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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 102, de 23/09/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 102
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 98
celebrada el martes, 23 de septiembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), sobre modificación de la
Ley 17/1977, de 4 de enero, sobre reforma del artículo 54 de la Ley de
Registro Civil «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 77-1, de
22 de enero de 1997 (número expediente 122/000061)(Página 5116)
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se
modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 78-1, de 3 de febrero de
1997 (número expediente 122/000062)(Página 5121)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación de
la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 80-1, de 17 de febrero de 1997
(número expediente 122/000063)(Página 5122)
--De Iniciativa Popular, sobre reclamación de deudas comunitarias «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 83-1, de 18 de febrero de 1997
(número expediente 120/000002)(Página 5122)
osiciones no de Ley:
--Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reducción
de los tipos de interés legal del dinero y de demora a los efectos de
adaptarlos a la evolución a la baja que sigue el tipo de interés básico
del Banco de España. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm.
142, de 21 de mayo de 1997 (número de expediente 162/000139)(Página 5133)
--Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre exportación de material
militar. «BOCG. Congreso de los Diputados» serie D, núm. 118, de 24 de
marzo de 1997 (número de expediente 162/000109) (*)(Página 5139)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre criterios para la
revalorización de las pensiones en el ejercicio presupuestario de 1998
(número de expediente 173/000047)(Página 5139)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política sanitaria del Gobierno en lo que se refiere
a las medidas a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera con
el fin de incrementar el presupuesto de gasto de la sanidad pública
(número de expediente 173/000048)(Página 5150)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley(Página 5116)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Sánchez), sobre
modificación de la Ley 17/1977, de 4 de enero, sobre reforma del artículo
54 de la Ley de Registro Civil(Página 5116)
Defiende la proposición de ley el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo
Parlamentario Mixto, que comienza su intervención manifestando que el
derecho al uso del propio nombre en la propia lengua es un derecho
inalienable que se refleja en todas las declaraciones universales en
relación con la problemática lingüística. Se refiere en concreto a la
declaración universal que fue redactada en un encuentro al efecto en
junio de 1996 en Barcelona, a la que se adhirió recientemente el Congreso
de los Diputados. A continuación hace una relación de los precedentes en
el Estado español desde la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957
hasta la Ley 17/1977.
Considera que el problema es de libertad, de identificación, de respeto
y de interrelación y transmisión de lenguas y culturas, por lo que
solicita la modificación de la Ley de 1977.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gil i Miró, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores
Castellano Cardalliaguet, de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Gago López, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Varela Pérez, del Grupo Parlamentario Popular.
Interviene de nuevo el señor Rodríguez Sánchez en un turno de
aclaraciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se
aprueba por 273 votos a favor y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se
modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal(Página 5121)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación de la
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal(Página 5121)
De Iniciativa Popular, sobre reclamación de deudas comunitarias(Página 5122)
eñor Recoder i Miralles defiende la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza recordando que hace ya algo más de tres años, esta Cámara
aprobó, después de un largo y complejo trámite parlamentario, la reforma
del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Como
argumento favorable a dicha reforma planeó permanentemente la
constatación de que esa Ley había quedado anticuada, estando tan fuera de
la realidad que se la consideraba como un elemento clave en el declive
que sufría el mercado de alquileres. Como contrapunto, se producía un
incremento notable en el número de viviendas en propiedad, cuya
regulación corresponde a la Ley de Propiedad Horizontal de 1960, que
afecta a un elevado número de ciudadanos, pero que ha quedado obsoleta en
alguna de sus previsiones y soluciones. Añade que se trata de una norma
sencilla, con un articulado breve y de escasa complejidad, lo que es
siempre de agradecer, aunque, paralelamente, de esa misma sencillez se
derivaron múltiples situaciones no contempladas expresamente en su texto,
obligando a los tribunales a su interpretación.
Agrega el señor Recoder que inmediatamente después de la reforma de la
LAU, que se consideró prioritaria, se pusieron a trabajar en la
modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, cuyo resultado es la
proposición de ley que hoy someten a la consideración del Pleno. Como
virtudes de esta iniciativa destaca su sencillez y claridad, que se
justifica al aplicarse al común de los ciudadanos, y la modificación de
la Ley de 1960 lo mínimo posible, dado el conocimiento de los derechos y
deberes contenidos en ésta por las comunidades de vecinos y propietarios
individuales, por todo lo cual la reforma se debía limitar a mejorar la
Ley vigente en los aspectos en que había quedado claramente desfasada y
que requería una inaplazable modificación. De entre tales aspectos
destaca, en primer lugar, la supresión en algunos casos de la regla de la
unanimidad y, en segundo lugar, se proponen algunas mejoras para poner
las cosas difíciles a los vecinos que no cumplen con sus obligaciones
económicas para con su comunidad, ya que los instrumentos legales
vigentes se han demostrado claramente insuficientes. En este sentido
coinciden con la iniciativa popular que hoy se debate, apoyada por más de
ochocientas mil firmas de ciudadanos. Por último, con su propuesta
pretenden introducir la cultura de la rehabilitación y de la conservación
en las comunidades de vecinos, intentando lograr un mejor mantenimiento
de las viviendas.
Termina anunciando el voto favorable de su grupo tanto a la proposición
de ley del Grupo Popular como a la de Iniciativa Popular sobre
reclamación de deudas comunitarias.
En segundo lugar interviene el señor Rivas Fontán para defender la, según
sus palabras, parca proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular,
anunciar su voto favorable a la modificación que propone el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como felicitarse por la
iniciativa popular del Colegio de administradores de fincas. Hace alusión
a las leyes de Italia, Francia y Portugal similares a la nuestra, aunque
han sido modificadas por las exigencias de los tiempos.
Añade que la modificación de la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal
debe hacerse desde la perspectiva de dos importantes modificaciones
anteriores relativas al funcionamiento de la junta de propietarios y
obligaciones de los copropietarios y a la adopción de acuerdos que tengan
por finalidad facilitar el acceso a la movilidad de los minusválidos en
el edificio de su vivienda.
A continuación expone que la presentación de esta proposición de ley se
debe fundamentalmente al tema de las convocatorias, al quórum y al
incumplimiento de las obligaciones económicas, y sólo pretende modificar
el artículo 10 de la Ley 49/1960. Su grupo entendió en su momento que no
era adecuado modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil en un trámite como
éste, pero teniendo en cuenta el contenido de la ley y los cambios
sociales que se han ido produciendo desde su publicación hasta nuestros
días, así como el corsé que ha supuesto para la rehabilitación de
edificios y viviendas, considera que, posiblemente, sea ya el momento de
abordar una reforma no parcial sino en profundidad de la ley, sobre todo
por la repercusión que, sin duda, tendrá en otras leyes de igual o
superior rango como, por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la
Ley de Medidas Urgentes de la Reforma Fiscal, la Ley de Demarcación y
Planta Judicial o la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Asimismo expone que sería bueno aprovechar la ocasión de la presentación
de estas proposiciones de ley para, en el momento oportuno del trámite
reglamentario, hacer una clara distinción entre lo que es derecho
necesario, de obligado cumplimiento, y aquello que puede ser modificado
por voluntad de las partes, regulando adecuadamente cuestiones como la
creación, obligatoriedad y modificación del título constitutivo, la forma
de determinación de las cuotas de participación, la distribución de los
gastos generales y su distinción de los singulares, el régimen de
impugnación de acuerdos, con distinción clara entre actos nulos y
anulables, recoger principios jurisprudenciales ya consagrados,
btención de mayorías cualificadas, resolver, en la medida de lo posible,
la conflictividad entre propietarios por el impago de gastos de comunidad
y poner fin a aquellas cuestiones que ofrecen distintas soluciones en los
tribunales de justicia.
Por último, solicita el apoyo de la Cámara y muestra la voluntad de su
grupo de llegar a acuerdos en el trámite reglamentario en los aspectos
antes mencionados.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber y Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto;
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora
Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores
Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y Navarrete Merino, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Sometida a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación, en segundo lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por 176
votos a favor, 117 en contra y cuatro abstenciones.
Sometida a votación, en tercer lugar, la toma en consideración de la
proposición de ley de iniciativa popular, se aprueba por unanimidad.
Proposiciones no de ley(Página 5133)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre reducción de
los tipos de interés legal del dinero y de demora a los efectos de
adaptarlos a la evolución a la baja que sigue el tipo de interés básico
del Banco de España(Página 5133)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
interviene el señor Sánchez i Llibre, quien manifiesta que su grupo
presenta ante la Cámara la proposición no de ley de reducción de tipos de
interés legal del dinero y de demora a los efectos de adaptarlos a la
evolución a la baja que sigue el tipo de interés básico del Banco de
España. Añade que en la Ley 24/1984, de 29 de junio, ya se introdujo esta
medida, pero en ella se decía: salvo que la Ley de Presupuestos Generales
del Estado estableciera un tipo diferente, y lo cierto es que el Gobierno
actual y los gobiernos anteriores han optado siempre por determinar
dichos tipos de interés. Para intentar corregir la disfunción económica
que provoca la no coincidencia de los tipos de interés es por lo que el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta esta
iniciativa, que pasa a explicar a través de dos ejemplos que demuestran
con claridad sus argumentos. Su grupo considera que es necesario
aprovechar la coyuntura de rápida reducción de los tipos de interés y
transmitirla inmediatamente a los procedimientos de liquidación de deudas
entre las personas, así como a los procedimientos de las liquidaciones de
deuda entre las administraciones públicas y los contribuyentes, y
solicita el voto favorable de todos los grupos parlamentarios.
Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Albendea Pavón,
del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, y Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Intervienen de nuevo los señores Sánchez i Llibre, Martínez Sanjuán y
Albendea Pavón.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, se aprueba por
unanimidad.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre exportación de material
militar(Página 5139)
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), retira su proposición no de ley
sobre exportación de material militar.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes(Página 5139)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre criterios para la revalorización
de las pensiones en el ejercicio presupuestario de 1998(Página 5139)
cmbre del Grupo Parlamentario Socialista presenta la moción consecuencia
de interpelación urgente, debatida la semana pasada en el Pleno, sobre
criterios para la revalorización de las pensiones en el ejercicio
presupuestario de 1998, el señor Cercas Alonso. Expone en primer lugar
que aún no se sabe si el Gobierno restará a la revalorización automática
las posibles décimas de mejora en la capacidad adquisitiva que haya
podido producirse en la renta de los pensionistas. Considera que el
Gobierno no ha despejado las incertidumbres que suscitaron las
contradictorias tomas de posición de las últimas semanas, por lo que el
Grupo Parlamentario Socialista acude al artículo 84 del Reglamento que le
permite presentar esta moción. Añade que ningún grupo se opuso, en el
debate de la interpelación presentada la semana pasada, a que los
pensionistas se beneficiaran de unas décimas en su capacidad adquisitiva,
y opina que el Grupo Parlamentario Popular o bien están de acuerdo con
ellos y no lo dicen para no caer en el ridículo de cambiar de opinión o,
efectivamente, hay razones de fondo que les impide estar de acuerdo con
su propuesta, pero que no se atreven a decirlas desde la tribuna por el
coste político que ello conllevaría. Está de acuerdo en que las leyes hay
que respetarlas, pero también es cierto que en la Cámara se modifican
leyes todos los días, y considera llegado el momento de rectificar lo que
haya que rectificar, sobre todo si es un precepto que, a todas luces, es
mezquino e innecesario.
A continuación solicita el voto favorables a su moción y pasa a fijar la
posición de su grupo ante la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, interviene el señor Camps Devesa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía Lezamiz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Vaquero del Pozo, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Interviene el señor Eguiagaray Ucelay, que solicita, según el artículo 72
del Reglamento, la lectura del texto alternativo propuesto por el Grupo
Parlamentario Popular.
La señora Secretaria (Barrios Curbelo) da lectura al texto presentado.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del
Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 136 votos a favor y 160 en
contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política sanitaria del Gobierno en lo que se refiere
a las medidas a proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera con
el fin de incrementar el presupuesto de gasto de la sanidad
pública(Página 5150)
Presenta la moción consecuencia de interpelación, en nombre del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora
Maestro Martín. Manifiesta, en primer lugar, que interviene para defender
la moción que es consecuencia de la interpelación debatida la semana
pasada en la Cámara, pero también lo hace para traer a la sede del
Congreso de los Diputados un debate en torno a la financiación del
sistema sanitario que, según opinión de su grupo, circula por vericuetos
confusos y opacos que han introducido un nivel de alarma social y de
confusión, sobre todo después de situaciones enormemente irregulares como
la que ha tenido lugar en la mañana de hoy cuando se ha reunido,
supuestamente, una subcomisión que había visto cancelado el tiempo de
debate para emitir un dictamen el día 10 de septiembre. Denuncia asimismo
que a su grupo le fue negado por la Comisión de Sanidad del Congreso de
los Diputados el borrador que estaba sirviendo de base a los grupos
parlamentarios en el debate, siendo la Mesa del Congreso la que ha tomado
la decisión de que dicho documento fuera puesto a disposición de los
grupos parlamentarios que así lo soliciten.
Reitera que la moción responde no solamente al trámite parlamentario
normal sino a permitir que los grupos parlamentarios expresen claramente,
con palabras reflejadas en el Diario de Sesiones y con su voto, cuál es
la voluntad política que les anima en el terreno de la financiación
sanitaria.
A continuación pasa a explicar el contenido de su moción, que se
circunscribe al ámbito de la financiación, y solicita claridad en
relación con la deuda existente en el Insalud transferido, insistiendo en
que el Gobierno debe traer a la Cámara los datos que permitan establecer
con rigor cuál es la deuda y qué la ha generado, y adoptar las medidas de
política sanitaria consiguientes para evitar que esa deuda siga
aumentando indefinidamente y sea un lastre
el futuro de la sanidad pública. En este sentido su grupo parlamentario
propone la elaboración de un plan extraordinario, y afirma que se está
produciendo una parasitación de la sanidad privada con respecto a la
pública .
En el segundo punto de la moción plantea la necesidad de aumentos en la
financiación, pero añade que ésta debe ir ligada al desarrollo de las
infraestructuras sanitarias públicas, por lo que vincula estrictamente el
aumento del gasto a la finalización de la red de atención primaria.
Asimismo plantea el desarrollo de la red sociosanitaria hospitalaria y
extrahospitalaria para la atención a enfermos crónicos y ancianos, la
atención odontoestomatológica y el desarrollo de estructuras de salud
mental.
Por último manifiesta que es hora de que cada grupo parlamentario exprese
con claridad a la población cuáles son las verdaderas intenciones de cada
uno de ellos en cuanto a extender el pago del porcentaje de medicamentos
a determinados colectivos o a la población en general.
En defensa de la enmienda de sustitución presentada a la moción
consecuencia de interpelación urgente por el Grupo Parlamentario
Socialista, interviene la señora Amador Millán.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri
Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Riera i Ben,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Villalón Rico,
del Grupo Parlamentario Popular.
En virtud del artículo 72 del Reglamento intervienen los señores Caldera
Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Grandes
Pascual, del Grupo Parlamentario Popular.
Por el señor Secretario (González de Txabarri Miranda) se procede a la
lectura del acuerdo de la Mesa en relación con los trabajos de la
subcomisión para la reforma de la financiación del sistema sanitario.
A los solos efectos de aceptación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista a la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y presentación de una enmienda
transaccional en relación con el punto segundo de la moción, interviene
la señora Maestro Martín.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, con la aceptación de la enmienda de
sustitución del Grupo Parlamentario Socialista y la adición de la
enmienda transaccional propuesta por la señora Maestro Martín, se rechaza
por 124 votos a favor y 154 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y veinte minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR RODRIGUEZ), SOBRE MODIFICACION DE
LA LEY 17/1977, DE 4 DE ENERO, SOBRE REFORMA DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE
REGISTRO CIVIL (Número de expediente 122/000061)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones
de ley.
En primer lugar, la proposición del Grupo Parlamentario Mixto, suscrita
por el señor Rodríguez, sobre modificación de la Ley 17, de 4 de enero de
1997, sobre reforma del artículo 54 de la Ley de Registro Civil.
Para su presentación y defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, el derecho al uso del nombre en la
propia lengua es un derecho inalienable que se refleja en todas las
declaraciones universales en relación con la problemática lingüística.
Recientemente, este Congreso de los Diputados se adhirió a la declaración
universal que fue redactada en un encuentro al efecto en junio de 1996,
en Barcelona. En su artículo 34 podemos leer: Toda persona tiene derecho
al uso de su antropónimo en la lengua que le es propia y en todos los
ámbitos, y a una transcripción fonéticamente tan fiel como sea posible a
otro sistema gráfico cuando sea necesario.
Los precedentes franquistas que tenemos en el Estado español se plasmaron
en el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957,
que efectivamente no es nada respetuoso con el axioma del que partimos.
Allí se establecía la necesidad de que los nombres propios de españoles
se consignaran en castellano. Pero no nos debemos llamar a engaño. Esta
ley no es, efectivamente, la única responsable de un Estado a todas luces
contrario a los derechos más elementales de
pueblos. Había ya una cierta tradición, sobre todo en algunos territorios
del Estado, que abrió una brecha profunda entre los que se consideraban
nombres de cultura, nombres aceptados desde el punto de vista burocrático
y administrativo, y nombres rechazables.
La Ley 17/1977, de 4 de enero, como se ve, una ley democrática que abría
una esperanza profunda en ese terreno, vino a reformar el artículo 54 de
la Ley del Registro Civil y se justificaba conforme a una serie de
argumentos que aún hoy tienen plena validez. En primer lugar, se
reconocía que el nombre era el signo oficial de identificación de una
persona, pero no solamente dentro de la familia sino también fuera, en el
ámbito social y administrativo. El legislador tuvo en cuenta que en el
Estado español hasta aquel momento había una dualidad o duplicidad: una
cosa es cómo le llamara mucha gente en casa y otra cómo figuraba cuando
iba al servicio militar, cuando se matriculaba en una escuela o
simplemente cuando se casaba o era bautizado. Por otra parte, se afirmaba
la libertad en la imposición de nombres y, además, se decía que había que
fomentar, conforme al espíritu constitucional, y amparar el uso de las
diversas lenguas españolas. Por lo tanto, no tenemos nada que argumentar
contra el párrafo 1 de esa Ley 17/1977, de 4 de enero, que establecía la
corrección: los nombres deberán consignarse en alguna de las lenguas
españolas utilizando la terminología constitucional. Pero su artículo 2
era desafortunado cuando afirmaba que había que sustituir el nombre
propio impuesto con anterioridad a la vigencia de la presente ley por su
equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas españolas. Esa
expresión: «nombre propio impuesto con anterioridad a la vigencia de la
presente ley» venía a convertirse, para las personas que naciesen a
partir del año 1977, en un auténtico problema.
Esto es así porque hay una tendencia en el Estado español, en general, a
concebir la problemática de la diversidad lingüística de una manera
simplista y hasta errónea. Hay muchísima gente, incluidos los
representantes populares, que piensan que el problema de los idiomas --en
concreto, del catalán, del vasco y del gallego-- es un problema estático,
un problema individual y un problema, en todo caso, de libertad
individual más o menos restringida.
Señorías, el problema está en que tenemos una situación movible, una
situación donde la libertad no se puede separar de lo sistemático y de la
necesidad. Y si bien es cierto que el franquismo agudizó gravísimamente
una cierta tendencia que había en el Estado español con anterioridad, no
es menos cierto que existía antes del año 1936 o 1939. Es evidente que,
a partir del siglo XV, en muchos escritos, sobre todo en los que se
reflejaban nombres de personas de la oligarquía nobiliaria o
eclesiástica, los nombres gallegos están empezando a desaparecer. Es
evidente también que, en el siglo XVIII, algún intelectual
importantísimo, de lengua española pero de nacimiento en Galicia, tenía
capacidad para comprender que él se llamaba Martín o Benito, en español,
pero cuando se refería a los sectores populares, se hablaba, por ejemplo,
de un coloquio de 24 gallegos rústicos, que eran segadores en Castilla y
pobres de pedir en Madrid, que se llamaban Perucho dos Merlos, Maruxa das
Rulas, Minguiña do Rego, Antón de Domaio, Martiño de Cobres, Bieito de
Ardán, Jhan de Figueiredo, Thereixa do Cerro, aún en pleno siglo XVIII.
En los siglos XIX y XX, es decir, al llegar el servicio militar, fue
cuando se establecieron los criterios básicos y cuando empezaron a
funcionar determinado tipo de registros con el Estado moderno. Aquí
realmente la situación fue disímil según las zonas del Estado español,
pero en todas problemática, como podremos comprender.
Señorías, se trata de que veamos que hay una situación marcadamente
diglósica y que esta situación es movible y no estática. Movible
generacionalmente, movible espacialmente, movible sociológicamente, y que
cambia la actitud de las personas y su conciencia respecto del problema.
Hay padres que educan a sus hijos en un determinado ambiente de odio
lingüístico contra su propia lengua y sus hijos tienen, después, una
adhesión sentimental o práctica. Hay gente que desconoce el problema. Yo
mismo viví durante diez años sin saber --y se hablaba a mi alrededor
lengua gallega-- que existía esa lengua.
En definitiva, cuando uno quiere ejercer un derecho individual, todos
comprenderemos que tenemos que tener una cobertura legal y administrativa
y que no puede quedar a capricho de los administradores. La ley, tal como
estaba, tenía una cierta perversidad que les voy a ejemplificar. ¿Por qué
razón vamos a impedir que un muchacho gallego que hoy tenga 17, 18, 19 o
20 años, es decir, nacido a partir de 1977, pueda cambiar su Alfonso por
Afonso? ¿Por qué vamos a impedir que cambie su Juan por Johan? ¿Por qué
vamos a impedir que cambie su Rodrigo por Rui, su Fruela por Froila o su
Martín por Martiño, y así sucesivamente? ¿No les suenan a nada estos
nombres si miran los documentos medievales de lo que figura en muchos
libros de texto como Reino de León y de Castilla? Averígüenlo, verán. ¿O
por qué razón le vamos a impedir a un hijo de gallego y extremeña, que
pudieron ponerle a su hijo Pedro, como se le puede poner cualquier otro
nombre legítimamente, que el muchacho, a sus 17, 18 o 20 años, en
Euskadi, se llame Arkaitz? ¿O por qué razón le vamos a prohibir a nuestra
Gloria, que viene a pasar los veranos a Galicia, desde Bilbao, que se
ponga el nombre de Aintzane? ¿O por qué vamos a impedir que un Antonio
pase a llamarse Andoni o Antxon? ¿Qué razón hay para que el hijo de un
matrimonio de andaluz y de gallega, residentes en Cataluña, libremente
ponga en su carnet de identidad Carma y no Carmen; Josep y no José; Angel
y no Angel; o Frederic y no Federico?
rías, yo creo que está clara la cuestión. Es un problema de libertad, un
problema de identificación, un problema de respeto y, curiosamente, un
problema de interrelación y de transmisión de lenguas y culturas. Ya
habrán visto que de todos estos nombres, unos son propios, autóctonos:
nuestra Liria o nuestra Mariña, que son nombres de advocación de santas.
Pero hay otros que son de cultura grecolatina, hebrea, o germánica; cada
uno se adaptó a la fonética y al espíritu de cada una de las lenguas
peninsulares.
Hacemos una propuesta de modificación a la Ley de 1977 para que no sea un
obstáculo, para que estas lenguas tengan un estatuto jurídico digno.
Pedimos, por tanto, la retirada de la citada expresión: «nombre propio
impuesto con anterioridad a la vigencia de la presente ley». No saben
ustedes cuántos favores vamos a hacer a muchachos y muchachas de 17 a 20
años en este momento. No es baladí que esta propuesta venga desde una
órbita gallega. ¿Saben ustedes por qué? Porque posiblemente vivimos la
situación diglósica más clara de una lengua de mucho uso social a nivel
familiar y coloquial, pero de nulo atrevimiento a usarla en el terreno
administrativo y político.
Quiero recordarles a SS. SS. las palabras de un escritor, Luis Rafael
Sánchez, el gran escritor puertorriqueño, donde el español tiene graves
problemas con el inglés, que afirma lo siguiente --utilizo sus palabras
y respeto su terminología--: Todo proyecto bilingüe se hace si se
reafirma la lengua vernácula.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Algún grupo desea consumir un turno a favor de la iniciativa? (Pausa.)
¿Algún turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
La señora Uría, por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor presidente, quiero manifestar que el
Grupo Vasco está totalmente de acuerdo con el contenido de la iniciativa,
tendente a que los naturales de las comunidades autónomas con lengua
oficial propia puedan en cualquier momento optar por tener como nombre,
únicamente, la formulación en catalán, gallego o euskera y solicitar su
cambio sin los límites temporales a los que alude la Ley 17/1997. Al
preparar esta intervención se me ha suscitado la duda de si la
modificación que se propone, si el texto que nos proponemos modificar,
está actualmente vigente. La duda se me suscita porque estamos hablando
de la Ley del Registro Civil, de 1958, que ha tenido sucesivas
modificaciones, no siempre con los requisitos de certeza y seguridad
jurídica que parece exigir la introducción de disposiciones derogatorias.
Si uno consulta cualquiera de las recientes colecciones habituales para
ver cuál es el tenor actual del artículo 54 --y yo me he molestado en
consultar la de Civitas, de Aranzadi, y también la de la Fundación
Areces, dirigida por el magistrado señor O'Callaghan-- se encuentra con
que el tenor actual del citado artículo 54 no es el de la Ley 17/1977
sino el que le da la Ley 20/1994. Puesto que me suscitaba problemas el
pensar por qué se consideraba vigente la Ley 17/1997, me he molestado en
analizar el debate parlamentario de la Ley 20/1994 y he comprobado que en
ningún momento se hizo mención al texto que se derogaba. No existen
disposiciones derogatorias y, desde luego, el debate más encendido que se
suscitó entre la señora Del Campo y el señor Arquero no hace mención a la
ley que es sustituida.
Según la redacción que se da en esta Ley 20/1994 al artículo 54, entiendo
que hoy es posible poner cualquier nombre a un niño o niña, con los
únicos límites de que objetivamente perjudiquen a la persona, sean
diminutivos o variantes coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad,
hagan confusa la identidad o induzcan a error en cuanto al sexo. No se
menciona para nada la lengua, porque ni siquiera es requisito que el
nombre deba ser español. Igualmente, el cambio de los correlativos
preceptos del reglamento parece que es posible en todo momento si hay
causa justa y no produce perjuicio a terceros. Con todo, nos parece que
el debate que ha traído a la Cámara la representación del Bloque
Nacionalista Galego es absolutamente oportuno y actual ya que nos
encontramos en una época en que el uso y el respeto por la oficialidad de
los nombres en lenguas distintas al castellano se pone en numerosas
ocasiones y en distintos medios en duda.
Señorías, Josep Plá no se llamaba José; el portavoz de mi grupo se llama
y debe llamarse a todos los efectos Iñaki y no Ignacio, si bien este
nombre recibe últimamente un más correcto tratamiento por razones que no
se les escaparán a sus señorías.
Mi grupo votará a favor de la iniciativa pero me atrevo a solicitar de la
Presidencia que, si es posible, los servicios jurídicos de la Cámara
hagan un análisis más autorizado que el de esta diputada en cuanto a cómo
se han sucedido las distintas leyes que han dado redacción al artículo
54, no vaya a ser que modifiquemos un precepto derogado. Lo propongo por
razones de certeza y de seguridad jurídica.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría. Se toma buena nota de la
sugerencia de su señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, sin duda no va a ser una sorpresa que, en
nombre de mi grupo, el Grup Parlamentari Catalá, manifieste nuestro
posicionamiento
rable a la toma en consideración de la proposición de ley que,
conjuntamente, han presentado el Bloque Nacionalista Galego y Eusko
Alkartasuna.
Una vez más, debo felicitar a los compañeros diputados por su acierto en
general, pero hoy, en particular, al proponer una enmienda a la Ley
17/1977, que de manera definitiva, a no ser que estuviera derogada,
corrija una disfunción de la propia ley que prohíbe a personas nacidas
más allá del 5 de enero de hace más de veinte años la sustitución de su
nombre propio por el equivalente en otra lengua distinta del Estado
español. Cuando nuestra gente joven nacida más allá de 1977 empieza a
reflexionar sobre su identidad les llena de estupor que su yo, su nombre,
con el que se reconoce y le reconocen es distinto del que aparece en los
documentos oficiales. Es esperpéntico que por algo ajeno a su voluntad,
la fecha de nacimiento, sufra esta disfunción con su identidad durante
toda su vida. Esta ley preconstitucional se vio sometida quizás de manera
inconsciente al discurso colonial, en materia lingüística, del poder del
Estado español y a una política secular de ribetes glotofágicos.
Esta es la ocasión para que los grupos de esta Cámara apoyen de manera
unánime la toma en consideración de esta proposición de ley durante cuyo
trámite mi grupo presentará una enmienda adicional para que la misma
norma sea aplicable a la regularización ortográfica y fonética de los
apellidos, de tal manera que, por ejemplo, los Suñer catalanes que así lo
deseen puedan sustituir la eñe ajena por el dígrafo propio.
Será también interesante rememorar, bajo la excusa onomástica, las
reflexiones que ya nos son conocidas desde el siglo VI antes de Cristo,
cuando en lo que ahora es Grecia los filósofos disertaban sobre la
relación entre el nombre y la naturaleza del objeto. Para muchas personas
es ya evidente que Joana no es lo mismo que Juana, que Iñaki es distinto
de Ignacio, como es diáfano --creemos-- para todas las personas que viven
en Cataluña, e intuyo que para otros tantos fuera de ella, que cualquier
hombre que se llame Jordi no tiene la misma naturaleza que el que se
llame Jorge, y obviamente viceversa, con lo que se demostrará que hay
casos en los que el nombre representa diáfanamente la identidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil i Miró.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo no se va a oponer, pero no sólo no va a adoptar una actitud
no negativa sino positiva y, como es lógico, va a apoyar la admisión a
trámite de esta proposición de ley. Compartimos todos y cada uno de los
argumentos que se han dado para que a través de la misma se reconozca el
derecho a la propia identidad de cualquier ciudadano pudiendo corregir
algo tan importante como es su propia denominación y, en muchos casos, no
sólo por razones de política lingüística sino también por razones de no
privar a ningún ciudadano del derecho a llamarse como a él le parezca
conveniente.
Aparte de las dudas que haya podido manifestar la portavoz del Grupo
Vasco (PNV) acerca de la ley que pueda estar vigente, nosotros --y pese
a eso lo vamos a apoyar-- también tenemos dudas de que sea necesaria esta
modificación, porque hace tiempo que existe un procedimiento especial de
rectificación de inscripciones registrales que permite perfectamente el
que aquel ciudadano que tenga un nombre de dudoso gusto, incluso de
carácter malsonante, que tenga un nombre que pueda suponer en un
determinado contexto algo peyorativo o que simplemente no le guste porque
obedezca al deseo de sus abuelos pero no al suyo, y sus abuelos al fin y
al cabo se lo pusieron pero es él quien lo tiene que soportar, pida
claramente que se le cambie. Y si existe ya un procedimiento de
rectificación de inscripciones registrales, por qué no va a ser ni más ni
menos útil para que podamos, a través de él, solucionar ese derecho a que
cada uno nos llamemos como nos parezca conveniente. Existe incluso el
procedimiento de que se recojan en el Registro Civil aquellos nombres que
decimos han causado estado, que se han venido utilizando a lo largo de
muchísimo tiempo y por tales es conocido el ciudadano, y basta con una
rectificación registral para que inmediatamente ello se produzca. Es
cierto --y el proponente tiene razón-- que estas rectificaciones
registrales llevan aparejados un costo y una tramitación en muchos casos
excesivamente burocrática y que debería ser, por tanto, un trámite
absolutamente gratuito. Por ello, sin perjuicio de las enmiendas que
podamos hacer cuando la proposición de ley sea admitida a trámite, porque
no queremos caer en el reduccionismo y pensamos que se debe aprovechar
esta ocasión no solamente por un proceso de normalización lingüística
sino para otros supuestos, repito que vamos a apoyar la admisión a
trámite de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gago.
El señor GAGO LOPEZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición ante la toma
en consideración de la proposición de ley presentada por el diputado del
Bloque Nacionalista Galego don Francisco Rodríguez Sánchez.
ante la proposición de ley presentada se pretende facilitar la
sustitución en el Registro Civil de los nombres propios por sus
equivalentes onomásticos en cualquiera de las lenguas españolas, a través
del simple requisito de la petición del interesado o de su representante
legal al encargado del registro. Ello, en principio, no nos parece que
pueda plantear demasiados problemas de fondo, si bien se podría discutir,
a mi modesto entender, en lo que respecta a la forma, si el camino más
adecuado es el escogido de la reforma del artículo 2.º de la Ley 17/
1977, en los términos en que aparece redactada.
En efecto, si atendemos a los motivos de la aprobación de la citada ley,
habremos de concluir que perseguía una finalidad clara y concreta:
corregir la situación planteada de exigencia legal prevista en el
artículo 54 de la Ley de Registro Civil en cuanto a la necesidad de que
los nombres propios de españoles se consignaran en castellano y adecuarla
a la realidad cultural del Estado con respecto a la pluralidad
lingüística existente, amparando y fomentando el uso de las diversas
lenguas autóctonas. Podemos afirmar, por tanto, que a partir de la citada
ley, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 8 de enero del mismo
año, el nombre de los nacidos pudo y puede inscribirse en el Registro
Civil en castellano o en cualquiera de las lenguas reconocidas
oficialmente en nuestro país, sin que exista impedimento legal alguno
para ello. Para los nombres inscritos con anterioridad a la entrada en
vigor de la citada ley, el propio texto legal, en su artículo 2.º, que es
el que ahora se pretende reformar --repito, el artículo 2.º de la ley es
el que ahora se pretende reformar-- estableció un procedimiento sencillo
y gratuito para posibilitar su sustitución por su equivalente onomástico
en cualquiera de las lenguas españolas. Ahora bien, se pretende en la
proposición de ley que este artículo 2.º, que nace con marcada vocación
de derecho transitorio y que permite la retroactividad de la aplicación
de la facultad contenida en el artículo 1.º de la misma ley, se convierta
en una norma genérica de resolución de un problema que actualmente no
existe. Todos los nacidos con anterioridad a la entrada en vigor de la
citada ley han tenido y tienen la posibilidad legal de sustituir su
nombre propio inscrito en el registro por su equivalente onomástico en
cualquiera de las lenguas españolas y todos los nacidos con posterioridad
a la entrada en vigor de la ley han tenido, además, la posibilidad legal
de inscribir su nombre propio en cualquiera de las citadas lenguas. Aun
más, todos los nacidos tienen la posibilidad legal de ser inscritos con
el nombre elegido por sus padres en cualquiera de las lenguas españolas,
incluso con nombres propios extranjeros, sin más limitaciones que las que
tienden a proteger a los hijos frente a una elección irreflexiva o
arbitraria de sus padres que pueda perjudicar al nacido por el carácter
peyorativo o impropio del vocablo escogido o por no individualizar
suficientemente a la persona, y ello de conformidad con el espíritu y la
letra de la Ley 20/1994, de 6 de julio, a la que hacían mención
anteriormente las portavoces del PNV y de CiU, que reformó a su vez
nuevamente el artículo 54 de la Ley del Registro Civil y le dio su
redacción actualmente vigente sin derogar, a mi juicio, en lo que se
refiere a la redacción del citado artículo 54, la Ley del Registro Civil.
Por tanto, entiendo que está en vigor por lo que respecta al artículo 2.º
y que es posible su modificación con esta proposición de ley. Sin
embargo, es posible que la inscripción realizada en su día por los padres
o representante legal del nacido no satisfaga ahora a quien llega a la
mayoría de edad, problema que el grupo proponente pretende solucionar
modificando este artículo 2.º de la Ley 17/1977 y posibilitando, a través
de un mecanismo sencillo y gratuito, que el interesado pueda modificar la
inscripción de su nombre propio por su equivalente onomástico en
cualquiera de las lenguas españolas. Esto podría colisionar con el
principio de la seguridad jurídica del Registro Civil. En todo caso, el
Grupo Parlamentario Socialista entiende que la proposición de ley
presentada y que ahora debatimos persigue un fin lógico y deseado, por lo
que anunciamos nuestro apoyo a su toma en consideración, sin perjuicio de
las enmiendas que se puedan presentar durante la reglamentaria
tramitación.
Sin querer entrar en polémica ni con ánimo de contestar a la portavoz de
CiU, me gustaría decir que resulta inaceptable lo que ha dicho sobre la
naturaleza humana. Yo ignoraba que también dependiera del nombre de las
personas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gago.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Varela.
El señor VARELA PEREZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para anunciar que el Grupo Parlamentario Popular...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Varela. Lamento tener que hacer
una llamada de atención desde aquí a los equipos de sonido del hemiciclo,
pero es notorio que desde algunos de los escaños no se aprecian
adecuadamente las palabras del orador. Por tanto, les ruego que estén muy
atentos porque en este momento al señor Varela difícilmente se le puede
escuchar, al menos desde la Presidencia.
Puede continuar.
El señor VARELA PEREZ: Es posible que fuera mi voz, señor presidente, y
no los servicios técnicos.
El señor PRESIDENTE: En su nombre se lo agradezco, señor Varela.
eñor VARELA PEREZ: La postura del Grupo Parlamentario Popular es de apoyo
a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el
Bloque Nacionalista Galego en el tema que hoy nos ocupa.
Es cierto que el idioma es la base de cualquier cultura y en España, en
nuestra tierra, el idioma es la base de muchas culturas; por tanto, es
necesario que el idioma siempre esté presente. En el supuesto que hoy nos
ocupa, existía una ley del año 1957 en la que única y exclusivamente se
podía inscribir a las personas con su nombre en castellano; ley que
naturalmente carecía de todo sentido y de toda lógica y que, aunque desde
el punto de vista legal estaba así establecido y era una imposición,
desde el punto de vista social era algo que repugnaba ya desde aquel
entonces y desde mucho antes a cualquier mente normal. La Ley 17/1977
modificó esa posibilidad y estableció que se pudiera consignar el nombre
de cualquier persona en cualesquiera de las lenguas españolas, con lo
cual de alguna forma se corregía aquel defecto realmente grave. Pero en
el artículo 2.º de esa ley se matizaba, de modo también claro, que podría
cambiar y consignar, por tanto, su nombre en la lengua española que
considerara oportuna cualquier persona que hubiera sido inscrita antes
del año 1977. Por tanto, se producía una laguna legal que viene a
corregir la proposición del Bloque Nacionalista Galego. Esa proposición
es perfectamente acorde puesto que si bien es cierto que a partir del año
1977 existía plena libertad para poder consignar el nombre en
cualesquiera de las lenguas españolas, no es menos cierto que existía un
agravio comparativo entre las personas que podían variar de alguna manera
esa consignación o inscripción de su nombre dependiendo de si habían sido
inscritas antes o después de 1977, quedando estas últimas sin esa
posibilidad. La ley viene a corregir de modo claro ese extremo y, por
tanto, debe ser apoyada. Nada más tengo que decir en cuanto a la postura
del Grupo Popular.
Simplemente, como el río Miño pasa por Lugo, quisiera aprovechar la
oportunidad que me brinda esta intervención para despedirme en este
momento de todos los señores diputados, puesto que dejo mi escaño al
terminar este Pleno. Quiero agradecer a todas SS. SS., a la Mesa y a los
servicios de la Cámara las atenciones que han tenido conmigo y decirles
que si puedo, en donde yo esté, en la política de Galicia --y eso es un
futurible--, si es que soy elegido allá, colaboraré con todos ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Varela. Como han subrayado SS.
SS., sus últimas palabras de despedida, después de varias legislaturas
como diputado, no hacen más que solicitar de quien le habla, de los
servicios de la Cámara y de la Mesa, a los que también ha aludido, la
confirmación de ese aplauso de despedida, de nuestro afecto y de nuestro
deseo de que siga desempeñando por mucho tiempo labores parlamentarias en
el ámbito que S. S. y el pueblo decidan. Gracias.
El señor Rodríguez me había solicitado una intervención mínima para una
aclaración sobre las dudas que había suscitado la vigencia o no del
artículo de la ley cuya modificación se está debatiendo.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
De forma muy breve me voy a referir a tres cuestiones porque serán
higiénicas para el debate posterior. No se trata en la actual situación
de que los padres no puedan inscribir a las criaturas con los nombres que
estimen oportunos. Esto se puede hacer. Ahora bien, lo que no se puede
hacer hoy, con la actual estructura jurídica que afecta al Registro
Civil, es que un muchacho de 18, 19 o 20 años, en el año 1997 --en el año
2000 serán más los jóvenes que estarán en esta situación--, no pueda
cambiar su nombre por el equivalente en otra lengua peninsular. Esto no
se puede hacer. Es una realidad y se puede comprobar porque los
encargados del registro niegan este cambio a todos los nacidos después de
1977, por lo menos en el caso de Galicia, y me imagino que no será una
peculiaridad más. Como yo creo que no es una peculiaridad, pienso que el
debate es de carácter general.
Señor presidente, sólo quiero añadir que estamos muy satisfechos de esta
toma en consideración, si es que se produce.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, presentada y defendida por el señor Rodríguez,
sobre modificación de la Ley 17/1977, de 4 de enero, sobre reforma del
artículo 54 de la Ley de Registro Civil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275;
a favor, 273; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL
(Número de expediente 122/000062)
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MODIFICACION DE LA
LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL (Número de
expediente 122/000063)
-- DE INICIATIVA POPULAR, SOBRE RECLAMACION DE DEUDAS COMUNITARIAS
(Número de expediente 120/000002)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán, a su vez de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular y de la proposición de
ley de iniciativa popular, las tres sobre propiedad horizontal o
reclamación de deudas comunitarias en la propiedad de casas por pisos.
Señorías, voy a hacer dos comentarios para los que solicitaría silencio.
El primero sobre el silencio mismo. Hace unos minutos me he visto en la
necesidad de pedir a los servicios de sonido de la Cámara que velaran
especialmente por que el sonido del hemiciclo fuera suficiente para que
todos pudieran percibir con claridad lo que se expone y lo que se vota.
Querría subrayar especialmente la necesidad de guardar silencio a la hora
de las votaciones, a fin de no inducir a error a ningún portavoz ni a
ningún grupo parlamentario.
En segundo lugar, y sobre la tramitación de estas tres iniciativas,
quiero subrayar que la tercera, la que he leído en tercer lugar, es de
iniciativa popular y, en consecuencia, si alguna de sus señorías desea
que antes de dar lugar al debate acumulado de las correspondientes
intervenciones de los grupos Catalán y Popular se produzca la lectura de
la memoria que acompaña a la iniciativa popular, se haría así; en caso
contrario, pasaríamos a la exposición por parte de los portavoces del
Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Popular. (Pausa.) Entiendo que
ninguna de sus señorías insta a la lectura de la iniciativa popular.
Por tanto, en primer lugar, para la defensa de su iniciativa tiene la
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), señor Recoder. (Rumores.)
Silencio, señorías. (Pausa.) Cuando quiera, señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hace ya algo más de tres años que esta Cámara aprobó, después
de un largo y complejo debate y trámite parlamentario, la reforma del
texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) A lo
largo del proceso de debate de la nueva LAU, y como argumento favorable
a dicha reforma, planeó permanentemente la constatación de que esa ley
había quedado anticuada y que estaba tan fuera de la realidad que se la
consideraba como un elemento clave, aunque no el único, en el declive que
sufría el mercado de alquiler. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Recoder.
Señorías, les ruego silencio. Señorías, les ruego que abandonen el
hemiciclo si no ocupan sus escaños.
Puede continuar, señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que todos los datos estadísticos corroboraban el imparable descenso
de la oferta de vivienda en alquiler que se había venido produciendo en
los últimos 30 años y, por tanto, del número de ciudadanos que tenían
como vivienda principal una vivienda sometida a este régimen. Como
contrapunto a esta situación, quedaba manifiesto el incremento pausado
pero notable que se había producido en el número de viviendas de
propiedad, resultado no sólo del aumento del número de ciudadanos que
decidían y deciden, por el motivo que sea, que lo que más les conviene es
instalar su hogar familiar en una vivienda propia, sino también resultado
del notabilísimo crecimiento de la demanda en zonas turísticas y, por
tanto, del aumento de la segunda residencia en propiedad.
Todo ello nos ha llevado a una situación en la que tenemos una ley de
1960, la Ley de Propiedad Horizontal, que está afectando a un amplísimo
universo de ciudadanos, muchos más desde luego de los que se pensaba en
el momento en que se elaboró, y que por tanto tiene una repercusión y una
trascendencia social importante, pero que además ha quedado obsoleta en
algunas de sus previsiones y soluciones. Esto es algo lógico puesto que
pocas leyes sobreviven una andadura de 37 años con unas reformas mínimas,
como ha sido el caso de ésta. La longevidad de la Ley de Propiedad
Horizontal, desde mi punto de vista, se debe a un doble motivo. En primer
lugar, por cuanto se trata de una norma sencilla, una norma con un
articulado breve y de complejidad más bien escasa. Ello es siempre de
agradecer, pero aún lo es más teniendo en cuenta que los destinatarios de
esta ley no son personas necesariamente eruditas ni versadas en temas
legales, son el común de los ciudadanos normales y corrientes. Por ello,
una ley sencilla y fácil de entender, que diera soluciones sencillas y
lógicas a los problemas que se pueden plantear en el día a día de una
comunidad de vecinos, creo que es algo positivo. En segundo lugar, porque
de la propia sencillez de la ley se derivaron múltiples situaciones, no
expresamente contempladas en el texto, que fueron interpretando y
aclarando los tribunales de acuerdo con el sentir social mayoritario.
Estos elementos positivos de la ley vigente los hemos tenido muy en
cuenta a la hora de afrontar su reforma;
reforma que creíamos y creemos necesaria y así lo llegamos a plantear a
gobiernos anteriores, al inicio ya de la década de los noventa, incluso
con cierta insistencia. Se nos dijo entonces que lo prioritario era la
reforma de la LAU y coincidimos en ello e incluso en la urgencia de esa
reforma, de la reforma de esa ley obsoleta (una ley obsoleta donde las
había) y que además, como decía antes, comprometía seriamente el
desarrollo del alquiler en este país. Pero inmediatamente después de la
aprobación de la LAU, allá por enero del año 1995, nos pusimos a trabajar
en la reforma de esta ley y lo hicimos sin esperar a que fuera el
Gobierno de la época quien tomara la iniciativa. El resultado, señor
presidente, señorías, es la proposición de ley que hoy sometemos a la
consideración del Pleno.
Como virtudes de la iniciativa de nuestro grupo parlamentario, fruto de
las ideas que hemos tenido presentes durante su elaboración, déjenme que
destaque dos. En primer lugar, que siendo la Ley de Propiedad Horizontal
--como antes les decía-- una ley que se aplica al común de los
ciudadanos, cualquier reforma debe tener como resultado una ley sencilla
e inteligible. En segundo lugar, que al ser una ley cuya aplicación se ha
venido experimentando durante 37 años, sus destinatarios --las
comunidades de vecinos y los propietarios individuales integrados en las
mismas-- tienen ya unas ciertas nociones en relación a cuáles son sus
derechos y deberes y, por tanto, deberíamos modificar este esquema lo
mínimo posible. Y en tercer lugar, y como consecuencia de las dos ideas
anteriores, la reforma se debía y se debe limitar a mejorar la ley en
aquellos temas donde claramente está desfasada, más candentes y que
requieren de una inaplazable modificación y a los cuales me referiré a
continuación.
¿Qué aspectos de la ley pretendemos modificar? Más exactamente, ¿cuál es
el contenido de nuestra proposición de ley? En primer lugar, queremos
suprimir en algunos casos la regla de la unanimidad. De hecho y como es
sabido, la vigente ley exige el acuerdo unánime de todos los vecinos para
aprobar o modificar las reglas contenidas en el título constitutivo de la
comunidad, con una sola excepción, que es fruto también de una iniciativa
de este grupo parlamentario en una legislatura anterior, como es el caso
de las obras que tengan por finalidad la supresión de barreras
arquitectónicas que dificulten el acceso y la movilidad de personas con
minusvalía. En este caso saben ustedes que basta con el voto de las tres
quintas partes de los propietarios, que a su vez representen las tres
quintas partes de las cuotas de participación. Pues bien, proponemos que
la regla de la unanimidad se rompa en dos casos más, como son el del
servicio del ascensor, donde la oposición de cualquier copropietario, de
un solo copropietario --generalmente el del principal, que no lo
necesita-- puede bloquear la instalación de un servicio que pienso que en
ningún caso puede ser considerado como un elemento suntuario o de lujo,
sino que es algo necesario. También proponemos que se rompa la regla de
la unanimidad en aquello que se refiere a la creación o supresión del
servicio de portería, conserjería o vigilancia, donde pienso que se dan
auténticas situaciones de injusticia como, por ejemplo, cuando con la
sola oposición de un vecino se impide que comunidades --incluso
compuestas en su totalidad por pensionistas-- puedan aplicar la
legislación laboral y sustituir este servicio, que les resulta
difícilmente soportable, por los medios técnicos --el portero
automático-- que hoy en día son comunes pero que no existían cuando se
aprobó esta ley en el año 1960.
En segundo lugar, nuestra iniciativa propone toda una serie de mejoras
para poner las cosas difíciles a aquellos vecinos que no cumplen con sus
obligaciones económicas para con su comunidad y, por tanto, eluden su
responsabilidad para lo que es de todos los copropietarios. La morosidad
es un drama que afecta a la vida de nuestras comunidades, cuya deuda se
ha llegado a cifrar en 28.000 millones de pesetas y, ciertamente, los
instrumentos que la ley actualmente contempla para perseguir a los
morosos son clarísimamente insuficientes.
En este empeño nuestra proposición coincide con la de iniciativa popular
promovida por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas
que fue presentada en el Congreso, tras un notabilísimo y meritorio
trabajo de recogida de firmas (más de 800.000) entre los ciudadanos
afectados por esta ley y que escenifica la preocupación de los
profesionales que están más directamente en contacto con la realidad de
las comunidades de vecinos, como son los administradores de fincas y que
conocen de primera mano la grave dificultad que estas situaciones generan
a la buena marcha de las comunidades y a los propios vecinos que sí que
cumplen con sus obligaciones. Celebramos y felicitamos, pues, la
iniciativa popular, la vamos a votar favorablemente y propondremos además
a la Mesa de la Cámara una serie de acciones para que se pueda producir
la tramitación de un único texto que refunda las tres iniciativas que hoy
debatimos; además lo haremos con el mismo espíritu constructivo con el
que propusimos la semana pasada a la Junta de Portavoces la acumulación
de esta iniciativa popular a la nuestra en el debate de hoy.
Pues bien, como decía antes, proponemos toda una serie de mejoras en el
texto de la ley para facilitar el cobro de las deudas para con las
comunidades. En ese sentido y para no alargarme, sólo quisiera citar
algunas medidas, como por ejemplo la exigencia por parte del notario que
autorice una compra-venta, y para conocimiento del adquirente, de una
certificación que acredite si el vendedor se encuentra al corriente de
los pagos para con la comunidad; la posibilidad de que los acreedores que
hubieran obtenido sentencia firme contra la comunidad puedan dirigirse
individualmente contra cada uno de los vecinos, en exigencia de la parte
alícuota de la deuda que le toque, quedando, por tanto, liberados los
copropietarios que hubieran pagado; el establecimiento de juicio verbal
para las acciones derivadas de la ley; la acumulación de la deuda
inicial, que dio lugar a un procedimiento de la comunidad contra un
vecino moroso, de las cuotas que hayan ido venciendo hasta que se
produzca la sentencia, o la obligación de consignar la deuda por parte
del moroso que haya obtenido una sentencia contraria en primera
instancia, como paso previo a la apelación.
En tercer y último lugar, señor presidente, señorías, nuestra propuesta
pretende introducir la cultura de la rehabilitación y de la conservación
en las comunidades de vecinos. Desde hace un cierto tiempo saben sus
señorías que se está realizando un importante esfuerzo por parte de
distintas administraciones y colegios profesionales para intentar
extender el mensaje entre los propietarios, copropietarios de inmuebles,
de que éstos necesitan un mantenimiento, a semejanza de aquella cultura,
que ya forma parte del hacer de nuestra sociedad, en cuanto al
mantenimiento de los vehículos automóviles. La gente sabe que en
evitación de males mayores y como requisito indispensable para evitar
reparaciones costosas y alargar la vida del automóvil hay que someterlos
periódicamente a unas reparaciones o, cuando menos, revisiones.
Exactamente lo mismo que se está intentando conseguir, repito, desde
diversas instancias institucionales, colegios profesionales, en cuanto al
mantenimiento de las viviendas. Pues bien, esta idea pretendemos
trasladarla a la ley, estableciendo, en primer lugar, la responsabilidad
individual de los propietarios de respetar los elementos comunes. En
segundo lugar, creando un fondo de reserva, del 5 por ciento, un fondo de
reserva que, obviamente, no va a implicar una cantidad excesiva ni una
aportación adicional excesiva a los copropietarios, un 5 por ciento de
los gastos de comunidad, al cual deberán contribuir todos los
copropietarios, y que será destinado exclusivamente a obras de
conservación y de reparación, estableciendo, además, la obligación de la
comunidad de realizar las obras de mantenimiento y conservación que
tengan por finalidad la adecuación de los elementos estructurales, la
estanqueidad del edificio o dotar al inmueble de las condiciones de
habitabilidad adecuadas. Por poner un ejemplo, muy fácilmente
comprensible, con esta innovación que propone nuestro grupo
parlamentario, el vecino del ático que debía, hasta ahora, soportar las
goteras ocasionadas por el mal estado de la azotea, que es un elemento
común, podrá exigir, incluso judicialmente, de la comunidad que ésta se
haga cargo de la reparación por más que el vecino del primer piso se
niegue, que no sufre además el problema de la humedad.
Termino, señor presidente. Muy someramente éstas son las principales
modificaciones de la Ley sobre Propiedad Horizontal que la proposición de
ley de nuestro grupo parlamentario sugiere, aunque también se refiere a
otros temas como son la elección del presidente, la toma de decisiones en
el seno de la comunidad o la actualización de la definición de lo que son
los elementos comunes, que obviaré.
Me he referido antes a la proposición de ley de iniciativa popular y
quiero referirme, aunque sea muy brevemente, a la del Grupo Parlamentario
Popular que, si bien se limita a un solo artículo a la modificación del
artículo 10, apartado segundo, la juzgamos interesante y también la
votaremos a favor. Nuestra intención y voluntad es, como decía antes, que
las tres iniciativas se puedan tramitar conjuntamente, en base a un único
texto, y que este trámite sea tranquilo y pausado pero también rápido,
para así poder tener cuanto antes una Ley sobre Propiedad Horizontal
moderna, ágil y eficaz, la Ley de Propiedad Horizontal que nuestra
sociedad demanda y precisa. Ello, claro está, sólo será posible si los
grupos parlamentarios manifiestan su voluntad política al respecto,
apoyando la toma en consideración de estas proposiciones de ley, por lo
que me permito solicitar su voto favorable, no sólo para nuestra
proposición de ley sino también para la de iniciativa popular y la del
Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Recoder.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre modificación de la Ley 49, de 21 de julio
de 1960, sobre Propiedad Horizontal.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Rivas Fontán.
El señor RIVAS FONTAN: Señor presidente, señorías, comparezco en esta
tribuna para defender nuestra parca proposición de ley y, al mismo
tiempo, anunciar nuestro voto favorable a la modificación que propone el
Grupo Catalán, así --cómo no-- como para felicitar la iniciativa popular
del Colegio de Administradores de Fincas.
Pienso que es una ley de importante trascendencia social y por ello me he
permitido, en primer lugar, observar lo que en este campo y concretamente
en el ámbito del Código Civil nos enmarca en los países de nuestro
entorno más inmediato. Concretamente en Italia, ley muy similar a la
nuestra, con el título de condominio; en Francia, con el de copropiedad,
y en Portugal exactamente con el mismo título de propiedad horizontal,
modificadas en todos los casos por las exigencias de los tiempos, por
decretos, leyes, etcétera, más o menos como en el caso español. Pero en
el caso de nuestra ley hemos de atender a la situación presente sin
olvidar que se han producido dos importantes modificaciones. La primera
de ellas fue la Ley 2/1988, de 23 de febrero, relativa al funcionamiento
de la junta
de propietarios y obligaciones de los propietarios, con un solo artículo,
y la segunda ha sido la Ley 3/1990, de 21 de junio, que modifica
solamente el artículo 16, en relación con la adopción de acuerdos que
tengan por finalidad facilitar el acceso a la movilidad de los
minusválidos en el edificio de su vivienda, también curiosamente con un
solo artículo.
Lo que parece que ha motivado al legislador de entonces y nos motiva en
este momento ha sido y es el problema que en el prolongado uso de esta
ley se ha detectado, concretamente en el tema de las convocatorias, en el
quórum con las mayorías y en el incumplimiento de las obligaciones
económicas. Téngase en cuenta que, curiosamente, en el caso del quórum
esta ley contempla al menos cinco modalidades. Desde los cuatro quintos
pasa por los tres quintos, para llegar a un cuarto, en otros casos exige
la unanimidad, tema más conflictivo, y en otros termina con la mayoría
simple.
La Ley de 21 de julio de 1960 vino a resolver una laguna legal que
necesitaba de una reforma imperiosa porque, como en otras ocasiones, la
realidad social se había adelantado y rebasado ampliamente las
previsiones del legislador, si bien la regulación que se efectuó a través
de la Ley sobre Propiedad Horizontal, aunque novedosa, no resultó
satisfactoria, como lo demuestra la experiencia vivida a lo largo de sus
cerca de 40 años de vigencia. Ha originado --y la experiencia aquí nos lo
demuestra-- importantes contenciosos judiciales y extrajudiciales; ha
dado lugar a innumerables consultas, a un sinfín de consultas, como reza
la iniciativa popular, a los servicios de defensa del consumidor, y
también ha generado un sinfín de conflictos entre propietarios por impago
de gastos de comunidad, etcétera, habiendo generado una preocupación
social que ha movido, y pienso que ha impulsado, las distintas
iniciativas que estamos considerando en esta Cámara hoy.
He consultado en los servicios de esta Cámara y he encontrado varios
antecedentes en distintas legislaturas. Quizá el más próximo se refiera
a una pregunta formulada por el diputado señor Gilet Girart, de mi grupo
político, en la que citaba al Ministerio de Justicia y se interesaba por
lo que en aquel momento circulaba como un proyecto de ley de conjuntos
inmobiliarios. Más tarde --y hoy estamos precisamente en el tercero de
los puntos que nos ocupan--, el Consejo General de Colegios Territoriales
de Administradores de Fincas presentó en el Registro general una
iniciativa legislativa --y pienso que no es fácil conseguir los cientos
de miles de firmas que se han necesitado para cumplir las exigencias a
que obliga el trámite de su paso por el Parlamento a cualquier
iniciativa-- que apunta fundamentalmente a la reclamación de las deudas
comunitarias, y en cuyo espíritu subyacen dos aspectos fundamentales: la
morosidad en el momento de las transmisiones de fincas y la morosidad en
los actuales propietarios, proponiendo así la modificación de los
artículos 9, 12 y 18 de la mencionada ley, de los artículos 1.401, 1.429,
1.435 y 1.456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y también del artículo
175 del reglamento notarial.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) apunta en su
modificación, y llega en la redacción de aspectos muy concretos de esta
ley, con los que, en general, estamos de acuerdo, aunque pienso que habrá
que puntualizar con tiempo y con rigor, a la modificación de nuevo del
artículo 396 del Código Civil, a los artículos 9, 12 y 16 de la presente
Ley sobre Propiedad Horizontal, e introduce cuatro nuevos artículos en
esta ley, así como suprime la norma quinta del articulo 16, y añade una
disposición adicional, otra derogatoria y dos finales, que no entro a
analizar en este momento porque pienso que tiempo tendremos de estudiar
con rigor esta modificación.
La proposición de mi grupo, en cuyo nombre estoy haciendo uso de la
palabra, tan sólo pretende modificar, y es parca en contenido, el
articulo 10, porque en su momento entendimos que no era adecuado
modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil en un trámite como éste. Por eso
nuestra redacción es corta y no intenta más que abordar el muy
cuestionado artículo de la ley. Nosotros creemos que, teniendo en cuenta
el contenido de la ley y los cambios sociales que se han ido produciendo
desde su publicación hasta nuestros días, así como el corsé que ha
supuesto para la rehabilitación de edificios y viviendas, posiblemente
fuera ya el momento de abordar una reforma no parcial sino en profundidad
de la ley, teniendo en cuenta, igualmente, que el ámbito del contenido de
esta ley tendrá, sin duda, repercusión en otras leyes importantes de
igual o superior rango.
Asimismo me interesa destacar, para defender nuestra iniciativa, que al
día de hoy no podemos obviar el momento procesal en el que nos
encontramos. No podemos obviar, y no podría ser de otra forma, el marco
de la Constitución, inexistente cuando se redactó la ley que nos ocupa,
la que nos advierte de la necesidad de garantizar la convivencia
democrática, el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio,
así como la trascendencia del derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales. Igualmente, no podemos prescindir de la perspectiva
que nos brindan los artículos 47 y 33 de la Carta Magna, por lo que hemos
de considerar el derecho al disfrute de una vivienda digna, adecuada y,
cómo no, a la propiedad privada. Es importante la incidencia que habrá de
tener esta ley en otras de igual o superior rango, como he dicho
anteriormente, pudiendo provocar, en cierta medida, repercusiones
impensables. Cito a título de ejemplo la Ley sobre Arrendamientos
Urbanos, la Ley de Medidas Urgentes de la Reforma Fiscal, la Ley de
Demarcación y Planta Judicial, la Ley del Poder Judicial, incluso las
leyes 4/35 y 3/42, de la compilación
del Derecho Civil Foral de Navarra, la Ley de antenas de radio y
televisión y, además, un sinfín de decretos y órdenes relativas a antenas
parabólicas, radioaficionados, vídeos y, cómo no, el tema tan novedoso y
de actualidad como la televisión digital, con las repercusiones de un
avance tecnológico de tal magnitud.
Pensamos en nuestro grupo que la realidad actual supone un cambio
sustancial que hemos de afrontar en conjunto todos los grupos
parlamentarios, dado que se trata de una institución de naturaleza
compleja dentro del género propiedad. En palabras de nuestro Tribunal
Supremo, es una forma de goce de la propiedad, establecida por el uso y
traída hace poco tiempo como institución jurídica singular e
independiente. Como apuntan los señores Pons González y Del Arco Torres,
en su obra Régimen jurídico de la propiedad horizontal, es una propiedad
especial, compleja, interdependiente y funcional, es una propiedad
anómala, incómoda, perturbadora e inmisionada, es más bien un paradigma
de propiedad solidaria, inevitable función de los demás. De otra parte,
es una ley ambigua, falta de precisión, parca, por otro lado encomiable,
falta de tecnicismo. Todo ello aboga por su modificación en profundidad
y, aun cuando se pueda discrepar en aspectos concretos, sería conveniente
su actualización, tanto en lo que afecta a la buena convivencia como a la
propia solidaridad de las comunidades de propietarios y vecinos. Es,
pues, necesario llevar a cabo una modificación amplia del texto en vigor,
que adecue sus preceptos a los cambios y situaciones que efectivamente se
vienen produciendo en la sociedad.
Señor presidente, voy concluyendo para afirmar que la posición de mi
grupo y la del propio Gobierno es, en líneas generales, la que acabo de
exponer. Por todo ello, espero de SS. SS., como no podía ser de otra
forma, la mejor de las disposiciones ante una ley de indudable
trascendencia social. No podemos ni debemos olvidar que muchos millones
de españoles y españolas conviven hoy --y permítanme dar un dato con
exactitud matemática-- en 1.247.583 edificios (censo de edificios del año
1990), cifra que, si la multiplicamos por el número de viviendas en cada
edificio y por el número de habitantes en cada vivienda, resultaría
auténticamente asombrosa, conmocionando a los que hoy entendemos y
defendemos un tipo de vida urbana distinto, nuevo y más humano. Todos
conocemos casos con situaciones de auténtica tensión en nuestro común
vivir urbano. Así, desde la representación que ostentamos, hagamos buena
esta ocasión efectuando, en el momento oportuno del trámite, una clara
distinción entre lo que es derecho necesario, de obligado cumplimiento,
y aquello que puede ser modificado por voluntad de las partes; regulando
adecuadamente cuestiones como la creación, obligatoriedad y modificación
del título constitutivo; la forma de determinación de las cuotas de
participación; la distribución de los gastos generales y su distinción de
los singulares; el régimen de impugnación de acuerdos, con distinción
clara entre actos nulos y anulables; recoger principios jurisprudenciales
ya consagrados; la obtención de mayorías cualificadas; resolver, en la
medida de lo posible, la conflictividad entre propietarios por el impago
de gastos de la comunidad y poner fin a aquellas cuestiones que ofrecen
distintas soluciones en los tribunales de justicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Senor Rivas, le
ruego que concluya.
El señor RIVAS FONTAN: Termino, señor Presidente.
Todas estas consideraciones inducen a proponer a mi grupo la radical
modificación de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal y para la que en su nombre solicito el apoyo de SS. SS., con
el ofrecimiento de que en su trámite reglamentario se perfilen
técnicamente todos aquellos aspectos considerados, o modificar aquellos
otros que no menoscaben su sencillez y comprensión para los múltiples
destinatarios que así nos lo demandan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivas.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Han solicitado la palabra, por parte del Grupo Mixto, los señores
Chiquillo y Vázquez, por lo que les recuerdo que tienen que compartir su
tiempo.
Tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente, en nombre de Unió Valenciana, para fijar la
posición respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley
que, respecto a la propiedad horizontal, se someten hoy a la
consideración de este Pleno. Vaya por delante que el voto va a ser
favorable, valorando muy positivamente, en primer lugar, la acción
política del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Partido Popular y
la de iniciativa popular presentada por el Consejo General de Colegios
Territoriales de Administradores de Fincas del Estado español respecto a
la necesaria e inaplazable modificación de diversos extremos de esta ley,
que tiene casi 40 años, la Ley sobre Propiedad Horizontal del año 1960,
que ha sido modificada en dos ocasiones pero que ha demostrado en sus
años de vigencia que ha quedado anticuada, dando la espalda a la realidad
social.
Yo me atrevería a decir hoy, en que vamos a apoyar esta iniciativa de
toma en consideración de reformas puntuales, que lo que la sociedad
española está demandando, demanda ampliamente recogida por los
propietarios y por los interlocutores sociales habilitados
para ello, es que por parte de los ministerios implicados se hiciera una
nueva ley de propiedad horizontal, desde el preámbulo hasta la última
disposición, porque estos años de vigencia han aconsejado ir aprobando y
aplicando modificaciones concretas, según iban surgiendo demandas,
acercando la propiedad horizontal a esa realidad social. Hoy nos lo
demanda la morosidad, el bloqueo de acuerdos. Incluso, como muy bien ha
apuntado el portavoz de Convergència i Unió, el hecho de que haya muchas
propiedades horizontales en las que nadie quiere ser presidente de una
comunidad de vecinos. Yo les puedo hablar desde la experiencia. Desde
hace un año y medio soy presidente de la comunidad de vecinos en que
resido y no hay manera de que se adopte el acuerdo de nombrar un nuevo
presidente. Los bloqueos sistemáticos, los problemas burocráticos, las
morosidades, las informalidades de algunos de nuestros vecinos hacen muy
poco apetecible el cargo de presidente. Yo me atrevería a decir que esta
reforma concreta que hoy vamos a acometer con este primer empujón es
oportuna. Pero creo que deberíamos de sentar las bases para un gran
acuerdo político, a fin de que se elaborara una nueva ley de propiedad
horizontal que recogiera la experiencia de estos últimos años, así como
los principios democratizadores establecidos en nuestra Constitución y
que, por lo tanto, hiciera apetecible ser presidente de una comunidad.
Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa, pero con la petición que
formulo en esta sede parlamentaria de que se hiciera una nueva ley de
propiedad horizontal.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Intervengo para apoyar, en nombre del Bloque Nacionalista Galego y de
Eusko Alkartasuna, la toma en consideración de estas iniciativas hoy
presentadas, tanto la de Convergència i Unió como la del Partido Popular
y, naturalmente, la derivada de la iniciativa popular.
Yo creo que no es prudente insistir en este momento en por qué es
necesaria la reforma de determinados aspectos legales, de manera que se
facilite la solución de un problema, desde luego no menor y que afecta a
muchos ciudadanos y ciudadanas, como es la morosidad de determinados
propietarios que no hacen frente a las deudas de su comunidad o bien
retrasan sus pagos, muchas veces exasperantemente, lo que aparte de
constituir una burla a la mayoría de los vecinos que sí cumplen con sus
obligaciones ponen de manifiesto una actitud individualista e
insolidaria, dando un ejemplo, al mismo tiempo, poco edificante.
Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego apoya la toma en consideración
de estas iniciativas, deseando que en el posterior proceso de discusión
en esta Cámara se den soluciones a este problema respecto a los derechos
de los individuos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna
para dar también un testimonio del compromiso de Coalición Canaria en la
resolución legal ante esta Cámara del problema de fondo que la cuestión
de las fincas urbanas y la convivencia de las comunidades de
copropietarios plantea actualmente en el ordenamiento administrativo
español.
Nosotros vamos a dar nuestro voto de apoyo positivo y favorable a las
tres iniciativas que nos convocan en este momento aquí. En primer lugar,
en relación con la modificación de la Ley de 1960, sobre Propiedad
Horizontal, que trae el Grupo Popular, dada la simplicidad de la misma y
la sencillez para realizar aquellos compromisos de innovaciones que sean
necesarias en los inmuebles urbanos está dicho, y es obvio que añadirle
cualquier otro comentario al respecto sería prolijo aquí.
La proposición de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán,
dada su extensión, merece un comentario especial por parte de este
portavoz de Coalición Canaria en relación con la proposición de ley que
nos trae también aquí la iniciativa popular, presentada por don Manuel
Roberto Enguidanos y todas las miles de firmas que le acompañan a
iniciativa de los colegios territoriales de administradores de fincas. La
Ley 49/1960, es una ley que tuvo un trámite polémico interno en las
interioridades oscuras del debate político, del régimen político
franquista anterior. En las Cortes orgánicas, aquello motivó unas luchas
internas de planteamiento sobre una ley que iba a tener una enorme
contradicción interna en sí misma: en un régimen que no era democrático
tratar de articular y de armonizar unas conductas democráticas dentro del
inmueble del que eran copropietarios una serie de personas transformadas
en comunidades de propietarios. Era muy difícil, por tanto, en un
ambiente político sin sentido de la democracia, instrumentalizar
conductas y comportamientos democráticos. De ahí que esta ley haya sido
prácticamente inamovible, curiosamente, a lo largo de la transición
constitucional española en el momento presente, en que entran dos
principios fundamentales, el de la seguridad jurídica de todo ciudadano
y la tutela judicial
efectiva sobre los derechos legales de estos ciudadanos.
Y estas dos iniciativas fundamentales lo recogen acertadamente. En primer
lugar, porque ha habido que irse acostumbrando a un uso democrático de
los derechos, puesto que con la Ley sobre Propiedad Horizontal de 1960
aparecen determinados encorsetamientos, encorsetamientos que tenían una
salida autoritaria y ambiental por el sistema judicial y policial que
existía en la época en que se aprueba la Ley sobre Propiedad Horizontal
en que, vuelvo a decir, sectores políticos del régimen franquista estaban
enfrentados entre ellos, precisamente por el planteamiento de esta ley.
Hay un problema de fondo. El problema de fondo que ha hecho estallar la
situación es la cuestión más destacada en la iniciativa popular
presentada por los colegios territoriales de administradores de fincas,
que es la situación de la morosidad. Cuando hemos alcanzado en toda
España cifras del orden de los 30.000 millones de pesetas en morosidad de
copropietarios para hacer frente, en un principio de solidaridad, a los
gastos de mantenimiento, de conservación, de mejora, de adecuaciones,
etcétera, era necesaria una respuesta legislativa que asegurase el
principio de tutela judicial y el principio de seguridad jurídica. Sobre
esto aparece una figura propuesta por el Grupo Catalán, muy afortunada y
acertada, que es romper el principio de la unanimidad, porque si no se
rompe ese principio de la unanimidad en toda junta de copropietarios, que
es otro de los talones de Aquiles del sistema, estaremos entre dos puntos
extremos, el de la unanimidad, que prácticamente condena a una
inoperatividad a muchas comunidades de vecinos, y el de la morosidad, que
impide que la comunidad pueda ser resarcida.
Afortunadamente, a lo largo del período democrático hemos tenido
oportunidades de ver situaciones similares o parecidas en que la
Administración ha intervenido, bien a nivel local o municipal, bien a
nivel del Ministerio del Interior, como es el caso de las transmisiones
de vehículos con respecto a las multas y sanciones de Tráfico que tengan
dichos vehículos cuando el propietario quiere transmitirlo. Se plantea la
obligatoriedad de un resarcimiento a la Administración que ha cursado la
infracción y la multa correspondiente de Tráfico para que la transmisión
del vehículo no sea autorizada si no se paga la multa. Pues bien, aquí se
trata de que en la transmisión por escritura notarial del bien inmueble
exista la adecuación debida de que sean atendidas las deficiencias de
morosidad que existan por parte de ese propietario.
Ocasión tendremos en los trámites de ponencia y Comisión de entrar en el
tema que se ha planteado aquí incluso por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y en todas las cuestiones que pueden hacer
referencia al problema del Código Civil, como por ejemplo cuando aquí se
trata de poner las 50.000 pesetas como límite para la toma de decisiones,
a lo que tendremos que aplicar el principio de seguridad jurídica, dentro
del Código Civil, para resolver esta delicada cuestión, susceptible de
debate, de los límites en que se pueden tomar determinadas decisiones con
amparo judicial para realizar ciertas actuaciones.
Cabe decir que nosotros tratamos de que haya un principio de seguridad
jurídica, como también lo destaca muy bien la propuesta del Grupo
Catalán, de evitar las interpretaciones, como es el caso del artículo 9,
párrafo segundo, de la regla 5.ª en la Ley de 1960, que se hacen por
distintos juzgados y tribunales. Si vemos los antecedentes de sentencias
de tribunales españoles al respecto, comprobaremos la disparidad con que
señores jueces y magistrados han interpretado esta norma, y donde en unos
han tomado decisiones ejecutivas firmes, en otros prácticamente han hecho
un sobreseimiento de las mismas, y no digamos cuando esto se puede
tramitar por la vía de lo contencioso-administrativo en determinados
casos y ahí nos encontramos con el marasmo y el atraso que traen las
jurisdicciones contencioso-administrativas por problemas de todas SS. SS.
conocidos en la resolución de los expedientes y de los sumarios y, por
tanto, en dictar sentencia.
Nosotros apoyamos esta cuestión de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre
el embargo preventivo, porque hay que dotar al instrumento de unos
factores ejecutivos y de coacción, sobre todo para los morosos, en los
que se centra prácticamente esta reclamación de las deudas comunitarias,
y sobre lo que, acertadamente, ante una situación que cualquiera de
nosotros, conviviendo en una comunidad de propietarios, hemos vivido
diariamente, los colegios territoriales de administradores de fincas de
España han tomado esta iniciativa con el apoyo popular.
Yo no soy tan partidario de modificar la Ley de 1960 con una nueva, sino
de utilizar vías para introducir modificaciones en aquellos aspectos que
están produciendo estrangulamientos como los que acabo de señalar aquí y,
sobre todo, para facilitar lo que va siendo ya una norma de convivencia,
quitando cláusulas de exigencia de unanimidad, como las cuestiones
fundamentales del comportamiento, elección de juntas directivas y
obligatoriedad del cargo de presidente o de secretario de la comunidad de
propietarios. Posiblemente, no interesaría tanto meter eso en un
reglamento imperativo, sino dejar que las propias comunidades generen su
propio ámbito democrático y que exista una reglamentación mínima, no tan
estatalista y oficialista de las Cámaras, para resolver de una vez por
todas el problema de fondo que, como digo, ha motivado la iniciativa
popular, el de los morosos en las comunidades de vecinos, porque el tema
de la morosidad no solamente se ha transformado en un problema económico
para el administrador de la finca urbana y para los propios
copropietarios por el que no se pueden atender los pagos de portería, de
revocación de la fachada o de las obras de los espacios comunes, no; es
que se ha transformado
en un problema democrático de convivencia y ha llevado a que una serie de
morosos pongan en crisis de funcionamiento la propia institución de la
comunidad de propietarios al amparo de la Ley de 1960. Yo creo que es
aquí donde toda esta opinión pública española, perfectamente canalizada,
trata de encontrar en esta Cámara una respuesta legal positiva que, con
el espíritu de la España de la Constitución democrática, pueda hacer
frente a los déficit que tiene esta ley en este sentido de norma de
comportamiento, de seguridad jurídica, de tutela judicial efectiva y de
principio de respuesta solidaria en lo que es propiedad común de todos,
porque, si no, no se entendería el fundamento fisico-jurídico que tuvo en
su día la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal, en lo que constituía
la vivienda por pisos en el argot popular. A esa respuesta positiva se
dirige el voto afirmativo que a la tramitación de estas tres iniciativas
da el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco apoyará las tres iniciativas que pretenden
modificar la Ley 49/1960, que representó en su día una ordenación ex novo
y de manera completa de la propiedad por pisos para afrontar un fenómeno
social, entonces nuevo, en los comienzos del desarrollismo. Han
transcurrido desde entonces 30 años de vigencia y ha habido muy ligeros
retoques, entre ellos el de la Ley 2/1988 y el de la Ley 3/1990 pero en
este período se han ido detectando numerosos problemas del propio texto
de la ley y también situaciones y demandas nuevas que se han ido
generando por la evolución social de las distintas modalidades que la ley
regula.
Creemos que las tres iniciativas que se presentan tienen aspectos de gran
interés. La del Grupo Parlamentario Popular --sin que ahora sea momento
de valorar la concreta regulación que contiene-- sí aborda un problema
realmente existente, que es el del régimen de las obras, sobre todo las
necesarias para un mejor servicio de los elementos comunes. La regulación
actual lleva a situaciones absurdas y, lo que es peor, en muchas
ocasiones injustas, sobre todo si tenemos en cuenta los casos en los que
la normativa administrativa exige determinadas obras respecto de los
edificios y alguno de los comuneros lo prohíbe. Me estoy refiriendo a los
supuestos que han generado tantísima jurisprudencia como las
instalaciones de ascensores o las instalaciones anti-humos. La
experiencia actual demuestra que el mantenimiento de la unanimidad lleva
a auténticas situaciones de abuso de derecho y nos parece oportuna la
modificación que se pretende. Ya desde ahora, sin embargo, queremos
llamar la atención sobre un aspecto que se hace notar en la exposición de
motivos y que nos parece absolutamente desafortunado. Se alude en ella a
que el cambio del régimen de unanimidad por el de mayorías, al haber un
aumento de obras --se supone--, de arreglos de fachadas y similares, va
a ser un aspecto importante que va a contribuir a paliar el paro. Nos
parece que debemos ser serios y pedimos que, por favor, se evite este
tipo de afirmaciones demagógicas en los textos de las normas.
La iniciativa presentada con firma de electores por don Manuel Roberto
Enguídanos, sobre reclamaciones de deudas comunitarias, aborda el
problema de los morosos que tantísimas veces ha venido a la Comisión de
Peticiones por tan distintos conductos. Es una iniciativa que recoge,
sobre todo, los intereses de los colegios profesionales de
administradores de fincas. Creemos que es un esfuerzo absolutamente
loable y necesario y nos parece singularmente feliz la redacción que se
le da al artículo 175 del reglamento notarial.
Más ambiciosa, en cuanto al planteamiento y pretensiones, es la
iniciativa presentada por Convergència i Unió, que además de estos dos
temas, aborda otros varios. En ella se contempla la supresión de las
reglas de las unanimidades, la constitución de un fondo de reserva para
obras de conservación y de reparación, el asunto de los inquilinos
antisociales, los morosos ya aludidos y se articula la publicidad de
estas deudas y las modificaciones procesales para sus reclamaciones. Un
aspecto interesantísimo es la mejor regulación que se hace de la validez
e ineficacia de los acuerdos, evitando la confusión actual entre acuerdos
nulos y anulables, que ha generado numerosísima jurisprudencia, con dos
líneas claramente divergentes y que no conviven de manera pacífica. En
fin, son otras varias cuestiones que, junto con las dos apuntadas de las
iniciativas popular y del Grupo Parlamentario Popular, constituyen un
tronco interesante, alrededor del cual será posible que mediante las
enmiendas los demás grupos articulemos el texto que nos parezca más
conveniente.
Como ya he indicado al comenzar mi intervención, el Grupo Vasco apoyará
la toma en consideración de las tres iniciativas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Nos toca hoy considerar la admisión a trámite de estas tres proposiciones
de ley, coincidentes en el intento
de reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal, aunque cada una de ellas
ponga la atención en un aspecto de la misma. Es posible que, en vez de
tres, hubieran podido ser cuatro las que tuviéramos que estar hoy
contemplando, si el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa por Cataluña, una
vez conocido por los periódicos que se estaba suscitando una iniciativa
popular y una vez que era difundida la noticia de que se estaban
recogiendo firmas, hubiera entrado en la carrera de aprovechar este
impulso y hubiéramos presentado también la nuestra, entre otras cosas,
para no ser menos que el resto de los proponentes. No lo hicimos porque
nos parecía que, para una vez en que había una iniciativa popular que, a
lo mejor, iba a ser considerada por esta Cámara, sería bueno que se
resaltara que era la iniciativa popular la que movía, fundamentalmente,
nuestro ánimo, pero esta Cámara no suele ser muy sensible con las
iniciativas populares, tenemos suficientes ejemplos de ello, y en este
caso, por lo menos, nos felicitamos de que la iniciativa popular, tan
bien acompañada, parezca ser que va a prosperar. Y va a prosperar porque,
efectivamente, el fenómeno de las comunidades en propiedad horizontal nos
permite ya, a lo largo del tiempo que se lleva desarrollando, hacer un
análisis de cuál es su situación jurídica y cuáles son las consecuencias
de ello.
Es evidente que si tuviéramos que juzgar la realidad sociológica de este
país por la experiencia de las comunidades de propietarios, el resultado
sería bastante negativo. Se puede afirmar que no hay una sola comunidad
de propietarios que no suponga un conflicto y, desde luego, es evidente
que las comunidades de propietarios han contribuido como nadie a la
exaltación de la carrera de la abogacía y han supuesto, evidentemente,
una especialización muy importante, quizá porque, a lo mejor, tiene
defectos la ley o quizá porque --y por qué no decirlo claramente-- lo que
tiene defectos es la educación cívica, y llegado el momento de convivir
y de tener cosas en común y de usarlas en común, nuestros ciudadanos no
son los más dispuestos a evitar todo abuso y a eludir toda tentación de
privilegio o predominio sobre los demás, y, como aquí se ha puesto de
manifiesto, si todo abuso resulta rechazable, cuando ese abuso se basa en
el sacrificio de los demás, lógicamente, exige una mayor tutela.
El conflicto sabemos todos que forma parte de la naturaleza humana y una
ley de este tipo es claro que tiene que acarrear conflictos. Lo que
ocurre es que, desde la perspectiva de nuestro grupo, hay que hacer una
mínima distinción entre lo que son los conflictos que surgen de los
vacíos de la propia ley, los que surgen, lógicamente, si queremos, de esa
realidad de abusos o los que surgen de la falta de cauces para
solucionarlos. Cierto es que hay que revisar cuáles son los órganos de
representación y los órganos de defensa de los intereses comunes que se
dan en las comunidades de propietarios; cierto es que hay que revisar lo
que pudiera ser en un momento determinado un conjunto de impedimentos por
exigir un voto unánime que realmente impide algo tan elemental como puede
ser incluso la realización de obras ni más ni menos que para la
habitabilidad y sobre todo para el mantenimiento de los servicios, y es
también absolutamente cierto, y por ello es lógico que la iniciativa
popular promovida por unos profesionales del mundo de la administración
ponga su acento en la morosidad, que esos conflictos se den también
porque alguien no atienda las obligaciones que le corresponden en cuanto
al mantenimiento de la cosa común. Ahora, nuestro grupo quiere llamar la
atención de que quizá todos estos conflictos, que efectivamente están
ahí, lo que nos plantean es que los procedimientos para su solución no
pueden ser más absolutamente obsoletos y no pueden favorecer precisamente
esto.
Voy a poner un ejemplo, porque lo hemos vivido, que es el de aquel
ciudadano que, con olvido absoluto del derecho ajeno y con desprecio de
lo que significa esa convivencia, se obstina y empecina en utilizar el
portal permanentemente para guardar una bicicleta --me parece que es un
hecho muy sencillo-- y cuando llega el momento de tratar de impedir esta
utilización, no se puede recurrir, manu militari, a agarrar la bicicleta
y ponérsela en la calle; podemos estar abocados incluso hasta a un
interdicto de recuperar la posesión para que el portal vuelva a ser de
utilidad común y no sea de uso individualizado y abusivo. Si una ley
conduce a esta clase de disparates y coloca tal clase de impedimentos
para la realización del derecho, es evidente que alguno puede tener la
tentación de incurrir en la realización arbitraria del mismo.
Yo entiendo --repito-- la preocupación por parte de los administradores
de esta clase de fincas hacia la morosidad. Ahora también me gustaría
poner el acento en la preocupación de los propietarios de fincas con
respecto a sus administradores que con una cierta frecuencia desaparecen
con el santo y seña y provocan también sus correspondientes conflictos.
Y, por qué no, vamos a llamar la atención de la situación de aquellos
ciudadanos que, afortunadamente, cada día más, invierten en nuestro país
teniendo su domicilio fuera de nuestras fronteras y que nadie sabe por
qué sentido de acuciosidad en el cumplimiento de la legislación, en
cuanto deben ciertas cuotas, aprovechando que a lo mejor es difícil o
aprovechando que se hace lo posible para que no se descubra cuál es su
domicilio, inmediatamente se pone en marcha un procedimiento y acaba
siendo subastado un piso, ni mas ni menos que por no haber pagado las
cuotas de un año, en ausencia y en desconocimiento del titular que cuando
llega se encuentra con este problema. Por lo tanto, el tema --lo decimos
con todo respeto y agradeciendo la iniciativa de quienes han promovido
estas proposiciones de ley-- es mucho más amplio, el tema es mucho más
complejo. No solamente hay que garantizar el derecho
de los convecinos a que nadie viva a su costa. Hay que evitar la
posibilidad de la tentación de abuso para que alguien, en un momento
determinado, pueda, sencillamente, por determinadas circunstancias,
lucrarse de una situación, incluso de dificultad económica, porque en
muchos casos el no pago de esas cuotas podrá ser fruto de esa tentación
abusiva, pero en otros lo es de una situación que lamentablemente no es
deseable y hacia la cual también tenemos que poner nuestra atención.
Por ello nos unimos a la petición que aquí se ha producido de que se
tramiten en común todas estas proposiciones de ley, hagamos con ellas
sinceramente un esfuerzo para tomarlas como un texto de provocación y que
de verdad vayamos a una consideración mucho más amplia de lo que tiene
que ser una reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal, de modo tal que
los grupos, llegado el momento de enmendar, no nos sintamos vinculados
por el estricto texto de los proponentes y podamos extender nuestras
preocupaciones a otro conjunto de artículos. En ese ánimo, nuestro grupo
parlamentario va a apoyar la admisión a trámite de estas proposiciones
--repito-- en un tratamiento conjunto y procurará, como todos los demás
--no podía ser de otra manera--, contribuir a que sobre un hecho tan
importante como es la propiedad horizontal, que casi representa el 80 por
ciento de las viviendas de nuestro país en el que no es tan frecuente la
vivienda en alquiler, que, como todos ustedes han dicho, supone una
circulación financiera y económica de tal importancia, hagamos una buena
ley, que, repito, siempre llevará en su seno el conflicto, pero lo que
hace falta es que también lleve en su seno unos mecanismos
procedimentales y de solución que no sean los que hoy hay, que se han
demostrado absolutamente inválidos para conseguir algo tan elemental como
es la solución rápida y efectiva del derecho a la justicia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señoras y señores diputados,
subo a esta tribuna para, en cierto sentido, estropear el concierto, por
lo menos en una dimensión. Nosotros no vamos a decir que sí a todas las
iniciativas parlamentarias que en este momento se examinan. Vamos a decir
que sí a dos de ellas y que no a la otra.
Me alegran las palabras del diputado señor Castellano, porque en cierta
manera ha venido a colocar las cosas en el cauce de normalidad que debe
caracterizar a una discusión acerca de la propiedad horizontal. Por lo
pronto, yo quisiera decir que, con toda la importancia que se atribuye al
tema de las deudas comunitarias en este sistema de propiedad horizontal,
hay, incluso dentro de lo que es la convivencia en las diferentes formas
de edificación inmobiliaria que hoy existen, algunos problemas más
graves. El más grave que hay en el derecho es la laguna legal, la
orfandad legislativa. Podemos decir que una vivienda o un local de
negocio es a un edificio en régimen de propiedad horizontal lo que en
muchos casos un edificio en régimen de propiedad horizontal es a un
conjunto inmobiliario, entendiendo por tal aquellas urbanizaciones,
aquellos espacios de terreno que comparten una serie de instalaciones
comunes, unas veces constituidos por viviendas unifamiliares y otras
veces constituidos por diferentes partes, cada una de las cuales son a su
vez regímenes de propiedad horizontal. Ahí hay un problema porque no hay
una regulación legislativa. Con esto no quiero decir que no tenga
trascendencia. Se está hablando de que el pasivo de deuda comunitaria que
en estos momentos existe asciende a cifras del orden de los 30.000
millones de pesetas, y rectifico alguna intervención en el sentido de que
parece ser que han sido 830.000 firmas, lo cual es bastante significativo
de que de alguna manera se ha impactado en la sensibilidad popular, las
que avalan la iniciativa popular que en esta tarde también se discute.
Nosotros, por tanto, en el trámite de elaboración parlamentaria
intentaremos mediante enmiendas dotar de esa tipicidad hoy inexistente a
los llamados conjuntos inmobiliarios.
¿A qué iniciativa se va a oponer el Grupo Socialista? A aquella que ha
detectado que no es rigurosa desde el punto de vista de la lógica
jurídica y que tampoco es sensible desde el punto de vista social. Me
estoy refiriendo a la iniciativa que se contiene en la proposición del
Grupo Popular. A mí me gustaría saber si lo que se ha escrito, blanco
sobre negro, se ha pensado por alguien dos veces. Ya sabemos que todos
nos entusiasmamos con nuestras ideas y cuando llega el momento de
plasmarlas en alguna realidad es muy difícil que uno sea consciente de
los errores que haya podido cometer, pero el partido que apoya al
Gobierno ¿está tan mal organizado que no hay una segunda lectura por una
persona que no pueda incurrir en esa especie de pecado original al que
acabo de referirme? Porque, ¿qué propone la iniciativa del Grupo Popular
y cómo se trataba ese problema en la Ley sobre Propiedad Horizontal? Una
vez más tenemos que decir aquello de Virgencita, Virgencita, que me quede
como estoy.
Es sabido que en los edificios en régimen de propiedad horizontal en
ocasiones hay personas de diferente situación social e, incluso siendo de
la misma situación social, la vida nos depara que hoy estemos en mejor
posición económica y pasado mañana podamos estar en una posición
económica desastrosa. Lógicamente, y yo no lo censuro, las personas que
tienen una buena posición en un momento determinado quieren tener un
portal con mayor ornato, más suntuoso, más representativo,
y este problema es considerado en la Ley de 21 de julio de 1960 diciendo
que el que quiera, si se consigue el acuerdo necesario, puede instar
estas reparaciones o mejoras voluntarias, pero, ojo, el disidente, y es
una solución absolutamente justa, no está obligado a contribuir, a no ser
que quiera aprovecharse y en el supuesto de que el provecho no le sea
deferido automáticamente. Hay obras de este tipo que es imposible
dividirlas; por consiguiente, benefician también al disidente; en otros
casos, no. El tratamiento de la Ley sobre Propiedad Horizontal es que el
disidente, cuyas circunstancias económicas, a lo mejor, no le permiten
tener un tresillo de piel, un sofá y dos cuadros de firma, no está
obligado a contribuir. Nos parece una solución justa. Incluso, intentando
resolver el problema del paro, aparece la proposición del Partido Popular
diciendo que no, que con una mayoría de tres quintos es posible que el
disidente también esté obligado a contribuir a esta mejora suntuaria.
Pensemos en una comunidad de diez propietarios. Justamente, los tres
quintos es la mayoría más uno. Resulta un poco fuerte que la persona que
a lo mejor no tiene dinero para llegar a final de mes tenga que realizar
una mejora de pura representación u ostentación. Entonces, desde el punto
de vista social eso no es bueno y, luego, desde el punto de vista de la
lógica jurídica, tenemos el artículo 9.3, que dice que se requiere el
voto favorable de las cuatro quintas partes de los propietarios para
realizar reparaciones no de ornato, no de mejora, no suntuarias, sino
necesarias. Y llega el Partido Popular y dice: señores, eso para las
reparaciones necesarias; para las mejoras voluntarias, una mayoría más
fácil de conseguir, la mayoría de tres quintos. Eso rompe, en lo que yo
entiendo, la lógica jurídica y nos parece motivo suficiente, más por
tratarse del partido que ampara al Gobierno y que tiene que meditar más
sus decisiones, para negarle el apoyo a su iniciativa.
En segundo lugar tratar de cohonestar o compaginar las otras dos
proposiciones que hay, la del Grupo Popular y la de CiU, nos plantea
algún tipo de dificultad, porque tienen un segmento de problemas comunes
que se intenta resolver con dos mecanismos diferentes. Creo que cada uno
de los que participemos en este trabajo de elaboración que se avecina nos
plantearemos si es necesario que para el cobro de las deudas comunitarias
hay que crear un nuevo título ejecutivo, como pretende la iniciativa del
Grupo Popular, o bastaría con el fondo de reservas que propone CiU. En
principio, me parece que esta última tiene la ventaja de la liquidez y
una más fácil operatividad, sin necesidad de ir al planteamiento judicial
del conflicto. Este tipo de problemas van a surgir.
Yo creo que hay que felicitar a CiU por el trabajo que ha realizado, por
la percepción de muchas realidades que tiene la Ley sobre Propiedad
Horizontal y por las soluciones que propone, con las que en muchos casos
vamos a estar de acuerdo con la música pero no con la letra. Así, por
ejemplo, cuando se habla en una disposición adicional de que el fondo de
reservas esté regulado por las comunidades que tienen competencias
estatutarias en materia de vivienda nos parece que nos podemos deslizar
hacia un ingreso hasta ahora inexistente en las comunidades autónomas.
Cuando habla de que estas comunidades autónomas pueden controlar y
determinar qué clase de obras hay que atender con estos fondos me parece
que se está invadiendo el terreno de la autonomía de la voluntad y, por
otra parte, se está invadiendo el terreno de lo que son las potestades
judiciales. Cuando habla CiU de la necesidad de resolver mediante unos
procedimientos preestablecidos los conflictos tanto judiciales como
extrajudiciales con una vía de arbitraje y con otra de juicio verbal nos
parece que la intención es buena. Estaríamos más de acuerdo con que el
procedimiento fuera el del juicio de cognición, que es más garantista y
que permite la condena en costas que evita demandas temerarias, que con
el juicio verbal, que representa todo lo contrario. Naturalmente nos
parece que puede ser también una invasión del Poder Judicial y no vemos
que se pueda establecer un arbitraje vinculante, aunque sea a petición de
los vecinos de un edificio de estas características, por parte de la
Administración pública. La Administración pública no tiene como función
el arbitraje, que se parece tanto a la potestad jurisdiccional, sino otro
tipo de cuestiones que nuestras leyes establecen.
No quisiera extenderme demasiado, pero hay algunas cuestiones
discutibles. Cuando CiU propone que la sentencia de condena contra una
comunidad, por una cuestión de débito frente a terceros, implica una
responsabilidad subsidiaria entre los comuneros por las cuotas que puedan
deber a la comunidad, creemos que hay cierta heterodoxia en ese
planteamiento, porque nadie puede ser afectado por una resolución
judicial que, como dice la propuesta de CiU, es una condena a la
comunidad, no a los comuneros, sí a los comuneros en cuanto miembros de
la comunidad. Para que alguien esté vinculado por una decisión judicial
es necesario que haya tenido la oportunidad de defenderse y, por
consiguiente, tiene que hacerse un litisconsorcio pasivo necesario,
demandando conjuntamente a la comunidad y a los comuneros para que la
sentencia condenatoria, aun con carácter subsidiario, se pueda hacer
efectiva frente a los comuneros.
La ampliación de la hipoteca legal tácita que se contiene en la ley por
el importe de la última anualidad y parte vencida de la anualidad
corriente a tres años, plantea un problema en las relaciones con otras
hipotecas tácitas, especialmente con la hipoteca legal tácita a favor de
la Hacienda pública. Ya se planteaba, porque hay una colisión entre la
preferencia que se da a la Hacienda pública para el cobro de los
impuestos de la última anualidad y la parte vencida de la anualidad
corriente y ese privilegio que se establece en la Ley de Propiedad
Horizontal por
el mismo período de tiempo, pero naturalmente, la colisión se agrava
dramáticamente en perjuicio de la Hacienda pública, cuando esa prioridad
se pretende establecer para el importe de tres años.
Todos estos temas los debemos plantear en ponencia. Yo creo que es bueno
e interesante que una ley de tanta aplicación en nuestro país sea objeto
de modernización, es bueno que haya preocupado al conjunto de los grupos
parlamentarios y a sectores de la opinión que no están directamente en el
Parlamento, sino representados por nosotros mismos y, por consiguiente,
tengo una gran esperanza en que se pueda realizar un buen trabajo
legislativo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Navarrete.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones sobre la
toma en consideración de las proposiciones de ley que han sido
presentadas y debatidas por el Pleno.
En primer lugar se somete a votación la proposición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se modifica la
Ley sobre Propiedad Horizontal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296;
a favor, 296.
El señor PRESIDENTE: Queda tomada en consideración por unanimidad del
Pleno.
Votación sobre la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular,
sobre modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297;
a favor, 176; en contra, 117; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Por consiguiente, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Popular.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley de
iniciativa popular, sobre reclamación de deudas comunitarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298;
a favor, 298.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), SOBRE REDUCCION
DE LOS TIPOS DE INTERES LEGAL DEL DINERO Y DE DEMORA A LOS EFECTOS DE
ADAPTARLOS A LA EVOLUCION A LA BAJA QUE SIGUE EL TIPO DE INTERES BASICO
DEL BANCO DE ESPAÑA (Número de expediente 162/000139)
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: proposiciones no de
ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) sobre reducción de los tipos del interés legal del dinero y de
demora a los efectos de adaptarlos a la evolución a la baja que sigue el
tipo de interés básico del Banco de España.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre. (Rumores.)
Señorías guarden silencio para que pueda comenzar su intervención el
portavoz del Grupo Catalán.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
presenta hoy ante esta Cámara la proposición no de ley...
(Rumores.--Varios señores diputados abandonan el salón de sesiones.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Sánchez i Llibre.
Señorías, ruego a quienes como el señor Ollero y el señor Arqueros
intercambian opiniones entre el escaño y los pasillos que dejen de
hacerlo, y a quienes han de abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio
y con la máxima celeridad.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias por su amparo, señor
presidente.
Tal como les decía anteriormente, el Grupo Catalán (Convergència i Unió)
presenta hoy ante esta Cámara la proposición no de ley de reducción de
tipos de interés legal del dinero y de demora a los efectos de adaptarlos
a la evolución a la baja que sigue el tipo de interés básico del Banco de
España.
Es cierto que esta medida ya se introdujo en la Ley 24/1984, de 29 de
junio, por un criterio mucho más flexible sobre la modificación del tipo
de interés legal del dinero basado en la evolución de los tipos básicos
de interés del Banco de España, salvo que la Ley General de los
Presupuestos Generales del Estado estableciera un tipo diferente.
Relacionado con el tipo de interés legal del dinero, también está el tipo
de interés de demora que, de acuerdo con la modificación parcial de la
Ley General Tributaria, define como el tipo de interés legal del dinero
vigente a lo largo del período en que aquél se devengare incrementado en
un 25 por ciento, también salvo que la Ley General Presupuestaria
establezca otro tipo diferente.
La realidad textual, señorías, es que a pesar de que existe esta
flexibilidad en la modificación de los tipos de interés que la
legislación propone para adaptar los tipos de interés legal y de demora
a la evolución general de los tipos de interés básicos del Banco de
España, el Gobierno actual y los gobiernos anteriores han optado siempre
para determinar dichos tipos de interés mediante una disposición
específica en los Presupuestos Generales del Estado, renunciando a la
flexibilidad prevista que la presente Ley 24/1984 proponía para poder
aminorar dichas diferencias.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta esta iniciativa para intentar corregir la disfunción económica
que provoca la no coincidencia de los tipos de interés. Me explicaré con
dos ejemplos que pienso denotan con claridad lo que ahora mismo les acaba
de decir. El tipo de interés legal del dinero fijado en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1997 es del 7,5 por ciento; el último
tipo de interés legal fijado por el Banco de España es del 5,25 por
ciento. Como podrán apreciar, señoras y señores diputados, existe un
diferencial de 2,25 puntos, o sea el 30 por ciento por lo cual sería
posible una reducción del tipo de interés legal. Lo mismo podríamos decir
de los tipos de interés de demora. En los Presupuestos Generales para el
año 1997 el tipo fijado fue del 9,5 por ciento, y si aplicáramos el 25
por ciento de incremento previsto en la Ley General Tributaria existirían
unos tipos de interés de demora en la actualidad del 6,5 por ciento. Por
tanto, también, en los tipos de interés de demora existe un diferencial
de tres puntos que, aproximadamente, representa un incremento de dichos
tipos de interés en un 32 por ciento, lo que equivaldría también, como en
los tipos de interés legal, a una posible minoración de dichos tipos,
alrededor del 30 por ciento.
A la vista está que aunque los éxitos económicos han propiciado una baja
considerable de los tipos de interés en este último año, la Ley de
Presupuestos Generales del Estado impide y dificulta que dicho beneficio
sea extrapolable a la sociedad y a los ciudadanos en general, y se vean
perjudicados y abocados a pagar unos tipos de interés en los que como
habrán podido notar a través de mi intervención, existe una colisión de
casi el 30 por ciento, para poder ser reducidos, y que de dicho beneficio
se puedan beneficiar los ciudadanos y la sociedad en general.
A criterio de Convergència i Unió, seguir en esta dirección es abogar por
mantener unas distorsiones en el precio factor productivo del capital y,
en consecuencia, dificultar la buena marcha de la economía.
Por este motivo Convergència i Unió considera que es necesario aprovechar
la coyuntura de rápida reducción de los tipos de interés y transmitirla,
rápida e inmediatamente, a los procedimientos de liquidación de deudas
entre las personas, así como también, a los procedimientos de las
liquidaciones de deuda entre las administraciones públicas, en general,
y los contribuyentes.
Por este motivo, la coalición de Convergència i Unió pedimos a SS. SS. el
voto favorable de esta proposición no de ley que insta al Gobierno a
impulsar las medidas para reducir, con carácter inmediato, el tipo de
interés legal del dinero y el tipo de interés de demora, considerando que
con el tipo de interés básico del Banco de España, adecuándolo,
lógicamente, como antes he dicho en mi intervención, a las
características del tipo de interés legal de demora, se vería
incrementado en un 25 por ciento en función de lo previsto en la Ley
General Tributaria.
En base a estas consideraciones, para que todos los ciudadanos y la
sociedad en general se puedan beneficiar de esta rebaja de los tipos de
interés que se ha experimentado a lo largo de este último año, el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pide el voto favorable a
todos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Perdón. Presentó enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Catalán (Convergència i Unió), a través de la proposición no de
ley, quiere que el Gobierno reduzca ya en el año 1997 el interés legal
del dinero y, consecuentemente, el interés de demora para adaptarlo o
para que el interés legal del dinero sea igual al interés básico del
Banco de España que fija habitualmente y cada cierto tiempo en las
subastas decenales.
La idea es loable en cuanto a que la filosofía de la proposición no de
ley pretende adaptar tanto el interés legal del dinero como el interés
básico o el interés de demora (que es, como todas SS. SS. saben, de
acuerdo con la Ley General Tributaria, un 25 por ciento superior al
interés de demora) a la realidad que la evolución de los tipos de interés
va produciendo en la actividad económica diaria.
Es verdad, como decía el señor Sánchez i Llibre que la ley del año 1984
referenciaba el interés legal del dinero al interés básico del Banco de
España o a las recomendaciones o referencias que se determinaran en la
ley de presupuestos y que a lo largo de todo este tiempo, desde que se
aprobó la ley del año 1984, se ha fijado por Ley de Presupuestos tanto el
tipo de interés
legal del dinero como, consecuentemente, el tipo de demora, el interés de
demora.
Creo que esto ha sido así por varias razones, que nosotros apoyamos en su
día y apoyamos globalmente ahora. En primer lugar, por un criterio de
simplicidad, de homogeneidad y seguridad económica. No estamos hablando,
señorías, de un tipo de interés, el legal del dinero o el de demora, que
afecte a toda la vida económica de los ciudadanos y sea punto de
referencia en todas las transacciones económicas, sino en dos actividades
fundamentales: en relaciones judiciales o reconocimiento de deudas entre
particulares y relaciones tanto acreedoras o deudoras de los ciudadanos
con la Hacienda pública. Evidentemente, éste no es un tipo que tenga que
estar referenciado exclusivamente con el tipo del interés básico del
Banco de España.
Por otra parte, creemos que ha sido conveniente a lo largo de todos estos
últimos años, a través de la fijación de la ley de presupuestos, mantener
un tipo de interés legal y un tipo de interés de demora, de tal forma que
no hubiera en la economía española, en las relaciones contractuales de
los ciudadanos con la Hacienda pública y viceversa, una especie de tipo
de interés móvil en el que todas las actividades y todas las relaciones
deudoras o acreedoras entre los ciudadanos y la Hacienda pública tuvieran
que estar indiciadas de forma permanente a cualquier modificación, por
mínima que fuera, del interés básico del Banco de España como propone el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Por otra parte, señorías, el interés básico del Banco de España, foco
central o referencia de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), es un tipo de interés que juega en el corto plazo,
muy volátil en las circunstancias que se han venido produciendo a lo
largo de los últimos años, quizás con menos margen de maniobra en los
próximos ejercicios o en los próximos meses pero, en definitiva, un tipo
de interés que juega en el corto plazo, que juega en un tipo de
actividad, que es el dinero que el Banco de España presta a determinadas
entidades financieras y no solamente es un marco de referencia para el
tipo de interés legal del dinero o el interés de demora.
Si aceptáramos en sus justos términos la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Sánchez i Llibre
hacía un ejercicio aritmético, nos estaríamos encontrando con que el
interés de demora estaría en el 6,5 por ciento; es decir, que los
ciudadanos que tienen reconocidas o tienen unas deudas con la Hacienda
pública, tendrían que pagar a la Hacienda pública, por sus deudas
pendientes, un tipo de interés del 6,5 por ciento, bastante inferior,
señor Sánchez i Llibre, al tipo de interés de mercado al que un ciudadano
que tiene que endeudarse o tiene que pedir un crédito para hacer un
reconocimiento de deuda o el pago de una deuda con la Hacienda pública,
bastante inferior --insisto-- ese tipo de interés de demora al interés
del mercado ya que el interés de los créditos personales (estamos
hablando de créditos personales del reconocimiento de una deuda de un
ciudadano con la Hacienda pública) no está, en estos momentos, en el
mercado a 18 meses, por poner una cantidad medianamente razonable,
inferior al 7 por ciento, más un 2 por ciento de comisión de apertura.
Así pues, aceptando es verdad que se ha producido en los últimos meses un
desfase entre lo que sería el tipo de interés básico del Banco de España
con relación al tipo de interés legal y al tipo de interés de demora, y
sin estar de acuerdo con que la referencia del interés legal tenga que
ser expresamente el interés básico del Banco de España, porque creo que
sería contraproducente para el conjunto de los ciudadanos y, sobre todo,
para la Hacienda pública, es por lo que hemos presentado una enmienda de
sustitución en la que aceptamos básicamente que haya una reducción de los
tipos de interés legal del dinero y de los intereses de demora, pero que
no haya una referencia expresa ni una vinculación exacta, por todos los
problemas que le he dicho anteriormente, señor Sánchez i Llibre, al
interés básico del Banco de España.
En este sentido, coincidimos prácticamente con la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que hemos conocido, y
estoy convencido de que el señor Sánchez i Llibre aceptará la tramitación
de una enmienda de estas características para que, en definitiva, esa
traslación, ese desfase que existe entre la vida real y la vida económica
se adapte a las consecuencias y todos los grupos parlamentarios podamos
llegar a aceptar de forma razonable y satisfactoria una enmienda
transaccional en los términos que tanto el Grupo Parlamentario
Socialista, como el Grupo Parlamentario Popular han presentado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Antes de dar la palabra al señor Alcaraz, creo que el Grupo Parlamentario
Popular tiene presentada una enmienda, para cuya defensa tiene la palabra
el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABON: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la oportunidad de la proposición no de ley
que ha presentado Convergència i Unió es evidente. Nos encontramos en un
mercado que ha experimentado una tendencia a la baja como consecuencia de
varios factores: la positiva evolución de la inflación, que al mes de
agosto estaba en el 1,8 por ciento, con una previsión del Gobierno del
2,2 por ciento interanual; la reducción del déficit público gracias a una
política presupuestaria muy restrictiva y un control muy riguroso en la
ejecución del presupuesto; el crecimiento del PIB probablemente por
encima del
3 por ciento; o la reducción de la prima de riesgo con el bono alemán
desde 400 puntos básicos a menos de 50 puntos básicos. Todos esos
parámetros positivos han permitido al Banco de España, cuya prudencia en
la aplicación de la política monetaria es proverbial, reducir
sensiblemente el tipo de interés de intervención a través de las subastas
decenales hasta fijarlo en la última bajada en el 5,25 por ciento.
Por todas esas razones, es evidente que la proposición no de ley de CiU
es especialmente oportuna, y estamos tan de acuerdo con el fondo de esa
proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular presentó en la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda una proposición no de ley que
perseguía el mismo propósito que la de CiU y que obtuvo, en su sesión del
27 de junio pasado, el consenso de todos los grupos de la Cámara
presentes en dicha Comisión.
Sin embargo, el Grupo Popular ha presentado a la proposición no de ley
que hoy debatimos una enmienda cuya procedencia voy a tratar de explicar
a SS. SS. En estos momentos, cuando ya está vencido el mes de septiembre,
por mucha diligencia que quisiéramos imprimir a una modificación de la
Ley de Presupuestos, es evidente que la virtualidad de la reforma para
los fines que persigue sería de tan escasa vigencia que no merece la pena
y crearía más inconvenientes que ventajas. Parece más oportuno conectar
la modificación con la ley de presupuestos de 1998 y con la ley de
acompañamiento, en la que es propósito del Gobierno suprimir la
referencia al tipo de interés básico del Banco de España por el tipo de
interés legal. Merece la pena detenerse un momento en el aspecto del tipo
de interés básico del Banco de España, como consecuencia de la
intervención de los anteriores portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra.
Estoy seguro de que la proposición no de ley de CiU y también la
intervención del portavoz socialista, querían referirse al tipo de las
subastas decenales de certificados y que por el mimetismo tradicional del
lenguaje financiero hablan del tipo de interés básico que como CiU sabe
muy bien, y el Grupo Socialista estoy seguro que también, era el de
redescuento del Banco de España a las entidades financieras. Estas
operaciones hace más o menos dos décadas que no se vienen efectuando, por
lo que el tipo de interés básico es un concepto que está obsoleto
técnicamente. Actualmente está inamovible desde 1984, un año que se fijó
en el 8 por ciento. Fíjense ustedes si está desfasado.
La enmienda que presentamos parte del supuesto de que los tipos de
interés legal y de demora se fijan cada año en los Presupuestos Generales
del Estado, conforme se establece en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de
Autonomía del Banco de España, que suprimía la referencia al tipo básico
del Banco de España que aparecía en el artículo 1.º de la Ley 24/1984.
Además, en línea con el espíritu de la proposición no de ley de
Convergència i Unió que ha defendido el señor Sánchez i Llibre, el Grupo
Popular entiende que el Gobierno debe arbitrar los mecanismos legales
necesarios para que los tipos de interés legal y de demora puedan
adecuarse a la evolución de los tipos de interés de mercado. Para ello,
se autorizaría al Gobierno a que mediante decreto pudiera hacer dicha
adecuación. Con lo que se propone no estamos inventando algo nuevo en
nuestra legislación. En definitiva, sería restablecer --naturalmente en
otra norma distinta-- el contenido del párrafo segundo del artículo 1.108
del viejo Código Civil, en virtud del cual se habilitaba al Gobierno a
modificar el tipo de interés legal. Dicho precepto, que fue derogado por
la Ley 24/1984, de 29 de junio, estuvo vigente casi cien años, desde 1889
--fecha de promulgación del Código Civil-- hasta 1984, en que se derogó
ese precepto.
El Grupo Popular no trata de evitar con su enmienda que los tipos de
interés legal y de demora estén en consonancia con los de mercado, sino
de huir a toda costa del automatismo de la modificación con cualquier
parámetro que pudiéramos arbitrar, sea el míbor, sea la deuda pública,
sea la subasta decenal, cualquiera que sea. Varias son las razones que
aconsejan desterrar el automatismo. En primer lugar, existiría un notable
coste de gestión para los órganos administrativos que tienen que liquidar
deudas pendientes de cobro. Por poner un ejemplo diré que pueden estar
suspendidas, fraccionadas, pueden estar aplazadas, y, dada la
multiplicidad de subperíodos que pueden mediar, la complejidad del
cálculo puede resultar problemática e inoperativa. En segundo lugar, una
revisión continua generaría una incertidumbre negativa, especialmente con
tipos de interés al alza.
Por otro lado, si nos fijamos en la práctica de las contrataciones
privadas que están indiciadas, generalmente se indician a un año, aunque
excepcionalmente algunas se indicien semestralmente, pero lo más general
es que tengan carácter anual. Con ello no queremos decir ni estamos
estableciendo plazos máximos y mínimos. Nuestra opinión es que el
Gobierno debe modificar el tipo cuando haya variaciones significativas.
No sería bueno para la seguridad del tráfico mercantil que cada vez que
hubiera una modificación de un cuartillo al alza o a la baja se
modificaran los tipos de interés legal y de demora. Crearía una auténtica
confusión en el mercado. Además, al estar previsto en el estatuto del
contribuyente --cuya tramitación parlamentaria está ya en esta Cámara--
que los tipos de interés a percibir por los administrados son los mismos
que cobra la Administración tributaria, es evidente que se neutraliza una
posible actitud pasiva del Gobierno para hacer uso de la autorización que
queremos le otorgue esta Cámara para acompasar los tipos de interés legal
y de demora a los de mercado.
Resumiendo, estamos de acuerdo con los fines que animan la proposición no
de ley de Convergència i Unió, creemos que el instrumento normal de
fijación
de los tipos de interés legal y de demora debe ser la Ley de
Presupuestos, en un contexto deseable y probable de estabilidad de los
tipos de mercado. Huimos del automatismo por complejidad operativa e
inseguridad en el tráfico mercantil, y proponemos que cuando haya
modificaciones sustantivas entre los tipos de mercado y los del interés
legal y de demora el Gobierno pueda modificarlos por decreto. Creemos que
es un procedimiento equilibrado, razonable, justo y operativo, y
esperamos cuente con un amplio respaldo de esta Cámara. (El señor
vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Albendea.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con la máxima brevedad para dar mi conformidad a la
proposición no de ley presentada hoy por el Grupo Parlamentario Catalán,
porque en el fondo creo que se coincide ampliamente en que es necesario
adecuar los tipos de interés a las oscilaciones del mercado, que en este
momento son favorables a los ciudadanos y a la coyuntura económica. El
voto de Unión Valenciana va a ser favorable a esta proposición no de ley,
aunque consideramos que el contenido de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular y el Socialista puede ser más ajustado, en el
sentido de que se tienen que adoptar todos los mecanismos necesarios, vía
Presupuestos Generales del Estado, como ha avanzado el portavoz del Grupo
Popular, para que estos presupuestos puedan establecer los mecanismos que
permitan adecuar, mediante decreto o en la propia normativa articulada
del proyecto de ley de presupuestos, la evolución de los tipos de interés
a las situaciones del mercado, no como hasta ahora, que están muy lejos
de la realidad que marca el mercado en el día a día. Creo que la
presentación de esta iniciativa es una magnífica oportunidad, por cuanto
hasta estos momentos, a pesar de esta coyuntura favorable de la evolución
de los tipos de interés, no estaba llegando esa evolución positiva a los
ciudadanos. Pensamos que se tienen que aprovechar estas coyunturas, por
lo que hay que romper con la excesiva rigidez del momento actual respecto
a la contemplación de esta evolución de los tipos de interés. Creo que
existe un amplio desfase entre la situación actual y lo que el mercado
está marcando. Por tanto, creo positiva esta iniciativa, creo positivo
este consenso y creo que los ciudadanos pueden beneficiarse con mayor
rapidez y celeridad si el mercado lleva la evolución de los tipos a la
situación actual, si no en los próximos meses, porque estamos ya a final
de año, sí en los sucesivos presupuestos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Chiquillo.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de mi grupo para manifestar nuestra posición acerca
de esta proposición no de ley que acertadamente presenta Convergència i
Unió, como igualmente acertada ha sido la presentación de la panorámica
económica española en este verdadero reino de Taifas que componen los
diversos tipos de interés. Sin embargo, no estamos de acuerdo en cuanto
a las soluciones que se proponen. Consideramos más viables las
proposiciones que se señalan por el Grupo Popular, también remarcadas por
el Grupo Socialista. Me explicaré.
En primer lugar, el título de la proposición. En una proposición no de
ley no se puede hablar a estas alturas del tipo del que se habla aquí, no
se puede hablar del tipo básico del Banco de España porque, señor
presidente, señorías, lleva estático al 8 por ciento desde hace veinte
años, y esa no es la voluntad de Convergència i Unió, que quiere proponer
un sistema a base de adaptarse a las variaciones del mercado. Por tanto,
se querrá referir al interés de los tipos de subastas del Banco de
España. Dentro de año y medio ya no hablaremos de autoridad monetaria
española, sino del Banco Central Europeo, hablaremos simplemente de
autoridad monetaria. En España existen tipos monetarios del mercado y
tipos monetarios legales. Los tipos monetarios del mercado son los tipos
que marcan las subastas del Banco de España, que creo que es a lo que se
refiere Convergència i Unió; está el míbor más un diferencial para los
grandes clientes, el tipo cuyo traslado a los clientes normales tarda
mucho y, después, existen los tipos legales que marcara en sus orígenes
el Código Civil, el tipo legal del dinero aplicable cuando no existe el
pacto de intereses en una contratación privada, y el tipo de demora,
aplicable en las discusiones, problemas y controversias con la
Administración pública. Pues bien, nosotros consideramos que el tipo de
interés legal y el de demora se deben reducir, pero que la reducción debe
ser materia del Ministerio a través de los Presupuestos Generales del
Estado, marcando el tipo de interés legal y de demora para todo un año,
pero como la realidad económico-financiera es cambiante, habría que
restituir aquel privilegio que tenía el Gobierno, según el Código Civil,
para regular por decreto el tipo que se aplicara cuando las variaciones
fuesen sustanciales. Me permito sugerir que el sistema que redacta el
Grupo Popular en el último
párrafo, con las variaciones que se consideren, se debería matizar
estableciendo unos índices.
De todas formas, señor presidente, señorías, votaremos favorablemente la
enmienda del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Intervendré brevísimamente, señor presidente,
para exponer la posición de nuestro grupo sobre esta cuestión que nos
preocupa sobremanera, tal como reiteradamente hemos expresado en
distintos debates en la Comisión. Se trata de la traslación de los tipos
de interés, fundamentalmente ahora que están a la baja, a cualquier
ciudadano corriente. Bajada de los tipos de interés que estamos viendo
con cierta preocupación, ya que no repercute de manera adecuada. En este
sentido, y de forma general, el Grupo de Izquierda Unida ha presentado
una proposición no de ley, con fecha --creo recordar-- 13 de septiembre,
en la dirección de tomar medidas para que la repercusión con respecto a
hipotecas o a depósitos --que, por cierto, es absolutamente
contradictoria en estos momentos-- se realice de manera adecuada y en
función del interés real de la gente. Esa repercusión se realiza de
manera absolutamente contradictoria. Mientras la bajada de tipos de
interés repercute tarde y mal --no voy a decir nunca-- en los préstamos,
en las hipotecas, generando por lo tanto bolsas enormes de beneficios a
las entidades que retrasan la repercusión, ésta se realiza de manera
tremendamente rítmica y ágil con respecto a los pequeños depósitos que
tiene la gente, a la que se le rebaja el interés por una circular que se
emite a las pocas horas de bajar el tipo de interés, lo que quiere decir
que el que tenga un milloncejo o dos en el banco o en la caja de ahorros
cobra menos interés con una rapidez vertiginosa, que contrasta con la
velocidad de tortuga de la repercusión que se hace de la bajada con
respecto a las hipotecas, préstamos, etcétera. Por lo tanto, estamos
preocupados con este asunto y por eso comprendemos la preocupación
general que también tiene el Grupo de Convergència i Unió, y en este caso
la preocupación concreta con respecto a la necesidad de reducir el tipo
de interés legal y el tipo de interés de demora.
La redacción que tiene en este momento la proposición no de ley --porque
no conocemos los términos de las negociación ni cómo va a resultar el
texto definitivo después de la negociación-- nos parece bien, corta pero
adecuada y con buena puntería, ya que trabaja en la necesidad de adecuar
el desfase actual provocado por el tipo que se fija en los Presupuestos
Generales del Estado. Por lo tanto, nuestro voto, señor Sánchez i Llibre,
teniendo en cuenta, además, su proverbial agilidad y habilidad a la hora
de negociar, va a depender de esta habilidad; vamos a esperar a ver cómo
asume usted las enmiendas que se han presentado y, en función de esa
asunción y de cómo quede el texto, emitiremos este voto que, en
principio, era claramente favorable. Esperemos que lo siga siendo después
de la negociación que ha llevado a cabo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Alcaraz.
El señor Sánchez i Llibre, a los efectos de anunciar si acepta o no la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, deseo agradecer la predisposición de todos los grupos
que han intervenido a votar favorablemente la proposición no de ley
presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), alguno de ellos en
función de que aceptemos las enmiendas presentadas por los diferentes
grupos parlamentarios.
En segundo lugar, debo manifestar que cuando el Grupo Catalán de
Convergència i Unió se refería al tipo de interés básico fijado por el
Banco de España se ha producido un lapsus, es cierto, en la redacción.
Nos queríamos referir al tipo de interés de las subastas del Banco de
España. En definitiva, de lo que se trataba era de fijar el tipo de
referencia de las subastas del Banco de España, que es el tipo de interés
que también toman como referencia las distintas entidades financieras y
que es el que se tiene en cuenta cuando se aprueban los Presupuestos
Generales del Estado.
Respecto a las dos enmiendas que nos han presentado tanto el Grupo
Socialista, a través de su diputado señor Martínez Sanjuán, como el Grupo
Popular, a través del diputado Juan Manuel Albendea, tenemos que
manifestar que a pesar de que en el fondo ambas persiguen exactamente el
mismo objetivo, que es que a partir del año 1998 el Gobierno disponga de
los mecanismos adecuados, a través de la Ley de Presupuestos, para poder
arbitrar por decreto las bajadas que se produzcan en las variaciones de
los tipos de interés, nos inclinaríamos por la del Grupo Popular, ya que
especifica que el mecanismo para hacerlo será el decreto. Espero que el
señor Martínez Sanjuán se hará cargo de la situación y la podrá votar
favorablemente.
Finalmente, quiero manifestar que a Convergència i Unió le hubiera
encantado que dichas variaciones de los tipos de interés pudieran ser
efectivas no a partir del 1 de enero del año 1998, sino a partir del mes
de septiembre del año 1997, para que todos los ciudadanos se pudieran
beneficiar. De todas formas, entendemos que tampoco resultará molesto
esperar dos meses y medio o tres meses, en la seguridad de que a partir
del 1 de enero del año 1998 dichas disfunciones no se producirán
y los ciudadanos que tengan relaciones con la Administración o entre
civiles se podrán beneficiar de la bonanza económica que permita esta
bajada de los tipos de interés.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (El señor
Martínez Sanjuán pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Sánchez
i Llibre.
¿Señor Martínez Sanjuán, a qué efectos pide la palabra?
El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor presidente, para pedir una aclaración
sobre la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Sabe S. S. que no está
previsto este trámite en el Reglamento. En principio, lo que ha hecho el
señor Sánchez i Llibre es fijar la posición de su grupo respecto a las
enmiendas presentadas, pero si se trata sólo de una aclaración, tiene
usted la palabra.
El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor presidente, no voy a entrar en absoluto
en el debate, solamente quiero preguntar si la penúltima línea de la
enmienda transaccional se refiere a los tipos de interés y punto, o a los
tipos de interés de mercado.
El señor ALBENDEA PABON: Se refiere a los tipos de interés de mercado en
un sentido muy amplio, porque si decimos los tipos de interés de mercado,
estamos hablando del tipo de interés del míbor, estamos hablando del tipo
de interés del Banco de España en la subasta de cereales. Nos da lo
mismo. Si eso es un obstáculo para el Grupo Socialista, suprimimos la
palabra mercado; si se queda más tranquilo, no tenemos ningún
inconveniente.
El señor MARTINEZ SANJUAN: No es un problema de tranquilidad, señor
presidente, es que se me había transmitido que en el texto había
desaparecido la expresión «de mercado». No es un problema de
tranquilidad, señor Albendea.
Muchas gracias.
El señor ALBENDEA PABON: No hacemos de esto cuestión de gabinete.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): De acuerdo, señorías.
Ha sido un trámite un poco al margen del Reglamento, pero ha servido para
clarificar las posiciones.
Vamos a proceder a la votación. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), sobre reducción de los tipos de interés
legal del dinero y de demora a los efectos de adaptarlos a la evolución
a la baja que sigue el tipo de interés básico del Banco de España, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Popular y,
a su vez, en los términos en que ha quedado aceptada por el grupo
proponente, con la supresión de la expresión «de mercado».
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289;
a favor, 289.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EXPORTACION DE MATERIAL
MILITAR (Número de expediente 162/000109)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha
retirado su proposición no de ley sobre exportación de material militar,
que figuraba dentro de este punto II del orden del día.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE CRITERIOS PARA LA
REVALORIZACION DE LAS PENSIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 1998
(Número de expediente 173/000047)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto III, mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes debatidas la semana pasada por el Pleno.
En primer lugar, moción del Grupo Socialista, sobre criterios para la
revalorización de las pensiones en el ejercicio presupuestario de 1998.
Para su defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la moción que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista tiene como causa la interpelación que realizamos
la semana pasada al Gobierno, sobre los criterios que regirán la
revalorización de pensiones en 1998. Y, más en concreto, trae su causa en
que aún no sabemos si el Gobierno restará a la revalorización automática
las posibles décimas de mejora que hayan podido producirse en la renta de
los pensionistas este año si sigue siendo favorable la evolución
del índice de precios al consumo. (El señor vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.)
El Gobierno no despejó la incertidumbre que han suscitado las contrarias
y las contradictorias tomas de posición escuchadas en las últimas
semanas. El señor ministro, en la sesión de control, vino a decirnos que
el asunto está aún pendiente, que el asunto está aún condicionado a la
interpretación sobre la fecha de entrada en vigor de la Ley 24/1997. Se
ha producido en la sesión de control, pues, un intento deliberado de
situar el origen y la solución de este agravio en lugares distintos a la
irrenunciable responsabilidad ministerial. En la sesión de control
estábamos esperando una respuesta de fondo, pero el señor ministro no
entró en el debate, no nos dijo si la pretensión socialista le parecía
justa, no nos dijo si la posición socialista le parecía congruente o
incongruente, no nos dijo tampoco si consideraba que nuestras
pretensiones podrían alterar los equilibrios presupuestarios. Se limitó,
como siempre, a descalificar al grupo y al portavoz proponente, a echar
la culpa a la herencia recibida --siempre a beneficio de inventario-- y
a manipular a su antojo los precedentes y el «Diario de Sesiones».
Visto que el Gobierno no asume su responsabilidad de decir con claridad
y sin subterfugios lo que piensa hacer, el Grupo Parlamentario Socialista
acude hoy al derecho y al deber que nos concede el artículo 84 de nuestro
Reglamento y queremos situar la decisión aquí, en el ámbito
parlamentario; aquí, donde reside la soberanía nacional; aquí, donde hay
que decidir si se concede íntegra la revalorización a los pensionistas o
si se aprueba la revalorización del año próximo, reduciéndoles la
ganancia --pequeña, pero ganancia al fin y al cabo-- que pueden haber
consolidado este año.
Ningún grupo parlamentario objetó las razones esgrimidas por mi grupo
para que se permita a los pensionistas, en circunstancias excepcionales
como las que concurren en este ejercicio, beneficiarse de esas ventajas,
máxime cuando otros colectivos sociales las están teniendo infinitamente
mayores y máxime cuando a esas ventajas el Gobierno les añade beneficios
presupuestarios a sus rentas de capital o a sus plusvalías especulativas.
Nadie objetó que, en estas circunstancias, era congruente que los
pensionistas mejoraran en décimas su capacidad adquisitiva. Ningún grupo
parlamentario objetó tampoco, en el debate de la semana pasada, en razón
a dificultades presupuestarias. Por el contrario, el Grupo Parlamentario
Popular nos ilustró --como lo hace cada día-- sobre cómo se ensancha el
margen de maniobra presupuestaria y los amplios márgenes que tenemos para
actuar en el sector público sin afectar a los criterios de convergencia,
y yo pienso que si el grupo mayoritario dice estas cosas es porque las
creerán ciertas y porque la posibilidad de hacer esta política de mejora
--parcial, pero de mejora-- en la capacidad adquisitiva de los
pensionistas es factible. De hecho, señorías, estas capacidades tendrán
que ser utilizadas si el dictamen jurídico que el Gobierno espera le
impide al Gobierno aplicar el criterio compensatorio el próximo año. En
suma, la situación es clara. El silencio a nuestros argumentos sólo puede
deberse a una de estas dos interpretaciones: o piensan que tenemos razón
pero no la explicitan, no nos dan la razón a pesar de tenerla porque no
quieren caer en el ridículo de pensar que no se puede cambiar una
decisión previamente tomada; o tienen miedo de que, como nos han tildado
de demagogos, les puedan tildar a ustedes también de demagogos, aunque
saben que tenemos razón. Pudiera ocurrir lo contrario, que piensen que
efectivamente hay razones de fondo que les impiden estar de acuerdo con
nuestra propuesta. En ese caso, señorías, hay que concluir que no se
atreven a decirlo en esta tribuna. No se ha atrevido el señor ministro a
exponer las razones en contra de nuestros argumentos. En este caso, que
me parece que es el más plausible de lo que les ocurre a ustedes, es
evidente que puede pensarse --yo lo pienso-- que mantener con gallardía
las ideas propias, sobre todo en este terreno, asumiendo el coste
político que puede tener asumir esas ideas, no es precisamente una virtud
que adorne ordinariamente a los diputados de la mayoría y al Gobierno del
señor Aznar. En resumidas cuentas, estamos abocados todos los grupos esta
tarde a, como vulgarmente se dice, mojarnos. Si es preciso, la Cámara que
representa la soberanía nacional, está abocada a rectificar lo que haya
que rectificar. Si estamos convencidos de que éste es un problema que ha
de ser resuelto porque puede serlo, nadie debe tener empacho en
rectificar lo que sea necesario, incluido un precepto.
Resulta verdaderamente extravagante la argumentación de que hay que
respetar las leyes. Hay que respetarlas mientras están vigentes, pero
todos los días esta Cámara modifica leyes, y no es falta de respeto a
ninguna ley su modificación. Es falta de respeto la no aplicación de esa
ley cuando está vigente en el ordenamiento español. De modo que, si hay
que rectificar el precepto de una ley, deberíamos estar todos disponibles
para realizarlo. Un precepto, señorías, que en la primera ocasión que
debe ser aplicado, el próximo año, es mezquino e innecesario.
A quienes les parezca como a nosotros lógico y congruente que no afecte
negativamente a la futura revalorización de los pensionistas la buena
marcha de los grandes equilibrios macroeconómicos, digámoslo con claridad
y pongamos los medios para impedirlo. Y si alguien piensa lo contrario,
es decir, que afecta negativamente a los equilibrios macroeconómicos, que
afecta negativamente a la estabilidad del presupuesto de la Seguridad
Social, defiéndalo en este trámite con gallardía. Tendrá nuestro respeto,
no nuestro apoyo, pero sí nuestro respeto. Lo que no cabe, una vez más,
es el tartufismo y la doble moral de encender una vela a Dios y
otra vela al demonio. En este pleito, la ley y los intereses de los
pensionistas en este punto concreto --no el conjunto de la ley, que tiene
nuestro apoyo-- son incompatibles y, por tanto, quien quiera salvaguardar
el derecho de los pensionistas a mejorar su capacidad adquisitiva en
circunstancias excepcionales, como las que contemplamos, tiene que estar
a favor de su modificación. Y a sensu contrario, quien no esté disponible
a enmendar el precepto --y eso lo vamos a ver en la votación
subsiguiente--, en el fondo no quiere arreglar este odioso procedimiento,
por más que se busquen argucias para confundir a la opinión y por más
que, a nuestro juicio, resulte --y resultará a la larga-- baldío. Debemos
corregir esta previsión. Una previsión de la ley y también del Gobierno,
porque es injusta e innecesaria. Hoy podemos iniciar el camino para
eliminar un precepto que pende como espada de Damocles sobre millones de
españoles a los que no se les puede regatear una mínima participación en
la buena marcha de la economía nacional, para quienes los datos
macroeconómicos de otra suerte les van a ser ajenos.
Nosotros, los diputados socialistas, aunque queremos profundamente
mejorar esta situación, no podemos deshacer solos este entuerto. Les
pedimos su ayuda, les pedimos su voto favorable a nuestra moción.
Arreglemos el problema entre todos porque será la mejor manera de que
nadie piense que esta cuestión se puede utilizar en un sentido particular
o electoralista, puesto que, al ser patrimonio de todos la solución del
problema, será patrimonio de todos la solución a los ojos de todos y cada
uno de los pensionistas.
Si me permite, señor Presidente, aunque sea dándole ventaja al grupo
proponente...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Termine con toda rapidez,
señor Cercas, porque, a pesar de que tiene tiempo según el reloj de la
tribuna, ello se debe a un error de la Presidencia al no marcar
suficientemente el tiempo. Lo ha sobrepasado S. S., por lo que le ruego
finalice con toda brevedad.
El señor CERCAS ALONSO: Con toda brevedad, señor presidente, porque
consumiré el tiempo dedicado a fijar la posición ante la enmienda que ha
presentado el Partido Popular y así tendrán los argumentos para que me
los puedan rebatir en este momento.
Pues bien, ante esta realidad el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado una curiosa enmienda. La justifican púdicamente como de mejora
técnica, y para empezar no se entiende gramaticalmente: le falta una
línea al papel o le falta un curso de gramática al redactor de su
enmienda. Aunque, a lo mejor, no es el azar el que la ha hecho confusa
sino la voluntad de que se vuelva confuso lo que está claro como el agua
y nos perdamos en disquisiciones bizantinas sobre el sexo de los ángeles.
Además de colisionar con la gramática, su enmienda, señores del Partido
Popular, colisiona también con la lógica jurídica y con la lógica
política. Resulta obvio que si un problema no se plantea correctamente no
se va a encontrar la solución. Si ustedes lo presentan como un problema
de interpretación de una norma y la norma es clara, señores del Partido
Popular, el mandato compensador es claro. Si los servicios del Estado,
que están en estos momentos preparando un informe, según nos dijo el
ministro de Trabajo, dieran una interpretación sobre la fecha de entrada
en vigor y ésta fuera favorable a la aplicación parcial o diferida del
precepto, que ya es jugar con las cosas de comer de algunos españoles,
dentro de un año podríamos estar con el mismo problema: si la inflación
se sitúa en el 2 por ciento qué hacemos con la décima de ganancia de la
capacidad adquisitiva de los pensionistas. No sé cómo se arreglarán
ustedes dentro de un año, señores del Partido Popular, para discutir
ochenta pesetas al mes de la nómina de los pensionistas. Su enmienda no
arreglaría este problema, porque el problema es de fondo, de rectificar
el artículo 48.3 de la Ley General de Seguridad Social y no compensar
imperativamente cuando se produzca una desviación de la inflación real
sobre la inflación prevista que favorezca a los pensionistas.
En todo caso, por si fuera poco lo que ustedes dicen en la enmienda,
tampoco hay un margen para la benevolencia o la generosidad del Gobierno.
Si los servicios jurídicos del Estado le dicen al Gobierno que la ley no
es aplicable no podrá aplicarla, pero no porque sea generoso o benévolo
o porque entre en el capítulo de otras liberalidades del señor José María
Aznar, sino simplemente porque la ley no es aplicable. Si la ley es
aplicable la tendrá que aplicar, de modo que no va a poder solucionar
este pleito con argucias. De este modo tenemos que concluir que, si
tienen la voluntad de solucionar el problema, hay que eliminar el
precepto que colisiona con la seguridad jurídica y con la necesidad de un
trato justo a los pensionistas. Pero si quieren dejar este asunto en
manos del Gobierno, han de saber que no arreglarán el problema y no
tendrán en esta ocasión tampoco el apoyo del Grupo Socialista que no va
a aceptar a trámite esa enmienda.
Pasemos, señores diputados, de las palabras --con esto termino, señor
presidente-- al hecho de votar una moción clara y nítida como la que
plantea el Grupo Socialista, y sepamos definitivamente esta tarde quiénes
están a favor, quiénes están en contra y quiénes se abstienen en la
votación de nuestra moción, una moción favorable a que los pensionistas
reciban el próximo año íntegra su revalorización automática sin
deducciones de ninguna clase. Votemos, señores diputados, y sabremos
realmente a quién se ha encendido la vela, si a Dios o al demonio.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Cercas.
Como ha señalado el interviniente, a esta moción se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra
el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, a un pensador español se le atribuye una reflexión utilizada en
otras ocasiones por el portavoz --me refiero a citas del pensador no a la
reflexión-- que me ha precedido en el uso de la palabra. Decía que aunque
la verdad de los hechos resplandezca, siempre se batirán los hombres en
la trinchera sutil de las interpretaciones. Eso es lo que pretende
justamente el Grupo Parlamentario Socialista con su interpelación y la
moción subsiguiente que debatimos en el día de hoy: que nos batamos,
dialécticamente por supuesto, señor Cercas, en el campo de las
interpretaciones, porque la verdad de los hechos es absolutamente de
todos conocida.
Los pensionistas de este país nunca han estado ni mejor ni más seguros ni
más tranquilos que ahora. (Rumores.) No me malinterpreten, señorías.
Déjenme acabar la argumentación. No estoy diciendo que ello sea
únicamente responsabilidad del Grupo Parlamentario Popular o del Gobierno
popular. No, ni muchísimo menos. Ni nosotros ni el partido al que
represento nos arrogaremos ese protagonismo, un protagonismo único y
exclusivo de la afirmación que acabo de realizar. Al menos hasta el
pasado miércoles o hasta hoy, la responsabilidad correspondía a la
mayoría de los grupos políticos de esta Cámara y a un amplísimo consenso
social en esta materia. No sé si a partir de hoy esa responsabilidad sólo
será de determinados grupos políticos de esta Cámara, porque hay otros
que han decidido abandonar lo que era un camino responsable hasta ahora
mantenido.
Hoy ustedes, señores del Grupo Socialista, haciendo caso a aquellos que
siempre han tenido deseos irrefrenables de ruptura de aquel gran
compromiso que se denominó el Pacto de Toledo, van a empezar a caminar
por derroteros bien distintos de los que hasta ahora venían caminando.
Con eso, no se equivoquen, no hacen ningún favor a nuestro sistema de
protección social, más bien se lo hacen a todos aquellos que
demonizándolo pretenden justamente su desaparición. Hoy se colocan
ustedes no en la trinchera de los defensores de nuestro sistema de
protección pública, sino de aquellos que lo atacan denodadamente. Ese es
el favor que con actuaciones políticas y parlamentarias como la suya le
están haciendo a nuestro sistema de protección social.
No le pedimos a nadie que comulgue con ruedas de molino, pero al menos
que abandonen en esta materia una demagogia que este portavoz creía que
ya había pasado a otros tiempos; demagogia que habíamos de desterrar de
este debate y que lamentablemente hoy podemos darnos cuenta de que no ha
sido así. Hasta ahora --reitero-- habían apuntado ustedes deseos
irrefrenables de ruptura. Hoy parece que consienten que eso, al menos
para ustedes, es lo mejor que le podía suceder al sistema. No creemos que
sea necesario que la sangre llegue al río, pero si ustedes deciden
mantener en vez de un tono de oposición, evidentemente con tonos críticos
como no podía ser de otra manera, un tono de ruptura, la decisión es
suya, y la responsabilidad, por lo tanto, también. Porque si es cierto
que los pensionistas españoles nunca habían estado mejor que ahora, no lo
es menos también que aún nos queda mucho camino por recorrer en la mejora
de su situación, sobre todo de los más desfavorecidos, a los que usted
--luego se lo diré, señor Cercas-- ha olvidado en su moción, que nos
queda mucho camino por recorrer aún en la consolidación de nuestro
sistema público de protección social. Justamente ahora ustedes han
decidido correr en el camino diametralmente opuesto, en el sentido
contrario al de los intereses de nuestros mayores, a los intereses de la
mayoría de nuestra sociedad. A mí al menos me ha causado extrañeza.
No seré yo quien le quite mérito al Partido Socialista y a los gobiernos
socialistas. Ustedes fueron capaces de extender hasta altísimas cotas los
niveles de protección social en nuestro país. Creo que ese mérito es
incontestable por ninguno de los grupos de esta Cámara. Es cierto que esa
extensión casi lleva a la ruptura o a la quiebra del sistema. Eso,
evidentemente, trajo consigo que todos nos tuviéramos que poner de
acuerdo en ese ya famoso pacto que fue el denominado Pacto de Toledo. Ese
esfuerzo de consenso y de responsabilidad es el que ahora algunos de
ustedes quieren romper con posturas partidistas y demagógicas que,
reitero, señor Cercas, no sé por qué venían en esta materia. Todo
esfuerzo que podamos hacer conjuntamente en favor de nuestros
pensionistas siempre será poco. Otras cuestiones no deberían tener cabida
en este debate.
Pero como usted mismo anunció el pasado miércoles, hasta este momento
había existido un debate y a partir de entonces existirá otro debate.
Tenía usted razón, para que vea que también se la doy. Hasta el pasado
miércoles existió un debate riguroso en materia de pensiones. Desde su
intervención el pasado miércoles, lo que hay ya es un debate demagógico
en esta materia tan sensible para muchos de nuestros ciudadanos. Han
diseñado ustedes una estrategia que pretende mantener permanentemente
abierto el debate de las pensiones en la búsqueda de un discurso
político, aunque ello suponga menoscabar la merecida tranquilidad de
nuestros mayores. Su actitud, su posición política, el contenido de su
moción es una síntesis de traiciones de su subconsciente, de
incoherencias y de gravísimas responsabilidades.
Señor Cercas, ustedes votaron a favor del artículo 11 de la Ley de
protección y consolidación de nuestro sistema
de Seguridad Social y defendieron ante esta Cámara que el proyecto con
ese artículo respondía a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Yo
estoy seguro de que lo que ocurrió ese día fue que les traicionó su
subconsciente. Desde luego, no se equivocaron porque, si no, alguno de
los procelosos miembros de su consejo de dirección inmediatamente hubiera
tomado la palabra para advertir de tal equivocación, como hacen en otras
ocasiones. No fue así. Lo que ocurre, señor Cercas, es que les traicionó
su subconsciente y votaron a favor de algo que para ustedes resultaba
absolutamente impensable y es que la inflación real estuviera por debajo
de la inflación prevista a principios de año. Pero no se alegran
justamente de algo que es lo que, a juicio de este portavoz,
correspondería: que la política económica del Partido Popular esté
consiguiendo que los pensionistas mejoren su poder adquisitivo en 1996 en
más de 20.000 millones de pesetas y que durante 1997 se esté produciendo
esa mejora del poder adquisitivo mes a mes, ya que la subida del 2,6 por
ciento prevista por este Gobierno (ya sé que no le gusta oírlo, señor
Cercas, pero es cierto) está siendo muy superior a la subida de los
precios y, por lo tanto, los pensionistas de nuestro país cada mes ganan
poder adquisitivo; por cierto, con ustedes solían perder cada mes porque
siempre se equivocaban en el cálculo de la inflación prevista. Reitero,
en vez de alegrarse por ello, ustedes se crispan, se rasgan las
vestiduras y hacen una fútil demagogia sobre el asunto.
De una cosa mi grupo parlamentario está absolutamente seguro. Con ustedes
en el Gobierno este debate nunca se hubiera producido, porque con ustedes
en el Gobierno hubiera resultado imposible que la inflación real hubiera
estado por debajo de la inflación prevista. Es cierto que tienen parte de
razón en la motivación de su moción cuando dicen que circunstancias de
bonanza económica y presupuestaria serán difícilmente repetibles en el
futuro. Evidentemente cuando redactaron esa norma y la firmaron estaban
pensando ustedes en próximos gobiernos socialistas, que, gracias a Dios
para nuestros pensionistas, tardarán mucho tiempo en llegar.
A las pruebas me remito, señor Cercas. Con ustedes en el Gobierno el IPC
real solía estar por encima del IPC previsto. ¿Cuál era la consecuencia
directa para nuestros pensionistas, señor Cercas? Que, mes tras mes,
ingresaban menos dinero en beneficio del ahorro público que le estaba
produciendo al Estado. Hoy la situación es diametralmente opuesta, la
contraria, justamente en beneficio de nuestros pensionistas. Señor
Cercas, elija la que más le apetezca: o sus gestores económicos eran muy
torpes, o ustedes fijaban un IPC a sabiendas de que la inflación real iba
a ser muy superior al inicio de cada año para financiar con ello al
conjunto del Estado en detrimento de sus pensionistas. No creo, aunque
suelo tener buena fe, que la última de las interpretaciones sea la que
les movía a ello, porque sería un clarísimo ejercicio de mala fe
política. Aunque con ustedes nunca se sabe, prefiero pensar que es la
primera de las explicaciones la que les llevaba a ustedes siempre a
calcular mal el IPC, es decir, la torpeza de sus gestores económicos y
ésos eran justamente los causantes de que dicha situación se produjera
año tras año.
Ante una situación completamente contraria --que, reitero, debería
alegrarles--, lo que hacen es buscar soluciones absurdas para problemas
que no existen, intentando causar alarma entre uno de los sectores de
nuestra sociedad más necesitados, como son los pensionistas. Además, lo
hacen de una manera incoherente e inconsistente. Porque si no, ¿cómo se
explica el reguero de proposiciones de ley y no de ley, tanto en las
Cortes Generales como en los parlamentos autonómicos que, como un
movimiento orquestado, demagógico e injustificado, ustedes han presentado
desde el pasado verano? Iniciativas contradictorias entre sí, como las
dos proposiciones de ley que presentaron en este Parlamento, ante esta
Cámara, que con la misma argumentación igual valían para dos millones y
medio de pensionistas que para más de siete millones de pensionistas.
Ustedes únicamente se molestaron en cambiar una línea de una proposición
a otra. Debían tener cierta prisa en hacer nuevamente electoralismo
barato con los ingresos de nuestros mayores y, por ello, abrieron
prematuramente un debate sin sentido. Señor Cercas, las prisas e
impaciencias suelen ser siempre muy malas consejeras y, además, la
antesala de decisiones equivocadas. Deberían haberlo tenido en cuenta,
porque resulta mucho más lógico en el presente caso, dado que la fórmula
establecida legalmente para determinar la evolución real del IPC --en un
artículo que ustedes no pretenden modificar-- obliga a tomar como
referencia el período anual de noviembre a noviembre, y eso se conoce en
diciembre; ahora no se conoce con exactitud cuál va a ser su evolución.
A usted ese argumento le puede parecer baladí, pero fíjese cómo entra en
contradicción con otros que utiliza y prueba, además, lo prematuro de
toda previsión que hacen ustedes artificialmente.
El dato del IPC del mes de agosto --que S. S. conocerá-- apunta un
relativo --y valga la redundancia-- repunte de la inflación, que puede
incluso mantenerse en el tiempo, tal y como se apunta desde algunos
medios más cercanos a esos bancos que a éstos. (Señalando a ambos lados
de la Cámara.) Si eso fuera así --aunque nosotros no lo compartiríamos--,
reafirmaría nuestra posición al respecto, porque podríamos encontrarnos
realizando un debate en estas Cortes sin ningún sentido.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Camps, vaya concluyendo.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.
Señala también el proponente que no es necesario determinar el período y
el ámbito de aplicación de la ley, que no hace falta ningún informe
jurídico y que lo importante en esta cuestión es que no está condicionada
por los resultados de ese informe, sino que debe resolverse conforme a
criterios políticos de los representantes de la soberanía nacional, es
decir, todos lo que aquí nos encontramos. Pero, señor Cercas, ¿olvida su
grupo que la actual redacción del artículo 43.3 de la Ley General de la
Seguridad Social ha sido aprobada por este Parlamento? ¿Ha olvidado
usted, por lo tanto, que aquellos criterios políticos que ahora llama en
su auxilio son exactamente los mismos que usted está denostando con su
propia moción? Porque tan válido será el criterio cuando este Parlamento
aprueba una ley como cuando usted pretende enfrentarle a la misma.
Es necesario, señorías, destacar que la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista pretende que esta Cámara contravenga sus propias
decisiones. Ha dicho, señor Cercas, que el Grupo Parlamentario Socialista
no está llamando al incumplimiento de ninguna ley. Si uno lee su moción
no puede sacar otra conclusión de la misma. Usted no pide en su moción
que se produzca una modificación de la Ley de consolidación y
racionalización de la Seguridad Social. En su moción está pidiendo a este
Congreso, instando a este Congreso, a que incumpla una ley aprobada por
el mismo. Eso es una absoluta y total incongruencia. Además, lo hace
basándose en argumentos en contradicción con otros portavoces autorizados
de su propio grupo.
Voy a leer unas declaraciones de su portavoz de presupuestos realizadas
en este fin de semana. Precisó, refiriéndose a la situación económica: La
situación dista mucho de ser tan boyante como anuncia el Gobierno;
estamos muy lejos de poder estar tranquilos, por mucho que con sus apaños
contables presenten una imagen de reducir el gasto público. Y, a renglón
seguido, usted nos dice en la motivación de su moción que justamente las
estupendas circunstancias económicas son las que pueden llevar a adoptar
las medidas que usted pretende. ¿Tiene razón su portavoz de presupuestos
o tiene razón usted? Porque, desde luego, ambas manifestaciones son
completamente contradictorias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Camps, concluya, por
favor.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.
Me dejará hacer, únicamente, dos manifestaciones más al respecto. En
primer lugar, quiero decirles que no son los pensionistas españoles los
que pueden estar intranquilos, no son los pensionistas españoles los que
pueden estar alarmados. En todo caso, son ustedes los que están
alarmados. Los pensionistas españoles están muy tranquilos, pero no así
algunos de los miembros del Partido Socialista, porque, si no, ¿me querrá
decir que explicación tienen cartas que dirigen algunos presidentes de
comunidades autónomas regidas por su propio partido, diciendo no sé que
medias verdades, que son la peor de las mentiras, respecto a devoluciones
de pensiones, o arrogándose capacidades en materia legal que saben que no
tienen en ningún momento? ¿A qué vienen cartas enviadas por la Junta de
Andalucía diciéndoles a todos y cada uno de sus pensionistas que deberán
devolver entre un 0,4 o un 0,5 de lo percibido en 1997, pero que no hay
ningún problema porque el Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado
que las pensiones que gestiona el Gobierno andaluz no sufrirán recorte
alguno? ¿Qué capacidad tiene el señor Chaves para realizar afirmaciones
de este tipo? ¿Es ése el modelo de desarrollo autonómico que quieren
ustedes, el que cada presidente de comunidad autónoma decida qué
pensiones les paga a sus pensionistas, a su libre albedrío, haciendo de
su capa un sayo, como si tuviera patente de corso? Si es así, ya lo
sabemos para debates futuros; si no es así, señor Cercas, dígale a su
compañero de partido y presidente de comunidad autónoma que el dinero
público puede tener mejor gasto que el mailing en el que lo ha utilizado;
que no vale la pena contar medias verdades, contar mentiras en papel
oficial, y que no vale la pena tampoco hacer demagogia barata a costa de
los pensionistas andaluces. Nosotros pensamos que la ley que tenemos es
buena, y así la defendemos.
No entraré ahora en el contenido de la defensa de mi enmienda, porque
probablemente el señor presidente me volvería a llamar al orden respecto
al tiempo. Unicamente deseo hacer una última reflexión. Suponía ya,
intuía, señor Cercas, que usted no iba a aceptar el contenido de nuestra
enmienda; una enmienda que respeta la legalidad y la interpretación más
favorable para los pensionistas de nuestro país. Lo suponía y lo intuía.
He corroborado una impresión que creía tener desterrada ya, y es que
ustedes son grandes, estupendos, corredores de fondo en la demagogia y en
la incoherencia política, pero si por un momento.... (Rumores.--Un señor
diputado desde los bancos socialistas: ¡Te estás pasando!.--Una señora
diputada: No hace falta descalificar. Ya vale!)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, silencio por favor.
Termine, señor Camps, por favor.
El señor CAMPS DEVESA: Termino, señor presidente, si la actitud
responsable de esta oposición tan moderada se lo permite a este portavoz.
Decía que si por un momento, señores del Grupo Parlamentario Socialista,
hacen un descanso en esa carrera sin sentido que han emprendido, tienen
un momento de lucidez política, por breve que sea; si se dan cuenta de
que más vale volver al inicio, al consenso,
al compromiso, al cumplimiento de la ley, al Pacto de Toledo, vuelvan
ustedes a ser la oposición responsable que este país necesita y que
ustedes han dejado de ser. Al menos millones de pensionistas se lo
agradecerán.
Alguien dijo que podemos comenzar a ser los autores de nuestro futuro
cuando dejemos de ser sus profetas. Ustedes han decidido ser profetas de
la desesperanza. El Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno, preferimos
ser autores de un futuro mejor para todos los pensionistas españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.--El señor Cercas Alonso pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): ¿Con qué objeto solicita la
palabra, señor Cercas?
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, el señor portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, en ocho ocasiones contadas por mí, se ha dirigido,
haciendo referencia a mi persona, con el calificativo de demagogo. Creo
que me ampara el artículo 71 del Reglamento para pedir un brevísimo turno
de alusiones. Lo haré, además, con el mejor espíritu y sin crispar la
situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Cercas, en el ámbito
parlamentario normalmente se entrecruzan calificativos que, no siendo
descalificaciones que atenten a la cortesía parlamentaria, que no serían
permitidas nunca por quien preside, normalmente son... (La señora López
i Chamosa: Lo ha dicho con mala idea.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora López i Chamosa, por
favor, le llamo al orden.
Señor Cercas, no tiene la palabra. No hay debate posible en este trámite
de las mociones.
El señor CERCAS ALONSO: ¿Me permitiría, señor presidente, solamente leer
la definición que da el diccionario de María Moliner de la palabra
demagogo, para ilustración del señor diputado? Es que puede hacer gracia
y podemos divertir a la Cámara. Demagogo es el cabecilla o jefe de la
facción popular. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Cercas.
¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Mixto
tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Estamos ante un animado debate sobre pensiones. Está bien que los debates
políticos se animen y sobre todo que los pensionistas sean conscientes
del gigantesco esfuerzo, es decir, de la pesada carga que soportamos
gobiernos y diputados para que cobren a fin de mes algo que desde luego,
desde mi punto de vista, les pertenece.
La moción que hoy discutimos y que presenta el Grupo Socialista tiene su
interés, ya que trata de que el Gobierno aclare su postura respecto a la
subida de las pensiones del año 1998 y que, en consecuencia, no detraiga
a los pensionistas la posible diferencia en función del IPC previsto y
real. Voy a intervenir brevemente sobre este tema porque el otro día
tuvimos ocasión de manifestar nuestra opinión en este asunto a lo largo
del debate sobre la reforma de la ley de pensiones. En el pasado verano
--y aún ahora no se ha aclarado-- hubo declaraciones de diversos miembros
del Gobierno en el sentido de que podría ser que la diferencia entre el
IPC previsto y el IPC real fuese absorbida en la revalorización que
corresponde aplicar en el siguiente ejercicio económico, es decir, que a
los pensionistas se les descuente el año que viene el exceso cobrado
durante el año 1997.
En primer lugar, parece claro que el Gobierno debe definir con claridad
lo que piensa hacer respecto a este tema. Desde nuestro punto de vista
sería sarcástico que el Gobierno decidiese llevar a cabo la rebaja, más
aún teniendo en cuenta que la mayoría de los pensionistas reciben
cantidades de subsistencia. No es de recibo que se tome una decisión así.
Nosotros, desde luego, estamos por que el Gobierno no concrete ese
recorte. Más bien al contrario, creemos que debe quedar consolidada la
diferencia que se pueda producir a favor de los pensionistas. Por tanto,
en este punto compartimos la preocupación del Grupo Socialista.
En segundo lugar, conviene decir que la Ley de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social, aprobada por la gran
mayoría de este Congreso de los Diputados y a la que, por cierto, el BNG
se opuso, en el capítulo de revalorización de pensiones prevé la
posibilidad de que, si el IPC previsto y en función del cual se practicó
la revalorización fuese superior al realmente producido, las diferencias
existentes sean absorbidas en la siguiente revalorización. Esto es así,
y siendo así fue aprobado, como decía, por la gran mayoría de este
Congreso.
Estamos, por tanto, ante una ley que empieza a revelar en la práctica sus
limitaciones, tal como algunos manifestábamos durante el proceso de
discusión de esa ley, entre ellos el Bloque Nacionalista Galego. En todo
caso, que conste la oposición del BNG a que se aplique esa absorción
prevista. Votaremos favorablemente esta moción en el ánimo de estimular
al Gobierno para que no concrete el por algunos anunciado recorte.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Con su venia, Coalición Canaria se siente preocupada por el fondo
político de este debate, con un ánimo no digo de generosidad, pero sí de
sensatez y de sentido común, que por todos los principios políticos nos
hicieron tener una unanimidad política de fondo cuando aprobamos el
denominado Pacto de Toledo, al buscar un fundamento legal de garantía
permanente para los pensionistas sobre el tema de la revalorización de
sus pensiones.
Como normalmente los gobiernos han recurrido a la vía de los Presupuestos
Generales del Estado para decir cada año a los pensionistas cuál era el
porcentaje, la cuantía o el criterio para la revalorización de sus
pensiones, nosotros desearíamos una reconstitución en esta materia del
espíritu que nos hizo un día llevar a la letra del consenso el Pacto de
Toledo. Coalición Canaria votó la investidura del señor presidente del
Gobierno, en el debate del año pasado, en razón de uno de los compromisos
que aquí expresó el señor Aznar para la revalorización de las pensiones.
En junio del año pasado, por un lado, propusimos y constituimos la mesa
tripartita para hacer un seguimiento permanente del asunto de la
seguridad social y de las pensiones y después, en el Pleno del Congreso
del 25 de junio del año pasado, aprobamos aquella reconducción nueva,
aquella actualización del Pacto de Toledo, para estar vigilantes y hacer
un seguimiento de las recomendaciones que allí se comprometían y la
asunción por el Gobierno de ese tema. Dicho esto, nosotros lo que
queremos es mantenernos en la línea de este espíritu y de esta
recomendación. Hubiera sido deseable que en aquel acuerdo que adoptamos
el 25 de junio todas las partes proponentes y cualquier grupo
parlamentario encontraran su lugar de convergencia para estas
proposiciones. Como esto no es así, hemos decidido esperar a que el
Gobierno presente el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para ver el comportamiento de la decisión política y económica con
respecto a la revalorización de las pensiones o su actualización. Como
siempre estuvimos pensando que el IPC iba hacía arriba y estaba en unas
cifras por encima de la estimación que hacían los expertos del Ministerio
de Economía y Hacienda, ahora se nos presenta el fenómeno contrario sobre
un IPC que está a la baja.
En la Comunidad Autónoma canaria, al tener unas leyes económicas y
fiscales distintas que el resto del territorio del Estado, Península y
Baleares, nos hemos encontrado con que Canarias a veces se comporta como
una región inflacionista cuyo IPC, que es el que afecta a los
pensionistas que viven en Canarias y perciben sus pensiones allí, es más
alto que, con un diferencial positivo, el que hay en el resto del
territorio español, Península y Baleares. Debemos tener cuidado con esto
porque estamos haciendo un café con leche del IPC en todo el territorio
nacional. Estamos consagrando la cifra de la media del IPC sobre el que
se toma la decisión de revalorización de las pensiones. Por eso nosotros
hemos dicho que nos sometemos a esa norma común general, pero hacemos
esta advertencia para no hacer una consagración legal absoluta de las
repercusiones del índice de precios al consumo que sean negativas para
los pensionistas que tienen que estar en la línea de la revalorización de
sus pensiones, aunque, por supuesto, tampoco sufrir un detracción, un
demérito porque el IPC general del Estado sea inferior. De ahí que
nosotros, con todos los respectos a esta iniciativa que plantea el Grupo
Parlamentario Socialista, hubiéramos deseado, primero, haber resuelto ese
debate en el seno de nuestra comisión reconstituida del Pacto de Toledo
en temas parlamentarios y, en segundo lugar, de no haberse alcanzado
sobre un criterio objetivo distinto del del IPC, ir a ver la expectativa
con que el Gobierno presenta su proyecto de Presupuestos Generales del
Estado.
De cualquier forma, nosotros entendemos que la enmienda que ha presentado
y sobre la que me pronuncio igualmente de la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista trata de buscar aquí un consenso: trasladar a
los pensionistas españoles el mensaje de que la Cámara está preocupada
por la situación interpretativa que se puede dar de hacer compatible un
principio de legalidad con la realidad de un IPC (esperemos a ver lo que
pasa en noviembre o en diciembre) inferior al previsto, pero que en
ningún caso hay mandamiento imperativo alguno, entendemos nosotros, para
que haya una detracción, una devolución o una compensación. Yo me imagino
que en la pirámide que constituye la estructura de las pensiones en
España --la mayoría de las pensiones son bajas-- se podía producir un
coste de gestión administrativa para actualizarlas --creo que el señor
Cercas lo ha dicho, no sé si ha hablado de 80 pesetas--, y que en una
gestión sobre este tipo cualquier experto economista haría desistir de su
devolución porque sería más caro hacer la recomposición actualizadora que
el propio pago del diferencial, en sentido positivo, para los
pensionistas. Por eso nosotros entendemos que la enmienda que trae el
Grupo Parlamentario Popular, de no ser posible que hayamos dirimido estas
diferencias, debe buscar nuevamente el consenso en el Pacto de Toledo, en
esta ponencia que volvimos a reconstituir o a mantener en vigilancia
activa. Porque si no hay que preguntarse para qué ha servido el acuerdo
de junio del año pasado de mantener en vigilancia activa la ponencia del
Pacto de Toledo si ahora viene aquí este debate. Pues bien, nosotros
entendemos que la enmienda que trae el Grupo Parlamentario Popular tiene
un tratamiento de equilibrio que intenta ser simétrico, exquisito, entre
el principio de legalidad y no perjudicar
a los pensionistas. Nosotros tenemos un compromiso y queremos seguir
exigiendo al presidente del Gobierno, al mismo tiempo que respetando el
voto que le dimos en el debate de investidura, el compromiso que aquí
trajo. Pues bien, si esta enmienda no es aceptada por el Grupo
Parlamentario Socialista, nos veremos obligados a votar en contra de su
iniciativa por estas razones que he dicho y esperarnos a los Presupuestos
Generales del Estado con la oferta que hagan de actualización de las
pensiones que aquí se han debatido.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
A juicio de mi grupo este debate no se tenía que haber producido. No
estamos de acuerdo en sacar de forma periódica el debate sobre los
pensionistas, produciendo con ello incertidumbre, inseguridad, y dando la
sensación de que detrás de todo esto no se están defendiendo los
verdaderos intereses de los pensionistas, sino que hay una serie de
intereses partidistas, electoralistas, que a mí me parece que no es el
procedimiento a seguir. Además, yo pensaba que esta etapa estaba superada
precisamente cuando en el Parlamento estuvimos debatiendo y tratando lo
que al final fue el llamado Pacto de Toledo. Tenía como objetivo, entre
otras cosas, que no se polemizara permanentemente sobre estos temas, que
se asegurara el poder adquisitivo de los pensionistas y que las cosas
quedaran claras. Los pensionistas no pueden estar permanentemente mirando
lo que dicen los medios de comunicación, ni pueden estar pendientes de lo
que nosotros hablemos aquí para saber qué es lo que van a cobrar o no van
a cobrar el año siguiente. Tenemos que ser claros. Hemos de tener unas
leyes en las que se establezca de forma clara y definitiva qué es el
poder adquisitivo, qué queremos decir cuando ponemos en las leyes que los
pensionistas van a mantener su poder adquisitivo. Yo creo que eso está
reflejado en este momento en una ley sobre la consolidación y la
racionalización del sistema de la Seguridad Social. ¿No está clara esa
ley? Modifiquémosla. ¿Está mal? Modifiquémosla. Pero no traigamos
permanentemente aquí este debate. Tenemos que ser claros en este aspecto
y mandar un mensaje claro a los pensionistas, darles esa seguridad. Somos
partidarios en todo momento del cumplimiento de los acuerdos y si hay
unos acuerdos establecidos en la Cámara, cumplámoslos. Tenemos que
garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Hagámoslo y
dejémoslo claro. Tenemos que dar seguridad jurídica. Pongámoslo en las
leyes. Evitemos interpretaciones partidistas. Hagámoslo así. Pero no les
utilicemos. Esa es la sensación que a mí y a mi grupo parlamentario nos
da en estos momentos.
Por tanto, mi grupo y yo, personalmente, apoyaremos cualquier iniciativa
que vaya a clarificar y a establecer estos principios que acabo de decir,
pero, desde luego, no estamos por la labor de sacar permanentemente el
debate de los pensionistas a través de cualquier iniciativa
parlamentaria, como es, por ejemplo, una moción. Por tanto,
independientemente de la buena voluntad que podemos tener todos en
preservar los derechos y las garantías de los pensionistas, creo que
también tenemos que ser serios y rigurosos con este tema.
En este aspecto y ciñéndome a la moción que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, tengo que decir que no me satisface. En todo
caso, creo que tiene más seguridad jurídica la enmienda propuesta por el
Grupo Popular. Si se puede llegar a un acuerdo estaríamos dispuestos a
apoyarla, pero en otro sentido no vamos a dar el voto positivo a esta
moción presentada por el Grupo Socialista porque no soluciona el
problema, y no lo soluciona, entre otras cosas, porque al final lo que se
pretende es solucionar las pensiones para el año 1998, y lo que tiene que
quedar claro es el futuro sistema de actualización de las pensiones, pero
no para el año 1998 sino para todos los años. Este es el fin que yo creo
que se persigue y que se perseguía a través del Pacto de Toledo y de la
Ley de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad
Social.
Repito que si no estamos de acuerdo porque no deja suficientemente
aclarados estos conceptos de revisión, modifiquemos la ley, pero no
estemos trayendo permanentemente interpelaciones, mociones o
proposiciones no de ley sobre el mismo tema. ¿Para qué? Para abrir un
debate sobre los pensionistas, que en el fondo es lo que pretendemos.
Pues bien, yo no estoy por la labor de estar permanentemente debatiendo
este tema, porque creo que les estamos haciendo un flaco favor y, desde
luego, no estamos dando ninguna seguridad a los pensionistas.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Zabalía.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Muchas gracias, señor presidente.
También nuestro grupo considera, señorías, que este es un debate que no
tendría que haberse celebrado. Yo entiendo los motivos del Grupo
Socialista para provocar este debate, pero, a nuestro entender, el mismo
tiene un cierto matiz de oportunismo político. Se puede estar en
desacuerdo con la ley, pero si se está en desacuerdo con la ley, ínstese
a su modificación. Si hace unas semanas esta Cámara, democráticamente,
con el
debate que sostiene el proceso de aprobación de una ley, aprueba una ley
y se publica en el «Boletín Oficial del Estado», al cabo de unas semanas
no podemos instar al Gobierno a que no se cumpla esta ley. Si hay algo
que esta Cámara no puede hacer es instar al Gobierno a que no se cumplan
las leyes. Si no nos gustan las leyes tenemos mecanismos a nuestro
alcance para instar a su modificación, pero no podemos traer una moción
cuya literalidad sea instar al Gobierno a que no cumpla la ley esta
Cámara, que tiene la soberanía en los trámites de aprobación de las
leyes.
Nuestro grupo siempre ha estado en contra de provocar debates
confrontados en torno a los temas de los pensionistas. Jamás hemos hecho
demagogia sobre las pensiones; jamás. Instamos en su momento al debate
que dio lugar al Pacto de Toledo; uno de los mejores debates políticos en
torno a las pensiones. Lo instamos, alcanzamos un acuerdo político, un
gran acuerdo político sobre las pensiones, y de ese acuerdo se derivó la
actualización automática de las pensiones, señor Cercas, y usted lo sabe,
como el diputado que les habla, porque en ese debate garantizamos la
revalorización automática de las pensiones. Si esto hoy está garantizado
por ley, no por acuerdo político, y esta Cámara ha aprobado esta ley,
instar al Gobierno a que no la cumpla es una contradicción profunda del
sistema parlamentario.
Dicho esto, mi grupo entiende, señor Cercas, señorías del Grupo Popular,
que esta ley permite muchas interpretaciones. La ley que aprobamos
jurídicamente permite varias interpretaciones e instamos al Gobierno del
Partido Popular a que de cualquiera de las interpretaciones jurídicas que
puedan darse se aplique la más favorable al pensionista, que no se
aplique ninguna interpretación si hay otra que es más favorable. Mi
grupo, repito, va a instar al Gobierno a que de cualquiera de las
interpretaciones jurídicas posibles se aplique la más favorable. Si luego
la ley no nos gusta o consideramos que no es acertada, instemos a la
modificación de la misma y abramos de nuevo el debate del proceso de
revalorización de las pensiones, como creo que ha hecho el Partido
Socialista. Señorías, hasta la fecha lo procedente no es instar al
Gobierno a que no cumpla la ley.
Dicho esto, señorías, nuestro grupo cree que pronto vamos a tener el
debate de las pensiones en el marco de los Presupuestos Generales del
Estado. Si el marco presupuestario y el marco económico lo permiten,
nuestro grupo cree que deberíamos hacer un esfuerzo para reconsiderar
decisiones que permitan mejorar algunas de las pensiones de este país
--como se ha hecho en años anteriores que se han ido mejorando las
pensiones más bajas, incluso mejorando tramos en niveles de prestaciones
contributivas como podía ser, por ejemplo, colectivos como el de las
viudas--, hacer esfuerzos para mejorar determinadas situaciones de los
pensionistas, pero hacer ese debate en el marco de los presupuestos,
siempre que pueda encajarse en la orientación que debe darse a los
Presupuestos Generales del Estado. Mi grupo va a colaborar en ese debate
y va a intentar dar pasos en esta dirección. Mientras tanto, señorías,
señor presidente, esta Cámara siempre debe instar al Gobierno a que se
cumpla la ley. Si nosotros quebramos ese principio básico, vamos a perder
una de las más fundamentales credibilidades que tiene un sistema
parlamentario.
Señorías, nuestro grupo cree que la política económica que se está
desarrollando en estos momentos es aquella que hoy nos permite presentar
una de las más bajas inflaciones que ha tenido nuestra sociedad en los
últimos años. Creo que es importante que digamos hoy, otra vez, a la
sociedad española que con inflaciones bajas quien sale ganando siempre
son las rentas de las clases más bajas, los pensionistas. Por ello mi
grupo pone mucho empeño en que la política económica tenga como objetivo
primordial la rebaja constante y progresiva de la inflación, incluso para
situarla en niveles más bajos, porque de ello siempre se desprenderá una
mejora del poder adquisitivo de las rentas más bajas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida va a votar favorablemente la moción presentada por el
Grupo Socialista respecto a la no absorción de la revalorización de las
pensiones para el año 1998 porque las razones que plantea, en último
término, son acertadas --razones de equidad, de oportunidad, de capacidad
financiera--, porque no se trata de incrementar el gasto, sino de evitar
un ahorro injusto sobre las previsiones presupuestarias de la Seguridad
Social que vendría a gravar ese ahorro a las rentas más bajas y modestas
de nuestra sociedad, porque se trata de una situación excepcional para el
futuro y porque justo en una época de bonanza económica esto sería
castigar a los ciudadanos de menor capacidad económica impidiéndoles
participar en esa España que va bien, según las cifras macroeconómicas y
según el Gobierno.
Insistimos en decir que esta moción se queda corta pues, en primer lugar,
el proponente de la misma ha renunciado a modificar la ley y plantea
simplemente que el Congreso se pronuncie a favor de, lo cual en último
término es rebajar el nivel de aspiraciones que había suscitado en la
prensa esta polémica agria y teatral a la que hemos asistido. En segundo
lugar, esta moción se queda corta pues hay que ponderarla en el contexto
que se produce, porque tanto el grupo que
apoya al Gobierno como el de la mayoría parlamentaria de oposición, tanto
el Partido Popular como el Partido Socialista, aunque cada uno, claro
está, con desigual responsabilidad en tanto en cuanto el uno es autor y
el otro ejerce en este punto una posición light, ambos se han puesto de
acuerdo en apoyar el desarrollo regresivo del Pacto de Toledo votando la
ley a la que nosotros nos opusimos no solamente por esta cuestión sino
también por otras muchas cosas más de fondo, como es la fórmula empleada
en la separación de fuentes financieras de las prestaciones contributivas
respecto de las no contributivas, por las que el Estado se inhibirá en el
futuro de las insuficiencias financieras para cubrir los agujeros del
sistema de reparto posibles o eventualmente posibles, y también por lo
que significa esa ley de recorte generalizado de las pensiones, ya de por
sí bastante exiguas en nuestro país. Ambos, cada uno en su papel, han
dotado a esta contrarreforma de cobertura legitimadora ante la opinión
pública, presentándola como la gran panacea para una supuesta crisis del
sistema público de pensiones de la Seguridad Social.
Sin embargo, este sacrificio que se ha impuesto a los pensionistas y a
los trabajadores no ha servido para facilitar, al menos, uno de los pocos
logros que la ley significaba: evitar la manipulación electoralista que
implica la incertidumbre sobre si se van a revalorizar o no las pensiones
año a año. Al menos, digo, era un logro, aunque tal y como se hizo la
cosa ha quedado en una congelación de las pensiones más que en una
revalorización. Está claro que es de estricta justicia que cesen
semejante incertidumbre y manipulación. Para ello Izquierda Unida
presentó una enmienda, precisamente a este mismo punto del artículo 11 de
la ley, que fue rechazada por la mayoría parlamentaria y no apoyada por
otros grupos. ¿Por qué no se aceptó la enmienda de Izquierda Unida, con
lo que se habría evitado este juego del ratón y del gato? También sobre
este punto manifestaron una posición crítica los sindicatos, que no
obstante habían apoyado el conjunto de la ley. ¿Por qué se utiliza a los
sindicatos como mascarón de proa en algunos proyectos gubernamentales y,
sin embargo, no se les hace caso cuando señalan aspectos críticos que no
hacen sino adelantar la dinámica social posterior? Este Gobierno parece
no querer rematar las cosas que formalmente empieza bien; digo
formalmente porque en lo sustantivo, en lo material, estábamos en contra
de la ley, aunque es hacer las cosas bien plantear aquí cualquier ley que
afecte a los trabajadores o los pensionistas con el consenso de los
sindicatos, aunque por nuestra parte queda a salvo que estemos
legitimados políticamente para oponernos si no estamos de acuerdo, como
es el caso. Si ustedes, señores del Partido Popular, quieren complicarse
la vida y dar goles hechos a la oposición, allá ustedes. Estamos en este
supuesto.
Al mismo tiempo que apoyamos esta moción, tenemos que insistir en que se
queda corta, pues no es éste el único ni el más grave aspecto de la ley
que hay que reformar. En la interpelación de la semana pasada planteamos
que, incluso ciñéndonos al aspecto de la revalorización de las pensiones,
también habría que incluir en la reforma la cuantía de las pensiones más
bajas, haciendo que éstas se equiparen al salario mínimo
interprofesional, que es una promesa electoral del partido del Gobierno
todavía incumplida. Por tanto, habría que plantearse también en este
aspecto una reforma de la ley. Estoy de acuerdo en que hay que hacer una
reforma de la ley, pero no escudarse en que la ley se aprobó hace poco
para no hacerla. Habría que introducir incluso alguna fórmula que
contemplase que, al menos en años de prosperidad económica, los
beneficios de esta bonanza redundasen también en las rentas que
prácticamente todos los pensionistas perciben como únicas, que son las
pensiones. Si no se hubiese producido la aprobación de una enmienda del
Partido Socialista, la enmienda 75, esto estaría todavía en el artículo
48.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Lo que
pasa es que a veces el diablo enreda y la presentación a un mismo texto
de enmiendas separadas produce estas cuestiones no deseables. Pese a la
insuficiencia y al marcado carácter electoralista de la moción, Izquierda
Unida la apoya sin reservas, pues esta moción es materialmente la misma
enmienda de Izquierda Unida rechazada y no apoyada, a la que se le da una
segunda oportunidad.
Señores del Grupo Popular, no valen fugas hacia la interpretación de la
ley, porque en cualquier caso eso siempre se puede argumentar, ni valen
citas más o menos cursis o acertadas, ni aludir a caminos responsables.
Acepten ahora la enmienda de Izquierda Unida presentada en forma de
moción socialista. Acéptenla, se ahorrarán dolores de cabeza y los
pensionistas saldrán ganando, que eso es lo que importa en último
término.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vaquero.
Señor Cercas, he entendido, después de su intervención, que no se
aceptaba la enmienda propuesta por el Grupo Popular.
El señor CERCAS ALONSO: El señor presidente ha oído y entendido
correctamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Cercas.
(El señor Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)
El señor Eguiagaray tiene la palabra.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor presidente, hay momentos en los debates
en los que, a juicio de este grupo, una lectura puede ser mucho más útil
que muchas palabras. Este grupo tiene la sensación de que muchos de los
señores diputados y señoras diputadas
no han podido tener conocimiento de cuál es el texto alternativo al que
el Grupo Parlamentario Socialista había presentado y que el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista ha dicho que no aceptaría su discusión y,
por lo tanto, no se incluiría como parte del texto sometido a votación.
En uso del artículo 72 del Reglamento de la Cámara, solicitaría de la
Presidencia que se diera lectura al texto de la enmienda de modificación
planteada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por ver si
no solamente los diputados y diputadas, sino el público en general,
pueden entender qué es lo que propone el Grupo Popular que se haga con
los pensionistas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Eguiagaray.
Se dará lectura no a la moción que se va a votar, sino al texto
alternativo propuesto. La señora secretaria dará lectura del texto
solicitado.
La señora SECRETARIA (Barrios Curbelo): El texto quedará redactado como
sigue: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación para
que, de materializarse los presupuestos sobre los que se asienta el
actual artículo 48.3 de la Ley General de la Seguridad Social, dé
cumplimiento a la Ley 24/1997, de 15 de junio, que nace del acuerdo sobre
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social,
interpretando sus disposiciones de modo que, resultando la forma más
favorable para los pensionistas, sea a su vez respetuosa con la
interpretación jurídica, así como con el espíritu y finalidad de la
misma. (Risas.--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Barrios.
Vamos a proceder a las votaciones. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Socialista, sobre criterios para la revalorización de
las pensiones en el ejercicio presupuestario de 1998.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296;
a favor, 136; en contra, 160.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA SANITARIA DEL GOBIERNO EN LO QUE SE REFIERE
A LAS MEDIDAS A PROPONER AL CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y FINANCIERA CON
EL FIN DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DE GASTO DE LA SANIDAD PUBLICA
(Número de expediente 173/000048)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política sanitaria del Gobierno
en lo que se refiere a las medidas a proponer al Consejo de Política
Fiscal y Financiera con el fin de incrementar el presupuesto de gasto de
la sanidad pública.
En nombre del grupo proponente, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para
defender la moción que es consecuencia de la interpelación debatida la
semana pasada en esta Cámara, como es obvio, pero también para traer a la
sede del Congreso de los Diputados un debate en torno a la financiación
del sistema sanitario, el cual circula desde hace tiempo por vericuetos
confusos y opacos que han introducido un nivel de alarma social y de
confusión acerca de cuáles son los planteamientos del Gobierno del PP en
una materia tan sensible como es el sistema sanitario público, sobre todo
después de que se están produciendo situaciones enormemente irregulares,
como la que ha tenido lugar esta mañana, en la que se ha reunido
supuestamente una subcomisión que había visto cancelado el tiempo de
debate para emitir un dictamen el día 10 de septiembre. (El señor
vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) Es una
comisión, por lo tanto, que se está reuniendo sin la cobertura
reglamentaria indispensable, por lo que las conclusiones que pueda emitir
aquí no procederán del ámbito de la creación de la subcomisión sino de la
voluntad individual de la suma de los grupos parlamentarios que se han
reunido esta mañana.
Quiero decir también que la opacidad, que el confusionismo no solamente
viene por unas declaraciones traídas, llevadas y desmentidas sino por el
hecho, que quiero denunciar aquí esta tarde, de que mi grupo
parlamentario solicitó la semana pasada a la Comisión de Sanidad el
tercer borrador que estaba sirviendo de debate a los grupos
parlamentarios que allí se reunían, documento existente en sede
parlamentaria, que evidentemente no forma parte de ningún tipo de secreto
de Estado y que fue negado a la fuerza política que represento en la
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Hay que decir, para
vergüenza de los grupos parlamentarios que tomaron la decisión de negarle
ese documento a Izquierda Unida, que hoy ha tenido que ser la Mesa del
Congreso la que tomase la decisión, cómo no, de que ese documento
existente, materia de debate, sea puesto a disposición de los grupos
parlamentarios que así lo soliciten. Por lo tanto, la moción, como les
decía, no responde solamente al trámite parlamentario normal sino a
permitir que los grupos parlamentarios que conformamos este Congreso de
los Diputados, legítimamente y con claridad, expresemos con las palabras
conocidas, las palabras reflejadas en el «Diario de Sesiones» y el voto
correspondiente, cuál es la voluntad política que nos anima en el terreno
de la financiación sanitaria.
La moción, por lo tanto, se circunscribe al ámbito de la financiación. En
su primer punto tiene el afán de la clarificación. Uno de los temas más
traídos y llevados ha sido el de la deuda. Se ha acusado al Gobierno de
ocultar deuda existente en el Insalud transferido. Se manejan cifras
dispares por distintas instituciones de diferentes comunidades autónomas.
Nadie sabe, nadie ha emitido todavía un dictamen, ni siquiera a quien le
corresponde, como es al Gobierno, acerca de la cuantía, la estructura de
la deuda sanitaria, su distribución por comunidades autónomas y la
valoración por parte del Gobierno de cuáles son las causas estructurales
o coyunturales que han generado esa deuda.
A mi grupo parlamentario le parece que ningún tipo de decisión, ni de la
subcomisión ni del Pleno del Congreso ni siquiera en los Presupuestos
Generales del Estado, va a tomarse con el mínimo rigor si las fuerzas
políticas, la sociedad no conoce este dato fundamental. Sus señorías
saben que el acuerdo de financiación de las comunidades autónomas termina
en este momento y hay que saber cuál es la deuda generada y a qué
corresponde; sobre todo a qué corresponde, señorías. Que el Gobierno diga
si es que la financiación ha sido insuficiente y, por lo tanto, el gasto
generado y la deuda acumulada es el producto mecánico de una financiación
insuficiente. Si es así, que el Gobierno diga a qué se deben las
diferencias entre las deudas sanitarias de comunidades autónomas y que se
ponga de manifiesto, señorías, lo repito una vez más, la relación
causa-efecto entre la introducción de mecanismos de gestión privada de la
sanidad pública y el aumento de la deuda; fragmentación del sistema
sanitario, falta de coordinación entre niveles sanitarios, producto de
esta gestión independiente, individualizada, y deuda sanitaria, así como
la relación entre compra de voluntades de determinados colectivos para
hacer más viable y menos conflictiva la introducción de nuevas medidas de
gestión y de nuevos criterios retributivos.
Mi grupo parlamentario tiene la opinión de que ésa es una de las razones
fundamentales de la desigual deuda sanitaria generada entre comunidades
autónomas. Sin embargo, insisto, es al Gobierno al que le corresponde
traer a esta Cámara los datos que permitan establecer con rigor cuál es
la deuda, qué la ha generado, y no solamente hacer la dotación financiera
para sufragarla sino, sobre todo, adoptar las medidas de política
sanitaria consiguientes para evitar que esa deuda, que no tiene nada que
ver con mejora en la calidad, con aumento de recursos humanos o de
recursos materiales, pueda no seguir aumentando indefinidamente y ser un
lastre sobre el futuro de la sanidad pública.
Desde parecidos planteamientos, mi grupo parlamentario propone la
elaboración de un plan extraordinario. Sus señorías lo conocen bien, al
menos los que siguen el debate sanitario. Mi grupo comparte, con expertos
que se han pronunciado ante la subcomisión, la opinión de que la más
importante causa de ineficiencia del sistema sanitario es la
insuficiencia de recursos propios, la escasez de camas hospitalarias, la
escasez de recursos humanos, la falta de desarrollo de las estructuras de
atención primaria, y que el consiguiente parasitismo de la atención
sanitaria privada con respecto a la sanidad pública es una fuente
permanente de ineficiencia, de disminución de la calidad en la asistencia
sanitaria y de perversa financiación de la sanidad privada a partir de la
sanidad pública. Hay datos, señorías, que están en los anuarios del
Instituto Nacional de Estadística. Las clínicas privadas concertadas por
la sanidad pública están siendo financiadas, fundamentalmente, por la
sanidad pública. Los datos del año 1995 son que si en las clínicas
privadas el 25 por ciento de las camas están ocupadas por pacientes
provenientes de la sanidad pública, la cantidad de dinero percibida por
la sanidad privada por la atención sanitaria a este 25 por ciento supera
el 33 por ciento. Sin embargo, de todos es bien sabido cómo los pacientes
que provienen de la sanidad pública y son ingresados en clínicas privadas
acceden a situaciones hosteleras de confort mucho menores que los
pacientes que proceden de aseguradoras privadas o directamente pacientes
privados. Es decir, afirmo, con toda responsabilidad, que se está
produciendo una parasitación de la sanidad privada con respecto a la
sanidad pública.
También saben SS. SS. que mi grupo parlamentario es partidario de
incrementar sustancialmente el gasto sanitario público, teniendo en
cuenta no solamente que es inferior a la media de los países de la Unión
Europea sino que, en ese solapamiento inseparable de los servicios
sanitarios y sociales, sobre el sistema sanitario recae el lastre
importantísimo de ese raquitismo de los servicios sociales en nuestro
país, que hace que asistamos al escándalo repetido de que nuestro país
tiene, en relación con el producto interior bruto, un 6 por ciento menos
de gasto en servicios sociales, insisto, lastrando la calidad de la
atención sanitaria.
El segundo punto de la moción plantea con toda claridad aumentos en la
financiación, por supuesto. Es necesario que las diferentes comunidades
autónomas accedan a un nivel suficiente de recursos económicos, de
recursos humanos y de recursos materiales. No es suficiente incrementar
la financiación: debe ir ligada al desarrollo de las infraestructuras
sanitarias públicas.
Por lo tanto, señorías, nuestro grupo parlamentario plantea la
vinculación estricta del aumento del gasto a
la finalización de la red de atención primaria. Tengo por desgracia que
cansar a sus señorías diciendo que la reforma de la atención primaria se
inició en nuestro país, con la ley que lo permitía, en el año 1984. Hoy
los datos oficiales del Gobierno del Partido Popular señalan que 13 años
después, señorías, el 40 por ciento de nuestra población está atendida
con la vergüenza de las dos horas de ambulatorio y con una media de
atención al paciente de menos de los dos minutos, con este tipo de
modelo. Señorías, 13 años después. Cómo se va a proceder a racionalizar
el gasto farmacéutico, qué se puede hacer en atención primaria, más que
malcallar las bocas exasperadas con talonarios de recetas que pretenden
tapar una calidad de la asistencia sanitaria propia de países con un
nivel de desarrollo mucho menor.
El segundo punto también plantea el desarrollo de la red sociosanitaria
hospitalaria y extrahospitalaria para la atención a enfermos crónicos y
geriatría. Todos sabemos cómo los hospitales de agudos, los modernos
hospitales de agudos de nuestro país, están viviendo con el lastre que
supone una atención a enfermos crónicos que no necesitan el nivel de
tecnología que supone un hospital que tiene un nivel de recursos no
necesario para las patologías que en ellos se atienden. Pero estamos
asistiendo, señorías, al hecho dramático de que cada vez es más difícil
ingresar a una persona mayor en un hospital de agudos. El problema es que
esa negativa al ingreso de estas personas mayores, que están necesitando
otro tipo de recursos sanitarios, se produce sin que la sanidad pública
tenga un sistema alternativo hospitalario ni extrahospitalario.
Nosotros nos planteamos --y hay muchas personas que en la subcomisión
también lo han apuntado-- que probablemente se empezó a transferir a las
comunidades autónomas lo último que debería haber sido transferido, o
incluso aquello que siempre debía haber permanecido en manos del nivel
central del Ministerio de Sanidad, y es toda la red de salud pública, de
vigilancia epidemiológica, todos los sistemas que deben permitir al
Gobierno que, más allá de las especificidades territoriales, tenga la
capacidad de intervención ante los grandes problemas de salud. En
cualquier caso, la constatación es que la epidemia de meningitis lo
revela; problemas locales, como el de Alcalá de Henares, como el que se
ha vivido en otros lugares del país, revela un retroceso importantísimo
en los niveles de desarrollo y en los niveles de coordinación de las
estructuras de salud pública y, por lo tanto, se propone su desarrollo.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señora Maestro, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTIN: Voy terminando.
Al mismo tiempo se plantea abordar un problema que, en las repetidas
encuestas de salud, aparece destacado como el primer problema de salud de
la población, y es la atención odontoestomatológica. Nuestra población,
la población infantil, la madura y la de más edad, carece de estructuras
públicas capaces de abordar la atención sanitaria. Hoy, señorías, para
vergüenza nuestra y de las autoridades sanitarias, todavía puede decirse
que mirándole la boca a una persona se puede adivinar la clase social a
la que pertenece y su nivel de renta, porque la atención
odontoestomatológica es casi exclusivamente privada.
Finalmente, creemos que debe abordarse con seriedad, teniendo en cuenta
las competencias transferidas, pero también teniendo en cuenta la
dotación de recursos suficientes, el desarrollo de estructuras de salud
mental. Nuestro grupo parlamentario compartía con el Grupo Parlamentario
Socialista la idea de que la situación de los enfermos mentales
encerrados durante décadas o de por vida en los conocidos manicomios era
una situación que vulneraba cualquier derecho humano más elemental, y no
tenía nada que ver ni con la ciencia ni con cualquier tipo de atención
sanitaria razonable. Sin embargo, ese discurso de cierre de este tipo de
instalaciones no ha sido seguido con el desarrollo de estructuras
suficientes para la atención de enfermos agudos en los hospitales
generales y mucho menos para el desarrollo de talleres, de lugares de
atención comunitaria integral que permitiera que las personas que no
necesitan ingresos agudos o las personas que salen de las instituciones
de salud mental tengan una atención sanitaria decente.
Finalmente, el tercer punto de la moción pretende concretar la voluntad
de esta Cámara en lo que han sido declaraciones y contradeclaraciones,
que tienen el valor que dura un titular de prensa. Es necesario,
señorías, que si el Grupo Parlamentario Popular y los grupos
parlamentarios que sostienen al Gobierno no tienen intención de
introducir forma alguna de copago, extender el pago del porcentaje de
medicamentos a determinados colectivos o a la población en general, se
manifieste con el voto en esta Cámara. Es hora de que se cumplan los
compromisos de esta Cámara, aparte de la capacidad legislativa, y exprese
claramente a la población, y cada uno de los grupos parlamentarios
asumiendo la responsabilidad que nos corresponde en la defensa de nuestro
programa, pero también en la transparencia en el ejercicio del Gobierno,
cuáles son las verdaderas intenciones de cada uno de ellos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Maestro.
A esta moción consecuencia de interpelación urgente, que presentó en su
día el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, ha sido presentada una enmienda de sustitución que viene
avalada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para
su defensa, tiene la palabra la señora Amador Millán.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a defender la enmienda de sustitución que el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado a la moción de Izquierda Unida,
que trata de sentar la bases y explicar cuál es el modelo de financiación
para la sanidad que el Grupo Socialista defiende y presenta ante esta
Cámara, para que pueda ser analizado y para que cada grupo pueda tener la
ocasión de manifestar cuál es su posición.
Creemos, señorías, que el sistema de financiación del Sistema Nacional de
Salud está en un momento crucial puesto que faltan muy pocos días para
que los presupuestos tengan entrada en esta Cámara y, después de largos
debates, todavía no conocemos cuál es la propuesta del Gobierno ni cuál
es el modelo que va a sustituir al vigente que acaba este año; creemos
que el sistema de financiación del Sistema Nacional de Salud debe
garantizar estabilidad, en primer lugar, para poder prestar la asistencia
garantizada a todos los ciudadanos, compatibilidad con la capacidad
económica del país y corresponsabilidad en su control por parte de todos
los agentes que intervienen en el gasto. Con este fundamento, el Grupo
Parlamentario Socialista, en su enmienda de sustitución a la moción de
Izquierda Unida, solicita del Gobierno, a través del Congreso, una
información que nos parece imprescindible para el punto de partida de
este modelo.
Se está manejando en el debate público, en el debate sanitario, por parte
de todos los responsables sanitarios, el asunto del déficit sanitario
como un condicionante importante a la hora de decidir cuál va a ser el
quantum de esa financiación, el cómo se va a repartir y a qué se va a
dedicar. Pues bien, teniendo en cuenta que acabamos un modelo de
financiación que ha tenido una vigencia de cuatro años, que se aprobó con
el consenso de las 17 comunidades autónomas, pedimos al Gobierno que
facilite a esta Cámara los datos relativos al déficit sanitario del
sistema, déficit que se refiere al período del modelo de financiación que
analizamos, es decir, a los ejercicios de 1994, 1995, 1996 y a los meses
transcurridos de 1997, por tanto, de los cuatro ejercicios
presupuestarios, del Insalud-gestión directa, que es responsabilidad del
Ministerio de Sanidad, y de las siete comunidades con competencias
transferidas.
Nos parece que si hay que decidir qué cantidades adicionales hay que
sumar a la base de la financiación de la sanidad, deberíamos saber cuáles
son las dificultades financieras que atraviesa el sistema y la única
forma de conocer eso y de analizarlo con seriedad es conocer ese déficit
del que se habla pero que nadie conoce, sobre todo porque creemos que no
se puede hablar de déficit del Sistema Nacional de Salud en términos
homogéneos, ya que creemos que el déficit no es igual en todos los
servicios de salud, no se puede hablar de déficit en todos ellos y, en
todo caso, en donde lo hay es diferente y también son diferentes sus
causas. Para poder analizarlo y poder conocer la realidad de la situación
financiera del sistema pedimos al Gobierno en esta moción que facilite a
esta Cámara antes del debate presupuestario, porque después serviría para
bien poco, cuál es la situación del déficit del Sistema Nacional de
Salud.
Después presentamos una propuesta de financiación, señorías, que
sometemos a la consideración de todos los grupos y especialmente al
proponente de la moción, para el próximo cuatrienio, para el período
1998-2001, que se elabore con las siguientes premisas que nos parece
constituyen el marco imprescindible para que podamos hablar del nuevo
modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud que garantice los
principios a los que hacía referencia al comenzar mi intervención. En
primer lugar, las fuentes de financiación del Sistema Nacional de Salud,
que es un debate en permanente discusión y sobre el que nosotros queremos
decir con claridad hoy aquí, en el Pleno de esta Cámara, que deben ser
los ingresos del Estado, y el debate de cómo se recaudan esos ingresos es
un debate de política fiscal que no corresponde a la Comisión de Sanidad.
Por ello los ingresos del Estado a través de los impuestos deben ser la
fuente más importante de financiación del Sistema Nacional de Salud y
queremos que se excluya expresamente cualquier aumento en la contribución
de los usuarios a la hora de recibir los servicios. El llamado --para
entendernos-- copago, el sistema de coste compartido por parte del
usuario queremos que se excluya expresamente cuando hablamos de las
fuentes de financiación del Sistema Nacional de Salud.
La segunda premisa fundamental para el modelo de financiación que
defendemos es el establecimiento de un escenario de crecimiento del gasto
sanitario a medio plazo para el período y creemos, señorías, que el punto
de partida de crecimiento con arreglo al del producto interior bruto
nominal es una referencia acorde, razonable y suficiente. Pensamos que
ese crecimiento debe hacerse sobre una base de partida suficiente y
realista, una base de partida que incorpore esas cantidades adicionales
que el Gobierno dice que va a poner a disposición de la sanidad y que
puedan hacer frente a esas situaciones de déficit que esperamos conocer
si se atiende nuestra petición. Naturalmente, esta financiación, que
pedimos sostenida en su crecimiento y suficiente en su punto de partida,
es para hacer frente a las necesidades sanitarias de todo el sistema que
tanto en primaria, como en especializada, como en atención sociosanitaria
o en otros ámbitos es necesario acometer.
El tercer elemento imprescindible para hablar del modelo de financiación
a nuestro juicio es el de la fórmula
de distribución de los recursos. Creemos y defendemos que es preciso
establecer una fórmula equitativa de distribución de los recursos entre
las 17 comunidades autónomas. Tenemos que encontrar una fórmula que haga
posible la equidad en el sistema y el consenso que ya se obtuvo en el año
1994 y para eso es imprescindible encontrar una modalidad de reparto
entre las comunidades autónomas, todas, y que la suma sea cero. Para eso,
señorías, creemos que el criterio de reparto fundamental, el que contiene
la Ley General de Sanidad, el que nadie ha discutido hasta ahora, es el
de la población de derecho de cada comunidad autónoma, pero creemos
también que ese criterio de reparto debe ponderarse por indicadores de
necesidad, y entre esos indicadores nos parece muy importante el de la
demografía, la estructura y la localización demográfica, el de la tasa de
paro, íntimamente vinculada al estado de salud de la población, y el
desarrollo de los sistemas de compensación entre comunidades autónomas
por la atención a pacientes desplazados. De manera que se trataría de un
criterio de distribución equitativo y de acuerdo con las 17 comunidades
autónomas, porque el Insalud no transferido está en una situación y las
comunidades que tienen competencias en otra, y sería bueno no ignorar la
voz de las comunidades autónomas que, sin tener las transferencias de
sanidad, sí tienen algo que decir a la hora de decidir su financiación
sanitaria para los próximos cuatro años, máxime, señorías, con un
Gobierno que está anunciando con carácter inminente las transferencias en
materia de sanidad.
El último elemento que constituye e integra nuestro modelo y que estoy
presentando ante todos ustedes solicitando su voto para esta enmienda es
el establecimiento de un sistema integrado de información y de evaluación
de los servicios prestados, información sobre actividad, sobre calidad y
sobre costes para todo el sistema. De poco va a valer una asignación de
recursos si no tenemos la capacidad de hacer el seguimiento de cómo se
utilizan esos recursos, cuáles son los servicios que se están dando en
cada comunidad autónoma, cuál es su nivel de calidad y a qué costes se
están prestando. Un sistema de información transparente de todo el
Sistema Nacional de Salud que permita conocer costes y resultados es la
garantía de que la asignación de recursos será eficaz y que estará
fundamentada. Señorías, el debate de los presupuestos, que es inminente
y que constituye la decisión más importante de la política de un gobierno
y desde luego del trabajo de esta Cámara, no es más que la decisión
colectiva de una sociedad a la hora de asignar recursos a las prioridades
que esa sociedad decide. Por tanto, la asignación de recursos al Sistema
Nacional de Salud constituye una prioridad en la propuesta que el
Gobierno traiga a esta Cámara y en la decisión que cada grupo vaya a
adoptar.
En un debate político sanitario confuso en los últimos tiempos por la
interferencia que ha supuesto la subcomisión de Sanidad --subcomisión
extinguida, cuyo plazo ha vencido y que ha concluido con más pena que
gloria-- es importante que hoy, en el Pleno, si abordamos la financiación
del Sistema Nacional de Salud, cada grupo político tenga ocasión de
expresar cuál es su propuesta. La del Grupo Socialista, señorías, es la
que acabo de defender y que espero reciba el apoyo de esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Amador Millán.
¿Grupos que deseen fijar su posición respecto de moción y de la enmienda
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
El Bloque Nacionalista Galego ya tuvo ocasión de manifestarse sobre el
problema de la financiación en diversas ocasiones, la última, la semana
pasada con motivo de la discusión de la interpelación que sobre
financiación presentó el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Para nosotros el modelo de financiación de la sanidad debe contemplar
inexcusablemente el aumento de los recursos financieros, de manera que el
tanto por ciento del PIB que se dedica a esta materia se vaya acercando
al que destinan otros países europeos; un aumento de recursos que
naturalmente no se cargue sobre los usuarios aplicando fórmulas estilo
copago, etcétera, una tentación que parece recorrer últimamente una parte
de la sociedad o más bien una parte importante de nuestros grupos
políticos. En segundo lugar debe ser un modelo de financiación que
corrija los desequilibrios actuales entre las comunidades autónomas,
porque sin corregir este desequilibrio previo va a ser difícil llegar a
una situación justa. Por tanto, nosotros estamos por un modelo que cuente
con suficientes recursos financieros y que permita que las comunidades
autónomas, como en este caso la nuestra, la de Galicia, que estuvo
históricamente infrafinanciada en materia de sanidad y que, por lo tanto,
cuenta con un importante déficit de recursos, sean personales o
materiales, puedan ir acercándose a la media del Estado.
La moción que hoy discutimos trata de fijar unos criterios para la
evaluación del modelo de financiación y en el mismo sentido va la
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, sería
de desear que se llegara a una enmienda conjunta. En todo caso es
consecuencia, naturalmente, de la ausencia clamorosa de modelo por parte
del Gobierno, un Gobierno que ya no puede excusarse en que lleva
relativamente poco tiempo gobernando. Va siendo hora de
que se dé a conocer a los grupos políticos y a la sociedad en general
cuál es el modelo de financiación que proponen.
Nosotros creemos, en términos generales, que esta moción recoge aspectos
positivos y por ello vamos a votarla favorablemente. Desde nuestro punto
de vista esta propuesta permitiría discutir sobre un modelo de
financiación de las comunidades autónomas que tuviera en cuenta no sólo
el tanto por ciento de población protegida --que es fundamental,
efectivamente--, sino otros aspectos que influyen en el gasto sanitario,
como pueden ser la dispersión geográfica o el envejecimiento relativo de
la población atendida que, como SS. SS. saben, supone una fuente
importante de gasto sanitario. Sin embargo, creo que deja atrás fórmulas
de compensación a aquellas comunidades autónomas que se vieron
desfavorecidas en su momento en cuanto a la participación en el gasto
estatal, algo que, como decía, para la Comunidad Autónoma de Galicia es
muy importante, porque --insisto-- para corregir el actual desequilibrio
es necesario, de alguna manera, una inyección financiera suplementaria,
de modo que el nivel de recursos se pueda ir acercando al de las
comunidades más avanzadas en esta materia. Aun así y dándole mucha
importancia a cuanto acabo de decir, nosotros vamos a votar a favor de
esta moción, porque, cuando menos, presenta aspectos muy positivos para
establecer un cierto modelo de financiación, sobre todo teniendo en
cuenta que desconocemos el modelo que presenta el Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para exponer clara y brevemente la posición de nuestro grupo
en relación con la moción formulada por Izquierda Unida-Iniciativa por
Cataluña, dirigida al Gobierno y referida a diferentes apartados sobre el
importantísimo tema de la financiación sanitaria. Esta moción es
consecuencia de la interpelación presentada el día 17 de septiembre, que
mereció la consideración de esta Cámara y con motivo de la cual la
portavoz de Izquierda Unida, doña Angeles Maestro, calificó a todos los
grupos nacionalistas como grupos nacionalistas de derechas, como
queriendo indicar que allí estamos para decir amén a todo lo que ponga el
documento originario enviado por el PP. (Rumores.) Es lamentable este
criterio por parte de la señora Maestro, que en esta ocasión no se ha
lucido con una frase maestra. Le podemos demostrar que Coalición Canaria
está integrada por partidos de izquierda, centro y derecha y le podemos
demostrar también que las enmiendas que ha presentado Coalición Canaria
han sido consideradas, en su 90 por ciento, por la subcomisión, pero no
me voy a referir solamente a cuestiones teóricas. Le puedo decir que allá
en las islas, que quieren ser el escaparate de España en el Atlántico en
materia sanitaria y a las que cuando el Partido Socialista estuvo en el
Gobierno nuestra estimada doña Angeles Amador realizó una magnífica
transferencia en materia de sanidad, el modelo de atención primaria
contempla la cobertura sanitaria del 96 por ciento de la población, que
el plan de obras y equipamiento, con casi 50.000 millones de pesetas,
está destinado a la construcción de centros de salud, dos hospitales y la
reforma de otros tres. Podríamos hablar, inclusive, de otros aspectos en
el tratamiento de la salud y en el tratamiento de la población infantil
en materia de odontología, pero no voy a incurrir en este detalle porque
mi exposición resultaría muy larga.
Sí quisiera afirmar, señor presidente, señorías, que el seno para haber
escuchado las magnificas intervenciones que han tenido lugar esta tarde
aquí hubiera sido el de la subcomisión y la Comisión. Allí se puede
hablar con toda libertad y exponer todos los criterios positivos o
negativos. A nadie se le ha retirado nunca la palabra, y las opiniones de
estas dos portavoces son valiosas en un tema tan importante como la
sanidad nacional. Nosotros hemos insistido muchas veces en la
reincorporación de estas dos portavoces, y no solamente los partidos
nacionalistas calificados de derechas por la señora Maestro, sino también
los consejeros respectivos de las autonomías han pedido la
reincorporación. Yo, con todas las simpatías que me merecen estas dos
estimadas diputadas, siempre digo: Jesús, llama a las dos ángeles, pero
no hay forma, no vienen a la subcomisión, esto es lamentable y estamos
perdiendo el tiempo, señores, porque habría que esperar a que la misma
presentase sus recomendaciones, que lo hará antes del día 30 de este mes.
Por ello, nosotros, lamentablemente, aunque coincidimos con el contenido
importantísimo de las enmiendas --muy buena la enmienda del PSOE
referente a la moción de Izquierda Unida--, tenemos que decir que las
vamos a rechazar, porque consideramos que el foro adecuado en el íter
parlamentario es la subcomisión parlamentaria.
Muchas gracias. (El señor Martínez Sanjuán: ¡Muy bien, Jesús!)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Le asiste la razón al portavoz de Coalición Canaria cuando indica que
asistimos a la repetición de un debate que se está celebrando en estos
días en el seno de la subcomisión de Sanidad. Este diputado ha tenido la
oportunidad de asistir esta mañana, excepcionalmente, a los trabajos de
la misma y muchos de los contenidos que las dos portavoces han
manifestado desde la tribuna se encuentran recogidos en el documento que
dicha subcomisión está terminando de elaborar en estos días. En concreto,
esta misma mañana, el Grupo Nacionalista Vasco ha presentado cuatro
enmiendas en esta subcomisión, enmiendas que han sido recogidas y que
creo que son de transcendencia para los objetivos que se plantean desde
la tribuna. Desde esos objetivos se garantiza el aseguramiento público de
las prestaciones sanitarias, tema que ha estado candente en los últimos
días, y creemos que los objetivos fundamentales en torno al modelo de
sanidad y los distintos modelos de gestión que deben establecerse están
recogidos en ese documento al que habría que hacer referencia en todo
caso.
Es verdad, señor presidente, que en una situación neutra, el Grupo
Nacionalista Vasco hubiese apoyado las enmiendas del Grupo Socialista,
porque entendemos razonables los contenidos que están recogidos en esa
proposición. Ciertamente, respecto a lo que son los trabajos de la
subcomisión estaríamos haciendo un doblete si en el día de hoy el Pleno
de la Cámara acogiera una moción de este tenor y tomara en consideración,
en trámites sucesivos, un documento más elaborado y más perfilado, como
es el que está redactando la subcomisión de Sanidad. Por ello, entendemos
que los trabajos de la subcomisión, dentro de los vaivenes que está
conociendo en los últimos días y en las últimas temporadas, van a conocer
un final feliz, un final que va a tener unos contenidos en los que
seguramente vamos a estar de acuerdo más grupos parlamentarios que los
que en las últimas semanas estamos trabajando en el seno de la
subcomisión, y el Grupo Parlamentario Vasco quisiera destacar, al hilo de
esta moción consecuencia de interpelación, que el modelo sanitario va a
garantizar el aseguramiento público, que no va a haber quiebra en esa
situación y que, en consecuencia, los trabajos sobre el modelo sanitario
van a tender a mejorar la situación del actual modelo y, en ningún caso,
a retrotraerse.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor González
de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a tomar posición, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, respecto a la moción que presenta el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y también a la enmienda a la
totalidad que ha formulado el Grupo Socialista. Seguiremos el orden de
presentación.
Señora Maestro, en su intervención ha tenido usted, pienso yo, dos partes
diferenciadas. Una ha sido un análisis --por llamarlo de alguna manera
más bien suave-- de los trabajos de la subcomisión y la otra ha sido la
exposición de los puntos que presenta su enmienda. Respecto a la primera
parte, esta portavoz, en nombre de mi grupo parlamentario, querría
decirle que ha ido tomando nota atentamente de comentarios que usted
hacía. Por ejemplo, usted ha hablado de que estos días ha circulado en
foros extraños un debate sobre sanidad, que se lleva a cabo en una
subcomisión que ya no existe, que esta subcomisión le ha negado a usted
documentos, que esto es inconcebible, etcétera. Señora Maestro, sepa que
nosotros, los que hemos estado trabajando en esta subcomisión, pensamos
que sí que existimos, porque hemos estado durante un año apoyando,
discutiendo, comentando, negociando, de manera difícil a veces,
comprometida en otras, escuchando las intervenciones de todos los
portavoces y de los expertos que los distintos grupos parlamentarios han
traído a esta subcomisión, escuchando a sus expertos, a los que su grupo
parlamentario trajo a esta subcomisión, y me complace poder anticiparle
que en el informe de esta subcomisión habrá aspectos que serán fiel
reflejo de las aportaciones que estas personas hicieron. Contrariamente
a lo que se dice, de que es una subcomisión fantasma, que no existe o que
ha realizado un trabajo inútil, la percepción de mi grupo parlamentario
es que el trabajo que ha realizado la misma ha sido, es y será fructífero
y positivo.
En cuanto a la segunda parte de su análisis, que hace referencia ya
propiamente a los puntos de la enmienda, voy a ser un poco más modesta en
mis comentarios, porque pienso que la discrepancia de modelos forma parte
del juego parlamentario. Obviamente, mi grupo parlamentario y el suyo no
coincidimos en aspectos fundamentales de lo que tiene que ser el Sistema
Nacional de Salud y me parece que es tan legítima su posición como la
nuestra, así como la de otros grupos que comparten la nuestra y no la
suya o viceversa. De todas maneras, pensamos que hoy no es el día para
entrar en este debate, porque si hoy discutimos estos puntos, no sé qué
haremos cuando esta Cámara discuta los trabajos de la subcomisión
fantasma; subcomisión que de acuerdo con el cumplimiento del mandato de
la Mesa, el día 30 habrá presentado el informe, tal como se nos exige.
Por estos motivos, señora Maestro, vamos a votar en contra esta moción.
Respecto a la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Socialista,
señora Amador, le digo sin ningún rubor y le reitero una vez más que
lamentamos, viendo el contenido de la misma, que esta aportación tan
interesante no la haya usted llevado al foro que correspondía, que era el
de la subcomisión, porque, señora Amador, algún punto de los que usted
presenta me atrevo a decir que casi textualmente --fíjese bien,
textualmente-- figurará sin duda en el informe que la subcomisión
elevará para su discusión. ¿Qué quiero decir con esto? Que
afortunadamente y para nuestra complacencia --y espero que suya y de su
grupo-- no estamos tan lejos en muchas cosas de las que afirmamos. Por
tanto, por nuestra parte no hay ninguna reticencia de fondo para haber
votado afirmativamente alguna de las propuestas que usted hace. Hay
simplemente una cuestión de coherencia. Si nosotros hoy votásemos a favor
de algún punto de los que usted presenta, al menos esta portavoz sí
tendría la impresión de que ha estado trabajando en una subcomisión
fantasma, y como no creo que haya sido así, sino que creo que el trabajo
de esta subcomisión ha sido fructífero, vamos a votar en contra.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Villalón
Rico.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor presidente, señoras y señores
diputados.
En nombre del Grupo Popular, intervengo para fijar la posición de nuestro
grupo y manifestar la intención de voto sobre esta moción de Izquierda
Unida, consecuencia de la interpelación del pasado miércoles en la sesión
del Pleno del Congreso.
Si la señora Maestro me lo permite, le diré que, lógicamente, no ha
defraudado las expectativas que en nuestro grupo y en el resto de la
Cámara teníamos con respecto al discurso que suele hacer en materia
sanitaria, el discurso que viene haciendo a lo largo de esta legislatura
e incluso el que ha hecho en legislaturas anteriores en contra de otros
gobiernos sobre lo que es la política sanitaria. Si me lo permite, le
diré que el discurso de la interpelación fue un discurso tremendista y
hoy aquí en la moción ha utilizado un cajón de sastre para mezclar muchas
cosas de lo que es la política sanitaria, no referidas al fundamento o a
los argumentos que contenía la interpelación presentada el pasado día.
Sobre una interpelación donde usted decía que quería conocer las medidas
que el Gobierno quiere proponer al Consejo de Política Fiscal y
Financiera con el fin de incrementar el presupuesto de gasto de la
sanidad pública se deriva una moción que es casi un programa sanitario,
un programa de gobierno en política sanitaria, desde el déficit de la
sanidad, pasando por las medidas que no se deben tomar para la
financiación extraordinaria de la sanidad, pero mezclándolo con otras
medidas sobre la atención primaria, sobre salud pública, sobre atención
sanitaria odontoestomatológica y sobre la creación de una red
sociosanitaria. Como le decía antes, es casi un programa sanitario sobre
la base de una interpelación sobre la financiación del sistema sanitario.
Todas estas cuestiones me parecerían lógicas al año y medio de Gobierno
cuando usted presenta un planteamiento de crítica porque cree que el
Gobierno no había cumplido los compromisos que había adquirido. Yo lo
tendría en consideración y me parecería lógico que usted hiciera este
planteamiento, pero no nos podemos desviar de lo que es la realidad en la
Cámara y lo que es la realidad en la política sanitaria en este momento.
La realidad es que en esta Cámara se creó una subcomisión para
modernización y consolidación del sistema sanitario, que la subcomisión
se constituyó por unanimidad de la Cámara, que esta subcomisión, como han
dicho otros portavoces, ha estado trabajando más de un año y en este
momento estamos en la recta final del informe de la subcomisión y que dos
grupos, y fundamentalmente usted que es quien presenta esta moción, han
abandonado la subcomisión con argumentos pocos válidos a la hora de
explicar ese abandono.
¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de los últimos meses en esta
subcomisión en relación con algunas de las cuestiones que usted planteaba
en la moción? Pues que el ministro de Sanidad ha comparecido en dos
ocasiones y en una de ellas, fundamentalmente, dedicó su intervención a
explicar los criterios básicos de financiación; que el Ministerio de
Sanidad presentó ante la subcomisión un documento que se denominaba
Descripción y estado de la situación del Sistema Nacional de Salud y que
el Consejo de Política Fiscal y Financiera está estudiado las medidas a
tomar para un nuevo acuerdo sobre la financiación en el sistema
sanitario. La subcomisión, como usted conoce, ha estudiado y debatido
sobre cuatro grandes capítulos, como son las prestaciones sanitarias y el
ámbito de aseguramiento, la financiación del sistema sanitario, la
organización y gestión del sistema y la ordenación territorial del
sistema sanitario.
Parece que no estaba indicada ni era lógico que usted presentara la
interpelación que defendió en su momento y, por lo tanto, no es lógica la
moción --lo han dicho otros portavoces--. Todas las cuestiones que
ustedes han planteado a lo largo de esta tarde y en la sesión del pasado
miércoles las podían haber planteado en la subcomisión. No han querido y
ustedes verán cuáles han sido los argumentos o las razones por las que no
han deseado debatir o no han querido hacer propuestas, en resumidas
cuentas, por las que no han querido participar en la solución de los
problemas sanitarios de nuestro país.
¿Qué medidas tiene el Gobierno para solucionar la financiación? Las
medidas que tiene el Gobierno para la reforma y consolidación del Sistema
Nacional de Salud son las generadas o las indicadas a través de la
subcomisión. Cuando el día 30 todos conozcamos el informe de la
subcomisión el Gobierno, lógicamente hará referencia a estas medidas, y
estas son algunas de las razones por las que el Grupo Popular en el
Congreso
de los Diputados va a votar, lógicamente, de forma negativa esta moción.
Como ha hecho otra portavoz anteriormente, me parece lógico hacer una
referencia al texto alternativo que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista, y también me parece oportuno hacer referencia a que el pacto
de financiación que está vigente ahora, que termina el 31 de diciembre de
este año, se aprobó en octubre de 1994, es decir, que cuando desde el
Grupo Socialista se incide y se ataca al Gobierno diciendo que a falta de
tres meses no hay un nuevo pacto de financiación, hay que decir que el
pacto de financiación vigente se aprobó con diez meses de retraso y con
carácter retroactivo. Creo que esa consideración la debe tener quien,
además, era la responsable de la política sanitaria del Gobierno en ese
momento.
La información por parte del Gobierno que ahora se solicita --ya lo he
dicho anteriormente-- ha sido referida, ha sido indicada no solamente por
la participación del ministro de Sanidad en dos ocasiones ante la
subcomisión, sino por otros miembros del Gobierno, como pueden ser el
secretario de Hacienda y otros, y que los criterios de financiación
tenidos en cuenta por el Consejo de Política Fiscal y Financiera --sus
señorías los conocen--, van desde la suficiencia y estabilidad financiera
a la adecuación de la financiación al crecimiento de la riqueza nacional,
al criterio de capitalización en el reparto con otros criterios
correctores como pueden ser desplazamientos, docencia o centros de
referencia, e incluso, por último, la incorporación de un nuevo acuerdo
de financiación con el horizonte de cierre del modelo sanitario
territorial, recogido en la Ley general de Sanidad.
Es por todo esto, señor presidente, que vamos a votar en contra de la
moción y, por supuesto, del texto alternativo si fuera aceptado por el
grupo proponente.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Villalón
Rico. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
Señor Caldera, ¿a qué efectos solicita la palabra?
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor presidente, si tiene a bien
concederme la palabra antes de que intervenga la señora Maestro, es para
una aclaración que considero importante porque voy a trasladar
brevísimamente al pleno de la Cámara la misma intervención que he hecho
esta mañana en la Junta de Portavoces manifestando la posición de mi
grupo. Diversos portavoces se han referido e incluso han condicionado su
voto... (El señor Núñez Pérez pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Señor Caldera, me
gustaría que me indicara en base a qué artículo solicita la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor presidente, en base al artículo
72, si bien es verdad que habla de dar lectura a normas o documentos que
aclaren el debate, en este caso --si me perdona el señor portavoz adjunto
del Grupo Popular--, no tenga a la mano... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Por favor, señorías,
está en el uso de la palabra el señor Caldera, quiero que respeten ese
turno.
Gracias.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Decía, que no tengo a la mano el
documento, pero creo que será de interés de la Cámara, simplemente saber
que las interpretaciones que se hacen a favor de la existencia de una
subcomisión que conoce los estudios para la reforma de la financiación de
la sanidad, a juicio de mi grupo parlamentario no existe dicha
subcomisión. Podría aclararlo --la Mesa ha sido testigo esta mañana de
este planteamiento a la Junta de Portavoces--, a partir de la
documentación que obra en esta Cámara que acredita que los trabajos de la
subcomisión, de acuerdo con el reglamento y su desarrollo por resolución
de la Presidencia, han de ser autorizados por el Pleno de la Cámara. Los
trabajos de esta subcomisión, tantas veces referida, acabaron el día 10
de septiembre y no debe inducirse a error de esta Cámara en el debate, ni
que el señor presidente de esa subcomisión diga que tiene un mandato de
la Cámara, porque no existe. En consecuencia, quiero trasladar a todos
ustedes que la posición de mi grupo es que esta subcomisión ha finalizado
sus trabajos, no ha obtenido prórroga reglamentaria para los mismos y,
por tanto, todo el desarrollo de esos trabajos a partir del 10 de
septiembre carece total y plenamente de habilitación reglamentaria para
ello. Hemos pedido a la Mesa, en nombre de mi grupo, que tome las
providencias oportunas que no son otras que anular el resto de los
trabajos que se hayan desarrollado a partir del 10 de septiembre.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Caldera,
por haber ilustrado a la Cámara desde su posición partidaria, pero conoce
S. S. el acuerdo que tomó la Mesa la semana pasada --acuerdo que tomó
casi por unanimidad, con dos abstenciones-- y por tanto esta subcomisión
tiene que presentar sus conclusiones a la Mesa para que en el primer
Pleno ordinario del próximo mes de octubre se incorporen en el orden del
día, si así lo establece la Junta de Portavoces con el señor presidente.
(El señor De Grandes Pascual pide la palabra.)
Señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor presidente, yo invoco el artículo 72
del Reglamento, a fin de
que se proceda a la lectura de un documento que sí es relevante a los
efectos de este debate. También quiero aprovechar la ocasión, si S. S. me
lo permite, para protestar por una intervención extemporánea que tuvo
sentido en la Junta de Portavoces y que hoy no tiene ninguno. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Se va a proceder a la
lectura de este documento.
Señor secretario. (Continúan los rumores.)
Señorías, por favor.
El señor SECRETARIO (González de Txabarri Miranda): La Mesa de la Cámara,
en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica
respecto al asunto de referencia. Creación de subcomisiones y ponencias.
Autor, Comisión de Sanidad y Consumo. Solicitud de la subcomisión para
avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Salud mediante el
estudio de las medidas necesarias para garantizar un marco financiero
estable y modernizar el sistema sanitario, manteniendo los principios de
universalidad y equidad en el acceso, de prórroga de sus trabajos hasta
el día 30 de septiembre de 1997. Acuerdo de la Mesa: Considerando que el
plazo prorrogado para la finalización de los trabajos de la subcomisión
ha concluido ya, comunicar a dicha subcomisión que no procede proponer al
Pleno de la Cámara una nueva prórroga, así como instar de la misma la
emisión del informe correspondiente antes de fin del mes en curso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de septiembre de 1997.
(Prolongados rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
secretario.
Señorías, por favor. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
Señorías, se ha dado lectura a un documento, de acuerdo con el
Reglamento, y el señor Caldera ha tenido oportunidad, que le ha brindado
la Presidencia, de exponer el criterio de su grupo parlamentario que
obviamente tiene una discrepancia.
A partir de aquí vamos a reanudar el debate, señor Caldera, porque las
alusiones a los trabajos de una subcomisión o de una comisión en este
Pleno son múltiples, como se puede deducir de la lectura de los «Diario
de Sesiones» de las distintas legislaturas.
Señora Maestro, para fijar la posición de su grupo respecto de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Agradezco también a S. S. la oportunidad que ha dado de leer un documento
que demuestra con toda claridad que la Mesa del Congreso, que responde a
la mayoría parlamentaria existente en esta Cámara, ha disuelto la
subcomisión el día 10 de septiembre; por tanto, las reuniones habidas con
posterioridad no tienen la cobertura reglamentaria pertinente ni, por
tanto, la validez necesaria. (Rumores.--Aplausos.)
En cualquier caso, es evidente que este debate afecta a la pertinencia de
la moción; afecta a la pertinencia de un debate político en sede del
Congreso de los Diputados cuando se han cerrado otras posibilidades,
insisto, por la misma mayoría política que compone el Congreso de los
Diputados y que representa la Mesa del Congreso. Por tanto, SS. SS.
portavoces de los grupos parlamentarios, están en su derecho legítimo de
votar lo que les plazca. Lo evidente es que esta moción es pertinente y
los debates en la comisión parlamentaria hace tiempo que han dejado de
tener cobertura reglamentaria.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Sonora Maestro,
reconozco que en el debate se han producido intervenciones que han
alegado los trabajos de esta subcomisión. Hemos pacificado el tema de su
existencia o no existencia, cada cual puede interpretar el documento que
se ha leído y el acuerdo de la Mesa. No vamos a entrar en ello. Este no
es el debate; el debate es relativo a una moción y usted está ahora en un
trámite exclusivamente para decir si acepta o no la enmienda que ha
propuesto el Grupo Parlamentario Socialista, no para reabrir el debate
sobre una subcomisión.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Teniendo en cuenta que la argumentación central de los grupos
parlamentarios ha sido la que ha sido es por lo que he entendido que
debía ser aclarado.
No obstante, quiero manifestar al Pleno que por parte de mi grupo y en
aras del mayor consenso parlamentario, evidentemente sobre principios
claros de defensa del sistema sanitario público, mi grupo acepta la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista por cuanto estimamos, como
han estimado otros grupos parlamentarios, que comparte los principios
fundamentales que se pretendían poner de manifiesto en la moción de mi
grupo.
No obstante, en el punto segundo en el cual se pretendía no hacer un
programa sanitario sino vincular la financiación sanitaria al desarrollo
del sistema sanitario público, quería señalar que mi grupo parlamentario
entiende que es uno de los temas álgidos y centrales del debate acerca de
la reforma sanitaria, y me permito leer una pequeña enmienda de adición
que iría a continuación de la letra b) de la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, por lo que el número 2.b) en este caso quedaría
redactado de la manera siguiente: Establecimiento de un escenario a medio
plazo para el crecimiento del gasto sanitario público de acuerdo con el
crecimiento del PIB nominal sobre una base financiera suficiente y
realista
--ahora comienza la enmienda de adición-- que permita desarrollar las
infraestructuras sanitarias públicas y los recursos humanos necesarios
para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: completar la red de
atención primaria, potenciar en el sistema público la atención
sociosanitaria para enfermos crónicos y de geriatría, completar la
infraestructura pública de asistencia especializada hasta alcanzar la
dotación suficiente en todo el territorio y desarrollar los servicios
necesarios para generalizar una atención de calidad en el ámbito de la
salud mental. Ese sería el resultado del punto a raíz de la enmienda que
acabo de leer.
Nada más. Muchas gracias. Agradezco a los grupos parlamentarios que han
manifestado su apoyo con el voto afirmativo.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora
Maestro.
Señora Amador, ¿acepta esta transaccional que propone el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a la
enmienda que su grupo ha presentado? (Asentimiento.) La acepta.
Vamos a proceder a la votación de la moción con la aceptación de la
enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista y la adición
de la transaccional a que ha dado lectura la señora Maestro. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la moción del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre
la política sanitaria del Gobierno en lo que se refiere a las medidas a
proponer al Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de
incrementar el presupuesto de gasto de la sanidad pública, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista
por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278;
a favor, 124; en contra, 154.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y veinte minutos de la noche.