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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 103, de 24/09/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 103
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 99
celebrada el miércoles, 24 de septiembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Preguntas(Página 5166)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en
materia de prevención de riesgos para proteger la salud y la seguridad en
el trabajo. (Núm. expte. 172/000052)(Página 5191)
--Del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la
política del Gobierno para solucionar los problemas de los emigrantes que
vienen a España, su situación social y laboral, así como para mitigar las
dificultades de todo tipo que se encuentran a su llegada. (Núm. expte.
172/000053)(Página 5200)
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SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas(Página 5166)
Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Va el
Gobierno a actualizar las pensiones con arreglo a la inflacción prevista
en 1998? (Número de expediente 180/000778)(Página 5166)
Del Diputado don Pablo Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué propuestas tiene previstas el
Gobierno ante el panorama expuesto por el Presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial, con motivo de la apertura de
los Tribunales, sobre la lamentable situación del servicio público de la
justicia? (Número de expediente 180/000788)(Página 5168)
Del Diputado don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la posición del
Gobierno de España ante el «Proceso de Ottawa», que culminará en
diciembre con la firma de un Tratado Internacional para la prohibición
total de las minas antipersonas? (Número de expediente 180/000791)(Página 5169)
Del Diputado don Joan Romero González, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno ¿Comparte el Gobierno las declaraciones del
Director General del Ente Público Radiotelevisión Española, Sr.
López-Amor, que pidió respeto para las muestras de intolerancia
expresadas en el acto de las Ventas? (Número de expediente 180/000780)
(Página 5170)
Del Diputado don Mariano César Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al
Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la
Presidencia: ¿Qué garantías (industriales, sociales y territoriales, así
como de preservación de los intereses generales) tiene el actual proceso
de privatización total de la CSI, impulsado por el Gobierno? (Número de
expediente 180/000802)(Página 5171)
De la Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Vasco (EAJ-PNV),
que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones está realizando el Ministerio
de Justicia para posibilitar que el Centro de Documentación del Consejo
General del Poder Judicial pueda realizar su cometido? (Número de
expediente 180/000777)(Página 5172)
Del Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno del incremento
en el número de objetores de conciencia al Servicio Militar Obligatorio?
(Número de expediente 180/000782)(Página 5173)
Del Diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Comparte la Sra. Ministra de Justicia
las Iniciativas Legislativas que el Fiscal General del Estado anunció en
el acto solemne de apertura del Año Judicial? (Número de expediente
180/000784)(Página 5174)
Del Diputado don Jesús María López-Medel Bascones, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas ha tomado el Gobierno para revitalizar la Comisión General de
Codificación? (Número de expediente 180/000797)(Página 5175)
Del Diputado don Antonio Luis Cárceles Nieto, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuándo resolverá el grave problema de dispersión de edificios de los
órganos judiciales de la ciudad de Cartagena? (Número de expediente
180/000799)(Página 5176)
Del Diputado don Ricard Burbulla i Campbadal, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Defensa: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en relación al personal
funcionario que prestaba servicios en el Hospital Militar de Lleida?
(Número de expediente 180/000790)(Página 5177)
Del Diputado don Hipólito Fariñas Sobrino, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
el Programa de Educación Permanente de Adultos que se lleva a cabo
durante el Servicio Militar Obligatorio? (Número de expediente
180/000796)(Página 5178)
Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el Sr.
Ministro de Defensa las razones que justifican la elaboración de una
nueva Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas?
(Número de expediente 180/000798)(Página 5179)
Del Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas va a
adoptar el Gobierno para evitar los accidentes mortales de los
inmigrantes africanos que tratan de cruzar irregularmente el Estrecho de
Gibraltar? (Número de expediente 180/000781)(Página 5180)
De la Diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno adecuada la
actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado el pasado día 28 de
agosto en Miño (La Coruña)? (Número de expediente 180/000785)(Página 5181)
Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía: ¿Con
qué carga de trabajo piensa el Gobierno mantener operativo el astillero
público Astano en 1998 para conseguir su viabilidad futura? (Número de
expediente 180/000775)(Página 5182)
Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión le merece al Gobierno la
falta de colaboración de la SEPI con la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, en la pasada OPA de ENDESA sobre FECSA y SEVILLANA ELECTRICA?
(Número de expediente 180/000779)(Página 5184)
Del Diputado don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el balance del período
transcurrido de aplicación del Programa PREVER? (Número de expediente
180/000792)(Página 5185)
Del Diputado don Francisco Javier Peón Torre, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué hechos, a juicio
del Gobierno, explican que la actividad industrial en España haya
recuperado el protagonismo en el crecimiento económico en este año de
1997? (Número de expediente 180/000793)(Página 5186)
De la Diputada doña María Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Sabe ya por fin el Gobierno cuál
es el coste total del modelo de financiación autonómica? (Número de
expediente 180/000783)(Página 5187)
Del Diputado don Josep Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles han sido las razones del
Gobierno
para que haya incumplido el acuerdo del Parlamento respecto a la
aprobación y promulgación del Real Decreto que desarrolle el Reglamento
de ejecución de la Ley sobre nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud? (Número de expediente 180/000786)(Página 5188)
Del Diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno informar sobre
la evolución de la lista de espera quirúrgica? (Número de expediente
180/000794)(Página 5189)
De la Diputada doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones está realizando el Ministerio de Sanidad y Consumo en
relación a los cuidados paliativos? (Número de expediente
180/000795)(Página 5190)
Interpelaciones urgentes(Página 5191)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política del Gobierno en materia
de prevención de riesgos para proteger la salud y la seguridad en el
trabajo(Página 5181)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre política de Gobierno en materia de prevención de riesgos para
proteger la salud y la seguridad en el trabajo el señor Gimeno Marín.
Reconoce en primer lugar que este debate tiene su origen, en parte, en el
ambiente que se ha generado durante este verano como consecuencia de
accidentes de trabajo mortales, que todos lamentan, pero de los que no
hace responsables ni al Gobierno ni a ninguna de las administraciones
competentes en la materia. Sin embargo es cierto que las autoridades, y
todos en general, sólo se movilizan cuando ya han ocurrido los hechos
trágicos. Añade que este debate ya se debería haber producido en la
Cámara, puesto que está vigente desde hace año y medio una Ley de
prevención de riesgos laborales. Considera este problema de
extraordinaria importancia, porque es la punta de un iceberg mucho mayor,
ya que los accidentes que se conocen sólo afectan a una parte de los
trabajadores que están afiliados y con cobertura de accidentes en la
Seguridad Social y las consecuencias para la salud de una jornada de
trabajo durante toda una vida todavía no se conocen. Añade que este
problema no atañe sólo a España sino a todos los países europeos, aunque
ocupamos uno de los primeros cuatro puestos. De todas formas reconoce que
los datos estadísticos que se utilizan son más que discutibles y
posiblemente no se estén facilitando los mismos de los que se dispone en
España. Afirma que el problema de la siniestralidad laboral, de los
accidentes y de las enfermedades profesionales no es sólo de normas, sino
de capacidad de gestionar una política que permita la obtención de
resultados concretos.
A continuación opina que el Gobierno ha hecho un análisis interesado de
la realidad y no está de acuerdo en que haya una mayor siniestralidad en
los contratos temporales. Añade que si se quiere hablar seriamente de la
siniestralidad laboral habrá que dar datos y explicar cómo inciden en
cada sector este tipo de problemas. Expone que la Ley de prevención de
riesgos laborales se basa en los principios de prevención,
responsabilidad, participación y coordinación, y opina que durante todo
este tiempo se ha producido un desequilibrio entre todos estos principios
porque el Gobierno entendía que el sector privado podía resolver el
problema. Considera que el Gobierno, con la participación de empresarios
y trabajadores y con el resto de las comunidades autónomas, tiene un
papel decisivo, y desea que todos sean capaces de ponerse de acuerdo para
encontrar soluciones.
Contesta en nombre del Gobierno el señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra). Empieza su intervención manifestando su
agradecimiento al representante del Grupo Parlamentario Socialista por
abrir un debate sobre un tema en el que la sociedad española debe
percibir que no basta con hacer preguntas, sino que el Parlamento se
ocupa de buscar soluciones. Sin embargo, considera que los contenidos más
bien parecen propios de una reunión que de una interpelación, porque el
señor Ministro coincide con el tono del interpelante, lejos de la
demagogia fácil, y con los contenidos. Por ello opina que siendo
importante el debate, lo son mucho más las ideas que se puedan aportar a
través de la correspondiente moción o en otra vía parlamentaria.
Asegura que la preocupación del Gobierno por la siniestralidad laboral es
total y no busca excusas para justificar que se haya incrementado en los
primeros seis meses. En cuanto a la pregunta de quiénes son
los responsables en la materia contesta que todos: Gobierno, comunidades
autónomas competentes, organizaciones sindicales, organizaciones
empresariales, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional
y, por supuesto, los grupos políticos que quieran incorporarse al debate
con el tono constructivo en que lo ha hecho el interpelante.
Por otra parte, aunque considera que es cierto estadísticamente que un
incremento de la actividad económica y de la población ocupada produce un
aumento de la siniestralidad, no quiere utilizar el argumento como excusa
para justificar el avance en la siniestralidad en España. Comparte el
diagnóstico que ha hecho el portavoz socialista, pero con una pequeña
matización, y es que en la prevención de riesgos laborales tiene más
relevancia invertir en formación que la actividad inspectora. Asegura
como un hecho estadístico el que, en estos momentos, la tasa de
siniestralidad en la contratación de indefinidos en España es menos de la
mitad que la tasa de siniestralidad en los contratos temporales, y pasa
a exponer la multitud de cosas que se pueden hacer tales como cerrar con
sindicatos y empresarios un acuerdo social en materia de prevención de
riesgos laborales o desarrollar la Ley de prevención de riesgos
laborales. Asimismo explica las acciones llevadas a cabo por el Gobierno.
Por ejemplo, constituir la Comisión Nacional con presencia de mutuas,
sindicatos, empresarios, comunidades autónomas y el propio Gobierno o
preparar una campaña de concienciación para toda la sociedad española en
el mes de noviembre.
Termina su intervención asegurando que lo que más le interesa al Gobierno
en este debate son las ideas que pueda aportar el Grupo Parlamentario
Socialista, mostrándose totalmente abierto al diálogo.
Replica el señor Gimeno Marín, duplicando el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto, y Vaquero del
Pozo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno para solucionar los problemas
de los emigrantes que vienen a España, su situación social y laboral, así
como para mitigar las dificultades de todo tipo que encuentran a su
llegada(Página 5200)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, presenta la interpelación el señor Meyer Pleite, que lo
hace desde el dolor y el sufrimiento acumulados por el fenómeno de la
inmigración y para intentar buscar soluciones entre todos. Considera que
se está ante una situación límite, insostenible e indigna. Su grupo
parlamentario se rebela a convivir con esta realidad y quiere transmitir
este espíritu de rebeldía a la Cámara y al propio Gobierno. Entiende que
no se debe demorar por más tiempo la puesta en marcha de medidas
legislativas, administrativas y sociales encaminadas a resolver lo que
nunca debió ser considerado como un problema de control policial: la
situación del inmigrante desde su llegada a España. Considera falsa la
idea de presentar a la inmigración como la invasión del norte por las
masas desposeídas y pobres del sur, que vienen a despojarnos del
bienestar, porque las migraciones modernas se producen fundamental y
mayoritariamente en sentido sur-sur, es decir, entre países pobres, por
lo que, desde esta realidad, el cierre de fronteras no controla ni
controlará el flujo de inmigrantes.
Por otra parte, recuerda que Izquierda Unida votó en su día en contra del
Tratado de Schengen por tratar en un mismo paquete la colaboración
intergubernamental en materias como narcotráfico, terrorismo e
inmigración, y considera que la inmigración se debería tratar como un
problema social.
Hace a continuación un análisis de la situación de España como país
fronterizo entre la Unión Europea y Africa y describe la situación
existente en los campamentos de Ceuta y Melilla. Opina que la Ley de
extranjería se convierte en un verdadero obstáculo para la regularización
del inmigrante y su plena integración, potencia la utilización de mano de
obra mal pagada y explotada, y se da la paradoja de que esta ley era una
demanda del artículo 13 de la Constitución española para que tutelase los
derechos y los deberes de los inmigrantes y no una ley represora. Esta
ley tampoco resuelve la integración del inmigrante en aspectos
fundamentales como la sanidad pública, la educación, la vivienda, las
prácticas religiosas o el reagrupamiento familiar. Hace alusión a la
declaración del «año europeo contra el racismo» por el Consejo de Europa
y emplaza al Gobierno y a la sociedad a tomar las medidas necesarias para
solucionar esta situación, a rechazar la comunitarización del núcleo duro
de las políticas de control migratorio, apoyando reformas en los tratados
de la Unión que apuesten decididamente por la integración de la
inmigración en la sociedad europea, a superar el concepto de cierre de
fronteras como solución al problema de la inmigración y a elaborar un
nueva ley de extranjería que garantice la plena integración del
inmigrante.
En nombre del Gobierno contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Arenas Bocanegra), manifestando que el problema expuesto en la
interpelación preocupa extraordinariamente a todos. Opina que la
solidaridad es un concepto anterior a las ideologías, y considera que
cualquier persona de bien comparte el dolor y el sufrimiento que ha
puesto de relieve el señor interpelante. Coincide en que el problema que
se está abordando rebasa lo que es la acción del Gobierno y debe
vincularse al conjunto de la sociedad y en que es un problema en el que
el Gobierno, los grupos parlamentarios, las organizaciones no
gubernamentales, las organizaciones representantes de los inmigrantes y
las organizaciones sindicales tienen mucho que hacer, considerando que la
política de inmigración debe ser básicamente una política de Estado.
Asimismo está de acuerdo en que hay que abordar el asunto desde una
política global del Gobierno, basándose fundamentalmente en tres pilares:
un control racional, acordado por parte de todos, de lo que significan
los flujos migratorios; una política de cooperación con los países que
necesitan desarrollo, y una acción desde los ámbitos sociales y laborales
que permita la integración del inmigrante en la sociedad española.
Por otra parte, acepta las críticas y garantiza que la política del
Gobierno se contempla básicamente desde la Ley de extranjería y su
Reglamento, la proposición no de ley de 1991 y la moción de 26 de
septiembre de 1996. Anuncia que el ministro de Interior comparecerá ante
la Cámara para explicar el seguimiento y el grado de cumplimiento de los
acuerdos de esa moción.
Por otra parte, manifiesta su desacuerdo con el hecho de que porque
España sea frontera europea se pueda decir que es responsable de las
muertes ocurridas en las pateras. Los responsables de esas muertes son
los que trafican con la vida y los que están organizando el trafico
ilegal de personas.
Explica a continuación las medidas adoptadas por el Gobierno, en las que
intervienen distintos departamentos, y las que se van a seguir
desarrollando, como los programas de colaboración con las organizaciones
no gubernamentales y los incrementos presupuestarios en las partidas de
atención social a la inmigración. Cree sinceramente que España es un país
solidario y le parece perfectamente compatible una política de empleo en
España para los españoles con una política de oferta de empleo a los
inmigrantes. En cuanto a los contingentes opina que no se debe mezclar
contingente con regularización de situaciones, y anticipa que se está
estudiando la ampliación del contingente para 1997 y sobre ello hay un
diálogo abierto con las organizaciones sindicales. Por último, agradece
el tono de la interpelación y considera lógicas las coincidencias y las
diferencias en las valoraciones y en las políticas del interpelante y del
Gobierno.
Replica el señor Meyer Pleite, duplicando el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Campuzano i Canadés,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora
Fernández Sanz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Jordano
Salinas, del Grupo Parlamentario Popular.
Se suspende la sesión a las siete y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
El punto IV del orden del día corresponde al turno de preguntas orales al
Gobierno. Sin embargo, con carácter previo, vamos a proceder a la toma de
juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de un nuevo
diputado, proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Carlos
Caballero Basáñez, que viene a integrarse en el Grupo Nacionalista Vasco
y a sustituir a doña María Jesús Aguirre Uribe.
Don Carlos Caballero Basáñez, ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Don Carlos Caballero ha adquirido la plena condición de diputado.
Enhorabuena, señoría (Aplausos.)
PREGUNTAS:
-- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿VA EL
GOBIERNO A ACTUALIZAR LAS PENSIONES CON ARREGLO A LA INFLACION PREVISTA
EN 1998? (Número de expediente 180/000778)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al presidente del
Gobierno el diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, portavoz del
Grupo Socialista.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, llevamos tres meses de
debate y otros tantos de inquietud para siete millones de pensionistas.
(Rumores.) Empezó el día 26 de julio cuando en un periódico de su digna
confianza, y por una persona también de su confianza como el señor Barea,
se dijo: Al pensionista le subiremos en 1998 un 1,5 por ciento,
rebajándole lo que cobra de más este año. Otros miembros de su Gobierno,
líderes de su partido, han confirmado semejantes pretensiones. Hemos
insistido repetidas veces en que esto no podía ser y usted se ha
refugiado, como el caracol en la concha, detrás de discursos que no
solamente no han clarificado, sino que, con apelaciones exclusivas a sus
buenas intenciones interpretativas, han seguido generando confusión.
Señor presidente, se lo pongo fácil: ¿quiere usted confirmarme que en
1998 no van a descontar en la subida de las pensiones las ganancias de
poder adquisitivo de 1997? No me conteste a mí, contésteles, por favor,
y contésteme no para que lo oigan todos los pensionistas de este país.
(Rumores.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, contestando a su pregunta, el Gobierno va a actualizar,
naturalmente, las pensiones con arreglo a la inflación prevista para
1998. El Gobierno va a respetar el incremento de las pensiones, lo
dispuesto en la Ley de consolidación y racionalización de la Seguridad
Social, que es el poder adquisitivo de las pensiones españolas. El
Gobierno sabe que en 1997 se producen dos circunstancias. La primera es
que la inflación real muy probablemente sea inferior a la inflación
prevista, y la segunda es el ámbito y el momento de aplicación de la Ley
de consolidación de la Seguridad Social, aprobada el 15 de julio y
publicada a primeros de agosto. El Gobierno entiende que el artículo 48.3
de la ley no es de aplicación en el año 1997. Por lo tanto, el Gobierno
no va a solicitar que se descuenten de las pensiones la ganancia de
inflación que han tenido los pensionistas este año.
Gracias, señor presidente (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.
Deseaba, señor presidente, que dijera algo como esto; creo que lo
deseaban muchos españoles y muchos pensionistas. Lamentablemente, ayer ni
su grupo parlamentario ni sus aliados dijeron lo que usted ha dicho, sino
cosas completamente distintas (Rumores.), cosas que garantizaban el
descuento del poder adquisitivo que se pudiera producir en 1997. Me
alegro de que les lleve la contraria. Lo que no sé, señor presidente, por
qué ha sido o es necesario someter a la zozobra a siete millones de
españoles. (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Eguiagaray.
Señorías, les ruego silencio.
Cuando quiera, señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: No sé por qué ha sido necesario provocar
interpelaciones, preguntas parlamentarias, mociones y declaraciones para,
finalmente, hacer lo contrario de lo que ustedes han venido anunciando,
tanto miembros de su Gobierno como distinguidos representantes de su
partido. Pero me alegro que rectifique, que siga lo que ha pedido el
Partido Socialista (Risas.) y que sigan rectificando. Que sigan ustedes
haciendo lo que de verdad tenían que haber hecho desde el principio y que
lo sigan haciendo hasta el final. (Rumores.)
Señor presidente, para que quede claro, debe usted confirmar que quien
reciba 100.000 pesetas en diciembre de 1997 cobrará, el 1 de enero de
1998, sin descuento alguno, 102.100 pesetas exactamente. Solamente así,
sus interpretaciones, a veces farragosas de la legalidad vigente
(Rumores.), quedarán claras en el sentido que acabo de decir. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, la zozobra la crean, sobre todo, quienes se dedican a eso, a
crear zozobra, no quien aplica la ley. (Rumores.)
Este Gobierno firmó un acuerdo con las centrales sindicales en virtud del
cual se garantizaba la puesta en marcha del Pacto de Toledo, con dos
objetivos: garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y el
equilibrio financiero de la Seguridad Social. Este Gobierno mandó a esta
Cámara --y esta Cámara aprobó-- la Ley de racionalización y consolidación
de la Seguridad Social, con esos dos objetivos, señor diputado. Y un mes
y medio después de votar esa ley, el Partido Socialista presenta aquí una
propuesta para hacer lo contrario de lo que votó a favor un mes y medio
antes. (Rumores.) Después de haber votado en el Senado lo contrario de lo
que votó en el Congreso, después de haber enviado cartas a algunos
gobiernos autónomos suyos, que son una vergüenza en sí mismas
(Protestas.)
y una vergüenza que se pague eso con el dinero de los contribuyentes.
Pero, afortunadamente, los pensionistas españoles, a pesar suyo, pueden
estar tranquilos. Su poder adquisitivo está garantizado y las décimas de
garancia que van a tener en el año 1997 serán íntegramente respetadas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE
FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE PROPUESTAS TIENE PREVISTAS
EL GOBIERNO ANTE EL PANORAMA EXPUESTO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPREMO Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, CON MOTIVO DE LA
APERTURA DE LOS TRIBUNALES, SOBRE LA LAMENTABLE SITUACION DEL SERVICIO
PUBLICO DE LA JUSTICIA? (Número de expediente 180/000788)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al presidente del
Gobierno el diputado don Pablo Castellano Cardalliaguet, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Les recuerdo la pregunta porque me imagino que es conocida. ¿Qué
propuestas tiene previstas el Gobierno ante el panorama expuesto por el
presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
con motivo de la apertura de los tribunales, sobre la lamentable
situación del servicio público de la justicia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente, señor
diputado, quiero decirle, en primer lugar, que comparto la preocupación,
que entiendo que late en el planteamiento de su pregunta, respecto a la
necesidad de mejorar la justicia en nuestro país y, por lo tanto, el
funcionamiento también de la administración de la justicia.
Sabe que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, en la apertura del año judicial, pronunció un discurso en
el que hablaba del deterioro de la imagen de la justicia entre los
españoles que arrancaba, en su opinión, de hace algo más de diez años.
El Gobierno hace esfuerzos, naturalmente, por mejorar lo que es la
situación de la justicia en lo que afecta a su responsabilidad, tanto de
medios materiales o personales, como de iniciativas de contenido
legislativo, y espera conocer el Libro Blanco del Consejo General del
Poder Judicial para someterlo a debate y al diálogo que he ofrecido y que
entre todos, en esta Cámara, se pueda realizar ese diálogo que favorezca
el funcionamiento más correcto de la administración de la justicia.
Con mucho gusto estoy a su disposición si quiere detalles concretos de
iniciativas del Gobierno.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
Señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Creo sinceramente que el Gobierno tiene esa voluntad de mejora de la
justicia y de la administración de justicia, pero ustedes eluden siempre
hablar del servicio público de la justicia, en una actitud bastante
reduccionista. En todo caso, obras son amores y no buenas razones.
Si analizamos el conjunto de iniciativas legislativas que han llegado a
esta Cámara desde que ustedes tomaron posesión del Gobierno, el balance
es harto pobre. Tan pobre como para que, sin tener que andar mirando al
pasado --allá cada uno con su responsabilidad desde el presidente del
Tribunal Supremo hasta el último juzgado--, se ponga de manifiesto que en
este país es mentira que haya derecho a un juicio justo, sin dilaciones
indebidas; no es cierto que funcione la tutela judicial efectiva; no es
cierta la igualdad ante la ley y no es cierta la independencia del Poder
Judicial --porque la independencia del Poder Judicial sin eficacia es
pura retórica-- y no es cierto, en suma, que estemos perfeccionando el
Estado de Derecho.
Todos los días tenemos que contemplar en los medios informativos, además
de esa encuesta que pone de relieve la pésima imagen de la justicia,
determinadas situaciones, que no son anécdotas, sobre fiscales sumisos,
jueces títeres y salas de justicia convertidas en campo de Agramante de
problemas políticos que se tenían que debatir en esta Cámara. Por ello,
nuestro grupo político le ha invitado a usted y a todos los demás a un
pacto para la justicia. Pero ese pacto para la justicia, señor
presidente, tiene una condición: acabar con el pacto de Marivent, acabar
con el pacto del silencio, acabar con los compromisos contraídos por su
Gobierno con gobiernos anteriores, para crear áreas de impunidad que se
desdicen en concreto de lo que es el servicio público de la justicia.
La situación es grave; ha llegado la hora de la justicia, según ha dicho
el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial y hora es de
que, sin andar con más dilaciones, nos pongamos todos a la tarea para
que, de verdad, a los veinte años de la Constitución, que hará el año que
viene, ésta no siga siendo pisoteada.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, decía
antes que compartía su preocupación, pero quiero decirle que no comparto
alguno de sus juicios ni alguna de sus expresiones, como usted
comprenderá.
No creo que se deba generalizar, en los términos en los que usted lo ha
hecho, respecto a la situación de la justicia. Todos aspiramos a que la
justicia sea mejor, a que responda a los valores constitucionales, a que
sea una justicia independiente y actúe y funcione como tal.
Por cierto, de esos diálogos y de esos pactos responde el Gobierno y el
presidente del Gobierno, no de otros, que tengo que decir que no
solamente desconozco, sino que en ningún caso estaría dispuesto a conocer
ni a aprobar ningún pacto de impunidad para nada ni para nadie, porque
eso sí que contravendría claramente los preceptos constitucionales.
Quiero decirle que el Gobierno, como he manifestado, hace esfuerzos con
la dotación de medios personales y materiales. Se van a crear nuevas
plazas de magistrados, de fiscales, de secretarios judiciales, se van a
informatizar al cien por cien las oficinas judiciales, van a abrirse
nuevas plazas de juzgados de lo contencioso-administrativo. El Gobierno
ha emitido su legislación correspondiente, ha tomado su iniciativa, pero
no todo es responsabilidad del Gobierno. Aquí está la Ley Orgánica del
Poder Judicial, hay una reforma del Código Penal, está aquí la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se va a remitir en estos meses
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además de todo eso, ahora tenemos la
oportunidad de debatir sobre el Libro Blanco en cuanto lo entregue el
Consejo General del Poder Judicial. Creo que es un buen elemento de
debate y S. S., que participó en algún momento en ese Consejo General del
Poder Judicial, ahora puede también ofrecer su experiencia como diputado,
conociendo lo de allí y conociendo lo de aquí, y sin olvidar nunca que de
los esfuerzos que pongamos todos tal vez el más importante sea el de los
profesionales de la justicia, de los servidores de la justicia, con
quienes hay que contar.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
-- DEL DIPUTADO DON PABLO MARCIAL IZQUIERDO JUAREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES
LA POSICION DEL GOBIERNO DE ESPAÑA ANTE EL «PROCESO DE OTTAWA», QUE
CULMINARA EN DICIEMBRE CON LA FIRMA DE UN TRATADO INTERNACIONAL PARA LA
PROHIBICION TOTAL DE LAS MINAS ANTIPERSONAS? (Número de expediente
180/000791)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al presidente del
Gobierno don Pablo Marcial Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, 1994 es, sin duda, el año que marca el
inicio en ese proceso internacional para conseguir la erradicación total
de las minas antipersonas. En febrero de 1994, el Comité Internacional de
Cruz Roja, después de haber denunciado ante el mundo la existencia de más
de cien millones de minas sembradas por 64 países al menos, decidió
abogar por su prohibición total y universal. En España se han fabricado
minas antipersonas y también se han exportado a determinados países hasta
la entrada del nuevo Gobierno, en mayo de 1996. Precisamente en ese
momento es cuando España, por decisión del actual Gobierno, prohibió
totalmente su fabricación y su exportación.
El Partido Popular y nuestro grupo parlamentario siempre hemos defendido,
como el Gobierno, que el desarrollo, además de ser un objetivo posible en
las buenas políticas, es uno de los derechos fundamentales de la persona
y, en ese sentido, la cooperación internacional al desarrollo, la
solidaridad internacional o, lo que es lo mismo, la lucha contra la
pobreza en todas sus manifestaciones, lejos de ser una simple cuestión
asistencial es una cuestión de justicia, de justicia internacional. Las
minas antipersonas son --lo decía en esta Cámara el pasado mes de febrero
el conjunto de los grupos parlamentarios-- una pesadilla que trabaja
contra la paz, que trabaja ciegamente contra la seguridad, contra los
derechos humanos y contra el derecho al desarrollo y al bienestar de los
países y pueblos más desfavorecidos.
Señor presidente del Gobierno, ¿cuál es la posición del Gobierno de
España ante el «Proceso de Ottawa», que culminará en diciembre con la
supresión de las minas antipersonas?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Izquierdo.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
presidente.
Voy a ser breve. España ha sido parte activa, y muy activa, en el
movimiento internacional que ha determinado un proceso que debe concluir
en la prohibición del uso, la fabricación, el almacenamiento y la
transmisión de minas antipersonas. Esa ha sido la actitud permanente del
Gobierno desde que tomó sus responsabilidades. Le puedo decir que el
Gobierno tiene el firme propósito de firmar el texto del tratado al que
se ha llegado y de contribuir a que sea ratificado en el plazo más breve
posible.
Quiero hacer dos comentarios más. El primero es que se ha establecido un
plazo de cuatro años para el desmantelamiento de esas minas antipersonas.
Había quien pedía que el plazo fuera de cinco años y quien pedía que
fuera de tres, y se ha establecido el término medio, que eran cuatro
años. El Gobierno hará todo el esfuerzo posible, por haber ratificado el
tratado, para que se produzca esa destrucción de minas antipersonas antes
de esos cuatro años.
El segundo comentario es sobre algo que nos preocupa: queremos que los
países productores, los que no han querido firmar ni asistir a la
conferencia, los que han planteado reservas, se incorporen
definitivamente al texto del tratado y se consiga con una
universalización total. Creo que ése es un buen servicio a la causa de la
paz y a la causa de la humanidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON JOAN ROMERO GONZALEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LAS
DECLARACIONES DEL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION
ESPAÑOLA, SEÑOR LOPEZ AMOR, QUE PIDIO RESPETO PARA LAS MUESTRAS DE
INTOLERANCIA EXPRESADAS EN EL ACTO DE LAS VENTAS? (Número de expediente
180/000780)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno el
diputado don Joan Romero González, del Grupo Socialista.
Señor Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente primero del Gobierno, ¿comparte el Gobierno las
declaraciones del director general del Ente Público Radiotelevisión
Española, señor López-Amor, que pidió respeto para las muestras de
intolerancia expresadas en el acto de las Ventas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Señor Romero, usted sabe que no es costumbre que el Gobierno opine sobre
opiniones, que es lo que usted me pide; pero quiero decirle algo más,
quiero decirle que todas las declaraciones en relación con el incidente
que se produjo en el acto de las Ventas que usted cita, con ocasión de la
intervención de Raimon, todas las declaraciones de miembros del Gobierno,
y por extensión de dirigentes del partido del Gobierno, del presidente
del Gobierno para abajo, todas ellas, han sido coincidentes en reprobar
la intolerancia y ese tipo de respuestas que puede producir en un momento
determinado una minoría incontrolada.
Además, en favor de la interpretación de las declaraciones del director
general de Radiotelevisión Española, contraria a la que usted hace,
quiero decirle que es de sentido común pensar que si el director general
de Radiotelevisión Española, que es el organismo que convocó ese
concierto, llevó a Raimon a una actuación en Televisión Española por
primera vez desde 1993, no puede hacérsele una interpretación contraria
al propio espíritu de la decisión que él mismo ha promovido. Por tanto,
señor diputado, creo que su interpretación es injusta y no se compadece
con el contenido de las declaraciones del director general de
Radiotelevisión Española. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
Señor Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Señor vicepresidente, no solamente no lo ha
desmentido, sino que no ha quedado claro. Mejor dicho, ha quedado claro
que no lo quiere desmentir. (Un señor diputado: ¡No te enteras!)
Señor vicepresidente, ni es un incidente ni es una pura anécdota. Lo que
ocurrió en las Ventas el otro día es una pitada a millones de españoles
que no hablan el castellano, pero que hablan una lengua oficial que
también es oficial en el Estado español. (Rumores.--Aplausos.)
Señor Cascos, además de las manifestaciones de derecha predemocrática que
ocurrieron en las Ventas el otro día, con ser grave, es mucho más grave
que el presidente del Gobierno no haya tenido la deferencia no ya de
contestar, sino de esperar para escuchar esta importante cuestión que le
afecta mucho. (Rumores.) Lo relevante, señor vicepresidente, es que el
alcalde de Xátiva, del PP, no ha querido negar estos hechos. El
presidente de la Generalidad de Valencia, señor Zaplana, del PP, se ha
negado en el Parlamento valenciano a
condenar estos hechos y el señor Aznar ha dicho que es una pura anécdota.
Señor Cascos, estamos hablando de la identidad de los pueblos, estamos
hablando de sentimientos, estamos hablando de lo más profundo. Raimon,
sobre todo, y Sacristán fueron pitados por hablar, por cantar en la
lengua que les enseñó su madre. (Fuertes rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Romero. Les ruego guarden
silencio.
Continúe, señor Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: Por cantar en valenciano, señor Cascos.
Además, debo decirle que lo mejor que podría hacer, no ya usted, que se
lo agradezco, sino el presidente del Gobierno, que se ha ido, es salir si
no aquí, a las escaleras de la Moncloa por lo menos y, en vez de
reproducir aquella irresponsable frivolidad, decir: sí señor, me
equivoqué, fue un error (Protestas y rumores.--Un señor diputado: Las
Ventas, las Ventas). Reconozco que no fue una manifestación adecuada, fue
poco respetuosa con millones de españoles y con los pueblos de España.
Esto es lo que tenía que hacer el presidente del Gobierno para ser
presidente de todos, de los que hablan castellano y de los que no, de los
que le votan y de los que no. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Romero.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor diputado, la interpretación que usted
hace de las declaraciones del director general de Radiotelevisión
Española es la que es poco respetuosa e injusta con el espíritu y el
conjunto de sus declaraciones.
En segundo lugar, ha hecho una descripción apocalíptica de una serie de
testimonios de dirigentes que usted ha citado. El máximo responsable del
Gobierno presente en ese acto es este vicepresidente. El máximo
responsable del Partido Popular presente en este acto es el secretario
general del Partido Popular, que soy yo, y, desde el primer momento, he
hecho pública la condena contra todo acto de intolerancia que se produjo
en aquel concierto y usted lo está ignorando. También ignora la
representación legítima de este Gobierno y del Partido Popular para
repudiar ese tipo de comportamientos, y eso también es intolerancia.
(Aplausos.) Debía de haber sido más respetuoso con la representación
plural, que era, por cierto, la representación de la inmensa mayoría de
los asistentes a ese concierto, que aplaudieron a rabiar a Raimon y a
José Sacristán.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
-- DEL DIPUTADO DON MARIANO CESAR SANTISO DEL VALLE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE
FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA: ¿QUE GARANTIAS (INDUSTRIALES, SOCIALES Y TERRITORIALES, ASI
COMO DE PRESERVACION DE LOS INTERESES GENERALES) TIENE EL ACTUAL PROCESO
DE PRIVATIZACION TOTAL DE LA CSI, IMPULSADO POR EL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/000802)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que formula al Gobierno el
diputado don Mariano Santiso del Valle, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor vicepresidente, ante el proceso de
venta de la totalidad de la CSI a una multinacional, Arbed, ¿qué
garantías (industriales, sociales y territoriales, así como de
preservación de los intereses generales) tiene el actual proceso de
privatización total, o más bien de venta, de la CSI, impulsado por el
Gobierno?
Asimismo, me pregunto si van a mantener una presencia pública de al menos
un tercio, como reivindica el presidente del Principado de Asturias.
El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, comprenderá que me resulta muy difícil... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor vicepresidente. Señorías, guarden
silencio. Ayer mismo les recordé la necesidad de guardar silencio cuando
hay una intervención, pues existen dificultades de audición mientras se
revisa el sistema técnico de megafonía, y en consecuencia les ruego un
esfuerzo especial de silencio cuando están interviniendo los oradores.
Continúe, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Le decía, señor diputado, que me resulta muy
difícil en dos minutos y medio resumir el conjunto de compromisos que se
encierran en este acuerdo. Permítame
que le haga un resumen del resumen, diciéndole que el conjunto de
compromisos financieros, sociales, laborales, territoriales e
industriales que se contienen en este acuerdo están garantizados, en el
supuesto de incumplimiento, por 25.000 millones de pesetas de
penalización, que el SEPI podría obtener bien a través de la pignoración
de las acciones de Aceralia, por importe de 25.000 millones de pesetas,
a precio de mercado actual, o bien, si en el plazo de los cinco años para
el incumplimiento se produjera alguna pérdida de valor de las acciones de
Aceralia, a través de la posibilidad de la utilización de los warrants,
es decir, de las acciones, de los títulos con derecho a emisión, que, por
el importe del 15 por ciento del capital actual de Aceralia, quedan en
prenda del SEPI de aquí a los próximos seis años. Con ello, como
garantías instrumentales del cumplimiento del conjunto de compromisos,
hay una buena referencia que objetiva, yo creo, la certeza de que la
voluntad de Arbed es la de cumplir los compromisos que están explicitados
en el acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Yo soy el primero a quien le gustaría que esos buenos augurios se
cumplieran. Lo que sucede es que, en primer lugar, nuestra valoración
sobre esta operación discrepa en el fondo de la cuestión. Primero, porque
no es una privatización, sino que es la venta, curiosamente, a otra
empresa pública que tiene el 28 por ciento, es decir, el Estado de
Luxemburgo, que controla el consejo de administración, y, segundo, se dan
situaciones peculiares como que por ejemplo, y ayer lo expresaba el
propio Partido Socialista en el debate, la valoración en Bolsa de la
parte que va a ser intercambio de acciones en Luxemburgo se evalúe 15.000
millones en la Bolsa de Luxemburgo y esa misma cantidad de acciones sea
evaluada por la CSI en 36.000 millones.
Nuestra opinión es que no es una alianza estratégica, como hubiéramos
estado de acuerdo por la necesidad precisamente de impulsar esas alianzas
para, a su vez, impulsar al CSI, sino que es una venta a una empresa,
reitero, pública, de otro país y, por tanto, nuestro país abandona el
control o la presencia en un sector estratégico como es la siderurgia.
El ministro de Industria terminaba ayer su intervención precisamente
poniendo una cierta relatividad a estos buenos deseos. Decía algo así
como que el ciclo económico ojalá nos sea propicio. Es decir, estos
grandes planes enunciados no están esculpidos en piedra, dependen del
mercado. Y, hablando del mercado, aquí está el recorte de prensa de hoy
donde la Unión Europea prevé que la producción de acero se reduzca en
seis millones de toneladas y pone en cuestión la posible contradicción
del anuncio de Arbed de que va a aumentar su producción.
Termino, puesto que no hay tiempo, reivindicando por parte de Izquierda
Unida que estamos a tiempo de que nuestro país mantenga al menos un
tercio, según su propio partido en Asturias estaba defendiendo, de
participación en el control de la empresa pública, como sucede en casi
todos los países europeos. Ello permitiría poder seguir mucho más de
cerca la apuesta industrial, porque el intercambio de acciones que se ha
producido con un miembro en el consejo de Arbed no supone ningún control.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Además de las garantías que podríamos llamar
de carácter económico instrumentales, señor diputado, a mí me parece que
hay unas garantías esenciales, que son las que, a mi juicio, dan la
credibilidad definitiva a esta operación. Permiten asegurar que no se van
a perder los cerca de 1.800 empleos, que estaba pactado que se perdieran
en la Corporación Siderúrgica Integral; van a permitir que,
efectivamente, ese incremento del empleo se derive del incremento de la
producción que se va a desarrollar, tanto en la acería compacta de
Vizcaya como en las instalaciones de la antigua Ensidesa. La garantía,
señor diputado, consiste en que la alianza estratégica de la Corporación
Siderúrgica se ha producido con un grupo que hoy es deficitario en
producción de acero, que tiene red comercial en 60 países, en los cinco
continentes, y con su red comercial exige y demanda mayores producciones,
justamente las que pueden ofrecer las instalaciones de la Corporación
Siderúrgica Integral. Y eso, señor diputado, es la mejor garantía de
futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URIA ECHEVARRIA, DEL GRUPO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES ESTA REALIZANDO EL
MINISTERIO DE JUSTICIA PARA POSIBILITAR QUE EL CENTRO DE DOCUMENTACION
DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PUEDA REALIZAR SU COMETIDO?
(Número de expediente 180/000777)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno la
diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, estoy segura de que cuando ha leído mi
pregunta ha pensado que qué insistente es esta diputada, puesto que
vuelvo sobre una cuestión que ya había formulado por escrito.
Me refería por escrito a la compatibilidad de los planes informáticos del
Ministerio de Justicia con los servicios que presta el Centro de
Documentación del Consejo General del Poder Judicial. En su respuesta,
que me dejó bastante sorprendida, se me decía --y es literal-- que sin
duda hubiese sido deseable una toma de contacto previa que evaluara la
compatibilidad de ambos, como razonablemente plantea la señora diputada.
Evidentemente, parece que la relación entre el Consejo y el Ministerio no
es muy fluida. Se añadía que la dotación de equipos a los jueces y
magistrados es condición necesaria para que puedan utilizarse los
servicios del Centro de Documentación y que, de hecho, el Consejo General
del Poder Judicial ya había instado al ministerio para que acelerase esta
dotación.
Por todo ello, le pregunto ahora: ¿Qué actuaciones está realizando el
Ministerio de Justicia para posibilitar que el Centro de Documentación
del Consejo pueda realizar su cometido?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, no me ha sorprendido su pregunta, sino que la he encontrado
absolutamente coherente con la respuesta escrita dada por el Ministerio
de Justicia.
Reconocíamos que había existido una descoordinación Consejo-Ministerio,
porque la iniciativa del Consejo de aprobar un paquete informático no
había sido comunicada al ministerio y pudo existir en algún momento una
cierta incompatibilidad, que en este momento se encuentra absolutamente
subsanada. Puedo asegurar a S. S. que entre las funciones que el
reglamento encomienda al Ministerio de Justicia está el suministro de
todos los medios materiales para el desarrollo de ese paquete informático
y que antes de que finalice el año estará a disposición de todos los
jueces y magistrados para la efectiva iniciativa del Consejo General del
Poder Judicial.
Muchas gracias, señoría.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. Señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señora ministra, me alegraría de que las cosas
sean como usted ha explicado, pero las noticias que yo tengo son que
dista mucho de haberse cumplido los compromisos que tenía adquiridos el
Ministerio de Justicia y que en estos momentos el Consejo está incluso
pensando en detraer cantidades de sus propios presupuestos para poder
dotar de infraestructura a los juzgados que carecen de medios
informáticos. Resulta difícil facilitar los datos y la jurisprudencia del
Tribunal Supremo o los CD Rom con todas las bases informáticas a quien
carece de ordenador y de lector. Desde la Administración vasca incluso se
ha ofrecido regalar al ministerio las aplicaciones informáticas sin que
haya habido respuesta alguna.
Creo, señora ministra, que ni siquiera es un problema de mala fe; quizá,
de desconfianza, cuando no de simple ineficacia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, no comparto las últimas observaciones que ha hecho. Puedo
asegurarle que antes de que finalice el año estarán todos los lectores y
el equipo informático a disposición de los señores magistrados e
igualmente le comunico que, a raíz de esta descoordinación
Consejo-Ministerio, se ha creado una comisión mixta, constituida
formalmente, en la que participan tres miembros del ministerio,
encabezados por el secretario de Estado, y tres vocales del Consejo
General del Poder Judicial, para que no exista ninguna posibilidad de
descoordinación en ésta y en otras iniciativas.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON PEDRO MOYA MILANES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO DEL INCREMENTO
EN EL NUMERO DE OBJETORES DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO?
(Número de expediente 180/000782)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula al Gobierno el
diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista.
Señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, los últimos tiempos no son buenos para la objeción de
conciencia. La cifra de objetores ha crecido aproximadamente un 25 ciento
en lo que va de año en relación con el año anterior, y en los últimos
meses el salto es más espectacular, llegando casi a una cifra de 500
objetores diarios. Nuestro temor, nuestra
preocupación, en definitiva, es si estamos ante un repunte coyuntural o
si estamos ante un crecimiento sostenido que pueda poner en riesgo, que
pueda bloquear y que pueda colapsar todo el proceso de transición hacia
un ejército profesional.
Por eso, desde la preocupación, hacemos la pregunta al Gobierno sobre la
valoración que hace en relación con el incremento de las cifras de
objetores de conciencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, la valoración en este momento es evaluar si efectivamente
estamos ante un repunte coyuntural, como S. S. ha indicado, o si se trata
de una tendencia inequívoca. Lo que sí puedo decirle a S. S. es que se
tomarán las medidas pertinentes para paliar la situación, exactamente
igual que se tomaron en la anualidad pasada con un plan de choque que S.
S. conoce, porque ha sido explicado en esta Cámara, y que, de los 130.000
objetores que nos encontramos pendientes en mayo de 1996, en la
actualidad son 105.000, a pesar de haber sido bastante el número de
objetores que han optado por ese derecho en este período de doce meses.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Moya.
El señor MOYA MILANES: Señora ministra, no se pasen demasiado tiempo
evaluando si se trata de un repunte o si se trata de un crecimiento
sostenido, porque entonces la ola va a superar todas las previsiones.
Yo creo que la principal causa de esta escalada en las cifras es la
incertidumbre y la indefinición que a todo chico o a todo joven en edad
de realizar el servicio militar le embarga cuando llega esta
circunstancia, esa peligrosa sensación de no saber qué es lo que va a
ocurrir, en definitiva, en este proceso. Una de las cosas más difíciles
de combatir en política son las sensaciones. A nuestro juicio, aquí se va
instalando una muy peligrosa sensación: la de que el tema se le está
yendo de las manos al Gobierno y eso está generando unos movimientos
espontáneos y masivos de huida hacia la objeción de conciencia.
Señora ministra, yo le pido en nombre de mi grupo simplemente que combata
las sensaciones de la única manera posible: con medidas urgentes y con
ideas muy claras sobre lo que quieren hacer. De lo contrario, esta
indefinición será la antesala de la confusión y la confusión dará paso al
colapso o al bloqueo de todo el proceso.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señoría, usted se ha quedado solamente con el inicio de mi
intervención. No ha querido escuchar, como le he explicado, que la bolsa
que el anterior Gobierno dejó pendiente en 130.000 objetores ha sido
reducida a 105.000, a pesar de haberse incrementado el número de
objetores en esta anualidad.
El plan que se diseñó el año pasado ha dado muy efectivos resultados. Hay
muchísimos más puestos de actividad, prácticamente el mismo número de
puestos de actividad reconocidos que de objetores que también tienen
derecho reconocido, cosa que el anterior Gobierno no consiguió en ningún
momento. Quiero repetirle que, de 130.000 objetores que dejaron, estamos
en 105.000, a pesar de que el número ha crecido. Creo que eso no es
dilatar las medidas, sino aplicarlas. No es una cuestión de sensación, es
una cuestión de efectividad, y esa efectividad es la que se ha llevado a
cabo hasta ahora, señoría.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPARTE LA SEÑORA MINISTRA DE
JUSTICIA LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS QUE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
ANUNCIO EN EL ACTO SOLEMNE DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL? (Número de
expediente 180/000784)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que formula al Gobierno el
diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Socialista.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, en el anterior período de sesiones el Ministerio de
Justicia que usted ocupa protagonizó parte de los debates de esta Cámara
y fue, en buena medida, por el uso descarado y partidista que hizo el
Gobierno del ministerio fiscal, porque cuando S. S. intentaba solucionar
un problema éste se agrandaba, o bien --como ha dicho otro grupo
parlamentario-- por su rotunda parálisis legislativa. Dicho sea con todo
aprecio, señora ministra, un desastre.
Pues bien, para paliar --sospecho-- esta inactividad, señora ministra, el
fiscal general del Estado, con motivo
de la lectura de la Memoria en la apertura del año judicial, anunció una
serie de medidas legislativas.
La pregunta es: Señora ministra, ¿las comparte?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señor Barrero, la ministra de Justicia no tiene por qué compartir ningún
discurso que es el anuncio público de la Memoria que el fiscal general
tiene que elevar a las Cortes Generales y al Gobierno. Comprenderá S. S.
que el anuncio de estas medidas no tiene por qué ni debe en absoluto ser
compartido por la ministra de Justicia. Si así lo hiciera, cosa a la que
evidentemente parece que ustedes estaban acostumbrados, se me podría
acusar, con razón, de injerencia en el ministerio fiscal.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra. Aprovecho para acusarla de ello, si no lo he
hecho antes, porque el fiscal general del Estado anunció, no reclamó,
sino anunció, una serie de reformas legislativas que se sospecha tienen
su aval, a no ser que, en este caso, el señor fiscal sea únicamente un
simple portavoz del ministerio de Justicia, sin disimulos.
En segundo lugar, y como consecuencia de la lectura de la Memoria,
criticó este portavoz el Código Penal y la Ley del Jurado, sospecho que
avalado por S. S., auténtica titular del ministerio. Por cierto,
legislación ésta aprobada mayoritariamente por esta Cámara, excepción
hecha del Grupo Parlamentario Popular. Al ponerse al lado de las tesis
del Grupo Popular, lo que hacía era ser portavoz militante del Partido
Popular.
Por último, con motivo de la presentación de la Memoria, no hace alusión
alguna a la crisis de la Fiscalía, a la crisis de la Audiencia, ni
solicita a su Gobierno medidas para evitar la politización de la
justicia, por ejemplo, la reforma procesal de la acción popular. Es
decir, estaba siendo simple instrumento del Gobierno. Por tanto, portavoz
del Ministerio de Justicia, de lo que la acuso --aprovecho para
hacerlo--, portavoz, en todo caso, del Grupo Popular, al ir en contra de
medidas legislativas ampliamente amparadas por esta legislatura,
instrumento del Gobierno cuando no pone de manifiesto medidas para paliar
lo que preocupa a uno de cada dos españoles, mi pregunta es, a la vista
de la parálisis de su ministerio, señora ministra: ¿En qué ocupa su
tiempo si no es en medidas legislativas que anuncia el ministerio fiscal?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, siento mucho que no haya estado atento a lo que se hizo en estas
Cámaras en la legislatura pasada y también que S. S. no recuerde cómo se
solicitó que se modificase el Código Penal, cómo se solicitó que se
revisase y se pusieran de manifiesto por la Fiscalía General y por el
Consejo General del Poder Judicial los defectos de la Ley del Jurado. A
eso es a lo que se refería el señor fiscal general del Estado. No sé si
usted escuchó el discurso o se lo han contado y se ha creído lo que le
han contado. Evidentemente, si se ha creído lo que le han contado y no lo
ha escuchado, como debe procurar escucharse, lo que es instar las
reformas legales que considere oportunas, en aplicación del Estatuto del
ministerio fiscal, creo que es inútil que continuemos hablando, porque
usted no quiere atender a mi respuesta, quiere exclusivamente polemizar
de nuevo sobre una situación del ministerio fiscal que puedo asegurarle
que no se corresponde con este Gobierno; tal vez sí con gobiernos
anteriores.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DEL DIPUTADO DON JESUS MARIA LOPEZ-MEDEL BASCONES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO PARA REVITALIZAR LA COMISION GENERAL DE
CODIFICACION? (Número de expediente 180/000797)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29, que formula al Gobierno el
diputado don Jesús López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Comisión General de Codificación cumplió 154 años el
pasado 19 de agosto, habiendo sido creada en un momento muy especial de
la historia jurídica española. La idea de la codificación, como señaló
quien en su momento, entre otras cosas, fue su presidente, don Antonio
Hernández Gil, es fruto del racionalismo de la Ilustración, que enlazaría
pronto con el Estado constitucional de Derecho y la organización
democrática del Poder político. El constitucionalismo
y la codificación tienen un fundamento común, erigir al Estado en pieza
clave de lo que es el Derecho, en el doble sentido de basarse en lo que
es la soberanía popular y quedar sometido a él no sólo como límite de las
prerrogativas, sino como reconocimiento de hechos individuales.
Señora ministra, la profusión normativa en los últimos años requiere más
que nunca una visión seria y reposada del Derecho, lo cual hace necesario
hacer hincapié en las tareas que se atribuyen a la Comisión General de
Codificación en el real decreto de 1976. El hecho de que sean las Cortes
Generales, como representantes de la soberanía, las que tengan
encomendada la tarea de la elaboración y la aprobación de las leyes no
obsta, en modo alguno, a que, en fase prelegislativa, se tenga en cuenta
este órgano consultivo tan cualificado. Por ello, además de porque
preferimos la calidad normativa a la urgencia y a la prisa que
caracterizó la actividad normativa en los años anteriores, desde el Grupo
Popular consideramos que esta Comisión General de Codificación debe ser
robustecida para conseguir una mejor adecuación de las normas a las
circunstancias económicas y sociales y también para facilitar una mayor
claridad, que va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos y de
quienes han de aplicar las normas, le pregunto, señora ministra: ¿Qué
medidas ha tomado o piensa tomar el Gobierno para revitalizar la Comisión
General de Codificación?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Medel.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, comparto al cien por cien el examen que ha hecho respecto a la
misión fundamental de la Comisión General de Codificación y que ha estado
abandonada mucho más tiempo de lo que a los profesionales del Derecho nos
gustaría que hubiera estado.
Como S. S. sin duda conoce, una de las primeras cuestiones que abordó el
Ministerio de Justicia fue la aprobación de unos nuevos estatutos de la
Comisión General de Codificación, para así poder proceder a su
revitalización, estatutos que fueron aprobados el 7 de febrero por Real
Decreto 160/1997.
La segunda medida que está adoptando en este momento el ministerio es
proceder a la renovación de los consejeros permanentes, atendiendo
exclusivamente a los criterios de profesionalidad y de dedicación, no
como en anteriores nombramientos, que se ha atendido a criterios
estrictamente de conveniencia política.
En último lugar, tengo que destacar en este momento el espléndido
rendimiento que está teniendo la sección especial formada para la reforma
del Derecho concursal, que finalizará sus trabajos a finales de este año
con una propuesta que podrá ser, previo paso por el Gobierno, remitida a
esta Cámara.
Muchas gracias, señoría.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO LUIS CARCELES NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUANDO RESOLVERA EL
GRAVE PROBLEMA DE DISPERSION DE EDIFICIOS DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE LA
CIUDAD DE CARTAGENA? (Número de expediente 180/000799)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el
diputado don Antonio Luis Cárceles Nieto, del Grupo Popular.
Señor Cárceles.
El señor CARCELES NIETO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, desde la aprobación de la Ley de Planta y
Demarcación Judicial, hace ahora casi diez años, se ha producido un
importante déficit de infraestructuras en órganos judiciales, de tal modo
que se ha tenido que recurrir al contrato de arrendamiento de diversos
locales para adecuar y paliar la situación de los distintos partidos
judiciales. Esto ha supuesto, evidentemente, un colapso ante las
audiencias provinciales y se ha producido en definitiva un perjuicio,
tanto a los profesionales que son coadyuvantes de la Administración de
justicia como también a los administrados.
La casuística de algunas poblaciones que no son sedes de tribunales
superiores de justicia o de audiencias provinciales, aunque quizás no
sean muchas en España --6 o 7--, ha hecho que en estos casos concretos se
produzca una concentración de esos asuntos en la vía de recursos de
apelación, que suponen a veces el 20, el 30 y el 40 por ciento de los
expedientes que se despachan en esas audiencias. Baste decir que en los
años noventa el Gobierno socialista, ya sensible a este problema, quiso
consignar en los Presupuestos Generales del Estado el aumento de
edificaciones judiciales. Sin embargo, año a año iban retrasándose a años
posteriores y estamos en 1997, en este ciclo de siete años, y no se ha
producido el incremento de esos órganos judiciales.
Por todas estas razones, y como ejemplo paradigmático de lo que estoy
exponiendo --uno de ellos es la ciudad de Cartagena--, quisiera
preguntar, señora ministra de Justicia, cuándo se va a resolver ese grave
problema que se origina en este tipo de ciudades, y concretamente en
Cartagena, donde ha habido hasta cuatro localizaciones distintas de
edificios judiciales, lo que, evidentemente, produce una gran disfunción
a la hora de prestar el servicio judicial que hay que prestar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cárceles.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señoría, creo que ha descrito la situación de los edificios
judiciales y la dispersión en la ciudad de Cartagena de una manera
exacta.
Como S. S. sin duda conoce, tuve ocasión de mantener contactos con la
alcaldesa de Cartagena, a los efectos de que se pudiera ceder suelo
urbanizable para edificar un nuevo edificio que recogiera los tres
actuales de juzgados y tribunales. Al final no ha podido ser el suelo que
inicialmente se ofertó y, sin embargo, hemos conseguido una ampliación de
la edificabilidad concerniente al actual edificio. Esperamos que el
proyecto esté finalizado a lo largo del primer semestre del año que
viene, contando con dotación presupuestaria definida dentro de los
Presupuestos Generales del Estado y que, en consecuencia, a lo largo del
bienio 1998-1999 pueda terminarse la situación deficitaria de los
edificios judiciales de la ciudad de Cartagena.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra de Justicia.
--DEL DIPUTADO DON RICARD BURBALLA I CAMPABADAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA:
¿CUALES SON LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION AL PERSONAL
FUNCIONARIO QUE PRESTABA SERVICIOS EN EL HOSPITAL MILITAR DE LLEIDA?
(Número de expediente 180/000790)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula al Gobierno el
diputado don Ricard Burballa i Campabadal, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, nos habíamos interesado con anterioridad, en el nivel de
relación habitual que tenemos con el Gobierno, por la situación de los
funcionarios y personal laboral del Hospital Militar de Lleida, que desde
el año 1994, en que fue adquirido por la Generalitat de Cataluña, habían
permanecido en situación profesional expectante. Todavía no habíamos
tenido respuesta, pero ha sido el conocimiento de que parte de ese
personal, el personal laboral, había sido asignado recientemente por el
Gobierno a la plantilla del colegio Capitán Masip, que es uno de los
centros escolares que su ministerio mantiene en Cataluña, lo que
precisamente ha movido a nuestro grupo a preguntarle en el Pleno qué
previsiones tiene el Gobierno respecto a los funcionarios del Hospital
Militar de Lleida que prestaban sus servicios en esta institución.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Burballa.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, la pregunta se refería al Hospital Militar, por lo que,
sin perjuicio de hacer luego alguna referencia a las escuelas en Lleida,
voy a ceñirme en mi contestación a su pregunta.
La respuesta es muy sencilla. La totalidad de los trabajadores del
antiguo Hospital Militar de Lleida tiene solucionada su situación
laboral. Todos los que no han solicitado la jubilación o la excedencia
han sido recolocados en esta ciudad, menos uno, que lo fue en Alicante a
petición propia. Por lo que se refiere a los funcionarios, la única que
prestaba servicios fue recolocada el primero de febrero en la Jefatura
Logística Territorial y posteriormente pasó a prestar servicio en el
Isfas, de Lleida. En segundo lugar, el personal laboral, que ascendía a
44, en cumplimiento del acuerdo del Ministerio de Defensa sobre
condiciones aplicables en caso de reestructuración de centros y
establecimientos, ha sido recolocado en diferentes centros del Ministerio
de Defensa y de la Administración en Lleida, se ha jubilado o está en
excedencia voluntaria. Sólo uno de ellos, como he dicho, fue recolocado
en Alicante, a petición propia. De los 44, cuatro han pasado a prestar
servicios en el complejo escolar Capitán Masip.
Volvemos entonces a las preguntas sobre las que ya hemos tenido el gusto
de intercambiar opiniones. El Ministerio de Defensa ha mostrado su
conformidad; pusimos de relieve, y así consta en el «Diario de Sesiones»,
las dificultades técnicas y en cuanto éstas se solventen la voluntad del
ministerio sigue siendo la misma y se procederá a la transferencia.
Nada más y muchas gracias. (El señor vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Muchas gracias, señor ministro.
Usted sabe que los colegios de Defensa en Cataluña es un tema que a este
diputado y a nuestro grupo le preocupan. En la última pregunta que le
efectuamos, le habíamos manifestado, y fue en el mes de mayo, nuestra
preocupación y en su respuesta creímos ver voluntad
política clara de resolver la cuestión, conjuntamente con los otros
ministerios afectados, básicamente el de Educación y Cultura, pendiente
como estaba la firma del convenio con la Generalitat de algunas
cuestiones calificadas, y otra vez en este momento por S. S., de
técnicas. De hecho, señor ministro, tras el planteamiento de la cuestión
en la Comisión de transferencias Estado-Generalitat antes del verano,
nosotros confiábamos que, antes de llegar el mes de vacaciones oficial,
agosto, se hubiera podido firmar el convenio y que el centro escolar
Capitán Masip y los otros del Ministerio de Defensa podrían empezar el
curso 1997-1998 con un horizonte más despejado o del todo despejado.
De estas cuestiones técnicas a las que usted hacía referencia en el mes
de mayo, una era la de las masas salariales del personal no docente. Si
incrementamos esas masas salariales, señor ministro, a este diputado le
parece que, en lugar de adelantar el problema o de intentar avanzar en la
resolución del problema, si incrementamos el nivel de discusión sobre un
aspecto concreto, lo que tendremos serán más dificultades.
La situación de aislamiento educativo, señor ministro, que se mantiene en
estos centros daña sobre todo al Gobierno y a la imagen del Gobierno, y
nuestro grupo y este diputado le instan, a través de S. S. y del resto
del Gobierno, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de
Administraciones Públicas básicamente, a no prolongar por más tiempo esta
situación heredada.
Muchas gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Burballa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, seguro que me creerá S. S. si le digo que no se han
recolocado para dificultar la transferencia en el complejo escolar
Capitán Masip. Ha sido para resolver un problema humano que parecía
prioritario. El Ministerio de Defensa le garantiza desde este momento que
si la dificultad fuera que hubiera cuatro personas más, inmediatamente
buscaríamos una colocación alternativa.
Como comentamos en aquel momento, había dos tipos de cuestiones en el
fondo, cuestiones técnicas, según creo que las calificamos los dos, y
cuestiones de forma, por las que el liderazgo --me parece que fue la
palabra que se empleó y que consta en el «Diario de Sesiones»-- le
correspondió a un ministerio distinto. Desde este momento me comprometo
para reiterar la disponibilidad del Ministerio de Defensa y cuando las
cuestiones que lidera el Ministerio de Educación y Cultura estén
resueltas, entonces el Ministerio de Defensa --otra vez se lo reitero--
no tendrá ninguna dificultad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
--DEL DIPUTADO DON HIPOLITO FARIÑAS SOBRINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO
EL PROGRAMA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS QUE SE LLEVA A CABO
DURANTE EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO? (Número de expediente
180/000796)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 28, de don
Hipólito Fariñas Sobrino, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, voy a empezar mi intervención haciendo unas alusiones a
lo que significa la educación tanto en el ámbito de la enseñanza como
dentro de las Fuerzas Armadas. Abarca múltiples y variados aspectos, si
se entiende que la instrucción encuentra una correlación lógica y
psicológica con el pensar y el obrar del individuo. Es evidente que la
educación se orienta hacia el desarrollo de todas las dimensiones de la
persona y si aceptamos la afirmación de Guizot de que la educación debe
enseñar al hombre a educarse a sí mismo cuando los demás hayan terminado
de hacerlo, también es evidente que las palabras permanente y adulto
alcanzan una dimensión extraordinaria asociada con la enseñanza, que debe
ser el suministro de información o de conocimientos teóricos.
Resumiendo, educar y enseñar son dos conceptos inexcusablemente unidos al
desarrollo formativo de las personas. Por lo tanto, si una parte de la
sociedad no supo o no pudo en el momento cronológicamente diseñado para
hacerlo aportar estos conocimientos teóricos al ser humano, es evidente
que esta misma sociedad debe procurar corregir esta deficiencia. La
realidad de que las Fuerzas Armadas poseen los medios adecuados tanto
materiales como psicológicos para aceptar este papel queda perfectamente
definida analizando algún dato como, por ejemplo, que en el reemplazo del
año 1996, de los 217.557 soldados o marineros de reemplazo que accedieron
a la prestación del servicio militar obligatorio, cerca del 36 por ciento
tenía deficiencias educativas, ya fuera por la falta del certificado de
graduado escolar, es decir, tener incompletos sus estudios obligatorios,
o, simplemente, por deficiencias en las destrezas básicas de lectura y
escritura. Este diputado puede decir con orgullo que tiene el honor de
haber formado parte de los programas de educación permanente de adultos
cuando tuvo que cumplir con sus obligaciones militares;
por lo tanto algún conocimiento de causa tiene sobre ello. A tenor de lo
expuesto le formulo la siguiente pregunta: ¿cómo valora el Gobierno el
programa de educación permanente de adultos que se lleva a cabo durante
el servicio militar obligatorio?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Fariñas.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente.
Señoría, no sólo coincido al cien por cien con su intervención, sino que
además, como ministro de Defensa, me congratulo de que haya esa
sensibilidad social hacia funciones que están realizando las Fuerzas
Armadas en misiones y tareas que no les son específicas. No les son
específicas, pero es una necesidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor ministro, por favor,
diríjase al diputado a través de la Presidencia, porque si se gira no hay
forma de oírle, ya que el micrófono está encarado al centro de la Cámara.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor presidente,
con mucho gusto.
Digo que sin ser misión principal de las Fuerzas Armadas la colaboración
en esta formación permanente de adultos, desde hace muchísimos años
vienen realizando este cometido. Aunque es evidente la mejora del nivel
cultural de los españoles, el servicio militar todavía supone para un
porcentaje considerable de los jóvenes, aproximadamente un 30 por ciento,
una oportunidad de continuar su proceso educativo y formativo durante la
pertenencia a las Fuerzas Armadas, favoreciendo esta formación en muchos
casos la posterior reinserción en el mundo laboral. Por ello, la
valoración que hace el Gobierno de esta acción educativa durante el
servicio militar, aun sin ser una misión específica y propia, es
altamente satisfactoria. Entendemos que beneficia al joven, a la sociedad
y también indirectamente y por tanto a las Fuerzas Armadas.
La finalidad del programa, señoría, es garantizar a los soldados y
marineros de reemplazo que no posean base suficiente de lectura o de
escritura o que tienen incompletos los estudios de enseñanza general
básica la posibilidad de alcanzar el nivel de educación obligatorio para
los españoles. Para ello, cuando llegan se les clasifica en cinco grupos,
según el nivel cultural, que se corresponden con los cinco niveles de la
educación permanente de adultos del Ministerio de Educación y Cultura. En
las unidades de destino los soldados y marineros son clasificados según
sus necesidades de alfabetización y los que necesitan los conocimientos
básicos reciben unas horas de clase, otras distintas los que tienen una
base de conocimientos y así sucesivamente, de manera que la organización
pedagógica corresponde a las Fuerzas Armadas, que ponen íntegramente los
recursos humanos y materiales, pero a efectos de pruebas de evaluación y
validez de los certificados y títulos académicos, se han suscrito
convenios de colaboración con las distintas administraciones con
competencias en materia educativa. Por tanto, y coincido otra vez con S.
S., en el año 1996 se clasificaron 52.524 soldados y marineros con
necesidades de alfabetización y sin certificado de graduado escolar, lo
que supone el 35 por ciento del reemplazo anual. Entendemos, como resumen
y conclusión, que es una tarea que mientras siga existiendo el servicio
militar obligatorio las Fuerzas Armadas van a seguir cumpliendo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL SEÑOR
MINISTRO DE DEFENSA LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN LA ELABORACION DE UNA
NUEVA LEY ORGANICA DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS?
(Número de expediente 180/000798)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 30, de don
Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gutiérrez.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Muchas gracias.
Señor presidente, señorías, señor ministro, hace unos meses el Consejo de
Ministros recibió un informe de los ministerios de Defensa y de Interior
referido al anteproyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las
Fuerzas Armadas que en su día va a sustituir a la ley vigente desde
primero de junio del año 1986. Me alegro de que me toque intervenir en
este turno, señor ministro, después de haber escuchado la pregunta de mi
compañero don Hipólito Fariñas, porque, aunque aparentemente educación y
disciplina son antagónicas, no es menos cierto que teniendo en cuenta el
proceso ya iniciado de profesionalización de las Fuerzas Armadas que va
a sustituir paulatinamente al actual modelo mixto y que además, según
hemos podido leer en el informe que llegó al Consejo de Ministros --este
anteproyecto que le comento, señor ministro--, va a sustituir y a
conjugar los deberes y derechos del personal, incluido el de reemplazo,
que durante el período transitorio seguirá formando parte de las Fuerzas
Armadas, no parecía ocioso, señor ministro, que, aprovechando
su comparecencia en la Cámara, le preguntara sobre las razones
justificativas que el Ministerio tenía para ir elaborando este
anteproyecto de ley orgánica, imprescindible bajo nuestro punto de vista
y fundamentalmente necesario no sólo por las razones que hemos tenido
ocasión de conocer sino por las modificaciones que, estamos seguros, va
a conjugar este anteproyecto que le comento.
Por lo tanto, señor ministro, para no reiterarme, le preguntaba sobre las
razones justificativas que el Ministerio tenía tendentes a elaborar este
anteproyecto de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas que va a
sustituir a la ley orgánica vigente que ya le comentaba desde primero de
junio de 1986.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Gutiérrez
Molina.
Señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Señor presidente, señoría,
con mucho gusto procedo a explicar las razones que han movido al Gobierno
para proceder a la modificación de la Ley Orgánica de Régimen
Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
La disciplina, bien sea entendida como elemento de cohesión, según lo
definen en el artículo 11 las Reales Ordenanzas, bien como elemento
básico en la relación entre militares o de éstos con las instituciones,
tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y el
ordenamiento jurídico del Estado. Hay que decir, en primer lugar, que con
la promulgación del Código Penal Militar y la Ley Orgánica 12/1985, de 27
de noviembre, de régimen disciplinario se dio un gran paso para la
adecuación de los viejos textos preconstitucionales punitivos castrenses
a la realidad social. Aquella modificación se hizo con una doble
finalidad, por un lado, lograr la siempre difícil separación entre el
ilícito penal y el ilícito disciplinario con todas las derivadas, tanto
orgánicas como procedimentales, que ello supone; por otro, lograr la
protección de la disciplina, virtud esencial de las Fuerzas Armadas, sin
merma de las garantías constitucionales a las que los militares, como
cualquier otra persona, tienen derecho, pero, señoría, una década
después, entendemos que es un plazo más que suficiente para poder
apreciar cuáles son las imperfecciones, las omisiones, incluso las
lagunas del régimen disciplinario establecido que pueden generar graves
perjuicios a la disciplina, así como situaciones de inseguridad jurídica.
También hay que tener en cuenta la interpretación dada a la normativa
vigente de 1985, tanto por el Tribunal Supremo a través de la Sala
correspondiente como por el Tribunal Constitucional. De manera que esas
razones hubieran sido suficientes para abordar una modificación, pero,
como bien ha dicho S. S., hay un elemento fundamental, estamos en el
umbral de un cambio histórico en la organización de las Fuerzas Armadas
con la supresión del servicio militar obligatorio. Es decir, hay que
adecuar el régimen disciplinario, además de a todas las pautas a las que
he hecho referencia, a la realidad que se nos avecina de unas Fuerzas
Armadas íntegramente profesionales, y no hay que descuidar tampoco el
período transitorio durante el cual el personal de reemplazo seguirá
siendo un elemento esencial de las Fuerzas Armadas...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro, su tiempo ha concluido.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Por lo tanto, son estas las
razones que han movido al Gobierno para proceder a la modificación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
-- DEL DIPUTADO DON SALVADOR ANTONIO DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS VA A
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR LOS ACCIDENTES MORTALES DE LOS
INMIGRANTES AFRICANOS QUE TRATAN DE CRUZAR IRREGULARMENTE EL ESTRECHO DE
GIBRALTAR? (Número de expediente 180/000781)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 15, de don
Salvador Antonio de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted ya conoce las muertes y desaparecidos que de nuevo
se producían la semana pasada en las costas gaditanas cuando 30
inmigrantes intentaban alcanzarlas a bordo de una humilde patera. Es el
suma y sigue de una cadena de tragedias y dramas que están convirtiendo
al estrecho de Gibraltar en un cementerio de inmigrantes. Por ello, le
formulo la siguiente pregunta: ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para
evitar los accidentes mortales de los inmigrantes africanos que tratan de
cruzar irregularmente el estrecho de Gibraltar?
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor De la
Encina.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno, ante esta tragedia --coincidimos en catalogarla de
esta forma--, va a seguir trabajando con todos los medios posibles para
afrontar una situación que ciertamente es difícil, dramática y que hay
que enfocar desde muchas perspectivas y muchos ángulos.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tenemos que reconocer que la magnitud y la complejidad
del problema alcanza dimensiones que sobrepasan nuestras fronteras, pero
también es cierto que hay decisiones que pueden y deben adoptarse y
ejecutarse por el Gobierno, y no lo está haciendo. Y es que el fenómeno
de la inmigración ilegal es un problema ante el que ustedes parece que no
tienen vocación ni solución. Las soluciones del Gobierno en esta materia
van desde la expulsión de los 103 inmigrantes africanos desde Melilla,
justificada por el señor Aznar con aquella frase lapidaria de que
teníamos un problema y lo hemos resuelto, hasta la suya de la semana
pasada, en la que se sacudía las muertes del Estrecho diciendo que España
no puede ser responsable de estas tragedias.
Señor ministro, no están haciendo frente a la realidad ni afrontando el
problema de evitar el drama de esas muertes. No han cumplido apenas
ninguna de las 16 enmiendas de la moción presentada por mi grupo, el
Grupo Parlamentario Socialista, aprobadas por el Pleno del Congreso el 24
de septiembre de 1996, referidas a la inmigración ilegal. Le voy a poner
un ejemplo de la falta de interés del Gobierno. Una de esas 16 enmiendas
de las que le hablo establecía la apertura de oficinas integrales de
información a la inmigración en Ceuta y Melilla. No se ha producido, a
pesar de que desde su Ministerio se ha señalado que existe partida
específica y concreta para este objetivo, y es por la falta de voluntad
del Gobierno. Por otra parte, también es hora de que trasladen a ciertos
gobiernos que basta ya, que el problema de las muertes en el Estrecho es
un drama que afecta a seres humanos, por muy inmigrantes que sean. Por
tanto, señor ministro, es necesario que trasladen también a Europa y al
Magreb una profunda reflexión que permita abordar la inmigración africana
desde los frentes económicos, sociales, políticos y administrativos y no
sólo policiales.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor De la Encina.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor presidente.
Señoría, hay dos formas de afrontar cualquier acción de Gobierno,
diciendo la verdad o no diciéndola; siendo consciente de dónde hay
limitaciones y en dónde no las hay. En el fondo, enfocando o desenfocando
los problemas.
Un problema como el que usted plantea poco o nada tiene que ver con unas
oficinas de extranjería, que van a ser inauguradas en este año --como me
he comprometido-- en Ceuta y en Melilla. No tiene nada que ver. Un
problema como es el de la inmigración y las muertes en las pateras en el
Estrecho tiene fundamentalmente una componente en el origen donde se
produce, tiene una componente exterior que sobrepasa la dimensión
interior y que sobrepasa con creces lo que puede hacer un Ministerio del
Interior. No desenfoque usted esta cuestión. Usted, con esta pregunta,
desenfoca el problema absoluta y radicalmente, y el Gobierno no va a
desenfocarlo porque no es la manera de afrontar con credibilidad y
razonablemente una cuestión en la que puede aportar algo, pero no puede
hacerlo en la manera y en la forma que usted apunta. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MARON BELTRAN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO ADECUADA LA
ACTUACION DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EL PASADO DIA 28 DE
AGOSTO EN MIÑO (LA CORUÑA)? (Número de expediente 180/000785)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 19, de doña
Carmen Marón Beltrán, del Grupo Socialista.
La señora MARON BELTRAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿considera el Gobierno adecuada la carga policial
efectuada el 28 de agosto en Miño contra agricultores afectados por la
declaración de las Fragas del Eume como parque natural?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Marón.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoría,
la actuación de la Guardia Civil el pasado 28 de agosto en Miño (La
Coruña) fue adecuada y proporcionada, en el estricto cumplimiento de la
legalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Señora Marón.
La señora MARON BELTRAN: Señor ministro, si los hechos no fueran tan
graves, tenga la seguridad de que yo no le haría esta pregunta. ¿Cómo es
posible que se ordene cargar indiscriminadamente contra una concentración
de pacíficos agricultores? Eran hombres y mujeres de más de cincuenta
años, que pretendían entregar un escrito al señor Fraga, exponiéndole su
lógica preocupación por lo que supone para sus precarias economías la
pérdida de sus tierras, su medio de subsistencia. No me diga, señor
ministro, que fue una concentración de minorías violentas, como la
definió el señor Fraga. Estaban llamando la atención pacíficamente por la
falta de diálogo de la Xunta de Galicia, pero la sensibilidad no es su
fuerte y pretenden instrumentalizar las fuerzas de seguridad
convirtiéndolas en vehículo represor. Una vez más, había un problema, se
deslucía la brillantez de una inauguración triunfal del presidente y su
séquito y se arregló, cargando. Según el delegado del Gobierno, no hubo
carga sino un desplazamiento de la masa 200 metros. Y claro que la
desplazó, con más de 100 agentes antidisturbios, ordenándoles cargar
desproporcionadamente, acorralándoles en un callejón, donde por suerte
solamente hubo que lamentar heridos.
Usted, señor ministro, es responsable y debe exigir responsabilidades al
delegado del Gobierno y a quienes le inducen. Son ya demasiadas cargas
policiales en Galicia: Povisa, Vilaboa, Tafisa, Pontedeume... Es cuestión
de talante, de sensibilidad. Al que no aplaude se le reprime; no tolera
que nadie le cuestione. Nuevamente, quiere imponer su lema favorito: la
calle es mía. (Rumores.) Señor ministro, dígales a los agricultores
afectados que son minorías violentas, dígales que deben resignarse a no
ser indemnizados por sus tierras. No se puede trasladar la imagen
bucólica de una Galicia de ferias y romerías, cuando bajo el volcán está
la ebullición del descontento. No se puede tapar con autoritarismo la
falta de gobierno, la falta de diálogo, la falta de sensibilidad y de
tolerancia. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.--El señor
Pascual Monzó: ¡Es un mitin!--Otro señor diputado: ¡Nos vemos el 19!)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Marón.
Señor ministro. (Rumores.)
Silencio, por favor, dejen contestar al señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señor presidente.
Señoría, creo usted plantea un problema en términos de sensibilidad y no
es en términos de sensibilidad como hay que valorar el problema. Es un
problema de cumplimiento o incumplimiento de la legalidad, y usted no ha
dicho lo más importante, que era una manifestación no autorizada por la
ley. Había sido solicitada la autorización y el Gobierno, en uso de sus
competencias legítimas, la desautorizó, con lo cual estamos ante una
manifestación ilegal. Días después, la misma asociación de unión de
propietarios celebró, los días 6 y 11 de septiembre, con una
participación de 150 personas, un acto reivindicativo alrededor del mismo
lugar y pidió la autorización, se dio la autorización y se celebró la
manifestación y la concentración. Pese a ello, se produjo una tala de
árboles para construir barricadas y, pese a la brutalidad de la acción,
no se produjo intervención de la Guardia Civil, porque era una
manifestación autorizada por la ley. Ello viene a significar que, en el
fondo, el problema --y es lo que a mí me preocupa de la oposición-- no
está en los términos de la sensibilidad o en la bondad o no bondad de la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Le falta el
dato más importante y es lo que me preocupa, que la oposición no se fije
y no haya dicho una palabra al respecto, que era una manifestación fuera
de la ley, y la manifestación fuera de la ley debe ser rechazada por el
Gobierno y por la oposición, especialmente cuando hace muy poco tiempo ha
sido Gobierno. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA: ¿CON QUE
CARGA DE TRABAJO PIENSA EL GOBIERNO MANTENER OPERATIVO EL ASTILLERO
PUBLICO ASTANO EN 1998 PARA CONSEGUIR SU VIABILIDAD FUTURA? (Número de
expediente 180/000775)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 9, de don
Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria y Energía, debido a un proceso de
globalización de la economía con claras interferencias políticas
discriminatorias, Galicia cuenta con el único astillero que no puede
construir barcos en el Estado español. Usted sabe que este astillero
habrá que hacerlo rentable en 1998, y ya me dirá cómo se puede hacer
rentable con 1.300 trabajadores, de los 6.000 que tenía en el año 1985,
algunos en casa, en regulación
de empleo, porque no pueden trabajar; con una actividad comercial sin
contrato a la vista; un buque de perforación que se acaba de construir en
abril --por cierto, de una opción de dos para un armador yanqui; el otro
misteriosamente no se sabe por qué no se hace-- y a la espera de una
decisión de la Unión Europea, que se quiere presentar como técnica, pero
que será política.
Díganos, señor ministro, con qué carga de trabajo piensa el Gobierno
mantener operativo el astillero público Astano en 1998 para conseguir su
viabilidad futura.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchísimas
gracias, señor presidente.
Señoría, con independencia de alguna precisión terminológica respecto a
que no le corresponde al Gobierno asegurar cargas de trabajo de
determinados astilleros sino a la propia empresa y a sus accionistas, le
acepto la responsabilidad última, que corresponde al Gobierno, en la
medida en que se trata de un astillero de titularidad pública, y le
confirmo que, efectivamente, como usted dice, en el marco del plan de
reestructuración del sector de la construcción naval para el período
1987/1993, el Gobierno español se comprometió en el año 1990 con la
Comisión Europea a que Astano no se dedicaría a la construcción de buques
incluidos en el artículo 1.º de las directivas VI y VII y que mantendría
su actividad en el campo de las reparaciones y de las llamadas
construcciones offshore. Este compromiso ha debido ser renovado en el
marco de la negociación sobre la autorización de las últimas ayudas
ligadas al Plan estratégico de competitividad de los astilleros públicos
que, finalmente, aprobó el Consejo de Ministros de Industria de la Unión
Europea el pasado día 24 de abril de 1997.
Como usted dice, hay un debate con la Comisión sobre la naturaleza de
algunos de los artefactos que fabrica Astano, en concreto, las
denominadas FPSO, para ver si son buques convencionales o no lo son.
España defiende que las FPSO son artefactos de mínima movilidad y
sucesoras tecnológicas naturales de las plataformas offshore y que, por
tanto, no tiene que haber problema alguno para la continuidad de esa
fabricación. Estamos a la espera del estudio técnico que la Comisión está
haciendo, pero tengo que anticiparle que no tenemos ninguna inquietud
respecto al resultado final de ese estudio.
Tengo que decir también que en ese segmento de producción de las
plataformas offshore, hay unas expectativas de futuro suficientemente
sólidas y la capacidad tecnológica y productiva de Astano permite pensar
que el astillero puede jugar ahí un papel relevante. Sin embargo, la
propia evolución positiva de ese mercado está generando una demanda
adicional que está suponiendo que otras factorías, particularmente
norteamericanas y también del sudeste asiático, estén entrando en ese
segmento del mercado, lo cual está dificultando la competitividad y la
competencia de Astano, pero, en cualquier caso, ha hecho que desde el
grupo Astilleros Españoles se esté situando la carga de trabajo de Astano
como la máxima prioridad. Hoy por hoy, está garantizada en un porcentaje
muy elevado la carga de trabajo durante el año 1997; está garantizada una
carga de trabajo importante en la primera mitad del año 1998...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet y Morera): Señor ministro...
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): ... y yo espero
que en las próximas semanas o como máximo en los próximos meses podamos
también dar buenas noticias para Astano, de la misma manera...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor ministro, ha terminado
su tiempo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): ... de la misma
manera que hemos podido dar buenas noticias para el conjunto del grupo,
que tiene carga de trabajo para bien entrado el año 1999.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez. A usted sí le queda tiempo para réplica, si quiere.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muy brevemente.
Comprenderá, señor ministro, que los datos que da no son nada
tranquilizadores, y como estamos tan habituados a cierto tipo de fraudes
políticos, tememos que se esté llevando al astillero simplemente a su
cierre ya que no va a ser posible privatizarlo en esta situación. Por lo
tanto, si en estos tres meses --y no hay nada a la vista-- no existe esa
carga de trabajo mucho nos tememos que desde luego el final del astillero
sea aquel que estaba cantado, escrito y decidido prácticamente desde que
se hicieron los acuerdos con la Unión Europea y esto es preocupante.
Solamente quiero decirle una cosa, que es curioso que las FPSO se estén
haciendo en otros astilleros del Estado español, lo cual es muy
indicativo de que no va a haber ese mercado para Astano, como tampoco se
construyó el buque de perforación que había en principio comprometido el
armador norteamericano. Por algo será. Parece que las
decisiones políticas están excesivamente encallecidas y petrificadas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rodríguez.
-- DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE OPINION LE MERECE AL GOBIERNO LA
FALTA DE COLABORACION DE LA SEPI CON LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE
VALORES EN LA PASADA OPA SOBRE FECSA Y SEVILLANA DE ELECTRICIDAD? (Número
de expediente 180/000779)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 13, de don
Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria, ¿nos puede decir qué opinión le merece la
falta de colaboración de su Ministerio con la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en la pasada OPA que Endesa realizó sobre Sevillana de
Electricidad y Fuerzas Eléctricas de Cataluña?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Hernández
Moltó.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señor
presidente.
Señoría, lo que le puedo decir es que los esfuerzos inútiles normalmente
generan melancolía (Risas.) y como a mí me gusta verle alegre, no se
esfuerce. Este es un tema que está suficientemente analizado y
exhaustivamente estudiado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
y lo que usted dice no tiene en absoluto ninguna base.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
A ver si tenemos un poco menos de melancolía y un poquito más de
responsabilidad (Varios señores diputados: ¡Eso, eso!), porque el
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la pasada
comparecencia en Comisión del día 23 de junio acusó a la SEPI, que
depende del Ministerio de Industria, de haber ocultado información a la
CNMV, es decir, fue acusada de falta de colaboración con la justicia y de
mentir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ocultando una
información que él mismo dice que existía, lo que les costó a los
bolsillos de los españoles entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas.
Señor ministro, a usted no sé si le supone mucha melancolía esta
situación; a nosotros nos produce un rechazo político que nos lleva a
instarle y a conminarle a que inicie un proceso de investigación en el
Ministerio para determinar quién mandó que se incumpliera la ley, quién
engañó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quién hizo que,
ocultando información, se beneficiaran de 20.000 millones de pesetas.
Señor ministro, dentro de quince días, con la melancolía que por lo visto
a usted le invade, si no ha mandado información a este Parlamento,
nosotros se la volveremos a reclamar, pero no le quepa la menor duda que
hasta que no aclare este asunto, lo único que está bastante claro es que
ustedes han hecho buena aquella calificación que hicimos de chapuza
financiera (Rumores.), de engaño para que se beneficiara aún no sabemos
quién --aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya ha
anunciado que lo dirá bien pronto-- de un acto que nadie duda en
calificar de ilegal. Por lo tanto, señor ministro, no se refugie en
frases fáciles e ingeniosas, asuma su responsabilidad y díganos quién fue
el responsable político que engañó a este país en una cantidad que oscila
entre 12.000 y 25.000 millones de pesetas. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Hernández Moltó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, he leído atentamente esas declaraciones del presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores a las que usted hace referencia
y tengo que reconocer que he sido absolutamente incapaz --mis
limitaciones intelectuales son las que son-- de deducir esas cosas que
usted dice: engaños, mentiras, estafas y otras expresiones más o menos
rimbombantes que usted ha utilizado. En absoluto habla en estos términos.
Cuando se planteen las cosas en términos racionales yo les haré caso.
Tengo que decirle simultáneamente que si me solicita información yo se la
daré con total atencion.
Respecto a las pérdidas que usted atribuye a la operación, tengo que
decirle algo que está muy claro. El valor de Endesa hoy es
aproximadamente de un billón de pesetas más que el que tenía en el
momento de formular las OPA, por lo tanto, la operación no ha sido tan
perjudicial para el pueblo español.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
-- DEL DIPUTADO DON SERGIO GOMEZ-ALBA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL BALANCE DEL
PERIODO TRANSCURRIDO DE APLICACION DEL PROGRAMA PREVER? (Número de
expediente 180/000792)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 24, de don
Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, aunque el programa Prever está en trámite para
convertirse en proyecto de ley su aparición como decreto-ley, el pasado
abril, permite realizar ya una primera valoración sobre los efectos en el
mercado de la automoción en España.
Sabemos que las matriculaciones respecto al año anterior se están
intensificando desde el mes de abril, pero no podemos obviar que estamos
atravesando un período de expansión económica general que obliga a hacer
un esfuerzo para diferenciar lo uno de lo otro. Observando lo ocurrido en
Francia, donde el final del programa de prima de calidad ha tenido un
efecto muy negativo sobre las nuevas matriculaciones, e incluso se apunta
que esto pudiera estar arrastrando el crecimiento de su economía, en el
caso español el programa Prever apunta a un acierto pleno de un gobierno
que ha hecho una decidida apuesta industrial activa y valiente, del que
deberíamos conocer algunos aspectos más concretos.
En este sentido parece relevante saber qué porcentaje del total de coches
matriculados se ha beneficiado de estas medidas. Como el resultado del
programa Prever está en función del incremento de la actividad de
achatarramiento de vehículos, sería importante conocer en cuánto se ha
incrementado la retirada de vehículos de más de diez años desde la
entrada en vigor del real decreto-ley.
Como quiera que también hay medidas incentivadoras de crecimiento y
mejora del parque automovilístico en España que afectan a otros
subsectores de automoción, sería importante conocer cuáles han sido los
efectos en la renovación de los vehículos industriales, así como si está
teniendo alguna respuesta en el sector de vehículos de las dos ruedas,
tan necesitado de apoyos.
En resumen, señor ministro, la ambición del programa Prever y lo complejo
del sector de la automoción exigen conocer datos diversos para poder
realizar una valoración aproximada. Por tanto, le formulamos la siguiente
pregunta: ¿Cuál es el balance del período transcurrido desde la
aplicación del programa Prever?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gómez-Alba.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, creo que todavía es pronto para hacer un balance profundo del
programa Prever. Hay que decir que, hasta hoy, los resultados, con toda
la provisionalidad que se quiera, son, sin duda, muy satisfactorios. El
número de turismos matriculados este año era, hasta finales de agosto, de
688.871 unidades, lo que supone haber crecido a una tasa interanual del
11,7 en lo que va de ejercicio. Si este ritmo sigue así vamos a superar
este año la cifra de un millón de unidades de vehículos, lo que no
sucedía desde hace bastantes años.
Desde el principio del programa Prever, desde abril hasta agosto, último
dato que tenemos disponible, el incremento interanual en las
matriculaciones de turismos ha sido del 15,2 por ciento, mientras que en
igual período del año anterior era del 4,3. Atribuibles al programa,
entendemos que puede haber del orden del 15 por ciento del total de
matriculaciones, o lo que es lo mismo, que uno de cada siete coches que
se han renovado se han acogido al citado programa Prever.
Creo que también es importante el incremento que ha habido en la retirada
de vehículos viejos, al que usted hacía referencia. Las bajas de
vehículos han aumentado un 35,4 por ciento en el período de abril a
agosto --en relación al mismo período del año anterior--, y el porcentaje
que dentro de dichas bajas suponen los vehículos de diez o más años ha
aumentado, aproximadamente, en cinco puntos.
En vehículos industriales ligeros se aprecia también un alza
significativa en los datos de matriculaciones, en particular, los
derivados del turismo, que crecen un 51,4 por ciento en el período
abril-agosto, cuando sólo habían crecido un 4 por ciento en el mismo
período del año anterior. Lo mismo podemos decir en camiones ligeros,
donde el incremento es del 7,4 por ciento, también significativo.
Finalmente, la ampliación de la exención del impuesto de matriculación a
las motocicletas de 125 a 250 centímetros cúbicos se ha traducido en que
ese segmento de motocicletas es el que más aumenta en las ventas a un
ritmo particularmente elevado, en concreto, el 61 por ciento en el
segundo trimestre del año 1997, cuando en los ejercicios anteriores se
habían registrado descensos muy fuertes.
Los resultados de momento muestran un éxito muy importante del programa,
similar al que se está produciendo en Italia, que tiene un esquema muy
parecido
al nuestro y que, en cambio, se compara negativamente con lo que está
sucediendo en Francia, que tuvo un programa, en su momento, que tenía un
carácter coyuntural y no estructural como el nuestro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
-- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER PEON TORRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE HECHOS, A JUICIO
DEL GOBIERNO, EXPLICAN QUE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN ESPAÑA HAYA
RECUPERADO EL PROTAGONISMO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN ESTE AÑO DE
1997? (Número de expediente 180/000793)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 25, de don
Francisco Javier Peón Torre, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Peón.
El señor PEON TORRE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro durante los años 90 la actividad industrial en nuestro
país conoció momentos de gran dificultad. Se produjeron enormes pérdidas
de empleo y una tasa de actividad siempre negativa, del 1 por ciento al
3 por ciento. Los analistas coincidieron en señalar como causas
principales de esa dificultad para la industria de nuestro país causas de
índole internacional, porque la economía internacional atravesaba un
momento de recesión, pero también causas propias de nuestro país, como es
una política macroeconómica errónea, monetarista, que incentivaba tipos
de cambio que sobrevaloraban nuestra moneda y hacían más difíciles las
exportaciones. Por otra parte, la situación de incertidumbre política de
los últimos años en España, hasta 1996, no ayudaba a un proceso de
inversiones necesario para nuestra industria.
Con ocasión del debate de presupuestos para el ejercicio de 1997, algunos
grupos de la oposición hicieron predicciones apocalípticas sobre cuál era
el futuro de la industria española como consecuencia de la política
macroeconómica e industrial del nuevo Gobierno. Afortunadamente, esas
predicciones se han demostrado erróneas, porque el último dato, de junio
de este año, refleja un espectacular incremento de la actividad
industrial, del 5 por ciento, de manera que ha retomado el impulso de la
actividad económica de nuestro país.
Estamos en puertas de un nuevo debate presupuestario para el año 1998, y
aunque es cierto que existe un contexto internacional favorable. también
hay otras causas internas que están ayudando a este proceso de
relanzamiento de la actividad industrial. Por esa razón, señor ministro,
me gustaría conocer cuáles son, a juicio del Gobierno, los hechos que
están derivando en este aumento y protagonismo de la producción
industrial en el crecimiento económico de nuestro país en el año 1997.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peón.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, efectivamente estamos ante una situación que, sin ánimo alguno
de exagerar, podemos calificar del mejor momento de la historia de
nuestra industria; nunca como ahora nuestra industria ha tenido una mejor
situación competitiva, con unas tasas de crecimiento sobre bases más
sanas que las que está teniendo en estos momentos. Esto se está poniendo
de relieve en particular este año, 1997.
Usted hacía referencia a ese crecimiento, en el mes de junio, del índice
de producción industrial de un 5 por ciento. Si lo filtramos en función
de la estacionalidad y de determinadas consideraciones temporales, ese
índice se eleva al 5,7 por ciento. En el año 1996, en cambio, estábamos
hablando de tasas ligeramente negativas. Por tanto, hay una aceleración
en estos momentos, que cabe atribuir a la mejora del ciclo internacional
y a la mejora de determinadas circunstancias, pero que, desde mi punto de
vista, tiene también su base en una buena política macroeconómica basada
en la recuperación de los equilibrios, en la reducción de la inflación,
en la reducción de los tipos de interés, en la estabilidad del tipo de
cambio, en la propiciación de tasas de crecimiento sanas y estables, y,
al mismo tiempo, en una política microeconómica que ha buscado la ruptura
de las expectativas inflacionistas, la rebaja de los costes de las
empresas en ámbitos como los costes financieros, los costes energéticos,
los costes en telecomunicaciones, y que poco a poco está dando excelentes
resultados.
¿Significa esto que, desde el punto de vista industrial, debemos caer en
algún tipo de autocomplacencia? Eso siempre es erróneo. Hay que ser
conscientes de que todavía quedan muchísimas cosas por hacer, que no hay
que bajar la guardia en ningún momento, que hemos avanzado
sustancialmente, que estamos en la mejor situación en muchísimos años,
probablemente la mejor de nuestra historia contemporánea, pero todavía
nos quedan algunas asignaturas pendientes. Probablemente la más relevante
sea aquella destinada a mejorar los elementos de diferenciación de los
productos de nuestras empresas, más allá del coste y más allá del precio.
Me refiero, en particular, al necesario esfuerzo que hay que hacer en
innovación tecnológica,
entendida en sentido amplio. Le anticipo que, en ese terreno, ésa va a
ser la máxima prioridad del Ministerio de Industria y Energía y del
Gobierno en los próximos tiempos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA AMPARO RUBIALES TORREJON, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SABE YA POR FIN EL
GOBIERNO CUAL ES EL COSTE TOTAL DEL MODELO DE FINANCIACION AUTONOMICA?
(Número de expediente 180/000783)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 17, de doña
Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenas tardes. Aquí estoy, otra vez, intentando averiguar
por fin cuál es el costo del sistema de financiación autonómica.
Le recuerdo algunas cosas, señor Rajoy. Empezamos a averiguarlo en el
debate de investidura del presidente del Gobierno, señor Aznar, el 3 de
mayo de 1996; 3 de mayo de 1996, hace casi año y medio, señor Rajoy.
Entremedias hemos hecho preguntas orales --ésta es la cuarta que hace la
diputada que les habla y también las han hecho otros diputados de mi
grupo en el Congreso y en el Senado-- e interpelaciones. El propio debate
de las autonomías, que se celebró en el Senado, estuvo centrado de manera
importante en averiguar esto, que ya se dice por ahí que es uno de los
secretos mejor guardados del Gobierno del Partido Popular, aunque ustedes
tienen algunos otros que le van a la zaga, como el de ese secretario de
Estado que encargó el famoso informe sobre Sogecable, que tampoco sabemos
muy bien... Vamos a tratar de saber si por fin pueden decirnos cuál es el
coste real del nuevo sistema de financiación autonómica. Ha habido
anuncios en los periódicos, informes de expertos, pero, señor Rajoy, en
este Parlamento no hemos tenido la fortuna o la suerte de averiguarlo.
Ayer se cumplió un año del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera en el que se aprobó lo que entonces llamábamos el nuevo modelo
de financiación autonómica. Hasta Convergència i Unió, sus socios
parlamentarios, dicen que el sistema de financiación es injusto,
insolidario e insuficiente y propugnan su reforma. Estamos, otra vez, en
vísperas de un debate presupuestario; por fin, señor Rajoy, ¿nos dice
usted simple y llanamente cuánto cuesta el sistema de financiación
autonómica y qué le corresponde a todas y cada una de las autonomías?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rubiales.
Señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Buenas
tardes, señora Rubiales. Efectivamente, aquí está usted y, como es
natural y no podía ser menos, también yo, igual que lo estaba el 25 de
septiembre de 1996, hace un año menos un día y sólo dos días después de
que el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobara el actual modelo
de financiación autonómica. En aquel momento --perdone usted mi falta de
modestia--, con la celeridad y brillantez que me caracteriza (Risas.),
respondí al señor Caballero y le dije lo siguiente: El modelo no aporta
ninguna cantidad adicional a la PIE, simplemente sustituye la aportación
por PIE por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Solamente
hay dos partidas nuevas: una de 10.000 millones para fondos de nivelación
y una cantidad máxima de 200.000 millones para corregir, si es que se
producen, desequilibrios en el sistema; o sea, varios cientos de miles
menos de lo que costó el modelo de financiación autonómica aprobado en su
día por el Partido Socialista.
Pues bien, esa respuesta, dada en la fecha que he señalado, vale hoy y,
por tanto, me sorprende --aunque estoy absolutamente convencido de que
usted me lo va a aclarar en la réplica-- que diga que quiere enterarse
por fin. Se lo he dicho hace un año menos un día. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
Señora Rubiales.
La señora RUBIALES TORREJON: Efectivamente, he preguntado y tengo otra
respuesta por escrito --lo digo por si no la recordaba; ésta es
posterior--, pero sigue sin decirlo en ninguna de esas preguntas orales,
ni en el debate. En esas respuestas orales dice que está entre 200.000 y
300.000 millones. ¿Son 200.000, 250.000 o 300.000 millones? ¿Cuánto,
señor Rajoy? Solamente queremos que nos diga eso.
Una vez más ha vuelto a demostrar que es incapaz de evaluar y de
cuantificar el coste del modelo de financiación aprobado. Seguiremos
insistiendo y, además, denunciando la ocultación que hace el Gobierno a
la oposición de aquellas cosas por las que preguntamos legítimamente.
Señor Rajoy, voy a seguir preguntándole. Le aseguro que algún día
conseguiré que me conteste. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Rubiales.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señora
Rubiales, el señor Caballero preguntó, le respondí, se enteró y no volvió
a preguntar. (Risas.) Una actitud lógica y razonable. Pero usted, no.
Usted no se enteró, probablemente no estuviera en aquel Pleno. Lo cierto
es que no paró de preguntar, como usted muy bien acaba de señalar ahora
mismo. Confieso que me trae usted frito con este asunto. (Risas.)
Tengo que decirle que el 19 de febrero del año 1997 creí entenderla a
usted, porque en aquella ocasión afirmó que estaba sumida en la confusión
y en la perplejidad y, ¡claro!, yo no iba a consentir que tuviera usted
una sensación de confusión y de perplejidad. Decidí, entonces,
responderle nuevamente, lo mismo que he hecho en el día de hoy. Creí que
lo había logrado, pero ya veo que no, porque en septiembre del año 1997
vuelve usted a preguntante.
Ya no se me ocurren más cosas que decirle salvo recomendarle que hable
usted con el señor Caballero (Rumores.), a no ser que no quiera hablar
con él y que lo que quiera es alejarse cada vez más de mí, situarme más
abajo en este escaño y seguir usted ascendiendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSEP COROMINAS I BUSQUETA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES HAN SIDO LAS RAZONES DEL
GOBIERNO PARA QUE HAYA INCUMPLIDO EL ACUERDO DEL PARLAMENTO RESPECTO A LA
APROBACION Y PROMULGACION DEL REAL DECRETO QUE DESARROLLE EL REGLAMENTO
DE EJECUCION DE LA LEY SOBRE NUEVAS FORMAS DE GESTION DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD? (Número de expediente 180/000786)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 20 de don
Josep Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista.
Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, usted ha manifestado en múltiples
ocasiones que su modelo de Sistema Nacional de Salud era el de un
servicio público, único, universal, equitativo y solidario.
Desgraciadamente, los hechos no van en la misma dirección que sus
palabras. El Real Decreto-ley sobre nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud permitía, de forma más o menos encubierta, la
privatización del sistema. Los estatutos de las fundaciones creadas para
la gestión de centros hospitalarios se han elaborado de acuerdo con dicho
real decreto-ley que permitía las privatizaciones y no de acuerdo con la
ley aprobada por este Parlamento. Su respuesta ante esta Cámara, a
preguntas de este grupo parlamentario, señalando que no modificaría los
estatutos de estas fundaciones para adaptarlos a la ley, tuvo el
consecuente contrapunto en la Comisión de Sanidad y Consumo con la
aprobación, sin ningún voto en contra, de una proposición no de ley para
que se adaptaran los mencionados estatutos a la ley una vez fuera
aprobado el reglamento correspondiente, fijándose el primero de
septiembre como fecha límite para la aprobación del mismo.
Por ello le formulo, señor ministro de Sanidad y Consumo, la pregunta que
obra en el orden del día sobre el incumplimiento por parte del Gobierno
del acuerdo parlamentario anteriormente mencionado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Corominas.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor Corominas, el real decreto-ley que usted invoca no permite la
privatización de los servicios sanitarios, ni nada de lo que figura en
los estatutos de las fundaciones que rigen los centros en los que se está
aplicando ahora mismo ese real decreto-ley y la ley posterior que reguló
esta materia permite privatización alguna. De modo que por ahí no hay
nada que corregir de lo que estamos haciendo.
Con independencia de eso, quiero decir que somos los más interesados en
cumplir cuanto antes el mandato que hemos recibido de redactar un
reglamento en desarrollo de esa ley y estamos trabajando asiduamente para
hacerlo, pero no ha sido posible cumplir el plazo inicialmente previsto
para que estuviera aprobado antes del primero de septiembre.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor ministro.
Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Rectifique su posición, señor ministro,
cumpla los acuerdos de esta Cámara y modifique los estatutos de las
fundaciones de Manacor y Alcorcón. Haga que, de una vez por todas,
desaparezca de nuestro panorama político la utilización de globos sonda,
el avanzar un paso hacia adelante
y en el mismo momento dar dos hacia atrás, el no saber si se sube o se
baja la escalera a ritmo de muñeira, etcétera. Confirme con los hechos
sus palabras y consiga de esta forma el crédito del que ahora no dispone.
Por todo ello, señor ministro, y en aras del bien de todos los ciudadanos
de este país deseamos sinceramente que sus palabras respecto a la defensa
del carácter público del Sistema Nacional de Salud y su no privatización
bajo ningún concepto no escondan ningún subterfugio o restricción mental,
que las políticas erráticas hasta ahora practicadas desaparezcan y que
los españoles puedan estar tranquilos respecto a su sistema sanitario ya
que con la salud no se juega.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Corominas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor Corominas.
Usted sabe que la defensa del sistema público de salud, por nuestra
parte, no necesita ningún estímulo. Nuestra posición en ese punto es, y
sigue siendo inequívoca. Lo es en el seno de la subcomisión del Congreso
que ha trabajado sobre estos temas, y es de lamentar que ustedes no hayan
permanecido en ella para seguir de cerca un trabajo sumamente interesante
para la modernización de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Las nuevas formas de gestión a las que se refiere ese real decreto-ley y
la ley que aprobó después este Parlamento tratan de mejorar el
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud para que dé una mejor
atención a los ciudadanos, para que se reduzcan las listas de espera.
Este es el objetivo que nosotros queremos con estas nuevas formas de
gestión que, como S. S. sabe, se aplican en muchas comunidades autónomas
de España. Comunidades autónomas gobernadas por ustedes están aplicando
pacíficamente estos mismos modelos que nosotros hemos querido traer al
Instituto Nacional de Salud, responsable de la asistencia sanitaria del
40 por ciento de la población, que estaba anquilosado y que se había
dejado ganar, en iniciativas de esta naturaleza, por los servicios de
salud de otras comunidades autónomas. Era imprescindible corregir cuanto
antes esta situación en beneficio del Sistema Nacional de Salud, de su
eficiencia y de su capacidad para atender mejor a los ciudadanos. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
No confundan ustedes presumiendo intenciones que no tenemos. No queremos
privatizar nada, queremos mejorar el Sistema Nacional de Salud, algo que,
por cierto, ustedes han dejado pasar mucho tiempo sin hacer.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON CESAR VILLALON RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL GOBIERNO INFORMAR
SOBRE LA EVOLUCION DE LA LISTA DE ESPERA QUIRURGICA? (Número de
expediente 180/000794)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 26, que formula al Gobierno el
diputado don César Villalón Rico, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, las listas de espera en los
hospitales públicos siempre han sido motivo de debate entre los gobiernos
y los grupos parlamentarios, fundamentalmente, los grupos de la
oposición, como parece lógico pensar.
Los datos sobre la demora asistencial se han utilizado para criticar la
labor de la Administración sanitaria y también han servido, en algunos
momentos, para criticar la gestión de aquellos responsables que dirigían
los hospitales y el Instituto que engloba a todos estos centros
sanitarios, aunque es verdad que tanto el debate como las críticas a las
que hacía referencia han estado más justificados más en otros tiempos que
en los actuales.
El Grupo Popular ha sido siempre muy sensible a la demanda de los
ciudadanos por la existencia de listas de espera, al considerar que éstas
van contra la equidad del sistema sanitario. Por todo esto, nosotros
reconocemos la labor del Ministerio y del Insalud que el año pasado
terminó con la lista de espera quirúrgica superior a 12 meses. Al
parecer, en el año actual uno de los grandes objetivos asistenciales,
entre otros, es que la demora quirúrgica máxima sea de 9 meses y se
establezca la demora media en 3 meses. En previsión de alcanzar estos
objetivos, le formulo la siguiente pregunta al ministro de Sanidad y
Consumo: ¿Puede el Gobierno informar sobre la evolución de la lista de
espera quirúrgica?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Villalón.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Concuerdo plenamente con S. S. en la importancia de reducir las listas de
espera y en la dimensión de equidad que tiene este problema.
Desgraciadamente,
esas demoras las padecen más los ciudadanos de menor poder adquisitivo.
Los que tienen mayor poder adquisitivo pueden buscar soluciones
alternativas, pero los otros no tienen más remedio que esperar y soportar
esas largas demoras. Luchar contra este problema en la asistencia pública
sanitaria es defender la equidad del sistema y a los más desfavorecidos.
El año pasado, efectivamente, se consiguió reducir la demora superior a
un año y reducir la demora media de 210 a 130 días. Este año nos hemos
fijado como objetivo que la demora máxima no pase de 9 meses y que la
demora media se quede en el entorno de los 100 días; reducir un mes más
la demora media y tres meses más la demora máxima y estamos trabajando
para conseguirlo. Básicamente, insistimos en las medidas que tomamos el
año pasado: incremento de la actividad quirúrgica en la jornada normal,
utilización de nuestros quirófanos por las tardes, mayor utilización de
ciertos hospitales que estaban infrautilizados, como el Carlos III, Santa
Cristina o el de la Cruz Roja, o incluso utilizar hospitales de la red
militar y, en defecto de la capacidad de todos estos centros, acudir a
los conciertos con clínicas privadas.
Esto nos está permitiendo acercarnos a los objetivos que nos hemos
señalado este año. Puedo decir que, al finalizar enero de 1997, había
23.017 pacientes con espera de más de nueve meses, mientras que en junio
esa cifra se había reducido a 17.839, lo que supone una reducción del 23
por ciento. Pacientes de más de nueve meses, reducción del 23 por ciento.
Los pacientes de más de seis meses se han reducido de 49.842 a 40.842, es
decir, un 20 por ciento menos. Una cifra que en el año 1992 estaba en
75.586, la de pacientes de más de seis meses, está ahora en 40.842. El
ritmo mensual de disminución de la lista nos permite confiar en que vamos
a cumplir el objetivo. Puedo dar algún dato más concreto. Las
intervenciones de prótesis de cadera y rodilla, que en 1996 tenían una
espera media de 313 días, en este momento la demora media se sitúa en 177
días, es decir, un 37 por ciento menos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA FERNANDA FARALDO BOTANA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
ACTUACIONES ESTA REALIZANDO EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EN
RELACION A LOS CUIDADOS PALIATIVOS? (Número de expediente 180/000795)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27 y última, que formula al Gobierno
doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo Parlamentario Popular.
Señora Faraldo.
La señora FARALDO BOTANA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, los principios básicos que han
promovido las actuaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo para 1997
son mejorar la equidad, favorecer la accesibilidad de los servicios a los
ciudadanos, mejorando así la eficiencia de los recursos del Sistema
Nacional de Salud. En base a ello, su departamento ha establecido unos
objetivos a desarrollar durante el año 1997, destacando por su
importancia el potenciar las alternativas a la hospitalización.
Está ampliamente demostrado que estas formas alternativas de asistencia
son bien recibidas por la población, especialmente por un grupo de
pacientes muy importante y amplio, como es el de los enfermos crónicos,
los enfermos de sida o cáncer, o el colectivo de nuestros mayores, por lo
que de mejora notable, tanto física como psicológica, supone para ellos
el encontrarse en su medio familiar, rodeados de un ambiente conocido,
cuando se hallan, como puede ser el caso, en la fase terminal de una
enfermedad, al tiempo que supone un beneficio para el sistema por la
liberación de camas que puede suponer una ocupación por enfermos agudos
y reducir así las listas de espera.
Entre estas formas alternativas se encuentra el establecimiento de
unidades asistenciales denominadas de cuidados paliativos. Por eso, señor
ministro, le pregunto: ¿Qué actuaciones está realizando el Ministerio de
Sanidad y Consumo en relación a los cuidados paliativos?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Faraldo.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Como señala muy acertadamente S. S., ofrecer servicios alternativos a la
hospitalización tiene ventajas para la mejor utilización de los
servicios, porque ciertamente se liberan camas de agudos que se pueden
utilizar para otras necesidades y, al mismo tiempo, tiene ventajas para
los pacientes que se sienten más satisfechos en su ambiente familiar, sin
necesidad de estar internados, siempre que se garanticen las atenciones
sanitarias imprescindibles. De ahí el desarrollo de los programas de
cirugía mayor ambulatoria, de centros de día y de cuidados paliativos a
los que más en concreto se refiere su señoría.
Este programa va dirigido a pacientes crónicos y en fase terminal, que
requieren asistencia médica básica y psicológica, además de apoyo
familiar. Este programa se desarrolla por unidades asistenciales que
prestan servicio en el propio domicilio del paciente y están integradas
por personal médico, profesionales de enfermería
y psicólogos. Tienen su base en los hospitales de área y actúan en
coordinación con los profesionales de atención primaria y los del propio
centro hospitalario.
Estamos fomentando la creación de estas unidades. En el año 1997 se
contempla la creación de 10 a 12 y se ha iniciado ya la formación
específica de los profesionales correspondientes. Para el establecimiento
de estas unidades se requiere, en primer lugar, una perfecta coordinación
entre el personal de atención especializada y de atención primaria, ya
que en este nivel asistencial es donde se continúan los cuidados
iniciados en el hospital. Las unidades de cuidados paliativos están
orientadas principalmente a pacientes oncológicos y a pacientes con sida,
si bien pueden ser controlados en las mismas enfermos crónicos o aquellos
que requieren una larga convalecencia. No hay que olvidar que los
enfermos atendidos en las unidades de cuidados paliativos son pacientes
cuyo estado físico y psicológico requiere en la mayoría de los casos un
entrenamiento de los familiares que conviven con ellos así como apoyo
psicológico, siendo muy importante que no se sientan solos ni
desasistidos en ningún momento sino que, por el contrario, se vean
plenamente respaldados por profesionales o personas que tienen amplia
experiencia en el trato con estos pacientes.
A estas ideas responde todo lo que estamos haciendo en este terreno; por
cierto, en algún caso muy de destacar con una colaboración digna de todo
encomio de la Asociación Española contra el Cáncer, que lleva a cabo una
colaboración coordinada en la atención de enfermos terminales de esta
patología en sus propios domicilios en vez de en los hospitales.
Muchas gracias, señor presidente.
INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO EN
MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS PARA PROTEGER LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN
EL TRABAJO (Número de expediente 172/000052)
El señor PRESIDENTE: Concluido el trámite de preguntas orales al
Gobierno, que constituye el punto IV del orden del día del Pleno, pasamos
al punto V, interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo
Socialista del Congreso sobre política del Gobierno en materia de
prevención de riesgos para proteger la salud y la seguridad en el
trabajo.
Para su presentación ante el Pleno tiene la palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero manifestarle al Gobierno y a la Cámara
que es verdad que este debate se ha producido o tiene en parte su origen
en el ambiente que se ha generado durante este verano como consecuencia
de accidentes de trabajo mortales, que todos lamentamos sin ningún tipo
de duda, pero yo quiero dejar bien claro que ni mi grupo ni yo mismo
vamos a caer en la tentación, como quizá han hecho otros grupos en otros
momentos, en otras legislaturas, de hacerle al Gobierno ni, por supuesto,
a ninguna de las administraciones competentes en la materia, responsables
de este tipo de hechos. Son hechos que todos lamentamos y que, sin
ninguna duda, todos queremos que no se produzcan. Sin embargo, es cierto
que cada vez que se producen accidentes de estas características --en el
mes de julio en un solo accidente hubo dieciocho personas muertas;
casualmente ayer, también, en un puerto de la comunidad valenciana, en
Sagunto, hubo otro accidente mortal, desgraciadamente a veces los males
no vienen solos-- uno piensa, los ciudadanos también, los trabajadores,
los empresarios, los responsables de las administraciones, todos pensamos
que quizá se podría haber hecho algo para que no hubieran ocurrido y, sin
ninguna duda, todos nos ponemos en marcha y todo el mundo intenta que no
vuelvan a producirse.
Partiendo de ese principio, y aunque es cierto que esa sensibilidad sobre
un problema que se ha producido en un momento puede dar lugar o ha
iniciado un proceso en el que se produce este debate y esta
interpelación, quiero dejar bien claro que este debate se tenía que
producir ya en la Cámara. Yo creo que ya era el momento adecuado para que
se produjera. Ha habido tiempo suficiente desde que el Gobierno lleva
gobernando y tiempo suficiente, también, desde que está vigente un
instrumento importante cual es la Ley de prevención de riesgos laborales
--año y medio--, y de la que habría que empezar a hacer un balance, pero,
sobre todo, porque este problema es de extraordinaria importancia, y a mí
me interesa dejar bien claro este problema. Este problema es un problema
social de enorme importancia que se traduce en algo tan simple como que
hay que decir y dejar constancia de que es mucho más importante que los
datos de que se dispone sobre accidentes de trabajo y sobre enfermedades
profesionales. Es importante no sólo porque en este país se hayan
producido 1.600 accidentes con baja cada día aproximadamente, unos años
más, unos años menos, pero alrededor de esas cifras, y no sólo es
importante porque haya tres o cuatro muertos en accidentes de trabajo
cada día en este país, según consideremos in itinere o no in itinere, es
importante porque, en cualquier caso, es la punta de un iceberg mucho
mayor. Sin duda, el Gobierno lo sabe y los que se dedican a estos temas
también. Es mucho mayor porque estos accidentes de los que hablamos hoy,
los que se registran, los que se conocen, sólo afectan a una parte de la
gente que está afiliada y con cobertura de accidentes en la Seguridad
Social. Hay tres millones de personas, que están en la Seguridad Social
y que no
tienen que declarar sus accidentes a la Seguridad Social, que no tienen
cubierta una póliza de seguro de accidentes. Pero aún hay más. Hoy todo
el mundo es consciente de que este problema, en cuanto que se refiere a
la salud del conjunto de los ciudadanos, es mucho mayor que lo que
significan las enfermedades profesionales, porque todos sabemos que una
jornada de trabajo durante toda la vida produce muchas consecuencias para
la salud que todavía hoy no se conocen. Y tengo que decir que no es un
problema sólo de este país sino global, como hemos tenido ocasión de
conocer en Bilbao estos días o hemos oído a través de los medios de
comunicación, porque la Agencia Europea que se dedica a estos temas se
encuentra en España y hemos oído hablar de este problema que, sin ningún
tipo de duda, afecta a todos los países europeos.
Era necesario que se produjera ya este debate porque existe una
preocupación social, muy sensibilizada en algunas zonas, porque los
agentes sociales, las centrales sindicales, los trabajadores, la opinión
pública en su conjunto, empiezan a conocer el problema y a sensibilizarse
pues se han producido hechos muy lamentables y todos hemos querido
ponernos corriendo a trabajar sobre el problema, todo el mundo, aunque ya
digo que tenemos que reconocer el problema. Creo que mientras no se
reconozca como tal y estemos sensibilizados con él, no encontraremos la
clave para empezar a resolverlo, porque este problema no se resuelve en
un día ni en un mes, son necesarios un esfuerzo y una tensión permanentes
para mejorarlo. Este es un problema de lo más importante, al que tiene
que hacer frente una sociedad moderna en estos momentos, también la
española.
En esto, señor ministro, no vamos bien, vamos mal; en esto y en otras
cosas vamos mal. ¿Por qué vamos mal? Ese es el debate que se tiene que
empezar a producir para ver si encontramos un camino para empezar a
resolver el problema, porque es muy triste y muy duro tener que oír
todavía --lo hemos oído en la reunión europea-- que somos de los tres o
cuatro peores países de la Unión Europea en esta materia. Yo sé --y
también hay que decirlo porque por lo menos tenemos que hablar en
términos reales de los problemas-- que es cierto también que, para
comparar los datos de España con los de otros países europeos, los datos
estadísticos que se utilizan son más que discutibles y posiblemente otros
países no están facilitando los datos de los que disponemos en España,
por lo que también quiero situar el problema en su justo término. Le
recuerdo, señor ministro, que esto hay que tenerlo en cuenta para hacer
en su momento las propuestas correspondientes a la Unión Europea.
Fíjese, el Gobierno, la sociedad en su conjunto, todas las
administraciones de las comunidades autónomas han tenido, por primera vez
en la historia de este país, un instrumento de enorme importancia para
hacer frente a un problema. Tengo que reconocer que ese instrumento ha
sido aprobado en esta Cámara prácticamente por consenso y también tengo
que decir que costó mucho sacar adelante ese instrumento, costó muchos
años de esfuerzo intentar consensuar y conseguir el apoyo suficiente de
los empresarios y de los sindicatos, al nivel que se pudo en aquel
momento; de lo contrario, un instrumento de estas características sirve
de muy poco; si no es un instrumento en que todos están implicados,
difícilmente se puede sacar adelante.
En cualquier caso, quiero dejar bien claro, señor ministro, que el
Gobierno tiene que tomar conciencia de que no se trata sólo de que
tengamos un instrumento, una ley o unos reglamentos. Es verdad que se han
dictado muchos reglamentos en desarrollo de esa ley y posiblemente
seguirán dictándose, según el grado de conocimiento del problema que
tengo en estos momentos --y supongo que el señor ministro también nos lo
comunicará--, pero el problema de la siniestralidad laboral, de los
accidentes y de las enfermedades profesionales no es sólo de normas, es
un problema de capacidad de gestionar una política que permita la
obtención de resultados concretos. Es ahí donde hay que producir la
tensión y el esfuerzo. Quiero adelantarle que en este debate posiblemente
empecemos a concordar --ya veremos si de este debate se tienen que
producir o no las mociones consecuentes del mismo--, la descripción de la
realidad, que ese sí que es un problema de enorme importancia para saber
si ustedes gestionan, con la responsabilidad que tienen como Gobierno, y
lideran una política tendente a prevenir los accidentes y a mejorar la
situación a este respecto. En este contexto tengo que decir que mi grupo
y yo particularmente no concordamos en todo lo que hemos oído estos días.
Es cierto que no coincidimos --lo hemos leído en los medios de
comunicación--, pero podemos discutir y matizar para ver si nos ponemos
de acuerdo o no. Tampoco coincidimos con algunos de los planteamientos
expuestos por altos cargos del Gobierno y de su Ministerio cuando a veces
intentan ladear el problema, como si el problema no fuera tanto conmigo
y sí con todos los demás. Es verdad que las comunidades autónomas tienen
competencias sobre la materia, pero le quiero indicar que el Gobierno de
la nación es, en mi opinión, el principal responsable de dar propuestas
y soluciones a un problema de enorme importancia. Es cierto que este
problema no se resolverá sólo con campañas de imagen, señor ministro. Yo
estoy convencido de que usted ya lo sabe --lo tiene que saber--, pero no
caigan ustedes en la tentación --los demás no caeremos tampoco en ninguna
tentación de utilizar estos problemas contra nadie-- de preocuparse sólo
de desarrollar campañas de imagen que luego en la práctica no llegan a
los sitios concretos donde están. Y usted hoy tiene que estar en
condiciones de saber que los problemas de los accidentes tienen causas
concretas, se sitúan en espacios concretos y se puede incidir en concreto
para resolverlos.
El problema, tal como lo han planteado, primero lo ladeaban, en mi
opinión --ya digo que ojalá no sea así--; ladeaban la responsabilidad si
hay otros que son responsables; pero también han ladeado, en mi opinión,
de una forma interesada, el análisis de la realidad. Porque en el
análisis de esa realidad no se puede generar la idea --creo que la ha
generado usted o el presidente del Gobierno, señor Aznar-- como si los
accidentes de trabajo tuvieran mucho que ver con los contratos
temporales. Ojalá cada vez haya menos contratos temporales --ojalá, digo,
donde no tenga que haber contratos temporales, ojalá los haya también
donde tiene que haber contratos temporales--, pero no puede generarse la
idea ante la sociedad, ni ante los sectores más sensibilizados con este
problema, de que el problema de los accidentes puede tener que ver con
los contratos temporales, porque los accidentes de trabajo tienen ya una
relación multicausal, y eso lo sabe todo el mundo que se dedica a este
tipo de cuestiones. Pero aún le diré más: el problema fundamental para
definir las causas y el origen de los problemas por los que se producen
los accidentes y las enfermedades profesionales ni siquiera es una
relación tan multicausal. Porque ese tipo de planteamientos generan
confusión y es necesario evitar esa confusión para que todos,
empresarios, sindicatos, profesionales y administraciones competentes se
pongan a trabajar para mejorar esa situación.
Le quiero exponer una cuestión porque ese tema sí que me preocupa, y me
preocupa para llegar al fondo del problema. Contratos temporales. Si
hablamos seriamente del problema de la siniestralidad laboral de los
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, tendremos que
hablar de datos y de cómo incide en cada sector este tipo de problemas.
Usted sabe que desde hace ya años los accidentes mortales van
disminuyendo en España, y ojalá que cuando lleguemos a fin de año podamos
decir lo mismo, y sinceramente espero que sí. Es cierto que la evolución
de los accidentes de trabajo en este país ha tenido mucho que ver con la
situación económica. Pero, en cualquier caso, para utilizar los datos en
relación con el problema, creo que es importante saber lo siguiente: en
el sector servicios de este país, en el que trabaja más del 60 por ciento
de la población ocupada, es en el que más contratos temporales hay; todo
el mundo lo sabe. Y todo el mundo que se dedica a esto sabe también que
es el sector en el que menos incidencia de accidentes hay, en términos
estadísticos, para poder compararlos, señor ministro (El señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, Arenas Bocanegra, hace signos negativos.).
Que sí. De todos modos, seguiremos discutiendo, pues ya veo que vamos a
seguir discutiendo. Pero le diré más: en el sector de la construcción,
que usted sabe que tiene mucho que ver...
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, le ruego que vaya concluyendo.
El señor GIMENO MARIN: ... con los accidentes, tienen mucho que ver los
contratos de obra. Usted sabe que ese contrato de obra, en lo que se
refiere a los temas de los accidentes, tiene mucho más que ver con
contratos indefinidos que con contratos temporales. No utilicen ustedes
ese tipo de problemas porque si hablara de antigüedad del trabajador o si
hablara de formación, cuando se entra a trabajar, el mismo problema tiene
un trabajador con contrato indefinido que empieza que un trabajador con
contrato temporal que empieza, si no conoce la situación de su puesto de
trabajo. La descripción de la realidad es la que es, señor ministro, y
hay que conocerla y, sin ninguna duda, hay que describirla para poder
actuar en directo y en concreto.
¿Por qué ocurren los accidentes? Yo creo que ya se ha analizado por qué
suceden los accidentes. Los accidentes en este país y en casi todos
ocurren, fundamentalmente, por un componente organizativo de la propia
empresa, en que no existe todavía una conciencia suficiente de que el
problema del accidente es un problema clave que hay que tomarlo como un
problema de organización de la empresa. Usted sabe que tiene que ver con
que no hay una organización de prevención suficientemente fuerte y
desarrollada en el conjunto de las empresas y usted tiene que saber que
en algunos casos, como es el sector industrial, el componente técnico
también produce consecuencias sobre los accidentes.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, le ruego concluya, por favor.
El señor GIMENO MARIN: Enseguida termino, señor presidente.
¿Cuál es el problema, señor ministro? Mi impresión personal es que el
sistema que tenemos de prevención de riesgos es un sistema mixto
público-privado, y usted lo sabe. Hay un modelo que existe en este país
en una ley, que es la de prevención de riesgos laborales, que se define
claramente por una serie de principios que son la prevención, la
responsabilidad, la participación y la coordinación. Mi opinión es que
durante todo este tiempo se ha producido un desequilibrio en el
equilibrio necesario entre todos esos principios, y ese desequilibrio se
ha producido porque ustedes podían pensar que el sector privado podía
resolver el problema. Esa es la opinión que yo tengo. Y ese desequilibrio
ha generado una situación que exige en estos momentos restaurar ese
equilibrio necesario, en el cual la Administración, el sector público y
el Gobierno, del que usted forma parte y es ministro responsable del
área, yo creo que tiene que tener un papel decisivo, eso sí, con la
participación de empresarios y trabajadores y con el
resto de las comunidades autónomas. Si entramos en caminos de resolver
ese tipo de problemas nos hallaremos también en el camino de encontrar la
solución a cómo deben evitarse los accidentes de trabajo y en ese
contexto veremos que podremos ponernos de acuerdo todos para mejorar una
situación que, lamentablemente, es muy dura y sigue siendo un problema
grave que hay que resolver.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Gimeno.
Para responder a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el ministro de Trabajo, señor Arenas.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, tengo que empezar mi
intervención diciendo que, después de oír los argumentos del señor Gimeno
como representante y portavoz del Grupo Socialista, le agradezco que haya
suscitado este debate, en primer lugar porque me parece que siempre es
positivo que haya debate y que haya contraste de pareceres y, sobre todo,
porque la sociedad española debe percibir que no basta con preguntas --yo
he contestado algunas en el Congreso de los Diputados y en el Senado--,
sino que, cuando hay un problema de tanta magnitud como el de la
siniestralidad, debe percibir que los parlamentarios, que en la casa de
la palabra, que es el Parlamento, se discute ese problema.
Después de agradecerle que haya suscitado el debate, quisiera decirle, si
me permite, que tras contemplar el tono y los contenidos de su
intervención, dicho debate parece, quizá, más propio de una reunión que
de una interpelación, y le diré por qué. Coincido absolutamente con el
tono que ha expresado S. S. a la hora de referirse a un problema tan
importante, en el que es extraordinariamente fácil deslizarse por el
camino de la demagogia cuando estamos hablando de sentimientos, de vidas
humanas, de calidad de vida en el trabajo, de lesiones en personas. Es
extraordinariamente fácil deslizarse por el camino de la demagogia y S.
S. no lo ha hecho, sino que ha estado muy lejos de ese camino. Y en
segundo lugar, porque básicamente también coincido con los contenidos de
su intervención.
Lo más importante en este momento para el Gobierno son las aportaciones
que pueda hacer el primer grupo de la oposición, los grupos de la Cámara,
sobre ideas concretas para que las compartamos con sindicatos y
empresarios a la hora de discutir y de atajar la problemática de la
siniestralidad. Por eso le quiero decir que, con todo el respeto del
mundo, siendo importante el debate de hoy para el Gobierno, tienen mucha
más importancia las ideas que ustedes puedan aportar para que las
estudiemos conjuntamente a través de la correspondiente moción o en otra
vía parlamentaria, si lo estiman conveniente.
Yo le quiero decir que la preocupación que tiene el Gobierno por la
siniestralidad es total. ¿El Gobierno busca excusas para justificar que
se ha incrementado la siniestralidad en los primeros seis meses? No las
busca. ¿Responsables de ese problema? Si me lo permite, todos: Gobierno,
comunidades autónomas competentes, organizaciones sindicales,
organizaciones empresariales, mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional y, por supuesto, los grupos políticos que quieran
incorporarse a este debate con el tono constructivo en que lo ha hecho su
señoría. ¿Cabe decir que hay incremento de la siniestralidad cuando se
produce un incremento en la actividad económica y un incremento de la
población ocupada? Eso es rigurosamente cierto en terrenos estadísticos,
pero no me he referido nunca a esa cuestión porque no quiero que suene
como excusa para justificar el incremento de los siniestros laborales en
España.
Si me permite una matización a los datos que ha ofrecido, la inmensa
mayoría de ellos datos correctos, le diré que en el primer semestre de
1997 la peor evolución se ha dado en el sector servicios y la mejor en la
construcción y en la industria. Por lo tanto, hay que tener mucha
preocupación por todos los sectores y ver la evolución de cada uno de
ellos. Los datos que ha dado su S. S. referidos a los accidentes que
provocan pérdidas de vidas humanas son exactos y simplemente le quería
hacer esa matización. ¿Qué podemos hacer juntos, señoría? En primer
lugar, compartir el diagnóstico y yo comparto el que ha hecho usted, con
una pequeña matización. En mi opinión, cuando hablamos de prevención de
riesgos laborales, más relevancia incluso que la actuación de la
Inspección de Trabajo, que se ha incrementado espectacularmente en el
primer semestre (un 117 por ciento en las sanciones impuestas para
incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, un 56
por ciento más de actas levantadas por la Inspección de Trabajo), tiene
el que nos planteemos en España una nueva cultura de la prevención; el
que invirtamos en formación tiene mucha más importancia que la actividad
inspectora. Se lo quiero resumir diciendo que hace poco estuvimos en
Bilbao, reunión a la que usted ha hecho referencia y en la que participó
el primer ministro de Luxemburgo, que preside actualmente la Unión, y el
presidente Aznar. El eslogan de aquella reunión no podía ser más
acertado: salud en el trabajo, un buen negocio. Para mí lo más importante
es que todos nos convenzamos de que la inversión que se haga en salud en
el trabajo es un buen negocio para el Gobierno, para las fuerzas
políticas, para los empresarios --y esto es importante pues se tienen que
convencer de que es un buen negocio--, y sin duda es un extraordinario
negocio para los trabajadores, que van a perder
menos vidas, que es el gran patrimonio que estamos discutiendo en este
caso.
Cuando yo le digo que lo importante es la prevención y la formación, hay
un dato que si quieren podemos discutir: en este momento la tasa de
siniestralidad en la contratación de indefinidos en España es menos de la
mitad que la tasa de siniestralidad en los contratos temporales. Ese es
un hecho científico que no se puede discutir. Es un hecho estadístico. Si
quiere luego podemos analizar ese problema sector a sector. Ha hecho
referencia a que hay mucha temporalidad en los servicios. Sí, hay mucha
temporalidad en los servicios y precisamente en este primer mes hemos
tenido un incremento de la tasa de siniestralidad en servicios, que ha
pasado del 20,3 al 21,6. Pero hay un hecho cierto: se producen más del
doble de siniestros en torno a los contratos temporales que a los
indefinidos, me refiero porcentualmente y comparando cantidades
homogéneas en porcentaje de número de accidentes por cada mil
asalariados. Dice usted: ¿Y qué piensa el Gobierno de eso? Que en lo que
significa la prevención de riesgos laborales, la formación y la
información son fundamentales y que desde luego no tiene las mismas
oportunidades de obtener una formación impecable en materia de prevención
de riesgos laborales un trabajador que goza de un empleo estable, que
tiene un contrato indefinido, que un trabajador que esté sometido a una
rotación permanente o a un contrato temporal cada dos meses. Eso me
parece un hecho cierto. Por tanto, yo creo que en la medida en que
consigamos que en España (y eso lo defienden ustedes, lo defendemos
nosotros, los sindicatos y los empresarios) haya más empleo estable,
también estamos luchando eficazmente contra la siniestralidad laboral.
¿Se pueden hacer cosas? Muchas. Señor diputado, muchas cosas se pueden
hacer. La primera ya se ha puesto en marcha y lo ha reconocido su
señoría. ¿Qué ha hecho este Gobierno? Primero, cerrar con sindicatos y
empresarios un acuerdo social en materia de prevención de riesgos
laborales. No hemos tomado ni una decisión sin contar con sindicatos y
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales. Segundo,
desarrollar la Ley de prevención de riesgos laborales, que es
rigurosamente cierto que está en vigor desde hace más de año y medio,
pero faltaban los reglamentos de desarrollo de dicha ley; el primero, el
reglamento básico y una serie de reglamentos que, como usted ha
reconocido, a lo largo del último año hemos ido desarrollando a través de
órdenes o reales decretos. ¿Qué nos queda todavía y falta muy poco? Nos
queda: buques y un apartado de construcción. Eso es lo que nos queda. Y,
cuando hemos presentado esos reglamentos de prevención y los desarrollos,
previamente hemos discutido con sindicatos y empresarios sus contenidos
y han dado su conformidad.
¿Qué ha hecho el Gobierno? Constituir la Comisión nacional con presencia
de mutuas, sindicatos y empresarios de comunidades autónomas y del propio
Gobierno. ¿Qué ha hecho el Gobierno a petición de los sindicatos --se lo
repito--, a petición de los sindicatos? Preparar una campaña de
concienciación para toda la sociedad española para el mes de noviembre.
Usted y yo no recordaremos en nuestra vida otra campaña que la de otros
tiempos en la que aparecía un trabajador con un casco y decía: Trabaja,
pero seguro. No sé si usted se acuerda de esa campaña. No tenemos en la
memoria más campaña que ésa. Si los sindicatos nos piden una campaña
pública de concienciación, el Gobierno ha buscado los fondos y en
colaboración con el Forcem hará esa campaña de concienciación.
¿Se puede seguir incrementando la actividad de la Inspección de Trabajo?
Sí, pero no va a ser el remedio. ¿Se puede conseguir que el empresario
que más invierta en prevención de riesgos laborales y obtenga mejores
resultados consiga alguna deducción en la cuota de accidentes de trabajo?
En mi opinión también. ¿Se puede hacer un plan de choque contra la
prevención? Esta mañana, a la una y media, he firmado con las mutuas de
accidentes de trabajo un plan de choque por valor de 32.500 millones de
pesetas para 1997-1998. ¿Plan de choque dónde? Primero, en todos los
sectores económicos donde hay mayor porcentaje de siniestralidad;
segundo, en la pequeña y mediana empresa, que es la que tiene más
dificultad de acceso a la información y a la formación en materia de
prevención de riesgos laborales; y, tercero, en ciertas profesiones
específicas (trabajadores expuestos a radiaciones, trabajadores expuestos
a riesgos de alta tensión, trabajadores que manejan materiales
explosivos). Luego, allí tenemos 32.500 millones de pesetas para un plan
de choque en la prevención de los siniestros laborales.
Señorías, puede haber nuevas ideas. Lo que más me interesa de este debate
son las ideas que pueda aportar el Grupo Parlamentario Socialista. El
Gobierno más que nunca en esta cuestión está abierto al diálogo; el que
habla en este momento tiene bastante propensión al diálogo y al acuerdo
y casi siempre entiende que las cosas no son blancas ni negras sino que
hay muchos terrenos grises. Ojalá que en este caso el diálogo con su
grupo parlamentario y con todos los demás no nos lleven al gris sino a
soluciones brillantes que nos permitan tener tasas de siniestralidad
inferiores.
La semana pasada yo le he pedido, por escrito, a la Unión Europea que
homologuemos las tasas de siniestralidad --usted lo ha dicho--, porque
estamos hablando de conceptos jurídicos distintos; estamos hablando de
conceptos administrativos distintos. Algunos países no aportan cifras
sobre siniestralidad. ¿Eso justifica que en España la situación no sea
preocupante? En absoluto; la situación en España es preocupante. Pero
debemos contar con estadísticas europeas --la última sólida que se conoce
es la del año 1993 de Eurostat--; que se trabaje sobre criterios
homogéneos, conceptos
administrativos similares y conceptos jurídicos análogos. Pero no los
tenemos en este momento.
Por lo tanto, bienvenida sea su intervención, bienvenidas sean sus ideas
y las de todos los grupos de la Cámara. Yo le garantizo que en este caso
muy especialmente hay que dialogar hasta la extenuación y nuestro
Gobierno no va a tomar ninguna medida al margen de las organizaciones
sociales que son fundamentales también en esta materia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Trabajo.
El señor Gimeno tiene la palabra.
El señor GIMENO MARIN: Gracias, señor presidente.
He escuchado con interés la intervención del ministro y tengo que decirle
que mi grupo está dispuesto, como ya he dicho en mi intervención, a
entrar en esa discusión y en ese diálogo para encontrar soluciones a un
problema grave para el conjunto de los trabajadores y de la sociedad
española y, por supuesto, según no sólo lo que ha dicho sino por el
debate que se está empezando a producir, mi grupo también está dispuesto
a hacer propuestas concretas, siendo consciente de que en este debate y
en este asunto tienen que participar, sin ninguna duda, los sindicatos y
los empresarios, siendo consciente también de que en esta cuestión las
comunidades autónomas tienen mucho que decir. Ya está previsto en todos
los instrumentos con los que estamos funcionando en este momento.
Con algunas de las cosas que ha dicho estoy de acuerdo; en otras,
continúo pensando que sigue introduciendo matices. No voy a entrar ahora
en la discusión del tema de la temporalidad, puesto que va a haber más
espacio para discutirlo. Vuelvo a insistir en la significación de los
contratos de la construcción. Traslade usted 100.000 accidentes de la
construcción que tienen contrato de obra; contrato de obra que es
temporal por definición legal, pero los contratos de obra son temporales
sui generis. Guste o no guste, esto es así. En cualquier caso, coincido
con usted en que la falta de información y de formación es un problema
clave que afecta a todos, a los fijos y a los temporales. Es posible que
cuanto más fijo esté uno, tenga más tiempo para formarse, pero no siempre
es así.
Usted sigue pensando que porque se va a llegar a un acuerdo con las
mutuas patronales (que sí tienen que trabajar, y en alguna orden
ministerial que se había aprobado estaba previsto que se les iban a
transferir los fondos de accidentes para poder montar esos servicios de
prevención que ellas van a gestionar) se puede mejorar esta situación; ya
lo sé. Pero, ¿cuál es el problema? El problema que veo es que usted dice:
la Administración va a funcionar y la Inspección de Trabajo ha hecho
mucho más. Yo le recomiendo que lea la intervención del director general
de la Inspección de Trabajo a principios de año; se lo digo porque luego
también podremos comentarlo. En cualquier caso, al margen de eso, el
problema es que la Inspección de Trabajo no puede funcionar sólo diciendo
cuántas visitas relativas a temas de seguridad e higiene tiene que hacer.
Tiene que saber cómo tiene que hacer su trabajo, no sólo porque sepa o no
sepa hacerlo, sino porque hay que dirigirla a los problemas concretos.
Le diré más. Es verdad que éste es un problema que exige concienciación
y responsabilidad de todos, por supuesto; pero en este momento del que
partimos hoy, el agente impulsor fundamental tiene que ser el Gobierno.
Con todos, sí; pero tiene que tirar hacia adelante, porque yo sigo
pensando que se está perdiendo el equilibrio que significa el modelo de
prevención mixto público-privado que tenemos en este país. Y a la hora de
evitar ese desequilibrio, usted sigue pensando siempre en determinados
problemas. Discutiremos algunas de las medidas que me ha anunciado hoy,
sin ningún tipo de duda. Yo personalmente sé que están dentro de las
previsiones legales que existen actualmente; pero, por ejemplo, ¿no se le
podía ocurrir a usted que habría que penalizar a los que tengan más
accidentes y no al revés, es decir, primar a los que cumplan la ley? A
los que cumplan la ley, pues que la cumplan; pero a lo mejor hay que
penalizar a los que no la cumplen. ¿No podríamos hacerlo al revés, como
lo hacen las compañías de seguros de accidente de coche? El significado
es distinto. Sé que el problema está en las previsiones de la ley, y
estoy seguro de que en las discusiones surgirán también propuestas de ese
tipo.
En cualquier caso, aceptamos sin ningún tipo de duda el reto que se
plantea: conseguir que en este país disminuya la siniestralidad laboral,
siendo conscientes de que es un problema complejo, difícil y que exige
tiempo y tensión. Pero uno de los matices que nosotros hacemos es que el
Gobierno tiene que jugar un papel mucho más importante para resolver el
problema. ¿Por qué? Por algo muy simple que no hemos citado nosotros en
las estadísticas. Usted sabe que en las empresas más grandes no hay
problema --¡si ya lo sabemos!-- porque ésas sí que entienden el concepto
económico del accidente de trabajo, que no es el más importante. Es un
problema que hay que tener en cuenta, pero es más importante el concepto
de salud. Ya sé que las grandes empresas entienden el problema económico
del accidente de trabajo. Para una gran empresa de más de 1.000
trabajadores, es rentable y, para una gran empresa de más de 500,
también. Por eso las estadísticas dicen lo que dicen, que ahí no está el
problema. El problema está en el resto de las empresas, y donde mayor es
el problema es en las empresas más pequeñas. ¿Quién asume el papel de
tirar para adelante con ellas? La Administración y el sector público con
todos, con los empresarios, con los sindicatos
y con todo el mundo; pero hoy partimos de donde partimos. Repito que los
problemas que tenemos son de sociedades modernas --también ocurren en
Europa--, pero lo que le estoy planteando es que si generamos una idea de
que hay que ladearlo sólo hacia las mutuas o hacia una situación cuasi
privada del problema --las mutuas también son Seguridad Social, por
supuesto; no digo que no lo sean-- y no hay un tirón del sector público,
difícilmente podremos llegar a los niveles que hay que llegar porque
todos no van a entender que es un problema de interés económico. ¿Por
qué? Porque tienen otros muchos problemas.
De acuerdo. Entraremos en la discusión, haremos propuestas e intentaremos
resolver y mejorar entre todos el problema de la siniestralidad laboral.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gimeno.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, voy a intervenir con mucha brevedad y para contestar muy
brevemente a los planteamientos que ha hecho el portavoz del Grupo
Socialista en esta segunda intervención, en la que nos viene a decir:
estamos de acuerdo, vamos a seguir hablando, estudiaremos las propuestas,
pero no se queden quietos. Eso es lo que nos viene a decir.
Quiero decirle que, desde luego, los políticos que se ponen medallas son
los que al final terminan siempre regular. Pero, en esta materia, todo
menos quedarnos quietos. Después de año y medio hay un reglamento de
prevención de riesgos laborales, el básico; una Comisión nacional de
seguridad y salud en el trabajo; un acuerdo en el diálogo social sobre
prevención de riesgos laborales; un Real Decreto sobre servicios de
prevención; una orden ministerial sobre las mutuas de accidentes de
trabajo; un Real Decreto sobre trabajadores expuestos a radiaciones; un
Real Decreto sobre señalización y seguridad; otro sobre lugares de
trabajo; otro sobre manipulación de carga; otro sobre pantallas de
visualización; otro sobre agentes cancerígenos; otro sobre agentes
biológicos; otro sobre equipos de protección individual, y cinco más.
Usted a eso no puede llamarlo estarse quieto, cuando no hay Consejo de
Ministros en el que no se aborde la prevención de riesgos laborales. Por
lo tanto, el balance de actividad del Gobierno en esta materia --en mi
opinión-- es extraordinario. Lo que a mí me preocupa es que el balance de
eficacia no sea extraordinario. Pero de quietos, nada.
Me pregunta usted por qué bonificamos a los empresarios que inviertan y
tengan buenos resultados y no penalizamos. Usted recuerda la intervención
que hizo a primeros de enero el director general de la Inspección de
Trabajo, y yo estoy hablando del balance --como usted sabe-- de los
primeros seis meses. Los que no cumplían la norma fueron objeto de
sanciones en 1996 por 1.900 millones de pesetas, y este año por 4.200
millones. Las sanciones se aplican, y este año ha habido un incremento
del 62 por ciento en el número de actas de infracción, pero tenemos que
hacer un esfuerzo todos para que se convenzan también los empresarios de
que es una buena inversión la prevención de riesgos laborales.
Su señoría se ha referido posteriormente a un acuerdo que estoy
preparando con las mutuas. Efectivamente, tiene buena memoria porque ha
hecho referencia a una orden ministerial, la Orden ministerial de 22 de
abril. Pero no estoy preparando el acuerdo, que ya lo he firmado esta
mañana: un total de 32.500 millones de pesetas. ¿Para quién? Pequeña y
mediana empresa, peores sectores en siniestralidad y trabajadores
sometidos a especiales riesgos. Pero ya lo he firmado, no es que lo esté
preparando.
La campaña de concienciación a mí me parece utilísima si nos vamos a
gastar cerca de 1.000 millones de pesetas diciéndole a toda la sociedad
española, primero, que todos somos responsables; y, segundo, que todos
podemos hacer algo. A la espera de sus noticias constructivas nos
quedamos, y muchas gracias por el tono de su intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Trabajo.
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Vázquez, por el Grupo Mixto.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoras y señores diputados, la interpelación que presenta el Grupo
Socialista acerca de la política del Gobierno en materia de prevención de
accidentes y salud laboral, a mí, desde luego, sí que me parece de lo más
oportuna. No estoy tan seguro de coincidir en las medidas que hay que
adoptar para intentar paliar este problema. En todo caso, esta iniciativa
siempre es oportuna, porque los accidentes laborales, efectivamente,
tienen unas causas en parte inevitables, pero en muchos casos, desde el
punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, son evitables si se
practica una política adecuada. (El señor vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Por lo tanto,
estimular al Gobierno a perfeccionar y a mejorar las medidas para que no
se produzcan y a ejercer sus responsabilidades debe ser una tarea de este
Congreso. Aunque, a la luz de lo que acaba de decir el señor Arenas, no
sé si cabe algún estímulo más a lo que ya el Gobierno --como siempre--
está haciendo. Porque los gobiernos, cuando se presenta cualquier
problema, siempre están en ello.
Decía que era más oportuna en el tiempo porque es una evidencia, o por lo
menos es una sensación social,
que existe un gran número de accidentes laborales, un incremento de la
siniestralidad, desde luego, demasiado elevada para una sociedad como
ésta, que se presume desarrollada; una siniestralidad que no es necesario
decir a SS. SS. que causa problemas muy graves de tipo social y
económico. No se trata de insistir, pero conviene recordar que tiene
consecuencias dolorosas para las familias que, por ejemplo, pierden a un
ser querido; tiene consecuencias económicas para esas familias porque, en
muchos casos, pierden a la persona que se encarga de llevar el sustento
a casa, o tiene consecuencias para quien padece una enfermedad
profesional o de invalidez. Por tanto, estamos ante un tema de capital
importancia, sobre el que habría que discutir con seriedad. Hay que hacer
un diagnóstico de cuáles son las causas de los accidentes, ver lo que
está pasando, para que se pueda corregir de una manera seria; no se puede
tomar como un asunto más o menos burocrático.
Existe una Ley de Prevención de Riesgos Laborales que puede ser más o
menos mejorable, pero una ley al fin y al cabo que me parece muy
importante, aunque también es una evidencia que la existencia de un marco
legal, que es fundamental en cualquier campo, no garantiza por sí mismo
que cause los efectos que se buscan si la Administración no hace lo
necesario para que se cumpla esa ley. Desgraciadamente, la impresión que
yo quiero manifestar aquí es que la ley se cumple poco. Y aparte de ese
problema legal, está lo que cotidianamente sucede, la realidad en que se
mueven las trabajadoras y los trabajadores, con las condiciones en las
que están. Señoras y señores diputados, estamos viendo cómo una
determinada filosofía económica que preconiza la obtención del máximo
beneficio, esa especie de competitividad siempre buscada vía recorte de
gastos laborales, trae inevitablemente alguna de estas consecuencias.
En materia de prevención de riesgos laborales, en primer lugar, estamos
ante una cuestión económica, porque las medidas de seguridad e higiene en
el trabajo tienen costes para las empresas, y así como es verdad que hay
empresarios dispuestos a recortar sus beneficios para que los
trabajadores tengan las medidas necesarias de protección, también es
verdad que hay otros muchos que se niegan a tomarlas, lo cual es una
evidencia, dando lugar, por cierto, a una competencia desleal que
favorece a aquellos que son incumplidores. Ahí es donde me parece que la
Administración tiene una responsabilidad, es decir, tiene que exigir que
se cumplan todas las medidas legales y dotarse de medios suficientes y
ágiles para obligar a cumplirlas a aquellos que no lo hacen. Se
incrementarían las labores de inspección, yo no lo dudo, pero el señor
ministro convendrá conmigo que los medios de los que hablamos hoy son
claramente insuficientes. Desde nuestro punto de vista, en el incremento
de los accidentes laborales también influye de una manera decisiva la
temporalidad en el trabajo y, cómo no, la superexplotación a la que se
ven sometidos muchos trabajadores, y eso es así, con las consecuencias de
falta de cualificación profesional o de agotamiento físico que se están
produciendo hoy en muchos tajos.
Tampoco es menos importante lo que está sucediendo, especialmente en
algunos sectores productivos, acerca de la garantía de los derechos de
los trabajadores, y quiero hacer hincapié en ello; si al Ministerio le
interesa, que recoja lo que voy a decir: es una evidencia que a los
trabajadores cada vez les resulta más difícil que se cumplan las normas
de seguridad e higiene. En muchas empresas, señoras y señores diputados,
basta que un trabajador solicite el cumplimiento de la ley en esta
materia para que la amenaza de despido la tenga encima de la cabeza, y
esta es una realidad incuestionable.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vázquez, le
ruego que concluya, por favor.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Acabo, señor Presidente. No es
cuestión de relatar prolijamente todo lo que está sucediendo, pero les
recomiendo a muchos de ustedes que hablen más con los trabajadores
directamente y menos con las cúpulas sindicales, porque yo no sé si hay
una sintonía en esta materia.
En todo caso, para concluir, señor presidente, a mí me parece que los
accidentes laborales tienen muchas causas, pero si se quiere abordar este
problema deben tenerse en cuenta cuestiones importantes como la de
mejorar o reformar aquellos aspectos legales que sea necesario, para que
los marcos legales no originen dudas; coordinar la actuación de las
distintas administraciones que tienen competencia en esta materia;
incrementar los medios de inspección; agilizar la tramitación de
expedientes; hacer efectivas las sanciones por incumplimiento de la ley;
disminuir la temporalidad en el empleo; aumentar la formación y
garantizar los derechos de los trabajadores, en este caso, garantizar el
derecho de los trabajadores a exigir el cumplimiento de las normas en
esta materia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
No voy a ser yo, señorías, quien rompa este clima de debate sosegado y
constructivo sobre este tema, que, sin duda alguna, afecta a los
trabajadores y a muchas
familias españolas. Yo creo que hemos avanzado, hemos dado pasos
importantes en esta materia. El hecho de que la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y los distintos reglamentos estén ya en vigor es un
paso adelante, sin duda alguna; sin embargo, es verdad lo que decía el
señor ministro de Trabajo, ahora de lo que se trata es de que esa
legislación sea eficaz. Este es el problema. ¿Por qué una legislación
consensuada con los agentes sociales que, en principio, tuvo un consenso
muy amplio, sin embargo no es eficaz? Los datos están ahí: crecimiento
del 6,4 por ciento de accidentes en el período de enero a junio de este
año respecto al anterior, esos trescientos veintisiete mil y pico
accidentes de trabajo, de los cuales 505 fueron mortales, es decir, un
5,9 por ciento más que el año anterior. Sin duda alguna habrá que decir
que la legislación no es el problema, habrá que decir que la falta de
consenso no es el problema, sin embargo habrá que constatar que, según la
encuesta nacional de condiciones de trabajo, se produce un incumplimiento
de la legislación del 85 por ciento. Yo creo que el diagnóstico no está
hecho del todo, nadie por tanto tiene una verdad absoluta sobre el tema
ni puede arrogarse el éxito completo de un diagnóstico total y definitivo
sobre el problema, de ahí este tono sosegado y efectivamente
constructivo, pero habrá que empezar a escarbar para saber en dónde está
el problema. ¿Quizá en las empresas de uno a seis trabajadores, que
representan más del 80 por ciento de las empresas españolas, no se hace
nada y hay dificultades objetivas para poder hacer cumplir esa
legislación? ¿Quizá porque las empresas de seis a 49 trabajadores tienen
el 90 por ciento de los accidentes que existen en España? ¿Quizá habrá
que llevar a cabo una acción encaminada fundamentalmente al cumplimiento
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales justamente en las pymes? Yo
creo que son datos importantes a contemplar.
Hay incumplimientos, y eso quiere decir que hay una ineficacia de nuestro
sistema sancionador. Yo creo que sí, porque es verdad que se ha
incrementado el número de sanciones impuestas por nuestra Inspección de
Trabajo, pero hay que decir también que sólo el 10 por ciento de esos
millones de pesetas que han significado las sanciones se ha recaudado.
Ese es un problema, es un problema de falta de eficacia de la sanción.
Por tanto, hay que tener en cuenta nuestras limitaciones legales a la
sanción. Las sanciones de hasta 15 millones de pesetas las impone la
Dirección General, hasta 50 millones de pesetas las impone el ministro,
luego hay otras que tiene que imponerlas el Consejo de Ministros. Siendo
así, tendría que contemplarse más la gravedad del hecho que la cuantía de
la sanción pecuniaria. Por tanto, a lo mejor hay que corregir estas
limitaciones legales a las sanciones y, junto a esto, las deficiencias de
nuestra Administración inspectora. En Bilbao se ponía el ejemplo danés:
para tres millones y medio de trabajadores hay 700 inspectores; en
España, para un poco menos de 15 millones de trabajadores, hay 516
inspectores. Por tanto, quiere decirse que, en cualquier caso, nuestra
Administración inspectora es insuficiente.
Además, pese a que el artículo 54 de la ley plantea vincular los
contratos del Estado al carácter cumplidor en materia de prevención de
riesgos laborales de las empresas contratistas, ni siquiera existe un
registro u otro mecanismo controlador, por ejemplo, un catálogo de
empresas incumplidoras, que sirva para proceder o no a la
desincentivación del relajamiento en el cumplimiento de la norma. Yo creo
que estas cuestiones son importantes y, de alguna forma, articulan y
traban los mecanismos administrativos en función de los cuales, al final,
se produce la eficacia sancionadora e incentivadora del cumplimiento de
la ley. Potenciación, en cualquier caso, de la Inspección de Trabajo y de
las normas que la contemplan, así como del Instituto Nacional de
Seguridad en el Trabajo.
Nos satisface que haya ya un acuerdo sobre el papel de los servicios de
prevención que tienen las mutuas porque, sin duda alguna, si ellas no
asumen el papel de servicios de prevención, va a haber una pata quebrada
en el sistema. Al mismo tiempo, los empresarios tendrán que dejar que
funcionen los delegados de prevención, formándolos y permitiendo la
participación y el control sindical efectivo. Yo creo que hay que poner
en marcha estos temas y comprobar si están funcionando o no.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Junto a esto, debe haber una cultura en la que
el empresario incumplidor lleve encima --como dicen algunos papeles de
Comisiones Obreras-- una especie de estigma social, porque no estamos de
acuerdo en que se produzca de nuevo otro precedente más, otro más, de
reducción de las cuotas de la Seguridad Social, entre otras cosas porque
es hacer de la excepción regla, y ese no es el camino. Hay que hacer que
el empresario cumpla por sí mismo porque, en caso contrario, tendría
encima una sanción moral de toda la sociedad.
¿El problema está solamente en el incumplimiento y en la falta de medios?
Señorías, si no se incide en el cambio de las condiciones de trabajo, si
no se entiende que efectivamente son los nuevos métodos de organización
del trabajo los que están provocando esa exarcerbada y ensalzada
competitividad a toda costa, los que generan esas nuevas y rancias
condiciones de trabajo, de sobreexplotación, si no se entiende que eso es
lo que en buena parte está generando los accidentes de trabajo, no
habremos entendido nada. ¿O no es verdad que se potencia la
irresponsabilidad de las empresas principales mediante las contratas y
subcontratas, que tienen que tirar para abajo los costes a la hora de
competir
en la puja o en la licitación por los contratos con las empresas
principales?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, debe
concluir.
El señor VAQUERO DEL POZO: Sí, señor presidente, acabo enseguida.
Todo ello nos devuelve al debate --y no voy a insistir en ello por falta
de tiempo y por respeto a esta Cámara-- inacabado sobre el mercado de
trabajo. En cualquier caso, señorías, Comisiones Obreras nos propone 10
puntos, uno de ellos es la creación de una Comisión parlamentaria que,
asesorada por expertos y agentes sociales, elabore, en el plazo de seis
meses, el libro blanco de la salud laboral en España, donde, entre otros
puntos, plantea constituir un observatorio de riesgos laborales
tripartito y estable. Me hago eco de esta propuesta, esperando que
también lo haga esta Cámara en su conjunto.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
DE LOS EMIGRANTES QUE VIENEN A ESPAÑA, SU SITUACION SOCIAL Y LABORAL, ASI
COMO PARA MITIGAR LAS DIFICULTADES DE TODO TIPO QUE ENCUENTRAN A SU
LLEGADA (Número de expediente 172/000053)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno para solucionar los problemas
de los emigrantes que vienen a España, su situación social y laboral, así
como para mitigar las dificultades de todo tipo que encuentran a su
llegada.
Para su presentación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Señor presidente, señorías, señor ministro, el
Grupo de Izquierda Unida presenta esta interpelación desde el dolor y el
sufrimiento acumulados por eso que se viene a llamar socialmente el
fenómeno de la inmigración, para que entre todas y todos hagamos un hueco
en esta Cámara para buscar soluciones frente al drama y al sufrimiento
que se están produciendo por no dar soluciones adecuadas a este fenómeno,
alguna de ellas en dirección contraria a la que, desde nuestro punto de
vista, se debería tomar.
Señor ministro, estamos ante una situación límite, insostenible e
indigna. Límite porque la semana pasada hubo siete muertos y 18
desaparecidos en aguas del Estrecho, dato que suma ya 200 muertes en
nueve años por naufragios de pateras. Detrás de esos datos hay rostros,
hay nombres y apellidos, aunque nunca los vamos a conocer en España, pero
no estamos hablando de personas sin rostro, sino de personas que han
muerto por intentar, sencillamente, llegar a otro país. Una situación
insostenible por las propias condiciones de vida de los campamentos de
Calamocarro y Granja, de Ceuta y Melilla, en los que están hacinados, en
condiciones deplorables, viviendo sencillamente como animales, y una
situación indigna por las propias condiciones de vida y de trabajo de los
que consiguen llegar, sorteando mil dificultades y arriesgando su vida,
a la Península. Desde luego, nosotros queremos manifestar que no estamos
dispuestos a convivir con esta realidad, que nos rebelamos frente a ella
y queremos transmitir este espíritu de rebeldía tanto a la Cámara como al
propio Gobierno.
Entendemos que no se debe demorar por más tiempo la puesta en marcha de
medidas legislativas, administrativas y sociales para resolver lo que
nunca debió ser considerado como un problema de control policial: la
situación del inmigrante desde su llegada a España. Creemos, señor
ministro, que el Gobierno no puede mirar a otro lado frente a esta
realidad y, si lo hacen, serán cómplices de esta situación. España,
además, como usted bien sabe, como sabe la Cámara, es un Estado con dos
millones de emigrantes que han luchado por sus propios derechos, muchas
veces en solitario, otras veces con ayuda de la Administración, pero
desde luego es un país que sabe perfectamente de lo que estamos hablando;
una sociedad que ha sufrido en sus carnes la realidad de abrirse camino
en países extranjeros.
Por tanto, señor ministro, vamos a reclamar, vamos a exigir trabajar en
dos direcciones, con iniciativas legislativas, gubernamentales y
sociales, en relación a los problemas derivados de la inmigración y en
relación a las condiciones de vida de los inmigrantes en España.
En relación con la entrada de inmigrantes, queremos manifestar que se
pretende presentar interesadamente el problema de la inmigración como la
invasión de las masas desposeídas y pobres al norte rico, con el riesgo
de despojarnos de nuestro bienestar. Esta realidad es, sencillamente,
falsa. De los cien millones de personas obligadas a abandonar sus países,
sólo un 15 por ciento están en la Unión Europea. Las migraciones modernas
se producen, fundamental y mayoritariamente, en sentido sur-sur, es
decir, entre países pobres. La magnitudes de inmigración en España son
insignificantes, podemos hablar de una población aproximada de 500.000
personas; la propia OCDE dice que un 0,9 por ciento de nuestra población
la componen personas
inmigrantes. Desde esa realidad entendemos que el cierre de fronteras no
controla ni controlará el flujo de inmigrantes. Por tanto, las muertes en
el Estrecho no son consecuencia de la propia inmigración ilegal o sin
papeles, sino del cierre de fronteras practicado por la Unión Europea.
Además, entendemos que la propia determinación, a pesar del riesgo de
muerte, que tienen estas personas por llegar a este país demuestra lo
inútil de esa política de intentar levantar un muro en el Estrecho.
Izquierda Unida votó en su día en contra de la ratificación del Tratado
de Schengen al resolver en un mismo paquete la colaboración
intergubernamental en materias como narcotráfico, terrorismo e
inmigración. Se sigue insistiendo en el tratamiento policial y la
inmigración no se trata como lo que es: un problema social, sencillamente
social. La inmigración, esta inmigración, tiene que ver con los ciclos de
reestructuración de los sistemas de producción, y cuando se produce es
sencillamente porque existe demanda de trabajo. El actual ciclo de
inmigración se produce porque existe esa demanda; si no existiera esta
demanda, no existirían mafias en relación con el problema de la
inmigración. Por tanto, las políticas restrictivas policiales no
resolverán este problema.
Efectivamente, somos frontera europea y frontera con dos países del norte
de Africa, Marruecos y Argelia, países conflictivos, ya que la dictadura
alauita y la guerra civil encubierta de Argelia agravan todavía más ese
papel que se pretende hacer cumplir a España: una especie de muro de
contención de la inmigración procedente de Africa, una especie de garita
de guardián de Europa. Nosotros entendemos que, frente a eso, hace falta
una política diferente, una articulación de políticas comunes sobre
entradas y salidas elaborada por el Parlamento Europeo y los parlamentos
nacionales --por este Parlamento-- que garanticen el flujo normalizado de
la inmigración.
Señor ministro, la vergüenza de los centros de Ceuta y Melilla convierte
al triángulo Ceuta-Melilla-Algeciras en el triángulo de la vergüenza. Yo
le animo a que visite estos campamentos. La Granja, en Melilla, y
Calamocarro, en Ceuta, son la expresión de la degradación humana: 800
personas hacinadas, sin condiciones mínimas de habitabilidad, en
condiciones absolutamente indignas. Viendo estos dos centros de Ceuta y
Melilla da la impresión de que se les abandona a su suerte. Ceuta y
Melilla están fuera del paraguas de seguridad de OTAN y también están
fuera de Schengen, y da la impresión de que estas comunidades tuvieran
que resolver ese problema como si fuera suyo y no de la sociedad, del
Estado español, dando esta impresión de abandono, una impresión que no es
de recibo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en estos dos
campamentos.
Además, se da una situación absolutamente hipócrita. Si estos ciudadanos
que viven en estas condiciones fuesen españoles, la propia realidad
social impediría esta situación, pero como no lo son, sino que algunos
son de color, otros son argelinos, otros son marroquíes, a la gente le
parece que no va con ellos. Desde luego, por parte de la acción
gubernamental, por parte del Gobierno, no se debía permitir esta
situación ni un minuto más.
Pero, aparte de los problemas de los centros de la Granja y Calamocarro,
en Ceuta y Melilla, la realidad es que no se aplica la propia ley: se
demoran los trámites exigidos para la recepción de personas no
documentadas; se han repatriado personas procedentes de países en guerra,
algunas de las cuales se han saldado con la muerte del inmigrante al
llegar a ese país, como es el caso de Senegal; en relación con la
inmigración argelina existe un tratamiento como si todos los argelinos
fuesen terroristas y, por tanto, hay casos en Melilla en los que estas
personas argelinas han estado más de un año sin poder tramitar toda la
documentación; los funcionarios de la Administración están desbordados en
los llamados puntos calientes --Ceuta, Melilla y Algeciras-- por falta de
medios y de tiempo. Y si estos son los problemas derivados de la llegada,
qué decir de las condiciones de vida de los propios inmigrantes una vez
que son capaces de llegar a la Península y empezar a reorganizar su vida
en España.
Señor ministro, la actual Ley de Extranjería se convierte en un verdadero
obstáculo para la regularización del inmigrante y su plena integración;
potencia la utilización de mano de obra mal pagada y explotada y se da la
paradoja de que esta Ley de Extranjería era una demanda del artículo 13
de la Constitución española, que precisamente demandaba una ley que
tutelase los derechos y los deberes de los inmigrantes, no una ley
represora. El nuevo reglamento, que incluso reconoce las deficiencias de
esta propia ley, no resuelve sus deficiencias.
Los cupos para admitir a ciudadanas y ciudadanos extranjeros se aprueban
de forma aleatoria, sin criterio. El último cupo, el de 1997, es de
15.000. Sólo la provincia de Almería reclama de 7.000 a 10.000 para poder
trabajar en los invernaderos. Fíjese usted en la desproporción; el cupo
son 15.000 y una provincia sola reclama 10.000. En el cupo, Andalucía no
llega a 2.000 inmigrantes.
Pues bien, la Ley de Extranjería no resuelve la integración del
inmigrante en aspectos fundamentales: la sanidad pública, la educación,
la vivienda, las prácticas religiosas, el reagrupamiento familiar, y esta
ley y el reglamento les lanza a la irregularidad y les convierte desde
esa irregularidad en carne de cañón de la explotación.
Señor ministro, no se puede mirar para otro lado, ni quedarse en campañas
de imagen. El Consejo de Europa ha declarado 1997 año Europeo contra el
Racismo. Pues bien, no es compatible una política activa antirracista, de
protección de los derechos humanos, con
este balance. Por eso, señor ministro, emplazamos a su Gobierno,
emplazamos a la sociedad porque creo que es un tema que rebasa a una
acción gubernamental, y hay que incluir en él la acción gubernamental, la
acción legislativa, la acción social.
Emplazamos, en primer lugar, a rechazar la comunitarización del núcleo
duro de las políticas de control migratorio, apoyando reformas en los
tratados de la Unión que apuesten decididamente por la integración de la
inmigración en la sociedad europea. Es decir, que no se vea el problema
de la inmigración en Europa como un problema policial.
En segundo lugar, queremos superar el concepto de cierre de fronteras
como solución al problema de inmigración. El cierre de fronteras nos va
a traer solamente más cadáveres en las orillas de las playas de
Algeciras, no va a resolver el problema. Queremos, además, una solución
definitiva a las condiciones de vida de los campamentos de Ceuta y
Melilla.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Meyer, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MEYER PLEITE: Sí, señor presidente.
Queremos una nueva ley de extranjería que garantice la plena integración
del inmigrante, resolver un proceso de regularización amplio de los
inmigrantes irregulares superando la cifra ridícula de 15.000, la
creación de una Secretaría de Estado para las migraciones --me parece
fundamental y el Defensor del Pueblo así lo reclamaba en su último
informe--, y en relación con las pateras es necesario un acuerdo
bilateral con Marruecos que garantice la seguridad de estas personas que
utilizan transportes sin seguros en el paso del estrecho.
La actitud de la dictadura de Marruecos en este asunto es literalmente
inadmisible y entendemos que el Gobierno tiene recursos suficientes para
garantizar desde la salida de Marruecos la integridad física de estas
personas.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, señoras y señores diputados, tomo la palabra para contestar
a la interpelación que ha puesto de manifiesto el diputado en nombre del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya acerca de un problema
que, sin duda, nos preocupa extraordinariamente a todos.
La solidaridad es un concepto muy anterior a lo que significan las
ideologías y me parece que cualquier persona de bien, cualquier persona
que piense, que tenga sentimientos, comparte ese dolor y ese sufrimiento
que ha puesto de manifiesto el señor diputado en su intervención cuando
conocemos tragedias como las que se están produciendo a través de esa
utilización por parte de desalmados, en mi opinión de redes organizadas
que trafican con las personas y que se vehiculan a través de esas
pateras, que nos llenan a todos de dolor y de sufrimiento.
En segundo lugar, el señor diputado ha puesto de manifiesto al final de
su intervención que el problema que estamos abordando rebasa lo que es la
acción de Gobierno y debe vincularse al conjunto de la sociedad.
El Gobierno quiere manifestar su coincidencia plena con lo expresado por
el señor diputado. También desea decirle que cuando el Gobierno, por
activa y pasiva, intenta dialogar sobre los problemas de la inmigración,
intenta que sus iniciativas salgan con el apoyo de la inmensa mayoría de
los grupos parlamentarios, es porque tenemos la concepción de que este es
un problema en el que el Gobierno tiene mucho que hacer, tienen mucho que
hacer los grupos parlamentarios, tienen mucho que hacer las
organizaciones no gubernamentales --y lo están haciendo--, las
organizaciones representantes de los inmigrantes, las organizaciones
sindicales y, en este sentido, no está de más --y coincido al cien por
cien con el ministro del Interior, aunque alguna de SS. SS. haya
discrepado de ese planteamiento-- decir que la política de inmigración
básicamente debe ser una política de Estado. Y cuando se plantea en
términos de política de Estado, significa que todos tenemos que hacer un
esfuerzo para que otro tipo de estrategias, que son legítimas, queden al
margen a la hora de plantearse esa política de Estado, para responder a
esas 200 muertes, en nueve años, y para responder también a lo que
significa el conjunto del problema de la inmigración.
Como sabemos todos, España ha sido en el pasado un país que tenía como
característica la emigración de sus trabajadores. En estos momentos
España es un país receptor de emigrantes y hoy tenemos que abordar, en mi
opinión, con mucha intensidad --sin olvidarnos de las políticas de apoyo
a los emigrantes que quieren mantener su referencia española-- el
problema de la inmigración. Hoy, afortunadamente, están emigrando
empresas españolas, y no están emigrando españoles.
Coincido en que hay que abordar este asunto desde una política global del
Gobierno, en el que hay distintos departamentos que, desde luego, tienen
que intervenir y en los que tiene que combinarse, por un lado, un control
racional, acordado por parte de todos, de lo que significan los flujos
migratorios. En segundo lugar, una política que me parece de
extraordinaria importancia, que es la política de cooperación con los
países que necesitan desarrollo. Y en tercer lugar, como tercer pilar
básico, una acción desde los ámbitos sociales y laborales que permitan la
integración del inmigrante en la sociedad española.
Esos son, señorías, creo los tres pilares básicos de la política de
inmigración que el Gobierno está poniendo en marcha y que, desde luego,
se puede resumir en lo que fue una moción aprobada en este Congreso el 26
de septiembre de 1996, que obtuvo 303 votos favorables sobre 303 votos
emitidos.
Les quiero decir que, por supuesto, el Gobierno siempre está expuesto a
las críticas. Es también nuestra obligación oír esas críticas. Decía un
viejo profesor socialista muy ilustre que una de las condiciones de los
gobiernos era tener la culpa, esa era una de sus misiones. La verdad es
que los gobiernos están expuestos a las críticas y, como tal, tienen que
recibirlas. Les garantizo que la intención del Gobierno es no moverse de
las recomendaciones que se plantean en la moción que se aprobó por
unanimidad el 26 de septiembre de 1996.
Hay grupos parlamentarios que tienen algunas discrepancias con la Ley de
Extranjería --hay que decir que en esta Cámara obtuvo un respaldo
parlamentario amplísimo con 260 votos a favor-- o con la proposición no
de ley de 1991, que obtuvo el respaldo de 219 diputados y 11
abstenciones.
Por tanto, quiero decir que la base de la política del Gobierno se
contempla básicamente en torno a la Ley de Extranjería, en torno al
reglamento, a la proposición no de ley de 1991 y a la moción de 26 de
septiembre. Yo puedo presentar hoy ante la Cámara un balance
satisfactorio del cumplimiento de esa moción de septiembre --no sé si el
tiempo me lo va a permitir-- y luego hay otras circunstancias que ustedes
conocen, y es que está prevista la comparecencia del ministro del
Interior precisamente para hablar del cumplimiento y del seguimiento de
los acuerdos de esa moción. Partiendo de esos conceptos, hay problemas de
más profundidad. Cuando al final se dice: hagámonos responsables nosotros
de las muertes en función de los controles fronterizos, yo tengo que
discrepar abiertamente con el planteamiento que ha hecho el señor
diputado.
Ya sé que en cuestiones que hacen referencia a la Unión Europea --ha
hablado del espacio Schengen concretamente-- hay discrepancias legítimas
por parte de Izquierda Unida. Quizá sea el único grupo parlamentario --y
eso es legítimo-- que mantiene discrepancias sobre asuntos en los que el
resto de los grupos parlamentarios mantienen acuerdos básicos. Pero yo no
puedo aceptar que el control fronterizo, que el hecho de que España sea,
en este caso, no solamente frontera nación, sino frontera europea, pueda
ser el argumento para decir que somos responsables de esas muertes. Los
responsables de esas muertes son los que trafican con la vida de esas
personas, fundamentalmente, y los que están organizando ese tráfico
ilegal de esas personas y, desde luego, el Gobierno de España hará todo
lo que tenga que hacer. Ya se ha creado una brigada central de
extranjeros por parte del Gobierno y del Ministerio del Interior, se está
estrechando la colaboración al máximo posible con Marruecos, haremos todo
lo que esté en nuestras manos para acabar con esas redes ilegales que
tantas vidas humanas están condenando en estos momentos.
Se trata de una política que realmente es compleja, como le decía, en la
que hay diversos departamentos: el Ministerio de Interior en lo que se
refiere al control de fronteras; el Ministerio de Asuntos Exteriores
respecto a las acciones de cooperación al desarrollo, que a medio y largo
plazo son importantísimas, extraordinariamente importantes; y el
departamento que yo dirijo en lo relativo a la acción social y a la
acción laboral de integración. Estas cuestiones, que hemos puesto en
marcha, a mí me parecen extraordinariamente importantes. En primer lugar,
por primera vez vamos a contar con un plan de integración social de
inmigrantes con consignación presupuestaria específica. Plan que ha
existido en el pasado --eso provoca la sonrisa de alguna de SS. SS., que
lo conoce, evidentemente, pero que no me ha dejado terminar de decir lo
que quería decir--, pero que va a contar por primera vez con dotación
autónoma en el presupuesto de 1998, dirigida a cuatro campos
fundamentales: educativo-cultural, condiciones laborales, convivencia
territorial y participación ciudadana. En segundo lugar, vamos a seguir
potenciando desde el área de asuntos sociales y laboral el observatorio
permanente de la inmigración. En tercer lugar, se va a desarrollar,
señorías, un programa específico, un programa especial de acogida y
acceso al empleo para inmigrantes subsaharianos de Ceuta y Melilla.
Quiero decirle que conozco la situación de los campamentos que ha
comentado S. S., tanto el de Calamocarro como en el caso de la Granja;
que se ha producido un esfuerzo económico importante y significativo que
va a suponer 800 millones de pesetas en 1997 y consolidar otros 800
millones de pesetas en 1998; que tenemos que seguir mejorando las
condiciones de vida allí; que se ha conseguido --usted lo conoce también
con detalle--, a través de las organizaciones no gubernamentales, que
haya asistencia sanitaria permanente, que no la había; que hemos
conseguido que las comidas estén resueltas; que se ha hecho un esfuerzo
en la construcción de las carpas; que se están reponiendo todas las
duchas y que espero que en el mes de noviembre tengamos definitivamente
instalado un centro de acogida temporal en Ceuta y Melilla. Con esto le
quiero decir que estamos prestando atención a las condiciones de vida de
las personas subsaharianas, de los argelinos que están en Ceuta y
Melilla, que se ha producido un esfuerzo presupuestario muy importante y
que seguiremos sin duda en ese camino.
Programa para la consolidación de una red de apoyo y defensa jurídica del
inmigrante de carácter gratuito. Durante el año 1997 esta red ha
funcionado en 20 puntos, ubicados en 10 provincias, y ha atendido a
más de 38.000 personas, en este caso con una colaboración --que quiero
hacer pública-- profundamente eficaz de UGT y de Comisiones Obreras.
Seguimos adelante cofinanciando proyectos presentados a la Unión Europea
para promover la integración sociolaboral a través de los programas
Horizon e Integrat. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, y ahí
no estoy de acuerdo con usted porque dice: ¿Cómo es compatible que
estemos en el Año Europeo contra el Racismo, que tengamos un comité
español y que tengamos esta situación? Yo creo que es perfectamente
compatible con que hagamos todos los esfuerzos a través del Comité
Español contra el Racismo, en el que estamos todos, porque sin duda, a
nivel de conciencia pública española, eso nos va a producir un rechazo
frontal a determinadas conductas racistas que todavía existen en España.
Yo le quiero decir que creo que España es un país muy solidario, lo creo
sinceramente. Desgraciadamente, cuando vemos la cifra de voluntarios
españoles muertos en países con situación de dificultad confirmamos ese
dato. Yo no creo que la situación en la sociedad española sea la que
usted ha proyectado: vienen los de fuera a quitarnos algo. Creo con
sinceridad que no. Usted conoce igual que yo los datos de la inmigración
en España. España hoy no tiene porcentajes de inmigración que se acerquen
a la media comunitaria, está todavía lejos. No tiene porcentajes que sean
parecidos a los que tienen Francia o Alemania, si bien es cierto que en
los últimos cinco años se ha duplicado el número de extranjeros en España
y eso es rigurosamente cierto, pero no creo que haya ese sentimiento de
falta de solidaridad en la sociedad española.
Tenemos programas para seguir colaborando con las organizaciones no
gubernamentales, se van a crear y poner en marcha de inmediato nuevas
oficinas integrales de extranjería, que se lo puedo ampliar luego, en la
segunda intervención, si le parece. En cuanto al IRPF, se ha producido en
1997 un incremento de 231 millones con respecto a 1995 y de 220 millones
de pesetas respecto a 1996, además de los 400 millones que tenemos
previstos para el fondo de emergencia de Ceuta y Melilla. Con esto le
quiero decir que hoy el conjunto de las subvenciones por IRPF a
organizaciones no gubernamentales suponen un 10,4 por ciento del total y
en cifras absolutas 1.451 millones de pesetas, porque también creemos que
en esas subvenciones tiene que suponer la atención a la inmigración una
prioridad clara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): En
materia de inmigrantes y refugiados --voy terminando, señor presidente--
hemos llevado a cabo convenios con organizaciones no gubernamentales por
valor de 1.044 millones de pesetas, con la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), con la Comisión Católica Española de Emigración y
también con la Cruz Roja.
Con esto quiero decirle que, lo mire por donde lo mire, el Gobierno
considera una prioridad la política de atención social a la inmigración
y que presupuestariamente, año a año, se van a producir en esas partidas
incrementos muy superiores a los incrementos medios de los presupuestos.
Ha tocado otro asunto que me parece de especial relevancia --la
integración laboral--, que es de mi departamento, y se ha referido a los
contingentes. Yo quiero decirle que a mí me parece perfectamente
compatible una política de empleo en España para las españolas, para los
españoles, con una política también de incorporación, de oferta de empleo
a los inmigrantes, y quien opine de forma distinta no está en nuestro
mundo y no tiene una actitud solidaria ante el problema.
¿Qué hemos hecho con el contingente en 1997? Primero, hablar con los
sindicatos a diario, hablar con las ONG, agilizar los procedimientos,
ampliar los sectores económicos donde pueden trabajar los inmigrantes,
mejorar la comunicación con ellos, mantener un plazo de presentación de
solicitudes de once meses. Fíjese que dice S. S. que hay muchas
solicitudes. También tiene que tener en cuenta que en años anteriores
hemos estado en tres meses, en cinco meses de plazo de presentación de
solicitudes, y, sin embargo, este año estamos hablando de once meses.
También sabe S. S. que en otras ocasiones hemos tenido la apertura del
plazo en julio, en junio. Pues bien, este año el 31 de enero entró en
vigor el contingente.
¿Considera el ministro de Trabajo en estos momentos que el contingente es
suficiente para la demanda de empleo que tenemos? Lo primero que quiero
decirle es que no podemos mezclar contingente con regularización de
situaciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro, le
ruego concluya.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, tengo el ánimo de satisfacer al señor diputado, pero voy
concluyendo.
No podemos confundir contingente con regularización de situaciones. Los
contingentes deben mantener su filosofía, que al final suponen una oferta
de empleo para inmigrantes de acuerdo con los análisis del INEM, de
acuerdo con las organizaciones sindicales, de acuerdo con las ONG, que
sea respondida en los países donde hay demanda de empleo. Otra cuestión
distinta es que tomemos todas las medidas administrativas para poder
regularizar la situación de personas que ya están incorporadas al mercado
de trabajo en España, que
también se da ese supuesto. Le quiero anticipar en esta intervención que
estamos estudiando la ampliación del contingente para 1997 y que en ese
sentido hay diálogos muy serios y muy avanzados con las organizaciones
sindicales.
Señoría, esto es lo que puedo contestar en esta primera intervención,
agradeciendo el tono de la suya y diciéndole que, como es normal, hay
coincidencias y también algunas diferencias en las valoraciones y en las
políticas que S. S. defiende respecto a las que mantiene el Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, me tranquiliza usted a medias, solamente a medias.
Efectivamente, en la crítica de fondo que hemos planteado en relación con
este problema usted ha pasado de puntillas. Es verdad que el Grupo de
Izquierda Unida mantiene una posición en el asunto de Schengen, en cómo
construir esa Europa política, económica y social. Es verdad que en su
día manifestamos que esa solución de intentar hacer ver el problema de la
inmigración como estrictamente policial no iba a ayudar, no iba a
resolver precisamente esa construcción desde el punto de vista social, ya
que el problema de la inmigración va a formar parte del propio desarrollo
económico de Europa. Sencillamente eso. Por eso, en esa primera
intervención lo que manifesté fueron esas dudas y este balance, ya con
tiempo suficiente, para entender que el rostro amable de una sociedad
avanzada, democrática, no es el que reciben estas personas que tienen que
coger una patera para llegar aquí porque hay un verdadero muro de
contención policial para llegar a las fronteras europeas. Como tampoco
perciben el rostro amable de una sociedad democrática las personas que
conviven en Calamocarro y en la Granja, en Ceuta y Melilla.
Sobre el asunto de Ceuta y Melilla llueve sobre mojado. Estamos hablando
ya, en cuanto a la acción gubernamental, de más de un año y medio con
debates en esta misma Cámara, estamos hablando de una realidad que no
supone dinero para un Estado como el español; no supone dinero el
adecentamiento de esos dos centros, que la gente tenga un colchón, que la
gente tenga un servicio, que la gente tenga agua potable.
Tampoco se puede permitir que ese problema caiga en los presupuestos de
las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla. Hasta ahora, da esa
impresión, señor ministro. En la entrevista que he podido tener con el
presidente de la Comunidad de Melilla, me manifestaba su acuerdo con que,
de los presupuestos europeos y de los del Estado, se consignaran partidas
claras, nítidas, para resolver, desde el punto de vista social, la
llegada de los inmigrantes tanto a Ceuta como a Melilla.
Efectivamente, comparto --no solamente comparto sino que lo he dicho--
que la sociedad española es solidaria, no es una sociedad racista. Decía
en mi intervención que lo que se pretende, fuera de esta intencionalidad,
es presentar interesadamente el problema de la inmigración, no solamente
en España sino en el conjunto de Europa, como si esto fuera una invasión
hacia esta parte de Europa; es decir, un intento de llegar al norte rico
con el riesgo de despojarnos de nuestro bienestar. Decía en mi
intervención que esto es falso, sencillamente por el volumen de la
inmigración y porque la sociedad europea va a necesitar de estas personas
para poder desarrollar, económica y socialmente, la propia construcción
europea.
Por tanto, es una satisfacción a medias porque usted adelanta cambios en
cuanto al cupo, que se va a resolver, y en cuanto a políticas de
integración laboral. Esa es la parte que nos produce más satisfacción.
En todo caso, en el momento en que convirtamos esta interpelación en
moción, tendremos ocasión, junto con el resto de los grupos de la Cámara,
de intentar hacer balance de todo, porque de lo que se trata es de hacer
este balance sobre la realidad y mejorar todo lo que haya que mejorar
desde el punto de vista de la acción legislativa de la acción
gubernamental y de la acción social.
Me satisface las ayudas a las ONG porque las noticias que había recibido
esta tarde de las mismas es que había una congelación de las ayudas. Si
esto no es así, magnífico.
En todo caso, voy a terminar planteando que nuestra posición es la que
decía anteriormente: intentar conseguir esta reflexión en el debate de la
moción, hacer un balance y mejorar todo lo que haya que mejorar para
evitar que esas personas sin rostro y sin apellido tengan el fin que han
tenido la semana pasada, es decir, ir literalmente al fondo del estrecho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado, quiero decirle que para mí es una satisfacción haberle
tranquilizado, por lo menos a medias. Si la intervención de este miembro
del Gobierno ha servido para tranquilizarle a medias, eso la justifica.
Hay aspectos en los que no vamos a coincidir. Parece deducirse de su
intervención que el gran problema está en que no dejamos acceder a las
pateras y que, si las dejáramos, tendríamos el problema resuelto. Usted
y yo sabemos que no. Digo que es lo que parece deducirse, pero no creo
que sea su intención ni su convencimiento. Estamos ante un problema que
no es policial, es un problema de orden social, que no solamente lo tiene
España, lo tienen la sociedad europea, todas las sociedades avanzadas,
todas las sociedades en desarrollo y el mundo entero. Creo que en ese
problema hay tres dimensiones. Una, flujos migratorios, sobre los que
tiene que existir control, acordado o pactado con las ONG, con las
fuerzas políticas, con los sindicatos. Un segundo problema, el incremento
de las políticas de cooperación con los países que tienen que
desarrollarse; en ese sentido, le digo que el incremento presupuestario
en 1998 va a ser muy significativo con respecto al de 1997. La tercera
dimensión del problema es la integración social y la integración laboral
de la inmigración. Me parece que ese es el conjunto del problema. Desde
luego, a nosotros nos interesa muchísimo la moción que vayan a presentar
con nuevas ideas, porque, insisto --y el ministro del Interior va a
comparecer en la Cámara a esos efectos--, el Gobierno se está moviendo
dentro del respeto a la moción aprobada por unanimidad en septiembre de
1996.
Le quiero hablar también sobre la situación de Ceuta y de Melilla.
Recientemente he estado en Melilla y no hace muchas fechas estuve en
Ceuta. El presidente de la comunidad me mostró su satisfacción al conocer
que destinaremos 800 millones de pesetas el año que viene y que éste
vamos a destinar prácticamente otros 800. Espero que a final de noviembre
tengamos un centro de acogida temporal. Ahora le garantizo --le pido que
me crea-- que lo que significa asistencia sanitaria, alojamiento,
comidas, se ha mejorado notablemente con respecto al pasado, y eso se lo
puede garantizar cualquier organización no gubernamental de las que están
colaborando allí y de las que van a participar en el programa de
inserción al empleo de esos inmigrantes que están en Ceuta y Melilla. ¿Se
encuentran en las condiciones que uno desearía? Siempre son mejorables.
Lo que sí quiero garantizarle es que el Gobierno, minuto a minuto, está
intentando invertir en Ceuta y Melilla para que las condiciones sean lo
más dignas posible. También quiero decirle que desgraciadamente las
condiciones de muchos de los inmigrantes que hay en Ceuta y Melilla,
subsaharianos o argelinos, aun en esas condiciones, desgraciadamente,
sabe usted que no son las de sus países de procedencia. Y ese es un
asunto importante que todos debemos conocer.
Esperamos la moción que vayan a presentar y deseo que la próxima vez,
señor diputado, con alguna iluminación más, no le tranquilice a medias,
sino al cien por cien, como es mi intención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Vasco
(PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar mi intervención felicitando al diputado señor Meyer por
traer a debate de la Cámara un tema de actualidad, de actualidad por
cierto tan sangrante, sobre el que no podía dejar de intervenir, puesto
que forma parte de las preocupaciones de mi partido y es objeto de
especial tratamiento en nuestro programa electoral. La situación de los
emigrantes y de las minorías étnicas son problemas sociales que precisan
ser abordados mediante el desarrollo de intervenciones concretas que
incidan en estas situaciones de marginación.
El señor ministro de Trabajo ha repartido responsabilidades, ha aludido
a la sociedad, a la tarea de las ONG, pero también ha reconocido
obligaciones en los poderes públicos. Desde nuestro punto de vista, a
estas intervenciones concretas, de todos, de la sociedad, pero también de
los poderes públicos, insisto, deben unirse las necesarias modificaciones
normativas. Es cierto que hoy, como ha dicho el señor ministro de
Trabajo, la ley de derechos y libertades de los extranjeros en España
recibe un amplísimo consenso de la Cámara, pero también hay que decir que
recibió un varapalo del Tribunal Constitucional en la sentencia 115/87 y
precisamente por lo poco generoso que había sido su planteamiento.
Nos reservaremos para fijar nuestra postura, por supuesto, a cuál sea el
contenido de la moción que se presente, pero en todo caso nos apuntaremos
a promover medidas que posibiliten la agilización de la resolución de las
situaciones de irregularidad, tanto en las entradas como en las
condiciones de vida de los inmigrantes, dado que en la mayoría de los
casos este es el eslabón hacia su integración en la sociedad, que parece
ser, o al menos eso decimos, que es el objetivo por todos compartido.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor presidente.
A expensas de que nuestro grupo se pronuncie en su momento en función de
la moción que el Grupo de Izquierda Unida nos haga llegar, nos gustaría
fijar la posición de nuestro grupo, evidentemente, desde la perspectiva
de que en esta Cámara existe una subcomisión parlamentaria, dentro de la
Comisión de Política Social, que lleva cerca de un año trabajando sobre
esta
materia. Esta misma mañana hemos tenido tres comparecencias muy
interesantes; dos de ellas del mundo no gubernamental, precisamente
pedidas por Izquierda Unida, y otra del subsecretario del Ministerio del
Interior. Por lo tanto, este tema está siendo motivo de debate en estos
momentos en la Cámara. También es cierto que mientras la subcomisión
trabaja van pasando cosas en el conjunto del Estado español y que es
bueno que el Congreso se pronuncie.
Dicho esto, debo hacer dos apuntes. En primer lugar, yo creo que en
muchísimas de las cuestiones conceptuales la mayoría de los grupos vamos
a coincidir y si hay voluntad, será posible que en el próximo Pleno se
pueda aprobar una moción de consenso, tal como se aprobaron anteriormente
las mociones planteadas en el seno de la Cámara. Nuestro grupo va a
trabajar para que en esta materia el consenso que existe no se rompa. Hay
que señalar también que, más allá del discurso que todos hacemos, lo que
es cierto es que muchas veces estos discursos y estas políticas son
contradictorios con aquello que pasa en la sociedad. El señor Meyer ha
apuntado algunas de estas contradicciones evidentes entre el discurso y
la realidad y esta misma mañana la intervención del presidente de Atime,
de la asociación que agrupa a los trabajadores marroquíes en el Estado
español, ha mostrado muchas más de esas contradicciones. Por tanto,
debemos hacer el esfuerzo de superarlas, porque, si no, tenemos el riesgo
de que el discurso sea pura retórica y se aleje de la solución real de
los problemas que en esta materia tenemos,
A nuestro entender, existen cuatro grandes cuestiones que deberemos
discutir. En primer lugar, la necesidad de que las políticas de
inmigración realmente sean globales. Hoy, las políticas de inmigración no
lo son. No lo son desde la perspectiva de la acción del Gobierno y
tampoco desde la perspectiva de implicar a aquellas administraciones que
deben resolver fundamentalmente los problemas de integración, como son
las comunidades autónomas y las administraciones locales. Las políticas
de servicios sociales, de educación, de sanidad, de cultura, la mayoría
de ellas son gestionadas hoy por autonomías y por los ayuntamientos y hoy
ni autonomías ni ayuntamientos tienen los recursos económicos para hacer
frente a estos problemas. En segundo lugar, en el conjunto del Estado
español, estamos destinando pocos recursos a las políticas de
integración. Deberemos estudiar, cuando llegue a la Cámara, el
presupuesto del Gobierno en esta materia y hacer un seguimiento.
En tercer lugar, al margen incluso de lo que dicen las leyes, nos estamos
enfrentando con actuaciones administrativas contradictorias de los
consulados españoles en el extranjero. Actuaciones concretas de las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad son contradictorias con el espíritu de ley
o con el espíritu de la intervención del señor ministro. Y en último
término, seguramente deberemos afrontar una revisión del marco legal. La
Ley de Extranjería no es hoy probablemente el mejor instrumento para
desarrollar la política de integración de los inmigrantes.
Yo no sé si todos los temas deberemos afrontarlos en el debate de la
moción o deberemos esperar a que la subcomisión termine sus trabajos,
pero nuestro grupo político afronta estas cuestiones desde esta
perspectiva. Agradecemos que hoy esta interpelación haya sido contestada
por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, no solamente porque el
ministro nos caiga bien, sino, sobre todo, porque entendemos que las
políticas relacionadas con la inmigración es desde este ministerio desde
donde se deben impulsar; mientras continuemos entendiendo que las
políticas en relación con la inmigración dependen fundamentalmente del
Ministerio del Interior seguramente nos equivocaremos.
Nada más y, a la espera de la moción, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista mantiene una posición favorable a la interpelación
urgente que hoy trae a esta Cámara el Grupo de Izquierda Unida y buscará
el diálogo, mejor que el diálogo el acuerdo, con Izquierda Unida y con
los demás grupos parlamentarios para intentar que la semana que viene se
apruebe en esta Cámara una moción con una amplia mayoría, ojalá, con la
unanimidad que se aprobó la moción que hoy justo hace un año presentamos
el Grupo Socialista, fruto de una interpelación similar a la que hoy se
hace. Para que esta interpelación y sobre todo la moción de la semana que
viene sean útiles, creo que todos deberíamos huir de propuestas generales
e ir a propuestas muy concretas que tengan que ver con los problemas
reales que hoy se están viviendo en el tema de los movimientos
migratorios y en este caso de la inmigración. Deberíamos huir de recordar
la proposición no de ley aprobada en abril de 1991, que hizo suya el
actual Gobierno en cuanto le preguntó esta Cámara, y deberíamos huir
incluso de la moción de hace un año. El ministro nos ha recordado que se
ha pedido por parte del Grupo Socialista la comparecencia del ministro
del Interior, también la suya, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y,
por lo que está pasando en estas semanas, vamos a pedir de inmediato la
del ministro de Asuntos Exteriores, porque hay que controlar los
compromisos adquiridos por el Gobierno, sobre todo esa moción y, si cabe,
el marco de la proposición no de ley de 1991. Nuestra opinión es muy
diferente a la que nos ha expresado el ministro de Trabajo
y lo utilizaremos en la comparecencia. Encontramos que el Gobierno no
está sacando adelante los compromisos que tiene.
En la moción, como recordaba el diputado de Izquierda Unida, debemos
intentar recuperar lo poco nuevo que el Defensor del Pueblo ha añadido a
lo largo de este año, que en general se vinculó a los 16 puntos de la
moción del año pasado. En este último año las cosas han cambiado. Entre
otras cosas, el Gobierno actual tiene la presión de un mayor número de
personas que intentan llegar a este país y regularizar una situación.
El ministro dice que para el año que viene van a mejorarse los
presupuestos. De eso hablaremos a partir de octubre en las comparecencias
de su departamento. Hablaremos de esos 800 millones que ya ha adelantado,
señor ministro, que estarán en los presupuestos del año que viene.
Nuestra misión será ver de dónde los saca; si son realmente nuevos o
salen un poco de aquí un poco de allá. Pero hoy no hay esos 800 millones
y hoy los inmigrantes tiene problemas, en Ceuta, en Melilla, queriendo
llegar al país y dentro de este país, porque están paralizados los
recursos destinados a la política de integración de los inmigrantes. En
ese plan de integración social, que está escrito, redactado y con
programas, los recursos están totalmente paralizados y ese es un pilar de
la política de Estado en materia migratoria; están paralizados los
recursos económicos durante todo el año 1997, programa tras programa. Hoy
se está viendo cómo nuestro Gobierno no asume sus compromisos y delega en
la sociedad. Y esto no vale. La sociedad tendrá que hacer una parte a
través de las ONG del trabajo, pero un Gobierno responsable tiene que
asumir hoy, mañana, y cada día que pase, más, los problemas prioritarios
de los movimientos migratorios en esta parte de Europa.
La moción tendrá que tener algunos puntos que hablen de la situación de
puertas cerradas. No se están regularizando irregulares. No se están
resolviendo los contingentes. ¿De qué nos sirve que esté durante once
meses abierta la solicitud si hay 15.000 posibles contingentes, si el
departamento del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ya tiene
60.000 solicitudes? ¿De qué nos sirve que tengamos once meses abierta la
solicitud de contingentes si en cambio no se ha resuelto ningún
contingente? Además, a la vez, hay una política cicatera de visados.
Estas tres cosas (contingentes, visados, regularizaciones) tienen que ver
con uno de los tres pilares de la política de Estado que reclama el
ministro y que todos asumimos.
El diputado del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano,
recordaba la presencia hoy del presidente de Atime en la Cámara, en
nuestra subcomisión. Voy a compartir con todos ustedes lo que nos ha
contado el presidente de Atime. Un inmigrante marroquí que entra en
nuestro país por un medio de transporte, con seguridad, con un visado de
turista, encuentra trabajo e intenta sacar el contingente. Vuelve a su
país a que le den el visado y nuestras oficinas consulares le dicen:
Usted me quiso engañar una vez, no le voy a dar el visado porque me puede
querer engañar de nuevo; no se lo merece. En cambio, un inmigrante que
pasa al país en una patera, con un riesgo, como no tiene en su pasaporte
ningún visado, ni de turismo ni de nada, regresa al país a por el visado
y no tiene los obstáculos que tiene el que ha entrado con más seguridad.
Estas cosas concretas las debemos estudiar para entre todos buscar
fórmulas que sirvan en esta dirección.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego vaya concluyendo.
La señora FERNANDEZ SANZ: Enseguida, señor presidente.
También deberemos estudiar en la moción el tema de Ceuta y Melilla
--porque en Ceuta y Melilla sigue habiendo serios problemas--, para que
todos en esta Cámara nos sintamos satisfechos de que las condiciones de
vida de las personas que están esperando la entrada en el país son
dignas. Incluso hoy la presidenta de Médicos del Mundo nos decía a la
subcomisión que cómo es posible que todavía no tengamos la cantidad
suficiente de horas, de agua potable y de letrinas para atender a estas
personas, cuando, por ejemplo en Ruanda, después de la guerra, en los
campamentos resolvieron eso en un corto período de tiempo. Es una imagen
--las imágenes son importantes--, pero una imagen perfectamente lograda
por la compareciente de hoy en la subcomisión.
En definitiva, la moción, señorías, ha de hablar de la parálisis
administrativa, de la necesidad de una gestión mejor de los contingentes
y de una regularización de los inmigrantes mejor y más rápida; ha de
hablar de la mejora de las condiciones de Ceuta y Melilla y de la
política exterior, a veces una política de presión hacia un gobierno, el
marroquí, que no está asumiendo su compromiso de derechos humanos con los
ciudadanos de su país. Eso es lo que yo creo que es política de Estado:
prioridad, toma de decisiones y recursos dedicados para atender esta
realidad,...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Fernández,
le ruego que concluya.
La señora FERNANDEZ SANZ: Termino en un segundo, presidente; un final.
La realidad de avanzar en la igualdad hoy. La igualdad hoy es la igualdad
de dignidad y de derechos y la igualdad entre todos. Desde la Declaración
Universal de Derechos Humanos y desde las constituciones modernas, la
nuestra con su artículo 14, está claro que la obligación de este
hemiciclo y de su Ejecutivo es clarísimamente
lograr que por ciertos motivos (dónde se nazca, qué raza se tenga, de qué
sexo se sea, qué religión se practique o qué opinión se tenga) no haya
ningún tipo de discriminación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Fernández.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
Con mucha brevedad intervengo para manifestar al señor Meyer,
representante del Grupo Federal de Izquierda Unida, que, una vez que se
presente la moción por su grupo, el Grupo Popular actuará como siempre en
esta materia. Llevamos una actuación lineal en esta materia desde
siempre, entendiendo que el tratamiento de la inmigración, el de la
emigración y determinados derechos para los extranjeros es un asunto de
Estado y no caben oportunismos políticos.
Lo que pediríamos es que fuera lo suficientemente claro, porque ha habido
algunas manifestaciones en su intervención que rompen esa claridad. No
entendíamos muy bien cómo se podía pedir una apertura de fronteras y
rechazar el cierre de fronteras y al mismo tiempo utilizar el concepto de
que son necesarias medidas que garanticen el flujo normalizado de
inmigración; flujo normalizado es una inmigración regulada, que creo que
es un principio en el que todos estamos de acuerdo. Por otra parte,
cuando hablamos de asunto de Estado, se trata de que ningún grupo
político, ningún partido político en esta materia o al albur de ella
aproveche para hacer planteamientos partidistas y para apartarse de una
línea continuada en el tiempo. Quien ha estado en el Gobierno y ha tenido
responsabilidades en esta cuestión no puede reprochar al Gobierno actual
cosas que debieron hacer Gobiernos anteriores.
Las situaciones de Ceuta y Melilla no se han generado por la llegada de
inmigrantes subsaharianos que, alertados por la presencia de un gobierno
del Partido Popular en España, que estaba creando mucha riqueza y mucho
trabajo, hayan venido corriendo en el último año y medio para llenar
Ceuta y Melilla. La situación de estas ciudades no se ha afrontado hasta
ahora; la está empezando a afrontar precisamente el Gobierno del Partido
Popular. Hemos tenido esa situación allí durante muchos años sin que se
hiciera absolutamente nada.
Ahora se pretende hacer determinadas construcciones en esas localidades
a ritmo acelerado, cuando es verdad que durante años se ha podido
construir centros adecuados de acogida de inmigrantes, centros adecuados
de acogida de inmigrantes en tránsito para no encontrarnos con la
situación de que, estando vigente la Ley de Extranjería, la reforma del
derecho de asilo, establecido un procedimiento rápido de tratamiento de
expedientes y de expulsión, los gobiernos socialistas no se preocuparan,
a pesar de la insistencia de este grupo en el debate de la ley, de
construir los centros y las instalaciones adecuados. Y ahora, al albur de
que estamos ante un asunto de Estado, se reprochan estas situaciones.
Por lo tanto, si la línea de la propuesta de Izquierda Unida es de
política de Estado, de acuerdo con el espíritu que ha inspirado las
decisiones de la Cámara en esta materia durante años, el Grupo Popular
estará encantado de poner su grano de arena y de colaborar con el Grupo
de Izquierda Unida en este caso, como con el resto de los grupos, para
obtener una resolución en materia de Estado cuando hablemos de
inmigración.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jordano.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.