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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 105, de 07/10/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 105
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 101
celebrada el martes, 7 de octubre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
Diputados (Página 5302)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Parlamento de Andalucía, sobre declaración del Parque Nacional de
Sierra Nevada. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 11-1,
de 11 de abril de 1996 (número de expediente 125/000010) (Página 5302)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación
de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), al objeto de reformar el método de estimación
objetiva de rendimientos empresariales y profesionales. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, número 81-1, de 17 de febrero de 1997 (número
de expediente 122/000064) (Página 5310)
Elección de un señor Diputado, de conformidad con el punto tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 2 de junio de 1992:
Elección de un señor Diputado, de conformidad con el punto tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 2 de junio de 1992 (Página 5319)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre la obtención del
título oficial de médico especialista para determinados profesionales de
la medicina que no lo poseen. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 97, de 5 de febrero de 1997 (número de expediente 162/000080)
(Página 5319)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre homologación del
colectivo de Médicos de Atención Primaria. «BOCG. Congresos de los
Diputados», serie D, número 156, de 13 de junio de 1997 (número de
expediente 162/000146) (Página 5320)
--Del Grupo Parlamentario Popular y de Coalición Canaria, sobre
titulación de Médicos no Especialistas. «BOCG. Congresos de los
Diputados», serie D, número 156, de 13 de junio de 1997 (número de
expediente 162/000147) (Página 5320)
--De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del
Congreso, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV),
Coalición Canaria y Mixto, sobre medidas alternativas para la
pacificación y la regeneración social y económica de la Región de Grandes
Lagos. «BOCG. Congresos de los Diputados», serie D, número 118, de 24 de
marzo de 1997 (número de expediente 162/000113) (Página 5328)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en
materia de prevención de riesgos para proteger la salud y la seguridad en
el trabajo (número de expediente 173/000049) (Página 5333)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno para solucionar los problemas
de los emigrantes que vienen a España, su situación social y laboral, así
como para mitigar las dificultades de todo tipo que encuentran a su
llegada (número de expediente 173/000050) (Página 5341)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores
diputados (Página 5302)
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 5302)
Del Parlamento de Andalucía, sobre declaración del Parque Nacional de
Sierra Nevada (Página 5302)
Para la presentación ante el Pleno de la proposición de ley del
Parlamento de Andalucía sobre declaración del Parque Nacional de Sierra
Nevada intervienen el señor García García, del Grupo Parlamentario
Socialista; la señora Martín Obando, del Grupo Parlamentario Popular de
Andalucía, y el señor Ríos Carrégalo, del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, todos ellos representantes
del Parlamento de Andalucía.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Companys Sanfeliu,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vaquero del Pozo,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Díaz Sol, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora
Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Parlamento de Andalucía,
sobre declaración del Parque Nacional de Sierra Nevada, se aprueba por
299 votos a favor y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de
la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), al objeto de reformar el método de estimación
objetiva de rendimientos empresariales y profesionales (Página 5310)
Defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Homs i Ferret, que manifiesta que dicha
proposición tiene como objetivo revisar y reformar la legislación vigente
que regula el método de estimación objetiva de rendimientos empresariales
y profesionales de las pequeñas empresas. Añade que éste es un propósito
perseguido por su grupo desde hace mucho tiempo, pero que también
figuraba en los programas electorales de otros grupos parlamentarios.
Expone que se trata de establecer un marco normativo que acerque la
obligación tributaria a la realidad de los rendimientos de las empresas,
pero que permita, al mismo tiempo, que los incentivos hoy existentes para
estimular la inversión y el empleo puedan ser aplicables asimismo a las
pequeñas empresas que optan por tributar mediante el procedimiento de
módulos.
Explica las modificaciones que propone, encaminadas a conseguir un
procedimiento intermedio que permitiera contemplar unas declaraciones de
ingresos y de gastos a la vez y acogerse a todos los mecanismos hoy
existentes de amortización de inversiones y de estímulos a la creación de
empleo y a la inversión en la actividad económica propia.
Confía en que el Grupo Parlamentario Popular estará de acuerdo con la
toma en consideración de esta proposición de ley porque sus objetivos
coinciden con los del Gobierno y los del Partido Popular. Confiesa que
los mecanismos legislativos para hacer efectiva esta reforma podrían ser
otros, como por ejemplo el decreto-ley, pero considera que puesto que se
trata de un colectivo de casi tres millones de contribuyentes, es
conveniente que esta reforma se discuta en la Cámara, para que todos los
grupos puedan aportar sus sugerencias. De todas formas no pretenden con
su proposición de ley restar importancia a las medidas anunciadas por el
Gobierno e incorporadas en la Ley de medidas urgentes que acompaña a la
Ley de presupuestos que van en la misma dirección, pero considera muy
enriquecedor mantener viva esta iniciativa legislativa, con una reforma
más exhaustiva y un alcance más amplio en la sociedad. Termina su
intervención anunciando que si se acepta la toma en consideración de su
proposición de ley, su grupo estará abierto a todas las propuestas de los
demás grupos parlamentarios.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pérez Segura, del
Grupo Socialista del Congreso, y Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular.
A los solos efectos de expresar que su grupo no retira la propuesta,
interviene el señor Homs i Ferret.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al objeto de
reformar el método de estimación objetiva de rendimientos empresariales y
profesionales, se aprueba por 170 votos a favor, 14 en contra y 118
abstenciones.
Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la
resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales (Página 5319)
Se procede al llamamiento de los señores Diputados que van depositando su
papeleta en la urna correspondiente.
Efectuado el escrutinio, queda elegido don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay
como diputado que puede tener acceso a los secretos oficiales, al amparo
de la Resolución de la Presidencia de 2 de junio de 1992.
Proposiciones no de ley (Página 5319)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre la obtención del
título oficial de médico especialista para determinados profesionales de
la medicina que no lo poseen (Página 5319)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre homologación del
colectivo de médicos de atención primaria (Página 5320)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y de Coalición
Canaria, sobre titulación de médicos no especialistas (Página 5320)
Para defender la proposición no de ley presentada conjuntamente por los
grupos parlamentarios Popular y Coalición Canaria, interviene, en primer
lugar, el señor Gil Melgarejo, del Grupo Parlamentario Popular. Anuncia
que su grupo ha presentado a la Mesa una enmienda de modificación
conjunta que recoge las enmiendas que el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria ha hecho a lo largo de la semana. A continuación hace un repaso
histórico del problema de los médicos especialistas sin título oficial,
que se remonta al Real Decreto-ley 127, del año 1984, por el que se dotó
al sistema sanitario de un proceso formativo llamado MIR como única vía
para acceder al título de médico especialista. Considera llegado el
momento de dar una solución que englobe definitivamente todas las
características de todos los colectivos de médicos que confluyen en la
asistencia primaria. Para ello se han puesto de acuerdo todas las partes
afectadas --médicos generalistas, de familia, rurales, una parte del
Colegio Oficial de Médicos, los sindicatos, los ministerios de Sanidad y
Consumo y Educación y las comunidades autónomas-- en el Consejo
Interterritorial de Salud. Por lo tanto, considera que lo único que tiene
que hacer el Parlamento es facilitar la vía legislativa para que el
Ejecutivo tenga unos cauces por donde expresarse en favor de este
colectivo, que ha sido injustamente tratado durante muchos años.
En segundo lugar, y en relación con la misma proposición no de ley,
interviene el señor Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, que señala como causas de esta lamentable situación, primero, el
tardío e intenso acceso de la población al Estado del bienestar, lo que
originó una crisis que se llamó la quiebra del Estado del bienestar;
segundo, la entrada de España en la Unión Europea, con la obligación de
asumir la legislación comunitaria; y tercero, el Estado de las autonomías
que existe desde la Constitución de 1978. Asimismo considera como causas
concretas la falta de equilibrio entre la oferta de plazas MIR y el
número de alumnos salidos de las universidades y la contratación por
parte de la propia Administración de estos especialistas sin título
oficial, inclusive realizando labores docentes como médicos
especializados.
Considera urgente resolver esta situación, que se ve agravada por la
inclusión en el Código Penal del delito por intrusismo, y cree necesario
instar al Gobierno para que, de una forma inmediata, a través de los
ministerios competentes, se dicten la normas que resuelvan con eficacia
las distintas situaciones que plantea el acceso a la titulación de
especialistas de aquellos licenciados en medicina que no hubieran podido
acceder por las vías legales vigentes hasta la fecha pese a reunir
circunstancias formativas y de experiencia profesional para ello. A
continuación expone los criterios que se habrían de seguir y que aparecen
en el texto escrito de la proposición no de ley conjunta.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley,
intervienen la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y el señor Corominas i Busqueta, del Grupo
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Vaquero del Pozo,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
A los efectos de aclarar los términos en que queda la proposición no de
ley presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y
Coalición Canaria después de la aceptación de las enmiendas y para
manifestar que mantienen la proposición no de ley sobre homologación del
colectivo de médicos de atención primaria, interviene el señor Gil
Melgarejo.
Sometido a votación, en primer lugar, el punto 1 de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular sobre homologación del colectivo de
médicos de atención primaria, se aprueba por 291 votos a favor y 13
abstenciones.
Sometidos a votación los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 165 votos a favor, 122 en
contra y 15 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios
Popular y de Coalición Canaria, sobre titulación de médicos no
especialistas en los términos resultantes de las transacciones y
enmiendas aceptadas, se aprueba por 163 votos a favor, dos en contra y
137 abstenciones.
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del
Congreso, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV),
Coalición Canaria y Mixto, sobre medidas alternativas para la
pacificación y la regeneración social y económica de la región de Grandes
Lagos (Página 5328)
En esta proposición no de ley existe una enmienda suscrita por todos los
grupos parlamentarios y un acuerdo para el orden de intervenciones de los
grupos firmantes, por lo que, de mayor a menor, intervienen los señores
Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso;
Yáñez-Barnuevo García, del Grupo Socialista del Congreso; Navas Amores,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora
Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Recoder
i Miralles del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley suscrita por los grupos
Popular, Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco,
Coalición Canaria y Mixto, sobre medidas alternativas para la
pacificación y la regeneración social y económica de la región de Grandes
Lagos, en los términos resultantes de la enmienda suscrita por todos los
grupos proponentes, se aprueba por unanimidad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 5333)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en materia
de prevención de riesgos para proteger la salud y la seguridad en el
trabajo (Página 5333)
En nombre del Grupo Socialista del Congreso, presenta la moción
consecuencia de interpelación urgente el señor Gimeno Marín. Anuncia que
va a plantear el problema de forma distinta a como lo hizo en su
interpelación y se pregunta qué ocurriría si cada semana se dijera en los
medios de comunicación que 11.200 trabajadores estaban dados de baja por
accidente o que murieron 21 o 28 personas en accidente de trabajo. Las
cifras demuestran la magnitud del problema al que hay que hacer frente y
considera que ya quedó claro en el debate de la interpelación que era
necesario y urgente ponerse a trabajar.
Considera que una buena política de prevención de riesgos no consiste
solamente en hacer normas, sino en conseguir que esas normas se cumplan,
para lo que es necesario abordar el problema desde una perspectiva
interdisciplinar. Expone que el modelo actual de prevención de riesgos
laborales mezcla lo público con lo privado, combina las competencias del
conjunto de todas las administraciones y afecta al conjunto de áreas que
tienen que ver con los accidentes de trabajo. Sin embargo, opina que se
ha producido un cierto desequilibrio entre lo público y lo privado que ha
podido dar lugar a un empeoramiento en el año 1997.
Muestra la disposición de su grupo a llegar a un acuerdo no sólo en el
ámbito de la Cámara sino también con empresarios y trabajadores y con
todos los que tengan que ver en el tema de la prevención de riesgos y de
la salud laboral, y explica la propuesta de acuerdo a la que han llegado
todos los grupos para agilizar el debate. Termina su intervención
manifestando que la moción recoge una serie de aspectos desde distintas
ópticas, que encuadran y coordinan al conjunto de las administraciones
públicas, y pretende que los empresarios y trabajadores participen en
todas las medidas que se lleven a cabo, asegurando que su obligación como
oposición es impulsar la labor del Gobierno para que trabaje en estas
cuestiones y se resuelvan los problemas.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores Alcaraz
Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto, de Nueva Izquierda; Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Alcalde
Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Vaquero del
Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo Socialista del Congreso sobre
política del Gobierno en materia de prevención de riesgos para proteger
la salud y la seguridad en el trabajo en los términos resultantes de la
propuesta que el propio grupo ha acordado con los enmendantes, se aprueba
por 282 votos a favor y 12 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno para solucionar los problemas
de los emigrantes que vienen a España, su situación social y laboral, así
como para mitigar las dificultades de todo tipo que encuentran a su
llegada (Página 5341)
Presenta la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Meyer Pleite, que manifiesta que el fenómeno de la inmigración está
en una situación límite, insostenible
e indigna. Reitera los criterios expuestos en la interpelación de la
semana pasada y, en base a ellos, presenta a la Cámara un texto que ha
sido consensuado con los grupos parlamentarios Popular, Socialista y
Catalán, texto que califica como un programa de mínimos ante la realidad
que se está viviendo.
En turno de fijación de posiciones en relación con la enmienda
transaccional presentada por el grupo proponente, intervienen la señora
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor
Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); la señora Fernández Sanz, del Grupo Socialista del Congreso, y el
señor Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en los términos resultantes de
la enmienda transaccional que se ha aceptado por los grupos, se aprueba
por unanimidad.
Se suspende la sesión a las diez y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION POR NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS: El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al inicio de los asuntos que constituyen el orden del
día, vamos a proceder a la toma de juramento o promesa de acatamiento a
la Constitución de dos nuevos diputados, de un diputado y de una
diputada. El primero, en sustitución de don Mauro Antonio Varela Pérez,
don Manuel González Fernández.
Don Manuel González Fernández, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?
El señor GONZALEZ FERNANDEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. En consecuencia, don Manuel González
Fernández ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena y
bienvenido. (Aplausos.) En sustitución de don Francisco Moreno Franco,
vuelve a la Cámara doña Milagros Frías Navarrete.
Doña Milagros Frías Navarrete, ¿juráis o prometéis acatar la
Constitución?
La señora FRIAS NAVARRETE: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Frías. En consecuencia, ha
adquirido plenamente la condición de diputado. Enhorabuena. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA, SOBRE DECLARACION DEL PARQUE NACIONAL DE
SIERRA NEVADA (Número de expediente 125/000010) El señor PRESIDENTE:
Punto I del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley.
Proposición de ley del Parlamento de Andalucía sobre declaración del
parque nacional de Sierra Nevada.
Para la presentación ante el Pleno de la proposición de ley del
Parlamento de Andalucía van a intervenir tres representantes
correspondientes a los grupos parlamentarios Socialista, Popular y de
Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía, del mencionado
Parlamento.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
don Antonio María Claret García García.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA (García García):
Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señoras y señores diputados, por segunda vez en su
historia, el Parlamento de Andalucía hace uso de la facultad que le
confiere la Constitución y el Estatuto de Autonomía de traer una
proposición de ley a esta Cámara. En aquella primera ocasión se trataba
de la coordinación de los defensores del Pueblo. En este momento se trata
de la declaración del parque nacional de Sierra Nevada.
En primer lugar, deseo manifestarles el orgullo que como español andaluz
siento de dirigirme a esta Cámara, donde, junto con el Senado, reside la
soberanía nacional.
Señorías, la proposición de ley sobre declaración del parque nacional de
Sierra Nevada fue aprobada en el Parlamento de Andalucía a propuesta de
los cuatro grupos que componen la Cámara y fue votada unánimemente por
todos los diputados presentes en la sesión, alcanzando un grado de
consenso muy poco habitual, más si tienen ustedes en cuenta que la
anterior legislatura andaluza no se caracterizó precisamente por ser un
monumento a la concordia.
El pacto por Sierra Nevada, impulsado por el entonces consejero de Medio
Ambiente, señor Pezzi Ceretto,
y generosamente aceptado por todos los partidos políticos andaluces, que
supieron encontrar el máximo acuerdo posible entre sus diferentes
posiciones, vino a culminar una vieja reivindicación granadina y andaluza
de convertir a Sierra Nevada en parque nacional, cuya primera petición se
realizó hace ya mucho tiempo, 70 años, cuando en 1929 la asociación La
Alpinista Granadina y el diario El Defensor de Granada pidieron al
Gobierno que la vertiente sur de Sierra Nevada se declarara parque
nacional.
Para los socialistas este acuerdo ha sido una satisfacción más, porque
posibilita un paso en el modelo que nosotros hemos estado defendiendo
para Sierra Nevada desde que empezó la restauración democrática. Ya en
1978 defendíamos la declaración de parque nacional, a veces
enfrentándonos a la incomprensión --en algún caso incluso a la violencia,
como la que se ejerció contra el diputado de esta Cámara señor Díaz Sol--
de quienes afortunadamente hoy colaboran en un esfuerzo común.
Además de esta unanimidad política, la proposición de ley que presentamos
tiene una gran respaldo social en toda Andalucía, en la provincia de
Granada, en la provincia de Almería y en todos los municipios
directamente afectados. Y ello porque los agentes sociales están
convencidos de que elevar al máximo la protección de Sierra Nevada no
sólo significa mejorar la defensa de los espacios naturales, sino,
además, lleva consigo el progreso económico del entorno.
La mejora socioeconómica de la comarca y el bienestar de quienes allí
residen no pueden, de ninguna manera, ser relegados al olvido; muy al
contrario, debe ser una de nuestras más importantes preocupaciones. Para
ello, hay que conjugar a la vez protección y desarrollo sostenible. En
este sentido, la declaración en 1989 del macizo de Sierra Nevada como
parque natural ha servido para sentar las bases de un desarrollo
sostenible que se ha consolidado con la confección, en 1994, del Plan de
ordenación de recursos naturales y el Plan rector de uso y gestión del
parque natural.
Señorías, el parque natural de Sierra Nevada, con más de 171.000
hectáreas, es una de las superficies protegidas más grandes de España.
Los límites del parque nacional que presentamos en esta iniciativa
corresponden a la zona de protección grado A, determinada en el Plan de
ordenación de los recursos naturales, y engloba el espacio más
representativo de la alta montaña mediterránea. Sin duda, la belleza de
sus paisajes, la singularidad y la riqueza de la flora --hay 2.000
especies catalogadas, de las cuales 66 son endémicas--, la existencia de
70 especies zoológicas endémicas y sus características geomorfológicas
suponen unos valores ecológicos, científicos, estéticos y educativos que
justifican sobradamente el interés general de la nación en conservarlo,
tal como exige la Ley de conservación de espacios naturales. Si a todo lo
expuesto se le agrega que Sierra Nevada ha sido declarada reserva de la
biosfera por la Unesco, parece más que razonable la propuesta unánime del
Parlamento de Andalucía de declarar las cumbres más altas de la península
Ibérica parque nacional, implicándose el Estado, junto con la Junta de
Andalucía, en su defensa, protección y desarrollo sostenible. Además, la
notable experiencia acumulada en la gestión del parque natural, su
incidencia social y económica y su proyección pública más allá de
nuestras fronteras avalan también su inclusión en la red estatal de
parques nacionales.
Por razones obvias, en esta breve intervención no es posible analizar
detenidamente cada uno de los artículos de la proposición de ley que
defiendo, pero quiero al menos referirme a un elemento que merece ser
destacado, la concepción global de la organización administrativa que
proponemos, en la que ha primado hacer factible la coexistencia de dos
figuras de protección, parque natural y parque nacional, que, en lugar de
competir entre ellas, pueden integrarse en un modelo innovador como el
que la ley propone en su preámbulo; posibilita la refundación de los
órganos consultivos y de colaboración de ambos espacios naturales
protegidos en uno solo, representativo de los intereses sociales, tanto
públicos como privados, del parque natural y del parque nacional.
Termino, señor presidente, señorías, volviendo a resaltar el alto grado
de consenso político y social con que viene avalada esta proposición de
ley y la extraordinaria importancia que para Granada, para Almería y para
Andalucía y, por ello, para el conjunto de España, tiene la toma en
consideración favorable de esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor
PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García.
Tiene la palabra doña Beatriz Martín Ovando, del Grupo Parlamentario
Popular de Andalucía.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA (Martín Ovando):
Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, los andaluces nos sentimos esta tarde
orgullosos de que un trocito más de nuestra tierra, de nuestra amplia y
variada geografía, pueda ser considerada de interés general para el
conjunto de España. Andalucía ha tenido la sensibilidad suficiente para
entender y defender que un conjunto de ecosistemas de la riqueza natural
de Sierra Nevada debe ser incorporado a nuestra red de parques
nacionales.
La importancia de Sierra Nevada en el contexto de Andalucía, de España y
de Europa radica en la singularidad de la existencia de 170 especies que
solamente crecen en la península Ibérica, pero además cuenta con 60
endemismos vegetales y más de 70 endemismos
faunísticos, es decir, especies que no podemos encontrar en ningún otro
lugar del mundo. Es sorprendente ver cómo en apenas 100 kilómetros de
longitud se levanta sobre el nivel del mar una muralla donde 14 cumbres
están por encima de los 3.000 metros y donde lo más característico son
sus irrepetibles contrastes, del frío al calor, de la zona húmeda a la
zona seca, de la roca caliza a la plutónica. El resultado de todo esto,
señorías, es una enorme diversidad biológica que supone una muestra de
toda la sucesión natural que experimenta Europa: alto desierto frío,
estepa, pastizales de alta montaña, bosques de coníferas, bosques
templado, bosques de frondosas como el roble, bosques de encinas,
alcornoques y acebuches, bosques de pino, sabina y enebral pero, además,
subdesierto y desierto europeo, muestra de elementos norteafricanos
únicos en Europa. Lo realmente excepcional es que toda esta diversidad se
da cita en un espacio muy reducido.
En consecuencia, Sierra Nevada, desde el punto de vista ecológico,
científico, medioambiental y conservacionista, sin duda reúne las mejores
condiciones para su declaración como parque nacional, pero si además
tenemos en cuenta que se trata del sistema menos representado en la
actual red de parques, su inclusión no sólo es necesaria sino que, con
respecto a otros espacios, es prioritaria, suponiendo además un valioso
enriquecimiento para la red nacional. Así lo ha entendido el Grupo
Parlamentario Popular de Andalucía, así lo entiende el Ministerio de
Medio Ambiente y así esperamos sea entendido por todos los grupos
representados en esta Cámara. Contamos con un territorio tan privilegiado
como frágil y, por tanto, tenemos la obligación y la responsabilidad de
conservarlo para las generaciones futuras.
Es necesario considerar también el hecho de que su declaración como
parque nacional va a permitir la continuidad del turismo, el
aprovechamiento recreativo y cualquier desarrollo de forma compatible con
la conservación. Son éstas las razones que llevaron al Grupo Popular en
el Parlamento andaluz a ser partícipe de una proposición de ley como vía
para conseguir un fin último: que Sierra Nevada sea el segundo parque
nacional en Andalucía.
Pero, señorías, la coherencia política que caracteriza al Partido Popular
y nuestro compromiso con la defensa medioambiental, nos hizo, hace dos
años, cuando se produjo el debate en el Parlamento andaluz, mantener una
posición clara y firme con respecto a determinados aspectos fundamentales
contenidos en la proposición de ley, con los que no coincidimos ni
entonces ni ahora. Sin embargo, fuimos capaces de anteponer el objetivo
final y trasladar aquí un acuerdo unánime. Esas cuestiones, señoras y
señores diputados, desde el Partido Popular de Andalucía seguimos
defendiéndolas y, con la máxima brevedad, me referiré a ellas.
En primer lugar, entendemos que los límites del parque contemplados en la
proposición de ley andaluza están muy lejos de responder a criterios
científicos, a criterios de conservación de la naturaleza, a criterios
ecológicos y medioambientales, sino que más bien responden a una
delimitación caprichosa, englobando exclusivamente las altas cumbres y
dando lugar, por tanto, a una suma de islas, a un archipiélago sin
continuidad geográfica y que sólo recoge parcialmente la diversidad de
ecosistemas presentes en el macizo. Nadie discute la riqueza de los
pastizales de alta montaña, pero desde el punto de vista de la
conservación no puede sostenerse la idea de que sistemas de similar valor
ecológico miren desde fuera el interior de un nuevo parque. En este
sentido, el Partido Popular de Andalucía apuesta por un delimitación
seria, basada en criterios de conservación de la naturaleza, que asegure
la presencia de todos los ecosistemas representativos, desde los más
altos del macizo hasta los mediterráneos más costero. Es decir,
defendemos un parque que cumpla con los más ambiciosos objetivos de
globalidad y representatividad.
En segundo lugar, y en cuanto a la gestión del parque, sin duda un exceso
de celo del Gobierno andaluz le llevó a proponer como único responsable
de esta gestión a la comunidad autónoma. Lógicamente, la propuesta
andaluza no está adaptada a la ley, y adaptarla supone modificar
prácticamente la totalidad de su articulado. El modelo de gestión está
claro que debe responder a lo contemplado en la Ley 4/1989, de
conservación de los espacios protegidos y de la fauna y la flora
silvestres, recientemente modificada por esta Cámara. No obstante, estoy
convencida de que, mediante un proceso de participación, de diálogo y de
consenso, esta Cámara dará luz a un modelo de gestión ajustado a la ley y
que será el mejor modelo posible que permita y asegure sus funciones de
conservación, investigación y uso público. El diálogo entre las
administraciones implicadas, el esfuerzo de aproximación necesario y el
deseo de consenso deben ser las claves para garantizar la conservación de
nuestro patrimonio natural.
Termino apelando a la sensibilidad de todos y cada uno de los grupos
parlamentarios aquí representados. Señoras y señores diputados, si muchos
y distintos intereses han sido los que han movido otros parques
nacionales, hagamos nosotros el esfuerzo que merece pasar a la historia
como la generación que, unida, apostó decididamente por garantizar el
futuro de Sierra Nevada.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martín Ovando.
Antes de dar la palabra al parlamentario del Grupo de Izquierda Unida-Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía, ruego a SS. SS., y de manera
particular a sus colegas del Grupo de Izquierda Unida y a la señora
Lasagabaster, que parece haber establecido despacho en
el hemiciclo --lo digo con todo afecto, como sabe--, que guarden silencio
para que pueda oírse mejor la siguiente intervención, dentro de los
esfuerzos que ruego otra vez de SS. SS. para que mejore la audición en lo
que pueda ser perfeccionada al no haber comentarios, puesto que se está
estudiando por los servicios mejoras técnicas en el sistema de audifonía.
Tiene la palabra don Francisco Ríos Carrégalo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA (Ríos Carrégalo):
Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la proposición de ley que traemos
hoy al Congreso de los Diputados, y que defiendo en nombre del Grupo de
Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, es el fruto de un
acuerdo de todos los grupos del Parlamento de Andalucía realizada en
tramitación directa y en lectura única a finales del año 1995, en unas
circunstancias muy especiales tras el anuncio anticipado en el tiempo de
la disolución de la cámara andaluza; tiempos muy especiales, decía, en
los que el desacuerdo y la labor de control de la oposición eran
considerados obstruccionismo, cuando no se utilizaban calificativos
atenazadores ciertamente exitosos.
Este acuerdo básico al que llegamos en aquellas fechas sigue hoy en pie,
lo que supone precisamente una mayor protección de un espacio tan
especial y único, prestado por las generaciones futuras y que queremos y
debemos devolver integrado en la red europea de parques.
La necesidad de su protección integral es de una evidencia total si
consideramos lo afirmado por multitud de científicos. El macizo de Sierra
Nevada ha sido y es un laboratorio de la evolución biológica por sus
condiciones ambientales, que van desde las muy extremas que ponen a
prueba a los seres vivos para su adaptación o muerte, hasta ambientes
climáticos subtropicales de sus faldas costeras. La riqueza florística ya
queda dicha aquí y es patente, posee en torno a 2.500 especies
catalogadas. Fíjense que es casi un tercio de la biodiversidad española y
casi tantas en número como toda la biodiversidad florística del norte de
Europa.
A esto hay que añadir las singularidades de que contiene en torno a 80
endemismos entre especies y subespecies, es decir, y para que nos hagamos
una idea, más endemismos en su espacio que toda Centroeuropa junta.
Necesarias, pues, protección y conservación ante el acoso especulativo
que sufre la zona, más allá de la sostenibilidad de unos ecosistemas
especialmente frágiles y sensibles. Baste recordar la latitud donde se
ubica el macizo.
Pero ya a finales de este atormentado siglo, protección y conservación no
son antónimos de desarrollo sino que la idea de conservación lleva
asociada la de desarrollo sostenible, y ésta la de empleo, tan necesario
en una Andalucía, en una provincia y en una comarca con tan alto índice
de paro con respecto a España y a la Unión Europea. Sierra Nevada no es
sólo, como vemos, la estación de esquí, es mucho más, y por cierto será
necesario también un gran acuerdo que culmine en que ni un solo ladrillo
más en dicha estación de esquí.
Señorías, la proposición de ley que traemos a esta Cámara, y que defiendo
en nombre de mi Grupo Izquierda Unida-Los Verdes, tiene un gran número de
elementos positivos y novedosos, y ya se han dicho aquí, pero me permito
remarcar algunos, como son la posibilidad de unir en una sola persona la
figura del conservador y del director del parque y la posibilidad de
fusionar en un solo organismo los órganos de representación, tanto del
parque natural que lo rodea desde 1989 como del próximo --no me cabe duda
de que lo será-- parque nacional que ustedes aprueben. Esto supondría
iniciar en la práctica la superación de disfunciones que la experiencia
de otros parques nacionales viene teniendo, y recuerdo el caso de Doñana.
Señorías, dije al principio de mi intervención la excepcionalidad del
momento político andaluz en que se aprobó esta propuesta y la vía de
urgencia y de lectura única utilizadas ante la inminente disolución de la
Cámara, anunciada mes y medio antes de que se produjese. Todos los grupos
estábamos de acuerdo en la necesidad de esta declaración de parque
nacional, todos estuvimos de acuerdo en las novedades que reseñé
anteriormente, todos veíamos como positiva la sentencia del
Constitucional que posibilita la gestión andaluza, porque no deja por
ello de ser española. Pero también todos estábamos de acuerdo en que el
ámbito territorial, cuando menos, era susceptible de ser ampliado. Los
límites propuestos en la presente ley coinciden con el área de reserva,
protección gradual, establecido en el Plan de recursos naturales aprobado
por decreto 6/1994, de 15 de marzo, y que configura tres islas --lo ha
reseñado la parlamentaria que me ha precedido--, de alguna manera tres
núcleos separados de altas cumbres, un caso único en la red de parques
nacionales españoles.
En la delimitación que contiene el texto hay zonas de alto valor
ecológico que quedan fuera, aunque ciertamente protegidas por el parque
natural; zonas como la cabecera del Poqueira; zonas como la cabecera del
río Dúrcal, con bosques de abedules exclusivos, o los alayos de Dílar,
especialísima cadena montañosa que cuenta con especies únicas como el
erodium astragaloide que se creía desaparecido desde hace más de cien
años, u otras zonas, como por ejemplo la del Marquesado de Zenete.
Ciertamente, la ley de declaración de este parque nacional posibilita en
su texto la incorporación de nuevos espacios contiguos en su artículo 2.
Pero si en el
trámite parlamentario, señorías, se reconocieran como integrantes del
parque estas y otras zonas que he dicho, desde ahora mismo sería un
adelanto en el consenso obtenido en Andalucía que agradeceríamos todos
los andaluces y andaluzas, y especialmente los granadinos y los
almerienses.
Señoras y señores diputados, si el nuevo año 1998 comenzara con la
aprobación de la presente proposición de ley, añadiríamos un motivo más
de satisfacción y de orgullo a Granada, que se prepara para la
conmemoración de los centenarios de escritores tan dispares y tan
universales como Lorca y Ganivet; centenario del nacimiento de uno y de
la muerte del otro en circunstancias trágicas ambas.
Termino, señorías, recordando la leyenda granadina que dice que en el
Mulhacén --el pico más alto de la península Ibérica-- está enterrado por
deseo expreso suyo el gran Muley-Hacén, con todos sus tesoros, y es
cierto, pero los tesoros están en todo el macizo y son, como reza la
exposición de motivos, su singularidad y riqueza de flora, su variedad de
formaciones vegetales, su espectacularidad paisajista y su interés
geomorfológico. Esperamos, señorías, la toma en consideración de esta
proposición de ley y su pronta tramitación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida a los tres miembros
del Parlamento Autónomo de Andalucía que han hecho la presentación de
esta proposición de ley, como iniciativa legislativa de esa Cámara
andaluza.
Coalición Canaria va a dar su voto favorable por entender que se cumplen,
en primer lugar, los formalismos legales, estar dentro de todo el cuerpo
doctrinal que emanado de nuestra Constitución habla --y con una gran
tradición española-- de la defensa del medio ambiente, de la naturaleza y
de lo que son los espacios naturales.
El Parlamento de Andalucía ha dado un segundo paso, después de su
aprobación en 1989 de lo que fue la declaración del parque natural de
Sierra Nevada. Las razones, el objetivo y la finalidad que se persigue la
comparte plenamente Coalición Canaria desde una comunidad autónoma, la
más dotada administrativamente de parques naturales y parques nacionales,
aparte del ordenamiento propio de la comunidad autónoma en comparación
con todas las restantes.
Mantener estos patrimonios hoy en día e irlos acrecentando concuerda con
la línea política que hemos mantenido siempre en Coalición Canaria, tanto
en el seno del Parlamento Autónomo de Canarias como en este caso en la
loable iniciativa que nos trae el Parlamento de Andalucía.
Por cumplirse todos los requisitos, y siendo una iniciativa de tipo
parlamentario que nosotros, en la defensa de la España de las autonomías,
apoyamos siempre, como he dicho, señor presidente, deseándole la mejor
andadura, la realización de las aspiraciones que aquí han experimentado y
explicitado los tres representantes del Parlamento de Andalucía,
Coalición Canaria dará su voto de apoyo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el escaño mismo y de forma muy breve, en primer lugar, quiero dar
la bienvenida al Congreso de los Diputados a los diputados del Parlamento
andaluz y felicitarles por la unanimidad en la proposición de ley que han
presentado. Nuestro grupo adelanta que va a dar respaldo a ese trámite
parlamentario que abre la posibilidad de convertir esa zona del Estado
español en una zona protegida. También felicitarnos por el acierto de la
presentación, ya que en ese momento la actual normativa, al incluirse en
el anexo alta montaña mediterránea, de la cual el conjunto de Sierra
Nevada es representativo, permite la inclusión de ese espacio en la red
de parques nacionales, y además se va a poder beneficiar de un nuevo
concepto, ya que en este momento, los parques nacionales, al contrario de
lo que sucedía hasta la modificación de la actual ley, pueden
compatibilizar un magnífico binomio: la preservación del medio natural
como eje fundamental y que esa realidad no sea exclusivamente a costa de
los sacrificios de las zonas afectadas. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Por tanto, ese nuevo
concepto, resultado de la modificación de la Ley 4/1989, de parques
nacionales ligados al desarrollo de las zonas rurales, como reza en la
exposición de motivos de la proposición de ley, es sin duda un paso
positivo en la integración de ese espacio a la economía de la zona,
pasando de ser una carga a convertirse en un elemento dinamizador de las
mismas.
Por parte de nuestro grupo, repito, nos felicitamos por la iniciativa y
esperamos ser entre todos capaces de encontrar el consenso suficiente que
nos permita que en el período más breve de tiempo posible se pueda
incorporar el actual parque natural a la red de parques nacionales.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la Comunidad Autónoma de Andalucía conquistó bizarramente su
autonomía por el artículo 151 de la Constitución frente al diseño
discriminatorio del Estado que se había prejuzgado. El Estado español,
por tanto, tiene en esa comunidad autónoma, en el sur, varias joyas a las
que debe cuidar como si de las joyas de la Corona se tratase. Una de
ellas es Sierra Nevada.
Por su extensión; por el valor; por el interés geomorfológico de un
patrimonio natural de valor científico, recreativo y educativo; por la
singularidad florística y faunística; por los distintos ecosistemas; por
la representatividad que dentro y fuera de nuestras fronteras significa
Sierra Nevada; porque no parte de cero, sino que tiene ya en su
consideración de parque natural un plan de ordenación de recursos
naturales, un plan rector de uso y gestión; porque es reserva de la
biosfera de la Unesco; por sus potencialidades de desarrollo de turismo
rural, aprovechamiento de los recursos por las poblaciones en ella
asentadas; por todo esto y por muchas cosas más, el parque natural de
Sierra Nevada solicita ahora, a través de esta proposición de ley del
Parlamento de Andalucía, apoyado de forma unánime por sus grupos, la
consideración de parque nacional.
Esta proposición de ley, señorías, tiene virtudes que ya han señalado y
reseñado los distintos representantes del Parlamento de Andalucía: se
adecua a las sentencias del Tribunal Constitucional, en el sentido de que
la gestión o cogestión debe ser fundamentalmente de la Junta de
Andalucía: se adecua a la ley de inventario de espacios protegidos
naturales de Andalucía y, además, utiliza fórmulas novedosas respecto a
la unidad de gestión de parque nacional y de parque natural.
Junto a ello, nuestro grupo encuentra lagunas y limitaciones importantes.
Nosotros creemos que si esta Cámara acepta esta iniciativa en el trámite
parlamentario de hoy, tendremos que estudiar, pactar, consensuar y
aprobar definitivamente una extensión de los límites planteados en la
proposición de ley para racionalizarlos y para conseguir los efectos
positivos que respecto a la conservación y cuidado de esta zona de
nuestra geografía implicará la consideración de parque nacional.
Este Estado desequilibrado que tenemos obliga a Andalucía y a Granada a
tener un diseño de estrategia socioeconómica basado en el sector
servicios, fundamentalmente en el turismo, y a veces esto supone un
peligro para el desarrollo sostenible. Y ya ha habido determinadas
barbaridades realizadas en la estación de esquí, o bien desde altas
instancias del Estado se ha intentado instalar radares en el Mulhacén:
elementos todos ellos que van en contra de una idea racional de
desarrollo sostenible.
Señorías, ya que se diseña un destino para Granada de estas
características, al menos que el Estado ayude a Granada y a Andalucía a
ser un espacio eficaz, privilegiado y de desarrollo sostenible. Lo que
por un lado se niega de desarrollo en otros sentidos, que al menos sea
compensado considerando a Sierra Nevada parque nacional. Concédanle
ustedes a Granada que pueda enorgullecerse de su parque nacional, porque
Granada, señorías, quiere desarrollo sostenible y no un turismo hortera
como el de las Spice Girls.
Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Díaz Sol.
El señor DIAZ SOL: Señor presidente, señorías, hoy tengo una mezcla de
sensaciones, todas agradables, al intervenir en nombre de mi grupo
parlamentario para fijar la posición de los socialistas respecto a esta
propuesta que los parlamentarios andaluces han defendido tan dignamente
aquí, y por la que se pide que Sierra Nevada sea declarado parque
nacional. Voy a intentar matizar esas sensaciones en mi intervención.
La lucha por la conservación de Sierra Nevada lleva mucho tiempo
arraigada en el pueblo de Granada y de Almería. El macizo de Sierra
Nevada ha sido una isla dentro del medio ambiente de nuestra Andalucía y
de nuestra España. Ha albergado distintas culturas y ha mantenido y
mantiene tradiciones en su interior que la hacen importante no sólo desde
el punto de vista ecológico sino también desde el punto de vista cultural
y socioeconómico. Sierra Nevada ha pasado por muchas vicisitudes, ha
sufrido el ataque de la especulación urbanística, ha padecido la
explotación de sus bellezas naturales de forma salvaje, y sólo en los
últimos años, bajo el Gobierno socialista en la Junta de Andalucía, se
han producido importantes avances en la protección de este bien
universal. Un bien universal que ha sido reconocido por la Unesco al
declararlo reserva de la bioesfera; que fue reconocido por el Gobierno
andaluz al declararlo parque natural dentro de la ley andaluza 2/1989,
que establecía la reserva y la protección de una amplia parte del suelo
andaluz, siendo Sierra Nevada, quizá, la extensión más importante y más
compleja de toda esta acción protectora de la Junta de Andalucía, y no
sólo por su extensión, como se ha especificado aquí, sino también por la
cantidad de términos municipales, más de 60 municipios afectados, y una
población de casi 100.000 personas residentes en estos municipios. Todo
ello hace que la gestión y la conservación de Sierra Nevada sea una
acción compleja y que se ha ido llevando adelante con eficacia, como han
demostrado estos años en los que se ha avanzado en un trabajo unitario,
buscando el consenso y la participación de todos, de los partidos
políticos y también de los sectores sociales y de los movimientos
ecologistas, lo que ha permitido, a través del pacto por Sierra Nevada,
llegar a esta propuesta de ley que hoy los parlamentarios andaluces han
traído a esta Cámara.
Las altitudes que contiene en su perímetro, así como la baja latitud que
tiene Sierrra Nevada, hacen que tenga un gran contenido en variedades
singulares de flora y de fauna, que tenga ejemplos únicos que la hacen
quizás poseer un compendio de flora de los más importantes de Europa en
estos momentos.
Aparte de los intereses ecológicos que han defendido con mucha habilidad
y competencia nuestros colegas andaluces, a mí me gustaría incidir en
algunos aspectos que creo que pueden levantar alguna sombra de cara al
futuro en esta proposición de ley.
Esta proposición de ley llega a la Cámara el 28 de diciembre de 1995. Ha
tenido, por tanto, una larga espera hasta llegar a este momento de toma
en consideración; una espera durante la cual se ha aprobado,
recientemente, en el último Pleno, una modificación de la Ley de
conservación de espacios naturales de la flora y de la fauna silvestre,
la Ley 4/1989, de 27 de marzo; una modificación que venía como
consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, la 102/1995,
que planteaba la concurrencia de competencias entre el Gobierno y las
comunidades autónomas a la hora de la gestión. La proposición de ley se
hace con arreglo a esta sentencia del Tribunal Constitucional, es decir,
viene ya dentro del espíritu que establece el alto tribunal para las
políticas de medio ambiente. Establece, por tanto, toda una serie de
principios que van desde el área de influencia económica, el régimen
jurídico, hasta el ámbito territorial, y sobre todo la gestión y los
instrumentos de programación y planificación. Y aquí es donde en las
intervenciones que me han precedido he empezado a ver ciertas diferencias
que no cuadran con la unanimidad que, aparentemente, traía la proposición
de ley a esta Cámara.
Todos estamos de acuerdo, y es evidente, en que es necesario proclamar o
crear un parque nacional dentro del parque natural de Sierra Nevada.
Además, el que haya ya un parque natural que le sirva de protección y de
colchón a ese parque nacional nos puede dar unas ciertas garantías de que
va a ser eficaz la protección que pretendemos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Díaz Sol,
vaya concluyendo, por favor.
El señor DIAZ SOL: Voy concluyendo, señor presidente.
Desde luego, lo que no parece aceptable es que aquí se denuncie que
Andalucía pretenda que la gestión y dirección del parque nacional sean
competencia de la comunidad autónoma. La modificación de la Ley 4/1989,
de 27 de marzo, establece tal variedad de situaciones a la hora de crear
la red nacional de parques que no puedo entender cómo alguna de las
intervenciones que me han precedido llama la atención porque Andalucía
pretenda tener la competencia exclusiva en la gestión y planificación del
parque nacional. Se pretende que haya excepciones para parques nacionales
como el de Aigües Tortes, que es exclusivamente de competencia
autonómica; se pretende que haya una situación especial de cara a los
magníficos parques de las islas Canarias, que en un futuro, en acuerdo
con el Gobierno, tendrán su régimen, aquél al que lleguen con los
acuerdos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Díaz Sol, le
ruego concluya.
El señor DIAZ SOL: Voy acabando, señor presidente.
Se critica que Andalucía reclame la competencia exclusiva para la
dirección del parque. Yo quiero decir que, ante el mosaico de
posibilidades que abre el proyecto que aprobamos en el Pleno anterior, la
pretensión de Andalucía no es ni más ni menos que una situación más, que
debe ser admitida dada esa versatilidad que voluntariamente impuso el
Gobierno en la modificación del proyecto de ley de conservación de
espacios naturales.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Díaz Sol.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señor presidente.
Señorías, hoy es un día de gozo para quien les habla, como almeriense y
como granadina. Yo no voy a incidir en mi exposición en la descripción de
los caracteres peculiares del macizo de Sierra Nevada, porque ha quedado
expuesto a satisfacción por quienes me han precedido en el uso de la
palabra. No hablaré, por tanto, de borreguiles ni de pastizales ni de
encinares ni de desiertos, pero quiero añadir que Sierra Nevada es algo
más: es la madre nutricia que riega los campos andaluces desde Almería
hasta la desembocadura del Guadalquivir, al que nutre con las aguas de
los ríos que en ella nacen. Ya en la antigüedad sorprendía Sierra Nevada
a quien la contemplaba y, a través de geógrafos como el griego Tolomeo,
el poeta anónimo de Almería la describió en el siglo XII, en la primera
descripción árabe que hay de la ciudad, como una de las glorias y de las
maravillas de la tierra. En otro contexto
cultural, la Sierra se hubiera conocido como una diosa benéfica e
implacable que se cobra la vida de quien se adentra en sus recónditos
lugares en circunstancias adversas, y es que la Sierra, así llamada, como
se la conoce en nuestras provincias de Almería y de Granada, forma parte
de la vida y de la cultura, principalmente de esas dos provincias que
tienen la suerte de estar asentadas en su falda.
Estamos de acuerdo. Sierra Nevada reúne las condiciones para ser
declarada parque nacional y ese es el gran deseo de los almerienses y de
los granadinos, pero, en cualquier caso, la consideración de parque
nacional debe tener una serie de condiciones. Primera, una continuidad
geográfica que la haga fácilmente gestionable, sin establecer unos
límites forzados o de difícil de gestión. Esto es obvio. Segunda, una
representación de todas y cada una de las formaciones más características
de su conjunto, desde la alta montaña hasta el desierto y el subdesierto.
La tercera de las condiciones sería la ausencia de núcleos habitados, de
áreas de profunda transformación humana, de infraestructuras o de
corredores de alto uso, evitando las tierras objeto de aprovechamiento
agrario o silvopastorales, así como sectores afectos por actuaciones de
construcción de infraestructura en trámite o en expectativa de ser
desarrollados.
A este efecto, recordemos lo que ha ocurrido en la tramitación de otros
parques. Todos los grupos representados en el Parlamento andaluz
entienden que Sierra Nevada es un conjunto de ecosistemas de tal
importancia que no puede estar fuera de la red de parques nacionales.
Esto no lo duda ningún grupo, y hemos visto cómo se ha contemplado en el
proceso de planificación previo a la proposición de ley, que ya ha sido
realizado.
Este requisito es imprescindible para la declaración conforme al artículo
15 de la Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de flora
y de fauna silvestres. Ha sido desarrollado por la comunidad autónoma
andaluza y aprobado mediante el Decreto 64/1994, de 15 de marzo, por el
que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales, que se
hizo para la creación del parque natural, y el Plan rector de uso y
gestión del existente parque natural de Sierra Nevada, declarado por la
Ley 2/1989, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales
protegidos de Andalucía y se establece una serie de medidas adicionales
para su protección.
No obstante, el Plan de ordenación de los recursos naturales presenta
unas carencias que es obligado resolver de cara a la seguridad jurídica
de la propia declaración de parque natural. Esto es necesario,
naturalmente. La primera carencia del Plan de ordenación de recursos
naturales es que no llega a establecer la conveniencia de declarar un
parque nacional en la zona. En consecuencia, no se ha producido, a nivel
local, ningún proceso de participación en la definición de la figura de
parque nacional. La proposición de ley sólo plantea declarar parque
nacional las áreas que en el Plan de ordenación de los recursos naturales
quedaban determinadas como reserva, modificando el régimen de uso y
limitación que se establecía en el Plan de ordenación de los recursos
naturales. Por ejemplo, en este Plan se permitía la caza mientras que en
la proposición de ley que consideramos hoy está prohibida. Además, es
necesario que exista un plazo de información pública antes de crearse un
parque nacional. Por otra parte, al circunscribirse su análisis a los
terrenos del actual parque natural, su ámbito no abarca una serie de
posibles modificaciones de límites que podrían situarse fuera de éstos y
que nosotros creemos evidentemente necesarias.
Dado que, desde el punto de vista ambiental, la propuesta de declaración
de parque nacional debería incluir una serie de terrenos situados fuera
del parque natural ya existente, el proceso declarativo se desarrollaría
entonces sin planificación previa. Por tanto, sería necesario, desde
nuestro punto de vista, cubrir esta serie de carencias al objeto de
ajustar esta declaración a la determinada por la Ley de 25 de septiembre
de 1997, por la que se modifica la Ley 4/1989, de conservación de los
espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres; a la vez, habría
que conseguir un alto consenso social, imprescindible, que permita
gestionar el parque nacional sin conflicto de uso y de límites, como ha
pasado en la tramitación de otros parques nacionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández de
Capel, le ruego que vaya concluyendo.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
La modificación del Plan existente de ordenación de los recursos
naturales para incorporar las deficiencias señaladas es necesaria. Esto
permitiría la incorporación de los criterios genéricos de la red de
parques nacionales. En consecuencia, creemos que la proposición de ley
debe adaptarse a todo lo anteriormente expuesto. ¿Por qué? Pues porque al
plantear como límites del parque nacional la zona de reserva del actual
parque natural, parece que se pierde la representatividad y la globalidad
deseables en un parque nacional. Un parque nacional con estos límites no
puede cumplir los objetivos declarativos de los espacios incluidos en la
red de parques nacionales. Deberían corregirse al alza estos límites tras
el oportuno proceso de participación.
La gestión del parque nacional tampoco debe de ser un problema porque en
la proposición de ley se define como un simple sector del parque natural,
que es realmente la figura de protección territorial. Sería, entonces, un
añadido de otro espacio protegido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández de
Capel, le ruego concluya.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con su benevolencia, voy concluyendo,
señor presidente. Por último, habrá que tener en cuenta también la voz
del Tribunal Constitucional, ya que, a nuestro juicio, creemos que la
proposición de ley no está adaptada al contenido de la modificación que
sufrió la Ley de espacios naturales del 25 de septiembre de 1997.
Concluyendo, nosotros valoramos positivamente esta iniciativa de declarar
parque nacional a Sierra Nevada, pero creemos que la proposición debe
ajustarse al marco jurídico y de planificación establecido para la
declaración de parques nacionales. Una aprendió desde pequeña que el
camino más corto es la línea recta y la adecuación a la ley es siempre el
camino más exacto.
En razón de todas estas premisas el Grupo Popular hace un ofrecimiento,
como últimas palabras, para que en la ponencia que se constituya se
cuente con la participación de técnicos de la autonomía, de asociaciones,
de administraciones autonómicas y nacionales.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández de
Capel, su señoría debe concluir de forma inmediata.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Decía que con la participación,
también, de universidades que permitan que se adecuen de esta manera y
haya un consenso.
Por tanto, sólo me queda felicitarme y manifestar la enorme satisfacción
porque gobernando el Partido Popular sea posible el parque nacional de
Sierra Nevada, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
(Rumores.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández Capel.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Parlamento de Andalucía, sobre declaración del
parque nacional de Sierra Nevada. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 299; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley. Felicitamos así a los
parlamentarios andaluces que han intervenido en su defensa y al
presidente del Parlamento andaluz, señor Torres Vela, que ha asistido
desde las tribunas.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), DE MODIFICACION
DE LA LEY 18/1991, DE 6 DE JUNIO, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FISICAS (IRPF), AL OBJETO DE REFORMAR EL METODO DE ESTIMACION
OBJETIVA DE RENDIMIENTOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES (Número de
expediente 122/000064)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
de modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, al objeto de reformar la redacción dada el 6 de junio de 1991 al
método de estimación objetiva de rendimientos empresariales y
profesionales.
Para su presentación ante el pleno, tiene la palabra el señor Homs.
(Rumores.) Silencio, señorías. (Rumores.) Señorías, les ruego guarden
silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir para fijar la posición de mi grupo en la defensa de esta
iniciativa legislativa que hemos propuesto a la Cámara para su toma en
consideración.
Se trata, señorías, de una proposición de ley que tiene por objetivo
revisar, modificar, reformar, la legislación hoy vigente que regula el
método de estimación objetiva de rendimientos empresariales y
profesionales. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señores diputados. ¡Señor Llorens, señor
Gamir! (Pausa.)
Puede continuar, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Se trata de una iniciativa legislativa que tiene por propósito afrontar
una reforma de la legislación que hoy regula las obligaciones de las
pequeñas empresas. Este es un objetivo que persigue mi grupo
parlamentario desde hace muchos años, pero también es un propósito,
porque este diputado así lo ha visto en los programas electorales de
otros grupos parlamentarios de la Cámara. Me consta que el Partido
Popular y también en otras ocasiones el Partido Socialista han expresado
la conveniencia de revisar el sistema de módulos hoy aplicable a las
pequeñas empresas.
Esta es una iniciativa legislativa, señorías, que tiene por destino a
casi más de dos millones y medio de contribuyentes que, a partir del año
1991, se sometieron al proceso de tributación mediante el procedimiento
de módulos. Se trata de un sistema simplificado, quizás más operativo,
más efectivo desde la perspectiva de la recaudación porque en sí mismo
contiene unos procesos
simplificados que permiten a la Agencia Estatal Tributaria acometer su
objetivo de hacer cumplir las obligaciones tributarias a las pequeñas
empresas. Pero el transcurso del tiempo desde el año 1991 hasta la fecha
ha ido poniendo de manifiesto la conveniencia de revisar y adaptar este
marco fiscal para acercar la exigencia tributaria, las obligaciones
fiscales, a estos sujetos pasivos, y que contribuyan por la capacidad
real de los rendimientos que obtienen con su actividad económica. El
propósito es establecer un marco normativo que nos acerque mucho más a la
realidad en las obligaciones fiscales, que nos acerque a los niveles
reales y efectivos de rendimientos que obtienen estas instituciones. Sin
embargo, no se trata sólo de acercar la obligación tributaria a la
realidad sino de permitir que todo lo que tiene hoy el ordenamiento
tributario de incentivo a la reactivación de la economía, todos aquellos
incentivos que contiene el marco legal hoy vigente para estimular la
inversión, para estimular la creación de empleo, para estimular la
actuación económica en ámbitos expansivos como es, por ejemplo, el campo
internacional, también pueda ser aplicable a las pequeñas empresas. La
verdad es que aquellas pequeñas empresas que deciden libremente optar por
tributar mediante los procedimientos simplificados, hoy de módulos,
quedan excluidas de la posibilidad de acogerse a los mecanismos de
incentivo fiscal para la
creación de empleo o incentivos fiscales para la estimulación de la
inversión; por ejemplo, los mecanismos de amortización de la inversión no
son aplicables en los supuestos de tributación por procedimientos de
módulos.
Por lo tanto, tal como ha sido reclamado durante los últimos años por
todas las asociaciones empresariales de pequeñas empresas, nuestro grupo
cree necesario que la Cámara revise este marco fiscal y que se abra la
revisión del ordenamiento legal referente a toda la obligación tributable
por procedimientos de estimación objetiva. Por eso proponemos unas
modificaciones que nos permitirían acercarnos a lo que he dicho
anteriormente, a la realidad de los niveles de rendimientos obtenidos,
pero también a los modelos hoy operantes en los países de Europa.
Señorías, se trata de que aquello que ya está siendo una constatación
comprobada, efectiva y positiva en otros países de Europa, lo implantemos
en el nuestro y no inventemos fórmulas mucho más distintas. Así,
proponemos a la Cámara un procedimiento intermedio entre lo que sería la
declaración directa de las pequeñas empresas y la declaración mediante
sistemas de módulos; un procedimiento intermedio que podría ser de
estimación simplificada o denominada hoy en la ordenación por
coeficientes; un procedimiento intermedio que permitiría, al contemplar
unas declaraciones de ingresos y a la vez de gastos, poderse acoger a
todos mecanismos hoy existentes de amortización de inversiones, de
estímulos a la creación de empleo, de estímulos a la inversión propia en
la actividad económica, sin dejar fuera de esa dinámica todo lo que hoy
es pequeño en nuestra realidad económica.
Señorías, la proposición para la que solicitamos de la Cámara su toma en
consideración no va en dirección opuesta con lo que el Gobierno ha
anunciado ya reiteradamente desde aquí, y tenemos conocimiento de que
próximamente va a tomar decisiones normativas en esa misma dirección.
Sabemos que el Gobierno persigue que se puedan introducir procedimientos
más simplificados en las obligaciones fiscales de las pequeñas empresas,
sabemos que quiere contemplar mecanismos por coeficientes o también
introducir algún mecanismo intermedio entre la declaración directa y los
métodos de estimación objetiva por módulos, y esta iniciativa va en la
misma dirección.
También sabemos que el Gobierno y el Partido Popular están de acuerdo en
acercar la declaración fiscal de las pequeñas empresas a los rendimientos
reales que obtengan las mismas y que los límites que determinan la
estimación objetiva en estos momentos son muy excluyentes, son límites
que deben realizarse, y esta iniciativa contempla también la revisión de
los actuales límites para acogerse a las declaraciones por módulos.
Conocemos de la voluntad del Gobierno y del Partido Popular de luchar
contra el fraude fiscal, y esa reforma que proponemos en ese ámbito de la
pequeña empresa, que debe ser extensiva también a todo lo que es la
reforma de la declaración del IVA por el sistema de declaración objetiva,
tiene igualmente esta finalidad.
También perseguimos mediante esta reforma ser más efectivos en la lucha
contra el fraude fiscal y por eso creemos que coincidimos con los
propósitos del Gobierno y el Partido Popular en esos objetivos que pueden
ser generales a todos los demás grupos parlamentarios.
De hecho, se trata de resolver la asignatura pendiente de que las
pequeñas empresas puedan acogerse a los incentivos para la creación de
empleo o a los incentivos por inversión cuando esta inversión se destina
por ejemplo a I+D, o a promover exportaciones, o a fomentar la formación
de las personas que trabajan en esas unidades económicas, lo mismo que
pueden acogerse a ellos las grandes o medianas empresas que están
tributando por sistemas de declaración directa; incentivos a los que en
cambio no pueden acogerse las que van por estimación objetiva. Sabemos
que este es un propósito compartido, estoy seguro que compartido por toda
la Cámara y compartido también por todo el Gobierno.
Señorías, esta proposición de ley que defendemos es una iniciativa
legislativa que viene a plantear la conveniencia de revisar, repito, el
marco fiscal en la dirección que he anunciado. Creemos que vamos a poder
coincidir con todos los grupos en ese propósito. Quizá
los mecanismos legislativos que se pudieran utilizar para hacer efectiva
esta reforma en nuestro sistema jurídico vigente, podrían ser varios,
podrían ser otros caminos y otros procedimientos. Es verdad que el
Gobierno, haciendo uso de su capacidad legislativa, podría resolver estas
cuestiones por decretos-leyes, pero nuestro grupo estima que, toda vez
que esta es una reforma cuyo destinatario no es un colectivo menor sino
que se trata de casi tres millones de contribuyentes, es conveniente que
esta reforma se debata y se discuta en la Cámara para que todos los
grupos podamos aportar nuestras reflexiones y consideraciones al
respecto.
No queremos con ello invalidar la importancia que pueden tener las
medidas ya anunciadas por el Gobierno e incorporadas en la ley de medidas
urgentes que acompaña al proyecto de ley de presupuestos y que va en esta
dirección, pero no plenamente en todas las líneas que contempla esta
proposición de ley de mi grupo parlamentario. Nuestro grupo no quiere con
esta intervención que estamos haciendo, en la que defendemos nuestra
proposición de ley, introducir ningún atisbo de contradicción ni de
discrepancia con el texto o con las iniciativas que el Gobierno nos
propone en la ley de acompañamiento y en la propia ley de presupuestos.
Sin embargo, quizá puede ser muy enriquecedor mantener esta iniciativa
legislativa viva, con una perspectiva más amplia, con una reforma más
exhaustiva, que puede tener un alcance más amplio en nuestra sociedad, y
no algunos artículos muy parciales que se han introducido en la ley de
medidas que acompaña a la ley de presupuestos. (El señor vicepresidente,
López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
Sin duda, si a lo largo de los próximos meses en la ley de
acompañamiento, o en el desarrollo legislativo que el Gobierno puede
instar y desarrollar, se van sucediendo cambios en la dirección que
apunta esa iniciativa que hoy se pone sobre la Mesa de esta Cámara,
nuestro grupo tendrá a bien considerar la conveniencia de replantearnos
si es oportuna o no esa iniciativa legislativa. Hoy por hoy creemos que
es oportuna, que es conveniente y que es necesaria. Venimos reclamándola
hace muchos años, coincidimos con todos los grupos en esta conveniencia y
creemos que es oportuna que se haga con rango de ley. Por eso mantenemos
esta iniciativa e instamos al Grupo Popular a que se sume a sostener
abierta esa reflexión normativa en esta Cámara con rango de ley, porque
creemos que, en definitiva, puede ser positivo para el futuro de nuestra
sociedad.
Sin más, señor presidente, quiero anunciar que mi grupo, si se acepta la
toma en consideración de esta proposición de ley, estará abierto a todas
aquellas sugerencias que quieran hacer los demás grupos parlamentarios.
También estaremos abiertos a la observación de cómo se suceden las
decisiones normativas que pudiera tomar el Gobierno, para ver cuál puede
ser el final de esa reforma, respecto a la que mi grupo vería con muy
buenos ojos que terminara siendo norma de ley, no decreto normativo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias señor Homs.
¿Grupos que desean fijar su posición respecto de esta proposición de ley
del Grupo Parlamentario Catalán? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición de Unión Valenciana sobre esta toma en
consideración de la proposición de ley, presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), respecto a la modificación del IRPF tendente a
reformar el método de estimación objetiva de rendimientos empresariales y
profesionales.
En primer lugar, quiero felicitar al grupo proponente por el acierto,
oportunidad e importancia socioeconómica que esta iniciativa, que espero
hoy se tome en consideración, puede tener en el tejido económico del
Estado español.
Como muy bien ha aportado el portavoz proponente del Grupo Catalán,
estamos hablando de casi tres millones de contribuyentes del tejido
económico de vital importancia dentro de nuestra economía que son las
pequeñas empresas.
Desde el año 1991, cuando entró en vigor este sistema del IRPF para la
estimación objetiva de rendimientos empresariales y profesionales, se
venía denunciando por estos pequeños empresarios que el sistema de
estimación objetiva por módulos era rígido y que tenía más inconvenientes
que ventajas para el gran objetivo de estas pequeñas empresas, que es
crear puestos de trabajo. Durante estos más de seis años de vigencia de
la estimación objetiva por módulos se han dado los condicionantes para
revisar este marco fiscal que ha creado situaciones realmente difíciles y
perniciosas para estas pequeñas empresas, en lo que se refiere a su
situación económica interna.
Creo que las consecuencias y efectos negativos han sido sufridos por
muchas empresas y los colectivos empresariales que agrupan las pequeñas
empresas del Estado español demandaban la rectificación, la modernización
y actualización a la realidad económica que representan estas pequeñas
empresas.
Creo que, como pretende esta proposición de ley, es imprescindible
simplificar muchos extremos de esta ley, modificar aquello que se ha
demostrado es pernicioso y flexibilizar la fiscalidad para el pequeño
empresario, porque este método de módulos no ha estado a la altura de las
situaciones y, sobre todo, a la altura de aquellos objetivos que guiaron
en su día, en el año
1991, a establecer este método de estimación objetiva para valorar los
rendimientos empresariales y profesionales.
Creo que esta reforma del IRPF puede ser muy importante, y hoy puede ser
un día muy importante para estas pequeñas empresas y para los pequeños
empresarios que han venido demandándolo, sobre todo para que libremente
puedan optar por un sistema o por otro, para que haya realmente
flexibilidad en el IRPF que sufren las pequeñas empresas en el Estado
español; pero sobre todo lo más importante es que se eliminen los
desincentivos a la contratación y a la inversión que el sistema actual
venía ocasionando a las pequeñas empresas, que son un motor de la
economía, y creo que lo importante de esta iniciativa es que se sienten
las bases para favorecer la creación de empleo y la inversión en las
pequeñas empresas, ya que la
creación de puestos de trabajo es un reto muy importante, y esta
reforma puede dar el estímulo y conseguir que las pequeñas empresas
vuelvan a recuperar el pulso de la actividad económica, vuelvan a ser ese
motor de la economía y se creen puestos de trabajo. Este creo que es el
objetivo del grupo proponente y, por tanto, Unión Valenciana va a apoyar
esta toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
La regulación sobre la tributación de las actividades empresariales y
profesionales ha estado intentando, a lo largo de estos años, equilibrar
la simplicidad con la racionalidad y con la equidad. Sin embargo, no se
ha conseguido establecer un sistema que cumpliera, en un alto grado, este
principio.
Desde el antiguo sistema de evaluación global, que SS. SS. recordarán y
que, por cierto, fue muy práctico y sencillo en su momento, pasando por
la estimación objetiva singular, normal y simplificada, hasta el sistema
de signos, índices y módulos de la Ley 18/1991, ninguno ha conseguido
encontrar ese equilibrio al que antes me he referido.
Hoy se presenta en esta Cámara la proposición de ley que modifica el
artículo 69 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la
tributación por estimación objetiva. No voy a entrar a valorar el
contenido de esta proposición de ley, puesto que hoy estamos tratando de
apoyar o no su toma en consideración. Estoy de acuerdo en que esta
reforma es necesaria y urgente; así lo entendimos también y lo hemos
entendido en Euskadi en todo momento, donde las diputaciones forales
están trabajando en este tema y estamos preparando ya un sistema para las
pequeñas y medianas empresas y para los profesionales en estimación
objetiva, parecido al que aquí ahora se empieza a hacer.
El actual sistema, desde luego, no responde a lo que las empresas
necesitan. Entendemos que debe haber un marco jurídico que consiga la
modernidad y la competitividad de este sector tan importante en la
economía. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario, apoyaremos todas
aquellas iniciativas que vayan en este sentido, eso sí, estableciendo un
proceso de presentación y debate en esta Cámara, que sea racional, que
evite duplicidades y esfuerzos inútiles, y que esté encuadrado en el
marco legislativo que necesitan hoy las pequeñas y medianas empresas.
Como decía, el actual sistema no responde a las necesidades de las
pequeñas empresas, ni creo que contente a la propia Administración
tributaria; por tanto, su cambio se hace imprescindible. Ahora bien,
vamos a intentar racionalizar las iniciativas parlamentarias, porque
junto con esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), el Gobierno ha anunciado también a la
opinión pública la presentación, dentro de la ley de acompañamiento, de
un conjunto de medidas que provienen de las recomendaciones de la
comisión interdepartamental sobre la fiscalidad de las pequeñas y
medianas empresas, medidas que, como digo, algunas están contenidas en la
ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1998.
Se hace necesaria, por tanto, una coordinación de todas estas
iniciativas, que aborde de forma adecuada la tributación empresarial y
profesional en este segmento de empresas, encajando además con una
reforma global que comprenda la financiación, que comprenda un nuevo
marco laboral y la formación sobre mejora continua y calidad total.
Como he dicho, señorías, es necesario racionalizar todas estas
iniciativas parlamentarias. Por eso, y en atención a lo que ha anunciado
ya el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en el sentido de
que estas reformas van en línea con lo que está anunciado por el
Gobierno, y que incluso ha anunciado el replanteamiento en su día si el
Gobierno presenta a esta Cámara las medidas que tiene anunciadas, pediría
al grupo proponente que retirase esta proposición de ley. Si no lo hace,
puede contar con el voto de apoyo de nuestro grupo parlamentario, porque
siempre vamos a apoyar cualquier iniciativa que vaya en la línea de
potenciar a las pequeñas y medianas empresas. Abrir debates por duplicado
en la Cámara, no hace más que esparcir los esfuerzos, y no va en favor de
lo que debe ser hoy un marco jurídico estable en todos los ámbitos para
las medianas y pequeñas empresas. Debíamos hacer un esfuerzo para debatir
este tema a través de las medidas que presente el Gobierno que, por
cierto, ya las tiene elaboradas.
Por eso, repito, apoyaremos la toma en consideración de la proposición de
ley, pero me permito sugerir
al portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que retire la misma,
dado el adelanto que tiene el Gobierno en la elaboración de las medidas
que va a presentar a esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Este es el libro gordo de Petete (El señor
diputado muestra a la Cámara un voluminoso documento). Señor presidente,
señorías, este diputado no sale de su asombro. Lo digo por lo que son
iniciativas parlamentarias que pueden corresponder a grupos de la Cámara
en función de su ubicación parlamentaria. Un grupo político tan
influyente como Convergència i Unió, defiende hoy una proposición de ley
para modificar el artículo 69 de una ley, cuando el Gobierno acaba de
presentar ayer una ley de acompañamiento, que más que de acompañamiento
me imagino que será de sustitución; de no querer que se hiciesen leyes de
acompañamiento, hay que ver cómo se ha ido poblando. Bueno, pues esta ley
de acompañamiento precisamente modifica el artículo 41 del rendimiento
neto de este sistema de tributación, el artículo 42 de las normas para
determinar ese rendimiento neto en la estimación directa y los artículos
68 y 69. Por tanto, a mi me gustaría saber por qué se mantiene este
debate hoy, cuando tenemos un marco más amplio ya presentado para una
reforma fiscal. Pues para dos cosas: una, para conseguir que lo apruebe
la Cámara y otra, para decir que hemos cobrado en el peaje primero y
vamos a intentar cobrar en el segundo, o por lo menos decir que lo hemos
intentado, pero que los malos no quieren apoyarnos. En cualquier lectura
que yo hago, amigos del grupo mayoritario de la Cámara, tienen unos
compañeros que se quieren fotografiar en muchas paradas de metro. Sería
bueno que quedase más patente en qué parada vamos a poder valorar si esta
propuesta está consensuada o no, y de qué manera se puede modificar.
Me gustaría añadir una cosa más. El Gobierno está discutiendo con la CEOE
una reforma de lo que pudiéramos llamar el IRPF; lo discute con la CEOE,
con los agentes sociales, todavía no lo ha discutido con los sindicatos,
no lo ha discutido con los grupos parlamentarios en un marco más amplio.
Sería bueno que todas las fuerzas políticas participáramos en una
discusión de lo que es la política fiscal, para saber qué decisiones
tomamos, para saber cómo se hace un sistema tributario más justo, porque
no podemos mezclar cosas que son diferentes. No es lo mismo una pequeña
empresa, una peluquería y un taller de reparación con una persona, que
una peluquería en el centro de Madrid o un taller con cien trabajadores.
No factura lo mismo, no funciona igual, aunque se puede acoger a
determinado funcionamiento y sigue siendo pequeña empresa. Por tanto,
deberíamos buscar un sistema fiscal más progresivo, que pague más el que
más ingresa, que no se busque la puerta de atrás para ver si por aquí me
ahorro algo, o por aquí me descuento algo. Nosotros creemos que el
Gobierno debe discutir ampliamente con los agentes sociales y no
solamente con una parte, con todos los socios parlamentarios que le
apoyan desde el debate de investidura, con los que le apoyan y no le
apoyan accidentalmente, y con los que no le hemos apoyado antes ni ahora,
para poder participar y dar nuestra opinión sobre el sistema tributario
que debemos tener en el país.
Por eso creo que lo mejor que podía hacer el grupo proponente es hacer lo
mismo que me pidieron a mi en una discusión como ésta hace dos años,
cuando me dijeron: como ya están aquí los presupuestos ¿por qué trae
usted esta discusión fuera del marco de los presupuestos y de la política
fiscal que les va a acompañar? Me pidieron que retirara una iniciativa a
finales del mes de septiembre. Yo les diría ahora lo mismo: ¡hombre de
Dios!, pero si están aquí los presupuestos y la política fiscal que el
Gobierno va a hacer y que ustedes van a apoyar ¿para qué nos piden
discutir esto aparte? ¿Acaso hay que discutir la fiscalidad de los
módulos y de los empresarios en un aparte pero de lo otro no? Habrá que
discutir de todo en su conjunto; por tanto sería bueno que ustedes
retiraran su propuesta para una discusión más amplia, y si no quedan a
gusto de lo que va a sacar adelante esta Cámara con su apoyo o sin su
apoyo, entonces entremos a discutir una reforma más amplia. ¿Por qué?
Porque ya está bien de tanta pequeña reforma, de tanto parche puntual.
Los textos refundidos van a ser una barbaridad, la capacidad y la
garantía jurídica de las empresas a la hora de actuar van a estar en una
situación complicadísima, ¿qué regulación tienen? Una reforma tras otra
reforma.
Por otro lado, usted ha hecho referencia, señor portavoz del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), a que era importante una reforma de rango
de ley. Esa es la insistencia por la que mantenían la proposición. No,
no, esto también tiene de rango de ley. Es verdad que reformamos 40
leyes, el IRPF, sociedades, IVA, etcétera, etcétera, pero son reformas de
ley que aprueba este Parlamento y que se pasan a los textos refundidos de
cada una de ellas; no hay un rango mayor o menor en función del tipo de
propuesta.
No quisiera ceñirme solamente al tema del procedimiento, al tema de la
oportunidad o no de mantener esta propuesta que fue presentada en
febrero, a lo mejor entonces sí tenía un objetivo, que era forzar la
discusión y claro, de febrero a octubre, da la sensación de poco encaje.
Voy a referirme a los contenidos, porque creo que aquí mezclan algunas
cosas a la hora de plantear
los ocho grandes objetivos que nos proponen a la hora de defender esta
proposición de ley. Primero, un objetivo de simplificar lo que es hoy la
tributación de estas empresas. Segundo, potenciar la estimación objetiva.
Yo creo que la estimación objetiva hoy es optativa, se puede optar por
una declaración directa, en donde después de los ingresos se descuentan
los gastos, y se obtiene la tributación. Eso lo puede hacer cada una de
las personas individualmente. Por tanto, esta fórmula de facilitar que se
haga una declaración así por un monto más o menos global, al que
ampliamos los mínimos --diciendo que están obsoletos--, de 50 hasta 150
millones, o a los profesionales de 15 millones a una cifra distinta, en
lugar de actuar con ese parcheo, en lugar de buscar una fórmula de
valoración global, deberíamos actuar sobre qué se está declarando, qué se
está ingresando y si el sistema es transparente.
Uno de los objetivos que se plantea esta proposición es reducir el fraude
fiscal, en primer lugar el fraude en el IVA. Ya reconoce que el sistema
que tenemos hoy provoca fraude o lo puede provocar, pues lo quiere
corregir con esta propuesta. La valoración que tenemos del Gobierno, los
datos que tenemos del Gobierno en los últimos años, pero en concreto del
último año valorado, en lo que es la declaración estimada de este tipo de
recaudación el año 1994, que es la última recaudación entera entregada en
el año 1995, la declaración media de lo que son las actividades por
estimación directa de estas empresas tiene una declaración de 1.100.000
pesetas, menos que las rentas del trabajo. La estimación por coeficiente
tiene otra declaración, y la estimación de los módulos por esta
declaración de estimación objetiva tiene una media de 832.000 pesetas de
ingresos. En unos casos será verdad, en otros casos será otro tipo de
declaración. Creemos que hoy no hay una situación de equidad entre lo que
es la declaración de la gente que tributa por rentas del trabajo con lo
que es este tipo de declaración.
Hay cosas que se plantean en la ley y es lógico que se puedan facilitar,
el no unir, el que haya mayor nitidez, pero junto con esta injusticia a
la hora de tributar, tenemos que valorar otro elemento mayor. Creemos que
deberíamos tener encima de la mesa unos límites o una armonización fiscal
a esos límites de declaración que favorezcan y que esté nítidamente
puesto para las personas que se acojan a un sistema de tributación; que
sea una fórmula de buscar incentivos a la transparencia fiscal. Si no lo
conocen, si tienen dificultad en el funcionamiento de las empresas,
ayudar a esa liquidación de las empresas.
Este proyecto o esta propuesta peca de algo que nosotros creemos no es
positivo. La única manera de fomentar la contratación, de fomentar la
creación de riqueza, la única forma que ustedes encuentran siempre es
perdonar impuestos, reducir fiscalidad, incrementar los gastos fiscales.
Nosotros no creemos que eso sea así. Creemos que hace falta una
fiscalidad progresiva y que el Gobierno, el Estado, apueste por lo que es
creación de estructura productiva, tanto en la prestación de servicios
como en la estructura productiva industrial de índole secundario y de
índole primario, que garantice una renta determinada, que haya una
tributación en función de esa renta y que la política económica, la
política productiva vaya por otro lado, con unos incentivos al margen de
la fiscalidad o fuera de la política fiscal.
Por tanto, señor presidente, ni por la forma ni por el fondo podemos
apoyar esta propuesta del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que viene
a hacer frente a una necesidad que es clarificar el sistema de módulos y
facilitar la información a los ciudadanos para que puedan tributar
queriendo quedar bien con el fisco; pero no eso de añadir a ver si busco
una vuelta por aquí para así no pagar, a ver si pago menos, a ver si aquí
camuflo esto; no, eso no, porque no es justo a la hora de plantearse una
distribución de empresas y la cotización de éstas.
Estoy convencido, señorías, de que la toma en consideración de la
propuesta se va a ajustar al debate fiscal que debemos tener en su
conjunto. En todo caso, si por casualidad en el debate parlamentario de
la toma en consideración hubiese trámite de enmiendas, iríamos a una
enmienda a la totalidad con texto alternativo para modificar lo que es
una propuesta que nosotros consideramos fiscalmente regresiva, puesto que
saca de contexto la discusión de la tributación de unas empresas por
sistema de módulos respecto de la tributación general.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Ríos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pérez
Segura.
El señor PEREZ SEGURA: Señor presidente, señoras y señores diputados,
señor Homs, siento iniciar mis palabras pidiéndole lo que ya le han
pedido otras personas, otros representantes de grupos parlamentarios;
quizá lo más procedente sea que ustedes retiren la proposición de ley, y
me voy a explicar.
El Gobierno, en sus manifestaciones públicas aparecidas en prensa estos
últimos días, ya ha manifestado reiteradamente su voluntad de revisar la
fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas. Pero no tan sólo el
Gobierno en sus manifestaciones públicas, sino que la propia ley de
acompañamiento, como acaba de decir el representante de Izquierda Unida,
ya modifica también en su articulado esta imposición, brevemente pero la
modifica; seguramente no casa pero por esto se pueden hacer enmiendas.
Por tanto, me parece que su voluntad de presentar y defender hoy esta
proposición de ley (proposición que como se ha apuntado tiene entrada en
el Parlamento en febrero de este año y que es objeto de un estudio de
su coalición de fecha julio de 1996 que han vendido reiteradamente a
todos los sectores correspondientes, lógica y legítimamente) casa también
con la voluntad de la comisión interministerial que al fin y al cabo ha
dado los frutos que quedan plasmados en los anteproyectos que antes he
citado. Es por tanto que hoy nos trae aquí a este debate una carrera
entre socios para ver quien se apunta el tanto ante un segmento
importantísimo del electorado, más de dos millones y medio de personas
que representan los pequeños empresarios y los profesionales afectados.
Son pequeños empresarios y profesionales a los que vamos a armar un lío
tremendo y que si leen atentamente los periódicos mañana, no sabrán a qué
atenerse. Sabrán que, por una parte, el Gobierno remite a la Cámara sus
modificaciones legislativas de esta figura tributaria a través de la ley
de acompañamiento; también sabrán que se ha tramitado, se ha visto, no sé
si aprobado o no una proposición de ley, pero que no dicen exactamente lo
mismo. Unos intentan, además de manera muy evidente, hacer desaparecer el
sistema de módulos para ir plenamente a coeficientes, no nos engañemos;
otros, quieren incluso hacer desaparecer los coeficientes para ir a una
estimación directa, digamos simplificada.
Creemos que una y otra posturas son un verdadero ejercicio de oportunismo
político y que sacar del congelador la proposición de ley el único
objetivo que tiene es el que he dicho anteriormente: quedar bien ante un
electorado concurrente entre ambas formaciones políticas.
El Grupo Parlamentario Socialista es perfectamente consciente de la gran
importancia que para la economía del país representa este entramado
empresarial, que en su mayoría tributa a través del método de estimación
objetiva ya sea en la fórmula de módulos, ya sea en la fórmula de
coeficientes y en sus programas y resoluciones congresuales apuesta
reiteradamente y de manera positiva por simplificar cada vez más el
sistema para favorecer la tributación no para escaquearse de tributar y
para luchar contra el fraude existente. En definitiva, quiere simplificar
para que sea más fácil declarar, pero lo que se pretende es también
simplificar para que cada vez pague más gente.
Ahora bien, aunque tenemos poco tiempo, debemos entrar en algunos
contenidos de esta proposición. En principio el de mantener la
simplicidad. ¿Cómo se puede mantener la simplicidad del sistema si se
crea la obligación de que los sujetos pasivos que optan por módulos
tienen que empezar a llevar libros de contabilidad, aunque sean mínimos,
aunque no sean los del Código de Comercio, pero tienen que llevar libros?
También se pretende potenciar la estimación objetiva por coeficientes,
que es una marcha atrás evidente. El sistema de módulos puede ser
ajustable, puede ser retocable, puede ser que haya incluso facilitado
algún tipo de fraude por lo que respecta, por ejemplo, al IVA, pero en un
elemento progresivo de la legislación tributaria de las pequeñas
empresas; si hemos ensayado un modelo, debemos perfeccionarlo y no tirar
atrás lo que es el sistema de coeficientes para todos, digamos que el
sistema de coeficientes a la carta.
Acercar la estimación objetiva al beneficio real es un buen objetivo. El
sistema diseñado obligará --como he dicho antes-- a llevar un registro
detallado de activos, necesario para el cálculo, por ejemplo, de las
amortizaciones que ustedes pretenden incorporar en las deducciones.
El aumento de límites es otro objetivo; es quizás, justificable efectuar
una revisión de estos aumentos, ahora bien, lo que se hace es duplicar, y
en el caso de los profesionales incluso triplicar, la capacidad de
ajustarse a este tipo de declaración objetiva; duplicar de 50 a 100
millones para los pequeños empresarios
y para los profesionales de cinco a quince millones, creemos que es
excesivo.
En lo relativo a la reducción del fraude fiscal pensar que aplicar más el
método de coeficientes reduce el fraude fiscal es de fácil
contraargumentación, sólo hace falta remitirnos a las cifras: la media de
lo ingresado anteriormente cuando se iba por el sistema de coeficientes,
demuestra que la recaudación se incrementó en módulos.
Eliminar elementos que desincentiven la inversión y la creación de empleo
es, quizás, una buena opción, aunque debemos convenir que si la voluntad
de esos pequeños empresarios es acogerse a estos importantes montos --que
ya hace tiempo que se están otorgando para la creación de puestos de
trabajo y de otro tipo-- quizá valga la pena hacer la declaración por la
vía directa, que sólo son 20.000 pesetas mensuales en una gestoría y se
podrá deducir todo lo que se quiera.
Podríamos repasar aquí casi toda la ley, pero no es el objetivo en este
debate, el debate es para fijación de posición, y de aquí se pueden
extraer unas conclusiones. Como diferencia a lo que dice el grupo
proponente creemos que no es una ley el adecuado instrumento para poder
modificar este asunto, quizás sería más adecuado el nivel reglamentario o
de orden ministerial.
La opción anual entre módulos y coeficientes --cada año se puede ir de
módulos a coeficientes y viceversa-- si hablamos con toda sinceridad, lo
único que representará es que a priori se podrá determinar cuál es el
método de tributación que tiene más cuenta al empresario que irá
cambiando año a año de un sistema a otro.
El tratamiento de las amortizaciones e incentivos obligará a llevar
registros contables complejos que desvirtuarán el método de estimación
objetiva.
Por tanto, creemos que por las razones apuntadas, por los demás
instrumentos legales que están en trámite (que serán de muy difícil
casación, porque es difícil casar una proposición de ley con la
tramitación de la Ley de Presupuestos), será muy difícil si se quiere
actuar en este debate de manera coherente, por todo ello creemos que
armaremos un lío a los sujetos beneficiarios, a los hipotéticos
beneficiarios de esta ley. Pónganse de acuerdo. Reitero que lo mejor
sería retirar esta proposición de ley (ustedes al ser suya harán lo que
crean conveniente), y también les anuncio que nuestra posición ante esta
complejidad de entendimiento, pero también por la sensibilidad que
nosotros tenemos por este segmento de la economía del país, será una
abstención plenamente consciente de la necesidad de apoyar a la pequeña y
mediana empresa, pero de no ser cómplices de este desaguisado que ustedes
plantean.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Pérez
Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.
(Rumores.) Perdón, el señor Martínez Pujalte; me habían dado una
indicación equivocada.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor presidente, señorías, en primer
lugar, quiero manifestar que mi grupo comparte absolutamente la filosofía
económica que se recoge en la proposición de ley del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
La pretensión de que las pequeñas empresas de titularidad individual
tenían un régimen fiscal más simple, liberando a los pequeños empresarios
de la obligación de llevar registros contables y del resto de las
obligaciones formales --porque las propuestas recogen una simplificación
y no como decía el portavoz del Grupo Socialista--, haciendo que el
sistema fiscal sea más justo, acercando el rendimiento estimado al
beneficio real, haciendo que se reduzca el fraude fiscal y, además, que
el sistema fiscal de estos pequeños empresarios sea más armónico, no
penalizando la inversión y no penalizando el empleo, son objetivos que mi
grupo comparte --ya lo solicitábamos cuando estábamos en la oposición-- y
que se recogían en nuestro programa electoral y están poniéndose en
marcha desde que en junio de 1996 el Partido Popular asumió las
responsabilidades de gobierno.
He oído a algún portavoz hablar de que hay una fiscalidad mucho más dura
y más progresiva. No. Un sistema fiscal más justo, que esté al servicio
de la política económica y que, además, distribuya equitativamente la
carga tributaria. Ahí sí que estamos nosotros. Y somos conocedores de la
especial sensibilidad del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en este
aspecto, en el que yo me atrevería a afirmar que hay una enorme
coincidencia con mi grupo, no sólo en los objetivos, sino también en los
medios que faciliten que las pymes, base de la economía productiva, sean
un auténtico motor del crecimiento económico y de la creación de empleo.
Señorías, estamos hablando del 99 por ciento de las empresas españolas, y
es sobre ellas sobre las que recae la responsabilidad en la creación de
empleo. El Gobierno tiene la obligación de crear un marco para hacer
posible que se cree empleo; pero son las pequeñas empresas, sobre todo,
los pequeños comercios, los pequeños industriales, los autopatronos, los
autónomos, los que tienen que tirar hacia arriba de la economía y del
empleo.
En España actualmente existen, según las estimaciones que hizo la
Comisión interministerial, 3.500.000 empresas con menos de 10
trabajadores. Y cuando hablamos de crear un marco fiscal, financiero y
administrativo más favorable a estas pequeñas empresas que les facilite
la competitividad, que les facilite competir con las empresas extranjeras
fuera y dentro de nuestro territorio, estamos hablando de tener un tejido
productivo eficaz capaz de generar empleo.
En el gran documento sobre el empleo que hay en Europa, el libro blanco
de Delors, sobre crecimiento, competitividad y empleo, se marcaba como el
segundo punto esencial para crear empleo apoyar a las pymes. Y decía el
documento: En numerosos países sería preciso adaptar de manera coherente
la fiscalidad, la transmisión patrimonial, el acceso a la financiación y
la simplificación de la normativa. Y, de hecho, en 1994 hubo dos
comunicados de la Comisión Europea aportando ideas y solicitando a los
Estados miembros que adoptaran medidas. Desgraciadamente, desde entonces
y hasta junio de 1996, se adoptaron muy pocas medidas, a pesar de la
insistencia del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y a pesar de la
insistencia del Grupo Popular.
El Grupo Popular tenía un modelo económico distinto al que se aplicaba en
España: proponía una consolidación fiscal, reformas estructurales y un
apoyo al tejido productivo y, especialmente, a las pymes. Ese modelo se
recogió en el programa electoral y se puso en marcha en junio de 1996, y
los frutos, señorías, son evidentes: más de 450.000 puestos netos de
trabajo se han creado desde que se ha asumido la responsabilidad de
gobierno.
En junio de 1996, en un real decreto-ley ya se empezaron a tomar medidas:
se amplió la reducción del rendimiento neto a los pequeños empresarios
que tributaban en módulos desde al 8 al 15 por ciento; se despenalizó la
contratación laboral a los pequeños empresarios que tributaban por este
sistema; se facilitó la transmisión del negocio familiar; se estableció
una deducción de un millón de pesetas por cada trabajador mayor de 45
años o minusválido y, a la vez, y en paralelo con esas medidas, por el
Gobierno se acordó, el 21 de junio de 1996, la creación de una Comisión
interministerial para el estudio y propuesta de medidas sobre la
fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas. Ese estudio se culminó
recientemente, luego me referiré a él, y algunas de las medidas están en
el proyecto de ley de acompañamiento que nos ha mostrado el señor Ríos.
Porque ese estudio, ese trabajo se hizo contando
con todos los agentes sociales, se hizo desde una posición de diálogo del
Gobierno con todos los agentes, y es un estudio serio que ha llevado a
que el Gobierno adoptara medidas en esta ley de acompañamiento, a las que
me referiré posteriormente.
Pero, además, señorías, después de junio de 1996 no se acabó ahí el
trabajo del Gobierno. En la ley de acompañamiento del año pasado se
recogieron importantes propuestas del Gobierno y también de los grupos
parlamentarios que lo sustentan, que presentaron enmiendas muy
importantes que se incorporaron al texto: reducción del tipo en el
Impuesto sobre Sociedades del 35 al 30 por ciento, desfiscalización de
500.000 pesetas de la prestación única de los desempleados que querían
empezar una actividad, una modificación de la base del IVA para casos de
morosidad eliminando la necesidad de autorización administrativa, una
bonificación del 95 por ciento para la transmisión de los negocios
familiares inter vivos, etcétera, y todas esas medidas unidas a un mejor
marco financiero, consecuencia de la política económica del Gobierno, que
ha llevado a que se bajaran los tipos de interés considerablemente, han
hecho que las pequeñas y medianas empresas, los pequeños comercios, los
pequeños industriales tengan ahora un marco mejor, un marco que las hace
ser más competitivas, permite que se conviertan en motores de la economía
y sean la base de un crecimiento estable y sostenido.
Yo me atrevería a decir en esta tribuna que son las pequeñas y medianas
empresas, los pequeños industriales, los pequeños comerciantes los que
han cargado sobre sus espaldas con la responsabilidad de esos 450.000
puestos de trabajo que se han creado desde que tenemos la responsabilidad
del gobierno. (Rumores.) Pero hay que seguir avanzando, señorías, y la
Comisión interministerial de fiscalidad de las pymes ha propuesto algunas
medidas que coinciden básicamente con el texto de la proposición de ley
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y esas medidas han sido
incluidas, en una buena parte, en la ley de acompañamiento de los
presupuestos de 1998. Mejorar la fiscalidad de los pequeños empresarios
que tributan por módulos, no castigar el empleo y la inversión de esos
pequeños industriales y comerciantes, construir un sistema fiscal de
tributación por coeficientes que permita una más justa determinación de
los rendimientos y luchar contra el fraude corrigiendo el sistema del IVA
simplificado son objetivos comunes del grupo proponente y del Grupo
Popular. Pero para que eso se produzca y para que estas medidas estén en
vigor a partir del 1 de enero de 1998, sabiendo que esas medidas el
Gobierno las ha incorporado a la ley de acompañamiento, yo me atrevería a
unirme a la petición que le han hecho desde todos los grupos al Grupo
Catalán (Convergència i Unió); tanto el Grupo Vasco, PNV, como el Grupo
de Izquierda Unida, como el Grupo Socialista han pedido que no se vote
esta toma en consideración y que en el debate parlamentario de la ley de
acompañamiento introduzcamos cuantas mejoras sean necesarias y sean
propuestas por el resto de los grupos para mejorar el sistema tributario
de las pymes, haciéndolo más simplificado y más justo, pero que en el
trámite parlamentario podamos mejorar la ley de acompañamiento.
Yo entiendo que tener dos iniciativas legislativas, porque esta
proposición de ley pasa a ser un proyecto de ley abierto, como decía el
señor Homs, no significa tener abierto un marco de reflexión, es tener
abierto un proyecto de ley, un proyecto de ley que luego no se puede
retirar y que incluye las mismas medidas, absolutamente las mismas que
están en la Ley de acompañamiento. A mí me parece más lógico que el
trámite parlamentario de la Ley de acompañamiento [donde se va a estudiar
con profundidad el sistema fiscal, donde vamos a encontrarnos con
enmiendas de todos los grupos parlamentarios que podremos debatir, donde
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) seguro que nos hará
algunas sugerencias para mejorar las medidas fiscales que el Gobierno ha
aportado] es el trámite adecuado.
En cualquier caso, mi grupo si no votará que sí, porque manifestamos con
rotundidad que estamos por la defensa de las pymes y eso no sólo como un
fin en sí mismo. Entendemos que la defensa de los pequeños y medianos
empresarios y comerciantes es un medio para conseguir un fin y ese fin es
la creación de empleo.
Señorías, me quiero referir a un discurso muy importante pronunciado en
esta Cámara, el discurso de investidura del entonces secretario general
de los socialistas, señor González, en el año 1982. Decía que su
principal objetivo era el empleo y señalaba: Entre los desequilibrios
fundamentales el más doloroso es el paro. Nuestro deber es vivir el paro
como un drama y tampoco podemos aceptar --decía-- que hombres y mujeres
maduros sientan herida su dignidad como si no fueran capaces de trabajar
o de mantener a los suyos. El paro entonces no alcanzaba los dos millones
de personas y representaba el 16 por ciento de la población activa. Pero
una cosa es predicar y otra dar trigo. En la primera legislatura que
gobernaba el Partido Socialista (Rumores.), cuando era ministro de
Trabajo el señor Almunia, ahora secretario general (Rumores.), el paro
aumentó en 674.000 personas y se superaron los dos millones. (Rumores.)
En el año 1996, señorías, eran más de tres millones los parados.
(Rumores.) Con el Gobierno del Partido Popular y haciendo una política de
ayuda a los pequeños comerciantes, de ayuda al tejido productivo
(Rumores.--Protestas.) se han creado 450.000 empleos y la previsión del
Gobierno es que a final de 1998 ésos se conviertan en casi 800.000. (El
señor Homs y Ferret pide la palabra.) Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Martínez-Pujalte.
Señor Homs, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, a los efectos de la aplicación
del artículo 73 del Reglamento de esta Cámara y por alusión a las
referencias que han hecho los distintos portavoces, para poder dar
respuesta al planteamiento que me han sugerido en el sentido de retirar
esa iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Homs, como usted
sabe, no ha habido turno en contra, ha habido turnos de fijación de
posiciones. En todo caso, le concedo la palabra a los solos efectos de
expresar, de acuerdo con el artículo 73, si retira o no su grupo la
propuesta, ya que ha sido así solicitado. Sólo a esos efectos le concedo
la palabra; no me reabra el debate, por favor, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Agradezco a todos los grupos parlamentarios el tono y las consideraciones
que nos han hecho, aunque sugiriendo que retiráramos esa proposición de
ley. Señor presidente, nuestro grupo no la puede retirar, toda vez que en
estos momentos, en el marco legal vigente, la regulación fiscal de las
tributaciones de las pequeñas empresas se hace por decreto-ley. No nos
parece bien la deslegalización que se abre por la vía del decreto para
regular el marco de la tributación de las pequeñas empresas. Creo que
todo lo que han dicho los portavoces podía ser objeto de consideración en
un marco legal y por ello proponemos tramitar como proposición de ley
esta iniciativa legislativa.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Homs.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) de modificación de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, al objeto de reformar el método de
estimación objetiva de rendimientos empresariales y profesionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 170; en contra, 14; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley debatida.
ELECCION DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA
RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS
OFICIALES, DE 2 DE JUNIO DE 1992:
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Elección de un señor
diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la
Presidencia sobre secretos oficiales, de 2 de junio de 1992.
La votación tiene carácter personal y secreto; por tanto, vamos a
proceder al llamamiento de SS. SS., que se servirán depositar su voto en
la correspondiente urna.
Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen las tribunas y procedan
al cierre de las entradas y salidas del hemiciclo, puesto que se trata de
una votación de carácter secreto. (Pausa.) Perdón. Los servicios de la
Cámara pueden dejar tranquilos a nuestros visitantes, puesto que la
votación es secreta en la emisión del voto, pero, al realizarse por
papeleta, no es preciso que la sesión sea secreta. En consecuencia,
señoras y señores, pueden continuar asistiendo a la sesión.
Procedemos a la votación. (Por los señores secretarios se procede al
llamamiento de los señores diputados.) Terminada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado o diputada presente en el hemiciclo
no ha sido nombrado en la relación o no ha podido ejercer su derecho al
voto? (Pausa.) Si no hay ninguna reclamación, pueden abrir las puertas
para que pueda ir desalojándose el hemiciclo.
Vamos a proceder al escrutinio. (Pausa.)
Terminado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguientes: don
Juan Manuel Eguiagaray Ucelay ha obtenido 289 votos; ha habido nueve
votos nulos y cinco en blanco. En consecuencia, queda elegido don Juan
Manuel Eguiagaray Ucelay como diputado para tener acceso a los secretos
oficiales, al amparo de la Resolución de la Presidencia de 2 de junio de
1992.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE LA OBTENCION DEL
TITULO OFICIAL DE MEDICO ESPECIALISTA PARA DETERMINADOS PROFESIONALES DE
LA MEDICINA QUE NO LO POSEEN (Número de expediente 162/000080)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE HOMOLOGACION DEL
COLECTIVO DE MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA (Número de expediente
162/000146) -- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR Y COALICION CANARIA,
SOBRE TITULACION DE MEDICOS NO ESPECIALISTAS (Número de expediente
162/000147) El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día:
Proposiciones no de ley. En primer lugar se tramitarán conjuntamente las
de los grupos de Coalición Canaria y Popular sobre materia conexa, como
es, la del primero, la obtención del título oficial de médico
especialista para determinados profesionales de la medicina que no lo
poseen, y la del segundo, sobre homologación del colectivo de médicos de
atención primaria y la de ambos grupos sobre titulación de médicos no
especialistas. Al haberse acumulado las iniciativas, intervendrán en
primer lugar los portavoces de los dos grupos proponentes, que no sólo
presentarán su proposición sino que tomarán posición respecto de la otra,
fijándose luego posición por los restantes grupos.
Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria, señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad intervengo para anunciar que retiramos nuestra
proposición de ley del mes de diciembre, por cuanto que las dos
iniciativas legislativas posteriores recogen nuestros considerandos y
además nacieron a petición nuestra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Señor Presidente, señorías, en primer lugar deseo
anunciar que respecto a la proposición no de ley que hace referencia a
los médicos especialistas sin título oficial, y que presentamos
conjuntamente con el Grupo de Coalición Canaria, hemos presentado a la
Mesa una enmienda de modificación conjunta que recoge las enmiendas que
el Grupo de Coalición Canaria ha hecho a lo largo de esta semana a esta
proposición no de ley. Ese nuevo texto no solamente está a disposición de
la Mesa, sino que pienso que es conocido por todos los grupos
parlamentarios. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
Dicho esto, quisiera hacer referencia ligeramente a la historia de esta
problemática. La historia se puede remontar --y vamos a hablar, en primer
lugar, del tema de los médicos especialistas sin título oficial, todo
este colectivo denominado mesto-- al Real Decreto 127 del año 1984, con
el cual nuestro sistema sanitario se dota de un proceso formativo
distinto al anterior que se hace obligatorio dentro de nuestro Sistema
Nacional de Salud, de tal manera que a partir de la entrada en vigor de
ese decreto existe como vía única para acceder al título de médico
especialista la vía denominada MIR. En sus disposiciones transitorias
este real decreto ya manifestaba que, al haberse producido este cambio,
había un importante colectivo que había iniciado su especialidad en las
distintas materias de medicina a través de lo que la ley requería
anteriormente, y había diversos procesos para poder acceder al título de
médico especialista. Con el tiempo, estas disposiciones transitorias se
mostraron insuficientes, fundamentalmente porque se produjo un hecho
importante allá en la década de los años setenta y ochenta, cuando en las
facultades de medicina se produjo una gran demanda por parte de los
estudiantes para licenciarse en medicina y, sin embargo, el proceso
formativo MIR que se había puesto en marcha ofertaba esas plazas para la
formación de especialistas de manera restrictiva. Por tanto, se produjo
un desequilibrio entre lo que fue la oferta por parte del sistema y la
demanda por parte de los alumnos licenciados en medicina y cirugía. Pero
es que además se produjo un hecho también concreto y muy significativo
que dio origen a este colectivo, que fue el de que las distintas
instituciones, incluyendo la Administración sanitaria, tenían necesidad
de médicos especialistas y contrataron a licenciados en medicina sin
título de especialista y les dotaron de una plaza de médico especialista.
Por tanto, ocuparon, dentro del sistema sanitario o en sus entidades
colaboradoras o concertadas, puestos de trabajo que requerían una
cualificación, que requerían un título, una especialidad. Esta situación
fue la que condujo a la creación de un colectivo determinado que reunía
unas características determinadas, que es el colectivo mesto, debido a la
primera problemática ya mencionada y a la segunda cuestión, que quizá fue
la más importante. Por tanto, podríamos definir el colectivo mesto como
un colectivo de médicos licenciados en medicina que acceden a un puesto
de trabajo especializado, que adquieren una formación relevante, aunque
no oficial, pero sí cuantitativa y cualitativamente importante, y que
además trabajan como especialistas durante un tiempo determinado, que
incluso podríamos cifrar hasta el día de hoy.
El problema de este colectivo ha despertado interés y preocupación en
esta Cámara. Para ser breve, voy a mencionar que ya en el año 1992
Izquierda Unida presenta una proposición no de ley referida a una
especialidad concreta de este colectivo, la de psiquiatría, que es
aprobada por unanimidad. Ese mismo año 1992, Izquierda Unida presenta
otra proposición no de ley para
solucionar un problema de otro colectivo dentro de este grupo, que son
los médicos ayudantes de equipo médico-quirúrgico. Por cuestiones
distintas, por problemas que tuvieron su origen en distintas causas, el
Gobierno de aquel momento no pudo desarrollar o no creyó conveniente
desarrollar la normativa que diera cumplimiento a la aprobación de esta
proposición no de ley presentada por Izquierda Unida. Sin embargo, en
junio de 1994, de nuevo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta
esta proposición no de ley que es aprobada en esta Cámara por unanimidad.
La sensibilidad de esta Cámara, señorías, no termina aquí. Muy
recientemente, en el año 1995, el Grupo de Convergència y Unió presenta
también en esta Cámara una proposición no de ley, a pesar --y esto es
importante decirlo y remarcarlo-- de la promulgación del Real Decreto
1776 del año 1994, en el mes de agosto, que regulaba el acceso a la
titulación de médico especialista para un determinado colectivo de
médicos; a pesar de ello, esta Cámara vuelve a traer esta problemática
concreta porque considera que la solución ha sido parcial, una solución
que no satisface las necesidades de un colectivo que se encuentra,
creemos, en una situación injusta. La proposición no de ley que presentó
Convergència i Unió, además, señor presidente, señorías, distingue
claramente dos problemáticas bien diferenciadas: por un lado, el
colectivo llamado de médicos generales que ejercen en atención primaria
y, por otro, el colectivo del que estamos hablando, el colectivo mesto. Y
aquí llegamos al entronque común de esta cuestión que, por una parte,
afecta a un colectivo determinado y, por otra, a otro muy diferente,
aunque el nexo común sea un título de especialista.
Esta Cámara, recientemente también, en el año 1996, a instancias del
Grupo de Coalición Canaria, hace una pregunta al ministro de Sanidad
referente a este tema; y la sensibilidad no acaba ahí, porque el mismo
Grupo de Coalición Canaria presenta en febrero de 1997 la proposición no
de ley que ha retirado ahora para intentar poner fin a un problema que
realmente merece la consideración, la atención y la solución definitiva,
justa y global de estos colectivos a los que me estoy refiriendo. Y a
partir de aquí nos encontramos también con dos situaciones distintas. Por
un lado, los médicos generales que no tienen título de médico de familia.
¿Y por qué digo que no tienen ese título de médico de familia? Porque la
Directiva 16/1993 de la Unión Europea entra en vigor en el año 1995 y
hace obligatoria la obtención y la posesión de este título para poder
ejercer dentro del área de atención primaria. El Gobierno de aquel
entonces, ya en el año 1994, había solucionado --creemos que
parcialmente-- este problema acreditando a todos los médicos de medicina
general para que pudieran ejercer tanto en nuestro territorio como en el
ámbito de la Unión Europea.
El problema de este colectivo no solamente es académico, no se trata sólo
de la obtención de un título de médico especialista; además, la Unión
Europea no lo tiene catalogado de esta manera en esa directiva, sino que
considera que es una formación específica dentro de la medicina general.
Y precisamente esa cuestión, que obligue solamente a la determinación de
poseer esta titulación o una acreditación, es lo que nos facilita el
camino para poder darle una solución; una solución que englobe
definitivamente todas las características de todos los colectivos de
médicos que confluyen en la atención primaria.
En estos momentos hay médicos que se llaman generales, la mayoría de los
cuales ocupan plazas de interinos. Ha habido un problema de no
convocatoria de plazas; ha habido otro problema de no acceso a pesar de
unos cursos que se han ido haciendo, el famoso curso de nivelación del
año 1989, y ha habido un problema --que existe, que es patente y que es
lógico-- sobre todo de uniformidad y de criterio. Se han puesto de
acuerdo las partes afectadas y eso es lo más importante de esta
proposición no de ley; se han puesto de acuerdo las sociedades que
representan a estos médicos, tanto los médicos de familia, los médicos
generalistas, como los médicos de medicina rural; se han puesto de
acuerdo los sindicatos también; se ha puesto de acuerdo parte del colegio
oficial de médicos; se han puesto de acuerdo instituciones tan afectadas
como los ministerios de Sanidad y Educación, y se han puesto además de
acuerdo absolutamente todas las comunidades autónomas en el ámbito donde
debe producirse ese acuerdo, que es en el Consejo Interterritorial de
Salud. Si ese acuerdo se ha producido...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Gil Melgarejo, le ruego
concluya.
El señor GIL MELGAREJO: Gracias, señor presidente. Concluyo
inmediatamente.
Si ese acuerdo se ha producido, lo único que tenemos que hacer es
facilitarle la vía legislativa a este colectivo para que el Ejecutivo
tenga unos cauces por donde expresarse.
En el colectivo de mestos --y con esto termino-- la problemática también
se origina por la Directiva 16/1993, que establece unos requisitos
estrictos para obtener el título de médico especialista, que son los que
el Sistema Nacional de Salud se ha dado para la vía de formación del
sistema MIR, son muy similares.
Para solucionar este problema podríamos tener cuatro opciones; de esas
cuatro opciones --en aras a la brevedad-- la única estudiada, seria y que
puede solucionar este problema es acogernos al artículo 43 de esa
directiva en donde se dice que, en casos excepcionales --y este se puede
considerar un caso excepcional--, el Consejo europeo que entiende de
estas cuestiones podría habilitar una fórmula para poder dar solución a
estos problemas. En eso estamos, intentando que las condiciones que se
establecieron en el Real Decreto
1976/1994 se flexibilicen, pero no que sean una puerta abierta a todo el
que quiera optar a un título de especialista en cualquiera de las ramas
de la medicina, ya que tiene que reunir unos requisitos claros y
definidos, que son los que he mencionado y que definen al colectivo
mesto. Además --en las resoluciones de la misma proposición no de ley así
se dice--, deben reunir también otra serie de requisitos para que este
problema sea resuelto, repito, de manera justa, global y definitiva. Creo
que un colectivo que ha estado injustamente tratado durante tantos años
se merece por nuestra parte la solución que esperan el Grupo de Coalición
Canaria y el Grupo Popular: la unanimidad de todos los grupos
representados en esta Cámara, como unánimes han sido hasta el día de hoy
todas las decisiones que se han tomado con respecto a estos dos
colectivos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gil
Melgarejo.
Para presentar la proposición que conjuntamente han planteado el Grupo
Parlamentario Popular y Coalición Canaria, tiene la palabra, en nombre de
este último grupo, el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como introducción de nuestra posición acerca de estas dos iniciativas
legislativas (una firmada con el Grupo Popular y otra solamente por este
grupo político) quiero señalar que como causa de esta lamentable
situación se podrían distinguir tres pilares: primero, el acceso al
Estado de bienestar de nuestro país. Ese acceso, aunque tardío, fue
intenso y ello originó una crisis --también relacionada con la crisis
internacional-- que se llamó la quiebra del Estado de bienestar, que tuvo
consecuencias presupuestarias y provocó la necesidad de adoptar medidas
restrictivas y de racionalización que ya empezaron en la anterior
legislatura. Por otro lado, hay que tener en cuenta que nuestro
país entró en la Unión Europea, lo cual obliga a asumir
paulatinamente y en los tiempos señalados esta legislación comunitaria.
Y, por último, hay que señalar que existe un Estado de las autonomías
desde la Constitución de 1978. En estos tres pilares se desarrolla este
lamentable problema de los mestos que, como muy bien ha definido el señor
Gil Melgarejo, son profesionales especialistas que no tienen título
oficial, aunque tienen esa formación.
Podríamos enumerar como causas concretas la falta de equilibrio entre la
oferta de plazas MIR y el número de alumnos salidos de las universidades.
Podríamos también decir que la propia Administración contrató a estos
especialistas sin tener título oficial, y podríamos enumerar más causas,
por ejemplo, que es incomprensible esta situación anómala cuando muchos
de estos mestos fueron contratados inclusive como profesores. La
situación es lamentable y necesita una urgente resolución.
Este colectivo se puede clasificar en muchos grupos. Nosotros lo
clasificaríamos en tres grandes grupos: el primero, por ser el más
numeroso, es el de los llamados pre-95 porque están afectados por una
legislación comunitaria que obliga a la titulación específica a partir de
esta fecha. Otro grupo --los auténticos mestos-- es el de aquellos
profesionales licenciados en medicina y cirugía que, a través de
diferentes tipos de contratos, se han vinculado a centros sanitarios
tanto del sector público como del privado, que tienen una formación
obtenida en centros de reconocido prestigio combinando esa formación
teórica con muchos años de práctica, y que, como he dicho, han realizado
inclusive labores docentes como médicos especializados. Y existe otro
grupo mucho más reducido constituido por aquellos ciudadanos que han
devenido ahora como españoles, que tienen un título MIR pero con una
limitación administrativa, y esa es una situación que también habría que
resolver. Existe también falta de atención a otros colectivos más
pequeños que podríamos llamar --como ya se denominan ellos mismos-- con
las siglas de mestohs, que significan médicos españoles sin título
oficial homologado en la Unión Europea.
Comprendan ustedes, señorías, a unos profesionales que llevan años y años
trabajando y que se encuentran en una situación de inseguridad. La
Constitución española protege a la familia. El trabajo es un deber pero
también es un derecho; tienen una especialización constatada porque
muchos de ellos han sido llamados para la función docente. Hay que
resolver esta situación porque se agrava con la aprobación en el último
Código Penal del delito o falta de intrusismo. Nosotros consideramos que
es un tema harto debatido en esta Cámara, como muy bien ha especificado
el señor Gil Melgarejo, a través de esas tres proposiciones que se han
presentado aquí, y es un tema tan candente que la décima recomendación de
la ponencia sanitaria presentada últimamente por la subcomisión
correspondiente de la Comisión de Sanidad y Consumo dice que se resolverá
el problema de las titulaciones.
Es importante resaltar que la Cámara Alta se ha pronunciado sobre este
tema y que todos los grupos políticos que forman el arco parlamentario
del Senado han dicho por unanimidad que hay que resolver este problema.
Sus resultandos han sido recogidos en estas dos proposiciones no de ley
que se traen ahora a debate.
Por todo lo expuesto y reconociendo de antemano y por encima de todo el
prestigio que tiene la titulación MIR, sistema cuyo prestigio
insoslayable hay que defender a ultranza, también consideramos que esta
situación anómala, originada por las causas anteriormente expuestas sobre
la crisis del Estado del bienestar, hay que resolverla. Ello originó la
pregunta
que hicimos en el mes de septiembre al señor ministro de Sanidad y
Consumo, y presentamos en el mes de diciembre, tramitándose en el mes de
febrero, una proposición que hemos retirado en aras a la brevedad, para
que se traten todos los temas referidos al colectivo mesto en esta
sesión.
Nosotros consideramos importante instar al Gobierno para que de una forma
inmediata, con urgencia y a través de los ministerios correspondientes y
competentes, que son los de Educación y Cultura y Sanidad y Consumo,
dicte las normas que resuelvan con eficacia el acceso a la titulación de
especialistas de aquellos licenciados en medicina que no hubieran podido
acceder por las vías legales vigentes hasta la fecha, pese a reunir
circunstancias formativas y de experiencia profesional para ello. Sin
embargo, hay que adoptar una serie de criterios, que son los que se han
expuesto en el texto de nuestra proposición conjunta con el Grupo
Popular: carácter excepcional; respeto absoluto al MIR; acreditación de
la formación y ejercicio, que nosotros creemos que hay que realizar en
centros de reconocido prestigio. Señalamos que hay que solicitar el
máximo consenso en esta desagradable situación con la intervención del
Consejo Nacional de Especialidades Médicas, y no podemos olvidar el papel
de las comunidades autónomas en este tema tan importante y que tanta
inseguridad está produciendo en muchas familias. Hay que ser respetuosos
por encima de todo con el artículo 43 de la Constitución española que
garantiza a todos nuestros compatriotas el derecho a la salud; por tanto,
no queremos médicos que salgan a toda velocidad, sino que lo sean
manteniendo siempre el prestigio que tiene actualmente la sanidad
española --que, por cierto, es muy grande--. Apoyamos la creación de un
comité de expertos y, al mismo tiempo, que se efectúe por última vez un
censo total de los mestos.
En cuanto a nuestras enmiendas, que podríamos llamar autoenmiendas, hemos
considerado necesario suprimir la palabra «procedimiento», que en el
texto aparece cinco o seis veces, añadimos la frase «de reconocido
prestigio» y señalamos que el comité que tiene que analizar la admisión
no actúe por su libre albedrío, sino de forma reglada. Estas son las
principales notas que señalo a la proposición no de ley sobre los mestos.
En relación con los médicos pre-95, consideramos importante que se
resuelva este grave problema. Es el colectivo más numeroso,
independientemente de la denominación, porque no hay un consenso en
cuanto a la terminología apropiada que se debe utilizar, aunque estamos
de acuerdo con la que se señala en la proposición no de ley. Creemos que
se debe establecer para estos profesionales por consenso en el Consejo
interterritorial del Sistema Nacional de Salud la equiparación en la
puntuación que se asigne a los baremos de la formación vía MIR atendiendo
a la experiencia profesional.
Termino, señor presidente, señorías, diciendo que los mestos saben muy
bien aquel proverbio español que dice: ganarás el pan con el sudor de tu
frente. Pero ellos quieren un título suficiente para atender a la
población doliente por ser este un tema urgente.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gómez.
A estas proposiciones no de ley han presentado enmiendas el Grupo Catalán
de Convergència i Unió y el Grupo Socialista.
Para su defensa tiene la palabra, en primer lugar, la señora Riera, en
nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.
El Grupo Catalán de Convergència i Unió, al margen de defender las
enmiendas que quedan vivas, quisiera, con el permiso de la Presidencia,
dejar clara su posición respecto a las dos proposiciones no de ley que se
han acumulado en esta discusión: la que hace referencia propiamente al
tema de los médicos llamados mestos y la que se refiere a los médicos
generales, médicos de familia o de medicina general. Discrepamos de que
se haya acordado esta acumulación de discusiones porque pensamos que la
problemática es algo distinta. Pensamos que lo que tienen en común es que
ambos colectivos tienen la necesidad de que se regule su situación, pero
las causas por las cuales unos y otros han llegado hasta aquí son
distintas. De todas maneras, los grupos proponentes han acordado
acumularlas, nuestro grupo lo acepta, y punto.
Sin embargo, queremos poner el énfasis en un tema. Ha dicho el portavoz
del Grupo Popular --y me parece que también ha hecho referencia a ello el
portavoz de Coalición Canaria-- que mi grupo parlamentario ya se hizo
eco, bien en el propio Congreso en la anterior legislatura, bien en ésta
en el Senado, de la necesidad de regular las características de estos
colectivos. Si bien esto es cierto, señorías, nosotros queremos dejar
constancia de que no quisiéramos de ninguna de las maneras que se
interpretara la necesidad que nuestro grupo estima de regular la
situación bien de los mestos, bien de los médicos de familia como una
postura en contra de o para ponerla como alternativa de lo que es la
conocida por vía MIR. Nosotros pensamos que la vía oficial, la única que
tiene validez formativa es la vía MIR y, por tanto, queremos dejar
constancia de que la necesidad de que estos grupos se vean satisfechos en
reivindicaciones que son justas nunca tiene que ir en detrimento de los
médicos que han pasado las oposiciones --muy duras, por cierto-- de la
vía MIR. También queremos señalar que algunos de estos colectivos de
médicos de la vía MIR se encuentran en situaciones de desprestigio total
en su profesión y en los trabajos y los
esfuerzos que han tenido que hacer, que de ninguna manera se ven
compensados en la realidad que viven cada día de poder desarrollar su
praxis médica.
Dicho esto, simplemente para centrar el tema, nuestro grupo presenta a la
proposición no de Ley 162/000147 sobre los mestos una enmienda que
mantenemos viva por considerar que no queda subsumida en la transaccional
que proponen el Grupo Popular y Coalición Canaria. En dicha enmienda
proponemos una adición al párrafo que dice que los médicos estén formados
por entidades de reconocido prestigio. Nosotros creemos que, además,
tendría que añadirse lo siguiente: o bien que sin haber realizado la
formación en algunos de los centros antes citados, acrediten igualmente
un tiempo de formación suficiente en la especialidad de que se trate,
valorándose en este caso no sólo el tiempo de formación y su contenido,
sino también los méritos académicos de postgrado y la experiencia
profesional en la especialidad.
¿Por qué defendemos esta enmienda? Porque es necesario, como decía
anteriormente, regular la situación de algunos médicos pertenecientes al
colectivo mestos que han ejercido como especialistas supliendo las
carencias que la sanidad pública en aquel momento presentaba, y han
ejercido, además, en especialidades en que la sanidad pública no tiene
plazas para poderlos formar. Pensamos que en estos casos, que serán
básicamente los de aquellas especialidades que no se reconocen en la
sanidad pública, si estos médicos han demostrado, con su profesionalidad
y con la práctica, su cualificación profesional, sería conveniente que
fuesen homologados. Por tanto, mantenemos viva esta enmienda y la
sometemos a la consideración de la Cámara.
Las otras dos enmiendas que mi grupo había presentado, las retiramos por
considerar que quedan subsumidas.
Respecto a la proposición no de Ley 162/000146, que hace referencia a los
médicos de familia, mi grupo ha presentado tres enmiendas. Una ha quedado
ya recogida porque era una enmienda de cariz técnico. Nosotros decíamos
que estos médicos debían llamarse médicos generales de atención primaria.
La otra enmienda la retiramos. Y la tercera enmienda, que daba un papel
relevante a las comunidades autónomas, queda recogida en la proposición
que nos ha hecho el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Riera.
Para la defensa de las enmiendas y manifestar su posición sobre las
proposiciones, por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo aquí dos proposiciones no de ley sobre un
tema importante para un colectivo numeroso, más de 50.000 licenciados en
medicina. Vamos a fijar la posición de nuestro grupo en las enmiendas que
se han presentado y en las dos proposiciones no de ley.
Como señalaba la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), se trata de situaciones distintas, y el hecho de acumularlas hace
que plantee algunos problemas. Me referiré, en primer lugar, a la
proposición no de ley referente a los mestos. Todos los grupos estamos de
acuerdo en que la problemática de este numeroso colectivo de
profesionales debe solventarse. Hay que buscar una salida política a este
problema y hacer que desaparezca. Ahora bien, la problemática de los
médicos sin titulo oficial no es una problemática unitaria y unívoca,
sino muy diversa. Ya en anteriores intervenciones de nuestro grupo
parlamentario se señalaba que había más de once situaciones y ello hace
que no se pueda buscar una solución unívoca, dada la complejidad y
diversidad de los problemas. De ahí la necesidad --y estamos todos los
grupos de acuerdo-- de que se haga un registro definitivo de los mestos,
con las características de cada una de estas situaciones y así poder
arbitrar las fórmulas necesarias para solventar este problema.
Estamos también de acuerdo en que este tema, que es socialmente
importante y que afecta --como decía-- a un colectivo numeroso, se
pudiera resolver por unanimidad. Desgraciadamente, hoy aquí, en esta
Cámara, se va a romper esta unanimidad que ha habido siempre en este
tema, y se va a romper este consenso no por culpa de nuestro grupo
parlamentario, sino por culpa de otros grupos parlamentarios.
Debo señalar que hace muy poco tiempo, unos meses --también se señalaba
aquí por el portavoz del Grupo de Coalición Canaria--, se aprobó una
propuesta de consenso en la Cámara alta, en el Senado, en la que se
reflejaba la posición de todos los grupos respecto a este tema. Hoy,
sorprendentemente, algunos de los grupos que firmaron aquella proposición
unitaria la han variado, mientras nosotros mantenemos la misma posición
que mantuvimos ya en el Senado y que mantenemos hoy aquí, en el Congreso.
Precisamente, lo que nos separa es un tema no respecto a los colectivos
de mestos, sino a los niveles en los cuales se puede haber realizado la
formación.
Se señalaba en la proposición no de ley aprobada en el Senado que en el
procedimiento que en su momento debiera establecerse para acceder al
título de especialista debía acreditarse un tiempo de formación
suficiente en plazas de centros sanitarios de algunas de las
administraciones públicas, instituciones sanitarias concertadas u otros
centros acreditados para la docencia; aquí se terminaba el punto. Nuestra
enmienda --y de ahí la defensa de la misma-- es suprimir todo lo que
viene a continuación de este párrafo de centros
acreditados para la docencia, y se centra, primero, en la concordancia
con lo que se aprobó en el Senado, y en segundo lugar, en que creemos que
la acreditación debe realizarse en centros vinculados al Sistema Nacional
de Salud, que son también los centros en los cuales se realiza la
formación MIR; elemento éste de la formación MIR que estamos también
todos de acuerdo en que es la única vía normal de obtener el título de
especialista, y se trata ahora de buscar soluciones a los colectivos que
han quedado fuera de esta vía. En el momento en que abrimos las
posibilidades a otras instituciones, entidades colaboradoras, centros de
reconocido prestigio o, como la enmienda que presenta Convergència i Unió
que aún abre más el abanico, es decir, ni formación en estas
instituciones, sino acreditación de formación, devaluamos precisamente lo
que es un título de especialista, y lo devaluamos no sólo para este
colectivo, sino para todos aquellos médicos que se han formado por la vía
MIR y que tienen un título de especialista.
Por tanto, nosotros defendemos la enmienda y pediríamos a los grupos de
Coalición Canaria y del Partido Popular que la admitieran, ya que estaría
en consonancia con lo que se aprobó en el Senado, con lo cual podríamos
restablecer otra vez el consenso.
Finalmente, la otra enmienda que se presenta a esta proposición no de ley
es la que señala que para la concesión de los títulos se constituirá un
comité de expertos del más alto nivel para valorar la formación de los
interesados y su competencia profesional.
Estando de acuerdo con el espíritu que anima este punto --punto que
evidentemente no se trató en el Senado y que, por tanto, es lógico que se
debata aquí, en esta nueva proposición no de ley--, al Grupo
Parlamentario Socialista le parece que el comité de expertos del más alto
nivel es, en cada situación, la comisión nacional de la especialidad
correspondiente. Por tanto, nuestra enmienda va en el sentido de
sustituir el comité de expertos del más alto nivel, por la comisión
nacional de la especialidad correspondiente, manteniendo lo que se recoge
en la enmienda transaccional de que esta comisión nacional de
especialidades actúe de forma reglada, no arbitrariamente como señalaba
Coalición Canaria.
Me parece que en este tema no hay discrepancias extraordinarias, que se
podría introducir esta enmienda, y, por tanto, vuelvo a insistir en la
necesidad de que nos remitamos al texto consensuado ya en su momento por
todos los grupos en el Senado y mantengamos la unanimidad. En caso
contrario, si no se quiere mantener este consenso y se mantienen las
posiciones que se reflejan en la enmienda transaccional, nuestro grupo,
estando de acuerdo en el fondo del tema, estando de acuerdo con la
mayoría de los puntos que se señalan, se verá obligado a abstenerse en la
votación de esta proposición no de ley.
En cuanto a la segunda proposición no de ley, respecto a los médicos de
atención primaria, entendemos que es una proposición que no tiene
demasiado sentido, y no lo tiene porque, de los tres puntos que refleja,
el primero queda subsumido en la proposición general de los mestos; es
decir, en el punto primero de la proposición anterior, que antes
comentaba, quedan recogidos todos los colectivos que tienen algún
problema para acceder a la titulación por las vías ordinarias. Por tanto,
todos los pre-95 y todos los médicos generalistas de atención primaria
pueden quedar englobados si reúnen los requisitos que se exigen para las
otras titulaciones. Otro problema sería si aquí se plantea --y me parece
que no lo ha planteado ningún grupo parlamentario-- el abrir la mano en
este tema y que todo el mundo tenga el título de especialista en medicina
familiar y comunitaria. Me parece que ésta no es la voluntad y, por
tanto, quedarían englobados en la proposición no de ley anterior.
Los otros dos puntos pienso que tienen un interés relativo aquí y ahora;
tienen interés para los colectivos y para la organización y son puntos
más a debatir en el Consejo de Política Interterritorial, donde ya se han
debatido; es decir, que haya una unificación de las denominaciones de los
médicos de atención primaria. No entendemos por qué la titulación debe
continuar manteniéndose como de medicina familiar y comunitaria y el
resto de elementos simplemente como medicina familiar.
Además, pensamos que en la proposición no de ley se entra en alguna
contradicción cuando se dice que esta denominación de medicina de familia
debe ser la que tengan también las plazas de formación. Señores del
Partido Popular, es evidente que las plazas de formación que salen tienen
el título de plazas de médicos de medicina familiar y comunitaria, otra
cosa es que las plazas del Sistema Nacional de Salud, todas las plazas
profesionales, tengan la misma denominación, cosa que ahora no ocurre,
que podría ser de medicina familiar o de medicina familiar y comunitaria.
En cuanto al tercer punto, que es el baremo, tengo que decir que es un
asunto que deben resolver en el Consejo Interterritorial para que haya
acuerdo entre las distintas comunidades autónomas y no haya diferencias
entre aquellos médicos que aspiren a plazas en el Insalud o en los
distintos servicios de salud de las comunidades autónomas que tienen
transferida la sanidad. Porque lo que se pide, lo que se busca --y en
esto estaríamos de acuerdo-- es que haya una valoración de los méritos
profesionales y de la experiencia profesional en los baremos, sin entrar
en si deben ser o no iguales a los del MIR o en cómo deben ser. Este es
un acuerdo al que deben llegar los consejeros de sanidad para realizar
las convocatorias y pienso que tiene poco que ver con el título general
de la proposición no de ley, en el sentido de decir que es una
proposición no de ley para arreglar el problema de la titulación de los
médicos de atención primaria.
Por tanto, pienso que lo mejor sería retirar esta segunda proposición no
de ley --y pido al Grupo Popular
que la retire-- porque, en su aspecto más profundo, queda subsumida en la
anterior y se solventaría el problema, mientras que, como digo, las otras
cuestiones parece que se han acordado en el Consejo de Política
Territorial donde llegarán a un acuerdo. En caso de que no se retirara,
debo manifestar que nuestro grupo se abstendrá, para no entrar en
contradicción con lo que hemos manifestado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Corominas.
¿Alguno de los grupos que no han presentado enmiendas a estas
proposiciones no de ley desea fijar posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo, pese a los precedentes respecto a la
problemática de los mestos, que han sido reseñados por algún grupo
parlamentario en su intervención, y siempre en la idea de intentar
resolver la problemática específica de una cierta injusticia de la
situación en la que están estos profesionales de la medicina carentes de
titulación, pero no de conocimientos, no tenemos más remedio que
manifestar, por un lado, el acuerdo en términos generales con la
proposición no de ley en los puntos de común aceptación por parte de
todos y que, en consecuencia, forman parte del consenso que ya se ha dado
en otros ámbitos y, por otro lado --muy en coherencia con lo manifestado
por el Grupo Parlamentario Socialista--, nuestro desacuerdo en que se dé
por sentado en el párrafo correspondiente de la proposición no de ley el
que las instituciones sanitarias concertadas y las entidades
colaboradoras en relación con la asistencia sanitaria de la Seguridad
Social deban estar acreditadas para la docencia. Entendemos que esto es
ciertamente algo novedoso, que sin duda alguna puede abrir un portillo de
muy dudosa legitimidad. Por tanto, la forma en que está formulada la
proposición, máxime si se aceptan las enmiendas que se han propuesto, va
a hacer que nos abstengamos.
Por otro lado, también estamos en desacuerdo con la acumulación de la
problemática de los mestos y de los médicos de familia en el sentido que
ya se ha manifestado. Por tanto, si los grupos proponentes tienen a bien
aceptar la enmienda del Grupo Socialista, nosotros estaríamos muy
satisfechos de poder modificar nuestra posición inicial, pues indicaría
que se ha rehecho el consenso sobre esta materia.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vaquero.
Antes de proceder a las votaciones, vamos a ver si aclaramos el conjunto
de propuestas que tenemos en la mesa.
Retirada como ha sido la proposición no de ley de Coalición Canaria que
va numerada con el 4, queda viva la proposición del Grupo Parlamentario
Popular sobre homologación del colectivo de médicos de atención primaria,
que en este momento no tiene enmiendas porque las que había presentado el
Grupo de Convergència i Unió han sido retiradas. Por tanto, esta
proposición quedaría viva para su votación tal y como ha sido presentada
por el Grupo Popular. ¿Es así? (Asentimiento.)
Sobre la siguiente proposición no de ley que hay que someter a votación,
que es conjunta del Grupo Popular y de Coalición Canaria, entiendo que la
oferta de enmienda transaccional del Grupo Popular lo era sobre esta
proposición y sobre la enmienda que había presentado Coalición Canaria a
la propia transacción e hipotéticamente sobre las enmiendas de los demás
grupos, pero algunos han manifestado que no aceptan tal enmienda
transaccional. Quedaría por ver si los grupos proponentes aceptarían la
enmienda de Convergència i Unió consistente en mantener un párrafo de sus
enmiendas originales.
Por tanto, señores Gil Melgarejo y Gómez, como estamos en la proposición
presentada por los dos grupos, de cara a las votaciones les rogaría que
nos aclarasen cómo quedan todas estas propuestas.
Señor Gil Melgarejo, tiene la palabra.
El señor GIL MELGAREJO: Muchas gracias, señor presidente.
Vamos a intentar aclararlo. En primer lugar, quisiera manifestar que,
para asumir una de las propuestas que ha retirado el Grupo de
Convergència i Unió, en el texto que tiene en sus manos ahora el señor
presidente, en el apartado c), a continuación de «Asimismo», se tendría
que decir: Se consensuará y coordinará con las distintas comunidades
autónomas a través del Consejo Interterritorial de Salud. Y desaparecería
lo siguiente: Se procurará el consenso y la coordinación con las
distintas comunidades autónomas a los efectos oportunos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): ¿Quiere repetirlo para que los
servicios de la Cámara puedan tomar nota?
El señor GIL MELGAREJO: Desaparece la frase siguiente: Se procurará el
consenso y la coordinación con las distintas comunidades autónomas a los
efectos oportunos. En su lugar, se diría: Asimismo, se consensuará y
coordinará con las distintas comunidades autónomas a través del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
¿De acuerdo?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): De acuerdo. Ese es el punto
primero. Continúe.
El señor GIL MELGAREJO: Punto segundo. Respecto a la enmienda que queda
viva de Convergència i Unió, que hace referencia al punto b) de la
proposición no de ley referente a mestos y que es el escrito que está
manejando el señor presidente en estos momentos, no podemos aceptar esta
enmienda presentada porque consideramos, curiosamente, que la no
aceptación por parte del Grupo Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya es lo mismo en el sentido opuesto que la enmienda que
presenta Convergència i Unió. Por tanto, creemos que el texto recogido
actualmente en el apartado b) satisface plenamente esa enmienda y que
--repito-- los dos grupos parlamentarios socialista e Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya consideran que sería conveniente su
retirada. Por consiguiente, no se acepta esa propuesta; no se acepta la
enmienda.
Sin embargo, una vez que he contestado a la única enmienda que mantenía
viva Convergència i Unió, tengo que manifestar que, con respecto a las
otras, sí vamos a aceptar la presentada por el Partido Socialista en el
apartado b) de esta misma proposición no de ley, para sustituir el comité
de expertos por la comisión nacional de especialidades para asumir la
responsabilidad de esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Gil Melgarejo, ¿lo que
pretende es sustituir el comité de expertos por la comisión nacional de
especialidades?
El señor GIL MELGAREJO: Es aceptar la enmienda número dos del Grupo
Socialista, referente a este tema concreto. Entiendo que hay una cierta
dispersión, que es la misma que hemos estado sufriendo todos los grupos a
lo largo de estas dos semanas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Gil Melgarejo, léanos
cómo quedaría el apartado e).
El señor GIL MELGAREJO: Diría así: La concesión de los títulos estará
regulada y controlada por la comisión nacional de la especialidad. Es
decir, lo que dice la enmienda concreta que presenta el Grupo Socialista.
Finalmente, quiero señalar que lamentamos no retirar la proposición no de
ley que hace referencia a los pre-95, puesto que consideramos que la
problemática es totalmente distinta, y lo hemos manifestado en la
exposición. Por tanto, merece una atención aparte esta proposición no de
ley que hemos presentado.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gil
Melgarejo. (La señora Riera i Ben pide la palabra.)
La señora Riera tiene la palabra.
La señora RIERA I BEN: Simplemente quería pedirle, señor presidente, si
es posible, que el portavoz del Grupo Popular expresase de manera clara
el punto e), porque no sé cómo queda.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Estamos en ello, señora Riera.
Señor Gil Melgarejo, le ruego tenga la amabilidad de ilustrar a la
Presidencia y a los servicios jurídicos de la Cámara cómo quedaría este
punto e).
El señor GIL MELGAREJO: El procedimiento que se establezca deberá
permitir el acceso al título de especialista a aquellos profesionales que
acrediten un tiempo de formación suficiente en plazas de centros
sanitarios de algunas de las administraciones públicas, instituciones
sanitarias concertadas u otros centros habilitados para la docencia, y, a
tales efectos, la comisión nacional de la autoridad correspondiente
evaluará su formación, experiencia y competencia profesional.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Es decir, este texto
sustituiría el punto e) de su propuesta transaccional por la enmienda
presentada por el Grupo Socialista, con lo cual se aceptaría la enmienda
que viene numerada al apartado 1.º, párrafo 3.º, teóricamente de esta
proposición; se aceptaría en su conjunto la enmienda del Grupo Socialista
que hace referencia a la comisión nacional de la especialidad
correspondiente. La enmienda como tal formaría parte de la transaccional
como apartado e); por tanto, sería aceptable por parte del Grupo
Socialista su incorporación. (El señor Corominas pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Espero que se haya aclarado, porque no sé si se ha liado más con este
batiburrillo de cómo quedaba. Lo que se pedía era precisamente una
aclaración del texto. Si produce confusión retiramos las enmiendas y nos
abstendremos, pero si se ha llegado a algún acuerdo las mantenemos. Una
parece que no la admiten, la otra sí que la admiten, y vuelvo a reiterar
el sentido del voto, que es la abstención, porque es una forma de entrar
en una línea de privatización en la formación.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Todos los grupos tienen claro
cómo queda lo que se va a someter a votación; por tanto, vamos a llamar a
votación. (La señora Aroz pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Queremos solicitar votación separada en la proposición primera, que es
posible puesto que no hay enmiendas
incorporadas. Solicito la votación separada, en nombre del Grupo
Socialista, del punto primero.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Aroz.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las
proposiciones no de ley que se han presentado y de cuyo debate resultan
tres votaciones; lo digo a efectos de la ordenación de las mismas por los
portavoces y por sus señorías.
En la primera, en la del Grupo Parlamentario Popular, votaremos el punto
1 aparte, y, en una segunda votación, los puntos 2 y 3 restantes; serán
dos bloques.
En la segunda, la que suscribieron los Grupo Parlamentario Popular y de
Coalición Canaria, someteremos en una única votación el texto resultante
de las transacciones y enmiendas aceptadas.
Por lo tanto, serán tres votaciones, las dos primeras relativas a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y la tercera
relativa a la proposición no de ley del Grupo Popular y de Coalición
Canaria.
Se somete a votación, en primer lugar, el punto 1 de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre homologación del colectivo de
médicos de atención primaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 291; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el primer punto.
Puntos 2 y 3 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 165; en contra, 122; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los puntos 2 y 3 de la proposición
no de ley del Grupo Popular.
Proposición no de ley del Grupo Popular y de Coalición Canaria, sobre
titulación de médicos no especialistas, en los términos resultantes de
las transacciones y enmiendas aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 163; en contra, dos; abstenciones, 137.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de
ley en los términos antedichos.
-- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA DEL
CONGRESO, IZQUIERDA UNIDA-INICIATlVA PER CATALUNYA, VASCO (EAJ-PNV),
COALICION CANARIA Y MIXTO, SOBRE MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA LA
PACIFICACION Y LA REGENERACION SOCIAL Y ECONOMICA DE LA REGION DE GRANDES
LAGOS (Número de expediente 162/000113) El señor PRESIDENTE: Proposición
no de ley de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y
Mixto, sobre medidas alternativas para la pacificación y la regeneración
social y económica de la Región de los Grandes Lagos.
Existe una enmienda suscrita por todos los grupos parlamentarios de la
Cámara. En consecuencia, el debate se va a ordenar de forma que
intervengan todos los grupos que lo deseen, ordenados de menor a mayor.
En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto, la señora
Lasagabaster. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Perdonen, señorías, al existir un acuerdo entre los distintos grupos
parlamentarios para el orden de intervenciones de los grupos firmantes,
va a hacer uso de la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario
Popular.
Tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente. (Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías les ruego silencio.
Un momento, señor Izquierdo. (Pausa.) Cuando quiera, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado mes de marzo los grupos parlamentarios presentaron
ante la Cámara una proposición no de ley conjunta que pretendía formular
una serie de medidas alternativas para la pacificación y regeneración
social y económica de la Región de los Grandes Lagos. Era y es ahora éste
el título de una proposición que, simplemente por el transcurrir de
algunos meses, ha perdido en parte cierta virtualidad y vigencia. Sin
embargo, los grupos parlamentarios hemos querido mantener la iniciativa
de modo conjunto y modificar, para actualizar, algunos de sus contenidos.
Mantener la iniciativa conjunta significa fundamentalmente dos
cuestiones: la primera es, si se quiere,
una cuestión formal, pero de gran importancia, entendemos nosotros. La
sociedad, el Parlamento y el Gobierno impulsan de este modo, al tiempo y
con la misma fuerza, políticas que sean capaces... (Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor Izquierdo.
Señorías, les reitero la petición de silencio. (Pausa.) Señoría, puede
continuar.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente.
Decíamos que mantener la iniciativa conjunta por parte de los grupos
parlamentarios significa, en nuestra opinión, dos cuestiones
fundamentalmente. La primera es, si se quiere, una cuestión formal pero
de gran importancia. Nosotros entendemos que la sociedad, el Parlamento y
el Gobierno impulsan, al tiempo y con la misma fuerza, políticas que sean
capaces de aportar soluciones válidas y eficaces para la resolución de un
conflicto endémico de trágicas consecuencias; siempre, señorías, desde el
diálogo y el acuerdo, el sentido de la responsabilidad y la unidad de
acción del Estado en el exterior.
Es justo entonces, señorías, reconocer en este momento el esfuerzo de
responsabilidad y cohesión que los portavoces de todos los grupos
parlamentarios hicieron en marzo y hacen ahora. Es justo también
reconocer, señorías, el esfuerzo de solidaridad, sin precedentes, que
España, su Gobierno, las diferentes administraciones públicas y el
conjunto de la sociedad española han realizado en el antiguo Zaire, en la
crisis de los Grandes Lagos, en una región donde España, a diferencia de
otros países, no tiene más intereses que los de la paz y la solidaridad.
La segunda, señorías, es obvia para cualquier
observador de la crisis de los Grandes Lagos. Las gravísimas
circunstancias por las que atravesaba la situación política y social de
la región en aquellos momentos han variado sustancialmente tras haber
sido derrocado el régimen del presidente Mobutu e instaurado un nuevo
gobierno en la ahora República Democrática del Congo. Sin embargo, y aun
siendo las circunstancias distintas, otros acontecimientos y graves
noticias recientes ponen de manifiesto la plena vigencia del conflicto y
lo lejos que aún estamos de un principio real de solución. Nos referimos,
como SS. SS. saben, a las matanzas de refugiados al norte del antiguo
Zaire, denunciadas recientemente, a las graves dificultades que la misión
especial de Naciones Unidas está teniendo por parte del gobierno
congoleño y, también, a las contradictorias noticias que llegan sobre el
grado de cumplimiento por parte de las autoridades de la nueva República
Democrática del Congo, en sus compromisos de democracia y respeto a los
derechos humanos formulados ante la comunidad internacional.
En este sentido, la proposición no de ley, modificada por la enmienda que
todos los grupos suscribimos, tiene plena actualidad y vigencia, y sin
duda será un buen instrumento de apoyo y respaldo al Gobierno en su
decidida intención, puesta de manifiesto reiteradas veces, de influir
eficazmente en la comunidad internacional para la definitiva resolución
del conflicto.
Señorías, si algo ha puesto y sigue poniendo de manifiesto la crisis de
los Grandes Lagos, ha sido la falta de coordinación y eficacia de las
políticas de prevención de conflictos, aún incipientes, de las políticas
exteriores de seguridad e, incluso, de las políticas de cooperación al
desarrollo, tanto de la Unión Europea como del conjunto de la comunidad
internacional. Señorías, este sería otro gran debate, el debate de la
coherencia y la coordinación del conjunto de las políticas europeas para
el que ahora, evidentemente, no tenemos tiempo. Diré simplemente, junto
al Comité de enlace de organizaciones no gubernamentales de desarrollo
ante la Unión Europea, que Europa está en una posición potencialmente
fuerte para desarrollar un enfoque con vistas al futuro en lo referente a
las relaciones exteriores y para promocionar la estabilidad, tanto en el
norte como en el sur. Para hacer esto, señorías, más que subordinar la
política del desarrollo a los asuntos exteriores, debe basar sus
relaciones exteriores en los principios de la cooperación al desarrollo.
La propia Comisión, como recordarán SS. SS., en el dictamen que presentó
ante la Conferencia Intergubernamental, se pronunció a favor de la
reunión de los distintos elementos de las relaciones exteriores en un
todo eficaz, mediante estructuras y procedimientos que refuercen la
coherencia y la continuidad de la acción exterior. Como todos ustedes
saben, los europeos tenemos una especial responsabilidad en Africa. Por
eso, señorías, al menos en Europa, deberíamos pasar del voluntarismo a la
realidad, de las grandes declaraciones a los hechos e impulsar en Africa
políticas desde la coherencia y desde la responsabilidad. La próxima
revisión del acuerdo de Lomé Unión Europea-Países ACP puede ser una buena
oportunidad. Pongámonos a ello con decisión y generosidad.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Izquierdo.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Yáñez-Barnuevo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Gracias, señor presidente.
En la legislatura anterior y en el primer año de ésta, el Grupo
Socialista presentó tres proposiciones no de ley que fueron sometidas a
debate y votación en su día, expresando la preocupación y proponiendo
medidas sobre lo que era uno de los mayores desastres humanitarios de la
época reciente en el mundo, como las
matanzas y los grandes desplazamientos de refugiados, hutus y tutsis, en
los tres países más importantes del área de los Grandes Lagos, Ruanda,
Burundi y
Zaire.
Como consecuencia de que la impotencia de la comunidad internacional y la
falta de solución de los problemas básicos (comercio ilegal de armas,
continuación de las matanzas, desplazamientos de nuevos contingentes de
población) seguía presente y que la Unión Europea y las Naciones Unidas
tenían dificultades para abrir camino a una ayuda humanitaria eficaz y a
una solución del conflicto a través de la mediación, los distintos grupos
parlamentarios empezamos a negociar en enero o febrero de este año una
proposición no de ley que presentamos en marzo y a la que ha hecho
referencia el portavoz del Grupo Popular, con aspectos muy concretos
sobre el estado de la situación a esa fecha.
Quisiera hacer una observación, que no es crítica hacia nadie, sino
autocrítica, si me permiten la expresión, o de crítica que nos debemos
hacer todos, también la Mesa y la Junta de Portavoces, sobre que en
opinión del grupo que represento en este momento, deberíamos contribuir
todos a que no se produjeran esos retrasos, en su tramitación en esta
Cámara, sobre temas de candente actualidad en cuanto a catástrofes
humanitarias internacionales. Porque nos hemos encontrado, como decía el
señor Izquierdo, con una proposición no de ley que tiene fecha de marzo,
debatida en el mes de octubre y, como era lógico, varios de los puntos de
la parte dispositiva de esa proposición habían perdido virtualidad,
habían quedado obsoletos y había que actualizarlos porque se habían
producido acontecimientos importantes en la región que requerían elaborar
un texto que se correspondiese con la dignidad de esta Cámara. Insisto,
señor Presidente, en que deberíamos hacer un esfuerzo entre todos para
que eso no ocurra en el futuro. No sé quién o quiénes son los
responsables, si es que hay alguno, pero --repito-- que eso no ocurra en
el futuro.
Los acontecimientos de enorme importancia a que hago referencia, y que
han tenido lugar en los meses que transcurren desde marzo a octubre, han
sido fundamentalmente el cambio de gobierno en esos tres países, cambios
violentos, no necesariamente negativos en los tres, y especialmente la
caída de Mobuto Sese Seko, que llevaba 35 años, digamos, reinando en el
Zaire, y la victoria en la guerra civil de su oponente histórico Laurent
Desiré Kabila, actual presidente de la República Democrática del Congo.
Sin embargo, tengo la impresión, señor presidente, y es algo a lo que
esta proposición modestamente puede contribuir, dentro del papel que
nuestro país puede hacer en la comunidad internacional, que no es, ni más
ni menos, que el que tiene por su dimensión demográfica y política, de
que no debemos caer en el error en el que se ha caído durante años con
Mobuto, de tolerancia, de complacencia, de mirar hacia otro lado cuando
se estaban cometiendo atrocidades importantes en el país, violaciones
flagrantes de los derechos humanos, persecución de minorías étnicas,
etcétera. Digo esto porque --y reitero lo que ha dicho el portavoz del
Grupo Popular-- ante los primeros intentos de la comunidad internacional,
en este caso de Naciones Unidas, de enviar una comisión de encuesta para
investigar la suerte de miles de refugiados del norte y del este del país
que habían desaparecido o que habían muerto durante la guerra civil en
territorio entonces ocupado por las tropas de Laurent Kabila, este nuevo
Gobierno y su presidente han negado la entrada de esa comisión de
encuesta y, además, han procedido posteriormente a expulsar de ese
territorio a algunas de las ONG y concretamente a las oficinas del Acnur.
Yo creo que la comunidad internacional cometería un error si fuera tan
complaciente con Kabila como lo fue con Mobutu. Hay que ejercer --y
concretamente en nuestro caso desde la Unión Europea-- una presión
sostenida para no perder el norte de la acción, que es fundamentalmente
salvar vidas humanas, preservar lo más posible la supervivencia de
aquella pobre gente, de aquellos sufridos pueblos, de salvaguardar el
mínimo respeto a los derechos humanos, y también hacer que el nuevo
Gobierno de la República Democrática del Congo cumpla sus propios
compromisos en cuanto a la democratización y a la convocatoria de
elecciones presidenciales y legislativas en 1998.
Por último --y con ello termino-- hay que tratar también de que las
políticas de embargo al tráfico de armas, que es tan florido en ese
territorio, se puedan ejercer con eficacia y evitar así que ese tráfico
contribuya aún más al sostenimiento de las matanzas, de la mortandad que
esos pueblos están sufriendo desde hace varios años, sin que la comunidad
internacional haya podido ejercer con eficacia su función de preservar la
paz, el desarrollo y la supervivencia de esos pueblos.
Por todas esas razones hemos firmado también esa proposición no de ley, y
nos congratulamos de que haya un consenso en esta Cámara, porque pensamos
que debemos acostumbrarnos cada vez más a tener presente el factor de los
derechos humanos en la política exterior, en nuestra proyección
internacional. No sólo defendemos intereses nacionales, no sólo
defendemos intereses económicos o comerciales, sino que en la comunidad
internacional defendemos también y fundamentalmente principios, como
corresponde a una democracia desarrollada como es la española.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Yáñez-Barnuevo.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Navas.
El señor NAVAS AMORES: Como ya se ha dicho por los anteriores
intervinientes, desde luego esta proposición
no de ley no ha seguido un trámite de urgencia y, después de los meses
transcurridos, es una proposición que ha habido que actualizar en los
últimos momentos, para poder ajustarse a la realidad que actualmente está
viviendo esa zona que se viene a denominar los Grandes Lagos. Por tanto,
en esta actualización de última hora ha habido que incorporar actuaciones
como la que se ha nombrado del presidente Kabila, que de alguna forma
trastocaban el diseño del proceso de pacificación que se había preparado
para la República del Congo. Pero nosotros vamos más allá, porque
entendemos que esa región padece una serie de deficiencias
institucionales importantes, y que así se recoge ya en esta proposición
no de ley en relación a uno de esos países. Nosotros pensamos que el
futuro de la Región de los Grandes Lagos debe sustentarse sobre sólidos
pilares, y que esos pilares deben ser lógicamente el gran consenso que se
debe alcanzar en los distintos países para habilitar una constitución y
unas relaciones parlamentarias institucionales ajustadas a lo que debe
ser un Estado democrático, que debe preservar como una cuestión
totalmente fuera de toda duda los derechos humanos. En esa línea
coincidimos con el contenido de la proposición, pero vamos más allá, y es
que al margen del contenido de la proposición nuestra propuesta vendría
dada a conseguir ampliar futuras reflexiones de esta Cámara que no se han
podido incorporar a ella, como es la petición de reformas institucionales
importantes para el conjunto de los países de la zona.
Ese futuro sólido que se debe construir en los Grandes Lagos debe también
restañar las heridas abiertas a lo largo de todos estos años de
auténticas matanzas indiscriminadas. En la proposición está perfecta y
acertadamente recogido el hecho de tener que juzgar, de tener que
investigar los excesos cometidos por todas las partes implicadas en este
largo conflicto, para así, de alguna forma, mirar hacia adelante con las
heridas, con las demandas del pasado totalmente solucionadas.
Coincidimos en que no se puede mirar hacia otro lado cuando sabemos que
ese es un mercado negro importantísimo en lo que es el tráfico de armas y
la actuación de fuerzas militares incontroladas y que, lógicamente, si no
se ataca en profundidad, si no se reflexiona sobre la forma en la que
podemos acabar con ello, al fin y al cabo esto va a ser el germen de
futuros o posibles rebrotes de conflicto.
Por ello, la suma de todas estas propuestas creemos que va a ser positiva
para que España tenga una posición digna, adecuada y conveniente en el
conflicto de los Grandes Lagos y, por lo tanto, nosotros vamos a
apoyarla.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Navas.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Vasco manifiesta su
apoyo a la proposición no de ley sobre medidas alternativas para la
pacificación y la regeneración social y económica de la Región de Grandes
Lagos, que trata de paliar la tragedia humana que se está viviendo en
esta zona de Africa Central.
Para los demócratas vascos con memoria histórica presenta un especial
interés el apoyo a semejantes proposiciones, pues no podemos ni debemos
olvidar situaciones similares sufridas en nuestro país con motivo de la
agresión contra nuestro pueblo en la guerra civil. Por ello, la grave
situación política y social de la región de los Grandes Lagos en Africa
Central, que ha provocado la denuncia de la sociedad vasca ante la
pasividad internacional, nos lleva a dar nuestro apoyo a esta proposición
no de ley al mismo tiempo que a urgir el apoyo financiero, logístico y
político de la Unión Europea ante las gestiones de la ONU.
Asimismo, es preciso urgir al Gobierno central para que presione al
Gobierno ruandés para el establecimiento de todas las garantías legales
en los juicios que se están celebrando, así como al Gobierno de Zaire
para que respete los derecho humanos y celebre elecciones democráticas
dentro de los plazos a que se ha comprometido.
Por todo ello, reiteramos nuestro apoyo a la proposición no de ley que
nos ocupa, esperando que contribuya a paliar la delicada situación que se
vive en esta zona mediante el diálogo y el respeto a los derechos humanos
y a los derechos de los pueblos afectados.
Nada más, señorías.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Caballero.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Poco nuevo que añadir, señor presidente, en
concordancia con lo que han venido diciendo los portavoces de los grupos
que también, con éste de Coalición Canaria, firmaron en su día, ya muy
añejo, el texto ahora actualizado sobre esta cuestión de los Grandes
Lagos. Valga aquí nada más el principio que nosotros declaramos siempre
de solidaridad.
Quiero recordar también en estos momentos que en esa región siguen
actuando organizaciones no gubernamentales españolas, donde hay
profesionales que dedican su trabajo, con el riesgo que entraña toda
actividad en zonas con conflictos larvados y latentes.
Esta solidaridad con las organizaciones no gubernamentales ha de verse
reflejada de alguna manera en el
apoyo de la Cámara y en todo el proceso de las futuras medidas y leyes de
cooperación que salgan de ella y del Gobierno español. Esto es lo que nos
hace entrar en una explicación de voto defendiendo la iniciativa que con
los demás grupos de la Cámara tomamos a este respecto y materializando
nuestro apoyo mediante el voto positivo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Mixto, la señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Como han señalado anteriores portavoces de otros grupos, no podemos menos
que firmar y sumarnos a esta proposición no de ley. Ciertamente, como
señalaba el portavoz del Grupo Socialista, la mecánica de la Cámara a
veces nos obliga a tratar temas que quizás no sean de la mayor
actualidad, pero creo que en esta cuestión, desgraciadamente, el tema de
la pacificación, regeneración social y económica de la región de los
Grandes Lagos es un problema del que todavía habrá mucho que hablar y
mucho que decir.
En esta cuestión creo que en su momento y hace ya algunos siglos algo
tuvimos que ver los europeos como causa de estas cuestiones y creo que en
este tema es conveniente y oportuno que al menos nos pongamos a
reflexionar qué cuestiones desde nuestros ámbitos y desde nuestras
responsabilidades políticas podemos hacer para colaborar.
En la anterior proposición de 18 de marzo hablábamos de determinadas
cuestiones que han quedado en este momento sobrepasadas, algunas de ellas
cuando citábamos, por ejemplo, a rebeldes que curiosamente ahora están en
el Gobierno; pero también es cierto, como se ha señalado aquí --y por eso
no me voy a extender-- que lo mismo que señalábamos antes conviene
volverlo a reiterar en este momento, a aquellos que tienen la
responsabilidad política, y en concreto al señor Kabila, hay que
obligarle (dicho con el mayor respeto hacia otro Estado y hacia el
representante de otro Estado) a respetar los calendarios políticos y a
respetar esa puesta en marcha de los derechos y de las libertades de sus
ciudadanos.
Creo importante en ese sentido que se investigue, y hay que lamentar que
Naciones Unidas tenga que retirar, como señaló el viernes pasado, su
comisión de investigación de las matanzas por las continuas trabas que
estaban poniendo los representantes de la República Democrática del
Congo.
Hay que esperar, intentar que este nuevo Gobierno tenga a su vez una
doble prioridad: la reconstrucción económica, cómo no, pero también la
reconstrucción de los derechos y libertades, y en este sentido quizás
habría que instar dentro del seno de la Unión Europea a que esas
políticas de cooperación lleven consigo no solamente la estabilidad
económica, que es absolutamente importante, sino también una política de
cooperación que vaya junto con una primacía y una defensa de los derechos
y libertades en el fondo de los derechos humanos de todos los ciudadanos.
En cualquier caso, también señalar que hay que apoyar el trabajo que
están realizando las organizaciones no gubernamentales, en algunos casos
un trabajo y un esfuerzo que les ha podido costar la vida, pero todavía
habrá mucho que hacer y habrá que hablar simplemente en constructivo y en
positivo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
En último lugar, ya que ha sido solamente firmante de la enmienda en
nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Hace poco más de un año esta Cámara aprobaba por la vía de urgencia una
proposición no de ley que pretendía dar respuesta a la gravísima
situación que se vivía en la provincia zaireña de Kivu y que se añadía o
era la segunda parte del drama, del genocidio que se había vivido en
Ruanda en el año 1994. En el momento de aprobación de la proposición no
de ley los medios de comunicación estaban dando testimonio de cómo más de
un millón de personas, entre ellos muchos niños, vagaban sin rumbo fijo
por las montañas de la zona, sin comida, sin agua, sin abrigo, siendo
pasto de las enfermedades. Todo ello, señor presidente, como decía no era
más que la continuación de un drama que había comenzado hacía dos años
cuando cerca de dos millones de hutus ruandeses huyeron de las masacres
que tenían lugar en su país en un éxodo hacia los países de la zona
Zaire, Burundi y Tanzania, huían por miedo a las represalia del tutsi
Frente Patriótico Ruandés que había asumido el poder después de la
violencia desatada ese año también en la zona donde murieron cerca de un
millón de tutsis y de hutus.
Desde ese momento, el año 1994, se estableció en esa misma zona un
precario equilibrio que no escondía una delicadísima situación y que se
concretaba en la inestabilidad en que vivían centenares de miles de
refugiados en los campos zaireños abandonados del mundo y especialmente
del Gobierno del dictador Mobutu. Todo ello, desde luego, hacía prever lo
peor, como sucedió.
Hoy la situación en la zona ha cambiado, el dictador Mobutu ha
desaparecido del mapa político y no existe propiamente un conflicto, pero
sí es cierto que las circunstancias que llevaron al caos y a las
situaciones dramáticas de los años 1994 y 1996 ciertamente perviven;
perviven las causas profundas que ocasionaron ese conflicto.
Precisamente, esta proposición no de ley --y la enmienda que hemos
presentado diversos grupos a la misma-- pretende impulsar desde este
Parlamento la adopción de una serie de medidas que puedan coadyuvar a
evitar la repetición de los dramas que ya han
acaecido en la zona. En este caso, si volviera a suceder sería ya el
tercer acto del drama.
Por todo ello, señor presidente, no me cabe ninguna duda de que la
proposición no de ley y la enmienda van a obtener un amplísimo respaldo
de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley
suscrita por los grupos Popular, Socialista, Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, Vasco, Coalición Canaria y Mixto, sobre medidas
alternativas para la pacificación y regeneración social y económica de la
región de Grandes Lagos, en los términos resultantes de la enmienda
suscrita por todos los grupos proponentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a
favor, 291.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley, por
unanimidad del Pleno.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS PARA PROTEGER LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN
EL TRABAJO (Número de expediente 173/000049) El señor PRESIDENTE: Punto
IV del orden del día: Mociones consecuencia de las interpelaciones
urgentes debatidas en el anterior Pleno de la Cámara. La primera, del
Grupo Socialista, sobre política del Gobierno en materia de prevención de
riesgos para proteger la salud y la seguridad en el trabajo.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Gimeno. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.--Rumores.) El señor
VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ruego a SS. SS. que ocupen sus escaños o
abandonen el hemiciclo. (Pausa.) Cuando quiera, señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo defiende en estos momentos la moción consecuencia de la
interpelación sobre política en materia de prevención de riesgos para
proteger la salud y la seguridad en el trabajo y, en principio, querría
destacar y hacer referencia para situar el problema de forma distinta a
la que se planteó en el interpelación, quizás para que SS. SS. sean
capaces de medir la dimensión exacta del problema. En vez de repetir lo
que decíamos el otro día sobre accidentes que se producían en un día,
piensen SS. SS. lo que pasaría si cada fin de semana escucharan ustedes,
igual que cuando se escuchan los accidentes de circulación que ocurren,
la siguiente expresión de un locutor de cualquier medio de comunicación;
piensen qué ocurriría si ustedes escucharan cada semana que hay 11.200
trabajadores accidentados con baja o que cada semana mueren 21 o 28
personas en accidente de trabajo. Las cifras por sí mismas son elocuentes
y, en cualquier caso, marcan la dimensión de un problema al que hay que
hacer frente y, sobre todo, para el que se pueden encontrar vías de
solución. Este es el principal mensaje que nosotros deberíamos dejar bien
claro hoy en esta Cámara. Creo que el espíritu también quedó claro en el
debate de la interpelación del otro día puesto que todos coincidimos en
que deberíamos ponernos a trabajar para resolver el problema.
Decíamos que había matices en el planteamiento del problema, pero un
acuerdo en lo fundamental, y el acuerdo consiste en buscar soluciones
para el problema y los matices se derivaban de que nuestro grupo
entendía, y sigue entendiendo, que el Gobierno de España, el Gobierno de
la nación española debe tener conciencia de su capacidad para incidir en
el problema y resolverlo. Nosotros decíamos claramente que gestionar una
política de prevención de riesgos no sólo consiste en hacer normas;
decíamos que gestionar una política de prevención de riesgos y de salud
laboral es algo más, es conseguir que las normas que se dictan y que se
aprueban tanto por esta Cámara como en vía reglamentaria por el Gobierno
son normas que deben cumplirse, y para hacer que se cumplan es necesario
que se incida de distintas maneras en esta materia tan compleja y tan
interdisciplinar.
Nosotros decíamos, insistíamos y volvemos a insistir en estos momentos,
que el modelo de prevención de riesgos laborales que existe en España es
un modelo que mezcla y combina lo público con lo privado, es un modelo
que combina las competencias del conjunto de todas las administraciones y
es un modelo interdisciplinar que afecta al conjunto de áreas que tienen
que ver con lo que es materia de los accidentes de trabajo.
En ese contexto nosotros pensábamos y pensamos que se ha producido un
cierto desequilibrio entre lo público y lo privado, que ha podido dar
lugar a una situación de empeoramiento en estos meses que llevamos
del año 1997. En cualquier caso, primaba en ese momento y prima en éste
ver si entre todos encontramos vías de solución que no sólo competen al
ámbito de esta Cámara sino que competen de forma necesaria al acuerdo que
se tiene que producir también con empresarios y trabajadores y, cómo no,
con todos aquellos que tienen que ver con el tema de la prevención de
riesgos y con el tema de la salud laboral.
En el debate de la interpelación tanto mi grupo como el Gobierno
manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo, y quiero decir que
después de las distintas propuestas que se han hecho, tanto por mi grupo
presentando la moción, como las que nosotros hemos conocido de los
distintos grupos, concretamente del Grupo Popular, de Convergència i Unió
y de Nueva Izquierda, en todas ellas se ha manifestado el espíritu de la
semana anterior y la voluntad de acuerdo. Por lo que hemos hablado con
los otros grupos estamos en condiciones de decir que se ha llegado al
acuerdo en un conjunto de puntos que, hay que decir e insistir en ello,
es un conjunto de puntos diversos por la razón simple de que hablamos de
una materia muy interdisciplinar y hay que hacerle frente desde distintas
posiciones para resolver el problema. Por eso voy a hacer referencia
fundamentalmente a esa propuesta de acuerdo a la que hemos llegado entre
todos los grupos para agilizar el debate que se va a producir en estos
momentos. En principio todos creíamos que era necesario favorecer un
clima a favor de la prevención, es decir una nueva cultura que fuera
capaz de afrontar el problema. En ese sentido, el primer punto que se
plantea es que, de acuerdo con las comunidades y con los agentes
sociales, se desarrolle una campaña de sensibilización entre todos los
sectores que tienen que ver con la materia. Las competencias están muy
distribuidas entre las distintas administraciones, y quiero indicar que
prácticamente a lo largo de toda la moción en todos sus puntos se hace
referencia al acuerdo necesario con comunidades autónomas, con
empresarios y con trabajadores, punto indispensable para que se tenga
éxito en la consecución de resultados en este tipo de materias.
La formación pasa a ser un problema de enorme importancia, se incidía
desde distintas vertientes en los debates que hemos tenido, pero era
evidente que la formación aparecía como elemento indispensable para
afrontar de manera realista y moderna el problema de los accidentes de
trabajo y de las enfermedades profesionales. También decíamos en el
debate de la semana anterior, y volvemos a insistir en estos momentos,
que existe un instrumento fundamental aprobado por esta Cámara con un
consenso muy amplio, que es la Ley de prevención de riesgos laborales,
que es necesario culminar la aplicación de esa ley y el desarrollo de la
misma en la práctica de lo que es el mundo del trabajo en nuestro país.
Desde ese punto de vista se plantea el desarrollo de esa ley y se plantea
también que los instrumentos previstos en dicha ley para su
funcionamiento, recogiendo aspectos planteados por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y por el Grupo Popular, se hace referencia
específica a las funciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Hay preocupación respecto a algunos puntos por parte de los agentes
sociales, fundamentalmente los sindicatos, siempre preocupados porque
algunas previsiones, como el tema relativo a la fundación prevista en las
disposiciones adicionales de la ley, empiezan a tener virtualidad
práctica en la realidad, para lo cual es evidente que tenían que
aprobarse sus estatutos y ser registrada esa fundación a fin de que se
ponga en funcionamiento, dirigida fundamentalmente, como sabe todo el
mundo que conoce estos temas, a las empresas de determinadas dimensiones
y características. En este sentido se propone en la moción que se ponga
en marcha esa fundación, así como los aspectos referidos a su virtualidad
territorial.
La mejora de los sistemas de información es necesaria por algo tan
simple, ya lo decíamos en los debates anteriores, como que los accidentes
de trabajo, aun siendo graves, son todos los que están ocurriendo. Los
accidentes que ocurren en el mundo del trabajo son muchos más de los que
se conocen, porque en muchos casos no hay obligación de declarar ese tipo
de accidentes. Además, como todo el mundo sabe, en estos momentos y como
consecuencia del trabajo se producen cantidad de enfermedades que no
aparecen definidas como enfermedades profesionales. El mundo del trabajo,
estar una jornada completa en un puesto de trabajo, genera situaciones
que afectan a la salud de los ciudadanos y producen enfermedades. En tal
sentido se planteaban medidas para mejorar el sistema de información y
así poder actuar sobre el fondo de los problemas.
Respecto a los planes de inspección, es evidente que si existen unas
normas que se tienen que cumplir, parece obvio que poniendo de acuerdo a
todas las administraciones dichos planes de inspección deberían llevar al
cumplimiento de una ley y que, si se cumpliera exactamente, sería difícil
que se produjeran tantos accidentes. Esa ley, que preveía un modelo
diferente de actuación, establecía la previsión de servicios de
prevención y se hace referencia a dichos servicios en la moción que se
presenta, acordada con los demás grupos, porque parece un elemento
indispensable. Estos servicios de prevención --quiero insistir y dejar
bien claro-- no son sólo las mutuas de accidentes de trabajo, sino que
dichos servicios de prevención actúan en algunos casos por decisión de
una empresa que tiene la obligación, la capacidad y la decisión de
montarlos. Por otro lado, existen servicios de prevención externos,
también para empresas pequeñas, que pueden desarrollarse vía de las
mutuas de accidentes de trabajo, aunque no necesariamente.
Estamos de acuerdo, como proponían las enmiendas presentadas por los
Grupos Popular y Catalán
(Convergència i Unió), en que se incentive y apoye a las empresas para
que no ocurran los accidentes de trabajo o las enfermedades
profesionales. Nos parece un elemento importante, aunque nosotros
insistimos en que las medidas no sólo consisten en que se disminuyan las
primas de accidentes, sino en estudiar más medidas incentivadoras. Hay
que hacer inversiones, evidentemente --se dice en la moción recogiendo
iniciativas de otros grupos--, pero esas iniciativas para inversiones
pueden incentivarse de otra forma y no sólo reduciendo las primas de
accidentes, aunque también se incluye ese supuesto.
La Administración del Estado tiene unas obligaciones y no se puede exigir
al conjunto de los ciudadanos, a los empresarios y a los trabajadores,
que cumplan determinadas normas, cuando la propia Administración tiene
dificultades para cumplir esas normas que ella misma ha propuesto a esta
Cámara y que esta Cámara ha aprobado. En ese sentido se adoptan las
previsiones específicas para que todas las administraciones, y
específicamente la del Estado, sean capaces de llevar a cabo las
actuaciones y obligaciones que les corresponden de acuerdo con la ley.
Por otro lado, este debate no se puede terminar hoy en esta Cámara. Este
debate es permanente porque el problema que nos ocupa va a durar en el
tiempo, y esperemos que mientras tanto disminuyan los accidentes y las
enfermedades profesionales. Por ello queremos que este debate sea
permanente en el Parlamento y, en consecuencia, aceptando algunas
enmiendas propuestas tanto por Nueva Izquierda como por el Grupo
Parlamentario Popular y por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), se
propone una información periódica al Parlamento sobre el cumplimiento de
las previsiones de la ley y todas las actuaciones que se vayan
desarrollando en este tipo de materias.
Creemos que esta moción, señorías, recoge una serie de aspectos desde
distintas ópticas que encuadran y coordinan al conjunto de las
administraciones públicas y pretende que todas las actuaciones y medidas
que se lleven a cabo tengan también que ver con la participación de los
empresarios y de los trabajadores. Nuestra obligación como grupo en la
oposición, y la obligación de los grupos de la Cámara, es impulsar la
labor del Gobierno para que trabaje en estas cuestiones con el fin de
ayudar a que se resuelvan estos problemas, porque creemos --así lo
pensamos específicamente-- que no sólo hay que hacer normas para resolver
los problemas, sino gestionar una política incentivando permanentemente
al Gobierno. Esa es la labor de esta Cámara especialmente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Gimeno.
A la moción del Grupo Socialista se han presentado enmiendas por parte
del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Popular.
Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Mixto, Nueva
Izquierda, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
De manera brevísima. El contenido de la enmienda presentada por Nueva
Izquierda pretende que el Gobierno, en el plazo de tres meses y previa
remisión de un informe a la Comisión de Política Social y Empleo de esta
Cámara, vaya dando cuenta del grado de cumplimiento de las conclusiones
que sobre la materia que nos ocupa vayan llegando, sobre todo en relación
con el informe que fue aprobado en la pasada legislatura por la ponencia
constituida a tal efecto en el seno de la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social del Senado.
Nosotros entendemos --como creo que vamos a coincidir todos los grupos--
que nos encontramos ante una cuestión enormemente grave; una cuestión que
parece a veces desesperar a todos los responsables políticos cuando nos
encontramos con reiterados casos de fallecimientos, de enfermedades o de
situaciones familiares quebradas por estos numerosos accidentes laborales
o enfermedades de tipo laboral. Por eso entendemos que es bueno que el
protagonismo sea compartido por todas las instituciones, y al exigir de
manera concreta, como se pide en la enmienda, que el Gobierno comparezca
ante la Cámara, tratamos de implicarnos a nosotros mismos, de implicar al
Congreso de los Diputados, junto con el Gobierno, en la defensa de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras en la lucha contra los
accidentes, contra los siniestros laborales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
Para defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán planteó una enmienda a la moción que
presentaba el Grupo Socialista, y creo que el esfuerzo de los señores
Gimeno y Alcalde nos permite que hoy previsiblemente esta Cámara se
pronuncie de manera unánime por la necesidad --y éste es el objetivo
principal de la interpelación y la moción socialista-- de impulsar el
desarrollo y la aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales.
Lo hacemos --y se recordaba en la intervención que se produjo en el Pleno
de hace 15 días-- en un momento que los números, y seguramente la propia
alarma social, hacen necesario que el desarrollo y aplicación de esa ley
necesiten un nuevo impulso.
Nuestra enmienda recuerda --y creo que en parte se recoge en el texto
transaccionado-- que las competencias de ejecución en normativa laboral y
muy específicamente las que hacen referencia a la prevención de riesgos
laborales, en buena parte corresponden hoy a las comunidades autónomas
Recuerda también y pone énfasis en la promoción de la prevención,
elemento fundamental para desarrollar una política que a medio y largo
plazo nos permita reducir esos aún elevados índices de siniestralidad, y
pone especial énfasis también en la importancia de creación de la
fundación que prevé la disposición adicional quinta de la Ley de
prevención de riesgos laborales. Nos parece que esa fundación, que el
Gobierno aún no ha creado, va a ser un instrumento fundamental para
desarrollar estas políticas en el territorio del conjunto del Estado.
Esta cuestión, la creación de esa fundación, para nuestro grupo
parlamentario es fundamental, como también potenciar un papel más activo
de las mutuas de accidentes de trabajo en este ámbito.
Esas son las cuestiones que constituían el núcleo central de nuestra
enmienda y que, insisto, la actitud de los señores Gimeno y Alcalde nos
han permitido que se incorporen en el texto final y que podamos votar
satisfactoriamente a esta iniciativa.
También nos gustaría hacer constar que, en esta materia, el conjunto de
administraciones públicas está destinando pocos recursos materiales,
económicos, personales, para hacer frente a las obligaciones que se
derivan de la ley. Hoy tenemos un marco jurídico que seguramente nos
permitiría resolver muchísimos de los problemas que se nos plantean en la
línea de lo que apuntaba el señor Alcaraz, de la defensa de los derechos
de los trabajadores y trabajadoras, pero quizá la escasez de esos
recursos no nos permite ser suficientemente eficaces. Actualmente, las
comunidades autónomas con competencias de ejecución de la normativa
laboral deben asumir nuevas responsabilidades y deben hacerlo con menos
recursos de aquellos que en su día fueron asignados. Esa es una cuestión
que está pendiente y que evidentemente no podíamos resolver en la moción
de hoy, pero es voluntad de nuestro grupo parlamentario impulsar
actuaciones para que, desde el Estado, podamos destinar mayores recursos
para hacer frente a estas situaciones.
Nada más, salvo anunciar la retirada de nuestra enmienda y nuestro voto
favorable al texto que se va a someter a votación. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Alcalde.
El señor ALCALDE SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy seguimos debatiendo sobre un problema que preocupa profundamente a la
sociedad española. Es éste, señor Gimeno, un debate oportuno, del que mi
grupo espera que surjan ideas, aportaciones, propuestas que redunden en
la búsqueda de soluciones eficaces para combatir las altas tasas de
siniestralidad que padece nuestro país.
Entrando ya en la materia que nos ocupa, la moción del Grupo Socialista,
he de dejar constancia de que, tras una primera lectura, he sentido una
ligera desilusión, señor Gimeno, porque creo que el grupo proponente ha
sido algo cicatero a la hora de reconocer los avances que se han
producido en esta materia con el actual Gobierno. No hay ninguna mención
en la exposición de motivos ni en el contenido de la moción a ese avance
importante del Gobierno y es preciso recordar aquí y ahora que, apenas
transcurrido un mes de echar a andar el Gobierno presidido por José María
Aznar, en junio de 1996, se constituyó ya la mesa tripartita de diálogo
social sobre seguridad y salud laboral, constituida por el Gobierno y las
organizaciones empresariales y sindicales con mayor representatividad. A
partir de esa mesa, y siempre con el consenso de los interlocutores
sociales, se ha constituido la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, órgano colegiado asesor de las administraciones públicas en
la formulación de políticas de prevención y órgano de participación
institucional en la materia que nos ocupa. En esta Comisión están
integrados, además de la Administración del Estado, todas las comunidades
autónomas con competencias en la materia y, paritariamente, los
representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas.
Tras la constitución de la citada Comisión y el inicio de sus trabajos,
el Gobierno ha promulgado el reglamento de servicios preventivos, que se
ha desarrollado con dos órdenes ministeriales, además de trasponerse gran
parte de las directivas comunitarias pendientes en esta materia mediante
la publicación de 12 reales decretos y otros que están a punto de
aparecer, que darán fin a la trasposición de dicha normativa europea.
Todo eso, señoría, en tan sólo 17 meses desde que el Gobierno tomó
posesión, y hay que recordar que el plazo de trasposición de las
directivas europeas terminaba el 31 de diciembre de 1992, plazo que se
vio superado en tres años por el Gobierno anterior, cuando promulgó la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobada con amplio consenso por
esta Cámara.
El Gobierno no se ha dormido en los laureles en este espacio de tiempo,
en el que, además, se ha visto notablemente incrementada la actividad de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con un aumento importante no
sólo de sus actividades, sino también de las actas levantadas, con las
que no voy a cansarles, pues fueron ampliamente comentadas en la pasada
comparecencia del secretario de Estado.
Asimismo, el Gobierno ha firmado el pasado 24 de septiembre un acuerdo
con las mutuas de accidentes de trabajo, un plan de choque contra la
siniestralidad laboral por 32.500 millones de pesetas para lo que resta
del año 1997 y para el año 1998, destinado fundamentalmente a aquellos
sectores con una mayor siniestralidad, a las pymes y a aquellas
profesiones específicas sometidas a especiales riesgos.
Tras el debate de estos días, señorías, estábamos esperando con interés
las propuestas no sólo del principal grupo de la oposición sino de todos
los grupos de esta Cámara. Hemos visto con satisfacción que las
propuestas presentadas, tanto en la moción socialista como en el resto de
mociones, vienen, de alguna manera, a redundar en actuaciones ya
realizadas, ya previstas o en fase de ejecución por parte del Gobierno.
En definitiva, señorías, mi grupo considera que su moción inicial no era
suficiente, por lo cual hemos presentado una moción alternativa, como han
hecho otros grupos, porque creo que, entre todas ellas, vamos a
conseguir, como nos ha anticipado el señor Gimeno, enriquecer
profundamente este debate y sacar conclusiones unánimes en esta materia
del compromiso no sólo de los grupos proponentes sino de toda esta
Cámara.
A mí me gustaría desgranar, a continuación, los apartados de su moción
porque hay cuestiones que me gustaría matizar. Ya en la motivación hay
una serie de cuestiones que quería aclarar.
En primer lugar, es cierto que produce una especial inquietud el
incremento que ha habido de la siniestralidad, pero no sólo, como afirman
ustedes, entre los trabajadores, los sindicatos y los empresarios, sino
que --téngalo por seguro-- en todos los grupos de esta Cámara se produce
la misma inquietud y, por supuesto, en toda la sociedad en su conjunto.
Coincido con ustedes en que el Gobierno ha de ser el impulsor, como lo
está siendo desde su toma de posesión, de las políticas en materia de
prevención de riesgos laborales, pero hay que tener en cuenta que ha de
tener siempre un especial respeto por las competencias asumidas por las
comunidades autónomas en materia de ejecución, como hemos intentado
plasmar de forma clara en nuestra enmienda.
Su mención en la motivación de que hay que utilizar de forma adecuada la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede hacer presuponer que se
está utilizando de forma inadecuada, de forma contraria; hipótesis que,
por supuesto, no compartimos por incierta y que, de hacerlo, pondría muy
en entredicho la capacidad de los distintos gobiernos, del actual y de
los pasados socialistas, para utilizar la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Por otra parte, saben SS. SS. que el actual Gobierno ha
demostrado de forma fehaciente la importancia que da a este instrumento,
que es la Inspección de Trabajo, presentando ante esta Cámara el proyecto
de ley ordenadora de dicha Inspección, que actualmente está en trámite en
el Senado y que va a venir a sustituir a la ordenación en la materia de
inspección de tiempos preconstitucionales. Todo esto, señorías, no impide
que sí estemos de acuerdo en impulsar las acciones de la Inspección
priorizando, en el enfoque de sus actuaciones, el cumplimiento de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, como ya está haciendo el Gobierno
dando instrucciones en este sentido a las inspecciones provinciales.
Sobre la necesaria coordinación entre las administraciones competentes,
ya se viene haciendo entre las direcciones generales de Trabajo, el
Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las direcciones
generales de las comunidades autónomas con competencias en la materia.
Lo que, si me lo permiten, ya me parece un sarcasmo de la exposición de
motivos, señorías, es decir, como afirman ustedes en ella a palo seco,
que debe impulsarse el funcionamiento de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando el actual Gobierno no ha hecho
otra cosa que eso, señorías, desde su toma de posesión, primero,
constituyendo la mesa tripartita, después, con el Real Decreto 1879/1996,
que regulaba la composición de la citada Comisión y, más tarde, con el
propio funcionamiento de la Comisión desde su constitución hace un año,
informando y formulando propuestas sobre todo a la normativa de
desarrollo, que ha sido muy amplia, como ya he comentado.
Entrando en detalle en los distintos aspectos de la moción, vienen todos
ellos a redundar en la acción del Gobierno, como comentaba anteriormente.
También el Gobierno apuesta decididamente por la formación en esta
materia, no sólo en el mundo de la empresa y de la Administración, sino
también en la escuela; en la enseñanza obligatoria, en el bachillerato,
en la formación profesional, hay que introducir, señorías, contenidos
transversales sobre prevención de riesgos laborales.
Asimismo, el Gobierno, de común acuerdo con las comunidades autónomas y
los agentes sociales, va a continuar el desarrollo reglamentario de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la trasposición de las escasas
directivas europeas que quedan por trasponer. El Gobierno tiene previsto
regular a corto plazo las disposiciones en materia de construcción, de
trabajos prohibidos o restringidos a mujeres embarazadas o de parto
reciente, a los jóvenes y a los trabajadores de empresas de trabajo
temporal.
Respecto a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección
de los trabajadores de las industrias mineras, ya no es preciso
desarrollarlas, señorías, porque el pasado 3 de septiembre el Consejo de
Ministros traspuso ya la Directiva 92/104 de la Unión Europea, que está a
punto de publicarse en el «BOE», si no ha sido ya publicada.
Sobre la fundación contemplada en la disposición adicional quinta de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que como SS. SS. saben está
adscrita a la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el presidente de la
citada Comisión en su última sesión ya manifestó que la constitución de
la fundación, a la que hay que dotar, como saben SS. SS., de un
patrimonio con cargo al Fondo de prevención y rehabilitación, sería
objeto de los trabajos de la Comisión en el próximo período de sesiones.
También les recuerdo que los estatutos, que debe promover la propia
Comisión no el Gobierno, han de ser aprobados según la ley por una
mayoría de dos tercios. El Gobierno y este grupo pretenden algo más,
pretenden que los estatutos sean aprobados con el consenso de todos los
integrantes de la citada Comisión.
Asimismo, compartimos la preocupación con otros grupos de la Cámara sobre
la necesidad de contar con un sistema de información homologado y
homologable con el resto de los países de la Unión Europea. Así se ha
dirigido ya --y lo comunicaba el día de la interpelación-- el señor
ministro en la Unión Europea en este sentido; pero no somos los únicos
culpables, puesto que el resto de países europeos también tienen que
regular de alguna manera sus cuestiones informativas, porque no se
adaptan, no se pueden comparar con las de nuestro país.
El Gobierno tiene también entre sus objetivos concluir, gestionar y
fomentar el uso de la red española de información en materia de seguridad
y salud en el trabajo, a través del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene como centro de referencia nacional establecido por la ley de
prevención, en conexión con la Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo.
En el punto sexto de su moción abordan ustedes los planes de inspección.
Como he comentado, ya han recibido instrucciones las inspecciones
provinciales en este sentido para proponer en su programación para 1998
ante las comunidades autónomas.
Asimismo, se van a impulsar por parte de las administraciones
correspondientes medidas que proporcionen el suficiente asesoramiento
técnico y colaboración pericial a los inspectores de trabajo, y ya se
está propiciando en el seno de la conferencia territorial de asuntos
laborales la coordinación de las administraciones competentes en la
materia.
Compartimos, señorías, la importancia de la constitución y funcionamiento
de los servicios de prevención en las empresas, pues hemos de ser
conscientes de que las mayores dificultades en este sentido se encuentran
en las pymes, especialmente en las más pequeñas, por lo que es
fundamental el impulso de la actividad de las mutuas de accidentes de
trabajo en este sector, línea en la que está trabajando el Gobierno, como
lo demuestra el acuerdo firmado el pasado día 24.
En materia de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales, el Gobierno va a hacer un especial hincapié a través de la
Inspección de Trabajo --ahí están las cifras comentadas anteriormente-- y
se está preparando también un anteproyecto de modificación de la Lisos,
para adecuar la tipificación de las infracciones y adaptar la regulación
de las sanciones a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Alcalde, vaya concluyendo.
El señor ALCALDE SANCHEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Es importante, pues, castigar al que no cumple la legislación, pero
también es positivo, como estímulo, premiar al que lo hace ejemplarmente.
De esta manera, proponemos en nuestra moción alternativa, y así se
contempla en la transaccional que vamos a aprobar, que el Gobierno
estudie una bonificación, una rebaja en las tarifas de las primas para la
cotización a la Seguridad Social para aquellas empresas que inviertan en
prevención de riesgos y obtengan unos buenos resultados en el control de
la siniestralidad laboral.
Hacen ustedes referencia en el punto noveno de su moción a actuaciones
preventivas de los departamentos ministeriales. Entendemos que es preciso
que el Gobierno adapte la legislación en materia de prevención a la
Administración pública y así lo proponemos mediante la promulgación de
dos reales decretos en ese sentido, uno en la Administración general y
otro en el ámbito de los centros de establecimientos militares.
En definitiva, señorías, y con esto ya concluyo, la siniestralidad
laboral en nuestro país arroja, como ha dicho usted, cifras preocupantes;
nadie lo duda. El Gobierno no va a eludir, ni elude en ningún momento, ni
el grupo que lo sustenta tampoco, su alícuota parte de responsabilidad en
esta materia, al igual que estoy seguro de que el grupo proponente y los
demás grupos también asumirán su parte de responsabilidad.
El Gobierno del Partido Popular, consciente de esta responsabilidad, ha
abordado con seriedad el problema, desarrollando con amplitud la ley de
prevención, y somos conscientes de que no basta con legislar y que el
Gobierno está desarrollando, en este sentido, importantes acciones no
sólo para ejecutar y hacer ejecutar la legislación, sino también
encaminadas a crear una auténtica cultura de la prevención de los
accidentes laborales en nuestra sociedad. En esta labor estoy seguro de
que va a encontrar el Gobierno la colaboración de todos los grupos de
esta Cámara.
Nos felicitamos, pues, porque salga adelante esa moción con las
aportaciones que hemos realizado otros grupos, porque hoy es un día
importante en materia de prevención de riesgos laborales. Como decía el
señor Gimeno, no se acaba el debate con esta moción, va a seguir; pero
esta moción que hoy debatimos nos brinda a todos los grupos una ocasión
que estoy seguro de que no vamos a desaprovechar para alcanzar el
consenso en una cuestión vital y, nunca mejor dicho, para nuestros
ciudadanos, su seguridad y su salud a la
hora de ejercer ese derecho constitucional, ese derecho fundamental que
es el derecho al trabajo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Alcalde.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria se congratula, en primer lugar, de la iniciativa
parlamentaria, adoptada en su momento por el Grupo Parlamentario
Socialista, de traer en su día la interpelación y ahora esta moción,
porque no podíamos desde la Cámara permanecer impasibles contemplando lo
que fue una buena labor parlamentaria en su día: la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales. Era necesario, ante la casuística que señala el mismo
preámbulo de la motivación, la incidencia de siniestralidad y
accidentalidad laboral en el primer semestre de este año, con una serie
de sucesos muy luctuosos, que es necesario tratar de evitar con la propia
apoyatura legal que nos da la citada ley. Pero no podemos limitarnos a
una actitud meramente pasiva y contemplativa. A juicio de mi grupo, era
necesaria fundamentalmente una política activa de las medidas de
prevención, de las medidas de disuasión, de las medidas de formación, en
la prevención de la salud y de los accidentes laborales.
Nos congratulamos de que haya habido una aproximación y un consenso junto
a las enmiendas presentadas por los portavoces que han hablado por el
Grupo Mixto, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo
Parlamentario Popular. No podía ser menos la postura de respuesta de esta
Cámara ante un problema que afecta a toda la estructura sociolaboral
española.
Nosotros desde Canarias somos también muy sensibles a la problemática de
accidentalidad laboral que allí se produce, precisamente en una economía
de servicios, donde a veces la alta tecnología permite unas actuaciones
laborales, si bien tiene que haber una formación en el personal, una
sensibilidad en las empresas, una actividad inspectora disuasoria
fundamental, porque no solamente se requieren actividades puramente
pedagógicas o informativas en el sector laboral o empresarial, es
necesario que la Inspección de Trabajo lo realice. Nos congratulamos de
que precisamente aquí en la moción, en el texto que es objeto del
consenso --y que nosotros vamos a apoyar, como bien ha dicho el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular--, enriquecido con las aportaciones de
los demás sobre la iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista, los
planes de inspección se hagan también descansar en la responsabilidad de
las comunidades autónomas, y que los departamentos de inspección laboral
de las comunidades autónomas se comprometen también en este aspecto
disuasorio que genera la propia inspección para comprobar si las empresas
están aplicando correctamente todas las actuaciones que, en base a la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales tenemos y la incorporación a las
mismas de las directivas de la Unión Europea.
Y solamente quisiera hacer a los redactores una pequeñísima observación
formal como, por ejemplo, la que se dice en el párrafo de desarrollo de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tratemos de no introducir
riesgos en la lengua en que estamos redactando estos principios; me
refiero a lo de trasponer. Es preferible que siempre empleemos el
lenguaje, que avanza cada vez más en aspectos jurídicos, de trasladar o
introducir en nuestro ordenamiento interno las directivas de la Unión
Europea que queden por incorporar, porque el verbo trasponer no está
admitido por la Real Academia de la Lengua Española.
Nada más que decir, señor presidente, sino mostrar nuestra satisfacción
de que todo este texto articulado, en la sistemática que traía del grupo
proponente, haya permitido también meter el enriquecimiento de enmiendas
de los grupos que lo han hecho para al final salir con una moción que
inspire futuras normativas, tanto desde esta Cámara como desde las
comunidades autónomas que tienen que preocuparse de estos aspectos.
Creo que la acogida ya la han demostrado incluso las organizaciones
sindicales mayoritarias y minoritarias en España, que han respondido
también a la inquietud demandándole al Gobierno, a la Administración y a
este Parlamento, una serie de políticas activas, porque no podemos seguir
aportando al mundo laboral la siniestralidad, la accidentalidad y las
infracciones a la salud en el trabajo, que es un bien común de toda la
sociedad española.
En esta línea, señor presidente, el texto del consenso lo vamos a apoyar
con nuestro voto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, muy brevemente, para decir que mi grupo, después de haber visto
el proceso de la moción y las enmiendas correspondientes y, por tanto, el
consenso que parece que se va abriendo camino hoy en esta Cámara sobre el
tema de la prevención de riesgos laborales, tiene la sensación de que
durante este debate ha perdido gas.
Señorías, se nos presenta una moción en la que, en principio, se
contenían elementos muy interesantes. Nosotros pensábamos que el hacer
hincapié en el elemento del sector público como dinamizador de todos los
mecanismos que fueran articulándose para ir construyendo un auténtico
servicio público de prevención era un elemento importante que veíamos en
la moción, y que junto con otros temas, como el de la formación, la
información, por tanto campañas, el de la utilización y gestión de los
recursos de la Administración laboral, la fundación, etcétera, podían
servir para ir recreando un conjunto articulado de medidas en el que se
conjugase aquello que se planteaba por la moción como un sistema mixto.
Las enmiendas y el resultado final desdibujan toda esta cuestión, pero,
más allá de esto, incluso en la misma moción, nosotros teníamos la idea
de que parecía abordarse la solución del tema sin haber recalado en
aquello que nosotros exigíamos desde un principio en el debate de la
interpelación, que era, en primer lugar, darnos la oportunidad del
momento político de buscar un diagnóstico común a un problema que todavía
no lo tiene.
En este sentido, creemos que la moción finalmente es un conjunto de
cuestiones que, sin duda alguna, de forma separada, no podemos estar en
contra de ninguna de ellas. ¡Claro está que no! A este respecto, nos
vemos abocados a apoyarlo de alguna forma, pero en cualquier caso nos
faltan elementos, y, por tanto, no queremos participar en un baile de
confusiones, porque creemos que no se puede hacer una labor de disección,
de falsa asepsia, distinguiendo lo que es la situación concreta del
mercado laboral en nuestro país y la legislación correspondiente al mismo
con respecto a la situación de los riesgos laborales.
Nosotros creemos que están muy ligadas ambas cuestiones con una falta de
legislación de los grupos de empresa, de las contratas y subcontratas,
con la situación de precariedad que se contempla hoy en nuestro mercado
de trabajo, en función de múltiples factores --no vamos a reproducir el
debate correspondiente--; creemos también que hay una cierta tendencia a
la minimización de la Administración laboral y en concreto de la
Inspección de Trabajo, donde ciertamente no hará falta solamente el
incentivar la tendencia de una gestión bien orientada en base a programas
y a planes sectoriales de seguimiento de los riesgos, sino financiar
recursos materiales y humanos, y habrá que ver también en los
presupuestos cómo se acomete esta cuestión. Pero no solamente esto, sino
también unas ciertas modificaciones de una legislación que ha salido coja
respecto al tema de la Inspección de Trabajo nos permitiría plantearnos
esta moción de otra forma a como tenemos que planteárnosla hoy.
Por tanto, hay elementos estructurales del mercado de trabajo, de la
Administración laboral e incluso de la ley misma que, en último término,
no contempla elementos definitorios de cómo se va a realizar un control
de la prevención de riesgos en las empresas de menos de seis
trabajadores. Todo esto nos hace pensar que la modificación de esos
elementos estructurales no se contiene en la moción.
Junto a ello hay otro elemento que nos falta, ya que hay dos fases, la
primera es la de la prevención, pero hay otra segunda que es la de la
exigencia de responsabilidades. Sin exigir responsabilidades, sin que
esas responsabilidades no se depuren en los ámbitos administrativo, penal
y también de la conciencia social, no va a poder incentivarse de forma
eficaz incluso lo que es la prevención.
Por tanto, nosotros pensamos que esta moción está coja en la medida que
no se vincula la contratación de las distintas administraciones, los
contratos administrativos, con el carácter cumplidor o no de las empresas
que pretenden acceder a ello; que no se plantean exigencias penales como
están investigando ya otros países de la Unión Europea, como Gran
Bretaña; y que no se plantea incrementar el porcentaje del cumplimiento
de las sanciones administrativas, que hoy está en un 10 por ciento.
Señorías, con todas estas deficiencias nosotros vamos necesariamente a
abstenernos. Lo único que nos mueve a no votar en contra es la esperanza
abierta por los que han consensuado la moción, cuando afirman que el
debate no se acaba. Pues bien, si no se acaba, tendremos ocasión de
volver a debatir, posiblemente en una próxima ocasión, esta vez sobre la
base de un modelo que modestamente Izquierda Unida planteará respecto a
la prevención de riesgos laborales.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Vaquero.
Con la aceptación que han manifestado los enmendantes al texto presentado
por el señor Gimeno y resultante de la integración del texto inicial de
la moción con las enmiendas planteadas, entiende la Presidencia que las
enmiendas quedan retiradas. (Asentimiento.)
En consecuencia, vamos a someter a votación ese texto integrado y que ha
sido repartido a los portavoces de todos los grupos parlamentarios. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Socialista sobre
política del Gobierno en materia de prevención de riesgos para proteger
la salud y la seguridad en el trabajo, en los términos resultantes de la
propuesta que el propio grupo ha acordado con los enmendantes y que
conoce el Pleno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a
favor, 282; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la moción en los
términos referidos.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
DE LOS EMIGRANTES QUE VIENEN A ESPAÑA, SU SITUACION SOCIAL Y LABORAL, ASI
COMO PARA MITIGAR LAS DIFICULTADES DE TODO TIPO QUE ENCUENTRAN A SU
LLEGADA (Número de expediente 173/000050)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política del Gobierno para
solucionar los problemas de los emigrantes que vienen a España, su
situación social y laboral, así como para mitigar las dificultades de
todo tipo que encuentran a su llegada. Para su presentación tiene la
palabra el señor Meyer. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor MAYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, la semana pasada, el Grupo Federal de Izquierda Unida
interpelaba al Gobierno en relación con la situación de lo que se viene
en denominar el fenómeno de la inmigración. Decíamos entonces que
estábamos ante una situación límite, insostenible e indigna. Una
situación límite por las continuas muertes producidas en El Estrecho de
personas que sencillamente quieren arribar a esta parte de la
civilización, entre comillas, para resolver su problema de vida;
doscientos muertos en nueve años. Una situación insostenible por las
condiciones de vida de los campamentos de Ceuta y de Melilla, y una
situación indigna por las propias condiciones de trabajo, de vida de los
inmigrantes que tienen la fortuna de llegar en distintas condiciones a
España. Decíamos entonces que el fenómeno de la inmigración hoy se
produce fundamentalmente entre el Sur hacia el Sur, no del Sur hacia el
Norte. Decíamos entonces también que hay una tremenda hipocresía porque
se intenta vender que la inmigración es fundamentalmente un fenómeno del
Sur hacia el Norte y que, por tanto, se crean desgraciadamente fenómenos
de protección, de muros de contención, cuando entendíamos y seguimos
entendiendo que se trata de todo lo contrario, de programas de
colaboración, de programas de desarrollo, de plantear el problema de la
inmigración dentro de lo que es un modelo de desarrollo solidario.
Decíamos también que en España el fenómeno de la inmigración en cuanto al
número todavía no tiene la importancia que tiene en relación con otros
países de la Unión Europea. Según la OCDE representa el 0,9 por ciento de
la población y de los cien millones de personas obligadas a salir de sus
países en el mundo sólo el quince por ciento está en la Unión Europea.
Por tanto, nos distanciábamos de esa lectura hipócrita del fenómeno de la
inmigración y nos distanciábamos también de ese planteamiento europeo de
intentar plantear, valga la redundancia, una Europa fortaleza, la Europa
de Schengen, para frenar, para contener, para amurallar Europa frente a
la inmigración.
A partir de esa consideración proponíamos una moción, consecuencia de la
interpelación, que diera respuesta a esta realidad desde un juicio
crítico a la actual Ley de Extranjería, desde un juicio crítico y
enérgico a la situación de los campamentos de Ceuta y de Melilla, Granja
y Calamocarro, desde un juicio crítico también en relación con el número
de contingentes, absolutamente insuficiente, y desde un juicio crítico a
la realidad social que están sufriendo los inmigrantes. A partir de esas
consideraciones, el Grupo Federal de Izquierda Unida hemos presentado una
moción que les anuncio, conociendo las enmiendas de distintos grupos
parlamentarios (Partido Socialista, Partido Popular, Convergència i Unió)
que hemos sido capaces, entre todos, de consensuar un texto que yo
calificaría como un programa de mínimos ante la realidad que estamos
viviendo, teniendo en cuenta que el propio texto anuncia novedades como
es este consenso alcanzado para plantear una reforma de la actual Ley de
Extranjería, reforma que han pedido, de otra parte, el conjunto de
defensores del pueblo, presidido por el Defensor del Pueblo del Estado
español, y el conjunto de las comunidades que nos han hecho llegar un
juicio crítico en relación con la aplicación de esta ley. A partir de
esta realidad hemos llegado a este consenso que viene a decir lo que
sería la moción transaccionada por los grupos citados y que diría lo
siguiente.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. Impulsar en el marco
de los organismos e instituciones internacionales y especialmente en el
de la Unión Europea, políticas homogéneas de recepción de flujos
migratorios basadas en la integración social, la solidaridad, la
convivencia y la igualdad. En este contexto apostar por que el Parlamento
Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sean los garantes
del control y aplicación de estas políticas.
2. Remitir a esta Cámara iniciativas legislativas tendentes a la
modificación de la Ley de Extranjería en aquellos apartados que hayan
quedado superados con los doce años de vigencia de la ley, para seguir
garantizando las previsiones recogidas en nuestra Constitución, teniendo
en cuenta los trabajos y recomendaciones que a tal efecto plantee la
subcomisión de política migratoria.
3. Reforzar los mecanismos de coordinación de la política migratoria en
todas sus vertientes, con el objeto de garantizar la coherencia y
eficacia de sus actuaciones.
4. Resolver de forma inmediata la situación inhumana en la que se
encuentran los emigrantes en las ciudades de Ceuta y Melilla, adoptando
al efecto las medidas presupuestarias que se estimen necesarias,
prioritariamente poniendo en marcha con rapidez las
oficinas de extranjería en ambas ciudades, con los recursos humanos
necesarios y adicionalmente preparados para aplicar correctamente la Ley
de Asilo y la Ley de Extranjería, facilitando un alojamiento digno y no
permitiendo que permanezcan durante más tiempo en La Granja o en
Calamocarro cuando haya edificios equipados y vacíos en ambos lugares,
garantizando los recursos públicos suficientes para alimentar y atender
sanitariamente a todas estas personas, aunque la gestión la realicen
diferentes ONG.
5. Presentar el proyecto de norma de funcionamiento interno de los
centros de internamiento para extranjeros en Madrid, Barcelona, Las
Palmas de Gran Canaria, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza a los grupos
políticos y a las ONG de inmigrantes y de solidaridad con los
inmigrantes, así como mejorar las condiciones de esos centros.
6. Ampliar el contingente de 1997, adecuándolo al número de solicitudes
que se han producido y a la oferta de empleo que como consecuencia de la
mejora de la situación económica se ha producido en los sectores
agrícola, de servicios de proximidad y construcción.
Este es el texto, señorías, que está consensuado por estas fuerzas
políticas que anunciaba. Indudablemente lo califico como un acuerdo de
mínimos. Estoy convencido de que hemos hecho todos un esfuerzo. Les puedo
asegurar que en el punto 3 a Izquierda Unida le hubiese gustado que se
hubiese explicitado la necesidad de crear una secretaría de Estado para
las migraciones. No ha podido ser, pero desde luego les anuncio que a
partir de este acuerdo de mínimos el Grupo Federal de Izquierda Unida va
a seguir trabajando, en el seno de la subcomisión, para plantear la
necesidad de crear esta figura. Indudablemente, la noticia que se podría
anunciar hoy es que efectivamente esta Cámara, si se llega a este
consenso, va a iniciar la modificación de la Ley de Extranjería en estos
términos, que son los que exigen los propios inmigrantes, que exigen las
ONG, que exigen los defensores del pueblo. Yo creo que es un paso
importante, además de resolver por vía de urgencia, por vía rápida, la
situación de los campamentos de Ceuta y de Melilla. En cuanto al tema de
los contingentes, entiendo que con esta moción también se concreta la
necesidad de esa ampliación, absolutamente insuficiente en cuanto al
número en relación con la del año pasado. Por tanto, nos parece que con
este programa de mínimos estaríamos, al menos, a la altura de unas
exigencias mínimas que están planteando los afectados, las ONG y la
propia sociedad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
Entiendo, señorías, que la transaccional planteada por el grupo
proponente es aceptada por todos los grupos parlamentarios. Por tanto, si
a SS. SS. les parece y en el afán de agilizar el debate, deberíamos
entender retiradas, en función del artículo 118.3, todas las enmiendas y
pasaríamos a la fijación de posición de todos los grupos parlamentarios
en torno a la enmienda transaccional. ¿Grupos que desean fijar su
posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Quiero hacer una intervención lo más breve posible, dado lo avanzado de
la hora, en el mismos sentido, como continuación de la hecha la semana
pasada con ocasión de la presentación de la interpelación que hoy suscita
la correspondiente moción. Felicité al Grupo de Izquierda Unida por la
oportunidad de traer a la Cámara este debate y hoy deseo felicitarnos a
todos los grupos puesto que, tal como hemos avanzado en conversaciones
previas, parece que finalmente todos los grupos daremos nuestra
conformidad al texto que como moción hoy se nos presenta, lo mismo que
ocurrió el año pasado, cuando el 30 de septiembre de 1996 se suscitó un
idéntico consenso alrededor de una moción presentada, en este caso, por
el Grupo Socialista. Ello evidencia, creo, en los dos casos la
sensibilidad de todos los grupos de la Cámara por el asunto que hoy se
trata.
Me gustaría hacer mención a que en la moción hoy aprobaba se hace alusión
por primera vez a la modificación de la Ley de Extranjería. Es cierto que
el artículo 13.1 de la Constitución autoriza al legislador restricciones
en materia de libertades públicas para los extranjeros, pero no de una
forma ilimitada, creemos. La primera limitación proviene del texto del
propio artículo 10.1 de la Constitución, que hace referencia a aquellos
que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana. Creemos
que el contenido íntegro de la moción que hoy se aprueba se mueve en este
umbral. Hace referencia a los límites mínimos de la exigencia de garantía
de la dignidad humana de las personas de las que se trata. Es además
incierto, desde nuestro punto de vista, que requerimientos europeos o de
Tratado Schengen nos obliguen a políticas más cicateras en materia de
emigración. Estamos hablando todavía del tercer pilar --no se ha pasado
al primero-- y creo que el Estado no está tan urgido por los
requerimientos europeos como se pretende. Creo, además, que las políticas
antiinmigración o cicateras en materia de inmigración tienen un efecto
perverso, que es el de socavar las instituciones y, en alguna medida,
permitir dar cierto pábulo de legitimidad a las ideas xenófobas o de
racismo. Nos parece que la temperatura o la salud moral de una sociedad
se mide por cómo se comporta con los emigrantes menos favorecidos.
Creemos que las medidas que hoy aprueba la Cámara, si realmente llegan a
llevarse a efecto y desde mi grupo
haremos lo posible por urgir de las instituciones competentes que así
sea, son un paso adelante en este sentido de solidaridad o de generosidad
con los enmigrantes que acceden a nuestras fronteras desde países menos
favorecidos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
Vamos también a posicionarnos en relación a esta moción que ha sido el
resultado de una serie de enmiendas y de la propia moción que el Grupo de
Izquierda Unida había presentado para la discusión en este Pleno de hoy.
En el debate de hace quince días, nosotros hacíamos referencia a la
necesidad de impulsar políticas en clave europea, a la necesidad de
reformar ese marco legal y a incentivar determinadas políticas de tipo
intervencionista. Hoy el texto que se somete a la consideración del Pleno
recoge buena parte de estos planteamientos que se hacían entonces.
También recordábamos la existencia de una subcomisión parlamentaria que
dentro de unas semanas, quizá dentro de un mes y medio, deberá trasladar
a este Pleno sus conclusiones.
Hoy, y en base a un esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los
grupos parlamentarios, hemos llegado a un nuevo consenso. El señor Meyer
hablaba de un nuevo programa mínimo. Yo creo que es un nuevo programa
mínimo que supone un avance sustancial sobre aquel que seguramente en
anteriores mociones se había planteado en esta Cámara. Lanzamos la idea
de reforzar la coordinación de las políticas del Estado. Pretendemos dar
respuesta a un problema acuciante como es el que se vive en Ceuta y en
Melilla. Existía una demanda por parte del mundo no gubernamental en
relación con esta situación y una situación objetiva que implicaba que el
Congreso se pronunciase. Por primera vez el Pleno del Congreso marca la
necesidad de reformar la Ley de Extranjería. Me parece que eso tiene un
valor político innegable. Entendemos que se deben aplicar normativas que
el Gobierno, en función de sus obligaciones, tiene que desarrollar y se
apunta a la necesidad de ampliar los contingentes. Yo creo, por tanto,
que es un ambicioso punto mínimo de coincidencia por parte del conjunto
de grupos de la Cámara.
Creemos que va a ser bueno que ese consenso que hemos generado en esta
moción seamos capaces de generarlo en los trabajos de la subcomisión
parlamentaria. Nos parece que la simplificación de los trámites y la
documentación requeridos para la obtención del visado, la reducción de
los plazos de resolución de todos los procedimientos regulados en el
reglamento de ejecución de la Ley de Extranjería, la incorporación de la
exigencia de la justificación y prueba de la existencia de demandantes de
empleo nacionales son cuestiones sobre las que hay que discutir. El
establecimiento de otras circunstancias como elementos que pueden
conseguir las prórrogas de los contratos de trabajo, la
creación de permisos de trabajo especiales para extranjeros que
fueran beneficiarios de las prestaciones económicas no contributivas,
contemplar de manera diferente el derecho de la reunificación familiar,
ampliar los plazos de vigencia de los permisos de trabajo, la supresión
de los efectos desestimatorios de los recursos, etcétera, son elementos
que hoy, cuando afrontamos la legislación en esta materia, deberemos
contemplar. Existen elementos que necesitan ser reformados en nuestras
leyes y existen prácticas que deben ser reformadas en nuestras políticas.
Entendemos que desarrollar una acción pública y social que haga que el
hecho migratorio, que es sin duda uno de los cambios más importantes que
van a vivir nuestras sociedades, se convierta en un elemento para el
progreso, para la libertad y para la tolerancia necesita de políticas
diferentes de las que seguramente, hasta ahora, todos hemos aplicado.
Creo que esta moción, a pesar de este carácter de mínimos, va a
constituir un paso especialmente significativo para dar el impulso que
necesitamos. Por tanto, desde esta satisfacción anunciamos nuestro voto
favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Señor presidente, señorías, voy a empezar
también hablando de la Ley de Extranjería, porque la Ley Orgánica 7/1985
se configuró, en aquel año, esencialmente como una norma centrada en
aspectos administrativos, se homologó a las leyes vigentes en Europa en
aquella época y, por supuesto, se partió de la realidad concreta que
teníamos en España en 1985. En aquel año vivían 200.000 extranjeros en
nuestro país, la mayoría de ellos eran europeos y los que no eran de
Europa eran de un país iberoamericano, de Filipinas o de Guinea
Ecuatorial. Estas personas no necesitaban permiso de trabajo para estar
en el país. El crecimiento medio por década hasta entonces era como de
unas diez mil personas, a mil por año. En ese marco se hizo la Ley de
Extranjería.
El Grupo Socialista reconoce que la Ley 7/1985 hoy es una ley parcial
porque está centrada en las fases iniciales de la inmigración: el cruce
de fronteras, la entrada, la documentación necesaria para residir y
trabajar y también los mecanismos de expulsión. Se basaba también en las
respuestas que había que dar a los nuevos
fenómenos de llegada de inmigrantes de terceros países, donde no había
reciprocidad como la que existía entre españoles y los países que antes
he citado de Iberoamérica, Filipinas o Guinea. Por otro lado, se centraba
en la adecuación que nos imponían las pautas comunitarias a nuestra
legislación. Otros derechos como el de acceso a la nacionalidad, al
reagrupamiento familiar, a la educación, a los servicios sanitarios o
servicios sociales fueron regulados a posteriori por
reales decretos en unos casos y en otros, sin existir regulación, se
incorporaron en las políticas del Plan de integración social de los
inmigrantes a través de políticas desarrolladas. En el año 1986 se
aprueba un documento con el apoyo de esta Cámara para el período
1986-1990. Se produce una primera regulación de irregulares que resultó
fallida. Los diputados conocemos cómo tenían miedo a qué habría detrás de
esa regulación. En 1990 se aprueba un nuevo documento con participación
de esta Cámara para el período 1990-1993, produciéndose un nuevo proceso
de regulación en 1991 modificándose la Ley de Refugio y Asilo y creándose
la misión interministerial de extranjería. En el período 1993-1996, en
concreto en el año 1994, se presenta el Plan de integración social de los
inmigrantes, se constituye el foro de los inmigrantes, se pone en marcha
el observatorio permanente de la inmigración y se aprueba un nuevo
reglamento de la Ley de Extranjería con amplísimo consenso con la mayoría
de las ONG.
En la hora actual, los grupos que mantenemos interés y preocupación por
los movimientos migratorios, como el Grupo Socialista, nos planteamos al
menos dos retos importantes. En primer lugar, evitar que se retroceda,
que se dé una marcha atrás, que se vacíen de contenido tantos proyectos
como hemos puesto en marcha y que se cambie el rumbo o la orientación de
las políticas que tan laboriosamente y con la colaboración de tantos se
han iniciado y desarrollado en esta larga década. Y en segundo lugar,
reflexionar para imaginar las nuevas bases de la política migratoria del
siglo XXI, dando respuestas a los retos que en el presente y en el futuro
se nos van a plantear. Por ello, los socialistas presentamos la
interpelación y moción de hace un año y estamos preocupados por lo poco
que ha avanzado el Gobierno en su cumplimiento. Propusimos la subcomisión
que está trabajando. Confío en que seamos capaces de hacer esa reflexión
y proponer de forma contundente respuestas para el futuro.
La interpelación y la moción de Izquierda Unida llegan, en estas semanas,
en un momento oportuno para dar respuesta a los problemas más acuciantes
del momento actual. Por eso nosotros hemos presentado cuatro enmiendas.
Nos sentimos satisfechos del consenso porque nuestras cuatro enmiendas
están recogidas en la moción que ha leído el representante de Izquierda
Unida. Nos alegramos de ese consenso --insisto-- pero no nos fiamos,
señorías. Estaremos vigilantes, controladores y haciendo que tome
decisiones y resuelva positivamente el grupo del Partido Popular que
sustenta al Gobierno. No suban ahora a la tribuna o hablen desde su
escaño de los recursos que llevan dedicados a Ceuta y a Melilla porque no
son fruto de un crecimiento de los presupuestos de este año; son fruto de
desvestir a un santo para vestir a otro, de dejar huecos en otras
políticas sociales para cubrir los problemas que aparecían de forma
concreta en Ceuta y en Melilla.
Tenemos, con esta moción, la oportunidad de intentar hacer frente y
resolver hoy los problemas que en este momento están planteados y
creados. Desde el Defensor del Pueblo a la más pequeña organización no
gubernamental y a los grupos de esta Cámara estamos planteando las mismas
propuestas. Resuelvan, por favor, Grupo Popular y Gobierno y, al menos,
intenten que los problemas que ustedes han ayudado a crear, no queriendo
ver durante mucho tiempo lo que estaba pasando a su alrededor, de una vez
se resuelvan, porque la realidad es que el creciente número de ciudadanos
que llegan de Africa a las fronteras de Europa en Ceuta y en Melilla es
algo que no vamos a poder evitar. Por tanto, tendremos que resolver
positivamente, con recursos económicos y con actuaciones rápidas en todo
lo que las leyes y las formas que en el momento actual tenemos nos
permitan.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular ha colaborado activamente con el resto de
los grupos que han presentado enmiendas a la moción del Grupo Izquierda
Unida para lograr un texto con respaldo unánime. El señor Meyer admitía
este texto como un programa de mínimos, como un nivel de mínimos en esta
materia. Yo le diría que podemos sentirnos orgullosos en esta Cámara de
que en todos los temas relacionados con la inmigración, con la regulación
de la inmigración, a lo largo de sucesivos episodios parlamentarios se
hayan logrado acuerdos unánimes, porque estos acuerdos unánimes que se
logran en el Parlamento español no pueden lograrse en la mayoría de los
parlamentos de la Unión Europea, porque estos acuerdos unánimes en los
que se marcan determinadas políticas en el tratamiento de las
migraciones, que son aceptados y respaldados por la sociedad española, no
serían respaldados por buena parte de las sociedades de los países de
nuestro entorno. Por tanto, no hay que bajar el nivel del acuerdo y
podemos sentirnos realmente orgullosos de haber mantenido en esta
materia, una vez más, ese criterio de política de Estado que tiene que
marcar todas las políticas relacionadas con las migraciones.
Decía la señora Fernández que ha avanzado poco el Gobierno desde 1996;
tiene una opinión de avance corto del Gobierno, pero la realidad concreta
es que cuando el Gobierno y el grupo parlamentario que respalda al
Gobierno aceptan determinados puntos de los que se contienen en la moción
conjunta de todos los grupos estamos mostrando un criterio de avance
respecto a situaciones anteriores. Cuando el Gobierno atiende las
necesidades de Ceuta y de Melilla y gasta dinero en Ceuta y Melilla en
unas cantidades importantes, que luego veremos, evidentemente está
actuando ante un problema que se le plantea, y está actuando con la
máxima urgencia ante ese problema que se le plantea. No creo que sea
admisible, por tanto, mantener el criterio de que desde el mes de
septiembre de 1996 el Gobierno no ha avanzado en la regulación de estas
materias. Realmente hay un avance considerable en la acción del Gobierno.
El esfuerzo que ha realizado el Grupo Parlamentario Popular para lograr
una moción conjunta de todos los grupos admite por supuesto, sin ninguna
duda, los distintos puntos de la moción que al final se ha redactado y se
pone en línea con los demás grupos cuando se plantean determinadas
necesidades. No tiene sentido seguir insistiendo en vestir al Grupo
Parlamentario Popular en el tema de extranjería de un ropaje opuesto a
los planteamientos de las migraciones. El Grupo Parlamentario Popular en
esta materia conecta con los deseos de la sociedad y con las
características diferenciales de la sociedad española respecto a otros
sociedades europeas. Si la sociedad española --por el efecto de las
migraciones a las que surtió durante siglos-- tiene una visión del
extranjero radicalmente distinta a otras sociedades de nuestro entorno,
es labor de todos los grupos --y es también labor del Gobierno-- mantener
ese criterio favorable, mantener ese elemento diferenciador positivo
respecto al resto de las sociedades europeas.
Apoyamos, por supuesto, el primer punto y lo manteníamos intacto en las
enmiendas que presentábamos porque, no nos engañemos, en política de
emigraciones los gobiernos individuales, las naciones individuales no
tienen potestad ni para impulsar los flujos migratorios en una dirección
ni para intentar detener los flujos migratorios. Toda la política de
regulación de los flujos migratorios tiene que ser una política en el
ámbito de la Unión Europea, y también en el ámbito de la Unión Europea, a
pesar del rechazo o de la diferente visión respecto a los extranjeros que
se pueda encontrar en otros Parlamentos europeos y en otras sociedades,
es lo cierto que en el Tratado de Amsterdam se avanzó considerablemente
en el diseño de un marco global, de un área global de movimiento libre de
las personas y de desarrollo de la libertad de movimiento de las
personas. Es voluntad del Gobierno continuar avanzando en esta materia en
nuestras relaciones con la Unión Europea para que todos sean conscientes
de que el problema de Ceuta y Melilla no lo genera el Gobierno español,
no es un problema que ni siquiera se genere por la mejora de la situación
económica --como se refleja en el último punto de la moción unánime--,
sino que es un problema que se genera en cuanto que España forma parte de
Unión Europea y la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos es también
una frontera europea. Evidentemente, tenemos que incardinar todas las
políticas en esta materia.
Mantenía el señor Meyer su idea de que la coordinación perfecta se
lograba a través de una Secretaría de Estado. Si todos los problemas de
la emigración, si todos los problemas del tratamiento de la emigración
por parte de un Gobierno se resolvieran con la creación de una Secretaría
de Estado, evidentemente hubiéramos prestado nuestra conformidad, aunque
ello conllevara el quedar sujetos a las críticas de otros grupos de la
oposición por no haber respetado nuestras promesas electorales y nuestro
programa de Gobierno en el sentido de reducir el ámbito de los altos
cargos. En cualquier caso, se ha avanzado considerablemente en la
coordinación de las distintas áreas ministeriales con competencia en
temas de inmigración. Hay una comisión interministerial, se han asignado
nuevas competencias a la Dirección General de Ordenación de las
Migraciones y, por supuesto, se ha transformado el Instituto Nacional de
Servicios Sociales en el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
En cuanto al problema de Ceuta y Melilla, que son temas puntuales dentro
del conjunto de la política migratoria de que estamos hablando, aunque la
señora Fernández dude de las cifras, las cifras son rotundas y
elocuentes. Desde el 1 de enero hasta el 31 de julio (incluyendo la
previsión de gastos hasta final de año) en Ceuta --en Calamocarro-- se
han gastado 132 millones de pesetas; en Melilla se han gastado 431
millones y en el programa de acogida en la Península de los inmigrantes
de cada uno de los dos centros se han invertido 268 millones, lo que
totaliza 832 millones de pesetas que es el gasto real que el Gobierno ha
realizado en Ceuta y Melilla. Por tanto, aunque crea la señora Fernández
que el Gobierno ha avanzado poco, aunque no quiera conceder plena
credibilidad a las cifras que le doy, la realidad de las cifras es esa.
Quiero transmitir la voluntad del Gobierno de mantener un criterio
abierto en el tratamiento de las políticas migratorias y la voluntad del
Grupo Parlamentario Popular de ir llegando continuadamente a acuerdos,
procurando que los acuerdos que adopte la subcomisión en su informe
tengan el respaldo lo más amplio posible y deseando que ese respaldo sea
unánime. Eso permite que no pueda haber posturas cerradas por parte de
nadie, ni por parte de quien se crea más avanzado en el tratamiento de
los problemas migratorios ni por parte del grupo parlamentario que apoya
al Gobierno. Con un criterio de apertura creo que lograremos aislar a la
sociedad española de los fenómenos de odio al extranjero, de los
fenómenos de activación del racismo, de la aparición de movimientos
racistas, de la aparición de partidos políticos que manejan como credo
o como guía única de su acción política en sus programas de gobierno el
rechazo al extranjero y la expulsión de los extranjeros de sus
territorios nacionales.
En definitiva, debemos lograr mantener el elemento diferenciador que
tiene la sociedad española en el tratamiento de esta materia, la carencia
de una actitud de racismo y de rechazo al extranjero, y habrá que hacer
un esfuerzo complementario que no se centra sólo en los planteamientos de
la moción que hoy se apruebe, habrá que hacer un esfuerzo complementario
en la educación. Son las nuevas generaciones de españoles las que tienen
que recibir una formación específica de cómo es la relación con los
extranjeros que ellos deben de tener, y es a ellos a quienes debemos
abrir el camino para que vayan considerando dos conceptos que van a ser
usuales en la sociedad europea del futuro: el concepto de una sociedad
multicultural y probablemente el concepto de una sociedad multirracial.
Esos son los dos grandes retos que la sociedad europea va a tener que
afrontar en el futuro y en esos retos el Gobierno del Partido Popular va
a estar alineado y abierto al diálogo con todos los grupos
parlamentarios, con todo el que pueda aportar algo positivo en esta
materia.
Nada más, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias, señor Jordano.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
la política del Gobierno para solucionar los problemas de los emigrantes
que vienen a España, su situación social y laboral, así como para mitigar
las dificultades de todo tipo que encuentran a su llegada, en los
términos resultantes de la enmienda transaccional que ha sido aceptada
por los grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a
favor, 272.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción por unanimidad del Pleno.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y diez minutos de la noche.