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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 111, de 29/10/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1997 VI Legislatura Núm. 111



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 107



celebrada el miércoles, 29 de octubre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Preguntas (Página 5618)



Interpelaciones urgentes:



--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre adopción de medidas para reducir la jornada laboral a 35
horas y las horas extraordinarias (Núm. expte. 172/000056) (Página 5641)



--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas del Gobierno para
asegurar los objetivos de inversión previstos por el Ministerio de
Fomento. (Núm. expte. 172/000057) (Página 5650)
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SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Preguntas (Página 5618)



De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Va a
retirar el Gobierno el Proyecto de Decreto sobre la reforma de la
enseñanza de las humanidades en la educación secundaria obligatoria,
atendiendo a las reacciones que ha suscitado? (Número de expediente
180/000857) (Página 5618)



De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las que el
Gobierno ha decidido no firmar la Declaración Aneja del Tratado de
Amsterdam referente al principio de subsidiariedad que asiste a los
subestatales con capacidad legislativa? (Número de expediente 180/000831)
(Página 5619)



De la Diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del
Gobierno respecto al conflicto de la presencia de hormonas en el cebo de
animales? (Número de expediente 180/000850) (Página 5620)



Del Diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el
Gobierno tomar alguna medida para la creación de una denominación
específica de calidad en los distintos productos pesqueros españoles?
(Número de expediente 180/000851) (Página 5621)



Del Diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Gobierno la posición
de la Comisaria Europea de Medio Ambiente sobre la reciente normativa
española que posibilita la caza de aves migratorias en contrapasa?
(Número de expediente 180/000836) (Página 5622)



De la Diputada doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la valoración de la Ministra
de Medio Ambiente sobre la designación de la sede del Conenio de Naciones
Unidas sobre lucha contra la desertificación? (Número de expediente
180/000840) (Página 5623)



Del Diputado don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ante la situación producida por
las condiciones de trabajo ofrecidas a los 200 trabajadores valencianos
desplazados a Holanda? (Número de expediente 180/000838) (Página 5625)



Del Diputado don Damián Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las líneas de
actuación incluidas en el Plan de medidas urgentes para la promoción del
empleo de las personas con discapacidad? (Número de expediente
180/000855) (Página 5626)



Del Diputado don Alejandro Ballesteros de Diego, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
la evolución de la contratación indefinida desde que entró en vigor la
reciente reforma laboral? (Número de expediente 180/000856) (Página 5627)



Del Diputado don Jenaro García-Arreciado Batanero, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a tomar el
Gobierno para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea de
reducir



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en un 65% las tarifas de interconexión telefónicas? (Número de expediente
180/000834) (Página 5628)



Del Diputado don José Antonio Amate Rodríguez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Confirma el Gobierno que el Organismo
Autónomo de Correos va a obsequiar con cruceros por el Mediterráneo a sus
mejores clientes? (Número de expediente 180/000835) (Página 5629)



Del Diputado don Ramón Ortiz Molina, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante la
anunciada huelga de transportistas franceses, el próximo 3 de noviembre,
en defensa de los transportistas españoles? (Número de expediente
180/000837) (Página 5630)



Del Diputado don Gerardo Torres Sahuquillo, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se encuentra el
Convenio entre RENFE y la Diputación General de Aragón que tiene por
objeto mantener en servicio las líneas regionales de la Comunidad
Autónoma de Aragón? (Número de expediente 180/000839) (Página 5631)



Del Diputado don Cristóbal Juan Pons Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado
recientemente el Ministerio de Fomento en relación al transporte marítimo
de mercancías peligrosas? (Número de expediente 180/000848) (Página 5632)



Del Diputado don Juan José Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué estado se encuentra el
Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en
el mar y de la Lucha contra la Contaminación en el Medio Ambiente?
(Número de expediente 180/000849) (Página 5633)



Del Diputado don Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
afectarán al sector del transporte las medidas aprobadas en Consejo de
Ministros de fecha 11 de julio de 1997 en relación a la modificación del
Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres? (Número de
expediente 180/000852) (Página 5634)



Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles
son las previsiones del Gobierno con respecto a las obras del puente de
Piedrafita, que une Galicia con Castilla-León, por carretera? (Número de
expediente 180/000853) (Página 5635)



Del Diputado don Luis Angel Fernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene
el Ministerio de Fomento para el tramo de la CN-340 entre las localidades
de Guadiaro y Estepona? (Número de expediente 180/000854) (Página 5635)



De la Diputada doña Ana María Torme Pardo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene
el Ministerio de Interior en orden al desarrollo en Comisarías del
llamado «Servicio de Atención a la Mujer» (SAM)? (Número de expediente
180/000847) (Página 5636)



Del Diputado don José Borrell i Fontelles, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y
Ministro de la Presidencia: ¿Qué cambios se produjeron en el Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 1998 entre el miércoles 24 de
septiembre y el viernes 26 de septiembre? (Número de expediente
180/000832) (Página 5637)



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Del Diputado don Mariano Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la
Presidencia: ¿Piensa el Gobierno modificar su estrategia y objetivos
privatizadores ante el mal resultado económico obtenido en la última
privatización realizada y referente a la empresa ENDESA? (Número de
expediente 180/000845) (Página 5639)



Del Diputado don José Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Excmo. Sr.

Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Cuándo
piensa el Gobierno dar cumplimiento al acuerdo de la Cámara, de 25 de
febrero de 1997 y remitir a esta Cámara un Proyecto de Ley en materia de
minas antipersonales, al objeto de que esté aprobado antes de que se
celebre la Conferencia de Ottawa? (Número de expediente 180/000846)
(Página 5640)



Interpelaciones urgentes (Página 5641)



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre adopción de medidas para reducir la jornada laboral a 35
horas y las horas extraordinarias (Página 5641)



Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Vaquero del Pozo.

Manifiesta que presentan esta interpelación urgente sobre la reducción de
la jornada laboral a 35 horas y la limitación de horas extraordinarias en
las empresas porque es una medida necesaria y oportuna. Es necesaria
porque en el artículo 40.1 de la Constitución se propone como un objetivo
del Estado social y democrático de Derecho el pleno empleo, ordenando a
los poderes públicos que realicen una política orientada a lograrlo;
porque los múltiples factores que originan el paro no van a desaparecer,
sino que va a seguir propiciando nuevos desequilibrios entre el
crecimiento económico y la capacidad de generar puestos de trabajo,
debido a los criterios neoliberales que guían el modelo productivo;
porque tanto las políticas europeas como las practicadas por los
gobiernos de distinto signo político del Estado español han ensayado sin
éxito distintas fórmulas para crear empleo, que se resumen en la
flexibilización y desregulación de los mercados laborales; y porque,
incluso en épocas de crecimiento económico como la actual, el incremento
de los beneficios empresariales no se traduce en un crecimiento
proporcional del empleo. Piensa que nadie duda de que sea necesaria la
reducción de la jornada de trabajo o que, al menos, es una fórmula que
hay que estudiar, porque incluso los detractores de la medida no se
atreven a expresar un no rotundo.

Por otra parte, considera que este debate es oportuno porque las
decisiones políticas de varios gobiernos de países con los que España
mantiene relaciones económicas, comerciales y políticas en el seno de la
Unión Europea facilitan la adopción de una medida que en solitario podría
tener consecuencias secundarias no deseables; porque en la cumbre de
Amsterdam para la revisión del Tratado de la Unión Europea los gobiernos
europeos han decidido celebrar una cumbre en Luxemburgo para hablar del
problema del empleo, en la que se tratarán, sin duda, estas fórmulas
contra el desempleo junto con otras ya clásicas en las políticas
económicas y sociales de los países europeos; y porque se preparan en
Europa y en España movilizaciones de conciencia colectiva para
reivindicar esas reducciones de tiempo de trabajo para la creación de
nuevos puestos.

Sobre la polémica planteada de si se debe hacer en el marco de una ley o
en el ámbito de la negociación colectiva, el interpelante considera que
tanto la ley como la negociación colectiva tienen su función y son
complementarias. Estima que lo importante realmente es que la Cámara
manifieste su voluntad política y su compromiso de reducir la jornada de
trabajo a 35 horas, así como las horas extraordinarias, dejando que la
ley remueva las resistencias y prejuicios y la negociación colectiva cree
las condiciones de su aplicación.

En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra). Manifiesta en primer lugar que aunque no
comparte algunos de los argumentos del señor Vaquero, reconoce la
seriedad de los planteamientos y su oportunidad. En segundo lugar se
muestra abierto a cualquier debate sobre el reparto del empleo, pero le
parece más positivo debatir sobre la creación de empleo, puesto que hay
muchas posibilidades de acercar cada vez más los niveles de crecimiento
económico a los de creación de empleo, y



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añade que tampoco se pueden obviar en el debate los sistemas de
protección social.

A continuación expone la posición del Gobierno ante la medida tomada en
Francia e Italia de reducción de la jornada de trabajo a 35 horas, que es
apoyar el acuerdo que firmaron sindicatos y empresarios, en el que se
hace una referencia expresa a que dentro del diálogo social se aborde
todo lo relacionado con la gestión del tiempo de trabajo, la duración y
redistribución de la jornada, pensando siempre en la evolución del empleo
y en el funcionamiento de las empresas. Asimismo, el Gobierno opina que
al hablar de tiempo de trabajo, si se quiere hacer con rigor, se deberían
tener en cuenta los cómputos anuales de horas trabajadas. También son
partidarios de que el reparto y la reorganización del tiempo de trabajo
se pueda hacer sector a sector y empresa a empresa. Explica que en el
marco de las relaciones laborales hay tres posibilidades: o la permanente
intervención de los poderes públicos o la estrategia de permanente
confrontación o el camino del diálogo social y la negociación colectiva,
mostrándose abiertamente partidario de la tercera posibilidad.

Replica el señor Vaquero del Pozo, duplicando el señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Encina Ortega, del
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.




Del Grupo Socialista del Congreso, sobre medidas del Gobierno para
asegurar los objetivos de inversión previstos por el Ministerio de
Fomento (Página 5650)



Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, el señor García-Arreciado Batanero. En primer lugar muestra
su convencimiento de que el ministro de Fomento estará de acuerdo en que
la necesidad de invertir en infraestructuras es una prioridad básica de
cualquier gobierno que pretenda mantener la competitividad el territorio,
puesto que la eficacia del sistema económico en su conjunto tiene una
fuerte dependencia de la calidad de los sistemas de transporte, máxime en
un país que todavía no ha alcanzado el pleno equilibrio territorial,
donde hay déficits de «stocks» de infraestructuras en determinadas zonas
y donde, sobre todo, existe una situación geográfica periférica de los
grandes mercados centroeuropeos con los que se mantiene la mayor parte
del comercio exterior.

Por otra parte, considera que desde 1996 y con motivo del cumplimiento de
los criterios de convergencia, el Ministerio de Fomento ha bajado su
esfuerzo inversor y ha utilizado la inversión en infraestructuras como un
instrumento de ajuste del déficit público, pasando a explicar más
detalladamente en qué ha consistido lo que el denomina el «descalabro
inversor». Opina que tanto en los presupuestos de 1997 y 1998 como en la
Ley de medidas fiscales de 1997 se intenta ocultar este preocupante
descenso en la función inversora, y añade que, realmente, más allá de la
congelación del sueldo de los funcionarios y el recorte y la paralización
que se produce sobre los escasos créditos de infraestructura, poco más
han sido los mecanismos que el Gobierno ha utilizado para cumplir los
criterios de déficit que exige la convergencia en Europa. Su grupo estima
que esto es malo para el país y va a retrasar el desarrollo de algunas
comunidades, cuando por el contrario, con una política fiscal menos
sesgada hacia los intereses de las rentas del capital, hubiera sido
posible obtener los recursos suficientes para no tener que congelar,
cuando no disminuir, las inversiones en infraestructuras. Termina su
intervención preguntando al señor ministro, como responsable preocupado
por la escasez de recursos de que dispone, sobre las medidas que piensa
tomar su ministerio para garantizar al menos la plena ejecución de los
presupuestos de inversión para el próximo año.

Contesta en nombre del Gobierno el señor Ministro de Fomento
(Arias-Salgado y Montalvo), quien agradece, en primer lugar, el tono
utilizado por el interpelante, que permite hacer un debate sobre la
política de inversiones del Gobierno y sobre la ejecución del presupuesto
a lo largo del año 1997.

Como premisa mayor, sin la cual es difícil entender lo que implica la
ejecución del presupuesto del Ministerio de Fomento a lo largo del año
1997, expone que la política de inversiones del Gobierno es parte de la
política presupuestaria y, a su vez, la política presupuestaria es parte
de la política económica del Gobierno. Por tanto, si la política
económica del Gobierno es correcta y la economía va razonablemente bien,
carece de sentido decir que la política presupuestaria de inversión
directa es mala, insuficiente o ineficaz.

A continuación pasa a analizar en detalle la política presupuestaria del
Gobierno, que divide en tres grandes capítulos de gasto: el de los gastos
corriente, el de los gastos sociales y el de los gastos de inversión.

Explica que en los presupuestos de 1997, actualmente vigentes, el
Gobierno optó por recortar los gastos corrientes y los gastos de
inversión, y en el año 1998, los presupuestos que están actualmente



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en la Cámara, optó por contener el gasto corriente, mejorar el gasto
social e iniciar la recuperación del gasto de inversión. A continuación
analiza la ejecución del presupuesto del Ministerio de Fomento, que es un
ministerio inversor, desde una doble perspectiva: en términos de eficacia
de gestión y de responsabilidad y en términos de amplitud de la inversión
y, por tanto, de la licitación que los presupuestos contemplan para el
ejercicio en curso.

Termina su intervención asegurando que hay una caída de la inversión
pública con carácter general gradual en toda la Unión Europea desde el
año 1992, porque todos los Estados miembros han debido hacer un ajuste
para aproximarse al cumplimiento de los requisitos de convergencia, y que
los grandes programas de infraestructuras del transporte del presupuesto
de 1998 crecen un 9 por ciento, por lo que espera que sea un año
razonablemente mejor que el de 1997.

Replica el señor García-Arreciado Batanero, duplicando el señor Ministro
de Fomento.

Se suspende la sesión a las siete y cuarenta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Vamos a reanudar la sesión.




PREGUNTAS:



-- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DIEZ DE BALDEON GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿VA A
RETIRAR EL GOBIERNO EL PROYECTO DE DECRETO SOBRE LA REFORMA DE LA
ENSEÑANZA DE LAS HUMANIDADES EN LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA
(ESO), ATENDIENDO A LAS REACCIONES QUE HA PRODUCIDO? (Número de
expediente 180/000857)



El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día, preguntas orales al
Gobierno en Pleno.

La pregunta número 16, del diputado don Jordi Pedret y Grenzner, ha sido
sustituida, dentro del régimen de preguntas, y presentada con
posterioridad al cierre del registro del jueves, por la de doña
Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo Parlamentario Socialista.

Señora Díez de Baldeón.




La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ¿va a retirar el Gobierno el proyecto de decreto sobre
la reforma de la enseñanza de las humanidades en la educación secundaria
obligatoria, atendiendo a las reacciones que ha suscitado?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.

Señora ministra de Educación y Cultura.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.

No, señoría.

Una vez que concluyan las consultas que ya hemos comenzado con las
comunidades autónomas y las que tendrán lugar en el seno del Consejo
Escolar del Estado, y habiendo enriquecido el proyecto con cuantas
sugerencias y aportaciones se nos hagan y se consideren dignas de ser
incluidas, el Gobierno aprobará un nuevo real decreto de enseñanzas
mínimas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora Diez de Baldeón.




La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, parece usted cada vez más Juanita Calamidad. (Rumores.)
Allí donde interviene, organiza un desaguisado. No le niego las buenas
intenciones, pero fíjese lo que ha conseguido con este plan de reforma de
las humanidades, sublevar a una buena parte de la comunidad educativa y
poner en pie de guerra a catalanes, andaluces, canarios y vascos, entre
otros. Y todo ello, podríamos preguntarnos, ¿para qué?
Usted ha dicho públicamente que se trata de reforzar la enseñanza de las
humanidades, idea que compartimos, pero lo que usted plantea a través de
este plan no es eso en absoluto. Lo que usted defiende es inaceptable en
las formas y en el fondo.

En primer lugar, las formas. El procedimiento que usted ha seguido no ha
podido ser peor. Ha presentado el plan antes de consultar a la comunidad
educativa y a las comunidades autónomas, rompiendo con ello un consenso
conseguido en 1990, después de un largo debate, lo que explica el
malestar reinante.

En segundo lugar, los contenidos. Este plan de reforma de las humanidades
es puro humo, y usted lo sabe. Es humo porque nuestros niños, nuestros
jóvenes no sabrán más historia, ni más geografía, ni más literatura, ni
más lenguas clásicas, ni tampoco más historia de España. Usted pretende,
ingenuamente, que, sin ampliar las horas de clase, sin modificar los
libros de texto



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y sin alterar las materias, los alumnos sepan más. Y eso, señora
ministra, es hacer la tortilla sin cascar los huevos. (Rumores.) ¿Cómo se
consigue entonces el prodigio? Según usted, señora ministra, basta con
dar un par de titulares. Por ejemplo, decir que la cronología es la
columna vertebral de la historia o defender la historia unitaria de
España, donde subyace una idea bastante retrógrada de la historia, por
cierto.

Su segunda solución, no menos ingenua, consiste en ampliar únicamente los
epígrafes del temario. Pero eso no sirve absolutamente para nada. Sólo
consigue dos cosas, señora ministra. Una, demuestra la desconfianza que
usted tiene por los maestros y también la desconfianza y el agravio que
hace a los centros, a su capacidad de autonomía, reconocida en la Logse.

Y, dos, está recortando la capacidad de las propias comunidades
autónomas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez de Baldeón. Señora
ministra.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor presidente.

Yo creo que hay un problema evidente, que ni siquiera S. S. desconoce,
que es el descenso generalizado del nivel de conocimientos de los alumnos
en las materias de humanidades. Su señoría ha dicho que está de acuerdo
con reforzar el conocimiento de las humanidades. Ese descenso, en gran
parte, es como consecuencia de la deficiente regulación del decreto de
enseñanzas mínimas, que al Gobierno le corresponde hacer, de acuerdo con
el articulo 4.2 de la Logse.

Por tanto, señoría, ese problema, que, al contrario de lo que usted dice,
ha sido paliado gracias a la profesionalidad y a la dedicación de la
inmensa mayoría de los profesores españoles, no puede obviar la realidad
de que las enseñanzas mínimas comunes que ustedes aprobaron en un real
decreto de 1991 eran insuficientes, vagas, cortas y carentes de rigor. Y
a eso es precisamente a lo que este Gobierno va a poner remedio.

(Aplausos.)
Señor presidente, la verdad es que había un clamor entre la comunidad
educativa, entre los intelectuales, entre los académicos de este país, de
que las enseñanzas mínimas en España no estaban bien reguladas. Por eso
mismo, los expertos han hecho un dictamen abierto y pluralista, que el
Ministerio ha asumido, y ése es el que nosotros hemos propuesto ante la
opinión pública.

Se queja su señoría de las formas. Absoluta transparencia. Lo hemos
remitido a las comunidades autónomas, al Consejo Escolar del Estado y lo
hemos presentado a la opinión pública.

Lo que hay señoría es una doble lectura por parte del Partido Socialista.

Fíjese usted, señoría, lo que aparece en los quioscos esta semana:
Lamento esta situación en la que los niños de las escuelas van a terminar
sabiendo mucho de Andalucía, Galicia o Cataluña y nada de España; están
desapareciendo de los textos escolares los conceptos de lo que es nuestro
país. ¿Sabe usted quién dice esto? Pues don Felipe González. Y lo que no
dice es que eso es por culpa de lo que han hecho sus gobiernos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Educación y
Cultura. (Rumores.) Sosiéguense, señorías.




-- DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZABAL, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS RAZONES POR
LAS QUE EL GOBIERNO HA DECIDIDO NO FIRMAR LA DECLARACION ANEJA DEL
TRATADO DE AMSTERDAM REFERENTE AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD QUE ASISTE
A LOS SUBESTATALES CON CAPACIDAD LEGISLATIVA? (Número de expediente
180/000831)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, que formula al Gobierno la
diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.

Como bien saben SS. SS. y como lógicamente sabe el Gobierno, el pasado 2
de octubre fue firmado el Tratado de Amsterdam, Tratado en el que, como
parte de los anexos, figuraba una declaración muy importante para
nosotros, firmada por Alemania, Austria y Bélgica, sobre el principio de
subsidiariedad, en cuanto que éste afecta no sólo a los Estados miembros,
sino a otras entidades con competencias legislativas propias reconocidas
constitucionalmente. Teniendo en cuenta la importancia de este principio
y especialmente el reconocimiento constitucional del Estado español como
Estado descentralizado y con comunidades con competencias legislativas
propias, nos gustaría saber del Gobierno y, en su representación, del
ministro de Asuntos Exteriores, cuáles son las razones por las cuales el
Gobierno del Estado español no ha procedido a firmar esta declaración.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.

Señor ministro de Asuntos Exteriores.




El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor Presidente,
la posición del Gobierno



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español sobre esta materia, posición, por cierto, compartida con otros
once Estados miembros, coincide plenamente con la aprobada por la
Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, de diciembre de
1995, y su informe de mayo de 1997.

En este sentido, el Gobierno había recibido un mandato del Parlamento
español que ciertamente le obligaba. El citado informe añade textualmente
que no deben aceptarse planteamientos que abran la vía a una
renacionalización de las políticas comunitarias y que pretendan modificar
el artículo 3.º b) del Tratado de la Unión.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor presidente.

Por supuesto, no estamos de acuerdo ni con el fondo de los argumentos ni
con la forma. Como bien sabe el señor ministro, y la diputada que les
habla forma parte de esa comisión, efectivamente en ese informe --informe
al que esta diputada presentó enmiendas, para que no fuera así-- se
establecía esa cuestión, pero no es menos cierto que de lo que estamos
hablando no es del contenido del Tratado, sino de una declaración
posterior, que no tiene valor jurídico. Declaración que debía haber sido
comunicada inmediatamente a las comunidades autónomas, a la Comisión de
Asuntos Europeos, en la que participan las comunidades autónomas, y haber
sido objeto de una negociación.

Sabe el señor ministro que el hecho de no tener esa declaración valor
jurídico pero sí valor político suponía, lógica y naturalmente, el
reconocimiento de cierto Estado federal o de cierta federalización de
Europa, federalización que lógicamente corresponde a lo que en este
momento existe en el Estado español. No estamos de acuerdo ni en la forma
ni en los contenidos, porque dicha declaración no supone más que una
complementariedad del protocolo de subsidiariedad que existe en el
Tratado de Amsterdam --le recuerdo el segundo párrafo--, pero también
supone el reconocimiento de un Estado de las autonomías español y en este
sentido creemos que tenía que haber sido firmada esta declaración. No se
produce renacionalización alguna con esta declaración, que perfectamente
podía haber sido firmada, y en cualquier caso lo que observamos es una
negativa o falta de voluntad política para reconocer los ámbitos de
competencia que las comunidades autónomas tienen en la esfera
comunitaria. Creo que es el momento oportuno para articular una
participación directa, vía 146, y, por supuesto, para haber podido firmar
esta declaración, que nada tiene que ver ni es incompatible con lo que se
dijo en aquel mandato.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Matutes Juan): Señor presidente,
yo creo que la razón que he dado en forma de un mandato imperativo de
estas Cámaras, de la Comisión Mixta Congreso-Senado, debe ser razón más
que suficiente, independientemente de que se compartan o no las razones
de fondo.

En todo caso, lo que yo quiero garantizar a S. S. es que no subyace
prejuicio alguno por parte del Gobierno en relación con un mayor
protagonismo de las comunidades autónomas. Lo que hay en el fondo de esa
declaración, que, aunque no tenga valor jurídico, el Gobierno español no
podía firmar, porque hubiera supuesto un cambio de actitud respecto de la
que había defendido durante la discusión del Tratado, es simplemente un
deseo de esos países que son contribuyentes netos, importantes, de la
Comunidad de renacionalizar una buena parte de esas políticas, la
política agrícola común en primer lugar, a los efectos de justamente sólo
pagar a sus agricultores, con lo cual países como España, que son
perceptores netos de ayudas, tendrían que hacer frente a un incremento de
gastos que hoy por hoy satisface la Unión Europea.

Por tanto, lo que ha habido por parte de España es una actitud
inteligente y de defensa del interés general y sobre todo una cuestión
financiera y no de mayor o menor simpatía hacia la asunción de
competencias por parte de las comunidades autónomas.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Asuntos
Exteriores.




-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA VisitaciOn PEREZ VEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES
LA PosiciOn DEL GOBIERNO RESPECTO AL CONFLICTO DE LA PRESENCIA DE
HORMONAS EN EL CEBO DE ANIMALES? (Número de expediente 180/000850)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno la
diputada doña María Visitación Pérez Vega. Señora Pérez Vega.




La señora PEREZ VEGA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, como consecuencia del desconocimiento existente de los
efectos que para la salud tiene el consumo de carne cebada con hormonas,
la Unión Europea prohibió el uso de las hormonas, tanto de las naturales
como de las llamadas sustancias betagonistas, en el engorde del ganado.

Esta prohibición originó un conflicto con los países que sí autorizaban
el uso de las hormonas naturales. Dichos países, tales como Estados
Unidos, Canadá o Nueva Zelanda, lo denunciaron ante la Organización
Mundial del Comercio



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en el verano del año 1996. Recientemente, esta organización ha emitido un
dictamen favorable a estos países.

Por todo ello, la pregunta que formulo es la siguiente: ¿Cuál es la
posición del Gobierno respecto al conflicto de la presencia de hormonas
en el cebo de los animales?
Muchas gracias. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Vega.

Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.

¡Silencio, señorías! ¡Silencio, por favor!
Adelante, señora ministra.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y AlimentaciOn (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.

Efectivamente, como muy bien ha señalado la señora diputada, desde hace
tiempo, desde 1981 para ser exacta, la Unión Europea prohíbe la
utilización de todo tipo de hormonas en el engorde del ganado. El
problema ha surgido a raíz de las denuncias presentadas por Canadá,
Estados Unidos y Nueva Zelanda, que sí utilizan este tipo de hormonas,
ante la Organización Mundial de Comercio, donde se ha producido
lamentablemente un informe, contrario a los criterios de la Unión
Europea, que da la razón a estos países. (Rumores.)
En opinión del Gobierno español, la resolución de la Organización Mundial
de Comercio es gravísima, por dos cuestiones fundamentales. En primer
lugar, porque supone que una cuestión básica, como es el que cada país
pueda establecer los niveles de garantía de sanidad y de calidad en la
alimentación de sus ciudadanos, está en discusión y no se deja al
arbitrio de cada país, sino que dependería de los arbitrajes de la
Organización Mundial de Comercio. (Rumores.)
En segundo lugar, porque se ha invertido el sentido de la prueba en este
caso. Es decir, lo que se plantea no es que aquellos que utilizan
hormonas tengan que demostrar que son absolutamente inocuas, sino que, al
contrario, son los países que se oponen a ello los que tienen que
demostrar sus efectos perniciosos, produciendo, por tanto, de alguna
manera, una especie de experimentación a gran escala, que luego...




El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra, un momento.

¡Señorías! Señor Del Burgo, señora Cunillera, señor González de Txabarri,
les llamo al orden.

¡Señor Del Burgo!
Ruego a SS. SS. que durante las intervenciones en el Pleno guarden
silencio, pero de manera especial se lo encarezco en el turno de
preguntas orales, donde saben que el Reglamento impone unas condiciones
de brevedad que exigen un especial esfuerzo de los oradores y de quien ha
de replicarles.

En consecuencia, vuelvo a llamarles al orden y les ruego guarden
silencio.

Continúe, señora ministra.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y AlimentaciOn (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.

Insisto, con la inversión de la carga de la prueba lo que hay que
demostrar es que son perniciosas, no que son inocuas, que sería lo
razonable; demostrar que son inocuas, para permitir su comercialización.

Para resumir, todos entendemos en la Unión Europea --además fue unánime
la posición de todos los países-- que las condiciones comerciales, las
cuotas, los contingentes, los precios de los productos objeto de
intercambio entre países pueden ser debatidos, negociados y sometidos a
las reglas de la Organización Mundial de Comercio, pero que cuando se
trata de defender y de preservar la salud de los ciudadanos las
exigencias y condiciones no son ni pueden ser en ningún caso negociables
y que siempre hay que aplicar el criterio de máximo rigor en este
terreno.

Por último, quiero recordar que diversas publicaciones científicas
denuncian los posibles efectos cancerígenos de este tipo de sustancias y,
desde luego, la Unión Europea, y España, por supuesto, dentro de la Unión
Europea, nos vamos a oponer, no sólo a que se produzca con hormonas,
sino, además, a que se comercialicen animales venidos de terceros países.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.




-- DEL DIPUTADO DON LUIS MARQUINEZ MARQUINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO TOMAR ALGUNA MEDIDA PARA LA CreaciOn DE UNA DenominaciOn
ESPECIFICA DE CALlDAD EN LOS DISTINTOS PRODUCTOS PESQUEROS ESPAÑOLES?
(Número de expediente 180/000851)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al Gobierno el
diputado don Luis Marquínez Marquínez, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Marquínez.




El señor MARQUINEZ MARQUINEZ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, en España --lo sabe la señora ministra, pero lo digo por
si hay algún grupo que esté interesado también en saberlo y que no lo
sepa-- disponemos



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de tres cuestiones en materia de pesca muy importantes: unos caladeros
que producen unos productos pesqueros excepcionales; una flota muy
diversificada, extraordinariamente especializada, que se dedica, además,
básicamente a productos pesqueros de calidad y, finalmente, un mercado
magnífico por el volumen de ventas que produce y por su calidad. Es
decir, la calidad es el denominador común de la flota pesquera española,
de los caladeros españoles y del mercado español.

Para proteger esa calidad, hemos hecho intentos desde el Partido Popular,
y lo sabe la señora ministra, de crear denominaciones de calidad de los
productos, puesto que no sólo es la flota española la que produce pesca,
sino que también hay otras flotas que inundan nuestro mercado, y son muy
diferentes los productos de otras flotas, de otros caladeros y de otras
procedencias, de los nuestros. Y muchas veces, en el mercado, esos
productos no son identificables, produciendo el consiguiente fiasco al
consumidor y, por supuesto, con detrimento para los productos pesqueros
españoles.

En el Parlamento de Andalucía hicimos intentos para conseguir esta
denominación de origen y no fue posible. La preocupación de todos los
andaluces, diría yo, de todos los españoles y de todos nosotros, es saber
si se está haciendo algo en este sentido. Sabemos que el Ministerio lo
está haciendo y, por tanto, la pregunta que hacemos a la ministra es:
¿Tiene previsto el Gobierno tomar alguna medida para la creación de una
denominación específica de calidad en los distintos productos pesqueros
españoles?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marquínez.

Señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.




La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.




Señor Marquínez, los reglamentos comunitarios que regulan esta materia
señalan que la solicitud de registros de denominaciones o características
específicas de un producto necesariamente tiene que ser a iniciativa de
los operadores directamente interesados. Por tanto, el papel de las
administraciones en este terreno es más que nada inductor y promotor.

Con este objetivo, el Gobierno ha constituido, en la secretaría general
de Pesca, un grupo de trabajo relativo a la mejora y desarrollo de la
calidad de productos pesqueros; participan también otras
administraciones, como las autonómicas, y los organismos de investigación
más relevantes de España en este terreno. Por otra parte, se están
llevando a cabo convenios con distintas universidades donde contamos con
la colaboración de expertos reconocidos en la gestión de la calidad
agroalimentaria, buscando conseguir este tipo de diferenciación a la hora
de ofrecer el pescado, los mariscos o los crustáceos, al consumidor. ¿Y
para qué? Para poder garantizar unos productos de más calidad, porque,
como muy bien sabe S. S., no son lo mismo los mariscos cogidos justo en
nuestras costas, que tienen una inmediatez desde su captura hasta que
llegan al punto de venta y al propio consumidor muy superior a la de
aquellos que vienen, después de varias mareas y, a lo mejor, en largos
viajes, miles y miles de kilómetros, desde terceros países. Ahí es donde
queremos conseguir un mayor valor añadido, un aumento de la renta de
nuestros pescadores.

Por tanto, estamos impulsando unos sistemas que permitan superar las
dificultades de identificación y garantizar a los ciudadanos, al
consumidor, que lo que se les ofrece es lo que se dice y, a la vez,
aumentar el valor añadido, para mejorar las rentas de nuestros
pescadores.

Espero que en los próximos meses podamos tener conclusiones al respecto y
que, a través de las organizaciones de productores, que, insisto, son las
que deben formular la petición a las administraciones para que nosotros
las demos curso, podamos empezar a contar con denominaciones específicas
de calidad en distintos productos pesqueros, distinguiendo lo que es el
resultado de la pesca de bajura, de la pesca artesanal de nuestras aguas,
de lo que son productos, también de calidad, pero diferente, que
provienen de terceros países.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.




-- DEL DIPUTADO DON JOSE LUIS ROS MAORAD, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL GOBIERNO LA
POSICION DE LA COMISARIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LA RECIENTE
NORMATIVA ESPAÑOLA QUE POSIBILITA LA CAZA DE AVES MIGRATORIAS EN
CONTRAPASA? (Número de expediente 180/000836)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
diputado don José Luis Ros Maorad, del Grupo Socialista.

Señor Ros.




El señor ROS MAORAD: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, ¿qué opinión le merece al Gobierno la posición de la
Comisaría Europea de Medio Ambiente sobre la reciente normativa española
que posibilita la caza de aves migratorias en contrapasa?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.

Señora ministra de Medio Ambiente.




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La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

En primer lugar, merece todo mi respeto la opinión de la Comisaria
Bjerregaard en las respuestas parlamentarias que dio en el Parlamento
Europeo el pasado día 21 de octubre. Creo que lo que ella estaba
recordando es la competencia que tiene la Comisión como garante de todos
los tratados y del Derecho comunitario, y recordó la posibilidad que
existía de declarar, en el supuesto de que se hubiera conculcado alguna
directiva comunitaria, el procedimiento de infracción.

En este momento no tenemos ninguna noticia de que nada de esto esté en
marcha y, por tanto, le vuelvo a decir que respeto, como no puede ser de
otra forma, la opinión de la Comisaria Bjerregaard.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señor Ros.




El señor ROS MAORAD: Señora ministra, la Comisión tiene conocimiento de
la modificación de la Ley 4/1989, de Conservación de Espacios Naturales,
Flora y Fauna Silvestre, y sabe que gracias al Gobierno del Partido
Popular va a ser posible cazar aves migratorias, por ejemplo palomas,
cuando regresen pacíficamente a hacer sus nidos al este de Europa. ¡Buena
forma esta, señora ministra, de proteger el medio ambiente! Esto no lo
digo yo, sino la comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, que ya
le advirtió al Gobierno español, cuando la ley se estaba tramitando, de
que este hecho suponía una escandalosa vulneración de la directiva de
aves. Usted dio entonces una falsa respuesta y, por tanto, mintió
escudándose en la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, la
comisaria europea de Medio Ambiente ha advertido de la ilegalidad de tal
autorización y de que va a hacer uso del artículo 169 del Tratado de la
Unión para que la directiva se cumpla. Señora ministra, la veo, como ya
le anunciamos, en el Tribunal de Luxemburgo.

Escuche, señora Tocino, lo suyo es grave. No se entiende con casi nadie
ni tampoco con Bruselas. Usted forma parte, junto con el ministro de
Fomento y la ministra de Agricultura, miembros destacados del Gobierno,
de ese pelotón de torpezas políticas contra la Unión Europea en que se ha
convertido el Gobierno del señor Aznar. (Rumores.)
Todo esto, ¿por qué y para qué? ¿Por qué van a morir las palomas? Es
evidente que por la debilidad del Gobierno, que queda hoy de manifiesto
al defender clientelas políticas que ni siquiera son suyas. ¿Y ahora qué
va a hacer? ¿Seguir mintiendo o buscar otro señor Barea en Bruselas que
confeccione informes técnicos a gusto y conveniencia del Gobierno del
señor Azar? No diga que no se lo advertimos. ¡Vaya embrollo en que nos ha
metido! Si usted quiere seguir haciendo el ridículo, hágalo; si quiere
seguir cometiendo estas torpezas, cométalas, pero no comprometa con ello
el prestigio exterior de España en la Unión Europea. Y no culpe de todos
sus males a las palomas, porque, aunque a usted le cueste creerlo, las
palomas son inocentes y símbolo de la paz. (Varios señores diputados:
¡Muy bien!--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ros.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Señor Ros, de torpezas y ridículos parece que han opinado también los
ciudadanos y por eso han otorgado la confianza a este Gobierno en este
momento. (Rumores.)
Quiero decirle a S. S. que el Gobierno nunca estará a favor de matar
palomas; quiero decirle seriamente esto. Lo que hace la reforma de la Ley
4/1989 precisamente es volver a la constitucionalidad una norma
fundamental que ustedes no habían querido recuperar a la
constitucionalidad, como es la Ley de Espacios Naturales. No tenemos
ningún miedo a que la comisaria declare que esa ley está atentando a las
directivas comunitarias.

Me sorprende profundamente --creo que no conoce la situación que nos
encontramos cuando llegamos al Ministerio-- su actitud con relación a las
directivas comunitarias. En menos de 14 meses este Gobierno ha puesto al
día todas las directivas comunitarias, por ejemplo en materia de
residuos, por las que España estaba siendo sancionada bajo la
Administración socialista. De la misma forma, hemos paralizado otra
directiva comunitaria incumplida por el Gobierno anterior, del que S. S.

formaba parte en cuanto miembro del partido que sustentaba al Gobierno
anterior, recordándole que corríamos el grave riesgo de tener que pagar
una multa diaria por las marismas de Santoña por no haber querido cumplir
lo que las directivas comunitarias estipulaban.

Señoría, hable con más rigor y utilice los lugares comunes que le
parezcan adecuados, si le parece que la vulgaridad forma parte de esta
Cámara. Pero, desde luego, en cuanto al rigor de quién cumple con las
directivas comunitarias lo sabe la comisaria Bjerregaard, que tan bien
conocía a los responsables anteriores cuando se dignaban ir a defender
los intereses españoles en Bruselas. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.




-- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES LA VALORACION DE LA MINISTRA
DE MEDIO AMBIENTE SOBRE LA DESIGNACION DE LA SEDE DEL CONVENIO DE
NACIONES UNIDAS SOBRE LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION? (Número de
expediente, 180/000840)



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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 15, que formula al Gobierno la
diputada dona Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista. (Rumores.)
Silencio, señorías.

Señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Gracias, presidente.

Señora ministra, el pasado día 3 de octubre la ciudad de Bonn fue
designada como sede del Convenio de Naciones Unidas para la lucha contra
la desertificación, sede a la que la ciudad de Murcia había presentado
también la candidatura por parte española. Quisiera saber, señora
ministra, cuál es su valoración sobre la designación de Bonn como sede de
este convenio.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narbona.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Señoría, la valoración tiene que ser positiva en cuanto que lo que ha
ocurrido es que España fue de los países que, desde un primer momento,
apoyó seriamente, y de forma decidida, el Convenio de lucha contra la
desertificación por ser un problema que, como S. S. sabe, nos afecta
profundamente. En segundo lugar, nos comprometimos también, formando
parte del anexo IV, como país mediterráneo, con unos compromisos
adicionales. En tercer lugar, formaba parte de ese compromiso decidido y
firme el presentar a España como sede del Convenio de esa lucha contra la
desertización.

Decidimos presentar la candidatura de Murcia porque nos parecía que era
una candidatura con personalidad propia en cuanto que, a diferencia de
otros países de la Unión Europea, España, como sabe S. S., padece la
desertización. Por eso que hemos trabajado con más de 80 países, que han
estado conociendo los problemas de desertización en España y los
programas de investigación y desarrollo. Quiero agradecer la labor de los
servicios exteriores de España que han colaborado en este proyecto de
desertización, y quiero decir que, si bien no conseguimos el objetivo de
alcanzar que fuera Murcia la sede de la candidatura, se habló de Murcia y
de España, de los problemas y de las soluciones que aporta España para la
lucha contra la desertización.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.

Señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Señora ministra, fue el Gobierno socialista, en
la persona del anterior ministro responsable de política ambiental,
quien, por primera vez en la Unión Europea, planteó en un Consejo de
Ministros la necesidad de tratar el tema de la desertificación y fue el
anterior Gobierno socialista el que llevó a término los trabajos para la
firma del convenio de Naciones Unidas, incluyendo el anexo relativo al
Mediterráneo.

Si España hubiera conseguido la sede del convenio de Naciones Unidas,
usted habría venido a esta Cámara presumiendo de que eso se había
conseguido gracias a que, por primera vez en España, había un Ministerio
de Medio Ambiente. España no ha conseguido esta sede, señora ministra, y
usted tiene que asumir su responsabilidad ante este fracaso, porque el
Ministerio de Medio Ambiente que usted preside no ha demostrado la menor
voluntad para conseguir dicha sede.

En los presupuestos del Ministerio para 1998, aprobados antes del debate
sobre la designación de la sede, no había ni una sola peseta para su
dotación ya que se había decidido, de forma sorprendente, que fuera la
región de Murcia quien financiara con su presupuesto su construcción.

Tampoco había contribuciones voluntarias al convenio que, por el
contrario, ha hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde luego, es
sorprendente que un país que se presenta a semejante debate para una sede
sobre desertificación ponga 500 millones de pesetas menos para los
programas de lucha contra la desertificación en el presupuesto de 1998 y
300 millones de pesetas menos para los programas de defensa del monte y
de lucha contra incendios.

El Ministerio, reconózcalo, ha dado poco apoyo a la candidatura española
y, por no dar, señora ministra, usted no dio ni la cara, porque no fue a
Roma a defender la candidatura española ante el resto de los países de
Naciones Unidas, sino que la defendió el presidente de la región de
Murcia. ¿Para qué ha servido la creación del Ministerio de Medio
Ambiente? En absoluto para mejorar nuestra posición a nivel
internacional.

Señora ministra, estoy segura de que si el resultado hubiera sido
distinto usted se habría atribuido el éxito que no se merece en absoluto.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Narbona.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Señora Narbona, si usted hubiera sido ministra de Medio Ambiente (que es,
sin duda, lo que le hubiera gustado ser, pero el presidente de su partido
cuando fue presidente de Gobierno no tuvo la sensibilidad ambiental que
necesitaba este país, como el presidente Aznar, para crear un Ministerio
de Medio Ambiente) sabría, porque habría acudido a convenios
internacionales, que hay distintos tramos en las relaciones
internacionales y que hay un tramo final al que acuden los ministros. Es
lógico --y S. S. se quedó en esa información-- que en la primera parte
asistiera el presidente del Gobierno de Murcia, porque nosotros
defendemos



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el Estado de las autonomías. Usted nuevamente ha vuelto a tener un lapsus
y parece que no quiere reconocer que en España existe un Gobierno
autónomo de Murcia que tiene que defender su sede. En el tramo final al
que asisten los ministros, señoría, estuve en Roma y defendí la
candidatura.

Quiero decirle con esto, señoría, que lo importante es que de España se
ha hablado mucho y muy bien, conociéndose cómo hemos estado trabajando,
con presupuesto en investigación y desarrollo; con dinero, efectivamente,
en la cooperación al desarrollo, que es como se ha ventilado y se ha
dilucidado al final este convenio. Sabe perfectamente y debería celebrar
S. S. que precisamente sea una sede de la Unión Europea la que se ha
quedado con la candidatura.

Gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.




-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES HA LLEVADO A CABO EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES ANTE LA SITUACION PRODUCIDA POR
LAS CONDICIONES DE TRABAJO OFRECIDAS A LOS 200 TRABAJADORES VALENCIANOS
DESPLAZADOS A HOLANDA? (Número de expediente 180/000838)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno el
diputado don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Socialista.

Señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿qué actuaciones ha llevado a cabo el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales ante la situación producida por las
condiciones de trabajo ofrecidas a los 200 trabajadores valencianos
desplazados a Holanda?
Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arnau.

Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.

Señor Arnau, cree este ministro que las actuaciones que se han llevado a
cabo por parte de nuestro Ministerio, que se refieren a la Inspección de
Trabajo en la Comunidad Valenciana, a las funciones del consejero laboral
de Asuntos Sociales en Países Bajos, y al cónsul dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores han sido correctas para certificar las
condiciones de trabajo, facilitar el regreso de los trabajadores
valencianos, abrir un expediente que ya se ha abierto por parte de la
Inspección de Trabajo a la empresa de trabajo temporal valenciana y, todo
ello, en mi opinión, con plena diligencia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Señor ministro, han sido escasas las actuaciones
y todas ellas a posteriori, porque el hecho cierto es que más de 200
trabajadores valencianos fueron contratados por una empresa de trabajo
temporal; que, a su vez, esta empresa cedió estos trabajadores a otra
empresa de trabajo temporal holandesa, lo cual ya es una irregularidad,
para cederlos por último a la empresa usuaria. Era para trabajos de
escasa cualificación, rechazados no sólo por los trabajadores holandeses
sino por los británicos, alemanes e irlandeses, en unas condiciones
laborales que han sido calificadas por todo el mundo de inhumanas. «Nos
trataron como a borregos», declara categóricamente uno de los
trabajadores afectados. Dichos trabajadores tuvieron que regresar, dígalo
claramente; de los 200, volvieron 160 trabajadores.

El espectáculo consiste en que mientras las ETT se culpan mutuamente de
los abusos y el Parlamento holandés ha intervenido en este asunto, usted,
señor ministro y el Ministerio de Trabajo en especial, han fallado. Se
inhiben porque no inspeccionan las empresas de trabajo temporal, no se
enteran de los abusos que se cometen y proponen ahora, a través del
consejero laboral en Holanda, que se informe de estos movimientos
internacionales o transnacionales de mano de obra.

Las cosas pueden ir a peor, porque usted está proponiendo la
transferencia del Inem a las comunidades autónomas, lo que supone una
localización de la intermediación laboral. Actúan al mismo tiempo las
agencias privadas de colocación, pero ni usted ni su Ministerio tienen
previsto un mecanismo internacional de control de la intermediación, al
menos transnacional, en la Unión Europea. Señor ministro, usted no
garantiza la libertad de circulación en la Unión Europea a los
trabajadores españoles porque no garantiza la igualdad de las condiciones
de trabajo. Señor ministro, la libre circulación de trabajadores en la
Unión Europea es un derecho, pero puede ser un camelo si no se produce en
condiciones de igualdad.

Este hecho, que yo he narrado y que usted conoce perfectamente, no es un
hecho aislado. Corremos el peligro de volver a situaciones tenebrosas de
la emigración española. Señor ministro, está demostrado que ustedes
pueden pasar el examen del euro, pero en materia de convergencia social,
en materia de igualdad



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de condiciones laborales, ese examen no lo pasan y se merecen un cero.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Arnau.

Señor ministro de Trabajo.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, estoy sorprendido ante la intervención del diputado. Me temo
que no le preocupa nada la situación de los 200 trabajadores, porque ha
hecho un alegato sin ninguna justificación, caracterizado por la
demagogia desde el principio hasta el final. Es la primera vez que le
contesto a S. S. en sus términos, porque no es lo habitual en sus
intervenciones.

Las empresas de trabajo temporal son una creación del anterior Gobierno.

Ahora se están sometiendo a estudio, se están revisando con sindicatos y
empresarios. En segundo lugar, no hay un presupuesto de mayor incremento
en gasto social que el presupuesto para 1998. No sé a qué viene ese
alegato de convergencia social de este Gobierno, que está demostrando que
competitividad y solidaridad son perfectamente posibles y
complementarias. En tercer lugar, hemos tenido contacto con la empresa
holandesa de trabajo. El 14 de octubre nos hemos desplazado a los lugares
de residencia de los trabajadores para comprobar las condiciones de
trabajo, verificando que las circunstancias laborales no eran las
adecuadas. Ante la incomunicación de los trabajadores por la empresa
valenciana, el día 15 de octubre la consejería laboral facilitó las
gestiones necesarias para garantizar manutención, alojamiento de los
trabajadores, agilizar su traslado, seguimiento del traslado y visita
personal del consejero laboral el día 16. Hemos tenido dos contactos con
los responsables del sindicato holandés FNV para analizar las condiciones
laborales. Con respecto a los 68 jóvenes que continúan allí --usted no lo
sabe siquiera--, están en perfectas condiciones laborales y de todo tipo.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la empresa de trabajo
temporal Juventud Profesional de Valencia. El cónsul de Amsterdam ha
visitado todas las instalaciones donde hay trabajadores españoles, y
quiero felicitar a los funcionarios del Ministerio de Trabajo y le
descalifico a usted por su demagogia.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON DAMIAN CANEDA MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LAS LINEAS
DE ACTUACION INCLUIDAS EN EL PLAN DE MEDIDAS URGENTES PARA LA PROMOCION
DEL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? (Número de expediente
180/000855) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al
Gobierno el diputado don Damián Caneda Morales, del Grupo Popular.

Señor Caneda.




El señor CANEDA MORALES: Señor ministro, quiero hablar de los dos
apellidos de su ministerio, de la integración social mediante el trabajo.

El colectivo de los discapacitados es un colectivo discriminado, que
afecta a más de 5 millones de personas o a más de 2 millones si hablamos
de las personas con minusvalías. Esta integración realmente es importante
si se tiene en cuenta que ya desde la década de los 70 el mundo
occidental apostó por la autonomía personal como modelo para las personas
con discapacidad; autonomía personal que solamente se puede concebir si
hay suficiencia económica y, en el mundo en que vivimos, esto es empleo.

Preguntarse si en los últimos años ha habido igualdad de oportunidades
para este colectivo es innecesario pues es claro que no la ha habido. Ha
habido discriminación, grandes dificultades y rechazo social. Si para
cualquier persona buscar un empleo es difícil, para un discapacitado es
una obra titánica y esta carga de ilusión se ha visto normalmente rota.

Este colectivo, estas asociaciones, no han conseguido mucho en estos
años. Al final, nos encontramos con unos datos realmente lamentables, con
unas tasas de actividad bajísimas, de un 20 por ciento y con unas tasas
de desempleo que triplican las normales, lo cual significa claramente un
desánimo a la hora de lanzarse al mercado de trabajo.

Afortunadamente en el último año se ha empezado a poner letra a la música
y hemos visto cómo en los presupuestos de 1997 había una partida para
discapacitados; hemos visto cómo se ha incrementado un 25 por ciento para
1998; hemos visto cómo en la reforma laboral ya se tenía en cuenta este
colectivo; se ha aprobado en los últimos meses el plan de acción y la Ley
de medidas urgentes para la promoción de empleo para el discapacitado,
por todo lo cual tenemos que felicitarnos.

Por eso, le pregunto: ¿Cuáles son las líneas de actuación de este plan de
empleo?
Gracias, señor ministro.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caneda.

Tiene la palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor presidente.

Empiezo diciendo que las políticas de empleo tienen que tener una
característica: tienen que ser políticas de empleo pensadas para todos.

Hay quien comete la equivocación de pensar que cuando se está en el
Gobierno



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hay que tomar decisiones para algunos o para las mayorías. Repito que, en
mi opinión, las políticas de empleo tienen que ser pensadas para todos.

Tradicionalmente hablamos de cuatro colectivos que tienen especiales
dificultades para acceder al mercado de trabajo, como son los jóvenes;
las mujeres en algunos sectores de nuestra economía, en donde todavía hay
una gran subrepresentación; los parados mayores de 45 años y, muy
especialmente, las personas con discapacidad. En este momento tenemos en
España más de un millón de personas con discapacidad en edad de trabajar
y las cifras de paro de los discapacitados son francamente alarmantes:
más de un 65 por ciento de desempleo.

Este ha sido, señoría, uno de los motivos para llevar a cabo la
preparación de un plan de empleo y discapacidad, que hemos firmado con
todos los colectivos que representan a aquellas personas con
discapacidades físicas, psíquicas, con sordera, también con la ONCE. En
definitiva, ¿qué se plantea en ese colectivo? En primer lugar, estudiamos
medidas para que, de una vez por todas, las administraciones públicas y
las empresas puedan cumplir la reserva de plazas que existe de 2 y 3 por
ciento, respectivamente, para personas con discapacidad. Nos planteamos,
en segundo lugar, modificar la regulación de los centros especiales de
empleo para que éstos sean mucho más eficaces y se incremente el personal
en los mismos. En tercer lugar, estamos pensando la adaptación de
programas de formación profesional específicos para las personas con
discapacidad.

En muchos casos no se está cubriendo la reserva de plaza no porque haya
voluntad política de no cumplimiento, sino porque no hay la formación
ocupacional directa para las personas con discapacidad. Trabajando en
estas tres direcciones podemos conseguir buenos resultados para el
futuro. De hecho, los datos que tenemos del año pasado nos dicen que los
nuevos contratos indefinidos y los trabajadores discapacitados en centros
especiales de empleo eran 9.500 y este año podemos hablar de un balance
cercano a los 11.500. El Ministerio considera insuficiente ese
crecimiento y tenemos que trabajar en esa dirección. Quiero recordar que
los incentivos más altos para la contratación indefinida están referidos
a personas con minusvalía y que sólo en el caso de los discapacitados
seguimos fomentando los contratos temporales.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO BALLESTEROS DE DIEGO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO
VALORA EL GOBIERNO LA EVOLUCION DE LA CONTRATACION INDEFINIDA DESDE QUE
ENTRO EN VIGOR LA RECIENTE REFORMA LABORAL? (Número de expediente
180/000856) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al
Gobierno el diputado don Alejandro Ballesteros de Diego, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señor Ballesteros.




El señor BALLESTEROS DE DIEGO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, como es bien conocido, la
precariedad y el desempleo son los dos grandes problemas de nuestro
mercado laboral en particular y de la sociedad española en general. Baste
con recordar que en el pasado año, el 96 por ciento de los contratos que
se formalizaron fueron contratos de carácter temporal.

Hay sectores, como la juventud, entre los que esta precariedad laboral
está ocasionando graves perjuicios. La inestabilidad temporal está
derivando en una tardía edad de emancipación, 29 años en el caso de las
mujeres y 32 en el caso de los hombres, que constituye la edad de
emancipación más tardía de toda la Unión Europea. Igualmente, deriva en
la imposibilidad de acceder a una vivienda, sin olvidar la exclusión
social que en muchas ocasiones acarrea. Llevamos sufriendo en los últimos
años y vamos a sufrir aún más en los próximos las graves consecuencias;
consecuencias en lo económico, en lo social y en lo demográfico, como
demuestran nuestros índices de natalidad.

Señor ministro, los datos de temporalidad de los últimos años,
especialmente en el colectivo juvenil, habían hecho pensar a muchos
jóvenes en la existencia de una gran despreocupación por parte del
Gobierno anterior sobre el futuro de su país, pero la situación estos
últimos meses está cambiando favorablemente. Desde la llegada al Gobierno
del Partido Popular el clima de diálogo social auspiciado por este
Gobierno facilitó el acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresarios,
que culminó con la reforma laboral que entró en vigor el pasado mes de
mayo. Desde entonces, y hablando del colectivo juvenil, ya se han
realizado tantos contratos indefinidos como los que se habían hecho en
los últimos cinco años anteriores, lo cual significa un cambio de
tendencia importantísimo para un colectivo como es el joven, que necesita
tener confianza y recuperar la esperanza en un mañana con posibilidades.

Ya han pasado cinco meses desde la entrada en vigor de esta reforma.

Creemos que es tiempo suficiente para hacer un análisis, y por ello le
pregunto, señor ministro, cómo valora el Gobierno la evolución de la
contratación indefinida desde la entrada en vigor de la reciente reforma
laboral.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ballesteros.

Señor ministro.




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El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor diputado, por su pregunta.

Como usted ponía de manifiesto, todavía subsiste el problema de dos
grandes divisiones en la sociedad española: aquellos que tenían la
posibilidad de acceder al mercado de trabajo y los que no tenían esa
posibilidad; y la segunda división, la de aquellos que tienen la
posibilidad de un empleo estable, indefinido, y los contratos temporales
que, si bien son necesarios para algunas actividades económicas, tienen
unas ratios en España que no se pueden comparar con las medias
comunitarias. Quiero informarle que al día de hoy, con los datos que
tenemos, la reforma que en su día pactaron los sindicatos y los
empresarios, reforma que apoyó el Gobierno y la inmensa mayoría de los
grupos parlamentarios de la Cámara, tiene el siguiente balance. Desde que
entró en vigor la reforma ha habido 289.000 nuevos contratos indefinidos.

Se ha interesado S. S, de forma muy particular en su exposición, por el
empleo juvenil. Creo que es muy satisfactorio decir en el día de hoy que,
desde el mes de mayo hasta ayer, 169.000 jóvenes han firmado contratos
indefinidos, contratos estables. Como decía S. S, eso significa que a
esos jóvenes se les abren perspectivas de futuro, de organización
personal y familiar en base a ese tipo de contratos. También le quiero
decir que es francamente positivo que durante los meses de verano, en que
hay una contratación importante en el sector servicios y especialmente en
el turismo, se ha mantenido un incremento espectacular de los contratos
indefinidos. La mayoría de esos contratos indefinidos se refieren a
conversiones de contratos temporales en indefinidos; podemos decir que
aproximadamente un 70 por ciento de esos contratos son conversiones de
temporales en indefinidos. Se había especulado en ciertos momentos con
que la reforma estaba pensada para la gran empresa, que no había tenido
en cuenta la pequeña y mediana empresa. Quiero manifestar que el 78 por
ciento de esos contratos se están llevando a cabo en empresas de menos de
25 trabajadores. Finalmente, si hablamos de sectores de nuestra economía,
debo advertir que un 69 por ciento de esos contratos del sector servicios
sigue funcionando extraordinariamente en la industria en cuanto al
empleo, que en este ranking particular tiene un 20 por ciento, el 6 en el
sector de la construcción y el 4 en el sector agrario. En consecuencia,
el Gobierno felicita a los sindicatos y empresarios por ese acuerdo,
espera que se mantenga la tendencia y agradece el apoyo del resto de los
grupos parlamentarios a la reforma que se puso en marcha.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.

-- DEL DIPUTADO DON JENARO GARCIA-ARRECIADO BATANERO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A TOMAR
EL GOBIERNO PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISION EUROPEA
DE REDUCIR EN UN 65 POR CIENTO LAS TARIFAS DE INTERCONEXION TELEFONICAS?
(Número de expediente 180/000834)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, que formula al Gobierno el
diputado don Jenaro García-Arreciado Batanero, del Grupo Socialista.

Señor García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Gracias, señor presidente.

El pasado mes de marzo, para ser más preciso el día 18, publicó el
«Boletín Oficial del Estado» una orden del ministro de Fomento sobre las
tarifas y condiciones de interconexión. Ya dijimos en su momento que la
orden se publicó sin tener competencias para ello y, lo que es peor,
añadiendo a última hora algunos contenidos sustanciales que no habían
sido informados por el órgano encargado de ello, la Comisión del Mercado.

Dijimos también que las tarifas tenían carácter abusivo y que las
condiciones de interconexión eran malas para los interconectados porque
suponen un freno para el desarrollo de la competencia dentro del sector,
aunque sólo sea, señor ministro, porque, paradójicamente, la orden
convierte a las empresas llamadas a competir con Telefónica en sus
mejores clientes, dado el carácter excesivo de las tarifas.

Denunciamos el hecho en su momento. No nos atendió, señor ministro, y hoy
nos lo recuerda la Comisión Europea en un documento del cual se deduce
que tendremos que afrontar una reducción de las tarifas de interconexión
del orden del 65 por ciento.

Yo quisiera saber, señor ministro, cuáles son las medidas que piensa
tomar para llevar a cabo los contenidos de esta recomendación.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Arreciado.

Señor ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Señoría, el Gobierno no tiene previsto tomar ninguna medida porque
entiende que las tarifas de interconexión fijadas en la orden ministerial
de 18 de marzo son buenas y aptas para favorecer un proceso de libre
competencia.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor García-Arreciado.




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El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor ministro.

Ustedes se empeñan en no seguir las recomendaciones de la Comisión
Europea ni del Parlamento Europeo --en este caso, de la Comisión--, salvo
cuando se hacen por la vía expedita del anuncio de sanción.

Las tarifas de interconexión, señor ministro, están fuera de la realidad
del mercado europeo en este momento. Para empezar, en España no hay lo
que se llama una tarifa local; hay tarifa metropolitana, que es muy
distinto. Para esa tarifa, que en España se llama local pero que es
metropolitana, el máximo que admite la Comisión Europea es dos centavos
de ecus por minutos, estamos hablando de menos de tres pesetas por
minuto; en el salto español, que son tres minutos, no llegaríamos a nueve
pesetas. Estamos a 12,70 --IVA incluido, bien es cierto-- en el salto en
las tarifas urbanas.

Aunque usted se empeñe, señor ministro, esto no puede favorecer la
competencia, y prueba de ello es que, a pesar de toda la propaganda que
hacen ustedes predicando una supuesta liberalización del mercado,
continuamos sin competencia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García-Arreciado.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Señoría, el Grupo Socialista, en la sesión de la Comisión de
Infraestructura del 26 de mayo, sostuvo que las tarifas de interconexión
fijadas por el Gobierno eran muy bajas, para poner en valor el segundo
operador cuya venta estaba próxima y que languidecía. Se equivocaron en
la calificación de las tarifas de interconexión, se equivocan ahora en la
calificación contraria, y se equivocaron en lo que afecta al porvenir del
segundo operador.

No bastan las informaciones de prensa. Yo le agradecería a S. S. que
leyera entero el documento de recomendaciones de la Comisión, en el que
hay un anexo en el que España aparece como el país más competitivo
después de Gran Bretaña en lo que afecta a tarifas de interconexión;
aparece en segundo lugar, después del Reino Unido de Gran Bretaña. Como
tenemos las tarifas de interconexión más favorables a la libre
competencia de la Unión Europea no hay necesidad alguna de modificarlas.

Señor presidente, muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO AMATE RODRIGUEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONFIRMA EL GOBIERNO QUE EL
ORGANISMO AUTONOMO DE CORREOS VA A OBSEQUIAR CON CRUCEROS POR EL
MEDITERRANEO A SUS MEJORES CLIENTES? (Número de expediente 180/000835)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 10, que formula al Gobierno el
diputado don José Antonio Amate Rodríguez, del Grupo Socialista.

Señor Amate.




El señor AMATE RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.

El pasado día 30 de septiembre, el Boletín Oficial de Correos insertaba
un anuncio con un concurso para realizar un crucero de lujo por el
Mediterráneo dedicado a los mejores clientes del Organismo Autónomo
Correos. Posteriormente, este concurso ha quedado desierto, y yo quisiera
saber si confirma el Gobierno que el Organismo Autónomo Correos va a
obsequiar con un crucero por el Mediterráneo a sus mejores clientes.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Amate.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Señoría, el Gobierno y el Organismo Autónomo Correos no tienen la
intención de agasajar a nadie con nada.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Amate.




El señor AMATE RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, no sé cómo llama usted a la realización de un crucero,
tal y como el pliego de condiciones prevé, de alto standing por el
Mediterráneo para los cien mejores clientes, conjuntamente con directivos
de Correos. Da la casualidad de que entre los mejores clientes aparecen
distintos Ministerios y, por tanto, altos ejecutivos de los mismos. Lo
que dice el organismo de Correos es que se pretende una operación
comercial para dar a conocer el Plan estratégico de Correos, ya que la
competencia que se avecina con la nueva ley del servicio postal va a
hacer necesarias todas estas cuestiones. A mí me parece que no es así
como se tiene que competir con los nuevos operadores que van a empezar a
funcionar en el servicio. No es a base de cruceros por el Mediterráneo
como se va a convencer a esos clientes, sino dando mejores servicios que
los que se están dando ahora.

Creo que este crucero por el Mediterráneo, además de un despilfarro
innecesario, es un insulto a los propios



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trabajadores, porque hace pocos días publicó el «Boletín Oficial del
Estado» un plan de austeridad de gastos en el Ministerio de Fomento donde
se exige la reutilización de los sobres de comunicación interna hasta 20
veces o que a medio día se tienen que desconectar los climatizadores.

Cuando existen oficinas en Correos cuyo estado es deplorable, cuando hay
pabellones postales donde están hacinados los funcionarios, cuando no se
sustituye a los carteros de vacaciones y se quedan distritos sin reparto,
cuando existen tantos y tantos problemas, ustedes se descuelgan con un
crucero de lujo para sus clientes, muchos de los cuales, vuelvo a
decírselo, son altos cargos de Ministerios.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Amate.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, ha
descrito usted muy bien cómo dejó el Gobierno socialista el Organismo
Autónomo Correos y Telégrafos. (Aplausos.)
Lo que le quiero decir, señoría, es que estamos ante un organismo que se
halla en un proceso de transformación que ustedes no fueron capaces de
realizar. El Organismo Autónomo Correos factura, señoría, 170.000
millones de pesetas y, por consiguiente, para ir cubriendo su déficit de
explotación, tiene como objetivo primordial facturar todavía más; es
decir, vender todavía más en un mercado como el español, que está casi
totalmente liberalizado. Por tanto, es lógico desde cualquier perspectiva
empresarial que los responsables del organismo --ya ente público
empresarial, porque ha empezado su transformación-- reoriente sus
actividades hacia los clientes y sus necesidades. Esa es la razón por la
cual el ente público ha planteado todo un programa de actividades
comerciales, con objeto de mejorar su imagen y de mejorar y ampliar su
facturación para incrementar sus ingresos y reducir su déficit de
explotación; actuaciones que comprenden reuniones y mesas redondas
sectoriales, foros de marketing directo, jornadas de debate sobre la
imagen externa de Correos con consumidores y usuarios, reuniones con los
clientes más importantes.

Señoría, lo fundamental no es juzgar si una u otra de esas actividades
comerciales es más o menos acertada. Nadie está exento de errores en esta
vida. Lo que sí le digo es que es profundamente necesario que el ente
público empresarial de Correos se plantee una nueva política comercial en
competencia con los grandes operadores de correos que están entrando con
gran fortaleza en el mercado español, en un mercado, como digo,
plenamente liberalizado. Y, una de dos, o hacemos de Correos una gran
empresa con capacidad para competir con esos grandes operadores postales,
o Correos, señoría, no tiene porvenir, y somos responsables de 64.000
personas que trabajan para este ente público empresarial.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON RAMON ORTIZ MOLINA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO ANTE LA ANUNCIADA HUELGA DE TRANSPORTISTAS FRANCESES, EL PROXIMO
3 DE NOVIEMBRE, EN DEFENSA DE LOS TRANSPORTISTAS ESPAÑOLES? (Número de
expediente 180/000837)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el
diputado don Ramón Ortiz Molina, del Grupo Socialista.

Señor Ortiz.




El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, el 1 de diciembre de 1996 se desconvocó la huelga que los
camioneros franceses venían manteniendo durante quince días en demanda de
mejoras laborales. Esta situación tuvo bloqueadas las carreteras
francesas, ocasionando a los transportistas españoles, sobre todo a
aquellos que trabajan con productos agroalimentarios, pérdidas cercanas a
los 50.000 millones de pesetas. Para el próximo día 3 de noviembre hay
anunciada una nueva huelga del transporte en Francia, lo que ha hecho
saltar todas las alarmas en transportistas, exportadores y productores
españoles. Como consideramos que es mucho mejor prevenir que curar es por
lo que queremos conocer qué medidas piensa adoptar el Gobierno si
finalmente la huelga del transporte en Francia tiene lugar, para que no
seamos de nuevo los españoles los paganos de la huelga del país vecino.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Como puede S. S. comprender, es grande la preocupación del Gobierno en
relación con la huelga de los transportistas franceses. Yo debo decirle
que hemos empezado a adoptar una serie de medidas, las que están al
alcance del Gobierno, y que son las siguientes: se ha reunido el Comité
Nacional de Transportes y se ha dado información a los transportistas
españoles, con objeto de que tomen, a su vez, las medidas oportunas para
hacer frente a la situación que se pueda producir. El Gobierno se ha
puesto en contacto con las autoridades consulares españolas en Francia
para que presten toda la ayuda necesaria. Al mismo tiempo, se ha
informado a las autoridades españolas competentes



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en los puestos fronterizos con Francia. En el día de ayer tuve ocasión de
escribir una carta a mi colega francés, el ministro de Transportes, para
pedirle que pusiera en aplicación la resolución recientemente adoptada
por el Comité de Regiones de la Unión Europea, en la que se aconseja que,
en caso de huelga de transportes, se organicen unos corredores
internacionales para que se garantice la libre circulación de personas y
de bienes por todo el territorio de la Unión Europea. Al mismo tiempo le
he solicitado que, en su caso, tome las medidas oportunas para prestar
protección policial a los camioneros españoles.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. Señor Ortiz.




El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, no sé si dejar esta situación en manos de autoridades
consulares, de las propias organizaciones del transporte o en una simple
carta es lo adecuado. Quizá fuera más apropiada una actuación más
personalizada del propio ministro, más directa e incluso más decidida,
pero en cualquiera de los casos, señor ministro, ustedes tienen la
responsabilidad de gobernar en estos momentos. Si usted considera que las
medidas anunciadas son las correctas, no seremos nosotros quienes le
hagamos distraer su tiempo con otras propuestas que pudiéramos considerar
más acertadas, en absoluto. Señor ministro, tiene usted todo nuestro
apoyo, pues aquí no hay más objetivo que evitar que seamos los españoles
quienes paguemos la huelga de los franceses, y eso lo tienen que
garantizar ustedes, nuestro Gobierno.

Si, finalmente, señor ministro, la huelga tiene lugar y no se garantiza
la libre circulación de los transportistas españoles, fíjese que tan sólo
para la región de Murcia las consecuencias se traducen en la paralización
de más de 2.000 camiones, y bastaría que las exportaciones quedaran
bloqueadas durante 48 horas para que la campaña de hortalizas se venga
abajo. Extrapole estos datos al resto del país y comprenderá la magnitud
del problema. Señor ministro, tome iniciativas decididas, cuenta con
nuestro apoyo, eso téngalo muy claro. Exija y consiga corredores
garantizados para nuestros camioneros y evite la pérdida de miles y miles
de millones de pesetas que es lo que para la economía española supondría
el bloqueo de la red viaria francesa. Esa es su obligación y ese es el
reto.

En cualquiera de los casos y sin ánimo de polemizar en absoluto,
permítame recordar, por aquello de las actuaciones y después de que
ocurran los hechos, que los últimos damnificados de la última huelga no
han recibido todavía sus ayudas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias.

Señoría, usted puede comprender que el Gobierno no puede evitar que se
produzca una huelga en territorio francés. No está al alcance del
Gobierno español evitarlo, y sabe usted que el ejercicio legítimo del
derecho de huelga entra en conflicto con el principio de libre
circulación de bienes y servicios que rige en la Unión Europea. Por
tanto, es la Comisión Europea la que tiene que interponer la
correspondiente denuncia, y sabe usted que esa denuncia se dilucida ante
los tribunales de justicia, que son los que al final determinarán las
indemnizaciones que, en caso de daños y perjuicios, corresponderán a los
camioneros españoles. Pero no se puede hacer a un Gobierno responsable
más allá de la responsabilidad que éste puede asumir en términos
razonables.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON GERARDO TORRES SAHUQUILLO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE ENCUENTRA EL
CONVENIO ENTRE RENFE Y LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON QUE TIENE POR
OBJETO MANTENER EN SERVICIO LAS LINEAS REGIONALES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ARAGON? (Número de expediente 180/000839) El señor
PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno el diputado don
Gerardo Torres Sahuquillo, del Grupo Socialista.

Señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Muchas gracias, señor presidente. ¿En qué
situación se encuentra el convenio entre Renfe y la Diputación General de
Aragón, que tiene por objeto mantener en servicio las líneas regionales
de la Comunidad Autónoma de Aragón?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Señoría, los servicios de Renfe me informan que Renfe ya ha realizado los
trámites pertinentes para la firma del nuevo convenio y sólo está
pendiente de la decisión de la Diputación General de Aragón sobre la
fecha en que tendrá lugar la firma del mismo.

Muchas gracias, señor presidente.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor ministro, este convenio está sin firmar
porque las Cortes de Aragón lo rechazaron a pesar de que lo aprobó el
Gobierno del Partido Popular. Y lo rechazaron porque es lesivo para los
aragoneses. La Diputación General de Aragón tendría que pagar a Renfe
cerca de 1.200 millones de pesetas en dos años, y ello con una reducción
de los servicios hasta ahora prestados y sin que quede garantizado el
futuro de los servicios regionales de ferrocarril a partir de esa fecha.

Esta situación preocupa mucho en Teruel, porque nuestra ciudad es la
única capital de provincia de España que no tiene comunicación
ferroviaria directa con Madrid, y de seguir algún tiempo más en la
situación actual, nos tememos lo peor: que nos quedemos sin tren. La
línea férrea Sagunto-Teruel-Zaragoza-Huesca-Canfranc es la única de las
que existen en Aragón que nos vertebra como comunidad, que contribuye a
la ordenación del territorio aragonés y también la única de que dispone
la ciudad de Teruel, señor ministro. Por eso es dramática para los
turolenses su contestación de fecha 18 de julio de este año --vaya fecha
que escogieron ustedes para contestar a mi pregunta escrita--, donde se
me anuncia que no piensan hacer nada por mejorar el estado de la línea ni
Renfe ni el Ministerio de Fomento. Esta línea, señor ministro, necesita
que se continúen las inversiones que realizó Renfe entre los años
1991-1992 y que fueron de unos 2.500 millones de pesetas,
aproximadamente.

El plan ferroviario para Aragón aprobado por las Cortes aragonesas viene
a decir que con unas inversiones de 3.500 millones, en el escenario
1998-2005, los tiempos de Teruel a Zaragoza y de Teruel a Valencia
podrían disminuir en una hora. En la actualidad cuesta tres horas.

Después de lo dicho, resulta más penoso comprobar que no han puesto
ustedes ni una sola peseta en los Presupuestos Generales del Estado para
1998 en esta línea. Junto a esto se producen agravios comparativos que
molestan y no comprendemos. La línea de Alcoy a Játiva en la Comunidad
Valenciana, vecina de la aragonesa, estaba catalogada como línea de tipo
f, destinada a desaparecer. La comunidad autónoma la mantuvo mediante un
convenio con Renfe y ahora se va a empezar a remodelar con cargo al
Ministerio de Fomento que usted dirige. Nos parece muy bien que se haga
esto en Valencia, pero ¿por qué no en Aragón? Cambie su posición, señor
ministro. Denos a los turolenses una oportunidad con nuestro tren.

Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Muchas gracias, señor Torres.

Señor ministro.

El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Señoría, usted comprenderá que el dinero disponible en el capítulo 6 del
Ministerio de Fomento hay que distribuirlo razonablemente entre todas las
comunidades autónomas, y si usted hace la suma verá que para el próximo
ejercicio 1998 la Comunidad Autónoma de Aragón sale muy bien librada.

Esta tarde hay una interpelación --tendremos ocasión de ponerlo de
relieve-- y verán ustedes que hay una fuerte inversión en
infraestructuras ferroviarias a través del tren de alta velocidad. Por
consiguiente, no hablemos de agravio comparativo ni saquemos todas las
infraestructuras al mismo tiempo en todos los lugares de España, porque
ustedes han gobernado 14 años y saben muy bien que en cada ejercicio hay
que distribuir el dinero del que se dispone de manera razonable,
equitativa y en beneficio de la cohesión y de la solidaridad territorial.

Yendo al problema concreto, S. S. sabe que los convenios entre Renfe y
las comunidades autónomas para que éstas financiaran, por lo menos en
parte, determinado tipo de trayectos de ferrocarril es algo que puso en
marcha, y a mi juicio inteligentemente, la anterior presidenta de Renfe,
la señora Mercé Sala, e hizo un buen servicio a Renfe y hoy es una
empresa que funciona mejor. Lo que ocurre, señoría, es que algunas
comunidades autónomas como Aragón, gobernada por ustedes, no paga lo que
está previsto en esos convenios. Y no sólo la Comunidad Autónoma de
Aragón, sino otras. Esa es la razón por la cual hubo que denunciar el
convenio y es la razón por la que se intenta hacer un nuevo convenio
donde, por lo menos, haya la obligación de pagar la deuda que se contrae
con Renfe. Renfe es una empresa que tiene que cuidar de su cuenta de
resultados y, como ha de hacerlo, ha de firmar convenios que le permitan
disminuir, en la medida de lo posible, su déficit de explotación.

Señoría, yo podría citar otras comunidades autónomas gobernadas por
socialistas que no pagan la deuda con Renfe, pero no es ese el problema.

El problema es justamente la seriedad y traer a este Parlamento las
cuestiones desde la perspectiva rigurosa y no desde la perspectiva
demagógica. Las deudas con Renfe hay que pagarlas, y la Comunidad
Autónoma de Aragón tiene deudas con Renfe desde el año 1994, desde
entonces no ha pagado ni una sola peseta de la deuda contraída con Renfe.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro



-- DEL DIPUTADO DON CRISTOBAL JUAN PONS FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO
RECIENTEMENTE EL MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACION AL TRANSPORTE MARITIMO
DE MERCANCIAS PELIGROSAS? (Número de expediente 180/000848)



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El señor PRESIDENTE: Pregunta numero 21, que formula al Gobierno, el
diputado don Cristóbal Juan Pons Franco, del Grupo Parlamentario Popular.




El señor PONS FRANCO: Gracias, señor Presidente.

Señor ministro, es de todos conocido que las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas han ido aumentando considerablemente durante la
segunda mitad del siglo, debido fundamentalmente al aumento de la
utilización de dichas mercancías. Según estimaciones de la Organización
Marítima Internacional, más del 50 por ciento de las cargas que en la
actualidad se transportan por vía marítima pueden considerarse como
peligrosas o perjudiciales. En muchos países marítimos se han ido tomando
medidas a lo largo de los años para reglamentar, por vía legislativa o
por la vía de las recomendaciones, el transporte de estas mercancías.

Pero dicha circunstancia es especialmente preocupante en el caso de
España, sobre todo por la extensión de su litoral y por su dependencia de
los recursos naturales que proporciona al mar, así como también por las
potenciales repercusiones negativas que podrían derivarse para su
política turística. Es por ello, señor Ministro, que le formulo la
siguiente pregunta: ¿Qué medidas ha adoptado recientemente el Ministerio
de Fomento en relación al transporte marítimo de mercancías peligrosas?



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pons. Tiene la palabra el
señor ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Señoría, la respuesta del Gobierno se ha desarrollado en tres líneas. La
primera ha sido la publicación del Real Decreto de 24 de julio, referente
a las condiciones marítimas exigidas a los buques que transporten
mercancías peligrosas o contaminantes con origen o destino en puertos
nacionales. Este real decreto incorpora la Directiva 93/75 de la Unión
Europea, que impone a los buques procedentes de puertos extracomunitarios
la obligación de notificar al salir del puerto de carga, y como condición
para que les sea autorizada la entrada en un puerto o fondeadero
comunitario toda la información relativa a la identidad y características
del buque, puerto de destino, fecha de llegada, itinerario previsto,
denominación técnica de las mercancías peligrosas o contaminantes,
categoría del riesgo, cantidad y ubicación de las mismas a bordo.

La segunda línea de actuación es consecuencia de haber conseguido que la
Organización Marítima Internacional aprobara una resolución en el Comité
de Seguridad Marítima que obliga a los buques que transporten cargas
potencialmente peligrosas o contaminantes a notificar estas
circunstancias cuando naveguen a la altura de Finisterre y de Tarifa. La
citada resolución es obligatoria desde el pasado 3 de junio.

Y la tercera línea de actuación, también dentro del marco de la
Organización Marítima Internacional, ha sido la consecución del
establecimiento de dos zonas de separación de tráfico marítimo en
Finisterre y Tarifa, a la que se podrá unir pronto otra zona de
separación en el cabo de Gata, para lo que España ya ha presentado una
nota de solicitud en la Organización Marítima Internacional. Es
simplemente un resumen de un conjunto de medidas que llevaría demasiado
tiempo explicar aquí.

Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSE ORTIZ PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE ESTADO SE
ENCUENTRA EL PLAN NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE SALVAMENTO DE LA
VIDA HUMANA EN EL MAR Y DE LA LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION EN EL MEDIO
AMBIENTE? (Número de expediente 180/000849)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno el
Diputado don Juan José Ortiz Pérez, del Grupo Popular.

Señor Ortiz.




El señor ORTIZ PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, el litoral español, tanto en su parte continental como en
su parte insular, se encuentra rodeado de rutas marítimas de gran
importancia nacional e internacional. Próximos a nuestras costas pasan
todos los años miles de buques; según mis datos, unos 70.000 por el
Estrecho y unos 50.000 por la zona noroeste, y pasan con cargamentos
diversos, en condiciones climatológicas frecuentemente adversas y, en un
alto porcentaje, con mercancías peligrosas. El Plan nacional de
salvamento y seguridad marítima, de competencia estatal, tiene como
finalidad inmediata el establecimiento y mantenimiento de una
organización nacional de búsqueda, salvamento y lucha contra la
contaminación del medio marítimo, con el objeto de alcanzar las mayores
probabilidades de éxito en la respuesta a las emergencias acaecidas en
cualquier lugar de las zonas de responsabilidad marítima asignadas a
España. El actual plan finaliza a finales del presente año, por lo que,
según mi opinión, es necesario que el Gobierno elabore un nuevo plan que
tenga en cuenta las experiencias de años anteriores y ofrezca una mayor
confianza a las personas que se hacen a la mar y una mejor protección del
medio marino.




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Por todo lo expuesto, y para conocer la opinión del propio Gobierno, le
formulo la siguiente pregunta: ¿en qué estado se encuentra el Plan
nacional de servicios especiales de salvamento de la vida humana en el
mar y de lucha contra la contaminación en el medio ambiente?
Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Señoría, el Plan nacional de servicios especiales de salvamento de la
vida humana en el mar y de lucha contra la contaminación se encuentra en
la última fase de elaboración. Razonablemente, podemos pensar que estará
aprobado antes de que concluya el año.

En relación con las previsiones del nuevo plan, debo señalar que contiene
los elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones nacionales e internacionales de España en materia de
salvamento marítimo y de lucha contra la contaminación en el área de
responsabilidad que está asignada a nuestro país, que comprende 1.500.000
kilómetros cuadrados, todo ello bajo la aplicación del principio de
coordinación con las restantes administraciones e instituciones que
cuentan con medios susceptibles de ser utilizados en las tareas de
salvamento y de lucha contra la contaminación. El plan prevé la apertura
de ocho nuevos centros coordinadores, hay un programa de unidades de
intervención rápida de salvamento que contempla la entrada en servicio de
diez nuevas embarcaciones y el número de buques de salvamento o
remolcadores se mantiene, con un sistema que aprovecha el exceso de
capacidad de remolque del entorno portuario para racionalizar costes. Las
unidades aéreas seguirán, como en el presente, con 24 horas de servicio;
la lucha contra la contaminación marítima contará con nuevas unidades de
superficie en el marco de la colaboración con las autoridades portuarias
y, en definitiva, por resumir, puedo trasladar a S. S. que el plan
supondrá la inversión de 4.000 millones de pesetas en equipamiento
electrónico, buques y elementos de lucha contra la contaminación marina y
supondrá la creación de más de 100 puestos de trabajo directos.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON ANGEL MARIO CARREÑO RODRIGUEZ MARIBONA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO
AFECTARAN AL SECTOR DEL TRANSPORTE LAS MEDIDAS APROBADAS EN CONSEJO DE
MINISTROS DE FECHA 11 DE JULIO DE 1997 EN RELACION A LA MODIFICACION DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACION DE TRANSPORTES TERRESTRES? (Número de
expediente 180/000852)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, que formula al Gobierno el
diputado don Angel Mario Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señor Carreño.




El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, aprobado en 1990 el reglamento de ordenación de los
transportes terrestres, el proceso de liberalización del transporte por
carretera tiene dos fechas fundamentales: la primera, el 1 de enero de
1996, fecha en que, de conformidad con el reglamento CE 2454/1992, el
transporte de viajeros efectuado por cualquier transportista no residente
está permitido prácticamente sin limitaciones; la segunda, el inmediato 1
de julio de 1998, fecha a partir de la cual otro reglamento CE 3118/1993,
sobre cabotaje, establece que transportistas de los países de la Unión
Europea puedan realizar transporte interior con carácter temporal en
cualquier país de la Unión.

Estos dos reglamentos CE, posteriores a aquel de España de 1990, obligan
a los países miembros de la Unión Europea a su entrada en vigor,
haciéndola, en la medida de lo posible, compatible con la protección y
adaptación gradual de su sector transporte. Consecuentemente, el Consejo
de Ministros ha aprobado el 11 de julio una modificación, vía real
decreto, del reglamento de la LOTT. ¿Cómo afectarán, señor ministro, al
sector transporte las medidas aprobadas en dicho Real Decreto 1136/1997?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Carreño.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Señoría, creo que el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno van a
producir, de hecho están produciendo ya, efectos extraordinariamente
positivos en el sector del transporte terrestre.

Como ha señalado S. S., el Gobierno modificó el real decreto que aprobaba
el reglamento que desarrollaba a su vez la Ley de Ordenación del
Transporte Terrestre, y esa reforma se ha hecho con un sentido
liberalizador y, como es lógico, recogiendo en la medida de lo posible
los principios y directrices de la Unión Europea.

Posteriormente a ese decreto, y esta es la actividad importante, se han
dictado cinco órdenes ministeriales que suponen una primera fase en la
total reestructuración



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del sector. Estas cinco órdenes ministeriales afectan y regulan
respectivamente el acceso a la profesión de transportista, el transporte
de mercancías, el transporte de viajeros, las actividades auxiliares y
complementarias del transporte y las cooperativas de transportistas y
sociedades de comercialización. En definitiva, lo que hacen estas órdenes
ministeriales es despejar incertidumbres y crear un marco de ordenación
que ha sido negociado con el Comité Nacional de Transportes. Más en
concreto y por lo que respecta al transporte de viajeros, se ha dado un
paso decisivo en la liberalización, terminando con los contingentes y
estableciendo unos requisitos mínimos para operar en el mercado, lo cual
debe racionalizar el acceso al mercado.

En el caso del transporte de mercancías, hemos abierto una etapa de
transición preparatoria de la plena liberalización y en esa nueva
regulación se favorece la concentración de empresas para hacer frente a
la excesiva atomización que tiene actualmente el sector en el transporte
de mercancías, se pone fin a la política de controles cuantitativos de la
oferta y se pone fin también al sistema de tarifas obligatorias. Se
elevan, por último, considerablemente los niveles mínimos de formación
exigibles para el acceso a la profesión de transportista.

Concluyo diciendo, porque todo ello implica una profunda reordenación del
sector, que, como no podía ser menos, se ha abierto un proceso de
negociación permanente con el sector del transporte y, gracias a esas
negociaciones, todas las disposiciones adoptadas lo han sido con pleno
acuerdo del Comité Nacional de Transportes, que es donde está
representada la inmensa mayoría del sector. De esta manera se empieza a
dar satisfacción a un sector que tenía graves problemas, que necesitaba
una reestructuración y, sobre todo, que requería favorecer el proceso de
concentración, en cualquier caso.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




-- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES
SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LAS OBRAS DEL PUENTE DE
PIEDRAFITA, QUE UNE GALICIA CON CASTILLA Y LEON POR CARRETERA? (Número de
expediente 180/000853)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el
diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señor Fernández de Mesa.

El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro de Fomento, pasadas ya las elecciones gallegas,
por lo tanto, fuera de los fragores más o menos interesados y de los
mítines, independientemente de los resultados que hayamos obtenido, si
los gallegos tenemos algo claro es que este Gobierno ha impulsado de
manera definitiva la terminación y el remate de las autovías que unen
Galicia con la meseta, acabando con el aislamiento histórico que han
padecido los gallegos durante tantos años.

Por ello, señor ministro, le pregunto: ¿qué previsiones tiene el
Ministerio de Fomento para las obras del puente de Piedrafita, uno de los
escollos más importante que han existido, que une Galicia con Castilla y
León por carretera?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Señoría, solamente desde la ignorancia o desde la mala fe se ha podido
negar la voluntad política de este Gobierno de concluir las autovías
gallegas. En lo que va de año hemos inaugurado aproximadamente unos 70
kilómetros de autovías gallegas y de aquí a finales de año creo que
podremos inaugurar otros 20 o 30, si no hay un exceso de lluvia y el
tiempo lo permite. Para el ejercicio presupuestario de 1998 hay 45.000
millones destinados solamente a las autovías gallegas. Puedo pensar
razonablemente que, si no se producen circunstancias que ahora serían
imprevisibles, las autovías gallegas, excepción hecha de los tramos de
Piedrafita, deberán estar terminadas completamente hacia finales de 1998,
y que quedarán pendientes, por el contrario, los cinco tramos de
Piedrafita por la propia magnitud de la obra, por la propia magnitud de
la inversión y por la complejidad técnica. De acuerdo con los servicios
técnicos del Ministerio de Fomento, los 70.000 millones de inversión que
van a requerir los cinco tramos de Piedrafita podrán concluirse
aproximadamente hacia finales del año 2000.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.




-- DEL DIPUTADO DON LUIS ANGEL FERNANDEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA EL TRAMO DE LA CN-340
ENTRE LAS LOCALIDADES DE GUADIARO Y ESTEPONA? (Número de expediente
180/000854)



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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27 que formula al Gobierno el
diputado don Luis Angel Fernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Popular.

Señor Fernández.




El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente. Señor
ministro, durante los últimos 14 años el Campo de Gibraltar y la
provincia de Cádiz ha sido, objetivamente hablando, una de las zonas más
olvidadas de España. Basta con recordar que en todos esos años, tan sólo
se han desdoblado 15 kilómetros de carretera en toda la provincia, para
darse cuenta de que esto es así. Afortunadamente, el actual ministro de
Fomento ha invertido la tendencia y obras tan necesarias como la San
Roque-Guadiaro o el acceso norte al puerto de Algeciras son hoy ya una
feliz
realidad. De hecho, en tan sólo un año, el actual Gobierno ya ha
desdoblado más kilómetros de carreteras en el Campo de Gibraltar y en la
provincia de Cádiz que todos los gobiernos socialistas anteriores. Ello
no es óbice, señor ministro, para que desde el Partido Popular de
Andalucía sigamos reclamando una mejora de nuestras infraestructuras, y
aunque se haya perdido una oportunidad histórica por la negligencia del
gobierno anterior, como ha sido la reciente celebración de la Ryder Cup
que debería de haber solucionado, de una vez por todas, los accesos al
Campo de Gibraltar y, en concreto, el tramo que falta por desdoblar entre
las localidades de Guadiaro y Estepona, no por ello --repito-- debemos
dejar de insistir en la necesidad de una alternativa gratuita, sin peaje,
a la futura autopista de la Costa del Sol. Y no porque los que antes no
hicieron nada, ahora se manifiesten --con poco éxito y en coches
oficiales, pero se manifiestan--, sino porque esa alternativa es justa y
necesaria para el desarrollo de nuestra tierra y, por tanto, una demanda
inexcusable para todos los hombres y mujeres del Partido Popular de
Andalucía.

De ahí la pregunta que le formulamos sobre los planes del Gobierno para
dicho tramo de carretera entre Guadiaro y Estepona.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente. Muchas gracias, señoría.

Querría comenzar mi contestación a S. S. poniendo de relieve que este
Gobierno ha puesto en marcha un pequeño programa de autopistas de peaje
que está inspirado en dos principios. El primero es generar inversión,
actividad económica, crecimiento económico y empleo. Por eso el programa
prevé una inversión de 240.000 millones de pesetas con cargo a la
iniciativa privada. En segundo lugar, ese programa de autopistas de peaje
se apoya en un segundo principio que para este Gobierno es un principio
irrenunciable, y es que no hará ninguna autopista de peaje allí donde no
haya una alternativa gratuita en buen estado y que sea suficiente para
atender las necesidades del tráfico. Este principio se aplica, por tanto,
al tramo al que se refiere su señoría, al tramo entre Estepona y
Guadiaro, donde en estos momentos existe una carretera claramente
insuficiente. Por eso se va a poner en marcha el estudio informativo para
proceder a la ampliación y a la mejora de lo que es la alternativa
gratuita. Cuando tengamos ese estudio informativo podremos ver en qué
consiste esa mejora y esa ampliación de la nacional 320 --me parece que
es--. No está excluido a priori que en algunos tramos haya tres carriles
y en otros haya un auténtico desdoblamiento hasta generar en esos tramos
concretos una auténtica autovía cuando así se desprenda del estudio
informativo.

Debo añadir que la autopista de peaje que va distante de lo que es la
autovía del Mediterráneo permitirá, a su vez, descongestionar la autovía
gratuita que pueden utilizar todos aquellos ciudadanos que no quieran o
no puedan pagar el peaje. Una autopista de peaje favorece a todo el
mundo, a quienes la utilizan, pagando, y a quienes utilizan la
alternativa gratuita, porque se encuentra ésta más descongestionada como
consecuencia de la existencia de una autopista de peaje. Además,
naturalmente, de favorecer el crecimiento económico y el empleo.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Fomento.




-- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARIA TORME PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISIONES TIENE
EL MINISTERIO DE INTERIOR EN ORDEN AL DESARROLLO EN COMISARIAS DEL
LLAMADO «SERVICIO DE ATENCION A LA MUJER» (SAM)? (Número de expediente
180/000847)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20 que formula al Gobierno la
diputada doña Ana María Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular.

Señora Torme.




La señora TORME PARDO: Señor presidente, señorías, señor ministro, un
principio esencial en la configuración de una policía moderna es el de su
proximidad a los ciudadanos, proximidad que ha de darse en el desempeño
de las tareas que le son propias: proteger el libre ejercicio de las
libertades y derechos así como garantizar la seguridad ciudadana.

Esta consideración es especialmente relevante cuando los ciudadanos son
víctimas de delitos que



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por su naturaleza afectan a esferas emocionales y psicológicas de su
personalidad, así como cuando de una forma muy directa afectan al derecho
a su intimidad. Todo ello presenta un matiz muy especial cuando se trata
de delitos de violencia contra la mujer. Es precisamente en este caso
cuando la tarea policial, en su desarrollo, requiere ser especialmente
cuidadosa, sobre todo en el momento inicial de atención a la víctima y de
formulación de la denuncia. Así no se induciría lo que podríamos
denominar como un segundo estado de victimización. De ahí que el servicio
de atención a la mujer cumpla una función esencial para garantizar que
las diligencias propias de la labor de investigación de los delitos
producidos se desarrollen en un contexto adecuado y por parte del
personal idóneo. Sólo así se puede inspirar una mayor confianza en las
mujeres y un mayor apoyo, en un momento en que se encuentran en una
situación emocional especialmente difícil, para así evitar la aparición
de traumas añadidos a los propios del delito de que han sido víctimas. El
desarrollo de este servicio de atención a la mujer requiere un notable
esfuerzo no sólo en lo que se refiere a las infraestructuras policiales
necesarias sino también en cuanto a la formación especial de este
personal, para que esté debidamente sensibilizado. Todo ello creo que va
a ser posible gracias a la sensibilización que ha mostrado el Ministerio
de Interior, que ha venido dando muestras de este esfuerzo a lo largo de
sus actuaciones.

Por todo ello y teniendo en cuenta la declaración de Naciones Unidas
según la cual la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más
numeroso en el mundo, le formulo, señor ministro, la siguiente pregunta:
¿Qué previsiones tiene el Ministerio de Interior en orden al desarrollo
en las comisarías del llamado servicio de atención a la mujer?



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torme.

Señor ministro de Interior.




El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría.

El Ministerio de Interior tiene un criterio muy claro en el sentido de
que la actuación policial debe ir encaminada a los sectores más
desprotegidos.

Como S. S. sabe, el servicio de atención a la mujer se creó en 1988 y ha
ido ampliando su ámbito de actuación a lo largo de estos años para dar
una respuesta correcta y adecuada a la criminalidad, en sus diferentes
facetas, contra la mujer. En la actualidad existen 15 ciudades en las que
funciona este servicio de atención a la mujer: Madrid, Barcelona,
Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Granada, Las Palmas, Avila,
Zaragoza, La Coruña, Palma de Mallorca, Santander, Oviedo y Toledo. En
este sentido, el Ministerio de Interior va a adoptar las siguientes
medidas. En primer lugar, una potenciación de los actuales servicios de
atención a la mujer a través de una dirección unitaria en la
investigación de esos delitos, de los programas de cooperación con
instituciones y las ONG y la integración de personal más especializado
para reforzar la investigación de delitos.

En segundo lugar, se va a acometer la ampliación del SAM, con el
siguiente calendario. De modo inmediato, en tres meses, se va a implantar
este servicio en las siguientes ciudades: Cádiz, Santa Cruz de Tenerife,
Valladolid, Murcia y Vigo; entre seis y nueve meses se implantará en las
ciudades de Córdoba, Almería, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y
Guadalajara, y entre uno y dos años se implantará este servicio en el
resto de las capitales de provincia y en las ciudades más importantes que
cuenten con comisaría de policía.

En tercer lugar, se va a poner en marcha el nuevo servicio de atención a
la familia, convencidos de que la mujer, como víctima, no debe
considerarse de forma aislada sino que la problemática surge del entorno
familiar y afecta a la estructura de la familia. Exige dar una respuesta
unitaria a esta problemática de delincuencia en el seno de la familia,
incluyendo no sólo a la mujer sino también a los menores y a las personas
que constituyen la tercera edad.

Para dar esa respuesta policial adecuada, la Dirección General de la
Policía va a desarrollar un programa de integración de estos servicios de
asistencia a la mujer y del Grume, que son los grupos de menores de la
Policía, de forma y manera que se va a formalizar un nuevo servicio de
atención a la familia, considerado de una forma global y unitaria. En
definitiva, se va a hacer un esfuerzo en esas direcciones, y, además,
quiero decirle que estos servicios de atención a la familia en el plazo
de un año se acometerán en las plantillas de Madrid, Barcelona, Valencia,
Málaga, Sevilla, Granada, Las Palmas, Tarragona, Oviedo, Palma de
Mallorca y Santander.

Como usted bien decía, señoría, las 16.378 denuncias en el año 1996 de
malos tratos de maridos a sus esposas confirman la necesidad de este
esfuerzo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Interior.




-- DEL DIPUTADO DON JOSE BORRELL FONTELLES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO
DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE CAMBIOS SE PRODUJERON EN EL PROYECTO DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998 ENTRE EL MIERCOLES 24 DE
SEPTIEMBRE Y EL VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE? (Número de expediente
180/000832)



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El señor PRESIDENTE: Pregunta número 8 que formula al Gobierno el
diputado don Josep Borrell Fontelles del Grupo Socialista.

Señor Borrell.




El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente, ¿qué cambios se produjeron en el proyecto de ley de
presupuestos entre el miércoles 24 de septiembre y el viernes 26 de
septiembre?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Borrell.

Señor vicepresidente primero del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señoría, el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el año 1998 no sufrió ninguna
modificación entre las fechas que usted cita en su pregunta.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Señor Borrell.




El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el miércoles 24 de septiembre el jefe de la Oficina
Presupuestaria del Presidente del Gobierno en documento oficial, sellado
y rubricado en todas sus páginas, advertía que la ejecución del
presupuesto de 1997 pone de manifiesto la falta de rigor presupuestario y
la incapacidad para controlar la evolución del gasto (estoy leyendo); que
los créditos de gasto habrán experimentado a finales de 1997 el
exorbitante --el adjetivo no es de la oposición, es del Gobierno--
aumento de 600.000 millones ni previstos ni financiados; que el objetivo
del déficit no se habría cumplido si no se hubiesen producido
circunstancias ajenas a la Administración española que no se podrán
repetir en 1998; que el presupuesto para 1998 conlleva, pues, un déficit
adicional (sigo leyendo) de 600.000 millones que exigirá aumento de los
impuestos. Asimismo, en ese informe se pone de manifiesto la
disconformidad del que lo suscribe con varios artículos de la Ley de
presupuestos por los que se aumenta la posibilidad de gasto, se relaja la
disciplina presupuestaria, se crean organismos innecesarios y se aumentan
los créditos ampliables. Casi nada.

Pero según el Gobierno, el día 25 de septiembre, al día siguiente, ese
informe fue corregido y sustituido por otro, después de conocer los
verdaderos presupuestos. Y el señor Barea, una vez conocidos, llegó a la
conclusión de que eran estupendos, rigurosos y coherentes. Sin embargo,
los artículos de la Ley de presupuestos en cuestión, los artículos objeto
de crítica, no han sido modificados. El supuesto cambio de criterio del
señor Barea es tan milagroso e instantáneo como el de San Pablo camino de
Damasco. Su historia de un informe elaborado sobre un presupuesto que no
es, según dicen, y al día siguiente se dice lo contrario, sería cómica si
no fuese patética.

Ahora tiene usted tres minutos para despotricar y desahogarse. Sabe usted
que no le podré contestar, pero por mucho que se gargarice con sus frases
hechas sobre el rigor y la austeridad, todo el mundo sabe ya que no
tienen credibilidad presupuestaria alguna. (Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Borrell.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Borrell, los que hemos sido
parlamentarios desde 1982 sabemos que cuando se está en la oposición no
se tiene el privilegio de contestar el último. Usted debería saberlo
porque ejerció el derecho durante bastantes años.

Pero, además, usted protestaba ante la Presidencia cuando la oposición
hacía uso de documentos de esta naturaleza. Yo no voy a protestar, señor
Borrell. Simplemente le voy a dar razones. Primero, que las únicas
desviaciones en los presupuestos del año 1997 son los 320.000 millones
que ya le explicó el vicepresidente segundo con ocasión del debate
presupuestario. El resto de las ampliaciones o modificaciones tienen
cobertura por la vía de ingresos o gastos. En segundo lugar, los 600.000
millones a los que hace referencia el señor Barea se apoyaban, como él
mismo explicó, en previsiones a partir de las cuales hizo él el informe
del día 8 de septiembre. Cuando conocido ese informe, el día 24 de
septiembre se le hicieron las aclaraciones precisas, el señor Barea
retiró sus objeciones, y hasta tal punto las objeciones del señor Barea
no debieron de ser demasiado sustanciales que ustedes al formular las
enmiendas, teniendo ese informe, no han hecho caso del señor Barea. No
han presentado las enmiendas que el señor Barea sugería, lo cual quiere
decir que para ustedes también el informe del señor Barea tiene una
importancia relativa. (Aplausos.--El señor Borrell Fontelles: Eso no es
verdad.) El problema de este debate es mucho más sencillo. El problema de
este debate, señor Borrell, es que ustedes, desde que salieron del
Gobierno, todas las mañanas se encuentran con el espejo, se miran al
espejo y dicen: ¿Qué estará pasando para que a nosotros, tan perfectos y
tan competentes, no nos salieran nunca las cuentas de los presupuestos y
a estos chicos del Gobierno, tan inexpertos y tan incompetentes, les
hayan cuadrado las cuentas del déficit de 1996 y las de 1997 las vayan a
mejorar en una décima? Ustedes, que tuvieron desviaciones --le leo las de
los últimos ejercicios-- del orden del 166 por ciento en materia de
déficit.




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Señor Borrell, ustedes no soportan que nosotros sepamos cuadrar las
cuentas (Rumores.--El señor Cercas Alonso: A martillazos.); ése es su
problema. Yo le recomiendo, señor Borrell, que deje de hacer ejercicios
de narcisismo, que hagan una cura de humildad y que, en lugar de
narcisismo, de una vez empiecen a hacer oposición.

Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.




-- DEL DIPUTADO DON MARIANO SANTISO DEL VALLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL
VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿PIENSA
EL GOBIERNO MODIFICAR SU ESTRATEGIA Y OBJETIVOS PRIVATIZADORES ANTE EL
MAL RESULTADO ECONOMICO OBTENIDO EN LA ULTIMA PRIVATIZACION REALIZADA Y
REFERENTE A LA EMPRESA ENDESA? (Número de expediente 180/000845) El señor
PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno el diputado don
Mariano Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Señor presidente, señor vicepresidente del
Gobierno, la pregunta es muy concreta. Ante los malos resultados que está
teniendo para el Estado la privatización de Endesa, fundamentalmente por
sus propios errores, con la operación de Enersis en Chile, ¿piensan tomar
medidas cautelares y cambiar su estrategia privatizadora?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso. Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): En principio, no, señor diputado, porque, a
diferencia de la valoración que hace
S. S., a juicio del Gobierno el resultado económico de la privatización
del 25 por ciento de Endesa es satisfactorio.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Señor Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: Señor vicepresidente, ustedes mismos tienen
grandes contradicciones, puesto que por una parte el señor vicepresidente
segundo del Gobierno reconocía hace muy pocos días que para Endesa y para
el Estado era un problema serio, pues iba a dejar de ganar, es decir, iba
a colocar sus acciones en torno a 100.000 millones menos en valor de lo
que preveía. Prueba de ello es que el máximo de cotización que ha tenido
Endesa, 3.302 pesetas por acción, ha habido que colocarlo en la oferta
pública a 2.583; después ha venido la tormenta de estos días que la hizo
caer a 2.565 ayer y, en este justo momento, está cotizando a 2.665
pesetas. De todo ello hay que decir que la cartera del Estado a fecha de
ayer, prácticamente en diez días, ha perdido en valor globalmente 328.000
millones de pesetas, y que el valor de Endesa en Bolsa, también en estos
últimos días, es de 230.000 millones menos de lo que era hace escasos
días.

Por último, nos preocupa mucho que el nombre de nuestro país y de Endesa
estén en estos momentos en el punto de mira de América Latina, por una
operación efectuada en Chile que consiste en vender en 500 millones de
dólares a los poseedores del 0,06 por ciento de Enersis, a través de
Chispas, mientras que el resto de accionistas que tienen el 96 por
ciento, es decir, los fondos de pensiones, van a recibir 1.000 millones
de dólares. A esta operación en Chile hoy se le llama el robo del siglo,
ya que desgraciadamente, Endesa, cumpliendo probablemente toda la
legalidad vigente en Chile, no ha respetado la transparencia para evitar
que el resto de accionistas hoy, en Chile, clamen escandalizados ante
operaciones de este tipo, que además han servido para minusvalorar las
propias acciones de Endesa en nuestro país. Creemos que es un proceso
sobre el que hay que reflexionar para evitar este tipo de oscurantismos
que pongan en entredicho el nombre de España.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.

Señor vicepresidente primero del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Santiso, centrándonos en el tema objeto
de la pregunta y no en otras consideraciones que ha añadido usted a lo
largo del debate, quiero decirle que, en la privatización de Endesa,
primero se han batido los récords en cuanto a peticionarios: 1.600.000.

En segundo lugar, quiero decirle que en esta privatización, aunque a
usted le parezca irrelevante, se han pagado las comisiones más bajas de
la historia de España, el 1,95 por ciento; en la anterior operación de
Endesa, en 1994, se pagó el 3,01 por ciento en comisiones. En tercer
lugar, el resultado es de 679.000 millones de pesetas, y si ejercitan su
derecho de opción los bancos colocadores subirá a 748.000 millones de
pesetas. Esto supone que desde la OPV del



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año 1994 el valor del 25 por ciento de Endesa ha subido en 278.000
millones de pesetas. Desde que se aprobó el programa de modernización del
sector público empresarial, este 25 por ciento de Endesa aumentó en
178.000 millones de pesetas. Desde el 17 de octubre de 1996, en que se
iniciaron los trámites para la venta, el valor subió en 181.000 millones
de pesetas. Y al final el precio de la colocación está un 2,79 por ciento
por encima de la media de cotización de Endesa en los últimos 12 meses.

Ya sé que está por debajo de la cotización máxima, pero esos picos son a
los que juegan los especuladores en Bolsa, señor Santiso, no a los que
plantean operaciones a medio y largo plazo para garantizar que el ahorro
español tiene acceso a una gran empresa. Además, quiero decirle que
algunas de las bajadas forman parte de las bajadas convencionales,
ordinarias, en las OPV, entre cuatro y ocho puntos. Y otra, por ejemplo,
de siete puntos, tiene que ver con la bajada del Ibex y no tiene que ver
con ninguna crisis que afecte particularmente a Endesa.

Por lo tanto, yo creo, señor diputado, que tenía pleno sentido la
calificación de operación satisfactoria, en virtud de la cual el Gobierno
no se ha planteado ninguna reflexión en torno a los cambios en la
ejecución del plan de privatización de empresas públicas.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.




-- DEL DIPUTADO DON JOSE NAVAS AMORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE
PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUANDO PIENSA EL
GOBIERNO DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE LA CAMARA DE 25 DE FEBRERO DE
1997 Y REMITIR A ESTA CAMARA UN PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE MINAS
ANTIPERSONA, AL OBJETO DE QUE ESTE APROBADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA
CONFERENCIA DE OTTAWA? (Número de expediente 180/000846)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el
diputado don José Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.

Señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: Muchas gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente, ¿cuándo piensa el Gobierno enviar a esta Cámara un
proyecto de ley en el que se contemple la eliminación total de las minas
antipersona?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navas. Señor vicepresidente primero
del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): El proyecto de ley que cita
S. S. está en avanzado estado de redacción y, por lo tanto, una vez que
supere los trámites correspondientes, en el seno del Ministerio de
Defensa y del Consejo de Ministros, será remitido a esta Cámara. A mí me
gustaría adelantarle que va a ser remitido antes de las fechas del 3 al 5
de diciembre, pero en este momento no tengo la seguridad de que esto sea
posible porque no tengo la seguridad de que en la tramitación que queda
por realizar no vayan a surgir algunas dificultades o desacuerdos que
pudieran retrasar su envío unos días o unas semanas. Por lo tanto,
prefiero dejar la puerta abierta a que su envío se produzca unos días
después de la celebración de la convención de Ottawa.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.

La verdad es que podrá comprender la inquietud que tenía nuestro grupo y
otros que han expresado estas mismas dudas sobre la auténtica voluntad
del Gobierno cuando tanto en esta Cámara como en el Senado se les ha
interpelado sobre este mismo asunto y las respuestas que hemos obtenido
de otros responsables del Gobierno no han sido claras ni coincidentes con
una apuesta definitiva por poner una fecha, un límite en lo que es la
elaboración del proyecto de ley.

Esta ocasión creo es que no es una iniciativa más; es la iniciativa que
dirigimos desde Izquierda Unida al vicepresidente del Gobierno, que en
ocasiones ostenta la máxima responsabilidad del Gobierno en los momentos
en que está ausente el presidente. Por lo tanto, de aquí sí que tiene que
salir un compromiso total del Gobierno en que las fechas tope pueden ser
del orden de las que ha enunciado. Pero, sobre todo, quiero que comprenda
las dudas que su posición ahora transmite a nuestro grupo, puesto que el
portavoz del Partido Popular, cuando en febrero se trató la proposición
no de ley que se aprobó unánimemente en esta Cámara sobre este mismo
asunto, hablaba de que el Gobierno estaba trabajando constantemente por
conseguir la no fabricación de este tipo de armas. No sé si esa voluntad
del Gobierno se transmitió en la conferencia de Oslo, en la que el
Gobierno expuso y apoyó cuestiones que se alejaban de la auténtica
voluntad de esta Cámara. Esas propuestas del Gobierno quedaron también
reflejadas en las valoraciones que distintas delegaciones hicieron de
esta actitud del Gobierno, lo cual reflejaba la duda de que eso era
romper la tendencia, el trabajo que se venía realizando durante tanto
tiempo, que



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suponía el hecho de cargarse el auténtico sentido de esta proposición.

Sólo le puedo decir que en esta Cámara, en febrero, votaron
afirmativamente 319 diputados esta proposición no de ley. Eso quiere
decir que esta Cámara tiene una gran preocupación por este tema y que,
por lo tanto, después de ocho meses, esperamos que esta sea la última
oferta de tiempo que proponga el Gobierno a esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navas.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias.

Señoría, me gustaría ser capaz de tranquilizarle en cuanto a la
preocupación de que pueda haber alguna razón oculta que pueda impulsar al
Gobierno a retrasar el envío a esta Cámara de un proyecto de ley que nace
de un compromiso que también apoyó, como usted recordaba, el Grupo
Popular que sostiene al Gobierno. No hay ninguna razón. Es verdad que
mientras no se llegó a un acuerdo sobre el texto de la convención había
algunas dudas sobre el momento oportuno de remitir el texto del proyecto
de ley para acomodarlo al texto definitivo de la convención, pero,
conocido el texto definitivo, no parece que haya ninguna razón que
justifique más retraso que aquél derivado del imprescindible para la
tramitación del proyecto de ley.

En todo caso, señor diputado, me gustaría insistir en que el hecho de que
se remita a la Cámara y se apruebe antes o después por la misma no pone
en tela de juicio la política de este Gobierno, que desde el primer
momento, por ejemplo a través del Ministerio de Economía y Hacienda, de
quien depende la Junta reguladora de material de defensa, prohibió por
tiempo indefinido la exportación de todo tipo de minas antipersona; que
el 13 de junio el Consejo de Ministros aprobó el protocolo que enmendaba
el de Ginebra, por el que se prohíben o restringen este tipo de armas;
que España participó en todos los debates del proceso de Ottawa y que si
su posición, a su juicio, no coincide en algún momento con la de esta
Cámara, tenga usted en cuenta que la voluntad del Gobierno español, como
ya ha sido explicitada, era la de conseguir el máximo número de países
suscriptores del convenio para conseguir un consenso más amplio.

Por lo tanto, no nos equivoquemos; este Gobierno prohibió definitivamente
todo comercio de este tipo de armas; ha contribuido a su desmantelamiento
en Centroamérica y Bosnia; ha perseguido diplomáticamente una prohibición
general y va a destruir en un plazo razonable, más breve que el de cuatro
años fijado en la convención de Ottawa, esta clase de armas que pudieran
existir en el territorio español.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente primero del
Gobierno.




INTERPELACIONES URGENTES:



-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE ADOPCION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL A 35
HORAS Y LAS HORAS EXTRAORDINARIAS (Número de expediente 172/000056)



El señor PRESIDENTE: Al haberse aplazado la pregunta número 17, de don
Carles Campuzano i Canadés, se concluye así el punto IV del orden del
día, preguntas orales al Gobierno, pasando al punto V: interpelaciones
urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre adopción de medidas para reducir la jornada
laboral a 35 horas y las horas extraordinarias.

Para su defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor Vaquero. (El
señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)



El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.

Señorías, Izquierda Unida ha presentado esta interpelación urgente sobre
la reducción de la jornada laboral a 35 horas y la limitación de horas
extraordinarias en las empresas, porque es necesaria y oportuna. Es
necesaria porque en el artículo 40.1 de la Constitución se propone como
un objetivo del Estado social y democrático de Derecho, que es el Estado
español, el pleno empleo, ordenando a los poderes públicos que realicen
una política orientada hacia el pleno empleo, cuestión que, sin duda
alguna, si no lo dijera la Constitución, podría parecer, a estas alturas
de nuestra historia, una broma pesada o, cuando menos, una utopía. Sin
embargo, a pesar de este aserto de la Constitución, desde la aprobación
de este mandato constitucional hasta hoy, la realidad socioeconómica ha
ido justo en el sentido contrario. El problema del desempleo en nuestro
país sigue siendo la preocupación número uno de los ciudadanos y de las
ciudadanas y, por tanto, la prioridad número uno de la política económica
y social. Contrasta, con justicia, la euforia que en nuestros gobernantes
despiertan los logros macroeconómicos de la convergencia nominal y el
rasero con que nuestro pueblo mide la misma realidad, es decir, el
escepticismo, la rabia y la decepción que producen los elevadísimos
índices de paro del conjunto del Estado español, que duplica el de la
media de la Unión Europea y que es el diferencial que sigue alejándonos
de nuestro entorno europeo. Ya lo preveía el informe de Ken Coates, de
julio de 1995, cuando afirmaba que el fracaso en la tarea de crear en la
Unión Europea los 15



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millones de puestos de trabajo, objetivo del libro blanco, podría socavar
--dice textualmente-- el apoyo popular al objetivo de la propia
integración europea.

Esta interpelación es necesaria porque los múltiples factores que
originan el paro no van a desaparecer, sino que van a seguir propiciando
nuevos desequilibrios entre el crecimiento económico y la capacidad de
generar puestos de trabajo. La evolución de nuestro modelo productivo
guiada con criterios neoliberales dogmáticos, la utilización insolidaria
de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de organización del
trabajo en el seno de las empresas y de la apertura económica a espacios
más amplios donde las reglas de la competencia descartan políticas
proteccionistas autóctonas e implican procesos de racionalización y
ajuste entre los costes y los resultados económicos, así como fenómenos
de concentración oligopolística, deslocalización y descentralización
empresarial, van a seguir constituyendo parte sustantiva de nuestro
futuro más inmediato y más remoto y, por tanto, si no se procede a tiempo
a crear, con nuevos criterios, un modelo productivo distinto y centrado
en la creación de empleo, el desempleo y la desvertebración social que
nuestro modelo genera van a seguir creciendo incluso en épocas de
expansión económica.

Asimismo es necesaria esta interpelación porque, ante esta incapacidad
para crear el empleo suficiente por parte de un tejido empresarial y
económico sometido a esos cambios, tanto las políticas europeas desde el
libro blanco como las practicadas por los gobiernos de distinto signo del
Estado español han ensayado sin éxito distintas fórmulas para crear
empleo que se resumen en general en la flexibilización y desregulación de
los mercados laborales, cuyos resultados estamos empezando a notar en la
caída de la cobertura del desempleo y en el escaso margen de reducción de
la precariedad, del 96 al 92,7 por ciento en los tres primeros meses
--sí, señor ministro, en los tres primeros meses-- por la aplicación de
los reales decretos 8 y 9 de 1997 y, aparte de ello, en la habilitación
de políticas activas encaminadas a incentivar la formación, el reciclaje
y cualificación profesional, a potenciar la contratación, entre comillas,
indefinida, mediante bonificaciones y desgravaciones fiscales o
reducciones de las cuotas de la Seguridad Social o bien a facilitar el
empleo temporal o a tiempo parcial según las épocas --en ésta no--. En
cuanto a la desregulación laboral y a las políticas activas,
prácticamente se ha intentado todo, pero pese a los esfuerzos
presupuestarios realizados y a la restricción de derechos y garantías
sociales que estas medidas desreguladoras han significado para los
trabajadores, el desempleo sigue teniendo las mismas dimensiones y
nuestra economía se manifiesta incapaz de generar el suficiente número de
puestos de trabajo.

Es necesaria también esta interpelación porque, incluso en épocas de
crecimiento económico como la que actualmente vivimos, estos incrementos
incesantes de productividad y de beneficios empresariales no se traducen
en crecimiento proporcional del empleo. Sabemos que de 1975 a 1996 el
producto interior bruto se ha multiplicado por 2,3, mientras que el
empleo se ha reducido en 268.000 personas, lo que significa que en 1996
sólo eran necesarios 61 trabajadores para producir el equivalente a lo
que producían 100 en 1975 o, lo que es lo mismo, la jornada laboral
necesaria para producir el mismo volumen de producto con el mismo empleo
debería haberse reducido de 40 horas semanales en 1975 a 24 horas y 24
minutos en 1996, según el incremento de la productividad y, sin embargo,
lo cierto es que la jornada, en vez de reducirse mediante la negociación
colectiva, ha aumentado y sigue aumentando, fruto de la indefensión en
que la desregulación del mercado de trabajo ha situado a los
trabajadores.

A juzgar por las declaraciones de los distintos partidos y grupos
parlamentarios, parece que todos estamos convencidos de una cosa, de que
es necesaria la reducción de la jornada laboral o que al menos hay que
estudiarla por si es una fórmula válida no experimentada aún. Así,
incluso los detractores de la medida no se atreven a expresar un no
rotundo y hacen tímidamente otras consideraciones: que no debe ser de
forma generalizada, que no está estudiada la eficacia de la misma, que
puede ir en contra de la competitividad en determinadas circunstancias,
que mejor por negociación colectiva que por ley... En efecto,
intelectuales, economistas y sociólogos, la Confederación Europea de
Sindicatos, grupos del Parlamento Europeo tales como Izquierda Unitaria
Europea, el Grupo Socialista y el Grupo Verde, ciertas empresas en la
negociación colectiva, gobiernos regionales de distintos países europeos,
la Convención europea por el pleno empleo y contra la marginación,
celebrada en Bruselas en mayo de este año, y últimamente gobiernos como
el francés y el italiano se han comprometido con la idea de reducir la
jornada a 35 horas semanales en el año 2000, adoptando las medidas
necesarias para introducir esta decisión política de forma gradual, de
tal modo que el Parlamento Europeo en su sesión del 21 de octubre pasado
votó una resolución por la que se recomienda la introducción de la
reducción de la jornada laboral.

Este debate es, además de necesario, oportuno, porque las decisiones
políticas de varios gobiernos de países con los que España tiene intensas
relaciones económicas, comerciales y políticas en el seno de la Unión y
del mercado europeo facilitan la adopción de una medida que en solitario
podría, en teoría al menos, tener consecuencias secundarias no deseables.

Esto convierte este momento en una ocasión histórica que no deberíamos
dejar pasar infructuosamente.

Es oportuno también porque en la cumbre celebrada en Amsterdam para la
revisión del Tratado de la Unión Europea los gobiernos europeos se han
comprometido a celebrar una cumbre en Luxemburgo para hablar del



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problema del empleo, en la que se tratará, sin duda, este abanico de
soluciones contra el desempleo junto con otras fórmulas ya clásicas en
las políticas económicas y sociales de los países europeos. El Gobierno
español, por tanto, deberá también posicionarse respecto a la iniciativa
de la reducción de la jornada laboral máxima a 35 horas semanales, que
sin duda se barajará en esta cumbre europea de Luxemburgo.

Es oportuno también este momento para plantear la interpelación porque se
preparan en Europa y en España movilizaciones de conciencia colectiva
para reivindicar esas reducciones del tiempo de trabajo para la creación
de los empleos necesarios y, por tanto, las 35 horas van a convertirse,
si no lo han hecho ya, en lo que el sociólogo Albert Recio llama una
consigna popular. Las cosas, señorías, no están tan boyantes como a veces
se nos presentan en la estadística y en la propaganda oficial. Hay
trabajadores en empresas que contestan la política social del Gobierno en
la calle, contra las reducciones de plantilla, contra el desempleo y
contra la situación actual. Efectivamente, es un exponente claro de una
preocupación latente en la población que si bien todavía no se ha
manifestado con virulencia --ojalá no llegue nunca a ocurrir--, sí
manifiesta claramente una conciencia colectiva de que es necesario atajar
este problema del paro y del desempleo de una forma más radical y más
certera que como lo está haciendo ahora mismo el Gobierno con su
política. Planteamos esta interpelación cuando en varias ocasiones a
Izquierda Unida se nos han rechazado en esta Cámara proposiciones no de
ley y enmiendas que proponían lo mismo.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego que vaya concluyendo.




El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.

El argumento ha sido siempre el mismo: no es que se esté en contra, pero
el tema no está maduro... la modificación legislativa no es el método
para abordar esta cuestión... Habrá que preguntarse para cuándo va a
estar maduro, por qué la ley puede servir para abaratar el despido, para
precarizar el empleo, para darle al empresario todo el poder para hacer y
deshacer en su empresa, como ocurre con las reformas del mercado de
trabajo de 1994 y 1997, y no para reducir la jornada, como se hizo en la
Segunda República y en la segunda transición democrática, o como se está
haciendo en Francia o se va a hacer en Italia, o como se llevó a cabo en
la Francia de 1982, por poner algún ejemplo. Por muy de moda que parezca,
no es ésta la primera reducción por ley de la jornada laboral que se
pueda hacer ni será la última.

Frente a los miedos y prejuicios de las argumentaciones que a veces se
leen o escuchan, vamos a detenernos en una breve reflexión, señor
presidente, ya que, señorías, aunque el miedo sea libre, es fruto de la
ignorancia o del interés desmedido. En nosotros está anteponer el interés
general al desmedido interés particular y combatir la ignorancia con el
conocimiento y el estudio, y para ello basta con saber que los estudiosos
del tema dicen que los argumentos en contra no son válidos, pues los
efectos sobre los costes, por ejemplo, deben contemplarse
sobreentendiendo que cabe evitar el incremento de los costes laborales
unitarios bien negociando a largo plazo y globalmente la moderación de
aumentos salariales de forma que resulten proporcionales o bien
compensándose estos incrementos mediante el reparto correspondiente de
los incrementos de productividad, pues en último término de eso se trata,
de redistribuir de forma más equitativa los incrementos de la
productividad. Basta una ojeada a la evolución a largo plazo de la
duración del tiempo de trabajo para saber que ha sido posible reducir
considerablemente dicho tiempo y aumentar simultáneamente los salarios.

En los últimos 120 años el aumento de productividad por hora ha sido
considerablemente superior al de los ingresos por trabajo. El aumento de
la productividad fue mucho más grande que el de los ingresos por trabajo,
de modo que fue posible distribuir el aumento de prosperidad en parte
recortando la duración del tiempo trabajado y en parte aumentando los
salarios reales. El examen de las relaciones entre el crecimiento, el
tiempo trabajado y la productividad en períodos determinados nos muestra
que el tiempo trabajado puede ser reducido incluso en períodos de poco
crecimiento. Como señala el estudio que hicieron Cette y Taddei en 1994,
históricamente a largo plazo el aumento de la productividad es el que
paga la factura, incluso si al principio los agentes sociales
negociadores están muy preocupados por la cuestión innecesariamente
mítica de la compensación salarial.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego concluya.




El señor VAQUERO DEL POZO: Hay otra serie de elementos de incertidumbre
que sin duda alguna habría que ir contestando, pero al parecer el tiempo
opera en contra nuestra y tendremos que obviarlos.

En cualquier caso, conviene huir de la falsa polémica entre si se debe
hacer la reducción de la jornada a 35 horas por ley o por negociación
colectiva. Tanto la ley como la negociación colectiva tienen su función.

La ley debe marcar el plazo en que se deba implementar de forma
generalizada la medida de la jornada máxima de 35 horas semanales, así
como los cauces negociados de su aplicación y el papel incentivador del
Estado en su consecución. La negociación debe abrirse tanto en la
elaboración de la ley, como viene siendo normal en otras leyes, como en
los términos de la aplicación de la misma. De esta forma, ley y
negociación



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colectiva no sólo no son incompatibles, sino que son complementarias, y
por ley negociada, si se quiere, deberán fijarse las nuevas reglas de la
utilización de horas extraordinarias. El objetivo es suprimir todas --al
menos es nuestro objetivo-- excepto las de fuerza mayor, pues no hay
reducción de jornada eficaz que valga si los empresarios tienen libertad
casi absoluta para utilizar el mecanismo de las horas extraordinarias.

Lo importante es fijar aquí y ahora la voluntad política de reducir la
jornada de trabajo a 35 horas, así como las horas extraordinarias. ¿Está
convencida esta Cámara de la necesidad de reducir la jornada laboral a 35
horas, sí o no? ¿Es este su compromiso? El debate debe servir para
allanar el camino, y las iniciativas que adoptemos deben ser no para
escurrir el bulto o propiciar argucias dilatorias, sino más bien para
establecer el mejor método. ¿Apoyan los grupos que son mayoría en esta
Cámara la reducción de la jornada laboral pero sólo si es a través de la
negociación colectiva, como nos dicen? Pues hay un test fiable para
demostrar su voluntad real en esto. Dado que el Gobierno es patronal de
dos millones y pico de trabajadores en las administraciones públicas,
empiecen ustedes por ahí. Negocien sin dilación con los sindicatos del
área pública, enseñantes, sanitarios, en las administraciones locales,
autonómicas y central, la jornada de 35 horas; entre otras cosas, si el
Gobierno impulsa esta acción, no hará sino cumplir la resolución aprobada
por este Congreso de los Diputados de diciembre de 1995 sobre reparto del
trabajo en las administraciones públicas. Más allá de esto, si de
habilitar el mejor método se trata, deberemos convenir en que la ley debe
remover las resistencias y prejuicios y la negociación colectiva puede ir
luego creando las condiciones de su aplicación. Algo así ha previsto la
ley impulsada por el Gobierno francés. Y si necesitan algo más de tiempo
y de estudio, los sindicatos sugieren la creación de una subcomisión
sobre este tema. Nosotros creemos que es necesaria una ley en los
términos antedichos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, S.

S. debe concluir de forma inmediata.




El señor VAQUERO DEL POZO: Inmediatamente acabo, señor presidente.

Dense ustedes el método más adecuado para que podamos estudiar todos y,
al final, acertar en la reducción de la jornada laboral. Por tanto,
Izquierda Unida planteará en la moción subsiguiente las propuestas que
aquí hemos ido desgranando o sugiriendo, pues si la reducción de jornada
tarde o temprano será un hecho, más vale temprano que no a destiempo.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.

Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Con
la venia, señor presidente.

Señoras y señores diputados, tomo la palabra para contestar en nombre del
Gobierno a la interpelación que formula el representante del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y que se
refiere a la posible decisión legal en lo que afecta a la reducción de la
jornada laboral.

Empezaré diciendo que aunque no comparto alguno de los argumentos del
señor Vaquero, sobre todo los juicios de valor que ha hecho, alguno de
los cuales me parece que no responden a la realidad, sí he de reconocer,
primero, que hace un planteamiento con la seriedad que caracteriza todas
sus intervenciones y, segundo, que cualquier debate sobre empleo es
siempre oportuno, que este que hoy se plantea en el Congreso de los
Diputados coincide en el tiempo con uno de similar magnitud sobre el
empleo en toda Europa y que es profundamente oportuno en la antesala de
la cumbre del empleo que se va a celebrar en el próximo mes de noviembre.

Su señoría ha hecho una referencia al pleno empleo y a su marco
constitucional, a lo que nos tiene muy habituados Izquierda Unida, y es
comprensible. Apelando a esta referencia, a mí me gustaría decirle que
sin perjuicio de que bienvenido sea todo debate sobre empleo y bienvenido
sea todo debate sobre reparto del empleo, me parece mucho más
trascendente que debatamos sobre creación de empleo, porque yo desde
luego en nombre del Gobierno opino que las posibilidades del crecimiento
del empleo en España no están saturadas en absoluto. Sostengo que es
posible crear empleo en España. Sostengo que es posible acercar cada vez
más los niveles de crecimiento económico a los niveles de creación de
empleo. En consecuencia, sostengo que independientemente de que hablemos
de reparto de tiempo de trabajo, hablemos también de creación de empleo,
no sea que se traslade la sensación al conjunto de la sociedad española
de que hemos tocado techo en la creación de empleo y que solamente nos
limitamos a intentar repartir más adecuadamente el empleo que tenemos en
este momento.

Ha hecho alguna apelación al incremento del desempleo. Entiendo que no se
refiere a los últimos años, ni a 1995 ni a 1996 ni a 1997. Ha hecho otra
apelación a lo que significan los crecimientos económicos y los
crecimientos de empleo. Tengo que decirle sin ningún ánimo triunfalista,
porque desgraciadamente en España pasará mucho tiempo hasta que un
ministro de Trabajo pueda tener ánimos de esa naturaleza, que,
afortunadamente, desde hace algunos años, se ha acercado mucho la
relación entre los umbrales de crecimiento económico y su transformación
en empleo.




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Creo que los gobiernos tienen la obligación de hacer políticas que
conduzcan al crecimiento económico, que hay que hacer políticas siempre
con diálogo social para que el crecimiento económico se pueda convertir
en crecimiento de empleo y creo también con toda certeza que nunca se
pueden obviar de ese debate sobre crecimiento económico-empleo los
sistemas de protección social, porque, si no, estaríamos teniendo un
debate absolutamente incompleto.

Le quiero decir, lo sabe muy bien el señor Vaquero, que en lo que
significan las previsiones de crecimiento económico y las previsiones de
crecimiento de empleo para 1996, 1997 y 1998, hemos acercado una
barbaridad --es un dato objetivo-- los datos de crecimiento económico a
los datos de crecimiento de empleo. En segundo lugar, todos los informes
de la Unión Europea en este momento --Comité de empleo-- ponen de
manifiesto que en España es donde se están dando los mayores crecimientos
económicos y también los mayores crecimientos de empleo de Europa.

Podemos cuestionar esos informes europeos, sabe que abogo por que
tengamos un sistema absolutamente homologado de medición de empleo en
Europa y de medición de paro, que todavía no está absolutamente
homologado, pero hay un hecho cierto, que en estos años somos el país que
más está creciendo y que más empleo está creando de la Unión Europea, no
porque lo diga el Gobierno de España, sino porque se refleja y se pone de
manifiesto en todos los datos. Como sabe, hay una previsión de creación
de empleo de 335.000 puestos de trabajo para 1997 y de 318.000 para 1998,
que no nos sitúan exactamente en la reducción de paro correspondiente por
la incorporación de población activa.

Ha hecho otra apelación a lo que significa el doble de tasa de paro en
España en relación con la Unión Europea. Es cierto que en 1996 estábamos
en una media europea cercana al 11 por ciento y que en España estábamos
en torno al 22 por ciento, según la encuesta de población activa; en este
momento, afortunadamente, sin ningún tipo de triunfalismo, como sabe, en
España estamos por debajo de la barrera del 20 por ciento y por encima
del 19 por ciento. Esto es así, aunque seguimos teniendo un problema
gravísimo de empleo en España y tenemos que afrontarlo a diario.

Su señoría sabe que hemos hecho un gran esfuerzo en el incremento de las
políticas activas para 1998 --lo ha reconocido--, un 33 por ciento si no
tenemos en cuenta gastos de funcionamiento, un 28 por ciento si tenemos
en cuenta esos gastos. Creo que tenemos que caminar hacia el incremento
de las políticas activas y confío en la eficacia de las mismas, pensando
muy especialmente en los parados mayores de 45 años, que son los que
tienen mayores dificultades en lo que significa el acceso al mercado de
trabajo, junto con otros grupos, como las personas con discapacidad, las
mujeres en el ámbito de su representación y también, por supuesto, los
jóvenes, pero considero que una persona con 45 años, con cargas
familiares y que desgraciadamente ha tenido menos posibilidades de
acceder a la formación y a la educación que los jóvenes actuales, tiene
los peores y más graves problemas para acceder al mercado de trabajo.

El debate sobre el reparto del tiempo de trabajo necesariamente hay que
vincularlo con empleo y con productividad. No se puede aislar en
absoluto. A la hora de hablar del reparto del tiempo de trabajo tenemos
que ver qué efectos económicos tiene para el empleo y qué efectos
económicos tiene sobre el conjunto de la inflación. El comportamiento de
la inflación es esencial para la creación de empleo y para que los
trabajadores, desgraciadamente los parados, y los pensionistas mantengan,
sin sorpresas permanentes, el poder adquisitivo. Es igualmente esencial
por los efectos que tiene sobre las cuentas exteriores españolas y sobre
las cuentas públicas. Usted lo ha anticipado, varias veces ha hecho
referencia a la productividad y me parece que es un debate de enorme
calado.

¿Cómo se aborda el reparto del empleo, según ustedes, o la reorganización
del tiempo de trabajo que planteamos nosotros? Pues bien, hay dos países
europeos, Francia e Italia, que han puesto este tema encima de la mesa.

Es cierto que hay que analizar ambas posiciones. En este momento, en las
mayorías que tenemos en Francia y en Italia, hay personas que tienen
significación ideológica cercana a la suya, eso hay que reconocerlo, y
sus gobiernos en este momento se están planteando la posibilidad de
decisiones legales sobre reducción de jornada, una en torno al año 2000,
como conoce muy bien --Francia--, y en el caso de Italia en torno al año
2001. Son dos planteamientos que están encima de la mesa, que a mí me
parece que no van a ser excluyentes en absoluto en cuanto al diálogo
social. De hecho, sabe usted igual que yo que ya en Francia se ha puesto
en marcha ese diálogo social, que ha tenido una rotunda oposición por
parte de la patronal y que ha causado la dimisión de su más alto
dirigente, y que también se está hablando sobre esa cuestión en el ámbito
del diálogo social en Italia.

¿Cuál es la posición del Gobierno de España, que puede usted compartir o
no? Pues recientemente en un acuerdo, que ustedes no han apoyado y
nosotros lo hemos hecho con toda firmeza, entre sindicatos y empresarios,
hay una referencia expresa a que dentro del diálogo social se aborde todo
lo relacionado con la gestión del tiempo de trabajo, la duración y
redistribución de la jornada, y eso pensando siempre en la evolución del
empleo y en el funcionamiento de las empresas. Primera posición --no me
voy por las nubes--, el Gobierno apoya rotundamente este planteamiento
que han formulado sindicatos y empresarios. En segundo lugar, el Gobierno
opina que cuando hablemos de tiempo de trabajo, si queremos hacerlo con
rigor, tenemos que hablar de cómputos anuales de horas trabajadas. En
tercer lugar, somos absolutamente partidarios



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de que a la hora de hablar del reparto del tiempo de trabajo y de la
reorganización del tiempo de trabajo se pueda hacer sector a sector y
empresa a empresa. Nos parece que es el marco adecuado.

Decía usted antes una cosa que no considero razonable y es que en la
reforma no hace falta el diálogo social para abaratar los costes del
despido. La reforma que hemos hecho en 1997 tenía el diálogo social y el
acuerdo social previo. Ese ejemplo no me vale y no es que yo me esté
amparando. Yo he tenido desarrollo de diálogo social en pensiones, con
acuerdo; en prevención de riesgos laborales --me preocupa una enormidad
la siniestralidad laboral--; en formación profesional buscando el segundo
programa de formación profesional; en servicio público de empleo buscando
un acuerdo; en el sistema de protección social agrario, como conoce, en
Andalucía y Extremadura y zonas rurales deprimidas; en mercado de
trabajo. El diálogo social es un instrumento básico para articular
políticas de mercado laboral, políticas de formación profesional y
políticas que intenten que el crecimiento económico se convierta en
crecimiento de empleo. Luego nos parece de una enorme sensatez que se
haga un planteamiento de reorganización del tiempo de trabajo desde la
base de las empresas, con el conocimiento de trabajadores y empresarios a
nivel de empresa y desde la base de los sectores. Estamos además en línea
europea. Sabe que se ha votado recientemente un acuerdo en el Parlamento
Europeo en el que la decisión mayoritaria camina hacia el diálogo social
y no hacia la decisión pública.

Ha dicho usted una cosa muy razonable, que las jornadas de trabajo se
están reduciendo. Solamente hay dos países en Europa, Dinamarca y Reino
Unido, que no tienen duración legal de jornada de trabajo. Luego, nos
encontramos con que muchos de los países están en la frontera de las 40
horas, como es nuestro caso. Ha hecho usted una apelación a la última
modificación legal, me parece que se referirá a la que se produjo en el
año 1983 en España, pero la mayoría estamos en las 40 horas; a diferencia
de Alemania --48--, Irlanda --48--, Holanda --48--, Portugal --44--, el
resto de los países están aproximadamente en torno a las 40 horas. Tengo
que decirle que por medio de la negociación colectiva, ya sea con
convenios de empresa o convenios de otros ámbitos, se está reduciendo la
jornada. Ese es un hecho cierto. Es más, la última estadística fiable que
tenemos --ámbito europeo-- es la que se refiere a 1995: en el caso de
España, horas realmente trabajadas, 38,3. Otros países europeos tienen un
promedio de horas efectivamente trabajadas mayor que España: Francia,
39,6 --media europea, 38,2--; Bélgica, 41,8. No obstante, es más que
cierto que en el marco de la negociación colectiva se está rebajando el
tiempo total en cómputo anual y en horas semanales realmente trabajadas
en las empresas. Ese es el camino, a través del diálogo, a través de la
negociación, no tomando medidas de las que ni siquiera conocemos todas
las repercusiones. En el marco de las relaciones laborales hay tres
posibilidades: o vamos a una dialéctica de permanente intervención de los
poderes públicos o vamos a una estrategia de permanente confrontación,
otra posibilidad que en España hemos vivido desgraciadamente en algunos
tiempos; y la tercera posibilidad es que cada día tenga más potencia el
diálogo social y la negociación colectiva. Yo claramente opto por la
tercera.

Luego me permitirá, señor presidente, y voy terminando, que haga alguna
referencia a una cuestión que no puedo compartir con el señor diputado.

Me habla de la reciente reforma del mercado de trabajo, de la
transgresión de derechos sociales que ha producido la misma y creo que
cuestiona incluso su eficacia. Las tasas de precariedad laboral que hemos
tenido en España hace año y medio eran insoportables. Las tasas de
precariedad que tenemos en este momento siguen siendo muy
insatisfactorias, pero hágame el favor de que reconozcamos una cosa
juntos, con eso me vale. En mayo se ha puesto en marcha una reforma.

Ustedes la han cuestionado parcialmente, en otros aspectos no lo han
hecho; por ejemplo, cuando hemos ido todos a intentar dignificar
socialmente y en su eficacia los contratos formativos no ha habido
cuestionamiento por parte de Izquierda Unida en ese aspecto. Otros
planteamientos se han cuestionado legítimamente desde su grupo
parlamentario, pero yo puedo decirle que al día de ayer esa reforma ha
supuesto ya 289.000 contratos indefinidos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego que vaya concluyendo.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Voy
concluyendo, señor presidente, y gracias por su benevolencia.

Se ha triplicado la tasa de contratos indefinidos, 289.000. Desde el mes
de mayo a esta fecha, más de 169.000 jóvenes tienen contratos indefinidos
de la reforma en España. Son datos que usted sabe que no me los invento,
sino que son del registro oficial y como planteamos una política de
bonificaciones se los puedo dar con toda exactitud. Son consecuencias
francamente positivas. El 67 por ciento de esos contratos son
conversiones de temporales en indefinidos. El 70 por ciento --esto se lo
pongo con interrogante-- se está haciendo en empresas de menos de 25
trabajadores. Creo que no podemos ser triunfalistas con la reforma, pero
hay elementos positivos y, desde luego, yo lo que deseo es que la reforma
incremente con toda claridad lo que significan los contratos indefinidos
en perjuicio de la temporalidad.

Hay actividades económicas que requieren contratos temporales, pero se ha
abusado enormemente de los



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mismos y en ocasiones se ha hecho un uso fraudulento de ellos. Hemos
planteado la desaparición absoluta de todos los incentivos a los
contratos temporales, excepto en un caso: las personas con discapacidad,
que lo hemos mantenido. Tenemos que hablar mucho en el futuro de esta
cuestión, así como de los contratos a tiempo parcial indefinidos porque
no tenemos una situación como la europea.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego que concluya.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Luego
en la réplica le hablaré de un asunto en el que creo que tenemos mucha
coincidencia, las horas extraordinarias, para decirle las medidas que
hemos planteado y las que vamos a plantear en el futuro. Pero el Gobierno
no puede estar satisfecho, en absoluto, de que en 1996 hayamos tenido un
crecimiento en horas extraordinarias de 6.800.000. El debate de horas
extras es también esencial en la reorganización del tiempo de trabajo.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Vaquero.




El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, yo veo en su planteamiento, como es lógico, que sigue el
Gobierno sin coger el toro por los cuernos en este tema. Sin duda alguna
no se ha tocado techo, pero yo no lo cuestionaba en absoluto. Hemos
tenido precedentes a este debate parlamentario respecto a la reducción
del tiempo de trabajo y las 35 horas y hemos hablado de las medidas en
términos generales y, en concreto, de las medidas de creación de empleo.

Ya hemos hecho este debate y por eso he obviado toda esa parte. De ese
debate deducía el señor ministro que la posición de Izquierda Unida
respecto a este tema no implica el que nosotros creamos que hay un techo
ya en la creación de empleo por otras vías. Tanto las políticas activas
como los mecanismos de protección social los comprendemos en el conjunto
de soluciones que hay que dar porque, efectivamente, entendemos que la
reducción del tiempo de trabajo es una de las medidas que hay que
adoptar. Hasta ahí nuestro planteamiento. Está claro que si usted ahora
me argumenta esto es para, de alguna forma, distraer el objeto
fundamental del debate en el que estamos.

¿Hay voluntad o no hay voluntad política por parte del Gobierno de
acometer este tema de la reducción de jornada? Porque, señor ministro,
efectivamente, todos estos datos que nos ha aportado usted esta tarde,
que nuestro desempleo ya no es el doble respecto de la media de la Unión
Europea, que se ha ido creciendo, los 289.000 contratos indefinidos,
entre comillas, etcétera, todas estas cuestiones siguen manteniendo
intacta la realidad global: el volumen de desempleo es enorme respecto al
de la media europea. Por tanto, si para la Unión Europea en su conjunto y
para cada uno de sus países es necesario que se adopten medidas y son
necesarias en países que ya las están adoptando, en España es mucho más
urgente. No podemos hurtar este debate ni la urgencia de acometer esta
medida que, siendo complementaria con otras, para nosotros es más central
que para otros adoptarla. Nosotros lo planteamos así, en pieza separada
en este debate parlamentario, precisamente porque es necesario acometerla
de forma definitiva y decidida.

En cuanto al diálogo social, ya hemos dicho que no se puede plantear como
incompatible con la creación por ley de una serie de parámetros,
objetivos, plazos y cauces con los que se vaya acometiendo, de forma
gradual, la aplicación de lo que tiene que ser la voluntad decidida. Si
no existe ese plazo, si no existe esa voluntad decidida, si no existe esa
apuesta por parte del Gobierno y se deja exclusivamente al diálogo social
como gran panacea de todas las cuestiones, si el Gobierno oculta en estos
momentos su falta de voluntad política en el apoyo que presta al acuerdo
entre sindicatos y empresarios, lo que estará haciendo, entre otras
cosas, es obviar la realidad de que también los sindicatos han planteado
su apuesta decidida por que este Gobierno y esta Cámara en concreto
empiecen a plantear fórmulas para la reducción de la jornada laboral.

Estaremos o no de acuerdo Izquierda Unida o quien sea, pero lo cierto y
verdad es que los sindicatos van a plantear en esta Cámara por vía
interpuesta, claro está, la constitución de una subcomisión. Usted nos
está diciendo ahora mismo que eso es cosa suya con los empresarios, pero
esa no es la respuesta adecuada, señor ministro de Trabajo. Es necesario
asumir el reto porque es absolutamente imprescindible. Tampoco nos vale
que el Consejo Europeo haya optado, con ocho votos de diferencia, por la
vía de la negociación colectiva en exclusividad. Si todo el Consejo de
Europa, si todos los países europeos optasen por esa vía, estarían en su
legítimo derecho (de hecho no lo hacen todos, como está claro por los
ejemplos). Pero nosotros tendríamos la obligación de hacer un estudio de
cuál es la realidad de nuestra cultura empresarial, de nuestra tradición,
de las dificultades que significa plantearse desde la misma negociación
colectiva avances sustantivos, o al menos tan sustantivos como los que
tendríamos que dar en su conjunto respecto a la reducción de jornada para
conseguir atajar esa bolsa inmensa de desempleo que son los tres millones
de parados que hay en nuestro país. Este es el problema.

Yo deduzco, señor ministro, que no se tiene voluntad de plantear la
oportunidad de que se estudie tranquilamente, sensatamente, con expertos,
con comparecencias, con audiencias...




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego vaya concluyendo.




El señor VAQUERO DEL POZO: Sí, señor presidente.

Que se estudie este tema más despacio para modificar la voluntad del
Gobierno. Va a haber en el futuro oportunidades aquí y en otros ámbitos
para seguir discutiendo. La voluntad política de los representantes de
nuestro pueblo tiene que ser movida por la razón y no por la
improvisación de la coyuntura. Es necesario que, antes de que las cosas
nos fuercen a buscar soluciones, podamos tener la ocasión de discutir y
consensuar la fórmula de reparto del empleo que hoy proponemos. Estamos
todavía a tiempo, señor ministro. Es cuestión de que aquí a la moción
--yo nunca pierdo la esperanza, usted lo sabe-- haya un diálogo y una
reconsideración de la posición del Gobierno. Es absolutamente
imprescindible coger el toro por los cuernos de esta cuestión, que es
fundamental para poder hacer algo que hasta ahora las políticas activas,
las subvenciones, los elementos de desgravación fiscal, etcétera, no han
conseguido ni van a conseguir para el reparto de las 35 horas. Por
nuestra parte, estamos decididos a que se conviertan en un clamor popular
para que desde esta Cámara llegue al Gobierno y para que, al final, se
convierta en una ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero decir al señor
Vaquero que no he desviado el debate, lo que ocurre es que si S. S. habla
de la reforma que recientemente se ha puesto en marcha, yo me considero
en la obligación, por cortesía parlamentaria, de ofrecerle datos de la
reforma.

Su señoría ha hecho consideraciones sobre el crecimiento económico y
sobre el crecimiento del empleo y yo me considero en la obligación de
contestarle que desde 1995 se han bajado claramente los umbrales que
antes teníamos como necesarios para que el crecimiento se convirtiera en
creación de empleo. Y es que en el año 1995 crecimos un 2,8 en términos
de nuestra economía y el empleo creció un 2,7; y es que en 1996, con un
2,2 hemos tenido un crecimiento del 2,9; y es que en 1997, con un
crecimiento que todo el mundo sitúa por encima del 3, la previsión de
creación de empleo es del 2,7; y es que, para 1998, la previsión de
crecimiento es del 3,4 y del 2,5 en materia de empleo. Luego, yo creo que
hay que reconocer, incluso le estoy citando datos de 1995, que hemos
acercado bastante la relación entre crecimiento económico y creación de
empleo.

Ahora me dice usted que el Gobierno se comprometa y yo quiero hacerlo,
pero comprometerse no significa que yo diga exactamente lo que usted
quiere que yo diga. ¿Que hace falta en España un debate nacional sobre
organización de tiempo de trabajo? Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Hace
falta en España que haya diálogo social? Usted ha dicho que el diálogo
social no es la gran panacea. A mí me parece que no es la gran panacea
pero que es una gran fórmula para afrontar los problemas de nuestra
sociedad; una gran fórmula. ¿Eso quiere decir que el Gobierno elude sus
responsabilidades? Bajo ningún concepto. Usted me pregunta ¿es partidario
el Gobierno de una decisión legal que rebaje a 35 las horas? Rotundamente
no; el Gobierno no es partidario. El Gobierno prefiere que se analice
empresa a empresa, sector a sector y apoya el acuerdo entre sindicatos y
empresarios; lo apoya. Y ese acuerdo habla de un plazo, un año: desde
mayo de 1997 hasta mayo de 1998. Está establecido en el acuerdo: un año.

¿Apoya el Gobierno esas negociaciones, el diálogo entre sindicatos y
empresarios en el plazo de un año para hablar de lo que significa la
reorganización del tiempo de trabajo? Rotundamente. Es un camino que
elegimos. ¿Eso impide el debate político? Bajo ningún concepto. ¿Impide
el debate parlamentario? Bajo ningún concepto. Nos pondremos de acuerdo
en cómo se encauza ese debate político y parlamentario, pero el diálogo
social y el debate parlamentario son perfectamente compatibles. Además,
usted me dice: Quiero que el Gobierno se comprometa y que lo haga con
urgencia. Permítame que le diga que en los dos países en que se ha
planteado esa decisión legal, únicos dos, en un caso la remiten al año
2000 y en otro al 2001. Las cosas por su sitio. ¿Por qué? Porque hay que
estudiarlo mucho; hay que estudiar tiempo de trabajo, empleo,
competitividad, productividad de las empresas, impacto sobre el conjunto
de la economía, y no es fácil el asunto reparto de tiempo de trabajo,
reparto de salario; no es fácil.

Hay otra cosa también importante que le quería comentar. Cuando los
sindicatos españoles hablan de la negociación social para los tiempos de
trabajo, tengo la impresión de que saben de qué están hablando, porque el
debate de las 40 horas no está hoy en la calle. En los convenios de
empresa la jornada pactada son 37,9 y en los convenios de otros ámbitos
de 39,2. Quiero decirle que en el marco de la negociación colectiva ya se
están reorganizando los tiempos de trabajo. No está detenido; en
absoluto.

Ha hablado de las horas extraordinarias pero incidentalmente. Yo creo que
tenemos tres contratos por los que apostar rotundamente en el futuro: los
contratos formativos, los contratos indefinidos y creo que hay que
estudiar también la fórmula que está dando resultado en otros países de
contratos a tiempo parcial indefinidos. Y hay que afrontar el tema de las
horas extraordinarias. Yo le pido ya cualquier tipo de idea.




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Nosotros hemos empezado dando dos pasos, de acuerdo con los sindicatos y
empresarios pues hemos dialogado con ellos, les hemos consultado,
primero, eliminando cualquier discriminación de cotización social en
horas coyunturales o no, que las hemos equiparado; y segundo, que de la
misma forma que hemos tomado esa decisión no se incorporen las horas
extras a las bases de las prestaciones por desempleo, porque creemos que
debe haber una política de desincentivación de horas extraordinarias,
tanto de cara al empresario como a los trabajadores.

Termino esta intervención, señor presidente, diciéndole al señor Vaquero
que desde 1978 a 1997 la jornada pactada anualmente se ha reducido en
España en un 10 por ciento. La dinámica de los tiempos nos está llevando
a esa reestructuración también del tiempo de trabajo. Usted quiere que
haya una decisión de Gobierno o de Parlamento. Nosotros decimos que
estamos abiertos a cualquier tipo de debate, a cualquier tipo de
sugerencia, pero que la experiencia de este Gobierno sobre lo que
significa el diálogo social es muy fructífera y transmite confianza al
conjunto de la sociedad española, especialmente a las pequeñas y medianas
empresas que son el motor de nuestra economía.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Encina.




El señor ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para
fijar posición en torno a la interpelación urgente que ha planteado
Izquierda Unida en relación a la adopción de las medidas para reducir la
jornada laboral a 35 horas.

La relación del tiempo de trabajo con el empleo es total. Consideramos
que es imprescindible la reducción de la jornada de trabajo si queremos
crear empleo y que a la vez conlleve una reducción del desempleo. Por
tanto, el reparto de trabajo junto a fórmulas de creación de empleo debe
ser un objetivo prioritario de este Gobierno, lo fue del anterior y de
todos los gobiernos que puedan venir. Partimos de dos premisas en las que
creo que todos estaremos de acuerdo. La primera es que la productividad
crece mucho más deprisa de lo que se reduce la jornada: la segunda, que
en nuestro país las reducciones de jornada de trabajo desde el decreto
del año 1983, del Gobierno socialista, que la redujo a 40 horas, apenas
se han producido, si bien es cierto y estamos de acuerdo con las
manifestaciones del ministro de Trabajo en que se han dado en el ámbito
de la negociación colectiva, sector a sector, pero la media parece ser
que está en 1.740 horas aproximadamente de cómputo anual.

Mi grupo cree que las relaciones laborales actuales, que ya practicó
cuando era gobierno, tenemos que basarlas en la negociación colectiva. En
este caso pensamos que es lo más acertado porque no todos los sectores
son iguales y la reducción de jornada afecta de una manera muy diferente
a un sector que a otro. No son lo mismo, señoría, los sectores con mano
de obra intensiva como el comercio, la seguridad privada, la confección,
la limpieza, donde las horas de trabajo tienen una incidencia total en la
producción, con sectores de alta tecnología como el del automóvil, el
químico o el informático, donde las horas de trabajo tienen una
influencia mucho menor. En definitiva, señorías, la reducción de la
jornada y el reparto de trabajo han de venir como consecuencia del
diálogo social entre los agentes sociales y empresariales. Estamos
convencidos de ello. Por tanto, mi grupo está de acuerdo con el fondo de
la interpelación de Izquierda Unida, es decir, con el objetivo de
plantear un estudio sobre las 35 horas, pero creemos que debemos dar
tiempo a los sindicatos y a la patronal para que lo lleven a buen
término, y sólo en el caso de que no sea posible a través del diálogo
social, sólo entonces veríamos la necesidad de plantearnos la cuestión.

Voy a leer un párrafo de la resolución reciente del Parlamento Europeo,
del 22 de octubre de 1997, aprobado casi por unanimidad, en la que se
planteaba la organización del trabajo y que dice lo siguiente: Se
considera por los Estados miembros que se debe abordar el problema de la
promoción de la flexibilidad en el mercado laboral en materia de horas de
trabajo, tiempo de trabajo y régimen laboral mediante procesos no
legislativos y además voluntarios, basado en el diálogo social a escala
de cada empresa por separado, en particular teniendo presente el papel
fundamental de las Pyme en la creación de empleo. Además de esto se
indicaba en este acuerdo la importancia de reforzar la movilidad del
mercado de trabajo mediante una mejora del reconocimiento mutuo.

En el caso concreto de España, ya el Gobierno socialista planteó de
manera bastante fuerte lo que acabo de referenciar anteriormente de
anualizar el tiempo de trabajo a la vez que se puede estimar por término
medio que estamos en torno a 1.740 horas anuales. También durante el
Gobierno socialista se produjo una regulación que permitía la
compensación de las horas extraordinarias por descanso. Del mismo modo,
en esta nueva regulación de la reforma laboral del año 1997, un tercer
punto ha sido potenciar la contratación a tiempo parcial. Son todas ellas
medidas que no se dan en otros países de nuestro entorno, como en Francia
o en Italia, y que hacen, por tanto, que el tratamiento que debamos dar a
este tema en España sea distinto al de otros países.

Quisiera recordar unas manifestaciones recientes, al hilo del debate,
hechas por el presidente del Consejo



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Económico y Social, Federico Durán, en las que indicaba que una
iniciativa de este tipo sería más favorable si partiera de los sindicatos
y de los empresarios. Mostraba su pleno convencimiento de que ambos,
sindicatos y empresarios, llegarán sector a sector, empresa a empresa, a
acuerdos sin que se genere tensión, como se ha producido en los países
señalados anteriormente, Francia e Italia. Expresaba, por tanto, Federico
Durán, presidente del Consejo Económico y Social, su absoluto
convencimiento de que en España sería mucho mejor este acuerdo entre
agentes sociales y empresariales que adoptarlo por la vía de la
imposición legal. Creo, señor Vaquero, que realmente sería un tremendo
error y no precisamente coger el toro por los cuernos que se aplicara por
la vía legal y no mediante el diálogo necesario entre sindicatos y
patronal, que acaban de dar un buen ejemplo con la reforma laboral
recientemente aprobada.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Encina, le
ruego concluya.




El señor ENCINA ORTEGA: Voy concluyendo, señor presidente.

Solamente quiero indicar, en definitiva, que mi grupo cree necesario el
reparto de trabajo como fórmula de creación de empleo, pero a través de
la negociación colectiva, como una garantía de que en cada sector se haga
en función de sus propias particularidades y necesidades.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Encina.




-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA
ASEGURAR LOS OBJETIVOS DE INVERSION PREVISTOS POR EL MINISTERIO DE
FOMENTO (Número de expediente 172/000057) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista sobre medidas del Gobierno para asegurar los
objetivos de inversión previstos por el Ministerio de Fomento. Para su
presentación tiene la palabra el señor García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, estoy seguro de que el señor ministro de
Fomento comparte que la necesidad de invertir en infraestructuras es una
prioridad básica de cualquier gobierno que pretenda mantener la
competitividad del territorio, puesto que la eficacia del sistema
económico en su conjunto tiene una fuerte dependencia de la calidad de
los sistemas de transporte. Esa prioridad básica debiera convertirse en
prioridad crítica para un Gobierno como el de España que tiene que
gestionar un territorio que no ha alcanzado todavía el pleno equilibrio
territorial, hay déficit de stocks de infraestructuras en determinadas
zonas del territorio y, sobre todo, tenemos una situación geográfica
periférica de los grandes mercados centroeuropeos con los que mantenemos
la mayor parte de nuestro comercio exterior. La creación de un espacio
único europeo ha trasladado el viejo concepto de la competitividad entre
empresas a uno más dinámico y más difícil de gestionar que es el de la
competitividad entre los territorios. Y elemento sustancial para la
competitividad entre los territorios es el disponer de unas redes de
infraestructuras que presten servicios económicos generales al país.

Desde 1996 y con motivo del cumplimiento de los criterios de
convergencia, el Ministerio de Fomento ha bajado su esfuerzo inversor. Y
lo ha bajado, señor ministro, por debajo de los mínimos necesarios para
que no se produzcan estrangulamientos en las redes de transporte --no en
este mismo momento pero en un futuro más o menos próximo estamos seguros
de que se van a producir--, de los mínimos necesarios para que no se
produzca pérdida en la calidad de los servicios que soportan esas
infraestructuras, y de alguna que otra crisis de cierta importancia en el
sector de la construcción, sobre todo en las pequeñas empresas de la
construcción que son utilizadas por las grandes como colchón de ajuste de
sus problemas de cartera. Las grandes empresas --aunque es un poco
exagerado decirlo-- son poco más que un standing, una secretaria y un
cierto staff técnico y luego subcontratan con una serie de pequeñas
empresas que son, en los momentos de penuria inversora como éste, las que
sufren los efectos de la restricción presupuestaria. Restricción
presupuestaria, señor ministro, que se ha producido no sólo en los
créditos iniciales del capítulo de inversiones reales del Ministerio, que
han descendido en más de 150.000 millones de pesetas en términos
monetarios en los dos últimos años, sino que el grado de ejecución de tan
modesto presupuesto se sitúa en niveles tan bajos, en términos de
obligaciones reconocidas
--faltan unas décimas para llegar al 50 por ciento--, que se agravan
aún más, desde nuestro punto de vista, los efectos perniciosos derivados
de unos créditos iniciales que ya eran manifiestamente insuficientes.

Consecuencia de ello --lo conoce usted mejor que yo, señor ministro, como
es obvio-- es que el gasto directo del Ministerio --el directo--, por
ejemplo en ferrocarril, casi desaparece. A julio de 1997 se habían
licitado en ferrocarril por el Ministerio 2.700 millones de pesetas, que
es el 97 por ciento menos que el año anterior, que a su vez estaba a una
distancia considerable de los años precedentes. En el conjunto del sector
de transportes, carreteras, ferrocarril y puertos, el descenso sobre el
año anterior era del 23 por ciento y en el



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global del Ministerio la disminución era del 11 por ciento, siempre sobre
datos del año anterior para evitar si es posible, señor ministro, la
malsana tentación de recurrir al pasado para explicar el presente y el
futuro. Esto es mucho dinero, señor ministro: 150.000 millones de pesetas
menos en inversiones en un país tan necesitado de infraestructura, desde
el punto de vista de ordenación territorial y de conexión con el conjunto
de los países que nos rodean, es una considerable desatención a una
prioridad que, repito, es no sólo básica sino crítica para el Gobierno de
España. Y este descalabro inversor ocurre en un escenario en el que
ninguna de las ingeniosas innovaciones introducidas en la Ley de medidas
fiscales del año anterior, con objeto de compensar las deficiencias
inversoras de este Ministerio, parezcan haber ofrecido resultados al
menos dignos de resaltar.

Como para muestra sobra un botón, nos referiremos a las 100.000 millones
contenidos en el capítulo VIII del presupuesto de Fomento e incluidos en
el mismo con la benéfica intención de efectuar aportaciones patrimoniales
a los suministradores de infraestructuras de transporte por carretera o
por ferrocarril. Cien mil millones que constituyeron el eje básico de la
defensa que hizo el señor ministro de Fomento de sus presupuestos el año
anterior. 100.000 millones que se nos vendieron a nosotros y al país como
el mecanismo que, obligado por los criterios contables del SEC, utilizaba
el Ministerio para paliar la disminución del esfuerzo inversor del
conjunto del Ministerio sobre el territorio que administra.

De esos 100.000 millones, señor ministro, que sepamos, de los 40.000
destinados a suministradores de infraestructuras de carreteras no parecen
haber puesto ni un solo kilo de hormigón sobre nuevas carreteras. Por la
información que tenemos, no se han utilizado en absoluto. Y de los 60.000
aportados al GIF, con objeto de la construcción de una de las
infraestructuras básicas --no sólo para Barcelona, sino también para el
sur de España, porque nos acerca cuatro horas más a Europa--, de esos
60.000 millones, digo, apenas se ha invertido el 5 por ciento, señor
ministro. Que esto ocurra en el ministerio inversor por excelencia, en el
ministerio que gestiona y ordena el territorio con respecto a las
competencias que tengan otras comunidades autónomas, pone de manifiesto
desde nuestro punto de vista que, sin necesidad de recurrir a ajustes
presupuestarios formales, el Gobierno viene utilizando las inversiones
públicas como un mecanismo de ajuste del déficit. Realmente, más allá de
la congelación del sueldo de los funcionarios y del recorte y la
paralización que se produce sobre los escasos créditos de
infraestructuras, poco más han sido los mecanismos puestos por el
Gobierno para cumplir los criterios de déficit que exige la convergencia
en Europa.

Nosotros creemos que es un error. Así se lo dijimos hace un año. Creemos
que es malo para el país, que va a retrasar el desarrollo de algunas
comunidades y que con una política fiscal menos sesgada hacia los
intereses de las rentas del capital hubiera sido posible obtener los
recursos suficientes para no haber congelado, cuando no disminuido, las
inversiones en una cuestión tan importante como las infraestructuras.

Ustedes lo decidieron, esa es la norma, está en la ley, es lo que tenemos
que cumplir, pero, desde la presunción de que usted, como responsable de
esto, está tan preocupado o más que yo, lógicamente, sobre la escasez de
recursos de que dispone y sobre la poca eficacia de la aplicación de esos
propios recursos, lo que queremos saber --y lo hacemos en una figura que
se llama interpelación, que parece una cierta hostilidad hacia el
Gobierno, pero que no lo es-- es, porque seguro que las habrá, qué
medidas tomará su ministerio para garantizar al menos la plena ejecución
de los presupuestos de inversión para el próximo año.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor García-Arreciado.

Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro
de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Señoría, muchas gracias por el tono utilizado y porque nos permite hacer
un debate sobre la política de inversiones del Gobierno y sobre la
ejecución del presupuesto a lo largo del presente año 1997.

Yo querría empezar por sentar una premisa mayor, sin la cual es difícil
entender lo que implica la ejecución del presupuesto del Ministerio de
Fomento en el año 1997. La política de inversiones del Gobierno es parte
de la política presupuestaria y, a su vez, la política presupuestaria es
parte de la política económica del Gobierno. Hasta ahí creo que estará de
acuerdo su señoría.

Por tanto, si la política económica del Gobierno es correcta y la
economía va razonablemente bien, como va, carece de sentido decir que la
política presupuestaria de inversión directa es mala, insuficiente o
ineficaz. El presupuesto es una de las herramientas básicas que tiene el
Gobierno para dotar de sostenibilidad al ciclo económico, y en estos
momentos, probablemente en este último trimestre del año, España va a
crecer por encima del 3,5 por ciento, y hasta los analistas digamos más
rigurosos, o, sí quiere usted, más pesimistas, prevén un crecimiento de
la economía española para el próximo año muy cercano al 4 por ciento.

Quiere esto decir que, desde una perspectiva global --y entraremos
enseguida en el detalle--, la política presupuestaria del Gobierno y,
dentro de la política presupuestaria, la política de inversiones del
Gobierno es la política correcta. Vamos a descender al detalle y a
analizar la política presupuestaria del Gobierno.




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Creo que podríamos estar de acuerdo conceptualmente en que hay tres
grandes capítulos de gasto: el capítulo de los gastos corrientes, el
capítulo de los gastos sociales y el capítulo de los gastos de inversión.

Hay otras cosas en los Presupuestos Generales del Estado, pero, para
entendernos a los efectos de este debate, pienso que es suficientemente
claro lo que quiero expresar.

Para los presupuestos de 1997, actualmente en vigor, el Gobierno optó por
recortar los gastos corrientes y por recortar los gastos de inversión. Y
para el año 1998, con los presupuestos que en proyecto están actualmente
en la Cámara, la opción es contener el gasto corriente, mejorar el gasto
social e iniciar la recuperación del gasto de inversión, porque es fácil
analizar, a efectos críticos, lo que ocurre en unos meses o lo que ocurre
en un ejercicio, pero no se puede perder de vista la opción global y la
corrección de la política económica y, dentro de ella, la corrección de
la política presupuestaria globalmente considerada.

Su señoría se ha referido, al margen de estas consideraciones de tipo
general que acabo de hacer, a la ejecución del presupuesto del Ministerio
de Fomento, y la ejecución del Ministerio de Fomento, como la de
cualquier otro ministerio, pero particularmente de éste por ser un
ministerio inversor, se puede analizar desde una doble perspectiva: en
términos de eficacia de gestión y de responsabilidad --y ahora trataré de
dilucidar lo que eso significa-- y en términos de amplitud de la
inversión y, por tanto, de la licitación que los presupuestos contemplan
para el ejercicio en curso. Vamos a analizar, porque usted, señoría, se
ha referido a ambas dimensiones, las dos perspectivas.

Ejecución en términos de eficacia de gestión y de responsabilidad.

Señoría, para un ministro de Fomento, para un ministro de Obras Públicas,
es extraordinariamente fácil saltarse la disciplina presupuestaria y
generar para el final del ejercicio una especie de agujero o una especie
de pelota que habría que pagar en ejercicios subsiguientes, y eso ha sido
frecuente en la ejecución de los presupuestos del Ministerio de Obras
Públicas. Pero yo tengo otro entendimiento de lo que es una política
gubernamental, y como me siento plenamente solidario con la política
económica y de la política presupuestaria, la eficacia de gestión
necesariamente hay que conjugarla con la responsabilidad. Porque a mí me
sería muy fácil generar, como es lógico, deuda que habría de pagar en
ejercicios subsiguientes.

Le puedo decir que a 30 de septiembre del presente año, 1997, en
ejecución del capitulo 6, inversiones reales, del presupuesto del
ministerio, las obligaciones reconocidas representaban el 49,70 por
ciento; a 23 de octubre, puedo decirle que representan ya el 54,66 por
ciento. En el año 1996, a 30 de septiembre, habíamos ejecutado, en
términos de obligaciones reconocidas, el 47,8 por ciento. Este año vamos
mejor que el pasado. Quiero recordarle que el año 1996, el ministerio
ejecutó el presupuesto en un 89,17 por ciento, el último presupuesto que
ejecutaron ustedes, 1995, lo hicieron en un 85,99 por ciento. Por
consiguiente, nosotros, el pasado año, superamos, en términos de
ejecución presupuestaria, lo que ustedes habían hecho en 1995; y en el
presente año, la ejecución del presupuesto del Ministerio de Fomento va
mejor que el pasado año, año en el cual ya le digo que alcanzamos el
89,17 por ciento.

Le puedo señalar cómo van los tres grandes programas inversores del
ministerio. En creación de infraestructura de carreteras, sobre un
crédito vigente de 247.000 millones de pesetas, hay comprometido en este
momento 186.139 millones; en términos de obligaciones reconocidas, que es
el concepto presupuestario estricto, 145.000 millones, pero hay retenido,
por tanto, en curso hacia la calificación de obligación reconocida,
46.000 millones, y libre, 15.000 millones. Eso en el programa 513.D, que
es el de creación de infraestructuras de carreteras. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.)
En el programa 513.E, conservación, frente a un crédito de 71.980
millones de pesetas, hay comprometidos 62.837 millones, y en términos de
obligaciones reconocidas 38.799; retenido, por tanto en camino hacia su
conversión en obligación reconocida, 7.284 millones, y libre, 1.861
millones, sobre un total de 71.000 millones de pesetas.

En los ferrocarriles, a los que se ha referido S. S., ante un crédito
vigente de 39.843 millones, hay comprometidos 31.303 millones; en
términos de obligaciones reconocidas, 19.216; retenido, en camino hacia
su conversión en obligación reconocida, 5.242 millones, y libre 3.298
millones. Habrá leído recientemente en el periódico que se han hecho dos
licitaciones, que no están incluidas en este cómputo, en el corredor del
Mediterráneo y en algún otro tramo de la red ferroviaria española. Por
tanto, estas cifras, al día de hoy, están sustancialmente mejoradas.

Yo le podría relatar, señoría --no quiero entrar en demasiado detalle a
estas horas--, tomando como ejemplo el programa de creación de
infraestructuras de carreteras, cómo han evolucionado los créditos
libres, a fin de que la opinión pública pueda percibir lo que ha supuesto
una política de disciplina presupuestaria y de rigor presupuestario para
terminar a 31 de diciembre del presente año cumpliendo por primera vez,
en sus estrictos términos, unos presupuestos.

Fíjese. 1994 --hablo del programa de creación de carreteras--, crédito
inicial, 348.000 millones. Si se tiene en cuenta lo comprometido el año
anterior, el saldo de disposiciones a 31 de diciembre del año anterior,
incorporaciones de crédito, etcétera, había un crédito libre efectivo de
132.000 millones de pesetas, el 37,9 por ciento sobre el crédito inicial.

En el año 1995, sobre el mismo crédito inicial, 348.000 millones, el
crédito libre efectivo se reduce al 31 por ciento. En el año 1996,
presupuestos que estaban prorrogados...




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El señor PRESIDENTE: Señor ministro, vaya concluyendo.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Sí, concluyo,
señor presidente.

En el año 1996, sobre 273.000 millones, el crédito libre es del 12 por
ciento. En el año 1997, presente ejercicio, año de auténtico rigor y
disciplina presupuestaria, sobre 240.000 millones de pesetas de crédito
inicial, queda libre el 5 por ciento. Quiere esto decir, señoría, que
hemos ido pagando, con cargo al crédito del presente año, deudas de
ejercicios anteriores. Y el año 1998 se inicia la reversión de la
tendencia: 262.000 millones de crédito inicial, quedará crédito libre
56.000 millones, el 21,4 por ciento. La disciplina presupuestaria y el
ajuste que realizamos en el transcurso de este ejercicio nos permitirá
tener un año 1998 más cómodo.

Y si hablamos, señoría, de la ejecución presupuestaria, en términos de
amplitud de la inversión, en términos de la licitación realizada, es
donde efectivamente se nota el ajuste presupuestario. En el año 1995, a
31 de diciembre, se licitaron 278.000 millones de pesetas. Esa
licitación, en el año 1996, presupuestos prorrogados, sube a 370.000
millones, y en 1997, a 31 de diciembre, ascenderá a 250.000 millones. Es
evidente que ha habido una baja en la licitación, como consecuencia de la
aplicación de una política de rigor presupuestario, de disminución de la
inversión pública, que este Gobierno asumió para cumplir los requisitos
de convergencia y entrar en la Unión Monetaria.

De esos 250.000 millones que estarán licitados a 31 de diciembre, el
desglose, señoría, es el siguiente: por el llamado modelo alemán o abono
total del precio, se habrán licitado 100.000 millones de pesetas; por el
sistema convencional de creación de infraestructuras de carreteras,
107.000 millones de pesetas; en ferrocarril, 40.000 millones, y otros,
3.000. En total, 250.000 millones de licitación, que supone una baja
significativa con respecto a los 370.000 millones del año 1996. Pero en
esta licitación no está incluido, señoría, ni el ente gestor de
infraestructuras ferroviarias ni la inversión destinada a autopistas de
peaje. Y es aquí donde yo querría llamar la atención de S. S., porque
creo que ha sido injusto en su apreciación.

Usted no puede pedir efectos a unos nuevos métodos de financiación de
inversiones a los diez meses de su entrada en vigor. No cuente usted
desde que este Gobierno entró en funciones, porque estas medidas entran
en vigor el 1 de enero de 1997 y, por tanto, tienen diez meses de
vigencia, tiempo en el que ha habido que sacar las consecuencias de la
modificación de la Ley de autopistas de peaje, ha habido que crear el
ente gestor de infraestructuras ferroviarias y ha habido que reinventar
el sistema de abono total del precio, cuya eficacia sí le puedo trasladar
a usted en el día de hoy, porque, antes de que concluya el año, estarán
licitados los 110.000 millones de pesetas de la primera parte del
programa que se financia a través del llamado método alemán.

Querría también poner de relieve que, como sabe
S. S., no es fácil...




El señor PRESIDENTE: Señor ministro, concluya, por favor.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Si, señor
presidente, pero no tengo más remedio que completar mi intervención,
porque el señor García-Arreciado ha tenido la gentileza de dar un
panorama muy completo sobre el programa de inversiones.




El señor PRESIDENTE: Deje algo para la réplica, señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): El ente gestor
de infraestructuras ferroviarias, señor García-Arreciado, ha tenido que
subrogarse en el proyecto de tren de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa y la subrogación
administrativa lleva mucho tiempo y es administrativamente muy compleja.

En estos momentos, felizmente, el ente gestor de infraestructuras
ferroviarias está pagando ya certificaciones de obra, de los dos únicos
tramos, señoría, que tenían obra en ese proyecto: Ricla-Calatayud y
Zaragoza-Lleida. En lo demás no había ni proyectos. El ente gestor de
infraestructuras ferroviarias, para que lo sepa S. S. y esto es lo
importante, para julio del próximo año habrá puesto en marcha un proceso
de inversión de 230.000 millones de pesetas. Y es mucho más importante
tener en cuenta los procesos de inversión que se están poniendo en marcha
que lo que supone la ejecución presupuestaria de unos pocos meses. Sabe
muy bien que lo que está en el capítulo VIII de los Presupuestos
Generales del Estado se traslada automáticamente a los presupuestos del
año siguiente. No es como en el presupuesto no financiero, en el que está
prohibido por la Ley de Disciplina Presupuestaria las incorporaciones de
crédito. En el capítulo VIII no opera ese principio. Por tanto, lo que
hemos hecho en este ejercicio es capitalizar al ente gestor de
infraestructuras ferroviarias, dotarle de los 60.000 millones de pesetas,
hacer todo el procedimiento administrativo y, naturalmente, convocar a
concurso de proyecto y obra, para poder poner en marcha el proceso de
inversión. No habrá proyectos hasta julio del próximo año, en que se
podrá contratar la obra, poniéndose así en marcha un proceso de inversión
de 230.000 millones de pesetas. El proyecto, señoría, alcanza un billón
de pesetas, del cual el Estado aporta el 30 por ciento, el 40 por ciento
son fondos de cohesión y el 30 por ciento se obtendrá actuando el ente
gestor de infraestructuras ferroviarias en el mercado de capitales.




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En cuanto a las autopistas de peaje, señoría, puedo decirle que la
primera licitación de una concesión con arreglo al nuevo esquema de
autopistas de peaje tendrá lugar antes del 31 de diciembre, y espero que
sea la autopista que une Cartagena con Alicante. En el primer semestre
del año próximo se licitará el resto de las concesiones, lo que supone
poner en marcha un proceso de inversión, señoría, de 240.000 millones de
pesetas, de los cuales el Estado va a aportar solamente en torno a los 50
o 60.000 millones en forma de anticipos reintegrables, para cuya
utilización hemos contratado a una consultoría experta en estos temas,
que nos permita utilizar ese dinero de la manera más rentable y más
eficaz posible para los intereses generales, por tanto, para los
intereses del Estado.

Atendiendo a la petición del señor presidente, no quiero desglosar a S.

S. la ejecución del método alemán y, señor presidente, agradeciendo su
generosidad, concluyo.

Hay una caída de la inversión pública con carácter general gradual en
toda la Unión Europea desde el año 1992, porque todos los Estados
miembros de la Unión han debido hacer un ajuste para aproximarse al
cumplimiento de los requisitos de convergencia. Debo decirle, porque esto
es importante, que en los grandes programas de infraestructuras del
transporte, el presupuesto para el próximo año 1998 crece un 9 por ciento
y, como le decía, señoría, tendremos un año razonablemente algo mejor que
1997. Creo que la eficacia de gestión está acreditada en el año 1996. Si
hemos sido eficaces en 1996, no hay ninguna razón para pensar que no
vayamos a serlo en 1997. Lo estamos siendo, señoría, puede usted tener
esa certidumbre.

Debo concluir diciendo que el horizonte del sector de la construcción
está despejado. Si atendemos al sector de la edificación, ya se ha
detenido la caída, ha crecido en los seis primeros meses de este año un
2,2 por ciento y se ha detenido la caída de la ingeniería civil. Puedo
decirle, porque es lo que el sector de la construcción piensa hoy, que el
sector tiene un horizonte razonablemente despejado, porque los procesos
de inversión que se han puesto en marcha, al margen del capítulo VI del
presupuesto del Ministerio de Fomento, alcanzan casi un billón de
pesetas, lo cual da al sector una razonable tranquilidad para los
próximos tres o cuatro años.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señor ministro, me temo que la interpelación
ha sido perfectamente inútil. Usted muestra su absoluta satisfacción con
el estado de las cosas y nos anuncia más de lo mismo para el próximo año.

Lo hace utilizando un falso silogismo, un sofisma, si me lo permite, como
que la política económica va bien --afirmación que no negamos--, debido
al esfuerzo de los españoles, a la actuación del Gobierno, al ciclo
internacional, y que la política de inversiones, que forma parte de la
política económica, también va bien. Esto falla por su propia base, señor
ministro, y con un ejemplo muy fácil lo entendemos. La belleza de un
envoltorio no garantiza la calidad del contenido; sería el caso más claro
que se me ocurre.

Resulta descorazonador escuchar a un ministro de Fomento, que tiene poco
dinero, que el poco que tiene no se lo gasta y que el que se gasta no se
lo paga, en la Cámara que todo está muy bien y que el próximo año vamos a
seguir igual, con un crecimiento del 4 por ciento. Usted tendría que
tener ahora mismo en el Ministerio más de 700.000 millones de inversión
en el escenario más humilde del plan director de infraestructuras, que
era crecer en el entorno del 2 o el 2,5 por ciento. Vamos a crecer al 4.

Luego parece evidente que los recursos que el país está generando por el
crecimiento nominal del producto interior bruto se van en otras cosas o
no se produce esa generación de ingresos públicos como consecuencia de la
política fiscal que ustedes persiguen. Usted tendría que estar ahora
mismo en 700.000 millones de pesetas en el escenario inversor más modesto
del plan director de infraestructuras, en el que un día creemos, otro
día, no, cuando nos interesa lo ponemos en los altares y cuando nos
interesa decimos que está periclitado y que no es un instrumento de
planificación del Gobierno. El problema es que si el plan director de
infraestructuras no es el documento de planificación del Ministerio de
Fomento, ¿cuál es? Porque un ministerio con inversiones hiperanuales
tiene forzosamente que trabajar con un documento de planificación.

Ustedes no lo tienen y el que tienen no lo reconocen porque fue firmado
por el anterior Gobierno, por cierto aprobado en las Cámaras, en muchos
puntos con el apoyo de su grupo parlamentario. Por tanto, la eficacia o
la eficiencia de su gestión hay que ponerla un poco en duda, desde el
punto de vista de los resultados reales.

Nos dice usted que el objetivo de 1997 era --y bien que lo sabemos-- el
recorte de los gastos corrientes y de la inversión y que para el próximo
ejercicio presupuestario va a haber una cierta alegría inversora, que se
va a iniciar la recuperación de la inversión. ¡No será en su Ministerio,
señor Arias-Salgado! Usted invierte el próximo año poco menos que éste,
nada más 3.100 millones menos que éste. Y el crecimiento del capítulo VI
de su ministerio, subsector Estado --no estamos hablando de puertos, ni
de AENA, que se autofinancia con las tarifas de los ciudadanos y en el
que estas Cortes no tienen que autorizar ni una peseta



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de gasto público--, que es el que usted gestiona desde el ministerio,
crece por debajo del PIB nominal. La inversión está en el 5,6, casi 5,7,
por debajo del PIB nominal. Ahora me habla usted del subsector Estado,
los organismos autónomos, AENA, y posiblemente sean las cifras que usted
da. Pero en su ministerio, lo que es presupuesto del Estado, lo que es
inversión del dinero público, el dinero que se autoriza en esta casa para
los presupuestos, crece por debajo del PIB nominal.

Me dice, como siempre, que este año estamos mejor que el pasado y que el
pasado estábamos mejor que el anterior; muy bien. A 30 de junio, porque
junio tiene sólo 30 días, usted había licitado 249.000 millones de
pesetas, en el conjunto del sector transportes, en 1997; en 1996, usted
había licitado 316.558 y en 1995, 335.360 millones. Son los 150.000
millones que sistemáticamente salen, se hagan como se hagan las cuentas,
en obligaciones contraídas, en créditos iniciales. Salen sistemáticamente
150.000 millones menos de inversión, que son muchos millones, señor
ministro.Y es mucho más preocupante cuando, ante una actuación de este
grupo preguntándole qué va a hacer usted para que el próximo año vayan un
poco mejor las cosas, usted dice que no, que las cosas van muy bien y que
aquí nos vamos a quedar.

Hay una afirmación que me extraña y que usted tendría que aclarar. Dice
que están pagando de los presupuestos deudas de ejercicios anteriores. Y
¿qué hicieron con el real decreto? Porque ahí se inventaron doscientos y
pico mil millones de pesetas, en este ministerio, 700.000 en total, que
eran para esto. Explíqueme qué pasó con el real decreto.

Lo cierto, señor ministro, es que el AVE no avanza. Ustedes sigue sin
tener proyectos nuevos, lo digo solemnemente en esta Cámara. Tienen
únicamente el Ricla-Calatayud y el Zaragoza-Lleida. Ustedes no tienen
proyectos nuevos del AVE. La autovía de La Plata, que es el eje
vertebrador norte-sur del territorio, desaparece de los presupuestos.

Acabo de leer una referencia de prensa donde, entre las 111 enmiendas que
su grupo ha presentado al presupuesto, dicen que hay una importante
reordenación del gasto interno dentro de Fomento; a lo mejor están ahí.

La autovía del Cantábrico, por utilizar algunos ejemplos, está
paralizada. El Euromed, que es la obra más importante que está haciendo
ahora el ministerio, por recordarlo, tiene presupuestado para el próximo
año, según el programa, dos nuevos kilómetros de vía y la electrificación
de seis; tampoco se puede decir que ahí haya una esfuerzo inversor
importante.

Usted me dice, con razón, y yo sería injusto si no lo entendiera, que yo
no puedo pedir resultados a unas modificaciones presupuestarias del
calado del llamado modelo alemán o las otras figuras jurídicas que se
instalaron en la ley de medidas fiscales. Yo no puedo pedir diez meses
después resultados y usted no puede pedir a esta Cámara en los
presupuestos un dinero que no se va a gastar, aunque usted tenga previsto
que se incorpore al presupuesto siguiente, y menos si lo utiliza como eje
central del discurso, diciendo: aquí están los 100.000 millones que
compensan la bajada de la inversión. Y este año, señor Arias, lo veremos
en los presupuestos, usted vuelve a hacer algo parecido. Porque ninguna
obra, ninguna, de las que se financia con los 40.000 millones de
aportaciones por carretera va a iniciarse antes de febrero de 1999;
ninguna obra de las que usted ha licitado o va a licitar desde ahora a
final de año con el modelo alemán. Está creando una pelota. Usted decía
que, como buen ministro y eficaz en la gestión, no creaba una pelota en
los últimos meses del presupuesto.

Usted lo va hacer mejor, ustedes crean la pelota al del año 2001. Ninguna
de las obras que usted adjudique por el contrato alemán va a empezar
antes de final de año. Ninguna. En cuanto a las autopistas, como ya he
dicho, quedó claro en las previsiones del Gobierno y en sus propias
comparecencias en Comisión que antes de finales del año 1998, más bien
principios del año siguiente, no iba a empezar ninguna. El próximo año
con esta excelente política económica del Gobierno, según sus palabras,
tendrá en su Ministerio el efecto de que la inversión pública continuará
paralizada.

Como decía al principio de mi intervención, nosotros no podemos darnos el
lujo de seguir con la caída general de la inversión pública que se ha
dado en el conjunto de los países de nuestro entorno. No me extraña que
eso sea así. Ellos están en la centralidad de Europa, están en el núcleo
duro del comercio europeo, están trufados de autopistas por todas partes,
y nosotros no estamos en esa situación; por lo tanto, tendríamos que
hacer un esfuerzo inversor importante.

Siento que en su intervención, cuyo tono agradezco, no haya habido la
mínima inquietud por su parte en decir a ver cómo nos las ingeniamos el
próximo año para poder gastar no sólo mejor --ya apunta usted que lo hace
muy bien--, sino un poco más.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Arreciado.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor presidente.

Comprendo que para hacer una labor de oposición no se puede aceptar que
la política de inversión pública del Gobierno es correcta, porque
entonces se dejaría de ser oposición. Pero es tan obvio que la política
presupuestaria es una dimensión de la política económica y que la
política de inversión pública es una dimensión de la política
presupuestaria, que es imposible



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negarlo. Es un conjunto de coordenadas: política económica, política
presupuestaria y política de inversión pública, que está dando unos
excelentes resultados al país, señoría. Y como está dando unos resultados
excelentes es absurdo criticarla en términos descalificativos, poniendo
de relieve conclusiones que no se van a producir, y S. S. lo sabe.

La política de inversión pública es una parte de la política económica, y
la que se está haciendo es correcta, señoría. Usted ha terminado con una
reflexión que yo puedo compartir en gran medida: los demás países
europeos están mejor dotados de infraestructuras que nosotros y no nos
podemos permitir el lujo de seguir el ejemplo de esos países. Yo le digo
otra cosa, lo que no nos podemos permitir de ninguna manera es el lujo de
continuar financiando infraestructuras con déficit público, porque nos
quedamos marginados del ciclo económico y de la Unión Económica y
Monetaria. Ese lujo no nos lo podemos permitir. Y como éste es el
verdadero objetivo nacional, entrar en la Unión Económica y Monetaria, y
para ello ha habido que reducir el déficit, un déficit bastante abultado,
no hemos tenido más remedio que reducir la inversión pública.

La eficacia en la ejecución del presupuesto es la correcta y a final de
año será una ejecución claramente correcta. Sabe S. S. que la licitación
se acelera siempre en el segundo semestre del año; que al mes de
septiembre nunca se sobrepasa el 50 por ciento de ejecución y, sin
embargo, a final de año se mueve habitualmente entre el 80 y el 90 por
ciento. Eso lo sabe S. S. y eso es lo que ocurre en todos los ejercicios
presupuestarios. Yo me gasto todo el presupuesto. Y lo que no me puedo
gastar formalmente en términos de obligación reconocida lo dejo
comprometido, porque los procesos de inversión que se ponen en marcha,
que es lo que hay que tener en cuenta, van a consumir todos esos recursos
y muchos más. Eso es lo que yo le pediría a S. S. que tuviera en cuenta:
los procesos de inversión que se están poniendo en marcha en estos
momentos.

Las deudas que hemos tenido que pagar con cargo al crédito vigente son
las generadas en el primer semestre de 1996. El real decreto-ley de
crédito extraordinario se cerró a 31 de diciembre de 1995, y nosotros
entramos en el Gobierno en mayo de 1996. Durante todo ese primer semestre
del año 1996 había en curso expropiaciones legítimas, liquidaciones
definitivas, reformados y modificaciones. Todo eso lo hemos tenido que
pagar con cargo al crédito de 1997, disminuyéndose lógicamente nuestra
capacidad de licitación.

No me hable usted del AVE porque ahí quedarían ustedes mucho peor.

Nosotros hemos heredado obras en dos tramos, Ricla-Calatayud y
Zaragoza-Lleida, con vía ancho de Renfe, y hemos cambiado el proyecto
para hacer el tren de alta velocidad. Entre Madrid-Zaragoza, salvo ese
tramo, no había ni estudio informativo ni dictamen de impacto ambiental.

Este Gobierno ha sacado el estudio informativo de la totalidad del
proyecto Madrid-Zaragoza, Barcelona-frontera francesa, y va a licitar los
proyectos, algunos de ellos ya a final de año, y en julio del próximo
año, proyecto y obra, por valor de 230.000 millones de pesetas. Eso,
señoría, es justamente eficacia.

Los demás proyectos o prioridades que están en el Plan director de
infraestructuras --porque, como dice muy bien S . S., se ha hecho por
consenso-- tendrán las cantidades y se irán ejecutando con arreglo a las
disponibilidades presupuestarias. Estará incluida la autovía de La Plata.

No es cierto, señoría, que esté paralizada la autovía del Cantábrico. Hay
tramos por el modelo alemán cuyas obras van a empezar antes de final de
año y, además, se han licitado también en la parte de Cantabria. La
autovía que va desde Sagunto a Somport, que es un eje vertebral de la
comunidad aragonesa, por tanto de Teruel-Zaragoza, también estará en
obras probablemente a principios del año 1999. No había ni estudios
informativos ni dictámenes de impacto ambiental ni proyectos. Hemos
licitado, ayer mismo ha salido en el «Boletín Oficial del Estado», 11.400
millones de pesetas para el Euromed. La inversión en ferrocarril
disminuye porque no se puede hacer frente a todo al mismo tiempo, y lo
sabe su señoría. Las cantidades asignadas en el capítulo 8 a las
autopistas de peaje tienen que ser valoradas desde la perspectiva del
proceso de inversión que se pone en marcha. No tiene sentido juzgar eso
en términos de meses. Tiene sentido juzgarlo y valorarlo en términos de
programa. Es una inversión de 240.000 millones de pesetas que van a ir a
cargo de la iniciativa privada y es una forma de complementar la
disminución de la inversión pública. Debería usted aplaudir la idea
porque es positiva y porque, además, estaba también en el Plan director
de infraestructuras.

Ya que ha hecho usted referencia al Plan director de infraestructuras
como algo que unas veces aceptamos y otras veces no, que a veces tenemos
en cuenta y otras veces no, debo manifestar que he tenido y sigo teniendo
la misma opinión que tuve ocasión de expresar cuando comparecí por
primera vez ante la Comisión de Infraestructuras: el Plan director de
infraestructuras es un instrumento útil para el trabajo de cualquier
gobierno. Le digo una cosa, señoría, si hay alguien en estos momentos que
no tiene en cuenta el Plan director de infraestructuras es el partido en
el que milita S. S. porque a mí me están reclamando infraestructuras, por
ejemplo el AVE Córdoba Málaga, que no está como tal en el Plan director
de infraestructuras, y se ha hecho una batalla regional de esa obra.

También hay algunas otras obras. En el Plan director de infraestructuras
hay la previsión de 1.500 kilómetros de autopistas de peaje. Como
argumenté en el debate



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en Comisión, dígame usted dónde las colocamos. Este Gobierno ha tenido el
coraje de lanzar un programa de autopistas de peaje allí donde le parecía
más razonable, siempre bajo el principio, como he dicho antes, de que no
hará ninguna autopista de peaje allí donde no haya una alternativa
gratuita en buen estado que permita satisfacer las necesidades del
tráfico.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.)
Muchas gracias.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas de la mañana.




Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.