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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 155, de 29/04/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 155
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 150
celebrada el miércoles, 29 de abril de 1998
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 8258)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política exterior del Gobierno
en relación con el Sahara y en apoyo de la efectiva aplicación de los
Acuerdos de Houston, alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos,
con el fin de alcanzar una solución pacífica y democrática (número de
expediente 172/000088) (Página 8279)
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno
respecto a la política universitaria y la modificación del Título V de la
Ley de Reforma Universitaria (número de expediente 172/000089) (Página 8287)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre elaboración
del Código de Derechos de los Desempleados (número de expediente
172/000090) (Página 8298)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 8258)
Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué opinión
le merece al Sr. Presidente del Gobierno el tratamiento privilegiado que
recientemente, en el aeropuerto de Barajas, y en relación a problemas de
exceso de plazas vendidas, han recibido personas de su familia? (Número
de expediente 180/001193) (Página 8258)
Del Diputado don José Ignacio Echaniz Salgado, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo contribuye la
reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a reforzar la
solidaridad? (Número de expediente 180/001202) (Página 8259)
Del Diputado don Francisco Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Qué piensa hacer el Gobierno con el 1.500.000 personas que en España
están excluidas y sin ningún tipo de protección social? (Número de
expediente 180/001212) (Página 8260)
De la Diputada doña Arantxa Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno la competitividad de la economía
española? (Número de expediente 180/001194) (Página 8261)
Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
la evolución de la inversión de las empresas españolas en el extranjero?
(Número de expediente 180/001203) (Página 8262)
Del Diputado don Adolfo González Revenga, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno incorporar
a la Conferencia Sectorial de Educación a aquellas Comunidades Autónomas
que así lo han solicitado? (Número de expediente 180/001200) (Página 8263)
De la Diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿A qué se refiere el
Gobierno cuando dice que el segundo semestre de este año se va a dedicar
a la reforma de la Justicia? (Número de expediente 180/001198) (Página 8264)
De la Diputada doña María Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo va a actuar el Gobierno ante
los reiterados procesos y condenas por delitos de aborto? (Número de
expediente 180/001199) (Página 8265)
Del Diputado don Manuel José Silva i Sánchez, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Defensa: ¿Cuál es el grado de utilización del catalán, lengua propia y
oficial de Cataluña, en las campañas institucionales desarrolladas por su
Ministerio a través de los diferentes medios de comunicación con difusión
en Cataluña? (Número de expediente 180/001192) (Página 8266)
Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué participación ha
tenido el Ministerio de Defensa en la planificación y desarrollo del
Ejercicio «Strong Resolve 98»? (Número de expediente 180/001209) (Página 8267)
Del Diputado don Carlos Caballero Basáñez, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que
formula al Gobierno: ¿Qué número de agentes y mandos de la Guardia
Civil y
de la Policía Nacional estaba desplegado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz
el 30 de diciembre de 1997 en comparación con el número desplegado el 30
de diciembre de 1991? (Número de expediente 180/001189) (Página 8268)
Del Diputado don Manuel José Silva i Sánchez, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Interior: ¿Cuál es el grado de utilización del catalán, lengua propia y
oficial de Cataluña, en las campañas institucionales desarrolladas por su
Ministerio a través de los diferentes medios de comunicación con difusión
en Cataluña? (Número de expediente 180/001191) (Página 8269)
Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué inversiones prevé realizar el
Gobierno en Galicia, en materia ferroviaria en el próximo quinquenio?
(Número de expediente 180/001190) (Página 8270)
Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Sigue Vd.
pensando que la compra de Antena 3 Televisión por parte de Telefónica fue
una operación comercial? (Número de expediente 180/001195) (Página 8272)
Del Diputado don Carlos Chivite Cornago, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones tiene previstas la
Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, para lograr el incremento
del presupuesto europeo dedicado a la reforma de la Organización Común de
Mercado del vino? (Número de expediente 180/001201) (Página 8273)
Del Diputado don José Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Gobierno
el actual marco profesional y contractual entre productores de remolacha
y azucareras? (Número de expediente 180/001204) (Página 8274)
Del Diputado don Diego Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué avances ha conseguido el
Gobierno en las negociaciones de la reforma de la Organización Común de
Mercado (OCM) del aceite de olivia? (Número de expediente 180/001205)
(Página 8275)
Del Diputado don Luis Alberto Aguiriano Forniés, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Ha dado instancia al Portavoz del
Gobierno para que revele la identidad de las personas que se hacen cargo
de su seguridad? (Número de expediente 180/001214) (Página 8276)
Del Diputado don Víctor Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Ha reconsiderado el Gobierno el Calendario
Oficial de Fiestas y declarado el 6 de enero de 1998 día laboral? (Número
de expediente 180/001197) (Página 8277)
Del Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué ayudas está
prestando el Estado español a las Organizaciones no Gubernamentales que
trabajan directa o indirectamente en defensa de los derechos humanos?
(Número de expediente 180/001206) (Página 8278)
Interpelaciones urgentes (Página 8279)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política exterior del Gobierno en
relación con el Sahara y en apoyo de la efectiva aplicación de los
Acuerdos de Houston, alcanzados entre el Frente Polisario y Marruecos,
con el fin de alcanzar una solución pacífica y democrática (Página 8279)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el
señor Alcaraz Ramos, que manifiesta que el simple hecho de presentar la
interpelación demuestra la importancia que el grupo de Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya concede
a la cuestión del Sahara. Añade que aunque se puede considerar como una
interpelación sobre política internacional --algo no habitual en la
presentación de interpelaciones-- también se podría considerar como una
cuestión interna por el papel de España como potencia colonizadora
--papel que recordaba el Tribunal de la Haya--, por los compromisos
internacionales que ello suponía y por las obligaciones morales y
políticas concretas que hacen que España no pueda estar ausente en el
actual proceso o en cualquier acontecimiento que afecte a aquel
territorio y a sus gentes. Además, añade, no se puede olvidar la simpatía
y solidaridad que demuestra el pueblo español ante la situación del
pueblo saharaui.
A continuación se refiere a la proposición no de ley firmada por todos
los grupos parlamentarios y aprobada definitivamente en la Comisión de
Asuntos Exteriores del Congreso el 22 de diciembre de 1997. Expone que en
el tiempo transcurrido se han podido apreciar en la actuación del
Gobierno notables omisiones, faltas de compromiso activo y decisiones
contradictorias con el espíritu y con la letra de la mencionada
proposición no de ley, situación que pasa a explicar detalladamente.
Resalta entre los incumplimientos de la proposición no de ley el cese de
las ayudas a las ONG, que va a suponer de hecho la quiebra de proyectos
muy importantes.
Considera sospechosos los silencios del Gobierno que, según opinión de su
grupo, intenta pasar de puntillas y sin molestar sobre el proceso,
actuando sólo y en todo caso en el nivel de las buenas intenciones y
conforme con las resoluciones de Naciones Unidas, pero sin relación
directa y efectiva con el pueblo saharaui. Solicita del señor ministro
que disipe las muchas dudas y preguntas que quedan en el aire sobre la
reunión que mantuvo recientemente con las autoridades marroquíes, y
reitera el deseo de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya de seguir
manteniendo el consenso social que presidió la aprobación de la
proposición no de ley.
En nombre del Gobierno, contesta el señor ministro de Asuntos Exteriores
(Matutes Juan). Manifiesta que la política española sobre el contencioso
del Sahara occidental parte de la premisa de que se está ante un problema
derivado de la descolonización, que sólo se resolverá cuando el pueblo
saharaui pueda decidir su destino en un referéndum libre, justo y con las
debidas garantías internacionales. Añade que para que esto pueda
conseguirse no hay otra vía que la del plan de arreglo de las Naciones
Unidas y las diversas resoluciones y textos que lo desarrollan, incluidos
los acuerdos de Houston, y que ni en los acuerdos de Houston ni en el
plan de arreglo se contempla un papel específico para España en ninguna
de las fases de su aplicación, siendo Mauritania y Argelia los países
reconocidos como observadores. Aclara que este fue el motivo de su
conversación con las autoridades marroquíes en la reunión de alto nivel
que tuvo lugar el domingo y el lunes pasados y reconoce, no obstante, que
las circunstancias históricas sitúan a España en una situación diferente
a la del resto de los países, afirmando que el Gobierno tiene muy
presente la delicadeza que reviste todo el proceso, así como la carga
emocional existente en la sociedad española sobre todo lo relativo al
Sahara.
A continuación contesta a las preguntas concretas sobre los
incumplimientos de la proposición no de ley aprobada el 22 de diciembre
de 1997 por la Comisión de Asuntos Exteriores, y termina su intervención
manifestando que la política del Gobierno respecto al contencioso no
persigue otro objetivo que hacer posible y viable que el plan de arreglo
llegue a su culminación, tarea en la que se están concentrando cuantiosos
fondos presupuestarios, con el fin de que el pueblo saharaui pueda
pronunciarse sin más demoras y de un modo libre y exento de coacciones
sobre su futuro.
En turno de réplica interviene el señor Alcaraz Ramos, duplicando el
señor ministro de Asuntos Exteriores.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
el señor Garcia-Santesmases Martín-Tesorero, del Grupo Socialista del
Congreso, y la señora Pulgar Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
En un segundo turno interviene el señor ministro de Asuntos Exteriores
(Matutes Juan).
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno
respecto a la política universitaria y la modificación del título V de la
Ley de Reforma Universitaria (Página 8287)
Presenta la interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso la
señora Palma i Muñoz. Comienza su intervención mostrando su sorpresa ante
el hecho de que sea el ministro de Administraciones Públicas quien
conteste a una interpelación sobre la política universitaria, aunque no
duda de su capacidad para hacerlo, y muestra asimismo su disgusto por la
falta de atención de la señora ministra de Educación y Cultura.
Entrando en el fondo de la interpelación, destaca como asignaturas
pendientes de la señora ministra la modificación de los planes de
estudio, la reforma del profesorado, la reforma de la selectividad, la
autonomía universitaria, la reforma del tercer ciclo y unas cuantas cosas
más hasta completar una larga lista. Añade que plantean su interpelación
porque después de dos años no se ha podido constatar la existencia de
propuestas concretas que apuntaran claramente cuál era la orientación del
Partido Popular en materia de política universitaria.
A continuación hace una exposición de lo que fue la Ley de Reforma
Universitaria en los últimos quince años de gobiernos socialistas y
plantea una serie de preguntas sobre los problemas que todavía están sin
resolver, destacando el de la financiación.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Administraciones
Públicas (Rajoy Brey). En primer lugar explica que la ministra de
Educación y Cultura no puede acudir hoy al Pleno por tener que acompañar
a Su Majestad el Rey, pasando a continuación a contestar a las preguntas
concretas sobre los nuevos planes de estudio, los déficit de financiación
y la situación del profesorado, dejando a un lado los elogios sobre la
Ley de Reforma Universitaria del Gobierno socialista.
Asegura que el Gobierno tiene la firme voluntad de abordar la reforma del
título V de la Ley de Reforma Universitaria, para lo que se acordó el 6
de septiembre del año 1997, por la ministra de Educación y Cultura y el
presidente de la Conferencia de Rectores, la constitución de un grupo de
trabajo que, presidido por una personalidad independiente, iniciase las
líneas generales de la reforma. El Ministerio de Educación y Cultura,
recogiendo las conclusiones y el planteamiento del Gobierno, elaboró un
borrador de anteproyecto de ley modificativa del título V de la Ley de
Reforma Universitaria, que pasa a explicar. Asimismo se refiere al real
decreto-ley, que se aprobará seguramente mañana jueves, por el que se
modifica el Real Decreto-ley 1497/1987, de 27 de noviembre, de
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos
universitarios oficiales, que viene a corregir las disfunciones
detectadas en los actuales planes de estudio y que ha sido objeto de la
mayor preocupación del Gobierno y del Consejo de Universidades.
Replica la señora Palma i Muñoz, duplicando el señor ministro de
Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Alcaraz Ramos y
la señora Lasagabaster Olazabal, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Sabanés Nadal, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el
señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre elaboración del
código de derechos de los desempleados (Página 8298)
Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida el señor Vaquero del Pozo. Manifiesta que no quiere hablar del paro
como una variable económica sino transmitir al ministro y a la Cámara la
realidad social de los parados como personas que están sometidas a la
angustia de no encontrar solución a sus problemas. Recuerda el artículo
40.1 de la Constitución y el cumplimiento de los artículos 22 y 23 de la
Declaración de los Derechos Humanos para así convencer a SS. SS. de la
responsabilidad que tienen los poderes públicos y sobre todo ellos,
representantes democráticamente elegidos, para con los ciudadanos y
ciudadanas en paro. Explica que las constituciones de nuestro entorno
consagran el libre mercado como marco económico sobre la base de poner en
equilibrio los valores del mercado y la libertad con los otros valores de
la planificación de los esfuerzos, la redistribución y la protección
social, equilibrio que se ha roto al apostar por el concepto dogmático de
libre competencia, primando el control de la inflación, la reducción del
déficit público y la convergencia monetaria.
Finalmente propone reconstruir Estado del bienestar sobre dos pilares: de
un lado, la legislación para los trabajadores en cuanto tales y, de otro,
la legislación o código de derechos de los desempleados.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra). Agradece en primer lugar la iniciativa de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya de plantear un debate sobre la
situación de los desempleados, porque de todos los debates se saca alguna
conclusión positiva, y afirma que la primera preocupación de todos es la
generación de empleo. Por otra parte, manifiesta que los derechos de los
desempleados se podrían resumir en uno, que es el derecho al empleo, y a
él van encaminados todos los esfuerzos del Gobierno, lo que no es en
absoluto incompatible con los sistemas de protección social y, en
particular, con los sistemas de protección para el desempleo. Afirma
tajantemente que no se puede citar ni un solo ejemplo en que la política
del Gobierno haya lesionado los derechos de un solo desempleado en España
y que si se analiza en su conjunto el sistema
de protección social, ya sea en el ámbito contributivo o en el no
contributivo, ya sea en las acciones de las comunidades autónomas, ya sea
en los planteamientos de salario social o en los incrementos
espectaculares en políticas activas, se encontrarán siempre medidas en
favor de los desempleados. No está en absoluto de acuerdo con algunas de
las afirmaciones del señor Vaquero, pasando a refutarlas. Termina su
intervención diciendo que no comparte la filosofía del código de derechos
de los desempleados, porque considera que lo que hay que intentar por
todos los medios es que se esté en el desempleo el menor tiempo posible,
y no convertirlo en una situación estática.
En turno de réplica interviene el señor Vaquero del Pozo, duplicando el
señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Díaz Sol, del
Grupo Socialista del Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
--DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE
MERECE AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO EL TRATAMIENTO PRIVILEGIADO QUE
RECIENTEMENTE, EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS, Y EN RELACION A PROBLEMAS DE
EXCESO DE PLAZAS VENDIDAS, HAN RECIBIDO PERSONAS DE SU FAMILIA? (Número
de expediente 180/001193)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: preguntas orales al Gobierno en el Pleno.
Pregunta número 13, que formula al Gobierno el diputado don Juan Pedro
Hernández Moltó, del Grupo Socialista.
Señor Hernández Moltó. (Rumores.) Silencio, señorías.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias.
Buenas tardes, señor presidente. Hace tan solo unos días saltaba a los
medios de comunicación una noticia que tenía que ver con miembros de su
familia. Créame que no es cómodo hacer este tipo de preguntas, lo que
pasa es que no hablamos de temas familiares, son políticos. Vaya de
antemano mi profundo respeto por todos los miembros de su familia. En
cualquier caso, es obligada la pregunta para conocer cuál es su opinión
respecto al trato privilegiado que usted y yo sabemos tuvo su hija, el
pasado miércoles, en el aeropuerto de Barajas. (Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente.
Ningún miembro de mi familia ha tenido ningún tratamiento privilegiado ni
en Barajas ni en ningún otro sitio. Afirmar o dar cobertura a lo
contrario es, en el mejor de los casos, una mentira y, en el peor, es
sencillamente una injuria o una vileza. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien, muy bien!--Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Entiendo la pasión en la respuesta a esta pregunta, pero mire, señor
presidente, toda España sabe que eso fue así. En cualquier caso, le tengo
que decir una cosa. Los miembros de la familia del Gobierno, sin duda
alguna, tienen el derecho a reclamar ante la Administración y en este
caso el derecho a hacer lo que, por otra parte, hace toda España: hablar
de lo pésimamente que funciona Iberia; pero también tienen una
obligación: la de negarse a recibir tratos de favor y de privilegio.
Señor Aznar, el funcionario responsable o pelota de turno de Iberia que
quisiera haberle hecho a usted un favor, la semana pasada, le ha colocado
en una situación comprometida y difícil porque, a partir de ahora, los
miles de ciudadanos que tengan problemas similares a los que tuvieron las
personas afectadas si no reciben el mismo trato, es decir, en 30 minutos
tener solucionado ese problema, se sentirán discriminados, se sentirán
agraviados y empezarán a percibir algo que, por otra parte, empieza a ser
habitual en España: tendrán la sensación de que aquí ni todos son iguales
ni tienen los mismos derechos. Ese no es un problema de su familia; es un
problema de usted y de su Gobierno. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE:
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, yo vengo
aquí todos los miércoles y SS. SS. pueden preguntarme sobre cualquier
aspecto de mi gestión política con toda tranquilidad,
pero renunciar a ello y dedicarse a amparar o dar cobertura a
afirmaciones injuriosas o caer directamente en afirmaciones que pueden
conducir o que son representaciones de vileza les debe preocupar mucho a
ustedes, porque esas pueden ser actitudes propias de un partido radical
insolvente o que necesita llamar la atención, pero no parecen actitudes
propias de un partido que lleva a las espaldas al menos 14 años de
Gobierno. Y yo le quiero decir, señoría, que espero que eso no sea
también consecuencia de procesos políticos internos en los que ustedes
están. (Rumores.) Se lo digo sinceramente, se lo digo sinceramente,
porque yo...
El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, silencio.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Se lo digo sinceramente
porque yo soy de los que cree que no hace falta caer en la bajeza para
hacer política. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy
bien!--Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON JOSE IGNACIO ECHANIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO CONTRIBUYE LA
REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS A REFORZAR LA
SOLIDARIDAD? (Número de expediente 180/001202)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno el
diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Popular.
Señor Echániz.
El señor ECHANIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, el diseño y puesta en marcha de una nueva
política económica desde su investidura ha dado lugar a un claro cambio
de rumbo en nuestro país que ha permitido una más que exitosa
incorporación a la Unión Monetaria Europea; un cambio de rumbo basado
esencialmente en la disciplina presupuestaria, en las reformas
liberalizadoras de los mercados y en el respaldo a la economía productiva
en los aspectos financieros, laborales y tributarios y que ha dado,
además, resultados que en este momento nadie pone en duda y que están
permitiendo consolidar y mejorar nuestra sociedad del bienestar. En este
sentido, la bajada de los impuestos en la reforma del IRPF, que entrará
en vigor a partir del próximo 1º de enero, es un hecho sin precedentes en
nuestro país porque afecta a más de 30 millones de españoles que tienen
en estos momentos un IRPF que es ineficiente, que es alto, que es injusto
y que es retrógrado. Por ese motivo esta bajada, señor presidente del
Gobierno, es una buena noticia para todos los ciudadanos españoles.
España necesita en estos momentos un impuesto más simple, un impuesto más
fácil, un impuesto más equitativo que disminuya la presión fiscal sobre
los trabajadores, sobre las familias y sobre los pensionistas; un
impuesto que persiga el fraude, un impuesto que ayude, que contribuya a
crear empleo; un impuesto, en definitiva, que incremente la confianza de
los españoles en el futuro. Por ese motivo, señor presidente del
Gobierno, ¿cómo contribuye el nuevo IRPF a mejorar la solidaridad en
nuestro país?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, el Gobierno siempre pensó que los españoles pagan impuestos
altos, impuestos elevados, y ha tenido el objetivo de reducirlos diciendo
siempre que lo acompasaría al control y a la reducción del déficit
público como uno de los objetivos de nuestra política económica. Eso es
lo que dijimos a la sociedad española y eso es exactamente lo que vamos a
hacer. Hemos controlado y reducido de una manera sustancial, profunda, el
déficit público y hemos presentado un proyecto de reforma del Impuesto
sobre la Renta en virtud del cual los ciudadanos españoles, todos, van a
pagar menos impuestos. Le quiero decir que la reforma va a beneficiar
fundamentalmente a los contribuyentes que tienen la rentas más bajas, a
los que tienen mayores obligaciones familiares y a los que viven de su
trabajo o de su pensión. Y yo creo que esa es una adecuada política de
solidaridad.
Desde el primero de enero del año próximo, más de 1.500.000 de
contribuyentes de rentas bajas, de los cuales 500.000 son pensionistas,
no pagarán Impuesto sobre la Renta. Las familias españolas pagarán
exclusivamente por su renta disponible, es decir, después de descontar
los gastos de alimentación, vestido, vivienda, sanidad y educación. Los
trabajadores y pensionistas tendrán una deducción específica que será
tanto más amplia cuanto menor sea la percepción de su renta o la
percepción de su pensión. Es decir que, al final, las rentas más bajas
aportarán globalmente menos al Impuesto sobre la Renta, a diferencia de
lo que ocurre ahora. Ya sé que esto no lo comparten todos, pero esa es
nuestra política y es la política, por cierto, que desea desarrollar la
inmensa mayoría de los países europeos en este momento; una política que
tiende a disminuir la presión fiscal, que hace que los asalariados paguen
menos impuestos, como va a ocurrir a partir del primero de enero próximo
en nuestro país. Hay quien puede hacer otras propuestas que significan
subir
los impuestos. Nos parece un camino equivocado. El nuestro es bajarlos.
(Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FRUTOS GRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE
PIENSA HACER EL GOBIERNO CON EL 1.500.000 PERSONAS QUE EN ESPAÑA ESTAN
EXCLUIDAS Y SIN NINGUN TIPO DE PROTECCION SOCIAL? (Número de expediente
180/001212)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que formula al Gobierno el
diputado don Francisco Frutos Gras, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Con el corazón en luto por Doñana le hago la siguiente pregunta: ¿Qué
piensa hacer el Gobierno con el millón y medio de personas que en España
están excluidas y sin ningún tipo de protección social?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, no es cierto que en España haya un millón y medio de personas
que no tienen protección social.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Creía, señor presidente, que sería más locuaz.
Estamos en primero de mayo y es momento de poner en orden, al día, el
bagaje de cada uno de nosotros, lo que represente cada uno de nosotros.
Nosotros intentamos representar a trabajadores en paro que hoy se han
encerrado en un banco, a las luchas que están desarrollando los
trabajadores de Correos, a las movilizaciones de los trabajadores de la
construcción por sus derechos, e incluso más allá de todo esto, porque es
un día de carácter internacional, a esos trabajadores de Colombia que,
fruto de este gran invento que es el neoliberalismo, se tienen que clavar
con clavos en una cruz para poder tener acceso a una vida decente.
Vamos a hacer un balance de hechos positivos y negativos. En los hechos
negativos está la propaganda: España va bien. Es verdad que va bien. En
1997 más de un 20 por ciento más de beneficios en el conjunto de las
empresas y bancos españoles; grandes plusvalías en Bolsa; hemos entrado
bien en Maastricht. En la segunda parte, datos concretos: desempleo, el
más alto de Europa; larga duración de este desempleo en 1997, 1.800.000
trabajadores con más de un año, 1.200.000 trabajadores con más de dos
años; los jóvenes en España están afectados en un 40 por ciento, jóvenes
entre los 16 y los 25 años en Europa, el 30 por ciento; precariedad tres
veces más que en Europa; más del 60 por ciento de parados no reciben
ninguna ayuda económica y sólo el 16 por ciento del conjunto de los
parados recibe una prestación contributiva. Esta situación, señor
presidente del Gobierno, que es lo que nos interesa a nosotros remarcar,
señalar y denunciar, crea sufrimiento, degradación humana, enfermedades
de todo tipo.
Señor Aznar, ante el primero de mayo debo decirle que la sensibilidad
social no se expresa con ditirambos triunfalistas sino con políticas
sociales concretas que afecten positivamente al conjunto de los problemas
denunciados. Ustedes, a nuestro entender, van en un sentido contrario,
aunque les parezca que no es así. Desde Izquierda Unida defenderemos otra
política aquí y en la sociedad. Y ganaremos, señor Aznar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, las
preguntas se pueden argumentar naturalmente como a uno le parezca y como
se quiera, pero realmente yo creo que no hay ningún país en el mundo, ni
España, que pueda soportar la hecatombe que usted ha descrito;
absolutamente ninguno, es imposible, ni España ni ningún país del mundo.
Usted me dice, señoría, que hay un millón y medio de españoles que no
reciben protección social; yo le digo que no es verdad y que hay que
demostrarlo. Hay prestaciones universales en nuestro país, como es la de
la sanidad, como son las prestaciones asistenciales por vejez o por
invalidez, como es la prestación por hijo. Por tanto, eso que usted dice
sencillamente no es verdad. Además, señoría, a la hora de argumentar las
cosas hay que establecer que el concepto de protección social que usted
hace en su pregunta es extraordinariamente amplio. En España el Estado,
el Gobierno, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y
multitud de organizaciones sociales se gastan decenas de miles de
millones de pesetas en combatir la exclusión social y en protección
social.
Luego hay que decir otro factor que es muy importante, que usted ha
omitido en la hecatombe que ha descrito, y es que la política de
inclusión social más importante es generar empleo en una sociedad. Es la
manera más activa y más eficaz de combatir la exclusión social. Y eso que
determina la generación de empleo
es determinar el progreso de una sociedad. No deberíamos avergonzarnos
los ciudadanos españoles en este momento ni de que nuestro país cree
empleo, ni de que nuestro país tenga unos niveles de protección social
razonable. Eso no quiere decir que no existan problemas sociales. Quiere
decir que tenemos razones para seguir trabajando, pero no razones para
seguir complaciéndonos en ninguna hecatombe, por bien que haya sido
descrita.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor presidente del Gobierno.
--DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTXA MENDIZABAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL SEÑOR
VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA
ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/001194)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno la
diputada doña Arantxa Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista.
Señora Mendizabal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rato, ¿qué opinión le merece a usted la competitividad de la
economía española?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias, señora
diputada.
La pregunta es muy amplia, pero quisiera decirle que si la medimos en
términos de nuestra presencia en los mercados internacionales y en el
aumento de nuestras exportaciones creo que es buena; si la medimos en
términos de nuestro diferencial de inflación con los países de la OCDE,
también. Si S. S. me quiere indicar que en este momento y a partir del
primero de enero, con la entrada en el euro, hemos de esforzarnos por
aumentar nuestra competitividad, S. S. también tiene toda la razón.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Ruego a los servicios de megafonía que procuren elevar el volumen porque
es difícil escuchar en todo el hemiciclo, al menos, las respuestas.
Señora Mendizábal.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.
Señor Rato, en el último informe de competitividad que ha presentado el
Instituto para el desarrollo de la gestión de Lausana, en el ranking de
competitividad mundial España está en el puesto número 27, es decir que
ha perdido dos puestos respecto al año pasado. Estamos bastante hartos de
oír la positiva evolución de los indicadores macros de la economía
española, pero ¿por qué ocurre esto, qué pasa? Esto es relativo, quiere
decir que hay otros países que evolucionan de mejor manera de lo que
evoluciona la competitividad de la economía española, y no sólo los
países con moneda única, como es el caso de los países europeos, sino
incluso Singapur, Israel, Malasia, China y Chile. Pero lo más preocupante
para España, señor vicepresidente, se encuentra cuando se hace el
análisis de los ocho apartados del informe que presenta este instituto.
Resulta que en lo que afecta de manera directa a la vida de los
ciudadanos y ciudadanas de este país es donde evolucionamos de peor
manera. Qué casualidad, en todo aquello que se refiere a la educación, a
la sanidad, a la calidad de vida, a la población activa, al desempleo
juvenil, perdemos un puesto. En todo aquello que afecta a la ciencia y la
tecnología, que es lo que posibilita la innovación de futuro, perdemos
tres puntos. Y en todo aquello que afecta a las infraestructuras resulta
que hemos bajado cuatro puestos. ¿Qué pasa en España, que no se hace ya
nada? ¿No se hace ninguna obra, no hay infraestructuras? ¿En una fase de
recuperación vamos a generar un déficit de infraestructuras? Señor
vicepresidente, pan para hoy y hambre para mañana.
En definitiva, su política es --como ya tenemos todos claro-- una
política de esloganes: España va bien, la bonanza económica. Pero España
va bien ¿para qué y para quiénes? Porque realmente lo que sí se aprecia
en este informe es que las finanzas van bien, muy bien, un 20 por ciento
más de beneficios, señor vicepresidente. (Aplausos.) Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mendizábal.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias señora
diputada.
En el debate que S. S. plantea probablemente no es bueno que utilice
cierto tipo de informes que, como decía mi antecesor en el cargo, suponen
que Malasia tenga una calidad de vida superior a Dinamarca o que las
mejores oportunidades de acceso de la mujer al mundo laboral se
encuentren en Turquía y en Egipto. (Aplausos.) Señoría, el tema de la
competitividad es siempre un flanco en el que un gobierno tiene que
responder, pero
ese informe que usted ha leído no es precisamente el mejor para hacer
esta pregunta. También yo puedo añadirle que tiene mejor valoración el
Gobierno indonesio que el de Alemania, Francia, Italia o Suecia, y
precisamente en este momento me reconocerá S. S. que es una afirmación
muy valiente que yo no recomiendo a S. S. que haga.
¿Qué está sucediendo con la competitividad de nuestro país? Puede usted
comprobar que nuestras exportaciones --no del Gobierno, las de nuestras
empresas-- han crecido cinco puntos por encima del comercio mundial en el
año 1997; que el superávit por cuenta corriente en el año 1997 ha sido un
70 por ciento superior al de 1996, que ya fue un 60 por ciento superior
al anterior; que el grado de apertura de nuestra economía ha aumentado en
casi ocho puntos el producto interior bruto en los dos últimos años, y
que las inversiones de las empresas españolas en el exterior se sitúan a
niveles relativos como el caso de Japón. Pero si le interesan datos más
concretos, puede comprobar cómo los precios de nuestros productos, en
moneda nacional, a precios relativos del consumo, han pasado del 2 por
ciento en 1995 al 0,1 en 1997 y los precios relativos de producción del
3,1 en 1995 al 0,4 en 1997; y si quiere verlo en términos reales, en 1997
han caído 4,4 puntos y 4,2 en 1996. Por tanto, señoría, nuestra
competitividad va mejor. Su señoría puede hacerme preguntas pidiéndome
que vaya todavía mejor, pero no con ese informe. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
--DEL DIPUTADO DON JAVIER GOMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
LA EVOLUCION DE LA INVERSION DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL EXTRANJERO?
(Número de expediente 180/001203)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno al
diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Popular.
Señor Gómez Darmendrail.
El señor GOMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, señorías, creo que todos estamos de acuerdo en que
nuestro sector exterior está consiguiendo unos resultados más que
notables, aunque algunos no lo quieran reconocer. A ello ha contribuido,
sin duda, el hecho de que la inflación se haya situado en niveles
históricamente bajos, al igual que los tipos de interés. Hoy, señorías,
la inflación ya no es un problema para la competitividad. Hay que
destacar también el crecimiento moderado de los precios de nuestras
exportaciones que por término medio, en el conjunto del año, se han
situado casi dos puntos por debajo de la media de las importaciones. Pero
es que además estamos en una situación desconocida, señorías. Hoy
gastamos menos que ingresamos. Por tanto, estamos en condiciones de
afirmar que la buena evolución de la inflación, los tipos de interés y el
déficit público son factores decisivos a la hora de explicar nuestra
posición, cada vez más competitiva en los mercados internacionales. Hasta
tal punto esto es así que las exportaciones han crecido cinco puntos por
encima del comercio mundial, como acaba de decir el vicepresidente del
Gobierno.
Podríamos dar más datos de este ejercicio, que pasa por ser el mejor de
los últimos años en materia económica, pero conviene no dejar pasar por
alto la tendencia marcada por nuestras inversiones en el exterior.
Porque, señorías, finalizando el siglo XX, el proceso de globalización es
un hecho que afecta a todos y del que España no puede quedar al margen.
En un mundo en que cada vez es mayor la interrelación de los países, en
el que aumenta el número de mercados y hay cada vez mayor número de
posibles competidores, se hace necesaria la presencia de nuestras
empresas en el exterior, con el fin de asegurar y mejorar nuestra cuota
en los mercados internacionales.
En mi grupo, señor vicepresidente, quisiéramos saber si las medidas
adoptadas por la Administración a favor de la internacionalización de la
empresa han dado sus frutos. Por ello le formulo la siguiente pregunta:
¿Cómo valora el Gobierno la evolución de la inversión de las empresas
españolas en el extranjero? Y si me permite un breve apunte, señor
vicepresidente, también quisiera saber la evolución de las inversiones
canalizadas a través de los paraísos fiscales.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Darmendrail.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracia, señor presidente; gracias, señor
diputado.
En efecto, España, como he dicho antes, se ha transformado en un país que
tiene una presencia en los mercados internacionales cada vez más
importante. No sólo desde el punto de vista de nuestras exportaciones,
que crecen cinco puntos por encima del comercio mundial, lo cual quiere
decir que estamos ganando cuota de mercado, sino que nuestras empresas
tienen cada vez una presencia más importante desde el punto de vista de
inversores en otros mercados. En ese sentido, tanto si estamos
contemplando datos de la balanza
de pagos elaborada por el Banco de España, hablando de un crecimiento de
un 131 por ciento en el año 1997 sobre 1996, o si hablamos de los
proyectos verificados en el año 1997, que crecen un 57 por ciento sobre
los del año 1996, España está ya situándose, en términos de presencia en
mercados exteriores, al mismo nivel, en términos relativos, como es
natural, de países que tienen una presencia internacional tan importante
como el Japón.
En primer lugar quisiera destacar, en el tiempo que tenemos, que hay una
nueva distribución geográfica y sectorial. La presencia de España no sólo
está centrada en la Unión Europea, sino que se está canalizando a otros
mercados en desarrollo, principalmente a Latinoamérica, donde tenemos
papeles extraordinariamente predominantes. También, además del
protagonismo tradicional del sector financiero español en la presencia
internacional, estamos viendo cada vez más la aparición de empresas
industriales, energéticas, de telecomunicaciones y también medianas
empresas industriales que juegan un papel creciente de inversores
extranjeros. También existe una clara estrategia internacional por parte
de las empresas que optan por un proceso de internacionalización a través
de inversiones en el exterior. Y esta internacionalización de nuestras
empresas ha sido claramente un objetivo del Gobierno del Partido Popular.
Tomamos medidas fiscales en junio del año 1996, a las que me referiré en
un momento, elaboramos un Plan 2000 para la exportación y hemos creado
tres fondos de garantía y de inversión en el exterior que nos sitúan en
el mismo nivel que los países más avanzados en este sentido. Desde luego,
las modificaciones tributarias que se introdujeron tanto en junio del año
1996 como en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado incentivaban la situación de igualdad de competencia de nuestras
empresas y, como S. S. ha comentado, eso ha permitido que la inversión en
paraísos fiscales haya caído del 45 por ciento del total en el año 1995
al 4 por ciento del total en el año 1997, lo cual demuestra que cuando se
diseñan impuestos razonables la Hacienda pública sale ganando.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor
vicepresidente del Gobierno.
--DEL DIPUTADO DON ADOLFO GONZALEZ REVENGA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO INCORPORAR
A LA CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACION A AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS
QUE ASI LO HAN SOLICITADO? (Número de expediente 180/001200)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno el
diputado del Grupo Socialista, don Adolfo González Revenga.
Señor González Revenga.
El señor GONZALEZ REVENGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Ley sobre el proceso administrativo, de 1983, previó
que, a fin de asegurar la necesaria coherencia de actuación y la
imprescindible coordinación de los poderes públicos, se deben reunir de
forma periódica las conferencias sectoriales de los consejeros de las
distintas comunidades autónomas y los ministros del ramo con el fin de
intercambiar puntos en común sobre los problemas de cada sector y para
plantear acciones para resolver estos problemas. En términos análogos se
pronuncia también la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, de 1992, regulando las conferencias sectoriales como órganos de
coordinación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas
para asegurar la coherencia de actuación entre las administraciones
públicas.
Señora ministra, la competencia para convocar la comisión sectorial de
educación le corresponde a usted y, aunque es habitual que sólo sean
convocados a sus reuniones aquellos consejeros de comunidades autónomas
con transferencias plenas, sin embargo, en repetidas ocasiones, distintas
comunidades autónomas han solicitado a su Ministerio ser convocados a la
reunión de la comisión sectorial de educación, dada la importancia de los
temas que en ellos se tratan y en base a su próxima asunción de traspasos
en materia educativa.
Señora ministra, por todo lo dicho, le formulo la siguiente pregunta:
¿Tiene previsto el Gobierno incorporar a la conferencia sectorial de
educación a aquellas comunidades autónomas que así se lo han solicitado?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Revenga.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
El Gobierno, en efecto, tiene previsto incorporar a la conferencia
sectorial de educación a las comunidades autónomas que aún no tienen las
transferencias plenas en el momento en que las asuman, de la misma forma
que se ha hecho en ocasiones anteriores.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor González Revenga.
El señor GONZALEZ REVENGA: Señora ministra, su respuesta no me es nada
satisfactoria porque denota
un talante poco constructivo y creo que las cosas han cambiado mucho.
Comunidades autónomas que por su estatuto tienen transferencias, aunque
no tengan los traspasos todavía, y solicitan su incorporación a esa
comisión sectorial, no parece razonable que desde el Ministerio no se
oiga su voz, esas ganas de participación, de estar allí donde se debaten
esos temas. Su talante lo que indica es que lo que está pretendiendo el
Ministerio es aplazar sine die esas transferencias en materia educativa y
dar de lado a esas comunidades que así lo solicitan. Así pues, señora
ministra, replantee su posición y admita en esa comisión sectorial a las
comunidades autónomas que así lo han solicitado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Revenga.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, tengo que decirle que el Gobierno mantiene de forma permanente
una comunicación fluida con todas las comunidades autónomas, con
independencia de que tengan o no plenamente asumidos los traspasos en
materia de educación. El Gobierno mantiene continuamente el diálogo con
todas ellas sobre materias que afectan a los traspasos y sobre otras
materias generales de educación. Su pregunta, señoría, la verdad es que
me ha sorprendido porque nunca había pensado que su partido se propusiera
incorporar a las comunidades sin competencias educativas a la conferencia
sectorial. No lo hicieron en el año 1986, cuando se constituyó la
conferencia, a la que se citó al País Vasco, a Cataluña, a Canarias,
a Andalucía, a Galicia y a Valencia, pero no se citó a Navarra, que
entonces no tenía asumidas las competencias --se la citó en el momento en
que se le efectuaron los traspasos-- y, por supuesto, no se citó a
Baleares, que acaba de asumir sus traspasos y, por tanto, se ha
incorporado plenamente. Desde luego quiero tranquilizar a S. S.
diciéndole que la voluntad del Gobierno es de diálogo permanente.
Estudiaremos las fórmulas que permitan incorporarles al diálogo que se
mantiene con las comunidades que sí tienen los traspasos. A través de los
convenios, estamos estableciendo todos los mecanismos para garantizar que
en el momento en que las comunidades autónomas tengan esos traspasos
educativos, ya están suficientemente rodadas todas las materias de
educación.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra de Educación y Cultura.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿A QUE SE REFIERE EL
GOBIERNO CUANDO DICE QUE EL SEGUNDO SEMESTRE DE ESTE AÑO SE VA A DEDICAR
A LA REFORMA DE LA JUSTICIA? (Número de expediente 180/001198)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas a la ministra de Justicia.
En primer lugar la número 18 que formula la diputada doña María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en las dos últimas ocasiones que se han reunido el
presidente Aznar con el presidente Pujol han anunciado que habían hablado
de la justicia, pero especialmente en la última el Gobierno anunció que
iba a dedicar el último semestre de 1998 a la reforma de la justicia. ¿A
qué se refería, señora ministra?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Como es obvio, y sin duda lo ha tenido en cuenta, yo no estaba presente
en las conversaciones a que S. S. se ha referido. Como declaración formal
del Gobierno no ha existido, lo que sí puedo decirle a S. S. es que el
Ministerio de Justicia considera que en el segundo semestre se va a ver
el resultado de lo gestionado a lo largo de año y medio, y creemos que
van a ser muy importantes para la Administración de justicia los
resultados que se harán afectivos en dicho segundo semestre.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Fernández de la Vega.
La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Señora ministra, en los casi dos
años que lleva como titular del departamento de Justicia, usted y su
Gobierno han logrado pasar al libro Guinness de los récord por su
capacidad para colocar a la justicia en la peor situación que se conoce
en los últimos 20 años de la historia de nuestro país. Si, señora
ministra, en menos de dos años ha conseguido que la percepción e imagen
que los ciudadanos tienen de la justicia sea pésima, que lo que era lento
sea lentísimo y que lo que funcionaba no funcione. Usted ha incumplido
todo lo que se comprometió y lo que ha cumplido lo ha hecho tarde y mal.
En el ámbito legislativo, reformas procesales, ninguna; y no me diga que
la de lo contencioso se la va a
apuntar, porque ha tardado un año en traerlo y era la misma con tres
reformas. En lo civil y en lo concursal, nada. En lo Penal, que
funcionaba razonablemente, de resolver los jueces en uno a dos años,
están empezando a resolver en tres y cuatro años. ¿Sabe por qué? Porque
en lo Penal ha hecho la contrarreforma; no la reforma, sino la
contrarreforma. Ha impedido que los jueces apliquen el Código Penal, no
ha puesto medios, no ha puesto las oficinas de asistencia a las víctimas,
no ha traído la ley de responsabilidad penal del menor. Aquí hablamos,
señora ministra, de derechos y libertades de los ciudadanos. Pero,
encima, lo que usted ha traído a esta Cámara, a veces por cierto ha sido
difícil y apurado que su grupo la pudiera apoyar, ha supuesto un
retroceso en los derechos y libertades de los ciudadanos o ha supuesto
privilegios para determinadas corporaciones, y si no que se lo pregunten
a los registradores y a los notarios.
Pero como no todos son leyes, este panorama se ha visto acompañado de una
gestión política que amplios sectores han llegado a calificar al año 1997
como el año del desgobierno del Poder Judicial. No ha implantado el
horario, no ha aumentado las dotaciones, ni la reforma de la Oficina
Judicial. Señora ministra, cuando ustedes hablan de la reforma de la
justicia ¿sabe lo que ocurre en estos momentos? Que todo el mundo
tiembla. Nos echamos a temblar. La justicia necesita reformas, pero si es
usted la que va a llevarlas a cabo, por favor que nos quedemos como
estamos.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora
Fernández de la Vega.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, comprendo que sea su deseo quedarse como están, pero me parece
que no va a ser posible. Yo no soy la que no quiere que los jueces
apliquen el Código Penal, yo quiero que lo apliquen y estoy dando todos
los medios para que así lo hagan. Parece mentira que habiendo sido usted
vocal del Consejo, acuse al Gobierno de desgobierno del Poder Judicial.
Tal vez ustedes estaban acostumbrados a desde el Gobierno intentar
gobernar al Poder Judicial. Este Gobierno, no, señoría. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.) Respecto a las reformas legislativas,
señoría, si acudiera más a la Comisión o asistiera a todas ellas se daría
cuenta de la cantidad de leyes que están pendientes de esta Cámara y del
Senado. Otro día, si usted quiere, hablamos de los medios con que SS. SS.
dotaron a los juzgados y tribunales y los medios con que este Gobierno ha
dotado a esos juzgados y tribunales..
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora
ministra.
--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VA A ACTUAR EL
GOBIERNO ANTE LOS REITERADOS PROCESOS Y CONDENAS POR DELITOS DE ABORTO?
(Número de expediente 180/001199)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19 que formula al Gobierno la
diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en Málaga se está juzgando a cerca de 30 personas,
mujeres y facultativos, imputados por delitos de aborto realizados hace
la friolera de 12 años. En Asturias han sido condenados a penas de
prisión de seis meses de cárcel y ocho de inhabilitación, dos médicos por
practicar abortos. En Castellón están a punto de ser juzgados otros dos
médicos por un presunto delito de aborto realizado en 1990. Señora
ministra, ¿ha dado órdenes el Gobierno al fiscal general del Estado para
que los fiscales endurezcan sus peticiones de condena en los juicios de
aborto? ¿Qué piensa hacer el Gobierno ante la proliferación de procesos y
condenas por estos presuntos delitos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el Gobierno en los procesos por aborto, como en cualquier otro
proceso, lo que piensa es dar todos los medios a los jueces y tribunales
para que puedan aplicar la ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Señora ministra, ¿qué ley? ¿Esa que ustedes
no aceptaban, que hoy sí les gusta pero que no quieren reformar?
(Rumores.) Señora ministra,... ¿me dejan hablar, señorías? Señora
ministra, es nuestra, queremos reformarla y vosotros sois los que no nos
dejáis que la reformemos. (Continúan los rumores.) El señor PRESIDENTE:
Silencio, señorías. Dejen que continúe la interpelante. Adelante, señora
Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Me habrá quitado el tiempo, señor
presidente.
El señor PRESIDENTE: Ya está descontado, no se preocupe.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted aseguró en una ocasión en esta Cámara que era
contraria al aborto, yo también lo soy, señoría; a todas las mujeres nos
pasa lo mismo. Cuando las mujeres abortan, señoría, en ejercicio de su
libertad, es porque no tienen otro remedio. Lo que no puede ser ni se
puede consentir es que vayan a la cárcel ellas o los facultativos que las
ayudan practicándoles el aborto. Señora ministra, es preciso y urgente
modificar la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo para
evitar que se sigan produciendo casos como los que acabo de señalar.
Señora ministra, yo respeto enormemente, como no podía ser de otra
manera, sus profundas convicciones morales y religiosas, pero usted es
ministra de un Gobierno de España, no puede imponer sus creencias a nadie
y menos consentir el ingreso en prisión de mujeres y médicos en estas
tristes circunstancias. Señorías, tenemos que adecuar la legislación a la
de los países europeos de los que formamos parte, tenemos que ser en esto
tolerantes y modernos y que luego cada cual actúe de acuerdo con su
conciencia. Nada hay más hermoso, señorías, que la libertad. Corrijan sus
posiciones y actúen con nosotros. Si no lo hacen pediremos el indulto
para todos los condenados. No consentiremos que alguien vaya a la cárcel
por abortar, se lo aseguro. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señora Rubiales.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, escuchándola no sabía si estaba en el año 1998 o me encontraba
discutiendo el Código Penal elaborado en la última etapa del Gobierno
socialista. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Ustedes fueron los que
propusieron el texto que están aplicando en este momento. Yo no estaba en
esta Cámara, señoría. Usted me recrimina a mi algo que fueron ustedes
quienes lo propusieron y los que aprobaron mayoritariamente en esta
Cámara. Que usted haya cambiado ahora de opinión e intente achacar al
Gobierno del Partido Popular que exista una tipificación del delito de
aborto, señoría es nuevamente actuar queriendo sacar de mentira verdad.
Muchísimas gracias, señoría, pero este Gobierno intenta que los jueces
puedan aplicar la ley que este Parlamento aprueba, no la que este
Parlamento o algunos de sus miembros quisieran que existiese pero que no
existe.
Muchas gracias, señoría. (Varios señores diputados ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Justicia.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL JOSE SILVA I SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA.
CUAL ES EL GRADO DE UTILIZACION DEL CATALAN, LENGUA PROPIA Y OFICIAL DE
CATALUÑA, EN LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESARROLLADAS POR SU MINISTERIO
A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION CON DIFUSION EN
CATALUÑA? (Número de expediente 180/001192)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas dirigidas al ministro de
Defensa. En primer lugar la formulada por el diputado Manuel José Silva i
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señor Silva.
El señor SILVA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro ¿cuál es el grado de utilización del catalán, lengua
propia y oficial de Cataluña, en las campañas institucionales
desarrolladas por su Ministerio a través de los diferentes medios de
comunicación con difusión en Cataluña?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Silva.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Ministerio de Defensa ha sido siempre consciente, y es muy
consciente de la realidad plurilingüe de España. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la presidencia.) Desde
el año 1994 las fichas de inscripción para el alistamiento que se
reparten en los ayuntamientos son bilingües en aquellas comunidades
autónomas donde existen lenguas oficiales además del castellano:
Baleares, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.
Además, en algunos centros de reclutamiento ubicados en las citadas
comunidades se procura facilitar el contacto con los ciudadanos, y en los
casos en que es posible se usan las lenguas distintas del castellano que
son utilizadas allí. Por otra parte y como novedad, con carácter reciente
en el pliego de prescripciones técnicas de la campaña de publicidad que
va a adjudicarse muy próximamente y que se extenderá a los años 1998 y
1999, en la cláusula octava se dice que los spots, las pegatinas, los
anuncios de televisión, las cuñas, se realizarán, además de en
castellano, en catalán, euskera, gallego y valenciano para su utilización
especial en los medios de comunicación de esas comunidades; todo ello,
señoría, con el fin de tener el mayor entendimiento con los ciudadanos y
con las
corporaciones locales, respetando escrupulosamente la legalidad vigente.
Creo que con ello doy cumplida respuesta a su pregunta.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ciertamente la posición de su Ministerio nos parece
bastante conforme --así tenemos que decirlo-- con la posición que adoptó
este Congreso de los Diputados con fecha 16 de diciembre de 1997, en que
a través de una proposición no de ley se instó al Gobierno a que
procediese a tomar las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento,
entre otros aspectos, de la realidad plurilingüe del Estado español.
Podemos decir que algunas de estas medidas se producen casi con veinte
años de retraso en lo que hace referencia a la Constitución, pero por
otra parte no podemos sino manifestar que en el aspecto lingüístico, su
Ministerio, a través de esta última campaña y del pliego de
prescripciones al que ha hecho referencia, se convierte sin lugar a dudas
en un modelo que entendemos debe ser seguido en las campañas
institucionales del resto de los ministerios.
De la misma manera, debemos manifestar que su Ministerio, que en su día
fue uno de los precursores en cuanto a la aceptación del principio de
unidad de la lengua catalana, por lo que me ha puesto de manifiesto en
estas prescripciones técnicas, parece que no lo sigue con la misma
contundencia en la actualidad.
En cualquier caso, no podemos sino felicitarle y felicitarnos. Eso sí,
por las noticias que tenemos en esta campaña, que creo está presupuestada
en aproximadamente 1.600 millones de pesetas, y en la que se realiza ese
respeto a la realidad plurilingüe del Estado, parece que se produce
alguna discriminación por razón de sexo. Se nos ha manifestado que así
como serán dirigidas cartas a los chicos con edades comprendidas entre 18
y 24 años, no puede efectuarse lo mismo respecto a las chicas por algún
motivo que desconocemos. Por tanto, sí le pediría que el respeto que se
realiza en cuanto a la realidad plurilingüe del Estado pueda también
efectuarse respecto del principio de igualdad por razón de sexo.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, presidente.
Señoría, le agradezco la felicitación por lo que respecta al
comportamiento del Ministerio en cuanto a la realidad plurilingüe de
España.
Por lo que respecta a la igualdad de sexos, que es una máxima para
nuestro Ministerio porque así lo establece la Constitución y no podría
ser de otra forma, hay un procedimiento que se ha sacado a concurso, que
no se ha resuelto y en el que queremos tener todas las garantías legales
para que se resuelva de modo que no se lesione ningún derecho si se
realiza ese mailing. Para ese mailing, tenemos los datos de alistamiento
sólo de los hombres porque hasta ahora el servicio militar, como bien
sabe S. S., se realizaba exclusivamente por los varones, pero reitero el
absoluto respeto a la legalidad por parte de las actuaciones del
Ministerio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON RAMON ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PARTICIPACION HA
TENIDO EL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL
EJERCICIO «STRONG RESOLVE 98»? (Número de expediente 180/001209)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 29,
que formula don Ramón Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Defensa, el pasado mes de marzo la OTAN desarrolló en
distintos escenarios de Noruega, España y Portugal, el que ha sido
definido como mayor ejercicio de la Alianza Atlántica, tanto en entidad
como en importancia desde el final de la guerra fría, el Strong Resolve
98, así bautizado y basado en el desarrollo de dos supuestas crisis, una
en el norte, con un escenario típico de defensa colectiva, y otra en el
sur, con una operación de mantenimiento de la paz, ha servido
fundamentalmente para desarrollar la coordinación de los dos mandos
estratégicos de la OTAN, como son Saceur y Saclant.
Por otra parte, hemos podido observar la puesta en práctica del innovador
concepto de fuerzas operativas combinadas conjuntas formadas tanto para
operaciones específicas fuera del área de responsabilidad de la OTAN como
para dar respuestas a mandatos de la OSCE o en apoyo a resoluciones del
propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que va a permitir, entre
otras cosas, integrar fuerzas aliadas con las fuerzas
de países no pertenecientes a la propia Alianza abarcando misiones tan
importantes, y por destacar algunas, como la asistencia humanitaria o las
de mantenimiento o imposición de la paz.
Otro de los aspectos positivos que creo ha tenido el ejercicio Strong
Resolve ha sido servir también para conjugar la participación en un mismo
escenario de las fuerzas de tierra, mar y aire de quince países
pertenecientes a la OTAN, de otros diez no pertenecientes y de
organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, Acnur o incluso
representantes de diversas organizaciones no gubernamentales,
proporcionando que tal entramado de fuerzas y organizaciones se
articulara no sólo en una fuerza actuante, sino también en una estructura
encargada de simular las incidencias que precisan estas operaciones y de
arbitrar las diferentes actuaciones.
Una vez más, señor ministro, nuestro país ha vuelto a ser destacado
protagonista, por una parte por la aportación de nuestro propio
territorio y, por otra por el magnífico papel desempeñado por nuestras
Fuerzas Armadas, reflejado a su vez no sólo en los puestos relevantes
ocupados por oficiales generales, sino también por el reconocimiento de
los países participantes respecto a nuestros sistemas de simulación y
telecomunicaciones.
Por todo ello, señor ministro, una vez demostrado el éxito de este
ejercicio deseo hacerle la siguiente pregunta: ¿qué participación ha
tenido el Ministerio de Defensa en la planificación y desarrollo del
ejercicio Strong Resolve 98?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moreno.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, como ha hecho una exposición relativa a la importancia real y
efectiva y la innovación del ejercicio Strong Resolve me voy a referir
escuetamente a la pregunta que ha formulado.
Las fuerzas armadas españolas han participado, muy satisfactoriamente por
cierto, en el ejercicio Strong Resolve, ejercicio con fuerzas reales en
las tres áreas de planeamiento, apoyo y ejecución. En la fase de
planteamiento del ejercicio, que se inició hace dos años, han intervenido
activamente diversos cuarteles generales y estados mayores. En esta fase
España ha desempeñado un notable papel en la búsqueda de soluciones a
complejos problemas de planeamiento que presenta un ejercicio de esta
entidad.
En la fase de apoyo, el papel de España ha sido también decisivo para la
consecución de los objetivos del ejercicio. Voy a señalarles sólo algunos
aspectos. Las fuerzas multinacionales contaron para su despliegue y
adiestramiento con tres campos de maniobra, nueve bases áreas, una base
aeronaval y diversas zonas españolas para ejercicios marítimos.
Segundo, para el apoyo logístico a las fuerzas se establecieron en España
tres centros logísticos avanzados y se activaron en permanencia diversos
hospitales militares para la atención de posibles bajas reales.
Tercero, la infraestructura militar de comunicaciones puesta a
disposición del ejercicio ha sido determinante para su éxito, tanto por
lo que se refiere a enlaces convencionales, como vía satélite y redes
informáticas.
Por último, en la ejecución del ejercicio España ha contado con personal
en los distintos niveles de mando, siendo de destacar el segundo
comandante de la CJTF, un contraalmirante de la Armada; el comandante del
componente terrestre, un general de brigada del Ejército; el comandante
de un grupo operativo naval y el jefe de las fuerzas de oposición
terrestre.
En resumen, señorías, para la Alianza el Strong Resolve ha supuesto la
verificación de que ha sido el método apropiado para poner a prueba el
concepto CJTF, y ahora es necesario validarlo a partir de las enseñanzas
obtenidas: la prueba de capacidad de la Alianza para conducir
simultáneamente dos situaciones de crisis en escenarios alejados y la
prueba de capacidad de integración de fuerzas como ha dicho S. S. de
países ajenos a la OTAN en operaciones a gran escala.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON CARLOS CABALLERO BASAÑEZ, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV),
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE NUMERO DE AGENTES Y MANDOS DE LA GUARDIA
CIVIL Y DE LA POLICIA NACIONAL ESTABA DESPLEGADO EN LA CIUDAD DE
VITORIA-GASTEIZ EL 30 DE DICIEMBRE DE 1997 EN COMPARACION CON EL NUMERO
DESPLEGADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 1991? (Número de expediente 180/001189)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas
al Ministerio del Interior. Pregunta número 9 que formula don Carlos
Caballero Basáñez, del Grupo Vasco (PNV).
Señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor ministro, con el despliegue de la Ertzaintza en la ciudad
de Vitoria-Gasteiz, última ciudad de la comunidad autónoma vasca en que
dicho despliegue se realizó, culminaba el 1º de enero de 1995
el proceso de desarrollo territorial de la Ertzaintza en Euskadi.
De esta manera, la Ertzaintza comenzó a desarrollar en Vitoria-Gasteiz
las funciones que la legislación vigente le asigna, reemplazando a la
Guardia Civil y a la Policía Nacional en las mismas, salvo en aquellas
que son compartidas. Esto significaba que las Fuerzas de Seguridad del
Estado, salvo en las funciones concretas que la actual legislación les
otorga, dejaban de realizar una buena parte de sus anteriores actividades
y, por consiguiente, dejaban de necesitar una parte importante de los
efectivos mantenidos hasta ese momento.
Como saben bien el señor ministro, cuando una gran empresa industrial o
de servicios conoce un proceso de este tipo, reduce sustancialmente su
plantilla, trasladando a instalaciones situadas en otros lugares al
personal afectado o aplicando otros planes de readecuación de personal.
Es por ello que desde el Grupo Vasco le solicitamos los datos
comparativos entre dos fechas, del personal de las Fuerzas de Seguridad
del Estado, naturalmente incluyendo personal con destino definitivo,
personal con destino provisional y personal en comisión de servicios,
para lo que hemos formulado la siguiente pregunta. ¿Qué número de agentes
y mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional estaba desplegado
en la ciudad de Gasteiz el 30 de diciembre de 1997 en comparación con el
número desplegado el 30 de diciembre de 1991?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente.
Con mucho gusto facilitaré a S. S. los datos sobre efectivos de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad de Vitoria.
En lo que se refiere a la Guardia Civil, el 30 de diciembre de 1991
estaban desplegados en Vitoria 538 efectivos, y el 30 de diciembre de
1997 los efectivos en plantilla fueron 492. Por lo que se refiere al
Cuerpo Nacional de Policía, a 30 de diciembre de 1991 eran 452 efectivos
y a 30 de diciembre de 1997, 312.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor ministro.
De lo que nos acaba de aportar se puede desprender claramente que no ha
existido una adecuación de plantillas, con la correspondiente minoración
de servicios y de funciones, de las Fuerzas de Seguridad del Estado en
Vitoria-Gasteiz, derivada del despliegue de la Ertzaintza. Como el señor
ministro conoce perfectamente, las funciones policiales básicas, como
prevención del delito e investigación criminal en más del 90 por ciento
de los casos, así como el mantenimiento del orden público y de la
seguridad ciudadana, son competencia de la Ertzaintza.
Esto...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría,
he dado unas cifras que me parece hacen que hoy el despliegue sea
razonable. Lo importante es que no desenfoquemos la realidad, y el
problema real de la seguridad de los vascos, de los alaveses en este
caso, de la seguridad y bienestar de los mismos, no depende de un
supuesto exceso de policías municipales, de miembros del cuerpo nacional,
de la Guardia Civil ni de la policía autónoma vasca; el problema de la
seguridad se manifiesta hoy en la falta de libertad de los concejales
vascos, en las presiones a los profesores de la universidad y jueces que
no saben euskera, en las amenazas a los miembros del Foro de Ermua, en
las coacciones o en la violencia callejera que padecen los comerciantes,
en las agresiones recientes contra los jóvenes de los partidos
democráticos, en las quince acciones que hoy mismo ha reivindicado ETA,
en el impuesto mafioso que tiene todavía lugar y que tienen que soportar
la sociedad vasca y la sociedad alavesa. Esas y sólo esas deben ser la
preocupación de todos: del Gobierno vasco, del Gobierno de España, de
todas las instituciones democráticas y de todos los representantes
democráticos de la sociedad vasca y de la nación española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON MANUEL JOSE SILVA I SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INTERIOR:
¿CUAL ES EL GRADO DE UTILIZACION DEL CATALAN, LENGUA PROPIA Y OFICIAL DE
CATALUÑA, EN LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESARROLLADAS POR SU MINISTERIO
A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION CON DIFUSION EN
CATALUÑA? (Número de expediente 180/001191)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 11,
que formula don Manuel
Silva i Sánchez, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Señor Silva.
El señor SILVA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Interior, ¿cuál es el grado de utilización del catalán,
lengua propia y oficial de Cataluña, en las campañas institucionales
desarrolladas por su Ministerio a través de los diferentes medios de
comunicación con difusión en Cataluña?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, en opinión
del Ministerio, el grado de utilización del catalán en las campañas
institucionales del Ministerio de Interior es aceptable, razonable y está
en función, dentro del propio Ministerio, en función del departamento a
que se refiera. En lo que se refiere a la droga, las tres campañas sobre
drogas puestas en marcha desde el año 1996 se han realizado mediante
folletos informativos en todas las lenguas oficiales, incluido el
catalán.
En lo que se refiere a protección civil, las campañas de información
nuclear de las dos centrales de Tarragona se realizan también en catalán;
y en el ámbito de la Dirección General de Tráfico, se imprimen en lengua
catalana los impresos administrativos, las denuncias, los permisos de
circulación y de conducción. En definitiva, creo que es una respuesta
razonable en función de los objetivos de los distintos departamentos del
Ministerio de Interior.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Silva.
El señor SILVA I SANCHEZ: Señor ministro, no querría valorar el grado de
utilización del catalán, lengua propia y oficial de Cataluña, por su
Ministerio acudiendo a criterios de renta per cápita. Yo creo que la
manifestación que ha hecho el señor ministro pone de manifiesto que hay
direcciones generales que tienen perfectamente asumido el carácter
plurilingüe del Estado y posiblemente hay alguna otra dirección general
que bien no lo tiene asumido o bien no lo plasma en la práctica. Según
los datos que obran en nuestro poder, en la última campaña de la
Dirección General de Tráfico (la Campaña Vive, con un presupuesto de
2.100 millones de pesetas, con cuñas en radio, televisión, entreactos en
los cines, y medios impresos de comunicación) no se ha destinado ni una
sola peseta a efectuar esta difusión en lengua catalana. Por tanto, no
nos gustaría hablar en estos casos de media, sino que solicitaríamos del
señor ministro que en esta función que le incumbe de impulsar la
actuación política de su departamento tome nota de la proposición no de
ley aprobada en este Congreso de los Diputados el 16 de diciembre del año
pasado, en la cual se insta a las instituciones a que asuman e impulsen
la realidad plurilingüe del Estado y, por consiguiente, más que hablar de
aceptabilidad, yo creo que en este caso nos correspondería hablar de
claroscuros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría,
el Ministerio de Interior ha tomado nota de la proposición de este
Parlamento y trata de ser absolutamente respetuoso con la misma. Quiero
decirle que no hay direcciones generales con una u otra sensibilidad. Sí
es verdad que hay objetivos o campañas nacionales que en función de la
proximidad de la sociedad en la que se producen interesa que se realice
en determinadas lenguas y hay otros objetivos que en función del coste
que ello significa no tienen rentabilidad suficiente.
Quiero decirle, ya que ha hablado usted del tema de tráfico, que en el
año 1996 las autoridades de la Generalitat catalana solicitaron de la
Dirección General de Tráfico la emisión de la campaña doblada al catalán,
con el compromiso de financiar los gastos que de ello se derivaran. La
Dirección General de Tráfico autorizó el doblaje, sin embargo nunca se
llevó a cabo la difusión en catalán por el elevadísimo coste que ello
suponía. En cualquier caso, señoría, estamos siempre dispuestos al
diálogo en este asunto y en todos los que usted considere oportunos para
resolver de la mejor forma posible estas cuestiones que ha planteado en
la tarde de hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON GUILLERME VAZQUEZ VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INVERSIONES PREVE REALIZAR EL
GOBIERNO EN GALICIA EN MATERIA FERROVIARIA EN EL PROXIMO QUINQUENIO?
(Número de expediente 180/001190)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas
al ministro de Fomento. Pregunta número 10, que formula don Guillerme
Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señor ministro, las infraestructuras ferroviarias de Galicia, tanto en la
red interna como en la comunicación con el exterior, presentan desde
nuestro punto de vista --y supongo que usted compartirá esto--,
gravísimas deficiencias que es preciso corregir. Por ello le pregunto:
¿qué inversiones prevé realizar el Gobierno en Galicia en materia
ferroviaria en el próximo quinquenio?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, como sin duda conoce, hace muy pocos días se firmó un convenio
de inversión en infraestructuras ferroviarias entre el Gobierno y la
Comunidad Autónoma de Galicia que prevé una inversión de 30.000 millones
de pesetas en los ferrocarriles gallegos durante los próximos cinco años.
Además, Renfe invertirá en el bienio 1998-1999, hasta que se conozca la
cifra que corresponde al próximo contrato-programa, 2.753 millones de
pesetas y FEVE, ferrocarriles de vía estrecha, invertirá 1.510 millones
de pesetas en el próximo quinquenio. En total, por tanto, una inversión
en ferrocarriles de cerca de 35.000 millones de pesetas en los próximos
cinco años y probablemente más cuando se conozcan las cifras del próximo
contrato-programa de Renfe.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señor ministro, con todo respeto, francamente, si usted cree que la
solución a las necesidades ferroviarias de Galicia pasan por las
inversiones previstas por su Gobierno, que usted acaba de mencionar y que
se reflejan en el convenio firmado con la Xunta de Galicia, o usted está
equivocado o pretende que comulguemos con ruedas de molino. Yo creo que
esas previsiones sólo pueden satisfacer a quienes o desconocen la
realidad del ferrocarril en Galicia o a quienes, desde luego, dan la
espalda a la realidad inmediata. Yo creo que con esas inversiones --y
usted me desmentirá, señor ministro-- habrá ligeros retoques en algunas
líneas, nada a fondo, pero sigue quedando claro que no hay ninguna
previsión por parte del Gobierno de conectar Galicia con el exterior a
través de la velocidad alta, por ejemplo.
Para empezar, señor ministro, creo que si se quiere dar una respuesta en
serio a estas necesidades ferroviarias habría que partir del acuerdo
sobre ferrocarril que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad en
diciembre de 1995 y que, como usted sabe, proponía una serie de
actuaciones mínimas y básicas pero, en todo caso, algo en serio para
corregir las deficiencias actuales. Se hablaba de dobles vías en algunos
trayectos, de electrificación, de conexión de los puertos, de una
modernización en serio del FEVE --que, desde luego, con las cantidades
previstas no se va a conseguir--, del servicio de cercanías o de conexión
de Galicia con Madrid y Portugal por velocidad alta. Para eso, señor
ministro, usted sabe también que se proponía
un plan de financiación plurianual, bastante superior
--por lo que se ve-- a lo que ustedes están dispuestos a abordar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, si tomamos como punto de referencia el Plan director de
infraestructuras --que no hizo este Gobierno, pero que aprobó muy
mayoritariamente esta Cámara--, las necesidades de inversión en
infraestructuras ferroviarias alcanzan en el conjunto de España cerca de
cuatro billones de pesetas. Naturalmente que esas exigencias de inversión
para concluir --por así decirlo-- una red aceptable del ferrocarril en
toda España requeriría paralizar automáticamente las inversiones que se
están realizando en autovías.
Su señoría sabe que, teniendo en cuenta los Presupuestos Generales del
Estado actualmente vigentes, las inversiones que se están haciendo en
Galicia por este Gobierno son espectaculares si se toma como punto de
referencia lo que hicieron gobiernos anteriores. Comprenda usted,
señoría, que en los presupuestos de este año, solamente para autovías
gallegas, van cerca de 50.000 millones de pesetas. Por tanto, señoría, el
Gobierno distribuye el dinero disponible, en una política de rigor
presupuestario, de la manera más equitativa que entiende, y entiende,
efectivamente, que Galicia tiene unas necesidades mayores en el ámbito
del ferrocarril. Por eso, a diferencia de otras comunidades autónomas, va
a recibir inversiones por 30.000 millones de pesetas que mejorarán,
primero, la seguridad en los ferrocarriles y, segundo, el tiempo que se
tarda en los principales trayectos que discurren por el eje atlántico.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON ALFREDO PEREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿SIGUE USTED PENSANDO
QUE LA COMPRA DE ANTENA 3 TELEVISION POR PARTE DE TELEFONICA FUE UNA
OPERACION COMERCIAL? (Número de expediente 180/001195)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 15,
que formula don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, recientemente, Antena 3 Televisión ha nombrado director
de informativos a don Ernesto Sáenz de Buruaga, anterior responsable de
informativos de Radiotelevisión Española. Después de este nombramiento,
¿sigue usted pensando que la compra de Antena 3 Televisión por parte de
Telefónica fue una operación comercial?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Rubalcaba.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, lo que
yo creo es que este nombramiento pone de relieve, en mayor medida aún,
que efectivamente ha sido una operación comercial, porque el señor Sáenz
de Buruaga es uno de los grandes profesionales de la información
española.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PEREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Discrepo con usted, señor ministro. Yo creo que el nombramiento es la
prueba del nueve que faltaba para demostrar que se trata de una operación
política. El señor Sáenz de Buruaga ha sido el responsable informativo de
Televisión Española en la etapa más sectaria de los informativos de
Televisión Española. (Risas.) En la más sectaria, señor ministro. Y por
esa razón, Telefónica y ustedes --los señores del PP-- le han llevado a
Antena 3, para continuar con su tarea, una tarea de ensalzamiento hasta
lo ridículo del Gobierno del Partido Popular y de criminalización --y
esto es lo peor-- del Partido Socialista.
Vamos a suponer por un momento que es una operación comercial. Señor
ministro, le voy a dar un par de ideas: conecten ustedes en cadena las
tres televisiones, La 1, La 2 y La 3, y así ahorrarán platós, cámaras y
algún que otro presentador de televisión. Incluso le diría más: lleven
los informativos de La 1, La 2 y La 3 al plató de La Moncloa y ahorrarán
más cámaras, más presentadores y hasta le puedo sugerir que tendrán un
buen programa cómico al final de las mañanas de los viernes, que, dadas
las habilidades lingüísticas del portavoz, seguramente podrían vender a
alguna televisión catalana.
Ya en serio, señor ministro, tengo que decirle que ustedes han utilizado
Telefónica al servicio de sus operaciones mediáticas; ustedes han
utilizado Telefónica para comprar una cadena que ustedes quieren
controlar y hoy es legítimo preguntarse, como lo hago yo en esta Cámara,
qué parte de la subida de teléfonos que usted anunció ayer va a pagar
estos desmanes informativos mediáticos que el Gobierno está haciendo con
una única pretensión: controlar los medios de comunicación y sofocar la
libertad de expresión. ¿Qué parte de ello, señor ministro, vamos a pagar
el conjunto de los españoles? (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.
¿Sabe usted, señoría, que acaba de decir que unos cuantos millones de
españoles son tontos? Porque usted sabe que los telediarios que dirige el
señor Sáenz de Buruaga son los más vistos de entre todos los telediarios
de todas las cadenas de televisión. Cuando Antena 3 ficha al señor Sáenz
de Buruaga tiene en cuenta esa realidad: es uno de los mejores
profesionales de la información española. Desde esa perspectiva, es
lógico que intente ser captado por las empresas privadas.
Ustedes se han equivocado siempre en relación con Telefónica y Antena 3 y
siguen equivocándose. Se equivocan cuando piensan que esto no es un
negocio comercial por parte de Telefónica. Desde que los nuevos gestores
de Antena 3 se han hecho cargo de la empresa de televisión han empezado
los beneficios. En el primer trimestre de este año la cuenta de
resultados de Antena 3 arroja un beneficio de 3.000 millones y a final de
año probablemente tendrá 8.000 millones, como habrá podido usted leer en
la prensa económica.
Se han vuelto a equivocar también con Telefónica porque, con una campaña
absolutamente disparatada, han pretendido hacer bajar la cotización de
las acciones y perjudicar a millones de accionistas españoles (Rumores.),
pero tienen tanta credibilidad que cada vez que se han metido con
Telefónica las acciones han subido en su cotización.
Se han vuelto a equivocar, señoría, al considerar que hay una operación
política en la compra de Antena 3
por parte de Telefónica. Todos los grandes operadores de
telecomunicaciones del mundo están entrando en grupos de comunicación,
porque ahí está la estrategia del futuro en el ámbito de las
telecomunicaciones.
Finalmente se equivocan, señoría, cuando piensan que detrás de esto hay
una operación política, porque le he dicho y le repito que al final del
mandato de este Gobierno habrá mucho más pluralismo informativo del que
hubo nunca durante 14 años de Gobierno socialista.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro de Fomento.
--DEL DIPUTADO DON CARLOS CHIVITE CORNAGO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACCIONES TIENE PREVISTAS LA
MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION PARA LOGRAR EL INCREMENTO
DEL PRESUPUESTO EUROPEO DEDICADO A LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE
MERCADO DEL VINO? (Número de expediente 180/001201)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas dirigidas
a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pregunta número 21, que formula don Carlos Chivite Cornago, del Grupo
Socialista.
Señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la PAC está generando problemas que afectan a distintos
sectores agrícolas y ganaderos. En los próximos meses, la Unión Europea
definirá la nueva OCM del vino y, por ello, le formulo la siguiente
pregunta: ¿qué acciones tiene previstas para lograr el incremento del
presupuesto europeo dedicado a la reforma de la OCM del vino?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chivite.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, la realidad es que todavía no hay ninguna propuesta de
reforma de la OCM del vino a discusión y, por tanto, no hay ningún
presupuesto que elevar o, sencillamente, que discutir.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Chivite.
El señor CHIVITE CORNAGO: Señora ministra, esperaba esa respuesta.
En cualquier caso, a usted le corresponde, en relación con todas las
declaraciones de voluntades que ha hecho en estos últimos meses respecto
al sector agrario, y más en concreto respecto al sector agrícola, pasar
de esa literatura a las cifras, de las promesas a los hechos, de las
teorías a las acciones y traducir en pesetas para el sector del vino la
voluntad política que dice tener, si no aquí sí en distintos foros en los
que usted ha participado.
A usted, señora ministra, se le ha agotado la credibilidad. Ya casi no la
tiene con el señor Aznar, que la nombró, la ha perdido en los sectores y
para mi grupo la perdió hace muchos meses. De su buena negociación
dependen más de 300.000 explotaciones, miles de bodegas y más de 140.000
puestos de trabajo, además del futuro de extensas zonas rurales de
nuestro país. En Europa, señora ministra, más que contundente, hay que
ser convincente; más que reivindicadora aislada, hay que ser negociadora
aliada. Encabezar manifestaciones no sirve; hay que trabajar en la sombra
para tratar de incorporar a los documentos, desde los primeros borradores
--tome nota, señora ministra--, los criterios de España, no limitarse a
criticarlos cuando ya han sido elaborados por otros y es mucho más
difícil modificarlos. Si no tiene criterios claros, le voy a dar algunos:
recupere usted el «Diario de Sesiones» de los años 1993 a 1995, proceda a
la lectura de las 49 iniciativas que sobre el sector del vino se
formularon y basta con que lo que ustedes decían entonces con excesiva
violencia verbal, cuando estaban en la oposición, lo cumpla ahora desde
el Gobierno.
Espero, por el bien del sector, que podamos brindar con buen vino español
su buena negociación y sus éxitos en Bruselas. Mi grupo está dispuesto a
ayudarla si esta vez sabe enfocar y orientar de manera correcta la
defensa de los intereses españoles. Es su última oportunidad, ministra;
el vino puede ser su salvación una vez que ha fracasado con la pesca, la
leche, las vacas locas, la peste porcina, la fruta, las hortalizas,
regadíos o el aceite de oliva. (Rumores.) Quizá de cómo afronte esta
negociación, de cómo la oriente y de cómo la desarrolle dependa su futuro
como ministra. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Señoría, puestos a decir, también fracasé porque no conseguí evitar la
muerte de Manolete en su día. (Rumores.) No tiene ningún sentido hacer
las preguntas en este plan. Vamos a hablar seriamente porque en torno al
sector del vino, como sabe S. S., hay miles y miles de familias.
Quiero decir, en primer lugar, que en el sector del vino hay dos tipos:
está el sector del vino de marca, de denominación de origen, que está
conociendo una explosión de actividad y de exportación fantástica
--concretamente, en el año 1997 han aumentado en un 25 por ciento las
exportaciones a terceros países--; y están además las grandes
producciones de nuestros vinos de mesa. Tengo que decir a S. S. que en
este sector, debido a una situación de sequía en los últimos años, España
no ha tenido que recurrir a las destilaciones obligatorias para regular
el mercado, sino que, bien al contrario, ha habido que importar vino de
terceros países, concretamente de Argentina y otros. Precisamente, lo que
hay que conseguir es vertebrar este sector, y estamos en la tarea de
impulsar la creación de una interprofesional del vino de mesa en la que
agrupemos y se puedan coordinar las acciones de los productores y de los
embotelladores y distribuidores de las grandes cantidades de vino de mesa
de calidad que se producen en España.
Además, tengo que decirle que la OCM del vino ha venido costando estos
últimos años 800 millones de ecus, y eso corresponde indudablemente a una
situación especial. Tengo que decir, además, que en España se han
abandonado aproximadamente 220.000 hectáreas de viñedo entre los años
1989 y 1996, lo que representa un 15 por ciento del total nacional. Pero
además de todo eso, le voy a decir que en lo que se refiere a la nueva
OCM del vino, España ha hecho llegar hace tiempo un memorando en el que
se recogen las que consideramos que deben ser las grandes líneas de la
nueva OCM: reestructuración de las explotaciones vitícolas, mejora de la
instalación de elaboración de vino de mostos, ayuda de compensación por
hectárea en función de clima y pluviometría, ayudas al alcohol de uso de
mesa --esto es básico para los brandys y otro tipo de producciones de
alcohol--, no a la chaptalización...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Y la interprofesional a que me he referido. Y, por
supuesto, seguiré las recomendaciones del señor Neftalí Isasi. (Risas.)
--DEL DIPUTADO DON JOSE MADERO JARABO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL GOBIERNO
EL ACTUAL MARCO PROFESIONAL Y CONTRACTUAL ENTRE PRODUCTORES DE REMOLACHA
Y AZUCARERAS? (Número de expediente 180/001204)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 24,
que formula don Angel Pintado, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, en estos últimos años ha existido una gran preocupación
en el sector remolachero-azucarero por el miedo a que la cuota de azúcar
controlada por España pudiera pasar, previa la reforma de la organización
común de mercado del azúcar, a disposición de las industrias, y éstas,
según su conveniencia, llevar la cuota a otros países de la Unión
Europea. Gracias a su gestión, no sólo se ha logrado que esta cuota se
quede en España para beneficio de los cultivadores y los molturadores,
sino también impulsar los procesos de modernización necesarios para que
este sector sea competitivo y alcance unas ratios de producción similares
a los europeos.
Las organizaciones agrarias y empresas azucareras han firmado un acuerdo
de contratación de la remolacha en el marco del Acuerdo Marco
Interprofesional Plurianual, que estará vigente hasta el año 2001, para
la propia reestructuración del sector. Al estar integrados en un mercado
como el europeo, cada vez más global y competitivo, que exige un proceso
de reestructuración y modernización de la industria azucarera y ante la
proximidad del establecimiento de una nueva OCM del azúcar en el año
2001, dentro del marco del proceso general de cambio de la agricultura
europea que tenemos por delante, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué
opinión le merece al Gobierno el actual marco profesional y el
contractual entre productores de remolacha y azucareras?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pintado.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, comparto con S. S. la satisfacción porque gracias a las
últimas operaciones de tipo comercial se garantiza la españolidad del
sector remolachero y azucarero en España, cuestión que algún grupo se
niega a aceptar aunque creo que deberían estar muy satisfechos, igual que
lo estamos nosotros, por estas cuestiones. (Rumores.) Además, me
encuentro con que el acuerdo que existe entre los productores de
remolacha, uno de los cultivos sociales más importantes en el regadío
español, y los fabricantes de azúcar es altamente provechoso para todo el
sector. Gracias a él se ha logrado superar con creces nuestra cuota de
producción de un millón
de toneladas, consolidándose de hecho estas producciones y exportando a
terceros países, sin ningún tipo de ayuda, la cuota suplementaria. Ha
sido posible una estabilidad en el sector y un buen funcionamiento de las
campañas de contratación y de las entregas.
La Administración se ha limitado a cumplir el mandato de asegurarse que
estos acuerdos estaban en concordancia con la normativa en la materia,
porque estos son acuerdos interprofesionales de facto que regulan el
sector de manera interna. Se puede considerar todavía más meritorio el
sentido de la responsabilidad de los productores y de los fabricantes por
cuanto la normativa es prácticamente inexistente y ha sido realmente
voluntad de las partes llegar a este tipo de acuerdos.
Gracias a la investigación se ha conseguido una mejora importantísima del
cultivo de remolacha, consiguiéndose unos rendimientos que se han
incrementado en un 50 por ciento desde el año 1986 hasta la fecha,
pasando de una media de cinco toneladas/azúcar por hectárea a 7,5
toneladas. Además, la intervención costea las campañas de imagen para
promocionar el consumo de azúcar, que es un consumo saludable, a unos
niveles suficientes para mantener el nivel de precios sin repercutir
negativamente en el índice de precios al consumo.
Obviamente, algo que todos desearíamos es que España tuviera una cuota de
azúcar superior a la que tiene. En su día se negoció una cuota inferior a
nuestro consumo, somos el único país de la Unión Europea que tiene en
azúcar una cuota inferior a su consumo, y en este momento, como sabe S.
S., estamos intentando conseguir un aumento de en torno a 60.000
toneladas, correspondientes a lo que es el consumo de Canarias.
Repetimos una vez más que estos acuerdos son universales, que afectan a
todos los productores y que se han realizado entre las partes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON DIEGO JORDANO SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE AVANCES HA CONSEGUIDO EL
GOBIERNO EN LAS NEGOCIACIONES DE LA REFORMA DE LA ORGANIZACION COMUN DE
MERCADO (OCM) DEL ACEITE DE OLIVA. (Número de expediente 180/001205) El
señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 25,
que formula don Diego Jordano, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Agricultura, las acciones de los ministros de
Agricultura socialistas, convincentes, negociadores, trabajando en la
sombra y defendiendo los intereses agrícolas españoles, lograron que el
olivar español soportara un periodo transitorio de diez años y que se
urdiera en Bruselas una reforma de la OCM del sector sin que, al parecer,
los anteriores responsables se enteraran de nada. (Rumores.) Cuando usted
llegó al Ministerio se encontró una reforma preparada por la Comisión
Europea que, en determinados puntos, colisionaba con los intereses
españoles. Fundamentalmente se preveía una ayuda a tanto alzado por
árbol; se fijaba un número de olivos para España de 165 millones (gracias
a los datos formulados por el Ministerio de Agricultura español); no se
contemplaba ninguna ayuda para la aceituna de mesa; se establecía para
España una ayuda fija de 125.000 millones, y esta reforma entraba en
vigor en la campaña 1996-1997. Aparte de lo anterior, la Comisión parecía
desconocer la realidad productiva y de empleo del sector del olivo en
España y el cultivo era una incógnita para la mayor parte de los
ministros de Agricultura europeos.
En España se exportaba aceite a granel en proporciones cercanas o
superiores al 80 por ciento, el mercado interior se mantenía con una
atonía de consumo, había conceptos del sector del olivar que eran
totalmente desconocidos para la opinión española y había también un
desconocimiento de la amplitud del área geográfica que vive directamente
del olivar.
Desde determinados partidos políticos y también desde algunas
pseudoorganizaciones empresariales cercanas a estos partidos --me refiero
concretamente a UPA y a UAGA-- se sigue manteniendo que nada ha cambiado
en la posición europea, que cada propuesta que se hace desde Europa es
peor que la anterior y que el sector está abocado al abandono de
explotaciones, con una pérdida importante de empleo. Por ello le pregunto
qué avances ha conseguido el Gobierno en las negociaciones de la reforma
de la OCM del aceite de oliva.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jordano.
Señora ministra de Agricultura.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor
Jordano.
Se han conseguido avances muy importantes. Suscribo plenamente lo que ha
dicho S. S. en cuanto a la acción de mis predecesores en el cargo, que
desde luego me hubiera encantado que hubieran sido más exitosos en sus
negociaciones en Bruselas, porque me lo hubieran
dejado mucho más fácil. (Rumores.) Y, desde luego, que hubieran hecho
todo eso que pretende ahora el mismo grupo que entonces les apoyaba que
haga yo, que lo hubieran hecho cuando tenían que haberlo hecho, que era
cuando se entraba en la Unión y no a medio camino, cuando es todo mucho
más complicado.
Desde la primera propuesta de reforma de la OCM del aceite de oliva, que
yo me encontré al llegar a mis responsabilidades como ministra de
Agricultura ya completamente hecha y preparada, hemos avanzado mucho.
Primero, se ha aparcado la ayuda al árbol, que era lo que suponía de
verdad pérdidas de millones de jornales para España, una auténtica prima
a la pereza y el abandono del cultivo de gran parte de nuestro olivar.
Eso se ha conseguido aparcar. Lo que se mantiene es la ayuda a la
producción y además a la producción real, suprimiendo la ayuda a tanto
alzado a los pequeños productores que es fuente de fraude y que en España
suponía nada más que un 8 por ciento. Nosotros dijimos desde siempre,
desde el primer momento, no así mis predecesores, que había que
suprimirlo para simplificar y mejorar la transparencia en el
funcionamiento de esta OCM.
En segundo lugar, además de esto, que es el punto clave --rechazar la
ayuda al árbol y mantener la ayuda a la producción real--, hemos pasado
de una ayuda de 125.000 millones de pesetas, es decir, el equivalente a
la ayuda de unas 550.000 toneladas de aceite de oliva para España, a
hablar de 150.000 millones de pesetas, es decir, 625.000 toneladas. Por
tanto, de 500.000 toneladas a 625.000 toneladas, de 125.000 millones a
150.000 millones es el avance para el sector.
A pesar de todo eso, no nos parece suficiente porque corresponde a una
media de años de sequía, por tanto, hay que aumentar esa cantidad máxima
garantizada para que recoja la realidad productiva; hay que incorporar
una ayuda al olivar de aceituna de mesa, que representa entre 7 y 8
millones de jornales, y, además de eso, mantener la intervención y
prohibir las mezclas. En eso estamos trabajando y estoy segura de que a
lo largo de estas semanas, de estos meses, conseguiremos todavía mejorar
sensiblemente lo que es la propuesta actual de la Comisión.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON LUIS ALBERTO AGUIRIANO FORNIES, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA DADO INSTANCIA AL PORTAVOZ DEL
GOBIERNO PARA QUE REVELE LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE HACEN CARGO
DE SU SEGURIDAD? (Número de expediente 180/001214)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que se
formularán al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Pregunta nueva --sustituyendo a la número 16--, que formula don Luis
Aguiriano, del Grupo Socialista.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, creo que en este trámite, al contrario que su antecesora,
usted no va a poder echar la culpa a los gobiernos anteriores. La
pregunta está motivada por la entrega a los medios de comunicación de
datos reservados que afectan a la seguridad de escoltas de
Vicepresidencia del Gobierno. Una larga estancia en América impide que le
haga la pregunta al señor Alvarez-Cascos, pero quiero aprovechar su
presencia, señor Arenas, para decirle que estimamos en lo que vale la
petición de perdón del secretario de Estado de Comunicación. No está el
Gobierno sobrado de este tipo de gestos como para no tenerlos en cuenta,
lo diga en catalán o lo diga en castellano. Pero la petición de perdón,
que sólo puede solucionar problemas personales, no impide la asunción de
responsabilidades políticas. Ustedes, que siempre las han exigido a los
demás, miran hacia otro lado cuando les corresponde asumirlas. Nuestro
objetivo con la pregunta no está en zaherir al Gobierno, sino en la
exigencia de que se adopten todas las medidas necesarias --insisto, señor
ministro, todas las medidas necesarias-- que garanticen la seguridad de
los policías y de sus familias.
Le pido, señor ministro, que en este trámite nos informe de las medidas
que se van a adoptar y se comprometa a su cumplimiento. Exigiremos con
toda energía todas las responsabilidades que sean precisas si hay
acontecimientos desagradables posteriores.
Le ruego, señor ministro, que dé por reproducida la pregunta en los
términos en que viene en el orden del día del Pleno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Aguiriano.
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señorías, desgraciadamente, este asunto sí tiene que ver con
el Gobierno anterior, porque todo lo que ha acontecido ha sido a la hora
de desmentirse por parte del Gobierno una imputación falsa que hizo el
anterior presidente del Gobierno al actual vicepresidente primero del
Gobierno. (Rumores.) En segundo lugar, que nunca se tuvo la intención de
trasladar ningún dato de las personas de seguridad. Y, en tercer lugar,
que se han adoptado todas las medidas y, como también se ha dicho --eso
no se hacía antes--, el Gobierno ha pedido
disculpas, pero no intentemos echar una cortina de humo sobre el asunto
central: la imputación falsa de una reunión al vicepresidente primero del
Gobierno por el anterior presidente del Gobierno. (El señor Caldera
Sánchez-Capitán: ¡Muy mal!--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias.
Señor Aguiriano.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Señor presidente, señor ministro, me preocupa
su talante. (Rumores.) Usted, que es conocido, al igual que un antepasado
suyo, como la sonrisa del régimen, me desilusiona en este trámite. He
pretendido hacer una intervención constructiva en función de lo más
importante en este caso: la seguridad de unos escoltas que ustedes han
puesto en peligro.
Ustedes no pueden echar la culpa a nadie de que desde el departamento de
Vicepresidencia del Gobierno se prepare un dossier con datos reservados
que no tienen por qué salir de Vicepresidencia del Gobierno y se
trasladen al secretario de Comunicación. Ustedes son responsables de que
el que prepara un dossier para prensa sepa qué tipo de dossier prepara,
de que el que entrega el dossier a la prensa sepa qué información va en
ese dossier. En ese dossier había información reservada y muy grave para
la seguridad de unos ciudadanos. Ustedes son responsables de lo que pueda
ocurrir. Tendrán que asumir, tarde o temprano, las responsabilidades.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Aguiriano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, lamento no ilusionar al señor diputado. Por otra parte, me
parece que lo que no sirve es la afirmación sobre el talante cuando no se
da la razón al señor diputado. Con toda tranquilidad, con toda serenidad,
le digo que no comparto sus argumentos. Y vuelvo a repetirle los temas
que para mí son esenciales.
Se produce una imputación falsa. El Gobierno demuestra que la imputación
es falsa. Se comete el error de no apreciar determinados datos personales
en la información. En cuanto se conoce el error, se pone en contacto con
los medios de comunicación, cuya profesionalidad quiero elogiar en la
Cámara porque no se han publicado esos datos. Se han tomado todas las
medidas. Se han pedido disculpas, pero vamos a entendernos. La próxima
semana vuelve la pregunta al Senado con el mismo tenor. Ustedes conocían
hoy la ausencia justificada del vicepresidente primero. Sí quieren
zaherir al Gobierno, y el Gobierno democráticamente dice que no se
utilice como cortina de humo un asunto que hemos explicado; hemos
corregido el error y se han tomado más medidas. Pero lo siento, señoría,
no es un problema de talante; es un problema de que un ex presidente del
Gobierno no puede hacer una imputación gravísima y falsa en torno a la
conducta del vicepresidente primero del Gobierno. Ahí está el gran
problema.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.
--DEL DIPUTADO DON VICTOR MORLAN GRACIA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA RECONSIDERADO EL GOBIERNO EL
CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS Y DECLARADO EL 6 DE ENERO DE 1998 DIA
LABORAL? (Número de expediente 180/001197)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 17,
que formula don Víctor Morlán Gracia, del Grupo Socialista.
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la verdad es que esta pregunta la podía contestar
cualquiera de los dos ministros que están en estos momentos en el banco
azul, porque es un pregunta que ya tuvo una primera contestación en el
Senado y que hace referencia a que el día 6 de enero de 1998, la fuera de
control Compañía Telefónica o, más concretamente, su incontrolado
presidente cobraron a los usuarios los precios de las llamadas
telefónicas como si las hubieran hecho en día laborable, ingresando por
este motivo, según los datos hechos públicos por las organizaciones de
consumidores, en torno a 500 millones de pesetas en razón a la aplicación
del cambio de tarifa que se produjo, y por ello le formulo la siguiente
pregunta: ¿Ha reconsiderado el Gobierno el calendario oficial de fiestas
y declarado el día 6 de enero de 1998 día laboral?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
No. Puedo contestar al señor diputado que no ha reconsiderado el Gobierno
el calendario oficial de fiestas; no lo ha reconsiderado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Morlán.
El señor MORLAN GRACIA: Señor ministro, tengo aquí el calendario oficial
de fiestas que ustedes aprobaron en octubre de 1997, y haciendo
referencia a la pregunta que contestó su compañero de Gobierno, que
hablaba de que determinadas fiestas autonómicas no tenían nada que ver
con la aplicación o no de tarifas telefónicas, le tengo que decir que
cuando se trata de una fiesta que es la única que se guarda en todas las
comunidades autónomas la Compañía Telefónica no ha tenido el detalle de
decir que esa fiesta tenía las mismas características que otro tipo de
fiestas que pudiera haber en cada una de las comunidades autónomas, o al
menos igual que las fiestas que tienen un carácter nacional.
Yo creo que al señor presidente de Telefónica, señor ministro de Fomento,
no lo controlan, y ustedes deberían hacer alguna reflexión sobre la
posición que está teniendo el mismo, porque dicen ustedes que respetan la
ley y por eso cobran las tarifas laborables en días festivos, y cuando
tienen que cumplir la Orden ministerial de 18 de marzo de 1997 no tienen
ningún interés en cumplirla; de ahí que ustedes vayan siempre a remolque
de lo que está planteando el propio presidente de Telefónica. A usted le
puede ocasionar mucha gracia y mucha sonrisa que se formule este tipo de
preguntas, pero es que frente al enfado que uno puede tener porque le
estén tomando el pelo vale más una pregunta irónica, en la que se tiene
que poner de manifiesto la propia incompetencia que tienen ustedes para
controlar una empresa que han privatizado totalmente, pues están
impidiendo que un servicio público, como el telefónico, pueda tener el
nivel de calidad que todo el mundo desea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, si le parece al señor diputado contesto desde el Ministerio
de Trabajo porque no sustituyo hoy al ministro de Fomento, que obviamente
nos acompaña y que ya ha contestado en la sesión de control; por tanto no
contestaré a las insinuaciones sobre Telefónica o sobre la gestión de
Telefónica, porque me parece que eso ya ha sido contestado en la Cámara.
Simplemente quiero decirle que me parece que puede haber alguna
confusión, y que estoy seguro que se puede superar, porque como S. S.
sabe el día 6 de enero es fiesta nacional, pero es susceptible de
modificación en cuanto al calificativo de festivo por parte de las
comunidades autónomas. Eso dice la norma y la legislación a la que se
refiere, que concretamente dice que las fiestas que están incluidas
dentro del apartado d) --y entre esas se encuentra la festividad del día
6 de enero-- son susceptibles de modificación por parte de las
comunidades autónomas.
Creo que con esa fórmula podríamos salir de la confusión, señor
presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
--DEL DIPUTADO DON PABLO MARCIAL IZQUIERDO JUAREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
AYUDAS ESTA PRESTANDO EL ESTADO ESPAÑOL A LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES QUE TRABAJAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS? (Número de expediente 180/001206)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 26,
que formula don Pablo Izquierdo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Asuntos Exteriores, la pregunta que esta tarde le vamos
a formular nos sirve de perfecta excusa, si la Presidencia y el conjunto
de
SS. SS. nos lo permiten, para felicitarle, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, por la aprobación el jueves pasado de la ley de
cooperación internacional para el desarrollo, una ley impulsada por este
Gobierno; felicitación, reitero, señor ministro, a usted, a su Ministerio
y en su persona a todo el Gobierno; una ley que ha esperado esta Cámara
durante muchos años, que ha recibido un amplísimo acuerdo parlamentario y
que consagra que la lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones
será el objetivo principal de nuestra cooperación exterior. Además
consagra también como principio inspirador de nuestras políticas de
cooperación la defensa y protección de los derechos humanos.
¡Qué distinta es, señor ministro, la presencia de España en el mundo cien
años después de aquel 1898! Hoy la presencia de España en el mundo es de
influencia y de prestigio, qué duda cabe. Celebramos este año ese
centenario de 1898, pero también celebramos, señor ministro, el 50
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este
sentido, ¿qué ayudas está prestando el Estado español a aquellas
organizaciones no gubernamentales que directa o indirectamente trabajan
en la defensa de los derechos humanos?
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Izquierdo.
Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, la cooperación española está enfocada para defender los
derechos humanos y tiene muy presente que este año precisamente
celebramos el 50 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. El programa de subvenciones de la Secretaría de
Estado de Cooperación para el Desarrollo contempla entre sus prioridades
sectoriales, en sus dos convocatorias anuales, los proyectos orientados a
la defensa y promoción de los derechos humanos. Además, a través de la
oficina de derechos humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores se
aprueba, desde el año pasado, una convocatoria anual de ayudas y
subvenciones para las actividades dirigidas a la divulgación promoción y
defensa de los derechos humanos. Por otra parte, la Agencia Española de
Cooperación Internacional también destina ayudas de carácter singular a
las organizaciones no gubernamentales para la protección de derechos
humanos. Quiero destacar el memorándum entre la Agencia y el Instituto
Iberoamericano de Derechos Humanos para desarrollar proyectos conjuntos
entre 1996 y 1998, por un valor de 70 millones de pesetas. Quiero
subrayar muy en especial que el proyecto de ley de cooperación, aprobado
ampliamente por SS. SS. la semana pasada --y me permitiré devolver a toda
la Cámara su felicitación por su aprobación, y muy en especial a S. S.--,
recoge en su artículo 1, como uno de sus objetivos prioritarios, la
defensa y protección de los derechos humanos, además de la erradicación
de la pobreza en el mundo, en todas sus manifestaciones.
Ciertamente todo ello repercutirá, además, en las ayudas a las
organizaciones no gubernamentales que trabajen directa o indirectamente
en defensa de los derechos humanos que, como S. S. podrá comprobar por mi
contestación, constituye una auténtica prioridad en las actuaciones de
este Ministerio y muy en particular en todo lo que afecta a la
cooperación al desarrollo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
V. INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLITICA EXTERIOR DEL GOBIERNO EN
RELACION CON EL SAHARA Y EN APOYO DE LA EFECTIVA APLICACION DE LOS
ACUERDOS DE HOUSTON, ALCANZADOS ENTRE EL FRENTE POLISARIO Y MARRUECOS,
CON EL FIN DE ALCANZAR UNA SOLUCION PACIFICA Y DEMOCRATICA. (Número de
expediente 172/000088)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto V del orden
del día, interpelaciones urgentes. Interpelación del Grupo Parlamentario
Mixto sobre la política exterior del Gobierno en relación con el Sahara y
en apoyo de la efectiva aplicación de los acuerdos de Houston, alcanzados
entre el Frente Polisario y Marruecos con el fin de alcanzar una solución
pacífica y democrática.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
La presentación misma de la interpelación y la elección del tema vienen a
significar la importancia que a la cuestión del Sahara otorga Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya. Hay que reconocer que no suele ser
demasiado habitual que se celebren en esta Cámara interpelaciones sobre
política internacional. Siendo, obviamente, una cuestión internacional,
como el propio enunciado de la interpelación indica, nos encontramos, por
otra parte, con lo que también se podría denominar como una cuestión
interna, al menos desde algún punto de vista. En primer lugar, porque se
puede recordar aquella declaración del Tribunal de La Haya, en que
recordaba el papel de potencia colonizadora española, con los compromisos
internacionales que ello suponía, y en ese marco no hay que recordar a
SS. SS. lo ilegal del proceso de abandono, pero sí habrá que recordar
siempre las obligaciones morales y políticas concretas. España no puede
ni debe estar ausente o ser uno más de los Estados que intervienen en el
actual proceso o en cualquier avatar que afecte a aquel territorio y a
sus gentes.
En segundo lugar, ninguna situación internacional provoca tanta simpatía
y solidaridad entre el pueblo español como la situación del pueblo
saharaui. El pueblo español ha sido más sensible y solidario que sus
propios gobernantes que ni siquiera llegaron a reconocer a la República
Arabe Saharaui Democrática. Pero eso no debe ser una excusa para el
actual Gobierno para una cierta inoperancia en la hora actual. Y esa hora
actual está iluminada por las esperanzas que abrieron los acuerdos de
Houston, en el marco de las resoluciones 658, 690 y otras posteriores del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En esta situación se inscribe la
proposición no de ley firmada por todos los grupos parlamentarios y
aprobada definitivamente en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso el 22 de diciembre de 1997.
Ha transcurrido un tiempo suficiente para evaluar las acciones del
Gobierno español, un tiempo suficiente, por cierto, para apreciar
notables omisiones, falta de compromiso activo y decisiones
contradictorias con el espíritu, y aun con la letra, de la mencionada
proposición no de ley. Vayamos por partes. Dicha proposición aludía a una
serie de obligaciones genéricas del Gobierno en orden a cooperar al
desarrollo del llamado
plan de arreglo, mientras que otras son más concretas. Se han reiterado,
eso sí, las declaraciones de buenas intenciones, pero en lo concreto o se
desconoce lo hecho o no se ha avanzado o incluso en algún punto se ha
retrocedido. Así, por ejemplo, la proposición habla, en primer lugar, de
elaborar un programa de apoyo a la aplicación del plan de arreglo.
¿Existe dicho programa o en qué momento de su elaboración se encuentra?
En todo caso, no ha habido una actitud especialmente activa al respecto.
Hay que recordar que el punto 2 c) de la proposición obliga al Gobierno a
presentar ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el primer período de
sesiones de 1998, las medidas de actuación previstas para el desarrollo
del citado programa, dando cuenta de su ejecución y, en su caso, de las
medidas adicionales que deban adoptarse. ¿Qué se va a hacer?
En segundo lugar, el Gobierno debe promover --dice la proposición-- la
apropiada coordinación e involucración de los Estados miembros de la
Unión Europea y de la Comisión en el apoyo internacional para el plan de
arreglo. No se trata de valorar positivamente un apoyo de la Unión
Europea. El texto genera una obligación política precisa, un mandato de
acción. ¿Qué se ha hecho en la práctica? ¿Con qué resultado? ¿Qué
obligaciones ha asumido la Unión Europea y sus Estados a instancia de
España?
En tercer lugar, la proposición no de ley instaba a que el programa
incluya explícitamente una serie de cuestiones: la primera, la
realización de aportaciones voluntarias al Acnur para la repatriación. En
este tema se ha indicado que se ha decidido una ayuda de 600 millones de
pesetas, pero hay que recordar que dicho acuerdo ya fue adoptado en 1991,
cuando se empezó a hablar del plan de arreglo bajo los auspicios del
señor Pérez de Cuéllar. ¿Por qué no se otorgan más fondos? ¿En qué
momento de tramitación se encuentra la aplicación de ese compromiso?
Otra cuestión concreta: el apoyo técnico de cualquier otra índole a
Minurso y su unidad militar para el desminado. La cuestión es
especialmente importante, no sólo para el referéndum, sino para la futura
vida pacífica y digna de aquel pueblo. No sabemos tampoco si esa
colaboración ya se ha producido o cómo se va a producir. Francamente, nos
hubiera gustado una presencia más activa y permanente de tropas
españolas. Cuando el Gobierno español suele enarbolar la bandera de la
importancia justa de las misiones de paz en las que participan soldados
españoles, nos hubiera gustado un compromiso mayor en la unidad militar
de Minurso.
Por otra parte, el Frente Polisario ha pedido, justa y lógicamente, un
mapa de zonas minadas por Marruecos. ¿Ha apoyado el Gobierno esta
pretensión? Otra de las obligaciones del Gobierno era el apoyo a otras
medidas dispuestas por el representante especial y, en particular, en lo
referente al acceso a emisiones de radiotelevisión. ¿Se ha hecho algo en
esta materia? Pero la última de las obligaciones que se establecieron en
la proposición no de ley es en este momento la más significativa y la
que, en buena medida, ha motivado la presentación de esta interpelación.
Porque más allá de su contenido concreto, tiene un significado político
obvio. En efecto, el texto aprobado mandata al Gobierno a --cito
textualmente-- la realización de aportaciones de otros fondos de ayuda
humanitaria. Hay que indicar que cuando se refiere a otros fondos, se
refiere a fondos distintos de aquellos que irían al Acnur. Es cierto que
en la proposición no se dice la vía o la fórmula que se va a usar, pero
en la mente de todos estaba que dicha ayuda se distribuiría para los
refugiados a través de ONG especializadas. Pero, para sorpresa de todos
los interesados, el 15 de enero de 1998, apenas unos días después de la
aprobación de la proposición, el secretario de la Agencia de Cooperación
anunciaba, en una reunión mantenida con la coordinadora estatal de ONG,
que no se aportarían fondos a través de esas ONG. Esta posición ha sido
reiterada posteriormente por otros responsables del Ministerio. No
podemos compartir, y criticamos duramente al menos, esa posición por las
siguientes razones: en primer lugar, hasta la fecha, la única ayuda
gestionada en el Sahara ha sido la vehiculada a través de las ONG, que
precisamente las deniega, lo que supone una ruptura injustificable.
En segundo lugar, por este hecho se va a producir la ausencia de ayuda
humanitaria; va a haber una ausencia de ayuda humanitaria, lo que es una
violación de la propia proposición no de ley. En tercer lugar, podría
decir el ministro que va a haber ayuda gestionada por ONG, pero hay que
indicar que no ha habido esa ayuda. Los fondos de Acnur obedecen a un
concepto distinto y la máxima eficacia en la gestión de fondos se
consigue a través de las ONG, que han mostrado una probada línea de
coherencia, que conocen las necesidades reales y tienen contacto sobre el
terreno. En cuarto lugar, el cese de la ayuda a ONG va a suponer de hecho
la quiebra de proyectos muy importantes.
Hay que recordar que en muchos casos los fondos públicos concurren con
aportaciones solidarias privadas, que no van a servir si cesa la ayuda
del Estado. Y, lo que es más importante, muchos de los proyectos en curso
están directamente relacionados con la situación prerreferéndum. No basta
con pretender una repatriación de los votantes. Ese hecho crea nuevas
necesidades humanas. Por ejemplo, nuevas necesidades en urgencia médica,
traslado de enseres, rebaños, otras propiedades. Pues bien, a eso no se
le va a dar respuesta y puede ser, incluso, un hecho objetivo que
dificulte la participación electoral.
Por todas estas razones, cabe preguntarse por las causas de la decisión
gubernamental que, por cierto, contrasta con las ayudas que están
prestando otras instituciones públicas, incluso con el apoyo, muchas de
ellas, del Partido Popular. Pero hay que insistir en
que esta actitud viene a ser una síntesis de las omisiones y silencios
sospechosos del Gobierno, que pretende pasar sobre el proceso como de
puntillas, callando por no molestar y actuando sólo y en todo caso en el
nivel de las buenas intenciones y en relación con Naciones Unidas, pero
sin relación directa y activa con el pueblo saharaui y hasta dificultando
el trabajo de las ONG españolas.
Desde esta constatación, la pregunta sobre las causas de la decisión del
Gobierno, en especial sobre la ayuda humanitaria, tiene un relevante
sentido político que se refiere tanto a la intensidad de sus convicciones
solidarias como a los límites a su libertad de actuación en la zona del
Magreb, porque no se nos oculta a nadie que hay presiones por parte de
Marruecos, un país con el que el Gobierno español mantiene relaciones
privilegiadas, y es bueno que así sea, que haya buenas relaciones de
vecindad, pero no hasta el punto de condicionar radicalmente la política
española en un territorio y en relación con unas personas con las que,
repito una vez más, tenemos compromisos históricos imprescriptibles.
Señor ministro, le aseguro que es una casualidad la coincidencia de esta
interpelación con la celebración de la cumbre hispano-marroquí, pero
bienvenida sea la coincidencia. Ahora tiene usted ocasión de explicar
públicamente lo tratado en la reunión respecto del proceso en curso en el
Sahara, porque ha trascendido que éste ha sido uno de los temas tratados,
pero no se ha explicado con una mínima profundidad lo hablado, y lo
publicado en algunos medios de comunicación o bien merece un desmentido o
más bien viene a darme a mí la razón. Y es que sólo en ese marco de
preferencia promarroquí se entiende la renuncia a una acción más directa,
activa y solidaria en las relaciones con el pueblo saharaui porque, desde
luego, lo que no sirve, lo que roza el cinismo es la insinuación que a
veces se ha hecho sobre la conveniencia de mantenerse neutrales en esta
fase. Es cierto que la proposición habla de neutralidad de España ante el
referéndum, pero dicha neutralidad, para que sea efectiva, debe al menos
contemplar dos factores. El primero es la desigualdad de las
posibilidades materiales de las partes, lo que es un hecho evidente. (El
señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Desde una
mínima sensibilidad democrática, el restablecimiento de la igualdad de
oportunidades entre las partes es un requisito insoslayable perfectamente
compatible con una neutralidad sobre la pregunta y sobre las garantías
formales del proceso. En segundo lugar, la ayuda humanitaria no tiene
nada que ver con la neutralidad y, si se presta a una de las partes ello
es sólo una manifestación de la desigualdad existente. La ayuda
humanitaria, lógicamente, debe prestarse a los desplazados, a los
represaliados, ¿a quién se va a prestar si no? ¿Al Gobierno marroquí? ¿No
ha sido suficiente con la condonación de deuda y con armar a las mismas
tropas que mataban al pueblo saharaui? Además, testimonios fiables
indican que hay juego sucio del Gobierno marroquí, con manipulaciones,
presiones y amenazas. ¿Conoce el Gobierno estos hechos? ¿Ha aprovechado
la reunión de esta semana para denunciarlos?
Señor ministro, como ve hay muchas preguntas en el aire, muchas dudas,
muchas premoniciones y advertencias. Disípelas en su intervención, por
favor, porque ésta no es una cuestión de ventajas partidistas. Queremos
que el consenso de la proposición no de ley, que el consenso social sobre
la cuestión se siga manteniendo, pero no será posible si lo quiebra el
Gobierno con sus decisiones o con sus interpretaciones cicateras e
insolidarias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, la política española sobre el contencioso del Sahara occidental
parte de la premisa de que estamos ante un problema derivado de la
descolonización, que se resolverá cuando, y sólo cuando, el pueblo
saharaui pueda decidir su destino en un referéndum libre, justo y con las
debidas garantías internacionales. Para que esto pueda conseguirse, el
Gobierno considera que no hay otra vía que la del plan de arreglo de las
Naciones Unidas y las diversas resoluciones y textos que lo desarrollan,
incluidos los acuerdos de Houston. Al aceptar expresamente todo este
acervo de disposiciones, las partes reconocen en las Naciones Unidas la
única autoridad para conducir el proceso que debe culminar en el
referéndum, y a ellas se someten. Ni el plan de arreglo ni los acuerdos
de Houston contemplan un papel específico para España en ninguna de las
fases de su aplicación. Sólo dos países, Mauritania y Argelia, tienen
reconocido en dicho plan el estatus de observadores.
Por todas estas razones, nuestra postura es la única que se puede
mantener de estricta neutralidad. De esto, y únicamente de esto, es de lo
que se habló con nuestros amigos marroquíes en la reunión de alto nivel
de los pasados días domingo y lunes. Por cierto, permítame que le corrija
en el sentido de que no hay tanta condonación de deuda, sino conversión
de parte de esa deuda en inversión. Pero eso no supone pérdida del
principal por parte de España.
Volviendo al tema del Sahara, nos consta que las circunstancias
históricas nos sitúan en una posición en la que nada de lo que ocurre en
el territorio nos puede resultar indiferente. Tenemos muy presente la
delicadeza que reviste todo el proceso, así como la carga emocional
existente en nuestra sociedad sobre todo lo relativo al Sahara. Para
facilitar al máximo la tarea de
las Naciones Unidas, debemos evitar muy cuidadosamente cualquier gesto
que pueda interpretarse como que España se sale de esa estricta y
exquisita neutralidad que debe mantener y apoya a una de las partes en
conflicto. España siempre ha abogado por una aplicación correcta del plan
de arreglo, y apoya sin reservas la labor de las Naciones Unidas por
entender que es la única salida a este contencioso que se prolonga ya por
muchos años. En esos momentos en que hay peligro de que, una vez más,
descarrile el proceso, es cuando todavía hay que ser más especialmente
cuidadoso con lo que se hace, incluso con lo que se dice.
España quiere colaborar con la ONU en todas aquellas peticiones que las
propias Naciones Unidas nos formulen y que cuenten con el apoyo de las
partes. Entre las peticiones que ya nos ha hecho llegar la Secretaría de
la organización figura el envío de un documentalista que colabore con
Minurso en las actividades de identificación de votantes. Su eventual
envío y las características de su misión se circunscribirán únicamente a
actividades de carácter técnico. España, obviamente, se hará cargo de los
gastos por este concepto. Minurso ha solicitado el acceso de su personal
a las instalaciones médicas de Las Palmas de Gran Canaria y el uso de las
instalaciones de radiodifusión de las islas Canarias para desarrollar su
programa de información cívica antes de la celebración del referéndum. El
Ministerio de Defensa ha proporcionado a Minurso material cartográfico
para que se utilice en las operaciones de desminado y de traslado de
refugiados al territorio. Esta última operación corre a cargo de Acnur,
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y España
contribuye con cuatro millones de dólares. España espera que la ONU
continúe haciéndole saber en qué otras áreas puede seguir prestando su
cooperación para la completa ejecución del plan de arreglo. El Gobierno
piensa que estamos ante una posibilidad real de conseguir una solución,
por fin, y no debemos dejarla escapar. Este mensaje lo ha transmitido a
todas las partes en litigio, instándolas a mantener el espíritu de
colaboración que permitió en su momento alcanzar los acuerdos de Houston.
Como saben por mis anteriores intervenciones en esta Cámara, nos
encontramos ahora en una fase clave de todo el proceso: la identificación
de votantes. Es éste un ejercicio lento, complejo, costoso y cargado de
dificultades, técnicas y políticas, que está siendo llevado a cabo por la
Minurso a través de la comisión de identificación, y cuyo objeto es una
población tribal nómada y, por lo tanto, geográficamente dispersa. Han
surgido muchas divergencias, en los últimos días especialmente, entre las
partes sobre este proceso de identificación, que han tenido, por otra
parte, amplio eco en los medios de comunicación.
En su último informe al Consejo de Seguridad del pasado 13 de abril, el
secretario general de las Naciones Unidas señaló que el proceso de
identificación no registró los avances esperados en febrero y marzo y
que, por tanto, es improbable que pueda respetarse el plazo inicialmente
previsto del 31 de mayo para concluir los trabajos y las operaciones de
identificación. En el mismo informe se indica que no es posible en este
momento especificar el tiempo que será necesario para completar esas
tareas de identificación. La resolución 11/63, de 17 de abril, ha
prorrogado el mandato de la Minurso hasta el próximo 20 de julio, tal y
como se recomendaba en el mencionado informe del secretario general.
Nuestra política respecto al contencioso, en coherencia con cuanto le
acabo de decir, no persigue otro objetivo que hacer posible y viable que
el plan de arreglo llegue a su culminación, y en esta tarea estamos
concentrando cuantiosos fondos presupuestarios que en el año 1997,
globalmente considerado, han ascendido a 1.150 millones de pesetas. Todo
ello con el fin de que el pueblo saharaui pueda pronunciarse sin más
demoras y de un modo libre y exento de coacciones sobre su futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, coincidimos con usted en la importancia del marco creado
en Houston y en el papel de las Naciones Unidas como conductor del
proceso. A partir de ahí creo que ya no coincidimos en nada más. Yo no sé
si ha sido una actitud consciente o inconsciente, pero usted no ha
contestado prácticamente a ninguna de las preguntas que yo le he
formulado, y en todo caso a ninguna de las preguntas políticamente
relevantes. Por ejemplo, y se las reitero: ¿va a presentar usted, en este
período de sesiones, como viene obligado por la proposición no de ley
aprobada en diciembre, el programa global de actuación de España sobre
esta cuestión? En segundo lugar, y mucho más importante, ¿significa o
debemos entender --yo así lo entiendo, por aquello de que quien calla
otorga-- que usted ratifica las declaraciones de otro responsable de su
Ministerio, por las cuales no va haber ayuda humanitaria al pueblo
saharaui más allá de lo que se aporta a la Acnur, que no es estrictamente
en concepto de ayuda humanitaria y que, desde luego, no va a haber ayudas
vía ONG? Yo creo que del silencio de su intervención sólo se puede
entender que no la va a haber, que el Gobierno español no va a seguir
prestando ayuda humanitaria al pueblo saharaui.
Pero es que, además, hay otras cuestiones, incluso no planteadas en la
proposición no de ley, que deben atenderse. Una de ellas es importante, y
es la presencia en el territorio español de numerosos ciudadanos
saharauis
que están en una situación de alegalidad y que temen desplazarse al
proceso de referéndum por si se les niega la reentrada en territorio
español. Es una situación excepcional que merece de la generosidad y de
una respuesta excepcional por parte del Gobierno. ¿Se va a buscar una
salida para eso? Pero sobre todo lo que no convence es lo que ha
respondido sobre la reunión en Marruecos. Usted ha vuelto a afirmar que
allí se ha dicho que se va a ser neutrales. Pero si las cosas se sacan de
su contexto, se pueden tergiversar las palabras, se pueden retorcer como
una columna salomónica hasta que exprimiéndolas todo el jugo no tengan ya
ningún sentido.
En el territorio ocupado por Marruecos siguen existiendo desaparecidos y
hay una vulneración evidente de derechos fundamentales. El último caso,
es el del señor Laarusi Numria, desaparecido el 8 de febrero de este año
y encontrado muerto el 3 de abril en El Aaiún, y así otros muchos casos.
Si se va a Marruecos y se olvidan estos pequeños detalles, es muy fácil
afirmar la neutralidad, pero no se pueden olvidar. La ética política lo
impide. Además, existe un documento --y supongo que si lo tengo yo, el
ministro lo debe conocer-- dirigido por el ministro de Interior del Reino
de Marruecos a sus gobernadores, en el que se dan instrucciones muy
precisas sobre cómo manipular la inscripción y se adoctrina sobre cómo
disfrazar a personas que no son originarias del territorio para que
puedan votar. ¿Eso lo ignora también el Gobierno español? ¿Puede uno ir a
sentarse con el Rey Hassan desconociendo e ignorando esta realidad
material y amparándose sólo en las bellas palabras de la neutralidad?
Algunos ejemplos históricos hay del peligro de este neutralismo.
El presidente Aznar ha hablado de neutralidad en la prensa, al menos en
un medio de comunicación. De la lectura de esa entrevista, cuando hay que
deducir cómo interpreta el presidente del Gobierno la neutralidad,
resulta que a dicho concepto se le da la vuelta y significa neutralizando
a las ONG españolas que prestan su ayuda en aquel territorio. ¿Desmiente
el ministro esas afirmaciones del presidente Aznar? Porque si no las
desmiente, lo que esta diciendo es que ese concepto de neutralidad es
unidireccional, sólo se aplica a aquellas ONG o a aquellos ciudadanos del
pueblo español que quieren colaborar con el pueblo saharaui. Al Gobierno
de Marruecos se le puede tolerar todo, no al pueblo saharaui.
Para acabar, señor ministro, recuerde aquello de que una imagen vale más
que mil palabras. En las imágenes de televisión sobre la última cumbre
hispano-marroquí, se pudo ver la reunión entre el señor Aznar y el Rey
Hassan. Detrás del monarca del reino amigo, presidiendo la sala, había un
gran mapa de Marruecos. En él, con el mismo color y sin fronteras, se
incluía el territorio del Sahara. Esa es la neutralidad que, por lo
visto, ustedes entienden y comparten con el Gobierno marroquí. ¿De qué
neutralidad estamos hablando al final? ¿De qué igualdad estamos hablando?
La prudencia en estos temas al final demasiadas veces es el nombre
bonito, el eufemismo para ocultar el cinismo y la insolidaridad. Lavarse
las manos tiene precedentes históricos, pero porque antes las manos están
sucias.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, tomo muy buena nota de la última afirmación del señor
interpelante y en la próxima cumbre que se celebre en Marruecos
mandaremos por delante una inspección para que apruebe el mobiliario,
decoración y mapas colgados de las paredes.
En todo caso, sí quiero destacar que en esas reiteradas apelaciones que
hace S. S. a la proposición no de ley aprobada por esta Cámara, se
recuerdan mil detalles excepto la cuestión fundamental, que es la de que
esta Cámara aprobó la necesidad de que España mantuviera su neutralidad a
lo largo de todo el proceso. Eso es lo que cuenta y esa neutralidad no se
puede tomar, como a veces parece deducirse de las afirmaciones de su
señoría, a beneficio de inventario. Ese es el eje de la cuestión y es a
lo que hay que atenerse en defensa del papel histórico que corresponde a
España en este tema y en defensa de lo que son intereses españoles en
toda la región; eso y todo lo que hace referencia a la ayuda al pueblo
saharaui, que siempre ha sido importante y, permítame tranquilizarle, lo
seguirá siendo.
Voy a darle detalles, puesto que los exige. La cooperación con el pueblo
saharaui, cuyos beneficiarios son exclusivamente los saharauis refugiados
de los campamentos del Tinduf, se realiza mayoritariamente a través de
organizaciones no gubernamentales, quedando reducida la actuación directa
de la Administración a la concesión de ayuda alimentaria y humanitaria de
emergencia y a la concesión de becas de estudios. El resto de la
cooperación se efectúa a través de las dos convocatorias anuales para
subvenciones y ayudas a proyectos de ONG. Después está la cooperación
descentralizada, que repite el mismo esquema y que es la que se hace a
través de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. La
Secretaría de Estado para la Cooperación, a través de las dos
convocatorias de ayudas y subvenciones a proyectos de ONG en el ámbito de
la cooperación al desarrollo, ha subvencionado en el último trienio a
quince ONG para la ejecución de 22 proyectos en beneficio de los
refugiados saharauis en los campamentos del Tinduf por un importe de
794.794.000 pesetas. No es una cifra pequeña.
Yo quiero además a continuación, para su ilustración, darle las cifras de
la cooperación con el pueblo
saharaui en estos últimos dos años de 1996 y 1997. En 1996, en becas, 26
millones; ayuda humanitaria y de emergencia, 26.400.000 pesetas; ayuda
alimentaria, 175 millones; contribuciones a Acnur para el programa de
repatriación del Sahara Occidental, 227 millones; subvenciones a ONG del
desarrollo, 298.941.000 pesetas. Total, ayuda en 1996, 526.471.000
pesetas.
En 1997 en becas, 24 millones; en ayuda humanitaria los 26 millones de
1996 pasan a 250 millones; en ayuda alimentaria y de emergencia, 150
millones. Ese es el año en que, no obstante, por la propia evolución y
terminación prevista del plan de arreglo, es cuando hay que incrementar
sustancialmente las contribuciones a Acnur y pasan a 599 millones de
pesetas, con lo cual, además de los 126 millones de subvenciones a ONG,
en 1997, frente a los 526 millones de 1996, el total de ayudas al Sahara,
tanto como contribución al plan de arreglo de las Naciones Unidas, que
son aproximadamente la mitad, como al resto, buena parte a través de ONG,
asciende la cantidad a 1.150 millones de pesetas. Ciertamente creo que no
se puede, a la luz de estas cifras, efectuar las acusaciones que S. S.
acaba de verter.
En cuanto al futuro, salvo un cambio drástico en sus directrices básicas,
nuestra cooperación tiene previsto seguir apoyando e impulsando la
colaboración con los saharauis a través de la concesión de becas de
estudio, ayuda alimentaria, subvenciones y ayudas a los proyectos que las
organizaciones no gubernamentales presentan para su ejecución en los
campamentos de refugiados, pudiendo estudiar, si se diera el caso y en la
medida de las disponibilidades presupuestarias, alguna solicitud concreta
de ayuda que los propios saharauis puedan realizar para este período
transitorio. En concreto, durante 1998 la cooperación española tiene
previsto continuar apoyando su colaboración con los refugiados saharauis
mediante la concesión de becas --23 becarios--, ayuda alimentaria --150
millones previstos para este año--, además de las acciones que para
atender a las necesidades humanitarias derivadas de la operación de
repatriación de refugiados del Sahara pueda emprender el Acnur con cargo
a los citados 4 millones de dólares aportados por la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir en el debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, bienvenida sea esta nueva oportunidad para tratar un tema
candente, puesto que no teníamos ocasión de mantener un debate de este
tipo desde el pasado día 15 de octubre, cuando tuvo lugar su
comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en aquella ocasión
a petición de este grupo parlamentario, para tratar en ese momento de las
expectativas que se abrían después del desbloqueo del proceso de paz para
el Sahara Occidental. En ese momento quiero recordar que se puso de
manifiesto una prudencia extrema por parte de la mayoría de grupos de la
Cámara en cuanto a valorar con un optimismo diríamos desbordado las
expectativas creadas tras los acuerdos de Houston, que sin embargo todos
coincidíamos en calificar en ese momento como las mejores perspectivas
que se abrían desde el inicio del conflicto, un conflicto largo, como se
decía anteriormente. Precisamente el día 14 de noviembre hará 23 años de
la firma en Madrid de los acuerdos tripartitos que están en el inicio
propio de este conflicto; un conflicto que creo que no está de más que
afirmemos que nos llena de vergüenza y del que han sido, son y continúan
siendo víctimas miles de hombres, mujeres y niños saharauis, que son los
que sufren en sus carnes el exilio, que son los que sufren en sus carnes
el drama derivado de un proceso de descolonización inconcluso. Pero es un
pueblo que no renuncia a decidir libremente su futuro, a pesar de que en
dichos acuerdos de Madrid -- quiero recordar, viciados desde el inicio a
la luz de Derecho internacional-- se les negaba dicho derecho.
También, señor ministro, entiendo que es lógico que haya una preocupación
viva en la Cámara que se manifiesta a menudo sobre este problema.
Entiendo que es lógico, en primer lugar, porque es un problema sentido
también por la sociedad española en general; es lógico porque todo
aquello que afecta a dramas de los seres humanos nos debe preocupar;
también porque nos interesa y nos preocupa y este grupo considera como
propia la causa del respeto a los derechos humanos, en cualquier parte
del mundo donde estos estén amenazados, y hacemos nuestra la causa de que
los pueblos del mundo puedan decidir libremente su futuro. Más allá de
esto entendemos también --y usted en su intervención se ha referido
reiteradamente a ello expresa o implícitamente-- que existe una
responsabilidad histórica española en el origen de este conflicto y, en
consecuencia, un deber moral para ser activos en la resolución pacífica
del mismo.
Las perspectivas moderadamente optimistas de encontrar una solución
pronta y justa a este conflicto que se abrieron con el cambio de la
Secretaría General de las Naciones Unidas y gracias a la intervención del
antiguo secretario de Estado norteamericano, señor Baker, van adelante y
de momento también parece que el escepticismo que algunos manifestamos
acerca de la voluntad real de conseguir llegar al final de este proceso,
por suerte, se está demostrando gratuito; escepticismo, sin embargo, que
en ese momento, cuando lo manifestamos --desde estos bancos lo expresamos
muy claramente en su comparecencia del mes de octubre--, era sumamente
fundamentado, ya que a lo largo de estos 23 años, y muy especialmente en
relación al cumplimiento del plan de paz que se inició tras el alto el
fuego del año 1991, que preveía, quiero recordar, la celebración de un
referéndum de autodeterminación a finales de 1992, entiendo que hubo una
serie de incumplimientos por parte marroquí, en los que se basaba el
escepticismo que manifestamos en ese momento.
En el mes de diciembre, como se recordaba por el señor Alcaraz, todos los
grupos de la Cámara suscribimos y aprobamos una proposición no de ley de
apoyo al proceso de paz y retorno de los refugiados. Creo que esa
proposición no de ley fue un hito importante en este debate en la Cámara,
puesto que desde el consenso definimos claramente cuál entendíamos que
debía ser la posición oficial española en el período que había de
conducir a la celebración del referéndum a finales de este año.
Desde nuestra perspectiva, ¿cuál debe ser esta actuación? Creo que
quedaba suficientemente clara en la proposición no de ley, pero, en
cualquier caso, la voluntad expresada por el Gobierno de mantenerse en
una estricta neutralidad --concepto sobre el cual ha girado
fundamentalmente el debate que se ha mantenido anteriormente--, desde
nuestro de vista, debe manifestarse a través de una posición de activa
beligerancia en la exigencia del cumplimiento estricto de los acuerdo de
Houston por ambas partes. Si en el pasado algunos gobiernos habían
invocado dicha neutralidad --en nuestro caso cuando una parte importante
de la sociedad civil apoyaba claramente la causa del Frente Polisario y
del pueblo saharaui-- para permitir la perpetuación de una situación que
perjudicaba claramente a la parte débil del conflicto, en tanto en cuanto
el estancamiento de la situación favorecía a Marruecos, en este momento
pensamos que la única posición neutral es la de exigir el cumplimiento de
dichos acuerdos.
Retomando el inicio de mi intervención, pienso que la responsabilidad
histórica obliga al Gobierno a una participación activa, a una
implicación directa, a una vigilancia especial y a sumar su voz y su
acción cuando convenga para hacer avanzar el proceso de paz en el momento
en el cual este pueda parecer que está encallado. Asimismo ello debe
manifestarse con la ayuda gubernamental a todas las víctimas de la
situación, hombres, mujeres y niños, refugiados en definitiva, que un día
se vieron obligados a abandonar sus casas y su tierra, que en muchos
casos ni conocen, puesto que son hijos del exilio, pero abrigan la
esperanza de un retorno pronto a su país, y además el horizonte parece
que, gracias a Dios, está abierto.
Termino, señor presidente, señor ministro, diciendo que esperamos
conocer la moción para podernos pronunciar sobre la misma. La vamos a
recibir con gran interés y deseamos que suponga una contribución positiva
para avanzar en la línea que consensuamos con la aprobación de la
proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
la señora Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
para fijar nuestra posición sobre la interpelación del Grupo
Parlamentario Mixto en relación fundamentalmente con la situación del
conflicto del pueblo saharaui y el cumplimiento de los acuerdos. Yo creo
que estamos en un momento donde las intenciones no valen. Es un momento
de especial dificultad, donde el Gobierno español tiene que expresar una
voluntad firme y no un concepto de neutralidad, vinculado más bien a
lavarse las manos en lo que significa la parte fuerte y la parte débil de
este conflicto. Todos, el proponente y los demás diputados que han
intervenido, podemos compartir y compartimos de hecho la exigencia de
neutralidad en los términos políticos y en los que acaba de expresar en
su intervención el representante de Convergència i Unió, de la máxima
exigencia en el cumplimiento escrupuloso de lo que significan los
acuerdos para el desarrollo de este proceso. Esa es la neutralidad que se
debe exigir y que debe exigir el Gobierno. Yo creo que España no es un
país neutral sobre lo que le ha ocurrido en estos 20 años al pueblo
saharaui, sino más bien al contrario, ya que somos un país que tiene una
fuerte responsabilidad y una deuda histórica con el pueblo saharaui.
Por otro parte, el Mediterráneo es una prioridad en la política exterior
de España y las relaciones con Marruecos en este entorno son complicadas
y de una enorme importancia, pero España no puede seguir teniendo de
forma reiterada y sistemática una postura de debilidad y de cesión ante
los chantajes reiterados en esta relación bilateral con Marruecos. La
relación con Marruecos, que es importante para la estabilidad del Magreb,
como lo es la del Mediterráneo para la nuestra propia, no puede
significar que consintamos el poco respeto a los derechos humanos que se
tiene tradicionalmente en Marruecos, ni muchísimo menos se puede tener
una actitud de permisividad, con la intencionalidad clara, sistemática y
reiterada de obstaculizar los procesos que afectan al referéndum de
autodeterminación del pueblo saharaui. Se va a producir de nuevo la
situación que afectó al anterior proceso de identificación. Lo que no
puede pretender Marruecos y lo que la neutralidad exige es que no se
puedan reiterar bajo ningún concepto las actuaciones que se dieron por
parte de Marruecos en los anteriores procesos de identificación.
España, además, no se puede desvincular de una defensa activa y de un
apoyo en la aplicación de los acuerdos alcanzados efectivamente por el
Frente Polisario y por Marruecos para lograr una solución pacífica y
democrática, pero tampoco se puede desvincular de su actuación en el
ámbito de la comunidad internacional y no puede desentenderse de ese
problema, que es precisamente lo que sistemáticamente ha intentado
Marruecos, que alegando neutralidad ha pretendido que la comunidad
internacional, y más concretamente España, se desentiendan de un proceso
que se estanca de forma indefinida y que siempre opera en favor,
lógicamente, de la parte más fuerte, que en este caso es Marruecos.
España debe realizar todas las actuaciones posibles, debe jugar un papel
activo y debe responder a lo que en este momento necesita el pueblo
saharaui, que es una acción política y diplomática total en la exigencia
del cumplimiento de los acuerdos y, por otro lado, una clara
determinación en la ayuda solidaria y en la ayuda humanitaria, que nunca
se deben entender como una interferencia en el proceso, pues, al
contrario, esa misma falta de cooperación y de ayuda humanitaria operaría
precisamente en contra de la finalización del proceso y en contra,
concretamente, del pueblo saharaui.
Entendemos, señor ministro, que desde el Gobierno se sigue demostrando
una actitud de extrema debilidad en la relación bilateral con Marruecos,
en este tema y en otros también, y no debe permitir que se reiteren
situaciones que hemos conocido históricamente. Es difícil que España
pueda compensar o saldar la deuda histórica que tiene con el pueblo
saharaui, pero usted no puede, desde la defensa de un concepto de
neutralidad, lavarse las manos en un conflicto ante el que la sociedad
española --usted lo ha dicho-- es enormemente sensible y al que debe
darse solución jugando un papel activo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Sabanés.
Para fijar la posición del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
García-Santesmases.
El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Tengo que decir que el
consenso de nuestro grupo es completo con lo que ha dicho el señor
Alcaraz, pero también con lo manifestado por el señor Recoder y por la
señora Sabanés, es decir, hay un consenso de todos los grupos
parlamentarios sobre este tema, manifestado en la Comisión de Asuntos
Exteriores
--como sabe el señor ministro-- el pasado mes de diciembre. Lo que
se recuerda hoy aquí tiene quizá más actualidad por la cumbre
hispano-marroquí, pero, en definitiva, el señor Recoder --aunque llevamos
esta semana de tensión con los nacionalistas catalanes, en este punto
coincidimos completamente-- lo ha resumido perfectamente. Hay una
responsabilidad histórica, hay una situación que nos llena de vergüenza,
hay un deber moral y hay un cierto optimismo en relación con los acuerdos
que se han producido en Houston, que nos permiten salir del escepticismo
en el que estábamos.
Dicho esto y dado que hay ese consenso --que me imagino que la portavoz
del Partido Popular, la señora Pulgar, también ratificará--, nos ha
sorprendido, señor ministro, que usted haya tenido una posición --sobre
todo en la contestación que ha dado al señor Alcaraz-- que nos ha dejado
un poco desconcertados, porque no es sólo una broma sobre los mapas; es
una situación en la que efectivamente hay unas presiones del Gobierno
marroquí; unas presiones que usted sabe que hacen que en un momento
determinado quieran plantear ya inexorablemente el Sahara como territorio
marroquí. Hay una cierta debilidad del Gobierno español --algunos dicen
que también se ha dado en otras ocasiones, pero debilidad sigue
habiendo-- y no hay esa posición en la que uno no entre en lo que le han
dicho, señor ministro, que es lo importante. Una cosa es la neutralidad,
otra es la indiferencia y otra es lavarse las manos frente a las
presiones del Gobierno marroquí. Una cosa es la neutralidad exquisita y
otra cosa es neutralizar la acción de las organizaciones no
gubernamentales, que son las que defienden --con la ayuda humanitaria,
con la educación, con la salud, con el agua-- lo que hay que hacer en
este territorio por esa responsabilidad histórica que tenemos, como ha
explicado muy bien el señor Recoder.
Independientemente de que nuestro grupo estudiará la moción consecuencia
de esta interpelación --ya se lo adelantamos al señor Alcaraz, y
esperamos que todos los grupos podamos llegar a un consenso--, yo sí le
pediría, señor ministro, que despejara alguna de las dudas y que no
saliéramos de aquí con esta sensación de una especie de realismo político
pacato del que ha podido dar impresión, quizá por descuido, con algunas
de sus palabras.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor
García-Santesmases.
Finalmente, para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra la
señora Pulgar Fraile.
La señora PULGAR FRAILE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, ante todo quisiera en nombre de mi grupo
agradecer al señor ministro que haya venido para hablar del referéndum
del Sahara y que lo haya hecho con tanto rigor. Como parlamentaria del
Grupo Popular estoy orgullosa de la actitud que ha demostrado,
concordante con la solidaridad del pueblo español con los saharauis. Hoy
ha venido a este Parlamento la interpelación urgente sobre la política
exterior del Gobierno en relación con el Sahara, en apoyo de la efectiva
aplicación de los acuerdos de Houston alcanzados entre el Frente
Polisario y Marruecos con el fin de lograr una solución pacífica y
democrática.
Señor ministro, he entendido que nuestra postura es de estricta
neutralidad, aunque las circunstancias históricas hacen que nada de lo
que ocurra en ese territorio nos sea indiferente, y que debemos facilitar
la tarea de la ONU evitando gestos que pudieran parecer de apoyo a una de
las partes. Creemos que la neutralidad española no debe entenderse como
un abandono o desinterés del Gobierno hacia al Sahara, sino que debe
asumirse como un apoyo sin reservas a un proceso que desembocará en una
solución pacífica y justa. Esto lo prueban las cifras de la cooperación
española con los refugiados saharauis en los últimos diez años. Sólo en
1997 la cooperación alcanzó la cifra de 1.226 millones de pesetas, muy
superior a la de años anteriores. Usted, señor ministro, con los datos
aportados, nos ha demostrado que está previsto mantener nuestra ayuda,
bien a través de aportaciones crecientes a Minurso y a Acnur conforme se
vaya acercando el referéndum, bien a través del envío de ayuda
humanitaria y de emergencia, así como de aportaciones en alimentos a los
refugiados saharauis.
Nuestra neutralidad tampoco quiere decir que no se apoyen los proyectos
eminentemente humanitarios que tiendan a subsanar las deficiencias,
preferentemente en torno a la infancia, que en tantas ocasiones sufre las
consecuencias de las guerras y de los desastres en todo el mundo. Aunque
nuestro país no tiene un plan de arreglo ni los acuerdos de Houston nos
conceden un papel de observador en este proceso, España se siente ligada
a la evolución política democrática del Sahara, sin que esto se pueda
interpretar en absoluto como apoyo a alguna de las partes. Reitero lo
anteriormente dicho por el señor ministro: que lo fundamental de esta
cuestión es que el pueblo saharaui pueda decidir su futuro en plena
libertad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Pulgar.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Gracias, señor
presidente.
Quiero despejar cualquier duda que pudiera haber al respecto. Ni hay
debilidad alguna en la posición del Gobierno español en relación con el
Sahara, como tampoco la habido en el pasado, ni hay presión alguna del
Gobierno marroquí al respecto, ni la hubiera tolerado el Gobierno
español. Yo mismo he tenido ocasión de explicar en reiteradas ocasiones
la posición del Gobierno español a las autoridades marroquíes, al propio
Rey el pasado mes de enero, así como al entonces primer ministro y
ministro de Asuntos Exteriores, Abdelatif Filali, y he tenido ocasión de
reiterársela de nuevo al señor Filali en esta reciente reunión de alto
nivel, así como el presidente del Gobierno, señor Aznar, se la hacía
patente al señor Hassan. Tengo que decir que en el mes de enero tuve que
dar esa explicación profunda porque se preguntaban las autoridades
marroquíes si el hecho de haber recibido el ministro español de Asuntos
Exteriores al líder del Polisario, señor Abdelaziz, implicaba algún
cambio en la posición del Gobierno español, ya que podía entender alguno
que el Gobierno español había perdido su tradicional neutralidad en favor
de la parte saharaui. Siempre ocurren estas cosas. He querido destacar
este detalle para dejar claro que en ningún momento el Gobierno español
ha perdido su posición de exquisita neutralidad. Junto a esta exquisita
neutralidad, quiero reiterar la beligerancia del Gobierno tanto en apoyo
del plan de arreglo y de los acuerdos de Houston como en apoyo del pueblo
saharaui en sus carencias, en ayudas de todo tipo, directas, a través de
organizaciones no gubernamentales y a través de las Naciones Unidas. Y
esa será la línea en la que va a continuar este Gobierno y de la que yo
mismo le respondo.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO
RESPECTO A LA POLITICA UNIVERSITARIA Y LA MODIFICACION DEL TITULO V DE LA
LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA. (Número de expediente 172/000089)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vamos a pasar a la interpelación
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición del Gobierno
respecto a la política universitaria y la modificación del título V de la
Ley de Reforma Universitaria.
Para la exposición y la defensa de la interpelación, tiene la palabra la
señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, parece que hoy para llevar a cabo esta interpelación no
podremos disfrutar de la presencia de la ministra de Educación y Cultura,
la señora Aguirre, pues nos ha sido anunciado que en su lugar va a
intervenir el señor Rajoy.
Señor Rajoy, por lo que yo sé, creo que este no es su tema, aunque tengo
cierta curiosidad por conocer qué puede saber usted sobre la universidad.
En absoluto dudo de que haya recibido un buen asesoramiento del equipo de
la ministra, ni tampoco dudo de sus sobradamente
demostradas habilidades políticas. Le agradezco su disponibilidad al
aceptar la delegación de la ministra Aguirre. (El señor vicepresidente
Fernández-Miranda y Lozana ocupa la Presidencia.) Pero antes de entrar en
el tema no puedo sino expresar nuestro disgusto por la falta de atención
de la señora ministra en un tema tan importante como el que traemos hoy a
debate. Sé que la ministra tiene muchos compromisos, pero su deber de
comparecer ante el Parlamento no puede ser sustraído por la preferencia a
las atenciones protocolarias. Prefiero pensar que su ausencia hoy se debe
a un compromiso ineludible y no a lo que podríamos temer y nos tememos,
que es su miedo a entrar a discutir en temas de política universitaria;
temas en los que ha merecido un sonoro suspenso de los rectores, de los
profesores, de los alumnos por no haber aprobado las asignaturas
pendientes, entre las cuales destacamos la modificación de los planes de
estudio, la reforma del profesorado, la reforma de la selectividad, la
autonomía universitaria, la reforma del tercer ciclo, y así unas cuantas
más hasta completar una larga lista.
El Grupo Parlamentario Socialista no sólo ha reclamado durante estos dos
años de Gobierno del Partido Popular actuaciones en materia de política
universitaria, sino que se han alzado más voces representativas de la
comunidad universitaria. Hasta la fecha, no hemos podido constatar la
existencia de propuestas concretas y solventes que apuntaran claramente
cuál es la orientación del Partido Popular en materia de política
universitaria. Por ello presentamos hoy esta interpelación urgente, en
especial por la preocupación creciente en la comunidad universitaria por
algunos temas que son urgentes. Comunidad universitaria que, víctima de
la inactividad del Ministerio de Educación y del Gobierno del señor
Aznar, ve cómo avanza una peligrosa sensación de inanición.
A lo largo de estos dos años demandas no han faltado. Tampoco han faltado
ofertas de disponibilidad para debatir las posibles respuestas. En
cualquier caso, deberían haber ejercido la legitimidad que tienen de
gobernar en materia de política universitaria. Estamos ante los mismos
problemas que hace dos años. Cuando ustedes asumieron la responsabilidad
de gobernar heredaron un sistema universitario con virtudes y con
defectos, pero completamente distinto del que existía quince años antes.
Distinto porque es producto de un proceso muy importante de
democratización de la universidad, de inserción en su entorno social y de
modernización científica y docente.
Los números, a lo largo de estos quince años, han sido un indicador
importante de los avances en nuestro sistema universitario. Por ejemplo,
el número de alumnos universitarios de 692.000 en el curso 1982-1983, ha
pasado a más de un millón y medio en 1997; el número de profesores ha
pasado de 43.000 en 1982, a 72.000 en la actualidad; el aumento
considerable del número de centros universitarios; el número de estudios
universitarios que pueden cursar los españoles, de 60 a 130 títulos.
¿Qué han permitido estos quince años, llamados también quince años de LRU
(Ley de Reforma Universitaria) aprobada en 1983? Han permitido el acceso
a la educación superior en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos
que demuestren su aptitud; reconocer y ejercer la autonomía universitaria
como condición indispensable para la transmisión libre y crítica del
conocimiento; democratizar el funcionamiento de la propia universidad; y
distribuir las competencias entre los diversos poderes públicos,
generando un nuevo escenario competencial. No olvidemos que en estos
momentos se ha completado todo el proceso de transferencias a las
comunidades autónomas en materia de enseñanza universitaria; se han
creado nuevos centros con el consecuente aumento de oferta de plazas; y
se han reformado los planes de estudios para ofrecer una formación
adecuada a las nuevas demandas sociales.
El Grupo Socialista es consciente de que este proceso no ha estado exento
de disfunciones y que ha sido un proceso claramente de incrementos que ha
generado algunas tensiones y dificultades que cualquier Gobierno debe ser
capaz de afrontar. Sabemos que este proceso ha provocado dificultades
académicas generadas por los nuevos planes para los estudiantes y para
los profesores. Sabemos que un incremento acelerado del número de
profesores para dar respuesta a las necesidades docentes que se iban
generando ha provocado situación laboral precaria e inestable para muchos
de ellos. Sabemos que existen dificultades operativas en el modelo de
gobierno de las universidades. Durante estos dos años, ¿qué se ha hecho
desde el Gobierno del Partido Popular y, concretamente, desde las
responsabilidades de la señora Aguirre, ministra de Educación?
Pues bien, en una primera época pudimos ver cómo un equipo ministerial
puesto por el Gobierno del Partido Popular establecía unas líneas que
fueron consideradas correctas por muchos sectores de la comunidad
universitaria pero que duraron muy poco. Durante esta época se generaron
propuestas, existía un diálogo fluido con los representantes de la
comunidad universitaria, pero ese diálogo acabó en una destitución masiva
de cargos con responsabilidades en materia de universidades en el
Ministerio en julio de 1997.
Desde entonces la inactividad ha sido total, generando una especie de
congelación del propio Consejo de Universidades que en un periodo de seis
meses tuvo tres secretarios generales. A partir de octubre de 1997 pasa a
ocupar la primera plana del tema la relación con los rectores,
representados básicamente en la conferencia de rectores de las
universidades españolas. Los rectores cansados de esperar y de escuchar
promesas, que no se cumplen, impulsaron una oleada de críticas
reflejadas en los discursos de inicio de curso y le plantearon
básicamente tres problemas: reglamentar el proceso de revisión de los
nuevos planes de estudio, arbitrar medidas para compensar los déficit en
financiación y acometer las reformas necesarias para resolver el problema
del profesorado.
¿Qué hizo la señora ministra? Se inventó un grupo de trabajo, al margen
del Consejo de Universidades, para estudiar los temas pendientes. Este
grupo elaboró unas conclusiones, sobre las que parecía haber bastante
acuerdo, y que se resumían en dos puntos fundamentales. Por una parte,
impulsar la modificación de las directrices generales de los planes de
estudio y, por otra parte, proponer una reforma del título V de la LRU,
con una estructura del profesorado que suponía cambios en las figuras del
personal docente contratado y en el sistema de acceso.
Pues bien, los compromisos de la ministra de que las reformas ya llegan y
de que son inmediatas aterrizan en enero en el Consejo de Universidades y
aparece la señora ministra con dos borradores bajo el brazo: uno de
ellos, el proyecto de real decreto por el que se modifican parcialmente
los decretos anteriores de directrices generales de los planes de
estudio. En éste no había ningún problema, todo el mundo estaba de
acuerdo; se trataba de completar un decreto anterior y redefinir el valor
del crédito y, por tanto, no había más cera que la que arde. Desde el mes
de enero hasta hoy este real decreto no ha sido llevado a Consejo de
Ministros. Le voy a preguntar directamente, señor Rajoy: ¿Para cuándo la
aprobación de este real decreto? La semana pasada, el secretario de
Estado de Universidades dijo que estaba en el orden del día del próximo
Consejo de Ministros. ¿Es cierto o no lo es que figura en el orden del
día del Consejo de Ministros de esta semana? Si no es así, ¿para cuándo
piensan aprobar este real decreto? En este tema, no había problema. Lo
que sí constituye un problema es el retraso que genera dificultades
importantes para las universidades.
El segundo tema, el borrador de la modificación de la Ley de Reforma
Universitaria, concretamente de su título V, quedó en el aire. Se ha
dicho durante estos meses que el Gobierno realiza consultas y contactos
con grupos políticos, con los sindicatos a través de la mesa sectorial,
pero no sabemos dónde está el borrador. Parece que se ha perdido por el
camino. ¿Dónde está el borrador que la señora ministra presentó al
Consejo de Universidades el pasado 26 de enero? Si saben dónde está, nos
gustaría conocer qué cambios ha sufrido, cómo está en este momento y
cuáles son las consultas, las conversaciones que mantienen con grupos
políticos.
Tengo que decirle que a mi grupo político hasta la fecha nadie le ha
consultado lo que tiene que ser la modificación de una ley y que, por
tanto, se tiene que debatir en sede parlamentaria...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Palma, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora PALMA I MUÑOZ: Voy terminando, señor presidente.
Por último, quería referirme a un tema también importante, relacionado
con el anterior, cual es el relativo a la financiación de las
universidades. ¿Piensan ustedes iniciar algún estudio para diagnosticar y
dar respuesta a los déficit reiteradamente denunciados?
El secretario de Estado de Universidades, en su comparecencia ante el
Senado hace pocos días, habló de un grupo de trabajo en el seno del
Consejo que estaba estudiando el tema. ¿Cuál es el objetivo y el
contenido de dichos estudios, señor Rajoy? ¿En qué estado de desarrollo
se encuentran estos estudios sobre la financiación universitaria?
No dudo en absoluto, señor Rajoy, de su buena voluntad al intentar
contestar a las preguntas que yo le formulo, pero se trata de temas
urgentes y para los que espero que usted me dé cumplida respuesta.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Palma.
Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
presidente, señoras y señores diputados, la señora Palma no puede
disfrutar, como ha dicho al principio de su intervención, de la presencia
de la señora Aguirre pero, a cambio, disfruta de la mía, que tampoco es
moco de pavo. (Risas.) Tiene curiosidad --así lo ha expuesto ante la
Cámara-- en saber qué es lo que puedo saber yo de la Ley de Reforma
Universitaria, curiosidad que es compartida. Por lo menos ya comenzamos
la intervención y el texto de la interpelación con una coincidencia. En
lo que sí tengo que discrepar es de mis habilidades políticas, porque si
fueran --yo se lo agradezco que lo haya dicho-- las que usted ha señalado
no estaría yo aquí respondiendo a esta interpelación. Dicho esto, es
evidente que la ministra de Educación y Cultura no puede estar presente
hoy porque tiene que estar acompañando a su Majestad el Rey en su
condición de ministra, que no en otra.
Voy a intentar responder, en la medida de mis posibilidades, a la
interpelación que usted acaba de hacer. Como creo que lo ha hecho con
meridiana claridad yo intentaré también, en justa contrapartida, hacerlo
de la misma forma. En la primera parte de su intervención hace unas
declaraciones generales sobre la actuación del Ministerio de Educación y
Cultura a lo largo de estos dos últimos años. Habla de que hay muchos
temas que están pendientes, que no han resuelto y que no hay propuestas.
No dejan de ser las habituales declaraciones genéricas que tienen lugar
cuando cualquier ministro se sube a una tribuna a responder a una
interpelación. Como no se apunta cuáles son los temas concretos y
puntuales a los que se refiere, no puedo contestarle. Sí le contestaré,
sin embargo, a los tres apartados puntuales y concretos a los que luego
ha hecho referencia.
Ha continuado con un claro elogio de la política universitaria del
Gobierno socialista en los últimos quince años. Para que no me digan que
yo hago oposición del Gobierno anterior no voy a contestar, aunque sí me
gustaría señalar que en algunos de los asuntos a los que usted ha hecho
referencia no se puede negar la intervención que ha tenido este Gobierno,
como, por ejemplo, en la conclusión de los traspasos universitarios a
algunas comunidades autónomas que todavía estaban pendientes a mitad del
año 1996, así como en la creación de nuevos centros, uno de los puntos
que usted ha señalado como positivo, o el aumento del número de alumnos y
de profesores. En ellos también algo habrán tenido que ver las personas
que asumen responsabilidades de Gobierno en las distintas comunidades
autónomas. Sin perjuicio de la brillante gestión realizada en materia
universitaria en los quince años, que ya he dicho que no voy a analizar
en el momento presente, hay algunos errores y problemas que no han
surgido en estos dos últimos años, como es perfectamente entendible.
En concreto, hace referencia S. S. a tres problemas: primero, los nuevos
planes de estudio; segundo, los déficit de financiación; y, tercero, la
situación del profesorado. En relación con el asunto famoso de los nuevos
planes de estudio, tal y como usted ha manifestado que ha dicho en una
reciente comparecencia el secretario de Estado de Universidades,
efectivamente serán aprobados, si no ocurre nada de particular --espero
que no sea así--, en el Consejo de Ministros que tendrá lugar mañana
jueves, en el que se aprobará un real decreto por el que se modifica
parcialmente el Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, de directrices
generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios
oficiales, que viene a corregir las disfunciones detectadas en los
actuales planes de estudio y que ha sido objeto de la mayor preocupación
del Gobierno y del Consejo de Universidades.
Estas disfunciones se referían principalmente a la atomización y
fragmentación excesiva de las materias y asignaturas que provocaban una
sobrecarga apreciable en el número de exámenes y en la presión lectiva
simultánea que habían de soportar los estudiantes, lo cual redundaba, a
su vez, en una falta de incentivos para el imprescindible estudio y
trabajo individual del alumno como complemento de las enseñanzas teóricas
y prácticas. Para corregirla se dio un primer paso, como usted conoce, en
el real decreto al que antes he hecho referencia, cuya previsión más
importante es la de establecer un mínimo de créditos por materia o
asignatura: 9 para las anuales y 4,5 para las cuatrimestrales.
Con el proyecto de real decreto, que Dios mediante se aprobará mañana, se
pretende avanzar en esta línea actuando en un doble frente. De un lado, a
través de la noción de crédito como unidad de valoración de las
enseñanzas. En éste se incorporan específicamente las actividades
académicas dirigidas, y con ello se busca flexibilizar la noción de
crédito, con limitaciones que se fijan en un 30 por ciento del valor
lectivo básico de las 10 horas, de modo que se permita a las
universidades --no que se imponga-- que incentiven y promuevan el trabajo
individual de los alumnos en el marco de una enseñanza teórica o
práctica, con los debidos medios objetivos de comprobación de los
resultados de dicho esfuerzo personalizado. Además, esto nos acercará a
los esquemas de enseñanza universitaria de los países más desarrollados.
De otro lado, se establece un límite claro al número de materias, o de
asignaturas en que éstas se hubieran desdoblado, que se prevean
simultáneas en el plan de estudios. No se pretende limitar la posibilidad
de que el alumno pueda libremente optar por cursar simultáneamente el
número de materias que le convenga sino que lo que se propone es que la
universidad, al elaborar su plan de estudios, no pueda establecer como
número de materias que habría de cursar simultáneamente un estudiante que
pretendiera ajustarse a la duración teórica del plan de estudios un
número que sea superior a seis, y ello siendo la estructura de la
enseñanza anual, semestral, cuatrimestral o excepcionalmente trimestral.
También tengo que señalar --porque usted ha hecho referencia a ello en la
primera parte de su intervención, en el capítulo de temas que todavía
estaban pendientes de abordar-- que mañana en el Consejo de Ministros van
a ser objeto de atención los programas del tercer ciclo, que constituyen
el más destacado instrumento de las universidades para la formación
superior y la capacitación de los jóvenes investigadores y docentes
universitarios, y que se aprobará un real decreto por el que se reforman
globalmente los estudios del tercer ciclo universitario, con el fin de
corregir determinadas deficiencias que se han observado en dichos
estudios. Si usted tiene interés le hago un resumen detallado del
proyecto de real decreto, que será decreto en el día de mañana, y si no
lo dejamos así, porque parece que no hay mayor interés en que entre en el
análisis del mismo.
El segundo asunto que le preocupa a la señora Palma es el que hace
referencia a la regulación de determinadas situaciones del profesorado
universitario. Hace una pregunta concreta: ¿Dónde está el borrador? Si me
lo permite, para darle una respuesta concreta en este asunto, comenzaría
con dos consideraciones generales. En primer lugar, quisiera destacar la
importancia
del profesorado universitario, que creo que todos compartimos, para
cumplir las funciones de servicio a los estudiantes y, en general, al
conjunto de la sociedad y, por tanto, la necesidad de que la política
relativa al profesorado sea un elemento imprescindible en los esfuerzos
de modernización y de mejora de la universidad.
El segundo punto al que quisiera hacer referencia es que el Gobierno,
siendo consciente de esta importancia, ha querido que cualquier decisión
fuese concertada con las administraciones autonómicas y con las propias
universidades. Ello, en primer lugar y es lo más importante, por propia
convicción del Gobierno, y, en segundo lugar, porque las administraciones
autonómicas son las competentes en materia de enseñanza superior y a
quienes corresponde hoy la responsabilidad financiera y la política
universitaria en sus respectivos territorios, así como las universidades
tienen, por la competencia que establece la propia Constitución, un
amplio ámbito de autonomía académica y de autoorganización.
Dicho esto, es evidente que es necesaria una reforma del régimen legal
del profesorado universitario --eso lo conoce usted muy bien y por tanto
no voy a entrar en el análisis del porqué--. Hasta tal punto es así que
ya anteriores gobiernos intentaron proceder a la modificación pero, por
unas u otras razones, tanto el proyecto del año 1992 --éste creo que por
motivo de disolución de la Cámara en 1993-- como el de octubre de 1994,
ninguno de los dos intentos, al final, se ha concretado en norma jurídica
alguna.
Creo que son dos los problemas fundamentales de insatisfacción con la
regulación que establece la Ley de Reforma Universitaria. El primero es
el relativo a los sistemas de selección de funcionarios docentes
universitarios, los catedráticos y titulares. En ese sentido, hay que
señalar que el título V de la Ley de Reforma Universitaria determinó una
notable modificación en el sistema anterior. Las decisiones de selección
y promoción se descentralizaron en favor de las universidades y se
pretendió valorar la aportación científica de los candidatos.
Como contrapartida, el esquema legal de la Ley de Reforma Universitaria,
junto con otros factores como el gran crecimiento de la demanda de
profesores en los años 1984 a 1995 y la multiplicación del número de
universidades, ha traído consigo unos procesos selectivos que son
manifiestamente mejorables. Este es uno de los temas que está encima de
la mesa y que sin duda será necesario abordar.
En cuanto al segundo asunto, que también tiene su trascendencia o
importancia, hace referencia al profesor no numerario contratado, porque
en los diez años que median entre los años 1985 y 1995 ha tenido lugar un
crecimiento espectacular del número de estos profesores, en especial de
los asociados, hoy más de 21.600, de los que buena parte, 8.500, lo son
con dedicación a tiempo completo a las tareas universitarias. Y ello a
pesar de los topes porcentuales sobre la plantilla de profesores fijados
por la Ley de Reforma Universitaria para contratación del profesorado,
que usted conoce muy bien, y que por su propia naturaleza los profesores
asociados no debían tener dedicación a tiempo parcial.
Por añadidura, los límites temporales reglamentarios a la duración de los
contratos de asociado a tiempo completo motivaron la aprobación periódica
y reiterada de reales decretos de prórroga de tales contratos, aun
presentándose, eso es verdad, con carácter excepcional y por una sola
vez. Así ha ocurrido en septiembre de 1990, agosto de 1991 y de 1993,
septiembre de 1995 y septiembre del año 1996.
Pues bien, amén de inestabilidad, la estructura de figuras contractuales
de profesorado ha ido revelando poca flexibilidad para hacer frente a las
necesidades docentes de las universidades, en ocasiones imprevisibles y
de corta duración.
A pesar de las dificultades que he señalado antes --y creo que la
demostración inequívoca de las mismas está en la existencia de dos
proyectos que no pudieron concretarse, por las razones que sean, en
normas jurídicas--, lo cierto es que el Gobierno tiene la firme voluntad
de abordar la reforma del título V de la Ley de Reforma Universitaria y
pretende abordarlo. Yo ya sé que el Gobierno puede tomar las decisiones
que estime oportuno y conveniente sin necesidad de un proceso de diálogo,
que es lo que me ha parecido deducir de una parte de la intervención de
la señora Palma; tenga en cuenta que en otras ocasiones la acusación que
se le hace al Gobierno es justamente la contraria, que no se ha producido
el diálogo suficiente. Yo creo que siempre debe haber un diálogo
razonable. El Gobierno no puede abdicar de sus propias responsabilidades
como Gobierno, pero también tiene que hacer un esfuerzo para que todos
los proyectos de ley que envía a las Cortes Generales gocen del máximo
consenso y de la aquiescencia del mayor número posible de colectivos,
partidos políticos, instituciones, etcétera.
Pues bien, a la vista de esta situación, el 6 de septiembre del año 1997
la ministra de Educación y Cultura y el presidente de la conferencia de
rectores, el rector Carles Solá, acordaron la constitución de un grupo de
trabajo que, presidido por una personalidad independiente, indicase las
líneas generales de la reforma. Recogiendo los trabajos, las conclusiones
y el planteamiento del Gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura, en
el cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de su acción como
ministra de un gobierno, elaboró un borrador de anteproyecto de ley
modificativa del título V de la Ley de Reforma Universitaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Este
borrador pretende fundamentalmente dos innovaciones que no discrepan
radicalmente de las que se recogían en el año 1994 y que, como he
recibido una llamada al orden por parte del presidente, no voy a
enumerar. Sí quiero señalar que las propuestas de este borrador fueron
presentadas a las distintas comisiones y al pleno del Consejo de
Universidades y que la ministra ofreció expresamente a todos los vocales
del Consejo su receptividad a estudiar las sugerencias y observaciones
que estimaran oportuno y conveniente hacerle. Hasta el momento, ya ha
habido una veintena de universidades que han hecho llegar a la Secretaría
de Estado sus planteamientos sobre el asunto. En la misma línea de
intentar llegar a acuerdos con el mayor número de grupos y de colectivos
posibles, ha habido una reunión en la mesa sectorial de universidades con
las organizaciones sindicales más representativas a los mismos efectos
que la que ha habido con los distintos representantes de las
universidades.
En conexión y con el mismo planteamiento al que acabo de hacer referencia
y al que responden las dos reuniones antes señaladas, el Ministerio tiene
la intención de hacer una invitación a todos los grupos de esta Cámara,
naturalmente también al grupo parlamentario al que usted representa en el
debate del día de hoy, para intentar llegar a un acuerdo sobre un tema
que no tiene por qué ser necesariamente un asunto en el que sea imposible
el acuerdo. Creo que es más que posible que lo habrá. No sólo posible,
sino sobre todo necesario. Para conseguir lo necesario y lo posible,
debemos hacer un esfuerzo no sólo los representantes del Gobierno sino
también los representantes de la oposición que han sido y que pueden ser
también Gobierno en el futuro.
Espero que esta invitación que hace el Ministerio de Educación y Cultura
a todos los grupos parlamentarios sea atendida por los distintos grupos
que componen esta Cámara y, por tanto, en un período razonable de tiempo
--no me atrevería a dar fechas-- podamos presentar la reforma del título
V de la Ley de Reforma Universitaria, igual que en el día de mañana
presentamos para aprobación del Consejo de Ministros los dos reales
decretos a que he hecho referencia y que estoy absolutamente convencido
de que tranquilizarán a sus señorías.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señor presidente; gracias, señor
ministro.
Estoy realmente anonadada. En un primer momento he pensado que ejerce
usted dignamente de ministro de jornada y que, además, no necesita
abuela. En cualquier caso, a lo largo de su intervención me he quedado
sorprendida porque he visto que venía usted bien asesorado y seguramente
podrían nombrarle ministro de jornada cada semana por la velocidad
tremenda a la que lee los informes que seguro que le han pasado del
Ministerio. De cualquier forma, no dudo de su buena voluntad y de sus
buenas intenciones, pero no me ha contestado en absoluto a lo que le he
planteado, excepto a la aprobación mañana del real decreto de los planes
de estudio.
Quiero recordarle que aquí se ha producido una demora importante que
afecta a la planificación que las propias universidades deben hacer para
realizar la revisión de los planes de estudio y que será bastante difícil
que esta revisión pueda llevarse a cabo para entrar en vigor el próximo
curso; bastante difícil, por no decir imposible. Fíjese usted que el
jueves de la semana pasada, tras la celebración de una conferencia de
prensa del presidente de la conferencia de rectores, doctor Carles Solà,
en la que se denunciaba el retraso en la aprobación de este decreto, el
secretario de Estado, dos horas después, dijo que precisamente ayer había
llegado el informe del Consejo de Estado, cuando llevábamos esperando el
real decreto más de cuatro meses. En cualquier caso, nos alegramos de que
vaya mañana al Consejo de Ministros, pero veremos si no llega demasiado
tarde. Esperemos que no.
Respecto al profesorado no me ha contestado prácticamente nada. Nos ha
leído cantidad de descripciones y de informes que conocemos al dedillo y
nos ha dicho que, si hay que hacer algo, hay que hacerlo de acuerdo con
las comunidades autónomas y las universidades. Evidentemente. Pero ¿con
qué comunidades autónomas están hablando? ¿Con quién están dialogando?
¿De qué están tratando en estas conversaciones? Si existe voluntad de
abordar la reforma del título V de la LRU, tienen que hablar con los
diferentes grupos políticos y, evidentemente, con el primer grupo
político de la oposición. Hasta la fecha, insisto, nadie nos ha dicho
nada.
Lo que estamos describiendo aquí es una muestra más de una forma de
gobernar de la ministra Aguirre que casi podríamos calificar de una forma
de gobernar a ritmo espasmódico, en el sentido de que reacciona cuando
las cosas se ponen feas, cuando los rectores protestan, cuando alguien
denuncia que no se han cumplido las promesas que en ningún momento ha
dejado de realizar. Quiero recordar el discurso de inicio de curso en la
Universidad de Córdoba, precisamente delante de Sus Majestades los Reyes,
en el que la ministra no se cortó en absoluto a la hora de hacer promesas
sobre todos los temas, lo iba a resolver todo en cuatro días, y además
iba a ofrecer un pacto de modernización de la universidad. ¿Dónde está
este pacto?
Pero volviendo al profesorado y para abundar un poco más en el
desconcierto que existe en estos momentos
en el Ministerio sobre este tema, usted ha hablado de datos y ha citado
21.000 asociados que constan, efectivamente, en la Secretaría de Estado.
Pero a petición de una solicitud de datos de esta diputada, la Secretaría
de Estado de Universidades nos dice que de los 21.240 asociados no tiene
información --y así lo especifica en la respuesta, una columna titulada
Sin información-- de más de 9.000, que son prácticamente el 50 por ciento
de este colectivo, y de los 5.757 doctores no sabe la dedicación de
4.047; datos proporcionados hace escasamente un par de meses por la
Secretaría de Estado de Universidad. ¿Cómo se puede planificar así? ¿Cómo
se pueden tomar decisiones de esta forma? ¿Cómo se pueden hacer
propuestas? ¿Saben ustedes cuánto cuesta acometer esta reforma? Habrá que
saber cuanto cuesta de acuerdo con las comunidades autónomas que tienen
competencias plenas en materia de universidad. ¿Cómo pueden saberlo si no
saben, primero, cuántos son y en qué situación se encuentran? Espero que
a partir de esas denuncias, que no son sólo del Partido Socialista sino
de representantes de la comunidad universitaria, a la ministra no se le
ocurra crear nuevos grupos de trabajo que al final son grupos fools, que
no sirven prácticamente para nada, ni crear más cortinas de humo.
La capacidad que están demostrando ustedes para dar soluciones a una
situación que en palabras del rector Jaume Pagès, de la Politécnica de
Cataluña, más que un problema es una gran oportunidad --la oportunidad de
incrementar nuestra competitividad, de acelerar el proceso social,
cultural y económico, y empujar el avance de una sociedad que cada día
requerirá más del conocimiento para hacer reales sus aspiraciones-- es
prácticamente nula. La comunidad universitaria, señor ministro, está
cansada de escuchar falsas promesas, de anunciar trabajos de comisiones,
algunas que no existen y otras que aparecen y desaparecen. Consideramos
que es una falta de respeto al propio Consejo de Universidades, que ha
visto cómo quedaba despojado de sus propias competencias como órgano
articulador de un sistema universitario...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Palma, le
ruego concluya.
La señora PALMA I MUÑOZ: Concluyo enseguida, señor presidente.
Es también una falta de respeto a la propia conferencia de rectores, que
ha tenido un protagonismo importante en los últimos tiempos y mucha
paciencia esperando que la señora ministra acometiera algunas de estas
acciones. Es también una falta de respeto a los colectivos afectados y a
la comunidad universitaria en general. Sólo les pedimos que gobiernen,
pero, en cualquier caso, no dejen a la universidad española falta de
rumbo, falta de una política clara que podemos discutir. A veces es peor
lo que se hace por pasiva que no lo que se hace por activa.
Gracias, señorías, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Palma.
Tiene la palabra el señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas,
señor presidente.
Voy hacer unos breves comentarios sobre la intervención de la señora
Palma. Ha dicho que no le he dado respuesta a las cuestiones planteadas,
pero del tenor de su intervención se ha deducido exactamente lo contrario
porque ha hecho referencia a los planes de estudio, el primer tema
concreto que planteó, lo demás han sido consideraciones generales y
afirmaciones sin apoyatura argumental alguna.
Sobre los planes de estudio lo único que tengo que decir es lo que ya he
señalado antes. Es un asunto que mañana aprobará el Consejo de Ministros.
Usted tiene razonables dudas de que no puedan entrar en vigor el curso
que viene, pero el Ministerio tiene la impresión de que con buena
voluntad y con un esfuerzo por parte de todo el mundo sí puede hacerse.
Veremos qué es exactamente lo que sucede al final. Dicho esto, mañana se
aprueban los planes de estudio tras el preceptivo informe del Consejo de
Estado, que efectivamente podía actuar con mayor celeridad, pero lo
cierto es que todo funciona como funciona. Estamos en disposición de que
esta normativa, a la que parece que usted no se opone --lo cual
celebro--, pueda entrar en vigor a partir del próximo curso
universitario.
Ha dicho usted que yo no he dicho nada sobre el profesorado. No es
verdad. He contado cuáles son los problemas que están planteados en este
momento, cómo pretenden abordarse y cuáles son los trámites y las
decisiones que se están adoptando para llevar a buen término esas
soluciones. Ha manifestado su acuerdo con lo que yo he afirmado de la
necesidad de consensuar con las comunidades autónomas, lo cual es
absolutamente lógico puesto que, como es sabido, estas comunidades tienen
reservadas las principales decisiones políticas sobre las universidades
de su territorio, entre otras cosas la creación y la autorización de las
universidades, los centros y enseñanzas, la fijación de los precios
públicos por los estudios de títulos oficiales, la planificación y
programación de los objetivos de educación universitaria, así como la
contribución financiera pública para sustituciones universitarias. Por
tanto, parece lógico que se cuente con el Consejo de Universidades, con
el conjunto de todas ellas y también con los distintos grupos políticos.
No sé exactamente con qué grupos políticos están celebrando reuniones en
estos momentos. Dice usted que su grupo no ha sido avisado. Yo lo que
puedo hacer es comprometerme
a trasladar esta inquietud. Por tanto, tenga usted la firme convicción de
que el Grupo Parlamentario Socialista será consultado, como no podía ser
menos, y sus aportaciones, que a buen seguro serán muy positivas, serán
tenidas en cuenta, con lo cual podremos aprobar por consenso este
importante asunto de la modificación del título V de la Ley de Reforma
Universitaria.
No voy a contestar a las declaraciones generales sino a los temas
puntuales, a lo del ritmo espasmódico, a la afirmación que dice usted que
hace el secretario de Estado de Universidades sobre los más de 21.600
profesores asociados, de lo cual deduce que no se puede proceder a
ninguna reforma de este título V puesto que no se sabe exactamente qué es
lo que ocurre con esas personas. Yo no sé si se sabe o no exactamente lo
que ocurre con estas personas; yo desde luego sí lo sé, y también lo
saben las universidades y las comunidades autónomas con las que
precisamente se está intentando llegar a un acuerdo en este asunto. Por
tanto, todos y cada uno de los que tengan información e interés en este
asunto, como he señalado antes, son consultados, y de esta suerte
podremos hacer un buen proyecto de ley.
Por último, todos tenemos una cierta tendencia a hablar en nombre de todo
el mundo; yo también. Por tanto, no le reprocho a usted nada. Pero es que
usted ha hablado aquí en nombre de la comunidad universitaria, y la
comunidad universitaria es variopinta, como todas las comunidades que hay
en España, como todos los partidos políticos, incluso como los diputados
de los mismos grupos parlamentarios. Es decir, aquí cada uno es como es
y, por tanto, hay que ser conscientes de que es así, y hay algunos
señores de la comunidad universitaria con un planteamiento y otros con
otro planteamiento diferente, pero es lo cierto que no todos deben
sostener el mismo planteamiento que usted ha mantenido hoy aquí por
cuanto al menos veinte universidades ya han remitido al Ministerio de
Educación y Cultura lo que creen que debe hacerse en relación con la
modificación del título V de esta Ley de Reforma Universitaria. En
cualquier caso, ha hecho algunas otras afirmaciones, como la de falta de
respeto por parte del Ministerio y del Gobierno a la universidad, a la
comunidad universitaria, que no puedo compartir y quiero que conste en el
'Diario de Sesiones' esa aseveración. La universidad es enormemente
importante. Hay muchas cosas que tienen una gran trascendencia en un
país, pero desde luego la universidad, donde la gente se forma no
solamente a nivel de conocimiento sino también a otros muchos niveles, y
donde realmente se adquiere cultura, conocimientos, valores y principios,
es algo que preocupa profundamente, como no podía ser menos, al Gobierno.
Admítame al menos que yo le diga que le preocupa tanto al Gobierno como a
la oposición y tanto a mí como a usted. Créame sinceramente que es así. A
usted también, señora Valcarce.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor ministro, por su meritoria actuación. Permítame que
le diga que siempre es gratificante, en un debate sobre la universidad,
comprobar que los ministros al menos saben leer y que además lo pueden
hacer bastante rápido. Compartirá SS. SS. con Nueva Izquierda-Iniciativa
per Catalunya que los problemas de la universidad son varios y parece que
en ningún caso están siendo debidamente abordados por el Gobierno, que en
esta materia apenas ha tomado decisiones. Es una política, pues, basada
en la pasividad, hábilmente adornada con prácticas y opiniones erráticas
y contradictorias. No hemos podido saber hasta la fecha, en ningún
momento, cuál va a ser la línea general de política universitaria del
Gobierno. Hoy nos vamos también sin saberlo. Lo que sí ha conseguido el
Gobierno es quemar a un secretario de Estado, malestar en el Consejo de
Universidades, enfrentamiento con la conferencia de rectores y
desencuentros con los sindicatos. Y si esos desencuentros con todas esas
entidades no han ido a más ha sido por la prudencia de otros, que no por
parte del Gobierno. Por tanto, un fabuloso catálogo de éxitos para la
inacción, todo un récord que hoy llega a lo sublime con la
incomparecencia de la señora Aguirre en su condición de ministra y no en
otra. La impresión es que el Ministerio y el Partido Popular no entienden
lo que es la universidad, lo que significa en este final de siglo, o
prefiere no saberlo. La actuación más notable que se le conoce al Partido
Popular fue el ataque brutal a la autonomía universitaria en la
Universidad de Alicante. En fin, la enumeración de problemas enquistados
sería prolija. Se ha citado --y yo me referiré de pasada-- la reforma de
los planes de estudio. Esperaremos la aprobación en el Consejo de
Ministros y veremos si efectivamente es de aplicación para el próximo
curso; lo vamos a estudiar con detalle.
Pero sin duda los dos grandes problemas que reclaman más urgente
solución, y sobre los que no ha habido una respuesta mínimamente nítida
en la intervención del señor ministro, son la financiación y la situación
del profesorado. Quiero insistir en que no se trata aquí de recurrir a un
discurso fácil sobre los males de la universidad o la crisis de la
universidad. Sin duda, en los próximos años, el debate sobre el papel
futuro de la universidad será permanente y plantea preguntas que debe
responder, ante todo, la comunidad universitaria en diálogo con el
conjunto de la sociedad, pero ello no puede ser excusa para rehuir
respuestas políticas urgentes a esas dos cuestiones.
En materia de financiación, la posición tradicional del Gobierno,
reiterada en numerosas respuestas dadas a diputados de esta Cámara, es
que en última instancia ese es un problema de las comunidades autónomas.
Eso no es cierto. La responsabilidad del Gobierno del Estado en materia
de coordinación pasa indefectiblemente por promover un nuevo marco para
una financiación estable y suficiente. No es necesario volver a recordar
que en las inversiones en universidades está muy lejos de producirse una
convergencia con Europa. Además, como recordaba recientemente un rector
de una universidad española en un libro que publicaba: o la inversión
universitaria se liga, incluso desde un punto de vista simplemente
económico, con la generación de empleo, la formación global y la
productividad, o los esfuerzos en todos estos campos serán baldíos. No
hemos oído todavía una palabra de la señora ministra ni tampoco de usted,
señor Rajoy, sobre la necesidad de imbricar la política universitaria con
la política global de desarrollo, de investigación, de desarrollo de la
sociedad de información, etcétera. Por tanto, una política absolutamente
falta de miras, una política absolutamente restrictiva. Por eso decía que
no entienden lo que significa la universidad.
En cuanto al profesorado, faltan incentivos pero sobre todo existe una
gran bolsa de nuevos PNN con una gran inestabilidad. Nueva
Izquierda-Iniciativa per Catalunya ha presentado una proposición de ley
para reformar la LRU, para crear nuevas figuras de contratación del
profesorado que vengan a resolver este problema. Lo hacemos porque el
Gobierno ha sido incapaz de definir su propuesta, porque es un problema
que se arrastra desde hace mucho tiempo y ha tenido dos años para decir
algo y no lo ha dicho, y porque se ha empeñado en un baile de
anteproyectos y proyectos presentados y retirados y, en este momento,
nadie sabe exactamente cuál es su posición. Lo grave es que el problema
está ahí y las soluciones son absolutamente necesarias y urgentes.
En definitiva, entendemos que sería bueno buscar el consenso, como el
señor ministro decía, pero no vemos que la política real del Ministerio
de Educación sea esa. La situación es muy grave, pero puede ir a peor, y
no es algo que repercuta sólo en la comunidad universitaria sino que
afecta a toda la sociedad española.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor presidente, sin perjuicio de la
posición que mantengamos en la moción que se presentará en el Pleno
próximo, querríamos señalar algunas ideas. En primer lugar, una cuestión
clave: la política universitaria destaca por su indefinición, ya se ha
dicho en esta Cámara y en estos momentos. Los cambios sucesivos en el
equipo de la ministra han alterado el normal funcionamiento del
Ministerio y de los organismos que dependen de él, sea el Consejo de
Universidades, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, etcétera. Prueba de ello es que hoy en día sigue
reclamándose una política, un proyecto sobre el cual podamos
pronunciarnos. Creemos que detrás de la manifiesta indefinición se erige
la carencia de un diagnóstico claro, preciso y de futuro sobre la
situación de la universidad. Esta indefinición tiene graves consecuencias
en la reforma de los planes de estudio y en la financiación de las
universidades. No estamos diciendo que la universidad necesite más
dinero, que obviamente lo necesita, sino que hay que modificar el actual
sistema de financiación porque en los umbrales del siglo XXI no puede ser
el mismo que el establecido en la Ley de 1983.
De cara a las comunidades autónomas, pensamos que las situaciones y
problemas a veces son distintos de los que propugna el Ministerio. En
concreto, en el capítulo V de la Ley de Reforma Universitario hemos
manifestado que las autonomías históricas y, más en concreto, la
Comunidad Autónoma del País Vasco aspira a elaborar su proyecto de
profesorado propio, sin que esto suponga romper los lazos de comunicación
científica y de amistad académica que une a los universitarios del
Estado. El modelo actual de profesorado no ha resuelto los problemas
docentes de la universidad vasca y tampoco los anteproyectos que hasta
ahora conocemos van a alterar esa situación. Es un problema grave que la
endogamia, el corporativismo, la desmotivación y la falta de perspectiva
de los docentes universitarios terminen por cronificarse. La Comunidad
Autónoma vasca está ya suficientemente madura para diseñar su profesorado
propio. Resulta difícil sustraerse a esta reivindicación cuando,
paradójicamente, los anteproyectos de modificación del capítulo V no sólo
no plantean esta posibilidad sino que parecen pensados para situaciones
que no son la nuestra. Elaborar un nuevo estatuto del profesorado no
puede ser exclusivamente establecer nuevas categorías académicas y nuevas
formas de acceso a la carrera docente o modificar la composición de los
tribunales. Se necesita --y no dudamos de la importancia de las
anteriores que acabamos de citar-- dotar a las autonomías de competencias
y de posibilidades normativas que ahora mismo no tenemos. El profesorado
propio puede ser una forma de diseñar una nueva carrera docente que
además de ocuparse de las formas de acceso de nuevas figuras
contractuales se acerque al análisis concreto de la situación de la
universidad, difícilmente en la Comunidad Autónoma vasca. El anteproyecto
existente, yo diría que no existente, no va a servir para abordar esta
situación. Cumplamos con el mandato estatutario y no tengamos miedo a
diseñar una modificación del
capítulo V de la Ley de Reforma Universitaria que creo que todos
podríamos aplaudir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora
Sabanés.
La señora SABANES NADAL: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y
en relación a la interpelación presentada por el Grupo Socialista para
conocer las intenciones del Ministerio sobre la modificación del título V
de la Ley de Reforma Universitaria y sobre política universitaria.
Entendemos que el debate que hoy se ha producido aquí permite mal una
discusión sobre política universitaria y sobre financiación precisamente
por la falta de concreción no sólo en la política universitaria, también
por la falta de definición del propio proyecto o del debate que se ha
producido. A nuestro grupo le interesaría, en todo caso, manifestar aquí
hoy su posición sobre lo que significa la modificación del título V de la
Ley de Reforma Universitaria.
El objeto fundamental de esta interpelación de hoy afecta a una parte
importante del profesorado universitario que está carente en este momento
de estabilidad. A los catorce años de promulgación de la Ley de Reforma
Universitaria las crecientes necesidades, el crecimiento de la propia
universidad, entre otros factores, han producido una serie de actuaciones
y de disfunciones en el ámbito del profesorado universitario que han
generado un nuevo colectivo carente de estabilidad profesional, carente
de perspectivas y con una dificultad manifiesta en el ámbito de su
actuación profesional. Con la aplicación de la Ley de Reforma
Universitaria se solucionaron en su momento casos similares anteriores a
la ley, pero la realidad hoy es que una parte muy importante de este
profesorado se encuentra en una situación de inseguridad laboral,
profesional y de falta de estabilidad que sin duda afecta a la calidad y
que, por tanto, afecta al futuro de la universidad, a su desarrollo y más
concretamente, en lo que a nuestro grupo respecta, a la universidad
pública.
La reforma del título V es, pues, una urgente necesidad que en todo caso
no puede significar que no se trabaje la línea del consenso, pero es una
urgente necesidad por lo que afecta a una parte importante del
profesorado y por lo que afecta, en definitiva, a la universidad pública.
En este contexto nuestra posición sobre la interpelación y posterior
moción va vinculada al proyecto de ley de reforma del título V para
regularización del profesorado y para financiación de las universidades
que hemos presentado a la vez que el Grupo Mixto. Se trata en ese
proyecto de abordar la situación de los contratos de la figura del
profesor asociado para regularizar esta situación que, a nuestro
entender, debe estabilizarse, a la vez que se debe regular que no se
vuelvan a producir nuevas situaciones de estas características. Por otro
lado, entendemos que se deben plantear las necesidades de adaptación en
todo este proceso y que se precisará establecer un plan concreto de
financiación.
Nuestro grupo entiende por tanto, desde esta convicción, que es
absolutamente imprescindible abordar con urgencia esta reforma; somos,
pues, favorables a la interpelación y nuestra posición en la posterior
moción irá en esa dirección en tanto en cuanto se recojan las necesidades
de regulación, de modificación del título V de la Ley de Reforma
Universitaria.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sabanés.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Guerra tiene la
palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señorías, la interpelación
que presenta hoy la señora Palma, en nombre del Grupo Socialista, es muy
interesante; es para que en una comisión habláramos largo y tendido sobre
todo el tema universitario.
Al principio de su intervención yo creía que la señora Palma era la
interpelada porque ha hecho un repaso de los quince años anteriores.
Pensaba que se interpelaba al Gobierno. Es indudable que algunos datos
han sido ciertos en nuestro país y que además son importantes y
positivos. El que lleguemos a 1.560.000 universitarios entre la
universidad pública y la privada
--aunque en la privada en este país hay pocos, unos 70.000-- es algo
interesante. En lo que tenemos que poner una interrogación es en si
estamos formando universitarios --por supuesto que no es problema del
Gobierno anterior ni del actual-- en aquellas especialidades que pide
nuestra sociedad, porque uno de los problemas que tenemos con el paro
académico es que se está formando un exceso de médicos, de abogados, de
licenciados en ciencias empresariales y en cambio no se están formando en
aquellas profesiones que demanda nuestra sociedad. Este debe ser el
primer interrogante que nos debemos plantear todos los grupos de la
Cámara, porque este no es un problema político sino educacional, es un
problema sobre el que tenemos que reflexionar a tiempo. Por otra parte,
en los últimos cinco años --tampoco es problema del Gobierno anterior--
la formación profesional en España ha bajado de 950.000 a 670.000
alumnos. Sobre esto también tenemos que reflexionar, porque si comparamos
esta proporción de universitarios y de estudiantes de formación
profesional con la del resto de los países de la Unión Europea vemos que
nuestro país en formación profesional está realmente retrasado. Pero no
vamos a entrar en eso. Ya hablamos en Comisión de formación
profesional y entraremos otro día en ese mismo tema.
Vayamos al tema universitario. Señorías, nuestra universidad, además de
tener 1.520.000 alumnos, tenía y tiene unos problemas grandes. Le puedo
decir a S. S. que, por ejemplo, en la Universidad de Valladolid los
alumnos de primer curso tienen que ir media hora antes, ahora y hace dos
años, para poder sentarse. Me da la impresión de que eso ocurre en muchas
universidades; le hablo de la de Valladolid por ser la circunscripción
más próxima, pero también ocurre en el primer curso de varias
universidades españolas. Ahí hay un problema y es indudable que tenemos
que resolverlo. Es cierto también que dentro de unos años eso no va a
ocurrir porque estamos justo en el punto de las cohortes universitarias
que han llegado debido a la natalidad de hace 18 ó 19 años. Por la baja
natalidad, el año que viene y también dentro de dos o tres años,
descenderá el número de alumnos que llegue a la universidad; por tanto,
nuestras universidades no van a tener tantos problemas de masificación.
Entrando ya en algunos de los temas que ha planteado la interpelante,
señora Palma, hay un problema que es el del número excesivo de
asignaturas --ya nos ha anunciado el señor ministro que mañana en el
Consejo de Ministros se va a aprobar el decreto--; exceso en el que
coincidíamos todos, porque yo se lo he oído a varios miembros de su
grupo. Coincidíamos todos pero no se tomaban las medidas pertinentes,
porque una cosa es decir: Aquí está el problema y coincidimos todos, y
otra cosa es tomar las medidas. Esas medidas había que tomarlas teniendo
en cuenta, primero, la autonomía de las universidades; segundo, teniendo
en cuenta a la CRUE y, tercero, teniendo en cuenta la opinión general. Y
se han tomado las medidas porque había un exceso de asignaturas, algunas
cuatrimestrales, y era imposible que esos chicos y chicas se formaran en
tres meses escasos para conseguir el aprobado en esas asignaturas. Por
otra parte, los cursos con 17 y 18 asignaturas planteaban el problema de
que muchos de nuestros estudiantes no tenían tiempo para asistir a
conferencias, para ir a la biblioteca, etcétera. Ese asunto se ha
resuelto o se va a resolver mañana.
Entramos en el tema de los profesores y la reforma del título V. Que se
indique celeridad al Gobierno a mi me parece siempre bien, y no solamente
por parte de los grupos de la oposición sino por los propios diputados
del grupo que apoya al Gobierno; pero esa celeridad solicitada por la
interpelante no la puedo entender. Como bien ha dicho el señor ministro,
en septiembre de 1992 y en octubre de 1994 se intentó la reforma del
título V. En septiembre de 1992 no se llevó a cabo porque se disolvieron
las Cortes, pero de octubre de 1994 hasta el año 1996 no se disolvieron
las Cortes. Que ahora diga que la señora ministra y que el Gobierno es
lento, que es espasmódico no lo puedo entender. Ustedes podrían haber
exigido celeridad a sus ministros para la reforma del título V. En esto
quiero decir una cosa, y es que el título V es muy importante y que los
20.600 asociados tienen un verdadero problema (digámoslo con toda
claridad, ya que no tenemos que venir aquí a recoger los votos de los
actualmente asociados) el problema de la selección, que tenía y tiene
muchísimos defectos y cierta endogamia, hay que reconocerlo así. Por otra
parte, hay que dar salida a todo ese colectivo mediante las dos figuras
que conocen SS. SS., que son las que se han presentado al colectivo de
rectores, y que son el profesor colaborador y el profesor
contratado-doctor.
Pues bien, señorías, en estos momentos nos encontramos con que hay que
contar con las autonomías que son las que tienen competencia en materia
de universidades. Como ha dicho el señor ministro, las últimas
transferencias las hizo este Gobierno; se podrían haber hecho
anteriormente, pero las hizo este Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Guerra, vaya
concluyendo.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.
Conforme a esa autonomía y por otra parte con el consenso general que
tiene que haber con todos los grupos de la Cámara --vamos a intentar un
acuerdo general de todos los grupos de la Cámara--, ya lo ha dicho el
señor ministro y yo lo reitero, vamos a modificar el título V. En
septiembre pasado, de conformidad con la señora ministra y el rector
Carles, se hizo un grupo de trabajo, presidido por González Seara, grupo
de trabajo que no quedó ad calendas graecas sino que en el mes de
noviembre entregó sus conclusiones. Esas conclusiones se han remitido a
las diferentes universidades, y el señor ministro nos ha dicho que veinte
de ellas han contestado. El título V hay que reformarlo. Cuando se tenga
la opinión del máximo posible de universidades, de la totalidad de las
autonomías, pues las 17 autonomías tienen competencias en universidades,
será el momento de hacer el borrador del proyecto de ley, al que el
Gobierno se ha comprometido desde aquí y el grupo parlamentario se
compromete a hacerlo circular a todos los grupos de la Cámara, para que
ellos, antes de que entre oficialmente el proyecto, hagan las
indicaciones y las sugerencias que crean pertinentes.
Reitero una cosa --y perdón, señor presidente--, no hagamos de la reforma
del título V un tema de batalla política. Intentemos hacer entre todos en
esta legislatura una reforma del título V (han escuchado en esta
legislatura, porque como todavía nos quedan dos años, habrá tiempo
suficiente), en la cual estén de acuerdo las comunidades autónomas, en la
que estén de acuerdo los rectores y los diferentes grupos.
En cuanto al profesorado, reitero que esta vez no podemos hacer como se
hizo con los PNN, es decir, hay
20.600 y entran los 20.600. Creo que SS. SS. estarán de acuerdo en que
hay que ser mucho más selectivos. Quizás haya que ir a la figura de los
contratos --no sé si laborales o administrativos-- de dos o tres años,
por ejemplo, y si adquieren posteriormente el título de doctor, ir a la
segunda figura.
Quiero decir también que tenemos que reformar el artículo 35 de la LRU,
porque prevé la figura de asociados y permite que la dedicación pueda ser
a tiempo completo, cuando en realidad --como bien conocen SS. SS.-- se
creó esa figura de profesor asociado con la idea de que sería alguna
personalidad que tenía algo que aportar en las diferentes materias, pero
no con plena dedicación, sino a tiempo parcial. Señor presidente, el
Grupo Parlamentario Popular vuelve a reiterar las palabras del señor
ministro en el sentido de que ésta es una reforma que tenemos que hacer
entre todos los grupos.
Por último, señorías, me alegraría muchísimo que en una de las comisiones
tuviésemos un amplio cambio de impresiones --yo no lo llamaría debate--
sobre el tema de la universidad, porque además del decreto que se va a
aprobar mañana y de la reforma del título V, nuestra universidad tiene
otros problemas que debemos intentar solucionar entre todos; pero no
digamos que los problemas que tiene hoy la universidad son problemas de
hace un año, de hace año y medio, son problemas que arrastramos de la
época anterior, muchos de ellos no por culpa del Gobierno anterior sino
por la gran masificación en la universidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya,
señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Termino, señor presidente, Pido disculpas a
la Cámara por haberme alargado, pero es un tema tan atractivo y tan
fundamental para el futuro de nuestras juventudes que indudablemente
merece que le dediquemos nuestro tiempo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guerra.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE ELABORACION
DEL CODIGO DE DERECHOS DE LOS DESEMPLEADOS. (Número de expediente
172/000090)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
elaboración del código de derechos de los desempleados.
Para su presentación, en nombre del grupo parlamentario, tiene la palabra
el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, abordo el debate de esta interpelación urgente
con la sensación de tener una enorme responsabilidad. Mirando los rostros
del paro, hablando con los parados --como he tenido ocasión de hacer en
la preparación de esta interpelación-- resulta muy difícil hablar del
paro como una macromagnitud. Me corresponde transmitirles esta tarde,
señorías, y lo mejor que pueda, que es necesario más que hablar del paro
como variable económica, hablar de los parados como realidad y no sólo
realidad social sino de las personas con la angustia sostenida de quienes
no encuentran, por mucho que busquen, una solución a sus problemas.
¿Cómo convencernos entre todos, cómo convencerles a ustedes por mi parte
de que Izquierda Unida plantea algo absolutamente elemental? Pues
simplemente recordándoles la alta responsabilidad que los que decidimos
las normas de juego de la sociedad --los poderes públicos y, sobre todo,
los representantes democráticamente elegidos por todos-- hemos contraído
con los ciudadanos y ciudadanas en paro. Primero, porque nos hemos
comprometido a realizar una sociedad orientada al pleno empleo, como
señala y hemos consensuado todos el artículo 40.1 de nuestra
Constitución; segundo, porque por encima de toda consideración está el
cumplimiento de los artículos 22 y 23 de la Declaración de los Derechos
Humanos que también abundan en este sentido: y en tercer lugar porque
hablar del paro es hablar de la historia de nuestras decisiones
económicas. Los gobiernos desarrollan una función de preferencias
mediante la que definen sus objetivos y la orientación de sus decisiones,
pero estas preferencias han sufrido una mutación en los últimos tiempos.
Si la finalidad de toda actividad económica es proporcionar a los
ciudadanos los medios para su bienestar, en último término el consumo de
dichos bienes y servicios, el pleno empleo es el vehículo a través del
cual se garantizan a todos los ciudadanos, más o menos por igual, los
medios para satisfacer las necesidades y posibilidades de desarrollo
individual y colectivo. Si las constituciones de nuestro entorno
consagran el libre mercado como marco económico, lo hacen sobre la base
de poner en equilibrio los valores del mercado y la libertad con los
otros valores de la planificación de los esfuerzos, la redistribución y
la protección social, que en último término son los estados del
bienestar. Sin embargo, hemos invertido los valores, hemos roto el
inestable equilibrio de nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Un concepto dogmático de libre competencia dice que los mercados
perfectos se vacían; es decir que están siempre en pleno empleo y que si
no lo están es porque no son suficientemente flexibles para alcanzarlo.
Siguiendo esta máxima se ha primado el control de la inflación, la
reducción del déficit público, la convergencia
monetaria. Ha sido una opción dura; dura para todos los europeos, pero
más para los que teníamos una tasa de desempleo tan importante como la
nuestra.
España tenía en el año 1975 una tasa de paro del 4 por ciento, igual que
Europa; en 1982 estábamos en el 15 por ciento de paro, mientras que
Europa estaba en el 8 por ciento. Hoy el paro está por encima del 20 por
ciento, el doble de parados que en la Unión Europea; el paro más alto de
todos los países de la OCDE, de los que la OCDE considera desarrollados.
En los últimos 22 años nuestra economía ha tenido un crecimiento similar
o incluso más alto que la economía de los países de la Unión Europea y,
sin embargo, la tasa de paro se ha mantenido tozudamente en el doble a
pesar de que, como vimos, partíamos del mismo nivel. Justo en el momento
de nuestra preparación para la entrada en la Unión Europea, en plena
reconversión industrial, se consolida la divergencia entre el paro
español y el paro europeo, a pesar de que entre 1983 y 1988 crecimos a un
ritmo medio del 3,4 por ciento, mientras Europa lo hacía al 2,8 por
ciento. El desmantelamiento de la industria estratégica o de base, la
terciarización y desindustrialización, el retorno de los emigrantes, la
incorporación de la mujer al mercado de trabajo y los incrementos de
productividad en pos del nuevo ídolo, la competitividad, nos dan las
claves de por qué se ha mantenido esa divergencia con Europa en el
indicador del paro.
Mientras tanto, ¿cuál es la perspectiva de futuro? Los incrementos de
productividad han sido de cerca de 1,5 puntos por encima de los europeas
en los últimos 22 años. Para los próximos años, y dados los cambios en la
estructura de nuestro producto interior bruto, estamos situándonos en una
tasa de productividad del 2 por ciento de incremento anual. A este ritmo
parece necesario que nuestra economía crezca entre el 3,5 y el 4 por
ciento para eliminar la diferencia con el resto de países europeos,
aunque sea en 20 años y a razón de unos 120.000 puestos de trabajo por
año, que es cada punto de crecimiento. Por si fuera poco, las
consecuencias de la flexibilidad de las empresas para adaptar las
plantillas a los tiempos de competencia en que ya estamos, se agravarán
con las exigencias de mantener los esquemas de la economía neoliberal
para consolidar la estabilidad del euro, entrados como estamos en el
núcleo duro de la Unión Monetaria, en el pelotón de los listos, aunque
eso está por ver y hay muchos que discrepan de esa valoración. Algunos
economistas incluso anuncian un incremento del paro para finales del año
2000; he leído en alguna prensa económica que en España el paro se pondrá
en el 23,7 por ciento aproximadamente. Ya se sabe, en principio el euro
no significa más incremento del empleo, sino más bien más paro, y tanto
si esto es verdad como si no, en cualquier caso, ¿quién cree de verdad
que nuestra economía va a ir tan bien durante 20 años más, justo hasta
que acabe el paro o éste llegue a la media europea? El producto interior
bruto se ha incrementado el 65 por ciento de 1975 a 1995; la
productividad, el 39 por ciento, y sin embargo en esos mismos años el
paro se ha creado y se ha mantenido en tres millones o más de parados.
Hasta aquí la realidad de nuestra política económica, de nuestras
decisiones económicas. Y, señorías, más allá de la valoración que esta
realidad nos merezca --podríamos decir la nuestra, pero de sobra es
conocida, y por tanto no les voy a aburrir--, tanto los que estamos en
contra, y sobre todo los que están a favor y quieren mantener este tipo
de política económica, todos tendremos que reconocer que cuando hablamos
de paro estructural o cuando ponemos en cuestión la posibilidad, incluso
teóricamente, de una sociedad de pleno empleo, estamos aludiendo en
último término y contrayendo una doble responsabilidad: responsabilidad
en la creación de empleo de calidad
--éste es otro debate: 35 horas, plan de empleo, etcétera; se ha hecho y
se seguirá haciendo--, pero mientras tanto y precisamente porque por
desgracia habrá que seguir debatiendo sobre cómo crear empleo para luchar
contra el paro tozudo, inevitablemente masivo, estructural, y
responsabilidad también sobre cómo garantizamos la consecución de los
derechos humanos de los parados y las paradas.
Los parados siguen vivos, no son cifras, no han nacido con ese sino, no
son parados por vocación o por su indolencia o condición viciosa que
decían las leyes decimonónicas, las leyes de pobres; son una denuncia
viva ante nuestros ojos; son nuestra más dolorosa carencia, nuestra más
viva exigencia; son en último término nuestra responsabilidad más
perentoria. Si en nuestra legislación, junto a los derechos generales de
los ciudadanos hemos añadido el Estatuto de los Trabajadores para
consolidar un elenco de derechos y garantías para los ciudadanos en su
condición de trabajadores en cuanto tal, sobre la base de la centralidad
del empleo como dador de la plenitud de los derechos de la ciudadanía,
hora es ya de reconocer que esta legislación se queda coja si no la
completamos con un código de derechos de los desempleados donde se
contemplen los mecanismos de garantía de satisfacción de las necesidades
más elementales para los sujetos de las no relaciones laborales, es decir
aquellos ciudadanos que son el negativo de la foto del pleno empleo, los
no trabajadores, los parados, trabajadores no en acto, sino en mera
potencia como diría el lenguaje tomista, los excluidos del gran
conseguidor del bienestar, del mercado.
Como dice Ramón Castell, asistimos al advenimiento de un individualismo
negativo. Se trata de reconocer, por tanto, los derechos que tienen los
ciudadanos a sobrevivir fuera del mercado, toda vez que los mecanismos
del Estado de bienestar están siendo puestos en cuestión, sobre todo en
la práctica, o al menos están manifestándose claramente insuficientes y
desbordados
por algo nuevo no previsto. Pues, en efecto, la segmentación que se ha
producido en los sujetos de las relaciones laborales se ha reflejado
también en sus sistemas de protección social. En los últimos tiempos
hemos asistido a un proceso de universalización de la protección social
y, al mismo tiempo, a la realización de prácticas de contención y
racionalización del gasto social reflejado en el fenómeno de la
asistencialización de las prestaciones, es decir en la reducción de la
intensidad protectora que concede la Seguridad Social.
Es claro, a este respecto, el devenir declinante de la cobertura que
ofrecen tanto la prestación como el subsidio de desempleo, reflejado en
el escandaloso dato de que el Inem año tras año se ahorra miles de
millones de pesetas de su presupuesto inicial. No vamos a entrar en
cifras, no queremos hacerlo; baste con decir que estamos por debajo del
50 por ciento de cobertura, tanto si lo analizamos desde la óptica EPA
como si lo hacemos desde la óptica del paro registrado, y bajando. Más
del 60 por ciento de los parados no perciben ninguna ayuda económica y
sólo el 16 por ciento una prestación contributiva. 1.806.000 parados de
larga duración, y de ellos 1.209.000 llevan más de dos años en esta
situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor VAQUERO DEL POZO: Sí, señor presidente, concluyo rápidamente.
Como no podía ser menos, la segmentación de los mercados de trabajo se
hace acompañar de una actualización de los sistemas de protección social
que tiende a reflejar y consolidar ese dualismo social. Mientras los
colectivos más débiles de la sociedad, la infraclase, los pobres, parados
de larga duración o trabajadores con empleo precario son protegidos al
mínimo de subsistencia, los grupos amparados y protegidos, trabajadores
en activo con un empleo estable y niveles retributivos medios-altos,
gozan de derechos sociales más perfectos tanto en extensión como en
intensidad e incluso tienen la posibilidad de ampliar su cobertura social
a través del recurso a los privilegiados fiscalmente y selectivos
sistemas privados de previsión social.
La política social de las sociedades de capitalismo avanzado tiene, pues,
que reconocer y abordar la doble presencia de una vieja y una nueva
cuestión social. Ese es el significado de los nuevos movimientos de
parados que quieren estar representados por sí mismos y que reivindican
cosas nuevas aunque elementales; que sin confrontar con los sindicatos se
sienten mitad parte del movimiento obrero y mitad parte de un nuevo
movimiento de excluidos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego que concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Es por ello que ahí tiene su engarce la
problemática que a veces se aborda con un sospechoso simplismo. Por
ejemplo, cuando se realiza una reforma fiscal que agrava la situación
financiera que el Estado tiene para mantener lo que hay, sin tener en
cuenta si lo que hay es suficiente. Por ejemplo, las diferentes
interpretaciones del Pacto de Toledo, como ya tuvimos ocasión de ver y
poner de manifiesto en el debate de la Ley de Pensiones. Y, por ejemplo,
cuando se dice que hay que recortar políticas pasivas para financiar
políticas activas. La semántica nos traiciona.
La inadecuación de los sistemas de bienestar a la nueva cuestión social
se interpreta de forma economicista e interesada como un mecanismo de
recortar gastos sociales. Incluso se instrumentan coartadas, razones que
a veces pueden resultar hasta ofensivas para los parados, en primer
lugar, y también para la inteligencia del elector, como cuando se dice en
determinados informes sobre las prestaciones de desempleo que la
percepción de prestaciones por desempleo reduce la tasa de salida del
paro. Por ello, hemos de poner en último término manos a la obra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Con esto acabo, señor presidente.
Hay que reconstruir sobre dos pilares el nuevo Estado de bienestar. De un
lado la legislación para los trabajadores en cuanto tales: Estatuto de
los Trabajadores, Ley general de la Seguridad Social, Ley de prevención
de riesgos laborales, etcétera; por otro lado, legislación para los
parados y los excluidos, esta especie que nosotros hemos llamado código
de derechos de los desempleados. Es preciso ratificar el derecho de los
parados a que los poderes públicos hagan una política de pleno empleo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, S.
S. debe concluir de forma inmediata.
El señor VAQUERO DEL POZO: Voy a relatar brevísimamente aquellos derechos
que considero importante que se reflejasen en ese código de derechos de
los desempleados, señor presidente.
Es necesario plantearse esa política de pleno empleo, un salario social
que efectivamente sirva al menos de fundamento y compensación a falta de
otra retribución. Es necesario dignificar el nivel de subsistencia de los
parados y sus familias reconociéndoles el derecho a la formación, al
reciclaje profesional, a ayudas para la utilización gratuita del
transporte público, de la medicina, de la vivienda y los gastos
domésticos, de las residencias y demás medios de vacaciones
familiares. Se trata, en último término señorías, de retornar a estos
colectivos desde el lado oscuro en que les ha sumido el modelo económico
y social a la poli de los plenos derechos. Esa, sin duda alguna, es la
condición necesaria, aunque no suficiente, para revertebrar la sociedad.
Acabo, señorías, diciendo que en este debate nos jugamos algo tan
sencillo como no ir a la zaga de la dinámica social. Dicen los teóricos
que la ley sigue siempre a la dinámica social; pero tenemos ya los
ejemplos de Francia, de Alemania. El movimiento de parados se está
articulando y está reivindicando estas cuestiones. Tenemos hoy la
posibilidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Vaquero, ha consumido amplísimamente su tiempo, con lo cual no estaría en
el uso de la palabra.
Muchas gracias.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro
de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, intervengo para contestar a la
interpelación que me formula el señor Vaquero en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar he de decirle que agradezco mucho el esfuerzo y la
iniciativa que se está llevando a cabo por parte de Izquierda Unida para
que se aprecie con cierta extrañeza que en un Pleno de la Cámara no haya
debates relacionados con las políticas de empleo, con el mercado de
trabajo o, como hoy nos ocupa, con la situación de los desempleados. Me
parece, señoría, que de todos los debates siempre se saca alguna
conclusión, que por pequeña que pueda ser es siempre una conclusión
positiva, y que insistir en los debates sobre empleo siempre es digno de
elogio. Es digno de elogio porque sin duda la gran preocupación que
tenemos todos, la primera preocupación es la generación de empleo. Los
representantes públicos nos planteamos que representamos al conjunto de
la sociedad --y así estamos en esta Cámara representando al conjunto de
la sociedad--, que no tenemos más finalidad que defender los intereses
generales, pero también tenemos todos una preocupación singular, una
preocupación personal sobre la situación de los desempleados.
Quiero trasladar al señor Vaquero con toda sinceridad, que aunque todos
los días estemos hablando de estadísticas, de cifras de empleo y de paro,
a mí me pasa como al señor Vaquero y le pasa a cualquiera que haya sido
ministro de Trabajo y es que nunca se observan esas cifras como una mera
estadística porque somos extraordinariamente conscientes de que detrás de
esas estadísticas, detrás de esas cifras siempre hay un problema
personal, siempre hay una tragedia familiar por el hecho de que una
familia, una persona no pueda acceder al mercado de trabajo.
Cierto es que nuestra Constitución, la Constitución española y yo diría
que las constituciones de todas las sociedades democráticas modernas se
plantean como objetivo el pleno empleo y no es sólo una circunstancia que
afecte a España. Le diré que no soy partidario del código de derechos de
los desempleados que usted plantea, pero que si tuviera que resumir esos
derechos de los desempleados me parece que todos se podrían resumir en
uno: el derecho al empleo. Todas las políticas del Gobierno tienen que ir
encaminadas a la creación de empleo y lo mejor que se puede hacer por los
desempleados en España es ofrecerles la oportunidad del empleo. La
obsesión por parte del Gobierno no es en absoluto incompatible con los
sistemas de protección social y en particular con los sistemas de
protección para el desempleo. Por eso le quiero hacer dos afirmaciones
que me parece son muy claras y muy contundentes. La primera de ellas es
que no se puede citar ni un solo ejemplo en que la política de este
Gobierno lesione los derechos de un solo desempleado en España. Y la
segunda afirmación es que si usted analiza en su conjunto el sistema de
protección social, ya sea en el ámbito contributivo, ya sea en el ámbito
no contributivo, ya sea en las acciones de las comunidades autónomas, ya
sea en los planteamientos de salario social que hay en este momento o ya
sea en los incrementos espectaculares en políticas activas, encontrará
siempre medidas en favor de los desempleados.
Usted hace una serie de afirmaciones que yo no puedo compartir. Cualquier
persona que le haya oído en esta tribuna en la tarde de hoy sacará la
conclusión de que en España se está destruyendo empleo, que en España no
se está creando empleo a un ritmo alto de intensidad en esa creación de
empleo y luego ha hecho usted una serie de comparaciones en algunos casos
con 20 años, en otros casos con 12 años, en otros con 15, cuando lo
cierto y verdad es que nunca hemos tenido en España el sistema de
protección social que tenemos ahora y que día a día se está mejorando el
sistema de protección social. En segundo lugar, es cierto y verdad que
están descendiendo las cuantías económicas de las prestaciones por
desempleo y de subsidios por desempleo porque se está creando empleo. No
les quepa duda de que cuando se crea empleo descienden las cuantías de
las prestaciones contributivas y no contributivas. Tercero, no es cierto
que se esté produciendo en los últimos años una reducción de la tasa de
cobertura; sí lo es que se está estancando la tasa de cobertura, ya sean
prestaciones contributivas, no contributivas o en subsidios REA, para los
que también hay una cantidad económica muy importante y muchos ciudadanos
que los están percibiendo.
Sobre todo quiero decirle que en este momento se han batido todos los
récord históricos de ocupación en términos de encuesta de población
activa, y que es extraordinariamente
complicado hablar de comparaciones a veinte años por dos razones
fundamentales: primera, porque hemos tenido un cambio de tendencia en los
saldos migratorios en España, porque España desgraciadamente era un país
de emigrantes, y en este momento afortunadamente están emigrando nuestras
empresas pero no los trabajadores españoles, y esta tendencia ha cambiado
clarísimamente; segunda, porque en la fecha que usted cita, 1975,
sencillamente no se consideraba que la mujer podía incorporarse al
mercado de trabajo. Señorías, una de las grandes diferencias que tenemos
en relación con otros países de la Unión Europea es que
desafortunadamente la incorporación de la mujer al mercado del trabajo en
España se produce con 20 ó 30 años de retraso. Puedo afirmar en este
momento que hay 20 provincias españolas en que la tasa de paro/hombres
está por debajo de la media comunitaria. Sin embargo, cuando hablamos de
desempleo femenino, los 5 puntos de diferencial que tenemos en
paro/hombres en relación con la Unión Europea se eleva a 15 ó 16 puntos.
Por tanto, cuidemos las comparaciones y en qué parámetros se hacen,
porque desde luego usted y yo estamos absolutamente convencidos de que la
sociedad de 1998 es extraordinariamente mejor, por muchas razones, que la
sociedad de 1975, y que día a día se está avanzando en la igualdad de
oportunidades, que día a día se está avanzando en el acceso de todos al
mercado de trabajo.
Pero es que además me dice S. S.: cuidado, porque las decisiones que
están tomando en política económica perjudican la creación de empleo. Con
toda sinceridad, ¿recuerda usted un año de la historia económica de
España, de la historia de la evolución del empleo en los últimos 20 años
que ha citado S. S. en que la economía haya crecido al 3,4 y el empleo al
2,96 por ciento? Es imposible que lo recuerde porque no ha existido,
porque en España ha habido años en que la economía ha crecido en torno al
2 o al 3 y se ha destruido empleo, y porque en cualquier comparación,
para crecer en torno al 2,96, estaríamos hablando de crecimiento de la
economía de en torno al 5 o al 6. Y me está diciendo que hacen falta 20
años para que seamos europeos en materia de empleo cuando yo le puedo
garantizar que somos bastante europeos si tenemos cinco años como 1997,
año en el que en Europa se ha creado empleo al ritmo del 0,5 y en España
al 2,96. Por tanto, ¿cómo vamos a decir, señorías, que el excepcional
comportamiento de la inflación no cuenta? ¿Cómo no vamos a decir que la
reducción paulatina y constante de tipos de interés es buena para el
empleo? ¿Cómo no vamos a decir que un ejercicio de seriedad y rigor
presupuestarios en el control del déficit presupuestario es bueno para el
empleo?
Yo le garantizo que el Gobierno, si estuviera convencido de que su
política no genera empleo, la cambiaría, pero no puede el Gobierno
cambiarla cuando está consiguiendo: comportamientos excepcionales de la
inflación, y no se olvide que esos comportamientos benefician a los más
débiles, a los pensionistas, a los trabajadores con rentas bajas y, por
cierto, a los desempleados; que se abarate el precio del dinero, que
beneficia a los que pueden crear empleo al reducir los costes financieros
de las pequeñas y medianas empresas; que haya control del déficit
público, que beneficia al conjunto de la economía, al rigor
presupuestario, a que hoy podamos estar a la cabeza de Europa. Ya sé que
no comparten ustedes extremos de la Unión Económica y Monetaria, pero en
este momento el Gobierno no encuentra ningún motivo para cambiar su
política económica en relación con el empleo. ¿Cómo vamos a modificar esa
política económica con 370.000 empleos creados? ¿Cómo vamos a modificar
esa política económica si la previsión de crecimiento en el primer
trimestre de 1998 es del 3,7, por encima del 3,4 inicialmente previsto?
¿Cómo vamos a cambiar esa política económica si en dos años se ha
producido un incremento de más de un millón de nuevos afiliados a la
Seguridad Social?
Habla usted de empleo de calidad. En este primer trimestre de 1998 se han
triplicado los empleos indefinidos en relación al primer trimestre del
año 1997. Y ya sé, señoría, que el 10 por ciento es una tasa baja de
contratos indefinidos, pero si la tasa del 10 por ciento es baja y la
situación que afrontamos al principio de nuestras responsabilidades de
Gobierno era de un 3 por ciento de contratos indefinidos sobre el total
de los contratos es que estamos caminando en la buena dirección y en la
buena tendencia. Y eso es empleo de calidad.
Yo le garantizo que con el incremento de la tasa de cobertura de
desempleo no se crea empleo. Se podrá mejorar la protección social, pero
crearse empleo, no. Empleo se crea con las políticas económicas que está
haciendo el Gobierno y con las políticas de empleo. En este momento
--usted ha citado los países de nuestro entorno-- ningún país en toda la
Unión Europea está defendiendo el incremento de la cobertura de
desempleo. ¿Sabe qué se está defendiendo en Europa? En Europa se está
defendiendo que se incrementen las políticas activas de empleo con los
desempleados, para que puedan alcanzar la formación que significa
empleabilidad. ¿Sabe usted que en este momento un joven formado, cuando
va al Instituto Nacional de Empleo, normalmente, en cuatro o cinco meses
tiene una oferta de trabajo? ¿Y sabe que hay parados de larga duración,
con baja cualificación que, desgraciadamente, pasan varios años en el
Instituto Nacional de Empleo? ¿Cuál es el objetivo? Incrementar las
políticas activas; que todos los ciudadanos tengan formación; que cada
día seamos más competentes los españoles y las españolas para que seamos
empleables. Y eso lo está haciendo el Gobierno.
Ha dicho S. S.: es que el Inem se está ahorrando dinero. Eso no es
correcto. El Inem está ahorrando en
algunas prestaciones porque se crea empleo, pero el dinero no se ahorra,
se incrementa en políticas activas. Y por eso somos en 1998 el país de
Europa que más ha crecido presupuestariamente en relación con las
políticas activas de empleo. A usted no le va a molestar en absoluto
--seguro que lo comparte-- que nosotros orientemos individualmente a los
parados. Todos, el Inem fundamentalmente. No le va a molestar que
organicemos formación para los parados; no le va a molestar que
incrementemos los convenios Inem-corporaciones locales para parados de
larga duración, en empleos de interés social, seguro que no le va a
molestar. En consecuencia, es mucho más importante el incremento de las
políticas activas que otras cuestiones que usted ha planteado, aunque yo
respete su intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Voy
terminando, señor presidente.
Pero es que hay más. No lo digo por su intervención, pero en muchas
ocasiones se dice que este Gobierno está agrediendo a los desempleados, y
todavía no me han podido poner un ejemplo en que nosotros hayamos tomado
una decisión en perjuicio de los desempleados, cuando, sin embargo, sí
hay muchos que se pueden poner en favor de que estamos estudiando
globalmente el problema del empleo y específicamente el de los
desempleados.
Por ejemplo, ¿usted sabe que este Gobierno ha incrementado la cobertura
por desempleo? Se ha dicho poco, pero, señoría, se han terminado los
contratos basura. ¿Y cómo se han terminado los contratos basura? Dotando
de protección social los contratos formativos y los contratos a tiempo
parcial. Y en esa dotación de protección social aparece la prestación por
desempleo en los contratos a tiempo parcial. Y estamos hablando de cerca
de 300.000 trabajadores a los que se ha incrementado esa prestación y esa
cobertura del sistema de desempleo.
Voy terminando, señor presidente, diciendo que seguro que habrá alguna de
las ideas del señor Vaquero que podamos aplicar, que podría estudiar con
todo detenimiento cómo el sistema de desempleo en España, que fue objeto
de una reforma en profundidad en 1993, es perfectamente homologable con
los países de nuestro entorno. En algunos casos, es menos riguroso en
cuanto a la aplicación de requisitos, pero el Gobierno va a seguir
centrando toda su atención en la generación de empleo, porque es la mejor
forma de resolver el problema de los parados.
En principio, yo no comparto su filosofía de códigos de derechos de los
desempleados porque me parece que el desempleo nunca debe convertirse en
statu quo, en una situación estática. Lo que hay que intentar por todos
los medios es que se esté en el desempleo el menor tiempo posible, para
que se cumpla el derecho en el que pueden resumirse todos los
mandamientos que usted tenga previstos, el derecho al empleo, y en esa
línea va continuar el trabajo del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevísimamente, para no consumir el tiempo de la
réplica.
En cualquier caso, quiero decirle que sólo al final he podido entender
por qué durante toda su intervención ha estado aludiendo a algunos
aspectos en los que yo he invitado a esta Cámara en general, y por
supuesto al señor ministro en particular, que evitase entrar en ellos.
Efectivamente, su valoración de la política económica podrá ser distinta
de la que nosotros tenemos o de la que pueda tener cualquier otro
ciudadano. Mi invitación era precisamente para obviar la discusión, un
debate que no correspondía esta tarde respecto a las políticas
económicas, respecto a cómo orientar en general la creación de empleo,
que es otro aspecto muy correcto y muy concreto de una política que podrá
aplicar a su modo y que nosotros ya hemos criticado. No siendo el objeto
de la discusión de esta tarde y salvando, por tanto, esa parte del
debate, queríamos centrarnos en ver si es posible llegar a un acuerdo
para perfeccionar los derechos que tienen los ciudadanos. Sin duda
alguna, usted no querrá que se les mantenga en esa situación estática.
Yo, desde luego, tampoco lo quiero. Seguro que ellos menos que nadie
quieren estar en esa situación. Sin embargo, los datos son contumaces,
son tozudos: existen 1.800.000 parados de larga duración y hay 1.209.000
personas con más de dos años en el paro. Se querrá que esa situación no
sea estática, pero es una realidad que hay que abordar.
Si todo lo que me ha dicho usted respecto a la bondad de la política
económica y a la bondad de la política de prestaciones sociales que está
aplicando el Gobierno es precisamente para no abordar esa situación,
entonces no estoy de acuerdo. No creo que la mejor forma de abordar la
consecución de los derechos humanos, de los derechos sociales de los
desempleados sea decirles: mientras estéis en esa situación, qué le vamos
a hacer; cuanto antes pase, mejor. En cualquier caso, la mejor forma de
incentivar el que vosotros salgáis de ella es no incrementar las
políticas de prestación social. Yo no creo que esa sea la filosofía; yo
creo que eso se parece mucho a la filosofía que aparece en esos informes
del Banco de España, del Banco Bilbao-Vizcaya,
en algún informe del Consejo Económico y Social en los que se plantean
estadísticas para avalar un tipo de políticas que no quieren abordar la
consecución de los derechos de estos ciudadanos. Posiblemente nos vamos a
encontrar con una situación, y es que los parados se van a cansar de
estar parados y sin soluciones. La solución de la búsqueda del empleo en
una situación como la que hoy existe usted y yo sabemos que no es
posible. Usted y yo sabemos que es posible, quizás, si se cambia la
política económica o si se produce un milagro en esta sociedad. ¿Cómo va
a producirse? De aquí a cinco años, me decía usted. Si usted me lo
demuestra de aquí a cinco años, desde luego retiro todo lo que he dicho.
Lo cierto y verdad es que es muy probable que eso no sea así. Incluso si
fuera así, señor ministro, ¿por qué no abordar el paro residual
contemplando una forma de consecución de los derechos de esos ciudadanos
y ciudadanas que siguen estando en el paro? ¿Por qué no abordarlo
valientemente contemplando toda una serie de medidas para la
dignificación de la vida y el desarrollo personal y colectivo de esos
ciudadanos y ciudadanas mientras están en la situación de paro? Esa es
nuestra propuesta; es así de sencilla. ¿Por qué no sentarnos a discutir
esas propuestas contemplándolas valientemente desde una legislación
paralela que aborde en positivo toda esa serie de derechos, que podrán
ser unos u otros? Es una cuestión a discutir que estará presente en la
moción que vamos a presentar en el próximo Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Quiero decirle al señor Vaquero que, por supuesto, cuando presente la
moción, la estudiaremos en profundidad, porque es nuestra obligación y
nuestra vocación estudiar todas las ideas que se presenten.
Señor Vaquero, para clarificar: yo creo que ni usted es Cáritas ni yo soy
el Banco de España. Usted tiene unas posiciones políticas, yo tengo las
que tengo y le quiero hacer la afirmación contundente de que la mejor
política social es la que tiene como consecuencia la creación de empleo.
Y si me presenta usted esquemas de política social, de las
características que sean, que no tienen como consecuencia la creación de
empleo, siempre le antepondré un esquema de política social --puedo
equivocarme-- que tenga como consecuencia la creación de empleo.
¿Usted cree que la reducción de paro en cerca de 500.000 personas en los
dos últimos años no ha sido notada por los parados? ¿Usted cree que los
370.000 jóvenes que han firmado un empleo estable en el año 1997 no lo
han notado? Llegamos al Gobierno con un 22,8 en tasa de paro y en este
momento estamos en el 19,8. Usted puede seguir diciéndolo, pero no
estamos ya en el doble de la tasa de paro de Europa, no lo estamos, sino
que nos encontramos por debajo del 20 por ciento. Si se da ese
comportamiento durante cinco años, si España crea seis veces más empleo
que en la Unión Europea, haga usted las cuentas. Yo probablemente no
estaré aquí dentro de cinco años, puesto que el presidente Aznar tendrá
entonces otro ministro de Trabajo, pero usted a lo mejor sigue y podremos
hablar dentro de esos cinco años. Lo que sí quiero decirle es que en
cinco años, si España crece al 2,96 y Europa al 0,5, el diferencial de
paro/hombre habrá desaparecido y habremos eliminado bastante el
diferencial de 15 puntos en empleo femenino.
Si usted me hace propuestas para que mejoremos la protección social y es
razonable en términos de sostenibilidad presupuestaria, si los
equilibrios que se han conseguido en estos años no se alteran, las
estudiaremos en profundidad. Estamos encantados de que los contratos
formativos tengan protección social, hemos dado prestación por desempleo
a los contratos a tiempo parcial, hemos incrementado la cobertura. Ahora
bien, si usted plantea políticas que al final dan lugar a desequilibrios
en el conjunto de la economía y eso supone poner en cuestión que haya
crecimiento económico y que, en consecuencia, dicho crecimiento económico
se convierta en creación de empleo, pues no vamos a aceptar esas
propuestas, y yo estoy absolutamente seguro de que usted y yo miramos por
lo menos con la misma preocupación la situación de los desempleados.
Digo que en este momento, lo he dicho arriba y lo digo ahora, contamos en
España con un sistema de protección social con el que no hemos contado
nunca, tanto en los terrenos contributivos, en los no contributivos como
en lo que significan los salarios sociales y, sobre todo, porque también
tenemos hoy, cerca del siglo XXI, una universalización de las
prestaciones de forma gratuita que están recibiendo las personas en el
desempleo.
Por lo tanto, señor presidente, no encuentro motivos para variar nuestra
política, estudiaremos en profundidad la moción que presente el señor
Vaquero y, desde luego, el Gobierno mantiene que la mejor política
social, con mucha diferencia, es aquella política que conduce a la
creación de empleo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Gracias, señor presidente. Voy a intervenir
brevemente.
Cuando hace unos días manteníamos el debate sobre el Plan de empleo que
el Gobierno ha mandado a
la Comisión Europea tratábamos los aspectos que hoy ha vuelto a repetir
el señor ministro de Trabajo. Ha habido momentos en este debate en que se
repetían argumentos que ya se hicieron aproximadamente hace unos 15 días
y con algunos de ellos podemos estar de acuerdo, en el sentido de que la
mejor política es la creación de empleo. Pero es verdad que hay una cara
amarga en este aspecto, que es la de los desempleados, una cara amarga
que rellena las páginas del «Diario de Sesiones» de retórica, de una
retórica a través de la cual todos queremos expresar una preocupación que
tenemos, que es cierta, pero que a la hora de la verdad no evita que haya
situaciones individuales variadas y angustiosas, que se están dando pese
a que nuestro sistema de protección haya mejorado, pese a que se esté
creando empleo y pese a que en cinco años esto sea casi el país de las
maravillas.
Yo creo que hay algo que deberíamos de analizar, que es que no sólo el
crecimiento económico nos va a permitir eliminar el desempleo. Este país
lleva creciendo a unos niveles importantes desde hace años y ahora está
creciendo también de forma importante. Hay un sistema de relaciones
laborales a través de acuerdos entre patronal y sindicatos y, por tanto,
unas condiciones magníficas para la generación de empleo. Pero seguimos
teniendo unas perspectivas según las cuales al final del año 2000 vamos a
tener tres millones de parados, según datos del Gobierno, por tanto,
vamos a seguir teniendo un 17 por ciento, aproximadamente entre dos o
tres millones de personas que no van a encontrar un puesto de trabajo.
Ese es el tema de la interpelación. El tema de la interpelación no es
cómo vamos a eliminar el desempleo, sino cómo vamos a afrontar, con un
sistema actual tan perfecto, injusticias tan enormes como que haya
personas sin protección y trabajadores que, teniendo indemnizaciones
millonarias, pueden acogerse al sistema de desempleo. Habría que revisar
esas situaciones y sentarse a estudiar este tema. Por ese nexo de unión
que tenemos que es la preocupación por este problema, podríamos hablar
todos, dejar de hacer retórica y pasar a la actuación.
El sistema de protección está claramente desfasado en estos momentos con
arreglo a las necesidades de nuestra sociedad. No podemos acomodarnos a
vivir con una bolsa de desempleo permanente. O eso o decir claramente a
la sociedad que abandonamos el objetivo de que todo ciudadano tiene
derecho a un puesto de trabajo y que va haber unos niveles de desempleo
estructurales permanentes. Si hubiera valor para decirlo, a lo mejor
encontrábamos soluciones para muchos de los problemas que están empezando
a manifestarse con esos movimientos de parados, que son incipientes, pero
que se están haciendo notar. Y no es un fenómeno sólo de nuestro país,
sino de otros países. Por tanto, es un fenómeno que se da en un sistema
que no está dando respuestas para cubrir esas necesidades.
Esta interpelación es oportuna y el debate de la moción puede ser un buen
momento para que afrontemos con serenidad y tranquilidad este problema,
para que podamos sentarnos y ver si hay posibilidades de que, sin
interrumpir los procesos de creación de empleo, sin crear situaciones que
puedan impedir esa creación de empleo, podamos buscar fórmulas que sirvan
para mejorar las condiciones de vida de muchos trabajadores que están al
borde de la desesperación.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Díaz Sol. Muchas gracias, señorías.
El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.