estructurales e infraestructurales que existen entre
los Estados miembros, pero fundamentalmente entre sus regiones.
Estas intervenciones se han venido realizando mediante un índice de
prioridades promoviendo en mayor medida la aportación de fondos a
zonas menos desarrolladas, con un mayor atraso estructural y que son
consideradas dentro de los fondos estructurales Objetivo 1. Con estas
acciones se pretende reducir las limitaciones y déficit estructurales
e infraestructurales que frenan el progreso y relanzamiento de los
sectores económicos y productivos, originando así un mayor grado de
cohesión económica y social, y reducir las disparidades entre las
regiones de la Unión Europea que son muy acentuadas.
La Unión Europea lleva a cabo este tipo de acciones por medio de los
fondos estructurales y el Fondo de Cohesión. Hoy nos ocuparemos de
los primeros, los fondos
estructurales, y en concreto de uno de los objetivos prioritarios
de estos fondos que incluyen el Feder, el Fondo Social Europeo, el
Feoga-Orientación, el IFOP y el Objetivo 1; su presente y su futuro
ante las negociaciones y propuestas para el nuevo período 2000-2006.
Están en juego, vía Feder, las inversiones para fomentar la creación
de empleo, las inversiones en actividades Pyme, las inversiones en
sanidad y educación, las inversiones en infraestructuras del
transporte y telecomunicaciones; en el fondo social europeo, materias
de formación profesional, ayuda a la creación de empleo, combatir
firmemente el paro para menores de 25 años y el paro de larga
duración; en el FeogaOrientación, actuaciones forestales, permitir la
renta agraria en aquellos municipios de montaña y zonas
desfavorecidas, la protección del medio ambiente, apoyo a la
agricultura, a su competitividad y a la comercialización de los
productos agrarios, etcétera.
Los fondos estructurales se ejecutan e impulsan a través de acciones
tanto de los marcos comunitarios de apoyo como de las iniciativas
comunitarias. Estas acciones persiguen varios objetivos, entre ellos,
el que nos ocupa y preocupa en el día de hoy, el Objetivo 1, fomento
del desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos
desarrolladas y la corrección de los atrasos estructurales. Su brazo
ejecutor más decisivo como hemos dicho es el Feder, en
infraestructuras e iniciativas de desarrollo local, de pequeñas y
medianas empresas, de actuaciones al desarrollo regional, de
investigación y desarrollo (I+D), y ha sido un motor fundamental en
los últimos años para el progreso de las diversas regiones del Estado
español que se han beneficiado de ser Objetivo 1. En el período 1994-
1999 España ha recibido en concepto de reparto de los marcos
comunitarios de apoyo más de 27.000 millones de ecus en concepto de
Objetivo 1 y más de 32.000 millones de ecus en total; en el período
1989-1999 la comunidad valenciana ha recibido o va a recibir cerca de
200.000 millones por este concepto. A pesar de ello la comunidad
valenciana ha sido la única región de España Objetivo 1 que presenta
saldos fiscales negativos de ese período, es decir aporta más de lo
que recibe.
Las regiones españolas incluidas en el objetivo 1 suponen en conjunto
más del 55 por ciento de la población española y casi 23 millones de
ciudadanos. Las aportaciones hechas desde la Unión Europea a todas
las zonas de Europa mediante estos fondos estructurales como el
Feder, Feoga, etcétera, han sido cuantiosas para el período 1994-
1999, y rondan los 150.000 millones de ecus del año. Estos fondos han
servido sin duda para ir limando las diferencias existentes entre las
regiones de la Unión Europea y de sobra es conocida la importancia
que ha tenido para la Comunidad Autónoma Valenciana y para aquellas
otras comunidades, en total once, recibir la aportación de estos
fondos. Por ello es más que comprensible la honda preocupación que ha
generado en la sociedad valenciana -Unió Valenciana lo presenta en el
debate de hoy- la perspectivaque se ha apuntado por diversos miembros
de
su Gobierno, incluido el presidente, de que la comunidad valenciana
junto a la de Cantabria dejen de estar incluidas entre las regiones
consideradas hoy por hoy Objetivo 1 en la Unión Europea. De
confirmarse tal eventualidad, supondría para la Comunidad Autónoma
Valenciana y para Cantabria un perjuicio sin paliativos, al vernos
privados de unos fondos que resultan del todo imprescindibles para
nuestro desarrollo de futuro. Créame, señor ministro, que los
valencianos estaríamos satisfechos si no tuviésemos el dudoso honor
de ser considerados Objetivo 1, pero los datos están ahí y las
circunstancias son las que son.
En el borrador del documento de propuestas de la Agenda 2000 se
enmarcan las ideas, iniciativas y voluntades de la Unión Europea para
diseñar el nuevo marco comunitario, el nuevo marco financiero para el
período 2000-2006 que se está diseñando y en pleno proceso de
negociación. Respecto a las políticas estructurales sigue
estableciendo una dotación presupuestaria del 0,46 del producto
nacional bruto, como en 1999, y dos tercios se asignarían a las
regiones incluidas en el Objetivo 1. Se propone mantener como tal ese
Objetivo 1 reforzando su concentración geográfica mediante la
aplicación estricta del límite de la renta regional: 75 por ciento
del PIB por habitante de la media comunitaria.
Se ha dicho -la Agenda 2000 así lo recoge- que habrá unos períodos
transitorios para las regiones que salgan de la lista como
consecuencia de tales criterios, y la aplicación de los mismos de
manera estricta como pretende la Comisión. Hay que añadir que en esos
fondos de cohesión que siguen apareciendo en la Agenda 2000, España
corre el riesgo de perderlos y esperemos que junto a Grecia, Irlanda
y Portugal los siga manteniendo, porque además hay informes jurídicos
que avalan la no vinculación de la continuidad de recibir los fondos
de cohesión aunque se haya accedido a la tercera fase de la unión
económica y monetaria. En ese sentido, Unió Valenciana reconoce las
iniciativas de su Gobierno para que España siga recibiendo esos
fondos de cohesión que pensamos son irrenunciables. Hoy nos ocupamos
de los fondos estructurales y el Objetivo 1, y nos preocupa qué va a
decidirse durante el año 1999, qué regiones del Estado español
continúan y cuáles van a salir por sobrepasar el umbral del 75 por
ciento del PIB.
A pesar de que en las propias previsiones incluidas en la Agenda
2000, repito, se habla de períodos transitorios para que las regiones
puedan salir del Objetivo 1, en el sentido de que en el período 2001/
2006, como es el caso que se apuntaba para la Comunidad Autónoma
Valenciana, obtendría al menos el 85 por ciento de las ayudas
recibidas de la Unión durante el período 1994-1999, hasta perderlo
progresiva y paulatinamente.
Desde Unió Valenciana con argumentos, con datos,con indicadores y con
coeficientes reivindicamos iniciativas firmes para que la Comunidad
Autónoma Valenciana y otras en situación similar, como es el caso de
Cantabria, para el período 2000-2006 mantengan el mismo status que
tienen vigente de 1994 a 1999. Considerando los indicadores de los
años 1994, 1995 y 1996,
de población con el padrón de 1996 -que con retraso se ha aprobado-,
el déficit de infraestructuras, la tasa de paro juvenil y de mayores
de 50 años, el déficit hídrico, los desequilibrios territoriales
internos, los problemas medioambientales que afectan a la comunidad
valenciana tanto en su vertiente de desertificación como en los
incendios sufridos en el período 1985-1995, la comunidad valenciana
hoy por hoy tiene argumentos más que suficientes para reivindicar que
desgraciadamente sigue situada por debajo del 75 por ciento, y es de
justicia que se le reconozca el derecho a permanecer como Objetivo 1
de la Unión Europea en esos fondos estructurales.
La tasa de crecimiento del PIB valenciano en el año 1996 fue del 1,9
y la media española fue del 2,7. En el año 1997 el PIB valenciano fue
del 3,7 y la media del Estado español fue del 3,9. La comunidad
valenciana tiene necesidades pendientes relacionadas directamente con
los fondos estructurales para el período 2000-2006 y su permanencia
como Objetivo número 1 para corregir los desajustes, desequilibrios y
déficit que como usted bien sabe sigue adoleciendo nuestra comunidad.
En infraestructuras productivas el ferrocarril, en el AVE Madrid-
Valencia es necesaria la financiación europea. El ferrocarril a
Francia por Aragón y Canfranc, es necesaria su denominación como red
transeuropea y financiación por tanto de la Unión Europea. El estado
de las carreteras nacionales 340 y 332, la situación de nuestros
puertos y sobre todo el déficit de operatividad de nuestros
aeropuertos. El retraso histórico de estas infraestructuras claves
para nuestro desarrollo socioeconómico, requieren que peleemos con
firmeza y con argumentos por permanecer como Objetivo 1. El déficit
hídrico que he comentado anteriormente, los incendios, los graves
problemas de desertificación que afectan a diversas comarcas del sur
de nuestra comunidad, o las carencias en I+D muy por debajo de la
media del Estado español. La Comunidad Autónoma Valenciana necesita
los fondos del Objetivo 1 para cimentar un desarrollo duradero y
solidario en lo económico y en lo social.
Por todo ello hemos presentado esta iniciativa...
El señor PRESIDENTE: Y por lo que debe ir concluyendo su exposición,
señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo rápidamente.
Es lógico que preguntemos qué negociaciones está desarrollando el
Gobierno a favor de que la comunidad valenciana permanezca en el
Objetivo 1, y por tanto continúe recibiendo los fondos estructurales
de la Unión Europea. Dado que la Comunidad Autónoma Valenciana ha
estado incluida en el régimen de 1994- 1999, formulamos esta
interpelación para que se nos comunique qué iniciativas ha
desarrollado o piensa desarrollar su Gobierno para garantizar que el
conjunto de comunidades que hoy por hoy están incluidas desde el
Estado español como Objetivo 1, mantengan para el período 2000-2006
su condición de región Objetivo 1
de la Unión Europea. La comunidad valenciana y el Estado español
necesitan estar en ese tren y en esa decisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Chiquillo.
En nombre del Gobierno y para contestar a la interpelación, tiene la
palabra el ministro de Fomento, señor Arias-Salgado.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
presidente, señorías, la interpelación que plantea el representante
del Grupo Mixto, Unión Valenciana, supone una de las grandes batallas
que habrá de librar durante los próximos 24 meses para conseguir un
objetivo fundamental, y es que España continúe recibiendo la misma
cantidad de fondos estructurales y de fondos de cohesión que viene
recibiendo en los últimos años. Ello exige señoría un determinado
planteamiento global; desgraciadamente no podemos hacer una disección
que por singularizar podría perjudicar el resultado global del
planteamiento.
Como S.S. sabe y ya he indicado, la Comisión Europea mantiene en su
planteamiento de la Agenda 2000 dos principios. El primero de ellos
es el principio de concentración, es decir se van a reducir en la
configuración de los fondos estructurales los seis objetivos que
había precedentemente a tres objetivos y en ese esquema el que más
importancia tiene, como es lógico, viene representado por las
regiones de Objetivo 1, que es por otra parte el que más interesa a
España. En segundo lugar, la Comisión Europea en el planteamiento que
hace en la Agenda 2000, quiere concentrar la ayuda en las regiones
menos desarrolladas. Para ello ha seguido el mismo criterio que se ha
venido aplicando en la Unión Europea en los últimos años y es que
serán regiones receptoras de fondos estructurales todas aquellas que
no alcancen el 75 por ciento de la renta media de la Unión Europea.
Ese objetivo, visto desde la perspectiva de España es un objetivo
correcto y ha sido apoyado por la totalidad de los Estados miembros
de la Unión Europea y también por España. Ello tiene una explicación
que se puede desarrollar en tres planos. Primer plano: España debe
continuar defendiendo ese criterio por coherencia, es el criterio que
ha defendido siempre, y lo ha defendido siempre porque vistos los
resultados, produce unos extraordinarios beneficios al conjunto de
España. Se pueden dar las cifras. España es el país que más se ha
beneficiado de los recursos asignados a las regiones de Objetivo 1 en
el conjunto de los fondos estructurales. Ello ha influido de manera
determinante para que España sea desde 1989 el primero y más
destacado país beneficiario de los fondos estructurales. Entre 1989 y
1993 España percibió el 23,6 por ciento de los recursos asignados a
las regiones de Objetivo 1 y el 21 por ciento del total de los fondos
estructurales. Entre 1994 y 1999 España ha absorbido el 27 por ciento
de los fondos asignados a las regiones
de Objetivo 1 y el 22,6 por ciento del total de los fondos
estructurales. No tiene sentido, por tanto, que España pugne por
cambiar un criterio que ha producido unos resultados
extraordinariamente beneficiosos.
De acuerdo con las proyecciones que se pueden hacer en estos
momentos, y éste sería el segundo plano, de mantenerse en los
términos en que propone la Comisión como criterio de selección de
regiones Objetivo 1 el 75 por ciento de la renta media comunitaria,
España seguiría siendo con toda probabilidad el Estado miembro más
beneficiado en el seno de la Unión Europea, y por tanto sería una
segunda razón para no pugnar por un cambio de criterio. En tercer
lugar habría que añadir una razón de prudencia: abrir un debate sobre
criterios alternativos de selección de regiones Objetivo 1 sería como
abrir la caja de Pandora; se sabe cómo empieza el proceso pero no se
sabe cómo termina. Por consiguiente, lo razonable es que España
continúe apoyando el criterio del 75 por ciento, y una vez defendido
ese criterio habrá que estar extremadamente vigilantes sobre la
aplicación de los criterios contables que pueden conducir
efectivamente a resultados distintos en función de los criterios que
finalmente se apliquen.
En estos momentos es prácticamente imposible hacer proyecciones
definitivas, porque como sabe S.S. la contabilidad que aportan las
distintas regiones de la Unión Europea a la oficina Eurostat de
contabilidad europea va siempre muy retrasada; se pueden hacer unas
proyecciones para los años 1994 y 1995, pero todavía la oficina
europea Eurostat no está en condiciones de hacer las proyecciones
correspondientes al año 1996.
En estos momentos y de acuerdo con la aplicación de los criterios
contables de la contabilidad nacional española, podemos decir que
partiendo de los años 1994 y 1995 y del avance que se puede hacer en
el año 1996, estimando todos estos datos arroja el resultado de que
todas las comunidades autónomas hoy incluidas en el Objetivo 1
seguirían siendo Objetivo 1. De todas maneras estas estimaciones, y
lo digo aquí expresamente, hay que tomarlas con enormes cautelas
porque como es lógico son los criterios nacionales. Las razones por
las que hay que tomar con cautela las proyecciones que se derivan de
la contabilidad nacional son las siguientes. Los servicios técnicos
del Ministerio de Economía y Hacienda me pasan la siguiente
información técnica, que tiene importancia a la hora de responder a
la interpelación que plantea S.S.: Una vez conocidos los datos del
producto interior bruto por habitante y en moneda nacional de
nuestras comunidades autónomas, hay que ponerlos en paridades de
poder de compra en función de unas tablas de conversión que elabora
Eurostat. Los valores de conversión utilizados en las estimaciones
realizadas son los últimos publicados por Eurostat en su publicación
Cuentas Nacionales, SEC 1970/1996. No obstante, Eurostat revisa y
actualiza frecuentemente esos datos y no es descartable que en el
momento en que realice los cálculos para aplicar el criterio de
selección disponga de datos más actualizados. Esos nuevos
datos podrían beneficiar o perjudicar, según modifiquen al alza o a
la baja el valor del producto interior bruto de cada una de nuestras
comunidades autónomas.
Hay otras razones técnicas en las que no voy a entrar para no hacer
esta contestación excesivamente prolija, pero desde una perspectiva
política sí puedo afirmar lo siguiente. Primero, que al día de hoy el
Gobierno estima que existe una probabilidad considerablemente alta de
que todas las comunidades españolas incluidas actualmente en el
Objetivo 1 sigan cumpliendo el criterio de inclusión que
probablemente se apruebe en su día por el Consejo cara al período
2000-2006. Segundo, que en la hipótesis de que alguna comunidad
autónoma pudiera incumplir el mencionado criterio, sería por un
margen muy escaso y en esa eventualidad seguiría recibiendo recursos
del Objetivo 1 a través del régimen transitorio. Tercero, que en este
punto concreto el Gobierno sí está empeñado en defender en los nuevos
reglamentos que en estos momentos están en discusión que la
regulación de dicho régimen transitorio sea generosa en duración e
intensidad de las ayudas. Desde el punto de vista de la duración, la
propuesta contenida en el proyecto de reglamento presentado por la
Comisión puede considerarse satisfactoria -del 2000 al 2006- y el
Gobierno desarrollará todas las iniciativas dirigidas a evitar que
dicha propuesta pueda ser revisada a la baja, y desde el punto de la
intensidad de las ayudas el Gobierno está defendiendo en estos
momentos que también se sea generoso y gradual según la prosperidad
relativa de las regiones a que se aplique el régimen transitorio.
Concluyo señoría diciendo que este problema es susceptible de un
doble enfoque, un enfoque que podemos llamar pesimista-realista, que
es manifestar el temor que ha señalado S.S. de que la Comunidad
Autónoma Valenciana sobrepase el criterio del 75 por ciento y por
ello pudiera entrar en ese régimen transitorio, y un enfoque realista
consistente en que todos deberíamos alegrarnos de que como
consecuencia de la prosperidad económica en España las regiones que
han estado incluidas en el régimen de Objetivo 1 vayan saliendo de
ese régimen, aunque ello suponga dejar de percibir fondos
estructurales; eso significaría que las regiones españolas se
aproximan a la renta media de la Unión Europea, y por tanto gozan de
un grado de prosperidad relativa que les permite afrontar las
carencias e insuficiencias que algunas de ellas todavía padecen y que
ha relatado S.S.
Sí le puedo decir es que el Gobierno hará el máximo esfuerzo para que
España siga siendo el primer país beneficiario en la recepción de
fondos estructurales, y eso significa que continuaremos haciendo el
máximo esfuerzo para que la totalidad de las comunidades autónomas
que están hoy incluidas en el régimen de Objetivo 1 permanezcan en el
mismo, bien sea formalmente bien sea en términos reales, en el
sentido de mantener la mayor recepción posible de fondos y ayuda a
través de ese régimen transitorio, cuyo período de duración, seis
años, es en principio satisfactorio.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente para señalar que los argumentos que he
utilizado los dejaría con el calificativo de realistas, ni pesimistas
ni eufóricos. Simplemente he planteado cuál es la realidad de la
situación y que si se aplican los indicadores de 1994, 1995 y 1996
con el padrón de 1996 la Comunidad Autónoma Valenciana se queda en el
74,8, mientras que si no se aplican estamos en el 75,1. Ese es el
realismo. Me gustaría encontrar una solución positiva y satisfactoria
y tengo ilusión y confianza en las decisiones que pueda adoptar el
Gobierno en este tema tan importante para la Comunidad Autónoma
Valenciana, que también lo es, repito, para el conjunto del Estado.
No es una cuestión local ni menor, por la importancia de la Comunidad
Autónoma Valenciana en el contexto del Estado, y puede contar con la
aportación de Unión Valenciana para conseguir esos objetivos que
suponen reconocer lo que es la realidad, porque hoy por hoy y con los
indicadores que tenemos, desgraciadamente, estamos por debajo del 75
y necesitamos esos fondos para que en el año 2006 estemos en el 80,
que es el objetivo de todos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, agradezco el apoyo que manifiesta a la acción del Gobierno
en el ámbito de la Unión Europea para conseguir el mayor número
posible de objetivos y querría transmitirle mi punto de vista, más
bien optimista que realista. Pienso que es altamente positivo que las
regiones españolas se vayan aproximando a la renta media de la Unión
Europea, porque eso implica, por razones de riqueza o de prosperidad
relativa, que va a haber los medios suficientes para atender los
déficit de infraestructuras a que se ha referido su señoría. En la
medida en que España progresa e incrementa su nivel de renta se
incrementan también, como es lógico, los recursos para hacer frente a
los problemas. Creo que todos deberíamos mirar con gran satisfacción
ese enriquecimiento de España que implica lo que es un verdadero
objetivo del Gobierno, conseguir la convergencia real, una vez
conseguida la nominal, entre la riqueza relativa de España y la
riqueza relativa de los Estados más prósperos de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. ¿Algún grupo
parlamentario desea fijar su posición sobre esta interpelación?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor Guardans i Cambó, por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Intervendré para felicitar al Grupo
Parlamentario Mixto, en este caso el señor Chiquillo, por haber
traído a la Cámara este tema y dejar así clara la importancia que el
Grupo Parlamentario Catalán atribuye, como ayer mismo tuve ocasión de
manifestar, a toda esta cuestión, que creemos que no está siendo
debatida con la suficiente intensidad, en foros más amplios que los
estrictos de la Comisión Mixta de la Unión Europea. Por tanto, de
entrada quiero manifestar la importancia que atribuimos a esta
cuestión, reservándonos un pronunciamiento al momento en que se
presente la moción sobre lo que es el fondo de la propuesta de Unión
Valenciana, después de haber escuchado muy atentamente los argumentos
del señor ministro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guardans.
Señor Navas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor NAVAS AMORES: Evidentemente, señor ministro, no creo que
estemos planteando, por lo menos en el debate de la interpelación no
se suscita, la posibilidad de que de esta Cámara salga el compromiso
o la intención de intentar cambiar los criterios de selección de las
regiones que hoy puedan estar integradas dentro del Objetivo 1. Lo
que yo creo que se sustrae de este debate es la necesidad de
cuantificar correctamente la renta de cada región para que no hagamos
un cesto como una torta.
Evidentemente, los objetivos de los fondos estructurales son
potenciar las regiones que tienen menor índice de desarrollo,
potenciando un desarrollo estable, la creación de riqueza, la
creación de empleo y la formación. Por tanto, el hecho de estar
dentro o fuera de este objetivo es algo que tiene una importancia
fundamental, sobre todo porque estamos hablando de que se van a
seleccionar una serie de regiones para un período de tiempo muy
largo, en el cual las que estén integradas se verán favorecidas por
esos recursos y las que queden fuera van a tener muchos años para
poder reevaluar su situación interna económica y posiblemente
incorporarse en el próximo período financiero. Como usted sabe, van a
transcurrir siete años después de hacer esta nueva selección. Por
tanto, más allá de profundizar en los criterios de selección de
regiones del Objetivo 1, es fundamental la estadística que debemos
tener sobre la mesa para verificar si nuestras regiones están o no
dentro de ese 75 por ciento de PIB de la media europea en los tres
últimos años. Si estamos hablando de población, de renta per cápita,
de producto regional, tenemos que tener las estadísticas al detalle,
sobre todo cuando estamos hablando de posibilidad de entrar o salir
en ese objetivo por unas escasas décimas.
Estamos intentando convencer al Gobierno, por lo menos mi grupo
parlamentario, de la necesidad de aplicar todos los esfuerzos de sus
departamentos para defender en el seno de la Unión Europea la
aplicación de los criterios que están ya recogidos, tanto en
población como en renta, pues la resultante va a estar por debajo o
por encima. No nos creamos a priori que podemos estar por encima en
base a las estadísticas de la Unión Europea, que van a ser objetivas
como no puede ser de otra forma, dentro de las posibilidades que den
al propio departamento, pero desde el Estado, desde el Gobierno,
debería existir una prioridad absoluta para tener la certeza de que
estas dos regiones como son Cantabria y el País Valenciano, que
actualmente están en esas escasa décimas, no van a quedar desfasadas
en cuanto a que ese desarrollo esté por debajo de esa media y, en un
periodo de siete años, les dificulte y retrase su crecimiento, tanto
en empleo como en riqueza y en renta per cápita.
En el debate de la moción tendremos ocasión de puntualizar en detalle
cuál es el mandato que nace de esta Cámara para el Gobierno, que creo
que se podría circunscribir en que lo que nos interesa es que el
Gobierno trabaje al máximo todo el control y la inspección de los
criterios actualmente vigentes para las zonas de Objetivo 1 y que no
nos puedan meter gato por liebre.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navas.
Señor Martinón, por el Grupo Socialista.
El señor MARTINÓN CEJAS: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, la verdad es que sorprende un poco ver al
ministro de Fomento interviniendo en un asunto de éstos y ayer al
portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Agricultura
interviniendo en un asunto que se refería a las perspectivas
financieras, a la Agenda 2000, en una palabra, a buena parte de lo
que supone la Unión Europea para los próximos años, porque tenemos la
sensación de que el Gobierno y el Partido Popular no acaban de
tomarse en serio esto de la Unión Europea.
Se ha planteado esta tarde un asunto que preocupa especialmente en
Valencia y en Cantabria, pero que nos debe preocupar a todos, como a
todos debe preocuparnos la situación en la que hoy están planteados
multitud de asuntos que se refieren a la Unión Europea. El señor
ministro decía que no toquemos el 75 por ciento porque se abre la
caja de Pandora y no sabemos dónde puede llevarnos eso. Estamos de
acuerdo con la primera parte, no debemos tocar el 75 por ciento, no
podemos chalanear en Europa acerca de lo que ha sido una posición
aceptada por todos nosotros, pero la caja de Pandora, señor ministro,
está más que abierta. Da la impresión de que el Gobierno no se ha
enterado de que la caja de Pandora en Europa está más que abierta.
Su presidente del Gobierno estaba reunido ayer con el canciller
alemán, el señor Schröder, supongo que en buena parte preocupado por
la situación de las perspectivas financieras, por la financiación de
las políticas comunitarias y por la propia definición de las
políticas comunitarias del año 2000 al año 2006.
Más que sorprenderme, me preocupa la aparente actitud de ingenuidad
que el Gobierno ha mostrado aquí esta tarde. Es verdad que el 75 por
ciento no se debe tocar. Me ha dado la impresión de que el señor
ministro manejaba un documento del Ministerio de Economía y Hacienda,
que debe ser el mismo que manejo yo, donde se habla de cuál es la
metodología de cálculo del PIB per cápita de cada comunidad autónoma.
Hasta ahora se ha aplicado una metodología -lo ha explicado muy bien
el señor ministro- y es la de la paridad del poder adquisitivo, que
no está en ningún reglamento y la Comisión pretende incluirlo en un
reglamento. Eso es lo que pretende la Comisión y anuncio ya que el
grupo parlamentario de los socialistas españoles en el Parlamento
Europeo vamos a enmendarlo. No queremos que esa metodología de
cálculo del PIB esté en el reglamento precisamente ahora cuando vamos
a entrar en una nueva fase de la Unión Europea en la que vamos a
tener una moneda única. ¿Con una moneda única tiene sentido hacer un
cálculo del PIB utilizando la metodología del poder adquisitivo? (El
señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Desde
luego es muy discutible, enormemente discutible, aparte del peligro
que supone incluir en un reglamento que los PIB puedan calcularse de
esa forma, porque no sólo lo van a aplicar en el tema del 75 por
ciento para las regiones de Objetivo 1. Sentado el precedente, no
sabemos en qué otras ocasiones eso se puede aplicar.
El señor ministro ha planteado un asunto que creo que es razonable y
a lo mejor resulta que alguna comunidad autónoma pasa del 75 por
ciento. Insisto en que vale la pena dedicar un rato a discutir qué
metodología debemos emplear para determinar cuál es el PIB, porque
pueden salir resultados muy sorprendentes. La metodología de
aplicación no es neutral, cada país ve en la metodología que se está
utilizando cómo beneficia o cómo perjudica a ese país.
La Comisión de Política Regional en un dictamen aprobado el 4 de
noviembre, la semana pasada, aceptando e insistiendo en la necesidad
de mantener el 75 por ciento, sin embargo, le dice a la Comisión que
añada la lista de las regiones que hoy están en el Objetivo 1 y que
superan ese 75 por ciento, que se haga una lista y se adjunte al
reglamento con el fin de examinar a fondo las posibles y limitadas
excepciones a la norma en el marco del procedimiento legislativo. La
Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo ha abierto la
posibilidad -que el Gobierno debe explorar- de que pueda haber
excepciones atendiendo a situaciones excepcionales, situaciones
excepcionales que nosotros aquí consideramos que pueden afectar a la
Comunidad Autónoma Valenciana y a la Comunidad Autónoma de
Cantabria en el supuesto poco improbable -ha dicho el señor ministro-
de que superen el 75 por ciento del PIB.
En cualquier caso, señor ministro, lo que más nos preocupa a los
socialistas es la crisis de crecimiento que está sufriendo Europa,
que no es una crisis de crecimiento sólo porque varios países vayan a
entrar, y todos queremos que entren, sino también la crisis de
crecimiento que se está produciendo por una mayor fortaleza de las
políticas europeas y de la propia unión política económica y social
de Europa. Hoy está en discusión, no diré casi todo, pero muchas
cosas sí, como la reforma institucional. Ayer intentó mi compañero
Antonio Costa, en nombre de mi grupo parlamentario, que esta Cámara
se pronunciara a favor de que el Gobierno compareciera aquí para
explicarnos cuál es la posición del Gobierno en estos momentos en los
que está en discusión -insisto- cuál es la financiación de la Unión,
cuál es la financiación del presupuesto comunitario y cuál es la
definición de las políticas de la Unión, de las políticas
comunitarias. Se votó en contra. Yo no sé si él debería haber
planteado de forma más modesta la petición y haber solicitado no que
le dijeran cuál es la posición del Gobierno, sino qué piensa el
Gobierno. Alguien podría pensar que no es más modesta, que es casi
más difícil. Pero aceptemos que el Gobierno piensa y que esto hubiera
sido una petición más modesta. Quizá así hubiéramos tenido más
suerte.
Ante esta enorme discusión que hoy está centrando los debates en el
seno de la Unión Europea sobre cuál va a ser la financiación, cuáles
van a ser las políticas comunitarias en los próximos años, si los
países que ya estamos en el euro vamos a poder participar o no en ese
fondo de cohesión, etcétera, ayer intentamos que el Gobierno nos
dijera lo que pensaba o cuál es su posición. Nos quedamos con la idea
-lo reconoció el ministro de Asuntos Exteriores, por tanto no estamos
tergiversando nada- de que la propuesta del Gobierno español era la
de un nuevo recurso comunitario, de un recurso progresivo en el que
no sólo se pagara de forma proporcional a la renta de cada país, sino
que aquellos que tuvieran una renta más alta pagaran un porcentaje
más alto. Esa propuesta del Gobierno español ha contado con el apoyo
no sólo del Grupo Parlamentario Socialista, sino con el de toda esta
Cámara, pero descubrimos leyendo un periódico que el ministro de
Asuntos Exteriores ha confesado públicamente que ha sido una
propuesta táctica, porque así pensaba frenar lo que pretendían otros
países, que era pagar aún menos de lo que hoy pagan.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Martinón, vaya
concluyendo, por favor.
El señor MARTINÓN CEJAS: Así lo haré, señor presidente.
Cuando desde el Gobierno se hace ese planteamiento, es decir, pido
más para que no me quiten más, es difícil que así vayamos a algún
lado. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, señor ministro,
invitamos al
Gobierno a que cambie de actitud, a que de verdad haga un esfuerzo y
participe en la construcción europea. Creo que hay que hacer un
esfuerzo por entender a cada uno de los países y por entender lo que
está diciendo el Gobierno alemán, que no es muy distinto de lo que
decía el Gobierno alemán anterior y que refleja un sentimiento del
pueblo alemán, porque Europa no se puede construir con un
resentimiento de dicho pueblo. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Simplemente
les decimos queremos que pagues más o les vamos a decir más cosas?
Desde España, desde el Gobierno principalmente, vamos a hacer un
esfuerzo de construcción y de superación de las dificultades, pero no
sólo la dificultad de que aquí podamos tener una comunidad autónoma
que salga del Objetivo 1. Más argumentos, si se diera esa casualidad
de Valencia y de Cantabria, me parece que no existen, pero vamos a
hacer el esfuerzo de intentar contemplar este tipo de problemas que
al final son menores desde una perspectiva superior. España como país
va a hacer el esfuerzo, y el Gobierno de España que lleva las
negociaciones, de construir Europa con los demás, de aportar algo en
esa construcción europea, algo que no sea sólo pedir más para que no
nos quiten más, sino más bien escuchar mejor para que los demás nos
escuchen mejor, es decir participar más en esa construcción.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martinón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario se siente satisfecho con la respuesta del
ministro de Fomento en nombre del Gobierno, pero nos parece que esto
es como un diálogo de sordos, porque esta misma pregunta la hizo el
portavoz del Grupo Socialista, señor Costa, el 29 de septiembre de
este mismo año en la Comisión Mixta para la Unión Europea y se le dio
cumplida respuesta, y la misma pregunta se volvió a hacer en los
mismos términos en la Comisión de Asuntos Exteriores el 28 de octubre
de este mismo año por el señor Peralta, al que también se le dio
cumplida respuesta. Leo la respuesta exacta del secretario de Estado:
Los datos disponibles con respecto a las regiones españolas del
Objetivo 1 se refieren a los años 1993, 1994 y 1995. Por ello resulta
muy difícil, a mí me resultaría imposible, no sé si algún experto
podrá hacerlo, en este momento es imposible, adelantar si alguna
comunidad autónoma va a superar el nivel 75 por ciento cuando se
tomen los datos de la nueva serie estadística.
Es evidente que el Gobierno va a defender en las instancias
comunitarias que ninguna de las regiones españolas beneficiarias del
Objetivo 1 quede excluida del mismo. En cualquier caso, si como
consecuencia
del progreso económico que está experimentando España en los últimos
años se demostrara que hay regiones que han superado el umbral y que
deben dejar de pertenecer a la categoría de Objetivo 1, debe tenerse
en cuenta que la reforma de los fondos estructurales tiene previsto
que no se produzca un corte drástico en la percepción de las ayudas
correspondientes.
Por ello está previsto el establecimiento de un mecanismo transitorio
de manera que la disminución en intensidad y cuantía de las ayudas se
produzcan de una forma continuada y progresiva. Podemos continuar in
eternum haciendo la misma pregunta vez tras vez y continuaremos
obteniendo la misma respuesta puesto que no se puede dar otra.
Nadie del Gobierno, señor Chiquillo, ni el presidente del Gobierno,
ni el ministro de Asuntos Exteriores, ni el secretario de Estado para
la Unión Europea han dicho que ninguna comunidad específica fuera a
salir del Objetivo 1. Sería tanto como hablar del sexo de los
ángeles, que nadie lo ha visto, y los datos estadísticos del Eurostat
no han salido todavía y nadie los ha podido ver.
Yo también soy valenciano y me preocupo por lo que pueda pasar en mi
comunidad, no es usted el único que representa los intereses
valencianos, señor Chiquillo, yo soy diputado por Valencia y tengo
las mismas preocupaciones de ustedes. No es haciendo un ejercicio de
voluntarismo como se va a conseguir, señor Chiquillo, que la
Comunidad Autónoma Valenciana siga siendo Objetivo 1 o deje de serlo,
porque el Objetivo 1, como ha dicho el señor ministro de Fomento es
un dato objetivo y nada más. Es imposible hacer proyecciones
objetivas cuando el Eurostat no cuenta todavía con los datos de 1996.
A don Antonio Martinón Cejas, que no es el portavoz de Unión Europea,
le extraña que en el Grupo Popular los diputados seamos polifacéticos
y sepamos de todo, incluidos los ministros, y a nosotros nos parece
normal, nos parece bueno y nos parece útil.
En este momento, señorías, señor presidente, pediría un poco de
seriedad y que se nos evitase un nuevo trámite parlamentario
innecesario e inútil y perder el tiempo con este tema discutiendo una
interpelación. Yo creo que lo que tenemos que hacer no es demagogia
ni buscar titulares sino continuar luchando todos juntos para
defender los intereses de nuestras regiones y de nuestro país.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Martínez
Casañ.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA DE LIBERALIZACIÓN
DEL SECTOR ENERGÉTICO (Número de expediente 172/000120).
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a la interpelación
del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de liberalización
del sector energético.
Para su explanación, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, si hiciéramos un balance de lo que ha sido
su gestión al frente del Ministerio de Industria antes de dedicarse a
otras cosas, seguramente tendríamos que discernir entre dos grandes
grupos, por un lado, las privatizaciones, de las que se ha hablado
mucho y se va a hablar seguro mucho más en el futuro pero no
corresponde hacerlo ahora, y, de otro, la regulación para la
competencia de los sectores energéticos que usted ha puesto en
marcha, porque es verdad señor ministro, que usted ha puesto en
marcha una regulación de esos sectores que tienen mucha retórica de
competencia, clientes cualificados, acceso de terceros a la red,
libertad de establecimiento y todas esas cosas. Son dos las leyes que
se han puesto en marcha y desde esa visión de la competencia son
estéticas, pero, fíjese, desde esa misma visión, más que estéticas
son estáticas.
Usted ha demostrado ser un esforzado creador literario, capaz de
seguir las teorías lampedusianas, hacer como que cambia todo para que
no cambie nada en absoluto, cuando estaban sentadas las bases para
que muchas cosas cambiaran en esos sectores y en este país, señor
ministro. Pero usted está tomando decisiones por activa o por pasiva
que parece que actúan en el sentido contrario de esa competencia que
dice que va a promover. Ocurren cosas como, por ejemplo, una alianza
entre el operador dominante en el sector gasista y la empresa de
mayor dimensión en el sector eléctrico, que disipan las expectativas
que existían en cuanto a que Gas Natural fuera un competidor del
sector eléctrico y que Endesa se convirtiera en el segundo operador
del mercado gasista. Pero es que hay más cosas: hay desembarcos como
el de National Power en Unión Fenosa; alianzas, como la de Iberdrola
y EDP que se explican solamente por lo cerrado del sector. Si no,
dígame usted, ¿por qué National Power va a hacer una inversión de esa
naturaleza, cuando le sería más rentable si hubiera libertad efectiva
de establecimiento, no formalmente, para poner sus ciclos combinados,
en lo que tiene una grandísima experiencia, en lugar de participar en
una empresa española? Pues porque no hay otra forma de entrar en el
mercado, y lo demuestran toda esta serie de alianzas en el sector,
más que a través de una empresa española. Le diré más a propósito de
National Power. Señor ministro, usted ve cómo se valora en este caso
a la empresa española, de lo que nos alegramos mucho, pero a partir
de ahora no se podrá seguir hablando de costes de transición a la
competencia sino de beneficios de transición a la compencia. Esta
claro. ¿Verdad? Además, estamos hablando de un contexto muy
cartelizado como es el de la generación eléctrica y Endesa, ya sabe,
que está absorbiendo a sus filiales.
Ante todas esas cosas qué dice el ministro. Pues el ministro está
ausente, está missing, está autista. Y cuando sale de su
ensimismamiento, de una manera más o menos lacónica, nos dice: No, es
que son empresas privadas. Claro, ya está solucionado, usted ha hecho
mucho en algunos casos para que sean privadas, pero con eso no se
soluciona, señor ministro. En esos países que usted tomaba de
referencia para todo el desarrollo normativo hay también empresas
privadas y, sin embargo, ahí se hacen cosas. Por ejemplo, en el Reino
Unido, en el sector gasista, la Agencia Reguladora Independiente
segmenta el mercado y British Gas tiene un límite en cuanto a ese
mercado. Eso mismo está ocurriendo en el mercado eléctrico en
Colombia o en Argentina, donde el límite es del 10 por ciento.
Volviendo al Reino Unido, en el sector eléctrico se han promovido
desinversiones de National Power o de PowerGen de 6.000 megavatios. Y
en California, por seguir citándole los ejemplos que usted nos ponía,
para percibir los costes de transición a la competencia hay que
desinvertir.
Yo no le estoy diciendo aquí que usted tome esas medidas concretas,
pero algo tendrá que hacer, además de remitirnos al carácter privado,
a la titularidad privada de las empresas, como si el sector
energético fuera un universo feliz sólo porque está constituido por
felices empresas privadas. Eso no es así, señor ministro. Las
empresas privadas, las empresas en general, lo que hacen es maximizar
el beneficio de sus accionistas. Si usted, relajando la regulación,
permite una autorregulación en un contexto de oligopolio, ¿cree que
esas empresas van a beneficiar a los consumidores y a disminuir los
precios o van a beneficiar a sus accionistas?
Usted también adopta otras posiciones que son actuaciones activas
positivas, en relación a obstruir la competencia, como es la famosa
titulización. Aquí me gustaría hacer una reflexión, señor ministro.
¿Qué característica y singularidades debe tener el sector eléctrico
cuando, para ir hacia una competencia incierta, se le dan billonarias
indemnizaciones? Mientras tanto, al conjunto de los sectores que no
estaban en 1986 bajo el paraguas del servicio público, ¿qué se les
dio, no para llegar a una competencia incierta sino a una competencia
cierta segura? Se les dio, simplemente, un horizonte temporal, se les
dio un plazo, un calendario de desarme arancelario. Pues bien, aquí
no. Aquí es distinto.
Además, cuando debatíamos la cuantía de los costes de transición a la
competencia, ante nuestros requerimientos y argumentos de que eran
excesivos, los señores del grupo parlamentario que le dan apoyo lo
único que contestaban era sencillamente que era un tope máximo y que
ahí no se iba a llegar, que se podía llegar o no según las
circunstancias del mercado. Bueno, pues ahora usted quiere establecer
un mínimo, señor ministro, de más del doble de la cantidad que
consideraba como más justa, más normal y más probable, la Agencia
Reguladora Independiente. Estamos hablando de un contexto, que es el
eléctrico -España es una isla eléctrica, hay que volverlo a repetir,
y lo va a seguir
siendo durante mucho tiempo-, extraordinariamente concentrado desde
el punto de vista horizontal, como sabe usted perfectamente, y esas
circunstancias no se van a cambiar con toda seguridad. Usted ya es un
experto, señor ministro en estos temas energéticos. Dígame si usted
para el 2007 sabe cuál va a ser el mercado relevante, cuál va a ser
su contestabilidad. No lo sabe, no lo puede saber en un contexto tan
complejo como ese. Sin embargo, ya sabe el quebranto de las empresas
porque les da al menos un billón por ese quebrando, más los 206.000
millones que ya se han llevado este año.
Señor ministro, estamos hablando de una hipotética competencia por la
que ya se cobran los perjuicios. Está usted introduciendo una
irreversibilidad con esa afectación de la tarifa eléctrica, eso es
absolutamente seguro pero, por otra parte, dígame usted, señor
ministro, usted despeja las incertidumbres de las eléctricas pero,
¿no está generando con eso incertidumbre en los consumidores y en el
resto de los agentes del sector? Claro que les ha despejado la
incertidumbre a las eléctricas. Fíjese, hoy, el consejero delegado de
una gran empresa eléctrica española garantizaba el 10 por ciento de
rentabilidad a sus accionistas hasta el año 2002. ¿Señor ministro, a
esas empresas va usted a darles costesde transición a la competencia?
Señorías, lo que se ha inventado el señor ministro es una cosa muy
curiosa, es una fórmula de previsión novedosa, es una póliza de
seguro que se cobra antes de que llegue el siniestro. Señor ministro,
usted en realidad está considerando la competencia como un siniestro,
y no es verdad. De todas maneras, ¿sabe qué es lo que realmente me
parece peor? Ya se lo he dicho otras veces pero se lo voy a repetir
hoy y cuantas haga falta: la opacidad, la nocturnidad, el secretismo,
el volver a fórmulas reguladoras que creíamos superadas, señor
ministro, dañinas, perjudiciales. Usted me volverá a decir con toda
seguridad que se va a pasar por el Parlamento. ¡Faltaría más! Sólo
faltaba que ese billón de pesetas o el cambio de una ley se hiciera
directamente en los despachos de Unesa. Eso no es posible, señor
ministro; lo que hace usted es que esa enmienda, que no se hace en el
Ministerio, la trae al Parlamento pero sustrayéndola ya al debate en
esta Cámara, porque la lleva directamente al Senado, señor ministro.
No crea que es usted un benefactor de las eléctricas, señor ministro,
sino un instrumento de las empresas en este momento. Y todo eso se
cubre como ha cubierto usted en los últimos meses: moliendo el humo
de la bajada de tarifas. Señor ministro, en eso ni usted ni la nueva
reglamentación tienen absolutamente nada que ver, y lo sabemos todos;
tienen que ver los cambios que ha habido, la revolución de los tipos
de interés y la hidraulicidad fundamentalmente, además del aumento de
la demanda.Me resulta curioso que usted se atribuya ese efecto
benefactor sobre las tarifas, señor ministro, porque si tiene usted
que ver algo con la bajada de los tipos de interés entonces usted
además de ministro de Industria y portavoz del Gobierno es gobernador
del
Banco de España, o sea, que ya sería tres personas en una, entonces
quizá influya también en la meteorología, señor ministro. Yo, que no
tengo absolutamente ninguna fe en usted como ministro, tengo que
pensar que eso no es así, que esas son variables exógenas, son
variables que no controla usted, que no controlan las empresas,
porque siguen existiendo las mismas centrales que hace tres años, y
las tarifas están bajando por otras cosas, señor ministro. No me
salga con la historia famosa de la proyección del marco legal estable
hasta el año no sé cuántos, porque el marco legal estable estaba
-ahora ya está muerto, por supuesto- interino, había una ley, no sé
si se acuerda usted de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico
Nacional, que estaba absolutamente inédita en cuanto a su desarrollo
y que ponía coto y fin al marco legal estable. Sí, señor ministro,
sí, ríase, pero eso es absolutamente verdad.
Si usted, además de decir esas cosas, se leyera el artículo 16 de la
Losen, el régimen económico de la Losen, vería cómo allí no tienen
cabida determinados costes reconocidos de los que se contemplaban en
el marco legal estable; no tiene cabida, por ejemplo, la extensión de
vida útil; ni tienen cabida las inversiones extraordinarias; ni tiene
cabida el fondo especial de retribución. Eso si lo suma usted eran
156.160 millones/ año; proyéctelo usted y verá cuánto le sale. Pero
le diré más, todas esas centrales de generación que se llevan los
costes de transición a la competencia son anteriores a 1987 porque
desde entonces hasta aquí sólo se han hecho centrales de
autogeneración o el Cogas, no todas, el Cogas.
El marco legal y estable, señor ministro, aparece en 1987, entre
otras cosas o fundamentalmente, para sacar de la situación en la que
estaban a las empresas que habían incurrido en unas inversiones
anteriores a 1987. Ahora se quiere sacralizar por ustedes ese marco
legal estable y si se le retira a las empresas esa regulación, hay
que indemnizarlas. No es así, señor ministro y no me compare -se lo
digo porque suelen ser sus fórmulas para salirse de estos temas- la
titulización que usted va a promover con la titulización de la
moratoria nuclear.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Fernández, vaya
concluyendo, por favor.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Termino inmediatamente, señor
presidente.
Allí estábamos hablando de inversiones ciertas, reales o qué pasa,
¿Lemoniz I y II, Trillo II, Valdecaballeros no son evaluables, no
habían incurrido en esas inversiones las empresas y no se podían
valorar al céntimo? Se podía y por eso se valoraron y por eso se
titulizó y esto no se puede valorar, señor ministro, usted no puede.
(Aplausos.)
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Fernández.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, me parece muy bien que no tenga fe en el ministro de
Industria y Energía, me parece incluso razonable, pero en cualquier
caso me congratulo de algo que se ha puesto de manifiesto
clarísimamente a lo largo de su intervención. Bienvenido al club de
los que creemos en la libertad, en el mercado, en la ruptura de los
monopolios, en la introducción de competencia y, por tanto, en la
competitividad. Esta defensa ahora de la libertad y del mercado que
desde luego no sólo comparto, sino que comparto entusiásticamente, me
hubiera gustado verla cuando el Gobierno al que prestaba apoyo su
grupo parlamentario establecía su propia reglamentación sobre el
sector eléctrico. Tampoco hace tanto tiempo. Ya sé que me podrá
decir: no me vuelva a hablar del pasado, pero es que hace cuatro
días. La Losen establece un sistema en el que se plantea una especie
de liberalización de diseño. Me explico; es sólo de imagen, a
diferencia de ésta y voy a intentar demostrárselo. Es una
liberalización de diseño porque se hace en el límite, en el margen.
Es una liberalización que va muy forzada por la legislación
comunitaria -todavía no se sabe muy bien cuál es-, pero que en otros
casos, como en el de las telecomunicaciones, lo que se pretende es
agotar los plazos, conseguir los máximos períodos de transición,
porque no se cree en la libertad, y me parece muy bien, es una opción
absolutamente legítima. Pero también está en el límite por lo
siguiente, y es el mismo modelo que siguieron ustedes con el mercado
de trabajo o con el mercado de viviendas de alquiler: sólo se
introducen ciertos márgenes de libertad para los nuevos entrantes en
esos mercados, pero se consolida y se cristaliza lo existente.
En la Losen se establecía la entrada de un sistema independiente, por
cierto inédito, pero era compatible con un sistema integrado nacional
que seguía estando en los mismos estándares que hasta entonces. Usted
mismo lo ha dicho; ha dicho que desde 1987 no había habido
inversiones. Ahora, en cambio, con la nueva legislación se están
promoviendo muchos proyectos de inversión. Usted me dice: todavía no
hay ninguna central nueva. Naturalmente, porque llevamos unos meses y
todo eso requiere su tiempo, pero desde 1987 hasta 1998 han pasado 11
años y en 11 años sí hay tiempo de hacer nuevas inversiones y nuevas
centrales y no se ha hecho ni una. (Rumores.) Por tanto, los
consumidores no se han podido aprovechar en absoluto de las nuevas
tecnologías de generación que podían producir de manera mucho más
eficiente.
Dice que la Losen rompe el marco legal y estable. Menos mal, porque
no pasó nada después de la Losen. Ningún productor independiente,
ninguno. Todas las normativas para introducir una mínima
liberalización, por cierto a instancias de la Comisión del Sistema
Eléctrico, estaban impugnadas y no había manera de hacer
nada y las cosas se hacían como se hacían. Usted dice que nosotros
hacemos las cosas con opacidad. ¡Madre de Dios! ¿El protocolo
eléctrico se ha hecho con opacidad? ¿La Ley eléctrica se ha discutido
con opacidad? ¿Lo que estamos hablando ahora no va a pasar por el
Parlamento, no se está discutiendo y no lo hemos discutido aquí 20
veces? Lo que sí se hacía con opacidad y con nocturnidad es cuando se
pactaban las tarifas eléctricas para el año siguiente en la Noche
Vieja, en el despacho de mis antecesores. Entonces sí que se hacía
con opacidad y con nocturnidad. (Aplausos.-El señor Martínez Noval:
¿Quién te lo dijo?) Pero le voy a decir otra cosa además, porque aquí
dicen: hay opacidad, y hay no sé qué. Sí, sí, pero una ley aprobada
por el Parlamento. ¿Quiere que le diga cómo se aprobó el marco legal
y estable que estuvo vigente desde 1987 hasta la Ley del sector
eléctrico? ¿Quiere que se lo diga? Por un decreto, no pasó nunca por
esta Cámara. Hay que acordarse de estas cosas antes de hablar con
esta especie de naturalidad y, si me permite la expresión -y
perdóneme si le molesto-, de desparpajo, porque hay diferencias entre
lo que se hizo y lo que se está haciendo. Hay diferencias claras, y
esas diferencias se reflejan en la realidad. (Rumores.)
Yo sé que eso a ustedes no les gustará, y dirán: se podían haber
bajado más. Pero es la primera vez que de verdad se bajan las
tarifas. Y me pueden decir: es que se podían haber bajado más. Claro,
y podrían ser gratis, naturalmente, pero no puede ser. Se bajan y se
ha hecho por primera vez. Por primera vez hay proyectos de inversión
muy importantes. Y dice usted: no, los movimientos empresariales y
societarios que se están produciendo es porque se cierra el mercado.
Pues eso es una buena manera de argumentar, porque antes no se
producía ningún movimiento, ya que esto era el estancamiento
absoluto. Al sector eléctrico no le pasaba nunca nada, lo único que
podía pasar es que lloviera un poco más o un poco menos y ya se
encargaba el marco legal y estable de compensarles. Ahora están en
una situación de incertidumbre mucho mayor. Por eso le digo que
bienvenido al club.Ojalá podamos profundizar en esa dirección, porque
el compromiso del Gobierno es claramente este. Vamos a introducir más
libertad y más competencias, y ya se están introduciendo. Puede haber
sonrisas, pero vamos a ver qué dice la normativa comunitaria, qué es
lo que dice la ley española y qué es lo que vamos a hacer nosotros.
Entonces esas sonrisitas no valen, porque al final son papeles y
comparaciones de ritmos y de calendarios y no resisten comparación.
Por tanto, toda esta palabrería, toda esta hojarasca, si me permite,
la puedo entender desde el punto de vista de que su labor es la que
tiene que ser, tiene que oponerse a lo que hace el Gobierno, me
parece bien y no digo que todo lo hagamos bien, hay cosas que son
perfectibles y corregibles. Le voy a poner un ejemplo, pero en esos
términos podemos discutir, no en otros, no negando lo que es evidente
y lo que sabe todo el mundo. Ejemplo. Hemos puesto en marcha la
libertad
de establecimiento y hay proyectos; vamos a poner en marcha
operadores externos y vamos a probar esta misma semana operadores
externos; hay libertad de acceso a nuevas materias primas y por eso
se está hablando de hacer ciclos combinados en gas natural, antes eso
no era así; hay un apoyo especial a los regímenes especiales, muy
bien; hay un mercado mayorista que está funcionando, ¿o me dirá usted
que no está funcionando? Por cierto, le diré que en ese mercado
mayorista el precio en generación está por debajo de las cinco
pesetas, entre las cuatro y las cinco pesetas. El coste asignado en
el marco legal y estable a la generación era de nueve pesetas por
kilovatio, muy bien. Me dirá que esto tampoco existe. Cada día se
publica en los periódicos pero tampoco existe. Hemos dispuesto un
ritmo de introducción de nuevos demandantes con libertad de elegir al
suministrador que, como usted sabe, es mucho más rápido que el que
prevé la legislación comunitaria, y lo estamos probando, y lo estamos
probando porque se da la circunstancia de que nuestro país es pionero
en la liberalización eléctrica, por supuesto respecto a nuestra
experiencia anterior, porque nunca habíamos liberalizado nada. Pero
además, ahora que estamos liberalizando hay otros países que no lo
están haciendo o si lo hacen es con un ritmo muy inferior al nuestro.
A pesar de haber introducido un ritmo superior, resulta que no está
yendo a la velocidad que nosotros desearíamos. Por eso le digo que
estoy dispuesto a hablar de estas cosas. Por eso, en los acuerdos con
el sector eléctrico, que es una novación de un esquema que
lógicamente tiene que ser paccionada, estamos introduciendo la
aceleración de la liberalización para la introducción de clientes
cualificados, que estaba previsto para el año 2004 y va a ser en
octubre del año 1999. A usted le puede parecer baladí, pero no lo es,
no lo es que dentro de menos de un año prácticamente la mitad de la
demanda de energía eléctrica tenga capacidad para elegir
suministrador. Y usted me puede decir: esto no es nada. Bueno, a lo
mejor no es nada, pero es muchísimo más de lo que podemos ver en el
resto del mundo, ¿o tampoco es verdad eso? Y le voy a decir otra
cosa. Para que esto pueda ser efectivo y real, hemos puesto unos
peajes, unos costes de utilización de las redes de transporte y
distribución -por cierto, esta idea no se les ocurrió a ustedes;
nosotros la hemos aplicado-. Pues bien, como los peajes no están
dando el resultado adecuado, queremos rebajarlos un 25 por ciento.
¿Es discutible el 25 por ciento? ¿Puede ser el 40? ¿Es mejor el 15?
Todo esto se puede discutir y tratar. Iremos viéndolo. No hay una
ciencia exacta ni las cosas están esculpidas en piedra. Lo importante
es la dirección, lo importante es la voluntad, lo importante es el
compromiso político de avanzar en esa dirección. A partir de ahí,
otro ejemplo de lo que le estoy diciendo. El término de potencia, y
usted conoce perfectamente el concepto (1,30 pesetas) lo hemos bajado
a 30 céntimos. ¡No está mal! ¿O tampoco es verdad eso? (Un señor
diputado: Lo van a bajar). Bueno, lo vamos a bajar. Tiene usted
razón, lo vamos a hacer.
Todo eso son pasos reales, son pasos ciertos. Le puedo decir otra
cosa. Si después de hacer esto, que no tiene precedentes, vemos que
no funciona o que no funciona suficientemente, el compromiso de este
Gobierno con la liberalización es tal que intensificaremos los
ritmos. Se lo digo desde esta tribuna comprometiéndome a ello.
En todo este contexto es donde hay que situar el tratamiento de los
CTC, que no son ayudas, que, por supuesto, no son regalos, son
compensaciones por un cambio de modelo. A partir de ahí, respecto al
esquema de la titulización, usted me dice: no lo compare con lo de la
moratoria nuclear. No, no se lo comparo porque no es comparable. La
titulización de la moratoria nuclear supuso un recargo para la
tarifa, y lo están pagando todos los consumidores. En cambio, esta
titulización no la van a pagar los consumidores, porque es una pura
afectación de un porcentaje de la tarifa. Es independiente de la
evolución de la tarifa y al consumidor no le tiene por qué afectar.
(Rumores.) Ya sé que a ustedes no les gusta que les digan estas
cosas, pero le mostraré otra diferencia. La titulización de la
moratoria nuclear está garantizada por el Estado. Si al final sale
mal porque no se pueden devolver los intereses, o no se puede
devolver el principal, o no se puede cumplir con los plazos de
recuperación, lo paga el Estado, lo pagamos todos. Pues bien, en esta
titulización no hay garantía del Estado. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Podríamos seguir hablando de muchísimas diferencias, pero me avisa ya
el señor presidente y no voy a seguir. Planteemos los debates sobre
estas cuestiones, sobre aquellas cosas que realmente valen la pena.
Hablemos de los ritmos de liberalización, de los términos de
potencia, hablemos de cuál es el tratamiento adecuado para conseguir
que haya nuevas inversiones lo antes posible, hablemos de ver cómo
podemos hacer que haya agentes externos que entren más rápidamente.
Hablemos de estas cosas. Como ahora veo que están muy liberales,
estaré encantado de discutir y de aprovechar todas las ideas que nos
aporten. Le manifiesto desde aquí mi disposición a aceptar cualquier
planteamiento liberal que me hagan desde el Grupo Socialista. Yo
estaré encantado.
Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, me alegro que nos considere como conversos.
Ya lo hizo usted alguna vez en un artículo periodístico, y, además de
conversos, nos llamaba otra cosa de peor estilo.
Señor ministro, le voy a decir una cosa. Usted cree que se trata sólo
de que la gente pueda elegir, de que puedan hacer uso de la elección
o de que tengan
dónde elegir, pero todo no es ampliar los umbrales de elegibilidad,
sino tener dónde elegir. Y aquí cada vez hay menos dónde elegir,
porque hay cuatro empresas que además se afianzan en esa estructura
caracterizada. Por tanto, no sólo se puede actuar en el lado de la
demanda, y eso lo sabe usted perfectamente.
En el debate de la Ley eléctrica nos cansamos de decir a su grupo que
había que bajar los umbrales que estaban fijando, porque eran
demasiado altos. Después, con ocasión del desarrollo reglamentario,
ustedes sacaron unos peajes disuasorios, y lo dijimos. Y tan
disuasorios, por eso no tienen mercado alguno por ninguna parte. En
cuanto al cargo de potencia, ya se lo he dicho. Usted lo baja para
los que accedan a la red, a los terceros, pero las compañías van a
seguir percibiendo lo mismo, luego va a recargar en otro lado, o las
tarifas o los CTC. Si nos hubiera hecho caso entonces, que ya
empezábamos a ser liberales, no tendría que hacer esto ahora, y
además no tiene que cambiarlo por nada. Es decir, usted no tiene que
dar ninguna compensación a nadie, en este caso a las compañías, que
es lo que nosotros le discutimos. ¿Por qué para hacer esas cosas
tiene que permitir que se titulice un billón de pesetas? Dice usted
que es que no se había invertido nada, pero hay sobrecapacidad y el
sistema funciona muy bien, lo sabe usted perfectamente.
Ahora sí que va a haber renovación del parque, pese a la
sobrecapacidad, la va a haber muy rápido, la van a hacer las propias
compañías españolas, porque en un contexto de bajos tipos de interés,
inyectándoles una liquidez de un billón de pesetas, naturalmente va a
hacer que pongan el parque en marcha, van a traer las más modernas
tecnologías. Hoy decía el señor Medina, y tenía mucha razón, en un
debate en la Comisión, que se iban a cerrar las centrales térmicas,
las centrales de carbón. ¿Cómo va a poder usted cumplir sus
compromisos con el sector minero para la pervivencia hasta el 2007?
Explíquenoslo, aunque a usted no le importa, porque con esas
previsiones inversoras que usted dice, va a ser francamente difícil.
Por cierto, dice que va a haber nuevas comercializadoras. Ya las hay,
una de fuera. Viene una comercializadora que en su día fue, según los
voceros del Ministerio, Enro -se acordará usted perfectamente-, que
venía a comercializar y a generar electricidad y a comercializar
también el mercado del gas. Pues bien, yo creo que a veces soy
injusto con usted al atribuirle que pone zancadillas a la
competencia, porque a lo mejor eso se lo están haciendo desde su
propio gabinete, algunos de sus colegas. Tengo aquí una carta al
ministro de Fomento desde Londres de Enro, del 14 de julio, donde se
queja amargamente de que su intención de poner un establecimiento de
generación en Palos de la Frontera, en un polígono industrial de
Sepes, ha sido boicoteado con un trato discriminatorio a favor de una
empresa española. Debería usted saberlo y tomar medidas en esa
dirección, porque a lo mejor es dentro de su gabinete donde se ponen
problemas a la liberalización.
En cuanto a que se hacían en la etapa socialista los decretos y todas
estas cosas, de noche y con Unesa de interlocutor, usted tuvo una
oportunidad de reconocer que ahora las hacen ustedes fuera. Usted va
a enviar un borrador de enmienda al Senado -ya está circulando, lo ha
mandado su secretario de Estado- que lo tengo aquí, es del 30 de
octubre, pero hay otro borrador previo, señor ministro, que es del 16
de septiembre, y es la madre de todas las enmiendas, porque dice:
Borrador de artículos a incluir en el proyecto de ley de
acompañamiento modificando la Ley 54/1997. Pues es un fax que llega
de fuera al Ministerio de Industria, señor ministro. Así se hacen las
cosas en el Ministerio de Industria, por encargo.
Pero usted ha preferido venir a hablar del pasado. Yo ya no se lo voy
a reprochar, eso es una patología, esa tendencia enfermiza a mirar y
a buscar además en el pasado -que usted deforma, por cierto- las
razones que justifican el lado malo de hoy, porque lo bueno de hoy
nada tiene que ver con el ayer, por supuesto. Usted trata de una
manera muy asimétrica ese pasado. Pero siga usted, señor ministro
mirando al pasado. Ya sabe que usted me prometió en dos ocasiones que
no miraría más por el retrovisor. Sigue mirando, se va a estrellar,
pero además antes de estrellarse, ¿sabe lo que va a ver? Va a ver su
cara, porque de tanto convocar al pasado, va a venir su pasado a
verle a usted, señor ministro.
Nada más y muchas gracias.(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, nuestro grupo parlamentario se pregunta qué es lo que
quiere conseguir el Ministerio de Industria a través de la
titulización. Desde luego no es entendible para la sociedad que el
Ministerio de Industria pretenda quedarse, a través de conceder a las
compañías eléctricas un billón de pesetas, sin instrumentos, sin
armas para mantener como mínimo la intervención en las tarifas
eléctricas.
De la intervención que ha hecho el señor ministro en la tribuna se
podría desprender que estábamos hablando de compañías que necesitaban
un aporte económico, una ayuda, un respaldo, porque tenían una
situación económica lamentable que les podría llevar en cualquier
momento a la quiebra. Estamos hablando de compañías eléctricas que
tienen beneficios holgadísimos; no se puede entender que se pretenda
regalarles un billón de pesetas.
Señorías, es imposible calcular las cantidades de los costes de
transición a la competencia porque inciden muchos factores: desde los
costes variables del tipo de central de generación eléctrica hasta la
demanda,
pasando por los tipos de interés y otras muchas cosas más, como el
señor ministro sabe bien. Por tanto, en ocasiones, no habría que
darle dinero a las compañías eléctricas, sino que ellas tendrían que
devolvérselo a los ciudadanos por los beneficios extra que han
conseguido. No se entiende que se pretenda regalarles un billón de
pesetas sin nada a cambio. El señor ministro lo ha dicho desde la
tribuna. ¿Qué ocurre? Que el sector necesita hacer inversiones en
centrales que den mayores beneficios a través de una generación menos
costosa. Las compañías eléctricas necesitan deshacerse de parte de
sus activos para tener liquidez y poder seguir solicitando préstamos.
Además, resulta que están devolviendo los préstamos a los bancos que
forman parte de las mismas compañías y de las mismas constructoras y,
al final, sólo salen beneficiadas las constructoras, los bancos y las
compañías eléctricas que, al final, vendrán a pedir dinero a papá
Estado cuando se vuelvan a equivocar y vuelvan a hacer inversiones
desastrosas para su economía y para la de todos los españoles, como
ya ha sucedido. Señorías, no tiene justificación.
Menos justificación tiene que el Ministerio vaya a hacer la
modificación legislativa a través de una enmienda introducida en el
Senado sin posibilidad de que la Cámara la pueda discutir como
corresponde. No hace tanto tiempo que hemos aprobado la Ley del
sector eléctrico y, si tanto interés tiene el Ministerio de Industria
en que esto se haga con luz y taquígrafos, traiga la modificación
legislativa como corresponde al Congreso de los Diputados, y no al
Senado a través de la ley de acompañamiento.
Además, no han podido intervenir los consumidores. Los grandes
consumidores, sí; ¿y los pequeños consumidores? ¿Qué ocurre con todos
y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que consumen electricidad
en nuestro país y que van a ver afectada la posibilidad de una rebaja
de la tarifa -aunque este grupo parlamentario no sea partidario de
ello- cuando el Ministerio pierda la capacidad de intervención e
incluso de equilibrar los abusos y excesos de las compañías
eléctricas? ¿Cómo se va a intervenir? ¿Cómo se va a defender a los
pequeños consumidores? Los grandes saben defenderse porque pueden
negociar directamente con las compañías eléctricas, los pequeños, no.
El Ministerio pretende quedarse sin armas para defender el interés
general de la mayoría de los ciudadanos.
Hay más. Todo esto tiene que ver con las posibilidades que puedan
tener las propias compañías eléctricas en un mercado que no es
competitivo porque no existe competencia. Prácticamente el 90 por
ciento del mercado lo tienen dos grandes compañías, Endesa e
Iberdrola. Por tanto, señorías, aquí no estamos hablando de
competencia de mercado, sino de un duopolio desregulado al que,
además, ahora se pretende beneficiar con un billón de pesetas.
Para acabar, señorías, simplemente una cosa más. Cuando aquí se
defiende tanto la competencia y las empresas quieren libertad de
mercado y parece que el
libre mercado va a ser la solución a todos los problemas y
conflictos, da la casualidad de que, precisamente, quienes hablan
continuamente de las ventajas de la competencia lo primero que hacen
es buscar el soporte del Estado. Eso es lo que están haciendo las
compañías eléctricas exigiendo la titulización de un billón de
pesetas, sea o no con garantía del Estado.
Nada más y muchas gracias. (El señor Medina Toledo pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
Tiene la palabra el señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como cuestión previa yo diría que queda desacreditado ese
latiguillo del time sharing al que se dedica nuestro ministro de
Industria después de oir su intervención en la tribuna, que creo que
ha sido suficientemente documentada y ha quedado claro que se
preocupa de las cosas de este Ministerio.
Puntualizando también, yo no he dicho en ningún momento esta mañana
que las centrales de carbón se iban a cerrar. He dicho textualmente
que probablemente las condiciones del mercado y las exigencias
medioambientales, cada vez más fuertes, harían que ciertas centrales
térmicas vieran acelerado su período de amortización y, por tanto, su
vida útil.
Esta mañana se ha producido la comparecencia de don Amadeo Petitbo,
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, y del
presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Una de las
cuestiones que se han derivado claramente es que ambos reconocían
taxativamente que la liberalización había sido muy positiva. Podían
estar en desacuerdo -más el señor Fernández Ordóñez que el señor
Petitbo, que no entró en materia- en algunos aspectos de la
regulación o de la liberalización, su ritmo y algún otro tipo de
cuestiones, pero no la cuestionaban y por supuesto reconocían que era
el proceso liberalizador más importante, no sólo porque era el único
que se había producido sino porque se había hecho bien. Además, hay
una cosa importante. Los avances en la liberalización han sido
rápidos, pero todavía van a serlo más.
El anterior Gobierno socialista -ciñéndome a lo que la interpelación
dice en concreto- no se caracterizó precisamente por atender
taxativamente lo que la Comisión proponía. Por eso resulta exótico,
resulta chocante que ahora estén impregnados del fervor de asumir
incondicionalmente todo lo que la Comisión dice. Yo solamente me
remito a una prueba. En el año 1996 la Comisión propuso una modesta
bajada de tarifas del 1 por ciento. El Gobierno socialista de turno
no sólo no bajó la tarifa sino que lo único que hizo fue congelarla.
Yo no reprocho la acción del Gobierno de entonces, porque creo que el
Gobierno cumplía su papel y la Comisión también. También cumple su
papel ahora el Gobierno de la nación teniendo en cuenta no
sólo una opinión unilateral sino todas las opiniones, todos los
intereses y todas las cuestiones puestas en juego, buscando un
equilibrio adecuado.
Señorías, decir que no se han realizado -como se dice textualmente en
esta interpelación- avances apreciables en la capacidad de elección,
teniendo en ciernes una aceleración de la elegibilidad de las
empresas que hará que hasta 8.000 empresas, que suponen prácticamente
el 50 por ciento del consumo eléctrico nacional, tengan capacidad
para elegir suministrador, vuelve a ser un argumento ciertamente
exótico. Con este proceso, como expresó el ministro anteriormente, se
avanza ni más ni menos que en cinco años el calendario
preestablecido.
Factores que también se han nombrado, como la disminución de la
garantía de potencia o la reducción de las tarifas de acceso son
claramente favorables a una mayor competencia; competencia por la vía
de los consumidores, porque no solamente se garantiza la competencia
por la vía de la generación sino por la vía de los consumidores.
Estas tarifas de acceso influyen en clientes cualificados,
comercializadores y operadores externos. Por tanto, es un avance
considerable en este sentido.
Es realmente difícil hacer llegar en palabras sencillas el tema de
los CTC; por ello, y en el corto espacio de tiempo de que disponemos,
renuncio a hacerlo hoy. Intentaré matizar algunas cuestiones y
quedaremos a resultas de que se presente una moción consecuencia de
esta interpelación. Pero algo que ya dijo el ministro creo que se
puede dejar todavía más claro. Los CTC no son ni una ayuda ni un
regalo; los CTC son la materialización del derecho que tenían las
empresas que operaban en el marco legal y estable a recuperar las
inversiones realizadas en centrales, que son la garantía futura de
que se puedan hacer nuevas inversiones sin afectar ni los precios ni
las tarifas. Se ha producido, por la voluntad política del Gobierno
de acelerar el proceso de liberalización, un cambio en el statu quo
que el protocolo eléctrico, con su plasmación en la Ley del sector
eléctrico nacional, reflejaba. Eso supone -el ministro también lo ha
definido de forma clara-, a nuestro entender, una novación del pacto
que existía en el protocolo eléctrico y eso afecta a la recuperación
de esos costes. Hay factores de naturaleza, no es por el simple gusto
de concederle un favor a las compañías, sino porque en defensa de esa
competencia en el ahorro energético y en la conservación del medio
ambiente interesa que las centrales sean cada vez más eficientes,
cada vez sean de tecnologías más modernas. Eso es una alteración de
lo que estaba pactado en los CTC, que contemplaban central por
central y vida útil por vida útil. Por tanto, no es extraño que se
busque una posición en la que el Gobierno incluso...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Medina,
le ruego que concluya.
El señor MEDINA TOLEDO: Voy terminando, señor presidente.
Incluso reduce el nivel máximo en 250.000 millones de pesetas,
aproximadamente, y se vuelve a encontrar una situación de equilibrio
que, en el fondo -aunque algunos espíritus incrédulos no se lo acaben
de creer-, terminará redundando en beneficio del conjunto del sistema
y del conjunto de los consumidores.
En cualquier caso, señor presidente, para finalizar mi intervención,
yo creo que es una mala política, una mala táctica parlamentaria, la
exhibición permanente del documento supuesto, de las fotocopias que
no se sabe de dónde han salido o el borrador de una supuesta enmienda
que ni siquiera nosotros conocemos. Yo pienso -y esta mañana lo
dejamos claro- que hay que trabajar sobre elementos ciertos, sobre
temas concretos, y el Gobierno de la nación, en todos los asuntos que
en esta materia se han tratado aquí, ha actuado en tiempo y forma con
la claridad y la trasparencia necesarias. Yo estoy absolutamente
seguro de que en este momento -porque estamos en tiempo, en forma y
en plazo- lo hará exactamente igual. Pero no seamos ingenuos, señor
Fernández, porque a veces la demanda de información lo único que
oculta es la intención de saber por dónde van los tiros para meter un
palo en la rueda.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Medina.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA QUE EL
GOBIERNO EXPONGA SUS CRITERIOS Y MEDIDAS PREVISTAS, TANTO DE ORDEN
POLÍTICO COMO PLASMADAS EN INICIATIVAS PARLAMENTARIAS, PARA LOGRAR EL
MEJOR CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DE LA FE PÚBLICA (Número de
expediente 172/000121).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación
urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para que el
Gobierno exponga sus criterios y medidas previstas, tanto de orden
político como plasmadas en iniciativas parlamentarias, para lograr el
mejor cumplimiento de los fines de la fe pública.
Para su presentación, en nombre de su grupo, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Buenas tardes, señora ministra y
señoras y señores diputados. Señor presidente, muchas gracias.
Es posible que a lo largo de esta interpelación haya temas en los que
no estemos de acuerdo. Por eso yo quiero empezar por algunos en los
que espero que sí lo estemos. Será, fundamentalmente, una definición
de lo que significa la fe pública en nuestro ordenamiento jurídico.
Yo creo que estaremos todos de acuerdo y
coincidiremos en que la fe pública no es ni más ni menos que una
garantía al servicio de un principio constitucional importantísimo
que se llama la seguridad jurídica. Ha de concebirse esta fe pública,
pura y sencillamente, como la legítima tutela que desde el Estado se
ofrece a los ciudadanos para garantizar sus derechos y para el
cumplimiento de sus obligaciones. La fe pública legitima, sacramenta
-si se quiere-, sacraliza ni más ni menos que derechos personales y
patrimoniales. Después de esta exposición, yo pienso que, por lo
menos, estaremos de acuerdo en que la fe pública es, en consecuencia
y por estar al servicio de la seguridad jurídica, una obligación, una
función inexcusable y exigible del Estado. No es objeto de pacto
voluntario entre las partes; forma parte, como principio
constitucional, de una de las garantías de los ciudadanos. Por eso,
muy acertadamente, nuestra Constitución, en el artículo 9, no
encomienda la seguridad jurídica a los poderes públicos, ni al
Gobierno, ni al legislativo, ni al judicial, sino que dice que la
Constitución garantiza la seguridad jurídica. Quiere decirse que la
Constitución es la garantía del Estado social y democrático de
derecho.
Ese artículo 9, señora ministra, que usted recuerda perfectamente,
comienza haciéndonos a todos objeto de sumisión con respecto a la
Constitución y al ordenamiento jurídico y, a continuación, en su
siguiente párrafo, impone a los poderes públicos la obligación de
promover todas las condiciones que sean precisas para que la libertad
y la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en que se integren
sean reales y efectivas, y les mandata para que remuevan cuantos
obstáculos puedan impedir la efectividad del ejercicio de estos
derechos y faciliten la participación. Acaba señalando lo que es
pieza sustancial de nuestra Constitución, los principios
constitucionales del Estado social y democrático de derecho, la
legalidad, la jerarquía normativa, la interdicción de la
arbitrariedad, la irretroactividad de las leyes, la responsabilidad,
y lo dice de una forma clara y rotunda, por lo que tendremos que
entender que estas garantías no son disponibles, no son garantías que
se puedan en un momento determinado someter a pacto o someter a
acuerdo, no son garantías personales; son garantías del Estado social
y democrático de derecho. En consecuencia, son garantías exigibles
por los ciudadanos para la seguridad jurídica de sus bienes, para la
seguridad jurídica de su realización personal; son garantías sin las
cuales, efectivamente, no podríamos hablar jamás de un Estado de
derecho.
Esa fe pública, evidentemente, la distinguimos entre la que llamamos
fe pública judicial, que no es objeto hoy de nuestra interpelación, y
fe pública extrajudicial, plasmada en los actos de constancia por
parte de un funcionario público acerca de cuál es la identidad de las
partes y el contenido de sus negocios jurídicos y la legalidad de los
mismos, y en los actos de registro, para que, posteriormente, la fe
que inicialmente da el señor notario la pueda refrendar o certificar
el señor registrador. Y aquí empiezan a surgir, por lo menos para
este grupo parlamentario, las primeras dudas. La primera de
ellas es: ¿es delegable esta obligación del Estado? Esta es la
primera pregunta que hay que hacerse si estamos de acuerdo en lo que
yo he expuesto en el pórtico de esta interpelación. ¿Puede ser objeto
de negocio o tráfico el cumplimiento de una obligación del Estado de
la que depende la seguridad jurídica patrimonial y personal de los
ciudadanos? ¿En qué supuestos este derecho que tienen los ciudadanos
a exigir del Estado, por seguridad jurídica, esta clase de garantías
se convierte en obligación para los propios ciudadanos? Porque es
cierto que nuestro ordenamiento jurídico impone a nuestros
ciudadanos, en determinados negocios jurídicos, una forma en la cual
es inexcusable que intervenga el Estado para el acto de constancia,
incluso para el acto constitutivo de su registro cuando así
corresponda. ¿Podemos, en consecuencia, admitir que la forma de
ejercicio de estos derechos pueda estar condicionada o pueda estar
limitada ni más ni menos que incluso hasta por la capacidad económica
de los ciudadanos? Porque si efectivamente esta responsabilidad del
Estado y esta obligación del Estado, si este derecho del ciudadano se
tiene que hacer, perdóneme la expresión coloquial, mediante peaje,
puede ocurrir que coloquemos a algún ciudadano en la situación
paradójica de exigirle una determinada formalidad jurídica, una
determinada constancia y una determinada inscripción registral que
escapan a lo que es pura y sencillamente su posibilidad económica,
con lo cual estamos estableciendo evidentemente una importante
discriminación por razón ni más ni menos que del estatus económico,
para gozar de algo tan fundamental como es la seguridad jurídica,
como es ni más ni menos que la realidad de la protección efectiva del
ejercicio de sus derechos. Se produce paradójicamente la
circunstancia de que la exigencia de esos formalismos es un obstáculo
para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Y quiero
mantenerme en este terreno de discusión constitucional.
Yo no le pido ahora, señora ministra, que me conteste a todas estas
cuestiones, que alguno podría estar pensando que son cuestiones de
laboratorio jurídico. Yo lo que quiero saber, de un Gobierno que se
reclama de centro, que dice que va a modernizar España y que dice que
está en una verdadera perspectiva de liberalización de actividades
(es una pena que no haya usted asistido al anterior debate, que ha
sido uno de los debates importantes de la Cámara, entre la
interpelación del Grupo Socialista y el señor Piqué, porque ahí se ha
hablado muy seriamente de lo que significa liberalizar, de lo que
significa competencia, de lo que significa sentido de emulación) es
si es compatible el que preceptos constitucionales, para el ejercicio
de derechos y acciones, exijan ni más ni menos que la existencia de
unos intermediarios en numerus clausus en situación de auténtica
exclusiva, de monopolio, de franquicia, de canongía y de privilegio,
que oficialmente convierte la fe pública en fe privada y que además
se lucran abundantemente de este tráfico. Podemos decir claramente
que a lo mejor no era ésa la intención
del Estado social y democrático de derecho, pero la fe pública se ha
convertido en un buen instrumento de mercantilización, que, además,
tiene una tendencia expansiva. Fíjese usted que aquí estamos
aprobando leyes, como la Ley de condiciones generales de la
contratación o la de venta de bienes muebles a plazos, en las que,
sinceramente, la intervención de los registradores mercantiles llega
a unos extremos yo diría que escandalosos, porque, además, es una
intervención que haciéndose -valga la expresión- de oficio, por
imposición legal, no es el Estado el que la sufraga, no es el Estado
el que dice: a cambio de esa obligación de dar fe y de que usted me
cumpla unas formalidades, yo le facilito los medios de modo tal que
sea una prestación más del Estado. Así debería ser en un Estado
social y democrático de derecho, cuando además la mayoría de esos
negocios jurídicos están específicamente gravados con los
correspondientes impuestos: una compraventa, una hipoteca, una
servidumbre, una declaración de obra nueva, un contrato mercantil, la
constitución de una sociedad. Todo ello está debidamente gravado; el
Estado cobra ya, percibe por esas actuaciones.
Por tanto, tenemos que preguntarnos: este servicio de la fe pública,
¿constituye para nosotros una garantía constitucional de la seguridad
jurídica? Además, ¿se presta de forma asequible y actualizada? Sólo
voy a poner un ejemplo. Cuando algún cliente comparece por algún
despacho de abogados o por alguna notaría y se encuentra, por
ejemplo, con la descripción de una finca en la que se pueden leer
cosas tan curiosas como la siguiente: la finca tal linda a todos los
aires con herederos de don Benito Gutiérrez. ¿Qué es esto? ¿Usted se
imagina a todos los herederos de don Benito Gutiérrez sobrevolando
por encima de la finca? Y, claro, que luego los linderos de la finca
coincidan con la realidad es ya una exquisitez, porque ocurre que se
está prestando un servicio en el que se ignora el plano parcelario,
el sistema métrico decimal, la cartografía. Todo; se ignora todo. A
lo mejor esto se hace, y a lo mejor es de agradecer, en beneficio de
la litigiosidad de los abogados, para luego poder llevar adelante un
expediente de mayor cabida, para poder llevar adelante una
delimitación o pura y simplemente lo que se llama un deslinde. Pero
no quiero gastar bromas porque el tema es muy delicado. ¿Por qué no
se hace esto por funcionarios públicos si es una obligación del
Estado, como lo es el servicio público de la justicia o de la
sanidad?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy acabando.
Si admitimos incluso que funcione como parece ser que ustedes quieren
que funcione -no han promovido ni una iniciativa para ir
modernizándolo ni liberalizándolo-, ¿dónde está la coordinación?
Anteayer he leído en un periódico, con motivo de una discusión que
hay en Palma de Mallorca acerca de una urbanización, que un monte
tiene, con arreglo al Registro de la Propiedad, unas 1.300 hectáreas;
en el catastro tiene 13 hectáreas. Es práctica habitual que las
tierras de los terratenientes figuren en el catastro con la mínima
cabida posible para pagar la menor contribución y que, sin embargo,
en el Registro de la Propiedad figuren con la que es real, aunque
luego sea dificilísimo encontrarla por la forma de describirla. ¿Hay
alguna posibilidad de que vayamos avanzando en la coordinación entre
el Registro de la Propiedad, el catastro y los censos municipales?
Porque no deja de tener cierta gracia que unos datos que tienen una
enorme importancia para la redistribución de la carga fiscal estén en
manos de unos particulares y, sin embargo, el Estado esté privado de
ellos. Quiero que usted me vaya aclarando todo este conjunto de
dudas, porque, entre otras cosas, nos encontramos también con el
artículo 51 de la Constitución, sobre la protección de usuarios y
consumidores, y tengo que decirle, señora ministra, que nuestra
interpelación se presentó antes de que surgiera la noticia de que las
cuentas de los notarios se habían disparado, haciendo un auténtico
acto de emulación del Discovery. Y se lo saco a relucir porque ahí sí
que estamos todos de acuerdo: tratar de entender las cuentas de un
notario o de un registrador exige una auténtica licenciatura.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, le ruego concluya.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo, señor presidente. ¿Está
acomodada, además, la cantidad que se paga? ¿Es una tasa o qué es lo
que se paga ni más ni menos que por tener derecho a la propiedad
privada y la herencia, que vienen en la Constitución como protegidas,
el ejercicio libre de la empresa o la asociación? ¿Para todo eso es
suficientemente coherente la estructura que tenemos de la fe pública
extrajudicial con lo que está exigiendo una situación auténticamente
moderna?
Me gustaría saber -se lo digo claramente- si este proceso de
mercantilización de la fe pública va a continuar o si su Gobierno
tiene previsto hacer algo al respecto. Y hay antecedentes, señora
ministra. Usted sabe lo que eran las oficinas de los secretarios
judiciales. Las oficinas de los secretarios judiciales acabaron
siendo la fe pública judicial, lógicamente funcionarizadas, y dejaron
de cobrar por arancel, arancel que no se cobra por las páginas que en
un momento determinado cueste extender con un ordenador, sino por la
cuantía, lo cual no deja de tener gracia.
Yo le aconsejaría, señora ministra, y creo que ese consejo se lo
habrán dado ya en su gabinete, que se asome al derecho comparado y
vea qué requisitos hacen falta en Alemania, en Bélgica o en Francia
para ser notario; que vea usted qué cantidad de notarías hay
y cómo se distribuyen; y también le aconsejaría que viera cómo
funcionan los registros, no sólo allí sino aquí, pero hablaremos
después, porque se me está acabando el tiempo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Castellano, se le ha acabado hace un buen rato. Le agradecería que
concluyese.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Y, si se trata de un problema de
confianza personal en determinados ciudadanos, también le agradecería
que me explicara por qué. Está el caso de los corredores colegiados
de comercio, y ya la confianza no es personal, ahora está la fe
pública, ya no hay ni siquiera fe personal en un ciudadano que tiene
la necesaria capacitación, sino hasta en un conjunto de sociedades
que se dedican a la intermediación bursátil.
Me gustaría sinceramente que me sacara usted de este conjunto de
dudas y sobre todo que me diga qué piensan ustedes hacer para que en
el año 1998 acabemos con ciertos atavismos de algunas clases
privilegiadas que, no sé por qué, mantienen dentro del Estado una
situación absolutamente anómala con respecto al comportamiento normal
de los demás.
Acabo. Si he oído que iban ustedes a liberalizar el taxi y la
farmacia, a lo mejor esto también puede entrar dentro de sus
proyectos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Castellano.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señorías, comparezco nuevamente a petición del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, esta vez para hablar de la fe
pública extrajudicial, puesto que las otras dos manifestaciones de fe
pública S.S. ha tenido a bien dejarlas desde el inicio de su
exposición fuera del debate.
Centrada en la tercera dimensión de la fe pública en general, es
decir en la denominada fe pública extrajudicial o negocial, que es la
que desarrollan profesionalmente varios funcionarios públicos que
actúan en el tráfico jurídico y económico y a través de la cual se
presta asesoramiento jurídico a los ciudadanos y se autorizan con
carácter preceptivo o voluntario actos de tráfico entre privados,
centrada en ésta, estos profesionales son evidentemente los notarios
y también, en el ámbito específico de su función, aunque S.S. no los
haya mencionado, los corredores de comercio.
El punto primero del que debe partir esta reflexión, y que ha sido
señalado por S.S., es el de la seguridad jurídica, pues dicha
seguridad es uno de los requisitos básicos para el adecuado respeto y
garantía de los derechos de los ciudadanos y para el correcto
funcionamiento de la vida económica. Por tanto, la configuración de
un buen sistema de fe pública, que garantice la
seguridad jurídica, no debe considerarse simplemente como una
característica deseable de todo sistema legal, que no tiene mayor
trascendencia, ni tan siquiera como un elemento de la conflictividad
social. Surge como una condición ineludible para conseguir una
correcta y eficaz protección de los derechos ciudadanos y un
progresivo desarrollo de la economía. Dentro de nuestro ordenamiento,
la figura clave que permite dar cumplimiento a los objetivos
señalados es la del fedatario público.
En España, como en otros países de nuestro entorno -y en esto no
estoy de acuerdo con S. S.-, la fe pública negocial se concreta en
una intervención del fedatario público dirigida al asesoramiento e
información imparcial de las partes, al control de legalidad de los
actos y negocios y a la custodia documental, que garantiza la
autenticidad del documento y permite dotarle de fuerza ejecutiva y
probatoria plena. Desde este punto de vista, se consigue articular lo
que se ha venido a denominar la seguridad jurídica preventiva, es
decir un sistema capaz de otorgar fiabilidad en las transacciones y
de descongestionar los tribunales. La auténtica explosión de litigios
que se registra, por ejemplo, en Estados Unidos suele explicarse por
la carencia de un sistema análogo de seguridad jurídica preventiva al
que existe en los países continentales, entre ellos España.
El sistema de fe pública negocial en nuestro país tiene claras
consecuencias positivas de orden económico para los ciudadanos que lo
utilizan. Por un lado, implica un ahorro en relación a costes de
información y asesoramiento a la hora de efectuar transacciones; por
otro, aumenta las garantías de indiscutibilidad de lo pactado,
proporcionando un ahorro de costes más permanente y a largo plazo,
derivado de su efecto preventivo respecto de eventuales conflictos.
Tanto el instrumento público, que constituye un título ejecutivo
dotado de medios privilegiados para hacerse valer ante los
tribunales, como la labor registral que producen la inoponibilidad e
irreivindicabilidad de las transacciones son vías de protección
idóneas y de eficacia probada, que facilitan la indisputabilidad de
los derechos objeto de transacción.
El informe Fe pública y vida económica, realizado por el Instituto de
Estudios Económicos en junio de 1997, cita otros estudios que
demuestran que el sistema de seguridad jurídica preventiva,
articulado fundamentalmente a través de los fedatarios públicos y
registradores, además de ser más eficaz es más barato que otros
sistemas; en concreto, dentro de nuestro entorno, el modelo español
es más económico que los demás. Comparando varias operaciones
frecuentes, como la compraventa, citada por S. S., resulta que lo que
cuesta en España dicha operación es la tercera parte de lo que
costaría en los Estados Unidos y la mitad aproximadamente de lo que
valdría en Francia.
De otro lado, conviene subrayar que, a pesar de ciertas quejas que
han salido en los medios de comunicación últimamente -que
evidentemente no han condicionado la interpelación presentada por S.
S.-, la
actuación de los fedatarios públicos está bien considerada por los
destinatarios de sus servicios y por la sociedad en general, como
pone de relieve una encuesta que se incluye en el citado informe del
Centro de Estudios Económicos. En esta encuesta se destaca que, en
relación con los usuarios de fedatarios públicos, el 83 por ciento se
declara satisfecho con los servicios recibidos y el 87 por ciento
considera que mereció la pena haberlos utilizado, es decir que el
resultado obtenido compensó el tiempo y el dinero empleados. De otro
lado y en esa misma encuesta, se recoge la opinión de los
profesionales del derecho y del tráfico jurídico, que pone de relieve
que existe una alta coincidencia en que la intervención del fedatario
otorga más seguridad al tráfico, 87 por ciento, consigue que lo
firmado sea más claro y más fácil de comprender, 74 por ciento, y
permite que lo que se firma refleje realmente lo que piensan y
quieren las partes, 76 por ciento. Esta imagen positiva se corrobora
asimismo con otro dato. Frente a los 8 millones de minutas realizadas
por notarios y registradores, sólo se han interpuesto 50
reclamaciones anuales.
Evidentemente, estos datos no impiden la existencia de disfunciones,
que el Gobierno y los propios profesionales implicados son los
primeros en querer evitar. En este sentido, el 14 de julio pasado, la
Dirección General de los Registros y del Notariado emitió una
circular en la que se establecía la obligación de elaborar un folleto
en el que, con ejemplos prácticos, se explicara al consumidor la
forma de aplicar el arancel, informándole de forma precisa sobre los
recursos que puede interponer. Además, se impone el establecimiento
de un servicio de consulta en los colegios profesionales que asesore
gratuitamente a los ciudadanos sobre los servicios que se les puede
prestar. En cualquier caso, aseguro a SS. SS. que cualquier
desviación que pudiera producirse o que se haya producido en la
actuación de los fedatarios públicos, precisamente por la importancia
que atribuimos a su función, será debidamente investigada y, si fuera
procedente, oportunamente corregida.
A la vista de lo que he expuesto hasta ahora, podríamos afirmar que
el sistema de fe pública negocial existente hoy en España está
correctamente regulado, funciona adecuadamente y es positivamente
valorado por los ciudadanos en general y por los usuarios concretos
en particular. Sin embargo, todo puede y debe mejorarse, y el
Gobierno ha desarrollado y está desarrollando una labor dirigida a
avanzar en tal materia. En primer lugar, ha adoptado diversas medidas
legales que pretenden aumentar las garantías de los ciudadanos en el
tráfico económico mediante la ampliación de la labor garantizadora de
los fedatarios públicos. Se ha intensificado la intervención del
fedatario con objeto de conseguir un mayor equilibrio de poderes e
intereses en la contratación, equilibrio que resulta imprescindible
para la correcta formación de cualquier decisión contractual. Desde
este punto de vista, los objetivos de protección al más débil y de
consecución de una mayor igualdad
frente al derecho que pretenden las citadas medidas responden a
valores reconocidos y mencionados por S.S. en el texto
constitucional.
Con la vista puesta en tales objetivos, el Gobierno dentro de su
tarea de promoción legislativa ha puesto en marcha diversas
iniciativas legislativas que van en esta dirección. Así, ya ha visto
la luz la Ley 7/1998, de condiciones generales de la contratación,
que responde -como SS.SS. saben- a la necesidad de incorporar la
Directiva 93/13 de la Comunidad Europea, de 5 de abril, sobre
cláusulas abusivas. Se ha venido a reforzar el papel de asesor
gratuito de los consumidores que corresponde ejercer a los notarios,
corredores de comercio y registradores. Por ello, la nueva redacción
dada por la citada Ley general para la defensa de los consumidores y
usuarios, en el apartado 6 del artículo 10, obliga a tales sujetos a
informar a los consumidores en los asuntos propios de su especialidad
y competencia, labor de información que se concreta ya en el marco
específico de las condiciones generales de la contratación en el
artículo 23 de la ley que regula tales condiciones. Pero la tarea
protectora desarrollada por los fedatarios públicos no queda limitada
en dicho texto legal a la prestación de información. También se les
impone legalmente el control de los contratos que se les presentan y
la evitación de los posibles abusos que se pudieran cometer. Valga a
título de ejemplo el citado artículo 23. Por último, la Ley de
condiciones generales de la contratación también crea un registro
jurídico para la inscripción de las condiciones generales que
facilitará la publicidad de las mismas y la de las sentencias y
demandas que se produzcan con relación a aquéllas. Las medidas que se
han adoptado en la mencionada ley tratan, en definitiva, de
perfeccionar la labor de los fedatarios públicos en el ámbito de la
contratación en masa, con objeto de conseguir una mejor protección de
los consumidores. Para idéntica finalidad, la de protección a los
consumidores, se sitúa la regulación que ofrece el proyecto de ley
sobre derecho o aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
También en este ámbito se potencia la labor garantizadora de los
fedatarios públicos al imponérseles la obligación de velar por el
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos y la de
informar gratuitamente -insisto, señoría, gratuitamente- a los
consumidores de los derechos que les asisten en el ámbito de la ley
y, en particular, del derecho de desistimiento que se establece en
favor del adquirente. El texto igualmente introduce otras garantías
que refuerzan la seguridad jurídica preventiva en beneficio del
consumidor. Por otro lado, la Ley de venta a plazos de bienes muebles
crea un registro de venta a plazo de bienes muebles que garantizará
la transparencia de las operaciones y los derechos de los
intervinientes en ellas y establece un sistema ágil de ejecución
extrajudicial con intervención de fedatario público en la forma
referida en su artículo 16. Esta iniciativa igualmente refuerza los
derechos de los intervinientes, clarificando los extremos de los
contratos de
venta de bienes muebles a plazos y protegiendo de los abusos que se
pudieran cometer.
Las reformas citadas demuestran -en opinión de esta ministra que
tiene el honor de comparecer ante SS.SS- la voluntad del Gobierno de
potenciar la figura del fedatario público como garante de los
derechos de los ciudadanos y, en particular, de los que ocupan una
situación más débil en la esfera de la contratación como asesor
imparcial y como protector de la legalidad. Un segundo aspecto que el
Gobierno ha tenido interés en desarrollar es el que se refiere a la
función de colaboración que debe existir entre los fedatarios
públicos y la Administración tributaria, una colaboración que se
concreta en la obligación de remitir índices detallados de las
actuaciones notariales a las administraciones tributarias con el fin
de que puedan ser utilizados por éstas para el cumplimiento de sus
finalidades específicas. La tercera línea de actuación del Gobierno
ha sido la de continuar con la política de disminución en la medida
de lo posible, esto es, siempre que no altere la calidad del servicio
que se presta, de los costes que supone la intervención de fedatario
público. No sólo no se han incrementado los aranceles de los notarios
fijados en 1989 sino que incluso se han reducido para determinadas
actuaciones de especial trascendencia social. Ese es el caso de la
adquisición de viviendas de protección oficial, de las explotaciones
agrarias prioritarias o de las subrogaciones y novaciones
hipotecarias. Con esta política se pretende hacer más accesible por
económica la función de los fedatarios públicos, sobre todo en una
época en que su intervención es cada vez más frecuente en todo tipo
de actos. Pese a lo realizado, aún quedan algunos retos importantes
que abordar en relación con las funciones que desarrollan los
fedatarios públicos, fundamentalmente en lo que se refiere a los
nuevos ámbitos de contratación y a la necesidad de una mayor rapidez
en el asesoramiento que se presta en el tráfico jurídico.
Creo que de todo lo expuesto se deduce que la configuración que
actualmente tiene en España la fe pública negocial no sólo es
conforme a los valores constitucionales señalados por S.S., sobre
todo después de las profundas reformas reglamentarias, sino que
también colabora de manera decisiva a la realización de valores
constitucionales de gran importancia como son la seguridad jurídica y
la igualdad ante el derecho.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, está usted completamente convencida de que la
situación es absolutamente inmejorable, pero le voy a decir que
incurren ustedes en muy profundas contradicciones porque si
efectivamente la función
del registrador, que usted ha tocado, es tan necesariamente
delegable en un ciudadano que precisamente aparece como funcionario
público y es el que establece su establecimiento -valga la
redundancia-, contrata a su personal, se jubila o cierra, por tanto
tiene una situación muy especial, no entiendo por qué existen
registros en este país que no están bajo su dependencia. El registro
civil no está bajo la dependencia de tan cualificados personajes,
como tampoco el registro de patentes y marcas ni el de la propiedad
industrial intelectual ni el de asociaciones políticas, que creo que
tiene importancia, ni el de fundaciones ni el de cooperativas, ni
siquiera algo tan importante como pueden ser el registro sobre los
automóviles, los camiones y los vehículos, el de títulos nobiliarios
y el de bienes artísticos. No, señora ministra; no es un problema de
fe pública, sobre cuyo concepto estamos absolutamente de acuerdo.
Cómo le voy a discutir a usted la importancia que tiene la fe pública
como garantía de la seguridad jurídica. Lo que le discuto a usted es
si hoy es asumible que una función exclusiva del Estado no se realice
por el Estado como se efectúa en todas estas otras situaciones que le
he expuesto y se realice de una forma privilegiada, en exclusiva, con
un numerus clausus en que se sacrifica el interés general al interés
particular de cada uno de los ciudadanos.
Como usted dice que todo el mundo está tan satisfecho de la
situación, le voy a leer lo que opinan los que mejor la conocen, los
empleados de notarías y registros: Un notario funcionario lo es para
poder trasladarse donde quiera, con lo que extingue su empresa y no
indemniza a los trabajadores, aun cuando siga ostentando el mismo
número de patronal e incluso lo único que haya hecho es solicitar una
notaría en la misma plaza que ya ocupaba. Está bajo el amparo del
Ministerio de Justicia, percibe unos emolumentos infinitamente
mayores que el funcionario de nivel más alto de cualquier
Administración e incluso que el presidente del Gobierno de la nación.
Además de todo eso, pueden estar procesados con condena firme y tener
un sustituto que les firme e ingrese sus emolumentos, pueden ocupar
cargos políticos y tener un sustituto igualmente que les firme el
ingreso de sus emolumentos sin que esto sea incompatible con nada ni
con nadie, y ocupan puestos relevantes en cualquier parlamento o
gobierno tranquilamente, pudiendo encontrar quien les sustituya y
quien les lleva adelante la oficina. Es más, se llega hasta el
extremo de que si hay alguno que no alcanza el nivel de ingresos
necesarios, dentro del mercado que tienen establecido, se le paga la
congrua para que no puedan en ningún momento sentirse desmoralizados.
No me puede justificar un atavismo. Esto que a usted le parece tan
perfecto está contradicho por la situación de medidas de fehaciencia,
de constancia y de registro que un Estado moderno va poniendo en
marcha. En todo caso, no se concibe así la función del notario.
Parece ser que la Ley constitutiva de 1862 no exigía ni siquiera que
tuvieran que hacer esas oposiciones. Exigía,si no recuerdo mal, por
lo que he podido anotar:
ser español, de estado seglar -en esto sí que tenían razón-, haber
cumplido veinticinco años, ser de buenas costumbres -de no ser seglar
sería imposible poderle aplicar este calificativo (Risas.)- y haber
cursado los estudios y cumplido los demás requisitos que prevengan
las leyes o reglamentos o ser abogado. Con la marcha del tiempo se ha
ido creando un auténtico coto, mientras en otros países esto se
liberaliza. Mientras en Alemania un ciudadano va con un papel en el
que dice que otorga poder a favor de fulano de tal, el notario firma
delante de él, se lo sella y le cobra dos marcos, aquí hay que hacer
un poder para pleitos que el que menos vale 8.000 pesetas. Mientras
los instrumentos públicos hoy en Europa circulan de otra manera, aquí
hasta hace muy poco había que hasta legalizar la firma de
legalización del notario si iba a surtir efecto en otra provincia.
¿Ustedes quieren seguir protegiendo este cuerpo o esta casta? Me
parece muy bien, pero no se corresponde con su directriz de
modernización de un Estado social y democrático de derecho. Bien al
contrario, usted ha puesto de manifiesto la satisfacción por haber
ampliado la intervención de los señores registradores en todo. Nos
hace temer que mientras siga usted de ministra de Justicia en lugar
de modernizar las notarías y registros, en lugar de descubrir nuevos
métodos de constancia, en lugar de facilitar la seguridad para los
ciudadanos, esta situación quedará como está. Las notarías se ponen
donde quieren los señores notarios, se pueden poner de acuerdo hasta
en estar en el mismo edificio para que cuando uno se va de vacaciones
el otro supla ambas notarías. En suma, esto está exigiendo, si se
tiene sentido de la responsabilidad y se conoce la realidad -para eso
era la interpelación-, que haya por lo menos una actitud mínimamente
autocrítica. Si las dependencias que tienen ustedes de los notarios
no se lo permiten y las confiesan de esta manera tan paladina, habrá
que esperar a que algún día haya un gobierno que no se llame sólo de
centro nominativamente y hable de modernizar de boquilla, sino que
quiera poner al alcance de los ciudadanos lo que son servicios
inexcusables del Estado. Mientras no se demuestre lo contrario,
señora ministra de Justicia, al llegar a la notaría hay ciudadanos
que se ven impedidos en el ejercicio de sus derechos y se ven
gravemente lesionados porque se hace prevalecer el interés económico
de una casta frente al interés de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señoría, debo haberme explicado mal porque una cosa es
que haya puesto de manifiesto ante la Cámara el resultado de una
encuesta -por qué no voy hacerlo; también he expuesto en otras
ocasiones resultados de encuestas
negativas y no veo por qué no puedo dar el resultado de una encuesta
en que la figura de los notarios es positiva- y otra cosa es que yo
no haya sido autocrítica. En las primeras palabras que he dirigido a
sus señorías he dicho que no sólo es mejorable sino que estamos para
mejorar el sistema y que el Gobierno entiende que la figura del
fedatario público no es prescindible y lo que hay que hacer es
adecuarlo a una mayor protección de los consumidores y a una mayor
protección de aquellos que tienen menos medios económicos.
Discrepo de S.S. acerca del planteamiento general de que por existir
la fe pública extrajudicial haya ciudadanos que se ven impedidos del
acceso a una seguridad jurídica. Esa es una declaración excesivamente
amplia y que me gustaría contrastar con algún dato concreto.
El 18 de enero de 1994, el Parlamento Europeo aprobó una resolución
en relación a la figura del notario en la que insistía en su
significación como funcionario público y en su configuración peculiar
y compleja como un profesional que tiene encomendadas funciones
públicas por delegación del Estado. El estatus de los profesionales
se encuentra acreditado no sólo por sentencias del Tribunal Supremo
sino también por sentencias del Tribunal Constitucional, que
establecen que ese estatus profesional se adecua plenamente al
sistema de seguridad jurídica recogido en la Constitución.
Por último, señoría, frente a su afirmación de que España es un caso
peculiar dentro del sistema continental, simplemente quiero poner de
manifiesto que en los países de nuestro entorno, Francia, Bélgica,
Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, el notariado,
en una configuración muy similar a la española, se ha revelado como
un sistema de dación de fe adecuado y eficaz.El Ministerio de
Justicia no es protector de ninguna clase; el Ministerio de Justicia,
esta ministra de Justicia querría ser protectora de lo que es el
Estado de derecho y en el avanzar cada vez más, con ayuda de SS.SS.,
en que todos los ciudadanos puedan tener acceso a ese Estado de
derecho sin ninguna limitación ni traba por parte de ninguno de los
poderes públicos.
Muchas gracias, señoría; gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, quisiera empezar
agradeciendo la interpelación porque es una oportunidad para abrir
una reflexión sobre algo que ya ha ocupado en otros momentos también
la atención de la Cámara; y quisiera empezar recogiendo el espíritu
de la importancia que desde el punto de vista constitucional y de las
garantías tiene el tema que nos ocupa.
Constituir bien el notariado es completar las garantías
constitucionales. Esta frase, que es como muy rotunda y muy evidente,
es una frase de Gonzalo de las Casas, en 1877, y nuestro grupo estima
que tiene plena actualidad en esta interpelación. En la exposición
del interpelante don Pablo Castellano se resaltaba el aspecto de
garantía de la seguridad jurídica que tiene la fe pública y cómo es
no solamente una garantía sino un imperativo constitucional, algo que
la propia Constitución garantiza, tal como establece en su artículo
9.3. En este sentido, casi podríamos coincidir con una ponencia, por
cierto muy interesante, publicada por el ex presidente del Tribunal
Constitucional, don Miguel Rodríguez Piñero, que se titulaba La fe
pública como valor constitucional, porque se llamaba la atención en
torno a la gran trascendencia de lo que es la función del fedatario
público.
Decía que no es la primera vez que el tema es abordado en la Cámara;
ha ocupado debates y pronunciamientos en el año 1994 y en el año
1995; ha merecido incluso el análisis crítico de la actual gestión
del Gobierno con motivo de algunas instrucciones concretas de la
Dirección General de Registros y del Notariado y, por supuesto,
también tiene una especial transcendencia. Nosotros queremos apuntar
que, en el ámbito de la armonización de las consecuencias lógicas de
la Unión Europea, una reflexión y la adopción de una serie de medidas
de modernización y de armonización son en esta materia
imprescindibles en el ámbito de la fe pública extrajudicial.
Quisiera decir también que en esta materia la política de hechos del
Gobierno no nos parece suficientemente satisfactoria, señora
ministra. Incluso observamos una cierta dependencia de lo que sin
ninguna acritud quisiera calificar como los sectores más
ultraconservadores e inmovilistas de los que existen en el ámbito,
por ejemplo, de los registradores de la propiedad. Hoy, la Dirección
General de Registros y del Notariado está en manos de los sectores,
como digo, más inmovilistas en esta materia y está en manos de una
persona mediáticamente muy vinculada al Gobierno: el hijo del señor
Capmany es uno de los que en estos momentos está también en el ámbito
de la Dirección General de Registros y del Notariado. Pero quisiera
no tanto referirme a las personas, por supuesto, sino a algunas de
las gestiones y de los hechos.
Todos conocemos lo que eran -y que esta Cámara tuvo que modular- las
tremendas intenciones con motivo del proyecto de ley sobre las
condiciones generales de contratación que ha remitido usted en su día
a la Cámara y que afortunadamente esta Cámara moduló, porque el
monstruoso registro de condiciones generales de contratación a cargo
de registradores de la propiedad, en beneficio del cuerpo de
registradores, es algo que la ministra, con su iniciativa
legislativa, ha intentado como intentó restringir y encarecer los
mecanismos de acceso al contenido de los libros de registro,
patrimonializando esta función en favor de los registradores de la
propiedad. Incluso, a pesar de lo que han
sido criterios de política legislativa de esta Cámara, ya tuvo esta
Cámara que pronunciarse -lo decía anteriormente- y llegar incluso a
reprobar una instrucción, que violentaba un acuerdo de esta Cámara,
del director general de Registros y del Notariado que iba en la línea
de establecer mecanismos restrictivos y encarecedores de la
publicidad registral, lo cual debe llamarnos como mínimo a reflexión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: No le voy a recordar los pronunciamientos
de recientes sentencias en el ámbito europeo sobre la misión de los
registros mercantiles y cómo estas sentencias han sido negadas en su
aplicación en España por la actual Dirección General de Registros y
del Notariado, pero sí quisiera, no obstante, recordarle que hay
mandatos incumplidos en esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta,
le ruego que concluya.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Acabo, señor presidente, pero me parece
importante dejar constancia de un tema que es interesante y que
plantea anomalías.
En el año 1996 se aprobó, a iniciativa del Gobierno, la Ley de
colegios profesionales. Pues bien, en esta ley se estableció que en
el plazo de un año debían adaptarse a las leyes de defensa de la
competencia los estatutos generales de la totalidad de las
corporaciones profesionales. El reglamento notarial no ha conocido la
modificación o adaptación adecuada. Ha habido adaptaciones en el
ámbito del reglamento hipotecario, pero no ha habido la reforma que
esta legislación del año 1996 exigía.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ:Termino diciendo que desde nuestro punto de
vista hace falta modernizar la fe pública; hace falta incluso un
planteamiento que esta Cámara ha empezado a demandar, que es la
unificación del sistema de fe pública extrajudicial, y hace falta
sentar las bases de un proyecto de ley de regulación del sistema de
seguridad jurídico privada.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Pillado.
El señor PILLADO MONTERO: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente voy a fijar la postura de este grupo que,
naturalmente, es coincidente en todo con la contestación que aquí ha
dado la señora ministra.Pienso que para hablar de fe pública
extrajudicial hay que partir
de una afirmación que a mí me parece indiscutible, y es que la fe
pública en España funciona correctamente, modélicamente incluso, se
puede decir. La gente cree en ella, la gente no la discute, rarísimos
son los casos en que un fedatario público la haya traicionado y
rarísimos son los supuestos de un delito de un fedatario público. A
partir de esta afirmación todo es mejorable, todo es perfectible, y
en ello está el Ministerio y la señora ministra nos ha explicado aquí
las mejoras que ya se han realizado y los proyectos de futuro.
Este tipo de interpelaciones, señor presidente, a mí me recuerdan
-sobre todo si tenemos en cuenta que durante tantos años de gobiernos
sedicentes progresistas no se ha encarado de frente este tema como
ahora se pide aquí- lo que me sucedió a los pocos días de tomar
posesión de la alcaldía de mi pueblo -que hasta alcalde he sido-
cuando vinieron a mí todos los directores de los colegios públicos,
que no coincidían precisamente con mi ideología, a traerme una lista
de reivindicaciones y a decirme que todo aquello funcionaba muy mal,
que los colegios estaban de esta manera y de esta otra, que tenían
estos defectos y estos otros, y a pedirme que los solucionara
inmediatamente. Mi contestación fue obvia y es la misma que dirijo
ahora aquí al interpelante y al otro interviniente: ¿Pero qué pasa
que ahora que ha ganado el Partido Popular las elecciones se han
estropeado todos los colegios públicos? ¿Qué pasa que ahora ya no
funcionan? Si el Partido
Popular no hubiese ganado las elecciones, ¿plantearían estas mismas
reivindicaciones a los anteriores gobiernos? No; no ha sido así.
Se ha hablado aquí de que este es un coto de una serie de
funcionarios privilegiados, pero este llamado coto ha sobrevivido
durante décadas y décadas y con gobiernos de todos los signos y de
todos los tipos y no se ha visto aquí ninguna oposición radical a ese
funcionamiento. Pienso que ahora tampoco debe haberlo, aunque sí
pedir las lógicas mejoras que debe haber y que va habiendo.
El problema de la fe pública no necesita aventuras imprudentes,
funciona francamente bien, todo lo más los retoques oportunos que van
exigiendo los tiempos, las nuevas necesidades, la nueva complejidad
social y las nuevas técnicas que nos faciliten posiblemente mejores
soluciones.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pillado; muchas gracias, señorías.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.