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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 101, de 18/09/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 101
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 97
celebrada el jueves, 18 de septiembre de 1997
ORDEN DEL DIA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del
suplicatorio formulado en relación con el Diputado D. José Antonio
Bermúdez Alonso (número de expediente 240/000004)(Página 5055)
-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (Núm. Reg.
31131)(Página 5055)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
-- Real Decreto-Ley 12/1997, de 1 de agosto, por el que se añade un
párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por
Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo. «BOE» núm. 196, de 16
de agosto de 1997 (número de expediente 130/000026)(Página 5055)
-- Real Decreto-Ley 13/1997, de 1 de agosto, por el que se autoriza la
celebración de un sorteo de la Lotería Nacional a favor de las víctimas
del terrorismo. «BOE» núm. 196, de 16 de agosto de 1997 (número de
expediente 130/000025)(Página 5057)
-- Real Decreto-Ley 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
«BOE» núm. 208, de 30 de agosto de 1997 (número de expediente
130/000027)(Página 5061)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley por la que se autoriza la participación de España en
la octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y
en la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones Especiales.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 33-1, de 3 de marzo de
1997 (número de expediente 121/000031)(Página 5073)
-- Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios
por importe de 47.830.131.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos
ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea
por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y
1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 35-1, de 17 de marzo de 1997
(número de expediente 121/000034)(Página 5073)
-- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un
suplemento de crédito, por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas,
respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y
de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 38-1,
de 10 de abril de 1997 (número de expediente 121/000036)(Página 5074)
-- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 1.386 millones de pesetas para ajustar la subvención de
explotación del Estado a Mina La Camocha, S. A., al importe fijado en el
contrato-programa, correspondiente a 1996. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 57-1, de 13 de mayo de 1997 (número de
expediente 121/000054)(Página 5074)
-- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por
importe de 4.989.841.962 pesetas, para compensar el déficit de la
Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1995,
por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de
interés nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número
58-1, de 13 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000055)(Página 5074)
-- Proyecto de Ley sobre por la que se autoriza la participación del
Reino de España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano
de Desarrollo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 60-1,
de 21 de mayo de 1997 (número de expediente 121/000059)(Página 5074)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley del Sector Eléctrico. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 67-1, de 12 de junio de 1997 (número de
expediente 121/000062)(Página 5075)
Avocación por el Pleno(Página 5097)
-- Del proyecto de Ley del Sector Eléctrico(Página 5097)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Continuación):
-- Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de
trabajo y el fomento de la contratación indefinida. (Procedente del Real
Decreto-Ley 8/1997, de 16 de mayo). «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 68-1, de 17 de junio de 1997 (número de expediente
121/000066)(Página 5097)
-- Proyecto de Ley por la que se regulan incentivos en materia de
Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación
indefinida y la estabilidad en el empleo. (Procedente del Real
Decreto-Ley 9/1997, de 16 de mayo). «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 69-1, de 17 de junio de 1997 (número de expediente
121/000067)(Página 5097)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto, para debatir sobre los dictámenes de la Comisión del
Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación
con el diputado don José Antonio Bermúdez Alonso y sobre declaraciones de
actividades de señores diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes(Página 5055)
Real Decreto-ley 12/1997, de 1 de agosto, por el que se añade un párrafo
tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo(Página 5055)
Presenta a la Cámara el Real Decreto-ley 12/1997, en nombre del Gobierno,
el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja). Expone que la Ley 5/1997, de
24 de marzo, reformó el texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial con el objetivo de
mejorar el régimen jurídico de las infracciones y sanciones en esta
materia, finalidad a la que responde precisamente la modificación del
artículo 67, apartados 1 y 2, pero se evitó transcribir el párrafo 3 de
este precepto que regula la inmovilización de vehículos de los
conductores no residentes en territorio español cuando no depositen o
garanticen el pago de las multas provisionales que les sean impuestas,
por lo que estas infracciones quedarían impunes. Para salvar esta laguna
legal, se adiciona un tercer párrafo al apartado 1 del artículo 67 del
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990,
de 2 de marzo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cuesta
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, Seco Gordillo, del Grupo
Parlamentario Popular, y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Real Decreto-ley 13/1997, de 1 de agosto, por el que se autoriza la
celebración de un sorteo de la Lotería Nacional a favor de las víctimas
del terrorismo(Página 5057)
Comparece ante la Cámara el señor Ministro de Interior (Mayor Oreja) para
presentar en nombre del Gobierno el proyecto de ley. Comienza su
intervención manifestando su creencia de que todos, sin excepción, tienen
una deuda con las víctimas del terrorismo, tanto moral como
materialmente. Considera que aunque es cierto que la acción de un
gobierno debe centrarse fundamentalmente en evitar las víctimas del
futuro, tampoco se pueden olvidar las víctimas del pasado, que son las
del presente. Asegura que desde hace años todos los gobiernos, el
conjunto del Estado, han venido desarrollando un sistema de protección o
compensación de los daños provocados por las acciones terroristas y
explica algunas de las medidas adoptadas. Sin embargo, opina que muchas
de las familias afectadas, junto al daño afectivo y sicológico, están
viviendo situaciones de precariedad económica y la cobertura material que
se les da es insuficiente. Por ello, el Gobierno ha considerado que la
celebración de un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional podría ser
un instrumento que despertara el interés social y a la vez ayudara a
paliar las necesidades materiales.
Por otra parte justifica la urgencia del Real Decreto-ley en la necesidad
de dar una respuesta inmediata a las víctimas, por razones de justicia,
y anuncia que los criterios de distribución de las ayudas, así como el
procedimiento a aplicar será aprobado por el Gobierno a propuesta
conjunta de los ministros de Economía e Interior, ofreciendo el diálogo
y la participación en este trámite a todas las fuerzas políticas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Navarrete
Merino, del Grupo Parlamentario Socialista; Gil Lázaro, del Grupo
Parlamentario Popular; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, y la señora Uría Echevarría, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV).
Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido(Página 5061)
Presenta el Real Decreto-ley14/1997, de 29 de agosto, por el que se
modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda (De Rato y Figaredo). Expone que dicho Real Decreto-ley contiene
cuatro modificaciones. La primera se refiere a la localización de los
servicios de telecomunicaciones, para
ajustarlos al contenido de la decisión del Consejo de la Comunidad
Europea del pasado 17 de marzo de 1997, que todos los Estados miembros se
han comprometido a incorporar a sus legislaciones nacionales. La segunda
es la modificación para la unificación del tratamiento fiscal de los
servicios de transporte de viajeros. La tercera trata de la situación de
los agentes de aduanas, posibilitando que recuperen el Impuesto sobre el
Valor Añadido que hubiesen satisfecho por cuenta de importadores cuando
éstos no se lo hubieran reembolsado en un determinado plazo. Y la cuarta
es acerca de los procedimientos de liquidación que se aplican a las
operaciones para las que determinados bienes abandonan el régimen de
depósito fiscal, sustituyéndolos por otros más flexibles utilizados en
otros Estados miembros de la Comunidad, tema muy específico que estaba
creando efectos negativos para la economía española.
Termina su intervención manifestando que el Real Decreto-ley para el que
solicita su convalidación y su posterior tramitación como proyecto de ley
responde a la urgente necesidad de modificar el Impuesto sobre el Valor
Añadido para llevar a cabo determinadas adaptaciones a la legislación de
los demás Estados miembros, que en opinión del Gobierno no podían ni
debían demorarse por más tiempo, y también para dar cumplimiento a sendos
mandatos parlamentarios cuyo plazo vencía y así evitar que se prolongasen
injustificadamete ciertas distorsiones financieras derivadas de la
legislación anterior.
En turno en contra interviene el señor Martínez Noval, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno a favor, interviene el señor Ortiz González, del Grupo
Parlamentario Popular.
Replica el señor Martínez Noval, duplicando el señor Ortiz González.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Interviene de nuevo el señor Martínez Noval.
Sometida a votación, en primer lugar, la convalidación del Real
Decreto-ley12/1997, de 1 de agosto, por el que se añade un párrafo
tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se aprueba por 318 votos a
favor y tres abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la convalidación del Real
Decreto-ley 13/1997, de 1 de agosto, por el que se autoriza la
celebración de un sorteo de la Lotería Nacional a favor de las víctimas
del terrorismo, se aprueba por unanimidad.
Sometida a votación, en tercer lugar, la convalidación del Real
Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, se
aprueba por 184 votos a favor, 73 en contra y 64 abstenciones.
A continuación, se somete a votación la tramitación como proyecto de ley
del Real Decreto-ley que modifica el texto articulado de la Ley de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que se
aprueba por 317 votos a favor y una abstención.
En segundo lugar, se somete a votación la tramitación como proyecto de
ley del Real Decreto-ley 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se aprueba por
unanimidad.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas(Página 5073)
Proyecto de ley por la que se autoriza la participación de España en la
octava ampliación de capital del Banco Interamericano de Desarrollo y en
la correspondiente reposición de su Fondo de Operaciones
Especiales(Página 5073)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios por
importe de 47.830.131.054 pesetas, para cancelar los mayores gastos
ocasionados por correcciones financieras impuestas por la Unión Europea
por sobrepasar las cuotas de producción láctea en los años 1990, 1991 y
1992, realizar pagos fuera de plazo y otras de diversos sectores(Página 5073)
Sometido a votación, se aprueba por 322 votos a favor y una abstención.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un
suplemento de crédito, por importe de 536.679.448 y 63.339.367 pesetas,
respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en prácticas y
de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo General del
Poder Judicial(Página 5074)
Sometido a votación, se aprueba por 320 votos a favor y una abstención.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 1.386 millones de pesetas para ajustar la subvención de explotación
del Estado a Mina La Camocha, S.A., al importe fijado en el
contrato-programa, correspondiente a 1996(Página 5074)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe
de 4.989.841.962 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía
Trasmediterránea, S.A., correspondiente al ejercicio de 1995, por la
explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés
nacional(Página 5074)
Sometido a votación, se aprueba por 322 votos a favor y uno en contra.
Proyecto de ley por la que se autoriza la participación del Reino de
España en la séptima reposición de recursos del Fondo Africano de
Desarrollo(Página 5074)
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas(Página 5075)
Proyecto de ley del sector eléctrico(Página 5075)
Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de
Industria y Energía ( Piqué i Camps). Comienza su intervención poniendo
de relieve que apenas constituido el nuevo Gobierno, el objetivo básico
de la política del Ministerio de Industria y Energía en el ámbito
energético fue mejorar la competitividad de la industria española a
través de una reducción de los costes energéticos. Recuerda lo que dijo
ante la Cámara en su primera comparecencia sobre que esa reducción de
costes debía producirse en el marco de una política de liberalización
dando paso a un mayor protagonismo de las fuerzas del mercado. Todo ello
sin olvidar ciertos principios básicos como la seguridad, la calidad en
el suministro energético o la buena salud de los estados financieros de
las empresas que operan en esos mercados. Reconoce que el camino de la
liberalización en el sector eléctrico ya estaba iniciado, aunque de una
forma tímida y escasa, por lo que el Gobierno ha considerado necesario
presentar este proyecto de ley. Añade que el Gobierno se ha sustentado en
dos antecedentes claros: la Directiva 96/92 de las Comunidades Euroepas
y la actitud manifestada por los sujetos que actúan en el sector
eléctrico. Está seguro que el proyecto de ley permitirá el consenso de
muchas de las fuerzas políticas representadas en la Cámara, al igual que
ha permitido el acuerdo prácticamente de todos los sectores directa o
indirectamente afectados.
Por otra parte, insiste en que el principio sobre el que se fundamenta el
proyecto de ley es ante todo el de garantizar el suministro de energía
eléctrica a todos aquellos demandantes del servicio dentro del territorio
nacional, principio que se superpone a cualquier ánimo liberalizador y
justifica la calificación de las actividades dirigidas al suministro de
energía eléctrica como servicio esencial, concepto que sustituye al
actualmente vigente de servicio público y que va dirigido a justificar
las potestades de intervención y regulación que el texto atribuye a las
administraciones públicas.
A continuación explica con detalle las medidas que contiene el proyecto
encaminadas a hacer efectiva la libre competencia en las distintas
actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, como son la
distribución y el transporte, la producción y la comercialización y la
gestión económica y técnica del sistema. Añade que también se establece
como obligación la separación jurídica entre actividades reguladas y
actividades en libre competencia, en línea con lo ya establecido en la
actual Ley de Ordenación del Sector Eléctrico. Asimismo se refiere al
carácter básico de la ley en atención a las competencias estatales
previstas en el artículo 149.1, 13 y 25 de la Constitución, por lo que
delimita las competencias que especificamente corresponden a la
Administración general del Estado, omitiendo la referencia a las
competencias autonómicas, cuyo contenido y alcance viene determinado por
el denominado bloque de constitucionalidad.
Insiste en la voluntad de diálogo y de consenso que ha presidido todo el
proceso de elaboración del proyecto de ley y en que el modelo descrito no
pretende sino conciliar, con vocación de permanencia, la garantía del
suministro de energía eléctrica a nivel nacional, la libre iniciativa
empresarial en el sector y el apoyo a la expansión económica, que
encuentra en el ámbito energético uno de sus incuestionables motores.
En defensa de la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, interviene la señora Urán González.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, interviene el señor Hernández Moltó.
En defensa de la enmienda de totalidad de devolución presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, interviene el señor Rodríguez Sánchez.
En turno en contra de las enmiendas de totalidad, interviene el señor
Medina Toledo, del Grupo Parlamentario Popular.
En turno de réplica, intervienen la señora Urán González y los señores
Hernández Moltó y Rodríguez Sánchez, duplicando el señor Medina Toledo.
Intervienen de nuevo el señor ministro de Industria y Energía y el señor
Hernández Moltó.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometidas a votación, en primer lugar, las dos enmiendas de totalidad de
devolución presentadas por los grupos Mixto y Socialista, se rechazan por
152 votos a favor, 164 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la enmienda de totalidad con texto
alternativo, se rechaza con 23 votos a favor, 174 en contra y 127
abstenciones.
Avocación por el Pleno(Página 5097)
Del proyecto de ley del sector eléctrico(Página 5097)
El señor Presidente pone en conocimiento de la Cámara que la Mesa, oída
la Junta de Portavoces, ha acordado proponer al Pleno la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley del sector eléctrico,
lo que se aprueba por asentimiento.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (continuación)(Página 5097)
Proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo
y el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el
empleo(Página 5097)
Proyecto de ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad
Social y de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida
y la estabilidad en el empleo(Página 5097)
El señor Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, defiende las dos enmiendas de totalidad
de texto alternativo a los dos proyectos de ley.
En turno en contra a las dos enmiendas de totalidad con texto alternativo
intervienen los señores Hernando Fraile y Camps Devesa, del Grupo
Parlamentario Popular.
En turno de réplica interviene el señor Vaquero del Pozo, duplicando el
señor Hernando Fraile.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez (don Guillerme), del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Aguirre Uribe,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Griñan
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación, en primer lugar, la enmienda de totalidad con texto
alternativo presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley de medidas
urgentes para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la
contratación indefinida, se rechaza por 19 votos a favor, 286 en contra
y tres abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la enmienda de totalidad con texto
alternativo presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto
de ley por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y
de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la
estabilidad en el empleo, se rechaza por 20 votos a favor y 290 en
contra.
Se levanta la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana con
carácter secreto.
DICTAMENES DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL
SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACION CON EL DIPUTADO DON JOSE ANTONIO
BERMUDEZ ALONSO. (Número de expediente 240/00004.)
-- DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCMOS. SRES. DIPUTADOS. (Número de
registro 31131.)
Se someten a votación los dictámenes de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que son aprobados.
Se reanuda la sesión con carácter público.
CONVALIDACION O DEROGACION DE LOS REALES DECRETOS-LEYES:
-- REAL DECRETO-LEY 12/1997, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE AÑADE UN
PARRAFO TERCERO AL ARTICULO 67.1 DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE
TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR
REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente
130/000026.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el punto VI del orden del día,
convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes.
Vamos a proceder, en primer lugar, a la presentación por el Gobierno del
Real Decreto-ley 12/1997, de 1 de agosto, por el que se añade un párrafo
tercero al artículo 67.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real
Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Para su presentación, en
nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Interior,
señor Mayor Oreja.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Muchas gracias, señor
presidente. (Rumores.) Señoras y señores diputados...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor ministro.
Señorías, a quienes deseen abandonar el hemiciclo les ruego que lo hagan
en silencio. El orden del día de la mañana es muy apretado y, en
consecuencia, les ruego que entre los distintos puntos del mismo guarden
silencio para que no se vea interrumpida la sesión.
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Con brevedad, señor
presidente.
La Ley 5/1997, de 24 de marzo, ha reformado el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con el
objetivo de mejorar el régimen jurídico de las infracciones y sanciones
en esta materia. Precisamente, a esta finalidad responde la modificación
del artículo 67 relativo a las sanciones cuyos apartados 1º y 2º han sido
reformados. No obstante, al introducir esta modificación se omitió
transcribir el párrafo 3º de este precepto que regula la inmovilización
de vehículos de los conductores no residentes en territorio español
cuando no depositen o garanticen el pago de las multas provisionales que
les sean impuestas. Por lo tanto, de no subsanarse esta omisión, las
infracciones de los conductores extranjeros en materia de tráfico y
seguridad vial pueden quedar impunes, ya que con esta laguna legal
difícilmente puede garantizarse el cumplimiento de la sanción. Por ello,
se adiciona un tercer párrafo al apartado 1º del artículo 67 del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, con la siguiente redacción: Cuando el infractor no acredite su
residencia habitual en territorio español, el agente denunciante fijará
provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe
o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho,
inmovilizará el vehículo en los términos y condiciones que se fijen
reglamentariamente. En todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el
párrafo anterior respecto a la reducción del 20 por ciento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Interior.
Señorías, antes de comenzar el turno de intervenciones de los grupos
parlamentarios, quiero anunciarles que las votaciones correspondientes a
la convalidación
o derogación de los reales decretos-leyes que estamos tramitando se
producirán de manera conjunta al final del debate de los tres
decretos-leyes, a efectos de acortar el tiempo correspondiente a las
llamadas a votaciones.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra de la convalidación del
decreto-ley? (Pausa.) ¿Turno a favor? (Pausa.) Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTINEZ: Señor presidente, con toda brevedad.
El presente decreto-ley es, para el Grupo Parlamentario Socialista,
correcto en su contenido, por lo que queremos manifestar nuestro apoyo,
y proviene, efectivamente, de una omisión, referida al artículo 67 de la
Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, tal como
había sido reformada por Ley 5/1997, de 24 de marzo. Pues bien, aquella
reforma provenía, a su vez, de una proposición del Grupo Parlamentario
Socialista, y yo quiero simplemente dejar constancia en la Cámara de que
ni del tenor de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista ni del
tenor de las enmiendas que en su momento se presentaron también a aquella
proposición se podía deducir que el legislador tenía voluntad de omitir
de la ley de tráfico los supuestos de inmovilización del vehículo en
aquellos casos de infractores no residentes en territorio español.
Debieron ser duendes --por llamarlos de alguna forma-- los que hicieron
que lo que finalmente se plasma como expresión de la voluntad de las
Cámaras no recogiera con fidelidad la auténtica voluntad del legislador
y, en este caso, del grupo proponente de aquella reforma que dio lugar a
la Ley 5/1997.
Por todo ello, creemos que con este decreto-ley se subsana esa omisión
involuntaria del legislador y se reintroduce algo que es imprescindible,
y es la regulación del supuesto de inmovilización de vehículos en los
casos en los que el infractor no resida en territorio español. Por lo
tanto, el Grupo Parlamentario Socialista se felicita y apoya este
decreto-ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuesta.
Me ha parecido que el Grupo Parlamentario Popular también deseaba
intervenir en este turno a favor. Tiene la palabra el señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Intervengo para decir, con toda brevedad, en la línea de lo manifestado
por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuesta, que en
la tramitación parlamentaria de la proposición que dio lugar a la
modificación de la Ley sobre Tráfico no fue intención no sólo del grupo
proponente, sino creo expresar el sentir de todos los grupos al decir que
no fue intención del legislador, proceder a la supresión de ese párrafo
del artículo 67.1 de la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial. No hubo intención de suprimirlo y no fue, por
tanto, la voluntad del legislador, lo que los clásicos llaman la mens
legislatoris, a efectos de interpretación de las normas que se contienen
en el Código Civil. Fue, sin duda, un duende parlamentario, como ha dicho
el señor Cuesta, un duende de los que todavía habitan en este viejo
palacio isabelino, el que produjo esta imperfección de la ley --por
llamarlo así--, que viene a ser corregida por el real decreto-ley cuya
convalidación se somete a esta Cámara en el día de hoy y que, por
constituir un medio más que suficiente y adecuado para conseguir
perfeccionar la ley en cuanto a la omisión que se produjo, será votada
favorablemente por el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Seco.
¿Algún otro grupo desea fijar su posición sobre el decreto-ley? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Como explicita la exposición de motivos, cuando debatimos la Ley 5/1997,
el precepto que ahora se trata de subsanar, ningún grupo parlamentario
planteó la posibilidad de la supresión de la garantía, a efectos de la
Administración del Estado, de impedir la inmovilización de un vehículo
cuando el causante de una infracción grave de la Ley sobre Tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial no hiciera efectivo el
pago de la multa y fuera no residente en España. Esto fue lo que nos
obligó, precisamente, el notar esa ausencia en el Real Decreto
legislativo 339/1990, a tener que traer a esta Cámara la Ley 5/1997. ¿Y
qué trataba de hacer esta ley? Pues, sencillamente, algo muy importante
que se cita, afortunadamente, en la exposición de motivos, que es la
relación y consonancia con el artículo 33.4 del Código Penal en lo
relativo a la comisión de faltas muy graves a la Ley sobre Tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, cuando se trata de
infracciones que conlleven la retirada del permiso de conducir durante
tres meses o más o la inmovilización del vehículo, si la infracción
correspondiente lleva multa por ser falta grave.
A la vista de esto, se dice que se olvidó el tercer párrafo. Pues vamos
a subsanarlo con esta norma que trae el Gobierno. Pero quería recordar
que la cuestión fue esa, porque fue un tema bastante complejo cuando no
se tuvo en cuenta que había que relacionar la falta muy grave con la
retirada del permiso de conducción hasta tres meses, la multa que le
correspondía y, si no se pagaba la multa, la inmovilización del vehículo.
Lo
que pasa es que posiblemente estuvimos pensando en que siempre la
infracción la cometía un ciudadano español o un ciudadano de otra
nacionalidad con residencia oficial en España; pero se dieron varios
casos de denuncias de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a
conductores que cometieron infracciones graves que entraban de lleno en
la prohibición de inmovilizar el vehículo, por la cuestión planteada de
que no abonaban la multa correspondiente ni se les podía retirar el
permiso de circulación porque no era un permiso expedido por las
autoridades administrativas españolas.
Por esas razones se subsana la laguna legislativa en el caso de
extranjeros no residentes en España, de modo que, si no abonan la sanción
correspondiente, dado que no se les puede retirar el permiso de
conducción que tienen otorgado por las autoridades de su país, al menos
hagan efectivas las multas por la vía coactiva legal de la inmovilización
del vehículo.
Por todo ello, señor presidente, Coalición Canaria votará afirmativamente
la convalidación de este real decreto-ley. Nada más y gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
-- REAL DECRETO-LEY 13/1997, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA
CELEBRACION DE UN SORTEO DE LA LOTERIA NACIONAL A FAVOR DE LAS VICTIMAS
DEL TERRORISMO. (Número de expediente 130/000025.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate sobre el decreto-ley, pasamos a
la presentación y debate del Real Decreto-ley 13/1997, de 1 de agosto,
por el que se autoriza la celebración de un sorteo de la lotería nacional
a favor de las víctimas del terrorismo.
Para su presentación ante el Pleno, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el ministro de Interior, señor Mayor Oreja.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, señoras y
señores diputados, comparezco ante SS.SS. para cumplimentar el trámite de
convalidación por esta Cámara del Real Decreto-ley 13/1997, de 1 de
agosto, por el que se autoriza la celebración de un sorteo de la Lotería
Nacional a favor de las víctimas del terrorismo.
Señorías, creo que todos, sin excepción, tenemos una deuda con las
víctimas del terrorismo. El dolor, la tragedia que se sufre con la
pérdida de un familiar, de un padre, de un esposo, de un hijo,
constituyen daños irreparables. Pero siendo esto cierto, precisamente por
ello tenemos que esforzarnos en el terreno material; porque, señorías,
esta preocupación, además de resolver necesidades reales, constituye sin
duda ninguna el mejor alivio moral que podemos ofrecer a estas familias,
en muchos casos desechas y rotas. Es la manera de destacar que no nos
olvidamos de ellos, ni de las víctimas ni de sus familias, que están
presentes en nuestro quehacer y que les seguimos recordando.
Es verdad, señorías, que la acción política, la acción de un gobierno
debe fundamentalmente centrarse en evitar las víctimas del futuro, pero
no podemos y no debemos olvidar nunca las víctimas del pasado, que son
las víctimas del presente, y que deben estar siempre en el centro de
nuestros debates, de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos
políticos.
El terrorismo comporta graves daños físicos, morales y sociales, que
trascienden el círculo de las víctimas directas y sus familiares, que
provocan enorme impacto y alarma social y, en ocasiones, quiebran la paz
y la normalidad en la convivencia de un Estado democrático, y hacen falta
precisamente acciones y gestos de índole social que sirvan para aliviar
en muchos casos, además de materialmente, moralmente, la situación de
tantas y tantas familias. Ello nos obliga a todas las instancias
representativas de la voluntad popular a llevar a cabo acciones
encaminadas a paliar en la medida de lo posible estos gravísimos y
dolorosos efectos.
Quiero decir que se ha estado trabajando desde hace años por el conjunto
de gobiernos de forma clara en esta dirección. El Estado ha venido
desarrollando un sistema de protección o compensación de los daños
provocados por las acciones terroristas. Quiero recordar que el
Decreto-ley de seguridad ciudadana de 1979 fue desarrollado por un Real
Decreto de 5 de marzo de 1982, y allí se recogían indemnizaciones por
daños corporales en cuantía igual a la prevista por las normas de la
seguridad social más un posible incremento de un 20 por ciento, ello sin
contar con los perjudicados por daños materiales, los cuales carecieron
de cualquier tipo de ayuda hasta el año 1992.
Entre el año 1982 y el año 1992 sin embargo hay un esfuerzo por parte del
Gobierno y de esta Cámara a través de lo que es la Ley Orgánica de 1984,
de 26 de diciembre, que se complementa en un Real Decreto de 24 de enero
de l986, o en lo que significa la Ley 33/1997, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1998, desarrollados por un Real
Decreto de 28 de octubre. Asimismo, la ley 4/1990, la Ley de 30 de
diciembre de 1991, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, a la
que antes me refería, que tiene su continuidad en el Real Decreto de 19
de junio de 1992, regulador del resarcimiento por daños a víctimas de
bandas armadas y elementos terroristas. Por último, la Ley 30 de
diciembre de 1996, de Medidas fiscales, administrativas y de orden
social, que ha constituido un significativo avance normativo en la
asistencia y protección de las víctimas, aumentando considerablemente las
ayudas que venían prestándose a las mismas. Se ha incrementado el ámbito
de la protección, no sólo por los daños personales y materiales, sino
también en el contexto socioasistencial,
se han establecido nuevas ayudas que van desde los resarcimientos a
establecimientos mercantiles, vehículos, ayudas de estudios, asistencia
psicológica y psicopedagógica, o subsidiación de préstamos cuando queda
interrumpida la actividad empresarial.
De toda esta evolución en la cobertura por la Administración de los
efectos derivados de las acciones terroristas sin embargo se deriva que
un elevado número de víctimas han dispuesto de pensiones en cuantías muy
inferiores a la media de las actuales; otros casos en los que se ha
carecido de resarcimientos por daños corporales y materiales y otros en
los que las cuantías de las indemnizaciones han sido notablemente
reducidas.
Esto supone, señorías, que muchas de las familias afectadas, junto al
daño afectivo y psicológico, están viviendo situaciones de precariedad
económica. En definitiva, señorías, aparte de las ayudas que otras
comunidades autónomas, como País Vasco, Navarra y Madrid, han introducido
con regímenes de ayudas para víctimas del terrorismo, yo quiero decir que
seguimos teniendo una deuda con esas víctimas; las ayudas no han sido
suficientes y no resulta suficiente la cobertura material que damos a las
víctimas ni, en mi opinión, el interés social que sin duda alguna
precisan más que ninguna otra cuestión.
Por todo ello, en atención a estas situaciones, nos parecía que la
celebración de un sorteo extraordinario de la lotería nacional era un
buen instrumento, si se quiere excepcional, pero me parecía que podía
tener la relevancia social y esa componente moral tan indispensable para
lo que significa una ayuda a una familia por víctima de terrorismo. Estoy
convencido de que esos ingresos se van a destinar a lograr los fines
señalados para todas las víctimas del terrorismo, con atención
preferente, tal como lo explicita el real decreto-ley, a víctimas y
familiares de fallecidos que no hubieran recibido indemnización o
resarcimiento alguno o que se encuentren en situación de necesidad
económica. Ni que decirles, señorías, que la concurrencia de
extraordinaria y urgente necesidad, prevista constitucionalmente, se
justifica en este caso porque es preciso dar una respuesta inmediata a
las víctimas estrictamente por razones de justicia.
Quiero decirles, señorías, que los criterios de distribución de las
ayudas, así como el procedimiento aplicable, lo aprobará el Gobierno a
propuesta conjunta de los ministros de Economía y de Interior, tal como
lo estipula el artículo 3º de este real decreto ley.
Quiero anunciar que en esos criterios de distribución, antes de
formularlos definitivamente el Gobierno, éste ofrece el diálogo, la
participación de todas las fuerzas políticas, porque, señorías, estoy
convencido de que todos, absolutamente todos, estamos identificados con
los objetivos de este proyecto que trata de paliar la difícil situación
material, y moral en ocasiones, en que viven numerosas familias
españolas.
Señorías, en esta cuestión reitero que las víctimas siempre tienen razón
y de lo que se trata con esta iniciativa, y con tantas otras que nos
faltan por desarrollar, es de que nosotros no perdamos la razón y, sobre
todo, no perdamos la memoria respecto de tantas víctimas del terrorismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean consumir un turno a favor? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señorías, tomo muy
brevemente la palabra para indicar que mi grupo va a apoyar este real
decreto-ley y que, por consiguiente, vamos a votar favorablemente al
mismo.
Dicho esto, debo indicar que no estamos de acuerdo con el procedimiento
que se ha seguido para esta ayuda a las víctimas del terrorismo. Creemos
que cuando se aprobó la Ley de ayudas a las víctimas de los delitos
violentos y contra la libertad sexual, de la cual el capítulo de ayudas
a las víctimas del terrorismo es un solo y especial capítulo, se
manifestaron por parte de todos los grupos parlamentarios, también por el
Grupo Popular, unos principios que no vemos exactamente reflejados en
este real decreto. Creemos, como ha dicho el señor ministro, que la
voluntad de la inmensa mayoría de los españoles de solidarizarse, incluso
materialmente, con las víctimas del terrorismo plantea, a la luz de este
real decreto, algunas cuestiones procedimentales porque según el mismo no
es posible saber cómo se ayuda, con cuánto se ayuda y a quién se ayuda.
Incluso, suponiendo que existan personas que sean objetores de conciencia
al juego de azar, no podrían manifestar su voluntad de solidarizarse con
las víctimas del terrorismo.
Recojo la invitación al diálogo que ha hecho el ministro del Interior y
trataremos, si esa oferta se mantiene, de contribuir con nuestros
esfuerzos a perfilar lo que son las sinuosidades o las oscuridades de
este real decreto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarrete.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, para expresar en primer lugar la satisfacción del
Grupo Parlamentario Popular por la iniciativa de fondo que incorpora este
Real Decreto Ley 13/97, en la medida en que entendemos que contribuye
de una manera importante a vertebrar esa política de solidaridad y de
atención con las víctimas del terrorismo, que viene siendo un esfuerzo
claro y rotundo de este Gobierno, en continuidad con la acción que han
venido desarrollando gobiernos anteriores y que es, desde luego, un
compromiso compartido por todos los grupos de esta Cámara. Nos parece que
esta es una iniciativa especialmente útil por cuanto que va a permitir
vertebrar esa política de solidaridad, cubriendo la laguna que podía
suponer la existencia de un colectivo de víctimas o de familiares de
víctimas que o bien no habían podido percibir indemnización alguna o bien
se encontraban actualmente en situaciones manifiestas de grave necesidad
económica; previsiones que el real decreto-ley determina como básicas y
prioritarias a la hora de definir --como se hará conjuntamente por parte
de los Ministerios de Economía y de Interior-- la propuesta de
distribución de los beneficios obtenidos por esta iniciativa. Que a nadie
le quepa la menor duda de que en el espíritu de este real decreto-ley hay
una apertura a todas las víctimas del terrorismo, sin voluntad de
establecer ningún género de exclusión.
En segundo lugar, quiero recordar, a propósito del real decreto-ley que
hoy vamos a convalidar, que no estamos ante una iniciativa aislada, que
no estamos ante un único instrumento para poder vertebrar esa política de
solidaridad, o para dar respuesta a esa demanda ciudadana de solidaridad
con las víctimas con la que todos estamos comprometidos. Esta iniciativa,
este real decreto-ley, es un instrumento más en el contexto de una
política de solidaridad que el Gobierno viene impulsando, que quiere
construirse y que se está construyendo desde los principios de atención
integral, de atención individualizada a cada víctima, de atención
sostenida en el tiempo, de atención, en definitiva, multidisciplinar, no
solamente comprendiendo los aspectos estrictamente económicos sino muchos
otros de atención, insisto, sostenida y permanente en el tiempo, para
poder lograr que la víctima del terrorismo y su familia pueda sentir esa
solidaridad del conjunto de la ciudadanía, de las instituciones del
Estado y favorecer, en la medida de lo posible, con lo difícil que esto
siempre resulta, una cierta recuperación de las consecuencias gravísimas
y dolorosas que siempre produce en el entorno de lo más íntimo de las
víctimas el hecho mismo del terrorismo. En este sentido, la creación de
la Oficina de atención a las víctimas del terrorismo viene a ser, sin
lugar a dudas --y se inscribe también en el contexto de esta iniciativa
que hoy debatimos-- la expresión de esa voluntad de mantener una política
sostenida, integral y multidisciplinar.
Ello me permite concluir, señor presidente, recordando algo que
probablemente es obvio y que no debería reiterarse más, pero que
precisamente en el contexto de la iniciativa que hoy vamos a convalidar
conviene nuevamente decir: esta iniciativa, el conjunto de la política de
atención y de solidaridad a las víctimas del terrorismo es, por
definición, per se y porque no puede ser de otra forma, una política de
todos. No es una política de este Gobierno, con la cual quiera levantar
bandera exclusiva; no es una política que este Gobierno o este grupo
parlamentario pretenda instrumentalizar para patrimonializar en exclusiva
ningún sentimiento ciudadano de rechazo a la violencia. Es una política
que este Gobierno y este grupo parlamentario conciben y articulan siempre
desde la seguridad de que es una política de todos, con todos y para
todos, fundamentada esencialmente desde el diálogo, desde ese diálogo que
hoy una vez más ha vuelto a reiterar el ministro de Interior y que este
grupo parlamentario comparte.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
¿Algún otro grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a dar su voto favorable a la convalidación de este
real decreto-ley por las siguientes razones.
En primer lugar, por las implícitas y explícitas que hay en el propio
texto de la exposición de motivos y por la explicación detallada que nos
ha dado aquí el señor ministro del Interior. Se trata de conseguir unos
medios económicos a través de un instrumento legal del Estado, que es la
lotería nacional, para atender aquellas necesidades más perentorias de
las víctimas del terrorismo, bien los herederos legales, los familiares
de los que hayan tenido que sufrir el terrorismo perdiendo la vida, o
bien aquellos que son víctimas con lesiones prácticamente irreversibles
de invalidez total permanente, ya que los subsidios, ayudas, etcétera,
que puedan tener por otras vías son insuficientes.
Ahora bien, yo quiero --apoyando este instrumento de la lotería nacional,
en la parte técnica que conlleva-- decir al señor ministro de Interior
aquí presente y al señor ministro de Economía y Hacienda que respondan al
principio de solidaridad con el ánimo más generoso, porque la utilización
del instrumento de la lotería nacional con los condicionamientos que trae
el texto de este real decreto-ley pueden hacer cicateras y reducir mucho
las ayudas que pueden percibir las víctimas del terrorismo. Aquí
solamente se está autorizando un sorteo para el año 1997, punto primero;
se trata de un sorteo finalista de la lotería nacional sobre el que se
dice: de los que entren anualmente en el período semanal. Es decir, un
sorteo que se celebrará anualmente de entre los que tienen periodicidad
semanal, pero resulta que el precio del cupón de la lotería nacional
varía según
el día de la semana. Por eso quiero pedir al señor ministro de Interior
que, a través de sus instrumentos, vele por esta cuestión para que, dado
que en el propio decreto-ley no se dice que la recaudación sea total sino
parcial, negocie siempre con su colega del Ministerio de Economía y
Hacienda las cantidades máximas, porque pueden variar muchísimo. Ya
tendremos ocasión, posiblemente en sesiones de control que amablemente
nos brinde el señor ministro de Interior de acuerdo con el Reglamento de
la Cámara, de hacer un seguimiento informativo de la recaudación de ese
sorteo, pero sobre todo quiero pedirle que se estudie cuánto varían las
recaudaciones máximas con los cupones de valor mínimo 500 pesetas o con
los cupones de otros sorteos semanales, porque con ello también varía la
cuantía de los premios, y no es igual de una semana para otra ni el
precio del cupón ni la cuantía de los premios en la que está basada la
recaudación.
Nuestro principio es de solidaridad, apoyamos la línea expresada por el
señor ministro de Interior, pero que no venga el Organismo Nacional de
Loterías y Apuestas del Estado con una rebaja o con una intencionalidad
que a lo mejor no está implícita, porque descuidadamente podrían meter el
sorteo cuando las recaudaciones son mínimas. Creemos además que con esta
actuación hay que incentivar también algo muy importante que para
nosotros está dentro del espíritu de este real decreto-ley, que es
fomentar el mensaje a los ciudadanos. No se trata sólo de una actividad
puramente instrumental o benéfica de una institución del Estado para
recaudar fondos. Se trata de llevar el mensaje, como hace la Cruz Roja
con su sorteo anual, para decir: mire, aparte del incentivo de un premio,
hay aquí una exposición de solidaridad, utilice usted su sentimiento de
solidaridad comprando precisamente el décimo o la tira o lo que tengan
que comprar. Es la parte, digamos, ética y solidaria que encierra una
medida de este tipo.
Por estas razones, señor presidente, nosotros vamos a dar nuestro apoyo
a la convalidación de este instrumento que hoy se nos presenta aquí en la
garantía de que el señor ministro de Interior vigilará su cumplimiento.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV), la señora Uría tiene la palabra.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, desde el Grupo Vasco compartimos la finalidad de la norma en
cuanto a que su objetivo último es plasmar la solidaridad de la sociedad
con las víctimas de determinadas acciones delictivas y paliar las
consecuencias de las mismas. El medio utilizado, un sorteo de la lotería
nacional, no nos parece el más adecuado, por más que en la exposición de
motivos se justifique aludiendo a la escasez de medios y a una cuestión
de prioridades en la conformación de lo que se ha dado en llamar
racionalización del Estado de bienestar. Puede ser, creemos, un parche
temporal, pero sostenemos que es ineludible afrontar una regulación
presupuestaria.
No cuestionamos tampoco el instrumento normativo utilizado, aunque desde
el punto de vista técnico lo sería, ni tampoco vamos a postular siquiera
su tramitación como proyecto de ley. Sin embargo, no podemos dejar de
advertir dos cuestiones importantes sobre todo de cara a la regulación
futura, ya que se hace un llamamiento a disposiciones reglamentarias a
dictar por el Ministerio de Economía y Hacienda y por el Ministerio de
Interior. La primera, que es de menor calado pero creemos que importante,
es la temporal, es decir, desde cuándo, desde qué época las víctimas van
a poder solicitar estas ayudas. La segunda, que es de mayor enjundia, es
la determinación del sujeto pasivo. Se alude como tales a las víctimas
del terrorismo, a quienes hayan sufrido actos terroristas. La evolución
normativa de este concepto se ha venido caracterizando siempre por la
ausencia de definición legal expresa, creemos que incluso buscada. He
encontrado sentencias en las que se hacía bascular la concesión de las
ayudas sobre el hecho ciertamente peregrino de que el atentado hubiese
sido reivindicado. Curioso requisito que pone al beneficiario de las
ayudas en manos de un hecho que le corresponde a la propia banda armada.
La jurisprudencia parece exigir dos elementos para hablar de acto
terrorista: que haya organización armada y que el fin sea subvertir el
orden político --violencia política organizada, por tanto--, concepto que
con apoyatura en una única sentencia de la Audiencia Nacional se ha
venido entendiendo en el sentido de considerar que sólo existe acto
terrorista cuando la finalidad de la acción criminal es subvertir el
orden constitucional y no cuando la actuación criminal es a favor del
orden constitucional, con lo cual han quedado siempre al margen de este
concepto las denominadas víctimas del GAL. Creemos que estas ayudas deben
hacerse extensivas a las mismas, ya que no hay mayor subversión del orden
constitucional, a nuestro criterio, que el hecho de desvirtuar las reglas
básicas del Estado de Derecho, como puede ser el actuar desde los propios
poderes del Estado para obtener fines que, por lícitos que se pretendan,
son al margen del Estado de Derecho. Creemos, además, que se debe
utilizar, como referencia para la concesión de las ayudas, la condición
de ciudadano del Estado español del solicitante y no el lugar donde se
produjeron los daños, que es también un importante elemento limitador a
la hora de conceder las ayudas, ya que gran número de atentados se han
producido en lo que se llama el ámbito del país vasco-francés. Creemos
que debe ensayarse, en el mismo
sentido que han indicado los demás grupos, un concepto que permita acoger
de la forma más generosa y sobre todo más justa a todas las posibles
víctimas.
No nos extenderemos nada más. Votaremos a favor de la convalidación de la
disposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
-- REAL DECRETO-LEY 14/1997, DE 29 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA
LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.
(Número de expediente 130/000027)
El señor PRESIDENTE: No habiendo más peticiones de palabra para tomar
posición sobre el decreto-ley que se somete a convalidación, damos por
concluido el debate del mismo y pasamos al Real Decreto-Ley 14/1997, de
29 de agosto, por el que se modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor
Añadido, para cuya presentación ante el Pleno tiene la palabra el
vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía y Hacienda, señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de presentar ante la Cámara el Real Decreto-Ley
14/1997, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de
agosto y por el que se llevan a cabo diversas modificaciones de carácter
urgente de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, de 1992. En
concreto, cuatro modificaciones.
La primera, se refiere a la localización de los servicios de
telecomunicaciones para ajustarlos al contenido de la decisión del
Consejo de la Comunidad Europea del pasado 17 de marzo de 1997, que todos
los Estados miembros se han comprometido a incorporar a sus legislaciones
nacionales. Esta decisión del Consejo de la Comunidad Europea venía a
resolver un problema que SS.SS. en algunos casos pueden conocer, pero que
me gustaría explicar ante la Cámara.
Todos somos conscientes de que los avances tecnológicos en las
comunicaciones permiten prestar servicios de telecomunicaciones en
cualquier parte del mundo, y los criterios de localización que estaban
establecidos en las normas comunitarias para la armonización del Impuesto
sobre el Valor Añadido, antes de esta decisión del Consejo de la
Comunidad Europea, llevaban la tributación al país donde radica la sede
o el establecimiento permanente de quien prestaba los servicios. Eso
permitía trasladar la tributación a terceros países con fiscalidad más
reducida, por un lado, perjudicando los derechos de las haciendas
públicas de la Unión Europea y, por otro, perjudicando también a nuestra
propia industria de telecomunicaciones que se encontraba discriminada por
razones fiscales con terceros países.
El Consejo de la Comunidad Europea permite poner fin a esta situación de
desventaja de las empresas comunitarias, sin esperar a la aprobación de
una directiva que, de todas maneras, está en fase de elaboración y que
regulará definitivamente la materia. Así, el Consejo de la Comunidad
autoriza a los Estados miembros a aplicar una excepción que permite
localizar los servicios de telecomunicación en el lugar donde radica la
sede o establecimiento permanente del destinatario, en vez del domicilio
del prestador de los servicios, como sucedía anteriormente, o en el lugar
donde se utilicen efectivamente los servicios, con una excepción que
tiene dos condiciones: que el prestador esté establecido en un país de la
Comunidad y, al mismo tiempo, que el destinatario no tenga la condición
de empresario o profesional. Por tanto, a partir de la aprobación de este
decreto-ley por parte del Gobierno, los servicios de telecomunicaciones
en España tributarán en el domicilio o establecimiento permanente del
destinatario, a excepción de aquellos que se presten por empresas
comunitarias a personas físicas que no sean ni empresarios ni
profesionales y que, a su vez también, como es natural, estén
domiciliados en la Comunidad.
La segunda medida que incorpora este decreto-ley es la modificación para
la unificación del tratamiento fiscal de los servicios del transporte de
viajeros. Esta modificación viene a responder a dos peticiones o a dos
urgencias: la primera, como consecuencia de la voluntad mayoritariamente
expresada por esta Cámara en el debate de la ley de presupuestos respecto
a la reducción del IVA de las autopistas y, la segunda, a las reiteradas
observaciones y recomendaciones de la Comisión Europea, en el sentido de
dar cumplimiento, lo antes posible, a la disposición adicional undécima
de la ley del IVA. Esta nueva modificación o esta nueva unificación de
criterios sobre el transporte de viajeros desde el punto de vista de su
tratamiento fiscal por el IVA suprime las diferencias derivadas de la
normativa que estaba hasta ahora en vigor y que, como SS.SS. saben,
estableció para el transporte terrestre un tratamiento tributario
distinto al que regula el transporte marítimo y aéreo y, a su vez, un
tratamiento distinto para el transporte marítimo y aéreo en el conjunto
del territorio nacional, exceptuando Baleares, que tiene un tratamiento
diferenciado. En ese sentido, además, por parte de la nueva propuesta del
Gobierno se reduce, dentro del transporte por carreteras, el tipo
aplicable a la utilización de autopistas de peaje, equiparándolo al resto
de las operaciones de transporte de viajeros y sus equipajes. Esta es una
medida que me gustaría explicar a SS.SS., porque sé que tiene una cierta
polémica. No en vano en este momento la Comisión y una gran parte de
Estados miembros se encuentran en un litigio ante el Tribunal Superior de
Justicia sobre la aplicación
del IVA o no a las autopistas, aparte de las recomendaciones que
directamente a España, como he mencionado, ha hecho la Comisión para
homogeneizar el tratamiento del IVA en el transporte marítimo y
terrestre. La mayor parte de los Estados miembros consideran que estos
servicios, es decir, el tráfico por autopistas de peaje, no deben estar
sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que ha dado lugar --como
he mencionado-- a varios expedientes de infracción por parte de la
Comisión. En concreto, en este momento sólo hay tres Estados miembros
--Italia, Portugal y Suecia-- que aplican el tipo general, y la situación
claramente no es pacífica entre los Estados miembros.
Frente al criterio de no sujeción, que mantienen, como he dicho, varios
Estados miembros en contra de la opinión de la Comisión, el Gobierno de
España plantea una alternativa que no se opone a las posiciones de la
Comisión Europea, que nos permite homogeneizar el tratamiento del
transporte de viajeros tanto por carretera como por transportes marítimos
y aéreos, y que además viene también a responder a la petición de la
Cámara de reducir el IVA de las autopistas. Para ello, el Gobierno cree
que hay un fundamento jurídico claro para entender que el anejo H) de la
Sexta Directiva del IVA permite que las operaciones que pueden disfrutar
de un tipo reducido comprenden una interpretación lógica tanto del
desplazamiento de los viajeros dentro de un autobús, como de la
utilización de su propio medio de transporte y el pago del IVA en ese
momento a través de los controles de cada una de las autopistas.
A ello hay que unir el criterio de no sujeción; si elegimos el camino que
propone el Gobierno, no nos sometemos al conflicto de la no sujeción que
está afectando a la Comisión con cinco países. Además, entendemos que en
la elección estamos amparados por el anejo H) de la Sexta Directiva, que
permite una situación menos gravosa para el presupuesto europeo que la
posición de la no sujeción que mantienen los países que están en
conflicto con la Comisión, ya que no supone ninguna reducción de recursos
propios en el presupuesto comunitario.
La reforma permite clarificar y homogeneizar el régimen aplicable al
transporte de viajeros, con independencia del medio de transporte o la
vía utilizada, y fomenta la reducción del precio de los servicios de
transporte, a los que antes se aplicaba el tipo general. La reducción del
tipo de gravamen que grava la utilización de las autopistas de peaje y
los servicios de transporte aéreos y marítimos en nueve puntos
porcentuales, al pasar del 16 al 7 por ciento supone una rebaja inmediata
del precio que pagan los usuarios, que son quienes soportan el impuesto;
esta rebaja se sitúa en torno al 7,7 por ciento.
Quisiera llamar la atención de sus señorías sobre la coincidencia en el
tiempo de esta rebaja en el IVA y de la aplicación de lo dictaminado en
el decreto del año 1990 sobre la actualización automática de los peajes.
Efectivamente, en el año 1990 el Gobierno español estableció una
actualización automática de los peajes conforme a la inflación que, sin
embargo, en 1997 había sido congelada por parte del Gobierno durante los
primeros nueve meses. Por lo tanto se ha producido una coincidencia en el
tiempo que, además, viene a suavizar el aumento del precio de los peajes
que exige la legislación española vigente desde el año 1990. Vuelvo a
repetir que con la propuesta que figura en este real-decreto ley, que
espero ratifique la Cámara, damos cumplimiento también a la disposición
adicional vigésima de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de
orden social que acompañaba a la ley de presupuestos, que, como ya he
dicho, fue aprobada por amplia mayoría de esta Cámara, y que pedía al
Gobierno que antes del 1 de septiembre redujera el coste del peaje de la
autopistas, bien mediante el establecimiento de compensaciones a las
sociedades concesionarias o bien por la reducción del tipo del IVA.
La pregunta que seguramente también sus señorías pueden plantear es por
qué el Gobierno ha elegido la reducción del tipo del IVA en vez de la que
le ofrecía también la fórmula de la disposición adicional vigésima
respecto al establecimiento de compensaciones a las sociedades
concesionarias. Por un lado, como he explicado, porque con ella venimos
a resolver problemas que nos mantenían en una situación de falta de
unificación de criterios de la imposición del transporte que afectaban al
transporte aéreo, marítimo y por carretera; pero, por otro, porque el
Gobierno entiende que la aplicación de un tipo reducido del IVA se
traslada de modo automático e inmediato a los precios pagados por los
usuarios, sin ningún tipo de dilación ni de intermediación.
En segundo lugar y también como consecuencia de lo que acabo de decir,
esta medida ofrece mucha mayor transparencia, tanto a los usuarios,
quienes conocen las causas de la reducción del precio y saben exactamente
a qué se pueden atener, como a las propias empresas concesionarias que,
en el caso de haber optado por el establecimiento de compensaciones, no
habrían conocido su propia situación en relación con las otras, ya que la
negociación se habría tenido que hacer con cada una de ellas y en
atención a las circunstancias particulares que definen cada contrato de
concesión. Además, la Cámara tiene que ser consciente de que algunos de
estos contratos de concesión no dependen de la voluntad del Parlamento
nacional ni del Gobierno del Estado, sino de la voluntad de los gobiernos
autonómicos y, por lo tanto, era prácticamente imposible asegurar una
reducción homogénea en todo el territorio nacional afectado por el peaje.
Se trata, por tanto, señor Presidente, de una medida que beneficia
claramente a los usuarios de las autopistas, que es acorde con la
normativa comunitaria y que,
en opinión del Gobierno, es más eficiente y transparente que el
establecimiento de compensaciones concesionarias. Además, indudablemente,
puede ser discutida a lo largo del debate parlamentario, habida cuenta de
que el Gobierno va a solicitar de la Cámara la tramitación como proyecto
de ley de ese real decreto-ley.
La tercera modificación en la Ley del IVA que introduce este
real-decreto ley se refiere a la situación de los agentes de aduanas para
posibilitar que recuperen el Impuesto sobre el Valor Añadido que hubiesen
satisfecho por cuenta de importadores, cuando éstos no se lo hubieran
reembolsado en un determinado plazo. En este momento, la normativa del
impuesto del IVA establece la responsabilidad solidaria o subsidiaria,
según los casos, de los agentes de aduanas en el pago del tributo
devengado por las importaciones en que intervienen, avalando con su
garantía individual o colegiada ese pago y quedando en una clara
situación de indefensión cuando el importador dispone de la mercancía
importada y no le reembolsa al agente de aduanas el impuesto satisfecho
por su cuenta. Este real decreto-ley viene a atender a esta situación,
estableciendo un procedimiento especial que permite a los agentes
recuperar el impuesto, previo cumplimiento de ciertos requisitos que al
mismo tiempo garanticen los intereses de la Hacienda pública. Estos
requisitos son que la devolución del impuesto a los agentes de aduanas se
condiciona a que éstos hubiesen hecho efectivo el mismo por cuenta del
importador sin obtener su reembolso, y en garantía de los agentes de
aduanas se les faculta para que retengan en su poder el documento
justificativo del derecho a la deducción de las cuotas satisfechas a la
importación hasta que hubieran obtenido el reembolso del impuesto,
pudiendo solicitar la devolución de la cuota satisfecha cuando hayan
transcurrido dos años desde el vencimiento del derecho a la deducción sin
haber recuperado el impuesto.
Por último, señor Presidente, paso a la cuarta modificación del IVA que
contiene este real decreto y que también, siendo un tema muy específico,
estaba produciendo efectos negativos para la economía española y que era
urgente resolver. El problema que se crea y que trata de resolver esta
cuarta medida se refiere a los procedimientos de liquidación que se
aplican a las operaciones para las que determinados bienes abandonan el
régimen de depósito fiscal, sustituyéndolos por otros más flexibles
utilizados en otros Estados miembros de la Comunidad. Concretamente, se
trata de las operaciones relativas a los metales que cotizan en las
bolsas extranjeras, es decir, operaciones de futuro, que se colocan al
amparo del régimen fiscal suspensivo del impuesto, respecto de los cuales
la liquidación del IVA prevista hasta ahora en la legislación española
para las operaciones de abandono del mencionado régimen fiscal producía
unos costes financieros que impedían el asentamiento de este tipo de
empresarios en nuestro territorio, porque entre el pago del IVA y su
devolución transcurría un período de tres meses, que resultaba
inconveniente desde el punto de vista de la competencia y de los costes
financieros en comparación con otras posibilidades dentro de la propia
Unión Europea.
Este real decreto soluciona este problema, excluyendo estas operaciones
del artículo 19.5 de la ley del impuesto, que regula las operaciones
asimiladas a las importaciones y establece un procedimiento de
liquidación que permite compensar automáticamente las cuotas devengadas
cuando los citados metales abandonan el régimen de depósito fiscal, con
lo que desaparecen los costes financieros que hacían inviable esta
actividad en el territorio español.
En definitiva, señor presidente, este real decreto-ley que hoy presento
ante la Cámara para solicitar en nombre del Gobierno su convalidación, si
así lo consideran oportuno los grupos parlamentarios, y su tramitación
como proyecto de ley, responde a la urgente necesidad de modificar el
Impuesto sobre el Valor Añadido para llevar a cabo determinadas
adaptaciones a la legislación de los demás Estados miembros que, en
opinión del Gobierno, no podían ni debían demorarse por más tiempo, y
también para dar cumplimiento a sendos mandatos parlamentarios, cuyo
plazo vencía, y evitar que se prolongasen injustificadamente ciertas
distorsiones financieras derivadas de la legislación anterior.
En nombre del Gobierno solicito de la Cámara la ratificación de este real
decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
¿Grupos que desean consumir un turno a favor? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Ortíz tiene la palabra.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Entiendo, señor presidente, que el turno a favor
sólo procede si hay turno en contra, y no sé si hay turno en contra.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Ortiz, que quiere solamente fijar su
posición y no consumir el turno a favor porque no ha habido turno en
contra.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Si no hay turno en contra.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor presidente, señorías, efectivamente
estamos en estos momentos tramitando la convalidación de un real
decreto-ley que modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido
en determinadas cuestiones a las que se ha referido el señor ministro,
cuatro en concreto: los servicios de telecomunicaciones prestados por
terceros países no miembros de la Unión Europea; un viejo problema en el
Impuesto sobre el Valor Añadido relacionado con los depósitos de aduanas;
un tercero, al que también se ha referido el señor ministro, que tiene
que ver con las operaciones de los denominados trades, que compran y
venden materias primas; y el cuarto que tiene que ver --creo que es la
cuestión más discutida y controvertida en el real decreto-ley-- con la
modificación del artículo 91 de la ley del impuesto para rebajar el
Impuesto sobre el Valor Añadido a los usuarios de las autopistas hasta el
tipo reducido del 7 por ciento.
Subo a la tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para
manifestar nuestra posición contraria a la convalidación del real
decreto-ley, no por ninguna de las tres primeras causas o de los tres
primeros contenidos a los que me he referido --servicios de
telecomunicaciones, depósitos de aduanas e impuesto en las operaciones de
comercio de materias primas--, sino exclusivamente en relación con la
modificación del artículo 91, que rebaja el tipo de IVA al 7 por ciento
a los usuarios de las autopistas. Parecería extraño, señorías, que algún
grupo parlamentario suba a esta tribuna para contradecir una rebaja de un
impuesto que afecta a unos ciudadanos. Luego me referiré, si tengo
tiempo, señor presidente, con un cierto detalle, a cuáles son las causas
que justifican nuestra posición.
Al inicio de mi intervención, señor ministro, le quiero decir con
claridad que el Grupo Parlamentario Socialista es nítidamente partidario
de la rebaja del peaje de las autopistas, lo cual no quiere decir que
tengamos que estar de acuerdo con que la vía o el instrumento para la
rebaja del peaje sea la reducción del tipo del IVA, en modo alguno; hay
otras muchas vías para que eso ocurra. No se preocupe, yo le diré cuáles.
Sin ninguna duda, el procedimiento que ustedes utilizan nos va a acarrear
problemas litigiosos --usted mismo lo ha aceptado-- con la Unión Europea,
entre otras cosas, señor ministro, porque esta decisión en el ámbito de
la normativa comunitaria es ilegal, es clarísimamente ilegal. Si la cosa
fuese tan sencilla, otros gobiernos, señor Rato, ya lo hubieran hecho, se
le ocurre a cualquiera, es lo más sencillo: rebajar los peajes de las
autopistas reduciendo el tipo del IVA. El problema, señor Rato, es que,
diga usted lo que diga, esto es ilegal; ilegal en el marco de la
Directiva del año 1992 que por enésima vez reformó la Sexta Directiva y
que contiene un apartado h) con un párrafo 5 en el que es imposible
asimilar la utilización de una autopista con el transporte de personas y
sus equipajes. Por cierto, que no sabemos por qué no aprovechan ya
también para asimilar a los términos de la legislación española ese
apartado. La directiva habla de transporte de personas y el decreto habla
de transporte de viajeros. Sería una excelente ocasión, en la tramitación
como proyecto de ley, para asimilar mejor esos dos conceptos.
En modo alguno nosotros podemos aceptar que al usuario de autopistas se
le pueda asimilar con el transporte de personas y sus equipajes en la
modificación del año 1992 de la Sexta Directiva. Es más, el litigio al
que se refiere que mantienen otros países, y al que usted parece ser que
en la tribuna nos ha querido también asimilar, no tiene nada que ver con
nuestro caso, absolutamente nada que ver. Ese litigio es consecuencia
--supongo que usted lo sabrá, estoy seguro de ello--, del apartado b) de
la directiva, que en el artículo 2 habla de las situaciones anteriores al
año 1991. La directiva es del año 1992. Ese es el caso de muchos países
que tenían un tipo reducido o un tipo cero en el gravamen por valor
añadido a los usuarios de las autopistas. No es, en absoluto, nuestro
caso. Todas las excepciones que hay en la directiva tienen que ver con
situaciones consolidadas con anterioridad al año 1991, que eran las
situaciones de Francia, del Reino Unido, de Alemania, etcétera.
Por tanto, señor Rato, si todos los argumentos jurídicos que tiene el
Gobierno para pelear jurídicamente este asunto en el Tribunal de
Luxemburgo son los que se contienen en la exposición de motivos, nos las
van a dar todas en el mismo carrillo; tengan ustedes la absoluta
seguridad porque ésta no es una materia en la que el Grupo Parlamentario
Socialista hable gratuitamente; en el grupo parlamentario, en nuestros
gobiernos, se dedicaron muchas horas a esta cuestión y la conclusión es
muy sencilla, señor Rato, es ilegal, contraviene la legislación
comunitaria esa rebaja del tipo del IVA. Como este decreto se va a
tramitar como proyecto de ley --de acuerdo con sus manifestaciones--,
tiempo tendremos para discutir, más en profundidad, esta cuestión.
Por otra parte, habría que preguntarse por qué razones, si la rebaja del
IVA es de nueve puntos, los usuarios no se benefician de una reducción en
el peaje de un nueve por ciento, porque como ha dicho usted ha coincidido
en el tiempo --cosa que sólo usted es capaz de hacer coincidir-- la
disminución del tipo del IVA con el aumento de los peajes, que llevaban
congelados desde el mes de marzo.
Señor Rato, ustedes también han puesto en circulación otro proyecto o
idea del Gobierno, que es ir a una rebaja todavía mayor, una rebaja
sustancial de los peajes por la vía de la ampliación del plazo
concesional. Ya les adelanto que vamos a estar muy en contra de esa
medida por una razón muy sencilla, porque sólo hace falta echar un
vistazo a las cuentas de resultados del primer semestre del año 1997 de
cuatro concesionarias privadas, al margen las públicas, que deben
entenderse con otra filosofía distinta. Esas cuatro concesionarias
privadas, a pesar de la congelación de la tarifa de sus peajes, han visto
incrementada muy considerablemente su cifra de negocios, han visto
incrementado
también considerablemente el tráfico, la intensidad media diaria en esas
autopistas, y, como resultado de todo ello, incluso con peajes
congelados, han visto crecer de manera bastante abultada los resultados
de ese medio ejercicio del año 1997.
Una lectura rápida de esas cuentas de resultados y de esos balances de
las concesionarias en el primer semestre de este año desvela que son
todas ellas sociedades, ya a estas alturas, muy saneadas. Una de ellas,
por ejemplo, tiene un 70 por ciento de beneficios sobre la cifra total de
negocios, lo cual quiere decir que esa concesionaria está en una
situación financiera inmejorable; es una empresa que se puede decir que
es un bombón.
Señor Rato, nosotros nos vamos a inclinar por una reducción de los peajes
a costa de los abultados beneficios de las concesionarias. Sé bien que
eso puede contravenir los acuerdos concesionales, pero vamos a instar al
Gobierno a que se renegocien esos acuerdos. (El señor vicepresidente
segundo y ministro de Economía y Hacienda, De Rato Figaredo: Y eso, ¿no
es ilegal?)
Le estoy hablando, señor Rato, de que el Gobierno renegocie esos acuerdos
y que en nada pueda ser entendido como una incautación del derecho que
asiste a las concesionarias. Pero también tendrá usted que tener en
cuenta que han cambiado muy considerablemente --y ustedes bien que lo
pregonan y se pavonean de ello--, han cambiado muy radicalmente las
circunstancias de esos acuerdos concesionales, en primer lugar, en
relación con los costes financieros.
¿Han bajado o no los tipos de interés? Han bajado, afortunada y
felizmente. En ese caso, ¿por qué la bajada de los tipos de interés no ha
de afectar también no sólo a aquellos que tienen una hipoteca sobre una
vivienda? También a los usuarios de las autopistas, empresas que, por
cierto, tienen fundamentalmente dos apartados de coste: los costes de
personal, que están disminuyendo, señor Rato (véanse las cuentas de
resultados y los balances; los costes de personal de las autopistas están
reduciéndose) y los costes financieros, que también se han reducido muy
considerablemente.
Señor Rato, no tiene nada que ver, pero hay otra operación que permite
rebajar coste para los usuarios como consecuencia, entre otras cosas, de
la rebaja de los tipos de interés, que es la reducción de las tarifas
eléctricas. La reducción de las tarifas eléctricas fundamenta sus
posibilidades en que se afecte a la cotización en Bolsa de las empresas,
entre otros motivos porque se han reducido muy considerablemente los
tipos de interés, y ello ha conducido a la renegociación y a la
reestructuración de la deuda de las empresas eléctricas. Exactamente
igual debería de ocurrir, señor Rato, con los peajes de las autopistas.
Sobre la base de las cuentas de resultados de los últimos trimestres,
semestres, ejercicios anuales completos de esas cuatro concesionarias
privadas, es perfectamente posible que los usuarios españoles de las
autopistas, sean públicas o privadas --insisto, las públicas merecerían
otra consideración--, vean rebajados sustancialmente los peajes de las
autovías.
Señor Rato, yo creo que en esto coincidimos, entre otras cosas, por
ejemplo, con el Parlamento valenciano, que ayer mismo aprobó, por
mayoría, una resolución, en la que insta al Gobierno a no ampliar el
plazo concesional y a rebajar el peaje de las autovías. Porque, sin duda
alguna, señor Rato, ¿sabe usted quiénes son los beneficiarios en mayor
cuantía de la doble medida que ustedes han tomado, rebajar el tipo del
IVA y aumentar los peajes? Los mayores beneficiarios no son los usuarios.
El doble movimiento que ustedes han hecho es engañoso, es tramposo. Las
mayores beneficiarias van a ser las concesionarias. Y el perjudicado,
¿quién es? El Estado, que pierde ingresos por el Impuesto sobre el Valor
Añadido. Pero las mayores beneficiarias van a ser las autopistas
concesionarias, señor Rato. Usted sabe, como yo, que una modificación del
peaje de las autopistas, en este caso por reducción de nueve puntos del
Impuesto sobre el Valor Añadido, da lugar, en razón de la elevada
elasticidad demanda/precio de los usuarios, a un incremento muy
considerable del número de usuarios de la autopista, que conduce también
a un incremento muy cuantioso de los ingresos totales de las
concesionarias.
Estas son las razones, señor Rato, que nos llevan a rechazar la
convalidación de este decreto, a la espera de una más detallada discusión
cuando se trate el proyecto de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
¿Turno a favor de la convalidación? (Pausa.)
El señor Ortiz González tiene la palabra.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor presidente, señorías, en el debate de este
real decreto-ley que, como ha explicado el vicepresidente segundo y
ministro de Economía y Hacienda, afecta a cuatro grandes cuestiones en
relación con el IVA, prima sobre todas ellas, obviamente, lo que se
refiere a la reducción del peaje de las autopistas. Esta es, sin duda, la
reforma más significativa y se conecta con la homogeneización o
unificación del tratamiento fiscal de los servicios de transporte de
viajeros.
El portavoz socialista nos ha sorprendido en el turno en contra por la
propuesta final que ha hecho, aunque nos ha sorprendido menos su tono y
su contenido por la incoherencia entre sus propias posiciones y
decisiones en su etapa de Gobierno y las que mantiene ahora, por un tufo
de demagogia al que, por otra parte, últimamente nos tienen acostumbrados
dentro y fuera de este hemiciclo. Digo que nos ha sorprendido su
propuesta final, y en el propósito de que el real decreto-ley
no se convalide, porque ustedes, el Grupo Socialista, señor Martínez
Noval, votaron favorablemente en esta Cámara la versión final de la
disposición adicional vigésima de la Ley de acompañamiento de 1996, que
obligaba al Gobierno a reducir el precio final de las autopistas en torno
al 7,7 por ciento, bien por la aplicación del tipo reducido del IVA del
7 por ciento, bien mediante el otorgamiento de subvenciones. En ningún
caso figuraba en esta disposición final vigésima una propuesta tan
pintoresca como la que acaba de hacer, en el sentido de que se recorte la
cuenta de resultados de las concesionarias de autopistas; cuenta de
resultados que, por otra parte, no se ha producido por primera vez en el
año y medio de Gobierno del Partido Popular, y cuenta de resultados que,
salvo que vayamos a plasmar su filosofía intervencionista, es objeto de
gravamen. Es lógico que esa cuenta de resultados haga su contribución a
la financiación de los servicios generales del Estado español mediante la
aplicación del Impuesto de Sociedades y el 35 por ciento, en ningún caso
mediante un género de confiscación o incautación, que es lo que está
debajo y en el trasfondo de su sugerencia de que se haga una
renegociación por parte del Gobierno con las concesionarias de las
autopistas.
Señoría, que el Gobierno haya optado por la vía de la reducción del IVA
mejor que por la vía de compensaciones, de ninguna manera salva la
contradicción que existe entre la posición que mantuvieron ustedes
votando favorablemente esta disposición final vigésima y la que mantienen
ahora.
En su intervención, y al margen de otras cosas, de esa pintoresca
renegociación que yo llamaría invitación a la incautación o a la
confiscación, hay dos afirmaciones fundamentales: que el real decreto
vulnera la normativa comunitaria --obviamente en este punto y no en los
otros tres-- y que el mismo es un regalo --lo han dicho sus corifeos
mediáticos, no su señoría-- a las concesionarias de las autopistas.
Insiste en que las autopistas de peaje no están comprendidas en el anejo
h) de la vieja Sexta Directiva del IVA, en que se recogen sólo las
operaciones que pueden disfrutar del tipo reducido. Y aquí no queda sino
insistir, señor Martínez Noval. El Gobierno entiende, por el contrario,
y mi grupo con él, naturalmente, que la categoría de los transportes de
viajeros y los equipajes --su señoría ha introducido una curiosa
distinción entre viajeros y personas, no sé si hay viajeros que no sean
personas-- a que se refiere el anejo h) de la Sexta Directiva comprende,
en una interpretación lógica, el desplazamiento de viajeros y la
utilización de la red viaria para dichos desplazamientos, por lo que la
aplicación del tipo reducido no es contraria, de ninguna manera, a la
normativa comunitaria. Como ha explicado el vicepresidente segundo, la
tributación de las autopistas de peaje no es una cuestión pacífica en el
seno de la Comunidad Europea, y sobre 15 países comunitarios, en 9 se dan
supuestos de no sujeción, en 2 de tributación al tipo cero y en 4, entre
ellos España hasta ahora, la aplicación del tipo general.
En todo caso, es evidente que hay una serie de discriminaciones
injustificadas que es preciso salvar y en esta línea el Gobierno ha
optado por una solución nueva, acorde con la mayoría de los Estados que
se inclinan o bien a la no sujeción o a la aplicación del tipo reducido,
habida cuenta, además, que, como ha explicado el ministro de Economía y
Hacienda, esta fórmula nuestra es menos gravosa que la no sujeción para
el presupuesto comunitario.
En definitiva, el decreto-ley, insisto, da una solución razonable, se
apoya en un argumento admisible y reduce la discriminación existente en
relación con nuestro país, haciendo más competitiva la explotación de
nuestras autopistas en términos comparativos.
Señor Martínez Noval, ni la Unión Europea produce normas de derecho
divino ni los intereses de los Estados miembros --y así lo demuestran ya
los muchos años de historia de la Comunidad Europea-- son
irreconciliables con el Derecho comunitario; por ello se ha registrado
uno de los numerosísimos conflictos (ayer, a propósito del debate sobre
la televisión digital, se hacía referencia a los contenciosos de la etapa
socialista con la Comunidad Europea), incontables expedientes de
infracción y resoluciones de los tribunales superiores de justicia.
En definifiva, señor Martínez Noval, en sus palabras, en las que no sin
aparente fruición anticipa una valoración de la Comisión de las
Comunidades Europeas que todavía no se ha producido, asigna a la Comisión
un papel de intérprete único y final del Derecho comunitario, que
obviamente no tiene, y que es competencia del tribunal correspondiente.
Lo que sí constituyó y constituye una vulneración clara de la legislación
comunitaria --tome nota, señor Martínez Noval--, es la que se produjo con
la Ley 6/1987, de 14 de mayo, sobre dotaciones presupuestarias para
inversión y mantenimiento de las Fuerzas Armadas, que declaró exentas de
IVA las importaciones de armamento, munición y material para uso
específicamente militar. Esta exención que ustedes dieron no tiene, en
absoluto, fundamento alguno en la normativa comunitaria, lo que ha
determinado la presentación por la Comisión de una demanda contra España
ante el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas. Sobre este tema
--no baladí, ciertamente-- volveré más adelante.
La segunda afirmación esencial, al margen de otras realizadas por S. S.,
es que la reducción del IVA beneficia, fundamentalmente, a las
concesionarias. Afirmar, señoría, que cuando se rebaja el IVA, como en
este caso, se está favoreciendo al sector afectado, es un claro ejercicio
de demagogia. Le recuerdo que ustedes bajaron el IVA en múltiples
ocasiones. En 1993 redujeron el tipo del 6 al 3 por ciento para el pan,
leche, queso, huevos, frutas, verduras, periódicos, revistas,
medicamentos,
etcétera; y del 15 al 6 por ciento en determinados equipos agrícolas y en
los servicios funerarios. Y un caso especialmente significativo, señor
Martínez Noval, en el abono a la televisión de pago, en beneficio de un
canal bien conocido de ustedes y bien próximo a ustedes, siempre y
particularmente en los últimos tiempos. En 1994 se produjo la rebaja del
IVA del 16 al 3 por ciento para las viviendas de protección oficial. Y,
finalmente, en el año 1995 se produjo la reducción del 15 al 7 por ciento
para bebidas refrescantes, flores, hoteles de cinco estrellas,
restaurantes de cuatro o cinco tenedores, etcétera.
Y yo le pregunto y pregunto al Grupo Parlamentario Socialista: cuando
ustedes bajaron el IVA del pan, de la leche, de los huevos, de las
frutas, de los libros, ¿querían favorecer a los panaderos, a los
productores de leche y de huevos o a los editores de libros y revistas?
Y cuando rebajaron el tipo del 15 al 6 por ciento a los servicios
funerarios, ¿querían favorecer a las funerarias? Y cuando, en el año
1995, rebajaron el tipo para las bebidas refrescantes, ¿querían favorecer
a la multinacional Coca-Cola? Y no digo nada de la rebaja al 7 por ciento
en los abonos de la televisión de pago, en beneficio --repito-- de un
canal bien conocido.
El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, vaya concluyendo.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Y qué decir de las armas, señor Martínez Noval.
Cuando con la Ley de 1987, a que antes he hecho referencia, establecieron
la exención del IVA a las importaciones de armamento y munición, ¿también
querían favorecer a las multinacionales americanas o alemanas? De ser
así, sería interesante saber cuáles fueron las contrapartidas.
Quiero referirme al problema de la coincidencia a que ha hecho referencia
el señor vicepresidente del Gobierno respecto a la reciente subida, que
ha entrado en vigor el 1 de septiembre, porque fue aplazada desde marzo,
que es cuando correspondía en base a su Real Decreto del año 1990. Este
incremento ha supuesto una subida del 2,67 por ciento. El menor de los
últimos quince años en su etapa de gobierno, porque el precio de los
peajes de las autopistas creció un 124 por ciento, con una tasa
interanual del 5,54 por ciento. Dicho incremento, el menor de los últimos
quince años, insisto es del 2,67 por ciento y, por cierto, es el primer
incremento que se produce desde el Gobierno del Partido Popular.
Consiguientemente, no hay trampa ni cartón, si me permite la expresión
coloquial, en esta coincidencia de una subida sistemática programada,
acomodada a un real decreto que dictaron ustedes para la revisión de los
peajes.
Finalmente, y acabo señor Presidente, haré referencia a algo que también
ha mencionado el señor Martínez Noval: su fobia al aumento de los
períodos concesionales. Pues bien, ustedes modificaron los períodos
concesionales de acuerdo con una regla de oro en materia de concesiones
administrativas de autopistas, que es el mantenimiento del equilibrio
economico-financiero. Por real decreto de 30 de noviembre de 1990 se
modificó el período concesional del tramo Montgat-Mataró, de Acesa,
prolongando su vencimiento desde el año 2004 al 2016, esto es
aumentándolo en 12 años, y por real decreto del año 1994 se prorrogó 14
años el período concesional de Eurovias en el tramo Burgos-Bilbao; por
tanto, estamos ante un caso más en el que ustedes se oponen a ustedes
mismos. Ustedes se oponen ahora a lo que ustedes mismos hicieron. Con
razón alguien dijo en este mismo hemiciclo que su mayor enemigo son las
hemerotecas, en este caso el Boletín Oficial del Estado.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Ortiz, por favor.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Acabo.
El vicepresidente segundo del Gobierno ha anunciado nuestra posición
favorable a que se haga la tramitación de este decreto-ley como proyecto
de ley. Ese será el momento en que sus soluciones técnicas, si las
tienen, puedan plasmarse en enmiendas concretas.
En todo caso, yo ruego al señor Martínez Noval que sean coherentes entre
la posición que mantienen en este hemiciclo y la que después mantienen en
Comisión. En este hemiciclo, en presencia de los medios y de la opinión,
ustedes son proclives a una dosis razonable, y en ocasiones importante de
demagogia, no así en el recinto más cerrado, más pequeño de la Comisión.
Que no se repita el caso del debate del catastro, cuando aquí, en el
hemiciclo, nos obsequiaron con un debate de pobres y ricos y las
enmiendas que formularon después en Comisión nada tuvieron que ver con
esa actitud y con ese planteamiento. Por favor, no utilicen el doble o
triple lenguaje: uno, de cuando estaban en el Gobierno; otro, el que
utilizan en el hemiciclo, en los plenos; y otro distinto, aquel con que
se manejan o se producen en Comisión.
Por todas estas razones, señor presidente, por entender que el real
decreto-ley es beneficioso para los usuarios, para la economía nacional
y da una solución razonable a la denunciada colisión con la normativa
comunitaria, votaremos, como es lógico, a favor de la convalidación del
decreto-ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (El señor Martínez Noval pide la
palabra.)
Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, entiendo que el turno que ha
consumido el señor Ortiz no es a favor del decreto, sino en contra de la
posición
de mi grupo contraria a la convalidación y, por tanto, tengo que
matizarle necesariamente alguna cuestión al señor Ortiz.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para una breve réplica de tres
minutos, señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Muy brevemente, señor Presidente.
Señor Ortiz, tres cosas sólo, o dos, pero dichas con la máxima claridad
posible. Veremos si soy capaz. Nosotros apoyamos esa disposición
adicional vigésima porque en ella se contemplaban dos procedimientos para
reducir los peajes: uno, la reducción al 7 por ciento del IVA y, otro
--lo leo--, compensar a las sociedades concesionarias de autopistas el
desequilibrio financiero que les pudiera suponer la reducción del peaje,
mediante el otorgamiento de subvenciones a abonar por ejercicios
vencidos. De lo segundo nosotros sí éramos partidarios antes y ahora.
Acabo de decirle que las cosas se han conducido de modo que rebajar el
peaje no conduciría a ninguna compensación, absolutamente a ninguna,
porque la concesionaria más importante del país confiesa en sus
informaciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que el total
de ingresos netos por peaje en el primer semestre de este año, con los
peajes congelados, se ha incrementado el 8,3 por ciento respecto al mismo
período del año anterior. Luego, rebajando el peaje no haría falta
compensar muchos perjuicios en la cuenta de resultados, señor Ortiz,
porque es verdad lo que yo le digo. Entienda usted bien lo que los
economistas llamamos la elasticidad demanda-precio. Usted me habla del
pan, de la leche y del aceite. ¡Hombre! no todos los productos y los
servicios tienen la misma elasticidad demanda-precio. Eso, señor Ortiz,
está en los manuales del primer curso de esta disciplina. No es lo mismo
comprar pan que usar una autopista; no es lo mismo, señor Ortiz, por
mucho que usted diga. Y no hablemos para nada de armamento, cuando el
cliente en este caso es el Estado, el Ejército español. Créame, además
usted lo tiene que saber perfectamente, la demanda del uso de autopistas
es muy elástica al precio, señor Ortiz, no así el pan, la leche ni el
aceite. Entiéndalo y no llame a eso demagogia, que se está convirtiendo
ya en un término y en una acusación muy habitual, en su boca, en esta
legislatura. Si nosotros quisiéramos algún manual de demagogia, algún
manual que pudiéramos tomar como punto de referencia para hacer oposición
con ustedes, serían las hemerotecas, pero de toda la oposición que
ustedes han hecho desde el año 1983 hasta 1996.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Gracias,
señor Martínez Noval. (El señor Ortiz González pide la palabra.)
Señor Ortiz, también por no más de tres minutos.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré
con la máxima brevedad, en referencia a las dos cuestiones que ha
planteado últimamente el señor Martínez Noval.
Respecto a la primera de ellas, efectivamente el Gobierno, a la luz de la
disposición final vigésima, tenía una posibilidad de elegir; estaba en
términos de opción, podía elegir y el Gobierno libremente ha elegido la
rebaja del IVA, mejor que la vía de las subvenciones, que está llena de
inconvenientes y a ello se ha referido el señor vicepresidente en su
discurso: es conflictiva con las concesionarias, no es transparente y es
extraordinariamente difícil de aplicar. El Gobierno, consiguientemente,
ha elegido lo que le ha parecido mejor y le sigue pareciendo mejor: la
reducción del peaje, y no la vía se subvenciones. En todo caso, a lo que
usted se ha referido --si no he entendido mal su discurso-- no ha sido a
compensaciones o a subvenciones; ha sido a una renegociación, si usted
quiere llamarla así, pero a mí me parece una especie de confiscación o
incautación de la espléndida cuenta de resultados según usted, de
determinadas concesionarias. Una cosa es subvención y compensación y otra
cosa es confiscación o incautación.
En segundo lugar, le agradezco la lección de economía, pero le voy a dar
otra, y seguro que se la ratifica su compañero de escaño. No todos los
tramos de autopistas tienen el mismo grado de elasticidad. La demanda de
las autopistas del Mediterráneo es bastante más elástica que la demanda,
por ejemplo, del tramo de Iberpistas de Madrid a Adanero, que, por tener
una vía alternativa de carreteras y porque la región de Castilla y León
da muy poco más de sí, es absolutamente inelástica. Por mucho que usted
baje los peajes, en ese tramo de autopista difícilmente se van a
registrar crecimientos importantes en los tráficos. Consiguientemente, el
problema de la elasticidad de la demanda de su lección de economía es
harto discutible y, en todo caso, si ustedes tienen propuestas
constructivas que hacer, tiempo habrá de valorarlo en Comisión.
En cuanto a la referencia a la demagogia, sólo quiero recordarle, para
que se la aplique, la definición de demagogia que da el diccionario de la
Real Academia Española. Si no recuerdo mal, dice así: Halago a la plebe
para hacerla instrumento de sus ambiciones políticas. Este es su caso.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ortiz.
¿Otros grupos parlamentarios que deseen fijar su posición sobre el
Decreto-ley? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra su portavoz, el
señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo para manifestar el apoyo de nuestro grupo parlamentario a la
tramitación de este real decreto-ley y también al apoyo a su tramitación
como proyecto de ley, porque creemos que es el camino adecuado. Hay que
recordar que el artículo 86 de la Constitución exige que estas
disposiciones legislativas quedan limitadas a casos de extraordinaria y
urgente necesidad para tramitarlo como real decreto; por tanto,
apoyaremos su tramitación como proyecto de ley.
Entrando ya en lo que se refiere al contenido de este real decreto, la
primera modificación se refiere a la adaptación de la normativa española
de la decisión del Consejo, de 17 de marzo, por la que se autoriza al
Reino de España a aplicar una excepción en el artículo 9 de la Sexta
Directiva. Esta excepción se refiere a no aplicar a las prestaciones de
servicios el punto de conexión general del impuesto, esto es la sede del
prestador de los mismos. Realmente, no cabe hablar de excepciones en esta
materia porque esta regla general se ha convertido en algo residual; hay
que buscar mucho para encontrar servicios que siguen la regla general de
la sede del prestador de los mismos. Ahora les toca la excepción a los
servicios de telecomunicaciones, y aquí lo que importa, desde mi punto de
vista, es que todos los Estados miembros de la Unión Europea adopten el
criterio especificado en cada una de las quince decisiones iguales que el
Consejo ha adoptado para cada uno de los Estados miembros; en otro caso
se producirían supuestos de doble imposición o de no imposición. La
exposición de motivos del decreto-ley afirma que todos los Estados
miembros van a adoptar este criterio, por lo que haciendo un acto de fe
sobre esta voluntad no deberán existir problemas con la adopción de este
cambio.
Realmente, hay que decir que el paso dado en esta materia por el Consejo
de la Unión Europea, y ahora por el Gobierno del Estado, era necesario y
hay que felicitarse de que se adopte esta iniciativa antes de que el
mundo de las telecomunicaciones, que evoluciona con gran rapidez,
aprovechara los beneficios, los resquicios de una normativa --la
tributaria--, que había sido redactada sin posibilidad de prever los
enormes cambios producidos en los últimos tiempos en este sector. De
hecho, deberán darse nuevos pasos para impedir que por medio de
determinadas transacciones se vacíe la recaudación por estas operaciones
u otras derivadas del progreso en el campo de las telecomunicaciones.
La segunda gran cuestión que aborda el real decreto-ley es la
modificación de la tributación de los servicios de transporte, traducida
en dos medidas. La primera consiste en derogar, por fin, la disposición
adicional undécima, que desde que se aprobó la actual normativa del
impuesto --allá por diciembre de 1992-- manifestaba una clarísima
transitoriedad que ha durado, a la postre, nada menos que casi cinco
años. Con la derogación de esta disposición transitoria, todos los
servicios de transporte plenamente sujetos al impuesto tributarán al tipo
reducido, lo que da mayor coherencia y neutralidad al impuesto.
La segunda modificación que atañe al transporte se refiere al cambio de
tipo general reducido de los servicios de utilización de las autopistas.
Hay que recordar que el IVA es un impuesto armonizado y que en cuanto a
tipos se refiere, se aprobó una directiva en el año 1992 --la directiva
92/77 de la Comunidad Europea-- que, tras arduas discusiones y
concesiones, consiguió establecer un tipo general no inferior al 15 por
ciento, y permitió la existencia de un tipo reducido aplicable a una
serie de bienes y servicios contenidos en el conocido anexo H) de la
Sexta Directiva. Además, en el camino de aprobación de esta directiva, se
incorporaron algunas concesiones a los Estados miembros, de forma que no
se les obligara a modificar otros tipos reducidos vigentes en su
normativa en aquella fecha. Lo cierto es que los servicios de transporte
están incluidos en los susceptibles de ser gravados a tipo reducido, y
así lo contempla nuestra normativa. Ahora el Gobierno efectúa una
interpretación extensiva de lo que son los servicios de transporte, y
asimila a los mismos los servicios de utilización de las autopistas y
demás instalaciones varias, en régimen de concesión, por el
desplazamiento de personas y sus equipajes en motocicletas o vehículos de
turismo.
La cuestión obviamente puede despertar dudas y existen argumentos para
defender esta extensión y argumentos para criticarla. Sobre una cuestión
no cabe ninguna duda. En esta materia, la situación existente en la Unión
Europea es muy diversa pues, por ejemplo, sobre ella se cruza la
actuación de las administraciones públicas en materia siempre pendiente
de resolver en este impuesto. No parece muy lógico que conviva en un
mismo país un mismo servicio que por una lado sea gratuito y al que no es
aplicable la neutralidad que incorpora el IVA, la regulación de
autoconsumos en nuestro caso, donde no existe peaje ni por supuesto IVA
a tipo general ni a tipo reducido.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía Lezamiz, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino enseguida, señor Presidente.
Se presta el mismo servicio por el que el usuario soporta un coste, en
este caso, además, con IVA a tipo general, máxime cuando el usuario
carece de alternativa a la utilización de la autopista.
En nuestro caso, en el País Vasco para que se hagan una idea, les sugiero
que efectúen el trayecto de Bilbao a San Sebastián por la carretera
nacional y comprenderán a qué me estoy refiriendo.
Por tanto, más que discutir sobre si esta modificación de tipo aplicable
a las autopistas colisiona con la Directiva 92/77, que podría ser
discutible, hay que pensar en positivo, afirmando que se ha eliminado,
aunque
sólo en una parte, una distorsión general existente en nuestro país
respecto a los servicios de transporte.
Elévese a la Comisión Europea la preocupación por la situación de la
tributación en el IVA de las administraciones públicas y situaciones como
ésta que originan distorsiones dentro de los Estados miembros y
distorsiones entre ellos.
Quizá la crítica que desde el País Vasco debe formularse a esta
modificación se refiera a la Administración del Estado, que ha adoptado
una decisión sin contar con las haciendas forales que se van a ver
afectadas directamente en la recaudación sin que haya existido --como
digo-- una comunicación previa.
Por lo demás, el resto de modificaciones que introduce el real decreto
son de carácter eminentemente técnico, aunque no carente de importancia,
al que no me voy a referir para no extenderme. Simplemente decir, como he
manifestado al principio, que daremos el apoyo a la convalidación de este
decreto-ley y su tramitación como proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Con brevedad, voy a fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en
relación con la convalidación de este real decreto-ley.
Nuestro grupo, señorías, va a convalidar el real decreto-ley por el que
se modifican algunos artículos del Impuesto sobre el Valor Añadido, y el
que más importancia tiene a nivel político es el que hace referencia a la
reducción del IVA en los peajes de las autopistas.
Señorías, estamos a favor de una reducción de los costes que supone para
los ciudadanos la utilización de las redes rápidas en el territorio,
redes rápidas de transporte en España. Se ha dado un paso de reducción y
nuestro grupo quiere anunciar su compromiso de continuar en esta
dirección en el futuro.
Además de estar de acuerdo con el contenido y el propósito de esta
reducción, nuestro grupo quiere dejar constancia en este momento que con
este real decreto-ley el Gobierno está cumpliendo un mandato legal que se
aprobó por esta cámara en la Ley de acompañamiento de la Ley de
Presupuestos para este año 1997. Por tanto, señor ministro, el Gobierno
ha cumplido el mandato legal, pero no solamente el mandato legal
--queremos también dejar constancia de ello--, el Gobierno ha cumplido un
compromiso que tenía con nuestro grupo parlamentario, ha cumplido el
compromiso político que adquirió al comienzo de esta legislatura al
proponer nuestro grupo al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular la
conveniencia de que en España se iniciara la estrategia política de ir
hacia una reducción progresiva del IVA aplicable a las autopistas.
No nos parece bien que los ciudadanos en este país, además del pago por
utilización de las redes rápidas de transporte por carretera, tengan que
pagar impuestos. Ello, señorías, está de común acuerdo con lo que están
haciendo los demás países en Europa. En la Unión Europea existen cinco
Estados miembros que ya están aplicando IVA cero a las autopistas. En
estos momentos Francia, Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca y Bélgica, vienen
aplicando en su territorio estas medidas, un IVA superreducido o IVA cero
a las autopistas. Además, Alemania no tiene ningún pago de peaje a la
utilización de las vías rápidas de transporte por carretera. Señorías,
esta decisión de algunos países de Europa, que se va a extender a otros
países europeos, debería aplicarse también en España.
Me ha extrañado muchísimo ver que el Partido Socialista se opone hoy a
esta medida, cuando no hace mucho tiempo la estaba contemplando como una
posible decisión a tomar por el último Gobierno socialista. Además, les
invitaría a ponerse de acuerdo con sus homónimos de Europa, porque los
gobiernos socialistas y los grupos políticos socialistas europeos están
contemplando adoptar y generalizar esa decisión en toda la Unión Europea,
como ha dicho muy bien el portavoz vasco.
No vayan ustedes contra corriente por aquello de estar en contra porque
no lo han hecho ustedes. Esta es una buena medida, y no es una medida que
favorezca al sector, señorías, es una medida que favorece a los
ciudadanos que utilizan las autopistas, nada más.
En cualquier caso ¿por qué no han levantado ustedes sus recelos cuando
los gobiernos socialistas en otros países de Europa adoptan estas
decisiones? ¿es que no está de acuerdo el Gobierno laborista para que en
Gran Bretaña no se cobre por utilizar los peajes de las autopistas?
Señorías, les invito a que se sumen ustedes a lo que va a ser en los
próximos años en toda Europa --en Europa, no en España-- una corriente
necesaria de homogeneización del tratamiento fiscal del IVA por la
utilización de los peajes en el territorio europeo.
Además, señorías, en España existe un problema adicional, apuntado por el
portavoz vasco, y es que tenemos un modelo territorial absolutamente
desequilibrado. Esta es una segunda razón que justifica la conveniencia
política de tomar decisiones para reducir este profundo desequilibrio que
tenemos hoy en la red de vías rápidas en el territorio.
Puesto que no dispongo de mucho tiempo, en el espacio que tengo para
fijar la posición, quiero indicar a la Cámara que en España, en estos
momentos, tenemos un modelo casi único ejemplar en la Unión Europea, de
desequilibrio de tratamiento fiscal en aplicación a la utilización de los
peajes en las autopistas. La red española de autopistas está
profundamente
concentrada en el territorio, me atrevería a decir un poco más, casi
injustamente concentrada en el territorio. Tenemos en estos momentos en
España una extensión total de 2.082 kilómetros y el 75 por ciento de ese
volumen de kilometraje de vías rápidas con autopistas está concentrado en
el Valle del Ebro, en el corredor Mediterráneo y en Cataluña, mientras
que en el resto escasean prácticamente las vías de peaje en la
utilización de transporte por carretera. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) El señor El señor
VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, vaya
concluyendo, por favor.
El señor HOMS I FERRET: Voy a concluir, señorías.
No entendemos por qué este desequilibrio tan profundo. Tampoco entendemos
por qué además del pago que para casi 15 millones de españoles supone la
existencia en su territorio de vías rápidas con peaje, hay que pagar
impuestos al utilizar esos peajes. Pongo un ejemplo puesto que estamos
ahora hablando de esta cuestión en Madrid. Madrid sólo tiene 17
kilómetros de autopista de peaje, 17 solamente, y en mi comunidad hay más
de 700. ¿Por qué ese desequilibrio? ¿Por qué además hay que pagar
impuestos al utilizar esos peajes? Señor Borrell, muy mal. Podría usted
haber adoptado esa decisión cuando dependía de ustedes poderla tomar. En
aquel momento discrepamos de que no lo hicieran y hoy felicitamos al
Gobierno porque se ha tomado esta decisión. Es más, esperamos que en el
futuro vayamos en la dirección de Europa, de al menos ya cinco países de
Europa, y en la dirección de un país puntero en el ámbito europeo, como
es Alemania, de no cobrar a los ciudadanos por utilizar vías rápidas de
transporte.
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Simplemente para manifestar nuestra oposición a
la convalidación de este real decreto, y el apoyo a que se tramite como
proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Saura.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Martínez Noval, pide la
palabra.)
Sí, señoría.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor presidente, una vez más un portavoz que
utiliza turno estrictamente a favor del real decreto lo convierte en
turno en contra de nuestro turno contra el real decreto-ley. Por tanto,
quisiera matizar dos cuestiones al señor Homs.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. tres
minutos.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Homs, usted ha traído aquí un debate en el
que no vamos a entrar: quién tuvo primero en nuestro país autopistas,
aunque fuesen de peaje, y quiénes son, de acuerdo con el consenso
generalizado, aquellas partes del territorio nacional que en mayor medida
se han beneficiado del desarrollo económico en estos últimos años. Usted
ha citado el Valle del Ebro y el eje mediterráneo como territorios que
tienen mayor densidad de autopistas de peaje, y curiosamente coincide
también con aquellas zonas del territorio nacional que mayor tasa de
crecimiento, mayor tasa de prosperidad han tenido a lo largo de estos
años. Vaya una cosa por la otra, señor Homs, y téngala usted siempre en
cuenta en sus argumentos y razonamientos.
En segundo lugar, no vamos contra corriente, señor Homs, en modo alguno.
Usted se ha referido al señor Blair y ha dicho que ha reducido el IVA en
las autopistas en el Reino Unido. No señor, está usted equivocado, es que
el Reino Unido tenía un tipo del IVA vigente el 1º de enero de 1991 que
está contemplado en el párrafo B) del apartado 2 de la modificación de la
Sexta Directiva del año 1991. No leo el párrafo entero porque no hace
falta.
No vamos contra corriente, señor Homs, sencillamente respetamos la
legislación de la Unión Europea. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.-- El señor Borrell Fontelles pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Por alusiones, señor presidente. He sido
citado personalmente.
El señor PRESIDENTE: Queda en el «Diario de Sesiones». Las alusiones han
sido a quien ha hecho de portavoz de su grupo. El turno de rectificación
o réplica es excepcional en este trámite y no hay más turnos.
El señor BORRELL FONTELLES: Señor presidente, he sido citado
personalmente por el señor Homs.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Borrell.
Señor Homs, ¿desea contestar? (Pausa.)
Vamos a proceder a las votaciones correspondientes a los tres reales
decretos-leyes que han sido presentados y debatidos.
Ruego a SS.SS. ocupen sus escaños para comenzar la votación de la primera
de tales disposiciones, Real Decreto-ley número 12, de 1 de agosto de
1997, por el
que se añade un párrafo tercero al artículo 67.1 del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial,
aprobado, a su vez, por el Real Decreto legislativo número 339/1990, de
2 de marzo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321;
318, a favor; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del referido real
decreto-ley.
Real Decreto-ley número 13, de 1 de agosto de 1997, por el que se
autoriza la celebración de un sorteo de la lotería nacional a favor de
las víctimas del terrorismo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320;
a favor, 320.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado por unanimidad del Pleno el real
decreto-ley citado.
Real decreto-ley número 14, de 29 de agosto de 1997, por el que se
modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321;
a favor, 184; en contra, 73; abstenciones, 64.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la convalidación
referida. (Risas.)
¿El Grupo Catalán había solicitado la tramitación como ley del primer
real decreto-ley? (Pausa.)
Se somete a votación la tramitación como ley del real decreto-ley que
modifica el texto articulado de la ley de tráfico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318;
a favor, 317; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la tramitación como proyecto de ley.
(El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
Tiene la palabra, señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Gracias, señor presidente.
En ocasiones usted mismo ha recordado a la Cámara que el ruido que se
produce en el momento de la votación... (Varios señores diputados:
!Ah!.-- El señor Núñez Pérez pronuncia palabras que no se perciben.)
Decía que en el momento de las votaciones el ruido impide a los
portavoces escuchar con claridad cuál es la iniciativa sometida a
votación.
La formación de la voluntad de la Cámara es lo más importante en un
sistema parlamentario como el nuestro y debe venir dada por la claridad
y la seguridad. En consecuencia, manifiesto que mi grupo parlamentario ha
cometido un error en base a esa circunstancia puramente material. Espero
de su consideración y de la del resto de los parlamentarios que este
error sea corregido en el futuro. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Caldera.
Señorías, la petición del portavoz del Grupo Socialista viene a sumarse
a las que reiteradamente se hacen desde la Presidencia. Ruego a los
portavoces que contribuyan y colaboren con la Presidencia a mantener el
debido silencio en el hemiciclo, no sólo en el momento de la votación,
sino en todo momento en que esté desarrollándose la sesión por el
elemental respeto a quién está en uso de la palabra, que es la base de
nuestra función.
¿Algún grupo parlamentario ha solicitado la tramitación como proyecto de
ley del Real Decreto-ley por el que se modifica la Ley del IVA? (Pausa.)
Se votado la modificación de la Ley de tráfico porque lo ha solicitado el
señor Homs, en nombre del Grupo Catalán. (El señor Homs i Ferret:
¡No!--Rumores.) Señor Homs, sin ninguna duda, se ha votado la tramitación
como proyecto de ley del primer decreto-ley, relativo a la modificación
de la Ley de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Eso es
lo que se ha votado para su tramitación como proyecto de ley, porque
entendieron los servicios de la Cámara que así lo había solicitado el
Grupo Catalán, cosa que ratificó el señor Homs. Además, el Grupo Popular
solicita que se someta a votación la tramitación como proyecto de ley la
modificación de la Ley del IVA.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: ¡Si no se ha votado! Señor Presidente,
pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Señor Presidente, me temo que a estas
alturas no sabemos qué hemos votado. Había tres reales decretos-leyes.
Que yo sepa, por las cuentas que hemos echado, sólo hemos efectuado
cuatro votaciones. En consecuencia, me temo que la convalidación o
derogación del real decreto-ley que modifica el IVA ni siquiera se ha
sometido a votación. (Rumores.--Varios señores Diputados: ¡Sí, sí!)
El señor PRESIDENTE: Señorías, distingamos lo que es absolutamente claro
y meridiano --están a su
disposición las actas taquigráficas--, porque así lo ha percibido la
Presidencia con la colaboración de la Mesa. (Rogaría que subieran el
volumen porque sigue insistiendo algún miembros de la Mesa en que la
audición es deficiente.)
Los tres decretos-leyes se han sometido a votación y han sido
convalidados por la mayoría de la Cámara. Posteriormente, al haberse
apreciado por los servicios que en la intervención del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se había pedido el
sometimiento al procedimiento legislativo derivado del decreto-ley, es
decir, a su tramitación como proyecto de ley, se ha consultado sobre este
proyecto, como pueden comprobar en las actas taquigráficas de la sesión,
y el señor Homs, quizá por error, ha ratificado que, en efecto, deseaban
esa tramitación, cosa que ha sido aprobada por la mayoría de la Cámara.
Finalmente, el Grupo Popular solicita la tramitación como proyecto de ley
del decreto-ley que modifica la Ley del IVA, que se somete a votación.
(El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, quiero transmitirle que,
efectivamente, hemos efectuado tres votaciones de convalidación, y en la
cuarta S. S. ha empezado la denominación de la definición de la votación
haciendo referencia a la convalidación, pero se ha detenido un momento,
sin mencionar el contenido del real decreto-ley, y me ha mirado en el
sentido de decir si lo habíamos pedido...(Rumores.) El señor PRESIDENTE:
¡Silencio, señorías!
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, sólo quiero dejar constancia de
que mi grupo no ha solicitado la convalidación del primer real
decreto-ley, sino la del tercero, al cual he intuido que hacía referencia
la votación que usted estaba anunciando.
El señor PRESIDENTE: Vamos a concluir el incidente. Es algo que puede
cotejar S. S. en las actas que la Presidencia se ha referido a la
tramitación como proyecto de ley del primero de los decretos-leyes
convalidado, diciendo que era el que modificaba la Ley de tráfico y
circulación de vehículos. Si S. S. y su grupo han percibido otra cosa, o
si las voces que se estaban produciendo en el hemiciclo les han inducido
a error y quieren someter a tramitación como proyecto de ley el Real
Decreto-ley que modifica la Ley del IVA, se trata de un error en la
formación de la voluntad de su grupo como proponente al Pleno de la
tramitación como ley de ese decreto-ley. ¿Quiere S. S. someter a la
deliberación de los portavoces y de todas y cada una de SS.SS. que han
votado el que se pueda anular esa propuesta que viciadamente ha sometido
S. S. al Pleno?
El señor HOMS I FERRET: No tengo inconveniente en que se rectifique esa
decisión, pero simplemente quiero dejar constancia de que en el primer
real decreto-ley no hemos intervenido, no hemos expresado la voluntad de
someterlo a tramitación. Por tanto, no se nos puede imputar voluntad
política de haber solicitado la tramitación como ley del primer real
decreto-ley porque ni hemos intervenido, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, la Presidencia estima que el principio
de seguridad jurídica aconseja mantener el resultado de la votación de
tramitación como proyecto de ley, salvada la voluntad de su grupo
parlamentario y, por tanto, de la totalidad del Pleno, que ha sido
inducida a error. Los grupos tienen suficiente conocimiento de cuál ha
sido la decisión para en su caso, y dado que los proyectos de ley
derivados de decretos-leyes se tramitan, por imposición constitucional,
por el procedimiento de urgencia, acortar, en la medida que les parezca
conveniente, la tramitación como ley de ese real decreto-ley.
Ahora sí someto a votación la tramitación como ley del Real Decreto-ley
numero 14/1997, de 29 de agosto, por el que se modifica la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322;
a favor, 322.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad del Pleno.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DE ESPAÑA EN
LA OCTAVA AMPLIACION DE CAPITAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y
EN LA CORRESPONDIENTE REPOSICION DE SU FONDO DE OPERACIONES ESPECIALES.
(Número de expediente 121/000031)
-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE VARIOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR
IMPORTE DE 47.830.131.054 PESETAS, PARA CANCELAR LOS MAYORES GASTOS
OCASIONADOS POR CORRECCIONES FINANCIERAS IMPUESTAS POR LA UNION EUROPEA
POR SOBREPASAR LAS CUOTAS DE PRODUCCION LACTEA EN LOS AÑOS 1990, 1991 Y
1992, REALIZAR PAGOS FUERA DE PLAZO Y OTRAS DIVERSOS SECTORES. (Número de
expediente 121/000034)
-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO Y DE UN
SUPLEMENTO DE CREDITO, POR IMPORTE DE 536.679.448 Y 63.339.367 PESETAS,
RESPECTIVAMENTE, PARA SATISFACER RETRIBUCIONES DE JUECES EN PRACTICAS Y
DE PROFESORES ORDINARIOS DE LA ESCUELA JUDICIAL DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000036)
-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 1.386 MILLONES DE PESETAS PARA AJUSTAR LA SUBVENCION DE
EXPLOTACION DEL ESTADO A MINA LA CAMOCHA, S.A., AL IMPORTE FIJADO EN EL
CONTRATO-PROGRAMA, CORRESPONDIENTE A 1996. (Número de expediente
121/000054)
-- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 4.989.841.962 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DEFICIT DE LA
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S. A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1995,
POR LA EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARITIMAS DE
INTERES NACIONAL. (Número de expediente 121/000055)
-- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE AUTORIZA LA PARTICIPACION DEL REINO DE
ESPAÑA EN LA SEPTIMA REPOSICION DE RECURSOS DEL FONDO AFRICANO DE
DESARROLLO. (Número de expediente 121/000059)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Dictámenes de
comisiones sobre iniciativas legislativas.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir en algunos de los dictámenes
de Comisión que están incluidos en el punto VII del orden del día? Al no
haberse mantenido enmiendas, se pueden someter todos ellos a votación
sucesiva. (Pausa.) Si ningún grupo parlamentario desea intervenir sobre
los proyectos dictaminados por las respectivas comisiones, vamos a
proceder al llamamiento para sus votaciones. (Pausa.--El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Votación sobre el
dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley por la que se autoriza
la participación de España en la octava ampliación de capital del Banco
Interamericano de Desarrollo y en la correspondiente reposición de su
fondo de operaciones especiales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320;
a favor, 320.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el
dictamen.
Votamos el dictamen del proyecto de ley sobre concesión de varios
créditos extraordinarios por importe de 47.830 millones de pesetas, para
cancelar los mayores gastos ocasionados por correcciones financieras
impuestas por la Unión Europea por sobrepasar las cuotas de producción
láctea en los años 1990, 1991 y 1992, realizar pagos fuera de plazo y
otras de diversos sectores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323;
a favor, 322; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el
dictamen.
Dictamen del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario
y de un suplemento de crédito por importe de 536.679.448 y 63.339.367
pesetas, respectivamente, para satisfacer retribuciones de jueces en
prácticas y de profesores ordinarios de la Escuela Judicial del Consejo
General del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321;
a favor, 320; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Miranda y Lozana): Queda aprobado el
dictamen.
Dictamen de la Comisión del proyecto de ley sobre concesión de un crédito
extraordinario por importe de 1.386 millones de pesetas para ajustar la
subvención de explotación del Estado a la Mina La Camocha, S.A., al
importe fijado en el contrato programa, correspondiente a 1996.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323;
votos a favor, 323.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el
dictamen.
Dictamen del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario
por un importe de 4.989 millones de pesetas, para compensar el déficit de
la Compañía Transmediterránea, S.A., correspondiente al ejercicio de
1995, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de
interés nacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323;
a favor, 322; en contra, uno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el
dictamen.
Dictamen del proyecto de ley por la que se autoriza la participación del
Reino de España en la séptima reposición de recursos del Fondo africano
de desarrollo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323;
a favor, 323.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobado el
dictamen.
Al punto octavo del orden del día no se ha presentado ninguna enmienda
de totalidad, por lo cual pasamos al punto noveno.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO. (Número de expediente
121/000062)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a punto
noveno del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas
legislativas. (Rumores.)
Señorías, les ruego que si han de abandonar el hemiciclo, lo hagan con la
mayor celeridad. (Pausa.)
En primer lugar, vamos a debatir las enmiendas de totalidad presentadas
al proyecto de ley del sector eléctrico, para cuya presentación tiene la
palabra el señor Ministro de Industria.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Señor
presidente, señorías, tengo hoy el honor de presentar en esta Cámara, en
nombre del Gobierno, el proyecto de ley del sector eléctrico.
Como tuve ocasión de anunciar en mi primera comparecencia ante la
Comisión de Industria ante esta Cámara apenas constituido el nuevo
Gobierno, el objetivo básico de la política del Ministerio de Industria
y Energía en el ámbito energético es mejorar la competitividad de la
industria española a través de una reducción de los costes energéticos.
Este es el frontispicio de nuestra política energética. El objetivo final
es reducir los costes energéticos para el conjunto de nuestro tejido
industrial, porque entendemos que es un elemento fundamental para la
capacidad de competir de nuestras empresas.
Todo ello resulta todavía más relevante si tenemos en cuenta que en el
próximo contexto de la Unión Económica y Monetaria ya no dispondremos del
tipo de cambio como instrumento de competitividad y, por tanto, la
reducción efectiva de costes será cada vez más un instrumento
imprescindible para asegurar la consolidación y el fortalecimiento de
nuestro tejido empresarial.
También anunciaba en esa primera comparecencia que ese objetivo de
reducción de costes debía producirse en el marco de una política de
liberalización, o sea, de eliminación de algunos corsés que restringen
innecesariamente el adecuado funcionamiento de algunos sectores
energéticos, para dar paso, en cambio, en la medida de lo posible, a un
mayor protagonismo de las fuerzas del mercado. Todo ello, lógicamente,
sin perjuicio de que se respeten ciertos principios básicos como la
seguridad y la calidad en el suministro energético, la buena salud de los
estados financieros de las empresas que operan en esos mercados,
etcétera.
Hay que reconocer que, en el caso del sector eléctrico, ese camino hacia
la liberalización ya estaba de alguna manera iniciado aunque de forma,
tengo que decir, tímida y escasa. Desde el modelo de intervención
administrativa que configuraba el sector eléctrico español, en el que las
principales decisiones eran asumidas por la Administración pública a
través de rígidos mecanismos de planificación, hasta el modelo que
configuró la Ley 40/1994, de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional hoy
vigente, se avanzó en la tendencia a la apertura de los mercados
eléctricos que internacionalmente ya se venía poniendo de manifiesto. La
citada ley propone medidas tales como la separación de actividades en las
empresas eléctricas, la creación de un sistema independiente, embrión de
un modelo de mercado, o el reconocimiento del derecho de acceso a las
redes de transporte y distribución, medidas todas ellas que perseguían
fomentar la mejora de la eficiencia económica del sector, aunque hay que
decir que en ningún caso se han prácticamente aplicado. Por tanto, los
planteamientos de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico Nacional
impiden generalizar un sistema de mercado para todos los consumidores,
con el desequilibrio que ello trae consigo y, además, entran en
manifiesta colisión con muchas de las exigencias planteadas por la
Directiva 96/92 de las Comunidades Europeas, sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad.
La comúnmente llamada Losen concede derechos exclusivos a la importación
o exportación de energía a la sociedad encargada de la explotación
unificada del sistema, Red Eléctrica; impide a los distribuidores ser
clientes cualificados; somete la autorización de la generación a las
previsiones de la planificación, etcétera. Criterios todos ellos, como
digo, incompatibles con la citada directiva.
Toda esta reflexión ha llevado al Gobierno a presentar un proyecto de ley
que encuentra dos antecedentes claros sobre los que sustentarse: la
directiva mencionada, que traspone a nuestro ordenamiento interno la
norma presentada y que sienta las bases para la creación
de un mercado de electricidad competitivo, y también la actitud
manifestada por los sujetos que actúan en el sector eléctrico, que
encontró su plasmación en el llamado protocolo para el establecimiento de
una nueva regulación del sistema eléctrico nacional, permitiendo la
constitución de grupos de trabajo en los que se ha dado entrada a
consumidores, autoproductores, organizaciones ecologistas, etcétera.
En definitiva, estamos seguros de que el proyecto de ley ha de permitir
el consenso de muchas de las fuerzas políticas representadas en esta
Cámara, al igual que ha permitido el acuerdo prácticamente de todos los
sectores, directa o indirectamente afectados.
En cualquier caso, quiero insistir en que el principio sobre el que se
fundamenta el proyecto de ley es, ante todo, el de garantizar el
suministro de energía eléctrica a todos aquellos demandantes del servicio
dentro del territorio nacional. Este principio se superpone a cualquier
ánimo liberalizador y justifica la calificación de las actividades
dirigidas al suministro de energía eléctrica como servicio esencial,
concepto que sustituye al actualmente vigente de servicio público y que
va dirigido a justificar las potestades de intervención y regulación que
el texto atribuye a las administraciones públicas.
No obstante, y en concordancia con este concepto de servicio esencial, no
todas las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica
reciben el mismo tratamiento, pudiendo diferenciar claramente tres
categorías. Por un lado, las que tienen la consideración de actividades
reguladas, como son la distribución y el transporte que, por sus
características intrínsecas, son monopolios naturales que implican la
existencia de infraestructuras básicas para garantizar el suministro. Una
segunda categoría integrada por la producción y la comercialización, en
tanto que son ámbitos de actividad donde, sin menoscabo del suministro,
cabe introducir medidas dirigidas a hacer efectiva la competencia
empresarial, con la consecuente incidencia que tales medidas han de tener
en los mecanismos de fijación de los precios.
Por último, en tercer lugar, lo que el proyecto denomina gestión
económica y técnica del sistema que, teniendo el carácter de actividad
regulada, son básicamente actuaciones de carácter instrumental que
permiten el desarrollo del mercado de electricidad y la coordinación de
las actividades de producción y transporte.
Sin embargo, hacer efectiva la libre competencia en ciertos ámbitos de
actividad exige la adopción de una serie de medidas que tienen una
profunda incidencia en el conjunto del sistema. Estas medidas se pueden
concretar en los siguientes aspectos básicos para cada una de las
actividades. En el ámbito de la producción se consagra la libertad de
establecimiento de nuevas instalaciones de generación al declararse
reglado el procedimiento de autorización administrativa, que en ningún
caso prejuzga la fuente de energía primaria a utilizar, siempre que se
respeten una serie de normas medioambientales.
Una medida de estas características tiende a garantizar tanto la
diversificación de la tecnología utilizada en la producción de energía
eléctrica, como la instalación de la suficiente potencia para atender a
la demanda, favoreciendo, además, la seguridad jurídica del solicitante
de la autorización.
También vinculado a la producción, pero con un efecto inmediato sobre
todo el sistema, el proyecto establece las líneas generales para el
funcionamiento de un mercado mayorista de electricidad basado en la
presentación de ofertas de venta de energía por parte de cada instalación
de generación, determinándose el precio final al coste de la última
oferta aceptada para cubrir la demanda en cada período de programación;
es el llamado criterio del coste marginal.
Para la recepción de ofertas, su casación y posterior liquidación, se
constituye una sociedad mercantil regulada en la ley como operador del
mercado, que desarrolla junto con el operador del sistema las funciones
necesarias de gestión económica y técnica.
El mercado de ofertas de producción se complementa con el reconocimiento
a los productores, distribuidores, comercializadores y consumidores
cualificados de la posibilidad de formular demandas de energía o bien de
suscribir contratos de los productores. En este nuevo marco contractual
cabe destacar la posibilidad que se abre a la existencia de contratos con
carácter financiero, cuya implantación podrá dar lugar incluso a la
creación de nuevos mercados --mercados de futuro-- cuyo funcionamiento
permitirá dar mayor estabilidad al precio de la energía y fomentar la
competencia efectiva en el sistema.
No obstante lo anterior, y en consonancia con la política comunitaria en
la materia, la ley reconoce determinadas excepciones al libre mercado en
la actividad de producción de energía eléctrica. Entre estas excepciones
hay que destacar que se autoriza al Gobierno para que pueda dar
preferencia al funcionamiento de centrales abastecidas con fuentes de
combustión de energía primaria autóctonas, dentro de los límites
autorizados por la Unión Europea, un 15 por ciento, posibilidad esta,
como saben SS.SS., de especial trascendencia si consideramos la
producción de carbón nacional.
Por otra parte, se apuesta claramente por la potenciación de las energías
renovables como fuentes de producción de energía eléctrica, por lo que se
refuerza el régimen jurídico singular para este tipo de instalaciones;
singularidad que se refiere tanto a la venta de su energía (ya que para
instalaciones de una determinada potencia se reconoce la posibilidad de
verter toda la energía que produzcan a la red, al margen del sistema de
ofertas) como a su mecanismo de retribución, mediante el reconocimiento
del derecho a una prima
sobre el precio de la electricidad, que permita garantizar la viabilidad
económica de esas instalaciones.
Pasando al ámbito de la distribución, es importante destacar que se hace
una regulación abierta para el acceso a las redes de transporte y
distribución, asegurando su uso salvo falta de capacidad evidente de las
mismas. La implantación de una medida de estas características es la
mejor garantía para crear un mercado. No obstante, el transporte y la
distribución concretan su carácter de actividades reguladas en dos
aspectos: por un lado, su régimen retributivo, que viene determinado por
los peajes de uso que aprueba el Gobierno y, por otro, sus instalaciones
se someten a la planificación de necesidades que realice la
Administración que sea competente en cada caso.
Dentro del repaso de las distintas actividades dirigidas al suministro de
energía eléctrica hay que señalar, como novedad fundamental en la
regulación que del sector eléctrico hace el proyecto de ley, el
tratamiento de la figura de los comercializadores. Por primera vez se
reconoce la comercialización como actividad diferenciada de la
distribución de energía eléctrica, actividad que podrá ejercerse en
relación con el suministro a aquellos clientes que tengan la condición de
cualificados, de acuerdo con la legislación vigente. En consonancia con
esta regulación se configura el concepto de consumidor cualificado como
sujeto demandante de energía eléctrica, que puede adquirir energía,
directamente del productor o de un comercializador, al precio derivado
del sistema de ofertas o a través de los mecanismos contractuales
autorizados y, por tanto, fuera del régimen de tarifas medias.
El proyecto de ley remite a una norma reglamentaria la determinación de
quiénes habrán de tener la consideración de consumidor cualificado,
estableciendo como criterio el volumen de consumo anual por punto de
suministro o por instalación para consumo propio. No obstante, el
proyecto de ley ya determina un umbral mínimo considerando cualificados
a los consumidores de más de veinte gigavatios y concede al Gobierno un
plazo de diez años para que se reconozca la condición de cualificados a
todos los consumidores. En definitiva, es esta medida la que permitirá,
desde un esquema sencillo, la generalización de la capacidad de elección
de suministrador y, por tanto, la introducción de un sistema de
competencia efectiva en el mercado eléctrico.
Por último --y terminando el repaso de las tres categorías de actividad
mencionadas al principio--, es necesario delimitar el contenido de lo que
el proyecto de ley denomina la gestión técnica y económica del sistema.
Se trata de una actividad regulada que es asumida por dos sujetos
diferentes: el operador del mercado y el operador del sistema. Ambos
sujetos se configuran como sociedades mercantiles, en aras a garantizar
una adecuada flexibilidad en la gestión que tienen encomendada, si bien
se delimitan con nitidez sus obligaciones porque el cumplimiento depende
del adecuado ensamblaje entre el mercado abierto a la competencia en la
producción y la garantía del suministro que predica el proyecto de ley.
El accionariado de ambas sociedades lo podrá integrar cualquier sujeto
que desarrolle sus actividades en el sistema eléctrico así como los
consumidores, estableciéndose una limitación a la participación de un 10
por ciento, a fin de evitar posiciones dominantes que puedan alterar la
objetividad de las decisiones que haya que adoptar. Esta limitación se
complementa con el límite máximo del 40 por ciento del capital, que podrá
estar en manos de los agentes del sector eléctrico.
En este sentido, es importante destacar que el proyecto de ley configura
Red Eléctrica de España, con las limitaciones accionariales señaladas
como operador del sistema pero también como gestor de la red de
transporte, funciones ambas que ejercidas conjuntamente refuerzan la
garantía de funcionamiento objetivo del sistema, aprovechando los activos
que hoy son propios de la citada sociedad.
Se han expuesto hasta aquí las principales cuestiones que afectan a cada
una de las actividades que, de forma integrada, garantizan el suministro
de energía eléctrica. Pero, como se ha señalado, el proyecto de ley
realiza una diferenciación entre actividades reguladas y actividades en
libre competencia, diferenciación que debe encontrar traducción en la
estructura empresarial sobre la que se sustenta el sector eléctrico. En
consecuencia, en la línea que ya establecía la actual ley de ordenación
del sector eléctrico, se establece como obligación la separación jurídica
de unas y otras actividades, de manera tal que existan entidades cuyo
negocio esencial sea la explotación de las redes de tránsito de la
energía --transporte y distribución-- y otras que puedan actuar
libremente en el mercado --producción y comercialización--. La
justificación de esta exigencia se encuentra sobre todo en el diferente
régimen retributivo que corresponde a unas y otras y en la necesidad de
garantizar la mayor nitidez posible en sus contabilidades, condición
fundamental para que la formación de precios responda adecuadamente al
desarrollo del mercado. Sin embargo, hay que decir que el mercado
eléctrico español no está ni mucho menos aislado y cada día lo va a estar
menos. Los sujetos del sector eléctrico español han de actuar también en
otros mercados y España puede recibir energía eléctrica de agentes ajenos
a nuestro sistema, lo que ha determinado un tratamiento específico de los
intercambios internacionales de electricidad y en particular de los
intracomunitarios, tomando como referencia las exigencias que a este
respecto plantea la directiva varias veces repetida.
De todo ello se deriva no sólo una apertura del mercado de la
electricidad a nivel nacional, sino también el reconocimiento a
operadores, tanto nacionales como comunitarios, de la posibilidad de
comprar y vender
energía en nuestro sistema, salvaguardando una vez más la garantía del
suministro, y con la exigencia, en el caso de las importaciones, de que
el país de origen de la energía tenga reconocida una capacidad
equivalente a los sujetos que operan en su mercado.
Por supuesto, el nuevo marco de funcionamiento de los agentes que actúan
en el sector eléctrico no parte de la nada, sino que pretende implantarse
en un mercado en el que el peso de los costes de capital es un elemento
que no se puede desconocer, lo que exige la adopción de una batería de
medidas que, afectando directamente a los procedimientos retributivos,
han de permitir un proceso no traumático a la implantación del nuevo
modelo en un período transitorio que sea razonable.
El sistema de retribución de la generación del denominado marco legal y
estable venía determinado por un reconocimiento de costes de inversión,
de operación, mantenimiento y de estructura, a los que se añadían los
costes de combustible en los que se incurría afectados por parámetros
técnicos de funcionamiento. El paso de este sistema regulatorio a un
sistema en el que los ingresos de los operadores procederán de las ventas
de energía a precio de mercado daría lugar a graves problemas de
recuperación de inversiones que podrían alterar su viabilidad económica
y financiera. En este sentido, el proyecto de ley regula el mecanismo
para determinar el cobro de los denominados costes de transición a la
competencia, fijados en un importe aproximado cercano a los 2 billones de
pesetas, que se abonarán a lo largo de 10 años. En esta cifra están
incluidos 300.000 millones de pesetas dirigidos a apoyar la energía
eléctrica producida mediante combustión de carbón nacional. Estos costes
equivalen a garantizar la recuperación aproximadamente del 50 por ciento
del inmovilizado de las empresas beneficiarias, lo que parece un
planteamiento suficientemente equilibrado.
Un aspecto a destacar es el de que el compromiso de pago de los costes de
transición a la competencia supone un ahorro para los consumidores entre
800.000 millones y 1 billón de pesetas --dependiendo de la evolución de
los tipos de interés--, respecto de lo que se hubiera pagado con cargo a
la tarifa eléctrica en el caso de continuar aplicándose un modelo de
marco legal y estable hasta el año 2007. Este nuevo esquema de
retribución tiene además consecuencias económicas inmediatas, pues será
el que sirva de marco para que el Gobierno pueda avanzar en la política
de reducción de tarifas eléctricas ya iniciada, garantizando a su vez una
recuperación a las empresas eléctricas de un total aproximado de 200.000
millones de pesetas anuales, que es, más o menos, un 15 por ciento de sus
ingresos teóricos, y dejando que el resto se haya de conseguir a través
del mercado.
En cualquier caso, la liberalización del sector eléctrico no supone en
absoluto una inhibición de los poderes públicos en su funcionamiento. El
modelo, globalmente considerado, se sustenta sobre un complejo entramado
de autorizaciones, con las consiguientes actuaciones de inspección y
sanción y, por supuesto, las dirigidas a garantizar la calidad del
servicio, que quedan en manos públicas, complementadas por la actividad
de la denominada Comisión Nacional del Sistema Eléctrico, heredera
directa de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, que ve reforzada
su posición en este nuevo esquema en tanto que órgano de resolución de
conflictos y por su posibilidad de recabar información de los sujetos del
sistema, a través de circulares, aparte de funciones concretas que se le
otorgan en materia de competencia, lo que le permitirá colaborar muy
estrechamente en un funcionamiento transparente del mercado, sobre todo
dado los principios de autonomía e independencia en su actuación que
desde luego la norma garantiza.
La ley se dicta con carácter básico, en atención a las competencias
estatales previstas en el artículo 149.1.13 y 25 de la Constitución, por
lo que delimita cuáles son las competencias que específicamente
corresponden a la Administración General del Estado, omitiendo la
referencia a las competencias autonómicas, cuyo contenido y alcance viene
determinado por el denominado bloque de constitucionalidad.
No procede describir minuciosamente cuál es el papel que corresponde
ejercer a las comunidades autónomas en el sector eléctrico, pero sí es
necesario destacar su responsabilidad directa en dos aspectos. Por un
lado, en dos cuestiones de las que más directamente afectan al
consumidor, como son la distribución de la energía eléctrica y el control
sobre la calidad del suministro, y, por otro, su competencia para
autorizar instalaciones en el denominado régimen especial, básicamente
productores mediante energías renovables, tecnologías cuya potenciación
creo que ha de ser una intención compartida por todos los poderes
públicos.
Para finalizar, quiero resaltar la voluntad de diálogo y de consenso que
ha presidido todo el proceso de elaboración de este proyecto de ley.
Tanto en el proceso que llevó a la firma del protocolo como con
posterioridad en los grupos de trabajo que se formaron para la redacción
del anteproyecto hubo siempre un espíritu de colaboración y una
conciencia plena de la conveniencia de conjugar de forma equilibrada los
intereses más particulares con las necesidades del país y la defensa del
interés general. Todas las partes han asumido renuncias de sus posiciones
iniciales en aras de ese consenso.
Sin caer en falsos triunfalismos, por lo tanto, creo con toda sinceridad
que estamos ante un ejemplo alentador de la capacidad de acuerdo que
existe en nuestra sociedad, lo que debe llenarnos de confianza respecto
a nuestras posibilidades de afrontar futuros retos de carácter colectivo.
Todo lo expuesto me parece que justifica suficientemente la presentación
a esta cámara del proyecto de ley del sector eléctrico y la necesidad de
que este nuevo texto aborde una regulación global del sector derogando la
vigente Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. Sólo
quiero insistir en que el modelo descrito no pretende sino conciliar, con
vocación de permanencia, la garantía del suministro de energía eléctrica
a nivel nacional, la libre iniciativa empresarial en el sector y el apoyo
a la expansión económica, que encuentra en el ámbito energético, sin
duda, uno de sus incuestionables motores.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Han sido presentadas a este proyecto de ley tres enmiendas de totalidad,
una de texto alternativo y dos de devolución.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para la presentación de la enmienda de
totalidad con texto alternativo, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, ya sabemos --usted y yo ya hemos debatido en
más de una ocasión el protocolo-- que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no es solamente que no esté de
acuerdo con el proyecto de ley que ustedes han traído a la cámara, sino
que no lo está con la filosofía que ha inspirado el protocolo, cuya
plasmación es este proyecto de ley. No estamos de acuerdo, entre otras
cosas, porque, aun entrando en sus propios criterios de libre
competencia, de mercado, de competitividad, de consenso, no es cierto,
señor ministro. El consenso al que usted hace referencia no se ha
alcanzado ni con las organizaciones sindicales ni con los grupos
ecologistas, ni tan siquiera con los consumidores. Es un consenso sólo y
exclusivamente con el sector interesado en este proyecto de ley, que es
el sector eléctrico, puro y duro, las compañías eléctricas.
Ustedes, con este proyecto de ley, señor ministro, sustentan que van a
tutelar, que van a garantizar a las compañías eléctricas que, hagan lo
que hagan, siempre estará papá Estado para poderles solucionar los
problemas y los errores cometidos ya hace años, que hoy todavía los
ciudadanos y ciudadanas del Estado español estamos pagando, en aras a la
libre competencia, que tampoco es cierto. Señoría, ustedes están
consagrando aquí un duopolio. No existe la libre competencia, porque no
hay empresas suficientemente grandes y con peso específico que puedan
competir con las dos grandes empresas del sector: Iberdrola y Endesa.
Iberdrola, empresa privada, y Endesa, hoy por hoy todavía empresa
pública, en fase de privatización y que ustedes van a vender, ya veremos
si dentro de un año, de medio año, a partir de este otoño. Por lo tanto,
señoría, no hay libre competencia, no hay competitividad entre las
empresas y lo único que va a haber es una reducción de costes que ya
estamos empezando a ver. Sevillana reduce mil puestos de trabajo porque
ustedes les van a obligar a abaratar esos costes por este proyecto de
ley, que a las compañías eléctricas desde luego les interesa. Y lo vamos
a pagar los ciudadanos en la tarifa dentro de unos años y ahora mismo los
ciudadanos y las ciudadanas a través de la pérdida de puestos de trabajo.
Es más, ustedes están rompiendo la planificación. Decía el señor ministro
en su intervención que la planificación es rígida, pero las compañías
eléctricas, las empresas, la banca, que están detrás de las compañías
eléctricas, sí que van a planificar, pero a base de sus intereses
económicos, qué es lo que van a construir en nuestro país, qué potencia
van a instalar para cambiar aquélla que les pueda resultar menos
beneficiosa para sus intereses económicos, no para los intereses
generales del país y no para los intereses de los usuarios, en
definitiva.
Hablan de planificación orientativa. Señoría, me parece muy bien que en
el texto aludan a que el Congreso de los Diputados va a tener que
estudiar esa planificación orientativa, pero realmente va a ser una
pérdida de tiempo porque es orientativa; no va a servir absolutamente
para nada que nosotros discutamos aquí una planificación eléctrica,
porque, si no se quiere, después no se va a tener en cuenta. Hay
suficientes datos en todo el proyecto de ley que van a decidir cuáles van
a ser las instalaciones que podrán interesar, no al Estado, sino a las
propias compañías. Y, desde luego, los resultados van a ser previsibles:
aquellas compañías que posean en estos momentos una mayor capacidad de
generación de energía hidráulica van a ser las más beneficiadas, en
detrimento de aquellas compañías en general, y en particular de Endesa,
que tienen una mayor generación por carbón. Pero también vamos a tener
causas en el carbón, señoría. Porque el hecho de que tengan que competir
a través de un menor coste en la generación de la electricidad les va a
suponer realizar los cambios necesarios para poder consumir más carbón de
importación, teniendo el carbón nacional, a medio o largo plazo, los
problemas que ya se suscitaron cuando se empezó a negociar el protocolo
del sector eléctrico.
Nosotros estamos convencidos de que esa competitividad, señor ministro,
puede generar un incremento en los riesgos en inversión en seguridad
nuclear. Si al costo real del kilovatio/hora de las centrales nucleares
se sumara las externalidades que producen y la fase de combustible a la
hora de tener un lugar para almacenar los residuos radiactivos, sería de
lo más caro, porque se tiene que invertir en mucha seguridad. Por lo
tanto, señoría, esto, a pesar de las garantías y salvaguardas
que ustedes quieren introducir en el proyecto de ley, puede incrementar
los riesgos en inversión en seguridad nuclear.
Su proyecto, señoría, además, no apuesta --nosotros estamos convencidos
de ello-- por las energías renovables, ni por la gestión de la demanda,
ni por los programas de ahorro y eficiencia energética. Ustedes hacen un
mero enunciado para cubrir el expediente, para que quede bonito y que,
por lo tanto, no se les pueda decir que no van por ahí. Están bastante
alejados. Quedan mejor tratadas las energías renovables, que son ya
competitivas, pero no se apuesta para que se pueda incentivar sobre todo
la solar fotovoltaica, que está todavía en una situación de investigación
y de poca aplicación. Y es hacia donde se tendría que tender.
Por lo tanto, señoría, nosotros no creemos que su proyecto de ley vaya a
generar mejores expectativas ni que vaya a producir ningún beneficio a
los usuarios en general. Y es más, ustedes hablan de consumidores
cualificados. Señorías, rompen ustedes la tarifa única, a pesar de las
diferencias que pueda haber. Los consumidores cualificados son los que
más consumo energético tienen y van a ser aquéllos que van a poder
negociar pagar más barata la tarifa; no así los usuarios de menor
consumo, que sí son los más conscientes a la hora de poder aplicar
programas de ahorro energético; no aquéllos a los que les da lo mismo
consumir más o menos, porque, como tienen un contrato negociado y más
barato, les va a resultar prácticamente mejor negociar o consumir mucho
pues así seguro que todavía reducirán mucho más la tarifa.
Todas estas cosas y muchas más --y desde luego no vamos a entrar a
pormenorizarlas en estos momentos porque después iremos desgranando punto
por punto el proyecto de ley en las enmiendas parciales-- han llevado a
nuestro grupo parlamentario a presentar la enmienda de totalidad con
texto alternativo.
Señorías, somos conscientes de la trascendencia social, económica y
ambiental de la electricidad. Nosotros sí que estamos convencidos de que
es necesario un servicio público para garantizar el suministro a los
usuarios. Por eso, siempre, precisamente por la trascendencia que tiene,
se ha justificado la intervención intensa de la Administración, cuya
finalidad última estaba constituida por la garantía de un suministro
correcto, fiable y elemento esencial tanto para la actividad económica
como para el logro de un mayor grado de bienestar social.
Desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, el objetivo
fundamental de nuestro texto alternativo es garantizar la satisfacción de
las necesidades de servicios eléctricos y la seguridad del suministro
eléctrico con el menor coste. Nosotros sí apostamos por el menor coste;
no vamos a apostar por un mayor coste, sino por uno menor y, desde luego,
por un impacto ambiental cada vez menor, mediante la gestión de la
demanda. Se trata de enseñar a los ciudadanos, de enseñar a las empresas,
a que hay que consumir electricidad de manera diferente y que no se puede
seguir consumiendo electricidad de un modo ilimitado. Estamos hablando de
la gestión de la demanda, de conseguir la utilización de técnicas de
ahorro eléctrico y la mejora de la eficiencia con una calidad adecuada.
Estamos seguros de que, precisamente por la importancia que tiene el
sector, es necesaria la planificación eléctrica. Estamos convencidos de
la necesidad de la planificación y de la regulación, porque debe reflejar
los criterios de política energética que ha de establecer el propio
Estado para saber qué es lo que tiene que hacer. En un marco ineludible
de un sistema en el que la optimización de la capacidad es necesaria para
garantizar el suministro eléctrico en las mejores condiciones de
seguridad, precio y calidad. Una planificación que abandona la idea de
las necesidades de servicio que sólo pueden atenderse con consumos
eléctricos cada vez mayores y que se incluye en la nueva filosofía de la
planificación integrada de los recursos, también llamada planificación a
menor coste.
Atendiendo a esta filosofía, señorías, nosotros pretendemos que nuestro
texto alternativo tenga un uso eficiente de la energía, tanto para
reducir el impacto producido sobre el medio como para minimizar el coste
total. Pensamos que es necesario que se cree la compañía de ahorro
eléctrico como empresa pública empresarial con personalidad jurídica
propia y como agente interesado en el ahorro y la mejora de la eficiencia
eléctrica, con el objeto de asegurar que los programas de gestión de la
demanda se conviertan en un recurso económicamente racional y en una
opción alternativa a la producción ilimitada de la electricidad. Nosotros
establecemos la competencia entre la oferta y la demanda. Queremos que
baje la demanda para que baje la oferta y que, por lo tanto, se puedan
reducir los costes eléctricos mediante un menor consumo de la
electricidad. En esta compañía de ahorro eléctrico, creamos una tasa de
aplicación ecológica cuya recaudación tendría que ir dirigida a sus
programas de ahorro, a los programas de ahorro de esta propia compañía y
al Ministerio de Industria, para que llevara a cabo programas de
corrección de impacto ambiental.
Toda esta filosofía, señorías, tiende a poner a disposición del
consumidor final los medios para satisfacer las necesidades de servicios
eléctricos con menor consumo de electricidad. Ya hemos dicho en muchas
ocasiones que nosotros somos partidarios de que se baje la tarifa
eléctrica, pero aún más lo somos de que se baje el consumo mediante las
modificaciones necesarias y de inducir a los consumidores a que se
compren equipos --maquinaria para la industria-- que tengan un menor
consumo energético, así como electrodomésticos.
Señorías, apostamos por que haya un apoyo decidido --nosotros estamos
seguros de que es así, aunque
no lo vemos claro en su texto-- a la generación de electricidad por
energías renovables. Y tanto es así, señorías, que creemos que hay que
plantear ya que es necesario el cierre definitivo de las centrales
nucleares en un plazo de tiempo relativamente breve. No podemos seguir
produciendo y generando esa cantidad de residuos radiactivos, que no
sabemos qué hacer con ellos y que, al final, señorías, aunque no ocurra
ningún accidente nuclear, causan una gran preocupación en toda la
población, porque siempre cabe el riesgo. Nuestro texto habla de la
planificación y de la regulación del sector, para garantizar el
suministro a los usuarios al menor coste posible y con el menor impacto
ambiental, abaratando la factura de la luz por menor consumo y eficiencia
energética. No apostamos por mayores consumos, sino todo lo contrario.
Los mayores consumos traen consigo mayores costes ambientales. Por eso,
creemos que es muy importante que podamos garantizar el consumo con el
menor impacto ambiental posible y que, además, abaratemos el coste de la
energía a través de los planes de gestión de la demanda, del ahorro
energético y de la eficiencia.
Nuestro texto alternativo entra también en la regulación de las
conexiones con operadores fuera de nuestro mercado, de los mercados
internacionales y están pormenorizadas las infracciones y las sanciones.
Se pretende ordenar y regular el sector eléctrico. Señorías, no estamos
de acuerdo con la filosofía que mantiene el Gobierno y por eso hemos
presentado este texto alternativo, que esperamos que merezca el apoyo de
la mayoría de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Urán.
Para la presentación de la enmienda de totalidad, de devolución,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, uso este turno del Grupo
Parlamentario Socialista para anunciar la lógica, prevista y, por otra
parte, esperada --supongo-- enmienda de devolución al Gobierno de este
proyecto de ley; un proyecto de ley que sinceramente es de los que habría
que calificar de proyecto manifiestamente mejorable. En ese sentido, el
Grupo Parlamentario Socialista se siente acompañado por las más de 180
enmiendas parciales que los grupos que apoyan al Gobierno han anunciado
que van a presentar. Ya comprenderán que este nivel de estabilidad y de
exhibición de ley no se compadece con las opiniones de las bancadas del
Grupo Parlamentario Popular, Convergència i Unió, PNV o Coalición
Canaria. Estos últimos días he escuchado también las opiniones de un
colectivo que se siente lógicamente agredido y maltratado por esta ley,
el colectivo de los consumidores, opiniones en las que, si se me permite
la expresión, ponen a caldo el proyecto de ley. Pero, no sé si como
operación de despiste para proteger la posición del Gobierno hoy en esta
Cámara o porque, sencillamente, se sienten también contrapuestos, desde
las propias empresas eléctricas, he leído palabras gruesas sobre el
proyecto de ley. Yo creo que es una operación de ayuda al ministro
--permítanme que lo diga--, más que otra cosa; desde el sector suelen
diseñar bien este tipo de cuestiones. En cualquier caso, lo que es
evidente es que es una ley que nace con los días contados y ésa es
nuestra mayor preocupación. Esta es una ley --tienen que saberlo SS.SS.
y tiene que saberlo la sociedad española-- que es muy importante y es una
ley de la que nos hemos hecho eco por los medios de comunicación y por el
registro de la Cámara.
Sinceramente, señores del Gobierno, señor ministro, hemos perdido una
buena oportunidad; la oportunidad del diálogo, la oportunidad del pacto;
posiblemente, la oportunidad del entendimiento; pero que en un año de
debate eléctrico no haya tenido algún responsable del Gobierno la
oportunidad de descolgar el teléfono una sola vez para hablar de algo tan
trascendental como el sector eléctrico con el primer partido de la
oposición, reconózcame que es una forma muy discutible de entender la
negociación y la gestión política y que nosotros no compartimos. Y ya
anunciamos, cuando se inició el debate del protocolo eléctrico, que no
era el camino, que no era el procedimiento, que, desde luego, esta
opacidad, este secretismo, este entreguismo del Gobierno con la potencia
de las empresas del sector, ese volver a que los hilos de decisión del
Gobierno se tejían y se dirigían desde las empresas eléctricas, ese
volver a ocupar cargos de altos responsables de las empresas eléctricas,
haga un repaso por el Ministerio de Economía, de Industria o de Medio
Ambiente y se encontrará que para que las empresas del sector eléctrico
tengan que defender sus intereses como antes no tienen que salir de casa.
Y aquello se produjo en el debate del protocolo. Señor ministro,
permítame una pequeña queja: ¿ni un minuto tiene usted para el primer
partido de la oposición, para ver si esta ley podía tener un nivel de
estabilidad? Porque, claro, su comportamiento --no responsable en esta
ocasión-- nos permite anunciar hoy, solemnemente, que esta es una ley que
introduce en crisis y en provisionalidad al sector. Tienen que saber los
usuarios que el intento de agresión que ustedes pretenden hacerle, no al
ahorrarle ocho millones de pesetas --le han hecho mal los cálculos o se
ha equivocado usted de línea--, sino al introducirle a cada familia
española 200.000 pesetas que van a tener que pagar frente a un ahorro
entre las 15.000 y las 20.000 pesetas; es decir, no el ahorro de ocho
millones, sino la carga de 200.000, responde al pago de sus facturas, de
sus compromisos políticos, que sin duda alguna ustedes tuvieron que hacer
con el
sector para devolvérselo ahora, no en dos, sino en forma de tres billones
de pesetas. Y debe ser usted la única persona que no discute esa
oportunidad, porque desde todos los foros independientes, desde los
órganos reguladores, desde la gente que de verdad conoce el sector y
desde la gente que no se siente obligada con las empresas del sector a
pagarles nada, no reconocen que esa deuda se tenga que producir.
Nosotros, señores del Grupo Popular, estamos dispuestos a hablar de esa
cuestión, pero también anunciamos que vamos a poner pie en pared y vamos
a evitar el atropello que supone esta ley. Esta es una ley compleja. Yo
lo digo muchas veces: hacer pedagogía política con los gigawatios, con
los órganos reguladores, con los operadores del mercado; pasar como sin
dejar huella --como usted ha pasado en la presentación--, bajito, para
que no se oiga mucho, eso no esconde lo que realmente está detrás de esta
ley. Y detrás de esta ley saben lo que hay, ¿verdad? Poder, mucho poder,
y dinero, mucho dinero. Ahí, evidentemente, es donde está la primera
diferencia. Esta ley, que usted anticipa que es tan estable, va a contar
con más de 400 enmiendas: 180 ya las tienen ustedes, pero superarán las
400. Por tanto, vamos a mejorarla en términos concretos: en los
operadores del mercado, en los operadores del sistema; en una serie de
cuestiones, no se preocupe, la vamos a mejorar; pero lo que vamos a
hacer, fundamentalmente, es impedir que esta ley y lo que está detrás de
ella continúe el proceso de agresión al sector público y a los intereses
generales de este país.
Yo creo que es una buena oportunidad hoy, en esta Cámara, para decir
basta ya; basta ya a este año de acoso, de derribo, de abuso de poder y
de abuso de autoridad; ¡ya está bien! Por tanto, conozcan las empresas,
conozcan los mercados financieros y conozcan los ciudadanos que si se
aprueba su ley tendrá el mismo tiempo de vigencia que una nueva mayoría
parlamentaria pueda sumarse en esta Cámara para cambiarla. Ustedes son
los responsables de introducir a uno de los sectores más sensibles de la
economía nacional en crisis.
Pero, repasando los argumentos de la ley, uno dice que por algo tendrá
que ser, por algo habrán asumido ustedes esta responsabilidad. En alguna
ocasión lo he dicho: deberán ser argumentos de carácter no necesariamente
confesable. Ustedes tienen que subir a esta Cámara a explicar por qué les
regalan dos billones de pesetas a las empresas eléctricas, y, de
tapadillo, le dan uno más adherido a la estructura de la tarifa, en lo
que ustedes llaman... --perdónenme la jerga eléctrica, pero no hay más
remedio, cuando se habla de electricidad, que tener alguna argumentación
por lo menos compleja--. Estúdienlo, porque seguro que coincidirán con
nosotros; hay otro billoncejo de pesetas que está detrás de un criterio
que el Gobierno pretende seguir manteniendo de garantía del suministro,
de garantía de la potencia del país, en un país con una sobreoferta, con
una sobreinstalación de potencia que hace absolutamente innecesario ese
estímulo. Por lo tanto, eso estará más dentro del obsequio, eso es el a
más, a más, que diría aquél. Señor ministro, tiene que explicar a los
usuarios por qué tienen que pagar sus compromisos, o sus futuros
políticos, o sus futuros personales. Sinceramente, cuando empezamos a
observar qué hay detrás de todo eso, nos intranquiliza una cuestión, y es
que desde la política económica del Gobierno, desde el equipo económico
del Gobierno y desde el PP, ustedes estén de paso hacia la fortuna.
Estos días intentaba repasar cuál era el destino de los que han sido los
responsables de la energía y de la industria de este país en los últimos
años. Es curioso, no está ahora presente, pero ustedes están hartos de
verlo, el ministro de Industria está aquí sentado en su escaño, el
anterior presidente de la Agencia Industrial del Estado, de la que ya
hablaremos, es asesor del Grupo Parlamentario Socialista, nómina
conocida; el anterior presidente de la SEPI está en su puesto de trabajo
en una empresa eléctrica, una empresa privada; el anterior subsecretario
dando clases en la universidad; el anterior secretario de la Energía
dando clases en la universidad; el anterior secretario de Industria en su
puesto de trabajo de la administración laboral. Todo esto me hace
observar que se han debido llevar bien las cosas; nadie ha cambiado de
status en el sector energético y eléctrico sin privatizaciones y sin
leyes nuevas eléctricas, o, mejor dicho, con leyes. Parece que nadie
tenía que agradecer ningún favor.
Yo les hago una invitación: tomar nota del día de hoy, y, dentro de dos
o tres años, aprobada esta ley, redactada esta ley, ver en qué status, en
qué situación y dónde está el actual ministro de Industria, el actual
presidente de la Agencia Industrial del Estado, el señor Martín Villa, el
señor Villalonga, doña Ana Botella... (Rumores.); es decir, qué consejos
de administración, qué status profesional, quién habrá reconocido o
pagado lo que hoy pretende el Gobierno que paguen los ciudadanos
españoles.
Es una duda que, quizá por el exceso de confianza que ya nos tenemos, yo
no me resigno a no plantearles en voz alta, porque, señoras y señores
diputados, yo entendería que estas ansias de retribuir a las empresas,
este proceso de incautación a los consumidores a los usuarios de este
país, estuviera bien si es que el sector eléctrico fuera un sector que
está en una situación crítica; pero --como ha dicho usted, y no ha tenido
más remedio, y, además, ha bajado la voz para que no se le oiga mucho--
en los últimos años el sector ha iniciado un camino de modernización, de
consolidación, de estabilización, de saneamiento.
Ustedes saben estadísticas de Unesa (para no ser tendencioso). Saben que
desde el año 1990 --no iré mucho más lejos-- la tarifa de los ciudadanos,
esa que usted pretende vender como panacea de esta ley ( y ya me contará
la necesidad, si es para esto, porque este
año ha hecho usted una bajada de 3 puntos con la legislación vigente; por
cierto, de 2.6; le faltan 0.4; se lo reclamaremos dentro de poco desde
esta Cámara). ¿Ustedes saben --seguro que sí-- que en los últimos 5 años
la tarifa eléctrica, con el actual marco legal, ha bajado el 18 por
ciento? Dice el señor Landeta que el 0, pero es que usted tiene que sumar
de verdad, económicamente, no políticamente. El IPC ha subido año tras
año dos puntos, dos puntos y medio, por encima de la subida de la tarifa.
Es decir, en términos adquisitivos --ya se lo explicaré después-- la
tarifa ha bajado el 18 por ciento.
Usted sabrá --aunque no sé si eso se lo cuentan exactamente-- que ha
aumentado el 60 por ciento del consumo eléctrico del país. Es decir, que
el país se encuentra suficientemente abastecido, que se ha saneado la
situación medioambiental, que hemos avanzado, hemos dado pasos de gigante
en relación a la introducción de medidas medioambientales, de
introducción de energías renovables. El sector, desde el punto de vista
del usuario, es un sector que, evidentemente, sin hacer trampa, esto es,
sin decir que el marco que en este momento existe es el del marco legal
y estable, que no es verdad, sino el de la Losen, que ustedes no han
querido desarrollar, y del que no han querido aprovechar sus mecanismos
para bajar... --es que ustedes disolvieron las Cortes con los catalanes
¡hombre!, reconozcan que las cosas tienen su responsabilidad también--.
La Losen fue un marco conveniente. Dirán: sólo para los usuarios. No, no,
sino para el sector en su conjunto. ¿O es que usted no sabe que el
beneficio de las empresas eléctricas, esas que están tan necesitadas de
ayuda que usted les quiere dar 3 billones de pesetas, ha subido, desde
1990, un 60 por ciento? Ha habido años de crisis por medio, ¿eh? Y me
parece bien, ¡ojo!, que esto no es un ataque contra las empresas
eléctricas, que están en su obligación de defender sus intereses y cuando
encuentran a un gobierno entregado como este ¡miel sobre hojuelas! Un 60
por ciento.
¿Quiere que le cuente el impacto que ha tenido la regularización de
balances que hemos aprobado aquí? Ha hecho que un billón 300.000 millones
de pesetas estén protegidos y con un tratamiento fiscal... es así, un
billón 300.000 millones de pesetas.
Pero le diré algo más. ¿Sabe usted que el valor de las acciones, el
índice general eléctrico de la Bolsa de este país ha subido un 400 por
cien en el sector eléctrico, sin ustedes? A partir de ahora, si yo
tuviera que comprar una acción eléctrica..., desde luego es una acción de
alta tensión, porque ustedes han introducido riesgo en ese sector. Ha
subido un 400 por cien. ¿Saben cuánto ha subido el índice general
bursátil de este país desde 1990? El 100 por cien; o sea, cuatro veces
más. Por tanto, no se habrá hecho mal ¡hombre! Sin agredir más.
Señor ministro, vamos a tener oportunidad de hablar de estas cosas. Es
una lástima que no la hayamos tenido antes. Ustedes son irresponsables al
no haber permitido que este debate se produjera. Un debate que --no nos
engañemos-- no se produce con el acuerdo del sector. Ustedes impusieron
los términos del protocolo a las empresas públicas que pagaron parte de
los compromisos que ustedes les pedían a otras privadas y a las pequeñas
empresas, con ese abuso de autoridad que también se produjo.
Por tanto, aquello empezó mal, empezó viciado y además se está
produciendo en un entorno en el que --aunque no esté en la ley no se nos
olvida-- se está iniciando el proceso definitivo de privatización de
Endesa. Ahí está la madre del cordero. Un proceso que digo aquí que es
ilegal, señor ministro, porque al no haber sabido tramitar a tiempo esta
ley, al no haber negociado esta ley, usted sabe que los contenidos que
tiene preservan que la red de alta tensión de este país tiene que tener
carácter público. Lo saben.
Ustedes, engañando al Consejo de Estado --ahora, cuando me haga la
pregunta, le responderé por qué-- encubren que en esta ley ustedes se
comprometen a privatizar la red eléctrica, por cierto, incumpliendo hasta
declaraciones suyas y del secretario de Estado de la Energía...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Moltó, le
ruego vaya concluyendo.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Voy concluyendo.
Hacía esta mención porque era uno de los temas que más nos preocupaba.
¿Qué intereses hay en este proceso en el que, haciendo esta ley
conjuntamente con la privatización de Endesa, ustedes pretenden ir
generando un grupo o un proceso muy teledirigido que a nosotros nos
produce dudas, intranquilidad y legítimas sospechas?
Por tanto, lanzamos ese debate públicamente, lanzamos esta advertencia
públicamente: no sean tan ansiosos en el proceso de privatización, no
quieran acabar cuanto antes este asunto para instalarse en esta nueva
situación; vigilen. Retire usted esta ley. Si no la retira, no podrá
iniciar el proceso de privatización de Endesa con normalidad, con
eficacia. Si no retira esta ley, usted estará en deuda con los ciudadanos
españolas. Si no retira esta ley, usted coloca en provisionalidad, crisis
e inestabilidad a este sector. Si no retira esta ley, se pone en
evidencia frente a lo que ha sido una de sus banderas, frente a una
competencia que no existe, frente a una situación de modificación de
distribución de energías que ustedes tienden a potenciar unas respecto a
otras, señalando claramente sus intenciones de ayuda empresarial...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Moltó, le
ruego concluya.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Concluyo, señor presidente, simplemente para
anunciar, de las múltiples
preocupaciones que iremos teniendo oportunidad de debatir en las
enmiendas parciales, estas tres que yo he señalado: la agresión que
supone el reconocimiento, que no es un derecho, de ayuda a las empresas
de estos costes de transición a la competencia no la consentiremos. Este
intento de neutralizar la objetividad del órgano regulador de la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional, que eufemísticamente, para ustedes
modificarlo, lo convierten en la Comisión Nacional de Sistema Eléctrico;
hombre, que un cambio de posición de una letra no cambie tanto una
significación de sus intereses de control; ustedes quieren tapar la voz
de los órganos independientes. Por último, ustedes quieren volver al
túnel del tiempo y quieren hacer que en este país su red de alta tensión,
su red de transporte, esté en manos, no de los intereses generales de
este país, sino de los que ustedes más conocen: de sus propios intereses.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, efectivamente vamos a plantear la política
de futuro de un sector que representa nada menos que un sector financiero
industrial, sin duda el más importante de los existentes en los países
desarrollados, y concretamente el más importante del Estado español. Una
combinación de banca, de empresas eléctricas, de empresas de
telecomunicación, de empresas que se están dedicando en los tiempos
modernos que corremos al tratamiento de residuos sólidos urbanos, a la
incineración, y así sucesivamente, a unos auténticos monopolios que en el
proyecto del Gobierno son catalogados de monopolios naturales y que
habría que añadir que explotan también riquezas naturales que a todos nos
pertenecen.
Es más, realmente se trata de un sector, concretamente el eléctrico, que
sirve de base al desarrollo económico y social del país, que es además
muy sensible en relación con el trato que tenemos que darle al
ecosistema, y además indicativo de la visión territorial del Estado
español, en concreto, en este caso.
Es curioso cómo el proyecto de ley del Gobierno se mueve en un cúmulo de
contradicciones indicativas. Por un lado, habla de suministro esencial;
por otro lado, habla de que es un sector que necesariamente debe estar
regulado, pero inmediatamente pasa a hacerle ascos a la intervención del
Estado, a la consideración de la energía eléctrica, de la producción y de
la comercialización como un servicio público, y solamente se habla de que
hay que garantizar el suministro. Esto, traducido en términos de las
empresas que pueden participar en el sector eléctrico, llevaría a la
conclusión en la propia ley de que solamente el transporte debe estar
reglado por el Estado y que los demás agentes económicos deben actuar por
libre en lo que es la generación tan importante, desde el punto de vista
de la explotación de los recursos naturales de las diversas zonas del
Estado, y la distribución y comercialización. A quien le pregunten hoy si
está contento con la comercialización de la energía eléctrica para los
pequeños usuarios, que somos la mayoría de la población, respondería que
aun con proyectos que intentan que el Estado participe, inspeccione y
controle de verdad, realmente los resultados son alarmantemente críticos
desde el punto de vista de los usuarios.
Por tanto, señor ministro, consideramos que efectivamente se está
siguiendo una tendencia hipócrita a la hora de presentar lo que es ni más
ni menos que una obsesión privatizadora del neoliberalismo como una
especie de enmascaramiento de lo que no deja de ser una concentración
monopolística cada vez más clara, irónicamente enunciada en nombre de la
libre competencia y del mercado.
Todos sabemos que este tipo de industrias no pueden ser sino grandes
industrias que necesitan estar planificadas y ya hoy, con la Losen,
nuestra situación era precaria desde el punto de vista de la cobertura de
las necesidades colectivas. A partir de ahora se va a agudizar esta
situación precaria al servicio de dos grandes empresas hidroeléctricas o
de producción de energía eléctrica en general, Hiberdrola y Endesa; mayor
indefensión de los ciudadanos, que ya era grande, y desequilibrio
territorial del Estado aún mayor.
En definitiva, es un ataque en regla a una concepción que desde el año
1924 el Estado español, los gobiernos sucesivos, intentaron mantener de
servicio público en relación con todo lo que tuviese que ver con el
sector eléctrico, con respeto por las fuentes de energía primarias y su
forma de utilización y también con capacidad de inversiones importantes
para que hubiera tecnologías cada vez más limpias y, en definitiva, por
lo menos de cara a la galería, que no apareciese el sector entregado a
decisiones privadas que ahora se admiten sin tapujos cuando se habla de
dos sociedades mercantiles como operador del sistema y operador del
mercado.
Por tanto, esta ley se va a adecuar a algo que hicimos, que hicieron
ustedes anteriormente, que fue un protocolo eléctrico y responde a este
criterio: duopolio con apariencia competitiva y trasnacionalización;
concepción de un gran mercado de compañías productoras y de un gran
mercado de empresas consumidoras. No nos hablen ustedes del 80 por ciento
de los consumidores, que nada tenemos que ver con esta ley. Y esto lleva
consigo algo que a nosotros nos preocupa. Ustedes hablan de la diversidad
de materias primas a utilizar, e incluso justifican la diversidad de
materias primas en la manera de entrar la energía producida a
partir de ellas en ese pool a la hora de la oferta al mercado. Ya se
habló aquí de que habría que contabilizar cuál es el coste real de esa
producción con todas las externalidades, incluidas las de la energía
barata que vienen del Tercer Mundo.
Ustedes hablan además de bajada de precios, y aquí ya quedó claro que con
el actual marco legal y estable fue posible bajar hasta el 3 por ciento
los precios de la electricidad en 1997, y ustedes hablan de sólo el 15
por ciento, conforme a la norma comunitaria, para el empleo, sin
necesidad de competitividad de ningún tipo de fuentes de energía
autóctonas. Por cierto, señor ministro, la ley comunitaria dice
autóctonas, no dice carbón CECA, y ustedes en el protocolo eléctrico --y
no lo remedian en esta ley-- dejan fuera de las ventajas de consumir
fuentes de energía autóctonas al lignito pardo, que curiosamente es el
lignito que se produce en Galicia. Igual que la ley comunitaria sólo
habla de separación contable y no obliga a la separación jurídica, que
sabe usted que es muy dañino, en el caso de las minas de lignitos,
separarlas de las centrales de generación de energía eléctrica.
En definitiva, de los modelos europeos existentes, ustedes optan por el
modelo aplicado en la Inglaterra de Margaret Thatcher, recordado
recientemente, por lo menos en cuanto a lo que es la explotación de las
minas de carbón, en una elocuente película, Tocando al viento, que
obviaba el problema del trasfondo de cómo se instalaron en Gran Bretaña
todas esas centrales de generación de energía eléctrica a partir del gas
y de otras fuentes de energía; gas sobre el que se está montando,
curiosamente también, el futuro del Estado español, y habría que hablar
mucho de lo que está pasando en el norte de Africa, desde el punto de
vista político y represivo en función del control de esa fuente de
energía. Como usted también habló de esos gigawatios rarísimos (que no sé
muy bien lo que significan, pero tendré que aprenderlo en el futuro) y
que ustedes rebajan para los consumidores cualificados, que, por cierto,
ya ví hoy que en el Estado español Alúmina Aluminio era un consumidor
cualificado y la central térmica de As Pontes estuvo en servicio desde
hace muchísimos años.
En tercer lugar, una preocupación que nos alarma es el vaciado de los
estatutos de autonomía que realiza esta ley y la violación del marco
competencial autonómico. En ese aspecto hay que reconocer que la Losen,
que si bien no fue desarrollada como debía ser --aún estábamos a tiempo,
ya que es una ley de 1994-- dejaba muy claro, en el artículo 3.4, que
correspondía a las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivos
estatutos nada menos que lo siguiente: el desarrollo legislativo y
reglamentario y la ejecución de la normativa básica del Estado en materia
eléctrica; autorizar las instalaciones eléctricas cuando su
aprovechamiento no afecte a otras comunidades o el transporte no salga de
su ámbito territorial, así como ejercer las competencias de inspección y
sanción que afecten a dichas instalaciones; impartir instrucciones
relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las redes e
instalaciones eléctricas de su competencia; inspeccionar, en el ámbito de
las instalaciones de su competencia, las condiciones técnicas y
económicas de las empresas titulares de las instalaciones y el
cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones
otorgadas; sancionar, de acuerdo con la ley, las infracciones cometidas
en el ámbito de su competencia, y otros muchos artículos que harían
prolija la enumeración.
Pero sí quiero preguntarle, en el caso de mi país, Galicia, en qué queda
este artículo del estatuto de autonomía. Tenemos competencias nada menos
que en instalación de producción, distribución y transporte de energía
eléctrica, cuando este transporte no salga de su territorio y su
aprovechamiento no afecte a otra provincia o comunidad autónoma, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución. Más
adelante el artículo 28.3 y 4 decía: Régimen minero y energético, reserva
al sector público de recursos y servicios esenciales, especialmente en el
caso del monopolio e intervención de empresas cuando venga exigido por el
interés general. Y así sucesivamente. Con esta ley quedamos mucho más
desprotegidos de competencias, que ya no se utilizaban adecuadamente y en
toda su capacidad decisiva.
Acabo con esta reflexión. Galicia, valor añadido del sector eléctrico,
representa el 24,6 por ciento del total de la industria gallega, por
delante de la alimentación y de la industria del automóvil. Además de
esto, la producción energética bruta gallega (no vamos a hablar de Repsol
en A Coruña) es la siguiente: energía hidráulica, producción bruta:
360.000 TEC al año, 11,1 por ciento de la producción, prácticamente el 90
por ciento de ella; 37 grandes centrales hidroeléctricas y, el resto, 63
pequeñas. Carbón, excluido de todas las ventajas del 15 por ciento,
2.451.000 TEC al año, el 74,6 por ciento (una central térmica de 1.400
megawatios en As Pontes y una de 550 megawatios, en Meirama.) El resto de
producción energética, 470.000 TEC al año, el 14,3 por ciento de térmicas
pequeñas de estas eólicas o de autogeneración a partir de productos
madereros o alimenticios.
Con todo esto, hay un consumo interno y una exportación que son los
siguientes: exportación, el 33 por ciento, el 25 por ciento para consumo
de Alúmina Aluminio (fue un comprador cualificado), y el 42 por ciento
para el consumo interno.
El señor Martín Villa, en una comparecencia parlamentaria en Comisión,
reconoció que Endesa se había creado en todo su emporio a partir de los
beneficios sacados de la central térmica de As Pontes. Se cuantifica que
el 20 por ciento del beneficio de la empresa y del valor patrimonial que
hoy tiene es debido a todo lo que se sacó de la central térmica de As
Pontes. El señor
Martín Villa se encargó de recordarme que no había riqueza gallega, sólo
española. Ahora, con esta ley está claro que solamente va a haber riqueza
en razón de intereses oligopólicos privados, y esas instituciones, ésta,
por supuesto el Parlamento gallego, por supuesto cualquier Gobierno
gallego con un mínimo de voluntad de sacar algún partido a estos datos
elocuentes que di, en un momento peligroso porque ya sabemos lo que puede
pasar con el gas y con el carbón, máxime en el caso gallego, tan
desprotegido al no ser considerado carbón nacional ni carbón autóctono,
porque no es carbón CECA conforme a un criterio de interpretación sui
generis del Gobierno español, a partir de todo esto, ya me dirá qué nos
queda a las instituciones políticas, al futuro Gobierno de Galicia, sino
el hacer simbólicamente, no ya realmente como hasta ahora, de simple
comparsa.
Por todo esto pedimos la devolución del proyecto de ley al Gobierno. Nada
más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra de las enmiendas de
totalidad? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna
en nombre del Grupo Parlamentario Popular para consumir un turno en
contra de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya con texto alternativo, y de las enmiendas
de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el
Grupo Mixto.
Mis primeras palabras han de ser necesariamente para expresar la sorpresa
que me ha producido la poca consistencia de las razones expuestas por el
Grupo Parlamentario Socialista al justificar su enmienda de devolución a
través de la exposición de motivos, y debo añadir que esa primera
impresión se ve corroborada por la intervención del portavoz, señor
Hernández Moltó, sobre sus enmiendas. Al señor Hernández Moltó le gustan
las frases grandilocuentes de titulares y yo podría proporcionarle una en
el sentido de decir que por lo menos ante esta ley la oposición del PSOE
parece estar electrocutada. La justificación de su enmienda de devolución
oscila entre el ejercicio de un improcedente autobombo al analizar el
pasado reciente del sector eléctrico bajo gobierno socialista y la
descalificación sin argumentos del proyecto de ley que hoy se discute;
esto sin obviar las consabidas y veladas acusaciones de amiguísimo al
Gobierno del Partido Popular, y también debo añadir que lo que eran
veladas acusaciones en la exposición de motivos se ha convertido en
explícitas e intolerables acusaciones en este debate. Pensamos dar a todo
ello cumplida respuesta. Todo lo contrario debemos decir de los otros dos
grupos parlamentarios a los que nuestro grupo, desde una profunda
discrepancia respecto al modelo y a los argumentos esgrimidos, sí les
reconoce un esfuerzo de trabajo serio en su papel de oposición.
Tal y como argumenta su posición el Grupo Parlamentario Socialista, sin
analizar las propuestas populares del presente, sino simplemente
remitiéndose a un presunto pasado glorioso en el sector eléctrico, no
tenemos más remedio que someter ese pasado a análisis para justificar la
oportunidad de la ley que hoy se presenta y la necesidad de rechazar las
pretensiones de su enmienda a la totalidad. Dicho de otra forma, son
ustedes, al plantear su enmienda en clave de pasado, los que nos obligan
a contrastar ese pasado con nuestra propuesta de presente y su proyección
futura. Nuestro grupo parlamentario espera y desea que este método no sea
criticado por el Grupo Socialista con alguna de esas frases o latiguillos
a los que ustedes son tan aficionados, como las de hacer oposición a la
oposición, aptas para el consumo de espíritus simples y poco avisados de
lo que aquí hoy se debate. En cualquier caso, veremos también claramente
quiénes fueron los pioneros de esa técnica parlamentaria de hacer
oposición a la oposición.
Señor Presidente, señorías, después de repasar el debate de totalidad de
la vigente Losen celebrado en esta Cámara el 29 de septiembre de 1994,
resulta curioso que el entonces portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista acusara al Partido Popular, representado por su portavoz don
Luis Gámir Casares, de no hacer oposición por no haber presentado una
enmienda a la totalidad con texto alternativo. Nosotros no vamos a
hacerles hoy el mismo reproche, a pesar de que ustedes recurren al fácil,
cómodo y falso argumento, como nos encargaremos de demostrar, de decir
que el marco legislativo de la Losen es mejor, dejémoslo como está, no lo
toquemos, no lo movamos. Es menester que ustedes recuperen la memoria y
recuerden quién practicó durante años esa noble técnica de hacer
oposición a la oposición.
Lo que sí ha quedado meridianamente claro es que el Partido Popular, el
Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta cumplen sus
compromisos. Vean, si no, cuál fue la despedida, en aquel debate, de don
Luis Gámir Casares que cito textualmente: Nos vemos en la obligación de
anunciar que cuando la sociedad española decida que el Partido Popular
debe pasar al Gobierno, el Partido Popular propondrá a este Parlamento
una regulación del Sistema Eléctrico Nacional muy distinta, modificada y
mucho más útil y eficiente. Fin de la cita. Justamente eso es lo que nos
convoca hoy aquí. Sin embargo --dado lo dicho por el señor Hernández
Moltó, no porque yo tenga ningún interés especial en aludir a ningún ex
ministro ni a nadie en particular de ese Grupo Parlamentario
Socialista--, viendo lo que hacían y decían los ministros en cada
momento histórico, conviene que recordemos la réplica del entonces
ministro de Industria, hoy portavoz, señor Eguiagaray y ahora presente en
el debate --antes no--, porque no tiene desperdicio y que decía en aquel
momento: A mí me parece muy bien, señor Gámir, que no hayan ustedes
presentado un texto alternativo. Creo que S. S. no va a poder sostener la
promesa de cambiar esta ley en el futuro por dos razones: la primera,
porque ya veremos cuándo llegan ustedes al Gobierno, y, la segunda,
porque cuando lleguen espero que hayan entendido cómo funciona de verdad
el sistema eléctrico y encontrarán que esta ley es bastante adecuada.
(Rumores.) Pues bien, señoras y señores diputados, la providencia divina,
pero muy en particular la voluntad de los españoles, cansada de tanta
prepotencia, ha concedido al actual portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista el privilegio de comprobar rápidamente que el Partido Popular
tiene en el cumplimiento de sus compromisos una consistencia muchísimo
mayor que las previsiones y las creencias de ese digno portavoz
parlamentario. Hoy el Grupo Parlamentario Popular apoya a un Gobierno que
está aquí y que hoy aquí presenta un proyecto de ley manifiestamente
mejor que la Losen, pero también manifiestamente mejorable porque toda
obra humana lo es y porque la intención de este Gobierno y del Partido
Popular es que se mejore con el apoyo de todos, cosa que, sea dicho de
paso, ustedes nunca han hecho en la historia reciente de este país.
Comenzaremos por exponer los argumentos básicos que justifican nuestra
oposición a la enmienda de totalidad de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Pedir el cierre de las centrales nucleares españolas, y además
en una plazo que expiraría el 31-12-1999, es una petición carente de la
menor virtualidad y por sí misma justificaría su rechazo. Las centrales
nucleares españolas que por sus estándares de seguridad y eficiencia
figuran entre las mejores del mundo, suponen el 16 por ciento de la
potencia total instalada en centrales en nuestro país y son responsables
del 35 por ciento de la energía total producida. El coste de la
paralización podemos estimarlo en 2,2 billones de pesetas. ¿Cómo piensa
pagarlo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya? Además, el 35 por
ciento de esa energía producida lo es en centrales que tienen la
consideración de centrales base, es decir, son centrales de
funcionamiento prácticamente permanente todo el año, con el 98 por ciento
de utilización. La construcción de centrales sustitutivas, por su tamaño
y naturaleza, el combustible alternativo, son de difícil si no imposible
construcción en ese plazo de tiempo.
El texto alternativo en toda su extensión es excesivamente
intervencionista y contrario al espíritu liberalizador que inspira la
directiva europea, con los costes que ello conlleva e incluso, en algunos
casos, es incompatible con ella al no contemplar a los consumidores
cualificados.
En cuanto a la creación de la compañía de ahorro eléctrico, compartiendo
con ustedes una preocupación amplia y reiteradamente manifestada por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por el ahorro energético, no
creemos que su propuesta sea el sistema más eficiente para promoverlo.
Creemos que se debe profundizar en las líneas de trabajo que actualmente
desarrolla el IDAE, reforzándolas y fomentando su colaboración con
instituciones y empresas.
Una preocupación que compartimos con Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya --pero la compartimos porque es una preocupación tanto de
ustedes como del Grupo Socialista y compartimos que no hayan ustedes
entendido lo que la ley dice y pensamos aclarárselo-- es la relativa al
abandono de la noción del servicio público en lo que se refiere al
suministro eléctrico. El proyecto de ley la sustituye por la expresa
garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del mismo
dentro del territorio nacional, definiendo ese servicio como esencial y
no un servicio especial como erróneamente señala en su enmienda el Grupo
Mixto. En la práctica la combinación del sistema integrado con la noción
de servicio público tendía a convertirse en un paraguas para amparar
ineficiencias a costa del bolsillo de los españoles. La ley arbitra los
mecanismos de intervención necesarios en el artículo 10 para que el
Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, pueda hacer
efectiva la garantía del servicio a los consumidores a través de la
intervención administrativa en casos excepcionales; es decir, la garantía
del suministro entendemos que está suficientemente asegurada.
Sólo un comentario final respecto de estas dos primeras enmiendas para
indicar que la ley no intenta en absoluto la anulación competencial de
las comunidades autónomas, como textualmente señala en su enmienda el
Grupo Mixto y como muy bien ha desmentido en su exposición el señor
ministro de Industria y Energía. El texto del proyecto de ley es mucho
más descentralizador que el existente, puesto que no describe los
criterios de asignación competencial de las comunidades autónomas y en el
caso de las instalaciones en régimen especial además obvia la referencia
a las distintas administraciones.
También debemos precisar al señor Rodríguez que el 15 por ciento de
energías primarias autóctonas, incluido en la directiva, no es la única
excepción al sistema de oferta. La directiva también permite un
tratamiento preferencial para las energías renovables de residuos y
cogeneración. El proyecto de ley --y en esto discrepamos con la
manifestación de la señora Urán-- es aún más avanzado que la directiva en
la protección y fomento de las energías renovables y no limita la
cantidad de este tipo de energías que pueda vertirse a la red, salvo que
existan limitaciones técnicas que lo impidan. Sé que la señora Urán no me
cree, pero aparte de que ese es el espíritu y la filosofía que está en el
proyecto de ley, el trámite parlamentario de enmiendas parciales, en esa
perfección necesaria, le indicará que efectivamente ese es el espíritu y
la voluntad y que queda perfectamente garantizado.
Señor Presidente, señorías, y en especial señorías socialistas, rechazar
sus argumentos exige que vayamos analizando de forma ordenada bien
párrafos completos, bien los pasajes más significativos de su exposición
de motivos. Se atribuyen ustedes el mérito de sanear el sector eléctrico
nacional en el período comprendido entre 1984 y 1994 haciéndolo
compatible con los intereses de los consumidores, pero dicen ustedes que
esos consumidores han visto evolucionar en los últimos años los precios
de la energía eléctrica por debajo del índice de los precios al consumo.
Pues bien, un gobierno socialista con mayoría absoluta llevó adelante la
moratoria nuclear y paralizó las centrales y grupos que entonces se
estaban construyendo. En ese momento se habían invertido en su
construcción 450.241 millones de pesetas. No estamos cuestionando aquí la
moratoria nuclear ni las razones que llevan a ella, lo que estamos
cuestionando es lo que viene después, que mediante una indecisión sin
precedentes en el sector energético español, carente de racionalidad
técnica y de coraje político, se dejan pasar diez años sin dar una
solución al problema. El PSOE con su indecisión empeora aún más el
equilibrio económico-financiero de las empresas más importantes del
sector y luego hace pagar el costo económico, ¿a quién? A los
consumidores que dice ahora proteger.
Cuando el 31 de diciembre de 1994 la Losen da una solución definitiva a
la moratoria nuclear, se dispone que aquellos activos que están ahora
valorados en 729.309 millones de pesetas, junto con una ingente cantidad
de miles de millones de pesetas en intereses, sean pagados en veinticinco
años por los consumidores españoles, y todavía los estamos pagando y los
pagaremos durante mucho tiempo. Curiosa forma de sanear el sector
eléctrico y respetar simultáneamente los intereses de los consumidores,
esos consumidores que ahora dicen defender, pero que además los dicen
defender intentando enfrentarlos al Gobierno de la nación, y muy en
especial a los consumidores domésticos de este país.
Es claro que los párrafos de su exposición de motivos son inexactos, pero
es que, además, producen sonrojo a cualquier que conozca, sólo
medianamente, lo que ha ocurrido en el sector eléctrico español en los
últimos años. Las tarifas eléctricas habrán evolucionado por debajo del
índice de precios al consumo en lo años de gobierno socialista, pero
siempre con sus valores nominales al alza; sólo en el año 1996 se
congelan las tarifas y lo hacen ustedes en contra de la opinión,
manifestada por escrito, de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional
que propone una disminución aproximada del 1 por ciento. Ha sido precisa
la llegada de un Gobierno del Partido Popular para garantizar a los
consumidores una bajada de tarifas en los próximos cinco años, cuyo
porcentaje de disminución va desde el 3, 2, 1, 1 y 1 por ciento y que
pueden ser mayores si se cumplen ciertas condiciones preestablecidas
derivadas de la evolución del sector y de la economía española. Estas
condiciones están contempladas, de forma clara y transparente, en el
protocolo eléctrico. Más aún, la evolución actual de esos parámetros
permite abrigar la esperanza razonable de que en un futuro se produzcan
disminuciones adicionales en las tarifas eléctricas.
Por tanto, ese párrafo en el que ustedes textualmente afirman que la ley
impone duras cargas a los consumidores sin contrapartidas que aseguren un
suministro más barato en los próximos diez años, es simplemente negar la
evidencia de los logros del Gobierno, a lo que ustedes son tan
aficionados desde que se encuentran en la oposición. Es decir, para duras
e innecesarias cargas a los consumidores, las cargas que ustedes
impusieron. El Partido Popular y su Gobierno lo que hacen es aliviar
progresivamente esas cargas a los consumidores, pero respetando un sano
y necesario equilibrio en el conjunto del sector huyendo de soluciones
maximalistas.
Un poco más adelante, en su canto general a la Losen, afirman haber
introducido la competencia con la gradualidad necesaria y haber promovido
una regulación capaz de hacer posible el mercado eléctrico. La
introducción de la competencia en la Losen se pretendió hacer a través
del sistema independiente, que ya fue denunciado por los portavoces de
los distintos grupos diciendo que era un pegote, un brindis al sol, algo
que estaba puesto para maquillar una ley eléctrica fuertemente
intervencionista y que no tenía absolutamente ninguna viabilidad. Pues
bien, los hechos, que son tozudos, se han encargado de demostrar que no
sólo en el momento de la entrada en vigor de la Losen, no sólo en el
momento del cambio de Gobierno, sino en la actualidad no ha habido ni una
sola solicitud de autorización administrativa para poderse amparar en el
sistema independiente. Es decir, todos los argumentos de introducción de
la competencia y de libre mercado de la electricidad son absolutamente
falsos, porque el sistema independiente no es más que un sistema
subsidiario del sistema integrado, cuya presencia imposibilita el
desarrollo del sistema independiente y, por tanto, de la competencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Medina, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MEDINA TOLEDO: El que esté en total sintonía, abreviando, con la
directiva comunitaria, es muy sencillo. La directiva comunitaria es de
mínimos en el largo camino hacia el mercado único de la electricidad en
Europa. Su propuesta es inmovilista, mientras
que la postura del Partido Popular, reflejada en el proyecto de ley del
Gobierno, es progresiva y avanzada, aunque se hace con las cautelas
necesarias para no poner en riesgo a las empresas españolas y permitir
que los competidores extranjeros pueden tener ventajas adicionales.
Señor Hernández Moltó, la brevedad --pero se lo explicaré, si quiere,
después de esta intervención-- exige decirle que los CTC, que tan poco
gustan a las señorías socialistas y en especial a S. S., garantizan la
recuperación de una parte de costes fijos que no pueden ser recuperados
vía tarifa en el marco de competencias, que es precisamente lo que
garantiza que en el futuro no se produzcan incrementos de tarifas para la
construcción de nuevas centrales. Por tanto, los CTC, lejos de introducir
ningún tipo de inestabilidad en el sector, lo que hacen es garantizar la
estabilidad del mismo y que los precios de la electricidad en el futuro
sean los que deben ser. Se lo explicaré luego con más calma, si S. S.
quiere.
Habla usted de una manifestación producida en un periódico económico,
pero lo que revela eso es que este Gobierno no está a remolque de ningún
tipo de interés particular, sino del interés general de los españoles. Es
lógico que las empresas, en su justa demanda o en su intento de lograr al
máximo sus objetivos digan lo que quieran decir. Sin embargo, este
Gobierno, en esa inteligente política de equilibrio, ha hecho que los
costes de transición a la competencia, los CTC, sean un tope máximo de lo
que se puede recuperar, aunque es posible que sea menor en función de
cómo evolucionen ciertas condiciones que están marcadas. Por tanto, no se
trata de favorecer a nadie en particular, sino de actuar en beneficio de
la garantía futura del suministro y, al fin y a la postre, al servicio y
para beneficio de los intereses generales de todos los españoles.
Necesariamente debemos abreviar. Podría hablarle, y lo haré probablemente
en el turno de replica, sobre lo que está detrás de la afirmación de
ustedes de que se impide el paso de tecnologías más eficientes. Lo que se
impide o lo que se favorece es que haya verdaderamente juego limpio en el
mercado y que no se concedan ventajas a algunas empresas que en este
momento operan en condiciones de monopolio en el sector. El Gobierno hace
lo de siempre, primero liberaliza el sector de energías primarias y luego
permite que todo el mundo compita en igualdad de condiciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Medina, le
ruego concluya.
El señor MEDINA TOLEDO: Concluyo, señor presidente.
La afirmación de amiguismo que se contiene, primero velada y después
explícitamente en este debate, me exige que tenga que dar una respuesta
concreta y clara. Los intereses políticos y económicos acomodados por
esta iniciativa legislativa no son concretos, son concretísimos: son los
intereses generales de los españoles.
El Grupo Parlamentario Socialista últimamente se ha instalado en una
permanente interpretación conspirativa de la labor del Gobierno del
Partido Popular, que está derivando en críticas pueriles, carentes de
contenido y rigor, desvirtuando la realidad y buscando siempre el titular
efectista y el comentario favorable de sus portavoces mediáticos; y sus
portavoces mediáticos sí son portavoces y, verdaderamente, son
mediáticos.
A este paso no nos extrañaría leer, en algún lugar, que el Partido
Popular se ha inventado los CTC para favorecer a la central nuclear de
don Federico Trillo, sea dicho con perdón del presidente, que hoy no está
aquí presente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya
de forma inmediata, señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Concluyo.
Nuestro grupo parlamentario, por los motivos expuestos, rechaza las
enmiendas a la totalidad propuestas por los tres grupos, a la vez que
manifiesta, consciente de la importancia que tiene esta ley para el
sector estratégico de la energía que regula, que está absolutamente
dispuesto a realizar un esfuerzo para llegar a un consenso con el resto
de los grupos, en las enmiendas parciales y en el trámite de Comisión,
siguiendo la senda de concertación y acuerdo que ha sido marcada por
nuestro Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Medina.
Para un turno de replica, y recuerdo a SS.SS.que por un tiempo no
superior a cinco minutos, tiene la palabra, en primer lugar, la señora
Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, atendiendo a la petición del señor presidente, voy a intentar
no agotar ni los cinco minutos en la réplica.
Agradezco al señor Medina que reconozca que nuestro grupo hace oposición
constructiva, pero precisamente ese reconocimiento lo que encierra es un
no querer entrar, por parte de su grupo parlamentario, a una
confrontación con posiciones políticas totalmente diferenciadas en esta
Cámara, como son la propuesta que hace el Gobierno, y que ustedes
respaldan, y la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Estaba claro que nosotros no íbamos a compartir su proyecto de ley y que
ustedes no iban a compartir
nuestra enmienda de totalidad, pero desde luego, S. S. ha demostrado que
no ha querido entrar a debatir en esta Cámara, realmente y con claridad,
cuáles son las posiciones y por qué defendemos cada cual lo que
defendemos.
Nuestra enmienda de totalidad con texto alternativo es intervencionista,
es cierto, lo he dicho desde el principio. Apostamos por la planificación
y la regulación desde la Administración, para que, por supuesto, la
Administración, el Estado y el Gobierno jueguen un papel predominante en
el sector eléctrico, precisamente porque nosotros sí estamos convencidos
de que es un servicio público, un servicio esencial y, desde luego, eso
no tiene por qué traer consigo ineficiencias. Señorías, las ineficiencias
que estamos pagando ahora los usuarios las hemos soportado cuando el
sector estaba liberalizado, cuando las empresas han hecho lo que han
querido y, como es un suministro esencial, como es necesario para el
bienestar de la población, el Estado no ha tenido más remedio que hacerse
cargo de todas las irresponsabilidades que han cometido en el sector
eléctrico hace unos años y que aún continuamos pagando. Nosotros estamos
convencidos de que eso va a volver a pasar y precisamente por ello
estamos en contra.
Es más. Desde luego, yo no dudo de que nuestro texto alternativo sea
incompatible con la directiva europea. No estamos de acuerdo con esa
directiva europea. Pero, aun así, señorías, el proyecto de ley del
Gobierno va mucho más allá de lo que marca la directiva europea, porque
ésta en ningún momento impone a los Estados miembros que se tengan que
generar consumidores cualificados. La directiva europea dice que los
Estados miembros podrán aprobar que existan consumidores cualificados. No
es necesario, los consumidores cualificados van a obtener ventajas que
vamos a tener que pagar el resto de los usuarios domésticos del Estado
español.
Y, desde luego, señoría, tenga usted en cuenta que no me creo que
vayamos a conseguir avanzar en mejorar el tratamiento de las energías
renovables durante el trámite del proyecto de ley del Gobierno. No me lo
creo, me tendrán ustedes que convencer, tendrán que convencer a mi grupo,
y en el debate de las enmiendas parciales nos encontraremos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
Señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Gracias, señor presidente.
Quiero defender un turno de ausencia del Gobierno, puesto que
lamentablemente pensaba que tenían más profundas convicciones para
plantear el proyecto de ley que simplemente cumplir con el ritual
protocolario de presentarlo. En cualquier caso, todo esto sin desdoro de
la magnífica intervención que, sin duda alguna, ha hecho el señor Medina
desde esta tribuna; pero no era lo habitual dentro del debate. Cada uno
sabrá por qué lo hace.
Yo subo a la tribuna para sacar de dudas al Grupo Popular en relación a
la ausencia de motivos que cree ver en nuestra posición de petición de
devolución. Es evidente que éste es el problema que tienen: pensar que
todos los argumentos tienen que estar escritos en un documento
administrativo. Que usted pensara que nuestros argumentos eran los que
exclusivamente figuraban en el documento de introducción no quiere decir
que no haya otros, y eso le ha producido una cierta caída de tensión en
su propio debate. Porque, señoría, éste es un debate en términos de
confrontación de modelo general. Habrá ocasión de ver toda esta retahíla
de argumentos que muchas veces intentan esconder la almendra del asunto.
No podemos escondernos en un burladero que intenta evitar lo que de
trascendencia tiene este debate, que es un debate de poder y un debate de
relaciones económicas. El resto de las cosas sabe usted que están
perfectamente garantizadas en este momento. Este grupo parlamentario no
tiene que presentar una enmienda con texto alternativo. Obviamente,
nosotros somos menos elásticos que ustedes en la cuestión de pensamiento.
Nuestro pensamiento es mucho más consecuente. Desde el año 1995 hasta el
año 1997 difícilmente íbamos a cambiar de modelo y, por tanto, tenemos un
soporte sobre el que basarnos: que no sacralizamos. Lo hemos dicho en
varias ocasiones: tenemos un texto desde el que avanzar, desarrollar,
prosperar, y ustedes han optado, legítimamente, aunque creo forma
equivocada, por una opción radicalmente distinta. Por tanto, es evidente
que el Grupo Socialista tiene un sustento legislativo y político sobre el
que basar su discurso eléctrico.
Ya sabemos, usted lo ha reconocido, que el PP cumple sus compromisos,
sobre todo los económicos, los políticos y los electorales. Los otros aún
no lo sabemos. Sabemos que este proyecto de ley cuesta tres billones de
pesetas, inexplicados e inexplicables, y ustedes tendrán magnífica
oportunidad de explicarlo a los ciudadanos que lo van a pagar. Ustedes
sabrán por qué pierden, día tras día, la oportunidad de darnos luz
--nunca mejor dicho-- con un debate sobre este asunto. Por tanto, creo
que este es un debate que está en las antípodas. Ustedes están intentando
defender sus intereses partidarios y sus compromisos electorales.
Nosotros seguimos defendiendo el interés de los ciudadanos de este país.
Estamos dispuestos a muchas cosas, pero no a travestismo energético en
este Parlamento.
Señor Medina, permítame que me asombre por esa excursión peligrosísima
que usted ha hecho en relación con la moratoria nuclear. Pregunte al
lado. La moratoria y la legislación del Gobierno socialista ha impedido
los desmanes y los desaguisados a los que,
desde el punto de vista de la autorregulación, las empresas eléctricas
sometieron al sector y a este país en los últimos años, algo que corremos
el riesgo de que esté detrás de este proyecto de ley que ustedes traen a
esta Cámara, porque los intereses, la falta de planificación que desborda
casi todos los artículos de la ley pone en serio peligro las garantías de
suministro de futuro y los riesgos económicos. El sector empieza a
resquebrajarse. Precisamente el contenido de la planificación --la
recuperación de la autoridad energética donde debe descansar en la
Administración y en el Gobierno-- impidió y acabó con aquellos, sin duda
alguna, graves errores y alegrías que después, efectivamente, han pagado
otros. Le voy a recordar, ahora que son ustedes tan conversos, algunos
otros sectores, como el del carbón. Pregunten, si no hubiera sido por la
moratoria nuclear, qué hubiera sucedido en muchas cuencas mineras de este
país. Por tanto, no se deslicen con tanta ligereza por, simplemente, no
buscar una frase grandilocuente, que muchas veces no pueden encontrarla,
o por ocupar cinco minutos de discurso cuando no tienen ningún argumento
más.
Le diré otra cosa en relación a otro de los argumentos que usted ha
expuesto: La necesidad de los costes de transición a la democracia. Eso
es, con perdón, y que nadie se sienta ofendido, un engañabobos. Aquí no
hay costes de transición a la democracia que valgan que no sean
reconocidos, amparados, analizados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernández
Moltó, le ruego concluya.
El señor HERNANDEZ MOLTO: ¿Usted ha visto los estudios, por ejemplo, de
este órgano que ustedes quieren acallar y controlar, como es la Comisión
del Sistema Eléctrico Nacional? Lo primero que dice, por no dejarles en
evidencia, es que es un exceso esto de los dos billones de pesetas, que
en el mejor de los casos podríamos hablar de 300.000, de 400.000
millones, que en algunas metodologías operativas el sector está
sobrevalorado y debería volverse a la tarifa en torno a los 300.000 y
400.000 millones. Seamos consecuentes, seamos sinceros. Ustedes han
cometido un error, han ido muy lejos, han hecho una ley que, al final,
sólo satisface a ciertas personas. Si encima no son sus amigos, están
ustedes con un nivel de masoquismo político preocupante. A alguien le
tendrá que satisfacer, o a sus amigos o a sus intereses personales y
políticos de futuro, porque al resto del país, créame, a tenor de este
debate y a tenor del debate de los medios de comunicación, no le
satisface, con lo cual en el propio debate va contenido algo que usted
pone en tela de juicio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Hernández
Moltó, le ruego concluya.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor presidente, acabo.
El portavoz del Partido Popular nos iba a anunciar la buena nueva de por
qué nuestro debate de amiguismo no estaba amparado y no estaba reconocido
por la realidad.
Yo digo y afirmo en este Parlamento que todo aquel que, buscando el poder
a través del poder político, a través de decisiones de la Administración,
encuentra atajos para recuperar el económico, o lo devuelve cuando deja
la política o son procedimientos reversibles o producen auténticos abusos
de poder, que es donde está instalada la política económica del Partido
Popular el último año.
Muchas gracias, señor presidente (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Solamente para hacer notar al señor Medina, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que habrá notado que en mi intervención hablé
continuamente de suministro esencial y no de suministro especial, lo cual
indica que en el texto escrito hay una errata de carácter mecanográfico.
Por otro lado, cuando S. S. dijo que el 15 por ciento se dejaba para las
energías autóctonas, fue muy clarificador cuando habló de la
cogeneración, del papel residual que les queda a las comunidades
autónomas, que quedarán --en palabras del señor ministro-- vinculadas
solamente a tener algo que decir en estos proyectos que no se integran
precisamente en el mercado general.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
Señor Medina.
El señor MEDINA TOLEDO: Muchas gracias, señor presidente. Con toda
brevedad he de decir, en primer lugar, a la señora Urán que a nosotros
siempre nos merecen respeto los estudios y propuestas de todos los
partidos. He querido reflejar con mi afirmación que era especialmente
claro, porque hacer un texto alternativo supone un esfuerzo y supone
plasmar en negro sobre blanco ideas que se tienen, que siempre es
difícil. Sí he de decirle también que su intervención en esta tribuna ha
estado más orientada a hablar de los deméritos del proyecto de ley del
Gobierno que a pormenorizar los méritos suyos. Por ello no es extraño que
mi intervención fuera en ese sentido. Por supuesto, no puede hacer un
acto de fe. En principio, tiene que suponerlo por lo que dice el proyecto
de ley y,
posteriormente, en el trámite de enmiendas parciales, podrá ver que la
protección a las energías renovables y al ahorro está contemplada.
Señor Hernández Moltó, le puedo dejar una copia de mi intervención para
que vea que está prefectamente argumentada y justificada y que no procede
su acusación de amiguismo. Lo que ocurre es que los imperativos del
tiempo del debate parlamentario me impiden profundizar más. Creo que le
dí a S. S. suficientes argumentos y elementos de juicio para comprobar
que no procedía.
Señoría, tres billones era lo que iban a pagar los españoles, vía tarifa,
en el proyecto de nuevas tarifas y su proyección hacia el futuro que
tenían preparado ustedes cuando llegó al Gobierno del Partido Popular y
ello se ha reducido, precisamente como mal menor, a través de los CTC que
se pretenden pagar. No cambie mis argumentos, señoría. El tema de la
moratoria nuclear está muy claro y lo dije. Yo no me caracterizo por ser
una persona que haga comentarios ligeros. Yo no le he cuestionado lo
relativo a la moratoria nuclear y a las razones. Sepa usted que la
moratoria nuclear es hija de un sistema planificado. Y sepa la señora
Urán --quien manifiestó que lo hicieron las empresas libremente porque
querían-- que el sistema eléctrico español nunca ha estado liberalizado,
sino fuertemente regulado, hasta que en este momento se procede a la
liberalización por parte del Partido Popular. Por tanto, no cambie S. S.
mis argumentos, ponga lo justo en la balanza, entre esa euforia defensiva
y protectora del saneamiento de las empresas compatible con los intereses
de los consumidores, que yo niego, negando la mayor.
Usted tiene una fijación obsesiva con el tema de Endesa. Endesa no toca
hoy, usted lo saca en todos los debates. Le diré que se cuenta una
anécdota en los corrillos bursátiles, respecto de Endesa y otras
privatizaciones, que consiste en intentar saber qué dice el señor
Hernández Moltó para hacer exactamente lo contrario, porque las acciones
suben sin parar. Yo he visto en un momento determinado que usted acusaba
a este Gobierno de estar haciendo que cayera la cotización de las
empresas públicas y le puedo enseñar un recorte de prensa que tengo donde
se dice todo lo contrario. Por tanto, ni las profecías de entonces ni las
que hoy nos ha hecho respecto al futuro, diciendo que ya veremos cómo la
inestabilidad, etcétera, no nos las creemos. Los hechos, que son tozudos
y se suceden rápidamente, como en el caso del señor Eguiagaray,
comprueban que sus predicciones y profecías económicas no suelen
cumplirse.
Tengo que referirme a otro tema porque ha salido a lo largo del debate y
no pude aludir a él por falta de tiempo, pero es muy importante. El
Gobierno ha informado a los interlocutores adecuados en el momento
oportuno --cosa que ustedes no hicieron con el marco legal y estable--,
incluso a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Usted que lleva
muchos años en política sabe que no seremos tan ingenuos de dar, en un
proceso que tiene que ser discreto, más informaciones de la cuenta a
quien pretende que ese proceso no salga adelante. Si usted contempla la
memoria económica adjunta al proyecto de ley, verá que hay una
especificación perfectamente clara de cómo se calculan los CTC, e incluso
cómo se calcula instalación por instalación. Por tanto, de opacidad,
nada, señor Hernández Molto; de amiguismo, nada; de defensa de intereses
particulares, nada. Este grupo parlamentario y el Gobierno al que
sustenta lo que hace permanentemente, con mayor o menor fortuna, cada día
--personalmente pienso que con mucha fortuna para los españoles-- es
defender los intereses generales.
Gracias, señor presidente (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Medina.
El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señorías, intervendré con muchísima brevedad porque entiendo que el papel
fundamental del Gobierno está cumplido al remitirse a la Cámara en su
momento un proyecto de ley que pretende modificar sustancialmente las
condiciones de funcionamiento de un sector tan importante y estratégico
como el eléctrico, después de haber conversado, negociado y, hasta donde
se ha podido, consensuado con todos los sectores afectados, no sólo con
el específico sino con todos los demás, y, por tanto, trayendo a la
Cámara algo que tiene ya un proceso de elaboración y de maduración muy
serio. A partir de ahí viene el papel de los grupos parlamentarios y a
ellos corresponde, por lo tanto, fundamentalmente el protagonismo.
Tengo que decir que desde el Gobierno vamos a afrontar el debate con el
máximo espíritu constructivo y con la máxima flexibilidad porque somos
conscientes de que se trata de un tema enormemente complejo, con grandes
complicaciones de tipo técnico, jurídico y, por supuesto, perfectible
porque no pretendemos hacer nada que sea definitivo. Por lo tanto, me
congratulo de una parte del debate que hoy ha habido.
Desde la profunda discrepancia en el fondo de las cosas que tenemos con
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, deseo
agradecerle el esfuerzo, como ya ha reiterado el portavoz del Grupo
Popular --opinión que desde luego comparto-- para centrar el debate en
términos racionales, con argumentos, con presentación de alternativas,
con críticas a los contenidos, así como garantizarle, en la medida en que
ése puede ser el tono futuro de todo el debate parlamentario, que vamos
a escuchar con atención aquellos argumentos que puedan ser utilizables,
asumibles, aunque ya, como la portavoz sabe, difícilmente vamos a poder
aceptar ninguna modificación
de fondo por razones que hemos tenido oportunidad de debatir en
muchísimas ocasiones.
También he de decir algo similar en relación a la posición del portavoz
del Grupo Mixto. Sabe que no comparto en absoluto las críticas que ha
hecho al proyecto de ley, y además creo que he dado argumentaciones
suficientes en mi intervención inicial. No comparto las referencias a que
la ley supone algún tipo de agresión a las competencias autonómicas y a
la capacidad de autogobierno. Creo con toda franqueza que es
absolutamente lo contrario, que es una ley mucho más respetuosa con las
competencias autonómicas que la del marco vigente. En cualquier caso, de
nuevo, quiero agradecerle también su tono, porque los argumentos se
plantean de forma equilibrada, racional. No los compartimos pero, en
cualquier caso, seguiremos siendo sensibles a todo lo que se nos diga en
un tono razonable.
Lamentablemente, no puedo decir lo mismo de la intervención del señor
Hernández Moltó, portavoz del Grupo Socialista. El señor Hernández Moltó
ya nos tiene acostumbrados a esa concatenación de latiguillos, frases
hechas y búsqueda de titulares espectaculares que vienen normalmente
asociados a una enorme vacuidad argumental. Tengo que decir al señor
Hernández Moltó que hoy se ha superado a sí mismo, porque, aparte del
vacío intelectual, resulta que ha incurrido en múltiples contradicciones
y ha defendido en un corto tiempo una cosa y la contraria. Tengo unos
cuantos ejemplos; si quiere, los podemos rememorar. Pero, en cualquier
caso, sí le digo una cosa. En el momento en que se aporten ideas que
tengan consistencia y congruencia intelectual, en el momento en que se
utilicen argumentos y no simples descalificaciones, en el momento en que
se ofrezcan propuestas concretas con espíritu constructivo desde la
oposición, por supuesto, en ese momento, desde luego, tenga por
descontado que la posición del Gobierno será de diálogo y de búsqueda del
máximo acuerdo posible en un tema tan importante y tan estratégico como
éste.
Tengo que decirle que debe tener mala memoria porque sí se ha hecho algún
intento en esa dirección, y usted lo sabe perfectamente. En cualquier
caso, yo espero --y la realidad nos lo demostrará-- que esta ley tenga
mayor apoyo que el que tuvo la Ley de ordenación del sistema eléctrico
nacional en esta Cámara. Así lo espero, porque creo que es bueno para el
conjunto del país. Desde luego, yo no renuncio, si recuperamos la
consistencia intelectual, a intentar llegar también a un acuerdo con
ustedes.
Muchísimas gracias (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda
y Lozana): Muchas gracias, señor ministro. (El señor Hernández Moltó pide
la palabra.)
Señor Hernández Moltó, tiene S. S. la palabra durante tres minutos.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias, señor presidente.
Es muy posible que sobren. Mi intervención es, al margen, para recoger la
tardía invitación y ofrecimiento del Gobierno a discutir esta ley, y
también para lamentar profundamente el acto de cobardía política que
supone criticar y atacar la falta de unos argumentos cuando el propio
Gobierno no ha tenido ni la delicadeza ni las agallas de subir a
debatirlos desde esta tribuna, algo a lo que habitualmente también nos
tiene acostumbrados el propio ministro de Industria.
Nada más, presidente. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE
(Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez.
Les rogaría a SS.SS. --veo que el señor Gómez va a hacerlo así-- que
fijasen su posición desde el escaño.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, intervengo, con brevedad, para manifestar la
posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en esta
importantísima ley (Rumores.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda
y Lozana): Perdón, señor Gómez.
Señorías, les ruego silencio. Si algunos de los diputados van a
intervenir desde el escaño, es imprescindible que SS.SS. guarden
silencio; si no, les solicitaré que ocupen la tribuna.
Puede continuar, señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que iba a manifestar nuestra posición en esta importantísima ley,
que regula también un importantísimo sector económico de nuestro país.
Esta ley, dejando a un lado actuaciones, atribuciones e imputaciones más
o menos de galería y viéndolo con objetividad, supone una aportación al
progreso legislativo del sector eléctrico español. No es que sea una ley
óptima, es una ley mejorable, pero es una ley con avances. Esas ideas de
abandonar el carácter de servicio público, velar por un servicio adecuado
y luchar para conseguir los mejores precios para el consumidor, y además
liberalizar casi todas sus actividades, con las regulaciones mínimas
necesarias, supone un avance. Nosotros creemos que hay que respetar todas
las cuestiones referentes a las autonomías, como ha prometido el señor
ministro en su última intervención. También insistimos, y lo reiteraremos
en el trámite parlamentario, en la exigencia de que se respeten las
situaciones insulares que tienen ya un respaldo legislativo.
Por todo ello, Coalición Canaria, a sabiendas de que esto va a originar
unas situaciones de alta tensión y de muchas chispas en el debate
parlamentario, va a apoyar la consideración del proyecto de ley del
Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri. (Rumores.) Les recuerdo a SS.SS. que deben guardar
silencio. (Pausa.)
Puede comenzar, señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Siguiendo su consejo de intervenir desde el escaño y agradeciéndole las
llamadas al orden para que el debate pueda ser posible, le ruego que, en
todo caso, el tratamiento a los grupos parlamentarios no sea
discriminatorio, pues parece que los grupos más pequeños de la Cámara
vamos haciendo caso a la Presidencia en la ordenación del debate, pero
luego los consejos no son igualmente seguidos por todos los portavoces,
circunstancia que no quisiéramos que se repitiera.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor González
Txabarri, su señoría sabe que,en primer lugar, en ningún caso se hacen
peticiones que vayan a producir ningún tipo de discriminación y, en
segundo lugar, es en aras de la agilidad del propio debate. Si S. S. se
encuentra sumamente incómodo en el escaño, puede ocupar la tribuna,
porque es simplemente una petición de la Presidencia.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Comparto los objetivos y si me siento incómodo le haré partícipe de esa
incomodidad. En todo caso, y en aras a la agilidad del debate, voy a
intentar ir al grano, ser breve y conciso y manifestar aquellas opiniones
que son sustantivas para el Grupo Parlamentario Vasco en relación al
proyecto de ley y a las enmiendas a la totalidad que los distintos grupos
parlamentarios han planteado a lo largo del Pleno de la Cámara.
Indicaré por ello, en primer lugar, que el posicionamiento del Grupo
Parlamentario Vasco en relación al proyecto de ley que ha presentado el
Gobierno es básicamente favorable sobre sus aspectos más esenciales, cuyo
debate estamos celebrando. A estas alturas del debate es sabido que este
proyecto de ley se inspira en dos precedentes de sobra conocidos en esta
Cámara por sus distintos debates, sobre todo en la Comisión de Industria
y Energía del Congreso, y que ambos precedentes son de diciembre de 1996.
Dejamos en el «Diario de Sesiones» manifestadas las opiniones que el
Grupo Parlamentario Vasco tenía en relación a este proyecto de ley, y a
ello nos remitimos en su conjunto. Estoy haciendo referencia a dos
acuerdos --los dos, además, de carácter paccionado-: el protocolo para el
establecimiento de una nueva relación en una nueva regulación del sistema
eléctrico; y el segundo, de carácter normativo, la directiva europea
sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad.
En ese marco de referencia, desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos
que ese proyecto de ley supone un importante avance en la liberalización
y en la competitividad del sector eléctrico. En relación a ambos
objetivos, este grupo parlamentario viene intentando trabajar y elaborar
en los últimos años y, por tanto, no podemos más que manifestar que los
compartimos. Así lo hemos venido defendiendo en esta sede parlamentaria.
Hemos defendido una reforma estructural del sistema eléctrico basada en
la introducción de mecanismos de competencia, a través de un modelo que
refuerce y asegure un mercado competitivo de la energía en las distintas
fases de las actividades que lo constituyen y, por ello, nos vemos
gratamente reconfortados al ver que quien insiste consigue que sus
propios objetivos se vean recogidos en un proyecto de ley de tanta
trascendencia como el que venimos debatiendo.
La apuesta que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular realizan para
la consecución de estos objetivos resulta, por lo tanto, básicamente
coincidente con los planteamientos que al respecto mantiene en sus
programas electorales el Partido Nacionalista Vasco, por lo cual nos
vemos gratamente reconfortados. Y, además, el planteamiento que se
analiza en el proyecto de ley nos resulta enormemente sugestivo, en lo
que se refiere a la materialización y puesta en marcha, sobre todo por
las oportunidades que ofrece, aunque hay que manifestar también que
existen riesgos que, a lo largo de la tramitación de este proyecto de
ley, habría que ir atemperando y matizando.
Por ello, como primera conclusión, y en el plano de los principios,
mantenemos una clara sintonía con el proyecto de ley, razón por la cual
a diferencia del posicionamiento defendido por este grupo parlamentario
en relación a la vigente ley 40/1994...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señor
González de Txabarri.
Señor Trujillo, está interviniendo el señor González Txabarri a su lado,
por lo que le rogaría que ocupase su escaño.
Puede continuar, señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Como es conocido en la Cámara, el año 1994 nuestro grupo parlamentario
presentó enmienda de totalidad a la vigente Ley de ordenación del sector
eléctrico.
Aunque el señor Hernández Moltó es un especialista y nos da los datos a
su favor con la dialéctica que claramente utiliza, es bien cierto que en
aquel momento nuestro grupo parlamentario presentó enmienda a la
totalidad y más enmiendas al articulado que las que en este momento
presenta, que son concretamente 76, porque entendemos que el Grupo
Parlamentario Vasco no hace ningún caso de seguidismo o entreguismo de la
posición del Gobierno. Manifiesta su posición favorable y coincidente en
aquellos aspectos donde los programas electorales coinciden e intenta
matizar desde sus propias posiciones aquellos temas que entiende que
razonablemente debían de tener otro tipo de consideración que no está
recogido en el proyecto de ley.
Por lo tanto, señor presidente, desde el Grupo Parlamentario Vasco la
posición es claramente distinta. La diferencia fundamental es que el
Grupo Parlamentario Vasco entiende que este proyecto de ley resuelve
adecuada y equilibradamente el binomio liberalización-regularización por
razones de interés público, con el objetivo de garantizar la calidad del
suministro eléctrico, y que, además, el mismo se realice al menor coste
posible.
En todo caso, señor presidente, esta coincidencia con los principales
rasgos del proyecto de ley no impide identificar en su articulado un
conjunto de modificaciones importantes que, en opinión del Grupo
Parlamentario Vasco, pueden contribuir a consolidar una verdadera y
profunda liberalización del sector eléctrico en beneficio, en primer
lugar, del consumidor y, en segundo lugar, del reforzamiento de la
capacidad técnico-económica del sistema. En orden al mejor
establecimiento de estos matices, el Grupo Parlamentario Vasco, como he
indicado, ha presentado 76 enmiendas al articulado.
Por lo tanto, entendemos que el binomio liberalización-regulación queda
adecuadamente definido tanto en el marco regulador como en su posterior
desarrollo. Sin embargo, en el proyecto de ley, aunque el ministro ha
insistido en este punto en su intervención, no queda debidamente regulada
la relación centro-periferia. El Grupo Parlamentario Vasco entiende que
la limitación de la intervención pública no debe suponer un vaciamiento
de las competencias de las comunidades autónomas o una materialización a
la baja de las mismas, residenciando en el ámbito de la Administración
general del Estado actuaciones que por su naturaleza deben corresponder
al ámbito autonómico. Gran parte de las enmiendas que presenta al
articulado el Grupo Parlamentario Vasco están orientadas precisamente a
un mejor equilibrio del tema competencial, a que el binomio
centro-periferia tenga un establecimiento más equilibrado y más ajustado
a los órdenes competenciales del ordenamiento jurídico vigente.
En consecuencia, señor presidente --para terminar--, el Grupo
Parlamentario Vasco apuesta firmemente por la liberalización y por la
competitividad de este sector, que es estratégico y fundamental.
Entendemos que este objetivo no puede restar importancia a un tema que es
fundamental, y es que para llegar a ese objetivo se fomente una
centralización defensiva que va en contra de la actual configuración y
vertebración territorial del Estado.
Confiamos en que esta armonía entre binomio centro-periferia, a través de
las enmiendas al articulado, pueda encontrar un mejor equilibrio y que el
dictamen de la Comisión, que vendrá otra vez al Pleno, pueda mejorar
estos aspectos del texto que presenta el Gobierno. Manifestamos la
coincidencia con las líneas básicas del proyecto del Gobierno y no
quisiera terminar, señor presidente, sin agradecer al Ministerio de
Industria y Energía las consideraciones que ha tenido con este grupo
parlamentario mientras el proyecto de ley ha estado en fase de
anteproyecto y proyecto, porque queremos indicar que ha sido receptivo
con las posiciones que el Grupo Parlamentario Vasco ha hecho llegar al
ministerio.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) va a ser votar en contra de las enmiendas a la
totalidad presentadas por los diferentes grupos parlamentarios al
proyecto de ley eléctrica presentado por el Gobierno; posición, de todas
formas, coincidente y en coherencia con la tomada por Convergència i Unió
cuando el Gobierno presentó ante la Comisión de Industria y Energía el
protocolo una parte importante del cual es la columna vertebral del nuevo
proyecto de ley eléctrica.
En definitiva, podríamos decir que los objetivos del protocolo y los
objetivos de la nueva ley eléctrica son coincidentes en todos aquellos
aspectos que hacen referencia a la liberalización progresiva de la
elección del suministrador por parte de los consumidores elegibles, en
cuanto a todos aquellos aspectos referentes a la reducción de costes de
la energía eléctrica, a la reducción de los costes empresariales, a la
liberación en parte de los suministros de energías primarias por
generación, concretamente en el aspecto del petróleo y en cierta medida
relativo a todas aquellas cuestiones referentes al gas pues, como todo el
mundo sabe, se ha limitado el caso del carbón por razones
político-sociales.
También somos coincidentes en cuanto al establecimiento de los costes de
transición a la competencia,
para facilitar de esta forma la competitividad de las actuales compañías
eléctricas en los próximos diez años. Como el protocolo fue muy
respetuoso respecto a la autoproducción eléctrica, entendemos que en este
caso y concretamente en otros cuatro casos más, es donde Convergència i
Unió va a centrar todos sus esfuerzos parlamentarios en los debates que
se realizarán las próximas semanas en Comisión y en este Pleno para
centrarnos, básicamente, en cuatro aspectos fundamentales.
En primer lugar, aspectos competenciales autonómicos. Nuestro grupo,
Convergència i Unió, también en conversaciones con el Ministerio de
Industria, y he de decir ante esta Cámara que ha sido receptivo a la
colaboración en todas las conversaciones y en todas las pretensiones que
ha presentado Convergència i Unió ante dicho ministerio, va a plantear la
posibilidad de recuperación de las descripciones de las competencias
autonómicas, descritas en la anterior ley eléctrica, que aparecían en la
Losen, incorporándose también en el capítulo de planificación eléctrica
la participación de las comunidades autónomas de acuerdo, lógicamente,
con la Administración central; participación también de las comunidades
autónomas en la gestión de los respectivos registros administrativos de
instalaciones de producción de energía eléctrica y en los registros de
distribuidores, comercializadores y consumidores cualificados;
participación también de las comunidades autónomas en la delimitación de
las zonas eléctricas a gestionar por las empresas distribuidoras;
potestad también exclusiva de las comunidades autónomas de otorgar la
autorización de las empresas comercializadoras, siempre y cuando
desarrollen su actividad en el ámbito territorial; potestad para las
comunidades autónomas en todas aquellas resoluciones de conflictos sobre
contratos de acceso a terceros dentro de las redes de distribución.
Hay otro aspecto importante en el cual Convergència i Unió va a hacer un
esfuerzo para intentar consensuar con el Gobierno y con el resto de
fuerzas políticas en todo lo referente a la calidad permanente del
servicio eléctrico, así como también una protección real al consumidor,
introduciendo por este motivo una figura comprendida en unos índices a
cumplir tanto a nivel del usuario individual, como por su zona geográfica
atendida por un único distribuidor, teniendo en cuenta factores tan
importantes como puede ser la continuidad del suministro, la calidad del
producto, la posibilidad de reducción de facturación a abonar a los
usuarios en caso de incumplimiento de los niveles establecidos, así como
también la posible incorporación de sanciones para todas aquellas
compañías que no reúnan o cumplan los requisitos.
Existe un tercer bloque importante en el que nosotros vamos a hacer un
esfuerzo considerable para poder asumir la mejora constante de la calidad
que será necesario, a criterio de Convergència i Unió, poder aplicar las
reinversiones constantes que la garanticen y para todo ello será
necesario incorporar la energía circulada por las redes como formación,
entre otros componentes, de puntos de referencia a tener en cuenta para
poder determinar la retribución de la distribución.
Hay otro aspecto importante, y éste va a ser un caballo de batalla de la
coalición Convergència i Unió, como es aportar claridad, concreción y
definición de objetivos para asegurar un marco estable en cuanto al
régimen económico referido a las instalaciones de producción eléctrica en
régimen especial.
Para nosotros será necesario definir en esta ley una nueva banda sobre
las primas que recibirán los productores de energía renovable no
hidráulica y biomasa, así como las centrales hidroeléctricas de potencia
igual o inferior a diez megavatios.
También entendemos que va a ser necesario incorporar al régimen especial
de producción eléctrica todas aquellas actividades e instalaciones de
tratamientos de reducción de residuos sobre los sectores primario y
terciario, hasta una potencia de 25 megavatios.
Vamos a plantear, señor presidente, una serie de enmiendas dirigidas al
mantenimiento del sector de la cogeneración de pequeña potencia, por las
ventajas que supone al sector industrial para mejorar su competitividad
en los siguientes casos: instalaciones de menos de diez megavatios,
instalaciones comprendidas entre diez y 25 megavatios, y todas aquellas
instalaciones de cogeneración eléctrica que ya estaban acogidas al Real
Decreto 23/1966.
Para finalizar, señor presidente, quisiera anunciarle que nuestro grupo
va a presentar otra enmienda importante dirigida a la reducción un 20 por
ciento de las tarifas eléctricas individuales, para todas aquellas áreas
comprendidas en un radio de 20 kilómetros cuadrados alrededor de
centrales nucleares, pues entendemos que esta medida, si resultara
aprobada por el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios de la
Cámara, ayudaría a potenciar el desarrollo de estas zonas.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
Vamos a proceder a la votación. (Rumores.) Señorías, ruego silencio.
En primer lugar, en función del artículo 112.3, procederemos a la
votación conjunta de las dos enmiendas de totalidad de devolución y
posteriormente, si fuesen rechazadas, a la votación de la enmienda de
totalidad con texto alternativo. Por tanto, en primer lugar votación
correspondiente a las dos enmiendas de totalidad presentadas tanto por el
Grupo Mixto como por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318;
a favor, 152; en contra, 164; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Quedan rechazadas
las enmiendas de totalidad de devolución.
Enmienda de totalidad con texto alternativo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324;
a favor, 23; en contra, 174; abstenciones, 127.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
enmienda de totalidad con texto alternativo.
AVOCACION POR EL PLENO:
-- DEL PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ELECTRICO.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Ha sido solicitado
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 que se someta al
Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del
proyecto de ley del sector eléctrico. ¿Acuerda el Pleno recabar para sí
la deliberación y votación final de este proyecto de ley? (Asentimiento.)
Queda, por tanto, aprobada la avocación por el Pleno.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (Continuación):
-- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA MEJORA DEL MERCADO DE
TRABAJO Y EL FOMENTO DE LA CONTRATACION INDEFINIDA. PROCEDENTE DEL REAL
DECRETO-LEY 8/1997, DE 16 DE MAYO. (Número de expediente 121/000066.)
-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN INCENTIVOS EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y DE CARACTER FISCAL PARA EL FOMENTO DE LA CONTRATACION
INDEFINIDA Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY
9/1997, DE 16 DE MAYO. (Número de expediente 121/000067.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): A continuación, a
los dos proyectos de ley que figuran en el orden del día, se han
presentado dos enmiendas de totalidad, ambas de texto alternativo, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por acuerdo de todos
los grupos parlamentarios vamos a proceder tanto en su presentación como
en los turnos a que después den lugar los distintos grupos parlamentarios
a hacerlo de forma conjunta para posteriormente realizar las votaciones
individualizadas.
Tiene la palabra, por tanto, en primer lugar y en nombre del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Vaquero. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.-- Varios señores
diputados abandonan el salón de sesiones.) El señor VICEPRESIDENTE
(Marcet i Morera): Señorías, guarden silencio, ocupen sus escaños
aquellos que vayan a quedarse y los demás circulen con rapidez, por
favor. (Pausa.)
Señorías, silencio, por favor. Algunos de ustedes están impidiendo la
continuación del Pleno; guarden silencio, por favor. (Pausa.)
Puede comenzar, señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, hoy nuestro país es uno de los más injustos y
desequilibrados de la Unión Europea en materia de empleo y relaciones
laborales. La alta tasa de paro, el 21,5 por ciento, doble de la Unión
Europea a pesar de que a veces se juegue con las estadísticas distintas
del paro registrado --si baja de los dos millones o si no baja-- y de la
EPA; la alta tasa de temporalidad, de precariedad, de rotación y
siniestralidad escandalosa, exigen cambios normativos. Es necesario un
marco legal diferente, incluso en algunos aspectos, contrario al que se
ha seguido en las reformas de 1994 y de 1997, que han coadyuvado a la
generación de una situación tan grave. La reforma de 1997 no va a dar los
frutos deseados de creación de empleo, entre otras cosas porque ese no es
su objetivo. Nosotros tememos que todo lo contrario, pues es más de lo
mismo, más desregulación por la vía de abaratar el despido, aunque hay
mejoras en otros aspectos, más dinero a los empresarios a cambio de que
estabilicen los contratos, justo hasta que les dure el dinero que se les
da como incentivo. Resultado hasta ahora: se ha pasado del 96 por ciento
de contratación precaria al 91 al menos esos son los datos que se nos han
ofrecido.
Cuando he leído, tanto al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, como al
presidente Aznar, declaraciones de que la precariedad es la causa de la
mayor siniestralidad laboral, he pensado que, efectivamente, tienen
razón, pero, al mismo tiempo, me he acordado de aquel refrán que dice que
por la boca muere el pez. El Gobierno se vanagloria de haber incrementado
desde el 4 al 9 por ciento la contratación indefinida --entre comillas--,
e incluso hace afirmaciones boomerang
sobre la siniestralidad que produce la precariedad, sin reparar que tiene
a sus espaldas el 91 por ciento de esta contratación precaria y
siniestralizante aún por erradicar. No me dirán que en esto soy pesimista
o agorero, pues, señorías, por mucho que me esfuerce no veo el vaso medio
lleno ni medio vacio; está simplemente al 9 por ciento de su capacidad
total.
Nuestro texto alternativo pretende invertir el proceso de
desnaturalización del derecho del trabajo y la involución del carácter
garantista y reequilibrador que lo aleja del mandato constitucional por
el que nuestro Estado se definía, con propiedad, como un Estado social y
democrático de Derecho, cosa que hoy cuesta hasta pronunciarla. A la hora
de flexibilizar el mercado de trabajo, señorías corresponsables de las
dos reformas, se les ha ido la mano pues han conseguido más que
flexibilización del mercado de trabajo, una auténtica desregulación total
del mismo. Hoy nuestras relaciones laborales se caracterizan por el
principio de mínima intervención en la Administración laboral, salvo para
perseguir con saña la reducción del coste de la invalidez y las
prestaciones por desempleo, y el proceso de sustitución del sujeto
titular de protección, que ya no es el trabajador, sino la empresa. El
carácter punitivo del derecho del trabajo que quería nuestra Constitución
ya no existe en nuestra legislación, se ha procedido a una
remercantilización de las relaciones laborales, y hoy el trabajador es
más una mercancía que otra cosa, como hacía muchos decenios no se veía.
Perlas como la introducción, por primera vez en nuestro ordenamiento, de
retribuir al trabajador por debajo del salario mínimo interprofesional,
la exclusión de colectivos enteros de ámbitos de la protección social, la
novedad del asistencialismo empresarial, bonificaciones, subvenciones,
reducciones en la cotización a la Seguridad Social, son elementos que
redundan en la centralidad que hoy tiene la empresa y en la renuncia
implícita a proteger los derechos del trabajo. La consigna gubernamental
es liberalización, privatización, desregulación, y por ello se ha
procedido a llevar a cabo este asalto a las instituciones garantistas del
derecho del trabajo y a su correspondiente correlato, el aumento
exorbitante de los poderes empresariales, así como de los fenómenos del
paro, la precariedad y la siniestralidad. La estrategia de crear empleo
aunque sea basura, ha tocado fondo, mostrando a todas luces su
incapacidad de crear empleo, empleo de calidad, y su virtualidad real que
es devolver al empresario las manos libres para atar, hacer y deshacer,
originando un retroceso sin precedentes en los derechos de los
trabajadores. Ha llegado el momento de producir una inflexión. Nuestra
enmienda pretende recuperar una serie de elementos tutelares y
protectores del derecho del trabajo y restablecer en la entrada, en la
salida y en la permanencia, en la contratación y en la extinción de la
relación laboral, los principios de estabilidad, causalidad, defensa y
equilibrio que han sido abrogados en su contenido material. Como dice don
José Vida Soria, que fue uno de los padres del Estatuto de los
Trabajadores en su época de diputado, la última reforma es un paso más,
un añadido dentro del proceso de reforma a fondo del sistema normativo de
relaciones laborales, que dio un fundamental paso en el vacío en 1994,
suponiendo la reforma de 1997 algo así como su cláusula de cierre, hasta
que se produzca --continúa diciendo Vida Soria-- un nuevo desmoronamiento
del sistema normativo laboral clásico, sin que sea sustituido por otro
con consistencia suficiente, por lo que es de esperar que el final de
este acto será previsiblemente la nada, pues más allá de la mera
flexibilización o de la desregulación selectiva, se ha escogido la vía de
la desregulación total.
El proyecto de ley que pretendemos enmendar no es el de la creación de
empleo, sino el del despido basura que introduce una reducción de la
indemnización del despido y una nueva descausalización material del
despido objetivo, contenido en la nueva regulación del artículo 52 c) del
texto refundido del Estatuto de los Trabajadores; cuestiones ambas que
consuman una vieja aspiración de la patronal de nuestro país, pese a ser
un auténtico tabú sindical hasta la fecha, pues significa uno de los
derechos más emblemáticos de los trabajadores, sin que por otra parte
ello vaya a favorecer para nada la creación de empleo, como la
experiencia y la doctrina nos enseñan reiteradamente. ¿O no es verdad que
ya se ha reducido de forma importante la indemnización desde el mismo
Estatuto de los Trabajadores y desde la práctica negocial y
jurisdiccional y, sin embargo, ello no había servido para contener el
incesante incremento del paro? ¿No es verdad que teníamos este
precedente? Hemos seguido en el mismo camino a pesar de la experiencia
pasada.
Es un ataque a la razón que, junto al mantenimiento de las causas
organizativas y productivas de 1994, se incluyan en la regulación, como
un objetivo del despido, la posición competitiva o exigencias de la
demanda, que son objetivos de naturaleza estrictamente empresarial,
abandonando la única finalidad justificadora hasta ahora del despido, que
era garantizar la viabilidad de la empresa y del empleo.
Se ha abandonado el carácter social de nuestra legislación laboral y se
ha remercantilizado. El trabajador tendrá derechos siempre que el
empresario, y no la ley, quiera, y eso permitido por la ley. ¡Curiosa
manera de crear empleo, haciendo más fácil y barato el despido! Debe ser
la magia de la mano invisible del mercado.
Nuestra enmienda pretende reponer esta situación en sus justos términos
y, junto a este aspecto fundamental de nuestra enmienda, hay otros no
menos importantes. La recepción en ámbito normativo de la jurisprudencia
sobre la caracterización de los grupos de empresa y la responsabilidad
solidaria de esos grupos, así como la de los contratistas y las
subcontratas. La
definición delimitadora de los supuestos de uso de los contratos
temporales, el diseño de un nuevo contrato formativo, la potenciación del
contrato de relevo para la creación de empleo, la erradicación del
prestamismo laboral en paralelo a la potenciación de unos eficientes
servicios públicos de colocación, la igualdad retributiva de los sexos,
etcétera. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la
Presidencia.) Ustedes no quieren crear empleo, quieren estar en la Unión
Europea habiendo cumplido los deberes de la convergencia monetaria. Este
es el problema, que no aciertan a compatibilizar la convergencia en la
moneda única con la primera necesidad de nuestro pueblo, de la gente, que
es el empleo. Eso que dice el Programa plurianual de empleo del Reino de
España de que la convergencia crea empleo, no se lo creen ni ustedes
mismos.
Si de verdad quieren crear empleo, tienen que modificar el destino de los
incrementos de la productividad, no hay más remedio. Hasta ahora, estos
incrementos constantes de la productividad han ido a las rentas del
capital, a los beneficios de los bancos y, todo lo más, a la
recomposición de otros factores productivos como la tecnología, etcétera,
cuando no a la subvención de despidos masivos en las empresas, incluso
rentables y, por tanto, al incremento del paro. No se han destinado esos
incrementos de productividad a reducir el tiempo de trabajo y por eso
sobran hoy trabajadores por todas partes. Hay que reducir la jornada
laboral. Atrévanse, como lo va a hacer el Gobierno francés pese a las
presiones de su patronal. Por ley, sin duda por ley, nada de esperar a
que las partes en la negociación lo acuerden pues nos pueden dar las
uvas, señorías. Por eso proponemos la jornada de una hora por día y
trabajador, es decir, la jornada de 35 horas semanales y la regulación
restrictiva y racional de las horas extraordinarias, así como la
incentivación al adelantamiento de la edad de jubilación. Sólo con
reformar estos tres aspectos se podría crear un millón de puestos de
trabajo a medio plazo, según los expertos.
Lo tienen fácil. Háganlo en las administraciones públicas cumpliendo lo
que este Congreso mandató en la proposición no de ley de diciembre de
1995 sobre reparto del trabajo en las administraciones públicas, hasta
hoy incumplida. Utilicen las generosas desfiscalizaciones de las rentas
de capital para financiar un cuarto turno en la sanidad pública, por
ejemplo.
Entrando en el proyecto de ley por el que se regulan los incentivos en
materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el fomento de la
contratación indefinida y la estabilidad en el empleo, con todos los
respetos, señorías, tenemos que afirmar que lo que hace es tirar el
dinero público. No sólo eso, sino que, además, inicia un peligroso
precedente de reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social que
dará quebraderos de cabeza en el futuro, pues 12 billones de protección
social es un codiciado botín que algunos no están dispuestos a dejar en
manos que no sean las suyas. Y, si no, al tiempo; este precedente dará
quebraderos de cabeza.
Señorías, Izquierda Unida solicita que el Gobierno traiga a esta Cámara,
en el plazo de tres meses, un plan social de empleo negociado con los
agentes sociales donde se contemple la creación de 500.000 puestos de
trabajo, en cinco años, mediante los sistemas de contratación por las
administraciones públicas, que permita mantener la gestión de los
recursos afectados al plan en el ámbito del sector público, acabando con
la práctica de desviar medios públicos al sector privado, sin garantías
de su eficaz aprovechamiento en favor de la creación de empleo estable y
de calidad. Los servicios de proximidad, servicios sociales en el ámbito
territorial más cercanos al individuo y el medio ambiente, serán sectores
desde donde se podrá conseguir la mayor emergencia de nuevos contratos de
trabajo.
Esta, junto a otras medidas antes expuestas de reducción de la jornada
laboral a 35 horas semanales, el control de las horas extraordinarias, el
adelantamiento de la edad de jubilación, etcétera, componen el plan
social de empleo que Izquierda Unida propone.
La financiación de este plan debe recabarse por medio de los siguientes
mecanismos: los fondos de inversión obligatoria, que se nutrirán del
porcentaje de beneficios empresariales que la ley disponga en función de
las cantidades que se deriven del diferencial resultante de la
liquidación del rendimiento neto de las actividades a las que sea de
aplicación esta ley; la aplicación de distintos signos, índices y módulos
del método de estimación objetiva del IRPF, derivados de la nueva
plantilla. Estos fondos estarán afectados exclusivamente a la
financiación de los proyectos generadores de empleo en actividades
económicas, social y medioambientalmente útiles. A tal efecto proponemos
también, lógicamente, la constitución de una agencia pública de gestión
de los fondos de inversión obligatoria. El destino de los incentivos
fiscales previstos en la ley a esos fondos puede significar un mecanismo
corrector de encauzamiento de las inversiones supuestamente creadoras de
empleo que los sucesivos gobiernos, éste incluido, han venido realizando
sin resultados positivos.
Por otra parte, de todos es conocido el diferencial de presión fiscal que
nuestro país tiene en relación a la media europea, que permite
establecer, con cautela, sí, pero con decisión también, los mecanismos de
reforma fiscal necesarios para financiar este plan, máxime si la primera
medida a reformar fuera eliminar la desfiscalización de las rentas del
capital que mediante distintas disposiciones se ha ido fomentando de
forma tan alegre, sobre todo el último año, desde la constitución de este
gobierno.
¿Por qué apostamos por un plan de creación directa por las
administraciones públicas de puestos de trabajo?
Porque creemos que ya está bien de retórica, porque estamos convencidos,
señorías, de que para crear empleo lo primero que debe hacer el Gobierno
es crearlo, simplemente eso. Después vendrá la economía privada, pero,
primero, hay que dar ejemplo y no repartir el dinero sin ton ni son, en
saco roto. No se trata de abrir hoyos para después taparlos, como algún
keynnesianismo mal orientado podría plantear, pues hoy existe una demanda
creciente de servicios sociales, locales, provinciales y de atención a
colectivos de niños, ancianos, disminuidos, ayuda a la incorporación de
la mujer al mercado laboral y también medioambientales, de reciclaje de
los residuos sólidos, de descontaminación y limpieza del entorno que
pueden generar una industria importante. Son servicios públicos
demandados pero no cubiertos, no son hoyos a tapar. No se trata tampoco
de incrementar el número de funcionarios, como despectivamente podría
interpretarse. Respecto a esto habrá mucho que hablar en la reforma del
Estatuto de la Función pública, pero lo cierto es que existen
experiencias piloto en distintas administraciones, de gestión dinámica,
motivada y eficiente, así como fórmulas donde se combinan elementos de
gestión pública y privada que bien podrían aplicarse a este tipo de
servicios a los que iría destinado el grueso del plan.
Tampoco excluye este plan que proponemos la incentivación de la
contratación indefinida y la transformación en indefinidos de los
contratos de duración determinada o temporal. En nuestro proyecto de ley
alternativo planteamos esto, pero limitando la aplicación de estos
incentivos a las pequeñas y medianas empresas, para aquellas actividades
a las que resulte aplicable y por las que no se haya renunciado a la
modalidad de signos, índices y módulos de la estimación objetiva del
IRPF, y para determinados colectivos de trabajadores con especiales
dificultades de acceso al empleo.
Nuestro proyecto reitera que la forma más eficaz de evitar la abultada
cifra de la contratación temporal es desincentivar su uso, no
prohibiéndolo porque es necesario en muchos supuestos, pero sí gravando
su uso mediante la elevación de las cuotas de la Seguridad Social para
aquellos supuestos no estrictamente necesarios. Por tanto, les emplazo a
coger el toro por los cuernos.
Señor ministro de Trabajo, señor Arenas, en alguna ocasión usted me ha
pregunta con sinceridad, más allá de la retórica, si de verdad creemos
que el plan que ustedes han presentado, estos proyectos de ley, no van a
funcionar. Con sinceridad le vuelvo a contestar: no están funcionando, al
menos en lo que a la creación de empleo se refiere, pues no contienen los
elementos necesarios para crear empleo. Le preguntaba antes de este
verano: ¿Ahora donde está el plan para crear empleo? Porque,
efectivamente, esto puede servir para acabar, más o menos, con una parte
mínima de la contratación temporal, de la rotación en último término,
durante unos años, pero dónde está el plan para crear empleo. ¿Solamente
la convergencia, como dice el programa plurianual de empleo? Si lo que
usted quiere es salir del paso y dar cuatro pases de pecho, vale, siempre
hay argumentos para justificarlo todo y habilidad no le falta, señor
ministro; eso hay que reconocerlo.
El plan de empleo es una utopía; es decir, es realizable, como lo era la
clonación hace, por ejemplo, unos decenios. Y para que no se nos olvide
que es realizable ahí está el artículo 40.1 de la Constitución, que se lo
propone como objetivo y como una obligación para los poderes públicos.
Los poderes públicos --dice el artículo 40.1-- realizarán una política
orientada al pleno empleo. Nuestra Constitución no dice: orientada a la
convergencia nominal, a la Unión Monetaria; no dice nada de eso. Dice:
orientada al pleno empleo, señor ministro. No dice: para ver si reducimos
un poquito la cifra de precariedad. No, dice al pleno empleo. Y eso es
posible. Este es su deber, es nuestro deber. ¿Está dispuesto este
Gobierno a cumplir con su deber de construir la sociedad de pleno empleo,
repartiendo el trabajo y redistribuyendo la productividad y la riqueza?
Esta es la cuestión.
Tomen buena nota de los nuevos vientos que corren en Europa, del ejemplo
francés, y atrévanse a poner el dedo en la llaga. Negocien, por tanto,
este plan social de empleo que aporta hoy Izquierda Unida a esta Cámara
y, en vez de hablar de empleo, créenlo de una vez por todas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Vaquero.
¿Grupos que desean utilizar un turno en contra? (Pausa.)
El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la intervención de dos
ponentes que han de repartirse el tiempo.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Quiero tranquilizar a la Cámara porque el hecho de que mi grupo solicite
un doble turno no va a suponer emplear el doble tiempo en contestar las
enmiendas a la totalidad del señor Vaquero. Es necesario recordar algunas
cosas previas para situarnos en el debate.
Antes de evaluar en profundidad estas enmiendas con texto alternativo,
debo hacer referencia al proceso de elaboración de estos dos reales
decretos. Un proceso que, como recordarán, señorías, se inicia en mayo de
1996 y concluye en 1997 con un acuerdo histórico entre los agentes
sociales, con tres acuerdos interconfederales; ello provoca una
comunicación al Gobierno el 28 de abril, y éste elabora dos reales
decretos-leyes
el 16 de mayo, para dar cumplimiento a esta comunicación.
No hay que olvidar que, en junio, esta Cámara convalidaba por amplia
mayoría (una mayoría desconocida en anteriores reformas laborales) estos
dos reales decretos-leyes. Eso se hacía, fundamentalmente, por una
cuestión importante, Sr. Vaquero, el clima de diálogo y consenso que
había provocadon el Gobierno y las fuerzas parlamentarias, que tenía como
consecuencia estos dos reales decretos y su convalidación.
En aquellos acuerdos se establecieron los objetivos fundamentales que
quiero recordar. El primero era la lucha contra la precarización, la
inseguridad y el fin de los contratos basura, la eliminación de rigideces
en nuestro mercado laboral, la búsqueda de la estabilidad en el empleo,
la modernización de las relaciones laborales mediante el apoyo y el
reforzamiento de la negociación colectiva y la reducción de las
reglamentaciones. En definitiva, se pretendía, señor Vaquero, la
reducción de las desigualdades sociales producidas entre los que tenían
un empleo fijo y en precario, y entre aquellos que tienen empleo y los
que no lo tienen, intentando que más españoles pudieran tener un empleo
de mayor calidad.
Hoy, cuatro meses después de haber aprobado esos dos reales decretos y de
que ambos estén funcionando, hay posibilidades de analizar los
resultados. Los resultados son los siguientes: en los meses de junio,
julio y agosto, y a pesar de ser ésta una época de alta temporalidad, la
contratación indefinida se ha triplicado. Mientras en 1996, en la misma
época, los contratos indefinidos realizados fueron de 70.526, en 1997 (en
estos tres meses) han sido de 210.741, y la mitad de ellos han ido
destinados a jóvenes; jóvenes que se encontraban en una situación de
inseguridad y de temporalidad; jóvenes que accedían por primera vez al
mercado de trabajo. Eso ha colaborado, indudablemente, Sr. Vaquero, a que
el número de parados inscritos en el Inem se haya situado por debajo de
los dos millones de personas, y también ha contribuido a que los datos de
EPA nos estén dando una tasa de paro del 20 por ciento. Es indudable que
todavía son datos muy elevados, pero también es indudable que algunos no
creían que se pudieran alcanzar después de esta reforma.
El Real Decreto-ley 8/1997 ha contribuido a fomentar el empleo debido a
una política económica practicada por este Gobierno. Sólo eso sería
suficiente para justificar nuestro voto en contra, pero yo quiero entrar
también en el fondo de su texto alternativo. Ustedes proponen en su
enmienda la contrarreforma; una contrarreforma basada en la modificación
y desnaturalización de los acuerdos de los agentes sociales, del Real
Decreto-ley 8/1997, del Estatuto de los Trabajadores y, en definitiva,
del marco existente en España en materia de relaciones laborales y de
protección social.
La enmienda es cumplimiento de su programa electoral, y ya sé que ustedes
se aplican aquello de programa, programa y programa. Pero, a nuestro
juicio, existe una clara contradicción entre los fines y los medios que
ustedes proponen. En el texto, señoría, establecen un sistema de
garantías para el trabajador, penalizando la actividad empresarial.
Introducen rigideces en el mercado laboral que provocarían un efecto
contrario al deseado al hacer las empresas españolas menos competitivas,
dificultando el acceso y mantenimiento del empleo.
Su texto pretende, señor Vaquero, aumentar los ingresos de los
trabajadores, facilitar a su vez las actividades extraprofesionales o las
excedencias, conceder horarios obligatorios y, al mismo tiempo, ampliar
las vacaciones y reducir la jornada laboral a treinta y cinco horas,
creando además nuevos impuestos contra los empresarios. Todo ello por ley
y sin contemplar, señor Vaquero, la situación de las empresas o su
entorno competitivo y lo que, a nuestro juicio, traería una inmediata y
elevada destrucción de empleo. Es claro y obvio que el papel lo soporta
todo, pero la actividad laboral y la actividad económica, no.
Además, señor Vaquero, su enmienda al Real Decreto-ley 8/1997 también
tiene errores en técnicas jurídicas. Pretende la modificación de
artículos del Estatuto de los Trabajadores mediante disposiciones
adicionales; hace alusión a los grupos de empresas sin definir su
naturaleza jurídica; introduce el término de discriminación indirecta sin
que ese concepto esté contemplado en nuestro derecho positivo; y concluye
con la prohibición de las horas extraordinarias, sin definir cuáles son
las condiciones y sus características. Pero es que, además, prohíbe las
agencias privadas de colocación y establece como sistema único de
colocación y de búsqueda de empleo el Instituto Nacional de Empleo. Se
vuelve al pasado en el régimen jurídico del despido colectivo; se
pretende una nueva regulación del artículo 52, que volvería a hacer del
mismo un artículo absolutamente inviable; se establece la jubilación
forzosa a los 60 años, asunto que no sólo es un paso atrás, sino que, a
nuestro juicio, va claramente en contra del Pacto de Toledo que su fuerza
política tuvo a bien firmar. La enmienda da respuesta al programa de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero ese programa no tiene nada
que ver con la realidad ni con nuestro modelo. Crea, señor Vaquero, un
modelo de relaciones laborales irreal, equivocado e impracticable;
incrementa la tutela gubernativa frente a la negociación de las partes y
aumenta los costes salariales y sociales reduciendo la competitividad, lo
que, sin duda, implicará un incremento del paro al esclerosar el mercado
de trabajo.
Señorías, la economía española está viviendo una situación de crecimiento
sostenido y saneado por primera vez desde hace mucho tiempo. Eso ha sido
posible gracias a unos presupuestos austeros; a una situación de
disciplina presupuestaria y desregulación económica; a una lucha contra
el déficit, el gasto público y la
inflación, que ha llevado a los tipos de interés a la situación en la que
en estos momentos están, y a una situación de confianza por parte de los
inversores, de los trabajadores y de los generadores de empleo. Eso ha
llevado a que en estos dos últimos años se hayan podido crear 500.000
puestos de trabajo, 500.000 empleos netos, señor Vaquero.
Usted concluía una parte de su intervención reprochando al Gobierno y al
Grupo Parlamentario Popular. «Ustedes no quieren crear empleo», decía el
señor Vaquero, «quieren entrar en la Unión Europea». Señoría, eso es una
falacia, es absolutamente falso. Queremos converger con el resto de los
países de Europa; queremos converger en empleo, queremos converger en
economía y queremos converger en política de protección social. Eso,
señor Vaquero, tiene una receta: sólo se consigue creando empleo en mayor
cantidad y de mejor calidad. A eso es a lo que va destinada esta reforma
laboral. Por ello, señor Vaquero, le reiteramos que retire su enmienda.
Se lo reiteramos, una vez más, aunque sabemos que ése va a ser, sin duda
alguna, un esfuerzo melancólico por nuestra parte.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernando.
Señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el señor Vaquero, portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, ha manifestado que el segundo de los reales decretos-ley al
que voy a hacer referencia, hoy proyecto de ley, el que proviene del Real
Decreto-ley 9/1997, era lo mismo que tirar dinero público. No conoce este
diputado tirar dinero público con tanto consenso social y político como
se va a hacer en esta ocasión. Tal vez sea el dinero público tirado con
mayor legitimación social en la historia de la democracia.
El señor Vaquero ha omitido claramente a lo largo de todo su discurso que
este proyecto de ley derivado de dicho real decreto-ley proviene de unos
acuerdos entre los interlocutores sociales, de unos acuerdos entre las
centrales sindicales y las organizaciones empresariales que demostraron,
justamente con ellos, ser ejemplarmente responsables en un momento en el
que la demanda general de la sociedad española y el momento histórico en
que se vivía, con la integración de nuestro país en la tercera fase de la
Unión Monetaria, hacían necesario ese ejercicio de responsabilidad por su
parte; ejercicio de responsabilidad al que no fue ajeno el Gobierno
popular, que antes y después de ese acuerdo demostró que cumplía sus
promesas de promoverlo, de no interferirlo y, sobre todo, de llevar con
rapidez los reales decretos-leyes que ya fueron convalidados en su
momento en esta Cámara para hacer realidad práctica justamente aquello
que se contenía en esos acuerdos sociales.
Frente a eso ustedes han presentado una enmienda de totalidad con texto
alternativo que se enfrenta, que choca frontalmente contra el contenido
de esos acuerdos sociales generadores de los reales decretos del proyecto
de ley que ahora debatimos en mor de su enmienda a la totalidad. Y tendrá
que convenir conmigo que si el proyecto de ley tiene legitimación social
de inicio, su enmienda, que choca frontalmente, carece, por tanto, de la
citada legitimación. Por consiguiente, su alternativa choca frontalmente
con la legitimación social a la que estaba haciendo referencia con
anterioridad.
Cuestión distinta es que ustedes presenten enmiendas de tipo parcial en
el debate posterior del proyecto de ley, lo que, sin lugar a dudas, harán
otros grupos parlamentarios, mejorando el contenido del citado proyecto.
Pero no han hecho eso, lo que han hecho es enfrentarse directamente con
un texto que choca, reitero, frontalmente con el contenido de dicho
proyecto de ley, porque entienden, evidentemente, que quienes lo
acordaron estaban equivocados.
Nosotros no compartimos esa opinión, señor Vaquero. Creímos que el
acuerdo suscrito en su momento entre las organizaciones empresariales y
las centrales sindicales era un buen acuerdo y que los reales
decretos-leyes que trajo el Gobierno, como vimos en el debate de su
convalidación, eran unos buenos reales decretos de desarrollo de aquellos
acuerdos. Por tanto, no cabe en modo alguno la enmienda que ustedes nos
presentan.
No quiero extenderme, pero usted sabe perfectamente que la doctrina
--usted mencionó un profesor, yo le voy a citar la doctrina general del
Derecho al trabajo-- nos habla claramente de lo que se ha hecho en esta
ocasión. Este es un proceso de negociación prelegislativa, muy propio
cuando se busca desde el Gobierno consensuar las reformas que
posteriormente se quieren aplicar para evitar la conflictividad y evitar,
por lo tanto, una aplicación desordenada o no pacífica de aquello que se
persigue. Incluso se ha propiciado desde esa Unión Europea que usted
tanto denosta, pero que, a diferencia de su propiciamiento, justamente
España --lo pone el Libro Blanco de política social-- ha sido el único
país de su entorno que ha conseguido un acuerdo de este tipo. Su
alternativa, en la que los sindicatos y las organizaciones empresariales
dejan de ser interlocutores privilegiados, a los que no se tiene en
cuenta para llegar a ese fin, viene a ser algo parecido a lo que ustedes
tanto han criticado, la reforma de 1994. Aquella reforma sí que chocó
directamente con las centrales sindicales, y ello mereció agrias críticas
de su grupo parlamentario. Ustedes hoy ocupan esa misma posición, la de
enfrentarse a los interlocutores sociales, a aquellos a los que va
dirigida esa reforma.
Su postura, en este caso, sí que ha cambiado de entonces ahora.
No entiendan en modo alguno que, con mi pretensión, estoy intentando
poner en duda la legitimidad que su grupo tiene de hacer cualquier tipo
de propuesta o de traer cualquier tipo de iniciativa a esta Cámara.
Además, tengo que decirles que han sido coherentes con sus planteamientos
en cuanto a la reforma laboral con la presentación de este texto
alternativo y que, incluso, la densidad del mismo demuestra que,
equivocadamente a mi juicio, han trabajado en esta materia. Ese texto
alternativo no va a conseguir nada de lo que ustedes pretenden, incluso
poniéndole el mismo título que tiene el proyecto de ley. Porque de
incentivación a la contratación indefinida, permítame que se lo diga,
señor Vaquero, nada de nada. Su texto alternativo no pasa de ser una
penalización de la contratación temporal y un importante gravamen para
los empresarios que se acojan a las medidas supuestamente incentivadoras
que ustedes recogen en él. Es un proyecto absolutamente reglamentista,
que complicaría extraordinariamente las posibilidades de contratación en
nuestro país, si en algún momento llegara a ser de aplicación. Además,
tanto en su exposición de motivos como en su articulado, es altamente
contradictorio y evidencia grandísimas lagunas. En su exposición de
motivos contiene consideraciones que nadie podría discutir, para, a
renglón seguido, introducir elementos restrictivos a esas políticas
generales de incentivación, como cuando dice que sólo será aplicable a
las pequeñas y medianas empresas o para ciertas actividades. Restringen
inmediatamente lo que sería una aplicación más general y, por lo tanto,
mucho más positiva de los fines de un real decreto o proyecto de este
tipo.
En su artículo 1 anticipan cuáles serán los beneficios que persiguen con
su texto alternativo, pero desconocemos el alcance de la propuesta,
porque no pasan exactamente de ahí. Si hay que entenderlo referido a la
literalidad de su precepto, comprenderemos que solamente van a afectar
esos beneficios a la transformación de contratos temporales e
indefinidos. Nuevamente una propuesta enormemente restrictiva porque, de
aplicarse, lo que traería consigo sería la realización masiva de
contratación temporal para, finalmente, transformarla en indefinida, lo
cual carece, a nuestro juicio, de todo sentido.
Las propuestas que se recogen en sus artículos 2 y 3, algunas
coincidentes con el proyecto de ley, otras no, además de chocar
frontalmente --es una constante en su discurso y en el contenido de su
texto alternativo-- con lo que fueron los acuerdos entre los agentes
sociales, traería consigo, por ejemplo en el artículo 2, aumentar de tal
manera el número teórico de trabajadores a los que tendría que aplicarse
la medida que ustedes pretenden, que haría inviable de todo punto el
equilibrio financiero de nuestro sistema, que tanto preocupa a los grupos
de esta Cámara. Usted también ha hecho alguna referencia a ello. Por
cierto, quiero desmentirlo en este momento. Ha sido reiterado hasta la
saciedad por parte de mi grupo que las bonificaciones e incentivos
fiscales que se contienen en este proyecto de ley no van a afectar para
nada el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social. Lo manifestó el
señor ministro el día del debate de convalidación. No nos hemos cansando
de repetirlo desde cualesquiera de los foros públicos a los que hemos
podido asistir, y lo repetimos nuevamente hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego, señor
Camps, que vaya concluyendo.
El señor CAMPS DEVESA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Yo creía, señor Vaquero, que usted no caía en esos discursos fáciles y
demagógicos respecto a la inestabilidad de nuestro sistema público de
protección social. Hoy me he dado cuenta de que, no. Ese texto
restrictivo, contradictorio, irreal y equivocado no puede ser alternativa
al decreto-ley presentado en su día por el Gobierno, al proyecto de ley
que pronto discutiremos en este Cámara.
Señor Vaquero, el texto que enmienda hoy es el camino a seguir. Para
algunos seguramente sólo será un paso, para otros incluso un pequeño
paso, pero yo creo que va a haber un gran consenso en esta Cámara
respecto a que será un paso adelante. Su propuesta sería, en todo caso,
un paso hacia atrás. La aplicación de la norma que usted ha traído hoy a
esta Cámara produciría, de hecho, una casi total paralización de la
contratación en nuestro país, tanto temporal como indefinida, que tanto
les preocupa a ustedes. A estas alturas no sería necesario insistir en
que el empleo en este país lo crean los empresarios y en que es el
Gobierno el que debe crear el marco jurídico para que ello sea posible.
Lo tendremos que reiterar una vez más.
Señor Vaquero, las palabras, como las buenas y las malas intenciones, se
las lleva el viento. La letra queda impresa en el papel para recordarnos
nuestros compromisos, nuestras promesas, las iniciativas que en un
momento tomamos. Pero el tiempo hace que los hechos sean enormemente
tozudos. Aquí el tiempo ha pasado, poco tiempo, es cierto --cuatro
meses--, pero ha pasado, y los hechos --y ha hecho mención a ellos el
compañero del grupo que me ha precedido en el uso de la palabra-- son
irrefutables. Se está creando más empleo y de mejor calidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señor presidente.
Señor Vaquero, los hechos son tozudos y demuestran bien a las claras, en
este caso, que sus palabras, que sus letras, carecen de todo sentido.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Muchas gracias, señor Camps.
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Brevemente quisiera contestar a alguna cuestión que se ha suscitado. En
primer lugar, parece machacón por parte de aquéllos que quieren minimizar
la importancia de nuestras propuestas enfrentarlas con el consenso
social. A esta Cámara todos venimos refrendados por una cierta
legitimación social, unos más, otros menos; en cualquier caso, la
legitimación social de mi grupo son 2.700.000 españoles y españolas y
ésta es la legitimación social que yo represento. Espero que su intención
no haya sido descalificarla.
De todos modos, los dos portavoces del grupo mayoritario de esta Cámara
tengan la plena seguridad de que Izquierda Unida no ha cambiado de
posiciones. Puede ser que otros lo hayan hecho, pero nosotros, no.
Ciertamente, nuestras propuestas intentan defender los intereses de los
trabajadores con fórmulas que propusimos en 1994, consensuadas también
por los agentes sociales. Ningún esfuerzo, a la hora de intentar
plantearse la creación de empleo, debe llevarnos a ningún tipo de
melancolía, señor Hernando. Por mi parte, no hay melancolía. Si los
hechos son tozudos, tenga la plena seguridad de que nuestro grupo y lo
que representamos es tozudo y va a seguir proponiendo lo mismo.
Nosotros entendemos que efectivamente se pueden adobar los datos para
presentar una realidad idílica, pero ustedes tendrían que decir a esos
tres millones y pico de parados que todo va bien y que, precisamente en
una época de bonanza económica, la creación de empleo cuasi marginal que
se está dando --es verdad que se está creando un cierto empleo-- es ya la
solución para su problema. Además, tendrían que decirles que la
convergencia, los datos macroeconómicos y la política económica son el
único remedio para su problema. También, que ese empleo precario, ese
empleo basura, con ese despido basura, es justamente la solución de su
problema. Porque estoy convencido de que no les cuadrarían las cifras, de
que tendrían sin duda alguna una contestación mucho mejor, más ingeniosa
que la que yo podría dar ahora mismo.
Por tanto, creo que el problema sigue intacto, está ahí, es tozudo. Con
esa política que están practicando --y ése sí que es un hecho tozudo-- se
crea un empleo mínimo y que al mismo tiempo sigue siendo mayoritariamente
precario y siniestralizante, según sus propias palabras.
Estoy convencido de que ciertamente nos separan muchos planteamientos,
como es lógico entre dos fuerzas políticas que representan ideas
distintas; no sólo ideas distintas, sino también posiblemente intereses
distintos. En cualquier caso, permítame, señor Hernando, que reivindique
para mí ese término de contrarreforma del Derecho del trabajo. Izquierda
Unida no defiende ninguna contrarreforma. Justamente quienes plantearon
la contrarreforma, según todos los expertos de Derecho del trabajo, que
han acogido ese término que acuñó Marcelino Camacho --permítale, al menos
a Marcelino Camacho, a ese líder histórico, mantener ese término de
contrarreforma y no se lo apropie, señor Hernando--, fueron ustedes; la
contrarreforma del Derecho al trabajo es la que se ha practicado durante
estos años y en la que ustedes han profundizado.
Señorías, por último --y acabo ya, aunque sin duda habría que entrar en
muchas cuestiones--, creo que no es de recibo que se amedrente a la
población planteando que medidas de tipo garantista, un derecho del
trabajo, paralizarían la contratación. Los empresarios van a realizar los
contratos de trabajo en la medida en que su negocio, su economía, aquello
que quieren producir, así se lo demande. Van a hacerlo y va a haber
contratos de trabajo. El problema es si el marco legal permite que esos
contratos de trabajo lo sean con calidad, con derechos, o no. Ese es el
problema que estamos debatiendo. No se vayan por las ramas. Ese es otro
tema, que ustedes ni siquiera quieren contemplar. Porque, si no, cuando
estamos hablando de distintos diferenciales, en términos de garantías de
trabajadores de otros países con respecto a los nuestros, en función de
nuestro marco jurídico laboral, estamos precisamente poniendo el dedo en
la llaga. No se trata de paralizar ni la contratación ni la economía de
este país. No. ¿Cómo lo hacen en otros países? En otros países no se han
atrevido a hacer una desregulación total como la que aquí se ha hecho.
Flexibilidad, hasta cierto punto, consensuada, sí, pero desregulación
total como la que aquí se ha realizado, eso sí que no es de recibo. Lo
que hay que hacer y lo que nosotros demandamos es compatibilizar las
nuevas condiciones de la producción con un mantenimiento de las garantías
de los trabajadores. Ese es el problema en el que ustedes ni siquiera
quieren entrar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.)
Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, muy brevemente voy a
contestar al señor Vaquero diciéndole que en ningún momento mi grupo ha
pretendido plantear la legitimación de un grupo o de otro y su presencia
en esta Cámara. Ni mucho menos. Lamento
que lo haya entendido así el señor Vaquero, porque la legitimación social
la tenemos todos los grupos por igual. Unos tenemos más votos que otros
pero, en principio, todos los diputados tenemos la misma legitimación,
como usted bien sabe, señoría, y nosotros pensamos lo mismo.
Quiero decirle una cosa. Es indudable que los dos reales decretos han
gozado del consenso y éste se consigue precisamente mediante el acuerdo.
El acuerdo supone que se ceda en las posturas maximalistas que las partes
tienen y ésa es una de las virtudes de estos reales decretos y de estos
acuerdos. Se ha cedido, por una parte, en las pretensiones que algunos
tenían de creer que la rigidez laboral era el sistema para mantener el
empleo en España, porque se ha visto que eso no era así; por otra parte,
también han cedido otros que creían que la flexibilización en el empleo
era el sistema para poder crear empleo y obtener mayores rendimientos y
beneficios. Y fruto de ese consenso y fruto de esa cesión de posiciones
maximalistas han sido estos dos reales decretos.
Yo no quiero hablar de qué es lo que hay que decirles a los tres millones
de parados que aún tiene nuestro país. Yo sí quiero decirle que sólo hay
tres millones de parados, que hay medio millón menos de parados que hace
dos años y que hay muchas personas a las que se les puede decir hoy en
día, gracias a una política económica acertada, que tienen posibilidad de
dejar de ser parados y que tienen posibilidad de dejar de ser víctimas de
esos contratos basura que se ha pretendido combatir mediante estos dos
reales decretos. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que nos ha movido, y
hoy podemos decir a muchos españoles y a muchos de los parados que tienen
una posibilidad, que tienen una oportunidad de encontrar un puesto de
trabajo, porque lo permite la situación económica, y que pueden
encontrarlo en mejores condiciones, con mayor calidad que lo hacían hace
sólo cuatro meses.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Hernando.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Muchas gracias, señor
presidente.
Efectivamente, los proyectos de ley que hoy debatimos son consecuencia de
los reales decretos-ley 8 y 9, de 1997. El Bloque Nacionalista Galego
votó en su momento en contra de su convalidación, sobre mejora del
mercado de trabajo y fomento de la contratación indefinida y de
incentivos a la contratación, y lo hicimos porque --desde nuestro punto
de vista y, desde luego, a pesar de lo afirmado hoy en esta Cámara,
nuestra opinión no ha cambiado-- las medidas propuestas suponen
globalmente un retroceso en los derechos de los trabajadores y
trabajadoras, tienden a centralizar la negociación colectiva, no van a
significar a la larga la disminución de la temporalidad --el tiempo dará
o quitará razones; a nosotros, por cierto, nos encantaría equivocarnos en
nuestros pronósticos-- y tampoco van a solucionar los problemas que
sufren los empresarios, especialmente los pequeños y medianos, sometidos
a reglas de mercado sobre las que cada vez tienen menos capacidad de
decidir, reglas trazadas por poderes cada vez más lejanos y contrarios a
sus legítimos intereses.
Además, desde nuestro punto de vista, también consolida reformas
laborales anteriores que en general supusieron el aumento del paro y la
precariedad, con las consecuencias de desequilibrio social que todos
conocemos, o el incremento del número de accidentes laborales. Una
reforma --decía-- que consolida reformas anteriores y que abre la puerta
a otras nuevas. Ya se empiezan a oír voces en el sentido de profundizar
en lo recientemente aprobado, en que hay que seguir restringiendo los
derechos de los trabajadores para conseguir la ansiada competitividad,
vía recorte de los costes laborales.
El aumento del paro y la precariedad laboral son consecuencia de una
determinada política económica, una política que está acentuando las
diferencias entre sectores sociales y entre territorios; una política que
está siendo cuestionada, por cierto, en muchos Estados europeos, donde
amplias capas de su población ven con malestar cómo no se da paso a la
prometida Europa social, sino más bien al contrario. Y este proyecto de
ley introduce factores preocupantes respecto a la facilidad para despedir
trabajadores con empleo estable, lo que precisamente no parece que vaya
a ayudar a conseguir esa indefinidad --entre comillas-- que se pretende.
El texto alternativo que presenta el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya es un texto susceptible de discusión,
naturalmente, pero para nosotros supone, desde luego, una base mucho
mejor que el proyecto de ley, para dar solución a los problemas que en la
actualidad sufre el eufemísticamente llamado mercado del trabajo. Por
ello, desde nuestro punto de vista, debería ser tomado en consideración.
De cualquier modo, conviene decir que la solución de los problemas de los
trabajadores y de muchísimos empresarios --insisto-- pasa necesariamente
por un marco político económico que respete la igualdad de condiciones,
que respete el derecho a producir, que haga que la economía esté al
servicio de la gente.
Lo mismo podemos decir respecto a los incentivos de la contratación. Es
evidente que nosotros estamos a favor de incentivar la contratación
estable, más aún cuando precisamente una de las grandes tragedias
sociales es la precariedad laboral, con todas las secuelas de inseguridad
personal y familiar que crea. No volveré
a incidir en el terrible drama que supone la gran cantidad de accidentes
laborales que se están produciendo y que ya nadie niega que se debe
precisamente a las condiciones de precariedad y de superexplotación que
están empezando a sufrir muchísimos trabajadores.
Sin embargo, también dudamos de la eficacia real de los incentivos que se
proponen en el proyecto de ley a la hora de conseguir empleo estable. No
vamos a negar que algunos trabajadores pueden resultar beneficiados, pero
más preocupante es que no sólo determinados sectores empresariales pueden
salir escandalosamente beneficiados al llevar a la práctica este tipo de
contrataciones, sino que de alguna manera se penaliza a aquellos otros
empresarios que se esforzaron y se esfuerzan por mantener fijas sus
plantillas. A estos empresarios no se les reconoce, desde luego, su
esfuerzo; al contrario, se les obliga a competir en condiciones de
desigualdad.
En todo caso, a ambos proyectos de ley el Bloque Nacionalista Galego
presentó sus enmiendas parciales y tendremos ocasión, por tanto, de
seguir discutiendo sobre este asunto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a votar en contra y se opone a la iniciativa de
Izquierda Unida con estas enmiendas de totalidad contra los dos proyectos
de ley que son causa de este debate.
Las razones son fundamentalmente repetitivas, señor presidente, de lo que
dijo nuestro grupo en el debate del pasado 5 de junio, cuando se
convalidaron los dos reales decretos-ley. Tenemos la suerte de entrar en
una materia que venía con el aval ofertado por los interlocutores
sociales, la CEOE, la Cepyme, UGT y Comisiones Obreras, con respecto al
acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo, y ese acuerdo
interconfederal se respeta fundamentalmente en su espíritu y en sus
enunciados en los textos de los dos proyectos de ley, sobre todo en el
primero, que trae causa del decreto-ley 8, de 1997, en razón de que ahí
está concebida toda la estructura del principio de acuerdo de estos dos
amplios bloques de interlocutores sociales. Por razones de urgencia, el
Gobierno los recoge en un texto, utilizando la fórmula del real
decreto-ley, y nosotros le damos nuestro voto con la mayoría de otras
fuerzas políticas de la Cámara, para su convalidación.
En ese proyecto de ley fundamentalmente, de acuerdo con el Real Decreto
8/1997, hay tres objetivos que coinciden con los del acuerdo
interconfederal. En primer lugar, la creación de empleo; en segundo
lugar, fomentar empleo estable, transformando los contratos temporales en
contratos indefinidos y, en tercer lugar, fomentar la calidad de empleo,
conseguir una mayor calidad en los puestos de trabajo.
A esto, en concordancia con el acuerdo interconfederal y con lo que dice
el decreto-ley del Gobierno, que nos pareció afortunado --y felicitamos
la iniciativa del ministro de Trabajo, señor Arenas--, el Gobierno le
añade algo para que no se quede en pura retórica, le añade el real
decreto-ley número 9, que es el de incentivos y medidas fiscales. Si no,
aquello podía haber quedado en una especie de discurso de juegos
florales, de pura retórica. Que los empresarios dijeran: ¿Dónde tengo yo
el estímulo del tipo de la Seguridad Social, de tipo fiscal, donde pueda
comprometerme en circunstancias siempre de incertidumbre, como puede ser
la economía o el mercado laboral y los avances de la tecnología en lo que
afecta la sustitución del hombre por la máquina? ¿Dónde? Esas son las
medidas que vienen en el segundo proyecto de ley, al cual Izquierda Unida
presenta una enmienda a la totalidad, a la que nosotros nos oponemos.
Porque ahí están las figuras, figuras que podremos complementar o matizar
en el trámite de ponencia y de Comisión, recordando sobre todo a los
interlocutores sociales que este segundo proyecto de ley tiene una serie
de matizaciones de tipo ético, de disciplina, fundamentalmente basadas en
la Ley 8/1988, sobre infracciones y sanciones en el orden social. Se les
dice: Señores empresarios, generen ustedes empleo de calidad, generen
empleo fijo, generen un empleo de transformación de los contratos basura,
de los contratos a tiempo parcial, en contratos indefinidos, pero cumplan
también con todas las obligaciones, con la Seguridad Social y con las
cotizaciones correspondientes, porque si usted no cumple el requisito
para poderse beneficiar, hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Seguridad Social, no puede venir por esta
vía a hacer este juego. Nos parece muy loable que el señor ministro de
Trabajo haya defendido eso y que se haya traído en el texto del proyecto.
Al hacerse un escalonamiento de los incentivos, desde el 40 hasta el 60
por ciento, según los casos, nos permite a nosotros encontrar una
satisfacción a la inquietud que habían mostrado los dos sindicatos
mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Si tenemos estos antecedentes,
esa es la garantía. Trabajemos por vía de perfeccionamiento, de enmiendas
de los textos que se someten a debate en la ponencia y en la Comisión.
Respetando los planteamientos que haya hecho Izquierda Unida, nosotros no
los compartimos y votaremos en contra de sus enmiendas, deseando que al
final, con las enmiendas que pueda presentar Izquierda Unida-Iniciativa
per Cataluña, puedan entrar también aquellos otros derechos que puedan
corresponder a la
seguridad laboral de los trabajadores. Si han firmado Comisiones Obreras
y UGT, me parece que esos principios de aval o de garantía, hechos por
las propias organizaciones sindicales, algún valor significativo tendrán,
aparte del puramente político, que nosotros vamos a transformar en
basamento legal.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Vasco se va a oponer a la enmienda a la totalidad con texto
alternativo que presenta el Grupo de Izquierda Unida. No les extrañará,
señorías, porque somos coherentes con lo manifestado en la convalidación
de los dos reales decretos que se convirtieron en los proyectos de ley
que hoy debatimos.
Ya indicamos en su día, en la intervención de nuestro grupo sobre la
convalidación de los dos reales decretos, que en los dos proyectos de ley
existían claros pero también muchas sombras, desde nuestro punto de
vista. Nos referíamos fundamentalmente a los intereses autonómicos,
considerados en sentido amplio, y en eso tengo que decir, señorías, que
podemos coincidir con la propuesta que presenta en su texto alternativo
el Grupo de Izquierda Unida.
La posición de nuestro grupo, el Grupo Vasco, es ya muy conocida en esta
Cámara, porque la reforma del artículo 84 del Estatuto de los
Trabajadores posibilitó que los acuerdos interprofesionales autonómicos
pudieran prevalecer sobre los de ámbito superior. Este proyecto de ley
supone, desde nuestro punto de vista, e insistimos en ello, porque ya lo
dijimos en su día, una modificación encubierta del artículo 84 del
Estatuto de los Trabajadores. Nuestro grupo entiende, señorías, que este
proyecto de ley rompe con lo establecido en ese artículo y que intenta
limitar la reforma que se inició en 1994, a través de una potenciación de
la negociación colectiva sectorial de carácter estatal que carece, desde
nuestro punto de vista, de todo sentido.
En el debate con ocasión de los reales decretos leyes indicamos también
que no es lógico decir que en una serie de materias, por ejemplo en los
contratos formativos, por circunstancias de mercado o por acumulación de
tareas, se dé por ley una prevalencia a lo establecido en los convenios
de ámbito estatal sobre lo que pueda decidir la negociación colectiva de
ámbito territorial inferior. Nos parece que es más razonable y que se
ajusta más a las necesidades productivas y a la propia realidad de la
negociación colectiva lo establecido respecto a los contratos por obra o
servicio, en los que no existe, como conocen perfectamente sus señorías,
tal prevalencia.
El Grupo Parlamentario Vasco es consciente de que de estas reformas se
puede esperar efectos evidentes. Por una parte, hacer más flexible la
organización interna del trabajo, moderar la dualidad y discriminación
entre trabajos fijos y temporales, y facilitar la adaptación de las
empresas al ciclo.
Uno de los aspectos centrales se destina, creemos nosotros, a frenar el
alto grado de temporalidad y de rotación que ha presentado, y sigue
presentando, aunque ha habido algunas correciones, la contratación
laboral, para ser sustituido por un mayor grado de estabilidad y
permanencia en el trabajo. Parece, señorías, que algún éxito ha tenido ya
esta reforma, aunque sea pequeño --ya lo indicaba también con números el
portavoz de Izquierda Unida--, en cuanto a la reducción de la
temporalidad derivada del nuevo tipo de contrato indefinido. No debemos
olvidar que lo que puede garantizar que un empleo sea estable es la
situación de la competitividad de las empresas.
El Grupo Parlamentario Vasco, señorías, convalidó los dos reales
decretos-ley que hoy debatimos en proyecto de ley y ha presentado
enmiendas parciales a los dos proyectos, enmiendas que esperamos que sean
atendidas en el siguiente trámite parlamentario. Ya apuntamos en su día
que el Grupo Vasco apuesta por la contratación indefinida, por la
inserción laboral de los jóvenes y por la inserción laboral de las
personas que tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo,
de las menos favorecidas y que tienen menos oportunidades.
Hoy nuestra sociedad vive una nueva realidad y por eso es necesario que
los agentes sociales continúen el diálogo que comenzaron en el año 1994,
pero sin exclusiones, señorías. Hay que incorporar a los sindicatos, que
son mayoritarios en algunas comunidades autónomas y que no han tenido
oportunidad de dar su opinión en este debate. Quedan muchos temas por
debatir en una situación cambiante día a día. Hay un campo importante a
explotar --ya lo apuntaba el portavoz de Izquierda Unida--, los servicios
de proximidad, y esta nueva realidad que vive nuestra sociedad exige
medidas realistas y posibles. Nosotros, con todo respeto, señores de
Izquierda Unida, no las hemos encontrado en el texto que ustedes
presentan y por ello esperamos que en el siguiente trámite parlamentario
sean tenidas en cuenta las enmiendas que ha presentado ya el Grupo Vasco.
Ahora repito que nos vamos a oponer a la enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo de Izquierda Unida.
Antes de terminar, quiero hacer una referencia al proyecto de ley sobre
incentivos, porque ya decíamos en la intervención sobre la convalidación
de los reales decretos-ley, que no contiene la habitual norma que debe
existir en toda disposición que afecta a materias o tributos sobre los
que el País Vasco o los territorios históricos de la comunidad autónoma
vasca tienen atribuidas competencias normativas. Esperemos que
este vacío se supere o se llene en el siguiente trámite parlamentario,
atendiendo las enmiendas que ha presentado el Grupo Vasco, pero repito
que votaremos en contra de la enmienda a la totalidad a este proyecto de
ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el
señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor presidente. Voy a fijar la
posición del Grupo Parlamentario Catalán en estas dos enmiendas a la
totalidad.
Es evidente que nuestra posición no va a ser ninguna sorpresa. El debate
de este mediodía es bastante repetitivo del que ya hubo en el Pleno de la
Cámara, cuando se convalidaron los dos reales decretos, y en las
comparecencias de los agentes sociales y del propio ministro en la
Comisión de Política Social. Por tanto, anuncio ya nuestro voto contrario
a estas dos enmiendas, en concordancia con aquella posición. Ya entonces
expresamos nuestra confianza en la negociación colectiva como mecanismo
para la creación de empleo y es evidente que esta reforma refuerza la
negociación colectiva.
Entendíamos que en este proceso los agentes sociales habían de jugar un
papel central y es evidente que en la reforma laboral lo han jugado.
Mostrábamos nuestra confianza en que un clima positivo en la política, en
la economía, y una actitud activa del Gobierno y del conjunto de las
administraciones públicas nos llevarían a la creación de empleo. Hoy,
escasos meses después de la puesta en marcha de estas medidas, es
evidente que el balance ha de ser necesariamente positivo. Las cifras nos
indican que existe una tendencia positiva, seguramente ya iniciada antes
de la puesta en marcha de la reforma pero que hoy se consolida en los dos
grandes objetivos que pretendíamos abordar, no tan sólo a través de estos
proyectos de ley, sino incluso en la acción política y económica en su
globalidad, que es la creación de empleo y la estabilidad en este propio
empleo. Si me permiten, desde una perspectiva nacional catalana, es
evidente que en Cataluña esta reforma está teniendo efectos especialmente
positivos. La tasa de paro en Cataluña se sitúa muy poco por encima del
8 por ciento y de ello nos podemos sentir satisfechos.
Decíamos asimismo que la reforma no era la poción mágica que iba a
resolver todos los problemas sobre la creación de empleo. Es evidente que
existe la necesidad de un debate, un debate social y político sobre
muchas cosas: sobre la organización del tiempo de trabajo, sobre el
impacto de las nuevas tecnologías en la creación o en la desaparición de
empleo, en el desarrollo de los nuevos yacimientos de trabajo. En
definitiva, un debate que, siendo necesario que se produzca, seguramente
la mejor manera de producirlo no es a través de esta iniciativa que hoy
nos propone Izquierda Unida.
Es necesario también un seguimiento de las experiencias que están
teniendo otros Estados europeos en esta materia. Esta misma semana, en la
subcomisión de juventud, de la Comisión de Política Social y Empleo, el
señor Pimentel mostraba su posición abierta a algunos elementos de la
experiencia francesa, el plan recientemente aprobado por el Parlamento
francés. Y es evidente que debemos insistir en el compromiso social para
continuar entendiendo que el diálogo entre los agentes sociales es
aquello que nos garantiza unas políticas de empleo eficaces. Por tanto,
ese acuerdo a que se ha llegado deberá tener otro desarrollo. Hoy también
en Cataluña las principales centrales sindicales han planteado a las
asociaciones patronales la necesidad de desarrollar en ese marco este
acuerdo. Esa es la vía que debemos apoyar.
Debemos continuar exigiendo que el Gobierno, y no tan sólo el Gobierno,
sino también las otras administraciones públicas --el próximo año la
Generalitat de Cataluña va a gestionar las políticas activas, creo que
también Galicia, y es voluntad del Gobierno del Estado que lo asuman
otras comunidades-- se comprometa activamente en la creación de empleo.
Finalmente, deberá existir una política económica del conjunto del Estado
en coherencia con la ya iniciada en 1993, que va a ser la que nos va a
permitir superar los problemas.
Vamos a tener oportunidad de continuar planteando estas cuestiones.
Dentro de próximas semanas vamos a tener una comparecencia del señor
Pimentel en la Comisión de Política Social para debatir el plan
plurianual de empleo y vamos a tener las discusiones presupuestarias para
conocer los nuevos posicionamientos del Gobierno en relación a las
políticas activas. Ahí creo que va a ser importante plantear alguna de
las cuestiones que en este debate han podido salir. Pero entendemos que
el tempo, la oportunidad y la letra que nos plantea Izquierda Unida no es
asumible por nuestro grupo. Seguramente ustedes y nosotros defendemos
modelos de sociedad profundamente diferentes e intuyo que incluso podemos
defender maneras diferentes de llegar a los mismos objetivos, pero, desde
esta discrepancia amistosa, evidentemente le anunciamos nuestro voto
contrario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Griñán. Señor
Griñán, le rogaría que fijase su posición desde el escaño, desde donde
han fijado la posición todos los portavoces de todos los grupos.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: El tiempo será el mismo. (El señor Griñán
Martínez ocupa la tribuna de oradores.) Gracias, señor presidente.
Tenemos esta mañana una cierta sensación de que este es un debate que ya
hemos hecho; lo hicimos a finales de primavera, lo repetimos ahora a
finales de verano. Son los mismos tiempos, somos los mismos portavoces y,
por tanto, forzosamente no podemos pretender originalidad, porque eso
iría en detrimento de la coherencia. Repitamos los argumentos, y lo
primero que tengo que decir es que el Grupo Socialista está a favor de
los proyectos de ley que hoy se presentan y, por tanto, va a votar en
contra de las enmiendas de Izquierda Unida, de las enmiendas a la
totalidad. La razón fundamental de nuestro acuerdo es porque creemos que
la fuente fundamental de las relaciones laborales tiene que ser la
autonomía de las partes. Entendemos que, siendo empresarios y sindicatos
los protagonistas y los que toman las decisiones más relevantes de cara
al empleo, suya debe ser también la responsabilidad preferente a la hora
de organizar sus reglas de juego. La virtud del acuerdo mismo yo creo que
deroga otros posibles inconvenientes (o por lo menos los minimiza) que
pueda tener este acuerdo.
Es verdad que todos tenemos un modelo teórico de relaciones laborales,
pero también, señor Vaquero, deberemos convenir que ninguno podemos
pretender tener la verdad absoluta sobre estos modelos y, siendo así,
desde este escepticismo, permítame decirle que concedamos a los agentes
sociales el derecho preferente a equivocarse. Dejemos que primero sean
ellos los que intenten regular su reglas del juego, porque de la
autorregulación se seguirán, seguro, mejores condiciones de
funcionamiento del mercado de trabajo.
Pero no solamente estamos en contra de la enmienda de Izquierda Unida
porque estemos a favor del texto del proyecto de ley, sino porque
también, permítame que se lo diga, estamos en contra del texto que ha
presentado alternativamente Izquierda Unida, porque entendemos que es un
texto que está lejos de la realidad, de la realidad del mercado de
trabajo, y porque, de ponerse en vigor, pensamos que se alejaría de la
senda de la creación de empleo. El texto alternativo no apuesta por el
empleo, sino por un modelo teórico que tengo la impresión de que se
aplicaría cada vez más a cada vez menos trabajadores, porque se
produciría un deterioro de la ocupación. Permítame que le recuerde un
solo detalle que tiene el texto alternativo: ustedes, cuando regulan el
despido improcedente, le conceden al trabajador la facultad de optar
entre la readmisión a su puesto de trabajo o una indemnización, pero en
caso de que el trabajador no ejercitara esa opción porque se le pasara el
plazo, pongamos por caso, entonces es el legislador, es decir, ustedes,
señores de Izquierda Unida, los que eligen la opción, y la opción no es
el puesto de trabajo, ustedes eligen la indemnización. Les interesa más
el derecho a la indemnización que el derecho al puesto de trabajo. Así no
se puede conseguir que las reglas del mercado de trabajo creen un mayor
empleo. Por lo tanto, vamos a votar en contra de esa primera enmienda a
la totalidad y también lo vamos a hacer de la segunda, si bien quiero
decirle que si en el primer caso no hemos presentado ni vamos a apoyar la
enmienda a la totalidad, ni vamos a presentar tampoco enmiendas
parciales, porque podríamos alterar lo que es el equilibrio conseguido en
el pacto entre los agentes sociales, en el segundo proyecto de ley sí
presentaremos enmiendas, porque el no apoyo a la enmienda a la totalidad
no significa en este caso que estemos totalmente de acuerdo con el
proyecto de ley. Lo digo previamente para que no se produzca el alboroto
que recientemente se ha producido con la Ley de Pensiones. No votar una
enmienda a la totalidad, no presentar una enmienda a la totalidad, no
significa que estemos de acuerdo con todo el contenido del proyecto de
ley. Presentaremos enmiendas para corregir aquello que creemos que se
puede mejorar.
No vamos a apoyar tampoco el proyecto de Izquierda Unida porque no nos
gusta el texto alternativo, señor Vaquero. Hacer que todos los contratos
temporales tengan un sobrecargo en las cotizaciones a la Seguridad Social
nos parece, se lo digo sinceramente, perjudicial para el empleo y que
destruye la competitividad de sectores de nuestra economía, porque no
distinguen ustedes entre temporales causales y no causales, y haciéndolo
así consideramos que, por ejemplo, el sector de la construcción sería un
sector que perdería en nuestro país su potencial de capacidad
competitiva. No tiene ningún sentido gravar todo contrato temporal y no
distinguir en este gravamen el contrato temporal que es causal de aquel
que no tiene ninguna causa para ser temporal.
Pero no vamos a apoyarle porque contiene además otra serie de cuestiones
de favorecimiento de las pequeñas empresas, y luego resulta que lo que se
les da con una mano en desgravación fiscal se les quita con la otra en
fondos de inversión obligatoria. Por lo tanto, no conceden a los
pequeñísimos empresarios ningún aliciente para crear empleo.
Tampoco vamos a dar apoyo total al proyecto. Nuestras enmiendas van a
tratar de favorecer aquellos aspectos que tienden a estabilizar realmente
el empleo, es decir, a consolidar el empleo estable aun después de que ya
no se beneficien de bonificaciones en la Seguridad Social, a impedir el
efecto sustitución y a favorecer con bonificaciones sociales los salarios
de más baja productividad y salarios y rentas más bajos.
También les digo, para terminar, que no creemos que sea suficiente esta
medida para que el mercado de trabajo o, mejor dicho, el crecimiento
entre en la senda de la creación de empleo. Dicho de otra manera, se
necesitarán más medidas para que el crecimiento económico se traduzca en
una mayor creación de empleo.
Ustedes se dieron mucha prisa en criticar el plan de empleo del gobierno
francés que recientemente se ha presentado. Su argumento formal para
rechazarlo fue muy sencillo. Dijeron: el empleo debe crearse
fundamentalmente en el sector privado y por los empresarios, argumento en
todo caso equívoco, porque nos obligaría a determinar qué se entiende por
empleo privado y qué se entiende por empleo público. Le pongo un caso. Un
maestro trabaja en una escuela pública y eso es inexorablemente empleo
público. Un profesor trabaja en una empresa privada de enseñanza que
recibe subvenciones. ¿Eso es empleo público o empleo privado? Una
enfermera trabaja en un hospital público. Es empleo público. Una
enfermera trabaja en una clínica privada que está concertada con la
Seguridad Social. ¿Eso es empleo público o empleo privado? Es un debate
en el que tendríamos que profundizar, porque no se puede decir
simplemente que el empleo tiene que crearse en el sector privado.
Lo que pretende decirnos su filosofía es que todo lo que favorece a los
empresarios es bueno para el empleo, y no es así. Todo lo que favorece a
los empresarios es bueno para los beneficios empresariales, pero no
necesariamente para la creación de empleo. Debe ser la política del
Gobierno la que se oriente a aumentar no el volumen de beneficios de las
empresas sino el de sus plantillas. Por lo tanto, tienen que ser medidas
dirigidas a la creación efectiva de empleo, no al beneficio concreto de
las empresas, porque lo único que produce eso es el ensanchamiento de la
desigualdad social. Sin embargo, ustedes, después de rechazar el plan de
empleo francés, han tenido algo así como el síndrome Jospin, e
inmediatamente han querido convertir una obligación comunitaria de dar
cuenta en un plan plurianual de medidas de empleo en una especie de
programa nuestro de empleo, al que, les digo la verdad, le faltaba
prácticamente casi toda la enjundia, la enjundia sobre todo
presupuestaria, porque en definitiva ese programa lo único que contenía
eran los fondos que provienen de los fondos de cohesión de la Unión
Europea; fondos de cohesión que les recuerdo se duplicaron en Edimburgo
gracias al esfuerzo del Gobierno anterior. Ese es el soporte fundamental
y presupuestario del plan de empleo que ustedes han presentado.
Yo, señores del Gobierno, quisiera decirles algo. Hoy corren vientos en
Europa que parece que son peligrosos para los intereses de nuestro país.
Hay un intento, nada disimulado, bastante claro y manifiesto, de volverse
atrás del compromiso de Edimburgo que con tanto esfuerzo se consiguió
hace años. Desde aquí yo les pido, sencillamente, señores del Gobierno,
que pongan todo su esfuerzo en impedir que se consume este retroceso;
luchen por defender los fondos de cohesión, luchen por mantener los
fondos estructurales, y les aseguro que en su esfuerzo no oirán jamás de
nuestra boca la acusación de que con sus reivindicaciones están siendo
ustedes pedigüeños.
Muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las
enmiendas de totalidad de textos alternativos que se han debatido a los
dos proyectos de ley.
Votamos, en primer lugar, la enmienda de totalidad de texto alternativo
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley de medidas urgentes
para la mejora del mercado de trabajo y el fomento de la contratación
indefinida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308;
a favor, 19; en contra, 286; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda de
texto alternativo del Grupo de Izquierda Unida.
Votación sobre la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada
y defendida por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley por la que se regulan
incentivos en materia de Seguridad Social y de carácter fiscal para el
fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310;
a favor, 20; en contra, 290.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda también rechazada la enmienda
de totalidad del Grupo de Izquierda Unida.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.