Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 89, de 03/06/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 89
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 86
celebrada el martes, 3 de junio de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
--Del Parlamento de Galicia, sobre cambio de denominación de las
provincias de «La Coruña» y «Orense». «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 10-1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente
125/000009) (Página 4386)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, para derogar determinados artículos
de la Ley 7/1997, de 14 de abril, sobre Medidas Liberalizadoras en
Materia de Suelo y Colegios Profesionales. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 97-1, de 26 de mayo de 1997 (número de
expediente 122/000079) (Página 4393)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, para combatir la estacionalidad y
mejorar el empleo en el sector turístico de sol y playa. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 76, de 25 de noviembre de 1996 (número
de expediente 162/000067) (Página 4402)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 97, de 5 de febrero de
1997 (número de expediente 162/000084) (Página 4410)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre relaciones presupuestarias
y financieras entre el Presupuesto del Estado y el de la Seguridad Social
(número de expediente 173/000045) (Página 4420)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política del Gobierno en materia turística y las medidas
a desarrollar para mejorar la capacidad competitiva de la industria
turística (número de expediente 173/000046) (Página 4426)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas
(Página 4386)
Del Parlamento de Galicia, sobre cambio de denominación de las provincias
de «La Coruña» y «Orense» (Página 4386)
En primer lugar, interviene en nombre del Parlamento de Galicia, la
señora García Negro, del Bloque Nacionalista Galego, para defender una
iniciativa sobre el cambio de denominación de las provincias La Coruña y
Orense por A Coruña y Ourense. Basa su petición en la proposición de ley
que aprobó el Parlamento gallego el 12 de septiembre de 1995, de forma
unánime, que dice lo siguiente: « Artículo 1. La actual provincia de La
Coruña se denominará oficialmente A Coruña, en concordancia con el nombre
oficial de A Coruña que tiene reconocida su capitalidad. Artículo 2. La
actual provincia de Orense se denominará oficialmente Ourense, en
concordancia con el nombre oficial de Ourense que tiene reconocida su
capitalidad.»
A continuación expone a la Cámara los antecedentes de la iniciativa y
recuerda que tanto en el Parlamento gallego como en el catalán como en el
vasco o como en el Congreso de los Diputados se aprobó en su día la
adhesión a la Declaración Universal de los Derechos Lingüisticos, firmada
por más de un centenar de organizaciones de todo el mundo en Barcelona en
junio de 1996. Manifiesta que con el voto positivo a esta proposición de
ley del Parlamento gallego se procederá a convertir en legal lo que es
legítimo de suyo y perteneciente a los derechos y a la historia del
pueblo gallego.
En segundo lugar, defiende la proposición de ley del Parlamento de
Galicia la señora Porteiro García, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza su intervención manifestando que con esta iniciativa se viene a
corregir una actuación de la dictadura que vino a traducir en un
incoherente lenguaje, con fonética castellanizada, los nombres de los
pueblos, vaciándolos de sentido y significado en muchos casos. Añade que
en el momento actual España es el Estado más descentralizado del mundo,
tarea en la que han colaborado los socialistas, llegándose a contar con
comunidades autónomas históricas con una legislación avanzada en materia
de reconocimiento y respeto a la riqueza cultural y lingüistica.
Reconocen el derecho de los gallegos a optar por una de las dos lenguas
oficiales, ambas igualmente legítimas, pero sin olvidar que la Ley de
Normalización Lingüistica del año 1983 determina clara y taxativamente
que en materia de toponimia prevalecerá la forma gallega, lo que fue
refrendado por el consenso de las fuerzas políticas. Por lo tanto
proponen a la Cámara que se de a los gallegos lo que les pertencece: la
libertad de usar su lengua con corrección y libertad, dando valor a una
lengua que es tan válida para el afecto como para la política y tan
prácitca para la relación comercial o la señalización de una carretera
como para la poesía, sin hacer
desmerecer la útil y hermosa lengua castellana de la que se sirven y a la
que aman como lengua hermana de la gallega.
En tercer lugar, defiende la proposición de ley del Parlamento de Galicia
el señor González Suárez, del Grupo Parlamentario Popular, comenzado por
agradecer a la Mesa de la Cámara el haber incluido en el orden del día
una iniciativa tan relevante para Galicia. Asimismo se refiere al
artículo de la Ley de Normalización Lingüistica, que dice que los
topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega, y a los
múltiples despropósitos y desatinos en materia lingüistica. Fundamenta su
petición de cambio de los topónimos de La Coruña y Orense por A Coruña y
Ourense en razones filológicas, históricas y tradicionales y manifiesta
que se trata de recuperar la ortografía correcta. Termina su intervención
agradeciendo en nombre de Galicia y los gallegos el voto favorable a la
proposición de ley del Parlamento gallego.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Gil i Miró, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Peralta Ortega,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya;
Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Sainz
García, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la proposición de ley del Parlamento de Galicia, se
aprueba por 306 votos a favor y una abstención.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 4393)
Del Grupo Socialista del Congreso, para derogar determinados artículos de
la Ley 7/1997, de 14 de abril, sobre medidas liberalizadoras en materia
de suelo y colegios profesionales (Página 4393)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, la
señora Narbona Ruiz. Solicita la derogación urgente de los artículos 1, 2
y 3 y de las disposiciones transitoria y final primera de la Ley 7/1997,
de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo, en base a
que estas medidas son absolutamente contrarias a la doctrina que se
establece en la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 20 de
marzo. Hace un análisis de dichos artículos para demostrar su afirmación
y denomina la actuación del Gobierno como una auténtica chapuza
legislativa, puesto que se procedió a la publicación de la Ley cuando ya
se conocía el contenido de la sentencia. Considera que el Gobierno pecó
de imprudencia, al intentar legislar con carácter urgente, y de
deslealtad constitucional al hacerlo a sabiendas de la contradicción que
eso significaba y del problema que se creaba en algunos territorios del
Estado. Solicita de la Cámara que tenga el suficiente sentido común y
respeto al Tribunal Constitucional votando a favor de su proposición de
ley, porque de lo contrario se estará contribuyendo a crear una situación
de inseguridad jurídica y de incertidumbre para los operadores.
En turno en contra interviene el señor Ortiz González, del Grupo
Parlamentario Popular. Replica la señora Narbona Ruiz, duplicando el
señor Ortiz González.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rivero Baute, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Recoder i Miralles,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 139 votos a favor y 165 en
contra.
Proposiciones no de Ley (Página 4402)
Del Grupo Socialista del Congreso, para combatir la estacionalidad y
mejorar el empleo en el sector turístico de sol y playa (Página 4402)
El señor Costa Costa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
presenta la proposición no de ley que tiene por objetivo mantener la
actividad económica en las zonas turísticas para crear empleo estable a
lo largo del año, rentabilizando mejor las infraestructuras y los
servicios públicos y privados, y hacer políticas activas de empleo así
como mejorar las rentas de los trabajadores del sector servicios,
propuestas que han sido presentadas en el programa electoral del Partido
Socialista en las elecciones generales de marzo de 1996. Añade que estas
propuestas han sido fruto de un debate en la sociedad, de un contraste de
opiniones y de un diálogo con los
agentes económicos y con los sindicatos y son necesarias en determinadas
regiones que tienen su especialización económica en el sector turístico.
Manifiesta, asimismo, que para hacer esta proposición no de ley tomaron
como referencia el Consejo de Essen de diciembre de 1994, porque en él se
estableció a nivel europeo que es conveniente implementar todas aquellas
políticas de los Estados miembros que tengan que ver con la creación de
empleo estable. Por ello proponen una serie de medidas que vienen a
abordar en profundidad los elementos que afectan a la estacionalidad de
la actividad económica en toda la vertiente mediterránea y,
particularmente, en las Islas Baleares. Añade que se trata de un programa
en el que deben estar implicados los sindicatos, los empresarios, los
ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, porque es imposible
disociar los elementos que conforman la actividad, la oferta y el
producto turístico.
Por otra parte, se muestran abiertos al diálogo y manifiesta que las
enmiendas presentadas por los grupos Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Catalán y Popular son perfectamente asumibles si durante el
transcurso del debate existiera la voluntad mayoritaria de llegar a
acuerdos que culminaran en un texto común. Con la esperanza de que ello
sea así, pide el voto favorable para su proposición no de ley.
En defensa de la enmiendas presentadas intervienen los señores Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, Gamero Mir, del Grupo Parlamentario Popular, y Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Rivero Baute, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de presentar una enmienda transaccional a los diferentes
grupos que han presentado enmiendas, interviene el señor Costa Costa.
Aceptada la enmienda transaccional por los grupos enmendantes, se somete
a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
en los términos de la enmienda transaccional, que se aprueba por 307
votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Página 4410)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular,
interviene el señor López-Medel Bascones, quien manifiesta que esta
iniciativa obedece al interés del Grupo Parlamentario Popular por
contribuir a la mejora de la legislación administrativa, siendo una de
las prioridades del Gobierno, conscientes como son de la importancia que
ésta tiene para los ciudadanos. Añade que la racionalización de la
estructura de la Administración General del Estado, la simplificación de
la misma y su adecuación a la realidad del Estado autonómico es el
objetivo de un gran número de medidas, entre las que destaca
singularmente la aprobación de la Lofage. Asimismo se refiere a la
próxima presentación por el Ministro de Administraciones Públicas de un
proyecto de ley que regule el estatuto de la Función pública que, con el
carácter de norma básica, venga a dar cumplimiento al mandato
constitucional de regular los derechos y obligaciones, la actividad
profesional y la carrera de los funcionarios. Sin embargo, el Grupo
Parlamentario Popular considera que, además, es necesario promover la
reforma de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común en aquellos aspectos en los que la
práctica ha demostrado su falta de adaptación a la realidad o su
inadecuación a la hora de responder a las necesidades tanto de los
ciudadanos como de la Administración pública a la que sirve como
instrumento.
A continuación hace un repaso de la trayectoria de la Ley 30/1992, del
Gobierno socialista, y cita algunas opiniones críticas de varios
operadores jurídicos que la tacharon entonces de caótica, caprichosa y
confusa. Se refiere asimismo al Real Decreto-ley que se vieron obligados
a promulgar los socialistas para prorrogar el plazo de «vacatio legis» un
año más, y da lectura a un párrafo de la exposición de motivos de dicho
decreto-ley, en el que se dice que la aplicación directa de la Ley
30/1992 plantearía una serie de problemas que constituirían un serio
obstáculo para el logro de objetivos de la propia Ley, perturbando con
ello el ordinario desenvolvimiento de la actividad administrativa.
Expone que lo que motiva al Grupo Popular a presentar esta iniciativa es
reforzar la seguridad jurídica, haciendo más perceptibles los principios
de eficacia y también de servicio a los ciudadanos. En ese sentido
anuncia que su grupo sólo postula una reforma parcial de una serie de
aspectos como son el régimen de silencio administrativo, los recursos, la
responsabilidad de la Administración y la suspensión de los actos o la
revisión de oficio. Para terminar, invita a los demás grupos de la Cámara
a sumarse a la iniciativa, de modo que, cuando esté
elaborada y remitida la ley, en el plazo más breve posible, quede mejor
consolidado el Estado de Derecho.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), interviene el señor Silva Sánchez.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Ríos Martínez, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los efectos de de presentar una enmienda transaccional a la enmienda
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), interviene el seño
López-Medel Bascones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, en los términos resultantes de la enmienda transaccional, se
aprueba por 161 votos a favor, 128 en contra y 15 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 4420)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las relaciones presupuestarias y
financieras entre el presupueto del Estado y el de la Seguridad Social
(Página 4420)
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente, interviene
el señor Borrell Fontelles, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Considera que en la interpelación de la semana pasada sobre las
relaciones presupuestarias y financieras entre el presupuesto del Estado
y la Seguridad Social quedó claro que la Seguridad Social no había
ingresado, por lo menos el último trimestre, las retenciones efectuadas
en 1996 sobre las nóminas de sus pensionistas y empleados; que el
Gobierno no había remitido a la Cámara antes del 16 de mayo pasado
ninguna información relativa al estado presupuestario de la Seguridad
Social posterior al mes de noviembre del año pasado; que la Seguridad
Social había recibido en el primer trimestre una parte muy considerable
de los créditos previstos en el capítulo 8 de los Presupuestos Generales
del Estado para 1997, y que si bien el crédito de Tesorería que se supone
va a quedar saldado a final de año se ejecuta a un ritmo proporcional al
tiempo transcurrido, el crédito para garantizar el equilibrio financiero
de la Seguridad Social se ejecuta mucho más rápido de lo previsto, puesto
que en un solo trimestre se había consumido el 63 por ciento del mismo.
Manifiesta que esta situación les ha llevado a presentar la moción de
hoy, en la que solicitan que el Gobierno remita a la Cámara de forma
puntual, sistemática y regular el informe de ejecución del presupuesto de
la Seguridad Social; que remita cada fin de mes el informe sobre la
ejecución del presupuesto monetario del conjunto del sistema y la
financiación de su déficit de Tesorería; que remita una actualización de
las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social, revisando
las que presentó en el presupuesto de 1997, y que remita un informe sobre
la ejecución del capítulo 8 y el ritmo al que se gastan los créditos
destinados a garantizar el equilibrio del sistema. Asimismo solicitan que
se informe a la Cámara de los débitos y créditos mutuos entre la Hacienda
pública y la Seguridad Social y que se explique qué va a ocurrir este año
con las transferencias para compensar los gastos sanitarios ejecutados
por el País Vasco y Navarra.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
interviene el señor Camps Devesa.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Homs i Ferret,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y Saura Laporta,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Interviene de nuevo el señor Borrell Fontelles.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, se
rechaza por 144 votos a favor, 160 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre política del Gobierno en materia turística y las medidas
a desarrollar para mejorar la capacidad competitiva de la industria
turística (Página 4426)
Para presentar la moción consecuencia de interpelación urgente,
interviene el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Manifiesta que de la interpelación de la
semana pasada se pudo sacar la conclusión de que el Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda no tenía nada
claro que el turismo fuera una industria y que como tal necesitaba una
política propia.
A continuación hace un análisis de la realidad de la industria turística
y se refiere a los problemas que genera el elevado incremento de una
oferta ilegal de apartamentos y de residencias secundarias. También se
refiere a la problemática de la estacionalidad y de la concentración que
provoca una saturación de la oferta en determinadas zonas. Considera
necesario mejorar la competitividad del producto turístico español y, por
tanto, definir la estrategia futura de su desarrollo, basándose en la
calidad, en la diversificación y en la especialización. Por todo ello
instan al Gobierno a que tome medidas concretas como las que han sido
plasmadas en su moción, con la idea de que no sea una propuesta cerrada,
sino un elemento más para el debate, y anuncia la admisión de algunas
enmiendas presentadas por los grupos Popular y Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas, intervienen los señores Gamero
Mir, del Grupo Parlamentario Popular, y Trujillo Oramas, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas, inteviene
el señor Centella Gómez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, en
los términos resultantes de la aceptación de distintas enmiendas por el
grupo proponente, se aprueba por unanimidad.
Se suspende la sesión a las nueve y media de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES ATONOMAS:
--DEL PARLAMENTO DE GALICIA, SOBRE CAMBIO DE DenominaciOn DE LAS
PROVINCIAS DE LA CORUÑA Y ORENSE (Número de expediente 125/000009)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día, toma en consideración de proposiciones
de ley de comunidades autónomas. Proposición de ley del Parlamento de
Galicia, sobre cambio de denominación de las provincias de La Coruña y
Orense.
En primer lugar, en nombre del Parlamento de Galicia, tiene la palabra
doña Pilar García Negro, del Bloque Nacionalista Galego.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO GALLEGO (García Negro): Gracias, señor
Presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, tres miembros del Parlamento
gallego estamos aquí presentes, comparecemos hoy para proceder a la
defensa de una iniciativa como tal del Parlamento gallego referida
oficialmente al cambio de denominación de dos provincias de nuestro país,
A Coruña y Ourense, que hasta el momento actual mantienen las
denominaciones La Coruña y Orense.
El 12 de septiembre de 1995 el Pleno del Parlamento gallego aprobó una
proposición de ley de forma unánime que contiene el siguiente texto, que
traduzco: La actual provincia de La Coruña se denominará oficialmente A
Coruña, en concordancia con el nombre oficial de A Coruña que tiene
reconocida su capitalidad. Artículo 2: La actual provincia de Orense se
denominará oficialmente Ourense, en concordancia con el nombre oficial de
Ourense que tiene reconocida su capitalidad.
Con el permiso de ustedes y con la atención que estoy absolutamente
segura que estos temas merecen a todas SS. SS. quisiera informar
brevemente de los antecedentes de esta iniciativa. El Grupo Parlamentario
del Bloque Nacionalista Galego, al que represento, el 18 de octubre de
1991 presentó en el Parlamento gallego una iniciativa de este mismo tenor
exactamente, que consiguió ser aprobada en la Comisión Institucional del
Parlamento gallego al año siguiente, el 6 de febrero de 1992. Después de
la aprobación en esta Cámara de las denominaciones Girona y Lleida para
las provincias catalanas respectivas nos apoyábamos precisamente en este
antecedente legal para homologar el nombre correcto de las dos provincias
gallegas. Con posterioridad, el 14 de diciembre de 1994, nuestro grupo
parlamentario se interesó, a través de varias iniciativas más
--proposiciones no de ley y preguntas dirigidas al Gobierno gallego--,
por los trámites subsiguientes a aquella aprobación unánime en el
Parlamento gallego de la iniciativa a que antes me referí. Finalmente, el
21 de julio de 1995 don Francisco Rodríguez, en aquel momento Diputado
del Parlamento gallego y hoy Diputado de esta Cámara, se interesa también
por la tramitación correspondiente de esta iniciativa en esta Cámara,
trámite preceptivo, obligado.
Quisiera, con su permiso, recordar también que tanto en el Parlamento
gallego como en el catalán, como en el vasco como en este Congreso de los
Diputados fue aprobada en su día la adhesión a la declaración universal
de los derechos lingüísticos, firmada por más de un centenar de
organizaciones de todo el mundo
en Barcelona en junio de 1996; la aprobación en esta Cámara tuvo lugar en
concreto en el mes de octubre del año pasado. El artículo 32 de esta
declaración universal de derechos lingüísticos reza así: 1. Toda
comunidad lingüística tiene derecho a hacer uso de los topónimos en la
lengua propia del territorio, en los usos orales y escritos y en los
ámbitos privados, públicos y oficiales. 2. Toda comunidad lingüística
tiene derecho a establecer, preservar y revisar la toponimia autóctona;
ésta no puede ser suprimida, alterada o adaptada arbitrariamente, como
tampoco puede ser sustituida en caso de cambios de coyunturas políticas o
de otro tipo.
Pues bien, realmente, señoras diputadas, señores diputados, estamos aquí
en estos momentos para oficializar lo que es puramente una evidencia.
Quizá, como ha sido reiteradamente proclamado --y las mujeres de esto
sabemos mucho--, las evidencias y los principios elementales que deberían
merecer el respeto absolutamente generalizado y unánime son en muchas
ocasiones los que más tardan en hacerse valer.
Con el voto positivo a esta proposición del Parlamento gallego, que
esperamos, naturalmente, de todos ustedes, vamos a proceder a dar el sí
oficial a algo que es enteramente legítimo, perteneciente a los derechos
y a la historia, en este caso, del pueblo gallego. Quiero recordarles que
no se trata de galleguizar nada. Galicia es una muy antigua nación y, por
tanto, los nombres de sus lugares, su propio idioma tienen bastante más
de mil años de existencia y muchos de esos nombres de lugares también.
Queremos convertir en legal lo que es legítimo de suyo, lo que proclama
la Ley de normalización lingüística en su artículo 10, que taxativamente
indica que la única forma correcta y oficial de los topónimos es la
gallega, y estamos también recordando, en definitiva...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora García
Negro, le ruego que concluya.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO GALLEGO (García Negro): Concluyo ya,
señor Presidente.
Estamos recordando que A Coruña y Ourense tienen una vida escrita y
documental de cientos y cientos de años en un momento en que el idioma
gallego era oficial, aunque esta nomenclatura no existiese entonces de
pleno derecho.
Señoras y señores Diputados, don Javier de Burgos, Ministro de Fomento,
en 1833 procedió a la invención de las provincias como categorías
administrativas. Han pasado 164 años desde entonces, desde que se inventó
La Coruña y Orense como nombres de las provincias. Esperemos, en bien de
todos, de los derechos democráticos del pueblo gallego y, naturalmente,
de la propia solvencia de esta Cámara, que no tengamos que aguardar otros
164 años para que cobre vida ese derecho a la cooficialidad del idioma
gallego.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora García Negro.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María
José Porteiro García.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO GALLEGO (Porteiro García): Gracias,
señor Presidente.
Señoras y señores diputados, con esta proposición que hoy traemos las
diputadas y diputados gallegos a esta Cámara, venimos a corregir una
actuación que es parte de las trágicas consecuencias de la Guerra civil,
cuando Galicia vio cómo se arrasaban y alteraban los nombres de sus
lugares, de sus aldeas, de sus villas y de sus ciudades. La purga
fundamentalista emprendida por un Estado negó cualquier pluralidad
cultural, no digamos ya ideológica, y llegó a extremos tan ridículos
--que no pueden llevarnos a risa en ningún caso-- como cambiar el nombre
de una localidad orensana llamada Niñodaguia, que traducido literalmente
sería Nido de Aguila, por un Niño del Aguila, absolutamente ajeno a
cualquier hecho histórico, biológico,
geográfico o de cualquier otra índole. Quien llega a Galicia
buscando las hermosas playas de Sanxenxo debe saber que ese topónimo es
el equivalente del castellano San Ginés, nunca del cacofónico Sanjenjo,
que nada significa y a nadie se remite.
Así se fueron jalonando, por la incultura y la estulticia de los
servidores de la dictadura, rosarios de despropósitos lingüísticos que
sólo con la democracia han venido a recuperar su esencia y su dignidad.
Hablamos, pues, de una decisión, la de restaurar la toponimia, que debe
entenderse en clave de democracia y de respeto a la diferencia cultural
como garantía de la igualdad entre los ciudadanos de todos los pueblos de
España.
Tenemos el Estado más descentralizado del mundo. Los socialistas también
colaboramos a hacerlo posible como demócratas y como progresistas
respetuosos con la pluralidad, y llegamos así a dotar a las comunidades
autónomas históricas de una legislación avanzada, avanzadísima, de las
más avanzadas en el mundo en materia de reconocimiento y respeto a la
riqueza cultural y lingüística. Tratamos, por lo tanto, de corregir un
despropósito y fomentar la tolerancia, pero también la tolerancia
necesaria en sentido inverso, la tolerancia que permita a los gallegos y
a las gallegas poder optar por la lengua que se desee en un país, en
Galicia, que goza del privilegio de la riqueza de disponer de dos lenguas
oficiales, ambas igualmente legítimas. No obstante, esta libertad de
elegir una u otra lengua no debe hacernos olvidar que la Ley de
normalización lingüística del año 1983 determina clara y taxativamente
que en materia de toponimia prevalecerá la forma gallega, que esa
voluntad de los gallegos, señorías, refrendada con el consenso de sus
fuerzas políticas en el citado año 1983, de la que fuimos ponentes el
grupo que represento, con don Ramón Piñeiro al frente, encuentre hoy su
refrendo aquí, nada menos, señoras y señores diputados, que casi 14 años
después.
Por lo tanto, y en resumen, señorías, lo que proponemos a esta Cámara es
que se sustituyan los sprays de la protesta por el refrendo oficial y
político de dar a Galicia lo que a los gallegos les pertenece: la
libertad de usar su lengua con corrección y con libertad, esa lengua que
es la más conocida y usada del Estado de entre las autonómicas, cerrando
un ciclo de 14 años para consagrar lo que la Ley de normalización
linguística inició, haciendo finalmente coincidir al país representado
con el país real, poniendo en valor una lengua que es, y así debe ser
entendida, útil y confortable, tan válida para el afecto como para la
política y tan práctica para la relación comercial o la señalización de
una carretera como para la poesía, sin hacer desmerecer la útil y hermosa
lengua castellana de la que nos servimos y a la que amamos como lengua
hermana de la gallega también.
Por eso, señoras y señores diputados que representan aquí a todos los
pueblos de España, porque las leyes no pueden ser papel mojado y deben
convertirse en carne y sentimiento colectivos, pedimos su apoyo para la
toma en consideración de esta iniciativa, para reparar un dislate de la
dictadura que se convirtió en una deuda histórica con nuestro país, mal
traduciendo en un incoherente lenguaje con fonética castellanizada los
nombres de nuestros pueblos, vaciándolos de sentido y significado en
muchos casos. Corrijamos este error. Porque cuando los hombres y mujeres
le damos nombre a una cosa estamos estableciendo un pacto de pertenencia,
estamos quedándonos con el alma de esa cosa, de esa tierra, de ese lugar.
Tendremos, poseeremos nuestra tierra en la medida en que la podamos
reconocer por su nombre propio, por ese nombre, testigo de un origen, de
un entorno o de una voluntad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Femández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Porteiro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
González Suárez.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO GALLEGO (González Suárez): Señor
Presidente, excelentísimos señores y señoras diputadas, sean mis primeras
palabras al ocupar esta tribuna de saludo afectuoso a todas SS. SS. y, al
mismo tiempo, de agradecimiento a la Mesa de esta Cámara por haber
incluido en el orden del día de esta sesión esta iniciativa tan relevante
para Galicia, relacionada con su lengua, núcleo vital de nuestra
identidad, la mayor y más original creación colectiva de nuestro pueblo y
la que le da unidad interna a nuestra comunidad, tal como expresa la Ley
de normalización lingüística, que señala en uno de sus artículos que los
topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega.
Es indudable que la recuperación de los nombres auténticos de los
ayuntamientos, de los territorios, de las unidades de población, de las
vías de comunicación interurbanas y de los topónimos, determinó la
desaparición de múltiples despropósitos y desatinos lingüísticos e
históricos que en muchos casos habían degradado el auténtico significado
de los mismos. Por poner un ejemplo, diré que en la provincia de Orense
existe un núcleo de población denominado Niñodaguia, un hermoso nombre
que, por pura ignorancia y de un modo simplista, se tradujo por Niño de
la Guía, cuando todo gallego sabe que su verdadero significado es Nido de
Aguila. Lo mismo sucedió con el término Xestosa, que hace alusión a un
lugar abundante en xestas, es decir, en retamas, que fue convertido por
seudoculturizadores ignorantes en Gestosa, por un simple cambio de la X
por la G, dando lugar así a un topónimo que no indica nada relacionado
con su origen. Se podrían poner infinidad de ejemplos, pero esos dos nos
parecen suficientemente paradigmáticos.
El Estatuto de Autonomía de Galicia, en su artículo 2, dice que el
territorio de Galicia es el comprendido por las actuales provincias de La
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, nombres que, lamentablemente, aún
perduran de esta forma. Por otra parte, el Real Decreto de 30 de
noviembre de 1833, del siglo pasado, establece que las provincias tomarán
el nombre de sus capitales respectivas --a excepción de algunas que allí
se citan--, pero sólo mediante ley de este Parlamento --y de aquí esta
iniciativa-- se puede modificar tal denominación y la capitalidad de las
provincias, como, insisto, indica un real decreto del año 1986.
Permítaseme que señale muy brevemente algunas de las razones del origen
de los términos que hoy traemos a la consideración de SS. SS. Es sabido
que el vocablo Coruña, derivado de la voz celta Clunia, quiere decir
cerro, otero, elevación, y hace alusión a un castro situado en el
sudoeste de la península del Faro, más conocido por Torre de Hércules,
sobre la ensenada del Orzán coruñés. Si bien la voz Clunia nunca llevó
artículo, como sucede con otros núcleos de población, como, por ejemplo,
Coruña del Conde, en Castilla-León, o Coruño, en el principado de
Asturias, o Xuño, en la misma Galicia, no es menos cierto que, en
tránsito posterior al romance gallego, pasó a denominarse A Coruña, que,
por epéntesis, pasó al término A Coruña. ¿Cómo se explica la cuestión del
artículo? Pura y simplemente porque, al convertirse la cabeza del Faro en
puerto de arribada de innumerables peregrinos franceses, británicos o
nórdicos, éstos hicieron una interpretación errónea del nombre del sitio,
tomándolo como un sustantivo común de un poblado o de una villa del
Faro, que después fue aceptado por los nativos y más tarde por las
cancillerías regias. Por cierto, La Coruña es una castellanización sin
ningún significado. Sería una aberración lingüística, como puede ser
decir El Porriño o El Carballino, en vez de O Porriño u O Carballiño.
En cuanto al topónimo Ourense, se viene utilizando así por parte de la
población desde tiempo inmemorial. Aparece por primera vez en la
Parochialis Suevorum o Divisio Theodomiri, a finales del siglo VI, con la
denominación auriense, que a su vez procede del nombre latino Portus
Auriensis, que hace mención a un paso fluvial relacionado con una
explotación aurífera a orillas del río Miño, que tenía por nombre Palla
Aurea, apareciendo con la denominación auriense en la documentación
medieval que se guarda en el archivo de la catedral orensana; por cierto,
por evolución, auriense. Ya el rey Sabio, Alfonso, en el siglo XIII, lo
cita en una de sus cantigas a Santa María.
Por todas estas razones, y probablemente por otras muchas, la Comisión
oficial de Toponimia de Galicia declaró como nombres oficiales los de A
Coruña y Ourense para sus ciudades, fundamentándose en razones
filológicas, históricas y tradicionales. Las mismas razones que acabo de
mencionar son las que deben servir para que se denominen igualmente sus
provincias respectivas, sirviendo como argumento, además de lo que
llevamos dicho, la propia aceptación popular y social de la mencionada
toponimia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor González, le
ruego concluya.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO GALLEGO (González Suárez): Sí, señor
Presidente, termino enseguida.
No se trata, por tanto, como algunos pudieran creer, de cambiar nombres
porque sí, sino de recuperar la ortografía correcta de aquellos topónimos
que sufrieron verdaderos desatinos bien porque fallaron normas propias
que asegurasen la conservación de ese patrimonio cultural, que es la
toponimia, bien por aberraciones gramaticales o por carecer de una gracia
fija o también por el propio influjo foráneo desconocedor de la realidad
gallega.
Señorías, en nombre del Parlamento de Galicia traemos hoy a su
consideración esta proposición de ley que a iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular de Galicia fue aprobada por unanimidad, como así
han manifestado mis compañeras del Parlamento gallego. Galicia y los
gallegos les quedaremos profundamente agradecidos si dan el voto
favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Femández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González.
¿Algún grupo desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Empezaremos por expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto y
específicamente del Bloque Nacionalista Galego, el orgullo que sentimos
de contar con la presencia aquí de los representantes del Parlamento de
Galicia que con tanta razón como entusiasmo defendieron lo que en la
Galicia que no reniega de sí, la inmensa mayoría quiere: verse retratada
con su rostro y reconocida así por el Estado en su toponimia. Y cuando
hablamos del Estado, estamos hablando de unas autoridades que en el
pasado histórico utilizaron la violencia en contra de un país que
consideraban salvaje y no civilizado. Autoridades
político-administrativas, autoridades judiciales, autoridades
eclesiásticas, autoridades académico-escolares y autoridades militares y
de la política de seguridad se encargaron desde el siglo XV,
especialmente en el XVIII y, sobre todo, en el XIX y a comienzos del XX,
de conservar a veces lo originario si era exótico, pero no olía a
gallego, lo híbrido, la mezcla, lo deturpado, la traducción imaginaria
con el modelo español hasta el extremo de convertirnos en una caricatura.
Es hora de que hoy el Estado asuma como suyo el nombre originario de una
manera coherente y para todos. Ourense, O Carballiño, O Seixo, A Coruña,
Ponteareas, Pontevedra, Viveiro, Ortigueira, todo esto en un país que ha
sufrido una situación claramente diglósica, esto es, de gravísimo
desprecio contra sí mismo inoculado por autoridades que debían ser las
primeras en defenderlo, pero sin duda algunas de ellas disfrutaron con
esta deformación en beneficio propio.
Señorías, la legislación autonómica, tan clara y contundente en este
aspecto, sin duda tiene que tener consecuencias en la legislación del
Estado. El Estado debe asumirla para sus circunscripciones
administrativas, en su versión originaria, en su versión propia, en su
versión democrática, y éstos son los símbolos de su pluralidad, de la
diversidad lingüística y cultural, los nombres de lugares, de territorios
que son próximos y que están dentro del propio Estado. Por tanto, es una
seña fundamental de respeto para todos y de la convivencia normal entre
todos.
Es, por tanto, lógico el apoyo fervoroso del Grupo Parlamentario Mixto,
que es un grupo que reúne a representantes de países con lenguas
diferentes al español y este apoyo fervoroso es aún más grande por parte
del Bloque Nacionalista Galego que siente que hoy es un día muy
entrañable, muy importante, porque estamos seguros de que este Congreso
de los Diputados va a dar cobertura a algo que tiene un importante efecto
psicológico, cultural, administrativo, de justicia e incluso
antropológico y solamente desde la óptica de los que hemos padecido
gravísimas consecuencias, por el trato que se ha dado a nuestro país en
este aspecto, podemos reconocer y agradecer lo que hoy se va a cambiar.
Por tanto, no es ni más ni menos que el inicio del respeto por nuestro
derecho a ser diferentes y la asunción de esta normalidad por parte del
Estado español en el que hoy estamos incluidos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González
de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los representantes del Parlamento
gallego en nombre del Grupo Parlamentario Vasco; les felicito por su
defensa, pues les asiste la razón lingüística, la razón cultural y, dado
que representan al Parlamento gallego, también la razón política. Desde
esta perspectiva, como no podía ser de otra manera, contarán con el apoyo
del Grupo Parlamentario Vasco en la aceptación a trámite de la iniciativa
del Parlamento de Galicia, una iniciativa que seguramente no debía
haberse pospuesto en el tiempo. Señor Presidente, son ya muchos años de
democracia, son muchos años de leyes de normalización lingüística en las
comunidades autónomas y todavía a esta Cámara le cuesta coger el ritmo de
iniciativas populares tan sostenidas en las naciones con lengua distinta
al castellano.
Ultimamente, señor Presidente, estamos asistiendo a distintas iniciativas
en este sentido, que están siendo tomadas en consideración en el Pleno y
que luego encuentran dificultades o no cuentan con las unanimidades que
se conocen en el trámite de Pleno. El Grupo Parlamentario Vasco quisiera
realizar un llamamiento, sobre todo a los representantes del Grupo
Popular y del Grupo Socialista, grupos mayoritarios en esta Cámara, en
orden a que atiendan debidamente las razones que sostienen las
proposiciones que compañeros suyos de partido realizan con vehemencia
desde esta tribuna. Si las comunidades autónomas vienen sosteniendo estos
planteamientos con tantas razones --lingüísticas, históricas,
tradicionales-- como han manifestado en las tres intervenciones, y lo
hacen, además, en nombre de sus respectivos grupos parlamentarios en las
Cámaras autonómicas, sería razonable, señor Presidente, que aquí, desde
la perspectiva del Estado, se sostuvieran también dichas razones con
coherencia. Es bien cierto que en los últimos años el Grupo Parlamentario
Vasco ha venido manteniendo que, desde la perspectiva del Estado, sería
razonable mantener políticas lingüísticas coherentes, políticas
lingüísticas que tuviesen en consideración todas estas razones que
distintos miembros de los Parlamentos autónomos vienen manifestando a lo
largo de sus intervenciones, y que todo ello tuviese una consideración
general de la cual todavía carecemos. Esperemos que en la tramitación de
las últimas proposiciones realizadas por los Parlamentos autónomos, y
concretamente en ésta, podamos encontrar la posibilidad de llegar a estas
mismas conclusiones. En todo caso, esta Cámara aceptó hace años la
denominación oficial de Lleida y Girona, posteriormente, en esta misma
legislatura, aceptó la de las Illes Balears, que no ha sido mencionada, y
también está en trámite de ponencia el cambio de denominación referido a
las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya. Sería razonable que todas
ellas conocieran soluciones homogéneas en su planteamiento.
En todo caso, quiero manifestar, señor Presidente, que el grupo
Parlamentario Vasco votará a favor de la toma en consideración de la
proposición de ley que el Parlamento de Galicia ha presentado en el día
de hoy ante esta Cámara, que no presentará enmiendas en los sucesivos
trámites aceptando tal cual esta proposición y que espera de los
representantes de los grupos mayoritarios en el Parlamento de Galicia,
que tienen sus correligionarios y sus respectivos grupos parlamentarios
en esta Cámara, que sean eficientes y eficaces con sus razonamientos
políticos ante sus compañeros de los grupos parlamentarios de esta
Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Femández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Ante todo, en nombre del Grupo Parlamentari Catalá,
damos nuestra bienvenida a las representantes y al representante del
Parlamento de Galicia: Benvidas y benvido a esta Cámara. A la vez,
hacemos público también nuestro posicionamiento favorable a la
proposición de ley que aquí han presentado. Como ha dicho la
parlamentaria del Bloque Nacionalista Galego, Pilar, fue el Grupo
Parlamentari Catalá el que inició el camino de normalización y de
recuperación de los topónimos genuinos.
Antes de hablar de los topónimos y de su proposición, quiero expresarles
un sentimiento que ahora me embarga. Siento cierta vergüenza, como
nacionalista, de que el Parlamento de la nación gallega tenga que venir a
pedir y a proponer a otro Parlamento que adopte un posicionamiento y
acepte su proposición no de ley sobre aspectos de su propia lengua que
sólo a ellos compete. Incluso, creo que el real decreto legislativo al
que hace mención el propio Parlamento no debería ser de aplicación en
este punto, porque precisamente lo que aquí se pide es sólo la adecuación
a la
fonética y a los usos de la propia lengua; decir La Coruña y Orense tal y
como es en su ortografía y en su uso: A Coruña y Ourense. Simplemente
esto.
Nosotros creemos, como ustedes y quizá como tantos otros, que los
topónimos encadenan e ilustran nuestros orígenes y sobreviven felizmente,
a través de la historia de una nación, tal como se ha mantenido su
paisaje, y reconstruyen a la vez su historia, y también nuestra propia
historia, en aquellos tiempos que a veces hemos pensado que estaban
perdidos. Son, pues, el patrimonio léxico de la estructura territorial y
nacional de Galicia.
Creo que es muy importante que esta proposición se apruebe porque en los
libros de texto de todo el Estado español, en la proyección de las
lenguas del Estado español se conocerá vosa língoa, que también es nosa
língoa. Esto es muy importante para el conocimiento de su propio país,
porque su lengua, como lo es la nuestra, es un área no sólo cultural;
forma parte de nuestro territorio, forma parte del sentir de nuestras
gentes, es parte de una civilización milenaria y formó parte de una
historia larga y dura de emigraciones y también de sedentarismo;
reconstruye, en suma, la historia del país propio y, a la vez, la
diferencia de los otros.
Gracias, pues, por estar aquí, gracias por mantener su lengua viva y
rica, que es dulce como su paisaje y fuerte como la historia irreductible
de sus gentes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero comenzar, al igual que lo han hecho los demás compañeros
diputados de este Congreso, dando la bienvenida, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a los
excelentísimos representantes del Parlamento de Galicia. También quiero
dar la bienvenida, permítanmelo, en nombre del castellano, esa lengua de
todos, a estas denominaciones que ustedes defienden y plantean aquí,
estas denominaciones de A Coruña y Ourense. Sean bienvenidas. No podía
ser de otro modo. La Constitución española proclama expresamente a
Galicia como una nacionalidad histórica. Eso implica, más allá de la
validez o no de la referencia exclusiva a tres comunidades, que el
conjunto de la nación española, del pueblo español, reconoce a Galicia
una especificidad propia en el conjunto del Estado. De esa especificidad
forman parte, sin lugar a dudas, su cultura, su lengua y sus
denominaciones. Recientemente se decía que los gallegos son un pueblo muy
inteligente. Cualquiera que conozca mínimamente la historia y la cultura
de este pueblo tendrá razones más que sobradas para compartir esa
afirmación.
Yo he seguido con interés la intervención de los tres representantes del
Parlamento gallego y he tenido ocasión de aprender de ellos. Tenemos en
su historia, en su cultura, en sus múltiples manifestaciones, muchas
ocasiones para aprender de Galicia. Gracias por esas enseñanzas y gracias
también por su ejemplo y por su fidelidad con su historia, con sus
tradiciones y con su lengua. Con ese agradecimiento y con la
manifestación de nuestro voto a favor, termino.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias señor
Peralta.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señoras diputadas y señor diputado del Parlamento de Galicia,
constituye para mí una satisfacción intervenir para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Socialista, de los socialistas gallegos, en relación
a la toma en consideración de la proposición de ley emanada de la
voluntad popular, reflejada en la votación unánime del Parlamento de
Galicia por la que se reconoce la oficialidad de los topónimos gallegos
de A Coruña y Ourense.
Señor Presidente, señorías, decía el poeta de Longa noite de pedra, de La
larga noche de piedra, Celso Emilio Ferreiro, que la realidad existe
porque existe la palabra. Si no sabes decir larga es la noche, tampoco
sabrás que existe el alba. Para ser libre el hombre tiene que saber decir
creo en la esperanza. Hoy damos un paso más en el camino de esa esperanza
que decía Celso Emilio, emprendido en los debates constitucionales al
definir la organización territorial del Estado; continuado al aprobar el
Estatuto de Autonomía de Galicia que reconoce nuestro autogobierno,
estando nosotros --y permítanme que lo diga en este momento-- entre los
principales impulsores. Un estatuto de autonomía que reconoce que la
Comunidad Autónoma de Galicia es una nacionalidad histórica --porque en
verdad así lo es-- y que determina en su artículo 5.1 que la lengua
propia de Galicia es el gallego, y que en su artículo 5.2 establece que
los idiomas gallego y castellano son oficiales de Galicia y todos tienen
el derecho de conocerlos y usarlos. Un camino, señorías, que prosiguió
con la aprobación de la Ley de normalización lingüística, de 15 de junio
de 1983, de la que, como saben
SS. SS., somos coautores. Y hoy, señor Presidente, damos un paso más al
tomar en consideración la proposición de ley del Parlamento de Galicia
que reconoce la oficialidad de los topónimos de A Coruña y Ourense, para
así identificar estas provincias en similares términos, como ya se ha
puesto de manifiesto, a los utilizados para realizar la modificación
legal del año 1992 en
relación a los topónimos de las provincias de Lleida y Girona. Ajustamos
de esta forma los cambios legales a los cambios sociales y recuperamos
parte de nuestra historia en un acto de afirmación de libertad, de
convivencia, de reafirmación cultural, y lo hacemos de acuerdo con lo
previsto en la Ley de normalización lingüística de Galicia, que ya
oficializó los topónimos al establecer --como decía un representante del
Parlamento gallego-- en su artículo 10 que los topónimos de Galicia
tendrán como única forma oficial el gallego. Sin embargo, como saben SS.
SS. , al ser las provincias parte de la Administración central, su
denominación sólo puede ser variada por acuerdo de las Cortes, que es el
trámite parlamentario en el que hoy estamos.
Señorías, promovemos y apoyamos esta proposición de ley como respuesta al
anhelo de muchos, desde la comprensión y la tolerancia, entendiendo la
lengua como un elemento integrador de pueblos, culturas y convivencia. La
lengua, señorías, es un vehículo de comunicación y, por lo tanto, nunca
ha de ser un elemento ni de imposición ni de confrontación. Si lo ha sido
--y el gallego lo ha sido-- en alguna dirección, debemos aprender de la
historia para no repetirla y no cometer los mismos errores. Y ha sido
precisamente la historia la razón de haber aprobado la Ley de
normalización lingüística, para impulsar políticas de acción positiva en
relación con nuestra lengua.
Hoy, señorías, damos un paso más en esa dirección aprobando esta
iniciativa y elevando a categoría de normal lo que durante tantos años no
lo fue, e impulsando la oficialización de los topónimos de A Coruña y
Ourense.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Sainz.
La señora SAINZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida y de saludo
muy cordial a los compañeros del Parlamento gallego. Es una satisfacción
actuar como portavoz del Grupo Popular, de gallegos y de no gallegos,
para fijar la posición de mi grupo --que ya adelanto será favorable-- en
la toma en consideración de esta proposición de ley; proposición que,
presentada a iniciativa del Grupo Popular en el Parlamento gallego y
aprobada por unanimidad, se puede decir que concuerda con la voluntad
mayoritariamente expresada por los ciudadanos gallegos. En ella se
propone el cambio de denominación de las provincias de La Coruña y Orense
por A Coruña y Ourense, respectivamente.
El objetivo de esta proposición de ley es, en primer lugar, aportar
racionalidad a la dicotomía que hoy existe en cuanto al nombre de las
capitales, que ya se llaman desde hace años A Coruña y Ourense, y las
provincias que, asumiendo los mismos nombres de esas capitalidades, se
denominan todavía La Coruña y Orense. Recordemos, como aquí se ha dicho,
que la legislación estableció que provincias y capitales llevasen los
mismos nombres, salvo las vascas y la navarra.
En primer lugar, como ya se ha manifestado, el Estatuto de Autonomía de
Galicia, en su artículo 2, establece que la denominación de las actuales
provincias de Galicia son La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra y que sólo
las Cortes Generales tienen competencia para cambiar las denominaciones
mediante la aprobación de una ley. En segundo lugar, el artículo 10 de la
Ley de normalización lingüística de 1983 establece que los topónimos de
Galicia tendrán como única forma oficial la gallega. En tercer lugar, la
denominación de las capitales de las provincias de La Coruña y Orense son
ya A Coruña y Ourense desde el año 1984, en virtud de un decreto de la
Xunta de Galicia. Desde esa fecha se da la paradoja de la dicotomía de
los nombres de estas dos capitales y sus respectivas provincias que,
teniendo los mismos nombres, tienen formas diferentes, asunto que, sin
duda, no deja de provocar algún desconcierto y ciertos equívocos. Razones
de todo tipo --históricas, culturales, lingüísticas, tradicionales en
definitiva-- llevaron a establecer en su momento los topónimos de A
Coruña y Ourense, que en esta proposición de ley se propone también
recuperar para las denominaciones de la provincia, dando solución a esa
dicotomía. Los nombres propuestos están en consonancia, por tanto, con
las denominaciones de las capitales, se encuentran más próximos a la
toponimia originaria y responden a la realidad lingüística y también
tradicional. Sin duda, tienen que ver con su propia identidad.
El tema, señorías, es de interés para la sociedad gallega que quiere
recuperar los nombres de su toponimia, algo que, por otro lado, se
contempla y se establece en la leyes y que tiene precedentes
parlamentarios miméticos en el cambio de Gerona por Girona y de Lérida
por Lleida. Las Cortes Generales, señorías, admitiendo esta propuesta,
están contribuyendo también a la recuperación de la identidad de un
pueblo, porque la primera señal de identidad es su lengua. Yo quiero
recordar, señorías, aquella frase maravillosa de Castelao, precisamente
pronunciada en las Cortes Generales, cuando se debatía el artículo 4 de
la Constitución de 1931, que decía: El idioma es una fuente de arte, es
el vehículo del alma original de un pueblo, y sobre todo es en sí una
gran obra de arte que nadie debe destruir. Sin duda, señorías, recuperar
su toponimia es dar un paso importante en el campo de un acertado proceso
de normalización lingüística.
Termino, señorías, manifestando nuestro voto favorable a la toma en
consideración de esta proposición de ley, que está en línea con la
cooperación que creemos
debe existir entre la Administración central y la autonómica en la
política de normalización lingüística, sin olvidar que el hacerlo tiene,
sin duda, un efecto positivo simbólico que habla del respeto al
reconocimiento de un hecho diferencial y, también, del orgullo que como
españoles debemos tener por la pluralidad lingüística de España.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Sainz.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Parlamento de Galicia sobre
cambio de denominación de las provincias de La Coruna y Orense.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a
favor, 306; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la
proposición de ley del Parlamento de Galicia. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA DEROGAR DETERMINADOS ARTICULOS
DE LA LEY 7/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN
MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES (Número de expediente
122/000079)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día. debate sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para derogar
determinados artículos de la Ley 7, de 14 de abril de 1997, sobre medidas
liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra la señora Narbona.
(Rumores.)
Señorías, guarden silencio. ¡Señor Fernández de Trocóniz! ¡Señor
Gómez-Alba!
Puede comenzar, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, Presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo para defender la proposición de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se
derogan determinados artículos de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de
medidas liberalizadoras en materia de suelo, precisamente aquellos
artículos --los artículos 1, 2 y 3, la disposición transitoria y la
disposición final primera-- que hacen mención a modificaciones de la
legislación de suelo hasta ese momento en vigor. Pedimos la derogación
urgente de estas disposiciones porque, a la luz de la sentencia del
Tribunal Constitucional del pasado 20 de marzo, son absolutamente
contrarias a la doctrina que en dicha sentencia se establece. Voy a
repasar los artículos para demostrar esta afirmación.
En primer lugar, los artículos 1 y 3, relativos a modificaciones en
cuanto a la clasificación del suelo urbanizable, así como a
modificaciones en los plazos del planeamiento, la propia Ley 7/1997 los
considera legislación supletoria. Pues bien, en la sentencia de 20 de
marzo del Tribunal Constitucional se dice muy claramente que el
legislador estatal no puede establecer normas con carácter supletorio en
materia de urbanismo, por ser esta materia de competencia exclusiva de
las comunidades autónomas.
En segundo lugar, por lo que se refiere al artículo 2, en el cual se
modifica la legislación hasta entonces en vigor relativa a la cesión
obligatoria de suelo, reduciéndola desde un 15 a un 10 por ciento, y se
declara en la disposición final primera como norma básica, también en
este caso nos encontramos con una disposición que es absolutamente
contraria a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, donde se
declara nulo por razón de competencias el artículo 27 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo de 1992, y se declara nulo no tanto porque el
Tribunal Constitucional entienda que no se deba establecer por parte del
legislador estatal un mínimo de cesión obligatoria de suelo que garantice
el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, sino porque, de
acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, el establecimiento
de ese porcentaje nunca puede hacerse de forma tan rígida que impida la
decisión concreta en cada ámbito de las comunidades autónomas. Por tanto,
en la medida en que el Tribunal Constitucional declara nulo de pleno
derecho por razones competenciales el artículo 27 del Texto Refundido, su
modificación en la Ley 7/1997 es de hecho también inconstitucional por
las mismas razones.
Señorías, nos encontramos ante una decisión del Gobierno que cabe definir
como una auténtica chapuza legislativa, puesto que se procedió a la
publicación de la Ley 7/1997 en abril, cuando ya se conocía el contenido
de la sentencia, a sabiendas de que la Ley 7/1997 incurría exactamente en
los mismos fallos que habían sido declarados por el Tribunal
Constitucional. No ha habido, por tanto, un respeto a lo que el contenido
de esa sentencia establece en cuanto a las facultades del legislador
estatal, y lo que hoy está proponiendo aquí el Grupo Parlamentario
Socialista debería haberlo llevado a cabo el Gobierno de manera
inmediata.
Ya se pecó de imprudencia por parte del Gobierno intentando legislar con
carácter urgente el año pasado en materia de suelo cuando se sabía que la
sentencia del Constitucional no iba a tardar mucho en llegar, sabiendo
que se ponía en marcha una legislación con vocación de transitoriedad
que, de hecho, ha significado la paralización en muchas operaciones
urbanísticas a la espera de lo que finalmente será una ley del suelo
acorde con la sentencia del Tribunal Constitucional. Por tanto, se pecó
de imprudencia, pero es que publicando la Ley 7/1997 se peca de algo
mucho más grave, que es de deslealtad constitucional, de deslealtad ante
lo que el Tribunal Constitucional establece en la sentencia del día 20 de
marzo, a sabiendas de la contradicción que eso significa y a sabiendas
del problema que esto crea en algunos territorios del Estado donde, de
forma absolutamente legítima, se ha legislado ya, por ejemplo en relación
con la cesión del suelo. Ahí tenemos la norma aprobada recientemente por
el Parlamento del País Vasco, donde se establece una cesión del 15 por
ciento, y que en estos momentos, por supuesto, entra en contradicción con
la norma estatal en vigor, aunque sea una vigencia que consideremos
absolutamente inaceptable. Pero es que también ha sucedido en Galicia,
cuyo Parlamento también había aprobado una norma autonómica, con plenas
facultades para hacerlo, con una cesión del 15 por ciento, y va a suceder
en Navarra, donde también se va a aprobar con el mismo porcentaje de
cesión, y en Extremadura, en Andalucía y en Castilla-La Mancha.
Señores del Partido Popular, intentemos no ahondar en esta situación,
que, como digo, es de chapuza legislativa, porque está en vigor una norma
que debería haber sido derogada de oficio por el Gobierno al conocer la
sentencia del Tribunal Constitucional. No me vayan a decir que tienen que
mantenerla en vigor hasta que se apruebe la siguiente, porque la fecha de
aprobación de la siguiente no la fijan solamente ustedes ni el Gobierno,
sino los ritmos que en esta Cámara tenga esa tramitación, que deberían
ser suficientes como para que la definitiva ley estatal sobre el suelo
sea fruto de un consenso y no sólo el reflejo de la voluntad del Gobierno
en esta materia. Por tanto, instamos a SS. SS. a que esta tarde tengan
suficiente sentido común y respeto al Tribunal Constitucional. Sabemos
que al Gobierno la opinión de algunas instituciones no parece merecerle
mayor crédito, pero quiero decirles, en relación con las críticas que se
han generado respecto de la legislación estatal hasta ahora en vigor, que
la sentencia del Tribunal Constitucional no entra en absoluto a
cuestionar el fondo sino que, al contrario, en sucesivas ocasiones a lo
largo de la misma afirma que, por ejemplo, las cesiones son una
herramienta absolutamente necesaria para cumplir la Constitución.
Hay otras opiniones que habría que tener en cuenta. Nada más tarde que
ayer se conoció el informe del Defensor del Pueblo. Señores del Partido
Popular, dicho informe también habla de los efectos negativos del
Decreto-ley del día 5 de junio en materia de suelo. Hay un párrafo
dedicado a los efectos que puede tener la reducción de la cesión de suelo
en términos de los objetivos de creación de viviendas protegidas.
Tengamos en cuenta a las instituciones. No hagamos como se está haciendo
en otros ámbitos de la vida política, donde no se las tiene en cuenta
para decisiones importantes. El Tribunal Constitucional, en la sentencia
del día 20 de marzo, dijo muy claramente lo que el legislador estatal no
podía hacer, naturalmente refiriéndose a una ley que había sido objeto de
recurso.
Señorías, si ustedes no derogan esta Ley 7/1997 ya hay comunidades
autónomas que están preparando los correspondientes recursos de
inconstitucionalidad. Es posible que no se resuelvan en tiempo suficiente
y que antes haya una nueva ley aprobada por este Parlamento, es posible,
pero desde el punto de vista político ustedes incurren en una grave
irresponsabilidad si dejan que subsista esta situación de inseguridad
jurídica y de incertidumbre para los operadores, que lo único que está
consiguiendo es precisamente lo contrario de lo que se persigue:
encarecer el precio del suelo y de la vivienda a costa de los ciudadanos
más desfavorecidos.
Insisto en que de lo que se trata es de aceptar que la Ley 7/1997 nunca
debería haber sido publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y que
debe ser derogada lo antes posible y no cuando culmine el proceso de
debate del proyecto de ley del suelo que acaba de entrar en estas Cortes,
que yo deseo que permita la aproximación de posiciones y dé lugar a una
ley suficientemente consensuada y estable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narbona.
¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra. (Pausa.) El señor Ortiz,
por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señor Presidente, señorías, en este turno en contra de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista, que pretende derogar determinados
artículos de la Ley 7/1997, de 14 de abril, sobre medidas liberalizadoras
en materia de suelo y colegios profesionales, vaya por delante la
oposición de mi grupo y, consiguientemente, el anuncio de nuestro voto en
contra de la toma en consideración, por una serie de razones, a las que
me voy a referir después. No obstante, antes quiero hacer, y espero que
en un tono más sosegado y con sustantivos menos dramáticos que los que ha
utilizado la portavoz socialista, tales como chapuza, agresión,
deslealtad constitucional, etcétera, unas breves consideraciones que
tienen que ver con la situación actual de la normativa urbanística y que
sirven de marco,
por una parte, y de fundamentación, por otra, de nuestra posición y que
son explicativas de esa misma situación actual.
La situación actual de la normativa urbanística se concreta en unos pocos
hitos recientes que arrancan en la historia próxima inmediata del Real
Decreto-Ley 5/96 sobre liberalización de suelo y colegios profesionales,
dictado en el marco de las reformas estructurales del Gobierno del
Partido Popular, cuyo objetivo fundamental, como es sabido, no era otro
que generar un aumento de oferta de suelo para abaratar su precio, con
las miras puestas, fundamentalmente, en la accesibilidad a la vivienda.
En este texto se unificaban los conceptos de suelo programado y no
programado, se intentaban reducir las cesiones municipales por entender
que, en definitiva, éstas son cargas que en una economía de mercado se
transfieren inevitablemente al adquirente final de la vivienda, se
reducían los plazos de la tramitación urbanística y, en la disposición
transitoria, se establecía la posibilidad de que los programas de
actuación urbanística quedaran fuera de la necesidad de concurso. En
definitiva, un conjunto de medidas que pretendían impulsar la política de
vivienda mediante la incidencia en uno de sus elementos fundamentales que
es el coste del suelo, ciertamente en contraste con la pasividad que en
materia de suelo se había llevado a cabo desde la Ley de 1992 y, sobre
todo, pretendían un cambio radical de modelo de política urbanística con
respecto al que inspiró la Ley 8/90 y el Texto Refundido de 1992.
Como recuerdan SS. SS., tras el trámite parlamentario de convalidación de
este Decreto-Ley, en el que el Grupo Parlamentario Socialista tuvo su
turno de oposición a la misma, se procedió a su trámite como proyecto de
ley, a lo que naturalmente accedió el Gobierno del Partido Popular, y
esta Cámara legislativa tomó la decisión en este hemiciclo. Fruto de ello
es la Ley de 14 de abril de 1997, que se produce como consecuencia de la
mecánica de la tramitación normativa, y que nada tiene que ver con lo que
debería haber sido una anticipación a tenor de la sentencia del Tribunal
Constitucional. Se produce la publicación de la Ley 7, de 14 de abril, el
día 15, y la publicación de la sentencia es, como es sabido, el día 25,
todos ellos del citado mes de abril.
El siguiente hito explicativo de la situación actual es un borrador o un
anteproyecto, si se quiere, de nueva ley del suelo que elabora el
Ministerio de Fomento, que presenta a los medios de comunicación y que
debió ser objeto de retoques indispensables como consecuencia de que
antes de su conversión en proyecto, y mucho antes de su aprobación por el
Consejo de Ministros y remisión a las Cámaras, se produjo la sentencia y
hubo que, repito, introducir retoques absolutamente indispensables. Sin
embargo, este anteproyecto respondía ya a lo que se podía adivinar como
criterios del Tribunal Constitucional, en el sentido de que los preceptos
se movieran en el marco de competencias incuestionables del Estado,
fundamentalmente las que se recogen en el artículo 149.1 1.ª; 1.8.ª;
1.13.ª y 1.18.ª de la Constitución. A renglón seguido se produce la
sentencia del Tribunal Constitucional, que establece cuáles son las
competencias que en materia de urbanismo corresponden a las comunidades
autónomas y que, como yo he tenido ocasión de decir en algún otro foro,
significa que a partir de ahora el derecho urbanístico es
fundamentalmente un derecho autonómico más que un derecho estatal. Sé que
esta afirmación necesitaría matizaciones porque es una evidente
simplificación. Como consecuencia de eso, se produce, desde el punto de
vista jurídico, la derogación de las tres cuartas partes de los preceptos
del Texto Refundido de 1992, por la estimación de los recursos que se
habían planteado en su momento, primero, contra la Ley 8/1990 y, después,
contra el Texto Refundido de 1992. Sin embargo, desde el punto de vista
político, lo que se produce, señorías --y esto es la réplica a esas
calificaciones de chapuza, de agresión, etcétera--, es el varapalo más
importante que le han dado a ningún Gobierno democrático en relación con
una ley. Todavía no se había registrado en este país llamado España que a
un Gobierno le derogaran, por inconstitucionales, de 310 artículos unos
250, de modo que han quedado vivos de esa ley algo así como 50 preceptos.
Este es el hecho político relevante, que no ha sido suficientemente
subrayado, y ya era hora de que se hiciera. Y, por supuesto, esta
derogación se produce coincidiendo con las advertencias que en este
hemiciclo y en el Senado se habían hecho a aquel Gobierno de entonces, al
Gobierno socialista del año 1990 en el sentido de que la ley podía ser
inconstitucional, en lo que evidentemente aquellos grupos parlamentarios
han coincidido con la sentencia del Tribunal Constitucional. Este es el
hecho político relevante.
Esta derogación de un sinnúmero de preceptos de la Ley de 1992 ha
comportado la urgencia de un proyecto de ley estatal, y el Gobierno, de
acuerdo con los propósitos anunciados en el debate del Decreto-ley de
junio, de acuerdo con este borrador y después de los retoques para
adecuar su contenido a la sentencia del 20 de marzo del año en curso del
Tribunal Constitucional, en un plazo récord, en dos meses, modifica aquel
borrador y elabora un proyecto que aprueba el Consejo de Ministros del
pasado 23 de mayo y que tiene entrada en esta Cámara el día 26, tres días
después. Por tanto, estamos en presencia de un hecho importante, como es
que ya ha entrado en esta Cámara un proyecto estatal de nueva ley del
suelo.
En el ínterin se han producido toda clase de confusiones, toda clase de
recursos --y digo la palabra recursos--, de fórmulas y formulitas
abordadas por las distintas comunidades autónomas para afrontar lo que
entienden como un vacío normativo. Efectivamente se producen las
llamadas, en la jerga de los que nos ocupamos del urbanismo, leyes
puente, pero que ya permiten
una cierta taxonomía o tipología, porque hay dos tipos de leyes puente:
en primer lugar, aquellas que por lo menos hacen el esfuerzo de recoger
un texto, que es el caso de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad de
Castilla-La Mancha, aunque por lo que se refiere a Castilla-La Mancha y
con la apelación a los problemas urgentes, se saca un anteproyecto que
tiene ochenta y tantos artículos, mientras que la Comunidad de Madrid
recoge en un texto de doce artículos los problemas que suscita la
desaparición de técnicas urbanísticas como el aprovechamiento tipo, las
trasferencias de aprovechamientos, etcétera. En segundo lugar, se incurre
en una especie de pintoresquismo que les es muy característico, como
sucede en el proyecto o anteproyecto de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en cuya disposición adicional tercera se dice algo que es
ciertamente divertido, si me escuchan sus señorías. Dice así: Dejarán de
ser de aplicación en la Comunidad Autónoma de Extremadura los preceptos
de la legislación urbanística estatal que se opongan a lo establecido en
la presente ley. Parece que lo normal sería lo contrario, que sean los
preceptos de la comunidad autónoma los que decaigan cuando se opongan a
una legislación estatal. Pues bien, no es así. En fin, paso rápidamente
sobre el capítulo de lo pintoresco.
En este contexto --y entro ya directamente al tema porque todo lo
anterior, evidentemente, ha sido un preámbulo necesario-- se produce esta
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que su portavoz ha
expuesto con esos términos de chapuza, agresión y deslealtad.
El señor PRESIDENTE: señor Ortiz, es para señalarle que, después de lo
que ha denominado el preámbulo, le quedan tres minutos y veintidós
segundos.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Cuento con la benevolencia del señor Presidente.
Muchas gracias.
Las razones por las que nos oponemos a la toma en consideración del
proyecto de ley son básicamente cuatro. Primera, porque la Ley 7/97, de
14 de abril, está vigente y no está declarada formalmente
inconstitucional. Antes al contrario, la sentencia del Tribunal
Constitucional en su fundamento jurídico 3.15, a propósito del
Decreto-ley del que trae causa esta Ley 7/97, afirma su vigencia, como no
podía ser menos, en razón de que no ha sido formalmente impugnada. Quiero
recordar que quien define y quien decide la constitucionalidad o
inconstitucionalidad en este país es el Tribunal Constitucional y ninguna
otra instancia o grupo judicial o administrativo.
Segunda, porque la Ley 7/97 permite una interpretación conforme a la
doctrina del Tribunal Constitucional y es jurisprudencia consolidada del
Tribunal Constitucional que un precepto que puede ser formal y
aparentemente inconstitucional puede dejar de serlo si se interpreta y se
aplica de acuerdo con su propia doctrina. El caso arquetípico en nuestro
supuesto, la Ley 7/97, sería el problema de las cesiones, cuyo artículo 2
puede ser perfectamente interpretado en el sentido de que la cesión es
como máximo del 10 por ciento y no es fija en términos del 10 por ciento.
Tercera, porque la derogación inmediata y urgente que pretende esta
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista nos parece, desde
el punto de vista de sus efectos prácticos, peor que la derogación
sustitutiva que comporta el hecho de que en el proyecto de ley remitido
por el Gobierno a estas Cortes --y es el cuarto argumento-- figura una
cláusula derogatoria virtualmente idéntica a la que postula la
proposición de ley del Grupo Socialista.
En definitiva, señorías, nos encontramos en este punto en presencia de
dos iniciativas legislativas --una parlamentaria, la de su grupo, y otra
gubernamental-- y resulta que la iniciativa gubernamental subsume la
primera con un contenido más amplio. Como quiera que el artículo 89.1
--se lo recuerdo, señorías-- de la Constitución establece la prioridad de
los proyectos de ley sobre las proposiciones de ley, mi grupo entiende
que, una de dos, o la proposición del Grupo Parlamentario Socialista debe
ser retirada, como sugiero en estos momentos, o en su caso debe ser
rechazada por la Cámara en la votación que siga a continuación de este
debate. Repito, desde un punto de vista estrictamente constitucional y
atendiendo a la prioridad del proyecto de ley sobre la proposición de ley
que establece el artículo 89 de la Constitución, y habida cuenta de que
la toma en consideración de la proposición de ley está teniendo lugar
ahora, cuando ya ha entrado el proyecto del Gobierno en la Cámara, parece
lógico que el proyecto de ley invalide la proposición como tal, que habrá
de convertirse, en su caso, en una enmienda al proyecto cuando éste se
debata.
Acabo, señor Presidente. No puedo compartir, como es obvio, los adjetivos
de chapuza, de agresión, de deslealtad constitucional. Permítame que le
diga --esto va dirigido a la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista-- que me da la sensación de que estamos en presencia de algo
parecido a una rabieta. Como quiera que al Gobierno socialista le han
derogado las tres cuartas partes de una ley, ahora se trata de aprovechar
que el Pisuerga pasa por Valladolid para pedir la derogación de una ley
del Partido Popular que, insisto, está plenamente vigente y sobre cuya
constitucionalidad le corresponde pronunciarse tan sólo al Tribunal
Constitucional.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
Tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, si les parece una rabieta proponer a esta Cámara que las leyes
que están en vigor se ajusten a lo
que la sentencia del Tribunal Constitucional dicta, tendré que decir que
por parte del Gobierno ha sido una cabezonería publicar la ley cuando
conocía desde hacía bastantes días el contenido de la sentencia del
Tribunal Constitucional. Ahora se me puede decir que puede ir más rápido
el proyecto de ley que la proposición de ley que estamos debatiendo en su
toma en consideración, pero es que no deberíamos haber llegado a esta
situación, que es políticamente incorrecta, señor Ortiz, políticamente
incorrecta. Lo correcto por parte del Gobierno hubiera sido que después
de ese varapalo, tan relevante desde el punto de vista político, ustedes
no insistieran en los mismos errores que lo provocaron. Si usted me dice,
con toda la razón, que desde el punto de vista competencial el Texto
Refundido de la Ley de 1992 ha sido valorado de una forma tan negativa,
¿cómo mantiene usted, cómo defiende la vigencia de una norma, la Ley
7/97, que incurre exactamente en los mismos fallos? Porque aquí no dice,
por ejemplo, lo que usted argumentaba como defensa de la norma de que
cabe una interpretación acorde en materia de cesión. Aquí dice que el
aprovechamiento es del 90 por ciento, no de un máximo del 90 por ciento.
Artículo 2 de la Ley 7/97. Donde dice lo del máximo es en el texto de
proyecto de ley, pero la Ley 7/97 incurre exactamente en el mismo error
que la sentencia del Constitucional nos ha dicho que no debemos cometer
desde la legislación estatal.
Por tanto, aquí hay un problema de voluntad política. Solamente quiero
que me diga --porque, además, hay diputados de varios territorios que le
están oyendo y es bueno que sepan lo que el Gobierno y el Partido Popular
opinan sobre las leyes que son legítimas en cada caso-- si en estos
momentos en Galicia la cesión obligatoria es del 10 o del 15, señor
Ortiz; dígame si en Navarra es del 10 o del 15; dígame si en el País
Vasco es del 10 o del 15. Le aseguro que esos gobiernos autónomos tienen
muy claro que es del 15, porque tienen muy claro que lo que ha dicho el
Tribunal Constitucional es que ustedes no pueden, de acuerdo con la Ley
7/97, exigir que sea el 10, que no se puede recurrir invocando la
vigencia cierta de la Ley 7/97.
En estos momentos usted sabe que hay conflictos en muchas partes del
Estado español precisamente porque se están superponiendo normas donde se
establecen criterios diferentes en relación con la cesión obligatoria de
suelo. Por tanto, aquí estamos, sobre todo, ante un problema de voluntad
política, de llevar más o menos confusión a los mercados. Yo creo que en
esta Cámara a todos nos une el deseo de que no exista inseguridad
jurídica en el mercado inmobiliario, porque usted sabe perfectamente que
allí donde existe inseguridad jurídica lo que se produce, por ejemplo, en
materia de suelo, es el acaparamiento de suelos en un momento determinado
por parte de quienes tienen más capacidad adquisitiva. Al mismo tiempo se
están suscitando también recursos por parte de los promotores privados
que quieren aprovechar al máximo una situación de posible interpretación
confusa, reclamando el 10 por ciento en vez del 15 por ciento en las
cesiones.
Por tanto, lo que le pido es que diga a esta Cámara si de acuerdo con la
interpretación que usted está haciendo de la plena vigencia de la Ley
7/97, en Galicia, en Navarra y en el País Vasco se tiene que exigir que
se ceda el 10 por ciento y no el 15 por ciento, que es lo que los
parlamentos autonómicos, en su plena capacidad de legislar en esta
materia, han establecido de acuerdo con la sentencia del Tribunal
Constitucional. Ya sé que en Galicia, donde gobierna el Partido Popular,
han dicho que retocarán la ley. Cuando la retoquen, la habrán retocado.
Mientras tanto, igual que usted me dice que mientras esta ley no sea
recurrida es constitucional, y yo naturalmente lo acepto, mientras la ley
que la Xunta de Galicia en su momento promovió no se vea modificada por
el Parlamento de Galicia es ley en vigor y dice el 15 por ciento. Por eso
creo que en estos momentos la toma en consideración o el rechazo de esta
proposición de ley es únicamente una señal más de una voluntad política
determinada, de una voluntad política de crear o no crear confusión en el
mercado inmobilario, confusión respecto a la aplicación de las normas que
rigen el mercado del suelo.
Por supuesto --y ya entro en lo que eran sus observaciones iniciales--,
el hecho de que ustedes anuncien un cambio radical en la concepción de la
legislación urbanística del Estado, cuando al legislador estatal sólo le
va a corresponder una parte bastante reducida de lo que sea efectivamente
la legislación urbanística, dependerá a la postre de lo que las
comunidades autónomas legislen, pueden legislar cosas muy parecidas a lo
que ha existido hasta ahora o cosas muy novedosas. Y sobre esto ya le
digo, señor Ortiz, que las contradicciones que tienen entre ustedes
mismos, entre el Partido Popular en Valencia...
El señor PRESIDENTE: Señora Narbona, vaya concluyendo.
La señora NARBONA RUIZ: Voy terminando, señor Presidente.
Decía que las contradicciones que tienen entre ustedes mismos, entre el
Partido Popular en Valencia que sigue defendiendo una ley socialista, una
ley que hizo la comunidad autónoma durante el período socialista, y que
ven en peligro con el texto que ustedes han anunciado ya y que ha
generado en dicha comunidad la protesta de muchos promotores y de la
propia Generalitat valenciana, hoy gobernada por el Partido Popular,
debería llevarles al ánimo de que necesitamos un debate sosegado sobre la
Ley del Suelo, y que la ley estatal no plantee problemas que limiten la
posibilidad de establecer desarrollos legislativos como el de la
Comunidad Autónoma de Valencia, porque si es así, señor Ortiz, esa ley no
será estable en el tiempo, y creo
que todos deseamos que, una vez conocido el criterio del Tribunal
Constitucional en esta materia, las normas no solamente sean respetuosas
con esa sentencia sino que sean eficaces y duraderas en el tiempo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Narbona.
Señor Ortiz. No hace falta que SS. SS. se molesten en venir a la tribuna.
Se gana tiempo si se habla desde el escaño, vuelvo a recordarlo. ¿Quiere
tomarse la molestia el señor Ortiz? Adelante.
El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, muchas gracias.
Voy a responder ante todo a la pregunta clave, a lo que ha sido la
almendra de la intervención de la señora Narbona. (El señor
Vicepresidente, Fernández Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Efectivamente, en Galicia, en Navarra y en el País Vasco la cesión es del
15 por ciento. Sin duda alguna, de acuerdo con la doctrina del Tribunal
Constitucional, la cesión es el 15 por ciento. Pero resulta, señora
Narbona, que quedan 14 comunidades autónomas más, y para esas 14
comunidades autónomas más es válido el criterio que yo he mantenido
--que, por otra parte, esta ratificado por jurisprudencia abundante y
consolidada del Tribunal Constitucional-- de que una norma en principio
inconstitucional puede dar lugar a actos que son válidos si la
interpretación de esa norma se hace de acuerdo con la doctrina del
Tribunal Constitucional. Por tanto, el artículo 2.º de la Ley 7/1997, que
establece ciertamente la cesión fija del 10 por ciento, se puede
perfectamente entender y encajaría dentro de la doctrina y de la praxis
del Tribunal Constitucional con un máximo del 10 por ciento. Cuando el
Gobierno español se encuentra con que el Decreto-ley se ha convertido en
ley, que es formalmente válida y vigente y todavía no inconstitucional,
tiene que velar por un principio de seguridad jurídica que ha invocado S.
S. y al que yo me quiero referir a continuación para decir que esta
derogación urgente, inmediata, que propone el Grupo Parlamentario
Socialista es la que crearía un auténtico vacío normativo, e introduciría
todavía más elementos de confusión. Hay un principio de seguridad
jurídica fundamental, proclamado en el artículo 9.3 --como sabe muy bien
S. S.-- de la Constitución, que hay que respetar y mantener.
El mantenimiento del principio de seguridad jurídica es el que abona el
mantenimiento de la vigencia, mientras no se impugne ante el Tribunal
Constitucional, de la Ley 7/1997 y particularmente los actos de
aplicación de la Ley 7/1997. Le voy a poner un caso que seguro que
entiende a la primera: las cesiones en suelo urbano.
Las cesiones en suelo urbano no están contempladas por la Ley del año
1976. Por consiguiente, derogar la Ley 7/1997, que es la que ratifica las
cesiones en suelo urbano en unidades de ejecución, perjudicaría
extraordinariamente a centenares de ayuntamientos que no encontrarían
amparo para las cesiones en suelo urbano. Le recuerdo, señora Narbona,
que después de la sentencia del Tribunal Constitucional el orden de
prelación de fuentes en materia urbanística es: en primer lugar, la
legislación urbanística si la hay, y la hay en Cataluña, donde hay un
auténtico código urbanístico, en Valencia, en Navarra y recientemente en
Galicia; en segundo lugar, los pocos preceptos que han quedado vivos de
la Ley de 1992; y en tercer lugar, la Ley de 1976. ¿Dónde encuentran
amparo las cesiones a los ayuntamientos en suelo urbano si no están más
que en la Ley del año 1976, y en esa ley no existían cesiones en suelo
urbano ya que, como sabe de sobra S. S., sólo admitió las cesiones en
suelo urbanizable? En definitiva, queda claro que el principio de
seguridad jurídica proclamado en nuestra Constitución abona precisamente
lo contrario de lo que postula la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista: el mantenimiento de la Ley 7/1997. Y vuelvo a
insistir en que en el texto que ha mandado el Gobierno, y que ya ha
tenido entrada en la Cámara, hay una cláusula derogatoria virtualmente
idéntica a la que propone S. S. como portavoz y representante del Grupo
Parlamentario Socialista.
El tema de Valencia. ¿Cómo no iba a salir el tema de Valencia si es algo
así como el emblema, la bandera del urbanismo de los gobiernos
socialistas y del Partido Socialista? Quiero decirle dos cosas. Primero,
que la ley valenciana tiene partes aprovechables, con la excepción de lo
que supone --en su aplicación y en su texto-- de agresión absoluta a la
propiedad privada, porque permite que una administración urbanística y un
agente urbanizador se pongan de acuerdo sobre un terreno para que,
omitiendo y postergando al propietario, se inicie la aventura
urbanística. Al margen de ese planteamiento, que no es baladí, tiene
aspectos aprovechables que son perfectamente compatibles --segunda cosa--
con la normativa estatal, cuando esta normativa estatal esté constituida
por el proyecto de ley que está pendiente de trámite en esta Cámara tras
el envío por el Gobierno el pasado día 26. No creo que valga la pena leer
a S. S. cómo el artículo 4 de este proyecto de ley es perfectamente
compatible con una ley autonómica valenciana que haya salvado su
incidencia clara en la inconstitucionalidad por no respetar el derecho de
propiedad y, por tanto, contenga aspectos que, al margen de esa
inconstitucionalidad, puedan ser aprovechables. Esta es la realidad. En
este momento hay dos iniciativas legislativas, una que arranca de su
proposición de ley y otra del proyecto que ya ha entrado en la Cámara. En
el marco del artículo 89 de la Constitución tiene prioridad el proyecto
de ley sobre la proposición de ley desde el momento en que se dicen las
mismas cosas, pero, además, en el marco de un proyecto que es
notablemente más amplio que ese propósito
--no sé si llamarlo rabieta; si quiere le llamamos equilibrio-- de que a
la derogación de su ley siga la derogación de la nuestra.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ortiz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra
el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señoría, el proyecto de ley de
medidas liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales fue
tramitado en esta Cámara en el seno de la Comisión de Infraestructuras,
que actuó con competencia legislativa plena. Ese proyecto de ley era
consecuencia del Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio, que ya había
sido convalidado. Permítanme esta referencia inicial, conocida por SS.
SS., para traer a colación que Coalición Canaria mantuvo una postura
contraria al citado proyecto de ley, hoy Ley 7/1997, de 14 de abril, cuya
derogación parcial debatimos. Nuestra posición entonces, que hoy tengo
ocasión de ratificar con los fundamentos jurídicos que nos da la
sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, era que el
Estado carece de competencias para imponer un modelo urbanístico
concreto. Hoy, con más de doscientos artículos del texto refundido de
1992 que han recibido una expresa declaración de inconstitucionalidad,
nos queda como legislación urbanística vigente a nivel estatal los pocos
artículos del texto de 1992 que no han sido declarados
inconstitucionales, la obsoleta Ley del Suelo de 1976 y la Ley 7/1997, de
medidas liberalizadoras. En ese marco urge que podamos contar con una
legislación del suelo moderna, que sea respetuosa con las competencias
asumidas por las comunidades autónomas y que no pretenda imponer un
modelo urbanístico general.
La competencia estatal del artículo 149.1.1.ª de la Constitución sólo
tiene por objeto garantizar la igualdad en las condiciones de ejercicio
de derecho de propiedad urbana y en el cumplimiento de los deberes
inherentes a la función social, pero no, en cambio, la ordenación de la
ciudad, el urbanismo en sentido objetivo.
Esa nueva legislación estatal del suelo deberá, por tanto, respetar el
modelo de desarrollo urbano que cada comunidad autónoma quiera darse en
ejercicio de sus competencias constitucionales y estatutarias. Este
planteamiento tiene una relevancia especial en los archipiélagos como el
de Canarias, donde el suelo es un bien tan preciado como escaso y donde
más del 42 por ciento de su territorio tiene la consideración de espacio
natural protegido.
Rechazamos, por tanto, que con carácter general se plantee la
urbanización por extensión; esto es, que todo el suelo es urbanizable
salvo el que no pueda serlo por proteger valores específicos o por falta
de idoneidad objetiva.
Quiero significar la importancia del suelo no urbanizable en Canarias,
que tiene la denominación de suelo rústico y cuyo régimen se encuentra
regulado en la Ley canaria 5/1987. Quizás el modelo de urbanización por
extensión pueda servir en territorios continentales, pero es imposible
sostenerlo en territorios escasos como los insulares. En las islas, tanto
en Canarias como en Baleares, la urbanización por extensión no tiene
efectos positivos sobre la construcción de viviendas o industrias. En las
islas el proceso de urbanización se vincula a la actividad turística en
su mayor parte y existen límites físicos, cada vez más palpables, a la
capacidad de nuestros principales recursos naturales y efectos nocivos,
igualmente visibles, como la pérdida de atractivo del conjunto del
territorio por excesivo grado de ocupación urbana. En esa situación, la
decisión de la puesta en el mercado de un suelo turístico precisa de la
Administración y de ahí la importancia del suelo urbanizable no
programado. Esa posición ya la pusimos de manifiesto en el debate de la
ley de la que se propone su derogación parcial.
Por tanto, valorando como positivo el fundamento de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, en tanto que es indudable, a la luz
de la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de este año, que el
Estado carece de título para legislar como se ha hecho, no podemos apoyar
como solución la derogación automática de la ley. Es conocido que el
Gobierno ha aprobado recientemente un proyecto de ley del suelo que
derogará en los aspectos que le afecten la Ley 7/1997. Esa es la vía,
pero debe ser respetuosa con la letra y el espíritu de la sentencia del
Tribunal Constitucional de modo que no se imponga a las comunidades
autónomas un determinado modelo de desarrollo urbano para que podamos dar
respuestas diversas a las nuestras situaciones diversas, para que
dinamicemos el mercado del suelo pero de acuerdo con nuestras
posibilidades de desarrollo sostenible, y para que garanticemos las
políticas públicas de infraestructura y vivienda que los ciudadanos
necesitan. En ello estará Coalición Canaria y esperamos que el proyecto
de ley del suelo satisfaga esas aspiraciones, políticamente legítimas y
jurídicamente más acordes con la Constitución y los estatutos de
autonomía que la legislación estatal vigente.
Muchas gracias, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rivero.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Señor Presidente, quiero manifestar en nombre
del Grupo Vasco nuestra
coincidencia, en lo fundamental, con la iniciativa del Grupo Socialista
en cuanto a que es evidente que la sentencia del Tribunal Constitucional
61/1997 ha supuesto un importante pronunciamiento a favor de la
competencia de las comunidades autónomas en la materia de la que estamos
tratando, siendo desde nuestro punto de vista particularmente interesante
el alcance y la interpretación que se hace, por fin, del artículo
149.1.1.ª de la Constitución, que lleva a entender que existen unas
posiciones jurídicas básicas de los ciudadanos, lo que nos llevaría a que
es necesario regular un estatuto del derecho de propiedad, que creemos
que es lo que pretende el proyecto de ley aprobado por el Gobierno la
semana pasada.
Consideramos que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional debe
llevar a que sean las propias comunidades autónomas las que ejerciten sus
competencias y regulen la materia, como ya se ha hecho, y así lo ha
citado la señora Narbona. por la comunidad autónoma del País Vasco. En
todo caso, si nos oponemos a la tramitación es sólo por razones de
oportunidad. Está ya aprobado el proyecto de ley, como he indicado, y
creemos que lo que se pretende con la iniciativa del Grupo Socialista es
una norma de tránsito que introduciría una confusión mayor. Si ya ha sido
problemático el tránsito del Real Decreto legislativo 1/1992 a la Ley
7/1997 que primero fue decreto-ley, creemos que la seguridad jurídica
exige evitar estas sucesiones de normas y apostar por la regulación
autonómica que ya se va efectuando y también por la tramitación del
proyecto de ley ya elaborado en el seno del Gobierno, en cuyo texto, por
supuesto, de momento no estamos conformes y defenderemos lo que creemos
que es competencia propia de las comunidades autónomas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: La proposición de ley del Grupo Socialista
plantea la derogación de los artículos 1, 2 y 3, disposición transitoria
y disposición final de la Ley 7/1997, sobremedidas liberalizadoras en
materia de suelo y colegios profesionales por cuanto, dice el Grupo
Socialista, dichos artículos han devenido inconstitucionales de facto en
virtud de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en relación
con el texto refundido sobre régimen del suelo y ordenación urbana
aprobado por el Real Decreto legislativo 1 de 1992.
De entrada quiero decir que acatamos la sentencia, no puede ser de otra
manera, pero debo añadir que celebramos grandemente su contenido, que
coincide en gran parte con los planteamientos que este grupo
parlamentario mantuvo en el debate del proyecto de ley del que trajo
causa dicho real decreto legislativo. Es importante señalar que esa
sentencia --y de hecho ya se ha resaltado en las anteriores
intervenciones-- realiza una lectura autonomista de la Constitución en
una materia tan importante como es la urbanística y, además, hace una
clara delimitación entre el deslinde del contenido básico del derecho de
propiedad que corresponde al legislador central y el ámbito urbanístico
que corresponde a las comunidades autónomas. Quiero reiterar que
precisamente la confusión entre el alcance de esos dos preceptos
constitucionales fue lo que provocó el resultado de la Ley del año 1990,
el Real Decreto legislativo de 1992 y la sentencia que deslegitima sus
planteamientos.
Asimismo hay que señalar como cuestión trascendental de esta sentencia
--también ha sido planteado a lo largo del debate que tenemos esta
tarde-- el hecho de que viene a corroborar algo que no es nuevo de esa
sentencia pero que se manifiesta con especial intensidad, como es la
imposibilidad del legislador estatal de dictar normativa, incluso con
carácter supletorio, en aquellas materias donde las comunidades autónomas
tienen competencia exclusiva. Digo que no es nuevo porque también hubo
una sentencia bastante reciente sobre la Ley de Ordenación del Transporte
Terrestre, en la que ya se apuntaba esta línea jurisprudencial.
Nuestro grupo parlamentario no tiene por norma criticar las sentencias
del Tribunal Constitucional, creemos que esto es una norma --valga la
redundancia-- fundamental para garantizar la estabilidad de nuestro
sistema político. Por ello debo decir también que nos han sorprendido
algunas críticas en extremo virulentas contra esta sentencia desde las
filas gubernamentales, no por parte de don Luis Ortiz, en absoluto, sí
por parte del Gobierno y del Ministro de Fomento; repito que dejo
constancia de nuestra sorpresa al respecto. Además, han sido unas
críticas muy recientes y, repito, virulentas en relación con el criterio
que ha defendido el Constitucional en esta sentencia. Pero no termina
aquí nuestra sorpresa. También nos sorprende el escrúpulo actual del
Grupo Parlamentario Socialista. Es más, nos sorprende que el Grupo
Parlamentario Socialista tome la iniciativa de intentar resolver los
efectos que la sentencia del Constitucional ha provocado sobre el mercado
y la legislación del suelo. Digo que nos sorprende porque estos efectos
son producto de una ley que fue aprobada por los votos del Grupo
Parlamentario Socialista, creo recordar que exclusivamente por los votos
de la mayoría absoluta en ese momento del Grupo Socialista. Además, debo
decirle, señora Narbona --y creo que usted es perfectamente consciente de
ello--, que si hubieran hecho caso de los planteamientos que defendimos
desde otros grupos parlamentarios de la Cámara, muy especialmente desde
estos bancos aunque no únicamente, nos habríamos evitado la bochornosa
situación de encontrarnos ante una sentencia del Constitucional que
declara nada
más y nada menos que 260 artículos inconstitucionales según mis cálculos,
250 según los cálculos más benévolos de don Luis Ortiz, como hace un
momento planteaba. Creo que si hay una iniciativa legislativa que merece
el calificativo de chapuza es la Ley del Suelo del año 1990, también el
Real Decreto legislativo del año 1992, que por sus efectos es digna de
entrar en el «Guinness».
También debo decirle, señora Narbona --y no es nada personal contra
usted--, que creo que ahora les toca a ustedes el papel, cuando menos, de
intentar pasar desapercibidos, como están intentando hacerlo todos los
que, desde los diversos foros técnicos y expertos en el ámbito
urbanístico, hicieron valer su criterio, a veces de forma muy
contundente, defendiendo los postulados de la Ley socialista del año
1990; todas aquellas personas, quizá acertadamente por su parte, han
desaparecido de la escena pública, porque ciertamente es difícil poder
justificar los planteamientos que se mantuvieron en ese momento. Todo
ello, repito y reitero, dicho sin la menor acritud.
Obviamente, vamos a votar en contra de la proposición de ley que nos
plantea el Grupo Parlamentario Socialista, no por los motivos que he
señalado, que en absoluto condicionan nuestro voto, sino básica y
fundamentalmente porque el martes pasado, el día 26 de mayo, entró en la
Cámara un proyecto de ley del Gobierno que nos propone una reforma en
profundidad de la Ley del Suelo, un proyecto que nos parece, en una
primera lectura, adaptado al texto constitucional, según la
interpretación de la sentencia del Constitucional a que nos estamos
refiriendo. No descarto que en una lectura más profunda del texto, en un
estudio más detallado del mismo, pudiera surgirnos alguna duda sobre la
escrupulosa aplicación de dicha sentencia, pero en principio nos parece
un texto suficientemente amplio y a la vez suficientemente respetuoso con
la sentencia como para que pueda merecer, de entrada, nuestro voto
favorable para que pueda tramitarse.
En cualquier caso --y termino señor Presidente-- el problema que plantea
el Grupo Parlamentario Socialista en su iniciativa va a tener como cauce
de solución la propuesta del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Mucha gracias,
señor Recoder.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir para fijar la posición de mi grupo, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la proposición de ley del Grupo
Socialista que hoy debatimos en esta Cámara. Entendemos que es adecuado
que se trate en este momento esta proposición que pretende derogar los
artículos 1, 2 y 3, la disposición transitoria y la disposición final
primera de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras del
suelo y colegios profesionales.
Durante el trámite parlamentario de esta ley, desde su inicio, desde el
decreto del 7 de junio, nuestro grupo ha venido advirtiendo en reiteradas
ocasiones de la improcedencia de legislar sobre una materia que estaba
pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional. Parece ser
que el tiempo nos va dando la razón; que la precipitación del Gobierno al
legislar sobre esta materia ha creado más confusión y más inseguridad.
Las reflexiones inmediatas que nosotros hacemos después de esta sentencia
del Tribunal Constitucional del 20 de marzo de 1997 no la circunscribimos
únicamente al texto legal en ella enjuiciado. La sentencia tiene una
proyección mucho más amplia, afecta a la Ley 7/1997 y al proyecto de ley
estatal que el Gobierno ha elaborado y que ya ha entrado en esta Cámara.
Nosotros pensamos que lo que hay que hacer en este momento es urgir a las
comunidades a llegar a acuerdos, a negociaciones, para que sea una ley
consensuada y cuente con el máximo respaldo posible. A nuestro juicio, la
sentencia del Tribunal Constitucional deja fuera de juego a la Ley
7/1997, al regular competencias que son propias de las comunidades
autónomas. La doctrina que se desprende de la sentencia del
Constitucional restringe considerablemente las competencias estatales,
clarificando el alcance del artículo 149 de la Constitución.
Nosotros antes de este debate, antes del día de hoy, hemos intentado
conocer cuál era la opinión del Gobierno en cuanto a la Ley 7/1997 y no
nos ha sido posible. Yo no sé si el señor Ortiz, el portavoz popular,
estará en disposición de aclararnos algo. Al ser concordantes
determinados artículos del Real Decreto-ley de 7 de junio, convalidado
luego como proyecto de ley, y después de la sentencia del Tribunal
Constitucional, pregunté al Gobierno respecto a ello porque creía
interesante conocer su opinión en cuanto a la aplicación de la Ley
7/1997, concretamente sobre cómo se podía aplicar el artículo 2 de dicha
ley en las comunidades que tuvieran competencias en materia urbanística.
También sería interesante conocer cómo van a indemnizar lo que ha sido
una promesa no cumplida hasta el momento, cómo se va a indemnizar a los
ayuntamientos por aquellas pérdidas que han tenido como consecuencia de
rebajar el aprovechamiento municipal del 15 al 10 por ciento. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, ruego
guarden silencio.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
A mí me gustaría que se nos aclarara, si es posible, cómo se piensa
compensar esa pérdida que ya se ha
producido --si es que el Gobierno ha pensado alguna manera-- en aquellas
comunidades donde existen conciertos económicos como el País Vasco o
Navarra.
En cuanto a la Ley 7/1997, yo creo que es muy difícil que el Grupo
Popular nos convenza de que es una buena ley, porque para convencer a la
oposición lo primero que tiene que hacer es convencer a aquellas
comunidades autónomas donde ellos gobiernan. Yo creo que eso es
importante porque la Comunidad Autónoma de Galicia, por ejemplo, parece
ser que no está de acuerdo con la posición del Partido Popular aquí.
Dicha comunidad autónoma ha aprobado un aprovechamiento del 15 por ciento
para sus ayuntamientos. Desde Navarra, UPN, socio del PP en Madrid,
también cuestiona la ley e incluso se dice que la pérdida del 5 por
ciento por parte de los ayuntamientos en cuanto al aprovechamiento
urbanístico va a tener unas consecuencias catastróficas para la vivienda
de protección oficial. Por tanto, yo creo que si las comunidades en que
gobierna el Partido Popular no comparten el criterio del Gobierno,
malamente lo podemos compartir nosotros.
Nos han causado honda preocupación las declaraciones del señor Nasarre en
cuanto a llamar especuladores a los ayuntamientos. Yo creo que ésa es una
actitud de grave irresponsabilidad de una persona que tiene un alto cargo
en este Gobierno. Nos gustaría saber si el Gobierno, si el Partido
Popular comparte esta opinión de que los responsables del alto precio de
la vivienda son los ayuntamientos, los concejales y los alcaldes a
quienes se responsabiliza de ser los especuladores. Yo creo que ése es un
asunto que, como mínimo y así lo reclamamos desde nuestro grupo, requiere
el cese inmediato del señor Nasarre.
Entendemos que el Gobierno y el Grupo Popular tienen que definirse
claramente diciendo a favor de quién están: si de los que verdaderamente
especulan con el suelo o están a favor realmente de los ayuntamientos, de
los alcaldes, de los concejales que pretenden hacer una labor para
mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Constantemente se esgrime que la intención de esta ley es el
abaratamiento del suelo. Creo que no existe ningún indicio de que el
suelo se haya abaratado en este tiempo transcurrido; el único indicio que
existe, en todo caso, es el de que los propietarios del suelo han
obtenido unos mayores beneficios. Esto debería ser lo que desde este
Parlamento se tratara de evitar.
Se ha reconocido aquí explícitamente que el derecho urbanístico
corresponde a las comunidades autónomas y la sentencia del Tribunal
Constitucional así lo indica también. Nosotros nos preguntamos por qué se
mantiene una ley que resta competencias a las comunidades autónomas; por
qué se mantiene una ley que realmente va contra la propia sentencia del
Tribunal Constitucional.
Para terminar, señorías, nosotros vamos a apoyar la toma en consideración
de la proposición no de ley del Grupo Socialista porque entendemos,
después de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es conveniente.
Si sale adelante, veremos qué aportaciones podemos hacer en su
tramitación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández Sánchez.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Socialista, para derogar determinados
artículos de la Ley 7/1997, de 14 de abril, sobre medidas liberalizadoras
en materia de suelo y colegios profesionales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 139; en contra, 165.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley debatida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA COMBATIR LA ESTACIONALIDAD Y
MEJORAR EL EMPLEO EN EL SECTOR TURISTICO DE SOL Y PLAYA (Número de
expediente 162/000067)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, proposición del Grupo Socialista para combatir la
estacionalidad y mejorar el empleo en el sector turístico de sol y playa.
Para su presentación y defensa ante el Pleno, tiene la palabra el señor
Costa. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa.) Señor Saura. Señor Guerra
Zunzunegui. (Continúan los rumores.) ¡Silencio, señorías! (Pausa.)
Cuando quiera, señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición no de ley que hoy presenta nuestro grupo tiene por
objetivo mantener la actividad económica en las zonas turísticas para
crear empleo estable a lo largo del año, rentabilizando mejor las
infraestructuras y los servicios públicos y privados, así como hacer
políticas activas de empleo y mejorar las rentas de los trabajadores del
sector servicios.
Esta propuesta ha sido presentada en nuestro programa electoral en las
elecciones generales de marzo de 1996, por tanto no se puede decir que
sea una proposición improvisada, es fruto de un debate en la sociedad,
es fruto de un contraste de opiniones, es fruto de un diálogo con los
agentes económicos y con los sindicatos, y es también una necesidad para
determinadas áreas geográficas, para determinadas regiones que tienen su
especialización económica en el sector turístico. (El señor
Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
Para que SS. SS. puedan hacerse una idea de lo que significa esto para
algunas regiones, les diré que sobre el empleo en general, sobre los
afiliados a la Seguridad Social en un lugar tan característico de la
economía turística y de servicios como son las Islas Baleares, en los
meses de invierno cae hasta el 32 por ciento el número de afiliados, el
número de altas en el Sistema general de la Seguridad Social.
Es más, cuando comprobamos su repercusión en el sector transportes o en
el sector comercio, en comercio baja la actividad hasta el 50 por ciento
y en el sector transportes hasta el 35 por ciento. Estamos por tanto ante
una proposición no de ley que intenta combatir un efecto muy negativo
para la economía, para el bienestar general de la sociedades que viven
directamente o que tienen en el sector servicios y en el sector turístico
su máximo elemento para mejorar su calidad de vida, para mejorar su
situación socioeconómica.
Si atendemos a la oportunidad en la presentación de esta proposición no
de ley y nos fijamos en los datos de los meses finales del año, a partir
de octubre, nos encontramos sistemáticamente cada año con caídas
fortísimas del empleo que están directamente relacionada con el cese de
la actividad de las empresas relacionadas con el sector turístico y con
el sector servicios. Y si nos fijamos en el aumento del número de
contrataciones que también se produce sistemáticamente al inicio de la
primavera, nos encontramos también de forma constante con incrementos en
las contrataciones, con incrementos de empleo en nuestro
país. Se trata de combatir un fenómeno altamente instalado entre los
operadores socioeconómicos, un fenómeno que viene produciéndose de forma
sistemática en nuestro país, sin que se aborde suficientemente en
profundidad. Por ello presentamos esta proposición no de ley.
Para hacer esta proposición no de ley hemos tomado como referencia el
Consejo de Essen, de diciembre de 1994, y hemos tomado este Consejo
porque en él se establece a nivel europeo que es conveniente implementar
todas aquellas políticas de los Estados miembros que tengan que ver con
la creación de empleo estable, que vengan a combatir aquel tipo de
contratos que no tenga continuidad en el tiempo. Para ello nosotros
proponemos una serie de medidas que vienen a abordar en profundidad los
elementos que afectan a la estacionalidad de la actividad económica
particularmente en toda la vertiente mediterránea y en las Islas
Baleares.
Sin duda es una propuesta ambiciosa, como ambiciosos son los programas
que tienen que desarrollarse para combatir esta realidad fuertemente
instalada en los operadores socioeconómicos. Es necesario abordar esta
realidad de manera global y conjunta. Para que SS. SS. puedan
comprenderlo mejor, si tenemos un establecimiento hotelero y un
territorio, si tenemos una plaza hotelera y un lugar donde ofrecer esa
plaza hotelera pero no tenemos un producto turístico, no tenemos un
producto que podamos ofrecer en el mercado. En esta propuesta, señorías,
básicamente se trata de ofrecer un nuevo producto turístico en las mismas
zonas en que ya existen infraestructuras, que existe capacidad de
alojamiento privado y servicios públicos que tal vez haya que mejorar o
implementar, pero en conjunto se trata de poner algunos medios
suplementarios para conseguir unos efectos muy importantes en el
incremento de la productividad de los recursos públicos y privados y en
el bienestar general de las personas que habitan en estas zonas objeto de
dicho plan.
Se trata de un programa en el que todos, sindicatos, empresarios,
ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado deben estar implicados,
porque es imposible disociar los elementos que conforman la actividad, la
oferta, el producto turístico, y si es imposible disociar esos elementos,
como ocurre en la realidad, es necesario que alguien --y nosotros pedimos
que sea el Gobierno desde el Ministerio, desde la Secretaría de Estado de
Turismo-- agrupe los elementos, los incorpore a un plan específico y
lidere el proyecto de combatir la estacionalidad. No estamos hablando de
algo nuevo, estamos hablando de algo que ya se está produciendo con éxito
en algún municipio de las Islas Baleares. El municipio de Calviá, que fue
tomado como municipio modelo para experimentar los planes de excelencia
turística, ha conseguido que más del 70 por ciento de sus plazas
turísticas estén abiertas a lo largo de todo el año y ha conseguido que
la actividad económica, el empleo, sea más estable y se genere mayor
bienestar para la comunidad que vive de este sector económico, que es el
destino final de cualquier política económica.
Por tanto, no estamos hablando de utopías, sino de dar la dimensión que
le corresponde a esa actividad económica en la Administración del Estado.
Tampoco estamos proponiendo que se invadan competencias de otras
administraciones, lo que tiene que hacer la Secretaría de Estado es
liderar ese plan, ponerlo en común con todos los agentes implicados,
disponiendo las medidas necesarias, que en algunos casos ya están en la
política económica pero que es necesario canalizar adecuadamente para
combatir esta realidad, que viene a tener como consecuencia unos grandes
costes también para el Estado a través de los subsidios de desempleo o a
través de las cargas sociales que comportan las inversiones públicas que
se realizan en estas zonas y que sólo son utilizadas durante una pequeña
parte de todo el año.
Con esta proposición no de ley, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista pretende conseguir beneficios
para el conjunto de la actividad pública y también para el conjunto de
los actores socioeconómicos. Para la actividad pública, porque entendemos
que con la aplicación de este programa, con la aplicación de las medidas
que la proposición no de ley comporta, en primer lugar conseguiríamos una
mayor recaudación por el incremento de la actividad económica en estas
zonas; una mejor recaudación por una mayor utilización de los servicios
públicos, que se verían así mejor amortizados y mejor utilizados en su
conjunto; conseguiríamos una mayor rentabilidad de las inversiones en
infraestructuras públicas y una mejor amortización de las inversiones
privadas, unas inversiones que tienen en estos momentos rentabilidad
inferior a la media de aquellas inversiones, bien sea en ciudades, bien
en zonas que son en la actualidad competencia de esos destinos
turísticos, una rentabilidad mucho más elevada, porque tienen su
actividad a lo largo de todo el año y no sólo en una parte de éste.
Conseguiríamos, por tanto, mejorar no sólo la rentabilidad sino también
la calidad de vida, las rentas directas de empresarios y trabajadores y,
por tanto, la renta generada en las regiones o zonas afectadas por la
actividad turística.
Este es un propósito que el Grupo Socialista viene persiguiendo desde
hace bastante tiempo. A través del programa implementado por la anterior
Secretaría General de Turismo y básicamente a partir del estudio de la
situación del turismo en España efectuada por este Congreso de los
Diputados, venimos proponiendo medidas que vengan a paliar la
estacionalidad de la oferta turística en nuestro país.
Para este efecto estamos abiertos al diálogo. Se han presentado una serie
de enmiendas de Izquierda Unida, de Convergència i Unió y del Grupo
Popular. Ninguna de esas enmiendas va en contra del espíritu de la
propuesta, va en contra del escenario que el Grupo Parlamentario
Socialista propone; todas ellas son perfectamente asumibles si durante el
transcurso del debate entendemos que existe voluntad de la mayoría
parlamentaria que aporta al Gobierno de que estas medidas se lleven a
cabo.
Creo que mucho más que el contenido escrito de la proposición no de ley,
no habiendo discrepancias profundas (como no puede ser de otra manera en
un tema ampliamente compartido en las sociedades que sufren el problema),
durante ese debate estaremos en condiciones de poder llegar a acuerdos en
un texto común de todos los grupos parlamentarios.
Con la esperanza de que ello sea así, pido el apoyo para combatir ese
fenómeno de la estacionalidad turística, para hacer realidad esta posible
mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y de los ciudadanos
que viven en estas zonas turísticas, para hacer posible que mejoremos
nuestra actividad económica con pocos recursos más aportados desde el
sector público, simplemente coordinando, liderando, creando los cauces
adecuados para que las diferentes políticas lleguen con eficacia a la
finalidad que persiguen, que es el bienestar del conjunto de los
ciudadanos de nuestros país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Costa.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de
diversos grupos parlamentarios.
En primer lugar, para defender la enmienda del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el
señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, señorías, permítanme que en
primer lugar exprese mi satisfacción porque parece que la industria
turística está empezando a ocupar el sitio que se merece en los trabajos
de esta Cámara. Fue la Comisión de Industria, Energía y Turismo con la
comparecencia que celebramos la semana pasada, continúa con la
proposición no de ley que ahora discutimos y la moción que debatiremos
más tarde, lo cual demuestra que este Parlamento está empezando a tomar
en serio la primera industria de este país. Esperemos que no sea un hecho
aislado, sino el inicio de unos trabajos parlamentarios que se
correspondan con el carácter estratégico que tiene la industria turística
para la economía española.
La proposición no de ley que presenta el Partido Socialista Obrero
Español nos sitúa ante uno de los problemas más graves que tiene la
industria turística española, fundamentalmente en su segmento de sol y
playa. A pesar de ciertas mejoras, la marcada estacionalidad continúa
caracterizando la demanda turística española y representa una importante
problemática, tanto por lo que representa de infrautilización de los
establecimientos turísticos en una época y de sobrecarga en otras, como
por sus consecuencias negativas en la calidad de las prestaciones y en el
impacto medioambiental, así como en el mantenimiento de las instalaciones
y en el ritmo social de la población residente. También afecta
negativamente a los planteamientos de estabilidad y calidad de los
puestos de trabajo. Afortunadamente está desapareciendo la idea de que
para desarrollar otros segmentos turísticos, hay que ir disminuyendo la
oferta del turismo de sol y playa. Sólo desde complementar el turismo de
sol y playa con otros segmentos, podemos avanzar para combatir la
estacionalidad que hoy discutimos. En este sentido, debemos tratar de
consolidar una oferta lo más amplia y variada posible que permita atraer
en cada época del año un turismo específico. Nuestro país por sus
cualidades permite generar una oferta integral que desde el turismo de
sol y playa recoja otros segmentos, por ejemplo, el turismo de circuito o
de ruta en el que España tiene grandes oportunidades. A medida que se
desarrollen ciertas infraestructuras y equipamientos básicos, estas
oportunidades serán todavía mucho mayores.
De esta manera, la España verde, el camino de Santiago, la Andalucía
interior, etcétera, son algunos ejemplos de cómo podemos desarrollar un
turismo de circuito que, partiendo del turismo de sol y playa, se
complemente con otros atractivos.
El turismo cultural es tal vez uno de los mercados de mayores
potencialidades para el futuro, segmento turístico en el que España
también puede jugar un papel de liderazgo. Es importante recordar la
experiencia que se ha desarrollado en Italia en este sentido. En ese país
ciertos segmentos turísticos de sol y playa se han convertido en turismo
cultural.
El turismo cultural incluye una gran diversidad. Desde el turismo de
circuitos culturales, hasta las vacaciones educativas de aprendizaje de
idiomas, de arte, etcétera. El turismo rural es otro mercado con grandes
posibilidades de futuro, especialmente para determinados países emisores
como Bélgica y Holanda; este segmento turístico incluye no sólo las
vacaciones de descanso, sino una amplia gama de vacaciones activas en la
montaña. También se incluyen aquí los diferentes tipos de vacaciones,
tanto activas como pasivas, en el campo. Numerosos pueblos de la España
interior y del prelitoral ofrecen unas condiciones muy interesantes para
ello. En este sentido, también señalamos las vacaciones de salud que bajo
dirección médica es un mercado que crece a un ritmo muy rápido, y que en
España puede recuperar la tradición que tenemos de balneario, siempre que
se adapten a las necesidades actuales y al gusto y las preferencias de
las demandas. Por último, el turismo de congresos, que recoge no sólo la
actividad de congresos sino también la de ferias, puede suponer una
diversificación importante de la oferta.
Es posible diversificar la oferta turística y con ello la ocupación de
nuestra industria turística. Por eso estamos de acuerdo con las
propuestas que aquí se han señalado, siempre que, como diremos en la
moción que nos ocupará más tarde, se enmarquen dentro de una política
general de cara a la industria turística. Creemos que, de otra manera,
las medidas que se proponen podrían ser insuficientes y, sobre todo,
podrían ser inútiles. Pero también queremos decir que entendemos que la
estacionalidad no es consecuencia solamente de condiciones ajenas a la
propia industria turística, sino que, al contrario, tenemos que reconocer
que ha existido una estrategia fundamentalmente de touroperadores y de
cierto sector empresarial que ha apostado por un turismo especulativo, un
turismo que pretendía obtener el máximo rendimiento con la menor
inversión y en el menor plazo de tiempo posible. Este tipo de oferta
turística consideraba que los meses más rentables eran solamente aquellos
en los que se debería ejercer esa oferta turística y que, por tanto, era
importante superar las situaciones de crisis mediante un recorte en la
apertura de los establecimientos turísticos. Estas ideas sobre turismo
--que afortunadamente están ya en declive-- significaban degradar no
solamente el producto turístico en sí, sino que dañaban irreversiblemente
la actividad de las empresas que apostaban por reducir su actividad a la
llamada temporada alta. Además, causaba un daño irreparable en las
poblaciones del entorno, que las convertía, fuera de esa temporada alta,
en verdaderos cementerios vacíos durante el año.
Los sindicatos de hostelería, esos que tanto se reúnen y colaboran con el
Gobierno, podían informarles de las presiones que han sufrido por parte
de la patronal a la hora de defender en los convenios la temporalidad
como única salida a las situaciones de crisis. También el Ministro de
Asuntos Exteriores, señor Matutes, podría explicarles la responsabilidad
de ciertos empresarios baleares a la hora de propiciar la estacionalidad
en toda la comunidad balear. También este Diputado podría ilustrarles de
cómo hemos tenido que combatir desde la Costa del Sol el intento de
ciertas cadenas hoteleras, que hubieran convertido un destino turístico
como el costasoleño, un destino turístico propicio para ser ejemplo de
rentabilidad durante todo el año, solamente en un destino de temporada,
porque, señorías, aunque el Gobierno siga empeñado en que el turismo es
cosa solamente de pequeñas y medianas empresas, es una realidad que las
grandes cadenas ejercen un control fundamental en la oferta y que, por
tanto, si no tienen correctivo, pueden también condicionar el tipo de
oferta.
Esta es la situación que trata de mostrar y sobre la que trata de incidir
nuestra enmienda. Por tanto, mostramos nuestro acuerdo con la necesidad
de que la Administración central colabore en las inversiones, tales como
la renovación de la planta hotelera, pero es necesario que estas
inversiones sólo sean una cuestión de justicia para el sector y una
cuestión de devolverle al sector turístico lo que él ha aportado al
relanzamiento de la economía de este país. Pero para que estas
inversiones sean también rentables, hay que exigir a los empresarios que
tengan una correspondencia a la hora de combatir la estacionalidad, a la
hora de comprometerse a que el dinero público que reciban va a ser
empleado también para combatir la estacionalidad.
Esperamos que el grupo proponente, como así lo ha dicho, admita nuestra
aportación, aportación que entendemos que, sin duda, mejorará esta
iniciativa que, repito, se podrá complementar con la moción que
intentaremos que también se apruebe por unanimidad en otro turno de esta
misma sesión plenaria. Por tanto, si somos capaces entre todos de avanzar
en este sentido, hoy habremos prestado un importante servicio a la
principal industria y al principal sector económico de nuestro país. Yo
creo que es la hora de exigir nuestra responsabilidad, y en ese sentido
Izquierda Unida va a apoyar esta proposición. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Centella. Para la defensa de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Gamero.
El señor GAMERO MIR: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para la defensa de
la enmienda de modificación que nuestro grupo ha presentado a la
proposición no de ley del Grupo Socialista por la que se insta al
Gobierno a presentar, en el plazo de tres meses, un programa de lucha
contra la estacionalidad turística.
Señor Presidente, señorías, permítanme, en primer lugar, que felicite al
grupo proponente por esta iniciativa, por varias razones. Primero, porque
nos permite debatir en esta Cámara una cuestión relacionada con el
turismo, que es el sector productivo más importante de nuestro país y que
tiene mayor capacidad de creación de puestos de trabajo. Segundo, se lo
agradezco porque, con esta iniciativa, el grupo proponente pone de
manifiesto su interés por tratar de resolver problemas del turismo,
demostrando con ello también su preocupación por la buena marcha del
sector que, como ya hemos repetido en varias ocasiones, es la columna
vertebral de la economía española, fuente de riqueza y el motor que
impulsa a todos los demás sectores, interés y preocupación que estoy
seguro compartimos todos los demás grupos parlamentarios con
representación en esta Cámara.
Porque, señorías, el turismo es un sector multidisciplinar, con efectos
inducidos a todos los demás sectores y porque el producto turístico en un
destino lo integran, además de alojamientos, transportes y restaurantes,
todos los demás servicios, podríamos decir todos los servicios del país,
las infraestructuras, las comunicaciones, la seguridad, la cultura en
todas sus amplias manifestaciones, los deportes, las instalaciones
deportivas, paisajes, medio ambiente, sanidad, etcétera. Pero, de todo
ello, destacaría que lo más importante del producto turístico es la
actitud de los ciudadanos para con los turistas. Sin una actitud positiva
de los ciudadanos, es muy difícil, por no decir imposible, desarrollar
turísticamente un destino y en este aspecto reside en parte muy
importante el éxito de España como destino turístico.
Con esta introducción acerca de lo que representa nuestro sector, voy a
pasar a comentar los puntos de la proposición no de ley. En primer lugar,
esta proposición sugiere presentar en el plazo de tres meses un programa
de lucha contra la estacionalidad que contemple, en su apartado a), una
delimitación de zonas afectadas por la estacionalidad, especialmente por
la turística, argumentando en su exposición de motivos que la mayoría de
zonas españolas, y en particular las de sol y playa, requieren de
políticas específicas para combatirla, que es una realidad hoy instalada
en el conjunto de agentes turísticos, sin plantearse alternativas para
disminuir su impacto, y propone que se estimule al conjunto de operadores
a prolongar su actividad y que la mantengan en el conjunto del año.
Pues bien, señoras y señores diputados, con el debido respeto, debo decir
al grupo proponente que, en primer término, delimitar la estacionalidad
turística por zonas no parece la forma más racional de analizar el
problema si partimos de la base real de que dentro de una misma zona hay
establecimientos a los que realmente no les afecta la estacionalidad.
En función de lo que se entienda por zonas, también parece oportuno
recordar que en comunidades autónomas, si consideramos la zona una
comunidad autónoma, nos encontramos con situaciones totalmente distintas,
como puede ser el ejemplo de Canarias, donde se mantiene una actividad
operativa constante y permanente a lo largo de todo el año, a diferencia
del resto de las comunidades autónomas donde sí existe una estacionalidad
más o menos pronunciada.
Nos encontramos con casos totalmente distintos
como, por ejemplo, en municipios como Benidorm
--que creo que es un ejemplo muy bueno--- donde no existe
prácticamente el problema de la estacionalidad, porque la actividad
turística se desarrolla de forma regular durante todo el año, con
ocupación muy similar tanto en el verano como en el invierno. Si la
estacionalidad la consideramos en un resort, en un destino concretamente,
hay establecimientos que tampoco están afectados por ese efecto de
estacionalidad, antes se ha puesto el ejemplo de Calviá; yo creo que hay
muchísimos más ejemplos que pueden utilizarse, donde se ha hecho un gran
esfuerzo para, precisamente ya desde hace tiempo, combatir los efectos de
la estacionalidad a través de la especialización de los segmentos
turísticos deportivos en su más amplia gama y de otras modalidades.
Asimismo, yo quisiera insistir en que la estacionalidad no es un problema
de hoy, como se afirma, es un problema muy antiguo, su tratamiento
requiere partir de rigurosos análisis y no debe simplificarse. Les pondré
el ejemplo de lo que hizo en los años 70 un alto cargo del Ministerio en
una reunión de empresarios que trataban de este tema; sugirió que lo que
había que hacer para resolver el problema de la estacionalidad era
instalar estufas de butano en las habitaciones de los hoteles y de los
apartamentos. Desde los años 60 se habla de estacionalidad en el sector
turístico; por ello, insisto, no simplifiquemos esta cuestión de tanta
trascendencia.
En tercer lugar, los operadores turísticos, por la cuenta que les tiene,
hacen todo lo posible por alargar la temporada. De hecho, los
crecimientos que se están produciendo en los últimos años son
precisamente fuera de la alta temporada y durante la media y baja
temporada. No obstante, y como SS. SS. saben muy bien, una parte
considerable de la oferta turística vacacional española ha sido concebida
para atender exclusivamente las puntas de demanda de los meses de verano
y excede a todas luces la capacidad de demanda que pueda existir durante
el resto del año; carece, además, de los más elementales equipamientos de
confort que se requieren para mantener los establecimientos abiertos
durante los meses de invierno, primavera y otoño. No voy a insistir en lo
de las estufas de butano, es mucho más amplio el tema.
Por tanto, pensar que esta importante capacidad de nuestra oferta
vacacional pueda ocuparse durante todo el año de forma uniforme y
permanente parece que no es factible por dos motivos: en primer lugar,
porque, como he dicho antes, el producto no es adecuado, no responde a
las necesidades de la demanda, y, en segundo lugar, que no hay suficiente
demanda para llenarlo a lo largo de todo el año. Si me permiten una
comparación, diré que es como si los fabricantes de helados pretendieran
vender la misma cantidad de su producto durante todo el año, tanto en
invierno como en verano; naturalmente, en invierno se consumen helados en
todos los sitios del mundo, pero no es fácil que se pueda llegar a vender
la misma cantidad de ese producto en invierno que en verano. Parece más
adecuado que el análisis que se plantea sea llevado a cabo más que por
zonas por productos.
Hay algo muy importante, señor Presidente, señorías, y es que las
competencias turísticas, salvo las de promoción exterior, están
transferidas a las comunidades autónomas y en algunos casos a los entes
locales, como sucede en Baleares con la ordenación turística, que ha sido
transferida a los consells insulares, de acuerdo con el desarrollo del
estatuto de autonomía.
Por ello, insisto en que cualquier iniciativa que pueda plantearse desde
la Administración general del Estado en materia turística debe hacerse en
el ámbito de la colaboración con las comunidades autónomas, que son las
que ostentan la competencia en materia de turismo. Debo añadir a lo
anterior que ya existen iniciativas, tanto de la Administración central
como de las distintas comunidades autónomas, en esta materia. Por seguir
citando ejemplos, diré que en Baleares, en distintos municipios, desde el
año 1987 se han llevado a cabo acciones de impulso y de apoyo a la oferta
turística especializada complementaria a la de sol y playa.
En el apartado b) de la proposición del Grupo Socialista se plantea un
objetivo, que es el de ampliar la actividad de los establecimientos
turísticos para crear y mantener empleo estable, objetivo sin ninguna
duda ampliamente compartido por nuestro Grupo Parlamentario y por el
Gobierno que preside José María Aznar. Buena prueba de ello es que los
principales incentivos para propiciar las actividades de las empresas y
crear y mantener empleo estable vienen de la mano de las líneas de
incentivos y líneas fiscales globales diseñadas por el Gobierno para la
totalidad de las pequeñas y medianas empresas. De ello se benefician
todas las empresas turísticas porque, en su inmensa mayoría, son pequeñas
y medianas empresas. De igual forma, el pacto sobre el empleo propiciado
por el Gobierno entre las organizaciones empresariales y las centrales
sindicales, firmado recientemente, persigue la creación del marco que se
reclama, habiéndose completado de una forma muy satisfactoria.
Quiero constatar también que existe ya un grupo de trabajo para el
estudio de la fiscalidad en el turismo dependiente de la Comisión
interministerial de Turismo y que asimismo la Dirección General de
Turismo ha creado otro grupo de trabajo, en el que participan
representantes del sector privado, que estudia la situación fiscal del
sector para canalizar sus posibles soluciones. Por tanto, se han iniciado
ya muchos de los trabajos para la formulación que faciliten el
funcionamiento de las empresas turísticas en la baja temporada.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley correspondiente a
este apartado se hace referencia nuevamente a las islas Baleares, donde,
según el grupo proponente, existe un desfase de personas ocupadas entre
el primero y tercer trimestre, y cita datos del año 1994. El grupo
proponente califica esta situación de alarmante.
Este portavoz, que si de algo sabe un poco es de turismo y también de
Baleares, desearía, repito, con todo respeto, poner el dato en positivo,
y para ello cree conveniente recordar nuestra trayectoria en los últimos
años.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Gamero, le ruego vaya
concluyendo, por favor.
El señor GAMERO MIR: Sí, señor Presidente, concluyo.
En los años 60 Baleares fue tierra de emigrantes y en esos momentos en
todos los países del mundo había colonias de Baleares como del resto de
las regiones españolas. En esos años era muy corriente que, después de
los inicios turísticos de finales de los años 60 y 70, se invirtiera la
tendencia y que Baleares finalmente pasara a ser una zona de inmigración,
donde pasaban a incorporarse familias enteras que residían en otros
lugares de España y también del extranjero. Trabajadores de otros países
se han instalado también en nuestras zonas turísticas --profesionales
liberales, abogados, médicos, arquitectos, decoradores, etcétera--. Lo
que trato de explicar con este recordatorio es que, a mi juicio, la
situación alarmante la teníamos en Baleares hace muchos años, cuando
nuestros padres y abuelos tenían que emigrar, pero que hoy la situación
es muy distinta y hemos pasado a poder ofrecer trabajo en nuestras islas
a personas que vienen de otras regiones de España y también de otros
países. Lo hacemos recibiéndoles y dándoles toda clase de facilidades y
estas personas no tienen ningún impedimento para incorporarse en nuestra
sociedad, son bien recibidos, y
aunque el contrato de trabajo que algunos encuentran es de temporada, yo
creo que debemos poner la cuestión en positivo. Pero no debemos perder de
vista el potencial del sector turístico y su capacidad de creación de
puestos de trabajo, aunque algunos sean de temporada. Veamos la situación
del conjunto del sector que, repito, a mi juicio, no sólo no es
alarmante, en absoluto, sino todo lo contrario, muy positiva.
Para concluir, voy a referirme a la proposición no de ley que estamos
debatiendo. En su punto número 2, al final, propone abrir una negociación
con las fuerzas sociales y con las corporaciones locales para generar un
programa complementario en materia de formación especializada y calidad
de los servicios turísticos. Sin duda ninguna, la formación en el sector
turístico es de vital importancia y, por ello, el Gobierno, consciente de
la repercusión que la formación de recursos humanos tiene en la
satisfacción de los clientes y en la desestacionalización de la
actividad, a través de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo y
las pymes, ha puesto en marcha un plan de formación de recursos humanos.
Todo lo expuesto, unido a la presentación del plan de estrategias y
actuaciones de la Administración general del Estado en materia turística,
que sin duda recoge y supera muchos de los planteamientos de todas y cada
una de las propuestas que plantea la proposición no de ley, demuestra que
el Gobierno ha iniciado mucho antes de esta formulación actuaciones
tendentes a la desestacionalización del turismo español. Por todo ello, y
tomando como base unas propuestas de nuestro propio grupo parlamentario,
hemos presentado una enmienda de modificación, confiando, para su
aceptación, en la buena disposición del grupo proponente. El texto
quedaría redactado como sigue: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a aprobar un plan de diversificación del turismo en España que
abarque los siguientes puntos: a) Estudio del potencial de la oferta
especializada. b) Estudio de la problemática concreta de la oferta
vacacional tradicional para impulsar nuevos servicios y conseguir un
nivel ocupacional sostenido a lo largo de todo el año. c) Desarrollo de
un programa de competitividad del turismo fundamentado en actuaciones
horizontales orientadas hacia la calidad, la diferenciación de productos,
la segmentación de mercados y la formación profesional de la mano de
obra. d) Desarrollo de una estrategia de mercado coordinada con los
empresarios y operadores del sector y con las comunidades autónomas que
refuerce las acciones promocionales de nuevos productos turísticos y
transmita una imagen de diversidad y calidad para cualquier lugar de
España y en cualquier época del año. e) Programa de promoción y
comercialización en los mercados emisores, reforzando la imagen de España
como destino turístico variado y de calidad en cualquier momento del año.
Nada mas. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Gamero.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADES: Gracias, señor Presidente.
Voy a defender, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, y lo haré desde el escaño.
La importancia del sector --el 10 por ciento del PIB del Estado español--
y también desde la perspectiva de la población ocupada, se ha puesto de
manifiesto por anteriores portavoces, que también han remarcado la
proyección de futuro de este sector desde todos los puntos de vista; por
tanto, no vale la pena insistir en estas materias. Sí quiero insistir
--me parece que lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular--
en la oportunidad de esta iniciativa, una iniciativa que pretende hacer
frente a los problemas derivados de la estacionalidad en determinadas
zonas del Estado, desde el punto de vista turístico, lo que provoca
problemas específicos de paro e inactividad de empresas y una pobre
utilización de las infraestructuras públicas y privadas que existen en
esos territorios. La proposición del Grupo Socialista pretende dar
respuesta a esa problemática, planteando políticas específicas para estos
sectores y desde la perspectiva del fomento de la ocupación, enlazando
con la filosofía de los principios de la cumbre de Essen.
Decíamos que la iniciativa es oportuna, pero no porque el problema sea
reciente, ya que es intrínseco del sector turístico del Estado español,
especialmente desde la perspectiva de los intereses que defiende el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En nuestro pais existen unas
zonas de la Costa Brava, del Maresme, del Garraf, de la Costa Daurada y
Terres del'Ebre, que precisamente padecen esta situación. En una reciente
publicación el Director General de Turismo de la Generalitat de Cataluña,
en referencia a los problemas derivados de la estacionalidad, afirmaba
que hemos de saber crear elementos de oferta y mecanismos de
comercialización que faciliten la segmentación de la demanda y el alargar
las temporadas turísticas, y hablaba específicamente de convertir
recursos turísticos en productos turísticos. A nosotros nos parece que la
proposición no de ley que plantea el Grupo Socialista avanza en esa
dirección, pero con la enmienda que hemos presentado hacemos referencia
específica al hecho de que el marco competencial derivado del articulo
148.18 de la Constitución y, en el caso concreto de Cataluña, del
artículo 19.12 del Estatuto de Autonomía, definen claramente cuál es la
Administración competente en esta materia: la Administración autonómica.
Nosotros hemos constatado --y no en esta legislatura, sino también en
anteriores Gobiernos-- una cierta tendencia de invasión de competencias
exclusivas de las comunidades autónomas por parte de los diversos
ministerios, y, sin querer entrar a discutir el fondo del problema ni el
fondo de las políticas, siempre hemos considerado que estas políticas se
debían desarrollar teniendo en cuenta este marco competencial, y, por
tanto, poniéndonos a la defensiva ante cualquier tendencia uniformista
que pudiera existir.
Además, entendemos que el desarrollo de una política que tenga en cuenta
el sector turístico forma parte también de una política macroeconómica
del conjunto del Estado: la disminución de la inflación, la reducción del
déficit público, la disminución de los costes laborales forman parte de
esa política. No entender eso es no entender los problemas del sector
turistico y, por tanto, estimamos que el reciente acuerdo para la
estacionalidad de la ocupación puede incidir positivamente en este
terreno, y el profundizar en reformas fiscales favorables al sector
también nos parece que influye positivamente en las políticas que se
deben desarrollar. Pero también --y en nuestra enmienda hacemos
referencia a ello de una manera muy explícita-- cualquier política que
tienda a mejorar el entorno donde se desarrollan las actividades
turísticas, que tengan relación con el medio ambiente, con las
infraestructuras, son políticas que inciden directamente en estos
sectores.
Este ha sido el sentido de nuestra enmienda. Nuestra voluntad ha sido,
con los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario Socialista, hallar puntos de encuentro; nos parece que en
estas políticas es fácil que el sentido común nos permita llegar a un
punto de acuerdo y, además, nos parece que va a ser importante que el
compromiso que hoy se puede asumir en esta Cámara no sea un compromiso ad
kalendas graecas, sino que sea un compromiso específico, que en el
desarrollo de los próximos meses y de los próximos ejercicios
presupuestarios las ideas fuertes que configuran esta iniciativa se
puedan concretar.
Desde esa voluntad nosotros hemos planteado y creo que lo va a anunciar
el portavoz del Grupo Socialista y también del Grupo Popular, poder
llegar a un acuerdo conjunto en todos los extremos de esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieran fijar posición en este
debate? (Pausa.) Por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la importancia del sector servicios en el producto interior
bruto español y, particularmente, del subsector turístico condiciona toda
la actividad económica general y tiene especial incidencia en las
nacionalidades y regiones del Mediterráneo y en los archipiélagos de
Baleares y Canarias fundamentalmente. Tal y como se plantea en la
proposición no de ley, la estacionalidad constituye un factor clave en la
organización del mercado turístico español, condicionando la actividad de
touroperadores, de hoteleros, de agencias de viaje, de comerciantes, de
transportistas y, en general, de todos los trabajadores que directa o
indirectamente están vinculados al turismo. Esa estacionalidad que, por
razones climáticas, se padece en Canarias en mucha menor medida que en el
resto del Estado español, está vinculada fundamentalmente a nuestra
oferta turística de sol y playa. Es evidente que el turismo extranjero
que recibimos, fundamentalmente del resto de Europa, busca un clima
especial como atractivo primario en su demanda, aunque cada vez más ese
atractivo no sea suficiente para competir en un mercado internacional
donde muchos destinos también pueden ofrecer atractivos semejantes.
Nuestra oferta debe tender más hacia objetivos de calidad,
diversificación y servicios complementarios para que quienes nos visitan
encuentren el atractivo del regreso y sean a su vez portadores en sus
países de origen de un mensaje de promoción de nuestros productos
turísticos.
En ese marco, la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista es un buen
paso para afrontar los problemas que se generan por la estacionalidad de
nuestras ofertas, pero ese tratamiento singular que pretende saca de
contexto un problema, el de la estacionalidad de la oferta para proponer
medidas que pudieran paliar la misma, pero olvida que lo primero es
diversificar la oferta para que el sol y la playa no sean atractivos
exclusivos. La variedad y riqueza paisajística de las diferentes
nacionalidades y regiones debe saberse aprovechar, organizando
adecuadamente las ofertas y la promoción que de las mismas se realicen.
No debemos perder de vista que, en materia de turismo, las comunidades
autónomas cuentan con competencias exclusivas y sólo la planificación de
la actividad económica general justifica la intervención estatal. Dentro
de ese marco competencial, no cabe, pues, que se proponga un programa de
lucha contra la estacionalidad a desarrollar en tres meses. Parece más
lógico que, en el plan de estrategias turísticas que el Secretario de
Estado de Comercio y Turismo presentó la pasada semana en la Comisión de
Industria, Energía y Turismo, el Gobierno pueda, de acuerdo con las
comunidades autónomas, desarrollar un plan o programa de diversificación
del turismo en España, tal y como apuntan las enmiendas que presentan el
Grupo Popular y el Grupo de Convergència i Unió, que complementan la
iniciativa socialista. Es posible que, además de diversificar la oferta,
sea necesario realizar políticas de incentivos a la contratación, pero lo
importante es hacer que la oferta permita mantener un nivel de
ocupación turística aceptable, no subsidiar la contratación de
trabajadores sin unas garantías mínimas de funcionamiento del mercado.
En la comparecencia referida, se nos señalaban como líneas estratégicas
la competitividad de la empresa turística, la diversificación de la
oferta, la sostenibilidad y conservación del medio ambiente. La puesta en
marcha de esas líneas, de acuerdo con las comunidades autónomas,
representa el principio necesario para abordar los problemas de
estacionalidad que se citan en la iniciativa del Grupo Socialista.
Desde Coalición Canaria queremos insistir en que lo relevante es procurar
diversificar la oferta desde parámetros de calidad y con ofertas
complementarias de servicios porque, como destino europeo, esa es la
demanda de quienes nos visitan. Si esos objetivos se consiguen, los
efectos sobre el empleo serán importantes.
Valoramos muy positivamente el acercamiento de las distintas posiciones,
tanto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista como
de las aportaciones hechas desde el Grupo Parlamentario Catalán y desde
el Grupo Popular. Nosotros aceptaríamos esa transaccional si por fin se
confirma.
Muchas gracias, señorías, muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Rivero.
Señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Para ofrecer una transaccional a los diferentes grupos que han presentado
enmiendas en los siguientes términos, ¿me permite su lectura, señor
Presidente?
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Adelante, señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Constaría de tres puntos, que serían los
siguientes.
1. Presentar en el menor plazo posible, y con el objetivo de iniciar su
aplicación durante el ejercicio presupuestario de 1998, un programa de
lucha contra la estacionalidad que contemple: Desarrollar políticas
fiscales y sociales en concordancia con las conclusiones del Consejo
Europeo de Essen (diciembre de 1994), que tengan como objetivo ampliar la
actividad de las empresas y establecimientos turísticos para crear y
mantener empleo estable; estimular la segmentación y la especialización
de las ofertas de las empresas turísticas con el objetivo de
desestacionalizar la demanda; establecer programas que mejoren la
adecuación del entorno urbano y medioambiental y los servicios de las
zonas turísticas; programas específicos de promoción y comercialización
de nuevos productos turísticos que contribuyan a combatir la
estacionalidad en la actividad económica y sean generadores de empleo
estable; limitar los incentivos a la apertura de nuevas instalaciones
turísticas en general, y hoteleras en particular, para aquellas empresas
que no se comprometan a mantener la actividad a lo largo de todo el año;
generar un programa específico en materia de formación especializada en
el sector turístico.
2. Propiciar el diálogo con los sindicatos, empresarios y asociaciones de
municipios y comunidades autónomas para la elaboración y aplicación del
programa contra la estacionalidad.
3. El desarrollo y la gestión del programa corresponderá a las
administraciones competentes a cada nivel, siendo la cooperación entre
las mismas el eje conductor del mismo, en cualquier caso con estricto
respeto hacia las competencias que en materia de turismo tienen las
comunidades autónomas.
Le hago llegar el texto, señor Presidente, para que conste así en los
servicios de la Cámara.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Costa.
¿Señor Centella, están de acuerdo con la enmienda transaccional y retiran
su enmienda? (Asentimiento.) ¿Señor Gamero, están igualmente de acuerdo
con la transaccional y retiran su enmienda? (Asentimiento.)
¿Igualmente, señor Campuzano? (Asentimiento.)
Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista para combatir la estacionalidad y mejorar el
empleo en el sector turístico de sol y playa, en los términos de la
enmienda transaccional que ha sido presentada, leída y aceptada por el
grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 307; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE ModificaciOn DE
LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN
(Número de expediente 162/000084)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, sobre modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente.
La iniciativa que tengo el honor de presentar obedece al interés del
Grupo Parlamentario Popular por contribuir a la mejora de la legislación
administrativa, conscientes como somos de la importancia que ésta tiene
para los ciudadanos. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.)
Como bien saben SS. SS. el ejercicio de los derechos que nos son propios
se desarrolla a través de los cauces del procedimiento administrativo y
por él también se garantiza que las relaciones entre la Administración y
la sociedad discurran de acuerdo con los principios que nuestra
Constitución marca. (Rumores.) El Gobierno al que apoya el grupo que
represento ha hecho de la mejora de la Administración española...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio.
Continúe, señoría.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Decía que el Gobierno al que apoya el
grupo que represento ha hecho de la mejora de la Administración española
una de sus grandes prioridades. No en vano la racionalización de la
estructura de la Administración general del Estado, la simplificación de
la misma y su adecuación a la realidad del Estado autonómico es el
objetivo de un gran número de medidas, entre las que destaca
singularmente la aprobación de la Lofage.
Para este año se ha anunciado también por el Ministro señor Rajoy la
presentación ante esta Cámara del proyecto de ley que regule el estatuto
de la Función pública y que con carácter de norma básica venga a dar
cumplimiento al mandato constitucional de regular los derechos y
obligaciones, la actividad profesional y la carrera de los funcionarios,
ordenando el disperso panorama que existe hasta ahora en nuestro Derecho
en el ámbito de la Función pública e incorporando los principios
derivados de las nuevas exigencias de servicio del Estado a la sociedad.
Pero al objeto de afrontar otra mejora de la Administración española,
necesitada de atención por esta Cámara, mi grupo estima, señorías, que es
necesario promover la reforma de la Ley de Régimen de Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en
aquellos aspectos en los que la práctica ha demostrado su falta de
adaptación a la realidad o su inadecuación a la hora de responder a las
necesidades, tanto de los ciudadanos como de la Administración pública a
la que sirve como instrumento. Hay que tener en cuenta, ante todo, que el
procedimiento administrativo común ha de servir como un vehículo para el
ejercicio y protección de los derechos, siguiendo para ello las pautas
que marca nuestra Constitución. Nuestra Constitución nos habla de una
Administración al servicio de los intereses generales, que tiene en la
legalidad, cuya base es el principio democrático, la única forma válida
de actuación. La Administración pública, depositaria de las potestades
que le atribuyen las leyes, debe ser, por tanto, la más fiel tributaria
del Estado de Derecho al que sirve. Y en un Estado de Derecho nada hay
tan ineficaz como el desprecio a la legalidad; desprecio que, en
ocasiones, puede acabar siendo el caldo de cultivo en el cual se
desarrollen prácticas irregulares en las que la búsqueda o la persecución
de los intereses generales deje paso a la búsqueda del interés particular
en algunos. Pero también el respeto estricto a la legalidad no debe
rebajar, en modo alguno, el nivel de exigencia de las administraciones
públicas en el cumplimiento de las funciones que le asignan la
Constitución y las leyes; pero, para lograr esta máxima eficacia, también
es necesario dotar a la Administración de los instrumentos legales
adecuados para actuar y a los ciudadanos para controlar la legalidad de
lo actuado. Responder, señorías, a esta doble exigencia de servir como
instrumento para la máxima garantía de los derechos e intereses de los
ciudadanos y, al mismo tiempo, para conseguir la máxima eficacia en la
actuación de la Administración, debe ser el objetivo de toda regulación
del procedimiento administrativo, y éste es, en fin, el propósito que
tenemos mediante esta iniciativa parlamentaria.
En este punto hay que señalar que un valor exigible a las leyes es que
éstas tengan el máximo consenso, y es éste, sin duda alguna, un valor que
tiene la ley cuya reforma promovemos; sin embargo, la pena es que ese
consenso no fuera previo sino posterior, y además producido en ámbitos
diferentes al parlamentario. En efecto, en su origen, la Ley de régimen
jurídico es un texto del Partido Socialista. Fue objeto de cuatro
enmiendas a la totalidad y la toma en consideración fue sostenida
únicamente con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, sin perjuicio
de que, en una tramitación posterior, las sugerencias realizadas por
algunos grupos hiciera que quedara mejorado en algunos puntos. El
consenso --decía-- fue posterior pero, en todo caso, negativo. Más que
difícil, es imposible encontrar una norma que haya sido objeto de tan
unánime crítica entre los operadores jurídicos y entre toda la doctrina.
Se la ha calificado como caótica, como caprichosa, como confusa,
etcétera. El Profesor García de Enterría, sin ningún tipo de rubor, la
llega a calificar como una catástrofe sin paliativos. Incluso, en la
literatura crítica en torno a la misma, ha sido objeto de caricatura. En
un espléndido trabajo, el Profesor Lorenzo Martín Retortillo,
preguntándose cuál podía ser la razón de la existencia de esta Ley 30,
llegaba a la conclusión de que únicamente tenía efectos keynesianos, y
afirmaba que lo único positivo de esta ley es
que, dada la gran confusión que contenía, el gran número de libros,
revistas, jornadas y seminarios, sirvió para dinamizar --y así lo dice el
Profesor Lorenzo Martín Retortillo-- la economía nacional en sectores
como papeleros, transportes, hostelería, etcétera.
La ley cuya reforma solicitamos tiene el número 30 del año 1992. Otra vez
el número 30 se aplicaba al ámbito administrativo, al igual que sucedió
con otra ley 30, ocho años antes, ley también criticada y parcialmente
anulada por el Tribunal Constitucional, la Ley de medidas para la reforma
de la Función pública. Este número 30, aplicado a la ley a la cual ahora
nos referimos, trae a la memoria el juego de La Oca, en el que se decía
--o se dice, si algunas de SS. SS. todavía lo recuerdan--: del laberinto
al 30. Lo que sucede con esta ley es al revés: del 30 al laberinto;
laberinto que es esta Ley 30/1992, en la que unos creen encontrar la
salida, pero los más no la encuentran. Por necesidad, habría que entrar
en el laberinto de esta ley como Teseo en busca del Minotauro, para
dominarlo, si bien frecuentemente faltaba el hilo mágico de Ariadna, que
permitiera encontrar la salida.
Y respecto a su entrada en vigor, ¿qué decir de ella? Es un hecho notorio
que su entrada en vigor produjo un auténtico panorama de caos. Es sabido
que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, estableció una vacatio legis de
tres meses, si bien al llegar éstos, el 27 de febrero de 1993, no se
sabía todavía qué preceptos estaban en vigor, pues la disposición
adicional tercera, la transitoria segunda y la disposición final sumieron
en perplejidad a los operadores jurídicos, al hacer una remisión a las
normas que el Gobierno debía dictar en el plazo de seis meses, pero sin
especificar en modo alguno qué normas o qué preceptos debían esperar en
su vigencia a estos seis meses. Ello motivó que tres días antes de la
expiración del plazo de la vacatio legis se dictara una instrucción de la
Subsecretaría del Ministerio de las Administraciones Públicas
--instrucción por cierto no publicada en el «Boletín Oficial del Estado»,
con flagrante vulneración del artículo 9.3 de la Constitución--, en la
que, nada más y nada menos, se declaraba no vigente el artículo 43, en el
que se había establecido con carácter general el silencio positivo. Pero
es que, además, el propio Gobierno del Partido Socialista se dio cuenta a
posteriori del minotauro que había creado y que no podía dominar, y no
sabía ni siquiera qué hacer con la ley. Y cuando ya estaba muy próximo a
vencer el plazo de seis meses, al que anteriormente aludía, se dictó nada
más y nada menos que un decreto-ley prorrogando el plazo de vacatio legis
un año más; con un año y medio de vacatio legis, como también señala el
Profesor García de Enterría, esta ley ha batido el récord de las leyes
durmientes. En todo caso, fíjense y recuerden, señorías, para qué
utilizaba el Gobierno socialista los decretos-leyes: para ampliar el
plazo de vacatio legis respecto a las leyes que ellos mismos habían
elaborado y que, en todo caso, los representantes del pueblo habían
aprobado en estas Cámaras.
Además, el propio decreto-ley es sincero cuando reconoce el fracaso de la
ley. Permítanme solamente que les lea un párrafo de la exposición de
motivos. Dice la exposición de motivos del decreto-ley del Gobierno
socialista: La aplicación directa de la Ley 30/1992 plantearía una serie
de problemas que constituirían un serio obstáculo para logros de
objetivos de la propia ley, perturbando con ello el ordinario
desenvolvimiento de la actividad administrativa.
Señorías, era hasta ahora inevitable, no sólo inevitable sino también
necesario, hacer estas reflexiones críticas en torno a la ley, porque el
pasado tiene que servir para todos, para ustedes y para nosotros, para
aprender, pero queremos mirar hacia el futuro. Antes, al principio de mi
intervención, decía que lo que motiva al Grupo Popular a presentar esta
iniciativa es reforzar la seguridad jurídica haciendo más perceptibles
los principios de eficacia y también de servicio a los ciudadanos. En ese
sentido anuncia que nosotros nada más que postulamos una reforma parcial,
reforma parcial que sea suficiente para corregir las disfunciones que
tiene el texto legal.
Nosotros creemos en la estabilidad normativa, porque además consideramos
que es síntoma de madurez conservar en lo posible los textos legales,
incorporando sólo las modificaciones que la práctica y la realidad
aconsejen. Esto es lo que promovemos mediante esta proposición, la
reforma de una serie de aspectos de la ley, como son el régimen del
silencio administrativo, los recursos, la responsabilidad de la
Administración, la suspensión de los actos o la revisión de oficio. Así,
una de la cuestiones más polémicas de la actual ley es la regulación del
silencio administrativo y la obligación de resolver. En ese sentido,
teniendo en cuenta que la instrucción del silencio administrativo cumple
ante todo una función de garantía para los ciudadanos, consideramos que
es requisito fundamental de esta instrucción la máxima simplicidad, ya
que en otros casos la complejidad que pueda tener atentaría al principio
de seguridad jurídica.
Por ello, junto al reforzamiento del deber de resolver, la clarificación
de los supuestos de silencio positivo o negativo, la prohibición de
adquirir por silencio actos contrarios al ordenamiento jurídico, queremos
reforzar la audiencia a los terceros cuando se trate de relaciones
triangulares y de una manera muy especial, a propósito del silencio
administrativo, queremos suprimir la absurda certificación del acto
presunto en el que el interesado que no ha recibido contestación de la
Administración se ve obligado a pedir un certificado de la Administración
donde se certifique su inoperancia. De ahí que en algunos sectores se
haya hablado más que de silencio administrativo del silencio de los
corderos.
Igualmente, solicitamos que se aborden modificaciones en relación con los
recursos administrativos.
Los recursos que tienen la finalidad fundamental: de garantía de los
ciudadanos para hacer efectivo también la tutela judicial efectiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): señor López-Medel,
le ruego vaya concluyendo.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Sí, señor Presidente.
En ese sentido, a propósito de los recursos administrativos, vamos a
proponer que se introduzcan modificaciones tendentes a agilizar los
recursos. Queremos también que se suprima la absurda comunicación previa
a la Administración para interponer contencioso-administrativo y queremos
que se introduzca recurso de reposición con carácter potestativo --repito
y subrayo con carácter potestativo--, pensando en aquellas reclamaciones
de escasa cuantía o de pequeña importancia en las que el ciudadano se vea
abocado a acudir ante los tribunales con lo que supone de gasto y tiempo.
En otro orden de cosas, la constante evolución de la doctrina de la
jurisprudencia sobre la suspensión de los actos, que tiende a romper el
principio general de no suspensión de los actos administrativos, haciendo
prevalecer la regla contraria, esto es, la de la suspensión, nos lleva
también a la necesidad de plantear la búsqueda de una composición
equilibrada entre lo que son los intereses públicos y privados en
conflicto cuando exista una suspensión.
También, en orden a la responsabilidad de la Administración, queremos
--de una manera ya casi esquemática, señor Presidente-- introducir una
serie de modificaciones tendentes a incrementar las garantías de los
ciudadanos y a fortalecer la vis atractiva del derecho administrativo y
la jurisdicción contencioso-administrativa para el conocimiento de
aquellos supuestos. Igualmente queremos fortalecer la acción de regreso
cuando los responsables, empleados o autoridades, hayan actuado con dolo
o negligencia grave. También característica fundamental es la revisión de
los actos y disposiciones, materias éstas en las que deben buscarse unas
mayores garantías para los ciudadanos, por lo que también, en cuanto a
revisión de oficio, sugerimos la reforma. Estos y otros aspectos, como la
introducción del principio de confianza legítima y el principio de
lealtad institucional; la introducción en la ley del principio de
ventanilla única, aprobado en el Consejo de Ministros el 4 de abril de
este año mediante convenio; la regulación más coherente de las
notificaciones defectuosas y una mayor adecuación a la realidad
plurilingüística del Estado, son algunas de las materias que proponemos.
Todo es perfectible; las leyes sin duda alguna también. Por ello, si
nosotros admitimos que esta ley tiene algunos aspectos positivos, también
queremos poner de relieve que tiene aspectos negativos, y son sólo esos
aspectos negativos los que nosotros proponemos modificar. Desde aquí hago
una invitación a los demás grupos para que se sumen a esta iniciativa, de
modo que, cuando esté elaborada y remitida esta ley, en el plazo más
breve posible, esté mejor consolidado nuestro Estado de Derecho.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel.
Ha sido presentada a esta proposición no de ley una enmienda por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para cuya presentación y
defensa tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quizá no sea la primera vez que mi grupo manifieste en este
Pleno la diferente evolución o protección jurídica de la persona en un
doble concepto, en el concepto de miembro de una comunidad política, en
el concepto de ciudadano titular de derechos fundamentales y libertades
públicas, y en otro concepto como sujeto a las potestades
administrativas, en esas relaciones en unos casos de supremacía general y
en otros de supremacía especial, vinculado así a los poderes públicos. De
ahí que hayamos dicho que, así como ha mejorado notablemente la situación
de la persona, del ciudadano, de ese miembro de la comunidad política, a
través del reconocimiento de tales derechos fundamentales y libertades
públicas en la Constitución y el desarrollo que se ha efectuado de los
mismos en virtud del artículo 53 de la Constitución, no ha ocurrido lo
propio con la situación del administrado, es decir, de aquella persona
que se relaciona con la Administración, bien sea con carácter general,
bien a veces sometido a potestades específicas, como puede ser la
expropiatoria, la tributaria y algunas otras más. De ahí que tengamos que
reconocer y debamos manifestar que todavía hay cosas, aspectos y medidas
que cabe introducir en nuestra legislación con la finalidad de mejorar
este status quizá, que no estatuto, del administrado.
Sin embargo, tampoco realiza mi grupo planteamientos excesivamente
utópicos, y lo que se nos demuestra normalmente es que las leyes --y
algunas leyes que tenemos son buenas-- valen tanto como la voluntad de
los órganos encargados de su aplicación y quizá la mejora de la situación
del administrado no dependa en mayor medida de una modificación de la
ley, sino del cumplimiento de la ley vigente. En cualquier caso,
debiéndonos centrar en lo que aquí nos trae, en la posible reforma de la
Ley 30/1992, lo que entiende el Grupo Parlamentario Catalán --después de
reconocer que supuso un paso adelante en la mejora de la situación del
administrado, en el reconocimiento
de sus derechos-- es que no supone el fin de la historia, sino que
efectivamente todavía pueden adoptarse otras medidas y realizarse
modificaciones que precisamente permitan la mejora de la situación del
administrado.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho referencia, sin
lugar a dudas, a algunos aspectos en los que también mi grupo entiende
que puede mejorarse esa situación, y desde luego la regulación del
silencio administrativo es una de ellas, pero también puede ser la
especificación de actos de trámite recurribles, ante los que muchas veces
el propio ciudadano está en una auténtica indefensión si tiene que
esperar a la finalización del procedimiento.
Está, obviamente, la situación de las notificaciones vinculadas incluso
al propio silencio. Y desde luego no quiero dejar de hacer referencia a
la aplicación de los principios y garantías del administrado en ámbitos
específicos, como puede ser el ámbito tributario. A lo largo de estos
años nos hemos visto ante esa situación incomprensible de que lo
dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que
dice que las resoluciones sancionadoras sólo serán ejecutivas cuando
pongan fin a la vía administrativa, no se aplica en algunos ámbitos tan
importantes de la Administración como puede ser el tributario, y lo mismo
hay que decir del trámite de audiencia, del artículo 84 de la Ley 30. De
ahí que entendamos que uno de los aspectos en los cuales la ley deberá
ser objeto de importante mejora es en el de su ámbito de aplicación. Si
esta es la Ley de Régimen Administrativo de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, debería recoger aquellos
derechos y libertades que son aplicables al administrado en cualquier
relación con la Administración, bien sea sobre la materia tributaria,
expropiatoria o cualquiera otra. Este es el motivo de que mi grupo
parlamentario presente algunas enmiendas a otro proyecto de ley, al del
estatuto de contribuyente, en este mismo sentido.
En cualquier caso, precisamente por la enumeración de elementos a que ha
hecho referencia el señor López-Medel que pueden ser objeto de
modificación y por la propia enumeración que se efectúa en nuestra
enmienda, podemos asumir que, quizá renunciando a una exhaustividad, deba
reclamarse del Gobierno la remisión de ese proyecto de ley de
modificación parcial de la Ley 30/1992 prescindiendo de efectuar una
enumeración que en ningún caso podría tener carácter exhaustivo, y en la
que cabe incluir algunos de los aspectos aquí señalados por el Grupo
Popular y otros señalados por el Grupo Parlamentari de Convergència i
Unió.
Sin embargo, señorías, hay un aspecto en el que mi grupo parlamentario no
puede ser, por así decirlo, tan transigente. Lo digo porque hay un
artículo en la Ley 30/1992, que es el 36, sobre la lengua en los
procedimientos administrativos, que fue objeto de enmiendas por parte del
Grupo Parlamentari Catalá, del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, enmiendas, por
lo demás, rechazadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En estos
momentos está pendiente de resolución un recurso sobre este artículo ante
el Tribunal Constitucional interpuesto por la Generalitat de Catalunya,
recurso que pretende garantizar, en el ámbito de todos los procedimientos
administrativos, aquello que ya se garantiza en el ámbito del Poder
Judicial y de los procedimientos judiciales por el artículo 231.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y, pásmense
SS. SS., también se garantizaba en el ámbito de los procedimientos del
Ministerio de Defensa por la Orden 35/1987, de 17 de junio. El sentido de
aquellas enmiendas y del recurso pendiente ante el Tribunal
Constitucional no era otro que el de una mejor adecuación y el
reconocimiento del carácter plurilingüístico del Estado, el
reconocimiento de que existen ámbitos lingüísticos que pueden no ser
coincidentes exactamente con el de las comunidades autónomas pero que
desde luego existen; ámbitos en los que se habla una misma lengua, sea
cual sea la denominación que reciba e incluso las peculiaridades a las
que esté sometida. Eso es lo que parece que se deriva del artículo 3 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, del 7 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana, del 3 del Estatuto de las Illes Balears, así como
también --por hacer referencia a otro ámbito-- del artículo 3.1 del
Estatuto de Autonomía del País Vasco y del artículo 9.2 de la Ley
Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Estoy seguro, señorías, después de las manifestaciones y de la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, después de ese
reconocimiento que se ha efectuado al carácter plurilingüe de nuestro
Estado, que sobre la base de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Popular será
capaz de ofrecernos una transacción en la que, renunciando --como
renuncia en este momento este grupo-- a efectuar una enumeración
exhaustiva de los aspectos en los que debe ser modificada la Ley 30/1992,
sin embargo se recoja entre esas modificaciones precisamente aquellas que
deben practicarse para ajustar la ley que regula los procedimientos
administrativos a este carácter plurilingüe de nuestro Estado.
Señorías, termino aquí mi intervención. Como decíamos anteriormente,
reconocemos los méritos y virtudes de leyes pasadas que fueron enmendadas
por mi grupo, pero también aprobadas. Sin embargo, en ningún momento
entendemos que eso haya puesto punto final a cualquier posibilidad de
mejora en los derechos de los interesados en los procedimientos
administrativos.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Silva.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria recibe con satisfacción esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, y en esta línea va a votar favorablemente esta
proposición no de ley para instar al Gobierno a que modifique la Ley 30
de 1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Comienzo por decir que si se presenta una enmienda transaccional a la
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) --y que el señor Silva ha defendido acertadamente, porque mi grupo
comparte sus argumentos administrativos-- se recoja en sentido positivo.
Lo digo porque nosotros en su día, en el año 1992, votamos favorablemente
la iniciativa del entonces Gobierno socialista de presentar esta ley, que
creemos que ha sido un avance en todo el procedimiento administrativo
común en las distintas administraciones públicas civiles españolas, tanto
la central como de las comunidades autónomas competentes y las derivadas
de las mismas. Fue un avance, pero qué duda cabe que se modificaron
grandes tradiciones administrativas españolas que formaban ya parte del
acervo común de los ciudadanos, por ejemplo, las leyes de lo
contencioso-administrativo y sus derivaciones. Una ley de la enjundia y
envergadura de la Ley 30/1992 tiene que ser sometida a la experiencia del
tiempo para su cumplimiento. Pongo un ejemplo: la supresión del recurso
de reposición que se aprobó con dicha ley. Pues bien, es a partir de 1992
cuando se suprimen figuras tradicionales en el uso administrativo del
ciudadano y de la aplicación de las administraciones públicas distintas,
sobre todo las de ámbito local; piensen, por ejemplo, en su repercusión
en las multas de Tráfico. ¿Qué ocurrió? Que cuando llega al Congreso la
memoria del Consejo General del Poder Judicial y el informe del Defensor
del Pueblo se nos empieza a decir que la jurisdicción
contencioso-administrativa está atascada, que está funcionando con
soltura y con agilidad la administración de justicia en lo penal y en
otras jurisdicciones, pero que en lo contencioso-administrativo se están
produciendo unos atascos, unas aglomeraciones a las que los juzgados de
lo Contencioso son incapaces de dar salida. ¿Por qué?
Porque se ha producido un efecto inducido ante la supresión de un recurso
y se pasa directamente al recurso contencioso-administrativo ante los
tribunales de justicia. Si el ciudadano es condenado en un aspecto como
el que he citado, por una multa de Tráfico, y quiere obtener justicia
tiene que utilizar, a través de la vía de abogado y procurador, el
litigio contencioso-administrativo. Entonces nos encontramos con que la
aplicación de un precepto de la Ley 30 disgusta a los ciudadanos porque
les somete a una carga de gestión y disgusta a jueces y magistrados de la
jurisdicción contencioso-administrativa, y así lo refleja la propia
memoria del Consejo General del Poder Judicial. En consecuencia, este es
un argumento que está a favor de producir aquellos retoques y
modificaciones lo antes posible de esta, en términos generales, buena Ley
30 de 1992.
El ámbito de la proposición no de ley debe tener ese sentido positivo,
que es lo que quería decirle al portavoz del Grupo Popular, en la misma
filosofía y doctrina política de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán. Como bien ha señalado el señor Silva, no tiene por qué hacerse
una enumeración de todas las materias. Eso lo tendrá que hacer en primera
instancia el propio Gobierno, que es quien tiene la estadística de dónde
se están produciendo cuellos de botella, coyunturas de dificultad,
aglomeraciones y atascos, por tanto, dónde se está produciendo una
insatisfacción del ciudadano y una falta de eficacia de los órganos
jurisdiccionales encontrados en su resolución. Por tanto, también
renunciamos a un listado en el que se refleje lo que tiene que
modificarse. Ya veremos, cuando llegue el proyecto de ley del Gobierno,
qué es lo que hace. Pero el Grupo Catalán presenta la enmienda en sentido
positivo, es decir, avanza en la línea de consolidación de los derechos
de los administrados, mejora el régimen de recursos, atiende a su
profundización. Yo quiero hacer una recomendación al grupo proponente,
porque en el último renglón de su proposición no de ley dice: «solucione
las deficiencias detectadas en la aplicación del texto vigente». Por
supuesto. Pero esto, dicho en otro lenguaje, dicho en sentido positivo,
como sugiere el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en su
enmienda, se puede realizar. Coalición Canaria no entra en el asunto de
los documentos bilingües, porque esto corresponde decirlo a los
representantes de las comunidades autónomas que tienen las lenguas
reconocidas por la Constitución y el estatuto de autonomía, que no es el
caso de la comunidad canaria, pero nosotros lo apoyaremos en cualquiera
de los órdenes de solidaridad que aquí se reclamen. Por tanto, si se
ofrece una enmienda transaccional, nosotros también la vamos a apoyar,
porque estamos de acuerdo en que hay que modificar el ámbito de
aplicación y las materias en que puede ser aplicada.
Por otro lado, quiero señalar que cuando el grupo proponente emplea en la
exposición de motivos la expresión «doctrina científica», nosotros
creemos que debe prevalecer siempre la doctrina jurídica, porque hay una
honda tradición en el Derecho administrativo español de ésta sobre la
doctrina científica, salvo que se esté hablando de ciencia del Derecho.
Creo que hay que armonizar todo este texto legal y, a la luz de la
experiencia obtenida en estos escasos cuatro años de
aplicación de la Ley 30 de 1992, ha llegado el momento de hacer la
primera adecuación a las necesidades del ciudadano y a las exigencias de
las instituciones jurisdiccionales que son competentes en la resolución
de los recursos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco apoyará la iniciativa del Grupo Popular, si bien no
compartimos la ácida crítica que se hace del proceso de elaboración y de
la entrada en vigor de la Ley 30 de 1992 en su exposición de motivos. Es
cierto que el legislador se tomó con calma el ejercicio de esta
competencia normativa nuclear del artículo 149.1.18.ª, y que la tardanza
no se debió a una elaboración pausada, compleja o participativa, en el
sentido de intervención de la doctrina, pero fue una ley de elaboración
predominantemente burocrática, lo que motivó muy pronto las críticas
atinadas y justas en unos casos, pero también con un indudable matiz
corporativista y elitista que pretendían descalificar una le y que, guste
o no, se había elaborado y aprobado por las Cortes Generales siguiendo el
cauce marcado por la Constitución. Los aciertos o desaciertos deben
predicarse del texto aprobado, y no de los muchos o pocos trámites
habidos en su proceso de elaboración, sin olvidar además otra cosa
evidente, que es que las leyes aventajan con frecuencia en sabiduría a
los propios legisladores.
La descalificación global de la Ley 30 de 1992 sólo es posible desde
posturas de dogmatismo aristocratizante, que desde que entró en vigor
pretendieron su derogación inmediata o empezaron a promover su reforma.
En conjunto, creemos que la ley ha dado buenos resultados. Sin embargo,
este ambiente de crítica a la ley desde el comienzo ha hecho que haya una
abundantísima doctrina jurídica que ha presentado análisis y sugerencias
para la mejora del texto, lo que ha posibilitado contar al día de hoy con
un abundantísimo material, cuando desde el Gobierno actual se anuncia que
entre las previsiones del Ministerio de Administraciones Públicas está la
de adecuar o reformar la Ley 30 de 1992, iniciativa que el Grupo Popular
ha recogido y ha convertido en una proposición no de ley ante esta
Cámara. Parece que se sugiere --y ello nos parece adecuado-- una reforma
parcial, lo que evitará que así se dañe o se causen perjuicios a la
seguridad jurídica, sin mengua de que la sustitución legal pueda ser
suficiente para corregir las disfunciones que la ley presenta, porque,
desde luego, disfunciones sí existen.
En cuanto a los aspectos concretos que se enuncian, unos nos gustan más y
otros menos. La proliferación de procedimientos no nos parece un mal en
sí mismo y es fruto, creemos, de la diversidad de fuentes normativas que
deben existir en un Estado definido como autonómico, con competencias
asumidas en función de las materias concretas.
La regulación del silencio, que también se pretende abordar, tiene
defectos por la prolija redacción que se dio al artículo 43 de la ley
referido a los actos presuntos, pero el sistema que se plasmó en la ley
creemos que introdujo un importante factor de certeza y seguridad, y
quizá quepa hablar únicamente de un diseño mal acabado pero que fue un
avance en relación con el silencio negativo anterior.
Particulares frutos interesantes ha surtido en relación con la potestad
sancionadora, en la que existe por lo menos un momento desde el que
computar la posible prescripción de las infracciones, ya que ésta impide
a la Administración actuar una vez que se ha producido la certificación
del acto presunto.
Hay, desde luego, muchas posibles mejoras como lo es, indudablemente,
resucitar el recurso de reposición con el carácter de potestativo y dar
un retoque general al texto, utilizando el interesantísimo material que
ya se maneja por el Ministerio y que ha sido incluso objeto de exposición
y debate en unas jornadas de estudio celebradas por la Universidad de
Sevilla a comienzos de este año, cuyo resultado ha tenido una amplia
difusión.
Articúlense, pues, cuanto antes estas medidas y, puesto que el grupo
proponente estima necesario instar a la Cámara para que ésta inste al
Gobierno, sumaremos nuestro voto para que sea aprobado cuanto antes el
proyecto de ley con el contenido que se pretende.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad es que para
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya esta una iniciativa, en cuanto a la exposición de motivos, es
como una gran declaración de compromiso, de búsqueda de por dónde debería
caminar una reforma de la Ley 30 del año 1992, y lo cierto y verdad es
que uno se encuentra en un trámite parlamentario en el cual no sabe cuál
es la acción que corresponde. Primero, si estamos en la oposición, porque
la intervención del portavoz del Grupo Popular de hace año y medio o dos
años era idéntica. Si cogiésemos los anales de lo que ha sido esta
discusión veríamos que han sido muy parecidas. Pero es que ya ha pasado
un año desde que accedieron al Gobierno, hay un borrador de esta reforma,
la están discutiendo entre los distintos Ministerios, se están haciendo
jornadas de debate de esa propuesta y ahora venimos aquí, después de toda
la discusión --y después haré referencia a ella punto a punto--, a decir
algo así como que en el plazo más breve posible se aborde una reforma de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, para solucionar las deficiencias
detectadas en la aplicación del texto vigente. Yo no sé si eso es
reformar a peor, si es recortar algunas cosas, si cuando se habla de la
Administración única/ventanilla única es para agilizar de verdad la
Administración; si cuando se habla del silencio administrativo --que no
se ha precisado aquí si era positivo o negativo-- se refiere al silencio
mejor ordenado en su propia intervención. Dicho así, veo una imprecisión
en cuanto a lo que instamos del Gobierno.
Me da a mí la impresión de que esta es una iniciativa de lo que se llama
posicionamiento preparado; es decir, el Grupo Popular insta desde esta
Cámara al Gobierno y éste, diligente, después de cierto tiempo, presenta
aquí una propuesta; es una especie de calentamiento de algo que vendrá y
que está preparándose. Esa es una iniciativa parlamentaria, desde mi
punto de vista, trucada; digo que desde mi punto de vista, que puede
estar equivocado.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que
pretende eliminar la referencia al plazo porque no es precisa. Pide que
se quite lo de «en el plazo más breve posible», pero sí se centra en por
dónde debería de ir la modificación de la ley. Dice que se deben de
consolidar los derechos de los administrados, posibilidad que está
abierta por esta ley --por tanto, reconoce una bondad a la ley actual,
aunque dice que debe de trabajarse en ella--; que se debe de modificar la
regulación de los órganos colegiados; que se debe de aumentar la
celeridad de los procedimientos --nosotros estamos de acuerdo con el
aumento en la celeridad de los procedimientos--; que se regule con mayor
precisión la traducción de los documentos en alguna comunidad; o que se
modifique el régimen de suplencia de los órganos administrativos.
Señorías, ha surgido en la intervención de algunos de los portavoces el
término de estabilidad normativa, el término de seguridad jurídica, que
ha mencionado en su intervención la última proponente, o el tema de que
la reforma de esta ley debe tener como referente la Constitución y los
principios democráticos. La reforma de 1992 se hizo con dos canciones:
modernizar y descentralizar, esas fueron las dos canciones para aquella
reforma del año 1992. Pero por aquello del principio de seguridad
jurídica, ¿saben ustedes lo que nosotros creemos que se hizo en cuanto al
procedimiento? Pues trasladar el funcionamiento de la Administración de
la antigua Ley de 1958 con un poquito más, remozado, removido, pero no
mucho más allá. Esa es la crítica que hacemos precisamente a la ley que
tenemos encima de la mesa.
No quiero decir eso del programa, programa, programa, pero nosotros
llevábamos como objetivo en nuestro programa el de proponer la reforma de
la Ley 30 del año 1992 y hacíamos ocho propuestas para corregir los
aspectos negativos que aquí se han puesto de manifiesto. El portavoz del
grupo mayoritario ha expuesto los defectos que tiene la mala ley actual,
y nos ha parecido muy bien; pero nos hubiera gustado más conocer el
contenido. Porque, si estuviéramos ante una proposición de ley,
estaríamos discutiendo las propuestas que ustedes tienen, pero ustedes no
han traído aquí unas propuestas, sólo dicen que se reforme, pero no han
entrado en el contenido de la reforma que ustedes proponen.
En primer lugar, nosotros queremos la reducción efectiva de los trámites
y de los plazos de los procedimientos. En segundo lugar, queremos la
implantación del principio de ventanilla única, su implantación como
funcionamiento en la Administración más cercana. la Administración local.
Usted ha dicho aquí: ventanilla única a través de convenios, en unos
sitios sí, en otros sitios no; en unas comunidades con la comunidad; en
otros casos con los municipios; en otros con las diputaciones, etcétera.
Pues bien: ventanilla única en la Administración más cercana a los
propios ciudadanos.
Nosotros estamos por el silencio administrativo positivo; es decir, si en
dos meses no responde, autoriza, sobre todo por un sinfín de trámites que
la Administración tiene que llevar a cabo. Si esta ley tiene alguna
virtualidad es que es una ley básica de procedimiento y afecta a la
Administración general del Estado, a las comunidades y a los propios
entes locales, sea cual sea cada uno de ellos.
La publicidad de los archivos y bases de datos es otro de los principios
que proponemos reformar, así como la regulación de la participación de
los ciudadanos. Esta ley hablaba en su exposición de motivos
--que es otra de las críticas que hacíamos-- de lo que llamaba el
concepto interesado. No sabemos si la palabra interesado es la adecuada;
nosotros creemos que debe recogerse la participación en todo el
procedimiento administrativo. La mejora de la regulación de la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración ante las actuaciones; la
determinación de mecanismos para exigir la responsabilidad a la
Administración, a las personas que participan y a los órganos
administrativos que están dentro de ella; la idea de la publicidad y
transparencia en las actuaciones de la Administración, publicidad hasta
en la distribución de determinadas subvenciones. En suma, nosotros
decimos que se debe reformar dando ocho orientaciones de cómo sería esa
reforma. Es cierto que si estuviésemos ante una norma articulada y mejor
compuesta precisaríamos el contenido de enmiendas o de principios que
están exentos. A mí me da la impresión de que nos encontramos ante la
idea de instar al Gobierno que promueva una cosa, pero
lo hacemos sobre la base de que esto hasta ahora no ha funcionado, y es
verdad; hasta ahora no se ha logrado el valor que la reforma tenía. Hay
una ordenación. Tengo aquí los 146 artículos más las disposiciones que
tiene esta ley y podríamos estudiarla de un lado a otro. No me parece
bien, porque hay una discusión sobre el desarrollo, si hay multiplicidad
de normas que están desorientando en lugar de orientando, si se debería
simplificar todo ese procedimiento. Me parece que estamos en una fase de
desarrollo normativo, una fase para articular toda una agilización y una
simplificación administrativa, para vehicular la participación de los
distintos estamentos de la propia Administración y para conseguir algo
muy importante que no ha surgido aquí. He conocido la Administración
desde el gobierno en la vida municipal durante cuatro años, desde la
oposición en la vida regional y ahora a nivel del Estado, y hay un
pequeño defecto cuando se hacen los presupuestos de la Administración, y
es el de la Administración por la Administración; la Administración
funcionarios y despachos. No, el centro es el ciudadano. La
Administración como vehículo para solucionar problemas del ciudadano,
para tramitar las voluntades y los intereses de los ciudadanos, debe ser
el centro de la propia reforma, y creemos que esto no ha sido abordado,
en esencia, en todo el procedimiento anterior. Por tanto, creo que
deberíamos superar eso de: el uno por el otro, la casa sin barrer, y
plantearnos qué procedimiento administrativo vamos a tener. Pero sacar
como conclusión de este debate que la cosa está mal, que debemos revisar
y reformar esa ley, me parece pobre. Estábamos en condiciones de haber
hecho otro debate por los programas que cada grupo tiene aquí, por las
propuestas que hemos hecho en la campaña, por las propuestas del debate
de investidura; un debate sobre propuestas y orientaciones de la reforma,
y no para pedir que pueda venir.
En consecuencia, como queremos reformar lo que había --por tanto, no
compartimos lo que había--, pero lo que viene no sabemos lo que es, pues
no podemos dar el apoyo a esta propuesta, aunque cuando esté el proyecto
encima de la mesa nos pondremos, como dicen en mi tierra, manos a la obra
y nos podremos manchar de barro en función del barro que queramos
trabajar. En discusiones teóricas nosotros no podemos dar carta blanca
para lo que quieran hacer ustedes, mucho más siendo el partido del
Gobierno o el partido que soporta al Gobierno.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez
Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
La verdad es que algún portavoz ya ha señalado que estamos ciertamente en
un debate un poco atípico por la forma en que se ha presentado esta
proposición no de ley, ya que es el propio grupo que sostiene al Gobierno
quien abre un debate para que el Gobierno remita aquí una reforma de una
ley ciertamente importante para la estabilidad de la Administración
pública, como se ha subrayado en reiteradas ocasiones. Es verdad también,
porque es conocido y notorio, que el Ministerio de Administraciones
Públicas y el Gobierno en su conjunto vienen trabajando con un texto de
posible modificación desde hace mucho tiempo, que incluso ha sido
adelantado en sus aspectos genéricos por el propio proponente de la
iniciativa, por el portavoz del Grupo Popular. De ahí que subraye que
estamos ante un procedimiento atípico que nos genera, en cierta medida,
algo de inseguridad. Es un concepto quizá extemporáneo, pero hay una
cierta inseguridad parlamentaria en tanto en cuanto parece que lo lógico
hubiera sido que el Gobierno remitiera un proyecto de ley en el cual se
acotara ciertamente el ámbito que se quiere reformar y, a partir de ahí,
hiciéramos el debate de totalidad y de las diferentes enmiendas
parciales. Porque éste aparece como una especie de debate previo de
totalidad. Y ya está pasando lo que nosotros preveíamos que iba a suceder
y que, en buena medida, justifica que no vayamos a apoyar esta
proposición.
Solamente con los temas que usted, como portavoz del Grupo Popular, ha
puesto encima de la mesa más los que se contienen en la enmienda, que no
debe tener más allá de 10 ó 12 líneas, que ha expuesto el portavoz de
Convergència i Unió, más los que he escuchado atentamente al portavoz de
Izquierda Unida, más los que contiene el borrador que tiene el Ministerio
--que más o menos todos conocemos--, señorías, hoy estamos
decidiendo dar o no dar un mandato al Gobierno para que haga
prácticamente una ley nueva. Yo me imagino que todos los grupos, en menor
o mayor medida, han manejado lo que quiere reformar el Gobierno y han
escuchado lo que ciertamente se quiere reformar por los grupos
parlamentarios, y la verdad es que el resultado va a ser que esto va a
acabar seguramente en una amplísima reforma; reforma que, además, el
Grupo Popular quiere que sea urgente, que sea rápida, de una ley de tanta
importancia para la estabilidad del funcionamiento de las
administraciones públicas, para la seguridad jurídica de los ciudadanos,
de los operadores, etcétera. Y yo creo que no es un buen camino. Es
verdad que la ley tiene aspectos mejorables, a pesar de los términos --yo
creo que un poco injustos--en que se muestra la exposición de motivos,
pero también podríamos coincidir en que la reforma puede ser que empeore
la ley actual. Desde luego, si vamos a una reforma por el camino que aquí
se está iniciando, el pronóstico yo creo que es bastante fácil de hacer,
porque modificar parcialmente tantos aspectos que pueden afectar al
conjunto, a la coherencia, a
la sistemática global, al espíritu último de una ley como ésta, de estas
características --recuerden desde cuándo datan las anteriores leyes sobre
esta materia, que en parte todavía están en vigor--, puede abrir un
escenario a nuestro juicio bastante complejo.
Yo diría que el legislador no siempre ha de dejarse llevar por las
pasiones de la doctrina o, al menos, de un cierto sector doctrinal. Es
verdad, como muy bien dice la exposición de motivos --a mi juicio eso es
lo más correcto de ella--, que antes de que se aprobara la ley ya hubo
una crítica furibunda de un cierto sector, que, desde luego, puede
levantar alguna sospecha desde el punto de vista que apuntaba la portavoz
del Grupo Vasco, pero yo les llamaría a ustedes a una reflexión. La
verdad es que la crítica ha sido mucho más intensa en la primera parte de
la aprobación de la ley, pero deberíamos tener la suficiente sensatez, la
suficiente tranquilidad para ver si la crítica que debería ser las más
fundada, no la puramente teórica, sino la crítica sobre la aplicación
efectiva, sobre la vigencia real de la ley, motiva una reforma del calado
que se quiere poner encima de la mesa. Una reforma o una contrarreforma,
porque algunos de los aspectos que yo conozco de ese texto que circula
por el ministerio nos podrían llevar a la conclusión de que estamos ante
una contrarreforma. Ciertamente, al Grupo Socialista le preocupa que se
abra, hablando en términos vulgares, un melón de esta envergadura, cuando
esta ley no llega a los cinco años de vigencia. La ley tendrá sus
aspectos mejorables y criticables --no vamos a decir ahora que el
legislador de 1992 era perfecto, sería absurdo pensar eso; seguramente se
piensa que el legislador de 1997 puede llegar a ser perfecto, y nosotros
asumimos que en la ley habrá aspectos mejorables--, pero, como digo, nos
preocupa que se abra un melón de esta envergadura y que volvamos a
provocar una situación keynesiana. La verdad es que tampoco ese artículo
--coincidirá conmigo el señor López-Medel-- aporta mucho a la
interpretación y al conocimiento más profundo de la ley --me refiero al
artículo que ha citado aquí sobre la incitación keynesiana de los efectos
de la ley--, pero a lo mejor estamos volviendo a hacer lo que criticaba
el señor Martín Retortillo: vamos a provocar muchos debates con un
resultado bastante incierto. Desde aquí creo que se puede invitar a que
la doctrina vuelva a afilar su pluma, para que antes de que la reforma
llegue a esta Cámara, empiece la crítica a sus borradores, y lo digo
porque ya ha empezado. Me preocupa enormemente que no tomemos esto con
más serenidad y con más calma.
El Grupo Socialista, por las razones que he expuesto, va a votar en
contra, pero, a continuación, añado que estamos abiertos a analizar con
el máximo interés y con el menor prejuicio político qué podemos mejorar
en nuestro procedimiento administrativo y en el régimen jurídico de
nuestras administraciones, porque, como digo, nos preocupa enormemente
dada su enorme envergadura. Yo le diría que, a pesar de que es previsible
que su proposición vaya a prosperar, desde el Grupo Socialista no le
echaremos en cara que el Gobierno se tome tiempo, aunque la proposición
diga que sea a la mayor brevedad posible; que se tome todo el tiempo que
sea necesario porque no va a ser reproche político el posible
incumplimiento que supondría no obedecer lo que hoy se va a aprobar aquí,
que, repito, sinceramente nos preocupa. Nos preocupa además que esto vaya
en un segundo orden de cosas respecto a lo que debería ser la prioridad
en nuestro orden administrativo o en la realidad de las garantías
ciudadanas. Aquí se ha apuntado también, y me ha sorprendido que alguien
no lo haya añadido, que lo que necesita prioritariamente este ámbito de
nuestro ordenamiento jurídico es que casi hubiéramos podido aprobar, o al
menos debatir en profundidad, la ley de modificación del régimen de lo
contencioso-administrativo. Creo que ése hubiera sido el ámbito
perfectamente adecuado para poder corregir algún aspecto que pudiera
mejorar la Ley 30/1992, porque, ciertamente, lo que hoy preocupa a los
ciudadanos, las quejas en el Defensor del Pueblo están fundamentalmente
residenciadas en el retraso, en el colapso que hay en la jurisdicción
contencioso-administrativa. Eso no es culpa de la Ley 30/1992, y creo que
podíamos compartir que el orden de prioridades se está alterando.
Ahora vamos a hacer una reforma y yo anuncio que va a ser muy amplia
después de lo que he visto aquí, porque cuando llegue ese proyecto de ley
todo el mundo va a tener la tentación de abrir el melón. Digo esto porque
el texto que maneja el Gobierno afecta a muchas cosas, intenta modificar
cuarenta artículos y diez disposiciones entre adicionales y transitorias,
y después de lo dicho por los grupos, creo que vamos a tener un camino
complicado. Además, pronostico desde aquí que la resultante de ese
proyecto de ley, si en su día es aprobada, tendrá también una furibunda
crítica por algún otro sector doctrinal, no sé si de la misma reputación
o del mismo prestigio, pero seguro que no es un pronóstico desacertado.
Considero sinceramente, como antes decía, que el legislador no debe
sucumbir a los apasionamientos de la doctrina, que son
extraordinariamente útiles para el enriquecimiento doctrinal y para la
elaboración de las leyes, pero no para que cada vez que una ley de esta
envergadura se apruebe, obligadamente tengamos que venir a corregir lo
que algún sector de la doctrina dice.
En una ley de esta naturaleza, donde nadie puede dudar de que hay un
amplio abanico de garantías de derechos de los administrados --no podría
ser de otra manera con la Constitución, no podría ser de otra manera con
nuestro ordenamiento-- estaremos discutiendo si la Administración puede
funcionar mejor o si los operadores jurídicos pueden ser ágiles en el
funcionamiento. Alguien decía que seguramente detrás de eso está la
voluntad de las propias administraciones, pero
lo que sí provoca un efecto enormemente negativo son reformas que cambian
muchas cosas y a veces incluso no se sabe cuánto cambian en el orden del
procedimiento administrativo.
Desde esa perspectiva, si la proposición no de ley prospera, como es
previsible, lo único que rogaría al Gobierno es que se tomara su tiempo
en la reflexión serena y sensata y que acotara, que restringiera, que se
ciñera a una reforma lo más pequeña posible porque, ciertamente,
podríamos provocar los efectos que algunos creen ver que ha provocado la
Ley 30/1992, opinión que no comparte el Grupo Socialista, y que algún
otro grupo ha reconocido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Zapatero.
Señor López-Medel, tiene S. S. la palabra para expresar la aceptación o
no de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor Presidente. Sin reabrir el
debate y centrándome únicamente en el juicio que nos merece la enmienda
presentada por el Grupo de Convergència i Unió, manifestamos una solución
transaccional en la cual, partiendo del texto presentado por el Grupo
Parlamentario Popular, se añada: y su mejor adecuación a la realidad
plurilingüística del Estado. Con ello reflejaría el objetivo planteado
por el Grupo Popular al presentar esta iniciativa y también recogería los
aspectos manifestados por el Grupo de Convergència i Unió.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel.
Señor Silva, ¿acepta su grupo parlamentario la transacción?
El señor SILVA SANCHEZ: Sí, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¿Algún grupo
parlamentario se opone a la existencia de la transaccional? (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, sobre modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 161; en contra, 128; abstenciones, 15.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada la
proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LAS RELACIONES PRESUPUESTARIAS
Y FINANCIERAS ENTRE EL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y EL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(Número de expediente 173/000045)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto cuarto del
orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre relaciones
presupuestarias y financieras entre el presupuesto del Estado y el de la
Seguridad Social.
Para su presentación y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en la interpelación de la semana pasada sobre las relaciones
presupuestarias y financieras entre el presupuesto del Estado y la
Seguridad Social, quedó claro --el Ministro lo ratificó-- que la
Seguridad Social no había ingresado, por lo menos, el último trimestre de
las retenciones efectuadas en 1996 sobre las nóminas de sus pensionistas
y empleados. Quedó también claro que el Gobierno no había remitido a la
Cámara, antes del 16 de mayo pasado, ninguna información relativa al
estado presupuestario de la Seguridad Social posterior al mes de
noviembre el año pasado. También quedó claro que la Seguridad Social
había recibido en el primer trimestre una parte muy considerable de los
créditos previstos en el capítulo 8 del presupuesto del Estado para 1997,
y que si bien el crédito de tesorería, que se supone va a quedar saldado
a final de año, se ejecuta a un ritmo proporcional al tiempo
transcurrido, el crédito para garantizar el equilibrio financiero de la
Seguridad Social se ejecuta mucho más rápido de lo previsto, puesto que
en un sólo trimestre se había consumido el 63 por ciento del mismo.
Esta situación nos induce hoy a presentar una moción que no creo pueda
ser rechazada por ningún grupo, puesto que pura y simplemente pide al
Gobierno que informe a la Cámara sobre la situación presupuestaria de la
Seguridad Social. Se pide al Gobierno que remita de forma puntual,
sistemática y regular, mensualmente si puede ser, el informe de ejecución
del presupuesto de la Seguridad Social que llegaba a la Cámara cada mes
en la anterior legislatura y que ahora ha visto interrumpida su remisión
a las Cortes, aunque la pregunta de la semana pasada ha provocado
una acelerada remisión, en los últimos días, de los informes
correspondientes a enero y febrero.
Pedimos al Gobierno en esta moción que nos remita cada fin de mes el
informe que hace, que obra en su poder y que no debería ser un secreto
para nadie, sobre la ejecución del presupuesto monetario del conjunto del
sistema y la financiación de su déficit de tesorería, algo a lo que el
Gobierno está obligado y que esperamos cumpla con mayor puntualidad que
en el pasado.
También pedimos que el Gobierno remita al Congreso una actualización de
sus previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social, revisando
las que presentó en el presupuesto de 1997. Desde entonces hasta ahora ha
evolucionado la situación económica favorablemente; aumenta el número de
afiliados de la Seguridad Social, aunque desconocemos cuál es la cuantía
de las bases medias con las cuales cotizan, y se anuncian modificaciones
en las cotizaciones para un número relevante de afiliados que van a
cambiar su estatus laboral. Todo ello aconsejaría que el Gobierno nos
explicara en qué medida se están cumpliendo sus previsiones y en qué
medida piensa que éstas deben ser revisadas. No estamos hablando de
cifras poco importantes para el equilibrio presupuestario del conjunto de
las administraciones públicas, máxime cuando el Ministro se quejaba en la
interpelación de haber heredado, como siempre, fastuosos agujeros
presupuestarios que luego milagrosamente no aparecen en los déficit que
registra el Ministerio de Economía y Hacienda.
También le pedimos que remita al Congreso un informe sobre la ejecución
del capítulo 8 y el ritmo al que se gastan los créditos destinados a
garantizar el equilibrio del Sistema. El señor Ministro reconoció que el
destinado a cubrir la hipotética insuficiencia financiera de la Seguridad
Social se había gastado ya en un 63 por ciento en un trimestre. Esa puede
ser una situación coyuntural o puede reflejar un deterioro estructural
del equilibrio presupuestario de la Seguridad Social que nos causaría la
más grave preocupación. Reconoció que así era, pero no explicó por qué.
Porque no se puede dar una explicación y apelar sistemática y permanente
a la cantinela de la herencia recibida y a ese agujero de 500.000
millones, uno más, que, como les digo, el Ministerio de Economía no
parece registrar en las cuentas de cierre del presupuesto de 1996.
Finalmente, también pedimos que el Congreso esté informado de los débitos
y créditos mutuos entre la Hacienda pública y la Seguridad Social. Quién
debe a quién y por qué conceptos; cuáles son los importes de las
retenciones efectuadas y no ingresadas y cómo se balancean, si es que lo
hacen, con el importe de las cuotas devengadas y no pagadas por el
conjunto de las administraciones públicas.
Y, si no fuera mucho pedir, que seguro que no lo es, también solicitamos
que se nos explique qué va a ocurrir este año con las transferencias para
compensar los gastos sanitarios ejecutados por el País Vasco y Navarra,
que suman la bagatela de 250.000 millones de pesetas sobre cuya ejecución
tampoco hay información alguna.
Señorías, creo que ningún grupo parlamentario podrá oponerse a que el
Congreso haga al Gobierno esta petición, y éste la cumpla, puesto que no
estamos pidiendo la modificación de ninguna normativa ni el cambio de
ninguna política. Requerimos simplemente que ustedes apliquen esos
postulados de rigor y transparencia que con tanta frecuencia airean en
sus discursos. Sean, pues, transparentes y rigurosos. Remítannos cada mes
un informe, como hacíamos nosotros, sobre cómo evolucionan las cuentas de
la Seguridad Social, explíquennos cómo ejecutan sus presupuestos,
actualicen sus hipótesis presupuestarias y quítennos cualquier
preocupación. Porque bien contentos estaremos de saber que todo va bien y
que esta ejecución acelerada de los créditos previstos para garantizar el
equilibrio del sistema obedece, sin duda, a alguna maldad heredada de los
anteriores gobiernos que el paso del tiempo seguro irá disipando.
Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fenández-Miranda y Lozana): Ha sido presentada
una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene
la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, señorías, por un momento me ha
dado la impresión, cuando escuchaba las palabras del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, de que no debimos compartir la misma Cámara el
pasado miércoles o que no debimos asistir al mismo debate sobre la
interpelación que él presentó ante este Parlamento y defendió ante este
Pleno, porque desde luego en mi recuerdo no tengo todas esas claridades
que usted ha sustentado desde el principio de su alocución respecto a lo
que quedó manifiestamente claro de la intervención del señor Ministro.
Luego, si tengo tiempo, haré referencia a ello, pero lo que realmente
podemos sacar como conclusión, señoría, es lo que está negro sobre
blanco, lo que está escrito. Entre la motivación de su interpelación
urgente y el texto de su moción, consecuencia de la misma, que ha
presentado ante esta Cámara, a mi juicio lo que existe claramente es una
vergonzante retirada de los que eran sus planteamientos.
Su señoría ha pasado de la denuncia de anómalas situaciones a instar al
Gobierno a que remita a esta Cámara una serie de documentos, cuatro por
ser más concretos, facultad mucho más propia de lo que dispone el
Reglamento de esta Cámara en su artículo 7.º en cuanto a la solicitud de
documentación que, desde luego, como contenido de una moción consecuencia
de una interpelación urgente.
Su señoría, en el debate del pasado miércoles instó al Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales a que remitiera a esta Cámara la información
que usted entendía como necesaria para evitarse hacer preguntas o
interpelaciones. Eso lo entiende este portavoz --no está usted
acostumbrado aún a la labor de control
de Gobierno--, pero lo justificó diciendo --y le cito
textualmente--: porque así nos ahorraremos tiempo. Pues bien, lo que nos
podíamos haber ahorrado perfectamente, señor Borrell, era su moción de
hoy, que parece, en virtud de su contenido, ir únicamente dirigida a
salvar el trámite parlamentario que nos ocupa. Para este viaje, señorías,
no necesitaba usted tantas alforjas.
Aunque no cabe descartar --hoy ya ha empezado a decir lo contrario--que
en la interpelación del pasado miércoles el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales le convenciera con las respuestas que le dio y le despejara a S.
S. todas las dudas que, respecto a las anómalas situaciones que entonces
denunciaba, parecían preocuparle tanto aquel día y bastante menos en la
tarde de hoy. El señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales estuvo
convincente en sus planteamientos --como no podía ser de otra manera--,
pero me alegra enormemente si parte de sus palabras obtuvieron crédito en
S. S. y por ello ha hecho la intervención que ha hecho hoy desde esta
tribuna. Pero si no le convencieron las palabras del señor Ministro, con
esta moción usted no hace más que reconocer que estaban equivocados,
simplemente, que no estaban en lo cierto. La exigencia de tanto informe,
la única exigencia de remisión de informes --que es lo que pide su
moción---no hace más que denotar lo que ya podíamos suponer desde el
pasado miércoles: no se fían ustedes de quien les facilitaba la
información --y hacen ustedes bien--, porque datos, ni le faltaron el
pasado miércoles ni le han faltado en el día de hoy a S. S.; aunque,
desde luego, tanto los manejados aquel día como los pocos que ha
utilizado en el día de hoy eran bastante erróneos. A S. S le hubiera
bastado con hacer bien los deberes, simplemente con eso, y se habría dado
cuenta que ya tiene a su disposición --y no de forma errónea-- el
contenido de gran parte --por no decir de la totalidad-- de lo que hoy
está solicitando que esta Cámara inste al Gobierno. Porque la Seguridad
Social --y debería saberlo
S. S.--, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, ya viene remitiendo al Congreso de los Diputados, de forma
regular, puntual y sistemática --como dice en el texto de su moción--,
información pormenorizada sobre la ejecución de su presupuesto --el de
Seguridad Social-- mediante el boletín informativo de la Seguridad
Social, de cuyo contenido hago gracia a SS. SS. y en especial al señor
Borrell, porque no dudo del conocimiento que ha tenido de las partidas
que componen el mismo, toda vez que es exactamente el mismo que se hacía
con el anterior Gobierno, aquel del que usted formaba parte.
¿Les parece a ustedes poco? Bueno, pues era lo que les parecía más que
suficiente cuando ustedes eran Gobierno. ¿Les parece ahora mal lo que
antes les parecía bien? Elija usted, señoría: o antes no creían en lo que
hacían, o ahora no dicen lo que verdaderamente creen, o ni antes ni ahora
decían ustedes lo que pensaban. (Rumores.) Ir contra sus propios actos es
un claro ejercicio de irresponsabilidad política. No hagan ejercicios de
amnesia política y sean consecuentes con lo que ustedes hacían cuando
eran Gobierno. (Rumores.)
Eso, evidentemente, señorías, es parte de lo que usted ha solicitado en
su moción. Pero si no le basta con ello, le recordaré algo que S. S.
también debería conocer, como es que trimestralmente, en aplicación de
las previsiones del artículo 151.4 de la Ley General Presupuestaria, la
Intervención General de la Seguridad Social remite a las Comisiones de
Presupuestos del Congreso y del Senado información sobre la ejecución del
presupuesto de las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social.
Además, a mayor abundamiento --y usted también lo sabe--, comparece
cuatrimestralmente en la Comisión de Presupuestos --en la que usted es
portavoz de su grupo-- el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos,
al que S. S. le pregunta insistente y regularmente sobre estas
cuestiones, obteniendo las respuestas adecuadas. Y me remito,
simplemente, al «Diario de Sesiones» de esa Comisión.
Por lo tanto, no cabe más que una conclusión de todo lo anteriormente
dicho, y es que la informacion que el Sistema de Seguridad Social
facilita a los órganos parlamentarios de esta Cámara permite conocer con
detalle --y le subrayo, con detalle-- la situación de su actividad
presupuestaria y económica. Además, estoy seguro de que, de producirse
alguna carencia o suscitarse algún interés singular por alguna situación
puntual, el Gobierno lo subsanaría, a su instancia, con carácter
inmediato, en el siguiente boletín informativo que remitiera a esta
Cámara.
Respecto al resto de informes solicitados, señorías, no pongo en duda su
capacidad de trabajo, pero, al igual que el resto de grupos de esta
Cámara, tienen ustedes a su disposición todos los datos solicitados. No
resulta preciso elaborar un informe específico sobre las previsiones de
ingresos y gastos de la Seguridad Social, actualizando los contenidos de
la situación económica en función de la evolución de la misma, porque en
la documentación presupuestaria, más concretamente en el informe
económico-financiero que elabora la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social, del que disponen --reitero-- todos los grupos
parlamentarios, se detallan los datos necesarios para poder conocer la
evolución de las previsiones presupuestarias en función del desarrollo de
las magnitudes macro-económicas de la economía española. Veo sus caras de
asombro, pero es simplemente una
cuestión bien sencilla: hacer uno los deberes. Señoría, la elaboración de
un informe singular, como solicita, sobre la ejecución temporal de los
créditos consignados en el capítulo VIII del presupuesto de gastos del
Estado es recurrente y concurrente con la información que ya se viene
remitiendo a Cámara, porque al tratarse de magnitudes presupuestarias se
puede claramente deducir y analizar su desarrollo a partir de la
información que sobre la ejecución del presupuesto de recursos y
aplicaciones se incluye, como ya se ha citado, en el boletín informativo
de la Seguridad Social.
Por último, quiero decirle prácticamente lo mismo en lo relativo a la
situación de créditos y débitos de la Seguridad Social en cuanto a los
que mantienen entre ellas.
Señor Borrell, su moción no se sustenta en modo alguno, no se aguanta,
evidentemente, pero por eso presentamos una enmienda a su moción
consecuencia de interpelación urgente. Su señoría debería conocer --y
preocupa a mi grupo parlamentario-- que en estos momentos se está
debatiendo en el Senado el proyecto de ley de consolidación y
racionalización de nuestro sistema público de protección social. A mí me
ha dado la impresión, oyendo a S. S. el pasado miércoles y el día de hoy,
que o se ha equivocado de discurso, se ha equivocado de lugar o se ha
equivocado de momento, porque parte sustancial de dicho proyecto es lo
que hace referencia justamente al equilibrio presupuestario y financiero
de la Seguridad Social, y sobre ese articulado de la ley, sobre esa parte
justamente de la ley, tan importante para el futuro de nuestro sistema,
los distintos grupos parlamentarios con representación en esta Cámara y
en el Senado están haciendo importantísimos esfuerzos de aproximación en
un intento de consenso lo más amplio posible sobre algo tan importante
como es la presupuestación y la financiación de nuestro sistema de
Seguridad Social. No me diga, como dijo el pasado miércoles, que sospecha
de nosotros, del Grupo Popular, del Partido Popular, porque no le hayamos
aceptado ninguna de las enmiendas al proyecto de ley de Seguridad Social.
Catorce enmiendas de su grupo, siete aceptadas literalmente y siete
mediante enmiendas transaccionales, fueron aceptadas por el grupo
mayoritario de esta Cámara al Grupo Parlamentario Socialista. Le debió
traicionar su subconsciente, evidentemente, señor Borrell; estaba usted
acostumbrado a épocas pasadas en las que normalmente no se solía admitir
ninguna enmienda a los grupos de la oposición, pero afortunadamente ese
tiempo ya ha pasado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego vaya concluyendo.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo, señoría.
Más que preocupado por la Seguridad Social, debería estar preocupado S.
S. por mantener un discurso riguroso y uniforme con el resto de sus
compañeros parlamentarios. Que su mano izquierda sepa lo que está
haciendo la derecha. Me da igual que elija usted cuál sea de las dos. En
todo caso, sus palabras, señoría, no generan más que incertidumbre e
inseguridad y se convierte usted en un vocero autorizado de aquellos que
quieren justamente llevar a la crisis nuestro sistema de Seguridad Social
para obtener en todo caso algún beneficio propio. (Rumores.) No sé si lo
ha hecho usted consciente o no de ello, pero se ha convertido, desde
luego, en solista de ese coro de voces que intentan lucrarse con la
desaparición de nuestro sistema público de reparto de pensiones. Pero,
señor Borrell, no tenga usted ninguna duda --con esto termino, señor
Presidente--, tenga usted la plena certeza del compromiso público e
inequívoco del Partido Popular, del Gobierno popular, con nuestro sistema
público de protección social, con un sistema de reparto equitativo, justo
y solidario, de solidaridad entre generaciones y también de solidaridad
entre gobiernos. Nosotros estamos arreglando lo que ustedes dejaron. No
estamos hablando de herencias recibidas; las recibimos a beneficio de
inventario y somos herederos forzosos de la misma en beneficio de todos
los pensionistas españoles. Pero si mis palabras no le convencen, que no
dudo que no lo hagan, ni las del Presidente del Gobierno ni probablemente
tampoco las del Ministro Arenas, a los hechos me voy a remitir.
El Partido Popular, siendo oposición...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Camps, le
ruego concluya.
El señor CAMPS DEVESA: Concluyo ya, señor Presidente.
Siendo oposición suscribió los denominados pactos de Toledo. El Partido
Popular, siendo ya Gobierno, llegó a un acuerdo con los agentes sociales
que sustentaban ese acuerdo político. El Gobierno del Partido Popular ha
remitido a esta Cámara un proyecto de ley de racionalización de nuestro
sistema de Seguridad Social, en el que se plasman, con el apoyo de todos
los agentes sociales, lo que pueden ser las vías de futuro de nuestro
sistema. Los hechos son concluyentes; el compromiso, público e
inequívoco. Lo contrario de todo eso resultaría desequilibrado e
imprudente. Usted no ha hecho hoy una intervención de este tipo. Espero
que nunca la tenga que hacer, porque más de nueve millones de españoles
les votaron a ustedes para ser oposición, para ser lo que justamente son
ahora, una oposición serena, responsable, como fue la oposición del
Partido Popular cuando suscribió los pactos de Toledo (Protestas.). Más
de nueve millones y medio de españoles --tengan respeto al menos a sus
votantes-- les votaron para que ustedes fueran una oposición
constructiva, ésa que tanto dicen que son y tan poco están practicando.
Espero que al menos en esta ocasión no les defrauden.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Camps.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-lniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente, pero lo hago en nombre
de Convergència i Unió, no en nombre de Izquierda Unida. (Risas.) El
señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Tiene S. S. razón.
Cuando le he visto pedir la palabra he abreviado la presentación y
solamente lo he hecho mencionando su nombre.
El señor HOMS I FERRET: No vaya a ser que me vayan a reprender.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Está claro para
todo el mundo, señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Nuestro grupo simplemente quiere transmitir a la Cámara que no vamos a
dar nuestro voto favorable a la moción que presenta el Grupo Socialista
(Rumores.), y no lo vamos a dar porque, aun siendo cierta la motivación
que impulsó a este grupo parlamentario a presentar la interpelación y la
moción consecuente, nuestro grupo, una vez estudiado con detalle los
motivos que les han llevado a ustedes a interpelar, llega a la conclusión
de que no estamos vulnerando la ley ni quebrantando el marco de la ley de
presupuestos. Es verdad que la Seguridad Social no ha procedido al pago
al Estado de las retenciones del IRPF de su personal, así como tampoco ha
transferido al Estado los recursos correspondientes a la gestión
sanitaria asumida por el País Vasco y Navarra, pero lo ha imputado como
una obligación reconocida dentro de los presupuestos y está en plazo
todavía para realizarlo. Mientras esto sea así, mientras estos gastos
estén imputados en los presupuestos y reconocidos y mientras estemos en
plazo para poderlo llevar a cabo, no tiene razón de ser requerir a esta
Cámara para que incrementemos, en la medida que ustedes nos lo proponen,
tanta información y tantos informes como nos piden.
Nuestro grupo considera que, si tuviéramos que incrementar las fuentes de
información de los grupos parlamentarios y de la Cámara en relación con
la ejecución de los presupuestos y el estado de gastos del presupuesto
tanto de la Seguridad Social como del Estado, debería hacerse en el marco
de una reflexión más estructural, en el marco de lo que deben ser las
fuentes de información periódica de esta Cámara que se establecen en el
Reglamento. No cree nuestro grupo que por una moción tengamos que cambiar
los ciclos, los procesos, los plazos y los procedimientos de información
de la ejecución del presupuesto por parte del Gobierno a esta Cámara.
Deberíamos ser un poco serios en este tema y requerimos unos compromisos
estables, periódicos, que se regulen en el Reglamento, que ya se
establecen en él. Durante trece años hemos tenido unas fuentes de
información regulares y, si no son suficientes, deberíamos revisar estos
marcos que establece el Reglamento para incorporar los cambios que
procedan, pero a razón de una previsión hecha de gasto no realizado pero
sí reconocido en el presupuesto, que todavía está el Gobierno en plazo
para ejecutarlo, no vemos motivo para alterar los plazos, los ritmos y
los procesos de información a la Cámara, porque por cualquier otra
naturaleza deberíamos estar haciendo lo mismo. Por tanto, sin entrar de
lleno en la discusión, porque no entendemos por qué hemos de estar
cuestionando si hay plazo presupuestario para ejecutar ese gasto
reconocido y si el Gobierno tiene todavía plazo para hacerlo que lo haga
cuando crea oportuno, si estamos todavía en ese trámite de la ejecución
del presupuesto y el cumplimiento de los gastos y de los ingresos
reconocidos, tanto de la Seguridad Social como del Estado, no veo por qué
hemos de alterar los procedimientos de información de la Cámara en cuanto
a estos dos presupuestos. Estas son, señorías, las razones por las que no
damos apoyo a esta moción.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor Presidente.
Quiero anunciar que nuestro grupo votará afirmativamente esta moción que
consiste simplemente en proponer cuatro puntos que se refieren a que el
Gobierno amplíe de forma regular la información que remite al Congreso
sobre el presupuesto de ingresos y gastos de la Seguridad Social.
Nuestro grupo tiene siempre por costumbre votar afirmativamente la
ampliación o la profundización de mayor información y transparencia de la
gestión del Gobierno, pero estoy seguro de que si las señoras y señores
Diputados hubieran asistido a la Comisión de Presupuestos del pasado 6 de
mayo todos votarían a favor. El pasado 6 de mayo lo que ocurrió fue que
en su comparecencia el Secretario de Estado de Presupuestos, señor
Folgado, fue incapaz de explicar las causas del estado de ejecución del
presupuesto de ingresos y gastos de la Seguridad Social; especialmente
fue incapaz de explicar por qué un préstamo del Estado a la Seguridad
Social de 155.000 millones de pesetas que aparece en el presupuesto del
Estado de 1997, que en el
debate presupuestario se nos dijo que sólo era para utilizar
ocasionalmente cuando el sistema tuviera problemas, por qué razón a 31 de
marzo ya se ha ejecutado el 66 por ciento del mismo. Es decir, a 31 de
marzo se han utilizado 104.000 millones de pesetas de 155.000 para todo
el año, que se había dicho que sólo se utilizaría si había problemas en
el presupuesto de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Algunos
Diputados y Diputadas dijimos al señor Folgado que por favor nos motivara
la razón de este nivel de ejecución y nos explicara las causas. Ante el
asombro de toda la Comisión, el señor Folgado fue incapaz de dar una sola
razón. En ese sentido nos parece positivo que, más allá de las
explicaciones que el Secretario de Estado de Presupuestos pueda dar a la
Comisión, exista un procedimiento regular, de forma periódica, que haga
posible que en el seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos de la
Seguridad Social el conjunto de los grupos parlamentarios pueda expresar
opinión con un nivel de información importante. Hoy, insisto, aún no
sabemos por qué razón el estado de ejecución del presupuesto de la
Seguridad Social es el que es, y yo creo que la moción del Grupo
Socialista lo que hace, en definitiva, es ayudar a que el conjunto del
Congreso de los Diputados ejerza una función fundamental importante, que
es la de controlar la gestión del Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Señor Borrell, para expresar la aceptación o no de la enmienda planteada
por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor BORRELL FONTELLES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, más allá de la retórica con la que usted ha adornado sus
palabras, hay un conjunto de afirmaciones de las cuales la que más se
parece a la verdad, la que está más cercana de ser cierta, es que el
Partido Popular hizo una oposición serena y responsable en la anterior
legislatura (Risas.), con que imagínese usted cómo tienen que ser las
demás.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell, le
rogaría que fuese explícito en la aceptación o no de la enmienda con las
argumentaciones que considere adecuadas, pero exprese sustancialmente en
su intervención esta aceptación o no.
El señor BORRELL FONTELLES: Así lo haré, señor Presidente, seguramente
más que lo que el portavoz del Partido Popular se ha referido al texto de
su enmienda.
Señor Presidente, señores Diputados, ustedes no quieren ver. Están en un
ejercicio de ceguera y no hay peor ciego que el que no quiere ver. (El
señor Hernando Fraile: Dí sí o no.) Y no quieren ver porque quieren
ocultar. Y si no explíqueme usted, que sabe todo sobre la Seguridad
Social y cree que no es necesario dar más información, dígame, ya que no
es necesario tener más información, cuál es el importe de la recaudación
líquida por cuotas sociales en enero y febrero. (Rumores.) ¿En qué
documento se puede obtener esta información, señoría? ¿Dónde puede
conocer un Diputado el importe de la recaudación líquida por cuotas de la
Seguridad Social en enero y febrero? ¿O dígame, señor Diputado, cuál es
el importe...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell, está
S. S. reabriendo el debate. (Rumores.) Silencio, señorías. Sabe S. S. que
los artículos para el debate de las mociones son el 184 y el 195, y debe
expresar su aceptación o no de la enmienda sin reabrir el debate. Le
rogaría, señor Borrell, que lo hiciese tal cual le estoy solicitando.
El señor BORRELL FONTELLES: Señor Presidente, estará usted de acuerdo
conmigo en que el portavoz del Partido Popular ha utilizado su
intervención no para defender su moción, sino para hacer una larga
crítica a las posiciones del Partido Socialista en materia de Seguridad
Social. (Rumores.) Usted, señor Presidente, no ha creído oportuno
llamarle al orden en ningún momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell, el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda y ha
argumentado en función de su criterio, lo mismo que S. S. cuando ha
presentado la moción. Le ruego que se ciña a lo que el Reglamento nos
ordena que debemos hacer: la aceptación o no de esa enmienda. Si no
convertiremos esto en un debate eterno. Se lo ruego encarecidamente. Le
reitero que exprese simplemente la aceptación o no de la enmienda para
poder concluir el trámite y someter a votación la moción presentada por
el Grupo Socialista.
El señor BORRELL FONTELLES: Señor Presidente, intentaré hacerlo como
usted sugiere.
Señorías, el Partido Socialista, en cuyo nombre tengo el honor de hablar
en este momento, no puede aceptar la enmienda de modificación que
presenta el Partido Popular porque de su texto se deduce que la
información está llegando de forma regular, puntual y sistemática y tal
no es el caso, ya que los servicios de la Cámara certifican que antes del
día 16 de mayo pasado no había llegado a la Cámara ningún informe de la
Seguridad Social anterior a noviembre del año pasado. Como eso es así y
está certificado por los servicios de la Cámara, no podemos aceptar una
enmienda que dice lo contrario de la verdad.
No podemos aceptar esta enmienda a nuestra propuesta, señor Presidente,
porque de la información
que llega apresurada y tardíamente no se puede encontrar ningún dato que
permita a los diputados conocer algo tan elemental, que quizá conozca el
señor Homs, como cuál es el importe de la recaudación líquida por cuotas
sociales obtenido en los meses de enero o febrero de este año. Y no hay
manera tampoco de extraer de su propuesta una alternativa operativa que
nos permitiera conocer cuál es la liquidación del presupuesto de la
Seguridad Social en el año 1996, que usted parece conocer pero nadie más
sabe.
No podemos aceptar la propuesta de modificación que presenta el Partido
Popular porque el rechazo a las peticiones que efectuamos en los
apartados dos, tres y cuatro de nuestra moción no se corresponde, en
absoluto, con la información que el señor Diputado cree que está en el
informe económico-financiero del mes de septiembre, puesto que allí había
una previsión que a fecha de hoy puede estar --no lo sabemos-- muy
alejada de la realidad.
No podemos aceptar la enmienda que presenta el Grupo Popular porque de
ella resultaría un planteamiento completamente ajeno a lo que ha motivado
nuestra moción, que consiste en conocer por qué la Seguridad Social ha
tenido que recibir en un trimestre dos terceras partes del crédito
previsto para todo el año, hecho que nadie niega, que no negó el señor
Arenas y que está perfectamente recogido en la información presupuestaria
que el señor Folgado remite a las Cortes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Borrell.
El señor BORREL FONTELLES: Señor Presidente, quisiera añadir una última
observación, si me permite, y es que no podemos aceptar esta enmienda
aunque entendemos que el Grupo de Convergència i Unió, embarcado en su
peculiar relación con ustedes de que una semana toca palo y la siguiente
zanahoria (Rumores.), está esta semana en la de la zanahoria...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Borrell, creo
que ha expresado ya clarísimamente que no va a aceptar la enmienda y yo
se lo agradezco. Muchas gracias, señor Borrell.
No está en el uso de la palabra. (Aplausos.--Rumores).
Vamos a proceder a la votación correspondiente a la moción consecuencia
de interpelación urgente, del Grupo Socialista en el Congreso, sobre
relaciones presupuestarias y financieras entre el Presupuesto del Estado
y el de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a
favor, 144; en contra, 160; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
moción. (Aplausos.--Rumores.) Silencio, señorías.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA TURISTICA Y LAS MEDIDAS
A DESARROLLAR PARA MEJORAR LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA
TURISTICA (Número de expediente 173/000046)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Moción consecuencia
de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre política del Gobierno en materia
turística y las medidas a desarrollar para mejorar la capacidad
competitiva de la industria turística. Para su presentación tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Presidente, señorías, la pasada semana
debatimos una interpelación de la que pudimos sacar algunas conclusiones.
La primera de ellas es que el Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda no tiene nada claro que el turismo es una
industria y que como tal necesita una política propia. El turismo tiene,
evidentemente, una mayoría de pequeñas y medianas empresas, pero también
tiene grandes empresas, algunas de las cuales cotizan en Bolsa y son
verdaderas transnacionales por los intereses que tienen en varios países.
(El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Por
tanto, señorías, no se puede identificar miméticamente como hizo el señor
Ministro de Economía, la política de la pequeña y mediana empresa con la
política turística. Es evidente que las medidas que beneficien a la
pequeña y mediana empresa beneficiarán a la industria turística, pero
también beneficiarán a la industria del calzado, a la del juguete y a la
del turrón navideño. También es evidente que el Gobierno central tiene
que asumir que tiene responsabilidades en múltiples materias que influyen
en la configuración del producto turístico y así, las costas, las
carreteras nacionales, el ferrocarril son ejemplos claros de la
responsabilidad de la Administración central en la configuración del
producto turístico. Por tanto, señorías, la primera conclusión que
debemos sacar de la interpelación de la semana pasada es la necesidad de
ponernos de acuerdo en el concepto de industria turística, repitiendo en
este sentido lo mismo que dijimos la semana pasada sobre la necesidad de
considerar al sector turístico como una industria con entidad propia y,
por tanto, con necesidades de actuaciones políticas propias.
Desde el análisis de la realidad tenemos que señalar algunas
consideraciones sobre nuestra principal industria.
En concreto queremos resaltar que el crecimiento de la oferta de
alojamiento que realmente opera en el mercado ha sido muy fuerte durante
el último decenio, y lo ha sido no solamente por las plazas legalizadas
que se han creado, sino sobre todo por el elevado incremento de una
oferta no declarada de apartamentos y de residencias secundarias que se
alquilan ilegalmente en el mercado turístico. Por otra parte, hace unas
horas hemos hablado de la problemática de la estacionalidad. Por ello no
voy a repetir los argumentos y los acuerdos que hemos alcanzado en ese
debate. Pero sí quería señalar que a esa estacionalidad hay que sumarle
una importante concentración de la actividad turística en un espacio
reducido; concentración que provoca una saturación de la oferta en
determinadas zonas, especialmente en las del litoral mediterráneo, y
concentración que provoca, entre otras cosas, el agotamiento de los
escasos recursos naturales. La mejora de la competitividad del producto
turístico español aconseja, por tanto, definir la estrategia futura de su
desarrollo y la adecuación de dicho producto a las necesidades de un
mercado cada vez más cambiante.
La realidad obliga a descartar la validez actual y futura de aquellas
estrategias empresariales basadas de forma exclusiva en el abaratamiento
de los precios como principal atractivo. Hay que repetir, una y otra vez,
que la competitividad del producto turístico debe buscarse, por tanto, en
la calidad, en la diversificación y en la especialización.
Como decíamos la semana pasada, la calidad debe buscarse no solamente en
las prestaciones de los establecimientos turísticos, sino también y
además, en el concurso del contexto medioambiental, en el contexto
paisajístico urbano y en el nivel alcanzado por las infraestructuras y
servicios públicos. Pues bien, el medio ambiente, la estética urbana, la
especulación urbanística, y las infraestructuras son tres problemas
básicos con que se encuentra la industria turística española. En ese
sentido --ya lo dijimos la semana pasado y hoy lo queremos repetir--, la
especulación urbanística y el cuidado del medio ambiente no son
únicamente cuestión de recursos económicos, pero es evidente que la
prevención de la contaminación, la lucha contra los incendios forestales
o la recuperación de los centros históricos, por ejemplo, requieren
importantes inversiones de las que no puede ser ajena la Administración
central.
También queremos resaltar la existencia de zonas que poseen
mayoritariamente establecimientos construidos con anterioridad a los años
ochenta; edificios que tienen una elevada edad y que se encuentran en
estos momentos en un proceso de envejecimiento que no ha sido compensado
con una política de aplicación de fondos para mantener las instalaciones
y para realizar las inversiones necesarias con el fin de mejorar la
calidad y dotarlos de nuevos servicios. Imaginen señorías, por ejemplo,
que con un tercio de lo que se invirtió en construir los hoteles que hoy
están prácticamente inservibles en torno a la Expo de Sevilla, se podía
haber renovado la planta hotelera de toda la Costa del Sol y de esta
manera hoy sería la más competitiva de toda Europa.
El producto turístico español sigue adoleciendo de deficiencias, tanto en
la estructuración como sobre todo en la prestación de los servicios. Las
deficiencias en la estructuración de los productos no se limitan
solamente a la relativa escasez de productos alternativos a los de sol y
playa, sino también a las debilidades de ciertas infraestructuras y
equipamientos. En la prestación de servicios también existen deficiencias
que tienen que ver con el entorno, con los ruidos, con la limpieza, o con
el cuidado del medio ambiente. La planificación territorial de las zonas
turísticas no ha tenido en cuenta, por lo general, los problemas de la
construcción de los alojamientos turísticos, ignorando en muchos casos
las explícitas necesidades de infraestructuras y equipamientos que, como
decíamos la semana pasada, siempre han ido por desgracia a remolque del
propio desarrollo urbanístico y turístico. Ello ha llevado a un
crecimiento desordenado y caótico de muchos municipios turísticos cuyos
servicios públicos, como el abastecimiento y tratamiento del agua, así
como el tratamiento de residuos sólidos urbanos, se encuentran en estos
momentos saturados y no digamos cuando llega la temporada alta.
A esta situación tampoco es ajena la insuficiencia financiera de las
administraciones locales que están situadas en zonas turísticas. Es un
problema básico de recursos financieros al que se enfrentan los
municipios turísticos y que se origina en el hecho de que los costes de
la infraestructura, del equipamiento y de otros servicios debe realizarse
para una población muy superior a la que de derecho vive en estos
municipios. En este contexto, la financiación de esas administraciones
locales no tiene en cuenta dicha realidad, lo que provoca la existencia
de déficit en estas zonas turísticas.
También existe --y queremos resaltarlo aunque no sea competencia de esta
Cámara-- una mala asignación de recursos, de manera que muchos
ayuntamientos dedican a promoción lo que en realidad deberían dedicar a
mejorar el producto turístico. Con esta realidad creemos necesario
aprobar medidas concretas, ya que la actuación del Gobierno no se puede
quedar en la presentación pública de un llamado plan de estrategias, plan
que ya valoramos la semana pasada como contradictorio. Es necesario,
señorías, avanzar más en lo concreto, avanzar más en la adopción de
medidas necesarias para desarrollar una política activa. Lo contrario
sería convertir ese denominado plan de estrategias turísticas en lo que
ya denunciamos la semana pasada, un plan elaborado desde fuera del
Gobierno y de cara a la galería. Es necesario, por tanto, el compromiso
de esta Cámara para instar al Gobierno a que se tomen
determinadas medidas. Nosotros hemos tratado de plasmar estas medidas en
nuestra moción con la idea de que no sea una propuesta cerrada, sino de
que sea un elemento para el debate con un carácter totalmente abierto.
Por ello vamos a admitir algunas de las enmiendas que se han presentado,
tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista Obrero
Español.
Nuestra moción propone que el Gobierno traiga a este Parlamento para su
aprobación un plan en la industria turística que incluya actuaciones
concretas. En primer lugar tenemos que partir de que se reconozca en esta
Cámara que el turismo es un sector estratégico de la economía española.
No pretendemos convencer a estas alturas al Gobierno ni a la mayoría que
lo apoya que tenga necesidad de dotar al turismo de una estructura
ministerial, pero sí esperamos, al menos, que este debate haya dejado
claro que la industria turística no puede equipararse a la pequeña y
mediana empresa ni al comercio, sino que necesita una política propia. En
segundo lugar, señorías, trasladar a la Unión Europea la importancia del
turismo como industria que no significa solamente lo que nos comentó la
semana el señor Ministro, situar a españoles en puestos claves en la
estructura comunitaria. Esto con ser importante y con ser saludado por
nuestro grupo no es suficiente. Nosotros planteamos que se debe exigir a
la Unión Europea que considere la industria turística no solamente desde
el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista del turista,
sino también desde el punto de vista de los países productores como es en
este caso España.
La semana pasada, por cuestiones reglamentarias, no pude explicar al
señor Ministro lo que significa en la industria turística un marco
laboral estable y unas plantillas suficientes como elementos básicos para
la defensa de la calidad del producto turístico. El Vicepresidente
alardeó del acuerdo recientemente firmado con los sindicatos, prueba
evidente del desconocimiento que tiene el Ministro de lo que es la
industria turística. Sin entrar a valorar el citado acuerdo, que será
motivo de otro debate en esta Cámara, todo el sector coincide en que
precisamente las medidas que se contienen en el decreto que lo desarrolle
no serán las que afectarán más directamente a la industria turística. Yo
espero que el señor Vicepresidente nos diga en octubre cuántos empleos
fijos se han quedado en el sector turístico de los meses de junio, julio
y agosto, período en el que con toda seguridad se producirán en dicho
sector turístico muchas contrataciones, pero evidentemente no serán, por
desgracia, contrataciones fijas. En realidad, cuando se habla de
plantillas suficientes y de empleo estable lo que el sector turístico
denuncia como una de las causas de la pérdida de competitividad del
producto turístico español no es otra que la desaparición de un
importante número de categorías profesionales que daban calidad a nuestro
turismo, desaparición motivada por unas plantillas inestables e
insuficientes en las que los trabajadores deben adaptarse a las
necesidades económicas de una oferta turística donde la calidad cuenta
muy poco. De esta manera hemos asistido a ver cómo los servicios de
restauración eran sustituidos por bufés y cómo los camareros eran
sustituidos por máquinas de bebidas, todo ello evidentemente configurando
una oferta bastante degradada. También hacemos mención en nuestra moción
a la necesidad de renovar la planta hotelera, como ya hemos señalado
anteriormente, a la necesidad de combatir la estacionalidad y a mejorar
también las infraestructuras.
Sobre el turismo rural ya dijimos la semana pasada y reclamamos en
nuestra moción un apoyo que parta de una definición que permita un
crecimiento ordenado de la oferta. En otro sentido también reclamamos que
la Administración central no se desentienda de la pequeña oferta pública
que todavía queda en el sector turístico.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Centella, le ruego que
concluya.
El señor CENTELLA GOMEZ: Voy terminando.
Desechados por el Gobierno, parece ser por ahora al menos, los intentos
privatizadores, es importante que se realicen las inversiones necesarias
tanto en paradores como en los palacios de congresos. Por último es muy
importante que el Gobierno lidere la regulación de la oferta nueva.
En definitiva, señorías, presentamos una moción que creemos demuestra que
es posible la elaboración de una política para el sector turístico, una
política propia que no haga el juego a otros sectores como es el de la
especulación urbanística. Por eso creemos que con nuestra moción y con
las aportaciones de otros grupos hoy puede alcanzarse un importante
acuerdo en esta Cámara, un acuerdo que, como decía en el punto de la
proposición no de ley que presentó el Partido Socialista, sirva para que
hoy el sector turístico considere que ha sido escuchado en esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Centella.
Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Gamero.
El señor GAMERO MIR: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, no cabe duda de que hoy es el día del
turismo en esta Cámara y yo creo que los hombres que de alguna forma
hemos estado y seguimos estando ligados al sector debemos felicitarnos
por ello. Sin duda, y como ya hemos dicho en repetidas
ocasiones, éste es el sector más importante de nuestra economía, el que
tiene más proyección de futuro y el que emplea más personas.
En primer lugar, como hizo el Vicepresidente Segundo y Ministro de
Economía y Hacienda desde esta misma tribuna la semana pasada, quiero
agradecer al grupo proponente el interés que con esta iniciativa
demuestra por el sector y su preocupación por los temas relacionados con
el turismo, interés y preocupación que, como ya hemos dicho, todos
compartimos y que quedan demostrados en este debate. Por cierto, el
Presidente me ha pedido que sea lo más concreto y conciso posible y voy a
intentar cumplir sus indicaciones.
La moción que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
diez puntos que quiero comentar brevemente, de forma casi telegráfica,
para explicar de alguna forma el motivo de nuestra enmienda, que
entendemos puede ser aceptada por el grupo proponente en aras de este
consenso en relación con el sector turístico que intentamos conseguir
desde todos los medios.
En el primer punto de la moción se solicita el reconocimiento de la
industria turística, reconocimiento que tiene, no cabe duda, ya que todos
estamos de acuerdo en que es el sector más importante.
En el segundo punto pide trasladar a la Unión Europea la necesidad de
considerar el turismo como sector industrial. A este respecto considero
oportuno recordar que, como ya hemos dicho, el sector está compuesto por
infinidad de pequeñas y medianas empresas; sin duda es un sector dinámico
con capacidad de reacción y adaptación a las tendencias de la demanda y
en el que se aplica plenamente la subsidiariedad.
El tercer punto habla de medidas que incentiven la industria turística en
el marco laboral, y yo recordaría que tan sólo hace tres semanas ha sido
aprobada una reforma laboral incentivando la contratación estable, que
tiene el respaldo de los sindicatos y, además, acompaña reducciones de
cotizaciones sociales para fomentar la contratación. En este sentido, el
Gobierno ha remitido a la Cámara unos reales decretos que producen
importantes reducciones en las cotizaciones sociales, precisamente para
promover el empleo estable y acabar con el paro de larga duración.
La calidad del producto turístico y el buen servicio en los
establecimientos también son mencionados en la moción y me atrevería a
decir que, en cualquier caso, la calidad del servicio no guarda relación
absoluta con el número de empleados y es de difícil valoración. Por lo
que se refiere a la industria turística española, debo decir que el
servicio que presta tiene un reconocimiento internacional como de más
alta calidad o, diríamos, el de mejor relación precio/calidad, el good
value for money que dicen los anglosajones. (El señor Vicepresidente,
Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a la solicitud de apoyo para el turismo interior que permita un
crecimiento ordenado de la demanda, se debe recordar una vez más y con
todo respeto, que la Administración central del Estado carece de
competencias en lo que se refiere a turismo interior, tanto de ordenación
turística como de promoción. Las competencias de ordenación y promoción
del turismo interior están transferidas a las comunidades autónomas y a
los entes locales.
En el punto que hace referencia a impulsar la realización de estudios de
impacto medioambiental de los proyectos turísticos de nueva creación,
habría que decir también son las comunidades autónomas y entes locales a
través de la Comisión de Urbanismo los responsables y los que tienen
capacidad para ordenar el urbanismo.
En el punto diez la moción propone impulsar la regulación de la oferta no
reglada, y debo insistir una vez más en que la ordenación del sector
turístico es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que,
como ya he dicho en oportunidades anteriores, no consideraría oportuno en
este caso realizar valoración alguna de esa propuesta de impulsar la
regulación de la oferta no reglada.
Por todo ello, señor Presidente, señoras y señores diputados, y para
concluir, nuestro grupo parlamentario ha considerado oportuno, en aras al
consenso, presentar una enmienda de modificación del siguiente tenor: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a las siguientes actuaciones
en materia turística: Primero, a partir del reconocimiento de que la
actividad turística es el primer sector exportador de la economía
española, desarrollar lo más rápidamente posible todos los aspectos
contemplados en el plan estratégico de actuaciones turísticas elaborado
por el Gobierno. Segundo, coordinar e impulsar las estrategias de
actuación turística de acuerdo con las comunidades autónomas y entes
locales, especialmente en relación con los planes de ayuda a la
modernización y con los planes de inversiones, dado que los mismos se
desarrollan por estas administraciones de acuerdo con su nivel
competencial en materia turística. Y, tercero, fomentar la formación de
la mano de obra turística de acuerdo con las comunidades autónomas y
aprovechando las reformas laborales puestas en marcha por los agentes
sociales y económicos y por el Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gamero.
Para la presentación y defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Trujillo.
El señor TRUJILLO ORAMAS: Gracias, señor Presidente.
Tal y como planteaba el señor Centella, la moción que presenta Izquierda
Unida pretende instar al Gobierno para que presente en la Cámara un plan
de actuaciones
en la industria turística que al menos contenga, como bien señalaba el
portavoz del Grupo Popular, una serie de medidas, en concreto diez.
Planteado este escenario, nuestro grupo parlamentario podría haber
preferido entrar a analizar todas y cada una de estas medidas propuestas
--valga señalar que la mayoría de ellas son absolutamente razonables--, y
proponer aquellas que complementaran o mejoraran desde nuestro punto de
vista tal propuesta. Si hubiésemos hecho eso podríamos haber echado en
falta, como así fue, que en esa propuesta no aparezcan definidos más
claramente elementos relacionados con la mejora de la calidad de los
productos turísticos, elementos relacionados con la mejora de los
sistemas de promoción y comercialización, medidas y acciones relacionadas
con la diversificación de la oferta y la desconcentración geográfica de
la misma, etcétera. No hemos optado por esta vía, señor Presidente; hemos
optado por la vía de presentar una enmienda de sustitución, por los
motivos siguientes: Todo el mundo conoce que en febrero pasado el
Gobierno dio a conocer a la opinión pública un plan de estrategias y
actuaciones de la Administración general del Estado en materia turística.
En marzo pasado nuestro grupo presentó en la Cámara una proposición no de
ley precisamente con el objeto de instar al Gobierno a remitir dicho plan
y proceder a un debate en profundidad en sede parlamentaria. Dicha
proposición no de ley a fecha de hoy no se ha visto, pero sí se ha dado
otra circunstancia, y es que el miércoles pasado a solicitud del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el secretario
de Estado, aprovechando una comparecencia para discutir sobre política
turística, presenta en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo las
líneas generales y las estrategias del plan que he mencionado.
Llegados a este punto, desde nuestro grupo parlamentario parece más
significativo que si todos los grupos de la Cámara estamos de acuerdo en
que la política turística es un elemento sustancial, si además y tal como
manifestó el propio Gobierno en octubre pasado, se tiene la voluntad de
debatir en profundidad todas las medidas relacionadas con dicha política,
parece evidente convenir que no se puede cerrar este asunto con un debate
como el que se produjo el miércoles pasado en la Comisión y lo que
procede --ése es el sentido de nuestra enmienda de sustitución a la
moción presentada-- es instar al Gobierno para que, por la vía del
artículo 198 del Reglamento, remita el plan de estrategia y actuaciones
de la Administración general del Estado en materia turística para que
todos los grupos podamos debatir dicho plan con la profundidad que se
merece y podamos, sobre todo, aportar aquellas resoluciones que
consideremos oportunas.
Ese es el sentido de nuestra enmienda. Quiero, valga la anticipación,
agradecer la aceptación que ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida
a la misma.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Trujillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad, para exponer la posición del Grupo de Coalición
Canaria sobre esta moción que presenta el grupo político de Izquierda
Unida como consecuencia de la interpelación que formuló la semana pasada
en este Congreso.
La moción se refiere a instar al Gobierno sobre un plan de actuaciones
turísticas. Como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, en el mes de
febrero pasado, el Ministro del ramo presentó un plan de estrategia
turística y actuaciones, con el apoyo del mundo empresarial,
corporaciones locales y comunidades autónomas. No voy a enumerar sus
cinco apartados y sus trece estrategias --como las llaman--, pero sí voy
a señalar que esa presentación recoge casi todo lo que señala el grupo
proponente en la moción. Según el grupo proponente, se trata de medidas
acertadas en el orden turístico, pero están incluidas en ese plan
estratégico y de actuaciones del Gobierno, por lo que también me parece
sensato y razonable lo que propone el señor Trujillo.
También he de señalar que en la acertada exposición que hace el grupo
político de Izquierda Unida habla de cuestiones genéricas y de cuestiones
específicas. Me parece muy bien que se hable de la red nacional de
paradores, pero después alude no a toda la red de palacios de congresos
del Estado español, tanto peninsular como insular, sino que habla
concretamente de dos: Torremolinos y Madrid. Me parece muy bien, pero
existen otros palacios de congresos, como los de Maspalomas, en Gran
Canaria, y el del sur de Tenerife, y paradores en situación horrible e
inadmisible, transferidos al Estado hace más de un cuarto de siglo, que
todavía esperan el sueño de los justos para que se terminen sus obras.
Nos inclinamos por la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo
Socialista por considerarla más genérica y porque recoge todas las
cuestiones fundamentales de lo que quiere decir Izquierda Unida, es
decir, el papel de las autonomías y, al mismo tiempo, la importancia de
la promoción turística, pero advirtiendo que nuestro criterio es votar
favorablemente esta enmienda a la totalidad salvo el último párrafo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Rodríguez.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor Presidente.
La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a
ser votar favorablemente la moción presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, siempre y cuando incorpore en la misma
alguna de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos
parlamentarios a dicha moción.
De entrada, desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió) nos gustaría que
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
pudiera aceptar la enmienda de sustitución presentada por el Grupo
Socialista, en el sentido de instar al Gobierno a remitir a la Cámara el
plan de estrategias y actuaciones de la Administración general del Estado
en materia turística, ya que podríamos debatir aquí o en Comisión un plan
estratégico tan importante en el Estado español como es el turístico.
También nos gustaría que, en caso de que el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya aceptara la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, concretamente la número 2, aceptara una
enmienda transaccional presentada in voce por nuestro grupo
parlamentario, que yo indicaría en estos momento, a efectos de que
quedara más claro que las competencias estratégicas de turismo
corresponden única y exclusivamente a las comunidades autónomas. Dicha
enmienda iría orientada en el sentido de impulsar estrategias de
actuación turística a través de las comunidades autónomas y de acuerdo
con los entes locales, especialmente en relación a planes de ayuda a la
modernización y a planes de inversiones gestionadas por aquéllas, dado
que dichos planes deben desarrollarse conjuntamente por las citadas
administraciones de acuerdo con su nivel competencial en materia
turística. Prácticamente es igual que la presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, pero en nuestra enmienda transaccional in voce
queda más claro que dichas competencias turísticas están en manos de las
comunidades autónomas. Caso de que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya aceptara esta enmienda transaccional in
voce nuestro grupo parlamentario apoyaría la moción presentada por su
grupo parlamentario. Voy a trasladar al Presidente de la Cámara dicha
enmienda transaccional in voce.
Muchas gracias, señoras y señores Diputados. Muchas gracias, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sánchez i Llibre.
El señor Centella tiene la palabra para expresar la aceptación o no de
las enmiendas planteadas y le rogaría que se pronunciase también respecto
a la enmienda transaccional planteada por el Grupo Catalán (Convergència
i Unió).
El señor CENTELLA GOMEZ: Nosotros estamos en disposición de aceptar la
enmienda del Partido Socialista Obrero Español. Referente a la del Grupo
Popular aceptamos el punto 2 con la enmienda transaccional que nos
propone el Grupo Catalán (Convergència i Unió); por tanto, la moción
definitiva quedaría compuesta por dos apartados. El primero sería la
enmienda del Partido Socialista Obrero Español y el segundo la del Grupo
Parlamentario Popular con la transaccional del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Evidentemente, pues, nosotros no estaríamos en
disposición de admitir el punto tercero de la enmienda del Partido
Popular, porque entendemos, como ya hemos dicho en nuestra exposición,
que no solamente no aporta nada nuevo sino que, al contrario, propone
algo que no está nada claro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.
Señor Gamero, ¿acepta S. S. la transaccional que se ofrece desde el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha aceptado a su vez el
grupo proponente de la moción?
El señor GAMERO MIR: Sí, señor Presidente. En nuestro ejercicio de tratar
de buscar fórmulas de consenso, al margen de las discrepancias que
podamos mantener y, sobre todo fundamentalmente, en aras a apoyar al
sector turístico, aceptamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Gamero.
¿Algún grupo parlamentario se opone a la enmienda transaccional? (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)
Votación correspondiente a la moción, consecuencia de interpelación
urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, sobre política del Gobierno en materia turística y las
medidas a desarrollar para mejorar la capacidad competitiva de la
industria turística en los términos resultantes de la aceptación de
distintas enmiendas por parte del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a
favor, 297.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada por
unanimidad.
El Pleno se reanudará mañana a las cuatro de la tarde. Se suspende la
sesión.
Eran las nueve y treinta cinco minutos de la noche.