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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 114, de 12/11/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1997 VI Legislatura Núm. 114



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 110



celebrada el miércoles, 12 de noviembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Preguntas (Página 5811)



Interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno en
relación al mantenimiento de los contenidos esenciales de la Organización
Común de Mercado (OCM) del plátano en el Mercado Europeo ante posibles
decisiones de la Organización Mundial de Comercio (Núm. expte.

172/000058) (Página 5837)



--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional, Servicio de
Protección Civil e instituciones de salvamento y socorro, en relación con
las continuadas catástrofes producidas por la llamada gota fría en zonas
tradicionalmente afectadas por esta clase de inclemencias (Núm. expte.

172/000059) (Página 5844)



Página 5806




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




Preguntas (Página 5811)



Del Diputado don Carles Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué política
tiene previsto impulsar el Gobierno en el seno de la Unión Europea con
vistas a conseguir una total armonización de las políticas existentes en
el ámbito de la transparencia y control del comercio de armamento?
(Número de expediente 180/000844) (Página 5811)



Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar
el Gobierno para que la asesoría fiscal a los ciudadanos se realice por
profesionales con las debidas garantías, dentro del espíritu que rige el
futuro Estatuto del Contribuyente? (Número de expediente 180/000860)
(Página 5812)



Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué opinión le merece al Gobierno que
el Delegado del Estado en la Zona Franca de Barcelona, el señor Enrique
Lacalle, presuma de «haber pasado el platillo» para el Partido Popular al
señor Javier de la Rosa? (Número de expediente 180/000865) (Página 5813)



Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista, que formula
al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía
y Hacienda: ¿Sigue manteniendo el Ministerio de Economía y Hacienda que
el 23,7% de Telefónica Internacional, S. A. (TISA), tenía un valor de
127.000 millones de pesetas? (Número de expediente 180/000866) (Página 5814)



Del Diputado don Luis Gamir Casares, del Grupo Parlamentario Popular, que
formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la ejecución de
la línea Pymes 97? (Número de expediente 180/000873) (Página 5815)



De la Diputada doña María del Carmen Heras Pablo, del Grupo Socialista,
que formula al Gobierno: ¿Qué piensa el Gobierno de la solicitud de la
Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios sobre el
derecho de las primeras a una Seguridad Social con titularidad propia y a
una pensión de jubilación? (Número de expediente 180/000868) (Página 5816)



Del Diputado don Gustavo Adolfo Alcalde Sánchez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los
objetivos perseguidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
las campañas que se están llevando a cabo a los efectos de lograr mejores
condiciones en el empleo? (Número de expediente 180/000874) (Página 5818)



Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la
regulación de la figura del «excedente» de reemplazo en el Servicio
Militar? (Número de expediente 180/000875) (Página 5819)



Del Diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Han contribuido las Fuerzas
Armadas a paliar los desastres originados últimamente en España por las
lluvias torrenciales? (Número de expediente 180/000876) (Página 5820)



Del Diputado don Juan Francisco Herrera Antonaya, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que



Página 5807




formula al Gobierno: ¿Qué medidas está tomando el Ministerio de Defensa
para la reconversión a un empleo civil de la tropa profesional cuando
finalice su compromiso con las Fuerzas Armadas? (Número de expediente
180/000877) (Página 5821)



Del Diputado don Alvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué explicación puede dar el Gobierno
al fracaso de la operación especial contra el narcotráfico llevada a cabo
en la costa occidental asturiana? (Número de expediente 180/000870)
(Página 5822)



De la Diputada doña Belarmina Martínez González, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Quién dio instrucciones a la Guardia
Civil para que solicitara de la Dirección de los Institutos de Enseñanzas
Medias la lista de los docentes que iban a la huelga el día 15 de octubre
de 1997, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? (Número de expediente
180/000871) (Página 5823)



De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Cuáles fueron las razones por las que el
Ministro de Interior ha concedido la Cruz de la Orden del Mérito a don
Enrique Lacalle Coll, implicado en un caso de presunta financiación
irregular de partido político, concretamente el Partido Popular, durante
las elecciones municipales de Barcelona, en mayo de 1991? (Número de
expediente 180/000872) (Página 5824)



Del Diputado don Francisco Fuentes Gallardo, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Conoce el Gobierno las razones por
las que Extremadura permaneció incomunicada telefónicamente la noche del
día 5 hasta las 15:00 horas del pasado día 6 de noviembre? (Número de
expediente 180/000886) (Página 5825)



Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Gobierno: ¿Qué ayudas y
medidas urgentes va a adoptar el Gobierno para paliar los daños
económicos sufridos por el conjunto del sector hortofrutícola español
como consecuencia de la huelga de transportistas que se está
desarrollando en Francia? (Número de expediente 180/000862) (Página 5826)



De la Diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿La aprobación y publicación del
Padrón Municipal de Habitantes, qué efectos produce en la financiación de
las Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/000869) (Página 5828)



De la Diputada doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede
explicar el señor Ministro de Sanidad y Consumo el Plan Integral de
atención a la mujer que se va a implantar en el territorio del INSALUD?
(Número de expediente 180/000878) (Página 5829)



De la Diputada doña Blanca Fernández-Capel Baños, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el
Gobierno cuál es la situación del objetivo del Ministerio de Sanidad y
Consumo de impulsar la fabricación, registro y utilización de
medicamentos genéricos? (Número de expediente 180/000879) (Página 5830)



Del Diputado don Mario Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el
Gobierno para solucionar las guardias de los facultativos mayores de 55
años? (Número de expediente 180/000880) (Página 5831)



Página 5808




Del Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué consiste la
reforma de la Comisión Europea de Derechos Humanos, acordada en la
Segunda Cumbre del Consejo de Europa? (Número de expediente 180/000881)
(Página 5832)



Del Diputado don José Ramón Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo afectarán las
decisiones adoptadas en la Segunda Cumbre del Consejo de Europa a las
obligaciones e intereses de España? (Número de expediente 180/000882)
(Página 5833)



Del Diputado don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Reconoce, por fin, el Gobierno su
responsabilidad en la querella criminal contra Sogecable, que ha sido
archivada por la Audiencia Nacional? (Número de expediente 180/000863)
(Página 5833)



Del Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Qué opinión le merece al Vicepresidente
Primero del Gobierno la sustitución masiva de prestigiosos profesionales
en la gestión y programas de Radio Nacional de España (RNE)? (Número de
expediente 180/000833) (Página 5835)



Del Diputado don Sergio Moreno Monrove, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Comparte el señor Vicepresidente Primero del
Gobierno las afirmaciones del Portavoz del Partido Popular en el Congreso
de los Diputados, el señor Aguirre, y de otros Portavoces de su partido,
sobre el Informe del Tribunal de Cuentas relativo a la Expo'92? (Número
de expediente 180/000864) (Página 5836)



Interpelaciones urgentes (Página 5837)



Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la posición del Gobierno en
relación al mantenimiento de los contenidos esenciales de la organización
común de mercado (OCM) del plátano en el mercado europeo ante posibles
decisiones de la Organización Mundial del Comercio (Página 5837)



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, el señor
Segura Clavell plantea la interpelación urgente sobre la posición del
Gobierno en relación al mantenimiento de los contenidos esenciales de la
OCM del plátano en el mercado europeo ante posibles decisiones de la
Organización Mundial de Comercio, enmarcada en la situación en la que se
encuentra dicha OCM del plátano, producto vital en una región calificada
como ultraperiférica, tanto en el antiguo Tratado de la Unión Europea de
Maastricht como en el nuevo modificado de Amsterdam.

Recuerda que la organización común de mercado del plátano concedió hace
cuatro años al plátano comunitario una de las características políticas
de más alto y considerable alcance conseguido por el sector agrario
español en los últimos treinta años y que el Reglamento comunitario 404,
de 1993, constituyó un hito notable y singular en la vertebración
jurídico-política comunitaria. Afirma también que jugó un relevante papel
el grupo interservicios creado por la Comisión Europea en el año 1987,
que se esforzó en conciliar propuestas y consiguió vertebrar una final
que se presentó al Consejo en el mes de agosto de 1992.

A continuación pasa a explicar los pilares fundamentales de protección
que tal organización común de mercado otorgó a los productores
comunitarios: en primer lugar, un régimen de acceso al mercado
comunitario de frutas procedente de terceros países que se reguló por un
contingente arancelario modulable; en segundo lugar, una ayuda
compensatoria por pérdida de renta que se otorga al productor comunitario
por cada kilogramo de plátano comercializado en el marco de las
organizaciones de productores; y en tercer lugar,



Página 5809




el concepto de «partenariado», según el cual las licencias de importación
del 30 por ciento del contingente arancelario se adjudicaba a los
operadores que hubiesen comercializado plátano comunitario o a los
operadores tradicionales ACP, en función de las cantidades medias de los
últimos tres años, en un claro intento de primar la preferencia de
ciertas regiones comunitarias afectadas como Canarias.

A continuación hace un repaso de los incidentes surgidos en el largo
proceso negociador y de las críticas y ataques de que fue objeto la OCM
de plátano desde el 1 de julio de 1993, fecha de su entrada en vigor.

Asimismo se refiere a la situación actual en la que se encuentra dicha
OCM, después del informe emitido por el panel de expertos en el mes de
abril, que ha llevado sorprendentemente a la legitimación de los Estados
Unidos como parte litigante, a pesar de no poder ser calificado como país
productor. Muestra su preocupación ante los acontecimientos que se puedan
producir que lesionen de manera importante la estructura de la
organización común de mercado que, inexorablemente, ha de ser adaptada a
lo establecido por la Organización Mundial de Comercio. El Grupo
Socialista desea que el impacto, de producirse, sea consensuado y permita
transformar una excelente organización común de mercado del plátano en
otra aún mejor.

Expone a continuación toda una serie de plazos y fechas, informes y
reuniones y confía en que los servicios de la Comisión Europea estén en
condiciones de transmitir a los gabinetes de los comisarios un primer
proyecto de texto de modificación de la OCM para finales de noviembre o
principios de diciembre del presente año. Ante todos estos
acontecimientos que se avecinan temen que puedan producirse actuaciones
institucionales que distorsionen el proceso y ante las que el Gobierno
español, los productores y comercializadores de los plátanos comunitarios
deben mantenerse en guardia. Son conscientes de que es la Unión Europea
quien negocia, pero creen que el Gobierno español tiene que estar en
primera línea en la defensa de los intereses del plátano comunitario, del
plátano producido en las islas Canarias.

En nombre del Gobierno, contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores
(Matutes Juan), que comienza su intervención manifestando su total
acuerdo con el tono y el fondo de la intervención del interpelante.

Destaca especialmente la afirmación de que la creación de la OCM del
plátano por la Comisión Europea constituyó un hito notable en la
vertebración jurídico-política comunitaria y pone de relieve que quien
estaba entonces en la Comisión defendiendo y aprobando esa organización
común de mercado del plátano fue él. Añade que esa OCM del plátano logró
conciliar los intereses de los productores de la Unión, de los
productores de los países ACP y de los productores de terceros países, en
particular de los socios iberoamericanos. Sin embargo, reconoce que ese
difícil equilibrio ha sufrido desde sus orígenes importantes ataques y
comparte la preocupación del señor diputado sobre el sistema de reparto
de certificados de importación conocido como «partenariado». Reconoce que
lo importante ahora es la estrategia negociadora que se piensa
desarrollar para preservar los elementos fundamentales de la OCM del
plátano en vigor hasta ahora; estrategia que, según su opinión, debe
consistir en aprovechar hasta sus últimas consecuencias la ayuda
compensatoria a la producción y el contingente y en buscar algún elemento
objetivo compatible con la Organización Mundial de Comercio, para
compensar el régimen de «partenariado». Asimismo destaca en esta
estrategia los contactos regulares que mantiene el Gobierno español con
los gobiernos de los países con intereses en el sector --Francia, Reino
Unido, Irlanda y Portugal--, con los que ha formado un grupo de
defensores del régimen del plátano y en cuyas reuniones se ha explicado
repetidamente que para el Gobierno español constituye un objetivo
irrenunciable mantener un sistema que siga garantizando la pervivencia de
la producción canaria y el nivel de rentas de sus productores. Afirma,
por otra parte, que en todo este proceso es imprescindible contar con la
colaboración de la Comisión Europea, que es quien defiende los intereses
de la Unión ante la Organización Mundial de Comercio.

Termina su intervención diciendo que la defensa del plátano es una
cuestión de interés nacional que, en ningún caso, debe ser objeto de
disputa política, y espera que el tono de las intervenciones de los
restantes grupos políticos sean del mismo tenor que la del diputado del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, porque esa es la mayor
garantía de conseguir el mejor resultado posible para los intereses de
España y, muy en particular, para los intereses del conjunto de las islas
Canarias.

Replica el señor Segura Clavell, duplicando el señor Ministro de Asuntos
Exteriores.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Centella Gómez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Soriano Benítez de
Lugo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Página 5810




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional, Servicio de
Protección Civil e instituciones de salvamento y socorro, en relación con
las continuadas catástrofes producidas por la llamada gota fría en zonas
tradicionalmente afectadas por esta clase de inclemencias (Página 5844)



Presenta la interpelación en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida el señor Castellano Cardalliaguet. Deja constancia de que
esta iniciativa parlamentaria fue concebida para haber sido tramitada
antes de que se produjeran los lamentables sucesos que han tenido lugar y
que han afectado fundamentalmente a la Comunidad Autónoma de Extremadura,
aunque pudiera parecer que se ha hecho una utilización oportunista de
esta situación por parte de su grupo.

Antes de entrar en el contenido de la interpelación, manifiesta en nombre
de su grupo la más explícita condolencia con las víctimas y también el
reconocimiento del comportamiento ciudadano y de las fuerzas de
Protección Civil cuando ocurren esta clase de sucesos.

Por otra parte, señala que como no es intención de su grupo parlamentario
utilizar esta situación como arma arrojadiza, no dirige la interpelación
al Gobierno sino a toda la sociedad en abstracto, llamando a la reflexión
colectiva ante esta clase de sucesos. Se pregunta ante esta situación si
no haría falta una legislación adecuada, pero a continuación reconoce que
si en algún tema sobre legislación es en éste, porque existen leyes del
Estado, de desarrollo y de planes autonómicos, municipales, comarcales,
locales, de orden insular, pero el problema reside en que no se cumple
ninguna por nadie, por lo que no es extraño que tampoco las cumplan los
particulares llegado el momento de poner en marcha una determinada
urbanización. Afirma que hay un clarísimo funcionamiento anormal de los
servicios, y es exigible por el ciudadano que se garantice la integridad
física, el derecho a una determinada calidad de vida en la cual no se
tenga que depender del índice pluviométrico. Compara la situación de
España con la de otros países en los que, como en Alemania, se producen
sentencias en virtud de las cuales se condena al Estado por equivocarse
en una previsión de un boletín meteorológico. Considera necesario pasar
de la filosofía de la protección «a posteriori» a la de la prevención,
que la sociedad civil además del Estado y sus instituciones, tomen
conciencia de un conjunto de situaciones que siguen sin solucionar.

Llama la atención sobre algo que, visto parcialmente, a lo mejor es
digerible, pero que en conjunto es desolador. Se pregunta cómo un país
como España, con el desarrollo alcanzado, puede ser el número uno en
siniestralidad en accidentes de trabajo, en accidentes de tráfico, en
accidentes marítimos, etcétera. Desearía que se hiciera una profunda
reflexión sobre la cultura que subyace en esta situación de la que no se
sale nunca.

Recuerda las iniciativas parlamentarias presentadas tras catástrofes
acaecidas en Barcelona, Palencia, Baleares, Levante o Málaga, ante las
cuales las instituciones siguen igual, como los tres monitos, tapándose
los ojos, la boca y las orejas, y aceptándolas como una maldición
bíblica. Solicita al Gobierno que haga un cálculo del dinero que está
costando la reparación de este conjunto de situaciones y del dinero que
costaría introducir simplemente un principio de racionalidad en las
administraciones públicas para evitar estos hechos trágicos. Por ello,
ruega al vicepresidente del Gobierno que, al contestar a la
interpelación, no lo haga a un grupo parlamentario sino a una sociedad
preocupada, que no puede resignarse a que esto siga ocurriendo, y le
invita a encontrar soluciones entre todos. Ofrece de antemano que la
moción que ha de seguir a la interpelación no sea exclusivamente de
Izquierda Unida sino de toda la Cámara para que, de una vez por todas, se
pueda solucionar este problema.

En nombre del Gobierno contesta el señor Vicepresidente primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia. Comienza su intervención dejando
constancia, en nombre del Gobierno, de la opinión claramente coincidente
en relación con la oportunidad de la interpelación, al margen de que se
haya gestado con ocasión de otros acontecimientos que dieron lugar a
daños catastróficos provocados por inundaciones. Considera que las
cuestiones que se plantean en esta interpelación ofrecen una gran ocasión
para tratar de dar un impulso, a ser posible decisivo, para mejorar el
conjunto de medidas de las que en estos momentos disponen las distintas
administraciones para hacer frente a este tipo de fenómenos derivados de
las inclemencias de la meteorología y que se traducen particularmente en
catástrofes provocadas por las inundaciones.

Hace una referencia a la situación de España en materia de predicción de
este tipo de fenómenos meteorológicos que, produciendo los mismos
resultados, es decir unas inundaciones, tienen desde el punto de vista de
su génesis naturaleza distinta, como son las catástrofes de Biescas o la
de Badajoz.




Página 5811




En relación con la capacidad que existe para predecir este tipo de
fenómenos, se refiere al Instituto Nacional de Meteorología, a la
Dirección General de Protección Civil y al Plan nacional de predicción y
vigilancia de este tipo de fenómenos meteorológicos. A continuación
explica las posibles causas de la catástrofe ocurrida en Extremadura y
las medidas tomadas por Protección Civil. Propone que, sin esperar a la
reforma de la Ley de Aguas o a la aprobación de los planes de cuenca, se
empiece a promover un acuerdo entre las administraciones local,
autonómica y estatal para acometer soluciones en las zonas amenazadas por
inundaciones capaces de provocar daños catastróficos. Considera que toda
la legislación existente es necesaria, pero también hace falta acelerar
los instrumentos de decisión que aún no están completos, como el plan
especial estatal de inundaciones que, estando aprobada la directriz
básica desde el año 1996, todavía está en fase de elaboración.

Muestra su convicción de que en estos momentos las experiencias recientes
y lejanas permiten encontrar vías de avance y progreso para aprovechar
mejor y más eficazmente los medios disponibles en las distintas
administraciones y dar así respuestas más satisfactorias en las fases de
prevención y de asistencia por los medios de Protección Civil. Es
consciente de que han quedado fuera de esta intervención temas
importantes como la atención a las víctimas o la reparación de los daños,
pero no desea que se interprete como una actitud resignada del Gobierno
ante las catástrofes, por lo que invita a los gobiernos autonómicos y
locales a aportar iniciativas y compromisos que ayuden a perfeccionar las
actuaciones ya contempladas y a aumentar la eficacia de los medios
disponibles, incluyendo una reflexión acerca de las competencias y la
coordinación entre administraciones.

Replica el señor Castellano Cardalliaguet, duplicando el señor
Vicepresidente primero y Ministro de la Presidencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Recoder i
Miralles, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cuesta
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Zambrano
Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Se suspende la sesión a las ocho y diez minutos de la noche.




Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




PREGUNTAS:



-- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADéS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE POLITICA
TIENE PREVISTO IMPULSAR EL GOBIERNO EN EL SENO DE LA UNION EUROPEA CON
VISTAS A CONSEGUIR UNA TOTAL ARMONIZACION DE LAS POLITICAS EXISTENTES EN
EL AMBITO DE LA TRANSPARENCIA Y CONTROL DEL COMERCIO DE ARMAMENTO?
(Número de expediente 180/000844)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Punto V del orden del día: Preguntas orales al Gobierno en Pleno.

Pregunta número 9, que formula al Gobierno don Carles Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente del Gobierno, desde 1991 la Unión Europea se ha
dotado de ocho criterios comunes para regular la transparencia y el
control de las actividades de exportación de material de defensa y doble
uso. Estos ocho criterios constituyen, por tanto, la legislación
comunitaria sobre esta materia. La aplicación de estos ocho criterios por
parte de los Estados de la Unión está siendo desigual y contradictoria y
esta situación provoca una ineficacia de los objetivos que se pretendía
asumir. Hoy, Estados democráticos de Europa continúan ayudando a armar a
Estados que vulneran derechos humanos, reprimen a sus poblaciones y
participan en procesos de rearme. Ante esta situación, determinadas ONG
de dimensión europea y ciertos gobiernos de la Unión, como el británico
pero también el sueco y el belga, están impulsando un código de conducta
común para poder interpretar estos criterios, para hacer que esta
legislación comunitaria hoy vigente sea realmente eficaz.

Desde esa perspectiva, nuestro grupo quisiera saber cuál va a ser la
política que el Gobierno tiene previsto desarrollar en esta línea de
armonización de las políticas hoy existentes en el ámbito de la
transparencia y el control de armas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.

Señor vicepresidente del Gobierno.




Página 5812




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor diputado. En la Unión Europea, los temas relacionados con
la exportación de armamento se tratan en el marco de la política exterior
y de seguridad común, como el señor diputado sabe, en la que existe un
grupo de trabajo sobre estas cuestiones. Efectivamente, el Consejo
Europeo de Luxemburgo de 1991 y de Lisboa de 1992 propuso la aprobación,
que fue hecha por el Consejo, de ocho criterios que esta Cámara, en una
proposición no de ley del 18 de marzo de 1997, solicitó al Gobierno
incorporar a nuestra legislación. El Gobierno va a cumplir ese mandato de
la Cámara y, al mismo tiempo, dentro del grupo de trabajo y del conjunto
de la política exterior y de seguridad común, realizará todas las
gestiones para armonizar la posición de los distintos Estados miembros de
cara a que se cumplan las recomendaciones del grupo de trabajo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Señor Campuzano.




El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, el 18 de marzo el Pleno aprobó una proposición no de ley
en esta línea. Hemos de recordar que en las conclusiones de la
Presidencia de la Unión, adjuntas al Tratado de Amsterdam, se insistía en
la necesidad de profundizar en esa línea de la armonización. Hemos de
recordar también que hoy Europa continúa teniendo un peso importante en
el comercio de armas del mundo. Asimismo hemos de recordar que los días
13 y 14 de noviembre empieza en Estocolmo una conferencia europea a nivel
internacional sobre control de las exportaciones de armas, impulsada por
el Gobierno sueco. Al Gobierno español le pedimos que sea valiente en
esta materia y que sea líder. El papel que el Estado español puede jugar
en esa necesaria armonización de las políticas de transferencia de armas
y material de doble uso puede ser importante. Ni la industria española
juega un papel decisivo en esta materia ni nuestros compromisos
internacionales nos pueden dejar situados en una posición que recuerde
aquella que mantuvimos en el proceso de Ottawa: un Gobierno español que
no juega un papel líder en la necesidad de avanzar en las políticas de
defensa y seguridad de la Unión Europea en la perspectiva de los valores
de la paz, de la cooperación y de la solidaridad. Nos gustaría encontrar
al Gobierno en esta línea.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.

Señor vicepresidente.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señor diputado. Cumpliendo el mandado de esta Cámara y creo que
el deseo de S. S., el Gobierno ha enviado un real decreto al Consejo de
Estado, que sustituirá al Real Decreto del año 1993, que cumplirá las
especificaciones planteadas por la Cámara en la proposición no de ley del
18 de marzo de este año y que, por tanto, actualiza nuestra legislación e
incorpora los compromisos internacionales asumidos por España; desde
luego incorpora los ocho criterios comunes para la exportación de
armamento aprobados en Luxemburgo en el año 1991 y en Lisboa en el año
1992, así como, siguiendo las recomendaciones de la Cámara y de la
opinión pública, considera el material policial y de seguridad incluido
en la lista de material de defensa sometido al control de la exportación.

De los cinco puntos que contenía la proposición no de ley, incluido el
primero, que era incorporar a la legislación española estos ocho puntos,
que está en el Consejo de Estado como informo a la Cámara y a S. S., los
otros cuatro han sido cumplidos, tanto desde el punto de vista de la
información de transferencias militares de seguridad y policiales, así
como la divulgación con carácter anual de los datos esenciales de las
exportaciones a partir del año 1991, que se hará por países a finales de
este año, así como también enviar semestralmente a las comisiones de
Defensa y de Asuntos Exteriores del Congreso la información. Ya en el
pasado mes de septiembre la Oficina de Información Diplomática, del
Ministerio de Asuntos Exteriores, publicó la lista de países que serviría
como orientación a las empresas exportadoras. Además, desde el punto de
vista de la colaboración con organizaciones interesadas en estas
cuestiones, la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de
Economía y Hacienda, ha contactado con Amnistía Internacional, Greenpeace
y otras organizaciones para asesorarse en estas cuestiones.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.




-- DEL DIPUTADO DON JESUS JOSE GOMEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE LA ASESORIA FISCAL A LOS CIUDADANOS SE
REALICE POR PROFESIONALES CON LAS DEBIDAS GARANTIAS, DENTRO DEL ESPIRITU
QUE RIGE EL FUTURO ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE? (Número de expediente
180/000860)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula al Gobierno el
diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo de Coalición Canaria.

Señor Gómez Rodríguez.




Página 5813




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, esta pregunta tiene relación con tributaciones y sus
tribulaciones. Dejando a un lado las asesorías fiscales internas, las
externas, las dirigidas a los ciudadanos se realizan en España por
profesionales con formación jurídico-hacendística lograda en los estudios
de sus carreras de derecho, de economía o de comercio, entre otras,
complementadas muchas veces con cursos de especialización fiscal. La gama
de servicios que prestan estos profesionales es muy amplia, desde el
Derecho fiscal autonómico hasta el nacional e inclusive el internacional.

No olvidemos que la Administración pública viene realizando, desde hace
tiempo, una loable tarea de información al ciudadano y por tanto también
de asesoramiento; mas vemos con asombro cómo últimamente proliferan
anuncios de cursos de asesoramiento fiscal, cursos de formación incluso
radiofónicos para que sus oyentes o los compradores de cursos logren el
título de asesor fiscal, sin exigencia alguna de carrera académica y con
la promesa de conceder los títulos en pocos meses, lo cual, como es
sabido, ha originado muchas reclamaciones no sólo de contribuyentes sino
de los profesionales académicos, como se refleja en las cartas a los
medios de comunicación. Somos conscientes de la preocupación del Gobierno
por los derechos y garantías de los contribuyentes. Precisamente mañana,
en esta Cámara, se trae a debate el llamado Estatuto del Contribuyente.

No nos olvidemos, por otro lado, que estamos dentro de la Unión Europea y
que existen expertos fiscales interesados en trabajar en España.

Por todo ello, y por esa protección al contribuyente que en su legítimo
derecho acude a solicitar esta información privada para sus
tributaciones, es por lo que hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué medidas
piensa adoptar el Gobierno para que la asesoría fiscal a los
ciudadanos...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez. El Gobierno ya
conoce la pregunta y S. S. se ha excedido en el tiempo.

Señor vicepresidente segundo.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.

Gracias, señor diputado. Efectivamente el Gobierno conoce la pregunta.

Quiero decir que el Gobierno entiende como una prioridad política y una
prioridad de la política tributaria el que todos los contribuyentes
dispongan de las máximas facilidades para el cumplimiento de sus
obligaciones con la Hacienda pública. En ese sentido, simplemente para
repasar cuáles han sido las colaboraciones directas de la Administración
tributaria en los servicios de asistencia, quiero decir que las
declaraciones realizadas por la Agencia en las comunidades autónomas y
las entidades colaboradoras ha aumentado un 30 por ciento, las
declaraciones realizadas en las oficinas de la Agencia han aumentado un
13 por ciento y las realizadas por teléfono han aumentado una cantidad
considerable, un 139 por ciento, así como otras medidas similares.

Además, se han puesto en marcha servicios de información y de
asesoramiento al contribuyente, con consultas telefónicas atendidas por
los servicios de información, y también la atención directa a más de un
millón de ciudadanos. Desde este punto de vista y en esa política de
aumentar la colaboración con el contribuyente en el cumplimiento de sus
responsabilidades con la Hacienda pública, se ha entrado en colaboración
con las asociaciones de profesionales y de técnicos tributarios y
asesores fiscales para que puedan desarrollar su trabajo con agilidad y
seguridad jurídica. Esta colaboración se ha orientado en dos direcciones:
la celebración de acuerdos de colaboración, entre las cuales se exigen
requisitos a estas organizaciones desde el punto de vista de la calidad
de los profesionales que forman parte de las mismas; y el establecimiento
de procedimientos ágiles y sencillos para que puedan ser satisfechas las
obligaciones formales de los contribuyentes. En la ley de Presupuestos
Generales del Estado y en la ley de medidas de acompañamiento, que están
siendo debatidas en esta Cámara, se simplifica el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, se reduce en el plazo de un mes las devoluciones
del IRPF, se crea un régimen de estimación directa simplificada que
supone menos obligaciones registrales que la estimación directa normal y
se clarifica el régimen de devolución de cuotas por determinados bienes
afectos a la actividad. Asimismo, desde el pasado lunes ha comenzado una
campaña de prensa, que S. S. habrá visto en los medios de comunicación y
en la televisión, para acercar la información de la Agencia Tributaria al
contribuyente y al ciudadano. En este sentido, creo que en este momento
aumentan las posibilidades de que los contribuyentes, directamente a
través de la Agencia o de profesionales cualificados, puedan recibir la
mejor información de sus obligaciones tributarias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.




-- DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL EXCELENTISIMO SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL
GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿QUE OPINION LE MERECE AL
GOBIERNO QUE EL DELEGADO DEL ESTADO EN LA ZONA FRANCA DE BARCELONA, EL
SEÑOR ENRIQUE LACALLE, PRESUMA DE «HABER PASADO EL PLATILLO» PARA EL
PARTIDO POPULAR AL SEÑOR JAVIER DE LA ROSA? (Número de expediente
180/000865)



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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno el
diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista.

Señor Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Rato, la pregunta tiene que ver con la opinión del Gobierno en
relación con unas manifestaciones que ha hecho el señor Lacalle, hace
unos días, que ponen de manifiesto cuál era el método habitual del
mencionado señor Lacalle, y por lo visto del Partido Popular, para hacer
frente a los gastos electorales de las campañas pasando el platillo y que
desde nuestro punto de vista muestran claramente el cinismo político con
el que el Partido Popular ha hecho frente a este asunto de la
financiación de partidos políticos. Ya sé, señor Rato, el resultado del
caso Filesa. Por tanto, ahórrese en la respuesta que le han preparado
(Rumores.) hablar de una situación en la que le recuerdo hemos reconocido
nuestro error, hemos pedido perdón, hemos pagado política y
judicialmente. (Rumores.) Pero ustedes ya no pueden mirar a otro lado.

Ustedes tienen que hacer frente a lo que ya es una evidencia: a su
responsabilidad. Y puesto que de responsabilidades se trata y de ser
coherente con lo que ha venido siendo su discurso, yo espero que en el
próximo movimiento de ficha que haga el Gobierno cese --en este primer
episodio de este asunto, que traerá más-- al señor Lacalle de un cargo de
confianza del Gobierno, teniendo ya muy claro que es una persona que ha
cometido un acto ilícito. (Rumores.--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.

Señor vicepresidente del Gobierno. (Rumores.) Silencio, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor presidente, señor diputado, el
pasado 3 de noviembre de 1997, el Partido Popular hizo público un
comunicado que no sé si S. S. conoce pero que voy a leer: Como es
conocido y así consta en la contabilidad del Partido Popular, remitida y
auditada por el Tribunal de Cuentas, durante el ejercicio de 1991, en su
sede central recibió en concepto de donaciones anónimas la cantidad de 66
millones de pesetas y 16 millones de pesetas como donaciones nominales.

Todas esas aportaciones se recibieron dentro de la más absoluta legalidad
y, del mismo modo y como es preceptivo, todas las donaciones de campaña
electoral fueron nominales, con el donante perfectamente identificado,
tanto en las donaciones para las elecciones municipales como las
elecciones autonómicas, sin que ninguna de ellas fuese realizada por el
señor De la Rosa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Señor Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias por la información que sin duda
pone de manifiesto que alguien miente: o miente el señor Lacalle o miente
quien informa ante el juzgado hablando de subvenciones que entregan a un
tal Rodrigo (Rumores.), que no sabemos exactamente quién pueda ser, pero
que sin duda alguna pone de manifiesto una política muy defensiva por su
parte que intenta no crear jurisprudencia, no crear el precedente de
tener que dimitir alguien por este asunto no vaya a ser que mañana tenga
que dimitir por el mismo asunto o asumir la responsabilidad alguien con
más nivel, más rango y más relevancia pública del propio Partido Popular.

Muchas gracias. (Rumores.--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias señor Hernández Moltó. Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor diputado, sus alusiones no las
podemos valorar puesto que ni siquiera la concreta. Pero si el señor
diputado quiere hacernos creer que el sistema de financiación ilegal de
partidos políticos en España pasa por cartas con membrete de un concejal
de la oposición, el señor diputado, desde luego, atenta a la inteligencia
de la Cámara, de sí mismo, de la mía y de la opinión pública. (Rumores.)
Señor diputado se ha curado en salud y me ha pedido que no lea los hechos
probados por el Tribunal Supremo en el caso Filesa. Pero la diferencia es
notable, señor diputado. (Rumores.) Si quiere convencer a la opinión
pública de que lo que dice un concejal de la oposición en cartas con
membrete es una trama de financiación ilegal para financiar con miles de
millones de pesetas a un partido político relacionado con un Gobierno, el
señor diputado pierde su tiempo, pero como la obligación del Gobierno es
contestar a las preguntas de la oposición, pues las contestamos.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.




-- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTINEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: ¿SIGUE MANTENIENDO EL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA QUE EL 23,7 POR CIENTO DE TELEFONICA INTERNACIONAL,
S. A. (TISA), TENIA UN VALOR DE 127.000 MILLONES DE PESETAS? (Número de
expediente 180/000866)



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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el
diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista.

Señor Martínez Noval.




El señor MARTINEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.

Señor Rato, mi pregunta tiene que ver con el valor al que el Gobierno
vendió Telefónica Internacional, S. A. (TISA), a Telefónica, su
participación del 23,78 por ciento en la misma. Es bien sabido que el
precio que ustedes le pusieron a la empresa fue de 127.000 millones de
pesetas, siendo así, señor Rato, que hay opiniones e informes de
prestigiosas consultorías que dicen cosas muy distintas. Por ejemplo, BBV
Interactivos dice lo siguiente, en el mes de julio, respecto al precio al
que ustedes vendieron la compañía: Este precio puede considerarse como
muy atractivo al ser claramente inferior a nuestra valoración de Tisa,
que es de 170.000 millones de pesetas. Después, el 24 de junio, AB
Asesores, una consultoría también prestigiosa, valora Telefónica
Internacional, S. A. (TISA), y concluye diciendo: Valor total de TISA
para Telefónica 868.411 millones de pesetas. Evidentemente, el 23 ó el 24
por ciento de esa cifra no son los 127.000 millones en que ustedes la
vendieron. Y más adelante, con ocasión del retroceso de la Bolsa, aparece
una noticia en un medio de color salmón que coincide con estas
aportaciones que le estoy haciendo. Exactamente ese medio --supongo que
sobre bases sólidas-- dice que el valor de TISA se sitúa en unos 6.115
millones de dólares, equivalentes a 900.000 millones de pesetas. El
titular es que el valor de TISA, como consecuencia del retroceso de la
Bolsa, cayó en 220.000 millones de pesetas, es decir, justamente el 24
por ciento.

Señor Rato, conviene a esta Cámara y a la sociedad española que ustedes
aclaren exactamente quién les aconsejó vender esa compañía --quiero decir
el valor de la participación del Estado-- por 127.000 millones de
pesetas, porque si no lo hacen estarán alentando los comentarios que se
hacen en la calle. La gente dice --y puede que no le falte razón-- que
esa diferencia entre los 127.000 millones en que ustedes vendieron el 23
por ciento de TISA y el valor que le atribuyen estas consultorías
financieras lo dedica Telefónica a comprar medios de comunicación en
nombre del Gobierno. (Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.

Señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Señor Martínez Noval, el Gobierno ha sido
asesorado por especialistas públicos y está en el informe de
privatización, además de que ha habido una comparecencia que S. S.

conoce. El señor Martínez Noval nos ha dado una explicación de lo que
vale TISA, pero no de lo que vale la participación del Estado en TISA.

Eso es lo único que usted no ha querido explicar y yo le voy a decir por
qué. Porque inexplicablemente en el año 1991, sin que nadie entienda por
qué, el Gobierno decidió invertir en una compañía privada en la que no
había liquidez, en la que no había dividendos y en la que estaba en
situación minoritaria. Esa es la situación de la participación del
Estado, por eso dicha participación no se puede equiparar al cien por
cien. Y si S. S. lo piensa un minuto y no hace la pregunta con la
intención de llegar a una conclusión política se dará perfecta cuenta.

Alguien, y ese alguien fue el Gobierno, decidió que en el año 1991, en
una compañía privada, el Patrimonio invirtiera en una situación de
liquidez, sin dividendos y sin ninguna capacidad de influir. A petición
de su grupo parlamentario, en vez de hacer una adjudicación directa, que
podríamos haberla hecho, hicimos un concurso, y al concurso le pusimos un
precio mínimo que fue el que resultó del asesoramiento profesional de dos
firmas, una en el mes de diciembre y otra en el mes de junio, poco antes
de concretarse el precio, el cual fue fijado en 127.000 millones de
pesetas. El concurso quedó desierto, y S. S. podrá pensar que si es una
mina de oro Tisa --cosa que sólo sabía el señor Martínez Noval--, ¿cómo
es posible que todos los inversores internacionales no hayan querido ir
detrás de esa mina de oro? Le voy a decir por qué. Porque la situación de
iliquidez, de falta de dividendos y de falta de capacidad para influir en
Tisa, que heredamos de la decisión del Gobierno anterior de invertir
allí, hace que hayamos vendido Tisa en el mayor precio posible, y que,
además, en los próximos quince meses, si Telefónica vendiera esa
participación en más precio, tendría que compensar al Estado por ello.

Frente a esa operación, adjudicar directamente, por ejemplo, Enagás, por
debajo del precio de los libros y quedándose el Estado con los pasivos,
es una gran diferencia. España ha mejorado mucho en transparencia de
privatizaciones, en rentabilidad de privatizaciones y esperamos seguirlo
haciendo.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente. (Rumores.)



-- DEL DIPUTADO DON LUIS GAMIR CASARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO
DE LA EJECUCION DE LA LINEA PYMES 97? (Número de expediente 180/000873)



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El señor PRESIDENTE: Silencio. señorías.

Pregunta número 24, que formula al Gobierno el diputado don Luis Gamir
Casares, del Grupo Parlamentario Popular. (Fuertes rumores.)
Un momento, señor Gamir.

Silencio, señorías.

Señor Gamir, puede comenzar.




El señor GAMIR CASARES: Gracias, señor presidente.

En abril de este año se formuló al Gobierno una pregunta similar
realizada en el primer trimestre sobre la línea de financiación de las
pymes. Entonces el señor vicepresidente informó a esta Cámara sobre los
cambios cualitativos y cuantitativos de esta línea. Cuantitativos en el
sentido de que la línea pymes había pasado de 60.000 millones en el año
1993 a los previstos 200.000 millones en este año. Cualitativos en el
sentido de que se reorientaba esa línea de forma que fuera más
auténticamente dirigida a pequeñas y medianas empresas y que, además,
fuera un vehículo de la política regional, en el sentido de que iba
especialmente dedicada a regiones objetivo 1. Posteriormente, en mayo de
este año se incrementó en 100.000 millones esta línea.

Ya en noviembre la pregunta al vicepresidente es: ¿Cómo valora esta línea
de pymes de todo este año hasta esta fecha? Y dado que este diputado
representa a la región de Murcia, ¿cuál es la incidencia de esta línea
concreta de financiación de pymes en la región de Murcia, región en la
que las pymes precisamente tienen una especial presencia?
Gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamir.

Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias, señor
diputado.

Efectivamente, en 1997 el volumen de recursos destinados a la
financiación de la línea pymes será de más del doble del año anterior y
llegará a los 300.000 millones de pesetas, lo cual supone inducir una
inversión en activos productivos de unos 675.000 millones de pesetas y la
creación de unos 25.000 empleos.

La nueva orientación dada por el Gobierno a la línea pymes del ICO, a
través de la definición de las condiciones establecidas para 1997, ha
supuesto, por un lado, concentrarnos en empresas de menor tamaño y
también en las regiones de objetivo 1, y, además, conseguir un ahorro,
desde el punto de vista de los márgenes de intermediación de las
entidades de crédito colaboradoras, en aproximadamente un 38 por ciento.

A finales de 1996, el volumen de préstamo concedido a empresas de menos
de 50 trabajadores se situaba en el 64 por ciento de la línea pymes y en
este momento se sitúa en el 77 por ciento. El 93 por ciento de las
operaciones de la línea pymes en 1997 se ha realizado con empresas de
menos de 50 trabajadores, frente al 81 por ciento que se realizó a
diciembre de 1996.

Al mismo tiempo, y como ya he mencionado, la nueva orientación no sólo se
refiere al tamaño de las empresas sino también a su localización
geográfica para coadyuvar a la política de cohesión territorial y, en ese
sentido, el 67 por ciento del crédito concedido en 1997 ha beneficiado a
empresas situadas en zonas de objetivo 1, frente a menos del 45 por
ciento en 1996.

Desde el punto de vista de la mejor financiación de las empresas, los
tipos de interés permiten en este momento que se financien en la línea
pymes a un coste que oscila entre el 4,21 y el 5,95 por ciento,
dependiendo de la referencia, variable o fija, a cinco y siete años, y el
tramo --el objetivo 1 o el general--, lo que supone una rebaja media en
torno a los 370 puntos básicos en comparación con las condiciones
vigentes en 1996.

Respecto a la región de Murcia por la que se interesa S. S., quisiera
decir que ha habido un incremento extraordinario, pasando prácticamente
al doble. En el año 1996 el importe total concedido en la región era del
2,7 del total de la línea, y en el año 1997 va a ser del 4,1; es decir,
ha aumentado casi el 50 por ciento, lo cual demuestra que, desde el punto
de vista de la aceptación de este instrumento del ICO en la región de
Murcia se ha producido un claro aumento de participación en esta línea de
financiación.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.




-- DE LA DIPUTADA DOñA MARIA DEL CARMEN HERAS PABLO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PIENSA EL GOBIERNO DE LA
SOLICITUD DE LA CONFERENCIA ESPAÑOLA DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y
USUARIOS SOBRE EL DERECHO DE LAS PRIMERAS A UNA SEGURIDAD SOCIAL CON
TITULARIDAD PROPIA Y A UNA PENSION DE JUBILACION (Número de expediente
180/000868)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19 que formula al Gobierno la
diputada doña María del Carmen Heras Pablo, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Tiene la palabra su señoría.




La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente.

¿Qué piensa el Gobierno de la solicitud de la Confederación Española de
Amas de Casa, Consumidores y



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Usuarios sobre el derecho de las primeras a una Seguridad Social con
titularidad propia y a una pensión de jubilación?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Heras.

El señor ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señora diputada, el Gobierno piensa que el trabajo de las
amas de casa está profundamente subestimado en la sociedad española y nos
parece que su función también tiene una gran dosis de falta de
reconocimiento por parte de la sociedad.

Como sabe S. S., el Gobierno presentará, en el plazo de ocho meses, un
estudio técnico-económico sobre esta cuestión, tal como se recoge en la
Ley de consolidación y racionalización de nuestro sistema de protección
social.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

La señora Heras tiene la palabra.




La señora HERAS PABLO: Gracias, señor presidente.

Señoría, sospechaba que algo así iba a contestarme. (Rumores.) El
Gobierno está comprometido, bien es verdad que forzado por otros grupos
políticos, a dar soluciones a esta petición de seis millones de mujeres
españolas que, trabajando exclusivamente en su propio hogar, no reciben
remuneración directa por ese trabajo. De ellas, más de tres millones
quinientas mil han cumplido 65 años y no perciben jubilación. Desde julio
pasado, mes en que se publicó la ley a que S. S. ha hecho referencia, que
obliga al inicio de las actuaciones del Gobierno, no hemos sabido nada
nuevo digno de destacar, salvo lo que S. S. ha dicho ahora mismo.

Desconocemos si esos trabajos están iniciados realmente, si van
excesivamente despacio o si prefieren guardar una cierta cautela, algo
extraño en las costumbres del Ministerio que S. S. preside, a menudo tan
propenso a convocar ruedas de prensa donde las cifras que se invocan no
cuadran o no son actuales.

No me diga, señor ministro, porque es repetitivo dentro de su bien
alabada oratoria, que aún estamos dentro de los plazos, que esta
reivindicación no es nueva o que incluso, como diría cualquier
responsable de Economía, los criterios de Maastricht nos obligan a una
reducción presupuestaria. Lo que nosotros le preguntamos es otra cosa. Le
estamos preguntando por su sensibilidad concreta y por sus intenciones
políticas en esta cuestión, en la que hay muchas mujeres afectadas.

Nosotros lo que queremos es conocer exactamente cuáles son las
actuaciones que ya está realizando su departamento para elaborar el
informe que S. S. ha dicho.

La Confederación reivindica ante el Gobierno el reconocimiento del ama de
casa como mujer trabajadora y su incorporación a un régimen de cotización
de la Seguridad Social que permita su acceso a una pensión de jubilación.

Esta petición la avalan otras organizaciones por ser un reconocimiento de
derechos constitucionales.

El pasado mes de abril, el Grupo Socialista debatió en este hemiciclo,
juntamente con otros grupos, la petición hecha a todas las fuerzas
políticas por la plataforma de mujeres feministas, donde están integradas
más de 300 organizaciones no gubernamentales y la propia Confederación de
Amas de Casa. Quiero que sepa, señor ministro, que mantendremos una
actitud vigilante en esta cuestión, al entender que iniciativas de este
tipo...




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Heras. (Rumores.--Aplausos.)
Silencio, señorías.

Ruego a SS. SS. que dejen que la Presidencia cumpla con su deber sin
interferencias indebidas ni faltas al respeto a otros diputados.

El señor ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, la verdad es que la señora diputada, en un tono muy cortés,
me dice que sospechaba mi respuesta. Claro, no podía ser otra. Si el
Congreso de los Diputados y el Senado nos dicen, a través de una ley, que
en el mes de abril tenemos que presentar un estudio económico, en dicho
mes, señoría, presentaremos en la Comisión de Política Social y Empleo un
estudio profundo sobre la cuestión.

En su segunda intervención me formula otra pregunta más y me dice que
quiere conocer la sensibilidad del departamento. Pues la sensibilidad del
departamento hacia el reconocimiento social de las amas de casa en España
es absoluta; total sensibilidad por parte del departamento.

Su señoría luego ha hecho referencia a iniciativas parlamentarias y,
ciertamente, el año 1981 Unión de Centro Democrático presentó una
iniciativa parecida; el año 1983 el CDS presentó otra iniciativa también
parecida; Convergència i Unió ha presentado iniciativas en la Cámara, y
el Grupo Parlamentario Socialista, en noviembre de 1996, presentó una
iniciativa igualmente parecida. Por tanto, traeremos a la Cámara en el
mes de abril ese estudio. Ya lo estamos realizando en este momento. Es un
estudio que hace un análisis de la posible evolución de la cotización
propia de las amas de casa, la repercusión en el déficit de la Seguridad
Social, en el sistema de la Seguridad Social; evalúa, en definitiva,
todas las consecuencias que tiene para nuestro sistema de protección
social. Esta es una cuestión que el Gobierno también ha asumido dentro
del III Plan de



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igualdad de oportunidades, porque creemos que es básica para la mujer en
el futuro.

Finalmente, señor presidente --y con todo respeto, señoría--, me parece
que usted y yo sabemos que ésta no es una cuestión sencilla, porque si
sencilla fuera, señoría, en 1995, en 1994, en 1993, en 1992, en 1991, en
1990, en 1989, en 1988, en 1987, en 1986... (Rumores y protestas.)
Señoría, se me acaba el tiempo, pero estoy convencido de que, con su
sensibilidad, si fuera fácil ya lo hubieran resuelto ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Trabajo.




-- DEL DIPUTADO DON GUSTAVO ADOLFO ALCALDE SANCHEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES
SON LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES CON LAS CAMPAÑAS QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO A LOS EFECTOS DE
LOGRAR MEJORES CONDICIONES EN EL EMPLEO? (Número de expediente
180/000874)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula al Gobierno el
diputado don Gustavo Adolfo Alcalde Sánchez y que ha sido sustituido,
para su formulación, por doña Carmen Matador de Matos, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señora Matador, tiene la palabra.




La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, hay tres problemas que
preocupan especialmente al Gobierno y a la sociedad en general en el
ámbito del empleo y de las relaciones laborales. En primer lugar, el alto
nivel de desempleo existente; en segundo lugar, el desarrollo en la
última década de un alto nivel de inestabilidad en la contratación, que
ha alcanzado cotas preocupantes, y, por último, el elevado número de
accidentes de trabajo que se siguen produciendo en nuestro país. Son
problemas muy serios, en cuya solución el Gobierno ha puesto todo su
empeño, como ha venido demostrando hasta ahora a través del amplio
conjunto de iniciativas, tanto legislativas como de otro orden, que se
han impulsado en casi año y medio de gestión. Es necesario, ahora, que no
sólo los colectivos más directamente implicados, como son los empresarios
y los trabajadores, sino la sociedad en su conjunto tome conciencia de la
gravedad del problema y de la necesidad de su participación activa. Para
ello, es imprescindible poner a su alcance la información suficiente, ya
que cualquier medida, por buena que sea, tendrá una eficacia limitada si
no hay una coparticipación y corresponsabilidad del propio entramado
social al que van dirigidas estas medidas.

En el caso del empleo y las condiciones laborales, su destinatario es, en
mayor medida, el conjunto de la sociedad, ya que se trata de cuestiones
que afectan profundamente a la esencia misma de la convivencia, al
desarrollo personal y social de los habitantes de un país, y al avance
económico y social del modelo de sociedad que queremos compartir. En esta
línea, su Ministerio ha puesto en marcha dos campañas directamente
relacionadas entre sí, como son La prevención de riesgos laborales es ley
de vida y evitar que pase es tarea de todos, y la de contratación
indefinida; cuestiones ambas con estrecha vinculación, ya que la
precariedad en el empleo incide de forma clara en los accidentes
laborales.

Por ello, señor ministro, formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los
objetivos perseguidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
las campañas que se están llevando a cabo a los efectos de lograr mejores
condiciones en el empleo?
Gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Matador de Matos.

Señor ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, tengo que decirle a la señora diputada que siempre
intentamos que cualquier campaña de este tipo tenga el previo acuerdo de
los agentes sociales, de las organizaciones sindicales y empresariales.

En ese sentido, el Ministerio ha puesto en marcha una primera campaña,
que intenta convencer al conjunto de los pequeños y medianos empresarios
de que un contrato estable, un contrato indefinido --como sabe S. S., en
los últimos meses se han triplicado estos contratos-- es un buen negocio
para la empresa. Esta es una campaña que hemos empezado hace quince días
y que supone un coste de 100 millones de pesetas.

En segundo lugar, la campaña de mayor dimensión, en todos los sentidos,
es la que se refiere a la prevención de riesgos laborales. Nosotros
consideramos, en el departamento, que los datos de siniestralidad laboral
son el problema cualitativo más importante que tiene nuestro mercado de
trabajo y que, sinceramente, en los primeros meses de 1997 ha crecido esa
siniestralidad laboral en España. A esta campaña de prevención de riesgos
laborales vamos a dedicar una suma cercana a los 750 millones de pesetas,
y todos los contenidos y su lema han sido concertados previamente con
sindicatos y empresarios.

En tercer lugar, el Ministerio tiene puesta en marcha una campaña ---que
verá la luz los próximos días del



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mes de diciembre-- en la que vamos a gastar 200 millones de pesetas y que
pretende concienciar a los ciudadanos sobre lo tremendamente negativo que
es el fraude para el sistema de protección social. Esta campaña, de 200
millones de pesetas, se va a referir al fraude en la incapacidad
temporal, que desgraciadamente es muy alto en nuestra sociedad.

Finalmente, dentro de este cuatrimestre, y pensando muy especialmente en
el Plan de igualdad de oportunidades de la mujer, bajo nuestro esquema
Mujer y empleo vamos a desarrollar una campaña, la campaña óptima, que
cuesta 140 millones de pesetas y que trata de fomentar la incorporación
de la mujer a puestos de responsabilidad en las distintas empresas, donde
todavía se produce una gran discriminación.

Le agradezco mucho su pregunta, porque nos permite informar a la Cámara
de las campañas de divulgación de nuestro departamento.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
LA REGULACION DE LA FIGURA DEL «EXCEDENTE» DE REEMPLAZO EN EL SERVICIO
MILITAR? (Número de expediente 180/000875)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno don
Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Gutiérrez Molina, tiene la palabra.




El señor GUTIERREZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

No sé si el azar o la necesidad hacen perder vigencia a la pregunta que
hoy voy a hacer al señor ministro de Defensa. Digo esto porque el objeto
de mi pregunta, es decir, la valoración por parte del Gobierno de la
figura del excedente de reemplazo, ha perdido su razón de ser porque hoy
mismo ha tenido lugar el sorteo de esos excedentes de reemplazo, de esos
excedentes de cupo. Por eso decía que no sé muy bien si por ese azar o
por esa necesidad mi pregunta de hoy al señor ministro en la Cámara
quedaba un poco desfasada.

En cualquier caso, quiero aprovechar, señor ministro, el objeto de mi
pregunta para poner de manifiesto aquí, en la Cámara, algo fundamental, y
es que con este sorteo del excedente de cupo o de reemplazo el proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas ya se encuentra en pleno
inicio, en pleno camino con objeto de que hacia el año 2003 se pueda
tener la profesionalización absoluta de las Fuerzas Armadas. Es bueno que
se diga aquí y ahora para demostrar que el Gobierno ha mantenido, sin
precipitaciones innecesarias pero tampoco sin retrasos inacostumbrados,
el camino que se había trazado.

Decía, señor ministro, que pedía la valoración del Gobierno sobre la
figura del excedente de cupo. Conocemos las modificaciones que ha habido
de la ley 13/1991; sabemos también que es voluntad del Gobierno el poder
tener esta modificación legal para realizar la figura no contemplada
hasta ahora del excedente de cupo, tan fundamental para el proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Aunque decía al principio que el azar o la necesidad había desvirtuado un
poco mi pregunta, no obstante quería preguntarle cuál es la valoración de
su Ministerio sobre la figura del excedente de cupo de reemplazo que
ahora le estaba comentando.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.

Señor ministro de Defensa, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.

Señoría, como bien ha dicho, el Gobierno ha decidido recuperar la figura
del excedente de reemplazo como medio de adaptar los efectivos de las
Fuerzas Armadas a las necesidades que determina el planeamiento de la
defensa militar cuando el reemplazo anual es superior a la cuantía de
estas necesidades. Esta circunstancia, que ha podido ocurrir otros años,
concurre este año de modo extraordinario, porque es un momento en que el
Gobierno, como S. S conoce, ha decidido incrementar de modo notable el
número de soldados profesionales para alcanzar en los plazos previstos la
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas. Ello lleva aparejado,
naturalmente, la disminución del número de militares de reemplazo en
razón del incremento de quienes se incorporan como tropa y marinería
profesional. Además, las Fuerzas Armadas están inmersas desde hace ya
años en un proceso de reducción de efectivos, para irse adaptando a la
plena profesionalización y al proceso de modernización.

Por todo ello, dado que el incremento previsto en la ley de presupuestos
para el próximo año es de 12.500, que las necesidades de efectivos de
reemplazo anual para la prestación del servicio militar que establece el
planeamiento de la defensa militar para el año 1998 es de 148.900 hombres
y que el número de españoles incluido en la lista general del reemplazo
es de 165.342, era necesario --como así se ha efectuado esta mañana-- un
sorteo público en el que, quedando plenamente garantizado el principio de
igualdad de oportunidades y de transparencia, entre los incluidos



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en la lista general del reemplazo 16.442 jóvenes pudieran ser --como así
ha sido-- declarados excedentes del reemplazo para el año que viene. Para
satisfacer esta necesidad extraordinaria y urgente hubo que apelar --como
S. S conoce y ha puesto de manifiesto-- a la figura del real decreto-ley,
concretamente el 17/1997, por el que se modifican determinados artículos
de la Ley Orgánica del Servicio Militar.

En conclusión, señoría, era absolutamente imprescindible, para que no se
incorporaran al servicio militar más personas de las que se necesitaban
según el planeamiento militar, con el consiguiente ahorro presupuestario
que ello suponía, restablecer la figura del excedente de cupo, como así
se ha hecho.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON LUIS DE TORRES GOMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HAN CONTRIBUIDO LAS FUERZAS
ARMADAS A PALIAR LOS DESASTRES ORIGINADOS ULTIMAMENTE EN ESPAÑA POR LAS
LLUVIAS TORRENCIALES? (Número de expediente 180/000876)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el
diputado don Luis de Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor De Torres, tiene la palabra.




El señor DE TORRES GOMEZ: Señor Ministro, aparte de su papel
institucional, hay que destacar la ejemplar actuación que todos los
componentes de nuestras Fuerzas Armadas vienen desarrollando ante
situaciones de emergencia o catástrofes de cualquier tipo, en
colaboración con otros servicios que merecen también destacarse.

Precisamente, en estos momentos muchos de nosotros directamente hemos
sido testigos de la entrega y capacitación de los efectivos militares,
que participan no sólo en funciones de paz en el extranjero, sino como
elementos decisivos en el éxito de operaciones de salvamento y ayuda de
todo tipo: inundaciones, incendios forestales, etcétera. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
De manera cotidiana nos encontramos con que el servicio que las Fuerzas
Armadas prestan a la comunidad es siempre ejemplo de colaboración
desinteresada y de disponibilidad, y que no por estar acostumbrados a
ello dejan de merecer el elogio y el reconocimiento de toda la sociedad.

Pero para ello, señor ministro, es preciso tener conocimiento de dichos
servicios. La pasada semana hubo ocasión de ello con motivo de los
temporales que azotaron el sur y el suroeste de España, con las trágicas
consecuencias que se produjeron especialmente en la provincia de Badajoz
y que todos conocemos y deploramos. Con este propósito, señor ministro,
le pregunto: ¿Cuál ha sido la actuación de las Fuerzas Armadas en estos
sucesos para paliar sus efectos y en qué medida han contribuido a ello?
Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor De Torres.

Señor Ministro de Defensa, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, le agradezco sus palabras de elogio. Es
verdadero el comportamiento ejemplar en todas estas circunstancias de
catástrofes extraordinarias de nuestras Fuerzas Armadas, y el Ministerio
de Defensa intenta facilitar, en todo momento que sea necesario, esta
actuación.

Como siempre ha ocurrido, en aplicación del artículo 22 de la Ley
Orgánica por la que se regulan los criterios básicos de la defensa
nacional, las Fuerzas Armadas colaboran en todas las ocasiones en que son
requeridas por la autoridad civil con motivo de catástrofes naturales.

Centrándonos en las últimas, en las inundaciones de Alicante y Murcia,
ocurridas el 30 de septiembre, y de Badajoz, ocurridas el 6 de noviembre,
los apoyos prestados, de los que ya tiene parcial conocimiento la opinión
pública a través de los medios de comunicación social, pero que ni mucho
menos es ocioso reiterarlos siquiera sea brevemente aquí, han consistido
en acciones de transporte, acciones de abastecimiento y acciones de
trabajo.

Las acciones de transporte, tanto por medios terrestres como helicópteros
de las alas 48 y 78 del Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire,
han consistido tanto en evacuación del personal civil desde las zonas
afectadas a lugares de acogida como en transporte de alimentos, ropa y
medicinas, así como equipamiento para ayuda a los damnificados.

Las acciones de abastecimiento han consistido principalmente en
suministro de camas, mantas, colchones, sábanas, almohadas, sacos
terreros para construcción de diques, reparto de alimentos, bolsas de
comida y de ropa para los damnificados, suministro de carburante en
petacas y de energía eléctrica mediante grupos electrógenos.

Las acciones de trabajo realizadas, principalmente han consistido en
tareas de desescombro y limpieza --han estado un total de cuatro unidades
tipo compañía durante tres días--, colaboración en la instalación de
centros de acogida mediante el montaje de camas, construcción de diques
de contención, colaboración en búsqueda de personal desaparecido, auxilio
a embarcaciones



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a la deriva en el río Guadiana y recuperación de coches en los cauces de
ríos y arroyos.

Hay que añadir a lo anterior, y con esto finalizo, señor presidente, el
alojamiento, manutención y asistencia sanitaria prestada a 33 personas
los días 30 de septiembre y 1.º de octubre en la zona del Mar Menor, en
la Academia General del Aire, a petición del Servicio de Coordinación de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON JUAN FRANCISCO HERRERA ANTONAYA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
MEDIDAS ESTA TOMANDO EL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LA RECONVERSION A UN
EMPLEO CIVIL DE LA TROPA PROFESIONAL CUANDO FINALICE SU COMPROMISO CON
LAS FUERZAS ARMADAS? (Número de expediente 180/000877)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 28,
que formula don Juan Francisco Herrera, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Herrera, tiene la palabra.




El señor HERRERA ANTONAYA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, dentro de esa basta y compleja tarea de construir el
ejército del siglo XXI con la base de nuestro actual ejército, quedan aún
algunos interrogantes importantes por resolver. Uno de ellos, a mi juicio
fundamental, es el modelo de relación, el modelo de vertebración entre la
sociedad y nuestro ejército.

Probablemente, para mi generación, para las personas que hoy han entrado
en ese sorteo, para los jóvenes españoles en general, tal relación ha
venido marcada por la obligación de realizar el servicio militar, una
prestación social sustitutoria o, en algunos casos, por la resignación. A
mi juicio, en un período de transición como en el que ahora mismo nos
encontramos, hacia este modelo de ejército del siglo XXI, es importante
que esos sentimientos den paso a otro de convicción, a que la persona que
opte por ese ejército profesional sepa y esté convencida del paso que da.

Para que este modelo triunfe se deben dar, a mi juicio, dos
condicionantes. En primer lugar, se debe dar una mayor identificación de
la sociedad con el ejército. No cabe duda que tareas como las que se han
realizado en Bosnia y en Albania, labores por la paz o ayuda a la
población civil, como las que comentaba mi compañero en la pregunta
anterior, dignifican, sin duda, la imagen de nuestras Fuerzas Armadas y
las convierten en un referente social. Creo que en ese sentido vamos por
el buen camino.

En segundo lugar, y es a lo que quiero hacer referencia con mi pregunta,
las personas que opten por trabajar en el ejército profesional deben
encontrar en él una alternativa de calidad, dignificando esta profesión y
facilitando su inserción en un momento determinado, si así lo quieren
hacer, en la vida civil. Para ello es necesario velar por que en el nuevo
modelo no se den alguna de las circunstancias que se pueden dar con el
actual, algunas discriminaciones a que puede dar lugar la situación, por
ejemplo, de un hombre y una mujer que, en igualdad de condiciones, por el
hecho de haber realizado el varón el servicio militar, se vea beneficiado
a la hora de acceder a un puesto en la Administración.

En este sentido, señor ministro, es en el que le dirijo la pregunta que
le leo literalmente conforme viene en el orden del día: ¿Qué medidas está
tomando el Ministerio de Defensa para la reconversión a un empleo civil
de la tropa profesional cuando finalice su compromiso con las Fuerzas
Armadas?
Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Herrera.

Señor ministro de Defensa, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.

Señoría, coincido con sus apreciaciones en cuanto a la necesidad de tomar
medidas que incentiven, que estimulen la incorporación de jóvenes
españoles y españolas al próximo total servicio militar de carácter
profesional.

Hasta el momento se están realizando labores de formación, que son tanto
aptas para el personal de remplazo como para el personal de tropa y
marinería profesional, y que consisten básicamente en dos programas. El
primero es el de completar la formación para posibilitar la promoción a
la formación profesional de primer grado, lo que se llama formación
profesional reglada, y el segundo, proporcionar la formación para el
aprendizaje de un oficio, programa que se conoce como formación
profesional ocupacional. Ambos están desarrollándose con un coste
presupuestario relativamente moderado.

Pero es verdad que hay que adoptar nuevas medidas. Lo que está previsto
para los militares profesionales es, primero, que un porcentaje de ellos
puedan seguir con carácter indefinido en las Fuerzas Armadas, porcentaje
que pensamos oscilará entre un 15 y un 20 por ciento, y que no haya
necesidad para ellos de buscar o facilitar la reinserción en la vida
civil. Para el resto, sin embargo, sí lo es, y en ese sentido en el
Ministerio se están estudiando, señoría, los siguientes tipos de



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medidas, de los cuales tiene conocimiento puntual la Comisión mixta. En
primer lugar, la posibilidad de contar con una baremación positiva a la
hora de concursar para puestos en la Administración del Estado; puestos,
como se deduce de lo que acabo de decir, distintos de la permanencia
indefinida en las Fuerzas Armadas. En estos supuestos se está estudiando
la posibilidad de contar con una baremación que les sea favorable.

Además, con el resto de la sociedad, con lo que es la sociedad civil, se
está estudiando, como sucede en otros países, la posibilidad de llegar a
convenios con empresas, tanto públicas como privadas, que faciliten la
incorporación de las personas que terminen su servicio militar de
carácter profesional. Igualmente se están estudiando otras medidas que,
aunque no están totalmente perfiladas, creemos que merecen la pena, como
introducción en enseñanzas complementarías y la creación de oficinas de
ayuda para la colocación, siguiendo el ejemplo que actualmente está
vigente en el Reino Unido.

Con todo ello, entendemos, señor presidente, señoría, que se estimulará
suficientemente para que haya el número necesario de efectivos en
nuestras Fuerzas Armadas profesionales.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro de Defensa.




-- DEL DIPUTADO DON ALVARO CUESTA MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EXPLICACION PUEDE DAR EL GOBIERNO
AL FRACASO DE LA OPERACION ESPECIAL CONTRA EL NARCOTRAFICO LLEVADA A CABO
EN LA COSTA OCCIDENTAL ASTURIANA? (Número de expediente 180/000870)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta numero 21,
que formula el señor Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Cuesta, tiene la palabra.




El señor CUESTA MARTINEZ: Señor presidente, señor ministro del Interior,
el pasado día 31 de octubre un importante alijo de droga o de cocaína
pudo --digo pudo porque al día de hoy nada se sabe porque las versiones
son tremendamente contradictorias-- desembarcar en la costa occidental
asturiana. En el seguimiento de ese buque intervino un operativo especial
de la Unidad Central de Estupefacientes y del Servicio de Vigilancia
Aduanera, y lo que es cierto es que las versiones que han circulado son
muy alarmantes. A este diputado le alarma sobre todo la contradicción de
esas versiones y la falta de eficacia a la hora de perseguir el
narcotráfico en esta concreta operación.

Por tanto, se le pregunta al Gobierno: ¿qué explicación puede dar al
fracaso de la operación especial contra el narcotráfico llevada a cabo en
la costa occidental asturiana?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.

Señor ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría,
tal y como señaló el delegado del Gobierno para el Plan nacional sobre
drogas, le quiero comunicar lo siguiente: Primero, no se han encontrado
fallos de coordinación en el dispositivo establecido entre Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad; en segundo lugar, no hay constancia alguna de que
se haya introducido en España un alijo de cocaína, sino más bien todo lo
contrario; y, en tercer lugar, explicando lo que no ha sido un resultado
exitoso en esta ocasión, las pésimas condiciones del mar aquel día y la
posibilidad de que el buque detectara el dispositivo policial, pueden ser
las razones por las que en estos momentos no tengamos la satisfacción de
decir que fue una operación exitosa.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Señor presidente, yo lamento que no haya habido
ese éxito en la lucha contra el narcotráfico. Lo cierto es que, según los
datos que obran en nuestro poder, y que han sido publicados, el buque en
cuestión que estuvo a diez millas de la costa asturiana pudo haber sido
abordado por el Servicio de Vigilancia Aduanera y no lo fue. Lo cierto es
que se han apreciado versiones muy distintas, porque tan pronto se decía
que la droga estaba en el carguero como que sigue estando bajo el mar, e
incluso hay operaciones de buceo entre Tapia y la Ría de Leo buscando ese
cargamento. Lo cierto también es que hay al menos signos importantes de
alarma que nos llaman la atención sobre la descoordinación de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad. Simplemente un dato para conocimiento del
ministro: las declaraciones del fiscal antidroga de Asturias, que dice
que esta investigación se comunicó tarde a las Fuerzas de Seguridad en
Asturias; que no se burló ningún cerco, porque no existió tal cerco en la
búsqueda de la droga; y, sobre todo, que si la vigilancia de la costa se
hubiera iniciado antes es posible que se hubiera detectado la entrada de
planeadoras.

Lo cierto es que en la costa occidental asturiana hay una alarma ya.

Existen signos claros de penetración de droga y de operación de los
narcotraficantes, y existen



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también signos claros de falta de medios y de un plan específico de lucha
contra el narcotráfico en el occidente de Asturias.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.

Señor ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría,
si pasa usted del análisis de lo que es una operación singular
determinada a un balance global general respecto del funcionamiento de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lo que significa la acción contra
la droga, hay que hacerlo con todos los datos y con todas las
consecuencias.

Yo le quiero decir, señor Cuesta, que el balance, con los resultados en
la mano, respecto de cifra de droga decomisada, en particular cocaína,
que es de la droga que se trata en estos momentos, es el siguiente: en el
año 1995 hubo un decomiso de 6,8 toneladas; en el año 1996 hubo 13,7
toneladas decomisadas; y en la fecha de hoy, año 1997, hay 17,2 toneladas
decomisadas, que significa el triple de lo que en el año 1995 se decomisó
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En cuanto al número de
intervenciones, de 4.786 en el año 1995 hemos pasado, en el mes de julio
de este año, a 7.000 operaciones, y evidentemente todo esto no hubiera
sido posible con esa descoordinación a la que usted hace referencia.

Si su pregunta en términos de balance en este año se hubiera formulado
correctamente, la pregunta tenía que haber sido la siguiente: (Risas.)
¿Qué explicación puede dar el Gobierno a los excelentes resultados que se
están consiguiendo en la lucha contra la droga? (Rumores.) Y la respuesta
en la que estoy seguro usted y yo coincidiremos es: a la profesionalidad,
al bien hacer, a la competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en materia de lucha contra la droga. (Rumores.--Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro del Interior.




-- DE LA DIPUTADA DOÑA BELARMINA MARTINEZ GONZALEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUIEN DIO INSTRUCCIONES A LA
GUARDIA CIVIL PARA QUE SOLICITARA DE LA DIRECCION DE LOS INSTITUTOS DE
ENSEÑANZAS MEDIAS LA LISTA DE LOS DOCENTES QUE IBAN A LA HUELGA EL DIA 15
DE OCTUBRE DE 1997, EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE? (Número de
expediente 180/000871)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 22,
que formula la señora Martínez González, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Señora Martínez.




La señora MARTINEZ GONZALEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿quién dio instrucciones a la Guardia Civil para que
solicitara de la dirección de 14 institutos de enseñanza media la lista
de los profesores con nombres y apellidos que iban a la huelga el 15 de
octubre en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Martínez.

Señor ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, no existe ninguna
orden, no se ha dado ninguna instrucción a la Guardia Civil respecto de
las listas de docentes que pudieran ir a la huelga en Santa Cruz de
Tenerife el 15 de octubre.

Quiero decirle que el propio subdelegado del Gobierno el mismo día en que
se conocieron los hechos en los medios de comunicación se pronunció con
claridad y habló de errores puntuales en la actuación de determinados
miembros de la Guardia Civil, que asumió políticamente, y dijo que se
debió a interpretaciones erróneas de la circular realizada en mayo de
este año por la Guardia Civil.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señora Martínez.




La señora MARTINEZ GONZALEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la Guardia Civil es buena con la droga y mala con la
huelga, según sus propias palabras. Señor ministro, sus buenas palabras
son sólo eso: palabras. Los hechos son rotundos, claros, tozudos, están
ahí. Señor ministro, llueve sobre mojado. Antes fue Madrid, Extremadura,
Tenerife en noviembre de 1996, y ahora Canarias. Tengo aquí los datos, un
informe de la asamblea de los profesores que se lo puedo pasar. La
Guardia Civil reclamó a 14 centros la lista de los docentes y en alguno
de ellos dijo que por orden del delegado del Gobierno. Si usted no dio
esas instrucciones ni tampoco el delegado del Gobierno en Canarias,
alguien, señor ministro, manda en su Ministerio y no es usted, ¿tal vez
es el señor Aznar? (Risas.)
Corresponde a la Guardia Civil por ley orgánica 2/1986 --ley de cuando
gobernaba el Partido Socialista-- proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades. La huelga es un derecho fundamental de los
trabajadores, como consta en el artículo 28.2 de nuestra Constitución.

¿Qué pretenden ustedes con estas medidas,



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atemorizar, amedrentar, coaccionar? En definitiva, ¿impedir la huelga?
Señor ministro, ¿le suena a usted algo aquello de esa gente qué querrá
que llega de madrugada? Esta diputada no olvida los hechos que inspiraban
esas canciones a la resistencia contra la dictadura. (Rumores.) Los llevo
pegados a la piel de mi memoria, señor ministro. Listas negras, listas
rojas. Ya que son ustedes tan aficionados a las listas, le sugiero que
elabore una lista con los nombres de los delegados y subdelegados que
tienen una querencia manifiesta a volver al pasado y céselos, señor
ministro; céselos por el bien de todos, por la buena salud de la
democracia.

Finalmente, señor ministro, hay otra huelga anunciada en enseñanza en
Canarias. Encuentre usted cuanto antes al que manda en su Ministerio para
que estos hechos no se repitan. (Aplausos.)
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Martínez.

Señor ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría,
con más tranquilidad que en su pregunta le voy a responder.

Primero, todo lo que signifique mejorar, perfeccionar el funcionamiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un objetivo
permanente del Gobierno. Todo lo que sea encontrar un mejor equilibrio
entre la libertad y la seguridad será un esfuerzo permanente de este
Gobierno. Una cosa es que --como ya lo he hecho---aceptemos errores,
limitaciones, que asumimos los responsables políticos (no lo asumen los
guardias civiles, lo asumimos los responsables políticos), el delegado
del Gobierno, el ministro de Interior, con todas sus consecuencias, y
otra cuestión, que es la que está implícita en su intervención, es
intentar crear una alarma social que no se la creen ni ustedes.

(Rumores.) No se la creen ni ustedes, porque está alejada de la realidad
social española de hoy, y por muchos esfuerzos que hacen --y parece
mentira que lo haga un partido que estuvo en el Gobierno--, ustedes saben
que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no
sólo en el tema de las huelgas sino en todos los temas, hoy produce
tranquilidad y serenidad en el seno de la sociedad española. No se
equivoquen; si siguen en ese discurso, están ustedes alejándose de lo que
es una realidad social que vibra, en muchas ocasiones, con los éxitos de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con su buen hacer, que está, en
muchas ocasiones, no sólo dando tranquilidad a la sociedad española, sino
que está dando las mayores satisfacciones a la misma. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

-- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES FUERON LAS RAZONES POR LAS QUE EL
MINISTRO DE INTERIOR HA CONCEDIDO LA CRUZ DE LA ORDEN DEL MERITO A DON
ENRIQUE LACALLE COLL, IMPLICADO EN UN CASO DE PRESUNTA FINANCIACION
IRREGULAR DE PARTIDO POLITICO, CONCRETAMENTE DEL PARTIDO POPULAR, DURANTE
LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE BARCELONA, EN MAYO DE 1991? (Número de
expediente 180/000872)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 23,
que formula la señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto.

Señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, hace poco rato el vicepresidente del Gobierno nos ha
ilustrado sobre la enorme pequeñez que representaba que un pequeño
concejal de un ayuntamiento de la oposición tuviera una cierta tendencia
a las cartas públicas y en ellas reconociera que pasaba el platillo y
recibía dinero de buenos amigos, del estilo del señor de la Rosa,
conocido en Barcelona como el señor de la manguera, y que además formaba
parte de lo natural y también quizá de lo ingenuo responder por carta que
agradecería los favores prestados cuando tuviera su acta de diputado o su
acta concejal. Debe ser por ese motivo por el que el 12 de octubre pasado
se le concedió la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a don
Enrique Lacalle. Me preguntaría, incluso, si otras personas como el señor
Cañellas u otros de esta misma naturaleza también van a recibir la Cruz
de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. En todo caso, oficialmente,
¿por qué motivo se le ha dado al señor Lacalle esta Cruz del Mérito?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola i Martínez.

Señor ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Fue una propuesta de la
Jefatura de Zona de Cataluña de la Guardia Civil que tuvo lugar el 29 de
mayo de este año. La razón esencial que aduce en su propuesta la Jefatura
de Zona de Cataluña es porque el señor Lacalle, en su calidad de delegado
especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, ha
demostrado una continuada preocupación por proporcionar a las fuerzas de
la Guardia Civil todo lo que significan dependencias adecuadas e
infraestructuras necesarias para realizar mejor su labor.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor ministro, no se le escapa que es
evidente que, cuando se da una medalla de esa naturaleza, que es una
medalla al mérito, a una persona que ha salido en los medios de
comunicación y que seguramente también ha salido en las conversaciones de
la ejecutiva de su propio partido, puesto que entiendo que el tema, como
mínimo, a pesar de que sea un pequeño concejal, les tiene que preocupar,
no es la mejor manera de cubrir de gloria al propio cuerpo. En todo caso,
es evidente que, a pesar de que el señor Lacalle tenga méritos diversos
en temas relacionados con la Guardia Civil con anterioridad, también está
haciendo méritos de otra naturaleza que tipifican a la persona, y creo
que de una manera muy clara también manchan a su propio partido.

Si este señor, además, recibe, después de conocerse todos estos hechos,
la Cruz del Mérito de la Guardia Civil, de alguna manera connota y
contamina a la propia cruz que se le da, al propio mérito que se le da.

Por tanto, como ministro de Interior entiendo que tiene que preocuparle
que se le haya dado la Cruz del Mérito a un señor que públicamente va
diciendo que recibe dinero del señor De la Rosa sin ningún problema y que
además esto forma parte de la naturaleza normal de las cosas.

Finalmente, y ya como militante de su propio partido, también tendría que
preocuparle que este señor continúe de presidente de la Zona Franca, sin
ningún tipo de escrúpulo, sin ningún tipo de problemas y convirtiendo lo
que ha hecho y lo que ha dicho públicamente en un hecho que no es
moralmente reprobable, según ustedes, puesto que no lo dimiten, sino que
forma parte también de la normalidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.

Señor ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría,
con motivo del día 12 de octubre, festividad de la patrona de la Guardia
Civil, se han concedido 623 cruces; 39 corresponden a la Cruz de Plata,
una de ellas al señor Lacalle, y 584 corresponden a cruces con distintivo
blanco, ninguna de ellas, por cierto, pensionada.

El proceso en esta decisión comienza en las jefaturas de zona de la
Guardia Civil. Posteriormente pasan al Consejo Superior de la Guardia
Civil y después a la Dirección General de la Guardia Civil, que traslada
definitivamente al ministro la firma correspondiente. En ninguna de estas
623 cruces ni el ministro ni el secretario de Estado de Seguridad han
hecho una propuesta, ni siquiera han vetado a nadie para que fuese
concedida una medalla de esas características, por una cuestión que en el
fondo probablemente es lo que nos separa a S. S. y a mí. Nuestro grupo
tiene plena confianza en las decisiones que adoptan los órganos
directores de esos cuerpos. De otra forma, estaríamos distorsionando, en
primer lugar, la confianza en los referidos cuerpos y, en segundo lugar,
estaríamos atribuyéndonos competencias que no nos corresponden, porque se
trata de cruces que en el fondo reconocen desde el cuerpo lo que ha
significado una labor ejemplar para el cuerpo de una persona o de una
institución. La confianza es lo que, una vez más reiteraré en el día de
hoy, tiene el Grupo Popular y el Gobierno respecto de la Guardia Civil y
respecto de las decisiones de sus órganos directores. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro de Interior.




-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FUENTES GALLARDO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONOCE EL GOBIERNO LAS RAZONES POR
LAS QUE EXTREMADURA PERMANECIO INCOMUNICADA TELEFONICAMENTE DESDE LA
NOCHE DEL DIA 5 HASTA LAS 15:00 HORAS DEL PASADO DIA 6 DE NOVIEMBRE?
(Número de expediente 180/000886)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 18
en su planteamiento nuevo que formula don Francisco Fuentes Gallardo, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Fuentes.




El señor FUENTES GALLARDO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, sobre las dos de la madrugada del día de las inundaciones
se cortó la comunicación telefónica con Badajoz, y este hecho dificultó
de forma extraordinaria las labores de ayuda a los afectados y aumentó
todavía la inquietud de miles y miles de extremeños que viven fuera de
Extremadura, que escuchaban por la radio lo que estaba sucediendo allí y
no podían contactar telefónicamente.

Por eso le formulo la siguiente pregunta: ¿conoce el Gobierno las razones
por las que Extremadura permaneció incomunicada telefónicamente desde la
noche del día 5 hasta las quince horas del pasado 6 de noviembre?
Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fuentes.

Señor ministro de Fomento.




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El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente. Muchas gracias, señoría.

En el breve espacio de este turno le puedo contestar telegráficamente de
la manera siguiente: a la una y cuarto de la madrugada del día 6 de
noviembre se produjo el hecho más grave, que fue la inundación de la
central secundaria digital de Mérida Proserpina, a través de la cual
salen la mayor parte de las comunicaciones nacionales e internacionales
de la provincia de Badajoz. A las dos y dieciocho horas, debido a un
corrimiento de tierra, se cortó el cable que comunica por fibra óptica
las localidades de Mérida y Badajoz, quedando incomunicadas ambas
ciudades entre sí, y las inundaciones que se fueron produciendo desde el
principio de la noche afectaron directamente, además de a la central
digital de Mérida Proserpina, que es la principal, a las centrales
locales de La Nava de Santiago, Torrefresneda, Cordobilla de Lacara y
Balboa.

La central digital en parte pudo continuar funcionando con las baterías,
pero, consumidas las baterías y no habiéndose restablecido el fluido
eléctrico, tuvo que dejar de realizar la transmisión. Y, finalmente,
existe una duplicación de las estaciones locales con dos estaciones
nodales que están en Sevilla, pero justamente como consecuencia de la
saturación que se produjo al desviarse todas las llamadas hacia esas dos
estaciones nodales, prácticamente fueron muy pocos los usuarios que
pudieron utilizar el teléfono entre la 1 y las 6 de la madrugada en que
empezaron a restablecerse las comunicaciones.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Fuentes.




El señor FUENTES GALLARDO: Una aclaración para muchas señoras y señores
diputados: el problema de las comunicaciones se produce en Mérida, no se
produce en el lugar de las inundaciones más graves, que fue Badajoz. En
segundo lugar, un reconocimiento a los muchos, a los numerosos
trabajadores de Telefónica, que han estado muchas horas intentando
arreglar lo que allí se produjo.

Ahora bien, señor ministro, no hay derecho. No puede ser que en 1997 una
comunidad autónoma esté casi dieciocho horas incomunicada. ¡No hay
derecho! ¿Quién tuvo la feliz idea de enviar el grupo electrógeno desde
Sevilla a Mérida por la Nacional-630, cuando toda España sabía que esa
carretera estaba cortada en tres o cuatro sitios? ¿Por qué no se envió
por un helicóptero o por otro medio aéreo del Ejército? Y ¿cómo se
utiliza la carretera cuando toda España, repito, sabía cómo estaba esa
carretera?
En tercer lugar, la nueva estructuración de Telefónica ha hecho
desaparecer el centro regional de Extremadura; ya no tenemos centro
regional, y como no tenemos centro regional, no tenemos los grupos para
arreglar las averías en instalaciones fijas, y tenemos que recurrir a
León, a Madrid o a Sevilla.

En cuarto lugar, Telefónica no cerró el anillo de fibra óptica. Usted
sabe perfectamente que, si hubiese cerrado el anillo de fibra óptica,
cuando se produce el accidente entre Mérida y Badajoz podía haber salido
por Cáceres, pero no se cerró. Conclusión: en nuestra opinión, señor
ministro, una actitud negativa de Telefónica, que debería preocuparse de
estos temas y no ocupar su tiempo y su dinero en otros temas como los
medios de comunicación.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fuentes.

Señor ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Yo lamento, señoría, el tono final que ha adoptado usted en su respuesta,
porque está fuera del sentido de la responsabilidad que todas las
autoridades autonómicas, locales y centrales han adoptado como
consecuencia de la catástrofe.

Como usted comprenderá, en un supuesto de catástrofe y de catástrofe
natural como la que ha ocurrido, que se produzcan fallos humanos es
absolutamente lógico y natural. Pero le diré que se hizo un gran esfuerzo
por parte de todos los trabajadores, que se fueron restableciendo las
comunicaciones y que no estuvieron dieciséis horas aislados, señoría. En
Badajoz hay 190.879 líneas, y la catástrofe afectó a 36.840, es decir, al
19,30 por ciento. Naturalmente, en la parte que quedó disponible, ya le
he dicho que se produjo una saturación porque las duplicaciones, por
definición, nunca tienen la misma capacidad que la línea principal.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RIOS MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE AYUDAS Y
MEDIDAS URGENTES VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LOS DAÑOS
ECONOMICOS SUFRIDOS POR EL CONJUNTO DEL SECTOR HORTOFRUTICOLA ESPAÑOL
COMO CONSECUENCIA DE LA HUELGA DE TRANSPORTISTAS QUE SE ESTA
Desarrollando EN FRANCIA? (Número de expediente 180/000862)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 12,
que formula el señor



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Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, señora ministra, cada vez que
algo se mueve en Francia, por los problemas internos, algo afecta a
nuestros bolsillos y, sobre todo, añadido a lo que sucedió el año pasado,
en el que de más de 10.000 millones de pesetas valorados aún desconocemos
cuál es su distribución. Las demoras existentes en el pago de las
indemnizaciones al sector hortofrutícola van a provocar y han provocado
ya perjuicios tanto al tráfico como al valor de las mercancías.

¿Qué ayudas y medidas urgentes va a adoptar el Gobierno para hacer frente
a los daños económicos sufridos por el conjunto del sector hortofrutícola
español como consecuencia de las huelgas de transportistas que se han
desarrollado en Francia?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.

Señora ministra de Agricultura.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.

Señor Ríos, veo que ha rectificado el contenido de su pregunta porque,
entre medias, desde su formulación hasta hoy, se ha terminado la huelga
de transportistas en Francia, de lo cual creo que todos nos alegramos.

Aparte de eso, como muy bien ha señalado S. S., Francia es camino casi
obligado para la mayor parte de nuestras mercancías, no sólo del sector
de frutas y hortalizas, sino de todos los sectores, en su distribución a
otras zonas de Europa. Es una cuestión que no sólo afecta a España, sino
que afecta a otra serie de países.

Las medidas que se han venido adoptando han sido: en primer lugar, de
cara a los transportistas afectados, la información en cuanto a la
fórmula para denunciar los quebrantos, las situaciones, para luego poder
reclamar una indemnizaciones del Gobierno francés; la información
suministrada desde nuestra embajada y nuestros consulados; la información
desde el Ministerio de Fomento, en su área de transportes, y también,
obviamente, el asesoramiento jurídico. Además, exponer en Bruselas que
esta cuestión no es un problema bilateral entre Francia y España, sino
que es un problema de la Unión Europea, porque la libertad de tránsito de
personas y mercancías es uno de los elementos básicos en la construcción
europea; y exigir de manera bilateral a Francia que finalizase cuanto
antes esa huelga de transportistas y, sobre todo, que Francia garantizara
el libre tránsito de nuestros transportistas. Y, por otro lado, las
indemnizaciones que, como muy bien ha dicho S. S., en lo que se refiere a
la huelga del año pasado, están pendientes, pero hemos reiterado su
exigencia y, además, el primer ministro francés se ha comprometido a que
en los próximos dos meses van a estar solucionadas y, en cuanto a las que
se han producido este año, tres cuartos de los mismo.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.

Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Vamos a ver, señora ministra, la diferencia entre un buen gobernante y un
mal gobernante no está en la capacidad de iniciativa o en el anuncio de
medidas que se pueden adoptar, sino en la eficacia que éstas van a tener.

Y la verdad es que en este caso llueve sobre mojado; ahora se vuelven a
comprometer a lo que ya se comprometieron el año pasado. Pero lo que
ustedes dijeron el día 3 de noviembre, en medio del conflicto, fue que el
Gobierno español reclamaría al francés responsabilidades por los daños
del paro; y decían que el Gobierno español pedirá a Francia
responsabilidades por los daños directos, principalmente de producción, o
indirectos, en tiempo y molestias, de la huelga de transportistas. Y
decían más: que, junto con el Ejecutivo británico, van a exigir que
asuman estas pérdidas.

Lo cierto es que, al día de hoy, ¿cuántos españoles se han beneficiado,
en qué cuantía? Usted lo ha respondido antes: cero pesetas y cero
cuantía. Mientras tanto, el tratamiento que han recibido nuestros
transportistas ha sido complicado, según lo que decían ellos mismos. La
falta de camiones, decían, obligaba a exportadores a retener toneladas de
frutas y hortalizas en la frontera. Los importadores aprovechaban la
huelga para exigir precios bajos. Por medio, el setenta por ciento de la
flota murciana se encontraba retenida en carreteras, y además se decía
que cada transportista perdía 70.000 pesetas. Se decía que el miedo era
un compañero de ruta.

En suma, señora ministra, yo estoy convencido de que cuando cualquier
tema va a afectarnos hacia adelante, en la Unión Europea no nos ha
servido. Nos ha servido para conseguir el euro, pero para superar esto no
nos ha servido.

Lo cierto y verdad es, primero, que en cada conflicto nosotros perdemos
en mercancías, en mercado, en precio de esas mercancías, perdemos en
mermas y en los gastos que los exportadores tienen que dar a lo que son
las cargas de transportes.

En todo caso, a mí me gustaría que usted presentara más logros que
demandas y en este caso más eficacia de la que nos ha podido aportar.

¿Nos puede decir algo más de lo que ya nos ha dicho?



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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.

Señora ministra de Agricultura.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): En primer lugar, si se ha terminado la huelga en Francia
y si el Gobierno francés ha forzado el finalizar esta huelga cuanto antes
ha sido, entre otras cosas, gracias a las presiones del Gobierno español,
no sólo frente a Francia, sino a través de la Unión Europea junto con
otros países de la misma.

En segundo lugar, previo a la huelga ese fin de semana permitimos que
circularan los caminones, lo cual supuso un abastecimiento extraordinario
de los mercados; se terminó antes de una semana la huelga y los efectos
han sido relativamente reducidos, dentro de que existen, pero menores.

En cuanto a las indemnizaciones, el Gobierno español está exigiendo su
cumplimiento por parte del Gobierno francés, que nos ha garantizado, como
le he dicho, que antes de dos o tres meses estará concluido su pago.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.




-- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿LA APROBACION Y PUBLICACION DEL
PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES, QUE EFECTOS PRODUCE EN LA FINANCIACION DE
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS? (Número de expediente 180/000869)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 20,
que formula la señora Rubiales Torrejón, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Señora Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Rajoy, hoy no le voy a preguntar por cuánto cuesta el
sistema de financiación autonómica, aunque si me lo quiere contestar
tampoco crea usted que me preocupo. Hoy querría que me dijera con
claridad qué efectos produce la aprobación y publicación del padrón
municipal de habitantes en la recaudación por las comunidades autónomas
de los impuestos estatales no cedidos. Explíqueme usted por qué el pasado
28 de octubre aprobaron en Pleno una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista que, recogiendo una enmienda transaccional de su
grupo, decía que la población tendría efectos en la financiación de las
comunidades autónomas, y a la semana siguiente votan en contra de una
enmienda socialista a los presupuestos generales del Estado que pretendía
justamente eso. Señor Rajoy, ¿cuándo dijeron la verdad, en el Pleno del
Congreso del 28 de octubre o en la Comisión de Presupuestos del 5 de
noviembre? En cualquier caso, señor Rajoy, ¿qué efectos produce la
aprobación del nuevo padrón municipal de habitantes en la financiación de
las comunidades autónomas?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rubiales.

Señor ministro de Administraciones Públicas.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.

Usted, señora Rubiales, hasta ahí podríamos llegar, pregunta lo que
quiera, ¡faltaría más!, y yo respondo, como es natural y como siempre
hago, la verdad. ¿Efectos que produce? Ninguno; se lo he dicho ya más de
una vez.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señora Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJON: Señor Rajoy, la diferencia entre hoy y otros
días es que usted ha estado parco en sus palabras, ahora vendrá la
siguiente respuesta. Pero usted, señor Rajoy, hoy como siempre ha
escamoteado la verdad. En cada momento dice lo que le conviene. Podríamos
encargar varias tesis doctorales en torno a por qué en un momento dicen
una cosa y en otro otra.

En la proposición no de ley hablaban de los efectos pertinentes. En otras
ocasiones usted me ha dicho, y los miembros de su departamento también,
que lo han dicho así los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que parece que en ocasiones son la verdad revelada para
usted.

Señor Rajoy, solamente le digo una cosa muy clara y muy sencilla: léase
usted y léanos aquí despacio el artículo 13 de la Lofca, que es
meridianamente claro al respecto; léalo bien, señor Rajoy. La población
es un dato objetivo que se evalúa y aprueba de una determinada manera y
que produce los efectos que en cada caso establecen las leyes. En
democracia, señor Rajoy, los derechos no son negociables y las cláusulas
nulas se tienen por no puestas. La realidad es la que es y no puede
desvirtuarse según convenga. Señor Rajoy, ¿es así como fomentan ustedes
la natalidad? ¿Es así como gobiernan España, señor Rajoy? Así nos van las
cosas.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rubiales.

Señor ministro de Administraciones Públicas.




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El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.

Permítame que inicie mi turno agradeciendo a la señora Rubiales las
lecciones de democracia; siempre son bienvenidas. En cualquier caso,
también quisiera manifestar mi sorpresa porque la señora Rubiales siga
preguntándome sobre este asunto en el Congreso, porque ha comenzado
diciendo: usted, como siempre, escamotea la verdad. Si siempre escamoteo
la verdad, no sé para qué me pregunta, porque supongo que usted me
preguntará porque desconoce algo y quiere que le responda, pero si no me
cree, ¿para qué me pregunta? En cualquier caso, siempre me da usted
oportunidad para explicar, y lo voy a hacer una vez más, el modelo de
financiación.

La financiación autonómica se reparte en base a unas variables, las
ponderaciones de las variables y unos valores; esas variables, esas
ponderaciones y esos valores se pactan en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. ¿Cuáles son las variables? La población y otras que usted
conoce. ¿Cuáles son las ponderaciones? En las comunidades del 151 la
población pondera el 94 por ciento y otras variables otra cantidad; en
las del 143 solamente el 64 por ciento. ¿Cuáles son los valores? También
los que se han acordado: en el caso de la población, el valor 1988. Por
tanto, eso es lo que se ha pactado y lo que se ha acordado, que es
exactamente lo mismo que se pactó cuando se aprobaron los dos modelos de
financiación anteriores.

¿Qué ocurrirá en el futuro? Mire usted, a lo mejor la población pondera
más, a lo mejor pondera menos, incluso puede no ponderar nada; ya veremos
qué ocurre cuando se debata el nuevo modelo de financiación autonómica.

¿Qué ocurre aquí? Lo que todos ya sabemos, que la consejera de Economía y
Hacienda del Gobierno de Andalucía se ha equivocado, creyeron que el
modelo de financiación era malo para ellos; ahora todo el mundo, incluso
el informe Pi i Sunyer, del cual le voy a hacer entrega y que ha
redactado un prestigiosísimo militante del Partido Socialista, dice que
una de las comunidades más beneficiadas por el modelo de financiación
sería Andalucía, si lo aceptan.

Por eso, recomiendo una vez más a la Junta de Andalucía que lo acepten y
le recomiendo a usted que me haga caso a mí, que sé más de esto que la
señora consejera de la Junta de Andalucía y que, por tanto, le pregunte a
ella, a través lógicamente de un intermediario en el Parlamento andaluz,
por qué no acepta un modelo y está provocando que la Junta de Andalucía
pierda alrededor de 10.000 o 12.000 millones de pesetas al año. Ese es el
tema. ¡Qué le voy a hacer!
En cualquier caso, me gustaría que me siguiera preguntando sobre esto o
sobre cualquier tema, porque me permite ilustrarle sobre los mismos.

Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.




-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA FERNANDA FARALDO BOTANA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
EXPLICAR EL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO EL PLAN INTEGRAL DE
ATENCION A LA MUJER QUE SE VA A IMPLANTAR EN EL TERRITORIO DEL INSALUD?
(Número de expediente 180/000878)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 29,
que formula la señora Faraldo Botana, del Grupo Parlamentario Popular.

Señora Faraldo.




La señora FARALDO BOTANA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Sanidad y Consumo, hace tiempo ya que la asistencia
sanitaria se orienta de manera importante a la prevención de la salud y
no sólo hacia la curación. Este enfoque preventivo, que progresivamente
va consolidándose en la cultura ciudadana, hace comprensible ya que una
determinada dieta, realizar ejercicio moderado y evitar la ingestión de
agentes nocivos, como el tabaco y el alcohol, se entienda por todos como
algo beneficioso que va a prolongar la vida y a permitir una mejor
calidad de la misma, pues cuidando aspectos tan elementales como los
citados estamos colaborando en la prevención de múltiples problemas de
salud.

Así, la atención primaria fundamenta sus funciones para con los
ciudadanos en la prevención, estableciendo programas que abordan, de
forma integral determinados problemas, actuando desde antes de su
aparición hasta su curación, incorporando para ello las actuaciones
coordinadas de distintos profesionales sanitarios, no sólo del mismo
nivel de atención, sino que en muchos programas se incluyen actuaciones
de profesionales de atención primaria y especializada, como por ejemplo
el programa de atención al niño, a los diabéticos, a los hipertensos,
etcétera.

En este sentido, se ha venido demostrando que las diferentes etapas
biológicas de la mujer tienen unas determinadas demandas sanitarias en
las que la prevención supone un importante incremento de su calidad de
vida. Aunque hay que reconocer los aciertos que ha habido hasta ahora en
esta dirección, se venía echando de menos un programa, un plan continuado
en el que quedaran recogidas esas distintas necesidades y la cobertura de
las mismas.

Por estas razones, teniendo conocimiento de la próxima puesta en marcha
por su departamento de un plan integral de atención a la mujer, le
pregunto. ¿Puede



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explicar el señor ministro el plan integral de atención a la mujer que se
va a implantar en el territorio Insalud?
Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Faraldo.

Señor ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.

Contesto con mucho gusto a su pregunta, señora diputada. El objetivo del
plan de prevención en la mujer es unificar y reforzar las actuaciones
sanitarias relativas a la salud de las mujeres. Para ello se tratará de
coordinar al máximo los recursos de todas las comunidades autónomas e
instituciones que realizan algún tipo de actividad asistencial en
relación con este colectivo.

Dicho plan se desarrollará en el territorio del Insalud, en el próximo
bienio, va a suponer una inversión adicional de 7.000 millones de pesetas
y se compone básicamente de cuatro programas. Uno tiene por objeto
mejorar la información sobre métodos anticonceptivos; otro, potenciar la
atención en el embarazo, parto y puerperio; un tercero, la detección y
atención precoz del cáncer ginecológico, concretamente de mama,
endometrio y cérvix; por último, un cuarto, los cuidados en la
menopausia.

El programa dirigido a mejorar la información sobre métodos
anticonceptivos tiene como objetivo facilitar la maternidad responsable y
el embarazo deseado entre las mujeres de edades comprendidas entre los 15
y los 49 años.

El programa dirigido a potenciar la atención en el embarazo, parto y
puerperio, tiene por objeto garantizar el mantenimiento de la muy
reducida tasa de mortalidad que existe en la actualidad --doce por año--,
y ampliar y mejorar las actuaciones relativas al seguimiento y
preparación al parto. Asimismo, el Insalud extenderá en 1998 la oferta de
anestesia epidural al 40 por ciento de las mujeres, hasta llegar al cien
por cien en los dos años siguientes. Para ello se trabaja con las
sociedades científicas de anestesia y ginecología.

El programa de detección precoz del cáncer de mama --quizás el más
ambicioso de los cuatro que integran el plan-- pretende reducir la tasa
de incidencia del tumor más agresivo entre la población femenina y que
afecta a 28,2 por cada 100.000 mujeres. El objetivo de este programa es
ofertar la realización de mamografías cada dos años, a las mujeres en
edades comprendidas entre 50 y 64 años. Para conseguir este objetivo, el
Insalud va a realizar una campaña de captación de mujeres en edad de
riesgo, a través de su red de atención primaria. Para reducir la
incidencia del cáncer de endometrio, el Insalud realizará pruebas
diagnósticas sobre un total de 2.637.000 mujeres mayores de 50 años. Por
último, se revisará la presencia de cáncer de cérvix en mujeres de edades
comprendidas entre 35 y 64 años.

El último programa se refiere a los cuidados en la menopausia. Se trata
de prestar una atención especial a la mujer en ese período crítico de su
vida.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




-- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE
EXPLICAR EL GOBIERNO CUAL ES LA SITUACION ACTUAL DEL OBJETIVO DEL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO DE IMPULSAR LA FABRICACION, REGISTRO Y
UTILIZACION DE MEDICAMENTOS GENERICOS? (Número de expediente 180/000879)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 30
que formula la señora Fernández de Capel, del Grupo Parlamentario
Popular.

Señora Fernández de Capel.




La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Sanidad y Consumo, la utilización e impulso de la
fabricación de genéricos con el necesario control de bioequivalencia y
garantías de todo tipo que se sería prolijo enumerar hoy aquí, sabemos
que es un objetivo de su Ministerio en aras de racionalizar el uso del
medicamento al amparo siempre de la ley. Sabemos que el Ministerio ha
emprendido seriamente esta tarea y querríamos que informase hoy a la
Cámara. Por ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿cuál es la situación
actual de este objetivo ministerial de impulsar la fabricación, registro
y utilización de medicamentos genéricos en nuestro país?
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández de Capel.

Señor ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.

Como muy acertadamente señala S. S., el impulso de la fabricación y
consumo de medicamentos genéricos constituye uno de los instrumentos que
hay que manejar para controlar el crecimiento del gasto farmacéutico.

Para impulsar su fabricación, registro y uso fue necesario modificar la
Ley del Medicamento, estableciendo en primer término una definición de
medicamento genérico que no aparecía en dicha ley, y fijando



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el procedimiento para su evaluación, registro y autorización. Esto tuvo
lugar a través de la ley de medidas de acompañamiento del año pasado, y
de la circular 3/1997, de la Dirección General de Farmacia.

La situación del registro y autorización de especialidades farmacéuticas
genéricas a 31 de octubre es la siguiente: se han presentado a registro
340 especialidades, han sido evaluadas 178 y están en fase de evaluación
162. De las 178 evaluadas han sido rechazadas 76 y tienen informe
positivo 102. De estas 102 con el informe positivo, 14 han obtenido ya
autorización de comercialización, 46 han obtenido el conforme sanitario y
42 están pendientes de obtenerlo en breve plazo. Por tanto, podemos
resumir que en la actualidad hay 102 especialidades genéricas evaluadas
favorablemente, que se corresponden con 29 principios activos. Los 29
principios activos que se van a formular como especialidades genéricas
tienen una cota de mercado de 143.000 millones de pesetas, cifra ésta que
representa el 17,4 por ciento sobre el total de ventas a la Seguridad
Social a través de oficinas de farmacia en el año 1996. Entre este
conjunto de principios activos, es de resaltar que se encuentran algunos
que figuran entre los de mayores ventas y con más de 10 años en el
vademécum nacional, tales como la ranitidina, con 23.700 millones de
ventas, y captopril, con 14.393.

Teniendo en cuenta la respuesta que estamos obteniendo del sector
farmacéutico, podríamos confirmar la previsión de que a final de año
estén aprobados entre 80 y 100 medicamentos genéricos, y en un plazo de
cinco años se puedan conseguir ahorros cercanos a los 70.000 millones de
pesetas.

Como ustedes saben, para la introducción de estos medicamentos es
necesario contar también con otras medidas complementarias, como la del
sistema de precios de referencia, que está también en marcha, y contar
con la colaboración de los profesionales de la medicina, que tratamos de
conseguir por todos los medios.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON MARIO MINGO ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LAS GUARDIAS DE LOS FACULTATIVOS MAYORES DE 55
AÑOS? (Número de expediente 180/000880)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 31,
que formula el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Mingo.

El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Sanidad y Consumo, la legislación actual permite a los
médicos, al alcanzar los 55 años de edad, renunciar de manera voluntaria
a realizar las guardias hospitalarias que, como usted bien conoce, a
determinada edad implican un considerable sobresfuerzo físico y una
indudable tensión derivada de una asistencia ininterrumpida durante 24
horas. Sin embargo, son muy pocos los facultativos que en el día de hoy
pueden acceder a ese derecho, porque si lo hicieran verían mermados sus
ingresos mensuales en un porcentaje que oscila entre el 25 y 30 por
ciento de su salario mensual.

Desde hace bastante tiempo, hay unanimidad a la hora de considerar que
éste es un problema que hay que resolver. Se han propuesto distintas
alternativas, pero hasta el momento no se ha adoptado ninguna solución
definitiva. Por ello, formulo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas piensa
adoptar el Gobierno para solucionar las guardias de los facultativos
mayores de 55 años?
Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mingo.

¿Señor ministro de Sanidad y Consumo?



El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.

Efectivamente, hasta ahora, la participación en los turnos de guardia era
obligatoria, si bien la normativa existente permitía la renuncia
voluntaria en algunos supuestos. Lo cierto es que, como muy bien señala
S. S., esta normativa no se aplicaba, porque si los médicos renunciaban a
las guardias perdían ingresos muy importantes y, por otra parte, la
aceptación de la renuncia estaba condicionada a las necesidades del
servicio y no había ningún instrumento que permitiera sustituir a estos
facultativos en las guardias, con lo cual y por las dos razones, en la
práctica esta renuncia no tenía lugar y los facultativos se veían
obligados a seguir haciendo guardias por encima de los 55 años.

Había que solucionar este problema y en la mesa sectorial se llegó
oportunamente a los acuerdos consiguientes con las centrales sindicales
Cesmsatse y Comisiones Obreras, el 21 de julio de 1997. Ese acuerdo
afecta a los facultativos de atención especializada del Insalud mayores
de 55 años, y en virtud del mismo los facultativos que renuncien a las
guardias podrán hacer trabajos en módulos de tarde con los cuales
obtengan una retribución similar a la que pierden dejando de hacer las
guardias. Por otra parte, en la ley de acompañamiento a los presupuestos,
que está en trámite en esta Cámara, se encuentra un precepto que recoge
la posibilidad de realizar nombramientos de facultativos para la
prestación de servicios de atención



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continuada en las instituciones sanitarias del Insalud, pudiendo de esta
manera efectuarse nombramientos para sustituir a aquellos facultativos
mayores de 55 años que soliciten la exención de la realización de
guardias, garantizándoles el ejercicio efectivo del derecho a la renuncia
de las guardias, con lo cual se resuelven los dos problemas que impedían
la aplicación de la normativa anterior: por una parte, se ofrece a los
facultativos retribución en función de unos módulos de jornada de tarde,
y por otra parte se autoriza al Instituto Nacional de la Salud para
contratar sustitutos de estos facultativos que puedan realizar las
guardias que dejan de hacer ellos y no se lesione el funcionamiento de
los servicios.

Nada más, señor presidente, y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON PABLO MARCIAL IZQUIERDO JUAREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE
CONSISTE LA REFORMA DE LA COMISION EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS, ACORDADA
EN LA SEGUNDA CUMBRE DEL CONSEJO DE EUROPA? (Número de expediente
180/000881)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número 32,
que formula el señor Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, esta mañana, en la Casa de América, el Comité
Español de Ayuda al Refugiado, CEAR, presentaba su campaña 1997 para
denunciar, como sabe muy bien el ministro puesto que estaba allí, la
explotación del trabajo infantil. En este acto, señorías, se recordaba y
evocaba la figura de Juan María Bandrés, yo quiero hacerlo también en
este Pleno, y con él, con la figura de Juan María Bandrés, a cuantos como
él piensan y pensamos que la democracia tiene que ser en nuestra sociedad
un proyecto permanente. Así lo pensó, señorías, aquel grupo de países
que, después de la segunda gran guerra, constituyeron el Consejo de
Europa frente a las dictaduras totalitarias. Desde entonces Europa, el
concepto de Europa, el concepto de ser europeos está íntimamente ligado a
la defensa de la democracia, de la libertad y, sobre todo, de los
derechos humanos.

En fin, señor ministro de Asuntos Exteriores, derrumbadas las dictaduras
totalitarias, caído el muro de Berlín, el Consejo de Europa acomete
importantes reformas para acoger a estas nuevas democracias europeas y
seguir asegurando en el futuro los valores de la libertad.

¿En qué consiste, señor ministro, la reforma de la Comisión Europea de
Derechos Humanos acordada en la segunda cumbre del Consejo de Europa
celebrada el pasado día 11 en Estrasburgo?
Gracias, señor ministro. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.

Señor ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, como muy bien acaba de afirmar S. S., el Consejo nació hace
cerca de 50 años en una Europa dividida, con sistemas políticos
enfrentados y con una situación social y política ciertamente muy
distinta de la que vivimos hoy. Ahora, el Consejo de Europa tiene ante sí
la ilusionante tarea de reorganizar sus estructuras para dar respuesta a
la nueva realidad de nuestro continente, un Consejo de Europa donde están
representados cuarenta Estados, que abre sus puertas a 400 millones de
ciudadanos y que, por tanto, necesita unas instituciones más ágiles y
eficaces que las que se crearon hace decenios.

Como saben SS. SS., el Consejo de Europa tiene un instrumento principal
en su ámbito normativo que es la Convención Europea de Derechos Humanos.

El mecanismo de toma de decisiones actuante hasta ahora había quedado
saturado. En 1993, la duración media de tramitación de un caso era de más
de cinco años, cuatro años y tres meses en la Comisión y un año y cinco
meses en el tribunal, aproximadamente. El protocolo número 11 aprobado
ahora, fusiona a la Comisión y al Tribunal en un solo órgano, el
Tribunal, que actuará en comités, salas y gran sala y de modo permanente.

El Tribunal podrá recibir directamente reclamaciones de particulares sin
el previo consentimiento de un Estado miembro. Además, se crea la figura
del comisario para los derechos humanos, que complementará la Corte única
con una acción ejecutiva sobre el terreno. Esta figura del comisario
puede convertirse en un instrumento fundamental de la acción del Consejo
de Europa interviniendo con prontitud en los casos de violaciones y
controversias; promoverá el respeto de los derechos establecidos en la
convención.

Finalmente, el Gobierno español considera que esas reformas permitirán al
Consejo de Europa adaptarse a los nuevos tiempos y aumentar su grado de
protección sobre los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos
europeos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




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-- DEL DIPUTADO DON JOSE RAMON PASCUAL MONZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO AFECTARAN LAS
DECISIONES ADOPTADAS EN LA SEGUNDA CUMBRE DEL CONSEJO DE EUROPA A LAS
OBLIGACIONES E INTERESES DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000882)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 33, que formula al Gobierno el
diputado don José Ramón Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Señor presidente, señorías, señor ministro, el
pasado mes de octubre el presidente del Gobierno español asistió en
Estrasburgo a la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del
Consejo de Europa. Esta institución europea, como muy bien acaba de decir
el señor ministro, es la más antigua de las existentes en Europa, es uno
de los motores del complejo proyecto de la unidad europea y cuenta, como
muy bien ha dicho también el señor ministro, con cuarenta países europeos
como miembros de pleno derecho, incluyendo a Rusia y a varios países de
la Europa central y oriental. Es por tanto, señorías, una organización
verdaderamente paneuropea y las decisiones que se toman en sus cumbres
tendrán consecuencias muy importantes para el continente.

Esta segunda cumbre del Consejo de Europa abarcó una amplia gama de
problemas, los cuales deberán ser afrontados por España y por los demás
países para mejorar la vida tanto de los españoles como de sus
conciudadanos europeos. La cooperación entre países, señorías, afecta a
cuestiones tan variadas como el respeto de los derechos humanos, la
protección de la infancia, la lucha contra la corrupción y el terrorismo,
las nuevas tecnologías de la información o bien la difusión de los
valores democráticos; por tanto, señorías, cuestiones que se verán
reforzadas en estos momentos como consecuencia de la declaración final y
del documento adoptado en esta cumbre.

En relación a este campo tan amplio de temas europeos le formulo la
siguiente pregunta, señor ministro. ¿Cómo afectarán las decisiones
adoptadas en la segunda cumbre del Consejo de Europa a las obligaciones e
intereses de España?
Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pascual.

Señor Ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
la contestación a la pregunta del señor Pascual me permite en efecto
completar la respuesta que antes he tenido el gusto de formular a
requerimiento de don Pablo Izquierdo, que se refería a la Convención de
Derechos Humanos de la Comisión Europea.

Respecto a esta segunda cumbre, repondiendo al señor Pascual, he de decir
que aprobó dos documentos: la declaración final y al plan de acción. La
declaración trata un inventario de los temas que resumen el interés de la
institución hacia el siglo XXI en un nuevo contexto, en que el Consejo de
Europa, como ya decíamos, engloba la práctica totalidad de los Estados
europeos. Sus objetivos principales son, en primer lugar, la estabilidad
de Europa, que se refuerza, obviamente, con la promoción y el respeto de
los derechos humanos y la democracia pluralista. En segundo lugar, la
cohesión social que constituye una exigencia primordial en la nueva
Europa ampliada y, en tercer lugar, reconoce la preocupación de los
ciudadanos ante las amenazas a su seguridad.

El segundo documento --sigue la declaración-- es el plan de acción que
establece las grandes líneas de trabajo del Consejo de Europa para esos
próximos años y hace una reflexión sobre la propia reforma del Consejo de
Europa. El plan de acción cita el Convenio de Oviedo sobre derechos
humanos y biomedicina y extiende el mandato para que el comité de
ministros adopte un protocolo adicional prohibiendo la clonación de seres
humanos. Se renovó, por otra parte, la firme condena del terrorismo y se
determinó la firme voluntad de utilizar plenamente los medios existentes
para luchar contra esta amenaza al respeto de la legalidad y de los
derechos humanos, que es el terrorismo. Ahora se estudia en Estrasburgo,
en la sesión del Comité de ministros, cuál será el proceso de
cumplimiento de estos acuerdos, así como la creación de un comité de
sabios que impulse ese principio de reforma del Consejo de Europa a que
antes me he referido.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Asuntos
Exteriores.




-- DEL DIPUTADO DON JESUS CALDERA SANCHEZ-CAPITAN DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA. ¿RECONOCE, POR FIN, EL GOBIERNO SU
RESPONSABILIDAD EN LA QUERELLA CRIMINAL CONTRA SOGECABLE, QUE HA SIDO
ARCHIVADA POR LA AUDIENCIA NACIONAL? (Número de expediente 180/000863)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula el diputado don
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Socialista.

Señor Caldera.




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El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, presidente.

Los responsables de la empresa Sogecable no han cometido delito alguno;
ésta es la verdad judicial, pero ya lo sabíamos. Hace seis meses, un
informe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía ya lo reconocía. Sin
embargo el señor Fungairiño, fiscal nombrado por ustedes, persiguió a
partir de ese momento criminalmente a esta empresa; y el señor Cardenal,
fiscal del Estado nombrado por ustedes, reconoció en esta Cámara, señor
Alvarez-Cascos, el día 8 de octubre, a preguntas de la diputada señora
Fernández de la Vega, que conocía a fondo y avalaba el desarrollo de la
instrucción. Y lo que es más grave, señor vicepresidente del Gobierno, el
señor Ortega, decano del Colegio de economistas de Madrid, declaró
textualmente --y leo-- ante el juez Gómez de Liaño. El fiscal le pregunta
en qué se ha basado para la redacción del informe, a lo que responde
--después de interesarse quién ha encargado el informe-- del siguiente
modo: Ha realizado las notas de referencia a petición de un secretario de
Estado, con carácter técnico, en papel blanco y sin firmar.

Yo le pido que no busque excusas ni mire al pasado; no use una de sus
respuestas clásicas. A usted le han elegido para responder de sus actos.

Dígame, por fin, ¿reconoce su Gobierno, señor vicepresidente,
responsabilidad en esta querella?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.

Señor vicepresidente primero del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, el Gobierno no
tiene ninguna responsabilidad, absolutamente ninguna, en el asunto por el
que usted de nuevo, en nombre de su grupo, se interesa. Como no es la
primera vez que su grupo se interesa sobre este asunto, usted ya sabía de
antemano la respuesta y, por tanto, no le importaba el contenido de la
misma; la finalidad de la pregunta era repetir exactamente el mismo
discurso que en cinco ocasiones ya han hecho en el ámbito parlamentario,
legítimamente pero reeditando en cinco ocasiones un argumento del que
conocen de antemano la respuesta. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.

Señor Caldera.




El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor presidente.

Me lo esperaba. ¡Qué poca credibilidad! (Rumores.) Una acusación tan
grave exige una respuesta del Gobierno. Yo le pregunto, señor
vicepresidente: ¿por qué no se querellan ustedes contra quien les acusa,
contra el señor Ortega? Eso les daría credibilidad.

Ustedes han perseguido a los titulares de esta empresa, grupo Prisa, por
tierra, mar y aire, porque consideran que su actitud es crítica al
Gobierno, tan saludable por otra parte en toda democracia.

Nosotros esperábamos esta reacción. Mire usted qué comportamiento han
tenido. Diputados de su grupo siguen ratificándose en acusaciones tan
graves como la apropiación indebida, excusas ante el respeto a la
independencia de la justicia que suenan a escasas, sonrisas que se nos
aparecen como hipócritas. Señor vicepresidente, no le damos credibilidad
alguna. Por tres veces en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados le
hemos requerido acerca de su responsabilidad. Usted como Pedro en tres
ocasiones ha negado. (Rumores.) Cantó el gallo después demostrando la
falsedad y aquí, señor vicepresidente, no lo dude, habrá una demostración
en su momento de la responsabilidad de su Gobierno en el atentado a la
libertad, contra la libertad de empresa y el daño patrimonial que se ha
hecho a quien no se debía, sólo por tener un espíritu crítico con su
Gobierno. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera. Señor vicepresidente del
Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señoría, es la quinta vez que su grupo
plantea esta cuestión en sede parlamentaria y, por tanto, no les interesa
la respuesta porque saben que se va a repetir. (El señor Cercas Alonso:
Será verdad.) Lo que les interesa es permanente acreditar su capacidad
para defender los intereses del grupo PRI, sociedad anónima, urbi et
orbe. (Rumores.) Lo hacen, además, en un momento que ejercen la oposición
a un Gobierno que está ampliando el número de televisiones locales, el
número de televisiones de pago digitales, el número de operadores de
telecomunicación, el número de operadores de cable. A ustedes en este
momento, señoría, lo único que les preocupa es el interés del grupo PRI,
sociedad anónima. (Rumores.)
Señor Caldera, no sé si se están dando cuenta, pero a ustedes que les
gustan los ejemplos o los símiles futbolísticos (Continúan los rumores.)
da la sensación por la reiteración con que lo vienen haciendo, de que
ustedes cada miércoles vienen a esta Cámara con las siglas en la camiseta
del grupo PRI, sociedad anónima, que es su sponsor parlamentario.

Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien! Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.




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-- DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE OPINION LE MERECE AL VICEPRESIDENTE
PRIMERO DEL GOBIERNO LA SUSTITUCION MASIVA DE PRESTIGIOSOS PROFESIONALES
EN LA GESTION Y PROGRAMAS DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (RNE)? (Número de
expediente 180/000833)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14 que formula al Gobierno el
diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Socialista.

Señor Villarrubia.




El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.

Señor Alvarez-Cascos, por fin va a dar la cara contestando a esta
pregunta reiteradamente censurada. El Gobierno del Partido Popular se
está caracterizando por la continua persecución hacia toda persona o
medio que considera discrepante, sea público o privado. Esta forma de
actuar, propia de la derecha autoritaria y caciquil (Fuertes rumores.),
la han aplicado también en Radio Nacional de España, donde han cesado o
prescindido de todo profesional sospechoso de no ser afín al Partido
Popular. El respeto al pluralismo político debe ser la primera nota
característica en cualquier medio de comunicación público en un Estado
democrático; su Gobierno atenta contra este principio básico.

Ante esta grave situación, le pregunto, señor Alvarez-Cascos: ¿qué
opinión le merece al señor vicepresidente primero del Gobierno la
sustitución masiva de prestigiosos profesionales en la gestión y
programas de Radio Nacional de España?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia.

Señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): El señor diputado sabe que las decisiones por
las que se interesa en su pregunta son responsabilidad de los órganos de
dirección del Ente Público Radiotelevisión Española en el ámbito de sus
competencias y su autonomía y que, por tanto, el Gobierno no ha formulado
ni va a formular ningún tipo de opinión al respecto, salvo considerar que
se han hecho las renovaciones oportunas en el momento en que lo hace el
resto de las cadenas de radiodifusión con las que compite Radio Nacional.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Señor Villarrubia.

El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.

Señor Alvarez-Cascos, que usted niegue la evidencia y que mienta en el
Parlamento no es una novedad. (Rumores y protestas.) Lo que hoy es de
interés general, mañana no lo es, y a la inversa, según a usted y al
señor Aznar les convenga. Ustedes han nombrado director de
Radiotelevisión Española, tal como habían prometido, a una persona
rabiosamente independiente (Rumores.), con el enorme prestigio
profesional del señor López-Amor. Sus continuas actuaciones, por lo
burdas, sectarias y partidistas, confirman lo que venimos denunciando los
socialistas: la persecución, la arbitrariedad, el caciquismo y el ataque
a las libertades. (Rumores.) Ustedes han cesado a casi todos los
profesionales --muchos de reconocido prestigio-- en Radio Nacional de
España por motivos exclusivamente políticos. Ustedes no respetan el
pluralismo y manipulan la información, las tertulias y el conjunto de los
programas. Ustedes sólo promocionan a profesionales amigos, de medios
afines, y así condicionan de forma activa la libertad ideológica. Ustedes
han hecho una auténtica purga en Radio Nacional de España. Esta actitud
de persecución del discrepante y de intento de control absoluto del poder
mediático, por medio del Partido Popular y del Gobierno, hace que ustedes
sean un auténtico peligro para la consolidación del sistema de libertades
en España. (Rumores.--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villarrubia. Señor vicepresidente del
Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente. Ya he dicho que
ésta era una cuestión de la exclusiva competencia de los órganos de
Radiotelevisión Española y, en su nombre, el director general me envía la
siguiente respuesta, que, con mucho gusto, le traslado al señor diputado:
En relación con los cambios realizados en Radio Nacional de España en la
programación y sustitución de profesionales, te manifiesto que en el
pasado mes de septiembre, como sucede en todas las emisoras de radio y
televisión del país, se ha puesto en marcha una nueva programación de
Radio 1, consistente básicamente en la modificación de los programas
magazine, en busca de una mejor calidad y un mayor respaldo de la
audiencia, manteniéndose los esquemas de Radio Clásica, Radio 3, Radio 5,
todo noticias, y Radio Exterior de España.

En las funciones de dirección-presentación de Radio 1 están implicados
unos 40 profesionales, de los que han sido incorporados como nuevos
comunicadores, con esa responsabilidad, únicamente seis personas. Los
ceses de personal directivo se producen al amparo de la disposición
general de 1 de diciembre de 1986, sobre el régimen del personal
directivo, que, en su artículo 1.º, indica que



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todos los cargos directivos tienen carácter de confianza y son de libre
designación. Los motivos por los que se producen los ceses en Radio
Nacional de España pueden ser por nombramiento en otro puesto, por
petición del interesado y por pérdida de confianza o deficiencia en la
gestión. Los relevos o ceses que se han producido en responsabilidades de
gestión no pueden, en ningún caso, calificarse como masivos, sino que se
han realizado aquellos que se han considerado necesarios para afrontar
una etapa que se ha iniciado con el objetivo de conseguir los mejores
resultados posibles en la gestión del servicio público de radiodifusión,
y en la que se tiene como denominador común el contar con los mejores
profesionales. En todo caso --y recalco esta frase--, señor diputado, los
cambios producidos en Radio Nacional de España son, en número, muy
inferiores a los producidos en etapas anteriores en idénticas
circunstancias.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente. (Rumores.--La señora
Mendizabal Gorostiaga pronuncia palabras que no se perciben.)
¡Señora Mendizabal!



-- DEL DIPUTADO DON SERGIO MORENO MONROVE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿COMPARTE EL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL
GOBIERNO LAS AFIRMACIONES DEL PORTAVOZ DEL PARTIDO POPULAR EN EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS, EL SEÑOR AGUIRRE, Y DE OTROS PORTAVOCES DE SU PARTIDO,
SOBRE EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS RELATIVO A LA EXPO'92? (Número
de expediente 180/000864)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula el diputado don
Sergio Moreno Monrove, del Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Moreno.




El señor MORENO MONROVE: Muchas gracias, señor presidente.

El señor Aguirre, portavoz del Partido Popular, ha dicho, en relación al
informe del Tribunal de Cuentas sobre la Expo, que los socialistas
tendrán que devolver todo el dinero que se han llevado. ¿Comparte el
señor vicepresidente primero del Gobierno estas afirmaciones y otras de
otros portavoces del Partido Popular del mismo tenor?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moreno.

Señor vicepresidente del Gobierno.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.

Señoría, como ya he contestado en otras ocasiones a preguntas de similar
contenido, como miembro del Gobierno no opino sobre opiniones de terceras
personas. En este caso, tratándose además de un diputado, tiene todavía
menos sentido porque el Gobierno no se dedica a controlar las opiniones
de los miembros de los grupos parlamentarios, ya que son ellos quienes
justamente tienen la genuina función de controlar al Gobierno.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Señor Moreno.




El señor MORENO MONROVE: Muchas gracias, señor presidente.

No esperaba menos de usted, señor Cascos. No hay en todo el informe del
Tribunal de Cuentas ni rastro de desviación de dinero público (Rumores.),
ni rastro de que falte una sola peseta, ni rastro de fraude o agujero
alguno. (Un señor diputado: Treinta y cinco mil millones.) No hay en el
informe, señor vicepresidente, ilegalidad respecto al dinero empleado. Le
estoy diciendo lo que también han dicho los consejeros del Tribunal de
Cuentas, saliendo al paso de las falsedades dichas por portavoces de su
partido, señor vicepresidente.

Lo que ustedes han dicho es que los socialistas se han llevado el dinero
y que tendrán que devolverlo. Han intentado difamar al PSOE y a los
antiguos responsable de la Expo con un ejercicio deliberado de cinismo y
de manipulación, con el objeto de calumniar, ayudándose de una agencia
pública de noticias y mintiendo con un descaro que sonroja. Con las
cuentas de la Expo ustedes vuelven a hacer acusaciones gravísimas a los
socialistas, acusaciones que luego se comprueba que no responden a hechos
o delitos demostrados, pero la verdad llega cuando el descrédito y el
daño están hechos y la calumnia ha dejado su veneno. Ustedes han
utilizado lo que no dice el informe como arma contra el PSOE. Siguen
ustedes con su estrategia destructiva contra los socialistas, y en esa
estrategia se llevan por delante lo que sea; se llevan por delante las
instituciones, sea la Agencia Tributaria o el Tribunal de Cuentas, y la
confianza del país en esas instituciones. Por eso yo le pido que, dada su
altísima responsabilidad y por respeto a la verdad, a la democracia, a
esta Cámara y al Tribunal de Cuentas, rectifique y pida perdón por las
mentiras, manipulaciones y calumnias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.




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El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, el tema objeto de la
pregunta del señor diputado, si como miembro del Gobierno no estoy mal
informado, forma parte de los trabajos parlamentarios de la Comisión
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que se ha reunido
esta mañana. (El señor Cercas Alonso: Eso lo ha dicho aquí.--Rumores.)
A mí me sorprende que, existiendo el foro parlamentario normal para
discutir estas cuestiones, el señor diputado haya elegido como
destinatario al Gobierno para expresar sus críticas a las críticas que le
ha formulado a su grupo parlamentario y al Gobierno anterior un diputado
del Grupo Popular. Me sorprende porque no sé exactamente qué es lo que
pretende el señor diputado con su planteamiento; ¿pretende cambiar los
modos de relaciones tradicionales entre los grupos parlamentarios y el
Gobierno, es decir entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo?
Porque hasta ahora la tradición era que los grupos parlamentarios
controlaran al Gobierno. ¿Usted ahora sugiere que como miembros del
Gobierno nos dediquemos a controlar las opiniones que no nos gusten de
los distintos diputados de los grupos parlamentarios, o el Gobierno
solamente tiene que controlar las de los diputados del Grupo Popular? (El
señor Cercas Alonso: Usted es secretario general.) Porque opiniones que
no le gustan al Gobierno se producen todos los días, y muy diversas, de
los distintos grupos parlamentarios, y no parece que el Gobierno tenga
ninguna responsabilidad para salir al paso de esas opiniones.

En todo caso, señor diputado, no olvide que yo aspiro a que el sistema
habitual de relaciones parlamentarias con el Ejecutivo sea el de un grupo
parlamentario que apoye al Gobierno, y no el de un Gobierno que apoya o
deja de apoyar a un grupo parlamentario.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.

Al haber quedado aplazada la pregunta número 11, que estaba suscrita por
el señor González de Txabarri, finaliza el punto V del orden del día.




INTERPELACIONES URGENTES:



-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO EN
RELACION AL MANTENIMIENTO DE LOS CONTENIDOS ESENCIALES DE LA ORGANIZACION
COMUN DE MERCADO (OCM) DEL PLATANO EN EL MERCADO EUROPEO ANTE POSIBLES
DECISIONES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (Número de expediente
172/000058)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VI, integrado por las
interpelaciones urgentes de los grupos Socialista y Federal de Izquierda
Unida.

En primer lugar, interpelación del Grupo Socialista sobre la posición del
Gobierno en relación al mantenimiento de los contenidos esenciales de la
organización común de mercado del plátano en el Mercado Europeo ante
posibles decisiones de la Organización Mundial de Comercio.

Tiene la palabra el señor Segura Clavell.




El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señoras y señores diputados, en efecto, el Grupo
Parlamentario Socialista plantea esta interpelación urgente al Gobierno
enmarcada en una situación en la que se encuentra la organización común
de mercado para el plátano, producto clave de la economía canaria,
producto vital en una región calificada como región ultraperiférica tanto
en el antiguo Tratado de la Unión Europea de Maastricht como en el nuevo
modificado de Amsterdam, y la presentamos haciéndonos eco precisamente de
la preocupación que en la comunidad canaria genera la vigente situación.

(El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.)
Qué duda cabe que, a efectos de poder llevar a cabo una interpelación
rigurosa, con la pertinente y previsible moción consecuencia de la
interpelación, parece razonable comenzarla recordando que la organización
común de mercado del plátano a la que nos estamos refiriendo concedió al
plátano comunitario, hace cuatro años, una de las características
políticas de más alto y considerable alcance conseguido por el sector
agrario español en los últimos treinta años. Porque, señorías,
precisamente a lo largo de esos treinta años de aplicación de la política
agrícola común, la entonces Comunidad Europea no había sido capaz de
desarrollar un sistema común que lograse armonizar los legítimos
intereses de los productores comunitarios con los compromisos adquiridos
por los países ACP y con las razonables aspiraciones de acceso al mercado
de terceros países, en particular, de países del área iberoamericana.

Señorías, creemos que podemos afirmar categóricamente que el Reglamento
comunitario 404 de 1993, que creó la organización común de mercado,
constituyó un hito notable y singular en la vertebración
jurídico-política comunitaria, reglamento cuya consecución requirió, sin
duda alguna, un notable esfuerzo tanto a nivel interno de la Comisión
Europea como del posterior proceso de negociación en el seno del Consejo,
hasta llegar a obtener la necesaria mayoría cualificada que exige el
artículo 43 del Tratado de Roma. Creemos también que podemos afirmar que
en ello jugó un relevante papel el grupo interservicios creado por la
Comisión Europea en el año 1987, que se esforzó en conciliar



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las propuestas, no siempre coincidentes, de las diferentes direcciones
generales con competencias en el tema, tales como la DG I, de Relaciones
Exteriores, o la DG VIII, de Desarrollo, y la DG VI, de Agricultura,
hasta que por último se consiguió vertebrar una propuesta final que se
transmitió al Consejo en el mes de agosto de 1992.

Señorías, no podemos tampoco olvidar, en el comienzo de esta
interpelación, que los pilares fundamentales de protección que tal
organización común de mercado otorgó a los productores comunitarios se
concretaron, en primer lugar, en un régimen de acceso al mercado
comunitario de frutas procedente de terceros países que se reguló por un
contingente arancelario modulable. En segundo lugar, hay que destacar que
se consiguió una ayuda compensatoria por pérdida de renta que se otorga
al productor comunitario por cada kilogramo de plátano comercializado en
el marco de las organizaciones de productores que se potenciaban al
respecto. Y, en tercer lugar, se plasmó la noción de partenariado,
concepto según el cual las licencias de importación del 30 por ciento del
contingente arancelario se adjudicaban a los operadores que hubiesen
comercializado plátano comunitario o a los operadores tradicionales ACP,
en función de las cantidades medias de los últimos tres años, en un claro
intento de primar la preferencia de ciertas regiones comunitarias
afectadas, como Canarias, por handicaps naturales de clima y relieve
difíciles, por lejanía e insularidad, tal como singular y específicamente
se ha recogido ya como artículo propio en el Tratado de la Unión Europea.

Señorías, sabido es que, tras un largo proceso negociador salpicado de
multitud de incidentes, que hemos seguido los políticos y productores
canarios a lo largo de estos diez últimos años, la organización común de
mercado del plátano entró en vigor el 1 de julio de 1993, y sabemos
también que ya desde su nacimiento fue objeto de críticas y de ataques
por parte de países opositores encabezados por Alemania. Concretamente,
en el plano interno de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de
Luxemburgo, en su momento, dictaminó la compatibilidad de la organización
común de mercado del plátano con las reglas del Tratado de la Unión
Europea en lo que, sin duda alguna, se calificó en aquel instante como
uno de los grandes logros, de los grandes éxitos de los productores
comunitarios. También sabemos quienes hemos seguido a lo largo de estos
últimos años estos avatares que en el plano externo de la Unión Europea
el plátano fue objeto de dos paneles en el antiguo GATT, que fueron
salvados sucesivamente.

Con tales precedentes, naturalmente que se contaba que el plátano y su
organización común de mercado sería nuevamente emplazado ante la
Organización Mundial de Comercio a partir de 1993, y así, concretamente
en 1994, como consecuencia de recursos presentados por los Estados Unidos
y por los países productores de Ecuador, Guatemala, Honduras y México,
bajo la gran presión de la multinacional Chiquita, en los que se
cuestionaba la validez de las licencias de importación que se conceden a
los operadores de plátanos comunitarios y con todo un conjunto de
actuaciones en diferentes foros comunitarios y en diferentes foros de
naturaleza jurídica, se ha ido produciendo lo que hemos visto a lo largo
del año 1997. En primer lugar, un dictamen provisional emitido en el
pasado mes de abril por el panel de expertos, que fue recurrido en el mes
de junio por la Comisión Europea, de forma que ha sido conocido también
con posterioridad el dictamen del órgano de apelación en la línea de una
sustancial modificación del sistema de licencias de importación con cargo
al contingente arancelario de los terceros países; esto es, el modelo del
partenariado, que ha sido uno de los mecanismos más eficaces que ha
posibilitado la venta remunerada de la producción comunitaria y la de los
países ACP en el mercado comunitario.

Sabemos que el órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio
emitió el pasado 9 de septiembre su correspondiente informe, y sabemos
también que tal informe ha corroborado la práctica totalidad de las
conclusiones del informe emitido por el panel de expertos del mes de
abril, al que he hecho referencia, lo que ha conllevado,
sorprendentemente, la legitimación de los Estados Unidos como parte
litigante, a pesar de no poder ser este país calificado como país
productor. Sabemos también que el pasado 25 de septiembre el órgano de
solución de diferencias adoptó oficialmente el informe emitido por la
instancia de apelación. Y nos encontramos en un mes de noviembre en el
que tememos que se produzcan acontecimientos que puedan lesionar de
manera importante la estructura de la organización común de mercado, que
inexorablemente ha de ser adaptada, naturalmente de conformidad con lo
establecido por la Organización Mundial de Comercio. Queremos que el
impacto no se produzca, a ser posible; y, si se produce, que sea un
impacto consensuado, que sea un mecanismo que nos permita transformar una
excelente organización común de mercado para el plátano en una mejor, si
cabe, OCM del plátano.

En estos instantes, en este mes de noviembre de 1997, sabemos que la
Comisión Europea ha contestado ante la Organización Mundial de Comercio
que pondrá la OCM del plátano en conformidad, como he dicho, con las
conclusiones de los informes del panel y del órgano de apelación. Para
ello, la Comisión Europea ha solicitado el plazo de quince meses y una
semana a partir del 25 de septiembre pasado. Naturalmente, según el
procedimiento interno de toma de decisión de la Unión Europea, la
Comisión deberá presentar una propuesta de modificación de la OCM que
tiene que ser objeto de decisión del Consejo de Ministros por mayoría
cualificada, una vez que el Parlamento



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Europeo y el Comité Económico y Social hayan emitido sus respectivos
dictámenes. Para poder cumplir con el plazo de quince meses, la Comisión
Europea tiene la intención y la obligación de presentar una propuesta de
modificación de la OCM del plátano antes de las próximas Navidades, es
decir, prácticamente en el plazo de un mes. En esta hipótesis, también
será la Presidencia británica la que, a partir del 1 de enero de 1998,
tendrá que iniciar y culminar el proceso de toma de decisión en el seno
del Consejo, digo: y culminar deseablemente, dado el posicionamiento
favorable que el Reino Unido tiene a las tesis que vienen manteniendo los
productores comunitarios de plátanos. Por todo ello, es muy posible que
los servicios de la Comisión Europea estén en condiciones de transmitir a
los gabinetes de los comisarios un primer proyecto de texto de
modificación de la OCM para finales de noviembre, es decir, para finales
de este mes o principios de diciembre de este mismo año.

Señorías, señor ministro, los Estados miembros del denominado --y lo digo
entrecomilladamente-- bloque de amigos del plátano (España, Francia,
Portugal, Reino Unido e Irlanda) se reunieron el pasado 31 de octubre en
Madeira para tratar de aunar posiciones y plantear ante la Comisión
Europea una propuesta común. Se nos ha informado que la próxima reunión
de este grupo de países tendrá lugar, previsiblemente, en Madrid, el
jueves de la semana próxima, es decir, el 20 de noviembre.

Sabemos que la Comisión Europea tiene asimismo la intención de convocar
la primera reunión del grupo de expertos del plátano el próximo día 28 de
este mes. El grupo de expertos del plátano, como es sabido, está
compuesto por representantes de los productores comunitarios, de los ACP
latinoamericanos y por representantes del comercio y distribución del
mercado comunitario. En esa reunión previsiblemente la Comisión Europea
realizará un turno de mesa para que los distintos componentes del grupo
de expertos puedan manifestar su parecer sobre cómo habrá que modificar
esta OCM.

El conjunto de acontecimientos, pues, se desata y he intentado
describirlos secuencialmente en el tiempo. Prevemos y tememos que puedan
producirse actuaciones institucionales que, a su vez, puedan distorsionar
el proceso, ante las que es necesario que el Gobierno español esté en
guardia, que estén en guardia los productores y comercializadores de los
plátanos comunitarios. Así, sabemos que desde hace un par de semanas,
según han informado algunos medios de comunicación alemanes (y lo doy a
modo de ejemplo) y ha sido también confirmado por el Gobierno alemán, el
Gobierno federal alemán, por ejemplo, ha recibido un requerimiento de un
magistrado...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura, le
ruego vaya concluyendo.

El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor presidente.

Ha recibido un requerimiento del Tribunal Constitucional de Karlsruhe,
experto en temas de Derecho comunitario, en el que se instaba al Gobierno
alemán a responder en el plazo de seis semanas sobre la posición que el
Gobierno tiene con respecto a las modificaciones a introducir en la OCM
del plátano, después del fallo del panel al que estamos haciendo
referencia. Nos preocupa que eso ocurra, que en un país que no ha sido
precisamente proclive a nuestras posiciones se puedan producir
acontecimientos de naturaleza jurídica que se reflejen en la propia
Comisión. Así, haciéndose eco de preocupaciones de esta índole, nos
encontramos con que un eurodiputado español, el socialista don Manuel
Medina, ha planteado en el Parlamento Europeo --y se verá en los próximos
días 25, 26 y 27-- una cuestión incluida ya en el orden del día,
precisamente a la Comisión jurídica, a efectos de conocer la competencia
de los tribunales.

En suma, de igual forma --y termino, señor presidente-- que se ha
producido en las últimas semanas un acontecimiento como éste en Alemania,
tememos que esa secuencia temporal a la que hemos hecho referencia pueda
entrar en una espiral que conduzca a una dinámica política que no sea
continuada con el dinamismo requerido por parte del Gobierno español. Si
bien sabemos que es la Unión Europea quien negocia, el Gobierno español
tiene que estar en primera línea en la defensa de los intereses del
plátano comunitario, del plátano producido en las islas Canarias. De ahí,
señor ministro, la justificación política...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura, le
ruego concluya.




El señor SEGURA CLAVELL: De ahí la justificación política de esta
interpelación y, consiguientemente, la manifestación de nuestras
preocupaciones.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura.

Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
señorías, permítanme, en primer lugar, que muestre mi acuerdo total con
el tono y el fondo de la intervención que acaba de hacerse. Quiero
destacar, muy en particular, la afirmación del señor interpelante que,
refiriéndose a la creación de la OCM del plátano por parte de la Comisión
Europea, ha dicho literalmente que constituyó un hito notable en la
vertebración jurídico-política comunitaria. Simplemente, y a efectos de
enfatizar esa concordancia de criterios, permítame que le diga que en



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aquel momento quien estaba en la Comisión defendiendo y aprobando esta
organización común de mercado del plátano era quien les está hablando en
estos momentos, que, por cierto, tuvo que hacer algunos trabajos de
convencimiento de algunos de mis colegas en la Comisión Europea que no
veían las razones para defender de un modo tan firme y eficaz --tanto
que, como se ha visto, en la Organización Mundial de Comercio nos dicen
que nos hemos pasado-- la producción de plátano en la Unión Europea. Lo
cierto es que esta organización común de mercado del plátano suponía --y
supone todavía-- lograr el difícil punto de equilibrio que concilia los
intereses de los productores de la Unión, los intereses de los
productores de los países ACP, los de los productores de terceros países
y, muy en especial, de nuestros socios iberoamericanos. Por tanto, la
organización común de mercado permite ofrecer a los consumidores
comunitarios un producto de calidad de diversas procedencias y a un
precio razonable, de ahí la virtud de esa organización común de mercado
en cuya aprobación, repito, me esforcé personalmente.

Lo cierto es que este difícil equilibrio ha sufrido, desde sus orígenes,
importantes ataques. Se ha referido S. S. a los recursos planteados ante
el Tribunal de Luxemburgo por grupos de interés europeo, así como los
distintos paneles presentados en el antiguo GATT, hoy Organización
Mundial de Comercio. El Tribunal de Luxemburgo, en efecto, concluyó
dictaminando la compatibilidad de la OCM del plátano con el Tratado de la
Unión Europea. Por el contrario, como les decía al principio, en los
paneles presentados en el GATT, la Unión Europea fue sistemáticamente
condenada. Al entrar en vigor las reglas de la nueva Organización Mundial
de Comercio, la OCM fue objeto de un nuevo panel a petición de Estados
Unidos, México, Ecuador, Honduras y Guatemala. El panel se aprobó y la
Organización Mundial de Comercio señala que siguen en vigor la ayuda
compensatoria al productor comunitario, que sigue en vigor el contingente
arancelario (por tanto, siguen en vigor dos de los tres elementos
esenciales de la organización común de mercado a favor de la Unión
Europea), y, en cambio, considera la OMC contrario a sus normas el
sistema de reparto de certificados de importación conocido como
partenariado. El resultado de este panel, confirmado por el órgano de
solución de diferencias, es compatible, por otra parte, con el acuerdo
marco sobre importación de plátanos en la Unión Europea suscrito con
cuatro países iberoamericanos, importantes productores y suministradores
de plátano en la Comunidad y que no han presentado recurso ni denuncia de
panel, como son Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela. De ahí que
tengamos importantes elementos para el acuerdo con los países productores
de la zona del dólar en el futuro. Conocido el dictamen, la Comisión ha
señalado que cumplirá, como no puede ser de otro modo, con sus
obligaciones en esta organización internacional. Ahora estamos donde
estamos, justamente en el momento en que hay que cumplir con esas
obligaciones y con el contenido de este panel. Lo importante es la
estrategia negociadora que se piensa desarrollar a partir de ahora para
preservar los elementos fundamentales de la OCM del plátano aprobada
hasta ahora. A mi juicio esa estrategia negociadora, y así lo hemos hecho
saber a los responsables de la Comisión, que, como SS. SS. saben, es la
que negocia en nombre de los Estados miembros, debe consistir en los
siguientes elementos. Primero, aprovechar hasta sus últimas consecuencias
los dos pilares que han quedado intactos de la OCM tras el dictamen del
panel. Son la ayuda compensatoria a la producción y el contingente. Es
importante que la Organización Mundial de Comercio considere compatibles
estos elementos con las reglas de la organización, pues son la base para
cualquier solución que permita la continuidad de la producción
comunitaria. Segundo, buscar algún elemento objetivo compatible con la
Organización Mundial de Comercio, para compensar la única línea de acción
que se considera compatible, es decir, el régimen de partenariado. Esa
búsqueda de soluciones globales se está haciendo en estrecho contacto con
el Gobierno canario, con el sector productor de plátano en Canarias y
participan en esta búsqueda de soluciones a nivel nacional, coordinada y
activamente, los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, el de
Economía y Hacienda y el de Asuntos Exteriores.

En tercer lugar, quiero destacar los contactos regulares que mantiene
esta Administración con las administraciones de los países con intereses
en el sector, y que hemos formado un grupo de defensores del régimen del
plátano con Francia, Reino Unido, Irlanda y Portugal, además de España.

En todas estas reuniones con estos países, se ha subrayado la cohesión
que rige en este importante grupo y el interés de todos en mantener
vigentes los elementos clave de la OCM. Tras la reciente reunión de
Madeira, a la que S. S. se ha referido también, todas las delegaciones
han reafirmado su inquietud en cuanto a los eventuales riesgos para la
comercialización de los plátanos y el mantenimiento de las rentas de los
productores comunitarios y ACP. Se ha indicado que ante una eventual
modificación de la actual OCM, ésta debe limitarse al mínimo necesario
para adecuarlo a las conclusiones del panel. Dichas conclusiones han sido
ya formalmente trasladadas a la Comisión Europea, de forma que puedan ser
tenidas en cuenta por esa institución a la hora de proceder a cualquier
propuesta o decisión.

Quiero asegurar a esta Cámara que en este tipo de reuniones hemos
explicado, tantas veces como reuniones ha habido, que para el Gobierno
constituye un objetivo irrenunciable mantener un sistema que siga
garantizando la pervivencia de la producción canaria y el nivel de rentas
de sus productores. Destacamos que



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Canarias, región ultraperiférica, separada de la Península por más de
2.000 kilómetros, tiene una economía que depende prácticamente del sector
servicios y de la agricultura, y donde el plátano tiene una importancia
fundamental como cultivo agrícola y como elemento productor de puestos de
trabajo.

Quiero destacar, por último, que en todo este proceso es imprescindible
contar con la colaboración de la Comisión Europea, que es quien defiende
los intereses de la Unión ante la Organización Mundial de Comercio en
este asunto. Es la que tiene que estudiar cualquier posible modificación
del régimen actual, que respete los intereses de los productores y que
sea compatible con las normas de la OMC. Los contactos que venimos
manteniendo con la Comisión, desde que se conoció el fallo de la
apelación, han sido, y como es lógico, seguirán siendo frecuentes.

Para terminar, señor presidente, quiero destacar que la defensa del
plátano constituye una cuestión de interés nacional que en ningún caso
debe ser objeto de disputa política. Por cierto, me felicito del tono,
del contenido de la intervención de S. S., y, además, estoy seguro de que
del mismo tenor serán las intervenciones de los demás grupos
parlamentarios de la Cámara que se pronuncien, porque esa es la mejor
garantía de conseguir el mejor resultado posible para los intereses de
España y, muy en particular, para los intereses del conjunto de las islas
Canarias.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista tiene memoria histórica
y, en efecto, tiene muy claro que usted durante muchos años desempeñó
funciones de responsabilidad muy notables, concretamente en áreas de
trabajo vinculadas en aquellos años de la negociación de la OCM del
plátano. De aquí que nosotros, desde la perspectiva del grupo
parlamentario de la oposición, no dejemos de ofrecer toda la colaboración
precisa, pero tampoco rehuimos llevar a cabo el análisis crítico al que
nos obliga el ejercicio de nuestra responsabilidad parlamentaria, un
análisis crítico riguroso a la vez que colaborador, colaborador en
aquellos foros internacionales donde nuestra cooperación se requiera.

Pero es precisamente el Gobierno del Partido Popular quien tiene esas
responsabilidades diplomáticas de negociación y es su Ministerio el que,
en efecto, tiene que viabilizarlas.

Nosotros creemos que la modificación ya obligatoria de la OCM del plátano
tiene que pasar por una serie de conceptos que consideramos
irrenunciables a reflejar en los nuevos contenidos. En primer lugar,
tiene que pasar por la creencia más firme de la viabilidad del sector
platanero comunitario y de los países ACP tradicionales, entendiendo por
tal el mantenimiento del volumen de su producción actual y sus razonables
expectativas de crecimiento.

En segundo lugar, creemos que tiene que recogerse y reflejarse con
rotundidad, como usted ha dicho muy bien, el mantenimiento del nivel de
rentas de los productores comunitarios habido en los años de
funcionamiento, cuatro años nada más, de la actual organización común de
mercado del plátano.

En tercer lugar, la modificación de la OCM del plátano también tiene que
pasar por la preservación de los puestos de trabajo que actualmente
emplea el sector, para lo cual creemos que deben desarrollarse una serie
de objetivos y deben ponerse en marcha una serie de mecanismos
negociadores en todos los foros diplomáticos allá donde pueda llegar el
Gobierno español, en el sentido, también, de conseguir que el nuevo
régimen resultante de la adaptación de esa OCM del plátano extienda su
vigencia un número muy razonable de años, un mínimo de ocho a diez años,
en ese período de adaptación a la nueva estructura.

En cuarto lugar, nosotros creemos que el contingente arancelario deberá
mantenerse como mínimo en su actual nivel de 2,2 millones de toneladas,
tal y como está consolidado en la actual OCM, de manera tal que ello no
implique que a lo largo del año la Comisión Europea pueda autorizar
eventualmente a Europa importaciones de plátano de terceros países por
encima de este nivel, atendiendo a razones y datos objetivos de mercado y
siempre garantizando la viabilidad comercial de las producciones
comunitarias y de los países ACP tradicionales.

En quinto lugar, tiene que preverse cierta progresión de la producción
comunitaria y ACP en el mercado como forma incuestionable de evitar la
marginación gradual de estas producciones ante el previsible crecimiento
del consumo de la Unión Europea.

En sexto lugar, creemos que otra línea directriz que debe continuar la
diplomacia española y comunitaria, tendrá que actualizar la ayuda
compensatoria actual por pérdida de ingresos teniendo en cuenta el
progresivo y previsible incremento de los costes de producción del
plátano comunitario. Para ello consideramos imprescindible determinar un
nuevo ingreso global de referencia basado en los costes de producción del
año anterior más próximo al de entrada en vigor de la nueva adaptación de
la OCM del plátano del que se dispongan datos.

En séptimo lugar, en el cumplimiento de los compromisos contraídos por la
Unión Europea con los países signatarios del acuerdo marco --y así lo ha
considerado todo el sector productivo comunitario-- creemos que tiene que
ser exigible el establecimiento de las cuotas/país, como se tiene hoy en
día para los terceros países abastecedores tradicionales de los mercados
europeos.




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En octavo lugar, creemos que la relación a la adaptación del sistema de
atribución de licencias de importación se tiene que formular con
propuestas razonablemente abiertas en el proceso negociador, que no
pueden explicitarse en estos instantes.

Y, en último lugar, señor ministro, creemos importantísimo --y soy
consciente del superlativo que está utilizando este interviniente en
estos momentos--, fundamental, recabar de la Comisión Europea que en su
seno se constituya, con carácter permanente, un comité especializado que
lleve a cabo el seguimiento de la adaptación singularizada de las
políticas comunitarias en las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea, comité que de entre sus muchas funciones...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Segura, le
ruego concluya.




El señor SEGURA CLAVELL: ... una de ellas tiene que ser de aquéllas que
venían siendo objeto de atención por parte del antiguo grupo del plátano,
al que tanto este interviniente como el señor ministro hemos hecho
referencia en nuestras intervenciones respectivas.

En esa línea de trabajo tendrán, sin duda alguna, la cooperación del
Grupo Parlamentario Socialista y el seguimiento permanente y la exigencia
política que nos compete como grupo parlamentario de la oposición.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Segura.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Sí, señor
presidente.

Quiero agradecer a S. S., señor Segura, su oferta de apoyo. Tenga, al
propio tiempo, esta Cámara la tranquilidad de que el Gobierno asume sus
responsabilidades que, por cierto, no ha dejado de asumir en ningún
momento, y me congratulo al comprobar que las líneas de acción que
sugiere S. S. coinciden con las que he tenido ocasión de expresar
anteriormente. Tengan la seguridad, por tanto, de que el Gobierno está y
seguirá trabajando permanentemente para encontrar una solución, de
acuerdo con el resto de países directamente afectados y la Comisión, que
salvaguarde nuestros intereses en el sector del plátano.

Aunque es prematuro entrar en detalles concretos de posibles elementos
que compensen la pérdida del llamado partenariado, sí quiero mencionar
que éstos pueden encontrarse tanto entre los actuales instrumentos de la
PAC como en los programas Posei, aprobados en favor de las regiones
ultraperiféricas de la Unión. En definitiva, debe quedar claro que lo que
buscamos es una solución duradera que permita alcanzar una paz tanto
interna, frente a los países detractores de la OCM dentro de la UE, como
externa, frente a los países terceros que solicitaron el panel; y esta
solución tiene que ser necesariamente global y garantizar la defensa de
los productos comunitarios, y muy concretamente los de Canarias, de los
suministradores ACP y de los proveedores de terceros países, a la vez que
respetuosa con los intereses de los consumidores europeos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo
con gran brevedad porque vamos a esperar el próximo trámite parlamentario
de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para ver la moción
consecuencia de esta interpelación.

Quiero mostrar mi satisfacción con las palabras que ha dicho aquí el
señor ministro de Asuntos Exteriores, don Abel Matutes, porque están en
la línea de las conversaciones y compromisos que Coalición Canaria viene
manteniendo con el Ejecutivo español y, concretamente, con los ministros
de los departamentos de Exteriores y Agricultura e, igualmente, con el
Ministerio de Economía y Hacienda.

Quiero aprovechar la ocasión de la presencia del señor ministro de
Asuntos Exteriores, para hacerle un público reconocimiento de gratitud
desde Coalición Canaria por la postura que su departamento y su
secretario de Estado para estos asuntos en la Unión Europea, don Ramón de
Miguel, por indicación del señor ministro, vienen manteniendo. Nos
encontramos plenamente satisfechos. Queremos decir que la situación que
se plantea en la OCM del plátano en relación con los acuerdos y la
posición que la Organización Mundial del Comercio ha adoptado se refieren
exclusivamente al problema de las licencias, tema en el que hay que
acotar todo su sistema de legalidad. Pero no queremos que esto sirva para
trasladar un motivo más de incertidumbre e inquietud a los agricultores
plataneros canarios. Entendemos que se está trabajando con
responsabilidad a nivel del Gobierno, de nuestro grupo parlamentario, del
Gobierno autónomo de Canarias para que esa situación que se consiguió con
una gran OCM del plátano por el Gobierno anterior, se mantenga y que
aquellos asuntos que ya sabíamos desde entonces, cuando se aprobó la OCM
del plátano, que podían tener visos de incertidumbre como era el tema
únicamente cuestionado de las licencias y no de las otras cuestiones del
cultivo, comercialización y demás aspectos económicos del cultivo del
plátano y la repercusión en la renta para Canarias, se tienen que volver



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a cuestionar. Esto es, por tanto, prioritario para nosotros, pero vuelvo
a decir que no sirva para transmitir incertidumbre o preocupación a los
agricultores plataneros ni a todos los que intervienen en el circuito de
comercialización.

Sabemos que hay una serie de presiones internacionales motivadas por las
empresas multinacionales plataneras norteamericanas, toda esta
multinacional del banano que utilizando las producciones de lo que
denominamos el plátano del área dólar o área Caribe, tratan de meterse
ahí con presiones políticas incluso a ese respecto. Los portavoces de la
Comisión de Agricultura de este Congreso hemos tenido ocasión de
comprobarlo hace escasamente dos semanas que es cuando hemos girado una
visita a Alemania donde nos hemos reunido con la comisión de agricultura
del Bundestag alemán. También quiero agradecerle al señor ministro de
Asuntos Exteriores el apoyo que nos prestó nuestro embajador en Bonn,
propiciando un encuentro donde el tema monográfico fue precisamente el
asunto del plátano visto con el comportamiento que a veces se ha acusado
a los grupos parlamentarios del Bundestag alemán de estar en la línea de
apoyar las pretensiones norteamericanas de modificar los contingentes y
cupos del plátano Caribe, área dólar, que entra en Europa. Les hemos
pedido solidaridad con un principio de preferencias comunitarias y de
socios leales dentro de la Unión Europea.

Hemos venido con una simpatía y con un resultado muy positivo y en esta
interpelación de hoy mis palabras finales son precisamente para coincidir
en esa línea con lo que ha dicho el señor ministro de Exteriores al
cerrar su intervención. Estamos en una línea que trata de ir por la vía
de la sensatez, de la serenidad, de ir haciendo las gestiones
diplomáticas y sobre todo que quien tiene al final que dirimir este tema
es la Unión Europea frente a la Organización del Comercio Mundial.

Entonces, frente a esta situación, donde los intereses norteamericanos
han venido presionando mucho y donde es la Unión Europea nuestro
representante en este momento para conseguir que el tema de las licencias
quede en sus justos términos y dé plena satisfacción a los intereses que
todos estamos legítimamente defendiendo, tenemos que alcanzar los mismos
objetivos que ha expresado el señor Matutes en su intervención.

Nada más que mostrarle nuestra solidaridad y apoyo en congruencia en esta
línea que requiere que no tengamos fisuras ninguna de las fuerzas
políticas parlamentarias españolas porque no estamos defendiendo un bien
de partido, no estamos defendiendo un bien de gobierno o de oposición,
estamos defendiendo un bien común de una parte del patrimonio nacional
que afecta a la renta y a la situación económica y social de una parte
tan entrañable de España como es el archipiélago canario.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.

En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Para decir brevemente que para nuestro grupo estamos ante una cuestión
que no puede ser considerada como un tema de menor importancia, y de esta
manera esperamos que la semana que viene podamos todos los grupos, como
ante otros problemas de otras OCM, aprobar una moción por unanimidad,
pues sería un buen elemento de partida para que de esta manera nuestro
Gobierno pudiera estar perfectamente respaldado. Consideramos que no es
un problema menor porque trasciende para nosotros lo que son problemas
meramente agrícolas y ni siquiera problemas de una región ultraperiférica
de la Unión Europea. Estamos ante un problema en el que lo que está en
juego es la autoridad de la Unión Europea, donde se ve la propia
debilidad de la Unión Europea a la hora de negociar frente a los
intereses de las multinacionales, frente a los intereses de Estados
Unidos. Esta debilidad viene definida por la posición entreguista que ha
tenido la Comisión en algunas ocasiones, fundamentalmente cuando ha
negociado en foros internacionales, ha tenido poca sensibilidad frente a
lo que eran planteamientos de las multinacionales dependientes de Estados
Unidos.

Nuestro grupo está de acuerdo en apoyar una postura que pasa por la
defensa de la actual OCM del plátano y, como decía, por la condena de los
intereses de las multinacionales que ya se manifestaron en la resolución
de la Organización Mundial del Comercio. Se trata, como decía, de
defender la soberanía de la Unión Europea en relación con Estados Unidos.

Es aquí donde el Gobierno español debe mantener una postura que, creemos,
debe ser más activa en la defensa de nuestros intereses. En este sentido,
recordamos, por ejemplo, que el presidente Aznar no planteó este tema en
su entrevista con el presidente estadounidense, cuando creíamos que debía
haber llevado en su cartera, como tema importante, plantear los temas
relacionados con el plátano. Creemos que Estados Unidos está siendo
responsable de las posibles debilidades de la Unión Europea.

Cuando el panel de expertos de la OMC se ha manifestado en contra del
sistema de licencias existentes en la OCM del plátano, nosotros
consideramos necesario recordar que el sector platanero es uno de los
sectores fundamentales en la economía de las islas Canarias; se debe
mantener el sistema vigente, porque de otra manera estaríamos
perjudicando la implantación de uno de los tres pilares en los que se
fundamenta esta OCM del plátano, como es la eliminación de las licencias
de tipo B, que pondría en grave peligro la propia supervivencia de los
productores.




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Por otra parte, también consideramos importante y grave haber aceptado la
legitimación activa de Estados Unidos como parte demandante en este
contencioso. Lo consideramos grave porque entendemos que esto dificultará
muchas de las decisiones eventuales que la Unión Europea haya de tomar
con otros países que van a resultar perjudicados por este régimen
comunitario. Creemos que puede tener consecuencias negativas para otras
OCM, ya que aquí se crea el precedente de permitir que un país que no es
exportador, que es simplemente comercializador, pueda intervenir en la
base de la defensa de sus empresas comercializadoras, en este caso de sus
multinacionales. En este sentido, las ganadoras serían, como venimos
repitiendo, las empresas multinacionales que es a las que hay que
combatir, porque la defensa del plátano canario, del plátano de nuestro
país es fundamentalmente una defensa contra los intereses de las
multinacionales.

En definitiva, queremos terminar repitiendo que estamos ante un problema
de la soberanía de la Unión Europea; que cuando hacemos aquí la defensa
de nuestros intereses también estamos defendiendo los intereses de toda
la Unión Europea frente a la injerencia de Estados Unidos, de las
multinacionales. Por eso, como decía, espero que la próxima semana
podamos aprobar la moción por unanimidad de todos los grupos, que sea
fruto del consenso y que ofrezca la posibilidad de que nuestro Gobierno
pueda plantear con mayor valentía que hasta ahora sus posiciones ante la
Unión Europea.

Muchas gracias. (El señor Soriano Benítez de Lugo pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Centella.

Señor Soriano, simplemente consiste en que el Grupo Parlamentario Popular
me lo hubiese indicado. Si S. S. quiere fijar su posición se levanta, me
lo pide, no me chasca los dedos y yo le concedo la palabra.

Tiene S. S. la palabra.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Yo creía haberlo solicitado, señor
presidente. En todo caso, si no fue así, pido excusas.

Señor presidente, señorías, voy a ser muy breve, porque creo que esta
tarde se ha expuesto aquí todo cuanto se puede decir sobre el serio
inconveniente que la Organización Mundial de Comercio ha presentado a la
OCM del plátano. La OCM del plátano, como aquí se ha dicho, ha surtido
efectos muy positivos para el archipiélago canario y en estos momentos
está cuestionado, como también se ha dicho, sólo uno de los tres pilares
que constituyen la vertebración de la OCM, que es el régimen de
licencias. Confío plenamente, y así lo ha puesto de manifiesto el señor
ministro, en que el Gobierno defenderá los intereses de Canarias y, en
concreto, de los agricultores y trabajadores del cultivo platanero, por
cuanto, como ha dicho también el señor ministro, se trata de una cuestión
de interés nacional en la que no puede haber partidismo político, porque
en esto, hasta la fecha, y siempre ha sido así, las distintas fuerzas
políticas del archipiélago canario hemos planteado una misma batalla en
esta cuestión, hemos estado unánimemente de acuerdo en cuanto al fondo
del asunto, y estoy convencido de que así va a continuar siendo.

Yo confío y espero que el Gobierno de la nación defenderá, como ha puesto
de manifiesto el señor ministro, estos intereses, y confío y espero
también que en la moción que se pueda debatir como consecuencia de esta
interpelación el planteamiento de los distintos grupos parlamentarios sea
unánime, tal y como ha sido hasta la fecha la batalla que se ha librado
hasta conseguir la organización común del mercado del plátano.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Soriano.




-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, SERVICIO DE
PROTECCION CIVIL E INSTITUCIONES DE SALVAMENTO Y SOCORRO, EN RELACION CON
LAS CONTINUADAS CATASTROFES PRODUCIDAS POR LA LLAMADA GOTA FRIA EN ZONAS
TRADICIONALMENTE AFECTADAS POR ESTA CLASE DE INCLEMENCIAS (Número de
expediente 172/000059)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre el funcionamiento
del Servicio Meteorológico Nacional, Servicio de Protección Civil e
instituciones de salvamento y socorro, en relación con las continuadas
catástrofes producidas por la llamada gota fría en zonas tradicionalmente
afectadas por esta clase de inclemencias.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.

Con la simple lectura del texto de la interpelación, se percibe de forma
inmediata que esta iniciativa parlamentaria fue concebida para haber sido
tramitada antes de que se produjeran los lamentables sucesos que han
tenido lugar y que han afectado, fundamentalmente, a la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Podría parecer que se ha hecho una utilización
oportunista de esta situación por parte de nuestro grupo, pero



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no es así. Esta iniciativa, como muchas otras que están pendientes de
tramitación, ponen de manifiesto una preocupación por algo que ya está
empezando a ser, más que preocupante, diríamos que auténticamente
desastroso. Hemos pasado de una preocupación por lo que se llamaba la
gota fría, que afectaba fundamentalmente a las comarcas de levante, a
otra preocupación tan grave o más, que en el lenguaje meteorológico se ha
dado en llamar la borrasca explosiva. El hecho cierto es que estamos
inmersos en una situación que a algunos nos parece que está empezando a
ser asumida ya como un hecho fatídico, y frente al cual se mira hacia
otro lado y no se toman ninguna clase de medidas.

Como es lógico al tratarse de una interpelación de este tenor vaya en
primer lugar la constancia por parte de nuestro grupo --y creemos que por
parte de toda la Cámara-- de la más explícita condolencia con las
víctimas y, también y por qué no, el reconocimiento del comportamiento
ciudadano y de las fuerzas de protección civil cuando ocurren esta clase
de sucesos. Dentro de todo lo negativo que ponen de manifiesto, quizá la
parte positiva sea el ver cómo reacciona la ciudadanía, cómo pone de
manifiesto la solidaridad y cómo se llegan a situaciones de auténtica
abnegación y de auténtico heroísmo, que tienen que ser, lógicamente,
reconocidas. Pero con eso no basta, hay que hacer algo más para evitar
que sistemáticamente, año a año, casi mes a mes, nos vayamos encontrando
con el azote de los llamados temporales, de las llamadas catástrofes
naturales, que al final se convierten en un reguero de entierros, de
lamentaciones y en la necesidad imperiosa de arbitrar situaciones que, de
momento, parecen muy eficaces, pero acaban siendo todas ellas pan para
hoy y hambre para mañana.

En todo caso, la intención de este grupo parlamentario no es utilizar,
bajo ningún concepto, esta situación como arma arrojadiza. Por ello,
estarán observando ustedes que no nos dirigimos al Gobierno, nos
dirigimos en abstracto hacia toda la sociedad. Sería, sinceramente, de
muy bajo estilo el que estando todavía pendientes de hallazgo algunas de
las víctimas desaparecidas, hiciéramos de esta cuestión una batalla
política. Quizá no sea la mejor forma de llevar adelante esta iniciativa,
podía haber revestido cualquier otro mecanismo de los que prevé el
Reglamento, pero, repito, queremos que esta interpelación sea una
llamada, muy profunda, a la reflexión general y a la reflexión colectiva.

Son ya, repito, demasiadas veces las que nos golpean videos, películas e
informaciones, en las que el dolor y la tragedia acaban, sencillamente,
ahogando y a veces produciéndonos auténtica asfixia.

Como son hechos notorios, y los hechos notorios no necesitan pruebas, no
me voy a extender en exceso en ver cuál es el alcance de esta clase de
calamidades y de situaciones. Cuando esto ocurre uno se pregunta qué está
pasando, y la primera tentación es la de decir que quizás lo que nos haga
falta es una legislación adecuada. Señorías, si en algo sobra legislación
es en este tema. Yo he tenido la ocasión gráfica de percibirlo cuando
empecé a preparar esta interpelación, tuve la ocurrencia de dirigirme a
la Dirección General de Protección Civil, quizás porque no tenía tiempo
para hacer yo mismo la búsqueda, y solicité que me enviaran cuanta
documentación creyeren conveniente. Se lo digo gráficamente. He recibido
un cajón de legislación, lo que se llama un cajón, con su cuerdecita, en
el que legislación no se puede decir que no haya, toda la que ustedes
quieran, con toda la verborrea que a ustedes les parezca conveniente; no
falta clase alguna de esfuerzos legislativos. Lo que sí es un hecho
cierto es que con ese cajón de leyes, que van desde las leyes del Estado,
de desarrollo de planes autonómicos o municipales, comarcales, locales y
de orden insular, todo ese cúmulo de medidas legislativas no se cumple ni
una sola por nadie, y no tiene nada de extraño que a lo mejor no se
cumpla por los particulares llegado el momento de poner en marcha una
determinada urbanización, de llevar adelante un determinado proyecto en
el que a lo mejor lo que les ciega es el interés del lucro y no se
aperciben suficientemente de que el lugar que han escogido para poner en
marcha ese proyecto no sólo no reúne las características debidas y que va
a constituir un elemento de peligro, sino lo malo es que no se respetan
ni por parte del Estado.

Hace unos días presenciábamos una imagen absolutamente insólita. Un paso
subterráneo que es de suponer que goza de la correspondiente autorización
municipal se había convertido, ni más ni menos, que en un estanque al que
había que acudir a sacar a los conductores y pasajeros de los vehículos
para ponerlos a salvo. Si hubiera ocurrido sólo en Madrid --me estoy
refiriendo a la M-30--, es lógico que se dijera qué malos son los
alcaldes de Madrid, que lo son, sobre todo últimamente. Pero el problema
es que esta imagen se repetía en la llamada B-20 o cinturón de
circunvalación de Barcelona exactamente igual, donde hubo que sacar a un
señor del coche. ¿Por qué? Porque se habían hecho los pasos subterráneos,
porque se hacen esta clase de comunicaciones sin la menor atención al
drenaje, sin la menor atención a algo tan elemental como es el acopio de
lluvias, y son obras públicas, obras municipales. Y no digamos cuando
está más que denunciado que determinadas autopistas, por ejemplo en
Levante, se constituyen en un auténtico dique que cuando se produce un
índice pluviométrico un poco más allá de lo normal acaban embalsando el
agua de modo tal que, como al fin y al cabo tiene que encontrar salida,
arrasan todo lo que tienen por delante. Eso ocurre con el diseño y con la
construcción de autovías y autopistas y ocurre hasta con las líneas de
ferrocarriles, no en vano un ferrocarril recientemente construido como el
AVE el otro día tuvo que suspender su circulación porque una de las vías
saltó por los aires. ¿Por qué? Porque no se había previsto lo que era de



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prever, que por allí había una circulación que en su día pudo tener más o
menos caudal y que a lo mejor ahora estaba seca pero que acaba
recuperando el paso natural de las aguas. Hay, por tanto, un supuesto
clarísimo de funcionamiento anormal de los servicios. Es exigible por el
ciudadano que por parte de los servicios del Estado en todos sus planos y
niveles, el Estado, los entes autonómicos, municipales, locales,
comarcales y supracomarcales, lo primero que se garantice es la
integridad física, que se garantice el derecho a una determinada calidad
de vida en virtud de la cual no estemos dependiendo, como si nos
encontráramos en época medieval, pura y sencillamente del índice
pluviométrico.

Este es un asunto que sinceramente --y yo creo que todos tenemos que
entonar el mea culpa-- no nos está produciendo, como nos debía producir,
una auténtica preocupación. Yo digo sinceramente que si comparamos
nuestra situación con la de otros países nos quedaremos absolutamente
perplejos. En otros países de nuestro entorno, por ejemplo, se están
produciendo sentencias en virtud de las cuales se condena al Estado. En
concreto, en Alemania se han producido sentencias en que se condena al
Estado por haberse equivocado en una previsión y en un boletín
meteorológico, habiendo dado lugar a que determinadas embarcaciones
saliesen a faenar, se encontrasen con una situación calamitosa y haberse
perdido el buque o la lancha pesquera, y se les ha reconocido el derecho
a la indemnización. ¿Por qué? Porque los servicios del Estado tienen como
función fundamental el hacer realidad valores constitucionales entre los
que está la integridad física, pero sobre todo una determinada calidad de
vida.

Es necesario pasar de la filosofía de la protección a posteriori a la
filosofía de la prevención. Es necesario que la sociedad civil, además
del Estado y de sus instituciones, tome conciencia de un conjunto de
situaciones que por haberse producido a lo largo de los años, por haberse
ido creando esa situación de riesgo, nos hemos ocupado más de lo
posterior que de lo anterior y siguen sin ser solucionadas. Y claro, el
día que los arroyos recuperan su función natural, esas casas que llevaban
allí implantadas 50 años se han convertido ni más ni menos que en un
obstáculo y no han hecho más que multiplicar en progresión geométrica el
caudal que allí está embalsado para acabar siendo no un simple aluvión,
sino realmente lo que ya hemos contemplado en otras situaciones. Es
necesario, por tanto, que la política de Protección Civil, repito, no se
quede simplemente anclada en lo que va a ocurrir o en cómo reparar lo que
ha ocurrido. Es necesario que además del llamado impacto ambiental, que
efectivamente se está cumpliendo en muchísimos supuestos con arreglo a
las nuevas obras, haya un estudio muy serio de muchas cosas que ya
existen. Es necesario, en suma, que pasemos de la cultura de la
apariencia, de la cultura de la megalomanía a la cultura de lo cotidiano
y de lo real. Antes de estar procurando hacer política de propaganda con
grandes polideportivos o determinadas instalaciones de otro tipo, que son
necesarias, es fundamental que por parte del Estado y de las
instituciones se mire en derredor, porque da la pequeña casualidad de que
siempre que se mira en derredor aparecen los barrios nobles y los
suburbios; los barrios nobles, a los que no les afectan estas
calamidades, y los suburbios, que han nacido con la suficiente
espontaneidad, como buenamente han podido, y que son siempre las víctimas
a las que afectan toda esta clase de calamidades.

A mí me gustaría llamar la atención sobre algo que visto parcialmente a
lo mejor es digerible pero que cuando se coloca en conjunto el panorama
es desolador. Aquí hay que preguntarse muy seriamente cómo un país como
el nuestro, con la cultura y en el lugar en el que está colocado, tiene
que ser el número uno en siniestralidad en materia de accidentes de
trabajo, el número uno en siniestralidad en materia de accidentes de
tráfico.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Castellano,
le ruego vaya concluyendo.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Voy acabando, señor presidente.

Tiene que ser el número uno en materia de siniestralidad en accidentes
marítimos, el número uno en materia de personas que cuando van a
disfrutar de algo tan elemental como es el descanso, como es el verano,
dan el mayor número de ahogados o de fallecidos por inmersión que se
puede dar en todo el Mediterráneo. A mí me gustaría, de verdad, que
hiciéramos una seria reflexión para ver qué cultura subyacente tenemos
para que las cosas se produzcan como se están produciendo y no salgamos
nunca de esta situación.

Preocupaciones ha habido muchas. A mí me gustaría dejar aquí constancia
de que hay una proposición no de ley para hablar de la situación y de las
catástrofes acaecidas en Cataluña, que hay una del Grupo Socialista para
hablar de lo ocurrido en Palencia, que hay otra para hablar de lo
sucedido en Baleares y en Levante con la gota fría, que hay otra para
hablar de lo ocurrido en Málaga y otra incluso, fíjense ustedes, que
viene del año pasado para hablar de la ola de frío, aquella ola de frío
que acuérdense ustedes lo que produjo. Pero aquí no pasa nada, la Cámara
no vibra, las instituciones siguen exactamente igual, como los tres
monitos, tapándose los ojos, la boca y las orejas, y seguimos diciendo
tranquilamente que aquí no hay nada que hacer. Es una desgracia telúrica,
esto es pura y sencillamente una maldición bíblica. Me gustaría en serio
que quien puede, que es el Gobierno, hiciera simplemente un cálculo del
dinero que está costando la reparación de este conjunto de situaciones y
el dinero



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que costaría introducir un principio de racionalidad no sólo por parte
del Gobierno --porque repito que no es un interpelación al Gobierno, es
una interpelación colectiva--, en las administraciones públicas para
evitar estas situaciones. Por ello nosotros queremos no tanto, señor
vicepresidente del Gobierno, que conteste a esta interpelación de
Izquierda Unida como un grupo parlamentario que controla la acción del
Gobierno, sino que al contestar usted se ponga en el papel de una
sociedad preocupada, de una sociedad que yo no creo que se pueda resignar
a que esto siga ocurriendo y que abra usted el portillo a que vayamos --y
entre todos podemos-- a encontrar soluciones. De todas formas, ya y desde
esta tribuna nuestro grupo se ofrece a que la moción que ha de presentar
no sea una moción de Izquierda Unida, sería lo peor que podría ocurrir,
sino que sea una moción colectiva de esta Cámara para que de una vez por
todas solucionemos este problema, porque seguir con la conciencia
tranquila mientras esto está ocurriendo simplemente es una cuestión de
ser unos malnacidos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.

En nombre del Gobierno y para contestar a la interpelación tiene la
palabra el señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, quiero comenzar
mi intervención dejando constancia, en nombre del Gobierno, de nuestra
opinión claramente coincidente en relación con la oportunidad de esta
interpelación. Al margen de que se haya gestado con ocasión de otros
acontecimientos que dieron lugar a daños catastróficos provocados por
inundaciones, creo que las cuestiones que se plantean en esta
interpelación (y no sólo por razones de oportunidad sino desde el punto
de vista del enfoque que daba S. S. como una interpelación en la que
todos nos tenemos que dirigir en buena parte a nosotros mismos y en
proporción a las responsabilidades de cada uno, no sólo los grupos de la
Cámara sino también el resto de las administraciones) nos ofrecen una
gran ocasión para tratar de dar un impulso, a ser posible decisivo, para
mejorar el conjunto de medidas de las que en estos momentos disponen las
distintas administraciones para hacer frente a este tipo de fenómenos
derivados de las inclemencias de la meteorología y que se traducen
particularmente en catástrofes provocadas por las inundaciones.

Creo, señoría, que lo que en un repaso de urgencia ha ocurrido en España
en este tipo de catástrofes provocadas por fenómenos meteorológicos y
reflejado exclusivamente en el número de víctimas mortales, el triste
balance, el trágico balance que ofrecen los sucesos que han ocurrido en
España de esta naturaleza en los últimos cuarenta años, que elevan las
víctimas mortales a más de 1.500, es una buena referencia para que entre
todos, lejos del conformismo y de la autosatisfacción, abordemos con
espíritu exigente los remedios progresivamente más eficaces, sobre todo
en la medida en que mejoran los medios y la tecnología, para hacer frente
y paliar en la medida de lo posible estas situaciones. Por seleccionar
los tres grandes temas que se plantean en el enunciado de su
interpelación, me gustaría hacer una referencia inicial a la situación de
nuestro país en materia de predicción de este tipo de fenómenos
meteorológicos que produciendo los mismos resultados, es decir unas
inundaciones, desde el punto de vista de su génesis tienen naturaleza
distinta. Es de naturaleza distinta, desde el punto de vista
meteorológico, la catástrofe de Biescas o la catástrofe de Badajoz, pero
al final los resultados como consecuencia de una inundación imprevista
son los mismos. ¿Qué capacidad tenemos para predecir este tipo de
fenómenos? Yo creo, señorías, que en esta materia el Instituto Nacional
de Meteorología en los últimos años ha avanzado notablemente, por una
parte, con la descentralización de la predicción en once grupos de
predicción y vigilancia que permiten establecer un sistema operativo a
muy corto plazo en el que se incluyen las singularidades geográficas y
meteorológicas de las distintas regiones españolas y, por otra parte, con
el Centro Nacional de Predicción que engloba y coordina las actividades
de estas once unidades, especialmente en el caso de que un determinado
fenómeno afecte a dos o más grupos de predicción o vigilancia. A su vez,
para mejorar la capacidad de respuesta, a requerimientos en los últimos
años de las autoridades de Protección Civil respecto de la predicción y
seguimiento de este conjunto que podemos llamar genéricamente fenómenos
adversos, se puso en marcha desde el pasado año el Plan nacional de
predicción y vigilancia de este tipo de fenómenos meteorológicos, que es
operativo gracias a estos avances que citaba en el Instituto Nacional de
Meteorología en materia de técnicas de vigilancia y protección. En este
plan ya se contempla la emisión de avisos meteorológicos adversos cuando
las situaciones relacionadas con lluvias superen determinados umbrales.

También se contemplan otras adversidades, pero en este caso sigo
centrándome en el tema de las inundaciones. Estos umbrales permiten
emitir avisos meteorológicos definidos con criterios conjuntos entre el
Instituto Nacional de Meteorología y las autoridades de Protección Civil.

A su vez, desde el 1 de diciembre del año 1996, coincidiendo con la
entrada en vigor del plan aprobado por el Instituto de Meteorología, la
Dirección General de Protección Civil puso en marcha el sistema de
alertas, conocido por Safema, que conocen todas las delegaciones del
Gobierno y a las que en su momento mandó circular. Para cumplir su
función de protección física a los ciudadanos, el Instituto Nacional de
Meteorología y las organizaciones



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de Protección Civil deben ir algo más allá que a una mera transmisión de
los boletines que genera el Instituto. Aquí está la clave de lo que en
estos momentos puede ser un elemento de reflexión en esta materia. En
este caso, por supuesto, como en el resto de los temas de los que vamos a
tratar esta tarde en esta interpelación, yo creo que sería muy oportuna
la reflexión, la participación y la colaboración conjunta de todos los
grupos parlamentarios. Es decir, no es suficiente que haya una
información meteorológica. Hace falta que en función de otras
circunstancias intrínsecas al propio fenómeno o externas al mismo, que
concurran con él, se puedan evaluar los riesgos que implica y, en su
caso, establecer las alertas restringidas o de carácter general. La
interpretación por parte de Protección Civil de los avisos de los
fenómenos meteorológicos, a mi juicio, es la clave de la capacidad de
anticipación a los riesgos que entrañan. Reconozcamos que esta tarea de
intentar fijar a priori y con suficiente antelación la magnitud del
fenómeno y sus posibles consecuencias, si queremos ser capaces de superar
el problema, es un asunto de gran dificultad, pero evidentemente resulta
insoslayable para hacer frente, para superar lo que se ha venido haciendo
hasta ahora con anticipación suficiente, la adopción de las medidas que
en cada caso resulten adecuadas para la prevención o reducción de las
consecuencias esperadas. Hasta ahora, los avisos del Instituto Nacional
de Meteorología y de Protección Civil se realizan en un lenguaje claro,
según unas normas específicas, y se difunden a los organismos previstos
desde el Centro Nacional de Predicción y a nivel regional desde los
grupos de predicción y vigilancia.

No voy a detallar a SS. SS. lo que en esta ocasión, día a día, a partir
de los días previos al de la catástrofe del 6 de noviembre se ha
producido. Está a disposición de SS. SS. para conocerlo. Pero creo que el
Instituto Nacional de Meteorología, concretamente desde el 4 de
noviembre, advirtió en sus boletines de las precipitaciones localmente
fuertes en Extremadura, Andalucía occidental y zonas occidentales de
ambas Castillas, y lo amplió al día siguiente a otras provincias de
Castilla y León y de Andalucía. Durante el día 5, todas las unidades
operativas de predicción del Instituto realizaron un seguimiento
constante de la situación y ante la dificultad de la predicción, dado que
en este caso los distintos modelos presentaban evoluciones distintas,
participaron además en los análisis unidades no operativas del Instituto
como el Servicio de técnicas de análisis y predicción y se contactó con
el Centro europeo de predicción a medio plazo. A su vez, se mantuvieron
contactos verbales frecuentes con los responsables de Protección Civil de
las distintas administraciones y de madrugada se atendieron las
peticiones de información de la Cruz Roja para operaciones de socorro en
Extremadura. La borrasca causante de esta situación comenzó a alejarse de
la Península a partir de la noche del día 6.

El siguiente capítulo del conjunto de cuestiones que afectan al fondo de
esta interpelación es la capacidad de prevención de los riesgos
producidos por las inundaciones, predichos por los boletines del
Instituto Nacional de Meteorología. Quisiera hacer unas mínimas
matizaciones al señor diputado porque puedo interpretar, con cierto
fundamento, que lo que ha ocurrido y las consecuencias de lo que ha
ocurrido no hubieran sido las mismas si a lo largo de los últimos años no
se hubieran realizado --por ejemplo, en la cuenca del Guadiana--
determinado tipo de actuaciones. De tal manera que si S. S. examina cómo
se ha producido este fenómeno en la cuenca del Guadiana, aguas arriba de
Badajoz, reconocerá que los sucesos que han dado lugar a los dramáticos
resultados que se han cobrado 22 víctimas humanas han tenido lugar en un
área de 312 kilómetros cuadrados en una cuenca que tiene una extensión
total de 48.000 kilómetros cuadrados y que, en su conjunto, sufrió con la
misma intensidad o tal vez más que en esos 312 kilómetros cuadrados los
efectos de este fenómeno meteorológico adverso. Gracias a que 36.000
kilómetros estaban regulados al cien por cien, en esa zona de la cuenca
del Guadiana, gracias a Dios, no hubo que lamentar ningún tipo de daños,
y en otra parte de la cuenca los daños se tradujeron en dificultades para
las comunicaciones o cortes en las comunicaciones. Ha sido en un punto
concreto que no contaba ni podía contar --y ahora me referiré a ello--
con los sistemas generales de prevención --la regulación mediante
presas-- o los sistemas automáticos de información hidrológica, el SAIH,
que afecta a las grandes cuencas, donde se han producido estas
catástrofes. Y aquí es donde yo creo que merece singularizarse y
profundizarse en la reflexión que esta noche nos trae la interpelación
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Porque la catástrofe de
Badajoz devuelve a la actualidad, trágicamente, la necesidad de impulsar
decididamente medidas de ordenación en las zonas inundables de España. En
muchas de las avenidas que han producido víctimas mortales en los últimos
años, esas medidas estructurales de regulación de la cuenca mediante la
realización de infraestructuras, ese tipo de medidas en lugares como
éste, que son cuencas de cabecera o afluentes laterales, no son posibles,
y aunque fuera posible instalarlas no serían eficaces porque los
fenómenos se producen con una rapidez que hace imposible la respuesta si
se depende exactamente de los datos que pueda ofrecer, a pie de terreno,
un sistema de detección. Es el caso de los arroyos Rivilla y Calamón,
causantes de la catástrofe de Badajoz, lo mismo que puede decirse de la
catástrofe de Biescas, ocurrida el pasado año, provocada por un barranco,
el de Ares, en la provincia de Huesca. Para evitar este tipo de
catástrofes, el de Badajoz y el de Biescas, es preciso incluir
sistemáticamente la prohibición de construir, de edificar, de ocupar las
zonas inundables, y es imprescindible acudir al instrumento



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del planeamiento urbanístico para que el factor de inundabilidad evite la
permanencia de zonas habitables o zonas con actividades económicas en las
mismas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
vicepresidente, le ruego que vaya concluyendo.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, me gustaría atender a todos
los aspectos que ha tocado el señor diputado pero procuraré abreviar en
lo posible.

Quiero decirle, señor diputado, que la exclusiva actuación de la
Administración hidráulica en estos últimos años ha sido insuficiente. Es
decir, la Administración hidráulica no tiene competencias suficientes de
policía del dominio público hidráulico y de control de las limitaciones
del uso de suelo en esas áreas inundables. Por tanto, creo que aquí hay
una reflexión oportuna a la que debemos invitar a todos los estamentos e
instituciones interesadas para preguntarnos cómo podemos avanzar en esta
dirección. Señoría, sin esperar a la reforma de la Ley de Aguas o a la
aprobación de los planes de cuenca, se podría empezar a promover un
acuerdo entre las administraciones local, autonómica y estatal para
acometer soluciones a las zonas amenazadas por inundaciones capaces de
provocar daños catastróficos. Ya existe desde el año 1994, elaborado por
la Administración anterior, un catálogo donde se acotan zonas con peligro
de inundación tomando como criterio la delimitación del dominio público
hidráulico. Criterio que es insuficiente para detectar el conjunto de las
zonas inundadas pero que puede servir de una buena referencia o de un
buen comienzo para iniciar esta reflexión y empezar a hilvanar este
acuerdo. Por ejemplo, en este proyecto Linde realizado por la Dirección
General de Obras Hidráulicas, en el año 1994, se detectaron en un total
de 592 tramos estudiados 541 afectados por invasión. Si tuvieran
conocimiento oficial las comunidades autónomas y los municipios afectados
de la existencia de estas fichas, que no son todavía las fichas completas
pero que lo serán en un futuro inmediato cuando dispongamos de los planes
de cuenca, podría resultar de utilidad para preparar las bases de este
acuerdo que permita acometer el problema derivado de la existencia en
zonas inundables, como en este caso, de zonas urbanas en grave riesgo.

Finalmente, señoría, a pesar de que usted dice que hay demasiada
legislación, yo por el contrario creo que hay la legislación necesaria,
no sobra nada. En todo caso, falta acelerar los instrumento de decisión
que aún no están completos; y citaré el más inmediato, el Plan especial
estatal de inundaciones que, estando aprobada la directriz básica desde
el año 1996, está en fase de realización en estos momentos. Creo que
acelerar la puesta a disposición de las distintas administraciones de
estos planes especiales, a los que seguirán los planes especiales de las
distintas comunidades autónomas, es una buena reflexión de cara a la
prioridad de los esfuerzos que se deben hacer para completar los
instrumentos jurídicos de los que nos hemos dotado para afrontar los
problemas conocidos genéricamente como competencias de la protección
civil. En este caso, no existiendo laguna legal, porque hay una
disposición que se dictó en su momento con carácter provisional y que
actúa con carácter supletorio, ha permitido que funcionara sin ninguna
dificultad la coordinación entre las administraciones. En el caso de
Badajoz, la dirección y coordinación de las actuaciones correspondió a la
Administración general del Estado a través del delegado del Gobierno,
aunque también participó en coordinación la Junta de Andalucía así como
los municipios afectados. Creo que es de justicia dejar constancia del
trabajo que han realizado los efectivos de la Guardia Civil, con la
intervención de 700 hombres; la Policía Nacional, fundamentalmente en
Badajoz, con 400 efectivos y 60 vehículos; las Fuerzas Armadas de los
acuartelamientos de Sancha Brava y de la base general Menacho, con 400
soldados y diverso material móvil; la Cruz Roja, con más de 180
voluntarios; la Policía local de Badajoz, con más de 150 personas; el
cuerpo de bomberos municipales y provinciales así como los más de 2.000
voluntarios integrados en las organizaciones no gubernamentales, en
Cáritas, en Samur, en el Insalud, en Protección Civil y en Aena.

Señorías, creo que en estos momentos la experiencia reciente y la
experiencia lejana nos permiten encontrar vías de avance y de progreso
para aprovechar mejor y más eficazmente los medios que tenemos
disponibles las distintas administraciones para, en la fase de
predicción, en la fase de prevención o en la fase de asistencia por los
medios de protección civil a las consecuencias de una catástrofe, podamos
dar respuestas mucho más satisfactorias que las que en estos momentos han
causado, en estos últimos días y en estos últimos años, los dramas que
han conmovido a la sociedad española.

Por eso, señor presidente, concluyo diciendo, en nombre del Gobierno, que
mi respuesta no ha podido ser exhaustiva --no pretendía serlo--, ni
conformista, ni resignada. Han quedado fuera de esta intervención --no
podía ser de otra manera-- temas importantes como las atenciones a las
víctimas, la reparación de los daños materiales en la agricultura, en la
industria, en los servicios públicos, en las comunicaciones o en los
mismos núcleos urbanos.

A mí lo que me gustaría, sabiendo que sobre estos temas se está
trabajando en la actualidad por parte de las distintas administraciones,
es transmitir, con motivo de esta interpelación, a todos los grupos de la
Cámara,



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frente a cualquier interpretación que pudiera traslucir la tentación del
Gobierno de caer en actitudes resignadas ante estas catástrofes, la
invitación a todos, extensiva también --es otro elemento de reflexión-- a
la participación abierta de los gobiernos autonómicos y gobiernos locales
para aportar iniciativas y compromisos que nos ayuden a perfeccionar las
actuaciones ya contempladas y a aumentar la eficacia de los medios
disponibles, incluidas la reflexión acerca de las competencias y la
coordinación entre administraciones.

Yo creo, como S. S., que una buena prueba del sentido de la
responsabilidad que nos alcanza a todos quedará patente en el mutuo
intercambio de propuestas que permitan aprobar, en el Pleno que
corresponda, por amplia mayoría una moción ambiciosa que oriente las
acciones futuras y que sea una moción de todos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.

Señor Castellano, tiene la palabra.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.

No se queje el señor vicepresidente del tiempo que le pueda faltar para
agotar el tema exhaustivamente, porque en alguna medida ha tenido usted
más que yo para también agotarlo en la interpelación; por tanto,
quedaremos comprometidos a ver si le dedicamos algo más de tiempo, porque
sería lamentable que sólo con esta iniciativa legislativa, esta pobre
intervención por mi parte y la documentada de que ha hecho gala S. S. nos
diéramos por satisfechos. Yo creo que esto tiene que empezar en un
período serio de reflexión. Y en un período serio de reflexión, señor
vicepresidente, en que no coincidimos del todo en el diagnóstico. Yo no
me quejo, en modo alguno, de cuál sea el perfeccionamiento o el grado de
pericia que haya alcanzado el Servicio Meteorológico Nacional, ni me
quejo de cuál sea el funcionamiento de todo ese cúmulo de instituciones y
de personas que se ponen en juego en el servicio de protección civil; me
quejo de que no hay la menor atención a una cosa que se llama
fundamentalmente situaciones de riesgo objetivo, de modo tal que de
producirse la misma calamidad sin que existieren ese conjunto de
situaciones, el resultado sería totalmente distinto.

Yo me quejo, efectivamente, de que ese resultado en zonas habitadas
comporte lo que comporta: la pérdida de vidas humanas y la pérdida de
bienes materiales importantísimos para las familias. Porque es lamentable
que se produzca la inundación de un conjunto de centenares de áreas de
naranjos o de olivos, pero es bastante más lamentable que desaparezca un
solo chiquillo o una sola persona mayor en un aluvión. Y a este tema no
se le quiere dar ninguna prioridad. La prioridad no está en establecer
mecanismos de mejora para la predicción meteorológica o en establecer
mecanismos de mejora para la protección civil a posteriori; la prioridad
para nuestro grupo está en que cuanto antes tengamos un catálogo de
situaciones de riesgo objetivo a las que hay que acometer.

No olvide, señor vicepresidente, que de ese millón de viviendas que se
dice que faltan en este país, y yo creo que es así, hay una importante
cantidad de ellas que no se incluyen y que están en todo ese conjunto de
lo que llamamos la España profunda, de las cuales el cien por cien, esas
viviendas modestas, no reúnen las menores condiciones de habitabilidad, y
son a las que afectan las inundaciones; son a las que afectan los
derrumbamientos de tierra; son a las que afectan incluso, fíjese usted a
que extremos hemos llegado, el corrimiento de las basuras de un vertedero
que puede acabar afectando a un barrio entero que tiene que vivir en las
condiciones más insalubres.

¿Qué concepto tenemos usted y yo de la protección civil? Esto es lo que
estamos discutiendo. Si la protección civil es a posteriori, me uno, y lo
he dicho previamente, al conjunto de reconocimientos que hay que hacer a
la ciudadanía y a las fuerzas que actúan en esa protección. Ahora bien,
si la protección civil es sólo eso, es un criterio muy reduccionista. No
podemos estar esperando eternamente a planes hidráulicos, ni podemos
estar esperando eternamente a otras medidas, porque ya llevamos mucho
tiempo con ello; llevamos mucho tiempo con este tema.

Si quiere usted le vuelvo a repasar --usted mismo lo ha dicho-- el
conjunto de calamidades a lo largo de los 40 últimos años que han
producido esas mil y pico víctimas, y verá usted que se repiten
sistemáticamente las situaciones de riesgo objetivo. La prioridad no
estará ahora en esperar a hacer un plan hidráulico. La prioridad está, de
verdad, en que, por parte de las administraciones públicas, todas
solidariamente, se ponga fin a las situaciones de marginalidad en las
viviendas de aquellos que están abocados, a la primera desgracia que
haya, a ser las víctimas.

No es sólo un problema de protección civil, no es sólo un problema de
planes hidráulicos; es un problema fundamentalmente presupuestario y un
problema de planificación para poner, lógicamente, en las mismas
condiciones de habitabilidad y de seguridad a una importante parte de
nuestra población que no está en esas condiciones, y hacia las cuales,
con la cómoda actitud de pensar que viene así desde siglos inveterados o
que fue culpa de otros gobiernos, no dedicamos ninguna atención.

¿Usted cree que se hubiera producido la catástrofe de Extremadura con las
dimensiones que ha alcanzado de no existir esos barrios marginales en los
cuales han nacido las viviendas como buenamente han podido, sin orden ni
concierto, valga la expresión? ¿Usted cree que se hubiera producido la
catástrofe de Biescas si hubieran funcionado los servicios de inspección,
no



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solamente del ayuntamiento, que a lo mejor está sólo pendiente de cobrar
licencias, sino del Estado, como tal, que tiene la misión de la superior
vigilancia en el funcionamiento de las instituciones?
En el diagnóstico creo que empezamos a ponernos de acuerdo. En lo que no
estamos de acuerdo es en el establecimiento de prioridades. Y,
efectivamente, señor vicepresidente, si usted se asoma al catálogo
legislativo podrá decir que le falta todavía alguna legislación. Asómese
de nuevo y verá usted que lo que aparece es pura burocracia. Detrás de
cada articulo en que se enuncia cuáles son los mecanismos de la
protección civil, viene a continuación cómo se constituye la comisión
correspondiente, y por falta de gente no va a ser. Sólo falta, si quiere
usted, el director de la banda municipal, pero luego eso no funciona.

Planes, todos los que usted quiera, pero no funcionan. ¿Quién hace
cumplir esos planes? ¿Quién es el que de verdad le pone coto a la
especulación del terreno? ¿Quién le pone coto a la facilidad de diseño de
las constructoras que contratan con el Estado en sitios por donde no
podía pasar una autopista? ¿Quién le pone coto a la situación que se
aprecia en materia de siniestrabilidad náutica, que es cada día mayor?
¿Quién toma alguna medida? La medida no puede ser siempre a posteriori.

Aquí es donde radica la razón de esta interpelación: tratar de llevar a
su ánimo que, además de la protección civil, no interpretada tan
reductivamente como usted lo hace en el a posteriori, tiene que haber una
doctrina de prevención. Y esa doctrina de prevención exige un enorme
esfuerzo financiero, exige un enorme esfuerzo solidario y exige que, de
una vez por todas, este país abandone la cultura de la megalomanía de las
grandes obras para enseñar, de los grandes centros de las ciudades para
exhibir y empiece a preocuparse de cómo viven un conjunto de gentes que
viven muy mal, en condiciones de falta de habitabilidad y que son los que
soportan estas situaciones. O se cambia esta filosofía o sinceramente no
habremos avanzado en nada. Para cambiar esta filosofía cuente usted con
nosotros; para seguir en la filosofía de cómo después somos capaces de
atender las necesidades de los que ya de por sí están en situación en que
el dinero poca falta les hace porque sinceramente han perdido tanto que
lo poco que se les dé no le sirve para nada, en esa filosofía no estamos.

El motivo de esta interpelación es que cambiemos, y para ello hace falta,
de verdad, que ustedes revisen las prioridades del presupuesto. Estoy
convencido, señor Alvarez-Cascos, de que si usted y yo las repasáramos,
fuera de estar usted sentado en ese banco y yo en éste, con criterios de
racionalidad, llegaríamos a la conclusión de que hace falta que se
modifiquen de arriba a abajo.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.

Señor vicepresidente primero, tiene la palabra.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señorías, esta segunda
intervención del señor Castellano yo creo que se ha hecho desde una
posición por supuesto muy sentida y muy comprometida con las
consecuencias de los fenómenos adversos que han producido las catástrofes
que todos lamentamos, pero instalándose en una situación fácil de crítica
descomprometida.

Señor Castellano, hoy, en este debate, precisamente recogiendo su propia
filosofía, estamos no tanto para hacernos preguntas como para dar las
respuestas. Yo, señor Castellano, creo que he puesto sobre la mesa, sin
ánimo de ser exhaustivo, las preguntas y las respuestas en torno a las
cuales podemos empezar a confluir en un acuerdo abierto a todos los
grupos parlamentarios y en un acuerdo abierto a otras administraciones
que necesariamente deben de participar del mismo para poder poner coto,
de una vez por todas, más temprano que tarde, a este tipo de situaciones.

Señor Castellano, yo supongo que usted no ignora que cuando se habla de
presupuestos se habla de administración de recursos escasos. Por tanto,
no se puede hacer todo al mismo tiempo en todas partes. Esa es una
realidad en la que probablemente desde la perspectiva de los distintos
grupos pueda haber diferentes posiciones políticas en relación con las
prioridades.

Yo le aseguro que en un punto concreto que usted ha citado no hay más
discrepancia que el que queramos hacer para desmarcarnos del otro, que es
en el tema de la elaboración urgente del catálogo de zonas de riesgo. Ese
catálogo de zonas de riesgo hoy existe en un documento elaborado por la
Administración anterior con fecha año 1994 llamado proyecto Linde, y que
tiene como referencia el dominio público hidráulico. Y yo he puesto en
estos momentos sobre el tapete la posibilidad de iniciar un conjunto de
actuaciones, las que convengamos, bajo la responsabilidad o la iniciativa
del Gobierno, por mandato de los grupos parlamentarios, haciendo una
advertencia, y es que la referencia al dominio público hidráulico a la
hora de delimitar ese catálogo nos parece insuficiente, porque el dominio
público hidráulico, por su propia definición legal, no contempla la
totalidad de las áreas inundables en las que se pueden producir riesgos
catastróficos. Hay que ir a una definición con criterios más amplios de
ese catálogo, pero bien está que empecemos por un porcentaje en el que
habrá coincidencias. Por ejemplo, la zona de los arroyos Rivilla y
Calamón está detectada en el Plan Linde. Si lo tomamos como referencia la
tendríamos catalogada como zona de alto riesgo. Y como esa otras muchas
zonas.

Eso se lo pongo hoy, en este momento, sobre la mesa, señor Castellano. No
se lo he aplazado a ningún compromiso de futuro. Le he dicho que nos
pongamos a trabajar en este momento. No sé si al final, a la hora de
administrar los recursos presupuestarios, tendremos



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alguna discrepancia, pero yo le aseguro que a la hora de ponernos de
acuerdo para concebir mejores y más precisos sistemas de predicción, a la
hora de elaborar, con los medios técnicos disponibles, el catálogo de
zonas de riesgo y a la hora de culminar el esquema que, a partir de la
Ley de Protección Civil, vincula a todas las administraciones; a la hora
de hacer todo eso no tendremos discrepancias. En este momento, esta
Cámara tienen una posibilidad real, gracias a su interpelación, y espero
que gracias a su moción, de que todos nos pongamos al unísono a trabajar
para ganarle tiempo a este tipo de problemas.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.,
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar quiero agradecer al grupo interpelante la
oportunidad que nos brinda con su interpelación de mantener esta tarde
esta reflexión colectiva, como creo que la definía, que realmente es lo
que estamos haciendo aquí en este momento. También quiero decirle que en
absoluto me parece que se trate de una utilización oportunista de una
catástrofe natural que hemos sufrido hace escasamente una semana, en
absoluto. Creo, incluso, que el momento es bueno, porque al hilo de las
catástrofes es una buena situación para obligarnos a reflexionar y
hacerlo con una voluntad real de intentar buscar puntos de encuentro que
sirvan para hacer propuestas eficaces de cara a mejorar la situación en
el país.

Tengo que sumarme, como han hecho los anteriores intervinientes, a la
condolencia de las víctimas de esta catástrofe en Extremadura.

Ha quedado patente también en las dos intervenciones anteriores que
estamos ante un tema que tiene unas derivaciones amplísimas a nivel
legislativo, a nivel competencial, ya que todas las administraciones
públicas tienen algo que decir y algo que hacer en este ámbito, incluso
en aspectos de políticas sectoriales, porque las implicaciones son muy
amplias. Hace un momento, el señor vicepresidente del Gobierno sugería la
actualización del catálogo de zonas de alto riesgo, que me parece que es
muy oportuno, pero también los ayuntamientos tienen competencias
importantes en tanto en cuanto son los que en primera instancia pueden
decidir aquellos lugares del territorio susceptibles de ser ocupados
humanamente, y las comunidades autónomas también tienen un nivel de
actuación importante en cuanto que son competentes en política de
vivienda.

El diseño de obras públicas y grandes infraestructuras ha sido citado por
el señor Castellano. En los últimos años se han producido avances
importantes para incorporar progresivamente los riesgos derivados de
estas catástrofes naturales. Es un ámbito donde se puede avanzar, como en
los mecanismos de prevención del Instituto Nacional de Meteorología,
aunque debemos reconocer entre todos que la meteorología no es una
ciencia exacta.

En cualquier caso, estamos conformes en que esta interpelación sirva para
introducir una reflexión a nivel de todos los grupos políticos y de todas
las administraciones públicas con el objeto de ser eficaces. Ciertamente,
tenemos un punto de partida que no es nuevo sino antiguo, se pierde en
cierta forma en nuestra historia más reciente, y es que España adolece de
una tradición de política de protección civil. Ya abandono el terreno de
la prevención y me sitúo en la tesitura de una catástrofe inminente o que
ha acaecido. Existe una falta de tradición en esta materia o, al menos,
no es comparable con la que existen en otros países del ámbito
comunitario que, habiendo sufrido dos grandes guerras mundiales, han
tenido que adoptar toda una serie de mecanismos que han generado esta
cultura.

Creo que en los últimos años, empujados por una serie de catástrofes
naturales que nos han afectado, se ha avanzado mucho en este terreno.

Debo reconocer que donde más se ha avanzado es en aquellas comunidades
autónomas que, por su ubicación geográfica, son las que lo han sufrido
con mayor intensidad. En ese sentido, creo que las comunidades del arco
mediterráneo son las que, por desgracia, han tenido que realizar un mayor
esfuerzo de adaptación y han diseñado sus propias leyes de protección
civil o incluso un modelo propio.

¿En qué dirección van los esfuerzos que se están realizando y en qué
dirección, desde nuestro punto de vista, deberíamos dirigir, con carácter
general, cualquier esfuerzo futuro? Creo que en la de conseguir el mayor
grado de eficacia en la acción de todos los grupos que intervienen
inicialmente en caso de emergencia declarada por cualquier catástrofe
natural, sea un incendio forestal, una inundación o un terremoto. En una
catástrofe de este tipo intervienen bomberos, servicios médicos, policía,
mantenimiento de carreteras y abastecimiento de servicios esenciales.

También existe un potencial de voluntariado que se manifiesta
notablemente cuando suceden hechos de este tipo y que se debe aprovechar.

Otra reflexión que le quiero trasladar, señor Castellano, es que entiendo
que con todas las organizaciones que pueden intervenir en algún momento
determinado para paliar las situaciones derivadas de una catástrofe de
este tipo, ya tenemos suficiente. No adoptemos la conclusión de que
tenemos que crear un cuerpo nuevo; ya tenemos suficiente, repito, con lo
que hay en este momento.

También podemos avanzar en la coordinación administrativa, porque cuando
citaba todos los cuerpos



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que, desde mi punto de vista, pueden intervenir para paliar las
situaciones de catástrofe, obviamente estamos hablando de cuerpos que
dependen de la Administración local, de la Administración autonómica y de
la Administración central.

En segundo lugar, la eficacia es directamente proporcional a la
planificación y a la coordinación previa. Es muy importante que seamos
capaces de planificar las emergencias; es muy importante la previsión
anticipada de los mecanismos de cooperación y de los protocolos de
actuación de cada grupo implicado, a fin de que las decisiones adoptadas,
una vez se ha generado la emergencia, respondan a una visión global de
las necesidades, sin desconexión.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Recoder, le
ruego concluya.




El señor RECODER I MIRALLES: Voy concluyendo, señor presidente.

Dicho de otra forma, que las medidas que se adopten no respondan a
decisiones precipitadas, improvisadas o inconexas, lógicas, por otro
lado, en un contexto de alarma. En ese sentido, me parece positivo, por
ejemplo, el existente Protocolo nuclear.

¿En qué ámbito deben de adoptarse estas actuaciones? Esta no es una
competencia que por la Constitución esté expresamente atribuida a la
Administración central del Estado y en cambio sí está atribuida en
algunos estatutos de autonomía, pero sólo en algunos, a las comunidades
autónomas: en estos casos está claro que existe una competencia
autonómica, salvo en supuestos muy extremos, como es el caso de
emergencias que puedan afectar a más de una comunidad autónoma. Pero
también debo confesarles que en los otros casos no tengo claro cuál es la
solución. Me parece que alguien debería de asumir esa competencia o,
cuanto menos, la competencia última de coordinación.

Las situaciones en el conjunto del Estado son diversas y pienso que un
esquema adecuado, un modelo que yo aporto a este debate es el que se ha
adoptado en Cataluña, donde en su momento se aprobó una ley de protección
civil. A la ley la siguen una serie de planes sectoriales de emergencia y
a estos planes de emergencia les sigue la implantación territorial de una
planificación que se concreta en la planificación municipal que los
ayuntamientos deben realizar, de manera que, por un lado, los
ayuntamientos aprueben un plan de emergencia adecuado a los riesgos
potenciales a los que están sometidos, de acuerdo con los recursos de que
dispone y aquellos que previsiblemente está en condiciones de movilizar
en caso de necesidad, y que en base a estos recursos organice su propia
estructura logística de respuesta.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Recoder, le
ruego concluya.

El señor RECODER I MIRALLES: Termino ahora mismo, señor Presidente.

Por otro lado, también se define una estructura logística sobre cinco
pilares que creo que es importante tener en cuenta de cara a cualquier
legislación futura. En primer lugar, quién es la autoridad que coordina.

En la ley catalana es el alcalde del municipio en todos los casos, salvo
la catástrofe que tiene un ámbito supramunicipal. En cualquier caso
existe una coordinación superior por parte del Gobierno de la
Generalitat.

En segundo lugar, cuáles son los grupos actuantes o bien a cuál de estos
grupos corresponde la dirección. En el caso catalán es al cuerpo de
bomberos. Es muy fácil hacerlo así porque es un cuerpo que está
implantado en todo el territorio, salvo en el caso de Barcelona, que
tiene una dependencia del Gobierno de la Generalitat.

En tercer lugar, qué papel se le asigna al voluntariado. Entiendo que no
se le puede asignar cualquier papel o no se le pueden atribuir
actuaciones o responsabilidades para las cuales no está preparado, pero
sí se pueden adoptar una serie de medidas previas para capacitarlos.

En cuarto lugar, el tema de la información a los ciudadanos es básico en
cualquier proceso de este tipo. Y, después, qué hacemos para recuperar la
normalidad, imponiendo un esquema de orden al enorme caos que sigue a
cualquier catástrofe.

En cualquier caso, y termino, señor presidente, son elementos a
considerar, son aportaciones que realizo a este debate y nuestra
disposición total y absoluta para que, de la moción que debatiremos de
aquí a dos semanas, salga un texto que sirva para mejorar la situación
presente.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, yo quisiera resaltar la oportunidad que nos da la
interpelación de esta tarde para reflexionar sobre un problema que debe
ser objeto de atención permanente desde todos los puntos y órdenes, no
solamente desde el plano legislativo o desde el plano de la gestión,
desde el plano de la prevención o desde el plano de las medidas de
control a posteriori, sino también desde el punto de vista económico.

La situación que nos ocupa obliga a que este Parlamento sea especialmente
sensible y a que aproveche con criterio abierto el modelo de reflexión de
las necesidades que están planteadas, una reflexión que debe hacerse y
que debe concluir en una moción que suscite el máximo consenso, y, desde
esa perspectiva constructiva,



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cuando se debata la moción consecuencia de esta interpelación, vamos a
aportar nuestros puntos de vista y nuestros criterios. Es lo cierto que,
de todas maneras, no con la moción, no con este debate y no en relación
exclusivamente con los sucesos últimos que nos han preocupado a todos y
que han sido dramáticos especialmente en Extremadura, pero que tienen una
gran proyección para el conjunto de los españoles; es lo cierto, repito,
que no vamos a dar por cerrado el debate. Y no vamos a dar por cerrado el
debate porque aquí debe haber un esfuerzo de reflexión y de medidas y
alternativas permanentes en la materia.

En nombre de mi grupo también quisiera dejar constancia, como otros
grupos parlamentarios, de nuestra solidaridad con el dolor no solamente
del pueblo extremeño sino de aquellos que más directamente han podido
sufrir las consecuencias dramáticas de la última catástrofe acaecida en
Extremadura.

También quisiéramos dejar constancia, como no puede ser de otra manera,
del esfuerzo que ha habido, basado en algo que es la filosofía de un
sistema que se ha venido poniendo en marcha en materia de catástrofes, es
la filosofía misma de lo que es la configuración y la relación de poderes
en el Estado español, la filosofía de la coordinación
interadministrativa. Creo que se ha dado esa coordinación
interadministrativa porque ese es el principio que debe regir el
funcionamiento de las administraciones, sobre todo en temas como el que
nos ocupa. Y quisiera, a su vez, dejar constancia del esfuerzo que ha
habido por parte no solamente de las administraciones sino también de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por los servicios de
protección civil, por la Cruz Roja, por los ayuntamientos, por el
voluntariado y por todos los que han intervenido para paliar, para hacer
frente a las consecuencias dramáticas de los acontecimientos que, ya
digo, influyen o están más presentes en nuestro pensamiento a la hora de
analizar soluciones para el futuro en materia de prevención de riesgos
catastróficos.

Quisiera, asimismo, llamar la atención sobre la necesidad de que, en
efecto, en esta materia es importante adoptar medidas de todo orden,
medidas de tipo económico. Por poner un ejemplo, y sin ánimo de abrir
ningún frente de crítica, he de decir que en los últimos tiempos y en los
dos últimos años se vienen detectando una serie de deficiencias en el
ámbito del funcionamiento de la protección civil. La dotación
presupuestaria realmente no está a la altura de las circunstancias, de
las necesidades; lo planteo como reflexión para que sea tenido en cuenta
en las mociones o en las alternativas que elaboremos de manera conjunta y
desde el consenso; por ejemplo, aspectos tan concretos como la red de
mando, Reman, que data de 1982 y está actualmente desfasada
tecnológicamente, según datos que se desprenden del propio diagnóstico
que hace la actual Dirección General de Protección Civil del Estado. Es
decir, que quiero llamar la atención ante un ejemplo puntual de
necesidades de dotación económica presupuestaria para reforzar un área
que es fundamental. Como es fundamental, a su vez, reforzar toda la
capacidad operativa de los Servicios de Protección Civil del Estado; como
es también necesario ultimar, en esta materia y en otras, medidas de tipo
legal.

El señor Castellano nos hablaba de que existe una fronda de disposiciones
legales que pueden llevarnos a la confusión o que pueden generar una
cierta burocratización, pero también esa fronda normativa requiere una
cierta reordenación y, sobre todo, desarrollos que aún siguen pendientes.

Por darles tres datos: por ejemplo, es imprescindible culminar el
desarrollo de la Ley de Protección Civil mediante la aprobación de la
norma básica de autoprotección que aparece...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuesta, le
ruego concluya.




El señor CUESTA MARTINEZ: Voy concluyendo, señor presidente.

Norma básica de autoprotección que aparece regulada en la ley; o la
legislación en materia de infracciones y sanciones; o la norma reguladora
de ayudas a los afectados por situaciones catastróficas, por no hablar
del impulso de la planificación y de la concertación en los ámbitos
autonómicos y municipales; o la ayuda financiera a los municipios que
hayan aprobado planes territoriales municipales en la materia; o también
poner de manifiesto la necesidad de que en la concepción de la
legislación del suelo o de la planificación de la ordenación urbana se
tengan en cuenta las situaciones de riesgo y los aspectos que afectan a
la protección civil, porque a veces, en lo que es la gestión del
urbanismo o el marco normativo del urbanismo, no se toman en
consideración los riesgos que se derivan de las catástrofes o las
necesidades que están relacionadas con la protección civil.

Creemos, por tanto, que hace falta adoptar múltiples medidas, algunas de
ellas que mejoren también otros servicios. Se refería el señor Castellano
al funcionamiento de los servicios, por ejemplo, de salvamento marítimo.

Es cierto que en la moción no sólo debemos concentrarnos en los últimos
hechos, tenemos que abordar un conjunto de riesgos que siguen existiendo.

Ha habido un importante avance en lo que es el Plan nacional de
salvamento marítimo, por ejemplo, pero en los último tiempos también
detectamos algunos problemas que conviene corregir, precisamente para
garantizar un mayor nivel de seguridad de todos los hombre de la mar que
trabajan allí con un grave riesgo, en ocasiones.

Y acabo comprometiendo la voluntad constructiva de nuestro grupo
parlamentario en lo que sea el debate de la moción, precisamente para
que, desde el consenso, podamos en esta Cámara vincularnos a un proceso
de soluciones, de compromisos, que estén perfectamente



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enraizados en lo que son necesidades importantes, muy sentidas, y que son
asignaturas que, en el día a día, sigue siendo necesario contemplar y
abordar en el acontecer de nuestra vida.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuesta.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Zambrano.




El señor ZAMBRANO VAZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para indicar que, aunque mi grupo fijará su
posición de forma más extensa en el momento del debate de la moción que
corresponda a esta interpelación urgente del Grupo Federal de Izquierda
Unida, quiero aprovechar este momento en esta Cámara, como diputado
extremeño y en nombre de todos ellos, para resaltar y agradecer el alto
grado de cooperación, coordinación y solidaridad expresado y mantenido
por todos los grupos políticos, por todas las instituciones y
administraciones del Estado y también por todos los ciudadanos en general
en los desgraciados acontecimientos ocurridos en Badajoz.

Por cierto, tengo que decir con orgullo que los cinco puntos que aportaba
el Grupo de Convergència i Unió con otro nombre han funcionado con plena
perfección en la catástrofe de Badajoz.

Es claro que esta interpelación no se ha hecho por la tragedia de
Extremadura, sino por muchas otras ocurridas, entre las que recuerdo
Biescas, Alicante, Bilbao, Cataluña y, sobre todo, Valencia, por eso de
tantas veces. Podemos decir de forma general que muy pocas ciudades de
España se salvan de tener la cicatriz de una tragedia.

Es obvio también que la llamada gota fría no es una denominación que
sirva para apellidar bien mi tierra, que no es una zona, como dice
literalmente la interpelación, tradicionalmente afectada por esta clase
de inclemencias, que sin duda se acomodaría mejor a las tierras
levantinas. Pero es claro y obvio también que, por la brutalidad y la
cercanía en el tiempo de la tragedia, todos tenemos hoy presente y
estamos pensando, al intervenir, en Badajoz. Triste sino este de mi
tierra, señorías, que sólo adquiere protagonismo con la desgracia. Por
eso sólo me salen las palabras para decir que ayer nos tocó a los
extremeños llorar nuestros muertos, y tengo que reconocer con gratitud
que con Extremadura lloró toda España y que, pasada la hora de los
lamentos, aunque todavía la tragedia no haya terminado porque aún quedan
desaparecidos, la reflexión nos dice que, aunque tenemos la costumbre de
buscar culpables cada vez que algo nos duele profundamente, no es ese el
camino ni ha sido, porque culpables, todo hay que decirlo, a veces los
hay y a veces no, y a veces también un poco culpables somos todos.

Recogiendo lo dicho por el señor Castellano, tampoco hay que achacarlo a
la falta de medidas legislativas, aunque sí quizá sea este el momento de
aunar, ordenar y coordinar esa serie de medidas legislativas que existen
en las distintas administraciones, tal y como acertadamente ha apuntado
el señor vicepresidente del Gobierno y para lo que sin duda ayuda la
existencia actual de un Ministerio de Medio Ambiente que puede decidir
mejor la legislación en determinadas áreas de riesgo.

Creo que al menos en la tragedia de mi tierra, de mi ciudad, de Badajoz y
de su pueblo vecino Valverde de Leganés, es inútil, innecesario y poco
operativo buscar responsables y que es mucho más aconsejable, solidario,
productivo y deseable que nuestra conducta vaya encaminada a que esas
mismas muestras de coordinación, cooperación y solidaridad que ofrecimos
en la desgracia y con los muertos, y que agradecí al principio de mi
intervención, se pongan ahora de manifiesto con los vivos. En este
sentido, me dirijo al grupo que ha hecho la propuesta y a todos los demás
de este Parlamento para que la consecuente moción sobre todas las
catástrofes mencionadas, no sólo la extremeña, discurra por estos cauces
de cooperación y coordinación mencionados y que el mismo interpelante ha
ofrecido, y de esta forma todos podríamos apoyarla por unanimidad, de
modo que sirviera para paliar en parte las consecuencias de tanta
desgracia y para que en lo sucesivo pudiéramos prever catástrofes
similares siempre que puedan evitarse.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zambrano.

Muchas gracias, señorías.

El Pleno se reanudará mañana a las nueve de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las ocho y diez minutos de la noche.