Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 61, de 20/02/1997
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1997 VI Legislatura Núm. 61
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 58
celebrada el jueves, 20 de febrero de 1997
ORDEN DEL DIA:
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (números de
expediente 004/000333, 004/000049, 004/000346, 004/000269, 004/000313 y
004/000120) (Página 2977)
Enmiendas del Senado:
-- Proyecto de Ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales. (Procedente del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de
junio). «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 4.1,
de 29 de junio de 1996 (número de expediente 121/000002) (Página 2977)
-- Proyecto de Ley por la que se regula la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie A, número 12.1, de 2 de agosto de 1996 (número de
expediente 121/000010) (Página 2985)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del
INSALUD. (Procedente del Real Decreto-Ley 10/1996, de 17 de junio).
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 8.1, de 4 de
julio de 1996 (número de expediente 121/000006) (Página 2989)
-- Proyecto de Ley de ampliación del servicio farmacéutico a la
población. (Procedente del Real Decreto-Ley 11/1996, de 17 de junio).
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 9.1, de 4 de
julio de 1996 (número de expediente 121/000007) (Página 3001)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley sobre consolidación y racionalización del sistema de
la Seguridad Social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A,
número 26.1, de 26 de diciembre de 1996 (número de expediente 121/000024)
(Página 3011)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley (Página 3024)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de señores
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Enmiendas del Senado (Página 2977)
Proyecto de ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de
colegios profesionales (procedente del Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de
junio) (Página 2977)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Echevarría,
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); los señores Homs i Ferret, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Sánchez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Pérez Segura,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Fernández Miranda y Lozana, del
Grupo Parlamentario Popular.
Se someten a votación las enmiendas del Senado.
Proyecto de ley por la que se regula la Conferencia para asuntos
relacionados con las Comunidades Europeas (Página 2985)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); el señor Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez
Casañ, del Grupo Parlamentario Popular.
Se someten a votación las enmiendas del Senado, que son aprobadas.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Página 2989)
Proyecto de ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del
INSALUD (procedente del Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de junio)
(Página 2989)
Para la defensa de la enmienda presentada por el BNG al proyecto de ley
de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud
interviene el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), quien plantea la
supresión del artículo 1º del proyecto de ley, basándose en que las
fórmulas de gestión que el Gobierno pretende legalizar significan la
introducción, de una manera encubierta, de mecanismos privatizadores en
el sector sanitario público. Anuncia el voto favorable para algunas de
las enmiendas que presentan otros grupos parlamentarios y el voto en
contra de otras.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ,
interviene brevemente la señora
Maestro Martín para defender la enmienda de totalidad con texto
alternativo, ya que es bien conocido que su grupo parlamentario no
comparte ni el diagnóstico, ni el tratamiento que por parte del Partido
Popular se hace y, en este caso, tampoco el que se propone por parte del
Grupo Parlamentario Socialista .
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista al proyecto de ley
sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud, interviene la señora Amador Millán, quien confía en que el trabajo
parlamentario de casi ocho meses servirá para reconducir el texto del
Real Deceto-ley, aprobado por el Gobierno y convalidado por esta Cámara,
que, a su juicio, plantea serios problemas para la consolidación del
Sistema Nacional de Salud.
Para turno en contra de las enmiendas presentadas, en nombre del Grupo
Popular, interviene el señor Villalón Rico, quien manifesta que más que
para un turno en contra de las enmiendas que han sido defendidas
anteriormente, lo hace para presentar y ofrecer un texto transaccional a
las enmiendas mantenidas.
Anuncia que, con el ánimo de conseguir un gran consenso en todos los
aspectos sanitarios, presentan dos enmiendas transaccionales cuya
aprobación supondría que el artículo único constara de dos puntos y
desapareciera el apartado uno de la disposición final. En esta enmienda
transaccional tambien se introduce la siguiente frase: »cualesquiera
entidades de titularidad pública admitidas en Derecho». Termina su
intervención agradeciendo de antemano el voto favorable de la Cámara.
En turno de réplica intervienen las señoras Maestro Martín, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Amador
Millán, del Grupo Parlamentario Socialista; duplicando el señor Villalón
Rico.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Aguirre Uribe,
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Riera i Ben, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Interviene la señora Amador Millán para anunciar la retirada de todas sus
enmiendas.
Se someten a votación las enmiendas de los distintos grupos.
Proyecto de ley de ampliación del servicio farmacéutico a la población
(procedente del Real Decreto-ley 11/1996, de 17 de junio) (Página 3001)
Para la defensa de las enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene la señora Maestro
Martín, quien manifiesta que en los debates parlamentarios ya quedó
patente el cuestionamiento que se hacen prácticamene todos los grupos de
la Cámara, excepto el Grupo Popular, acerca de la pertinencia de la
utilización de la fórmula del real decreto-ley en una materia cuyo
contenido, a todas luces, no lo exigía. Sin embargo, su grupo aprovecha
la tramitación de este Real Decreto-ley como proyecto de ley para
presentar algunas enmiendas de importancia. Manifiesta que aunque valoran
positivamente algunos aspectos, quieren romper con una situación
perversa, desde el punto de vista de la regulación de un servicio público
con un carácter de privilegio, lo que choca con la realidad de la enorme
cantidad de licenciados de farmacia en paro. Asimismo, hace mención a la
enorme desigualdad que existe en cuanto a la percepción de beneficios
entre grandes farmacias de núcleos urbanos y pequeñas farmacias de
núcleos rurales, por lo que su grupo propone la incorporación de la
figura del farmacéutico al equipo de atención primaria, con competencias
en materia de medicamentos, para evitar la situación aberrante del uso
del medicamento.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, interviene la señora Novoa Carcacia, lamentando que este
proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley no haya corrido igual
suerte que el que se acaba de tramitar y no se haya podido alcanzar un
consenso con el Grupo Popular.
A continuación, pasa a defender las enmiendas que su grupo ha presentado
al texto enviado por el Gobierno, que constituyen una modificación
profunda de la normativa que actualmente rige las oficinas de farmacia y
están en concordancia con el informe y las recomendaciones del Tribunal
de la Competencia sobre esta materia. Manifiesta que con sus enmiendas
pretenden introducir cambios profundos en el modelo de ordenación
farmacéutica, que ha consolidado en nuestro país una normativa y unas
prácticas proteccionistas que, además de entorpecer el servicio a los
ciudadanos, son restrictivas del principio constitucional y de la
libertad de empresa, aunque, por otra parte, son conscientes de que el
cambio ha de hacerse con cuidado, por la variedad de intereses que
confluyen, pero sin olvidar nunca que han de prevalecer los intereses
generales.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Burgos Gallego,
del Grupo Popular. Manifiesta, en primer lugar, que a su grupo también le
hubiera gustado conseguir el grado de consenso que
reclama el Grupo Socialista, aunque considera que la tramitación de este
proyecto de ley ha dejado claro el esfuerzo de todos los grupos por
incorporar al texto inicial del Real Decreto-ley todas las posibilidades
de mejora en defensa de una farmacia moderna, orientada a la mayor
satisfacción de los usuarios y a la mayor calidad y accesibilidad de la
misma. Por otra parte, entienden que la posición del Grupo Socialista no
ha sido rigurosa a lo largo de la tramitación del proyecto de ley y que
la declaración de principios que hacen en su enmienda 21, abogando por la
libertad de establecimiento de oficinas de farmacia, es una declaración
absolutamente insustancial y poco respaldada en el resto del articulado
que propone el mismo Grupo Socialista, oponiéndose a todas las enmiendas
del Grupo Socialista.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, estima que han hecho un gran esfuerzo,
como todos los grupos de la Cámara, al presentar un texto alternativo,
pero no pueden estar de acuerdo con el modelo que plantean porque
trastoca absolutamente el carácter y el régimen del servicio farmacéutico
de nuestro país.
Finaliza su intervención manifiestando que si se aprueba el proyecto de
ley que se trae hoy a la Cámara, se habrá avanzado en la equidad, en la
eficacia, en la accesibilidad y en la propia calidad del servicio
farmacéutico, consolidándose el farmacéutico como el profesional
sanitario más cercano al ciudadano y elegido libremente por éste.
En turno de réplica interviene la señor Novoa Carcacia, del Grupo
Socialista; duplicando el señor Burgos Gallego, del Grupo Popular. Por
alusiones, interviene la señora Novoa Carcacia, replicando el señor
Burgos Gallego.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Gómez Rodríguez,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y las señoras Aguirre
Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Riera i Ben, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Se someten a votación las enmiendas presentadas al dictamen del proyecto
de ley de ampliación del servicio farmacéutico a la población.
El señor Presidente comunica a la Cámara que, al no haberse presentado
ninguna enmienda de totalidad a los convenios internacionales
referenciados en el orden del día, se pasa al último punto.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 3011)
Proyecto de ley sobre consolidación y racionalización del sistema de la
Seguridad Social (Página 3011)
Para presentar el proyecto de ley de consolidación y racionalización del
sistema de Seguridad Social interviene, en nombre del Gobierno, el señor
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra), quien
manifiesta que lo hace con cierto sabor amargo porque al Gobierno le
hubiera gustado que no se hubiera presentado ninguna enmienda a la
totalidad, manteniéndose el debate en lo que fueron los pactos de Toledo
que, en su día, tuvieron un amplísimo respaldo parlamentario. Considera
que con este proyecto de ley se da un paso muy importante en la
profundización en el derecho a la protección social pública que tienen
todos los ciudadanos y que se reconoce en nuestra Constitución. Por otra
parte, pone de manifiesto el compromiso adquirido por el Gobierno y por
el Presidente Aznar en el debate de investidura en torno al mantenimiento
del sistema de protección público y a la consolidación del poder
adquisitivo de las pensiones. Sitúa el origen de este proyecto de ley en
los pactos de Toledo que suscribieron las fuerzas parlamentarias.
Desearía que se mantuviera ese amplísimo consenso, pero el Gobierno no
renuncia a que en la tramitación del proyecto de ley se puedan introducir
las enmiendas parciales que presenten los grupos parlamentarios que
permitan restablecer el consenso. Asimismo pone de relieve que es un
proyecto de ley con un amplio respaldo social, que trata de infundir
confianza en el conjunto de la sociedad española. Plantea como claves de
este proyecto de ley las reformas graduales que se quieren acometer en el
horizonte del año 2000 y el que el mayor esfuerzo de cotización que se
haya hecho tenga repercusión en las prestaciones, para así conseguir un
sistema de protección social más justo, en base a la capacidad
contributiva, la equidad y la solidaridad. A continuación se refiere a la
definición de las prestaciones de la Seguridad Social como contributivas
y no contributivas, separando las fuentes de financiación, y dejando bien
claro que aquellas prestaciones no contributivas y universales y la
prestación de sanidad deben ser financiadas en el futuro y de forma
gradual desde la imposición general del Estado. También se hace una
regulación del fondo de reserva en previsión de la evolución económica y
de la fluctuación de los ciclos económico, y anuncia la garantía del
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de forma automática.
Termina su intervención agradeciendo a los grupos parlamentarios de la
oposición
su colaboración en todo lo que ha sido la génesis del trámite
parlamentario.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, interviene el
señor Vaquero del Pozo.
En turno en contra de la enmienda de totalidad interviene la señora
Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular. Replica el señor Vaquero
del Pozo, duplicando la señora Montseny Masip.
En turno de fijación de posiciones, intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Vázquez Vázquez (don Guillerme), del Grupo Mixto; la
señora Aguirre Uribe, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); y los señores
Homs i Ferret, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Griñán Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se somete a votación la enmienda de totalidad presentada por Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que es
rechazada por 18 votos a favor, 281 en contra y dos abstenciones.
Avocación de proyectos de ley (Página )
El señor Presidente somete al Pleno de la Cámara, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, la avocación de la
deliberización y votación final del proyecto de ley sobre consolidación y
racionalización del sistema de la Seguridad Social, que se aprueba por
asentimiento.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (Sesión secreta.)
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS (Números de expediente
004/000333, 004/000049, 004/000346, 004/000269, 004/000313 y 004/000120)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
ENMIENDAS DEL SENADO:
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y DE
COLEGIOS PROFESIONALES, PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/1996, DE 7 DE
JUNIO (Número de expediente 121/000002)
El señor PRESIDENTE: Punto octavo del orden del día, enmiendas del
Senado. En primer lugar, al proyecto de ley de medidas liberalizadoras en
materia de suelo y de colegios profesionales, procedente del Real
Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio.
¿Grupos que desean fijar su posición sobre las enmiendas del Senado al
referido proyecto de ley? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto a las enmiendas del Senado a este proyecto de ley en materia de
suelo y de colegios profesionales, el Grupo de Coalición Canaria no tiene
nada que objetar a la primera parte, la referida específicamente a la Ley
del Suelo, donde no se ha introducido ninguna enmienda.
Como bien saben SS.SS., este proyecto de ley en su primer aspecto tuvo
una fuerte negociación en esta Cámara, y prueba de ello es que el aspecto
del suelo, perfectamente consensuado por los grupos que lo elaboraron,
llega aquí sin que se haya modificado ni siquiera una coma. Esta es una
buena señal del trabajo realizado en el primer trámite. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones. Señorías, les ruego que
guarden silencio. Señor Martínez Sanjuán, señor García-Santesmases, señor
Fernández de Mesa, señor De Luis. (Pausa.) Continúe, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
No ocurre igual, señor Presidente, con el capítulo II, la parte dedicada
a los colegios profesionales. Este Diputado que les habla en nombre de
Coalición Canaria, en anteriores debates, tanto en esta legislatura como
en pasadas, ha venido denunciando el hecho de que estamos poniendo
parches a una ley preconstitucional, que es la Ley 2/1974, de Colegios
Profesionales. Yo creo que va siendo hora de que abordemos desde la
democracia y desde la Constitución la Ley de Colegios Profesionales. No
se puede hacer lo que estamos haciendo, que sobre esta ley de concepción
preconstitucional, fuera incluso del período democrático, venimos
haciendo parches y añadidos, con lo cual su imagen y su contenido de
doctrina queda profundamente alterado.
Tampoco parece que sea muy recomendable que en el trámite del Senado, los
artículos que esta Cámara había analizado y sobre los cuales grupos como
el mío habíamos dirigido las enmiendas correspondientes, sufran una
metamorfosis tan fuerte que introducen conceptos que ni siquiera había
sido posible discutir en el trámite de enmiendas en Comisión en esta
Cámara. Ello nos lleva, señor Presidente, a fijar nuestra posición
respecto a las enmiendas del apartado cinco, ya que la Cámara había
tocado solamente el apartado ñ), al establecer baremos de honorarios que
tendrán carácter meramente orientativos, y se introduce una nueva serie
de conceptos que de alguna manera están relacionados con el cobro de
percepciones y el visado de trabajos profesionales en los colegios que
así lo establezcan expresamente en los estatutos generales; aquí nos
remitimos a una figura, la de los estatutos generales, que no sabemos en
base legal de qué se hace, porque si estos estatutos se modifican en
razón de la Ley 2/1974, estamos otra vez bajo la misma óptica. En este
aspecto, el Grupo de Coalición Canaria tendría determinadas reservas, que
como mucho serían motivo de abstención, porque no tocan en profundidad
ningún otro concepto, pero sí la disposición derogatoria, señor
Presidente, donde el Senado ha introducido una enmienda que varía muy
sustancialmente una serie de competencias de colectivos que no están en
la organización colegial de su respectiva profesión. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones.
Señorías; señor Michavila. Recuerdo a SS. SS. que tienen en la parte de
atrás del hemiciclo instalaciones adecuadas para el despacho que a estas
horas es por lo demás tan necesario a cada uno de los Diputados y
Diputadas, pero les garantizo que desde la Presidencia existe auténtica
dificultad para escuchar lo que dice el orador, imagínense el seguimiento
por taquígrafos, por el público de tribunas y por prensa. Les ruego
encarecidamente que guarden silencio.
Continúe, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Pues bien, señor Presidente, --y abrevio el
trámite ante la situación--, por esta razón, la enmienda que viene del
Senado dirigida a la disposición derogatoria Coalición Canaria la
considera improcedente, lo que nos lleva a solicitar su votación
separada, señor Presidente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (PNV) la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
El Grupo Vasco (PNV), por coherencia con la postura mantenida a lo largo
de la tramitación del decreto-ley, anuncia su voto favorable a las
enmiendas procedentes del Senado, excepción hecha de la relativa a la
disposición final segunda que extiende injustificadamente el carácter de
legislación básica a diversos aspectos de la ley que se reforma. Sin
embargo, no se muestra este grupo en absoluto satisfecho con el producto
obtenido.
El texto que se nos presenta plantea graves problemas de incardinación en
el ordenamiento, afecta al ejercicio de las competencias autonómicas,
crea inseguridad jurídica y trastoca demasiadas cuestiones del vigente
régimen jurídico de los colegios profesionales.
El real decreto-ley del que trae causa el proyecto era una eliminación de
obstáculos que incidían negativamente en la marcha de la economía. Esto
podía justificar una ley de esa índole, y así lo entendimos nosotros,
además de que obedecía a recomendaciones del Tribunal de Defensa de la
Competencia. Sin embargo, según ha ido avanzando su tramitación
legislativa, ese objetivo se ha empleado como excusa para introducir un
prolijo conjunto de excepciones y contraexcepciones de sus reglas
originales que estimamos inapropiadas y negativas para una materia que ya
ha sufrido demasiados parcheos. Es necesario abordar cuanto antes una
modificación de la vieja ley de colegios, que sólo sufrió una adecuación
de urgencia, para modificar lo que es, en realidad, un texto procedente
todavía del franquismo.
Por lo que se refiere a las enmiendas del Senado, todo parece indicar que
están inspiradas por algunos de los destinatarios de la norma que han
sido capaces de hacerse oír mejor que otros. Todos sabemos que los
colegios, como cualquier organización o formación social, se mueven e
invocan legítimamentte su importancia y la de cada profesión para el
interés general. Eso forma parte de la vida social y política, pero la
asunción acrítica de sus demandas puede arrojar resultados no positivos
como en el presente caso. Se pasan por alto las normas autonómicas y se
suscitan dudas sobre su ajuste al principio de igualdad, la transparencia
en la formación de la voluntad de las instituciones o el respeto de la
seguridad jurídica.
Señorías, el texto no nos ha quedado bien. Abogamos por la redacción,
cuanto antes, de un proyecto de ley sobre colegios profesionales para que
en su proceso de elaboración se atienda a lo que es el trámite de
audiencia formal de estas profesiones y no a sus capacidades de presión,
se atiendan además los criterios jurisprudenciales habidos en la materia
y se respeten las competencias autonómicas al respecto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Fernández. (Pausa.) Señor Homs, no había
percibido que S. S. hubiera pedido la palabra. Lo siento.
Perdón señor Fernández. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo acerca de las
enmiendas que nos propone el Senado a este proyecto de ley que regula dos
materias distintas: suelo y colegios profesionales. En materia de suelo
no hay novedades; sí en materia de colegios profesionales y además
sustantivas.
Una vez más se pone de manifiesto que la materia que regula la actividad
de los colegios profesionales requiere, señorías, de una revisión en
profundidad porque cada vez que se nos plantea alguna modificación
parcial o puntual se desatan multitud de reacciones en nuestra sociedad
para atender la conveniencia de adaptar las normas vigentes a la
situación en que hoy se desarrolla la actividad de los colegios
profesionales en este país. Nuestro grupo, ante las propuestas que nos
propone el Senado, saca una primera conclusión. Señorías, es
absolutamente necesario ir a una regulación en profundidad de las
normativas que hoy regulan la actividad de los colegios profesionales.
Quizá ha llegado el momento de asumir el compromiso político de impulsar
una revisión global, una revisión con visión de conjunto de toda la
normativa que hoy define y regula la actividad profesional. Esta visión
global debe hacerse respetando, como ha de ser, las normativas que sobre
esta materia desarrollan las comunidades autónomas, tema que no ha podido
ser muy atendido por el Senado, curiosamente, al proponernos unas
modificaciones que, en definitiva, vienen a poner en cuestión algunas de
las normas legales hoy vigentes aprobadas por los parlamentos autonómicos
en materia de colegios profesionales.
Señorías, a nuestro grupo no le parecen acertadas en su mayoría, con
algunas excepciones, las propuestas que nos hace el Senado. A la vista
está la reacción que han levantado en el ámbito profesional. Estas
propuestas han incorporado muchísima inquietud en los ámbitos
profesionales directamente afectados por estas regulaciones y quizá la
aceleración con que el Senado ha afrontado esas revisiones es la causa
por la que estos colegios profesionales solicitan la cautela necesaria
del legislador para revisar esas materias con mayor tranquilidad y mayor
visión global de estos contenidos.
Para ser precisos y concretos debería decirles, señorías, que en nuestro
grupo (respecto al artículo 5º, que hace referencia al sometimiento de
toda la normativa hoy vigente en materia de colegios profesionales a la
Ley de Defensa de la Competencia), no viendo obstáculo a ese propósito
que podíamos entenderlo en algunas funciones y materias específicas que
desarrollan los colegios profesionales, nos ha inquietado el ámbito en
que se ha revisado y la forma en que queda redactado, porque damos un
sometimiento total y absoluto de la oferta profesional a la Ley de
Defensa de la Competencia y eso no debe ser tan exhaustivo, eso tiene
matices, señorías. No es que discrepemos del hecho en sí de someter en
algunos supuestos la actividad profesional a la Ley de Defensa de la
Competencia, que lo admitimos, pero en la forma en que queda redactada,
con su exhaustividad, sometiendo toda la norma a la preferencia de la
defensa de la competencia, creemos que debería ser revisado.
No obstante, lo que más nos inquieta es la propuesta que se incorpora en
materia de publicidad a desarrollar por los profesionales. No nos parece
acertada la propuesta que nos hace el Senado, toda vez que regular la
actividad publicitaria de los colegios profesionales o de la actividad
profesional debe tener, señorías, excepciones, cautelas y debe tener
algunas limitaciones y no se han podido regular por el Senado estas
limitaciones. Deberíamos regular la autorización, permitiéndola en algún
momento en el futuro, pero sometiendo esta autorización a supuestos
cautelares que la propuesta del Senado no contempla. Por tanto, una
habilitación tan abierta a autorizar sin límites cualquier publicidad de
las actividades de los profesionales, no nos parece acertada.
Imaginen ustedes que un médico se anunciara en televisión diciendo que
sus intervenciones pueden ser mucho más curativas que las de otro
profesional. Esta dinámica debe ser revisada y tenida en cuenta por el
legislador, regulando supuestos, regulando cautelas, estableciendo unos
límites y señalando unas circunstancias que aquí no se contemplan. Por
esta razón nosotros comprendemos la iniciativa del Senado, pero no
podemos adherirnos a que todo ello se contemple en la norma tal y como se
nos propone.
Tampoco nos parece acertada la supresión que se nos plantea respecto a la
excepción de los colegios profesionales de médicos. Esta excepción se
justifica por la naturaleza de la prestación sanitaria que es un servicio
público, y lo único que se plantea con la excepción que incorporó el
Congreso de los Diputados es, señorías, habilitar a una institución
corporativa de derecho público, para que pueda actuar en representación
de los trabajadores de la sanidad en determinados procesos de
negociaciones, determinación de honorarios, para unos momentos de la
prestación profesional sanitaria. No estamos hablando de toda la
prestación sanitaria, sino de unas determinadas actividades profesionales
que prestan estos colectivos para que puedan ser representados por las
instituciones de derecho público frente a sus patronos y puedan
establecer algunos convenios que determinan sus honorarios.
Asimismo, señorías, en el artículo 5º, donde el Congreso de los Diputados
incorporó también la salvedad territorial de los colegios de
procuradores, entendemos que deberíamos volver a la literalidad del texto
del Congreso de los Diputados. Era una redacción muy pensada, muy
madurada, muy ajustada a la circunstancia específica que tiene la
práctica profesional de los procuradores y pensamos que deberíamos volver
a esa redacción. Comprendemos también la motivación del Senado. El Senado
intenta particularizar de forma directa el ámbito de aplicación de esta
excepción solamente al colegio de procuradores, y la comprendemos; pero,
a su vez, el Senado deja delimitada la territorialización de esta
excepción no sólo al ámbito estricto en que practican sus funciones los
procuradores, que se ajustan normalmente al ámbito territorial de los
partidos judiciales, sino que lo deja excesivamente abierto al ámbito
territorial de los colegios, con lo cual volvemos ahí a no acertar
exactamente en la redacción concreta que deberíamos dar a esta excepción
y creemos que es mucho más ajustada la que dimos en el Congreso de los
Diputados.
Señorías, en cuanto al punto cuatro, que incorpora la posibilidad de
abrir una dinámica de compensaciones económicas en los colegios
profesionales, al suprimir la obligación de territorialidad del ámbito
global de todo el Estado español, nuestro grupo entiende que la dinámica
de compensaciones intracolegios es compleja. Es una dinámica que abriría
un flujo de relaciones cruzadas entre colegios profesionales de ámbitos
territoriales menores a ámbitos territoriales más amplios o volúmenes de
colegios profesionales muy numerosos e importantes a colegios muy
pequeños, una dinámica que nos llevaría prácticamente a la desaparición
de los pequeños colegio profesionales y que no se justificaría.
Entendemos que la redacción del Congreso abría la potestad de establecer
condiciones económicas cuando el profesional actúa en todo el ámbito
territorial del Estado y no en el estricto ámbito territorial del colegio
al que pertenece; ahora bien, esa posibilidad de establecer condiciones
económicas también puede ser regulada por decreto, puede ser pautada por
las normas de desarrollo, puede ser velada y tutelada por la
Administración pública, para que no quiebre este proceso de establecer
condiciones económicas el principio general que incorporamos de unidad de
actuación territorial. Por tanto, creemos que es mejor abrir esa
posibilidad de establecer condiciones económicas que, en cualquier caso,
podrá estar pautada normativamente en su fase de desarrollo, que no abrir
una autorización cruzada de colegios profesionales para que se compensen
entre ellos las posibles actuaciones que puedan desarrollar esos
profesionales cuando actúan fuera de su territorio preferente, del
territorio al cual pertenecen. Señorías, nos parece que deberíamos ser
cautelares y no abrir esa dinámica, porque nos llevaría a unos conflictos
realmente no deseados por el legislador y creo que, en el fondo, tampoco
deseados por el Senado, que quizá en un exceso de responsabilidad ha
pensado es mejor esa fórmula, y esa fórmula es mucho más complicada,
mucho más compleja y ha sido absolutamente rechazada por todo el
estamento profesional.
Nuestro grupo puede aceptar la modificación que se plantea en el apartado
cinco. Son unas revisiones que nos propone el Senado, en sí mismas más
positivas, y aunque apuntamos que eso nos lleva a revisar la norma en
general con mayor extensión y profundidad, los elementos que nos plantean
no son problemáticos y en sí mismos son positivos. Igualmente, podemos
admitir las disposiciones adicionales.
Finalmente, está la disposición derogatoria, que nos causa problemas. Esa
disposición derogatoria, entendiendo la motivación de la nueva redacción
que nos da el Senado, es una disposición que abre conflictos y
dificultades. Nuestro grupo comprende la motivación de la excepción que
incorpora el Senado en cuanto a la excepción de los decretos que regulan
los honorarios en las actividades de los arquitectos, dejando muy clara
la salvedad de aquellas materias que no son estrictamente las de
definición de honorarios.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, le ruego que vaya concluyendo.
El señor HOMS I FERRET: Termino, señor Presidente.
Como decía, es verdad que este colectivo no tiene una norma legal que
regule específicamente sus atribuciones. Por eso, al interpretarse
exhaustivamente la derogación del decreto de honorarios, caería
absolutamente el marco legal referido a este colectivo profesional.
Ahora bien, eso, señorías, también abre la conveniencia de revisar
algunas otras disposiciones de ámbito inferior referidas a aparejadores o
a ingenieros técnicos, porque la norma que regula los honorarios de estos
colectivos también requeriría una precisión más detallada de otras
disposiciones que son las que definen funciones y atribuciones y no
honorarios.
Señorías, nuestro grupo entiende que el Gobierno debería proceder con
toda urgencia a desarrollar un decreto que pudiera especificar claramente
las disposiciones de los decretos y honorarios referidos a aparejadores e
ingenieros técnicos para dejar muy claras cuáles son estas disposiciones
que no deberían quedar derogadas. Eso se puede hacer. Estos colectivos
tienen una disposición general normativa legal que permanece vigente. Por
tanto, el Gobierno tendrá que desarrollar con urgencia esa cuestión. Si
esto se hace, podríamos salvar la complejidad de esta derogatoria que es
en sí misma muy problemática y que nos abre un frente de disconformidad
con los colectivos que tienen justificada su reflexión, pero que ahora
requieren más que nunca, si se convalidan estos preceptos, la urgencia de
desarrollar reglamentariamente una matización de los preceptos que quedan
derogados.
Señorías, éstas son nuestras posiciones, requiriendo de toda la Cámara la
necesidad de que procedamos a
una revisión de una ley de colegios profesionales de ámbito general
porque es urgente y necesario y abandonar esas modificaciones parciales
que no dejan de dar una visión muchas veces unilateral de la situación de
los colegios en estos momentos.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor HOMS.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Poco que decir sobre el suelo, ya que en el Senado no se ha producido
ninguna enmienda y se ha mantenido el texto aprobado por el Congreso,
aunque esto parece un tanto sorprendente, porque ni tan siquiera se han
incorporado las correcciones de carácter técnico que el letrado de la
Comisión de Infraestructuras aconsejaba y que el Grupo Popular intentó
introducir en el Congreso en el último momento.
Para nosotros ha sido una lástima que si a nivel político no hemos podido
mejorar este texto, por lo menos a través del criterio técnico sí hubiese
sido conveniente introducir algún tipo de modificación para evitar esos
problemas de interpretación que tenía y sigue teniendo el proyecto de
ley. Este proyecto de ley sigue careciendo del rigor que hemos venido
denunciando desde la publicación del Real Decreto-Ley de 7 de junio, y
posiblemente aun con estas carencias hoy sea aprobado en esta Cámara.
A la vista de las informaciones que van surgiendo, nosotros entendemos
que este proyecto de ley va a ser de corta duración, que no va tener
mucha vida y, por tanto, parece ser que la preocupación del Grupo Popular
es no hacer un proyecto de ley con las garantías jurídicas y técnicas
adecuadas para su aplicación.
En definitiva, señorías, no voy a reiterar los argumentos que mi grupo ha
venido ofreciendo en otros momentos. En cuanto a nuestra posición de
rechazar este proyecto de ley nosotros entendemos que es un proyecto
injusto y ataca injustamente a los ayuntamientos, ataca injustamente a la
planificación territorial y a los ciudadanos y entendemos también que es
un claro retroceso hacia el urbanismo que se practicaba en la época
franquista.
Por otro lado, tengo que decir en cuanto a colegios profesionales que
nuestro grupo va a apoyar alguna de las enmiendas que se han presentado
en el Senado, pero también manifestaremos nuestro voto en contra de
alguna de ellas, sobre todo de la disposición derogatoria, porque, en vez
de limitarse a derogar normas o disposiciones administrativas que se
opongan a esta ley, discrimina entre profesionales manteniendo criterios
distintos sobre un mismo asunto.
En definitiva, señorías, seguimos manteniendo que la reforma de colegios
profesionales es insuficiente y no permite una verdadera libertad en la
prestación de servicios que contribuya al abaratamiento de los mismos
para los consumidores. Por tanto, creemos que con esta ley de colegios
profesionales no se subsana el problema de dicha libertad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Segura.
El señor PEREZ SEGURA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en este trámite último de aprobación del proyecto de ley
nuestro grupo no tiene que hacer otra consideración más que una
valoración positiva de gran parte de las enmiendas que han sido
introducidas en el Senado, porque entendemos que adoptan una parte muy
notable de los criterios contenidos ya en nuestras enmiendas iniciales en
el Congreso de los Diputados y también, por qué no decirlo, de la
regulación que pretendía introducir por la Ley de acompañamiento de los
Presupuestos de 1996.
Hoy, un año después, vemos que gran parte de esos contenidos adquieren
vigencia por las enmiendas del Senado y quizás cabría preguntarnos si el
comportamiento del legislador ha sido adecuado al retrasar en un año
aquellos preceptos que, a todas luces, parecían de urgente introducción
en la legislación relativa a colegios profesionales.
Entre las novedades que se han incorporado aparece que no se establecen
condicionantes a la colegiación única para todo el territorio, aunque
para ser precisos se hace una excepción para los procuradores de los
tribunales. En lo que concierne al visado se deslinda este otorgamiento,
esta intervención de los colegios en la percepción de honorarios o de
otras condiciones económicas, lo que nos parece muy adecuado y concuerda
con nuestras tesis iniciales. También se introduce en las enmiendas del
Senado la obligación de los colegios de que en el caso de que no sea
decidido libre y expresamente por el colegiado no pueden hacerse cargo
con carácter general del cobro de esos honorarios. Además se regula que
los colegios profesionales quedan supeditados a lo que establece la Ley
General de Publicidad, así como la Ley de Defensa de la Competencia y la
Ley de Competencia Desleal.
Por lo tanto, en las enmiendas del Senado aparece un cambio diametral en
la posición del Grupo Popular, auspiciado sin duda por el Gobierno que,
por fin, ha comprendido la necesidad de atender las indicaciones del
Tribunal de Defensa de la Competencia.
Hacemos votos para que esta redacción final quede fijada, en los extremos
que he anunciado, en la aprobación definitiva del proyecto de ley.
En cuanto a nuestra postura concreta respecto a todas y cada una de las
enmiendas, creemos que es necesario decir, para la ordenación del voto de
SS. SS., que nuestro grupo votará a favor del artículo 5, de hecho es el
único artículo que se modifica, en su apartado uno y en sus párrafos
segundo y tercero nuevo porque, tal como hemos dicho anteriormente,
recoge el sometimiento a la Ley General de Publicidad.
También nuestro voto será favorable al apartado dos que hace desaparecer
del texto original del Congreso de los Diputados una excepción, que
creemos que no es adecuada, relativa al colegio profesional de médicos,
que fue introducida como transacción en el Congreso.
El Grupo Socialista también votará a favor de la introducción que se ha
realizado en el Senado en el apartado cinco del artículo 5, porque viene
a introducir modificaciones en los epígrafes p) y q) de la ley original,
en el sentido de limitar el cobro de las percepciones, remuneraciones y
honorarios sólo en el caso específico de que el colegiado así lo
solicite. El apartado q) limita, como hemos dicho al inicio de nuestra
intervención, que el visado como tal no tiene por qué ir supeditado a
otros aspectos económicos, en contra de la práctica habitual de obtención
de visado previo pago de honorarios.
En cuanto al nuevo apartado seis, entendemos que es importante que se
haya incorporado, porque establece la regulación del cobro de honorarios
y también el régimen de presupuesto y de nota-encargo que los colegiados
deberán presentar, o en su caso exigir, a sus clientes.
En relación a las disposiciones adicionales, estamos de acuerdo con la
que pretende eliminar cualquier duda sobre el ámbito de aplicación o,
dicho de otra manera, de permitir una interpretación abusiva de esta
norma. También estamos de acuerdo con la disposición final segunda,
porque introduce las modificaciones antes anunciadas del artículo 5 en
relación a los epígrafes p) y q). La disposición final tercera introduce
una corrección de estilo y creemos que precisa mucho más el plazo para la
vigencia de la norma en su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
En cambio, nuestra postura será contraria a la introducción que se
intenta en el apartado tres del artículo 5, porque este apartado pretende
la salvedad de los procuradores de los tribunales en el tema de la
colegiación única. Creemos que no es adecuado hacer una excepción en este
sentido, lo que concuerda con nuestra postura en el Congreso, por lo que
no votaremos a favor.
Tampoco votaremos a favor de que las colegiaciones interterritoriales de
los colegios sean a través de los propios colegios. Creemos que son los
propios colegiados los que tienen que hacerse cargo de los derechos que
se puedan compensar.
En todo caso, tenemos que hacer una mención expresa a la disposición
derogatoria, que ya ha sido mencionada por otros portavoces. Creemos que,
en el ánimo de modificación en profundidad del proyecto de ley en el
Senado, se ha tenido que entrar en la dinámica de ir zurciendo la norma
para que pudiese salir bien y entendemos que, al final, el texto
resultante de esta derogatoria no complace la voluntad de liberalización
de la ley ni tampoco los intereses legítimos de los diversos colegios.
Entendemos que lo que se realiza en el segundo párrafo de la derogatoria
es una aportación positiva porque cita concretamente que los aspectos que
regulan honorarios que vayan en contradicción con la regulación de los
colegios quedan derogados, pero también se exceptúa a los notarios,
corredores de comercio, registradores de la propiedad y otro tipo de
registradores, lo que no creemos que sea positivo. La excepción en
relación al colegio de arquitectos en el párrafo tercero de la
derogatoria, aunque es plenamente legítima porque la regulación por
decreto que tienen estos profesionales podría quedar muy lesionada en el
caso de que no se introdujera, no merecerá la aprobación de nuestro grupo
en este trámite porque entendemos que es una manera de forzar al Gobierno
para que, sólo dando apoyo al primer párrafo de esta derogatoria,
encargue de manera urgente una regulación de desarrollo por otras normas
inferiores para que fije exactamente, en cuanto a toda la legislación y
normativas de atribuciones y honorarios, cuáles son los preceptos que
quedan realmente derogados y los que no.
Por lo tanto, entendemos que este artículo 5 relativo a colegios ha
tenido un avance importante. Si pudieran haberse dividido los dos
proyectos en suelo y colegios profesionales, nuestro voto habría sido si
no positivo al menos de abstención. Creemos que es de imperiosa necesidad
ir hacia una nueva regulación de los colegios y, por lo que afecta a los
arquitectos, deben recoger de la documentación que sin duda se les
entregó el proyecto de ley de ordenación de la edificación, tan deseado
en el ejercicio de la profesión de arquitecto.
Queda así fijada la posición de nuestro grupo en cuanto a este proyecto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Fernández-Miranda.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señor Presidente, señorías, me
corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con
respecto a las enmiendas que, planteadas y aprobadas en el Senado, nos
llegan al Congreso para su aprobación o rechazo. Me corresponde hacerlo
exclusivamente en lo que afecta a su capítulo II , Colegios
Profesionales, ya que el resto del proyecto de ley no ha sido enmendado.
Hay que reconocer que el Senado ha hecho un esfuerzo importante, en el
que se han explorado una serie
de nuevas e importantes reformas incorporadas al real decreto, que vienen
a completar lo que ya ha sido mencionado por alguno de los intervinientes
como esta especie de rompecabezas que tenemos con respecto a la
legislación de colegios profesionales: la Ley de 1974, modificada en 1978
y ahora en 1997, y que efectivamente viene a recomendar la necesidad de
una nueva norma que aúne, que recoja y que modernice incluso, en muchos
de sus aspectos y léxico, la actual ley, que posibilita la existencia de
los colegios profesionales.
Son bien distintas las enmiendas que se han introducido, algunas de ellas
muy positivas, otras sumando inquietud y fórmulas no completamente
meditadas, que aconsejan al Grupo Parlamentario Popular no aprobarlas de
momento para estudiarlas después en esa norma global que hemos de ser
capaces de llevar adelante.
Así, en el artículo 5, punto uno, segundo párrafo, pensamos que la
referencia que se hace a la Ley de Defensa de la Competencia y a la Ley
de Competencia Desleal es adecuada. Incluso cobra fuerza el hecho de
haber situado en el último punto de este párrafo que la legislación
general y específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada
profesión venga a poner de manifiesto que ésta es la ley de los colegios
profesionales, la ley que tiene que ser capaz de respetar la lex artis,
las características propias, intrínsecas, peculiares, de cada una de las
profesiones.
Por el contrario, creemos que no es conveniente introducir en este
momento el tema de la publicidad regida exclusivamente desde la Ley
General de Publicidad. Bien es cierto que, en aras de la competencia, es
conveniente que los profesionales puedan darse a conocer en sus propias
características y bondades, pero no exclusivamente a través de la Ley
General de Publicidad, que nos llevaría a un comportamiento de los
profesionales no deseable. Se hablaba de la publicidad en la televisión y
yo no querría ver a los profesionales españoles, desde el prestigio,
desde la seriedad de sus profesiones, en tubos de neón, en anuncios
breves por palabras en periódicos o revistas o en la misma televisión.
Por lo tanto, pensamos que no es el momento de introducir esta enmienda,
votaremos negativamente y consideramos que debe ser regulada formalmente
en esa nueva norma que hemos de afrontar.
En cuanto al punto dos, en el trabajo del trámite de ponencia en esta
Cámara llegamos a la conclusión de que era conveniente expresarlo a
través de una transaccional más allá de la claridad con la cual ya se
expresa el propio texto del proyecto de ley haciendo mención del artículo
1º de la Ley de Defensa de la Competencia y haciendo también mención del
artículo 3º de dicha ley, que hace posible la autorización singular.
Pensamos que la excepción que la Ley establece para la relación de los
colegios profesionales de médicos con las compañías de seguros médicos
debe ser mantenida, de acuerdo con aquel dicho popular de que lo que
abunda no daña, según tal cual salió del Congreso de los Diputados,
porque efectivamente redunda en lo que ya es claro, en lo que para el
Grupo Parlamentario Popular era claro, en lo que para el Gobierno en su
texto del real decreto-ley era claro. Lo que puede ser autorizado en el
artículo 3º hagámoslo explícito a través de este segundo párrafo que
creemos que se debe mantener.
En cuanto al punto tres, ya desde los trabajos realizados en Comisión en
el Congreso de los Diputados buscábamos el ser capaces de entender,
respetar y potenciar lo que de peculiar tienen muchas de las profesiones
colegiadas. Hablamos de la necesidad de hacer peculiar, porque peculiar
es su función por lo que supone su adscripción física inevitable,
ineludible, deseable, no solamente por la pureza de la profesión, sino
por el buen funcionamiento de la justicia, que los procuradores de los
tribunales estén exentos de la posibilidad del ejercicio universal a
través de la colegiación única, pero llevándolo a lo que pensamos que es
una técnica legislativa más correcta, que sería a través del párrafo que
como transaccional también introdujimos en el trámite del Congreso. Ese
concepto de «atendiendo a la exigencia necesaria del deber de residencia
para la prestación de los servicios», creemos que es sumamente importante
y, por tanto, consideramos --y así lo haremos-- que no es conveniente su
sustitución, como nos propone el Senado.
Asimismo, en el punto cuatro se introduce el último inciso en el cual se
habla de la compensación económica entre los colegios cuando sean los
colegiados, los profesionales, en función de esa posibilidad de la
colegiación única válida para todo el territorio nacional, los que
establezcan las compensaciones económicas. Pensamos que no debe ser así.
Pensamos que deben ser los profesionales, si efectivamente reciben algún
tipo de servicio y ocasionan algún tipo de gasto en el colegio de
destino, los que hagan frente a ese gasto y no esa compensación entre los
colegios que por regla general, en la mayoría de las ocasiones, va a
obligar a los colegios más pequeños en cuanto a que tienen menor número
de colegiados a satisfacer unas obligaciones económicas con aquellos, los
de origen, que por regla general suelen ser colegios con mayor número de
colegiados y, por lo tanto, con mayores posibilidades económicas.
En cuanto al punto cinco, estamos de acuerdo. Pensamos que es un acierto
por parte del Senado el hecho de haber introducido en sus enmiendas los
epígrafes p) y q), así como el j) en el apartado seis, que también forma
parte de este conjunto de enmiendas. Vamos a votar afirmativamente todas
ellas, porque efectivamente clarifican esa necesidad de poner orden en
las relaciones económicas entre colegiados y colegios, que es una de las
razones fundamentales de la existencia del propio real decreto-ley y del
actual proyecto de ley,
por lo que pensamos que acierta en su enunciado y clarifica y ahonda en
esa clarificación.
Asimismo, el epígrafe q) del punto cinco, que de una vez por todas
refuerza, da mayor importancia, da sobre todo absoluta claridad al visado
como una de las funciones más importantes que han de llevar a cabo
aquellos colegios que necesitan del visado para saber de las
características del trabajo realizado, de la titulación necesaria para
que ese trabajo pueda ser realizado, en definitiva, que actúe de garante
de la pureza del ejercicio ante la propia sociedad.
Asimismo votaremos afirmativamente la disposición adicional. Termino
diciendo que votaremos afirmativamente, porque consideramos que es un
acierto, la disposición derogatoria. Planteo las razones por las cuales
aparece, primero, en las propias enmiendas del Senado y, segundo, por qué
el Grupo Parlamentario Popular va a apoyarla sin ningún tipo de reservas,
negando que exista ningún tipo de discriminación como aquí se ha
afirmado, negando que exista ningún tipo de agravio comparativo hacia
ninguna otra profesión. Por lo siguiente: porque con esta disposición
queda derogado el Real Decreto 2512/1977, salvo lo que no tiene carácter
económico.
En definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que se está preservando, que se
está salvando con rango de ley algo que la profesión de los arquitectos
no tiene en este momento con rango de ley, exclusivamente la profesión de
arquitecto, que son sus atribuciones profesionales. ¿Por qué no se
perjudica a otras profesiones? ¿Por qué no se perjudica específicamente a
arquitectos e ingenieros técnicos que son los que, a través de sus
colegios, a través de intervenciones planteadas por otros grupos
parlamentarios, podrían verse dañados si esta norma se plantease y no se
llevase más allá? Por una razón bien sencilla. Porque desde abril de
1986, a través de la Ley 12/1986, los arquitectos e ingenieros técnicos
tienen específicamente una ley de atribuciones profesionales, en donde se
dice lo que pueden y lo que no pueden hacer, en función de sus contenidos
curriculares, a través de lo que aprenden en sus escuelas, en las
universidades. Y porque, además, tienen en forma de reales decretos, y
ocupándose específicamente de sus tarifas de honorarios, los Reales
Decretos 314/1979 y 270/1988, que son los que formalmente quedan
derogados con esta ley.
Si derogásemos genéricamente todo aquello que tiene que ver, aunque sea
remotamente, con tarifas de honorarios y no establecemos la distinción,
no introducimos el matiz y no reflexionamos y decimos en voz alta que los
arquitectos en la misma norma tienen tarifas y honorarios, crearíamos
simple y llanamente un vacío de ley que pensamos que no sería nada
positivo para esta profesión.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Miranda, le ruego que vaya
concluyendo.
El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Concluyo inmediatamente, señor
Presidente.
No puede mencionarse a corredores, notarios, registradores de la
propiedad porque aunque en el texto del primer párrafo dice: quedan
vigentes con amparo en una ley, yo diría: con amparo en otra ley. Hay
otras leyes que se ocupan específicamente de estas profesiones y, por
tanto, al tener el mismo rango ni siquiera haría falta hacer la
matización de que quedan vigentes.
Por último, votaremos también afirmativamente, en cuanto al carácter
básico, la introducción de los epígrafes p) y q) del punto cinco del
artículo 5 porque pensamos que este carácter básico de la norma de que
estamos hablando, con respeto máximo hacia las competencias que las
comunidades autónomas tienen, con las competencias legislativas a que
estas atribuciones transferidas dan lugar, queda reservado, queda salvado
con estas características que enuncia la ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández-Miranda.
Vamos a proceder a la votación.
Votación sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales,
procedente del Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio.
Vamos a desglosar la votación en doce votaciones distintas, por lo que
les ruego que presten toda la atención.
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas al artículo 5, apartado uno,
párrafo segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313;
a favor, 299; en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la enmienda.
Enmienda al artículo 5, apartado uno, párrafo tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, 146; en contra, 168.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda al punto dos del artículo 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, 146; en contra, 167; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada.
Votación sobre el apartado tres, párrafo segundo, del artículo 5 y
también, del mismo artículo 5, el apartado cuatro, inciso final.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, cinco; en contra, 307; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación sobre el artículo 5, punto cinco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313;
a favor, 295; en contra, cuatro; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación relativa al artículo 5, punto seis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, 297; en contra, tres; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado.
Votación de la disposición adicional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, 311; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada.
Votación sobre la disposición derogatoria. (El señor Homs i Ferret pide
la palabra.) Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Solicitamos votar separadamente, dentro del texto de esta disposición
derogatoria, en el segundo párrafo, la palabra «aranceles». Entendemos
que al señalar «incluidas las que establecen tarifas o aranceles», sobra
la palabra «aranceles» y deberíamos suprimirla, puesto que tendría unas
interpretaciones excesivas, afectando a otros colegios que no son los que
se pretenden.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Vamos a votar las enmiendas a la disposición derogatoria y su texto, con
exclusión de la palabra «aranceles», que la someteremos a votación con
posterioridad. Por tanto, votación del resto de la disposición
derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 169; en contra, 143; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada.
Votación sobre la referencia a los aranceles, para la que ha solicitado
votación separada el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, 58; en contra, 253; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la palabra
«aranceles». (Rumores.) Votación de la disposición final segunda.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313;
a favor, 284; en contra, 23; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación del resto de las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, 295; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan aprobadas las restantes
enmiendas, procedentes del Senado, al proyecto de ley de medidas
liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales.
--PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA LA CONFERENCIA PARA ASUNTOS
RELACIONADOS CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS. (Número de expediente
121/000010)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto de
ley por la que se regula la Conferencia para asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas. (Rumores.) ¿Grupos que desean intervenir en el
debate? (Pausa.--Rumores.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones. (Rumores.) Señorías, les
ruego que vayan saliendo en silencio, para que pueda continuar el debate
y cumplir las previsiones horarias en el desarrollo del orden del día.
(Rumores.) Señor Mardones, cuando quiera. (Rumores.)
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente, y con gran
brevedad.
El Grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente todas y cada una
de las enmiendas que vienen del Senado al proyecto de ley que regula la
Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas ...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Mardones.
Señorías, insisto, les ruego silencio, para que pueda continuar la sesión
y cumplir el horario previsto para el desarrollo del orden del día.
Señor Mardones, continúe.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el Senado lo que ha hecho en las enmiendas ha sido una
corrección de estilo en muchas, de concreción en otras, y ha respetado,
porque no hay ninguna enmienda, lo que era la definición de la
Conferencia que introduce este proyecto de ley. Es decir, el artículo 1
no trae, en su punto 1, ninguna enmienda, porque es el que viene a
definir la Conferencia como órgano de cooperación entre el Estado y las
comunidades autónomas para articular adecuadamente la concurrencia en las
cuestiones propias. Este es un tema que, desde el Grupo de Coalición
Canaria y por el especial estatuto que tiene el Archipiélago canario como
comunidad autónoma en sus relaciones con la Unión Europea, siempre es muy
valorado y de alta sensibilidad. (El señor Vicepresidente, Marcet i
Morera, ocupa la Presidencia.) Las enmiendas respetan no solamente la
definición del contenido de esta Conferencia y la creación de la misma,
sino que viene también a armonizar, en un órgano de concurrencia
colegiada presidido por el Ministro de Administraciones Públicas, la
creación de la comisión de coordinadores de asuntos comunitarios
europeos, que creemos que es un acierto que tenga este órgano de trabajo,
y que trate de armonizar también lo que sale de las instituciones ya en
funcionamiento, como son las conferencias sectoriales. Por tanto, nos
parece que las enmiendas del Senado lo que han hecho ha sido,
sencillamente, perfeccionar, pulir y aclarar algunos conceptos y mejorar
el estilo, y por esta razón, señor Presidente, y por considerar que es un
instrumento necesario en la coordinación del diálogo de la Administración
central del Estado con las comunidades autónomas, lo vamos a votar
positivamente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: La intervención en este supuesto es de signo
contrario al del texto legal que hemos aprobado en el anterior punto del
orden del día.
Si mi intervención respecto de la ley de colegios ha sido
extraordinariamente crítica, en este caso, creo que el proceso de
elaboración de la disposición y el resultado conseguido ha sido
absolutamente el contrario.
El consenso alcanzado en la tramitación, ya en el ámbito de la Comisión
en el Congreso de los Diputados, fue extraordinario entre todos los
grupos. La labor de los portavoces y del propio Ministerio, del que
provenía la iniciativa, posibilitó que se llegase a acuerdos importantes
y a transacciones durante todo el camino de elaboración de la
disposición.
Como ha indicado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra,
las enmiendas del Senado introducen sólo matizaciones técnicas y mejoras
con respecto al texto que había sido aprobado por esta Cámara y que no
merecen sino nuestra aprobación absoluta.
Nos felicitamos, por tanto, de que, por fin, con el apoyo de todos los
Grupos, se haya podido configurar la Conferencia para asuntos
relacionados con las Comunidades Europeas como un foro posible de
tratamiento de estas cuestiones, que no el único, y se reconozca la
posibilidad de existencia de cauces bilaterales que puedan funcionar con
el resultado satisfactorio con el que hasta ahora viene funcionando la
comisión bilateral para Euskadi en estas cuestiones.
No quiero alargar más mi intervención, simplemente indicar que ojalá se
generalizase el proceso de elaboración de estas disposiciones en otros
textos y, por tanto, el Grupo Vasco apoyará con entusiasmo el producto
salido y las enmiendas procedentes del Senado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Gracias, señor Presidente.
Al igual que los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra,
desde mi Grupo recibimos muy favorablemente las enmiendas introducidas
por el Senado, porque entendemos que, ciertamente, suponen una perfección
técnica al texto, además de introducir una referencia a Ceuta y Melilla,
que tiene su lógica desde el momento en que existe un estatuto específico
para cada una de estas dos comunidades particulares.
Damos, por tanto, pleno apoyo al texto de las enmiendas y entendemos que
queda así perfeccionada una ley cuya aprobación, no en vano, formaba
parte del acuerdo de investidura y gobernabilidad de mi grupo con el
Grupo Popular y, por tanto, hoy es un día importante, en la medida en que
un punto más de ese acuerdo va a ser aprobado por esta Cámara.
Queda así clarificado, perfeccionado y elevado a rango de ley un
instrumento, al que damos gran importancia, para la participación de las
comunidades autónomas en la formación de la voluntad exterior del Estado,
en el ámbito concreto de lo que se refiere a la Unión Europea, y en
general en la integración de nuestro derecho y en la ejecución del
derecho comunitario por parte de las autoridades de las comunidades
autónomas y del Estado allí donde afecte a las comunidades autónomas, sin
dejar cerrada la posibilidad --como ha puesto ya de relieve la portavoz
del Grupo Vasco-- de una cooperación bilateral, como ya venía existiendo
hasta ahora, y que seguirá quedando abierta en aquellos ámbitos en los
que los intereses de una comunidad específica puedan estar en juego y no
los de la totalidad, o estemos en ámbitos de la actividad de la Unión
Europea que tengan un interés específico para una comunidad concreta.
Por tanto, una vez más, salimos de ese error que ha sido en otros casos
el café para todos y entendemos que, desde este punto de vista, esta ley
también es un instrumento correcto.
En este caso, una vez más, querríamos que la ley no quedara reducida a
una norma, sino que esperamos, confiamos y estamos seguros de que la
voluntad política del Gobierno recogerá no sólo la literalidad de la ley
en los términos en los que será aprobada hoy, sino lo que es su propio
espíritu, es decir, un espíritu de clara colaboración entre las
comunidades autónomas y la Administración central del Estado, entre los
gobiernos autonómicos y el Gobierno del Estado, el Gobierno central,
porque una ley de este estilo, reducida a su literalidad, podría quedar
muy fácilmente vacía de contenido si no fuera acompañada de un espíritu
claro de colaboración entre todos en el ámbito concreto de la Unión
Europea.
Por tanto, no podemos sino felicitarnos por la aprobación de esta ley,
que entendemos supone un reconocimiento más del hecho de que España no es
un Estado unitario, es un Estado no sólo descentralizado sino
plurinacional, desde nuestra perspectiva y, en todo caso, un Estado
compuesto y ello pasa a reflejarse en un ámbito tan concreto como es este
de las relaciones entre el Estado español y los organismos de la Unión
Europea.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Guardans.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La verdad es que las enmiendas que ha introducido el Senado vienen a
demostrar lo que es una Cámara de segunda lectura; las precisiones son
muy importantes, pero de índole gramatical, técnica; en fin, tendremos
que mejorar estos trámites. A lo mejor esta ley tendría que haberse
discutido toda en el Senado y haber concluido allí, puesto que es la
Cámara de los territorios donde mejor se podía elaborar, pero lo cierto y
verdad es que lo que de aquí salió y aquí vuelve es la voluntad de hacer
partícipes a las comunidades autónomas en todo el proceso de construcción
europea. Eso sí, va a ser visto desde una óptica diferente a la de otro
grupo que ha intervenido anteriormente. Esta ley no obedece, o no puede
obedecer, o sería malo que obedeciera al pacto de investidura entre el
Partido Popular y otras fuerzas, ya que esta ley hace partícipes a todas
las comunidades autónomas. Por tanto, es buena porque ordena mejor a todo
el Estado y no porque se cumpla un punto de un pacto. Ya saben ustedes
que los pactos los carga el diablo, sobre todo a la hora de poder
hacerlos realidad.
En todo caso, me voy a referir a dos enmiendas que a mí no me han
parecido más acertadas. La enmienda a la exposición de motivos introduce
que el objetivo de la ley es consolidar mediante regulación, y aquí
especifica que la regulación sea legal. Esto no es que sea un gran
avance, pero puede ser importante porque puede ser una ley o un
reglamento; si se queda en una orden ministerial, ya no nos van a dejar
entrar a discutirlo, y entonces será malo, porque no podremos participar
todos, desde la pluralidad de la Cámara, en esa discusión.
Pero esto no es lo importante de las enmiendas a las que yo me quería
referir, señor Presidente. Hay una enmienda del Senado, al artículo 3,
apartado 4, que plantea que una de las misiones de la Conferencia será el
impulso y seguimiento del desarrollo del procedimiento de participación
de las comunidades autónomas. La enmienda del Senado es quitar la palabra
«desarrollo». Es verdad que queda el impulso y seguimiento del
procedimiento de participación, pero la palabra desarrollo parece que
daba más amplitud, más participación en el contenido de ese seguimiento a
esa actuación. En todo caso, sustancialmente no lo cambia. Parece que es
una corrección técnica. Pero --ojo--, que a mí cuando me quitan una coma,
un punto y coma, a veces me trastoca toda la ordenación del párrafo.
Espero que este objetivo no sea el de reducir participación.
Por último, se introduce una enmienda al funcionamiento interno --y esto
se discutió bastante en la Comisión-- de la Conferencia y la elaboración
de un reglamento. Es verdad que la propuesta que aquí hacíamos era la de
un reglamento interior. Pues bien; la enmienda del Senado propone que, en
lugar de un reglamento interior, sea un reglamento interno. Si el
objetivo es que sea un reglamento propio de la Conferencia y no se quiere
limitar solamente a procedimientos administrativos; si en realidad quiere
decir que la Conferencia va a definir cómo va a funcionar y cuál es su
papel y su nivel de propuesta de discusión, o de iniciativa,
me parece bien. Pero si un reglamento interno se va a referir sólo a la
mecánica interna, ya estaríamos complicando las cosas, porque el objetivo
de poner esto aquí en la ley era el de facilitar que la propia
Conferencia lo pudiera definir. Yo recuerdo en la discusión que hubo
algunas limitaciones a que la Conferencia pudiera marcar su propia
dinámica de funcionamiento.
En todo caso, como yo no quiero aguar la fiesta, que lo que quiero es que
lo que se inicia bien, termine bien, espero que estas mejoras técnicas
del Senado no indiquen reducir la voluntad inicial, sino simplemente
adecuar (lo que el Diccionario de la Lengua nos agradecerá mucho) que
desarrollo en pequeño es malo, que es mejor que sea derecho en grande.
Espero que no nos pongan derechos, y que, de verdad, sea de derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATE IBARZ: Señor Presidente, quiero significar tres
cuestiones, la primera, para desmentir lo que podría deducirse de las
palabras de algún portavoz, ya que parece que la regulación legal que hoy
aprobamos partiera de una situación ex novo y desde cero, cuando la misma
exposición de motivos reconoce que la Conferencia a la que nos referimos
ya se institucionalizó, al amparo de lo previsto en el artículo 4º de la
Ley 12/1983 de Proceso Autonómico y posteriormente también en el artículo
5º de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Por tanto, no partimos de cero.
Hoy se materializa en ley lo que ha venido siendo una práctica de todos
estos últimos años que ha demostrado el interés de los socialistas por
esta materia para articular la participación de las comunidades autónomas
en la elaboración y aplicación del derecho y de las políticas
comunitarias europeas.
Además también, aparte de manifestar y avanzar que nuestro voto va a ser
positivo a las enmiendas del Senado, en consonancia con lo que fue
nuestra actitud en la Comisión ya aquí en el Congreso y también en el
propio Pleno del Senado, sin embargo, queremos manifestar que hubiéramos
preferido que esta ley hubiera contenido dos de nuestras propuestas por
lo que se refiere a unas enmiendas que creemos particularmente
importantes y que finalmente fueron rechazadas.
La primera es la que pretendía que los acuerdos de la Conferencia para
asuntos relacionados con las Comunidades Europeas fueran publicados en el
Boletín Oficial del Estado, y ello en consonancia con lo que contemplaba
el propio acuerdo llamado de gobernabilidad al que se ha hecho referencia
esta mañana en esta Cámara. Ese acuerdo decía literalmente, al menos por
lo que conocimos en su versión en la prensa, y nunca desmentido, lo
siguiente: El rango de dicha Conferencia sectorial será similar al del
Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto en la Lofca. Todo el
mundo sabe que los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera
son publicados en el Boletín Oficial del Estado. Nosotros creemos que,
para que la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades
Europeas hubiera adquirido el rango y la importancia que todos deseamos,
sus acuerdos hubieran tenido que ser publicados también en el Boletín
Oficial del Estado, tal como pretendía una de nuestras enmiendas
presentadas aquí en el Congreso, que fue reiterada también en el Senado y
que fue rechazada.
En segundo lugar, una enmienda que creemos también particularmente
significativa y que planteó nuestro grupo en el Senado, y era que, por lo
menos una vez al año, la Cámara alta fuera informada de la marcha de
dicha Conferencia. Tal como aquí ya se ha insinuado por el portavoz de
Izquierda Unida, quizá esta ley hubiera tenido que ser discutida en
exclusiva en el Senado. Seguramente pocas leyes como esta, pocas
conferencias, pocos asuntos como este, el de la participación de las
comunidades autónomas en los asuntos europeos, podemos encontrar que sea
necesario tratarlos en el Senado como Cámara de representación
autonómica.
A pesar de ello, a pesar de estas enmiendas que nuestro grupo planteó y
que fueron rechazadas, nuestro voto va a ser positivo.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Sabaté.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez
Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Gracias, señor Presidente.
La idea principal subyacente en este proyecto de ley del Gobierno no es
la de crear una composición musical, como ha dicho alguno, sino potenciar
la Conferencia como órgano de cooperación, de consulta y de deliberación
entre el Estado y las comunidades autónomas, tanto en la fase de
formación de voluntad del Estado en el seno de las Comunidades Europeas,
como en la aplicación del derecho comunitario europeo y de los actos de
las instituciones, dotándola del rango superior que deseaban todos los
grupos parlamentarios, y es cierto, como ha dicho el señor Guardans, que
el acuerdo de investidura y gobernabilidad suscrito entre el Partido
Popular y Convergència i Unió establecía precisamente esto, que el rango
de esta Conferencia sería similar al del Consejo de Política Fiscal y
Financiera previsto en la Lofca, y es un honor para este portavoz en este
momento decir que ese pacto se ha cumplido y que estamos encantados de
haberlo hecho, porque pensamos que beneficia a todos los españoles y por
supuesto a todas las comunidades autónomas.
La Conferencia, señora Uría, efectivamente no sustituye a las
conferencias sectoriales o instrumentos equivalentes existentes, sino
que, como bien dice el texto que viene del Senado, garantiza el impulso y
el seguimiento del procedimiento de participación de las comunidades
autónomas, a través de las respectivas conferencias sectoriales u
organismos equivalentes, en las políticas o acciones comunitarias que
afecten a las competencias de aquéllas. El texto que nos ocupa, además,
es un texto flexible, lo cual nos permitirá ir adaptando momento a
momento su funcionamiento y las soluciones en él previstas a las
necesidades de cada situación, porque además existe la voluntad política
de este Gobierno para que así sea.
El texto que se presenta en esta Cámara para su deliberación y aprobación
es el que nos devuelve enmendado el Senado tras la aprobación, como ya se
ha dicho, por la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, el 3
de diciembre de 1996, por unanimidad. Para resumir, la novedad más
importante introducida por el Congreso en ese trámite parlamentario fue
la limitación de las funciones de la Conferencia a las Comunidades
Europeas, con exclusión de lo relativo al Consejo de Europa y en general
a la actividad en el exterior de las comunidades autónomas, unanimidad
que se ha repetido en el trámite que ha tenido lugar en el Senado, al
proponer enmiendas que, sin tocar nada de lo esencial, mejoran la
redacción, concordancia gramatical y estilo, introducen asimismo mejoras
de técnica legislativa, se homogeneiza la morfología empleada y se añade
una nueva disposición adicional conteniendo, como es lógico y justo, la
forma de participación de Ceuta y Melilla en la Conferencia, que se
articulará formando parte de la misma un miembro del consejo de Gobierno.
Señorías, señor Presidente, el Gobierno, y con él mi Grupo Parlamentario,
quería que este proyecto de ley fuera fruto del más amplio y genuino
consenso; consenso que, como ha dicho el representante del Grupo
Socialista, fue la línea que se ha seguido desde los primeros intentos
por parte del anterior Gobierno y que se remontan al mes de diciembre de
1985, y ésta es la línea que se configura como la única posible. Por
ello, creo que debemos felicitarnos de que ya desde el trámite en
ponencia los distintos grupos hicieran posible el acuerdo.
Yo, en nombre de mi grupo, quiero agradecer a todos los grupos de la
Cámara y a los ponentes el espíritu abierto y la colaboración con que han
acogido las distintas sugerencias en pos del compromiso, y para hacer
justicia quiero resaltar, en este sentido, la colaboración habida con
Coalición Canaria, con el Partido Nacionalista Vasco y su portavoz,
Margarita Uría, y con el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y su
portavoz, Ignasi Guardans, que habiendo presentado ambos grupos
parlamentarios enmiendas de hondo calado, han sabido favorecer, cuando
fue necesario, una posición común. Espero que sepamos continuar en la
misma línea para contribuir todos juntos ahora, desde este órgano, que
espero cuente una vez más con el apoyo de todas SS. SS., al proceso de
construcción europea.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Martínez Casañ.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Senado. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre el proyecto de ley por el que se
regula la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades
Europeas.
Vamos a proceder a votar dos bloques, y les advierto que hemos reducido
el tiempo disponible para votación desde que lo anuncia la Presidencia a
efectos de ganar tiempo y poder desarrollar todo el orden del día.
Votaciones separadas, en primer lugar, sobre los artículos 3, apartado
4.º, y 3, apartado 4.º, norma 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315;
a favor, 296; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto de las enmiendas al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315;
a favor, 314; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas, por tanto, las restantes
enmiendas al proyecto de ley por el que se regula la Conferencia para
asuntos relacionados con las comunidades europeas.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE HABILITACION DE NUEVAS FORMAS DE GESTION DEL
INSALUD. (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 10/1996, DE 17 DE JUNIO.)
(Número de expediente 121/000006)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden día: dictámenes de comisiones
sobre iniciativas legislativas.
En primer lugar, proyecto de ley sobre habilitación de nuevas formas de
gestión del Insalud, procedente del Real Decreto-ley 10/1996, de 17 de
junio.
Mantienen enmiendas para su defensa ante el Pleno el Grupo Parlamentario
Mixto, señor Vázquez, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo Socialista.
En primer lugar, para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor
Vázquez, del Grupo Mixto.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Guillerme): Gracias, señor Presidente.
Intervengo para defender la enmienda presentada por el BNG al proyecto de
ley de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de
Salud. Una enmienda que pura y simplemente plantea la supresión del
artículo único del proyecto de ley.
Presentamos esta enmienda porque las fórmulas de gestión que el Gobierno
pretende legalizar significan la introducción de mecanismos
privatizadores en el sector sanitario público, una privatización
naturalmente encubierta. Fórmulas como las propuestas no van a mejorar la
calidad asistencial, como ya se está demostrando por las experiencias
que, por cierto, sin marco legal alguno ni consenso de ningún tipo, se
pusieron en marcha en algunas comunidades autónomas, significadamente en
la Comunidad Autónoma de Galicia.
Estamos, por tanto, ante un debate crucial sobre qué modelo de sistema
sanitario se quiere diseñar, si un modelo sanitario público, como única
garantía de acceso a la salud en condiciones de igualdad y en el que la
sanidad privada juegue su papel --pero sin parasitar a la sanidad
pública-, o ante un modelo, que es el que está proponiendo el Gobierno,
en el que la sanidad pública irá perdiendo terreno paulatinamente y
acabará reducida a su antigua condición de sanidad de beneficencia,
aunque, por el momento, cargando con aquellos aspectos más costosos de la
asistencia sanitaria.
Lo que se propone en este proyecto de ley es introducir fórmulas
organizativas, como empresas públicas, consorcios, fundaciones u otros
entes dotados de personalidad júridica, además del establecimiento de
acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o
privadas. Fórmulas que se irán ensayando en los nuevos centros
sanitarios, pero con la pretensión de extenderlo a la actual red
sanitaria pública.
Lo que se propone en este proyecto de ley no es mejorar y abaratar la
gestión ni el funcionamiento y, por tanto, dar satisfacción al usuario.
Lo que se propone es dar barra libre al Gobierno para la introducción en
el sistema sanitario público de mecanismos privatizadores y para aumentar
la participación de la sanidad privada en la inmensa tarta sanitaria, por
cierto, tan apetecible.
La sanidad pública tiene problemas --eso es evidente-- y es necesario
intentar resolverlos. Pero el Gobierno renuncia a hacerlo porque tiene
una idea fija, que es privatizar una parte sustancial de la sanidad. Como
decía antes, las fórmulas que se proponen ya se están aplicando, sin que
los hechos demuestren una mejoría del sistema sanitario.
Se están ensayando empresas públicas, por ejemplo el Instituto Galego de
Medicina Técnica, que por el momento tiene capital público, pero que aún
nadie desmintió que se pueda privatizar en el futuro. ¿O es que acaso las
empresas públicas no se pueden privatizar? Una empresa pública, por
cierto, que está cuestionada por todas las organizaciones políticas y
sindicales, excepto por el Partido Popular, y también por los
profesionales sanitarios, incluido el servicio de radiodiagnóstico del
hospital donde está enclavado. Empresas que lo que provocan es
descoordinación en los hospitales, aumento de burocracia, diferencias
salariales y laborales entre los trabajadores del mismo centro y
utilización gratuita de medios públicos, sin que, desde luego, hayan
demostrado ni una disminución de costes ni un mejor servicio. Fundaciones
de las que en nuestra comunidad autónoma también tenemos conocimiento y
experiencia; fundaciones como la del hospital de Verín, donde se abaratan
los gastos exclusivamente por la vía de disminuir los costes laborales,
con menos personal, con disminución de salarios, con aumento del número
de horas de trabajo, con selección de personal, naturalmente a dedo, y
todo esto sin que se demuestre una mayor eficacia. O conciertos
privilegiados con centros sanitarios privados, destinados más bien a
reflotar empresas privadas con fondos públicos; empresas que, por cierto,
quebrarían sin la aportación de estos fondos públicos y a las que se
adjudica nada menos que la asistencia de un área determinada, a pesar de
las deficiencias de recursos que tienen estas empresas respecto a los de
los hospitales públicos.
Las fórmulas de gestión del Sistema Nacional de Salud que propone este
proyecto de ley están, por tanto, ensayadas y no demostraron su eficacia
en lo que se refiere a una mejoría en la calidad asistencial. Además, son
fórmulas que van a significar el manejo de ingentes cantidades de fondos
públicos, escapando al control parlamentario. Nos parecen fórmulas cuyo
fin es contrario al mantenimiento del sistema sanitario público y por eso
pedimos, mediante esta enmienda, que no se apliquen.
Respecto a las demás enmiendas que presentan otros grupos parlamentarios,
algunas de ellas las vamos a votar favorablemente y en otras votaremos en
contra.
En todo caso, quisiera dejar constancia de que aceptar la introducción de
mecanismos de gestión y administración a través de entidades públicas,
abre la puerta a gestionar tal y como propone el Gobierno. Es una fórmula
que no garantiza la no privatización futura ni la no utilización de
medios de gestión privada, por muy público que sea, en principio, su
régimen financiero. En el mejor de los casos, y por ser condescendientes,
es una propuesta ambigua, que desde luego nosotros no compartimos.
Para nosotros no es momento, señoras y señores Diputados, de
ambigüedades, porque lo que nos estamos
jugando es demasiado importante, afecta nada menos que a toda una
concepción de la sanidad.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo para defender la enmienda a la totalidad con texto
alternativo que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya plantea a este proyecto de ley que pretende ser aprobado en
esta Cámara relativo a la gestión de la sanidad pública.
Señorías, es bien conocido que nuestro grupo parlamentario no comparte ni
el diagnóstico ni el tratamiento que por parte del Partido Popular se
hace, y en este caso tampoco el tratamiento que se propone por parte del
Grupo Parlamentario Socialista.
Evidentemente, la sanidad pública tiene problemas cuya solución no pasa,
ni muchísimo menos, por aceptar en el fondo la ideología de la
privatización, que parte de atribuir, de una manera absolutamente carente
de argumentos, carente de hechos contrastados, mayor eficacia a la
gestión privada de los centros sanitarios, más bien todo lo contrario,
señorías. En la ponencia parlamentaria que estudia la reforma del sistema
sanitario estamos asistiendo a la comparecencia de expertos que
demuestran reiteradamente que la introducción de estos mecanismos aumenta
el gasto sanitario global. Señorías, comunidades autónomas como Cataluña
o como Andalucía, que han avanzado mucho más deprisa que el Insalud no
transferido en la introducción de criterios de gestión empresarial, de
criterios de privatización de la gestión, son las que arrojan una mayor
desviación del gasto y una mayor deuda sanitaria.
Pero el problema fundamental es que las causas de ineficiencia de la
sanidad pública están sin resolver. Las causas de ineficiencia tienen que
ver con una insuficiencia crónica de servicios sanitarios, una deuda
histórica de nuestro país con respecto a su propio pueblo y en relación
con las medias en recursos sanitarios de otros países de la Unión
Europea. No se avanza, señorías, en criterios de convergencia real, en
criterios de adecuación de infraestructuras de servicios sanitarios.
Tenemos una sanidad pública insuficiente que, no obstante, exhibe mayores
niveles de calidad que la sanidad privada, pero insuficiente en su
infraestructura, en sus recursos humanos ya muy precarizados por la
aplicación de criterios de contratación laboral temporal.
La introducción de las fundaciones, la introducción para la gestión de la
sanidad pública de cualquier ente constituido en derecho, representa una
aberración de primer orden desde el punto de vista jurídico y
absolutamente injustificado desde el punto de vista de las necesidades de
salud. Existe una enmienda transaccional planteada por el Grupo Popular
que enmascara la permanencia de las fundaciones, yo quiero decirlo con
toda claridad ante este Pleno del Congreso de los Diputados, estamos ante
una tergiversación jurídica. La enmienda planteada por el Grupo Popular
enmascara la permanencia de las fundaciones, la permanencia de los
consorcios y la posibilidad de cualquier ente constituido en derecho para
gestionar la sanidad pública. (El señor Vicepresidente, Marcet i Morera,
ocupa la Presidencia.) En la tramitación de este proyecto de ley se han
aprobado los estatutos de las fundaciones que gestionarán los hospitales
públicos, construidos con dinero público, de Alcorcón y de Manacor. En
ellos se dice que el ámbito de la fundación es todo el territorio del
Estado español. ¿Qué quiere decir eso? En ningún momento se habla del
compromiso de la atención sanitaria a una determinada área de salud.
Quiere decir que las fundaciones podrán atender la demanda de pacientes
del ámbito global del territorio del Estado español.
En cuanto a la personalidad jurídica de las fundaciones, se dice en el
artículo 4.1: La fundación tiene personalidad jurídica propia gozando de
plena capacidad jurídica y de obrar. En consecuencia, con carácter
enunciativo y no limitativo podrá adquirir, poseer, reivindicar,
permutar, gravar y enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos y
obligarse, promover, seguir y oponerse, desistir de los procedimientos
oportunos. Es decir, todo aquello que regula el Derecho privado de quien,
como empresario, actúa en función de su propia voluntad y del riesgo que
asume como persona jurídica, pero nada que se relacione con la gestión de
recursos públicos, de infraestructura pública y, por tanto, sometida al
control y al cumplimiento de objetivos de la sanidad pública.
En su artículo 7, los estatutos de las fundaciones a que me he referido
dice: Tendrá la condición de beneficiario el colectivo indeterminado de
personas que requieran asistencia sanitaria. Estamos ante la
desregulación máxima de la gestión de la sanidad pública, y hay
experiencias, como ha dicho el parlamentario que me ha precedido en el
uso de la palabra. Están las fundaciones, las sociedades que están
gestionando una parte de la sanidad pública en Galicia con criterios
empresariales, con criterios de beneficio económico o de incremento del
gasto a los proveedores, con una inseguridad sanitaria total.
Estamos asistiendo a la introducción de reformas que cuando han sido
testadas en otros países se ha observado la selección adversa de
pacientes, el incremento del costo sanitario global y un deterioro de la
calidad asistencial. En la fundación de Verín se están incentivando las
altas que da el médico por debajo de
los días aconsejados para cada tipo de proceso sanitario, lo que en
terminología sanitaria se conoce como GDR (grupos de diagnóstico
relacionados), incentivando con cantidades concretas de miles de pesetas
el alta precoz en función de criterios de ahorro, con inseguridad
sanitaria total y en ausencia de controles de calidad.
Ha habido un estudio muy importante realizado por destacados
profesionales de la sanidad pública en cuanto a desigualdades en la
asistencia sanitaria. Se da igualdad en el acceso a los servicios
sanitarios, pero profundísimas desigualdades en nuestro país en cuanto al
estado de salud de la población por clases sociales. Hay algo tan
espectacular como diez años de esperanza de vida de diferencia entre las
clases más desfavorecidos y los grupos sociales que cuentan con mayor
capacidad económica; diez años de vida, señorías. Estamos hablando de
vida, de salud y de enfermedad, y estamos interviniendo con criterios
exclusivamente economicistas y con medidas jurídicas que dinamitan el
funcionamiento de la sanidad pública sin atender a ninguno de los
factores de mejora de la equidad, de intervención sobre los principales
problemas de salud, de desburocratización de la asistencia sanitaria y,
en definitiva, de adecuación del presupuesto de la sanidad pública a los
objetivos.
La fundación de Verín está reduciendo costos en función,
fundamentalmente, de disminuir la cualificación de los profesionales. Un
22 por ciento de los mismos no tienen la titulación académica exigida en
la sanidad pública para atender esos procesos. Se está produciendo ahorro
con mecanismos prohibidos en la sanidad pública, reutilizando material
desechable. Se están planteando los criterios de rentabilidad económica
disminuyendo drásticamente el número de profesionales sanitarios por
cama. Estamos, en definitiva, asistiendo al engaño manifiesto de la
constitución de una ponencia parlamentaria que planteaba la posibilidad
de llegar a un consenso entre todos los grupos parlamentarios para llevar
a cabo una reforma, garantizando la supervivencia de la sanidad pública y
mejorando aquellos niveles de ineficacia, de despilfarro o de medidas de
gestión que pudieran permitir una mejora de la sanidad pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Maestro, le ruego que
concluya, por favor.
La señora MAESTRO MARTIN: Estamos asistiendo, pues, señorías, a la
introducción de medidas que carecen de cualquier justificación que no sea
avanzar decididamente en la desregulación de la sanidad pública y en su
privatización; a la introducción del derecho privado en la gestión de
unos recursos públicos, por lo tanto propiedad de la sociedad española y
con objetivos de atención sanitaria, que permanecen por medidas
constitucionales en el ámbito estricto del servicio público; a la
introducción de criterios privados.
Tampoco entendemos, señorías --y quiero decir que ha sido una
desagradable sorpresa comprobarlo--, cómo la enmienda del Partido
Socialista Obrero Español pretende dar solución al problema a través de
la creación de entes públicos de derecho privado. Cuando ya, en ausencia
de controles de calidad, se está gestionando la sanidad pública con
criterios empresariales, por lo tanto de reducción del gasto, de
incremento de la inseguridad desde el punto de vista sanitario, la
introducción de medidas del derecho privado en la sanidad no es más que
una manera vergonzante de haber aceptado esa filosofía. Insisto, no está
demostrado en ninguna parte del mundo ni del territorio del Estado
español que la gestión privada es más eficaz; evidentemente, es más
eficaz en función de la obtención de beneficios, pero jamás en función de
los objetivos para los cuales se crea el sistema sanitario, que es
intervenir eficazmente sobre los problemas de salud disminuyendo las
desigualdades y aumentando la eficacia de los servicios sanitarios.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Maestro.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra
la señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, subo nuevamente a esta tribuna para defender las enmiendas que
mi grupo parlamentario ha mantenido al proyecto de ley sobre habilitación
de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, proyecto de
ley que, como SS. SS. saben, procede del Real Decreto-ley número 10, de
17 de junio de 1996.
Es la tercera vez, señorías, que debatimos esta cuestión en el Pleno de
esta Cámara y yo confío en que el trabajo parlamentario de estos casi
ocho meses sirva para que reconduzcamos un texto, el del Real Decreto-ley
aprobado por el Gobierno y convalidado en esta Cámara, que, a nuestro
juicio, plantea serios problemas para la consolidación y la mejora del
Sistema Nacional de Salud tal y como lo entendemos en sus características
fundamentales.
Por sintetizar, las enmiendas del Grupo Socialista se resumen en dos
grandes objetivos. En primer lugar, consideramos que no se puede regular
la reforma de la gestión de los servicios sanitarios de manera tan
abierta, de forma que constituya una desregulación en realidad y, por
tanto, la reforma de la gestión de la sanidad constituya una isla dentro
del marco jurídico público en el que se mueve la gestión de los servicios
públicos. La reforma debe ser acorde con las leyes que regulan el
funcionamiento de los servicios públicos y, específicamente, con la Ley
General de Sanidad.
Además, consideramos imprescindible preservar la condición de servicio
público del sistema sanitario. Ello se hace a través de la garantía del
mantenimiento de la titularidad pública de los nuevos entes que se creen
para gestionar los servicios sanitarios entendidos en sentido amplio.
Estimamos, por otra parte, que este marco mínimo regulador debe contener
la garantía de que el Gobierno va a dictar, por vía reglamentaria, una
norma de carácter general en la que se contenga la enumeración de los
requisitos que deben reunir estas nuevas entidades.
Nos parece que es un problema de garantía jurídica para los ciudadanos y
para el marco público que queremos preservar. Por ello, creemos que en
esa norma de carácter general debe hacerse referencia al tipo de
entidades jurídicas, a las fórmulas jurídicas que se elijan, al régimen
de garantías exigible para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a
la protección de la salud en condiciones de equidad, al régimen
financiero, al régimen de personal, a la definición de los órganos de
dirección y administración, o al régimen de asunción y cobertura de
responsabilidades. Estas son las enmiendas del Grupo Socialista,
señorías, que hemos mantenido para su defensa en este debate en Pleno.
Con este marco se clarifica y se garantiza el objetivo que creemos
perseguir todos: la modernización del funcionamiento del sistema
sanitario. Modernización sí, desburocratización sí, desvirtuar los
principios del modelo no. Con el texto que está en vigor, con el
decreto-ley aprobado por el Gobierno sí se produce esa transformación del
modelo. Lo cree el Grupo Socialista, señorías, y lo ha creído alguien
más.
Yo quiero hacer referencia hoy aquí, puesto que confío en que seamos
capaces de extraer de este Pleno un acuerdo que permita cumplir los
objetivos que el Grupo Socialista lleva proponiendo desde hace ocho
meses, a que esa interpretación del decreto-ley en vigor no sólo la ha
hecho el Grupo Socialista, en el sentido de que la gestión privada de los
centros se posibilita, se desregula de manera peligrosa, sino que la ha
interpretado así también, por ejemplo, el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Valencia. La Comunidad Valenciana está gobernada por el
Partido Popular y el consejero de Sanidad de la Comunidad, el 28 de enero
último, ha aprobado un pliego de cláusulas de explotación para el
concurso público, por procedimiento abierto, de la gestión de la atención
sanitaria especializada en el área 10 del Servicio Valenciano de Salud.
Señorías, muy brevemente, para ilustrar cuál es nuestra preocupación,
para saber de qué estamos hablando y qué es lo que nos jugamos hoy aquí,
quiero repasar algunas de las características que este pliego de
condiciones contiene.
La Comunidad de Valencia y su Consejería de Sanidad deciden convocar un
concurso público para, a través del sistema de concesión, entregar la
asistencia especializada del área de salud número 10 del Servicio
Valenciano de Salud a la empresa que resulte adjudicataria.
Me voy a permitir recordar a SS. SS. algunas de las características de
esta nueva modalidad para la que la Consejería invoca específicamente el
decreto-ley del que estamos hablando. Cita el real decreto-ley como
fundamento de esta decisión, transcribe literalmente su exposición de
motivos y dice que con la promulgación de este decreto-ley se ha venido a
confirmar un propósito que, por otra parte, ya tenía la Comunidad
Valenciana, que es utilizar algunas fórmulas nuevas, aunque reconoce poco
aplicadas, y, por tanto, decide que la atención sanitaria de la población
a que nos referimos se haga, a través de la gestión indirecta, por una
concesión administrativa.
Señorías, este asunto afecta a 29 municipios, a 230.000 habitantes y el
objeto de la concesión es la atención sanitaria especializada, la
gestión, previa instalación --dice--, de los elementos materiales, nada
menos que el edificio y el equipamiento. De manera que se convoca un
concurso en el que se califica al concesionario futuro de colaborador de
la Administración en la gestión del interés público; se convoca a riesgo
y ventura del adjudicatario; se establece la fórmula jurídica de gestión
indirecta mediante concesión y se dice que el concesionario es el
responsable de gestionar el servicio público de atención sanitaria
especializada, corriendo a su cargo la instalación previa del mismo. Se
permite hacer una reflexión doctrinal del pliego de condiciones y dice
que éste es un contrato atípico, que los cuatro contratos previstos en la
Ley de Contratos del Estado no constituyen un números clausus y que, si
no se va contra el interés público, se genera una nueva calificación de
contrato público. Respalda esta decisión de inventarse un nuevo contrato
--y esto nos interesa a todos-- porque dice percibir que la voluntad
actual del legislador es encontrar nuevas formas de contratación, que la
Ley de Medidas Fiscales que acabamos de aprobar en esta Cámara crea
nuevos contratos y que la Ley de Medidas de Disciplina Presupuestaria
crea nuevos procedimientos, de manera que estamos en pleno procedimiento
de invención. Lo que de verdad no habíamos visto nunca es que con un
pliego de cláusulas administrativas se crearan nuevas figuras
contractuales.
El contrato que, como digo, es atípico y la Consejería lo está creando a
través de este pliego, establece, por ejemplo, que los contratos
auxiliares o complementarios que realice el adjudicatario y que impliquen
ocupación del dominio público quedan autorizados. Cuando se define el
objeto del contrato, señorías, se expresa como la prestación de los
servicios de asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como
ambulatoria, para la población del área 10 previa construcción del
hospital.
El siguiente punto del pliego define quién es la población con derecho a
la asistencia sanitaria y resulta que la Consejería de Valencia, en un
pliego de condiciones para convocar un concurso público, redefine la
universalización de la sanidad, redefine el derechos de los ciudadanos a
la asistencia sanitaria y dice que a ese hospital pueden acceder los
residentes de hecho, que las personas que no sean residentes de hecho
pueden ser atendidas con carácter urgente si es por motivos de traslado o
residencia fortuita y que los padres o familiares directos, en primer
grado de consanguinidad, de residentes en la zona pueden ser autorizados
a ser atendidos. Es decir, que estamos cuestionando el artículo 43 de la
Constitución española, estamos cuestionando la Ley General de Sanidad y
los ciudadanos de 29 municipios de la Comunidad Autónoma de Valencia
tienen derechos diferentes en relación a la asistencia sanitaria.
La verdad, señorías, es que el pliego al que me estoy refiriendo es un
documento insólito. Al adjudicatario, empresa privada, se le cede sin más
la gestión de dos centros públicos de asistencia especializada
extrahospitalaria, como son el de Sueca y Alcira, se integran sus
instalaciones, y a la hora de valorar quiénes son los posibles
adjudicatarios, en el baremo de méritos ser empresa constructora se
puntúa con un 30 por ciento. Para atender a la población de estos 29
municipios van a estar primadas las empresas constructoras con un 30 por
ciento, y estamos hablando de una adjudicación de asistencia sanitaria.
Este disparate, a nuestro juicio, que establece, por ejemplo, como causa
de resolución del contrato la captación indebida y reiterada de demanda a
personas sin derecho a la asistencia, es el principio, sólo el principio,
de lo que podría dar de sí el decreto-ley que se convalidó en esta Cámara
en el mes de julio, que está en vigor y que yo confío que después del
debate de hoy siga en vigor por poco tiempo.
Si se ha podido configurar este modelo de prestación de asistencia
sanitaria con base en el decreto-ley, alguna razón tiene el Grupo
Socialista en su insistencia de que se modifique el texto que hoy se
debate, modificación, señorías, que sólo trata de facilitar esos
objetivos de mejora de la gestión en un marco de garantías de que
seguimos estando en un sistema sanitario público, que es lo que propugnan
las enmiendas que yo acabo de defender hoy ante esta tribuna.
Nuestro grupo jamás va a estar de acuerdo con una interpretación de la
modernización de la gestión que se traduzca en el pliego que me he
permitido resumir a sus señorías. No lo vamos a aceptar. Por eso hemos
mantenido nuestras enmiendas y por eso las he vuelto a defender hoy aquí,
en la confianza de que hoy, que es el momento en que vamos a decidir de
verdad, rectifiquen y podamos adoptar un acuerdo sobre un marco jurídico
que constituye, a nuestro juicio, el ser o no ser del sistema sanitario
público. Señorías, este ejemplo de Valencia es el principio, pero es el
principio del fin, y eso creo que tenemos obligación de evitarlo hoy
todos aquí.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Amador.
Para un turno en contra de las enmiendas, en nombre del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, le decía al señor Presidente que más que un
turno en contra de las enmiendas de los grupos que han sido defendidas
anteriormente, intervengo, en nombre del Grupo Popular, para presentar y
ofrecer un texto transaccional a las enmiendas que han mantenido los
grupos de la oposición al dictamen de la Comisión aprobado en el mes
pasado.
Con el permiso del señor Presidente, antes de entrar en la enmienda
transaccional me parece oportuno recordar brevemente cómo ha sido todo
este proceso a lo largo de los últimos meses de debate sobre el proyecto
de ley desde que se convalidó, tras la discusión en Ponencia y Comisión,
hasta el día de hoy.
La intención del Gobierno y del Grupo Popular ha sido la de que tanto
este proyecto de ley como los debates y las futuras resoluciones que se
alcancen lo sean por un amplio consenso de todos los grupos
parlamentarios. Teniendo la mayoría suficiente en la Cámara, con el apoyo
de los grupos nacionalistas, para sacar adelante cualquier proyecto de
ley, modificación o reforma del sistema sanitario, nos parece oportuno
que haya un amplio consenso de todos los grupos de la Cámara. Es por eso
por lo que este debate se ha retrasado en el tiempo, cuando este proyecto
tenía que haberse aprobado en el Congreso de los Diputados en el mes de
diciembre, y estamos viéndolo en el día de hoy.
Señoras y señoras Diputados, también es verdad que el Gobierno plantea en
este proyecto de ley lo que se denominan nuevas formas de gestión dentro
del sistema sanitario. El sistema sanitario español ha alcanzado, y
estamos convencidos de ello, un buen nivel asistencial. El Grupo
Parlamentario Popular y el Gobierno apuestan decididamente por consolidar
y mejorar el Sistema Nacional de Salud; creen firmemente en el
aseguramiento universal, en la financiación pública y en la equidad del
acceso de los ciudadanos al sistema. Pero también es verdad --no sólo lo
decimos nosotros sino que lo dicen expertos y políticos de otros grupos
parlamentarios, lo dicen todos aquellos que tienen relación con la
sanidad-- que hay deficiencias en el sistema a las que hay que dar
solución. Ese es el motivo de la subcomisión que, a lo largo de las
semanas, origina el debate y el conocimiento por parte de los expertos de
esas soluciones. Lo que hay que resolver es la financiación,
la calidad asistencial, la gestión y la coordinación por parte del
ministerio o del órgano pertinente del sistema sanitario.
Una parte de estas cuatro cuestiones --en algún momento se planteó que la
subcomisión no valía para nada--, una pequeña parte de lo que está
debatiendo y conociendo la subcomisión es lo que se presenta en este
proyecto de ley: una parte de la gestión que hay que hacer en el sistema
sanitario público de nuestro país.
La verdad, señoras y señoras Diputados, es que a lo largo de las semanas
están compareciendo en la subcomisión desde consejeros de comunidades
autónomas, expertos, hasta representantes de colegios profesionales y
centrales sindicales. Todos nos dicen que hay que establecer nuevas
líneas de actuación en todos estos aspectos, pero, sobre todo, en la
gestión. En el día de ayer, dos personas tan distintas como el profesor
Navarro y el señor Mas Ferret establecían nuevas formas de gestión dentro
del sistema sanitario público, y hay que tener en cuenta la disparidad
ideológica de las dos personas que he mencionado. Lo estamos viendo en
los países de nuestro ámbito, en los países de la Unión Europea; en el
Reino Unido, en Suecia, se han tomado medidas para mejorar el sistema
sanitario. Pero no solamente nosotros y los que acabo de mencionar, sino
que también otros autores se han referido a esto, y voy a hacer
referencia al señor Martín, profesor de la Escuela de Andalucía de Salud
Pública, que dice: En la administración sanitaria se vive la
contradicción entre la asignación formal de los derechos de decisión y
control a la burocracia directiva y administrativa y la detentación real
y efectiva de unos derechos por parte de los profesionales; es decir, hay
que establecer nuevas normas de gestión, hay que establecer otras vías
para solucionar los problemas, que son evidentes, en la sanidad pública.
Por eso, en su momento, el Gobierno presenta el real decreto-ley y por
eso nosotros también queremos que se tramite como proyecto de ley.
Con el permiso del señor Presidente, voy a explicar un poco cuál es la
filosofía, cuál es el meollo de la cuestión, no sólo con respecto a lo
que fue en un primer momento el decreto-ley o a lo que es el dictamen de
la Comisión. Cuando nosotros introducimos nuevas formas de gestión,
estamos hablando de gestionar los recursos propios y ajenos dentro del
sistema sanitario público. Se podrían establecer dos grandes
delimitaciones: con recursos propios y con recursos ajenos. Podríamos
decir que con recursos propios se establece la gestión por vía directa,
que es lo que fundamentalmente marca la Ley General de Sanidad, pero
también, y aquí entra la modificación que se recoge en este proyecto de
ley, la gestión indirecta de los recursos propios. Gestión indirecta
significa gestionar los recursos propios del sistema público a través de
las fundaciones, a través de los consorcios, a través de aquellos entes
de titularidad pública, entre otras, también las empresas públicas de
sanidad. La gestión de los recursos ajenos quedaría como está en este
momento en el texto: gestión mediante el establecimiento de acuerdos,
convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en
este caso, vinculadas a la red pública.
Esta es la valoración del texto que ha quedado, del dictamen de la
Comisión. Esto es encontrar nuevas vías para solucionar los problemas que
tenemos y, por otra parte, no vemos ningún obstáculo a que el sistema
público sea universal, tenga fácil acceso, sea equitativo y, lógicamente,
esté financiado por los poderes públicos.
Nosotros establecemos como gran novedad las fundaciones. Por supuesto,
tengo que hacer referencia a algunas de las intervenciones de las
Diputadas anteriores, puesto que me veo en la obligación de contestar a
algunas cuestiones. Si hay un leitmotiv de este proyecto de ley, ése son
las fundaciones. Las fundaciones, dentro de lo que pueden ser entes
públicos, igual que las empresas públicas sanitarias o los consorcios,
son el meollo de este proyecto.
¿En qué se basa la fundación? La fundación es, fundamentalmente, una
organización sin ánimo de lucro y se rige por la Ley 30/1994. La
fundación se regula por el Reglamento de fundaciones, Real Decreto
316/1996, de 23 de febrero; por el Reglamento de registro de fundaciones,
Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo --todo ese sustento jurídico no se
ha establecido durante este Gobierno, sino durante el Gobierno anterior--
y, por supuesto, también se basa en los estatutos. Por eso, nosotros no
vemos ningún peligro ni amenaza al sistema público; vemos que hay
posibilidades de gestionar de diferente forma y que hay posibilidades de
que la calidad asistencial de los ciudadanos sea mejor.
Aquí se ha hecho referencia a que el real decreto-ley ha dado pie al
pliego de condiciones del Hospital de Alcira. Señora Amador, cuando usted
saca a relucir otras comunidades autónomas que tienen transferidas las
competencias, yo le tengo que decir que una por la otra. Antes le he
puesto el ejemplo del profesor de la Escuela de Salud Pública de
Andalucía, pero también le tengo que poner el ejemplo del consejero de
Sanidad de la Junta de Andalucía cuando el otro día decía que se plantea
crear una segunda fundación de gestión en el ámbito de su comunidad
autónoma, que, como usted sabe muy bien, tiene transferida esta
competencia. Nosotros preguntamos: ¿Por qué aquello que es bueno en
Andalucía, no puede ser bueno en el resto del Estado? ¿Por qué ustedes lo
hacen por segunda vez y aquí casi nos demonizan por el hecho de que
saquemos a relucir unas fundaciones como un elemento nuevo de gestión?
¿Por qué?
Hace referencia S. S. al hospital de Alcira, y yo le tengo que decir que
el hospital de Alcira se basa, fundamentalmente, en el pliego de
condiciones, en la Ley General de Sanidad y en las normas vigentes, pero
también se basa en la necesidad de asistencia sanitaria
que tienen los ciudadanos. A lo largo de los últimos años, esa zona ha
estado desatendida y los poderes públicos, en este caso la comunidad
autónoma, lógicamente, tiene que prestar atención a los ciudadanos de esa
comarca. De manera que no me venga usted --en un debate falso-- a hablar
del hospital de Alcira, saliéndose del debate que hoy nos trae a esta
tribuna.
Nosotros, como decía al principio, con el ánimo de conseguir un gran
consenso en todos los aspectos sanitarios, presentamos dos enmiendas
transaccionales --el Presidente de la Cámara y todos los portavoces de
los grupos parlamentarios tienen su texto, por lo que me van a permitir
que no lo lea-- cuya aprobación supondría, como ustedes conocen, que el
artículo único constaría de dos puntos y que desaparecería el apartado 1
de la disposición final.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Vaya concluyendo, por favor,
señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Sí, ya termino, señor Presidente.
Tengo que señalar también que, en esta enmienda transaccional, nosotros
hablamos de: «cualesquiera entidades de titularidad pública admitidas en
Derecho.» En este momento, en el texto del artículo no figuran los
consorcios, las fundaciones ni las empresas públicas de sanidad, que
usted conoce perfectamente porque es una de las cosas que también se está
realizando en Andalucía. Tengo que poner de manifiesto que, como
consideramos que es un aspecto fundamental de este proyecto de ley
--decía antes que era el leitmotiv--, está en la exposición de motivos.
Cuando nosotros hablamos de entidades de titularidad pública admitidas en
Derecho, nos estamos refiriendo, fundamentalmente, a las fundaciones.
Asimismo quiero anunciar que es propósito del Grupo Parlamentario Popular
--del Partido Popular en este caso-- modificar en algunos aspectos la
exposición de motivos de este proyecto de ley en el Senado, para hacer
más hincapié, si cabe, en lo que nosotros consideramos fundamental a la
hora de establecer las nuevas formas de gestión.
Refiriéndome a la señora Maestro --ya para terminar, señor Presidente--,
voy a repetir las palabras anteriores. Usted aludía a los estatutos de
las fundaciones, pero, como he dicho antes, las fundaciones se basan en
la Ley de fundaciones y en los reglamentos establecidos en el marco
jurídico de las leyes vigentes. Por lo tanto, creo que nada hay que
objetar. Señora Amador, me gustaría darle la última oportunidad para que
usted apoyara esta enmienda transaccional. Decía antes que, con los
grupos nacionalistas, tenemos la mayoría para sacar adelante todas
aquellas cuestiones que nos parezcan oportunas, pero tenemos interés en
que el Grupo Parlamentario Socialista intervenga y sea partícipe de estas
resoluciones. Y también tenemos interés, señora Maestro, en que usted, en
representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, participe en estas decisiones, porque son nuevas vías de dar
soluciones a los ciudadanos.
Nada más, señor Presidente. Con la defensa de esta enmienda
transaccional, después de haber explicado ante la Cámara cuáles son los
razonamientos del Grupo Parlamentario Popular --y, por supuesto, del
Gobierno-- para mantener el proyecto de ley, doy por defendida la
enmienda transaccional y agradezco de antemano su votación positiva.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Villalón.
¿Turno de réplica? (Pausa.) Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Más que una réplica, yo querría utilizar este turno para expresar los
motivos por los cuales mi grupo va a votar en contra de la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y quiero
aprovechar este momento para hacer un llamamiento a la responsabilidad de
los grupos, muy en concreto del Grupo Parlamentario Socialista, que lo
apoya.
Entiendo los objetivos de estrategia del botafumeiro del Ministro Romay.
Lo que me parece injustificable es que, desde los planteamientos de un
grupo parlamentario que dice defender el sistema sanitario público, se
esté concediendo hoy legitimidad política, señorías, a una medida que,
como muy bien saben ustedes, no va a paralizar ninguna de las reformas en
curso. ¿O sí, señor Villalón? ¿Esta enmienda invalida la fundación del
Hospital de Alcorcón, la fundación de Verín, la fundación del Hospital de
Manacor y todas las que puedan venir después? ¿La concesión, señora
Amador, a una empresa privada para la gestión del área sanitaria 10 del
País Valenciano? No, señorías. Todos esos planteamientos van a seguir en
marcha exactamente en las mismas condiciones que se han propuesto. Esta
enmienda sirve para introducir confusión en la población, hecho que no va
a lograrse, porque la gente de Alcorcón, de Manacor y del resto del país
se va a encontrar en la obligación de enfrentarse a las medidas del
Partido Popular, eso sí, legitimadas y confundidas por el apoyo del
Partido Socialista a una enmienda que no supone, ni más ni menos, que
introducir elementos de confusión desde el punto de vista normativo,
cuando la voluntad política real va a llegar exactamente en los mismos
contenidos en los que se va a hacer.
Yo querría pedir --y es una pregunta dirigida al señor Villalón-- que
aclare en esta Càmara si la enmienda transaccional invalida las
fundaciones como entes de gestión de los servicios sanitarios públicos.
¿Invalida el régimen de concesión a empresas privadas para la gestión de
los servicios sanitarios públicos?
Vamos a ver, señorías. No utilicemos subterfugios desde el punto de vista
normativo, aclaremosnos y, sobre todo, que la población de este país sepa
exactamente dónde están las responsabilidades políticas a la hora de
establecer consensos parlamentarios falsos y, desde el punto de vista del
Partido Socialista, la legitimación de lo que está haciendo el Partido
Popular y de medidas que, durante 13 años de gobierno, ellos no se
atrevieron a aplicar.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Maestro.
Señora Amador.
La señora AMADOR MILLAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Permítame, en primer lugar, que haga alguna referencia a la diatriba que
la señora Maestro se ha permitido hacer nuevamente contra mi grupo,
cuando de lo que estamos tratando es de una enmienda transaccional que el
Grupo Parlamentario Popular presenta en este debate.
Muy brevemente, señor Presidente, quiero decir al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, al señor Villalón, que, después de ocho meses de
debate de estas cuestiones y a pesar de la indudable dificultad
técnico-jurídica que estos temas comportan, me parece que no deberíamos
seguir incidiendo en errores que tienen fácil contraste. Yo le ruego,
señor Villalón, que lea el documento que el Ministerio de Sanidad y
Consumo acaba de elaborar y de presentar en la subcomisión de sanidad. En
el apartado que describe los modelos de gestión desarrollados por las
comunidades autónomas, cuando describe los que se han implantado en
Andalucía lo hace correctamente y, por tanto, no recoge ninguna fundación
de gestión en Andalucía ni ninguna empresa en Andalucía, porque lo que se
ha creado allí, señor Villalón --y lo he dicho varias veces--, son dos
entes públicos de Derecho privado, que ni son empresas, en el sentido en
que se está diciendo, ni son fundaciones.
Señor Villalón, le ruego que analice este asunto porque es incompatible
la enmienda transaccional y lo que significa defender el pliego de
condiciones de Alcira, que yo me he permitido analizar. El pliego de
condiciones de Alcira, señor Villalón, vulnera el marco jurídico vigente,
se lo digo con toda modestia pero con toda convicción y, por tanto, me
parece que no debería usted defenderlo, sobre todo cuando está poniendo
encima de la mesa un texto que sí está garantizando ese marco jurídico
público, clarificando los modos de gestión directa e indirecta y
estableciendo estos requisitos que el Grupo Socialista viene demandando
desde hace ocho meses.
Con esas aclaraciones, que le ruego que reconsidere para que no incurra
en afirmaciones que carecen de exactitud y verosimilitud, creo que
encauzamos el debate de la forma correcta, entre otras cosas porque, como
esto es permanente objeto de confusión, sí conviene que cada uno
expliquemos con claridad qué es lo que defendemos.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Amador.
Señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente voy a contestar a las dos Diputadas que han intervenido.
A la señora Maestro, de una forma creo que muy sencilla: la enmienda
transaccional no invalida todo lo que hemos planteado hasta el momento;
la enmienda transaccional da lugar a que las fundaciones puedan seguir
existiendo. Lo explica la exposición de motivos y, como decía
anteriormente, lo vamos a hacer más explícito todavía en el Senado.
Es lo único que tengo que contestar a la señora Maestro, porque, por otra
parte, es habitual que no quiera incorporarse a las nuevas formas, que no
quiera incorporarse a todo el arco parlamentario y sistemáticamente --he
tenido oportunidad de decírselo en dos o tres ocasiones-- se obceca
contra la realidad. Creo que si sigue usted por ahí seguirá
equivocándose.
A la señora Amador la tengo que decir que la cuestión no es empresas
públicas sanitarias, entes públicos, como dice usted, fundaciones o
consorcios. Todo esto se establece dentro de lo que nosotros denominamos
entidades de titularidad pública admitidas en derecho. Se tendrán que
poner de acuerdo entre ustedes, entre los miembros del Partido
Socialista, entre usted y el Consejero de Andalucía, a ver qué es lo que
se hace en Andalucía, porque el Consejero de Andalucía está manifestando
que es la segunda fundación que establece, en este caso para
hemoderivados y banco de sangre y, en otro caso, para el hospital de
Marbella y otro tipo de asistencia como son las urgencias. Se tendrán que
poner ustedes de acuerdo, repito, y no traer el debate interno a esta
Cámara.
Tengo que referirme también al hospital de Alcira. Yo no he sacado el
hospital de Alcira en este debate; ha sido usted. Ha sido usted quien,
saliéndose del debate que hoy nos ocupa, lo ha hecho. Si el pliego de
condiciones, como usted dice, es contra ley, si está en contra del
régimen jurídico actual, ustedes están en su derecho de impugnarlo; pero
yo creo que no lo van a impugnar porque no está contra el régimen
jurídico establecido en las leyes vigentes.
Nosotros estamos satisfechos con que ustedes acepten la enmienda. Hemos
hecho, creo, un gran ejercicio de consenso con todos ustedes; hemos hecho
un gran ejercicio para que participen ustedes en este proyecto
de ley, como lo hemos hecho a lo largo de los últimos meses para se que
mantengan en la subcomisión de sanidad. Creo que en este momento han
acertado al tomar la decisión de aceptar la enmienda. Y no hay más que
decir.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Villalón.
¿Grupos distintos de los enmendantes que quieren intervenir en este
debate? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Gómez tiene
la palabra.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, vamos a ver si consigo, para suerte de ustedes, ser breve en la
fijación de posición del Grupo del Coalición Canaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): El Presidente le ayudara en
el interés que muestra de ser breve, señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muy agradecido por el apoyo de la Presidencia.
Este real decreto nació bajo el criterio de urgencia, con un bautizo
erróneo, y parece que lo hizo con cierto maleficio. La urgencia no se ha
visto; estamos en el mes de febrero. En cuanto al nombre, no es Insalud,
sino Sistema Nacional de Salud. Y en cuanto al maleficio, me refiero a
los esfuerzos que se han hecho por los diversos grupos políticos para
conseguir la máxima uniformidad de criterios.
El proyecto de ley de habilitación, con relación al decreto del que
procede, coincide plenamente en la exposición de motivos, en la
disposición final y en la disposición derogatoria. No coincide en el
artículo único, que es donde todos los grupos políticos han intentado
defender el carácter público del Sistema Nacional de Salud.
Nosotros consideramos que, junto al Sistema Nacional de Salud, cabe la
posibilidad de la gestión, no digo del dominio, sino de la gestión con
principios de actividad privada, como son los de la competencia,
eficacia, eficiencia, descentralización y desconcentración, para lograr
un mayor y eficaz control del gasto público, aplicando el plan general de
contabilidad, consiguiendo así la mejora del servicio al destinatario,
que es el ciudadano, y controlando para siempre la calidad del servicio.
Nos gustaría también que se terminase el mapa inconcluso de
transferencias a las comunidades autónomas. Defendemos la presencia de
las fundaciones, como uno de los instrumentos posibles de gestión,
porque, a través de su personalidad jurídica, pueden conseguirse unos
incentivos fiscales a las donaciones privadas, una mayor agilidad de
gestión, la ausencia de lucro total por sus estatutos, un sistema laboral
y de incentivos para el personal y predominio público, repito, predominio
público, en sus órganos de gestores y en su financiación inicial.
Aceptamos que exista una sanidad privada con una pública, pero que sea
competitiva en igualdad de condiciones.
Nos gustaría, señores, y esto lo digo solamente a título de comentario y
de técnica legislativa, que la disposición derogatoria hubiese citado
puntualmente las disposiciones afectadas. En esta época de inflación
legislativa, dentro de poco tiempo, los juristas, y más los ciudadanos,
no podrán conocer qué es lo que permanece vivo.
Estoy seguro de que la ponencia de sanidad presentará nuevas formas de
gestión, ya se han señalado algunas, en sanidad y en salud. Por ejemplo,
las cuestiones de los servicios médico-sociales comunitarios para hacer
frente al reto de la cronicidad. Hace falta un servicio más humano, más
social y más rentable en todos los aspectos. En España esto no está bien
atendido.
Finalmente, señores, aunque consideramos que es una norma mejorable y
como el propósito de la misma es la universalización de la asistencia a
través de la financiación pública y la equidad del acceso de todos los
ciudadanos, manifiesto que votaremos, en aras a la armonía parlamentaria
en su aspecto máximo, el texto transaccional presentado por el Grupo
Popular, con la esperanza de que el maleficio inicial del que hablé se
convierta en beneficio final, que, eso sí, más que comercial, sea
profundamente social.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Vasco quiero fijar la posición con relación a este
proyecto de ley y nos gustaría unirnos como Grupo Vasco a la enmienda
transaccional que acaba de ofrecer el portavoz del Grupo Popular, porque
nos parece que mejora el texto del dictamen de la Comisión.
Antes de comenzar la intervención, quiero agradecer al señor portavoz de
Sanidad, al señor Villalón, el esfuerzo que ha realizado, después de
tantos meses, precisamente para poder conseguir un mayor acuerdo, un
amplio acuerdo, no sé si un consenso, en un tema tan fundamental como es
para este Estado la sanidad.
Quiero intervenir brevemente, porque --ya lo han dicho los portavoces que
me han precedido en el uso de la palabra-- esta es la tercera vez que
viene a esta Cámara en ocho meses este proyecto de ley, que comenzó
con un real decreto. Aunque no quiero repetir argumentos que ya utilicé
en el debate de la enmienda a la totalidad, no me resisto por lo menos a
insistir en que la mayoría de las propuestas que, con objeto de
incrementar la eficiencia, se han hecho en nuestro entorno han seguido
dos líneas principales: por una parte, separar la financiación de la
provisión de servicios sanitarios, introduciendo la contratación o compra
como elemento de control, y, por otra, permitir a los provisores fórmulas
de organización más adecuadas, a través de elementos flexibles que
posibiliten mayor responsabilidad de los agentes en los resultados de
salud que persiguen las prestaciones sanitarias. Esto implica, desde
nuestro punto de vista, una mayor autonomía en la organización, haciendo
posible todas las fórmulas jurídicas que permitan aumentar la eficiencia,
pero sin perder la calidad del servicio. Me refiero a las fórmulas
jurídicas que garanticen los derechos sanitarios de los ciudadanos, de
los profesionales y de los trabajadores.
Dijimos en su día, hace unos meses, en esta Cámara, que, desde nuestro
punto de vista, el proyecto de ley, hoy mejorado con la enmienda
transaccional que presenta el Grupo Parlamentario Popular, recoge estas
líneas, las fórmulas de gestión y administración vigentes, y permite al
financiador público que la provisión se realice por gestión directa o por
gestión indirecta. Pero en este momento y muy brevemente quiero indicar
que para el Grupo Vasco están muy claras estas fórmulas, porque el
sistema sanitario de Euskadi se configura, dentro del Sistema Nacional de
Salud, en los términos que establece la Ley General de Sanidad, asumiendo
los mecanismos que se articulan desde los principios básicos de la misma.
Los cambios del modelo de organización y gestión han de permitir, desde
nuestro punto de vista, el reforzamiento de los fundamentos ideológicos
de nuestro modelo sanitario. Esta opción supone una apuesta clara hacia
una reforma de base organizativa que potencie la capacidad de
organización sanitaria para lograr una mayor eficiencia en el empleo de
los recursos públicos, sin perder el objetivo de la calidad y sin perder
de vista que el derecho a la protección de la salud tiene carácter
universal para todos los ciudadanos, sean residentes o
transeúntes.Además, hay que respetar las condiciones previstas en la
legislación general y en los convenios de colaboración internacionales y
que los principios informadores del sistema sanitario para el Grupo Vasco
siguen siendo la universalidad, la solidaridad, la equidad, la calidad y
la participación de los ciudadanos. También, que el desarrollo del modelo
con el que se encuentran comprometidos los poderes públicos y los
ciudadanos ante el reconocimiento del derecho a la protección de la salud
está catalogado como uno de los principios rectores no solamente de la
política social, sino también de la económica, y sobre el que confluyen,
señorías, y yo creo que coincidirán conmigo, uno de los más altos
consensos ideológicos de las sociedades desarrolladas.
Quiero dejar claro, señorías, que nuestra adscripción es a un modelo
sanitario cuyas características básicas sean las de un sistema de salud
capaz de satisfacer las necesidades sanitarias del conjunto de la
población bajo las premisas de universalidad, equidad, solidaridad y
calidad de sus prestaciones.
Hace unos momentos, la señora Maestro, desde esta tribuna, ha mencionado
un informe sobre desigualdades sociales, del profesor Vicente Navarro, a
quien ayer tuvimos la satisfacción de escuchar en la ponencia de Sanidad.
Nos decía el profesor, haciendo referencia a su informe, que es cierto
que existe una igualdad de acceso a los servicios sanitarios por clase
social en el Estado español, pero que también se apuntan una serie de
inequidades, inequidades que nosotros decimos que es necesario corregir.
Y aprovechando que está el señor Ministro de Sanidad en esta Cámara, le
rogaríamos que pusiera en marcha todos los mecanismos para que acabáramos
con las consecuencias de la desigualdad que apunta ese informe, que
además está encargado por el Ministerio de Sanidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Aguirre, le ruego
concluya, por favor.
La señora AGUIRRE URIBE: Termino, señor Presidente.
También, señora Maestro, quiero decirle que el profesor Navarro no
sataniza los entes públicos de Derecho privado. Tuvimos ocasión no
solamente de escucharle ayer, sino de leerlo en un informe que nos ha
aportado a todos los miembros de la subcomisión.
Aprovecho una referencia que ha hecho la portavoz del Grupo Socialista,
la señora Amador, con relación al hospital de Alcira, para decir en esta
Cámara que al Partido Nacionalista Vasco no le cabe esta idea en el
proyecto de ley que estamos discutiendo en este momento. En su día,
pusimos de manifiesto que en nuestra comunidad autónoma, la Comunidad
Autónoma Vasca, no vamos a utilizar las fórmulas que permite este
proyecto de ley, porque casi el cien por cien de los servicios sanitarios
son de gestión directa pública; en mi territorio, en Alava, el 97 por
ciento. En estos momentos, como ya conocen muchas de SS. SS., se está
debatiendo en el Parlamento vasco una nueva ley de ordenación sanitaria,
una ley que tiene por objeto la ordenación sanitaria en la Comunidad
Autónoma de Euskadi, a través de la delimitación general de las
actuaciones que permiten hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a la
protección de la salud mediante la regulación de las estructuras que
configuran lo que llama el proyecto de ley el sistema sanitario de
Euskadi. También dijimos en su día, y hoy lo repito, que, si otras
comunidades autónomas necesitan nuevas formas de gestión, no vamos a ser
nosotros, no va a ser el
Grupo del Partido Nacionalista Vasco, quienes pongamos obstáculos en ese
camino. Por ello, anuncio el apoyo a la enmienda transaccional que ha
presentado el Grupo Popular a las enmiendas del Grupo Socialista, porque
creemos que mejora el texto del dictamen de la Comisión de Sanidad.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Aguirre.
Por el Grupo catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora
Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo catalán (Convergència i Unió)
para anunciar nuestro voto favorable al proyecto de ley de habilitación
de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, procedente del
Real Decreto-Ley 10/1996, de 17 de junio. También anuncio que vamos a
votar favorablemente la enmienda transaccional que el Grupo Popular ha
expuesto en esta tribuna.
Nuestro grupo ya dijo en su día que las reformas estructurales del
Sistema Nacional de Salud no eran sólo convenientes, sino que eran
totalmente necesarias. Las medidas organizativas y de gestión que
contempla el proyecto de ley deben ser entendidas como el instrumento que
nos conduce a un fin. El objetivo de esta reforma no debe ser otro que el
de mejorar el servicio que el Sistema ha de prestar a los ciudadanos.
El modelo organizativo que posibilita el presente proyecto de ley permite
a nuestro entender mayor flexibilidad y autonomía de gestión a los
centros sanitarios e incentiva un aspecto que pensamos que es de vital
importancia: fomentar la participación y la implicación de los
profesionales del sector en la gestión. Contrariamente, la organización
burocrática y el funcionamiento corporativo del actual sistema han
marginado quizás en exceso de la toma de decisiones a los profesionales
sanitarios. Del mismo modo, opinamos que algunos conceptos de los que se
barajan cotidianamente en otros sectores de nuestra sociedad, como son la
contabilidad analítica, la dirección por objetivos, el control por
resultados, la búsqueda de la excelencia, el presupuesto base cero,
etcétera, deberían poder ser parte integrante de la cultura gerencial de
los profesionales de la sanidad. Por consiguiente, es necesario que estos
tengan a su disposición los instrumentos y la información para poder
efectuar una gestión acorde con estos principios gerenciales.
Y quisiéramos dejar bien claro que cuando hablamos de aplicar criterios
gerenciales no estamos planteando la mercantilización de la sanidad.
Nunca se podrá valorar el sistema sanitario como si se tratara de un
negocio, pero sí que pensamos que estos usos gerenciales deben
forzosamente traducirse en mayor eficacia y eficiencia, versus los
destinatarios del sistema.
Si queremos que el Sistema Nacional de Salud sea equitativo hay que
dotarlo inexcusablemente de mecanismos que permitan que sea percibido por
los usuarios como más eficiente, porque la falta de eficiencia abre un
camino que conduce inexcusablemente a la inequidad. No obstante, señor
Ministro, nuestro grupo quiere dejar constancia una vez más de que todas
las medidas de tipo organizativo y de gestión que a la luz de este
proyecto de ley vayan a implementarse no pueden por sí solas garantizar
los retos que el Sistema Nacional de Salud tiene para un mañana que ya es
hoy. Si queremos --y parece que queremos-- mantener los logros
conseguidos hasta la fecha y mejorarlos, mantenerlos como emblemáticos de
la sociedad del bienestar, de una sociedad que busca y fomenta la
cohesión social, de una sociedad que se ocupa y preocupa de que cualquier
ciudadana o ciudadano del Estado tenga asegurado el acceso a la sanidad
pública, debemos abordar, además de las medidas organizativas y de
gestión, las decisiones presupuestarias que de una vez por todas
garanticen la suficiencia financiera del sistema. Este requisito es
absolutamente imprescindible. Si no nos dotamos de suficiencia
financiera, todas las medidas que tomemos servirán solamente de parche a
unas ruedas incapaces de sostener el vehículo, que es el sistema.
Es necesario que, por respeto a los valores que representa la sanidad
pública, nos planteemos de manera seria, sin miedos, sin medias verdades
--que también son medias mentiras--, el horizonte que se vislumbra. No es
posible seguir afirmando que la población envejece, que dispondremos de
nuevas tecnologías, que aparecerán nuevas enfermedades y no decir al
mismo tiempo el coste que va a suponer soportar todas estas
circunstancias. Por consiguiente, si queremos realmente ir más allá de
las buenas intenciones es preciso que nos dotemos de suficiencia
financiera.
Señora Maestro, nuestro grupo cree sinceramente que la discusión que hoy
aquí se plantea no es la de consorcios sí, consorcios no, fundaciones sí,
fundaciones no. Son modelos de titularidad. En sí no tienen por qué ser
buenos ni malos, dependerá; dependerá de cómo se regulen; dependerá de
cómo se gestionen. En Cataluña, en mi comunidad, contamos con varias
fundaciones privadas, muchas de ellas constituidas hace varios siglos,
que prestan servicios al sistema sanitario público a través de un
contrato de gestión de servicios en régimen de concierto formalizado con
el Servei Catala de la Salut. Se trata de fundaciones de iniciativa
privada que tienen una tradición secular, por ejemplo, el Hospital de
Santa Cruz y de San Pablo, de Barcelona, o el Hospital de Santa Tecla, de
Tarragona. Todas estas fundaciones concertadas que prestan servicios
sanitarios de atención especializada a enfermos agudos en régimen
hospitalario, forman parte de la red hospitalaria de utilización pública.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Riera, le ruego
concluya, por favor.
La señora RIERA I BEN: Termino, señor Presidente.
Señores Diputados y señoras Diputadas, señor Ministro, señor Villalón,
señora Amador, nuestro grupo quiere hacer constar explícitamente la
satisfacción de que, aunque haya costado ocho meses, aunque haya sido
casi en el último minuto, la voluntad negociadora, la voluntad de
consenso, sirva para que hoy en esta Cámara, en algo tan importante para
la sociedad como es el modelo sanitario, los partidos mayoritarios seamos
capaces de aunar voluntades y de conseguir consenso.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Riera.
Antes de proceder a la votación, la Presidencia quisiera confirmar la
aceptación, por parte del Grupo Socialista, de la enmienda transaccional,
con la consiguiente retirada de las enmiendas números 4 y 5; el
mantenimiento, en su caso, de la enmienda número 6 o la retirada de todas
las enmiendas, como usted indique a la Presidencia ¿Es así, señora
Amador?
La señora AMADOR MILLAN: Señor Presidente, se retiran todas las
enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Amador.
¿Ningún otro grupo de la Cámara se opone a la tramitación de la enmienda
transaccional? (Pausa) Vamos a proceder a las votaciones. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votaciones sobre el dictamen de la Comisión al
proyecto de ley de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Grupo Mixto, de
Izquierda Unida, de las dos transaccionales que se han repartido y,
finalmente, del dictamen. Sigue el marcador de tiempo reducido en su
duración.
En primer lugar, votamos la enmienda del Grupo Mixto, presentada por el
señor Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, 20; en contra, 294.
El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, rechazada la enmienda.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a
favor, 20; en contra, 294.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas.
Votación de las dos enmiendas transaccionales a las enmiendas del Grupo
Socialista números 4 y 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, 295; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las dos enmiendas transaccionales.
Votación del dictamen con las enmiendas incorporadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314;
a favor, 295; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda, en conclusión, aprobado el dictamen.
--PROYECTO DE LEY DE AMPLIACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO A LA POBLACION,
PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 11/1996, DE 17 DE JUNIO (Número de
expediente 121/000007)
El señor PRESIDENTE: Debate sobre el dictamen de la Comisión al proyecto
de ley de ampliación del servicio farmacéutico a la población. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Para la defensa de
las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra la señora Maestro.
(Rumores.) Perdón, señora Maestro, un momento.
Señorías, ruego silencio. Señor Izquierdo, le ruego silencio. (Pausa.)
Puede comenzar.
La señora MAESTRO MARTIN: Intervengo brevemente para defender las
enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al proyecto de ley
que resulta del Real Decreto-ley 11/1996. En los debates parlamentarios
ha quedado patente en diferentes ocasiones el cuestionamiento de
prácticamente todos los grupos de la Cámara, excepto del Grupo Popular,
acerca de la pertinencia de la utilización de la fórmula real decreto y,
por tanto, la interpretación perversa del artículo 86.1 de la
Constitución española al regular mediante real decreto una materia cuyo
contenido evidentemente no lo exigía a todas luces.
Las argumentaciones acerca de que la regulación de las oficinas de
farmacia procedía de una ley anterior a la Constitución española no
parece motivo suficiente para adoptar la fórmula de real decreto-ley. No
obstante, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ha aprovechado la tramitación de este real decreto como
proyecto de ley para establecer algunas enmiendas de importancia a dicho
real decreto-ley. Valorábamos algunos aspectos positivos del real decreto
en cuanto a la capacidad de iniciativa de las entidades locales, de los
ayuntamientos para la apertura de farmacia y, por tanto, la ruptura del
privilegio incomprensible que en este aspecto ostentaban los colegios de
farmacéuticos. Valorábamos, asimismo, que una de las medidas que se
exhibía como la más importante y es la reducción en la ratio de
habitantes por farmacia era, en realidad, una medida más propagandística
que eficaz por cuanto en la mayoría de los lugares esta ratio de una
farmacia por 2.800 habitantes era la que estaba vigente en la práctica.
No obstante, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tienen el objetivo fundamental de romper
con una situación perversa desde el punto de vista de la regulación de un
servicio público, como son las oficinas de farmacia, con un carácter de
privilegio y con una parafernalia de medidas económicas que hacían esta
situación difícilmente compatible con el sentido común, con
planteamientos mínimamente democráticos que, sobre todo, chocaban con la
realidad de la enorme cantidad de licenciados de farmacia en paro. Por
tanto, Izquierda Unida ha entendido que la introducción del régimen de
concesión en las oficinas de farmacia y la improcedencia de la
transmisión de las mismas vía mortis causa o donación inter vivos,
pretende con esta medida normativa impedir que se cree en la práctica una
especie de feudo de privilegios, para esa fuente de enormes beneficios
económicos que son algunas farmacias de las grandes ciudades.
Entendemos, asimismo, que esta situación no es general. Aprovecho la
ocasión para decir que, si bien el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya entiende que hay muchos flancos para intervenir en la
reducción del gasto farmacéutico, la reducción de los beneficios de las
farmacias con carácter lineal para todas ellas, tratando a sectores
profundamente desiguales como son las farmacias del medio rural y las
grandes farmacias de las grandes ciudades con el mismo criterio,
significaría una injusticia porque lo que para unos era una pequeña
reducción en los beneficios, para las pequeñas farmacias de los núcleos
rurales dicha reducción podía afectar sensiblemente a sus percepciones.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
excluye a los colegios profesionales de los organismos con competencia en
la solicitud de apertura de farmacia, en la concesión de las mismas, en
la determinación de su número, en la ubicación y en la inspección. El
mapa sanitario y la capacidad inspectora y de control se atribuye en
exclusiva a las comunidades autónomas, que deberán regular y llevar a la
práctica las normas necesarias para la creación y el ejercicio del cuerpo
de inspectores.
Por otra parte, las comunidades autónomas, según los planteamientos de
Izquierda Unida, regularán el régimen de incompatibilidades para los
titulares de oficinas de farmacia. Nosotros creemos que la concesión de
un servicio público, como las oficinas de farmacia, su carácter sujeto a
la planificación y, por tanto, la exclusión de las propias leyes del
mercado y de la libre iniciativa en la apertura de oficinas de farmacia,
tiene que llevar unas estrictas medidas para que este elemento de
planificación y de regulación de un servicio público, como son las
oficinas de farmacia, no conlleve una situación de privilegio y de
exclusión en la práctica de otros profesionales sanitarios, alterando las
reglas de la competencia.
En este sentido nosotros no compartimos criterios de otros grupos
parlamentarios que, con el objetivo de acabar con esa situación de
privilegio, rompen con el carácter necesariamente planificado de las
oficinas de farmacia. Si las oficinas de farmacia siguen siendo los
centros sanitarios fundamentales a través de los cuales la población
accede a los medicamentos prescritos en el sistema sanitario público, por
tanto a todo tipo de medicamentos, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya entiende que esto debe estar sujeto a
planificación. Otra cosa sería la situación alternativa que constituye la
política sanitaria global de Izquierda Unida en materia de distribución y
acceso a los medicamentos.
Evidentemente, nosotros hemos enmendado aquí un real decreto que parte de
la situación actual, pero no quiero dejar de mencionar que el
planteamiento global de Izquierda Unida en cuanto a la distribución de
medicamentos parte del establecimiento de una relación de medicamentos
esenciales, por tanto indispensables o muy importantes para el
mantenimiento de la vida de aquellos que padecen las enfermedades para
las cuales están indicados y la distribución de esos medicamentos en los
propios centros sanitarios, que esa distribución se hiciera con las
características de dosis única y por tanto al margen de criterios de
envasado, que obedecen más a objetivos comerciales de la industria
farmacéutica que a necesidades de los ciudadanos. Este modelo global de
distribución de los medicamentos conllevaría profundas modificaciones en
la ordenación de oficinas de farmacia.
Tampoco quiero dejar de mencionar que esa enorme desigualdad en cuanto a
la percepción de beneficios entre grandes farmacias de núcleos urbanos y
pequeñas farmacias de núcleos rurales es uno de los elementos que nuestro
grupo parlamentario tiene en cuenta a la hora de proponer, desde el punto
de vista sanitario pero
también desde los puntos de vista laboral y económico, la incorporación
de la figura del farmacéutico al equipo de atención primaria, con
competencias en la elaboración de políticas de atención en materia de
medicamentos en relación con el diagnóstico de salud de la zona básica o
del área sanitaria, destinada, por tanto, a evitar la situación aberrante
del uso del medicamento, que es uno de los máximos exponentes de
irracionalidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro, le
ruego vaya concluyendo.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino.
El hecho de que en nuestro país se den las mayores tasas de resistencia a
antibióticos de la Unión Europea es un símbolo clarísimo del récord de
irracionalidad en el uso de los medicamentos, que a nadie debe hacerle
sentirse orgulloso.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.
Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, debo decir, en primer lugar, que lamento que este proyecto de
ley, procedente del Real Decreto-ley 11/1996 no haya corrido la suerte
del que acabamos de tramitar y no haya sido posible alcanzar un consenso
con el Grupo Parlamentario Popular. Como no ha sido así, paso a defender
las enmiendas que mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario
Socialista, ha presentado al texto enviado por el Gobierno, ninguna de
ellas aceptada en los trámites precedentes.
Las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado constituyen una
modificación profunda de la normativa que actualmente rige las oficinas
de farmacia y están en concordancia con el informe y las recomendaciones
del Tribunal de la Competencia sobre esta materia. Las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista tratan de liberalizar la apertura de las
oficinas de farmacia, que éstas no queden sometidas, desde una normativa
básica como la que hoy debatimos y tramitamos, a criterios de población,
criterios de distancia y a otros criterios ajenos a las reglas de la
competencia y al buen servicio a los ciudadanos. Además, entendemos que
el texto del Gobierno y las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular lo
que hacen es sesgar la capacidad normativa de las comunidades autónomas y
blindar una actividad económica empresarial difícilmente comprensible en
una sociedad como la nuestra.
Señorías, contamos en nuestro ordenamiento jurídico con una regulación
fuertemente restrictiva del ejercicio de la libre competencia entre las
oficinas de farmacia y el texto remitido por el Gobierno y las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en nada o poco modifica.
Esta normativa, que tiene sus antecedentes en el año 1941 y que se ha
mantenido así a través del tiempo al amparo del argumento de dar
prioridad a los intereses sanitarios sobre los económicos en la
dispensación de medicamentos, ha producido situaciones de privilegio para
unos y de agravio para otros. Y aún más, ha permitido, y sigue
permitiendo, que una actividad económica como es la dispensación de
medicamentos se encuentre sometida a una situación de protección de la
que no goza ninguna otra actividad comercial en nuestra sociedad.
Para el Grupo Parlamentario Socialista, señorías, las oficinas de
farmacia son establecimientos sanitarios desde el momento que hacen
dispensación de medicamentos, desde el momento que prestan un servicio
sanitario, pero son también establecimientos comerciales de naturaleza
mercantil; por ello, entendemos que deben combinarse las reglas del
mercado con la adecuada planificación y regulación de la actividad de
dispensación. Entendemos que hay que garantizar, pues, por una parte, un
mejor servicio y el acceso fácil y continuado de la población a los
medicamentos, pero, por otra parte, hay que permitir y asegurar la
igualdad de acceso de todos los farmacéuticos a las oficinas de farmacia
en el supuesto de que ésta sea su opción profesional. Esto es,
precisamente, lo que pretenden las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado a este texto, preservando lo que anteriormente
decía.
No obstante, en aras a preservar ese carácter sanitario de las oficinas
de farmacia, contemplamos en nuestras enmiendas un sistema de garantías,
a desarrollar fundamentalmente por las comunidades autónomas en el
ejercicio de las competencias de planificación sanitaria que les reconoce
el artículo 130.3 de la Ley General de Sanidad, para que puedan ejercer
un carácter planificador y desarrollar ese sistema de garantías; sistema
de garantías que permita que el servicio farmacéutico,en este marco de
libertad de ordenación farmacéutica, llegue allí donde la libre ubicación
no se garantice por la iniciativa privada. Pensamos que un marco de
garantías lo puede establecer el hecho del compromiso, por parte de la
Administración sanitaria competente, de que allí donde no llegue la
iniciativa privada exista un botiquín que, como saben SS. SS., es una
figura contemplada ya en la Ley del Medicamento, en su artículo 88.3.
Asimismo, nuestras enmiendas prevén un sistema de garantías en cuanto a
calidad, seguridad y eficacia de las instalaciones y servicios que se
presten a través de las oficinas de farmacia.
Finalmente, la enmienda número 22, de sustitución del punto 1 del
artículo 2, pretende que se diga expresamente que la apertura de oficinas
de farmacia estará
sometida a autorización administrativa previa concedida por la comunidad
autónoma competente. Entendemos que esta enmienda mejora técnicamente el
texto remitido por el Gobierno y, además, deja claro que la libertad de
establecimiento está sometida en todo caso a una autorización
administrativa previa, que se justifica por el alcance que, para la
política de salud, tiene la instalación y el funcionamiento de las
oficinas de farmacia.
Señorías, nuestras enmiendas significan introducir cambios profundos en
el modelo de ordenación farmacéutica, tal y como ya he indicado al inicio
de mi intervención, pero lo cierto es que el modelo vigente ha
consolidado en nuestro país una normativa y unas prácticas
proteccionistas que además de entorpecer un mejor servicio a los
ciudadanos son restrictivas del principio constitucional y de libertad de
empresa. Por eso entendemos que éste es un cambio necesario, aunque somos
conscientes de que debe ser un cambio cuidado, medido, por la variedad de
intereses que en él confluyen, muchos de ellos contrapuestos entre sí.
Entendemos también, señorías, que a través de la reforma que este texto
legal pretende introducir en la ordenación del servicio farmacéutico en
España lo que debemos tener claro las fuerzas políticas es que en
nuestras decisiones hemos de conseguir que prevalezcan los intereses
generales sobre los particulares.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Novoa.
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, sin duda la aprobación del proyecto de ley de ampliación del
servicio farmacéutico a la población es un aspecto importante de nuestro
Sistema Nacional de Salud y un elemento esencial en la protección de esa
salud de los ciudadanos españoles.
A mi grupo parlamentario también le hubiera gustado conseguir ese grado
de consenso que reclama el Grupo Socialista y yo creo que de alguna
manera la tramitación de este proyecto de ley ha dejado claro el esfuerzo
que todos los grupos hemos hecho para mejorar el texto, para incorporar
al texto inicial del decreto-ley en la tramitación parlamentaria todas
aquellas posibilidades de clarificación, de mejora, de refuerzo de sus
disposiciones en defensa de una farmacia moderna, como digo, parte
esencial de ese Sistema Nacional de Salud y orientada a la mayor
satisfacción de los usuarios y a la mayor calidad y accesibilidad de la
misma. Sin embargo, el propio contenido y naturaleza de sus enmiendas ha
hecho esto tremendamente complicado, yo diría que lo ha hecho, como al
final cabe deducir de nuestra posición, absolutamente imposible.
Me tiene usted que permitir, señora Novoa, que entienda que la posición
del Grupo Parlamentario Socialista no ha sido rigurosa a lo largo de la
tramitación de este proyecto de ley. Yo creo que la presentación por
parte de su grupo de sólo tres enmiendas al final de la tramitación del
mismo demuestra el poco esfuerzo, el poco interés o tal vez las profundas
contradicciones internas que existen en su partido en relación con la
ordenación del servicio farmacéutico en nuestro país.
La declaración de principios que hacen ustedes en su enmienda número 21
abogando por la libertad de establecimiento de oficinas de farmacia,
desde nuestro punto de vista es una declaración absolutamente
insustancial, absolutamente poco respaldada por el resto del articulado
que ustedes mismo proponen y que evidencia el contenido de nuestro
proyecto de ley. ¿En qué condiciones apuestan ustedes por la
liberalización de las farmacias? ¿Con qué alcance? ¿Cabe deducir de sus
palabras que si las comunidades autónomas no regulan este tema esa
libertad de apertura de farmacia sería total, sería incondicional, no
estaría sujeta a ningún tipo de regulación? Esa es la posibilidad que se
deduce. La verdad es que esto sí que es la conversión al libre mercado,
esto sí que es la caída del caballo en el camino de Damasco. Realmente no
hay nada como la oposición para descubrir nuevos horizontes en materias
que hasta este momento estaban perfectamente definidas en nuestro
ordenamiento.
Ustedes establecen una iniciativa privada de apertura de oficinas de
farmacia sin restricción alguna. Cuando ustedes lo propugnan esto supone
evidentemente favorecer el acceso de la población a las prestaciones,
incluso --fíjense en la perla de la motivación de su enmienda--
contemplan previsiones para hacer llegar la asistencia farmacéutica allá
donde no llegue la iniciativa privada libremente ejercida. Esto es, la
Administración pública ejerciendo el carácter supletorio de la iniciativa
privada en sanidad. ¿Esto es coherencia con las posiciones que ustedes
están manteniendo a lo largo de todos los debates sanitarios que estamos
teniendo en esta Cámara?
Imagínense, señorías, si hubiéramos defendido desde mi grupo
parlamentario algo parecido. A estas alturas ustedes estarían acusándonos
de capitalismo salvaje, de querer hacer negocio con la sanidad pública y
con la protección de la salud, de querer reducir las garantías públicas
en nuestro sistema farmacéutico.
Yo creo que conviene definir con claridad en este debate cuál es el
modelo farmacéutico del Grupo Parlamentario Socialista. Yo creo que los
farmacéuticos quieren conocer cuál es su modelo. No se puede apostar aquí
por la liberalización de las farmacias y luego en Extremadura apostar por
la expropiación, sin indemnización, de esas mismas farmacias. No se puede
incurrir de forma tan escandalosa en una incoherencia
con lo que ha sido su propio comportamiento a lo largo de todos estos
últimos años. ¿Qué ocurre, que estos problemas sobre el acceso a los
usuarios han surgido ahora desde el mes de marzo del año 1996? ¿Es que la
situación anteriormente no estaba regulada por unas normas que ustedes no
modificaron de ninguna manera y que provocaron uno de los mayores
litigios jurídicos en la historia de nuestro país? Incoherencia, señora
Nova, con lo que están haciendo, como decía antes, en sus propias
comunidades autónomas.
Usted decía aquí hoy que los establecimientos farmacéuticos tienen
naturaleza mercantil. ¿Cómo puede casar esto con la imposibilidad, que
ustedes están fijando en comunidades autónomas donde gobiernan, de
transmitir esas oficinas de farmacia? O son establecimientos sanitarios
privados o no lo son, pero no pueden serlo para unas cosas y no para
otras. Nosotros entendemos que el sistema farmacéutico en nuestro país
funciona correctamente, aunque es mejorable, y en esa línea va el
proyecto de ley que ha tramitado esta Cámara, pero no pueden pervertirse
los elementos sustanciales que han hecho de ese sistema farmacéutico uno
de los los pilares esenciales de nuestro Sistema Nacional de Salud. Eso
lo decían ustedes cuando estaban en el Gobierno y nosotros lo decimos
ahora. Sólo que ustedes han cambiado su posición, quieren satisfacer a
tirios y a troyanos y lo que están haciendo es poner en tela de juicio la
pervivencia de uno de los elementos esenciales de ese Sistema Nacional de
Salud.
Además esa liberalización que ustedes propugnan la condicionan a la
planificación que las comunidades autónomas puedan hacer. Señorías, ¿qué
clase de liberalización es aquella que está sometida a autorización, que
está reglada, que está reglamentada, que puede estar planificada hasta el
extremo en algunas comunidades autónomas? Simple y llanamente ninguna.
Como nosotros no creemos en las declaraciones de principios infundadas,
circunstanciales, superficiales e insustanciales, es por lo que
entendemos que no cabe modificar esas definiciones de lo que es la
oficina de farmacia en nuestro país.
Sobre lo que ustedes dicen en la enmienda número 22 es evidente, señora
Novoa, que si usted se lee el proyecto de ley tal como ha llegado al
Pleno de esta Cámara, verá que su enmienda no aporta absolutamente nada
en este sentido. El artículo 3.1 del proyecto de ley deja muy claro de
quiénes son las competencias en la tramitación y en la resolución de los
expedientes de autorización de apertura de oficinas de farmacia. Su
enmienda no tiene mucha razón de ser ante el texto que todos hemos
aprobado en Comisión. Realmente, me ha extrañado que ustedes mantengan
viva esa enmienda porque no contempla ni siquiera las normas autonómicas
de procedimiento que, evidentemente, hay que tener muy en cuenta a la
hora de hablar de estas cuestiones.
En todo caso, lo importante es conocer qué concepto tienen ustedes sobre
libertad de establecimiento; qué concepto tienen sobre lo que es una
farmacia. Porque ustedes se cuidan mucho de no citar aquí lo que son las
disposiciones de la Ley General de Sanidad y de la Ley del Medicamento:
que las oficinas son establecimientos sanitarios privados. Y ustedes se
cuidan muy mucho de emplear la palabra privado, yo no sé por qué, pero,
en todo caso, aclárelo usted, ya que es el momento procesal oportuno.
Respecto a la enmienda 23, señora Novoa, es evidente que las condiciones
y los requisitos técnicos que tienen que tener las oficinas de farmacia
son algo que, como dispone la propia Ley del Medicamento en su artículo
88, ha de ser objeto de regulación, vía reglamento, por parte del Estado
y, por tanto, cualquier consideración a efecto de las condiciones
técnicas de eficacia, de seguridad, de stocks mínimos, etcétera, ya está
regulada por reglamento y no debe ser objeto de una enmienda de esta
naturaleza. Además, ustedes dicen: en los expedientes deberá acreditarse
que los locales, instalaciones y servicios de las oficinas de farmacias
cumplan las condiciones de eficacia, seguridad y calidad requeridas por
la legislación vigente. Pues claro, si ya lo requiere la legislación
vigente, ¿cómo no se van a cumplir los requisitos en los procedimientos
de apertura de nuevas farmacias? Si ya está requerido por la legislación
vigente, no hace falta volver a insistir en ese mismo requisito. Nos
parece una enmienda absolutamente irrelevante y probablemente poco
meditada, poco pensada. Si es algo que ya exige la legislación vigente,
obviamente lo tienen que cumplir las nuevas farmacias si quieren ser
autorizadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Burgos, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor BURGOS GALLEGO: Concluyo, señor Presidente, haciendo una
referencia a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
grupo que, como han hecho todos los de esta Cámara en mayor o menor
medida, al menos ha hecho el esfuerzo de presentarnos un texto
alternativo, texto que tal vez siga un modelo norcoreano, porque, desde
luego, en nuestro entorno más próximo no he encontrado ningún modelo que
pueda asemejarse. Se trata de un modelo que trastoca absolutamente el
carácter y el régimen del servicio farmacéutico en nuestro país; que, por
ejemplo, suprime de un plumazo todo el personal auxiliar de las
farmacias, lo cual es una auténtica barbaridad, y que tiene perlas no
citadas en esta Cámara, no sé si para no ruborizarse más de la cuenta,
como es la obligatoriedad por parte de la Administración de dar créditos
blandos a la gente que quiera abrir una oficina de farmacia, lo cual, sin
duda, tiene que hacerles mucha gracia a los hoteleros, a los estanqueros
o a cualquier otro gremio profesional que quiera poner en
marcha un establecimiento privado de esta naturaleza. En definitiva, no
es el modelo que nosotros compartimos ni es un modelo que comparta nadie
en el entorno occidental y, por tanto, no cabe hacer mayores
consideraciones.
Señor Presidente, creo que con el proyecto de ley que hoy aprobamos hemos
avanzado en la equidad, en la eficacia, en la accesibilidad y en la
propia calidad del servicio farmacéutico. Una vez más, hemos consolidado
al farmacéutico como el profesional sanitario más cercano y más próximo
al ciudadano, elegido libremente por éste y, además, con una atención
inmediata. Creo que con nuestras aportaciones contribuimos a consolidar
un sistema eficazmente distribuido en nuestro país, que tiene unos
elementos importantísimos que cabe preservar y en esa línea han ido todas
y cada una de nuestras modificaciones. Yo creo que al final de este
procedimiento, al final de esta tramitación, todos los grupos
parlamentarios podremos sentirnos satisfechos de haber contribuido a
modernizar el sector farmacéutico sin dejarnos llevar por cantos de
sirena ni por apuestas absolutamente demagógicas, partidistas y
consustanciales a un modo de hacer oposición fundamentalmente
incoherente.
Muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burgos.
Señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Señor Burgos, quiero empezar recordándole que
el debate que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene en torno a esta
materia y las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado a este texto legal están en concordancia con el informe del
Tribunal de la Competencia, están en concordancia con las posiciones que
vienen manteniendo las organizaciones de consumidores y usuarios y están
en concordancia con los informes presentados por el Defensor del Pueblo a
esta Cámara, en los que, como sabe muy bien el señor portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, hace una clara valoración de la legislación como
altamente restrictiva y contraria a los principios de pro apertura y pro
libertate. Y todavía más, señor Burgos. Recientemente, la Sala Tercera
del Tribunal Contencioso-Administrativo ha emitido una serie de
sentencias que --le aseguro, señor Burgos-- no discrepan en gran medida
de los principios que rigen nuestros planteamientos y nuestras enmiendas.
Le diré, concretamente, que en estas sentencias que he citado, aparte de
valorar como altamente restrictiva la legislación vigente, se señala que
es conveniente que no se favorezcan situaciones que vayan en contra del
principio de la libertad y el mejor servicio farmacéutico; que han de
hacerse interpretaciones que, acomodándose a la normativa en vigor,
resulte menos restrictiva de la libertad de ejercicio profesional y de
empresa; que ha resultado excesivamente rígida y contraria --refiriéndose
a la legislación vigente actualmente y que ustedes consolidan a través
del texto que hoy estamos debatiendo, y ustedes van a aprobar--, y que es
contraria a la libertad del ejercicio profesional y de empresa. Son
conceptos que se repiten sistemáticamente en estas sentencias, que
afortunadamente empiezan a producirse en los últimos tiempos y que
significan un cambio sustancial en lo que era la doctrina legal hasta
ahora existente.
Señor Burgos, en nuestras enmiendas no existe ningún tipo de
contradicción. Existe contradicción entre nuestras enmiendas y las suyas,
porque son modelos completamente distintos, señor Burgos. Nuestras
enmiendas, relacionadas entre sí, tienen una total coherencia porque
nosotros, insisto, percibimos y concebimos la oficina de farmacia, por
sí, como un establecimiento sanitario y también como un establecimiento
mercantil. Desde esa percepción de establecimiento mercantil, entendemos
que no puede quedar restringido a un sistema de protección, sino que debe
someterse a las leyes de mercado, y que eso es lo que afecta a esta ley
base que estamos tramitando en estos momentos. La ordenación farmacéutica
no puede, desde una ley de bases, quedar sometida a límites poblacionales
y a límites de distancia. Una ley de bases tiene que ser una ley de
mínimos, señor Burgos, y ustedes están haciendo una ley de bases. Si en
lo que ustedes dicen en torno a ratios poblacionales y distancias
utilizaran la expresión como mínimo, no estarían haciendo ustedes
invasión de competencias de las comunidades autónomas ni estarían
realmente blindando un ámbito comercial ni estarían limitando la
posibilidad de los usuarios a acceder al servicio farmacéutico. Pero no
es así, señor Burgos.
Le decía que nuestras enmiendas son coherentes porque entendemos que,
además de ser establecimientos comerciales, son también establecimientos
sanitarios, y por eso queremos que, en aras a las competencias que las
comunidades autónomas tienen atribuidas, sean ellas las que introduzcan
los elementos de planificación precisos. Instrumentos de planificación
que no tienen nada que ver con los que ustedes plantean de población y
distancia, sino que son aquellos elementos o criterios objetivos que en
cada uno de los territorios se den y no los que, desde una ley de bases
como ésta, podamos apuntar los Diputados de esta Cámara.
Comprenderá, señor Burgos, que los Diputados del Grupo Parlamentario
Socialista no entendamos como contradictorio lo que nosotros debatimos.
Nos resulta chocante que se sigan manteniendo, en el tiempo que vivimos,
por parte del Grupo Parlamentario Popular, tendencias que benefician, en
definitiva, a un sector comercial importante, así como que no entendamos
que eso lo defiendan ustedes para el sector farmacéutico
y que tengamos servicios sanitarios privados que no están sometidos en
absoluto a tipo alguno de restricción.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Novoa, le
ruego que vaya concluyendo.
La señora NOVOA CARCACIA: También, señor Burgos, quiero indicarle que,
dentro de esa sorpresa por lo que posiblemente no fueran acusaciones sino
fruto de la dialéctica del debate parlamentario, usted se refería a todas
nuestras posibles contradicciones, a si habíamos entrado en la defensa
del mercado por el mercado, etcétera. No, señor Burgos. A mí me resulta
chocante que ustedes mantengan posiciones tan rígidas con un sector
privado y, a la vez, ustedes ahora nos estén hablando de que van a
introducir elementos de competencia dentro del Sistema Nacional de Salud.
¿Les sirve la competencia para el servicio del Sistema Nacional de Salud
y no les sirve la competencia para una actividad privada de dispensación
de medicamentos? Eso sí es chocante y sí es contradictorio, señor Burgos.
(Rumores.) No les choca a ustedes que, a corto o medio plazo, este país
pueda ser un auténtico mosaico fiscal y sí les preocupa que las
comunidades autónomas tenga autonomía a la hora de regular su ordenación
farmacéutica. (Rumores.--Protestas.) Eso sí es chocante, señor Burgos.
Posiblemente, señor Burgos, si prosiguiera leyendo las notas que he
tomado durante la réplica que usted ha formulado a las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista y a mi intervención, tendría bastantes más
argumentos que darle. Pero, puesto que el Presidente ya me ha formulado
llamamiento, porque ha concluido mi turno, espero que lo que esta
portavoz le ha indicado le lleve a considerarlo mínimamente. Sé que es
imposible que ustedes cambien de modelo a estas alturas, pero, por lo
menos, no cuestionen lo que el Grupo Parlamentario Socialista está
planteando, que no es nada distinto de lo que venía planteando
anteriormente, porque usted es conocedor de que en la anterior
legislatura hemos constituido, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista del Senado, una ponencia en el Senado que tenía como objetivo
estudiar la situación de la ordenación farmacéutica, de los productos
farmacéuticos en este país y buscar, con el consenso de todas las fuerzas
parlamentarias y a través de las aportaciones de profesionales y de
personas conocedoras de la materia, una vía de solución a este problema.
Ustedes han optado por hacerlo apresuradamente, han optado por traerlo
vía real decreto-ley a esta Cámara y comprenderá que de todo ello no es
responsable mi grupo parlamentario.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Novoa.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señora Novoa, ningún argumento de los que usted pueda traer aquí esta
mañana puede cambiar una realidad absolutamente clara: ustedes gobernaron
13 años y no movieron un dedo por reformar la legislación en materia de
oficinas de farmacia, ni un dedo, pese a que permanentemente esos temas
estaban en los tribunales de justicia, incluso con constantes sentencias
del propio Tribunal Supremo. Ese no es un problema de argumentos, es un
problema de realidades. No me diga usted que con la puesta en marcha de
una ponencia en el Senado sobre el estudio de la ordenación general del
sistema farmacéutico ya eluden ustedes toda responsabilidad sobre una
situación que se dilató a lo largo de 13 años y que no tuvo por su parte
ninguna otra respuesta que no fueran las declaraciones, por ejemplo, de
la entonces ministra de Sanidad y Consumo, que decía reiteradamente en
todas las partes donde se le quería escuchar, que el sistema farmacéutico
en este país tenía un altísimo nivel de calidad, que eso lo admitía todo
el mundo y que les pedía que siguieran en la misma línea y haciendo la
misma función sanitaria esencial que venían desempeñando hasta ese
momento. ¿Qué ocurre? ¿Que hasta el mes de marzo de 1996, todos esos
problemas que usted descubre ahora no existían o es que los responsables
políticos preferían mirar para otro lado en lugar de resolverlos?
A diferencia de ustedes, que no hicieron absolutamente nada, este
Gobierno, nada más tomar posesión, puso en marcha las medidas adecuadas
para desbloquear un sistema farmacéutico que era susceptible de mejora,
como todo en esta vida, sólo que algunos se lo toman realmente en serio y
otros vienen aquí a dar lecciones, a estas alturas, sobre lo que es el
servicio farmacéutico del futuro.
En la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley nosotros hemos
introducido clarificación en cuanto a la definición y las funciones de
las oficinas de farmacia; hemos reforzado los principios esenciales de
accesibilidad y de calidad de la prestación farmacéutica, con una
adecuada y garantizada atención a todos los usuarios con independencia
del lugar en el que residan; hemos introducido mejoras en la ordenación
en referencia a las distancias, a la cercanía de las farmacias de los
centros sanitarios, al cómputo de población, aplicando precisamente esa
garantía de que sean las comunidades autónomas las que adapten el modelo
a sus peculiaridades y circunstancias geográficas y demográficas.
Hemos incrementado --nosotros, señora Novoa, ustedes no han hecho nada en
ese sentido-- las garantías
del procedimiento de autorización, añadiendo, además, la publicidad en
todas las disposiciones que ya incluía el real decreto y que ustedes, por
cierto, en su enmienda borran de un plumazo. A ustedes la concurrencia
competitiva, la transparencia, el mérito, la capacidad, la publicidad,
todo eso les da lo mismo porque ni siquiera lo tienen en cuenta en su
enmienda.
Hemos recalcado la continuidad necesaria en la asistencia sanitaria, y la
hemos hecho además compatible con una libertad y una flexibilidad en los
horarios de apertura de las farmacias. Además, hemos reafirmado que
ninguna farmacia del territorio español verá lesionados sus derechos,
saliendo al paso de aquéllos que tan interesada como manipuladoramente
decían que cuando esto entrara en vigor se iban a cerrar cientos de
farmacias en nuestro territorio.
Señora Novoa, todo esto lo han hecho los grupos de esta Cámara que como
Coalición Canaria, como el Partido Nacionalista Vasco, como Convergència
i Unió, como Unión Valenciana comparten un modelo de oficina de farmacia
que es el que está en vigor en nuestro país y todos ellos han llegado a
un acuerdo para mejorar, en todo esto y en más cosas que no he querido
citar, el texto del proyecto de ley. Ustedes vienen aquí a apelar a que
la solución de todos estos supuestos males del modelo de atención
farmacéutica lo resuelven con la liberalización de las farmacias.
Usted debería saber que en todos los países donde se ha puesto en marcha
la liberalización de las oficinas de farmacia no se han producido más que
elementos de perjuicio para los ciudadanos, que ello ha supuesto el
incremento de los costes del gasto farmacéutico, que ha supuesto la
invasión de las grandes multinacionales en un sector de estas
características, que ha supuesto el perjuicio en la atención a los
usuarios y que desde luego ha supuesto también la ausencia efectiva de
control de la Administración sobre el funcionamiento de las oficinas de
farmacia.
Si toda esa experiencia, de la que debemos aprender, señora Novoa, a
ustedes no les importa, a mi grupo parlamentario le interesa, desde
luego, sobremanera. Si todo eso además ustedes lo quieren hacer
compatible con su posición absolutamente sectaria y bloqueada en otros
aspectos de la reforma sanitaria podremos discutirlo en su momento, pero
éste no es el lugar adecuado.
Ustedes quieren sencillamente que las farmacias sean libres, que sean
liberalizadas, que se puedan abrir donde quieran y, evidentemente, eso
casa de forma muy complicada, muy compleja con lo que ustedes están
haciendo en las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La
Mancha.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Burgos, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor BURGOS GALLEGO: ¿Sabe usted lo que piensan los usuarios y lo
que piensan los farmacéuticos de lo que ustedes están haciendo donde
gobiernan? Que constituye un atentado absolutamente flagrante contra la
legislación básica del Estado, que desde luego no la hemos realizado
nosotros --la Ley General de Sanidad y la Ley del Medicamento les
corresponden en gran medida como responsabilidad a SS. SS.-- y que atenta
frontalmente contra el artículo 38 de la Constitución Española que acepta
la libertad de empresa y contra el artículo 33 que afecta al derecho de
propiedad. Si ustedes están expropiando las farmacias, ustedes están
negando esa propia libertad comercial en Castilla-La Mancha y en
Extremadura, ustedes están cometiendo absolutos atropellos de los
derechos de todo lo que tenga que ver con la libertad de establecimiento
de los comercios o de las empresas privadas. Yo creo que es un ejercicio,
permítame la expresión, de cinismo parlamentario muy acusado pretender
que todo eso es coherente con lo que usted ha venido a decir esta tarde
aquí. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burgos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (La señora Novoa Carcacia, pide la
palabra.) Señora Novoa, sabe S. S. que el turno de réplica se cierra con
las dos intervenciones. Si es para alguna alusión muy concreta que no se
haya debatido, y rogándole que no introduzca elementos nuevos en el
debate, tiene S.S. un minuto de tiempo, que le ruego respete máximamente.
La señora NOVOA CARCACIA: En primer lugar, señor Presidente, quiero
rogarle al señor Burgos que no haga calificaciones de mi persona. Yo
sinceramente, señor Burgos, nunca me he considerado una persona cínica.
Es posible que a sus ojos así lo sea, pero no lo diga públicamente.
Señor Burgos, ustedes tienen la costumbre de estar reiteradamente
haciendo referencias al pasado, que si hemos hecho, que si no hemos
hecho. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Silencio,
señorías!
La señora NOVOA CARCACIA: Yo no voy a entrar en ese debate. En todo
caso, algún día tendrán que abandonarlo.
Pero sí le voy a decir una cosa: han hecho ustedes mucho. ¿Este real
decreto-ley aporta muchísimo a la ordenación farmacéutica de este país?
Señorías, lleva en vigor desde el momento en que fue convalidado en esta
Cámara. Pregúntenles ustedes a los usuarios si reciben mejor servicio y
mejor atención farmacéutica. Pregúntenles a los profesionales si todas
aquellas expectativas que ustedes abrieron con él, que significó el
colapso de muchas administraciones autonómicas, (Rumores.) si eso ha
significado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: ... apertura de nuevas oficinas de farmacia,
señor Burgos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): ¡Señora Novoa!
¡Señora Novoa!
La señora NOVOA CARCACIA: Lo único que ustedes consiguen con esta norma
es consolidar el modelo actual, señor Burgos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Novoa, yo
le rogaría, para otras ocasiones, que respondiese al llamamiento de la
Presidencia.
Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora Novoa, usted sabe perfectamente que me
merece todos los respetos, desde el punto de vista personal. (Rumores.)
No puedo evidentemente decir lo mismo ni de su argumentación, ni de la
política que ustedes han venido desarrollando en los últimos años, ni de
sus actuales posicionamientos en relación con este tema.
A usted le preocupa que la tramitación de este proyecto de ley haya dado
lugar a problemas. Desde luego, a mí no, porque entiendo que la labor
fundamental de este Parlamento, entre otras cosas, es que cuando se
decide por todos los grupos la tramitación como proyecto de ley de un
real decreto, todos puedan aportar y todos puedan sugerir modificaciones
que sirvan para mejorar, para engrandecer la propia legislación que surja
de esta Cámara. Esta es la labor de este Parlamento. A mí lo que me
preocupa es que usted a eso no le conceda absolutamente ninguna
importancia.
Lo único que se ha hecho en este país para flexibilizar la atención
farmacéutica, para acercarla a los usuarios y para mejorar la calidad del
servicio, se ha hecho desde el mes de marzo de 1996 para acá. Eso es una
realidad y eso usted no lo puede negar.
El sistema bloqueado, rígido, burocrático, anquilosado, problemático que
usted ha citado es el que ustedes mantuvieron durante trece años.
(Aplausos.--La señora Fernández Sanz pronuncia palabras que no se
perciben.--Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Burgos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) ¡Silencio, señorías!
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, este proyecto legislativo se refiere al sector farmacéutico
integrado en nuestro país por más de 18.000 farmacias, ocupando, por su
número y por el ratio habitante/farmacia, el tercer lugar de Europa. Es,
por tanto, un importante colectivo. Son unidades sanitarias
indiscutibles, son las más cercanas y las más utilizadas por el
ciudadano, y sin duda se puede afirmar, por lo menos por lo que acontece
en nuestro país, que su prestación farmacéutica goza de los principios de
equidad, accesibilidad, eficacia y calidad.
No cabe la menor duda de que la farmacia constituye uno de los pilares
básicos del sistema sanitario. No obstante, existen en el sector, como
consecuencia de la evolución de la sociedad y de los tiempos, problemas
de diversas clases, muchos de los cuales han debido estar ya resueltos y
otros se van originando poco a poco. Nosotros comprendemos que hay
problemas como el inconmensurable gasto farmacéutico, que asciende a la
cifra de 800.000 millones de pesetas, curiosamente no causado
principalmente por las oficinas de farmacia, pero que preocupa, porque es
financiación pública en un 90 por ciento y eso lo pagamos todos los
españoles.
No entraré, porque no es el foro ni el momento adecuado, en el
controvertido decreto de márgenes, que tiene una gran carga negativa para
las cuentas de las pequeñas farmacias; pero sí, aunque tampoco lo puedo
hacer con extensión, trataré de este importante Decreto-ley 11/1996, de
17 de junio, porque supone un avance en el tratamiento de la problemática
de las farmacias. No voy a tratar todos los temas que se contemplan en el
texto legal porque haría una intervención muy larga y tengo una
limitación temporal, pero sí hablaré fundamentalmente de la definición
del servicio farmacéutico y recordaré que el tema universitario es grave:
en España existen más universitarios de farmacia que todos los que hay en
Francia y Alemania, y de eso no tienen culpa las farmacias, señores, sino
el sistema docente español; es un problema a resolver.
Pero yo quisiera, en vez de tocar todos los temas, puntualizar lo que
sirvió de enmienda a Coalición Canaria y que fue aceptado en el artículo
1º.9 por la mayoría de los miembros de la Comisión de Sanidad. Me refiero
a la definición de la farmacia como establecimiento privado de interés
público sujeto a la planificación que establezcan las comunidades
autónomas. En ellas el farmacéutico titular propietario, asistido en su
caso por ayudantes o auxiliares, deberá prestar servicios que enumeraré a
continuación, y seguimos en esa enumeración los preceptos de la
importantísima ley sanitaria, promulgada hace diez años, y de la Ley del
Medicamento, pero también recogemos los criterios de la Organización
Mundial de la Salud en sus reuniones de Nueva Delhi el año 1988 y en la
de Tokio de 1993. Las funciones a que me refiero y que expondré
someramente
son: la adquisición, custodia, conservación y dispensación de los
medicamentos y productos sanitarios; pero antes tengo que decir que la
consideración como establecimiento sanitario es importantísima, porque la
Ley General Sanitaria prevé determinados conceptos y defensas; se
considera que el farmacéutico ejerce su profesión libre, en el marco
constitucional de la libertad de empresa y de economía de mercado que
está reconocida en la Constitución española, siendo propietario y titular
de su propia empresa.
La función del farmacéutico también pasa por la elaboración de fórmulas
magistrales a pacientes individualizados, preparados o fórmulas
originales; la vigilancia, control y custodia de las recetas médicas
dispensadas en los tiempos previstos por la ley; la obligación de la
atención farmacéutica en las zonas rurales donde sean necesarios
botiquines; la información activa o pasiva en su oficina y el seguimiento
de los tratamientos farmacológicos de los pacientes; la colaboración en
el control del uso individualizado de los medicamentos, a fin de detectar
las reacciones adversas que puedan producirse y notificarlas a los
organismos responsables; colaboración en los programas que promueven las
administraciones sanitarias y, por último, la colaboración con la
administración sanitaria en la formación e información dirigida al resto
de profesionales sanitarios y usuarios sobre el uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, debiendo también prever sus abusos;
la actuación coordinada con las estructuras asistenciales de los
servicios de salud de las comunidades autónomas, especialmente con la
atención primaria hospitalaria, y la colaboración en lo que se llaman
prácticas tuteladas en la docencia para la obtención del título de
licenciado en farmacia. En resumen, lo que se pretende es elevar la
valoración de esta vieja profesión con lo que se llama la atención
farmacéutica, recogida, repito, en los anteriores congresos.
A vuelapluma diré que también hemos apoyado que las transmisiones de las
oficinas de farmacia se hagan solamente de farmacéutico a farmacéutico y
no a multinacionales y empresas de otra clase, que las comunidades
regulen esa transmisión, y también apoyamos que la apertura de farmacias,
las autorizaciones se dejen de hacer por los colegios farmacéuticos y
pase como actividad a las administraciones autonómicas. Se han cometido
muchos errores, ha habido sentencias muy duras, situaciones muy injustas
y será necesario que la Administración pública sea la que resuelva estos
temas.
En fin, señorías, no es esta ley un desiderátum, muchas cuestiones quedan
pendientes, pero ha supuesto un avance y consideramos su texto actual muy
aceptable. Por ello, Coalición Canaria votará favorablemente el dictamen
de la Comisión.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Muy brevemente desde el escaño voy a fijar la posición del Grupo Vasco
(PNV).
Vamos a apoyar el dictamen de la Comisión porque este grupo considera
positivo establecer normas de ordenación de las oficinas de farmacia,
atendiendo con ello a una demanda social que se ha ido manifestando
permanentemente y que la hemos podido conocer además en los medios de
comunicación, como la ordenación territorial de las oficinas de farmacia
según las necesidades sanitarias, la garantía de transparencia, mérito y
capacidad en los procedimientos de autorización, la reiteración de la
obligación de la presencia de un farmacéutico o farmacéutica en el acto
de dispensación y la flexibilidad en el régimen de horarios. Todo ello en
línea, señorías, con las leyes aprobadas en dos de las comunidades
autónomas como Cataluña y el País Vasco. No obstante, quiero indicar que
el Grupo Vasco presentó una enmienda fundamental al proyecto de ley en
cuanto al tema competencial y otras de carácter técnico que han sido
subsumidas y que, por tanto, las ha recogido el dictamen de la Comisión.
Por ello, el Grupo Vasco va a apoyar el dictamen y anuncio su voto
favorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente también
y desde este escaño.
Al igual que ha anunciado nuestra compañera del Grupo Nacionalista Vasco,
el Grupo Catalán (Convergència i Unió) presentó unas enmiendas al texto
del Real Decreto-Ley que están ya subsumidas en el texto de la Comisión.
En consecuencia, anunciamos el voto favorable de nuestro Grupo
Parlamentario al presente proyecto de ley .
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Riera.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las
enmiendas al dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de
ampliación del servicio farmacéutico a la población.
Votaremos en tres grupos: las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, enmiendas del Grupo Socialista
y el dictamen.
Se someten a votación en primer lugar las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319;
a favor, 21; en contra, 294; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315,
a favor, 125; en contra, 188; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votación del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319;
a favor, 173; en contra, 145; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En conclusión, queda aprobado el dictamen de la
Comisión sobre el proyecto de ley debatido.
Al no haberse presentado ninguna enmienda de totalidad a los convenios
internacionales referenciados en el orden del día que conocen SS. SS,
pasamos al último punto del orden del día, punto XI, debates de totalidad
de iniciativas legislativas.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY SOBRE CONSOLIDACION Y RACIONALIZACION DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (Número de expediente 121/000024)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad de devolución al proyecto de
ley sobre consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad
Social, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Vaquero. (Pausa.) Perdón,
señorías. La Presidencia ha cometido un error en grave perjuicio, si se
hubiera consolidado, del derecho del Gobierno y aun del deber de
presentar el proyecto ante el Pleno de la Cámara. Pido disculpas al
Gobierno y de manera particular al señor Arenas, Ministro de Trabajo, que
va a presentar a continuación el proyecto de ley sobre consolidación y
racionalización del sistema de la Seguridad Social. (Rumores.) Si SS. SS.
guardan silencio, en beneficio de todos, podrá continuar el debate y se
cumplirán las previsiones horarias. (Rumores.) Señorías, guarden
silencio para que pueda comenzar la presentación del proyecto por el
Gobierno.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, con mucha brevedad y con
cierto sabor agrio voy a presentar en la Cámara el proyecto de
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social. Decía
que con cierto sabor agrio porque, sin perjuicio de que creo que es muy
importante que se produzca este primer debate ante el plenario de la
Cámara sobre un proyecto de ley de tanta trascendencia, el sabor agrio
viene justificado porque al Gobierno le hubiera gustado que no se hubiera
presentado ninguna enmienda a la totalidad y que este debate no se
hubiera producido en el día de hoy, manteniéndose, básicamente, lo que ha
sido el desarrollo de los Pactos de Toledo que en su día tuvieron un
amplísimo respaldo parlamentario.
Quiero decir, señorías, que con este proyecto de ley de consolidación y
racionalización del sistema de Seguridad Social creemos que se da un paso
muy importante en lo que significa la profundización en el derecho a la
protección social pública que tienen todos los ciudadanos y que se
reconoce en nuestra Constitución, la Constitución de la concordia de
1978. Una vez que este proyecto de ley tenga el visto bueno de ambas
Cámaras, creo que habremos avanzado mucho en el concepto de ese derecho,
en que así sea reconocido por el conjunto de la opinión pública española
y que nunca se considere por nadie que el derecho a una pensión procede
de la concesión graciosa de ningún gobernante, sino que responde al
esfuerzo de cotización que se ha hecho durante toda una vida laboral, o
bien al ejercicio de la solidaridad a través de los Presupuestos
Generales del Estado.
Como saben SS. SS., había un compromiso por parte del Gobierno, expresado
en la campaña electoral y también en el discurso de investidura del
Presidente Aznar, en torno al mantenimiento de nuestro sistema de
protección público así como al mantenimiento y consolidación del poder
adquisitivo de nuestras pensiones, que creemos que, con este texto que se
presenta, tiene una consagración en cuanto al cumplimiento de ese
compromiso. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.) Sin embargo, tengo necesariamente que hacer referencia
al origen de lo que significa este proyecto de ley,
y ese origen hay que situarlo, sin duda, en los Pactos de Toledo que en
su día se suscribieron por las fuerzas parlamentarias, y quiero agradecer
a todas las fuerzas políticas parlamentarias el trabajo que han
desarrollado en apoyo de este proyecto de ley, muy especialmente al Grupo
Socialista, que impulsó los Pactos de Toledo en aquella ocasión, como
fuerza con representación parlamentaria mayoritaria, y ha mantenido el
consenso básico en torno al mismo desde su posición actual de oposición o
de fuerza política parlamentaria que no tiene la mayoría.
Nos hubiera gustado que ese amplísimo consenso en torno a los Pactos de
Toledo se mantuviera también en lo que significa este proyecto de ley y
desde luego, señoras y señores Diputados, el Gobierno no renuncia, en
absoluto, a que en la tramitación del proyecto se puedan introducir las
enmiendas parciales que presenten los grupos parlamentarios para que se
restablezca ese amplísimo consenso.
También quiero decirles --y hay que hacer una valoración muy positiva--
que es un proyecto de ley que tiene un amplio respaldo social; que en su
día, como saben SS. SS., se suscribió un acuerdo muy importante con las
organizaciones sindicales en torno a los contenidos de este proyecto de
ley, y que, pese a que en un principio las oganizaciones empresariales no
se incorporaron a ese acuerdo, en este momento trabajan ya en torno al
Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social para el
desarrollo de ese acuerdo.
Creo que este proyecto de ley también significa, finalmente, el traslado
de una confianza que todos debemos al conjunto de la sociedad española.
Siempre, cuando ha habido procesos electorales en España, en los últimos
tiempos, se ha producido cierta incertidumbre en torno al futuro de las
prestaciones sociales, y yo creo que este proyecto de ley da confianza al
conjunto de la sociedad, muy especialmente a los mayores, y continúa
siendo un elemento clave en la solidaridad que todos debemos buscar y que
es perfectamente compatible con la búsqueda de una sociedad competitiva.
El conjunto de ese desarrollo de los Pactos de Toledo, el conjunto del
acuerdo con los sindicatos, se ha integrado a través de este proyecto de
ley en el articulado del texto refundido de la Ley General de Seguridad
Social, que es la norma básica, como saben ustedes, fundamental en el
ámbito de la protección social.
Una de las claves de este proyecto es que se plantean reformas graduales.
De hecho, en la exposición de motivos del mismo aparece el horizonte del
año 2000 para la culminación de algunas de esas reformas.
Era objetivo de los Pactos de Toledo conseguir un sistema de protección
social más justo sobre la base de la contributividad, la equidad y la
solidaridad. Pues bien, con este proyecto de ley hacemos especial
hincapié en que tenga repercusión en la prestación el mayor esfuerzo de
cotización que se haya hecho.
Había otro asunto pendiente también muy importante en lo que significa la
actual situación financiera y el futuro equilibrio financiero de la
Seguridad Social. Pues bien; en este proyecto de ley se produce un avance
muy importante en la definición de las prestaciones de la Seguridad
Social, manteniendo los textos de los Pactos de Toledo (contributivas, no
contributivas) y se inicia formalmente la separación de fuentes
financieras, dejando bien claro que aquellas prestaciones no
contributivas y universales y la prestación de sanidad deben en el
futuro, y de forma gradual así lo va a acometer el Gobierno, ser
financiadas desde la imposición general del Estado.
También se hace una regulación del fondo de reserva en previsión de la
evolución económica y de la fluctuación de los ciclos económicos. Se dan
avances muy importantes en otro de los principios que se plantea en los
Pactos de Toledo, que es el acercamiento o la coincidencia de las bases
de cotización con los salarios reales, estableciéndose una sola base
máxima de cotización y un tope máximo de cotización, y atendiendo a ese
proceso de forma gradual, a través de los distintos presupuestos
generales del Estado. Creemos, con toda sinceridad, que el proyecto
también otorga una mayor seguridad jurídica en el caso de las
incapacidades permanentes y que señala con toda claridad una mejora, de
cara al futuro, en las prestaciones de viudedad y de orfandad.
Por último, señor Presidente, con la brevedad que informalmente me han
aconsejado algunos miembros de la Mesa, digo ante la Cámara que existe la
garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de
forma automática.
En definitiva, señorías, creo que a lo largo de toda su tramitación este
proyecto de ley debe intentar conseguir al menos el respaldo
parlamentario que tuvieron en su día los Pactos de Toledo. Agradezco a
los grupos parlamentarios de la oposición su colaboración en todo lo que
ha sido la génesis del mismo, y termino mi intervención diciendo que el
día que aprobemos este proyecto en las Cortes Generales va a ser un día
muy importante para la sociedad española y muy especialmente para los
mayores.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ministro.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, señorías, los Pactos de
Toledo, según su propio texto, se firmaron para reforzar, consolidar y
dar viabilidad futura al modelo de pensiones que ha ido configurándose en
los últimos años, pues es el que mejor permite
combinar adecuadamente los principios de seguridad y solidaridad. Pero,
señorías, como todo lo que se aprueba y firma consensuadamente por grupos
ideológicos tan dispares como los que suscribimos ese pacto a finales de
1995, cabían distintas interpretaciones. De ahí que, a fin de intentar
una interpretación unánime en su desarrollo, el Congreso aprobara la
constitución de una subcomisión que estudiase los elementos que podían
conformar la reforma que, finalmente, abordamos hoy. En dicha subcomisión
se ha debatido, se han aportado valoraciones oralmente, aunque nos cabe
el honor de ser el único grupo parlamentario que, junto al Gobierno, ha
puesto propuestas por escrito encima de la mesa.
Finalmente, el Gobierno ha elaborado un proyecto de ley de reforma del
sistema de la Seguridad Social, y en concreto de las pensiones, después
de haber dialogado sus bases con los sindicatos y la patronal
fundamentalmente. Pero, señorías, este proyecto no satisface nuestra
aspiración de una interpretación progresista de los Pactos de Toledo. Por
el contrario, tenemos que decir que este proyecto es una interpretación
regresiva de dichos pactos. Y no es que no sepamos reconocer los aspectos
positivos que sin duda tiene; en él se contienen contrapartidas a los
sacrificios que se postulan y, por tanto, eso son aspectos positivos.
Pero estos aspectos positivos, en los que no me detengo pues sin duda
alguna habrá otros portavoces que los valorarán como lo ha hecho el señor
Ministro, no son relevantes comparados con los elementos negativos que
contiene la reforma.
Cuando decimos que esta reforma es una interpretación regresiva de los
Pactos de Toledo ¿en qué basamos esta afirmación? En tres causas
fundamentales. Por un lado, la concreción de la recomendación número 9,
que evoca los principios de equidad del sistema, contributividad y
solidaridad, reformando el sistema para calcular la base reguladora de la
pensión de jubilación incrementando de ocho a quince años el periodo de
meses que van a servir para formar la media de dicha base, junto con otro
mecanismo como es la revisión del porcentaje a aplicar a la base
reguladora en función del número de años cotizados para establecer la
cuantía de la pensión, reduciendo, por ejemplo, del 60 al 50 por ciento
la pensión para los que hayan cotizado 15 años. Estos dos mecanismos,
separados o acumulados, supondrán un recorte de las pensiones de los
futuros pensionistas respecto de las que cobrarían si no mediase esta
reforma. Más allá de que se mantenga o se suba un poquito el gasto
social global, existe, efectivamente, un recorte de las cuantías de las
pensiones individualmente consideradas de los futuros pensionistas, que
afectará a unos colectivos más que a otros, de forma progresiva y gradual
también; a los precarios más que a los fijos, justamente cuando la
precariedad va ganándole terreno a la estabilidad en el mercado de
trabajo; a los autónomos más que a los que trabajan por cuenta ajena; a
los agrícolas más que a los de otros sectores; a las mujeres más que a
los hombres por ser las que más utilizan los contratos precarios. Pero es
una reducción que afectará de forma generalizada y, ciertamente, no
insignificante.
No voy a detenerme en la discusión de los porcentajes. En todo caso,
éstos son nuestros cálculos, cuyo sentido ha sido corroborado por los de
los sindicatos que emitieron su voto particular en el Consejo Económico y
Social, y por otros estudios expresados también a través de los medios de
comunicación. No queremos que bajen las pensiones, señorías. Esta sola
razón nos bastaría para estar en contra de la reforma que se nos
presenta, como lo hemos estado en otras ocasiones.
Además de esta poderosa razón, tenemos otra discrepancia que incluso es
más de fondo, más estructural. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
como los demás firmantes de los Pactos de Toledo, apostó y apuesta por la
separación de fuentes de financiación de las prestaciones contributivas y
las no contributivas del sistema público de la Seguridad Social, pues
ello --y este era el motivo-- podría contribuir a clarificar las cuentas
del Estado, separando lo que eran en principio gastos con cargo
básicamente --y subrayo lo de básicamente-- a las cotizaciones sociales,
las contributivas, de lo que eran gastos con cargo exclusivamente --y
también se subrayaba lo de exclusivamente en los Pactos de Toledo-- a la
Hacienda pública del Estado, a los impuestos generales, las no
contributivas.
Esta separación salía al paso de la falsa especie creada por la derecha
económica, o por parte de ella, interesada en privatizar las pensiones,
de que la Seguridad Social está en crisis, de que no va a haber dinero
para pagar las pensiones futuras, de que hay agujeros en la Seguridad
Social, etcétera. La realidad es que hay dinero con las cotizaciones
sociales para abonar lo que la Seguridad Social debe pagar y sobra. La
realidad es que el Estado es el que ha ido utilizando fondos de las
cotizaciones sociales, unos cinco billones en seis años, y, sin embargo,
ha utilizado la falsa institución del préstamo desde el Estado a la
Seguridad Social, 1,2 billones en el mismo período. De forma que al final
se ha creado la falacia de que la Seguridad Social es deudora respecto al
Estado, cuando la realidad es justamente lo contrario, que ésta ha
utilizado unos 3,74 billones de pesetas de fondos excedentarios.
Pues bien, la separación de fuentes no va a servir para clarificar nada,
tal como está planteada en el proyecto de ley, sino que va a servir al
Gobierno, al que sea, al de turno, a escurrir el bulto de sus
responsabilidades respecto a la financiación de las prestaciones
contributivas, en el caso de que los excedentes se conviertan en déficit
con el tiempo, bien porque se hayan cumplido los acontecimientos que
anuncian algunos de forma un tanto determinista --incremento de
pensiones, bajada de la natalidad, descenso de la relación
entre activos y pasivos--, bien por la decisión política de reducir los
ingresos disminuyendo las cuotas de la Seguridad Social.
El Estado podrá lavarse las manos, pues el proyecto de ley contempla una
fórmula de separación de fuentes donde básicamente, de los Pactos de
Toledo y del acuerdo Gobierno-sindicatos, se ha esfumado por la vía de
reformar el artículo 86.2 de la Ley General de la Seguridad Social, el
compromiso del Estado de hacer aportaciones progresivas a la Seguridad
Social y de ser garante en cualquier caso para atenciones específicas de
los gastos de la Seguridad Social, ha pasado a tener que atender
solamente algo tan ambiguo como las atenciones específicas que dice el
texto del proyecto.
Todo esto, junto con otros elementos (se mantiene el sistema de
préstamos, el fondo de reserva se dotará de los excedentes de las
cotizaciones sociales que quieran los Presupuestos Generales del Estado
sucesivos, pero no con todos, sino que se podrá seguir esquilmando en
este período transitorio hasta el año 2000 los excedentes, etcétera),
permite que el proyecto de ley convierta a la separación de fuentes en el
mecanismo para restringir el compromiso del Estado a las posibilidades
presupuestarias, que en todo caso dependerá de los criterios de
convergencia, del plan de estabilidad, etcétera, circunscribiéndolo a la
discrecionalidad que marque la coyuntura.
Así, cuando en el año 2000 se acabe el compromiso de la vigencia del
acuerdo que da pie a esta reforma, lo que quedará será una ley que habrá
permitido destinar excedentes de cotizaciones a reducir las mismas,
reducir a cero el colchón actualmente existente y, finalmente, tener que
plantear de nuevo una reducción de la cuantía de las pensiones para
volver a reequilibrar financieramente el sistema. La ley, tal y como está
ahora proyectada, permite esta hipótesis. ¿Por qué vamos a ponernos en la
posibilidad de que esto no se produzca? ¿Acaso se nos pide que confíemos
en la buena fe del Gobierno? Señorías, las leyes son las que marcan las
reglas de juego, no es una cuestión de buena fe, y esta ley que nos
presentan no ofrece las garantías que hoy mismo tenemos ya en el artículo
86.2 de la Ley General de Seguridad Social.
La reducción de la cuantía de las pensiones futuras se da en paralelo,
como es lógico, a un proceso de potenciación de los sistemas
complementarios de pensiones privadas, de los fondos y planes de
pensiones especialmente. De hecho, en los últimos años van subiendo de
forma espectacular las inversiones realizadas por las economías
familiares, que se lo pueden permitir, en dichos planes privados de
pensiones. El último dato, el 36 por ciento de incremento en el año 1996
respecto de 1995. Por esta vía se va desestabilizando el sistema,
desnaturalizando el sistema, desplazando el acento en beneficio de la
mixtificación del mismo, haciendo que la excepción o complementariedad
sea cada vez más la, por la vía de la insuficiencia de las pensiones
públicas recortadas.
Tenemos otras discrepancias de detalle, pero, pese a la importancia de
todas, no vamos a entrar en ellas en aras a la brevedad.
De todas formas, sobran razones para afirmar que esta reforma, señorías,
empeora las cosas, nos baja las pensiones y permite que el Estado no sea
ya el garante de la suficiencia y dignidad de las mismas para el futuro.
Respetamos a quienes piensan lo contrario. Si discrepar es un derecho, es
un deber de lealtad con los trabajadores y sus representantes decir lo
que pensamos desde nuestra autonomía, de la que somos tan celosos como el
primero; no pasar la mano por el lomo de nadie y sí dar razones para que
quienes quieran se apresten con nosotros a reformar perfeccionando y
ampliando los derechos, no a mantener recortando porque estemos en época
de rebajas.
Señorías, esta ley no permite recrear las condiciones de consenso de los
Pactos de Toledo, no nos sirve para ello. Por nuestra parte, estaremos
siempre dispuestos a enmendar parcialmente para mejorar la reforma; ahí
buscaremos, como siempre en nuestro grupo, el consenso necesario, pero
creemos que, en todo caso, es mejor que el Gobierno retire este proyecto,
lo reconsidere, y nos traiga aquí otro que interprete de forma
progresista la voluntad consensuada en los Pactos de Toledo.
Por ello, señorías, solicitamos la devolución del proyecto de ley de
racionalización y consolidación del sistema de la Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vaquero.
¿Turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
dice el refrán que la dicha es mucha cuando la dicha es buena.
Lamentablemente, aunque eso hubiera podido hacerse realidad hoy, la dicha
no es tanta, aunque sea buena, porque hemos encontrado el factor sorpresa
de la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de ley que
presenta el Gobierno. Habiendo trabajado con tanta celeridad, con tanta
fecundidad, habiendo desarrollado un proyecto de ley que lleva a cabo
todas y cada una de las recomendaciones establecidas en el articulado de
los Pactos de Toledo, lamentamos de una forma decidida la presentación de
la enmienda a la totalidad al proyecto de ley que presenta el Gobierno.
No voy a ser yo quien ponga el dedo en la llaga sobre posibles heridas,
no voy a ser yo la que hurgue, pero creemos que se ha hecho una
interpretación, no regresiva de las recomendaciones de los Pactos de
Toledo, como ha dicho el señor Vaquero a su largo de exposición, sino
literal, consensuada por todas las fuerzas parlamentarias, consensuada y
firmada no sólo
por el Gobierno, sino también por todas las fuerzas sociales y las
centrales sindicales más representativas de nuestro Estado.
Yo pensaba que el empleo demagógico y partidista de argumentos en el tema
de las pensiones y en el de las cuestiones sociales había sido ya
apartado definitivamente de esta Cámara por los muchos, largos y fecundos
trabajos realizados por todas las fuerzas políticas. Lamentablemente no
ha podido ser así. Si actualmente vivieran las personas que conocieron el
primer seguro social en Alemania, en 1810, con el Gobierno del canciller
de hierro, o las que conocieron el nuevo concepto moderno de seguridad
social por William Beveridge en Gran Bretaña y vieran hoy el grado de
perfeccionamiento que los distintos Estados europeos y nuestro sistema de
Derecho positivo se ha dado en el tema de la solidaridad, se sentirían
todas ellas muy orgullosas de sí mismas y también del camino que
iniciaron hace ya tantos y tantos años.
La exposición de motivos del nos aclara los distintos beneficios que
aporta el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Podemos hablar de
equidad; podemos hablar de solidaridad, mucho más afianzada dentro de
nuestra sociedad; podemos hablar de la conservación de la contributividad
a lo largo de lo que ha sido todo el proceso del sistema de Seguridad
Social en España; podemos hablar de perfeccionamiento de la legalidad, ya
que la Ley General de la Seguridad Social se desarrolla por las distintas
evoluciones que ha habido a lo largo de los últimos años y se prevé una
mayor seguridad jurídica, porque ya no se trata de que hoy garanticemos,
mantengamos, regulemos y legislemos la revalorización de las pensiones,
sino que se trata también de adecuar esa consolidación y esa
racionalización del sistema de Seguridad Social para las futuras
generaciones. Eso sólo se puede hacer observando todas y cada una de las
recomendaciones contenidas en los conocidos y llamados Pactos de Toledo,
para prever que en un futuro a medio y a largo plazo esas pensiones sean
lo suficientemente garantizadas, analizando la evolución de ingresos y
gastos en las arcas del sistema de la Seguridad Social.
Deben crecer ordenadamente de acuerdo con las posibilidades de la
economía, puesto que las prestaciones económicas derivadas de la
Seguridad Social, ya sean las pensiones o ya sean las prestaciones de
carácter temporal, ni se pagan con declaraciones de intenciones ni se
satisfacen con declaraciones de voluntad. Se satisfacen con los recursos
económicos que se ingresan anualmente y que se presentan en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado que, año tras año, como ustedes saben,
viene aprobando esta Cámara.
He leído detenidamente la exposición de motivos de la enmienda a la
totalidad, en la que se habla de regresión en la interpretación de los
Pactos de Toledo. ¿Se puede hablar de regresión cuando se pasa a
promediar un tope máximo de 15 años para el cálculo de las pensiones,
cuando hoy, lamentablemente, a una edad avanzada, son muchos los
trabajadores que pierden su puesto de trabajo y pasan a una situación de
desempleo o que en un momento dado perciben la prestación del Inem de
ayuda familiar, cuando en esos períodos las cotizaciones bajan? Si
pasamos a promediar un mayor número de anualidad para hallar el cálculo
de la base reguladora, es evidente que esas personas no sólo no van a
perder una sola peseta, sino que van a salir beneficiadas con ese
promedio a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de
jubilación.
No se puede hablar de restricción cuando hemos dicho que las pensiones de
orfandad se prolongan en la percepción hasta los 21 o los 23 años, según
vivan uno o dos progenitores. Tampoco se puede hablar de interpretación
restrictiva cuando se mejoran las pensiones de viudedad, que era un
debate importante para el grupo parlamentario al que represento y para el
Gobierno. Por eso se plasmó en el debate de investidura y se ha
manifestado múltiples y reiteradas veces por el señor Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales; por tanto, ha sido uno de los cumplimientos de los
que nos sentimos más orgullosos, ya que hemos podido mejorar una
prestación que quizá no había sido suficientemente atendida hasta ahora.
Sin duda, las y los perceptores de pensiones de viudedad menores de 60
años van a tener en una alta consideración el esfuerzo que ha realizado
el Gobierno.
Asimismo, en esa exposición se habla de fraude fiscal, pero hay que hacer
la declaración de que no sólo existe fraude fiscal en el ámbito de la
Hacienda pública y de la imposición directa, sino que también hay fraude
en el ámbito de la Seguridad Social. Cabe recordar aquí que la pensión de
invalidez en España es una de las más altas en porcentaje si la
comparamos con la media europea, con la media comunitaria. Por tanto, ahí
también hay que hacer alusión a esa existencia posible de fraude, y
además poner también de manifiesto que la buena gestión llevada a cabo
por el Ministerio de Trabajo en los seis últimos meses del ejercicio
anterior ha supuesto una mayor recaudación representada en una cuantía
nada despreciable: 88.000 millones de pesetas.
Ustedes hablan de que el Estado debe garantizar el mantenimiento de las
pensiones; se ha hecho y se regula por ley. Pero es que, además, el
sistema de seguridad español es el Estado. ¿Cómo no va a garantizar el
Estado el sistema de Seguridad Social que nosotros contemplamos en ese
proyecto de ley que se trae a la Cámara? Es el Estado, repito, el propio
sistema de Seguridad Social.
Dice usted que hay que separar las fuentes de financiación. Pero, señor
Vaquero, los presupuestos no se pueden invertir con una celeridad que
podría acarrear graves problemas a las arcas de la Seguridad Social. Hay
que invertir esa tendencia gradualmente y, en la medida de lo posible,
tal y como se establece en las recomendaciones
de los Pactos de Toledo. De aquí al año 2000 la intención del Gobierno se
contempla y regula en ese proyecto de ley, para que se vaya viendo esa
separación de las fuentes de financiación, y en la constitución de forma
gradual y paulatina del fondo de reserva para garantizar, en un futuro
medio, posibles problemas de tesorería.
También quiero decirles que en algunos de los puntos que ustedes razonan
en la presentación de esta enmienda a la totalidad del proyecto de ley,
con devolución al Gobierno, existen posturas contradictorias, como por
ejemplo la equiparación de las pensiones al salario mínimo. Cuando se
firmaron los Pactos de Toledo, ustedes aceptaron y reconocieron que eso
no se podía efectuar de una forma improvisada y súbita, sino que había
que hacerlo gradualmente y conforme las disponibilidades de tesorería lo
pudieran contemplar.
Aquí se han dado cifras de los fondos excedentarios de la Seguridad
Social provenientes de cotizaciones de 3,4 billones. Creo que, en la
medida de lo posible, se ve la intención del Gobierno de que se pueda
efectuar esa separación de las fuentes de financiación para constituir en
un futuro los excedentes de las prestaciones de carácter contributivo. No
quiero sentirme involucrada, como representante del Partido Popular, en
esa alusión que ha hecho su señoría.
Quiero decir, para globalizar, que en modo alguno podemos aceptar que la
interpretación contenida en la exposición de motivos del proyecto de ley,
en el propio articulado del proyecto de ley sea una interpretación
restrictiva. Muy al contrario, nosotros creemos que ha sido una
interpretación ni siquiera tan sólo literal sino extensiva de lo que se
contiene en los Pactos de Toledo. De ahí nuestra firme voluntad de
legislar año a año la revalorización de las pensiones con arreglo al
índice de precios al consumo previsto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Montseny,
le ruego que vaya concluyendo.
La señora MONTSENY MASIP: Voy concluyendo, señor Presidente.
Ha hablado también de recortes. Yo creo que supone una mejoría
importantísima en el campo de las pensiones de jubilación el decir que a
los 40 años cotizados, como reconocimiento a la labor efectuada por un
trabajador dentro del sistema de la Seguridad Social, se rebajará el
coeficiente reductor que se venía aplicando hasta ahora a dichas
pensiones de jubilación.
Yo no veo recortes por ningún lado, señor Vaquero. Creo que ustedes
deberían replantearse su postura; creo que ustedes deberían replantearse
el no separarse de ese debate colectivo que se ha llevado a cabo de forma
tan fecunda, tan elaborada y tan laboriosa por el Gobierno, y que ha sido
respaldado por todas las fuerzas parlamentarias y por las fuerzas
sociales en España. Lamento que ya que ustedes tienen esa concepción de
nuestro proyecto de ley no hayan presentado un texto alternativo que
quizás se hubiera podido debatir, y hubiéramos visto si algún punto de lo
previsto como argumentos jurídicos en el articulado hubiera podido ser
mejorable. Pero separarse de un acuerdo tan amplio y tan importante como
el que este debate nos trae hoy aquí, me parece que es, de alguna forma,
emplear la demagogia en temas sociales que competen a todo el mundo y que
muchas veces sólo son utilizados por fuerzas parlamentarias que saben
perfectamente que nunca serán gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Montseny,
le ruego que concluya.
La señora MONTSENY MASIP: Invocamos la responsabilidad.
Para terminar, me hubiera gustado de todo corazón haber tenido que subir
a esta tribuna para defender la toma en consideración del proyecto de ley
en esta Cámara y no emplear el turno de palabra para replicar en contra
de la enmienda presentada.
Gracias, señorías. Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Montseny.
Señor Vaquero, tiene la palabra.
El señor VAQUERO DEL POZO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, sabor agrio; heridas, internas o externas; separarse. Salvo que
nos pongan los escaños en el pasillo, el arco parlamentario se compone
también de nosotros. Nuestro grupo tiene la lealtad de decir lo que
pensamos. Por eso, nunca debe ser agrio el ejercicio de la democracia.
Nosotros, en todo caso, tenemos un sabor agridulce, porque estamos
respondiendo, sin duda alguna, al deber respecto a aquellos que
consideramos nuestra base social. En cualquier caso, también es agrio,
porque nos hubiera gustado poder tener otro proyecto de ley delante de
nosotros. Y no es demagogia, creo, señorías, señora portavoz, porque en
mi intervención he sido exquisito. No he calificado para nada, y me
gustaría haber encontrado el mismo tono en su intervención.
De todas formas, no esté tan segura de que esta fuerza política no
llegará a ser nunca gobierno. Ustedes también tuvieron que esperar muchos
años y lo son ahora. Nosotros tenemos una enorme paciencia, la paciencia
del chino, y esperemos que efectivamente podamos ser al final fuerza de
gobierno, estar en el gobierno para evitar dislates que otros han
cometido y que nosotros procuraríamos no repetir.
Se ha dicho que la interpretación no es regresiva sino literal. Quisiera
recordar aquí que las dos medidas fundamentales que establecen lo que
nosotros hemos
llamado --y lo reiteramos-- recortes en las pensiones individualmente
consideradas de los futuros pensionistas, es decir, la recomendación
número 9 del Pacto de Toledo no dice literalmente lo que ustedes traen en
este proyecto de ley. Se podría haber interpretado de otra forma; por
ejemplo, equiparando las pensiones al salario mínimo interprofesional.
Sería otra interpretación. Sin duda, ustedes han escogido la
interpretación que más conviene a su visión. Por tanto, no cabe hablar de
demagogia cuando, efectivamente, nos estamos refiriendo a distintas
visiones de las cosas.
Hemos reconocido que hay mejoras puntuales, pero, señorías, no alcen
demasiado la voz respecto a las mejoras significativas de las pensiones
de orfandad, viudedad, etcétera. Yo creo recordar --y, si no, que me
corrijan-- que el gasto social por este capítulo se incrementa en cuatro
centésimas. Por tanto, hay que poner las cosas en su sitio, porque lo
cierto es que eso no evita para nada el argumento fundamental que nos
lleva a rechazar este proyecto de ley y esta reforma emprendida, ya que,
sin duda alguna, de forma generalizada, y ni siquiera contradicha por
aquel colectivo minúsculo que va a ser mejorado en función de esta ley,
que no llega al 5 por ciento de la población laboral afectada, de forma
generalizada, insisto, va a haber un recorte, una rebaja, una bajada de
las pensiones futuras. Hasta la fecha, nadie ha sido tan audaz como
usted, señora portavoz, al decir que no ve recortes. En todo caso, los
recortes se compensan por otras virtualidades positivas de la reforma,
pero haberlos, haylos. Son patentes; unos los cuantifican de una forma y,
otros, de otra. No voy a caer en el error de estar pormenorizando las
cuantías, cosa que deberían haber hecho ustedes y habérnoslas traído a la
subcomisión, como era no sólo el deseo de este grupo sino también de
otros grupos allí representados, y no lo hicieron.
Señorías, no se puede hablar de demagogia ni de ruptura del consenso, ni
de separarse de nada por parte de Izquierda Unida cuando, realmente, la
subcomisión que aquí aprobamos todos no ha cumplido los objetivos que
tenía que cumplir. Al final, las medidas que ustedes traen en este
proyecto de ley no se han debatido, ni acordado, ni consensuado. Ese no
es nuestro modelo de diálogo social. Nosotros respetamos el diálogo
social, pero el que los resultados del diálogo social sea lo que el
Gobierno trae a esta Cámara sin que siquiera se haya intentado consensuar
en la sede de la subcomisión aprobada por esta Cámara al efecto, eso,
señorías, no puede decirse que sea una ruptura del consenso. En cualquier
caso, nos permite a todos poder decir lo que pensamos, también en este
momento, sin que se nos diga que por ello estamos rompiendo el consenso.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Vaquero, le
ruego que concluya.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señorías, en las enmiendas parciales vamos a
estar abiertos al máximo consenso posible. Lo he dicho y lo repito, y a
las pruebas nos remitiremos. En cualquier caso, debido al giro que se va
a dar aquí con este proyecto de ley, le corresponde al Gobierno
recapacitar sobre ello y reconsiderar su oportunidad. Más allá de que
nosotros hayamos presentado texto alternativo o no, ofrecemos la
oportunidad, precisamente sin texto alternativo, de que el Gobierno
reconsidere, recapacite y devuelva el toro al toril, éste no nos sirve;
no nos sirve, señor Ministro, para recomponer el clima de consenso que se
produjo en el Pacto de Toledo y estas grandes cuestiones de Estado
tendrían que tener el consenso de todos, por el que nosotros apostamos
sin demagogia de ningún tipo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Vaquero.
Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nadie puede poner en duda que el Grupo Parlamentario Popular
respeta todas y cada una de las decisiones que pueda tomar cualquiera de
los grupos parlamentarios integrados en esta Cámara. Nuestro máximo
respeto por esa autonomía de la voluntad que tiene cada grupo
parlamentario; pero eso no quiere decir que debamos compartir el fondo en
cuanto a las discrepancias que ustedes puedan mantener con el resto de
las fuerzas parlamentarias.
Señor Vaquero, yo sólo he dicho que cuando se discutió --en el seno de la
ponencia que debatió los Pactos de Toledo y que estudiaba las reformas
estructurales de la Seguridad Social-- la equiparación de las pensiones
al salario mínimo interprofesional, ustedes pusieron mucho menor énfasis
en que se acometiera de una forma rápida. Es un principio al que nosotros
no renunciamos. El proyecto de ley que hoy presentamos a esta Cámara no
es un punto de llegada. Es un punto de partida para ir perfeccionando lo
que se pueda ir substanciando con el consenso de todas las fuerzas
políticas. Ustedes, en ese momento, mantuvieron una postura mucho menos
drástica, mucho más moderada que la actual y, por lo tanto, a nuestro
parecer, mucho más positiva.
No hemos hecho una interpretación literal de los Pactos de Toledo en el
proyecto de ley que se está debatiendo hoy. Sinceramente, creo que el
Gobierno, tanto en la exposición de motivos como en el articulado de este
proyecto de ley, ha hecho una interpretación extensiva de casi todas las
recomendaciones contenidas en los Pactos de Toledo, y no encuentro una
sola recomendación que se haya interpretado de forma restrictiva.
Creo que hoy su postura no ha sido del todo coherente --lo debo
manifestar con harto pesar--, puesto que a lo largo de todos esos
estudios, cuando se configuró esa ponencia y todos los catedráticos y
personas reconocidas en el mundo de la economía pasaron por ella, en ese
momento, ustedes no manifestaron nunca las discrepancias que hoy han
expresado aquí. Además, tengo que decirle que el Gobierno, a lo largo de
estos meses, ha ido informando de la evolución y de los datos contenidos
en este articulado y ha creado una subcomisión --en la que ustedes
estaban integrados-, en donde se acordó que los textos legislativos que
fuera presentando el Gobierno se aprobarían en esta Cámara.
El consenso, pues, ha existido en todas las fuerzas parlamentarias de
esta Cámara y sólo ustedes se han atrevido a romperlo. Yo les vuelvo a
pedir que, por favor, reconsideren esa postura, se sumen y no rompan el
consenso, tan difícil, que hemos logrado entre todos los grupos
parlamentarios.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Montseny.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Mixto
--advirtiendo que deben compartir su tiempo--, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo en nombre de Eusko Alkartasuna y desde esta tribuna, aunque
sea muy brevemente --lo hago desde aquí para que el señor Ministro no
tenga que romperse el cuello mirando hacia atrás--, porque la postura de
Eusko Alkartasuna en este asunto, tanto en el proyecto de ley como en la
enmienda a la totalidad, va a ser de abstención, no tanto a la enmienda a
la totalidad como al proyecto de ley.
De la mera lectura de la exposición de motivos podemos deducir el porqué
de la abstención. Con la mera lectura del segundo párrafo, cuando se
habla de que este proyecto de ley pretende incorporar los principios para
establecer cuáles van a ser los soportes de la Seguridad Social del siglo
XXI, no podemos hacer otra cosa que quedarnos ahí y abstenernos. ¿Por
qué? Es evidente que el Estatuto de Autonomía de Guernica, aprobado en
1979, establecía de forma clara y de manera específica, en su artículo
18, la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad
Social. Asimismo, su disposición adicional quinta volvía a rescatar todo
este tema y señalaba incluso la fórmula sobre cómo había que hacer esa
asunción de competencias, estableciendo una serie de convenios para poder
financiar este modelo, con las cautelas, principios y requisitos que
fueran necesarios para no ocasionar perjuicio alguno a nadie. Pero no se
ha cumplido y, como no se ha cumplido, tenemos que denunciar, una vez
más, que existen unas transferencias de competencias que están ahí, que
son terriblemente importantes; ya lo señalaba incluso el propio Gobierno
y el Parlamento vasco cuando, en su informe de prioridades, expresaban
que ésta era una cuestión clave y, desde luego, para Eusko Alkartasuna,
lo ha sido siempre. Respecto al contenido del tema, es evidente que tiene
que consolidarse el sistema de pensiones. Es cierto que es muy difícil,
pero tenemos que partir de la base de la responsabilidad y la exigencia
de mantener las prestaciones y las pensiones.
Eusko Alkartasuna considera que tiene que haber una filosofía en la cual
el sistema de pensiones, grosso modo, podría quedar en tres niveles. Un
primer nivel básico de un programa de renta mínima, cuyo objetivo sería
evitar situaciones de pobreza extrema y cuya financiación correría a
cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Un segundo nivel podría
ser el sistema público contributivo de pensiones, cuyo objetivo sería el
de redistribuir los ingresos individuales dentro del ciclo vital de cada
individuo. Y un tercer nivel podría ser el sistema privado complementario
lógicamente del sistema público y subsidiario, de manera que, fomentando
el ahorro individual, podría añadirse a los sistemas de pensiones ya
existentes anteriormente. Esa es la filosofía. Lo que estamos planteando
es cómo gestionar ese sistema consolidado a largo plazo y, en este
sentido --no me puedo detener mucho--, presentaremos enmiendas parciales
al proyecto.
En resumen, votamos abstención por una razón lógica: las leyes, como ha
dicho el señor Vaquero, son las reglas de juego, son el marco en el que
hay que trabajar, pero hay que cumplir las leyes como todos los
ciudadanos, todas y no las que queremos. Los ciudadanos no podemos elegir
qué cumplimos y qué no cumplimos; y los Gobiernos tampoco pueden elegir
qué cumplen y qué no cumplen.
Señor Ministro, a pesar de que tenemos paciencia, de que el pueblo vasco
es un pueblo milenario, no por ello vamos a dejar de denunciar lo que
debe ser un cumplimiento estricto no de lo que queremos o no queremos,
sino de lo que se aprueba y de lo que son las leyes: todo el Estatuto de
Guernica; todo. Hasta ese momento seguiremos denunciando lo que hasta
ahora no se ha hecho.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, el proyecto de ley de consolidación y
racionalización del sistema de la Seguridad Social trata de plasmar
legalmente el contenido
del acuerdo firmado en su día entre el Gobierno y los sindicatos
Comisiones Obreras y UGT.
El BNG, desde luego, apoya la devolución de este proyecto de ley al
Gobierno, tal y como plantea la enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, porque
las medidas contenidas en el acuerdo, y ahora en el proyecto de ley,
consisten sustancialmente en el recorte de las pensiones de jubilación.
Eso es lo sustancial del acuerdo se mire como se mire. Por cierto, a
veces uno se pregunta si en este Congreso de los Diputados hay libertad
de opinión y de pensamiento. A veces uno duda de que sea posible expresar
lo que uno cree y piensa. Efectivamente, es un acuerdo que cada uno es
muy libre de firmar y, con la misma libertad que tenemos todas las
fuerzas políticas, si queremos podemos criticarlo.
Los acuerdos tomados de antemano no deben condicionar los debates en esta
Cámara y, menos aún, los famosos consensos multitudinarios. Aquí se
empieza a emplear con demasiada frecuencia el «todos estamos en un lado».
Bueno, todos estamos en un lado, algunos probablemente nunca lleguemos a
gobernar, pero mejor para los que están con la mayoría absoluta pues
podrán estar contentos de que nunca lleguemos nosotros. En todo caso,
será la gente la que decida si nuestras posiciones son buenas o malas.
El proyecto de ley de reforma de las pensiones contiene a lo largo del
articulado propuestas que avalan lo que decimos y que, en consecuencia,
enmendaremos en su momento. Es evidente que se plantea la reducción de
las pensiones a aquellas personas que hayan cotizado menos de veinticinco
años a la Seguridad Social --no me voy a extender en su concreción-,
medidas que van a afectar a un importante número de personas. El aumento
de ocho a quince años para efectuar el cálculo de la base reguladora va a
suponer también un recorte. Podríamos seguir hablando de que el
incremento de las pensiones mínimas se hará en función del IPC previsto y
no real. Se aplaza también la separación de las fuentes de financiación.
Se adoptan medidas para favorecer la permanencia en el puesto de trabajo
de las personas mayores de sesenta y cinco años, dificultando, en
consecuencia, el acceso al trabajo de las personas jóvenes. Se faculta al
Gobierno a modificar las condiciones de acceso a la jubilación
anticipada, etcétera.
Es, pues, demostrable que este proyecto de ley contiene medidas de
recorte de las pensiones de jubilación y, por contra, no concreta las
medidas para consolidar la capacidad financiera de la Seguridad Social,
supeditándola al equilibrio presupuestario y a los criterios de
Maastricht en lo que se refiere al déficit público. Es, por tanto, un
proyecto de ley, señor Vaquero, claramente regresivo.
La Seguridad Social, señoras y señores Diputados, es una conquista de los
trabajadores, es un sistema que permite corregir en parte las
desigualdades y que tiene, por tanto, un efecto redistributivo de la
riqueza. Estamos, sin eufemismos, ante una ofensiva ideológica contra
todo lo que sea público, y en eso se incluye también el sistema actual de
protección social, pensiones incluidas. A la población se le repite
machaconamente que el sistema de Seguridad Social está en quiebra y se le
induce indirectamente a procurarse un aseguramiento vía fondos de
pensiones.
El modelo no está en quiebra. En todo caso, ¿por qué precisamente en
temas como la Seguridad Social tiene que haber equilibrio entre ingresos
y gastos? Habría que preguntarle, probablemente, a los ciudadanos a qué
quieren que se dediquen sus impuestos antes de hacer este tipo de
afirmaciones.
En resumen, señoras y señores Diputados, con este proyecto de ley el
Gobierno profundiza en el recorte de las prestaciones sociales vía
pensiones y deja abierta, efectivamente, la puerta a nuevos recortes. Con
esto y con la firma de los acuerdos previos, es evidente que tiene un
éxito porque garantiza la paz social e incrementa el desarme ideológico
en la sociedad. Por otro lado, es evidente también que las medidas más
positivas se aparcan, entre ellas, como decía, la separación de las
fuentes de financiación, algo inabordable en este momento, naturalmente,
para cumplir los acuerdos de Maastricht porque las aportaciones
económicas que tendría que realizar serían imposibles.
El debate de fondo entre sistema público y sistema privado sigue con
estas medidas decantándose a favor de este último, y el Gobierno consigue
que se olviden otros debates relativos a la mejoría del sistema público,
como, por ejemplo, acercar la participación del PIB en los sistemas de
protección pública al de otros países europeos, o la equiparación de la
pensión mínima al salario mínimo interprofesional.
Es un proyecto de ley perjudicial para la mayoría de la población, pero,
especialmente, para algún colectivo como el de mujeres o para aquellas
comunidades autónomas, como la de Galicia, que ya tienen pensiones más
bajas que la media del Estado. Apoyamos, pues, la devolución, porque con
este proyecto de ley no se consolida ni se racionaliza el sistema de
Seguridad Social, simplemente se recorta.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), la señora Aguirre tiene la
palabra.
La señora AGUIRRE URIBE: Muchas gracias, señor Presidente.
En nombre del Grupo Vasco, voy a fijar nuestra posición sobre la enmienda
a la totalidad que presenta el Grupo de Izquierda Unida. Anuncio ya el
voto en contra de esta enmienda a la totalidad.
El actual proyecto de consolidación y racionalización del sistema de la
Seguridad Social, como ya se ha dicho en esta tribuna, trae causa del
consenso alcanzado en el Pacto de Toledo entre los distintos partidos
políticos con representación parlamentaria en el cual se pusieron de
manifiesto, por un lado, las debilidades del actual sistema de reparto en
que se fundamenta el sistema de Seguridad Social de base pública y, por
otro, las medidas que debían articularse para que con sus actuales
fundamentos pudiera encarar con solidez las prestaciones futuras en el
escenario del envejecimiento de la población, de la internacionalización
de la economía y de la competitividad.
En este diagnóstico y tratamiento, señorías, hubo un consenso global
entre los grupos políticos, al que no fue ajeno el Grupo Vasco, Partido
Nacionalista Vasco, sin perjuicio de las cuestiones que, en su momento,
ya se plantearon relativas al autogobierno y desarrollo estatutario, la
implicación de la sociedad en la gestión del sistema y la articulación de
una verdadera Seguridad Social complementaria que, por nuestra parte, ya
pusimos de manifiesto en su día.
El proyecto de ley que hoy debatimos establece, con carácter general, una
serie de medidas que tienden al equilibrio financiero global del sistema
de Seguridad Social a fin de que las cotizaciones sean suficientes para
hacer frente a las prestaciones contributivas, después de operar una
separación en las fuentes de financiación de las distintas prestaciones
de una manera gradual pero cierta en el tiempo.
Quiero resaltar, desde este momento, que no compartimos el presupuesto de
hecho en el que se basa la enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en cuanto a que la
Seguridad Social no tiene problemas en su parte contributiva. Ustedes
coincidirán conmigo en que si en algo existe unanimidad en cuanto al
sistema de Seguridad Social público que hoy conocemos en todo occidente
es en la incertidumbre sobre su viabilidad en los actuales términos. En
este sentido, no somos una excepción. Frente a tal diagnóstico se
plantean dos alternativas, señor Vaquero: o desmantelarlo, o adaptarlo.
Nuestro Grupo, el Partido Nacionalista Vasco, ya optó, en su día, por
adaptarlo. Ello, como resulta obvio y como no escapa a SS. SS., requiere
intervenciones quirúrgicas ciertamente dolorosas, pero igualmente
necesarias si queremos salvar el modelo público y solidario que
actualmente conocemos.
Lo expuesto no significa, señor Vaquero, que no seamos críticos con el
proyecto que hoy examinamos. Por un lado, habrá de abordarse de manera
inmediata la articulación del resto de recomendaciones contenidas en el
Pacto de Toledo y que no son objeto de tratamiento en este proyecto de
ley, especialmente las relativas a la integración y a la mejora de la
gestión.
Respecto a la primera, quiero señalar que la nueva estructuración de la
Seguridad Social debe realizarse teniendo en cuenta la configuración
constitucional y estatutaria de dicha materia, máxime cuando la Seguridad
Social, en su vertiente de prestaciones económicas, es una pieza clave de
la acción política destinada a garantizar la integración y estabilidad
social --debiendo por ello asociarse positivamente a las comunidades
autónomas con competencias en la materia--, y de la mejora de la
prestación de servicios, dándoles un alto protagonismo en la realización
práctica del sistema dentro del respeto al principio de solidaridad.
Asimismo, la articulación de un implicación más amplia de las comunidades
autónomas en la gestión de las prestaciones económicas del sistema, desde
nuestro punto de vista, señorías, redundará en una más precisa
determinación y localización de los servicios, en una mayor proximidad o
acercamiento del servicio al usuario y también en el establecimiento de
cauces más fluidos de participación de los usuarios en los servicios. En
cuanto a la mejora de la gestión, debe considerarse con carácter general
la implicación de la sociedad en la gestión de las prestaciones del
sistema y, de manera singular, la de los gentes con finalidad social.
Por otro lado, el Grupo Vasco intentará, a través de las enmiendas que
presentaremos al articulado, que el proyecto corrija aquellos aspectos
regresivos --coincido con usted, señor Vaquero, en que tiene algunos-- y
evite la merma en la pensión de jubilación de los trabajadores
actualmente en activo. Será necesario corregir la discriminación por edad
en las pensiones de orfandad, garantizar el poder adquisitivo de las
pensiones en iguales términos que el incremento real del IPC y, por otra
parte, reducir el plazo de equiparación de las pensiones mínimas de
viudedad en los diferentes tramos de edad. Por último, respecto a una
cuestión que para nosotros es de trascendencia social, el tope de la
cobertura de las pensiones, entendemos que debe ser acordada por las
Cortes Generales.
El Grupo Vasco, señorías, es crítico con el proyecto de ley, pero no
hasta el punto de solicitar la devolución al Gobierno. No lo vamos a
rechazar de raíz, señor Vaquero. En definitiva, nuestra posición como
Grupo Vasco es no apoyar la enmienda a la totalidad que ha presentado el
Grupo de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente, voy a intervenir con
brevedad dado lo avanzado de la hora, pues no quisiera contribuir a
retrasar los compromisos que tengan SS. SS. este mediodía.
Nuestro grupo no va a votar favorablemente esta enmienda por la que se
solicita la devolución del proyecto
de ley al Gobierno. No estimamos políticamente oportuna esta decisión de
la Cámara, ni por razones de oportunidad política, ni tampoco por su
contenido, por las razones técnicas que han sido expuestas por el grupo
proponente. Nuestro grupo entiende que este proyecto es útil al interés
general de revisar y adaptar el régimen hoy vigente que regula el sistema
público de pensiones con un propósito central y básico, que es garantizar
en su desarrollo futuro la existencia y la prevalencia de todo el sistema
de pago de pensiones públicas en España.
No entendemos las razones técnicas que se argumentan de que esta reforma
va a suponer un retroceso. No es un retroceso, esta reforma nos permite
consolidar el sistema en el futuro. Yo tenía entendido que todos los que
nos reunimos en el Pacto de Toledo tantas y tantas horas habíamos
entendido el problema de fondo que estábamos discutiendo, pero parece ser
que no lo han comprendido todos. Si un día firmamos el Pacto de Toledo no
era para perjudicar a nadie, sino para beneficiar al colectivo en
general, para consolidar el sistema público de pensiones. Si todas las
fuerzas políticas firmamos el Pacto de Toledo no era para bajar las
pensiones, como se dice, sino para consolidar el sistema futuro y revisar
sus inconsistencias.
Puede justificarse diciendo que este proyecto de ley no contiene todos
los elementos del Pacto de Toledo, es verdad; este proyecto de ley no es
la expresión exhaustiva de todos los contenidos del Pacto de Toledo.
Necesitamos tomar más decisiones, señor Ministro, y usted lo sabe, pero
sí es un primer paso que nos permite consolidar el sistema en su
desarrollo futuro. No le decimos al ciudadano que le vamos a bajar las
pensiones, sino que si ajustamos los procedimientos por los cuales se
determinan las pensiones en base a los criterios que hoy se aprueban,
vamos a garantizar que todos los españoles en los futuros años van a
poder cobrar sus dignas pensiones en la medida que podamos. Señoría,
todos los Diputados de esta Cámara aspiramos a mejorar las pensiones de
los ciudadanos del país, no hay ninguno que no aspire a eso. ¿Y cuál va a
ser la realidad que nos va a permitir poder mejorar las pensiones? La
evolución de la situación económica, solamente ésta nos va a permitir
poder mejorar en un futuro el régimen de prestaciones.
Ahora bien, yo no puedo admitir en ningún momento que caigamos en la
simplificación de que esta reforma beneficia a los hombres frente a las
mujeres. Esta es una simplificación que mi grupo no puede aceptar en modo
alguno, ésta es exactamente una expresión demagógica. Este proyecto de
ley no discrimina a mujeres y a hombres, no entramos en ningún elemento
discriminatorio en cuanto a la razón de sexo, entre otras cosas, porque
es absolutamente inconstitucional proceder a cualquier regulación que
tenga como efecto una discriminación por razón de sexo.
Señorías, puede ser que este proyecto de ley, en algunas circunstancias,
vaya a permitir una reducción de las pensiones futuras, puede ser, pero
¿por qué no dicen ustedes también que este proyecto de ley puede permitir
que algunas pensiones futuras sean más altas en relación con el método
que hoy tenemos vigente? ¿Por qué no reconocen ustedes que el hecho de ir
a un reconocimiento determinado del sistema en que se causa la base de la
determinación de la pensión, algunas veces, especialmente en aquellos
trabajadores que en los últimos años de su vida han estado en paro,
podría beneficiarles? Porque vamos a un método de cálculo con el que a
quien ha estado en paro en su última etapa laboral no le perjudicamos en
relación con el método actual. Tiene también algunos elementos positivos.
Y ¿por qué no decimos las ventajas que apuntamos en el colectivo de las
viudas? ¿Por qué no decimos algunas cosas que se incorporan a este
proyecto de ley que son en sí mismas positivas?
Nuestro grupo entiende que este proyecto no es el desarrollo absoluto del
contenido del Pacto de Toledo, no lo es, pero es un paso adelante
positivo, positivo para consolidar el sistema hacia el futuro, para decir
al ciudadano que no se preocupe, que, aunque tengamos muchos más derechos
causados en el futuro y muchos más ciudadanos que deseen y tengan derecho
a cobrar pensiones, se va a poder atender todo ello, porque hemos
homogeneizado criterios que estabilizan el sistema en su desarrollo
futuro en los próximos años. No creemos oportuno, pues, devolver este
proyecto de ley.
Antes de terminar, mi grupo quiero acogerse, señor Presidente, a una
expresión que ha dicho el proponente de la enmienda de devolución. Dice:
Tenemos derecho a discrepar y no queremos romper el consenso. Muy bien.
Mi grupo les dice que agradecemos la expresión dicha desde esta tribuna,
en el sentido de que el grupo parlamentario del que ustedes forman parte
no quiere romper el consenso. Han significado una enmienda de devolución,
tiene valor político, sin duda, tiene significado político, pero mi grupo
quiere dar más valor al compromiso expresado de que ustedes no quieren
romper el consenso del contenido del Pacto de Toledo.
Una conclusión al menos nos puede quedar clara, que el Pacto de Toledo
continúa vigente con pleno y absoluto apoyo político. Ha sido incluso
expresado desde esta tribuna por el Grupo de Izquierda Unida que hay
consenso todavía en el contenido del Pacto de Toledo. Hay discrepancia en
este proyecto de ley, en los elementos que lo desarrollan, pero que el
país sepa que el Pacto de Toledo está aún vigente con carácter unánime. Y
esto, señorías, no es una cuestión menor, es una cuestión muy importante,
que este Pacto de Toledo hoy nos permita un consenso para desarrollar,
mediante el diálogo político, su aplicación. Lamentamos las discrepancias
que usted ha expresado, pero hay más elementos positivos que negativos en
este proyecto de ley y por eso queremos indicar que nuestro grupo no
quiere, ni por razones políticas ni por razones técnicas, rechazar
este proyecto, devolverlo al Gobierno, y volver a empezar otra vez.
Volver a empezar, señorías, es retrasar las soluciones a un problema que,
en definitiva, atañe a todos los ciudadanos y demorarlo en sus soluciones
es perjudicar los intereses generales, incluso los intereses específicos
de los pensionistas.
Nada más.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Socialista va a votar en contra de la enmienda a la totalidad que ha sido
presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Señor Vaquero, vamos a tratar de decir, nosotros también, lo que
pensamos, y sabe que en lo que a usted se refiere lo haré con extremada
cordialidad. Votaremos en contra no sólo porque no compartamos la
enmienda a la totalidad, sino porque además pensamos que con ella quizás
se esté abriendo una grieta en el consenso que se forjó en esta Cámara la
pasada legislatura sobre el sistema público de pensiones. Creo
--permítame que se lo diga-- que la enmienda que presentan es un error,
un error grave, porque, sabiendo que quienes la presentan creen
profundamente en el sistema público de pensiones, pienso, sin embargo,
que con esta enmienda lo que en realidad se está haciendo es debilitarlo,
hacerlo más vulnerable. Porque el peligro no está en este proyecto de
ley, que sin duda es mejorable, sino que creo yo que está en el lado
contrario. El peligro está en la otra orilla, señor Vaquero, en todos
aquellos que esperan permanentemente que rompamos ese consenso que se ha
producido en esta Cámara para volver a crear un clima de incertidumbre,
que termina siendo bueno para sus negocios.
Yo creo que conviene recordar cuál era el ambiente que se vivía cuando
hicimos el Pacto de Toledo, ese clima de incertidumbre que entonces
comenzó a vivirse, que aún no ha cesado, sobre la viabilidad futura del
sistema de pensiones. Es bueno recordar aquella ofensiva contra el Estado
del bienestar, que usted sabe que no es sino la manifestación más clara
del acoso a la política y a los políticos que los sectores más
conservadores de la sociedad vienen practicando desde la caída de los
regímenes comunistas.
Cuando hablamos, señorías, de un sistema público de pensiones estamos
hablando de muchas cosas, pero sobre todo estamos hablando de derechos
constitucionales, no de mercancías, y por ello hablamos también del papel
del Estado, del papel que tiene que realizar el Estado en la economía
para hacer efectivos estos derechos. Es posible que cuando hablemos del
papel del Estado seamos acusados de ir en contra del sentido de la
historia, incluso de inmorales si atendemos a ese manifiesto ultraliberal
titulado El papel del Estado en la economía española, que ha dirigido el
señor Termes y del que es coautor un altísimo cargo del actual Gobierno.
Pero lo cierto es que esta Cámara se está aprestando a consolidar, en
conjunto, el actual sistema público de pensiones, y su trabajo, en este
caso, coincide con las aspiraciones más profundas de todos los
ciudadanos.
En esta tribuna hemos hablado muchas veces, en muchas ocasiones, muchos
políticos, de muchas cosas. Pues bien, hoy estamos hablando de política,
y estamos hablando de política con mayúsculas, porque estamos hablando
del hormigón en el que descansa la convivencia de las sociedades más
avanzadas, más justas y más cohesionadas. Estamos hablando sencillamente
de pensiones, de pensiones en general, también en particular del sistema
público español de pensiones.
Tenemos en España un sistema de pensiones, un sistema de Seguridad Social
que, como dice el Pacto de Toledo, se ha venido consolidando y
configurando en los últimos años. Hace solamente 15 años España gastaba
apenas el 18 por ciento de su riqueza nacional en políticas de protección
social, hoy gasta el 24 por ciento; hace 15 años invertíamos apenas el
5,5 por ciento en pagar pensiones, hoy invertimos más del 9 por ciento.
En estos últimos 15 años, la masa total de pensiones ha aumentado su
ganancia, su poder adquisitivo en términos reales en aproximadamente el
40 por ciento y aún, señorías, estamos en niveles que son manifiestamente
mejorables, pero lo hecho, todo lo hecho, con el esfuerzo y la voluntad
de millones de españoles, hay que consolidarlo. Son muchas las voces
interesadas en sembrar incertidumbres sobre la viabilidad futura del
sistema de pensiones, en crear un ambiente de confusión que, según
parece, ha llegado a contagiar al propio Ministerio de Economía y
Hacienda, que, en un informe de coyuntura escrito precisamente después
del acuerdo del Gobierno con los sindicatos, nos dice que la atonía del
consumo interno se debe básicamente a la incertidumbre existente en la
población sobre el futuro del sistema público de pensiones. Y en esta
confusión, que es interesada, hay muchos sectores privados que con estas
afirmaciones están procurando sabrosos beneficios. Y junto a estos
sectores o pagados por ellos hay también muchos falsos profetas que nos
acusan a los políticos de estar cerrando los ojos a la realidad y que
sostienen que la dictadura de los votos nos impide reconocer que
científicamente los sistemas de protección social son inviables.
Déjenme que les cuente un anécdota que solía narrar el llorado Olof
Palme. Cuando en 1913 --hace ya muchos años-- Suecia aprobó su primer
seguro obligatorio de vejez, que era un modestísimo seguro que
concedía un máximo de 50 coronas al año, uno de los economistas más
señalados de aquel entonces aseguró que, para poder afrontar el pago de
este seguro, los ciudadanos suecos tendrían que quemar la masa forestal
de Suecia, que estaría consumida aproximadamente hacia el año 1960. Pues
bien, estamos en 1997, la Seguridad Social sueca es sin duda mucho más
generosa y solidaria que entonces, que la de 1913, y les aseguro que
conserva íntegro todo su capital forestal.
Es verdad que la gente tiende a considerar siempre justas y acertadas las
ideas que mejor sirven a esos intereses, y las ideas pueden y deben ser
superiores al interés creado, pero me temo que con demasiada frecuencia
son sólo el fruto de ese interés. Por ello, señores de Izquierda Unida,
repito que el peligro no está donde ustedes se creen, no traten de
señalar su distancia en este caso con el Gobierno, porque se equivocan,
aunque también es cierto que saben muy bien que el Gobierno no precisa en
este momento de su ayuda. Es en otras ocasiones, en las que les necesita,
donde deberían ustedes marcar su diferencia con el Gobierno.
Los socialistas nos felicitamos de que en España todas las fuerzas
políticas hayamos sabido ver que el sistema público de pensiones expresa
un consenso social y que hayamos tratado de fortalecerlo con el consenso
político en esta Cámara. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito, mucho
se ha dicho del Pacto de Toledo sin siquiera leerlo, sin siquiera
hojearlo --con h--. Unos lo han reducido a un pacto de no agresión
electoral, otros lo han visto como un simple ejercicio de buena voluntad
y algunos otros, los más interesados en llevar al mercado tan suculento
botín, lo vieron como un acto de cobardía política.
Y me parece importante reiterar aquí cuál es el significado más profundo
del Pacto de Toledo. Porque es, sin duda, un acuerdo para consolidar en
el futuro el sistema de pensiones que hemos ido configurando en los
últimos años, pero es más. En este sentido, el Pacto de Toledo es un
pacto para no malversar la herencia recibida, y, además de eso, es un
compromiso de responsabilidad, es un compromiso que obliga a tomar
decisiones.
Tenemos un sistema público de pensiones que es relativamente joven, que
es soportable financieramente, que funciona razonablemente bien y es así
porque de forma periódica se han ido adaptando sus condiciones técnicas a
lo que eran los requerimientos de la evolución económica del país o
incluso de la evolución demográfica. La última vez que se hizo fue en
1985 y aquella reforma, tan incomprendida entonces por quienes la
defienden ahora, previó la necesidad de volver a evaluar, diez años
después, cuál era la situación que vivíamos. Eso precisamente es lo que
se hizo y el Pacto de Toledo fue el fruto de esa evaluación.
Los sistemas públicos de pensiones se sostienen en varios pilares de
diferente naturaleza, pilares demográficos, laborales, económicos,
financieros, de todo tipo. Pero el nervio mismo que los sostiene es el
consenso social y la voluntad política, esto es su fortaleza más viva y
la más consistente. De ahí, señor Vaquero, la enorme trascendencia del
Pacto de Toledo, que no es solamente un compromiso que expresa la lealtad
de todos nosotros con el sistema público de pensiones, sino que es sobre
todo un compromiso de consolidación y, por tanto, un compromiso de
reforma. Este doble compromiso es el que deberíamos tratar de cumplir si
queremos ser responsables con nuestros propios acuerdos previos . Por
ello, creo que la enmienda a la totalidad es un error. (Rumores.) Este
proyecto de ley que nos ha presentado el Gobierno tiene, sin duda
ninguna, limitaciones; tiene defectos --y algunos de concepto--, pero
creo que sinceramente está dentro del compromiso asumido por esta Cámara
en el Pacto de Toledo. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego silencio.
Perdón, señor Griñán.
Señorías, les ruego silencio y que permitan que finalice el señor Griñán.
(Pausa.) Puede continuar, señoría.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Es mejorable, sin duda, es enmendable, enmendable en muchos de sus
puntos, pero, al no contravenir el sentido más hondo del Pacto de Toledo,
al no contrariar la dirección marcada, no debería tacharse en su
totalidad; ni es inoportuno ni va contra el espíritu del Pacto. Por eso,
yo no veo que sea de aplicación el artículo 110 del Reglamento.
Repito que el proyecto tiene deficiencias, algunas las ha desarrollado S.
S. y algunas de las que ha desarrollado las comparte el Grupo
Parlamentario Socialista, pero entra en el territorio del Pacto, se mueve
dentro de él, ha sido consecuencia de un acuerdo con los sindicatos y,
con todos los defectos que pueda tener, creemos que respeta y que
mantiene el consenso, un consenso que su enmienda a la totalidad pone en
peligro, como también se podría poner en peligro si el grupo que apoya al
Gobierno se cerrara en banda ... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Griñán.
Señorías, les ruego silencio. Es imposible finalizar el Pleno si SS. SS.
no permiten al orador que termine su intervención en condiciones
adecuadas. (Pausa.) ¡Silencio, señorías!
Continúe, señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Solamente hablamos
de pensiones, señorías.
Solamente estamos hablando del futuro del sistema público de pensiones y
me parece que es algo importante.
Decía que deberíamos respetar ese consenso, tanto no presentando
enmiendas a la totalidad como, por el grupo que apoya al Gobierno, siendo
receptivo, insisto, en ponencia y en comisión a las enmiendas parciales
que hayamos de presentar todos los grupos, nosotros, Izquierda Unida y
los restantes grupos de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor, Griñán, le
ruego concluya.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Voy a terminar y quiero hacerlo como empecé,
porque no podemos votar la enmienda a la totalidad que ha presentado
Izquierda Unida. Y no lo vamos a hacer puesto que la no existencia de la
ley sería el peor escenario posible para los que creemos de verdad en el
sistema público de pensiones y el mejor para quienes pretenden convertir
las pensiones en mercancías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Griñán.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda de totalidad, así como de
una propuesta de avocación presentada ante la Cámara.
Votación de la enmienda de totalidad relativa al proyecto de ley sobre
consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social,
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301;
a favor, 18; en contra, 281; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda rechazada la
enmienda de totalidad.
Se somete al Pleno de la Cámara, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1 del Reglamento, la avocación de la deliberación y votación
final del proyecto de ley de derechos de consolidación y racionalización
del sistema de la Seguridad Social.
¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Se aprueba por asentimiento.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.