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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 109, de 23/10/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1997 VI Legislatura Núm. 109



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 105



celebrada el jueves, 23 de octubre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación.):



--Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998. «BOCG.

Congreso de los Diputados», serie A, número 84-1, de 1 de octubre de 1997
(número de expediente 121/000082.) (Continuación.) (Página 5537)



--Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 85-1, de 9 de
octubre de 1997 (número de expediente 121/000084.) (Continuación.)
(Página 5537)



Prórroga de plazo:



--Subcomisión para la elaboración de un informe que sirva de base para el
establecimiento de un nuevo modelo policial (número de expediente
154/000012) (Página 5553)



Página 5536




--Subcomisión para el estudio de la situación de los españoles que viven
fuera, así como la de los inmigrantes y refugiados que han llegado a
nuestro país; conocer a fondo sus necesidades y reivindicaciones
prioritarias y proponer las medidas --legales y sociales-- que sea
conveniente adoptar para conseguir solucionar los problemas existentes
(número de expediente 154/000009) (Página 5554)



--Subcomisión para el estudio de la situación de la contaminación
atmosférica, procedente de las centrales térmicas de nuestro país y las
posibles zonas afectadas (número de expediente 154/000013) (Página 5554)



SUMARIO



Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Continuación.) (Página 5537)



Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998
(Continuación.) (Página 5537)



Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(Continuación.) (Página 5537)



En turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, el señor
Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.

Contesta el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de
Economía y Hacienda (De Rato Figaredo). En sucesivos turnos de réplica y
dúplica intervienen el señor Mauricio Rodríguez y el señor Vicepresidente
segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato
Figarredo).

En segundo lugar, también en turno de fijación de posiciones, interviene
el señor De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.




Prórroga de plazo (Página 5553)



Subcomisión para la elaboración de un informe que sirva de base para el
establecimiento de un nuevo modelo policial (Página 5553)



Subcomisión para el estudio de la situación de los españoles que viven
fuera, así como la de los inmigrantes y refugiados que han llegado a
nuestros país; conocer a fondo sus necesidades y reivindicaciones
prioritarias y proponer las medidas --legales y sociales-- que sea
conveniente adoptar para conseguir solucionar los problemas existentes
(Página 5554)



Subcomisión para el estudio de la situación de la contaminación
atmosférica, procedente de las centrales térmicas de nuestro país y las
posibles zonas afectadas (Página 5554)



El señor Presidente somete a la consideración de la Cámara la prórroga
del mandato que el propio Pleno otorgó a las tres subcomisiones
anteriormente citadas, lo que se aprueba por asentimiento.




Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Votaciones.) (Página 5554)



Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 (Página 5554)



Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(Página 5554)



Sometidas a votación, en primer lugar, las enmiendas de totalidad de
devolución al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998, son rechazadas por 159 votos a favor, 179 en contra y dos
abstenciones.

Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución al proyecto
de ley de medidas fiscales,



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administrativas y del orden social, son rechazadas por 159 votos a favor,
179 en contra y dos abstenciones.

Se levanta la sesión a las doce y diez minutos del mediodía.




Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Continuación.):



--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998. (Número
de expediente 121/000082) (Continuación.)



--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (Número de expediente 121/000084) (Continuación.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se reanuda la sesión.

Continúa el desarrollo del orden del día en el punto en que anoche fue
suspendido, tomas de posición, por parte de los grupos parlamentarios que
no han formulado enmiendas de totalidad, sobre las ya ayer presentadas y
debatidas.

En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Buenos días, señoras y señores diputados,
señores miembros del Gobierno. Quiero agradecerles su atención y su
presencia a esta hora de la mañana; después del largo debate de ayer no
esperaba una participación, mediana pero suficiente, para las opiniones
que quiere expresar en este momento el Grupo de Coalición Canaria y las
reflexiones que quiere hacer sobre el debate presupuestario que hemos
tenido ayer, que me ha parecido interesante, pero que ha dejado una serie
de vacíos y de interrogantes que, en mi opinión, abren el camino, como
decía, para algunas reflexiones que quisiera introducir en nombre de mi
grupo en este debate parlamentario que continuamos hoy.

En primer lugar, quisiera intentar separar la paja del trigo y la
anécdota de la categoría y de lo esencial, porque me parece que lo que
necesita este país no es un debate político sobre titulares ni
filtraciones sino una reflexión seria sobre el proyecto del Estado
español o de España en el conjunto del proyecto europeo. (Rumores.) Creo
que estos presupuestos del Estado para 1998...

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mauricio.

Señorías, les ruego que guarden silencio.

Continúe, señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.

Estos presupuestos del Estado de 1998 están encuadrados dentro del marco
y del proyecto europeo y, en último término, del presupuesto europeo. Yo
creo que una de las reflexiones que hay que hacer es que un presupuesto
es siempre una serie de supuestos previos hacia el futuro, de hipótesis
de trabajo y, en general, produce una visión optimista desde el lado del
que lo presenta, desde el Gobierno, y una tendencia a los prejuicios
desde la oposición; digo prejuicios correctamente, desde el punto de
vista de juicios previos, pero también refiriéndome a una actitud
pesimista y a una visión negativa, a veces no suficientemente
constructiva para hacer la reflexión que necesitamos.

El presupuesto que presentó este Gobierno el año pasado, en cuya
ejecución estamos y a partir del cual hay que construir el proyecto de
1998, tenía unos objetivos muy concretos. El objetivo esencial por el
cual nosotros respaldamos a este Gobierno fue que aceptara lo que
llamábamos nosotros el desafío o el reto europeo, es decir, colocar a
España por primera vez como grupo fundador de la moneda única y como
cabeza del proyecto europeo. Y digo por primera vez porque en los dos
últimos siglos este país desgraciadamente estuvo en la cola o al margen
de los grandes proyectos europeos y de la construcción europea. Entonces,
para nosotros había un objetivo básico que era converger, cumplir los
criterios de convergencia europea, que tenían en principio cuatro
indicadores básicos --el de inflación, el de deuda, el de déficit público
y el de los tipos de interés, aunque hay un quinto que es el de la
estabilidad de la moneda--, y nos planteamos que este país había tenido a
lo largo de los años anteriores un crecimiento desequilibrado y peligroso
que llevaba aparejados cuatro grandes enemigos de la economía española:
los altos tipos de interés, el alto déficit público, la deuda y la
inflación, cuatro enemigos aliados a los que había que derrotar. Es
cierto que el cuadro de crecimiento económico en Europa y la bajada de la
inflación y de los tipos de interés en el conjunto europeo facilitan las
cosas, pero hacía falta una estrategia basada, en mi opinión, en los
siguientes criterios que tienen confirmación en los presupuestos de 1998.

Había que atacar el déficit público sobre la base de reducción del gasto
público, pero no del gasto social, sino esencialmente del gasto de
funcionamiento, de las subvenciones, los intereses de la deuda y el
fraude. Creo que el presupuesto de 1997 ataca con rigor a ese primer gran
enemigo que es el déficit, que produce efectos sobre la inflación, con su
reducción, ésta los



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produce sobre los tipos de interés y, por tanto, repercute en la
reducción progresiva de la deuda.

Hemos logrado a lo largo del año 1997 no sólo cumplir los criterios de
convergencia europea --cosa que ya damos todos por hecho--, sino
equilibrar y sanear la economía española para que haya un crecimiento
sostenido y estable. Este objetivo se ha cumplido, es un éxito de la
sociedad española y no debemos de intentar desvirtuarlo, porque el
objetivo próximo que tiene la sociedad española será posible en la medida
en que consolidemos éxitos como éste, aunque sean todavía parciales y
momentáneos. Hemos logrado equilibrar la economía, hemos logrado
equilibrar el sector exterior con el crecimiento de nuestras
exportaciones, de nuestra competitividad y de nuestra productividad, y
ahí vienen algunas cuestiones clave que yo quisiera resaltar de cara al
futuro.

Ese crecimiento, ese equilibrio y el mantenimiento del gasto social se
han hecho sobre una política fiscal rigurosa, porque siempre que viene un
período de éxito económico se presenta una enorme dificultad y es el
peligro, en los momentos de la euforia, de que es facilísimo bajar la
presión fiscal y que una posible bajada de ésta puede producir un mayor
crecimiento y, por tanto, una mayor recaudación fiscal. Eso puede ser
cierto en un momento determinado, pero las políticas fiscales son muy
delicadas y muy frágiles y hay que tener un enorme cuidado, porque ayer
se produjeron intervenciones pidiendo ya la bajada de las cotizaciones y
de la presión fiscal y pidiendo incremento del gasto. El equilibrio entre
ingresos y gastos es una cuestión fundamental en la política
presupuestaria. Yo creo que este año el Gobierno del Partido Popular no
ha caído en la tentación de cumplir lo que dijo en su campaña electoral y
en su papel de oposición, basado en que era muy fácil bajar la presión
fiscal en este país y, al mismo tiempo, mantener el gasto social. Ha
habido que mantener el mismo nivel de presión fiscal y este es uno de los
elementos necesarios para la continuidad de este proceso de crecimiento y
saneamiento de la economía española.

Ese mantenimiento de la presión fiscal, que ha permitido la continuidad
del gasto social con pactos como el de pensiones y el de la reforma
laboral, ha creado un elemento clave para el avance y el progreso de la
sociedad española, que es el consenso social. La tendencia de algunas
fuerzas de la derecha europea no ha sido precisamente ésa. Ahí tenemos el
ejemplo de Francia, con recortes en el gasto social, saneamientos
públicos de ajustes duros, ruptura del equilibrio social y del equilibrio
político. Resultado: derrota política. Creo que hemos logrado una
política centrada a lo largo de 1997 que no sólo cumple los objetivos
económicos del desafío europeo, sino que se hace desde el consenso social
y desde el equilibrio político, desde el amplio consenso parlamentario
que tiene este Gobierno, con 181 votos que le permiten plantearse estos
objetivos.

Dicho eso, ya tenemos un balance que nos permite decir que los
presupuestos para 1998 se basan en un éxito, éxito que hasta la oposición
reconoció ayer. España va a cumplir los criterios de convergencia europea
y en mayo estará en la moneda única, España está dentro del proyecto
europeo y en cabeza. A partir de ahí y de ese éxito indudable, creo que a
nadie deben confundir elementos como el que se ha creado hoy,
precisamente, por el debate de ayer, de dar una excesiva importancia,
aunque la tienen, a los problemas del llamado déficit oculto, señor Rato.

Hay quien ha planteado el tema de los créditos extraordinarios, que
parece que los hay --como siempre los tiene que haber-: multa en la cuota
lechera, parece que gastos en Bosnia, etcétera. Expliquemos cuáles son
estos créditos extraordinarios y expliquemos también --lo puedo explicar
yo y creo que no lo pueden hacer el Gobierno ni la oposición-- que este
país tenía en 1996 un conjunto de déficit ocultos; los tenían la
Seguridad Social, el Ministerio de Medio Ambiente, de nueva creación, o
el Ministerio de Fomento por inversiones anteriores que no habían sido
contabilizadas, por modificados en los expedientes de inversión. Teníamos
una serie de déficit ocultos que, a través de eso que en toda Europa se
está aplicando como ingeniería contable o contabilidad creativa, todos
los países europeos hemos ido recolocando dentro del presupuesto y
asimilando en los dos primeros años de afloramiento de esa situación de
déficit oculto. Creo que nadie se debe impresionar por ello. Cuando
hablamos de la política de inversiones, por ejemplo, y se está hablando
del modelo alemán, del pago de abono total, que quiere decir que hagamos
ahora una obra para pagarla dentro de tres o cuatro años, en el fondo, lo
que estamos haciendo es, con los presupuestos de 1997, pagar deudas de
obras de los años 1994, 1995 y 1996 que no estaban pagadas, ni siquiera
presupuestadas con créditos, y con revisiones de precios no legalizadas.

Este es un problema de una herencia y no es un reproche al Partido
Socialista; son herencias que dejan todas las administraciones públicas.

Ahora hay que conseguir un mayor rigor para que esas herencias no se
repitan, pero hay que tener sentido de Estado y de la responsabilidad
para que esa historia de las pequeñas herencias y de las pequeñas
filtraciones de los llamados déficit ocultos no enmascaren tres datos
esenciales y claves para la política española: uno, que hemos tenido un
éxito político, de política económica y de política presupuestaria; dos,
que tenemos un prestigio y una autoridad en Europa que no teníamos y,
tres, que lo hemos conseguido a partir de un conjunto de equilibrios
económicos, monetarios, presupuestarios, fiscales, de gasto social, de
consenso social y de equilibrio político, que es la vía por la que
tenemos que continuar.

Alguien publica hoy en un editorial --no sé si estos editoriales son la
oposición o la oposición son los editoriales, no termino de entenderlo
bien-- que en este país



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no son posibles las políticas progresistas, que en este país no se puede
mantener la presión fiscal y el gasto social y, al mismo tiempo, sanear
la economía. Esa era la teoría y el argumento de la vieja derecha, y lo
quieren combatir desde posiciones que se dicen progresistas. A mí me
parece lamentable y un acto de irresponsabilidad, porque sí es posible, y
el modelo de España, lo haga quien lo haga --y está condenado a hacerlo
si quiere tener éxito-- es mantener el saneamiento económico vinculado al
equilibrio social y al equilibrio político. Si no lo hace, está condenado
a repetir el reciente modelo de la derecha francesa o a una alternativa
estatalista del tipo que presenta la izquierda francesa hoy, que está
creando graves problemas para Francia. En esa línea, la reflexión que
hace mi grupo de Coalición Canaria es la siguiente. Si ya hemos tenido un
éxito, lo peligroso en este momento, señor vicepresidente económico --su
señoría es el protagonista principal del éxito, junto con todo el
Gobierno--, es mecerse en la autocomplacencia, porque el peor consejero,
a veces, es el mismo éxito. El problema es que España sigue teniendo
desafíos importantes. Le haré una enumeración de ellos, en el marco que
antes planteaba del debate presupuestario europeo.

Europa está hoy, en el conjunto mundial, en un proceso abierto de
globalización económica. Está en un momento de ampliación y para eso
necesita reformas de política monetaria, reformas fiscales, reformas del
Estado del bienestar, cohesión territorial, etcétera. Europa está en un
gran período de reformas y lo estará en los próximos diez años para
convertirse en una potencia mundial en el orden económico, social y
político. Jugará un papel clave en la solidaridad internacional. Europa
está discutiendo sus presupuestos y una parte importante del presupuesto
europeo es el presupuesto español, el de 1997 y el de 1998. Los retornos
europeos, es decir, el saldo financiero de Europa con España, aportan al
presupuesto español 978.000 millones de pesetas, creo recordar. Debemos
de mantenerlos. Nuestro éxito político y económico, en un momento en que
Alemania y Francia tienen problemas, que los han tenido --antes no, antes
eran las sociedades estables europeas, y nosotros, los del Mediterráneo y
los países atlánticos del Sur, éramos los pobres, los que teníamos
dificultades, los que necesitábamos los fondos estructurales y de
cohesión o los que seguimos necesitando las políticas agrícolas
comunitarias--, produce la tentación por parte de los países del primer
nivel, los países del norte, de reducir el presupuesto europeo y las
perspectivas financieras europeas. Por lo tanto, una batalla clave para
nosotros es conseguir que ese gran período de reforma siga unido a un
proyecto de presupuestos en Europa en el que los fondos estructurales,
los fondos de cohesión y las políticas agrícolas comunitarias de ayuda
para mantener las rentas de los agricultores, del olivo, del plátano, de
la cuota lechera en la ganadería, etcétera, sean elementos básicos de
nuestra política presupuestaria. En ese sentido, hay que dar la batalla
para que del 2000 al 2006, que es el gran período de reforma y de
integración europea, España siga teniendo las ayudas para lograr dos
elementos básicos: la cohesión social, manteniendo el Estado del
bienestar, y la cohesión territorial. Digo esto porque me parece muy
importante que cuando un país como Alemania dice que su contribución al
presupuesto europeo tiene que reducirse y España exige el mantenimiento
de ese presupuesto en razón de la cohesión social y territorial, en
España no debe pasar lo mismo, porque nos puede ocurrir que países que
juegan en el esquema español un papel de locomotora, como Alemania,
pueden llegar a decir, sin tener en cuenta los mismos argumentos que
aplica España a Alemania, que en un mercado único, con una moneda única,
con un nivel industrial de primer orden, que tiene trescientos y pico
millones de consumidores, se beneficia enormemente, aunque aporte
extraordinariamente al presupuesto europeo, porque la fuerza de Europa es
su cohesión social y territorial. Que no nos ocurra en España y nadie nos
diga que un sistema puesto en vigor el año pasado ya está agotado. Que no
se caiga en la tentación alemana a la escala de España. Que no se piense
que el problema es cómo se salva cualquier comunidad dentro del proyecto
europeo con cualquier hecho diferencial, porque cualquiera puede
escaparse. Si no nos unimos todos en este proyecto europeo, España no se
podrá plantear los grandes proyectos de reforma ni estar a la cabeza del
proyecto de integración de la moneda única ahora y, dentro de algunos
años, del proyecto de modernización, progreso y crecimiento de la
sociedad española.

Esto me plantea algunas cuestiones de cara al presupuesto de 1998,
presupuesto que, no tendrán ustedes dudas, nosotros vamos a aprobar, pero
vamos a aprobarlo porque creemos que en sí, dentro de ese proyecto de
presupuestos, están las bases de un proyecto estratégico de España con un
horizonte a medio plazo. A mí me interesó muchísimo cuando ayer el señor
Almunia, portavoz de la oposición, dijo que no pensáramos en mayo de 1998
y en aprobar con notable, sin duda, la integración europea; que sería
miope no ver más allá, no ver el gran proyecto de reforma europea y, por
tanto, los grandes objetivos estratégicos de la reforma de la sociedad
española. Sin embargo, me produjo un gran vacío a continuación, porque
pese a la miopía que le atribuía al Gobierno, no dio ninguna alternativa
global a ese proyecto. Le pareció más tentador --yo lo comprendo, porque
eso es lo que tiene más éxito en los medios de comunicación españoles--
centrarse en si el señor Barea dijo o dejó de decir. Yo creo que es un
debate pobre que nos conduce a historias de ocultismo, de déficit ocultos
y de reproches Gobierno-oposición, cuando este país lo que necesita es un
gran pacto de Estado, de consenso y de reforma en el proyecto europeo.

El proyecto europeo abre hoy las siguientes cuestiones. El presupuesto de
1998 nos permite eso, pero ¿cómo



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nos lo permite? Hay quien dice que necesitamos plantearnos la reforma y
financiación de la sanidad en un objetivo a cuatro años; clarísimo.

Necesitamos la reforma del sistema educativo y necesitamos mejorar la
financiación, porque es un sector estratégico; lo dice la oposición, más
suavemente lo dice el Gobierno y lo decimos nosotros con la misma
contundencia que la oposición. Necesitamos mantener el sistema de
pensiones y de la Seguridad Social. Necesitamos una política de empleo
activa. Necesitamos mejorar y modernizar nuestras infraestructuras y
sanear el sector público. Necesitamos financiar lo que es un instrumento
básico del fortalecimiento de las instituciones democráticas en España,
que es la Administración de justicia, y dotarla de los recursos y de las
políticas de seguridad ciudadana. Necesitamos modernizar la defensa en
siete años, hasta el 2003, con un ejército profesional, aunque sea un
ejército defensivo y operativo integrado en las estructuras militares
internacionales. Necesitamos un gran número de objetivos de política de
gasto. ¿Podemos llevar a cabo todas estas prioridades al mismo tiempo?
¿Las podemos incluir todas en un único presupuesto? ¿No será más lógico y
razonable crear un cuadro de objetivos a cuatro o cinco años, hasta el
momento en que todos los ciudadanos españoles y europeos paguemos con la
moneda del euro, a partir del año 2002 --objetivo diciembre del 2001--, y
en estos cuatro años plantearnos ese proceso de reformas que necesita la
sociedad española? ¿No está el Gobierno del Partido Popular en
condiciones excelentes en este momento, después de haber cumplido con
éxito el reto europeo del primer año, después de haber conseguido un
margen económico suficiente, de mantener una estabilidad parlamentaria,
de avanzar y no colocarse a la defensiva en un proceso reformista de cara
a los grandes proyectos que exige la sociedad
española, donde el que los lleve a cabo es el que gobernará y el que
no es el que pasará a la oposición? Porque aquí las elecciones no se
ganan o se pierden en función de que uno tenga un mejor o peor marketing
político; las elecciones se ganan o se pierden si uno conecta con los
intereses esenciales del Estado, con los intereses esenciales de España
dentro del proyecto europeo y a él es al que me estoy refiriendo dentro
del proyecto de presupuestos de 1998.

Como primera cuestión, tengamos cuidado con las políticas fiscales. Toda
Europa se está planteando la reforma fiscal, pero las políticas fiscales
exigen recursos. El fisco sirve para recaudar, tiene un objetivo
recaudatorio muy importante, y no nos avergoncemos de ello, porque para
poder tener después políticas de gasto, políticas de reforma y políticas
para modernizar España y para satisfacer los derechos de los ciudadanos
hay que ingresar. Además hay que contar con políticas que apoyen la
economía productiva con el ahorro y la inversión y, luego, es necesaria
una política redistributiva. Algunos grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno piden que se reduzca más la presión fiscal. El señor Rato decía
ayer que pronto se demostrará con claridad que se puede reducir mucho la
presión fiscal y aumentar los ingresos fiscales. Es cierto, pero cuidado,
con prudencia, porque si no después vienen los desequilibrios. Lo que
nosotros nos tenemos que plantear es que la carga fiscal que asume este
país no crezca, que se reparta mejor y que los pequeños empresarios, los
trabajadores --tal y como se refleja en el presupuesto de 1998--, sean
los primeros beneficiarios. No hagamos demagogia sobre esas cuestiones,
que si esto beneficia a los ricos y no a los pobres, etcétera. Lo primero
que se tiene que beneficiar es el gasto social, después, en el Impuesto
sobre la Renta, sobre todo a los asalariados, y en los impuestos
directos, a las pymes. Hemos de lograr una política fiscal tal que cuando
se hable de retenciones a profesionales, a consejeros, a arrendadores, no
salgamos todos diciendo que se incremente la política fiscal. No se trata
del incremento de la política fiscal sino de la lucha contra el fraude
fiscal. No entiendo que la oposición, cuando estamos hablando de
redistribución y de reparto justo de las cargas fiscales, no apoye
medidas fiscales que tienen un carácter progresivo. Cuando se habla de
reducir cotizaciones sociales rápidamente se dice que ha de hacerse
creando un nuevo impuesto, pero, cuidado, porque si desequilibramos la
Seguridad Social, que tenía un agujero grave hace dos o tres años que se
está asimilando, que tiene 13 millones de cotizantes y que tiene que
seguir creciendo, no podremos defender el Estado del bienestar.

Segunda cuestión, modernización de los sectores estratégicos y
globalización de la economía española. Yo creo que este es un tema muy
importante, que debemos discutir y explicar a los ciudadanos, porque se
da por hecho. Se está planteando una solución: liberalicemos
telecomunicaciones, transportes aéreos, energía, sector eléctrico, para
hacer estos sectores competitivos. Las grandes empresas estratégicas
españolas pueden ser liberalizadas en un marco competitivo y, al mismo
tiempo, se pueden defender los intereses estratégicos españoles sin
perdernos en el totum revolutum de alianzas y contraalianzas. Si eso se
hace y los ingresos de la privatización tienen un carácter de saneamiento
del sector público, de las empresas públicas, con la unificación de la
Agencia Industrial del Estado, con SEPI --el viejo INI, se ha dicho; pero
no para gastar, el viejo INI para ahorrar y sanear--, se cumplirá el
objetivo planteado (del que nosotros vamos a hacer un control y una
vigilancia) que es que los recursos sirvan para que el sector naval, el
sector siderúrgico, el sector minero, etcétera, se saneen.

Hay que decir --yo no sé si el señor Barea ha hablado de ese agujero--
que tenemos un enorme agujero, o dos. El primer agujero ha sido la
reconversión de los sectores industriales españoles en los últimos años.

¿Cuánto nos va a costar? Nos va a costar en los próximos



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años todavía entre 800.000 millones y un billón de pesetas en
jubilaciones anticipadas. Y yo digo que eso está muy bien, que eso hay
que asumirlo. No se puede hacer una economía muy productiva si al final
no tiene un equilibrio social que beneficie a los ciudadanos. Luego se
dice que en el 2001 estará saneado el sector público. ¿Y dónde va el
dinero de las privatizaciones, se preguntaba ayer? A sanear el sector
público, para que en el año 2001 el Estado no tenga que estar cargando
con las empresas públicas, a excepción de un sector que necesita ocho o
diez años para sanearse, que es la minería española. La minería española
le cuesta al Estado un billón de pesetas en ese período, y ya le ha
costado billón y pico en los últimos años. El carbón de Hunosa cuesta
35.000 pesetas/tonelada y el carbón normal, precio CIF, en puerto, cuesta
5.000 pesetas tonelada. ¿Esto significa, como decía ayer un portavoz
parlamentario, que hay que cerrar las minas? ¡Que tengamos que decir los
canarios, desde allá lejos, que este país necesita solidaridad
territorial y social! Ese problema no es sólo de cohesión social, es un
problema de cohesión territorial en Asturias. Lo importante es que haya
un final en el que sepamos que se va a resolver el problema. Pero a la
derecha francesa, al señor Juppé, no le habría costado un billón de
pesetas sanear las minas españolas; le habría costado 300.00 ó 400.000
millones. ¿A costa de qué? De una tensión social gravísima. Nosotros
estamos a favor de ese proceso de modernización de la industria española,
que está siendo competitiva, que está ganando comercio internacional,
porque las políticas de empleo son esencialmente ésas.

Hablando de políticas de empleo --otro debate de ayer--, estamos creando
empleo, ciertamente, y además estable. Hicimos la reforma laboral de 1997
y es la que nosotros hemos aprobado. El Grupo de Coalición Canaria estuvo
radicalmente en contra de la de 1994, que apoyó el Grupo Popular, que
creó empleo precario. Ese no era el camino. El camino no es la
flexibilización y crear empleo precario. En el marco europeo y mundial,
el que piense que se crea empleo protegiendo empresas de bajo nivel de
cualificación, de bajo salario, de empleo precario, de baja tecnología y,
por tanto, de productos mal terminados, con poco valor añadido, se
equivoca. Se acabó ese modelo; el actual es distinto: alta formación
profesional, alta cualificación de los trabajadores, alta capitalización,
tecnología punta y competir en el mercado mundial. Eso es lo que permite
progresar. Porque los países del Tercer Mundo nos van a barrer en esos
mercados y no se les puede parar con el cuento del dumping social; nos
barren en esos mercados, pero generan demanda y las nuevas demandas
suponen ofertas a los países que sean capaces de ofrecer, como está
ocurriendo con España, productos nuevos, productos renovados y de alta
cualificación. Así se produce el progreso de la economía mundial. En esa
dirección, las políticas de empleo tienen que tener reformas, formación,
políticas activas. El mercado laboral se va a ir reestructurando,
querámoslo o no, y al final hay que tener un modelo en el mercado
laboral. No se va a llegar, como en Francia, al gran acuerdo, ni en la
cumbre europea de Luxemburgo, que se celebrará en noviembre o diciembre.

España dice que tiene un modelo; definámoslo. El modelo no sólo es
ahorro, inversión, tecnología, crecimiento, exportación, que lo es, sino
también ajuste de la jornada, cuantificación de la jornada a nivel anual,
contratos estables a tiempo parcial, un conjunto de acuerdos que se
tienen que producir entre empresarios y sindicatos y que producen reparto
en el trabajo. Nosotros estamos en condiciones no de tener 13 millones de
ocupados, como tenemos ahora en España, sino 15 millones de ocupados en
los próximos años, en un horizonte de siete u ocho años. A mí no me
produce la angustia que le producía al señor Zabalía saber si va a
descender el paro en el 1 por ciento. Creo que estamos en un cambio
histórico en el que, si España está en punta, vamos a resolver en una
década los problemas de la precariedad en el empleo y del paro o del
desempleo.

Hay dos o tres temas básicos con los que quiero concluir. Dentro del
mantenimiento del Estado del bienestar hay dos temas fundamentales:
educación y sanidad. Señor Rato, en sanidad tenemos que llegar a un
acuerdo de financiación que no está en los presupuestos, y no puede ser
un acuerdo oculto que beneficie a catalanes, a canarios, a vascos o a
gallegos, sino al conjunto de la sociedad española, y en eso estamos
todos de acuerdo, empezando por los catalanes. En algunas cosas no estoy
de acuerdo con sus planteamientos, pero he de decir que cuando los
catalanes están planteando un acuerdo de financiación de la sanidad están
ofreciendo un modelo para resolver el déficit de financiación sanitaria
que hay en el conjunto de España, y a ese déficit nosotros tenemos que
hacerle frente con enmiendas a este presupuesto, con el que este Gobierno
se tiene que comprometer. Tenemos que decir que el crecimiento del PIB
está incorporado en los presupuestos por cierto consenso de 1991; hay que
aplicar la población actualizada, la de ahora, y eso no es beneficiar a
nadie, sino que es reconocer la realidad. Lo que sería beneficiar a
alguien es seguir trabajando en el reparto de los fondos de la sanidad
sobre la base del número de españoles que había en una comunidad autónoma
en el año 1991. Si Canarias, por ejemplo, tiene una tasa inmigratoria
enorme y están llegando trabajadores de Galicia en cantidades
impresionantes --y hasta ha sido en televisión un elemento de debate en
las recientes elecciones gallegas--, nos parece muy bien; pero para poder
atender sanitariamente a esos gallegos que llegan a Canarias y que se
integran en nuestra tierra --y bienvenidos sean-- el Estado nos tiene que
aportar los recursos necesarios. Es de disparate el no actualizar los
censos y no hacer una integración



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del nuevo modelo sanitario con una ampliación de los fondos sanitarios,
que tienen que ser del orden de 140.000 a 150.000 millones de pesetas,
según nuestros cálculos. ¿De dónde pueden salir? De un elemento muy
importante para mantener el Estado de bienestar, y es la lucha contra el
fraude.




El señor PRESIDENTE: Señor Mauricio, vaya concluyendo, por favor.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Voy terminando, señor Presidente.

En la incapacidad laboral transitoria hay un fraude escandaloso, y lo hay
en otros elementos de la Seguridad Social. Incorporemos elementos de
financiación, pero que no se nos dispare el gasto sanitario; hagamos
ahorros de ese tipo. Luego está el tema de los medicamentos. Hay que
coger el toro por los cuernos de la industria farmacéutica y de los
márgenes de la industria farmacéutica. Hablo de poner en el catálogo de
prestaciones, en el catálogo de lo que hay que pagar o no hay que pagar,
los medicamentos que tengan alto valor terapéutico y no bajo valor
terapéutico, pero resulta que la industria farmacéutica española se ha
especializado, curiosamente, en fármacos de bajo valor terapéutico. Así
no se puede competir; protegerse bajo el Estado, alimentarse del fraude,
tomarse lo que sea: pastillas y más pastillas. Tenemos que cortar eso
porque si no el gasto sanitario se nos dispara.

Segundo tema, la educación. Hay que ir al gran acuerdo nacional de la
educación; hay que tener un modelo educativo de progreso, de calidad de
enseñanza, en el que las universidades tengan recursos financieros. Pero
en una democracia como la nuestra, sobre todo cuando se llega a los
niveles de los 13.000 ó 14.000 dólares de renta por habitante y año,
donde ya hay unas clases medias y una sociedad madura, con una tradición
cultural como la que tiene la sociedad española, con un patrimonio
cultural enorme, es hora de empezar a introducir en los ciudadanos la
idea de que los deberes tienen que ir vinculados a derechos y que los
derechos también van vinculados a deberes. Lo que no puede ser es que
todo lo pague el Estado, porque hay tasas y hay becas. El sistema
universitario español es un sistema de masificación, que introduce unos
elementos de avance social importantes; tiene peligros y defectos graves,
pero yo soy partidario de ese sistema antes que de un sistema con
universidades de elite. Pero, ya que lo tenemos, debemos plantearnos no
sólo la reforma de la formación profesional sino que las universidades y
el sistema educativo en general respondan a una política de buena gestión
de costes y de ingresos, que muchas veces proceden de la sociedad y no
siempre del Estado, manteniendo la justicia distributiva para que los que
tengan menos medios tengan igualdad de oportunidades.

Por último, señor presidente --y con ello termino--, los temas de
financiación autonómica. Quiero plantear aquí, sobre el modelo del 30 por
ciento --que ha sido denunciado por Andalucía, por Extremadura, etcétera,
porque dicen que favorecía a Cataluña--, que ahora resulta que un sector
de Convergència i Unió dice que no, que ya está agotado. Estamos entrando
en este país en un debate en el que estamos perdiendo el modelo de
Estado.

Nosotros somos un grupo nacionalista que tiene un modelo de Estado. Somos
ciudadanos europeos, pero estamos integrados en el Estado español y somos
españoles. Reconocemos y exigimos el hecho diferencial canario, pero en
Canarias, desde allá lejos, a lo mejor, curiosamente, es donde más
sentido del Estado se puede tener. No tienen sentido esos discursos que
hace a veces la oposición socialista cuando habla del peligro de los
nacionalismos. El peligro de los nacionalismos es la cultura mesetaria
centralista, y así les ha pasado en Galicia y les seguirá pasando si
cuando se discute el hecho diferencial canario del REF, muy importante
para nosotros, que es el reconocimiento por Europa de un hecho
diferencial histórico, dicen que ése no es un problema de Estado. ¿Y por
qué el señor Rato lo liga a los códigos de conducta fiscal europeos? ¿Por
qué el señor Aznar lo defiende en la cumbre de Amsterdam? Porque es el
hecho diferencial canario, porque está recogido en la Constitución y es
parte de la política de Estado. Y si se quiere en este país volver al
centralismo por el ataque a los nacionalismos, mal vamos; pero si los
nacionalismos nos salimos del plato, vamos peor. Si este país tiene que
tener un proyecto reformista de integración en Europa, nadie puede hacer
del alemán en España. Tenemos que mantener un proyecto reformista de
cohesión social y territorial, de políticas fiscales progresivas, de
modernización de nuestro sistema educativo, con una sanidad pública con
asistencia general y gratuita para los españoles; tenemos que conseguir
un modelo de globalización de la economía donde las empresas españolas
estén en punta, donde aporten tecnología e incorporen valor añadido,
donde los trabajadores españoles, que son trabajadores con un talento
natural extraordinario, dispongan de los instrumentos de formación
necesarios para que mejore lo más rico que tiene un país que son sus
recursos humano. Todo eso es posible con el presupuesto de 1998, por eso
nosotros lo aprobamos, pero digo que es posible porque, como todos los
presupuestos, es una suposición de cosas y se puede gestionar en una
dirección o en otra. Yo le pido a este Gobierno que no caiga en la
tentación de la derechización en la que algunos sectores empresariales y
lobbies económicos están interesados ahora, dentro de la euforia del buen
resultado económico de este primer año; que siga en el centro reformista
que necesita este país porque es donde está el eje del proyecto europeo;
que la fuerza política, a uno u otro lado, sepa conectar con las
necesidades objetivas de España a finales del siglo XX, en el año 1998,
que es un símbolo de siglo y medio de declive y



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que puede ser el símbolo de muchos años de progreso y bienestar si en
este país acabamos con la demagogia y tenemos sentido del Estado. Estamos
metidos todos en el mismo barco, en un proyecto común, y sabemos que al
final Europa va a ser la primera potencia comercial del mundo, la que
incorpore al mundo sus tradiciones culturales, la que cree un mundo
basado en la solidaridad. No es verdad que el modelo norteamericano sea
el que resuelve el problema del empleo; lo resuelve, a pesar de todo, la
cohesión social y territorial, el Estado de bienestar si se sabe
gerenciar, si se sabe luchar contra el fraude, si se sabe mejorar, si se
sabe reformar, porque crea las bases de la cohesión social y territorial,
trabajadores libres y trabajadores cualificados y no subcontratados, como
hay tantos en la economía norteamericana que, a su vez, tiene el mayor
índice de presos del mundo, y esos también son parados. Por tanto, la
apuesta que ha hecho Coalición Canaria es decir que este presupuesto de
1998 nos parece bien, que sigue enfocado sobre las bases de un éxito y,
por tanto, tiene la prueba de los hechos anteriores, pero abre un margen
a este Gobierno para que se plantee los objetivos con prioridades
estratégicas, unos objetivos que en los próximos cuatro años puede
cumplir. Si conecta, repito, con los intereses de los ciudadanos
españoles, este Gobierno seguirá teniendo éxito; si se deja llevar por el
a veces lamentable e irresponsable debate político en que está metida la
sociedad española, seguro que tendrá un fracaso.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mauricio.

Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor Presidente; gracias, señor
Mauricio, por su intervención y por su respaldo al presupuesto.

Quiero comenzar insistiendo en algunas de las ideas que el señor Mauricio
ha planteado y también analizando algunas de las cuestiones de que
posteriormente le ha planteado al Gobierno. La primera es que
indudablemente la convergencia europea que estos presupuestos plantean es
una convergencia más allá de la moneda única. No se trata ya de que
España sea un candidato firme o un candidato seguro al euro, sino de
saber cuál va a ser la posición de nuestro país en el conjunto de los
países que van a formar parte del euro; y de algo todavía más amplio:
cuál va a ser la posición de nuestro país dentro del concierto
internacional, en un mundo globalizado.

España formará parte del euro con un sector público que está reduciendo
su peso en la economía y con un déficit público que se situará ya en 1998
en la media europea de déficit público. Por tanto, desde el punto de
vista del papel del sector público, desde el punto de vista del peso del
déficit público, nuestro país se va a encontrar en una situación similar
a la de nuestros competidores. Desde el punto de vista de la evolución de
la deuda pública, 1997 y sobre todo 1998 situarán a España muy por debajo
de la media de peso de la deuda pública en el conjunto de la Unión
Europea. Y, desde el punto de vista de la inflación, España se sitúa ya
en 1997 en la media de inflación de los países de la Unión, con una
diferencia no muy alta con respecto a los países más estables. Esto
quiere decir que nuestras posibilidades de permanencia, de
sostenibilidad, de obtener los mejores resultados en una Europa integrada
son mucho más altas de lo que han sido, y sobre todo nos sitúan en
condiciones de poder extraer el mayor avance posible de nuestras ventajas
comparativas. ¿Cuáles son las ventajas comparativas de nuestro país?
Primero, una capacidad de crecimiento superior a la de nuestros
competidores. Podemos tener un diferencial de crecimiento, todavía
estamos a una distancia relativamente alta de la media de renta per
cápita en Europa y, por lo tanto, España necesita crecer por encima de la
media europea consistentemente, sólidamente, durante un largo proceso de
años para acortar distancias de bienestar, la primera de las cuales es,
sin duda, el empleo, pero hay otras como los servicios públicos o la
renta media de los ciudadanos. En ese sentido, estamos creciendo
sensiblemente por encima de la media europea, y lo estamos haciendo de
una manera equilibrada, lo estamos haciendo con una demanda interna en la
que el crecimiento más intenso se está produciendo en la inversión, y lo
estamos haciendo además con una capacidad de competencia internacional
que nos permite augurar que, aun manteniendo una tasa de crecimiento
intensa durante los próximos años, no tendremos tensiones desde el punto
de vista del equilibrio exterior de nuestra economía. Al mismo tiempo, la
flexibilidad que se está produciendo en el mercado laboral español, la
flexibilidad que se está produciendo en la liberalización de monopolios,
telecomunicaciones, electricidad, gas, la que se está produciendo en el
sector servicios nos indica que nuestra economía puede también competir
claramente en el proceso interno de competencia europeo y también en el
proceso internacional de competencia. Por lo tanto, España, desde el
punto de vista de las grandes cifras, y también desde el punto de vista
del funcionamiento de sus empresas y de sus mercados, se encuentra en
condiciones no sólo de incorporarse al euro porque cumplimos unos
requisitos, sino de obtener los mejores resultados de esa incorporación.

Esos cuatro grandes enemigos que, a su vez, eran aliados, como muy bien
ha descrito el ser Mauricio, son lo que nosotros hemos llamado en otras
ocasiones el círculo perjudicial o vicioso. Según una economía entra en
una fase de crecimiento excesivo del gasto público, antes o después, y
normalmente mucho antes



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que después, entra en un proceso de déficit público que alimenta un
proceso inflacionista que alimenta un proceso de deuda pública que
alimenta un proceso de gasto público, y así sucesivamente. Esos cuatro
enemigos aliados han sido durante demasiado tiempo los que han dominado
la dinámica macroeconómica y presupuestaria de nuestro país, y hoy
estamos en lo que se denomina círculo virtuoso. La caída del peso del
gasto público hace que podamos reducir el déficit público, hace que se
estén reduciendo las presiones inflacionistas, hace que el peso de la
deuda vaya cayendo y que sea más fácil al año siguiente entrar en ese
mismo proceso. La experiencia de 1996 y 1997 nos demuestra --ya he
insistido en este debate varias veces-- que, según continuamos en ese
círculo virtuoso, aumentan los márgenes políticos, económicos y
financieros del presupuesto, y lo que el año pasado no era posible, este
año lo es, y es que los gastos de inversión puedan crecer tres veces por
encima de lo que crecen los gastos de funcionamiento del presupuesto y
sensiblemente por encima de lo que crece la economía española.

Debemos continuar en ese camino porque, como también ayer traté de
explicar a SS. SS., estamos en un proceso de reformas continuas. No se
trata de plantear reformas de una sola vez, ni tampoco se trata de
plantear reformas que sean inasumibles por la sociedad; pero sí se trata
de introducir, dentro de nuestro trabajo y de nuestra relación con la
sociedad, el concepto de reformas continuas y reformas negociadas, al
mismo tiempo. Ese proceso es el que ha comenzado con las negociaciones
con los grupos parlamentarios del sistema de financiación autonómica, con
los interlocutores sociales en el desarrollo del Pacto de Toledo y
también con los grupos parlamentarios, con los sectores económicos en la
internacionalización de la empresa y también en la liberalización de
sectores muy importantes, y convierte la gestión económica en un proceso
en el que una gran parte de las decisiones no sólo se comparten, sino que
se negocian con sectores involucrados, sabiendo siempre que tenemos que
ir en la misma dirección. El Gobierno está plenamente dispuesto, y lo ha
demostrado, a llegar a acuerdos con fuerzas políticas, con fuerzas
sociales, con fuerzas económicas, siempre que esos acuerdos contribuyan a
liberalizar la economía española, a reducir las tensiones inflacionistas
y a poner todos nuestros esfuerzos en la gestión de una economía que
pueda crear empleo de calidad.

La política presupuestaria, como ha dicho el señor Mauricio --yo quiero
sólo reiterarlo--, está en el centro de esta política. Si el déficit
público español comenzara a flaquear, si el Gobierno trajera a esta
Cámara una previsión de déficit del 2,9, repitiendo el déficit de este
año, estaríamos empezando a flaquear. Quiero destacar que en el debate en
el que ya llevamos un día, hoy empezamos el segundo, con todas las
críticas que el Gobierno ha recibido, no se ha planteado una sola crítica
global al presupuesto. Nadie ha dicho que el objetivo de déficit sea un
error; nadie ha dicho que el incremento del ritmo del gasto sea
equivocado; ni siquiera nadie ha dicho que el reparto interno de los
gastos en el presupuesto sea equivocado, y nadie ha planteado ninguna
política de ingresos alternativa a la que plantea el Gobierno. Por algo
será. Creo que en estos presupuestos lo que hay que pedirle al Gobierno
es que los cumpla; no que los cambie, sino que los cumpla. Creo que las
enmiendas de devolución que hoy vamos a votar hay que entenderlas --y con
eso no quiero hacer de intérprete de los demás-- en ese sentido. Nadie
nos ha pedido que hagamos algo distinto. Por tanto, yo interpreto que lo
que se nos dice es que cumplamos lo que hemos dicho.

El señor Mauricio ha planteado algo que ya fue debatido ayer y es el
déficit oculto. En primer lugar, yo quiero decir que en la elaboración de
un presupuesto existen multitud de documentos internos en la
Administración que son contradictorios. Ni éste es el único documento
--el que ayer exhibió el Grupo Socialista-- ni es de la única institución
interna de la Administración que surge. Cuando el presupuesto empieza a
discutirse en el mes de marzo, hasta que se aprueba por el Consejo de
Ministros a finales de septiembre, hay multitud de documentos
contradictorios entre las distintas partes de la Administración, entre
los ministerios y dentro del propio Ministerio de Economía y Hacienda.

Las previsiones de ingresos, la elasticidad de la relación entre ingresos
y el crecimiento del producto interior bruto, el ritmo de ejecución de
determinadas obras públicas, el porcentaje de reparto de los capítulos
dentro de los ministerios, el volumen de aumento total del gasto público.

Todo eso son debates en los que hay posiciones contradictorias continuas.

Por tanto, no estamos para nada ante nada excepcional más que exhibir un
documento parcial, momentáneo y circunstancial que puede ser superado por
documentos posteriores. Quiero decir aquí algo que ya ha dicho el señor
Barea, y es que al día siguiente y en días posteriores hubo más
documentos que corregían el del 24 de septiembre, al que tanta
importancia se le quiere dar. Probablemente se le quiera dar importancia
a eso porque no se le puede dar importancia a otra cosa. (Rumores.) No se
le quiere dar importancia a otra cosa porque no se sabe o porque no se
puede, pero no se le quiere dar importancia a otra cosa.

En segundo lugar, ese documento no habla de un déficit oculto sino de un
exceso de gastos sobre los previstos; cosa que yo contesté ayer aquí
porque la pregunta pertinente es ¿cuánto aumenta el gasto sobre el
previsto en 1997? Fíjese que esa pregunta no se me quiso hacer ayer e
interpreto que es la pregunta que se me está haciendo, porque es la
pertinente, y ayer la contesté. Sobre las obligaciones reconocidas, que
van a ser el gasto que incida en el déficit público



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de 1997, el gasto aumenta en 320.000 millones, porque los famosos 600.000
millones son partidas que no todas ellas no han sido compensadas, ha
habido otros gastos que no se han producido. Esos 320.000 millones ¿de
qué son? Porque lo importante son dos cosas: primero, si todos ellos van
a pesar sobre el déficit de 1997 y, segundo, si son recurrentes. ¿Todos
estos gastos pesan sobre el déficit de 1997? ¿Hay algún gasto que sea
imputable a otros déficit de otros años? ¿Todos ellos son recurrentes
para años posteriores? Yo comprendo que esas preguntas exigen un nivel de
rigor al que no todo el mundo está obligado, pero es el mínimo nivel de
rigor.

Pues bien, vamos a repasar esos 320.000 millones de exceso de
obligaciones reconocidas. Los repasé ayer y me es muy cómodo repasarlos
hoy. Los más importantes, 150.000 millones, prácticamente la mitad, es
amortización anticipada de deuda que el Gobierno ha decidido hacer en el
año 1997 por una única razón, porque era la manera de repercutir antes la
bajada de intereses. La explicación, para el que quiera entenderla, es
muy sencilla. Si nosotros tenemos una deuda a un tipo de interés que
vence en unos determinados años y podemos cambiarla en este año por una
deuda más barata, ¿qué es lo que esta Cámara le pediría al Gobierno? ¿Que
prefiriera exhibir un déficit menor en el año 1997 y perjudicar a la
economía española en años posteriores pagando más tipos de interés, o que
con los márgenes que le da el déficit previsto del 3 por ciento reduzca
el déficit en este año? Mi grupo y mi Gobierno no tienen ninguna duda. Si
tenemos posibilidades, adelantemos el déficit de este año. Es lo que
hemos hecho, 150.000 millones de pesetas. Por tanto, de los 320.000
millones de pesetas, 150.000 sí son déficit de este año pero no son
recurrentes. Con esto contesto a las primeras preguntas. Hay 88.000
millones del Fondo de Compensación Interterritorial. El Fondo de
Compensación Interterritorial es una de las partidas que está obligado a
incorporar por ley el Gobierno. Es decir, si no se ejecuta la totalidad
del Fondo de Compensación Interterritorial en el año 1996, el Gobierno
tiene por ley que incorporarla a 1997. Eso es así, y además tiene su
lógica, porque si no estaríamos perjudicando los intereses de las
comunidades autónomas. Eso es déficit de 1997. Me preguntarán sus
señorías si es recurrente. Dependerá de la ejecución del FCI en el año
1997. En consecuencia, lo que no nos gastemos en 1997 de lo previsto en
ese año, que son 130.000 millones, en números redondos, pasará al año
1998. Hay 50.000 millones de la cuota láctea. Esta es una multa, una
multa que ya está pagada y que corresponde a otro ejercicio. (Rumores.)
Perdón, perdón. Todo tiene explicación si se quieren oír las
explicaciones. Si se necesita no oír las explicaciones para tener algo
que decir, entonces es inútil la conversación. Los 50.000 millones de la
cuota láctea están en un crédito extraordinario en esta casa en este
momento, serán aprobados por la Cámara en el año 1997, pero ni pesan en
el déficit porque ya han sido pagados en el déficit de caja, ni van a ser
contabilizados en el año 1997 porque son, en criterios de contabilidad
nacional, aplicables a ejercicios anteriores. Hay también 22.000 millones
para inundaciones de créditos extraordinarios que ha aprobado esta
Cámara, que también son déficit de 1997 y que no sé si pueden calificarse
de recurrentes; no sabemos qué otras inundaciones habrá en el año 1998. Y
22.000 millones de crédito ampliable de nuestra presencia en Bosnia, que
también son déficit de este año pero que tampoco sé si se pueden
calificar de recurrentes.

Por tanto, están ahí descritos los 320.000 millones, la parte más
importante de los 320.000 millones de exceso de obligaciones reconocidas
sobre las presupuestadas en 1997. Aun así, en términos de contabilidad
nacional, que es la que debería preocupar especialmente a SS. SS. porque
es la que nos obliga desde el punto de vista de la presentación de
nuestras cuentas en España y en Europa, el déficit público en el año 1997
no será del 3 por ciento sino del 2,9, teniendo en cuenta que las
obligaciones reconocidas del capítulo 6 crecerán 20 puntos sobre la media
de los últimos diez años. Ayer insistí al Partido Socialista sobre esta
cuestión; me parece un dato sobre el que la Cámara debería trabajar en
los próximos días, pero parece que no tengo demasiado éxito, aunque al
final el tiempo me va a dar más que la razón.

Por consiguiente, yo quisiera destacar, primero, que hacer un debate
sobre un documento interno en la elaboración de un presupuesto y creer
que un documento del 24 de septiembre es la última posición con respecto
a un presupuesto puede inducir a error, y en este caso induce a error
porque, como he dicho, el mismo departamento ha elaborado documentos
posteriores en los que ha contrastado sus opiniones con otros
departamentos y las ha corregido. Segundo, no estamos hablando de un
déficit oculto, ni el documento habla de un déficit oculto, sino del
exceso de gastos sobre lo presupuestado. Tercero, el exceso de gastos
sobre lo presupuestado, como es natural, en parte se compensa con el
defecto de gastos sobre lo presupuestado. Y cuarto, lo que realmente hay
de exceso de gastos sobre lo presupuestado, de los 320.000 millones,
50.000 no son aplicables a este presupuesto y 150.000 claramente no son
recurrentes. Por tanto, estamos hablando de 120.000 millones. Pero
incluso hablando de los 320.000 millones, supone una desviación sobre el
total de las obligaciones reconocidas de 1,77 por ciento, la menor de los
últimos diez años. Aunque me he extendido un poco más de lo que quizá S.

S. quería, aprovechando su pregunta, señor Mauricio, me ha permitido
recalcar lo que ayer contesté y que hoy sigo manteniendo porque no puedo
dar otra explicación ya que no la hay.

Continúo con sus planteamientos: políticas de gasto. Las políticas de
gasto, efectivamente, no se pueden satisfacer



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todas al mismo tiempo. El Gobierno está haciendo esfuerzos para combinar
las peticiones de la sociedad española, que yo ayer sintetizaba en tres:
crecimiento y empleo, integración en Europa y protección social. El
Gobierno tiene la obligación de plantear a la Cámara opciones
presupuestarias que den una respuesta equilibrada a las tres, y este
presupuesto es una respuesta equilibrada a esas tres opciones. Ayer nadie
nos dijo que nuestro reparto de opciones sea equivocado, es decir, que
haya alguna opción alternativa a estas tres, ni siquiera que nuestro
reparto interno tenga ninguna alternativa. Por tanto, entiendo que lo que
se nos pide no es que cambiemos de alternativa sino que cumplamos la que
hemos traído a esta Cámara.

Ayer destaqué la lucha contra el fraude y la introduje en mi intervención
sobre el presupuesto dentro de las políticas sociales porque creo
sinceramente que es una política social. Es la manifestación, en la
acción del Gobierno, de la exigencia que la comunidad hace a cada
individuo de su responsabilidad. El Gobierno ha cumplido su objetivo de
lucha contra el fraude de 200.000 millones previsto y que se ha
incrementado en 260.000. Desde el punto de vista de la lucha contra el
fraude tributario, como expliqué ayer, estamos en un aumento de
efectividad del 17 por ciento sobre el año anterior. Además, en estos
presupuestos se incorporan medidas que yo no las calificaría todas de
lucha contra el fraude pero sí que coadyuvan al fraude. No cabe duda de
que elevar las retenciones de sectores determinados que no están
sometidos al control de las nóminas mejora las posibilidades de lucha
contra el fraude y permite hacer una política más equitativa en que las
retenciones de los profesionales se equiparan a las retenciones de las
nóminas, desde luego por la parte más baja, es decir, por las nóminas más
modestas.

La reconversión industrial ha sido un proceso muy largo y muy penoso de
la sociedad española. El coste económico y el coste humano han sido muy
altos, así como el coste de tejido industrial en algunos casos. El
Gobierno ha planteado una distinta política industrial. Nosotros no hemos
aceptado la definición de sectores sin futuro. Hemos conseguido que
sectores como el naval y el de la industria de defensa sean sectores con
futuro, llevando a cabo por primera vez en España una combinación de
política industrial e inversión en defensa, llegando a acuerdos con la
Unión Europea y con los interlocutores sociales, para dar al sector naval
oportunidades que hasta ahora el Gobierno no había sido capaz de
conseguir. También hemos apostado de manera distinta por el sector del
acero. En vez de trocearlo y venderlo, lo que hemos hecho ha sido
construir una alternativa sólida, una empresa unitaria que en este
momento forma parte de una empresa multinacional y también de grupos
españoles nuevos, que va a ser objeto de venta en una oferta pública de
adquisición para el conjunto de los ahorradores nacionales e
internacionales. Hemos planteado una alternativa a tiempo fijo, por un
lado, de reducción de las ayudas a la minería del carbón y, por otro, de
reindustrialización de las comarcas mineras.

Respecto a la sanidad, el Gobierno está comprometido con una mejor
financiación de la sanidad pública (ayer tuve ocasión de recordar el
esfuerzo de 70.000 millones que se ha hecho en el presupuesto de 1997);
está comprometido con una mejor gestión de la sanidad pública, como se ha
puesto de relieve en las medidas de gestión de los hospitales, de
reducción del coste de los fármacos y de reducción y utilización del
gasto en farmacia; y está comprometido con un acuerdo con las comunidades
autónomas para mejorar sensiblemente la financiación de la sanidad.

Reitero lo que ha dicho el señor Mauricio. La financiación de la sanidad
ni es ni puede ni debe ser un acuerdo bilateral. No debe serlo porque la
sanidad es un servicio universal que ha de ser igual para todos los
españoles y debe tener la misma financiación; no puede serlo porque las
comunidades autónomas que tienen transferida la sanidad no pueden
establecer una relación bilateral; ni lo es por estas dos razones. En
este momento estamos en los últimos meses de un sistema que rige hasta el
31 de diciembre de 1997 y que para muchas comunidades autónomas ha sido
insatisfactorio. Nosotros vamos a recoger esa insatisfacción y a
satisfacerla dentro de un marco de disciplina presupuestaria, de reforma
estructural y de esfuerzo del sector público. Coincido en que tenemos que
dar a la sanidad un sistema de financiación mejor y sostenible. Eso es lo
que vamos a hacer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el
concurso de las comunidades autónomas, y esta Cámara será informada de
cuáles son las repercusiones presupuestarias de ese acuerdo.

Sin duda la población es un elemento del acuerdo de la sanidad, así como
también del acuerdo de financiación autonómica. No quiero descubrir
mediterráneos pero la Cámara debe ser consciente de que, cuando se cierra
un acuerdo sobre financiación entre varias administraciones, los
criterios se cierran también en el acuerdo. ¿Qué quiero decir? Por
ejemplo, cuando en el año 1992 se cerró el acuerdo de financiación
autonómica la base de población fue la de 1988. Se podría haber dicho:
¿cómo es posible que se acepte en 1992 la base de 1988? ¿Por qué? Porque
formaba parte de los equilibrios internos que cada comunidad autónoma
había aceptado y había cedido para poder llegar a un acuerdo que diera
satisfacción parcial a todas ellas. En el sistema de financiación de 1996
nosotros hemos hecho lo mismo. El criterio de población no juega
absolutamente sino proporcionalmente. Lo importante no es el número de
nuevos ciudadanos que hay en una determinada comunidad sino el porcentaje
que esa comunidad tiene de población sobre el total. No se trata de que
el sistema esté pensado para cada vez gastar más; se trata de que el
sistema está pensado para repartir lo que está acordado gastar. Creo que
me explico



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con suficiente claridad. Por tanto, cuando se dice que una determinada
comunidad autónoma tiene hoy equis más ciudadanos que hace dos años, eso
no quiere decir nada en términos de financiación, ni de la autonómica ni
de la sanidad, porque depende de cuál es su peso en el conjunto de las
comunidades autónomas y sobre todo de cuál haya sido el acuerdo por el
que todas ellas se sometieron. No es posible decir, en unos acuerdos en
los que juegan varios criterios, que actualizo el que me conviene y dejo
estables los que no me convienen, porque hay otras comunidades autónomas
que están en posición absolutamente inversa. Eso es lo que obliga a que
los acuerdos se cierren en un determinado momento con unas determinadas
reglas del juego y a que todas las administraciones se obliguen a no
revisar un criterio parcial que vendría a desequilibrar lo que fue un
acuerdo entre todas ellas.

La financiación autonómica que está en este momento en marcha es un paso
sustancial de mejora del autogobierno. Lo dije ayer e insisto hoy. Da a
los parlamentos autonómicos que han querido, no a los que no han querido,
una capacidad política que hasta ahora no tenían. Yo creo que en el
transcurso del tiempo veremos cómo cada vez habrá más parlamentos
autonómicos que quieran tener esa capacidad política. También mejora la
financiación de las comunidades autónomas. Es verdad que en este debate
ha habido críticas, primero, de que iba a ser un modelo muy caro, después
que iba a ser un modelo demasiado barato, ahora que es un modelo... No se
sabe ya qué criticar. La realidad es que es un modelo que da más
posibilidades políticas y mejor financiación. En los años 1997 y 1998 los
anticipos a cuenta de las comunidades autónomas que han aceptado el
modelo, en relación con las que han preferido seguir en el modelo
anterior, es favorable a las primeras. Si se gana capacidad política y
además se gana dinero, no veo cuál es la razón para quedarse fuera del
modelo. Alguien la podrá explicar. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Un
momento, señor vicepresidente.

Señorías, les ruego que guarden silencio. Adelante.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato Figaredo): Por lo que se refiere al REF, el Gobierno español como el
Gobierno canario y las fuerzas políticas de esta Cámara y del Parlamento
canario estamos comprometidos con que se garantice en la Unión Europea la
preexistencia de un hecho diferencial tributario que es el reflejo de un
hecho diferencial geográfico y social de Canarias. La aceptación por
nuestros socios europeos del principio de ultraperificidad, la
Constitución española que recoge condiciones sobre la insularidad y la
tradición tributaria canaria dan suficiente base para ello. El REF, que
fue aprobado por esta Cámara, no fue en su momento negociado con Bruselas
y le ha tocado a este Gobierno --es nuestra obligación-- finalizar esa
negociación. El señor Mauricio conoce, como el Gobierno canario y los
miembros de esta Cámara, que es una negociación prolija en la que yo creo
que estamos llegando a una posición satisfactoria para nuestros
intereses; y cuando digo nuestros intereses me refiero a los intereses
españoles y por tanto a los intereses canarios. Se va a salvaguardar la
especificidad del régimen fiscal canario y el reconocimiento de la
ultraperificidad y se va a colocar a Canarias en una situación de
normalidad en sus relaciones con la Comisión a lo largo de estos años y
para el futuro. Trabajaremos después en conseguir un resultado similar en
la ZEC. Tanto el Gobierno canario como Coalición Canaria saben que para
el Gobierno español esta es una prioridad en nuestras relaciones con
Bruselas; lo sabe también la Comisión y sabe, además, que es una
prioridad en la que contamos con el respaldo de todos los grupos
políticos y en la que venimos a continuar la labor del Gobierno anterior
y que, por tanto, es claramente una política de Estado.

Termino, señor presidente. En cuanto a la tentación de derechización,
este Gobierno está gobernando para el conjunto de la sociedad española.

Nuestra política de reforma continua y de diálogo fluido indica
claramente que cuando se es coherente, cuando se defienden posiciones,
objetivos e instrumentos para llegar a esos objetivos que tienen
coherencia, cuando un gobierno actúa de manera coherente en todas sus
actuaciones, obtiene muchas ventajas, una de ellas que incluso los que no
comparten nuestro modelo llegan a acuerdos parciales con nosotros y en
algunos casos a acuerdos sustanciales en temas muy importantes. Eso nos
permite gobernar para todos los españoles y nos permite gobernar desde el
centro --si S. S. lo quiere-- porque somos un interlocutor válido del que
se sabe qué esperar, del que se sabe cuáles son sus objetivos y que está
poniendo toda su política en la dirección de unos objetivos que hoy son
compartidos por la mayoría de los españoles. Estos presupuestos reflejan
claramente esa opción reformista, dialogante y centrista que fue nuestro
programa electoral en muchas elecciones, también en las del año 1996, y
que supuso la oferta política que José María Aznar hizo a esta Cámara en
mayo de 1996.

Quiero finalizar agradeciendo al señor Mauricio su respaldo político, su
alternativa. Estoy convencido de que en la petición unánime de esta
Cámara para que cumplamos los presupuestos de 1998 está una de las
mayores fuerzas que puede tener este Gobierno para tener éxito, desde el
punto de vista de la realización del presupuesto, en el próximo ejercicio
en beneficio de todos.

Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rato.

Señor Mauricio.




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El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
diputados, mi grupo está de acuerdo con el discurso de fondo que ha hecho
el señor Rato y con las respuestas que nos ha dado, pero hay tres o
cuatro cuestiones que me gustaría matizar.

La primera es agradecerle muchísimo --porque creo que es necesario y
además hay quién ha pedido públicamente que lo hiciera en esta Cámara--
que explicase la famosa historia de los 600.000 millones del señor Barea,
por decirlo en lenguaje coloquial. Al no ser miembro del Gobierno tengo
la libertad de decir que esas políticas de centro reformistas con las que
ha terminado el señor Rato y que yo he defendido que es la base del pacto
con Coalición Canaria, de cómo se puede sanear la economía y mantener los
equilibrios sociales, me da la impresión de que el señor Barea no las
comparte. Es decir, que este incidente o accidente de camino no es una
casualidad. El señor Barea, en el fondo, cada vez que se habla de la
sanidad habla de privatizar hospitales y luego da marcha atrás. Cuando se
habla de pensiones dice que el sistema de Seguridad Social no puede
mantener el equilibrio financiero, luego se logra, se demuestra con
números y da marcha atrás. Cuando se demuestra que con un presupuesto es
posible sanear, reducir el déficit público sobre los criterios de los que
hemos hablado y mantener el gasto social, entonces el señor Barea hace un
informe en septiembre en el que de manera confusa intenta hablar de un
déficit oculto que en realidad, como usted ha dicho aquí con claridad,
son simplemente unos gastos extraordinarios no previstos cuya desviación
presupuestaria es mínima comparada con la de años anteriores. Sería
gravísimo si esos gastos no tuvieran una justificación; nuestra
intervención en Bosnia, el pago de la cuota lechera, la refinanciación de
la deuda o la incorporación del Fondo de Compensación Interterritorial,
que es obligatorio y que somos los primeros interesados en que aunque no
se gaste no se ejecute en un año, se incorpore al año siguiente, como
ocurre en los presupuestos del Estado --así como los gastos de Defensa se
incorporan también y tienen esa obligación-- y se han reducido al mínimo
las incorporaciones porque antes eran motivo precisamente de descontrol
presupuestario. Si las cantidades están en el nivel de los 320.000
millones de los que ha hablado el señor Rato la explicación está bien,
pero ha quedado una opinión de déficit oculto. Yo opino, digo y mantengo
que sigue habiendo déficit oculto.

Ha habido un gran déficit oculto en la Seguridad Social que se ha
asimilado en la lucha contra el fraude, y es bueno decirlo. Sigue
habiendo déficit oculto porque si no lo hubiera Coalición Canaria u otros
grupos parlamentarios estaríamos muy irritados, por ejemplo, con el nivel
de ejecución del presupuesto de inversión de infraestructuras hidráulicas
o el presupuesto de costas. Ahí hay déficit oculto. ¿De qué estoy
hablando? De gastos que no estaban justificados, que estaban fuera del
presupuesto, que no estaban reconocidos. El resultado es que durante este
año el Gobierno ha tenido que estar asimilando unos déficit ocultos para
integrarlos y sanearlos y se ha producido una ralentización de la
inversión. Este es un problema que sin duda dentro del panorama
halagador, interesante y de balance extraordinariamente positivo que da
la ejecución del presupuesto de 1997 representa sus puntos negros. Una de
las preocupaciones que nosotros tenemos --y por eso estamos insistiendo
en el compromiso del señor Aznar-- es la firma de los convenios de
infraestructuras hidráulicas y costas a que el señor Aznar se comprometió
en un consejo de ministros en Las Palmas y que ahora, en el que se
celebre en Santa Cruz de Tenerife, confirmará --lo espero y lo supongo--,
si cumple el compromiso que ha asumido, que sin duda alguna va a cumplir.

Hay unos déficit que de alguna manera se están asimilando para que no se
produzca ningún desequilibrio. Los hay en la empresa pública --ya he dado
algunos elementos--, que se han llamado contabilidad financiera o
contabilidad creativa y que sin duda han sido necesarios para seguir
manteniendo los déficit públicos y seguir avanzando en las políticas
económicas.

En cualquier caso, es bueno que el señor Barea lleve un control riguroso
del gasto presupuestario, pero sería bueno que lo hiciera compartiendo
los criterios de política económica y social del Gobierno que, en mi
opinión, no comparte y de ahí que se generen los problemas. No es un
problema ni de edad ni de visión rigurosa de la contabilidad, es un
problema de concepción política.

Segunda cuestión que ha planteado el señor Rato, la sanidad. Señor Rato,
yo comparto lo que usted ha dicho de que el acuerdo sobre la sanidad no
puede ser bilateral, ni trilateral, ni un acuerdo con cuatro o con cinco;
y fíjese por qué se lo digo. Creo que es una táctica del Gobierno. La
prueba es que un tema básico de los presupuestos no figura en el
presupuesto. Sólo hay un punto de partida: que el presupuesto crece el
5,7 de financiación de la sanidad. Pero falta un complemento básico si no
queremos hablar del déficit histórico; expresión peligrosa y que conduce
a determinados excesos. Estoy hablando de una financiación, de una base
financiera en la sanidad suficiente. Creo que todos los grupos
parlamentarios estamos de acuerdo en que falta algo, en que faltan
aproximadamente ciento y pico mil millones. (Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Un momento, señor Mauricio.

Señorías, guarden silencio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Son los teléfonos móviles, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Sí, eso me temo.

Adelante.




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El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

La financiación que falta en la sanidad tiene que venir del Consejo de
Política Fiscal y Financiera. De acuerdo. Serán las comunidades autónomas
las que hagan un esfuerzo de entendimiento y comprensión para no llegar a
un acuerdo bilateral sino a un acuerdo equilibrado para todos los
españoles. Ahora bien, hay que ir al Consejo de Política Fiscal y
Financiera para no convertirlo en un mercado de criterios, de
coeficientes y de compensaciones. Porque si ahora unos sacamos a relucir
la insularidad o la lejanía, otros la población, otros el no sé qué,
otros la dispersión de la población, otros el envejecimiento de la misma,
que a su vez cuenta en la financiación de la Seguridad Social; si
empezamos a proponer criterios, al final, el peligro es que el asunto se
consiga por una mayoría bilateral o trilateral --bilateral no puede ser
porque no hay votos y trilateral tampoco porque nosotros no estamos
dispuestos-- y no por un criterio justo. Y el criterio justo que dice la
ley es el de población. El señor Rato dice: Es que si ustedes crecen
160.000, tendrán que decir no cuánto se crece sino cuánto representa esto
del total de la población española. Por supuesto. Si somos el 3,90 en el
censo anterior y ahora somos el 4 por ciento, nosotros no decimos que nos
paguen 160.00 sino que nos toque el 4 por ciento, que es lo que somos.

Eso es elemental. Si ése no es el criterio básico no va a haber acuerdo,
no porque nosotros no estemos conformes, sino porque no hay ningún
criterio objetivo. Los gastos de sanidad están disparados y si hay tres
panes y necesitamos siete, va a haber una lucha desesperada entre todos a
ver quién se los lleva. Yo creo que hay que ir al Consejo de Política
Fiscal y Financiera con un criterio abierto, con una financiación
suficiente, pero con unos límites para que todo no esté abierto. El
principio básico es la Ley General de Sanidad que establece la población,
y, naturalmente, la población actualizada. Si en 1992 se habló de la
población de 1988, en 1997 seguir hablando de la población de 1988 para
los años 1998, 1999, 2000 y 2001 sería una burla.

Yo comprendo que el señor Rato no se quiera comprometer públicamente
hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se lo diga. Yo le
dejo que mantenga ese margen, pero le garantizo que, al final, el
criterio de reparto esencial va a ser el de la población actualizada. Lo
tengo tan claro que, si no, no va a haber acuerdo, y eso debe ser así. No
se comprometa ahora, pero no hay quien rebata ese hecho.

Por último, quiero agradecer al señor Rato que diga que va a defender el
régimen económico y fiscal canario con la mayor firmeza, como lo ha hecho
el señor Aznar en la cumbre de Amsterdam, y que es un problema de Estado.

Si eso lo entienden también el Grupo Socialista y otros grupos
parlamentarios, yo creo que vamos a avanzar. Sugeriría que se hablara con
el señor Santer, con Van Miert, y que pronto cerráramos ese elemento que
es parte de nuestra identidad como pueblo. Y es que la identidad como
pueblo no nace de ningún sentimiento especial, nace de una realidad
geográfica --estamos a 1.000 kilómetros de distancia, con diferencia de
horas-- y eso exige un tratamiento diferenciado y particular. Si no se
nos da y se nos otorga un tratamiento de territorio continental, nos
destrozan como pueblo y Canarias no tiene futuro. Es una cuestión básica
para tener un sentido de política de Estado, que ha explicado muy bien el
señor Rato en el sentido de que los hechos diferenciales, cuando son
esenciales y constitucionales, son parte de la política de Estado de
España.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mauricio.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente; gracias, señor
Mauricio. Muy brevemente.

He tratado de explicar, por segunda vez --ayer por la mañana y hoy otra
vez--, la evolución de las obligaciones reconocidas del año 1997 y no me
extrañaría nada que tuviera que seguirlo explicando, pero no me siento
nada incómodo haciéndolo, aparte de que es mi obligación.

En cuanto a los déficit ocultos o no, un gobierno va saneando partidas.

El señor Mauricio ha mencionado antes, y lo ha vuelto hacer ahora, la
Seguridad Social. Durante el debate de ayer dije claramente que en el
ejercicio de 1996 habíamos tenido un problema muy serio de 500.000
millones de pesetas, lo cual tiene su explicación. Pensemos que el
préstamo del Estado a la Seguridad Social, previsto en los presupuestos
de 1995, había sido de 440.000 millones de pesetas y que el Gobierno, que
estaba en funciones en enero de 1996, lo redujo a 276.000 millones de
pesetas sin ninguna explicación. Además de eso, ni siquiera se había
previsto la revisión del error de inflación de 1995, que había sido
considerable --del 3,5 por ciento, que era el que se había previsto, al
4,4 por ciento, que fue en realidad--, que obligaba por la Cámara a
compensar a los pensionistas, y esa cantidad tampoco estaba, además de
una mala presupuestación de las cuotas para 1996. Todo eso tuvo sus
consecuencias y la gestión de la Seguridad Social, en el año 1996, se
saldó con un déficit del 0,5 por ciento, equivalente al 0,5 por ciento
del producto interior bruto. Pues bien, en el año 1997 ese déficit será
del 0,2, y en el año 1998, del 0,16. No hay datos más claros del
saneamiento de la Seguridad Social y de la desaparición de déficit
ocultos. En menos de dos años vamos a reducir un déficit, que era del
0,5, a 0,16. Los ciudadanos pueden estar satisfechos de la



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solidez que está adquiriendo nuestro sistema de Seguridad Social, a lo
que hay que añadir el hecho de que, en este año ya, la financiación de la
sanidad va a ser notablemente superior por parte del Estado, por lo que
habrá una reducción del 48,5 por ciento de las cuotas que antes se
dedicaban a sanidad y que ahora van a dedicarse a la financiación total
del sistema de Seguridad Social. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Como decía ayer, desde
el punto de vista político, el que nuestro sistema de Seguridad Social
camine hacia una situación de equilibrio presupuestario o de superávit,
porque las cuotas financien la totalidad de las prestaciones
contributivas, sobre todo pensiones, es la mejor garantía de que nadie
podrá nunca plantearse ninguna política de recorte de pensiones públicas,
porque el gran argumento de aquellos que plantean recortes de las
pensiones públicas es el equilibrio de la Seguridad Social. Equilibremos
la Seguridad Social y, con eso, habremos cerrado la puerta a cualquier
argumento que pretenda reducir las pensiones públicas. Eso es el Pacto de
Toledo, eso es lo que esta Cámara acordó la legislatura pasada y lo que
esta Cámara está ejecutando en la siguiente legislatura. Creo que ésa es
una de las cosas de las que debemos estar satisfechos, y la debemos
considerar como un logro de todas las fuerzas políticas porque ésa es la
verdad.

Desde el punto de vista de la sanidad, no quiero añadir nada más a lo que
ya he dicho. La población, señor Mauricio, depende de las comunidades
autónomas. El Gobierno central es neutral porque la población no es más
que un criterio de reparto. Las comunidades autónomas podrán elegir la
población o lo que quieran. En sanidad tiene bastante sentido que la
población juegue un papel, lo ha jugado siempre y parece lo lógico.

Parece que la edad puede ser un criterio lógico, pero otras cosas pueden
jugar también un papel.

Desde el punto de vista de la posición del Gobierno central, que es
nuestra responsabilidad y que, como es natural, queremos ejercer
equitativamente, los criterios de reparto son, sobre todo, una cuestión
de las comunidades autónomas. Lo que las comunidades autónomas disputan
más duramente con el Gobierno central son las cuestiones financieras.

Respecto a cómo se reparten éstas, el Gobierno central está tratando de
aunar posiciones. Espero que las posiciones sean comunes en un momento
determinado. Estoy seguro de que será así y nosotros haremos esfuerzos
para que sea así en lo que podemos aportar, que es sobre todo
financiación, pero también requiere que las comunidades autónomas acepten
las distintas realidades y necesidades de cada una de ellas.

Tengo que decir que eso también me parece más que factible, porque todo
el mundo es realista y se da cuenta de que aquí o gana la sanidad pública
o es muy difícil que alguien se pueda llevar algo que los demás no puedan
aceptar. Partiendo de esa base, que es realista, el Gobierno es optimista
en esa consecución de un acuerdo sobre sanidad asumible por todas las
comunidades autónomas. Sobre los criterios de reparto, el Gobierno, como
es natural, va a buscar un mínimo común denominador, o un máximo común
denominador, como quiera llamarlo, que nos permita cerrar un acuerdo
satisfactorio para todos, lo que quiere decir satisfactorio para los
ciudadanos españoles y para la sanidad pública española.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente. (El señor Mauricio Rodríguez pide la palabra.)
Señor Mauricio, sabe S. S. que el turno de réplicas y contrarréplicas ha
finalizado. Tiene S. S. la palabra, durante tres minutos, para matizar
algo que no haya sido tratado previamente.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Incluso más brevemente, señor presidente.

Sólo quiero insistir en que depende de las comunidades autónomas y que
llegaremos a un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sin duda, llegaremos a un mejor acuerdo si comunidades que se han
colocado siempre en un terreno victimista, como el caso de Andalucía,
tienen una actitud más constructiva porque saben que se están jugando,
entre otras cosas, mucho dinero, como nos lo estamos jugando los canarios
y todos los demás.

Lo que está claro es que no puede haber cualquier acuerdo porque rompería
el acuerdo general de la sociedad española y, en principio, el acuerdo
básico que está actualmente en la ley es el criterio básico de la
población con pequeñas correcciones. Esa corrección en ningún caso puede
perjudicar a las comunidades que han tenido mayor crecimiento de
población actualizado. Nunca vamos a aceptar que el criterio de población
se aplique sobre lo que era la población española hace diez años, porque
estamos hablando de un criterio de financiación para los próximos cuatro;
figúrense ustedes que, en el 2001, se estuviera hablando de la población
de 1998. Esto es absolutamente impensable y el señor Rato lo sabe. Yo
comprendo que, como consejero de Economía y Hacienda que tiene que
presidir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tenga una actitud de
prudencia y espere que le den el acuerdo para quemarse lo menos posible.

Lo acepto, me parece muy bien. Pero, al final, el Estado no asume lo que
los demás dicen, porque el Estado es algo que está por encima de la suma
de las comunidades autónomas españolas, ya que, si no, estamos hablando
de un Estado confederal, señor Rato, y creo que en eso todavía no
estamos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mauricio.

El señor vicepresidente.




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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): El señor Mauricio plantea que la prudencia
del Gobierno sea por no quererse quemar o por trasladar
responsabilidades. Yo creo que no es para tanto. La prudencia del
Gobierno no es más que prudencia. La prudencia del Gobierno es lo mejor
que podemos aportar a este debate.

No me cabe duda alguna de que, independientemente de cuál sea el acuerdo,
los defectos del mismo serán siempre imputables al Gobierno de la nación,
y todo el mundo los achacará desde sus posiciones políticas. No sé si
entra dentro de la lógica, pero sí de la experiencia. Por lo tanto, no me
hago ninguna ilusión de que la prudencia vaya a ser evitar críticas. Lo
que sí creo es que la prudencia puede garantizar acuerdos. En este
momento, precisamente porque la responsabilidad en España es del Gobierno
de la nación y porque estamos en un Estado de las autonomías, que es lo
que queremos tener, el Gobierno es responsable y plenamente consciente.

Pero la prudencia, en este caso, es clara asunción de responsabilidades y
la asunción de responsabilidades para nosotros es que haya un acuerdo, no
que podamos levantar banderas en este momento que puedan imposibilitar el
acuerdo. En ese sentido entiendo la prudencia y estoy convencido de que
los hechos me darán la razón. Habrá acuerdo y seguro que las críticas se
ponen donde se tienen que poner, en el Gobierno de la nación, que es el
responsable.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De
Grandes.




El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, señoras y señores
diputados, mi grupo va a votar en contra de las enmiendas de totalidad
presentadas por los grupos de la oposición. Quiero expresar que lo vamos
a hacer sin ningún género de dudas, porque no aprobar los presupuestos
supondría parar un proceso de crecimiento que está creando empleo de
manera constante y que está consiguiendo mejorar los niveles de bienestar
de todos y cada uno de los ciudadanos. Pero, además, nuestro voto tendrá
el significado positivo de apoyo al proyecto de ley de presupuestos y a
la llamada ley de acompañamiento desde la convicción profunda de que
contiene las medidas que necesita España.

Comprendo que las enmiendas de totalidad forman parte de la dinámica
parlamentaria. Desde luego, lo que hoy necesitan los ciudadanos españoles
es la aprobación de este presupuesto para seguir en la línea que se
comenzó desde hace 18 meses, cuando asumió la responsabilidad de Gobierno
el presidente Aznar. Dicho esto, mi grupo estará abierto durante el
trámite parlamentario a debatir y consensuar todo tipo de propuestas y
enmiendas que se hagan desde los distintos grupos y tengan por objeto
mejorar el contenido de la ley de presupuestos y de la ley de medidas
fiscales, administrativas y de orden social.

Confieso, señorías, que oyendo a los portavoces de la oposición he echado
en falta ofertas serias y alternativas. Para ser sincero, sí ha habido
alguna oferta alternativa, la de Izquierda Unida; oferta alternativa
distinta que no compartimos. Para no faltar a la verdad, es cierto que,
aun planteada en términos de devolución, contiene un discurso distinto.

Creo que es bueno que la oposición no se limite a decir que no a lo que
el Gobierno trae a esta Cámara, sino que ponga encima de la mesa
propuestas alternativas que permitan debates más fructíferos. Quizás es
que no tiene o no ha sabido expresar más allá que la negativa habitual.

No obstante, hay que destacar que ningún grupo, como aquí se ha
destacado, ha planteado algún tipo de descalificación global a los
presupuestos.

El presupuesto tiene tan pocos flancos sobre los que atacar que algunos
han tenido que acudir, no al estudio de los 54 tomos donde se expresan
los presupuestos, sino a tres folios de un informe interno del Gobierno,
traído fuera del contexto temporal, defectuoso y corregido por su propio
autor de una forma inmediata, garantizando, como así lo ha expresado, la
coherencia y la consecución de los objetivos que permite el presupuesto.

Estos presupuestos garantizan la continuidad de la senda de la
recuperación económica y el crecimiento del empleo, y procuran hacerla
estable y sostenida en el tiempo. Si la oposición no tiene más camino
para atacar a los presupuestos que elevar una anécdota al rango de
categoría, flaco discurso y flaco bagaje argumental contra el rigor, la
responsabilidad y la categoría --permítanme que haga el elogio-- que ha
tenido el fondo y el tono del discurso del vicepresidente segundo
defendiendo aquí los presupuestos del Gobierno. Y digo categoría, que no
otra expresión desafortunada que ayer utilizara un líder nostálgico para
calificar su discurso, quizás echando de menos el estar aquí y no tener
que hacer las declaraciones en los pasillos.

Señorías, después de un año y medio de Gobierno ya se pueden medir los
resultados obtenidos, y en base a ellos se sustenta nuestro apoyo sin
fisuras a estos presupuestos. Finalizado 1997, y con resultados todavía
provisionales pero que se acercan a los definitivos, podemos afirmar que
se han cumplido los objetivos que nos trazamos el año pasado al aprobar
los presupuestos de 1997. El Partido Popular diseñó una alternativa
económica en la oposición, la aplicó cuando asumió las responsabilidades
de Gobierno y los resultados han sido la consolidación y un proceso de
crecimiento que ha permitido crear empleo, configurar un sistema
tributario más justo, comenzando el camino de rebaja de los impuestos, y
mejorar todos los niveles de bienestar social.




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Durante mucho tiempo se nos ha criticado la imposibilidad de aplicar
nuestro programa. Sin embargo, se observa que los resultados de su
aplicación son aún mejores de lo anunciado. No pedimos el aplauso de la
oposición, pero sí, por lo menos, el reconocimiento de que el modelo está
consiguiendo los objetivos que coherentemente trazamos en su día. Durante
1997 se van a crear más de 300.000 puestos de trabajo, superando la cifra
media de los países de nuestro entorno y casi duplicando las cifras de
1996. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero las
estimaciones sobre los próximos años nos hacen ser optimistas en este
punto. En tres años, desde 1996 hasta 1998, se van a crear más de 800.000
puestos de trabajo en España. A algunos les sonará esta cifra, pero éstos
son hechos y aquéllas fueron palabras.

El empleo es el gran objetivo que tiene toda la sociedad europea, pero es
especialmente importante en nuestro país donde, en 1996, cuando empezamos
a gobernar, la situación era dramática. Nuestra tasa de paro duplicaba la
tasa de paro comunitario, el 21,7 por ciento frente al 10,8 por ciento. A
la conferencia sobre empleo, que se celebrará en el mes de noviembre en
Luxemburgo, el Gobierno de España se presenta con un bagaje ejemplar y
con una política que ya ha encontrado la aceptación y el respaldo del
resto de los países europeos.

Señorías, España, a diferencia del resto de los países europeos, está
realizando su contención presupuestaria creando empleo. Tal afirmación no
la hacemos desde el voluntarismo, sino desde el dato irrefutable. El
Gobierno se presentó a esta Cámara hace un año anunciando un objetivo de
crecimiento del 3 por ciento. Desde los bancos de la oposición se nos
decía que era un objetivo inalcanzable con las medidas que se fijaban en
los Presupuestos Generales del Estado, y en eso basaban su crítica de
falta de credibilidad. Desde algunos observatorios económicos se
manifestaba que el objetivo del Gobierno se encontraba en la parte más
optimista de la horquilla del crecimiento. Hoy, señorías, sabemos que
España va a crecer alrededor del 3,2 por ciento, se ha revisado al alza
la previsión y se puede asegurar que vamos a crecer más que la media del
resto de los países de la Unión. Hemos conseguido alcanzar, a través de
una rigurosa convergencia nominal, una mayor convergencia real, que es lo
que de verdad interesa a la ciudadanía. Mejorar las tasas de empleo y la
renta per cápita son los objetivos finales que este Gobierno se propone.

El equipo económico del Gobierno del presidente Aznar lo está
consiguiendo, y lo está haciendo sin necesidad de recalentar la economía.

Las cuentas, señorías, mal que les pese a algunos, salen.

Este crecimiento se diferencia notabilísimamente del que se produjo en
España desde 1986 hasta 1989. Efectivamente, se creció y se creó empleo,
pero era un crecimiento artificial e insostenible. Muestra de ello eran
los tipos de interés que entonces existían, por encima del 15 por ciento.

Actualmente la economía está creciendo sin ningún desequilibrio y eso
hace que el crecimiento sea sostenible en el futuro. Los bajos tipos de
interés que actualmente se sitúan por debajo del 6 por ciento marcan la
diferencia, la confianza en nuestra economía.

Esto, señorías, ha sido posible gracias a una rigurosa política
presupuestaria. Hemos pasado de un déficit público situado por encima del
6,5 del producto interior bruto --6,6, en 1995-- a un déficit público del
3 por ciento en 1997. Además, en el primer presupuesto del Gobierno del
Partido Popular se ha conseguido el objetivo de déficit público sin
necesidad de aplicar ningún recorte durante el ejercicio. Aún suenan en
los oídos de los ciudadanos las agoreras palabras del antiguo presidente
del Grupo Parlamentario Socialista y de otros portavoces autorizados
amenazando sobre la necesidad de aprobar recortes drásticos en los gastos
públicos a lo largo del ejercicio. Ninguna de esas premoniciones ha sido
cierta. Se han mejorado los niveles de ingresos y se han cumplido
rigurosamente las obligaciones de gasto.

Recordarán SS. SS. las críticas de la portavoz socialista cuando decía
que se iba a perder medio billón de pesetas de recaudación. Hoy eso suena
a estridencia, simplemente a estridencia. Se han vigilado los gastos
públicos, gracias, en primer lugar, a la voluntad política de gastar
menos y gastar mejor, evitando derroches innecesarios y se ha demostrado
que era compatible bajar los impuestos, controlar el gasto público y
mejorar las prestaciones sociales. La Ley de disciplina presupuestaria,
aprobada el año pasado en esta Cámara, ha supuesto el marco correcto para
evitar el tradicional derroche del gasto que se producía en los gobiernos
anteriores debido, fundamentalmente, a la falta de control. El Gobierno
ha logrado ajustar los gastos a los ingresos previstos, lo cual ha
sentado las bases para dar sostenibilidad al proceso. En ejercicios
futuros se conseguirá rebajar de manera muy importante los tipos de
interés, por encima del 10 por ciento a finales de 1995 y a menos del 6
por ciento actualmente, y la prima de riesgo, de 400 puntos el 4 de marzo
de 1996, ha pasado a menos de 40 al día de hoy.

Señorías, bajos tipos de interés significa mejora en el bienestar de los
ciudadanos, que pagan menos cuando tienen que firmar una hipoteca o pedir
un crédito al consumo, y mejorar las bases de la economía, porque los
créditos para la inversión empresarial son mucho más bajos. El
mantenimiento y la mejora del bienestar social suponen uno de los mayores
logros de este Gobierno, dadas las circunstancias adversas de las que
partíamos cuando asumimos las responsabilidades. Asegurar el poder
adquisitivo de las pensiones, la mejora de la sanidad y de la educación,
no es posible si la economía no funciona. Al día de hoy estos pilares,
señorías, de la sociedad del bienestar están asegurados porque contamos
con una economía fuerte y equilibrada. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)



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Finalmente, como logro de primera magnitud de los presupuestos del año
anterior, nos encontramos con la satisfacción y el orgullo de comprobar
que ya nadie duda de nuestra entrada en la Unión Económica y Monetaria.

Hace tan sólo un año sólo se cumplía un criterio y hoy cumplimos todos y
cada uno de ellos. Con los presupuestos para 1997 teníamos que ascender a
la primera división europea y con los de 1998 debemos procurar situarnos
en la cabeza de la clasificación y ya ha empezado a recibir los
beneficios de la Unión Económica y Monetaria.

Señorías, si es verdad que por sus frutos los conoceréis, hoy sabemos que
el Gobierno del Partido Popular sabía lo que quería hacer y lo ha
realizado con rigor. Ha logrado que los ciudadanos y la sociedad española
gocen de mayor bienestar. Podemos pedir a la oposición con total
autoridad que no siga sembrando dudas que han quedado absolutamente
disipadas con los resultados de este año.

En 1998 hay que seguir por la misma senda, no hay que bajar la guardia;
hay que continuar esforzándonos para alcanzar las metas trazadas. El
proyecto de presupuestos para 1998 es una buena muestra de ello. En ese
sentido, los objetivos para 1998 serán continuar por el camino comenzado
y sustentarlos en dos pilares: primero, en la seriedad y en el rigor de
la política presupuestaria, haciendo que se convierta en un instrumento
adecuado para la consolidación del crecimiento y la generación de empleo;
segundo, en la mejora de las prestaciones sociales. Se dota de mayores
recursos al sistema sanitario, a la educación y a las políticas activas
de empleo, a la cooperación y a la política social, con el fin de
alcanzar mayores niveles de protección de todos los ciudadanos.

Este Gobierno, señorías, está comprometido con los ciudadanos españoles
para que lleguen a tener una renta per cápita y un nivel de empleo y de
bienestar similar al del resto de los ciudadanos europeos. Me parece muy
importante reseñar que los proyectos que hoy debatimos, en primer lugar,
consolidan el crecimiento y la generación de empleo, y esto se pone de
manifiesto por la continua reducción del déficit público; la dinamización
de las inversiones públicas, que aumentan por encima de la tasa de
crecimiento; el esfuerzo inversor en investigación y desarrollo, un
aumento de un 32 por ciento con el fin de mejorar la competitividad; las
políticas activas de empleo, cuyo esfuerzo financiero asciende a casi
medio billón de pesetas, destacando el relativo a los contratos
indefinidos y, finalmente, la política de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas, que tendrán un nuevo marco de fiscalidad y se beneficiarán de
la reducción de los tipos de interés. En segundo lugar, introducen mayor
rigor en el gasto corriente, garantizando la reducción del déficit
público. Y, en tercer lugar, dedican mayor atención a los gastos
sociales, entre los que se incluyen las mayores aportaciones al sistema
sanitario, a la educación y se asegura el poder adquisitivo de las
pensiones.

Estamos, señorías, ante un proyecto sostenible, solidario y que goza de
gran credibilidad. Son sostenibles porque se han afrontado las reformas
necesarias en la Administración pública, en el gasto y en los sectores
más rígidos para garantizar que perduren en el tiempo y que el
crecimiento económico llegue al mayor número de personas posible. Son
solidarios porque las políticas sociales ocupan un lugar preferente en
este presupuesto, a través del mayor esfuerzo financiero en partidas como
la sanidad, la educación y las pensiones. Es importante señalar el hecho
de que la estabilidad entendida como menor inflación y menores tipos de
interés, afecta en mayor medida a las rentas más bajas. Son creíbles,
señorías, porque este Gobierno ha cumplido sus deberes y ha ejecutado
estrictamente la aplicación de su modelo de política económica. De hecho,
señorías, los ciudadanos y los mercados ya han aprobado estos
presupuestos y el propio gobernador del Banco de España los ha bendecido,
valga la expresión, bajando los tipos de interés.

Concluyo. Nuestro grupo parlamentario va a dar el apoyo a estos
presupuestos y nos gustaría que durante el trámite parlamentario se
aportaran ideas. Nosotros estamos abiertos al consenso y al debate
sincero de cuantas iniciativas se formulen desde el rigor y desde la
responsabilidad.

Toda aportación constructiva de los demás grupos será bien recibida por
nosotros, si ello va a ayudar a la mejora de la economía y del bienestar
social.

El reto en el que nos encontramos inmersos tiene una trascendencia
histórica para nuestro país. Hemos conseguido subirnos al tren de la
Unión Económica y Monetaria y, a partir de ahora, tenemos que entrar en
el grupo de cabeza de los países europeos, porque sólo así garantizaremos
unos altos niveles de bienestar a los españoles.

Estamos, señorías, en el buen camino y, como portavoz, quiero expresar mi
felicitación pública al Gobierno, en nombre de todas las diputadas y
diputados de mi grupo, por el esfuerzo realizado y los logros obtenidos
en este primer año de Gobierno, en la seguridad de que los presupuestos
de 1998 serán un instrumento eficaz para seguir en la senda de la
solidaridad y el bienestar de los ciudadanos y la prosperidad de España.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Muchas
gracias, señor De Grandes.




PRORROGA DE PLAZO:



--SUBCOMISION PARA LA ELABORACION DE UN INFORME QUE SIRVA DE BASE PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO MODELO POLICIAL. (Número de expediente
154/000012)



Página 5554




El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de someter a votación las enmiendas
de totalidad a los proyectos de ley que han sido presentados y debatidos,
querría recabar el parecer del Pleno, si es posible por asentimiento,
para la prórroga del mandato que el propio Pleno otorgó al trabajo de
alguna subcomisión.

En primer lugar, solicita prorroga hasta el final del periodo de sesiones
la subcomisión que estudia el nuevo modelo policial. ¿Lo aprueba así el
Pleno? (Asentimiento.) Muchas gracias. Se entiende aprobado por
asentimiento.




--SUBCOMISION PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACION DE LOS ESPAÑOLES QUE VIVEN
FUERA, ASI COMO LA DE LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS QUE HAN LLEGADO A
NUESTRO PAIS; CONOCER A FONDO SUS NECESIDADES Y REIVINDICACIONES
PRIORITARIAS, PROPONER LAS MEDIDAS --LEGALES Y SOCIALES-- QUE SEA
CONVENIENTE ADOPTAR PARA CONSEGUIR SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS EXISTENTES.

(Número de expediente 154/000009)



El señor PRESIDENTE: También solicita prórroga, hasta finalizar el
periodo de sesiones en curso, la subcomisión que estudia el problema de
inmigrantes y refugiados. ¿Lo aprueba así el Pleno? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.




--SUBCOMISION PARA EL ESTUDIO DE LA SITUACION DE LA CONTAMINACION
ATMOSFERICA, PROCEDENTE DE LAS CENTRALES TERMICAS DE NUESTRO PAIS Y LAS
POSIBLES ZONAS AFECTADAS. (Número de expediente 154/000013)



El señor PRESIDENTE: Finalmente, solicita una prórroga más limitada,
hasta el día 11 de diciembre, es decir, un mes más de lo acordado
inicialmente por el Pleno, la subcomisión que estudia el control de la
contaminación atmosférica. (Asentimiento.) Se entiende también aprobado
por asentimiento. Muchas gracias.




DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS: (Continuación.)



--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998.

(Continuación.)



--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (Continuación.)



El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación, en primer lugar, las enmiendas
de totalidad, de devolución todas ellas, al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 159; en contra, 179; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad al
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.

Enmiendas de totalidad de devolución al proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 159; en contra, 179; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad de
devolución al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y diez minutos del mediodía.