Ruta de navegación

Publicaciones

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 81, de 07/05/1997
PDF





CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE



Año 1997 VI Legislatura Núm. 81



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 78



celebrada el miércoles, 7 de mayo de 1997



ORDEN DEL DIA:



Preguntas



Interpelaciones urgentes:



-- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política del
Gobierno en materia de transportes aéreos entre la Península y los
Archipiélagos (número de expediente 172/000044) (Página 3991)



-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre las medidas a impulsar para garantizar una política
educativa pública (número de expediente 172/000043) (Página 4024)



-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en
relación a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
(número de expediente 172/000045) (Página 4032)
*
*
*
*
*
*
*



Página 3986




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Preguntas (Página 3991)



Del Diputado don Alejandro Ballestero de Diego, del Grupo Popular en el
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno que va a
repercutir el acuerdo sobre la Reforma del Mercado Laboral en el empleo
juvenil? (Número de expediente 180/000610) (Página 3991)



Del Diputado don Joaquín Almunia Amann, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Sabe Vd.

quién está filtrando en algunos periódicos información fiscal de carácter
reservado? (Número de expediente 180/000621) (Página 3992)



Del Diputado don Francisco Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula al Gobierno:
¿Qué medidas ha adoptado o piensa adoptar el Gobierno español en el marco
de la Unión Europea, ante el de los Estados Unidos, para garantizar la
libertad de comercio ejercida por empresarios españoles con intereses
económicos en la República de Cuba, a la vista de la aplicación de leyes
de carácter extraterritorial por el Gobierno Norteamericano que violan el
libre comercio mundial y que suponen la detención de ciudadanos españoles
que transitan por el territorio de los Estados Unidos? (Número de
expediente 180/000601) (Página 3993)



Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, que
formula al Excmo. Sr. Vicepresidente primero y Ministro de la
Presidencia: ¿Qué iniciativas diplomáticas tomó o va a tomar el Gobierno
para facilitar la libertad condicional del ciudadano español Francisco
Javier Ferreiro? (Número de expediente 180/000603) (Página 3995)



Del Diputado don Hipólito Fariñas Sobrino, del Grupo Popular en el
Congreso, que formula al Gobierno: ¿En qué situación se encontraba el
mantenimiento de los vehículos TOA del Ejército de Tierra que no podían
ser atendidos por el Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
(CMSA)? (Número de expediente 180/000613) (Página 3996)



Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Popular en el
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Ministerio valorar la
revisión de las gratificaciones que percibirán en 1997 los militares de
reemplazo durante el Servicio Militar para compensar la movilidad
geográfica? (Número de expediente 180/000614) (Página 3997)



Del Diputado don Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Popular en el
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno ascender al empleo
honorífico y con carácter general a los militares mutilados en Acto de
Servicio? (Número de expediente 180/000615) (Página 3998)



Del Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué interés tiene para la defensa nacional la
Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid? (Número de expediente
180/000628) (Página 3999)



Del Diputado don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convèrgencia i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué inversiones
en mejora del trazado y mantenimiento de la N-350, entre el Pont de
Montañana y la frontera con Francia tiene previsto realizar el Gobierno
durante el ejercicio de 1997? (Número de expediente 180/000608) (Página 4000)



Del Diputado don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convèrgencia i Unió), que formula



Página 3987




al Gobierno: ¿Para cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento
adjudicar las obras de construcción de los enlaces y ramales de conexión
en la carretera N-145, que une La Seu d'Urgell con la frontera con
Andorra, en los puntos kilométricos 2,200, 8,200 y 9,000? (Número de
expediente 180/000609) (Página 4001)



Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
criterio tiene el Gobierno en relación con las diferentes indemnizaciones
cobradas por los Presidentes de las Autoridades Portuarias de España con
motivo de su cese? (Número de expediente 180/000612) (Página 4001)



Del Diputado don Emilio Pérez Touriño, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Gobierno: ¿Qué inversión tiene previsto efectuar el
Gobierno para la modernización de las infraestructuras ferroviarias
gallegas en el bienio 1997-1998? (Número de expediente 180/000627)
(Página 4002)



Del Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula a la
Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Qué criterios de actuación se van a
adoptar por el Gobierno para la ejecución de la reciente sentencia del
Tribunal Supremo sobre el denominado caso Tous y la consecuente justa
indemnización a los damnificados? (Número de expediente 180/000604)
(Página 4004)



Del Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Justicia: ¿Cuándo
piensa la Sra. Ministra de Justicia cubrir la plaza de Fiscal Jefe de la
Audiencia Nacional? (Número de expediente 180/000625) (Página 4005)



De la Diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de
Justicia: ¿Va Vd. a aceptar la propuesta de sanción que le eleva el
Fiscal General del Estado sobre la Fiscal Márquez de Prado? (Número de
expediente 180/000626) (Página 4005)



De la Diputada doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los
criterios de política criminal de este Gobierno en materia de aborto?
(Número de expediente 180/000632) (Página 4006)



Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el criterio del
Gobierno en relación con la subida de las tarifas en los vuelos
interinsulares del Archipiélago Canario, que se viene aplicando por la
Compañía Binter-Canarias, del Grupo Iberia, desde el pasado 25 de abril?
(Número de expediente 180/000605) (Página 4007)



Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Popular en el
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno
para facilitar a los cotribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales en la próxima Campaña de Renta 96? (Número de expediente
180/000611) (Página 4008)



Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la
aplicación de sanciones en caso de déficit excesivo para los países que
no cumplan el Pacto de Estabilidad? (Número de expediente 180/000622)
(Página 4009)



Del Diputado don Pedro Solbes Mira, del Grupo Socialista del Congreso,
que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y
Hacienda: ¿Qué valoración hace el Gobierno del V Informe sobre ayudas
nacionales de la Comisión Europea? (Número de expediente 180/000623)
(Página 4011)



Página 3988




Del Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo y Ministro de
Economía y Hacienda: ¿Cuándo está previsto privatizar Argentaria? (Número
de expediente 180/000624) (Página 4012)



Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Popular en el
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué finalidad tiene el recientemente
aprobado Real Decreto sobre Directrices Generales Comunes de los Planes
de Estudios Universitarios? (Número de expediente 180/000616) (Página 4013)



Del Diputado don Juan Carlos Ruiz López, del Grupo Popular en el
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué incremento ha habido este año en
los recursos destinados a «Programas de Garantía Social»? (Número de
expediente 180/000617) (Página 4014)



Del Diputado don Amador Alvarez Alvarez, del Grupo Popular en el
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno satisfactoria
la respuesta del público a la nueva etapa del Centro Dramático Nacional?
(Número de expediente 180/000618)4015)



Interpelaciones urgentes (Página 4016)



Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política del
Gobierno en materia de transportes aéreos entre la Península y los
Archipiélagos (Página 4016)



Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, el señor Rivero Baute. Se refiere en primer lugar a una
interpelación presentada el pasado 11 de diciembre por el Grupo
Parlamentario Socialista sobre la adaptación de España a las políticas
comunitarias de liberalización del transporte aéreo, que dio lugar a un
importante debate donde se analizó el nuevo panorama que se abría con la
entrada en vigor del tercer paquete de liberalización del tráfico aéreo,
y donde el señor Ministro de Fomento expuso las directrices básicas de su
departamento en materia de transporte aéreo: aplicar las políticas de
liberalización comunitaria; definir las obligaciones de servicio público
que preve la legislación comunitaria en relación con los servicios aéreos
regulares a regiones periféricas, regiones en desarrollo o rutas
regionales de baja densidad de población; impulsar la proyección de las
compañías aéreas españolas en el exterior; fortalecer la dimensión
estratégica del sistema aeroporturario español, especialmente Barajas, y
culminar todo este proceso con la presentación a la Cámara de una nueva
ley de navegación aérea que ponga fin a la dispersión y a la
obsolescencia que tiene la normativa vigente.

Manifiesta que Coalición Canaria está de acuerdo con estos criterios
globales de la política de transporte del Ministerio de Fomento, pero
estima que hay que dar soluciones rápidas a determinadas cuestiones
importantes, porque retrasarlas podría ocasionar perjuicios económicos,
sociales e incluso políticos. Considera que las medidas liberalizadoras
se han tomado con carácter general y hay determinadas zonas que tienen
que tener una especial protección por su fragilidad, debida a su carácter
ultraperiférico, a que no existen alternativas al transporte por barco o
avión y a que el volumen de pasaje entre las islas es insuficiente para
hacer rentables esas rutas.

Denuncia a continuación la salvaje subida de los precios de las compañías
aéreas que operan entre la Península y Canarias o la Península y
Baleares, lo que en nada favorece la cohesión territorial del Estado.

Termina su interpelación preguntando al Gobierno qué política piensa
desarrollar para garantizar, en condiciones adecuadas, el transporte
aéreo de personas y mercancías entre la Península y los archipiélagos
balear y canario y para que éste se desarrolle conforme a los principios
y normas del Derecho comunitario.

Contesta en nombre del Gobierno el señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato Figaredo), que
comparte plenamente la preocupación expresada por el portavoz de
Coalición Canaria respecto a practicamente todos los aspectos que ha
planteado en su interpelación. En cuanto al aumento de tarifas aéreas que
recientemente han llevado a cabo las principales compañías aéreas
manifiesta que el Gobierno se ha visto obligado a actuar inmediatamente
por los efectos que tiene, sobre todo en aquellos casos en los que no
existen medios de transporte alternativos. Informa que el servicio de
Defensa de la Competencia ha iniciado un trámite de información



Página 3989




reservada, previo a la decisión de incoar expediente, mediante un
requerimiento de información a las compañías y una investigación de las
sedes en las propias compañías. Como consecuencia de la investigación se
ha llegado a la conclusión de que existen indicios de que hubiese un
acuerdo, no beneficioso para los consumidores, en el sentido de aumentar
las tarifas simultáneamente, homogeneizando algunas de ellas. Sin
embargo, añade, la incoación de este expediente no supone para nada una
declaración de culpabilidad de las tres compañias y el Gobierno, aunque
ha actuado con diligencia, mantiene el principio de presunción de
inocencia. No obstante, si el Tribunal de Defensa de la Competencia,
después de todos los trámites pertinentes, estimase que se había
vulnerado la Ley de Defensa de la Competencia, se podría llegar a imponer
una sanción de hasta el 10 por ciento del volumen de negocio del
ejercicio anterior de esas compañías.

Pasa a continuación a defender el libre juego de la competencia y afirma
que este sistema ha producido efectos extraordinariamente positivos para
los usuarios, sin embargo, el Gobierno es plenamente consciente de que
existen condiciones de distancia, de insularidad y regiones
ultraperiféricas que justifican una política de intervención en los
precios, y ésta es la que se define en el régimen de ayudas, que
constituye un elemento fundamental en la política de transportes del
actual Gobierno. Añade que si esta política de subvenciones resultara
insuficiente, se revisaría. En cuanto a la declaración de servicio
público, cuestión planteada por el interpelante, reconoce que
efectivamente existe esa posibilidad en la legislación comunitaria, pero
el Gobierno español no la ha aplicado con respecto a los vuelos entre la
Península y los archipiélagos por considerar que con las políticas que se
están llevando a cabo es suficiente, aunque no se niega a contemplar esa
posibilidad. Espera que en próximos trámites parlamentarios se pueda
definir el hecho insular, de manera que los ciudadanos puedan tener clara
cuál es la política del Gobierno con respecto a la competencia y a las
subvenciones al transporte, dentro del reconocimiento del hecho insular.

En turno de réplica interviene el señor Rivero Baute, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, duplicando el señor Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ríos Martínez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre las medidas a impulsar para garantizar una política
educativa pública (Página 4024)



Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Aramburu del Río. Manifiesta
que cada vez que sube a la tribuna a solicitar una enseñanza financiada,
de calidad y pública, está predicando en el desierto. Considera que uno
de los perfiles que definen al Gobierno Aznar es el haber sido el
gabinete que abordó el mayor recorte presupuestario para la enseñanza
pública y el mayor incremento para la privada desde los albores de la
transición hasta la contemporaneidad de nuestros días.

A continuación hace una crítica de la política educativa llevada a cabo
por el departamento de la señora Ministra, clasificándola en diez puntos.

Primero, un aumento del ratio contemplado en la Logse; segundo, una
reducción de los gastos de funcionamiento de los centros; tercero, una
congelación de las becas; cuarto, la supresión de la posibilidad de dos
idiomas y de asignaturas experimentales; quinto, el recorte drástico de
las inversiones e incumplimiento de la memoria económica de la Logse;
sexto, la no aplicación de los acuerdos alcanzados con los sindicatos
sobre plantillas y profesorado; séptimo, modificación a la baja de los
requisitos mínimos de los centros; octavo, la ruptura de un modelo de
coordinación de los centros públicos mediante la nueva norma de admisión;
noveno, la condena de las comunidades autónomas más deficitarias que van
a recibir las transferencias a una situación de absoluta precariedad a
partir del próximo uno de enero; y décimo, la utilización de los
decretazos para modificar las ideas de la Logse que el Partido Popular
considera nocivas por excesivamente progresistas.

Dejando de lado las ideologías de la señora Ministra, reconoce su mesura
y temple para solucionar conflictos y espera de ella un gesto creíble que
dé testimonio de su voluntad en cuanto a garantizar una educación
pública.

La señora Ministra de Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma)
contesta a la interpelante diciendo que también ella, cada vez que sube a
la tribuna para contestar a la señora Aramburu, tiene la sensación de que
sus argumentos y razones no la convencen, por lo que tiene que volver a
repetir lo dicho en otras ocasiones: que no ha habido recorte
presupuestario ni ausencia de negociaciones, sino



Página 3990




todo lo contrario. A continuación, aprovecha la oportunidad que le brinda
la interpelante para hacer un balance de la política educativa no
universitaria y se muestra muy preocupada por la calidad de la enseñanza
pública, considerando impresentable el nivel de España según un estudio
publicado ultimamente en la revista «The Economist». Respeta la ideología
de la señora Diputada, pero le gustaría que también respetaran la suya y
está segura que coincidira en que los principios esenciales en la
enseñanza pública son la calidad y la libertad. Y termina diciendo que
éste ha sido el año del diálogo, de la libertad y de la calidad en el
sistema público de enseñanza.

Replica la señora Aramburu del Río, duplicando la señora Ministra de
Educación y Cultura (Aguirre y Gil de Biedma).

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bayona Aznar,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Guerra Zunzunegui, del Grupo
Parlamentario Popular.

Intervienen en un segundo turno el señor Bayona Aznar y la señora
Ministra de Educación y Cultura



Del Grupo Socialista del Congreso, sobre la política del Gobierno en
relación a la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
(Página 4032)



Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
la señora Rubiales Torrejón. Comienza haciendo alusión a la orden de
ingreso en prisión dictada por la Audiencia de Barcelona de dos
facultativos por haber realizado un aborto en el año1990. Por otra parte,
manifiesta que para presentar la interpelación se ha leído los «Diarios
de Sesiones» en los que se recogen los debates sobre el tema del aborto y
ha podido constatar que la derecha siempre se ha negado a cualquier
iniciativa en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Se
refiere a continuación al proyecto de ley del Gobierno socialista por el
que se reformaba el artículo 417 bis del Código Penal, en el que se
despenalizaba el aborto en los tres famosos supuestos de indicación
médica, eugenésica y ética, y a las enmiendas planteadas entonces por
partidos de la derecha y centristas. Como consecuencia de algunas
insuficiencias detectadas a lo largo de diez años, el Gobierno socialista
volvió a presentar un proyecto de ley orgánica sobre regulación de la
interrupción voluntaria del embarazo, que volvió a ser enmendado por el
Grupo Parlamentario Popular, cuya portavoz en aquel debate dijo que no
había en esos momentos ninguna mujer española en la cárcel por haber
realizado un aborto. Sin embargo, añade la interpelante, hoy hay dos
médicos que pueden ir a la cárcel por haber realizado un aborto a una
mujer que estaba en una situación muy conflictiva.

Ante la acusación que se puede hacer a los socialistas de que ellos
deberían haber reformado la ley antes y haberla hecho mejor, responde que
posiblemente sea cierto, pero quiere dejar claro, porque cree que es de
justicia, que han hecho mucho y quieren hacer más, porque la sociedad
española así lo demanda, porque entre todos se ha de buscar un sistema
eficaz de protección de los derechos e intereses en juego y porque están
obligados por el compromiso suscrito por España en la IV Conferencia
Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, celebrada en Pekín en 1995, y
la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de marzo de 1990.

Encuentra absurdo repetir lo de que cuando una mujer decide abortar es
porque existen razones muy serias y meditadas que la obligan a hacerlo,
cuando lo cierto es que las disposiciones penales no sirven por sí solas
para resolver los conflictos que presenta la realidad social y que cuando
el aborto se prohibe se sigue realizando aunque sea de manera
clandestina.

Termina su intervención haciendo dos preguntas muy concretas: si está
dispuesto o no el Gobierno a conceder urgentemente el indulto a los dos
médicos condenados por aborto y si va a adoptar alguna iniciativa
legislativa o van a apoyar las que presente la oposición para proceder a
una reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo que venga a
resolver los problemas que hoy plantea la sociedad, de acuerdo con la
Constitución, separando la moral del Derecho y respetando las creencias
legítimas de cada uno y la libertad de todos.

Contesta en nombre del Gobierno la señora Ministra de Justicia (Mariscal
de Gante y Mirón). Considera que el interés del Grupo Parlamentario
Socialista se centra fundamentalmente en saber cuál es la política
criminal del Gobierno en esta materia y, concretamente, la política sobre
indulto en materia de delitos de aborto, cuestiones a las que se va a
ceñir en su contestación, olvidando la serie de medidas que el Gobierno
ha efectuado en orden a la protección de la mujer y del menor.

Comienza dando una serie de datos estadísticos que figuran en unas
encuestas realizadas por el Gobierno socialista, por lo que no cree que
se pueda decir que han sido manipuladas. Estos datos la llevan a
cuestionar el presupuesto que sustenta la interpelación



Página 3991




en cuanto que exista un sustrato sociológico que, desde la necesidad
impuesta por los hechos y desde la conciencia generalizada de la
sociedad, imponga o aconseje modificaciones legales en un texto del
Código Penal cuya entrada en vigor data de apenas un año. También cree
llegado el momento de destruir otro equívoco que pretende introducirse,
según su opinión, al amparo de la interpelación, y es que la sensibilidad
frente a casos extremos reclama necesariamente la despenalización y que
cualquier otra actitud supone condenar a la mujer que se encuentra en esa
situación insostenible a sufrir una pena de privación de libertad de
forma inexorable. Añade que lo único que se produce es que se inicia un
sistema de control penal, cuyo fin es una sentencia, que tiene por
contenido un juicio valorativo matizado, en el que las circunstancias de
cada caso sean determinantes a la hora de moderar o excluir la respuesta
penal sobre los hechos. El Gobierno no quiere hacer un debate ideológico,
sino centrar su política en el respeto escrupuloso de la Constitución y
en el mantenimiento y potenciación de la protección que ésta reclama de
los poderes públicos. Por último, en respuesta a las dos preguntas
concretas de la interpelante manifiesta que el Gobierno aplicará a las
peticiones de indulto expuestas por la señora Diputada la misma
tramitación que se da al resto de los indultos solicitados al Gobierno y
que no tiene pensado ampliar los supuestos de aborto.

Replica la señora Rubiales Torrejón, duplicando la señora Ministra de
Justicia.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Almeida
Castro, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular.

Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




PREGUNTAS:



--DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO BALLESTERO DE DIEGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO PIENSA EL GOBIERNO
QUE VA A REPERCUTIR EL ACUERDO SOBRE LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL EN EL
EMPLEO JUVENIL? (Número de expediente 180/000610)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Punto VI del orden del día: preguntas orales al Gobierno en el Pleno. En
primer lugar, pregunta número 18, que formula al Gobierno don Alejandro
Ballestero de Diego, Diputado del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.)
Silencio, señorías.

Señor Ballestero.




El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, el principal problema de los jóvenes españoles es, como
usted bien conoce, el paro. Las cuotas de desempleo juvenil se sitúan en
nuestra nación en torno al 46,5 por ciento frente al 18 por ciento del
resto de los países de la Unión Europea. Además, la precariedad laboral
está en torno a un 75 por ciento entre los trabajadores menores de 30
años, mientras que en el resto se sitúa alrededor del 35 por ciento. Como
consecuencia de este lastre, los jóvenes arrastramos otros grandes
inconvenientes, como es la dificultad de acceder a una vivienda y la
emancipación tardía, ocasionada sin duda por la imposibilidad de
conseguir nuestra independencia económica.

La política de los últimos años en materia de juventud nos ha llevado a
ostentar estos tristes récords, que van en detrimento del progreso en
nuestra nación, pues atacan frontalmente la línea de flotación de lo que
constituye el principal activo de cualquier nación, los jóvenes, y, por
tanto, el futuro. En nuestro grupo tenemos claro que el problema del paro
afecta a todos los segmentos de la población, pero también sabemos que
hay sectores, como los jóvenes, los parados de larga duración o los
mayores de 45 años, especialmente afectados y hacia los que irá dirigido
el acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresarios. Desde el Partido
Popular llevamos muchos años reclamando políticas específicas dirigidas a
paliar el problema del desempleo en un núcleo tan perjudicado como es la
juventud, que podría ser la gran beneficiada del acuerdo alcanzado entre
sindicatos y empresarios, sobre todo en cuanto a medidas de contratación.

Por eso, ¿cómo piensa el Gobierno, señor Presidente, que va a repercutir
el acuerdo sobre la reforma del mercado laboral en el empleo juvenil?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ballestero.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.

Señor Diputado, como ha dicho muy bien S. S., uno de los objetivos
prioritarios del Gobierno a la hora de impulsar el acuerdo social
alcanzado entre empresarios y sindicatos era justamente el fomento del
empleo juvenil. Ese objetivo se ha conseguido por la responsabilidad



Página 3992




de empresarios y sindicatos y, en consecuencia, el Gobierno espera que la
repercusión de ese acuerdo sea favorable tanto cuantitativa como
cualitativamente para la situación laboral de los jóvenes.

Se ha establecido en ese acuerdo un nuevo contrato de formación que desde
el punto de vista de las condiciones salariales, así como de la
protección social, tiene grandes ventajas respecto del anterior contrato
de aprendizaje. Se ha establecido una cualificación profesional
específica que sirve como elemento de unión con lo que significa la
evolución del sistema productivo y, en consecuencia, con la posibilidad
de establecer puentes para llegar a fórmulas más estables de
contratación. Se ha establecido también una unión muy estrecha respecto
de lo que significa el nuevo contrato con las bases firmadas entre el
Gobierno y los interlocutores sociales respecto al programa nacional de
formación profesional y se ha incorporado un principio de futura
estabilidad en los contratos, ya que los convenios colectivos podrán
determinar aquellas circunstancias y condiciones en las cuales estos
contratos puedan pasar a tener carácter indefinido.

Le daré algunos datos, señoría. En 1996 se firmaron en España 8.627.000
contratos, en números redondos, de los cuales 8.273.000 fueron de
duración determinada; de esos, el 70 por ciento, por una duración
inferior a los tres meses. Se firmaron 184.000 contratos de aprendizaje.

Estos datos por sí solos avalan claramente la necesidad del acuerdo,
ilustran muy especialmente lo que significa un paisaje que hay que
cambiar desde el punto de vista laboral en nuestro país, y, desde luego,
en un momento en el que el empleo, como sabe S. S., está evolucionando
favorablemente en nuestro país, debemos adoptar esas medidas con la mayor
celeridad posible, también por parte de esta Cámara, buscando, como he
dicho ya, el respaldo y el consenso mayor posible.

En definitiva el Gobierno va a seguir trabajando en dos ejes
fundamentales, lo que es lucha contra el paro manteniendo unas
condiciones de crecimiento económico y lo que es el diálogo social que
rinde frutos buenos y conocidos.

Gracias, señoría. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente del Gobierno.




--DEL DIPUTADO DON JOAQUIN ALMUNIA AMANN, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿SABE USTED QUIEN
ESTA FILTRANDO EN ALGUNOS PERIODICOS INFORMACION FISCAL DE CARACTER
RESERVADO? (Número de expediente 180/000621)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno el
Diputado don Joaquín Almunia Amann, portavoz del Grupo Socialista.

Señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Presidente del Gobierno, el día 25 de abril el periódico Abc daba
cuenta de un supuesto expediente tributario de la Inspección de Hacienda
en relación al Ivima, que es un organismo público de la Comunidad de
Madrid. Ese mismo día, en una cadena de radio se hablaba de que el diario
Abc podría estar incurso en algún expediente de deudas tributarias de los
que se están investigando en una Comisión de investigación que trabaja en
esta Cámara. Tres días después, el 28 de abril, fue el periódico El Mundo
en este caso quien hablaba de que una empresa, la empresa Huarte, también
estaba incursa en el listado de esos expedientes tributarios sobre los
que se investiga. En esa misma semana el diario Abc reconocía que era
cierto lo que se había dicho de que Prensa Española, que es la empresa
editora de ese periódico, era protagonista de uno de los expedientes de
los que al parecer se están investigando aquí.

No es la primera vez que esto sucede. En noviembre del año 1996 un
antecesor suyo en el cargo de la Presidencia del Gobierno, el señor don
Adolfo Suárez, fue objeto de tratamiento en el periódico El Mundo, que
informaba de un expediente que al parecer la Hacienda pública había
estado llevando a cabo sobre sus tratos con la misma.

¿Quién está hurgando en los expedientes de Hacienda, señor Presidente?
¿Quién se mete en los ordenadores de Hacienda? ¿Quién ordena que se
busque esa información y quién permite que esa información llegue a los
medios de comunicación? En definitiva, ¿quién es el responsable de este
despropósito? (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.

Señor Presidente del Gobierno.

Silencio, señorías.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señor
Presidente.

Señor Diputado, no tengo la menor duda de que la Agencia Tributaria está
actuando plenamente de conformidad con la ley y de que, por tanto, si hay
una filtración, no es responsabilidad de la Agencia Tributaria, ni del
Ministerio de Economía y Hacienda, ni del Gobierno.

(Protestas.--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Señor Almunia.




El señor ALMUNIA AMANN: Señor Presidente del Gobierno, el responsable no
es la Agencia Tributaria,



Página 3993




el responsable de lo que está sucediendo es usted.

(Protestas.--Aplausos.) El principal responsable es usted, señor
Presidente del Gobierno, desde que el 15 de enero hizo unas declaraciones
absolutamente irresponsables e impropias del cargo que ostenta, hablando
de presuntos favores, perdones y amigos (Un señor Diputado: ¡El
pelotazo!), sin ningún fundamento, acusaciones que alguien calificó de
gravísimas y que nadie ha podido probar, ni usted, ni su Ministro de
Economía, ni el Secretario de Estado de Hacienda, ni nadie de los que
tratan de salvarle a usted la cara, porque usted cometió una enorme
irresponsabilidad acusando de prevaricación a anteriores responsables de
la Hacienda pública y no quiere o no sabe o no puede dar su brazo a
torcer una vez que nadie ha probado, nadie prueba ni nadie va a poder
probar esa acusación calumniosa que está generando un clima impropio de
una democracia. (Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Almunia.

Silencio, señorías.

Señor Presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Me alegro de que por lo
menos, señor Diputado, salve usted de sus iras a la Agencia Tributaria,
porque estoy seguro de que ha adoptado todas las medidas cautelares
necesarias para, conforme a la ley, salvaguardar la confidencialidad de
los datos que tiene que administrar dicha Agencia Tributaria, que además
está cumpliendo justamente con la legalidad en todas aquellas
informaciones que le está solicitando la Comisión parlamentaria de
investigación y que también está cumpliendo escrupulosamente con la
legalidad en todas las informaciones que le está solicitando el juzgado
de instrucción correspondiente de la Audiencia Nacional.

Como usted sabe muy bien, el Gobierno no tiene acceso a información
reservada de carácter tributario, a diferencia, a lo que parece, de
algunos diputados de su grupo parlamentario, porque la primera persona,
señor Almunia, que mencionó los nombres de dos entidades financieras, que
yo no voy a repetir aquí justamente por sentido de la responsabilidad,
fue su jefe de filas, hoy ausente; dos nombres, fue su jefe de filas, hoy
ausente, la primera persona. (Aplausos.--Fuertes rumores.--Varios señores
Diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Y yo no sé la razón
por la que fueron mencionadas esas entidades financieras e ignoro,
además, si figuran en esa lista. Y luego fue otro Diputado de su grupo
parlamentario quien dio más nombres y estableció relaciones de carácter
personal con algunas empresas que se decía que estaban en esa lista que
estaba investigando la Comisión parlamentaria. Y un tercer Diputado de su
grupo dio también nombres al respecto.

Y aquí, señor Almunia, después de los hechos vienen las explicaciones y
aquí hay que explicar algo que no le corresponde a este grupo. Primero,
hay que explicar por qué, contra las advertencias de parte de la
Administración y de los órganos jurisdiccionales, se dejaron prescribir
unos expedientes que debían ser cobrados, primera explicación que hay
dar. (Aplausos.--Protestas.)
Segunda explicación, ¿cómo es posible que ahora se digan nombres sobre
unos expedientes (Un señor Diputado: ¡Tancredo!) por importe de más de
220.000 millones de pesetas, 562 contribuyentes concretos, determinados,
por importe de 190.000 millones, que deben ser tan concretos que a alguna
de las señorías de su grupo parlamentario le parece oportuno hasta decir
sus nombres, cosa que desde luego nadie de este grupo parlamentario ha
hecho? (Aplausos.--Protestas.) En tercer lugar, señor Almunia, además de
las explicaciones y de los hechos, en relación con eso que se califica de
favores o de amigos, nada mejor que citarle a usted...




El señor PRESIDENTE: Señor Presidente...




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Ha dicho usted señor
Almunia que hacer regalos a los amigos consiste en favorecer a unos pocos
en perjuicio de muchos...




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Nada como eso para pasar
a la historia.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente. (Fuertes
aplausos.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben)



--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO FRUTOS GRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUE MEDIDAS HA ADOPTADO O PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL MARCO
DE LA UNION EUROPEA, ANTE EL DE LOS ESTADOS UNIDOS, PARA GARANTIZAR LA
LIBERTAD DE COMERCIO EJERCIDA POR EMPRESARIOS ESPAÑOLES CON INTERESES
ECONOMICOS EN LA REPUBLICA DE CUBA, A LA VISTA DE LA APLICACION DE LEYES
DE CARACTER EXTRATERRITORIAL POR EL GOBIERNO NORTEAMERICANO QUE VIOLAN EL
LIBRE COMERCIO MUNDIAL Y QUE SUPONEN LA DETENCION DE CIUDADANOS ESPAÑOLES
QUE TRANSITAN POR TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS? (Número de expediente
180/000601)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 11, que formula al Gobierno el
Diputado don Francisco Frutos



Página 3994




Gras, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.

Señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Señor Presidente, Vicepresidente o Gobierno en
pleno, me da lo mismo (Risas.), ¿qué medidas ha adoptado o piensa adoptar
el Gobierno español, en el marco de la Unión Europea, ante el de los
Estados Unidos para garantizar la libertad de comercio ejercida por
empresarios españoles con intereses económicos en la República de Cuba, a
la vista de la aplicación de leyes de carácter extraterritorial por el
Gobierno norteamericano que violan el libre comercio mundial y que
suponen la detención de ciudadanos españoles que transitan por territorio
de Estados Unidos?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.

Señor Vicepresidente Primero del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.

Señor Frutos, la posición tradicional del Gobierno español ha sido
siempre la de oponerse al embargo económico que han impuesto desde hace
muchos años los Estados Unidos, pero cuando los Estados Unidos dieron un
paso más en su política comercial con Cuba, ampliando su embargo con
medidas extraterritoriales, el Gobierno español reaccionó contra esas
medidas, y, en concreto, en el seno de la Unión Europea, además de
rechazar las medidas extraterritoriales, en primer lugar, se procedió a
denunciar en la Organización Mundial de Comercio estos aspectos de la ley
Helms-Burton y se exigió la constitución de un panel contra estas
disposiciones. Hace muy pocos días se ha llegado a un compromiso entre la
Comisión Europea y la Administración estadounidense por el cual esta
última acepta revisar los aspectos extraterritoriales de la ley
Helms-Burton y no aplicarlos a ciudadanos y empresas europeas. En segundo
lugar, la Unión Europea adoptó otra medida de protección de sus intereses
económicos y comerciales en sus relaciones con Cuba, que fue un
reglamento comunitario directamente aplicable en todos los Estados
miembros.

Finalmente, para completar todas estas medidas adoptadas en el seno de la
Unión Europea así como el reglamento citado el Gobierno español prepara
una legislación específica que proteja a los españoles de cualquier tipo
de medidas extraterritoriales que puedan ser aplicadas por países
terceros.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

Señor Frutos.




El señor FRUTOS GRAS: Señor Vicepresidente, el problema no es sólo el
tráfico que se realiza, que, por cierto, lo realizan empresas, personas,
lo hace todo el mundo e incluso ya hay rutas concretas que representan un
buen negocio para las compañías que las utilizan. El problema, señor
Vicepresidente, es que los Estados Unidos han cogido un rehén con el cual
hacen presión, chantaje y extorsión. En este caso concreto, señor
Vicepresidente, no se trata sólo del problema de un tráfico o de una
detención, por arbitraria que ésta sea, sino de que los Estados Unidos
tienen una ley por la que cualquier persona o cualquier entidad puede ser
condenada a muchos años de cárcel por bombardear Cuba con pañales
desechables, que, como todo el mundo sabe, son un elemento muy peligroso
de la guerra fría o caliente que tenemos en este momento.

A nuestro entender, se ponen en evidencia tres cosas en la actuación del
Gobierno español. En primer lugar, ya sé que hay un tratamiento del tema
ante la Unión Europea y sé que se ha tratado por parte de España ante el
Gobierno de los Estados Unidos, pero hay una sordina en el momento de
actuar ante la arbitrariedad de casos como el que nos ocupa. En segundo
lugar, hay una aceptación, en cierta manera pasiva y resignada, ante los
extremos en los que actúa el Gobierno de los Estados Unidos vulnerando
leyes internacionales. En tercer lugar --y lo más importante--, nos
encontramos ante la falta de legislación española para proteger la
actividad económica como ya hacen otros países, caso de Canadá, Gran
Bretaña o lo que dice el propio reglamento 2271/1996 de la Unión Europea.

Nuestro grupo les emplaza a que trabajen con diligencia y a que hagan las
gestiones incluso personales ante el Gobierno de los Estados Unidos. Por
cierto, señor Vicepresidente, no envíen a realizar estas gestiones al
señor Robles Fraga o al señor Gortázar, porque entonces sí que sería peor
y seguramente el señor Ferreiro se quedaría eternamente. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Frutos.

Señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.

Señor Frutos, desconsideraciones personales aparte, en las que no voy a
entrar y que usted ha utilizado al final de su pregunta, quiero hacerle
dos puntualizaciones en el tiempo que me queda. En primer lugar, el señor
Ferreiro, en lo que hace referencia a su situación en los Estados Unidos,
no es objeto de la aplicación de una ley extraterritorial, sino que la
ley que se le aplica al señor Ferreiro en los Estados Unidos es una ley
que prohíbe el comercio desde los Estados Unidos. Por tanto, la
interpretación que usted hace de ese asunto no es exacta.

En segundo lugar, lo que está haciendo el Gobierno español en términos de
país soberano a país soberano, de Estado de Derecho a Estado de Derecho
es exactamente



Página 3995




lo mismo que le permitiría hacer a los Estados Unidos si se tratara de un
ciudadano estadounidense en España. Confío en que S. S. no le pida al
Gobierno español aquello que usted no estaría dispuesto a que el Gobierno
español hiciera si se tratara de un ciudadano americano detenido en
España. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.




--DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUE INICIATIVAS DIPLOMATICAS TOMO O VA A
TOMAR EL GOBIERNO PARA FACILITAR LA LIBERTAD CONDICIONAL DEL CIUDADANO
ESPAÑOL FRANCISCO JAVIER FERREIRO? (Número de expediente 180/000603)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula al Gobierno el
Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.

Señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.

El día 21 de abril de 1997 el señor Francisco Javier Ferreiro Parga envió
una carta al señor Presidente del Gobierno español en la que se podía
leer: Señor Presidente, sólo le pido una cosa como máximo representante
de mi pueblo y de mi país, que me facilite la fianza que me permita salir
en libertad condicional. Además se añadía, y esto es lo importante, la
petición de que no le dejasen «abandonado en medio de este siniestro
proceso político que trata de destruir mi vida.»
Pensamos que el Vicepresidente del Gobierno será consciente de que este
no es un caso normal de detención y prisión por infringir una legislación
respetuosa con los derechos humanos y el derecho internacional. Tampoco
se trata de pedir al Gobierno posicionamientos o actividades ilegales,
sino protección para un ciudadano para que pueda defenderse con todas las
garantías de la ley, incluido su derecho a la libertad condicional, en un
contexto más que dudoso.

Por todo esto, le preguntamos al señor Vicepresidente del Gobierno: ¿Qué
iniciativas diplomáticas tomó o va a tomar el Gobierno para facilitar la
libertad condicional del ciudadano español Francisco Javier Ferreiro?
(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.

Un momento, señor Vicepresidente.

Señor Ballestero, señorías, por favor, guarden silencio.

Cuando quiera, señor Vicepresidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señoría, usted ha hecho dos consideraciones,
una, que el Gobierno no le está prestando suficiente atención al señor
Ferreiro y la otra ha sido una propuesta concreta en relación con
facilitar una fianza, y usted sabe perfectamente que, la aplicación de
las leyes, que obligan al Gobierno y a todos a que los ciudadanos sean
iguales ante la ley, impide que el Gobierno español, dentro o fuera de
España, pueda prestar esta fianza.

Sobre todo me interesa mucho destacar que el Gobierno ha hecho todo lo
que está en sus manos, todo lo que cabe hacer en términos de respeto a la
soberanía, al Estado de Derecho y a las normas diplomáticas, extendiendo
su plena protección como acción consular al ciudadano detenido. Si yo le
relato los actos realizados por el Gobierno o sus representantes, creo
que quedará claro que su afirmación de desinterés no se sostiene.

El señor Ferreiro fue detenido el día 1 de abril y el 2 de abril el
cónsul general de España estuvo presente en la primera vista celebrada
ante el juez. Se realizaron gestiones de la embajada de España en
Washington y el director general de América del Norte estuvo desde el
primer momento en contacto con el embajador de Estados Unidos en Madrid,
lo mismo que el secretario de Estado de Política Exterior. El 11 de
abril, en la nueva vista, ante el juez instructor está presente el cónsul
general. El día 28 de abril, en una nueva reunión entre la fiscal del
caso y el abogado defensor, el cónsul general vuelve a estar presente
nuevamente, además de mantener un contacto permanente en los términos que
el propio abogado defensor solicitaba. El día 29 de abril se celebran
entrevistas entre el Ministro de Asuntos Exteriores y una de las hijas
del señor Ferreiro y un encuentro de la misma con el propio Presidente
del Gobierno. Y el día 30 de abril hay una entrevista del Ministro de
Asuntos Exteriores con la secretaria de Estado norteamericana, señora
Albright, en la que se habla de esta cuestión.

Usted puede opinar sobre si los resultados son positivos o insuficientes,
pero lo que no puede poner en duda es el máximo interés del Gobierno
español en este caso.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

Señor Rodríguez.




El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Vicepresidente, las palabras
«abandonado en medio de este siniestro proceso político» no son del
Diputado que les habla sino del propio interesado; nunca hice ningún
juicio de valor respecto a la actitud del Gobierno.




Página 3996




En segundo lugar, lo que importa más es que aunque el Gobierno hable de
la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ustedes deben de
comprender que no se trata de un caso normal, sino de uno de evidentes
connotaciones políticas que están violando derechos de carácter
internacional y, además, en un medio de notable presión psicológica,
ambiental y política. Usted no desconoce lo que significa en Estados
Unidos ser acusado precisamente de comerciar con el enemigo, con un juez
que tiene un cargo político en Miami y en una atmósfera política tan
condicionada por el mundo anticastrista.

Por lo tanto, todos sabemos que nadie tomaría una acción del Gobierno en
este caso como que tratara de privilegiar a un ciudadano frente a otros,
cuando además este ciudadano no es acusado ni de narcotráfico ni de
tráfico de armas. Por eso pensamos que, efectivamente, al margen de esta
actuación consular, que no ponemos en duda, se trataría de utilizar un
recurso legal para avalar con alguna fórmula diplomática la fianza para
conseguir su libertad condicional. Es una aspiración, pienso, del propio
acusado y detenido, no es una aspiración del que les habla.

Nada más y gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
(Alvarez-Cascos Fernández): Señor Diputado, yo respeto sus opiniones en
relación con esta cuestión y nada me agradaría más que poder darle
cumplida satisfacción a las propuestas que usted nos transmite, pero,
repito, la interpretación de las normas obliga a todos, y al Gobierno en
primer lugar.

Quiero decirle que en el marco del reconocimiento de la independencia del
Poder Judicial entre dos Estados soberanos que se basan en el Estado de
Derecho en sus respectivos ejercicios de libertades fundamentales, el
Gobierno español en ningún caso va a rebasar la línea de interferencia en
la justicia, pero tenga usted la seguridad de que va a continuar la labor
de sensibilización de la Administración estadounidense, porque es un caso
que sí tiene una enorme trascendencia política en España. Esa es una
razón más por la que el Gobierno se siente empujado a asumir la máxima
dedicación en la protección de ese ciudadano.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.




--DEL DIPUTADO DON HIPOLITO FARIÑAS SOBRINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUE SITUACION SE
ENCONTRABA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOA DEL EJERCITO DE TIERRA
QUE NO PODIAN SER ATENDIDOS POR EL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
ACORAZADOS (CMSA)? (Número de expediente 180/000613)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al Gobierno don
Hipólito Fariñas Sobrino, Diputado del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Fariñas.




El señor FARIÑAS SOBRINO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Defensa, haciendo una evaluación de la presencia de
unidades dentro del Ejército de Tierra, podemos constatar la presencia de
1.209 unidades de vehículos TOA, transporte oruga acorazado, cuya misión
es el transporte de tropas bajo protección de coraza. Es verdad que las
necesidades de mantenimiento de estos vehículos podemos cifrarlas en unas
150 unidades/año y que el Centro de Mantenimiento de los Sistemas
Acorazados sólo puede atender a unos 100 vehículos/año. Dicho esto, que
no es más que un mero relato de hechos constatables, podemos añadir que,
si nosotros queremos dar solución a este desajuste, tenemos que tomar
medidas tendentes a ello. El Consejo de Ministros del pasado 4 de abril
ha tomado la decisión de aprobar la formalización de unos contratos para
atender ese mantenimiento y corregir ese desequilibrio.

Por todo ello, señor Ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿En qué
situación se encontraba el mantenimiento de los vehículos TOA del
Ejército de Tierra que no podían ser atendidos por el CMSA?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fariñas.

Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.

Como ha dicho, señoría, el Ejército de Tierra dispone de 1.209 vehículos
transporte oruga acorazado que, según las normas establecidas por la casa
fabricante, requieren de una revisión general cada ocho años, lo que nos
da, aproximadamente, una media anual de revisiones de 150 vehículos. El
Centro de Mantenimiento de Vehículos Acorazados que tiene el Ejército de
Tierra en Segovia tiene capacidad para efectuar la revisión anual de
aproximadamente 100 vehículos, con lo cual se iba produciendo un desfase
entre el mantenimiento necesario de estos vehículos y el que realmente
podía efectuarse. Por esa razón, como dice S. S., el Consejo de Ministros
adoptó dos decisiones, ambas encaminadas a mejorar la eficacia de



Página 3997




nuestras Fuerzas Armadas, como dice la directiva de Defensa Nacional. La
primera fue la de intensificar el trabajo del Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados de Segovia al máximo, con objeto de que pudieran
rebasar los 100 vehículos/año. Además, para solucionar definitivamente el
problema se ha convocado un concurso público de programa plurianual,
cuatro años, con una dotación de 2.000 millones de pesetas que contempla
la revisión de, al menos, 40 transporte oruga anuales, con lo que
esperamos disponer de la capacidad adecuada para mantener el ritmo de
mantenimiento de estos vehículos. Entre tanto, a las unidades que
dispongan de vehículos que no han pasado la revisión se les ha concedido
prioridad para el suministro de repuestos y el apoyo de las unidades
móviles del mantenimiento de sistemas acorazados, de manera que podemos
considerar que se han sentado las vías para solucionar de modo definitivo
y estable el problema.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Señor Fariñas.




El señor FARIÑAS SOBRINO: Gracias, señor Presidente.

Quiero expresar la satisfacción que nos produce la completa respuesta del
Ministro de Defensa. El Grupo Parlamentario Popular se felicita porque se
hayan adoptado definitivamente las medidas necesarias para corregir el
estado de mantenimiento en el que se encontraban estos vehículos TOA --a
los que, por otro lado, podemos calificar de calamitosos--, y felicitamos
también al Ministro de Defensa porque se hayan adoptado estas medidas, y
le encomendamos que siga en este camino.

Muchas gracias, señor Ministro.

Gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fariñas.

Señorías, ruego a los Diputados que hacen corrillos en los pasillos del
hemiciclo, o que mantienen diálogo paralelo a la tramitación de las
preguntas, que guarden silencio. (Pausa.)
Gracias, señorías.




--DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL MINISTERIO
VALORAR LA REVISION DE LAS GRATIFICACIONES QUE PERCIBIRAN EN 1997 LOS
MILITARES DE REEMPLAZO DURANTE EL SERVICIO MILITAR PARA COMPENSAR LA
MOVILIDAD GEOGRAFICA? (Número de expediente 180/000614)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22, que formula el Diputado don
Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Gutiérrez Molina.




El señor GUTIERREZ MOLINA: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, el objeto de la pregunta es doble. Por un lado, poner de
manifiesto ante la Cámara que, en un año de presupuestos rigurosos, el
Ministerio de Defensa haya podido mejorar las gratificaciones y aumentar
las compensaciones económicas de los militares de reemplazo. Con ser esto
importante, señor Presidente, a mí me gustaría que el señor Ministro
valorará en el día de hoy los aspectos cualitativos de la cuestión. En
primer lugar, el mantenimiento de las gratificaciones, en unos casos; en
segundo lugar, la inclusión de otro personal de mayor remuneración en
ocasiones y ejercicios anteriores; en tercer lugar --según mi criterio,
señor Ministro--, la equiparación de gratificaciones a soldados que
prestan el servicio militar en los peñones del norte de Africa y en mi
ciudad, en Melilla, que tan sensible es a este tipo de cuestiones.

Señor Ministro, con independencia de la valoración cuantitativa que ya se
recoge en la Orden 23/1997, de 22 de febrero, y aprovechando su presencia
ante la Cámara, le pregunto si puede valorar la revisión de las
gratificaciones que percibirán en 1997 los militares de reemplazo durante
el servicio militar para compensar la movilidad geográfica.

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.

Señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.

Señoría, como ya he expuesto en ocasiones anteriores, entre las
preocupaciones prioritarias del Ministerio se encuentra incentivar, en la
medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan, la
prestación del servicio militar mediante una serie de medidas que
reconozcan el valor de esta aportación personal a la defensa nacional.

Entre estas medidas, y con el objeto de disminuir en lo posible el coste
económico que supone a las familias españolas el tener a alguno de sus
miembros realizando el servicio militar alejado de su domicilio habitual,
en el ejercicio de 1997 se ha incrementado la gratificación, por razón de
movilidad geográfica, de 13.000 a 15.000 pesetas mensuales a los
residentes en el extranjero que vienen a España a realizar el servicio,
así como a los destinados en Ceuta y Melilla que no sean residentes en
estas ciudades y a los que, siéndolo, están destinados fuera de ellas.

Asimismo, dentro de las disponibilidades del presupuesto, se



Página 3998




ha mantenido la cantidad asignada para aquellos jóvenes que se desplazan
fuera de su provincia. En el caso de los que se desplazan a las islas
Baleares o Canarias o, siendo residentes en ellas, realizan el servicio
militar en la Península o en otro archipiélago, la gratificación asciende
a 13.000 pesetas mensuales. En el caso de la Península, si el servicio
militar se realiza en una provincia no limítrofe con la de residencia, la
gratificación asciende a 7.000 pesetas. Debe resaltarse, señor
Presidente, que esta gratificación es compatible con la que se pueda
percibir por razón de destino, cometido o responsabilidad debida al
empleo, por lo que, en muchos casos, la cantidad mensual percibida por el
soldado o marinero puede alcanzar un montante superior a las 30.000
pesetas mensuales.

En conclusión, dentro de la austeridad presupuestaria general del Estado,
el Ministerio está realizando un esfuerzo considerable para que la
prestación del servicio militar sea lo menos onerosa posible para los
soldados y marineros de reemplazo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Señor Gutiérrez. (Pausa.) Gracias.




--DEL DIPUTADO DON RAMON ANTONIO MORENO BUSTOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO
ASCENDER AL EMPLEO HONORIFICO Y CON CARACTER GENERAL A LOS MILITARES
MUTILADOS EN ACTO DE SERVICIO? (Número de expediente 180/000615)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno don
Ramón Antonio Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Moreno.




El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Defensa, todos tenemos claro que el Estado, consciente
de las obligaciones adquiridas mediante las leyes y reglamentos aprobados
para quienes, en el mejor servicio del país, han perdido total o
parcialmente su integridad física quedando a veces privados del ejercicio
normal, no sólo de su vida sino de sus propias actividades, establece una
total protección. Los mutilados en acto de servicio, a los que me estoy
refiriendo, ya sean del Ejército de Tierra, de la Marina o del Ejército
del Aire, e incluso los pertenecientes a las Fuerzas del Orden Público,
como muy determinaba el artículo 4.º de la Ley 5/1976, de 11 de marzo,
son aquellos que han sufrido una grave lesión corporal que afecta, de
modo permanente, a su integridad física o psíquica por causa de un
accidente ocurrido en la prestación del servicio propio de la finalidad y
naturaleza de las Fuerzas Armadas.

En el preámbulo de esta misma ley se determina que son tres las
vertientes a las que hay que atender: en primer lugar, que se ha de
considerar en el aspecto económico el principio de equidad en la
concesión de derechos y beneficios a los interesados; en segundo lugar,
aminorar las notables diferencias que existían entonces entre la
concesión de beneficios entre los caballeros mutilados de guerra y los en
acto de servicio; y, en tercer lugar, atender las justificadas
aspiraciones de los mutilados pertenecientes a la clase de tropa y
marinería en materia de ascensos. Tal hecho parece que quedaba regulado
en el artículo 78 del reglamento que desarrollaba la ley referida con
anterioridad, y que determinaba las normas que se requieren para la
concesión o denegación del ascenso honorífico.

Por otra parte, sabemos que queda a la propia consideración del
Ministerio cada uno de los ascensos honoríficos. Entiendo que para ello
deben concurrir distintos aspectos y consideraciones que posibiliten
dichas actuaciones. Pero parece constatable que en los últimos años han
existido problemas en la concesión de estos ascensos, ya sea de forma
general o particular, por motivos que desconocemos, ocasionando a veces
una total frustración en aquellos que, por el destino de la vida, se han
encontrado en esa lamentable situación, no sólo personal sino
profesional.

Señor Ministro, conociendo su total solidaridad con las personas que se
encuentran en esta situación y las que esperan una solución real y
sincera, positiva o no, y desde luego no económica, deseo preguntarle:
¿Piensa el Gobierno ascender al empleo honorífico y con carácter general
a los militares mutilados en acto de servicio?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moreno.

Señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, Presidente.

Señoría, quiero comenzar mi intervención mostrando, como ha anticipado S.

S., mi absoluta solidaridad con los que han pasado por esa vicisitud por
acto de servicio.

El criterio seguido por el Gobierno sobre los ascensos honoríficos es,
como no podía ser de otra forma, el establecido con carácter general por
el artículo 81.2 de la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del
régimen jurídico del personal militar profesional. Así, los ascensos
honoríficos se conceden con carácter extraordinario a militares de
carrera que hayan cesado definitivamente en situación de servicio activo
en atención a méritos o circunstancias excepcionales.

Estas condiciones permiten preservar la esencia de tales ascensos, honrar
a aquellos miembros de las



Página 3999




Fuerzas Armadas que acumularon méritos de especial significación a lo
largo de su servicio activo, o que vieron interrumpida súbitamente sus
perspectivas profesionales como consecuencia de actos de servicio o por
la acción del terrorismo. En todos los casos se abre un expediente para
determinar si concurren en los interesados las circunstancias exigibles
que les hagan acreedores al ascenso honorífico de que se trate, puesto
que los ascensos honoríficos se deben conceder, como ya he indicado a S.

S., con carácter extraordinario y excepcional, porque de esta manera se
distingue personalmente a cada uno de ellos por sus méritos concretos. No
debemos olvidar, señoría, que los ascensos se otorgan como consecuencia
de las circunstancias personales exclusivas de cada militar. En este
sentido he elevado al Gobierno, y ha sido concedido, el ascenso con
carácter extraordinario a diversos miembros de nuestras Fuerzas Armadas,
todos ellos en el año transcurrido, como consecuencia de lesiones
sufridas en atentado terrorista.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON PEDRO MOYA MILANES, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INTERES TIENE PARA LA DEFENSA NACIONAL LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID? (Número de expediente
180/000628)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 34, que formula al Gobierno el
Diputado don Pedro Moya Milanés, del Grupo Socialista.

Señor Moya.




El señor MOYA MILANES: Señor Ministro de Defensa, hace escasas fechas
hemos conocido el nombramiento de un teniente del ejército como
secretario técnico de la Consejería de Economía de la Comunidad de
Madrid. No cuestionamos la idoneidad del designado para el cargo, tampoco
el hecho de que se destine a un militar para un cargo de naturaleza
civil. Lo que sí ponemos en cuestión es que para facilitar dicho
nombramiento hayan declarado el puesto como de interés para la defensa
nacional. ¿Por qué razones, señor Ministro?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.

Tiene la palabra le señor Ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor Presidente.

Señoría, como usted sabe, dentro de la discrecionalidad que concede la
ley, la política del Ministerio de Defensa en relación con el personal
militar que presta servicios en un organismo ajeno al Ministerio, se basa
en los criterios de igualdad de trato para todos los militares que puedan
verse en esta situación, y de que el puesto desempeñado esté relacionado
con la defensa o sea de interés para la misma. Se pretende también una
cierta equiparación con los funcionarios civiles que, en aplicación de la
Ley 30/1984, pasan en situaciones similares a servicios especiales, lo
que equivale a decir: sin pérdida de derechos. Esta política permite
recuperar para la defensa al militar que ha prestado servicios en un
organismo público distinto al de Defensa, al finalizar el servicio para
el que fue llamado por el organismo de que se trate.

El Ministerio de Defensa, señoría, está dispuesto a prestar la máxima
colaboración a las instituciones del Estado, de las comunidades
autónomas, provincias y municipios, facilitando que militares en activo
puedan ocupar cargos de responsabilidad, toda vez que siempre serán
beneficiosas para los intereses de la defensa las buenas relaciones con
el resto de las instituciones públicas. La presencia de militares de
carrera en distintos y diversos órganos de gobierno y administración,
favorece la interrelación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, lo
que, como S. S. conoce, es uno de los objetivos primordiales de la
política de defensa del Gobierno.

Se busca, también, señoría, un retorno al seno de las Fuerzas Armadas
ante un posible cese futuro, con la menor incidencia negativa en las
expectativas de carrera. El tiempo permanecido en servicios especiales
normalmente no repercutirá de forma negativa en cuanto a las
evaluaciones, pero tampoco puntuará positivamente por destinos, por lo
que otros compañeros que han permanecido en puestos de las Fuerzas
Armadas superarán en evaluación y posibilidad de ascenso por selección y
acceso a puestos relevantes a los que han estado temporalmente separados.

En lo que se refiere al caso concreto que motiva la pregunta de S. S., la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad Autónoma de Madrid es un cargo de interés, no sólo por la
necesaria cooperación que debe presidir las relaciones entre dicha
comunidad y este Ministerio, sino también por la existencia de
innumerables relaciones patrimoniales y funcionales entre ambos
organismos. Pero le diré a S. S. que no ha sido el único caso, sino que a
los que lo han solicitado siempre se les ha concedido.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.

Tiene la palabra el señor Moya.




El señor MOYA MILANES: Señor Ministro, salvaguardar los derechos
laborales y personales nos parece loable, pero no debe hacerse acosta de
violentar el ordenamiento jurídico ni tampoco el sentido común.




Página 4000




Mi grupo entiende perfectamente que haya casos de interés para la defensa
fuera del ámbito del Ministerio de la Defensa. En nuestra etapa de
gobierno hubo situaciones que consideramos de interés para la defensa
nacional y se destinaron militares a esos puestos: por ejemplo, dentro
del Ministerio del Interior, para nombramientos de alguna jefatura de
policía autonómica que guarda relación con la seguridad, o en el área de
asuntos militares de la Oficina del Defensor del Pueblo, pero siempre
guardando una cierta coherencia entre el puesto y el nombramiento
determinado. Pero este nombramiento y este puesto nos parece que se aleja
bastante de esa coherencia.

Señor Ministro, creo sinceramente que si ustedes generalizaran esta vía
introducirían una técnica perversa: la de adecuar la legislación a los
nombramientos y no los nombramientos a la legislación. Además, nos parece
una muestra de que cualquier puesto de la Administración, ya sea central,
autonómica o municipal, es susceptible de ser declarado de interés para
la defensa nacional. Tampoco nos ha sorprendido demasiado, porque si su
Gobierno ha declarado el fútbol de interés general, ¿por qué no va a ser
declarado de interés para la defensa nacional ser jefe de negociado de
una comunidad autónoma?
Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.




--DEL DIPUTADO DON RAMON COMPANYS I SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INVERSIONES
EN MEJORA DEL TRAZADO Y MANTENIMIENTO DE LA N-350, ENTRE EL PONT DE
MONTAÑANA Y LA FRONTERA CON FRANCIA TIENE PREVISTO REALIZAR EL GOBIERNO
DURANTE EL EJERCICIO DE 1997? (Número de expediente 180/000608)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16 que formula al Gobierno el
Diputado don Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).




El señor COMPANYS I SANFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, la carretera nacional 230, en el tramo que va desde Pont de
Montañana hasta la frontera con Francia discurre a través de las
provincias de Huesca y de Lleida. Es un eje importantísimo y no sólo para
el desarrollo de esas comarcas, sino que es uno de los pocos puntos donde
los Pirineos son permeables. Por la citada carretera discurre gran
cantidad de tráfico, no sólo de tipo industrial, sino también turístico
tanto en verano como en invierno, y no siempre en las mejores condiciones
meteorológicas.

Para dar un mínimo de seguridad en dicho trayecto hay que realizar obras
de forma urgente, como son: primero, la modificación de las curvas
situadas entre los puntos kilométricos 91.500 y 95, en donde se producen
gran cantidad de accidentes. Segundo, las actuaciones en los tramos
comprendidos entre los puntos kilométricos 101 al 109, entre las
poblaciones de Aren y Sopeira. Tercero, la consolidación y estabilización
de los taludes en el tramo conocido como de Escales, entre los kilómetros
110 y 115. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la
Presidencia.)
Por este motivo, este Diputado pregunta al Ministro qué inversiones en
mejora del trazado y mantenimiento de la carretera nacional 350, entre
Pont de Montañana y Francia, tiene previsto realizar el Gobierno durante
el ejercicio de 1997.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Companys.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, a efectos expositivos vamos a distinguir entre diversos tramos
para poder cuantificar con precisión la cantidad que el Ministerio
invierte en esta carretera. En conjunto, le diré que supera, en el
presente año 1997, los 600 millones de pesetas. Entre Pont de la
Montañana y Pont de Suert, en los cinco kilómetros pertenecientes a la
provincia de Lleida, se ha adjudicado recientemente un proyecto de
refuerzo del firme que se extiende hasta el punto kilométrico 142,9,
obras que se iniciarán en el presente año. En la provincia de Huesca, el
único tramo en el que aún no se ha realizado mejora es el comprendido
entre Aren y el límite de la provincia de Lleida, en las proximidades de
Pont de Suert. El proyecto de acondicionamiento de este tramo se ha
sometido nuevamente a información pública y tan pronto como se cumpla con
este trámite administrativo se ejecutará el proyecto.

Entre el límite de la provincia de Lleida y Francia, en el pasado mes de
marzo se han adjudicado las siguientes actuaciones: Las Bordas-Bossost,
punto kilométrico 178,6 al 179,7, túnel y aceras por un importe de 204
millones de pesetas, con un plazo de ejecución de doce meses; refuerzo de
firme y obras accesorias en el punto kilométrico 156,2 al 163,9, por un
importe de 104 millones de pesetas, con un plazo de ejecución de diez
meses; refuerzo en el punto kilométrico 117 y 142, por importe de 240
millones de pesetas, con un plazo de ejecución de dieciocho meses.

Por otra parte, se encuentra en redacción el estudio informativo de la
variante de Viella, en tanto que la aprobación definitiva del
anteproyecto del nuevo túnel de Viella es inminente.

Muchas gracias, señor Presidente.




Página 4001




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON RAMON COMPANYS I SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALAN (CONVERGéNCIA I UNIO), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PARA CUANDO
TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE FOMENTO ADJUDICAR LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DE LOS ENLACES Y RAMALES DE CONEXION EN LA CARRETERA N-145,
QUE UNE LA SEU D'URGELL CON LA FRONTERA CON ANDORRA EN LOS PUNTOS
KILOMETRICOS 2,200, 8,250 Y 9,000? (Número de expediente 180/000609)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 17, de don
Ramón Companys i Sanfeliú, del Grupo de Convergència i Unió.

Tiene la palabra el señor Companys.




El señor COMPANYS I SANFELIU: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, la carretera nacional 145 tiene su origen en la población
de la Seu d'Urgell y su final en la frontera de Andorra. Su trazado,
encajado entre el río Valira y la sierra, es el propio de una carretera
de alta montaña y, por tanto, el trazado es muy sinuoso. Su IMD es de
nueve mil vehículos-día, con el agravante de que en muchas ocasiones,
sobre todo los fines de semana y durante las vacaciones, se producen
colas de varios kilómetros.

En dicha carretera existen fundamentalmente tres problemas ligados a la
seguridad de sus habitantes, y que son: en el punto kilométrico 2,200 se
encuentra el acceso a la población de Anserall, con una doble
problemática: los vehículos que quieren acceder a dicha población
procedentes de la Seu d'Urgell tienen que detenerse en el centro de la
calzada para realizar un giro a la izquierda en un punto de visibilidad
muy reducida, yo diría que casi nula, mientras que a los vehículos que
tienen que acceder al municipio de Anserall procedentes de Andorra les
resulta muy conflictivo realizar la maniobra, ya que se ven obligados a
realizar un giro de 180º con un radio mínimo.

En el punto kilométrico 8,250 se encuentran los accesos a los núcleos de
Arcabell, por la derecha, y Civis, por la izquierda. La naturaleza
turística del tránsito, con fuertes puntas horarias, hace que sean muy
peligrosos los giros a la izquierda, produciéndose muchos accidentes. En
el punto kilométrico 9,000 se encuentran las instalaciones aduaneras; al
llegar a esa zona la carretera de dos carriles ha sido ampliada a cinco,
por lo que no se puede ni cambiar de sentido ni girar a la izquierda,
debiendo hacer esas maniobras en el interior de las instalaciones
aduaneras, con la problemática que eso conlleva. Por esos motivos, este
Diputado pregunta al Ministro de Fomento: ¿para cuándo tiene previsto el
Ministerio adjudicar las obras de construcción de los enlaces y ramales
de conexión de la carretera nacional 145, en los puntos kilométricos
2,200, 8,250 y 9,000?



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Companys.

Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, las obras de construcción de enlaces y ramales en la carretera
nacional 145, en los puntos kilométricos 2,200, 8,250 y 9, son objeto de
un proyecto denominado construcción de pasos inferiores en el tramo Seo
de Urgell-Andorra, puntos kilométricos 2 al 9 de la nacional 145. Este
proyecto se encuentra actualmente en fase de supervisión y tiene un coste
de unos 297 millones de pesetas. La carretera nacional 145 tiene
solamente nueve kilómetros de longitud y en ella se sitúan los puntos
indicados, que dan acceso a las poblaciones de Anserall, Arcabell y la
Farga de Moles. Respecto a esos tres puntos, el proyecto contempla la
ejecución de sendos pasos inferiores en los dos primeros, es decir,
Anserall y Arcabell, que permitirán el acceso a ambas localidades y
supondrán la eliminación del cruce al mismo nivel. En el caso de punto
kilométrico 9, se prevé la construcción de una rotonda ante la aduana que
permitirá efectuar todos los movimientos. Las previsiones del
departamento contemplan la licitación de este proyecto en el próximo
ejercicio económico.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.

Señor Companys.




El señor COMPANYS I SANFELIU: Quiero agradecer al Ministro la
información, que va a tranquilizar a la gente de la zona, esperando que
en el próximo ejercicio sea una realidad.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Companys.




--DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
CRITERIO TIENE EL GOBIERNO EN RELACION CON LAS DIFERENTES INDEMNIZACIONES
COBRADAS POR LOS PRESIDENTES DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS DE ESPAÑA CON
MOTIVO DE SU CESE? (Número de expediente 180/000612)



Página 4002




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 20, de don
Arsenio Fernández de Mesa, del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente.

Señorías, señor Ministro, durante estos días hemos estado oyendo cantidad
de declaraciones diciendo que España es un país menos justo en la
distribución de la riqueza, que han aumentado las desigualdades sociales
y laborales, que se tiende a incrementar las diferencias de renta o que
se favorece a unos pocos. Llega un momento en el que uno se pregunta si
realmente todo esto obedece a algo, si obedece a una práctica habitual
durante los últimos tiempos.

Por eso, le pregunto, señor Ministro: ¿Qué criterio mantiene el Gobierno
en relación con las diferentes indemnizaciones cobradas por los ex
presidentes de autoridades portuarias, es decir, de los puertos de
España, nombrados por el Gobierno socialista, que, creyéndose despedidos
de manera improcedente, se han otorgado indemnizaciones de entre 10 y 20
millones de pesetas?
Gracias, señor Ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández de Mesa.

Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.

Señoría, cuando el Gobierno tuvo conocimiento de los hechos que ha
referido S. S. en la pregunta encargó un informe a la Dirección General
del Servicio Jurídico del Estado. El dictamen de este importante
organismo es que los presidentes de las autoridades portuarias de España
tienen una relación jurídica estatutaria con el Ente Público Puertos del
Estado que es incompatible con la aplicación, directa o indirecta, de
contratos de alta dirección, de contratos laborales que den lugar a
indemnización.

Teniendo en cuenta que se habían producido hechos como los que señala S.

S. en la pregunta, el Presidente del Ente Público Puertos del Estado,
teniendo en cuenta el informe de los servicios jurídicos del Estado, se
ha dirigido a todas las autoridades portuarias involucradas instándolas a
que adopten las medidas necesarias, incluida en su caso la reclamación
Judicial, para que los presidentes salientes reintegren las
indemnizaciones inadecuadamente percibidas. Los actuales presidentes, de
conformidad con todo lo indicado, no tienen suscrito ningún tipo de
contrato laboral con los entes portuarios.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Ministro.

Señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente;
gracias, señor Ministro.

Lo lamentable es que a estas alturas no se hayan percatado de que hay que
devolver ese dinero.

Ante las manifestaciones que se han producido diciendo que el Gobierno
está sometiendo al Estado de bienestar a un proceso de regresión, con
estos ex altos cargos, con estos ex presidentes de autoridades
portuarias, lo mismo que con determinados ex presidentes de empresas
públicas, que han blindado sus contratos olvidándose de que las habían
arruinado o puesto al borde de la quiebra, el Grupo Parlamentario Popular
se encuentra altamente satisfecho de que el Gobierno del Partido Popular
termine con el estado de bienestar de estos pocos en beneficio del
interés general de España.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Fernández de Mesa.




--DEL DIPUTADO DON EMILIO PEREZ TOURIÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INVERSION TIENE PREVISTO EFECTUAR
EL GOBIERNO PARA LA MODERNIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
GALLEGAS EN EL BIENIO 1997-1998? (Número de expediente 180/000627)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 33, de don
Emilio Pérez Touriño, del Grupo Socialista.

Tiene la palabra el señor Pérez Touriño.




El señor PEREZ TOURIÑO: Señor Ministro, en los presupuestos de este año
las inversiones ferroviarias en Galicia prácticamente han desaparecido.

Las previsiones que contiene para 1998 son relativamente semejantes. (El
señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Señor Ministro, ¿qué inversión tiene previsto efectuar el Gobierno para
la modernización de las infraestructuras ferroviarias gallegas en el
bienio 1997-1998?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.




Página 4003




Sin duda, S. S. no ignora que, ante la lamentable situación de la red
ferroviaria en Galicia, se ha puesto en marcha el estudio informativo que
permita acondicionar y mejorar el eje atlántico Redondela-Santiago-La
Coruña. En estos momentos se está redactando el estudio informativo que
supondrá una importante mejora y ahorro de tiempo en las relaciones por
ferrocarril de todo este corredor y, por tanto, una potenciación de este
modo de transporte.

Al mismo tiempo --y no lo ignora S. S.-- desde el pasado mes de enero se
constituyó una comisión mixta entre el Ministerio de Fomento y la Xunta
de Galicia que ha elaborado a nivel técnico un primer documento que está
siendo estudiado en estos momentos. Se trata de hacer un plan coherente
de inversiones en el ferrocarril que discurre por tierras gallegas. En
ese documento se recogen diversas propuestas con una inversión que puede
oscilar entre los 38.000 y los 66.000 millones de pesetas para un período
de cuatro, cinco o seis años. La Xunta ha solicitado que se ejecute en
cuatro años, con inversiones de 8.000 millones de pesetas para el año
1998 y 10.000 millones de pesetas en los años siguientes. En estos
momentos el Gobierno no está en condiciones de acordar cifras concretas
de inversión para la ejecución de ese plan, porque no disponemos todavía
de la cifra de inversión de que va a poder disponer el ministerio para el
próximo año. En todo caso, señoría, lo que sí le garantizo es que el
Gobierno hará, con la Xunta de Galicia, un plan de mejora de las
infraestructuras ferroviarias, plan que debería haber estado formalizado,
concluido y en parte ejecutado desde hace muchísimos años, señoría, y no
desde el año 1997.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el señor
Pérez Touriño.




El señor PEREZ TOURIÑO: Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, lamento decirle que usted pone en entredicho que el
Parlamento gallego carezca de propuestas y alternativas, de todos
conocidas y compartidas, respecto a la modernización del ferrocarril en
Galicia. Sobran y existen proyectos, y el Ministro lo sabe. El estudio
informativo a que alude ha sido puesto en marcha por el anterior
Gobierno. El Ministro sabe que existen planes, se sabe dónde invertir y
no puede presentar a este Parlamento como disculpa que se necesita
esperar al conocimiento de un plan. El señor Ministro ha dado una sola
cifra comprometida y dice que tiene que esperar. Es la respuesta que me
temía oír.

Galicia necesita y demanda un compromiso inversor efectivo de su
Gobierno, porque es la comunidad autónoma que en el período 1990-96 ha
tenido peor comportamiento en la generación de empleo en todo el país. Es
la comunidad autónoma con menor intensidad de crecimiento en esos mismos
años, años en los que su partido ha tenido la responsabilidad del
Gobierno en Galicia. Además está inmersa en un proceso de destrucción de
puestos de trabajo y de divergencia por la marcha de la economía
española. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Pérez Touriño.

Señor García-Arreciado, señor Fernández de Mesa, no crucen diálogo,
porque entre otras cosas impiden que se escuche al orador.

Continúe, señor Pérez Touriño.




El señor PEREZ TOURIÑO: Lo que Galicia no quiere soportar, señor
Ministro, son más presupuestos de su Gobierno como los de 1997, que la
marginaron y la relegaron. Galicia no necesita de promesas electoralistas
para no cumplirlas, como las del presidente fundador de su partido, que
ha declarado a esta legislatura nada más y nada menos que como la
legislatura del ferrocarril con presupuesto cero, o la del secretario
general del Partido Popular en Galicia que anuncia de 30.000 a 50.000
millones de pesetas para el ferrocarril.

Señor Ministro, lo que no nos sirve es que vayan diciendo que sí a todo
aquí y allá, mientras se ajusta y se reduce drásticamente la inversión
pública en nuestro país. Señor Ministro, en aras de la credibilidad y de
la viabilidad de ese plan, ¿cuál es su compromiso inversor concreto con
el ferrocarril gallego? ¿Cuándo va a presentar un plan ferroviario que
diga dónde y cuándo se va a invertir en este país, que priorice y
seleccione las inversiones y que no nos deje al albur de coyunturas
electorales o de las debilidades de su Gobierno, señor Ministro?
(Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Touriño.

Señor Ministro, le restan tan sólo 17 segundos.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señoría, una de
las sorpresas que ha tenido este Gobierno al hacerse cargo de sus
funciones es que no había proyectos de inversión en el ferrocarril en
España. (Rumores.) No hay proyectos de inversión, para su vergüenza,
señoría. (Protestas.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Las autovías
gallegas, señoría, llevan cinco años de retraso. Es este Gobierno quien
ha licitado completamente todos los tramos de autovías gallegas. Yo,
señoría,



Página 4004




le agradezco su pasión tardía por las infraestructuras gallegas, porque
es una pasión tardía que tiene lugar en el año 1997, qué casualidad,
cuando ya no están ustedes en el Gobierno. (Rumores.--Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.




--DEL DIPUTADO DON RICARDO FERNANDO PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, QUE
FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿QUE CRITERIOS DE ACTUACION SE
VAN A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA LA EJECUCION DE LA RECIENTE SENTENCIA
DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL DENOMINADO CASO TOUS Y LA CONSECUENTE JUSTA
INDEMNIZACION A LOS DAMNIFICADOS? (Número de expediente 180/000604)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno el
Diputado don Ricardo Fernando Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, el caso Tous, y en definitiva las miles de familias
valencianas que resultaron damnificadas en sus bienes más valiosos por la
ruptura de esa presa, ha tenido que sufrir innumerables incidencias en
todos los órdenes. En el orden judicial, como usted conoce perfectamente,
una interminable tramitación que, después de innumerables y reiterados
juicios, recursos, anulaciones, repeticiones, ha terminado felizmente con
una sentencia del Tribunal Supremo, que ha reconocido la razón a los
damnificados y que ha condenado al Estado a indemnizarles. En el orden
político, se pasó desde gobiernos que remitían todo a la solución
judicial, hasta conseguirse abrir finalmente, gracias a la iniciativa de
éste y de otros grupos, y especialmente de los propios damnificados, una
vía política, una solución política que, desgraciadamente, no llegó a ser
del todo satisfactoria por la cicatería que caracterizó a los sucesivos
reales decretos-leyes. En el orden personal de los damnificados, se pasó
de los miles que inicialmente reclamaron judicialmente, hasta esa pequeña
minoría que, finalmente, por razones económicas y por la interminable
tramitación judicial, tuvieron que desistir, aceptando las soluciones
políticas. Pero hoy ya hay una solución judicial positiva, y esto plantea
algunos problemas. El primero de ellos, cómo conseguir que esa solución
afecte a todos los damnificados. Para ello, seguramente hace falta de
nuevo recurrir a la solución política: un nuevo real decreto-ley, al que
han hecho referencia destacados dirigentes del Partido Popular. Es ahora
cuando el Partido Popular, desde el Gobierno, pueda hacer algo sobre ese
caso Tous en el que tanto habló. Por eso le pregunto: ¿qué actuaciones y
criterios van a seguir en relación con este caso?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señoría, el
criterio del Gobierno no puede ser otro que el de cumplir la sentencia
dictada el 15 de abril. Como S. S. sabe, existen dos tipos de criterios:
unos, en los que se establece una cantidad fija, y otros, en los que se
establece una liquidación. En el tipo de la cantidad fija, que son 25
millones de indemnización, el Gobierno cumplirá sin más los trámites para
dar cumplimiento a la sentencia. En los que se requiere liquidación
tendrán que exigirse una serie de requisitos, que entiendo que conoce, y
se hará a la mayor brevedad posible.




El señor PRESIDENTE: Gracias señora Ministra.

El señor Peralta tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señora Ministra, quizá por su procedencia
judicial no quiera asumir el tema políticamente. Si no hay solución
política, la sentencia de Tous no va a afectar a todos los damnificados.

Cuando usted se remite de nuevo sólo al tema judicial, viene usted a
hacer aquello que hizo inicialmente el Partido Socialista y que ustedes
tanto criticaron. Resultará así, si no cambia usted de criterio, que
cuando el actual Presidente de la Generalitat y afiliado presidente del
Partido Popular decía que el PSOE seguía huyendo de Tous, no sólo se
refería a lo que hacía el PSOE, sino que anunciaba ya lo que iba a hacer
el Gobierno popular en esta materia. Dejará usted en mal lugar a quienes
hablan hoy de un poder valenciano de la Generalitat Valenciana.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peralta.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, no vamos a dejar en mal lugar a nadie, ni las promesas
comprometidas de antemano. Lo único que le digo es que, frente a
indemnizaciones concretas fijadas en sentencia, existen otras que
requieren una liquidación y que a la liquidación de la Audiencia
Provincial de Valencia se va a unir la voluntad política del Gobierno
para llevarlas a cabo y que existan esas indemnizaciones.

Gracias, señoría.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




Página 4005




--DEL DIPUTADO DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿CUANDO PIENSA LA
SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA CUBRIR LA PLAZA DE FISCAL JEFE DE LA
AUDIENCIA NACIONAL? (Número de expediente 180/000625)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el
Diputado don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Socialista.

Señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, la pregunta dice: ¿Cuándo piensa cubrir la plaza de
Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional? Es evidente que a mi grupo no le
interesa cuál es el procedimiento legalmente establecido y nos basta con
que nos indique que hace falta la propuesta del Fiscal General del
Estado, que si ha oído el Consejo Fiscal, que decida el Consejo de
Ministros. La pregunta es cuándo: cuándo, como responsable de la política
criminal de este Gobierno, va a poner fin a la crisis.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, la pregunta es la que es y la respuesta es la que es: en breve.

Ya sé que no le interesan los trámites legales, lo tiene demostrado, pero
va a ser en breve. Se convoca el Consejo Fiscal la semana que viene y, de
los tres candidatos, se elevará uno al Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Señor Belloch.




El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Presidente.

Le diré, señora Ministra, que se lo he puesto ya en la pregunta para
intentar ahorrar la respuesta, que era más que previsible.

Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, usted y su
Gobierno son los responsables políticos del cese, político a su vez, del
fiscal Aranda, con la acusación terrible de haber tenido el coraje cívico
de querellarse contra Mario Conde.

Usted y su Gobierno son responsables políticos de la forma desastrosa en
que se ha desarrollado la crisis, pues estaba en su mano, obviamente,
cesar al Fiscal General del Estado. Usted y su Gobierno son responsables
políticamente de haber creado las condiciones objetivas para que ningún
fiscal, hasta hace bien poco, que mereciera o que tuviera adecuado
currículum, pidiera esa plaza. Ustedes han llegado más lejos. Han
preferido destruir políticamente al Fiscal General del Estado antes que
aceptar las sanciones que el Consejo Fiscal había propuesto para los
fiscales amotinados. El porqué no es fácil. La ciudadanía empieza a no
entenderlo; nuestro grupo, tampoco.

Es verdad que el Fiscal había perdido ya el apoyo de su asociación, había
perdido el apoyo de los fiscales, del Consejo Fiscal, de usted misma, del
Consejo de Ministros. Es verdad que ya era un fiscal virtual, pero no
pasaba nada. Hasta que, de repente, un día, un rotativo particularmente
memorable, El Mundo, le retira su confianza política. Ese día ha caído y,
a partir de ese momento, se apresura el Gobierno a buscar un sustituto o
una sustituta. Lo mejor que se puede decir de usted, señora Ministra, es
que no ha hecho nada y las consecuencias son muy claras: el desprestigio
de la Audiencia Nacional y el deterioro global de la justicia, que está
viviendo una grave crisis para el mantenimiento de la convivencia
civilizada en este país.

Nada más y muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!--Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Belloch.

Señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señor Belloch, que usted diga en esta Cámara que hemos cesado a un fiscal
que se ha querellado contra el señor Conde... La verdad es que tengo que
escuchar muchas cosas de usted, señor Belloch, pero ésa me parece
excesiva. (Rumores.) Que usted me esté diciendo que mediatizamos al
Fiscal General, me parece excesivo, señor Belloch. Que usted esté
diciendo que ahora defiende la independencia del Fiscal General que hace
una semana me recriminaba... Señor Belloch, primero, existe un Fiscal
General; segundo, se nombrará un Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional;
tercero, evidentemente, existen problemas en la Audiencia Nacional que le
preocupan a usted, y a mí también, pero siguen su curso, señor Belloch;
van a seguir su curso los trámites de todos y cada uno de los
procedimientos.

Muchas gracias, señor Belloch. Gracias, señorías. (Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.




--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA:
¿VA USTED A ACEPTAR LA PROPUESTA DE SANCION QUE LE ELEVA EL FISCAL
GENERAL DEL ESTADO SOBRE LA FISCAL MARQUEZ DE PRADO? (Número de
expediente 180/000626)



Página 4006




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 32, que, presentada por la señora
Fernández de la Vega, formulará al Gobierno el Diputado don Alvaro Cuesta
Martínez, del Grupo Socialista.

Señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Señora Ministra, le recuerdo el artículo 40 del
estatuto orgánico del Ministerio Fiscal: Los miembros del Ministerio
Fiscal podrán ser trasladados por disidencias graves con el fiscal jefe
respectivo o cuando tuvieren enfrentamientos graves con el tribunal.

No me conteste, por favor, diciendo que el Gobierno tomará la decisión
que corresponde cuando corresponda. ¿Va usted a aceptar la propuesta de
sanción que eleva el Fiscal General del Estado sobre la fiscal Márquez de
Prado?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señoría, voy a adoptar la decisión que tenga que adoptar, aunque a usted
no le gusta que diga esto (Risas.), y en el momento en que tenga que
adoptarla, pero le aseguro que va a ser clara y pública, y S. S. va a
poder criticarla. (Protestas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Señor Cuesta.




El señor CUESTA MARTINEZ: Señora Ministra, usted debe saber que entre las
misiones del Ministerio Fiscal no está manipular o intimidar a los
tribunales. Usted sabe que en la Audiencia Nacional hay, en cambio, un
grupito de cuatro fiscales minoritario instalados en el matonismo verbal
u jurídico. Usted sabe que el Ministerio Fiscal debe ejercer su misión
sometido a los principios, entre otros, de dependencia jerárquica, y que
ante la insubordinación al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, la
ocultación de actuaciones, la beligerancia, el acoso por parte de algunos
fiscales, se produjo la rauda y veloz decisión del Gobierno en cesar al
Fiscal Jefe, en una actitud y comportamiento absolutamente pusilánimes en
relación a los insubordinados. ¿Sabe usted cómo se llama este talante o
esta actitud del Gobierno? Pues se llama golpismo judicial (Protestas.),
se llaman actitudes indignas de un gobierno.

Señora Ministra, aquí hay graves irregularidades puestas de manifiesto
por el Consejo Fiscal, que han sido rebajadas por el ineficaz Fiscal
General del Estado, pero además están recibiendo un bajonazo por parte de
la Ministra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos?
Que el Gobierno no es libre en este caso. Estamos ante cuatro fiscales
amotinados pero sumisos a los intereses y a los manejos turbios del
Gobierno (Protestas.), a los intereses revanchistas del Gobierno. Usted,
señora Ministra, forma parte de un entramado en el que se encuentran
algunas actuaciones judiciales, algunos magistrados, algunos fiscales,
algunos coros mediáticos de los holligans del Gobierno. (Protestas.)
Señora Ministra, le voy a recordar la frase de un poeta, del poeta señor
Aznar: Váyase señora Ministra, vá-ya-se. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señorías, señor Cuesta, ¿cómo me habla usted de entramados? ¿Cómo me dice
usted que hay grupos mediáticos, que existen jueces que están empeñados
en algún entramado? ¿Cómo desde esta Cámara se ataca de esa forma al
Poder Judicial y a los fiscales? (Un señor Diputado: ¡No tiene
vergüenza!) Yo comprendo que usted no comparta determinadas actuaciones
de los fiscales o de los jueces, pero me parece excesivamente fuerte que
usted a eso le llame entramado. Quizá es que se cree el ladrón que todos
son de su condición, señoría, y no es así. (Aplausos.--Protestas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.




--DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUALES SON LOS
CRITERIOS DE POLITICA CRIMINAL DE ESTE GOBIERNO EN MATERIA DE ABORTO?
(Número de expediente 180/000632)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 35, que formula al Gobierno doña
María Teresa Fernández de la Vega Sanz, del Grupo Socialista.

Señora Fernández de la Vega.




La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Justicia, hasta ahora usted no ha sido capaz de
explicar en esta Cámara cuál es la política criminal de su Gobierno,
incluso dudábamos de que tuviese alguna política criminal. Sin embargo,
algunos acontecimientos gravísimos que han ocurrido últimamente, como la
orden de ingreso en prisión de dos ginecólogos por ayuda a abortar a una
mujer maltratada y divorciada, nos hacen pensar que sí que tiene política
criminal. ¿Cuál es esa política criminal en materia de aborto, señora
Ministra?



El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señora Ministra.




Página 4007




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

La política del Gobierno en materia de indultos, que es lo que S. S. en
definitiva me está preguntando --me ha hablado de ingreso en prisión de
dos condenados-- no puede ser más que el tratamiento individual de todos
y cada uno de los indultos. En materia de política criminal en general,
tengo que decirle que no existe ningún indulto por agresión sexual y
ningún indulto denegado por prácticas de aborto. Estas son las líneas de
política criminal que sigue el Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández de la Vega.




La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: Me confirma, señora Ministra, que
usted no sabe lo que es tener una política criminal. Tener una política
criminal es priorizar, es determinar qué delitos se persiguen antes que
otros, es determinar que se recurran todas las sentencias que ponen a los
violadores en la calle, y su Fiscal no las recurre. Es determinar una
política de indultos para que no vayan a la cárcel quienes ayudan a
abortar.

La política criminal que usted está propiciando, o no propiciando, señora
Ministra, que ya no lo sé, está provocando cosas tan graves y tan
preocupantes para la sociedad española, y especialmente para las mujeres,
como que ingresen en prisión, que vayan a la cárcel ginecólogos que han
ayudado a abortar a una mujer maltratada y divorciada y queden en
libertad violadores, eso sí, señora Ministra, violadores matrimoniales,
porque ustedes, su Fiscal, al no recurrir una sentencia que considera
como atenuante la violación matrimonial, están legitimando la violación
matrimonial. Por tanto, legitiman la violación matrimonial, los
violadores a la calle, mientras que las personas que ayudan a una mujer a
abortar van a la cárcel. Esa es su política criminal, señora Ministra, le
guste o no le guste, la propicie o no la propicie. Esas son las
consecuencias de eso que usted no sabe lo que es: política criminal. Todo
gobierno tiene que tener una política criminal y la suya, desde luego, si
es, parece que en estas materias es una política criminal especialmente
dirigida contra las mujeres. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de la Vega.

Señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): En primer
lugar, no hay orden de prisión para los ginecólogos, nuevamente está mal
informada. En segundo lugar, no es mi Fiscal, es el del Estado. En tercer
lugar, el Código Penal que tenemos es el que tenemos. (Rumores.) A la
fuerza tengo que modificar lo que son las agresiones sexuales
contempladas en el actual Código Penal, a instancia también suya,
señoría; a instancia suya. Tengo que modificar lo que son agresiones
sexuales. Sí, señoría, a usted no le gustará, pero es así. Existe una
política mucho más nítida que la que ustedes mantenían y, desde luego,
mucho más clara, lo quiera o no.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.




--DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL CRITERIO DEL
GOBIERNO EN RELACION CON LA SUBIDA DE LAS TARIFAS EN LOS VUELOS
INTERINSULARES DEL ARCHIPIELAGO CANARIO, QUE SE VIENE APLICANDO POR LA
COMPAÑIA BINTER-CANARIAS, DEL GRUPO IBERIA, DESDE EL PASADO 25 DE ABRIL?
(Número de expediente 180/000605)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 14, que formula al Gobierno el
Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria.

Señor Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente del Gobierno, hace unos días nos despertábamos con
una milagrosa noticia: en un régimen de libre mercado, de libre
competencia, todas las compañías aéreas que operan con los archipiélagos
balear y canario y en los vuelos interinsulares, el mismo día, a la misma
hora, en las mismas rutas, coinciden en una subida espectacular de sus
tarifas. El incremento es aún más abusivo y despiadado en lo que se
refiere a la compañía Binter, del grupo Iberia, que sirve los vuelos
interinsulares en Canarias, ya que en algunas rutas ha incrementado sus
tarifas hasta un 40 por ciento. Señor Vicepresidente, ¿cuál es el
criterio del Gobierno en relación con la subida de las tarifas en los
vuelos interinsulares del archipiélago canario que se viene aplicando por
la compañía Binter-Canarias, del grupo Iberia, desde el pasado día 25 de
abril?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.

Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, y gracias,
señor Diputado.

Con respecto a la primera parte de su pregunta, es decir, si han existido
acuerdos entre las compañías aéreas para fijar las tarifas en perjuicio
del consumidor, tengo que decirle que, como S. S. sabe, el Servicio de
Defensa de la Competencia ha actuado y ha abierto



Página 4008




una investigación sobre el tema, en relación con el cual seguramente
podré expresarme con más extensión durante la interpelación que sobre
este mismo asunto se debatirá esta misma tarde.

Con respecto a la compañía Binter, y en relación con que pueda haber
acuerdos que lesionen la política de defensa de la competencia, tengo que
decir que el grupo Binter, al pertenecer al grupo Iberia, está sometido a
la investigación que está llevando a cabo el Servicio de Defensa de la
Competencia y sobre la que en este momento todavía no puedo dar
información a la Cámara.

Con respecto a la realidad de las tarifas de Binter en los vuelos entre
islas de Canarias, quisiera destacar, primero, que las tarifas en este
momento no cubren ni siquiera el coste medio de la compañía una vez que
se ha hecho el viaje, y una vez aplicados los descuentos y las
promociones; segundo, que el ingreso medio total, pasaje y carga por
pasajero fue en el año 1996, de 6.287 pesetas y el primer trimestre del
año 1997, de 6.235. Por tanto, está disminuyendo.

También tengo que decir que desde el punto de vista de la competencia,
como S. S. sabe, a partir del pasado 17 de marzo se ha instaurado una
nueva compañía que realiza vuelos entre las islas. Espero que esto pueda
provocar efectos de competencia beneficiosos para el consumidor como los
que se han producido en los vuelos entre la península y las islas, pero
en cualquier caso el Gobierno estará vigilante para que se cumplan las
condiciones de competencia. Además, a partir del 1 de abril del año 1997
se ha producido la plena liberalización de los vuelos de cabotaje dentro
de la Unión Europea. Ello supone que un avión que tenía su origen en un
país de la Unión Europea y un primer aeropuerto en España, ahora podrá
realizar un segundo vuelo a un segundo aeropuerto en España, e introduce
nuevas posibilidades de competencia.

En resumen, quisiera destacar simplemente que el Gobierno sigue con gran
interés y de manera vigilante cualquier acuerdo que pueda violentar la
competencia y, desde luego, las condiciones de tarifa de la empresa
Binter en Canarias demuestran que la Compañía Iberia está haciendo un
claro esfuerzo, en este caso incluso por debajo del coste medio.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

Señor Rivero.




El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente, Binter es la única compañía aérea que enlaza todas
las islas del Archipiélago a excepción de La Gomera que no tiene en estos
momentos aeropuerto. En las islas no tenemos alternativa, no hay
autopistas, no hay ferrocarril. Nuestras autopistas y el ferrocarril son
el cielo y el mar. Nuestro autobuses y trenes son el avión y el barco.

Los enfermos o los estudiantes de las islas periféricas, cuando tienen
que trasladarse a los grandes centros hospitalarios o a las universidades
ubicadas en Tenerife o Gran Canaria, sólo tienen la posibilidad del avión
o del barco. La economía de las islas y, por tanto, su desarrollo social
y económico, tiene una dependencia absoluta del barco y del avión.

Consiguientemente, señor Vicepresidente, no es sólo el interés económico,
el interés comercial el que debe prevalecer en las comunicaciones entre
las islas, debe prevalecer también el interés social.

Las medidas adoptadas por Iberia y por Binter nos han alejado casi un 25
por ciento más de España, nos han alejado casi un 25 por ciento más del
territorio peninsular y un 40 por ciento más entre los canarios.

Aplaudimos que el ministerio haya acudido al Tribunal de Defensa de la
Competencia, pero señor Vicepresidente, nos gustaría también que acudiera
a las autoridades de la Unión Europea y que hasta tanto se clarifique si
ha habido acuerdo entre las distintas compañías, ante el abuso de la
medida, el Gobierno la suspenda cautelarmente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.




--DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LA PROXIMA CAMPAÑA DE RENTA
96? (Número de expediente 180/000611)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el
Diputado don Vicente Martínez-Pujalte, del Grupo Parlamentario Popular.

Señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, muchas gracias.

Señor Ministro de Economía, el 2 de mayo ha arrancado la campaña de
renta. Casi quince millones de declaraciones se efectuarán en el período
fijado. Mejorar la conciencia ciudadana respecto a las obligaciones
tributarias es un objetivo básico en la lucha contra el fraude, que
alcanzó en los últimos años del Gobierno socialista cifras intolerables.

En casi tres billones de pesetas estimó el Instituto de Estudios Fiscales
el fraude para 1994, un 5 por ciento del producto interior bruto. Este
año se han introducido novedades que suponen una menor presión fiscal
individual como son congelación de los módulos, incremento del 8 al 15
por ciento de la reducción en el rendimiento neto de la



Página 4009




tributación por módulos, deflactación de la tarifa, aumento de la base
por aportaciones a fondos de pensiones, actualización de deducciones
familiares, etcétera. Esas modificaciones que hacen más justo y solidario
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas rebajan la presión
fiscal y es seguro que ayudan a mejorar la conciencia ciudadana.

Además, señor Vicepresidente, hay otros aspectos que están mejorándose y
en esa línea hay que intensificar los esfuerzos. Son aspectos que
contribuyen a incrementar la confianza de los ciudadanos en las
instituciones públicas y, por tanto, a hacer menos oneroso el
cumplimiento de las obligaciones tributarias. En primer lugar, la
austeridad, el rigor y el buen uso del dinero público, eliminando
cualquier atisbo de corrupción y despilfarro.

En segundo lugar, la transparencia de la Hacienda pública y el trato no
discriminatorio de unos ciudadanos frente a otros. Pero hay un tercer
aspecto, señor Vicepresidente, que nos parece esencial: aumentar los
servicios de atención a los contribuyentes orientados a facilitar el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y para esta campaña de renta
se han regulado algunas mejoras que me parece importante que el señor
Ministro reseñe en sede parlamentaria.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.

Señor Vicepresidente, tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, gracias, señor Diputado.

Efectivamente, la Agencia Tributaria se ha marcado como uno de sus
objetivos prioritarios fomentar el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias en las declaraciones del IRPF, que sumarán 15
millones este año.

En esta política de fomentar el cumplimiento voluntario hay una doble vía
de actuación: por un lado, ampliar y mejorar los servicios de ayuda y,
por otro, desarrollar una prueba piloto de confección de declaraciones de
renta por la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Respecto a la primera, los servicios de ayuda, existe en este momento un
servicio de cita previa con un teléfono único para toda España, donde los
contribuyentes pueden solicitar día y hora para acudir a las oficinas de
la Agencia. El número es conocido, pero lo repito aquí: 901.22.33.44.

También se ha aumentado el número de entidades, en este momento son 152,
que colaboran con la Agencia estatal de la Administración Tributaria,
poniendo a disposición de los ciudadanos más de 18.000 locales,
pudiéndose estimar en millón y medio el número de declaraciones
abreviadas y simplificadas. Y como un elemento novedoso de estas
entidades colaboradoras, por primera vez colaboran doce comunidades
autónomas a través de los consejos territoriales de dirección de la
gestión tributaria.

Además, será posible importar de Internet e Infovía el programa Padre al
ordenador personal del usuario y confeccionar la declaración con el
mismo. Y también, como SS. SS. seguramente conocen, se ha introducido la
posibilidad de pagar con tarjeta de crédito por primera vez este año.

Respecto a la segunda característica que he mencionado, de ayuda al
contribuyente, es una prueba piloto de confección de declaraciones con
contraste de imputaciones, que será realizada por la propia Agencia a
favor de dicho contribuyente. En este momento se está realizando esta
prueba piloto, para declaraciones abreviadas o simplificadas, en las
siguientes provincias: Badajoz, Castellón, Valladolid y Zaragoza, y para
esto se han contratado aproximadamente 400 personas. Esperamos que los
resultados de la misma nos permita aumentar este tipo de ayudas al
contribuyente en campañas sucesivas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente.




--DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUAL ES LA POSICION DEL GOBIERNO SOBRE LA
APLICACION DE SANCIONES EN CASO DE DEFICIT EXCESIVO PARA LOS PAISES QUE
NO CUMPLAN EL PACTO DE ESTABILIDAD? (Número de expediente 180/000622)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 28, que formula al Gobierno don Juan
Manuel Eguiagaray Ucelay, Diputado del Grupo Socialista.

Señor Eguiagaray, tiene la palabra.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Economía, no sé si tiene usted también un teléfono de
la esperanza para el pacto de estabilidad. En todo caso, ¿cuál es la
posición del Gobierno sobre la aplicación de sanciones en caso de déficit
excesivo para los países que no cumplan el pacto de estabilidad?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.

Señor Vicepresidente, tiene la palabra.




Página 4010




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señor
Diputado.

Como el señor Diputado sabe, la decisión de aplicar sanciones a países
que no cumplan con los objetivos de déficit --por tanto, que incurran en
déficit excesivo-- tendrá que ser fijada definitivamente por el Consejo
Europeo, y los criterios no sólo serán numéricos o macroeconómicos, que
están fijados en el pacto de estabilidad, sino cualquier otro criterio,
como recoge el propio Tratado de Maastricht. En ese sentido y en este
momento, es muy difícil para un Gobierno fijar unos criterios generales
para todos los casos. Sí puedo decirle, como S. S. sabe, que además de
que será el Consejo Europeo el que utilizando todo tipo de criterios fije
definitivamente la existencia o no de un procedimiento de déficit
excesivo, las sanciones, de producirse, serían al tercer año en que un
país no hubiera sido capaz de corregirlo. Me parece que todos somos
conscientes de que, formando parte de la misma moneda, un país que
incurra en ese tipo de actuaciones perjudicaría al conjunto de los países
miembros del euro.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

Señor Eguiagaray, tiene la palabra.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, pocas cosas tengo que decir sobre mi convicción personal
y la de este grupo alrededor de la necesidad de un pacto de estabilidad.

El problema, señor Ministro, no es éste, el problema es si el pacto de
estabilidad, al cual usted ha dado su asentimiento, es bueno para España.

Y en esa dirección permítame decirle que yo estoy con algunos de los que
creen que éste es el fin de un déficit público como elemento de
estabilización automática; que ésta es la falta absoluta de conocimiento
de la diferencia de desarrollo económico entre otras cosas, y de dotación
de capital de unos países respecto de otros; que éste es, en suma, un
pacto de estabilidad en virtud del cual probablemente quienes tengan
déficit serán arrastrados a más déficit.

Pero todo esto --que desde el punto de vista económico es discutible, se
podría discutir, pero yo creo que hay buenas razones para sostenerlo--
sería menos grave si usted no hubiera sostenido que los acuerdos de
Norwich, aquellos que usted ha dicho que le parecen razonables, no fueran
el reconocimiento de su derrota. Porque, efectivamente, en Norwich, en el
Ecofin, usted ha dado su asentimiento a que las sanciones sean
acumulativas, a que la aplicación de las sanciones sea cuasi automática,
y, en contra de lo que usted ha dicho a la opinión pública, a que los
fondos de cohesión para España no queden garantizados. Exactamente lo
contrario de lo que usted dijo a la entrada de la cumbre o del Ecofin de
Norwich. Algo que a mí me parecería razonable si usted estuviera
dispuesto a aceptar que ya que no puede vencer a quienes están en una
posición mayoritaria respecto de usted, ha decidido unirse a sus
adversarios, o, por decirlo de otra forma, como usted ha considerado que
esa actitud era irresistible, ha decidido relajarse y gozar.

Ciertamente, señor Rato, esto está muy lejos de ser el interés de España,
está muy lejos de ser aquello que usted ha dicho que iba a defender y
está muy lejos de ser aquello que conviene a nuestro país en materia de
pacto de estabilidad. Por eso, señor Rato, entenderá que yo no pueda
comprender por qué a usted le parece tan razonable aquello que ni
económicamente ni desde el punto de vista de los intereses de España se
puede defender con absoluta razonabilidad. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.

El señor Vicepresidente tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Presidente, no entiendo por qué el señor Diputado
afirma que los fondos de cohesión se han puesto en peligro. Al contrario,
se liga la existencia de fondos de cohesión a programas de estabilidad.

El señor Diputado niega con la cabeza, pero yo creo que lo que tiene que
hacer es leerse los papeles.

Segunda cuestión, unirse a sus adversarios. Yo no sé si usted es
partidario del déficit público como elemento de crecimiento. En ese caso,
con todos los respetos, desde el punto de vista macroeconómico sí somos
adversarios. Desde luego, la práctica macroeconómica de sus gobiernos
anteriores le sitúan a usted en esa posición. Por tanto, entiendo que
quiera justificar su pasado. Pero querer transmitir a la opinión pública
nacional e internacional que lo que le conviene a España es más déficit
público como un elemento que le permita acercar distancias con los países
más desarrollados, es uno de los mayores errores macroeconómicos que se
pueden transmitir. Estoy seguro de que S. S. no lo transmitirá cuando
tenga ocasión de poder hablar con un poco más de tiempo, y no deje tantas
cuestiones sin definir.

De lo que no le cabe duda alguna al Grupo Popular --y ahora ya no puedo
hablar de cuál es la posición de su grupo porque me ha sorprendido
profundamente lo que usted acaba de afirmar-- es que el pacto es una
garantía de estabilidad. No es un camino para poder hacer trampas, sino
que es, repito, una garantía de estabilidad, y a nosotros nos conviene
que el conjunto de los países no tenga déficit excesivos, porque mientras
que gobierne el Partido Popular España no tendrá tampoco déficit
excesivos, gracias a lo cual los ciudadanos pagarán menos tipos de
interés, habrá más crecimiento



Página 4011




y más empleo. Cuando vuelvan a gobernar ustedes, seguramente tendremos
los problemas que hemos tenido siempre con el Partido Socialista en el
Gobierno en cuestión de déficit público.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.




--DEL DIPUTADO DON PEDRO SOLBES MIRA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO,
QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA: ¿QUE VALORACION HACE EL GOBIERNO DEL V INFORME SOBRE AYUDAS
NACIONALES DE LA COMISION EUROPEA? (Número de expediente 180/000623)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 29 que formula al Gobierno el
diputado don Pedro Solbes Mira, del Grupo Socialista. El señor Solbes
tiene la palabra.




El señor SOLBES MIRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro de Economía, hace unos días, el comisario responsable de
ayudas públicas presentaba en el Consejo de Ministros de la Unión Europea
su V Informe sobre ayudas públicas nacionales. En dicho informe hay dos
aspectos de especial interés para nuestro país. En primer lugar, que
España es, junto con Reino Unido y Holanda, uno de los países con niveles
de ayuda más bajos. En segundo lugar, que España, junto con otros dos
países de la cohesión, ha disminuido sus ayudas públicas.

La Comisión pretende seguir con su política de reducción de ayudas, y en
ese sentido quiere negociar acuerdos bilaterales. Por otra parte, está
replanteando los elementos básicos de las políticas de naturaleza
regional.

Ante esta situación y ante estos hechos, ¿qué valoración hace el Gobierno
de ese V Informe sobre ayudas nacionales de la Comisión Europea? ¿Cuál es
su posición sobre estos puntos clave en el futuro de la política de
ayudas públicas?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solbes.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.

Efectivamente, la Comisión acaba de hacer público el V informe sobre
ayudas nacionales que comprende los años 1992 a 1994. En primer lugar, en
él se demuestra que por primera vez en algunos años se ha producido un
cambio de tendencia en el sentido de que esas ayudas han dejado de ser
decrecientes. Y, en segundo lugar, algo que nos preocupa especialmente en
España, y es que se acentúa la divergencia entre los estados miembros.

Para los que podríamos llamar los grandes países, entre los que no nos
encontramos, las ayudas pasan del 82 al 85 por ciento, mientras que se
reducen del 9,3 al 8,3 del total en el caso de los países de la cohesión,
entre los que sí nos encontramos. España, tanto en porcentaje de ayuda
por trabajador como por valor añadido de la producción en los años que
cubre el informe, se encuentra muy por debajo de la media comunitaria y
sólo por encima del Reino Unido.

En ese sentido, le parece importante al Gobierno poner de manifiesto que
la diferencia entre los países puede perjudicar las filosofías de las
políticas de cohesión, y que las políticas presupuestarias nacionales
deben coadyuvar, de manera más eficiente, a los fondos europeos. Quiero
poner de relieve que ya en los presupuestos de 1997 se ha producido un
aumento sustancial del crédito presupuestario correspondiente, pasando de
11.700 millones a 14.400, y es nuestra intención continuar en esta
dirección.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

El señor Solbes tiene la palabra.




El señor SOLBES MIRA: Muchas gracias, señor Ministro. La información que
usted me ha dado es la que yo le manifestaba. No era necesario que nos
releyera algunos aspectos del informe, que conocemos bien. Mi pregunta
era otra. Mi pregunta es que España está reduciendo sus ayudas y la
Comisión pretende reducirlas más, ¿cuál es su posición respecto a la de
la Comisión? La segunda pregunta es si, a la vista de que aquellos países
que siendo más ricos que nosotros tienen más margen presupuestario para
conceder ayudas no lo hacen, ¿va a aceptar que esa situación siga igual?
¿Existe una política definida por el Gobierno sobre este punto?
El que me diga que ha mejorado la política presupuestaria o la aportación
presupuestaria no es un hecho relevante. Cuando estamos hablando de
ayudas públicas no sólo estamos mencionando transferencias
presupuestarias, sino, evidentemente, aportaciones nacionales,
autonómicas y también, en algunos casos, de otros elementos como ventajas
fiscales o de otra naturaleza. Por tanto, lo que nos interesa conocer
aquí no es exactamente lo qué ha sucedido, sino cuál es su posición
respecto al futuro. En otro caso, la industria y los servicios españoles
van a perder competitividad respecto a países con los que trabajamos en
un mercado unificado.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solbes.

El señor Vicepresidente tiene la palabra.




Página 4012




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.

Yo creo que es interesante que sepamos lo que ha sucedido en el pasado de
manera que podamos tener una política con experiencias, y lo que ha
sucedido en el pasado, en los años 1992 a 1994, es lo que S. S. conoce y
yo he referido a la Cámara.

Respecto al futuro, ya he planteado que desde el punto de vista del
Gobierno existe la voluntad de aumentar nuestra capacidad presupuestaria
para poder coadyuvar a las ayudas nacionales desde el punto de vista de
la industria. Coincido completamente con S. S., y además me gustará verlo
reflejado en los debates parlamentarios, en que hemos de llevar a cabo
políticas fiscales para mejorar la situación de la industria. Me parece
que medidas como la actualización de balances hubieran tenido un reflejo
distinto si filosofías como las de S. S. se hubieran impuesto en su
grupo.

En cualquier caso, respecto a la Comisión, lo que sí tengo que decir es
que para los presupuestos del año 1998 la posición de España, que ha sido
defendida tanto por este Gobierno como por el anterior, es que los fondos
decididos en Edimburgo se mantengan y no afecten a las políticas más
trascendentales para España.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.




--DEL DIPUTADO DON JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE
ECONOMIA Y HACIENDA: ¿CUANDO ESTA PREVISTO PRIVATIZAR ARGENTARIA? (Número
de expediente 180/000624)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30 que formula al Gobierno el
Diputado don Juan Pedro Hernández Moltó, del Grupo Socialista.

Señor Hernández Moltó, tiene la palabra.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, este grupo le pregunta al
Gobierno en qué fecha está prevista la culminación del proceso de
privatización de Argentaria.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.

El señor Vicepresidente tiene la palabra.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): No existe fecha prevista.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.

El señor Hernández Moltó tiene la palabra.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Muchas gracias por su elocuente respuesta.

Conforme la estaba oyendo me imaginaba yo lo que hubiera sido el tono de
una pregunta similar a ésta que le hubiera hecho el Grupo Popular a un
ministro de Economía socialista hace un año y medio, por boca del señor
Cascos o del señor Ramallo, en unas circunstancias en las que el amigo
del Ministro de Economía y Hacienda hubiera adquirido cientos de millones
de acciones de la empresa para la que había sido nombrado presidente y
otros tantos millones de derechos para comprar su futuro y su posición en
la empresa. No se me antoja a mí el nivel de aquel debate. Tranquilo,
señor Ministro, que este grupo no va a estar a la altura del nivel
previsto en aquel momento. Pero sí incumpliríamos nuestra responsabilidad
si no calificáramos la posición en Argentaria de su presidente y de quien
protege esas actuaciones de indecencia política.

Lo que está sucediendo en este momento en Argentaria, como en tantos
otros grupos que se están privatizando, pero especialmente en Argentaria,
es que se está falsificando el debate democrático y el uso de las
instituciones. Se está produciendo un gran fraude democrático en el que,
desde el poder político, se están buscando atajos para apropiarse del
poder económico, poder, por cierto, público. (Rumores.) Y me parece,
señor Ministro, que ése es un mal camino.

Nosotros creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en el esfuerzo,
creemos que la gente tiene derecho a hacer dinero y a mejorar su posición
social, pero el uso que ustedes están haciendo del proceso de
privatización, de la influencia, de la colocación de sus intereses,
sencillamente, señor Ministro, es un puro abuso de poder. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernández Moltó.

Tiene la palabra el señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente, gracias, señor Diputado.

Primero. Le tengo que decir que en esa hipótesis el Grupo Popular no
hubiera podido hacer la pregunta, porque ustedes privatizaron una parte
de Argentaria con las Cortes cerradas. (Rumores.) Por tanto, señor
Hernández Moltó, no habríamos tenido ni la oportunidad. (Aplausos.)
Segundo. Al señor Hernández Moltó --no sé si a su grupo-- le parece
políticamente incorrecto que una persona que dirige una compañía invierta
sus ahorros o se endeude en esa compañía. No ha quedado claro,



Página 4013




no sé si lo ha dicho para ver si con eso quedaba algún tipo de duda. Si
S. S. cree que los directivos de las compañías no pueden invertir en
ellas públicamente, debe decirlo, me parece difícil, pero en cualquier
caso es una posición novedosa en cuanto al funcionamiento del mercado de
capitales que seguramente tendrá que apadrinar con su propio nombre
porque hasta ahora nadie la ha defendido.

En cuanto a fraude democrático, creo que privatizar con las Cortes
cerradas es un margen tan distinto de respeto a la democracia que S. S.

me permitirá que le diga que ahí sus argumentos son realmente endebles.

Por lo demás, todas las afirmaciones que ha hecho no tienen ninguna
justificación. El proceso de privatización que se está realizando se está
haciendo en la mayor parte de los casos en oferta pública de venta. Hay
más de dos millones de familias españolas que lo acaban de respaldar en
dos casos muy concretos, lo cual pone de relieve a quién está siguiendo y
a quién no está siguiendo el pueblo español. Y sobre estos temas sería
conveniente que ustedes se fueran dando cuenta de lo que opinan las
familias españolas que están actuando respecto a sus propios intereses.

De todas formas, no he entendido ninguna justificación en su pregunta, ni
sobre el fraude democrático, habida cuenta que nosotros privatizamos con
las Cortes abiertas, ni sobre que S. S. considere que los que trabajan en
una compañía no pueden comprar acciones en la misma, máxime si lo dicen
públicamente, y todas las demás afirmaciones me han parecido
absolutamente gratuitas, por tanto, no puedo contribuir a ese debate
porque me parece que carece de cualquier interés.

Muchas gracias. (Aplausos.--Muy bien.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente segundo del Gobierno.




--DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE FINALIDAD TIENE EL
RECIENTEMENTE APROBADO REAL DECRETO SOBRE DIRECTRICES GENERALES COMUNES
DE LOS PLANES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS? (Número de expediente
180/000616)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24 que formula al Gobierno don Juan
Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Popular.

Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra, el número de asignaturas por curso en los planes de
estudio de las carreras universitarias tiene en la actualidad un exceso
de materias. Hay casos en que pasan de las veinte asignaturas por curso,
muchas de ellas cuatrimestrales y quizás --más bien seguro-- en perjuicio
de aquellas asignaturas fundamentales o troncales.

Esta situación conlleva para los alumnos un perjuicio en su formación.

Esto ha sido manifestado por los representantes de los alumnos, asimismo
por los diferentes rectores y, en general, por las universidades. Ante
esta situación, en una de las intervenciones de la señora Ministra en la
Comisión de Educación indicó que, respetando, no faltaría más, la
independencia, la autonomía de las universidades, suprimir algunas de
esas asignaturas sería algunas de las primeras iniciativas que tendría la
señora Ministra.

Por todo ello, y comunicando la satisfacción que han transmitido a
nuestro grupo tanto alumnos como representantes de las diferentes
universidades, le quiero preguntar a la señora Ministra la finalidad que
tiene el real decreto sobre directrices generales comunes de los planes
de estudios universitarios.

Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Guerra.

Señora Ministra de Educación y Cultura tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.

Como S. S. no ignora, el promedio de asignaturas por curso en los planes
de estudio actuales es de 16 --ésta es la media nacional por curso--,
pero hay algunas titulaciones, en algunas universidades, para las que los
alumnos han estado sometidos a tener un total de 23 asignaturas
diferentes en el mismo curso académico, y esto con sus correspondientes
exámenes.

Este real decreto, señoría, que el Gobierno ha aprobado recientemente, lo
que pretende que se reduzca el número de asignaturas que los alumnos
tienen que cursar en un mismo año. Por medio de este real decreto
confiamos en que se reduzca a la mitad el promedio de materias que los
alumnos cursan por cada año académico. Para ello, se refuerzan las
materias troncales, que son las que consideramos que dan homogeneidad a
la titulación, las que forman el núcleo básico del conocimiento de una
carrera universitaria y las que permiten también la movilidad de los
estudiantes de una universidad a otra.

Por otra parte, el real decreto autoriza también a las universidades a
incrementar las materias troncales en un 25 por ciento, según se trate de
ciclo, o en un 15 por ciento en un año.




Página 4014




Señoría, esta reforma, que coincide con la propuesta del pleno del
Consejo de Universidades y con las líneas generales que yo misma expuse
ante la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara al comienzo de mi
mandato, tiene como objetivo mejorar la calidad de la enseñanza en
nuestras universidades, potenciar las asignaturas fundamentales y reducir
las de menor entidad, en definitiva, centrar la carga lectiva en las
materias más importantes de las carreras. Tengo que decir a S. S. que
cuando yo cursé la carrera de Derecho, era una carrera de cinco años, con
200 créditos. Hoy hay universidades en las que la carrera de Derecho se
cursa en cuatro años, pero tiene 300 créditos. Nosotros entendemos,
señoría, que la universidad tiene que conservar su natural vocación de
excelencia cultural, científica y tecnológica, y que los planes de
estudio son la piedra angular de toda la carrera universitaria. Por eso
queremos que esta piedra angular sea una base sólida sobre la que
cimentar el edificio de la universidad española del futuro.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.




--DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS RUIZ LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE INCREMENTO HA
HABIDO ESTE AÑO EN LOS RECURSOS DESTINADOS A «PROGRAMAS DE GARANTIA
SOCIAL»? (Número de expediente 180/000617)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, de don Juan Carlos Ruiz López,
del Grupo Parlamentario Popular.




El señor RUIZ LOPEZ: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Educación y Cultura, la cuestión que le planteo esta
tarde es posiblemente una de las pocas salidas que le quedan a un
colectivo importante de jóvenes, entre 16 y 21 años, para acceder en
condiciones de relativa igualdad al mercado laboral, así como para
completar su formación. Me estoy refiriendo, señora Ministra, como usted
bien sabe, a los programas de garantía social, los cuales deben cumplir
el objetivo de incorporar estos jóvenes al mundo laboral, dotándolos de
unos conocimientos técnico-prácticos para los que están concebidos los
distintos modelos de formación profesional que se contemplan en este
programa.

Teniendo en cuenta que el fracaso escolar en la enseñanza secundaria
obligatoria es aproximadamente del 25 por ciento, es necesario reforzar
una de las pocas vías de enganche hacia el mundo laboral para un
colectivo importante de jóvenes que, de otra manera, quedan descolgados y
se situarían en el borde de la marginalidad social. Para el Partido
Popular, tener más programas de garantía social y de más calidad es uno
de los fundamentos básicos en formación profesional, haciendo de nuevo
una apuesta decidida, como me consta que usted también ha hecho desde su
ministerio en apoyo a las clases más desfavorecidas. Entendemos,
asimismo, que estos programas deben ir de la mano de los nuevos contratos
de formación perfilados en el reciente acuerdo entre los sindicatos y la
patronal, con lo cual se producirá la normal integración de estos jóvenes
en el mundo laboral.

Por todos estos motivos, y por ser el Partido Popular un partido
preocupado por los jóvenes, y muy especialmente por el colectivo al que
van destinados estos programas, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué
incremento ha habido este año en los recursos destinados a programas de
garantía social?



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ruiz.

Señora Ministra, tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.

Como S. S. no ignora, las tres modalidades de los programas de garantía
social son las de iniciación profesional, formación para el empleo y
talleres profesionales. Esas tres modalidades, señoría, se han convocado
este año en una resolución que engloba todos los programas, y ya se ha
resuelto, precisamente en el momento en que han estado disponibles los
créditos del Fondo Social Europeo.

Es importante decir a S. S. que en este año, en comparación con el año
anterior, ha habido más centros, más grupos, más profesores y más alumnos
que los que hubo en el curso pasado. El incremento aproximado ha sido de
un 15 por ciento. Este año ha habido 9.000 alumnos en los programas de
garantía social, 1.400 profesores, 650 grupos, 400 centros y más de 2.700
millones de pesetas dedicados a esta finalidad.

En todos y cada uno de los programas y las modalidades de garantía social
ha aumentado la dotación económica. En conjunto, los programas de
garantía social han tenido 350 millones de pesetas más en este curso que
en el pasado curso 1995-1996. Por tanto, entiendo que la atención a estos
jóvenes con necesidades educativas especiales, que no han terminado de
seguir las enseñanzas regladas en las modalidades vamos a llamar
ordinarias, son una de las prioridades de la política del Gobierno. Por
eso, las cifras que le acabo de dar y el incremento de en torno al 15 por
ciento en estos programas.

Muchas gracias, señor Presidente.




Página 4015




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.




--DEL DIPUTADO DON AMADOR ALVAREZ ALVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO
SATISFACTORIA LA RESPUESTA DEL PUBLICO A LA NUEVA ETAPA DEL CENTRO
DRAMATICO NACIONAL? (Número de expediente 180/000618)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 26, de don
Amador Alvarez Alvarez, del Grupo Parlamentario Popular.




El señor ALVAREZ ALVAREZ: Gracias, señor Presidente.

Señora Ministra de Educación y Cultura, la cultura, que persigue como
objetivo fundamental perfeccionar los valores humanos, tanto
intelectuales como sociales, llega a sus destinatarios a través de
múltiples y variadas manifestaciones.

Toda manifestación cultural se apoya, por una parte, en iniciativas de
creación y, por otra, en el público destinatario de las mismas, que
percibe, analiza y acepta o rechaza, según su libre criterio, el bien
cultural que se le ofrece.

Las instituciones públicas, y muy especialmente el Ministerio que usted
tiene bajo su responsabilidad, deben ejercer de proa en la tarea de
impulsar y potenciar la actividad cultural con el objetivo primordial de
hacer llegar a la mayor parte de nuestros ciudadanos ese bien tan
preciado y necesario para el desarrollo integral y armónico de cualquier
persona. Pero esta obligación no significa que todo vale, y que la
Administración no establezca criterios de calidad y eficacia. Por el
contrario, es necesario que se evalúen las actividades culturales
promovidas con fondos públicos, y así se evitará que se programen
actuaciones pseudoculturales de escasa o nula aceptación por parte de la
sociedad. De no hacerse esta evaluación, se incurriría en una dejación
inaceptable de los responsables políticos o de gestión. Y en esta
situación es muy probable que haya incurrido el Centro Dramático
Nacional, que en los últimos años de gestión socialista se ha ido
deteriorando paulatinamente, alejando a los espectadores al programar
iniciativas que sólo han merecido en algunos casos el interés de apenas
varias decenas de personas.

Esta situación hizo necesario cambiar la dirección del citado Centro
Dramático Nacional para que se cumpliera el objetivo fundamental de esta
institución, que no es otro que fomentar la creatividad teatral y, al
mismo tiempo, acercar el teatro a la sociedad. Ejemplos de eficacia se
han dado terminando las obras del María Guerrero, que durante algún
tiempo había estado cerrado.

Por esto, señora Ministra, le pregunto: ¿Considera el Gobierno
satisfactoria la respuesta del público a la nueva etapa del Centro
Dramático Nacional?
Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Alvarez.

Señora Ministra, tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, el Gobierno considera muy satisfactoria la respuesta del público
a la nueva etapa del Centro Dramático Nacional. En el período que va
desde el 1 de enero hasta la mitad del mes de abril se ha triplicado el
número de espectadores en ambas salas. En enero de 1997 ha habido 33.895
espectadores y, por tanto, la recaudación ha sido de 59.683.000 pesetas,
y en el mismo período del año pasado, entre enero y el día 13 de abril,
hubo 11.000, es decir, un tercio aproximadamente de la cifra de este año,
y la recaudación fue de 18 millones de pesetas. Es decir, que se ha
triplicado el número de espectadores, lo que quiere decir, señoría, que
la programación que ha preparado el nuevo equipo del Centro Dramático,
que contiene respuestas escénicas muy diversas, puede atender a los
gustos de distinto tipo de público. Nuestro objetivo es atraer nuevas
gentes al teatro, hacer un esfuerzo real por ilusionar, por conquistar a
nuevos públicos y captar a los más jóvenes especialmente, dar a conocer
obras que eran prácticamente inéditas de los grandes escritores españoles
e iberoamericanos y abrir los teatros públicos a los autores de la nueva
generación. Prácticamente el cien por cien de las representaciones del
Centro Dramático Nacional durante esta nueva etapa lo han sido de autores
españoles e hispanoamericanos. Hay que destacar también, en cuanto a las
actividades del Centro Dramático, que se ha dado un nuevo enfoque a la
campaña escolar. Nos parece que en este año los alumnos que han acudido a
los teatros nacionales no lo han hecho sólo para consumir una
representación; se ha elaborado y se han facilitado a los centros unos
cuadernos pedagógicos que han servido a profesores y alumnos para
programar la visita al teatro.

Quiero resaltar también, señoría, que para los espectáculos en gira,
porque no sólo han actuado en Madrid las compañías nacionales, se ha
puesto especial cuidado en que los alumnos de otras localidades tuvieran
a su disposición idéntica información y facilidades a las que tienen los
alumnos de Madrid.

Por tanto, el nuevo equipo del Centro Dramático Nacional, bajo la
dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, ha hecho una magnífica
labor, ha cosechado



Página 4016




excelentes resultados y está consiguiendo nuevos públicos, que es nuestro
objetivo en materia de teatro.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.




INTERPELACIONES URGENTES:



--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICION CANARIA, SOBRE LA POLITICA DEL
GOBIERNO EN MATERIA DE TRANSPORTES AEREOS ENTRE LA PENINSULA Y LOS
ARCHIPIELAGOS (Número de expediente 172/000044)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos al punto VII del orden
del día: Interpelaciones urgentes.

De acuerdo con lo tratado ayer por la Junta de Portavoces, vamos a
tramitar, en primer lugar, la interpelación del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, sobre la política del Gobierno en materia de
transportes aéreos entre la península y los archipiélagos.

En nombre del grupo interpelante, para su presentación, tiene la palabra
el señor Rivero Baute.




El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente del Gobierno, el pasado día 11 de diciembre se
debatió en la Cámara una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista
sobre la adaptación de España a las políticas comunitarias de
liberalización del transporte aéreo. Aunque parte del debate en aquella
ocasión se desvió al problema coyuntural de Barajas, lo cierto es que fue
un debate importante, ante el nuevo panorama que se abría con la entrada
en vigor del tercer paquete de liberalización del tráfico aéreo.

El Ministro de Fomento, señor Arias-Salgado, expuso a la Cámara lo que
iban a ser las directrices básicas globalmente consideradas de su
departamento en materia de transporte aéreo. Se refería concretamente a
aplicar las políticas de liberalización comunitaria; a definir las
obligaciones de servicio público que prevé la legislación comunitaria en
relación con los servicios aéreos regulares a regiones periféricas, a
regiones en desarrollo y a rutas regionales de baja densidad de
población; a impulsar la proyección de las compañías aéreas españolas en
el exterior; a fortalecer la dimensión estratégica del sistema
aeroportuario español, especialmente Barajas, y a culminar todo este
proceso con la presentación a la Cámara de una nueva ley de navegación
aérea que pusiera fin a la dispersión y a la obsolescencia que tiene
ahora la normativa vigente.

Señor Vicepresidente del Gobierno, Coalición Canaria compartió en
aquellos momentos, y comparte hoy, los criterios globales de la política
de transporte del Ministerio de Fomento, pero determinadas cuestiones
importantes no pueden esperar su solución en el tiempo, porque retrasar
alguna de ellas podría ocasionar graves perjuicios económicos, sociales e
incluso políticos. La euforia de la que ha estado rodeado todo el marco
general de liberalización de las comunicaciones en Europa nos ha centrado
en ver sólo los aspectos positivos que tiene cualquier régimen de libre
mercado o de libre competencia. En ese sentido, no hay que cerrar los
ojos, y nosotros no los cerramos. En este proceso liberalizador, qué duda
cabe que se han mejorado las comunicaciones aéreas en España, porque ha
significado la aparición de nuevas compañías aéreas, ha significado la
bajada general de precios, ha significado, en definitiva, una mejora de
los servicios para los usuarios. Sin embargo, señor Vicepresidente, las
medidas liberalizadoras, las medidas de un libre mercado son con carácter
general y hay determinadas zonas frágiles, determinadas zonas de los
territorios que tienen que tener medidas de protección en un régimen de
libre mercado. Esas zonas frágiles, esas zonas que pueden
desestabilizarse en un mercado de libre competencia, son fundamentalmente
los territorios ultraperiféricos, son, en general, las islas.

La fragilidad o la debilidad de estos territorios viene dada
fundamentalmente porque no existe alternativa al barco o al avión y
porque hay rutas en las comunicaciones entre las islas en las que el
volumen de pasaje que mueven es insuficiente para hacerlas rentables a
las compañías que operan en estos tráficos. Tal es la debilidad de
algunos territorios alejados en este mercado de libre competencia que
sabiamente ya el legislador lo preveía. Si buscamos en la legislación
europea, en el artículo 4 del Reglamento de la Unión Europea número
2.408, de 23 de julio de 1992, vemos que, resumiendo su contenido, decía
que los Estados miembros, previo los trámites previstos en el reglamento,
podrán imponer obligaciones de servicio público en relación con los
servicios aéreos regulares que sirvan a una región periférica de baja
densidad de tráfico cuando sea esencial para su desarrollo social y
económico. Lo preveía también el legislador en el artículo 138.1 de
nuestra Constitución cuando se refiere a la solidaridad y al trato
específico con las islas. Lo preveía también, en el caso específico de
Canarias, en su Ley de Régimen Económico y Fiscal, en sus artículos 5 y
6. Lo preveía, en definitiva, el anexo al acuerdo de Maastricht, cuando
se hace referencia a las regiones ultraperiféricas de Europa.

En ese marco general, señor Vicepresidente del Gobierno, se ha producido,
a partir del 25 de abril, apenas hace un mes, con motivo de la entrada
del tercer paquete liberalizador, lo que nosotros entendemos



Página 4017




una abusiva y salvaje subida de los precios de las compañías aéreas que
operan entre la Península y Canarias, la Península y Baleares y
viceversa, y en los tráficos interinsulares. Otros Estados miembros de la
Unión Europea sí se han apoyado en la legislación para adoptar las
medidas preventivas de cara a estos territorios alejados, de cara a estos
territorios frágiles. En ese sentido, en este momento, la obligación de
servicio público la tienen ya solicitada y declarada: Francia para
Córcega, para sus territorios de Guayana y hasta para transportes
interregionales en Normandía; la tiene Portugal para Madeira y Azores; la
tienen Noruega, Escocia y Suecia, en sus líneas interinsulares. En estas
obligaciones de servicio público se declaran como obligaciones comunes
las frecuencias mínimas, la capacidad de las aeronaves, las categorías de
los aviones que cubren esas rutas, las tarifas, la continuidad de los
servicios, los servicios prestados con o sin escalas.

¿Es que se pueden emplear otros términos, señorías, que los de abusivos y
salvajes para los incrementos experimentados por las tarifas recientes de
las compañías que operan en los tráficos Península-Canarias, viceversa, y
en los tráficos interinsulares? ¿Qué se puede decir cuando se sube una
media de más del 25 por ciento de golpe en los vuelos Canarias-Península
o Canarias-Baleares? ¿Qué se puede decir cuando se sube una media de
alrededor de un 40 por ciento de golpe en el tráfico interinsular entre
las islas canarias? ¿Qué podemos hacer, sino sonrojarnos, si les doy
algún dato práctico? Por ejemplo, un vuelo Las Palmas-Valverde de
Hierro-Las Palmas, cuesta 26.600 pesetas; un vuelo
Madrid-Bruselas-Madrid, 24.900; un vuelo Tenerife-Arrecife de
Lanzarote-Tenerife, 21.300; un Sevilla-Barcelona-Sevilla, 23.700; un
vuelo Valverde-Arrecife-Valverde, 36.000 pesetas; un vuelo
Tenerife-Amsterdam-Tenerife, 46.000 pesetas.

Señor Vicepresidente, en nada se favorece la cohesión territorial del
Estado, sino todo lo contrario, si no se toman medidas rápidas y
contundentes para atajar lo que entendemos que es un auténtico disparate.

La indignación en los archipiélagos es generalizada. Los partidos
políticos, las organizaciones empresariales y sindicales, los gobiernos
de Canarias y Baleares, los medios de comunicación, la opinión pública en
general, están muy sensibilizados con el problema de este incremento
espectacular, que nos aleja del territorio peninsular y que aleja a las
islas entre sí.

En ese marco, señor Vicepresidente del Gobierno: ¿Qué política piensa
desarrollar el Gobierno para garantizar en condiciones adecuadas el
transporte aéreo de personas y mercancías entre la Península y los
archipiélagos balear y canario y para que éste se desarrolle conforme a
los principios y normas del Derecho comunitario?
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.

Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra su Vicepresidente Segundo.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Gobierno comparte plenamente la preocupación expresada por
el portavoz de Coalición Canaria respecto a prácticamente todos los
aspectos que ha planteado en su interpelación.

Empezando por el último, el aumento de tarifas aéreas que recientemente
han llevado a cabo las principales compañías aéreas del sector,
entendemos que es un hecho que ha requerido la actuación inmediata del
Gobierno por los efectos que tiene, no sólo para los usuarios del
transporte, sino también especialmente en aquellos casos en los que no
existen medios de transporte alternativos, como es el caso de Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla. En ese sentido, me parece importante que el
Gobierno haya actuado con la diligencia que espero que S. S. reconozca.

Como se ha señalado, a mediados del mes de abril, concretamente los días
17 y 18, se conocieron, a través de la prensa, las primeras noticias
sobre la puesta en funcionamiento, por las tres grandes compañías aéreas
que prestan servicios en los vuelos dentro de España, de un sistema de
interlínea, al que se podrían acoger los billetes emitidos para
determinadas tarifas, así como el aumento simultáneo de algunas de ellas.

A raíz de estas noticias, el servicio de Defensa de la Competencia
decidió iniciar un trámite de información reservada previo a la decisión
de incoación de expediente mediante un requerimiento de información a las
compañías y una investigación de las sedes en las propias compañías. El
mismo 18 de abril, el Director General de Política Económica y Defensa de
la Competencia requirió información a las tres compañías afectadas y, el
23 de abril, tres equipos de inspectores del servicio de Defensa de la
Competencia se personaron en sus sedes sociales para realizar una
investigación en relación con los hechos enunciados por los medios de
comunicación. Es precisamente entre el 23 y el 25 de abril cuando se
reciben las primeras denuncias realizadas por instituciones canarias y
baleares, así como por asociaciones de consumidores.

Quiero informar a la Cámara que, como consecuencia de la investigación,
el servicio de Defensa de la Competencia ha llegado a la conclusión de
que existen indicios como para abrir un expediente de que hubiese un
acuerdo, no beneficioso para los consumidores, en el sentido de aumentar
las tarifas simultáneamente, homogeneizando algunas de ellas, lo cual
podría constituir una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de
la Competencia, que prohíbe los acuerdos y prácticas concertadas o
conscientemente paralelas que



Página 4018




tengan por objeto o puedan producir el efecto de restringir la
competencia, y del artículo 6 de la misma ley, que prohíbe la explotación
abusiva, por una o varias empresas, de su posición de dominio en todo o
en parte del mercado nacional. He de decir que la incoación de este
expediente --y me parece importante que lo digamos-- no supone para nada
una posición de antemano de culpabilidad de las tres compañías. El
Gobierno, que ha actuado con la diligencia que acabo de referir, debe
mantener un principio de presunción de inocencia en este tema, como en
cualquier otro, ya que éste es un asunto de extremada gravedad, no sólo
desde el punto de vista de los usuarios, sino desde el de las
consecuencias que podría tener el hecho de que se demostrase que se han
vulnerado los artículos que he mencionado.

La existencia de indicios de infracción, por lo tanto, debe ser
contemplada con cautela, pero en cualquier caso la incoación de
expediente sancionador ya ha sido notificada a los denunciantes y a las
empresas denunciadas, a las que se ha dado un plazo de diez días para que
puedan solicitar la confidencialidad sobre algunos documentos obtenidos
en el marco de la información reservada. Una vez que el servicio se
pronuncie sobre tales solicitudes, se dará vista del expediente a todas
las partes para alegaciones y solicitud de prueba. Si, como resultado de
esta instrucción, se acreditase la existencia de hechos que puedan
infringir la ley, se pasaría a un pliego de concreción de hechos de
infracción que se pondría en conocimiento de todas las partes para su
contradicción y, una vez terminada la instrucción, se remitiría al
Tribunal de Defensa de la Competencia. Si el Tribunal considerase que se
han vulnerado los artículos que he mencionado o cualesquiera otros de la
Ley de Defensa de la Competencia, se podía llegar a imponer una sanción
de hasta el 10 por ciento del volumen de negocio del ejercicio anterior
de estas compañías. Por lo tanto, estamos hablando de sanciones de
extraordinaria importancia, que indudablemente pueden ser objeto de
recurso ante la Audiencia Nacional, pero, en el caso de que el Tribunal
de Defensa de la Competencia y el propio Servicio de Defensa de la
Competencia no considerasen la existencia de infracciones, estas
decisiones, como no podía ser de otra manera, también serían recurribles
ante el propio Tribunal de Defensa de la Competencia o ante la Audiencia
Nacional.

La cuantía de las sanciones que, como he dicho, puede ser de hasta el 10
por ciento del volumen de facturación del ejercicio anterior, se
graduaría teniendo en cuenta los siguientes criterios: la modalidad y
alcance de la restricción de la competencia, la dimensión del mercado
afectado, las cuotas del mercado de las empresas afectadas, el efecto de
restricción sobre los competidores, la duración y la reiteración. Pueden
SS. SS. sacar conclusiones de que en este caso estaríamos ante una
situación de extrema gravedad.

Desde el punto de vista de la defensa de los intereses del consumidor y
desde el de la defensa del libre funcionamiento del mercado y de la
garantía del funcionamiento de la competencia, el Gobierno ha actuado con
toda diligencia y tiene instrumentos en su mano para que esto pueda tener
efectos muy profundos y beneficiosos para el conjunto del sistema.

¿Por qué el Gobierno ha decidido actuar con esta rapidez? Porque el
Gobierno es plenamente consciente de que el proceso liberalizador del
transporte aéreo es extremadamente beneficioso en términos económicos y
desde luego extremadamente beneficioso para los consumidores y
especialmente para los consumidores canarios. Y me gustaría hacer algunas
remisiones de cómo se ha producido este proceso liberalizador, que es un
proceso relativamente nuevo. Se inicia en 1987, con una política
escalonada, y se culmina en 1992 con lo que se denominó entonces el
tercer paquete aéreo, que suponía la libertad de acceso al mercado,
nuevos sistemas de concesión de licencias a las compañía aéreas, la
libertad de fijación de tarifas, además de la armonización de las normas
de seguridad aérea, reservas de plaza, etcétera.

¿Cuáles han sido las consecuencias del proceso liberalizador y por qué el
Gobierno da tanta importancia a este proceso en el caso concreto del
servicio que hay que prestar a los ciudadanos que viven en territorios
insulares y ultraperiféricos? Las consecuencias de ese proceso
liberalizador son, en opinión del Gobierno, muy claras. Se ha establecido
un elevado número de nuevas líneas regulares domésticas, tanto
peninsulares como de enlace con las islas Canarias y Baleares. Se ha
producido una moderación en todas las tarifas que han crecido en todos
los casos por debajo del Indice de precios al consumo e incluso se han
reducido en aquellas rutas en que la competencia es más intensa. Si
analizamos la evolución de las tarifas de las rutas más significativas
entre la península y las islas Canarias antes del 1 de enero de 1993,
fecha de entrada en vigor del tercer paquete aéreo, y la situación
actual, podemos comprobar que todas las tarifas básicas se han reducido
en términos reales e incluso en términos nominales, reducciones que son
aún mayores si lo que consideramos son las tarifas promocionales.

Quisiera poner algunos ejemplos que ilustran la importancia de que el
Gobierno garantice como instrumento básico el libre juego de la
competencia. Por ejemplo, la tarifa básica de ida para un vuelo entre
Tenerife y Barcelona se situaba, en pesetas de 1993, en 34.650 pesetas.

Hoy, en pesetas de 1997, cuesta entre 32.000 y 37.000; es decir, se puede
hacer el viaje por un precio un 7 por ciento inferior en términos
nominales y un 25 por ciento inferior en términos reales. Si comparamos
las tarifas más bajas de ese mismo trayecto de ida y vuelta, las
reducciones del precio en términos nominales oscilan entre el menos 17 y
el menos 25 por ciento y, en cambio, en términos reales, como es natural,



Página 4019




las reducciones son mucho más profundas pues llegan hasta el 43 por
ciento. Entre Fuerteventura y Madrid, la tarifa básica antes del 1 de
enero de 1993 era de 27.550 pesetas y hoy se ofertan dos tarifas básicas,
una de las cuales es un 7 por ciento menor en términos nominales a la de
1993, 25.050 pesetas, y la tarifa más baja en ese mismo trayecto se ha
reducido entre un 10 y un 20 por ciento en términos nominales y entre un
28 y un 38 por ciento si descontamos los efectos en la inflación.

Por tanto, los efectos sobre los precios del proceso liberalizador
justifican plenamente que el Gobierno asiente una parte sustancial de su
política en garantizar el funcionamiento de la competencia, porque la
competencia ha producido efectos extraordinariamente positivos para los
usuarios. Pero ha producido no sólo efectos económicos sobre el precio de
las tarifas, sino también sobre la calidad del servicio, una mayor oferta
de asientos, mayor variedad horaria, y muchas más posibilidades de
satisfacción de las necesidades de los distintos consumidores.

Además, hay que tener en cuenta, como he mencionado antes en una pregunta
oral, que precisamente en el proceso liberalizador se ha producido un
aumento a partir del 1 de abril, en el sentido de que ya se ha
liberalizado totalmente la competencia dentro del mercado de la Unión
Europea, permitiendo que se pueda producir la apertura de los servicios
de cabotaje. Se ha producido un nuevo avance que todavía generará una
mayor competencia, especialmente en una zona como las islas Canarias, que
son servidas por vuelos desde otras capitales europeas con gran
intensidad, debido a su afluencia turística. La posibilidad de que esos
vuelos puedan enlazarse con vuelos intrainsulares creo que abre
posibilidades que todavía tenemos que ver qué efectos producen, y
seguramente serán beneficiosos.

Vuelvo a insistir en que el Gobierno ha dedicado sus mayores esfuerzos a
garantizar el funcionamiento de la competencia, porque es a través del
funcionamiento de la competencia como podemos obtener mejores ventajas
para el consumidor. Sin embargo, el Gobierno no se limita a considerar
que el funcionamiento del mercado de la manera más eficiente puede
resolver todos los problemas y es plenamente consciente de que existen
condiciones de distancia, de insularidad y ultraperiféricas, que
justifican una política de intervención en los precios. Y ésta es la que
se define en el régimen de ayudas, que constituye un elemento fundamental
de nuestra política de transportes. Desde el punto de vista de ayudas a
residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, los incrementos
tarifarios quedan muy por debajo de los límites máximos a las
subvenciones establecidos en la ley de acompañamiento a la Ley de
Presupuestos y que posteriormente fueron revisados al alza en el mes de
febrero, cuando el Gobierno se percató de que no eran suficientes. De
acuerdo con los actuales límites vigentes, la subvención máxima para los
residentes en Canarias se sitúa en 27.000 pesetas para los billetes de
ida y vuelta y en 13.500 pesetas para los billetes de ida. Estos límites
serían suficientes para subvencionar el 33 por ciento de precios de hasta
90.000 y 41.000 pesetas, para los billetes de ida y vuelta y de ida,
respectivamente.

En cualquier caso, quiero afirmar rotundamente que si esta política de
subvenciones, como consecuencia de la evolución de las tarifas, resultara
insuficiente, el Gobierno la revisaría. Por tanto, nosotros estamos
combinando dos políticas; una, la garantía del funcionamiento de la
competencia, a la cual vamos a dedicar la máxima energía, y lo hemos
demostrado, y lo vamos a demostrar si fuera necesario durante la
incoación del expediente, y, al mismo tiempo, el mantenimiento de una
política de ayudas a residentes, que ha sido respaldada por esta Cámara y
que el Gobierno en este momento considera todavía adecuada, pero que
modificará si los hechos lo aconsejaran.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Vicepresidente, le ruego
vaya concluyendo.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Sí, señor Presidente. Sólo quisiera añadir una cuestión
que ha sido mencionada por el portavoz de Coalición Canaria. Es la
declaración de servicio público. Efectivamente, existe esa posibilidad en
la legislación comunitaria. El Gobierno español no la ha aplicado con
respecto a los vuelos en este momento ni entre la Península y Canarias ni
entre las islas, porque considera que las políticas que acabo de
mencionar son suficientes, pero no se niega a contemplar esa posibilidad.

Y nos parecería importante que en los trámites parlamentarios que la
Cámara decida, el hecho insular y su definición, desde el punto de vista
de la política de transportes, fuera fijado por esta Cámara de manera
general y para que el Gobierno pudiera tener un punto de referencia legal
de cómo reconocer el derecho o la definición del hecho insular, ya
definido en nuestra Constitución. Yo espero que en próximos trámites
parlamentarios, a través de la moción consecuencia de esta interpelación,
y de otras iniciativas que van a tener trámite ya en esta Cámara, podamos
definir el hecho insular, de manera que los ciudadanos puedan, por un
lado, tener clara cuál es la política del Gobierno con respecto a la
competencia, cuál es la política del Gobierno respecto a las subvenciones
al transporte, y tener esta política de subvenciones al transporte
enmarcada dentro de una definición más amplia de lo que debe ser el
reconocimiento del hecho insular.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vicepresidente.

Señor Rivero.




Página 4020




El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Vicepresidente del Gobierno, me temo que, si entramos en una guerra
de cifras, de porcentajes, va a ser difícil que podamos aclarar la
cuestión al resto de SS. SS.

En definitiva, la referencia para los incrementos experimentados por las
tarifas aéreas en estos momentos entre la Península y Canarias o Baleares
o entre las islas, no podemos buscarla. Para nosotros no es válido el
dato o la referencia de 1993, sino que el dato es antes del 25 de abril
del presente año, fecha en la que ha tenido lugar esta espectacular
medida de incrementos tarifarios.

Decía el señor Vicepresidente que el Gobierno tiene el marco legal en el
que apoyarse para resolver el problema; tiene el artículo 138.1 de la
Constitución, que habla de solidaridad y habla de islas; tiene el REF
canario; tiene el anexo a la declaración de Maastricht; tiene los
reglamentos europeos. Si tiene el apoyo legal donde resolver el problema
de los archipiélagos, de las islas, de los territorios alejados, es
necesario en estos momentos, señor Vicepresidente, voluntad política para
poder resolver este problema, que yo no se la niego. Yo no niego la buena
voluntad política que pueda tener el Gobierno, pero es necesario voluntad
política para resolver este problema de la lejanía de los archipiélagos,
de los territorios alejados del Estado.

¿De verdad cree el Gobierno que es necesario cohesionar el Estado
territorialmente? ¿Cree el Gobierno de verdad, señor Vicepresidente, que
la cohesión territorial sólo se puede conseguir acercando a la Península
los territorios más alejados y que acercarnos es poner a los ciudadanos
que viven en Baleares, en Ceuta, en Melilla y en Canarias, en las mismas
condiciones que los ciudadanos más alejados de cualquier punto de la
Península? ¿No cree el Gobierno, señor Vicepresidente, que económicamente
puede ser un desastre para la economía de las islas si se pone en riesgo,
por la carestía del transporte, el principal recurso económico de las
islas, como es el turismo? ¿Se valora suficientemente por el Gobierno lo
que genera el movimiento de casi 20 millones de turistas que visitan
Canarias, 20 millones de pasajeros que entran por los aeropuertos
canarios, con el movimiento económico que genera para nuestra economía
interior, con el movimiento económico que genera de aportación a los
fondos del Estado, con el empleo que se genera en este recurso que es el
turismo? ¿No le parece al señor Vicepresidente que es socialmente injusto
alejar más a los habitantes de las islas del resto del territorio del
Estado? ¿No le parece que políticamente no es acertado, que no es
conveniente, que no es oportuno, adoptar medidas que alejen más a los
habitantes de las islas del territorio europeo?
Estoy seguro, señor Vicepresidente, de que se pueden considerar obvios
todos estos interrogantes, por sencillos, porque es de sentido común,
pero me gustaría que, si no se está de acuerdo con ellos, se expresara
por parte del Gobierno. Porque si estamos de acuerdo con ellos, tenemos
que poner las medidas para resolver este problema, y la auténtica
realidad es que en estos momentos estamos más alejados de la Península y
que están más alejadas entre sí las islas.

Las tasas aeroportuarias que han entrado en vigor en el presente
ejercicio económico; la reducción del 33 por ciento a los residentes
--antes, el 33 por ciento era libre a los billetes; en este momento, es
una cantidad fija; por tanto, en un incremento de tarifas como el que se
ha producido, se ha perjudicado a los residentes en las islas--; se nos
deja en manos sólo de los intereses comerciales de las empresas, que
producen subidas abusivas como las que antes mencionaba. Con estas
medidas, que significan, y lo repito, alejar más de la Península a los
territorios insulares --un 25 por ciento más de lo que estaban--, y a las
islas entre sí un 40 por ciento más de lo que estaban, me gustaría que el
señor Vicepresidente del Gobierno manifestara si existe voluntad de
cohesión, en la línea de acercar los territorios insulares, en materia de
transportes, y de igualarlos a los puntos más alejados de la Península.

Me gustaría saber, señor Vicepresidente, si comparte la opinión
generalizada de que es de justicia adoptar medidas que permitan acercar
las islas, y que en estos momentos cualquier otra medida que suponga
alejarlas del territorio peninsular puede desestabilizar su situación
económica, social y política.

Señor Vicepresidente, en Canarias no somos ombliguistas, no queremos
privilegios. Los canarios reclamamos solidaridad. Los canarios entendemos
que no es justo que un ciudadano se pueda mover desde Sevilla o Cádiz a
cualquier punto del territorio peninsular con un costo de 14
pesetas/kilómetro, que desde una isla como Tenerife o Gran Canaria cueste
28 pesetas/kilómetro y que desde una isla periférica represente 40
pesetas/kilómetro. Eso no nos parece justo, no nos parece que sea
solidario, y la solidaridad está reflejada en nuestra Constitución.

Por eso, señor Vicepresidente, nosotros esperamos que, con la buena
voluntad política que sabemos que usted tiene para resolver este
problema, se apoye en las disposiciones legales, declaren la
obligatoriedad del servicio público, declaren los servicios, la
frecuencia, los horarios que deben concurrir en las líneas interinsulares
y en los vuelos Península-Canarias, veamos si en la libre competencia se
pueden mantener esos servicios sin costo para el Estado y si no, señor
Vicepresidente, el Estado, tal como prevé la legislación europea,
subvencione a las empresas para que puedan prestar esos servicios en
condiciones de igualdad y de solidaridad con el resto del Estado. Repito
lo que pedí en la pregunta que hicimos anteriormente. Hasta tanto, si
existe voluntad política, suspéndase cautelarmente el incremento que se
ha producido en los tráficos interinsulares



Página 4021




y en los tráficos que comunican Península con Baleares y Península con
Canarias.

Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.

Señor Vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.

A todas las preguntas que el señor Rivero me ha hecho, como es natural la
contestación él mismo la ha anticipado. Es una contestación, no por obvia
menos importante, afirmativa. El Gobierno ha demostrado claramente, tanto
en este momento con la actuación del Servicio de Defensa de la
Competencia, como anteriormente en la ley de presupuestos y en las
órdenes que modificaron la situación de las subvenciones al transporte,
su firme voluntad de mantener una política de cohesión del territorio y
es especialmente sensible a los problemas de distancia del archipiélago
canario.

Mi referencia --y eso sí que quería aclararlo-- a los precios del año
1993 no es para justificar nada (ese no es mi papel y me parece que la
actuación del Ministerio de Economía ha sido que, en principio, no
entendemos justificada la subida de tarifas, al menos en su porcentaje,
ya que no sólo hemos pedido información, sino que hemos incoado un
expediente), sino para demostrar que la competencia, con los límites que
ha tenido a lo largo de estos años, ha sido un elemento claramente de
beneficio para los consumidores y que, por tanto, una política de
declaración de servicio público podría no producir esos efectos. Pensemos
qué habría sido si hubiéramos mantenido como servicio público las tarifas
del año 1993 en vez de haber permitido el libre juego de la competencia.

En ese sentido quiero insistir en que el Gobierno va a exigir el
funcionamiento de la competencia, y lo va a hacer con los instrumentos
legales que tiene a su alcance dentro de la libertad de mercado, pero
garantizando que no ha habido ningún acuerdo de colusión de los intereses
de los consumidores.

En segundo lugar, el Gobierno del Partido Popular es claramente
partidario del reconocimiento del hecho insular, y en ese sentido espero
que los grupos parlamentarios puedan definirlo en otras instancias
parlamentarias de manera consensuada y de manera efectiva, de forma que
no sólo la actuación de la competencia sino la defensa de una buena
definición del hecho insular permita al Gobierno ir aplicando medidas
como las que ya están en vigor en este momento, como es la política de
subvenciones.

Hemos de reiterar que, dentro de los precios que el señor Diputado ha
puesto de relieve sobre las diferencias que existen en la utilización por
diversos españoles de medios de transporte, dependiendo de si se
encuentran en la Península o fuera de la misma, hay que tener en cuenta
el efecto que sobre esos precios juegan las subvenciones, aunque
reconozco que no vienen a compensar todavía, y deben hacerlo, las
diferencias que se puedan producir entre distintos territorios.

No puedo calificar, porque sería atrevido por mi parte, de abusivas las
subidas, pero sí tengo que decir que, desde el punto de vista del
Ministerio de Economía y Hacienda, hay los suficientes indicios como para
incoar un expediente, volviendo a insistir en que el Ministerio, el
Gobierno, en este momento no puede hacer un juicio previo sobre la
conclusión de ese expediente, cuyas consecuencias, en el caso de
considerarse que se han producido subidas en contra de lo que establece
la Ley de Defensa de la Competencia, pueden ser de extraordinaria
importancia para las empresas afectadas. Seguramente la rapidez y la
contundencia con las que el Gobierno ha actuado demuestran al mercado y a
las empresas que vamos a estar extraordinariamente vigilantes en esas
cuestiones. Por tanto, los efectos sobre el turismo que ha planteado el
señor Diputado espero que sean muy limitados, especialmente si la
actuación del Gobierno produce el mejor funcionamiento del mercado y de
la competencia y, al mismo tiempo, si la política de subvenciones sigue
siendo la adecuada.

Vuelvo a reiterar la voluntad del Gobierno de revisar la política de
subvenciones en el caso de que quedase desfasada por los propios hechos,
por la propia evolución del mercado. En cualquier caso, quiero decir en
nombre del Gobierno que estamos en disposición de estudiar lo que a mí me
parece que es el próximo paso: una definición jurídica concreta y clara
de las consecuencias de la Constitución, respecto al hecho insular, que
nos permita a todos, con un consenso parlamentario amplio, llevar a cabo
una política, por un lado, de defensa de la competencia y, por otro lado,
de cohesión de la totalidad del territorio nacional en beneficio de todos
los ciudadanos.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Vicepresidente.

¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya va a posicionarse en función de las propuestas que haga en
la moción el Grupo de Coalición Canaria, pero ya anuncia que, por lo que
se refiere a los efectos de la subida de tarifas, con independencia de
todas las políticas que anteriormente hubiésemos vivido, desde el día 25
de



Página 4022




abril, a nosotros nos preocupan dos cosas: una, que el proceso
liberalizador, en su momento y mientras se buscó lograr mercado, estuvo
funcionando a la baja, según unas empresas, como Iberia, haciendo
propuestas incluso por debajo de costes. El resultado ha sido que, una
vez captados los mercados, se han puesto de acuerdo y los ciudadanos que
viven en Canarias, para moverse dentro de las islas, ya tienen una subida
efectiva desde el día 25, subida que está por encima de 2.000 pesetas
entre las distintas islas, y para venir a Madrid llega hasta del 30 por
ciento; en algunos casos, para moverse entre las islas la subida llega
hasta el 27 por ciento. Ese es un efecto real; por tanto, no ha
funcionado el mercado. La liberalización del mercado y el mercado no han
sido efectivos respecto a los ciudadanos y las mercancías.

En consecuencia, creemos que se debería tener la capacidad de actuar para
que esto no pueda producirse mientras se aclaran y se incoan todos los
expedientes que haya que incoar. El señor Ministro ha dicho: hemos
actuado rápidamente, se ha incoado un expediente que incluso puede llegar
a la sanción del 10 por ciento de la facturación de una empresa. Nos
parece muy bien y mientras tanto, ¿qué? Porque, al final, será o no será.

Incluso se pueden presentar balances que puedan actuar de una manera
determinada. Por el interés público, por la carga de insularidad, no hay
que esperar a no sé qué cosas, porque en la intervención del señor
Ministro se ha dicho que cuando la Cámara fije legalmente el tema del
hecho insular, etcétera. El otro día discutíamos el tema de Baleares,
ayer, sin ir más lejos, el coste de insularidad mezclado con el tema
fiscal; es decir, que aquí hemos hablado de esto muchas veces. El
Gobierno no necesita más resortes para actuar, y como muestra vale un
botón. Al Gobierno le ha costado 1.880 millones en 1995 la subvención al
transporte con las Islas Baleares y en 1994 fueron 1.980 millones de
pesetas, según una respuesta del propio Gobierno de diciembre de 1996; es
decir, que ya se está trabajando para evitar estas actuaciones.

La definición de servicio público básico, de horarios mínimos
imprescindibles y de frecuencias o calidades mínimas debe ser regulada
por parte del Gobierno. Eso no es interferir en ningún mercado, sino que
las empresas que actúen así tendrán que someterse a una realidad
determinada, porque si no estaremos ante una situación complicada. Este
problema afecta a los viajeros y a las mercancías, a la capacidad de
producción y de ponerla en circulación. De golpe y porrazo cuesta más
trabajo poner en venta y en circulación lo que se produce en Canarias
tanto en nuestro país como fuera de él.

Nos hubiese gustado encontrar una actuación del Gobierno que hubiera
funcionado desde que se abrió el expediente iniciado por el Servicio de
Defensa de la Competencia a estas tres compañías, que parece han llegado
al acuerdo de captar los distintos mercados con una tarifa que ya se
aplica. Debería volverse a la situación anterior mientras eso se tramita
y se fijan los marcos legales de esa actuación.

El Gobierno en otros casos ha actuado con decretos, órdenes ministeriales
y después ha procedido a su regulación. Hay fórmulas que se han aplicado
en nuestro país a través de un decreto-ley y más tarde se ha desarrollado
en una ley. Incluso, en función de la legalidad que tenemos hoy, se
podría hacer mediante un decreto mientras modificamos y adecuamos nuestra
propia regulación. El Gobierno no puede iniciar un desarrollo del mandato
constitucional sobre el hecho de la insularidad para poder actuar en una
cosa que está ocasionándose ahora mismo. Todo el mundo lo reconoce. El
Gobierno canario lo ha recurrido, el Servicio de Defensa de la
Competencia también, el Tribunal de la Competencia va a actuar. Pues si
todo es tan evidente, hagamos efectiva ya esa actuación.

La moción puede servir para un pronunciamiento de esta Cámara que marque
lo que el Gobierno debe hacer, que marque el proceso para presentar la
regulación legal. Lo que pediríamos es que en esa resolución o en ese
proceso de acuerdo pudiéramos ser efectivos ya, porque el pueblo canario
va a ser receptor de este perjuicio, de la liberalización o de las leyes
del mercado, porque ni son leyes ni son mercado.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Ríos.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.




El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, señoras y señores diputados, el texto con el que el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria fundamenta su interpelación parece
extraído --y copia literal-- de otro texto, de otra interpelación que el
Grupo Parlamentario Socialista presentó y defendió en sesión plenaria del
11 de diciembre de 1996, y que condujo a la aprobación de una serie de
resoluciones que aprobó este Pleno del Congreso de los Diputados el 17
del mismo mes, en el que se mandataba al Gobierno a la adopción de una
serie de medidas, que no ha adoptado aún, y a la presentación ante la
Cámara de una serie de análisis sobre tráficos aéreos, que no ha hecho
aún, que si bien ha presentado en alguno de los aspectos, falta en su
planteamiento global. Debemos indicarle que no nos ha satisfecho en
absoluto y sus contestaciones van a ser objeto de actuaciones
parlamentarias futuras por parte de este Grupo Parlamentario Socialista.

Por ello, felicitamos al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y damos
la bienvenida a las posiciones políticas que en materia aeronáutica ha
venido defendiendo el Grupo Parlamentario Socialista a lo largo de la
presente legislatura.




Página 4023




El texto que fundamenta a la interpelación parece, pues, literalmente
extraído de los contenidos que en esta materia hemos venido defendiendo.

Dicho texto, en algunos de sus aspectos, se refiere a la subida el pasado
25 de abril de las tarifas aéreas de los vuelos nacionales, realizada
aparentemente de forma concertada por las compañías operadoras, etcétera,
con especial incidencia de los archipiélagos balear y canario. Y nosotros
diríamos Ceuta y Melilla, porque esta Cámara tiene también que elevar la
voz por esas provincias y no se ha hecho hasta estos momentos. Habla
dicho texto de que es necesario que se fundamenten políticas en
desarrollo del artículo 138.1 de la Constitución, del Reglamento
comunitario 2.408/92 del Consejo, de 23 de julio, y de la Ley del Régimen
Económico Fiscal de Canarias.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista les agradecería que, a
partir del día de hoy, tuviesen al menos la benevolencia de leer el
«Diario de Sesiones», porque es bueno recordar las tres propuestas de
resolución que, a lo largo de este último año, se han presentado en esta
Cámara y que han sido votadas en contra por los Grupos Parlamentarios de
Coalición Canaria y Popular, porque en función de estas tres experiencias
nosotros creemos que no ha habido voluntad política de resolver este
problema. A partir del día de hoy, y en función de que se adopten
resoluciones la semana próxima en la previsible moción consecuencia de la
interpelación que se está produciendo en el día de hoy, empezaremos a
creer en la voluntad política.

Sin embargo, la realidad objetiva, y así figura en el «Diario de
Sesiones» del Congreso de los Diputados, es que el 5 de julio de 1996 el
Grupo Parlamentario Socialista presentaba una proposición no de ley sobre
la empresa Binter Canarias en el marco de la política global de
privatizaciones. Esta proposición no de ley se debatió en la Comisión de
Infraestructuras y fue votada en contra por los representantes de los
Grupos Parlamentarios Popular y Coalición Canaria.

Lo que hoy se propone aquí es precisamente lo que nosotros propugnábamos.

Como propuesta de resolución, decíamos: Antes de iniciar cualquier medida
de entrada de capital privado en la empresa de transporte aéreo Binter
Canarias, y siempre antes de la fecha de liberalización del cabotaje
aéreo comunitario, de 1 de abril de 1997, se promuevan, con arreglo a la
legislación comunitaria en vigor, declaraciones de obligación de servicio
público, de orden tarifario, de horario, frecuencia y tipos de aviones
para los vuelos regulares interinsulares en el archipiélago canario, de
tal forma que queden garantizadas las condiciones de dichos servicios con
arreglo, como mínimo, a las condiciones actuales, cualquiera que sea la
naturaleza de las empresas de transporte aéreo que los presten en el
futuro. Esto fue votado en contra en la Comisión de Infraestructuras y
hoy Coalición Canaria hace referencia a la bondad de adoptar esta
decisión. Bienvenida esta posición y ojalá se produzca una resolución
futura. Nosotros enmendaremos sin duda alguna la moción que presentará el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y esperamos que den el voto
favorable a esas enmiendas que vamos a presentar.

Señorías, el día 19 de septiembre, en la Comisión de Industria, Energía y
Turismo ocurría otro planteamiento equivalente. Y el pasado 20 de marzo,
en la Comisión de Economía y Hacienda, proponíamos algo tan elemental
como que el Congreso de los Diputados instase al Gobierno a presentar, en
el plazo de cuatro meses, el conjunto de medidas que estimase el Gobierno
oportunas a efectos del desarrollo de los contenidos de los artículos
4.º, 5.º, 6.º y 7.º de la Ley 19/1994, de modificación del régimen
económico y fiscal canario. Son cuatro artículos de una ley en vigor,
publicados en el «Boletín Oficial del Estado», que no han sido
desarrollados reglamentariamente por falta de voluntad política del
actual Gobierno. Y pedíamos que se desarrollasen precisamente a efectos
de impedir lo que ahora está ocurriendo.

En tercer lugar, como recuerdan SS. SS., el 17 de diciembre de 1996, en
el Pleno del Congreso de los Diputados se presentó una moción del Grupo
Parlamentario Socialista, consecuencia de una interpelación formulada al
Gobierno, en la que poníamos de manifiesto que el Gobierno actual no
estaba adoptando medidas de cara a defender la competitividad de la
empresa aeronáutica española ante las medidas de liberalización del
tráfico aéreo que se estaba produciendo. En esta propuesta planteábamos
que el Reglamento comunitario número 2.408/1992 del Consejo tiene una
filosofía, a la que se estaban acogiendo los distintos países
comunitarios en lo que se refería a la declaración de interés público, y
fue rechazada por los Grupos Parlamentarios Popular y Coalición Canaria.

Consiguientemente, no sólo los pueblos, sino cualquier institución,
cualquier colectivo de personas y, por ende, el Congreso de los
Diputados, tiene que tener memoria. En tres ocasiones consecutivas
durante un año, con una mayoría conservadora, esta Cámara ha votado en
contra de la adopción de medidas de defensa del interés público en las
comunicaciones aéreas Canarias-Península, Baleares-Península, Ceuta y
Melilla-Península, por cuanto constituyen un medio de transporte
absolutamente esencial.

Sin embargo, no es sólo eso, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Segura, le ruego
concluya.




El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señor Presidente.

Tenemos que recordar que, según declaraciones en la prensa del Presidente
del Parlamento Canario, señor Bravo de Laguna, no está asegurado el 33
por ciento de subvención de las actuales tarifas aéreas, como
consecuencia



Página 4024




de que se trata de una partida que no es crédito ampliable.

También saben SS. SS. que la Ley de Defensa de la Competencia dice
textualmente en el artículo 45, sobre las clases y procedimientos para
acordar las medidas cautelares --y previsiblemente nosotros vamos a
presentar una enmienda en ese sentido a efectos de que se someta a
votación--, que el servicio, una vez iniciado el expediente, podrá en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, proponer
al Tribunal de Defensa de la Competencia las medidas cautelares
necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que en su
momento se dicte y, en especial, la siguiente. Y la siguiente que
nosotros proponemos es orden de cesación o de imposición de las
condiciones determinadas.

Y termino, señor Presidente, contando con su benevolencia, en quince
segundos. Señor Vicepresidente Económico del Gobierno, le voy a dar un
dato curioso y le rogaría que tuviese la generosidad de prestarle
atención. Si las políticas de cielo abierto en la Unión Europea no se ven
correspondidas y acompañadas con una política digamos cooperadora en
tierra, se convierten en medidas de muy difícil aplicación. En Canarias
se ha puesto en marcha una nueva compañía aérea regional el pasado 17 de
marzo, a la que usted ha hecho referencia, señor Vicepresidente, con
motivo de la formulación de una pregunta en esta sesión. Pues bien, como
consecuencia de una medida arbitraria de Aena, el próximo día 12 de mayo
esta compañía va a dejar de prestar servicio con la isla de La Palma; una
isla que requiere fluidez de comunicaciones con las islas capitalinas de
la comunidad canaria. Y lo va a dejar de hacer porque desde el 1 de abril
de 1997, es decir, hace algo más de un mes, por una simple orden
ministerial, o probablemente con una circular interna, Aena puede
posibilitar el autohandling en un aeropuerto con un número de pasajeros
anuales inferior a un millón. En base a una normativa obsoleta,
finiquitada, de no aplicabilidad, esa compañía, dado que no le es
rentable que el handling se lo preste otra provisionalmente, y a pesar de
que comenzó hace un mes, a pesar de que la Comunidad Canaria está
satisfecha con los servicios que presta, se ve obligada a dejar de
prestar ese servicio el próximo día 12 de mayo, como ha anunciado su
presidente.

En sus manos está, y yo se lo pido en estos instantes, el que se adopte
la medida correspondiente, que será la prueba, una vez más, de lo que yo
quiero creer en ustedes: que tienen buena voluntad para resolver unos
problemas que hay que atajar en profundidad, y no con esquemas de
superficialidad o con declaraciones políticas que no han sido avaladas
durante el pasado año en este Congreso de los Diputados, cuyas
iniciativas hoy se han pedido por parte del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, al que una vez más le damos la bienvenida a nuestras
posiciones políticas.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Segura.




-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LAS MEDIDAS A IMPULSAR PARA GARANTIZAR UNA POLITICA
EDUCATIVA PUBLICA (Número de expediente 172/000043)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pasamos a la siguiente
interpelación, en este caso del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre las medidas a impulsar para
garantizar una política educativa pública.

Para la presentación de la interpelación, tiene la palabra la señora
Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Buenas tardes noches, señor Presidente, doña
Esperanza, señorías.

Es increíble pero cierto. Esta Diputada en nombre de su grupo sube al
menos una vez al mes a este púlpito para predicar, parece que en el
desierto de esta Cámara, sobre la necesidad de una enseñanza educativa,
financiada, de calidad y pública; una vez al mes. Las negociaciones, doña
Esperanza, con su departamento no son el ideario de una titular como
usted. Lo sé, lo ha demostrado. Y la comunidad educativa ya ha acuñado un
eslogan, lo hemos visto en todos los medios de comunicación. El eslogan
es: ¡Basta, ya!
A la legislatura del Gobierno Aznar, uno de los perfiles que lo define es
haber sido el gabinete que abordó el mayor recorte presupuestario para la
enseñanza pública y el mayor incremento a la privada, desde los albores
de la transición hasta la contemporaneidad de nuestros días.

Desde una posición caracterizada, al menos intentándolo, por la defensa
de los intereses de la mayoría, la evaluación que objetivamente nos
merece la gestión de doña Esperanza Aguirre en este aniversario es
lamentablemente, como diríamos en argot educativo, MD.

El muestrario de su administración, doña Esperanza, tiene los siguientes
titulares según esta Diputada. Son diez puntos que yo le indico para que
los tome en consideración, si así lo tiene a bien: primero, un trastoque
del ratio contemplado en la Logse, aumentándolo; segundo, una reducción
de los gastos de funcionamiento de los centros; tercero, una congelación
de las becas; cuarto, la supresión del doble de idiomas y de asignaturas
experimentales; quinto, el recorte drástico de las inversiones e
incumplimiento de la memoria económica de la Logse; sexto, y usted lo
sabe, la no aplicación de los acuerdos alcanzados con los sindicatos
sobre plantillas y profesorado; séptimo, modificación a la baja de los
requisitos mínimos de los centros;



Página 4025




octavo, la ruptura de un modelo de coordinación de los centros públicos
mediante la nueva norma de admisión; noveno, usted va a condenar a las
comunidades autónomas más deficitarias, que van a recibir las
transferencias, a una situación de absoluta precariedad a partir del
próximo 1 de enero; y décimo, y en último lugar, por trabajar sólo con un
muestrario, y en primera instancia, utilizar los decretazos, doña
Esperanza, como en los viejos tiempos, para modificar las sustancias que
el PP considera nocivas de la Logse por excesivamente progresistas.

Señorías, ésta no es la cara oculta sino el verdadero rostro de la
administración Aguirre. Qué hacer, se preguntaba insistentemente un
clásico. Para quien os habla era un clásico y, posiblemente, un añejo
para muchos de los que me escuchan. Su obra más importante la tituló de
aquella manera.

Al final de esta década, cuando un país como el nuestro tiene macrotemas
como el de la educación, que afecta a casi ocho millones de personas, una
ceremonia de la confusión de tamaña envergadura sólo tiene una respuesta
al qué hacer y es salir de la encrucijada. Para empezar, los agentes
sociales y demás compañeros de viaje han decidido convocar una marcha
sobre Madrid para el 17 de mayo, y esto no es una amenaza velada; sólo
para empezar. Esta marcha será una movilización sin fisuras, como una
piña. En ella la respuesta va a ser unánime: o se negocia y se legisla
para todos y para todas o se encenderá el piloto rojo.

Siento profundamente verbalizarlo, pero constatamos que el liberalismo
económico que inspira a doña Esperanza y a su administración está
amenazando gravemente a la escuela pública. Se quiere seleccionar a los
alumnos y eso, querida doña Esperanza, querida Ministra, es el principio
del fin, no sólo de la Logse sino de las conquistas que la ciudadanía ha
arrancado con incalculable esfuerzo a los poderes públicos.

Aprovechando que el Pisuerga pasa hoy por este hemiciclo, he de hacer un
llamamiento a los padres, a las madres, al profesorado, a los
estudiantes, a las organizaciones sindicales, al movimiento de renovación
pedagógica, a las ONG y, en definitiva, a todos los sensibilizados para
que se movilicen en defensa de la enseñanza pública. Es el idioma que
parece que entiende no sólo la administración Aguirre, sino también al
Gobierno del PP.

Al ministerio, doña Esperanza, le interpelo con carácter de urgencia a
fin de conocer las medidas que va a impulsar para garantizar una política
educativa pública.

Voy terminando, doña Esperanza. Aunque sé que usted hace gala de ser una
fervorosa ideóloga de su propia ideología, que yo no voy a calificar,
también sé de su mesura y de su temple para resolver conflictos.

Desconozco si su ministerio es rehén sin concesiones de acuerdos como los
de Maastricht, y si sus principios y su concepción partidista tienen para
usted rango y categoría superior a las necesidades del conjunto de la
comunidad educativa. Antes esto, doña Esperanza, no hay más gesto creíble
que dar testimonio ya que, parafraseando a alguien amado por usted como
es Jesucristo, por sus obras los conoceréis. Usted, doña Esperanza, tiene
la última palabra y la comunidad educativa la siguiente respuesta.

Nada más y gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aramburu.

Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la
palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, la señora Aramburu dice que cada mes tiene que subir a esta
tribuna a interpelarme y que tiene la sensación de que predica en el
desierto. Yo tengo que decir a la señora Aramburu que cada vez que ella
me interpela, que no es una vez al mes, pero si una vez al trimestre,
también yo subo a esta tribuna, explico mis razones, pero tengo la
sensación de que no convenzo a la señora Aramburu, porque tengo que
volver a decirle lo mismo que le he dicho ya en anteriores ocasiones. Ni
ha habido recorte presupuestario ni ha habido ausencia de negociaciones,
sino todo lo contrario. Ha subido el gasto por alumno este año en la
enseñanza pública y en el Ministerio hemos implantado un diálogo social
en todos los aspectos, pero, en fin, señorías, creo que no debo renunciar
a la oportunidad que me brinda doña María Jesús --justamente cuando se
cumple el primer año de Gobierno del Partido Popular y un año y un día de
mi toma de posesión como Ministra de Educación y Cultura-- para hacer un
balance en lo que se refiere a la política educativa no universitaria.

Creo que es ocasión de recordar el camino transcurrido. La señora
Aramburu se ha referido a la manifestación convocada para el día 17.

Tengo que decirle que cuando llegué, el 18 de mayo del año pasado, tuve
nada menos que 70.000 padres de la España rural en la puerta del
Ministerio protestando por la implantación de un mapa educativo con el
que no estaban de acuerdo.

Señoría, me voy a referir a algunas cuestiones planteadas en su discurso.

Dice la señora Aramburu que le preocupa la enseñanza pública. Yo estoy
convencida de que es cierto. A mí también me preocupa la enseñanza
pública, me preocupa toda la enseñanza obligatoria y gratuita y
especialmente la pública. Que la enseñanza gratuita sostenida con fondos
públicos sea pública directamente o concertada es una opción que nosotros
entendemos que el pacto de la Constitución --artículo 27-- y el
desarrollo del artículo 20 de la LODE hacen posible que sean los padres
los que la decidan;



Página 4026




por tanto, no es un decretazo, como dice S. S., sino todo lo contrario,
es la puesta en práctica del derecho de los padres a elegir el tipo de
educación que quieren para sus hijos, reconocido no sólo en la
Constitución sino también en la LODE.

Le preocupa a S. S. la calidad de la enseñanza pública. A mí también,
tanto o más que a su señoría, pero yo quiero saber en qué y cómo mide S.

S. la calidad de la enseñanza pública. Yo sé muy bien a qué llamo calidad
de la enseñanza --y lo he dicho en esta tribuna muchísimas veces--, no
sólo a los medios materiales, que sin duda son muy importantes, sino
también y sobre todo a lo que los niños aprenden o deben aprender, a que
salgan de la escuela con una buena preparación, y llamo calidad a dejar
de ver a España en la cola de los estudios internacionales que miden la
calidad de los conocimientos de los niños. Con toda claridad, señoría, me
parece impresentable que el último estudio que se ha realizado, el más
amplio de los que se han efectuado hasta la fecha, que corresponde a un
trabajo de campo del año 1995, coloque a España en un lugar
verdaderamente vergonzoso desde mi punto de vista, con un nivel en
matemáticas, en una asignatura esencial, inferior al de otros países. A
S. S. le sorprendería. De un total de 42 países, tenemos muy por encima a
la inmensa mayoría. Por ejemplo, Tailandia, Bulgaria o Singapur están por
encima de España. Es triste, señoría, pero es así. Yo con mucho gusto le
facilito el estudio, que lo ha publicado la revista The Economist y
también el INCE recientemente. Aquí está el cuadro y S. S. puede ver
dónde está España en la evaluación de matemáticas de 7.º y 8.º realizada
en el trabajo de campo de 1995. Tenemos por delante a Singapur, Corea,
Eslovaquia, Hungría, Australia, Canadá, Bélgica, etcétera. Solamente
están detrás de nosotros Chipre, Portugal, Irán y Kuwait. Por tanto, yo
creo que tendríamos que preocuparnos de la calidad de la enseñanza.

A mí me parece que S. S. está muy preocupada porque dice que la marcha
del 17 va a ser el principio, que no quiere que sea una amenaza velada,
pero que va a haber muchas movilizaciones. La última que ha habido, que
ha sido una huelga en la enseñanza pública, apoyada por el grupo de S. S.

y por el Partido Socialista, ha tenido el apoyo de un 10 por ciento del
profesorado; el 90 por ciento del mismo no ha ido a la huelga que
convocaron el pasado día 24.

Su señoría dice colocarse en el extremo opuesto de mi ideología,
probablemente lo esté, yo desde luego respeto la ideología de S. S. y me
gustaría que también S. S. respetase la mía, pero a mí los principios que
me preocupan en relación con la enseñanza pública son los de mayor
calidad y mayor libertad. Estoy convencida de que si S. S. se coloca en
el contexto constitucional y de las leyes vigentes, tiene que estar de
acuerdo con ello. Otra cosa es que tengamos una diferencia de enfoque y
en esa diferencia de enfoque es en lo que se centra este primer año del
Partido Popular.

Este primer año que ahora mismo se cumple ha comenzado con el diálogo, el
diálogo en las zonas rurales, que ha fructificado en menos de tres meses
en un nuevo mapa escolar que respeta la calidad de vida de las zonas
rurales y no lo enfrenta a la calidad de la enseñanza, en general, en
todas ellas pública. Ese diálogo se ha centrado en mesas abiertas en las
que han participado sindicatos, alumnos, padres y, en definitiva, todos
los sectores implicados en la tarea educativa.

Este primer año también ha servido para promulgar el decreto por el que
se amplía la libertad de los padres a elegir el tipo de educación, el
colegio o el instituto que quieren para sus hijos. Este primer año,
señoría, ha hecho posible también que los padres y las madres separadas o
divorciadas hayan podido ejercer el derecho a conocer individualmente las
notas de sus hijos, cosa que, por increíble que parezca, hasta ahora no
había sido posible.

En este año también se han mejorado los recursos destinados a la
enseñanza pública. Su señoría dice que nos preocupamos sólo de la
enseñanza privada. No, señoría. El gasto por alumno en la pública ha
crecido este año en un 3,8 por ciento; los programas de garantía social
--como he tenido ocasión de contestar en una pregunta anterior-- han
subido en un 14 por ciento, y eso en un año en que el alumnado del
territorio MEC ha disminuido en 80.000 alumnos, a sumar a los más de
100.000 que disminuirá el año que viene. Este año el sistema ha tenido
2.600 profesores más para 80.000 alumnos menos. Este ha sido el año en
que el ratio profesor/alumno y el número medio de alumnos por aula han
tenido los mejores valores en la enseñanza obligatoria y muy
especialmente en la pública.

Este ha sido el primer año en que se ha aprobado un plan de inversiones
completo que va a permitir el desarrollo de la red de centros públicos de
primaria, de secundaria y también de enseñanzas artísticas, un plan de
inversiones por el cual en el curso próximo van a entrar en
funcionamiento 63 centros de nueva construcción, que van a suponer 31.000
puestos escolares. Se van a iniciar las obras para construir 56 centros
nuevos, a sumar a los anteriores, y que se inaugurarán en el próximo
curso. Este es el año en que se van a equipar más de 2.000 aulas de
tecnología, de música, de plástica, de gimnasios, de laboratorios de
idiomas, de física, química y ciencia, que van a corresponder a 270
centros diferentes.

Este año, señorías, ha sido también cuando por primera vez se han
aplicado las más avanzadas técnicas de gestión de calidad justamente para
la mejora de los centros públicos de enseñanza. A los programas de
formación del profesorado se ha incorporado un plan específico de
formación en gestión de calidad para equipos directivos y claustros de
profesores e inspectores.




Página 4027




También, señoría, éste ha sido el primer año en que se ha iniciado la
reforma de los planes de estudio de la enseñanza secundaria. Yo he dicho
en muchas ocasiones, y lo repito aquí, que ha habido un pavoroso
empobrecimiento de los planes de estudio de la secundaria. Este ha sido
el año en que se ha dado la voz de alarma por el abandono de las
humanidades y el año en que prestigiosos académicos, eminentes
catedráticos y autoridades de las más variadas ramas del saber han aunado
sus esfuerzos para corregir el peligroso y gravísimo error que se podía
cometer y que se estaba cometiendo en la educación de un pueblo, como es
el olvido de su historia.

En definitiva, señoría, éste ha sido el año en que se ha hablado de la
calidad de la enseñanza como algo más que una acumulación de ratios y de
medios materiales. Este año, además de los metros por aula, del número de
despachos, de pupitres, de talleres, de gimnasios y de aulas, nos hemos
preguntado de verdad qué están aprendiendo nuestros hijos. Este ha sido
el año en el que se ha preparado un diagnóstico de la calidad del sistema
educativo para que no tengamos necesidad de que los estudios
internacionales nos coloquen en un lugar auténticamente de cola de todos
los países civilizados. En definitiva, señoría, y termino con esto en
tres palabras, este ha sido el año del diálogo, de la libertad y de la
calidad en el sistema público español.

Muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores diputados: ¡Muy bien!)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.

Tiene la palabra la señora Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, señorías, sinceramente,
doña Esperanza, no me apasionan los diálogos de besugo, tampoco me
«sulivella» la música en lata que repite sonidos sin acompasarle la
letra. Es tremendamente duro escucharla. Sus cifras, doña Esperanza, es
posible que no pertenezcan al terreno de la fantasía, pero permítame que
le diga que no han pasado la prueba del algodón. No son doscientos y
pico, no son ciento y pico; son cuatro los centros de secundaria. Falta
licitarlos, presupuesto del 95. No voy a entrar en la guerra de los
números. Hemos practicado juntas ese deporte hasta la saciedad. Es la
matemática de su despacho frente al tajo que trabajadores y usuarios de
la enseñanza me transmiten cada día.

Yo, doña Esperanza, soy incombustible y no voy a perder la paciencia,
pero acepte que le diga que si no modifica ni un ápice sus criterios y
además distorsiona los derechos de la comunidad educativa, su paso por
tan elemental Ministerio no sólo habrá sido inútil sino perjudicial. No
bordee el artículo 14 de la Constitución sobre los derechos a la
igualdad, no lo bordee, doña Esperanza, usted que es tan formalista.

Usted como yo sabemos que los indicadores que marcan el grado de
desarrollo de un país vienen determinados por el grado de desarrollo de
la educación, entre otros, y conoce que no alcanzan la media europea, ni
antes ni ahora. Ustedes dicen que trabajan por el futuro, por el cándido
futuro. Eso es como decir que trabajan para los nietos de sus bisnietos.

Yo y otra gente, doña Esperanza, luchamos por un presente mejor para los
hijos de nuestra generación, en primera instancia.

Yo antes teorizaba, por la lectura de los programas del PP, que para el
Gobierno Aznar la educación no era una prioridad política. Hoy
constatamos que sólo es un instrumento reproductor de la ideología
dominante, asistencialista y al servicio de unos pocos, pocos, como usted
sabe, entrecomillados y subrayados. Y esa, doña Esperanza, le gusta a
usted y me disgusta a mí, es la leyenda negra que estamos escribiendo
sobre su Administración si usted no rectifica a tiempo.

Permítame, doña Esperanza, que, con la humildad que pretendo me acompañe
habitualmente, le dé un consejo. Utilice como instrumento de trabajo la
razón y la negociación y abandone la imposición. Desde aquí, doña
Esperanza, y en nombre de muchos colectivos sociales y de varios millones
de afectados, le emplazo con rigor, con mucha seriedad y con una gran
humildad a que demuestre su voluntad de resolver los problemas.

Escúcheme, si le interesa tan profundamente como parece el tema.

Siéntenos, doña Esperanza, a todas las fuerzas políticas, siente a todas
las fuerzas sindicales, siente a todos los colectivos sociales y rubrique
un pacto de progreso por la educación pública y financiada, sin ninguna
ausencia. Será entonces cuando este país empezará a creerla. Lo demás,
señora Ministra, es la historia de Ulises y Penélope, lo demás son cantos
de sirena, es pura literatura. Siéntenos. Este es un reto entre señoras,
entre Diputadas, un auténtico reto. Demuéstrelo. Espero que apueste por
la mayor, y es el encuentro, doña Esperanza. El desencuentro, que es la
menor, ya está servido.

Con respecto al cuadro macroeconómico del que hace balance y que me ha
enseñado usted desde la tribuna, sobre el lugar que ocupábamos en 1995
con respecto al planeta y con respecto al mundo, le recuerdo, doña
Esperanza, que, desgraciadamente, gobernaba el Partido Socialista y no
Izquierda Unida.

Nada y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias señora
Aramburu.

Señora Ministra.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.




Página 4028




Señoría, lo primero que quiero decirle es que me alegro mucho de la
última parte de su intervención. Desde luego, S. S. tiene abierto, como
lo tiene el Partido Socialista, este Ministerio y al Partido Popular para
rubricar un pacto por la educación en el que nosotros, por supuesto,
estamos por la mejora en la calidad y por el acrecentamiento de la
libertad. Desde este grupo S. S. tiene la garantía de que nuestro deseo
es llegar a un pacto que salvaguarde la educación de la pendencia
política. Es lo que nos gustaría y, por nuestra parte, a ello estamos
abiertos.

Entretanto, señoría, lo que tengo que pedirle es que no se digan cosas
que no son ciertas. Su señoría me dice que sólo vamos a abrir cuatro
centros. Resulta que se han adjudicado ya y se van a abrir este año los
de Huesca, Castro Urdiales, Formentera, Burgos, Escalona, Fuenlabrada,
Villaverde, Aranjuez, Arias Montallo, Calatayud, Almansa, el
conservatorio de música de Salamanca, el del barrio Actur, de Zaragoza,
Collado Villalba, Cabezarrubias, Rivas, Torres de la Alameda, Humanes,
Carbonero el Mayor y Navas del Marqués. Todos esos ya están licitados. Su
señoría dice que son cuatro porque ha oído decir al Partido Socialista
que se han licitado cuatro en este año, pero es que algunos se licitaron
a finales del año pasado, por eso están ya en fase muy avanzada de
construcción y se van a inaugurar el año que viene. Son 63 centros nuevos
para el año que viene y otros 56 para el próximo curso.

Tengo que decir a S. S. que para el Partido Popular la educación es la
segunda de sus prioridades políticas. La primera, como la de la amplia
mayoría de esta Cámara, es el cumplimiento por parte de España de los
objetivos de la integración europea, pero la segunda --estaba en nuestro
programa electoral y en el discurso de investidura del Presidente-- la
cultura y la educación. Hemos comenzado demostrándolo, señoría; estamos
absolutamente decididos a mejorar la calidad de la enseñanza, pero tengo
que decir a S. S. que hay que leerse los estudios internacionales.

Gobernaba el Partido Socialista, tiene razón su señoría, pero lo que hay
que ver en los países que están muy por delante de nosotros, tanto en
matemáticas como en ciencias, que es el último estudio que se ha
publicado, es que no tienen más gasto por alumno que en España; muchos de
ellos son los países del Este y los del Sudeste asiático. No tienen un
ratio de alumnos por aula inferior al que nosotros tenemos; no, señoría.

Los medios en la enseñanza son muy importantes, pero no son lo más
importante. Nosotros estamos decididos a mejorar la calidad de lo que los
alumnos aprenden y puede tener la garantía S. S. de que en ese objetivo
nos vamos a encontrar. Una mejora y un acrecentamiento de la calidad es
lo que el Partido Popular pretende y para lo que invita al pacto a todas
las fuerzas políticas de esta Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Ministra.

¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.) Por el
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bayona.




El señor BAYONA AZNAR: Gracias, señor Presidente.

El Grupo Socialista quiere expresar su posición sobre esta interpelación,
máxime cuando ha habido algunas alusiones.

Si el Gobierno cumple su compromiso de transferir la educación a las
comunidades autónomas dejará de ser responsable de la gestión. Pues bien,
a pesar de eso, de llevar sólo un año y de carecer de mayoría
parlamentaria para aplicar su programa educativo, el Grupo Popular no ha
decidido hacer un pacto por la educación, por más que lo ofrezca. Lo
hemos ofrecido nosotros. Hace pocas semanas hubo una proposición de ley
para la financiación de las transferencias y de la aplicación de la
Logse. El Grupo Popular votó en contra. Lo que ha decidido el Gobierno es
lo contrario, lanzar una ofensiva ideológica en este campo; lo que ha
decidido el Gobierno es hacer de la educación campo de expresión de sus
posiciones partidistas; lo que ha decidido el Gobierno es alterar los
equilibrios construidos pacientemente y con esfuerzo durante todos estos
años.

La Ministra, que se está tomando tiempo para esas reformas de las
humanidades --por cierto, para defender el latín yo prefiero decir «la
ratio» y no «el ratio»--, la Ministra, que se está tomando tiempo para
reformar la selectividad, la Ministra, que se está tomando tiempo para
reformar los cuerpos universitarios, ha tenido prisa por desprestigiar y
deteriorar la enseñanza pública. Ha sido firme en su propósito, exhibido
en casi todas sus declaraciones desde que tomó posesión del cargo, de que
la enseñanza pública no sea competitiva con la enseñanza privada.

Ha hablado mucho del primer año de su gestión. Pues bien, la escuela
pública ha vivido y está viviendo el peor año desde que llegó la
democracia, el peor. Es el año de menor inversión de todos los años desde
los pactos de la Moncloa. Es el primer año en que se reducen las
plantillas del profesorado, por más que diga lo contrario. Es el primer
año en que disminuyen los gastos de funcionamiento de los centros, un 10
por ciento, y ya ha llegado a los centros lo que se les ha destinado este
año. Es el primer año en el que se dice que puede aumentar el número
máximo de alumnos por aula, cambiando una tendencia decreciente y
perjudicando la calidad de la educación. Es el año de la supresión de las
vacaciones escolares. Es el primer año en el que se reducen becas. Es el
peor año.

Todos estos recortes, de inversión, de plantillas, de gastos de
funcionamiento, no se pueden explicar sólo, como podría pensarse o como
ha dicho la interpelante,



Página 4029




en función quizá de una prioridad de los objetivos económicos sobre los
objetivos educativos, no. Es verdad que este Gobierno trata la educación
como un gasto recortable, cosa que no se atreve a hacer en otros gastos
sociales, es verdad, pero todas las medidas --los presupuestos, el
decreto de admisión de alumnos, las órdenes ministeriales, las
circulares--, hasta las más mínimas instrucciones, tienen una lógica
implacable y es el modelo conservador de la educación. Se trata de sentar
las bases de ese modelo. Por tanto, no es solamente la cuestión de
subordinación a unos objetivos presupuestarios o económicos. Es un
modelo, cito textualmente, según el cual «el Estado debe replegarse de su
presencia en el ámbito educativo y alejarse de los excesos cometidos».

Sabemos que la señora Aguirre aborrece todo lo público, insiste siempre
en ello. Para usted, señora Ministra, la educación, más que un servicio
público --y lo ha dicho en esta Cámara--, es un bien de consumo que se
elige como otros; pero dejando la educación al libre juego del mercado, a
la libre demanda y ajustando después, como pretende, la oferta a la
demanda que haya resultado de la petición de los padres, no se puede
programar el servicio público de la educación; de esa manera no hay mapa
escolar que resista, de esa manera es imposible garantizar el derecho a
la educación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
La óptica unilateral que aplica la señora Ministra, discriminando además
paralelamente a la educación pública presupuestariamente, encierra
intereses menos confesables. Se trata de lograr, a través de la escuela,
la segregación social, en lugar de la integración social a la que la
escuela ha servido durante estos años. Los daños asestados a la escuela
pública persiguen que la escuela recupere pronto --de ahí las prisas-- el
papel de filtro social que tuvo en otro tiempo. El Gobierno popular
pretende volver a la escuela que selecciona, clasifica y excluye. (El
señor Hernando Fraile: Estamos en 1997.) Estamos en 1997, sí señor, y la
señora Ministra representa en el año 1997 un neoliberalismo trasnochado,
un neoliberalismo que ya ha sido derrotado en las urnas en el Reino Unido
en este momento, un neoliberalismo a costa de dejar a miles de alumnos en
la cuneta. El modelo que pretende aplicar aquí es el de la señora
Thatcher, que ha convertido a la mayoría de las escuelas estatales
británicas en lugares indeseables para la mayoría de los hijos de las
clases medias. Los socialistas no queremos que en el año 1997 se
contamine el sistema educativo español con ese modelo.

Decía que la primera prioridad es Maastricht y la segunda la educación.

Yo le respondo con lo que decía el actual Primer Ministro británico, Tony
Blair, cuando era candidato hace pocos días. Le preguntaban cuál era su
prioridad y decía: Mis prioridades son tres: educación, educación y
educación. Ahora, los británicos ya han dado la vuelta a un modelo
educativo. Por cierto, no nos ha dicho en qué lugar está el Reino Unido
en esa encuesta o en ese estudio, pero hay otros estudios. ¿Por qué nos
cita ese estudio? ¿Por qué no nos habla de estudios de la OCDE, por qué
no nos habla de estudios de su propio Ministerio, en los que los alumnos
que cursan Logse tienen unos rendimientos mejores que los alumnos
anteriores?



El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, le ruego que vaya concluyendo.




El señor BAYONA AZNAR: Termino en seguida, señor Presidente.

Por tanto, hay otros estudios. En esos países del Sudeste Asiático, por
ejemplo, Corea, ¿qué escuelas se están midiendo? ¿El cien por cien de los
niños o aquellas escuelas de excelencia que la señora Ministra querría
copiar para España?
El Grupo Socialista, insisto, no quiere que la enfermedad elitista del
neoliberalismo británico, vencida allí ya en las urnas, contamine ahora
nuestro sistema educativo. A la escuela pública, que padece, no digo la
cólera de Aguirre, pero sí la gestión de la Ministra Aguirre, sólo le
queda una esperanza, la esperanza de que sea verdad que transfiere la
educación a las comunidades autónomas. Todo el sistema educativo lo
agradecerá, especialmente la escuela pública.

Gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor Presidente.

Yo creía que hoy veníamos al debate de una interpelación, pero --lo digo
con todos mis respetos-- he oído dos mítines, uno por parte de Izquierda
Unida y otro por parte del Grupo Socialista, que yo creo que hay reservar
para la época de elecciones dentro de tres años. Hoy por hoy no se pueden
hacer estas imputaciones ni se pueden decir falsedades como las que aquí
se han dicho.

Señora Aramburu, doña María Jesús, yo creo que usted se traía la
respuesta escrita y, claro, ante las cifras que ha dado la señora
Ministra, no ha podido rectificar a tiempo. Ni la ratio ha empeorado,
porque sabe perfectamente que ha mejorado --yo no sé si estuvo S. S. en
la última reunión de la Comisión en la que el secretario general dio los
últimos datos sobre las ratios profesor/alumno que demuestran cómo han
bajado--, ni tampoco la financiación, es decir, el presupuesto responde a
lo que S. S. dice, ya que, como ha explicado la señora Ministra, ha
aumentado el 3,8 por niño y el 1, 4, y no es el peor presupuesto desde la
época de la democracia.

Hay que recordar una y otra vez --es verdad que ni S. S. ni su partido
estaban en el Gobierno-- que ya en



Página 4030




1995 el Partido Socialista --y esto se lo digo al señor Bayona, aunque lo
sabe perfectamente-- redujo 22.767 millones en inversiones, tal como dijo
la señora Ministra en una intervención en la Comisión de Educación y
Cultura. La señora Ministra también expuso en la Comisión que este año se
van a efectuar inversiones por 33.000 millones de pesetas. Se ha dado la
relación de centros, pero parece ser que no hay peor sordo que el que no
quiere oír. Es decir, si al terminar 1997 estos centros no se han hecho,
si realmente no se han invertido los 33.000 millones de pesetas, el
Partido Popular comprenderá perfectamente que SS. SS. hagan una
interpelación una vez al mes. Bueno será, doña María Jesús, pero hágalo
usted al terminar 1997, porque, si no, las interpelaciones se repiten con
los mismos argumentos y eso realmente no tiene razón ninguna.

Además se dicen algunas otras cosas. Vamos a ver si se lee el «Diario de
Sesiones». Becas: han aumentado en 1.600 millones de pesetas en el
presupuesto de 1997. Si quiere usted, lo comprobamos en el presupuesto,
pero S. S. lo conoce bien y yo le ruego que lo vea. En garantía social se
ha aumentado el 14 por ciento. ¿Eso significa que el Partido Popular y el
Gobierno quieren ir en contra de la enseñanza pública o que no son
socialmente avanzados? ¿Pero qué estamos diciendo y repitiendo aquí?
Unica y exclusivamente, ante una cuestión de Estado, como dijo en la
anterior interpelación el representante del Grupo Socialista, se trata de
encauzar las cosas para ver si alguna vez una manifestación, por ejemplo
la del 17 de mayo, tiene algo más de éxito que la anterior. No hay nada
peor en política que jugar con la educación. Es un daño que se hace a
todos nuestros niños y a todos los profesores.

Yo, señora doña María Jesús, no voy a contestar a las demás cosas porque
contesto con cifras. Perdóneme, sabe usted la simpatía que le tengo, pero
su intervención ha sido pura demagogia de mitin electoral. A mí me
encantará en las próximas elecciones ir a Sevilla a un mitin de S. S.

para oír lo mismo que repite en esta interpelación trimestral.

El señor Bayona, quien aunque la interpelación no era suya se ha adherido
a ella por completo, ha insistido sobre el ejemplo inglés. Pues le voy a
decir una cosa. Tony Blair, el actual Primer Ministro, resulta que no
lleva a sus tres hijos al colegio que le corresponde por zonificación.

(Rumores.) Esto tiene importancia porque está en relación con el decreto.

(El señor Bayona Aznar: ¿Por qué?) Señor Bayona, yo le he dejado a usted
intervenir...




El señor PRESIDENTE: Señor Guerra, no establezca diálogo con el señor
Bayona.

Señor Bayona, guarde silencio.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Pero resulta que los lleva a tres kilómetros,
a una de las 200 escuelas --ya sabe usted que en el Reino Unido dependen
de los municipios-- que la política del Gobierno actual ha hecho que
dependieran directamente del Ministerio. Ahí es donde los lleva. ¿Por
qué? Porque elige, como están eligiendo todos los padres en Europa y
porque --ya se lo hemos dicho en anteriores ocasiones-- todos los
gobiernos, sean socialdemócratas, sean liberales, sean centristas, en
estos momentos, incluido Suecia... (El señor Bayona Aznar: Todas las
escuelas.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señor Bayona.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Bayona, junto a la educación está la
cultura y junto a la cultura, escuchar a los demás. (Aplausos.)
Señor Bayona, en cuanto al decreto de ampliación de elección de centro,
se lo repetimos una y otra vez: yo creo que estamos cumpliendo, en primer
lugar, el artículo 27 de la Constitución. En segundo lugar, le dijimos
clarísimamente a nuestro electorado, y nos votó mayoritariamente, que
tendríamos que reforzar la libre elección de centro, siempre dentro de
los cauces correspondientes.

Por otro lado, vuelve a insistir S. S. en becas, en gastos recortables,
etcétera. Señoría, no le podría decir eso a doña María Jesús porque
realmente no han gobernado, pero ustedes gobiernan en Andalucía. ¿Tiene
usted los datos de la disminución del presupuesto de educación en
inversiones y en programas sociales que ha hecho Andalucía? ¿Sabe usted
perfectamente que el consejero de Andalucía, señor Pezzi, está obligando
a los ayuntamientos a que firmen convenios? ¿Conoce usted realmente esa
baja en la educación? ¿Pero qué ejemplo da usted en la única comunidad en
donde ustedes tienen la responsabilidad educativa?
Termino, señor Presidente,...




El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Guerra. Quiero observar que S. S.

está, como probablemente es consciente, contradiciendo de tal manera
algunas argumentaciones, que, de continuar en esa línea, va a reabrir el
debate. Se lo señalo a todos los efectos.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Le ruego me disculpe, pero es que se oyen
unas cosas.

En cuanto a que volvemos a la discriminación social a través de la
escuela, señor Bayona, usted sabe perfectamente que no. ¿En qué dato se
puede usted basar? Usted sabe perfectamente que no hay filtro social, que
las condiciones que se han puesto en el decreto están más que
justificadas: familia numerosa, en donde vivan los padres o en donde
trabajen los padres. Eso no es discriminación social, eso es avance
social, que es lo que no quieren reconocer.




Página 4031




Y termino, señor Bayona. Las inversiones este año son superiores a las
habidas en el último ejercicio en el que estuvieron ustedes al frente del
Ministerio. No hay ninguna discriminación social, y para el Partido
Popular es prioritaria la educación en los centros públicos o en los
centros de iniciativa social, conforme al artículo 27 de la Constitución.

En esa línea nos encontrará, pero en la línea en la que usted ha estado
esta tarde, es muy difícil un pacto con personas y con planteamientos
como los que usted ha hecho. Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos.--El señor Bayona Aznar pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guerra.

El señor Bayona tiene la palabra.




El señor BAYONA AZNAR: Señor Presidente, como comprenderá, la
intervención del portavoz del Grupo Popular para fijar la posición de su
grupo en esta interpelación ha sido más bien una interpelación al Grupo
Socialista. Yo creo que el Grupo Popular está confundiendo hasta tal
punto su papel que continúa haciendo oposición incluso en la fijación de
posición de interpelaciones.

Si me permite el señor Presidente...




El señor PRESIDENTE: Sí, señor Bayona, tiene la palabra para un breve
turno de réplica de tres minutos.




El señor BAYONA AZNAR: Muy breve, señor Presidente.

La intervención del señor Guerra es la mejor prueba de que el Grupo
Popular ha hecho de la educación campo de confrontación ideológica y
política partidista. Creo que es la mejor prueba de que no les interesa
la calidad y la excelencia más que para una minoría. (Rumores.)
El resultado de la aplicación de este sistema en el Reino Unido es que
hay una minoría que tiene una excelente calidad educativa, hay una
minoría un poco mayor que tiene una aceptable calidad educativa, y una
mayoría que no alcanza los resultados para una igualdad de oportunidades.

Nosotros, los socialistas, queremos que haya calidad para todos. En ese
esfuerzo hemos estado para que la escuela sea un factor de integración
social y de cohesión y no un campo de batalla ideológica, de
discriminación, de elitismo y de reproducción de élites. Gracias.

(Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bayona.

La señora Ministra tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Gracias, señor Presidente.

Yo quería responder a dos cuestiones respecto a lo que ha manifestado el
señor Bayona. En primer lugar, veo al señor Bayona muy preocupado por lo
que ha ocurrido en el Reino Unido. Yo tengo que decirle que precisamente
el actual Primer Ministro, Tony Blair, ha aceptado explícitamente todos
los avances en la libertad de elección que le había legado el Gobierno
conservador. Ha dicho explícitamente que acepta todos los avances en la
libertad de elegir. A mí me gustaría oír lo mismo del grupo del señor
Bayona, que, después de aprobar el artículo 20 de la LODE, ha hecho un
desarrollo reglamentario que subordina la programación a la libertad de
elección, libertad de elección en la que yo, honradamente, pienso que
podemos encontrarnos. Y a mí me gustaría que ese pacto que ofrece el
señor Bayona y que yo he ofrecido antes fuera real.

Recuerdo unas declaraciones del Presidente del Gobierno diciendo que no
quería un pacto en educación. Yo digo lo contrario, y he oído al señor
Romero en esta Cámara que sí quería un pacto en educación. Me gustaría
que, finalmente, el Partido Socialista lo aceptara.

Ayer, señor Presidente, se ha aprobado en el Senado, por unanimidad, una
moción del Grupo Socialista, con una enmienda transaccional del Grupo
Popular, en relación a las transferencias educativas. Un texto
exactamente igual fue rechazado hace 10 días aquí, en el Congreso. Yo
lamento muchísimo que el Grupo Socialista no acabe de ponerse de acuerdo
sobre lo que quiere hacer en materia de pacto educativo. Comprendo que
les es muy rentable agitar la bandera de que vamos a recortar las
pensiones, pero como resulta que hacemos un pacto de pensiones lo aparcan
y ahora les queda la sanidad y la educación. No, señoría.

Ha dicho S. S. que es el peor año en la educación pública. Yo le
demuestro a S. S. con cifras que, desde el punto de vista de los medios
--le repito por enésima vez que yo no mido la calidad de la enseñanza por
los medios--, es el mejor año en la enseñanza pública; el mejor año,
señoría, aquel en el que el gasto por alumno en la enseñanza pública es
superior al que ha habido nunca: un 3,8 por ciento superior al año
pasado; en el que ha habido 2.600 profesores más, pese a haber 80.000
alumnos menos; en el que ha habido un plan de inversiones de 33.000
millones de pesetas; en el que los alumnos por aula en la primaria han
descendido a una media de 15,4, en secundaria a 28 y en bachillerato, que
la ley permite hasta 35, a 27. Señoría, se puede decir que es el mejor
año para la enseñanza pública desde el punto de vista de los medios.

Repito que no mido la calidad por los medios, la mido por los resultados.

Si S. S. está de acuerdo en que hagamos un examen y un diagnóstico del
sistema educativo midiendo la calidad no sólo por los medios, que son
importantes, sino también por los resultados, ahí, desde luego, S. S. nos
va a encontrar y haremos el pacto que usted ha solicitado.




Página 4032




Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores y protestas.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra. (El señor Bayona Aznar
pide la palabra.)
Señor Bayona, la Presidencia entiende que la cuestión está
suficientemente debatida.




El señor BAYONA AZNAR: Pero, señor Presidente,...




El señor PRESIDENTE: ¡Señor Bayona, no tiene la palabra! No la tiene
porque, como sabe muy bien S. S., el Gobierno no sólo tiene derecho a
intervenir siempre en todo debate, sino a cerrarlo. Sería interminable la
cantidad de contraargumentaciones que, sin duda, el talento de cada una
de SS. SS. dictaría a cualquier intervención del Gobierno. Las
disquisiciones tan interesantes sobre la política británica, etcétera, no
creo que deban continuar. La Presidencia mantiene, por tanto, que la
cuestión está suficientemente debatida y da por finalizado el debate de
la interpelación. (Rumores.)



-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
RELACION A LA REGULACION DE LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
(Número de expediente 172/000045)



El señor PRESIDENTE: Interpelación del Grupo Socialista sobre la política
del Gobierno en relación a la regulación de la interrupción voluntaria
del embarazo.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, señorías, señora Ministra
de Justicia, subo a esta tribuna con la moral por los suelos después de
haber oído la respuesta que S. S. ha dado, una vez más, a las preguntas
orales formuladas por mi grupo en temas de competencia de su departamento
y, en especial, con la no respuesta que ha dado a la Diputada doña María
Teresa Fernández de la Vega. A ver si yo tengo más suerte y consigo
enterarme, después de esta intervención, de cuál es la política del
Ministerio de Justicia y del Gobierno del que usted forma parte sobre el
tema objeto de la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista.

Señorías, hemos tenido conocimiento a través de los medios de
comunicación de la orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia
de Barcelona, el 28 de abril del año 1997, a dos médicos de esa ciudad,
los señores Robles y Bosma, por haber realizado un aborto en su clínica
en el año 1990, que había sido declarado ilegal por la Sección 2.ª de la
Audiencia de Barcelona, y condenados por un delito de aborto a dos años
de prisión y a seis años y un día de inhabilitación cada uno en sentencia
de 24 de noviembre de 1994, condena esta última que fue rebajada a un año
de inhabilitación, manteniéndose los dos de privación de libertad que
tendrán que cumplir a no ser que en esta ocasión el Gobierno conceda el
indulto que de nuevo les ha sido solicitado.

Señorías, al preparar esta interpelación he repasado los «Diarios de
Sesiones» de esta Cámara, en los que se ha discutido el tema del aborto y
no se pueden imaginar lo ilustrativos que resultan al respecto. No se
pueden imaginar señorías cuánto se aprende. Lo primero que se aprende es
que la derecha siempre que ha habido una iniciativa, sea de quien sea y
tenga el contenido que tenga, que haga referencia a la interrupción
voluntaria del embarazo, siempre ha dicho que no a la misma.

Señorías, el primer debate que sobre este tema se realiza en esta Cámara
es el 25 de mayo de 1983. En él se discute un proyecto de ley del
Gobierno socialista de reforma del artículo 417 bis del Código Penal en
el que se despenaliza el aborto en los tres famosos y ya conocidos
supuestos: indicación médica, eugenésica y ética. A este proyecto de ley
presentado por el Gobierno socialista cuando sólo llevaba cinco meses
gobernando, siete de ellos desde las elecciones famosas de octubre del
año 1982, se le presentó una enmienda a la totalidad de devolución
defendida en el Pleno de esta Cámara por el señor Fraga Iribarne. ¿Les
suena a algo este nombre? En él el señor Fraga dijo muchas, muchísimas
cosas, imagínenselo. (El señor Padilla Carballada: Charlas.) Entre otras,
terminó diciendo: Nuestro no rotundo y terminante al aborto. («Diario de
Sesiones» número 40, de 25 de mayo de 1983, página 1.843.) Ese día hubo
más enmiendas de devolución y muchos más grupos en contra --CDS,
minorías, centristas; me remito al «Diario de Sesiones» para no
cansarles, señorías--. Por mi grupo intervino el señor Sáenz Cosculluela,
que, como ustedes saben, señorías, sigue siendo hoy Diputado del Grupo
Parlamentario Socialista, que ya tuvo que decirle en aquella ocasión a la
derecha de entonces lo mismo que tenemos que repetirle hoy: lo que no
puede aceptar el Grupo Parlamentario Socialista es que se nos plantee una
identificación entre moral y derecho.

En fin, señorías, el proyecto se aprobó, pero fue recurrido ante el
Tribunal Constitucional por el grupo de Alianza Popular y como entonces,
como SS. SS. recuerdan, el recurso previo de inconstitucionalidad
paralizaba la entrada en vigor de las leyes, tuvimos que esperar dos años
a que el Tribunal Constitucional se pronunciara, lo cual hace en la
famosa sentencia del año 1985, que nos permitió aprobar definitivamente
la reforma del Código Penal que hoy conocemos ya como la Ley del aborto.

Era la primera vez en la historia de España, señorías, que se
despenalizaba el aborto en algunos supuestos en este país, en España, y
se hace porque había un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista
que fue capaz de aguantar las declaraciones,



Página 4033




las manifestaciones y los recursos sin ceder ni romper a la sociedad
española.

Estoy segura, señora Mariscal de Gante, absolutamente segura, de que si
usted hubiera sido Ministra de Justicia en el año 1983 y el señor Aznar
Presidente del Gobierno no se hubiera hecho ni siquiera esta ley que por
algunos fue calificada de timorata. No sé si el señor Aznar había
aprobado ya las oposiciones de inspector fiscal o estaba todavía
preparándolas. (Un señor Diputado: ¡Anda ya!-- Otro señor Diputado: ¿Y
usted cuál había aprobado?--Protestas.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.




La señora RUBIALES TORREJON: Les estaba diciendo que la ley entró en
vigor y, a los más de diez años de aplicación, se detectaron algunas
insuficiencias que dieron lugar a varias cosas. En primer lugar, a la
concesión de indultos por parte del Gobierno socialista cuando los jueces
condenaban a alguna mujer por haber abortado, o a los médicos o al
personal sanitario por haberlas ayudado y, en segundo lugar, a que nos
planteáramos la reforma de la Ley del año 1985, reforma que llevamos a
cabo en el año 1995, a los diez años de su entrada en vigor, cuando
acababa de aprobarse un nuevo Código Penal que no modificó la ley en
vigor porque esta Cámara decidió que era mejor llevar el tema a una
regulación especial, a una ley específica en la que se pudieran abordar
no sólo los aspectos punitivos, sino también los aspectos sanitarios,
médicos, sociales o económicos.

El Gobierno socialista vuelve a presentar un proyecto de ley orgánica
sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue
debatido en esta Cámara en noviembre de 1995 y volvió a tener otra
enmienda del Grupo Parlamentario Popular. En esta ocasión la defendió la
señora Fernández González, aquí presente --supongo que será la que fijará
la posición del Grupo Parlamentario Popular--, quien en esa ocasión dio
cinco razones para oponerse a la iniciativa socialista presentada. Entre
otras dijo: No hay en estos momentos ninguna mujer española en la cárcel
por haber realizado un aborto. Hoy, señora Ministra, señorías, hay dos
médicos...




El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rubiales. Puede ir concluyendo,
ya que le quedan tres o cuatro minutos.




La señora RUBIALES TORREJON: Muchas gracias, señor Presidente. Termino
enseguida.

Hoy, señora Ministra, hay dos médicos que pueden ir a la cárcel por haber
realizado un aborto a una mujer que, embarazada de ocho semanas, con un
DIU, no deseaba tener otro hijo debido a las conflictivas relaciones que
mantenía con su marido, del que estaba divorciada y al que había
denunciado por malos tratos, presentando además un proceso de aborto
espontáneo cuando llegó a la clínica. La denuncia del aborto fue
realizada por el marido, el de los malos tratos. Supongo que para el
grupo del Partido Popular y para el Gobierno será igual de importante que
haya mujeres u hombres en la cárcel por estas razones. (Rumores.) Decía
que el Grupo Parlamentario Popular se opuso a esta iniciativa del Partido
Socialista y lo volvieron a hacer el 18 de junio del año pasado, de 1996,
cuando fue sometida a consideración la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista para regular la interrupción voluntaria del
embarazo. ¿Que los socialistas podíamos haber reformado la ley antes y
haberlo hecho mejor? Seguramente era posible, pero quiero que quede claro
en esta Cámara hoy, porque es de justicia que así sea, que hemos hecho
mucho y queremos hacer más, por una sencilla razón: porque la sociedad
española así lo demanda; porque estamos obligados, todos, a buscar un
sistema eficaz de protección de los derechos e intereses en juego que no
agrave, incluso con la cárcel, la situación de quien, ante una dramática
situación personal, decide interrumpir su embarazo o ayuda a llevar a
cabo esa interrupción; porque, además, nos obliga el compromiso suscrito
por España en la IV Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones
Unidas, celebrada en Pekín en 1995 y la Resolución del Parlamento Europeo
de 12 de marzo de 1990. Hoy como ayer, y como tantas veces, les decimos
lo mismo: pretendemos que no haya ninguna situación que lleve a las
mujeres a la cárcel, ni a las mujeres ni al personal que interviene en
una interrupción voluntaria del embarazo.

Señorías, termino diciéndoles que más del 90 por ciento de las denuncias
por aborto son de novios despechados o de maridos separados, que utilizan
un problema tan grave y tan serio como éste para la resolución de su
conflicto de pareja y que producen miedo e inseguridad jurídica en las
mujeres. Hoy hay en España más de 30 diligencias judiciales abiertas a
mujeres por prácticas abortivas. Señorías, resulta absurdo volver a
repetir eso de que las mujeres no quieren abortar, de que cuando una
mujer decide abortar es porque existen razones muy serias y meditadas que
la obligan a hacerlo. Es sabido por todos que las disposiciones penales
no sirven por sí solas para resolver los conflictos que presenta la
realidad social y todos sabemos que, cuando el aborto se prohíbe, se
sigue realizando, aunque sea de manera clandestina.

Señora Ministra, ya para terminar, quiero decirle lo siguiente. Acaban de
celebrar el primer año triunfal del Gobierno del señor Aznar. Esta
efemérides ha coincidido con el anuncio del ingreso en prisión de dos
personas condenadas por realizar un aborto en las condiciones descritas
en la propia sentencia condenatoria, que tengo aquí.

A lo peor, señorías, al Gobierno de España no le parece un tema relevante
ni le preocupa lo que pueda



Página 4034




ocurrir con estos médicos. A lo peor, señorías, al Gobierno de España
incluso le parece bien que esto ocurra y no va a conceder el indulto
precisamente para que sirva de escarmiento a todos los facultativos que
se dedican legalmente a la interrupción voluntaria del embarazo.

Señora Ministra, hoy queremos saber dos cosas muy concretas del Gobierno
al que usted representa y del que forma parte. Primero, ¿están o no
dispuestos a conceder urgentemente el indulto a los dos médicos
condenados por aborto y pendientes de ingresar en prisión de un momento a
otro? Segundo, ¿van a adoptar alguna iniciativa legislativa o van a
apoyar las que presente la oposición para proceder a una reforma de la
Ley de interrupción voluntaria del embarazo que venga a resolver los
problemas que hoy plantea la sociedad de acuerdo con la Constitución,
separando la moral del derecho y respetando las creencias legítimas y
respetabilísimas de cada uno y la libertad de todos?
Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rubiales.

Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la
palabra la señora Ministra de Justicia.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor Presidente.

Señorías, señora Diputada, el texto de la interpelación suscita la
necesidad de modificar la regulación penal relativa al delito de aborto.

Su señoría cita dos antecedentes inmediatos: uno es la proposición de ley
presentada... ¿No me oye?



El señor PRESIDENTE: Señora Ministra, ¿puede subir un poco los
micrófonos?
Muchas gracias.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Como decía,
uno de los antecedentes es la proposición de ley presentada en junio de
1996 y, con anterioridad, el proyecto de ley publicado el 25 de junio de
1995 que, como S. S. ha recordado, no contaron con el apoyo del Grupo
Parlamentario Popular. En base a dos sentencias cuya ejecución se va a
llevar a cabo, es creciente la preocupación del Grupo Parlamentario
Socialista respecto a cuál es la política criminal del Gobierno en esta
materia y, en concreto, cuál es la política sobre indulto en materia de
delitos de aborto.

Dado que el interés es exclusivo, voy a centrar mi intervención en este
aspecto, olvidando la serie de medidas que el Gobierno ha efectuado para
la protección de la mujer y del menor. Para ello, voy a empezar a
relacionar una serie de estadísticas en esta materia que han ido ganando
fiabilidad, como S. S. debe reconocer puesto que han sido acompañadas con
los proyectos y proposiciones de ley presentados por su grupo.

Respecto a los motivos de despenalización introducidos por la Ley
orgánica 9/1985, de 5 de julio, uno de ellos que encauza más del 98 por
ciento de los casos tratados es la despenalización por riesgo en la salud
de la madre. Un aspecto interesante en lo que se refiere a los datos
estadísticos es el que revela la opinión de los encuestados, encuesta que
ha sido realizada por el Grupo Socialista.

¿Siguen sin oírme? (Varios Diputados: No.) Si no me oyen, intento hablar
más alto. (El señor Hernando Fraile: No quieren oír.--Rumores.)
En primer lugar, hay un quince por ciento más de encuestados contrarios a
que la interrupción del embarazo la decida libremente la madre. En
segundo lugar, se incrementa cuando las personas encuestadas son mujeres,
siendo así que un 52 por ciento de éstas están en desacuerdo con dejar al
libre albedrío de la mujer la decisión sobre la continuación o
interrupción del embarazo. Mayoritariamente, la referida encuesta se
muestra contraria a ampliar el supuesto de despenalización a las razones
económicas familiares o a las dificultades sociales que el nacimiento
pudiera entrañar. He utilizado expresamente estas encuestas realizadas
por el anterior Gobierno socialista, por lo que difícilmente pueden
tacharse de haber sido manipuladas.

Una primera conclusión sobre las notas que anteceden nos lleva a
cuestionar lo que sirve de presupuesto a la interpelación, y es que
exista ese sustrato sociológico que, desde la necesidad impuesta por los
hechos y desde la conciencia generalizada de la sociedad, imponga o
aconseje modificaciones legales en un texto, el Código Penal, cuya
entrada en vigor data de apenas un año. Sin embargo, también es el
momento de destruir otro equívoco que pretende introducirse al amparo de
la interpelación, y es que la sensibilidad frente a casos extremos
reclama necesariamente la despenalización y que cualquier otra actitud
supone condenar necesariamente a la mujer que se encuentra en esa
situación insostenible a sufrir una pena de privación de libertad de
forma inexorable. Y esto no es así. Lo único que se produce --y S. S. lo
sabe-- es que se inicia un sistema de control penal cuyo fin es una
sentencia que tiene por contenido un juicio valorativo matizado en el que
las circunstancias de cada caso serán determinantes a la hora de moderar
o excluir la respuesta penal sobre los hechos. Sin embargo, el tema de la
interrupción voluntaria del embarazo y los límites de la acción penal del
delito de aborto constituyen un punto de definición ideológica, unas
veces desde planteamientos honestamente divergentes y otras veces desde
el interés oportunista con que se quiere instrumentalizar.

En este punto el Gobierno no quiere hacer debate ideológico sino centrar
su política en el respeto escrupuloso de la Constitución, en el
mantenimiento y potenciación de la protección que ésta reclama de los
poderes públicos. Como S. S. sabe pues la ha citado, la sentencia del
Tribunal Constitucional 53/1985, de 11



Página 4035




de abril, viene a interpretar los límites y contenidos de los derechos y
bienes jurídicos en el orden constitucional, en la materia que nos ocupa,
dibujando el perfil de la actividad del Estado y de los derechos
individuales en juego. De este pronunciamiento se deriva que no cabe un
control autónomo por parte de la mujer sobre la decisión de interrumpir o
proseguir el embarazo y que la actividad de asesoramiento y asistencia no
cumple suficientemente el papel que la Constitución reserva al Estado en
la defensa del bien jurídico que constituye el no nacido. Igualmente se
deriva de ella que salvo supuestos específicos verificables de ordinario,
como podría ser el peligro para la salud de la madre, constatado por
especialista, se hace imprescindible un control por parte del Estado de
la voluntad de la mujer embarazada que, dado el carácter fundamental de
la vida, incluya también, como última garantía, las normas penales.

Esta sentencia estima que sólo los supuestos específicos, como los
introducidos por la Ley orgánica 9/1985, de 5 de junio, pueden ser
objeto, por su propia tipicidad, de despenalización, contribuyendo a
crear un ámbito criminalizado mínimo. Sin embargo, con las estadísticas
en la mano, la experiencia demuestra que el único supuesto verdaderamente
operativo de despenalización es el riesgo para la salud de la madre.

Crear nuevos supuestos de naturaleza indeterminada supondría, en
realidad, en opinión de la Ministra que les habla, un incumplimiento de
los deberes de protección que competen al Estado, pues rebajaría los
márgenes de seguridad jurídica en el control de situaciones que afectan a
derechos fundamentales de primer orden. Por ello, en mi opinión, resulta
jurídicamente rechazable por inconstitucional introducir parámetros
subjetivos, resulta también jurídicamente rechazable por
insconstitucional crear supuestos de imposible o de difícil contraste.

De todo lo anterior y por hacer una apretada síntesis a S. S., debo
indicar que la política del Gobierno sobre esta materia no viene dictada
por apriorismos dogmáticos contrarios al sentir generalizado de la
ciudadanía sino, más bien, van a su compás.

Sólo queda por decir, en respuesta a sus dos preguntas concretas,
señoría, que el Gobierno aplicará a estas peticiones de indulto la misma
tramitación que se da al resto de los indultos solicitados al Gobierno, y
respecto a la modificación de la materia, que el Gobierno no tiene
pensado ampliar los supuestos de aborto.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.

Señora Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJON: Gracias, señor Presidente.

La verdad, señora Ministra, es que nos podíamos haber ahorrado todo el
tiempo si usted hubiera contestado. De la única cosa de la que realmente
me he enterado es de que no van a conceder el indulto. De momento van a
hacer la tramitación. A lo mejor, mientras tanto, hasta que ustedes
revisen esa condena, estos dos médicos cumplen los dos años en la cárcel.

Tampoco ha dicho usted cuál sería o cuál piensa usted que debe ser la
inclinación, un poquito del interés, de la sensibilidad, de lo que a
usted le gustaría. De eso, absolutamente nada, probablemente porque ha
preferido ocultarnos cuál sería su deseo y cuál sería su respuesta. Lo
segundo que me ha dicho es que no piensan modificar absolutamente para
nada la actual regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

Me ha dado unas consideraciones jurídicas absolutamente increíbles.

Cuando yo le he contado que he estado leyendo en el «Diario de Sesiones»
los debates sobre la regulación de la interrupción voluntaria del
embarazo, como usted comprenderá no era por puro masoquismo jurídico o
por pura afición parlamentaria. Era porque me interesaba saber qué ocurre
realmente.

A nosotros muchas veces nos han dicho: ¿cómo es posible que el Gobierno
socialista después de catorce años gobernando no haya regulado la
interrupción voluntaria del embarazo? Mire usted, por primera vez en la
historia de este país, regulamos la interrupción voluntaria del embarazo,
con limitaciones. Algunos dijeron que eran muchas limitaciones y otros se
echaron al monte diciendo que estábamos matando niños por la Gran Vía
poco más o menos. Pues ni una cosa ni otra. Hicimos la ley adecuada a la
sociedad española. En aquel momento ustedes pidieron la devolución de la
misma, votaron en contra y presentaron un recurso ante el Tribunal
Constitucional en el que decían exactamente lo mismo. Lo decían con más
palabras y más cosas, no así como lo ha dicho usted tan cortito, pero
decían lo mismo, exactamente igual, que era inconstitucional el proyecto
de ley de 1983. ¡Absolutamente lo mismo! Entonces recurrieron al Tribunal
Constitucional, pusieron un recurso, se paralizó la entrada en vigor de
la ley durante dos años y, al final, el Tribunal Constitucional declaró
que era posible la regulación de la interrupción del embarazo en los tres
supuestos y haciendo, efectivamente, todas esas consideraciones jurídicas
que usted conoce y que yo un poquito, pero también, en torno a los
conflictos de los dos derechos, el de la madre y el del nasciturus, y a
la necesidad de ponerlos en armonía y de compatibilizarlos. Entonces
ustedes ya pasaron, tuvieron que aceptar aquello y estuvieron así, hasta
el año 1993, en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, en el año 1993, cuando se celebran las elecciones generales,
dicen ustedes que aceptan la ley. (El señor Murcia Barceló: ¡La Ley,
siempre!) Nos parece estupendamente. Diez años, desde 1983 hasta en 1993,
cuando en campaña electoral dicen: no vamos a proceder a ninguna
modificación de la ley de interrupción



Página 4036




voluntaria del embarazo, no hace falta modificarla porque afecta a la
realidad social. ¡Muy bien! Nosotros nos alegramos muchísimo de que en
diez años ustedes hayan recorrido ese camino y se hayan acercado a lo que
era nuestra posición y la de la mayoría de la sociedad española en el año
1983. Encantados de la vida. Pero a partir del año 1993, cuando se
plantea la reforma de la ley, vuelven a decir lo mismo que decían en
1983: primero, que no es necesaria, que no hay demanda de la sociedad
española, y, segundo, que va a ser inconstitucional.

Otra vez hoy acaba usted de pontificar y de aseverar en esta tribuna que
si hiciéramos una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo
diferente a la que hasta ahora mismo está en vigor, sería
anticonstitucional. ¿Por qué sabe usted que va a ser anticonstitucional?
Lo será o no lo será, según como se haga, según qué se tenga en cuenta y
qué no se tenga en cuenta, qué criterio se utilice y se vean, por
ejemplo, las leyes de los países europeos, de esos de los que formamos
parte, de nuestro entorno. Habrá que ver el compromiso contraído por el
Gobierno de España, ya que el señor Arenas ha dicho que se suscribe
íntegramente respecto a las conclusiones a las que se llegó en la Cuarta
Conferencia Mundial de Pekín, que insta a los gobiernos a que revisen las
legislaciones que contengan medidas represoras o punitivas para las
mujeres en estos supuestos. Es decir, que debatamos y discutamos algo que
es necesario que se debata y que se discuta en el conjunto de la sociedad
española. Señorías, hoy tenemos este caso y por eso hemos hecho la
interpelación.




El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, vaya concluyendo.




La señora RUBIALES TORREJON: Termino, señor Presidente.

Hemos hecho la interpelación, señorías, para dar respuesta rápida a un
supuesto inmediato que se acaba de producir, que es la orden de ingreso
en prisión de dos médicos, condenados por realizar el aborto a una mujer
en el año 1990. Hemos querido manifestar la opinión de nuestro grupo y
pedir la opinión del Gobierno y del resto de la Cámara sobre este tema,
que requiere de la búsqueda de un acuerdo entre el conjunto de las
fuerzas políticas de la sociedad española para que con respeto a la
libertad, con respeto a las creencias y con respeto a las ideologías,
como se hace en Pekín, donde suscriben esa declaración 189 países de
religiones, credos, ideologías de toda naturaleza, podamos ponernos de
acuerdo en el establecimiento de una norma de convivencia que permita que
la libertad realmente sea posible, en el respeto fundamental a la
Constitución española de la que nos sentimos muy orgullosos.

Señorías, es posible la ampliación de los supuestos de interrupción
voluntaria del embarazo de acuerdo con el ordenamiento constitucional
español. Por ello seguiremos presentando en esta Cámara, una y otra vez,
iniciativas que nos permitan conseguir algún día el objetivo de que este
conflicto deje de producirse y que la seguridad jurídica impere en este
supuesto, también en nuestro país.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rubiales.

La señora Ministra de Justicia tiene la palabra.




La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
Presidente, señoría, al final no se trataba de hablar de la regulación de
la interrupción voluntaria del embarazo, sino, en definitiva, de si ya he
tramitado los indultos. (Rumores.) Todavía no han sido pedidos, no han
tenido entrada. (Rumores.) Como no la han tenido, evidentemente no puedo
decir nada.

En primer lugar, S. S. sabe que se exigen unos requisitos. Entre otros,
este Gobierno está exigiendo que exista informe favorable de los
tribunales, porque no pretende suplantar a los tribunales a la hora de
dictar una sentencia (Aplausos.--Rumores.), cosa que gobiernos anteriores
no han exigido, señoría. (Rumores.) Sí, señoría, no lo han hecho.

En segundo lugar, señoría, usted quiere que yo respete toda su libertad
para presentar interpelaciones e iniciativas. Yo se la respeto. Respéteme
el que yo diga que creo que no cabe ningún supuesto más de ampliación del
aborto. (Protestas.--Un señor Diputado: ¡Qué barbaridad!) Usted presenta
iniciativas, se debaten, no consigue sacarlas adelante; presenta una
interpelación, yo le contesto. Creo que no existe motivo para ampliar los
supuestos de interrupción voluntaria del embarazo. (Una señora Diputada:
¡Fuera!) Esa es la opinión que tengo yo. Usted no lo comparte, me parece
perfecto, señoría, pero tampoco la han sacado; la última fue en junio de
1996 y no lo consiguieron. En este momento yo sigo manteniendo que no
hace falta una ampliación.

Creo que con estas dos cuestiones le he respondido a las dos preguntas.

La política de indultos va a ser exactamente igual que la que se ha
seguido con todos los antecedentes que han existido hasta ahora, y en
este momento el Gobierno, la Ministra de Justicia, no va a tomar ninguna
iniciativa legislativa como ampliación de la interrupción voluntaria del
embarazo.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra de Justicia.

¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
La señora Almeida tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida.




Página 4037




La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores diputados, señora Ministra, la verdad que ¡qué falta de
ánimo! (Risas.) Porque usted estará cansada de proposiciones, pero las va
a tener. Yo espero que usted no las tenga que defender ni nos las tenga
que impugnar; espero que haya algún cambio y que alguna vez, ante unos
problemas reales, podamos hacer que actúe la racionalidad y que la
imposición ideológica de unos sobre otros, los miedos, la hipocresía, no
sigan permitiendo que las mujeres en España seamos diferentes.

La primera proposición de ley la impugnó en nombre del Grupo Popular,
entonces Alianza Popular, el señor Fraga Iribarne, que se inventó aquello
de España es diferente, y la verdad es que no me extraña que se siga
diciendo en nombre de su grupo que las mujeres españolas somos
diferentes. Somos diferentes a las europeas, somos diferentes a las
demás. Vamos a ir todos corriendo al euro. La primera prioridad es
Europa, como ha dicho doña Esperanza Aguirre. Sin embargo, vamos a ir a
Europa con un médico holandés metido aquí en la cárcel y, miren por
dónde, a lo mejor nos piden la extradición de ese médico para que cumpla
la condena en Holanda --porque aquí en España es muy dura la vida-- y
resulta que allí se van a preguntar: ¿pero cómo le vamos a meter en la
cárcel si aquí no es delito lo que en esa España diferente es delito?
(Rumores.)
Me parece que cuando se habla de un único Derecho penal, cuando se habla
de la unidad de jurisdicción, también tenemos que conseguir que las
mujeres tengamos derecho a tomar una decisión que nos afecta, con toda la
protección legal. He visto a algún parlamentario de su grupo hacer
grandes aspavientos, diciendo que nos les preocupan lo mismo los médicos
que las mujeres. Pues mire, yo le voy a decir que prefiero casi que nos
manden a la cárcel a que nos manden al cementerio. (Rumores.) Porque si
condenamos a los médicos que prestan asistencia sanitaria a las mujeres,
estamos condenando a las mujeres al aborto clandestino, al perejil o a
irse de viaje a Europa, que para eso están. (Risas.)
No estamos por ello. Le quiero decir que en el año 1983 nuestro grupo ya
estaba impugnando las leyes que se hacían. Incluso esta Diputada estaba
en los jardines de enfrente siendo detenida a la puerta de este Congreso
de los Diputados, por orden del entonces Presidente, señor Peces-Barba
(Rumores.), precisamente por no estar de acuerdo con aquella ley. Ahora
mismo seguimos diciendo que no estamos de acuerdo, no porque sea
constitucional o no, porque usted ha dicho que toda ley iba a ser
inconstitucional. También lo dijeron en 1983. Es verdad que el Tribunal
Constitucional dijo que había que tomar medidas, pero le quiero decir que
fue el propio Tribunal Constitucional, ni siquiera la proposición del
Grupo Socialista, el que dijo que había que proteger no sólo la salud
física de las mujeres, sino la salud psíquica. Esa salud psíquica no sólo
depende de estar como las maracas de Machín, sino de tener el bienestar
esencial, la capacidad de libertad, el desarrollo de tu dignidad, y la
interpretación que se haga de la salud psíquica es muy importante para
saber lo que es una protección o no a la decisión de la mujer.

Aunque su Gobierno esté o no dispuesto a cambiar la ley, le quería decir
que sí tiene la obligación de defender las leyes que hay. Y no se están
defendiendo. El Ministerio Fiscal está hoy siguiendo acusaciones hechas
en nombre de la venganza y del desengaño (Rumores.), de denuncias de
marido y de mujeres que incluso piden que los informes psicológicos, que
son los únicos requisitos que exige la ley, los pueda realizar cualquier
forense y decir a posteriori --como ha pasado tanto en la sentencia de
Barcelona como en la sentencia de Oviedo, que es otra de las que ha
salido ahora-- que aunque existían todos los trámites legales, de
repente, después de que ha pasado la interrupción del embarazo, ya no hay
peligro psíquico y que, por lo tanto, los médicos a la cárcel. A las
mujeres; como son tan protectores; nos dicen que no vamos a ir a la
cárcel. Sin embargo, yo le digo que como no exista amparo y no exista la
capacidad de que se reconozca que el servicio que están haciendo tanto
los médicos como el personal sanitario como las clínicas, es una
prestación de salud para mejorar la calidad de vida de las mujeres, nos
veremos obligadas otra vez al aborto clandestino. Aunque no condenen hoy
a las mujeres, con ello no evitan que tengan que ir a las comisarías, a
los juicios, a revelar su intimidad, a someterse a todo tipo de acritud,
a todo tipo de agresiones, a verse sometidas a un análisis social que no
tienen por qué soportar cuando ejercen un derecho.




El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, le ruego concluya.




La señora ALMEIDA CASTRO: Mientras eso no se solucione, iremos
presentando todas las interpelaciones que podamos. Esta la ha presentado
el Partido Socialista, no se preocupe que nosotros presentaremos otra.

Usted tiene que decir al Ministerio Fiscal que no se puede acusar cuando
se cumplen los requisitos legales. Usted no lo podrá decir a los
tribunales, pero también le digo que usted también puede dar los
indultos. Los indultos son una gracia del Gobierno, no una facultad de
los tribunales. Los tribunales la pueden proponer a través de la
sentencia. (Rumores.) Parece mentira que siendo usted magistrada no sepa
que hoy la gracia de indulto es una gracia de Gobierno, y cuando un
tribunal la quiere proponer, lo hace a través de una sentencia porque
considere las razones, como ya lo ha hecho, incluso en sentencias de
aborto.




Página 4038




Creo que estamos hablando de realidades, de problemas jurídicos y no de
problemas ideológicos. Estamos hablando de insuficiencia de la ley por
una razón. No estamos de acuerdo y no quiero dar la batalla que a lo
mejor los de mi grupo me pedirían, pero ¿qué le voy a decir al Partido
Socialista que no le haya dicho ya desde el año 1983 hasta ahora sobre lo
que opinaba de la ley? ¿Qué le voy a decir, si no lo hemos arreglado
entonces?



El señor PRESIDENTE: Señora Almeida, concluya, por favor.




La señora ALMEIDA CASTRO: A ustedes les digo, no por una cuestión
ideológica, sino por la obligación de gobernar en España, que tienen que
garantizar la libertad y la prestación sanitaria, que es ejercer un
derecho. No queremos ser diferentes. Queremos que nuestras leyes sean
constitucionales, porque no es ésta la única ley constitucional, hubo
votos particulares y hubo una reserva del propio Tribunal Constitucional
diciendo que no se podían pronunciar sobre otro tipo de ley porque la que
le traía el Gobierno era la de supuestos. Nosotros creemos que es
compatible con el ordenamiento constitucional una ley de plazos combinada
con una ley de supuestos. Esa ley de plazos que existe en toda Europa,
para que en las 12, en las 14 o en las 18 primeras semanas no haya que
dar más razón que la de la intimidad de las mujeres, necesitamos
imponerla en nuestro ordenamiento, para que nadie se pueda aprovechar de
la desgracia de una mujer para agredirla, para someterla a todo tipo de
vejaciones, porque aunque a lo mejor se libra de la cárcel, no se libra
de todo un juicio social, que en muchos casos le agrava su situación.

¿Que ustedes tengan ayudas para mujeres? Lo que quieran. ¿Que ustedes
tengan adopciones? Las que quieran. Pero lo que queremos es que haya una
ley que permita la asistencia sanitaria en las mejores condiciones, en la
Seguridad Social, sin tanta objeción de conciencia y sin tanta falta de
voluntad política de obligar a que se cumpla la ley, para que tengamos
capacidad de incorporarnos a las mismas circunstancias de Europa.

Si ustedes no lo hacen por ideología, y contesta con esa falta de tono
que no va a considerar el indulto y no va a hacer nada (Risas.), yo le
digo que no querer hacer nada, no querer cambiar una ley cuando se pueden
encontrar con que de ahí puede venir una desgracia, es una sinrazón. Yo
espero que no tengan una sinrazón. Creo que bastante les va a costar,
pero sería su obligación como Gobierno de España decir que no somos
diferentes, que queremos evitar el aborto, no por la penalización sino
por la información, por la educación y por la cultura. Y, desde luego, si
alguien lo tiene que hacer, que haya médicos que lo hagan con más
seguridad jurídica y sanitaria. Si no, estaremos en un país que no merece
ir a la carrera de Europa, porque sigue siendo diferente y además
ideológicamente opresor, como lo es en estos momentos.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Almeida.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.

Quiero fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación a la
interpelación que ha presentado y ha defendido hoy aquí el Grupo
Parlamentario Socialista.

Como cuestión previa, querría decir que en el Grupo Parlamentario Popular
preferimos, para este debate y para otros, el tono de la Ministra de
Justicia y no el de las señoras Almeida y Rubiales. (Algunos señores
Diputados: ¡Muy bien!--Rumores.) Yo comprendo que es una cuestión de
gustos y de pareceres, pero desde el Grupo Parlamentario Popular siempre
hemos defendido que este era un tema que movía mucha opinión pública, que
sin duda alguna también se relacionaba íntimamente con la conciencia
individual de cada uno, que sensibilizaba especialmente a la mujer y, en
el que eran necesarios la mesura, el diálogo, el acercamiento de posturas
para no propiciar el conflicto recurrente, sistemático, como tal vez
invitando a los demás a que lo que se desea es no llegar a convenir nada
ni a acordar nada. (Varios señores Diputados: ¡Muy bien!--Rumores.)
En la exposición de motivos de la interpelación presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista se hace un relato de la historia un tanto
selectivo, sesgado y omitiendo aspectos que a nuestro juicio son
importantes, definitivos y conformadores de este debate.

Cuando se dice que la Ley Orgánica 9/1995, de 5 de junio, incorpora el
artículo 417 bis del Código Penal, y cuando a renglón seguido se
argumenta que un recurso promovido por el Grupo Parlamentario Popular, a
través de la firma de 50 diputados y diputadas, paraliza la tramitación
de una ley porque entonces existía un recurso previo de
inconstitucionalidad, se hace historia, como ustedes dicen, de la
obviedad. Efectivamente, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
establecía el recurso previo de inconstitucionalidad, y éste paralizaba
la aplicación y la entrada en vigor de la ley. Cuando se sigue diciendo
en la propia exposición de motivos que la regulación es insatisfactoria,
atenta contra el Estado de Derecho, contra el orden jurídico democrático
y genera a quienes rodean, a la comunidad jurídica un menosprecio por el
Derecho, uno se pregunta, señorías, quién fue el autor de esta
legislación. El autor de esta legislación fue el Gobierno socialista, que
remite a esta Cámara, a los cinco meses de tomar posesión del Gobierno en
el año 1983, una



Página 4039




ley que fue recurrida por el Grupo Parlamentario Popular. Pero no es
menos cierto que la sentencia de 11 de abril de 1985 del Tribunal
Constitucional, que a partir de entonces debe considerarse como un todo
interpretativo a la hora de hablar del aborto en España, estableció
determinados aspectos que eran inconstitucionales. Luego, si 50 diputados
y diputadas interpusieron un recurso de inconstitucionalidad y el fallo
del alto tribunal les dio la razón en parte al recurso interpuesto, no
acabo de entender ese galimatías jurídico o esa especie de reproche
político, por el que se quiere decir que el Grupo Parlamentario Popular
en este tema siempre dice lo mismo y siempre amenaza con
inconstitucionalidad. Es que, señorías, hubo inconstitucionalidad. El
Tribunal Constitucional lo estableció de forma nítida, clara y
contundente. A partir de ahí, cada uno puede hacer los quiebros que
quiera.

Dentro de ese correlato que hacía la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, que viene bien porque conocer los antecedentes que ha habido
en el Congreso de los Diputados respecto a este tema ilustra los debates
parlamentarios, me extraña que en ese estudio de boletines se le haya
pasado por alto un aspecto importantísimo. El que fuera Presidente del
Gobierno, señor González, en un debate sobre el estado de la Nación, cuya
fecha no recuerdo con exactitud, pero sí la cita, ante una pregunta de
una Diputada...




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, vaya terminando.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.

Ante una pregunta de una Diputada del Grupo Mixto, que luego fue Diputada
socialista, que le pedía la ampliación de la Ley del aborto, contesto:
Señoría, no me pida que me coloque al borde de la Constitución, porque
hay temas que son complicados, espinosos y conviene que los dejemos ahí.

Se lo digo para su especial apéndice e historia particularizada de los
hechos, de los acontecimientos, de los boletines y de los «Diarios de
Sesiones».

Quiero finalizar diciendo que dentro de ese correlato de los hechos ha
habido también una ausencia importante. Nosotros hemos defendido desde
esta tribuna, como Grupo Parlamentario Popular, que si bien es cierta la
postura que defendimos en el primer debate del proyecto de ley del aborto
y la que sostuvimos ante el Tribunal Constitucional, no es menos cierto
que una vez que se produce la sentencia, porque creemos que hay que
acercar posiciones, que no conviene que nadie lo gane todo ni lo pierda
todo, en ese encuentro y en ese acercamiento, mantuvimos un compromiso
político que ustedes conocen, sin duda, señorías, consistente en no
modificar la legislación atemperada a la sentencia del Tribunal
Constitucional. Después de trece años de mandato socialista, se remitió
por el anterior Gobierno a esta Cámara, deprisa y corriendo, creo
recordar que aproximadamente en julio, un proyecto de ley que ustedes
sabían que nunca iba a tener la aprobación definitiva por la disolución
de las Cámaras a principios del mes de enero del año siguiente,
competencia que es y era del Presidente del Gobierno. Hicieron todo tipo
de enjuagues jurídicos y reglamentarios, tratando de argumentar lo que
nadie entendía y lo que no se podía argumentar. (El señor Almunia Amann:
Era Trillo, desde la Mesa, el que lo paraba.)



El señor PRESIDENTE: ¡Señor Almunia!



La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Nosotros dijimos entonces: Creemos que en
este tema hay que aportar sensibilidad, solidaridad, realismo, serenidad
y rigor jurídico. Seguimos creyendo lo mismo, y puesto que es un debate
recurrente, conviene que se reiteren los argumentos para que la postura
de todos sea conocida. Permítame, señora Rubiales, que finalice diciendo
que creo que la de algunos es coherente, más defendible y, desde luego,
la sociedad española la entiende mejor que la de otros grupos
parlamentarios .

Muchas gracias. (Aplausos.--La señora Rubiales Torrejón pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.

Señora Rubiales, no veo que haya posible turno de S. S. en este momento.

¿A qué efectos, señora Rubiales?



La señora RUBIALES TORREJON: Quiero decir una cosa a la señora Ministra
de Justicia, que me ha pedido que la respete. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Señora Rubiales, sabe S. S. que el debate está
reglamentariamente concluido. Va a utilizar un minuto, pero no para
reabrir el debate.

Tiene la palabra.




La señora RUBIALES TORREJON: Señor Presidente, le aseguro que no reabro
el debate.

La Ministra de Justicia me ha mirado y me ha dicho que por favor la
respete. Quiero decir a la señora Mariscal de Gante que la respeto
muchísimo, como a cualquier otra persona; que lo que hago es exigirla
como Ministra de Justicia. Lo que le hemos venido a pedir es que haga lo
que tiene que hacer, desde nuestro punto de vista, como Ministra del
Gobierno de España. Como persona tiene, señoría, todo mi respeto.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rubiales.

Concluido el orden del día de hoy, se suspende la sesión hasta mañana a
las nueve de la mañana.




Eran las ocho y treinta minutos de la tarde.