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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 80, de 06/05/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 80
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 77
celebrada el martes, 6 de mayo de 1997
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
--De las Cortes de Castilla-La Mancha, reguladora de los trasvases de
agua entre cuencas hidrográficas. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 8.1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente
125/000007) (Página 3939)
--Del Parlamento de las Islas Baleares, sobre régimen fiscal y económico
especial de las Islas Baleares. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
B, número 9.1, de 11 de abril de 1996 (número de expediente 125/000008)
(Página 3939)
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Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre Aceites Usados. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 49.1, de 16 de septiembre de
1996 (número de expediente 125/000008). Corrección de error en «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 49.2, de 26 de septiembre de
1996 (número de expediente 122/000036) (Página 3951)
Avocación por el Pleno:
--Del Proyecto de Ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos (número de expediente
121/000033) (Página 3957)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
--Proyecto de Ley por el que se regula la competencia del Gobierno, en un
período transitorio, para la fijación de las tarifas y condiciones de
interconexión (número de expediente 121/000039) (Página 3958)
Proposiciones no de Ley:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre incorporación definitiva a los
museos nacionales y de titularidad estatal de obras de arte
pertenecientes a empresas públicas en proceso de privatización. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 110, de 3 de marzo de 1997
(número de expediente 162/000096) (Página 3958)
--Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre explotación
sexual de los niños. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número
71, de 12 de noviembre de 1996 (número de expediente 162/000129) (Página 3964)
Propuestas de creación de Subcomisiones:
--Propuesta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de creación
de una Subcomisión para el estudio de las reformas necesarias para
modernizar el sector vitivinícola español y garantizar su viabilidad
futura (número de expediente 158/000017) (Página 3970)
--Propuesta de la Comisión Constitucional de creación de una Subcomisión
para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio, de titularidad
pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar al Ente Público
Radiotelevisión Española (RTVE) de un marco financiero estable y proponer
las modificaciones del Estatuto de la Radio y Televisión aprobado por la
Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren necesarias (número de
expediente 158/000029) (Página 3971)
--Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de creación de una
Subcomisión para el estudio de la regulación de las situaciones y efectos
jurídicos derivados de las uniones de hecho, con independencia del sexo
de sus integrantes, y otras formas de convivencia distintas del
matrimonio (número de expediente 158/000031) (Página 3971)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno en la asistencia a las víctimas
de delitos (número de expediente 173/000038) (Página 3971)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de potenciación
del uso de genéricos en la prestación farmacéutica (número de expediente
173/000039) (Página 3978)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas
(Página 3939)
De las Cortes de Castilla-La Mancha, reguladora de los trasvases de agua
entre cuencas hidrográficas (Página 3939)
El señor Presidente anuncia la retirada por las Cortes de Castilla-La
Mancha de la proposición de ley reguladora de los trasvases de agua entre
cuencas hidrográficas.
Del Parlamento de las Islas Baleares, sobre régimen fiscal y económico
especial de las Islas Baleares (Página 3939)
En defensa de la proposición de ley interviene, en primer lugar, la
señora Salom Coll, del Grupo Popular del Parlamento de las Islas
Baleares. Manifiesta que en la crisis económica de 1992, el Gobierno de
las Islas Baleares, a petición de los agentes económicos y sociales,
elaboró un plan de competitividad muy ambicioso para estudiar en
profundidad las causas de la recesión e intentar recuperar el tono e
impulsos económicos. En el análisis del mismo se detectó una larga lista
de problemas intrínsecamente propios de Baleares en razón de su condición
insular, por lo que defienden el concepto de compensación de la
insularidad, entendida como una realidad diferente, sin que suponga la
menor ventaja para Baleares. La Comunidad de las Islas Baleares aspira a
poder competir en igualdad de condiciones, porque aunque cuenta con una
situación económia sólida, también se dan en ella profundos
desequilibrios, sobre todo en la industria y la agricultura, que acarrean
tremendas consecuencias sociales. Por último, pone de relieve la profunda
voluntad de consenso que ha caracterizado al Partido Popular en esta
ocasión y confía en que la proposición de ley sea tomada en consideración
como punto de partida para poder llegar a un texto acordado entre todos
los partidos.
En segundo lugar interviene el señor Sampol i Mas, Diputado del Grupo
Nacionalista P.S.M.--Grupo Socialista--, del Parlamento de las Islas
Baleares. Comienza su intervención manifestando que aunque son la
comunidad con el producto interior bruto y la renta «per cápita» más
altos del Estado, sin embargo tienen serios problemas estructurales
derivados de la insularidad y de un déficit de inversiones públicas
arrastrado durante años. Con el régimen económico y fiscal específico que
postulan en su proposición pretenden que una parte de los recursos que
generan se reinviertan en su territorio, que sus empresas puedan competir
en igualdad de condiciones con las empresas del continente, que sus
agricultores puedan seguir viviendo de la tierra y que se preserve el
medio ambiente con incentivos al ahorro de agua o a las energías
renovables como tienen en Canarias.
En tercer lugar interviene la señora Munar Riutort, Diputada del Grupo
Mixto, del Parlamento de las Islas Baleares. Comienza su intervención
manifestando que el reconocimiento del hecho insular y la necesidad de
ser compensado en los aspectos negativos que inciden sobre la economía de
las islas es uno de los proyectos más urgentes y necesarios por su
incidencia en el futuro económico y social de su comunidad autónoma.
Considera que la proposición de ley sobre el régimen económico y fiscal
especial para las Islas Baleares es un instrumento válido para
equilibrar, garantizar y fomentar la economía del país en un contexto
caracterizado por una serie de hechos diferenciales. Confía en que, a
pesar de que durante muchos años sus peticiones han sido desatendidas,
ahora se de un paso adelante para superar las limitaciones que les han
sido impuestas por la geografía y por la realidad multiinsular.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Chiquillo Barber
y la señora Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Urán González, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; el señor Costa Costa, del Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Cava de Llano i Carrió, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se
aprueba por 187 votos a favor, 125 en contra y tres abstenciones.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (Página 3951)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre aceites usados (Página 3951)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley
interviene, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Narbona Ruiz.
Manifiesta en primer lugar que el texto de la proposición de ley sobre
aceites usados coincide exactamente con el proyecto de ley aprobado por
el Consejo de Ministros del anterior Gobierno, en 1995, que contaba ya
con el acuerdo del ministerio y de todas las comunidades autónomas y que
también se había celebrado el debate en el Consejo Asesor de Medio
Ambiente. Considera que existía una coincidencia amplia sobre la urgencia
de establecer una legislación que creara los instrumentos adecuados para
una correcta gestión de los aceites usados, que
constituyen uno de los problemas de mayor gravedad en el marco de la
política de residuos de todos los países occidentales, y recuerda a
continuación que la proposición de ley recoge las preocupaciones que en
anteriores legislaturas se tradujeron en duras críticas ante la
incapacidad de anteriores gobiernos de establecer en ese momento una
legislación adecuada. Añade que, desgraciadamente, el proyecto de ley no
tuvo ocasión de convertirse en ley por el anticipo de las elecciones
generales, por lo que, después de un año sin que el Partido Popular haya
utilizado el texto con las modificaciones que hubiera considerado
oportunas, vuelven a presentarlo a la consideración de la Cámara.
Sospecha que por parte del Gobierno no hay intención de aceptar su toma
en consideración con la excusa de que en estos momentos se está
trabajando en una ley-marco de residuos, y aunque reconoce que esto puede
tener cierto sentido, ello no impide el que se pudiera tomar en
consideración la proposición de ley que su grupo presenta. El Grupo
Parlamentario Socialista plantea que se acepte la toma en consideración
de la proposición de ley, pero no se lleve a cabo su debate hasta tanto
el Gobierno no traiga a la Cámara el proyecto de ley-marco de residuos
cuya elaboración, le consta, está muy adelantada.
Pasa a exponer el contenido de su proposición de ley y reclama del Grupo
Popular y del resto de los grupos parlamentarios su atención e interés
para solucionar de una manera adecuada la gestión de los aceites usados.
En turno en contra de la toma en consideración de la proposición de ley,
interviene la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular.
Replica la señora Narbona Ruiz, duplicando la señora De Lara Carbó.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rivero Baute,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Recoder i Miralles, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, se
rechaza por 141 votos a favor, 172 en contra y una abstención.
Avocación por el Pleno (Página 3957)
Del proyecto de ley reguladora de las emisiones y retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos (Página 3957)
El señor Presidente pone en conocimiento de la Cámara que la Mesa, oída
la Junta de Portavoces, ha acordado someter al Pleno la solicitud de
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley
reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y
acontecimientos deportivos, lo que se aprueba por asentimiento.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas
(Página 3958)
Proyecto de ley por el que se regula la competencia del Gobierno en un
período transitorio para la fijación de las tarifas y condiciones de
interconexión (Página 3958)
Asimismo, el Presidente pone en conocimiento de la Cámara que la Mesa,
oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter al Pleno la tramitación
directa y en lectura única del proyecto de ley por que el se regula la
competencia del Gobierno en un período transitorio para la fijación de
las tarifas y condiciones de interconexión, así como su sustanciación, el
próximo jueves como punto último del orden del día, lo que se aprueba por
asentimiento.
Proposiciones no de Ley (Página 3958)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre incorporación definitiva a los
museos nacionales y de titularidad estatal de obras de arte
pertenecientes a empresas públicas en proceso de privatización (Página 3958)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista defiende la proposición no
de ley la señora Alborch Bataller, quien manifiesta que su propuesta es
fruto de una preocupación por el futuro de las colecciones de obras de
arte formadas por determinadas empresas, originariamente públicas, cuya
total privatización se anunció por el Gobierno y se ha ido ejecutando en
parte, como es el caso de Argentaria, Telefónica y Tabacalera. A
continuación se refiere a unas palabras del Vicepresidente Segundo del
Gobierno anunciando públicamente el interés del Gobierno en que todas las
colecciones artísticas que estuvieran en manos de empresas públicas que
fueran a ser privatizadas pasaran a ser propiedad del
Estado. Se pregunta sobre la actuación del Gobierno al respecto y añade
que sólo se conoce hasta el momento la firma de un convenio entre
Telefónica y el Ministerio de Educación y Cultura, en virtud del cual la
colección de arte de Telefónica sería depositada por un plazo de cuatro
años en el Museo Nacional Reina Sofía. Considera que el alcance de esta
medida es bien distinto al de la propuesta del Vicepresidente Segundo
porque no es lo mismo un depósito a corto plazo que una transferencia de
titularidad.
Expone que el texto de la proposición no de ley consiste en instar al
Gobierno para que, con carácter urgente, recabe la opinión de los
patronatos del Museo Nacional Reina Sofía, del Museo del Prado y de la
Junta de calificación, valoración y exportación de bienes del Patrimonio
Histórico Español en torno a la incorporación a estos museos de las obras
de arte pertenecientes a las empresas públicas privatizadas o en proceso
de privatización y, en segundo lugar, para que instrumente la operación
jurídico-económica necesaria para la consecución de dicho fin.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen las señoras Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo
Parlamentario Popular.
Para contestar a las señoras enmendantes y presentar una enmienda
transaccional, interviene de nuevo la señora Alborch Bataller.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Centella Gómez,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la proposición no de ley en los términos resultantes
de la enmienda transaccional, se aprueba por 303 votos a favor y tres
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre explotación sexual
de los niños (Página 3964)
Para la presentación y defensa de la proposición de ley interviene, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil Lázaro. Manifiesta
que la iniciativa que hoy plantea su grupo pretende ser acorde con la
dimensión y la gravedad del problema que representa la explotación y
tráfico sexual de menores, así como con las recomendaciones recientes del
Congreso de Estocolmo, con los trabajos que en el seno de la Unión
Europea se vienen perfilando en orden a dar respuestas suficientes y
válidas, con los trabajos e iniciativas que también en este mismo sentido
viene planteando el Gobierno español y, sin lugar a dudas, con la
sensibilidad acreditada de todos los grupos de la Cámara respecto de la
cuestión que les ocupa y que ya ha tenido trámites sucesivos en diversos
momentos parlamentarios. Añade que se está ante una situación que afecta
gravemente a los derechos humanos, que supone una violación flagrante de
los derechos del niño y que, por tanto, provoca una notable y lógica
alarma social. En ese contexto parece claro que el pronunciamiento
esencial de los Estados y de la comunidad internacional pasa
necesariamente, en primer lugar, por actuar con medidas de planificación
y solidaridad orientadas a corregir las deficiencias socioestructurales
en aquellos países que sirven de cultivo al desarrollo de estas prácticas
criminales; en segundo lugar, por conjugar necesariamente las diferentes
legislaciones, a fin de cerrar lagunas o espacios de impunidad; y en
tercer lugar, por acentuar los mecanismos de cooperación policial
internacional, de modo que se perfeccione la capacidad de prevención,
investigación y persecución de este tipo de delitos.
A continuación expone el contenido de su proposición no de ley y destaca
la acción que vienen desarrollando desde hace años los grupos operativos
tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de los equipos correspondientes
de la Guardia Civil. Concluye su intervención señalando que el Grupo
Popular, precisamente por entender que ésta es una cuestión de Estado, va
a aceptar la enmienda de adición propuesta por el Grupo Parlamentario
Socialista, desde el convencimiento de que el Grupo Parlamentario
Socialista no tendrá inconveniente en que la letra E) de la enmienda de
adición que propone comience diciendo «continuar impulsando» en lugar de
«impulsar», porque significa reconocer el esfuerzo que el anterior
Gobierno hizo en esta materia, el esfuerzo que el Gobierno actual está
realizando y, sobre todo, el esfuerzo permanente de los funcionarios y
funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía que atienden a la prevención,
asistencia e investigación de este tipo de delitos.
En defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley,
interviene la señora Del Campo Casasús, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada, interviene el
señor Gil Lázaro.
Sometida a votación la proposición no de ley, se aprueba por 309 votos a
favor y una abstención.
Propuestas de creación de subcomisiones (Página 3970)
Propuesta de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de creación de
una subcomisión para el estudio de las reformas necesarias para
modernizar el sector vitivinícola español y garantizar su viabilidad
futura
Sometida a votación, en primer lugar, la propuesta de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca de creación de una subcomisión para el
estudio de las reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola
español y garantizar su viabilidad futura, se aprueba por 186 votos a
favor, seis en contra y 119 abstenciones.
Propuesta de la Comisión Constitucional de creación de una subcomisión
para el estudio de un nuevo modelo de televisión y radio, de titularidad
pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar al Ente Público
Radiotelevisión Española (RTVE) de un marco financiero estable y proponer
las modificaciones del Estatuto de la Radio y Televisión aprobado por la
Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren necesarias (Página 3971)
Sometida a votación, en segundo lugar, la propuesta de la Comisión
Constitucional de creación de una subcomisión para el estudio de un nuevo
modelo de televisión y radio, de titularidad pública y cobertura estatal,
a los efectos de dotar al Ente Público Radiotelevisión Española de un
marco financiero estable y proponer las modificaciones del Estatuto de la
Radio y Televisión aprobado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, que se
consideren necesarias, se aprueba por 184 votos a favor, dos en contra y
124 abstenciones.
Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de creación de una
subcomisión para el estudio de la regulación de las situaciones y efectos
jurídicos derivados de las uniones de hecho, con independencia del sexo
de sus integrantes, y otras formas de convivencia distintas del
matrimonio (Página 3971)
Sometida a votación, en tercer lugar, la propuesta de la Comisión de
Justicia e Interior de creación de una subcomisión para el estudio de la
regulación de las situaciones y efectos jurídicos derivados de las
uniones de hecho, con independencia del sexo de sus integrantes, y otras
formas de convivencia distintas del matrimonio, se aprueba por 166 votos
a favor, 143 en contra y dos abstenciones.
En turno de explicación de voto en relación con esta última votación,
intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; y los señores Pedret i Grenzner, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Trías Sagnier, del Grupo Parlamentario
Popular.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 3973)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política del Gobierno en la asistencia a las víctimas
de delitos (Página 3973)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la
señora Almeida Castro. Expone los siete puntos de la moción, que son los
mismos que figuraban en la interpelación, y anuncia la aceptación de las
enmiendas de los grupos parlamentarios Popular y Socialista,
recogiéndolas en una enmienda transaccional que confía en que será
aceptada por la mayoría de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Pérez
Solano, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gil Lázaro, del Grupo
Parlamentario Popular.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, se
aprueba por 302 votos a favor y dos abstenciones.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de potenciación del uso
de genéricos en la prestación farmacéutica (Página 3978)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, la señora Novoa Carcacia. Manifiesta que
presentan esta moción porque consideran que la potenciación del uso de
medicamentos genéricos es un instrumento útil, junto con otras
estrategias, para la racionalización y el control del gasto farmacéutico,
sin que ello repercuta en la aportación de los usuarios y sin alterar la
calidad de la prestación farmacéutica. Añade que para su grupo
parlamentario la calidad de la prestación farmacéutica es algo que tiene
que preservarse, y por ello entienden que la primera condición para que
la implantación de genéricos sea adecuada es la exigencia de su eficacia,
seguridad y calidad terapéutica. No apuestan por la implantación de los
genéricos de una forma salvaje, sino de una forma prudente, que permita
ir haciendo un balance de los beneficios y de los riesgos, por lo que su
opción es una política integral dirigida a todos los agentes que
intervienen en el proceso, es decir, la industria farmacéutica, los
facultativos prescriptores, los farmacéuticos dispensadores y los propios
usuarios.
A continuación expone detalladamente el contenido de la moción y los
fines que se persiguen, confiando en que sea considerada por los grupos
parlamentarios y votada favorablemente.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Aguirre Uribe,
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Riera i Ben, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Maestro Martín, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor
Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, se
rechaza por 145 votos a favor y 156 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTONOMAS:
-- DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA, REGULADORA DE LOS TRASVASES DE
AGUA ENTRE CUENCAS HIDROGRAFICAS (Número de expediente 125/000007)
El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, toma en
consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas, dentro
del cual ha sido retirada por las Cortes de Castilla-La Mancha su
proposición reguladora de los trasvases de agua entre cuencas
hidrográficas.
-- DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, SOBRE REGIMEN FISCAL Y ECONOMICO
ESPECIAL DE LAS ISLAS BALEARES (Número de expediente 125/000008)
El señor PRESIDENTE: Pasamos directamente a la proposición de ley del
Parlamento de las Islas Baleares sobre el régimen fiscal y económico
especial de las Islas Baleares.
Para su defensa tendrán la palabra tres representantes de dicho
Parlamento comenzando por la honorable señora María Salom i Coll, del
Grupo Popular.
Señora Salom.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Salom i Coll):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, cuando en 1992 se produce la última gran
crisis económica española que duraría más de dos años, el Gobierno de las
Islas Baleares, a petición de los agentes económicos y sociales, hizo un
plan de competitividad muy ambicioso para estudiar en profundidad las
causas de nuestra recesión y, solucionándolas, recuperar el tono e
impulsos económicos. Nos encontrábamos en un momento en que la peseta
estaba absurdamente sobrevalorada; vivíamos años en que el déficit
público, la inflación, los condicionantes y los tipos de interés llegaron
nítidamente a superar el 15 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Salom.
Señor Martínez-Pujalte. (Pausa.) Puede continuar.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Salom i Coll):
Gracias, señor Presidente.
Ante este panorama, el Gobierno de Baleares, como indicaba antes, elaboró
un plan de competitividad. En el análisis del mismo se detectó una larga
lista de problemas intrínsecamente propios de Baleares en razón de su
condición insular; por ejemplo, las consecuencias del encarecimiento de
los productos que sufren los empresarios de las islas por tener que usar
un determinado transporte; las situaciones de alteración profunda de los
mecanismos de mercado por tratarse de un territorio pequeño y troceado,
etcétera. La insularidad es un hecho que nos afecta frontalmente, y es
tan obvio que el propio artículo 138.1 de la Constitución lo apunta como
de necesaria compensación.
Así pues, en este clima, con esta presión y ante esta realidad se redactó
en el Parlamento de las Islas Baleares esta proposición de ley, que hoy
esperamos se tome en consideración, que pretendía desde el primer momento
ser objeto de negociación y de diálogo con todas las fuerzas políticas,
primero en Baleares y después aquí, en Madrid. Por tanto, se hizo un
proyecto que no tiene ni puede tener nada que ver con Canarias, donde
además de la insularidad confluye la condición ultraperiférica que
confiere una especial peculiaridad al archipiélago atlántico.
En los años que han pasado desde la aprobación de esta proposición ha
habido una evolución sustancial de la economía española, tanto es así que
muchas peticiones incluidas en nuestro proyecto y que eran necesarias
para la competitividad de nuestra economía han perdido sentido; unas, por
el dictamen europeo sobre régimen canario; otras, porque ya se ha
producido una reforma de la legislación estatal española, la reforma del
Impuesto sobre Sociedades y medidas para favorecer las pequeñas y
medianas empresas; y otras, porque el nuevo sistema de financiación
autonómica ha incrementado el autogobierno de las comunidades autónomas.
Por ello defendemos básicamente el concepto de compensación de la
insularidad, entendida como una realidad diferente en la que
condicionantes de transporte, de medio ambiente, de equilibrio
territorial, de pluriinsularidad generan una necesidad de compensación
que se determinará en esta Cámara; una compensación determinada y
explicada en el artículo 138.1 de la Constitución, que no genere la menor
ventaja para Baleares, sino que se eliminen las desventajas.
Es para las islas y para el Partido Popular de Baleares una exigencia
moral que quede claro el siguiente punto. No se pide, no se pretende, no
se desea una ventaja competitiva; se demanda, como sucede en todas las
regiones insulares europeas, la corrección de una desventaja competitiva
que, además, se puede cuantificar y determinar con cierta precisión. Las
Islas Baleares somos una autonomía que únicamente aspira a poder competir
en igualdad de condiciones. Sabemos que tenemos una situación económica
que hoy es sólida, pero detrás de esa primera imagen nos encontramos con
un profundo desequilibrio que acarrea además tremendas consecuencias
sociales. Tenemos comarcas enteras pendientes de la industria y de la
agricultura.
El retroceso de nuestra industria en los últimos veinte años es
sensiblemente superior a la media española. Con la agricultura la
situación es aún más grave. Hemos sufrido el mayor retroceso de España en
materia agrícola. ¿Cuál es el motivo? Que no tenemos iguales condiciones
para competir. Se trata de una incapacidad absoluta para competir con las
grandes producciones de fuera de nuestro territorio, debido al factor
distorsionante del transporte. La pérdida de este sentido económico de la
agricultura nos preocupa --es lo que más nos preocupa--, pero hay que
añadir los efectos medioambientales que se generan y la cascada de
consecuencias.
Entendemos que fuera de Baleares se nos pueda considerar un lugar
afortunado --cosa que tiene muchos elementos de verdad--, pero detrás de
esa apariencia se encuentran también realidades graves, problemáticas que
simplemente exigen un desarrollo del artículo 138.1 de la Constitución
para lograr su equiparación al continente, a efectos de competencia
económica. Este es, pues, el sentido fundamental de esa proposición de
ley emanada del Parlamento de las Islas Baleares.
No quisiera concluir esta intervención sin plantear en esta Cámara un
dato más que ha sido clave en toda la tramitación de este texto: la
voluntad profunda de consenso que ha caracterizado al Partido Popular. En
todo el largo proceso de esta proposición hemos puesto como primera
condición que se produzca la compensación de la insularidad; en segundo
lugar, hemos pedido que todos los partidos políticos apoyen esta
iniciativa; finalmente, hemos puesto en tercer lugar el articulado
concreto. Siempre hemos dicho que preferíamos la puesta en vigor de una
pequeña parte de estas medidas que el rechazo del proyecto o condenarlo a
una posterior modificación por falta de consenso. El Parlamento de las
Islas Baleares, pues, y el Grupo Popular del mismo esperan que la Cámara
admita a trámite esta proposición, como punto de partida también aquí
para llegar a un texto de acuerdo entre todos los partidos, y no por
simple voluntad de consenso, sino porque creemos que la sociedad balear
se merece una ley con larga vida y ello nos obliga, responsablemente, a
exigir un punto de encuentro con otros partidos políticos significativos,
porque se trata, ni más ni menos, que de un desarrollo previsto en la
Constitución.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Salom i Coll.
En segundo lugar, tiene la palabra el honorable señor Pere Sampol i Mas,
del Grupo Nacionalista, Partido Socialista Mallorquín, Grupo Socialista.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Sampol i Mas):
Gracias, señor Presidente.
Señorías, las Illes Balears son la comunidad autónoma con producto
interior bruto y renta per cápita más altos del Estado. No es extraño,
por tanto, que muchos de ustedes puedan pensar: ¿a qué vienen estos
nuevos ricos pidiendo privilegios fiscales? Por desgracia, no todos los
ciudadanos de Baleares somos tan ricos, ni mucho menos, como voy a
demostrar en los escasos cinco minutos de que dispongo, ni tampoco
tenemos resueltos serios problemas estructurales derivados de la
insularidad y de un déficit de inversiones públicas que venimos
arrastrando durante años.
Para empezar, seguramente se sorprenderán al conocer que los salarios
medios de Baleares están muy por debajo de la media estatal, más de
14.000 pesetas mensuales. Nuestra media salarial es inferior, incluso, a
la de regiones consideradas más pobres, como Aragón o Castilla y León. Lo
mismo ocurre con nuestras pensiones; nuestros jubilados cobran 10.800
pesetas mensuales menos que la media estatal. Estas importantes
diferencias, que afectan a la gran mayoría de nuestros trabajadores y
pensionistas, obedecen a una característica que define nuestro modelo
económico: la estacionalidad turística. Cerca del 35 por ciento del
trabajo es temporal. Para que se hagan una idea, España tendría seis
millones de parados en invierno si el empleo se comportara como lo hace
en Baleares. Permitan todavía un último dato, un dato para desmitificar
totalmente el sambenito de ricos que nos atribuyen. Más del 50 por ciento
de las familias de la comarca del Pla de Mallorca, en el interior de la
isla, subsisten con una renta inferior a las 70.000 pesetas mensuales.
(Rumores.-- Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: No se preocupe, ya que sin duda ha sido una
interjección no querida por algún Diputado.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Sampol i Mas):
Gracias.
No acaban aquí nuestros problemas, ya que el tópico de comunidad rica ha
servido para que en los últimos años la inversión estatal en Baleares
haya sido la menor del Estado. Sepan que los presupuestos que ustedes
aprobaron para 1997 contemplan unas inversiones en Baleares equivalentes
a 12.100 pesetas por habitante, mientras que en el conjunto del Estado la
inversión supone 27.200 por habitante, más del doble. Esta ha sido la
tónica en las última décadas. Lo mismo ocurre con los fondos europeos. En
el quinquenio 1994-99, en Baleares habremos recibido 23.200 pesetas por
habitante, frente a las 90.400 que recibirá de media cada ciudadano del
Estado, cuatro veces más.
Este déficit espectacular de inversiones públicas, ya crónico, ha
provocado un nivel de servicios pésimo. Somos la comunidad con más
déficit de camas de hospital, disponemos de 2,4 camas de hospital por
cada 1.000 habitantes cuando la media estatal es de 3,15. La masificación
en las aulas está provocando movilizaciones de asociaciones de padres que
exigen la construcción de los institutos prometidos por el Ministerio de
Educación desde hace años. La Administración del Estado, por no cumplir,
ni siquiera ha cumplido los convenios firmados en materia de torrentes;
los transportes públicos interiores no pueden ser peores, y gracias a la
tasa de seguridad aeroportuaria y al acuerdo entre las compañías,
padecemos un severo incremento de tarifas aéreas. Eso, sí, señorías, en
una cosa somos no los primeros pero sí los segundos, y es en tributación
por habitante. Les puedo demostrar que Baleares es la segunda comunidad
en tributación por habitante, únicamente superados por Cataluña.
Estoy aquí, por tanto, defendiendo una proposición aprobada por el
Parlamento de mi país, no para mendigar ventajas fiscales para unos
ricos, sino para reivindicar un tratamiento económico y fiscal específico
que permita afrontar los problemas estructurales de nuestra economía,
muchos de ellos derivados de la insularidad, una insularidad que sirve de
excusa a las compañías petroleras para cobrarnos el litro de gasóleo
hasta 11 pesetas más caro que en la Península, y por encima 40 pesetas
más caro que en las Islas Canarias.
Señorías, el coste del transporte resta competitividad a nuestra
industria, que padece una gravísima crisis económica sin que nadie
financie nuestra reconversión industrial, mientras nosotros sí hemos
ayudado a financiar todas las reconversiones. Nuestro sector agrícola y
ganadero está agonizando porque, al ser tan ricos, no tenemos acceso a
las suculentas subvenciones europeas. No disponemos de recursos para
combatir la estacionalidad diversificando nuestra oferta turística y
nuestra economía; en definitiva, nos vemos abocados a un modelo económico
basado en el turismo de temporada y en la especulación del suelo, un
sistema económico a semejanza de una explotación minera que se abandona
una vez agotados los recursos naturales.
Estos problemas son los que pretendemos resolver con un régimen económico
y fiscal específico. Queremos que una parte de los recursos que nosotros
generamos se reinviertan en el territorio para solucionar nuestros
problemas; queremos que se tomen determinadas medidas fiscales para que
nuestras empresas puedan competir en igualdad de oportunidades con las
empresas del continente; queremos que nuestros agricultores puedan seguir
viviendo de la tierra y que la tierra deje de ser vendida como solar;
queremos preservar nuestro medio ambiente con incentivos al ahorro de
agua y a las energías renovables, como tienen en Canarias.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Nacionalista PSM no negamos
nuestra solidaridad, pero la solidaridad ha de ser recíproca. No es justo
que seamos la comunidad que más aporta al conjunto del Estado, el 13 por
ciento de nuestra renta familiar anual, a costa de destrozar nuestro
territorio, de grandes desigualdades sociales, de déficit de servicios
básicos que padecen los más necesitados, de despersonalización cultural,
de pérdida de nuestra identidad colectiva, y que ustedes nos nieguen hace
dos años el nivel de autonomía que pedíamos, impidiendo aquí la reforma
de nuestro estatuto y hoy negando o vaciando de contenido las medidas
económicas y fiscales que necesitamos para corregir nuestros
desequilibrios.
Señoras y señores diputados, y especialmente me dirijo a los del Partido
Popular que han adquirido un compromiso electoral con la iniciativa que
estoy defendiendo, no pueden defraudar, una vez más a los ciudadanos de
Baleares, no pueden traicionar a un electorado que confió en ustedes.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sampol i Mas.
En tercer y último lugar, por el Grupo Mixto del Parlamento de las Islas
Baleares, tiene la palabra la honorable señora doña Antonia Munar i
Riutort.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Munar i
Riutort): Señor Presidente, señorías, para la representante de un partido
nacionalista, como es Unión Mallorquina es un gran motivo de satisfacción
poder hoy defender aquí la ley de régimen económico y fiscal especial
para las Islas Baleares. No les explico si, además, éste se toma en
cuenta y el día de mañana puede aprobarse tal como hoy viene a esta
Cámara. Vivimos en un mundo cada día más interdependiente, una economía
cada vez más globalizada. El Estado español encara el reto de la
unificación económica y monetaria con el resto de Europa, pero para
nuestras islas se corre un grave riesgo: quedar en una situación marginal
en todo el proceso de unión. Es difícil uniformizar lo que por naturaleza
es diverso. En este sentido el reconocimiento del hecho insular y la
necesidad de ser compensado en los aspectos negativos que inciden sobre
la economía de las islas es uno de los proyectos más urgentes y
necesarios por su incidencia en el futuro económico y social de nuestra
comunidad autónoma.
La proposición de ley de régimen económico y fiscal especial para
Baleares fue pensada como un instrumento válido para equilibrar,
garantizar y fomentar la economía de nuestro país en un contexto
caracterizado por una serie de hechos diferenciados. En primer lugar, un
hecho geográfico; el hecho geográfico diferencial de la pluriinsularidad,
por nadie discutido, y que supone una falta de materias primas, un
desarrollo difícil de determinadas actividades económicas y una presión
muy fuerte sobre lo que es el territorio y los recursos ambientales. Unas
actividades económicas basadas en el predominio absoluto del monocultivo
turístico y de la industria que de él se deriva. Esto supone que nuestro
sistema productivo depende en gran parte de unos factores totalmente
exógenos y difíciles de prever, el coste que supone ofrecer unos
servicios públicos y unas infraestructuras que soportan al año más de
ocho millones de visitantes y todos ellos vienen a nuestras islas. Pero
¡oh casualidad! somos la comunidad autónoma que tiene en financiación la
renta per cápita más baja de todo el Estado. Una estructura económica de
alto riesgo; nuestra economía, como ustedes saben, está ligada de forma
muy estrecha desde los años cincuenta a la economía de los países de la
Unión Europea. También es una economía que está mucho más especializada y
muy poco diversificada. El turismo y su sector de servicios suponen el 82
por ciento de nuestro producto interior bruto. No tengo ni que decirles
que nuestra industria tradicional está bajo mínimos y que nuestra
agricultura está en una fase de agonía terminal.
Nuestra participación en la cuota de solidaridad con el Estado es la más
elevada en términos relativos. La Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares siempre se ha caracterizado por aportar más a las arcas
estatales de lo que ha recibido en concepto de inversiones productivas y
de pago de servicios públicos. En los últimos años el déficit fiscal de
la comunidad autónoma se ha disparado. De cada 100 pesetas que cada
ciudadano aporta nuestra comunidad recibe tan sólo 16. De continuar
produciéndose este déficit fiscal tan enorme, nuestra comunidad autónoma
perderá márgenes de competitividad en el momento en que se llegue a la
famosa Unión Económica y Monetaria con Europa, porque realmente es un
hecho constatable que las Islas Baleares ofrecen un producto competitivo,
gracias especialmente a dos factores: primero, por la posibilidad de
actuar sobre la política de cambios --una moneda fuerte y sobrevaluada
disminuye el atractivo de nuestro producto turístico--; segundo, por la
situación política y económica de otros destinos turísticos del
Mediterráneo, cuya competencia se ha visto hoy por hoy eliminada
literalmente. Por tanto, si hasta ahora la política monetaria había
podido actuar en alguna ocasión como un acicate para nuestro desarrollo
económico, a partir de 1999 se perderá gran parte de estas ventajas
comparativas, en beneficio sin duda de otros
destinos que aumentarán de esta forma su capacidad competitiva. En este
sentido se hace necesario actuar en los dos frentes referidos, el
económico y el fiscal, con el fin de mantener y consolidar el desarrollo
material de las Islas Baleares. Así lo recoge la proposición de ley de
régimen económico y fiscal especial para Baleares que hoy ustedes pueden
tomar en consideración.
Nuestra economía necesita estímulos para resultar competitiva, para
atraer inversiones y para ser capaz de desarrollar proyectos que hoy por
hoy son de difícil implantación en nuestra comunidad autónoma donde, como
saben, los costes de las materias primas son muy elevados y también lo
son los del transporte y la energía. Igualmente, se debe corregir el
tratamiento fiscal para determinadas actividades económicas y debe ser
aumentada la capacidad financiera de nuestra comunidad con el fin de
mitigar los desequilibrios de la pluriinsularidad. El régimen económico y
fiscal para las Islas Baleares puede suponer un instrumento válido que
impida el declive económico de nuestra comunidad, que ha luchado siempre
desde la lejanía y la incomprensión de un poder central que desconoce
nuestra realidad, porque estamos convencidos de que si la conocieran nos
apoyarían.
Esta proposición de ley de régimen económico y fiscal no es en absoluto
una petición banal, sino que se trata de una auténtica necesidad que ya
ha sido planteada y aceptada en otros lugares y en otros momentos
históricos, porque la necesidad de establecer mecanismos correctores de
la insularidad es un hecho que, tiene ya precedentes en el marco europeo
y en el ámbito español. Tanto las islas del Mediterráneo como las
atlánticas, incluidas las Islas Canarias, disfrutan de estatutos
económicos y fiscales específicos. Las Islas Baleares han fracasado en
lograr el reconocimiento de su insularidad a lo largo del presente siglo.
Sin embargo, la Constitución de 1978 hace mención...
El señor PRESIDENTE: Señora Munar, le ruego que vaya concluyendo.
La señora DIPUTADA DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (Munar i
Riutort): Gracias, señor Presidente.
La Constitución de 1978 hace mención expresa del reconocimiento de los
hechos insulares tal como se establece en el artículo 138.1. Fue la
primera puerta que se abrió para el reconocimiento de un trato específico
de la insularidad que padece nuestra comunidad. Hoy el Congreso de los
Diputados puede y debe decidir la admisión a trámite de esta proposición
de ley aprobada por nuestro Parlamento. Sé que a veces es difícil en
Madrid conocer la situación diferencial de las comunidades autónomas y en
especial de la nuestra, que queda tan lejos. Sé que siempre acaban
haciendo mella los estereotipos. Hemos visto durante muchos años que
nuestras necesidades han sido desatendidas. Esperamos que esto cambie. En
definitiva, nuestra situación actual de riqueza relativa depende en gran
medida de la capacidad que tengamos de superar las limitaciones que
nuestra geografía y nuestra realidad multiinsular nos han impuesto.
Por estas razones les pido un voto mayoritario y favorable a la
tramitación de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Munar.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo con mucha brevedad en nombre de Unión Valenciana para dar
nuestro apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley del
Parlament de las Illes Balears. En estas fechas en las que se habla tanto
de solidaridad entre las nacionalidades y pueblos del Estado español,
intervengo en nombre de Unión Valenciana, socio de coalición y amigo de
Unión Mallorquina, para apoyar esta toma en consideración con un ruego a
los partidos mayoritarios para que no hagan como hace un par de años a la
hora de debatir la reforma del Estatuto de Baleares, con el ruego de que
esta petición, que va avalada por el máximo órgano de la soberanía
popular de Balears en esta proposición de ley, sea respetada en el fondo
y en la forma y se haga realidad el régimen económico y fiscal, porque
Balears tiene un hecho diferencial social, económico y cultural que tiene
que ser reconocido. Por ello vamos a apoyar la toma en consideración con
ese ruego, repito, de que el Partido Popular y el Partido Socialista no
vayan en contra de la voluntad mayoritaria del Parlamento de Baleares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Tres son los motivos por los que votaremos
favorablemente la tramitación de esta ley de régimen fiscal y económico
especial para las Illes Balears.
En primer lugar, es un imperativo para mí apoyar ante las instancias del
Estado las decisiones del órgano que representa legítimamente al pueblo
de las Illes Balears, una parte de mi nación. Esta proposición de ley,
que afecta exclusivamente a su territorio, ha sido elaborada con la
participación de la mayoría de las fuerzas políticas de su Parlamento.
Estamos, pues, ante un hecho que emana de la voluntad y de la soberanía
del pueblo de las Illes Balears, y, en consecuencia, por coherencia
legítima y lógica voy a darle mi apoyo.
En segundo lugar, es una proposición de ley necesaria. Las altas rentas
de las Illes Balears tienen un coste tan elevado como es la desaparición
de actividades tradicionales, una intensa destrucción del territorio y
una elevada vulnerabilidad de la economía ante cualquier amago de crisis,
y aunque las medidas propuestas por el Parlament balear no sean la
panacea, algo hay que hacer para cambiar un modelo de crecimiento que
muestra síntomas claros de agotamiento.
En tercer lugar, es necesario que el Estado tenga la lealtad de compensar
mínimamente el excesivo esfuerzo de solidaridad --y lo digo entre
comillas-- que impone --y, por tanto, si es impuesto no es solidaridad;
de hecho, es otra cosa-- a las Illes Balears. Una décima parte de su PIB
representa el drenaje de recursos que año tras año se aplica al
desarrollo de otras autonomías. No parece defendible, en nombre de la
solidaridad, oponerse a unas medidas que no alteran sustancialmente el
medio millón de pesetas que le cuesta ser española a cada familia balear.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rahola. Por el Grupo de Coalición
Canaria tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, intervengo brevemente para
exponer las opiniones y reflexiones del Grupo de Coalición Canaria ante
esta iniciativa del Parlamento balear.
La Constitución española reconoce el hecho insular, tema muy importante
para nosotros, como lo es para nuestros amigos, los ciudadanos de otras
islas, de otro archipiélago español, como son las Islas Baleares. Creo
que estaba haciendo falta el desarrollo de una ley... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mauricio.
Señorías, por favor.
Puede continuar, señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Estaba haciendo falta el desarrollo de una
ley que permitiera concretar el planteamiento constitucional del
reconocimiento del hecho insular. Quizá habría sido interesante que esta
proposición de ley se planteara en esos términos. Sin embargo, observamos
que se mezclan cuestiones, en primer lugar de solidaridad, que tiene que
ver con un mejor tratamiento de las comunidades autónomas en los
presupuestos del Estado y en los programas de inversión, cuestión que a
nosotros nos ha afectado y por la que estamos luchando en este momento
como Coalición Canaria; en segundo lugar, de las compensaciones al hecho
insular, que nosotros entendemos y defendemos y que corresponden con toda
justicia a las Islas Baleares, y, al mismo tiempo, del problema de un
marco fiscal propio independiente, que responde a otro tipo de
consideraciones, marco sobre el que nosotros los canarios tenemos
experiencia, pues en nuestro caso se trata de una tradición histórica de
muchos años, con la Ley de Puertos Francos de 1852, con su ratificación
en 1899 y con la Ley de Régimen Económico y Fiscal de 1972, que
recientemente fue reformada. Ese marco fiscal no viene dado por el hecho
insular. Nosotros entendemos que viene marcado por la lejanía, por un
hecho diferencial específico, que es que estamos a 1.000 kilómetros del
continente europeo, y que hace que el propio Tratado de Maastricht
plantee de manera clara que las regiones ultraperiféricas europeas, que
son Madeira, Azores, las Canarias y los territorios DOM, por su lejanía y
no por su insularidad, deben tener un marco económico y sobre todo fiscal
propio. En las negociaciones con Bruselas, en este momento, nuestro
régimen económico y fiscal está sufriendo problemas enormes y
conflictivos, porque territorios como Córcega, Cerdeña, Sicilia, Creta o
Chipre, por el mimetismo de la insularidad, intentan obtener las ventajas
de la lejanía.
Por estas razones, nuestra opinión es que en la propuesta de ley del
Parlamento de las Illes Balears se mezclan elementos justos, que nosotros
apoyaremos en el trámite parlamentario posterior, como son, repito, el
desarrollo de una ley de la insularidad, con elementos que, en nuestra
opinión, en cualquier caso, no resultan, como mínimo, oportunos en el
debate que está teniendo en estos momento la Unión Europea. Estas son las
reflexiones que hace Coalición Canaria, por tanto opiniones encontradas y
que marcarán la decisión de nuestro voto.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Quiero anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
a la toma en consideración de esta proposición de ley sobre el régimen
fiscal y económico especial de las Islas Baleares que presenta el
Parlamento de dicha comunidad autónoma. Entre las razones que podemos
argumentar para la toma en consideración y su aceptación destacamos el
absoluto respeto que a este grupo parlamentario le merecen todas aquellas
iniciativas que las comunidades autónomas presentan a través de sus
respectivos parlamentos. Es una doctrina conocida la practicada por este
grupo parlamentario de recoger la voluntad popular que los ciudadanos de
cada una de las comunidades autónomas van expresando a través de sus
asambleas legislativas y de votar favorablemente la toma en consideración
de todas aquellas proposiciones de ley que las mismas presentan en esta
Cámara a través de sus
parlamentos autónomos. En este caso, la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en uso de los derechos emanados de la Constitución y de los
criterios recogidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas, ha desarrollado en esta proposición de ley un régimen especial
que se enmarca dentro del hecho diferencial, que en este caso es su
insularidad. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Continúe, señor González de Txabarri.
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor Presidente.
Desde esta perspectiva, este régimen especial que hoy los representantes
del Parlamento de las Illes Balears han formulado en esta Cámara recoge
el reconocimiento de algunas peculiaridades tanto en relación con los
impuestos directos, en concreto los impuestos sobre Sociedades y sobre
Sucesión y Donaciones, como con los indirectos, como son el Impuesto
sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y finalmente, en el ámbito tributario,
proponen también la regulación de algunos aspectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles dentro de los tributos locales. En definitiva, se está
planteando el establecimiento de un régimen fiscal y económico especial
que el Grupo Parlamentario Vasco entiende que no rompe con el equilibrio
económico, y que respeta la solidaridad entre los territorios y los
ciudadanos del Estado, por lo cual, habiendo examinado el conjunto de
esta proposición de ley y atendiendo a estas razones, vamos votar
favorablemente su toma en consideración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar y en nombre de mi grupo parlamentario, señorías, quiero
dar la bienvenida a los tres parlamentarios autonómicos que nos acompañan
esta tarde en el debate sobre la proposición de ley que nos trae a esta
Cámara precisamente una Cámara autonómica.
Mi grupo, señorías, va a dar su voto favorable a la toma en consideración
y lo vamos a hacer por dos razones fundamentales. La primera, porque es
habitual, con raras excepciones por nuestra parte, tomar en consideración
cualquier iniciativa que nos traiga a esta Cámara un Parlamento
autonómico, votada, democráticamente y por la mayoría del respectivo
Parlamento autonómico. La segunda porque creemos que es necesario tomar
en consideración la proposición de ley por el contenido intrínseco que
conlleva la misma en cuanto al reconocimiento del hecho insular en un
contexto de equilibrio económico y de solidaridad interterritorial.
Señorías, en nuestro grupo parlamentario, dejando de lado el contenido
específico que tiene la proposición de ley, entendemos que la
Constitución española, cuando se redactó y se aprobó por el pueblo
español, contenía el elemento que hoy se nos plantea con esta proposición
de ley, que es el reconocimiento del hecho insular en la acción pública
de los poderes del Estado. En ese sentido, no creo recordar que en esta
Cámara se hayan tomado muchas decisiones y medidas normativas o
legislativas que den contenido y desarrollo al reconocimiento de este
hecho insular que hoy nos presenta el Parlamento de las Illes Balears.
Nuestro grupo cree que ya ha transcurrido suficiente tiempo desde la
aprobación de la Constitución como para que esta Cámara un día se plantee
si hay que tomar decisiones en cuanto al reconocimiento de este hecho
insular de las Illes Balears. El contenido ya lo discutiremos; los
extremos precisos de las medidas que contempla ya las enmendarán SS. SS.
Sin embargo, después de tanto tiempo de vigencia de nuestra Constitución,
con un contenido explícito y claro de reconocimiento y amparo de un hecho
insular como el que se nos plantea desde las Illes Balears, nuestro grupo
parlamentario cree que debe abrirse ese debate y que debe tomarse en
consideración la proposición de ley que se nos presenta.
Las tres intervenciones que se han hecho para explicar la proposición de
ley tienen, como he indicado, un eje nuclear: el necesario reconocimiento
del hecho insular como carácter diferencial amparado en la Constitución,
y compartimos ese principio básico, ese elemento fundamental que da
cuerpo luego a una articulación de medidas y de propuestas que deberá
tomar en consideración esta Cámara. Desde nuestro grupo parlamentario sí
comprendemos este hecho insular, así como la necesidad de reconocimiento
de este hecho diferencial para las Illes Balears; sí comprendemos y
compartimos la necesidad de llevar a cabo un reequilibrio en el ámbito
del Estado en favor de este hecho insular --compartimos este principio--;
sí creemos que los costes de transporte deben revisarse en un marco de
solidaridad interterritorial; sí creemos, por ejemplo, que los costes
relativos al uso de las energías --energías eléctricas, carburantes y de
todo tipo-- deben ser también considerados en el contexto de un ámbito
insular, como lo está siendo, por ejemplo, en el ámbito insular canario;
sí creemos también que el coste de las infraestructuras debe analizarse
en este contexto insular; y sí creemos que deben adecuarse las normas
autonómicas, locales y estatales en el ámbito tributario para recoger el
hecho singular de las Islas Baleares.
He escuchado con mucha atención las tres intervenciones de los diputados
autonómicos. Nos han venido a exponer, señorías, un argumento que mi
grupo quisiera resaltar en la defensa de nuestra posición en este debate.
Se nos ha dicho en las tres intervenciones que había un desconocimiento
de la realidad de las islas. Tienen ustedes razón y lo digo, si me
permiten, desde mi propia experiencia. Y es que, señorías, para conocer
las islas hay que vivir en ellas, y el problema es que, a menudo, cuando
no se vive en ellas, se tiene una percepción externa de la realidad que
lleva a hacer valoraciones desajustadas de la misma. El problema es que
demasiada gente conoce las islas al pasar unos días de vacaciones, y
pasar unos días maravillosos de vacaciones en las islas no es conocer su
realidad. Por lo tanto, nuestro grupo, sensible a esa necesidad de
adecuarnos a la realidad intrínseca de las Islas Baleares, cree que esta
Cámara debe tomar en consideración esta proposición de ley. No se trata
hoy de discutir su contenido, ya veremos si discrepamos sobre el mismo,
pero, señorías, sí hay que ser sensibles a la necesidad que se nos
plantea hoy de adecuar el marco normativo para que recoja el
reconocimiento, necesario, de ese hecho singular y, a la vez, lo ajuste a
la realidad propia de las islas. No es oro todo lo que reluce en las
Islas Baleares, como se nos ha explicado. Yo creo y nuestro grupo también
que hemos de ser solidarios con la realidad propia e intrínseca de un
hecho singular de las islas que a menudo se desconoce desde la Península.
Señor Presidente, termino. Nuestro grupo cree que es posible establecer
un nuevo marco de equilibrio como nos plantean ustedes. Ese marco de
equilibrio debe hacerse, no obstante, teniendo muy en cuenta ese hecho
diferencial en el marco de solidaridad interterritorial que hay que tener
siempre. En este marco de solidaridad interterritorial, de reconocimiento
del hecho insular y también de necesidad de reequilibrio de la realidad
económica de su ámbito territorial creemos que es posible adoptar algunas
decisiones que nos permitan dar contenido al mandato constitucional del
reconocimiento del hecho insular en España. Por nuestra parte, señorías,
al margen, repito, de su contenido estricto, creemos que debería ser
aceptada la toma en consideración de esta propuesta e invito al grupo
mayoritario en la oposición, al Grupo Socialista, a que también se sume y
no se cierre al debate. Discrepen ustedes de su contenido tanto como
quieran, pero hablemos de una vez por todas del hecho insular de las
Islas Baleares en esta Cámara, porque hace demasiado tiempo que vienen
reclamando ese derecho, que es legítimo, que ampara la Constitución y
sobre el que deberíamos hablar entre todos los grupos parlamentarios. Les
invito, pues, a que, a pesar de su disconformidad en el Parlamento
balear, hoy ustedes no se cierren a la toma en consideración. En todo
caso, discrepen legítimamente de su contenido, pero no se nieguen a abrir
el debate político sobre el reconocimiento de un hecho insular.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la proposición de ley que
nos viene del Parlamento balear para establecer un régimen fiscal y
económico especial para las Illes Balears. Nuestro grupo va a votar
afirmativamente su toma en consideración porque somos favorables al
concepto de insularidad que queda reflejado y recogido en nuestra
Constitución y, por lo tanto, creemos que no debemos impedir que se pueda
discutir en este Parlamento cuáles son los costes directos y los
condicionantes estratégicos de la insularidad. En consecuencia, pensamos
que este es un buen método para poder discutir sobre estos temas.
Señorías, la situación de la economía de las Illes Balears no es sólo y
exclusivamente un problema de insularidad, sino que viene dado, además,
porque no se han tomado las medidas económicas necesarias ni el Gobierno
ha proporcionado los recursos económicos que permitieran una
diversificación sectorial, y ello ha reducido a las islas a un solo
sector, el turístico, con una altísima precariedad laboral. Siendo las
Islas Baleares una de las comunidades autónomas del Estado con mayor
producto interior bruto, sus habitantes, precisamente los trabajadores y
las trabajadoras, son los que disponen de menor renta en el archipiélago.
¿Por qué? Pues sencillamente porque los costes de insularidad han sido
mejor absorbidos por el sector turístico, que ha ido a una especulación
rápida, lo que ha permitido generar grandes beneficios que después no se
han redistribuido de la misma manera en las islas. Por lo tanto, somos
favorables al concepto y a discutirlo en la Cámara, pero, señorías,
estamos totalmente en contra del contenido que tiene esta proposición de
ley, porque consideramos que lleva a la creación de un paraíso fiscal, a
la desfiscalización total de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para, además, hacerlo a costa del resto de las comunidades autónomas. A
nuestro entender, esta proposición de ley entra en competencia desleal
con el resto de las comunidades autónomas en materia fiscal y
precisamente por todo esto es insolidaria. Nosotros no nos negamos a que
las islas tengan unos determinados privilegios por los costes insulares,
pero nos negamos a que se cree un paraíso fiscal, porque, además,
supondría todo lo contrario de lo que se dice en la exposición de motivos
de la proposición de ley. No va a mejorar las desigualdades
territoriales, sino que las va a acrecentar; no va a mejorar las
condiciones sociales de los ciudadanos y ciudadanas de las Illes Balears,
sino que las va a aumentar, y las va a aumentar
porque lo que se va a hacer es generar una riqueza rápida y que se pueda
seguir especulando. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Urán.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Gracias.
Continúe, señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Lo que ustedes plantean como una ventaja competitiva no es ni más ni
menos que una competencia desleal hacia el resto de las comunidades
autónomas del Estado español y en ningún caso se puede ocultar por los
costes directos o por los condicionantes estratégicos de la insularidad.
No se puede hacer esto sencillamente porque los costes de insularidad
nada tienen que ver con una desfiscalización y la creación de un paraíso
fiscal. Es más, lo que nosotros creemos que debería ser el grueso de la
proposición de ley, es decir, lo que el Parlamento balear pone en el
título tercero como medidas complementarias, que precisamente es aquello
que podría crear mayor número de puestos de trabajo y que podría llevar a
la diversidad sectorial en la economía, ustedes lo dejan sólo y
exclusivamente como medidas complementarias del desarrollo económico y
social de las Islas Baleares, y estamos hablando de los planes de ahorro
energético, de los planes de ahorro de agua; es decir, algo sumamente
esencial para el desarrollo de las islas como es el ahorro energético y
el agua, bienes escasos en las propias islas, ustedes, repito, lo dejan
como meros complementos. Esos son los puntos en los que tendrían que
fijarse mucho más y que tendrían que desarrollar y son meros enunciados
y, lo que aún es más grave, también es un mero enunciado algo que se ha
dicho desde la tribuna: la incentivación de la agricultura y la
incentivación de la actividad industrial tradicional. Señorías, con esta
proposición de ley que ustedes nos presentan no van a conseguir
incentivar la agricultura ni la industria tradicional de las Illes
Balears, sino que van a conseguir todo lo contrario, acabar con ella y
acabar con el medio ambiente de las islas, cosa que también sería
perjudicial en este caso para poder desarrollar un turismo que realmente
pueda servirles a ustedes --no como el que se hace ahora-- para poder
mejorar las condiciones de las islas, entre otras cosas. Esta proposición
de ley no va a defender el medio ambiente de las islas, sino, como digo,
todo lo contrario.
Tiene además una total falta de carácter social. Este texto no permite
mejorar las condiciones de precariedad y de baja cualificación de la
población que existe en estos momentos en las islas. La verdad es que nos
preguntamos cómo se podría coordinar este proyecto de ley con la
armonización que pretende la Unión Europea en materia fiscal para
impedir, precisamente, la competencia fiscal que se está produciendo en
estos momentos y cómo se va a poder compaginar la tramitación de esta
ley, si se mantienen estos objetivos y el texto que en estos momentos se
está elaborando, con la tramitación paralela que se está llevando en la
cesión de tributos para las Islas Baleares. En estos momentos nos parece
bastante difícil que esto se pueda llevar a cabo en ese sentido.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Voy concluyendo, señor Presidente.
Por eso, señorías, el hecho de que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya acepte la toma en consideración
de esta iniciativa que viene del Parlamento Balear no implica, en
absoluto, que vayamos a estar de acuerdo con el texto. Es más, creemos
que es necesario que haya un régimen económico y como complementario
puede haber un régimen fiscal específico para Baleares. Pero sobre todo
creemos que es necesario que haya un régimen económico especial que tenga
en cuenta los desequilibrios territoriales que existe --para que no los
aumente entre las propias islas y para que se vayan paliando las
desigualdades en la distribución de los recursos de la renta que en estos
momentos existen dentro de las islas--, que además sea respetuoso con el
medio ambiente y con los recursos naturales de las propias islas. Y si el
texto que pudiera seguir su tramitación en el Congreso no tuviera en
cuenta las iniciativas o las enmiendas que pueda presentar este grupo
parlamentario, desde luego no nos vinculará para nada el hecho de que
ahora votemos a favor para después votar en contra.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, si no conociera el texto que estamos debatiendo, pensaría que
estamos en un debate absolutamente diferente del que se está produciendo.
Parece que estamos debatiendo aquí las medidas necesarias para combatir
los problemas de la insularidad de las Islas Baleares y los problemas
derivados de esa insularidad. No estamos en eso, señorías. Aquí lo que
estamos debatiendo es una norma que crea un paraíso fiscal en las Islas
Baleares, que rompe la cohesión territorial en nuestro país y que viene
articulado para realizar esos proyectos que antes he mencionado. No
estamos debatiendo, señorías, una ley sobre insularidad. Lo que estamos
debatiendo aquí es la creación de un paraíso fiscal y convendría que los
que han intervenido diciendo que van a dar apoyo a este proyecto de ley
--no a eso que dicen de combatir la insularidad,
con lo que estaríamos de acuerdo y dispuestos a dialogar sobre ello--
revisen sus discursos, particularmente aquellos que quieren hacerlo desde
la solidaridad interterritorial, desde la solidaridad personal, desde la
cohesión territorial de nuestro país. Es un ejercicio inaudito. Aquí
nadie lee lo que estamos aprobando. Le damos un título, ni siquiera el
propio, el que nos envía el Parlamento de las Islas Baleares, que es un
régimen económico y fiscal especial para las Islas Baleares, y utilizamos
un eufemismo para maquillar ante la opinión pública lo que es inasumible
--estoy seguro-- no sólo para los grupos de la oposición sino para el
grupo mayoritario y, por tanto, hacer que el trágala sea más razonable
para todos.
Señorías, voy a intentar centrar el debate sobre lo que estamos de verdad
discutiendo y no sobre esa idea idílica que algunos portavoces de la
Cámara han planteado. En primer lugar, el régimen que estamos debatiendo,
régimen económico y fiscal para las Islas Baleares, intenta equiparar a
éstas con otras regiones con circunstancias absolutamente diferentes a
las nuestras. Lo ha señalado muy bien el Diputado canario señor Mauricio
cuando ha hecho referencia a la diferencia que hay entre las regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea y los problemas que éstas tienen
para que se les reconozca su insularidad. Y nos proponen para esta ley
básicamente tres grandes apartados: la creación de un fondo de
insularidad con una dotación inicial de 15.000 millones de pesetas, que
coexiste con otro artículo que prevé que la inversión media que se haga
en el conjunto del Estado también se tiene que realizar en las Islas
Baleares; ayudas fiscales y económicas para atraer la localización de
empresas multinacionales y desgravaciones fiscales para sus directivos, y
un marco privilegiado para la exportación, dirigido a las empresas
insulares, que básicamente lo que hace es eliminar la fiscalidad a las
empresas turísticas radicadas en las Islas Baleares. Eso es de lo que
estamos debatiendo y no de otra cosa.
Como consecuencia de esas medidas que se nos proponen, ¿que es lo que
ocurre? Que básicamente se modifican el Impuesto sobre Sociedades, el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto sobre Sucesiones,
Donaciones y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas; es decir, el conjunto de figuras fiscales
que constituyen el sistema tributario español. Y se modifican no para
incrementar ninguna de ellas, no para hacerlas más progresivas ni más
equitativas respecto del resto de territorios del Estado español, no; se
modifican para disminuirlas y para crear ese marco de paraíso fiscal del
que hablábamos antes. Por tanto, es una ley que sobrepasa largamente las
medidas para combatir la insularidad que vienen recogidas en nuestro
ordenamiento jurídico y algunas de las cuales están en vigor en estos
momentos.
En cualquier caso, nosotros entendemos que no es el instrumento adecuado
para adoptar las medidas complementarias de las necesidades de combatir
esos problemas de la insularidad a las que tanta pasión le dedicaba el
señor Homs, cuyo origen mallorquín casi le hace parecer más afectado por
los problemas de la insularidad que los que los sufrimos día a día, y
alguno de ellos usted sabe perfectamente que no es un problema de medidas
fiscales o económicas, sino de imposibilidad de movimiento, de
imposibilidad de salir de las islas, de dificultad para ejercer
libremente el desplazamiento por otros lugares de nuestro entorno
geográfico. Pero, señorías, cuando se hace ese planteamiento nosotros no
nos podemos abstraer de la realidad actual y de la realidad del Gobierno
y del grupo parlamentario que va a dar apoyo a esta proposición de ley.
Si analizamos las medidas que el Gobierno del señor Aznar y del Partido
Popular han tomado en el último año y que han afectado a la insularidad
--tomen nota, señorías--, nos encontramos con que son, sin duda, las
mayores agresiones que la insularidad ha sufrido desde que estamos en un
régimen democrático y de libertades en nuestro país. Han creado una tasa
aeroportuaria cuya aplicación ha supuesto un incremento de los billetes
de avión, pero no contentos con esto han recortado las ayudas para
residentes en las Islas Baleares a las que tenían derecho desde una ley
de 1982. Y no siendo esto suficiente, las compañías públicas han
concertado con las privadas una subida de los billetes de avión...
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, vaya concluyendo, por favor.
El señor COSTA COSTA: Un poquito de tiempo, señor Presidente. Acabo
enseguida.
Una subida que ha supuesto un encarecimiento del transporte para los
ciudadanos de las Islas Baleares que en algunos casos llega al 60 por
ciento. Por tanto, ¿cómo creer que este grupo parlamentario y que este
Gobierno van a ser los que nos van a dar la respuesta a estos problemas?
La insularidad, señorías, ya está contemplada en el actual ordenamiento
jurídico; no sólo en la Constitución Española, no sólo en la Ley Orgánica
de Financiación de las Comunidades Orgánicas, no sólo en el propio
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, sino también en estas medidas de plus de insularidad
para funcionarios y en esas medidas de descuento para los ciudadanos que
viven en las Islas Baleares. Un estudio realizado por un economista que
les será familiar, don Esteban Bardolet, para las cámaras de comercio de
Ibiza y Mallorca y con la colaboración de la de Menorca, decía ya que
estos costes de la insularidad estaban disminuyendo paulatinamente con la
introducción de la competencia, sobre todo en el mercado de transportes.
Y ante esas circunstancias, aun coexistiendo esos costes de insularidad,
¿cuál es el problema? Que se nos presenta una figura inadecuada, errónea.
Efectivamente, lo que deberíamos discutir aquí es una ley que regulara la
insularidad en nuestro país, no una ley de privilegios económicos y
fiscales para la zona, para el territorio más rico de nuestro país.
Existe ya un reconocimiento de la insularidad por parte del Estado y, por
tanto, lo que tendríamos que hacer es ver aquellos elementos que todavía
pueden ser objeto de mejora en esta normativa.
Y hay algunas cuestiones que nosotros no queremos eludir. En el momento
en que se estaba debatiendo esta ley en el Parlamento de las Islas
Baleares el crecimiento económico de las mismas era del 7,3 por ciento.
¿Saben ustedes cuál era el crecimiento económico del conjunto del Estado?
No llegaba al 2,5 por ciento. El crecimiento de Baleares era tres veces
superior. ¿Creen ustedes justo, creen razonable y equitativo que estemos
discutiendo una ley de privilegios fiscales y económicos en la sociedad
más dinámica, la que ha sabido crear más riqueza, la que tiene mayor
renta de nuestro país?
El señor PRESIDENTE: Señor Costa, le ruego concluya.
El señor COSTA COSTA: Acabo enseguida, señor Presidente.
Hay otras razones que por cuestión de tiempo no voy a poder exponer, pero
fíjense ustedes en esto. A las sociedades que se radican en Baleares el
descuento por el Impuesto sobre Sociedades está entre el 45 y el 55 por
ciento, directamente. Los buques con eslora superior a 7,5 metros no
pagan el primer impuesto de matriculación. Es decir, los promotores de
esta ley no están haciendo una ley para los ciudadanos de las Islas
Baleares, están haciendo una ley para ricos, una ley que equipara a los
que compran yates de 7,5 metros de eslora con aquellos que tienen que
comprar una barra de pan, porque pagan el mismo IVA y los mismos
impuestos, y esto no se lo explican ustedes a los ciudadanos de las Islas
Baleares. (Rumores y protestas.--Aplausos.)
Señorías, el consenso no es sólo una fórmula dialéctica, el consenso es
algo que se debe hacer día a día con los textos sobre la mesa, y éste es
un texto pensado para enfrentar, para dividir, para ir contra el Gobierno
que entonces era de PSOE y que ahora tiene que asumir, como muy bien ha
dicho hoy su Presidente de Gobierno en los medios de comunicación
regionales: Matas dice que el régimen fiscal tendrá un gran coste
político para el PP a nivel nacional. ¿Por qué tendrá este coste
político? Porque este proyecto es inexplicable a los ciudadanos de
nuestro país. Este proyecto ustedes intentan ocultarlo a la opinión
pública y me temo que su destino, señorías, es el que había dado Penélope
a sus múltiples pretendientes, deseosos de ser sus amantes, que les había
dicho que bordaba una tela y que cuando la terminara les dejaría que la
cortejaran. Pues bien, me parece que el Partido Popular de Madrid intenta
destejer de noche la tela que ustedes han tejido cada día, con demagogia,
ante todas las organizaciones sociales, y vamos a ver cuál es el destino
final de este texto y si el texto que hoy estamos debatiendo aquí llega a
buen puerto.
Señorías, muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Costa.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Cava de Llano.
La señora CAVA DE LLANO I CARRIO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, sean mis primeras palabras de calurosa
acogida y bienvenida a mis queridos compañeros señora Salom, señora Munar
y señor Sampol, con quienes tuve el honor y la satisfacción de compartir
tareas en el Parlamento de las Islas Baleares y de los que guardo un
entrañable recuerdo.
Hoy, señorías, se somete a la consideración de esta Cámara una
proposición de ley proveniente del Parlamento de las Islas Baleares que,
en síntesis, pretende dar cumplimiento al artículo 138.1 de la
Constitución Española. Haciendo un breve excurso histórico diré que me
comentaba recientemente el profesor Román Piña, gran estudioso de las
instituciones e historia de Baleares, que las Islas Baleares, excepto
Menorca que mantuvo su sistema propio de gobierno bajo la dominación
inglesa, perdieron sus instituciones propias de autogobierno en el año
1615 en virtud del decreto de nueva planta. Hoy la Constitución Española
establece que el Estado garantiza la realización efectiva del principio
de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución y velará
por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre
las diversas partes del territorio español y atenderá especialmente a las
circunstancias del hecho insular; repito, y atenderá especialmente a las
circunstancias del hecho insular. Es decir, señorías, la Constitución
reconoce el hecho insular como un hecho diferencial que debe ser tenido
en cuenta al establecer el equilibrio económico entre los territorios del
Estado. De ese reconocimiento constitucional se desprenden dos efectos:
uno, la existencia del hecho insular como circunstancia específica; y
dos, la constatación de que este hecho insular debe tenerse en cuenta
para mantener el equilibrio económico territorial.
Mi grupo parlamentario va a votar a favor de la toma en consideración
porque el texto que se nos presenta va a servirnos de base para analizar
las desventajas competitivas que presentan las islas y para decidir cómo
se pueden compensar. Esta ley, señorías, una vez tramitada, va a actuar
como instrumento capaz de compensar los costes añadidos que suponen
vivir, desarrollarse
y producir en un territorio insular fragmentado. Pero, señorías, que
quede muy claro que con esta ley no se pretenden crear paraísos fiscales.
Señor Costa, Baleares tiene muy claro y no tiene que enseñarle nadie a
ser solidario. Baleares siempre ha sido generosa, comprensiva y solidaria
con el resto de las comunidades autónomas y lo que hoy viene a pedir aquí
es que esta solidaridad sea de ida y vuelta. Nosotros desde Baleares
pagamos impuestos que sirven para financiar el AVE, para financiar
autopistas, para financiar infraestructuras de las que no gozamos en
Baleares, y siempre lo hemos hecho precisamente por ese sentido de la
solidaridad que nos une a otras regiones y a otras comunidades autónomas
más deprimidas económicamente. Por tanto, no venga usted aquí a crear
confrontaciones que no existen y no venga aquí a dar clases de
solidaridad, máxime siendo usted una persona que vive en las Islas
Baleares. Entiendo que la papeleta que hoy le toca ventilar aquí es muy
difícil, pero usted sabe perfectamente que no se puede tachar de
insolidaria a la comunidad de las Islas Baleares. (Aplausos.) Y ustedes,
señorías, puede que se pregunten: ¿Qué se intenta con la aprobación de
esta ley? Desde mi grupo parlamentario entendemos que se persiguen tres
objetivos: el primero, la supresión de las desventajas que comporta la
situación geográfica insular; el segundo, la compensación de los
sobrecostes derivados de la realidad insular; y el tercero, la aplicación
de correctivos económicos que nos permitan competir en igualdad de
condiciones que los territorios continentales. A nadie se le escapa,
señorías, que la insularidad genera un conjunto de desventajas que deben
tenerse en cuenta en materias tales como transporte de personas y
mercancías, en la producción de recursos naturales, en el abastecimiento
de materias primas y de primera necesidad, en el coste de los servicios y
de las infraestructuras, etcétera. Estas desventajas deben ser corregidas
o compensadas porque tienen el efecto económico de incrementar el coste
de las actividades productivas que se desarrollan en las Islas Baleares.
Existe además otra circunstancia; me estoy refiriendo al monocultivo
turístico. Es evidente que el turismo ha hecho que Baleares efectúe un
enorme despegue económico que la ha colocado como la comunidad que tiene
la renta per cápita más alta de España. Pero por otro lado, señorías, ese
turismo produce un desequilibrio interno en la economía isleña al suponer
una excesiva especialización de la economía productiva en el sector de
los servicios turísticos. Y eso, como ustedes pueden comprender, comporta
una altísima concentración de riesgos en un terreno que se caracteriza
precisamente por su extraordinaria sensibilidad, por la dependencia de la
evolución de la economía europea y por la estabilidad política de los
mercados competidores. No es oro todo lo que reluce, como muy bien ha
dicho el señor Homs. Es cierto que Baleares es una comunidad rica, pero
también lo es que tiene unos sobrecostes producidos por la insularidad
que deben ser compensados. Por eso, señorías, es necesario adoptar una
serie de medidas que concilien el mantenimiento del sector turístico con
el fomento de la creación de nuevos sectores de la actividad económica,
los cuales, una vez compensados sus sobrecostes, resulten competitivos.
Baleares experimenta, tal y como ha dicho la representante del Grupo
Popular del Parlamento de aquellas islas, un retroceso en la industria
superior a la media de España. Otro tanto ocurre con la agricultura. Todo
ello es debido a los sobrecostes del transporte, desventajas estas que
deben ser compensadas para diversificar la economía y no concentrarla
únicamente en el monocultivo de sol y playa, entre otros motivos porque
conlleva, señora Urán, la estacionalidad del empleo, que alcanza puntos
álgidos en la temporada estival pero que decrece enormemente el resto del
año, con la problemática social del paro en temporada baja.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que todas las autonomías deben
tener necesariamente las mismas condiciones para competir en el mundo
económico. ¡Ojo! He dicho las mismas condiciones, ni una más ni una
menos. Repito, ni una más ni una menos. Convendrán conmigo en que no
tiene sentido, por ejemplo, que un empresario del calzado de la isla de
Menorca deba pagar más caras las pieles que compra para fabricar los
zapatos por culpa del transporte y que después, cuando sale fuera del
territorio balear para venderlos, deba pagar nuevamente ese sobrecoste
por transporte. Ello hace que sus zapatos no sean competitivos en
relación a los fabricados en la península. Nosotros no queremos pagar una
peseta menos por el litro de gasóleo, como manifestaba el señor Sampol,
pero tampoco queremos pagar --como estamos haciendo-- 11 pesetas más por
ello, señorías.
Para tranquilidad de Coalición Canaria, esta proposición de ley no busca
mimetismos con otras regiones. Que nadie crea que el pueblo balear quiere
el mismo trato que Canarias, por la sencilla razón de que Canarias une a
la insularidad otro factor importante que es la lejanía, lo que califica
aquel territorio como ultraperiférico. En el caso balear la insularidad
existe; la barrera marítima existe actuando como estrangulamiento
estructural de la economía de las islas. Ahora bien, efectivamente en
Baleares no existe el segundo elemento que concurre en el caso canario,
es decir, la lejanía. Es difícil precisar, señor Mauricio, qué proporción
corresponde a cada uno de esos dos hechos, pero sí es justo reconocer que
Canarias padece una situación mucho más grave por su distancia del
continente. Con esto quiero decir que no se puede plantear un trato
similar para los dos archipiélagos por la sencilla razón de que no
estamos ante un fenómeno comparable.
En la proposición de ley que hoy se somete a esta Cámara hay una serie de
medidas sobre puertos, liberalización de telecomunicaciones, Impuesto
sobre
Sucesiones, que tuvieron lógica en su día pero que han quedado resueltas
por una nueva legislación.
El señor PRESIDENTE: Señora Cava de Llano, le ruego que concluya.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Sí, señor Presidente.
Tal y como se han manifestado, muchos de los planteamientos iniciales y
de los contenidos en la proposición de ley han perdido sentido, bien sea
por reformas en la legislación española, bien sea porque el nuevo sistema
de financiación autonómica ha resuelto parte de los problemas, bien sea
--y por qué no decirlo-- por los dictámenes europeos recientes. Por todo
lo anterior, se hace precisa la adecuación en fase de enmiendas de la
propuesta que presenta el Parlamento de las Islas Baleares a la situación
actual. Sabemos que paralelamente a esta tramitación se defenderá, ante
la próxima reforma del Tratado de la Unión, la inclusión de un anexo en
el que se reconozca que los hechos insulares constituyen situaciones
especiales dentro del conjunto. Esta declaración será un argumento más
que se añadirá al contenido de la constitución.
Señorías, vamos a votar favorablemente la toma en consideración para
compensar los sobrecostes que conlleva la insularidad. Compensación que
no pretende ventajas, compensación que lo único que pretende es la
corrección de las desventajas, lo que equivale ni más ni menos que a
competir en igualdad de condiciones.
Termino diciendo que como Diputada por Baleares me siento muy orgullosa
de pertenecer a un partido político y a un grupo parlamentario que con su
voto afirmativo ha demostrado una sensibilidad especial hacia la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, dando vía libre a una ley que
contempla la especificidad insular de aquel territorio. Lamento que esta
postura no haya sido compartida por el Grupo Socialista, pero confío en
que a lo largo de la tramitación ayuden con sus sugerencias y enmiendas a
desarrollar un hecho tan justo y tan claro que hasta la Constitución
Española lo reconoce. Si no lo hacen, el pueblo balear sabrá quién le
defiende y quién es el que otra vez le da la espalda. Usted ha hecho una
mención literaria, yo voy a hacer otra. Un escritor del siglo XIX llamado
Gastón Vuillier escribió un libro precioso sobre las Islas Baleares y las
denominaba las islas olvidadas. A partir de hoy y gracias al apoyo y al
consenso de todos los grupos políticos, exceptuando el Grupo
Parlamentario Socialista, esperamos que esta denominación de islas
olvidadas sirva para la historia, porque a partir de hoy Baleares tendrá
otro tratamiento y lo único que hay que olvidar son los trece años de
Gobierno socialista en los que no ha habido ninguna sensibilidad para el
tratamiento del hecho insular. El pueblo de Baleares lo reconocerá.
Muchas gracias, señorías. ( Rumores.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cava de Llano.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley
proveniente del Parlamento de las Islas Baleares, sobre régimen fiscal y
económico especial de las Islas Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a
favor, 187; en contra, 125; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Islas
Baleares sobre su régimen fiscal y económico especial.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE ACEITES USADOS (Número de
expediente 125/000008)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley. Debate de la proposición de ley del Grupo
Socialista, sobre aceites usados.
Para la defensa de la proposición de ley, tiene la palabra la señora
Narbona. (Rumores.) Un momento, señora Narbona.
Señorías, les ruego que guarden silencio. El orden del día de la sesión
es muy extenso y, en consecuencia, en beneficio del desarrollo de todo el
orden del día, les ruego silencio. (Continúan los rumores.) ¡Señor
Barrero! Por favor, no hagan grupos en los pasillos. (Pausa.)
Cuando quiera, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Muchas gracias, Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para defender en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista la proposición de ley sobre aceites usados,
proposición de ley cuyo texto coincide exactamente con el proyecto de ley
que fue aprobado por el Consejo de Ministros del anterior Gobierno, en
1995, y que no pudo ser tramitado en esta Cámara a causa de la disolución
anticipada de las Cortes. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.) Es, por lo tanto, un texto que tiene ya una
historia en cuanto a lo que fue su elaboración
y su redacción, que comportó el previo acuerdo entre el ministerio y
todas las comunidades autónomas, así como su debate en el Consejo Asesor
de Medio Ambiente. Había una coincidencia amplia sobre la urgencia de
establecer una legislación que creara los instrumentos adecuados para una
correcta gestión de los aceites usados. Los aceites usados, de hecho,
constituyen uno de los problemas de mayor gravedad en el marco de la
política de residuos de todos los países occidentales y, por lo tanto,
dentro de la Unión Europea se han venido dictando normas --normas que han
sido también incorporadas al Derecho español durante los últimos años--
que pueden favorecer una gestión adecuada de este tipo de residuo tóxico,
del que se generan en España, aproximadamente, 250.000 toneladas al año.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Un momento, señora Narbona.
(Pausa.)
Señor Milián, para usted también es que se guarde silencio. Cuando
quiera, señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, Presidente.
Estaba recordando a SS. SS. que el texto que hoy traemos como proposición
de ley recoge las preocupaciones que en anteriores legislaturas se
tradujeron en duras críticas en esta Cámara a los anteriores gobiernos
que no eran capaces en ese momento de establecer una legislación con los
instrumentos adecuados para la correcta gestión de los aceites usados,
norma ampliamente reclamada desde el Partido Popular cuando estaba en la
oposición y también por parte del resto de los grupos políticos de la
Cámara y de todos los gobiernos autónomos responsables de la gestión
ambiental. Desgraciadamente, esa norma fue aprobada por el Consejo de
Ministros en 1995 y no tuvo ocasión de convertirse en una ley por el
anticipo de las elecciones generales. Pero hoy volvemos a traerla aquí al
comprobar que, al cabo de un año, el Partido Popular no ha utilizado ese
texto en una iniciativa propia con las modificaciones que hubiera
considerado oportunas, por lo que se ha perdido ya un año entero respecto
a los resultados que hubieran podido obtenerse de aprobarse el año pasado
un texto análogo al que hoy defendemos, que hubiera comportado
concretamente la creación del primer impuesto ambiental español, de la
primera ecotasa finalista sobre los aceites, con la finalidad de que con
los ingresos que se recauden se establezcan las medidas oportunas de
gestión de los aceites usados.
Hemos perdido, señorías, un año entero respecto de un tema que en estos
momentos podría estar resuelto, y sé bien que por parte del Gobierno no
hay intención de aceptar la toma en consideración de este texto con la
excusa de que en estos momentos se está trabajando en una ley marco de
residuos, y digo con la excusa porque aunque ciertamente tiene sentido
que primero exista una ley marco general en materia de residuos y después
se regulen como categorías específicas el tratamiento de alguno de ellos,
nada impediría, si existiera la voluntad política correspondiente, que la
norma que hoy traemos se pudiera tomar en consideración paralelamente a
ese proyecto de ley que el Gobierno está comprometido a traer a esta
Cámara en breve plazo. Lo que el grupo parlamentario está planteando,
señorías, es que se acepte la toma en consideración de este texto pero no
se lleve a cabo su debate hasta tanto el Gobierno no traiga a la Cámara
el proyecto de ley marco de residuos cuya elaboración nos consta que está
ya muy adelantada, cuyo texto repartido a las comunidades autónomas es
perfectamente compatible con el texto de la proposición de ley que hoy
traemos. También en el texto que el Gobierno está elaborando se contempla
la creación de impuestos finalistas para obtener ingresos que permitan la
adecuada gestión de los residuos y, por lo tanto, en la medida en que no
existen contradicciones entre ese texto básico sobre el que trabaja el
Gobierno y el texto que hoy traemos aquí, nos parece que sería un gesto
de voluntad y un gesto de ambición en materia de política ambiental el
que se aceptara su toma en consideración --insisto-- en el momento en que
el Gobierno trajera a la Cámara ese texto más amplio de carácter general
sobre residuos.
Sabemos que si no creamos un instrumento eficaz seguiremos en España sin
tener resultados satisfactorios en materia de gestión de los aceites
usados, a pesar de que ha habido durante los últimos años una evolución
que sin duda es satisfactoria en esta materia. Hay que recordar que se ha
pasado de recoger apenas 40.000 toneladas en el año 1992, a recoger en el
año 1996, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Medio Ambiente, más
de 140.000 toneladas. Ese aumento en la recogida controlada de los
aceites usados es, sin ninguna duda, una buena noticia pero, en cambio,
no disponemos de los medios económicos suficientes como para que las
actividades de recogida, de tratamiento y, en particular, de regeneración
de los aceites usados no comporten un déficit que los hace poco
atractivos, poco soportables para los operadores, tanto públicos como
privados, que en estos momentos están trabajando en España.
Las cuantías que se han venido destinando por parte de la Administración
central a subvencionar las actividades de los gestores de aceites usados
han sido insuficientes. Alcanzaron un máximo en el año 1995 en el que en
el presupuesto se destinaron 600 millones de pesetas a subvencionar estas
actividades. Esa cuantía ha disminuido hasta situarse en 400 millones en
el presupuesto de 1997 y todos somos conscientes de que con 400 millones
de pesetas en el presupuesto de la Administración general del Estado
apenas se puede complementar el esfuerzo que hacen en esta materia las
comunidades autónomas para llevar a cabo una actividad
realmente eficaz de recogida y de tratamiento de los aceites usados.
Por tanto, nos parece urgente y necesario dar un paso adelante en la
dirección que se pretende desde este texto, cuyo objetivo central, como
he tenido ocasión de señalar, es el de crear lo que sería el primer
impuesto ecológico de nuestro país, impuesto con carácter finalista,
amparándose tanto en el artículo 27 de la Ley General Tributaria como en
el artículo 23 de la Ley General Presupuestaria, que permitiría asignar
recursos suficientes desde la Administración general del Estado para ser
distribuidos a las comunidades autónomas y empleados por éstas en la
atención, en la financiación de las actividades de recogida y de
tratamiento.
Quiero recordar que existe en estos momentos en España un plan nacional
de residuos peligrosos, aprobado por el Gobierno en 1995, previo acuerdo
con todas las comunidades autónomas, en el que se fijan determinados
objetivos de recogida y de tratamiento de los aceites usados en el
escenario del año 2000. Difícilmente seremos capaces de llegar a alcanzar
esos deseables objetivos de recogida adecuada de los aceites usados y de
tratamiento, sobre todo de tratamiento vía regeneración, si no
conseguimos que las actividades que son necesarias para esa gestión
cubran los déficit que actualmente presentan.
Si no se toma en consideración en estos momentos por parte de la Cámara
esta proposición de ley, tendremos que esperar a que el Gobierno produzca
un nuevo texto, con posterioridad a la presentación de la anunciada ley
marco de residuos. Y nos tememos que esto dilate en el tiempo la solución
de un problema que podría ser abordado con carácter mucho más rápido,
solución de un problema que hubiera podido ser abordada por el Gobierno,
si hubiera existido voluntad para ello, durante el ejercicio de 1996,
comportando ya recursos presupuestarios en 1997. Eso no se ha hecho, y
nos parece criticable que no se haya hecho, pero todavía cabe la
posibilidad de alcanzar un acuerdo por parte de los grupos parlamentarios
para tener en cuenta este texto, si no en este momento en el momento en
que la ley marco de residuos venga a esta Cámara que, de acuerdo con
nuestras informaciones, vendrá en una fecha bastante próxima.
Me gustaría, por tanto, reclamar del Partido Popular y del resto de los
grupos parlamentarios la atención y el interés que este tema tiene para
la política ambiental española y pedir un esfuerzo de colaboración que
anticipe en varios meses, quizá en un año, la solución de la adecuada
gestión de los aceites usados. Salvo que hubiera objeciones en el fondo
del texto que aquí traemos, no entiendo por qué otras razones no debería
de producirse ese acuerdo, respecto a lo que podríamos llamar una toma en
consideración diferida y operativa, en el momento en que el Gobierno nos
traiga la ley marco de residuos.
Por tanto, con el ánimo abierto a esa posibilidad de acuerdo con los
grupos de la Cámara, reitero la importancia que para los problemas
ambientales de nuestro país tiene el hecho de que todavía en estos
momentos aproximadamente cien mil toneladas de aceites usados de alta
toxicidad se estén vertiendo, de forma no controlada, en nuestro suelo y
en nuestras aguas, creando problemas --muchos de ellos irreparables--,
creando modificaciones en nuestros ecosistemas muchas veces
irreversibles, y generando la preocupación lógica de los ciudadanos que
se ven afectados en su entorno más próximo por esta forma inadecuada de
tratar los residuos procedentes de los lubricantes.
En consecuencia, señorías, espero que de su atención y de la reflexión
que este texto sugiere, se avance en una dirección que hubiera sido
posible hace ya bastantes meses y que está aquí, a disposición de la
Cámara, cuando se considere oportuno por parte de la mayoría.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Narbona.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Lara.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, debatimos hoy en esta Cámara la toma en consideración de una
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista cuyo objetivo --se
nos dice-- es mejorar la base normativa de la gestión de los aceites
usados, ya que el vertido y la combustión sin tratamiento previo de los
mismos causa profundos e irreparables daños al medio ambiente.
Compartimos esta última afirmación, que ha sido reiterada en varias
ocasiones durante las pasadas legislaturas en el Congreso y en el Senado
por mi compañero Rafael Hernando. La contaminación que produce el vertido
de los aceites usados al suelo y al agua, o los productos que en su
combustión inadecuada van a la atmósfera, originan en muchos casos daños
irreversibles. Diferimos, no obstante, en la atribución de tales hechos a
la base normativa. El Grupo Popular cree que las soluciones que hasta el
momento se han venido dando para resolver la gestión de esos residuos se
han mostrado ineficaces, de la misma forma que los planes nacionales de
residuos industriales o residuos tóxicos.
El sistema de subvenciones que se ha utilizado ha impulsado el
procedimiento de incineración por encima del procedimiento de
regeneración de los aceites usados, y los centros de transferencia que se
han establecido en algunas comunidades autónomas se han convertido, la
mayoría de las veces, solamente en depósitos intermedios. De ellos ha
salido el aceite para proceder a su incineración sin haberse efectuado
los análisis pertinentes, ni el pretratamiento adecuado, ni
su desclasificación. Así, aceites con porcentajes elevados de PCB,
policlorobifenilos, y policloroterfenilos han sido utilizados como
combustible, produciendo la reiterada contaminación de nuestra atmósfera
y la emisión de dioxinas. El incumplimiento de la Directiva 87/101, de la
Comunidad Europea, que ordena a los Estados miembros dar prioridad al
tratamiento de estos residuos por regeneración, ha sido elevado, y el
desconocimiento respecto al tráfico de aceites contaminados hacia otros
países para su eliminación final ha sido casi total.
En la exposición de motivos de la proposición de ley del Grupo Socialista
se indica: se trata de que en estos momentos el cuerpo normativo que
tenemos al respecto no ha logrado su propósito central de poner fin a los
vertidos y otros destinos dañinos para el medio natural, ni ha producido
el resultado deseado en términos de volumen anual de regeneración de
aceites usados.
El Grupo Popular no cree que todo ello deba atribuirse a la falta de
normativa al respecto, que sí la hay, y a que el régimen de obligaciones,
prohibiciones y responsabilidades de los productores y gestores de estos
residuos es bastante completo, sino al hecho de no haberlas sabido poner
en práctica. Creo, señorías, que los resultados poco satisfactorios en el
terreno de la gestión de los aceites usados se deben a varias causas,
entre las cuales no se halla la falta de normativa. Por citar algunas de
ellas me referiré, en primer lugar, al sistema de subvenciones que se
estableció, el cual crea unas expectativas en el sector que luego no se
cumplieron; a que el ministerio que daba las subvenciones pagaba tarde y
mal, lo que produjo una distorsión en el sistema; a que en el
procedimiento de subvenciones establecido se primaba poco la regeneración
y sí los centros de transferencia que, como he indicado anteriormente y
con honrosas excepciones, eran simplemente centros de depósito del aceite
usado; y también se debe a la falta de infraestructuras adecuadas y a la
falta de coordinación que ha existido entre las diversas administraciones
competentes para asegurar el cumplimiento de la norma.
El Grupo Parlamentario Popular cree, señorías, que es esencial, antes de
debatir en esta Cámara esa proposición de ley, como nos ha indicado
finalmente la señora Narbona, aprobar la ley básica de residuos, ley que
debe definir los criterios que se van a seguir en la gestión de los
residuos, entre los cuales se encuentran los aceites usados. Como saben
SS. SS. la directiva marco de residuos debía haberse traspuesto al
ordenamiento interno español en el mes de abril de 1993; 1993, señora
Narbona, hace ahora cuatro años. A pesar de las reiteradas promesas,
tanto del anterior Ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente, señor
Borrell, en el sentido de dar prioridad absoluta a la ley marco, como de
la entonces Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, señora
Narbona, llegamos al año 1996 sin esa necesaria ley.
El Ministerio de Medio Ambiente ha estado trabajando en esta línea y
puedo anunciar a SS. SS. que antes de que finalice el actual período de
sesiones, en el transcurso del mes de junio, tendrá entrada en esta
Cámara el proyecto de ley básica de residuos, que definirá los criterios
a seguir en la gestión de los residuos en nuestro país. De los criterios
incluidos en la ley básica deben derivar normas especiales para residuos
específicos, incluyendo como elementos cualitativos la reducción, la
minimización y la prevención, ausentes por completo en su proposición de
ley. Entre estos residuos específicos se encuentran los aceites usados,
los residuos hospitalarios y los neumáticos usados.
Por todo ello, señorías, nuestro voto va a ser contrario a la toma en
consideración de la proposición de ley y a la toma en consideración
diferida que nos propone la señora Narbona, porque consideramos que con
los criterios que nos marque el proyecto de ley básica de residuos que
traspondrá la directiva es con los que habrá que proceder a la
elaboración de esta ley para los aceites usados. Procedamos, por
consiguiente, en primer lugar, a debatir y aprobar la ley básica de
residuos para, a continuación, proceder a debatir y aprobar las leyes
específicas de cada uno de los tipos de residuos. Sigamos, señorías, el
viejo dicho castellano que indica que no se debe poner el carro antes que
los bueyes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lara.
Tiene la palabra la señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor Presidente. Señora De Lara, yo
comprendo que sobre el tema de aceites usados se había hablado tanto en
esta Cámara en la anterior legislatura que los argumentos de crítica que
usted ha utilizado son los que efectivamente sirvieron para atacar la
acción del Gobierno hasta 1995 en esta materia, pero desde 1995 muchas de
las cosas que usted ha argumentado no son ciertas y, lo que es peor,
desde que gobierna el actual Gobierno en materia de aceites usados hemos
ido a peor; no hemos mejorado, sino que hemos empeorado. En estos
momentos el presupuesto para las subvenciones de aceites usados, como he
dicho antes, es inferior al presupuesto de subvenciones que se tuvo en
1995.
No se está avanzando en la ejecución del plan nacional de residuos
peligrosos, concertado con todas las comunidades autónomas, que es el
ámbito de coordinación administrativa vigente dentro del cual se deben de
aplicar, como está establecido en sus objetivos, los recursos de la
Administración central, primando las actuaciones de reducción en origen y
de minimización, de acuerdo con la estrategia europea. En cuanto a primar
la regeneración, usted sabe que en la orden de subvenciones de 1996 y en
la correspondiente a este año no se han cambiado en absoluto los
criterios que
ya se establecieron en 1995, que priman claramente la regeneración
respecto de la combustión.
Por tanto, sin entrar en el debate de si se trata de poner el carro
delante de los bueyes o los bueyes delante del carro, lo que sí parece es
que estamos perdiendo el tiempo o estamos perdiendo aceite --una de las
dos cosas por alguna parte está sucediendo-- porque durante un año se ha
ido hacia atrás en una materia que si hubiera habido voluntad política se
hubiera podido resolver con carácter inmediato sin ninguna contradicción
con el texto de la ley marco de residuos, que no es más que el mismo
texto que ustedes encontraron ya en muy avanzado estado de elaboración y
que llevan un año negociando con las comunidades autónomas. Pero, al
final, va a suceder como con la ley de envases, que cuando llegue a esta
Cámara será suficientemente conocido por quienes trabajamos en él y al
que seguramente le faltarán algunas piezas, como pasaba en el caso de ley
de envases.
No ha hecho usted ninguna referencia a si el Grupo Popular considera
oportuno que existan impuestos ambientales. Yo espero que sea así y que
en el texto que en estos momentos se está elaborando con las comunidades
autónomas se mantenga el establecimiento de impuestos ambientales
finalistas, porque si se modificara en esto el texto que ustedes
encontraron ya elaborado sería verdaderamente lamentable, y si esta fuera
la razón por la cual no se quiere aceptar una toma en consideración
simultánea del texto que hoy traemos, perderíamos la oportunidad de
empezar a aplicar lo que la Ministra de Medio Ambiente en muchas
ocasiones ha anunciado pero todavía no se ha visto, que es establecer
incentivos económicos para una más correcta gestión de los residuos.
Por tanto, señora De Lara, simplemente póngase al día en relación con lo
que se ha hecho en 1995 y en 1996, porque lo de que el Ministerio pagaba
tarde y mal, nunca ha pagado más tarde que en 1996, que de los 400
millones presupuestados ha pagado solamente 30 millones de pesetas y ha
dejado 370 millones para pagar este año con cargo a los recursos del año
pasado. Por tanto, nunca se ha pagado más tarde ni menos en los últimos
tres años. Yo comprendo que haya que traer a esta Cámara una ley marco,
pero insisto en que salvo que existan discrepancias de fondo --y eso me
preocuparía mucho más que el hecho de que se tome o no en consideración
este texto--, no veo las razones para este aplazamiento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): La señora Lara tiene la
palabra.
La señora DE LARA CARBO: Gracias, señor Presidente.
Señora Narbona, yo creo que basar la vida de unas empresas, las empresas
regeneradoras de aceites, en unas subvenciones, no es un buen sistema,
porque por eso pasó lo que pasó con algunas empresas que usted y yo
conocemos, entre ellas la famosa empresa Ulibarri, aquí en Madrid, que
durante mucho tiempo fue la única empresa que regeneraba aceites usados.
Usted dice que reiteradamente hemos hablado de la legislación sobre
aceites usados. Señora Narbona, si usted se lee los «Diarios de Sesiones»
verá que nosotros reiteradamente en el Congreso, en el Senado, y yo
particularmente como Diputada de la Asamblea de Madrid, hemos hablado de
la mala gestión de los aceites usados y las causas de la mala gestión se
las he repetido hoy desde esta Cámara. Quiero indicarle a usted que en la
pasada legislatura lo que sí se constató fue el fracaso del plan nacional
de residuos industriales, señora Narbona. Esperamos que el plan nacional
de residuos tóxicos que va hasta el año 2000 funcione mejor.
Usted dice que desde el año 1995 la gestión de los aceites ha empeorado.
Señora Narbona, nosotros estamos en el Gobierno desde mayo del año 1996.
No sé qué cuentas se hace usted con ello. De todas formas, dice que demos
nuestra opinión sobre los impuestos ambientales. Le voy a decir mi
opinión, pero mi opinión particular: yo estoy de acuerdo con el impuesto
ambiental de carácter finalista para el caso de los aceites usados, si
esto es lo que usted quería saber. Y solamente quiero decirle que la ley
básica de residuos, que vamos a presentar ante esta Cámara en el próximo
mes de junio, ustedes la tenían que haber presentado en el año 1993.
Señora Narbona, no nos venga con que usted lo ha dejado todo preparado en
el Ministerio; usted hizo una labor, posiblemente buena, en el
Ministerio, pero quien va a traer la ley básica de residuos va a ser el
Gobierno del Partido Popular.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Lara.
¿Grupos que desean fijar su posición en este debate? (Pausa.)
Por el de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria valora la iniciativa del
establecimiento de un régimen legal para la gestión y tratamiento de los
aceites usados. Creemos que el problema medioambiental que el tratamiento
de estos residuos genera puede tener una consideración específica como la
que se propone, pues el régimen de comercialización de aceites
industriales vigente, al no vincularse a su posterior tratamiento una vez
usados, provoca daños ecológicos significativos generados por los
vertidos al suelo y a las aguas, ya sea de forma directa o a través de la
red de alcantarillado, imposibilitando en este último caso un eficaz
tratamiento depurador de las aguas residuales.
La proposición de ley significa, por ello, un importante avance. La
actual regulación por Orden ministerial de 1989, modificada en 1990,
resulta notoriamente insuficiente, además de que puede ser dudosa la
idoneidad de esta regulación para la trasposición a nuestro Derecho de
directivas comunitarias máxime si tenemos en cuenta que al Estado
corresponde la normativa básica en materia de medio ambiente y a las
comunidades autónomas la normativa de desarrollo y ejecución. Sin
embargo, señorías, nos preocupa que la iniciativa presentada se centre en
establecer un planteamiento exclusivamente fiscal, impositivo, respecto
de la fabricación, importación y adquisición de aceites y lubricantes.
Creemos que establecer un impuesto especial sobre estos aceites para
acabar repercutiéndolos íntegramente en el consumidor representa un
planteamiento negativo de la conservación del medio ambiente para el
ciudadano.
Echamos de menos un planteamiento en positivo que establezca medidas de
fomento a la gestión ordenada de estos aceites mediante un régimen de
recogida, transporte y tratamiento de los aceites usados; echamos de
menos previsiones específicas para las industrias, puertos, aeropuertos y
talleres de automóviles, y distinciones en estas últimas que puedan
otorgarse por las administraciones autonómicas cuando se tengan objetivos
de recogida, almacenamiento y entrega a gestores autorizados.
En definitiva, Coalición Canaria manifiesta su valoración positiva de la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, pero, ante el compromiso
adoptado ante la Cámara por la portavoz del Grupo Popular de presentar en
este período de sesiones, en cualquier caso antes de finalizar el mes de
junio, una ley básica de residuos, nos parece que es el marco adecuado
donde debe de recogerse esta inquietud planteada por el Grupo
Parlamentario Socialista que nosotros compartimos plenamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Rivero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, señorías, estamos ante una
iniciativa parlamentaria que tiene por objeto mejorar la base normativa
de los aceites usados que, como saben SS. SS., tiene su pilar principal
en la ley básica de residuos tóxicos y peligrosos, del año 1996, base
normativa que no ha conseguido, desde nuestro punto de vista y creo que
estamos de acuerdo todos los grupos, al menos los que hemos intervenido
en este debate, unos objetivos suficientes de regeneración, como tampoco
ha conseguido terminar con el grave problema o con la lamentable práctica
de los vertidos incontrolados de aceites. Por tanto, para este grupo
parlamentario se trata de una iniciativa necesaria que además creo que
coincide con el proyecto de ley que el Gobierno anterior presentó en la
Cámara, al final de la legislatura, en diciembre de 1995, y que no se
llegó a debatir. Sin embargo, también debo decir que este grupo
parlamentario mantiene una serie de discrepancias en relación al
contenido de la proposición de ley del Grupo Socialista, a las que quiero
referirme, aunque sea someramente.
Así, en primer lugar, en el artículo 4.º, que se refiere a las
obligaciones y prohibiciones cuyo incumplimiento dan lugar a infracción,
echamos en falta la prohibición expresa del abandono de estos aceites, la
incineración que no cumpla las normas establecidas y la mezcla de aceite
usado con otros residuos o productos que dificulten su posterior
tratamiento.
En el artículo 5.º, relativo a la prohibición de venta al por menor, se
debería establecer, desde nuestro punto de vista, la obligación de los
titulares de las actividades empresariales de disponer de instalaciones
de almacenamiento de aceites usados, así como del correspondiente
contrato con un tratador autorizado.
En el artículo 6.º, apartado 1, y como consecuencia de lo anterior, se
debería añadir la obligación de hacer constar en el registro el nombre
del gestor del aceite usado.
En el artículo 7.º, que se refiere al régimen de gestión de los aceites
usados, debería decirse expresamente que las instalaciones de tratamiento
deben ser autorizadas por el órgano competente.
Por lo que se refiere al régimen de sanciones e infracciones del artículo
9.º, discrepamos con la consideración de las circunstancias personales
como determinantes de la gravedad de la infracción; es decir, que
pensamos que el régimen sancionador se debería fundamentar en el hecho
cometido, mientras que las circunstancias personales sólo deberían
incidir en la determinación de la sanción y no de la infracción.
En cuanto a la disposición transitoria única, que hace referencia a la
prohibición de venta al por menor, salvo excepciones, de aceite
lubricante en envases con capacidad superior a un litro, pienso que el
plazo transitorio de cinco años que se fija para que entre en vigor esta
disposición debería reducirse. Mi propuesta sería reducirlo a dos años.
Si queremos evitar el abandono o vertido incontrolado, creemos que es
necesario limitar o poner trabas cuanto antes a la venta de estos aceites
a quienes no dispongan de unas instalaciones adecuadas para su
tratamiento.
Por último, señor Presidente, quiero referirme con un poco más de detalle
a la cuestión que para nosotros es la principal de este proyecto, que no
es otra que el impuesto especial sobre aceites lubricantes que se regula
en la propuesta del Partido Socialista en su disposición adicional
primera, que a la vez está modificando la Ley 38/1992, de Impuestos
Especiales. Quiero dejar claro que nuestro grupo parlamentario coincide
con la
opinión del Grupo Socialista, con la opinión de la portavoz del Partido
Popular --no sé si del Partido Popular, porque ha dicho que hablaba a
título personal--, y discrepa de la opinión del Grupo de Coalición
Canaria en el sentido de que creemos que hay que crear un tributo de
carácter finalista. Para nosotros este tributo sobre los aceites usados
debería ser finalista, afectado a la gestión de estos aceites, sin
finalidad recaudatoria y, por tanto, debería perseguir la internalización
de los costes en aplicación del principio de que quien contamina, paga.
Por ello, no compartimos que se configure, como se hace en la propuesta
del Grupo Parlamentario Socialista, como un impuesto especial, y
contrariamente pensamos que debe de sustituirse por una exación
parafiscal gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente y, por tanto,
alejada del principio de caja única que supone la recaudación por el
Ministerio de Economía y Hacienda. Además, debería de tratarse de una
exación uniforme y obligatoria en todo el territorio del Estado y recaer
sobre el consumo de aceite.
Tampoco se contemplan en la disposición adicional de la propuesta
socialista, sino que hay una remisión genérica a la Ley de presupuestos,
los criterios de distribución territorial de los fondos recaudados. Para
nuestro grupo parlamentario el criterio básico debiera ser el consumo de
aceite lubricante en cada comunidad autónoma, criterio que debería
rectificarse en función del tratamiento efectivo de los aceites usados y
en función del sistema de gestión según las prioridades de gestión
establecidas en la propia propuesta socialista: en primer lugar, la
regeneración, en segundo lugar, la recuperación material y, en último
lugar, la recuperación energética, que es lo que ustedes denominan la
combustión. Este criterio, aparte de asegurar que los fondos recaudados
se destinarían a la efectiva gestión de los aceites, prima las formas de
gestión prioritarias y es congruente con la finalidad medioambiental
específica del tributo.
Nosotros proponemos --y lo haremos con más profundidad el día que se
debata en la Cámara-- que el 80 por ciento como mínimo de los fondos
obtenidos se destine a financiar la gestión de los aceites usados, en
congruencia con la internalización de los costes que supone la creación
del tributo, y el 20 por ciento restante como máximo a actividades de
promoción e información. También, y para su correcta gestión, debiera de
crearse una comisión integrada por el Ministerio de Medio Ambiente, las
comunidades autónomas y las asociaciones empresariales del sector. Esta
comisión, que tendría carácter consultivo, además de ser un foro de
diálogo y comunicación entre las partes, tendría, entre otras funciones,
la de proponer la revisión del tipo impositivo.
Por último, señor Presidente, este tributo debería devengarse en el
momento de la facturación y las empresas deberían realizar sus
liquidaciones trimestralmente, como también debería realizarse con esta
periodicidad la transferencia de fondos a las comunidades autónomas o
entes competentes para la gestión de los aceites usados.
En definitiva, señor Presidente, señorías, como ha quedado patente, el
modelo que defendemos, en el aspecto clave de la nueva normativa de
aceites usados, se encuentra lejos del modelo de la proposición de ley.
Sin embargo, tal y como he manifestado al inicio de esta intervención,
pienso que es necesario legislar al respecto y hacerlo con la mayor
rapidez, por lo que también debo decirles que el sentido final de nuestro
voto lo hemos decidido en función del compromiso respecto a la ley básica
de residuos que ha anunciado la portavoz del grupo de la mayoría.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Recoder.
Vamos a proceder a la votación de la proposición. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre aceites usados.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 141; en contra, 172; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración de la
proposición de ley.
AVOCACION POR EL PLENO:
-- DEL PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LAS EMISIONES Y RETRANSMISIONES DE
COMPETICIONES Y ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS (Número de expediente
121/000033)
El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces,
ha decidido someter al Pleno la solicitud de avocación de la deliberación
y votación final del proyecto de ley reguladora de las emisiones y
retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos. ¿Lo
acuerda así el Pleno de la Cámara? (Asentimiento.)
Se entiende aprobada la propuesta de avocación.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA LA COMPETENCIA DEL GOBIERNO EN UN
PERIODO TRANSITORIO PARA LA FIJACION DE LAS TARIFAS Y CONDICIONES DE
INTERCONEXION (Número de expediente 121/000039)
El señor PRESIDENTE: Asimismo, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, ha
acordado someter al Pleno la tramitación directa y en lectura única del
proyecto de ley por la que se regula la competencia del Gobierno en un
período transitorio para la fijación de las tarifas y condiciones de
interconexión, así como su sustanciación el próximo jueves como punto
último del orden del día.
¿Lo acuerda así la Camara? (Asentimiento.) Se entiende aprobado por
asentimiento.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARlO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE INCORPORACION
DEFINITIVA A LOS MUSEOS NACIONALES Y DE TITULARIDAD ESTATAL DE OBRAS DE
ARTE PERTENECIENTES A EMPRESAS PUBLICAS EN PROCESO DE PRIVATIZACION
(Número de expediente 162/000096)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: proposiciones no de
ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Socialista sobre
incorporación definitiva a los museos nacionales y de titularidad estatal
de obras de arte pertenecientes a empresas públicas en proceso de
privatización.
Para su defensa, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra la
señora Alborch Bataller.
La señora ALBORCH BATALLER: Muchas gracias, señor Presidente.
La proposición no de ley que hoy presentamos es fruto de nuestra
preocupación por el futuro de las colecciones de obras de arte formadas
por determinadas empresas, originariamente públicas, cuya total
privatización se anunció por el Gobierno y se ha ido ejecutando en parte.
Estas colecciones de arte son un exponente ejemplar de una cierta idea de
mecenazgo artístico realizado por empresas públicas que han contribuido
notablemente al enriquecimiento de nuestro patrimonio artístico. Este es
el caso concreto de Argentaria, Telefónica y Tabacalera cuyas
colecciones, adquiridas y preservadas a lo largo de los años, cuentan con
obras de arte de gran importancia estética de artistas en algunos casos
insuficientemente representados o simplemente inexistentes en los fondos
de nuestros museos.
Como SS. SS. saben, el pasado mes de julio, el Vicepresidente Segundo del
Gobierno anunció públicamente --y la cita es textual-- que: el Gobierno
tiene interés en que todas las colecciones artísticas que estén en manos
de empresas públicas que vayan a ser privatizadas pasen a ser propiedad
del Estado. En su momento nos sorprendió la rotundidad de las
declaraciones del Vicepresidente del Gobierno, y estimamos entonces que
el Vicepresidente no ignoraba la complejidad del procedimiento
jurídico-económico necesario para la ejecución de tal propuesta, dado que
estas obras de arte forman parte del patrimonio de las sociedades
citadas, en las que el Estado poseía o aún posee una participación
desigual y no siempre mayoritaria.
¿Cuál ha sido la actuación del Gobierno hasta el momento y de acuerdo con
las declaraciones del Vicepresidente Segundo? Hasta donde conocemos,
anunciar la firma de un convenio entre Telefónica y el Ministerio de
Educación y Cultura en virtud del cual la colección de arte de Telefónica
sería depositada por un plazo de cuatro años en el Museo Nacional Reina
Sofía, que debería habilitar, según las conversaciones llevadas a cabo
hasta ahora, una sala especial para la exhibición de la citada colección.
El alcance de esta medida es bien distinto al de la propuesta del
Vicepresidente Segundo, porque, como SS. SS. saben, no es precisamente lo
mismo un depósito a corto plazo que una transferencia de titularidad. Se
trata de una medida de alcance muy inferior a la que encerraba la
propuesta inicial del Vicepresidente. Por el momento desconocemos las
condiciones, obligaciones y derechos del depositante y depositario,
cuestiones de gran relevancia, ya que todos sabemos los efectos perversos
que pueden producirse en este tipo de depósitos.
La proposición no de ley que hoy presentamos persigue conciliar intereses
diversos, concediendo prioridad al interés general, que en este caso se
concretaría en el enriquecimiento y conservación del patrimonio artístico
común, el incremento de las colecciones de los museos nacionales y de
titularidad estatal, y tampoco vemos ningún inconveniente, sino más bien
todo lo contrario, en incluir a otros museos de titularidad pública, sin
que tal propuesta necesariamente suponga desincentivar el coleccionismo.
Los citados museos podrían completar así sus fondos, supliendo ausencias
o carencias relevantes difíciles de sustituir por inexistentes o
excesivamente costosas de adquirir recurriendo al mercado del arte. La
incorporación de las obras de arte debería realizarse, a nuestro
entender, con la finalidad de ser exhibidas de forma habitual integradas
en las colecciones propias de los museos.
Finalmente, consideramos importante que los patronatos de los museos como
órganos competentes se pronuncien al respecto, al tiempo que debería
recabarse la opinión y valoración de las obras por parte de la Junta de
Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español, y por supuesto, como operación extraordinaria, los posibles
gravámenes económicos no deberían proceder de los presupuestos para
adquisiciones de los museos.
Esta proposición no de ley permitiría que permanecieran y pertenecieran
al patrimonio artístico común obras de arte de especial relevancia para
su contemplación y disfrute por parte de todos los ciudadanos y
ciudadanas. Por tanto, el texto de la proposición no de ley consistiría
en instar al Gobierno para que con carácter urgente recabe la opinión de
los patronatos del Museo Nacional Reina Sofía, del Museo del Prado y de
la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del
Patrimonio Histórico Español en torno a la incorporación de las
colecciones a estos museos de las obras de arte pertenecientes a las
empresas públicas privatizadas o en proceso de privatización. En segundo
lugar, que el Gobierno instrumente la operación jurídico-económica
necesaria para la consecución de dicho fin.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alborch.
Se han presentado a la proposición no de ley dos enmiendas procedentes de
los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Popular.
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, la proposición no de ley del Grupo
Socialista formula de manera acertada, pero parcial, un tema importante,
a nuestro parecer: ¿qué ocurre con las colecciones de arte o con las
obras de arte o de relevancia cultural de aquellas empresas cuyos activos
públicos, en su totalidad o en parte, han sido vendidos al sector
privado? No hablamos de estas empresas desde ópticas político-económicas
o mercantiles. Esta tarde y aquí hablamos de estas empresas llamadas
públicas sólo desde una óptica: la estrategia cultural al respecto del
Gobierno del Estado. Creemos que el Gobierno del Estado, en este nuevo
escenario, ha estado atento a esta nueva realidad. En particular lo ha
estado el Ministerio de Educación y Cultura, que creemos que ha
emprendido --como ya ha dicho la señor a Diputada-- unas actuaciones
positivas al respecto. Y de la misma manera, dio una respuesta
razonablemente positiva en la Comisión de Cultura del Senado a una
pregunta formulada por el Senador Varela, del Grup Parlamentari Catalá.
En la proposición no de ley que la señora Alborch ha presentado y que
nosotros pretendemos enmendar se habla sólo de un aspecto, se habla sólo
del Gobierno del Estado, se habla de determinados museos de titularidad
del Estado. Con nuestra enmienda queremos romper este aspecto, porque
cuando hablamos del Estado no sabemos a qué nos referimos. Quizá tenemos
interpretaciones o lecturas distintas de este concepto o de este modelo.
Porque, ¿qué es el Estado? Cuando leemos u oímos algo aquí sobre el
Estado, a veces, nos parece algo fantástico, como esos famosos agujeros
negros del espacio, o bien un concepto que se utiliza sólo de manera
antinómica para decir: a) Estado, Estado español, Gobierno del Estado, y
b) autonomías, otros gobiernos. Por ello, con nuestra enmienda a esta
proposición pretendemos alcanzar tres objetivos, el primero romper con la
posible interpretación antinómica de Estado y Estado de las autonomías y
hacerlo uno solo. Por otra parte, queremos también respetar las
competencias en materia cultural de los gobiernos de las comunidades
autónomas, ya que la Constitución española delimita con exactitud cuál es
el papel del Gobierno del Estado al respecto cuando dice que es de su
competencia exclusiva la defensa del patrimonio artístico español contra
la exportación y la expoliación, y también la titularidad de sus propios
museos.
La proposición no de ley del Grupo Socialista no contempla este aspecto
general ni otros con las comunidades autónomas. En cambio, de manera
peculiar, la misma semana y en el mismo momento el Diputado señor Clotas
--así me lo anunció-- presentaba esta proposición no de ley ante este
Congreso y otro Diputado del Grupo Socialista, don Higinio Clotas,
presentaba en el Parlamento catalán una proposición no de ley en términos
parecidos pero instando al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a que
entablara conversaciones con el Ministerio de Educación y Cultura para
obtener la cesión de determinadas obras de estas empresas.
Es una situación peculiar que nosotros pretendemos también enmendar,
porque podría parecer una ejemplificación casi política del mito
platónico. No sabemos si el mundo de las ideas está aquí, en el Grupo
Socialista del Congreso, y el Grupo Socialista de allí son las cosas
reales, pero sombras, como saben ustedes, en el mito platónico.
Nosotros presentamos una enmienda que es diáfana. Decimos: El Congreso de
los Diputados insta a que, con carácter urgente, se acuerde en el seno de
la Conferencia de Consejeros de Cultura, con el apoyo, en su caso, de la
Junta de calificación, valoración y exportación de bienes del patrimonio
histórico español, los criterios para la incorporación o depósito a las
colecciones de los museos de titularidad pública de aquellas obras de
arte que, por donación o adquisición, pasen a ser propiedad del Estado,
pertenecientes a las empresas públicas que han dejado de serlo o que se
encuentran en proceso de privatización.
Todos y todas sabemos que los temas de patrimonio cultural requieren una
exigencia notable y que debemos garantizar un patrimonio rico e
incrementado para las generaciones futuras. Por eso también queremos
nosotros proteger a todos los museos de titularidad pública, y queremos
que se protejan las expectativas de estas comunidades autónomas y de
estos museos. Ya sabemos que no se podrán proteger todas, sino
simplemente algunas. Por esto creemos que los criterios
determinantes de la distribución de las posibles obras deben ser
establecidos de manera acordada entre los propios responsables de cultura
de este país de manera pública y también de manera razonable.
Esta enmienda puede parecer obvia y si lo fuera sería porque su contenido
es incontestable, pero, pese a ello, todos y todas sabemos que lo
incontestable se olvida con suma facilidad si no se reitera.
Yo querría ahora recordar a todas SS. SS. que si la proposición no de ley
que presenta el Grupo Socialista, y que nos parece acertada y razonable
pero parcial, prosperara sin enmiendas, sus efectos serían sin duda
perjudiciales para los museos nacionales y públicos no sólo de Cataluña,
sino para los de todas las comunidades del Estado español. Más aún, sus
efectos serían injustos, porque estarían fuera de contexto, ignorarían la
realidad del Estado y menospreciarían las competencias de los consejeros.
Por ello, nosotros pedimos y deseamos que nuestra enmienda, de manera
transaccional junto con otra enmienda que también presenta el Grupo
Popular, pueda ser aceptada, pueda ser recibida favorablemente por el
Grupo Socialista. Estamos seguros y seguras de que de esta manera
prevalecerán sus efectos y asegurarán una evolución positiva del
desarrollo cultural y también competencial de este país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Rodríguez-Salmones.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Socialista nos presenta hoy una proposición no de ley
sobre la incorporación a los museos de titularidad estatal del patrimonio
artístico de las colecciones de aquellas empresas que hayan sido
privatizadas o que estén en fase de privatización. Nuestro grupo ha
presentado una enmienda. Anunciamos, como además ha dicho la señora Gil i
Miró, que nos gustaría poder llegar a una transacción, porque estamos de
acuerdo en el fondo de la cuestión y consideramos que es bueno poder
mantener en esta materia general de los museos el acuerdo que ha venido
existiendo, que ha funcionado hasta ahora.
Nuestra enmienda es simple. Tiene una parte importante, que es en la que
más ha abundado la señora Gil i Miró, que es la de que se abra esta
posibilidad de incorporar obras de arte no sólo a los museos estatales,
sino a todos aquellos museos y colecciones públicas. Nos parece que no
tiene que haber inconveniente; es de bastante sentido común y ello se
defiende sólo, aparte de que lo ha hecho muy bien la Diputada que me ha
precedido. Nosotros tendríamos que hacer una precisión técnica, que
también es bastante evidente. Por el tiempo que ha pasado, se habla de
empresas en fase de privatización y evidentemente eso excluiría a
Telefónica, que tiene este patrimonio tan importante. La señora Alborch
ya se ha referido a ello. Por tanto, nos parece que corregirlo no
plantearía problema.
En nuestra enmienda pretendíamos --supongo que ahí tendremos que ceder--
que se reconociera que es una gestión ya emprendida y que continúa, pero
no nos parece que esto sea sustancial y, por tanto, no haremos hincapié
en aras al posible acuerdo. Espero, vuelvo a repetirlo, que lleguemos a
una transacción que, sin duda, nos satisfará a todos.
Cuando en el mes de junio pasado se toma la decisión por el Gobierno del
Partido Popular de culminar el proceso de privatización, de desinversión
pública, cumpliendo así, por supuesto, el programa electoral y, además,
los acuerdos y el discurso de investidura; cuando se toma esta decisión
--digo culminar porque este proceso ya se había empezado, evidentemente,
y los porcentajes de participación pública son bastante moderados en ese
momento; por cierto, culminar y con éxito, como se está haciendo hasta
ahora-- se toma también la decisión clara y firme --la señora Alborch ha
hecho unas precisiones terminológicas al respecto, pero yo creo que el
sentido era evidente-- de que el patrimonio artístico de estas empresas
se incorpore a las colecciones públicas. Son empresas que, a pesar de lo
complejo de su propiedad, han logrado este patrimonio, en principio, con
fondos y actividades públicas o también en régimen de monopolio. Por
tanto, parece de justicia, y así se acepta, que revierta a la sociedad
algo que de ella ha partido.
Decía que esta decisión se toma en el mes de junio, y es firme y muy
clara, pero es compleja. Me parece que en el texto de la proposición no
de ley y también en el de las enmiendas queda bien recogida la
complejidad que vemos. Hay una complejidad que viene de la necesidad de
que este proceso sea guiado por los expertos. No se trata de que éstos
nos digan qué obra es buena o cuál es mala. Partimos de la base, como
Marcel Duchamp, de que arte es todo lo que un artista dice que es arte y,
por tanto, no se trata de poner buenas o malas notas. Pero hay que bajar
más a pie de obra. Hay que decir qué artistas, qué obras, por qué, en qué
colecciones, qué lagunas hay, en qué condiciones, en qué museos... Es
decir, se pide a los expertos que hagan un trabajo y que guíen este
proceso. Esta es una complejidad que nos hace ir con más pausa que la que
supondría el cumplimiento de una orden ministerial.
Otra complejidad viene de la composición del accionariado. También lo han
mencionado los que me han precedido. Son empresas que llamamos públicas,
y así nos entendemos, pero, de hecho, las que se han mencionado
(Tabacalera, Argentaria, Telefónica) tienen una participación pública del
53, 26 y 21 por ciento, respectivamente, en aquel momento. Por tanto, ha
de hacerse sin vulnerar unos legítimos derechos. Nosotros hemos incluido
en nuestra enmienda una mención a que no se vulneren estos legítimos
derechos, pero
en cualquier caso lo damos por sobreentendido. Hay que hacer notar que no
es una instrucción de un ministro lo que se cumple, sino unos acuerdos a
los que hay que llegar con una empresas.
El último punto de esta complejidad es que estamos hablando de un mercado
muy frágil. Un procedimiento conminatorio podría producir unos efectos
muy negativos. Es decir, los artistas, y concretamente los artistas
españoles, están ya padeciendo un mercado que se retrae en estos últimos
años, por circunstancias muy diversas. De lo que aquí se trata con esta
medida, además de enriquecer las colecciones públicas, es de acercar a
las empresas a los museos, acercarlas al colecionismo; se trata de
acercarlas, de estimularlas, en ningún caso de asustarlas y, por tanto,
hemos de tener cuidado con el procedimiento, y si no pregúntese a los
artistas españoles si no están ya un poco asustados de que determinados
procesos, por un lado, de desinversión pública y, por otro,
conminatorios, puedan retraer a un mercado que al final es casi su
mercado exclusivo --no es así, ya lo sé--, pero el mercado importante es
el de las grandes empresas y debemos intentar lo contrario, no asustarlas
y, por tanto, hay que actuar con delicadeza.
Creo que estos son los tres puntos que hacen que el procedimiento sea más
complejo, pero se me va a permitir una observación. Es compleja esta
operación porque no estaba prevista. El proceso de privatización estaba
en marcha --y hemos hablado de los porcentajes: 21 por ciento, 26 por
ciento, 53 por ciento-- y no había previsiones, ni siquiera pautas. Había
un desconocimiento. Cuando digo que no había previsiones quiero decir que
no hay previsiones estatutarias ni normativas en las empresas, no hay un
verdadero inventario; claro que las empresas tienen sus catálogos, pero
no es el inventario que debía tener la Administración sobre cuáles son
sus bienes. No hay, por tanto, valoración de lo que es esto. No se sabe
lo que tenemos. No hay previsión alguna. Muchas de las empresas no lo
incluyen de manera específica en su balance. Por tanto, actuamos un poco
a ciegas. Se sabe que son grandes colecciones, ahí están los catálogos y
eso es todo. Se había entrado en un proceso de privatización sin tener
esta previsión. Podemos decir que se estaba jugando ya en el tablero la
partida de la privatización con todas las fichas revueltas.
Hombre, que se inste al Gobierno en esa situación a que haga lo que está
haciendo, es legítimo, incluso es bueno y desde luego cada uno está en su
derecho de instar a lo que quiera, pero es sorprendente, porque
precisamente es este Gobierno el que ha iniciado este camino. Nos parece
bien, y desde luego lo que abunda no daña, pero no deja de ser
sorprendente. Había un Diputado en esos bancos de ahí arriba que hace ya
unos cuantos Plenos decía que excitar el celo del Gobierno a que haga lo
que ya hace y lo que además tiene obligación de hacer, puede ser
gratuito, pero en cualquier caso, no es dañino. Efectivamente, puede ser
gratuito y en, cualquier caso, no es dañino. Nosotros queremos repetir
que, como no nos parece mal, nos parece gratuito, y estamos en ello. Por
tanto, insisto en la convicción que tenemos de que nos gustaría seguir
votando con un acuerdo de la Cámara en este tipo de cuestiones.
Me parece que cuando se ha dicho aquí lo que ha hecho el Gobierno, no se
ha mencionado el proceso entero y me parece importante que todos tengamos
conocimiento de ello. El Gobierno, que toma en el mes de junio la
decisión de culminar su proceso, digamos, de desinversión pública en
determinadas empresas, anuncia la decisión de que las colecciones se
incorporen a las colecciones públicas y pone en marcha inmediatamente el
procedimiento. El procedimiento es que se constituye un grupo de trabajo
--Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Educación y Ciencia y,
digamos, un escalón menor, Dirección de Bellas Artes y Dirección de
Patrimonio-- que sigue constituido y que se ha reunido muchas veces para
estudiar las fórmulas al uso, que son dación, cesión, adquisición,
depósito, préstamo como dato, etcétera. Lo primero que hace este grupo de
trabajo es encomendar a un grupo de expertos el inventariado y la
valoración, esa que digo que no existe.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez-Salmones, vaya concluyendo, por
favor.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Concluyo ahora mismo, señor
Presidente.
Este grupo ha presentado ya sus informes, que son voluminosos y que creo
que están a disposición de sus señorías. Con esos informes, los
patronatos --que ya los conocen-- podrán tomar determinadas decisiones,
caso a caso, y así se anuncia. El primer caso que nos ocupa --y termino,
Presidente--, por calendario, es el de Telefónica. Podríamos decir que el
caso de Telefónica es el caso que está en el candelabro, y nunca mejor
dicho que en esta ocasión. La colección es espléndida, y así hay que
reconocérselo a los anteriores gestores de Telefónica. Se ha hecho con
gran criterio, tiene obras de artistas que no están representados en
nuestras colecciones, obras que en este momento no se pueden adquirir, y
que, desde luego, no habría dinero para adquirirlas. El acuerdo que se
haga con Telefónica lo aprobará el patronato del museo --supongo que en
este caso será el Reina Sofía; ya lo veremos-- y, evidentemente, tiene
vocación de continuidad, tiene vocación de estabilidad, y además siempre
será una fórmula que se pueda negociar. Lo urgente es que se haga ya, que
desde los Venerables de Sevilla esta colección vaya cuanto antes al Reina
Sofía. Estamos seguros de que el patronato encontrará las fórmulas donde
esto encaje mejor y lo negociará con ellos.
Quiero terminar, señorías, diciendo que si las empresas han de ser
generosas --que yo creo que lo han
de ser--, si los museos han de ser flexibles --que seguro que lo son--
ante una oportunidad única, realmente, lo que nosotros debemos hacer es
no llevar cualquier querella política y no, digamos, empobrecer un poco
el debate de este gran mundo del arte en esta gran oportunidad que en
este momento tenemos. Espero que eso lo podamos conseguir esta tarde.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Señora Alborch.
La señora ALBORCH BATALLER: Muchas gracias, señor Presidente.
Tras escuchar a la señoras Diputadas que me han precedido en el uso de la
palabra, en este momento presentaríamos una enmienda de carácter
transaccional en la línea y en el espíritu de todas las intervinientes,
fundamentalmente, porque estamos de acuerdo en los contenidos de la
misma. ¿La leo?
El señor PRESIDENTE: Si tiene S. S. la bondad.
La señora ALBORCH BATALLER: Muchas gracias, señor Presidente, de nuevo.
Primero. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, con carácter
urgente, recabar la opinión de los patronatos del Museo Nacional Reina
Sofía, Museo del Prado y de la Junta de calificación, valoración y
exportación de bienes del patrimonio histórico español, en torno a la
incorporación a las colecciones de los museos estatales de las obras de
arte pertenecientes a las empresas privatizadas o en proceso de
privatización. Segundo. Acordar, en el seno de la Conferencia de
Consejeros de Cultura, con el apoyo de la Junta de calificación
mencionada, los criterios para la posible incorporación o depósito de
parte de dichas colecciones en los restantes museos de titularidad
pública. Tercero. Instrumentar la operación jurídico-económica necesaria
para la consecución de dicho fin.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alborch.
¿Algún grupo que no haya intervenido desea fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Celebro en este momento procedimental de la intervención el que se haya
llegado a un acuerdo de una enmienda transaccional porque, ante los
primeros documentos del debate, la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista nosotros la hemos recibido con satisfacción, porque nos parece
oportuno que un problema oscuro que estaba ahí, que nadie había reparado
en él, haya resurgido con los procesos de privatización de empresas
estatales. Como bien se ha señalado aquí, creo que por la portavoz del
Grupo Popular, nadie conoce este patrimonio, porque no hay inventario, y
los catálogos son puramente cerrados de algunas de las instituciones que
se les ha ocurrido hacerlos; pero, claro, muchas de estas instituciones
han ido almacenando y consiguiendo un patrimonio artístico,
fundamentalmente pictórico, también de escultura, por cuestiones
puramente fiscales o del gusto del presidente de turno, y en este momento
no hay acceso a él como un bien cultural general de todo el país en sus
museos.
Cuando habíamos visto las enmiendas, Coalición Canaria se había inclinado
--porque le parecía de mejor sentido en las competencias estatutarias--
por la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convengència i Unió). En
el caso de Canarias, como me figuro que les ocurrirá a otras comunidades
autónomas, y es el caso concreto que tengo aquí delante de las
Comunidades Autónomas de Cataluña y del País Vasco, el artículo 33 de
nuestro estatuto de autonomía señala la competencia de ejecución de la
comunidad autónoma en el tema de museos que hayan sido o sean de
titularidad estatal, y en los que la gestión por transferencia no sea ya
estatal. Aunque el museo sea estatal, si su gestión ya no lo es, es una
competencia de ejecución de la comunidad autónoma. En el caso de Canarias
hay sedes y empresas --es el caso de Unelco, dentro de la red eléctrica
nacional-- que tienen patrimonio importante de pintores de la cultura
canaria. Si vamos a esperar a que unos expertos del Centro de Arte Reina
Sofía o del Museo del Prado nos visiten, no nos parece serio, conociendo
la rigidez de la burocracia que hay en estas instituciones, e incluso por
la propia limitación de medios presupuestarios que tienen, porque lo que
sí se ha evidenciado es que en España, desde hace muchos años, para
adquirir una obra de arte en el mercado público, tenía mucha más agilidad
y flexibilidad la empresa privada o la pública que no el Museo del Prado
o cualquiera de los museos estatales, porque su presupuesto era de lo más
raquítico, prácticamente nulo para la adquisición de pintura
contemporánea.
Por tanto, si esta enmienda transaccional tiene un viso de virtualidad,
nosotros la vamos a apoyar, pero queremos, en el mismo espíritu de la
enmienda del Grupo Catalán (Convengència i Unió), que haya la reserva, y
creo que en uno de los párrafos que en la lectura rápida le he escuchado
a la señora Alborch se puede hacer esta reserva, porque lo que podíamos
hacer aquí es evitar caer en el centralismo de un tipo de pintura que ni
el sistema temático del Reina Sofía ni el Museo del Prado admiten, porque
curiosamente las instituciones que aquí se han citado, y otras más, como
Trasmediterránea o Campsa, hoy Repsol, tienen un patrimonio artístico muy
importante, no solamente las tres empresas estatales que se citaban aquí.
Yo urgiría al Gobierno a que, a través del Ministerio de Educación y
Cultura, ordene (a su presidencia y a su núcleo duro que actualmente
controla) hacer rápidamente el inventario para saber de qué estamos
hablando y cuál puede ser su destino.
Por tanto, lo más perentorio y urgente es la ordenación del catálogo de
obras de arte sin entrar en su justiprecio, sino como tal obra de arte,
para saber de qué estamos hablando y dónde están situadas en este momento
esas obras de arte, porque en las oficinas centrales en Madrid puede
haber muchas, y estoy pensando en este momento en lo que conozco de
empresas periféricas a través de exposiciones monográficas. Por tanto,
instamos a la urgencia de hacer el catálogo y el inventario fundamental y
pasar después al desarrollo ordenado que se contiene en esta enmienda
transaccional que nosotros, por pura lógica, señor Presidente, vamos a
apoyar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GOMEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a anunciar, como no podía ser de otra manera, que vamos a votar
favorablemente esta iniciativa del Grupo Socialista por lo que supone de
defensa del patrimonio cultural español.
Nuestro grupo se alegra de que, ahora que el Grupo Socialista no está
dedicado a sostener a un Gobierno que estaba absorto en temas de tanto
interés para España como era la integración en la OTAN o la reforma del
mercado laboral, se pueda dedicar a temas tan secundarios como es la
defensa del patrimonio histórico nacional.
Es evidente, y así lo entendemos, que la densa labor realizada por el
Gobierno dedicado a alcanzar acuerdos con los agentes sociales y en
especial con los sindicatos, a los que todos sabemos han prestado una
especial atención, le han impedido dejar resueltos temas menores como es
el que actualmente sufrimos en Andalucía referente a la gestión de la
Alhambra o el que hoy tratamos sobre la titularidad pública de las
colecciones de empresas que ya el Gobierno anterior empezó a privatizar.
Es de agradecer, y así lo hacemos desde Izquierda Unida, que cuando los
diputados y las diputadas del Grupo Socialista han tenido más tiempo para
dedicarse a estos temas que son menos de Estado, se empiecen a dar cuenta
de que nuestros museos tienen deficiencias en sus patrimonios y, como
decía textualmente la propuesta del Grupo Socialista, que las colecciones
de arte de estos museos dejan en evidencia algunas lagunas de artistas
que están mal representados o incluso nulamente representados en la red
de museos de España.
Es una lástima que los Gobiernos del PSOE, en vez de dedicarse a otros
menesteres, no se hayan dedicado a estos temas, chiringuitos y
experiencias financieras aparte, porque se hubieran podido corregir
algunas de estas deficiencias.
Por tanto, compartimos en estos momentos la preocupación del Grupo
Socialista por el destino de un patrimonio cultural muy importante que
puede terminar en manos especulativas. Compartimos con el Grupo
Socialista que las declaraciones del Vicepresidente Segundo del Gobierno
no significan garantía alguna, porque estamos acostumbrados a las
contradicciones entre los pronunciamientos de miembros del gabinete y sus
actuaciones.
Asimismo, el afán privatizador del Gobierno no le ha hecho reparar en
circunstancias que ellos pueden considerar marginales ante la necesidad
de hacer frente a unos compromisos incluidos en los presupuestos como
proyectos de financiación extrapresupuestaria y de los que dependen
tantas estabilidades parlamentarias. Por eso es evidente que nuestro
Gobierno puede pensar que la defensa del patrimonio histórico-artístico
no le puede estropear un buen plan de privatizaciones, y es que, para
nosotros, señorías, el liberalismo está bastante reñido con el disfrute
público de los bienes culturales y nos tememos, repito, que las
colecciones a las que estamos haciendo referencia pueden terminar siendo
un elemento especulativo más. Por eso vemos con satisfacción la
iniciativa aquí presentada y, aunque con retraso, la saludamos y vamos a
votarla favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella.
Vamos a proceder a la votación.
Señorías, la proposición no de ley del Grupo Socialista que se va a
someter a votación será en los términos de la enmienda transaccional que,
finalmente, se ha entregado a la Mesa, que procede a leer la Secretaria,
señora Barrios. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Cuando quiera, señora Barrios.
La señora SECRETARIA PRIMERA (Barrios Curbelo): El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno: 1. A, con carácter urgente, recabar la
opinión de los patronatos del Museo Nacional Reina Sofía, Museo del Prado
y de la Junta de calificación, valoración y exportación de bienes del
patrimonio histórico español en torno a la incorporación a las
colecciones de los museos estatales de las obras de arte pertenecientes a
las empresas públicas privatizadas o en proceso de privatización.
2. Asimismo, acordar con carácter urgente en el seno de la conferencia de
consejeros de cultura, con el apoyo de la junta de calificación
mencionada, los criterios para la posible incorporación o depósito de
parte de dichas colecciones en los restantes museos de titularidad
pública.
3. A instrumentar la operación jurídico-económica necesaria para la
consecución de dicho fin.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barrios.
Vamos a votar. Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a
favor, 303; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada en los términos que acaban de ser
leídos. (Aplausos.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EXPLOTACION
SEXUAL DE LOS NIÑOS (Número de expediente 162/000129)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, sobre la explotación sexual de los niños.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro. (Rumores.--Varios señores diputados abandonan el salón de
sesiones.)
Silencio, señorías. Cuando quiera, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, señorías, la iniciativa que hoy
presenta el Grupo Parlamentario Popular pretende ser esencialmente acorde
con la dimensión del problema --sin lugar a dudas del grave problema--
que representa la explotación y tráfico sexual de menores. Pretende ser
igualmente acorde con las recomendaciones que en este sentido
recientemente aprobó el Congreso de Estocolmo, con los trabajos que se
vienen impulsando en el seno de la Unión Europea, con los trabajos que el
propio Gobierno español... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gil Lázaro.
Señorías. ¡Señor Villalón! Señorías, les ruego que guarden silencio, es
imposible escuchar al orador.
Continúe, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Decía que la iniciativa que hoy plantea el Grupo
Parlamentario Popular pretende ser una iniciativa acorde con la dimensión
y la gravedad del problema que representa la explotación y tráfico sexual
de menores; pretende ser igualmente acorde con las recomendaciones
recientes del Congreso de Estocolmo, con los trabajos que en el seno de
la Unión Europea se vienen perfilando en orden a dar respuestas
suficientes y válidas a esta cuestión, con los trabajos e iniciativas que
también en ese mismo sentido viene planteando el Gobierno español y, sin
lugar a dudas, con la sensibilidad acreditada de todos los grupos de esta
Cámara respecto de la cuestión que nos ocupa y que ha tenido trámites
sucesivos en diversos momentos parlamentarios.
Estamos, como es de consuno, ante una situación que afecta gravemente a
los derechos humanos, que supone una violación flagrante de los derechos
del niño y que, por tanto, provoca y causa una notable y lógica inquietud
y alarma social. Estamos básicamente ante un problema que es por
definición un problema complejo; problema complejo puesto que las
respuestas al mismo no pueden ser abordadas exclusivamente desde la sola
óptica de un Estado y porque, además, las respuestas no pueden tener una
naturaleza concreta y única, sino que deben ser esencialmente respuestas
de naturaleza multidisciplinar.
En este contexto parece claro que el pronunciamiento esencial de los
estados y de la comunidad internacional frente a esta vejatoria práctica
criminal pasa necesariamente, en primer lugar, por actuar con medidas de
planificación y solidaridad orientadas a corregir las deficiencias
socioestructurales en aquellos países que precisamente sirven de cultivo
al desarrollo de estas prácticas criminales. En segundo lugar, por
conjugar necesariamente las diferentes legislaciones a fin de cerrar
lagunas o espacios de impunidad. Y, en tercer lugar, por acentuar los
mecanismos de cooperación policial internacional, de modo que se
perfeccione la capacidad de prevención, investigación y persecución de
este tipo de delitos. Conviene tener en cuenta que en la práctica, en el
desarrollo y ejecución de este fenómeno de naturaleza criminal operan
estructuras muy distintas, desde la simple adopción de esta práctica por
parte de individuos aislados, muchas veces vinculados al entorno familiar
de la víctima, hasta un fenómeno mucho más complejo y que probablemente
conecta de manera más decidida con el sentido de esta iniciativa, es
decir la presencia de grandes redes organizadas dedicadas al tráfico
trasnacional de menores a efectos de su explotación en todos los órdenes,
y principalmente a efectos de su explotación sexual.
Entendemos, por tanto, que frente a esa posibilidad de un delito
continuado soportado en redes y en estructuras profesionales bien
organizadas, la respuesta a dar hay que necesariamente trascenderla al
ámbito internacional y ése es el sentido básico de la iniciativa que hoy
presenta el Grupo Parlamentario Popular. Con ella fundamentalmente
pretendemos reforzar la acción del Gobierno, en orden a que en el
escenario de Naciones Unidas desarrolle cuantos esfuerzos sean precisos a
fin de lograr la aplicación de las recomendaciones del Congreso de
Estocolmo, insistimos, no solamente en lo que podría entenderse vertiente
operativa, legal o policial del mismo, sino también en aquellas
vertientes previas orientadas a corregir las causas estructurales que
permiten la aparición de este fenómeno delictivo, es decir todas aquellas
recomendaciones de naturaleza solidaria orientadas a la promoción
socioeconómica de
estos países fundamentalmente afectados por el fenómeno. Pretendemos,
igualmente, que el Gobierno, en el escenario de Naciones Unidas,
desarrolle cuantas iniciativas sean precisas para lograr que el tráfico
de seres humanos sea tipificado como un delito a escala internacional.
Asimismo pretendemos que en el escenario de Naciones Unidas la acción del
Gobierno se oriente a procurar que todos los países miembros de la
organización ratifiquen la declaración de derechos del niño. En un
escenario de actuación internacional más próximo, más mediato pretendemos
que el Gobierno, en el seno de la Unión Europea, se sienta reforzado a
partir del pronunciamiento hoy de esta Cámara, si es el caso, para
continuar insistiendo, como viene haciéndolo, y de ello fueron buena
prueba las palabras del Presidente Aznar en el Consejo Europeo de Dublín,
en el perfeccionamiento de todos los mecanismos de cooperación judicial y
policial en el seno de la Unión, a fin de poder establecer respuestas de
naturaleza legal y policial suficientemente prácticas y efectivas al
fenómeno que nos ocupa. Todo ello, además, desde la voluntad y desde la
intención de abordar una cuestión que es de suyo indispensable, es decir
la necesidad de avanzar en el seno de la Unión Europea a efectos de
lograr el máximo grado posible de homogeneización de las distintas
legislaciones nacionales, precisamente para impedir que pueda existir
algún tipo de diferencias, de lagunas o de recovecos que impidan una
adecuada prevención en su caso, persecución después de este tipo de
delitos y, en todo caso, para mejorar siempre, desde esa previsión legal,
todos los aspectos que puedan afectar, que afectan directamente al
cuidado y a la asistencia de las víctimas de este tipo de delitos.
Finalmente, hacemos una remisión a lo ya aprobado por esta Cámara en
moción de 26 de noviembre del año pasado, a propuesta del Grupo
Parlamentario Popular, incorporando una enmienda del Grupo de
Convergència i Unió y recogiendo también prácticamente el sentido de
todos los grupos parlamentarios, es decir la necesidad de que el Gobierno
continúe estudiando con rigor, con serenidad, con el máximo grado de
consenso posible, las fórmulas adecuadas a efectos de la modificación, si
es el caso, de nuestro ordenamiento jurídico, en orden precisamente a
hacer claros y rotundos en él los mismos valores que reclamábamos a las
diferentes legislaciones europeas, es decir la eficacia en la prevención,
la clarificación y tipificación de estas conductas en el orden penal, e
igualmente todas aquellas otras medidas de naturaleza complementaria que,
una vez producido el delito, permitan la mejor atención, asistencia,
protección y recuperación de las víctimas.
En definitiva, y concluyo, señor Presidente, nosotros entendemos que no
podemos formular esta cuestión desde criterios alarmistas, porque
afortunadamente en España hoy todavía, en lo que afecta a nuestra
realidad nacional, no se ha detectado la presencia de estas grandes redes
organizadas sino tan sólo casos individuales, pero sí la presencia de
individuos (y ése es un peligro sobre el que necesariamente tenemos que
poner ya nuestro punto de atención) que a través de actividades
vinculadas con la promoción de material pornográfico respecto a menores
pueden llegar a intentar conectar con estas otras grandes redes
transnacionales dedicadas efectivamente, de manera sostenida, constante y
profesional, a esta explotación y a este tráfico sexual de niños.
En nuestro país y en este momento, el 25 por ciento de las violaciones,
del total de violaciones denunciadas, afectan a menores, y el 42 por
ciento del total de delitos de naturaleza sexual distintos a la violación
afectan también a menores. Este es un dato, sin lugar a duda, que debe
mover, como ya ha movido, como viene moviendo, la atención de todos los
grupos de la Cámara en orden necesariamente a poner las previsiones
adecuadas para en todo caso poder controlar y evitar que este fenómeno
pueda llegar a ser un fenómeno creciente.
Hay que destacar hoy aquí al concluir, señor Presidente, la acción que
vienen desarrollando desde hace años los grupos operativos tanto del
Cuerpo Nacional de Policía como los equipos correspondientes de la
Guardia Civil, dedicados precisamente a prevenir este tipo de delitos con
referencia a niños; grupos que vienen actuando en orden a principios de
máxima coordinación operativa; grupos que en su actuación procuran
siempre el absoluto respeto de la dignidad del niño y grupos que, en todo
caso, sostienen su vertiente operativa sobre un principio interesantísimo
y fundamental de máxima colaboración, de máxima comunicación con los
movimientos cívicos asociativos y con las entidades, tanto públicas como
privadas, consagradas a la protección del menor.
Quiero decir para concluir, señor Presidente, que esta iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular fundamentalmente pretende situar la acción de
España a través de su Gobierno, la acción del Gobierno en el escenario
internacional, porque creemos, como he señalado, que es en el escenario
internacional en donde se debe acentuar la respuesta de los Estados de
manera conjunta y coordinada frente a este tipo de delitos, frente a este
tipo de fenómeno criminal repugnante.
Quiero decir algo: merece la pena el acuerdo de todos los grupos de la
Cámara para permitir situar a España en la vanguardia de la lucha
internacional contra este tipo de fenómenos. A veces, la historia permite
a un grupo social o a un país tener una segunda oportunidad. Yo hoy
quiero recordar que en 1815, en el Congreso de Viena, se declaró la
abolición universal de la esclavitud y que sin embargo España, como
consecuencia de determinadas servidumbres de su economía colonial, tardó
50 años, hasta 1865, en hacer plenamente efectivo ese principio
abolicionista, en
relación precisamente con la situación que se vivía en Cuba con la
economía colonial cubana.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, vaya terminando, por favor.
El señor GIL LAZARO: Termino, señor Presidente.
Hoy tenemos oportunidad de situarnos a la vanguardia, de comprometernos a
situarnos en la vanguardia de esta lucha internacional contra el tráfico
y la explotación sexual de niños, porque esta práctica, sin lugar a duda
en estos momentos, es una de las más repugnantes y oscuras formas de
esclavitud que todavía subsisten en nuestro tiempo.
Concluyo señalando que el Grupo Parlamentario Popular, precisamente por
entender que ésta es una cuestión de Estado, una cuestión que afecta a
nuestro prestigio internacional situándonos en esa vanguardia,
situándonos en esa asociación global de Estados, de organizaciones no
gubernamentales, de entidades internacionales que reclamaba el Congreso
de Estocolmo; por entender que éste es fundamentalmente un tema de
acuerdo, va a aceptar la enmienda de adición propuesta por el Grupo
Parlamentario Socialista, desde el convencimiento de que el Grupo
Parlamentario Socialista no tendrá inconveniente a que la letra e) de la
enmienda de adición que nos propone, en vez de comenzar con el verbo
«impulsar», empezar con la expresión: «Continuar impulsando la existencia
en todas las provincias de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía
especialmente preparados para la intervención con menores que sufren
abusos y explotación sexual». Creo que la introducción de este verbo
significa reconocer el esfuerzo que el anterior Gobierno hizo en esta
materia, el esfuerzo que el Gobierno actual está realizando en este orden
de cosas y, sobre todo, el esfuerzo permanente de los funcionarios y
funcionarias del Cuerpo Nacional de Policía que atienden a la prevención,
a la asistencia y a la investigación de este tipo de delitos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro.
Por el Grupo Socialista se ha presentado una enmienda a la proposición no
de ley, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Del
Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Gracias, señor Presidente.
La defensa de la enmienda que hoy presenta el Grupo Socialista hace
forzoso referirse, aunque sea brevemente, al origen de esta proposición
no de ley. En efecto, señorías, esta propuesta presentada por el Grupo
Popular el 4 de noviembre formó parte de la contraoferta, del pretexto si
ustedes quieren, que este grupo esgrimió para no tomar en consideración
en su día la propuesta de creación de una subcomisión de estudio que el
Grupo Socialista había presentado el 30 de octubre. Aquella propuesta era
bastante más concreta y bastante más ambiciosa que la que hoy
contemplamos. Pretendía, en efecto, que la Comisión de Justicia estudiara
las medidas y actuaciones políticas, sociales, administrativas y de todo
orden (incluidas, cómo no, las que se refieren a la cooperación
internacional, en las que el señor Gil Lázaro ha hecho hincapié) y las
iniciativas legislativas de forma que pudiéramos elaborar entre todos
fórmulas concretas para prevenir y reprimir la explotación y el tráfico
sexual de niños, cuestión que, como ha señalado el portavoz del Grupo
Popular, es para nosotros fundamental y en la que no caben zancadillas ni
alegrías partidistas.
Desgraciadamente no lo entendió así entonces el Grupo Popular y frente a
aquella iniciativa llegamos hoy al Pleno con esta vaga declaración de
nobles deseos que se contienen en la proposición no de ley aquí
defendida. Por cierto, señorías, es un hecho curioso y digno de estudio
--sinceramente yo no sé si de estudio político, sociológico o quizá
psicológico-- que frente a aquella negativa de aceptar la creación de una
subcomisión que estudiase los problemas del tráfico sexual de menores, el
Grupo Popular tenga en este momento pendiente de aprobación en la
Comisión Mixta una propuesta de creación de subcomisión para estudiar el
tráfico sexual de mujeres. Es algo que habría que analizar. De todas
formas no teman, señorías, no voy a extenderme en este punto, no voy a
seguir llorando por lo que pudo ser y no fue ni a analizar más paradojas
como la que acabo de señalar o alguna ciertamente curiosa como es el
entusiasmo del Partido Popular por crear subcomisiones de estudio allí
donde hay propuestas concretas y textos articulados. Incluso parece ser
según se oye por alguno del propio Gobierno, como es el caso de las
parejas de hecho, y no crearlas donde realmente hay mucho campo por
examinar y además, en principio, puede garantizarse cierta unidad de
criterios que llega a conclusiones aceptables para todos.
Decía que ésta es la hora de analizar la propuesta concreta --si concreta
puede llamarse--, que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular, y yo
le quiero adelantar, señor Gil Lázaro, que nos satisface y agradecemos la
aceptación de la enmienda de adición que ha presentado el Grupo
Socialista. En cualquier caso, aunque no hubieran aceptado esta enmienda,
nuestro voto hubiera sido favorable a la proposición no de ley; en
efecto, nuestro grupo no tiene nada contra las nobles declaraciones de
buenos propósitos, y esta proposición es un valioso compendio de ellas.
Nada tenemos, en efecto, contra los cuatro primeros puntos que se
refieren a la cooperación en la lucha contra el tráfico y la explotación
sexual de niños en el seno de la Unión Europea o en instancias
internacionales. Estas actuaciones responden a una línea de trabajo que
España sigue hace años y que sería inadmisible abandonar. Simplemente
echamos de menos
alguna idea nueva, alguna aportación distinta a lo archisabido y a lo
archipracticado que de verdad convirtiera esta proposición no de ley en
un instrumento eficaz de impulso a la acción del Gobierno. Algo de eso
hemos intentado remediar con la enmienda.
Tampoco tenemos nada que oponer a que, junto al castigo de los culpables
de los delitos contra la libertad sexual, se garantice la atención a las
víctimas. Simplemente queremos recordarles que junto a su temibles
reformas legislativas, el Gobierno tiene en su mano un instrumento mucho
más rápido para ir remediando esta atención y es la aprobación del
reglamento de la Ley 35/1995, de asistencia y ayuda a las víctimas de
delitos violentos y contra la libertad sexual. También a este extremo se
refiere nuestra enmienda.
En suma, señorías, no vamos a rechazar ningún aspecto de la proposición
no de ley. Todos ellos nos parecen aceptables, como nos parece aceptable
cualquier pretensión de que los españoles --y más si forman parte del
Gobierno--, sean justos y benéficos, pero sí hemos presentado una
enmienda que pretende añadir una pizca de concreción a estas
declaraciones, nobles sin duda, pero tremendamente vagas; una enmienda
que no tiene ánimo exhaustivo, pero que pretende impulsar actuaciones
pendientes desde hace meses y reflejar algunos extremos que podrían haber
constituido parte de las conclusiones de aquella malograda subcomisión,
aunque en ese caso desde luego hubieran sido más ricos y más precisos. Se
trata de acciones perfectamente asumibles por el Gobierno y así lo ha
reconocido el Grupo Popular. Nos alegramos de que así se reconozca, pero
para nosotros el que se acepten aquí tiene un significado especial. En
efecto, desarrollar ya la Ley 35/1995, implantar en cuanto sea posible
las oficinas de atención a las víctimas con personal especializado en
menores, difundir el contenido de la acción común de 29 de noviembre de
1996, potenciar los programas de tratamiento y asistencia a los menores
víctimas de delito, mejorar las dotaciones especializadas de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad, establecer sistemas de coordinación que agilicen
y faciliten los trámites en juzgados y tribunales, son medidas posibles,
en algún caso de obligado cumplimiento y en otros ya de retrasado
cumplimiento, pero, en opinión de mi grupo, servirán para que, de verdad,
avancemos en la práctica hacia esa vanguardia en la lucha contra el
tráfico internacional de niños de que hablaba el portavoz del Grupo
Popular; servirán para que el Congreso apruebe hoy, de verdad,
resoluciones encaminadas a luchar contra el tráfico sexual de menores y
no resoluciones sobre el sexo de los ángeles o poco más concretas.
Termino, señor Presidente, indicando que mi grupo acepta la transacción
propuesta por el señor Gil Lázaro en cuanto a la modificación del
apartado e) de la enmienda de adición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Del Campo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para dar nuestro apoyo a la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular
respecto a la adopción de diversas iniciativas tendentes a poder luchar
eficazmente contra la explotación sexual de los niños, problema que,
lamentablemente, afecta a nuestro Estado, a todos los países de la Unión
Europea y creo que al conjunto de la comunidad internacional. Pensamos
que esta iniciativa es un paso firme y decidido del Congreso de los
Diputados en ese compromiso, que debe ser de todos, para luchar con
firmeza, con rigor, con seriedad y con medios contra la explotación
sexual de los niños, puesto que, como muy bien ha establecido el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, los porcentajes de abusos y excesos
cometidos sobre niños son espeluznantes y creo que cualquier iniciativa
tendente a conseguir frenar de raíz la explotación sexual de los niños es
una buena noticia para la sociedad de hoy día. Por tanto, desde ese
planteamiento queremos expresar nuestro apoyo a la proposición no de ley
para luchar con firmeza contra la explotación sexual de los niños.
Pensamos que los cinco puntos contenidos en la proposición, todos
tendentes a conseguir la cooperación y a impulsar la cooperación
internacional en la lucha contra este tipo de delincuencia, son
fundamentales, así como es fundamental intensificar las medidas
policiales, judiciales y todo tipo de reformas legislativas en los países
de la Unión Europea y de toda la comunidad internacional para hacer
efectiva la lucha contra esta lacra que afecta a los más indefensos, a
los niños. Por tanto, como digo, tienen nuestro apoyo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente, y con gran
brevedad.
Nosotros vamos a apoyar de manera clara con nuestro voto la proposición
no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y si hay una
enmienda transaccional, como se puede deducir de las palabras dichas por
la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, bien venida sea.
Entendemos que una iniciativa como esta proposición no de ley que trae el
Grupo Popular es oportuna y no es de ninguna manera, como hubiéramos
podido temer algunos grupos parlamentarios, una propuesta
de modificación del actual Código Penal. Sabemos que sobre la explotación
sexual de los menores a veces se pueden achacar deficiencias al cambio
experimentado, en el sentido de que figuras que estaban penalizadas en el
anterior Código Penal no lo están en éste. Ha habido casos llamativos.
Recuerdo el año pasado en la Comunidad Autónoma Valenciana el de unos
vídeos pornográficos en los que se utilizaba a menores. La utilización de
aquellos vídeos no fue prueba determinante con la aplicación del nuevo
Código Penal para haber obtenido condenas ejemplares.
Estamos convencidos de que es necesaria la acción de todos los
instrumentos judiciales y policiales en un marco supranacional, porque el
problema de la explotación sexual de niños o de menores cae dentro de
unas prácticas reprobables que están ahí y se ejercen más en actuaciones
transfronterizas que dentro de un Estado. Para atajar los escándalos que
han ocurrido con la utilización de menores en vídeos para estas
prácticas, a través de Internet y a través de los mercados del mundo
pornográfico, o existe un marco de lo que hemos venido denominando el
pilar europeo de la justicia, que coarte, corte, penalice y persiga estas
prácticas, lamentables en la miseria de la condición humana pero que
están ahí, o será muy poca la eficacia. Hay que considerar toda medida
que tienda a recoger el espíritu que se vio en 1996 en la Conferencia de
Estocolmo, con códigos penales que tipifiquen claramente esta figura
delictiva, con actividades de Interpol y de la policía europea que se
lleven al marco internacional, porque la Conferencia de Estocolmo no
delimitó solamente un marco de actuaciones judiciales y policiales dentro
de la Unión Europea, sino que estableció que había que conocer de dónde
viene y dónde se podía producir el fenómeno. Hoy día se localiza en
Tailandia o se puede producir también en cualquier otra latitud, por su
permisividad y por los accesos a redes informáticas.
Acabar con estas prácticas es una obligación moral, ética y política de
todo sistema democrático que defienda la dignidad de la persona humana,
que esté en contra tanto del comercio de blancas como del tráfico de
niños para la explotación sexual. Hay que ir a todo lo que sea una
colaboración internacional y a que no tengan lugar huecos y fallos en la
aplicación punitiva y en la persecución de estas actividades en nuestro
ordenamiento jurídico, y esto debe hacerse con una toma de conciencia por
parte de todos los grupos políticos, porque frente a esa delincuencia
organizada que explota sexualmente a menores no hay cuestión política;
solamente hay una cuestión de voluntad unitaria, de armarse para luchar
con todos los medios que una sociedad y un Estado de Derecho tienen para
conseguirlo.
En esta línea, señor Presidente, irá nuestro voto de apoyo a esta
proposición no de ley cuya oportunidad resaltamos.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta iniciativa que se hace eco de las declaraciones del
Congreso mundial contra la explotación sexual de los niños, celebrado en
Estocolmo, pertenece a juicio de mi grupo a la categoría de las
testimoniales, dicho sea con todo el respeto a la buena intención del
grupo proponente.
Cuando se presentó para su debate en la Comisión de Justicia e Interior
la obviedad de su planteamiento nos llevó a considerar que por supuesto
íbamos a apoyarla, pero que no añadía nada a lo que todo Gobierno
respetuoso y tutelar de los derechos humanos debe hacer, sobre todo
cuando se trata de ciudadanos menores, de ciudadanos por hacer, de
ciudadanos in fieri que podríamos decir. La explotación sexual de los
menores debe perseguirse y evitar que se produzca haciendo cumplir el
derecho interno y haciendo frente a las obligaciones internacionalmente
contraídas, bien sea en el marco de las Naciones Unidas o de la Unión
Europea. Nos parecía que quizá no se cumplía del todo el papel que una
proposición no de ley debe tener como impulso a la dirección del sistema
político al instar al Gobierno a algo a lo que creíamos que estaba ya
obligado y comprometido.
Nuestra perplejidad, si se me permite, aumentó con su paso al Pleno para
lo que la Mesa debió tener en cuenta la voluntad del grupo proponente,
pero también la importancia del objeto de la proposición no de ley. Este
cambio de la Comisión al Pleno nos ha dado la oportunidad a todos de oír
en la Cámara la documentada y apasionada exposición que nos ha hecho el
grupo proponente a través de su portavoz, el señor Gil Lázaro, que ha
aclarado la vaguedad de algunos extremos de la propuesta. De todo su
contenido quizás el punto quinto sea el que merezca alguna reflexión, ya
que el texto no adelanta ninguna orientación sobre las reformas
pertinentes para mejorar los instrumentos del ordenamiento español. Si
con ello se alude, además de a la protección y asistencia a las víctimas
--sobre la que luego, fruto de una moción, vamos a tener ocasión de
debatir en esta Cámara--, a alguna modificación del Código Penal,
deberían haberse apuntado pautas o criterios para que no quedásemos en la
duda.
Con todo, el Grupo Vasco votará a favor de la iniciativa, aunque no se
insta al Gobierno a nada nuevo. Como todos, queremos que se persiga el
delito y que se proteja lo más posible a los menores y ya avalaremos
también con nuestro voto esta declaración de nobles propósitos, como la
ha calificado la representante del Grupo Socialista, cuya enmienda,
aceptada por el Grupo Popular, puntualiza alguno de los extremos.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Uría.
Tiene la palabra el señor Silva, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
También, obviamente, el Grupo Parlamentario Catalán votará a favor de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Cierto es que el ejercicio de la defensa de los derechos y los intereses
de los menores ha tenido siempre un gran protagonismo en los programas
electorales de Convergència i Unió y en su actuación parlamentaria día a
día. Ya ha recordado el señor Gil Lázaro, mi ilustre compañero, la
enmienda presentada por nuestro grupo el 26 de septiembre del año pasado
precisamente a una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular
en un sentido que podía ser complementario a lo que hoy estamos tratando.
En cualquier caso, también nos podemos congratular de que en el día de
hoy en el Parlament de Cataluña la Comisión del Sindic de Greuges haya
prestado su conformidad para que precisamente se nombre un adjunto al
Sindic de Greuges que tenga por objetivo fundamentalmente la defensa de
los menores. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.)
Por lo demás, tenemos también que convenir que la proposición no de ley
nos ha parecido también excesivamente genérica. Bueno es citar el
Congreso internacional de Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 1996, en el
que se efectúan consideraciones que tenemos que entender que son asumidas
por el Grupo Parlamentario Popular y que lo serán igualmente por el
Gobierno. No cabe tampoco desconocer la resolución aprobada por la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 25 de septiembre también
del año pasado, así como las resoluciones aprobadas por el Parlamento
Europeo en virtud de las proposiciones 1000 a 1006/1996. Por tanto,
parece que el consenso internacional cabe entenderlo prácticamente como
absolutamente unánime respecto de la protección de los menores.
¿En qué puede concretarse precisamente esta protección? Entendemos que
aquí obviamente el Gobierno ha de hacer uso del mandato que establece el
artículo 10 de la Constitución de interpretar los derechos fundamentales
precisamente sobre la base de estas resoluciones y de lo convenido en
diversos tratados internacionales. Obviamente tiene que basarse en dotar
de extraterritorialidad a la ley penal, tiene que fundamentarse en la
cooperación policial y judicial transfronteriza en los temas de
protección de menores. Está claro que habrá que ir a nuevos tipos
penales. Así lo recomendábamos y así fue aprobado por este Pleno el 26 de
noviembre del año pasado y hay que indicar que estas resoluciones hacen
referencia precisamente a la producción, importación, exhibición y
distribución de material pornográfico en el que figuren menores, de
vídeos, de cintas magnetofónicas y a través del sistema de Internet, así
como incluso a la creación de un registro central de desaparecidos en el
ámbito de la Unión Europea y hasta a la creación de un ombudsman europeo.
Sin embargo, señorías, coincidiendo absolutamente con todo lo que aquí se
ha dicho no puedo por menos de constatar una ausencia que también cabría
entender lamentable de alguna manera. Cierto es que mi compañero el señor
Mardones ha aludido a ello. Obviamente somos un país de víctimas y de
agresores, pero si en una resolución de esta naturaleza o en una
intervención en el Pleno del Congreso sobre este tema no hiciésemos
referencia al supuesto de turismo sexual, a las recomendaciones
internacionales y a las resoluciones que demandan una actuación grave,
urgente y contundente contra dicho turismo sexual, daría la impresión de
que nos estamos protegiendo entre nosotros, y acudiendo a algún refrán
--y aquí ya se ha utilizado alguno--, aplicaríamos aquel principio de
«ojos que no ven, corazón que no siente». Por tanto, lo que no ocurra en
nuestro territorio, aquellos supuestos en los cuales los agredidos no
sean ciudadanos de la Unión o de nuestro Estado parece que nos importen
más bien poco. Por consiguiente debe quedar claro que, obviamente, aquí
tenemos víctimas, pero estoy absolutamente convencido de que en esta
materia y precisamente a través de lo que se ha dado en denominar turismo
sexual, estamos en un Estado en que existen bastantes más agresores que
víctimas, y eso también habrá que tenerlo muy en cuenta.
Por lo demás, señorías, quiero manifestar la posición de mi grupo,
repito, plenamente conforme, y desear que la actuación del Gobierno en
esta materia se vea movida, concretada e impulsada, como no puede ser
menos, por las conclusiones del Congreso de Estocolmo, por las
resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por las
propias del Parlamento Europeo, y también quiero desear que todos seamos
capaces de acabar con esta lacra que no por decir que no existe en España
una mafia o grupos organizados va a ser menos grave, porque, señorías,
igual que ocurre en otros delitos, aquí también estamos en presencia, en
algunos países, de auténticos delitos en masa, cometidos en buena parte
por nacionales nuestros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya va a votar a favor de la proposición
no de ley que ha presentado el Grupo Popular, si bien no queremos dejar
de reflejar que por la ambigüedad del tema, tal como se ha planteado la
iniciativa, no deja de ser una declaración de intenciones. A nosotros
siempre nos sorprende que el grupo que apoya al Gobierno precisamente sea
el que le recuerda, a través de proposiciones no de ley, cuáles son los
objetivos que tiene que cumplir, instándole a que lo haga. Nosotros
suponíamos que el Gobierno, después de que el Estado español fuera
firmante de la Declaración de los Derechos del Niño, estaba cumpliéndola
y defendiendo que se cumpliera en todos los foros internacionales.
Pensábamos que el Gobierno español, que es firmante de la declaración del
Congreso mundial celebrado en Estocolmo sobre este tema, estaba poniendo
todo su empeño en que los organismos internacionales se pudieran
coordinar y pudieran modificar aquellos aspectos o aquellas lagunas que
su señoría, portavoz del Partido Popular, ha reflejado desde la tribuna.
Estábamos convencidos de que era así, pero parece ser que no lo es y que,
por tanto, es necesario recordárselo. Precisamente porque el tema es
importante y sabemos que todos estamos sensibilizados ante él, creemos
que es necesario, además, que se llegue a los consensos necesarios para
introducir las modificaciones precisas, pero lo cierto es que tendrían
que haber sido mucho más concretos, precisamente por eso, porque sabemos
que estamos ante un tema importante y grave, y si pudiéramos llegar a un
consenso en esta Cámara, sería muchísimo más fácil que lo pudiéramos
sacar adelante. Por eso S. S. en la proposición no de ley podía haber
concretado más cómo tienen que ser las prevenciones para evitar la
explotación sexual de los menores y qué modificaciones legislativas
tendríamos que hacer, en caso de que fuera necesario. No sólo hay que
hacer alusión a la Ley 35/1995, que se tiene que desarrollar, sino que,
además, hay mecanismos de defensa, a través de la fiscalía, que ya se
aprobaron en la Ley de Protección Jurídica del Menor en el año 1995.
Señorías, lo que el Gobierno tiene que hacer, por tanto, es aplicar los
mecanismos legislativos que ya tiene para proteger a las víctimas y para
impedir que puedan seguir siendo explotados los más débiles, que son lo
menores. Por tanto, vamos a apoyar la iniciativa, porque no tenemos
inconveniente alguno en decir al Gobierno que siga cumpliendo --o que
cumpla, si no lo hace-- con sus obligaciones, aunque deberían haber sido
más concretos. La enmienda que ha presentado el Grupo Socialista mejora
la propuesta, por lo que nos podemos encontrar algo más satisfechos con
la misma.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
Señor Gil Lázaro, tiene la palabra a efectos de expresar la aceptación o
denegación de las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor GIL LAZARO: Gracias, señor Presidente.
Habida cuenta de que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
acepta recoger el ofrecimiento que le señalábamos en cuanto a que
estaríamos dispuestos a adicionar su enmienda como nuevo punto 6 de la
moción, siempre y cuando en el apartado letra e) se modificara el inicio
del mismo sustituyendo el verbo impulsar por continuar, de manera que esa
letra e) se iniciara: «Continuar impulsando la existencia...», y el resto
en los mismos términos, habida cuenta de que, como decía, se ha formulado
un asentimiento a nuestra pretensión, vamos a aceptar esa enmienda.
Si me permite, señor Presidente, señalaría que celebramos que el objeto
de esta iniciativa haya sido bien entendido. Creemos que ha sido
perfectamente bien entendido por todos los grupos parlamentarios de esta
Cámara que al fin y al cabo no se trataba de recordarle nada al Gobierno,
sino de dar la oportunidad a todos los grupos de la Cámara para que
hicieran un pronunciamiento político que, como he dicho en la tribuna,
reforzara la acción del Gobierno en el ámbito internacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Gil Lázaro,
el tiempo que S. S. debe consumir es simplemente para expresar la
aceptación o no de las enmiendas.
El señor GIL LAZARO: Pues en estos términos queda dicho, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil Lázaro.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, sobre explotación sexual de los niños, en los
términos resultantes de la aceptación de la enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 309; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPUESTAS DE CREACION DE SUBCOMISIONES:
-- DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, DE CREACION DE UNA
SUBCOMISION PARA EL ESTUDIO DE LAS REFORMAS NECESARIAS PARA MODERNIZAR EL
SECTOR VITIVINICOLA ESPAÑOL Y GARANTIZAR SU VIABILIDAD FUTURA (Número de
expediente 158/000017)
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día. Propuestas de
creación de subcomisiones.
Señorías, como hay que votar, les ruego que permanezcan en sus escaños.
(Rumores.) Silencio, señorías.
En primer lugar, se somete a votación la propuesta de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca de creación de una subcomisión para el
estudio de las reformas necesarias para modernizar el sector vitivinícola
español y garantizar su viabilidad futura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 186; en contra, seis; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de la Comisión de
Agricultura de creación de la subcomisión.
-- DE LA COMISION CONSTITUCIONAL, DE CREACION DE UNA SUBCOMISION PARA EL
ESTUDIO DE UN NUEVO MODELO DE TELEVISION Y RADIO, DE TITULARIDAD PUBLICA
Y COBERTURA ESTATAL, A LOS EFECTOS DE DOTAR AL ENTE PUBLICO
RADIOTELEVISION ESPAÑOLA (RTVE) DE UN MARCO FINANCIERO ESTABLE Y PROPONER
LAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO DE LA RADIO Y TELEVISION APROBADO POR LA
LEY 4/1980, DE 10 DE ENERO, QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS (Número de
expediente 158/000029)
El señor PRESIDENTE: Propuesta de la Comisión Constitucional de creación
de una subcomisión para el estudio de un nuevo modelo de televisión y
radio de titularidad pública y cobertura estatal, a los efectos de dotar
al Ente Público Radiotelevisión Española de un marco financiero estable y
proponer las modificaciones del Estatuto de la Radio y Televisión
aprobado por la Ley 4/1980, de 10 de enero, que se consideren necesarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a
favor, 184; en contra, dos; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la creación de la subcomisión
referida.
-- DE LA COMISION DE JUSTICIA E INTERIOR, DE CREACION DE UNA SUBCOMISION
PARA EL ESTUDIO DE LA REGULACION DE LAS SITUACIONES Y EFECTOS JURIDICOS
DERIVADOS DE LAS UNIONES DE HECHO, CON INDEPENDENCIA DEL SEXO DE SUS
INTEGRANTES, Y OTRAS FORMAS DE CONVIVENCIA DISTINTAS DEL MATRIMONIO
(Número de expediente 158/000031)
El señor PRESIDENTE: Propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de
creación de una subcomisión para el estudio de la regulación de las
situaciones y efectos jurídicos derivados de las uniones de hecho, con
independencia del sexo de sus integrantes, y otras formas de convivencia
distintas del matrimonio.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 311; a
favor, 166; en contra, 143; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la creación de la
subcomisión propuesta por la Comisión de Justicia e Interior para el
referido tema. (La señora Aroz Ibáñez pide la palabra.)
Señora Aroz. (Rumores.)
Silencio, señorías.
La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
De acuerdo con lo expuesto por nuestro grupo esta mañana en la Junta de
Portavoces, solicitamos un turno de explicación de voto en relación a
esta última votación.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señora Aroz. (La señora Aguilar Rivero
pide la palabra.)
Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
He pedido la palabra para solicitar también en nombre de nuestro grupo
parlamentario un turno de explicación de voto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
¿Algún otro grupo parlamentario solicita turno de explicación de voto?
(Pausa.) También lo pide el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya votó favorablemente la creación de la subcomisión con la sana
intención de no impedir que la misma se pudiera tramitar con la máxima
celeridad y pensando que el Grupo Parlamentario Popular
tenía la intención de que ello se hiciera a la mayor brevedad posible.
(Rumores.)
Señorías, ya dijimos en el debate...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Urán. (Continúan los rumores.)
Ruego a los Diputados que están desalojando el hemiciclo en este momento
que lo hagan con la máxima celeridad y a todos los que vayan a permanecer
en él que guarden silencio.
Señora Rahola, por favor. Señor Morano, señora Romero, señora Conde, por
favor, guarden silencio.
Puede continuar, señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Ya decíamos en nuestra intervención del día 18 de marzo que la creación
de la subcomisión era una dilatación en el tiempo para no acometer lo que
realmente es un problema social. Precisamente el transcurso del tiempo
nos va confirmando más que ésta es la situación.
Señorías, si las últimas noticias aparecidas en prensa relativas a que el
Gobierno está elaborando un borrador son ciertas --y nosotros creemos que
sí porque no se han desmentido--, lo lógico es que no se cree esa
subcomisión, porque ya el propio Gobierno la ha boicoteado, y lo que
tiene que hacer es presentar el proyecto de ley en el Congreso para
poderlo discutir y que realmente quede invalidada de un forma total y
absoluta la creación de esa subcomisión. Además, señorías, la iniciativa
que tiene presentada el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya se va a discutir en este Pleno mucho antes
de que tan siquiera la subcomisión empiece a funcionar. Por lo tanto,
señorías, nosotros hemos votado en contra de la creación de la
subcomisión. No es necesaria, no tiene nada que hacer en este Congreso y
lo único que tiene que suceder, señorías, es que si se vuelve a no tomar
en consideración la iniciativa presentada por nuestro grupo, el Gobierno,
cuanto antes, presente ese proyecto que parece ser que ya está
elaborando.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Gracias, señor Presidente.
Con la mayor brevedad voy a justificar el voto negativo del Grupo
Socialista por cuanto considera que la subcomisión que acaba de aprobar
el Pleno consiste única y exclusivamente en una maniobra dilatoria por
parte del grupo principal proponente, que acudió a tal maniobra el día 18
de marzo, en los últimos momentos previos al debate sobre el fondo de la
cuestión, como sistema para encontrar una excusa para justificar su voto
negativo en aquella ocasión.
Aparte de ser una maniobra dilatoria --como ha quedado claro--, es
también una subcomisión absolutamente innecesaria puesto que en este
momento, como saben todas SS. SS., están vivas en esta Cámara una
proposición de ley del Grupo Socialista, de fecha 19 de marzo, una
proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
de fecha 19 de marzo, una proposición de ley del Grupo de Coalición
Canaria, de fecha 4 de abril, y nos enteramos a través de la prensa --de
un determinado diario que acostumbra a tener información previa sobre lo
que hace el Gobierno-- de que existía un borrador de anteproyecto de ley
sobre materia más o menos parecida o conexa; no vamos a entrar ahora en
la discusión del contenido. Lo cierto, por tanto, es que es innecesaria
puesto que no hay contenido que estudiar, dado que la mayoría de los
grupos de la Cámara lo tienen ya estudiado y han presentado proposición,
y parece ser que el Gobierno al que da apoyo el grupo mayoritario de esta
Cámara también lo tiene estudiado puesto que existe un borrador de
anteproyecto. Por último, señor Presidente, es inútil en los propios
términos en los que está formulada la votación, puesto que es
absolutamente imposible --y no se le escapa a nadie-- que se haga un
estudio, ni reposado ni de cualquier otro tipo, con una fecha límite de
30 de junio de 1997, lo que hace devenir en completamente inútil
cualquier intento de subcomisión.
Por ello, porque es única y exclusivamente un sistema para evitar entrar
en la discusión de fondo de lo que es un problema social que ha originado
un debate que ha de resolver esta Cámara, es por lo que hemos votado en
contra. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pedret.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Trías
Sagnier.
El señor TRIAS SAGNIER: Señor Presidente, señorías, el Grupo Popular ha
votado que sí a la creación de esta subcomisión precisamente por
coherencia con los debates del 18 de marzo de este año y con el debate
tenido en la Comisión --donde todos los grupos han podido expresarse-- el
15 de abril de este mismo año.
Plantear el tema como una maniobra dilatoria parece realmente un
ejercicio del más loable de los cinismos, hecho por el Grupo
Parlamentario Socialista, cuando durante catorce años no se planteó --es
más, boicoteó-- la regulación de este tema. (Rumores.) El tema de las
parejas de hecho, de las uniones civiles, no se puede plantear entre
parejas de hecho, sí o no, sino en cómo y de qué forma, y por eso el
Grupo Parlamentario Popular ha planteado y ha votado a favor de la
creación de esta subcomisión. Y que es necesario un
estudio profundo lo demuestra el que hay cuatro principios
constitucionales que podrían estar en juego. Uno es el principio de
igualdad, y hay que plantear que no puede existir ninguna discriminación
por razón de sexo. Otro es el principio de libertad, con el fin de que no
queden equiparadas al matrimonio uniones que en realidad no lo son. Otro
es el principio de intimidad, que si del Código Civil se ha expulsado
cualquier referencia a la orientación sexual sería una paradoja volverlo
a introducir actualmente en las proposiciones de ley que ustedes
presentaron. Y otro principio, que es importante, es el de seguridad
jurídica cuando hay conceptos --como el de afectividad-- que tienen una
dudosa juridicidad en nuestro Derecho positivo.
Por último, señorías, prueba de la absoluta necesidad de esta subcomisión
es que en sus proposiciones de ley, tanto en la del Grupo Parlamentario
Socialista como en la de Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, se les han deslizado conceptos que pueden
ser bastante graves. Por ejemplo, que se extienden los beneficios de las
parejas de hecho a los menores emancipados. Si es eso lo que ustedes
quieren, esto puede provocar unas situaciones no deseadas, no queridas,
que creemos deben estudiarse con el debido respeto y con el debido
sosiego en la subcomisión.
El Grupo Parlamentario Popular está abierto a cualquier tipo de
sugerencias y dentro de este marco de principios constitucionales, dentro
de la creación de esta subcomisión, estamos abiertos a que se discutan
todos estos temas y a aceptar cualquier tipo de sugerencia para que salga
de esta Cámara una propuesta conjunta que sea capaz de dar respuesta a lo
que es una necesidad social.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trías.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN LA ASISTENCIA A LAS VICTIMAS
DE DELITOS (Número de expediente 173/000038)
El señor PRESIDENTE: Punto V del orden del día: Mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes. En primer lugar, la moción del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la
política del Gobierno en la asistencia a las víctimas de delito, para
cuya defensa tiene la palabra la señora Almeida.
La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en la discusión que tuvimos hace dos
semanas, en la que conseguimos bastante acuerdo en la interpretación que
debíamos hacer sobre la ley de asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual, dijimos que era una ley que se
había hecho en este Parlamento pero que no era eficaz --lo destacamos en
nuestra intervención--, no era conocida, no se había desarrollado y no se
habían tomado una serie de medidas que entendíamos que eran fundamentales
porque no era una ley más sino que intentaba amparar a las víctimas de
los delitos, que es una forma de paliar los abusos que se pueden dar,
incluso por la intranquilidad ciudadana de la que se ha hablado tanto y
que ha supuesto que se quede indefensa mucha gente que ha sufrido no
delitos de terrorismo, que van en otra ley, sino delitos contra la
libertad sexual sin encontrar amparo. Por eso, como consecuencia de
aquella denuncia que hicimos en nuestra interpelación, hemos presentado
la moción de hoy.
Cálmense, señoras y señores Diputados, porque por una vez hemos estado
bastante de acuerdo todos los grupos, y aunque la moción que hemos
presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
tenía siete puntos, y los sigue teniendo aunque hay una enmienda
transaccional --a la que luego me referiré-- que puede ser aceptada,
espero, por la mayoría de todos los grupos, por lo menos de los grupos
enmendantes a esta moción, teníamos el deseo de que el Congreso de los
Diputados instara al Gobierno para que acometiera precisamente lo que
consideramos de gran inmediatez, que es la aprobación urgente de las
disposiciones necesarias para el completo desarrollo y la plena ejecución
de las previsiones de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y
asistencia a las víctimas de delitos violentos.
El segundo punto es el relativo al cumplimiento de los trámites precisos
para ratificar el Convenio 116 del Consejo de Europa, de 24 de noviembre
de 1983, sobre la indemnización a las víctimas de delitos violentos.
Ahora que tanto se habla de un mismo derecho penal y de una protección,
el estar afecto a un convenio europeo que prevé precisamente la
indemnización a estas víctimas es de urgente necesidad que por nuestro
país se ratifique. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
El tercer punto insta a implantar oficinas de asistencia a las víctimas
en las sedes de audiencias provinciales y en las sedes de juzgados con
especial incidencia en tramitación de causas por delitos, con personal
especializado en asistencia jurídica, psicológica y sanitaria, y con
formación permanente y continuada para llevar a cabo estas funciones. La
asistencia a las víctimas no es sólo una indemnización de tipo económico
sino también paliar las secuelas del delito con asistencia psicológica,
sanitaria, médica, etcétera, por personal
especializado, y mientras no se creen estas oficinas será una
deficiencia.
El cuarto punto insta a que estas actuaciones se hagan también en
relación con la firma de convenios de comunidades autónomas, respetando
sus competencias, pero para generalizar y que la asistencia se extienda a
todo el país.
El quinto punto de nuestra moción es la incorporación en los próximos
proyectos de presupuestos generales del Estado de créditos
presupuestarios suficientes para el cumplimiento de las previsiones de la
ley, porque en el anterior presupuesto no hemos visto previsiones
específicas para poder dar cumplimiento a lo que obliga la ley y, por
tanto, tiene que ir dotada.
El sexto punto se refiere a la adopción de las medidas --lo dice la
propia ley-- para informar a las víctimas de los derechos que les
asisten; que en el procedimiento se les informe de las ayudas que están
previstas para paliar su situación y que se les notifique especialmente,
aunque no sean parte en el proceso, la sentencia definitiva y las ayudas
que le pueden corresponder en base a los principios de esta ley. Nosotros
pedíamos que se editaran los formularios, los folletos explicativos
necesarios, aunque nos consta que ya se hizo uno por el anterior Gobierno
pero ha tenido escasísima difusión y no se conocen ayudas a las víctimas
para ello. Esa información sería una parte de los resarcimientos que
entendemos que el Estado debe hacer a través de los proyectos de ley.
También decíamos que se elaboraran informes anuales sobre qué personas
solicitan las ayudas y los delitos que ha habido y que se presenten en la
Comisión de Justicia e Interior para poder saber si efectivamente se
ampara o no a las víctimas de estos delitos.
Esta es la moción que presenta el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Se han presentado enmiendas, tanto del
Partido Popular como del Partido Socialista, que han sido admitidas por
nuestra parte. La enmienda presentada por el Grupo Popular de supresión
de tres puntos, el 3, el 4 y el 5, y una modificación del punto 1 de
nuestra moción, aunque no la veíamos clara estábamos dispuestos a
discutirla. Como era un poco pobre quitar esos tres puntos, se ha llegado
al acuerdo de una transaccional en la que se incluye un punto 3 que es un
resumen de lo que esta moción planteaba en los números 3, 4, y 5. Le voy
a dar al Presidente del Congreso una copia de la enmienda transaccional y
aunque luego tenga que intervenir, según lo que digan los grupos, quiero
que conste que con esta aceptación se intenta que todos los grupos nos
preocupemos de esta ley y que salga con la mayor energía posible para que
el Gobierno tome las medidas necesarias para amparar a las víctimas de
este tipo de delitos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Almeida.
Han presentado enmiendas a esta moción el Grupo Parlamentario Socialista
y el Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Pérez Solano.
El señor PEREZ SOLANO: Muchas gracias, señor Presidente.
Si me permite, señor Presidente, voy a hablar desde el escaño para
agilizar el debate, dando una explicación sucinta del Grupo Parlamentario
Socialista sobre las enmiendas que se han presentado, una de sustitución
y otra de adición, a la moción consecuencia de interpelación urgente de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y fijando la posición respecto
de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Así, en una
única intervención defenderé la enmienda del Grupo Socialista y fijaré la
posición respecto de las enmiendas presentadas.
Hemos estudiado con detenimiento tanto la moción consecuencia de
interpelación como la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y delitos contra la
libertad sexual. La primera constatación que tenemos que realizar en este
ámbito es que se ha producido por parte del Gobierno, como manifestó y
reconoció la propia Ministra de Justicia en la interpelación de la que
trae causa esta moción, un incumplimiento de las previsiones de
desarrollo reglamentario establecidas en la Ley 35/1995, dado que era de
esperar una actividad positiva del Gobierno para desarrollar las
previsiones reglamentarias de la ley. Este plazo expiró para el Gobierno
el 14 de junio y hay que constatar que se va a producir este desarrollo
reglamentario de las previsiones de la ley casi con un año de retraso.
Pero ese no es el motivo fundamental del debate. La moción que hoy
debatimos, en sus apartados 1, 2, parte del 4 y 6 y los cuatro apartados
del Grupo Parlamentario Popular, no es más que el requerimiento que se
formula por parte de esta Cámara al Gobierno para que cumpla la ley
35/1995. Es de destacar que es una situación curiosa y paradójica que el
Poder Legislativo tenga que instar al Gobierno a que cumpla las
prescripciones de una ley; situación de la que la señora Ministra de
Justicia debería tomar buena nota para que en aquellas responsabilidades
que se le atribuyen no incurra de nuevo en incumplimientos. Pero vayamos
al contenido de la moción para agilizar el trámite, señor Presidente.
Vamos a aceptar el apartado primero de la moción de Izquierda Unida
porque significa, como manifestábamos, el cumplimiento de la disposición
final primera de la ley que establecía que el Gobierno, en el plazo de
seis meses, tendría que proceder a aprobar reglamentariamente las
disposiciones de desarrollo y ejecución.
Igualmente vamos a aceptar el apartado segundo porque de nuevo insta y
requiere al Gobierno para que cumpla la disposición transitoria única de
la ley, que también obligaba a que en el plazo de seis meses depositara
el instrumento de ratificación del Convenio 116 del Consejo de Europa, de
24 de noviembre de 1983.
Respecto del apartado tercero de la moción de Izquierda Unida,
discrepamos de él porque nos parece que no es conveniente ni prudente
establecer, con carácter obligatorio y automático, la creación o
implantación de oficinas de asistencia a las víctimas de este tipo de
delitos en las audiencias provinciales y en aquellas sedes de juzgados en
los que estos delitos tengan especial incidencia. Nos parece que esta
automaticidad en la creación de las oficinas de asistencia no es prudente
ni razonable, no puede estar acorde con las previsiones presupuestarias y
sería más razonable realizar un estudio estadístico previo para saber qué
incidencia tiene este tipo de delitos, su gravedad y el número de
víctimas presuntamente afectadas por el mismo en cada una de las sedes de
los juzgados, tribunales y fiscalías, conforme establecen las
prescripciones de la propia ley. En ese sentido, hemos formulado una
enmienda a este apartado tercero cuyo texto literal obra en poder de la
Mesa y cuya lectura ahorro.
El apartado cuarto lo aceptaríamos en parte si el autor de la moción
admitiera la enmienda del Grupo Socialista que condiciona de nuevo el
establecimiento de convenios con las comunidades autónomas y
corporaciones locales, para la encomienda de gestión en la prestación de
este tipo de asistencia por las oficinas, a la realización de ese estudio
previo que el Grupo Socialista postula en la enmienda que formula al
apartado tercero.
También aceptamos el apartado quinto porque significa el requerimiento al
Gobierno para que en los presupuestos generales del Estado del próximo
año disponga la dotación presupuestaria suficiente para la creación de
los instrumentos necesarios de desarrollo de esta ley.
Vamos a aceptar el apartado sexto porque es el cumplimiento del artículo
15 de la ley, en sus apartados 1, 2 y 4, que reconoce el derecho de las
víctimas a ser informadas por los jueces, fiscales, magistrados,
autoridades y funcionarios policiales que intervienen por razón de su
cargo en la tramitación de estos procedimientos, con el fin de que las
presuntas víctimas de este tipo de delitos sean informadas en cualquier
momento del procedimiento, aunque no sean partes en el proceso penal,
sobre las posibilidades de solicitar ayudas reguladas en esta ley. La
única novedad que propone el grupo autor de la moción respecto de esta
idea que manifiesta el Grupo Socialista es que se editen formularios y
folletos explicativos con el fin de que las presuntas víctimas entiendan
todas las posibilidades e instrumentos que les concede la ley.
Aceptamos el apartado séptimo porque recoge una preocupación que el Grupo
Socialista manifestó el miércoles que se debatió la interpelación, de la
que trae causa esta moción de hoy, porque es importante que se proceda a
ese tipo de regulación.
Finalmente, señor Presidente, respecto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular, sus cuatro apartados también se limitan a requerir
o a instar al Gobierno a que cumpla las obligaciones y las prescripciones
de esta ley. Efectivamente, se nos ha entregado por parte del Grupo de
Izquierda Unida una enmienda presuntamente transaccional estudiada por
nuestro grupo parlamentario. Manifestamos al señor Presidente que la
vamos a aceptar en su integridad.
Por consiguiente, si ese fuera el interés y la decisión de los grupos, es
muy importante que la moción de hoy salga aprobada por unanimidad de
todos los grupos de la Cámara.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Solano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Con ocasión del debate de la interpelación tuvimos oportunidad de señalar
al grupo interpelante que, a juicio de este grupo parlamentario, dicha
interpelación resultaba esencialmente oportuna en la medida en que
permitía establecer una aproximación a una cuestión sin lugar a dudas
importante, que a todos nos ocupa y nos preocupa, y sobre la que sin
lugar a dudas también sólo cabe entrar desde el rigor, desde el
desapasionamiento político y desde la no intención o el compromiso de
hacer género alguno de demagogia con quienes son los destinatarios
últimos de esta norma y del sistema de desarrollo material que estamos
previniendo, es decir, las víctimas de delitos violentos y especialmente
de una naturaleza de delitos que a todos básicamente nos repugnan.
Respetando, por tanto, ese clima que es el que debe presidir sin lugar a
duda este debate, no voy a entrar en una especial disquisición en torno a
algunas afirmaciones que se han hecho en la defensa de alguna de las
enmiendas presentadas. Quiero señalar simplemente que nosotros hemos
presentado un conjunto de enmiendas a esta moción con la intención básica
de llegar a un acuerdo, con la intención básica de poder establecer un
mecanismo que permitiera que efectivamente la Cámara, recogiendo el
sentido inicial de la moción del grupo proponente, pudiera unánimemente
posicionarse en orden a la cuestión de fondo. Por eso hemos celebrado el
que pudiera haberse encontrado un camino para superar algunas de las
reticencias no
de fondo sino formales, quizá puramente técnicas o de redacción, que
nosotros inicialmente encontrábamos en relación con lo dispuesto en los
puntos 3, 4 y 5 de la moción original; insisto, más cuestiones puramente
formales que de fondo, en la medida en que de la intervención de la
señora Ministra de Justicia el pasado miércoles y de la posición que ha
venido sosteniendo tradicionalmente este grupo queda claro que en este
momento el desarrollo reglamentario de la citada Ley 35/1995 está ya
hecho, pendiente exclusivamente de aprobación de Consejo de Ministros, y
si ha podido haber alguna demora en el tiempo no puede achacarse en
exclusiva --y no quiero ir más allá en el razonamiento-- a la
responsabilidad del Gobierno. Ha quedado claro --y este también es un
espíritu que viene reflejado en el sentido de nuestras enmiendas-- que el
Gobierno, en el desarrollo de este sistema de atención a las víctimas de
delitos violentos, quiere contar, como compromiso político y porque no
puede ser de otra forma desde el respeto a la distribución competencial,
con el instrumento básico del diálogo, de la cooperación y de la
colaboración con las comunidades autónomas, especialmente pensando que
una función básica de estas oficinas, la asistencial, prácticamente es en
este momento una competencia propia desarrollada por el conjunto de las
comunidades. Ha quedado claro --y eso también hemos intentado reflejarlo
con el sentido de nuestras enmiendas-- que más allá de las previsiones
legales que se van a culminar esta semana mismo, más allá de esa relación
de diálogo ya iniciada con las comunidades autónomas, el Gobierno, a
través de determinados protocolos adoptados por la Comisión Nacional de
Coordinación de Policía Judicial, ha venido desarrollando e impulsando un
sistema de información y de atención a las víctimas de este tipo de
delitos.
Ha quedado claro, además, que hay una voluntad política del Gobierno por
poner en marcha en términos materiales precisamente este sistema de
atención, en tanto en cuanto existe --existe, quiero subrayarlo-- una
memoria económica que acompaña al proyecto de reglamento que se va a
aprobar próximamente en Consejo de Ministros y en donde evidentemente
existen las previsiones adecuadas correspondientes para poder
instrumentalizar en términos materiales las previsiones de la norma.
En definitiva, nuestras enmiendas han querido ser básicamente un
instrumento de diálogo y de negociación, y queremos felicitarnos por el
hecho de que el grupo proponente de la moción y todos los demás grupos de
la Cámara hayan interpretado el sentido de esa nuestra intención y lo
hayamos podido culminar en un texto concreto. En este ámbito de cosas
nosotros hemos propuesto al Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya la sustitución en sus términos formales
--insisto--, que no de fondo, de los puntos 3, 4 y 5 de la moción por una
fórmula concreta que diría: la realización de cuantas medidas sean
precisas para la implantación de las oficinas de asistencia a las
víctimas en coordinación con las comunidades autónomas y sin perjuicio de
las competencias propias de cada una de ellas, dotando a dichas oficinas
del personal adecuado para llevar a cabo su más plena tarea integral
asistencial, que además es fórmula que permite adicionar a este mismo
texto el sentido de la enmienda, que nos parece adecuada e inteligente,
propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista.
En definitiva, celebramos el que hayamos podido llegar a un acuerdo.
Celebramos el que todos hayamos hecho un esfuerzo --creo que unos más que
otros pero todos básicamente-- por mantener el debate en unos términos de
rigor y de objetividad, sin excesivas tentaciones, aunque algún apunte
haya habido de intentar introducir elementos demagógicos o de pura
concepción partidista. Simplemente quiero concluir, señor Presidente,
señalando algo que me parece indiscutible por obvio, no digo que esté
bien o que esté mal, pero es un hecho, y es que este Gobierno será, sin
lugar a dudas, el que en términos legales, el que en términos normativos
y el que en términos materiales desarrolle este sistema de protección,
con la misma sensibilidad que ya ha acreditado en el año que viene
ejerciendo su función como tal en cuanto al impulso de la asistencia a
esas víctimas del terrorismo que, como señalaba la señora Almeida, es
también cuestión que a todos nos ocupa y nos preocupa. No intentemos
poner acentos en incumplimientos que difícilmente son justificables,
máxime cuando proviene esa invocación de quien proviene, sino que
intentemos todos poner el acento, como se ha puesto afortunadamente en
este debate y desde la posición misma del grupo proponente, en ese clima
de acuerdo, de objetividad, de serenidad, de capacidad de diálogo y de
entendimiento, que es preciso evidenciar en esta cuestión porque, como
decía muy bien la señora Almeida en el trámite de la interpelación, aquí,
al fin y al cabo, estamos hablando de desarrollo de derechos
fundamentales, que es lo mismo que estar hablando de profundización en el
orden de calidad de nuestro Estado democrático y de Derecho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gil Lázaro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Voy a fijar la postura de mi grupo, que es favorable a la moción que se
presenta por Izquierda Unida con las enmiendas, si es que son aceptadas,
que plantea el Grupo Popular.
Se me reprochaba, hace dos semanas, por la representante del Grupo de
Izquierda Unida el no haber intervenido en el debate de la interpelación
cuando se había citado específicamente el ejemplo del País Vasco entre
los casos en los que se habían puesto en marcha oficinas de ayuda a la
víctimas de delitos desde hace tiempo. La razón era que lo existente en
el País Vasco no es desarrollo de la Ley 35 de 1995, a la que se refería
la interpelación y ahora la moción, sino que existen desde el año 1992 en
Vizcaya y posteriormente se han extendido a Guipúzcoa y Alava,
entendiendo que actuábamos con un título competencial que no es el de
Administración de justicia sino el de asistencia social; título
competencial que es propio de la comunidad autónoma, de todas las
comunidades autónomas por otra parte, respecto del cual está desapoderado
el Estado, y que creemos que está avalado, aunque algún artículo de la
ley lo desdice, por la propia dicción del texto de la ley, cuando en su
exposición de motivos se dice que se están regulando ayudas públicas.
Entendemos, por tanto, que la puesta en marcha de estas oficinas era algo
que se hacía con el dinero propio y también teniendo absoluta competencia
tanto para la ayuda económica como técnica, ya fuese psicológica o
sanitaria. En principio, por tanto, competencia de las propias
comunidades autónomas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tiene
establecido que el Estado puede intervenir en estas materias respecto de
las cuales en principio está desapoderado de título, estableciendo para
ello planes nacionales. Entonces es perfectamente posible la existencia
de un plan de este estilo, pero deberá articularse a través de dos
alternativas posibles: bien territorializar en la normativa el dinero que
se va a entregar a cada una de las comunidades autónomas y que éstas lo
gestionen, bien que con cada comunidad autónoma se establezcan convenios
bilaterales, con la consecuencia de que de no existir convenio ese plan
de ayudas no entraría en vigor en la comunidad autónoma de que se trate.
Digo esto porque la razón por la que he matizado que la postura del grupo
lo es a la moción presentada por Izquierda Unida con los matices
introducidos por el Grupo Popular es porque la referencia que se hacía en
la moción inicial de Izquierda Unida a la encomienda de gestión no nos
parece asumible, entendiendo, como he indicado, que el título
competencial que se articula con estas medidas, a través de las cuales el
Estado va a hacer el desarrollo reglamentario de la ley, es asistencia
social y no Administración de justicia. La encomienda de gestión
supondría reconocer que el Estado es competente en la materia, que no
quiere ejecutarla por cualquier razón, y que encomienda esto a las
comunidades autónomas. Desde nuestro punto de vista, es la comunidad
autónoma la competente; el Estado podrá hacer su política pero, desde
luego, la tiene que hacer a través de los órganos de las comunidades
autónomas. Lo contrario sería sentar un precedente opuesto a lo que el
Tribunal Constitucional ha establecido para este tipo de supuestos; sería
devaluar las competencias de las comunidades autónomas en relación con lo
que admite la jurisprudencia constitucional.
Con estos matices, por supuesto, la finalidad de la moción, que es instar
a que la ayuda a las víctimas de los delitos sea la mejor y más acorde
con las necesidades creadas, es asumida por el grupo al que represento,
por lo que nos interesaba hacer esta referencia al matiz competencial que
nos parece que no es baladí. Por tanto, votaremos la moción con el matiz
que introducen, en cuanto a la competencia, las enmiendas del Grupo
Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
También voy a intervenir muy brevemente para anunciar nuestro voto
favorable a la moción con las enmiendas que se integrarán en la misma y
respecto de las que tenemos el compromiso de salvaguarda de las
competencias que, en muchos casos, están ya ejerciendo las comunidades
autónomas, como puede ser el caso del País Vasco y, evidentemente, como
también es el caso de la Generalitat de Catalunya, que cuenta con un
servicio especial de atención a las víctimas en las cuatro ciudades de
Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona y que ha atendido en el primer
trimestre del año más de 211 asuntos.
Creo que nos tenemos que felicitar --si bien se lleva diciendo mucho
tiempo, desde Von Liszt, en 1873 o 1874, que el Derecho Penal era la
Carta Magna del derecho de garantía del delincuente-- de la aprobación en
su día de la ley de asistencia a las víctimas de los delitos, de
convertir también a la víctima en un objeto de atención preferente, si
bien entendemos que en la atención a la víctima pueden concurrir diversos
títulos competenciales, desde la existencia de alguna potestad de gasto
que pueda tener el Estado, sin perjuicio de que esta potestad de gasto,
como también ha reconocido muchas veces el Tribunal Constitucional, tenga
luego que instrumentarse a través de lo que debe considerarse
administración ordinaria en cada una de las comunidades autónomas y,
obviamente, la administración ordinaria en materia de asuntos sociales es
la administración de la comunidad autónoma y no la Administración del
Estado. En cualquier caso, si se hiciese a través de la competencia de la
Administración de justicia, también quiero recordar la existencia, al
menos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de la cláusula
subrogatoria, con lo cual son competencias que también debiera ejercer
precisamente la Generalitat de Catalunya.
Bienvenidos sean los convenios. Obviamente, el Estado tendrá que proveer
a la financiación correspondiente y, desde luego, todo para bien en la
medida que supone ahorrar a la víctima lo que se ha venido en denominar
victimización secundaria, si después de ser objeto del delito tiene, a su
vez, que padecer toda una serie de secuelas psicológicas, sociales y
económicas. A través de estas medidas que en su día se aprobaron y que
ahora impulsamos a que adopte el Gobierno, se podrá contribuir a mejorar
notablemente su situación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
Vamos a proceder a la votación, obviamente, en los términos resultantes
de la enmienda transaccional. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política del Gobierno en la
asistencia a las víctimas de delitos en los términos resultantes de la
aceptación de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a
favor, 302; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLITICA DE POTENCIACION DEL
USO DE GENERICOS EN LA PRESTACION FARMACEUTICA (Número de expediente
173/000039)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista del Congreso sobre
política de potenciación del uso de genéricos en la prestación
farmacéutica.
Para su presentación tiene la palabra la señora Novoa. (Rumores.)
Silencio, señorías. Señor Sánchez i Llibre.
Puede comenzar señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en la última sesión del Pleno de esta Cámara se debatió una
interpelación al Gobierno sobre la potenciación del uso de medicamentos
genéricos. Hoy voy a defender en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista la moción consecuencia de aquella interpelación. La virtud
principal que para mi grupo parlamentario tiene una política de este tipo
es que puede ser un instrumento útil, junto con otras estrategias, para
la racionalización y el control del gasto farmacéutico sin que ello
repercuta en la aportación de los usuarios y sin alterar la calidad de la
prestación farmacéutica. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) Para mi grupo parlamentario la calidad de
la prestación farmacéutica es algo que tiene que preservarse y por ello
entendemos que la primera condición para que la implantación de genéricos
sea adecuada es la exigencia de su eficacia, seguridad y calidad
terapéutica.
Hecha esta declaración de principios, he de decir que el Grupo
Parlamentario Socialista no apuesta por la implantación de los genéricos
de una forma salvaje, sino de una forma prudente, que permita ir haciendo
un balance de los beneficios y de los riesgos. Por tanto, nuestra opción
es una política integral dirigida a todos los agentes que intervienen en
el proceso, es decir, la industria farmacéutica, los facultativos
prescriptores, los farmacéuticos dispensadores y los propios usuarios. El
Gobierno, señorías, ha adoptado algunas medidas parciales que, a juicio
de mi grupo parlamentario, no responden a ese concepto de integralidad al
que antes me refería. Además, y también a nuestro juicio, el Gobierno ha
confundido la prudencia con una excesiva protección de los intereses de
la industria farmacéutica y con la indefinición, con la vaguedad en
cuanto a las medidas tendentes a potenciar el uso de estos medicamentos.
Señorías, en el debate de la interpelación urgente ya se puso de
manifiesto no sólo la valoración que hace el Grupo Parlamentario
Socialista del marco normativo desarrollado por el Gobierno --un marco
normativo que impone restricciones a la entrada de las especialidades
farmacéuticas genéricas en el mercado del medicamento español--, sino
también la falta de políticas orientadas a estimular la prescripción y la
dispensación de estos medicamentos o la carencia de medidas tendentes a
corregir los obstáculos que existen en nuestro país y que pueden hace
ineficaz una política de este tipo. La moción que hoy defiendo trata de
corregir vacíos, así como esas restricciones a las que anteriormente me
refería. Pretendemos, señorías, que el Gobierno modifique el marco
normativo por él desarrollado, en el sentido de que el período de
protección de diez años, que se establece para las especialidades
farmacéuticas de investigación, quede reducido a seis años, acomodándolo
a la Directiva 87/21. Esta modificación permitirá que a partir del año
1998 puedan existir genéricos de todos aquellos medicamentos protegidos
por patente desde el año 1992 y no tener que esperar al año 2002, fecha a
la que habría que esperar en el supuesto de que nuestra moción no
prospere y se mantenga el período de protección de diez años previsto por
el Gobierno. Igualmente, requerimos que se suprima el requisito de
identificación con las siglas EFG --especialidad farmacéutica genérica--
en el etiquetado de estos medicamentos. El medicamento genérico
se identifica en todos los países por la denominación común internacional
y este requisito que se quiere exigir en España conlleva el riesgo de que
se les pueda identificar como medicamentos inferiores o baratos y, por
tanto, que se haga de ellos medicamentos vulnerables en el momento de
competir con los medicamentos de investigación.
Nuestra moción también persigue, en aras al principio de integralidad al
que anteriormente hacía referencia, que el Gobierno desarrolle medidas
que potencien el uso de genéricos, actuando sobre dos agentes
importantísimos cuales son los médicos y los farmacéuticos. Todos los
países que desarrollan políticas de genéricos han adoptado medidas en
este sentido, si bien es cierto que de forma muy diversa y variada y con
resultados muy distintos en unos y otros países. Nosotros no vamos a
decirle al Gobierno cuáles han de ser las medidas que adopte --esta
decisión cae en el ámbito de sus responsabilidades-- pero sí le decimos
que de nada valdrá tener medicamentos genéricos en el mercado si luego no
se recetan ni se venden.
Finalmente, señorías, pretendemos que el Gobierno asuma el desarrollo de
actuaciones tendentes a garantizar un diferencial de precios entre el
medicamento original y el genérico, un diferencial lo suficientemente
significativo que haga del uso de genéricos un instrumento eficaz del
control del gasto farmacéutico. ¿Por qué hacemos una propuesta de este
tipo? Señorías, los precios más bajos de los medicamentos genéricos se
deben en parte a que se ha ahorrado el proceso de investigación más
desarrollo, pero otro de los elementos que influyen, y de manera
importantísima, es que en aquellos países donde tienen libertad de
precios el mecanismo de competencia se establece entre los propios
laboratorios farmacéuticos. En esos países donde hay libertad de precios
de los medicamentos tan pronto como caduca la patente o el período de
protección de un medicamento original, distintas empresas concurren con
ofertas de genéricos distintos y se establece una competencia entre ellas
para buscar un espacio en el mercado y eso, en definitiva, produce una
guerra de precios y un precio de genérico muy inferior. Este proceso, por
las razones a las que anteriormente me refería, es decir, por la
circunstancia de que en España tengamos precios regulados, hace que no
sea previsible que se produzca en nuestro país. Sin embargo, en países
como España que tienen esa misma realidad de precios regulados, se están
introduciendo medidas que permiten que los márgenes del precio del
medicamento original y del genérico sean significativos.
Mi grupo parlamentario, señorías, considera que las medidas que se tomen
en este sentido no han de hacer perder la perspectiva de que la prioridad
ha de ser la seguridad en la obtención del beneficio terapéutico frente a
la rebaja de los costes, pero preservando tal prioridad tiene que existir
un diferencial de precios suficiente que permita que el uso de genéricos
sea eficaz para aquello que se persigue, que no es otra cosa que reducir
el gasto farmacéutico sin mermar la calidad de la prestación.
Espero, señorías, que los distintos aspectos planteados en nuestra moción
sean considerados por los distintos grupos y obtengan votación favorable.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Novoa.
No se han presentado enmiendas a esta moción.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, la oferta de medicamentos en
las farmacias en la actualidad presenta un panorama muy distinto del que
se ofrecía en las farmacias del siglo pasado, magníficamente expuestas
por nuestro genial don Benito Pérez Galdós en su inmortal obra Fortunata
y Jacinta. Hoy día abunda mucho más el medicamento fabricado en
laboratorios que el medicamento hecho con fórmulas magistrales. Hoy día
existe ese predominio del producto fabricado como consecuencia del apogeo
de la industria farmacéutica que ocupa en España un papel importante por
el número de laboratorios y por el personal empleado. Hoy día el
medicamento lo prescribe el médico que no lo consume ni lo soporta y con
frecuencia desconoce el precio. Ese medicamento es consumido por otra
persona, el enfermo, generalmente pensionista, que ni lo conoce ni lo
paga totalmente, si es que paga algo. El coste de ese medicamento lo
soportará totalmente o en su mayor parte, el Sistema Nacional de Salud,
es decir, lo soportaremos entre todos. La realidad es que con tanta
oferta medicamentosa, con los avances del Estado del bienestar, en
nuestro país el gasto farmacéutico está fuera de los límites razonables.
El presupuesto de 1997 supone más del 22 por ciento de los recursos del
Sistema Nacional de Salud. En Europa, tristemente, ocupamos un lugar
preeminente. Esta situación ha venido preocupando a todos los gobiernos
habidos en España, fundamentalmente desde la implantación de la política
del Estado del bienestar. El anterior Gobierno, a través del Ministerio
de Sanidad, a cuyo frente estaba nuestra estimada doña Angeles Amador, ya
intentó estudiar con Farmaindustria la implantación de genéricos, pero se
ha venido a implantar en España a partir de la ley de acompañamiento de
finales de 1996, es decir, se han establecido la especialidad
farmacéutica genérica y también los precios de referencia. Aquélla, la
especialidad farmacéutica genérica, era desconocida en nuestra
legislación farmacéutica, es decir, no aparece definida en la Ley del
Medicamento. Se define por primera vez, garantizando tanto su eficacia
como su calidad y seguridad, dictando medidas para su correcta
identificación e
intercambiabilidad. Se exige la bioequivalencia con respecto al
medicamento original y se fijan las condiciones de sustitución cuando el
médico prescribe un genérico y, como es lógico, la extinción del derecho
de patente se ha producido. Traerá la ventaja de que el medicamento
genérico identificará el nombre del producto por su nombre científico,
que es el que se aprende en la carrera universitaria, el que se encuentra
en las bases de datos internacionales y en la bibliografía farmacéutica.
Por ello, señorías, consideramos innecesaria la moción presentada por el
Grupo Socialista, porque con las medidas adoptadas ya se inicia en España
el camino legislativo que llevará a que en este mismo mes de mayo ya se
presenten en el mercado cuatro o cinco genéricos y antes de fin de año
cerca de cien medicamentos. Consideramos prudente el plazo de diez años,
habida cuenta de la situación de Farmaindustria, porque el de seis años
de la Directiva europea 1987/21 es de carácter mínimo; consideramos
también positivo que se mantengan las siglas EFG --especialidades
farmacéuticas genéricas-- en el envase y etiquetado general, al igual que
se hace en otros países de la Unión Europea.
Como las medidas para desarrollar las políticas de potenciación de uso
de los medicamentos genéricos son muy variadas, yendo desde las
educacionales a las de sanciones e incentivos, debemos dar un margen de
tiempo para que la realidad vaya a conseguir lo que se desea, por cuanto
que --no seamos optimistas-- no se va a hacer una rápida introducción de
los genéricos en el mercado ni tampoco va a ser asombrosa la reducción
del gasto farmacéutico. Por ello, aun reconociendo con admiración el buen
deseo y la continuidad de la política de implantación de genéricos por
parte del PSOE, nosotros vamos a votar negativamente esta moción
consecuencia de interpelación urgente, por considerarla innecesaria,
habida cuenta, repito, de que ya se están adoptando medidas que
redundarán en una reducción del gasto farmacéutico, aunque, repito, no
será cuantioso, urgente ni rápido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco va a apoyar la moción del Grupo Socialista, en primer
lugar porque la Directiva 87/21 establece con carácter general el plazo
de seis años de protección para los medicamentos ordinarios y para los de
alta tecnología o cuando lo exijan las necesidades de salud pública la
directiva establece que dicho plazo puede elevarse a diez años. El marco
normativo aprobado recientemente por el Gobierno del Partido Popular se
ha inclinado hacia la excepción, desde nuestro punto de vista, es decir,
hacia los diez años, y ha renunciado al plazo ordinario, al plazo de los
seis años. La consecuencia es evidente, señorías: se retrasa la
conversión a medicamentos genéricos de principios activos que se consumen
habitualmente y, además, puede darse el caso de que para cuando
transcurran los diez años dichos medicamentos estén obsoletos y hayan
podido ser sustituidos por otras alternativas terapéuticas. Por otro
lado, cuando se autorizan copias de medicamentos el ministerio no exige
estudios de bioequivalencia y no entendemos que a las copias no se les
exija y sí a los genéricos, máxime cuando un genérico no es más que una
copia no protegida por patente.
Por otra parte y para terminar esta breve intervención, quiero decir que
la posición del Grupo Vasco respecto al decreto de márgenes de las
oficinas de farmacia fue la de defender la introducción de márgenes
escalonados, de forma que se potenciara la dispensación de las
especialidades más baratas. La decisión del Gobierno ha sido reducir el
margen pero estableciendo un mismo porcentaje para todos los medicamentos
y esto, en la práctica y desde el punto de vista del Grupo Vasco, lo que
hace es dificultar la dispensación de genéricos.
Por todo ello, vamos a votar a favor de la moción que presenta el Grupo
Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), va a votar en
contra de la moción que presenta el Grupo Socialista. Vamos a votar en
contra, entre otras cosas, porque la moción insta al Gobierno a que
modifique el marco normativo reciente --y digo lo de reciente entre
comillas porque me parece que ustedes explicitan esta palabra-- por
considerar que introduce restricciones en lo que debe ser la política de
potenciación del mercado de genéricos, dentro de la farmacia del Estado.
Teniendo en cuenta el punto de partida, nuestro grupo considera que las
modificaciones que ha efectuado el Gobierno a los artículos 8, 16 y 90 de
la Ley del Medicamento, 13/1996, de 30 de diciembre, junto con las
medidas fiscales, administrativas y de orden social, así como las
actuaciones administrativas llevadas a cabo por el Ministerio de Sanidad
y Consumo sobre el procedimiento de tramitación de solicitudes de
especialidades farmacéuticas genéricas, facilitan la autorización y
comercialización de estas especialidades. Así, la
citada ley define el concepto de especialidad farmacéutica genérica, se
concreta su denominación e identificación en el etiquetado y se regula la
actuación del farmacéutico en el caso de que tenga que sustituir un
producto genérico por otro también genérico.
La circular 3/1997, de la Dirección General de Farmacia y Productos
Sanitarios, facilita instrucciones para la tramitación de las solicitudes
que se presenten, para su valoración, autorización y registro. Estimamos
que este conjunto de medidas, evidentemente, no lo ha tomado el Gobierno
para retrotraer otras medidas ya existentes que fuesen más favorables a
una política de genéricos sino para impulsar una política que el anterior
Gobierno, y seguramente no por falta de ganas ni de voluntad, no
consiguió implementar y desarrollar. La moción considera que el período
de diez años que establece con carácter general la circular 3/1997 es
excesivo y que contradice la normativa de seis años de la Comunidad
Económica Europea. Como SS. SS. saben, esta normativa tiene un carácter
de mínimos y evidentemente el Gobierno ha optado por un criterio más
amplio. En todo caso, sí hemos de admitir que no contradice, se ampara en
otro aspecto más amplio. Teniendo en cuenta la escasa tradición que
existe en España sobre el producto genérico, pensamos que quizá es una
manera ponderada de implantar y de cambiar una cultura que hasta ahora ha
manifestado que tiene amplias reticencias.
La moción señala en uno de sus apartados que las siglas EFG, especialidad
farmacéutica genérica, pueden ser una cortapisa a la implantación de
estos productos. Respetamos esta apreciación pero no la compartimos. Más
bien opinamos que esta identificación es una exigencia de la Ley 13 de
1996, que establece en el apartado primero del artículo 16 de la Ley del
Medicamento que las especialidades farmacéuticas se identifiquen con
estas siglas. Nosotros pensamos que la exigencia de que se identifiquen
las especialidades con estas siglas no es una cortapisa, sino la garantía
de que estos medicamentos se comercializan no tan sólo con la
denominación común internacional, sino que además son bioequivalentes,
como establece nuestra normativa. Como S. S. sabe, en la actualidad se
comercializan, si no lo tengo mal anotado, 286 presentaciones con
denominación común internacional, de las cuales solamente 70 son
bioequivalentes.
Lo que sí compartimos con el Grupo Socialista es que el conjunto de estas
medidas por sí solo no va a ser capaz de cambiar una cultura que es
reticente a la implantación de genéricos y que por sí solo tampoco va a
conseguir resultados espectaculares en la reducción del gasto
farmacéutico que, al fin y al cabo, es lo que perseguimos. Por tanto,
consideramos conveniente que el Gobierno acompañe todas estas iniciativas
legislativas de unas medidas incentivadoras que habrá que concretar, ya
que en las comparecencias que hemos tenido tanto en la Comisión como en
el Pleno han quedado por lo menos un poco ambiguas. Sería bueno conocer
cuáles serán las medidas que el Gobierno piensa aplicar para que esta
política de genéricos en la que nosotros sí creemos pueda realmente
implementarse y ser efectiva.
Por todo lo expuesto, nuestro voto va a ser contrario a la moción dando
un margen de confianza a la política que está llevando a cabo el
Gobierno.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya va a votar favorablemente la moción, como no podía ser de
otra manera. Los planteamientos que en ella se hacen son oportunos y
necesarios. No obstante, he de decir que llama la atención el abordaje
parcial de un tema tan complejo como el del medicamento. Hemos aprendido
mucho en los debates parlamentarios que en torno a política del
medicamento se han desarrollado, y yo creo que el sentido común nos
indica que la política del medicamento necesita abordajes integrales, que
no hay soluciones mágicas desde el punto de vista del uso racional del
medicamento ni del gasto racional del mismo, y que sólo con políticas
tomadas desde muy diferentes ámbitos de la cadena del medicamento, desde
la producción hasta el análisis de sus efectos, con mucha paciencia y
esperando resultados a medio plazo pueden encontrarse efectos duraderos,
sostenidos y no contraproducentes.
Hay muchos problemas, culturales, económicos y sociales, pero el problema
más grave, que yo creo que bienintencionadamente intenta abordar esta
moción, es que la política del medicamento es una política cautiva de la
poderosísima industria farmacéutica. El mayor porcentaje de existencia y
utilización de genéricos es un dato favorable en cuanto al uso racional
del medicamento, pero bien es verdad que la misma existencia en el
mercado no garantiza ni mucho menos su prescripción cuando la
prescripción de medicamentos está en manos de la industria farmacéutica.
En la subcomisión hemos oído reiterar un argumento que mi grupo
parlamentario ha esgrimido, por desgracia, históricamente, y que no se ha
modificado sino para mal. Por cada peseta que la Administración sanitaria
gasta en información independiente a los prescriptores... (Rumores.)
Señor Presidente, por favor, ruego el amparo de S. S. porque no logro
coordinar mi intervención con el ruido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
que guarden silencio. El esfuerzo de los intervinientes fijando la
posición desde el escaño obliga al resto de SS. SS. a guardar silencio.
Se lo ruego encarecidamente.
Puede continuar, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente. Decía que es muy
difícil introducir criterios de racionalidad en el uso y en la
prescripción de medicamentos cuando por cada peseta que la Administración
sanitaria gasta en información independiente la industria farmacéutica
invierte ni más ni menos que 400 pesetas. Es decir, los medicamentos son
un mercado cautivo de la industria farmacéutica. No obstante, es cierto
que las medidas adoptadas por el Gobierno endurecen injustificablemente
el retraso de nuestro país en el incremento porcentual del uso de
medicamentos genéricos. Por tanto, si bien entendemos que es un abordaje
parcial, insuficiente, e insisto en que solamente planteamientos más
integrales, que abarquen desde la educación para la salud hasta la
existencia de una industria pública que fabrique los medicamentos
esenciales, pasando por todos y cada uno de los eslabones de la cadena
del medicamento, solucionará el problema, creemos que no es justificable
hacer otra cosa que votar favorablemente la moción planteada por el Grupo
Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, cuando la semana anterior el Grupo Socialista debatía la
interpelación sobre política de genéricos, se nos anunciaba la
presentación por la portavoz del Grupo Socialista de una moción que no
pretendía solamente hacer la valoración crítica de las medidas del
Gobierno sino permitir que en España pudiera haber una auténtica política
de potenciación de esos mismos medicamentos genéricos. Nosotros
esperábamos que en esta moción hubiera una relación exhaustiva de
propuestas, todas las que, sin duda, ustedes habrían querido hacer en sus
14 años de Gobierno y que, por falta de tiempo, tampoco pudieron acometer
ni en todo ni en parte. Afortunadamente, ustedes están ahora en la
oposición, donde les asalta la premura para resolver una serie de
cuestiones, pero, por lo visto, no les acompaña la clarividencia para
plantear iniciativas concretas.
Su señoría decía que ustedes no le van a decir al Gobierno lo que tiene
que hacer. Tal vez ustedes han elegido un trámite equivocado, porque la
moción consecuencia de una interpelación se supone que es eso: plantear
alternativas, y hoy no hemos oído ninguna aquí. Esta moción, por tanto,
le resulta a mi grupo parlamentario extraordinariamente pobre, quizá una
de las más pobres que hemos visto en los últimos tiempos en esta Cámara.
Ustedes se limitan a pedir que corrijamos los aspectos que introducen
--leo textualmente-- restricciones a la entrada de los genéricos en el
mercado. De momento ya conseguimos corregir una de esas restricciones,
que fue que ustedes siguieran en el Gobierno. (El señor Acosta Cubero:
¡No!) Porque la restricción más importante que ha tenido la política de
genéricos en los últimos años... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
silencio. (El señor Acosta Cubero pronuncia palabras que no se perciben.)
¡Señor Acosta, le llamo al orden! (El señor Acosta Cubero: ¡No hay
desorden!) ¡Le llamo al orden, señor Acosta! (El señor Acosta Cubero:
¡Que no hay desorden, hombre!) ¡Señor Acosta, le llamo al orden por
segunda vez! (El señor Acosta Cubero: ¡Y por enésima!) Su señoría sabe
perfectamente las consecuencias de una tercera llamada al orden. Le ruego
guarde silencio y, si no, abandone el hemiciclo. Es bien sencillo. (El
señor Acosta Cubero: ¡No voy a abandonar el hemiciclo!--Rumores.) Pues
guarde silencio.
Puede continuar, señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Intentaremos retomar el hilo de la cotidiana actividad parlamentaria.
Como decía, se limitaban ustedes a pedir esa corrección. El Partido
Popular, desde su llegada al Gobierno, ha conseguido estimular el mercado
de genéricos en España. No teníamos legislación que amparara las
especialidades farmacéuticas genéricas, no teníamos una normativa de
desarrollo, no teníamos un mercado claro que pudiera avalar la entrada
masiva de este tipo de especialidades y, desde nuestro punto de vista,
desde hace unos meses empieza a haber en España una política de
genéricos. Y empieza a haberla en el marco de una política integral del
medicamento, porque la política de genéricos ni es una pieza separada ni
puede desvincularse del resto de propuestas de este Gobierno en materia
farmacéutica. La política farmacéutica tiene que ser, sobre todo, una
política equilibrada, señorías; una política equilibrada acordada con
todos los agentes que intervienen en este complicado proceso y que
concilie intereses diversos, desde el punto de vista de los usuarios,
desde el punto de vista de los prescriptores, desde el punto de vista de
los farmacéuticos y, por qué no, también desde el punto de vista de la
industria. Mi grupo entiende que en el tema de los genéricos la
protección de nuestra industria farmacéutica es un aspecto muy importante
a conciliar. Diez años les parece a
SS. SS. una propuesta excesiva y su propuesta es reducirlos a seis,
aunque no tienen ni nos dan tampoco ningún criterio concreto. Pues bien,
no tenemos ninguna reserva en decirlo: este acuerdo sobre la política de
genéricos está enmarcado en un compromiso general de desarrollo de una
política de uso racional del medicamento en nuestro país y el Partido
Popular y el Gobierno que sustenta el Partido Popular han elegido la
opción de diez años porque entendemos que es la que mejor concilia este
tipo de intereses y porque, además, es perfectamente respetuosa con la
directiva comunitaria que avala este planteamiento.
En España, señorías, no ha habido en muchísimos años propiedad
industrial; no ha habido en muchos años patente de productos y durante
muchos años los productos farmacéuticos originales han tenido que
competir en el mercado con los registros, copias legales, desde el mismo
momento de su salida al mercado. La industria investigadora no ha estado
en España precisamente en el frontispicio de sus preocupaciones, señora
Novoa.
Desde el punto de vista del Partido Popular no se puede hacer una
política del medicamento en España en contra de nadie, ni siquiera en
contra de la industria farmacéutica. La introducción de genéricos en
nuestro país es un factor de modernización y de racionalización y, por
tanto, necesita cautela y seguridad y no necesita desestabilización ni
perturbaciones innecesarias. Ustedes piden, además, suprimir la
identificación EFG, especialidad farmacéutica genérica, y a nosotros nos
parece un planteamiento profundamente equivocado, señora Novoa, porque
nuestra singular historia aconseja que aparezcan este tipo de
diferenciaciones en los medicamentos y porque, además, mi grupo pensaba
que en esta Cámara todos estábamos a favor de una mayor información a los
usuarios, de un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos de todas
las características que son inherentes a los medicamentos o a otro tipo
de productos. Por lo tanto, creo que existe un factor extraordinariamente
relevante, desde el punto de vista de la información a los consumidores,
a la hora de contemplar estas siglas. Y claro que no se producen en otros
países de nuestro entorno, entre otras cosas porque ningún país de
nuestro entorno ha tenido nuestra singular historia --como decía
anteriormente-- en materia de patente de productos o en materia de
propiedad industrial.
En ese sentido, señora Novoa, no entendemos esta fijación de su grupo
parlamentario por la persistencia de estas siglas en la identificación de
los medicamentos; siglas que, por cierto, también aparecen en las
especialidades de uso hospitalario o en las de un especial control
médico, sin que hasta el momento ustedes hayan tomado ninguna iniciativa
para suprimirlas, para suprimir esa misma identificación en muchos de los
medicamentos que se están suministrando en estos momentos en nuestro
país.
En su moción dicen que no les gusta nuestra política del medicamento
porque no corregimos los obstáculos que existen en este mercado. A mí me
gustaría saber, señora Novoa, si esos obstáculos han surgido ahora, si
han surgido desde que el Partido Popular ha accedido al Gobierno, y que
clarificara --porque no lo ha hecho-- cuáles son realmente esos
obstáculos. Si es la intervención de precios, si usted está a favor de
liberalizar los precios de los medicamentos, porque solamente
liberalizando los precios se puede conseguir que exista esa diferencia de
márgenes por la que usted aboga y, evidentemente, una diferencia de
márgenes sólo se puede conseguir si sube el precio de los medicamentos,
cosa que me extraña que su grupo defienda, pero que es la conclusión
lógica del planteamiento que usted hace hoy aquí.
A mí me gustaría que nos explicara por qué estos obstáculos que aparecen
ahora no habían sido identificados por ustedes en ocasiones anteriores.
Ustedes hicieron trece presupuestos --y uno que no llegó a nacer-- y en
ninguno de ellos incorporaron ustedes ninguna modificación sustancial en
materia de promoción de los medicamentos genéricos. Este Gobierno lleva
ya unos meses precisamente haciendo lo que ustedes demandan en esta
moción, lo que ustedes piden: trabajar y consensuar con los sectores
afectados una política integral del medicamento. Este Gobierno ya ha
iniciado conversaciones con los sectores afectados para conseguir una más
rápida implantación, y va a ser con el Gobierno del Partido Popular y en
este año 1997 cuando el mercado español de genéricos empiece a ver ya un
número importante de ellos circulando por nuestras farmacias y por la
distribución. Esperamos que a final de este año pueda haber ya cerca de
un centenar de medicamentos genéricos en el mercado, que no son la
panacea, pero que sin duda también son un instrumento esencial para el
desarrollo de una política integral y racional del medicamento. La misma
política que ustedes fueron incapaces de hacer y que hoy demandan,
probablemente con tan poca convicción como la que ejercieron en su
desarrollo durante todos sus años de Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Burgos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE:
Votación sobre la moción del Grupo Socialista, sobre política de
potenciación del uso de genéricos en la prestación farmacéutica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 145; en contra, 156.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
El Pleno se reanudará mañana a partir de las cuatro de la tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.
CORRECCION DE ERROR. En el Diario número 75, correspondiente a la sesión
del día 16 de abril de 1997, pregunta oral de la señora Rivadulla Gracia
al señor Ministro de Industria y Energía sobre la privatización de las
minas del Grupo Potasas del Llobregat y Suria K, en la página 3692,
primera columna, línea 39, figura comarca del Vallés, cuando debería
decir Comarca del Bagès.