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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 33, de 23/10/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996
VI Legislatura
Núm. 33
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 32
celebrada el miércoles, 23 de octubre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 14.1, de 1 de
octubre de 1996 (número de expediente 121/000015) (Continuación) (Página 13735
)
-- Proyecto de Ley de medidas de disciplina presupuestaria. «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 21.1, de 11 de octubre
de 1996 (número de expediente 121/000016) (Continuación) (Página 1373)
-- Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número 18.1,
de 9 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000017) (Continuación)
(Página 1373)
-- Proyecto de Ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades
Autónomas y de medidas fiscales complementarias. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie A, número 19.1, de 10 de octubre de 1996 (número
de expediente 121/000018) (Página 1414)
-- Proyecto de Ley Orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie A, número
20.1, de 10 de octubre de 1996 (número de expediente 121/000019) (Página 1414)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas (Página 1373)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
(Continuación.) (Página 1373)
Proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria. (Continuación.)
(Página 1373)
Proyecto de ley de medias fiscales, administrativas y del orden social.
(Continuación.) (Página 1373)
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, defiende la enmienda a la
totalidad presentada. Manifiesta que, desde la perspectiva del Bloque
Nacionalista Galego, es necesario hacer una distinción entre lo que es un
debate de ingeniería financiera y monetaria y lo que es un debate sobre
impulso y desenvolvimiento de la economía. Considera que es un error el
hacer pivotar toda la política económica sobre la consecución del euro en
1999. Con esta política, posiblemente, lo único que se consiga a la larga
sea la reducción del papel del Estado en la economía española.
A continuación pasa a analizar los presupuestos y las leyes que lo
acompañan. El Bloque Nacionalista Galego se muestra proclive a aceptar
que con o sin Maastricht había que hacer una disciplina presupuestaria,
pero pone en duda si el intento de reducir los gastos y aumentar los
ingresos se hace por el camino apropiado. No considera correctas las dos
vías que se adoptan: la de las privatizaciones de empresas públicas
rentables y la del aumento de tasas e impuestos. También le parecen
equivocados los caminos por los que se intenta reducir los gastos del
Estado y, a este respecto, piensa que no se puede hablar de congelación
del salario de los funcionarios sino de rebaja, porque además no se dice
nunca que esta medida va acompañada de la congelación de la oferta de
empleo público. El Bloque Nacionalista Galego piensa que el Gobierno
recurre a artificios y trampas para que las cuentas de 1997 cuadren y
resulten conforme a un modelo que, desde luego, no está pensado para
todas las naciones del Estado español. Pone de relieve a continuación el
contraste que existe entre realidades e ilusiones y se pregunta si
realmente hay un cambio de expectativa en la economía mundial; por el
contrario, estima que lo que hay es una cierta atmósfera de inseguridad
psicológica. Desde la perspectiva de Galicia, le resulta preocupante el
horizonte que se vislumbra en los presupuestos para 1997, hace una
mención especial a las deficiencias en infraestructuras que sufre Galicia
y se pregunta si a todas ellas podrá hacerles frente la iniciativa
privada. Asimismo se refiere a la reducción de la capacidad de inversión
en asuntos pesqueros o a cómo se pasa olímpicamente de la economía
productiva y no se contemplan las agresiones al sector lácteo del Estado
español, concretamente al gallego. En definitiva, piensa que estos
presupuestos no valen para afrontar los problemas reales del Estado
--particularmente los de Galicia, porque parten de un supuesto de
autoengaño del Gobierno, bien o mal intencionado, y de una improvisación
oportunista con fines privatizadores-- y son regresivos desde el punto de
vista impositivo y de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
Finalmente, como pregunta que subyace a todas estas críticas, plantea
cuál es el peso del Estado español, ahora, en la Unión Europea y cuál va
a ser en el futuro. No cree aconsejable hacer todo en función de un solo
criterio y se plantea la posibilidad
de poder quedar fuera y hacer un traje a la medida.
La señora Lasagabaster Olazábal defiende las dos enmiendas de totalidad
presentadas tanto al proyecto de ley de presupuestos de 1997 como al de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Manifiesta que
estos proyectos de ley se presentan con un objetivo muy concreto: cumplir
los criterios de convergencia del artículo 109-J del Tratado de la Unión
para entrar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. Así
pues, conseguir llegar a un déficit del 3 por ciento en las
administraciones, a una inflación del 2,6 por ciento, a un descenso de
los tipos de interés y de la deuda es el gran objetivo inmediato del
Gobierno. Coincide en la necesidad de cumplir este objetivo, pero no como
un principio en sí, sino en el entendimiento de que, a través de esa vía,
se pueda llegar a una convergencia mayor, para poder crecer más y mejor y
resolver uno de los grandes problemas que tiene el Estado, que es el del
paro.
Asimismo considera que estos proyectos de ley son voluntaristas, porque
confían en exceso en un aumento de ingresos y en una considerable
disminución del gasto. En relación con los ingresos, no está conforme con
el aumento de los impuestos indirectos y con la creación de tasas, porque
gravan de igual manera a todos, independientemente de la capacidad
adquisitiva de cada uno. En cuanto a los gastos, considera que los
sistemas contables que se diseñan para la contención del gasto público lo
hacen de una manera transitoria, como es el caso de las deudas de las
empresas públicas sustituidas por avales. En el capítulo de gastos hace
especial mención a la congelación salarial de los funcionarios,
considerándola una medida injusta y que en nada va a solucionar las
graves deficiencias estructurales de la Administración, sobre todo si se
trata de imponerla a otras administraciones de comunidades autónomas que,
en el sentido práctico de la economía, no tienen el problema de déficit
que tiene la Administración del Estado.
Por otra parte, se refiere a la falta de recursos que se destinan en
estos presupuestos a inversiones en infraestructura, industria e
investigación y desarrollo. También considera grave el incumplimiento de
determinados compromisos adquiridos por el Partido Popular, como el
famoso 0,7 por ciento de ayuda al tercer mundo.
Como conclusión, añade que no sólo hace falta cumplir los criterios de
convergencia para principios de 1998, sino que hay que desarrollar una
política de verdadero crecimiento real, porque de nada vale estar en la
Unión Económica y Monetaria si no se soluciona el problema del paro.
El señor Chiquillo Barber, del Grupo Mixto, interviene en nombre de Unión
Valenciana para explicar los motivos que les han conducido a presentar
esta enmienda de totalidad a los presupuestos, aun habiendo puntos de
coincidencia. Manifiesta que siendo los Presupuesto Generales del Estado
y la ley de acompañamiento el principal instrumento político con que
cuenta el Gobierno para conseguir sus objetivos, impulsar políticas e
imprimir cambios estructurales, lo cierto es que los de 1997 no han
despejado todas las dudas acerca de si serán capaces de consolidar la
recuperación económica y de conseguir la plena integración en la Unión
Económica y Monetaria.
A continuación cita algunos datos del panorama macroeconómico que ponen
de manifiesto que la estimación del Gobierno no es tan realista como se
quiere hacer creer y puede llevar a tener que hacer un recorte
presupuestario aún más amplio del que se ha realizado. Considera que el
error de cálculo en el consumo, el recorte de la inversión pública, el
retraso de programas de reformas estructurales, el aplazamiento de la
reforma integral de la fiscalidad y el aumento de la presión fiscal
denotan un cierto afán recaudatorio. Añade que los presupuestos intentan
la convergencia nominal con Maastricht, pero nos conducen con un paso
normal a una divergencia real y social, que es lo que más preocupa a los
ciudadanos. Por otra parte, desde su punto de vista, se ha inflado el
cálculo de la previsión recaudatoria en los ingresos y se manejan
escenarios macroeconómicos muy particulares, si tenemos en cuenta que se
basan en una deseada pero presumible reactivación francoalemana. Y no
sólo es poco creíble la estructura de los ingresos, sino que es injusta
por el incremento de las tasas porque, con la anunciada reducción del
IRPF, lo que en realidad pretende el Gobierno es gravar el consumo antes
que la renta. Asimismo la convergencia real, el bienestar social, el
empleo, el PIB «per capita» y el nivel de infraestructuras son un gran
interrogante. También la inversión pública sufre un duro recorte, tan
duro y antisocial como el de los funcionarios. En aras a la convergencia
con Europa, meramente nominativa, se rebaja el esfuerzo para igualarnos
con los países más avanzados de la Unión Europea en la lucha contra el
paro, contra las desigualdades, el acceso a la vivienda o la mejora de
los servicios públicos. Con ello el presunto aumento del consumo privado
y de la inversión es una ficción, por lo menos en los números que ha
manejado el Gobierno, sobre todo cuando el Estado actúa como freno
para que esto se produzca. A continuación se pregunta sobre las promesas
que hizo el Partido Popular en cuanto al recorte radical de gastos
corrientes, la reducción de altos cargos, la reducción de las
cotizaciones sociales y el recorte del 15 por ciento de las inversiones
reales, y añade que, en Unión Valenciana, esperaban un reparto más
equitativo y una mejor distribución del recorte inversor. Hace hincapié
en que la Comunidad Valenciana, con un déficit grave de infraestructuras,
sufre un recorte espectacular de las inversiones reales regionalizadas,
muy por encima de los recortes a otras comunidades, y pasa a pormenorizar
las insuficiencias estructurales de la Comunidad Valenciana.
Finaliza su intervención manifestando que estos presupuestos son injustos
e insolidarios para la Comunidad Valenciana, y esperaban algo más de
sensibilidad del Partido Popular, vistos los compromisos de su programa
electoral, por lo que se han visto obligados a presentar esta enmienda de
totalidad.
El señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda (De
Rato y Figaredo) contesta a los tres enmendantes. Replican el señor
Rodríguez Sánchez, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Chiquillo
Barber.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Molins i Amat,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Zabalía Lezamiz,
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV); y Mauricio Rodríguez, del Grupo
Parlamentario Canario, contestando sucesivamente a los tres portavoces el
señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y
Figaredo). Cierra el turno de fijación de posiciones el señor De Grandes
Pascual, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997, son rechazadas por 161 votos
a favor y 176 en contra.
Asimismo son rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de
medidas de disciplina presupuestaria por 155 votos a favor, 176 en contra
y cuatro abstenciones.
Finalmente, son rechazadas las enmiendas de totalidad al proyecto de ley
de medidas fiscales, administrativas y del orden social por 160 votos a
favor y 176 en contra.
Se suspende la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.
Proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las Comunidades
Autónomas y de medidas fiscales complementarias (Página 1414)
Proyecto de ley orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas
(Página 1414)
En nombre del Gobierno, el señor Ministro de Administraciones Públicas
(Rajoy Brey) procede a la presentación conjunta de los dos proyectos de
ley. Manifiesta, en primer lugar, que ambos proyectos de ley tienen su
origen en la necesidad de adaptar la legislación al acuerdo adoptado en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre último por
el Gobierno y doce comunidades autónomas y que establece un nuevo modelo
de financiación para las mismas para el quinquenio 1997-2001. Anuncia que
dividirá su exposición en dos partes: la primera, para explicar el porqué
del nuevo modelo de financiación y en qué consiste, y la segunda, para
concretar las medidas legales.
Comienza haciendo una breve referencia al modelo anterior, que termina su
vigencia el 31 de diciembre del presente año, y que, según su opinión,
tiene como característica básica la enorme dependencia financiera de las
comunidades autónomas respecto de la Hacienda central, quedando limitados
los recursos de la gestión propia de las comunidades autónomas al
rendimiento de los tributos cedidos y a las tasas afectas a los servicios
transferidos. Considera que esta situación presenta graves
inconvenientes, algunos de fondo y otros de tipo práctico. Añade que no
es normal que en España existan tres administraciones con autonomía en el
gasto, como son la central, la autonómica y la local, y sólo dos
administraciones con autonomía en el ingreso, que son la central y la
local. Tampoco le parece sensato que España se haya dotado en su texto
constitucional de un modelo de Estado que garantiza y reconoce el derecho
a la autonomía, no sólo administrativa sino también política, y con
atribución de capacidad legislativa, y que ésta no vaya acompañada de una
cierta autonomía financiera. Asimismo, considera que la exigencia de
autonomía financiera responde al espíritu constitucional y concretamente
al de sus artículos 156 y 157. También le parece una exigencia mínima en
un sistema democrático el que el contribuyente pueda percibir la relación
que hay entre lo que da y lo que recibe, como sucede por ejemplo con las
corporaciones locales.
Tras dieciséis años desde la aprobación de la Lofca, considera que es
cada vez más necesario que la política de la reivindicación empiece a ser
sustituida por la dinámica de la responsabilidad en el ingreso, que sin
duda llevará aparejado un mayor control en el gasto.
Estima que sobre estos puntos existe un acuerdo muy generalizado, y
prueba de ello es que no hay ningún programa electoral en el que no haya
un posicionamiento claro en favor de la corresponsabilidad fiscal, por lo
que entiende que lo que se discute ahora no es ésta sino el procedimiento
para aplicarla. Explica que el Gobierno ha utilizado a estos efectos dos
vías: una, la de los actuales tributos cedidos, atribuyendo a las
comunidades autónomas capacidad normativa; y dos, la del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, atribuyendo a las comunidades autónomas
no sólo una participación territorializada en la cuota líquida recaudada
en su territorio, como hasta ahora, sino también la capacidad normativa,
con el límite del 30 por ciento al final del proceso y con un período
transitorio en el cual solamente se cederá con capacidad normativa un 15
por ciento del IRPF. Añade que se han elegido estos instrumentos porque
se trataba de tributos que, de una u otra forma, ya tenían una relación
con los ingresos de las comunidades autónomas.
Sintetiza los aspectos básicos de la reforma en los siguientes puntos:
corresponsabilidad fiscal, que implica capacidad normativa, con los
límites que establecen las leyes; participación de las comunidades en la
Agencia Estatal Tributaria; establecimiento de los puntos de conexión y,
por tanto, establecimiento por ley del lugar en el que se han de pagar
los impuestos; y establecimiento de unos mínimos de garantía mucho más
importantes que los que existían hasta el momento presente. Pone de
relieve que la regulación del modelo de financiación que ha sido aprobado
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 23 de septiembre
es una regulación mucho más acorde con el espíritu del texto
constitucional que la que existía en el momento presente. Considera
también de indudable importancia política el que este modelo de
financiación se ajuste escrupulosamente al programa electoral con que el
Partido Popular se presentó a las últimas elecciones generales, en contra
de lo que se ha dicho por algunos dirigentes políticos sobre que este
modelo estaba impuesto al Partido Popular por parte de determinada fuerza
política.
A continuación, pasa a exponer los contenidos prácticos de los proyectos
de ley y se ofrece gustoso a responder a cuantas preguntas le quieran
hacer los señores Diputados sobre el modelo de financiación, agradeciendo
el que se le presentara algún modelo alternativo.
El señor Eguiagaray Ucelay defiende la enmienda de totalidad en nombre
del Grupo Socialista, y manifiesta que un debate a uña de caballo sobre
la articulación del Estado de las autonomías mezclado con los
presupuestos es simplemente un disparate político, por la forma y por el
fondo. Se refiere a continuación a los acuerdos del señor Rato con el
señor Pujol, a la falta de topes del sistema y a la responsabilidad que
recaerá solamente sobre el Gobierno actual, porque no se trata sólo de un
asunto de dinero sino de romper un consenso que ha existido durante
dieciséis años sobre la financiación del Estado de las autonomías. Opina
que se trae ahora a la Cámara un modelo que dicen que es excelente, pero
que, de ninguna manera, han defendido anteriormente, aunque ahora
pretendan haberlo hecho en su campaña electoral. Considera que la Lofca
es la savia del Estado de las autonomías y no se puede modificar por una
mayoría, por legítima que sea, de un partido político de ámbito nacional
y de una fuerza política que gobierna solamente en una comunidad
autónoma.
A continuación, recuerda al señor Rajoy que, en pasadas legislaturas
pudieron reformar la Lofca y no lo hicieron, pactando con el Grupo
Popular los estatutos de autonomía y muchas cosas más, porque el Gobierno
anterior creía que esto no era una cuestión solamente de aritmética
parlamentaria, sino de Estado, y había que ponerse de acuerdo no sólo en
el contenido de la ampliación estatutaria sino también en la forma de
hacerla.
Agrega que se está discutiendo el salto cualitativo de pasar de un modelo
como el de la Lofca, consensuado entre todos, a un modelo solamente
defendido por el Grupo Popular y otras fuerzas políticas con
representación en una o dos comunidades. A continuación, muestra su
sorpresa por que se solicite de la Cámara un acto de fe en que los
efectos de la reforma son buenos para las diecisiete comunidades
autónomas y al mismo tiempo para el Estado, y se haga sin dar una sola
cifra y sin explicar en qué consiste la financiación de las autonomías y
la financiación del Estado. Se pregunta quién defenderá a todos y cada
uno de los españoles, no en términos de bloques aislados sino en su
conjunto. Por otra parte, estima que es un sistema malo, peligroso e
injusto y tiene la convicción de que no perdurará, no sólo porque tendrá
efectos negativos sino también porque habrá nuevas mayorías.
Manifiesta a continuación que el Grupo Socialista no ofrece un modelo
alternativo, aunque lo tienen, porque acordaron en el Consejo de Política
Fiscal y
Financiera discutir en torno a una serie de propuestas para llegar a un
acuerdo entre todos.
Agrega que el modelo que proponen, desde la apariencia de aumentar la
corresponsabilidad fiscal en una serie de aspectos, lo que hace es
aumentar las diferencias de autonomía financiera de unas comunidades
autónomas respecto de otras y romper los mecanismos de solidaridad que
existían, creando un déficit estructural cuando se está diciendo por los
responsables de la Hacienda del Estado que hay que reducirlo. Opina que
lo que habría que hacer es ir al mecanismo de participación en los
ingresos del Estado que se asentaba en que los ingresos de las
comunidades autónomas evolucionaban de acuerdo con un gasto del Estado
atemperado por la evolución del PIB nominal y por las posibles
desviaciones que se pudieran producir, lo que hacía posible que las
comunidades autónomas pudieran evolucionar de acuerdo con la capacidad de
crecimiento de la financiación global. Sin embargo, el Gobierno propone
restringir los mecanismos que limitaban la evolución separada entre los
ingresos de unas y otras comunidades, sustituyéndolos por una serie de
fondos que no tendrán apenas virtualidad. Opina que se va hacia un modelo
hecho fundamentalmente para que las comunidades autónomas puedan reducir
los niveles señalados, lo que va a afectar, por tanto, a lo que el propio
Tribunal Constitucional ha llamado los fundamentos jurídicos de igualdad
de las personas en el sistema tributario.
Se refiere a continuación a la posibilidad de paraísos fiscales y asegura
que efectivamente pueden darse, como señala el Presidente de Castilla y
León cuando afirma que este sistema no solamente es más caro sino que
además contribuirá a la existencia de paraísos fiscales. Confiesa que se
puede estar de acuerdo en la corresponsabilidad, en que es necesario
avanzar en la autonomía financiera y en la coordinación de las haciendas
sin necesidad de estar de acuerdo con el modelo propuesto, pero hay que
volver al acuerdo, quasi constitucional, que ha dado sentido al Estado de
las autonomías durante todo este período. Asimismo añade que hay
problemas jurídicos serios en estas leyes porque, si se aprueba la
modificación de la Lofca y de la Ley de Cesión de Tributos, esta reforma
no podrá tener efectividad durante el año 1997, ya que será necesario
completar las transferencias en educación, modificar algunos estatutos de
autonomía y aprobar las leyes de cesión específica de tributos a las
diferentes comunidades autónomas, y esto no será posible hacerlo antes de
diciembre del presente año. Solicita que se hagan las cosas con calma,
volviendo a restaurar las posibilidades de acuerdo. No quiere detenerse
en las modificaciones que se deberían hacer y que no se han hecho en la
Lofca porque quiere poner el énfasis fundamentalmente en los aspectos
políticos, pero no puede dejar de referirse a que con este modelo se
crean condiciones de desigualdad básica para los ciudadanos en el
territorio, refiriéndose de una manera especial al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Finalmente, insiste en el argumento de que
no es posible que sólo dos fuerzas políticas impongan un modelo al resto
y que éste no debería aprobarse hasta que se lograse un acuerdo entre las
fuerzas políticas presentes en la Cámara.
El señor Ríos Martínez defiende la enmienda de totalidad en nombre del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
manifestando que plantean el debate sin exageración ni demagogia y
tampoco vienen a defender el modelo anterior, porque éste estaba agotado
y necesitaba modificaciones. Plantean el debate desde la defensa de los
mismos principios que mantuvieron en la discusión del año 1980: un modelo
de Estado autonómico cimentado en la distribución competencial del
Estado, en la autonomía financiera, en la suficiencia de esa autonomía y
en una corresponsabilidad fiscal desarrollada al mismo tiempo con
elementos de solidaridad. Desearía que el modelo de financiación que hoy
se debate pudiera ser respaldado también por la inmensa mayoría de las
fuerzas políticas, como sucedió entonces, porque los modelos alternativos
cerrados no existen; sólo existen las propuestas que puedan abrir el
camino hacia un modelo determinado.
Expone que lo que quieren devolver al Gobierno en este trámite es lo que
ha definido el señor Ministro en su intervención como la adaptación legal
para aplicar un modelo que ha sido tramitado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Considera que este modelo está condicionado
fundamentalmente por el pacto de investidura.
No están de acuerdo con el tipo de reforma que se plantea, aunque sí con
algunos de sus elementos. Consideran que hablar de autonomía sin hablar
de financiación es algo así como intentar hacer «El Quijote» con Sancho
Panza, pero sin El Quijote y entienden que el actual sistema de
financiación autonómica se halla en un atolladero del que solamente podrá
salir si se consigue configurar simultáneamente una autonomía financiera
y un esquema de nivelación.
A continuación, se refiere a aspectos técnicos de la reforma y se
pregunta si nos encontramos ante un modelo que pueda representar al
desarrollo
constitucional, del que en un principio nos dotamos por consenso de todo
el pueblo español, o ante una imposición de una parte frente a la otra.
Considera que el modelo que se propone no hace frente a las necesidades
que tienen hoy las comunidades autónomas y no se puede vender un modelo
donde alguien se ve beneficiado y otros se pueden ver perjudicados. Opina
que el apoyo al presupuesto de alguna fuerza política está fundamentado
en la distribución territorial de la inversión del Estado, pero considera
que éste no es un buen método para dotarse de un proyecto estable, donde
todos se vean reflejados. Considera anómala la forma de negociar diciendo
que si no se acepta este sistema, tal comunidad autónoma puede perder
3.000, 4.000 o 5.000 millones de pesetas.
Por otra parte, estima que no se conocen los efectos reales del costo y
explica las diferencias que ha encontrado entre el proyecto de
presupuestos y el documento que acompaña al acuerdo del 23 de septiembre
de 1996. Asimismo, considera que el modelo de financiación presentado
tiene trucos, porque al utilizar las variables del año 1989, la Comunidad
Autónoma de Murcia, por ejemplo, que ha crecido en 100.000 habitantes, no
recibirá el dinero que correspondería a esos 100.000 habitantes más. En
el mismo caso se encuentran las comunidades autónomas de Andalucía,
Valencia o Castilla-La Mancha.
Por otra parte, expone que el cuerpo legal se debería reformar para
adecuar el Fondo de Compensación Interterritorial a la realidad de hoy,
porque la propuesta de reforma fiscal y el modelo que lleva detrás pueden
abrir las puertas a lo que se pudiera llamar niveles de divergencia en la
realidad actual y se pregunta a dónde podría llevar ese nivel de
divergencia. Expone también que el modelo de Estado de financiación se
hace de espaldas a los municipios.
Añade que quieren devolver el modelo y las leyes que lo acompañan porque
creen que hay un grado de consenso que se debe ampliar para que ese
modelo de financiación sea el modelo del Estado en el que todos se puedan
ver reflejados. A continuación, pasa a exponer los criterios sobre los
que considera su grupo que deberían ser reelaborados los textos: primero,
que a la vez que se desarrolle la corresponsabilidad, se desarrolle la
capacidad normativa y se regule por ley la nivelación y los fondos
compensatorios; que se logre un incremento de la autonomía financiera de
todas las comunidades autónomas, aunque no de manera similar; que se
incorporen otros impuestos de base imponible más amplia, como pueden ser
el IVA o los impuestos especiales; que se mejore sustancialmente el Fondo
de Compensación Interterritorial y que se evite lo que se llama la
competencia desleal a nivel fiscal.
Pasa, a continuación, a hacer una referencia sobre los textos concretos,
que considera que necesitan precisiones en cuanto al IRPF y al Impuesto
del Patrimonio.
Termina su intervención explicando que su filosofía es que se cumplan los
compromisos, pero que los intereses del señor Pujol no sean incompatibles
con los de todas las comunidades autónomas y así lograr un modelo que
acompase los tres niveles que considera básicos en cualquier modelo de
financiación; autonomía financiera que logre suficiencia financiera,
corresponsabilidad fiscal pareja a la nivelación y, sobre todo,
solidaridad garantizada para que se corrijan los desequilibrios. Se
muestran partidario del diálogo y de la negociación para llegar a cuerdos
que corrijan las limitaciones de la propuesta de origen.
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Mixto, interviene para defender las
enmiendas a la totalidad presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a
los proyectos de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades
autónomas y de modificación parcial de la Lofca. Manifiesta que el modelo
vigente se reveló insatisfactorio y por eso, el 23 de septiembre de este
año, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó un nuevo modelo de
financiación para el quinquenio 1997-2001, basándose en la ampliación del
ámbito de la cesión a las comunidades autónomas de una parte del IRPF y
de la atribución a estas comunidades de ciertas competencias normativas
en relación a los tributos cedidos. Considera que lo que se propone en
estos proyectos de ley es un nuevo modelo de financiación de las
comunidades autónomas que no altera sustancialmente el anterior y, por lo
tanto, no se quiere abordar los problemas de fondo que representa la
actual configuración del Estado y que son fuente de continuas
insatisfacciones. Se trata, según su opinión, de un nuevo pacto de
financiación de las comunidades autónomas basado fundamentalmente en
acuerdos de gobernabilidad. Estima que el reconocimiento práctico de que
el Estado español es un Estado plurinacional ayudaría a resolver y a
situar en su lugar un sinnúmero de problemas. A continuación se pregunta
por qué produce alarma el ceder soberanía a las naciones que conforman el
Estado español y no lo produce el ceder más soberanía en el proceso de
integración en Europa.
Manifiesta, por otra parte, que el Bloque Nacionalista Galego defiende un
modelo de financiación
acorde con un modelo de Estado federal que responda al carácter
plurinacional del mismo y que permite la convivencia armónica y en pie de
igualdad de los distintos pueblos que lo componen. Considera que el
plantear la centralización financiera y política como una manera de no
producir desigualdades territoriales es obviar intencionadamente que los
diferentes grados de desarrollo económico y social entre los distintos
territorios del Estado se produjeron y se mantiene en el contexto del
Estado centralizado. Estima que si en el Estado español se reconocen las
nacionalidades históricas y se acepta que esas autonomías no son
constitucionalmente del mismo rango, eso tiene que tener traducción en el
modelo de financiación.
Expone que el modelo de financiación que se propone es insatisfactorio,
cuando menos para la Comunidad Autónoma de Galicia, y plantean estas
enmiendas de devolución porque el modelo limita la base de la autonomía
fiscal a la cesión de un tramo del IRPF, descartando un modelo
alternativo que abarcase el conjunto del sistema tributario estatal,
porque la fijación de la cesión del IRPF en el 30 por ciento proporciona
en el caso gallego una cobertura financiera insuficiente y porque la
capacidad normativa que se reconoce a las instituciones gallegas para el
30 por ciento del IRPF y los demás tributos cedidos es muy limitada y no
recoge las medidas necesarias destinadas a residenciar en las comunidades
autónomas a los sujetos pasivos que perciban ingresos o beneficios por
las actividades económicas realizadas en su territorio.
Asimismo, considera que en la cuantía inicial del gasto público,
necesaria para cubrir las necesidades de la Comunidad Autónoma de
Galicia, debería quedar recogida la deuda histórica acumulada como
consecuencia de las deficiencias de cálculo registradas en procesos de
negociación anteriores. Defienden un sistema de financiación que permita
impulsar una política autonómica de desarrollo económico y social
tendente a recuperar posiciones en el espacio del Estado español y de la
Comunidad Europea y a la residenciación en Galicia de las sujetos pasivos
que perciban ingresos o beneficios por las actividades económicas
realizadas en su territorio y que, hasta ahora, figuran domiciliadas
fiscalmente fuera de Galicia. Proponen la creación de una administración
tributaria integrada de la Hacienda estatal y de las comunidades
autónomas y defienden que en el órgano de la Agencia Tributaria existente
en Galicia, la presencia de representantes de la administración
autonómica alcance, como mínimo, el 50 por ciento de la totalidad.
Asimismo, propugnan que se acometa un incremento paulatino del reparto de
los recursos a disposición de las comunidades con rango de nacionalidad
histórica en relación con los atribuidos al aparato central del Estado en
la distribución del conjunto consolidado de los fondos presupuestarios
estatales. Por lo tanto, considera que le modelo de financiación que
proponen es adecuado a la realidad concreta y sirve para que las
comunidades autónomas, en concreto la de Galicia, avancen en los niveles
de bienestar económico y social.
Contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy Brey),
replicando los señores Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista; Ríos
Martínez, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y
Vázquez Vázquez, del Grupo Mixto, duplicando el señor Ministro de
Administraciones Públicas.
En turno de fijación de posiciones, interviene el señor Molins i Amat,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió). En virtud del artículo 73 del
Reglamento y de manera excepcional, intervienen los señores Eguiagaray
Ucelay y el señor Molins i Amat. Replica el señor Ministro, duplicando el
señor Molins i Amat.
Continúa el turno de fijación de posiciones con la intervención de los
señores Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y Mauricio
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, replicando el
señor Ministro de Administraciones Públicas. Cierra el turno el señor
López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto
de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de
medidas fiscales complementarias, son rechazadas por 150 votos a favor,
175 en contra y dos abstenciones.
Asimismo, son rechazadas las enmiendas de totalidad presentadas al
proyecto de ley orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, por 149 votos a favor, 175 en contra y dos abstenciones.
Se levanta la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
--PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1997 (Número
de expediente 121/000015) (Continuación)
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA (Número de
expediente 121/000016) (Continuación)
--PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL
(Número de expediente 121/000017) (Continuación)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, vamos a reanudar la sesión.
Quiero comunicar a SS. SS. que las votaciones correspondientes a las
enmiendas de totalidad que estamos debatiendo al primer bloque del orden
del día, que agrupa, como recuerdan, el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado, el de acompañamiento y el de normas que modifican
la Ley General Presupuestaria, no se producirán antes de las doce y media
de esta mañana, y podrán producirse a partir de esa hora en función del
transcurso del debate que ahora comienza con la defensa de las enmiendas
de totalidad presentadas desde el Grupo Mixto, en primer lugar, por el
señor Rodríguez, que tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas y señores Diputados, posiblemente, desde la perspectiva
del Bloque Nacionalista Galego, sea necesario hacer una distinción entre
lo que es un debate de ingeniería financiera y monetaria y lo que es un
debate sobre impulso y desenvolvimiento de la economía.
En uno de los casos, en ingeniería financiera, tendríamos que discutir
los números formales que están intentando suplantar a la realidad de los
hechos, y, en el caso de discutir sobre desenvolvimiento económico,
tendríamos que hablar de si esos números están en función de paliar o no
el problema del paro, de impulsar el tejido productivo, de aumentar los
intercambios comerciales y de forma positiva en relación con el Estado
español, y, en definitiva, señorías, si hay un equilibrio sostenido en el
desarrollo económico. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rodríguez.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Los presupuestos del Estado español para 1997
están cortados conforme a un modelo mimético que el Bloque Nacionalista
Galego considera deforme para el cuerpo que intenta cubrir. El propio
sastre que hizo los patrones, y que además hizo los modelos para que nos
cubramos con él, desautoriza a los modelos de la pasarela. En este
preciso momento estamos asistiendo a un debate que prácticamente está
desautorizado por las autoridades del Bundesbank, o en todo caso, por
ministros de finanzas de Estados europeos que tienen hoy una posición
jerárquicamente superior en la Europa de Maastricht. Ellos hacen
diferencia, y no diferencia respetuosa sino negativa, y hacen
jerarquización pública, como tuvimos ocasión de comprobar en los medios
de comunicación estos días.
Por tanto, seguir manteniendo contra viento y marea el objetivo
monetarista de la consecución del euro en 1999 y hacer pivotar ahí toda
la legitimidad de la política económica, nos parece al Bloque
Nacionalista Galego un error. Es curioso que en un Estado en el que todos
los estudiosos están a favor de Maastricht el único gran argumento que
tienen es que el Estado español no va a poder resistir, caso de entrar en
la Europa de Maastricht, la competencia muy superior a la actual. Pero
estamos en un mundo de fatalidades. Es la única alternativa. Con este
pretexto, el Gobierno del Estado español está empeñado en reducir el
déficit público hasta un 3 por ciento del PIB para 1998 y la eliminación
en el año 2000.
Con esta política, posiblemente, lo único que haya de cierto a la larga,
y no por mala voluntad, sería la reducción del papel del Estado en la
economía española. Por tanto, vamos a analizar los presupuestos desde ese
punto de vista. Además, está incluso perfilado en el proyecto de ley de
acompañamiento, que viene a reforzar muchísimo los sustratos filosóficos
de estos presupuestos.
Realmente, el Bloque Nacionalista Galego y mucha gente del Estado español
podría ser proclive a aceptar que con o sin Maastricht había que hacer
una disciplina presupuestaria o incluso aplicar criterios de veracidad a
los presupuestos, cosa que nosotros no vamos a discutir que sea esencial,
y una de las leyes, desde nuestro punto de vista, es aséptica en ese
sentido. Pero vamos a discutir si el intento de reducir los gastos y de
aumentar los ingresos se hace por un camino apropiado, teniendo en cuenta
o no la existencia final de Maastricht.
¿Qué camino se intenta seguir para aumentar los ingresos? Pensamos que
por dos vías que no nos parecen correctas. La primera es la de las
privatizaciones de empresas públicas rentables, que también hemos
asistido en los últimos días a discusiones o a marejadillas
sobre su pérdida de valor, provocada precisamente por la intencionalidad
de su privatización. Solamente hace falta ver los argumentos que se
emplean en relación con la joya de la corona para decir que no hay ningún
grupo privado, por lo menos español, que esté posibilitado a privatizar
rápidamente un grupo empresarial tan importante. O por el aumento de
tasas e impuestos, que, efectivamente, se aumenta todo lo visto a través
de la ley de acompañamiento e incluso con un nuevo impuesto que pensamos
que no es discutible su carácter regresivo, como es el impuesto sobre
primas de seguros.
En el primer aspecto, las privatizaciones, la contradicción y el síntoma
es el siguiente: si privatizamos las empresas públicas no cabe duda de
que va a haber menos ingresos para el Estado en el futuro. Además, será
más difícil planificar la economía en función del mantenimiento y el
aumento de los puestos de trabajo. En todo caso, la sociedad,
mayoritariamente, va a estar al pairo en función o en manos de grupos
privados, cuando no transnacionalizados.
En el segundo caso, la regresividad fiscal es evidente, y además se viene
a aumentar lo que ya el Gobierno del Partido Popular hizo cuando rebajó
los impuestos sobre las plusvalías del gran capital --no hagamos ahora el
totum revolutum de que también benefició a las plusvalías pequeñas--, y
con la actualización de balances el Real Decreto 7 de 1996.
Cuando se intentan reducir los gastos del Estado, las salidas, los
caminos nos parecen también equivocados. No se puede hablar de
congelación del salario de los funcionarios; hay que hablar de rebaja.
Estamos aquí ante un nuevo eufemismo. Además, no se dice nunca que esta
medida va acompañada con la congelación de la oferta de empleo público,
que es como hay que entender correctamente las dos cuestiones. O cuando
sin paliativos de ningún tipo, reconocido por el Gobierno, el montante
global de las inversiones se reduce en un 13,7 por ciento, con lo cual
está claro que esto, en el Estado español, tal como está conformado, no
va a ser compensado por la cofinanciación privada y mucho menos con el
producto de las privatizaciones, que, en todo caso, serán futuribles a
discutir.
En tercer lugar, el recorte de subvenciones a empresas públicas, sin
pararse en barras de si puede llevar a su desaparición o a la reducción
productiva, con los efectos negativos que esto va a provocar.
En definitiva, señorías, el Bloque Nacionalista Galego piensa que el
Gobierno está viviendo unos momentos de autoengaño, no sé si mal
intencionado o bien intencionado. Pero, cuando menos, recurre a
artificios y trampas para que las cuentas de 1997 cuadren y resulten
conforme a ese objetivo, a ese modelo, que, desde luego, no es pensado
para todas las naciones del Estado español, para el colectivo y la
mayoría social que vivimos hoy en lo que se llama el Estado español.
Cuando se hace crecer en cinco puntos las retenciones del Impuesto sobre
Sociedades no se nos habla de qué parte habrá que devolver, o cuando se
dice sustituir las subvenciones por avales tampoco se habla de que algún
día habrá que pagarlos. Pero veamos el contraste entre realidades e
ilusiones. Hay hipótesis por verificar. La primera: se dice que hay un
cambio de expectativa, ¿pero se piensa realmente eso? Ya no es un
problema del Estado español. ¿Se piensa que hay un cambio de expectativa
en la economía mundial e incluso en los centros regionalizados más
poderosos? ¿No hay una cierta atmósfera de inseguridad psicológica
grande, por lo menos en todo lo que es la mayoría de las capas de la
población? ¿Se piensa que va a haber un elevado nivel de ahorro familiar
con tanta restricción de capacidad de consumo, por un lado, y de miedo a
gastar o incluso a ahorrar, por otro, en la medida en que hay cantidad de
posicionamientos de inversiones para el ahorro familiar que han perdido
el valor que tenían hace años? ¿O se está seguro de que se va a poder
aumentar las exportaciones en un mundo tan sumamente competitivo y con
reglas de juego tan desiguales, tan discriminatorias, con parte de la
economía del Estado español?
La realidad, sin embargo, es que hay pérdida de la capacidad adquisitiva
de los trabajadores y falta de inversiones públicas. Todo el mundo
reconoce que el producto interior bruto es una casuística de
interrelaciones en todos estos factores a los que he aludido antes.
El Bloque Nacionalista Galego existe fundamentalmente por Galicia y en
relación de Galicia con la humanidad. Y desde esta perspectiva queremos
decirle al Gobierno las siguientes cuestiones que no son privativas de
este Gobierno actual, sino que es una cierta continuación con los
anteriores.
Galicia tiene una debilidad grande del sector privado autóctono y un
papel importante, sobre todo potencial, del sector público. La propaganda
--y digo propaganda cuando se manejan políticamente las cifras no con
otra intención-- dice que en las inversiones regionalizadas de este año
va a haber 76.000 millones de pesetas, sobre todo en defensa, fomento y
medio ambiente para Galicia. Si descontamos lo que es para autovías, que
todos sabemos que están desde el año 1992, vamos a ser la comunidad que
vamos a mantener el ranking de que las autovías van a tardar más de diez
años en construirse; la entrada en nuestro país sería 56.000 millones de
pesetas, con lo cual la inversión pública en Galicia para este año
quedaría en 20.000 millones de pesetas. Es más, aún aumentando las
autovías, si es que se hace restrictivamente para lo que es el territorio
de Galicia, esta cifra se quedaría exactamente en 50.000 millones de
pesetas. Esto es, la estrella, lo estelar desde hace más de seis años,
será así hasta dentro de diez años, y lleva consigo el abandono total del
ferrocarril.
¿Saben SS. SS. cuánto se va a invertir en Galicia en ferrocarril, y ya
tuvimos aquí un debate sobre la situación del ferrocarril no ya en 1997,
sino hasta el año 2000? Se va a invertir prácticamente 696 millones de
pesetas, y en el año 2000 vamos a estar otra vez con quinientos y pico,
es decir, el 1,5 por ciento del total en este año y el 0,6 en el año
2000. O si se analiza la programación plurianual del Ministerio de
Fomento se observa cómo vamos a pasar del 16 por ciento de 1997, por las
autovías, al 5 por ciento en el año 2000.
¿La iniciativa privada va a hacer frente a todas estas deficiencias? ¿Va
a hacer frente a la creación de infraestructuras de carreteras, algunas
de ellas discutibles, que podían esperar, pero otras realmente
alarmantes, como el acceso norte, por ejemplo, a Ferrol?, ¿o si la
autovía del Cantábrico debe abarcar también a Galicia?, ¿o promesas de
carácter piadoso sometidas a litigios territoriales muy fuertes, como
puede ser que figure a partir del año 1998 la construcción de Fusa Cemet
que está presupuestado en 3.400 millones de pesetas entre el año 1998 y
el 2000, pero se van para Santa Bárbara, Coruña?, ¿o asistiremos también
a un proceso de fagocitación por parte de otros territorios y de otras
empresas públicas del Estado o esos extraños convenios de Industria y
Defensa, que llevan consigo dejar a Bazán sólo para la industria militar
y sometidos a un tipo de financiación muy discutible y cuando menos muy
problemática?
No les voy a hablar, por lo demás, de la reducción de la capacidad de
inversión de los presupuestos en asuntos pesqueros para un país que está
en una crisis virulenta en este sector o de cómo se pasa olímpicamente de
economía productiva y no se contemplan las agresiones al sector lácteo
del Estado español, concretamente al gallego, al no contemplar nada sobre
la multa por la tasa de cuota láctea.
En definitiva, señorías, queríamos concluir lo siguiente: pensamos que
estos presupuestos no valen para afrontar los problemas reales del Estado
español y particularmente los de Galicia. Son consignas
trasnacionalizadas que son dañinas para el conjunto de las naciones que
lo integramos y, por supuesto, para aquellas que tenemos un punto de
partida claramente discriminado. Parten de un supuesto de alto engaño del
Gobierno, bien o mal intencionado, y, desde luego, de una improvisación
oportunista con fines privatizadores que es evidente incluso en el
proyecto de ley de acompañamiento. Lleva consigo regresión social desde
el punto de vista impositivo y de la capacidad adquisitiva de los
trabajadores, y en el Estado español el problema del funcionariado es muy
importante como modelo y como contraste, y no hay preocupación real por
el empleo y por la dinamización de la economía.
Cuando se trata de atacar los síntomas de una enfermedad y no ir a las
causas, no podrá haber solución adecuada. Estamos asistiendo al deterioro
y privatización de los servicios sociales y de las infraestructuras de
enseñanza, no sólo en Castilla y León, también en Galicia, de no ser que
sea un mérito andar moviendo la mitad de la población escolar de un lugar
para otro debido a un sistema que no está adecuado a las necesidades del
país, que nosotros no hemos aprobado ni se hizo en función del marco
gallego sino en función de la mayoría del Estado español.
Señor Presidente, señorías, señor Vicepresidente del Gobierno, la
pregunta que subyace a todas estas recomendaciones o a todas estas
críticas es la siguiente: ¿Cuál es el papel del Estado español, ahora, en
la Unión Europea?, ¿cuál es su peso?, ¿cuál va a ser en el futuro? ¿No es
preocupante hacer todo en función de un solo criterio? ¿No nos podemos
quedar compuestos y sin novia o novio? ¿No es legítimo pensar también en
la opción de poder quedar fuera --que quedarán muchos más-- y hacer un
traje a nuestra medida?
Está claro que en este Parlamento se emplean métodos de dos velocidades,
los de unos y, muchas veces, los del Grupo Mixto. Hay una diferencia con
el caso de la Europa de Maastricht. En el Grupo Mixto estamos habituados
a que haya dos velocidades y dos jerarquías. No sé si el Gobierno
español, con las responsabilidades que tiene también de cara al futuro,
no sólo para el año 1997, está haciendo las cuentas en este sentido. Es
desde este punto de vista, no solamente desde una oposición frontal a los
criterios de Maastricht, desde el que hacemos este tipo de intervención.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra, para la defensa de su enmienda de totalidad, la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señor Vicepresidente
del Gobierno, señorías, intervengo desde esta tribuna, en nombre de Eusko
Alkartasuna, en defensa de las dos enmiendas de totalidad presentadas
tanto al proyecto de ley de presupuestos de 1997 como al proyecto de ley
de medidas fiscales, administrativas y de orden social, denominado
proyecto de ley de medidas de acompañamiento, solicitando para ambos la
devolución al Gobierno.
Se nos presentan estos proyectos de ley con un objetivo muy concreto, muy
preciso y muy señalado reiteradamente por el Gobierno: cumplir los
criterios de convergencia del artículo 109-J del Tratado de la Unión, y
ello por cuanto que se espera entrar en la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria o lo que coloquialmente se denomina subirse al tren
del euro. Así pues, conseguir llegar a un déficit del tres por ciento en
las administraciones, a una inflación del 2,6 por ciento, a un descenso
de tipos de interés y de la deuda es el gran objetivo inmediato del
Gobierno.
Hemos señalado en múltiples ocasiones que coincidimos en la necesidad de
cumplir esos objetivos, pero no como un principio en sí o como un dogma
sino en el entendimiento de que, a través de esa vía, podríamos llegar a
una convergencia mayor. Es decir, entendemos que dentro de la Unión
Económica y Monetaria podríamos crecer más y mejor, especialmente para
resolver uno de los grandes problemas que tiene el Estado, el del paro o
desempleo.
Por ello entendemos que el análisis que tenemos que hacer de estos
proyectos no lo es tanto en función de si se cumplen o no formalmente y
de manera inmediata los criterios de convergencia para 1997 o primeros
seis meses de 1998, sino que el análisis debiera de ser si estos
presupuestos, además de cumplir los criterios de convergencia para este
año o el que viene, suponen realmente una mejora en este objetivo clave,
es decir, conseguir un menor desempleo o un favorecimiento del empleo.
Es éste el sentido de nuestro análisis y por ello entendemos que quizá no
sean los mejores presupuestos para este objetivo claro. ¿Por qué? porque
este proyecto de ley de presupuestos no ha puesto el acento, de manera
clara, en el problema del empleo. Y no es éste un análisis detallado y
concreto de cuál va a ser la eficacia y la eficiencia de cada una de las
políticas presupuestarias en materia de empleo. Es decir, para el
ciudadano normal se mantiene la incertidumbre de su empleo, que es uno de
los problemas clave a la hora de conseguir el fomento del consumo. Es muy
significativo, como se ha dicho aquí reiteradamente, que haya habido una
gran disminución de los fondos para el desempleo.
También entendemos que estos proyectos de ley son voluntaristas. Lo
decimos porque confían en exceso, no digo que no haya que confiar, pero
confían en exceso, demasiado, en un aumento de ingresos y en una
considerable disminución del gasto. Se trata de una mezcla de confianza y
de deseo.
Como dice el Gobierno, en lo que se refiere a los ingresos --señalo
literalmente--, éstos se basan en un aumento de la recaudación derivada
de la previsible evolución positiva del empleo y del moderado incremento
de la remuneración de los asalariados. Es difícil que la evolución
positiva del empleo lo sea, especialmente si no existe por parte del
Gobierno una política de prioridad, y yo diría que una política activa,
de empleo, que permitiera desarrollar, incentivar y fomentar el mismo, o
lo que hemos llamado en algunos casos una especie de ficha, en vez de
medioambiental de «medioempleo». para saber cuál es la incidencia de cada
una de las propuestas y de las previsiones presupuestarias.
Igualmente, estos proyectos se basan en el crecimiento de los ingresos,
es decir, en un aumento de muchos tipos de impuestos indirectos y, sobre
todo, de creación de tasas. Por ejemplo, respecto al proyecto de ley de
acompañamiento, la mejor definición podría ser proyecto de ley
recaudatorio, por cuanto que aparecen de manera novedosa tipos de tasas
de diversa índole, que se podrían denominar tasas al consumo, cuya única
finalidad es recaudatoria. No se percibe que esas tasas supongan el pago
de ninguna mejora de servicios o prestaciones del Gobierno. Ciertamente,
el Gobierno ha aumentado la presión fiscal, o al menos así nos lo parece,
y la ha aumentado en impuestos que menos protestas generan en los
ciudadanos, pero no por ello dejan de ser injustos o regresivos, y ello
porque gravan de igual manera a todos, independientemente de la capacidad
adquisitiva de cada uno.
En relación a los gastos, se diseña una serie de sistemas contables --no
sé si habría que definirla o no como contabilidad creativa-- cuyo
objetivo pretende ser la contención del gasto público, pero esa
contención lo es, a nuestro modo de entender, de manera transitoria. Así,
el caso de las deudas de las empresas públicas sustituidas por avales.
¿Qué ocurrirá al final? No cabe duda de que en algún momento habrá que
hacer frente a esos avales si no se cumplen las previsiones para las
empresas públicas. ¿O es que, de repente, todas aquellas empresas
públicas que tradicionalmente --y aquí se ha señalado reiteradamente--
han ido mal van a ir mejor? Dudosamente. Ello nos lleva a pensar en la
lógica consecuencia de que habrá que arrastrar ese gasto al futuro, pero,
eso sí, será en otros ejercicios de los que ahora no hablamos.
Lo mismo ocurre con la introducción de la figura del contrato de pago
único al final de la misma, o de iguales efectos para problemas y cargas
puede ser la ampliación de plazos en la concesión a las empresas
constructoras de autopistas. Aquí señalaría que se plantean problemas no
sólo con las que están previstas y no comenzadas, sino incluso con las
que ya están hechas y en período de concesión a las empresas. ¿Qué ocurre
con ellas? Hay casos flagrantes, algunas de ellas pendientes de
transferencia y apenas quedan cinco o seis años para que termine ese
plazo de concesión. ¿Qué va a pasar?
En el capítulo de gastos, cómo no hablar de la congelación salarial de
los funcionarios. Entendemos que es una medida injusta, cuyo objetivo
vuelve a ser un objetivo llamado de recaudación transitoria, es decir,
una especie de parche, y es injusta porque se aplica a todos por igual,
sin tener en cuenta la eficiencia de su trabajo. Además, en nada va a
solucionar las graves deficiencias estructurales de la Administración. Es
una medida fácil, pero entendemos que no se debería haber adoptado.
Tenían que haberse buscado esas reformas y tratar de incentivar las que
fueran estructurales de la Administración. Daremos algunos ejemplos, sin
perjuicio de que lógicamente el Gobierno podrá tener más conocimiento y
causa para dar otros. Uno podría ser la readecuación de la Administración
periférica; también el estudio de la incentivación de funcionarios,
y toda la asesoría externa, etcétera. Además de considerar que esa medida
es injusta, todavía puede ser más injusto el que se trate de imponer a
otras administraciones, por ejemplo, a administraciones de comunidades
autónomas que en el sentido práctico de la economía no tienen ese
problema de déficit que tiene la Administración del Estado. ¿Por qué?
Porque están cumpliendo por la senda pactada del déficit. ¿Por qué
imponer una medida injusta? Por no hablar, en materia de principios, de
la libertad competencial en su ámbito y en su autonomía que les debiera
permitir responder de distinta manera a los diferentes problemas que
mantienen.
En tercer lugar, no podemos dejar de mencionar la falta de recursos que
se destinan en estos presupuestos a inversiones que permitieran un
desarrollo verdadero de la economía productiva, en dos campos muy claros:
infraestructuras e industria, y también en un tema para nosotros
particularmente importante que es la investigación y el desarrollo, el
llamado I+D. Así, las inversiones en infraestructuras y equipamiento no
crecen lo que debieran. A modo de ejemplo simplemente diré que en la
comunidad autónoma del País Vasco de los 8.000 y pico millones de
inversiones, más de 3.000 se destinan a Defensa e Interior o al
mantenimiento de edificios públicos de la Administración central.
Entendemos que esas inversiones en Defensa e Interior no van a ser lo
suficientemente buenas o adecuadas para que puedan aprovecharse por parte
de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, se
dejan aparcadas o relegadas a partidas exclusivamente simbólicas
inversiones que sí podrían suponer un gran beneficio para las pequeñas y
medianas empresas o para las empresas en general, como podría ser la Y
vasca, cuyo presupuesto es exclusivamente de cien millones de pesetas,
que no llega ni para hacer un estudio, por no hablar de puertos y
aeropuertos.
Otro capítulo es el de investigación y desarrollo. Se ha dicho que no
decrece. Ciertamente, en términos generales no decrece, pero lo que sí se
observa es que el alejamiento entre la media que destinan los Estados
europeos y lo que destina el Estado español es cada vez mayor. Vamos del
2,5 de media en los países europeos al 0,9 en el Estado español.
Simplemente quiero decirles que en la comunidad autónoma del País Vasco
es el 1,2, a pesar de que no tenemos la transferencia que reiteradamente
solicitamos. No voy a hablar de la naturaleza de las inversiones de I+D,
porque, como aquí se ha dicho, vuelven a recaer en un capítulo de
investigación en Defensa. ¿Por qué es importante? Porque, a nuestro
entender, ésta es la clave del desarrollo productivo. Es muy
significativo y no es casual que Francia y Alemania la semana pasada, en
el eje francoalemán de política conjunta, la Europa de dos velocidades
que pretenden, traten de hacer políticas comunes en materia de I+D,
porque saben que de esa manera sus empresas siempre serán más
competitivas que las empresas del resto de los Estados europeos. Esa es
una inversión clave que debe ser reprochada en estos presupuestos.
Por último, y no por ello lo menos importante, quiero referirme al
incumplimiento de determinados compromisos adquiridos por parte del
Partido Popular, así como otros partidos, en vísperas de elecciones, el
famoso tema del 0,7. Este es un incumplimiento muy grave, no sólo porque
no se tiene en cuenta la necesidad estratégica que supone para Europa el
colaborar activamente al desarrollo del tercer mundo, sino porque se
plasma, una vez más, una política no solidaria y porque este principio
responde al incumplimiento en otra serie de temas que venimos observando
y nos tememos que al final pueda ser una práctica generalizada en la
política del Gobierno del Partido Popular.
En conclusión, entendemos que no sólo hace falta cumplir los criterios de
convergencia para finales del año que viene o principios de 1998, sino
que lo que hay que hacer es, además de cumplirlos, desarrollar una
política de verdadero crecimiento real. De nada nos vale estar en la
Unión Económica y Monetaria si no solucionamos nuestro verdadero
problema, que es el paro.
En la medida en que no se ha elaborado suficientemente una política
activa que permita ese crecimiento real, tenemos que solicitar la
devolución de los presupuestos al Gobierno. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Tiene ahora la palabra, para la defensa de sus enmiendas, el señor
Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, señor Ministro, señorías,
intervengo en nombre de Unión Valenciana para explicar los motivos que
nos han conducido a presentar esta enmienda de totalidad a unos
presupuestos en los que, aun habiendo puntos de coincidencia, otros han
pesado más y nos han forzado a presentar esta enmienda de totalidad con
petición de devolución.
Asistimos hoy al debate más importante de los que celebra la Cámara a lo
largo de un año, el debate presupuestario. Ayer en su primera sesión y
hoy en la segunda hemos oído muchos de los planteamientos del actual
Gobierno acerca de objetivos muy loables, algunos alcanzables, otros no
tanto, y críticas de la oposición, rebatidas con algunas de las
explicaciones que son asumidas y ciertas dudas que no han sido aclaradas.
Siendo los Presupuestos Generales del Estado y la ley de acompañamiento
el principal instrumento político con que cuenta el Gobierno para
conseguir sus objetivos, impulsar políticas e imprimir cambios
estructurales, lo cierto es que los presupuestos generales
de 1997 no parecen haber despejado todas las dudas acerca de si serán
capaces de consolidar la recuperación económica y de conseguir nuestra
plena y definitiva integración en la unión Económica y Monetaria que
deseamos.
Y ahí están algunos de los datos de su panorama macroeconómico; algunos
de los informes de la primera quincena de octubre ya los cuestionan. Son
incertidumbres que se centran en si incrementaremos nuestro potencial de
desarrollo y de creación de empleo, que deben ser nuestros objetivos
prioritarios. El cuadro de estimación macroeconómica no es tan realista
como el Gobierno nos quiere hacer creer y hay informes que ya ponen en
cuestión algunos de los objetivos de los números de la macroeconomía,
sobre todo en lo referente al consumo interno y a la inversión que se
tiene que relanzar.
El objetivo del déficit público del 3 por ciento para el conjunto de las
administraciones públicas puede sufrir un duro revés si hay mínimas
desviaciones en las previsiones de crecimiento económico y, sobre todo,
de la evolución del empleo, situación que, de producirse, nos llevaría a
un recorte presupuestario en el primer trimestre de 1997, que es una
posibilidad que hay que valorar. Nos podemos encontrar con que de ahora a
marzo o abril de 1997, con algún cambio externo más que interno, la
repercusión nos obligue a hacer un recorte presupuestario aún más amplio
del que se ha realizado.
¿Qué va a determinar un resbalón presupuestario? ¿Qué lo puede ocasionar?
El error de cálculo en el consumo; el recorte de la inversión pública,
porque así se ha puesto de manifiesto por algunos estudiosos de la
materia; el retraso de programas de reformas estructurales; el
aplazamiento de la reforma integral de la fiscalidad; el aumento de la
presión fiscal, como así se determina en la ley de presupuestos y en la
ley de acompañamiento, que se incrementa poco, hasta el 30 por ciento del
PIB, frente al 29,7 del año 1996, que ha denotado un cierto afán
recaudatorio en algunas de las medidas que se han contemplado en las
leyes que nos ocupan en los debates de ayer y hoy.
Ustedes confían en el crecimiento de los ingresos como modelo de
reducción y corrección del déficit, conducta que ustedes
--particularmente usted-- criticaron duramente al anterior Gobierno en el
debate de los presupuestos de 1995 y 1996. Los presupuestos intentan
hacernos converger nominalmente con Maastricht, pero nos conducen, no a
un paso lento ni rápido, pero sí importante, a una divergencia real y
social, que es lo que preocupa a los ciudadanos, porque es lo más
palpable.
Es un país con una tasa de paro de más del 22 por ciento, donde el
consumo privado cayó un 1,4 en el tercer trimestre del año y la
producción industrial casi un 2 por ciento en el mes de julio (son datos
del propio Banco de España), difícilmente puede aumentar, como se
pretende, el número de contribuyentes que incremente los ingresos del
Estado. Es ir muy lejos en la previsión recaudatoria. Desde nuestro punto
de vista y el de algún otro, se ha hinchado un poco el cálculo de la
previsión recaudatoria en los ingresos. Puede ser normal a la hora de
confeccionar un presupuesto, pero ahora ha sido excesivamente exagerado.
Se manejan escenarios macroeconómicos muy particulares, más aún si
tenemos en cuenta que se basan en una presumible --deseada pero
presumible-- reactivación franco-alemana que está por ver, porque los
propios indicadores de Francia y Alemania, que pensaban que el último
semestre de 1996 y el primero de 1997 iban a ser mucho más positivos,
están poniendo ciertas dudas a sus cálculos. Y nuestro presupuesto
depende excesivamente de ese cálculo respecto a Francia y Alemania.
La estructura de los ingresos del Estado no sólo es poco creíble sino,
además, injusta, y lo es por el incremento de las tasas. Con la anunciada
reducción por el concepto de IRPF, lo que en realidad el Gobierno
pretende es gravar el consumo antes que la renta; y el consumo perjudica,
sobre todo, a aquellos que menos posibilidades tienen.
La convergencia real, el bienestar social, el empleo, el PIB per capita,
el nivel de infraestructuras son un gran interrogante. Los efectos
negativos que sobre la competitividad tienen las insuficientes
infraestructuras influyen claramente en el avance hacia mejores cotas de
bienestar social. Se olvida aquello del 5 por ciento del PIB y la
inversión pública sufre un duro recorte, tan duro y antisocial como el de
los funcionarios. En aras a la convergencia con Europa, meramente
nominativa, se relaja el esfuerzo para igualarla con los países más
avanzados de la Unión Europea en la lucha contra el paro, contra las
desigualdades, el acceso a la vivienda o la mejora de los servicios
públicos. Con ello, el presunto aumento del consumo privado y de la
inversión es una ficción, por lo menos en los números que ustedes han
manejado, sobre todo cuando el Estado actúa como freno para que esto se
produzca.
Hoy podíamos decir aquello de una cosa es predicar y otra bien distinta
dar trigo. ¿Dónde está el recorte tan radical que prometían de gastos
corrientes, la reducción de altos cargos, la reducción de las
cotizaciones sociales, el recorte del 15 por ciento de las inversiones
reales? ¿No es voluntarista y alegre la tasa de recuperación del consumo
privado? ¿Qué me dice del poder adquisitivo de los funcionarios, cuando
ustedes defendieron y criticaron, por injustas, las congelaciones
anteriores? ¿Y qué me dice de las inversiones reales en las comunidades
autónomas? En Unión Valenciana esperábamos un reparto más equitativo, una
mejor distribución del recorte inversor, por aquello de la solidaridad y
que todos lleváramos las cargas de ese recorte que parece necesario e
inevitable. Pero la Comunidad Autónoma Valenciana --y usted lo conoce
bien--, con un déficit grave de infraestructuras, sufre
un recorte espectacular de las inversiones reales regionalizadas, muy por
encima de los recortes a otras comunidades, y es donde nosotros ponemos
la denuncia y la protesta en el día de hoy, quedando tan sólo en 20.885
millones de inversiones reales regionalizadas en la Comunidad Valenciana,
algo más de 20.000 millones. De cada 100 pesetas que se invierten, sólo
2,5 pesetas vienen a la Comunidad Valenciana. Ese reparto del recorte no
ha sido equitativo, justo y solidario. La insuficiencia de estructuras de
la Comunidad Valenciana frena nuestro potencial de desarrollo, y el nuevo
recorte de inversiones sufrido hipoteca nuestro relanzamiento económico.
La técnica de retrasar las inversiones importantes en infraestructuras a
los años 1999 y 2000, a sabiendas de que los próximos presupuestos van a
ser restrictivos --usted lo dijo ayer y expertos y voces más autorizadas
han manifestado que el recorte de este año será en 1998, será en 1999 y
será en el año 2000--, nos preocupa porque son inversiones vitales para
la Comunidad Valenciana. Esta técnica de retrasar en el tiempo las
inversiones, ustedes la criticaron muy clara y rotundamente al Partido
Socialista y ahora nos encontramos con el mismo defecto.
En infraestructuras de carreteras y ferrocarriles --y voy al grano de
esos recortes que hipotecan el futuro de nuestra Comunidad--, ahí está el
AVE Madrid-Valencia; ahí está la terminación definitiva, antes del siglo
XXI, de la N-III, que es otra incógnita, y las variantes de las
carreteras nacionales en el ámbito valenciano. Por ejemplo, tenemos unas
carreteras Valencia-Barcelona cuya única vía rápida puede ser la
autopista, y en la ley de acompañamiento se amplía la concesión cuando la
sociedad valenciana está reclamando que se rescate esa concesión porque
la alternativa a la autopista es una carretera nacional lamentable, y las
inversiones en esas variantes de la carretera N-340 se retrasa
nuevamente; el acceso a la ciudad de Valencia y sus ejes viarios; la
autovía a Aragón, a la que se da un impulso, pero no suficiente porque es
el eje natural de salida hacia el sur de Francia desde Valencia, por
Aragón, muy importante y reiteradamente solicitado por los sectores
económicos y sociales valenciano y aragonés; el soterramiento de vías del
parque central de Renfe en la ciudad de Valencia; la línea Játiva-Alcoy,
cuyo mantenimiento no se asegura; la financiación del hecho metropolitano
valenciano en igualdad de condiciones con el de Barcelona y de Madrid,
asignatura pendiente, con un compromiso de su propio conseller de
Hacienda de la Generalitat Valenciana de conseguir financiación para el
Conseil Metropolitá d'Horta, vía Presupuestos Generales del Estado,
tampoco aparece. Si los trasvases son la última solución, hacen falta
inversiones en infraestructura hidráulica que contribuyan a paliar los
efectos de la sequía, y se relajan a los años 1999 y 2000; trasvases a la
Comunidad Valenciana; la presa de Tous; la modernización de los regadíos
en la Comunidad Valenciana; los trabajos de depuración y saneamiento de
la Albufera de Valencia; el barranco de Carraixet; el plan de avenidas.
Son actuaciones que se dejan al año 1999 y al 2000, a sabiendas de que va
a haber un recorte en los años 1998, 1999 y 2000, y es lo que nos
preocupa.
Actuaciones en costas y regeneración de playas en el litoral valenciano;
modernización del sector agrario valenciano ante los retos de la nueva
OCM de frutas y hortalizas; los acuerdos preferenciales con terceros
países; ayudas a relanzar ese sector agrario que está en una difícil
situación, y usted lo sabe; el comercio exterior valenciano en aquellos
sectores tradicionales necesita una reforma en integridad para relanzar,
modernizar y hacer competitivos sectores como el calzado, el juguete, el
mueble, el textil y un largo etcétera que no tienen en estos presupuestos
esa inyección, cuando menos de moral, para abrir esa posibilidad a nuevos
mercados y llegar con capacidad de éxito a los retos del siglo XXI. Y un
largo y lamentable etcétera de proyectos necesarios y urgentes para el
futuro de la Comunidad Valenciana, que son retrasados en el tiempo hasta
prácticamente el siglo XXI.
Son éstos unos presupuestos injustos e insolidarios para la Comunidad
Valenciana y, por ello, se demuestra que nos hemos visto forzados a
presentar esta emnienda de totalidad, porque, si bien estos presupuestos
pueden acercar Europa al conjunto del Estado, cosa que nos alegraría a
todos los valencianos porque tenemos una clara visión europeísta desde
hace muchos y creemos en el juego de la Unión Europea, a la Comunidad
Valenciana cada día le cuesta más llegar en condiciones óptimas, física y
materialmente, a Europa, por ese déficit de infraestructuras y porque
nuestro tejido económico no está preparado de una manera seria y rigurosa
para afrontar ese duro mercado de competitividad que es la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo, le ruego que concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo rápidamente, señor Presidente.
Y con estos ya son 15 años, 15 presupuestos. Yo sé que ustedes no tienen
la culpa de todo, porque ahí hay 14 instrumentos presupuestarios de los
anteriores gobernantes que han dejado la Comunidad Valenciana como la han
dejado en algunos extremos que yo he denunciado; pero esperábamos algo
más de sensibilidad visto cuál era su programa electoral, cuáles eran sus
compromisos y buenas palabras en la Comunidad Valenciana de cara a las
elecciones del 3 de marzo. Pero, como digo, una cosa es predicar y otra
cosa es repartir el trigo.
Quedan aparcadas de nuevo inversiones esenciales para el tejido
productivo valenciano, su potencial económico y su relanzamiento de cara
al nuevo siglo.
Y ya que se ha hablado mucho en los últimos meses de deudas históricas,
por este conjunto de peticiones o, como algunos dicen, reivindicaciones
localistas, le formulo esta pregunta: ¿Cuándo se saldará la enorme deuda
histórica del Gobierno central con la Comunidad Valenciana? Nosotros
queremos compromisos y esperábamos que en estos presupuestos de 1997
hubiera alguno de esos compromisos, con letra y con números, para que la
Comunidad Valenciana afrontara el futuro con ilusión y con optimismo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
El señor Vicepresidente del Gobierno tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, quiero
agradecer a los tres representantes del Grupo Mixto sus intervenciones y
sus aportaciones al debate, que paso a comentar y a contestar, en algunos
casos, empezando, por orden de intervención, por el representante del
Bloque Nacionalista Galego, señor Rodríguez.
El señor Rodríguez ha hecho afirmaciones referentes a la ingeniería
financiera, no concretadas muchas de ellas, por no decir ninguna, y,
después, ha pasado a afirmar rotundamente que estos presupuestos no
contienen ningún elemento positivo desde el punto de vista del paro,
desde el punto de vista del tejido productivo y desde el punto de vista
de intercambios comerciales.
Señoría, teniendo en cuenta que en el año 1997, el Gobierno prevé, en una
evolución absolutamente natural del año 1996, un aumento de la población
activa, es decir, que más españoles van a incorporarse al mercado
laboral; un aumento del empleo de 237.000 personas y una disminución del
paro de 144.000 personas, la afirmación del señor Rodríguez es, como
poco, parcial. Seguramente podríamos pensar que habría otro ritmo
posible. Quiero significar que, con un crecimiento de la economía
alrededor del 3 por ciento, las previsiones del Gobierno de un incremento
del empleo de 2 por ciento nos parecen suficientemente importantes y
demuestran algo que yo también mencioné ayer y que quiero repetir hoy: el
hecho de que la economía española está creando empleo cada vez con
umbrales menores de crecimiento, lo cual demuestra una capacidad
económica notable y algo que paso también a contestar de la segunda parte
de la intervención del señor Rodríguez, y es su convencimiento de que
estos presupuestos son unos presupuestos motivados exclusivamente como
consecuencia de los requisitos de la convergencia nominal expresados en
el Tratado de la Unión Europea. Quiero desmentir esa afirmación. Estos
presupuestos, como yo dije ayer en varias ocasiones, están basados en un
modelo de crecimiento, de estabilidad macroeconómica, independientemente
de las condiciones de Maastricht, independientemente de los calendarios
de Maastricht. La economía española necesita caminar hacia la estabilidad
macroeconómica. El tejido productivo español es el primer beneficiario de
que nuestra economía tenga bajos tipos de interés, de que nuestro
crédito, desde el punto de vista de los mercados internacionales, esté
aumentando de manera realmente importante en los últimos meses y en las
últimas semanas y de que nos encontremos en estos momentos probablemente
en tasas reales de tipo de interés a largo plazo en la mejor situación de
Europa. En ese sentido, la estabilidad macroeconómica es, sin duda, la
base de la prosperidad de los ciudadanos en el presente y en el futuro.
Aquellas de SS. SS. que crean que estamos asistiendo exclusivamente a un
proceso inspirado por posiciones internacionales no comparten la posición
del Gobierno. El Gobierno está comprometido en conseguir que España sea
un país con equilibrios macroeconómicos, porque en demasiadas ocasiones,
y algunas relativamente recientes, hemos tenido que sufrir frenazos en
nuestro crecimiento como consecuencia de la desconfianza internacional.
No está tan lejos el mes de marzo de 1995, cuando tuvimos que
enfrentarnos a una masiva situación de desconfianza que supuso un aumento
considerable de nuestros tipos de interés a largo, una devaluación de la
peseta, una quiebra en la confianza en España y un aumento de la
inflación. Todo eso ha repercutido, como hemos podido ver inmediatamente,
prácticamente al trimestre siguiente, en una quiebra del proceso de
crecimiento. Por tanto, aquellos que creen que en este momento se puede
planificar la economía sin tener en cuenta los criterios de estabilidad,
no coinciden con el Gobierno.
No estamos ante un objetivo monetarista, el Gobierno no ha cifrado un
objetivo monetarista, el Gobierno está fijando un objetivo de equilibrio,
de reducción del déficit público, de reducción de la inflación, de
aumento del empleo, de mantenimiento de las prestaciones sociales, de
profundización del Estado del bienestar, de negociación con los
interlocutores sociales, de lucha contra el fraude y, desde luego, de
racionalización del gasto público. Esos son los elementos con los que el
Gobierno está trabajando. En ningún caso puedo compartir la afirmación
del señor Rodríguez de que estamos en un modelo que no se ajusta a lo que
necesitan los españoles. ¿Qué es lo que necesitan los españoles?
¿Necesitan los españoles en este momento un aumento del déficit público,
o propone S. S. que lo que necesitan los españoles es un aumento de la
tributación de los impuestos esenciales? ¿Con eso contribuiríamos al
aumento del crecimiento? En mi opinión y en opinión del Gobierno, no
sería así.
Dice el señor Rodríguez que se va a producir a lo largo del proceso
europeo una reducción del papel del
Estado en la economía, y tiene razón. Sin duda, en los próximos años
vamos a ver que el papel del Estado en la economía va a tener una
tendencia a mantenerse. Precisamente en ese sentido va a haber un aumento
de la capacidad de la oferta privada de producir bienes y servicios y,
por tanto, empleo.
Si los españoles repasamos nuestra propia historia reciente y comprobamos
que en los últimos diez años ha sido el aumento del empleo en el sector
público el que ha propiciado el crecimiento del empleo, y hemos visto
cómo ha ido aumentando la tasa de paro, no es difícil llegar a la
conclusión de que ése es un modelo que tiene, primero, claros límites, en
los que seguramente ya nos encontramos, y segundo, que el coste de esa
política expansiva del gasto público acaba repercutiendo, cada vez en más
corto plazo, en crisis coyunturales constantes que producen altísimos
costes desde el punto de vista del empleo y del bienestar, como se ha
puesto de relieve en la crisis de 1993 en nuestro país. En eso quiero
interpretar también a la señora Lasagabaster, que respalda, o por lo
menos, no presenta una enmienda a la totalidad a la ley de disciplina.
Aprovecho para agradecérselo, aunque lo haré también después, porque
interpreto que coincide con el Gobierno en que es imprescindible mejorar
nuestro sistema de disciplina presupuestaria y, por tanto, centra sus
críticas en la ley de presupuestos y en la ley de acompañamiento.
Nos dice el señor Rodríguez que hemos aumentado las tasas. Sí. Nosotros
creemos que aquellos servicios públicos no esenciales, que deben ser
pagados por el usuario, si la tasa no se acomoda al precio, son pagados
por todos los contribuyentes. Me gustaría saber si S. S. considera que lo
que hay que hacer en un sistema tributario equilibrado, solvente y
progresista, es que en los costes de los servicios públicos no esenciales
que están gravados por tasas deban ir perdiendo capacidad recaudatoria,
para que el conjunto de los contribuyentes soporte los costes que
supuestamente, y según la ley, tendrían que estar soportados por tasas.
Me parece que es una posición muy clara. El Gobierno no tiene ninguna
duda de que, mientras que en este país haya tasas, aquellos servicios que
deben pagarlas deben hacerlo al precio de la producción de esas tasas,
porque si no estamos haciendo que sea el conjunto de los contribuyente el
que las pague.
Me ha sorprendido que en el tono general de su discurso el señor
Rodríguez, considere regresiva el impuesto indirecto sobre seguros. ¿Sabe
usted, señor Rodríguez, por qué el resto de la Unión Europea tiene un
impuesto indirecto sobre seguros? Porque no tiene ningún sentido que un
producto financiero tenga mejor tratamiento fiscal que los productos
alimenticios y básicos de los ciudadanos. ¿Se ha parado a preguntarse,
señor Rodríguez, que en este país, hasta esta ley, un producto
financiero, puro y simple, está mejor tratado que los productos básicos
de alimentación que los consumidores van a comprar a los supermercados?
Simplemente le hemos puesto el 4 por ciento que es el IVA superreducido,
el equivalente.
Seamos consecuentes en nuestros discursos políticos. Si hacemos discursos
exigiéndole al Gobierno que no tenga ningún miramiento con los
supuestamente grandes núcleos de poder económico, cuando se produce una
simple homologación entre un producto financiero, absolutamente no
esencial, aunque sea comúnmente usado, y los productos básicos de consumo
de una familia española, no nos plantee esa cuestión como una injusticia
que estamos realizando con los contribuyentes más modestos. Especialmente
cuando ésa es una figura de imposición indirecta en los seguros que está
homologada en el conjunto de Europa, España era la única excepción que no
la estaba aplicando y se le aplica el IVA superreducido. Por otra parte,
se hace con una compensación en el propio sector de seguros, dando
incentivos al seguro y al ahorro a largo plazo en los seguros de vida.
El Gobierno no tiene ningún inconveniente en reiterar, porque es un
debate que interesa a muchas de SS. SS., que las plusvalías que se pagan
en el Impuesto sobre la Renta en España afectan a ciudadanos de rentas
muy pequeñas. El 80 por ciento de las plusvalías que se declaran en este
país son menores al millón de pesetas. La teoría de S. S. de que no
debemos preocuparnos de la mayoría, porque a ver si en algún momento
beneficiamos a alguien que no merezca, en opinión de S. S., ser
beneficiado, me parece una práctica que no es aconsejable desde el punto
de vista del Gobierno y de los intereses generales.
Aplicar un sistema de plusvalías por el cual se exonera, es decir, no hay
que pagar impuestos al cabo de 15 años, lo cual permite que cualquier
tipo de plusvalía del volumen que sea quedaba exonerada al cabo de 15
años, lo hemos sustituido por un sistema por el cual todos los
contribuyente pueden tomar decisiones en función de la rentabilidad y no
de los impuestos.
Parece que en el mundo en que vivimos de economía global, de la
posibilidad prácticamente diaria para los ahorradores de tomar
decisiones, condenar a los pequeños ahorradores a la inactividad como
consecuencia del sistema fiscal es un gravísimo error. Además, por si
tuviéramos alguna duda sobre nuestra decisión, no tenemos más que mirar a
nuestro alrededor y comprobar qué país europeo compartía la legislación
española de hace tres meses. Con eso podemos llegar a la conclusión de
que simplemente le hemos dado al pequeño ahorrador español las mismas
posibilidades que tiene cualquier pequeño ahorrador en el resto de
Europa.
El Gobierno no congela la oferta de empleo público, sino que la reduce al
25 por ciento de la tasa de reposición. Por tanto, critíquenos por la
medida que tomamos, no por la que no tomamos. El 25 por ciento de la tasa
de reposición es indudablemente una reconducción
del crecimiento de la oferta de empleo público hacia un crecimiento
moderado que satisfaga las necesidades de la Administración central y, al
mismo tiempo, responda a un hecho que a mí me ha parecido siempre
llamativo, incluso yo diría escandaloso, y es que, después de quince años
de un proceso autonómico, la Administración central ha sido incapaz de
reducir sus efectivos. En ese sentido me parece que racionalizar el
crecimiento de la oferta de empleo público limitándola al 25 por ciento
de la tasa de reposición es una medida altamente necesaria y que hace
mucho tiempo debería de haberse tomado. No nos diga, pues, que estamos
congelando la oferta de empleo público. Además, combinamos esa medida de
restricción de la oferta de empleo público al 25 por ciento con la
capacidad de que voluntariamente se puedan aplicar criterios de movilidad
geográfica y funcional dentro de la Administración pública, lo cual
también me parece imprescindible desde el punto de vista de la
Administración central, habida cuenta del proceso de transferencias
autonómicas.
Es cierto que la caída del capítulo 6 se produce, pero, como también dije
ayer, hay que añadir ahí la oferta de financiación extrapresupuestaria
que, el Gobierno plantea a través del esfuerzo del sector público vía
privatizaciones y que va a ser una constante de próximos años. Sin duda,
como se puso de relieve ayer, el propio Plan Director de Infraestructuras
ya nos anunciaba en la legislatura pasada que parte de los esfuerzos en
la creación de infraestructuras en este país va a tener que venir de la
mano del capital privado, de los usuarios y de fórmulas
extrapresupuestarias.
Dice el señor Rodríguez que el pago a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades es un año. Si el año que viene suprimimos todos los pagos a
cuenta de dicho impuesto, sí; pero yo quiero recordarle al señor
Rodríguez que tiene ya varios años y que, por tanto, no es más que lo
mismo que sucede con las retenciones del IRPF. No veo la razón por la
cual tenemos que prever que las sociedades españolas van a acabar con un
proceso que lo que trata es de acercar la situación de pago el hecho
económico del cual se deriva, que es lo que está pasando en relación con
las personas físicas y el resto de los trabajadores. Por tanto, en ese
sentido me parece que no hay ninguna propuesta no sólo del Gobierno sino
de ningún grupo de la Cámara de que el sistema de retenciones o de pago a
cuenta vaya a desaparecer del sistema tributario español.
Dice el señor Rodríguez que hay un cambio de expectativas. Lo hay, sin
duda a mejor, en España y fuera de España. Desde luego en este momento
hay una situación en Europa de cambio de expectativas. Se han producido
considerables bajadas de los tipos de interés, que están afectando a la
recuperación económica, y aunque hay países que tienen ciertas
dificultades, desde luego Alemania está superándolas --y lo ha mencionado
S. S. y por eso lo menciono yo--, y las expectativas del Gobierno alemán
de hace escasamente menos de una semana son que todavía el año 1996 será
un poco mejor que lo que estaba previsto. Eso es importante para España,
habida cuenta de que Alemania es uno de nuestros mejores clientes. Sin
duda miramos con preocupación los problemas que tienen otros países, como
puede ser Francia, no sólo por proximidad y por simpatía, sino también
porque es nuestro principal y más importante cliente. No le quepa duda a
S. S. de que los efectos de las políticas monetarias cada vez más
neutrales en Europa van a producir efectos positivos en el crecimiento,
como los está produciendo en España. Yo creo que en un país como el
nuestro, en el que la tasa de inflación está cayendo, la tasa de
inflación subyacente cae todavía más deprisa que la de inflación y está
permitiendo una considerable bajada de los tipos de interés, es una
magnífica noticia para la recuperación económica y para la confianza de
los ciudadanos.
Dice S. S. que está cayendo la tasa de ahorro. Su señoría en eso no tiene
razón. No está cayendo la tasa de ahorro en España, sino que está
creciendo, en parte como consecuencia del aumento del empleo y en parte
como consecuencia de la moderación del consumo. Es cierto que el consumo,
no sólo en España sino en el conjunto de Europa, está creciendo a tasas
muy moderadas para la situación del ciclo económico en la que nos
encontramos, pero no es menos cierto que esa tasa se está recuperando y
que, a lo largo de cada trimestre, se está sustentando cada vez un mayor
fortalecimiento del crecimiento del consumo. No creo que haya miedo a
consumir, creo que hay cambios de expectativas. Coincido con S. S. en que
los efectos de la crisis de 1993, desde el punto de vista de los
consumidores y de los ciudadanos, han sido muy profundos y en que las
desconfianzas que se generaron en la inestabilidad política y en la
inestabilidad económica de los años 1994 y 1995, en relación con la cual
ya he mencionado la devaluación de marzo de 1995, han incidido en un
retraimiento de las expectativas, pero en este momento la situación se
está recuperando claramente, y no sólo las encuestas sino la propia
evolución de los tipos de interés y la confianza de los ahorradores a
largo plazo en la economía española demuestran que eso es así, por suerte
para todos.
Cuando S. S. se pregunta cómo van a crecer las exportaciones tampoco da
una cifra exacta. Están creciendo. Las exportaciones españolas se están
comportando muy positivamente desde hace varios años y cada vez más, lo
cual demuestra que la empresa española está siendo capaz de competir
internacionalmente. Que los costes españoles se están adaptando es una
muestra de que las relaciones industriales de diálogo entre empresarios y
trabajadores son cada vez más fructíferas en el sector privado y es una
muestra también de que en un momento en que nuestra moneda se está
comportando de manera estable nuestros exportadores son capaces
de competir en el extranjero. El Gobierno pretende contribuir a ello con
sus medios al haber modificado el marco tributario de la
internacionalización de las empresas españolas, dándoles las mismas
posibilidades del conjunto de las empresas en la Unión Europea para
competir en mercados internacionales.
La pérdida de la capacidad adquisitiva, señor Rodríguez, está mucho más
relacionada con el crecimiento de la inflación que con otra cosa. La
indexación no ha producido mejoras de la capacidad adquisitiva de los
ciudadanos y mucho menos de los ciudadanos con rentas más modestas. Son
las caídas de la inflación las que garantizan la capacidad adquisitiva.
Son los países como Alemania, Finlandia u Holanda, con inflaciones
cercanas al uno por ciento, los que están ofreciendo a los ciudadanos
estabilidad, confianza y mejora en su capacidad adquisitiva. Desde luego
españa tiene hoy una situación mejor que la que tenía con una inflación
del cinco o del diez por ciento. Como ciudadanos de a pie o como
consumidores somos conscientes de que el dinero de bolsillo que damos a
nuestras familias o que utilizamos para consumir es mucho más seguro hoy,
con un 3,5 por ciento de inflación, que lo era hace unos años cuando
teníamos un 8 por ciento.
Su señoría critica las inversiones del ferrocarril en Galicia, pero en su
comunidad autónoma se hacen importantes inversiones en carreteras.
Algunas de ellas no las considera acertadas y espero que en el debate de
las secciones podamos ver cuáles son las alternativas de su señoría. Me
parece importante que S. S. considere los esfuerzos extrapresupuestarios
que se van a hacer desde el punto de vista de la inversión en
infraestructuras de ferrocarril y que considere también lo importante que
son algunas de las decisiones que en materia de empresa pública ha
conseguido este Gobierno y que afectan directamente a Galicia. Voy a
mencionar una: el programa F-100, que va de 1996 al 2005, para la
construcción de fragatas, que supone 16 millones de horas de trabajo en
la factoría de Bazán, en Ferrol. Esa es una buena noticia para todos, y
el Gobierno está muy satisfecho de que se haya producido así. Sin
embargo, en un presupuesto de estas características, restrictivo, no
hemos podido satisfacer todas las demandas de infraestructuras de ninguna
comunidad autónoma y mucho menos de todas al mismo tiempo. Creo que hemos
hecho un reparto equilibrado de ellas y un esfuerzo considerable para
mantener el nivel de inversión en infraestructuras, y en concreto, a
través de la inversión de la empresa pública en algunos lugares, y desde
luego en la factoría de Bazán, en Ferrol, las noticias son bastante
buenas, todo puede ser mejorable, pero son bastante buenas.
Paso a contestar, señor Presidente, a la portavoz de Eusko Alkartasuna,
señora Lasagabaster, a quien también agradezco su respaldo o, al menos,
la no presentación de una enmienda de devolución de la ley de disciplina
presupuestaria, cosa que considero muy positiva, porque demuestra que hay
una conciencia en la Cámara de que estamos en un momento crucial de
cambio en dicha materia, ya que vamos a pasar de ser uno de los sistemas
más laxos de la Unión Europea a ser uno de los más estrictos. En ese
sentido, aparte de que indudablemente puede haber posiciones distintas y
enmiendas concretas, agradezco la no presentación de la enmienda de
devolución.
Me voy a centrar, por tanto, en las enmiendas de devolución al
presupuesto y a la ley de acompañamiento. Vuelvo a insistir en algunos
argumentos. Es indudable que el proyecto prevé claramente un aumento del
empleo, un aumento de la población activa y una disminución del paro. Eso
no se produce por generación espontánea, se produce como consecuencia de
una mix de políticas. El Gobierno reduce claramente el gasto público,
pero no reduce los elementos básicos de solidaridad. El Gobierno mantiene
las políticas activas de creación de empleo, mantiene trescientos y pico
mil millones --mencioné ayer la cifra exacta, me parece que son 323.000
millones-- en políticas activas. Hace una política decidida de
mantenimiento de las prestaciones sociales y, al mismo tiempo, introduce
criterios de lucha contra los abusos que puedan producirse en la
incapacidad laboral temporal. También modifica, y las clarifica sobre
todo, algunas de las condiciones de prestaciones por desempleo, para
garantizar que los perceptores de esa prestación estén en las condiciones
que especifica la ley y carezcan de medios o de otras alternativas
durante todo el período de percepción, además de regular condiciones que
se refieren a la aceptación de ofertas de empleo. Todo eso es un paquete
que busca, y en nuestra opinión consigue, acercar nuestras prácticas en
políticas activas y en políticas de empleo a lo que son nuestras
necesidades, y nuestras necesidades son dinamizar el mercado español. El
Gobierno ha tomado desde su inicio, desde el mes de junio, medidas
dirigidas a fomentar el empleo en las pequeñas y medianas empresas, a
fomentar el empleo de los trabajadores mayores de 45 años y de
minusválidos y el Gobierno está decidido a seguir profundizando en esa
dirección.
Su señoría dice que se mantiene la incertidumbre en el empleo. ¿Qué
quiere decir S. S. con eso? ¿Cree S. S. que debemos aprobar una ley por
la cual se prohíba la incertidumbre en el empleo? ¿Qué quiere decir esto?
Me dice que sí con la cabeza. Supongo que querrá decir que me lo va a
explicar, porque ¿cree realmente
S. S. que el efecto en España de las medidas de situar el empleo como
algo imposible han producido efectos? ¿No debíamos preguntarnos por qué
somos el país del conjunto de los países europeos que menos empleo ha
creado desde 1970? ¿Las medidas de flexibilidad que se han introducido en
este país han sido perjudiciales? ¿El hecho de que en este momento el
umbral de crecimiento para crear empleo sea más bajo que hace cinco años
es malo para los ciudadanos? Me gustaría ver cómo
S. S. pretende que los poderes públicos hagan desaparecer la
incertidumbre en la vida de los ciudadanos. Lo que los poderes públicos
pueden hacer es lo que hacen y hacerlo cada vez mejor. Cuando un
ciudadano tiene una situación de incertidumbre o de pérdida de empleo
debe tener una cobertura que responda a sus necesidades familiares, debe
tener unos servicios públicos que le permitan reciclarse, una formación
profesional que le permita reciclarse y debe tener unos sistemas de
casación de ofertas con demandas de empleo que le permitan encontrar
empleo. Debe tener políticas de vivienda ágiles y políticas que fomenten
el alquiler para permitir que encuentre una vivienda si tiene que
desplazarse de ciudad y tiene que tener además una serie de servicios
básicos satisfechos, como son claramente la sanidad y la educación de sus
hijos, que deben ser gratuitos. Me parece que hemos construido una
sociedad en la que esas certidumbres existen y deben seguir existiendo, y
este presupuesto lo garantiza, pero me gustaría que me explicitase a qué
otro tipo de certidumbres se refiere su señoría. Vuelvo a repetir que no
es cierto que no existan políticas activas. Claramente el Gobierno
apuesta por el mantenimiento de las mismas con un paquete muy importante
de inversión en esta materia.
Dice que son unos presupuestos voluntaristas --creo claramente que no lo
son--, y aduce para ello el tema de las tasas. Ya he contestado al
respecto, pero vuelvo a hacerlo. Yo puedo entender la posición política,
aunque económicamente no la comparta, de que no haya tasas en un país, de
que todos los servicios, aunque no sean esenciales, sean pagados por
todos los contribuyentes, es decir, que cuando los fabricantes de
máquinas de recreo necesiten una homologación del Estado no paguen ellos
los costes de esa homologación, de la actuación del funcionario, de los
documentos, sino que los paguen todos los contribuyentes; o que cuando
una persona va a pedir al catastro un tipo de documento no lo pague esa
persona, que es quien lo usa, sino que lo paguemos todos los
contribuyentes; o que los usuarios de aeropuertos no paguen 150 pesetas
como consecuencia de las inversiones realmente importantísimas que se
están realizando en materia de seguridad en los aeropuertos, sino que las
paguen todos los contribuyentes. Nosotros no compartimos esa posición,
pero si alguien la comparte, díganlo. Ahora bien, si comparten la
creencia, por otra parte absolutamente extendida en la doctrina
tributaria occidental, de que hay servicios públicos no esenciales que no
deben ser sufragados por impuestos generales, entonces lo que tenemos que
hacer con las tasas es que representen de verdad los costes que deben ser
sufragados, y si desde 1988 no se han revisado dichos costes, si la
inflación acumulada es del 14 por ciento y el Gobierno la revisa en un 8
por ciento, yo más bien entendería que SS. SS. exigieran al Gobierno que
las revisara definitivamente para evitar que el conjunto de los
contribuyentes esté pagando los costes de servicios públicos no
esenciales que deberían ser --y están tasados por la ley-- satisfechos
por tasas.
Su señoría considera que, en el tema de los gastos, el Gobierno no
realiza bien su política de empresa pública. El Gobierno hereda toda una
situación de cosas buenas y de cosas malas. Probablemente, la empresa
pública no se encuentre entre las buenas, desde muchos puntos de vista, y
lo que ha decidido el Gobierno ha sido transmitir un mensaje de que la
empresa pública supuestamente desahuciada, aquella que se separó de las
empresas rentables por el Gobierno anterior y fue enviada a la Agencia
Industrial del Estado para ver si algún gobierno alguna vez sabía qué
hacer con ella, esa empresa pública debe ser rentable, porque todas las
empresas del sector público deben ser eficientes y deben responder a un
objetivo de convertirse en empresas que estén en el mercado, y es firme
voluntad del Gobierno que eso sea así.
En cuanto a la posibilidad del pago único de infraestructuras, señoría,
está recogida en la Ley de contratos del Estado cuyo artículo 100 prevé
la posibilidad de que el Estado encargue una obra y la pague a su
recepción. Lo único que nosotros hacemos es desarrollar esa posibilidad,
que tampoco forma parte de la política de infraestructuras del Gobierno
de manera determinante en este momento, pero es una posibilidad y por qué
no hemos de contemplarla, especialmente cuando la sometemos a un claro
control, porque tiene que haber un acuerdo formal de Consejo de
Ministros; tanto en el caso de las inversiones de pago único como en el
caso de los contratos-programa plurianuales tiene que haber un acuerdo de
Consejo de Ministros que garantice la transparencia y el control de esas
operaciones.
Dice la señora Lasagabaster que hay una parte importante de la inversión
en investigación y desarrollo que se dedica a defensa. Sí, pero es
investigación y desarrollo española, es decir, en la construcción de esas
fragatas en Ferrol hay trabajadores españoles, son pymes que suministran
a Bazán, son tornillos españoles, son ingenieros españoles. ¿Es que
todavía vamos a hacer aquí una distinción entre investigación y
desarrollo civil y militar? ¿Es que no hemos descubierto que
prácticamente todos los grandes avances en investigación y desarrollo en
los últimos cincuenta años se han producido independientemente de esa
consideración? ¿Es que es menos solidario construir fragatas o aviones
que construir vías de ferrocarril, desde el punto de vista de los
trabajadores, desde el punto de vista del crecimiento o desde el punto de
vista de la política de reequilibrio regional? Sinceramente, yo creo que
lo importante es que construyamos elementos de progreso. ¿Que
indudablemente, los países invierten en defensa y en seguridad? Es
cierto. ¿Y que de ahí podríamos hacer un discurso moral sobre que los
seres humanos invertimos en defensa y en seguridad? Es
cierto. También los policías que nos protegen en la calle invierten en
defensa y en seguridad, pero no encuentro razón alguna para diferenciar,
estigmatizando, a partir de ahí una inversión de otra, sobre todo cuando
no se puede decir que nuestro país se distinga por realizar una inversión
imperialista en defensa, sino que lo único que estamos haciendo es
mantener un nivel, en opinión de los expertos, por debajo del mínimo de
seguridad. Desde luego, yo estoy contento de que españa haga esfuerzos
por mantener abiertas las factorías de Ferrol, de que haga claros
esfuerzos por encontrarse en proyectos de investigación y desarrollo a
nivel europeo, que van a redundar en que podamos tener una industria y
una capacidad de investigación y desarrollo que, si no, no vamos a tener.
Paso, señor Presidente, a contestar en relación con la enmienda de
devolución del señor Chiquillo. Dice que hay puntos de coincidencia --yo
me alegro de que los haya-- y que el presupuesto de 1997 no ha despejado
todas las dudas. No; no las ha despejado. Todas las dudas no las va a
despejar el presupuesto de 1997, ni el de 1998, ni ningún presupuesto.
Estamos inmersos en un proceso --y ahí sí quiero insistir, porque algunas
de SS. SS. lo han dicho-- de cambio de política presupuestaria,
indudablemente. Vamos a ir a unas políticas presupuestarias distintas,
donde vamos a ir viendo aparecer el papel de la colaboración del sector
privado en mucha producción de servicios públicos; aunque haya una
provisión por parte del Estado, aunque haya una garantía estatal de la
existencia de esos servicios, vamos a ver cómo se va produciendo esa
colaboración, y lo estamos viendo.
Ayer se mencionaba a lo largo del debate, las agencias privadas de
colocación sin fines de lucro; hemos visto cuáles son los efectos
positivos que pueden producir los hospitales ligados a fundaciones sin
fines de lucro; estamos viendo cuál puede ser la colaboración de los
usuarios en la financiación de infraestructuras hidrológicas. ¿Ese es un
mundo que alguien puede negar? Sinceramente, creo que no tiene sentido
negarlo si queremos estar en una economía que utilice los recursos
públicos de manera eficiente.
Dice usted que aumenta la presión fiscal. No, no aumenta la presión
fiscal. Ya dije ayer, y lo vuelvo a repetir ahora, que el conjunto de
ingresos no financieros sobre el PIB no aumenta, pero es que, además, las
principales figuras impositivas no aumentan. Los únicos impuestos que S.
S. puede mencionar son las tasas y el impuesto sobre seguros, y los he
justificado anteriormente y estoy dispuesto a volverlos a justificar en
este momento, pero también hay otras figuras tributarias, como, por
ejemplo, el impuesto sobre las gasolinas, que este año, por primera vez
en mucho tiempo, no se revaloriza en pesetas constantes. Por tanto, unas
cosas equilibran las otras. Y, sin duda, el Gobierno le pide un esfuerzo
a las sociedades más importantes, que facturan más de 1.000 millones de
pesetas, para que aumenten sus pagos a cuenta un 25 por ciento, porque
creemos que es una combinación de políticas tributarias razonable y
equilibrada, pero no aumenta la presión fiscal.
Y no bajamos el déficit por los ingresos, señor Chiquillo, sino que
producimos una caída del crecimiento del gasto del Estado, que crece sólo
el 1,7 por ciento. El conjunto del gasto agregado crece el 2,1 por
ciento. Es la primera vez que se presenta un presupuesto en que el gasto
en pesetas constantes crece menos que el año anterior. Su señoría podrá
decir que no es suficiente, podrá decir que no lo ve claro, pero no me
puede decir que el Gobierno no plantea una reducción del déficit vía los
gastos.
En cuanto a los datos del crecimiento del cuadro macroeconómico --su
señoría ha mencionado algunos--, se están produciendo algunas tasas
negativas, efectivamente, pero compárelas con las anteriores. Es
importante que veamos que se está produciendo una evolución en la
inversión en España de situaciones más negativas en el cuarto trimestre
de 1995, que están mejorando a lo largo de este año; por tanto, estamos
sustentando una recuperación. Si a eso unimos la caída de los tipos de
interés, la mejora de nuestros clientes más importantes, la caída de los
precios internos de este país, la reducción de la inflación subyacente,
veremos que estamos en un camino de recuperación sostenida y clara de la
actividad, como está pasando en la mayor parte de los países europeos,
con la excepción probablemente de alguno, pero desde luego, en Alemania,
según las cifras oficiales, se está produciendo esa recuperación.
Sobre las tasas, vuelvo a insistir en que responden a un modelo
tributario, que es el español. Si tenemos tasas, tendrán que representar
aquello para lo que están pensadas. Me parece injusto, no sólo
ineficiente sino injusto, que sea el conjunto de los contribuyentes el
que pague a los productores de máquinas recreativas sus guías; me parece
injusto. Es una posición como otra cualquiera, pero a este Gobierno le
parece injusto. Me parece injusto que las tasas pensadas para sufragar
bienes no esenciales, por la puerta de atrás, a base de no revisar la
inflación, las esté pagando el conjunto de los ciudadanos españoles. Me
parece injusto y, desde luego, en ese sentido el Gobierno mantiene su
posición y la mantiene con bastante seguridad.
No se reduce el esfuerzo en vivienda --perdone que se lo diga--, se
mantiene el compromiso de la financiación de 136.000 viviendas que están
en los planes con las comunidades autónomas.
Reducción de altos cargos y gastos corrientes. Una cosa es predicar y
otra dar trigo, me dice el señor Chiquillo. Seguramente eso es verdad,
siempre será así. Me parece que el Evangelio tiene muchas frases que no
son fáciles de contrarrestar desde la experiencia. Pero dentro de que el
trigo que demos no sea todo el que S. S. o incluso nosotros quisiéramos,
vuelvo a insistir
en que hemos reducido en un 30 por ciento los puestos de directores
generales y en 15 por ciento los de subdirectores generales, y vamos a
continuar con los organismos autónomos y con los entes durante el mes de
noviembre. Su señoría me contestará que no es suficiente, no sé si me lo
va a decir, pero lo que sí le quiero informar es que, primero, son
partidas considerables y, segundo, es la primera vez que se invierte la
tendencia en este país al crecimiento de los altos cargos, la primera vez
en mucho tiempo; desde luego, en los últimos trece años, eso seguro. Por
lo tanto, estamos entrando en una nueva fórmula de entender la
Administración central, con reducciones considerables de altos cargos,
con reducciones considerables de lo que puede ser la oferta de empleo
público, limitándola al 25 por ciento, con pasos decididos hacia la
movilidad geográfica y funcional voluntaria. Yo creo que son pasos claros
para responder a un principio, que la Administración central del Estado
tiene que limitarse y tiene que empezar a pensar en reducirse sin que
pierdan calidad los servicios públicos.
En cuanto a los gastos corrientes, hemos presupuestado una caída del 10
por ciento en el sector Estado. Ayer se nos decía por otro portavoz que
eso va a ser imposible. No va a ser imposible, va a ser así, entre otras
cosas porque la ley, que no sé usted pero sus compañeros del Grupo Mixto
no han enmendado a la totalidad, nos va a obligar a hacerlo.
Por último, el señor Chiquillo me hace comentarios sobre la inversión en
Valencia. De momento, los compromisos del metro y de los ferrocarriles
valencianos, incumplidos en cuanto el Partido Socialista perdió las
elecciones --desde luego llama la atención que unas partidas que estaban
en el presupuesto dejaran de cumplirse en cuanto las autoridades
autonómicas cambiaron de partido--, nosotros los vamos a mantener.
Segundo, en la autopista de Levante hemos hecho un claro esfuerzo, que
además S. S. conoce, porque de un total de previsión de inversión de
37.000 millones, 30.000 millones están presupuestados en los años 1997 y
1998. Por lo tanto, me parece que hacemos un esfuerzo importante. El dato
de inversión en la totalidad de la Comunidad Autónoma Valenciana es de
39.600 millones y comienzan todas las obras de infraestructuras. El señor
Chiquillo hace bien probablemente en su posición de decirme que por qué
no hay más. Yo lo entiendo, pero también creo que se hace bastante y se
hace en un conjunto equilibrado de políticas de austeridad que me parece
que son las que en este momento necesitan todos los ciudadanos y desde
luego las necesitan comunidades económicamente tan dinámicas como la
Comunidad Autónoma Valenciana.
Quiero, señor Presidente, agradecer en cualquier caso el debate y lo que
pueda ser la réplica ahora por parte de los tres representantes del Grupo
Mixto, así como su talante y sus aportaciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, muy brevemente, sólo para
aclarar algunas cuestiones después de agradecer al señor De Rato lo
pormenorizado de sus explicaciones.
En cuanto a la alusión por parte del Bloque Nacionalista Galego a la
ingeniería, se refiere ni más ni menos a que cuando se mantiene un debate
en el terreno de discutir sobre la inflación, sobre los tipos de interés
o sobre la deuda pública en exclusiva está claro que se trata de un
debate de ingeniería o de macroeconomía, pero que puede ser perfectamente
fraudulento si no lo ponemos en contraste con la realidad.
En segundo lugar, en cuanto a la ilusión del aumento de la población
activa, tengo que decir que realmente no ha cambiado el ciclo que
estábamos viviendo para nada, que hay pequeños dientes de sierra dentro
de una línea de estabilidad y que eso es muy preocupante.
En tercer lugar, con los ejemplos europeos que nos pone en cuanto a menor
inflación, mayor estabilidad, menos tasa de paro, se le olvida decir una
cosa importante: que son aquellos países que están manteniendo mejor sus
sectores productivos dentro de la Unión Europea y en su relación con
terceros países, algo que en cuanto al Estado español habría mucho que
discutir. En el caso de Galicia, está clara la crisis violenta del sector
pesquero, asi como el mantenimiento del sector agropecuario, gracias al
esfuerzo del propio país, contra viento y marea, triunfando de momento,
pero veremos lo que nos espera.
En cuanto a los tipos de interés, he de decir que son válidos si
realmente sirven para que el pequeño consumidor y el pequeño y mediano
empresario puedan llevar adelante sus proyectos. Pero eso está por ver,
porque hay una tendencia hacia la inversión en cuestiones de carácter
especulativo que es bastante preocupante.
Sobre el tratamiento fiscal, ya sé que discutido aisladamente da para
todo tipo de gustos, de visión y de opinión. Pero hay una cosa clara y
general: los impuestos indirectos, muchos de ellos imperceptibles para la
mayoría de la sociedad, van por un camino y tarde o temprano nos gravan a
todos. Desde luego, prácticamente la inmensa mayoría de la población está
afectada por los relativos a seguros, mientras que está claro que la
política del Gobierno es favorecer a las rentas de capital más altas.
Incluso cuando se habla del beneficio de las plusvalias. El 20 por ciento
sale muchísimo más beneficiado que el 80 por ciento restante. En todo
caso, esto hay que mirarlo en un conjunto de medidas, cuyo resultado se
verá dentro de dos o tres años.
Para acabar, quiero decirle que el caso de Bazán, aparte del tipo de
financiación que se va a seguir, que es muy problemático, siguen
vinculándolo de forma
poco regulada a la producción militar. Eso también es un corsé.
También quiero advertirle de que cuando se intentan aplicar las mismas
medidas a realidades diferentes, los resultados también son distintos. Yo
no creo que el Estado español sea Dinamarca, Noruega o incluso Francia,
para bien o para mal.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
La señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Agradezco también al señor
Vicepresidente que haya detallado tanto las respuestas que ha dado a los
comentarios de esta Diputada.
Voy a empezar por el final, según lo que me ha dicho respecto a
investigación y desarrollo. El argumento que yo he expresado no era tanto
el de cualificar si la investigación se tiene que efectuar en defensa o
en investigación civil, sino que lo que estaba diciendo era que
investigación y desarrollo es uno de los temas clave para tener una
economía productiva. Y así lo están demostrando Alemania y Francia. Mi
argumento era que aunque crece en términos reales, sin perjuicio de que
además decía que lo era en investigación de defensa, sin embargo se está
produciendo mayor distancia entre lo destinado a inversión en I+D en el
Estado español y lo que se destina en países europeos. Entiendo que ése
es un grave problema. Ahora si me apura y me lleva al detalle de qué me
parece mejor, entiendo que la investigación civil --no sé si es mejor o
peor--, cuando menos tiene una relación más directa en el tiempo con las
empresas civiles, al menos con las que yo conozco en mi circunscripción.
Pero no estoy cualificando ni entrando a valorar si tienen que ser de
defensa o civiles; estoy diciendo que esa distancia se va agrandando y
que eso es lo grave de cara al futuro. No hay más que leer lo que dijeron
Francia y Alemania días pasados sobre investigación y desarrollo.
Empresas públicas. Su presupuesto es voluntarista por cuanto consideran
que ahora que han asumido la gestión todas van a ir bien. Por lo menos
admita que alguna irá mal, con lo cual el aval lo tendrán que pagar. Lo
mismo ocurre con los contratos de llave en mano en temas de obras.
Las tasas. No las cuestiono, pero como ha citado algunos ejemplos muy
concretos, yo también aludiré a uno. La tasa por certificados de registro
de últimas voluntades afecta a todos los ciudadanos, puesto que yo sepa
se mueren todos los ciudadanos, aunque a lo mejor hay alguno que no.
Yo no digo que no haya que estudiar cómo aplicarlas en la actualidad,
pero lo que está clarísimo es que la finalidad, hoy por hoy, es
recaudatoria y no ha supuesto ninguna mejora ni en seguridad
aeroportuaria ni de cualquier otro tipo, que es lo que estaba diciendo.
En cuanto al empleo dice que no pueden adoptar políticas para la
certidumbre. Evidentemente. Yo no dudo de que hayan tomado algunas
medidas para incentivar el empleo, ¡faltaría más! Lo que estoy diciendo
es que así como se han ocupado de los criterios de convergencia, déficit,
etcétera, que me parece muy bien, lo que no han hecho es un estudio
detallado respecto a cómo van a afectar todas esas políticas al empleo o
lo que llamamos una ficha de estudio del empleo. No digo que no hayan
tomado ninguna medida, sino que quizás no tengan en mente la preocupación
que tiene el ciudadano de la calle. ¿Por qué no se fomenta el consumo?
Porque el ciudadano de la calle está preocupado por la precariedad en el
empleo, por la incertidumbre y eso es lo que de una u otra manera hay que
tratar de paliar. No digo que no se haga, pero digo que hay que tenerlo
in mente más de lo que se tiene en estos presupuestos, en los que se está
preocupado por una serie de criterios de convergencia formal sobre los
que estamos encima. Pero no digo que haya que hacer política de
certidumbre, sino que ése es un tema de los que más preocupan al
ciudadano y por el que esta Diputada entiende que se produce un menor
fomento del consumo y, por tanto, un menor desarrollo de la economía.
Hay dos temas a los que no me ha contestado y me gustaría que lo hiciera:
En primer lugar, el porqué más de 3.000 millones de pesetas, de los 8.000
millones de pesetas de inversión que van a la Comunidad Autónoma del País
Vasco, se destinan a defensa e interior.
En segundo lugar, ¿por qué se pretende imponer desde el Gobierno central
unos criterios de congelación salarial a administraciones públicas, como
comunidades autónomas, que no tienen ese problema y que, además, pueden
solucionarlo de otra manera menos injusta?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Chiquillo, tiene la palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor Presidente.
Gracias, Señor Ministro de Economía y Hacienda por las explicaciones y
por el talante de las contestaciones dadas a los Diputados del Grupo
Parlamentario Mixto y, en particular, a este Diputado.
Cuando le recriminaba, entre comillas, lo de las dudas o incertidumbres
sobre estos presupuestos me refería a lo que son los grandes datos y
vuelvo a remarcarlo: hay ciertas dosis de inconsistencia en algunos de
los datos de estos presupuestos. ¿A qué es debido? Se ha criticado que
hay cálculos demasiado voluntaristas, aleatorios, dicen otros. Hay
cuestiones en el recorte de inversiones, que también ha sido muy
criticado, porque es muy importante que se mantenga un cierto nivel
de inversión pública, inversión real que modernice y haga competitivos
todos los sectores productivos españoles.
Respecto a la presión fiscal, dejémoslo, porque va a ser un debate que
empezó ya ayer sobre si sí o sobre si no; otra cuestión es la del
disimulo de la deuda. Son los grandes datos macroeconómicos. Aquí hay
veinte opiniones de veinte informes de institutos de predicción económica
y en todos ellos figuran las previsiones de dos variantes muy importantes
--la del crecimiento y la de la inflación para el año 1997-- que se
alejan en algunos casos medio punto y en otros hasta casi un punto
respecto a las previsiones optimistas, que ojalá se cumplieran. Por esto
me refería a que la inconsistencia de algunos de sus planteamientos nos
puede llevar a que en el primer trimestre del año 1997 haya recortes
similares a los que el último Gobierno socialista hizo a los veintiún
días de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 1995. Esa
inconsistencia y esas dudas están ahí.
Respecto a la entrada del sector privado, bienvenida sea y si eso
significa, en particular para la Comunidad Autónoma Valenciana, que los
grandes retrasos en inversiones reciben una inyección
extrapresupuestaria, vía capital privado --ya hace muchos años que
empresarios valencianos están dispuestos incluso a cofinanciar el tren de
alta velocidad Madrid-Valencia, etcétera--, bienvenido sea ese cambio en
la política presupuestaria si es para mejor. Vamos a esperar a que dé sus
resultados y cuando veamos que no los da se criticará, si procede, en su
momento.
La cita de una cosa es predicar y otra dar trigo, no lo entienda sólo
respecto a los altos cargos porque me refería, además, al recorte de
gastos corrientes, a la reducción de las cotizaciones sociales, al
recorte del 15 por ciento en las inversiones reales, que son cuestiones
que ustedes planteaban al anterior Gobierno en su enmienda de totalidad a
los presupuestos de 1995-1996, y ustedes han incurrido en los mismos
errores que criticaban.
Referente a la presión fiscal, las tasas o el conjunto de la fiscalidad
en el Estado español, usted dijo --y está recogido en el «Diario de
Sesiones»-- que el sistema tributario y fiscal español había dado claras
muestras de agotamiento, y usted ha incrementado las tasas, ha creado
otras nuevas y ha creado un cierto panorama que ha despistado a los
ciudadanos con tasas que salen o no salen, impuestos que suben o no, y
llega un momento en que a ese agotamiento del sistema tributario y fiscal
habría que añadirle el gran desconocimiento por parte de muchos
ciudadanos sobre qué tasas sí, qué tasas no, qué impuestos suben y qué
impuestos no suben. A esto han contribuido esos globos sonda que se han
lanzado en los últimos meses, desde los medios de comunicación, sobre
tasas, impuestos, contribuciones, precios públicos, etcétera.
Respecto a las inversiones en la Comunidad Autónoma Valenciana no voy a
discutir los números, usted tiene unos y yo tengo otros. Son los
presupuestos generales de 1997 resumen del anexo de inversiones reales
regionalizadas, 0,3 por ciento Valencia, 12 por ciento Castellón, 46 por
ciento Valencia; total, 20.885 millones de inversiones reales
regionalizadas en el territorio de la actual Comunidad Autónoma
Valenciana. Eso supone una caída en las inversiones de más del 50 por
ciento respecto del último presupuesto aprobado por esta Cámara, el del
año 1995, y el descontento y el malestar que ha causado este recorte
brusco en las inversiones, muy superior al recorte en otras comunidades,
es lo que nos ha hecho plantear esta enmienda, en el sentido de que
consideramos este recorte y estos presupuestos injustos e insolidarios
para con la comunidad valenciana. Ese es el tema.
Agradezco la cortesía de las contestaciones, esperemos que se mantenga
durante el debate de las enmiendas parciales, ya que siempre pueden
servir para mejorar lo que pensamos que es mejorable y siempre hay que
estar abiertos a que todo se puede mejorar.
Por último, simplemente a título de ruego o súplica, si la Presidencia me
lo permite, cuando se refiera a la autovía Madrid-Valencia, a la autovía
de la comunidad valenciana, por favor, por respeto a la sensibilidad de
los valencianos, no utilice la terminología autovía de Levante porque no
nos sentimos identificados con esa denominación geográfica y
climatológica.
Muchas gracia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Chiquillo.
Señor Vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Muy brevemente, señor Presidente.
Al señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, le diré que discutir
de tipos de interés no es economía financiera, discutir de tipos de
interés es lo que hace todo el mundo que tiene deudas o ahorros en los
bancos. Yo no me considero ningún experto en economía financiera, pero
veo claramente lo que me cobran los bancos por los tipos de interés y
creo que eso le sucede a cualquiera de SS. SS. y al común de los
mortales. Por tanto, yo diría que los tipos de interés ya son un elemento
doméstico en la vida de los ciudadanos y, además, por suerte. Quiero
decir que la gente está pendiente de lo que le pasa con sus créditos o
con sus ahorros.
¿Que los impuestos indirectos gravan a todos? Sin duda. Pero también el
IVA sobre la leche y el pan grava a todos. Su Señoría me dice que el
impuesto que hemos establecido sobre los seguros grava a todos, sí es
verdad. pero vuelvo a repetirle que es un producto de las compañías
financieras que hasta ahora estaba tratado mucho mejor incluso que los
productos esenciales
básicos de la familia española, lo cual nos parecía terriblemente
injusto. Además, la razón por la que todo el resto de países de la Unión
Europea tienen un impuesto indirecto sobre seguros es porque no están
gravados por el IVA. En ese sentido, ya sé que los impuestos indirectos
gravan a todos los que utilizan productos generales, pero hay productos
esenciales y productos no esenciales, aunque todos utilicemos todos los
productos, unos esenciales y otros no, pero el sector público, el Estado,
puede discriminar respecto a qué impuesto pone a unos, cuál pone a otros
o qué tasas fija para algunos de ellos.
Respecto a las rentas de capital insisto en que el impuesto de plusvalías
no está afectando a las grandes rentas de capital de este país, ahí están
las estadísticas. Es decir, la posibilidad de que el 80 por ciento de las
plusvalías españolas declaradas sea de un millón de pesetas es cierta.
Si, a partir de ahí, consideramos que en este país las grandes rentas de
capital se mueven por debajo de un millón de pesetas, realmente, estamos
considerando un país que se da de bruces con la realidad que podemos ver
por la calle.
Estamos hablando de que las personas sometidas a las plusvalías afectas
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son las personas que
no tienen alternativas para utilizar sus recursos a través de medios
societarios, es el pequeño ahorrador. Y le hemos dado al pequeño
ahorrador las mismas circunstancias de poder decidir en función de la
rentabilidad que tienen en este momento los ahorradores que pueden
utilizar medios más sosfisticados. Eso me parece que es esencial desde el
punto de vista de equidad y desde el punto de vista económico, si
queremos movilizar el ahorro en España y si queremos dar a los ciudadanos
la oportunidad de colocar su ahorro en un mundo moderno en el que se
producen oportunidades de ahorro en el mercado de capitales todos los
días, de la misma manera que las pueden tener otros ciudadanos que puedan
colocar sus bienes en fórmulas societarias, con un cúmulo de activos, de
asesores o de instrumentos, ya que las plusvalías del ciudadano de a pie,
el ciudadano que tiene el 40 por ciento --vuelvo a decir, ahora entre
paréntesis-- de las plusvalías que se declaran en España, son de 200.000
pesetas. ¿De qué estamos hablando, de que puede haber una persona que
salga extraordinariamente beneficiada con esta norma? Lo dudo, porque no
es tal. No construyamos discursos ético-tributarios sobre la espalda del
ciudadano de a pie. Ya sé que es muy fácil hacer el discurso de los ricos
y los pobres olvidándose de la realidad de que el 40 por ciento de las
plusvalías que se declaran en España es por una cuantía menor de 200.000
pesetas. ¿Por qué no hacemos los discursos tributarios sobre la realidad
de los ciudadanos? No vaya a ser que por hacer un discurso fácil, estemos
condenando a una parte de los ciudadanos a una situación injusta desde el
punto de vista tributario.
Señoría, la producción de Bazán es de fragatas. A S. S. no le gusta.
Primero, me parece que a S. S. le gusta más según se va acercando a
Ferrol que cuando se acerca a Madrid, ésa es la impresión que tengo y lo
comprendo. Pero lo que el Gobierno ha conseguido para mantener 16
millones de horas de trabajo en la factoría de Bazán de Ferrol son
fragatas. Bienvenidas sean y, si puede venir alguna más, estoy seguro de
que S. S. coincidirá conmigo en que son bienvenidas. Si pueden venir
otros productos, también, pero no cabe duda de que una factoría que está
funcionando, que está modernizando sus sistemas de producción, una
factoría que puede mantener a sus equipos productivos perfeccionándose,
que puede mantener funcionando a sus suministradores y a las pequeñas
empresas que le suministran, es un factoría que está en el mercado y
tiene posibilidades de conseguir otros pedidos. En ese sentido, creo que,
al final, estamos todos bastante de acuerdo.
Para acabar, dice S. S. que España no es Francia ni Dinamarca. De eso se
trata, no es que queramos ser ni Francia ni Dinamarca, pero sí nos gusta
el nivel de solidaridad, el nivel de calidad de servicios públicos, el
nivel de inflación y el nivel de estabilidad económica que tiene
Dinamarca, por ejemplo, u Holanda. Creo que son países de los que tenemos
cosas que aprender, no tendremos por qué aprenderlas todas, ni se trata
de eso; nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestras propias
necesidades, nuestras ventajas y nuestros inconvenientes, pero hay cosas
que podemos aprender de los demás, como hay cosas que podemos aprender
entre nosotros mismos. En ese sentido, me parece que no nos perjudica
para nada que nuestras metas las fijemos, en muchos de los objetivos
económicos que tenemos, tomando como referencia los países más eficientes
de Europa, entre otras cosas porque, la verdad, no vale la pena fijarlas
en razón de los países menos eficientes.
La señora Lasagabaster dice que España tiene un déficit en investigación
y desarrollo, y tiene razón. Sin duda, ése es un debate importante que
habrá que trasladar a que una parte considerable de la investigación y
desarrollo de nuestro país y del conjunto de los países europeos se va a
hacer, cada vez más, a través del sector privado, y será cada vez más
positiva una colaboración entre la empresa y la Universidad, en la que el
sector público deje de ser un elemento de intervención. Medidas que
permitan mejoras en las amortizaciones, medidas que permitan la
actualización de balances, medidas que permitan la competencia de la
empresa española para que tome conciencia en los mercados
internacionales, todas ellas se dirigen a fomentar la investigación y
desarrollo.
Estoy de acuerdo con S. S. en que nos queda un largo camino por recorrer,
pero también es verdad que este año, un año de especial restricción
presupuestaria, el Gobierno hace el esfuerzo de mantener los programas
de investigación y desarrollo, aunque no podamos resolver un problema que
indudablemente es una de las grandes divergencias con esos países a los
que hacía mención cuando contestaba al señor Rodríguez.
Dice S. S. que la tasa de últimas voluntades la pagamos todos. Bueno,
siempre que tengamos algo que decir en última voluntad, sí, pero las
tasas no se diferencian porque se apliquen a productos que no pagamos
todos sino porque no son esenciales; ésa es la diferencia, no son
esenciales. No sé si deberíamos de considerar esencial la tasa de últimas
voluntades o está más allá de lo esencial. En cualquier caso,
indudablemente podemos desafectar y entender que hay productos que deben
ser sufragados por el conjunto de los contribuyentes, sin duda, pero
mientras esos productos estén afectos a tasas, lo justo, lo equitativo y
lo ético es que los que los usan paguen lo que valen; si no, estamos
haciendo trampas en contra del conjunto de los contribuyentes. Si S. S.
cree que la tasa de últimas voluntades debe considerarse un servicio
esencial, a lo mejor, el conjunto de los aquí presentes puede llegar a
esa conclusión. No lo sé y es una broma, sin duda, pero quiero insistir,
desde el punto de vista del principio, en que, en opinión del Estado, lo
que diferencia a los productos que merecen ser sufragados por impuestos
generales de los que son sufragados por pagos del usuario es que no son
servicios esenciales.
La seguridad aeroportuaria ha mejorado en nuestro país, qué duda cabe. No
hay más que ver la cantidad de máquinas que se están poniendo todos los
días como consecuencia de las necesidades de seguridad aeroportuaria, y
el Gobierno entiende que ésa es una seguridad que deben pagar los
usuarios de los aeropuertos y no el conjunto de los ciudadanos. Es un
debate abierto. Puede plantearse de otra manera, pero ésa es la única
racionalidad que se puede encontrar e indudablemente es una racionalidad
que tiene que ver mucho con la recaudación.
¿Cómo afectan todas las políticas a las políticas de empleo? Todas las
políticas económicas que produzcan estabilidad, en opinión del Gobierno,
claramente afectan a las políticas de empleo.
En cuanto a la inversión en el País Vasco, los datos que yo tengo en este
momento es que está en 9.142 millones de pesetas. No puedo contestarle
con exactitud al desglose de esa inversión, pero le remitiré una nota a
la mayor brevedad posible.
No sé si había alguna otra cuestión.
El señor Chiquillo dice que hay una dosis de inconsistencia en los
grandes datos. Yo no coincido con él. Creo que un crecimiento del PIB del
3 por ciento en 1997 es consistente con lo que está sucediendo en este
momento y con la previsión del 2,5 por ciento para el conjunto de la
Unión Europea. Piense S. S. que este año la Unión Europea va a crecer
aproximadamente el 1,7 por ciento y que España va a crecer
aproximadamente el 2,3 por ciento y, por tanto, estamos manteniendo
nuestro potencial de crecimiento. En ese sentido me parece que no estamos
haciendo una previsión voluntarista.
En cuanto a la previsión de inflación le diré que es una previsión
ambiciosa, pero es a la que nos obliga en este momento el Tratado, y si
queremos dar un mensaje inequívoco de que España va a formar parte de la
integración monetaria debemos darlo con rotundidad. Por eso el Gobierno
ha diseñado su política de precios regulados introduciendo la fórmula del
IPC menos X que estamos aplicando al butano y a la electricidad y que
vamos a aplicar a todos los productos. Por eso el Gobierno ha establecido
claramente una negociación para estimular a las compañías petroleras a
que reduzcan el precio del petróleo en España, aunque siempre teniendo en
cuenta la evolución de los crudos y por eso ha diseñado su política de
ingresos renunciando este año a aumentar en términos reales los impuestos
sobre la gasolina. Además, el Gobierno va a seguir tomando medidas de
lucha contra la inflación, porque coincido con S. S. en que es un
objetivo ambicioso, pero imprescindible.
Dice que el sistema fiscal está agotado. Sin duda lo está y por eso hemos
empezado a modificarlo. Por eso mantenemos la deducción del 15 por
ciento, que otros grupos parlamentarios no comparten, en el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas, pero en lo que S. S., por lo que le he oído
en otras ocasiones, está de acuerdo. Por eso mantenemos claramente una
modificación de lo que debe ser el sistema fiscal que afecta a las
pequeñas y medianas empresas y por eso hemos empezado simplificando las
tarifas del IRPF y produciendo una pequeña reducción en la presión fiscal
del IRPF, sobre todo en las rentas inferiores a dos millones de pesetas.
Dice que los ciudadanos no saben qué impuestos suben. Lo saben
perfectamente. Saben que no les ha subido el IVA. Saben que nos les ha
subido el IRPF. Saben que no están subiendo los impuestos importantes que
pagan todos los días. Yo creo que los ciudadanos no tienen ninguna duda,
porque los ciudadanos son racionales por suerte para ellos y sobre todo
por suerte para el funcionamiento de este país.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Concluido el debate de las enmiendas de totalidad, pasamos a la toma de
posición de los grupos parlamentarios.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Presidente, señorías, el acuerdo de
investidura y de gobernabilidad alcanzado entre el Partido Popular y
Convergència i
Unió el pasado mes de abril, junto con los demás acuerdos del Partido
Popular con la mayoría de fuerzas nacionalistas presentes en esta Cámara,
permitió la investidura del Presidente Aznar y la formación de Gobierno.
La presentación y posterior apoyo a los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 viene a ser la confirmación de aquellos acuerdos, por el hecho
de que era precisamente en los presupuestos anuales donde se debían
concretar muchos de los compromisos alcanzados con carácter previo al
debate de investidura.
Desde esta perspectiva Convergència i Unió considera que el proyecto de
ley de presupuestos para 1997, unido al proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y de orden social y a los proyectos de ley de
modificación parcial de la Lofca y de cesión tributos a las comunidades
autónomas, cumple en buena parte los compromisos adquiridos por el Grupo
Popular con este grupo parlamentario hace poco más de seis meses,
requisito necesario para poder otorgar nuestro apoyo al proyecto de ley
del Gobierno.
Para Convergència i Unió es preciso remarcar que la adecuación de estos
proyectos de ley a esos acuerdos significa que avanzamos en la buena
dirección, y lo vamos a señalar en relación a cinco grandes ámbitos
abordados ya en los acuerdos iniciales de investidura.
Los presupuestos para 1997 contribuyen, en primer lugar, a la
consolidación del Estado de las autonomías, al cumplimiento de los
acuerdos de Maastricht, a reforzar el Estado del bienestar, a impulsar la
economía productiva y a iniciar un conjunto de reformas estructurales.
Son cinco áreas prioritarias para Convergència i Unió, que determinan
nuestro apoyo global a los presupuestos y el consecuente rechazo de las
enmiendas a la totalidad presentadas por los diversos grupos. Este apoyo
global no evita, sin embargo, que consideremos que debían reforzarse o
mejorarse diversos aspectos contemplados en los presupuestos, sobre los
que vamos a presentar diversas propuestas de modificación a las que me
referiré más adelante.
Nuestro apoyo, pues, a estos presupuestos reside en el hecho, en primer
lugar, de que contribuyen, como decía, a la consolidación del Estado de
las autonomías. Los presupuestos para 1997 asumen ya y sin demora la
reforma del modelo de financiación autonómico para el quinquenio
1997-2001. No es ahora, en este debate, donde corresponde defender la
reforma del modelo de financiación autonómica, pero sí es preciso
destacar que los presupuestos para 1997 incluyen las previsiones del
nuevo modelo, lo que nos permite avanzar en la corresponsabilidad fiscal
y mejorar la estructura autonómica del Estado desde el instrumento de su
financiación.
Los presupuestos que debatimos contribuyen al cumplimiento de los
acuerdos de Maastricht. Probablemente la mayor responsabilidad de los
presupuestos para 1997 sea cumplir con las exigencias de convergencia que
nos impone Maastricht. Desde nuestro grupo parlamentario pretendemos
descartar cualquier posibilidad de no cumplir este compromiso que nos
alejaría de la integración en el euro y abriría un período de
incertidumbre de efectos negativos muy superiores a los esfuerzos que
ahora nos exigimos para garantizar nuestra integración.
Los presupuestos para 1997 prevén una reducción del déficit de las
administraciones públicas del 3 por ciento del PIB, 2,5 para las
administraciones centrales, y una disminución de la inflación del 2,6 por
ciento, magnitudes que se ajustan plenamente a esas exigencias,
permitiendo así que la peseta pueda incorporarse en el euro como moneda
única a partir del 1.º de enero de 1999.
Consideramos que estos objetivos son plenamente alcanzables por la
economía española, si bien en algunos casos pueden requerir políticas
específicas más expansivas. Las previsiones presupuestarias que avalan la
reducción del déficit y de la inflación contemplan un escenario optimista
de rápido crecimiento económico, un 3 por ciento, que resulta fundamental
para garantizar el aumento previsto de los ingresos y el control y
austeridad en los gastos. Pero será positivo reconocer que si no se
produce este crecimiento las finanzas públicas españolas pueden tener
graves dificultades para evitar una desviación significativa al alza del
déficit previsto. En esta coyuntura, consideramos que será conveniente
complementar la política presupuestaria propuesta por el Gobierno con
otras políticas, a las que nos referiremos más adelante, que permitan
afianzar las previsiones de crecimiento económico. Estos presupuestos
refuerzan el Estado del bienestar. Decíamos en el debate de investidura
que afirmar que nuestros desequilibrios presupuestarios provean del
Estado del bienestar era falso y que nuestro grupo parlamentario se
opondría a cualquier política que se pretendiera en esa dirección. Los
presupuestos para 1997 son austeros en el gasto pero no recortan las
prestaciones del Estado del bienestar, al contrario, las garantizan y en
algunos casos las incrementan. Las políticas de gasto social, pensiones,
sanidad, educación y asistencia social absorben el 54,3 por ciento del
presupuesto del Estado para 1997, es decir, 0,8 puntos más que en 1996 y
3,5 puntos más que en los presupuestos de 1995, lo que convierte este
objetivo en una de las prioridades de los mismos. Precisamente son los
presupuestos destinados a sanidad, que aumentan en un 6 por ciento, y los
que se destinan al pago de las pensiones, que crecen en un 5,1 por
ciento, con el fin de poder mantener el poder adquisitivo, los que
reciben un mayor incremento de recursos. Hay que remarcar, en este
sentido, que las pensiones mantienen todas ellas su poder adquisitivo y
que incluso algunas de ellas, como las de viudedad o las de orfandad,
mejoran por encima de ese índice o alargan su período de cobro. En
definitiva, estos son unos presupuestos
en los que, cumpliendo los objetivos de déficit público con los que
estamos comprometidos, el Estado del bienestar amplía y mejora sus
prestaciones. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa
la Presidencia.)
También es cierto que hay gastos sociales que disminuyen, pero son
precisamente las prestaciones por desempleo, y ésta es lógicamente una
buena noticia, ya que se debe a la favorable evolución del empleo
previsto para 1997. Los presupuestos prevén la creación de 240.000
puestos de trabajo y la reducción del paro en 137.000 personas. En este
ámbito, señor Vicepresidente, echamos en falta dos cuestiones. En primer
lugar, un mayor trasvase de recursos procedentes de políticas pasivas de
empleo, subsidios de desempleo, para destinarlos a políticas activas,
formación y ayudas a la creación de empleo, en línea con las políticas
que aplican los demás países europeos. En segundo lugar, las ayudas a la
familia. En los presupuestos para 1997 no hay avances en esta materia,
por lo que emplazo al Gobierno para que, en la prevista reforma del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se aborde con la
voluntad de primar el factor familiar, ya sea mediante la adopción del
sistema splitting o del cociente familiar, ya sea mediante la
introducción de verdaderas deducciones por hijo.
Los presupuestos para 1997 contribuyen a impulsar la economía productiva
principalmente a través de dos vías. En primer lugar, a través de las
políticas presupuestaria, fiscal y laboral. Desde el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) entendemos que el principal activo, en la
etapa de colaboración con el anterior Gobierno socialista, fue nuestra
participación en el cambio de orientación que se dio a la política
económica durante la última legislatura, con el fin de otorgar un mayor
apoyo a la economía productiva. Resulta positivo recordar algunas de las
modificaciones legislativas efectuadas en los años 1994 y 95, como la
reforma laboral, la mejora de la fiscalidad para pequeñas y medianas
empresas, los incentivos a la inversión o el nuevo Impuesto sobre
Sociedades. Todas ellas contribuyeron a la reactivación de la economía
española después de años de crisis, y todas ellas, junto con las primeras
medidas que ha adoptado el nuevo Gobierno del Partido Popular, relativas
a la actualización de balances, a la disminución de los rendimientos
estimados en los módulos de IRPF o al cambio de tributación de las
plusvalías, coincidirán en su aplicación a lo largo del año 1997, lo que
constituirá un apoyo importante para la economía productiva, con el fin
de mantener sus expectativas de inversión y de mejora de competitividad.
Al Grupo Catalán le congratula haber participado en este proceso durante
la última etapa socialista y mantener la orientación en pro de la
economía productiva en esta nueva etapa, bajo gobierno del Partido
Popular.
El descenso de los tipos de interés es el segundo gran elemento de apoyo
a la economía productiva, que resultará fundamental para garantizar un
rápido crecimiento económico. El acuerdo presupuestario ha facilitado
este descenso. Es cierto que, en los últimos meses, los tipos de interés
españoles se habían aprovechado menos que los de otros países europeos de
la favorable coyuntura internacional que invitaba a su reducción. Tanto
las instituciones monetarias como los mercados fijaban en el acuerdo
presupuestario el punto de inflexión para continuar la reducción de
nuestros tipos de interés, y así ha sido. A principios de año, el
diferencial de tipos de interés a largo plazo, a diez años, entre España
y Alemania se situaba en 3,5 puntos; en el mes de agosto este diferencial
había disminuido a 2,6 puntos y, con posterioridad al anuncio del acuerdo
presupuestario y a la presentación del proyecto de ley de presupuestos,
este diferencial descendió a 1,6 puntos para situarse hoy --como
recordaba ayer el señor Vicepresidente-- en 1,76 puntos. El míbor a un
año, en julio de 1995, estaba en el 10,27 por ciento y ahora está en el
6,60; es decir, 3,70 puntos inferior. Las letras del Tesoro a un año, en
julio de 1995, estaban en el 10,27 y en estos momentos están en el 6,70,
es decir, 3,6 puntos inferior. También las economías domésticas y
empresariales se benefician de este descenso. En estos momentos hay
instituciones financieras que ofrecen hipotecas en su primer año a tipos
inferiores al 5 por ciento, algo absolutamente impensable hace sólo dos o
tres años. Y la totalidad de productos financieros están experimentando
una bajada de tipos de interés que invita a la inversión, pero también al
consumo. Por ejemplo, un descenso de 2 puntos aplicado a tipos de interés
de una hipoteca de 10 millones de pesetas, a 15 años, significa un ahorro
mensual de 13.500 pesetas, lo cual, para rentas familiares netas de unas
190.000 pesetas al año, pongamos por caso, equivale a un ahorro del 7 por
ciento de la renta, muy superior a cualquier incremento salarial
esperado, ahorros que deberían contribuir a la reactivación del consumo;
crecimientos del consumo y de la inversión que deben permitir alcanzar el
objetivo de crecer al ritmo del 3 por ciento contemplado en los
presupuestos para 1997.
También nuestro apoyo reside en el hecho de que estos presupuestos
inician la aplicación de reformas estructurales. Los presupuestos asumen
algunas de las decisiones más significativas que el actual Gobierno ha
adoptado en relación a lo que venimos llamando reformas estructurales y
que a medio plazo deberán configurar un Estado menos burocrático, más
austero, menos voluminoso y con unas administraciones mejor
interrelacionadas. En este campo lo que hay por hacer es mucho. En esta
dirección irán nuestras propuestas. Sin embargo, resulta positivo
constatar que en este primer presupuesto del actual Gobierno ya se han
iniciado los trabajos en diversos grandes ámbitos que, a título
meramente enunciativo, podemos concretar en la reforma del sistema de
financiación de las comunidades autónomas, avanzando hacia la
corresponsabilidad fiscal; en el inicio de la aplicación de los Pactos de
Toledo, y en este ámbito el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) se felicita del amplio consenso, aunque no sea total, con el que se
están adoptando las decisiones, y se congratula de la incorporación de
los sindicatos al consenso político mediante el documento firmado entre
sindicatos y Gobierno; en la adopción de una decidida política de
privatizaciones en el sector político-económico, acompañada de la
reducción de las transferencias a empresas públicas; y por último, en la
apertura de la actividad inversora del sector público hacia la iniciativa
privada.
Entraré ahora, señor Presidente, en los aspectos que nuestro grupo
parlamentario pretende reforzar durante la tramitación parlamentaria.
Importantes y contundentes son las razones que nos impulsan a aprobar los
presupuestos, pero también queremos manifestar al Gobierno nuestros
recelos, que deberán ser también los suyos, y nuestras prioridades en
aquellas cuestiones que a lo largo del trámite parlamentario debemos
intentar mejorar.
En primer lugar, señor Vicepresidente del Gobierno, prioridad absoluta al
cumplimiento presupuestario. El primero y más importante de los aspectos
que conviene reforzar es el de cumplir estrictamente las magnitudes
presupuestarias que en materia de gastos determine el Congreso de los
Diputados. Los presupuestos deben aprobarse para ser cumplidos y, en esta
materia, además de una legislación estricta --y a esto se dirige el
proyecto de ley de disciplina presupuestaria que también hoy debatimos--
requerimos de una voluntad firme del Gobierno para hacerlo posible.
Quiero manifestarle claramente mis recelos sobre algunos de los esfuerzos
de austeridad que presupuestan. Cuando en el capítulo de gastos
corrientes en bienes y servicios (alquileres, luz, teléfono, material de
oficinas, etcétera), el Gobierno presupuesta una reducción del 10 por
ciento sobre gastos que ya se habían reducido, teóricamente al menos, en
ejercicios anteriores, sólo pueden ocurrir dos cosas: o se cierran
oficinas públicas y se reduce la infraestructura de la Administración
como consecuencia de una auténtica reforma estructural de racionalización
de las infraestructuras de la Administración, reforma que aplaudiríamos,
o estamos empezando a esconder los problemas bajo la alfombra. El crédito
extraordinario de 721.000 millones, que aprobamos hace escasas semanas,
contenía partidas presupuestarias tan significativas como los 52.000
millones de pesetas correspondientes a gastos en bienes y servicios del
Ministerio de Justicia e Interior, referidos a energía eléctrica,
teléfonos, alquileres, etcétera, que habían sido dejados al margen de los
presupuestos. Es evidente que para reducir el importe de los alquileres
que paga la Administración central, la sola voluntad de hacerlo no basta.
Es preciso desalquilar locales, reducir infraestructuras. En esta línea
debo manifestarle que el Gobierno debe avanzar la reforma de la
Administración, reforma profundamente estructural, hacia el modelo de
Administración única contemplada en la Lofage, para afrontar una
verdadera reorganización de la Administración central del Estado que
permita la reducción real de los gastos.
Comentarios parecidos me gustaría hacer en relación a la reducción de
transferencias corrientes presupuestadas para empresas públicas.
Convergència i Unió es partidaria de esta decisión, y en el presupuesto
para 1997 éstas se reducen en unos 120.000 millones de pesetas, lo que
representa un 29 por ciento de disminución. Pero detrás de este ahorro
teórico para el Estado debe existir una auténtica reforma estructural del
sector económico estatal, basada en una mayor eficiencia de las empresas
públicas. En caso contrario, antes de acabar el ejercicio nos
corresponderá corregir el error presupuestario con un nuevo crédito
extraordinario que sería absurdo necesitar. Es más, resulta tan
importante el compromiso de mantener la disciplina presupuestaria que
podemos afirmar que el principal peligro que tiene la economía española
para no alcanzar la convergencia que nos exige Maastricht no es alcanzar
el ritmo de crecimiento del 3 por ciento, no es tampoco tanto corregir la
inflación ni reducir los tipos de interés; el principal peligro es no
cumplir estrictamente las previsiones que el propio Gobierno ha
presupuestado, entre otras cosas porque ese no cumplimiento tendría
influencia sobre los tipos de interés y sobre el nivel de inflación.
En consecuencia, aplaudimos la austeridad presupuestada, pero exigimos su
cumplimiento. En esta cuestión, señor Ministro, me perdonará usted que
desconfíe --lo hice del Gobierno socialista, lo hago ahora de su Gobierno
y lo haría probablemente de cualquier otro Gobierno-- y quisiera
sugerirle determinadas medidas a añadir a las que ayer usted mencionaba
para que, no ahora, sino en el momento de liquidación del presupuesto, en
los inicios de 1988, pueda usted con todo derecho decirme que quizá
desconfié en exceso. En esta línea, señor Vicepresidente del Gobierno, le
anuncio la intención de nuestro grupo de presentar iniciativas
parlamentarias con el objetivo de controlar la efectiva disminución del
gasto corriente en los diversos ministerios, y así le solicitaremos nos
comuniquen, a 31 de diciembre, las decisiones tomadas en todos y cada uno
de los diversos gastos corrientes de los distintos ministerios para
conseguir esa reducción del 10 por ciento presupuestada en los gastos
corrientes y su efectivo control con periodicidad mensual. Lo mismo
pretendemos hacer, señor Ministro, con respecto a las transferencias a
las diversas empresas y entes públicos.
Intentaremos también, señor Vicepresidente, a través del debate
presupuestario, conseguir un mayor impulso
a las políticas de inversión, garantizando el aumento de inversión
pública. Teóricamente la inversión pública es la gran perjudicada por el
recorte presupuestario. Como usted mencionaba ayer, eso no es cierto. Las
operaciones de capital del Estado, inversión más transferencias de
capital, resultan inferiores a las del presupuesto base de 1996 en
128.000 millones de pesetas. Sin embargo, una parte de la inversión
pública tradicional del Estado, en autovías, en el tren de alta
velocidad, no está contemplada en el presupuesto, ya que será efectuada
directamente por la iniciativa privada. Vendrían a ser unos dos billones
de pesetas para los próximos diez años, que comportan una inversión media
anual de 200.000 millones de pesetas. Este nuevo marco permite que la
inversión pública en 1997 pueda ser superior a la de 1996, tal como
pretendíamos desde Convergència i Unió, por lo que apoyamos también al
Gobierno en esta decisión.
Donde debemos manifestar nuestras cautelas es en las vías y
procedimientos para incorporar los sectores inversores privados a la
inversión pública. Urge acelerarlos porque, en caso contrario, la
inversión extrapresupuestaria no se realizará en 1997, bien por falta de
tiempo, bien por falta de interés de esos inversores. También aquí, señor
Vicepresidente, nuestro grupo tiene previsto presentar en el trámite de
enmiendas diversas propuestas con el objetivo de impulsar y hacer
efectiva esa participación y, en consecuencia, esa inversión real que
tanto necesitamos para la creación de ocupación y para el cumplimiento
del crecimiento económico presupuestado.
Deseamos también, señor Vicepresidente, favorecer la inversión en bienes
de equipo. La inversión ha sido el motor de la reactivación alcanzada por
nuestra economía durante los últimos años. En 1994, 1995 y 1996 ha sido
la inversión en bienes de equipo la que ha mostrado mayor dinamismo. Para
1997 las previsiones del Gobierno apuntan a un crecimiento de un 12 por
ciento en la inversión en bienes de equipo y de un 3 por ciento en la
inversión en construcción. Sin embargo, y es una cierta contradicción, se
reducen los incentivos fiscales para la adquisición de activos fijos
nuevos, lo que afecta directamente a las inversiones de bienes de equipo.
Para el Grupo Parlamentario Catalán, pretender que los sectores
económicos incrementen su inversión en porcentajes tan significativos y,
al mismo tiempo, eliminar los incentivos que tradicionalmente se han
venido otorgando a la misma, es excesivamente arriesgado. No podemos
eliminar la deducción del 5 por ciento sobre inversiones en activos
fijos; debemos mantenerla o, en caso contrario, compensarla con una
revisión de las tablas de amortización o con la mejora de deducciones
específicas, como mínimo, mientras el consumo siga en crecimientos
moderados como los actuales. También aquí nuestro grupo se propone
realizar propuestas concretas.
Un tercer capítulo, señor Vicepresidente, es la inversión en vivienda.
Obra pública aparte, es la inversión en vivienda la que tiene mayor
incidencia en este sector. Con toda seguridad, los descensos de tipos de
interés favorecerán la inversión en vivienda y en buena parte en vivienda
propia. Pero en nuestro país tenemos una gran necesidad de disponer de un
mercado de vivienda de alquiler que en estos momentos se encuentra en
situación de subdesarrollado, perjudicando el acceso a la vivienda a los
jóvenes y perjudicando también la movilidad geográfica de la población.
Estos presupuestos deben introducir estímulos fiscales para la
construcción de viviendas de alquiler, y en esta dirección vamos a
presentar algunas propuestas.
En este mismo campo de la vivienda, y contando con la significativa
reducción de los tipos de interés, nos preguntamos si no es quizá llegado
el momento de sustituir una política de subvenciones de efectos muy
dilatados en el tiempo, que compromete de forma muy onerosa los
presupuestos de años sucesivos, como hoy podemos comprobar; si sustituir,
digo, una política de subvenciones por una política de fiscalidad más
adecuada no es ya el momento de realizarlo o, como mínimo, un equilibrio
más inteligente, más adaptado a la realidad de hoy del sector de ambas
políticas: la política fiscal y la política de subvenciones. También en
este capítulo deseamos realizar propuestas en el debate presupuestario
que tengan en cuenta, obviamente, las disponibilidades presupuestarias;
pero que tengan en cuenta también la importancia del problema social de
la vivienda y el importantísimo papel de motor económico que este sector
representa.
En estos primeros meses de gobierno el Ejecutivo ha cedido una parte muy
importante de su iniciativa en política laboral y de creación de empleo a
los acuerdos que puedan alcanzar sindicatos y organizaciones
empresariales. Ha sido ésta una buena decisión, apoyada por nuestro grupo
parlamentario, en busca de la concertación social y de la que estamos
seguros de que se obtendrán acuerdos positivos. Sin embargo, en la
coyuntura económico-laboral en la que nos encontramos, crear empleo es
algo más que una necesidad. Es una urgencia. Crear empleo es una de las
pocas vías capaz de garantizar el crecimiento económico que necesitamos.
Dicho de otra manera, las políticas antiinflacionistas, que debemos
aplicar para situarnos en la senda que nos exige Maastricht, nos
condicionarán a un crecimiento económico menor del que teóricamente
podríamos tener en otras condiciones, por lo menos, durante un corto
período de tiempo.
La política presupuestaria y de austeridad y contención del gasto público
lógicamente también comportan una moderación a nuestro crecimiento
económico. Estamos, por tanto, condicionados para la utilización de las
diferentes políticas económicas que nos deben permitir crecer a ritmos
del 3 por ciento anual. Sin duda que la bajada de tipos de interés es el
principal estímulo
a este crecimiento, pero no podemos renunciar a la utilización de otros
instrumentos de política económica, y menos a incrementar nuestra
capacidad de generar empleo. Es bien cierto que en estos dos últimos años
se está produciendo un hecho realmente esperanzador. Mientras que
tradicionalmente la economía española era incapaz de generar empleo neto
con crecimientos del producto interior bruto inferiores al 3 por ciento,
en estos tres últimos años, 1994, 1995 y 1996, se ha creado empleo neto
con crecimientos significativamente inferiores a esa cifra. Tanto la, en
su momento, tan denostada reforma laboral de 1994 como una moderada
política de rentas salariales han contribuido a ello, pero se ha de
continuar en el esfuerzo. En esta línea plantearíamos dos
recomendaciones. La primera está dirigida a trabajadores y empresarios.
En el sector público se ha establecido la congelación salarial como una
de las principales vías para la reducción del déficit. El sacrificio que
afrontan los funcionarios debería ser compartido, en parte, por los demás
trabajadores. Cuando los precios industriales se incrementan a ritmos del
0,8 anual debería intentarse, por todos los medios, que los incrementos
salariales pactados en los convenios colectivos crecieran al mismo ritmo,
como máximo, que la inflación. Sería una contribución importantísima a la
creación de empleo.
Por lo que se refiere a la política laboral, en estos momentos estamos
conociendo un continuo de sentencias judiciales que desautorizan la
aprobación de convenios entre empresas y sindicatos en los que se
flexibiliza, a nivel de empresa, convenios colectivos de ámbito superior.
Evidentemente, los jueces se limitan a interpretar la ley, con lo cual
caemos en la contradicción de que incluso los acuerdos alcanzados por
sindicatos y empresarios, en aras a una mayor creación de empleo, no
tienen el suficiente marco legal donde ubicarse. Interlocutores sociales,
Gobierno y grupos parlamentarios debemos ponernos de acuerdo sobre cuáles
son las modificaciones legislativas que debemos afrontar. Pero hagámoslo
pronto, si puede ser antes de fin de año, porque crear empleo es la
exigencia que la sociedad nos impone con mayor firmeza.
Un último apunte, señor Vicepresidente del Gobierno, hace referencia al
reconocimiento de la insuficiencia de recursos que padece la sanidad
pública. Coherentes con el pacto de financiación de la sanidad alcanzado
en 1993, y válido hasta el 31 de diciembre de 1997, los recursos
destinados a financiar la sanidad en el ejercicio presupuestario de 1997
crecen al mismo ritmo que el crecimiento nominal de la economía, un 6 por
ciento, es decir, 4 puntos más que el crecimiento medio del gasto. Ese
acuerdo preveía igualmente la introducción de medidas de racionalización
del gasto que suponían, según la valoración del Ministerio de Economía y
Hacienda del momento, un ahorro para el conjunto del sistema sanitario de
90.000 millones de pesetas/año del año 1994, en una primera etapa, y de
60.000 millones de pesetas/año más en una segunda etapa. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.) Esos 150.000 millones de pesetas/año de
1994, 180.000 millones de pesetas de hoy, de ahorro están contenidos
también en el presupuesto de sanidad que hoy tenemos en las manos. Era el
pacto sanitario vigente, como decía, hasta 1997, y es hasta cierto punto
lógico que el Gobierno actual siga dando a la sanidad el tratamiento
presupuestario impuesto por el Gobierno anterior. Es más, el presupuesto
para 1997 introduce nuevas medidas de racionalización...
El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego que vaya concluyendo.
El señor MOLINS I AMAT: Sí, señor Presidente.
Medidas de congelación salarial, disminución del margen farmacéutico y
disminución del margen industrial que podrían valorarse, según parece, en
unos 70.000 millones de ahorro efectivo que los presupuestos permiten
interiorizar al propio sistema sanitario, es decir, que permitirán una
mejor financiación del conjunto del sistema.
Como ya tuve oportunidad de señalar ante esta Cámara con motivo del
debate de investidura, nuestra sociedad exige hoy un sistema sanitario
con una calidad en las prestaciones que encajan difícilmente en los
estrechos márgenes de incremento del gasto que las nuevas políticas sobre
el déficit permiten. Pasados los momentos, propicios siempre a la
demagogia, de una campaña electoral y su resaca consiguiente, esta Cámara
debería ser capaz de encontrar, como lo fue en la legislatura anterior
con motivo de las pensiones, el sosiego necesario para pactar con amplio
consenso el futuro de la financiación del gasto sanitario. Nuestra
sociedad nos reclama a gritos ese pacto, a nosotros que quizá con
demasiados gritos hemos utilizado en exceso la sanidad para marcarnos
tantos políticos. En la consecución de ese pacto nos jugamos también la
pervivencia de un componente fundamental del Estado del bienestar.
Nuestro grupo ofrece toda su colaboración y compromete todo su esfuerzo
en la consecución de ese objetivo en los trabajos de la ponencia creada
en la Cámara con ese fin, y desearía encontrar en todos los grupos de la
Cámara la misma actitud constructiva que se encontró en los Pactos de
Toledo.
Hasta aquí hemos hecho referencia a cuatro grandes ámbitos de actuación
presupuestaria que el Grupo Catalán considera que deben reforzarse:
cumplimiento presupuestario, incorporación del sector público a la
inversión pública, la economía productiva, fiscal y laboral, y la
sanidad, con el reconocimiento del déficit y la definición de vías para
su financiación. El último de los grandes ámbitos presupuestarios que
deben reforzarse es el que va destinado a incentivar la mejora de la
competitividad de la actividad productiva.
Para crear empleo, para garantizar el Estado del bienestar, para crear
riqueza necesitamos una economía productiva competitiva. Hasta hace muy
pocos años ese objetivo no estaba entre las prioridades de los
gobernantes y, en la actualidad, todavía mantenemos una legislación poco
adecuada para resolver muchos de los problemas que tiene la actividad
productiva. La fiscalidad de las pymes o las ayudas a la exportación e
internacionalización de la economía irían, señor Vicepresidente, en esta
línea. En estos y en otros ámbitos orientados a mejorar nuestra
competitividad, nuestro grupo parlamentario presentará enmiendas para
intentar mejorarlos durante el trámite parlamentario. En síntesis, señor
Presidente, señorías, sí a los presupuestos; sí a la previsión
macroeconómica en los que se fundamentan; sí a la apuesta europea que
asumen los presupuestos; sí al cumplimiento por parte del Gobierno de los
compromisos que en este presupuesto se contemplan.
Para acabar, señor Presidente, se ha comentado a lo largo de este debate,
fundamentalmente en el día de ayer y también lo ha recordado nuevamente
el señor Vicepresidente esta mañana, la situación económica mundial con
lo que se ha venido en llamar globalización de las políticas económicas.
El mundo se queda pequeño, el mundo es un único mundo y no existen
políticas económicas que puedan hacerse deslabazadamente unas de otras.
La soberanía existe, nosotros podríamos decidir no entrar en Maastricht,
pero la realidad económica nos castigaría por ello. Hoy las políticas
económicas, debido a esa globalización, se fundamentan en la estabilidad
como única garantía para el crecimiento continuado. Sólo la búsqueda de
estabilidad, por tanto el abandono de políticas de desequilibrio para
crecer, es la tesis de todas las economías del mundo, no para entrar en
Maastricht, no para entrar en la Unión Monetaria. Todos, incluso los que
están fuera de esa región económica del mundo, hacen y deben hacer una
política que busque la estabilidad, que abandone los desequilibrios como
política para crecer, entre otras cosas porque en caso contrario te pasan
cuentas. Europa pretende precisamente eso, conformar un espacio de
estabilidad, un espacio fuerte como única garantía del crecimiento
continuado. Aunque sólo sea por el convencimiento de que, como ha escrito
alguien, sólo hay algo peor que estar dentro de la Unión Monetaria
Europea, que es quedarse fuera, todos deberíamos tener ese objetivo;
aunque sólo fuera a través del argumento negativo de que sólo hay algo
peor que estar dentro, que es quedarse fuera. Nuestra actitud no es
precisamente esa. Nosotros queremos conformar con los países europeos la
Unión Monetaria Europea, porque ese es y será un bloque estable como el
que más, porque será un bloque fuerte como el que más, porque será un
bloque capaz de crear riqueza como el que más, pero sobre todo porque
será el bloque más justo, más libre y más solidario del conjunto del
mundo. Nadie como Europa cumplirá las condiciones de solidaridad y de
justicia; nadie lo hará. Por eso éste es un objetivo por el que vale la
pena luchar. No es algo teórico, es algo real. Nuestra calidad de vida
depende de que seamos capaces de cumplir ese objetivo. Por eso la
Administración tiene hoy un enorme compromiso con la sociedad: controlar
el gasto, impulsar la actividad económica para cumplir los objetivos de
crecimiento. Pero ese es un trabajo fundamentalmente de la sociedad.
Permítanme, señor Vicepresidente del Gobierno y Grupo Parlamentario
Socialista, ayer lucharon ustedes, Partido Popular y Partido Socialista,
por diferenciarse. No es que quiera yo aguarles la fiesta, pero creo que
en estos últimos años las cosas se han hecho, y además han salido
razonablemente bien. No podríamos hoy plantearnos el cumplimiento de los
objetivos de Maastricht de no haberse hecho las cosas razonablemente bien
en los últimos años. Por otra parte, la situación deja hoy muy poco
margen de libertad si hay coincidencia en los objetivos. Al margen del
debate político, que fue --insisto en ello-- enormemente interesante y
constructivo, todos coincidimos en los objetivos, pero debemos ser
capaces de transmitir a la sociedad un mensaje de búsqueda conjunta de
ese objetivo, conscientes de que no sólo depende de nosotros el
cumplirlos, sino del conjunto de la sociedad. Con esta petición acabo mi
intervención, señor Presidente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins. Tiene la palabra el señor
Vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, como S. S. ha recordado, señor Molins, es una parte
sustancial de los acuerdos de investidura la que se refiere a la política
presupuestaria, a la política económica y a los compromisos que su
coalición y el Partido Popular acordaron como los grandes objetivos no
sólo de 1997, sino de esta legislatura. Dentro de ellos, la política
presupuestaria y algunas otras cuestiones que van a ser objeto de debate
en esta misma sesión forman parte de nuestros acuerdos, entre ellas la
financiación autonómica. Por cierto, querría recordar que no es la
primera vez que este proyecto de ley forma parte de la misma sesión en la
que se discute una ley tan importante como la ley de presupuestos; no es
la primera vez y seguramente no será la última, y no supone ninguna
acumulación imposible de digerir por esta Cámara, no lo ha sido nunca y
no creo que lo sea ahora.
Agradezco que el señor Molins y su grupo afirmen, como el Gobierno ha
hecho, que vamos en la buena dirección. Efectivamente, creo que los
acuerdos de gobernabilidad, acuerdos públicos, acuerdos escritos,
acuerdos que han sido explicados y que seguirán siendo explicados a la
opinión pública por parte de los que los firmamos, han introducido a la
política española en una dirección de estabilidad imprescindible. Y en
ese sentido creo que la propia opinión que sobre nuestra estabilidad
tienen hoy no sólo los mercados internacionales, sino lo que es más
importante, los ciudadanos de españa, los ciudadanos de nuestro país, nos
debe ratificar en que acertamos plenamente cuando establecimos aquellos
acuerdos políticos. Yo creo que en este momento quienes los establecimos
nos damos perfecta cuenta de cómo acertamos al hacerlos.
El señor Molins menciona, en primer lugar, la consolidación del Estado de
las autonomías y el modelo de corresponsabilidad fiscal. Es verdad que
éste es un debate que tendrá a lo largo de esta tarde y de mañana, según
la previsión de la Mesa y la Junta de Portavoces, una mayor capacidad de
extensión, pero quisiera mencionar que con el acuerdo del 23 de
septiembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha dado un paso
sustancial en lo que debe ser la profundización del Estado de las
autonomías, lo que debe ser la corresponsabilidad fiscal, de manera que
los ciudadanos puedan pedirles a sus gobernantes autonómicos
responsabilidades no sólo en las decisiones de gasto, sino en las
decisiones de ingresos. Y como tuve ayer ocasión de mencionar en una
parte del debate, lo que se hace en el acuerdo de financiación autonómica
es profundizar en las experiencias que ya había adquirido la financiación
autonómica en españa. ¿Quiere eso decir que esas experiencias eran las
únicas posibles? No, quiere decir que eran las nuestras. ¿Dónde se
profundiza? En los impuestos cedidos y en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. Se profundiza de manera equilibrada, se profundiza
transmitiendo capacidad normativa pero garantizando, al mismo tiempo, que
se va a establecer un juego de lealtad no sólo entre el Estado central y
las comunidades autónomas, sino también de las comunidades autónomas
entre sí. En este sentido, no dejo de sorprenderme de que pueda haber
reticencias sobre la responsabilidad política y económica que puedan
tener las comunidades autónomas en ejercicio de su capacidad normativa, y
lamento que eso todavía pueda plantearse como un debate que afecta a los
principios de cohesión o de unidad españolas.
Con respecto a Maastricht y al proceso de integración europea, coincido
con S. S. claramente en que estos presupuestos garantizan esa evolución.
Me atrevería a decir, señor Molins, algo obvio pero que no he dicho
todavía: los presupuestos se aprueban por esta Cámara, siempre será así y
debe ser así, pero llegan a esta Cámara aceptados y juzgados por la
opinión pública nacional e internacional. Siempre ha sido así y siempre
será así. Estos presupuestos llegaron a esta Cámara con una opinión
económica nacional e internacional y con una opinión social claramente
distintas de presupuestos anteriores, y esa razón --que ayer no era el
momento probablemente de exhibirla, porque podría parecer que el Gobierno
llamaba en su ayuda a quien no puede votar aquí-- es muy importante.
Estos presupuestos han dotado de credibilidad a la economía española,
estos presupuestos han permitido que españa se halle cada vez más lejos
de lo que se dan en llamar los países periféricos --entre los que tantas
veces, en una comparación injusta política y económicamente, se nos
sitúa-- y se nos vaya ubicando entre los países que están teniendo
grandes posibilidades y para los que la integración en la moneda única es
una gran oportunidad. españa es un país que puede compararse en situación
de beneficio con otros países. En este momento, españa es un país con un
potencial de crecimiento superior al de otros países de la Europa
integrada. Por tanto, españa puede beneficiarse, si tiene condiciones de
estabilidad, de mejoras de la competencia respecto a otros países, y ése
es nuestro desafío, ése es nuestro claro desafío.
El señor Molins ha recordado que estos presupuestos garantizan el
cumplimiento del déficit con la disminución del gasto y con la necesidad
de completar esto con otras políticas. ¡Qué duda cabe! Estamos entrando
en una nueva etapa de definición política, de definición de políticas
económicas que no se va a acabar ni en uno ni en dos años. Trataremos de
conseguir la estabilidad económica de nuestro país ampliando las
posibilidades de empleo y de competencia de nuestro tejido productivo,
respondiendo a los desafíos de la economía mundial y mejorando la calidad
de nuestros servicios públicos para siempre. Ese es un camino de
perfeccionamiento que nunca vamos a modificar y en el que se están dando
pasos importantes.
Los presupuestos refuerzan el Estado del bienestar y deben hacerlo. Una
sociedad cohesionada, una sociedad en la que se produzcan elementos de
bienestar y de cohesión es el complemento imprescindible de una sociedad
en la que haya elementos de competitividad y de eficacia. Así lo ha dicho
su partido, y así, desde luego, lo hemos dicho nosotros, y creo que es un
consenso general en lo que podríamos llamar el modelo europeo de
crecimiento. Pero el modelo europeo de crecimiento no puede basarse en
políticas cada vez más orientadas a condenar a las personas a
establecerse para siempre en posiciones de subsidio; el modelo de
bienestar europeo tiene que ir buscando mejores fórmulas que cada vez
produzcan mayores incentivos entre los ciudadanos para prosperar por su
propio esfuerzo y, si no pueden hacerlo, darles cobertura para que puedan
hacerlo sin proteger situaciones de abuso. Este presupuesto se mueve en
esa dirección claramente, manteniendo y mejorando prestaciones sociales,
pero incentivando al mismo tiempo las políticas activas, incluso la
participación de los sectores no estatales en la configuración de la
política social.
Creo que en este presupuesto no abordamos todo lo que quisiéramos
abordar, pero sin lugar a dudas mi grupo está comprometido con la
evolución de las ayudas a la familia, que es un debate que debe
plantearse en el futuro, y el marco la de evolución del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas me parece perfectamente adecuado.
Su señoría también ha hecho referencia a la economía productiva. La
pujanza de las exportaciones, la reducción de los precios industriales,
nuestra capacidad para competir internacionalmente, nuestro sector
turístico, que es el segundo del mundo y que está manteniendo esa
capacidad año tras año desde 1994 a 1995, todo ello demuestra claramente
que tenemos un sector productivo que cuando se le ha dado la oportunidad
de competir, cuando se le ha sometido a procesos de reforma y
liberalización, ha dado una respuesta de gran dinamismo. La economía
española está otra vez creciendo por encima de la media europea y debemos
incentivar que eso siga así. En ese sentido, las medidas que se han
tomado en esta Cámara, con el respaldo del grupo al que S. S. representa,
con respecto a la actualización de balances, a las plusvalías, al
incentivo de una nueva fiscalidad para las pequeñas y medianas empresas,
son medidas esenciales en esa dirección. También coincido con S. S. en la
importancia que tiene para la vida de los ciudadanos la reducción de los
tipos de interés y su papel imprescindible desde el punto de vista de la
reactivación de la inversión y del consumo y de la estabilidad de las
expectativas.
Reformas estructurales. Este país necesita muchas reformas estructurales.
Hemos comenzado debatiendo algunas y se está consiguiendo incluso un
consenso que inicialmente no se tenía respecto a las telecomunicaciones,
a las reformas del suelo, a las reformas del funcionamiento de la
economía, y debemos continuar por ese camino.
No cabe duda alguna de que la financiación de las comunidades autónomas
es un paso en esa dirección. Uno de los grandes elementos positivos que
tiene la economía española es precisamente su configuración autonómica,
que permite que haya una sana expresión, a veces plural y distinta, de
las diferentes maneras de resolver los mismos problemas. Qué duda cabe de
que el paso que se ha dado en los acuerdos a los que S. S. ha hecho
mención, y que nosotros estamos desarrollando, de que la política social
activa pueda tener manifestaciones plurales y ejemplos plurales en el
conjunto de españa es un elemento positivo desde el punto de vista
español. Los Estados centralistas, los Estados que pretendan mantener
políticas uniformes para todos sus problemas a nivel de todas sus
regiones, de todos sus territorios, son Estados que no están resolviendo
sus problemas con la misma eficacia que Estados que tienen mucha más
flexibilidad. En ese sentido, y dejando aparte consideraciones políticas
o de otra índole, desde el punto de vista económico no debemos tener
miedo a tener una economía flexible y también una Administración flexible
en nivel de eficacia y en nivel territorial. Lo es también el Pacto de
Toledo con los sindicatos; creo que ahí se produce una aproximación y un
efecto de madurez de la sociedad española. Lo decía ayer refiriéndome a
las declaraciones de otra persona; no es simplemente que los sindicatos
hayan madurado. Probablemente esta Cámara debe pensar que también ha
madurado, y debemos preocuparnos por nuestra propia maduración, porque
seguramente los demás se preocupan por la suya. En ese sentido, coincido
con S. S. en que es un elemento positivo.
Me plantea S. S., como no podía ser de otra manera, que, además de las
coincidencias, existen prioridades que S. S. y su grupo van a
incrementar, a subrayar; por ejemplo, el cumplimiento estricto del
presupuesto. Todo lo que podamos hacer en esa dirección, todo lo que sea
impulsar y respaldar al Gobierno en esa dirección, todo lo que sea
garantizar la efectividad de nuestras cuentas públicas no sólo será bien
recibido, sino que me parece imprescindible.
Es verdad, como dice S. S., que tenemos que hacer un esfuerzo
considerable en el capítulo II, sin duda, pero también es verdad que
algunas de las modificaciones que ya están contenidas en estas leyes,
como es la vinculación de los gastos de tracto sucesivo, harán muy
difícil que no tengamos que cumplirlo, y también es verdad, como dice S.
S., que todos y cada uno de los ministerios están estudiando ya fórmulas
de variar su funcionamiento, de reducir sus gastos generales y de llevar
a cabo claras políticas de austeridad, que no se diferencian mucho de las
políticas que adopta cualquier ente privado, incluso cualquier familia,
cuando tiene que enfrentarse a políticas de austeridad. Las menciones que
ayer hice a la política de compras y a la política de inmuebles, la
paralización de cualquier alquiler nuevo, de cualquier compra nueva de
inmuebles en la Administración central del Estado hasta que seamos
capaces de conocer cuál es el stock con el que contamos, cosa que hasta
ahora se desconocía, y seamos capaces de tomar decisiones de ubicación
distinta para los servicios públicos centrales, es un camino en la misma
dirección que el que estamos tomando en la simplificación y reducción de
los altos cargos, que --lo anuncio ya-- durante el mes de noviembre se
extenderá a los organismos autónomos y entes públicos.
Su señoría me dice que desconfía del ahorro que podamos producir en las
empresas públicas. Yo creo que en este presupuesto ya hay elementos que
indican claramente la voluntad del Gobierno, por un lado, de mantener
unos niveles salariales con subida cero durante 1997 en las empresas
públicas deficitarias y, por otro lado, de desterrar esa división según
la cual hay empresas que están condenadas a ser siempre deficitarias.
Hay empresas que no están condenadas a ser deficitarias y no deben serlo,
sino que, en el futuro, con su posición en el mercado, deben contribuir a
compensar las pérdidas o las aportaciones que todos los españoles, a
través del Estado, hemos hecho en ellas a lo largo del tiempo.
El mantenimiento de la inversión pública a través de fórmulas
extrapresupuestarias, con aportación de las privatizaciones y también con
aportación del sector privado. Coincido con S. S. y es intención del
Gobierno poner en práctica esas fórmulas lo antes posible para que esos
impulsos del sector privado puedan jugar su papel desde el primer
momento. Las enmiendas de su grupo, si van en esa dirección, serán
estudiadas con toda atención.
En cuanto a la inversión en bienes de equipo, es verdad que reducimos los
incentivos generales, pero no es menos cierto que eso se hace en un
cuadro de actualización de balances --mejora, por tanto, de las
oportunidades de inversión--, de la nueva aplicación de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, extraordinariamente importante, y, sin duda,
de la intención del Gobierno de buscar fórmulas que puedan incentivar la
inversión en áreas concretas o mejorar la situación de las
amortizaciones. Desde el punto de vista de la vivienda, el Gobierno
mantiene la inversión en vivienda que preveía el plan firmado con las
comunidades autónomas. Creo que el debate sobre qué debemos hacer para
incentivar la política de vivienda, flexibilizando, por un lado, los
mecanismos que permiten su financiación e incentivando, por otro, la
existencia de viviendas en alquiler, es un debate esencial en la sociedad
española y, en ese sentido, coincido con S. S.
Con respecto al empleo --lo he dicho varias veces y lo ha reiterado S.
S.--, la relación entre PIB y empleo ha mejorado y se está produciendo
además, por primera vez en mucho tiempo, la aparición de empleo estable.
Plantea S. S. un tema políticamente muy importante, que es dar pasos para
conseguir empleo estable que tengan un respaldo jurídico suficiente desde
el punto de vista de las leyes y de los derechos individuales que son
respetados por los tribunales. La posición del Gobierno en esta tema es
conocida y yo la reitero: creemos que el consenso entre los
interlocutores sociales, los mismos que firman esos acuerdos a los que se
refiere S. S., debe permitir que esos acuerdos puedan tener vigencia
jurídica. En ese sentido, el Gobierno va a hacer todo lo que esté en su
mano para que ese consenso que es tan positivo para la sociedad española,
que se manifiesta en la moderación salarial, que se manifiesta en el
Pacto de Toledo y que se puede manifestar en otros muchos aspectos de
movilidad funcional y geográfica, en la desaparición de algunos costes ya
inasumibles por las empresas españolas, como vemos en los nuevos
convenios, un consenso que permite esos acuerdos a nivel de empresa y a
los que S. S. hace referencia, sea capaz de producir las modificaciones
que nos garanticen el aumento de la estabilidad en el empleo. Desde
luego, el Gobierno está trabajando en esa dirección.
Con respecto a la sanidad pública, sin duda el Gobierno aporta en estos
presupuestos, además del cumplimiento del pacto de 1994, cantidades
importantes que mejoran la financiación de la sanidad pública. Hay un
debate que está abierto, un debate que no se puede abrir simplemente
diciendo que el Gobierno anterior, como ayer se dijo --S.S. no lo ha
dicho pero ayer se dijo--, a última hora estaba dispuesto a reconocer que
donde había dicho una cantidad bien podría haber dicho otra. Me parece
que la sanidad pública se merece algo más que ese tipo de matizaciones.
El Gobierno, entendiendo que la sanidad pública en sus acuerdos de
financiación de 1994 requiere de mejoras financieras, aporta este año
44.000 millones desde el punto de vista de la restricción de salarios,
26.000 millones desde el punto de vista del acuerdo con Farmaindustria y
una cantidad importante que se va a producir gracias al acuerdo sobre el
decreto de márgenes con los colegios farmacéuticos. A partir de ahí, el
Gobierno, con el respaldo de los grupos parlamentarios, ha planteado una
ponencia en la Comisión de Sanidad para llegar a un acuerdo, un acuerdo
que tiene una fecha límite. A finales del año que viene, dentro de doce
meses, deberíamos tener, tenemos que tener un acuerdo de financiación del
Sistema Nacional de Salud para el futuro. Pero yo creo que algunas de SS.
SS. tienen la ambición de que ese acuerdo se produzca antes,
probablemente como consecuencia del acuerdo anterior. Pues bien, el
Gobierno no tiene ningún inconveniente en tenerlo antes, el Gobierno no
tiene ningún inconveniente en trabajar con los grupos parlamentarios para
que en un plazo razonable, en el que se puedan discutir las opciones y en
el que se pueda conocer la realidad, no sólo del Sistema Nacional de
Salud, al que representa el Gobierno central, sino del que representan
también las comunidades autónomas, podamos tener una visión de la
realidad de la que partimos y hasta dónde nos queremos dirigir. Por lo
tanto, el Gobierno está plenamente dispuesto a que, como consecuencia de
los acuerdos de la ponencia, podamos empezar a debatir y a cerrar
acuerdos que afectan a un sistema de financiación sanitario que es
imprescindible robustecer y es imprescindible garantizar. Y robustecerlo
desde el punto de vista de la lucha contra el fraude, consiguiendo
mejores acuerdos con la industria o con los distribuidores, pero también
mejorando el funcionamiento de la sanidad pública en beneficio claramente
de los ciudadanos.
En cuanto a las iniciativas de competitividad, creo que algunas han sido
tomadas, otras deben ser tomadas y otras se contienen en estos
presupuestos, pero desde luego la reducción de la inflación es un tema
esencial y el Gobierno quiere dedicar sus máximos esfuerzos desde el
punto de vista de los precios regulados,
desde el punto de vista de la lucha por la competencia, desde el punto de
vista de la flexibilidad de mercados para conseguir que la inflación en
España se acerque a la inflación de los países con los que tenemos que
competir.
Su señoría ha efectuado un análisis sobre la política de estabilidad en
Europa --coincido con usted-- y al final ha hecho una afirmación política
sobre el grupo que respalda al Gobierno y el primer grupo de la
oposición. No voy a entrar en discusiones con el señor Molins sobre los
debates que tengo con el representante del Partido Socialista, porque
me parece que sería excesivo para todos.
¿Las cosas se han hecho razonablemente bien? Mire, señor Molins, si
quiere saber mi opinión --ya que lo ha planteado en un turno que me
corresponde, por lo menos puedo dar mi opinión-- le diré que las cosas se
han hecho todo lo razonablemente bien que cabría esperar, teniendo en
cuenta de dónde venían. Sí, señorías. Todos somos conscientes de quién ha
evolucionado en política económica y, aunque yo no tenga por qué recordar
nada a nadie, está claro en qué dirección se mueve la mayoría de esta
Cámara con respecto a la política económica. Está claro que las políticas
de estabilidad, de reducción del déficit, de financiación ortodoxa del
mismo, de reducción de la presión fiscal sobre la economía productiva
están en la dirección de unos determinados partidos y, cuantos más
seamos, mejor.
Todavía se van a producir debates importantes. Ayer, en el debate general
de la primera parte de este proyecto de ley de presupuestos, quedaron
muchas cosas por decir. Desde luego, desde el punto de vista de algunos
grupos, parece que la tributación de las pequeñas y medianas empresas en
España no debe modificarse. Ahí va a haber una gran diferencia y creo que
no sólo en este momento va a haber mayoría para modificarla, sino que me
atrevería a decir una cosa, señor Molins: dentro de unos años todavía
seremos una mayoría más amplia porque algunos de los que parecen tener
reticencias, dada su capacidad de evolución en los últimos años, aún
tienen mucho tiempo para sorprendernos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente.
El señor Molins tiene la palabra.
El señor MOLINS I AMAT: Voy a ser muy breve, señor Presidente.
Simplemente deseo agradecer desde la tribuna al señor Vicepresidente del
Gobierno su respuesta y hacer un par de comentarios a su intervención.
Tiene razón cuando dice que estos presupuestos han venido a la Cámara,
sin desmerecer para nada el trámite parlamentario, con una cierta
aprobación por parte de los mercados. Pero quisiera recordar --yo, al
menos, quisiera quedarme con eso-- lo que el Gobernador del Banco de
España decía hace unos días. Venía a decir algo así como que eso no sea
flor de un día. Comentaba cómo había descendido la evolución del
diferencial del tipo de interés. Yo mismo lo decía desde la tribuna. Hoy
está en 1,70 y la semana pasada estaba en 1,80. Después de haber bajado a
1,60 subía a 1,80 simplemente por unos comentarios de unos señores del
Bundesbank, y usted lo sabe. Es decir, que la gloria es efímera si no
hacemos cada día un esfuerzo continuado. Ese era el objetivo de mi
intervención, señor Vicepresidente del Gobierno. Ahora hemos elaborado
unos presupuestos que cuadran negro sobre blanco, que cuadran con
suficiente garantía como para que los mercados los hayan aprobado, aunque
el examen se realiza cada día. En eso prefiero pecar de ser desconfiado,
porque creo que es en lo que de mayor ayuda le podemos ser desde nuestro
grupo parlamentario. Vamos a ser exigentes con el Gobierno porque ése
creemos que es el papel que nos corresponde, y lo hacemos con sumo gusto.
Debemos pasar el examen cada día; el examen no es en junio de 1998; el
examen es diario. Y en la primera oportunidad que la realidad diga y
confirme que no hemos sido capaces de cumplir las políticas
presupuestarias, se nos exigirán cuentas. Por eso, señor Vicepresidente,
queremos corresponder --pensamos que es nuestro papel-- en el
cumplimiento del control del gasto y en el impulso de la inversión, en el
que también nos jugamos mucho. Y en eso el Gobierno, tanto en la
inversión pública como en la privada, tiene mucho que decir.
Para acabar, señor Vicepresidente, quiero hacer un comentario. Creo que
le he dado dos posibilidades para explicar la evolución de las cosas
durante estos últimos años: porque se han hecho bien o porque las cosas
han salido bien. La realidad es --insisto-- que hoy no podríamos
plantearnos el cumplimiento de las condiciones de Maastricht si no
estuviéramos en unas determinadas condiciones como para poder dar ese
paso. Nos queda un paso largo, hay quien dice que menos largo, incluso,
del que ha de dar Alemania. Alemania, para dar ese paso, tiene huelgas, y
el señor Kohl no es un masoca que busque las huelgas por disfrutar; hace
las cosas porque no tiene más remedio que hacerlas para cumplir con
Maastricht, y en Francia las tienen también para cumplir con Maastricht.
Nosotros no las hemos necesitado. Por suerte, el esfuerzo que se pide a
nuestros ciudadanos es suficiente para estar en Maastricht sin necesidad
de hacer determinadas cosas mucho más duras, como ocurre en otros países
de nuestro entorno, curiosamente. Nadie lo pensaba, pero es así.
Está en nuestras manos que los mercados, que son los que confirman unas
políticas u otras, sigan confiando en nosotros. Por eso hay que ser tan
enormemente riguroso en el tiempo. Sin embargo, no me preocupa si ha sido
porque se haya hecho bien, porque
haya salido bien o porque nuestra sociedad, que creo es lo más
importante, está trabajando bien. Se está produciendo esa conversión en
la forma de pensar, en las actitudes de las personas, que va en ocasiones
mucho más allá de las actitudes de los Gobiernos. Eso se está
produciendo, pero, sea lo que sea, en este momento --y en ese me quiero
quedar, señor Vicepresidente-- existe un amplísimo consenso en esta
Cámara, que quiere decir que existe un amplísimo consenso en nuestra
sociedad, en la necesidad de hacer el esfuerzo por alcanzar la
estabilidad económica como único camino para lograr la continuidad en el
crecimiento, en la creación de empleos; ese consenso existe en la
sociedad y ese esfuerzo vale la pena. Y es en ese esfuerzo en el que
deberíamos, deslindando las cosas que nos desunen, unir nuestras fuerzas
para conseguir con la sociedad, que es la que ha de conseguirlo, esa
conjunción con los objetivos de Maastricht que son no simplemente unos
objetivos teóricos, sino aquellos que deben permitirnos vivir en la
sociedad más próspera, justa y solidaria del conjunto de la economía
mundial.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Molins.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la política económica y social que debe contener los
Presupuestos Generales del Estado para el próximo año está condicionada
por un objetivo con el que coincide la práctica totalidad de las fuerzas
políticas, agentes económicos y sociales y la sociedad en general. Este
objetivo es cumplir con los criterios de convergencia nominal de
Maastricht y poder acceder a la Unión Monetaria, dentro de los países
elegidos, en la primavera de 1998.
Sin embargo, esta convergencia necesaria debe enmarcarse más como un
medio que como un fin, puesto que en definitiva lo que debe proporcionar
la entrada en la Unión Monetaria, y más en concreto el proceso de
construcción europea, es que los países integrantes consigamos un
crecimiento estable de nuestras economías que garantice un crecimiento
del empleo y, en consecuencia, un mayor nivel de bienestar.
Ante esta situación, ningún país que pretenda estar en la moneda única en
1999 se puede permitir gobernar sin presupuestos, ni soportar la
situación de incertidumbre que produciría en los mercados internacionales
este hecho. Si bien consideramos que estos presupuestos y su ley de
acompañamiento son mejorables, creemos que la responsabilidad política
ante el bien común de todos los ciudadanos del Estado exige un esfuerzo
de las fuerzas políticas por anteponer esta prioridad a planteamientos
partidistas o de estrategia. Tenemos que ser conscientes de que ya este
ejercicio en que nos encontramos carece de presupuesto; de que estamos,
por tanto, en prórroga presupuestaria, con lo que conlleva de
imprevisiones, de incertidumbres y de dificultades en la gobernabilidad.
Tenemos que ser conscientes de que hemos perdido la oportunidad de haber
adelantado el esfuerzo de ajuste presupuestario que en este momento nos
estamos proponiendo; esfuerzo presupuestario que, repito, se debería
haber hecho en años anteriores, y no se ha hecho. Bien es cierto que
nuestro Grupo Parlamentario fue uno de los que rechazó los presupuestos
para 1996 presentados por el Gobierno anterior, pero en aquella ocasión
tenía plena justificación política y económica, y creo que ha quedado
suficientemente demostrado.
Los sectores productores, el sector financiero, los mercados, los
inversores, la economía en general, necesitan medidas adecuadas de
política económica: necesitan un marco económico de actuación basado en
la estabilidad política y social. Los Presupuestos Generales del Estado
son una de las herramientas más importantes para conseguir este objetivo.
Por tanto, con más razón que en otros ejercicios necesitamos unos
presupuestos para 1997; unos presupuestos que cumplan los objetivos
señalados dentro de un marco estratégico creíble y realizable. Esta es la
razón fundamental por la que nuestro Grupo Parlamentario no ha presentado
enmienda a la totalidad, lo cual no significa que, como he dicho
anteriormente, existan aspectos mejorables, e incluso planteamientos y
medidas criticables, algunas de las cuales me van a permitir SS. SS. que,
a pesar del tiempo, les relate brevemente.
En primer lugar, el marco económico de referencia para el Gobierno, y en
el cual ha de moverse para fijar las líneas maestras de su política
presupuestaria, se encuentra dentro de un contexto, a nivel europeo, de
políticas presupuestarias sumamente restrictivas, marcadas principalmente
por esfuerzos de ajuste fiscal y contención de la inflación. En este
sentido, hay que destacar el esfuerzo de ajuste que presentan estos
presupuestos para 1997. El Gobierno ha conseguido elaborar unas cuentas
públicas en las que el déficit primario arroja un resultado positivo
importante, cercano al billón y medio de pesetas, que permite enjugar, en
parte, la carga financiera de la deuda y reducir, consecuentemente, el
déficit público hasta el 2,5 por ciento del producto interior bruto. Este
resultado, siempre que se cumplan las previsiones presupuestarias y no
suceda como ha sido habitual --y éste es uno de los mayores problemas--,
que los ingresos previstos no alcancen mientras que los créditos de
gastos resulten insuficientes, permite concebir esperanzas sobre el
cumplimiento por el Estado español del criterio de convergencia relativo
al déficit público al finalizar el ejercicio de 1997.
Respecto al ajuste previsto en estos presupuestos, realizados con la
impronta de Maastricht, se hace necesario,
sin embargo, hacer algunas puntualizaciones que nos preocupan por su
posible repercusión en el futuro. Por un lado, la evolución de la
economía del Estado, que durante este año nuestra síntomas de cierto
estancamiento debido a la ralentización experimentada por la demanda
interna y a la casi nula aportación del sector exterior.
Las previsiones de cierre apuntan a un leve repunte del consumo privado y
de las exportaciones, que pueden situar el crecimiento económico en torno
al 2,3 por ciento. Esta situación nos hace pensar que quizá sea demasiado
optimista, lo cual no quiere decir que no vayamos a intentar conseguir
que la previsión del crecimiento llegue al tres por ciento de nuestra
economía. Y también en este aspecto hay que tener en cuenta las
estimaciones realizadas por la OCDE, que en la última previsión revisaba
a la baja y auguraba un crecimiento de la economía del Estado del 2,7 por
ciento, siendo para el conjunto de la Unión Europea del 2,5 por ciento.
Por tanto, las perspectivas económicas parece que, en principio, pueden
tener algunas sombras de credibilidad. Sin embargo, también parecen más
optimistas de cara al futuro, ya que para los próximos años podrán
evolucionar dentro de una moderada y paulatina recuperación, aunque
existen, y existirán, grandes dosis de incertidumbre, precisamente por la
entrada en la construcción europea.
Por otro lado, es posible que se produzca un aumento de la presión
tributaria, con un crecimiento superior al producto interior bruto, en la
imposición indirecta, no sólo por haberse creado nuevas figuras
tributarias sino también por una previsión de crecimiento del ocho por
ciento en la recaudación sobre el Impuesto del Valor Añadido. La
evolución de esta última magnitud --me refiero a la recaudación del IVA--
está muy relacionada con el crecimiento económico, en particular con el
consumo, que, de no acabar de despegar, no va a permitir el avance
recaudatorio previsto, máxime cuando se esperan tasas de crecimiento
elevadas de la formación bruta de capital y de las exportaciones, las
cuales pueden incidir negativamente en los ingresos por el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
Más importante nos parece el hecho de la contención del gasto y, además,
que éste haya recaído fundamentalmente en los créditos destinados a la
inversión, por los efectos que ello puede tener en el proceso de
modernización y de convergencia real hacia los países comunitarios y en
un avance del consumo más moderado del inicialmente previsto. Esto nos
preocupa verdaderamente, señor Vicepresidente del Gobierno. Si por fin se
converge, la política monetaria la fijará el nuevo Banco central; las
empresas tendrán que ganar cuotas de mercado compitiendo en precios y en
calidad y esto requiere más inversión pública y más inversión privada;
inversión pública en infraestructuras, en transportes, en comunicaciones,
en investigación y desarrollo, actuando así de reclamo para la inversión
privada.
La estrategia de reducir el déficit público debe tener muy presente que
gran parte del desequilibrio presupuestario tiene un enorme componente
estructural, ajeno a la evolución del ciclo económico. Ello significa que
no podemos confiar en conseguir un equilibrio presupuestario duradero sin
tomar medidas de carácter estructural. No se puede confiar en rebajar la
carga de la deuda únicamente en los descensos de los tipos de interés, ni
es posible congelar indefinidamente los salarios del sector público, ni
puede continuarse reduciendo la inversión pública. Para evitar que el
cumplimiento del criterio de convergencia en materia de déficit público,
recogido en este proyecto de presupuestos, se convierta en algo ilusorio
y pasajero, se hace necesario adoptar medidas que permitan atajar la
parte estructural del déficit público y que garanticen la continuidad del
camino que hemos emprendido. Por tanto, deben redoblarse los esfuerzos
por corregir los problemas de fondo que tiene nuestra economía, máxime
cuando nos encontramos en una coyuntura favorable. Sin ellos, el clima de
confianza y credibilidad que estos presupuestos han generado en los
agentes económicos se romperá, produciéndose fenómenos especulativos como
los ocurridos en la primavera del año 1995, y de esta forma pueden
truncar los avances hacia la convergencia de Europa.
Es evidente que para reducir el déficit público, requisito ineludible
para superar este examen de Maastricht, no hay más alternativa que
reducir los gastos y aumentar los ingresos. La intención es buena, pero,
por lo que a los ingresos tributarios se refiere, las cifras previstas en
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado parecen excesivamente
optimistas, con un efecto multiplicador en la recaudación de más de un
punto sobre el producto interior bruto, esto suponiendo que se cumpla el
cierre previsto en el ejercicio en curso, otra de las incógnitas que
tenemos.
Se está confiando excesivamente en que el alza recaudatoria será una
consecuencia lógica de la mejoría económica. Es cierto que a nivel
europeo, incluso mundial, se está saliendo de la última etapa de
estancamiento, por lo que creemos que podemos ser optimistas en ese
aspecto. Sin embargo, la evolución prevista para 1997 es, simplemente, de
una moderada y paulatina recuperación, no tanto como lo que esperábamos.
Por tanto, éste será uno de los aspectos que habrá que ir siguiendo en
cuanto a la evolución de la economía internacional y ver cómo puede
afectar en este aspecto a la economía del Estado.
Hablando de déficit y de ingresos tributarios, me voy a detener en las
tres figuras impositivas más importantes, que son las que, de alguna
forma, van a estar sustentando los ingresos tributarios.
Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se prevé
para el conjunto del impuesto un incremento interanual del 6,8 por
ciento, por encima del registrado en los ejercicios anteriores, pero todo
este incremento se centra exclusivamente en las retenciones por
rendimientos de trabajo, puesto que el resto de los apartados se
incrementa ligeramente con respecto al año 1996. Esto lleva a que las
cifras de retenciones citadas se incrementen por encima del 8 por ciento
interanual, incremento que difícilmente va a alcanzarse porque existen
algunos factores que pueden incidir en él, como puede ser la deflactación
de las tablas o la creación de empleo que, si es un empleo temporal y
poco cualificado, puede repercutir de alguna forma en una menor cuantía
de las retenciones; también puede influir la congelación salarial
propuesta en el sector funcionarial. Todos estos aspectos hacen que pueda
ser difícil cumplir los objetivos de recaudación por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
También se dice que el Impuesto sobre Sociedades se va a incrementar un
8,5 por ciento. Esta cuota diferencial neta debe incidir a la baja en el
impacto de la nueva normativa que ha entrado en vigor el año 1996,
conforme a la cual se presentarán las primeras autoliquidaciones en 1997,
pero es que el peso más fuerte del incremento radica en las retenciones
sobre rendimientos de capital, que recoge en torno al 30 por ciento de la
recaudación por este concepto, mientras que el 70 por ciento restante se
integra en el Impuesto sobre la renta.
Finalmente está el Impuesto sobre el Valor Añadido, que prevé también un
incremento recaudatorio superior al registrado en los ejercicios
anteriores, pero, dado que no están previstas subidas en los tipos
impositivos, todo el incremento recaudatorio por el IVA debe provenir de
la evolución de la actividad económica.
Si estos indicadores que nosotros estamos manejando apuntan hacia una
recuperación del consumo favorecido por la creación de empleo y la
contención de la inflación, no parece factible que este relanzamiento del
consumo sea especialmente importante y que la actividad económica en
general pueda propiciar un incremento tan alto en la recaudación del IVA.
Esta es una de nuestras incógnitas en este momento.
Resumiendo. Sin subida de tipos de los tres impuestos, el incremento
previsto en la recaudación tributaria para 1997 sólo puede provenir del
empuje de la actividad económica, de la mejora de la gestión y del mayor
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
No quisiera dejar de comentar --porque al margen de los presupuestos
también hay otros proyectos de ley que estamos debatiendo en estos
momentos-- algunos aspectos que me preocupan y que preocupan a todos los
ciudadanos. Me refiero a la situación del desempleo.
La previsión de creación de 237.700 nuevos puestos de trabajo puede
parecer un objetivo que para el nivel de paro de nuestra sociedad sea
poco ambicioso, aunque reconocemos que está ajustado a la previsión de la
evolución económica y a la capacidad actual del mercado laboral, pero en
los cuatro últimos años estamos reduciendo a duras penas la tasa de
desempleo, un punto por año. Esto significa que todavía estamos por
encima del doble de la Unión Europea y éste es un grave problema. Sin
embargo, este problema no se solucionará si no profundizamos en medidas
estructurales de la economías liberalizando más los sectores
monopolísticos, reforzando la fiscalidad, estableciendo un sistema
tributario que redistribuya mejor la riqueza y que impulse el sistema
productivo, propiciando una mayor competitividad de las empresas,
reformando el mercado laboral para dotarlo de mayor flexibilidad y, desde
luego, acometiendo decididamente una reforma intensa de las
administraciones públicas.
Además, resulta indispensable propiciar un gran pacto social que vincule
la actitud ante el empleo, no sólo de la Administración y de otros
poderes públicos, sino también de los agentes sociales y económicos; un
pacto social que armonice sectorial y territorialmente una política de
rentas dirigida a la creación de empleo, que posibilite actuaciones de
distribución de beneficios ajustada a los requerimientos de los
diferentes sectores, que posibilite crecimientos de salarios acordes con
la evolución de la productividad de cada sector; un pacto que permita
profundizar en la reforma laboral de las leyes 10, 11 y 14 de 1994.
Otro capítulo importante al que no quiero dejar de referirme es, dentro
de los gastos presupuestados, el correspondiente al gasto social que
contempla el incremento del 2,6 por ciento en las prestaciones económicas
para los pensionistas. Con esta medida se da cumplimiento al acuerdo
recogido en el Pacto de Toledo sobre el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones y que ha sido suscrito recientemente en el
acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios de UGT y
Comisiones Obreras. Creemos que era necesario dar esa seguridad y esa
garantía que, aunque ya estaba recogida, de esta forma no deja ninguna
duda hacia los pensionistas.
En último lugar, me merecen especial atención las medidas de disciplina
presupuestaria que se contemplan tanto en el proyecto de ley específico
como en el proyecto de ley de acompañamiento. Si importante en todo
presupuesto es su contenido económico, no lo es menos su grado de
ejecución y la transparencia de su gestión mediante el cumplimiento
estricto de las normas contables públicas y de las emanadas de la Ley
General Tributaria.
Después de los últimos acontecimientos conocidos, principalmente los que
dieron motivo al Real Decreto-ley 12/1996, de 26 de julio, por el que se
concedían créditos extraordinarios por importe de 721.000 millones
de pesetas, el Gobierno ha adelantado una serie de medidas de
modificación de la Ley General Presupuestaria con el fin de introducir
mayor rigor y mejorar la gestión del presupuesto. Ahora, con estas
modificaciones normativas, se intenta, por una parte, corregir
situaciones detectadas por la Intervención General del Estado y en las
que se pusieron en evidencia anticipos realizados pendientes de
formalizar, obligaciones que estaba previsto atender pero que, por
diversos motivos, no se tramitaron los créditos extraordinarios
correspondientes y obligaciones generadas en ejercicios anteriores sin
imputación presupuestaria.
Por otra parte, se introducen modificaciones en la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas para corregir situaciones con tratamiento
deficiente en la realización de obras de emergencia y expropiaciones por
el procedimiento de urgencia, para lo cual se corrige la Ley de
Expropiación Forzosa.
Entendemos que tanto estas modificaciones como las introducidas en el
capítulo de gestión de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social vienen a reforzar el control de algunas situaciones
producidas que estaban fuera de una ortodoxia contable. Sin embargo,
desde el punto de vista de la técnica legislativa, no entendemos por qué
se han realizado modificaciones en dos proyectos de ley distintos.
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, le ruego concluya.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino enseguida, señor Presidente.
Decía que no entendemos por qué se han realizado modificaciones en dos
proyectos de ley distintos, el de acompañamiento y el de disciplina
presupuestaria, que se tramitan conjuntamente --lo estamos haciendo
hoy--, cuando además afectan a los mismos textos legales. Me refiero a la
ley de acompañamiento cuando modifica el artículo 61.2 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria referente a compromisos de
gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores, y lo mismo se
hace en el proyecto de ley de disciplina presupuestaria, pero con otra
redacción distinta. Por cierto, nos gusta más la redacción que viene en
la ley de acompañamiento.
También encontramos algunas incongruencias con las modificaciones del
artículo 63.1 de la Ley de Contratos del Estado; pasa algo parecido, dado
que la disposición adicional primera de esta ley establece su carácter
básico, salvo el último inciso, y ahora se ha añadido un párrafo final.
¿Cómo queda establecida esta situación en cuanto a la disposición
adicional primera? Pensamos que se debía de derogar.
Por lo demás, nos parece adecuada la redacción del artículo 146.4 de la
Ley de Contratos de Administraciones Públicas, y también nos parecen
adecuadas las modificaciones introducidas en la Ley de Expropiación
Forzosa. Coincidimos en que era necesario revisar esta normativa. Sin
embargo, estas medidas no son suficientes. Ha llegado el momento de que
el Gobierno envíe a las Cortes la reforma de la Ley General
Presupuestaria. Pero, además de actualizar y adaptar esta normativa a las
necesidades de control de las cuentas públicas, es necesario revisar los
objetivos de funcionamiento de la Intervención General del Estado
--competencia del Gobierno como fiscalizador interno-- y del Tribunal de
Cuentas, como fiscalizador externo. Ambos organismos no están
respondiendo hoy a las exigencias de un control presupuestario adecuado,
por lo que desde aquí pido al Gobierno una reforma en profundidad de
ambos organismos y, fundamentalmente, del Tribunal de Cuentas.
Decía que no es suficiente con la reforma de la Ley General
Presupuestaria y tampoco con las reformas de los organismos de
fiscalización que acabo de mencionar, porque, en definitiva, estos
instrumentos no tendrán eficacia si en la Administración no se introducen
criterios de rigor y de eficiencia y no se proporciona al Parlamento
información transparente para su conocimiento y control.
Finalmente, señor Presidente, señorías, decía que nuestro Grupo
Parlamentario no presentó, por los motivos que he dicho al principio,
enmienda a la totalidad. En este momento estamos debatiendo enmiendas de
totalidad de otros grupos, y a este respecto, al margen de las razones
esgrimidas al principio de mi intervención y después del análisis de los
presupuestos, existen razones que están en relación con los motivos que
han inducido a los grupos parlamentarios a solicitar la devolución de
estos presupuestos al Gobierno. Desde nuestro grupo respetamos esa
decisión, pero no encontramos elementos de peso suficiente como para
apoyar estas enmiendas si contraponemos en la balanza los aspectos
negativos, incluso las consecuencias irreparables de una inestabilidad
política y económica en unos momentos críticos como en los que nos
encontramos y como los que se nos avecinan.
Es evidente que la práctica totalidad de las fuerzas políticas
coincidimos con los objetivos de los presupuestos, por tanto, en este
aspecto no hay discrepancias. Podemos coincidir en la crítica a
determinados planteamientos, y algunos ya los hemos apuntado; en
concreto, las dudas que tenemos sobre el posible cumplimiento del
crecimiento en un 3 por ciento del producto interior bruto. Somos
críticos también con los recortes en inversión pública y proponemos
corregir, a través de enmiendas, la distribución de fondos, priorizando
proyectos o reequilibrando su distribución geográfica. Sin embargo, no
compartimos las críticas generalizadas de algunos grupos a las recientes
medidas económicas del Gobierno. Tampoco compartimos la permanente e
insistente culpabilidad en el aumento del gasto como consecuencia del
avance en el sistema
de la financiación de las comunidades autónomas, algo en lo que algún
grupo está, permanente y cicateramente, presionando e insistiendo; no lo
compartimos. Tampoco compartimos el rechazo frontal al proceso de
privatizaciones. Entiendo que éste debe de efectuarse con prudencia, con
planificación y transparencia, asegurando el verdadero objetivo que se
persigue, pero no compartimos el rechazo frontal al mismo. De igual
forma, creemos que no tiene suficiente justificación el rechazo a las
medidas fiscales...
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, ha superado con creces su tiempo. Le
ruego que concluya en un minuto.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Termino en un minuto, señor Presidente.
De igual forma, creemos que no tiene suficiente justificación el rechazo
a las medidas fiscales en su globalidad, y menos las que se refieren, en
el orden tributario, al apoyo al sistema productivo, como son la
actualización de balances y las ayudas a las pequeñas y medianas
empresas.
En algunas enmiendas de totalidad se señala que existe obsesión con el
objetivo de reducción del déficit público; puede parecer que así sea. En
cualquier caso, dada la trascendencia y el significado de esta magnitud
macroeconómica, no es malo estar tan preocupados por la regeneración de
las cuentas públicas.
En definitiva, señor Presidente, señorías, nuestro Grupo Parlamentario,
tras el debate de las enmiendas a la totalidad, como he dicho
anteriormente, y en la defensa que de ellas han hecho los grupos que las
han presentado, no encuentra razones de peso suficiente, por lo que
anunciamos nuestro voto en contra de las mismas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zabalía.
Señor Vicepresidente del Gobierno, tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Zabalía. Coincido con S. S. plenamente en que la
convergencia no es un fin, sino que es un medio, y que, al final, lo
importante --creo que se ha tratado mucho a lo largo del debate-- es la
necesidad de acercarnos a posiciones cada vez de mayor estabilidad
macroeconómica. En ese sentido, precisamente la relación entre confianza
y estabilidad es un círculo no vicioso, sino lo contrario, un círculo
virtuoso que nos aleja de círculos viciosos tradicionales en nuestra
economía, que estaban más bien orientados a la inestabilidad y el ajuste.
De eso es de lo que, en este momento, la economía española debe huir y
coincide, como no podía ser de otra manera, con lo que el conjunto de las
economías más prósperas de Europa están intentando realizar también.
Coincido con S. S. --lo dije ayer y lo digo hoy-- cuando ha dicho que es
el ajuste que en años anteriores no se hizo. De lo que no cabe duda es
que el cien por cien del ajuste presupuestario hay que realizarlo entre
los años 1996 y 1997 y, en este sentido, me parece que huelga cualquier
manifestación sobre las políticas presupuestarias anteriores.
En este presupuesto --lo mencioné ayer en mi discurso y quizá no fue
suficientemente resaltado después, en el debate--, como consecuencia del
ajuste del gasto y de la contención del déficit --hasta el 2,7 por ciento
en la Administración central y el 3 por ciento para el conjunto de las
administraciones públicas--, se produce un importante superávit primario,
que va a permitir que, por primera vez en mucho tiempo, el stock de deuda
decrezca --muy ligeramente, pero decrezca-- con respecto al producto
interior bruto, lo cual es un paso también sustancial en la confianza del
futuro de la economía española.
Sobre el crecimiento, S. S. manifiesta que el 3 por ciento para 1997 es
una posición optimista. Yo creo que hemos de calcular que si este año la
economía española va a crecer aproximadamente 0,8 puntos de diferencia
positiva con las economías europeas; si la economía alemana está en un
proceso claro de recuperación (los efectos de la economía alemana sobre
el conjunto de las Comunidades Europeas son conocidos); si las economías
grandes, como la economía británica, se encuentran en un proceso de
asentamiento y de crecimiento, en un proceso claro de disminución de sus
desequilibrios; si el conjunto de Europa está en un proceso de caída de
la inflación y de caída importante de los tipos de interés, estamos
adentrándonos en un proceso de estabilidad que irá manifestándose cada
vez con mayor claridad.
Estas reformas estructurales que se están planteando en todos los países
para conseguir que se mejore la eficacia de la economía, indican que en
España, con una caída de los tipos de interés como la que se está
produciendo y con una caída de la inflación subyacente, si perseveramos
en políticas estructurales de reforma; si se mantiene un ambiente de
consenso y de negociación social que permita unos incrementos salariales
moderados y en relación con la productividad; si, al mismo tiempo,
intensificamos la presencia de nuestras empresas en el exterior, y si
damos una clara sensación de que la estabilidad macroeconómica se
producirá por el lado del presupuesto y no por el lado de la política
monetaria, creo que estamos claramente coadyuvando a un crecimiento que
no me parece que deba ser muy distinto del que fija el cuadro
macroeconómico del Gobierno, habida cuenta de las previsiones de
crecimiento en Europa.
Su señoría, después, ha hecho un análisis de los impuestos, diciendo que
ahí puede radicar una debilidad
del presupuesto. Quiero insistir en una idea que expuse ayer y que
quizás, como consecuencia del debate, pudiera haber quedado un poco
desdibujada. Tanto en el IVA como en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, en 1996 se está produciendo un incremento considerable
de las devoluciones, lo cual hace que la recaudación en 1996 aparezca
minorizada con respecto a lo que podría ser una serie homogénea de los
últimos años. Hemos hecho un esfuerzo para que las devoluciones de los
años 1995 y 1996 se estén produciendo en este momento. En ese sentido,
quiero decir que las cifras homogéneas demuestran un crecimiento menor de
los tributos.
Desde el punto del IVA, quiero decir a S. S. que ya se está produciendo
una recuperación clara en la recaudación del IVA en estas últimas
semanas, que indica probablemente la recuperación del consumo, la
recuperación de la economía y la eficacia del sistema productivo y de la
lucha contra el fraude.
Desde el punto de vista del IRPF, no cabe duda de que la política de
aumento del empleo, además de los efectos de las devoluciones, creo que
justifica las previsiones del Gobierno. Y desde el punto de vista del
Impuesto sobre Sociedades, no cabe duda de que el aumento en un 25 por
ciento de los pagos a cuenta de dicho impuesto en las sociedades más
importantes, en las grandes sociedades, va a ser un elemento crucial,
como lo va a ser también el pago del 3 por ciento como consecuencia de
acogerse a la actualización de balances.
Coincido con S. S. en que el desempleo es el tema importante y básico del
futuro de la economía española; que es imprescindible enfrentarse a él
con medidas estructurales, no sólo dirigidas al mercado laboral sino
dirigidas a la descentralización de las políticas activas; dirigidas
también a movilizar recursos en telecomunicaciones y en suelo; dirigidas,
asimismo, a mantener una competencia a ultranza en el sector de los
precios regulados, en el sector financiero. Todo eso contribuye a la
eficacia de la economía y, como consecuencia, todo eso contribuye a crear
empleo.
Coincido con S. S. en que la reforma laboral para conseguir un empleo más
estable debe provenir de un consenso posible, y yo creo que plenamente
posible. En ese sentido, el Gobierno está trabajando en ello y creo que
todos debemos coadyuvar en lo que se pueda en esa dirección.
En cuanto a la disciplina presupuestaria, S. S. ha manifestado que el
hecho de que haya en dos leyes un tratamiento del artículo 61 debería
obligar al Congreso, y yo coincido, a unificar ese tratamiento en una
sola de las leyes, que debe ser la ley de disciplina presupuestaria. En
ese sentido, desde luego, mi grupo va a proponer que la medida de
modificación parcial del artículo 61, que está en la ley de
acompañamiento y que se refiere a las obras que se pagan en una sola vez,
al final de su proceso, se incorpore a la ley de disciplina
presupuestaria, que no es más que el anticipo de una nueva Ley General
Presupuestaria; nueva Ley General Presupuestaria que el Gobierno debe
presentar durante el próximo período de sesiones y que, indudablemente,
debe ser la base del futuro de los presupuestos en nuestro país.
Yo creo que todos somos conscientes de que, después del anuncio de la
aparición de unas obligaciones no reconocidas en el presupuesto de 1995,
era imprescindible dar una respuesta de confianza al conjunto de los
mercados y de la sociedad española, y que la ley de disciplina
presupuestaria, que la mayoría de los grupos parlamentarios, con
excepción de uno, comprensiblemente, respaldan, es una ley que viene a
garantizar que las prácticas presupuestarias de ejercicios anteriores no
podrán repetirse en 1997.
Creo que con ello he dado respuesta a muchas de las cuestiones que ha
expuesto S. S. También ha planteado la importancia de que la inversión
pública colabore con la inversión privada en el mantenimiento del
esfuerzo inversor en el año 1997 y sus dudas sobre las previsiones del
Gobierno para bienes de equipo. El conjunto de efectos de mejora de
costes de las empresas y de márgenes; la reactivación del consumo; la
disminución de los tipos de interés; el claro panorama, cada vez más
amplio, de estabilidad de la economía española y la mejora de las
expectativas, junto con la mejora del empleo, nos indican que claramente
existe un impulso creciente en la evolución de los bienes de equipo, como
también existe un impulso creciente en la recuperación de la
construcción, a la que el Gobierno tiene que coadyuvar, por un lado, con
su política de inversión pública o de vivienda, y, por otro lado, con
todos los esfuerzos que va a realizar respecto a las mayores
flexibilidades posibles en el mercado de hipotecas.
Estudiaremos detenidamente sus enmiendas, pero quiero agradecer el tono
de la intervención, y también el respaldo que supone a la política
presupuestaria del Gobierno el rechazo de las enmiendas de devolución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mauricio.
El Señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, voy a intervenir brevemente en nombre del Grupo de Coalición
Canaria. Ya he pactado con el señor Presidente que mi intervención va a
ser breve, porque seguro que eso ayudará a recibir el agradecimiento de
los señores Diputados a estas alturas del debate. (Algunos señores
Diputados: «¡Bien, bien!») Ya sabía yo que iba a tener una aclamación
favorable a mi breve intervención.
Mi grupo sale a expresar el apoyo a estos presupuestos, y
consecuentemente su voto negativo a las enmiendas a la totalidad, en la
medida en que entendemos que estos presupuestos son coherentes con el
discurso de investidura que pronunció el Presidente del Gobierno y con
los compromisos que el Partido Popular y Gobierno popular han adquirido
con el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En aras a la brevedad y a la concisión, voy a huir de los artificios
técnicos y de las brillanteces dialécticas que tanto han proliferado a lo
largo del debate de estos presupuestos. Mi intervención va a ser muy
breve, pero política, porque entiendo que los presupuestos, en último
término, son la expresión contable de un conjunto de decisiones
políticas. Voy a explicar muy brevemente qué decisiones políticas
entiende mi grupo que hay detrás de estos presupuestos y por qué las
apoyamos.
La primera decisión que tenía que tomar este país era la de si de verdad
respondemos al compromiso europeo. No es que unos señores en Maastricht o
los guardianes de la ortodoxia de los bancos centrales europeos en
Frankfurt decidan que hay que ir hacia la convergencia europea. Europa,
esquemáticamente, está en un desafío mundial. Es un desafío de una
economía globalizada, de una economía abierta, de la competitividad,
etcétera. Europa y los países que componen la Unión Europea toman la
decisión de aceptar ese desafío a través de dos normas básicas: primero,
el equilibrio, el saneamiento y la modernización de sus economías y,
segundo, una decisión clave, el mantenimiento del Estado de bienestar.
Europa puede aceptar la competitividad internacional, pero no a costa de
modelos asiáticos o de otro tipo, sino de un modelo que defiende la
cohesión social como un elemento de la competitividad, lo que el
Presidente Aznar llamó en el discurso de investidura el bloque
constitucional del Estado de bienestar.
Ante esa decisión europea, España toma la misma decisión: estar en el
proceso de convergencia, en el equilibrio y el saneamiento de su
economía, pero defendiendo el Estado del bienestar. Esa decisión tiene
detrás un problema político muy serio. Y ese problema político es el
tiempo. ¿Qué tiempo tenemos para hacer los ajustes necesarios de sanear
nuestra economía y, al mismo tiempo, mantener el Estado de bienestar?
El gran problema --ya lo decía en mis intervenciones en los últimos años
desde esta tribuna-- es que este país está perdiendo un recurso escaso y
muy importante, que era el tiempo. Y ahora tenemos que hacer, en año y
medio, un ajuste en unas condiciones muy difíciles. Nos han dejado una
deuda pública, un déficit público, una inflación, una situación
económica, unas empresas públicas con un déficit importante y tenemos que
ajustar todo esto. El ajuste en año y medio se puede hacer desde dos
posiciones: una, conservadora (el Grupo Socialista ha estado haciendo
esfuerzos notables desde sus artificios dialécticos para decirnos que la
propuesta que hacen estos presupuestos es conservadora) y, otra,
progresista. Hay una alternativa conservadora y otra progresista en
Europa y en España.
¿En qué se diferencian? Yo creo que está claro, pues las recetas no son
muchas. Hay una que habla de bajar la presión fiscal, de recorte social,
de saneamiento rápido y urgente de la empresa pública, de ir al déficit
de una manera dura y rápida, pero este camino, sin duda alguna, tiene un
alto coste social y político.
El señor Molins hablaba de la experiencia Juppé, en Francia y, de la
experiencia Kohl, alemana. Algunos discursos del Partido Popular en la
oposición en los últimos años hacían pensar --y algunos desear-- que el
Partido Popular iba a coger la senda conservadora. El problema de que
bajando los impuestos se incentiva la inversión, se genera empleo, eso
produce equilibrio y saneamiento y se pueden hacer operaciones
quirúrgicas urgentes en la empresa pública. Por suerte, el Partido
Popular no ha escogido la vía conservadora. Está en la posición del
centro reformista que anunció el señor Aznar en el debate de investidura
y que nosotros hemos apoyado. Porque la segunda decisión política,
después de aceptar el compromiso europeo, ha sido mantener el Estado de
bienestar.
¿A quién irrita --supongo que en este Parlamento no habrá nadie que le
irrite-- que se haya firmado el pacto del mantenimiento de la defensa del
sistema público de la Seguridad Social y que lo hayan aceptado los
sindicatos? Naturalmente, el coste no es de los obreros y de los
sindicatos, el coste es que hay que mantener las cotizaciones sociales
que alguien había pensado que, a corto plazo, se podían bajar. No se ha
creado ninguna incertidumbre en el sistema de la Seguridad Social. En los
discursos electorales se decía que los intereses de los grupos
financieros por los fondos de pensiones era la gran razón para poner en
crisis el sistema de la Seguridad Social.
Decisión política: mantengamos el sistema público con la revalorización
de pensiones y el sistema protector de la Seguridad Social. Qué difícil
era mantener esa decisión política en unos presupuestos terribles que
nosotros teníamos que adoptar en el marco de la situación de la
convergencia europea y de la pérdida de tres o cuatro años en los
procesos de ajuste. Sin embargo, la hemos adoptado. Estos Presupuestos
defienden eso. Y defienden el mantenimiento del 6 por ciento del
crecimiento sanitario. Ahora bien, aparece una reflexión, porque no se
trata sólo de hacer unos presupuestos para 1997, sino que sean unos
presupuestos sostenibles durante cuatro o cinco años de estabilidad.
Aparece un gran debate abierto y nuestro grupo ya expresa su posición a
la defensa de lo que el señor Borrell llamaba ayer un eficiente sistema
sanitario, una gran consecución de un sistema público, pero que necesita
mejorar su gestión, hacer su catálogo de prestaciones y, sobre todo,
necesita que la desviación del gasto sanitario que se produce, igual que
se producía en la Seguridad Social, tenga elementos de control. Este
Gobierno ha tenido la valentía y el coraje de empezar a tomar medidas en
lo genérico, en el gasto farmacéutico y en los márgenes comerciales, por
lo cual nuestro grupo le felicita.
Tercera gran cuestión, el gasto del desempleo se mantiene. No hay
recortes en el seguro de desempleo y en la Seguridad Social. Cuestiones
que quedan relativamente pendientes. El sistema educativo español
necesita --y ése va a ser el gran tema del año próximo, junto al sistema
sanitario-- definir su marco financiero y las necesidades del sistema
educativo español. Va a ser muy importante que pactemos la inversión en
el sistema educativo con los grupos de la oposición.
Aparece una incógnita que yo quiero expresar y que en el futuro va a
plantearle problemas a este Gobierno. Parece ser que estamos en la
estructura militar de la Alianza Atlántica. Estamos en el objetivo del
Ejército profesional. ¿Cuánto puede soportar este país en cuatro años el
incremento del presupuesto de Defensa? La decisión en este presupuesto es
prácticamente congelarlo. Hay un pequeño repunte, alguna fragata, el
avión de combate, etcétera. La modernización del Ejército español no se
puede hacer con un coste del 2 por ciento del producto interior bruto en
cuatro años. Hay que optar entre sanidad, educación y una modernización
limitada del presupuesto de Defensa. Un gran debate para los años
próximos en el que mi grupo ya está expresando de alguna manera su
posición.
Esos debates, junto a la mejora de la Administración de justicia y del
Ministerio del Interior, que necesitarán mejores presupuestos en el
futuro, son los grandes debates de los próximos años. Hemos cogido el
camino correcto. Lo hemos cogido porque no era posible compatibilizar la
defensa del sistema de protección social y bajar al mismo tiempo los
impuestos.
La oposición le dice al grupo que apoya al Gobierno: es que suben ustedes
el 0,38 por ciento del PIB en presión fiscal. Yo no sé si eso es una
crítica o un elogio. En el fondo es una especie de crítica a determinadas
posiciones que se tomaron desde la oposición.
El Grupo Popular, al asumir el Gobierno, tiene la madurez de plantearse
que hay cosas que no son compatibles al mismo tiempo, aunque sean
objetivos deseables a largo plazo. Lo que sería bueno es que un grupo
parlamentario que ha gobernado durante trece años no pase de la madurez
al infantilismo demagógico en tan poco tiempo y que acepte que, tomando
decisiones como éstas, se está defendiendo no sólo un proyecto
equilibrado de presupuestos, sino que estos presupuestos son posibles
políticamente, porque hay una mayoría parlamentaria, y también
socialmente, porque puede haber una mayoría parlamentaria y una profunda
contestación social, que no se va a producir.
El gran éxito no es sólo la certidumbre económica, la garantía, la
estabilidad, el prestigio de estas medidas que se están tomando, sino que
la contestación social en una situación muy difícil va a ser mínima. Y lo
es porque lo que hace el Gobierno es sólo congelar el gasto corriente, el
gasto a los funcionarios; sin duda alguna, una decisión política difícil,
yo diría que hasta injusta, pero a veces gobernar implica elegir la menos
injusta de un conjunto de decisiones injustas, y éstas es la menos
injusta. Nosotros creemos que congelando el gasto corriente, haciendo una
reducción del capítulo II, en un esfuerzo enorme que necesita rigor y
seguimiento presupuestario, manteniendo el gasto social y una presión
fiscal razonable, será posible avanzar en la reforma fiscal. Ahora
solamente ha habido algunos reajustes fiscales en la pequeña y mediana
empresa, como ha explicado muy bien el Vicepresidente del Gobierno, que
crean incentivos a la inversión.
Por último, hay un debate sobre el que yo quisiera pronunciarme, es el
relativo a los artificios contables. Yo ayer a veces no sabía si estaba
oyendo a un líder de la oposición que presentaba un proyecto de
alternativa de izquierda, o escuchaba los reproches del señor Tietmeyer o
del Bundesbank sobre los artificios contables de este presupuesto. ¿Por
qué son los artificios contables, si se pueden llamar así? Porque este
presupuesto tiene la necesidad de diluir en lo posible en el tiempo los
impactos negativos de carácter social que tienen las medidas de ajuste.
Aquí se dice que ingresos del futuro se incorporan hoy o que gastos que
son de hoy se relegan al futuro --algo que se ha planteado aquí como
crítica--, pero es que es la mejor forma de seguir la lógica
presupuestaria europea de decir: hagan ustedes el ajuste en año y medio
que nosotros podemos tomar medidas como la relativa al plan de
privatizaciones de la empresa pública. Tenemos que seguir con la
privatización que se ha hecho de Telefónica, de Argentaria, de Repsol y,
en el futuro, de Endesa. Los ingresos que vamos a obtener a cambio de
desregular esos mercados, de hacerlos más competitivos, de hacer reformas
estructurales que benefician a los ciudadanos, tienen que servir para que
las empresas no rentables, que tienen un efecto social importante en este
país (Hunosa, Ensidesa, empresas siderúrgicas, empresas navales, Renfe,
etcétera), puedan hacer su ajuste y su saneamiento en un plazo razonable.
Si colocamos por vías extrapresupuestarias ingresos patrimoniales o
hacemos inversiones también extrapesupuestarias, estamos consiguiendo
unos presupuestos de crecimiento económico del tres por ciento y, al
mismo tiempo, sin ajustes sociales que sean insoportables para esta
sociedad.
En definitiva, y termino señor Presidente, nuestro grupo parlamentario
entiende que estos presupuestos no tienen alternativa. No se ha
presentado ninguna alternativa, porque la única que tienen, es una
alternativa conservadora. Se podían haber hecho otros: bajar la
presión fiscal, reducir el gasto social, sanear en corto plazo la empresa
pública. Yo sé cómo se podían haber hecho otros presupuestos. Serían unos
presupuestos conservadores, que habrían tenido un enorme coste político y
social y habrían hecho imposible estos presupuestos para el Gobierno. Por
lo visto, el gran desastre para la oposición es que no han hecho ustedes
unos presupuestos conservadores, sino que han hecho unos presupuestos
centrados, equilibrados, que son viables política y económicamente y
soportables socialmente. Al hacer eso, sólo queda una oposición que hace
una meritoria intervención del señor Borrell --tengo que reconocerlo--,
una meritoria y brillante construcción dialéctica, pero sin base ni
fundamento. Artilugios técnicos para escondernos que sus decisiones
políticas no podían ser otras que las que se han tomado y que las
decisiones políticas que se han tomado no tienen otra alternativa.
Utilizando las décimas de segundo que me quedan, sólo diré que estando de
acuerdo con estos presupuestos, sólo me preocupa el papel de la
oposición. Este país necesita una oposición constructiva y razonable. El
señor González podía haber intervenido haciendo una alternativa
presupuestaria razonable, constructiva y de consenso. Porque apostar al
fracaso de estos presupuestos es, de alguna manera, apostar al fracaso de
España. (Rumores.) Yo sé que el señor González no ha salido a la tribuna
porque no había una alternativa y había que hacer un enfoque puramente
brillante y dialéctico de lo que eran las insuficiencias técnicas de
estos presupuestos. (Continúan los rumores.) Pero la oposición...
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Señor Mauricio, le ruego concluya.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: La oposición socialista va a tener que
elegir entre una brillante oposición parlamentaria, que puede ser larga,
o una alternativa oposición parlamentaria, que puede ser corta. Esa
alternativa se basa en que en este país sigamos avanzando, que igual que
hemos hecho el pacto de las pensiones, hagamos el pacto de la sanidad,
hagamos el pacto de la educación, hagamos el pacto de la estabilidad
parlamentaria y consigamos que España entre en el proceso de convergencia
europea en primera división. Porque supongo que el Grupo Socialista no
querrá que el tanto, el éxito político sólo se lo apunte el Grupo
Popular. Nosotros estamos dispuestos también a que no se lo apunte sólo
el Grupo Popular, sino que haya un amplio consenso en esta Cámara de lo
que es un objetivo nacional, un objetivo de España.
Por eso, señoras y señores Diputados, me alegro de que no haya un
presupuesto conservador. Seguirán teniendo ustedes en estos cuatro años
tentaciones de hacerlo, tendrán enormes presiones para hacerlo, pero
mientras no lo hagan contarán con el apoyo del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. (Aplausos.-- Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio. Señorías, guarden silencio.
El señor vicepresidente tiene la palabra.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Mauricio, como ya he dicho en intervenciones anteriores, estos
presupuestos efectivamente coinciden con las posiciones del Gobierno
expresadas por el señor Aznar en el discurso de investidura, y son el
desarrollo de nuestros compromisos desde el punto de vista político,
económico y social. Su señoría ha dicho que, efectivamente, los
presupuestos son la traslación contable de unas posiciones políticas. En
algunos momentos ha podido parecer que este debate --yo lo dije ayer--
era más una comparecencia de altos cargos en Comisión que un debate de
alternativas políticas; en otros casos, no.
Probablemente eso tiene que ver con la posibilidad de presentar
alternativas a lo que el Gobierno ha planteado. Sin duda, éstos son unos
presupuestos que están marcados principalmente por tres cuestiones: una
de ellas es el calendario europeo, al cual estamos comprometidos no
porque suponga un fin en sí mismo, sino porque es un medio indudable de
que la economía y la sociedad española se integren en un proceso de
creciente confianza y estabilidad económica y, por tanto, de creciente
capacidad de empleo y de prosperidad. La segunda es el elemento básico
del mantenimiento del crecimiento económico, que la economía española
vaya recuperando su potencial de crecimiento y se mantenga en sendas de
crecimiento cada vez más estables y en consonancia con su propio
potencial. Y la tercera, los compromisos de integración, de solidaridad y
de cohesión social del Grupo Popular y también de los grupos que apoyaron
a José María Aznar como Presidente del Gobierno.
Su señoría ha planteándolas alternativas posibles a este presupuesto,
pero sin duda hay otra alternativa posible que S. S. no ha diseñado, cual
es la de olvidar la realidad y pretender una recuperación del gasto
público, muy en la línea de lo que podría haber sido y de lo que fueron
indudablemente los presupuestos de ejercicios anteriores. El hecho de que
el cien por cien del ajuste presupuestario haya que realizarlo entre 1996
y 1997 nos indica cuál fue la alternativa presupuestaria,
independientemente de la retórica. Pero lo que también es importante, y
S. S. lo ha significado, es que estos presupuestos, como yo dije ayer,
son los presupuestos que quiere la sociedad española. La sociedad
española que quiere integrarse en Europa, la sociedad española que quiere
una recuperación de la economía, la sociedad española que quiere mantener
una solidaridad y que quiere mantener un elemento de cohesión social
básico, que quiere estar gobernada desde el consenso y desde posiciones
políticas y económicas equilibradas, respalda ya estos presupuestos antes
de que se produjera este debate, y he hecho alusión a ello durante esta
mañana. Estos son unos presupuestos que no sólo gozan de la estabilidad
política suficiente para ser aprobados, que no sólo gozan de la
estabilidad política suficiente para ser desarrollados, sino que gozan
del crédito político, social y económico que necesitan no sólo para
debatirse aquí, sino para producir los efectos en la economía española, y
ese crédito sería imposible si no combinaran, por un lado, una política
económica de estabilidad, una política presupuestaria de rigor y de
austeridad, y una política social respaldada por la mayoría de los
españoles.
¿Son los presupuestos posibles socialmente? ¿Son los presupuestos
deseables socialmente? ¿Cómo no va a ser deseable socialmente que en
estos presupuestos se anticipe ya una mejora de la financiación sanitaria
cuando es necesaria? ¿Cómo no van a ser deseables socialmente si en estos
presupuestos se incorpora un acuerdo con los sindicatos que no fue
posible hace diez años y que ahora lo es? ¿Cómo no van a ser estos
presupuestos deseables socialmente si en ellos se mantienen los esfuerzos
en vivienda y se mantienen los esfuerzos en políticas activas?
Estos son los presupuestos mejores para lo que los españoles desean, son
los presupuestos que resuelven los problemas de la sociedad española de
hoy.
Yo comprendo que el respaldo de S. S. es interesado, si me lo permite; lo
ha dicho así y, por tanto, le respondo así, como también le estoy dando
una respuesta eminentemente más política que económica porque
S. S. ha planteado sus preguntas en términos políticos. Es un respaldo
interesado porque no hay alternativa razonable, ni política, ni
económica, ni social. En ese sentido, también debe ser razonable el
consenso, si puede haberlo parcialmente. Las posiciones políticas de cada
cual pueden marcarlo. Me parece interesado el consenso y me parece un
interés lógico y bueno. Contestando a S. S. he de afirmar que estos
presupuestos responden a lo que los españoles nos pidieron no sólo a
nosotros sino a los que hicieron posible la investidura. Y como le decía
antes me parece que al señor Molins, cuanto más tiempo pasa, más nos
damos cuenta de que acertamos en aquellos acuerdos, como vamos a acertar
en estos presupuestos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
El señor Mauricio tiene la palabra. Le ruego que sea muy breve.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente intervengo brevemente para
decir que mi apoyo y el de mi grupo es un apoyo interesado para conseguir
que haya un sistema público de la Seguridad Social garantizado en este
país, que haya un sistema sanitario público con mejora de la gestión, y
ése es el próximo compromiso que veremos. Usted ha dicho que dicho
compromiso se verá cumplido en diciembre de 1997, pero nuestro grupo es
partidario de adelantarlo lo máximo posible.
Estamos muy interesados en discutir la financiación y el modelo de
sistema educativo en España para que haya un sistema público con
conciertos con la enseñanza privada; estamos muy interesados en hacer un
plan estratégico para que la privativatización de las empresas públicas
suponga una liberalización de los mercados, pero también apostamos por la
defensa del interés estratégico de España y de sus comunidades autónomas,
por la liberalización de las telecomunicaciones, por la liberalización
del sistema eléctrico, etcétera.
Por tanto, cuenta con nuestro apoyo claramente interesado en el sentido
que le expresé al Presidente del Gobierno cuando dimos nuestro apoyo al
voto de investidura. Hay que centrar este país, hay que buscar un gran
consenso nacional, hay que conseguir que España se incorpore a los países
de primera fila europea. Usted, señor Rato, lo ha dicho muy bien en su
última intervención, hemos conseguido una mayoría política, un cierto
consenso parlamentario porque no hay alternativa, pero, sobre todo, hemos
logrado un importantísimo consenso social. Estos presupuestos tienen muy
poca contestación social, y en toda Europa está habiendo una altísima
contestación social en situaciones económicas mucho mejores que la
nuestra. Si lo hemos conseguido es el resultado de esos equilibrios, de
esa actitud responsable que ha tenido el Gobierno. Yo digo que este
Gobierno también está interesado y que su coalición o colaboración con
nosotros también es interesada. Del mutuo interés sale interés general,
señor De Rato, y en ese interés general nos encontrará siempre al Grupo
de Coalición Canaria.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señor Presidente, señorías, desde nuestros
escaños del Grupo Parlamentario Popular hemos escuchado atentos y
respetuosos las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios.
Hemos podido constatar los apoyos que reciben los proyectos del Gobierno.
Los agradecemos. Eso permite augurar que las enmiendas de totalidad serán
rechazadas.
También hemos podido escuchar las críticas que han recibido de diferentes
grupos parlamentarios. Permítanme, señorías, que diga que algunas
críticas eran críticas sin alternativa, y algunas alternativas,
permítanme
también decir, son imposibles porque por más que se envuelvan en
dialécticas brillantes, la pura yuxtaposición de anécdotas no puede
elevar a la categoría de alternativa el discurso del Grupo Socialista,
por más, digo, que se expusiera de forma brillante. Al mismo tiempo hemos
podido sentirnos gratificados por la intervención del señor
Vicepresidente del Gobierno, que ha hablado desde el rigor, que ha
hablado desde la eficacia y desde la convicción, y esas son las notas
que, les guste o no, reflejan la confianza que la ciudadanía tiene en
este momento en que estos presupuestos son los posibles y los mejores
para nuestro país.
Señorías, mi grupo parlamentario, como no podía ser menos, va a dar el
apoyo a estos tres proyectos, el de presupuestos, el de medidas fiscales,
administrativas y de orden social y el de disciplina presupuestaria, con
el convencimiento profundo de que constituyen los instrumentos normativos
necesarios para afrontar los nuevos retos, dando respuesta a la demanda
de los ciudadanos.
Señorías, afrontamos unos presupuestos enmarcados en una realidad bien
distinta. Venimos de un año con presupuestos prorrogados, el año que ha
puesto fin a una larga etapa y ha dado paso a una nueva mayoría que ha
iniciado una política económica distinta reflejada en los presupuestos
que hoy debatimos. Me gustaría destacar tres características de estos
presupuestos: son una apuesta por el empleo y el crecimiento, son
creíbles y persiguen el acceso al grupo de cabeza de los países de la
Unión Económica y Monetaria.
Señorías, el Gobierno al que mi grupo parlamentario presta su apoyo tiene
dos objetivos resueltamente preferentes: mantener la cohesión social y
crear empleo. En una sociedad con casi tres millones y medio de personas
que quieren trabajar y no pueden hacerlo; en una sociedad donde existe un
millón de hogares con todos sus miembros desempleados, con un enorme
porcentaje de paro de larga duración; en una sociedad donde los jóvenes
tienen extraordinarias dificultades para incorporarse al mundo laboral,
todas las decisiones de la política económica deben orientarse en la
dirección de corregir tan inaceptable realidad. Debemos contemplarla como
un drama personal y no como un mero índice estadístico. Las medidas de
junio se tomaron pensando en la recuperación económica y la creación de
empleo, y este presupuesto es una clara apuesta por ambos objetivos. Es
un empeño serio que contiene reformas estables y estructurales para
hacerlo posible y supera la perspectiva coyuntural para encaminarse
resueltamente en la dirección del cumplimiento efectivo de los objetivos
de la Unión Económica y Monetaria, tan enfáticamente proclamados como
realmente desatendidos por la política económica socialista.
El Gobierno presenta un cuadro macroeconómico con un crecimiento del 3
por ciento. Es una previsión realista suscrita por los expertos españoles
y avalada por las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y la
Unión Europea. Su logro supondrá que avancemos en el camino de la
convergencia real. La creación de 237.700 nuevos empleos --700 diarios--
y la reducción de la tasa de paro en más de un punto serán las
consecuencias más estimulantes de nuestra previsión presupuestaria. La
razón fundamental de esta buena perspectiva proviene de la mayor
confianza de los ciudadanos, de las familias y de los mercados, confianza
fruto del clima de estabilidad política y social, que contribuirá a la
recuperación del consumo privado.
Como señaló ayer el Vicepresidente, el crecimiento y la creación de
empleo serán realidad dentro de un marco estable que permita sostener en
el tiempo los índices positivos. Tenemos demasiados ejemplos recientes de
cómo políticas irresponsables, consintiendo déficit abultados y altas
tasas de inflación, han conducido a las situaciones más indeseables. El
Gobierno del Partido Popular ha marcado su voluntad inequívoca de romper
aquellas inercias y de introducir la estabilidad y el rigor en la
política económica. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
La segunda característica que debe reconocerse a estos presupuestos es su
credibilidad. Los mercados, los agentes económicos internos y externos y
el Banco de España se la han otorgado ya. El crecimiento del 3 por
ciento, un déficit del Estado del 2,5 por ciento y del 3 por ciento para
el conjunto de las administraciones y una inflación del 2,6 por ciento
son indicadores realistas no animados sólo por el voluntarismo, sino por
la objetividad y el resuelto compromiso político de alcanzarlos. Para
hacer posible el cumplimiento del presupuesto se plantean reformas
estructurales sobre el gasto público con el proyecto de ley de disciplina
presupuestarla que continúa en la línea trazada por los reales
decretos-leyes de junio. Sólo estas reformas estructurales pueden
convertir los deseos en posibilidad y restituir a la norma presupuestaria
un crédito perdido. El presupuesto se había transformado en una
autorización al Gobierno tan amplia que convertía su aprobación por esta
Cámara en una declaración de intenciones, restando certeza a la principal
ley que el Congreso aprueba de manera regular. La reducción de créditos
ampliables, la limitación a la incorporación de créditos, el asentamiento
del principio del devengo y la prohibición absoluta de generar gastos sin
soporte presupuestario son instrumentos básicos para la contención del
gasto y para dotar de credibilidad a los presupuestos. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
De Grandes.
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar, señoría.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Gracias, señor Presidente.
Después de esta ley, señorías, ustedes tendrán la certeza de que lo que
autoricen se gasta en el concepto para el que efectivamente lo han
autorizado y sólo por la cuantía en que lo hayan hecho. También las
medidas adoptadas en prevención del fraude, las mejoras hacia la gestión
del patrimonio del Estado y la nueva política de compras públicas otorgan
una mayor credibilidad a la previsión presupuestaria.
La tercera nota es que este presupuesto aspira a aproximar la
convergencia real y nominal con Europa para que España figure entre los
países que accedan desde el principio a la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria. No queremos sólo una convergencia nominal sino una
convergencia real, más renta per capita, más empleo, más cohesión social,
mayor calidad en los servicios públicos. Nos movemos en un calendario que
tiene un plazo cierto, 1999. En el año 1998 habremos de pasar una
reválida, sólo superable si cumplimos las previsiones para 1997 que este
presupuesto persigue. 1999 se ha convertido en un año crítico. España no
puede perder la oportunidad de integrarse en el espacio económico más
exigente y dinámico. Quedarse fuera de él supondría afrontar una costosa
prima de riesgo para el futuro, supondría mayores dificultades para
crecer y crear empleo, supondría resignarnos por un largo e incierto
período de tiempo a ocupar una situación periférica fuera del centro de
las decisiones y las oportunidades.
Los dos criterios básicos para conseguir estar entre los países del
núcleo central son la consolidación fiscal y la contención de los
precios. Tenemos el convencimiento de lograr el objetivo de que el
déficit sea de un 3 por ciento a finales del año próximo. Sabemos que
nuestro compromiso con Europa exige realizar el 70 por ciento de la
consolidación presupuestaria en poco más de un año, en gran medida,
señorías, lo quiero recordar, como consecuencia de insuficiencias y
demoras anteriores. Queremos afrontar ese compromiso con la voluntad de
perseverar en una política presupuestaria que consiga una reducción
duradera del déficit público y permita el recorte de tipos de interés y
la deuda pública.
El objetivo de inflación se conseguirá en virtud de las medidas
liberalizadoras adoptadas en los sectores que presentaban una mayor
rigidez y gracias a la mayor disciplina presupuestaria, pero en este
punto no cabe bajar la guardia, porque no se trata sólo de tener índices
bajos, sino diferenciales nulos con los países europeos. La lucha contra
la inflación es la política social más justa, pues es sabido que la
inflación castiga a los más débiles. No hay impuesto más injusto,
señorías, que una inflación alta, y este presupuesto avanza en el
objetivo a la vez económico y social de reducirlo.
El Gobierno, señorías, encontrará en nuestro grupo parlamentario el apoyo
necesario para afrontar las reformas estructurales sin las que sería
imposible cumplir los requisitos de Maastricht, que no son sino el
barómetro del buen funcionamiento de la economía, porque, señorías, este
presupuesto sería necesario aunque Maastricht no existiera. Aun sin la
Unión Económica y Monetaria, colocar a la economía española en una
situación competitiva dentro de un mercado globalizado constituiría un
objetivo inexcusable. Los presupuestos son una voluntad política hecha
cifras que revelan una voluntad y las preocupaciones del Gobierno y del
partido que le apoya.
Cuando escuchaba las críticas al proyecto del señor portavoz del Grupo
Socialista no podía por menos de admirarme o de su audacia o de su falta
de memoria, porque, ciertamente, estos presupuestos podrían haber sido de
otra manera, menos exigentes, podrían haber sido más suaves de no haber
tenido que partir de la realidad que afrontan. Esa realidad, señores del
Grupo Socialista, se define por 47 billones de deuda pública, por unos
compromisos de pago de más de 3,5 billones de intereses como servicio de
aquella deuda; por 13,5 millones de parados, con una economía requerida
de profundas reformas estructurales; por el incumplimiento de todas y
cada una de las condiciones de Maastricht. Sospecho que en tan
insatisfactoria realidad tiene alguna responsabilidad el señor portavoz
del Grupo Socialista y bastante o ninguna nosotros, de forma nula, pero
no teman, que no es mi propósito ceder a la tentación fácil de abordar un
ajuste de cuentas con el pasado, sino de destacar en términos positivos
los rasgos principales de un presupuesto en torno a los cuales nos
gustaría comprometer la voluntad de todos.
En primer lugar, la austeridad. La reducción del déficit recae
fundamentalmente sobre el sector público, cuyo gasto corriente disminuye
en casi un 10 por ciento, en el que se reducen las transferencias a las
empresas públicas y donde se reclama el mayor esfuerzo a los
funcionarios, a los empleados y trabajadores de la Administración y del
sector público. La austeridad no afecta en absoluto, sin embargo, a los
bienes y servicios que integran la sociedad del bienestar, fruto de
conquistas sociales y a cuya consecución ya desde la misma transición
política ni mi grupo político ni nadie fue ajeno.
La preocupación por la cohesión social es una segunda nota dominante en
el presupuesto. Se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, con
un incremento del gasto de 382.000 millones de pesetas, representativo de
un aumento del 5,1 por ciento. Esta decisión, señorías, se inscribe en el
contexto del pacto social alcanzado por el Gobierno que pretende
desalojar, de una vez por todas, la inquietud por las pensiones del
escenario del debate partidista, disipar cualquier zozobra y garantizar a
nuestros mayores su bien ganado derecho a una tranquilidad. Sólo una
deliberada voluntad de generar alarma social en el grupo humano con
mejores títulos para verse preservado de ella
explica la terquedad en desconocer la alta significación de aquel pacto,
rubricado por un Gobierno del Partido Popular haciendo buenos los
compromisos contenidos en el discurso de investidura del Presidente
Aznar.
El gasto en sanidad aumenta lo mismo en el producto interior bruto
nominal, un 6 por ciento, y el ahorro producido por las mejoras de
gestión, 70.000 millones de pesetas, no se destina a reducir el déficit,
sino que revierte en el sistema para mejorar la calidad de los servicios.
Los incrementos en la dotación de asuntos sociales permitirán, sin duda,
políticas más activas. El servicio a los objetivos de la cohesión social
que estos presupuestos revela debería bastar para extirpar muchos
prejuicios, para erradicar muchos tópicos cristalizados sobre las
intenciones del Partido Popular. Si tales descalificaciones continuasen,
estarán avaladas únicamente por el sectarismo, jamás por la elocuencia de
los datos y las cifras.
Los presupuestos para 1997 apuestan claramente por la modernización de
las infraestructuras. La leve disminución en inversiones reales,
inevitable dentro de un contexto de contención del gasto, se ve
compensada por la articulación de modelos alternativos de financiación
extrapresupuestaria, similares a los utilizados en otros países europeos.
Un nuevo modelo de financiación de infraestructuras basado en la
participación del sector privado y en la utilización de los ingresos
obtenidos por la venta de participaciones accionariales en empresas
públicas dará lugar a una inversión real que ayudará a la modernización
del país.
Señorías, quiero aludir por fin --y termino-- a la contención de la
presión fiscal. Las familias españolas van a pagar menos impuestos. (Un
señor Diputado: ¡Bueno!) No se ha modificado al alza ninguna de las
grandes figuras tributarias que afectan a la mayoría. Han bajado los
impuestos a la pequeña y mediana empresa. No se ha actualizado el
impuesto especial sobre hidrocarburos, como venía haciéndose
mecánicamente. Se ha bajado prácticamente a cero el Impuesto sobre
Sucesiones en los casos de herencia, de vivienda y de negocios
familiares.
Con este presupuesto se crea un marco para que fluyan las iniciativas
sociales y empresariales y para la creación de empleo, que es nuestro
objetivo esencial. La reducción de los tipos de interés, la adaptación de
los impuestos a las necesidades financieras de las empresas y el gran
esfuerzo inversor en el apoyo a la pequeña y mediana empresa son los
elementos necesarios para que la economía funcione correctamente. Esta
voluntad no ha supuesto que el Gobierno vuelva la espalda a las
exigencias constitucionales de preservar el Estado del bienestar y de la
mejora de los servicios que todos los ciudadanos de las sociedades
desarrolladas y, en especial, sus grupos más débiles tienen derecho a
demandar de los poderes públicos.
Mi grupo, señorías, afronta este debate con una inequívoca voluntad de
diálogo y de consenso. El presupuesto es el lógico resultado de
conversaciones con los grupos que dan el apoyo y que van a hacer posible
el rechazo a las enmienda a la totalidad, pero nuestra voluntad es
ampliar lo máximo posible este consenso. Mi grupo está dispuesto a
hablar, a pactar, a buscar soluciones para todos en defensa de los
intereses generales, porque entendemos que los objetivos que se plantean
deben ser percibidos como propios por toda la sociedad española. Por ello
queremos estar en el diálogo permanente con las fuerzas sociales y
políticas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Vivimos años decisivos. No siempre y a todas las sociedades les es dada
la oportunidad de asomarse con su solo esfuerzo a un horizonte tan
prometedor. Creemos que este Gobierno y estos proyectos caminan en la
buena dirección. Por eso queremos enviar a los restantes grupos
parlamentarios, a toda la Cámara y a toda la sociedad española un mensaje
bien sencillo: el esfuerzo, señoras y señores, vale la pena.
Muchas gracias. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De Grandes.
Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de las enmiendas de
totalidad. (Pausa.) Enmiendas de totalidad al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a
favor, 161; en contra, 176.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de
totalidad a la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997.
Enmiendas de totalidad al proyecto de ley de medidas de disciplina
presupuestaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a
favor, 155; en contra, 176; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de
totalidad al proyecto de ley de medidas de disciplina presupuestaria.
Enmiendas de totalidad al proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a
favor, 160; en contra, 176.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de
totalidad al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social.
El Pleno continuará con el debate del segundo bloque que anuncié ayer a
SS. SS. a partir de las cuatro de esta tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y veinte minutos de la tarde.
--PROYECTO DE LEY DE CESION DE TRIBUTOS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS Y DE MEDIDAS FISCALES COMPLEMENTARIAS (Número de expediente
121/000018)
--PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION PARCIAL DE LA LEY ORGANICA
8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
(Número de expediente 121/000019)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Continúa el orden del día que les anuncié al comienzo de los debates de
totalidad. En consecuencia, procede el debate sobre el segundo bloque,
que agrupa el proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las
comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias y el proyecto
de ley orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica número 8/1980,
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, a los
que se han presentado enmiendas de totalidad por tres grupos
parlamentarios que, tras la exposición del Gobierno, consumirán su
respectivo turno de defensa de tales enmiendas.
En previsión de lo que puede ser el transcurso del debate de esta tarde,
puedo anticipar a SS. SS. que las votaciones, en cualquier caso, no
parece que se puedan producir antes de las ocho y media de la tarde,
siempre que el debate no se alargue más, en cuyo caso tendríamos que
continuar mañana por la mañana.
Para exponer los proyectos de ley mencionados, en nombre del Gobierno,
tiene la palabra el Ministro de Admistraciones Públicas, señor Rajoy.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, voy a proceder a la presentación conjunta de
los dos proyectos de ley, el de modificación parcial de la Lofca y el de
cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y medidas
fiscales complementarias. Ambos proyectos de ley tienen un mismo origen,
que es la necesidad de adaptar la legislación al acuerdo adoptado, en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre último, por
el Gobierno y doce de las quince comunidades autónomas y que establece un
nuevo modelo de financiación para las mismas para el quinquenio
1997-2001.
En consecuencia, dividiré mi exposición en dos partes. La primera, que es
sin duda la más importante --pues es la que justifica la segunda-- para
explicar el porqué del nuevo modelo de financiación y en qué consiste, y
la segunda me servirá para concretar, con la brevedad debida, las medidas
legales, para dar cuenta, en suma, de los dos proyectos de ley. Voy a
explicar, pues, en primer lugar, el modelo de financiación y su porqué.
Me centraré en lo fundamental a los efectos de no extender en demasía mi
intervención, y en las sucesivas, con mucho gusto, responderé a las
inquietudes que tengan a bien plantear los distintos grupos
parlamentarios en relación con el modelo de financiación y las
modificaciones legales que son precisas para su aplicación.
Para proceder a la explicación del modelo y, sobre todo, para proceder a
la explicación de su porqué, me parece necesaria una breve referencia al
modelo anterior, que en realidad es el modelo actual, puesto que, como
todos los señores Diputados saben, su período de vigencia termina el 31
de diciembre del presente año 1996.
El modelo actual de financiación de las comunidades autónomas tiene, en
mi opinión y en otras muchas opiniones, una característica básica, que es
la enorme dependencia financiera de las comunidades autónomas respecto de
la Hacienda central y, en consecuencia, la preponderancia de los recursos
derivados de la participación en los ingresos de ésta, quedando limitados
los recursos de la gestión propia de las comunidades autónomas
exclusivamente a dos mecanismos: el rendimiento de los tributos cedidos,
de escasa potencia recaudatoria, especialmente en las comunidades
autónomas de mayor techo competencial, y las tasas afectas a los
servicios transferidos, cuya cesión es plena en cuanto a facultades, pero
su rendimiento es apenas apreciable. Naturalmente, hay otras
posibilidades como los recargos sobre los tributos estatales, cosa que
conocen perfectamente todos los señores Diputados, pero que han sido muy
poco usadas hasta el presente momento por las distintas comunidades
autónomas.
Pues bien, ésta es la situación y en mi opinión el problema básico, como
he dicho, que tiene el actual modelo de financiación de las comunidades
autónomas. Esta situación presenta a nuestro juicio graves
inconvenientes, algunos son de fondo y otros de tipo práctico, que yo
sintetizaría con la mayor claridad de que soy capaz en los siguientes. En
primer lugar, no es normal que en España existan tres administraciones
con autonomía en el gasto, como son la central, la autonómica y la local,
y sólo dos admistraciones con autonomía en el ingreso, que son la central
y la local.
En segundo lugar, no parece que sea lo más sensato que España se haya
dotado en su texto constitucional
de un modelo de Estado que garantiza y reconoce el derecho a la
autonomía, que es una autonomía no sólo administrativa sino también
política y con atribución de capacidad legislativa, y que ésta no vaya
acompañada de una cierta autonomía financiera. Esto no parece sensato.
En tercer lugar, creo que, además, la exigencia de autonomía financiera
responde al espíritu constitucional y concretamente al de sus artículos
156 y 157. Recuerden los señores Diputados que el artículo 156 comienza
hablando de la autonomía de las comunidades autónomas para luego hacer
referencia a la necesidad de su coordinación con la Hacienda estatal y,
como no podía ser menos, hace una tercera referencia a la solidaridad.
En cuarto lugar, parece necesario, y una exigencia mínima de un sistema
democrático, que el contribuyente pueda percibir la relación que hay
entre lo que da y lo que recibe y, en consecuencia, tenga mayores
elementos de juicio para opinar, como sucede por ejemplo con las
corporaciones locales de su gobierno autonómico. Es decir, no parece
sensato que el contribuyente o que el vecino sólo juzgue el gasto, pero
no pueda juzgar algo tan importante en un gobierno como es la adecuación
entre la política de ingresos y la política de gastos.
En quinto lugar, yo creo que a estas alturas de modelo autonómico, tras
dieciséis años desde la aprobación de la Lofca, parece cada vez más
necesario, y yo creo que en esto coincidimos todos los grupos políticos,
que la dinámica de la reivindicación empiece a ser sustituida por la
dinámica de la responsabilidad en el ingreso, lo que sin duda llevará
aparejado también un mayor control en el gasto. Es muy difícil que
habiendo autonomía en el gasto y no habiéndolo en el ingreso pueda
existir el necesario control por parte de las comunidades autónomas a la
hora de gastar.
Pues bien, yo pienso sinceramente que sobre estos razonamientos que acabo
de sintetizar aquí existe un acuerdo muy generalizado, existe entre los
partidos políticos, no hay ningún partido político que no hable de la
necesidad de incrementar la corresponsabilidad fiscal; existe entre los
gobiernos autonómicos, no conozco a ningún gobernante autonómico que se
oponga a la corresponsabilidad fiscal, repito, a ninguno; y, desde luego,
existe entre los expertos en la materia. Todos ellos están de acuerdo en
que es preciso avanzar en la autonomía financiera y en la
corresponsabilidad fiscal, y tengo que recordar que cuando se aprobó el
último modelo en el año 1992, es decir, el modelo hoy vigente, se produjo
un importante debate sobre este asunto y se condicionó, cierto es que
solamente en parte, el voto de algunas comunidades a la puesta en marcha
de la corresponsabilidad fiscal. Más adelante, como recuerdan los señores
Diputados, en el año 1993 se aprobó la cesión del 15 por ciento de la
cuota líquida del IRPF, que poco tiene que ver con lo que es la autonomía
financiera y la corresponsabilidad fiscal.
Buena prueba de que hay un consenso generalizado en aumentar la autonomía
financiera de las comunidades autónomas y en establecer una
corresponsabilidad fiscal efectiva es que, después de haber leído los
programas electorales de todas las fuerzas políticas que tienen
representación en esta Cámara, no he encontrado ninguno en el que no haya
un posicionamiento claro a favor de la corresponsabilidad fiscal. Por eso
no entiendo exactamente qué es lo que se discute ahora. Probablemente, y
tengo que entenderlo así a la vista del debate político que se ha
producido en fechas pasadas, lo que se discute es el procedimiento para
aplicar la corresponsabilidad fiscal, pero no el propio concepto de
corresponsabilidad fiscal.
El Gobierno, a estos efectos, ha utilizado dos vías: una, la de los
actuales tributos cedidos, atribuyendo a las comunidades autónomas
capacidad normativa, eso sí, dentro de ciertos límites y no sólo de
gestión, como sucedía hasta ahora; la segunda vía es la del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, atribuyendo a las comunidades
autónomas no sólo una participación territorializada en la cuota líquida
recaudada en su territorio, como hasta ahora, sino también la capacidad
normativa, con ciertos límites, sobre una parte del impuesto, que será
del 30 por ciento al final del proceso y que tendrá un período
transitorio en el cual solamente se cederá, con capacidad normativa, un
15 por ciento del IRPF.
Este es el modelo que han acordado, en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, doce de las quince comunidades autónomas y el Gobierno.
Probablemente haya otros muchos modelos, pero, hasta el presente momento,
yo no conozco ninguno distinto del que se ha aprobado en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera. De lo que sí estoy absolutamente convencido
es de que, hoy, los distintos grupos parlamentarios presentes en esta
Cámara nos van a explicar con meridiana claridad cuál es su propuesta,
cuál es su modelo de financiación para los próximos cinco años. Hasta
este momento, solamente hemos visto cómo en quince comunidades autónomas
el mismo partido político se oponía al modelo aprobado por todos, pero en
todas las comunidades autónomas utilizaba argumentos diferentes, lo cual
es grave, pero mucho más grave es que los argumentos no sólo eran
diferentes, sino que también eran contradictorios entre sí. Lo que se
pedía en un sitio, se rechazaba en otro, y lo que en un sitio era bueno,
en otro sitio era, sin duda, un gravísimo error y generaba un enorme
perjuicio para la comunidad autónoma.
Pues bien, ¿por qué hemos elegido nosotros, como instrumentos para la
corresponsabilidad fiscal, los tributos cedidos y el IRPF? Por una razón
elemental y que supongo que todos los señores Diputados entenderán cuando
se la explique. Se trataba de tributos que,
de una u otra forma, ya tenían una relación con los ingresos de las
comunidades autónomas. Los tributos cedidos son gestionados y su importe
es percibido por las comunidades autónomas, pasando a formar parte de su
presupuesto de ingresos, y una parte del IRPF, el 15 por ciento de la
cuota líquida, lo recibían las comunidades autónomas. Sin duda, podían
usarse otras figuras como el IVA o como determinados impuestos de los
llamados especiales, pero lo cierto es que el libro blanco de los
expertos --expertos a los cuales el Gobierno anterior encargó su
redacción-- establece que el impuesto más fácil, a efectos de utilizar la
corresponsabilidad desde el punto de vista técnico, es el IRPF, además de
los tributos cedidos. Si quieren, en turnos posteriores podemos analizar
las dificultades técnicas que tendría utilizar el IVA o los impuestos
especiales para aplicar la corresponsabilidad. Este es el modelo y ésta
es su justificación.
El establecimiento de una autonomía financiera y de una
corresponsabilidad fiscal efectiva, puesto que las comunidades autónomas
podrán actuar en más del 60 por ciento de sus ingresos, significa salir
de la situación de atraso en la que nos encontrábamos en el presente
momento y que, como he dicho antes, supone que unas instituciones con una
capacidad de gasto de aproximadamente el 25 o el 26 por ciento del
conjunto del gasto público español no tienen ninguna capacidad en el
ingreso.
Esta modificación, que es la básica, va acompañada de otras muchas, que
yo, para no agotar a los señores Diputados, voy a sintetizar en tres. En
primer lugar, una participación de las comunidades autónomas en la
Agencia Estatal Tributaria, lo cual tiene su lógica puesto que, si la
recaudación por IRPF se convierte en ingreso básico de las comunidades
autónomas, lo normal es que esas comunidades tengan la posibilidad de
intervenir en la gestión del mismo. La segunda novedad, que es muy
importante y que, sin duda alguna, puede servir para que algunos señores
Diputados, que pudieran estar intranquilos por este tema, dejen de
estarlo, es la siguiente: Como quiera que una parte de los ingresos de
las comunidades autónomas va a depender de lo que se recaude en su
territorio, pudiendo además las comunidades autónomas ejercer una cierta
capacidad normativa, es importante que no se produzcan situaciones no
deseadas como la de que un contribuyente se traslade de una a otra
comunidad por razón de que la regulación tributaria le sea mas o menos
conveniente. Para evitar estar situaciones, para evitar eso que algunos,
de una manera consciente y desde luego un tanto exagerada, han calificado
de paraísos fiscales, se determina, con claridad y con rigidez, los
puntos de conexión de las diferentes figuras impositivas. Se establece,
en suma, en dónde hay que pagar el impuesto y no se deja al libre
albedrío del contribuyente la elección del lugar donde quiere pagarlo.
Esta novedad es, sin duda, muy importante y es una novedad que ya era
necesaria antes, pero que lo es mucho más ahora, puesto que aumenta el
grado de autonomía financiera de las comunidades autónomas.
Y la tercera gran novedad del modelo de financiación, que complementa la
autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, es el instrumento de
mecanismos de solidaridad. ¿Cuáles son esos mecanismos de solidaridad? En
primer lugar, todas las comunidades autónomas van a percibir durante el
quinquenio, como mínimo, en la parte que perciban por IRPF, una cantidad
igual a la que hubieran recibido por el sistema anterior, es decir, que
esta parte se incrementará PIB nominal. En segundo lugar, todas las
comunidades autónomas tienen garantizado que el volumen total de sus
recursos experimentarán durante el quinquenio una subida de al menos el
90 por ciento del incremento medio del volumen de recursos de todas las
comunidades autónomas. En tercer lugar, todas las comunidades --y sin
duda, éste es un tema muy importante-- tendrán, al final del quinquenio,
una financiación mínima per cápita equivalente al 90 por ciento de la
financiación media per cápita del conjunto de todos ellos.
Por si ello no fuera suficiente, por primera vez se cumple la ley, la
Lofca y por primera vez, desde el año 1980, se crea el fondo de
nivelación previsto en el artículo 15 de la Lofca; repito: fondo de
nivelación y artículo 15 de la Lofca, que no se ha cumplido hasta el día
en que se apruebe esta ley y, además, se incrementan los fondos del fondo
de compensación interterritorial, que es un instrumento de solidaridad
por excelencia, el instrumento de solidaridad por excelencia, según la
Constitución, y que llevaba congelado desde el año 1992.
Estos son, en síntesis, los aspectos básicos de la reforma:
corresponsabilidad fiscal, que implica capacidad normativa, con los
límites que establecen las leyes, que luego se presentará, en los
impuestos cedidos y en el IRPF; segundo, y consecuencia de lo anterior,
participación de las comunidades en la Agencia Estatal Tributaria;
tercero, y muy importante, vuelvo a insistir, establecimiento de los
puntos de conexión y, por tanto, establecimiento por ley del lugar en el
que se han de pagar los impuestos, para evitar fugas de contribuyentes, y
cuarto, establecimiento de unos mínimos de garantía, sin duda mucho más
importantes que los que existían hasta el momento presente.
Sobre este asunto, quiero hacer dos comentarios a los que doy
importancia. En primer lugar, que la regulación del modelo de
financiación que se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera del pasado 23 de septiembre es una regulación mucho más acorde
con el espíritu del texto constitucional que la que existía hasta el
momento presente; repito, mucho más acorde. Porque el artículo 156, como
antes decía, hacía referencia fundamentalmente a tres conceptos:
autonomía financiera de las comunidades autónomas,
coordinación con la hacienda estatal y solidaridad. Pues bien, la
autonomía financiera de las comunidades autónomas se ve incrementada, sin
ningún tipo de duda, respondiendo al clamor general, al que antes hacía
referencia (de las comunidades, de los partidos, de los programas
electorales, de los expertos, etcétera), pasando las comunidades
autónomas de la posibilidad de incidir en el 25,8 de su gasto a un 63,8,
lo cual es ciertamente importante y, desde luego, muy acorde con el texto
constitucional.
En segundo lugar, la coordinación con la hacienda estatal se consigue de
dos formas: primero, y esto es perfectamente entendible y, por tanto, no
requiere aclaración alguna, mediante el establecimiento de mecanismos,
como he señalado antes, para que las comunidades autónomas puedan
participar en la Agencia Estatal Tributaria y mediante las restricciones
que recogen los proyectos de ley, que tengo el gusto de presentar aquí, a
la capacidad normativa de las mismas. Y los mecanismos de solidaridad
están claros también en el proyecto: el establecimiento de un mínimo; la
puesta en marcha del artículo 15 de la Lofca; una mayor dotación del
fondo de compensación interterritorial; el establecimiento de la garantía
del 90 por ciento de la financiación per cápita y algo que me parece de
suma trascendencia, que es el mantenimiento de las mismas variables a la
hora de distribuir la PIE que había hasta el presente momento.
A pesar de que hubo una gran polémica entre todas las comunidades, creo
que se ha conseguido un acuerdo, aunque, como he señalado anteriormente,
en algunas comunidades se criticó al Gobierno de turno porque no se
habían modificado las variables, mientras que en otras se criticaba al
Gobierno de turno porque no había hecho los esfuerzos suficientes para
que no se modificaran. Este es el primer comentario que quería hacer a
los señores Diputados sobre el modelo.
El segundo comentario, que me parece también de indudable importancia
política, es que este modelo de financiación se ajusta escrupulosamente
al programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las
últimas elecciones generales. (Rumores.) Repito, se ajusta
escrupulosamente, como voy a demostrar, leyendo el programa electoral del
Partido Popular, página 154. (Rumores.) En este programa electoral se
dice lo que yo he dicho: las ventajas de la corresponsabilidad fiscal
consisten en permitir identificar la recaudación de los ingresos fiscales
con la administración que los va a utilizar. Sólo así los ciudadanos
podrán saber cuánto les cuestan las administraciones y los servicios que
de ella reciben para poder evaluar mejor la eficacia de los responsables
políticos. Continúo. Por estas razones, el Gobierno del Partido Popular
impulsará un acuerdo de financiación autonómica fundamentado en los
principios de solidaridad y corresponsabilidad y suficiencia financiera.
Y más adelante... (El señor Benegas Haddad: ¡Un acuerdo!) ¡Un acuerdo! Lo
que no puede hacer es imponerlo, lógicamente; un acuerdo para el que
quiera sumarse. (Rumores y aplausos.) Y más adelante dice el programa: el
libro blanco será la base sobre la que se desarrollará la búsqueda de un
acuerdo con las comunidades autónomas. Y, sin duda, ha sido el libro
blanco. Además, continúa diciendo el programa electoral, a tal fin
propondrá establecer para el quinquenio 1997-2001 un método para la
financiación autonómica sobre la base de una verdadera corresponsabilidad
fiscal, de tal manera que se haga visible a los ciudadanos la política
fiscal de cada comunidad autónoma. Dicho método deberá garantizar a las
comunidades autónomas el autonomismo de la financiación y la suficiencia
financiera, teniendo en cuenta, además, la necesidad de garantizar en
todo caso la solidaridad interterritorial. Y continúa: Además, se
procurará una dotación más adecuada y especializada del Fondo de
Compensación Interterritorial y se creará el fondo de nivelación previsto
en la Lofca para asegurar un nivel mínimo de calidad común en la
prestación de servicios en las comunidades autónomas. Esto es lo que
decía el programa electoral del Partido Popular.
Por tanto, a nadie debe sorprender el nuevo modelo de financiación que
hoy estoy presentando. Y, en este sentido, tengo que decir que por parte
de algunos dirigentes políticos, no voy a decir señores Diputados, se ha
dicho que éste era un modelo que se imponía al Partido Popular por parte
de determinada fuerza política. Se ha dicho hasta la saciedad, y se ha
utilizado este argumento por escrito y verbalmente en varias comunidades
y en múltiples oportunidades. Lo que ocurre es que el programa electoral
del Partido Popular es el que es y, por fortuna, todos esos dirigentes
que utilizaron ese argumento fueron desautorizados por el antiguo
Presidente del Gobierno cuando recientemente dijo que algunas de las
propuestas de este modelo, concretamente la utilización y la atribución
de capacidad normativa en el IRPF y en los tributos cedidos era un
planteamiento que había hecho, no el señor al que criticaban todas las
personas del partido al que pertenece el ex presidente del Gobierno, sino
el propio Partido Popular. Y, efectivamente, así es. Este es un modelo
que se ajusta escrupulosamente a lo que el Partido Popular ha dicho a lo
largo de estos últimos años y a la oferta electoral con la cual se ha
presentado ante el conjunto de los españoles. (Aplausos.)
Pues bien, señoras y señores Diputados, a partir de ahí los dos proyectos
de ley que presento no suponen sino, como he dicho anteriormente, una
adaptación a este nuevo modelo de financiación. Creo que lo importante
era dar una explicación sintética del modelo, tal y como he hecho, pero
ahora voy a hacer una breve referencia a los proyectos de ley. Ya digo
que los proyectos de ley no suponen sino plasmar en la legislación
vigente, mediante su modificación, los acuerdos del Consejo de Política
Fiscal y Financiera del día 23 de septiembre.
Así, en la Lofca --Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas-- se reforma el concepto de tributo cedido, abriendo la
posibilidad de cesión parcial de tributos, concretamente el IRPF, y, al
mismo tiempo, se le atribuyen competencias normativas. Desde otro punto
de vista, se hace una relación de los tributos susceptibles de cesión,
introduciendo también el 30 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se modifica la normativa vigente sobre los recargos y
se establecen una serie de modificaciones en la misma, fijando con
claridad qué competencias normativas tienen las comunidades autónomas en
los tributos, cuáles son las competencias de gestión que se le ceden --en
tributos cedidos son las que tenían ahora y en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas no hay cesión de la delegación de gestión, sino,
como he dicho antes, una participación en la Agencia Estatal Tributaria--
y se establece también una norma para fijar la posible incidencia que en
ambas cuestiones puedan tener las normas comunitarias sobre esta materia.
No voy a abrumar a los señores Diputados explicando una por una las
competencias normativas que se pueden ejercer en cada uno de los
impuestos, porque figuran en la exposición de motivos de la ley y en el
texto y porque sé que los señores Diputados me lo agradecerán.
En cuanto al segundo proyecto de ley, diré que supone, igual que sucede
con la Lofca, la adaptación de determinadas leyes vigentes a la
modificación que establece este nuevo modelo de financiación. En
concreto, para conocimiento de los señores Diputados, yo señalaría como
aspectos más importantes los siguientes. El proyecto se divide en tres
títulos. Un primer título, que tiene un artículo único. Un segundo
título, en el que se establece el marco general de la cesión de tributos
del Estado a las comunidades autónomas, igual que se hizo en 1983 con la
Ley 30, de 28 de diciembre. Este título, que comprende los artículos 2 a
27, regula los siguientes aspectos, en la línea a la que yo hice
referencia en la primera parte de mi intervención, establece cuáles son
los tributos cedidos, el rendimiento que se cede, la normativa aplicable,
el alcance y los puntos de conexión --éste es un punto en el que quiero
volver a insistir, ya que me parece de suma importancia-- y regula
también el alcance de las competencias normativas, así como la delegación
de gestión en los cedidos--que en realidad, lo que supone es una
ratificación-- y no, como he dicho antes, en el IRPF. En el título II se
procede a adecuar la normativa específica de cada uno de los tributos
susceptibles de cesión a la nueva regulación y por ello se modifica una
serie de leyes, como la del IRPF, la del patrimonio, la de sucesiones y
donaciones, la de transmisiones, la de las tasas fiscales y la de las
normas sobre el juego.
Por último, en el título III, dado que la existencia de un nuevo régimen
de financiación de las comunidades autónomas exige una mayor
participación de éstas en los órganos de gestión de la hacienda estatal
tributaria, se crean, previa supresión de otros, dos nuevos órganos que
sirven para que se produzca una mayor colaboración entre ambas
administraciones, que están regulados en los artículos 34 y 35 del
proyecto.
Señores Diputados, y con esto termino, creo que el nuevo modelo de
financiación de las comunidades autónomas supone un avance indiscutible
en la regulación actual, que data del año 1980; supone incrementar la
autonomía financiera de las comunidades autónomas, que es tanto como
incrementar su propia autonomía; supone acabar con el anacronismo que
implica la existencia de tres administraciones que gastan y solamente dos
administraciones que ingresan; supone que, a partir de ahora, los
gobernantes autonómicos, igual que hace quien gobierna en la
Administración central del Estado y en las corporaciones locales, tengan
que asumir sus propias responsabilidades y controlar el gasto público.
Además, como he dicho antes, es un sistema solidario, porque establece
nuevos mecanismos de financiación, algunos previstos en la legislación
vigente y que no se habían puesto en marcha hasta ahora. En suma, supone
una reforma de verdad. Tenemos un Estado descentralizado políticamente,
tenemos un Estado descentralizado en el gasto y, ¡oh paradojas de la
vida!, no tenemos un Estado descentralizado en la recaudación de los
ingresos. Como he señalado, esta reforma es la que motiva las que hay que
hacer a su vez en esta Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas y en las otras leyes a que acabo de hacer referencia.
Con mucho gusto responderé a las intervenciones, a las inquietudes, a las
dudas y a los comentarios que tengan a bien hacer los señores Diputados,
pero agradecería, puesto que llevo meses solicitando que alguien presente
un modelo de financiación alternativo, que esta vez, efectivamente, fuera
así, que no suceda lo que ha ocurrido con los Presupuestos Generales del
Estado, en los que ayer, desde esta misma tribuna, el Vicepresidente
Segundo pidió una alternativa, no la hubo y hoy hemos visto una rueda de
prensa, que supongo que sería el resultado de preparar con rapidez a lo
largo de esta última noche algunas ideas, para decir que hay una
alternativa a los presupuestos. (Aplausos.)
Yo estoy absolutamente convencido, y lo siento por el señor Rato, de que
voy a tener mucha más suerte que él y que podré argumentar en contra del
modelo de financiación alternativo que se presente a éste, porque,
créanme, de verdad es complicadísimo argumentar en contra de quince
modelos distintos; en cada sitio hay un modelo distinto. (Rumores.) Eso
es dificilísimo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señorías, se han presentado enmiendas de totalidad, como les anticipaba.
En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Socialista, para su defensa, tiene la palabra el señor
Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, señorías, yo sé que nos
coge esta tarde a todos relativamente cansados, después de un debate como
el de ayer y como el de esta mañana sobre los Presupuestos Generales del
Estado, la ley de acompañamiento y las modificaciones en materia de
disciplina presupuestaria. Sin embargo, me parece que, aunque sea
reconociendo este ambiente, es bastante importante poner de manifiesto
desde el principio que el debate de hoy no sé si para ustedes es un
trámite, no sé si para ustedes es, señor Rajoy, exclusivamente un mal
trago que hay que pasar, con algún tono humorístico, pero, quiero decirlo
desde el principio, para el Grupo Parlamentario Socialista es un tema muy
serio, muy importante.
Ustedes han venido, creo yo, a este debate exclusivamente a cumplir, a
tener un buen pasar, un pasar quizá sobre ascuas, a hacer alguna broma, a
poner de manifiesto que naturalmente en todos los ámbitos políticos hay
diferencias y a pretender que, como estamos debatiendo nada menos que
cinco leyes casi simultáneamente, esto, aunque no sea más que pura
acumulación de información, pasara simplemente invisible para la opinión
pública.
Quiero decirles, señor Rajoy, señores del Partido Popular y señores que
apoyan este proyecto, que un debate a uña de caballo sobre la
articulación del Estado de las autonomías mezclado con los presupuestos
es simplemente un disparate y un dislate político. Pero lo es no
solamente por la forma, lo es también por el fondo; lo es porque hoy, que
vienen ustedes fundamentalmente a pagar un precio, el precio de la
investidura del señor Aznar, hoy, que vienen ustedes a hacer esto de
tapadillo, con una protesta de que éste es su modelo, yo quiero decirles
que aquí estamos a punto de dar un paso en una dirección hacia el
disparate, y quiero decirles que van a ser ustedes los únicos
responsables si esto se produce. (Aplausos.)
Durante el debate de investidura del señor Aznar, contestando al portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Aznar decía --leo
textualmente-- y le aplaudían con entusiasmo desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular: Es ahí, en el seno del Consejo de Política Fiscal
y Financiera y, en su caso, en los presupuestos, donde hay que debatir
algunas de las cuestiones que usted ha planteado (se refería al señor
González), si el sistema tiene topes, por ejemplo, si el sistema se
destopa, o qué base se toma para el cálculo. Esto es, en este debate, en
el debate de los presupuestos teníamos que estar discutiendo aquello que
ustedes no están en ninguna disposición de modificar. Más aún. El señor
Aznar no quiso desvelar que ya tenía pactado, como después también
reconoció el señor Pujol, que la base de cálculo era la que era, no había
topes y que, naturalmente, se iban a hacer las cosas de una manera
determinada.
No me entiendan mal, no he venido aquí a responsabilizar a otros que a
quienes tienen la responsabilidad del Gobierno, entre otras cosas porque,
como muy bien ha dicho el señor Rajoy, los únicos responsables de hacer
lo que quieren hacer y lo que están a punto de hacer son ustedes, no el
señor Pujol. El señor Pujol ha dicho claramente que éste no era su
modelo; que son ustedes los que se han empeñado en llevarlo a cabo. El
señor Pujol lo que ha dicho es que él tenía algunas necesidades de
financiación. Son ustedes los que han hecho que este modelo que usted ha
resumido tan bien y de esta forma tan fresca se pueda poner en marcha.
Son ustedes, por lo tanto, los que están a punto de meter a este país en
el jardín en el que ciertamente se puede meter, desde el punto de vista
de la articulación del Estado de las autonomías.
Después de aquel debate, el señor Rato, que acudió a Cataluña
naturalmente para ver cómo plasmaba los acuerdos, tuvo que escuchar, en
una rueda de prensa, algo bien conocido a lo que ustedes hoy dan
cumplimiento como lo dieron ayer. Decía el señor Pujol: Desde nuestra
perspectiva, el acuerdo de financiación autonómica es una de las dos
espinas dorsales de nuestro acuerdo. Y ustedes saben que cuando se rompe
una espina dorsal se rompe el cuerpo. Lo decía el señor Pujol en su
momento. Es bueno que ustedes cumplan sus compromisos, los que tenían,
pero aquí no estamos hablando de un compromiso de dinero solamente; es
como si estuviéramos debatiendo el problema de la financiación del Estado
de las autonomías como si fuera solamente una cuestión de más o menos
dinero, y esto es importante, pero hay algunas cosas notablemente más
importantes que cuánto dinero se pone en un lado de la balanza y cuánto
dinero se pone en el otro.
Hasta esta mañana hemos estado hablando fundamentalmente de números. Yo
creo que a todos nos importan los números, le importan al Estado, le
importan a la hacienda estatal, le importan a la hacienda de cada
comunidad autónoma, nos importan a todos los españoles, sin duda, y sería
una frivolidad por mi parte dejar esto como si fuera una cuestión de
segundo rango. Pero es importante poner de manifiesto que lo que hoy se
va a hacer o lo que hoy pretenden ustedes hacer, señor Rajoy, no es
solamente hablar de más o menos dinero, con ser importante y a lo que
volveré después, sino romper un consenso que ha existido durante nada
menos que 16 años sobre la financiación del Estado de las autonomías; 16
años de vigencia de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades
autónomas; un consenso que se urdió no con el Partido Socialista en el
poder, sino en tiempos de UCD, con una ley de 1980 que tuvo una larga
tramitación, tan larga que coincidió incluso con la tramitación de varios
estatutos de autonomía, como el catalán. Y que hizo
posible cohonestar previsiones estatutarias con previsiones de
financiación de todas las comunidades autónomas. De la discusión de
aquella Ley, un buen número de fuerzas políticas presentes hoy aquí, o
representadas, y herederas algunas de las que entonces estaban, dieron su
conformidad a un sistema de financiación autonómica. ¿Saben quiénes se
abstuvieron o quiénes expusieron entonces sus diferencias? Una fuerza
política de la que ustedes o una parte de ustedes tienen origen que se
llamaba a la sazón Coalición Democrática. ¿Saben con qué argumento? En el
Congreso, con un argumento: que los recargos iban a significar demasiadas
dispersiones en la fiscalidad de las diferentes autonomías. Cuando el
proyecto de ley volvió otra vez al Senado, ¿saben con qué argumento? Que
la Lofca no era una ley suficientemente española porque implantaba un
modelo extranjero, cuando realmente lo que en este país había que hacer
era extender la forma del concierto económico a todas las comunidades.
El portavoz de Coalición Democrática entonces era un adelantado para la
época. Probablemente, algunas de las cosas que hoy estamos oyendo,
algunas de las posiciones que ustedes están adoptando quizás tengan que
ver con aquella capacidad, entonces no estimada como profética, que
ciertamente exhibió el portavoz de Coalición Democrática. Esa ley se
aprobó nada menos que con 289 votos a favor, siendo los emitidos 307, 16
votos en contra y solamente dos abstenciones. Dieseis años está en vigor
y dieciséis años, con sus luces y sus sombras, sus dificultades y sus
insuficiencias, hemos tenido un consenso básico entre la derecha y la
izquierda, entre las fuerzas políticas con responsabilidades de Gobierno
en las diferentes comunidades autónomas y las fuerzas políticas de ámbito
nacional también.
¿Qué nos traen hoy? Lo que hoy nos traen es una broma sobre un modelo que
dicen ustedes que es excelente, que de ninguna manera ha sido el modelo
que ustedes han defendido, que ahora pretenden es el modelo que han
defendido en la campaña electoral. Pero más allá de eso, de sus
excelencias, que las dejo para ustedes, pretenden que sea lo que
sustituya al consenso cuasi constitucional.
La Lofca no es ni siquiera una ley orgánica más --todas son
importantes--; es la savia y los nervios del Estado de las autonomías, y
esto no se puede modificar por una mayoría, por legítima que sea y por
absoluta que pueda ser circunstancialmente en esta Cámara, de un partido
político de ámbito nacional, como ustedes, como el Partido Popular, y una
fuerza política, todo lo legítima que sea --no se trata aquí de poner en
cuestión nada de eso--, que gobierna solamente en una comunidad autónoma.
No es posible, señor Rajoy. Quiero que lo entienda, y que lo entienda no
desde la legalidad; que lo entienda desde la visión política del Estado
de las autonomías.
Usted es Ministro de las Administraciones Públicas. Ha tenido ocasión,
cuando no lo era, de discutir conmigo y con antecesores en su ministerio,
míos y de usted, una cosa como el pacto autonómico. Recordará, señor
Rajoy, que nosotros, que tuvimos en legislaturas pasadas 202 Diputados,
que pudimos modificar la Lofca y no sé cuantas cosas mas, no lo hicimos.
Recordará que no lo hicimos, que pactamos con ustedes estatutos de
autonomía y muchas cosas más, y recordará que incluso la ultima reforma
autonómica importante, la del pacto autonómico, que todavía está teniendo
su paso por esta Cámara a través de reformas de estatutos, está pactada
con ustedes y con otras fuerzas políticas, porque el Gobierno que les
antecedió creía que esto no era una cuestión solamente de aritmética
parlamentaria; esto era una cuestión de Estado y había que ponerse de
acuerdo no sólo en el contenido de la ampliación estatutaria sino también
en la guía y en la forma de hacerla, exactamente lo contrario de lo que
ustedes están pretendiendo hacer hoy, aquí y ahora, después de este
tedioso debate naturalmente, por todos sus intervinientes.
Señor Rajoy, hacer una alteración del Estado de las autonomías en esta
cuestión no es algo baladí. Por eso, si ustedes lo hacen, porque hoy
expresan la debilidad que están expresando, si ustedes creen que esto lo
puede hacer duradero, y que esto puede convertirse en algo que signifique
el futuro de España, el futuro de sus comunidades autónomas y el futuro
de las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades
autónomas, me parece, señor Rajoy, que están muy confundidos. No
solamente por una cuestión de dinero, a la que después volveré, sino
sobre todo porque rompen por primera vez lo que ha sido seguramente uno
de los consensos más importantes que con dificultad todas las fuerzas
políticas de esta Cámara nos hemos dado con ahínco en el pasado.
Romper el consenso en esta dirección es algo que no se puede frivolizar y
quiero, señor Rajoy, decirlo con toda seriedad. Por eso, el modelo de hoy
y el modelo que ustedes explican, difícilmente se reduce a eso que usted
ha resumido, y muchísimo menos a lo que en algún medio de comunicación he
visto: que estamos discutiendo si dos por quince son treinta, o estamos
discutiendo si se amplía lo que se hizo en una legislatura anterior. No,
señor Rajoy. Estamos discutiendo otra cosa distinta; estamos discutiendo
el salto cualitativo de pasar de un modelo como el de la Lofca,
consensuado entre todos, a un modelo que solamente sea defendido por
ustedes, que son una fuerza política minoritaria y una fuerza política
con representación en una o en dos comunidades autónomas.
Nos piden, a continuación, señor Rajoy, que además hagamos un acto de fe;
por si esto no fuera ya suficientemente importante, que hagamos un acto
de fe en que los efectos de su reforma son buenos, benévolos, beatíficos
para todos, tan buenos que lo pueden ser a la vez
para las 17 comunidades autónomas, las 15 afectadas y, al mismo tiempo,
para el Estado, esto es para los españoles en su conjunto.
Y nos lo dicen sin darnos un solo dato, sin darnos una sola cifra, no
atreviéndose a explicar en qué consiste, de más o de menos, la
financiación de las autonomías y la financiación del Estado; la
financiación de cada una de las comunidades autónomas, en este año y en
los años siguientes, pretendiendo que votemos a ciegas --a ciegas--,
simplemente jugando a la gallinita ciega, algo que va a comprometer el
presupuesto del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas en
los próximos cinco años.
No quiero eludir hablar de números, pero es verdad que tampoco quiero
hacer especulaciones con las cifras. Hemos hecho nuestros cálculos y nos
sale lo que nos sale, pero son sin duda alguna ustedes los que tienen
esos cálculos y los que se han negado, por activa y por pasiva, a
ponerlos en conocimiento de los ciudadanos. ¿Es que cabe en la mente de
cualquier ciudadano español que se pueda aprobar una ley cuando el
Gobierno, incluso en la memoria que la acompaña, se niega a hacer un
cálculo, siquiera aproximado, con argumentos tan festivos como ése que
usted utiliza habitualmente de que como no sabemos qué uso van a hacer de
la autonomía normativa las comunidades autónomas no podemos saber qué
efecto tendrá esto sobre la recaudación? Si utilizara esto el señor Rato
todos los días, ¿cómo se atrevería a hacer previsiones del crecimiento de
la economía sobre el PIB? ¿Es que eso depende del Ministerio de Economía
y Hacienda o depende también de lo que ocurra en Japón, en Estados Unidos
y en Alemania, que todavía, que yo sepa, no controla el señor Rato?
Nos piden ustedes, por tanto, que hagamos algo que está por encima de
toda razón. No sólo nos han dado datos confusos sino que se han jactado,
contra toda responsabilidad, de que éste es un modelo que a todo el mundo
le viene bien. Ayer lo decía mi compañero, el señor Borrell: Si ustedes
hacen anuncios en Andalucía para decir que esto significará, si no lo
aceptan los andaluces, perder cuatrocientos y pico mil millones de
pesetas, y si un colega de ustedes en la Comunidad de Murcia dice que a
los murcianos les tocan 30.000 millones de pesetas más, y los canarios
dicen que son 110.000 millones en su comunidad, si sumamos todo eso,
¿cuánto sale?
¿Y quién defenderá, señor Rajoy, quién defenderá a todos y cada uno de
los españoles, no en términos de bloques aislados, murcianos, castellano
y leoneses, canarios, sino de españoles en su conjunto? (Aplausos.) ¿O es
que tendremos que soportar que es bueno sólo aquello que significa
aumentar los presupuestos de las comunidades autónomas, incluso si pierde
el presupuesto del Estado? ¿No será más cierto que hay responsabilidades
del Estado que importan a castellano-manchegos, a leoneses, a extremeños,
a andaluces, asturianos y catalanes, y que son, naturalmente,
preocupaciones como las que tiene su compañero de escaño por la sanidad,
todavía no transferida, o las que también tiene su compañero de gabinete
por el trabajo y naturalmente por la Seguridad Social y por las
pensiones, o las que tiene el Ministro de Fomento por que se puedan dotar
de mayores infraestructuras, que hoy todavía son responsabilidad y
seguirán siéndolo, de la Administración del Estado? ¿Cuándo dejaremos de
hacer un discurso en virtud del cual la suma de la periferia contra el
Estado es buena, que es la irresponsabilidad de las irresponsabilidades?
Señor Rajoy, éste es un sistema malo. Es malo y peligroso. Es malo porque
es injusto, es peligroso porque, además, es una bomba de relojería; una
bomba de relojería que sería un error aprobar, y no sólo por lo que llevo
dicho sino también por los efectos que, sin duda alguna, va a producir en
el futuro.
Tengo la convicción, señor Rajoy, de que si lo hacen no perdurará. No
perdurará no solamente porque tendrá efectos negativos sino que no
perdurará porque habrá también nuevas mayorías, y si rompen ustedes un
consenso básico. tendrán que aceptar que pueda haber modificaciones
después, algo que yo no deseo, porque lo que estoy pidiendo, señor Rajoy,
no es un modelo alternativo. Lo que estoy ofreciéndole no es siquiera un
modelo alternativo acabado, le estoy diciendo, señor Rajoy, que es
necesario el consenso. Si no hemos presentado el modelo alternativo es
precisamente porque en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se
había quedado en discutir en torno a una serie de propuestas para llegar
a un acuerdo entre todos, no para que ustedes impusieran, como pretenden
imponer en este momento, un modelo, o para que nosotros dijéramos que
tenemos --y lo tenemos, señor Rajoy-- un modelo alternativo que pueda ser
perfectamente mejor, mucho mejor que el que ustedes han planteado.
¿Cuál es el problema, señor Rajoy? El problema es que ustedes --y en esto
le doy la razón-- estaban buscando, como ya habíamos dicho, más
corresponsabilidad y más autonomía financiera.
El sistema de financiación autonómica también tenía que responder a una
mejora de los ingredientes y de los instrumentos de la solidaridad, y a
la vez --lo habíamos acordado también, esto formaba parte de los
elementos del guión-- a la exigencia de la política presupuestaria global
en los momentos que estamos viviendo, no solamente por imperativo
constitucional de coordinación de las haciendas sino, al mismo tiempo,
por respeto a todo el debate que acabamos de tener sobre en qué situación
presupuestaria estamos.
Pues bien, ustedes han optado por una muy específica forma de
corresponsabilidad fiscal que, desde la apariencia de aumentar la
corresponsabilidad fiscal en una serie de aspectos, lo que hace es
generar muchos más problemas en materia de autonomía financiera, aumentar
las diferencias de autonomía financiera de
unas comunidades autónomas respecto de otras, romper los mecanismos de
solidaridad que existían, aun cuando ustedes planteen haber sacado no sé
cuántas nuevas ingeniosas fórmulas, cuya puesta en funcionamiento todavía
está por ver, en forma de fondos alternativos a los que en este momento
existían.
En el preciso momento que los responsables de la hacienda del Estado
están diciendo que hay que reducir el déficit estructural del Estado, no
solamente están creando un déficit estructural mayor en la hacienda del
Estado por pérdida de recursos permanentes, sino que a la vez están
poniendo en cuestión, como le decía, una parte del sistema que existía en
su contribución a la autonomía financiera y a la corresponsabilidad. Por
decirlo de una forma muy sencilla, ¿qué teníamos, señor Rajoy? Un
mecanismo de participación en los ingresos del Estado que se asentaba en
que los ingresos de las comunidades autónomas, es verdad que todavía
excesivamente dependientes de transferencias, evolucionaban de acuerdo
con un gasto del Estado atemperado, eso sí, por la evolución del PIB
nominal y atemperado también por posibles desviaciones que se pudieran
producir. Esto es, había una norma para hacer posible que las comunidades
autónomas pudieran evolucionar de acuerdo con lo que era la capacidad de
seguir creciendo esta financiación global.
Pues bien, ahora esa participación en los ingresos del Estado queda
reducida y se transfieren recursos que iban por esa vía a otros recursos
que ya no seguirán esa senda, sino que seguirán la senda que les fije la
evolución del IRPF en cada uno de los territorios. El Estado, por tanto,
va a perder recursos al ritmo en que crezca el IRPF; esto es, a un ritmo
que depende fundamentalmente de que es el impuesto más dinámico de todos
los que componen el sistema fiscal y, a la vez, en cada comunidad
autónoma tendremos tantas mayores diferencias cuanto más crezca la
recaudación por IRPF en esa comunidad.
¿Qué hacen ustedes? Restringir los mecanismos de evolución, aquellos que
limitaban la evolución separada excesivamente --o disparatada-- que
pudiera producirse entre los ingresos de unas y otras comunidades
autónomas. Estos son los que ustedes reducen. Y ustedes lo que hacen es
sustituirlos por una serie de fondos que no tendrán apenas virtualidad,
cuyas magnitudes en las estimaciones que hemos sido capaces de hacer no
se empezarán a ver más que dentro de algún tiempo y que, además de
constituir nuevas cartas para los presupuestos del Estado, en absoluto
garantizan que las diferencias de financiación, de autonomía financiera
y, por tanto, de evolución dispar de unas y otras comunidades autónomas,
no crezcan.
Señor Rajoy, su modelo no es neutro, financieramente. No vale decir en
este sentido que hay una restricción financiera inicial que es una cosa
muy elemental; de lo que estamos hablando es de cómo evoluciona. No es
neutra la relación entre el Estado y las comunidades autónomas, por lo
que les he dicho, y no es neutro en las relaciones de unas comunidades
autónomas respecto de otras.
Pero hay más. Este es un modelo en el que se va a producir un conjunto de
efectos que tienen que ver, fundamentalmente, con la inspiración que
tiene el modelo. Hasta ahora había un sistema fiscal en el que esta
Cámara, las Cortes Generales, establecían el nivel mínimo de imposición
básica en toda España. Estoy hablando de las principales figuras
tributarias y, naturalmente, del Impuesto sobre la Renta, y las
comunidades autónomas podían subir a partir de esa imposición mínima.
Ahora vamos a un modelo distinto, a un modelo hecho fundamentalmente para
que se bajen los impuestos, señor Rajoy, para hacer lo contrario de lo
que hemos constatado ayer y hoy, que es necesario al menos mantener. Ya
sé que todos deseamos que bajen los impuestos, incluso el señor Aznar
desea que bajen los impuestos; ya lo decía, ya le gustaría a él que
bajaran, ahora los ha subido, pero ya le gustaría a él que pudieran
bajar. Ahora, el modelo que ustedes hacen es un modelo para hacer posible
que bajen los impuestos, para que esta Cámara señale unos niveles que
puedan ser después reducidos por las comunidades autónomas. Esto es algo
que va a afectar, por tanto, a lo que el propio Tribunal Constitucional
ha llamado los fundamentos jurídicos de igualdad de las personas en el
sistema tributario; esto es, una posición básica de igualdad que es
necesario garantizar y que en la medida que existe una autonomía
normativa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con
posibilidades de ser alterada en unos lugares y en otros, la posición de
igualdad puede finalmente afectar a elementos subjetivos básicos de la
igualdad de los ciudadanos en unas y en otras regiones.
Usted ha dicho antes en su intervención, y casi en tono de broma, que
algunos se habían referido a esta cuestión descalificándola, como si se
tratase más o menos de una broma, hablando de la posibilidad de creación
de paraísos fiscales. ¿Ha leído las declaraciones de alguien que tiene la
autoridad que debe tener entre ustedes y desde luego en alguna comunidad
regida por ustedes, como es el Presidente de Castilla y León cuando dice
que efectivamente este sistema no solamente es más caro, sino que además
contribuirá a la existencia de paraísos fiscales? No sólo algunos que
debemos ser muy retrógrados pensamos que esto tiene muchos problemas, que
esto es más caro, que puede producir una competencia fiscal con resultado
negativo para todas las haciendas; que puede producir una competencia
también para la creación, quizás no tanto como paraísos fiscales, pero en
todo caso para una reducción significativa y, por tanto, para la creación
de desigualdades básicas en el territorio, en la ubicación de las
personas y de la actividad económica.
Sí, señor Rajoy, este no es un modelo inocente. Es un modelo con muchos
problemas. Se puede estar de acuerdo en la corresponsabilidad, en que es
necesario avanzar hacia principios elementales como el de la autonomía
financiera, el de la corresponsabilidad y el de la coordinación de las
haciendas, sin necesidad, sino todo lo contrario, de estar de acuerdo con
ustedes. De estar de acuerdo, además, en que es posible hacer modelos
alternativos mejores, pero en que hay una condición fundamental: la
condición de volver al acuerdo constitucional o cuasi constitucional, si
usted lo prefiere, aquel que ha dado sentido al Estado de las autonomías
durante todo este período, para avanzar con rigor, para no meternos en
una senda de imposible previsión en este momento y mucho más si ustedes
no nos cuentan las cifras de que están hablando.
En estas leyes hay problemas jurídicos serios. No quiero, porque no me
gusta, a pesar de que se puede argumentar incluso en términos de
constitucionalidad, ni siquiera utilizar esta argumentación, pero quiero,
señor Rajoy, que sea usted consciente de que esta reforma, incluso si se
aprueba la modificación de la Lofca y la modificación de la ley de cesión
de tributos, no podrá tener efectividad, como ustedes deseaban, durante
el año 1997, porque va a ser necesario hacer muchas más cosas que ésta.
Va a ser necesario --entre otras cosas porque el modelo lo prevé-- que se
completen las transferencias en educación hasta que el modelo finalmente
pueda desarrollarse. Va a ser necesario que, además, se modifiquen
algunos estatutos de autonomía. Va a ser necesario que se aprueben las
leyes de cesión específica de tributos a las diferentes comunidades
autónomas y todo esto, señor Rajoy, no se puede hacer de aquí a
diciembre.
No quiero entrar ahora en los mil problemas desde el punto de vista
jurídico, pero debe usted saber que salvo los estatutos de Asturias y
Extremadura, que no tienen la cláusula general de que la modificación de
los tributos cedidos no supone alteración del estatuto, todos los demás
la tienen; por tanto, puede ser dudoso que no haya que hacer la reforma
estatutaria para modificar la posibilidad de cesión de tributos. En todo
caso, es escasamente dudoso jurídicamente, señor Rajoy, con los estatutos
que hoy existen, que no sea necesario hacer una modificación expresa de
los estatutos para incorporar lo que ustedes pretenden incorporar, que es
la posibilidad de cesión de autonomía normativa. Cuando la Constitución
habla de autonomía o cuando habla de cesión de tributos, se refiere a la
cesión de los rendimientos y no a la cesión de los tributos y de la
autonomía normativa correspondiente.
Hay, por tanto, problemas jurídicos serios, señor Rajoy, y hay, mucho más
allá de los problemas jurídicos serios, que probablemente además de
hacerles imposible que lleven ustedes a cabo esta reforma al ritmo que
desean, llevarán consigo una enorme confusión en términos de los
eventuales contribuyentes, que van a generar una conflictividad jurídica
seria en detrimento de los ingresos y de los recursos de la haciendas
durante el año 1997.
¿Qué necesidad tenemos, señor Rajoy, de sufrir eso? ¿Por qué no hacer
estas cosas con pausa, con calma, volviendo a restaurar el acuerdo y las
posibilidades de acuerdo? No es necesario. Ustedes ni siquiera lo han
pintado del todo en los presupuestos para el año 1997. Démonos tiempo,
insisto una y otra vez.
Algunas cosas más quería comentarle, señor Rajoy. Ustedes no modifican
--porque querían dar la apariencia de que se modificaban pocas cosas--
algunos artículos de la Lofca que debieran modificar para hacer posible
su propia reforma. Por ejemplo, la referencia al esfuerzo fiscal del
artículo 13, o las causas de revisión de la participación en los ingresos
del Estado, que las han cambiado en el acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera y, sin embargo, no han modificado el artículo
correspondiente de la Lofca. Hay, por tanto, incongruencias de múltiples
tipos. No me quiero detener en ellas porque estoy tratando de poner el
énfasis fundamentalmente en los aspectos políticos, pero sí quiero hacer,
al menos, una referencia fundamental a algo que ustedes ya están
presumiendo que habrá de ocurrir. Cuando le decía que crean ustedes
condiciones de desigualdad básica para los ciudadanos en el territorio,
me refería de manera especial al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Es verdad que para hacer frente a alguno de los peligros de los
que hemos hablado, para conjurar los riesgos de cambio de localización de
las personas, del domicilio, hacen una nueva regulación del domicilio
fiscal y crean unas reglas para hacer imposible --hay que suponer buena
voluntad o buena intención-- que la gente defraude, lo que es tanto como
asumir que precisamente la autonomía normativa en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas va a generar precisamente esos problemas
que quieren ustedes conjurar; lo conjuran, o tratan de conjurarlo,
mediante unas fórmulas absolutamente imposibles de aceptar.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, le ruego que concluya.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Voy terminando, señor Presidente.
¿Qué sentido tiene impedir la movilidad de los ciudadanos en el
territorio para que no defrauden? Señor Rajoy, no es razonable. Ustedes
no podrán impedir que los ciudadanos deambulen por el territorio y fijen
su residencia allá donde tengan a bien. Es un derecho fundamental. No los
penalicen; no deben hacer la modificación jurídica que da lugar a tener
que utilizar similares trucos en contradicción con el mayor sentido
común. No hagan, por tanto, una apuesta por impedir los movimientos de
las personas; modifiquen, en cambio,
las normas que hacen posible que se produzcan los riesgos que ustedes
quieren conjurar.
Pero, señor Rajoy, han hecho una ruptura de la tarifa del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, según ustedes, para hacer posible
también este nuevo modelo de financiación; han modificado o modifican los
dieciocho tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
los reducen a diez. Quiero que sepan que con eso lo que han hecho es
reducir la progresividad del impuesto. Ya se lo habíamos advertido en la
campaña electoral. El argumento que han utilizado es el de la
simplicidad. Ya me contestará, señor Rajoy, cuando usted hace la
declaración de la renta si se fija en todos los tramos o solamente en el
que le corresponde, aquél en el que usted se sitúa. Entre elegir su tramo
o elegir otro, elegir entre en una tabla de diez o en una tabla de
dieciocho, me parece que la simplicidad no variará mucho.
Pero fíjese usted lo que significa tener dos tablas, y fíjese usted si,
como alguno me decía, esto lleva consigo que, además, haya dos tablas de
retenciones en el territorio, una estatal, otra territorial y,
dependiendo de la utilización de la autonomía normativa, diversas tablas
en los diferentes territorios sobre las retenciones en el IRPF. Señor
Rajoy, además, quiero que sepa que la tabla que han hecho es también una
contribución al aumento de la presión fiscal. Le he dicho que es más
regresiva. Un 40 por ciento de los contribuyentes va a pagar con esta
tabla más de lo que pagaba anteriormente. Quiero que lo sepan. Se ha
publicado y se ha analizado por todos. Ustedes lo están vendiendo como si
esto fuera simplemente la simplificación del sistema y encima --lo digo
entre paréntesis y utilizaré esta palabra-- es una pequeña chapuza
técnica hacer esa deducción variable que ustedes hacen simplemente porque
no les casa la tabla que habían hecho con lo que querían que les saliese
y con lo que querían que dijera la opinión pública.
Todo lo dicho, señor Rajoy, confirma o conforma un horizonte no solamente
de dudas jurídicas, de insuficiencias, sino de manifiestos errores de
regulación, de inseguridad, de seguras alegaciones a la falta de títulos
jurídicos para la imposición de determinadas normas fiscales en el
territorio. Sin duda alguna, tenemos además importantes problemas
presupuestarios y fiscales de falta de neutralidad en las relaciones
entre el Estado o la hacienda central y la hacienda de las comunidades
autónomas, en perjuicio de la hacienda central, en este caso, pero
también en perjuicio de las relaciones entre unas y otras comunidades
autónomas, y tenemos, sin duda alguna, señor Rajoy, la pérdida de
elementos absolutamente claves de solidaridad que, además, van a
determinar una modificación de las condiciones básicas de igualdad de los
ciudadanos en el territorio. Todo esto son elementos muy importantes
--elementos jurídicos, elementos económicos, elementos políticos--, pero
fíjese si todos nos hubiéramos vuelto locos y hubiéramos consensuado para
hacer una cosa que está peor que la que existe, sería difícil que nos
pudiéramos reprochar a nosotros mismos, pero alterar lo que tenemos con
todos sus defectos, alterar lo que tenemos para hacer una cosa mucho
peor, para meternos en un senda que no sabemos a dónde lleva o que lleva,
eso sí, a una mayor desigualdad de los ciudadanos y de los territorios, a
mayores problemas de relaciones entre la hacienda del Estado y la
hacienda de las comunidades autónomas y a hacerlo encima rompiendo el
consenso constitucional, señor Rajoy, yo creo que es exactamente lo
contrario de lo que corresponde hacer.
Usted se ha referido, y yo también lo voy a hacer, al señor Pujol. Hace
unos días decía el señor Pujol: Yo no me he empeñado en que me den lo que
se han empeñado en darme. Lo ha dicho, yo lo he repetido y usted también,
y ha dicho que esta es una cuestión, entre otras --no solamente porque lo
diga el señor Pujol, yo también se lo digo--, en la que no es posible que
sólo básicamente dos fuerzas políticas impongan un modelo al resto. Este
es un mal modelo que no debe ser aprobado, que si se aprueba no tendrá
larga vida, que será efímero y que además generará problemas, y éste es
un modelo que no debiera jamás aprobarse hasta que se logre un acuerdo
entre las fuerzas políticas presentes en la Camara. (Un señor Diputado:
¡Muy bien!)
Señor Rajoy, se lo vuelvo a decir. Se lo digo si quiere desde la
seriedad, también desde una legítima preocupación pero, a la vez, con una
sonrisa. Quiero que lo piense y quiero que lo piensen seriamente antes de
contestarme. Me gustaría que el señor Aznar, el Presidente del Gobierno,
estuviera aquí, porque hablar de consensos y hablar de diálogo cuando se
hace lo que se está a punto de hacer, cuando se trata de imponer un
modelo que ni siquiera viene necesitado o justificado en términos
estrictos de su investidura, sino que es simplemente la imposición de una
sinrazón contra alguna razón, aunque no sea toda, de quienes componemos,
en este caso al menos, la izquierda de esta Camara, me parece simplemente
que es un disparate. Si usted y su grupo quiere hacerse responsable de
avanzar por esta vía, qué le vamos a hacer. Quiero que sepa que nosotros
estamos abiertos a seguir discutiendo de esto seriamente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiegaray.
Para la defensa de sus enmiendas de totalidad, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, antes de entrar a
exponer los argumentos de Izquierda Unida para intentar razonar la
sinrazón que se nos ha echado encima a la hora de ver las alternativas
que podíamos barajar, antes de decir qué queremos devolver al Gobierno,
por qué queremos devolver al Gobierno y para qué queremos devolver al
Gobierno estas dos reformas que se nos traen --la reforma de la Lofca y
la de cesión de tributos--, quisiera decirles, señorías, con qué talante
y actitud venimos a este debate de totalidad en el que vamos a pedir la
devolución al Gobierno de estos dos textos.
En primer lugar, nosotros venimos a plantear el debate sin exageración,
sin confrontación y sin ningún camino hacia la demagogia. En segundo
lugar, al contrario que otras posiciones, nosotros no venimos desde la
defensa del modelo anterior; creemos que el modelo anterior estaba
agotado y que necesitaba modificaciones. Nosotros venimos desde la
defensa de los mismos principios que trajimos a la discusión del año
1980, cuando la fuerza mayoritaria que nos representaba aquí aprobó con
nuestro voto favorable los principios fundamentales que para nosotros
eran tres: un modelo de Estado cimentado en la autonomía debe cifrarse en
la distribución competencial del Estado, en la autonomía financiera --por
tanto, no sólo en la transferencia de gastos, sino en la posibilidad de
establecer impuestos, de hacer política de ingresos--, en la suficiencia
de esa autonomía, para que todas las comunidades puedan hacer frente a
competencias similares, y en una corresponsabilidad fiscal desarrollada
al mismo tiempo con elementos de solidaridad. Estos mismos principios que
entonces defendió el señor Pérez Royo en nombre del Grupo Comunista, son
los que hoy nos traen a defender esta enmienda a la totalidad, con el
objetivo de que tras este debate se pueda lograr un diálogo que consiga
el mismo grado de consenso que en aquel momento se produjo y que nosotros
votamos favorablemente. A nosotros nos gustaría que el modelo de
financiación que hoy debatimos también pudiera ser respaldado por la
inmensa mayoría de las fuerzas políticas.
Pero esa perspectiva de hacerlo abiertos al diálogo debe ir ceñida al
rigor de las propuestas y al rigor de las distintas alternativas que
estamos barajando, con el ánimo de hacerlas confluir. Los modelos
alternativos, nítidos, cerrados, no existen. Existen las propuestas que
pueden abrir el camino de un modelo determinado.
¿Qué es lo que nosotros queremos devolver al Gobierno? Queremos devolver
lo que usted ha definido en su intervención como la adaptación legal para
aplicar un modelo que ustedes han hecho tramitar en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, y digo tramitar porque, en realidad, ha
obedecido a unos criterios bilaterales desde la concreción de ese modelo.
Por tanto, el cuerpo legal que usted nos plantea para reformar la Lofca y
la cesión de tributos lo devolvemos, porque el modelo que usted nos
propone, que es el soporte de esta reforma legal, creemos que no hace
frente a los problemas que tenía el sistema anterior. Pero nosotros
creemos que ese modelo que usted nos trae, al que obedece esa reforma
legal, no viene consensuado, no porque ustedes no hayan tenido tiempo,
sino porque han tomado una opción que les condiciona. Bajo nuestro punto
de vista, lo que les condiciona a ustedes es, fundamentalmente, el pacto
de investidura.
Ustedes tienen ya una opción y nosotros creemos que el modelo de Estado
no se puede construir a jirones, no se puede construir a empeñones, a
empujones de unas regiones a otras; no puede abrir una brecha de
confrontación entre territorios. Creemos que eso es negativo.
El que la propuesta que ahora mismo contemplamos pueda tener mayores o
menores visos de apoyo está en función, no de plantear el debate como
aquí ha podido verse, y es: miren ustedes, la propuesta inicial nuestra
es la que tienen encima de la mesa. Son lentejas, si las quieren las
toman y si no las dejan. Podemos arreglar algunos condimentos, pero el
plato no. Desde esa óptica es muy difícil.
Algunos elementos que se plantean en esta reforma no los vemos mal. El
problema es qué tipo de reforma se aborda. Ustedes intentan, bajo estas
propuestas, evitar los problemas de constitucionalidad. La propuesta
originaria que ustedes hicieron no llevaba consigo la reforma de la Lofca
y de la ley de cesión de tributos, simplemente querían reformar impuesto
a impuesto. Sin embargo, ahora ya traen esa reforma para intentar evitar
el problema de constitucionalidad o de recurso constitucional que pudiera
haber frente a esta actuación.
¿Por qué les queremos devolver a ustedes la propuesta? ¿Cuáles son las
razones que a nosotros nos llevan a plantear esta devolución al Gobierno?
Fundamentalmente, creemos que hablar de autonomía sin hablar de
financiación es algo así como intentar hacer «El Quijote» con Sancho
Panza pero sin el Quijote.
Es muy difícil que nos planteemos hablar de cosas si no van acompasadas
propuestas económicas con propuestas políticas. Por ello, estamos
convencidos de que, frente al modelo anterior que teníamos agotado, que
necesitaba de una reforma para poder dar pasos en el desarrollo del
artículo 15 de la Lofca --el fondo de nivelación--, que necesitaba
caminar hacia la corresponsabilidad fiscal, el informe de los técnicos
que usted ha citado aquí, después de analizar las limitaciones del modelo
anterior, concluía diciendo: Puede decirse sin exageración que el actual
sistema de financiación autonómica se halla en un atolladero del que
solamente podrá salir si somos capaces de configurar, simultáneamente, el
camino de una autonomía financiera y de un esquema de nivelación. Tendrá
que reconocer conmigo que el modelo que usted nos propone está muy
ultimado en cuanto al tema de corresponsabilidad, pero muy poquito
ultimado en cuanto al tema de nivelación. Es decir, 10.000 millones a
negociar con las comisiones mixtas y durante un año, que estudiará la
Comisión. Ustedes son muy estudiosos. En el pasado
período fueron cinco años de estudio en la Comisión de expertos. Ustedes
ya ahora añaden un año más. Le dan un poquito de prolongación a la
necesidad para estudiar y poder concluir. Por tanto, nosotros creemos que
eso hay que modificarlo.
¿Quiere decir que ustedes no han movido pieza? No, no creemos que ustedes
no hayan movido pieza. Nosotros sabemos que ustedes han movido pieza
desde la propuesta inicial. Han añadido un límite parcial o una
armonización a la propuesta de cesión de tributos: el 20 por ciento en el
IRPF, los mínimos en el patrimonio, el domicilio, aunque no sé cómo lo
logran, porque dicen: donde residan, les contaremos las vacaciones, la
circulación por el país, hasta tres años. En fin, intentan resolver, pero
no resuelven lo que es el domicilio donde se va a aplicar el impuesto
para evitar eso que ustedes dicen de que vayan a buscar el sitio donde
más le favorezca a nivel fiscal para fijar su residencia.
Ustedes añaden un límite a la divergencia que se va a producir, hasta el
90 por ciento; ustedes ponen un incipiente fondo de nivelación, escaso,
mal regulado; ustedes descongelan el Fondo de compensación. Y nosotros
creemos que ustedes intentan corregir las dificultades legales a la
propuesta inicial. Pero, ¿es eso suficiente? ¿Eso ha obedecido a un
proceso de negociación entre las fuerzas políticas y las distintas
comunidades autónomas? ¿Nos encontramos ante un modelo que pueda
representar al desarrollo constitucional que en un principio nos dotamos
por consenso de todo el pueblo español? ¿O nos encontramos ante una
imposición de una parte frente a otra? ¿Podemos encontrar en el modelo
que usted nos trae las señas que la izquierda sí encontró en el
desarrollo de la Lofca, cuando la aprobamos en el año 1980? ¿Podemos
encontrar esos dos niveles que significan en el mismo lado la autonomía y
la equidad? ¿De qué manera se pueden ver reflejados los principios de
igualdad y de solidaridad? Porque la Lofca también es fondo de
compensación interterritorial; la Lofca también es fondo de nivelación;
la Lofca también es PIE y participación en los ingresos del Estado. En
suma, la Lofca no son solamente los dos artículos que ustedes modifican
para incorporar el IRPF y los otros impuestos cedidos y a la vez dar
capacidad normativa.
Por tanto, permítame que le diga las razones que nosotros encontramos
para devolverles la propuesta que nos traen para que intenten
reelaborarla. Tiempo tienen ustedes. No es necesario tramitar esto a
machamartillo, con siete días para estudio y enmiendas. No va a entrar en
vigor en 1997; ¡si el fondo que ustedes proponen será para 1998! Si el
cuerpo, además, no es necesario para ponerlo en marcha. Ustedes ya tienen
unas previsiones presupuestarias para aplicar la doceava parte. Después
me referiré a la cuantificación correspondiente, pero yo sí les he
encontrado los números. Por desgracia les he encontrado tres números
diferentes, según el papel que he leído, pero sí hay números. Me gustaría
que usted me precisara cuáles son los que van a utilizar. Hombre, una
pequeña diferencia de unos 100.000 millones arriba o abajo tampoco es
mucho, pero en fin; ese pequeño despiste de 100.000 millones que va del
acuerdo a la propuesta de presupuestos se puede quedar colgado por ahí.
Por tanto, nosotros creemos que el modelo que ustedes nos proponen no
hace frente a las necesidades que tienen hoy las comunidades autónomas.
El señor Pujol decía anteayer que tienen un acuerdo que representa un
progreso respecto a la situación anterior y no pueden renunciar a la
mejora que el acuerdo representa. Alguien sale beneficiado. Pero, ¿usted
cree que se puede vender un modelo donde alguien se ve beneficiado y
otros se pueden ver perjudicados? No es posible. No es un buen camino
para llegar a acuerdos: no es bueno que ésta sea la forma de poder
venderlos. Hombre, esto lo dijo de visita por Andalucía. Por tanto, creo
que fue a explicar cuáles son las limitaciones que él encontraba.
Pero es que la propuesta que usted nos trae obedece a criterios
bilaterales en la concreción de ese trámite, que usted decía, del pacto
inicial, a cómo ha llegado al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hay un documento en julio, otro el 17 de septiembre y un tercero el día
23 de septiembre. ¿Sabe dónde he encontrado que existe la relación
bilateral? En los Presupuestos Generales del Estado que hemos discutido
esta mañana. ¿Sabe usted dónde? En la distribución territorial de la
inversión del Estado. Y, mire por dónde, cuando ustedes reducen en
300.000 millones la inversión del Estado. al mirarla distribuida
territorialmente nos encontramos con que baja en muchas comunidades pero
sube en algunas. Pondré un ejemplo: en Canarias pasa de 14.000 a 23.000
millones de pesetas; sube el 61 por ciento la inversión territorial del
Estado. En Castilla-León sube de 69.000 a 80.000 millones de pesetas, el
15 por ciento. Ahora entiendo las intervenciones de esta mañana apoyando
la bondad del presupuesto. ¡Claro, ya está pagada la parte de
compensación para el apoyo del presupuesto!
Es decir, ustedes utilizan un arma que no es buena para dotarse de un
proyecto estable, de un proyecto que garantice visión, donde todos nos
veamos reflejados, y es esa relación fuera de cuerda (tanto te puedes
llevar) que ahora se abre también en las comisiones mixtas. Y podemos ver
cómo se pone en marcha la deuda histórica para algunas comunidades y para
otras no, cómo distribuimos el dinero de la financiación, o la deuda de
la sanidad. En suma, hay muchas puertas desde el presupuesto del Estado
para decir: esto te puedes llevar; esto tendrás si te sumas. Eso sí,
usted ha dicho en su presentación algo así como: ojo con los pecados que
pueden cometer los que no se sumen al proyecto. Usted lo ha dicho de
forma moderada, pero ha venido a decir: los que no se sumen, tendrán sus
complicaciones. Esa manera de negociar es como decir:
o te metes al hilo o te voy a decir que pierdes 3.000, 4.000 o 5.000
millones de pesetas para tu comunidad. Esa forma de negociar que ustedes
tienen es un tanto anómala, bajo nuestro punto de vista, y no obedece a
un desarrollo simultáneo de lo que pudiéramos llamar corresponsabilidad y
solidaridad. Pero es que, además de todo eso, no conocemos los efectos
reales del costo del sistema, y me va a permitir que le diga dónde hemos
encontrado nosotros las cifras que ustedes dan, no la distribución,
porque en unos figura la distribución pero en otros, no.
En el proyecto de presupuestos que ustedes nos han traído aquí y que esta
mañana hemos aprobado... --perdón, no hemos devuelto al Gobierno, después
veremos si se aprueba--, ustedes nos proponen dos billones 363.000
millones de pesetas para distribuir a las comunidades autónomas; pero en
el documento que acompaña al acuerdo, en éste que ustedes aprobaron el
día 23 de septiembre de 1996, la cifra que señalan ustedes como el costo
de la PIE es de dos billones 356.000 millones de pesetas --por el camino
se han quedado una cantidad-- y cuando establecen ustedes la cifra a
distribuir entre las comunidades autónomas en el año 1997 --en este
acuerdo sí está distribuido por comunidades autónomas--, dan una cifra
diferente, y la cifra que a mí me sale son dos billones 263.000 millones
de pesetas; es decir, 90.000 millones menos de lo que han puesto en los
presupuestos. Lo que va aquí son 90.000 millones menos de lo que va aquí;
(El orador muestra los dos documentos.) es verdad que esto lo presentaron
en esta Cámara antes del 30 de septiembre, es del 23 de septiembre.
Dígame usted de qué manera va a empezar a actuar el día 31 de enero,
cuando empiece a pagar la doceava parte a cada comunidad. ¿Sobre cuánto
dinero va a aplicar el porcentaje? ¿Cuánto se va a llevar cada comunidad
autónoma por la doceava parte que le corresponda? Porque, eso sí, ustedes
van a capitalizar las comunidades autónomas --que me parece muy bien--
con esas aportaciones previas.
Además. desde nuestro punto de vista, el modelo de financiación que
ustedes proponen aquí tiene trucos, tiene trampas a la hora de poder
aplicarlo. Por un lado, ustedes hacen una presupuestación de un fondo de
garantía de 10.000 millones, para que ninguna comunidad autónoma se quede
por debajo del 90 por ciento, que se pagará en el año 1998, pero ya hay
una modificación fiscal que entrará en vigor en enero; por lo menos, ésa
es la pretensión que ustedes tienen. Pero usted decía antes, en su
presentación, que las variables que utiliza son las mismas que había
antes. ¿Sabe usted cuáles son? Las del año 1988. Cuando el modelo del año
1992 actualizó las variables, ¿sabe usted lo que costó en todo el período
del sistema? Costó 300.000 millones de pesetas. ¿Sabe usted que significa
que la comunidades autónomas van a contar con una población que era la
que tenían en el año 1988 y, por ejemplo, la mía ha crecido en 100.000
habitantes? Pues no recibirán el dinero que correspondería a esos 100.000
habitantes más. Y en el mismo caso se encuentran las comunidades
autónomas de Andalucía, Valencia o Castilla-La Mancha. Si aplicáramos la
variable población al nivel del año 1995, no del año 1988, supondría una
diferencia de 65.000 millones de pesetas: para Andalucía, 29.000
millones; para Valencia, 18.000 millones; para Murcia, 8.000 millones;
para Castilla-La Mancha, 4.000 millones. Pero también podríamos utilizar
la variable de unidades administrativas, porque las comunidades autónomas
que han ido recibiendo, desde 1988 hasta ahora, competencias nuevas,
tienen nuevas unidades administrativas. Como se van a aplicar las
variables del año 1988, usted va a transferir para población y estructura
competencial del año 1988, y nos dice que ése va a ser el modelo para los
años 1997-2001. Pues la verdad es que, bajo nuestro punto de vista, no ha
resuelto algo que debe ser equilibrado: techo competencial, capacidad
financiera y recursos en manos de las propias comunidades autónomas.
Además, ustedes no modifican el Fondo de Compensación Interterritorial y
este Fondo no debe estar sujeto a lo que puede ser una actuación
graciable. La Ley del Fondo fija un 30 por ciento de la inversión nueva.
Cuando discutíamos esto en el año 1980, nosotros ya hablamos de poner el
Fondo en relación con lo que eran los ingresos tributarios del Estado: el
12 por ciento, un porcentaje; pero podíamos ponerlo en relación al PIB,
para dar estabilidad al compromiso que ustedes contraen, como Gobierno,
para corregir desequilibrios territoriales. Ustedes dicen: Este año
añadimos 5.000 millones más. Desde luego, es más que en los seis años
anteriores, que ha estado congelado, pero eso no puede ser graciable cada
año. No podemos venir a que digan: 5.000 millones los distribuimos así,
entre una comunidad u otra. Ustedes deberían reformar el cuerpo legal
para adecuar el Fondo de Compensación Interterritorial a la realidad de
hoy.
En suma, nosotros creemos que la propuesta de reforma fiscal que usted
nos trae y el modelo que lleva detrás, puede abrir las puertas a lo que
pudiéramos llamar niveles de divergencia entre la realidad actual y
nosotros somos conscientes de que la realidad actual de España es
diversa, es dispar a nivel económico, a nivel territorial, a nivel de
capacidad, no solamente de lengua, lo reconocemos; pero es que el modelo,
al final de los cuatro años, dónde nos llevará el nivel de divergencia?
¿Cuál será? El primer año, ya sabemos: la media de las 17 comunidades, o
de las 19 comunidades si metemos Ceuta y Melilla, en el 90 por ciento,
ninguna quedará por debajo; ya sabemos eso, en el primer año. En el
segundo año, será la media del segundo año; en el tercer año, la del
tercero; en el cuarto, la del cuarto... ¿O es a todo el conjunto del
sistema al final? Si es al conjunto de los cuatro años, se cobrará la
compensación a los cuatro años; son recursos que se recibirán
después. ¿O daremos porcentajes a cuenta? Pero es que ustedes no lo han
desarrollado; es que ustedes no han puesto el fondo de garantías en una
ley, para que sea cuerpo legal. No está desarrollado; está en el acuerdo
al que ustedes han llegado.
En suma, nosotros creemos, por último, que el otro defecto que tiene es
que el modelo de estado de financiación se hace de espaldas a los
municipios. Cuando los municipios van a recibir, o deberían recibir, un
volumen de competencias y capacidad, en la distribución de los dineros
del Estado, poner un volumen en un lado y otro, no se cuenta con el papel
y el protagonismo de los propios municipios.
Por tanto, señor ministro, nosotros creemos que éstas son las razones
para devolverle el modelo y las leyes que le acompañan. Pero, ¿para qué
le queremos devolver este papel? ¿Se lo queremos devolver porque queremos
fastidiar al Gobierno el trabajo que hasta ahora ha hecho? ¿Se lo
queremos devolver porque queremos perjudicar el grado de consenso que se
ha producido hasta ahora? De ninguna manera. Creemos que hay un grado de
consenso que se debe ampliar, para que ese modelo de financiación sea el
modelo del Estado en el que todos nos podamos ver reflejados. Por ello,
le devolvemos estos dos textos, para que usted los reelabore. Y vamos a
intentar mojarnos y exponerle cinco criterios para que usted los pueda
reelaborar; cinco criterios que modificarían la propuesta que usted nos
ha traído aquí.
Primero, que a la vez que desarrolle corresponsabilidad (estamos de
acuerdo en que debe haberla), desarrolle capacidad normativa; que los
parlamentos tengan capacidad normativa nos parece muy bien, no estamos en
contra de ello, pero, a la vez, debe haber un desarrollo nítido de la
nivelación y de los fondos compensatorios, regulados por ley, para que
sea estable, para que sea fijo.
Segundo, nosotros creemos que deberíamos lograr un incremento de la
autonomía financiera de las comunidades autónomas, no de manera similar,
pero sí de forma que se incremente la autonomía financiera de todas las
comunidades, y esto puede parecer una cosa sin importancia. Le voy a
poner un ejemplo. Para Madrid, que recauda 1,6 billones de pesetas de
IRPF, su 30 por ciento, o su 15 por ciento, es un volumen de 600.000
millones; para Extremadura, que tiene un IRPF de 66.000 millones de
pesetas, su 30 por ciento son 22.000 millones de pesetas, con un
presupuesto actual de 200.000. Dígame usted qué capacidad de movimiento
le da acompasado, divergente, pero, de qué manera uno ve mejor reflejada
su autonomía financiera en esta evolución común de todas las comunidades
autónomas, aceptando divergencias, aceptando niveles que actualmente
tenemos y una evolución posterior de una forma más o menos razonable.
Pero es que, además, nosotros creemos que ustedes renuncian a una
posibilidad. Ustedes, en la reforma de la Lofca y en la reforma de la
cesión de tributos añaden lo que supone la cesión del IRPF y retiran el
IVA y los impuestos especiales; dicen que porque tienen limitaciones
técnicas o porque hay indicaciones comunitarias que, más o menos, impiden
que eso se pueda producir. Pero usted tendrá que reconocerme que el IRPF
es el impuesto más progresivo y no es el de más homogeneidad en su base
imponible, no supone el mismo volumen y, lógicamente, la distancia entre
comunidades que tienen mayores perspectivas de desarrollo, mayor
capacidad de renta, mayor capacidad de hurgar y de meter el dedo en lo
que es el fraude o los pagos que deban ser aplazados, son unas frente a
otras, de tal manera que esa pequeña divergencia que se establece del 3
por ciento, porque 20 por ciento arriba o 20 por ciento abajo en el IRPF,
como capacidad normativa de los parlamentos, significa un 3 por ciento en
realidad; pero, fíjese, ¿qué calor me suena a mí cuando hablamos de
impuestos? Me suena el calor de que lo importante es bajar la presión
fiscal. ¿Quién podrá bajar la presión fiscal? Quien tiene ingresos por
rentas suficientes y puede hacer frente a sus obligaciones con una menor
presión fiscal . Pero es que el 3 por ciento que puede ser de reducción
en unas, para otras que no tienen recursos suficientes puede ser de
incremento. Y, mire usted por dónde, la paradoja puede ser que la
evolución sea divergente también en donde reduzcan y en donde suban, y
nos podemos encontrar con que las regiones con menor capacidad de renta
sean las que tengan que incrementar su propia presión si quieren hacer
frente a sus competencias. Estoy poniendo un ejemplo que puede no darse,
pero esto lo facilita como propuesta.
En consecuencia, otra propuesta a tener en cuenta sería la incorporación
de otros impuestos de base imponible más amplia, como puede ser el lVA,
como pueden ser los impuestos especiales.
Nosotros creemos que debería usted mejorar sustancialmente el Fondo de
Compensación Interterritorial. Podía venir en la reforma del artículo 16
de lo que es la Lofca y la ley que le acompañó tres años después, que es
la Ley del Fondo. Se puede decir que ya hemos subido 5.000 millones y que
por qué razón queremos más. Pero ¿sabe usted lo que también oí ayer en el
debate de presupuestos? Que ahora tenemos dos inversiones que se suman,
la inversión que está en los presupuestos y la que vamos a sacar por ahí
de extrapresupuestario, por no decir de extranjis, porque ya veremos de
dónde vienen esos 300.000 millones. Pero la inversión nueva ¿cuál va a
ser? A la hora de aplicar el Fondo ¿cuál va a se la inversión nueva? ¿Los
800, o los 300 también? Y ¿se van a invertir de verdad, o no se van a
invertir de verdad? ¡Hombre! ¡Pues depende de que los privados quieran
invertirla o no quieran invertirla! Es decir, la evolución futura no va a
caminar si no se precisa legalmente el Fondo en una condición le
estabilidad.
Por último, nosotros sabemos que ustedes han introducido elementos de
amortización fiscal en las reformas del día 23 de septiembre, elementos
positivos a lo que fue la propuesta originaria, límites; mínimos en
cuanto a patrimonio, en el IRPF los marcos, en cuanto a sucesiones la
ubicación, pero no hay una armonización fiscal suficiente que evite eso
que se llama la competencia desleal a nivel fiscal. Digo que evite, no
digo que se vaya a producir. Yo sé que el impuesto que más divergencias
podía crear es el de sociedades, el Impuesto sobre Sociedades es el que
más divergencias podía crear. No estamos discutiendo el de sociedades.
Aquí estamos hablando de unos movimientos mínimos, pero movimientos que
pueden funcionar en la evolución del modelo que usted nos plantea.
Por tanto, nuestra posición es la de mirar la reforma de la Lofca que
usted nos trae y la reforma de lo que son la cesión de tributos en
función del modelo de financiación que usted quiere acompañarnos.
Pero permítame que le haga dos referencias sobre lo que son los textos
concretos. En lo que es la reforma de la Lofca, apenas modifican ustedes
dos artículos fundamentales, incorporando el 30 por ciento del IRPF y
añadiendo capacidad normativa. Eliminan el IVA en lo que era la
posibilidad anterior y no desarrollan otras capacidades de la propia
Lofca; por ejemplo, el artículo 9.º. Una de las posiciones que mantuvimos
en nuestro debate en 1980, era la necesidad de modificar el artículo 9.º.
Le ponía muchas trabas a la capacidad de impuestos propios de las
comunidades autónomas. Se inclinó más por el tema de los recargos a los
impuestos del Estado, en lugar de que cada comunidad hurgara, buscara
fórmulas fiscales, nuevos impuestos a añadir. Bueno, pues a ese artículo
9.º ustedes le añadieron más limitaciones de las que la propia
Constitución le daba originariamente; le añadieron más de las que estaban
previstas. Ya defendimos aquello en 1980; no se consiguió. En
consecuencia, un camino para obtener más recursos podría ser esa reforma
o esa consolidación de aquel artículo 9.º, quitando las limitaciones que
ustedes le añadieron para poder conseguir otras actuaciones.
En lo que se refiere a la cesión de tributos, usted nos ha venido a
proponer --no nos ha hecho referencia-- alguno de los textos que vienen
recogidos en la ley: vamos a darles capacidad a las comunidades autónomas
a nivel normativo en la tarifa autonómica, y a nivel individual o
conjunta y, dice aquí: su estructura deberá ser progresiva. ¿Qué es eso
de deberá ser progresiva? ¿Cómo se va a evolucionar en el control de eso?
Pero es que, además, ustedes hablan aquí de que les corresponde las
deducciones por circunstancias personales, por inversiones no
empresariales, y por otras actuaciones determinadas. Es decir, el texto
que usted nos ofrece, en cuanto al IRPF, el texto concreto de la reforma,
en lo que es el título II de la ley, no en el título I, tiene necesidades
de precisión. Pero en el Impuesto sobre el Patrimonio aún más. Dice en el
Impuesto sobre el Patrimonio las comunidades autónomas podrán regular el
mínimo exento y la tarifa. Y mire usted el párrafo que añade: la
estructura de la tarifa deberá tener una progresividad similar a la del
Estado --similar--, siendo idéntica a la de éste en lo que significa la
cuantía del primer tramo de la base liquidable y el tipo marginal mínimo.
A mí me gustaría conocer cuáles son los límites. Fíjese que le estoy
hablando de un impuesto sobre patrimonio que el Estado tiene ya
desfiscalizado; por desgracia, no porque estemos de acuerdo --nosotros
creemos que debía ser mucho más eficaz--, actualmente el 95 por ciento
del impuesto sobre el patrimonio son exenciones fiscales. En suma,
también hay limitaciones que deberían ser corregidas en las propuestas
concretas que usted nos ha aportado.
Termino, señor Presidente, señorías, explicando lo que querríamos
conseguir con esta propuesta de devolución al Gobierno de estos dos
textos legales que, desde nuestro punto de vista, podrían tener un
trámite positivo, pero que no responden a un criterio negociado, a un
consenso en el modelo de financiación, y tampoco a un consenso en el
cuerpo legal que debe desarrollarse. Nuestra filosofía es que se cumplan
los compromisos, que se busque --no queremos impedir los compromisos que
ustedes tengan-- que los intereses legítimos del socio que apoya al
Gobierno, el señor Pujol --que yo no sé si manda mucho o aparenta mucho;
en cualquier caso, es un problema que a mí no me importa--, no sean
incompatibles con los intereses, también legítimos, de todas las
comunidades autónomas y vernos reflejados en un modelo que acompase los
tres niveles que nosotros creemos que hoy son pilares básicos de
cualquier modelo de financiación: autonomía financiera que logre
suficiencia financiera, que no es lo mismo; corresponsabilidad fiscal
pareja a la nivelación, y, sobre todo, solidaridad garantizada para que
se corrijan los desequilibrios, porque, si no, vamos a una España que
tendrá que preparar la ubicación en zonas más desarrolladas de las zonas
menos desarrolladas y estaremos incumpliendo compromisos concretos de
asentamientos de población, de evitar despoblamientos en las zonas
rurales, de funcionar de una manera diferente.
Por todo eso, nosotros le devolvemos la propuesta que nos hace, con el
objetivo de tenderle la mano y decirle que si el Gobierno aprueba esta
propuesta de devolución, queremos dialogar, queremos avanzar en la
propuesta que usted nos ha hecho y queremos llegar a acuerdos que
corrijan las limitaciones de la propuesta de origen. Esa es la voluntad
con la que venimos aquí.
¿Hemos podido participar antes? ¡Hombre!, yo reconozco que nuestra
presencia solamente condiciona como voto en algunas comunidades poco
importantes para algunos, muy importantes para otros, como pueden ser
Asturias, Extremadura o Andalucía; que nuestro
voto condiciona, como fuerza política con 2.800.000 votos, a nivel del
Estado, pero nosotros no hemos participado en la discusión de estos
números, hemos sido informados por el Gobierno. Ese es el pequeño matiz
que hacemos al señor ministro y al Gobierno que él representa hoy aquí.
Ustedes confunden negociación con información. Negociar es informar,
recibir las propuestas de la otra parte, acercar posiciones, ceder las
partes y llegar a acuerdos. Eso es negociar. En todo caso, como vengo del
sur, encuentro dificultades para explicar qué es negociar, pero si
ustedes siguen con la dinámica de informar e imponer, nosotros nos
tendremos que oponer.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.
Para la defensa de su enmienda de totalidad, en nombre del Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo para defender las enmiendas a la
totalidad presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a los proyectos
de ley de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de
modificación parcial de la Lofca. El modelo que está vigente, pero que va
a dejar de estarlo en breve, se reveló desde luego insatisfactorio y es
por eso que, el 23 de septiembre de este año, el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, a propuesta del Gobierno, aprobó un nuevo modelo de
financiación para el quinquenio 1997/2001, basado en lo fundamental en la
ampliación del ámbito de la cesión a las comunidades autónomas de una
parte del IRPF y de la atribución a estas comunidades de ciertas
competencias normativas en relación a los tributos cedidos. En función de
eso, se propone modificar algunos aspectos de la Lofca y de la Ley de
cesión de tributos del Estado a las comunidades Autónomas.
Lo que proponen estos proyectos de ley es un nuevo modelo de financiación
de las comunidades autónomas que no altera sustancialmente el anterior,
que es un modelo provisional y limitado en el tiempo, basado en lo
fundamental en el pacto de gobernabilidad entre el Partido Popular y
Convergència i Unió. Por hablar con claridad, se vuelve a no querer
abordar los problemas de fondo que presenta la actual configuración del
Estado y que son fuente de continuas insatisfacciones.
No es difícil aventurar que las tensiones entre un modelo de Estado
centralizado y un modelo de Estado que se estructure bajo fórmulas
federales persistirán, y esas tensiones se van a manifestar naturalmente
también en el terreno de la financiación. Estamos delante de un nuevo
pacto de financiación de las comunidades autónomas basado, como decía,
fundamentalmente en acuerdos de gobernabilidad.
Nosotros queremos dejar claro que nos parece absolutamente legítimo que
las fuerzas nacionalistas de cualquier nacionalidad histórica del Estado
planteen las posiciones que les parezcan más oportunas y que sean más
beneficiosas para los intereses de su propia comunidad autónoma, pero los
acuerdos entre dos fuerzas políticas, por legítimos que sean, no deberían
configurar el modelo de financiación de las comunidades autónomas, que en
este caso además tendrá vigor entre los años 1997 y 2001.
Señoras y señores Diputados, el Estado español es un Estado
plurinacional. El reconocimiento práctico de esta realidad ayudaría a
resolver y a situar en su lugar un sinnúmero de problemas que, mientras
permanezcan escondidos, mientras se nieguen a la práctica seguirán siendo
fuente de conflicto y confusión; una realidad plurinacional, por cierto,
reconocida, aunque no en su plenitud, en la Constitución, que define a
Galicia, Euskadi y Cataluña como nacionalidades históricas; una realidad
plurinacional, por cierto, que no es exclusiva del Estado español y que
otros Estados tuvieron y tienen que afrontar con mayores o menores
problemas, con mayor o menor acierto. No estamos por tanto ante una
realidad exclusiva de este Estado.
Es difícil comprender el miedo permanente a ceder soberanía a las
naciones que conforman el Estado español, como si eso, que facilitaría la
convivencia armoniosa de los pueblos del Estado, supusiese una auténtica
tragedia o la desaparición de España. Se oyen frecuentemente voces que ni
siquiera aceptan los estrechos límites del modelo autonómico actual. Y
mientras esto sucede, el Estado español cede más y más soberanía en el
proceso de integración en Europa, sin que esta situación parezca alarmar
lo más mínimo a los defensores del Estado unitario y central.
El BNG propone un modelo de financiación acorde con el modelo de Estado
que defiende; un modelo de Estado federal que responda al carácter
plurinacional del mismo, que permita, como decía, la convivencia armónica
y en pie de igualdad de los distintos pueblos que lo componen; un modelo
que no será fuente de desigualdad sino de armonía. Uno de los argumentos
más socorridos para los defensores de la centralización financiera y
política del Estado es que, de no mantenerse esta estructuración, se
crearían desigualdades interterritoriales, obviando intencionadamente que
las desigualdades, los diferentes grados de desarrollo económico y social
entre los distintos territorios del Estado, se produjeron y se mantienen
en el contexto del Estado centralizado. ¿O acaso no se produjeron fuertes
desequilibrios territoriales a lo largo de la historia, a pesar de
aplicarse un modelo de Estado férreamente centralista? En un modelo
federal o confederal, señoras y señores Diputados, los pueblos que se
federan pueden ceder parte de su soberanía tributaria a las instancias
del aparato central del Estado federal, en consonancia con las funciones
que tenga atribuidas
ese aparato central. Pero lo hacen sin menoscabo de la conservación de su
poder tributario.
La configuración del actual modelo de Estado, al partir de una situación
previa de Estado unitario, en la que los pueblos no tenían una identidad
propia reconocida, es un proceso inverso, pero la tendencia debería ir en
el sentido de alcanzar un punto de llegada semejante al Estado federal,
si se reconoce de verdad que el Estado es un Estado plurinacional. Desde
nuestro punto de vista, ahí está el meollo de la cuestión. El debate
sobre la financiación no puede sustrarse del debate político de fondo,
sopena de caer constantemente en la frustración y en la permanente
revisión del modelo de financiación.
Si en el Estado español se reconocen las nacionalidades históricas y, en
consecuencia, al vertebrarse ese Estado de las autonomías se acepta que
esas autonomías no son constitucionalmente del mismo rango, eso tiene que
tener traducción en el modelo de financiación. Si, por el contrario, lo
que se hace en la práctica es negar el carácter de nacionalidad histórica
y negar el distinto techo competencial, aparece la llamada situación de
café para todos, que al final no resuelve nada.
Sirvan estos apuntes para enmarcar el porqué del rechazo del Bloque
Nacionalista Galego a los proyectos de ley que hoy debatimos. Nuestro
rechazo al sistema de financiación que proponen los proyectos de ley, no
es desde el punto de vista del mantenimiento del Estado actual, ni desde
el punto de vista del mantenimiento de la dependencia financiera de las
instituciones gallegas, sino justamente desde el punto de vista
contrario: desde la convicción de que para intentar resolver algunos de
los problemas que padece Galicia es precisa una mayor autonomía
financiera y una mayor capacidad de decisión de sus instituciones.
El proyecto de ley de modificación parcial de la Lofca pretende
modificar, en parte, un sistema de financiación que, como decía, se
reveló insatisfactorio. Lo hace, insisto, no abordando a fondo un nuevo
sistema de financiación, con visión de futuro y superador de las
dificultades actuales, sino con vocación de provisionalidad para un
periodo corto de tiempo, respondiendo más a necesidades coyunturales de
mantenimiento de la estabilidad del Gobierno actual que al diseño de un
acuerdo que permitiese avanzar en la autonomía financiera de las
comunidades autónomas, en consonancia con el carácter plurinacional del
Estado.
Al basar la corresponsabilidad fiscal de la autonomía financiera en lo
fundamental, en la cesión a las comunidades autónomas de un tramo del
IRPF, supone no sólo un nivel muy reducido de autonomía financiera, sino
que, además, al partir de realidades con nivel y desarrollo económico
dispares, será fuente de desigualdades en el grado de suficiencia
financiera.
Para una sociedad subdesarrollada en el contexto estatal como la gallega,
la corresponsabilidad fiscal no puede basarse casi exclusivamente, como
se propone, en la cesión de un tramo del IRPF, sino sobre el conjunto del
sistema tributario, de manera que se puedan compensar las desventajas
comparativas que nos ocasionaria el modelo propuesto. Más aún, en una
situación en la que no se prevé la residenciación de los sujetos
tributarios en la comunidad en que perciben los ingresos por sus
actividades económicas, lo que en el caso de Galicia es manifiestamente
perjudicial, ya que todo el mundo sabe que las grandes empresas o los
accionistas de las mismas que allí generan sus recursos están
domiciliados fiscalmente en otro lugar.
No deja de ser preocupante, además, que el modelo de financiación
propuesto quede sometido a exigencias externas al Estado español; es
decir, que dependa de las exigencias normativas de la Unión Europea, en
cuyo caso las competencias cedidas a las comunidades autónomas quedarían
sin efecto y volverían a ser ejercidas por el Estado central. Esta
cortapisa, desde nuestro punto de vista, pone de manifiesto aún más, si
cabe, la fragilidad y la provisionalidad del modelo y su carácter de
concesión del Estado central.
El modelo de financiación que se propone es, en nuestra opinión, un
modelo insatisfactorio, cuando menos, para la comunidad autónoma de
Galicia. En consecuencia, presentamos estas enmiendas de devolución a la
totalidad porque el modelo, en primer lugar, limita la base de la
autonomía fiscal a la cesión de un tramo del IRPF, descartando un modelo
alternativo que, como decía, abarcarse el conjunto del sistema tributario
estatal. En segundo lugar, porque la fijación de la cesión del IRPF en el
porcentaje el 30 por ciento proporciona en el caso gallego una cobertura
financiera muy limitada, consolidando, en consecuencia, su dependencia de
las transferencias de la Administración central. En tercer lugar, porque,
la capacidad normativa que se reconoce a las instituciones gallegas para
el 30 por ciento del IRPF y los demás tributos cedidos es muy limitada y
no recoge las medidas necesarias destinadas a residenciar en las
comunidades autónomas a los sujetos pasivos que perciban ingresos o
beneficios por las actividades económicas realizadas en su territorio, y
que en la actualidad figuran domiciliadas fiscalmente fuera de sus
límites territoriales.
Señoras y señores Diputados, el actual sistema político español es el
resultado de una descentralización del poder concentrado en el Estado
mediante la fórmula de las autonomías. En el terreno fiscal, la
descentralización fue hasta ahora muy pequeña. Excepto en el caso de la
Comunidad Autónoma vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, donde rige
el llamado concierto económico, un mecanismo que proporciona un
importante poder a las haciendas de ambos territorios, para el resto del
Estado el sistema de financiación se basa en la existencia de una caja
única estatal en la que se ingresa todo lo recaudado por la mayoría de
los tributos existentes, y desde la que se transfiere una parte de los
mismos a los gobiernos autónomos,
en base a unos criterios de reparto establecidos, por última vez, por
cierto, en el año 1992.
El nivel de centralización existente en el hasta ahora vigente sistema de
financiación queda reflejado, por ejemplo, al observar que la capacidad
de actuación propia del Gobierno de Galicia sobre el total de los
ingresos que administra, se reduce aproximadamente a un 10 por ciento.
Con la propuesta de cesión del 30 por ciento del IRPF es probable que
aumente el porcentaje de los ingresos sobre los que tendría capacidad
decisoria. Persiste, a pesar de eso, la escasa autonomía financiera y,
por tanto, sigue el nivel elevado de centralización, aunque nosotros no
podemos entrar a valorar si este modelo de financiación supone para
alguna comunidad autónoma disponer de un mayor nivel de competencia
propia sobre el conjunto de sus ingresos. No se pueden obviar en la
valoración de la propuesta de financiación los indicadores relativos al
nivel de renta de comunidades como la nuestra, en la que las
retribuciones salariales son inferiores a la media estatal, o en la que
existe un amplio número de perceptores de prestaciones sociales con un
bajo nivel cuantitativo de las mismas.
El modelo de financiación propuesto se basa teóricamente en tres
principios: suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal y
solidaridad. La suficiencia financiera y la corresponsabilidad fiscal son
los pilares sobre los que se debe montar la autonomía financiera;
corresponsabilidad fiscal como método y suficiencia financiera como
criterio, para conseguir que los recursos de una comunidad autónoma
determinada sean suficientes para afrontar el gasto y lograrlo en
condiciones de equilibrio presupuestario.
Estaríamos de acuerdo con la corresponsabilidad fiscal como método para
la autonomía financiera, pero al ceñirlo exclusivamente a la cesión del
IRPF resulta inaceptable porque, al tratarse de un impuesto progresivo y
en exclusiva, será fuente de desigualdad.
Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, el modelo de
financiación de las comunidades autónomas debería suscitar o, cuando
menos, no impedir un proceso evolutivo hacia un modelo de hacienda
congruente, con una estructura político-institucional de Estado federal o
confederado. Partiendo de ese marco global, nosotros rechazamos el modelo
de financiación que se propone en este proyecto de ley por constreñir
sólo a la cesión de una parte del IRPF la obtención de la autonomía
financiera en forma de corresponsabilidad fiscal.
A nuestro entender, la fase para la formulación de la autonomía fiscal
deberá abarcar necesariamente al conjunto del sistema tributario estatal,
por lo que el abanico de impuestos cedidos a la Comunidad Autónoma de
Galicia debería ser completado con la cesión del IVA, de los impuestos
sobre consumos especiales y del impuesto de matriculación. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Creemos también que en la cuantía inicial del gasto público necesaria
para cubrir las necesidades de la Comunidad Autónoma de Galicia deberá
quedar recogida la deuda histórica acumulada como consecuencia de las
deficiencias de cálculo registradas en procesos de negociación
anteriores.
Defendemos un sistema de financiación que proporcione a la hacienda
pública de Galicia la cuantía de recursos suficientes para desarrollar
cualitativa y cuantitativamente los contenidos competenciales de su
autonomía política con rango constitucional de nacionalidad histórica.
Defendemos un sistema de financiación que permita impulsar una política
autonómica de desarrollo económico y social tendente a recuperar
posiciones en el espacio del Estado español y de la Unión Europea.
Defendemos la residenciación en Galicia de los sujetos pasivos por los
diferentes impuestos, que perciban ingresos o beneficios por las
actividades económicas realizadas en su territorio y que hasta ahora
figuran domiciliadas fiscalmente fuera de Galicia.
Proponemos la creación de una Administración tributaria integrada de la
Hacienda estatal y de las comunidades autónomas, encargada de realizar la
gestión y la recaudación de los tributos, en la línea de la propuesta
contenida en el libro blanco elaborado en 1995 por el grupo de expertos
comisionados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Defendemos que en el órgano de la Agencia Tributaria existente en Galicia
la presencia de representantes de la Administración autonómica alcance,
como mínimo, el 50 por ciento de la totalidad del mismo.
Defendemos que se acometa un incremento paulatino del reparto de los
recursos a disposición de las comunidades con rango de nacionalidad
histórica, en relación con los atribuidos al aparato central del Estado,
en la distribución del conjunto consolidado de los fondos presupuestarios
estatales.
Estos criterios expresan nuestra posición sobre el modelo de financiación
de las comunidades autónomas y, en concreto, sobre el modelo de
financiación de la Comunidad Autónoma de Galicia. Un modelo más acorde
con nuestra necesidad de desarrollo y que contribuya a paliar la
situación de desigualdad a la que históricamente se vio sometida nuestra
comunidad.
Es muy difícil, por no decir imposible, que para síntomas distintos se
pueda aplicar el mismo medicamento. Esto es lo que se nos propone con
este modelo de financiación: aplicar la misma receta a realidades y
necesidades diferentes. Nosotros proponemos un modelo de financiación
adecuado a la realidad concreta y que, como decía antes, sirva para que
las comunidades autónomas, en concreto la nuestra, avancen en los índices
de bienestar económico y social.
En conclusión, el Bloque Nacionalista Galego rechaza el modelo de
financiación de las comunidades autónomas que se propone para este
período 1997/2001, porque no es beneficioso, desde nuestro punto de
vista, para la Comunidad Autónoma de Galicia; porque creemos en un modelo
que atienda a los problemas de fondo y tenga perspectivas de futuro; un
modelo, por tanto, que reconozca el carácter de nacionalidad histórica de
Galicia.
Este rechazo nada tiene en común con aquellos que propugnan el
mantenimiento del status actual; de quienes les parece el modelo
propuesto una concesión excesiva; de quienes, en el fondo, incluso llegan
a cuestionar el modelo autonómico actual y su desarrollo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, señoras y señores Diputados, voy a contestar a las tres
enmiendas de totalidad por el orden en el que han sido presentadas,
intentado abordar en mi respuesta al mayor número posible de cuestiones
de los distintos intervinientes, en el bien entendido de que no repetiré
las contestaciones a planteamientos que han hecho algunos de los
intervinientes y que son coincidentes.
Voy a contestar, en primer lugar, al señor Eguiagaray, en representación
del Grupo Parlamentario Socialista, que ha comenzado su intervención con
tres afirmaciones sobre las cuales me gustaría hacer algunos comentarios.
Ha dicho que el Gobierno viene aquí a pasar un mal trago; que el Gobierno
intenta minimizar este debate, porque lo hace junto con la ley de
presupuestos, la ley de acompañamiento y la ley de disciplina
presupuestaria; que el tema no es una broma y que hay que tomárselo muy
en serio. Yo estoy muy de acuerdo, sobre todo con esta última
información. Crea usted que el Gobierno no pasa por ningún maltrago al
venir aquí a defender este modelo de financiación; crea usted que el
Gobierno no minimiza, en absoluto, el debate. Yo no tengo inconveniente
alguno en debatir el modelo de financiación. Ya lo he hecho --fíjese
usted-- tres veces en el Senado. Antes de aprobarse, tuve que hacer este
debate en tres oportunidades en el Senado. Lo estoy haciendo en el día de
hoy, lo haré en el Pleno del Senado dentro de unos días y está convocada
la Comisión General de Autonomías, en el Senado, para debatir este
asunto.
Por si ello no fuera suficiente, he respondido en multitud de ocasiones a
preguntas formuladas por ustedes, tanto en esta Cámara como en el Senado,
a lo largo de los últimos días. Por tanto, no diga usted que minimizamos
el debate. Recuerdo que cuando se aprobó este modelo, con fecha 20 de
enero de 1992, no hubo ni siquiera un debate porque se llegó a un acuerdo
después de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1992, como usted muy bien recuerda. Por tanto, cuando todavía no ha
entrado en vigor el modelo ya se ha debatido en seis oportunidades.
Luego dice el señor Eguiagaray --y sobre esto sí que me gustaría hacer
algunas observaciones-- que este es un tema muy serio. Estoy de acuerdo
en que es un tema muy serio, señor Eguiagaray. Precisamente porque es un
tema muy serio el Gobierno, a lo largo de estos últimos meses, ha hecho
un esfuerzo para intentar pactarlo con todas las comunidades autónomas.
Puesto que es un tema muy serio, me gustaría saber cuál es el
planteamiento que ustedes, como Partido Socialista, tienen en materia de
financiación autonómica. Es tan serio que no ha sido capaz el Partido
Socialista de presentar un modelo. Eso sí, es tan serio que piden un
referéndum en una comunidad autónoma concreta y determinada, y hablando
de anuncios presentan unos en la Comunidad Antónoma de Andalucía donde se
dice que con el nuevo modelo, con lo cual yo entiendo que ya tienen
cuantificado el costo, un andaluz recibirá una peseta, un catalán siete
pesetas y un valenciano nueve pesetas. Naturalmente, esa no es la tesis
que sostiene el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, que
increpa al presidente de aquella comunidad por haber dado su voto y su
apoyo al modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esa es la
seriedad que tiene el tema para el Partido Socialista. (Un señor Diputado
desde los escaños del Grupo Socialista: Estamos en el
Congreso.--Rumores.)
El tercer comentario hace referencias contradictorias. Por una parte,
dice que es el precio que tenemos que pagar a una determinada fuerza
política, pero, por otra parte, reconoce, como no podía ser menos, puesto
que lo ha dicho su jefe de filas, que la propuesta del modelo la ha hecho
el Partido Popular, como yo he ratificado mediante la lectura que he
hecho del programa de este partido. No sé por qué entonces habla usted de
precio. ¿Porque se aplique el programa del Partido Popular se va a pagar
un precio? Si fuera el programa de otra fuerza política, aún podría
entenderlo. ¿Acaso dice usted eso porque tiene alguna experiencia en
tiempos pasados? No lo creo, pero, a juzgar por las afirmaciones que
usted ha hecho, no me deja otra opción. Su intervención, señor
Eguiagaray, la podría resumir en tres afirmaciones. Primero, ha criticado
la falta de consenso, que se modifique la Lofca sin consenso. En segundo
lugar, hace un comentario, sobre el cual yo también quiero hacer algunas
precisiones, referido a las discrepancias que existen en el sentido de
que es bueno lo que proponen las comunidades y no es bueno lo que propone
la Administración central del Estado. Y, en tercer lugar, hace referencia
a la igualdad de los ciudadanos en el Impuesto sobre la renta y a los
posibles paraísos fiscales.
Estoy de acuerdo en que es bueno, positivo, incluso casi me atrevería a
decir que es necesario, que todos los temas que afecten a la organización
territorial del Estado se hagan por consenso, por acuerdo entre las
fuerzas políticas. Tengo la autoridad moral para afirmar esto porque en
el año 1992, siendo usted Ministro de Administraciones Públicas, yo,
evidentemente bajo la dirección de quien entonces era el jefe de la
oposición, firmé con ustedes un pacto autonómico, que no teníamos como
partido de la oposición ninguna obligación de firmar; ninguna. Pero lo
hicimos por responsabilidad y porque creíamos que era bueno llegar a un
acuerdo en este tipo de asuntos.
Por si ello no fuera suficiente, pocos años después, cuando usted ya no
era Ministro de Administraciones Públicas, este partido firmó con el
Partido Socialista y el Gobierno los Estatutos de las ciudades de Ceuta y
Melilla, con un indudable coste para quien en ese momento estaba en la
oposición, que era el Partido Popular. Consenso que, sin embargo, no hubo
en el año 1993 cuando ustedes impusieron, a mitad del período de vigencia
del modelo 1992-1996, la cesión del 15 por ciento a las comunidades
autónomas. Consenso que tampoco hubo en el año 1995 cuando se debatió en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera la prórroga del modelo del 15
por ciento para 1996, que tuvo un voto a favor, como es sabido, de una
comunidad autónoma y del Gobierno. Por tanto, el tema salió adelante con
los votos del Gobierno, que tiene la mitad en dicho Consejo, como es
sabido por los señores Diputados, más el de una comunidad autónoma.
Consenso, señor Eguiagaray que nosotros estamos absolutamente dispuestos
a intentar, siempre lo hemos estado, pero es que una cosa es el consenso
y otra el derecho de veto, y la sensación que ha tenido el Gobierno a lo
largo de estos últimos meses no era que se dijera que el Gobierno no
quería el consenso, que sí lo quería, era que había determinadas
comunidades autónomas y determinados partidos que lo que querían era
vetar que se hiciera un nuevo modelo de financiación, porque si eso no
fuera así y como ya le he dicho antes, usted y su partido hubieran
presentado ante la opinión pública cuál era su modelo de financiación y
no nos hubiéramos encontrado con peticiones absurdas como la que ha hecho
el Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura o con
planteamientos como los que ha hecho el Partido Socialista de Andalucía,
porque ¿está usted de acuerdo, señor Eguiagaray, o es el modelo del
Partido Socialista aquel en el que se pide lo siguiente: potenciar la
capacidad normativa de las comunidades autónomas en los tributos cedidos
--esto que usted critica lo propone la Comunidad Autónoma de Andalucía--;
el impuesto especial sobre las labores del tabaco; el impuesto especial
sobre determinados medios de transporte? Y luego fíjese usted lo que se
pide: atribuir el 15 por ciento de la cuota líquida del IRPF, atribuir el
50 por ciento del impuesto especial sobre hidrocarburos y distribuir el
rendimiento de la Organización Nacional de Loterías. Naturalmente
proponen otra alternativa además, que es sustituir la participación en el
IRPF por una participación territorializada en el 15 por ciento del IVA.
¿Este es el modelo del Partido Socialista, este es el modelo de la Junta
de Andalucía o este es uno de los quince modelos que ha presentado a lo
largo de estos últimos meses el Partido Socialista? (Aplausos en los
bancos del Grupo Popular.)
Señor Eguiagaray, es que es muy difícil consensuar algo con un partido
que decide utilizar como arma contra el Gobierno un asunto como es el de
la financiación autonómica. Es que, señor Eguiagaray, he estado en
Galicia, porque soy Diputado por aquella circunscripción, en numerosas
ocasiones a lo largo de estas fechas y he visto allí cómo los dirigentes
socialistas estaban utilizando argumentos absolutamente contradictorios
con los que estaban empleando los socialistas en esta zona de España.
¿Cómo quiere que se pueda conseguir un consenso con un partido que tiene
quince modelos, que además no tiene voluntad de conseguir un consenso,
porque está utilizando esto políticamente para enfrentar comunidades
entre sí, y encima con un líder que si estaba tan preocupado por el tema
de la financiación autónoma, debía no estar ausente, como ha estado, de
la política española a lo largo de estos meses, sino planteando aquí
cuáles son los problemas y cuáles son las grandes catástrofes que puede
generar este sistema de financiación autonómica. (Aplausos en los bancos
del Grupo Popular.--El señor Leguina Herrán: ¡Mucho hablar y pocas
ideas!--Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Silencio, señorías.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, ha dicho el señor Eguiagaray, y estoy de acuerdo, que no es
deseable que se genere la sensación de que todo lo que se proponga por
parte de las comunidades autónomas es bueno para el conjunto del interés
general y lo que proponga el todo, el conjunto de todas esas comunidades
autónomas, el Gobierno de España, no es bueno para el interés general.
Estoy absolutamente de acuerdo, pero tengo la impresión de que este
modelo no tiene nada que ver con esa afirmación que ha hecho el señor
Eguiagaray; si acaso algo puede tener que ver con esa afirmación son las
actuaciones que como consecuencia del debate de este modelo han llevado a
cabo algunos dirigentes de su partido, porque proponer un referéndum y
llevarlo a un Parlamento en el que se quiere preguntar a los ciudadanos
de esa comunidad: ¿está usted de acuerdo con el modelo de financiación
para Extremadura acordado por Convergència i Unió y el Gobierno?, eso sí
que es generar tensiones entre comunidades, eso sí que es generar
problemas al conjunto de los españoles. ¿O está usted de acuerdo con la
actuación
de su partido a lo largo de este proceso en las distintas comunidades?
Porque es que es muy cómodo venir aquí, criticar el modelo, no presentar
otro y al mismo tiempo militar en un partido que está utilizando este
asunto como ariete contra el Gobierno con argumentos contradictorios.
Tengo que decirle estas cosas, señor Eguiagaray. Presente aquí su modelo,
pero que ese modelo lo asuma el Partido Socialista en toda España. El
modelo que el Gobierno ha acordado con todas las comunidades autónomas lo
asume el Partido Popular en toda España. Creía --y lo dije al principio
de mi intervención-- que usted nos iba a dar a conocer el modelo del
Partido Socialista. No lo ha hecho y ha dicho que no tiene que hacerlo
porque usted lo que quiere es que haya un consenso como lo hubo en el año
1980. Mire usted, nosotros lo que queremos --y creo que es algo
absolutamente razonable-- es que este modelo se apruebe ahora, que es
cuando hay que aprobarlo, porque el modelo tiene que entrar en vigor en 1
de enero de 1997 y no queremos que suceda lo que ocurrió en el año 1992,
donde, por cierto, no consensuaron ustedes con ninguna otra fuerza
política, pero, sí, aprobaron el modelo el 20 de enero de ese mismo año y
hubo que aplicarlo con efecto retroactivo desde el día 1 de dicho mes,
como usted a buen seguro recuerda. Por tanto, consenso sí, pero a derecho
de veto, sintiéndolo mucho, señor Eguiagaray, no estamos dispuestos. Y,
desde luego, las palabras siempre tienen que ir acompañadas de los
hechos, porque si no ciertamente va a ser difícil que nos entendamos. El
Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y yo mismo hemos tenido
conversaciones con el señor Presidente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y con su Consejera. Llegamos al acuerdo de intentar consensuar
el modelo, y dos días después toda Andalucía apareció invadida por una
serie de carteles publicitarios criticando el mismo. Es muy fácil hablar
de consenso, pero hay que actuar en consecuencia, señor Eguiagaray.
Hay dos temas que también son muy importantes y que para ustedes, sin
duda alguna, constituyen un problema grande a la hora de dar el apoyo al
modelo. Hace referencia, en primer lugar, a que la atribución de
capacidad normativa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
puede producir desigualdades entre los españoles y que es dudosamente
constitucional. Sobre ese particular voy a hacerle los siguientes
comentarios, para que usted tenga claras algunas ideas y para poder
resolverle las dudas que usted ha planteado. El Tribunal Constitucional
ha dicho que es plenamente constitucional que haya IRPF distintos en
todas las comunidades. La Lofca permite que haya IRPF distintos en todas
las comunidades, porque permite el establecimiento de un recargo. El
señor Leguina, que sí tenía ideas --antes dijo el señor Leguina que había
pocas ideas; él sí las tenía--, fue quien en su día quiso establecer un
recargo del 3 por ciento sobre el IRPF. El sí que tenía ideas. (Aplausos
en los bancos del Grupo Popular.) Pero es que, señor Eguiagaray, fíjese
usted la autoridad moral, con perdón, que tiene el Partido Socialista
para hablar de IRPF distintos. En el año 1983 ustedes establecieron una
de las normas más pintorescas que se han aprobado en España desde el año
1977, que fue el recargo municipal sobre el IRPF. En aquel año hubo IRPF
distintos no entre comunidades sino entre todos los ayuntamientos de
España; algún ayuntamiento como el de Santander llegó a establecer un
recargo del 10 por ciento de la cuota líquida del IRPF. Tengo aquí la
relación de ayuntamientos que aplicaron recargos en el IRPF y, como es
natural, la pongo a su disposición, pero no voy a agotar a los señores
Diputados con la lectura de la misma. Naturalmente, el Tribunal
Constitucional declaró anticonstitucional esa ley aprobada por ustedes,
porque los recargos y la capacidad normativa están sujetos a una reserva
de ley y evidentemente los ayuntamientos no aprueban leyes. Pero por si
ello no fuera suficiente, diré que hay impuestos distintos en España, los
ciudadanos pagan impuestos distintos. Se pagan impuestos distintos ahora,
se pagan impuestos de transmisiones distintos, según cómo se quieran
valorar los bienes; se pagan impuestos sobre sucesiones y donaciones
distintos, según la valoración que de los bienes hagan las distintas
comunidades autónomas; tenemos, como he dicho, el impuesto sobre la
renta, pero es que los propios estatutos permiten la creación de tributos
propios por parte de las comunidades autónomas.
Por tanto, señor Eguiagaray, le tranquilizo. Es perfectamente posible, y
así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que exista una capacidad
normativa en el IRPF y que, por tanto, se paguen IRPF distintos, con los
topes que, por otra parte, se establecen en el actual proyecto que
presenta el Gobierno y que son mucho más limitativos que los que hay
ahora, porque ahora existe la posibilidad de establecer un recargo --el
famoso recargo del señor Leguina-- que no tiene ningún tope. Sin embargo,
en el planteamiento que hace el Gobierno se dice con meridiana claridad
que la tarifa autonómica, que va a ser el 15 por ciento, no puede exceder
en un 20 por ciento, en más o en menos, a la cuota que el que resultaría
de aplicar la tarifa estatal.
Otro asunto que creo que también merece cumplida respuesta es el que hace
referencia al famoso asunto de los paraísos fiscales. Ha citado S. S. al
Presidente de Castilla y León, Juan José Lucas, al que yo voy a hacer los
honores en esta Cámara. (Aplausos.) Es que ustedes siempre hacen igual,
porque me lo han hecho en el Senado hace quince días. Ustedes ven una
declaración y citan la parte que les interesa. Claro, como yo ya estoy
acostumbrado a eso, ahora tengo que leer todas las declaraciones, lo
cual, sin duda, me genera un enorme trabajo, pero me permite responderle
a usted aquí en relación con las declaraciones del señor Lucas: «El nuevo
modelo de financiación autonómica puede
crear paraísos fiscales y desigualdades entre las distintas regiones
españolas.» (El señor Almunia Amann: ¡Ahí, ahí!) Exactamente, pero a
continuación dice que para ello es necesario que se establezcan los
domicilios fiscales con meridiana claridad y de suerte que los impuestos
se paguen en los lugares donde se obtiene la renta.
Son los puntos de conexión que se establecen en la ley de tributos a los
cuales yo antes he hecho referencia, es decir, el impuesto de actos
jurídicos documentados no se paga donde quiera el contribuyente, sino que
se paga en aquella comunidad en donde esté el registro en que sea
obligatorio inscribir el documento notarial de que se trata. El impuesto
de transmisiones de bienes inmuebles no se paga donde quiera el
contribuyente, sino donde esté el inmueble objeto de la transmisión.
(Rumores.)
Paso a hacer algunos comentarios sobre otras afirmaciones que ha
realizado el señor Eguiagaray, que sin duda han sido muchas y muy
ilustrativas. Hace una serie de argumentaciones jurídicas... Perdone
usted porque creo que me he perdido en todas sus consideraciones. (El
señor Eguiagaray Ucelay pronuncia palabras que no se perciben.) No es
necesario modificar los estatutos de autonomía. Basta con una ley del
artículo 150.1 de la Constitución española. Le tranquilizo a usted con
ese asunto. No es necesario. Hay que hacer una ley de tributos para cada
comunidad autónoma. Sin duda eso es cierto. Haremos una ley de tributos
para cada comunidad autónoma. No crea mayores complicaciones ni
dificultades hacer en el plazo de 15 días una ley de cesión de tributos
para cada comunidad autónoma. No tiene nada que ver el traspaso de la
competencia de educación con el nuevo modelo de financiación. En el nuevo
modelo de financiación hay un 15 por ciento con capacidad normativa para
todas las comunidades autónomas y se cede un 15 por ciento en la cuota
líquida a aquellas comunidades cuya PIE lo pueda absorber, y a las que no
lo puedan absorber, un 10 o un 5 por ciento, y, efectivamente, el modelo
estará completo en su totalidad cuando se proceda al traspaso de
educación y entonces todas las comunidades tengan el 30 por ciento de
IRPF.
No quiero terminar, señor Eguiagaray, sin hacerle una reflexión. ¿Qué es
lo que a ustedes exactamente --porque voy a sintetizar ahora los aspectos
básicos del modelo-- no les gusta del modelo? El modelo establece una
mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal. Eso está en su
programa electoral, que quieren mayor autonomía y corresponsabilidad
fiscal. Pueden, sin duda alguna, parecerles malos o no convenientes los
instrumentos que utilizamos, que son los tributos cedidos, por una parte,
pero yo no creo que no le parezca bien la cesión o no cesión de los
tributos cedidos, porque en este momento las comunidades tienen la
gestión y tienen toda la recaudación de esos tributos cedidos. Pero es
que, además, la Junta de Andalucía pide la capacidad normativa de los
tributos cedidos. Por tanto, yo no creo que ustedes estén en desacuerdo
con dicha capacidad normativa.
La capacidad normativa en el IRPF. Yo puedo entender que ustedes estén en
contra de que se ceda capacidad normativa en el IRPF, pero no me negarán
ustedes que no es contradictoria con algunas de las actuaciones --y he
hecho referencia aquí a algunas muy claras--, como son los recargos que
permite actualmente la legislación y como son los recargos que ustedes
permitieron para los ayuntamientos en el año 1993.
Introduce una participación de las comunidades en la Agencia Estatal
Tributaria. No me parece normal que ustedes se opongan a que eso sea así.
Delimita con meridiana claridad los puntos de conexión del impuesto. Esto
es tremendamente importante. Yo no creo que ustedes se opongan a esto, yo
no creo que ustedes se opongan a que una persona que haga una determinada
escritura que tenga que inscribirse en un registro tenga la obligación de
pagar el impuesto en el lugar donde radica el registro y no se vaya a
otra comunidad, cosa que a lo mejor sucede ahora y a lo mejor no. Tampoco
creo que se opongan a ello.
Tampoco creo que se opongan a los mecanismos de solidaridad que se
establecen en el modelo, que se han acordado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, porque ¿se oponen ustedes a que suba el Fondo de
Compensación Interterritorial? No lo creo, aunque ustedes lo tuvieron
congelado cinco años; a lo mejor es que quieren seguir teniéndolo
congelado más años. ¿O se oponen ustedes a que se ponga en marcha el
artículo 15 de la Lofca? Tampoco lo creo, aunque no lo han puesto en
marcha desde el año 1980. ¿O se oponen a los otros mínimos de garantía?
Por tanto, señor Eguiagaray, al final he llegado a la conclusión de que
por muchas apelaciones que usted haga al consenso, éstas tienen que ir
acompañadas de hechos concretos, como hicimos nosotros. Y se lo vuelvo a
repetir, tengo la autoridad moral --porque era usted ministro y yo
miembro de la oposición-- de demostrarle que hemos sido capaces de lograr
un acuerdo. Usted tiene que acreditar si tiene la autoridad a partir de
ahora para llegar a un consenso sobre este asunto. Desde luego el
comportamiento de su partido --he dado algunos datos y podría dar muchos
más-- en las distintas comunidades a lo largo de estos meses ha sido
auténticamente lamentable. Han propiciado los problemas entre comunidades
autónomas, han hecho --con perdón-- demagogia de toda suerte --y usted lo
sabe-- en algunas comunidades autónomas concretas y determinadas.
(Aplausos en los bancos del Grupo Popular.) Por tanto, no venga usted
ahora aquí a hacer un discurso que nada tiene que ver con lo que es la
actuación del partido.
Hay algunos otros asuntos en los que podría entrar, como la neutralidad o
no del modelo, pero es que gobernando ustedes cedieron los hoy llamados
tributos
cedidos a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas, a partir
de la recaudación normativa, reciben el importe total de todo lo
recaudado. ¿Eso era neutral o no era neutral? Supongo que unas
comunidades autónomas recaudarían más por tributos cedidos que otras. Lo
mismo ocurre con el 15 por ciento del IRPF. ¿Era neutral o no era
neutral? Señor Eguiagaray, no se moleste ni se enfade, es que las cosas
hay que decírselas. En cualquier caso, si se molesta y se enfada, pasaré
a contestar al señor Ríos y le dejo tranquilo. (Risas.) Señor Ríos, se lo
digo con absoluta cordialidad, a veces cuando debato con su partido no sé
exactamente lo que estoy debatiendo. He tenido dos experiencias a lo
largo de esta legislatura muy ilustrativas en este sentido, Una, la que
tuvo lugar con ocasión del debate de la Lofage. En aquella ocasión tuve
un debate con usted y tuve otro con el Partido Socialista. Curiosamente
yo tenía la sensación de que la oposición del Partido Socialista a la
Lofage era mucho mayor que la de Izquierda Unida. No sé por qué presentó
usted una enmienda a la totalidad e ignoro por qué ha presenta usted
ahora porque yo entiendo que el Partido Socialista lo haga, porque dice
que no está de acuerdo con la capacidad normativa ni, supongo, con los
instrumentos de solidaridad ni en cómo se han hecho las cosas, pero no
entiendo exactamente qué es lo que Izquierda Unida critica en el
planteamiento que ha hecho el Gobierno.
Hemos hablado del consenso, de que no ha habido negociación. Señor Ríos,
yo no sé si ha habido negociación o no, o si con usted ha habido
negociación o no, pero le aseguro que ha habido intensisímas
negociaciones y además todo el mundo lo sabe. Ha habido múltiples
reuniones con los consejeros de Hacienda de todas las comunidades
autónomas, multilaterales y bilaterales; ha habido reunión con todos los
presidentes de comunidades autónomas; se ha hablado con los grupos
políticos, etcétera.
Se queja S. S. de falta de solidaridad en el modelo. Yo no sé si el
modelo tiene falta de solidaridad o no, pero desde luego es mucho más
solidario que el anterior, aunque a lo mejor no le parece suficiente.
Entiendo que usted hubiera preferido que el FCI en lugar de incrementarse
en el porcentaje que se hizo se hubiera duplicado, lo entiendo, pero
nosotros tenemos que hacer los presupuestos --usted puede hacer
discursos-- y cuando se hacen los presupuestos se hace lo que se puede
hacer sin duda alguna. Lo mismo digo de los fondos de nivelación.
Reconocerá usted que al menos ha habido un avance, porque antes no se
había puesto en marcha el artículo 15 de la Lofca y ahora sí. Reconocerá
usted que se establecen unos mecanismos de garantía que no existían hasta
el momento presente.
Dice S. S. que algunas comunidades salen beneficiadas y otras no. No sé
si algunas salen beneficiadas y otras no. Yo lo que creo es que en españa
este Gobierno ha sido capaz de hacer una reforma del sistema de
financiación que nadie se había atrevido a hacer, aunque todo el mundo
estaba absolutamente de acuerdo en que era necesario que las comunidades
autónomas tuviesen corresponsabilidad fiscal. No sé quién sale
beneficiado o quién sale perjudicado, pero lo que es evidente es que el
Gobierno establece en el modelo una serie de mecanismos que, sin duda,
van a servir y van a ser muy útiles para que no se establezcan
desequilibrios entre comunidades autónomas. Vamos a ver, con el tiempo, a
quién se le aplican estos mecanismos de solidaridad. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
Plantea el tema de la deuda histórica. Sin duda es un tema muy importante
que se recoge en la Lofca y en algunos estatutos de autonomía. Plantea el
tema de la PIE. No le he entendido exactamente qué ha querido decir usted
con las cifras. La PIE de las comunidades autónomas, lo sabe todo el
mundo, es la misma que había el año pasado, incrementada en PIB nominal.
Ya hemos dicho en múltiples oportunidades, y lo seguiremos diciendo, que
la PIE es la misma, que el Estado no aporta ni una sola peseta nueva al
modelo, salvo el leve incremento del FCI y el fondo de nivelación del
artículo 15 de la Lofca.
Habla de la distribución de las variables. Hemos acordado en el Consejo
que las variables sean las mismas, incluida la población --que
efectivamente son parámetros del año 1988--, porque al conjunto de las
comunidades le pareció que era oportuno y conveniente no abrir un debate
sobre otras variables, porque había algunas comunidades autónomas que
querían que primara más el criterio de población, otras querían que
primara el criterio de superficie y otras --ya saben ustedes cuáles son
el criterio de insularidad--. A S. S. le parece poco el FCI.
Habla de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Dice que
hay comunidades autónomas con más autonomía que otras. Sin duda esto es
así, pero es que esto ya era así. Lo importante de este modelo es que
pasamos de una autonomía del 25,8 por ciento a una autonomía del 63 por
ciento. Esto es muy importante. En concreto su comunidad, la murciana,
pasa de una autonomía del 38,2 a una del 99,8. Tendría que estar usted
encantado de la vida, porque, además, eso es plenamente congruente con el
programa electoral de Izquierda Unida. Por eso me sorprendo de que usted
presente esta enmienda de totalidad. Es que el programa electoral de
Izquierda Unida dice que hay que ceder tramos del IRPF y de otros
impuestos en cuantía suficiente para lograr una auténtica autonomía
financiera. A lo mejor es que no hemos ido demasiado rápido en la
reforma. Probablemente nos hemos situado en el punto medio entre el
Partido Socialista, que no quería absolutamente nada, y ustedes, que van
lanzados. En fin, creo que los gobiernos tienen que actuar con una cierta
prudencia y una cierta sensatez.
Al final termina con una formulación que es la clásica propuesta que
hacen todas las fuerzas políticas cuando quieren oponerse a algo, que es:
paren ustedes el asunto y vamos a negociar. Le hago la misma pregunta que
al Partido Socialista. ¿Dónde está la alternativa de Izquierda Unida al
modelo de financiación? Porque también Izquierda Unida se ha opuesto al
modelo de financiación en todas las comunidades autónomas y también, mira
por dónde, con argumentos distintos y contradictorios en todas ellas, y,
claro, ustedes tienen que darse cuenta de que el Gobierno tiene que
gobernar y es el que tiene que hacer el esfuerzo para llegar al consenso.
Ustedes han preferido utilizar este tema para hacer daño o para oponerse
al Gobierno, y al final nos encontramos en la situación en que nos
encontramos.
En cuanto al representante del Bloque Nacionalista Galego, ha hecho una
amplia intervención en la que más que entrar en el análisis del modelo de
financiación ha entrado en lo que, en su opinión, debe ser el modelo de
Estado, fundamentalmente en los temas competenciales, políticos,
legislativos, y ha hecho una breve referencia al final al modelo de
financiación. Yo le digo a usted, como paisano, que el modelo de
financiación es bueno para Galicia, aumenta su autonomía financiera en
una cantidad importante, del 14 al 39,3 por ciento. Galicia es, por otra
parte, una comunidad en constante proceso de crecimiento y, por tanto,
parece lógico que su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
crezca de una forma razonable y, por consiguiente, que el modelo sea
bueno para el interés del conjunto de los ciudadanos de Galicia. Por otra
parte, se establecen unos mecanismos de solidaridad que, sin duda, como
ya le he dicho al representante de Izquierda Unida, podrían estar dotados
con una cuantía mayor de la que lo están en el presupuesto actual, pero
es evidente que las limitaciones presupuestarias han impedido que esto
haya podido ser así. En cualquier caso, usted tendrá que reconocerme que,
respecto del modelo anterior, se han producido avances sustanciales. Así
he creído deducirlo de sus palabras. Naturalmente, usted puede proponer
muchas cosas porque ni ha gobernado nunca ni lo hace en este momento,
pero puedo asegurarle a usted y estoy absolutamente convencido, que el
modelo que se ha presentado es el más sensato que se podía hacer en el
presente momento. Espero que usted así lo entienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rajoy.
Señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Gracias, señor Presidente.
Señor Rajoy, como le he dicho antes, ya me temía yo que hoy fuéramos de
florete, que viniera más bien aquí a obtener el aplauso exclusivamente de
sus correligionarios, pero no a plantearse los problemas, al menos como
yo he querido ponerlos de manifiesto. Toda su argumentaciones un conjunto
de declaraciones sobre, lo que nosotros hemos hecho mal en el pasado. Es
un discurso al que estamos acostumbrados. Ya sabemos que desde Viriato
aquí no ha habido más responsable de todos los males de este país que el
Partido Socialista. Ya nos lo han dicho; nos lo han dicho muchas veces.
(Aplausos en los bancos del Grupo Socialista.) Pero, además de decir eso,
señor Rajoy, ¿ qué más sabe decir? Además de decir que somos los
culpables de todos los males y que naturalmente ustedes son el colmo de
la bondad, de la responsabilidad y de la seriedad, ¿qué más son capaces
de decir cuando se plantea, como he tratado de hacerlo, quizás
erróneamente, a la vista de la recepción de mis palabras, que éste no es
un problema para echamos en cara los unos a los otros, sino un problema
para ver cómo solucionamos el presente y el futuro de España, y que el
Estado de las autonomías no es solamente una cuestión de dinero, que
también, sino de talante y de acuerdo político entre todos, lo que no
quieren imponer, ni hacer, ni llevar a cabo? (Aplausos.)
Usted me dice unas cuantas cosas y, como siempre, lo mismo --supongo que
es un estilo de la casa--, con ese juego malabar con el que lo que se
pretende es que la oposición haga el papel del Gobierno y no que el
Gobierno haga el de la oposición. Se dice: denme ustedes un modelo.
Cuando se lo damos se quejan, entonces no les gusta; pero cuando no se lo
damos, y le he anunciado que yo no venía aquí a explicar un modelo ni
siquiera el que tenemos, sino ... (Un señor Diputado: Así están.) No se
enfaden, hombre, tengan un poco de calma, déjeme hablar. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
Continúe, señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Le he dicho, señor Rajoy, que venía a decirle
fundamentalmente que si ustedes imponían este modelo con el consenso que
tienen, con el apoyo que tienen, éste iba a ser un modelo efímero, un
modelo que no resolvería los problemas de nuestro país y que, por lo
tanto, lo razonable era aparcarlo, no porque ésta fuera una estratagema
del Partido Socialista para paralizar la acción del Gobierno, señor
Rajoy. El Estado de las autonomías es un problema de todos, de ustedes y
nuestro, pero así es como no se resuelve. Así resuelven lo que le he
dicho al principio: aquel compromiso que ustedes asumieron para hacer
Presidente del Gobierno al señor Aznar. Así sí lo resuelven; y lo
resuelven probablemente mucho más allá de lo que sus socios han querido.
Resuelven la cuestión financiera y resuelven algunas cosas que nunca les
han pedido. Usted ha dicho que ése era su modelo; su modelo, pero no el
de nadie más, ni siquiera de sus socios. No es el modelo, desde luego,
que podamos
compartir los demás. Me aceptará, por lo tanto, que es muy difícil que si
éste es su modelo --cosa que yo dudo, porque después en la réplica, por
cierto, ha dicho que es el modelo de Izquierda Unida, del Partido
Socialista y de no sé cuánta gente más--, pueda ser o haya sido nunca el
modelo del Partido Popular.
Pero, en fin, cosas veredes, Sancho. Ustedes, que se han opuesto a todo
lo habido y por haber --hasta al Estado de las autonomías, muchos de los
que se sientan aquí--, ahora están no solamente por la resurrección de la
mayor diversidad en materia de autonomía normativa, sino que, contra lo
que es la evidencia, sostienen cosas contradictorias en un sitio y en
otro. Fíjese. Usted ha hecho aquí un canto a la bondad de la autonomía
normativa, diciendo que es muy bueno el que el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas pueda ser completamente distinto en un sitio y en
otro. El señor Rato, Vicepresidente del Gobierno, ha dicho --es verdad
que en La Rioja-- que él lo que quiere es la misma presión fiscal en todo
el país. ¿Sabe por qué lo decía? Porque en La Rioja se quejaban de
algunos de estos problemas. En La Rioja ha dicho eso. Lo que no nos han
aclarado, ni el señor Rato ni usted, señor Rajoy, es en qué consisten
algunos acuerdos, que a lo mejor vuelven a generar mayores diferencias de
presión fiscal en el territorio, quizá suscritos esta misma noche. Yo
quisiera nada más saberlo, no digo ni siquiera si estoy a favor o en
contra. Quiero saberlo por no tener discursos contradictorios en un sitio
y en otro, como ustedes están haciendo cuando defienden --y antes lo he
citado-- que se pueda aumentar los recursos de todas las comunidades
autónomas y que éste sea el modelo de España.
Señor Rajoy, no me acuse de incoherencia. Usted es el representante y un
miembro de este Gobierno. ¿Qué modelo defiende? ¿Uno, como el que se
plasma en los anuncios de sus correligionarios en Andalucía, de que van a
perder 440.000 millones más? ¿Uno, como el que le permite decir al señor
Pujol que, con cargo a esta cuenta, a lo largo del período, la
Generalitat tendrá --lo digo porque lo dijo en el debate de política
general--, exactamente 113.068 millones más en el año 2001? ¿Cuánto
significa esto desde el punto de vista del conjunto de España? No lo
dice, señor Rajoy. Viene usted aquí y pretende que yo me crea, que este
grupo se crea, que la Cámara se crea, que los españoles se puedan creer
un modelo que no tiene siquiera el valor de explicar cuánto vale. ¡Haga
el favor! (Aplausos.)
¿Qué es eso de la coherencia y de la incoherencia? ¿A qué venimos aquí,
solamente a resucitar declaraciones de unos y de otros? Incluso, me cita
mal al señor Lucas. He dicho antes --y lo he citado bien-- que el señor
Lucas había manifestado --aquí lo tiene usted-- lo siguiente: Algunas
propuestas, de unos y de otros, pueden vulnerar la Constitución. Pero no
me refiero a eso. Y sigue: El nuevo modelo de financiación autonómica
puede crear paraísos fiscales y desiguales entre las distintas regiones
españolas. Y dice después: El paraíso fiscal está creado desde el momento
en que, comparativamente, se reduce un gravamen o impuesto. Exactamente
lo contrario de lo que usted está defendiendo, porque usted está
defendiendo el que pueda haber, comparativamente, distintos tipos de
impuestos, especialmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. El señor Lucas no estaba de acuerdo con el modelo; lean ustedes.
Lo que ustedes han hecho es pintar ahí una serie de cosas, que llaman
fondos de garantía y que dicen que son de solidaridad, pero que en
cualquier cálculo aproximado se sabe que van a importar escaso volumen de
dinero y que, además, no entrarán en funcionamiento en muchísimas
comunidades autónomas, aunque sí en algunas que ustedes han señalado con
el dedo, a lo largo de estos años, y que, por lo tanto, los mecanismos de
solidaridad que existían se van a ver alterados seriamente. Esto de la
autonomía normativa de su modelo, señor Rajoy, lo que significa es más
dispersión en los recursos de las comunidades autónomas, menos autonomía
financiera o más diferencias en autonomía financiera de unas comunidades
autónomas respecto de otras.
Me dice --y usted se arroga aquí una legitimidad moral que solamente se
la voy a otorgar a usted en un período, pero no en otro período--, y es
verdad, que hicimos un pacto autonómico. Pero --lamento que no esté el
señor Aznar-- no fui yo solamente quien impulsó ese pacto autonómico;
antes que yo hubo otros ministros de Administraciones Publicas, y otros
que me antecedieron, que trataron de hacer lo que solamente fue posible
un año y pico después de que estuvieron ustedes vetando el avanzar en la
reforma o en la ampliación de competencias de las comunidades autónomas
del artículo 143. Y le diré más. Nosotros aguantamos ese tirón. El
portavoz hoy del Grupo Parlamentario Socialista, señor Almunia, cuando
era ministro, tuvo que aguantar --como a mí me tocó aguantar-- el que
ustedes estuvieran haciendo demagogia en todas las comunidades y diciendo
que lo que después acordaron con nosotros era una barbaridad. Y nosotros
aguantamos, desde el Gobierno, con paciencia, pensando en algo más, en
que, a pesar de eso, no podíamos hacer la modificación sin acuerdo con
ustedes. Y nosotros lo hicimos; lo hicimos porque creíamos que era
fundamental que se hiciera de común acuerdo. Ustedes están haciendo en
este momento exactamente lo contrario. Saben que es necesario un acuerdo
con nosotros en esta materia, con nosotros y con otros; que ustedes no lo
pueden llevar a término solamente con algún otro partido; saben que esto
es irresponsable, y de lo que nos acusan es de pedir un veto. Un veto,
no, señor Rajoy: simplemente un acto de responsabilidad y de reflexión.
El problema es que esto viene muy mal desde el principio. No es solamente
una cuestión de discusión con las comunidades autónomas, porque en sus
comunidades
autónomas, como en las nuestras, hay diferencias, puesto que están
defendiendo intereses territoriales que no tienen por qué coincidir
necesariamente con el interés general; porque ésa es su función
exactamente. Pero un acuerdo para el desarrollo del Estado de las
autonomías es un acuerdo fundamentalmente de partidos en esta Cámara,
entre las principales fuerzas políticas, y ése es el que ustedes no han
impulsado --ni el otro tampoco-- de ninguna de las maneras.
Señor Rajoy, hacer el Estado de las autonomías significa demostrarlo con
hechos, y puesto que usted me lo pide, yo le sigo ofreciendo la
posibilidad de acordarlo. Pero si lo que me ofrece es solamente que diga
sí a un canto en favor de un modelo que ni siquiera tiene el valor de
explicar cuánto vale; si lo que me ofrece es modificar la Lofca sin
consenso; si lo que me ofrece es imponer este específico modelo de
corresponsabilidad fiscal; si lo que me ofrece es romper la unidad fiscal
de españa; si lo que me ofrece es que los recursos del Estado caigan en
el futuro; si lo que me ofrece es mayor déficit para el conjunto de las
Administraciones públicas; si lo que me ofrece es crear incertidumbres
jurídicas y si lo que me ofrece es que esos raros consensos que con
dificultades teníamos, unos y otros, en esta Cámara, entre las
principales fuerzas políticas, lo rompamos definitivamente, créame, señor
Rajoy, en ese camino estará sólo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Por el Grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, la verdad, señor
Ministro, es que usted tiene que haber pasado un mal rato. Yo no sé si
aplicarle a usted una pequeña receta, y es: dos no se pelean si uno no
quiere. (Rumores.) Por tanto, le puedo aplicar eso también a cómo ha
tramitado esto: dos no llegan a acuerdo si uno no quiere. (Rumores.)
Yo puedo haber cometido errores en la negociación; ahora, me comprenderá
usted si le digo que usted, que es el que participa en el Gobierno, es el
que menos ha puesto, porque no lo ha conseguido. (Rumores.--Un señor
diputado: ¡Qué nervios!) No se preocupen ustedes con los nervios; los
nervios se quedan en el sitio. (Risas.)
En todo caso, da la impresión de que usted hubiese partido del siguiente
dilema: antes de nosotros, el caos; con el big bang que somos nosotros,
todas las puertas abiertas. Pero es que hay algunas que no ha abierto
usted; hay algunas a las que usted, ¡ay que ver!, ni llama dos veces,
¿eh? Hace así con los dedos: tiririn, tiririn, y punto. (Risas.) Porque
si no, no comprendería cómo no hemos podido avanzar en algunas cosas.
Perdone que le haga esto, porque yo creo que usted es un hombre de muy
buen talante, aunque se vé que hoy le ha pillado regular.
Ha dicho usted algo que me ha sonado a un incienso raro, y yo he sido
monaguillo, es decir, no se preocupe, que sé lo que digo. (Risas.) Cuando
ha terminado ha dicho algo así como: La postura de ustedes, ha sido la de
le tiendo la mano para negociar porque no quiero negociar. Y ha dicho
usted: Esa es la postura clásica de todos los partidos. Está en el
«Diario de Sesiones», lo va a poder usted leer. Eso me suena a una época
en la que los partidos eran malos y el que gobierna no está en ningún
partido. Señoría, ¡usted está en algún partido! Usted está dentro de
algún partido, creo yo.
¿Por qué le digo esto? Porque usted ha negociado con los consejeros de
las distintas comunidades autónomas, usted habrá llamado a muchas
puertas, con unas habrá ofrecido compensaciones, porque entraron al
Consejo de una manera y salieron de otra --me refiero a ese Consejo de
Política Fiscal y Financiera del día 23--, pero con otras hay una pequeña
complicación porque resulta que somos una fuerza política. Y, mire usted,
para desarrollar la Constitución en un pacto constitucional el diálogo
tiene que ser entre fuerzas políticas y organizaciones territoriales del
Estado o partes del Estado, municipios, comunidades y Estado central. Y a
nosotros no nos ha llamado muchas veces. En cualquier caso, quizá no me
ha podido escuchar cuando le he dicho para qué le proponía yo que le
devolvía la propuesta que nos traía. Le he dicho: Primero, regular la
nivelación, porque los 10.000 millones que usted nos propone están a
expensas de la negociación con las comisiones mixtas y del estudio
durante un año por parte de la Comisión de expertos. ¿Es así o no?
Segundo, que incrementen de manera similar la autonomía financiera de las
comunidades autónomas. Y yo le he dicho a usted: Extremadura, 66.000
millones de IRPF; 30 por ciento, 22.000 millones; autonomía financiera,
el 26 por ciento. No le quiero poner el ejemplo de Cataluña. Le voy a
poner el ejemplo de Madrid: IRPF, 1,6 billones; 30 por ciento, 600.000
millones; transferencias, 99.000 millones. Todo eso en relación con un
presupuesto y la capacidad de endeudamiento de esas comunidades
autónomas.
Ustedes han rechazado otros impuestos. En el programa de Izquierda Unida
hablamos de cesión de tributos, tramos de IRPF, IVA, otros impuestos
especiales. Ustedes los han retirado. ¿Sí o no? ¿O estoy confundido? Mire
usted, si utilizamos los programas para echárnoslos los unos a los otros,
podemos buscar excusas mil. Lo que sí le pregunto es si ustedes están
dispuestos a buscar un punto que recoja lo que pudiéramos llamar
intereses legítimos de las partes que hasta ahora han llegado a un
consenso y los intereses legítimos de las partes que no han entrado en
ese acuerdo. Y no vale la solución del que quiera, que se suba, y el que
no quiera, que no se suba, porque el que no se suba tendrá penalizaciones
que le dificultarán su propio movimiento. Por tanto, la actuación que yo
le estoy pidiendo
o que yo le he pedido debería salir de una discusión de encuentro.
Además, antes le he hecho más preguntas. Usted me ha respondido que todos
se han puesto de acuerdo en que las variables sean las de 1988. Los
representantes de las comunidades tendrán que explicar cómo lo han
aceptado, porque esas variables obedecen a 1988, y en el año 1988 había
comunidades que tenían una población y hoy tienen otra que, por suerte o
por desgracia, ha evolucionado. Las comunidades del artículo 143 tienen
todo lo que ha sido las transferencias nuevas más el pacto de 1992 de
ustedes --Inserso, universidades, más unidades administrativas--, pero la
previsión que usted propone se hace sobre la realidad de 1988. Así, ¿cómo
van a financiar? Población y otras variables para fijar la participación.
¿Es o no es? Y, si es así, ¿hay comunidades que van a percibir menos
recursos porque si se actualizaran serían beneficiadas? ¿Sí o no? Porque
las cifras yo se las he dado antes y se las podría repetir.
Voy a hacerle una precisión sobre lo que son las cifras. Usted ha dicho:
¡Qué fácil es hablar desde la oposición! La verdad es que yo le tengo que
reconocer que me tengo que calentar menos los cascos que usted. Digo
calentar los cascos de pensar. Yo me los tengo que calentar mucho menos
que usted, pero usted tendrá que convenir conmigo en que si yo estuviese
en el Gobierno tendría que explicar, igual que usted, a qué números nos
vamos a referir para el año 1997, y se lo voy a volver a recordar. Si
miro el librito éste, que es el de los presupuestos que ayer no se
rechazaron, aquí ponen ustedes una cifra. La cifra es de 2 billones de
pesetas, más los costes efectivos que ascienden a 176.000, dos billones
263.000 millones de pesetas. Si aplicamos lo que viene puesto, son 2
billones 363.000, cien mil millones más. Bueno, le quitamos los 10.000 de
la nivelación y lo dejamos en 90.000 millones más, díganme, ¿cuáles van a
funcionar para distribuir? Pero es que si aplicamos la cifra del pacto
que ustedes aprobaron, la que pone aquí, en el anexo III, de lo que es la
distribución de los recursos, ya no es ninguna de ésas, la cifra ahora es
de dos billones 356.000 millones. Es verdad que la diferencia es poca,
son 9.000 millones de pesetas. Un poco más altas o un poco más bajas, las
cifras son similares, pero, para ser gobierno y tener tantos economistas
ahí, ya podía usted haber cuadrado los números, ya podía haber hecho
mejor los números.
Por tanto, no se crea que venimos aquí para lo que usted ha terminado
diciendo, algo así como que ustedes vienen a este debate a oponerse al
Gobierno y --fíjese lo que ha dicho-- a hacer daño. Yo espero que usted,
en su gobierno, haga el menor daño posible; por eso, la propuesta que le
hemos hecho ha sido de devolución al Gobierno. Cuando se le devuelve una
propuesta al Gobierno es para reelaborarla, no para que la archive.
También hay gobiernos olvidadizos, hay gobiernos que se olvidan de lo que
tienen que hacer. Nosotros no queremos eso y, con buena voluntad, le
hemos tendido la mano para poder concretar lo que creemos que son déficit
de ustedes. No puede ser graciable para un año 5.000 millones más de FCI;
hay que modificar la Ley del FCI y garantizar que la solidaridad llegue
concretada para corregir desequilibrios, porque tenemos una españa
desigual y una España en la que, si crecen más unas regiones con
capacidad económica por su propia realidad económica, por su propia
renta, mañana va a tener más diferencia con otras que tienen necesidad de
actuación solidaria. Hay que comprometer los volúmenes de solidaridad,
hay que desarrollar la cuantía necesaria para compensar y nivelar los
servicios, y ese sistema compensatorio establecerlo en una ley. En suma,
le hemos dicho que queremos corresponsabilidad fiscal, que queremos
autonomía para que los parlamentos desarrollen normas, con una
armonización que sea eficaz para evitar la competencia desleal --fíjese
que yo he sido prudente en los términos, yo no hablo de no sé qué
batallas de asentamientos--, pero de competencias que se pueden hacer, ¿o
acaso no existen?, ¿o acaso no es posible que se den? Ustedes ponen aquí,
en el texto de lo que es la memoria que acompaña a las dos reformas, lo
siguiente: Tomaremos medidas para evitar que los ciudadanos se vayan
donde les sea más favorable fiscalmente. ¿Qué pasa? ¿Se han puesto el
tafetán antes que la herida? Pues si es porque ustedes también lo tienen
previsto como un mal, corríjanlo.
Termino, señor Presidente, diciendo que nuestra misión no es hacer daño,
sino evitar que ustedes hagan daño; por eso, le tendemos la mano para
hablar y para dialogar y queremos conformar propuestas. En la Lofage lo
va a ver usted. Lo devolvimos para reelaborarlo, pero no ha sido así;
ahora vamos a otro trámite: enmiendas concretas para mejorar la propuesta
que usted hace. Esa es la filosofía con la que venimos aquí, no vaya a
ser que la única filosofía es que aceptemos sus números y su estrategia.
Si no es así, es muy difícil.
Nada más. Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Quiero agradecer la breve alusión a nuestra intervención que hizo el
señor Ministro de Administraciones Públicas y, con la misma brevedad, le
voy a contestar.
El señor ministro nos dice que no entramos en el modelo de financiación,
sino en el modelo de Estado. Yo quisiera que me explicara si el problema
de la financiación es un problema abstracto, si tiene o no tiene que ver
con el modelo de Estado y si a lo largo de todo este debate no está
subyaciendo precisamente el
modelo de Estado que se quiere definir, aunque con eufemismos. Desde
luego, nosotros preferimos hacerlo con cierta claridad, estén de acuerdo
o no los demás. Por tanto, es evidente que nosotros no rechazamos el
modelo propuesto porque sea excesivo, como otras voces parecen querer
resaltar; que no cuestionamos que sea útil para otras comunidades
autónomas; que, naturalmente, no rechazamos la corresponsabilidad fiscal
y la autonomía financiera, sino que lo rechazamos por corto, porque
efectivamente es deficitario y porque no es suficiente para nuestra
comunidad autónoma. Evidentemente, nosotros pretendemos un modelo que
lleve la autonomía financiera a la Comunidad Autónoma de Galicia, a pesar
de que no está gobernada por nosotros sino curiosamente por su propio
partido, pero eso es lo que deseamos para nuestra comunidad, estemos o no
en el Gobierno.
Además, usted hace un cántico a que, efectivamente, va a haber una buena
evolución del IRPF. Desde luego, o vivimos en países distintos o usted,
por sus responsabilidades, visita cada vez menos aquel país al que dice
que también pertenece, porque, con el panorama económico que estamos
viviendo en estos momentos, me parece excesivamente optimista. Pero es
más, incluso con esa posibilidad, que naturalmente yo niego debido a la
crisis láctea y ganadera, la reconversión de las empresas públicas y la
crisis de la pesca, para la situación relativa de Galicia en el contexto
es obvio que sólo con la cesión del IRPF, además teniendo en cuenta que
fiscalmente está deslocalizado el pago de ese impuesto, nosotros no
saldríamos beneficiados. Por lo tanto, sí, nosotros hablamos de un modelo
de financiación distinto que incluya naturalmente el IVA, los impuestos
especiales, etcétera. ¿Que es beneficioso para Galicia? Pues, fíjese
usted, cuando se propuso la cesión del 15 por ciento del IRPF, como usted
sabe, la comunidad autónoma, a través de su Gobierno, planteó un recurso
de inconstitucionalidad porque juzgaba que ese mecanismo no era
beneficioso para la comunidad autónoma. Usted me dirá: No, es que ahora
es un nuevo modelo, que se basa en la corresponsabilidad fiscal. Pero la
corresponsabilidad fiscal al final se vuelve a basar en lo mismo, la
cesión del 30 por ciento del IRPF, con lo cual lo que no se puede
entender es que lo que era malo antes sea bueno ahora. Es evidente que
eso no es así. Por decírselo también en palabras de alguno de sus
portavoces, que dice que la corresponsabilidad fiscal no va a suponer
para cada autonomía un grado de suficiencia financiera igual, o que no
cabe duda de que cuanto más amplio sea el abanico de impuestos sobre los
que se pueda establecer esa corresponsabilidad mayor serán las
posibilidades que eviten diferencias que deben ser corregidas vía
mecanismo de solidaridad.
Tanto es así que, como usted sabe también, el Partido Popular que
gobierna en Galicia, y por lo tanto la Xunta de Galicia, aceptó varias de
las propuestas que nosotros planteamos también en este Parlamento para la
discusión de la posición de Galicia en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Una cosa distinta es que, luego, ese Gobierno, que parece que
de esa manera sí comparte la necesidad de que se cedan otros tributos
para llegar a esa autonomía financiera, no lo defienda, pero eso es
responsabilidad de cada uno. Allá cada cuál con su responsabilidad. Por
lo tanto, nosotros seguimos rechazando este modelo, naturalmente no por
excesivo --insisto-- sino porque para nuestra autonomía financiera es
claramente insuficiente y perjudicial respecto a otras comunidades
autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Gracias,
señor Presidente.
Una intervención muy breve a título de resumen, aunque me veo en la
obligación de hacer un apunte muy preciso sobre la intervención del señor
Eguiagaray. Insisto en que cuando se cite --se lo he dicho al Grupo
Parlamentario Socialista en algunas otras ocasiones-- a una persona en la
Cámara, se cite la totalidad de sus palabras, porque, si no, estamos
deformando las mismas.
El señor Lucas ha dicho que el nuevo modelo de financiación puede crear
paraísos fiscales y desigualdades entre las regiones españolas. Por eso
Castilla y León va a pedir que no se produzcan alteraciones en los
domicilios fiscales con arreglo a los lugares donde se obtiene la renta.
Y por eso, y porque lo han pedido otras muchas comunidades, en la ley de
tributos que estamos debatiendo aquí se establece con meridiana claridad
dónde hay que pagar los impuestos. Por ejemplo, entre otros y como más
importante --usted creo que conoce perfectamente la problemática-- el de
actos jurídicos documentados. Por lo tanto, citemos la totalidad de lo
expresado por las personas a las que hagamos referencia en nuestra
intervención.
Dicho esto, el señor Eguiagaray ha comenzado su intervención muy alterado
y, al final, me ha dicho algo así como qué sabe usted decir o qué va a
hacer. Al menos yo, en representación de este Gobierno, he traído aquí un
modelo de financiación autonómica en el plazo de tres meses. Eso es lo
que este Gobierno sabe decir y hacer: en el plazo de tres meses traer un
modelo de financiación autonómica. Usted no lo trae. De momento, ustedes
tienen quince modelos de financiación autonómica. Usted hace grandes
apelaciones al acuerdo, pero vuelvo a insistirles en que esas apelaciones
al acuerdo tienen que ir acompañadas por los hechos, y no me negará usted
que la actuación de su partido y de personas con representación
institucional de su partido no ha sido la más adecuada para conseguir un
acuerdo a lo largo de estos últimos meses, más bien ha sido todo lo
contrario, han hecho todo lo posible no para llegar a un acuerdo sino
para intentar deteriorar, como he señalado antes, al Partido Popular en
las distintas comunidades autónomas.
Por último, quiero finalizar diciendo, como señalaba en mi primera
intervención, que este modelo que se propone es mucho más acorde con el
espíritu del texto constitucional, y concretamente con el artículo 156,
que el actual. Así desde luego parece que lo han reconocido algunos de
los intervinientes que dicen --y no ha sido imposición de ninguna otra
fuerza política, porque han sido propuestas nuestras-- que es el modelo
que el Partido Popular había presentado en su programa electoral.
Señor Ríos, probablemente no me he expresado bien en algunas de mis
intervenciones. Usted dice que hay que regular la nivelación, que lleva
15 años sin regular. Podíamos haberla regulado en tres meses, pero no me
negará que es difícil hacerlo. Hemos introducido una partida en el
presupuesto, cosa que no había ocurrido hasta el presente momento, y es
nuestra intención que se cree un grupo de trabajo en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera que pueda abordar este asunto. Lo mismo le
digo reiterando lo antes señalado sobre el incremento de la autonomía
financiera. La autonomía financiera aumenta en el conjunto de todas las
comunidades y comunidad autónoma a comunidad autónoma, y allá donde no es
posible que una comunidad autónoma tenga la misma autonomía financiera
que otra, se aplicará la solidaridad. Tienen más aportaciones del Estado,
tienen más PIE que las otras comunidades autónomas. Este es un modelo en
el que se combina autonomía financiera con solidaridad, como muy bien
conoce. Sin duda alguna, vuelvo a repetirle, podía haber más Fondo de
Compensación Interterritorial. En cuanto a la competencia desleal, que es
una forma fina de decir que no se produzcan cambios de contribuyentes, yo
ya he reiterado --por tercera vez lo hago ahora-- que en las leyes que
hoy se presentan aquí está perfectamente regulado y establecido dónde hay
que pagar los impuestos.
El señor Vázquez, representante del BNG, rechaza el modelo por corto,
otros lo rechazan por todo lo contrario. Yo creo que el punto medio que
se ha conseguido ahora es lo razonable. Galicia tiene una autonomía del
40 por ciento, ha conseguido un avance importante y por las especiales
características de la comunidad debe insistir mucho --y así lo han hecho
los representantes del Gobierno de Galicia durante la negociación-- en el
argumento de la solidaridad.
En cuanto a la referencia que ha hecho sobre el 15 por ciento, es verdad
que el Gobierno gallego en su día se opuso a la cesión de la cuota
líquida del 15 por ciento del IRPF, pero, como también ha dicho usted, se
trata de dos modelos absolutamente diferentes. Aquí hay capacidad
normativa en los tributos cedidos, en el propio IRPF, pero además se
establecen unos mecanismos de solidaridad que antes no existían: el fondo
de nivelación, el FCI, que se incrementa en su dotación, y los tres que
ya conoce. Ninguna comunidad va a recibir menos que con el anterior
modelo, lo cual es una garantía muy interesante para las comunidades,
ninguna recibirá menos del 90 por ciento de las ganancias que reciban
todas las demás y ninguna recibirá, al final del quinquenio, menos del 90
por ciento de la financiación media por habitante de todas las
comunidades autónomas. Lógicamente, aparte de que el 30 por ciento, con
corresponsabilidad, no es lo mismo que el 15, el escenario es muy
distinto y estamos hablando de cosas muy diferentes. Eso es lo que
entiendo que justifica que se haya producido un cambio de criterio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro. (El señor Eguiagaray Ucelay
pide la palabra.)
Señor Eguiagaray, el debate ha concluido, como sabe su señoría. Salvo que
me invoque algún precepto específico, no tiene turno de palabra.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, al amparo del artículo 71,
me parece que tengo derecho a un turno, teniendo en cuenta que la
intervención del señor Ministro de Administraciones Públicas ha hecho
alusiones que implican juicio de valor o inexactitudes sobre la persona o
la conducta de este Diputado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, las alusiones y los juicios de
valor están absolutamente implícitos en las intervenciones que el
Reglamento tiene previstas para el debate. Es natural que si usted ha
sido el portavoz de su grupo, las alusiones de cualquier oponente
incluyan juicios de valor sobre sus palabras.
Si ha habido algún tipo de alusión personal peyorativa, le dejo que
intervenga. Si se trata de un nuevo debate político, no.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, si me permite, el señor
Rajoy ha dicho que yo no cito bien a un compañero suyo y como sí le he
citado bien, quiero poner de manifiesto que lo he citado bien y que él en
cambio no lo ha hecho porque se ha saltado un párrafo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eguiagaray. (El señor Ministro
de Administraciones Públicas, Rajoy Brey, pide la palabra.)
Señor Ministro, también quiero indicarle...
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): No hace
falta, señor Presidente,
que me lo repita, porque evidentemente sé lo que quiere indicarme.
Simplemente quiero leer el párrafo. (El señor Almunia Amann: A ver si lo
lee entero.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, le quiero hacer una aclaración. El
Gobierno puede intervenir en cualquier momento del debate. El debate ya
había concluido. Si el Gobierno interviene, reabre el debate con el señor
Eguiagaray. (Rumores.)
Perdón, señorías, el Reglamento lo interpreta la Presidencia y agradece
sus ayudas fuera del hemiciclo.
En consecuencia, señor Ministro, si se trata de leer un documento...
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Leer un
documento, como ha pedido el señor Eguiagaray.
El señor PRESIDENTE: ...tanto por su parte como por parte del señor
Eguiagaray, si es el mismo documento, procédase a su sola lectura, como
ayer pidió, por cierto, el portavoz del Grupo Socialista, y queda
concluido el incidente.
Proceda a la lectura, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.
La pregunta que se hace al señor Lucas es la siguiente: ¿El nuevo modelo
de financiación puede crear paraísos fiscales? Y la respuesta es la
siguiente, la que ha dicho el señor Eguiagaray: Sí puede crearlos, puede
establecer elementos de desigualdad. El paraíso fiscal está creado desde
el momento en que comparativamente se reduce un gravamen o impuesto.
Lo que no ha dicho el señor Eguiagaray es lo siguiente: Castilla y León
va a pedir que no se produzcan alteraciones de los domicilios fiscales
con arreglo a los lugares donde se obtenga la renta. Esto es lo que no ha
dicho el señor Eguiagaray. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en este debate, que podríamos llamar un
debate sobre la financiación autonómica, al hilo de dos proyectos de ley,
el de modificación de la Lofca y el de cesión de tributos a las
comunidades autónomas, quisiera iniciar mi intervención repasando cuáles
son los criterios, que, en general, en diversas ocasiones, todos los
grupos políticos hemos manifestado, que se pueden requerir a aun sistema
de financiación.
Decíamos, y estábamos de acuerdo, en las grandes palabras por lo menos,
que el sistema debe ser suficiente para que las comunidades autónomas
puedan hacer frente a los gastos que representan el coste de dar a sus
ciudadanos los servicios que les han sido transferidos. Adelanto un
criterio de suficiencia. También decíamos que el sistema debería dotar a
las diversas comunidades autónomas de autonomía financiera; es decir, que
dispongan del máximo posible de los recursos que deben recibir las
comunidades autónomas, en base a esa suficiencia para dar los servicios,
de la forma más autónoma posible. Por tanto, autonomía financiera.
Pedimos una tercera cosa al sistema: corresponsabilidad fiscal. Que las
comunidades autónomas puedan responder ante sus ciudadanos, no sólo de la
bondad de su actuación en la gestión de sus competencias, en la gestión
del gasto, sino también en la gestión de la captación de sus recursos. Y
pedíamos también al sistema, y todos se lo pedimos, que sea un sistema
que aplique criterios de solidaridad. Queda claro --por haber sido un
objetivo de toda la sociedad, en los últimos dos siglos, por lo menos, a
través de los diversos sistemas fiscales-- lo que es la solidaridad a
nivel individual, que más pague quien más tenga. A nivel territorial, es
lo mismo, pero a nivel territorial; que aquéllos que tienen más capacidad
de aportación aporten también para aquéllos que la tienen menor y, por
tanto, que se produzca un flujo entre territorios desde los más ricos, en
el sentido de generar mayores aportaciones fiscales, hacia los menos
ricos, los menos capaces de generar, por su menor actividad económica,
esos recursos fiscales.
¿Hasta ahora, en los sistemas sucesivos de financiación de las
comunidades autónomas, cómo se han ido solucionando estos cuatro aspectos
que, insisto, por lo menos teóricamente, todos estamos de acuerdo que
debe cumplir cualquier sistema de financiación?
El primer aspecto es la suficiencia de los recursos. La suficiencia de
los recursos, en el sistema vigente, viene de la mano de un criterio
fundamental que es la llamada participación en los ingresos del Estado.
Realizadas las transferencias, la suma del conjunto del coste de esas
transferencias conforma un bloque de recursos que, en un momento
determinado, se ligaron con los ingresos del Estado. Y a partir de ese
momento, esos ingresos, que eran de las comunidades autónomas, pasan a
ser un porcentaje de los ingresos del Estado y a evolucionar en el
tiempo, bien con los ingresos del Estado, bien con los gastos del Estado,
bien con el ITAE, es decir, por diversos criterios, y objetivan los
ingresos de las comunidades autónomas con los ingresos del Estado.
Por tanto, es una participación en los ingresos del Estado lo que
fundamentalmente conforma, los recursos de las comunidades autónomas. Lo
conforma y en el conjunto de los recursos de las comunidades autónomas.
Después, esa bolsa común de todos los recursos de todas las competencias
transferidas se reparte: entre las diversas comunidades autónomas
siguiendo diversos criterios. Para el reparto de esos recursos se tiene
en cuenta fundamentalmente la población, como es lógico, pero también la
dispersión territorial, la insularidad y, curiosamente --y digo
curiosamente porque es el único Estado de hacienda federal o cuasi
federal que utiliza ese criterio en el coste de los servicios
transferidos--, con un criterio que es el de pobreza relativa.
Vale la pena recordar que, por la aplicación de este criterio de pobreza
relativa, se infieren ya unas diferencias, a igualdad de competencias de
recursos transferidos. A igualdad de competencias existen recursos
transferidos distintos, que provocan una oscilación entre --insisto, a
igualdad de competencias-- 101.540 pesetas por habitante y año, la
autonomía que menos recibe, y 115.213 pesetas por habitante y año, en la
media de las comunidades autónomas del artículo 143, en la media
simplemente, no en la que más recibe. De ahí se inferiría que entre ésa y
la que más recibe, ya por ese concepto, insisto, de pobreza relativa en
el coste de los servicios transferidos, se podría llegar a cifras de
diferencia de hasta 83.000 millones de pesetas.
Es bien cierto que, a partir del momento en que entran en juego --como un
mecanismo de la forma de aportar los recursos, no de la forma de calcular
el coste de los servicios transferidos-- los impuestos cedidos, estos
impuestos cedidos pueden convertirse en un mecanismo de incremento de los
recursos cedidos a las comunidades autónomas y, por tanto, pueden pasar a
formar parte de la suficiencia o no de los recursos cedidos, si es que
esos recursos cedidos evolucionan por encima de la norma. Porque, de no
ser así, si se recauda menos de los previsto, lo que harían sería
disminuir. Pero ciertamente, si evolucionan por encima de la norma, si
recaudan más de lo que la norma prevé, en ese caso, incrementan los
recursos cedidos.
El segundo criterio es el de la autonomía financiera, la cesión de
impuestos para que las comunidades autónomas recauden directamente parte
de los recursos que les corresponden por los servicios transferidos.
Una vez que se determina cuál es el coste de los servicios transferidos,
en los primeros tiempos sin impuestos cedidos, esta cantidad a recibir
por cada comunidad autónoma se dividía en doceavas partes y era el dinero
que se enviaba a cada comunidad mensualmente, para hacer frente a sus
competencias.
Cuando se incluyeron los impuestos cedidos para dar autonomía a las
comunidades autónomas, la unica diferencia que hubo es que ya no se
dividía por doce el conjunto de la PIE, sino que a la PIE se le restaba
el importe de los impuestos cedidos en el momento de la cesión y el resto
era lo que por doceavas partes recibían las comunidades autónomas. A
través de ese mecanismo, las comunidades autónomas que disponían
directamente de los impuestos cedidos tenían una parte de su
financiación, que era autónoma, por lo menos en cuanto a su
disponibilidad. No existían mecanismos para exigir de la hacienda central
el pago de los intereses por los posibles retrasos en el envío de esas
doceavas partes. En la parte correspondiente a los impuestos cedidos, ese
retraso no se producía. Era una autonomía que todos buscábamos y por eso
se hizo la cesión de impuestos.
Vale la pena decir que la autonomía financiera ya comporta
automáticamente corresponsabilidad fiscal porque en esa cesión de
impuestos existe ya, a nuestro entender, una cierta corresponsabilidad
fiscal. También esa autonomía financiera puede suponer más recursos. Lo
supone indirectamente, porque al no haber retrasos no hay costes
financieros, por tanto, es una disminución del gasto, pero también los
puede suponer si los ingresos, vuelvo a decir lo mismo que anteriormente,
evolucionan por encima de la norma. Si el impuesto cedido --el
patrimonio, las sucesiones, las donaciones, etcétera-- evolucionara, como
lo han hecho en algunos casos, por encima de la norma. Teóricamente, esos
impuestos cedidos podrían suponer menos ingresos en el caso de que la
realidad evolucionara peor que la norma. Hasta ahora, sin embargo, la
hacienda central ha asegurado siempre un efecto como mínimo neutro a esa
cesión de tributos.
Una tercera petición que se hace al sistema es el de la
corresponsabilidad fiscal, que haya responsabilidad en ingresos y en
gastos. En cierta manera, la corresponsabilidad fiscal admitiría también
una cierta relación entre el coste de los servicios, el coste de vida y
el esfuerzo fiscal. Y la corresponsabilidad fiscal tiene, al menos para
nosotros, un componente muy importante, que es dotar de soberanía fiscal
a los parlamentos autonómicos. Este es, y quiero que lo oigan SS. SS., un
objetivo muy claro, muy contundente para nuestro grupo parlamentario. La
soberanía fiscal que la capacidad normativa, la corresponsabilidad
fiscal, entendida así, representa.
Un cuarto objetivo que se persigue en cualquier sistema de financiación
es el de la solidaridad. En el sistema de la hacienda española existen
varios mecanismos que provocan esa solidaridad del sistema. El primero de
ellos, el formalmente más reconocido como tal, el del Fondo de
Compensación, conformado por 133.000 millones de pesetas --ya se ha
sabido que actualizado en este ejercicio presupuestario--, se reparte
entre las diez comunidades de menor renta. Pero hay otros mecanismos de
solidaridad, los fondos europeos, en cuantía muy importante, 366.000
millones, casi tres veces más que el propio Fondo de Compensación
Interterritorial previsto en la Constitución. Los fondos europeos actúan
como fondos de solidaridad, por cuanto, en su mayor parte, se reparten
sólo y exclusivamente entre las comunidades de menor renta.
Para que puedan SS. SS. hacerse una idea, en el año 1993 la suma de estos
dos mecanismos, el del Fondo de Compensación y el de los fondos europeos,
representó una diferencia entre la comunidad que más recibió, 38.938
pesetas por habitante, y la que menos recibió, 1.188 pesetas por
habitante. La suma de estos dos fondos dio a la comunidad que más recibió
un 30 por ciento más de financiación de la que dispuso la comunidad
autónoma que menos recibió. Este es el funcionamiento real de la
solidaridad en el sistema vigente.
Y aún hay más, porque, aun sin ser identificados como criterios o fondos
de solidaridad, existen más que actúan como fondos de solidaridad. Uno de
ellos, ya lo he identificado previamente, es el cálculo de los servicios
transferidos con base a un criterio de pobreza relativa, y otro es, no sé
si de forma voluntaria pero al menos siempre ha salido así en la
administración de las inversiones del Estado, cualquiera que haya sido el
partido que haya ocupado la responsabilidad de gobierno, las inversiones
del Estado, que se han aplicado a lo largo, insisto, de toda la época
democrática, con criterios de solidaridad, es decir, dando y aportando
más inversión sustantivamente a las regiones de menos renta y menos a las
de mayor renta, con una excepción Madrid, que, disponiendo de una gran
renta, ha recibido, en porcentaje muy superior al que le correspondía por
la simple aplicación del criterio de población, mucha mayor inversión del
Estado.
Estos últimos criterios de solidaridad, el de los fondos de inversión del
propio Estado y el del cálculo del servicio con el criterio de pobreza
relativa, no existen en ningún otro Estado con modelo federal o cuasi
federal.
Si debo ser sincero, en este debate, que se corresponde con la discusión
del nuevo modelo de financiación al que venimos obligados por la
finalización de la vigencia del anterior, me da la sensación de que no
hemos avanzado en algún tema muy importante, que es la clarificación, la
transparencia de los criterios de solidaridad que se incluyen en nuestro
sistema de financiación de las comunidades autónomas.
¿Quién puede, quién debe decirnos cómo se mueven los flujos económicos?
¿Tenemos un sistema solidario, sí o no? Dígase. ¿Cuánta solidaridad
queremos? ¿Funciona la solidaridad o no? Alguien debe clarificar esta
cuestión. Yo no voy a insistir, lo hice ya en el debate de investidura,
ni en la solidaridad del sistema, ni en la participación
extraordinariamente alta de las comunidades más ricas, Cataluña por
encima de cualquier otra, en esa solidaridad.
Pues bien, señor Presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario apoya
el nuevo sistema de financiación propuesto por el Gobierno, votará en
contra, en consecuencia, de las enmiendas de totalidad presentadas a las
dos leyes que debatimos, porque en los cuatro apartados a que antes me
refería, que todos solicitamos de un sistema de financiación, en los
cuatro, el nuevo sistema avanza respecto al anterior. Aporta más recursos
a todas las comunidades autónomas; es, para entendernos, más suficiente
que el sistema anterior. Aporta mayor autonomía a todas las haciendas
autonómicas, ni una sola hacienda autonómica tendrá con el nuevo sistema
menor autonomía de la que tenían con el sistema vigente todavía hoy,
vigente hasta el 31 de diciembre de 1996.
El nuevo sistema da mayor corresponsabilidad fiscal a todas las
comunidades autónomas. Hay quien incluso sostiene que sólo hay
corresponsabilidad fiscal cuando exista o a partir del momento en que
exista capacidad para legislar; es decir, que este es el primer sistema
que tendrá realmente corresponsabilidad fiscal.
Y sigue aportando solidaridad al sistema, porque asegura una evolución
con unos mínimos, mínimos que aseguran los ingresos actuales a todas las
comunidades autónomas, que aseguran un 90 por ciento de la evolución
positiva de aquella comunidad autónoma que mejor evolucione del conjunto
del sistema, porque crea el fondo de nivelación, porque dota mejor al
Fondo de Compensación Interterritorial, uno de los mecanismos de
solidaridad constitucionalmente previsto, como hemos visto, y porque no
cambia ninguno de los mecanismos de solidaridad preexistentes, el índice
de pobreza relativa en el cálculo de servicios transferidos, o los fondos
europeos.
Por estas razones, nosotros damos apoyo al nuevo sistema.
Señor Presidente, en el debate se han producido críticas al sistema, y es
evidente que, tratándose, como se trata, de votar «no» a unas enmiendas
de totalidad, debo entrar en la discusión suscitada por quienes han
defendido esas enmiendas de totalidad.
En primer lugar, y ya llevamos días con esa discusión, se dice que este
es un debate que se está produciendo a uña de caballo. Ya ha sido dicho,
pero no puedo dejar de recordarlo. Desde el debate de la Lofca, nunca se
había debatido con tanta profundidad la renovación de un sistema de
financiación de las comunidades autónomas. Se debate conjuntamente con
los presupuestos porque la Constitución ordena que los presupuestos
contengan las modificaciones del sistema de financiación y porque la
modificación del sistema de financiación influye en el contenido de los
propios presupuestos. No puede hacerse de otra manera. El debate debe ser
conjunto porque es en los presupuestos donde se integran las conclusiones
de las modificaciones de los sistemas de financiación.
Recuerdo, sin ir más lejos, que el sistema del año 1993, hoy vigente, se
introdujo como enmienda a los presupuestos en el Senado. Imagínense
ustedes si pudo provocar o no un menor debate. Se introdujo como enmienda
en el Senado. Hoy lo tenemos con dos leyes que acompañan a los
presupuestos y que están siendo discutidas con toda solemnidad,
perdónenme que se lo diga, en este mismo debate.
Y ya que ha hablado de debate a uña de caballo el portavoz socialista, le
diré que tengo entendido que a petición del Grupo Socialista esta sesión
ha dado comienzo media hora antes de lo previsto. No es nuestro grupo
parlamentario el que no tiene deseo de discutir, con toda la profundidad
que se desee, este tema de la financiación autonómica.
Se ha mencionado que es la primera vez que la financiación autonómica no
se hace con consenso. No es verdad. Es la primera vez que se modifica la
Lofca sin consenso; quizá, algún modelo de financiación autonómica
requirió una modificación de la Lofca que no se hizo en su momento. En
cualquier caso, nuestro grupo parlamentario es el primero en desear que
un tema como éste se pueda aprobar con el mayor de los consensos. Pero,
señor portavoz del Grupo Socialista, ¿a qué consenso se refería? ¿Al de
ustedes con el Partido Popular? ¿Sólo al de ustedes con el Partido
Popular? Porque ya tuvieron uno, que fue la Loapa; nosotros no estuvimos
en él, y tuvo que venir el Tribunal Constitucional en nuestro auxilio.
Por tanto, ese no debe ser, supongo yo, el consenso al que usted apela.
En cualquier caso, comprenda que no sería del agrado de nuestro grupo.
Se apela al consenso constitucional, es decir, al de todos, a aquél en el
que nosotros también participamos. Nos encantaría poder haberlo tenido.
Y, señor portavoz del Grupo Socialista, ¿cuáles son los términos del
consenso que proponen? ¿Cuáles son los términos del consenso que
propondrían? ¿Un sistema de financiación que no tuviera capacidad
normativa? Por cierto, el artículo 157 a) y b) de la Constitución me
parece suficientemente explicativo como para que no pueda tener la
lectura que insinuaba su señoría respecto a la constitucionalidad o no de
la capacidad normativa. Dice así: «Los recursos de las comunidades
autónomas estarán constituidos por: a) Impuestos cedidos total o
parcialmente por el Estado... b) Sus propios impuestos...», que
obviamente también pueden ser los impuestos cedidos por el Estado. En
ningún sitio, en ninguno, se puede interpretar del texto constitucional
que la capacidad normativa de los impuestos cedidos no pueda ser a su vez
cedida porque la Constitución lo prohíba.
¿A qué consenso se refiere? ¿A uno en el que no exista capacidad
normativa?
El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego que vaya terminando.
El señor MOLINS I AMAT: Señor Ministro, perdón, señor portavoz del Grupo
Socialista --aún le recuerdo como ministro; es tan cercana nuestra
colaboración, señor Eguiagaray--, ¿no les gusta el sistema adoptado por
la suficiencia del sistema? Algo parecían insinuar. Creen
desproporcionado que esto pudiera, en el año 2001, llegar a dar 400.000
millones más --me parece que es ésa la cantidad que ha mencionado-- a las
comunidades autónomas. ¿Alguien está dispuesto a ponerse a discutir si
son suficientes o no los recursos existentes? Con ustedes lo hemos tenido
crudo durante 16 años.
Ayer escuchamos aquí una cosa que a mí me dejó absolutamente perplejo,
también al portavoz socialista en otro acto, era otra persona. Se
lamentaba, y con una de cara que parecía deducirse que estuviera
sufriendo en realidad personalmente, y decía que sufría por el niño de
Castilla y León que no dispondría para la educación de los mismos
recursos que, por la aplicación de ese sistema, iba a recibir el niño de
Galicia. Esa fue la expresión; insisto, con cara de sufrimiento.
Supongo que los antecedentes jacobinos de esta persona le llevan a creer
que no es bueno que cada gobierno autónomo pueda decidir en qué aplica
sus recursos y que uno pueda decidir, en uso de su libertad y de su
soberanía, si los dedica a enseñanza o los dedica a hacer carreteras.
Esto entra dentro de la absoluta libertad de cada gobierno autonómico.
Este es el Estado de las autonomías que entre todos hemos hecho. Y lo que
es peor, se lamentaba de la aplicación de un nuevo sistema, de que lo
decidan libremente los gobiernos y, en cambio, no se ha lamentado nunca,
nunca, de que, por el cálculo que se realiza de los servicios
transferidos, Cataluña y otras comunidades también disponga, para
enseñanza de sus niños de menos recursos de los que recibe del Estado
Galicia para la educación de los suyos. Porque esa es la consecuencia de
la inclusión del índice de pobreza relativa en el cálculo de los
servicios transferidos. Y este es el sistema del que hemos dispuesto
durante 16 años, que no ha hecho ni pestañear, ni pestañear,
absolutamente a nadie. Por tanto, ¿a qué consenso? ¿En qué términos ese
consenso?
¿No les parece bien la autonomía financiera? También hoy hemos oído que
no les parece bien porque en el nuevo sistema las comunidades autónomas
tendrán diversa autonomía financiera. Estaba pasando exactamente igual
con el sistema del 15 por ciento. Incluso había una comunidad autónoma
que, no podía recibir ni el 15 por ciento, porque se pasaba de los
recursos que necesitaba, la Comunidad de Madrid, y nos parece muy bien.
Porque hay dos cosas que son incompatibles, señor Ministro, mientras
sigamos funcionando como funcionamos, con un sistema asimétrico de
competencias, con unas comunidades que tienen unas competencias y otras
que tienen otras. Y eso, que es incompatible, es la misma autonomía y,
además, la misma corresponsabilidad fiscal. Es inevitable que mientras
tengamos competencias diversas, el sistema no puede dar a la vez la misma
autonomía y la misma corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades
autónomas.
Nosotros, ciertamente, y como le decía, no estamos de acuerdo con su
enmienda de totalidad, pero tampoco lo estamos con la intervención que en
nombre
de su grupo ha tenido. ¿Están ustedes en condiciones, de verdad, de
ofrecer consenso? Ustedes no han querido o no han podido consensuar un
modelo, por lo menos hasta ahora. ¿Qué es lo que defiende el PSOE? ¿Qué
es lo que defiende? ¿Son suficientes los recursos que hoy se está
transfiriendo y ha dado el sistema suficientes recursos? ¿No desean
ustedes capacidad normativa? ¿Los recursos son suficientes? No es lo que
dicen obviamente sus responsables institucionales en las comunidades
autónomas gobernadas por ustedes ni lo que dicen los responsables
políticos en las que no gobiernan ustedes. ¿No desean la capacidad
normativa? Tampoco es lo que dicen, por lo menos que nosotros sepamos,
sus compañeros del Partido Socialista de Cataluña. Debería haber visto la
cara de algunos de ellos, por cierto, durante su intervención, señor
Eguiagaray.
El señor PRESIDENTE: Señor Molins, le ruego concluya.
El señor MOLINS I AMAT: Voy acabando, señor Presidente.
Supongo que no son las nuevas formas de solidaridad que incorpora el
nuevo sistema las que a usted le molestan.
En cualquier caso, no han podido o no han querido, no sé si es que no
están en condiciones de incorporarse a un consenso. Sepa, señor
Eguiagaray, sepa el Grupo Socialista, que nada nos complacería más que
ustedes se pudieran incorporar al consenso sobre el nuevo sistema de
financiación autonómica de las comunidades autónomas al que nosotros,
señor ministro, señoras y señores Diputados, damos claramente nuestro
apoyo.
Para terminar quiero decirle, señor ministro, que la Lofca incorpora un
aspecto del proyecto de ley que a nuestro entender debe revisarse, que es
la revisión del IVA en fase minorista como uno de los tributos que puedan
ser cedidos a las comunidades autónomas. En el nuevo sistema de
financiación no se contempla esta cesión que está contemplada en la
Lofca, no dice nada la Constitución respecto a la imposibilidad de ser
utilizado, los expertos en su libro blanco recomiendan que ése puede y
debe ser uno de los impuestos cedidos, no entendemos por qué, y
desearíamos que en su posible intervención ahora o en el debate
posterior, nos dijera que no es intención del Gobierno seguir manteniendo
ese artículo y suprimir --que entendemos no debe tener lugar-- la
posibilidad de transferencia del IVA minorista, en el momento que se
estime oportuno, como un recurso más de financiación de las comunidades
autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Diputados. (El señor
Eguiagaray Ucelay pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Señor Eguiagaray, pero alegando el número del artículo del Reglamento que
invoque para su intervención, porque no se me alcanza qué fundamento
puede tener una intervención ahora del señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Señor Presidente, dejo a su discreción
probada elegir entre los artículos 71 y el 73. (Risas.) En todo caso,
creo que no necesito probar por mi parte que el señor Molins se ha estado
refiriendo a mi intervención en repetidas ocasiones, incluso
solicitándome tomas de actitud alrededor de sus palabras.
El señor PRESIDENTE: Señor Eguiagaray, para conocimiento de S. S. y de
algún otro Diputado que quizá no ha reparado en la redacción del articulo
72.1. La observancia del Reglamento por un Diputado cuando pide la
palabra, implica siempre la cita del artículo cuya aplicación reclama.
Es verdad que la Presidencia puede auxiliarle como antes (Risas.), pero
en este caso quiero añadir una consideración. La toma de posición es
sobre lo que se ha debatido, y lo que se está debatiendo y luego se vota
son justamente las enmiendas de totalidad, una de las cuales ha
presentado S. S. Es natural que los grupos puedan fijar su posición en
contra o a favor de tal enmienda de totalidad como fundamento de su
grupo. En consecuencia, no vemos natural que la argumentación implique
también juicios de valor sobre las posiciones políticas del grupo que S.
S. representa.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente, por sus
explicaciones.
Puesto que me dice tengo que elegir, creo que lo que procede --y vuelvo a
invocar en este caso el artículo 73 del Reglamento--, es dicho artículo
cuando dice: «...el que fuera contradicho en sus argumentaciones por otro
u otros de los intervinientes tendrá derecho a replicar o rectificar por
una sola vez y por tiempo máximo de cinco minutos».
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Señor Eguiagaray, el artículo 72.1
establece que es la Presidencia la que debe dictar la resolución sin que
haya posibilidad de debate sobre ese punto.
Presumo, señor Eguiagaray, que el señor Molins podría haberse referido a
la argumentación que S. S. ha expuesto en defensa de su enmienda. Sin que
sirva de precedente, dado que el debate implica la tramitación conjunta
de dos proyectos de ley y que la Presidencia ha procurado ser laxa con el
tiempo en todo momento, tiene S. S. dos minutos para mantener un mini
debate con el señor Molins.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor Presidente.
Con brevedad, porque realmente no quería más que corresponder también
desde la cortesía a las palabras del señor Molins, que naturalmente ha
utilizado su turno para oponerse legítimamente a las enmiendas que yo he
defendido.
Solamente me gustaría hacerle un par de consideraciones, señor Molins. No
creo que las relaciones de su grupo político y del nuestro en el pasado,
ni siquiera en el presente, hagan imposible la existencia de acuerdos
ahora ni en el futuro. Por eso me parece hasta de mal gusto invocar
precedentes en los que hemos estado en desacuerdo cuando hemos probado
nuestra amplia capacidad para el acuerdo en materia autonómica y en
otras.
Segundo. Como usted sabe, toda la intervención del Grupo Socialista ha
estado presidida por una idea, no tanto la de crear diferencias sino la
de buscar acuerdos, lo que en este momento no existe. No hay un acuerdo.
Si su invitación es (con esto he terminado también anteriormente
refiriéndome al señor Rajoy) simplemente a que firmemos un contrato de
adhesión, naturalmente comprenderá que es una invitación, como mínimo muy
poco delicada, por no decir que es imposible de compartir por este grupo.
Sin embargo, sí creo que es posible, señor Molins --entre otros, el líder
del partido al que usted pertenece también lo ha invocado en público--,
la conveniencia de que hubiera un acuerdo de esta naturaleza entre las
distintas fuerzas políticas (la suya por supuesto, el Partido Popular, el
Partido Socialista, y creo que no habría ni debiera haber ningún
inconveniente para que otras fuerzas políticas también estuvieran) en
torno a algo que me parece sumamente importante: una financiación
autonómica que tenga que ver --como usted ha descrito ampliamente-- con
la suficiencia, naturalmente con la autonomía financiera, reconociendo
que este es un país muy plural y muy diverso y que hay a veces objetivos
que entran en conflicto, pero también con la corresponsabilidad, así como
con principios de solidaridad.
El problema es que, repitiendo los principios una vez y otra, no es tan
fácil llegar a un acuerdo. Lo que hay que hacer es discutir en torno a
modelos mucho más precisos. Naturalmente, no incurrir en el enorme error
de quienes defienden este modelo, de no contar en qué consisten las
tripas financieras del mismo, sino explicarlo con detalle para ver si
somos capaces de llegar a soluciones acordadas en torno a lo que es
fundamental para usted, para el Grupo Socialista y ¡ojalá! alguna vez
acabe por serlo para el Grupo Popular, y es que el Estado de las
autonomías se debe hacer entre todos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.
Señor Molins.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Eguiagaray, creo que lo he dicho en tres ocasiones, voy a una
cuarta: Estaríamos encantados de que el Grupo Socialista se pudiera
incorporar o se hubiera incorporado ya al consenso.
Desde el mes de mayo aproximadamente (por no decirle desde el 3 de marzo,
porque con anterioridad al día 1.º de mayo, el día de la constitución del
Gobierno en que también tuve ocasión de hablar con miembros de su grupo
parlamentario sobre este tema) en repetidas ocasiones hemos hablado de
este tema con su grupo parlamentario y en todas ellas me ha parecido ver
que la condición sine qua non, el pasa o no pasa, eso que el ministro
Rajoy no ha conseguido que usted dijera desde la tribuna, era la
capacidad normativa que se da en el nuevo sistema de financiación en los
impuestos cedidos. Si este es su pasa o no pasa, también lo es por
nuestra parte; probablemente por eso sea difícil su incorporación al
consenso. Por tanto, comprendo que no tienen ustedes que estar de acuerdo
con el cien por cien de lo que se propone.
Ha habido muchas modificaciones; a lo largo de estos tres meses ha habido
muchas modificaciones, lo sabe usted bien, señor Eguiagaray, en el modelo
que quedó abierto en los acuerdos anteriores a la investidura del señor
Aznar, entre el Partido Popular y nosotros. Se han introducido muchas
modificaciones en ese modelo, pero una tan sustantiva como la capacidad
normativa para los impuestos cedidos, nuestro grupo, obviamente, no
hubiera permitido que se realizara. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Molins. Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, una breve intervención para contestar a la del señor Molins,
fundamentalmente respecto a tres asuntos.
Primero, coincido --por eso lógicamente el grupo parlamentario al que el
señor Molins representa y el Gobierno van a votar en el mismo sentido--
en que este Gobierno da a las comunidades autónomas más suficiencia, más
autonomía, más corresponsabilidad fiscal y más solidaridad. A unos de los
que se han opuesto al modelo les ha parecido poco, a otros de los que
igualmente se han opuesto al modelo les ha parecido mucho, pero creo que
es un planteamiento sensato y razonable que ha sido producto de un
acuerdo mayoritario.
Precisamente la segunda parte de mi intervención, en relación con lo que
ha dicho el señor Molins, versa sobre el acuerdo y sobre el consenso.
Vuelvo a insistir en lo que he dicho a lo largo de toda la tarde. Es
importante que se haga un esfuerzo para llegar a acuerdos; lo que sucede
es que a lo largo de unos meses el Gobierno y todas las comunidades
autónomas que quisieron estuvieron trabajando muy duramente. Ha habido
múltiples reuniones bilaterales y multilaterales, como ya antes he dicho.
El propio modelo que el Presidente Aznar presentó en el discurso de
investidura se mantuvo, como es natural, en sus líneas esenciales, pero
fue objeto de múltiples aportaciones de las comunidades autónomas que lo
enriquecieron. A lo largo de muchos días ese modelo fue configurándose en
su totalidad, repito, por los consejeros de economía de las comunidades
autónomas, por los propios presidentes autonómicos, incluso por aquellas
comunidades que luego no dieron apoyo al modelo. Mientras eso sucedía
hubo quien hizo todo lo posible para que no hubiera ningún tipo de
acuerdo; hubo quien hizo todo lo posible para utilizar políticamente este
asunto, y una vez que se consigue un acuerdo entre 14 comunidades
autónomas y el Gobierno, ¿se pretende que el Gobierno rompa el acuerdo
con esas 14 comunidades autónomas que lo han votado en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera? Al final, señores Diputados, una cosa son
los discursos y otra muy distinta son las actuaciones en consecuencia.
El tercer tema sobre el que quería hacer un breve comentarlo en relación
con la intervención del señor Molins es el de la cesión del IVA en fase
minorista. Sin duda, la Lofca preveía la posibilidad de que se pudiera
ceder el IVA en su fase minorista, y el proyecto que presenta el Gobierno
no prevé esta posibilidad, supone, por tanto, una modificación en la
Lofca El Gobierno no lo ha hecho por razones caprichosas; lo ha hecho
porque entendemos que la cesión del IVA tiene problemas de indefinición,
tiene problemas técnicos, tiene dificultades de cuantificación y, sobre
todo, es un tributo muy armonizado en el ámbito comunitario de manera que
los Estados miembros disponen de escasas facultades de regulación. No
obstante, el Gobierno manifiesta su buena disposición y espero que el
grupo del señor Molins también la tenga para tratar este asunto en el
período de enmiendas al proyecto de ley y, en consecuencia, si al final
se ve que puede ser de utilidad introducir esta cesión, podrá hacerse. En
otro caso, si así lo convenimos, no se haría esta cesión. (El señor
Molins i Amat pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Molins, ahora sí entendía que el turno estaba
concluido. ¿Para qué desea la palabra?
El señor MOLINS I AMAT: Es la primera réplica del señor ministro, por
tanto supongo que me corresponde un turno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor MOLINS I AMAT: Muchas gracias, señor Presidente. En cualquier
caso, no se preocupe porque voy a ser muy breve.
Sólo hablaré de la disposición. Toda la disposición que podemos mostrar
será presentar la enmienda. Sólo tiene una solución, que eso se retire,
porque es una cosa que está en la actual ley. Creemos que lo que abunda
no daña; es decir, se tenga o no se tenga, en el futuro veremos lo que
haremos, pero, si la ley simplemente lo permite y no obliga a ello, yo
creo que no está haciendo ningún daño y debería continuar en ella.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Molins.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señorías, los dos proyectos
de ley que se debaten, sobre cesión de tributos del Estado a las
comunidades autónomas y la modificación de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas, son el resultado del acuerdo
alcanzado sobre el nuevo modelo de financiación de las comunidades
autónomas. Como saben SS. SS., este modelo de financiación autonómica no
afecta directamente al País Vasco ni a Navarra, cuyas relaciones
financieras y tributarias con el Estado se regulan, respectivamente, a
través del concierto y del convenio económico; por ello, nuestra opinión
sobre este nuevo régimen de financiación, desde el primer momento queda
marcado por este hecho, lo que quiere decir que somos respetuosos con el
modelo de financiación mayoritariamente aprobado en el seno del Consejo
de Política Social y Financiera.
Dicho esto, creemos que el nuevo modelo de financiación, en la medida que
avanza en el grado de corresponsabilidad fiscal de las comunidades
autónomas o, mejor dicho, en la medida que inicia el camino real de la
corresponsabilidad fiscal y proporciona un mayor margen de autonomía
financiera a las comunidades autónomas, debe ser saludado, por tanto,
como un paso adelante en la verdadera concepción de un Estado
descentralizado. El sistema existente hasta ahora se caracterizaba por la
dependencia respecto de la transferencia del Estado, por la ausencia de
corresponsabilidad fiscal real y, por fin, como consecuencia de las dos
anteriores, por incorporar, en el propio modelo, cierta tendencia al
endeudamiento de las comunidades autónomas. Este sistema ha generado una
clara orientación de la actividad de las comunidades autónomas hacia el
ámbito del gasto y a una forzada pasividad en el ámbito normativo
respecto de los ingresos de carácter tributario. En el Estado español, el
desarrollo estatutario y, por consiguiente, la implantación de un modelo
autonómico se ha realizado paulatinamente mediante la asunción, por parte
de las comunidades autónomas, de algunas competencias, en ningún caso de
todas; competencias que figuran en sus respectivos estatutos de
autonomía.
Hasta que se firmó el denominado pacto autonómico, era evidente que el
proceso autonómico llevaba dos velocidades diferentes según se tratase de
comunidades forales --del País Vasco y Navarra--, comunidades acogidas al
artículo 151 --Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía y
Canarias-- o de aquellas que se acogieron para la elaboración de su
estatuto al artículo 143 de la Constitución, que fueron el resto de las
comunidades. La distinción era clara y venía a responder a realidades
distintas en cuanto a las características históricas, culturales,
económicas, políticas y sociales que en cada una se daban. Con el pacto
autonómico, se pretendió elevar el techo competencial de las denominadas
autonomías de vía lenta, para equipararlas a las autonomías del artículo
151. A pesar del empujón dado, siguieron existiendo las dos velocidades,
aunque la diferencia sea ahora menor. Por ejemplo, las autonomías del
artículo 143 siguen sin tener competencias en materia de sanidad, a pesar
de que se amplía su techo competencial con el mencionado pacto. Con este
pacto autonómico, el Estado pretendió dar por cerrado el desarrollo del
estatuto en el Estado español y, por tanto, establecer ya un marco
autonómico fijo y estable para el futuro. Sin embargo, todo el proceso de
desarrollo autonómico vivido en el Estado español hay que matizarlo
considerablemente.
El marco autonómico que se ha ido configurando a lo largo de los últimos
años se ha fundamentado en ceder a las comunidades autónomas competencias
en materia de gasto, que no han llevado pareja la correspondiente
asunción de competencias en los ingresos que financien dichos gastos; es
decir, mientras en gastos se ha ido configurando una descentralización
hacia los poderes autonómicos, la responsabilidad transferida a las
autonomías en el ingreso ha sido mínima, realizando, hasta la fecha, la
labor recaudatoria el Estado.
Si como ya se ha expuesto anteriormente, el marco autonómico desarrollado
hasta la fecha únicamente se ha basado en transferir, por parte del
Estado, competencias en materia de gasto, siendo prácticamente nula la
descentralización del ingreso, el futuro del modelo de financiación debe
pasar por desarrollar este último campo; es decir, debe transferirse a
las comunidades autónomas competencia en el ingreso o, lo que es lo
mismo, debe de implantarse un modelo de corresponsabilidad fiscal en el
que participen las comunidades autónomas. La corresponsabilidad fiscal no
debe entenderse únicamente como una participación en los principales
ingresos tributarios del Estado, mediante la fórmula que al respecto se
adopte; la corresponsabilidad fiscal debe implicar una corresponsabilidad
en la gestión y una corresponsabilidad normativa sobre los tributos, lo
que obliga a establecer, al igual que en su día sucedió con las
competencias de gasto, velocidades diferentes para las autonomías
diferentes. Es decir, no se trata de poner a todo el mundo un traje de la
misma talla; hay que hacer trajes a medida.
De llevarse a la práctica lo indicado anteriormente, nos encontraríamos,
al igual que sucedió con el gasto, con un sistema de doble velocidad de
funcionamiento. Dicho sistema deberá ser cerrado, con la puesta en
marcha, por parte del Estado, de los mecanismos oportunos de equilibrio
financiero, con el fin de paliar las posibles pérdidas --pérdidas entre
comillas-- o menores recursos que pudieran obtener las distintas
comunidades, poniendo en práctica el principio de solidaridad que
preconiza la Constitución.
El nuevo sistema que recoge el proyecto de ley de financiación de las
comunidades autónomas amplía el campo de los tributos cedidos y, además,
otorga capacidad normativa a las comunidades autónomas sobre los mismos.
Este hecho marca el nacimiento de un sistema en el que la
corresponsabilidad fiscal comienza a tomar carta de naturaleza. Es
difícil que un modelo de este tipo, que afecta a comunidades de muy
variadas características, consiga una aceptación unánime; en esta
materia, existen intereses cruzados, por otro lado legítimos, entre
comunidades autónomas. Un sistema diferente del anterior implica por
fuerza que van a producirse resultados relativos diferentes en unas y
otras comunidades autónomas. Creemos que las precauciones que se han
tomado en esta materia para evitar movimientos excesivos son, desde
luego, más que suficientes, aun a costa de desleír la corresponsabilidad
fiscal originaria, para conseguir un mayor grado de seguridad financiera
y, por qué no decirlo, de consenso entre las comunidades autónomas, de
modo que el nuevo sistema de financiación evita que una comunidad
autónoma se vea perjudicada financieramente por su aplicación, aunque
encarezca el costo del Estado. Debe desterrarse la idea de que
solidaridad interregional y descentralización fiscal son dos elementos
que no pueden convivir entre sí.
No nos queda sino reseñar que las modificaciones normativas introducidas
en estos proyectos de ley van a suponer cierto incremento de la
complejidad de nuestro sistema tributario, fundamentalmente en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, si bien no creemos que
este hecho deba asustarnos. La experiencia comparada demuestra que
existen países de nuestro entorno donde conviven de forma pacífica
impuestos sobre la renta superpuestos por las diversas haciendas de
dichos países.
Por tanto, señorías, creemos que estos proyectos de ley de financiación
de las comunidades autónomas son un paso importante y decisivo para la
consolidación del futuro de un Estado verdaderamente autonómico y, por
consiguiente, descentralizado. Creemos, además, que ha sido un modelo
debatido en profundidad y consensuado al máximo.
En consecuencia, desde nuestro grupo parlamentario no podemos apoyar las
enmiendas que rechazan estos proyectos de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, por cortesía y
en respuesta a un amplio grupo de Diputados que me han solicitado
intervenga durante el menor tiempo posible, les garantizo que, en nombre
del Grupo de Coalición Canaria sólo voy a intervenir para decir que
estamos de acuerdo con los dos proyectos de ley que presenta el Gobierno
y que, naturalmente, vamos a votar en contra de las propuestas
alternativas que presentan los grupos de la oposición.
Muy esquemáticamente, explico mi voto y el del Grupo de Coalición Canaria
en función de los siguientes criterios.
Primero, hemos pactado que el desarrollo democrático de este país implica
el desarrollo autonómico hacia un Estado descentralizado. La Constitución
española dejó en 1978 un espacio ambiguo, el Título VIII, que se mueve
entre componentes que en teoría política son de un Estado autonómico y
componentes que son de un Estado federal.
Hemos llegado a un momento político, momento que sin duda tiene relación
con el proceso de integración europea y con el desarrollo democrático y
constitucional de España, en el que tenemos que cerrar el modelo de
Estado. Por tanto, son muy útiles las diferentes ofertas que se han hecho
aquí entre los partidos de mayor representación parlamentaria para
consensuar ese modelo de Estado y, si fuera posible también, con los
grupos nacionalistas.
Nosotros creemos que el avance que se produce hoy en estos proyectos de
ley, avance hacia la autonomía financiera y hacia la autonomía fiscal,
introduce elementos limitados de lo que es un Estado federal, y yo creo
que responde a la pluralidad de este país. Es bueno ver el proceso de
competencias que hay que ceder a las comunidades autónomas y cerrarlo,
pero no intervenir desde la falsa idea y desde el falso concepto de eso
que algún parlamentario ha llamado el interés general; a veces hay una
interpretación abusiva del interés general. Si se ceden determinadas
competencias, en esta línea de esfuerzo fiscal y de corresponsabilidad
fiscal también hay que ceder aspectos y tramos de la política fiscal.
Creo mucho más dudosa la cesión de la imposición indirecta, considero que
los tramos de la imposición directa son mucho más razonables, y, en
cualquier caso, no es este Gobierno el que ha abierto la cesión de tramos
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sino que se hizo en
acuerdos anteriores. Otra cosa distinta es que haya elementos de celos de
lo que ha sido una especie de relación entre un partido que gobierna con
mayoría en España y aquí se ha citado repetidas veces a una fuerza
nacionalista, pero yo creo que no es exclusiva de los intereses generales
y de los intereses particulares de cada comunidad autónoma. Por tanto, yo
creo que es bueno cerrar el modelo de Estado, es bueno definir esos
límites que están entre un Estado autonómico y un Estado federal, creo
que a eso responde al pacto constitucional, en esa línea estamos y yo
creo que el Gobierno responde perfectamente a ella.
No venía aquí a hacer un debate conceptual, pero la intervención que ha
hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me ha obligado a
fijar mi posición. Parecía que hasta ahora había un problema de agravios
comparativos entre comunidades autónomas. Yo tengo que decir que el
modelo de cohesión social y territorial en este país es mucho más amplio
y mucho más complejo que el tema de la financiación autonómica. Este país
tiene un modelo complejo, un modelo muy intrincado, muy complicado, pero
que convendría examinar con rigor porque la cohesión territorial en el
país tiene cuatro componentes esenciales, y termino: uno es el de la
financiación autonómica y otro es el tema de la compensación
interterritorial. Pero hay otros: la inversión en empresa pública y el
sistema de Seguridad Social. Sería muy bueno que todo el país supiera
cuáles son las comunidades que más reciben y las que más aportan al
sistema de caja única de Seguridad Social que nosotros defendemos como
elemento de cohesión social y territorial del país. Si uniéramos todos
esos elementos más la inversión pública en los Presupuestos Generales del
Estado aparecería que las comunidades que más agraviadas se sienten son
las comunidades que solidariamente, y nosotros lo apoyamos, están mejor
tratadas en este país, con muchísima diferencia sobre otras que aparecen
como beneficiadas.
Por tanto, no convirtamos este debate en una demagogia de agravios
comparativos, avancemos en la cohesión social y territorial de España,
avancemos en su descentralización y pacten ustedes, consensúen ustedes un
modelo de Estado que en la medida que este Gobierno ha avanzado en temas
como el pacto de la Seguridad Social y tiene que avanzar el pacto de la
sanidad, culmine bien, correctamente y por buen camino hacia el pacto
autonómico y el pacto de modelo de Estado.
Por estas razones, señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
va a votar a favor del Gobierno y en contra de los proyectos alternativos
que se presentan.
Muchísimas gracias. (El señor Ministro de Administraciones Públicas,
Rajoy Brey, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mauricio.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Señor
Presidente, muchas gracias.
He pedido la palabra para contestar con brevedad a las intervenciones del
señor Zabalía y del señor Mauricio.
Coincido con la idea de que el modelo establece como principal novedad la
corresponsabilidad fiscal y que eso no sólo... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Rajoy. Perdone.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Decía, señor
Presidente, que coincido con el señor Zabalía y con el señor Mauricio en
que la principal novedad que introduce el modelo es, efectivamente, el
establecimiento de la corresponsabilidad fiscal, lo cual, como ya se ha
dicho a lo largo de este debate, era algo --al menos en el concepto-- en
lo que estaban de acuerdo todas las fuerzas políticas presentes en esta
Cámara, que incorporaban la idea a su propia oferta electoral, lo cual
parece bastante sensato, porque no es lógica la existencia de un gobierno
con autonomía en el gasto pero al que sus ciudadanos no puedan juzgar por
lo que hace en el ingreso. Por otra parte, también tiene valores
positivos, como la circunstancia de que esa responsabilidad en el ingreso
sin duda va a obligar a las comunidades autónomas a un mayor control en
el gasto, lo cual va a servir al conjunto de los intereses generales.
Además, creo que el modelo incorpora instrumentos de solidaridad más
potentes que los que había en el anterior y una participación en la
Agencia Estatal Tributaria, que, sin duda, va en la línea de lo que
establece el texto constitucional cuando habla de la necesidad de que se
coordine la Hacienda estatal con la actividad de las propias comunidades
autónomas.
En suma, señor Presidente, creo que ha sido un modelo debatido hasta la
saciedad; es la sexta vez que yo debato estos asuntos en las dos Cámaras.
Y se ha pactado con quien ha querido pactar, con quien no ha querido
pactar no se ha pactado, pero lo que no se le puede pedir al Gobierno es
que abdique de sus obligaciones, y una de sus obligaciones era presentar
este modelo de financiación ahora, para que se apruebe conjuntamente con
la ley de presupuestos y pueda entrar en vigor el día 1 de enero de 1997.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rajoy.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, siguiendo la pauta marcada por mi antecesor, voy a ser
extremadamente breve, dado el gran trabajo que ha realizado la Cámara
durante los dos días que está reunida en sesión plenaria.
Creo que el debate sobre el modelo de financiación autonómica que
conlleva la ley de cesión de tributos y la modificación parcial de la
Lofca es un modelo absolutamente positivo, y aquí se han resaltado los
perfiles y las aristas del mismo, que no son otros que la autonomía
financiera, la corresponsabilidad fiscal y los importantes elementos de
solidaridad que tiene.
El anterior modelo aprobado por el Gobierno socialista era un modelo que
carecía de corresponsabilidad fiscal y ello hacía que nuestro partido, en
algunos casos, se hubiera opuesto a dicha cesión del 15 por ciento; pero
ha sido la llegada del Partido Popular al Gobierno la que ha modificado
el actual statu quo de la financiación autonómica y ha hecho que se haya
llegado a un acuerdo, yo creo que muy amplio, entre diferentes
comunidades autónomas y algunos partidos políticos, representados en esta
Cámara la mayoría de ellos, por el cual, como ustedes saben, se cede un
30 por ciento del IRPF cuando se hayan transferido todas las competencias
de educación, y ello supone que, de alguna manera, también se establece
la capacidad normativa de las comunidades autónomas sobre diferentes
elementos considerados como esenciales dentro del tributo. Por tanto, ésa
es la auténtica corresponsabilidad fiscal, que, en este nuevo modelo, sí
está plenamente garantizada.
En consecuencia, conseguimos no sólo que haya una autonomía financiera,
es decir, que las comunidades autónomas sean responsables tanto de su
ingreso como del gasto, sino que conseguimos que las comunidades
autónomas dejen de ser menores de edad, en el sentido de que en gran
parte pasan a financiarse con recursos que les son parcialmente cedidos
desde el Estado, pero que tienen ya un carácter de propios, así como con
sus propios tributos compartidos y, al mismo tiempo, tienen esa
corresponsabilidad fiscal. Yo creo que este modelo pecaría de incompleto
si no tuviera unos importantísimos elementos de corrección y de
solidaridad. Para ello, se han creado algunas variables que intentan
conjugar todo el sistema de cesión del impuesto con una serie de topes
que, intentando entrar en la armonización de todo el sistema de
financiación, puedan garantizar que ninguna comunidad saldrá perdiendo o,
en definitiva, que, al final del quinquenio, ninguna comunidad pueda
salir perjudicada o pueda salir con mucha menos financiación de la
prevista en el modelo, al menos en teoría.
Estas dos variables son que ninguna comunidad pueda percibir menos del 90
por ciento del crecimiento de los recursos recaudados por cesión del
IRPF, y que ninguna comunidad pueda recibir menos del 90 por ciento de la
financiación per capita que, como media, reciben el resto de las
comunidades autónomas.
Yo creo que estos topes mínimos, que juegan por separado, son unos
elementos que contribuyen a introducir un principio de igualación entre
todas las competencias y son unos principios absolutamente
básicos. Por arriba, sin embargo, no se establece ningún tope máximo, lo
que permite que, de alguna manera, la lucha contra el fraude fiscal se
vea absolutamente compartida por las comunidades autónomas a través, no
sólo de la no existencia de topes máximos, sino por la integración de las
comunidades autónomas en la nueva agencia tributaria integrada.
Pero yo quiero resaltar sobre todo el aspecto fundamental de progreso y
de centrista que tiene este modelo, en el sentido de que es una constante
en él su preocupación por la solidaridad interterritorial, por la
vertebración del Estado en su conjunto, y, a este respecto, no nos
cansamos de decir que hemos puesto en marcha el artículo 15 de la Lofca,
que hasta este momento era un artículo que estaba previsto pero que nunca
se había desarrollado, después de dieciséis años de funcionamiento de la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y se le ha
dotado ya presupuestariamente este año.
Yo creo que esto es un elemento muy importante, así como el desbloqueo
del Fondo de Compensación Interterritorial, desbloqueo que supone poner
otra vez a andar un Fondo que estaba parado, que estaba muerto desde
hacía cinco años.
Pero, por si esto fuera poco, se crea también un fondo de solidaridad
importante que, en el conjunto del quinquenio, tiende a resolver las
desviaciones que se puedan producir en todo el modelo. Por tanto, creo
que es un modelo de progreso, que vertebra territorialmente al Estado,
que tiene como constante --vuelvo a resumir-- la solidaridad, por tanto,
creo que es un modelo que viene a solucionar lo que han sido
preocupaciones históricas en los diferentes modelos de financiación
autonómica. El Partido Popular no se cansa de pedir en esta materia un
consenso lo más amplio posible y ha dado muestras de responsabilidad
siempre que ha tratado estos temas, como muy bien ha dicho el señor
ministro.
Por tanto, señor Presidente, el Partido Popular y el Gobierno han
remitido a la Cámara dos proyectos de ley, de modificación parcial de la
Lofca y de cesión de tributos a las comunidades autónomas, a los que se
han presentado enmiendas de totalidad solicitando su devolución el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y el Bloque Nacional Galego.
El Grupo Parlamentario Popular, al que represento, rechaza dichas
enmiendas por entender que carecen de justificación para dos proyectos de
ley, uno, con el carácter de orgánica, que permite un nuevo modelo de
financiación autonómica para el quinquenio 1997-2001, que es un modelo
que permite la profundización en el Estado de las autonomías, que
establece una responsabilidad de las mismas, no sólo en el gasto, como
hasta ahora, sino también en el ingreso (Rumores.), una coparticipación
en la gestión y recaudación del IRPF conjuntamente con el Estado, una
participación en la nueva agencia tributaria...
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor.
Señorías, guarden silencio. Resulta difícil escuchar al orador. Les ruego
que guarden silencio o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor LOPEZ-AMOR GARCIA: Una participación en la nueva agencia
tributaria de carácter integrado, una existencia de topes mínimos que
hacen saltar la solidaridad efectiva con el cumplimiento de cualquiera de
los mismos y la puesta en funcionamiento de un fondo de solidaridad, el
desbloqueo del Fondo de Compensación Interterritorial y la puesta en
marcha, por primera vez, desde el año 1980, de un fondo de nivelación de
servicios mínimos considerados como fundamentales.
Todo ello hace que nuestro grupo no sólo tenga que rechazar, como he
dicho antes, las enmiendas a la totalidad presentadas, sino que apoya al
Gobierno desde la seguridad --y con ello termino-- de que el camino
emprendido es probablemente el mejor de los posibles.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López-Amor.
Concluido el debate, vamos a pasar a las votaciones.
Votación de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley de
cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y de medidas
fiscales complementarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a
favor, 150; en contra, 175; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de
totalidad al proyecto de ley de cesión de tributos del Estado a las
comunidades autónomas y de medidas fiscales complementarias.
Votación sobre las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley
orgánica de modificación parcial de la Ley Orgánica número 8, de 22 de
septiembre de 1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a
favor, 149; en contra, 175; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazadas las enmiendas de
totalidad al referido proyecto de ley.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.