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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 23, de 17/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 23
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 22
celebrada el martes, 17 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre modificación de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para la exención
fiscal de todas las pensiones por incapacidad. «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Serie B, número 28.1, de 24 de mayo de 1996 (número de
expediente 122/000016) (Página 940)
-- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), sobre modificación de
la Ley 32/1994, de 19 de diciembre, que prorroga la vigencia y modifica
la Ley 28/1984, de 31 de julio, de creación de la Gerencia de
Infraestructura de Defensa. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie B, número 24.1, de 7 de mayo de 1996 (número de expediente
122/000013) (Página 947)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación de la
Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar y del
Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 de
julio, en lo que se refiere a la consideración de los Ayuntamientos como
órganos de reclutamiento. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 25, de 17 de junio de 1996 (número de expediente
162/000032) (Página 956)
-- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Rodríguez), sobre modernización
de la infraestructura ferroviaria en Galicia y necesarios compromisos del
Gobierno a este respecto. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie D, número 14, de 24 de mayo de 1996 (número de expediente
162/000022) (Página 962)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
-- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno
respecto a la problemática del sector lácteo (número de expediente
173/000009) (Página 969)
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el modo en que el Gobierno
va a garantizar la mejora de la calidad de la enseñanza que contempla la
Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) (número de expediente
173/000010) (Página 975)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política educativa a desarrollar por el Gobierno en
el curso académico 96/97, así como sus perspectivas futuras (número de
expediente 173/000011) (Página 979)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 24, de 18 de
septiembre de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 940)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre modificación de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para la exención
fiscal de todas las pensiones por incapacidad (Página 940)
El señor Alcaraz Masats defiende la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, subrayando la reiteración en la
presentación de la proposición de ley que afecta al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y en la que se pide la exención fiscal de
todas las pensiones por incapacidad. Manifiesta que el contenido de la
proposición de ley se ha debatido siempre al tiempo que la ley de
acompañamiento de cada uno de los Presupuestos Generales del Estado desde
que se cambió en enero de 1994, a través de la Ley de Presupuestos, la
Ley 18/1991. Considera que dicha reforma ha supuesto un retroceso y
propone volver a la redacción anterior donde no se distinguía entre los
distintos tipos de incapacidad permanente, estando exentas todas las
rentas contenidas en dicho enunciado. Basa su argumentación en que no se
trata de una renta sino de una indemnización en función de una
incapacidad producida a lo largo de la vida laboral y en que el cambio de
las reglas de juego ha perjudicado a muchos pensionistas.
Cita, aunque no consta en el texto de su proposición, la última sentencia
del Tribunal Constitucional, de 22 de julio de 1996, en el sentido de
superar la discriminación que se producía con los funcionarios de las
administraciones públicas, por lo que supone que el artículo 62 de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 1994, que reformaba la Ley del
IRPF 18/1991, quedará anulado. Considera que la reforma de dicha Ley
efectuada por el Gobierno socialista no tenía otra finalidad que la de
aumentar la recaudación del Estado, lesionando de manera injusta a unas
250.000 personas. Manifiesta su extrañeza ante el hecho de que se pueda
rechazar la toma en consideración de dicha proposición de ley cuando las
exenciones han ido aumentando en todas las leyes presupuestarias y, más
aún, teniendo en cuenta la
política de beneficios fiscales emprendida por el Gobierno presidido por
el señor Aznar. No encuentra válidos los argumentos que se han dado en
otras ocasiones para oponerse a esta propuesta, que considera que está en
consonancia con las manifestaciones de varios dirigentes del Partido
Popular en la campaña electoral, incluso después de las elecciones.
Asegura, a continuación, que si ahora no se toma en consideración esta
proposición de ley, se producirá una contradicción entre lo que se dice y
lo que se hace o, incluso, entre el Grupo Parlamentario y las iniciativas
políticas del Gobierno de la nación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Homs i Ferret, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Fernández Marugán, del Grupo Socialista, y Núñez
Pérez, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya por 277 votos en contra, 18 a favor y cuatro abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Sánchez), sobre
modificación de la Ley 32/1994, de 19 de diciembre, que prorroga la
vigencia y modifica la Ley 28/1984, de 31 de julio, de creación de la
Gerencia de Infraestructura de Defensa (Página 947)
Defiende la proposición de ley el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo
Mixto, haciendo mención, en primer lugar, de la Ley de 1984, por la que
se posibilitaba al Ministerio de Defensa para la adquisición o
enajenación de bienes inmuebles, en colaboración con las comunidades
autónomas y con las corporaciones locales, para que éstas pudieran
planificar mejor la estructura urbanística de los ayuntamientos, decisión
que se justificaba en dar agilidad al Ministerio de Defensa para obtener
ingresos. Diez años más tarde esta Ley se adecuó a la Ley del Patrimonio
del Estado, donde se establece la obligación de comunicación previa al
Ministerio de Economía y Hacienda a la hora de hacer las enajenaciones,
además de legalizarse el traspaso competencial desde el Ministerio de
Economía y Hacienda al Ministerio de Defensa. Considera desafortunado que
no se tuviese en cuenta entonces la Ley del Patrimonio Histórico Español
de 1985 y la legislación autonómica sobre la materia derivada de dicha
Ley. Agrega que en todas estas leyes se considera como expoliación la
pérdida, destrucción o perturbación de la función social de muchos bienes
inmuebles de valor histórico-artístico, e incluso se asevera que los
bienes de interés cultural deben ser conservados, mantenidos y
custodiados por sus propietarios o titulares de derecho. Hace mención de
diversas leyes por las que sería imposible que el Ministerio de Defensa
sacase a pública subasta determinado tipo de espacios. Pone como ejemplo
la ciudad de Ferrol, donde más de la mitad de su espacio está desafectado
por el Ministerio de Defensa. No pone en duda la facultad del Ministerio
de Defensa para vender, pero toda la población, empezando por el
Ayuntamiento, pone reparos a que se abandonen edificios y espacios
protegidos que están catalogados como bienes de interés cultural.
Solicita que todos estos bienes inmuebles y espacios protegidos, que hoy
están desafectados por el Ministerio de Defensa, puedan ser revertidos a
otras administraciones públicas; es decir, que se impida la enajenación y
que se posibilite la afectación o transferencia a las comunidades
autónomas y/o a las corporaciones locales. Considera que lo que se
propone, que es el respeto por el medio y por el patrimonio, es
responsabilidad de la sociedad.
Manifiesta a continuación que las instituciones democráticas, con el
Congreso de los Diputados al frente, deben solucionar evidentes lagunas
de ley, que hoy, tras la experiencia, se deben armonizar con otras leyes
del Estado de Derecho; en concreto, la Ley del Patrimonio del Estado, la
Ley del Patrimonio Histórico-Artístico y la Ley de Protección de Espacios
Naturales. Agrega que esta modificación no sólo afectaría a los
ayuntamientos de Galicia, sino también a los de Cataluña, Euskadi,
Andalucía o Murcia, además de solucionar un espinoso problema para el
Ministerio de Defensa, puesto que no va a encontrar nunca compradores
para estos bienes.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria; Nadal i Male, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Alcaraz Ramos, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya; Marsal Muntalá, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo Parlamentario
Popular.
Sometida a votación, se rechaza la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Mixto (señor Rodríguez Sánchez) por 159
votos en contra y 148 a favor.
Proposiciones no de ley (Página 956)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre modificación de la Ley
Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar y del
Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto 1107/1993, de 9 de
julio, en lo que se refiere a la consideración de los ayuntamientos como
órganos de reclutamiento (Página 956)
La señora Uría Echevarría defiende la proposición no de ley del Grupo
Vasco (EAJ-PNV). Alude al debate habido la semana anterior en relación
con la proposición de ley orgánica relativa a la supresión del servicio
militar obligatorio, presentada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que el Grupo Vasco votó a
favor de su toma en consideración ya que en la misma se recogían dos
aspectos contenidos específicamente en el programa electoral del PNV como
son la implantación de un ejército profesional y, sobre todo, la
despenalización de los delitos de insumisión. Otro motivo del apoyo de su
Grupo a la proposición de Izquierda Unida es porque implicaba la
desaparición del alistamiento de mozos como obligación propia municipal.
Precisamente en la proposición que ahora defiende se circunscribe a este
único aspecto una cuestión aparentemente menor, puesto que sólo se trata
de liberar a las instituciones locales de la carga anual de ejecutar el
alistamiento, ya que en modo alguno esta tarea puede catalogarse como
quehacer municipal, y no debe olvidarse que el artículo 137 de la
Constitución consagra la autonomía municipal y de las comunidades
autónomas para la gestión de sus respectivos intereses.
Destaca el carácter marcadamente civil de los ayuntamientos
independientes de la Administración del Estado, suponiendo el
alistamiento una carga gravosa para la ya congestionada administración
municipal, que además debe desviar recursos para atender a esos fines,
recursos que deberían destinarse al cumplimiento de funciones propias de
la gestión municipal. Menciona, por otra parte, la estructura actual de
la Administración del Estado con una Dirección General del Servicio
Militar, delegaciones territoriales de defensa y otros órganos
habilitados para el reclutamiento, lo que hace innecesario el concurso de
la administración local a tal fin. A su juicio, son precisamente las
delegaciones de defensa integradas en el propio Ministerio y recogidas
por una normativa específica las adecuadas para efectuar las tareas de
reclutamiento en cada provincia, máxime cuando en los últimos años la
sociedad ha ido evolucionando hacia posiciones contrarias a la
participación de las instituciones locales en el reclutamiento del
servicio militar, originándose en determinadas zonas territoriales del
Estado una importante crispación social que es posible y conveniente
evitar.
El señor Nadal i Male defiende la enmienda presentada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra la señora
Lasagabaster Olazábal, del Grupo Mixto; y los señores Mardones Sevilla,
del Grupo de Coalición Canaria; Fernández Sánchez, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y Martínez Izquierdo, del Grupo Popular.
Sometida a votación, se rechaza la proposición no de ley del Grupo Vasco
(PNV), por 287 votos en contra y 24 a favor.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Rodríguez Sánchez), sobre
modernización de la infraestructura ferroviaria en Galicia y necesarios
compromisos del Gobierno a este respecto (Página 962)
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto, defiende la moción basándose
en la reacción de la sociedad gallega frente a la tesis de que eran
excluyentes la carretera y el ferrocarril. Manifiesta que se intentó
vender a Galicia lo que eran planes de modernización del ferrocarril en
otras partes del Estado, cuando en realidad el territorio gallego no ha
sido contemplado en el Plan Director de Infraestructuras. Considera que
las ventajas ambientales, económicas y de seguridad avalan la opción por
el ferrocarril como complementario de la carretera y Galicia cuenta con
una estructura ferroviaria arcaica cuando, sin una mejora del ferrocarril
en el interior de Galicia, no hay posibilidad de conexión con el
exterior.
Estima correcta la reacción de la administración autonómica en un primer
momento subvencionando unos servicios que se presentaban como
deficitarios, pero la realidad es que servicios como el de mercancías sí
daban dinero, pero contaban con estaciones tercermundistas, con
velocidades de cuarenta y ocho kilómetros por hora y con líneas
colapsadas por no querer poner electrificación ni doble vía. Agrega que
el ferrocarril debe ser un elemento de cohesión, de vertebración en el
interior de Galicia y en todo el conjunto del Estado. Manifiesta que no
piden trenes de alta velocidad sino simplemente unos mínimos
perfectamente compatibles con los intereses del conjunto del Estado,
porque Galicia no es periferia desde el punto de vista de la relación
económica con la Europa del Atlántico
Norte, con Latinoamérica o, incluso, con Africa. Expone que las
inversiones plurianuales que se van a dar en el terreno del ferrocarril
deben empezar por aquello que es rentable, y el ferrocarril en Galicia es
más rentable que en ninguna otra parte.
A continuación hace unos comentarios sobre las enmiendas presentadas por
los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista y
agradece a todos los grupos parlamentarios su actitud constructiva.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por los Grupos de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista, intervienen los señores
Peralta Ortega y Pérez Touriño.
Para fijación de posiciones, intervienen los señores Gómez Rodríguez, del
Grupo de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), y Carreño Rodríguez-Maribona, del Grupo Popular.
Sometido a votación el punto primero de la proposición no de ley, se
rechaza por 145 votos en contra, 28 a favor y 135 abstenciones.
Sometido a votación el punto segundo de la proposición no de ley, se
rechaza, asimismo, por 147 votos en contra, 23 a favor y 132
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Página 969)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno respecto a
la problemática del sector lácteo (Página 969)
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Mixto, presenta la moción,
consecuencia de la interpelación que se discutió en el pasado Pleno, en
la que se propone que se adopten una serie de medidas que supongan una
salida para el sector lácteo. Insiste en que el Estado español no es
responsable de los excedentes lácteos de la Unión Europea y considera
injusto y discriminatorio ser multados por pasarse de la escasa cuota
asignada. Estima que aumentar la cuota de producción lechera es un
objetivo que manifiestan compartir todas las fuerzas políticas, por lo
que en su moción plantea los siguientes puntos: no exigir el pago de la
supertasa de la campaña 1995-1966 a los ganaderos y, en consecuencia, no
remitir las comunicaciones a los compradores de leche; considerar la
campaña 1996-1997 incluida dentro de un período transitorio, durante el
cual no se exigirá el pago de la supertasa a los ganaderos; tomar las
medidas legales necesarias para eximir a los primeros compradores de la
responsabilidad del cobro de la supertasa, y negociar ante los
pertinentes organismos de la Unión Europea una cuota láctea para el
Estado español que, cuando menos, alcance al consumo interno y permita el
mantenimiento y desarrollo del sector lácteo.
Para fijación de posiciones, hacen uso de la palabra los señores Burballa
i Campabadal, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); Peralta Ortega,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; Blanco López, del
Grupo Socialista, y Padilla Carballada, del Grupo Popular.
Sometidos a votación los puntos 1, 2 y 3 de la moción, se rechazan por
164 votos en contra, 147 a favor y una abstención.
Sometido a votación el punto 4, se aprueba por unanimidad.
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre el modo en que el Gobierno va a
garantizar la mejora de la calidad de la enseñanza que contempla la Ley
Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) (Página 975)
El señor Romero González defiende la moción del Grupo Socialista,
consecuencia de la interpelación del miércoles pasado. Reitera su
argumentación de que todos deberían hacer un esfuerzo para propiciar un
amplio consenso en torno a la formación y educación en este país,
subrayando que la idea central es que todavía en España, durante muchos
años, el gasto público en educación debe seguir creciendo. Estima que el
desarrollo de la Logse viene a solventar tres cuestiones que este país no
tiene resueltas: la prolongación de la educación obligatoria; un nuevo
diseño de la formación profesional y un incremento sin precedentes de las
condiciones de calidad de la enseñanza en el conjunto del Estado. La
moción del Grupo Socialista tiene que ver precisamente con el incremento
de las condiciones de calidad del conjunto del sistema educativo, para lo
que plantea los nueve puntos que, a juicio de su Grupo, son necesarios.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, interviene el
señor Guerra Zunzunegui.
Para fijación de posiciones, intervienen las señoras Gil i Miró, del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), y Aramburu del Río, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Sometida a votación la moción del Grupo Socialista, se rechaza por 158
votos en contra, 143 a favor y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la política educativa a desarrollar por el Gobierno en
el curso académico 96/97, así como sus perspectivas futuras (Página 979)
La señora Aramburu del Río defiende la moción del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, manifestando que hoy nos encontramos ante
un debate estrella, tanto por la actualidad como por la relevancia que
tiene para el país y para la consolidación del sistema democrático.
Manifiesta que los veinte puntos de su moción son las necesidades más
perentorias de la comunidad educativa y, en ese sentido, insta al
Gobierno a cumplirlas. A continuación, la señora Aramburu procede a
enumerar los puntos de su moción y solicita de SS. SS. que, dejando
aparte su pertenencia a sus diferentes partidos, voten a favor de la
moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por el bien de los
ciudadanos, del país y, especialmente, de la comunidad educativa.
Para fijación de posiciones, hacen uso de la palabra la señora Gil i
Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
Guerra Zunzunegui, del Grupo Popular.
Sometidos a votación los puntos 1, 2, 7, 11 y 12 de la moción del Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, se rechazan por 155
votos en contra, 140 a favor y dos abstenciones.
Sometida a votación el resto de la moción, se rechaza por 161 votos en
contra, 13 a favor y 123 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE MODIFICACION DE LA LEY 18/1991, DE 6 DE JUNIO, DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IRPF), PARA LA EXENCION
FISCAL DE TODAS LAS PENSIONES POR INCAPACIDAD (Número de expediente
122/000016)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre modificación de la Ley 18/1991, de
6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para la
exención fiscal de todas las pensiones por incapacidad
Para la defensa de la proposición de ley, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia del señor Presidente.
Me dispongo a defender por enésima vez en esta Cámara, y siempre en este
plenario, una proposición de ley relativa a la necesidad de modificar la
Ley 18/1991, de 18 de junio, que afectaría al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, pidiendo en este caso la exención fiscal de todas
las pensiones por incapacidad. Pedimos de nuevo en este Parlamento --y lo
vamos a hacer desde un punto de vista político, atendiendo a una
coyuntura diferente de las que anteriormente contemplaban el debate de
esta proposición de ley-- su aprobación por los distintos grupos de la
Cámara o, en todo caso, por aquellos que a lo largo de este último
período, bien antes de la campaña electoral, durante ella o después de
ella, han defendido el contenido que nosotros hoy pedimos se tome en
consideración para que después se debatan las enmiendas parciales
correspondientes.
Este tema ya se debatió en Pleno el 21 de junio de 1994 y también el 28
de noviembre de 1995. Realmente el contenido se ha debatido siempre ante
cada presupuesto, ante la ley de acompañamiento de cada uno de los
Presupuestos Generales del Estado, fundamentalmente --claro está-- desde
que se cambió en enero de 1994, a través de la Ley de Presupuestos, la
Ley que acabo de citar 18/1991. Esta ley de 1991 --en esto creo que
estaremos todos de acuerdo-- desde el punto de vista social retrocede
injustamente en enero de 1994, a través de la reforma que se introduce
entonces, a partir de la iniciativa del Gobierno apoyado por el Grupo
Socialista. Su rectificación en términos cuantitativos, con respecto al
colectivo social que afecta, supuso introducir la retención del IRPF en
torno a 250.000 pensionistas exentos hasta ese momento. A nuestro juicio
se hacía con un simple truco --por decirlo así--, con una argucia
semántica a la hora de clasificar una serie de características, sin tener
en cuenta el fondo de la cuestión.
En la anterior redacción, a la que nosotros intentamos volver, no se
distinguía entre los distintos tipos de incapacidad permanente, estando
exentas todas las rentas contenidas en este enunciado. Sin embargo, a
partir de la nueva redacción los ciudadanos perceptores de una pensión
por invalidez permanente, parcial o
total, de inutilidad o de incapacidad permanente para el servicio en las
Administraciones públicas, pasaban a tener que tributar y a sufrir
retención por el impuesto citado.
Hemos argumentado hasta la saciedad que en este caso no hablamos nunca de
una renta; hablamos de una indemnización en función de una incapacidad
producida a lo largo de la vida laboral. Al mismo tiempo, hemos reiterado
también hasta la saciedad que muchos pensionistas se acogieron a este
enunciado en función del impacto fiscal que no tenían respecto a otras
posibilidades que en un momento tenían ante sí. Posteriormente, teniendo
en cuenta la rectificación de enero de 1994, se les han cambiado las
reglas de juego a este colectivo sin posibilidad alguna de que pudieran
defenderse.
Por tanto, queremos volver al texto inicial de la ley en sus aspectos
fundamentales en el sentido de que --así lo redactamos en el texto que
ustedes conocen-- las prestaciones por incapacidad permanente reconocidas
por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan estarán
exentas de la retención del IRPF.
Aunque no consta en nuestro texto, resulta congruente citar aquí, porque
afecta también a una rectificación que se introdujo en 1994, la última
sentencia al respecto del Tribunal Constitucional, de 22 de julio de
1996, en el sentido de superar la discriminación que se producía con los
funcionarios de las Administraciones públicas. Naturalmente, esto quiere
decir que, de inmediato, acatando la sentencia del Tribunal
Constitucional, ya hay que rectificar en algo este texto al que
reiteradamente me estoy refiriendo, porque si no se produce una clarísima
discriminación respecto a los pensionistas procedentes de las
Administraciones públicas en general. Se ha conculcado, y así lo reconoce
el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad tributaria para este
colectivo. Por tanto, quedará anulado, suponemos, el artículo 62 de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1994, que reformaba la Ley
del IRPF 18/1991.
El Gobierno, a iniciativa del Partido Socialista, apoyado por el grupo
parlamentario y por los demás apoyos que en ese momento tenía, por la Ley
de Presupuestos Generales del Estado rectificó una ley ordinaria. Por
cierto, en la sentencia de 27 de julio de este año el Tribunal
Constitucional echa una especie de reprimenda a esta forma de producir
cambios en las leyes a partir de los proyectos anuales de Presupuestos
Generales del Estado.
Se reforma esta Ley de 1991 y, teniendo en cuenta todos los argumentos
técnicos formales y de contenido que aquí hemos cruzado, no aparece otra
finalidad que la de aumentar la recaudación del Estado en torno a 14.000
ó 15.000 millones de pesetas. A partir de ahí se lesiona de manera
injusta a un colectivo muy importante, afectando, repito, a unas 250.000
personas; cosa muy difícil de entender cuando las exenciones en todas las
leyes presupuestarias han ido aumentando --este año se pueden mantener en
muchos de los capítulos-- respecto a incentivos a la inversión, a la
libertad de amortización o, simplemente, exenciones a las empresas. Cosa
también mucho más difícil de entender, señorías, si se rechaza esta toma
en consideración, teniendo en cuenta la política de beneficios fiscales
emprendida por el Gobierno presidido por el señor Aznar a partir de su
acceso al Gobierno. Hay una política de beneficios fiscales que
contradice, incluso, la reducción del déficit, que es la recurrencia
constante a la hora de marcar los objetivos fundamentales, y que ha
afectado, como se sabe, a las plusvalías y a la actualización de
balances.
Desde ese punto de vista, si no se reforma esta ley, si no se toma en
consideración y se discute esta propuesta, respetando sus aspectos
fundamentales, los pensionistas tendrán que sacar de sus bolsillos en
esta etapa entre 14.000 y 15.000 millones de pesetas, porque no se
tendrán en cuenta, además, la serie de argumentos técnicos que obligan,
en conciencia y políticamente, a esta rectificación. Seguimos metiendo la
mano en el bolsillo de la gente más desprotegida mientras concedemos
beneficios fiscales a capas del capital, a capas que, desde luego, no
están entre las más pobres de la población española.
Se trata de una política que ya hemos denunciado como muy equivocada pero
que puede empezar a ser matizada a partir de ahora, o por lo menos desde
la campaña electoral a esta parte, teniendo en cuenta lo que han dicho
miembros eximios del Partido Popular en la campaña electoral o
posteriormente a ella. No valen ya los argumentos que se nos han
interpuesto hasta ahora en los debates plenarios. Por ejemplo, la señora
Montseny Masip dijo que nuestra propuesta era simplemente una propuesta
electoralista; no creemos que en este momento estén tan cerca las
elecciones, por lo que este argumento decae de manera automática. También
se nos dijo por la misma portavoz que no podían aceptar la proposición
porque contradecía --dicho de manera textual-- los acuerdos del Pacto de
Toledo. Asombroso. Ni contradecía los acuerdos ni debe contradecirlos; ni
siquiera debe debatirse en la ponencia o en la serie de grupos que se
puedan crear a la hora de llegar o no a un consenso respecto al
desarrollo del Pacto de Toledo.
Repito que puede estar cambiando la posición del Grupo Parlamentario
Popular. Yo voy a referirme a algunos de los testimonios que pueden
avalar este aserto que hoy me atrevo a hacer aquí. Por ejemplo, el señor
Alvarez-Cascos, en Nueva España, de Asturias, durante la campaña
electoral dijo textualmente: Si nosotros llegamos al Gobierno, estarán
exentas de tributar las pensiones por invalidez permanente total. Eso es
lo que estamos pidiendo en este momento, exactamente lo mismo que dijo el
señor Alvarez-Cascos en la campaña electoral.
Incluso después de las elecciones, el señor Núñez mantuvo una entrevista
--y me permito utilizarlo porque
el señor Núñez dio permiso para que se pudiera utilizar-- con una
delegación de Comisiones Obreras de la Federación Estatal de Pensionistas
y Jubilados a la que, por parte de los sindicatos, asistieron los señores
Benito Barrera, Aladino Tresguerres y don Doroteo Peinado. En esta
entrevista, resumiendo mucho, el señor Núñez, que es persona muy
autorizada en estos temas y responsable de estas políticas sectoriales en
el seno del Grupo Parlamentario Popular, mantenía que primero hay que dar
de inmediato cauce legal y de propuesta a la sentencia del Tribunal
Constitucional, a través de la redacción que corresponda, en la ley de
acompañamiento a los presupuestos. En segundo lugar, que a partir de la
responsabilidad que él ostenta, había enviado un papel al Gobierno el 27
de julio de 1996 para que, en la ley de acompañamiento a los presupuestos
--y cito sus palabras textualmente porque así fueron grabadas--, se
recogiera lo siguiente: Derogación de la disposición de la Ley de
Presupuestos para 1994 que suprimió la exención que sobre el IRPF venían
disfrutando las pensiones por incapacidad permanente. Eso mismo estamos
defendiendo hoy aquí, señor Núñez.
Por lo tanto, ha habido una aproximación dialéctica antes de la campaña
electoral y después, una vez que el Partido Popular accedió al Gobierno
de la nación. No vale el argumento del electoralismo, no vale el
argumento de que esto se transfiera al debate en el seno de la
subcomisión sobre el Pacto de Toledo, y estos argumentos que han expuesto
el señor Núñez en la reunión con Comisiones Obreras y el señor
Alvarez-Cascos en una publicación de Asturias nos valen perfectamente. Si
aquí y ahora se nos argumenta que, por unos matices o por otros, no se
puede tomar en consideración esta proposición de ley, asistiríamos a una
contradicción, como otras muchas que se han dado, entre lo que se dice y
lo que se hace en la propia campaña electoral o incluso entre el grupo
parlamentario y las iniciativas políticas del Gobierno de la nación.
También mantuvo el señor Núñez que efectivamente pueden ser 14.000
millones y siguió argumentando, ante los matices que se le pudieran
interponer, que no suponía una cantidad muy elevada --utilizo sus
palabras porque usted así lo autorizó-- y que no podría ser un argumento
poderoso dentro del plan restrictivo de los presupuestos en la necesidad
de dar pasos de gigante para bajar el déficit y llegar a Maastricht, pues
dentro de todo ese lío, esto no significaría --sostuvo el señor Núñez--
ningún obstáculo insuperable.
Por lo tanto, señorías, señores del Partido Popular, las razones técnicas
se han debatido suficientemente en esta Cámara a lo largo de una serie de
años, desde 1994 a esta parte, y ahora hay razones políticas de peso y
testimonios claros de dirigentes del Partido Popular que no justificarían
un rechazo de esta toma en consideración.
Señores del Grupo Popular, aunque otros grupos que también nos tacharon
de electoralistas pudieran dudar, entre el Grupo del Partido Popular y el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya podemos sacar adelante
en este momento la toma en consideración de esta proposición de ley. Si
no se saca adelante, naturalmente nosotros tendríamos que decir que de
nuevo ustedes establecen una contradicción que no tiene en estos
momentos, en función de las palabras que han pronunciado, ningún tipo de
justificación.
Termino, señor Presidente. Por la forma en que se corrigió la Ley de 1991
a través del texto de los Presupuestos Generales del Estado; porque no
estamos hablando de una renta a la que no se puede aplicar este impuesto,
sino de una indemnización; porque escogieron entre esta forma de pensión
y otras y después posteriormente se les han cambiado las reglas del
juego; porque no hay trato igualitario a todas las pensiones de invalidez
permanente, puesto que ha habido una diferencia de distinto grado, cuando
simplemente se trata de algo que no tiene razones cualitativas para
mantenerse tal como está vigente, y también por razones de justicia
social --el problema no es sólo de inconstitucionalidad, pues la parte de
inconstitucionalidad ya está sentenciada por el Tribunal
Constitucional--, este colectivo de 250.000 personas a las que de manera
injusta y por razones formales, nunca justificadas, se le detraen unos
14.000 millones de pesetas, debe acceder de nuevo a la posición que tenía
hasta el año 1991 y que de manera injustificada se le cambió en enero de
1994.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria, en primer lugar, se congratula de la sensibilidad que
ha tenido el grupo parlamentario proponente y del que ha sido portavoz el
señor Alcaraz, al poner sobre la mesa del debate parlamentario el antiguo
tema que ya habíamos visto en el debate de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 1994 de la exención fiscal para las pensiones de
incapacidad, temporales o permanentes. Este es un tema que creo debemos
recuperar, porque es un tema en el que, en el fondo, estamos plenamente
de acuerdo. En lo que no está de acuerdo el Grupo de Coalición Canaria es
en el momento a partir del cual pretende el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya que se aplique, ya que en el párrafo de su
exposición de motivos viene a decir que los efectos de esta ley tendrán
que retrotraerse al momento en que empezó a aplicarse la citada Ley de
Presupuestos. Estamos hablando, como muy bien ha razonado el grupo
proponente, de la Ley de 1994, que venía precisamente a recuperar el
régimen de variación de rentas exentas que había señalado ya en su día la
Ley 18/1991. Y efectivamente, con aquella sutil modificación que se hizo
en la Ley de Presupuestos de 1994 se hacía ya imperativa una tributación
en las rentas por invalidez.
Nosotros estamos plenamente de acuerdo con el fondo, pero no con el
momento en que esto ha de ponerse en marcha. Nosotros entendemos que esta
es una medida que debe recoger la futura e inmediata ley de Presupuestos
Generales del Estado para el próximo año o bien la ley de medidas
complementarias de acompañamiento que tiene que traer la ley. A nuestro
juicio es mejor contemplar esta medida, tal y como la trae la iniciativa
de Izquierda Unida, en la ley de acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado para el próximo año. De aprobarse esta iniciativa de
Izquierda Unida nos podríamos ver en la situación extraña de tener que
hacerse acompañar la misma con una ley de un crédito extraordinario para
poder suplir lo que aquí se podía contemplar como un déficit de
componentes del gasto público desde la Ley de 1994. Es decir, aprobar
esto en este sentido obligaría a una ley de dotación de crédito
extraordinario u otra ley complementaria para las exigencias de ingresos
o no ingresos fiscales en este momento por la recaudación de Hacienda.
Nosotros entendemos que esto debe proponerse en su momento, y lo
apoyaremos así, en la ley de medidas de acompañamiento a la próxima ley a
debatir aquí de Presupuestos Generales del Estado para el año 1997, que
es donde hay que recuperar este principio de auténtica justicia social, y
sobre todo cuando a ese beneficiario la ley le obliga a optar entre una
pensión de jubilación o una pensión de invalidez.
Como bien acertadamente se recuerda aquí, las opciones siempre son
preferentes a optar por la pensión de invalidez, porque se puede dar
incluso antes que la pensión de jubilación, dado que esta última implica
el hecho cronológico de la jubilación laboral, mientras que la invalidez
es por accidente laboral. Por eso el beneficiario, que la ley le obliga a
optar entre pensión de invalidez o jubilación, opta cronológica y
materialmente por la pensión de invalidez, sobre todo las que son de
invalidez permanente.
Como bien se recuerda aquí, el propio Tribunal Supremo ha señalado en
sentencias el principio de que hay una sobrecarga en los Presupuestos
Generales del Estado, porque la pensión es más elevada. Porque no obedece
solamente a una pensión por las contribuciones que haya hecho, sino por
el accidente laboral que ha tenido, sufre y padece ya, con la
temporalidad que haya señalado el dictamen de la pensión correspondiente,
es por lo que nosotros entendemos que el marco adecuado para hacer eficaz
esto y mantenerlo en el futuro es la ley de acompañamiento a los
presupuestos.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor Presidente.
Asistimos al debate de la toma en consideración de esta proposición de
ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y la posición de nuestro
grupo acerca de si aceptamos o no dicha toma en consideración es quizá
afrontar la solución del problema que conlleva esta iniciativa en el
trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos o de la ley que va a
acompañar a la misma.
De hecho se trata en estos momentos de aceptar o no la tramitación de
esta iniciativa legislativa. De hacerlo quizá se abriría en la Cámara un
proceso, señor Presidente, que a lo mejor podríamos resolverlo de una
forma más inmediata incorporando a la posible consecuencia de la
sentencia aparecida al respecto la modificación normativa en la ley de
acompañamiento a los presupuestos.
Vaya esta primera reflexión, porque quizá esta es la principal conclusión
que nuestro grupo quisiera aportar en este debate: ¿Es oportuno abrir el
trámite legislativo que, a lo más tardar, puede desplazar a siete u ocho
meses la solución final publicada en el «BOE» cuando haya traspasado los
trámites preceptivos del Congreso y del Senado y volver al Congreso, o
vamos a buscar la adaptación normativa como consecuencia de la sentencia
en la ley de acompañamiento? Nos parece que quizá la resolución más
acertada del problema sería encontrar la adaptación normativa en la ley
más inmediata que va a aplicarse a partir del 1 de enero de 1997.
Ahora bien, sin entrar a fondo en el debate en cuestión, la verdad es que
nos corresponde acatar la sentencia en el sentido de no incurrir en
ninguna discriminación. Por tanto, la voluntad de nuestro grupo es
corregir la norma para que no haya ninguna discriminación.
Otra decisión, y esta sí que es política y tendrá que tomarla el
Gobierno, es si estima conveniente que todas las pensiones por invalidez,
sean del grado que sean, coticen y tributen en el IRPF o ninguna de ellas
lo haga, o si alguna tributa se aplique la misma exención en el Régimen
General de la Seguridad Social o en el régimen de funcionarios del
Estado. Por consiguiente, esta es una decisión política. Pero lo que sí
nos corresponde es corregir la posible discriminación que hay en estos
momentos y hacerlo lo más breve posible. Por esa sola razón de inmediatez
y de brevedad, consideramos que es más oportuno adoptar en estos momentos
la decisión
de impulsar la solución final en la ley de tramitación que acompañará a
la ley de presupuestos y no aceptar a trámite una nueva iniciativa
legislativa en esa materia, que demoraría en el tiempo la solución final
en perjuicio de las personas hoy afectadas.
Por consiguiente, nuestro grupo va a votar en contra de la toma en
consideración. No es un rechazo al contenido ni a la iniciativa, es un
rechazo simplemente al procedimiento. Por razón de oportunidad y por
brevedad en encontrar la solución, vamos a impulsar una solución
definitiva del mismo en la ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Homs.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, he escuchado con atención la intervención del representante
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que
ha hecho en su exposición un breve análisis de cómo han ido evolucionando
este tipo de exenciones fiscales en la legislación tributaria española.
En relación con la misma, nos encontramos ante una propuesta que recoge
un elemento doctrinal y políticamente polémico, polémica a la que el
señor representante de Izquierda Unida se ha acercado con un tipo de
planteamientos que desde mi punto de vista no son correctos y que no
puedo compartir, en la medida en la que son parciales desde un punto de
vista legislativo y, en mi opinión, incorporan una concepción incorrecta.
La situación de este tipo de exenciones se inicia en el año 1978, cuando
el legislador señaló que no formaban parte del concepto de renta que se
establecía en el IRPF. Como consecuencia de ello, estos rendimientos
fueron catalogados como no sujetos. En 1991 se señaló que sí constituían
renta, pero se determinó que estaban exentos. Es en 1994, cuando de nuevo
el legislador, mediante ley votada en Cortes, a la que por cierto no se
presentó enmienda alguna por ningún grupo parlamentario de esta Cámara,
establece un elemento de discriminación. Se limita la exención fiscal a
aquellas pensiones que percibían los contribuyentes que habían sido
calificados como poseedores de una incapacidad que les inhabilitaba
permanentemente para el ejercicio absoluto de cualquier trabajo u oficio,
y se adicionaba dicho estímulo para aquellos otros que tenían la
condición de gran invalidez. Pero quedaban sometidos en sentido contrario
a gravamen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los que
fueran catalogados como de incapacidad permanente total o parcial.
La evolución que experimentó la legislación española creo que era
atinada, ya que dio origen a una definición de los estímulos fiscales
favorable en función del grado de incapacidad que padecían los
beneficiarios de este tipo de prestaciones y de este tipo de pensiones.
Nosotros hemos mantenido esa postura en la Ley de 1991, en la Ley de 1994
y en este momento somos partidarios de que se mantenga esta situación. Y
lo somos por motivos de oportunidad y de consenso. Aunque sea brevemente,
voy a referirme a los unos y a los otros en mi intervención.
Creo sinceramente que la proposición, a cuya tramitación nos vamos a
oponer, establece una diferenciación que debería corregirse. Nosotros
estimamos que en materia fiscal y tributaria no pueden plantearse los
problemas del ingreso al margen de los problemas del gasto, porque de
alguna manera estamos convencidos de que ambos fenómenos ni son aislados
ni son independientes; es más, la realidad demuestra que aquellos
sistemas de protección social que han podido mantenerse y perdurar a lo
largo del tiempo, lo han sido porque estaban apoyados y cimentados en un
sistema tributario sólido y justo; y para que un sistema tributario pueda
tener la calificación de sólido y justo no debe introducir elementos de
discriminación, estímulos a que los contribuyentes se comporten, una vez
que se produce la legislación, de distinta manera a como se hubieran
comportado antes del cambio normativo. Dicho de una manera más directa,
el beneficio fiscal no puede en modo alguno conducir a que haya un uso
indebido de la protección social. Y en un momento como éste, en el que
los españoles discutimos del futuro de las pensiones, cuando hemos
firmado el Pacto de Toledo y hemos constituido una ponencia dedicada a su
desarrollo en esta Cámara, debemos abordar la problemática de la
protección social desde una perspectiva global, considerando las dos
caras de la moneda, el número y el tipo de beneficiario y aquel tipo de
cargas que es necesario levantar para lograr la garantía y la solvencia
de los sistemas de protección social. Y en ese equilibrio bien pudiera
ocurrir que algunas reducciones fiscales, más o menos amplias, supongan
una actuación contradictoria que no siempre está suficientemente
justificada.
Por todo ello nos vamos a oponer, así como por razones de equidad, que no
encontramos suficientemente defendidas en esta Cámara y que creemos que
no pueden argumentarse ni sostenerse a la luz de la última sentencia del
Tribunal Constitucional.
Estoy de acuerdo en que pensiones y prestaciones por el pago de una
incapacidad son idénticas en cuanto a su naturaleza, y que como
consecuencia de ello no debería establecerse un tratamiento fiscal
diferenciado, pero...
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Marugán, le ruego concluya.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Sí, voy terminando.
Pero, a partir de esta situación, el Tribunal Constitucional ha señalado
que nada impide al legislador en unos casos, si lo estima conveniente,
excluirlos del hecho imponible, establecer una exención en las cantidades
que perciban aquellos sujetos pasivos que padecen determinada incapacidad
o, si lo estima conveniente, considerarlos como rentas.
Creo que estas posibilidades existen y que el tratamiento que se da en
este momento puede perfeccionarse corrigiendo la situación de aquellos
afiliados al sistema de clases pasivas, reconociéndoles una pensión en
caso de incapacidad absoluta. Como consecuencia de ello, nos vamos a
oponer a la tramitación de esta proposición de ley, porque no es en este
momento necesaria y porque podíamos encontrar una vía en la ley de
acompañamiento que perfeccione la situación existente, que es una
situación que gradúa el estímulo fiscal en función de los grados de
discapacidad existente entre los distintos beneficiarios de los
diferentes regímenes de prestación social.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la iniciativa de Izquierda Unida que estamos debatiendo se
refiere a un problema que conviene recordar en todos sus términos. El
artículo 9.º de la Ley 18/1991 declaraba exentas a todas las pensiones
por incapacidad permanente, tanto para los trabajadores de la Seguridad
Social como para los funcionarios de clases pasivas. El Gobierno
socialista, a través de una norma declarada parcialmente
inconstitucional, como luego veremos, a través exactamente del artículo
62 de los Presupuestos Generales de 1994, suprimía dicha exención con
carácter general, decretando que sólo se aplicaría a la incapacidad
permanente absoluta y a la gran invalidez, tratándose de trabajadores de
la Seguridad Social; y, en cambio, para los funcionarios pertenecientes a
clases pasivas, la exención se limitaría a la gran invalidez y no se
aplicaría a la incapacidad permanente absoluta.
Ante este tratamiento, injusto y discriminatorio, el Grupo Parlamentario
Popular se opuso radicalmente presentando enmiendas a los Presupuestos
Generales del Estado de 1994, una enmienda de totalidad al Título IV que
trata de las pensiones públicas, señor Marugán. La finalidad última de
dichas enmiendas era mantener la exención en los términos fijados por la
citada Ley 18/1991.
Además de estas enmiendas, el 29 de marzo del mismo año, 1994, el Grupo
Parlamentario Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra
el artículo 62. En él se alegaban razones que ya estaban presentes en
nuestras enmiendas, que han estado presentes en los sucesivos debates e
iniciativas parlamentarias y también en nuestras intervenciones públicas.
El artículo 62 no sólo conculcaba los principios de seguridad jurídica e
igualdad de los españoles ante la ley, proclamados en los artículos 9.º y
14 de la Constitución, sino que atentaba también contra los principios de
igualdad y progresividad del sistema tributario, a que se refiere el
artículo 31 de la Constitución, al discriminar a unos pensionistas frente
a otros.
Además de las enmiendas y del recurso de inconstitucionalidad, el Grupo
Parlamentario Popular, como consecuencia del debate del Estado de la
Nación del año 1994, presentó una resolución de contenido semejante a la
proposición de ley que hoy defendemos.
Hasta aquí nuestras iniciativas. ¿Cuáles han sido las presentadas por
Izquierda Unida? El Grupo de Izquierda Unida ha presentado tres
proposiciones de ley idénticas que insisten en la solución aislada de un
problema que determinados acuerdos, determinados pactos suscritos por
todas las fuerzas parlamentarias, como es el caso del Pacto de Toledo, y
la propia sentencia del Tribunal Constitucional, a la que luego he de
referirme, obligarían necesariamente a buscar, en aras de la
racionalidad, de la eficacia y de la eficiencia: una solución global para
la fiscalidad de toda clase de pensiones.
Por eso, nuestras posiciones con respecto a estas tres iniciativas no han
sido semejantes, aun cuando su texto, que repito es idéntico, sea
perfectamente defendible. Lo es, en efecto, desde simples consideraciones
que van desde la idea genérica de la acción social, o si quieren ustedes,
de nuestra sensibilidad social, hasta la de una cierta forma de
personalización del impuesto, pasando por una referencia al carácter
indemnizatorio que late en las prestaciones por incapacidad.
Cualquiera de estos argumentos ofrece rasgos razonables, por lo que las
tres proposiciones de ley no pueden ser calificadas de infundadas o
carentes de sentido, sin olvidar que la propuesta contenida en estas
iniciativas ha constituido derecho vigente hasta el 31 de diciembre de
1993, lo que habla bien a las claras de que el sistema era válido, así
como perfectamente lícita su defensa.
Pero precisamente para elegir una mejor defensa, nuestra posición ha
variado en cada una de las tres iniciativas. Nuevas circunstancias
aconsejan utilizar caminos más cortos y más transitables. En la primera,
debatida el 21 de junio de 1994, votamos que sí a la toma en
consideración por coherencia con nuestros propios planteamientos y porque
no se había producido ninguna circunstancia que aconsejara lo contrario.
Aquel día, primero del verano de 1994, la iniciativa de Izquierda Unida
era la mejor solución. No había nacido ni el Pacto de Toledo ni se había
pronunciado el Tribunal Constitucional. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Núñez, por favor. Señorías, les
ruego que guarden silencio. (Continúan los rumores.)
Señor Baón, señor López-Amor. ¡Señor López-Amor! Señorías, es difícil,
incluso para la Mesa, seguir al orador por el rumor que en ocasiones como
en la presente se organiza en el Pleno. Yo les ruego que, por respeto al
orador que está en el uso de la palabra, guarden silencio o abandonen el
hemiciclo.
Puede seguir, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En el debate de la segunda proposición de ley, también presentada por
Izquierda Unida, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 1995, el Grupo
Parlamentario Popular votó en contra de la toma en consideración de esta
proposición de ley, alegando que si se aceptara esta iniciativa podrían
ponerse en peligro los acuerdos del Pacto de Toledo que exigían tratar
este asunto de la fiscalidad de las pensiones de un modo más general y
sistematizado, poniéndolo en relación con todos los problemas que afectan
a la financiación del sistema público de pensiones, a sus cuotas, a las
fórmulas de gestión de las prestaciones sociales, a los sistemas y edades
de jubilación, a la corrección del fraude en determinadas situaciones y a
todos los demás asuntos que se recogen en el Pacto de Toledo y que
conocen muy bien sus señorías.
Finalmente, entre el debate de la segunda y la tercera proposición de ley
de Izquierda Unida, que es la que hoy discutimos, se ha producido un
hecho singular al que ya me he referido y que voy brevísimamente a
exponer a continuación: la sentencia del Tribunal Constitucional del 22
de julio del presente año.
La referida sentencia, entre otras cosas, declara que el artículo 62,
tantas veces mencionado hoy, es inconstitucional y nulo sólo en la medida
en que viene a suprimir, únicamente para los funcionarios de las
administraciones públicas que se hallen en situación de incapacidad
permanente absoluta, la exención de dicho impuesto cuando se mantiene
esta exención para los pensionistas de incapacidad permanente absoluta
del régimen general de la Seguridad Social.
El problema para el estricto cumplimiento de esta sentencia, que el
Gobierno está obligado a resolver en el plazo más breve posible, es que
actualmente no está previsto en el régimen de clases pasivas ningún
sistema para identificar a los funcionarios jubilados con incapacidad
absoluta. Por ello deberá tramitarse con urgencia alguna fórmula de
reconocimiento de estas situaciones a través de los equipos de
valoración, por ejemplo, de las incapacidades del INSS o del Inserso.
Esta solución afectaría obligatoriamente a los ejercicios de 1994, 1995 y
1996. Así que la alternativa para el futuro, a partir de 1997, que en
estos momentos debe considerarse más adecuada, sería mantener el fallo
que el Tribunal Constitucional ha dado para las situaciones pasadas, las
citadas de 1994, 1995 y 1996. ¿Por qué? Porque elimina la discriminación
entre pensionistas de la Seguridad Social y los de clases pasivas, porque
no perjudica la progresividad del IRPF, porque respeta el criterio del
Tribunal Constitucional y es coherente con la pretensión jurídica del
recurso planteado ante este Tribunal por el grupo proponente, y porque
permite avanzar sin ningún tipo de hipoteca en el debate que el Pacto de
Toledo sobre la fiscalidad de las pensiones exige y los demás asuntos
relacionados con ellas.
De acuerdo con todas exigencias y consideraciones, el Gobierno del
Partido Popular enviará a esta Cámara, antes del próximo 1 de octubre y
dentro de la Ley Presupuestos Generales del Estado, sea en la propia ley
de presupuestos o en la ley de acompañamiento, las medidas necesarias
para dar cumplimiento inmediato a lo dispuesto en la sentencia del
Tribunal Constitucional del pasado 22 de julio. Además, es voluntad
política del Gobierno y del grupo parlamentario que le apoya, una vez se
desarrolle plenamente el Pacto de Toledo, enviar a la Cámara un proyecto
de ley que, al regular de nuevo el IRPF, revise todas las rentas exentas,
restaurando en lo que sea posible las anteriores exenciones.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular no tomará en
consideración esta proposición de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya porque, a pesar de las coincidencias de fondo apuntadas, no
parece oportuna ni necesaria. Es mejor para todos ...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Es mejor para todos, decía, esperar las medidas que
el Gobierno enviará a esta Cámara dentro de unos días y trabajar todos
los grupos parlamentarios sobre los textos enviados por el Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Núñez.
Vamos a proceder a la votación.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre modificación de la Ley 18/1991, de
6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para la
exención fiscal de todas las pensiones por incapacidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a
favor, 18; en contra, 277; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley referida.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Señor Rodríguez Sánchez), SOBRE
MODIFICACION DE LA LEY 32/1994, DE 19 DE DICIEMBRE, QUE PRORROGA LA
VIGENCIA Y MODIFICA LA LEY 28/1984, DE 31 DE JULIO, DE CREACION DE LA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSA (Número de expediente 122/000013)
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto,
planteada por el señor Rodríguez, sobre modificación de la Ley 32/1994,
de 19 de diciembre, que prorroga la vigencia y modifica la Ley 28/1984,
de 31 de julio, de creación de la Gerencia de Infraestructura de Defensa.
Para la presentación y defensa de la proposición de ley, tiene la palabra
el señor Rodríguez. (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les ruego
guarden silencio y abandonen el hemiciclo si ése es el deseo que expresan
estando de pie en los pasillos. (Nuevos rumores.)
Señorías, les ruego silencio. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, en un momento en que el Ejército español fue
reestructurado, el Gobierno de España posibilitó que el Ministerio de
Defensa hiciese adquisición o enajenación de bienes inmuebles y planteó
esta adquisición o enajenación como un problema de colaboración con las
comunidades autónomas y con las corporaciones locales, para que éstas
pudieran planificar mejor toda la estructura urbanística de los
respectivos ayuntamientos. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento, señor
Rodríguez. (Pausa.)
Cuando quiera, señoría.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: La ley, tal como fue redactada, tenía un
aspecto técnico-administrativo determinante que se justificaba en nombre
de dar agilidad al Ministerio de Defensa para que pudiese tener una
fuente de ingresos que, según los criterios del Gobierno, buena falta les
hacía.
Por tanto, la ley consideraba autónomamente al Ministerio de Defensa, con
una cierta parcialidad en relación con el resto de la Administración del
Estado, y no hacía ningún tipo de distinción en relación con los bienes
desafectados por Defensa. En 1994 se modificó la Ley inicial de 1984; es
decir, diez años más tarde y con una experiencia, se adecuó a la Ley del
Patrimonio del Estado y, correctamente, se estableció la necesidad de una
comunicación previa al Ministerio de Economía y Hacienda a la hora de que
el Ministerio de Defensa hiciese las enajenaciones, además de legalizar
el traspaso competencial que se hacía desde este Ministerio de Economía y
Hacienda, que era el organismo adecuado según la Ley del Patrimonio del
Estado, al Ministerio de Defensa. Hubo una cautela administrativa y, como
digo, se actuó correctamente desde el punto de vista de la legislación
que conformaba el Estado español. Pero, desafortunadamente, en el año
1994 no se tuvo en cuenta que existía la Ley del Patrimonio Histórico
Español, de 1985, ni, por supuesto, el que desde el citado año 1994 y
años posteriores había una legislación autonómica sobre la materia,
derivada, efectivamente, de la Ley del Patrimonio Histórico Español.
En todas estas leyes, se considera que es expoliación la pérdida,
destrucción o perturbación de la función social de muchos bienes
inmuebles de valor histórico-artístico e, incluso, se asevera
taxativamente que los bienes de interés cultural deben ser conservados,
mantenidos y custodiados por sus propietarios o titulares de derecho, en
este caso concreto, la Administración pública, aunque sea parcialmente,
el Ministerio de Defensa. Y es curioso que la Ley del Patrimonio
Histórico Español, en su artículo 37, otorgue capacidad a las
administraciones públicas para expropiar --expropiación forzosa-- todos
aquellos bienes que no sean debidamente cuidados y estén en la categoría
de expoliación, aunque sean propiedades de la Administración pública. Por
otro lado, la citada ley obliga, en su artículo 38, a que todo tipo de
enajenaciones de bienes de interés cultural se notifique a los organismos
competentes.
No voy a citar otro tipo de leyes que se podrían argüir, incluso la Ley
4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, que también tiene un ámbito competencial en las comunidades
autónomas, lo que impediría que el Ministerio de Defensa sacase a pública
subasta determinado tipo de espacios. Señorías, no por hacer ostentación
de localismo, sino para que puedan ponderar debidamente de lo que estamos
tratando, les voy a poner algunos ejemplos realmente evidentes y
preocupantes.
En el Estado español existen ayuntamientos afectadísimos e incapaces de
hacer frente a la política que posibilita la Gerencia de Infraestructura.
Tengan SS. SS. en cuenta que no se trata de privar al Ministerio de
Defensa de una fuente de ingresos, que le queda perfectamente clarificado
en todo aquello que no tenga valor histórico-cultural o que no sean
espacios protegidos. Es curioso, por ejemplo, que una ciudad como Ferrol
--lo cito para que se den cuenta de la importancia del problema-- tiene
más de la mitad de su espacio desafectado por el Ministerio de Defensa.
Nadie pone en duda que el Ministerio de Defensa pueda vender parcelas
urbanas de 95.000 metros cuadros, es decir, 9,5 hectáreas, a 2.000
millones de pesetas. Nadie pone en duda que incluso el ayuntamiento
recalifique determinado tipo de solares para que
puedan hacer negocio y paliar las arcas del Ministerio de Defensa. Pero
toda la población, empezando por el ayuntamiento, pone reparos a que haya
que comprar bienes que están catalogados de interés cultural. Incluso hay
informes de la Academia de San Fernando, que es un organismo estatal, que
yo sepa, y por supuesto de todos los organismos y entidades culturales
del propio país, que incitan a que haya determinado tipo de bienes que no
pasen a pública subasta porque no son comprados por nadie, bienes que
están desafectados, cayéndose, deteriorándose y en expoliación.
¿Qué decir de un castillo, como el Castillo de San Felipe, un monumento
de las fortificaciones costeras en el Estado español del siglo XVI al
XVIII, abandonado, que no es tampoco entregado al ayuntamiento o a la
comunidad autónoma, que está totalmente desafectado y que no tiene
interés militar? ¿Es posible que esté abandonado un baluarte del siglo
XVIII, sin que tampoco el Ministerio de Defensa lo utilice para nada? ¿Es
posible que un monasterio de base románica y estructura general barroca,
el Montefaro, también esté cerrado y abandonado? ¿Es posible, señorías,
que un castillo como el Da Palma, que fue remodelado en el siglo XIX, y
es otra de las fortificaciones más importantes costeras en el Estado,
después de pasar a pública subasta muchas veces, de no ser comprado, esté
prácticamente abandonado, en contra del clamor de toda la sociedad
ferrolana? Les podría citar casos en La Coruña o en Ourense, incluso
algunos de ellos trágicos desde el punto de vista legal, por no haber
clarificado algunas cuestiones a su debido tiempo.
Señorías, lo único que pedimos es que haya posibilidad de revertir a
otras administraciones públicas todos estos bienes inmuebles y los
espacios protegidos, como pueden ser lagunas con barrera dunar, playas
concurridísimas, paisajes hermosísimos que se pueden ver desde Outeiro,
que hoy están desafectados por el Ministerio de Defensa. Les aseguro que
son precisamente los bienes inmuebles y los espacios que menos dinero
pueden dejar a las arcas del Ministerio de Defensa.
Lo que estamos pidiendo es una modificación, es decir, que se impida la
enajenación y que se posibilite la afectación o transferencia a las
comunidades autónomas y/o a las corporaciones locales en estos casos.
Para que vean que no se trata de hostigar a nadie, que estamos cubiertos
de paciencia, no de dos ni de tres años, de más de diez años de espera,
les puedo asegurar que sigue estando en manos del Consejo de Ministros el
aceptar esta afectación o transferencia a otras administraciones
públicas. Por otra parte, esto lleva consigo un deber: que la
administración pública a la que va a ser transferido tiene que presentar
una plan previo de restauración y de usos, que es mucho pedir para las
arcas de las corporaciones locales o de una administración autonómica
como es la Xunta de Galicia.
No es negocio lo que pedimos para otros, es responsabilidad de la
sociedad, es cuidado, es respeto por el medio y por el patrimonio. Todos
los partidos políticos que están representados en esta Cámara en los
ayuntamientos afectados tienen esta posición con su voto unánime; la
tienen también todas las instituciones de gobierno que existen en Galicia
y hay una gran sensibilidad social. Hay, además, un marco competencial de
las corporaciones locales y de las comunidades autónomas que lleva
consigo incluso la legitimidad de la expropiación en estos casos, y nunca
se llegó a este tipo de conflictividad.
Señorías, uno de los factores socio-culturales y económicos más decisivos
e importantes que tienen hoy estas zonas es proteger, conservar y usar
este patrimonio. No es lógico que otros no coman ni dejen comer. Es poco
lo que pedimos.
Por último, pensamos que las instituciones democráticas, con el Congreso
de los Diputados al frente, deben de paliar o solucionar evidentes
lagunas legales, legítimas en su debido momento, pero que hoy pueden ser
juzgadas a la luz de la experiencia, y por lo tanto debemos de
armonizarlas con otras leyes del Estado de Derecho, y me refiero
profundamente a tres reformas fundamentales: la Ley del Patrimonio del
Estado, la Ley del Patrimonio Histórico Español y la Ley de Protección de
Espacios Naturales. Les aseguro que darán una gran alegría a la población
de todos los ayuntamientos afectados, que sin duda los habrá también en
Cataluña, en Euskadi, en Andalucía, en Murcia, pero fundamentalmente, y
no es precisamente un mérito sino un demérito, en el caso gallego, si
ustedes hoy posibilitan --y hay posibilidad, además, de reformar esta
propuesta en Comisión-- que el futuro de nuestros bienes de interés
cultural y de nuestro medio ambiente no siga padeciendo de forma tan
alarmante. Además, señorías, le solucionamos un camino muerto y espinoso
al Ministerio de Defensa, que les puedo asegurar que, por lo menos en
nombre de la sociedad a la que yo estoy defendiendo en este momento, no
va a encontrar compradores nunca para estos bienes, que les vuelvo a
repetir que son un residuo dentro del montante global de los bienes
urbanísticos que sí va a poder seguir vendiendo, aunque se apruebe esta
ley.
Por lo tanto, señorías, les invito a dar coherencia a las leyes, a
armonizarlas y, además, a dar sentido a los ámbitos competenciales de los
que nos hemos dotado de forma democrática.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, tomo la palabra en
nombre del Grupo de Coalición
Canaria para fijar nuestra posición ante esta proposición de ley que ha
presentado el Grupo Mixto ante la Cámara para modificar la Ley de 1944 y,
consecuentemente, la de 1984, de creación de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa.
Tuvimos ocasión en sendas legislaturas, correspondientes a estos años de
1984 y de 1994, diez años después, de defender la creación de la Gerencia
de Infraestructura de la Defensa como organismo autónomo de carácter
administrativo, a fin de solucionar un problema de tipo económico y
logístico que el Ministerio de Defensa tenía: un patrimonio inmobiliario
de edificios, de terrenos y de solares innecesarios ya para los fines
específicos de la defensa nacional, pero que podían contribuir a una
serie de ingresos que paliaran los déficit presupuestarios del
Ministerio. Cuando se agotó la vigencia de la primera Ley de 1984,
aprobamos como solución intermedia, en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado, prorrogarla un año en 1993 y definitivamente por la Ley
32/1994, dimos diez años más de prórroga. Ahora el Grupo Mixto,
precisamente por la iniciativa de los Diputados del Bloque Nacionalista
Galego, trae aquí una idea muy interesante, porque plantea un problema de
fondo, en el que se mezcla lo económico y lo cultural. Lejos de nosotros
está ir contra los bienes declarados de interés cultural dentro del
patrimonio histórico español ni contra los intereses económicos del
Ministerio de Defensa, que ya bastante tiene con las restricciones
crediticias, pero si es interesante la iniciativa presentada por los
Diputados del Grupo Mixto, hay que tener en cuenta que no podemos
resolver un problema trasladándolo de sitio, porque de aprobarse esto tal
como viene --en cuyo fondo estoy de acuerdo pero no en la forma del marco
legal--, trasladaríamos el problema del Ministerio de Defensa a otras
administraciones.
En primer lugar, aprobar esto significaría desvirtuar uno de los motivos
principales que obligaron a la creación de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa, es decir, vender patrimonio para recaudar unos ingresos
--lo ha señalado con acierto el portavoz proponente al decir que no va en
contra de esta medida--. ¿Dónde está el problema? En que la Ley de 1984
venía a señalar claramente que quedaba prohibido cualquier cesión de
estos bienes que no fuera a título oneroso, pero cuando nos encontramos
con bienes culturales resulta que mantenerlos y conservarlos es
verdaderamente caro. ¿Dónde está el meollo de la cuestión? El meollo de
la cuestión es que o bien el Gobierno trae una ley que permita al
Ministerio de Economía y Hacienda dotar de crédito presupuestario a la
Administración a la que se le endose o que reclame el patrimonio
artístico, o no hay manera de salvarlo. Lo que no se puede es obligar al
Ministerio de Defensa a que se quede con un patrimonio artístico de
bienes declarados de interés cultural y tenga que mantenerlos con cargo a
su presupuesto. Se debería dotar al Ministerio de Defensa de un
presupuesto que se llamaría de mantenimiento y conservación de bienes de
interés cultural que hayan sido utilizados en su día por dicho
Ministerio: edificios nobles, palacios de sedes de antiguas capitanías
generales, etcétera, que ahora se han visto incrementados con el plan
Norte según el cual el Ministerio de Defensa hace un nueva redistribución
de sus efectivos militares en el territorio nacional y quedan ya
obsoletos para sus fines una serie de edificios, cuarteles, solares,
terrenos, etcétera.
Si aceptáramos la iniciativa del grupo proponente, vendríamos a decir que
corporaciones locales, provinciales o administraciones autonómicas
reclamen ese patrimonio y que se les endose. ¿Por qué los ayuntamientos
no lo piden? Porque no tienen presupuesto, porque saben que aquí lo caro
no es que le regalen el elefante; lo caro es alimentar al elefante. Las
corporaciones locales, por mucho que deseen la conservación de un
patrimonio declarado de interés cultural, se preguntan: ¿quién mantiene
este antiguo edificio? Lo estamos viendo en el caso de las catedrales,
cuando hay unos presupuestos del Estado que tienen que atender a su
mantenimiento y conservación, de acuerdo con pactos y convenios suscritos
con la Iglesia católica sobre el mantenimiento de las catedrales. Si
trasladamos la titularidad del bien a otra corporación, a otra entidad, a
otra institución y no hay soporte presupuestario, el tema no tiene
salida. Por tanto, no queremos trasladar el problema de sitio ni dejar al
Ministerio de Defensa un bien de mantenimiento costoso si no se le dan
además dotaciones presupuestarias, y entiendo personalmente que el
Ministerio de Defensa no está para mantener patrimonio. Como las leyes
vigentes en este momento, la de 1984 de la Gerencia de Infraestructura de
Defensa y la de 1994...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
Como ambas leyes permiten que el Ministerio de Hacienda, que es el que
tiene que recibir la notificación de un bien de estos que se vaya a poner
en venta, haga las adscripciones pertinentes, que asimismo se haga por
vía presupuestaria la adscripción pertinente. En cualquier caso la Ley de
1985, del Patrimonio Histórico Español, tiene garantía suficiente de
conservación y preservación, pero que se dote presupuestariamente donde
proceda y no se endose a la Gerencia de Defensa.
Finalmente, señor Presidente, la Ley del Patrimonio del Estado viene a
significar claramente que por razones de utilidad pública y de interés
social podrán cederse a las comunidades autónomas y a las corporaciones
locales para el cumplimiento de sus fines inmuebles del patrimonio del
Estado. Lo que yo no
quisiera es que el Ministerio de Defensa, sin tener las corporaciones
locales ni las comunidades autónomas soporte presupuestario les haga un
endoso de esta naturaleza. Creo que entre todos, fundamentalmente el
Gobierno, tenemos que buscar solución a este problema, que es bien cierto
--como lo ha denunciado el grupo proponente y estamos de acuerdo--, pero
no se puede corregir por esta vía. Por esta razón, no podemos dar nuestro
voto a esta fórmula para solucionar el problema de los bienes de interés
cultural, que necesitan, repito, aparte de un nuevo soporte legal
complementario del que hay, es decir, de las leyes del Patrimonio del
Estado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones, le
ruego concluya.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
Necesitan, como he argumentado, un soporte presupuestario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que, en el momento en que hace esta presentación, el Bloque
Nacionalista Gallego está actuando de una forma explícita en defensa de
algún bien singular. También creo que es lógico y positivo que en la
mente de los miembros de dicho Bloque Nacionalista Gallego se hagan
planteamientos con referencia a situaciones específicas de la comunidad,
y deseo manifestar que en algunos aspectos tiene toda la razón. Lo que
ocurre es que dentro del contexto general por el que se mueve su
argumentación hay extremos culturales y planteamientos inmobiliarios que
hacen referencia a cuestiones culturales; planteamientos inmobiliarios
que hacen referencia a situaciones medioambientales, como puedan ser
campamentos de gran escala, que seguramente necesitan un tratamiento de
protección medioambiental, pero creo que dentro de sus razonamientos
también existen temas que hacen referencia a cuestiones inmobiliarias
stricto sensu.
La verdad es que cuando se creó la gerencia se establecieron los
objetivos que ha señalado el señor Mardones, que sustancialmente
consistían en la posibilidad de renovar todo lo que el Ministerio de
Defensa considerase necesario, a partir de unas posibilidades de
reinversión de aquellos bienes que fueran vendiéndose a quien deseara
comprarlos. Creo que, hasta ahora, la experiencia demuestra que todas las
operaciones inmobiliarias que ha realizado la gerencia han sido en
interés de los ayuntamientos y, en algunas ocasiones, de las comunidades
autónomas, pero lo cierto es que se ha tratado de operaciones
urbanísticas que han permitido arreglos de ciudades, aproximaciones
urbanísticas de la ciudad a los ciudadanos o quizá también la posibilidad
de que espacios antiguamente utilizados por el Ejército se hayan
transformado en importantes zonas de uso público. Sin embargo, no creo
recordar que en la mayoría de los planteamientos que se realizan desde
las comunidades autónomas o de los municipios se hayan reclamado al
Ministerio de Defensa aquellos aspectos que hacían referencia a bienes
culturales o a espacios medioambientales desde la generalidad de su
contexto, porque es obvio que ninguna comunidad autónoma reclamará todo
un conjunto de elementos culturales que esté en manos del Ministerio de
Defensa si no existe una dotación necesaria, de no ser porque de forma
singular y objetiva tenga destinado aquel inmueble para un uso
específico.
Si los ayuntamientos y las comunidades autónomas no han reclamado el
conjunto de estos espacios --me refiero a los culturales o a aquellos
medioambientales--, el tratamiento que se le tiene que dar a lo que
S. S. plantea es estrictamente específico. Puede ocurrir perfectamente
que en cualquiera de nuestras ciudades o de nuestras comunidades exista
un bien que, situado en un cierto espacio, no sea atractivo para nadie.
Incluso puede pasar que este bien que no es atractivo para nadie tenga un
cierto interés cultural; y también puede pasar perfectamente que exista
un espacio ocupado por un bosque, como existe en mi ciudad, cuya
conservación puede ser necesaria, pero que, de hecho, nadie lo haya
reclamado.
Creo que el planteamiento tiene que ser otro, tiene que ser el de la
decisión de cuáles son los elementos que el Ministerio de Defensa tiene
catalogados como propios para la reconversión de su patrimonio --es
decir, aquellos de los que pueda sacar un uso económico para, insisto,
replantearse inversiones-- y cuáles son aquellos otros que significan una
carga. Sin embargo, no nos engañemos, los que para el Ministerio de
Defensa son una carga también lo serán para los ayuntamientos y también
lo serán para las comunidades autónomas.
Aquí, a partir del planteamiento que realiza el Bloque Nacionalista
Gallego, lo que estamos haciendo es centrifugar el déficit. Aquellas
cosas que el Ministerio de Defensa no mantiene en sus debidas condiciones
traspasémoslas a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. ¿Qué
pasa? Que a partir de este momento el ayuntamiento o la comunidad
autónoma habrá recibido un instrumento y tendrá que mantenerlo. No creo
que haya ayuntamientos dispuestos a quedarse con el patrimonio cultural
del Ministerio de Defensa, insisto, a menos que tengan destinados los
bienes de que se trate a un uso específico.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Nadal, le
ruego vaya concluyendo.
El señor NADAL I MALE: Acabo, señor Presidente.
Simplemente quiero decirles que los acuerdos que hagan referencia a temas
puntuales tienen que estar tratados entre las partes de forma singular.
Puede haber un bien concreto en el que tenga que recurrirse a un
tratamiento específico, pero en la globalidad se necesita un tratamiento
general, un tratamiento de la Cámara y un tratamiento de dotación
presupuestaria en el caso de que o bien se decida mantener los bienes en
manos del Ministerio de Defensa o bien se decida traspasarlos. En lo que
sí le doy la razón es en que existen muchos bienes del Ministerio de
Defensa que no reciben el tratamiento adecuado, probablemente por falta
de nivel presupuestario.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Nadal.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Alcaraz Ramos.
El señor ALCARAZ RAMOS: Señor Presidente, señorías, el motivo de mi breve
intervención es manifestar el apoyo a la toma en consideración de la
proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Mixto y aprovechar
también para felicitar al Bloque Nacionalista Galego por la sensibilidad
que ha mostrado ante algo que ya es un problema que está afectando a
numerosas ciudades, a numerosos pueblos de toda la geografía española,
creo que no solamente a Galicia, sino que, como digo, en muchos lugares
se están detectando problemas como los que esta proposición de ley trata
de abordar.
El apoyo que damos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya se basa en dos razones. La primera, como
digo, es la oportunidad de lo propuesto. Creemos que la alternativa que
ofrece la proposición de ley garantiza mejor el cumplimiento tanto de la
letra como del espíritu de la Ley del Patrimonio Histórico, de otras
normas que ya han sido citadas en este debate y, en definitiva,
contribuye a asegurar el cumplimiento de ese principio rector establecido
en el artículo 46 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos
para que garanticen la conservación y promuevan el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Por
tanto, se trata de un mandato constitucional que debe presidir, debe
informar, junto a otro tipo de consideraciones pero en primer lugar, los
análisis que se hagan sobre la cuestión que ahora estamos debatiendo.
La proposición de ley que se presenta, al mantener en el ámbito público
bienes de interés cultural, permite garantizar mejor su preservación,
permite que esa preservación quede mejor asegurada y cierra la puerta a
la privatización de bienes culturales, con los ulteriores problemas de
conservación que a menudo se presentan en estos casos. Yo creo que no
puede ser un argumento en contra el hecho de que el patrimonio general
del Estado deba asumir gastos de conservación. Esa obligación ya existe,
y el Estado, el Ministerio de Defensa, la Gerencia de Infraestructura en
los diversos niveles tienen la obligación de mantener, de igual manera
que cuando su uso era militar, en buen estado de conservación ese
patrimonio, que no es del Ministerio de Defensa, sino que es un
patrimonio de todo el pueblo español. Además, como ya se ha indicado,
existe la posibilidad de facilitar la transferencia o la colaboración por
diversas vías a comunidades autónomas o a ayuntamientos.
Además de esta razón que nos parece la inmediata, la directa --esa razón
de oportunidad, de venir a solucionar problemas que ya se están
planteando--, hay otra segunda para el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya muy importante. Si esta proposición de ley
se presenta es porque algo está funcionando mal en el sistema establecido
por la Ley de 1984, prorrogada y modificada por la ley 32/1994. Nos
podemos dar cuenta, analizando los estudios que se han realizado y
leyendo simplemente la prensa, de los conflictos que se están generando.
Esta proposición de ley nos recuerda uno de los defectos de una mala ley,
a la que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya presentó --voy a recordar-- una enmienda a la totalidad. La
Diputada que en nombre de nuestro grupo defendió entonces este punto
decía algo que sigue siendo plenamente válido: Entiende nuestro grupo
que, ante la contraposición de intereses que se da en este caso entre las
necesidades de ingresos del Ministerio de Defensa y las enormes
necesidades sociales que se dan en los municipios en que se van a dejar o
se han dejado de destinar a uso militar determinados terrenos, hay una
prioridad a la hora de considerar esos equipamientos.
El funcionamiento de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa parte
de un mal principio: la rentabilidad económica por encima de intereses
sociales y colectivos, como son en este caso la defensa del patrimonio
histórico, o simplemente pero también de gran importancia en muchos
casos, de la transferencia de equipamiento de valor urbanístico o para la
prestación de múltiples servicios ciudadanos. ¿Qué está significando, en
definitiva, el desarrollo y la práctica cotidiana de esa ley? Que
antiguas instalaciones cerradas están deteriorándose sin que se les dé un
uso social --juicios sobre la propiedad, malestar ciudadano--, porque los
ciudadanos, sabiamente, no pueden entender que edificios de todos se
infrautilicen o se caigan por problemas burocráticos o por la
imposibilidad de ayuntamientos endeudados para poder adquirir estos
bienes. Así lo ha reconocido
el propio Gobierno en una respuesta escrita de fecha 1 de julio de este
año. En ella decía que las conversaciones con los ayuntamientos suelen
ser largas, toda vez que es difícil compaginar el precio de muchas de
estas instalaciones, la calificación urbanística inicial y las
dificultades económicas de las administraciones locales. En definitiva,
en la mayoría de los casos, no es que esas conversaciones con los
ayuntamientos sean largas, es que están siendo eternas, están siendo
inacabables, no se presta servicio al ciudadano y al mismo tiempo se
deterioran edificios.
En definitiva, nos encontramos ante una situación de bloqueo que habrá
que abordar tarde o temprano con seriedad, porque, una de dos, o la
gerencia mantiene y conserva edificios y otras instalaciones en
condiciones, y entonces sigue asumiendo numerosos gastos, o bien esas
instalaciones se deterioran sin servir a nadie, lo cual nos lleva a un
dilema terrible. Es cierto que los ayuntamientos van a tener problemas
para encontrar el dinero para mantener y para hacer funcionar estas
infraestructuras, pero se puede dar el caso --muchos casos-- en que los
ayuntamientos manifiestan la voluntad y la disponibilidad económica de
hacer funcionar esas antiguas instalaciones, pero lo que no tienen es
dinero para al mismo tiempo comprar a precio de mercado, subasta o
mediante los sistemas previstos esas instalaciones desafectadas y después
arreglarlas, ponerlas en funcionamiento y mantenerlas. Ni que decir tiene
--no hace falta recordar ni insistir en ello-- que todos estos problemas
y conflictos se van a agravar conforme avancen los planes de
profesionalización del Ejército, con la consiguiente reducción y abandono
de instalaciones.
Por tanto, bienvenida sea esta proposición que, afectando solamente a una
parte, aunque importantísima, de la ley que he estado criticando, arroja
luz sobre la cuestión de fondo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, al subir a esta tribuna para fijar la posición del Grupo
Socialista, querría manifestar que claramente seguimos considerando que
la Gerencia de Infraestructura del Ministerio de Defensa y la ley que la
sustenta son un organismo y un instrumento adecuado para los fines para
los que fue creada. Por lo tanto, si nos encontrásemos hoy, como otras
veces nos hemos encontrado, con una propuesta de desaparición de esta
gerencia o de desaparición de la ley, nuestro voto sería claramente
contrario.
Sin embargo, la proposición de ley ante la que nos encontramos hoy tiene
características distintas. Señala un problema que había sido ya detectado
y que provocó la modificación del artículo 3.º de la ley hace un año.
¿Cuál es el problema que señala y que ha sido ya apuntado por diferentes
intervinientes? Que una serie de bienes que han sido desafectados de las
finalidades del Ministerio de Defensa y que, por lo tanto, pueden ser
adquiridos, dadas sus características de ser bienes de interés cultural o
espacios naturales merecedores de protección, difícilmente encuentran
comprador, no ya únicamente un comprador de iniciativa privada sino,
incluso, un comprador de otra Administración pública.
Por ello, el problema es real y la propuesta que presenta el Bloque
Nacionalista Galego pretende solucionarlo; problema que puede verse
agravado, lo que a nosotros nos preocupó, después de oír a principios del
verano unas declaraciones del señor Aznar en Florencia cuando decía que
para financiar el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas
iba a poner en marcha un instrumento muy importante, que iba a ser la
venta de los bienes del Ministerio de Defensa, y que con el dinero
adquirido se iba a poder pagar la profesionalización. Nos preocupó por
tres motivos. El primero, por el desconocimiento de que este mecanismo
legal y el instrumento ya existía y, por lo tanto, no tenía que crearse.
En segundo lugar, porque la realidad era más compleja, como lo demuestran
los números, ya que este instrumento sirve para adquirir ciertos recursos
para modernizar las instalaciones de Defensa, pero no es posible esperar
que dé muchos recursos para financiar todo el proceso de
profesionalización. Los datos lo indican. De las 110 propiedades que se
han vendido en los últimos tres años, 97 lo han sido a instituciones
públicas y solamente 13 lo han sido a la iniciativa privada, con lo cual
todos ustedes comprenderán que los recursos que se obtienen son
claramente limitados.
Pero lo que más nos preocupaba era que esta propuesta podía significar un
intento de privatizaciones, llamémosles en cierto punto salvajes, de
algunos bienes de propiedad pública, especialmente de espacios naturales,
porque si a ciertos espacios naturales protegidos se les quita esta
protección y se permite en ellos ciertas construcciones, sí podríamos
asistir a un proceso de especulación en zonas naturales. El hecho de que
hasta el momento su pertenencia haya sido al Ministerio de Defensa ha
impedido que se degraden y que entren en este proceso de especulación.
Eso provocó, incluso, una protesta por parte del Colegio de Ingenieros de
Montes, que hablaba de la alarma que les producía. Textualmente hablaban
de la posibilidad de una segunda desamortización.
Por consiguiente, la propuesta que nos hace el Grupo Mixto tiene aspectos
que nos parecen positivos. En algún sentido van, por ejemplo, en la línea
de enmiendas que nuestro grupo ha presentado en el trámite del debate del
Decreto-ley que modifica la legislación del
suelo, recientemente convalidado por este Pleno. Sin embargo, también
tenemos que decir que su redactado, en la forma concreta en que se nos
presenta, nos suscita ciertas dudas, porque lo que nos propone no afecta
únicamente a la Ley que crea la Gerencia de Infraestructura, sino que
también afecta --así lo ha reconocido el propio proponente-- a la Ley del
Patrimonio del Estado, a la Ley del Patrimonio Histórico Español y a la
Ley de Conservación de Espacios Naturales. En estas leyes no se impide la
posibilidad de enajenar estos bienes si existe una oferta que procede de
la iniciativa privada. El mecanismo que se contempla en estas leyes
limita el uso de la propiedad, con lo cual en las leyes ya existentes
seguramente hay mecanismos que no permitirían un uso especulativo de
estos bienes históricos o de esos espacios naturales de interés.
Por ello, nosotros creemos que se puede, y se debe, aceptar a trámite la
proposición de ley del Grupo Mixto, pero es necesario presentar algunas
enmiendas y, si es aceptada a trámite, aunque nos parece que no va a
serlo por las intervenciones anteriores, nosotros presentaríamos
enmiendas de carácter técnico a la propuesta de ley que se nos presenta.
¿Cuál es el problema fundamental? En el fondo, y algunos intervinientes
así lo han reconocido claramente, el problema fundamental es la escasez
de recursos económicos para dar garantía de un correcto uso y
mantenimiento de estas instalaciones o de estos bienes, el problema es
cómo obtener recursos, desde la iniciativa privada o desde las
Administraciones públicas, para garantizar el mantenimiento y el uso
correcto.
Sin embargo, sin necesidad de modificar la ley actualmente vigente,
existen posibilidades de actuación, existen posibilidades de crear
consorcios de Administraciones públicas, incluso de participación de la
iniciativa privada, que diesen una salida a alguno de estos problemas.
Sólo dos ejemplos: el castillo de Figueras, en Gerona. Está en trámite la
aprobación de un consorcio por parte de Administración local, de la
Administración autonómica y del Gobierno central para la utilización de
este castillo. Otro ejemplo incluso aún más claro: el de la fortaleza de
La Mola, en la isla de Menorca, fortaleza de alto valor arquitectónico en
la arquitectura militar. Respecto a éste, está en trámite y ya a punto de
firmarse la creación de un consorcio entre la Administración local y el
Ministerio de Defensa, con la participación de la iniciativa privada
turística, que permitiría un uso turístico correcto de esta fortaleza
dentro de ciertos recorridos y que garantizaría plenamente la
conservación y un uso adecuado de esta instalación.
Por ello, creemos que la actual ley permite llevar a cabo actuaciones,
algunas de las cuales ya se han empezado a realizar, y se podría avanzar
más en ello, pero también creemos que se puede aceptar a trámite
claramente la propuesta porque pone sobre la mesa un problema real, por
lo tanto un punto de partida que permitiría a todos los grupos, incluso
al Gobierno, realizar propuestas de enmienda para mejorar y adecuar el
funcionamiento de la Ley de creación de la Gerencia de Infraestructura.
Cuando digo esto del Gobierno, lo digo por las propias manifestaciones
que realizó el Ministerio. En el mismo momento en que el Colegio de
Ingenieros de Montes recogió su pesar, incluso su protesta, ante lo que
podría ser este proceso de segunda desamortización, el Ministerio de
Defensa dio como respuesta que se estaba confeccionando un Plan Nacional
de Defensa, que confiaba que estuviese listo en octubre, y de este Plan
se desprendería otro referido a las infraestructuras inmobiliarias y
forestales. Decía textualmente el portavoz del Ministerio: Cuando se
apruebe a finales de año, podremos saber qué se enajena, qué se vende o
qué se regala. Por lo tanto, el mismo portavoz del Ministerio de Defensa
admitía que se tenía que modificar la Ley de creación de la Gerencia de
Infraestructura porque, sin modificarla, evidentemente no se puede
regalar nada. Si por parte del propio Ministerio, si por parte del propio
Gobierno se reconocía ya que podía haber la necesidad de modificar la Ley
de creación de la Gerencia de Infraestructura, en el mismo período de
tiempo, este último trimestre, puede coincidir la voluntad del Gobierno
con los intereses que manifiesta la propuesta del Grupo Mixto y con lo
que hemos manifestado diferentes grupos en estas intervenciones. Así
pues, sería lógico y bueno aceptar a trámite esta proposición de ley y
que durante su debate todos los grupos presentásemos las enmiendas
necesarias para modificar una ley que es buena, que está funcionando pero
que, como todas, puede mejorarse. Si encontramos estas mejoras, sería
bueno para el Ministerio de Defensa, para todas las administraciones y
para todos los ciudadanos, que podrían ver garantizado un uso adecuado de
estas instalaciones y de estos espacios.
Por estos motivos, nuestro grupo va a votar favorablemente a la
aceptación a trámite de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Marsal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández
de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, realmente el Grupo Parlamentario Popular comparte el fondo de
la proposición de ley presentada por el Bloque Nacionalista Gallego,
porque en innumerables ocasiones nosotros mismos hemos denunciado en esta
Cámara la cantidad de convenios, la cantidad de enajenaciones que se
venían realizando de acuerdo con la Ley de creación de la Gerencia de
Infraestructura por parte del Gobierno anterior y determinados
ayuntamientos y comunidades autónomas,
que eran realmente sangrantes para los ayuntamientos y las comunidades
autónomas. Simplemente por algunos de esos convenios a los que se
referían antes algunos de los intervinientes, salía claramente
beneficiada o claramente perjudicada, según se vea, la administración
local o la administración autonómica. Por tanto, sorprende que en este
momento quienes plantean la Ley de creación de la Gerencia de
Infraestructura en el año 1984, la prorrogan por un año en 1994 y vuelven
a prorrogarla por diez años en 1995, sean quienes ahora puedan apuntarse
al carro de una modificación contraria a los postulados que se han venido
manteniendo en esta Cámara cuando se ejercían las responsabilidades de
Gobierno.
La proposición de ley presentada por el grupo nacionalista del Bloque
Nacionalista Gallego dice: «Cuando se trate de inmuebles de valor
histórico-artístico que hayan sido declarados Bienes de Interés Cultural,
así como de espacios naturales merecedores de protección, por su
importancia ecológica, no podrán ser enajenados, debiendo mantenerse como
bienes en el Patrimonio del Estado». Y continúa: «Las Comunidades
Autónomas y/o las corporaciones locales podrán solicitar al Ministerio de
Economía y Hacienda su afectación o transferencia para fines adecuados,
presentando un plan de tutela, conservación, restauración y usos. Tanto
la afectación como la transferencia deberán ser aprobadas por el Consejo
de Ministros».
El Grupo Popular está a favor, como ya lo estuvo entonces, de la
existencia de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, en cuanto que
es o puede ser un instrumento eficaz y ágil para enajenar las bienes
inmuebles adscritos al Ministerio que hayan dejado de tener utilidad para
los fines de la defensa nacional y aplicar los recursos generados por
esas enajenaciones, pero también reconocemos y decimos aquí ahora, y otra
vez, que ello no quiere decir que la gestión desarrollada hasta este
momento no sea abiertamente criticable. Entendemos que no ha sido ni ágil
ni eficaz ni transparente, siendo por otra parte más que discutible su
rentabilidad. Por lo tanto, cuando el Presidente del Gobierno se refiere
a que con estos recursos se ayudará a financiar sin ninguna duda procesos
como el de profesionalización o determinadas inversiones, no es que
desconozca que existe esta Ley de creación de la Gerencia de
Infraestructura; parece que otros sí lo desconocen aunque la hayan
aprobado en el año 1984 y prorrogado en 1994 y 1995.
Tampoco es que sea una realidad compleja la de las adquisiciones porque
realmente lo que se pretende con esa ley que se ha anunciado de un plan
nacional de defensa de infraestructuras, como ha reconocido aquí otro
interviniente, es que de una vez por todas la enajenación o venta de esas
instalaciones sea realmente beneficiosa para ambas partes.
Entendemos, además, que, de prosperar esta iniciativa, impediría la
enajenación mediante venta o permuta de determinados bienes y, por tanto,
podrían verse reducidos los recursos para instalaciones militares, de
acuerdo con el artículo 2.º 4 de la Ley 28/1984, de creación de la
Gerencia. Nosotros compartimos esa sensibilidad y yo, como ferrolano,
comparto la sensibilidad por el abandono del Castillo de San Felipe, al
que se ha referido el portavoz del grupo proponente o, sin ninguna duda,
de lo que podría suceder con el Gobierno Militar de Ferrol y también, por
qué no decirlo, de los cuarteles de Sánchez Aguilera. Y esto ocurre tanto
en la ciudad de Ferrol como en otras ciudades de España. También hay que
recordar que desde el Gobierno se han ofrecido caminos de abandono a
determinadas baterías de costa u otras instalaciones que no interesan y
ni siquiera se ha contestado por parte de los ayuntamientos por lo
costoso que sería su mantenimiento, pues no tienen recursos para ello.
Por tanto, lo que se pretende sin ninguna duda por parte del Gobierno, y
en este momento por parte del Grupo Parlamentario Popular que sustenta al
Gobierno, es un compromiso real y serio con esta ley a la que ha hecho
referencia el señor Marsal sobre el Plan Nacional de Defensa, para que
incluso puedan ser cedidas a ayuntamientos o comunidades autónomas
aquellas instalaciones que puedan ser beneficiosas para ellos.
Las modificaciones legislativas que se proponen, desde nuestro punto de
vista, son contrarias al propósito y finalidad que presidió la creación
de la Gerencia de Infraestructura, que enumera entre las funciones del
organismo --y ésta puede ser la más esencial-- la de poder enajenar,
previa desafectación de los mismos, bienes no necesarios para la Defensa,
con el fin de allegar recursos con los que adquirir otros que satisfagan
dicha necesidad.
Se ha aludido, como siempre, a los gastos sociales; se ha aludido a que
el pueblo no puede beneficiarse en determinadas ocasiones de ciertas
cesiones, pero hay que recordar también que la generación de recursos
para un presupuesto depauperado, como es el del Ministerio de Defensa, no
sólo va destinado a inversión en armamento y material, hay que recordar
también que esas inversiones en armamento y material benefician a la
industria de la Defensa en la que hay cantidad de puestos de trabajo
civiles que están sustentados y pendientes de que esas inversiones
lleguen. Por tanto, no solamente hay que ponerse en el plano de que los
recursos son meramente especulativos.
Quiero decir claramente que el carácter de tales bienes sitúa el problema
en el ámbito de las leyes 13/1985, de 25 de junio, y 4/1989, de 27 de
marzo, del Patrimonio Histórico-Artístico, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Como ya se ha dicho
aquí, un bien que haya sido declarado de interés cultural goza,
obviamente, de la protección establecida en la Ley 13/1985, artículos 9 y
siguientes, sin olvidar especialmente el artículo 10, conforme al cual
cualquier persona puede solicitar la
incoación del expediente de declaración con los efectos previstos en los
artículos siguientes. Del mismo modo, la Ley 9/1989 diseña el régimen de
protección de los espacios naturales, parques, reservas, etcétera, cuya
declaración corresponde, salvo en contadas ocasiones, a las propias
comunidades autónomas.
En la materia que constituye la preocupación esencial de esta iniciativa,
actos de disposición de la Gerencia de Infraestructura de Defensa,
nosotros consideramos suficiente la garantía que contiene el artículo 7.º
de la Ley 4/1989, y aún más la del artículo 5.º 2, conforme a la cual el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales es obligatorio y ejecutivo,
constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera otros
instrumentos de ordenación territorial o física; de tal forma --prosigue
el precepto-- que los instrumentos de ordenación territorial o física que
resulten contradictorios deberán adaptarse a aquél. Las determinaciones
del Plan se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre cualquier otro
instrumento de ordenación territorial.
El segundo punto de su proposición redunda en este sentido desde el
momento en que tal posibilidad existe con carácter general, como ya se ha
señalado aquí, y la misma se encuentra consagrada normativamente en el
artículo 77 de la Ley del Patrimonio del Estado conforme al cual, por
razones de utilidad pública e interés social, podrán cederse a las
Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, para el cumplimiento
de sus fines, inmuebles del Patrimonio del Estado sitos en sus
respectivos territorios.
Señorías, en el ámbito de la Cámara todos los grupos parlamentarios
coinciden con el fondo de la propuesta del Bloque Nacionalista Gallego.
Discrepan en las vías por las que hay que conseguir el mecanismo adecuado
para que sea efectiva y ágil la actual Ley de la Gerencia de
Infraestructura. El Grupo parlamentario Popular, el grupo que en este
momento da apoyo al Gobierno de la nación, se compromete a que con esta
ley anunciada por el Gobierno cualquier enajenación, venta o incluso
cesión, teniendo en cuenta los derechos de reversión a los ayuntamientos
o a las comunidades autónomas, podrá ser una realidad no especulativa en
el plazo más breve posible. Somos sensibles a este tema, pero no nos
apuntamos a la facilidad de variar planteamientos que se hacían hace
cuatro días por estar en la oposición o en el gobierno, a la facilidad de
cambiar ahora de una manera radical porque se está en la oposición. Eso
es una insensatez y una incoherencia política a la cual el Grupo
Parlamentario Popular no está dispuesto. Por lo tanto, anunciamos nuestro
voto en contra de la proposición de ley presentada por el Bloque
Nacionalista Gallego.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Fernández de Mesa.
Vamos a proceder a la votación.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, pido la palabra. No es para
debatir nada, es para aclarar una cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez,
todos los grupos parlamentarios han utilizado el turno de fijación de
posición. (El señor Rodríguez Sánchez pronuncia palabras que no se
perciben.) Señor Rodríguez, no le oigo.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Me estoy refiriendo a los artículos 71 y 73.
El grupo parlamentario, en concreto el Bloque Nacionalista Galego, tiene
un sentido de la dignidad, y quiero aclarar una cuestión. No pretendo
entrar en ningún tipo de debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez, no
me riña. (Risas.) Explique las razones por las cuales me pide la palabra,
y yo se la concedo por un tiempo de tres minutos. Tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Solamente quiero aclarar, en uso del derecho que tenemos, que el Grupo al
que pertenezco se llama Bloque Nacionalista Galego. Como además afecta a
la dignidad de las corporaciones locales, de los municipios de una amplia
comarca, quiero decir, para conocimiento de otros nacionalistas, que los
ayuntamientos de esa comarca llevan pidiendo la transferencia, y se
comprometen a cuidar estos bienes de interés cultural, desde antes del
año 1993. Tengo mucha pena de que Galicia esté lejos y no se escuche lo
que opina. Lo digo para conocimiento de la Cámara y de un grupo
parlamentario que sí sé cómo se llama, Convergència i Unió. Sólo por una
cuestión de respeto: Bloque Nacionalista Galego. Respeto a todos los
grupos parlamentarios. Empleamos la lengua española en este marco, como
es nuestro deber, y exigimos que los demás grupos parlamentarios hagan lo
mismo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos de varios señores Diputados.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Rodríguez.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada por el señor Rodríguez, sobre
modificación de la Ley 32/1994, de 19 de diciembre, que prorroga la
vigencia y modifica la Ley 28/1984, de 31 de julio, de creación de la
Gerencia de Infraestructura de Defensa.
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a
favor, 148; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley debatida.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE MODIFICACION DE LA LEY
ORGANICA 13/1991, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL SERVICIO MILITAR Y DEL
REGLAMENTO DE RECLUTAMIENTO APROBADO POR REAL DECRETO 1107/1993, DE 9 DE
JULIO, EN LO QUE SE REFIERE A LA CONSIDERACION DE LOS AYUNTAMIENTOS COMO
ORGANOS DE RECLUTAMIENTO (Número de expediente 162/000032)
El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día, proposiciones no de ley.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), sobre modificación
de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar y
del Reclutamiento aprobado por Real Decreto de 9 de julio de 1993, número
1107, en lo que se refiere a la consideración de los ayuntamientos como
órganos de reclutamiento.
La señora Uría Echevarría tiene la palabra.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, la pasada semana se debatió en esta Cámara la proposición de
Ley Orgánica relativa a la supresión del servicio militar obligatorio y
de los delitos contra los deberes de cumplir el servicio militar o la
prestación social sustitutoria, presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (El señor Vicepresidente, López
de Lerma i López, ocupa la Presidencia.) El Grupo Vasco votó a favor de
su toma en consideración, ya que en la misma se recogían dos aspectos que
forman parte expresa del programa electoral y del ideario del Partido
Nacionalista Vasco: un ejército profesional y no de leva y, sobre todo,
despenalización de los delitos de insumisión. Respecto de este último,
recuerdo a la Cámara la reserva del representante de mi grupo, el
entonces Diputado Emilio Olabarría, respecto de los artículos 527, 528 y
604 en la votación final del Código Penal en la pasada legislatura.
La iniciativa de Izquierda Unida, que finalmente no fue tomada en
consideración, tenía, desde nuestra óptica, otro aspecto, además de los
dos ya citados --ejército profesional y derogación de tipos delictivos--,
que motivó nuestro apoyo: la desaparición del alistamiento de mozos como
obligación propia municipal. La proposición no de ley que hoy presentamos
ante la Cámara se circunscribe a este solo aspecto, una cuestión
aparentemente menor, pero significativa, como trataré de exponer.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Un momento, señora
Uría. Por favor, ruego silencio a la Cámara.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
La pasada semana apostábamos por lo más, ahora proponemos lo menos. Sólo
se trata de eliminar la obligación, de liberar a las instituciones
locales de la carga anual de ejecutar el alistamiento. La normativa
sectorial que regula el servicio militar, Ley Orgánica 13/1991, y el
Reglamento de Reclutamiento tipifican a los ayuntamientos como órganos de
reclutamiento, haciéndoles asumir una serie de contenidos,
responsabilidades y obligaciones que configuran una suerte de
competencias delegadas de la Administración estatal, ya que en modo
alguno esta tarea puede catalogarse como quehacer propio municipal, y no
debe olvidarse que el artículo 137 de la Constitución consagra la
autonomía municipal y de las comunidades autónomas para la gestión de sus
respectivos intereses. Se consagra así en la Ley Orgánica 13/1991 y en el
Real Decreto 1107/93, de 9 de julio, la inclusión de un órgano de la
Administración local en la estructura de la defensa, cuando los
ayuntamientos son entidades de marcado carácter civil y distinto de la
Administración del Estado, atribuyendo una gravosa carga a la ya
congestionada administración municipal que además debe desviar recursos
para atender a esos fines, que podría y debería destinar al cumplimiento
de funciones propias de la gestión local.
No voy a ocultar a la Cámara que hay doctrina del Tribunal Supremo sobre
esta cuestión. La Federación de Municipios de Cataluña promovió el
recurso 1.743-1.989 impugnando el Real Decreto 611/1996, que aprobaba el
Reglamento del Servicio Militar, hoy derogado, pero con igual previsión
respecto a los actos de recluta y leva. Se planteaba a la Sala Tercera
del Tribunal Supremo si resultaba legítimo y jurídicamente admisible
imputar a las administraciones locales obligaciones y competencias
propias de otras administraciones, con el agravante de no preverse al
mismo tiempo los recursos correspondientes para su ejercicio. La
sentencia dictada, de 6 de noviembre de 1991, convalida la norma,
entendiendo, con criterio que no comparto, que --y es cita literal-- la
defensa nacional es una cuestión de Estado, entendido como persona
jurídica internacional que engloba a otras personas jurídicas públicas, y
en tal sentido los municipios son parte del Estado, insertándose las
labores encomendadas por el Reglamento impugnado en las de colaboración
participativa en las tareas de la defensa nacional.
Este fallo, que no he ocultado a la Cámara, no obsta a lo que mi Grupo
propugna ahora ante la Cámara, ya
que una opción legislativa puede ser considerada legítima por los
tribunales, que entre otros criterios manejan, no lo olvidemos, el de
conservación de la norma, pero eso no implica que sea la única opción
posible ni excluye la sustitución por otra igualmente legítima y, a
nuestro criterio, más acorde con la delimitación de competencias y
configuración territorial del poder en nuestro sistema constitucional.
La estructura actual de la Administración del Estado, en la que existe
una Dirección General del Servicio Militar, las delegaciones
territoriales de defensa y otros órganos habilitados por Ley para el
reclutamiento hacen que resulte innecesario el concurso de la
Administración local a tal fin. Es más, en este momento está tramitándose
ante la Cámara el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado, cuya disposición adicional sexta
excluye a las delegaciones de defensa del régimen general previsto para
la Administración periférica del Estado, quedando al margen de las
delegaciones del Gobierno. Estas delegaciones de defensa, que
permanecerán integradas en el propio Ministerio, se regirán por su
normativa específica. Son, a nuestro juicio, los órganos adecuados para
efectuar las tareas de reclutamiento en cada provincia. Y en este sentido
de configurar a las delegaciones como órganos de defensa y de
reclutamiento, presentará una enmienda el grupo al que represento.
Es incluso posible entender que la enmienda al proyecto de Lofage es
cauce adecuado para obtener lo que se propone en esta iniciativa, ya que
la Ley del Servicio Militar no tiene el carácter de orgánica en los
artículos afectados, el 7 y el 9, tal y como señala su disposición final
quinta. Esta opción introduce racionalidad en la distribución y
articulación competencial entre administraciones, pero, además, tiene
otro valor a considerar que aparece citado en la breve exposición de
motivos de la iniciativa: en los últimos años la sociedad ha ido
evolucionando hacia posiciones de opinión contrarias a la participación
de las instituciones locales en el reclutamiento del servicio militar, lo
que ha generado, sobre todo en determinadas zonas del territorio del
Estado, una importante crispación social que es posible evitar. Citaré la
Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra, en alguna medida
Cataluña, pero no exclusivamente.
Son, en efecto, numerosos los ayuntamientos en los que las convicciones
pacifistas de sus concejales, su condición de objetores de conciencia o
similares razones legítimas les han llevado a adoptar acuerdos de no
colaboración con la Administración militar, ocasionándose así litigios,
primero en el orden contencioso-administrativo para declarar la
ilegalidad y, posteriormente, procesos penales por desobediencia. Estas
situaciones se evitarían con la modificación de la normativa que
proponemos, más acorde con la regulación del tenor del artículo 137 de la
Constitución y del artículo 149.1.4, que reserva como competencia
exclusiva del Estado la Defensa y las Fuerzas Armadas. No estoy
propugnando un fortalecimiento de la Administración del Estado en las
comunidades autónomas, sino que a lo que me refiero es a que la propia
Administración estatal, hoy existente, es absolutamente capaz para
realizar el cometido de que se trata.
En el engranaje de una reforma de la Administración en marcha es posible
adecuarse a las exigencias de la separación de los distintos niveles de
poder que la Constitución consagra e incluso a los requisitos de eficacia
y de eficiencia que la modernización requiere. Es lógico pensar que las
operaciones relativas al alistamiento se efectuarán de forma uniforme,
más práctica, factible y fiable por la propia Administración estatal de
la defensa, a través de sus delegaciones, que de forma dispersa, desigual
y como carga añadida a sus muchos cometidos por los distintos
ayuntamientos.
En la pasada semana también el señor Ministro de Defensa anunciaba el
envío a la Cámara por el Consejo de Ministros, antes de que finalice el
año, del proyecto de ley de profesionalización del Ejército. Los órganos
correspondientes de Congreso y Senado acordaron, en fecha reciente, la
creación de una comisión mixta de carácter no permanente para establecer
las fórmulas y plazos para alcanzar la plena profesionalización de las
Fuerzas Armadas, lo que conlleva la no exigencia de la prestación del
servicio militar obligatorio. En este escenario, como ahora se dice, con
este horizonte, la medida que nosotros propugnamos se presenta como
razonable, acorde con la lógica de distribución estratificada de poderes
constitucionalmente prevista, sencilla de llevar a la práctica, ya que
existen unas delegaciones de defensa suficientemente dotadas, liberará
además a los ayuntamientos de unas tareas que no les son propias y les
generan gastos y, sobre todo, cumplirá lo que debe ser un objetivo de
toda norma jurídica que se proyecte: servirá como instrumento de solución
de situaciones de conflicto social detectadas.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Uría.
A esta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene
presentada una enmienda de modificación el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Para su defensa tiene la palabra el señor Nadal.
El señor NADAL I MALE: Muchas gracias, señor Presidente.
Desde la tranquilidad que un Diputado del Grupo Catalán tiene, aunque no
lo llamen nacionalista, desearía defender una pequeña modificación aunque
interesante, creo, en su contenido a la propuesta del Grupo Nacionalista
Vasco, en el sentido de que sean los ayuntamientos los que continúen
realizando la función específica de los servicios de reclutamiento
siempre
que, atendiendo a que no son competencias establecidas dentro de los
reglamentos municipales o dentro de la Ley de régimen local como
competencias propias, siempre que --insisto, señor Presidente-- sean
compensadas económicamente. Creemos que las delegaciones de defensa que
hoy día se están estableciendo o que se han situado en la capitales de
provincia cumplen o podrían cumplir algunas de estas funciones, pero lo
que es evidente es que los municipios como entidad más próxima al
ciudadano pueden ayudarle a éste y evitarle numerosas molestias que los
desplazamientos a las delegaciones de defensa puedan ocasionarles dentro
de la propia circunscripción.
Por tanto, señor Presidente, nos gustaría que el Grupo Nacionalista Vasco
aceptara la posibilidad de que fueran los ayuntamientos los que
continuaran prestando este servicio, como lo vienen haciendo actualmente,
pero a la vez, como es lógico y justo, al efecto de no mermar las
economías de los ayuntamientos con este esfuerzo complementario, se
contemplara por parte del Gobierno la posibilidad de que dicha prestación
de servicio fuera remunerada económicamente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Nadal.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario
Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, quiero expresar nuestro voto a favor de esta proposición no de
ley en coherencia con diversas cuestiones. En coherencia con nuestro
propio planteamiento político dentro de las instituciones del País Vasco,
porque ya presentamos una proposición en este sentido en el año 1994 en
el Parlamento vasco, pero más especialmente en coherencia con la
actuación que los cargos públicos de esta formación política, Eusko
Alkartasuna, están llevando a cabo dentro de los propios ayuntamientos,
siendo procesados por ello y por no atender a los requerimientos de esta
ley orgánica.
Las razones por las que consideramos necesaria esta reforma no sólo se
refieren a cuestiones jurídicas, entendidas como la autonomía local
consagrada en el artículo 137 de la Constitución, otra serie de
razonamientos jurídicos o el coste que pudiera suponer a los
ayuntamientos realizar estas tareas, sino por reflejar el sentimiento de
la realidad social que existe en muchas zonas del Estado --como ha
señalado la Diputada Uría--, en concreto en la Comunidad Autónoma del
País Vasco, a la que yo represento, en la Comunidad Foral de Navarra y
otras zonas; esta realidad entendida no sólo como un coste, sino como que
no son los ayuntamientos los que deben realizar esta labor (corresponde
al Estado, a la Dirección General del Servicio Militar), pero sobre todo
por la realidad social entendida como el rechazo a una concepción
militarista y el apoyo a una cultura pacifista.
Mi exposición pretende ir en contra del espíritu militarista que se
consagra en esta ley, entendido como que las instituciones locales, las
que están más cerca de los ciudadanos, lo único que tienen que hacer es
reflejar y ratificar la realidad social de los pueblos donde residen. Por
ello entendemos que la enmienda propuesta por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) no responde a lo que se pretende con esta ley. No
se trata solamente de un coste económico, es algo más, refleja la
realidad social del no apoyo a una cultura militarista y sí, por el
contrario, el apoyo a una cultura pacifista que existe hoy en muchas
zonas en concreto de donde yo vengo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
La iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), mediante
la proposición no de ley, merece para nosotros una consideración muy
especial. Entendemos que lo que se pretende --como bien ha justificado la
portavoz--, en un ambiente de conducta y de rechazo, es que determinados
ayuntamientos en la casuística que ella ha señalado del País Vasco --no
tengo datos de ninguna incidencia en cuestiones de este tipo en los
ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero nosotros lo
respetamos y compartimos la problemática con el Partido Nacionalista
Vasco--, de no existir el servicio militar sería una cuestión que caería
por su propio peso. No existiendo servicio militar obligatorio no habría
ninguna obligación de obtener los censos de reclutamiento y las medidas
que vienen tomando los ayuntamientos.
¿Por qué los ayuntamientos tienen que realizar esas tareas, lo que
recogía la Ley Orgánica 13/1991 e igualmente el Real Decreto 1107/1993,
de 9 de julio, para el posterior desarrollo de la ley mediante su
reglamento? Porque en la tradición española, desde que se instauró el
servicio militar obligatorio de conscriptos y las levas obligadas, la
única estructura territorial de inmediatez al quinto llamado, al recluta,
eran los ayuntamientos; y al mismo tiempo porque el censo militar para
obtener quiénes eran los llamados a filas salía de los padrones
municipales. Es decir, el que tenía la base nominal de personas que
entrasen en la edad de ser llamados a filas no eran, en la tradición
española, ni el famoso Ministerio de la Guerra en la Monarquía y en la
República, ni el Ministerio del Ejército, de Marina o del Aire en el
régimen posterior, ni en la democracia el Ministerio de Defensa.
La base documental, el padrón de habitantes, el censo de varones para ser
llamados a filas estaba en los ayuntamientos. Por tanto, resultó siempre
lógico que la función de este reclutamiento se llevara a los
ayuntamientos por su proximidad. El Grupo Catalán (Convergència y Unió)
ha presentado una enmienda que invoca y apela a la proximidad para esta
actuación. Nosotros entendemos que, además de la resolución del problema
de fondo, como en la enmienda del Grupo Catalán, hay un problema
económico, porque todas las leyes, sistemáticamente, en un procedimiento
de ahorro administrativo de presupuesto de los ministerios encargados de
la cosa militar española a lo largo de la historia, del servicio militar
obligatorio, han llevado, por un ahorro procedimental, a encomendar esta
tarea a los ayuntamientos, sin que nadie previese que había que atender
un coste económico de mantenimiento del servicio.
Curiosamente, la Ley de 1991, en su artículo 7, que como bien ha
recordado la portavoz del PNV no es orgánica, y, por tanto, se trata de
un simple artículo administrativo que puede ser cambiado, señala a las
oficinas consulares y a los ayuntamientos como órganos de reclutamiento,
recogiendo también lo señalado en los artículos 13 y 9 del reglamento que
la desarrolla. Junto a toda la estructura militar central o periférica se
habla de dos entidades: una, de la Administración central, que son los
órganos consulares, las oficinas consulares en el extranjero, porque
prevalece el principio de inmediatez a quien en el extranjero sea llamado
a filas, y otra, los ayuntamientos. Da la casualidad de que los órganos
de la Administración central que se señalan aquí, las oficinas
consulares, dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores y el
mantenimiento de sus costes y gastos de reclutamiento va dentro de los
Presupuestos Generales del Estado, pero el legislador olvidó el coste
imputable a los ayuntamientos. Nosotros, con un sentido pragmático, con
sentido común, vemos que la enmienda del Grupo Catalán viene a atender
este aspecto económico del mantenimiento, pero también entendemos que en
la enmienda del Grupo Vasco subyace un planteamiento político y no
meramente económico: que se supla a los ayuntamientos, estén donde estén,
sobre el territorio del Estado español en esta cuestión.
Si entramos en esa cuestión, que es una cuestión política, nosotros
decimos que este problema no se puede solucionar por vía de esta
proposición no de ley, sino que debe hacerse por vía de ley, puesto que
hay una ponencia creada y comprometida por el Presidente del Gobierno en
su discurso de investidura para atender la solución del problema relativo
al servicio militar, contemplando su profesionalización y, por tanto, la
desaparición del servicio militar obligatorio. Esto haría innecesaria la
concurrencia participativa de los ayuntamientos como órganos de
reclutamiento. La verdad es que, hasta el momento procesal en que esto se
produzca, el mantenimiento de los ayuntamientos como órganos de
reclutamiento es lógico y necesario. Luego, si no hay servicio militar
obligatorio, estos órganos desaparecen.
La situación intermedia sería precisamente la económica para que, al
menos, se pueda paliar el coste. Pero, vuelvo a decirlo, creo que la
intencionalidad no es económica, sino que se trata de un problema
político y, en este caso, esto tendría que ir en la nueva ley del
servicio militar. Esperemos que la Ponencia, las medidas de compromiso
del discurso de investidura del Presidente y lo que hemos apoyado los
grupos en este discurso de investidura nos permitan que los ayuntamientos
puedan desaparecer en esta tarea. Por las razones expuestas, señor
Presidente, nosotros no vamos a apoyar con nuestro voto esta proposición
no de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señorías, subo a esta
tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Vasco de modificación de los órganos de reclutamiento para
el servicio militar.
En principio, debo manifestar nuestra posición favorable a la proposición
de ley por la concordancia que existe entre su propuesta y una iniciativa
de nuestro grupo que está registrada en esta Cámara. Quiero decir que
nuestro voto, que como digo anunciamos favorable a esta proposición del
PNV, está condicionado a que no sea aceptada la enmienda que ha propuesto
Convergència i Unió. Y ya entrando en el asunto, parece inexcusable hacer
referencia a lo que pasó en este Parlamento la semana pasada, y es que
nuestro grupo parlamentario presentó una proposición que pedía la
supresión del servicio militar obligatorio por entender que el actual
modelo de Ejército es claramente ineficaz y en algunos casos vejatorio
para los jóvenes españoles.
Señorías, creo que la mayoría de ustedes comparte con nosotros que el
actual sistema ha perdido eficacia y que socialmente es rechazado. Tan es
así que incluso el Ministro de Defensa ya ha fijado plazos para la
implantación del Ejército profesional, y esperemos que eso sea con la
sana intención de evitar estos males que acaecen en nuestra estructura
militar. Yo creo que estamos en una situación en que el actual
ordenamiento crea conflictos de distinta índole en nuestra sociedad. Por
una parte existe un rechazo social al militarismo civil, se castigan los
llamados delitos contra el deber del servicio militar y se castiga la no
aplicación de
competencia del Estado en las corporaciones locales a través de sus
representantes.
En definitiva, señorías, la imposición de leyes que no son aceptadas por
los ciudadanos conduce a situaciones de rechazo e impotencia, sobre todo
a aquellos que sufren el rigor de una ley que en estos momentos es
considerada injusta. Mientras no se modifique el actual modelo de
Ejército basado en el reclutamiento obligatorio, se hace necesario al
menos corregir determinadas anomalías que tienen su origen en un concepto
expansivo de la Administración militar. Los ayuntamientos en estos
momentos están obligados a actuar como órganos de reclutamiento, aunque
permítanme alguna duda al respecto que voy a intentar citar. El artículo
25 de la Ley de Bases de Régimen Local en las competencias de los
ayuntamientos no recoge el tema de los alistamientos, por tanto existe un
vacío en esta materia digno de tener en cuenta. La misma Ley de Bases de
Régimen Local pone énfasis en el principio de autonomía de los
ayuntamientos y el Título VIII de la Constitución Española recoge que las
relaciones de las corporaciones locales con la Administración del Estado
se regirán por los principios de autonomía en la gestión de sus
intereses.
Dicho esto, señorías, se puede establecer que los ayuntamientos están
obligados a actuar como órgano de reclutamiento forzados por la Ley
Orgánica 13/1991, del Servicio Militar. La sociedad española y sus
representantes en los municipios están siendo contrarios a tener
competencias en las labores de reclutamiento para el servicio militar.
Los ayuntamientos se ven involucrados en tareas que no les son propias
por el marcado carácter militar de las mismas. La entidad municipal como
órgano civil debe ser liberada de una obligación que no está fijada en la
Ley de Bases de Régimen Local. En la mayoría de los casos en los
ayuntamientos escasean los medios tanto humanos como económicos, y
nosotros nos preguntamos por qué cargarlos con competencias que son de la
Administración central del Estado.
Señorías, cada vez tenemos más casos de alcaldes que siguiendo el mandato
de sus corporación y de sus vecinos se oponen a cumplir unas funciones
militares que son extrañas a sus competencias y por algunos yo me
atrevería a decir que también calificadas como anticonstitucionales. Yo
apelo a que exista una verdadera autonomía municipal, como recoge la
Constitución Española, y no se mantengan obligaciones contrarias a la
voluntad de los ciudadanos y de sus representantes. Creo que debemos ser
conscientes y ver que existen movimientos sociales muy fuertes que exigen
modificar las estructuras existentes. No podemos permitir que haya
alcaldes mandatados por sus electores y por su propia conciencia que se
ven obligados a incurrir en el llamado delito de desobediencia,
consistente en rechazar la competencia delegada en materia de
alistamiento. Hoy tenemos la posibilidad de evitar que haya más
condenados por representar la voluntad de sus pueblos, porque la
inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos socava el
propio sistema democrático representativo, pilar fundamental para la
convivencia de los pueblos.
Por todo lo expuesto, señorías, modifiquemos la Ley Orgánica 13/1991, de
20 de diciembre, del Servicio Militar, pasando esta competencia a la
Administración central del Estado, eximiendo a los ayuntamientos de esta
ingrata labor.
Nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor
Fernández Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez
López.
La señora SANCHEZ LOPEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
la proposición no de ley que debatimos en este momento, que pretende la
supresión de los ayuntamientos como órganos de reclutamiento para el
servicio militar, no es un asunto nuevo en esta Cámara. Por el contrario,
su pretensión viene siendo reiterada sin éxito desde que comenzó el
debate sobre el modelo de Fuerzas Armadas, antes incluso de la discusión
y aprobación de la Ley 13/91, de 20 de diciembre, del Servicio Militar.
Entonces como ahora el Grupo Parlamentario Socialista viene manteniendo
una coherencia que ningún acontecimiento exterior aconseja quebrar. Antes
al contrario, las líneas de reforma del servicio militar anunciadas por
el Gobierno y la creación de la comisión parlamentaria que estudiará esta
reforma recomendarían reforzar la postura que mantenemos desde el
principio sobre esta cuestión. En función, pues, de este nuevo escenario
en el que se cuestiona el modelo de Fuerzas Armadas hoy vigente, no
parece prudente suprimir las responsabilidades municipales en materia de
reclutamiento en el umbral de la supresión del mismo, como ya ha dicho el
señor Mardones. Esto parecería incluso un contrasentido, y esta situación
no es más que el desconcierto general en que el Gobierno popular ha
sumido a la sociedad española y en concreto a los jóvenes varones con el
anuncio precipitado, a nuestro entender, del cambio de modelo.
Una vez dicho esto, podríamos remitirnos al «Diario de Sesiones» para que
se conocieran las razones en que se sustenta nuestra posición. No
obstante, las intentaré resumir para evitar el trabajo de buscarlas a
aquellas de SS. SS. que no hayan tenido la oportunidad de debatir esta
cuestión anteriormente. Pensamos que se deben mantener los ayuntamientos
como órganos de reclutamiento por varias razones. La primera, porque así
se presta un servicio a los ciudadanos por parte de la Administración que
les es más próxima, con la consecuente comodidad para los jóvenes que, de
lo contrario, se verían perjudicados; sobre todo aquellos jóvenes
no residentes en las capitales de provincia, ya que es impensable, hoy
por hoy, por los costos en tiempo y en dinero, que en lo que falta para
la anunciada profesionalización total del Ejército el Ministerio de
Defensa pueda crear 8.000 puntos de reclutamiento por toda la geografía
nacional, ya que no bastarían las delegaciones provinciales de defensa
para sustituir a los 8.000 ayuntamientos que existen en nuestro país.
La segunda razón que quiero exponer es que, también por esta cercanía de
la institución municipal a los ciudadanos, creemos que es positivo que
los ayuntamientos sean intermediarios entre la sociedad y las Fuerzas
Armadas, porque así se favorecería la relación entre la Administración
militar y la Administración civil y, en definitiva, entre el pueblo y su
Ejército, objetivo este que ha sido compartido por todos los grupos
parlamentarios de la Cámara hasta el momento y que ha sido, además,
empeño de los distintos gobiernos socialistas y trabajo de las Fuerzas
Armadas. Unos ejemplos podrían ser la participación de las Fuerzas
Armadas en misiones de paz, en ayuda humanitaria, incluso la gran reforma
de la enseñanza militar que se ha llevado a cabo en estos últimos doce
años y que ha llevado a cooperar y a colaborar a la enseñanza militar y a
las Fuerzas Armadas con universidades y con otras instituciones
educativas de la sociedad civil. Yo creo que este trabajo ha contribuido
a superar el divorcio histórico del Ejército con el pueblo español. Esta
propuesta no quiero decir que pretenda la vuelta atrás en este avance,
pero es indudable que responde a un cierto sentimiento antimilitarista
que consideramos superado por la sociedad española y que en todo caso mi
grupo no puede compartir.
La tercera razón por la que no apoyamos esta proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Vasco es que los ayuntamientos realizan el
alistamiento, si no me equivoco, desde que éste o aquéllos existen. Esta
vieja responsabilidad, que ya fue minimizada --y hay que recordarlo-- por
la Ley 13/91 del Servicio Militar, ya que antes de su aprobación los
ayuntamientos también tenían la obligación de medir a los mozos y ahora
sólo les queda la obligación de alistarlos, esta vieja tarea, que parece
que va a acabar con el siglo, se ha venido realizando en el marco de un
principio político sano, a nuestro entender, de colaboración y
cooperación leal entre administraciones. Colaboración y cooperación leal
entre administraciones que no resuelve, ya se ha dicho con anterioridad,
el problema legítimamente planteado por algunos ayuntamientos de la
suficiencia financiera necesaria para la prestación de servicios por
parte de las corporaciones locales que recoge el artículo 191 de la
Constitución, por lo que nos parece que es interesante la propuesta del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), que estudiaremos si con
posterioridad vuelve a presentarse en esta Cámara.
De cualquier manera, y para terminar, queremos señalar que este es un
tema más que aconsejaría un pacto local que aclare y resuelva
definitivamente la financiación municipal, ya que no es éste ni el único
ni el más gravoso de los servicios ajenos a sus competencias que prestan
las corporaciones locales.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Sánchez
López.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez
Izquierdo.
El señor MARTINEZ IZQUIERDO: Señor Presidente, señorías, tengo el honor
de subir a esta tribuna, en nombre del Grupo Popular, para exponer y
explicar con la mayor brevedad la posición de mi grupo en relación con la
proposición no de ley que hace unos minutos ha explicado la portavoz del
Grupo PNV, presentada hace unos meses, el 5 de julio de 1996, en esta
Cámara y que, como hemos escuchado, hace referencia a la posible
modificación de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio
Militar, así como del Reglamento de reclutamiento aprobado por el Real
Decreto 1107/1993, de 9 de julio, en lo concerniente a la consideración
de los ayuntamientos como órganos de reclutamiento, por considerarlos
contrarios a la autonomía local y a la racionalidad que exige la
necesaria separación entre las administraciones civil y militar.
Mi grupo --y ya lo adelanto-- no va a apoyar esta iniciativa, y no la va
a apoyar porque no comparte el juicio desfavorable que merece a los
autores de esta proposición no de ley la colaboración de los
ayuntamientos con la Administración del Estado en materia de
reclutamiento. Expondré las razones. En primer lugar, dicha colaboración
no constituye, a nuestro entender, un hecho excepcional sino que, bajo la
forma de delegación de funciones, se encuentra prevista de manera
genérica en la legislación de régimen local. Así, el artículo 27.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
dice: La Administración del Estado podrá delegar en los municipios el
ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses
propios, siempre que con ellos se mejore la eficacia de la gestión
pública y se alcance una mayor participación ciudadana. De acuerdo con el
punto 3 del mismo precepto: El municipio no podrá rechazar la delegación
cuando, como en el caso que nos ocupa, por ley se impone
obligatoriamente. La propia Ley de Bases de régimen Local, en su
disposición final quinta, impone a los municipios cabeza de partido
judicial en que no exista establecimiento penitenciario la obligación de
mantener un servicio de depósito de detenidos a disposición judicial
custodiado por la policía municipal de ese municipio.
Además, señorías, tampoco parece objeción de entidad la naturaleza
militar de las funciones que según los proponentes se encomiendan a una
Administración
como la municipal de fines puramente civiles, aparte de que también
desempeñan dichas funciones órganos no integrados en la Administración
militar, como las oficinas consulares y las embajadas. Es dudoso que se
pueda considerar el mero recuento de jóvenes residentes en los términos
municipales como una función propia e intransferible de la Administración
militar. Nos encontramos más bien ante una simple colaboración
administrativa, análoga a la que se presta en tantos otros ámbitos, con
base en la mayor información o en la mayor facilidad para obtenerla con
que cuentan ciertos órganos o administraciones.
No era ésta, ciertamente, la situación anterior a la entrada en vigor de
la actual Ley de Régimen Militar. El artículo 10 de la anteriormente
vigente Ley 19/1984, de 8 de junio, imponía a los ayuntamientos, además
de la elaboración de las listas, la clasificación provisional de los
mozos, incluyéndoles en alguno de los grupos siguientes: útiles para el
servicio militar, no aptos para el servicio militar, solicitantes de
prórrogas, solicitantes de exención del servicio militar, y pendientes de
clasificación.
Con la nueva Ley de 1991 los ayuntamientos únicamente deben elaborar las
listas de sus residentes que cada año cumplen 17 años de edad y
remitirlas al centro de reclutamiento correspondiente --artículos 7.º 2 y
7.º 3-- prestando, ya se ha dicho en esta Cámara, un servicio al
ciudadano de la forma más próxima posible, ya que el Ministerio de
Defensa de ninguna manera puede tener una delegación en cada municipio.
Por consiguiente, consideramos que la colaboración municipal en las
labores de reclutamiento resulta perfectamente enmarcable en las
habituales relaciones de colaboración que se establecen entre las
distintas administraciones públicas para garantizar la eficacia de su
respectiva gestión.
Además, creemos que no existe una demanda social que exija separar a los
ayuntamientos de las tareas de reclutamiento sino todo lo contrario.
Flaco favor haríamos a los mozos que deben alistarse en el Ejército si el
único modo de hacerlo fuera ir a la capital de provincia.
Por tanto y como ya adelanté al inicio de mi intervención, mi grupo
votará en contra de esta iniciativa presentada por el Grupo Nacionalista
Vasco.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Martínez
Izquierdo.
A efectos de comunicar a la Cámara si acepta o, en su caso, deniega el
grupo autor de la proposición no de ley la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor Presidente.
No vamos a aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Catalán porque, tal
y como he indicado al exponer el motivo de nuestra iniciativa, éste era
doble: de una parte buscaba la racionalidad en el sistema de distribución
competencial, evitando una cuña de la Defensa en el ámbito de lo local,
que yo en modo alguno he dicho que era ilegal --incluso he citado una
sentencia del Tribunal Supremo que lo avala--; simplemente he dicho que
la solución que proponíamos me parecía más razonable y más acorde con el
sistema de distribución competencial.
Además, repito, la iniciativa tenía un fundamento doble. El segundo
fundamento era dar solución a situaciones de objeción de conciencia de
los órganos locales de reclutamiento. Me he referido a supuestos de
corporaciones locales en las que el alcalde o los concejales son
objetores de conciencia y por razones de este estilo no atienden al
reclutamiento, con lo cual se causa un perjuicio al buen funcionamiento
de esa institución, mientras, de otra parte, ellos mismos se ven incursos
en procedimientos penales por situaciones que van a dejar de ser delito
en un horizonte próximo.
Por esa razón, creemos que no se trata de un problema económico sino de
un problema de principios y no podemos aceptar la enmienda que se nos
propone.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señora Uría.
En consecuencia, vamos a realizar la votación en relación con esta
propuesta sin la enmienda que se ha presentado. (El señor Presidente
ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), sobre modificación de la Ley Orgánica 13/1991,
de 20 de diciembre, del Servicio Militar y del Reglamento de
Reclutamiento, en lo que se refiere a la consideración de los
ayuntamientos como órganos de reclutamiento en los términos en que fue
presentada por el grupo proponente, al haber rechazado las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a
favor, 24; en contra, 287.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley debatida.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Señor Rodríguez), SOBRE MODERNIZACION DE
LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN GALICIA Y NECESARIOS COMPROMISOS DEL
GOBIERNO A ESTE RESPECTO (Número de expediente 162/000022)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto,
señor Rodríguez, sobre modernización de la infraestructura ferroviaria en
Galicia y necesarios compromisos del Gobierno a este respecto.
Para la defensa de la proposición tiene la palabra el señor Rodríguez.
(Rumores.) Señorías, les ruego guarden silencio para que el señor
Rodríguez pueda comenzar la exposición en defensa de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.)
Cuando quiera, señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras Diputadas, señores Diputados, desde hace años hay un importante
movimiento social en Galicia que va destinado a hacer frente a una
situación insostenible y discriminatoria desde el punto de vista de la
situación y funcionamiento de los ferrocarriles. Esta reacción de la
sociedad gallega se articuló frente a unas tesis, que fueron dominantes
en relación con los planes ferroviarios de nuestro país, que hacían
incompatibles o excluyentes la carretera y el ferrocarril. Si Galicia va
a tener unas autovías, que aún no tenemos, no puede haber ferrocarril
porque ya se sabe que las dos cosas se excluyen mutuamente para el caso
gallego.
En segundo lugar, cierta tendencia a vendernos para Galicia lo que eran
planos de modernización del ferrocarril en otras partes del Estado. Así
fuimos bombardeados continuamente con que se va a construir el túnel del
Guadarrama que va a hacer que el tren en Galicia funcione muchísimo
mejor, algo así como si nos vendiesen que el túnel del Canal de la Mancha
también va a beneficiar al ferrocarril en Galicia porque nos va a hacer
llegar mucho más rápidamente a Londres; o simplemente que va a llegar el
tren de alta velocidad a León, sin darse cuenta de que para llegar a
Monforte o a León hay un trecho por andar que no se puede recorrer si no
funcionan medianamente bien los ferrocarriles de nuestro territorio. Y
así una serie de equívocos intencionados que llevaron a la elaboración de
un documento, que manejaron las autoridades autonómicas, que se titulaba:
Propuesta alternativa de un Plan Director de Infraestructuras para el
noroeste español, y en concreto para Galicia. Incluso era para Galicia un
supuesto túnel en Pajares.
La realidad gallega obliga a pensar sobre ella misma y, efectivamente, no
cabe la menor duda que en el Plan Director de Infraestructuras el
territorio gallego no es que sea bien ni mal tratado, no es tratado para
nada. En este sentido sabemos que los gobiernos sucesivos en el Estado
español no optaron por el ferrocarril como elemento estructurador del
Estado. Sabemos que tampoco fue el medio fundamental a privilegiar, y no
vamos a discutir la corrección momentánea de este tipo de opciones.
Sabemos que las ventajas ambientales, económicas y de seguridad avalan la
opción por el ferrocarril como complementario de la carretera.
Todo esto ha llevado a que en Galicia nos encontremos con una estructura
ferroviaria arcaica y con unos objetivos a perseguir por toda la sociedad
gallega. El primero de ellos es que sabemos que sin articulación interna,
sin mejora del ferrocarril en el interior de Galicia no hay posibilidad
de conexión con el exterior, por el este con Castilla y León, con todo el
Estado y con el sur, que es Portugal, porque imagino que las fronteras se
estarán cayendo para todo, no solamente en una dirección. En todo caso,
nos tuvimos que enfrentar al abandono e intención de cerrar líneas como
la de A Coruña-Ferrol, o la de A Coruña-Monforte. La reacción de la
Administración autonómica momentáneamente fue correcta y subvencionó lo
que eran unos servicios que se presentaban como deficitarios. Realmente
no se presentaban como deficitarios servicios de mercancías que daban
dineros cuantiosos en estaciones prácticamente tercermundistas o en
estaciones que tenían sus carriles a punto de romper, como puede ser el
caso de Ferrol o la línea Ferrol-Betanzos, con velocidades de 48
kilómetros por hora de media, y aún así dan a Renfe 4.500 millones de
pesetas nada más que por transporte de mercancías sin poder cubrir toda
la demanda que existe en este terreno. (El señor Vicepresidente,
Fernández Miranda y Lozana ocupa la Presidencia.)
Si hablamos de la joya de la corona, el corredor A Coruña-Vigo, podemos
comprobar cómo son los más rentables de todos los trenes regionales que
mantiene Renfe en el Estado español, que andan a 70 kilómetros por hora
los mejores servicios, los servicios directos de los regionales expresos,
y se encuentran en una línea ya tan colapsada que tiene solamente doce
direcciones de trenes regionales de un lado y doce de otro. Aun así, se
incide en no querer poner electrificación ni doble vía. Esto es lo que
nos venden como gran modelo de Renfe para Galicia a través del cambio de
vehículos de tracción, que puedan correr más sin cambiar para nada por
ejemplo, las curvas. En definitiva, nunca se contempla la conexión con
Portugal y nunca se contempla cómo podemos hacer que se acorten los
viajes de largo recorrido a Barcelona o a Madrid, que duran la friolera
de 17 horas, en el primer caso, y de 12 horas en el segundo. Imagino que
el tren, después de León, corre muchísimo más que entre Coruña y
Vilafranca de Bierzo o Ponferrada, o entre Vigo y Monforte de Lemos. Por
no hablar de la centralización administrativa y técnica progresiva que
está haciendo Renfe en León o la supresión de la Gerencia de FEVE.
Comprenderán todos ustedes que, con este panorama, no podemos sentirnos
nada satisfechos. Optamos porque realmente el ferrocarril sea un elemento
de cohesión, de vertebración en el interior de Galicia y de
cohesión y vertebración en todo el conjunto del Estado; de armonía y no
de desequilibrio.
Afortunadamente, las instituciones gallegas tuvieron que aceptar que
había que elaborar un dictamen, que se aprobó en diciembre de 1995 por
unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias, para que el Gobierno, la
Xunta de Galicia, negociase a lo largo del año 1996. Y miren ustedes si
somos cautos, prudentes y poco exigentes que solamente pedimos que,
después de doce años, entre 1996 y el año 2007, doce años, el ferrocarril
en Galicia pueda funcionar a velocidades medias entre 100 y 150
kilómetros por hora, y una serie de mejoras e infraestructuras que
posibilitarían estas velocidades medias en el año 2007.
¿Es que el Estado español, a pesar de las restricciones presupuestarias,
no contará con una partida pequeña que bien se mida por la población,
bien por el número de kilómetros de vía ferroviaria que tenemos o bien
por la rentabilidad de esta infraestructura en Galicia, que siempre sería
superior a lo que invirtieron hasta ahora, pueda tener en el año 2007 un
ferrocarril que vaya a una velocidad entre 100 y 150 kilómetros por hora?
Señorías, no se hizo el debate en la sociedad gallega de que nosotros no
necesitamos trenes de alta velocidad o de velocidad alta, es más, el
dictamen del Parlamento gallego se contenta con poder llegar o salir de
Galicia y conectar con las redes de alta velocidad. ¿Con qué
justificación moral o económica se va a privar a nuestro país de una
alternativa de este tipo? ¿Con qué justificación moral, económica o
política se va a seguir sometiendo a la línea Vigo-A Coruña, la más
rentable de todo Renfe, a no modificar mínimamente el trazado en alguna
parte, a no poner doble vía o a no electrificarla en el país que produce,
en términos relativos, más energía eléctrica de todo el Estado español?
Nosotros solamente queremos unos mínimos que son perfectamente
compatibles con los intereses del conjunto del Estado y, además,
revitalizar toda la relación internodal con nuestros puertos, que no
somos periferia desde el punto de vista de la relación económica con la
Europa del Atlántico Norte, con Latinoamérica o, incluso, con Africa.
En definitiva, señorías, nosotros tenemos la conciencia clara de que
estamos pidiendo unas partidas presupuestarias perfectamente asumibles,
no contradictorias, ya que, además, serían la piedra de toque para que el
ferrocarril en el Estado español no fueran solamente los trenes de alta
velocidad sino, sobre todo, una manera de articular y de complementar con
la carretera que, como dije al principio, no eran elementos de carácter
antagónico. Queremos, como dijo el señor Arias-Salgado en su
comparecencia del 19 de junio a preguntas de este Diputado, que
indudablemente estaban por la cohesión económica y social del territorio
que ellos llaman nacional.
Añadió que hay voluntad de contemplar inversiones realistas plurianuales
en el terreno del ferrocarril. Claro que la hay, lo único que decimos
nosotros es que ésta es una ocasión estupenda y única para empezar por el
lugar --y no tiene justificación de ningún tipo para estar en la
situación en que está-- en aquello que es rentable, porque es más
rentable que en ninguna otra parte, y en aquello que dicen no es
rentable, que hoy ya es rentable en las mercancías, se articule, porque
son las salidas que tiene Galicia para integrarse con el resto del Estado
y con Portugal.
Es una petición unánime del pueblo gallego. Por tanto, solamente queremos
que esta Cámara avale la negociación del Gobierno español con el Gobierno
de Galicia para que este Plan se pueda llevar a cabo de forma realista.
Para acabar, quiero hacer unos comentarios respecto de aquellos grupos
parlamentarios que tuvieron a bien presentar alguna modificación, que
desde luego valoramos positivamente en la medida que tienen un sentido
constructivo.
En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, quiero advertir, en primer lugar, que no
podemos aceptar las enmiendas parciales porque, en algunos casos, la
única inversión que se hizo de todo lo que se contemplaba en el PDI es
precisamente empezar a cambiar las traviesas y los raíles que había en la
línea de Guillarey-Tuy. En otros casos, se contempla todo en la propuesta
del dictamen del Parlamento de Galicia. Hay una cosa que no podemos
aceptar. A nosotros no se nos puede vender el túnel de Guadarrama como la
inversión estrella para Galicia. Lo sentimos mucho. Esperamos una actitud
constructiva por parte del grupo parlamentario que presentó la enmienda,
pero queremos se dé cuenta de que nuestro problema es cómo llegar a León,
cómo llegar a Monforte de Lemos, cómo poder ir de Coruña a Ferrol y de
Coruña a Lugo y cómo poder hacer que una línea, que no hay ninguna tan
rentable en el Estado español, se trace con un mínimo de equidad, pues ya
está obsoleta y no se pueden cruzar más trenes con las estaciones que
contamos. ¿Por qué razón vamos a ser la única parte del Estado español
que ni siquiera en doce años cuente con electrificación o con alguna
doble vía en su territorio?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: ¿Es mucho pedir para un país de tres millones
de habitantes?
Por fin, respecto de la enmienda del Partido Socialista Obrero Español,
en concreto del grupo parlamentario de los socialistas, decirles que no
podemos aceptar la enmienda de sustitución porque sería volver a una
abstracción, que es la aplicación del Plan Director de Infraestructuras
donde no vemos reflejada a Galicia
para nada. Por tanto, no sabemos en qué consiste ese Plan Director de
Infraestructuras.
De todas maneras, queremos agradecer a los distintos grupos
parlamentarios que tengan una actitud constructiva. Piensen que esto
forma parte de un modelo para el ferrocarril en todo el Estado para
aquellas partes que no lo tienen adecuado, en concreto para la que lo
tiene menos adecuado de todas, que es el caso de nuestro país, y números
cantan: miren ustedes las inversiones del Ministerio de Obras Públicas o
desde cualquier otra órbita.
Muchas gracias, señor Presidente, y pido disculpas por este pequeño robo
de tiempo para tan importantes debates que hay en esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y por el Grupo Socialista. Para defender
las presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro grupo, desde el comienzo de su intervención, quiere
dejar clara esa voluntad constructiva a la que apelaba el señor Rodríguez
en su intervención. Nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley
presentada por el Grupo Mixto, por el representante del Bloque
Nacionalista Gallego, a pesar incluso de que, por su parte, quizá no
exista esa misma voluntad constructiva de aceptar alguna de las distintas
enmiendas que, con carácter parcial, hemos presentado en la línea --en
nuestra opinión, quizá equivocada, admitimos esa posibilidad--, de
mejorar la propuesta del Grupo Mixto para dar solución a un problema que
es verdad --y compartimos las afirmaciones que se han hecho--, es
ciertamente un grave déficit de la comunidad autónoma gallega, sin lugar
a dudas.
Pensar que la situación del ferrocarril, que en nuestra opinión, y
coincidimos también con lo que se ha manifestado anteriormente, es uno de
los medios de transporte con más posibilidades de futuro, que
relacionando las ventajas y los inconvenientes tiene la proporción más
satisfactoria, tenga una realidad tan deficitaria en la comunidad
autónoma gallega, requiere, sin lugar a dudas, de una intervención
decidida tanto por parte de la Administración central del Estado, en cuyo
ámbito de competencias este Parlamento tiene capacidad para intervenir,
como, en la medida que tenga competencias, por parte de la autonomía y
las distintas autoridades de la comunidad autónoma gallega.
En nuestra opinión, sin lugar a dudas, todo el conjunto de puntos que se
presentan por parte del Grupo Mixto y en su nombre el Bloque Nacionalista
Gallego merecen ser apoyados y no diríamos cuál tiene carácter más
prioritario. En nuestras enmiendas no marcamos --y eso quisiera que
quedase claro-- que haya carácter prioritario para ninguno, ni siquiera
para el túnel de Guadarrama, al que ha hecho referencia en su
intervención el señor Rodríguez. No marcamos un carácter prioritario,
pero sí queremos hacer una reflexión que nos parece importante. El
ferrocarril es un medio de transporte y como todo medio de transporte
tiene una finalidad fundamental, que es servir de elemento de cohesión;
elemento de cohesión en el interior del territorio de la comunidad
autónoma gallega y también en el conjunto del Estado. Esta es una
perspectiva, señor Rodríguez, que es necesario asumir. No se puede venir
a reclamar a la Administración central del Estado y perder la perspectiva
de cohesión de la comunidad autónoma gallega con el resto del Estado. En
nuestra opinión, todas las medidas que se plantean por parte de su grupo
como las que nosotros planteamos redundarían en beneficio de la comunidad
autónoma gallega, en beneficio de la cohesión de todo el Estado y eso
interesa a Galicia, principalmente a Galicia.
Nosotros hemos planteado estas enmiendas desde una perspectiva
constructiva, como nos parece que podrían citarse otras, por ejemplo, el
ramal As Pontes, que permitiera la salida del material que allí se
fabrica. Todo ello, sin lugar a dudas, iría en provecho de la comunidad
autónoma gallega y en provecho del conjunto del Estado español. Desde esa
perspectiva constructiva formulamos las enmiendas. Desde esa perspectiva
constructiva, aunque el Bloque Nacionalista Gallego no admita estas
enmiendas, en beneficio de Galicia nosotros ya decimos que vamos a votar
a favor de la misma.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Peralta.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Touriño.
El señor PEREZ TOURIÑO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, intervengo en la tribuna para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la
modernización de la infraestructura ferroviaria en esta comunidad
autónoma.
Galicia es una comunidad extremadamente periférica en relación con los
principales centros de actividad y de innovación tanto españoles como
europeos. Además, su orografía compleja acentúa, si cabe, esta posición
periférica mediante el efecto barrera de sus montañas escalonadas que
dificultan la comunicación exterior salvo por muy estrechos puertos de
montaña. Secular y tradicionalmente, Galicia ha sido un brillante
paradigma de la relación entre subdesarrollo, atraso económico y escasa
dotación infraestructural. La inversión
en infraestructuras, la dotación de redes de transporte, de energía, de
comunicaciones de agua, especialmente destinadas a mejorar la
competitividad de la economía regional y a superar los estrangulamientos
en relación con su accesibilidad exterior y en la vertebración interna
del territorio son, pues, requisitos básicos para la política y el futuro
de una comunidad autónoma como es Galicia.
A lo largo de la segunda mitad de la década de los ochenta y la primera
parte de la década de los noventa se ha realizado en nuestro país, en
España, un intenso proceso de acumulación de capital público, según todos
los indicadores y según todos los analistas. En concreto en Galicia el
primer plan de carreteras, con una inversión de 150.000 millones de
pesetas, permitió culminar un eje tan importante como la autopista del
Atlántico, paralizado por un Gobierno de centro derecha en tiempos
anteriores, terminó los accesos a Galicia, mejoró el conjunto de la red y
suprimió travesías urbanas. Asimismo, se hicieron importantes inversiones
en materia de puertos, de aeropuertos, de costas de salvamento marítimo y
de comunicaciones.
En esta década está en marcha la resolución del problema tal vez más
importante de la accesibilidad exterior, mediante la construcción de las
dos autovías que comunican el norte y el sur de Galicia con la meseta. No
se han resuelto, en efecto, todos los problemas, ni se puede pretender
hacerlo todo de una vez, ni todo al mismo tiempo. Se ha priorizado, al
igual que en el resto del Estado, y se ha afrontado la resolución de los
estrangulamientos más básicos y llamativos en la Comunidad Autónoma.
El PDI recientemente aprobado por el anterior Gobierno y ampliamente
discutido en esta Cámara tanto en Ponencia como en Comisión constituye un
plan director que apuesta decididamente por el reequilibrio y la cohesión
del territorio y en particular por el papel del ferrocarril como modo de
transporte especializado en determinado tipo de tráficos y en
determinados corredores. No plantea el ferrocarril, evidentemente, un
papel universal ni alternativo a la carretera, como equivocada y
nostálgicamente plantean en ocasiones algunos grupos parlamentarios.
El PDI constituye, además, un instrumento para enfocar los temas con una
visión general, global, para el conjunto del territorio y evita, por
tanto, el tener que entrar en una dinámica a demanda de parte, en este
caso de cada comunidad autónoma, con una visión que sería necesariamente
fragmentada y muy territorializada.
Concretamente, señorías, el PDI contiene mejoras sustanciales en las
conexiones exteriores de Galicia tanto desde Madrid como desde la
frontera francesa por el País Vasco, e incluye las actuaciones a realizar
en la red interior gallega, dentro del horizonte del Plan, al 2007. En
las conexiones exteriores destaca la variante de Guadarrama, nueva vía
férrea en alta velocidad, y la extensión hasta Monforte de alternativas
ferroviarias a 220 kilómetros.
Respecto a la red interior el PDI contiene un escenario inversor de
prácticamente 140.000 millones de pesetas (138.500 millones, para ser
exactos). Para el mismo horizonte temporal la propuesta que hoy se trae
aquí plantea una inversión de 170/173.000 millones.
La aplicación del PDI permitiría que Galicia contase con un ferrocarril
moderno y competitivo en sus principales ejes y con velocidades entre los
100 y los 150 kilómetros, muy particularmente en el eje atlántico. Es por
eso que el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda de
sustitución que plantea la aplicación del Plan Director de
Infraestructuras a Galicia, a la red interior de Galicia y, en concreto,
que comience la dotación presupuestaria, que por el Gobierno se empiece
el desarrollo de dicho Plan.
Señorías del Grupo Popular, nosotros no vamos a inflar globos, como han
hecho ustedes, planteando y alentando posiciones y peticiones más y más
allá del Plan Director de Infraestructuras, como han hecho muy
concretamente desde la propia Xunta de Galicia, me temo que con la
pretensión de desgastar y castigar al Gobierno. Nos es suficiente con que
desarrollen y apliquen el Plan Director dentro y fuera de Galicia. Es un
importante esfuerzo inversor. Si no pueden hacerlo al ritmo de 15.000
millones año, que es la cuenta que nos sale de dividir simplemente los 11
ó 12 años que quedan, háganlo a un ritmo más modesto, inviertan en las
cantidades que sea posible, 10.000 millones de pesetas cada año, pero
háganlo, ejecuten, pongan en marcha el Plan Director.
Desde Galicia, visto desde la perspectiva de Galicia, me permito decir
que no es necesario que un insigne miembro del Partido Popular, el
Presidente de la Xunta de Galicia, últimamente oscile en sus
declaraciones entre declararse políticamente hijo respetuoso del señor
Aznar y otras veces amigo del Gobierno del señor Aznar. No es necesario
que los hados o el destino nos concedan tanto favor ni tamaño regalo.
Señorías del Partido Popular, señorías del grupo que sustenta al
Gobierno, en nuestra consideración a Galicia, a sus ciudadanos, lo que
necesitan es que el Gobierno asuma su responsabilidad, asuma la tarea que
le corresponde hacer, invierta en la modernización, en la mejora de la
competitividad del territorio, y en el caso que nos ocupa del territorio
gallego. Si no lo van a hacer, no entra dentro de sus prioridades,
díganlo, explíquenlo, asuman el correspondiente coste y expliquen por qué
no lo hacen.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista no va a votar
en contra de la proposición que se presenta, sino que plantea su propia
posición. Nos parece que es una posición razonable, constructiva y que
permitiría alcanzar el objetivo compartido por algunos grupos de
modernizar y transformar el ferrocarril de nuestra región.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pérez Touriño.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de
Coalición Canaria, tiene la palabra le señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en relación con la proposición no de ley que ha presentado y
defendido el Diputado del Bloque Nacionalista Galego, señor Rodríguez,
integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modernización de la
infraestructura ferroviaria en Galicia, el Grupo de Coalición Canaria
manifiesta que habida cuenta de la realidad de Galicia, pese a su
población, tanto interna como externa, a su aportación al producto
nacional bruto, tanto en el sector servicios, como en el comercial,
industrial y turístico --recordemos sus bellezas naturales, tanto en
costas como en su interior, su atractiva gastronomía, su cultura y su
proximidad al país hermano de Portugal-- presenta indiscutiblemente
cierto estado de incomunicación y cierta obsolescencia y deterioro en su
actual red ferroviaria.
Por considerar que es histórico e indiscutible el papel de cohesión del
ferrocarril entre pueblos, regiones y nacionalidades, como aquí se ha
manifestado por el señor Peralta, y que conviene incardinar más a Galicia
en la red general del Estado, así como intensificar las relaciones de
todo tipo con el país hermano de Portugal, al no figurar inversiones de
ferrocarriles para Galicia en el Plan Director de Infraestructuras, y en
apoyo al acuerdo del propio Parlamento gallego en el que votaron
favorablemente y por unanimidad el PP, el PSOE y el Bloque Nacionalista
Galego, nosotros desde la óptica y la decisión del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Gómez Rodríguez.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, señorías, intervengo para fijar
la posición del Grupo Catalán de Convergència i Unió ante la proposición
no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
El objeto de la proposición es la modernización de la infraestructura
ferroviaria en Galicia. La propuesta se enmarca dentro del Plan Director
de Infraestructuras y yo me pregunto si el Plan Director de
Infraestructuras está vigente. Fue un Plan del Gobierno anterior y puede
estar vigente en estos momentos en una serie de obras y proyectos ya
presupuestados anteriormente, dentro de los planes puente que el PDI
contemplaba. El Plan Director de Infraestructuras también contemplaba una
financiación especial con participación de los Presupuestos Generales del
Estado y participación privada.
Actualmente el Plan Director de Infraestructuras, después de pasar por
esta Cámara con la aprobación de resoluciones, algunas contradictorias,
tiene que sufrir una revisión. En todo caso, puede ser válido como
documento básico de un plan director --su nombre lo dice-- pero al
haberse producido un cambio total de gobierno y de sus líneas, las
prioridades que pueden establecerse después de este Plan Director pueden
ser distintas de las que el Gobierno anterior tenía. Si se mantiene el
Plan Director de Infraestructuras como documento base, posiblemente con
la debida flexibilidad en el tiempo límite del 2007, que lógicamente debe
ampliarse --en su momento ya decíamos en esta Cámara, dentro de los
debates, que debía realizarse una ampliación en el plazo-- si se
mantiene, digo, el Plan Director de Infraestructuras dentro del mismo, se
solucionan muchos de los problemas de infraestructura ferroviaria
gallega. Yo no veo que el PDI no contemple a Galicia. Quedan contempladas
en el PDI actuaciones estructurales y complementarias en la línea de
Coruña-Santiago-Orense, Monforte-Orense-Vigo y en consecuencia,
Coruña-Vigo. Este corredor tan importante queda contemplado dentro del
PDI. La entrada en velocidad alta --no en alta velocidad, pero sí en
velocidad alta, cosa distinta-- desde León a Monforte figura a partir de
la página 150 del libro PDI que todos conocemos, en su segunda edición,
que ya llevaba una revisión.
En cuanto a cercanías, hay previstas actuaciones sectoriales en medio
urbano de red viaria y de ferrocarril, y vemos que el PDI contempla Lugo,
Orense, Santiago, Villagarcía de Arosa, Monforte, incluyendo planos
esquemáticos de las actuaciones de estas ciudades, además también de La
Coruña, Ferrol, Pontevedra y Vigo. ¿Faltan actuaciones? Posiblemente sí,
seguro que sí, pero el PDI era un plan a largo plazo, no un programa
concreto total. Aquí, si hemos de considerar vigente el PDI habrá que
analizar cuáles van a ser ahora las prioridades que en él se contienen.
Es lógica la preocupación social e institucional por el ferrocarril en
Galicia. Hay que reconocer la mala situación de la infraestructura
ferroviaria gallega. Es lógica, pues, la reacción del Parlamento de
Galicia que el 22 de diciembre de 1995 aprobó un dictamen, cuyo texto
prácticamente se reproduce en la proposición no de ley que debatimos,
presentada por el Bloque Nacionalista Galego. Curiosamente, el dictamen
fue aprobado en fecha 22 de diciembre, al día siguiente de que en esta
Cámara se diese por terminado el debate del PDI en Pleno, con aprobación,
como decía antes, de resoluciones, muchas de ellas contradictorias. Todo
ello después de dos años de trabajo en Ponencia y en Comisión. Para
nosotros el mandato del Parlamento gallego a la Xunta es el de que debe
seguir su camino, y no nos parece adecuado que la instancia dada por la
votación
unánime de todas las fuerzas políticas de aquella Cámara autonómica sea
utilizada ahora por uno solo de los grupos integrantes de aquélla.
Por otra parte, no nos parece oportuna en el tiempo la proposición no de
ley, por cuanto falta saber el grado de aceptación o de revisión que
deberá tener el antiguo PDI por el nuevo Gobierno, y además, las
circunstancias presupuestarias, que ya son muy distintas a las
comprendidas en el PDI inicial, harán que la revisión tenga que entrar en
juego enseguida.
Por todo ello, nuestro Grupo, aun manteniendo el respeto al acuerdo del
Parlamento gallego y precisamente por ese respeto a su autonomía, no
puede apoyar la proposición no de ley tal y como se nos presenta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Señor Presidente, señorías, que el
Plan Director de Infraestructuras debatido en esta Cámara el 21 de
diciembre de 1995 precisa importantes modificaciones no sólo en Galicia y
no sólo en infraestructura ferroviaria de y con Galicia, lo acreditan las
numerosas resoluciones presentadas por los distintos grupos en aquel
debate. De las 91 presentadas por el Grupo Popular destaco ésta: El
Congreso de los Diputados considera que antes de elaborar los planes
sectoriales consecuencia del PDI, el Moptma, hoy Fomento, debe establecer
conversaciones con las comunidades autónomas y corporaciones locales,
emanadas todas ellas de las elecciones de mayo de 1995, a fin de que
tengan un profundo conocimiento del Plan y puedan aportar iniciativas o
actuaciones al mismo.
Referido a infraestructura ferroviaria, el pleno del Congreso aprobó por
unanimidad en aquella sesión la resolución número 30, que quiero
recordar: El Congreso considera que las redes ferroviarias de carácter
regional deben explotarse según criterios acordados entre Renfe y las
comunidades autónomas, colaborando éstas a sufragar los gastos de
conservación y mantenimiento. Seguía: El Estado colaborará en el
mantenimiento de estas líneas mediante los correspondientes
contratos-programa, en consideración a objetivos de cohesión social e
interterritorial.
Estamos, por tanto, en pleno proceso de elaboración del plan sectorial
ferroviario, como explicó el Ministro de Fomento en su primera
comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras el pasado 19 de junio,
para informar sobre previsiones y líneas generales a desarrollar por su
departamento. Y llega esta proposición no de ley del Grupo Mixto, fiel
reflejo de una resolución del Parlamento gallego que, aprobada por
unanimidad en diciembre de 1995, la Xunta de Galicia trasladó, como era
lógico, inmediata y sucesivamente al Secretario de Estado de
Infraestructuras y al Ministro de Fomento.
La situación del ferrocarril en Galicia si es de deterioro, si no cumple
el nivel de servicios mínimos, se debe precisamente a las no actuaciones
en infraestructuras, en este caso ferroviarias, de un Ministro de
Transportes y un Secretario de Estado de Infraestructuras anteriores a
los del Gobierno actual.
La proposición no de ley que debatimos plantea en su exposición de
motivos una serie de inexactitudes y genera con ellas, o pretende
generar, alarmismo en Galicia. En primer lugar, no es cierta la tendencia
al desmantelamiento ferroviario en Galicia, tanto de Renfe como de Feve.
El contrato-programa Renfe-Estado obliga a mantener el servicio
ferroviario y el aún pendiente, pero próximo a aprobar, contrato-programa
Feve-Estado así lo garantiza.
Por otra parte, el convenio Xunta-Renfe asegura el mantenimiento de los
servicios regionales, incluso deficitarios, cofinanciándolos, como no
podía ser de otra forma, ya que a ello obliga --y también lo permite-- el
reglamento sobre transportes de la Comunidad Europea de 1991, que permite
considerar servicios públicos los transportes regionales y, por tanto, y
dentro de ello, los de cercanías.
Las actuaciones previstas para Galicia en el PDI no son tendentes al
desmantelamiento, como se afirma en la proposición. Ya el señor Sedó ha
enumerado la realización de una serie de actuaciones, tanto en la red
interna de Galicia como en sus accesos, que no voy a repetir. Que son
insuficientes lo consideró en su momento la Xunta de Galicia y lo
ratificó el Parlamento gallego con su proyecto alternativo.
Cuando cita el proponente el abandono de la línea Ferrol-La Coruña,
ignora que se están llevando a cabo inversiones extraordinarias de
rehabilitación y mejora, con una inversión global de casi 700 millones de
pesetas, cuya finalización está prevista en el presente año; inversiones
que eran necesarias para lograr un nivel de servicios adecuado. Cuando
habla de la conexión ferroviaria con Portugal desde Galicia, parece
olvidar que la mejora de ella depende no sólo del Gobierno español, sino
también del portugués. En este sentido, tendremos ocasión de hablar de
ello en el seno de la próxima comisión parlamentaria hispano-lusa. Por
cierto, de estas comunicaciones entre Portugal y Galicia lo más
apremiante es salvar el puente internacional entre Tuy y Valença do Miño.
Aunque el tema Feve en Galicia será pronto objeto de debate específico,
una nueva inexactitud se contiene en la afirmación de que es Galicia la
única comunidad autónoma no presente en el consejo de administración de
Feve. Pues bien, sólo lo ha sido Asturias, dentro de las competencias
estatales, de las seis comunidades autónomas por las que discurre Feve.
Paralelamente a las inversiones en infraestructuras, tanto por Renfe como
por Feve se están intensificando
las actuaciones en la explotación comercial. Pizarras de Valdeorras,
granitos de Porriño, alambrón de Avilés y aluminio de Xove, están
utilizando el transporte ferroviario, evidentemente intercomunitario,
entre comunidades de la cornisa cantábrica. Pero a pesar de todo ello, a
pesar de las inexactitudes del texto de la proposición, es lo cierto que
el nivel de servicios ferroviarios en Galicia y las previsiones
contenidas en el PDI motivaron la elaboración por la Xunta de un plan
alternativo de modernización de su infraestructura ferroviaria que hizo
suyo el Parlamento gallego, plan cuya última exposición al Gobierno lo ha
sido por el Presidente de la Xunta al Ministro de Fomento el pasado día
10. Como consecuencia de ello, se pondrá en marcha una comisión bilateral
Xunta-Gobierno para la revisión de dicho plan y su integración en el plan
sectorial ferroviario.
Está claro que las resoluciones de los parlamentos autonómicos instando a
sus gobiernos a gestionar ante el Gobierno central actuaciones con
repercusiones económicas no pueden constituir --no sería posible-- una
fórmula para priorizar actuaciones y, digamos, convalidarlas el Congreso.
Finalmente, y analizando los dos puntos contenidos en la proposición no
de ley --que se recojan en esencia las actuaciones contempladas en el
dictamen del Parlamento gallego, dice el punto 1, y que el Gobierno
negocie con la Xunta un plan ferroviario para Galicia, recogido en el
punto 2-- son contradictorios: o el primero o el segundo.
En resumen, estando en marcha la actualización y revisión del plan
sectorial de infraestructura ferroviaria y dentro de él el específico de
Galicia, con la participación de la comunidad autónoma, el Grupo Popular
rechaza la proposición no de ley del Grupo Mixto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Carreño. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.) A los solos
efectos de expresar exclusivamente la aceptación o no de las enmiendas
presentadas tiene usted la palabra.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, muchas gracias.
La posición ya está fijada. Solamente quería pedir, si es posible, votar
por separado los dos puntos porque interesa como aclaración para algunos
grupos parlamentarios. Yo pediría que se hiciera la votación por separado
del punto 1, con todo lo que conlleva, y del punto 2.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez,
siempre y cuando no acepte S. S. ninguna enmienda.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: No, no, claro. Ya dije que no podía
aceptarlas porque desvirtuaban todo el contenido del dictamen del
Parlamento de Galicia.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Se hará la votación
separada.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, señor Rodríguez, sobre modernización de la
infraestructura ferroviaria en Galicia y necesarios compromisos del
Gobierno a este respecto.
Al no haber aceptado el proponente ninguna enmienda, se somete a votación
el texto de la proposición, pero en votación separada de sus puntos 1 y
2, como ha solicitado el señor Rodríguez.
Por tanto, procedemos a la votación del punto 1 de la citada proposición
no de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 28; en contra, 145; abstenciones, 135.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado el punto 1 de la
proposición.
Votamos el punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a
favor, 23; en contra, 147; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda también rechazado el punto 2
y, por consiguiente, la totalidad de la proposición no de ley referida.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO RESPECTO
A LA PROBLEMATICA DEL SECTOR LACTEO (Número de expediente 173/000009)
El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día. Mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición
del Gobierno respecto a la problemática del sector lácteo.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Vázquez. (El
señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señorías, guarden silencio.
(Rumores.)
Por favor, señorías, guarden silencio.
Cuando quiera, señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Diputados, presentamos esta moción a la consideración
de este Congreso, como consecuencia de la interpelación que tuvimos
ocasión de discutir en el pasado Pleno. Tratamos de que se adopten una
serie de medidas que supongan una salida para el sector lácteo, hoy
amenazado por el cobro de la denominada supertasa o multa por exceso de
producción. Esta moción, presentada por el Bloque Nacionalista Galego,
plantea demandas concretas del sector contenidas en el documento que la
Mesa do Leite hizo llegar a la Administración; por tanto, responde a esas
demandas y no a la especulación, más o menos afortunada, de un
determinado grupo político.
Como ustedes saben, el sector lácteo es muy importante en determinadas
zonas del Estado español y, desde luego, para algunas comunidades
autónomas, como la gallega, es absolutamente fundamental. Hay que
insistir en que la economía de comarcas enteras de nuestra Comunidad gira
alrededor de la producción láctea. Las industrias derivadas de la leche
suponen una de las pocas actividades viables en un contexto económico
que, como ustedes saben, no es nada halagüeño. Desde nuestro punto de
vista, esa actividad sería viable si el Gobierno adoptase medidas de
apoyo; por el contrario, si se le ponen trabas, será un sector más
condenado al fracaso.
Conviene repetir que la cuota asignada a España por la Unión Europea es
claramente insuficiente y discriminatoria; una cuota fijada en
aproximadamente 5,5 millones de toneladas y que, desde luego, no cubre la
demanda interna de leche y derivados, a diferencia, por cierto, de la
cuota otorgada por la Unión Europea a otros Estados miembros cuya
producción excede con mucho su consumo o están cercanos al equilibrio
entre producción y consumo.
Hay que insistir en que el Estado español no es responsable de los
excedentes lácteos de la Unión Europea. Desde nuestro punto de vista, es
injusto y discriminatorio que seamos multados por pasarnos de la escasa
cuota asignada; una cuota escasa que, efectivamente, es producto de las
malas condiciones en que se negoció la integración del Estado español en
Europa, y de la incapacidad o dejadez de los sucesivos gobiernos para
mejorar las condiciones iniciales. De esta responsabilidad no puede
escapar tampoco el actual Gobierno, achacando la culpa exclusivamente a
gobiernos anteriores, como si no fuera con él.
La supertasa es injusta y su aplicación a los ganaderos, obligados a
producir más para hacer rentables sus explotaciones, sólo conseguirá
frenar el desarrollo del sector, autolimitarlo, reconvertirlo
salvajemente y, en consecuencia, conducir a muchas familias a un futuro
incierto.
No lo duden, aquí estamos ante un problema de mercados. Lo que no
produzcan nuestros ganaderos, lo producirán otros. En consecuencia, el
mercado español servirá no para crear riqueza interna, sino para que
otros den salida a sus excedentes.
Aumentar la cuota de producción lechera es un objetivo que manifiestan
compartir todas las fuerzas políticas. En consecuencia, desde nuestro
punto de vista es fundamental para la supervivencia del sector suspender
la aplicación de la supertasa mientras no se consiga el aumento de la
cuota. Aplicar la política contraria, como pretende el Gobierno,
conducirá inexorablemente a la agonía a una parte importante de este
sector.
¿Que no es fácil cambiar la situación actual? Es probable, pero el
Gobierno tendrá que pelear para conseguirlo. Por cierto, otros gobiernos
europeos demuestran con hechos cómo defienden los intereses de sus
ciudadanos cuando ven afectados sus intereses por decisiones
comunitarias. Estamos ante un problema estructural y no ante el
incumplimiento de unos cuantos productores. No estamos ante un problema
de buenos y malos, ni ante el problema de unos pocos.
Desde nuestro punto de vista, el Ministerio de Agricultura no tiene
argumentos de peso que sostengan la política que pretende aplicar. Arguye
como motivo fundamental que el coste para los ciudadanos en general sería
muy oneroso al tener que hacer frente al pago de la supertasa ocasionada
por el sector lácteo.
En todo caso, conviene insistir en la siguiente reflexión: es mucho más
importante tener capacidad de producir, poder vivir del trabajo de uno
mismo, que recibir fondos a cambio de no poder producir. Hay que
preguntarse qué es más gravoso para los ciudadanos, si una u otra
cuestión.
Señoras y señores Diputados, el sector lechero merece ser apoyado para
que pueda competir en igualdad de condiciones con los de otros Estados
comunitarios, y no debemos olvidar que otros sectores de la producción
recibieron y reciben cuantiosas ayudas económicas. Es conocido por todos
ustedes cómo el sector lácteo europeo fue subvencionado durante muchos
años para que alcanzase su situación actual.
Esta moción pretende que se suspenda el cobro de la supertasa a los
ganaderos mientras no se alcance el objetivo de conseguir una cuota de
producción láctea mayor y que, cuando menos, se equipare al consumo
interno español.
Insisto en que, desde nuestro punto de vista, es la única política capaz
de garantizar la continuidad y reforzar el futuro del sector. Otra
política, nosotros no sabemos a qué intereses responderá, pero no a los
de nuestro sector lácteo.
El sector lácteo espera un voto favorable a la moción que presentamos.
Punto primero, no exigir el pago de la supertasa correspondiente a la
campaña 1995-1996 a los
ganaderos, y, en consecuencia, no remitir las comunicaciones a los
compradores de leche. Punto segundo, considerar la campaña 1996-1997,
que, como ustedes saben, está ahí encima, incluida dentro de un período
transitorio durante el cual no se exigirá el pago de la supertasa a los
ganaderos. Punto tercero, tomar las medidas legales necesarias para
eximir a los primeros compradores de la responsabilidad del cobro de la
supertasa. Punto cuarto, negociar ante los pertinentes organismos de la
Unión Europea una cuota láctea para el Estado español que, cuando menos,
alcance al consumo interno y que permita el mantenimiento y desarrollo
del sector lácteo.
Señoras y señores Diputados, permítanme una reflexión. Muchos ciudadanos,
cada vez más, se cuestionan si sus intereses son defendidos en el seno de
la Unión Europea por el Gobierno español. Muchos también se cuestionan si
la Unión Europea defiende nuestros intereses. Yo creo que ésta es una
buena ocasión para demostrar que los representantes políticos están a
favor de los intereses de los ciudadanos y por eso me permito solicitar
que su voto sea favorable a esta moción.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Vázquez.
No habiéndose presentado enmiendas a esta moción, cumple dar paso al
trámite de fijación de posiciones. ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Presidente, señorías, en este tema
hay un mal antecedente, como es el de la negociación de adhesión de
España a la Comunidad Europea, concretamente en el sector lácteo.
Posteriormente, el incremento conseguido de 500.000 toneladas, a cambio
de aceptar el pago de la multa de 200.000 millones, tampoco es algo que
nos deje satisfechos.
Estamos ante un dilema: por un lado, si nos sobrepasamos tenemos multa y
tenemos que predicar a nuestros ganaderos que no se excedan en la cuota.
Ya tenemos, por lo tanto, los buenos, que según se nos dice son muchos, y
los malos, que según se nos dice son muy pocos. Por otro lado, en este
mismo dilema, si no sobrepasamos nos podemos quedar sin argumentación
para pedir el tan anhelado incremento de la cuota. Una situación, como ha
dicho el proponente, verdaderamente difícil. Pero, en nuestra opinión, no
saldremos de ella con discursos más o menos demagógicos ni con llamadas a
la insumisión productiva. En todo caso, quizá veamos un atisbo de
esperanza si planteamos esta cuestión con rigor, con esfuerzo y con
energía, acompañada, tal como están las cosas prácticamente a once años
de la adhesión de España a la actual Unión Europea, de altas dosis de
constancia. Evidentemente, todo esto acompañado de un amplio consenso, de
forma que todos los pronunciamientos que salieran de esta Cámara en éste
y otros temas de agricultura deberían significar un respaldo sólido a lo
que esperamos haga el Gobierno y, en su nombre, la Ministra del ramo.
Esto nos atañe a todos los sectores. Por una parte, deberíamos
administrar rigor, deberíamos hacer un esfuerzo para agilizar y dinamizar
desde la Administración toda la parte burocrática, de forma que, por
ejemplo, en la próxima campaña se conozcan las cifras de superación de la
cuota más pronto --si puede ser en abril o en mayo--, para evitar lo
sucedido este año con el precio de la leche y sus consecuencias negativas
para el sector ganadero.
Deberíamos administrar esfuerzo. El sector debe ser consciente de que su
salvación depende de su capacidad para organizarse y modernizarse,
buscando explotaciones de dimensión competitiva y siguiendo con el
esfuerzo de comprar cuota. Y debemos administrar energía y constancia en
la defensa ante la Unión Europea de las necesidades que permitan cubrir
como mínimo el consumo interno. Estamos seguros de que con la posición de
España en el orden internacional, que consiguió la anterior
Administración, y los instrumentos políticos de negociación internacional
que tiene la actual, respaldada por una manifestación de amplio respaldo
de esta Cámara, permitirían dar algún paso, aunque es costoso,
evidentemente, y lo he dicho antes, en este objetivo que todos los grupos
parlamentarios compartimos de incrementar cuota.
No debemos dejar al sector lácteo ante la Unión Europea en aquella
posición que dice la copla: «Ni contigo ni sin ti tienen mis males
remedio, contigo porque me matas y sin ti porque yo me muero». No debemos
dejar que un sector prioritario para Galicia e importante para todo el
Estado muera por no poder producir en condiciones, pero tampoco podemos,
desde las instituciones y desde las posiciones de dirigentes políticos,
justificar el incumplimiento de la normativa legal ni dar cobijo a la
picaresca.
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) dará
su apoyo a toda iniciativa que signifique fortalecer la posición del
Gobierno en su negociación, tanto de lograr exenciones de multas como de
incrementar la cuota láctea. En este sentido, nos gustaría que la
redacción de la moción que ha presentado el representante del Grupo Mixto
respondiera a esta filosofía. Creo que el sector se lo agradecería.
Con la actual redacción, nuestro grupo sólo votaría afirmativamente el
punto cuarto, si se acepta que la votación se efectúe punto por punto.
Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Burballa.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve. Sólo quiero dejar constancia de la posición de
nuestro grupo favorable a la moción presentada por el Bloque Nacionalista
Galego, del Grupo Mixto, en la línea de la discusión que se mantuvo el
otro día.
Nosotros creemos que la situación del sector lácteo, tanto a nivel de la
comunidad autónoma como del Estado, requiere solución en la línea que
aquí se plantea. Podríamos tener matices, pero nos parece que lo
importante ahora es conseguir una solución, y en este sentido vamos a
manifestar nuestro voto favorable a esa moción.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Peralta.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Blanco.
El señor BLANCO LOPEZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista para fijar la posición, en la línea que hemos
manifestado, con objeto del debate de la interpelación en esta Cámara. Y
lo hago para compartir la preocupación de miles de ganaderos, de
numerosos agentes sociales y económicos, de sindicatos agrarios, de
industrias lácteas de especial incidencia en muchas comunidades
autónomas, fundamentalmente de la cornisa cantábrica entre las que se
encuentra la Comunidad Autónoma de Galicia, por el peso que el sector
lácteo tiene en estas comunidades autónomas.
Intervengo con una cierta preocupación que fue aumentando a lo largo de
estos días. Es la preocupación derivada de las declaraciones
contradictorias de la Ministra de Agricultura, ya que, dependiendo con
quien se reúna o dónde haga declaraciones, mantiene una posición
diferente. Se reúne con el Presidente de la Xunta y éste anuncia que ya
hay una solución para el sector en orden a evitar que un determinado
número de ganaderos no pague la supertasa. Llega ayer a Bruselas y hace
unas declaraciones diciendo que lo que dijo el Presidente de la Xunta no
es verdad y que el Ministerio todavía no ha decidido una solución al
respecto y en la línea que planteaba el Presidente de la Xunta. Me
preocupa esta posición, que por otro lado no es nueva; forma parte del
desconcierto a que nos tiene sometido el Gobierno que unos días dice unas
cosas y al día siguiente dice otras, dando más la sensación de que en
lugar de ser un Gobierno que gobierna es un Gobierno sin horizontes y sin
rumbo.
Asimismo, intervengo para defender desde esta tribuna la misma posición
política que hemos mantenido los socialistas a lo largo de estos años,
para mantener una posición de coherencia, la misma posición de coherencia
que reclamo en este momento al Grupo Popular. No hay que olvidar que el
Grupo Popular en el año 1994, a través de su portavoz, hoy Ministro de
Economía, defendía en esta tribuna que el Gobierno asumiera la supertasa.
La defendía diciendo que, a pesar de ser una cantidad importante, debería
ser satisfecha con cargo al presupuesto del Estado.
Yo hoy digo que durante esta etapa el Gobierno ha venido asumiendo la
supertasa y, paralelamente, ha planteado una negociación en Bruselas para
poder ampliar nuestra capacidad de producción, negociación que se ha
visto satisfecha en un primer momento con un incremento de producción
láctea de 500.000 toneladas y que se dejó planteada ante la Unión
Europea, por cierto, por acuerdo unánime de esta Cámara, para que nuestra
capacidad de producir se viera incrementada en un millón de toneladas.
Por tanto, estamos defendiendo en este momento la misma posición: que el
Gobierno se haga cargo ahora de la supertasa y que negocie --sabe que
tiene el respaldo y el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista-- esa
ampliación de la capacidad de producir en la Unión Europea.
¿Por qué sostenemos que el Gobierno debe asumir la supertasa? En primer
lugar, porque se ha venido alentando la producción desde comunidades
autónomas y desde posiciones políticas como la del Partido Popular en la
campaña electoral, cuando ellos manifestaban que era la garantía para que
el sector pudiera producir. No obstante, nos parece que es incompatible
el programa de ayudas, de subvenciones, a la modernización de las
explotaciones agrarias para hacer éstas más rentables, más competitivas y
para que su proceso de modernización fuera acompañado de un proceso de
rentabilidad. Digo que me parece que es incompatible un programa de
ayudas y subvenciones con la imposibilidad de poder producir para que
estas explotaciones tengan garantizada y asegurada su rentabilidad.
Por otra parte, entendemos, contrariamente a lo que se dice desde el
Gobierno, que el incremento de la mayoría de las explotaciones no fue un
abuso como quiere indicarnos el Gobierno, o no es una cuestión de unos
pocos, como también se dice, sino que ha sido fundamental en comunidades
autónomas en cuya economía esto tiene un peso específico para asegurar el
futuro, para garantizar la viabilidad de las explotaciones y para
garantizar una rentabilidad por necesidad, no por querer incumplir el
régimen de cuotas como algunos tratan de manifestar.
Señorías, en la cornisa cantábrica, en algunas zonas de Castilla-León, el
sector lácteo es social y económicamente estratégico. Sólo en Galicia,
por poner un ejemplo del sector, viven 70.000 familias cuya media de
producción es de 41.000 litros, aún lejos de la media europea, que está
en 100.000 litros por explotación, y no hablemos ya de la media de otros
países como Francia o Inglaterra.
¿Y por qué, señorías, es necesario aumentar nuestra capacidad de producir
y negociar --con esta habilidad
que parece que tiene el Gobierno del Partido Popular, o así por lo menos
lo manifestaba cuando estaba en la oposición-- dicha capacidad de
producir? En primer lugar, insisto, por el carácter estratégico que tiene
el sector en muchas zonas de nuestro país. En segundo lugar, porque no
aumentar nuestra capacidad de producir supondría la ruina de miles de
explotaciones agrarias que tendrían que cerrar. Tenemos que saber que
estas explotaciones agrarias se han visto mejoradas precisamente porque
se han invertido en el proceso de modernización muchos recursos públicos,
y algunos privados que están costeando los propios productores, para
mantener niveles de renta dignos, pero también, como se decía en la
moción, para tratar de adecuar el consumo interno a la cuota que debería
tener nuestro país, que, como ustedes saben, está aproximadamente por
debajo en un millón de toneladas.
Por eso en esta Cámara, en septiembre de 1995, hubo un debate
parlamentario que concitó la unanimidad de todas las fuerzas políticas
para que el Gobierno negociara en Bruselas ese incremento de toneladas.
Por cierto, negociación que se planteó ante la Unión Europea en febrero
de este año y que ahora tiene la oportunidad de demostrar el Gobierno del
Partido Popular que es capaz, con su habilidad negociadora, de conseguir
de la Unión Europea ese incremento de producción.
En definitiva, señorías, para seguir reordenando y modernizando el
sector, es necesario que se haga posible compatibilizar el régimen de
cuotas que ha supuesto un sistema de protección y de garantía en el
precio de la leche con un crecimiento ordenado de aquellas explotaciones
familiares que precisan seguir creciendo para poder vivir dignamente de
la producción de la leche, de lo que parece olvidarse en estos momentos
el Gobierno del Partido Popular.
La moción, señorías, recoge la preocupación del sector; recoge la
inquietud de personas que ven en el sector lácteo, ya que no tienen una
producción alternativa, su viabilidad y su futuro. Y por eso yo pido al
Partido Popular que tenga coherencia; coherencia con lo que defiende en
los parlamentos autonómicos, sea el de Galicia, sea el de Cantabria, sea
el de Asturias; coherencia con lo que defendió en la campaña electoral; y
coherencia con las posiciones que ha mantenido a lo largo de muchos
debates parlamentarios, desde esta tribuna.
Si hoy votamos en contra de esta moción lo que estaríamos haciendo, en
primer lugar, es un flaco favor al sector, y, en segundo lugar,
estaríamos, una vez más, ante la constatación de que el PP dice una cosa
y, a la hora de poner en práctica lo que dice, hace absolutamente lo
contrario.
Para garantizar el futuro del sector, para garantizar el futuro de muchas
explotaciones que se han incorporado tardíamente a este proceso de
modernización, para garantizar el empleo de miles de personas, no podemos
asumir que la supertasa repercuta sobre los ganaderos y tenemos que
presentar programas valientes de reordenación del sector que
compatibilicen los planteamientos que yo acabo de describir y que
garanticen ese incremento de producción por parte de la Unión Europea,
que nos posibilite que dentro de un año no tengamos que subir a esta
tribuna para volver a hablar de estos problemas.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Blanco.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, cualquier debate que verse sobre un problema que afecte a los
españoles, muy particularmente en este supuesto a los españoles de la
cornisa cantábrica y, dentro de ellos, de manera cuantitativamente
significativa, a los gallegos, nos preocupa a todos los Diputados de esta
Cámara, y, sin duda, les garantizo que muy especialmente a los Diputados
del Grupo Popular. De manera que cualquier debate de esta naturaleza es
positivo, pero un debate --lo decía el otro día cuando tuve ocasión de
intervenir en la discusión de la interpelación-- no puede agotarse en
hacer manifestaciones sobre lo obvio. Yo entiendo que en este debate de
la moción se ha avanzado especialmente en lo positivo, que sería centrar
de algún modo el problema y apuntar alguna solución que no sea algo en lo
que todos estamos de acuerdo, en la necesidad de que este problema se
resuelva.
Cuando algunos Diputados suben a la tribuna da la impresión de que esta
cuestión aparece hoy por primera vez en este hemiciclo, pero no es así.
Justamente hace un año, el día 12 de septiembre de 1995, se debatía en
este mismo hemiciclo una proposición no de ley del Grupo Popular en la
que, en definitiva, veníamos a interesar a la Cámara sobre esta misma
cuestión. Dicha iniciativa parlamentaria fue aprobada por unanimidad
aceptándose una enmienda, por cierto del Grupo Socialista, que pretendía
únicamente la exclusión del término urgentemente, lo que es el punto
cuarto, mutatis mutandis, de la moción que hoy presenta el Grupo Mixto a
través de su componente el Bloque Nacionalista Galego.
Por eso, nosotros, coherentes con nuestra propia doctrina y con nuestros
propios actos, impulsamos al Gobierno a lo mismo que le impulsábamos
entonces, y, en consecuencia, manifestamos nuestra disposición a votar a
favor del punto cuarto de la moción presentada por el grupo proponente.
Como decía, no hay nada nuevo bajo el sol; es un debate reiterado y, sin
embargo, el problema subsiste en términos preocupantes. Hay que decir que
la campaña
1995-1996, señoras y señores Diputados, terminó en marzo de 1996 y, que
yo sepa, en marzo de 1996 el Gobierno que seguía asumiendo la dirección
política nacional no era este Gobierno del Partido Popular. De manera que
éste es un problema que aparece para ser resuelto por un gobierno que no
ha tenido ninguna incidencia directa en los asuntos del Ministerio de
Agricultura durante el tiempo en que se ha producido.
El Gobierno socialista, en la campaña 1993-1994, decide ya aplicar la
supertasa, y a aquellos ganaderos a los que no se les pudieron hacer las
compensaciones, señor Blanco, se les exigió la supertasa. Pero, fíjese
usted en una cosa, la sobreproducción de la campaña 1993-1994 fue de
20.000 toneladas, y la de este último ejercicio del Gobierno socialista
ha sido de cerca de 130.000 toneladas. Además, en ese período se ha
aumentado la cuota.
En consecuencia, estamos ante una situación en la que la solución no
puede ser huir hacia adelante, y huir hacia adelante es, sin más
matizaciones, no exigir el pago de la supertasa en la campaña 1995-1996.
Y más huir hacia adelante es que tampoco se exija y se declare período
transitorio el período de la campaña 1996-1997. Porque eso casi es
estimular a que aquellas personas que han incurrido en la sobreproducción
continúen adoptando la misma posición. Tampoco hay que olvidar que en
este último año 12.000 ganaderos aproximadamente han hecho un
importantísimo esfuerzo adquiriendo 554.000 litros de leche, recogiendo
cuotas de personas que las abandonaban o que las transmitían, y ese
esfuerzo de esas personas que intentan situarse dentro del cupo de
producción de la cuota de la que son titulares ahora no puede ser
menospreciado con una afirmación de carácter tan general.
En resumen, el Grupo Popular quiere manifestar, con los demás grupos de
la Cámara, su preocupación por este problema. El Grupo Popular interesa
del Gobierno un esfuerzo como pocos para encarar el problema, pero para
darle solución. El Grupo Popular, naturalmente, es consciente de que el
ordenamiento jurídico --y el ordenamiento comunitario lo es, señoras y
señores Diputados-- vincula a los poderes públicos. El ordenamiento
comunitario vincula a los poderes públicos, y la reglamentación de la
CEE, hoy de la Unión Europea, 3950/1992 del Consejo, que es un reglamento
comunitario que define como una tasa, con cargo a los productores de
leche, esta denominada multa, o a los primeros compradores de la
responsabilidad del cobro cuando la reglamentación los señala
inequívocamente como responsables del pago de la tasa, es una norma que
vincula también al Gobierno español como integrante de los poderes
públicos comunitarios.
Creo que en ese punto incide esta moción en una incongruencia, porque lo
primero que hay que hacer --y aquí me dirijo especialmente al grupo
proponente-- para interesar esa negociación con fortaleza es manifestar
un espíritu disciplinado con la norma. El que incumple la norma no ya de
facto, sino en su propia voluntad manifestada, no puede ser el que
interese su modificación, porque esa disciplina, como es natural, es lo
primero que va a exigir el Consejo de Ministros de Agricultura de la
Unión Europea.
Nosotros queremos concluir diciendo que el Grupo Popular va a apoyar,
porque está en la línea de la congruencia que reclamaba el señor Blanco,
el punto cuarto de la moción. También nos sumamos para manifestar nuestra
inquietud al Gobierno y en particular a la Ministra de Agricultura, que
sabemos que es consciente de la inquietud de ese sector básico de algunas
de las comunidades españolas e importante en España, y de la que ya se
hacía eco hoy por cierto --se lo digo, señor Vázquez, por si no lo ha
leído-- el periódico El Progreso, de Lugo. Este periódico recoge las
inquietudes y los desvelos de la Ministra de Agricultura, a la que
nosotros solicitamos desde aquí un esfuerzo mayor aún del que está
haciendo para encontrar solución a este problema y, sobre todo, para que
cumpla también con algo que recogían precisamente esas manifestaciones de
la Ministra, que, en su caso, el cumplimiento de esta disciplina
comunitaria se haga atendiendo a criterios sociales, a criterios de
permanencia de las explotaciones. En definitiva, se trata de cumplir la
norma sin que ese rigor nos pueda hacer caer en la injusticia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor Padilla.
Entiendo, señor Padilla, de su intervención que solicitan la votación
separada del punto 4 de la moción. (Asentimiento.)
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la posición del Gobierno respecto a la problemática del sector
lácteo. (El señor Núñez Pérez pide la palabra.)
Señor Núñez.
El señor NUÑEZ PEREZ: Para solicitar votación conjunta de los tres
primeros puntos y, aparte, el cuarto punto.
El señor PRESIDENTE: Gracias señor Núñez, a eso iba.
Se va a proceder a la votación separada del cuarto punto. Es decir, en la
primera votación se pronunciarán SS. SS. sobre los puntos 1, 2 y 3 de la
moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a
favor, 147; en contra, 164; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los tres puntos iniciales de la
moción.
Se somete a votación el punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a
favor, 313.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE EL MODO EN QUE EL GOBIERNO VA
A GARANTIZAR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA QUE CONTEMPLA LA LEY
ORGANICA GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) (Número de expediente
173/000010)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista del Congreso, sobre el
modo en que el Gobierno va a garantizar la mejora de la calidad de la
enseñanza que contempla la Ley Orgánica General del Sistema Educativo
(Logse).
Para la defensa de la moción, en nombre del grupo proponente tiene la
palabra el señor Romero. (El señor Vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
El señor ROMERO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Me dirijo a los grupos de la Cámara para defender la moción consecuencia
de la interpelación que mi grupo formuló al Gobierno, y lo hago con
voluntad de consenso, con voluntad de construir el consenso.
Dijimos el día pasado y reiteramos ahora a los miembros de esta Cámara,
que todos deberíamos hacer un esfuerzo para propiciar un amplio consenso
en torno a formación y educación en este país. Mi grupo piensa, como
amplísimos sectores de la sociedad de este país y del conjunto de los
países de nuestro entorno, que formación y educación significan empleo,
significan mejores posibilidades de salir hacia adelante. Esta es la
razón por la que el día pasado y hoy de nuevo en el texto subyace una
idea central que quiero llevar al ánimo de los grupos parlamentarios de
esta Cámara. La idea central es que todavía en España, durante muchos
años, el gasto público en educación debe seguir creciendo. No
compartíamos el día pasado, así lo hicimos saber al Gobierno, una
afirmación incluida en un texto del Ministerio de Educación y Cultura que
decía que el gasto público en educación no debía crecer. Dijimos y
reiteramos hoy que nos separamos radicalmente de este punto de vista. El
gasto público en educación debe crecer y, además --decía--, durante
muchos años en el futuro, por dos razones. En primer lugar, porque
tenemos un retraso histórico, parcialmente compensado durante las últimas
décadas, aunque todavía tenemos un largo trecho por recorrer. En segundo
lugar, porque, aunque nos equiparásemos en los próximos dos o tres años
de seguir el ritmo inversor y de crecimiento del gasto que ha seguido
este país durante los pasados años, todavía tendríamos que seguir
haciendo un esfuerzo, como dice cualquiera de los informes de los
expertos nacionales e internacionales cuando afirman que en este país, en
el conjunto del Estado, debemos seguir gastando en educación incluso por
encima del porcentaje que sobre el PIB gastan algunos de los países
desarrollados de nuestro entorno.
También me dirijo a la Cámara con ánimo de construir un consenso porque
el día pasado la Ministra de Educación y Cultura, por tanto el partido
que sustenta al Gobierno, reiteró aquí que tiene voluntad de mantener la
Logse, y es de suponer que de desarrollarla y aplicarla en todos sus
extremos; consenso que también espero alcanzar de aquellos grupos
políticos que están en esta Cámara y que en su día apoyaron esta
importantísima ley para el desarrollo económico y social de nuestro país,
que además en algún caso la están desarrollando y aplicando a entera
satisfacción, con el consenso de sus parlamentos regionales, en sus
respectivas comunidades autónomas, porque participan de la convicción de
que esta ley viene a solventar tres grandes cuestiones que este país no
tenía bien resueltas: la prolongación de la educación obligatoria, un
nuevo diseño, fundamental, de la formación profesional y un incremento
sin precedentes de las condiciones de calidad de la enseñanza en el
conjunto del Estado.
Es en este contexto y amparándome en el tercer punto quiero hacer la
presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,
porque precisamente la moción tiene que ver con una propuesta de
incremento de las condiciones de calidad del conjunto del sistema
educativo del ámbito que gestiona el Ministerio de Educación y Cultura.
Esta es la razón por la que, de nuevo reiterando la necesidad de
incrementar el gasto público en educación, amparándonos en los criterios
de calidad, para el comienzo del curso que ahora se inicia --y todavía si
esta moción fuese aprobada en estos términos, el Ministerio de Educación
y Cultura podría dar un paso muy importante en la mejora de la calidad de
las condiciones de funcionamiento de los centros de enseñanza secundaria
de su ámbito de gestión--, mantenemos y proponemos a esta Cámara para
votación, en su caso, aspectos que se diferencian claramente de las
instrucciones que el Ministerio de Educación ha mandado a sus respectivos
servicios territoriales.
El Grupo Socialista propone, por tanto, que los grupos que constituyen
los cursos en la educación secundaria obligatoria no superen los 30
alumnos, ni los 25
alumnos en los grupos que escolaricen a alumnos con necesidades
educativas especiales.
Proponemos igualmente que todos los centros en los que se anticipe la
implantación del segundo ciclo de secundaria obligatoria dispongan de
departamento de orientación y de profesores de ámbito, los profesores de
ámbito que correspondan.
Asimismo, proponemos que todos los centros impartan las materias
optativas de oferta obligada atendiendo a criterios flexibles a la hora
de constituir grupos, precisamente para no discriminar a zonas rurales o
a centros pequeños que no tendrían posibilidades de poder desarrollar a
plena satisfacción no sólo asignaturas optativas sino particularmente
asignaturas optativas de oferta obligada.
Proponemos igualmente que los profesores-tutores dispongan de períodos
lectivos a la semana para labores de tutoría. Proponemos que los
profesores tutores dediquen este período a la atención de alumnos del
grupo que tienen encomendado.
Proponemos que durante los dos primeros años de implantación de cada
ciclo o curso en la educación secundaria obligatoria los tutores de los
grupos de alumnos que cursan las nuevas enseñanzas dediquen otro período
lectivo a la semana a preparar actividades de tutoría y de evaluación, de
actualización de conocimientos o de coordinación con su departamento de
orientación.
Proponemos que cuando haya alumnos con evaluación negativa en el curso
anterior o con materias pendientes los horarios incluyan una hora lectiva
a la semana de atención a los mismos. Una vez constituidos estos grupos,
la asistencia de los alumnos debería ser, como por otra parte viene
siendo, de carácter obligatorio.
Proponemos que los departamentos de lengua extranjera, ciencias naturales
y física y química puedan establecer un plan de trabajo y un programa de
prácticas específicas de conversación y de laboratorio que se incluyan en
la programación general del departamento.
Proponemos que en los institutos de educación secundaria obligatoria se
escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales y que además
puedan disponer de los maestros de apoyo necesarios para que puedan
recibir una respuesta educativa plenamente satisfactoria.
Proponemos igualmente que los institutos que impartan el segundo ciclo de
secundaria obligatoria dispongan de los profesores necesarios para
organizar los programas de diversificación curricular y para desarrollar
un aspecto que nos parece central, que son los programas de garantía
social.
Por último, en la moción, señorías, proponemos que aquellos maestros que
se hayan incorporado a institutos de educación secundaria y que
desarrollan su trabajo en el primer ciclo de la secundaria en estos
centros tengan la misma carga docente, los mismos horarios que los
profesores de secundaria con los que conviven en el mismo claustro.
Estas son las bases de nuestra moción; moción que está argumentada en
deficiencias notables, en la separación que de esta línea se ha mantenido
en la Administración anterior en el ámbito de gestión del MEC y que
también se mantiene en otras administraciones con competencias en materia
de educación en otras partes del Estado. Entendíamos --así se lo hicimos
saber al Gobierno el día pasado-- que con las instrucciones que el
Ministerio de Educación y Cultura tramitó a los servicios territoriales
de educación de su ámbito de gestión se separaba de lo aquí propuesto, se
separaba, en definitiva, de lo establecido en la disposición transitoria
tercera de la Logse, y esta es la razón por la que, amparándonos de nuevo
en la voluntad de construir y en el espíritu de consenso que debería
presidir el trabajo relacionado con formación y educación en esta Cámara,
proponemos este texto de moción.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Romero.
A la moción del Grupo Socialista se ha presentado una enmienda por parte
del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el
señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, señorías, quiero indicar,
como lo hice en la interpelación la semana pasada, que respeto
profundamente la forma en que han sido expuestos los planteamientos del
Grupo Socialista por parte de su portavoz.
Yo creo que todos los grupos de la Cámara coincidimos en la necesidad del
gran acuerdo y del amplio consenso en educación. Coincidimos en que
indudablemente los esfuerzos que se han hecho en educación en nuestro
país a partir de que se implantara la democracia, a partir de los Pactos
de la Moncloa, han sido importantes, un esfuerzo presupuestario y un
esfuerzo de calidad; presupuestario, porque hemos llegado incluso a
superar el 5 por ciento del producto interior bruto, que es una cifra que
ya se considera importante y que supera algunos porcentajes de los países
de la Unión Europea.
Ahora bien, SS. SS. comprenderán perfectamente que lo que no podemos es,
de la noche a la mañana, y especialmente un nuevo Gobierno que ha
heredado el presupuesto de 1996 prorrogado del de 1995 y en una situación
económica en la cual hay que hacer unos grandes esfuerzos
presupuestarios, pasar a hacer lo que desearíamos, en una hipotética
carta, no diría a los Reyes Magos, pero sí diría de ilusión que tenemos
todos en alcanzar, porque, señorías, la Logse tiene un período de
implantación hasta el año 2002, y como bien indicó la señora Ministra la
semana pasada, no vamos a cambiar la Logse, ni queremos, ni podemos
cambiar la Logse. Queremos, eso sí, darle el máximo de calidad posible,
pero ese máximo de calidad, dárselo en un período progresivo hasta el año
2002.
Ahora nos encontramos con una moción del Grupo Parlamentario Socialista,
y no es que nosotros estemos en contra de muchas de las propuestas; lo
que pasa es que hemos presentado una enmienda para establecer
concreciones exactamente dentro de las disponibilidades presupuestarias.
Por ejemplo, el punto número 1 de la moción del Grupo Socialista dice que
los grupos en los que se imparta la educación secundaria obligatoria no
podrán superar los 30 alumnos, ni los 25 en los grupos en los que se
escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales, pero es que
resulta --y siento que no esté el último Ministro de Educación, sí el
anterior-- que hay una Orden del 15 de marzo de 1996, hecha por el
Gobierno anterior, en la que se indicaba que se podía sobrepasar este
número en circunstancias excepcionales. El otro día se informó --y no voy
a repetirlo yo aquí-- del número de aulas que en el curso pasado había
--me refiero al territorio del MEC-- con 39 alumnos, con una media del
31,2. Por tanto, esto no se puede exigir de la noche a la mañana.
Nosotros, y de ahí nuestra enmienda, proponemos el número máximo de
alumnos establecido en el punto octavo de la Orden del 15 de marzo de
1996. Señores Socialistas, esta Orden no la dictó nuestro Gobierno, sino
el de ustedes.
Nosotros, en las enmiendas que presentamos a los diferentes puntos vamos
dando una serie de pautas en las cuales queremos pisar realidades, no
utopías. Además el curso actual hay que reconocerlo y reconózcanlo, lo
tenían ya preparado ustedes. Es decir, las posibles deficiencias de este
curso, que creemos que van a ser mínimas, sin embargo, estaban preparadas
por el Gobierno Socialista.
Pasando a hablar del consenso, y creo que son necesarios en la Cámara luz
y taquígrafos, hasta esta misma tarde hemos hecho toda clase de esfuerzos
para llegar a una conjunción para que al inicio del curso saliera una
propuesta de acuerdo de este Parlamento entre los diferentes grupos de la
Cámara. Si repasan SS. SS. las enmiendas que presenta el Grupo Popular,
verán que algunas recogen el mismo texto de la moción del Grupo
Socialista, pero poniendo algunas cautelas por las razones anteriormente
expuestas. Nuestro grupo siente enormemente que no se haya podido llegar
a un acuerdo. Al final, el acuerdo que nos proponía el Grupo Socialista
--y creo que lo tiene que conocer la Cámara-- iba en el sentido de
decirnos: voten ustedes a favor de los apartados en que estén de acuerdo
y en los que no lo estén, no voten. A esto les hemos dicho que hemos
hecho un esfuerzo, incluso en lo que respecta a mi persona he hecho toda
clase de esfuerzos en modificar el texto para acercarnos. No ha sido
posible y lo sentimos enormemente. Por eso, señor Presidente, nos vemos
en la obligación, penosa obligación por otra parte, de mantener la
enmienda a la moción presentada por el Grupo Socialista.
Espero, y con ello finalizo, señores del Grupo Socialista, que a lo largo
de este curso lleguemos a acuerdos con ustedes y con otros grupos y
aunque algunos de dichos grupos tienen plenas competencias en materia de
educación, habiendo funcionado muy bien el curso pasado, por ejemplo, en
Cataluña, en el País Vasco y en Galicia, con una ratio mejor de la que
tenemos en el territorio del MEC respecto de alumnos por aula, espero que
lleguemos a acuerdos.
Finalmente, y porque no quiero olvidarme, sobre el punto número 9 de la
moción que presenta el Grupo Socialista, para los señores Diputados que
no están tan familiarizados con los temas de educación explicaré lo
siguiente. Hay maestros que no son licenciados que están dando cursos en
el primer ciclo de la ESO. Se ha reducido el número no de horas lectivas,
de períodos, porque son de 50 minutos, de 25 a 21. Progresivamente, nos
comprometemos, y espero que las mesas sindicales lo apoyen, a que algún
día pueda ir reduciéndose, pero hoy por hoy creemos que hemos hecho un
gran esfuerzo rebajando de 25 a 21 los períodos lectivos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Guerra Zunzunegui.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición en este debate?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la
señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, seré muy breve para explicar la postura del Grupo Parlamentario
Catalán.
Hemos escuchado atentamente la presentación de la moción y de los puntos
de la misma por el portavoz del Grupo Socialista y también los criterios
que ha expuesto el portavoz del Grupo Popular. Debo decir en este momento
que estoy realmente entristecida, y no es un tópico ni una frase hecha.
Estoy entristecida porque parece que está lejano el momento en que
podamos llevar en el terreno de la educación un camino conjunto. Creo que
este Congreso es el lugar en que deberíamos encontrarnos, sobre todo en
temas de educación tan sensibles para la sociedad de este país.
Nuestro grupo, que apoyó decididamente la Logse y todas las leyes
educativas y que cree que el capital escolar es el único con el que podrá
contar toda la ciudadanía de este país, considera que alguna vez
deberíamos seguir el mismo camino. Si nos empeñamos en caminar por sendas
distintas, aunque lo quisiéramos, quizá nunca nos podamos encontrar.
Yo desearía añadir que con los criterios que se han expuesto en la moción
del Grupo Socialista estamos totalmente de acuerdo, porque son criterios
de calidad.
También estamos de acuerdo en que el grupo del Partido Popular ha hecho
un gran esfuerzo para llegar a un consenso en esta ocasión. Por ello, ya
que es imposible, por lo visto, llegar a un acuerdo, aunque pensamos que
quizá todavía sería posible, sólo querría que ahora, cuando el curso ya
ha empezado, cuando todo el país ayer olía a plumier, a niño y niña que
iban a la escuela, hiciéramos todo un esfuerzo para que la sociedad no
tuviera desconfianza respecto al nuevo sistema educativo que empieza
ahora, creyéramos que vale la pena la reforma que empezamos y que todos
los que estamos aquí estuviéramos de acuerdo en que es necesaria y es un
éxito y que en todas partes tiene calidad. Si desde nuestra posición
podemos influir para que todavía lleguemos al consenso --que yo espero
que quizá sea todavía posible--, yo creo que todo el país lo agradecería.
En caso contrario, nos vemos obligados a tomar un posicionamiento que no
querríamos.
Hay una circular de alguna manera paralela, muy virtuosa pero virtual, y
hay una circular que es real. Yo lo único que pido, pues, al Partido
Popular, si no podemos llegar al consenso, es que si el Gobierno estaba
de acuerdo con esta enmienda que ahora presentaba, introduzca estos
criterios de calidad en este curso que ahora ha empezado, de acuerdo con
las disponibilidades presupuestarias, pero sobre todo con la creencia de
que el servicio público de la educación es el mejor servicio para este
país.
Por tanto, nosotros daremos un voto de confianza al Gobierno que ahora
empieza en estas tareas, para estimularle en el camino de la continuidad
de la calidad que gobiernos anteriores no sólo iniciaron, sino también
consolidaron. Por tanto, diremos no a la moción socialista por esta
causa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Gil i Miró.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor Presidente, señorías, voy a intervenir
con mucha brevedad. En primer lugar, quiero decirle al portavoz del Grupo
Popular, señor Guerra, que sus esfuerzos apocalípticos para encontrar el
consenso no han tocado su parte izquierda, porque usted no ha tenido la
amabilidad de dirigirse a mí y, por tanto, no he podido consensuar nada
con usted, lo cual quiere decir que, efectivamente, sólo ha contemplado
una parte del todo. En este sentido, quiero fijar la posición con
respecto a la moción del Partido Socialista. Entiendo perfectamente que
no se acepte la enmienda del Partido Popular porque, aunque son un
matrimonio, son un matrimonio mal avenido. (Rumores.) Por tanto, son
normales estas refriegas en políticas, y más en políticas de Estado, como
entendemos que es el tema de la educación.
Mi grupo considera que la educación, insisto, es un problema de Estado,
por encima de los cambios de Gobierno. Por consiguiente, no se puede
tener un discurso distinto cuando se está en la oposición o cuando se
está en el Gobierno.
En segundo lugar, quiero decirle amablemente al Grupo Socialista que más
de una década parece suficiente para arreglar la enseñanza, y parece
tiempo más que suficiente, insisto, para poner orden en un servicio
público de tal magnitud. En cambio, sólo algo más que una evolución
darwiniana se ha producido en la anterior etapa.
En tercer lugar, para ser honestos, hay que reconocer que los avances más
sustanciales son el resultado no sólo de la gestión, sino
fundamentalmente de muchas movilizaciones, de grandes luchas y
negociaciones, sindicatos, movimientos sociales, etcétera.
En cuarto lugar, el subconsciente político a veces también traiciona, y
la interpelación que da lugar a la moción se titula: Mejora de la calidad
--lo entrecomillo-- y no calidad a secas, como valor absoluto, para un
servicio público que no debe admitir retoques, señor Romero, sino firmes
apuestas políticas.
En quinto lugar, esta tabla de mínimos, que tienen carácter casi de
convenio, no es susceptible de votos en contra, ya que plantea aliviar
--insisto, aliviar-- las condiciones para alumnos y profesorado y
subsanar las erratas políticas de doña Esperanza Aguirre.
Y en sexto lugar --y voy terminando, dado el interés que muestra la
Cámara--, mi Grupo votará a favor --insisto, votará a favor-- en la
medida en que el espíritu y la letra de la reforma educativa no se vean
alteradas por su moción, sino exclusivamente, señor Romero, endulzoradas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aramburu.
El señor Romero tiene la palabra para indicar si acepta o no la enmienda
defendida por el señor Guerra Zunzunegui.
El señor ROMERO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, agradezco al representante del Grupo Popular el tono de su
intervención. Creo sinceramente que las enmiendas de modificación que
proponen constituyen un esfuerzo estimable. Pero igualmente nos parece un
esfuerzo insuficiente.
De todos modos, déjeme que le diga que, como mínimo, la interpelación del
día pasado y la moción del día de hoy, en nuestra opinión, han valido la
pena, porque al menos han servido para que el Grupo Popular haya
incorporado, haya hecho suyos --y así esperamos que haga también el
Gobierno-- aspectos que nos parecen
importantes para garantizar criterios de calidad en la aplicación de la
Logse.
Como mínimo hay cuatro puntos que han asumido íntegramente de la
redacción del texto de la moción del Grupo Socialista y que nos parecen
importantes. Ahora bien, hay otros elementos, otros aspectos, que nos
parecen claramente insuficientes. Creo que también se ha avanzado en el
espíritu que presidía los debates en materia de educación en los últimos
meses. Me alegra también --lo digo en nombre de mi grupo-- que podamos
seguir trabajando en esta línea. Estoy persuadido, firmemente persuadido,
de que formación y educación deberían constituir un elemento central de
consenso en el conjunto del Estado. Básicamente en su mano está, y en
manos de su grupo, seguir produciendo este proceso de convergencia, este
proceso de acercamiento desde posiciones muy cercanas en el tiempo de
crítica radical a la Logse a posiciones como la del día de hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Romero, vaya concluyendo.
El turno es sólo para manifestar la aceptación o no de la enmienda.
El señor ROMERO GONZALEZ: Por estas razones, aceptando y asumiendo el
estimable esfuerzo, no podemos aceptar el texto de esta enmienda.
Le daré un último argumento por el que no podemos hacerlo. En primer
lugar, porque para nosotros hay un elemento central, que no ha sido ni
siquiera considerado en el texto de la enmienda, que es el trato
equiparable de los maestros que trabajan en secundaria obligatoria en
cuanto a carga docente. Se lo he dicho durante la tarde de hoy y se lo
reitero ahora. Debe ser un trato equiparable, porque así lo es en otras
administraciones educativas que tienen competencias en esta materia, por
lo menos en bastantes, y así debería ser también en el territorio de
gestión del Ministerio de Educación y Cultura.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Romero.
El señor ROMERO GONZALEZ: En segundo lugar, y acabo con esto, su enmienda
hace referencia a disponibilidades presupuestarias, me refiero en este
caso a las relativas a los maestros de apoyo, y estas cautelas no han
existido, señor Guerra. Ahora no se asume con valentía la dotación de
profesores de apoyo sin cautelas presupuestarias, pero no hubo estas
cautelas cuando se firmó el acuerdo con la enseñanza concertada. El otro
día no lo valoré negativamente, ya le dije, porque en aquel acuerdo se
dice con claridad: inclusión a todos a los efectos a la plantilla de los
centros de los profesores denominados de apoyo incorporados a los mismos
por anteriores acuerdos. De manera que allí no había cautelas, y aquí
tampoco debería haberlas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Romero.
Vamos a pasar a la votación de la moción del Grupo Socialista debatida.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista del Congreso sobre el
modo en que el Gobierno va a garantizar la mejora de las calidades de la
enseñanza que contempla la Ley Orgánica General del Sistema Educativo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a
favor, 143; en contra, 158; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la moción del Grupo
Socialista.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE LA POLITICA EDUCATIVA A DESARROLLAR POR EL GOBIERNO EN
EL CURSO ACADEMICO 96/97, ASI COMO SUS PERSPECTIVAS FUTURAS (Número de
expediente 173/000011)
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la política educativa a desarrollar
por el Gobierno en el curso académico 96/97, así como sus perspectivas
futuras.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Aramburu. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio y permitan un desarrollo más ágil del Pleno
que, llegado a estas horas, aún tiene que debatir esta moción y proceder
a su votación. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Señor Robles.
Señora Aramburu,cuando quiera.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
En mi vida civil era profesora y no solía dar clases si no estaba el aula
en silencio, por lo tanto, yo no tengo ninguna prisa y si al señor
Presidente le parece oportuno, estoy dispuesta a esperar hasta que haya
un silencio absoluto en la Cámara. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aramburu, estoy seguro que sus
compañeros, los señores Diputados, están encantados, como en cualquier
aula, de permanecer en silencio.
Por favor, señorías, guarden silencio.
La señora ARAMBURU DEL RIO: De nuevo --y vuelvo a insistir, señor
Presidente, señorías-- hoy nos encontramos ante un debate estrella, tanto
por la actualidad como por la relevancia que tiene para el país y para la
consolidación --por si a alguno se le ha olvidado-- del sistema
democrático.
La moción que presenta hoy mi grupo, Izquierda Unida, como resultado de
la interpelación del día anterior, plantea veinte puntos que no son un
programa, son las necesidades más perentorias de la comunidad educativa
hoy. En este sentido instamos al Gobierno.
En primer lugar, instamos a algo tan elemental como es cumplir con sus
obligaciones, concretamente las contempladas en la Logse, tanto los
objetivos como las medidas, a fin de garantizar, entre otras cosas, una
enseñanza no de mejora, sino de calidad absoluta.
En segundo lugar, planteamos lo que yo considero --como muy bien sabe la
señora Ministra, doña Esperanza, aunque hoy el banco azul esté plagado de
ausencias-- los decretazos veraniegos y que S. S. define como circular de
comienzo de curso de la Dirección General de Centros Escolares,
solicitando que se modifiquen completamente.
En tercer lugar, planteamos que las modificaciones vayan en el sentido
siguiente. Primero, no alterar la redacción última del artículo 87 de la
Orden Ministerial de 29 de junio de 1994, por la que se aprueba la
organización y el funcionamiento de los institutos, dando rango de
situación normal a la dedicación de 18 horas lectivas para los maestros
con destinos en otros centros. Segundo, planteamos que no se amplíe el
tope de alumnos por aula fijado en la actual normativa. Respecto a los
requisitos mínimos, planteamos mantener los 25 alumnos en primaria y en
secundaria que el número se mantenga igual, siempre que haya alumnos con
necesidades educativas especiales; 30 en secundaria, salvo en las
optativas donde el mínimo sea de 10 ó 15 alumnos, según sean o no de
obligado ofrecimiento por el instituto, y 35 alumnos en bachillerato --es
una burrada, pero así lo aprobamos en la Logse-- o cantidades
equivalentes, o mejor inferiores, en los centros que imparten las
enseñanzas de los viejos planes de estudios. También planteamos asegurar
a todo el alumnado de los centros de enseñanza pública la posibilidad de
cursar las asignaturas optativas en los términos previstos en la ley, no
sólo la de hogar y marías. En cuarta instancia, planteamos revisar la
situación de los vigentes presupuestos de Educación para 1996, a fin de
realizar en su totalidad --subrayo lo de totalidad-- las inversiones
previstas, y todo ello con la voluntad de compensar las reducciones
producidas en este capítulo para poder dar cumplimiento a las cantidades
que debieran haberse invertido hasta la fecha de acuerdo con la vigente
memoria económica de la Logse.
En quinto lugar, revisar igualmente la ejecución de los presupuestos
vigentes de Educación para el año en curso, abordando en su totalidad
--subrayo de nuevo totalidad-- las partidas referidas a gastos de
funcionamiento de los centros públicos, que se caen a cachitos, capítulo
II de los programas 422 AB y C, previstos para poder compensar las
deducciones producidas en este capítulo, con la finalidad de dar
cumplimiento a las cantidades que deberían haberse invertido hasta la
fecha de acuerdo con la vigente memoria económica de la Logse.
En sexto lugar, planteamos revisar la ejecución de los presupuestos para
1996, invirtiéndolos en su totalidad --vuelvo a subrayar totalidad-- en
las partidas referidas a personas; es decir, las previstas además,
tratando de compensar las reducciones producidas en este capítulo con el
fin de dar cumplimiento a aquellas que debían haberse invertido según lo
establecido en la memoria de la Logse.
En séptimo lugar, inyectar, repito, inyectar, inyectar, inyectar y
objetivar una cuantía superior de recursos para ampliar la política de
becas, tanto en el número de beneficiarios como en la cuantía, además de
racionalizarla y agilizar los sistemas de concesión.
En octavo lugar, congelar las tasas académicas en los diferentes niveles
de la enseñanza en que están establecidas.
En noveno lugar, no liberalizar --vale ya-- ni alterar el precio de los
libros de texto y mantenerlos dentro de un sistema regulado por la
Administración.
En décimo lugar, garantizar el carácter de servicio público de la
educación en los diferentes niveles del sistema de enseñanza, no
estableciendo medidas que supongan su privatización directa o indirecta
de la que tan amigos son los bancos de mi derecha.
El punto undécimo consistiría en desarrollar hasta sus últimas
consecuencia, y no hay apocalipsis ni utopía, el Título V de la Logse,
que otorga un papel prioritario a la educación en la compensación de las
desigualdades, estableciendo las figuras necesarias para alcanzar los
objetivos previstos en el citado título. Estas medidas, y otras que las
complementen, tendrán como objetivo la reducción de las bolsas de fracaso
escolar del sistema educativo español. Por si alguno de ustedes no lo
sabe, les diré que España es el país de Europa con mayor índice de
fracaso escolar, el 50 por ciento en EGB: ¡SOS, SOS!
En el punto duodécimo planteamos hacer públicas --acabar con el
oscurantismo-- las modificaciones introducidas en la red de centros que
van a impartir el primer curso de ESO, así como los motivos de mejora de
la calidad de la enseñanza que han provocado estas modificaciones.
En el punto decimotercero planteamos rebajar el mínimo de alumnos y
alumnas para constituir aulas en las zonas rurales. ¿Qué pasa donde hay
ocho? ¿Es que no tienen derecho a la enseñanza?
Punto decimocuarto. Buscar y aplicar fórmulas adecuadas para garantizar
la estabilidad del profesorado interino; que no tengan que esperar que
alguna profesora
se quede embarazada o algún titular tenga un accidente. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Punto decimoquinto. En este punto planteamos suprimir el carácter
académico de las enseñanzas de religión, y que no se asuste el clero ni
la Conferencia Episcopal, que no planteamos el decretazo, sino, como
digo, simplemente suprimir el carácter académico y, por tanto, de
asignatura evaluable que tiene la enseñanza de religión dentro del
sistema educativo, sin introducir asignaturas alternativas, ni de
parchís, ni variables marías.
El punto decimosexto consiste en modificar el actual sistema de acceso a
la enseñanza superior, de acuerdo con los sectores afectados, eliminando
su carácter selectivo y los efectos distorsionadores en la elección de
los estudios universitarios.
En el punto decimoséptimo --tranquilidad, que voy terminando-- planteamos
asegurar el control de la aplicación de la Logse. Este punto es
importantísimo. Lo que el Gobierno plantea y hace tiene toda la
credibilidad del mundo, las urnas lo avalan, pero, además, nos parece una
medida correctora el crear una comisión de seguimiento en el ámbito de
los órganos de participación legalmente establecidos.
Punto decimoctavo. Concluir el proceso de transferencias de la
competencia educativa a las comunidades autónomas en el plazo de tiempo
más breve posible, dentro de la presente legislatura, faltaría más,
garantizando en dicho proceso la participación de los sectores educativos
y no sólo gubernamentales.
Punto decimonoveno, y penúltimo, revisar la situación financiera de las
universidades, cuyas competencias han sido recientemente transferidas a
las comunidades autónomas, a fin de compensar las desigualdades de
financiación en las que se ha incurrido.
Y último punto, iniciar, con la participación de los sectores implicados,
un debate público con vistas a la modificación de los apartados de la LRU
que necesitan ser reformados.
Señorías, voy a abreviar. Sé de su paciencia, lo larga que es la noche y
lo breve para el tiempo político.
Por lo tanto, yo espero que SS. SS. aparquen sus adscripciones formales
y, por el bien de los ciudadanos y del país y especialmente de la
comunidad educativa, voten a favor, sin recelos y en conciencia, de la
resolución, hoy moción, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Como no se ha presentado enmienda alguna a la moción, corresponde la
fijación de posición de los grupos que así lo deseen. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRO: Gracias, señor Presidente.
He escuchado con mucha atención a la Diputada de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, señora Aramburu. La he escuchado con la
misma atención que cuando presentó la interpelación, y no me ha aportado
razonamientos nuevos a lo que expuso en aquel momento. Nosotros sí
expusimos nuestro posicionamiento, en el que considerábamos que era un
debate muy limitado por culpa del tiempo, ya que el curso ya empezaba,
ahora ya ha empezado, y también por la limitación del territorio a que se
refería en aquel momento la interpelación.
Hoy quizá la ha ampliado. Me ha parecido un totum revolutum, usted sabe
muy bien qué quiere decir, que a nosotros no nos puede hacer cambiar nada
de lo que dijimos en aquel momento. Por lo tanto, nuestro posicionamiento
es contrario, desfavorable, a la moción que acaba de presentar.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Gil i Miró.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero indicar a la señora Aramburu que no hemos tenido
conversaciones para llegar a un consenso porque tenían presentada una
moción, con la cual; a nuestro juicio, era imposible llegar a ningún
acuerdo. Esa es la única razón. Le puedo confirmar que estaremos siempre
en contacto con todos los grupos, Izquierda Unida incluida, pero se había
presentado esa moción por parte del grupo que, a nuestro juicio, no era
ya de carta a los Reyes Magos sino casi de tómbola, porque es imposible
de asumir, como ya ha dicho la representante de Convergència y Unió, en
donde se mezclan unas cosas con otras. Esa es la razón por la que no
hemos tenido conversaciones.
Quisiera hacerle algunas puntualizaciones. La escuela pública no se cae a
cachitos, por favor; las escuelas públicas hay que mejorarlas pero no se
caen a cachitos ni, como el otro día indicó S. S., son un cajón en donde
se metía a los niños. No es así, señora Aramburu, y yo le agradecería que
visitara las del territorio MEC. Usted es andaluza y yo no he visitado
las de Andalucía. Tienen plena competencia. Las del territorio del MEC no
son así.
En relación con las becas, porque, como digo, está todo mezclado, le
puedo dar la cifra de este año para becas que es de 90.000 millones, y
que conste que no nos ponemos medallas ajenas porque esto figuraba en el
presupuesto de 1995-1996, en donde se ha actualizado el IPC respecto a
las condiciones para los que pueden optar a la beca de ingreso, etcétera.
El tema de los profesores es muy importante. Buscar y aplicar las
fórmulas adecuadas para estabilizar la situación de profesores interinos.
Señora Aramburu,
los profesores que no son interinos han pasado unas pruebas, tienen un
acceso inicial mediante unas pruebas, y no podemos equiparar nunca a los
interinos con los que tienen la plaza en propiedad, que han pasado unas
pruebas y unas oposiciones. No voy a contestar a las veinte, señora
Aramburu, pero me gustaría que algún día en Comisión discutiéramos sobre
algunas propuestas concretas que ha efectuado.
Las tasas. El otro día se le indicó que se han subido un 4 por ciento en
la UNED, que es la única que depende en estos momentos del Ministerio, ya
que las de Baleares se transfieren enseguida.
Quiero decirle que este Gobierno tiene la absoluta intención de que en
esta legislatura se efectúen las transferencias a las autonomías que
todavía no tienen competencias en lo que respecta a educación secundaria
y primaria.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Guerra.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Romero González pide la
palabra.)
El señor Romero tiene la palabra.
El señor ROMERO GONZALEZ: Señor Presidente, quiero proponer, si así lo
estima oportuno, votación separada de los puntos 1, 2, 7, 11 y 12 del
resto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Entiendo, señor
Romero, que en dos bloques. (Asentimiento.)
Muchas gracias. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor
PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la política educativa a
desarrollar por el Gobierno en el curso académico 1996-97, así como sus
perspectivas de futuro. Han solicitado votación separada de los puntos 1,
2, 7, 11 y 12, que constituirían un primer bloque que pasamos a votar,
dejando para una segunda votación el resto.
Votación, por tanto, de los puntos 1, 2, 7, 11 y 12 de la moción de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a
favor, 140; en contra, 155; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, quedan rechazados los puntos 1, 2,
7, 11 y 12 de la moción.
Votaremos a continuación el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a
favor, 13; en contra, 161; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado el resto de la
moción.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.