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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 21, de 10/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1996 VI Legislatura Núm. 21
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 20
celebrada el martes, 10 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 845)
Modificación del orden del día (Página 845)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas:
-- Del Parlamento de las Islas Baleares, por la que pasa a denominarse
oficialmente Illes Balears la provincia de Baleares. «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie B, número 2.1, de 11 de abril de 1996
(número de expediente 125/000001) (Página 845)
Toma en consideración de Propuestas de reforma del Reglamento de la
Cámara:
-- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del
Congreso, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco
(EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1.
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie B, número 47.1, de 10 de
julio de 1996 (número de expediente 410/000001) (Página 851)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre supresión del servicio militar obligatorio y los delitos
contra el cumplimiento de la prestación social sustitutoria y contra el
deber de prestación del servicio militar. (Orgánica.) «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Serie B, número 16.1, de 12 de abril de 1996
(número de expediente 122/000005) (Página 854)
Tramitación directa y en lectura única de la propuesta de reforma del
Reglamento de la Cámara (Página 862)
Proposiciones no de Ley:
-- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre sector industrial azucarero
español. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie D, número 21,
de 10 de junio de 1996 (número de expediente 162/000031) (Página 862)
-- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por la que se acuerda la constitución de una Comisión no
permanente encargada de la elaboración de un Informe que sirva de base
para la necesaria revisión del modelo de Estado actual. «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Serie D, número 10, de 16 de mayo de 1996
(número de expediente 162/000014) (Página 868)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
-- Convenio Internacional del Caucho Natural, 1995, hecho en Ginebra el
17 de febrero de 1995. «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie
C, número 1.1, de 3 de junio de 1996 (número de expediente 110/000001)
(Página 875)
-- Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e
Inmunidades del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 6 de marzo de
1959, y el Estatuto por el que se modifica el Fondo de Desarrollo Social
del Consejo de Europa, aprobado por el Comité de Dirección del Fondo en
virtud de sus Resoluciones 247 (1993), 248 (1993) y (93) 22, y reserva
que España pretende formular. «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Serie C, número 2.1, de 3 de junio de 1996 (número de expediente
110/000002) (Página 875)
-- Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la reestructuración
del mecanismo de control establecido por el Convenio, hecho en
Estrasburgo el 11 de mayo de 1994. «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Serie C, número 3.1, de 3 de junio de 1996 (número de
expediente 110/000003) (Página 875)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
-- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados (número de
registro 3998) (Página 876)
(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 22, de 11 de
septiembre de 1996.)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución de nuevos señores
Diputados (Página 845)
Modificación del orden del día (Página 845)
Queda aprobado por asentimiento que el punto 6 del orden del día pase a
debatirse al final como punto 9.
Toma en consideración de propuestas de reforma del Reglamento de la
Cámara (Página 845)
Del Parlamento de las Islas Baleares, por la que pasa a denominarse
oficialmente Illes Balears la provincia de Baleares (Página 845)
Defiende la proposición de ley, en nombre del Grupo Popular del
Parlamento de las Islas Baleares, la señora Ferrer i Bascuñana,
manifestando que su propuesta es consecuencia de un mandato unánime
del Pleno del Parlamento de Illes Balears, cuyo alcance posiblemente sea
más amplio que el de la simple normalización lingüística. Añade que el
Estatuto de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares cumple con los
requisitos del artículo 147.2 de la Constitución, en el que se señala que
los estatutos de autonomía harán constar la denominación de la comunidad
que se ajuste mejor a su identidad histórica y la delimitación del
territorio.
Expone que desde la aprobación por las Cortes Generales de la Ley
Orgánica 2/83, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para las Islas
Baleares, la denominación territorial pasó a ser única, pero las dispares
denominaciones que han tenido lugar han llevado al confusionismo. A
continuación, añade que la Constitución dice que la provincia es una
entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la
agrupación de municipios y la división territorial para el cumplimiento
de las actividades, finalidad que se cumple mucho mejor, en su opinión,
si no se dan nombres diferentes en un mismo territorio cuando tanto la
provincia como la comunidad son Estado.
Destaca la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en convertir en
oficial algo que es de sentido común, y es que la traducción de Islas
Baleares, en la lengua propia de la comunidad autónoma, que es el
catalán, sea Illes Balears, tal como marca el artículo 3.2 del Estatuto
de Autonomía. A estos efectos recuerda un dicho que se utiliza comúnmente
en las islas para expresar la necesidad de ser uno mismo: «Sed quienes
sois». Considera que con esta denominación de Illes Balears se da un paso
más en su identificación como pueblo. Finaliza su intervención
solicitando de la Cámara la toma en consideración de esta iniciativa del
Parlamento de les Illes Balears, que considera respetuosa con todo el
Estado español.
En nombre del Grupo Socialista del Parlamento de las Islas Baleares,
interviene el señor Pons i Pons para la defensa de la toma en
consideración de la proposición de ley. Reitera que la proposición de ley
está sustentada en la unanimidad del Parlamento de las Islas Baleares y
de la sociedad. Considera que tal unanimidad es indicativa de que se debe
evitar una denominación distinta para designar a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y a la provincia de Baleares, que sólo lleva a
confusiones y a polémicas absolutamente innecesarias. Destaca que en la
tramitación del Estatuto de Baleares este tema pasó desapercibido y hoy,
trece años después, es un tema pendiente, añadiendo que la denominación
de Illes Balears no es ninguna novedad, sino que tiene una tradición
histórica. Agradece la atención de SS. SS. y espera la unanimidad en la
votación de esta iniciativa.
Para la defensa de la proposición de ley interviene el señor Pascual
Ribot, del Grupo Mixto del Parlamento de las Islas Baleares, manifestando
que los acontecimientos políticos de la pasada legislatura y la
disolución anticipada de las Cortes provocaron que de nuevo tengan que
defender ante la Cámara esta proposición de ley, puesto que en la
anterior legislatura los representantes de las Islas Baleares ya tuvieron
ocasión de exponer con exactitud todos los condicionantes históricos que
justifican la propuesta, por lo que, para no ser reiterativo, se remite
al «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados del día 13 de junio
de 1995. Resalta la divergencia existente entre la denominación oficial
de comunidad autónoma y la de la provincia, que considera consecuencia de
la superposición de dos modelos de organización territorial: la
provincial y la autonómica. Señala a continuación que la incompatibilidad
de las denominaciones «provincia de Baleares» y «Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares» sólo es la punta del iceberg de toda una serie de
despropósitos cometidos en nombre de la irracionalización administrativa,
y que el tema de fondo estriba en el mantenimiento de la consideración de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares como uniprovincial, cuando,
sin ningún género de duda, la comunidad autónoma es pluriinsular y, por
lo tanto, pluriterritorial. Resalta el deseo de los ciudadanos de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera de que sus islas tengan como único
nombre oficial el de Illes Balears, en aras de una normalización
consustancial al proceso democrático.
Para finalizar expresa el deseo de que el Congreso de los Diputados tome
en consideración esta proposición de ley con el apoyo unánime de la
Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; López de Lerma i
López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora
Urán González, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya; el señor Moragues Gomila, del Grupo Parlamentario Socialista,
y la señora Cava de Llano y Carrió, del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación, queda aceptada la toma en consideración de la
propuesta del Parlamento de las Islas Baleares por 293 votos a favor y
dos abstenciones.
Toma en consideración de propuestas de reforma del Reglamento de la
Cámara (Página 851)
De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista del
Congreso, Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco
(EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 46.1
(Página 851)
La señora Narbona Ruiz interviene en nombre del Grupo Socialista para
proponer la separación de la actual Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente y así consolidar el papel que en el debate político deben
cumplir los valores ambientales. Manifiesta su satisfacción por el
elevado grado de consenso que esta iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista ha encontrado en la práctica totalidad de los grupos
parlamentarios y agradece, en particular, la disposición favorable de los
grupos con menor presencia en el Parlamento por el esfuerzo que supone
para ellos.
Señala, a continuación, que la modificación va más allá de un puro ajuste
técnico y trata de dar carta de naturaleza al debate sobre cuestiones
ambientales en el Parlamento de la nación. Recuerda que en el debate de
investidura el Presidente del Gobierno señaló entre sus prioridades la de
la política ambiental, creando un Ministerio de Medio Ambiente, objetivo
que el Grupo Parlamentario Socialista encuentra loable, aunque no
suficiente.
Considera como primera razón para apoyar esta modificación del Reglamento
de la Cámara la de generar un debate entre los distintos grupos políticos
con carácter permanente y añade que la creación de esta Comisión puede
garantizar lo que supone una real integración de los objetivos de
política ambiental en el resto de las políticas sectoriales. Estima
también importante que exista una Comisión de este tipo que contribuya a
garantizar el acceso a la información en materia de medio ambiente y ve
preocupantes algunas decisiones del actual Ejecutivo en los cuatro
primeros meses, como, por ejemplo, la aprobación del Real Decreto-ley en
materia del Suelo, la aprobación del proyecto de ley de envases, que
reproduce el texto del Gobierno socialista, pero eliminando los elementos
más avanzados, la modificación del Consejo Asesor de Medio Ambiente,
aumentando el número de miembros designados directamente por la
Administración, o las declaraciones sobre cambio climático o sobre
política hidráulica.
Por todo ello, estima necesaria la creación de esta nueva Comisión, que
supondrá un avance significativo en materia de política ambiental que
debe estar presente en el Parlamento.
El señor Sedó i Marsal manifiesta que existe un error en el orden del día
al no figurar entre los grupos que presentan la propuesta de reforma el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Castellano Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y la señora Lara Carbó,
del Grupo Parlamentario Popular.
Sometida a votación, queda aprobada por unanimidad la toma en
consideración de la propuesta de reforma del artículo 46.1 del Reglamento
de la Cámara.
Toma en consideración de proposiciones de ley (Página 854)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre supresión del servicio militar (Página 854)
El señor Castellano Cardalliaguet defiende la proposición del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya manifestando que, tal como
figura en el orden del día, se trata de la supresión del servicio militar
y, consecuentemente, de la despenalización de aquellas conductas
tipificadas en los artículos 527, 528 y 604 del Código Penal que
sancionan precisamente la negativa al cumplimiento de dicho servicio y,
en su caso, la negativa a la prestación social sustitutoria prevista en
la Ley de Objeción de Conciencia. Recuerda que su Grupo Parlamentario ha
venido presentando reiteradamente proposiciones de ley, mociones,
preguntas e interpelaciones en la línea que ahora defiende, llamando la
atención de la Cámara acerca de la necesidad de dotarse de un nuevo
modelo de ejército y, en consecuencia, de sustituir el servicio militar
obligatorio por un servicio militar de carácter voluntario, tendente al
ejército profesional. Recuerda asimismo que a lo largo de mucho tiempo
esta tenacidad de su grupo les ha ido acarreando toda clase de críticas,
resultándole atractivo el debate del día de hoy para ver en qué medida
las críticas de entonces se van a mantener ante los cambios de posición
que se han ido produciendo por parte de otros grupos de la Cámara.
Agrega que a lo largo de ese conjunto de iniciativas han tratado, sin
ninguna clase de maximalismos, de ir perfeccionando la actual situación,
pero lamentablemente no han sido generalmente entendidos, por lo que la
mayoría de sus iniciativas han resultado
rechazadas. De ahí que espere con expectación a ver qué clase de
argumentos se ponen hoy encima de la mesa para que no se reproduzca una
vieja discusión que, a su juicio, no se puede reproducir al encontrarse
ante una nueva situación reflejada en el cambio de posicionamiento del
grupo mayoritario que apoya al Gobierno, que se ha comprometido en su
programa electoral y en el debate de investidura a avanzar hacia el
ejército profesional y, por tanto, hacia la supresión del servicio
militar obligatorio. Espera que no ocurra en este tema como en tantos
otros del programa electoral del Partido Popular y que aquello que se
dijo entonces no tenga ya la menor posibilidad de ser mantenido, máxime
cuando están pervivientes situaciones que reclaman una atención
inmediata.
En turno en contra interviene, en nombre del Grupo Popular, el señor
Fernández de Mesa Díaz del Río. Expone que su Grupo ha avanzado, a través
del Presidente del Gobierno y como consecuencia de los pactos habidos
para la consecución de un Gobierno estable durante esta legislatura, la
creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado en el seno de la Cámara
que creará una ponencia para estudiar la profesionalización definitiva de
nuestras Fuerzas Armadas. Lo cual expresa, en su opinión, de manera
clara, cuál es la voluntad del Grupo Popular en estos momentos, al margen
de las vicisitudes o posiciones mantenidas en anteriores legislaturas.
Añade que a través de la proposición que hoy defiende el Grupo de
Izquierda Unida se procede a la supresión o modificación de diversos
artículos de la Ley Orgánica de 20 de diciembre de 1991, dejando
reducidas las obligaciones militares de los españoles al cumplimiento de
servicios en las Fuerzas Armadas, de conformidad con la legislación
reguladora de la movilización nacional en caso de guerra o de grave
amenaza exterior para la seguridad nacional. Comenzando por la exposición
de motivos de la proposición de ley el Grupo Popular no coincide en modo
alguno con las apreciaciones que en ella se hacen sobre el modelo actual
de servicio militar, utilizando expresiones excesivamente duras contra
dicho servicio.
El Grupo Popular considera que la profesionalización de las Fuerzas
Armadas precisa de un período de adaptación que evite desajustes gravosos
para el Estado, por lo que la fórmula y los plazos de la
profesionalización habrán de establecerse mediante la ponencia que se
cree en el seno de la Comisión Mixta para analizar y proponer un texto
definitivo para esta profesionalización que requiere una armonización de
medidas económicas, legislativas y sociales que permitan cumplirla sin
merma de la eficacia de nuestros ejércitos.
Reitera que la profesionalización paulatina de nuestras Fuerzas Armadas
es uno de los objetivos del nuevo Gobierno, esperando poder llegar en el
2001 a un modelo profesional que ya no exigiría la prestación del
servicio militar obligatorio, siempre y cuando lo permitan las
necesidades presupuestarias y las exigencias de la defensa.
Consecuentemente, sin entrar a fondo en el análisis de la proposición de
Izquierda Unida, cree que la misma carece de oportunidad, por lo que no
podrán en este momento votar a favor de su toma en consideración.
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores
Vázquez Vázquez, don Guillerme, del Grupo Mixto; Mardones Sevilla, del
Grupo de Coalición Canaria; señora Aguirre Uribe, del Grupo Vasco
(EAJ-PNV); señor Nadal i Male, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y
señor Marsal Muntalá, del Grupo Socialista.
Sometida a votación, se rechaza la proposición de ley debatida por 284
votos en contra, 23 a favor y una abstención.
Tramitación directa y en lectura única de la propuesta de reforma del
Reglamento de la Cámara (Página 862)
El señor Presidente somete a la consideración del Pleno la tramitación
directa y en lectura única de la propuesta de reforma del Reglamento de
la Cámara que ha sido aprobada anteriormente.
Se aprueba por asentimiento dicha tramitación directa y en lectura única.
Proposición no de ley (Página 862)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre sector industrial azucarero
español (Página 862)
El señor Amarillo Doblado defiende la proposición no de ley del Grupo
Socialista manifestando que a través de la misma tratan de salvaguardar
tanto el cultivo de la remolacha como los legítimos intereses de la
industria azucarera de nuestro país. Expone que el sector remolachero
representa el 3,4 por ciento de nuestra producción final agrícola, cifra
suficientemente elocuente para resaltar la importancia de la cuestión
objeto de debate. Están hablando, por otra parte, de 40.000 familias de
pequeños
agricultores y de un cultivo fundamentalmente de regadío, así como de un
sector industrial igualmente concentrado en sólo cuatro empresas, sector
que está culminando en estos momentos un plan de reestructuración
aprobado por Bruselas y desarrollado en los últimos años, que ha llevado
consigo un esfuerzo con costes económicos elevados pero que ha permitido
mantener la superficie de producción.
Sin embargo, la situación actual puede cambiar por decisiones de los
consejos de administración de las industrias del sector, siendo
obligación de todos el arbitrar un conjunto de medidas que impidan que el
cultivo de la remolacha desaparezca de amplias zonas de nuestro país. No
se trata de poner obstáculos a los movimientos de capital o de interferir
las estrategias empresariales, sino de potenciar el sector productor para
que puedan concurrir en igualdad de condiciones, posibilitando la
creación de fuertes cooperativas que puedan conducir con éxito la compra
de paquetes de acciones de los sectores industriales azucareros cuando
las circunstancias lo requieran. Para ello pide el voto favorable para la
aprobación de la proposición no de ley.
Para fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del
Grupo de Coalición Canaria; Companys Santfeliú, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió); Santiso del Valle, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y Madero Jarabo, del Grupo Popular.
Sometida a votación se rechaza la proposición no de ley debatida por 158
votos en contra, 136 a favor y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por la que se acuerda la constitución de una Comisión no
permanente encargada de la elaboración de un informe que sirva de base
para la necesaria revisión del modelo de Estado actual (Página 868)
El señor Ríos Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, presenta la proposición no de
ley en la que propone que se constituya una Comisión no permanente para
analizar, reflexionar y recibir las propuestas que den un nuevo impulso a
la profundización en el modelo de Estado derivado del proceso autonómico,
abordando entre otras cosas la reforma de la organización territorial del
Estado, el papel de cada una de las administraciones, el impulso del
techo competencial de los municipios, la idea de la reducción del papel
de la provincia y de las diputaciones provinciales, la revisión de las
leyes base y de las distintas competencias de los estatutos de autonomía,
la posibilidad del incremento de los recursos y del poder político de los
entes más cercanos a los ciudadanos y la participación de las comunidades
autónomas en las decisiones del Estado en cuanto al proceso europeo.
Propone que esta reflexión se lleve a cabo en el Congreso de los
Diputados y no en el Senado porque considera que en el Congreso hay una
mayor proporcionalidad de todas las formaciones políticas con presencia
en el Estado y porque existe un reforma administrativa por encima de la
meramente competencial. Sin embargo, estima que esta Comisión no
permanente, con luz y taquígrafos, no solucionará todo, simplemente
facilitará el debate de las propuestas que cada fuerza política quiera
plantear y así poder articular mejor las soluciones.
Finaliza su intervención diciendo que está convencido de la oportunidad
de esta proposición no de ley y confía en que, como no se han presentado
enmiendas ni propuestas de modificación, el resultado de la votación será
favorable.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; López de Lerma i López, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rodríguez Zapatero, del
Grupo Parlamentario Socialista, y López-Medel Bascones, del Grupo
Parlamentario Popular.
Sometida a votación, queda rechazada la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por 276
votos en contra, 16 a favor y tres abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales (Página 875)
Convenio Internacional del Caucho Natural, 1995, hecho en Ginebra el 17
de febrero de 1995 (Página 875)
Sometido directamente a votación, queda aprobado por 285 votos a favor,
uno en contra y una abstención.
Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre Privilegios e
Inmunidades del Consejo de Europa, hecho en
Estrasburgo el 6 de marzo de 1959, y el Estatuto por el que se modifica
el Fondo de Desarrollo Social del Consejo de Europa, aprobado por el
Comité de Dirección del Fondo en virtud de sus Resoluciones 247 (1993),
248 (1993) y (93) 22, y reserva que España pretende formular (Página 875)
Sometido directamente a votación, queda aprobado por 289 votos a favor, y
uno en contra.
Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la reestructuración
del mecanismo de control establecido por el Convenio, hecho en
Estrasburgo el 11 de mayo de 1994 (Página 875)
Sometido directamente a votación, queda aprobado por unanimidad.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados (Página 876)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones
de actividades de excelentísimos señores Diputados (Página 876)
Continúa la sesión con carácter secreto para debatir sobre el dictamen de
la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de
actividades de señores Diputados, que es aprobado.
Se suspende la sesión a las siete y cincuenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCION DE NUEVOS SEÑORES
DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Vamos a comenzar con dos puntos previos al desarrollo del orden del día.
El primero, para tomar juramento o promesa de acatamiento a la
Constitución a la nueva Diputada doña María Jesús Aguirre Uribe.
Doña María Jesús Aguirre Uribe, en sustitución de don Emilio Olabarría
Muñoz, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora AGUIRRE URIBE: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
En consecuencia, doña María Jesús Aguirre Uribe ha adquirido la condición
plena de Diputada. Enhorabuena y bienvenida. (Aplausos.)
MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA:
El señor PRESIDENTE: La segunda puntualización previa es una propuesta de
modificación del orden del día para que el punto 6 que figura en la tarde
de hoy, dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de SS. SS., pase a debatirse como último
asunto, a continuación del actual que figura como punto 9. ¿Lo acuerda
así la Cámara? (Pausa.) Entiendo que queda aprobado por asentimiento y,
en consecuencia, modificado el orden del día en el sentido antedicho.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTONOMAS:
--DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES, POR LA QUE PASA A DENOMINARSE
OFICIALMENTE ILLES BALEARS LA PROVINCIA DE BALEARES (Número de expediente
125/000001)
El señor PRESIDENTE: Entrando en el desarrollo previsto, comenzamos por
la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las
Islas Baleares, por el que pasa a denominarse oficialmente Illes Balears
la provincia de Baleares.
Para su defensa, tiene la palabra, en primer lugar, la honorable señora
doña María del Pilar Ferrer i Bascuñana, del Grupo Parlamentario Popular.
La honorable señora FERRER I BASCUÑANA: Señor Presidente, señoras y
señores Diputados, venimos a defender una proposición de ley respaldados
por un mandato unánime del pleno del Parlamento de las Illes Balears; una
proposición de ley cuyo alcance posiblemente es más amplio que el de la
simple normalización lingüística.
Dice la Constitución, en su artículo 147.2, que los estatutos de
autonomía harán constar: a) La denominación de la comunidad que se ajuste
mejor a su identidad
histórica. b) La delimitación del territorio. Pues bien, el Estatuto de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en vigor desde el 3 de marzo
de 1983, cumple con estos dos requisitos. De esta forma, en su artículo 1
determina que la denominación será la de Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, y en su artículo 2 especifica la delimitación del territorio de
la Comunidad Autónoma, que es el formado por las islas de Mallorca,
Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y por el de otras islas menores
adyacentes.
Por razones obvias, tras la aprobación en las Cortes Generales de la Ley
Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para las
Islas Baleares, la denominación territorial pasa a ser única. No
obstante, aunque la citada división administrativa de España de Javier de
Burgos, bajo el reinado de Isabel II, determinaba que la denominación era
la de provincia de las Islas Baleares, la verdad es que desde las
instancias oficiales se ha sembrado el confusionismo con denominaciones
tan dispares como «Baleares», «Las Baleares», «Archipiélago Balear»
«provincia balear», sin olvidarnos del frecuente y anecdótico
confusionismo con Las Palmas: Las Palmas de Mallorca, la Isla de La
Palma, y otras muchas raras denominaciones que han llegado a confundir a
los funcionarios de Correos, a muchos informadores e incluso a algunos
agentes de viajes, que en lugar de un pasaje para dirigirse a cualquier
destino de las Islas Baleares, lo han cursado para otros destinos
canarios.
Anécdotas aparte, lo cierto es que, aprobada la Ley Orgánica de
referencia, es natural que en aquellas divisiones administrativas donde
coincidan los límites de la provincia con el de la comunidad, debe primar
la denominación de la segunda por razones de simple lógica. La
Constitución dice que la provincia es una entidad local con personalidad
jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y la división
territorial para el cumplimiento de las actividades de Estado.
Sinceramente creemos que esta finalidad se cumple mucho mejor si no
hacemos dicotomías o ponemos nombres diferentes en un mismo territorio,
cuando tanto la provincia como la comunidad somos Estado.
La proposición de ley que hoy somete el Parlament de las Illes Balears a
consideración de SS. SS., pretende únicamente calificar la situación
toponímica y evitar confusiones y dobles nombres. La presentación de esta
proposición de ley tiene precedentes en otras comunidades autónomas, las
cuales tienen vigencia ya en su lengua propia, como es el catalán de
Lleida o Girona.
Quiero destacar la unanimidad de todos los grupos parlamentarios,
unanimidad lógica y razonable cuando se trata de avanzar en la
recuperación de la lengua propia de las Illes Balears. Por tanto, se
trata de convertir en algo oficial lo que es normal, de sentido común:
que el conjunto de islas pase a denominarse Illes Balears, y, por otra
parte, hacer coincidir el nombre oficial de la provincia con el nombre
cooficial de la Comunidad Autónoma establecido por la Ley Orgánica en su
Estatuto de Autonomía.
Defendemos en esta proposición de ley una reivindicación justa y lógica,
ya que se trata únicamente de cambiar una denominación que para nosotros,
los habitantes de Baleares, ha sido siempre una realidad. Así nos hemos
denominado siempre: Illes Balears, la traducción de Islas Baleares en la
lengua propia de nuestra Comunidad Autónoma, tal como marca el artículo
3.2 de nuestro Estatuto de Autonomía, el catalán. En este caso, podríamos
decir lo que dicen los franceses «vive la diference», la pluralidad
histórica y cultural y el respeto que nos merece esta realidad de nuestro
país.
En nuestras islas tenemos un dicho que se utiliza comúnmente para
expresar la necesidad de ser uno mismo, de recordar nuestra raíces y de
enorgullecerse de todo aquello: siau qui sou, sed quienes sois, una parte
de España que vive abierta a todo lo que pueda enriquecernos desde el
punto de vista cultural y social. Recibimos con los brazos abiertos a
quienes nos visitan y quieren compartir con nosotros la riqueza de
nuestro patrimonio, pero al mismo tiempo intentamos, con los apoyos
institucionales necesarios, preservar nuestro mayor deseo, nuestro mayor
tesoro, que son nuestras propias señas de identidad.
Esta denominación de Illes Balears es un paso más, un eslabón en la
cadena que estamos construyendo con tesón y esfuerzo para que no se
pierda nuestra identidad como pueblo y para que éste sea el legado más
preciado que podamos dejar a las generaciones venideras.
Quiero añadir que además es una proposición de ley respetuosa con todo el
Estado español. No queremos ningún tipo de imposición sino que reine el
sentido común y que se lleve a cabo un criterio de equidad y racionalidad
en la denominación.
Por todo lo expuesto anteriormente, les agradecería a SS. SS. que la toma
en consideración de esta iniciativa del Parlament de les Illes Balears
obtuviera la unanimidad deseada también en esta Cámara.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrer.
Tiene ahora la palabra en defensa de la toma en consideración el
honorable señor don Damiá Pons i Pons, del Grupo Socialista.
El señor PONS I PONS: Señor Presidente, señoras Diputadas, señores
Diputados, la proposición de ley que ahora nos ocupa no viene precedida
de ninguna polémica. Está sustentada en la unanimidad de dentro y fuera
del Parlamento de las Islas Baleares. En las sociedades de nuestro
archipiélago no hay ninguna polémica, no hay cartas al director, no hay
disputas de eruditos; prácticamente ha pasado absolutamente
desapercibida. Una pequeña nota indica que hoy tres Diputados del
Parlamento de las Baleares estarán en
esta Cámara --estamos-- para defender la toma en consideración que
esperamos cuente en esta Cámara con la misma unanimidad que ha obtenido,
repito, en el Parlamento de Baleares.
Tanta unanimidad yo diría que es casi sospechosa; más que sospechosa es
indicativa. Algo que se desconoce fuera Baleares es que en Baleares no
hay más identidades colectivas que cada uno con su propia isla, somos
mallorquines, menorquines, ibicencos, formenterenses. Pero si oís a
alguien que dice «soy baleárico» no creáis que es un ciudadano de las
Islas Baleares, es un seguidor de un pequeño equipo de fútbol de la
ciudad de Palma de Mallorca.
Por tanto, al proponer el nombre de Illes Balears, tenemos que evitar la
denominación distinta que existe para designar la Comunidad Autónoma y la
provincia de Baleares --actualmente vivimos con esta dicotomía--; tiene
que eliminarse en beneficio del nombre que designa la Comunidad Autónoma
por simple raciocinio. No deben proliferar denominaciones diferentes para
eliminar confusiones. Pero es evidente que si detrás o sustentando esta
denominación hay una colectividad que se identifique con ella, nos
habremos evitado --esto es una ventaja-- polémicas absolutamente
innecesarias.
No quisiera recordar aquí --podría hacerlo pero hoy no es día de
polémicas-- el nombre de alguna comunidad autónoma de España que ha sido
un verdadero problema y ha levantado enormes polvaredas y enormes
tempestades políticas. No sería el caso de Baleares. Como cada uno nos
identificamos con nuestra propia isla, como cada uno se siente de su
propio territorio insular y como en conjunto resulta históricamente
bastante indiferente, hoy descubrimos que tenemos una anomalía en nuestra
denominación. Esta anomalía pasó absolutamente desapercibida --yo fui una
de las personas que trabajaron en la redacción del Estatuto de Baleares--
y ni siquiera durante la tramitación de dicho Estatuto, donde hubo
polémicas respecto de otros temas, la cuestión de la diferencia de
denominación entre Comunidad Autónoma Illes Balears o Provincia de
Baleares pasó totalmente desapercibido, nadie se dio cuenta, y hoy
--trece años después-- todavía es un tema pendiente, aunque no candente,
porque si no se habría debatido, habrían surgido las polémicas y se
habría llegado a una u otra solución.
Por consiguiente, hay que evitar esta disfunción pura y simplemente en
beneficio de la denominación de la Comunidad Autónoma. Se deben denominar
Illes Balears. Esta denominación no es ninguna novedad, tiene una
tradición histórica. Se trata, sin más, de evitar disfunciones, evitar
que veamos una rotulación diferente aplicada a la Comunidad Autónoma y
que cuando se refieran a la provincia no se utilice una denominación que
no coincide.
En esta proposición de ley se trata un tema menor, es el de la inevitable
variación que tendrían que sufrir después las futuras matrículas de
nuestros coches. Esto tal vez se solvente con una normativa de tipo
europeo en la que el nombre de las antiguas provincias serán simplemente
sustituidos por otro tipo de numeración. Por tanto, este tema será
absolutamente irrelevante.
Quiero agradecer la atención de SS. SS. en una cuestión menor. Si
hubiéramos podido evitar el trámite de presentar esta iniciativa
legislativa y resolver el problema en nuestro territorio, no hubiéramos
reclamado ni su atención ni su tiempo. Yo estuve presente en el debate
anterior de esta proposición no de ley, posteriormente ha habido unas
elecciones generales, se ha constituido una nueva Cámara y es necesario
volver a andar el camino. También quiero agradecerles, por adelantado, la
unanimidad en la votación que espero vamos a conseguir con esta
iniciativa, como igualmente se produjo la vez anterior cuando llegó a
esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pons.
Tiene la palabra el honorable señor don Antonio Pascual i Ribot, del
Grupo Mixto.
El señor PASCUAL I RIBOT: Señor Presidente, señorías, el 18 de mayo de
1993 el Parlamento de las Islas Baleares acordó por unanimidad la
proposición de ley por la cual la provincia de Baleares pasa a
denominarse oficialmente Illes Balears. Posteriormente, el 13 de junio de
1995, el Congreso de los Diputados...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Pascual Ribot.
Señorías, guarden silencio.
El señor PASCUAL I RIBOT: Gracias, señor Presidente.
El 13 de junio de 1995 el Congreso de los Diputados tomó en consideración
la proposición de ley sin la unanimidad que hubiéramos deseado ver
repetida para refrendar la voluntad firme y absoluta expresada
democráticamente por los ciudadanos de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera.
Las vicisitudes políticas vividas en los últimos tiempos de la pasada
Legislatura y la disolución anticipada de las Cortes Generales, han
provocado que nuevamente nos encontremos hoy en este hemiciclo en
representación de nuestro Parlamento para defender ante SS. SS. esta
proposición de ley.
En la anterior intervención ante este Congreso de los Diputados los
representantes de las Islas Baleares ya tuvieron ocasión de exponer con
amplitud todos los condicionantes históricos que justifican la
presentación de esta proposición de ley. Me permitirán SS. SS. no ser
reiterativo en una cuestión obvia, ya que consta
en el «Diario de Sesiones» de esta Cámara del día 13 de junio de 1995.
Por otra parte, cuando se habla de la denominación oficial de Comunidad
Autónoma y de la provincia, constatamos la divergencia existente entre
una y otra. Esto es debido a la superposición de dos modelos de
organización territorial: la provincial, fruto de una época en la que
imperaba un mal entendido --el afán centralizador--, y la autonómica,
consagrada en la Constitución de 1978 para dar respuesta a la diversidad
y a la pluralidad territorial y cultural del Estado español.
Sin querer introducir nuevos elementos que desvirtúen este debate, me
gustaría señalar que la incompatibilidad de las denominaciones provincia
de Baleares y Comunidad Autónoma de las Islas Baleares sólo es la punta
del iceberg de toda una serie de despropósitos cometidos en nombre de la
racionalización administrativa; el tema de fondo estriba en el
mantenimiento de la consideración de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares como uniprovincial, teniendo en cuenta la provincia como
realidad administrativa y territorial. En este sentido, no hay ningún
género de duda acerca de que nuestra Comunidad Autónoma es pluriinsular
y, por tanto, pluriterritorial.
En el aspecto administrativo, las instituciones que encarnan esta
pluralidad territorial son los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca e
Ibiza-Formentera, dando respuesta de esta manera a las exigencias de unos
ciudadanos poco identificados con la diputación provincial de la época
preconstitucional.
Todo lo que acabo de decir tiene reflejo en el artículo único de esta
proposición de ley, que hace referencia al deseo de los ciudadanos de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera de que nuestras islas ostenten como
único nombre oficial el de Illes Balears, en aras de una normalización
consustancial al proceso democrático que vivimos.
Igualmente, en la disposición adicional segunda se solicita el cambio de
las siglas de los permisos de situación y placas oficiales para la
matriculación de vehículos.
Las Illes Balears se constituyen por una reivindicación de los ciudadanos
de Mallorca y, sobre todo, de los de Menorca, Ibiza y Formentera, con la
voluntad de hacer compatible el reconocimiento de la personalidad
diferente de cada una de las islas y la realidad política que fundamenta
la existencia de la Comunidad Autónoma.
Para finalizar esta intervención, quiero expresar el deseo de que, en
esta ocasión, el Congreso de los Diputados tome en consideración esta
proposición de ley con el apoyo unánime de la Cámara, demostrando de esta
manera el respeto y el reconocimiento de la madurez política del pueblo y
del Parlamento de las Islas Baleares.
Señor Presidente, señorías, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pascual Ribot.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, otro
grupo insular y archipielágico, doy la bienvenida a los honorables
representantes del Parlamento de las Islas Baleares.
Nuestro voto va a ser afirmativo, con un sentido de solidaridad e
identificación tanto con la intención con que el Parlamento de las Islas
Baleares ha traído aquí esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de los
grupos democráticos parlamentarios, como por entender que hay que ir a
una normalización, que nuestra conducta debe ser de naturalidad, de
interpretación literal y política del Título VIII de nuestra Constitución
y armonizar lo que el propio Estatuto de Autonomía de Baleares, de 1983,
decía. Había que corregir esa parte de asintonía entre una determinación
de topónimo para la provincia, que no coincidía en la expresión de la
lengua vernácula y de la lengua catalana, hablada en el archipiélago
Balear, con la terminología de comunidad autónoma.
Por tanto, tal como hace el Estatuto de Autonomía de Canarias, entendemos
que lo que se llama Canarias como región, como comunidad autónoma, se
llama también en la misma terminología en la lengua castellana; que el
topónimo sea una seña de identificación cultural, histórica, de un sentir
del pueblo, de todas las Islas Baleares. Si existe una expresión en el
léxico y en la etimología y, por tanto, en su historia y en su cultura,
lo que se denomina de una forma en su comunidad autónoma, debe
denominarse del mismo modo en la provincia como ámbito geográfico y de
demarcación administrativa. En la lectura que hace Coalición Canaria,
esto coincide con la naturalidad del espíritu del Título VIII de la
Constitución, del propio Estatuto de Autonomía, de reconocer estas señas
de identidad, porque a veces parece que nos oponemos a que las señas de
identidad tengan también un concepto semántico y etimológico, y una de
las señas de identidad en su cultura y en su historia es la lengua. Si
nuestra Constitución hace esto con toda naturalidad en su espíritu, la
letra que hoy trae esta proposición de ley nos parece plenamente natural,
plenamente razonable y plenamente constitucional. Con nuestro voto de
adhesión va nuestro sentido de identificación, y así votaremos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, muy
brevemente quiero expresar
nuestro apoyo a la toma en consideración de esta propuesta que nos llega
del Parlament de les Illes Balears, relativa a un cambio de denominación
oficial de la provincia.
Nuestro voto a favor va a serlo por los siguientes motivos. En primer
lugar, por tratarse de una iniciativa legislativa que nos viene del
Parlament de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, y, como es
costumbre de nuestro grupo parlamentario, damos nuestro apoyo a aquellas
iniciativas que nos vengan de las comunidades autónomas,
independientemente, por supuesto, de si nos gusta más o menos su
contenido concreto, que en este caso obviamente nos gusta, y nos gusta
mucho. En segundo lugar, por tratarse de una iniciativa que, como aquí se
ha expresado por nuestros colegas del Parlament de les Illes Balears,
tiende a convertir en oficial lo que nunca debió ser opuesto a lo
oficial, teniendo en cuenta la lengua que se habla en les Illes Balears.
En tercer lugar, por inscribirse --entendemos nosotros y creo que así lo
entiende también el Parlament de les Illes Balears-- en la normalización
de una lengua, la lengua catalana, que ha sido maltratada por la historia
a partir de los decretos de nueva planta y que sólo con la Constitución
de 1978 y, más tarde, con el Estatuto de les Illes Balears, recibe un
reconocimiento oficial por parte del Estado, un reconocimiento tan
oficial como propia es la lengua de las islas de Mallorca, Menorca,
Eiviisa, Formentera y Cabrera. En cuarto lugar, como se lee en la propia
exposición de motivos que nos ha aportado el Parlament de les Illes
Balears, por respeto a la tradición cultural e histórica de les Illes y
--añadimos nosotros-- como rechazo a tanta impertinente y obcecada
posición oficialista que, por no aceptar la naturalidad de la mismísima
realidad de les Illes, ha venido inventándose distintas denominaciones en
los dos últimos siglos hasta el punto de convertir, como aquí se ha
dicho, en mallorquines a los ibicencos, a partir precisamente de, entre
otras cosas, las matrículas de los vehículos a motor, ignorándose el
carácter pluriinsular del territorio de les Illes Balears.
Por estos motivos, señor Presidente, señoras y señores Diputados, nuestro
grupo va a dar su apoyo a la toma en consideración de esta proposición de
ley del Parlament de les Illes Balears.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán González.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar deseo dar la bienvenida a los representantes
del Parlament balear y decirles que, por parte del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nuestro voto va a
ser favorable, como así lo fue cuando en el mes de junio de 1995 en esta
Cámara se debatió la toma en consideración de esta misma proposición de
ley. Por lo tanto, señorías, mantenemos el voto de ese momento, ya que
consideramos que las cuestiones de denominación no son baladíes, tienen
gran importancia, y eso se los dice una Diputada que lo es por la
provincia de Valencia y que conoce muy bien a dónde nos pueden llevar
precisamente los debates de las denominaciones de nuestras comunidades
autónomas, debates que generan crispación si no somos capaces de ponernos
de acuerdo y de consensuarlos, y que además pueden perfectamente generar
una brecha social que después tiene muy difícil solución. Nosotros, por
desgracia, todavía no lo tenemos solucionado, a pesar de la denominación
que tiene nuestra comunidad autónoma.
Por consiguiente, nos felicitamos del consenso alcanzado tanto por el
Parlamento balear como por la sociedad balear. Nos parece que es
importante que se haya podido llegar a la adecuación de la provincia con
la denominación de su comunidad autónoma. Además, nos parece muy
importante que se haga en catalán, su lengua oficial, y que se pueda
denominar Illes Balears. Es un respeto a su lengua, a la lengua catalana,
a la lengua reconocida por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Autónoma de les Illes Balears, lo cual nos parece muy importante, sobre
todo porque por las intervenciones del resto de los grupos en estos
momentos, así como por las de 1995, en esta Cámara, se desprende que va a
alcanzar ese mismo consenso. Por consiguiente, dentro de poco veremos la
denominación de les Illes Balears en todos los documentos, tanto
oficiales como no oficiales, de su comunidad autónoma y del resto del
Estado. También nos parece que es importante el que se respete la
identidad cultural y lingüística de una comunidad autónoma, así como que
se haya podido alcanzar ese consenso social.
A pesar de que podrían haberse dado otras denominaciones a las Islas
Baleares --históricamente alguien las podría defender--, ésta nos parece
correcta, ha alcanzado el consenso social y político necesario y, por
tanto, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya va a apoyar esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
sean mis primeras palabras de salutación a los representantes del
Parlamento balear que tan dignamente han vuelto a defender la
proposición de ley que se aprobó en la Cámara de las Islas Baleares en la
ya lejana fecha del 3 de marzo de 1993. Esperemos, señores Diputados, que
ésta sea la última y definitiva vez que discutamos esta cuestión y
acabemos aprobando la ley que recoja las pretensiones expresadas en el
acuerdo unánime de los representantes de las Islas Baleares, al menos en
su parte sustancial.
Digo esto, señorías, porque el Grupo Socialista votará afirmativamente
esta proposición, como ya lo hizo en junio de 1995 conjuntamente con el
resto de las fuerzas políticas de esta Cámara. Compartimos la
intencionalidad básica de la propuesta, esto es, hacer posible la
coincidencia entre el nombre oficial de la provincia y el de la comunidad
autónoma, como ya ha ocurrido con las otras comunidades autónomas
uniprovinciales en las que difería la denominación provincial de la de
sus respectivas comunidades autónomas. Este es el caso de la provincia de
Logroño, que pasó a denominarse La Rioja; de la de Santander, que se
convierte en Cantabria; y de la provincia de Oviedo, que accede al de
Asturias. Y si bien es cierto que el caso de Baleares no es exactamente
igual a los que he citado, por tratarse más de un tema lingüístico que
toponímico, es decir, no se trata, como en los otros casos, de dar un
mismo topónimo a una región que se llama de forma diferente, si la
miramos desde el punto de vista autonómico o desde el punto de vista
provincial, sino más bien de reconocer el derecho que asiste a la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, única comunidad uniprovincial
con lengua propia, a llamarse igual, tanto desde la realidad autonómica
como desde la realidad provincial. Derecho, por otra parte, ya
reconocido, pues el Estatuto sancionado por esta Cámara consagra el
nombre oficial de Illes Balears para su comunidad, y éste, lógicamente,
puede y debe tener un reflejo en la denominación de la provincia.
Por tanto, señorías, y para finalizar mi intervención necesariamente
breve por el grado de reiteración y consenso que conlleva la propuesta,
votaremos favorablemente su toma en consideración, dejando para el debate
en Comisión los aspectos secundarios de la proposición que hoy se nos
presenta.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moragues.
Por el Grupo Parlamentario Popular fija la posición la señora Cava de
Llano y Carrió.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, sean también mis primeras palabras para dar la bienvenida a
mis queridos compañeros señora Ferrer, señor Pons y señor Pascual, con
quienes tuve el honor y la satisfacción de compartir tareas
parlamentarias en la época en que fui Diputada del Parlamento de las
Islas Baleares, de los que guardo, como muy bien les consta, un gratísimo
y entrañable recuerdo.
Señorías, el 18 de mayo de 1993, el Parlamento de las Islas Baleares
aprobó por unanimidad una proposición de ley por la que se solicitaba
pasar a denominarse oficialmente Illes Balears la provincia de Baleares.
Como quiera que el texto refundido de las disposiciones vigentes de
régimen local dispone que sólo mediante ley aprobada por las Cortes
Generales puede modificarse la denominación de las provincias, es por lo
que el Parlamento de las Islas Baleares envió el texto al Congreso de los
Diputados y esta Cámara, en sesión celebrada el 13 de junio de 1995,
aprobó su toma en consideración. ¿Qué ocurrió entonces? Que al disolverse
las Cortes no se pudo concluir el proceso legislativo de la proposición
de ley, motivo por el cual tuvo que replantearse otra vez en esta VI
Legislatura.
Señorías, la proposición de ley tiene dos objetivos principales: uno,
modificar el actual nombre de la provincia de Baleares por el de Illes
Balears, de acuerdo con su tradición cultural e histórica y en
concordancia con la denominación de la comunidad autónoma; y dos,
facultar al Gobierno para que adopte las disposiciones de aplicación de
esta norma, como son, entre otras, la relativa al cambio de las letras
PM, Palma de Mallorca, por las de IB, islas Baleares, en las placas de
los vehículos matriculados en la provincia.
Señorías, se da actualmente la paradoja de que la única denominación
oficial válida para nombrar a la provincia balear es la de Islas Baleares
en castellano, y ello a pesar del bilingüismo de nuestra comunidad,
reconocido no sólo en el Estatuto de Autonomía sino también en nuestra
Constitución, que establece que, además del castellano, las otras lenguas
españolas serán oficiales en las respectivas comunidades autónomas,
añadiendo que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de
España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y
protección. Es en base precisamente a ese respeto y a esa protección por
lo que resulta lógico que el Parlamento balear pretenda el cambio de
denominación de la provincia.
Nos parece lógico, señorías, que el Parlamento de las Islas Baleares se
rebele de forma unánime ante la obligatoriedad jurídica consistente en
que, cualquier norma que emane de unas instituciones, sólo puede hacerse
referencia de forma oficial a la provincia balear utilizando la
denominación castellana de islas Baleares, y ello a pesar del artículo
3.º del Estatuto de Autonomía, que dice que la lengua catalana, propia de
las Islas Baleares, tendrá, junto a la castellana, el carácter de idioma
oficial. De ahí, señorías, la fundamentación de esta proposición de ley y
el intento de conseguir que el nombre de Illes Balears pueda ser
utilizado de forma oficial en la lengua catalana, propia de las Islas
Baleares. Resulta del todo ilógico que el topónimo Illes Balears sea
oficial cuando se designa a la comunidad autónoma
asentada en el archipiélago balear, al amparo de lo establecido en el
citado artículo 3.º de nuestro Estatuto, y que, por el contrario, el
mismo topónimo de Illes Baleares no tenga carácter oficial al referirse a
la provincia asentada sobre la misma base territorial que la comunidad
autónoma. Por ello, y para evitar esta absurda discordancia, se presentó
en su día la proposición de ley que hoy debatimos.
Respecto al punto segundo, señorías, es decir, el cambio de las siglas PM
por IB en los permisos de circulación y en las placas oficiales de los
vehículos de la provincia, queremos manifestar que las siglas PM
representan únicamente a los habitantes de la capital, no a los de los
pueblos de Mallorca y mucho menos a los de Menorca, Ibiza y Formentera,
mientras que las siglas IB son representativas de toda la provincia, que
es pluriinsular y comprensiva de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza,
Formentera y Cabrera. Si a esto añadimos que la Constitución, en su
artículo 149, concede la competencia exclusiva en materia de tráfico al
Estado y que el artículo 5.º del texto articulado de la ley sobre tráfico
y circulación de vehículos a motor y seguridad vial establece que la
matriculación de los vehículos corresponde al Ministerio del Interior,
nos encontraremos con que no existe obstáculo legal alguno que justifique
la no aceptación por esta Cámara. Sin embargo, señorías, insisto, hay que
tener en cuenta una circunstancia importante, la de que en estos momentos
se encuentra muy avanzada la elaboración del futuro reglamento de
vehículos, que podría estar aprobado incluso antes de finales de este
año. Y es precisamente en el artículo 47 de este proyecto de reglamento
donde se establecen las características y contenidos de las placas de
matrícula y se suprimen las siglas provinciales, que sólo permanecerán
para casos excepcionales como puedan ser las matrículas provisionales o
los vehículos históricos. Por todo ello entendemos que, a lo largo de la
tramitación de esta proposición, deberemos estudiar la conveniencia de la
aprobación de esta disposición adicional segunda, ya que quizá no parece
oportuno en este momento su aprobación, dado que obligaría a la
Administración a modificar todo el procedimiento actual de matriculación
de vehículos, para volverlo a variar en un breve espacio de tiempo,
cuando entre en vigor el reglamento a que he hecho mención.
En definitiva, señorías, acabo mi intervención manifestando que nuestro
grupo votará a favor de la toma en consideración de la proposición de
ley, como no podía ser de otra manera, intentando en su debate en
Comisión corregir y mejorar su contenido.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cava de Llano.
Concluido el debate, vamos a proceder a someter a votación la toma en
consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Islas
Baleares por la que pasa a denominarse oficialmente Illes Balears la
provincia de Baleares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a
favor, 293; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en
consideración de la proposición de ley referida.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO DE LA
CAMARA:
--DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA DEL
CONGRESO, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA, VASCO
(EAJ-PNV), DE COALICION CANARIA Y MIXTO, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 46.1 (Número
de expediente 410/000001)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto II del orden del día, debate
sobre la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento
de la Cámara, suscrita por los grupos parlamentarios Popular, Socialista,
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Vasco (PNV), de
Coalición Canaria y Mixto, para reformar el artículo 46.1 del Reglamento
del Congreso.
Para la defensa de la toma en consideración por el Pleno, tiene la
palabra en primer lugar la señora Narbona. (Rumores.)
Señorías, les ruego que abandonen el hemiciclo o guarden silencio para
que pueda intervenir la señora Diputada. (Pausa.) Cuando quiera, señora
Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, intervengo en defensa de la proposición de ley por la cual se
modifica el Reglamento de esta Cámara para permitir la separación de la
actual Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente y crear, así, una
comisión específica de medio ambiente. Por primera vez en el Congreso de
los Diputados esto supondría la existencia de una comisión cuya tarea
fundamental sería precisamente la de consolidar el papel que en el debate
político deben cumplir los valores ambientales. En primer lugar, quiero
manifestar mi satisfacción por el elevado grado de consenso que esta
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista ha encontrado en la
práctica totalidad de los grupos parlamentarios,
práctica totalidad que espero se transforme en unanimidad en el momento
de votar la toma en consideración de esta proposición de ley. Y quiero en
particular agradecer, en este sentido, la disposición favorable de
aquellos grupos con menor presencia en el Parlamento para los cuales la
creación de una nueva comisión supone un esfuerzo importante en cuanto a
su capacidad de estar presentes en varias comisiones.
Quiero señalar las razones que han llevado a nuestro grupo a proponer
esta modificación del Reglamento de las Cortes, indicando que la
transcendencia de la modificación va más allá de un puro ajuste técnico
de tareas entre distintas comisiones. No se trata tanto de repartir
tareas cuanto de dar carta de naturaleza al debate sobre cuestiones
ambientales en el Parlamento de la nación. Creemos que esta nueva
Comisión de Medio Ambiente puede cubrir algunas facetas que son
absolutamente imprescindibles en el debate político. Hay que recordar que
en el debate de investidura, que dio comienzo al actual curso político,
el Presidente del Gobierno señaló, entre sus prioridades, la de la
política ambiental, creando de forma inmediata un ministerio de medio
ambiente. En el Grupo Parlamentario Socialista creemos que este es un
objetivo loable, pero que, desde luego, no basta con crear un ministerio
de medio ambiente --cuestión importante pero no suficiente-- si de verdad
se quiere hacer un debate amplio, en términos políticos, como el que
permite la existencia de una comisión específica. (El señor
Vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)
Por tanto, la primera razón para apoyar esta modificación del Reglamento
de la Cámara sería la de generar un debate entre los distintos grupos
políticos; un debate con carácter permanente, con carácter estable, que
requiere un acuerdo político de mayor alcance que la decisión de un
Ejecutivo por la cual se puede llegar a modificar la estructura
administrativa creando nuevos departamentos. Para modificar la decisión
que hoy espero que tomemos en esta Cámara se requeriría de nuevo un
acuerdo político de amplio alcance. Por tanto, hay una primera razón de
estabilidad y de consolidación del debate en materia de política
ambiental.
En segundo lugar, creemos también que la creación de esta comisión puede
garantizar lo que supone una real integración de los objetivos de
política ambiental en el resto de las políticas sectoriales. No basta que
haya un ministerio de medio ambiente, sino que en cualquier política
sectorial deberían introducirse criterios ambientales en cuanto a las
medidas que se adoptan.
En tercer lugar, es también importante que exista una comisión de este
tipo que contribuya a garantizar el acceso a la información, en materia
de medio ambiente, de acuerdo con la normativa existente y que pueda, por
tanto, ser el Congreso de los Diputados una caja de resonancia hacia la
sociedad del debate en estas materias.
Decía antes que la creación de un ministerio de medio ambiente es
condición necesaria e importante, pero no suficiente. Y creemos que los
cuatro primeros meses de gobierno del actual Ejecutivo han dado unas
primeras muestras preocupantes de que, efectivamente, no basta con crear
un ministerio si no existe suficiente voluntad para hacer una verdadera
política ambiental. Ahí están algunas decisiones como la aprobación del
decreto-ley en materia del suelo que, si se lleva a la práctica en los
términos de su contenido actual en tramitación, dará lugar a un
empeoramiento significativo de la calidad del medio ambiente urbano. Ahí
está la aprobación del proyecto de ley de envases, que reproduce el texto
heredado de la etapa del Gobierno socialista, con la salvedad de que se
eliminan del mismo aquellos elementos más avanzados, desde el punto de
vista de política ambiental, que molestaban a la CEOE en la anterior
etapa. Ahí está la modificación del Consejo Asesor de Medio Ambiente,
aumentando el número de miembros del mismo designados directamente por la
Administración y reduciendo el peso de las organizaciones sociales. Y ahí
están las declaraciones, en los ámbitos nacionales e internacionales,
sobre cambio climático o sobre política hidráulica, que no parecen estar
indicando que la existencia de un ministerio de medio ambiente garantice,
por sí sólo, una mejora en los niveles de la política ambiental de
nuestro país.
Por todo ello, creemos que esta tarde debe tomarse en consideración la
creación de esta nueva comisión que supondrá, sin duda, un avance
significativo en este debate en materia de política ambiental que debe
estar presente en el Parlamento, como ya lo está en estos momentos, al
menos de manera formal, en la mesa del Consejo de Ministros.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Narbona.
Teniendo en cuenta que esta propuesta de reforma del Reglamento de la
Cámara viene avalada por todos los grupos parlamentarios... (El señor
Sedó i Marsal pide la palabra.)
Señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Simplemente pido la palabra para hacer una
corrección, porque en el orden del día figura que esta propuesta ha sido
presentada por todos los grupos faltando el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), cosa que no es así en el texto de la proposición.
Por tanto, quiero hacerlo constar porque es de justicia que la unanimidad
de la Cámara quede reflejada.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Sedó.
Efectivamente ha habido un error en la redacción de este punto del orden
del día, pero no así en todos los documentos oficiales publicados por la
Cámara. Por eso decía esta Presidencia que la propuesta de reforma
viene avalada por todos los grupos parlamentarios sin excepción y, en
consecuencia, no habrá turno en contra sino fijación de posición. Por
tanto, ¿qué grupos desean fijar su posición al respecto? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo con gran brevedad porque el Grupo de Coalición Canaria, como
su portavoz firmó en su momento, se sumó a la iniciativa de todos los
restantes grupos para modificar el Reglamento de la Cámara creando esta
decimocuarta comisión, la de medio ambiente.
Suscribo plenamente lo que ha dicho la señora Narbona, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, y en nombre del grupo pequeño y minoritario de
Coalición Canaria quiero darle las gracias por su reconocimiento, porque
quiero significarles, señorías, que para los grupos pequeños tener que
disponer de portavoces para cada una de las comisiones, habida cuenta la
dinámica de ponencias y subcomisiones con que hemos iniciado esta
legislatura, obliga a una multiplicación, pero no tenemos el don de la
doble ubicación y la ubicuidad que en cada una de las comisiones y
podamos tener los parlamentarios del Grupo de Coalición Canaria no
queremos que sea en demérito del buen hacer y de aportar enmiendas,
sugerencias, o en la propia participación en una comisión más.
Efectivamente, desde la reforma que hicimos en 1993, al crearse entonces
la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, hemos visto cómo una
serie de competencias venían a desbordar su propio marco institucional y
competencial, incluyendo aspectos que se veían en la Comisión de
Justicia, como el delito ecológico en la figura del Código Penal; veíamos
cómo la Comisión de Presupuestos entraba también en competencias que
incluso fueron administrativamente de la jurisdicción de la entonces
Secretaría de Estado cara a la vivienda, urbanismo y medio ambiente, que
ostentaba la señora Narbona en el ministerio correspondiente, y se han
ido introduciendo doctrinas y actuaciones que culminan en la creación de
este ministerio.
Ha sido norma tradicional del Congreso de los Diputados desde el primer
momento, desde la primera legislatura y la aprobación del Reglamento, que
hubiera una sintonía, un equilibrio y una simetría entre la estructura
orgánica del Gobierno y las comisiones legislativas, para que esa
asimetría que se podía dar se corrigiera y fuera perfectamente simétrico
el organigrama de los ministerios con el organigrama de las comisiones
legislativas del Congreso de los Diputados.
Habiendo en este momento un Ministerio de Medio Ambiente, para mantener
la congruencia de esa doctrina es por lo que Coalición Canaria entendió
que era lógico suscribir dicha propuesta, pese a nuestras dificultades y
sacrificios para estar con un representante en una comisión más, y votar
favorablemente. Esa es nuestra razón de haber suscrito la iniciativa
legislativa con esta proposición de reforma del Reglamento para crear la
comisión de medio ambiente.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Gracias, señor Presidente.
Intervengo también para hacer constar nuestro voto favorable, por eso
hemos suscrito la proposición de ley, teniendo en cuenta que apoyamos
todo lo dicho por la portavoz que ha presentado la proposición y, además,
porque la práctica parlamentaria, como bien se dice en la exposición de
motivos, nos lleva a ello.
La antigua denominación de Comisión de Industria, Obras Públicas y
Servicios ya fue cambiada el año 1993 porque dentro de esta Comisión se
incluían todos los trabajos del Ministerio de Industria, del de Obras
Públicas y del Ministerio de Transportes. La acumulación de asuntos llevó
a desglosarla creando entonces la Comisión de Infraestructuras y Medio
Ambiente, dejando Industria en otra Comisión. Ahora Infraestructuras y
Medio Ambiente vuelve a tener acumulación de asuntos pero, además, la
Comisión de Medio Ambiente tiene su propia importancia y la necesidad de
ser independiente. Por tanto, nosotros nos congratulamos de que se cree
esta nueva Comisión.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Cataluña, tiene la palabra el señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Como comprenderá, habiendo sido cofirmante de dicha proposición junto con
el resto de grupos parlamentarios, no le queda al nuestro más que hacer
suyos todos cuantos argumentos se están debatiendo en apoyo de la misma,
y no cree correr ningún riesgo por asumir también los que puedan venir
después.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señor
Castellano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Lara.
La señora LARA CARBO: Señor Presidente, señorías, es muy grato para mí
que ésta, mi primera intervención ante el Pleno de la Cámara, se refiera
a una proposición de ley que se debe a la iniciativa de todos los grupos
parlamentarios sin excepción.
Mi satisfacción es mayor por cuanto el tema que tratamos hoy se enmarca
en un área en la que vengo trabajando desde hace años: el medio ambiente.
Esta ya larga dedicación me ha permitido asistir a un fenómeno positivo:
la creciente sensibilización medioambiental de los ciudadanos de nuestro
país.
Esta preocupación e interés por la defensa del medio ambiente en su
plural consideración ha sido recogida por el Gobierno de la nación, que
la ha hecho suya, y que por ello constituyó en el seno del Ejecutivo el
Ministerio de Medio Ambiente, respondiendo a uno de los compromisos
electorales del Partido Popular que respalda y conforma el Gobierno.
Esta misma sensibilidad por el medio ambiente llega ahora al Congreso de
los Diputados y así, por la proposición de ley que hemos de tomar en
consideración hoy, se propone la reforma del Reglamento de la Cámara,
modificando el artículo 46.1 en el que se enumeran las comisiones
legislativas.
Como ya se ha dicho aquí, en la reforma de 23 de septiembre de 1993 se
creó la Comisión de Infraestructuras y de Medio Ambiente, con la
intención de aligerar los trabajos de la hasta entonces Comisión de
Industria, Obras Públicas y Servicios.
La práctica parlamentaria ha demostrado que este ámbito resulta aún
desmesurado y que la acumulación de trabajo de la comisión era, de hecho,
excesiva. Si a esta circunstancia unimos la creciente preocupación de los
ciudadanos por los temas medioambientales, resulta del todo aconsejable
una nueva reforma reglamentaria que cree una comisión de medio ambiente
en la Cámara, independiente de la Comisión de Infraestructuras, en la que
se traten y debatan los asuntos que conciernen a la protección del
entorno natural y las otras pautas del ámbito ecológico.
La Comisión deberá debatir importantes temas. Deberá debatir, en su
momento, el Plan Hidrológico Nacional, la reforma de la Ley de Costas, la
Ley forestal, el proyecto de ley básica de residuos. De forma inmediata
la Comisión tendrá que debatir el proyecto de ley de envases y residuos
de envases. Poco más creo necesario expresar en esta ocasión. Tiempo
habrá para hacerlo, en su caso, cuando debatamos la proposición de ley.
El Grupo Parlamentario Popular que me honro en representar está
comprometido con la defensa del medio ambiente y no por motivos
circunstanciales o electoralistas, sino porque sintoniza con los
intereses y problemas del país. En este sentido nos consideramos y
queremos ser vanguardia; vanguardia de iniciativas y de actitudes. La
defensa del medio ambiente es la defensa del futuro, de la calidad de
vida, de las generaciones nuevas que habrán de escribir ese futuro.
Tenemos una responsabilidad indeclinable con esos españoles del mañana, a
los que habremos de entregar un entorno medioambiental mejor, más
protegido y con las suficientes garantías de permanencia. Ello supone
apostar por la vida y por una realidad más habitable.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular considera acertada la
creación de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
Por ello ha firmado la iniciativa y por ello votará afirmativamente su
toma en consideración.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (López de Lerma i López): Muchas gracias, señora
Lara.
Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de esta propuesta de
reforma del Reglamento de la Cámara. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
propuesta de reforma del artículo 46.1 Reglamento de la Cámara, suscrita
por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, Catalán, Vasco, Coalición Canaria y
Mixto.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 199; a
favor, 199.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada por unanimidad la
toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY:
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, SOBRE SUPRESION DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y LOS DELITOS
CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION SOCIAL SUSTITUTORIA Y CONTRA EL
DEBER DE PRESTACION DEL SERVICIO MILITAR (ORGANICA) (Número de expediente
122/000005)
El señor PRESIDENTE: Punto 3 del orden del día, debate sobre la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre la supresión del servicio
militar obligatorio y de delitos contra el cumplimiento de la prestación
social sustitutoria y contra el deber de prestación del servicio militar,
que sería, en su caso, de carácter orgánico.
Para la defensa de la proposición, en nombre del grupo tiene la palabra
el señor Castellano. (Rumores.
--Varios señores Diputados abandonan el salón de sesiones.)
Señorías, les ruego que guarden silencio. El orden del día de esta tarde
es muy amplio y, en beneficio de todos, convendría que las interrupciones
entre los diversos puntos fueran mucho más breves y dejaran comenzar al
orador.
Cuando quiera, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor Presidente.
Tal como ha quedado anunciado, se trata de la proposición de ley orgánica
de supresión del servicio militar y, consecuentemente, la despenalización
de aquellas conductas tipificadas en los artículos 527, 528 y 604 del
Código Penal, que sancionan precisamente la negativa al cumplimiento de
dicho servicio y, en su caso, la negativa a la prestación social
sustitutoria prevista en la Ley de Objeción de Conciencia.
La historia del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya es fundamentalmente la historia del trayecto procesal y
parlamentario de una iniciativa como ésta. Es necesario apelar a la buena
memoria de SS. SS. para recordar proposiciones de ley, mociones,
preguntas, interpelaciones, que vienen constantemente tratando de llamar
la atención de la Cámara acerca de la necesidad de dotarse de un nuevo
modelo de ejército y, en consecuencia, de sustituir el servicio militar
obligatorio por un servicio militar de carácter voluntario tendiendo al
ejército profesional. A lo largo de muchísimo tiempo, esta tenacidad o
constancia, fruto de la coherencia y del rigor de unos planteamientos,
nos ha ido acarreando en las diferentes discusiones toda clase de
críticas. Por eso, es realmente atractivo el debate del día de hoy para
ver en qué medida las críticas de entonces se van a mantener ante los
cambios de posiciones que se han ido produciendo; cambios de posiciones
sobre los que, perdonarán ustedes, con todo orgullo tengamos que reclamar
nuestra actitud premonitoria, cuando éramos la única voz que se alzaba en
esta Cámara pidiendo la supresión del servicio militar obligatorio,
precisamente un grupo político, un grupo parlamentario acerca del que,
confundiendo los conceptos, hay cierta tentación de colocarle en
actitudes contrarias a la modernidad.
Con motivo de la celebración de este debate, nuestro grupo ha tenido
ocasión de repasar las críticas y también de repasar las coincidencias,
pues es evidente que en muchísimos supuestos --quiero recordar en estos
momentos la última intervención del Diputado señor Olabarría con un
motivo similar-- fueron coincidentes con este proyecto político.
A lo largo de todo este conjunto de iniciativas, tenemos que afirmar sin
ninguna clase de maximalismos y desde el más absoluto posibilismo que,
mientras pedíamos la desaparición del servicio militar obligatorio, hemos
ido tratando de ir perfeccionando la actual situación. Lamentablemente y
creo que a algunos de ustedes les tiene que llamar la atención, repito, a
la luz del cambio de posiciones, no hemos sido generalmente entendidos, y
la mayoría de nuestras iniciativas han resultado rechazadas. Por eso yo
creo que hoy se puede estar expectante a ver qué clase de argumentos se
van a poner encima de la mesa para que la discusión de hoy no reproduzca
una vieja discusión. No puede reproducir una vieja discusión porque nos
encontramos ante una nueva situación, la nueva situación que se refleja
en el cambio de posicionamiento del grupo mayoritario que apoya al
Gobierno, y que se ha comprometido en su programa electoral y se ha
comprometido en el debate de investidura ni más ni menos que ir avanzando
hacia el ejército profesional y, por tanto, a la supresión del servicio
militar obligatorio.
Desde nuestra inveterada posición celebramos que se haya dado un paso
desde la emotividad patriótica al estudio racional de la defensa
nacional. Ahora vamos a ver si somos consecuentes y coherentes, aunque
sean otros los que hayan introducido esta proposición; proposición, por
cierto, que, como todos ustedes saben, entró en la Cámara en diciembre de
1995 y, como consecuencia de la disolución de la legislatura, ha tenido
que renacer en este marzo de 1996, al poco tiempo de volver a
constituirse estas Cámaras. Proposición que, además, como todos ustedes
recuerdan, entronca con la posición mantenida por nuestro grupo
parlamentario --y me refiero al extremo de la despenalización de las
conductas tipificadas en los artículos 527, 528 y 604-- en la discusión
que aquí se tuvo del Código Penal, en que nuestro grupo parlamentario, a
través de la intervención del señor López Garrido, sin perjuicio de
aprobar en su globalidad el Código Penal, fue manteniendo en todos y cada
uno de sus trámites, la oposición a que se pudiera sancionar, no ya sólo
con una falta de libertad, sino, incluso, con una especie de interdicción
civil el hecho de que se pudiera incurrir en alguna de estas conductas.
Puede ser que hoy se quiera discutir, yo creo que gratuitamente, la
procedencia o la necesidad, que al parecer ha sido reconocida quizá
también al mismo ritmo que ha sido reconocida fuera nuestro país, o se
quiera discutir su oportunidad, y nos gustaría saber cuál de éstas dos es
la razón. Lo evidente es que no se puede discutir que esta Cámara tiene
que hacer frente a una situación planteada de forma tal que coloca en
actitud de absoluta incoherencia todos nuestros comportamientos
legislativos, judiciales y penitenciarios respecto a un tema cual es la
negativa al cumplimiento del servicio militar.
Por eso, repito, veremos con cierta curiosidad cuál es la posición que
mantiene el Partido Popular, a no ser que en este tema como en tantos
otros su programa electoral haya sido un flatus vocis y veamos que hoy se
nos vuelve a hacer un ejercicio de trapecismo y
aquello que se dijo no tiene ya la menor posibilidad de ser mantenido.
Decimos que sigue con una situación transitoria por el simple aviso de
que el Grupo Parlamentario Popular y de que el Gobierno tenían en su
ánimo la modificación del servicio militar obligatorio, tendiendo hacia
un modelo de ejército de carácter profesional, porque mientras nosotros
lo debatimos con mayor o menor calma, es un hecho cierto que están
perviviendo situaciones que sinceramente claman y reclaman una atención
inmediata.
Ya ha sido objeto de pregunta, por parte de nuestro grupo, a los
responsables gubernamentales qué se iba a hacer con la situación de los
insumisos. Algunos pueden pensar que esa situación está simplemente
resuelta porque, efectivamente, es cada día menor el número de ellos que
sufren privación de libertad, pero no es menor el reproche social que
sobre cada uno de ellos cae, e incluso la posibilidad de aplicación en un
momento determinado de los preceptos penales.
Nos gustaría que con un mínimo sentido de la verdadera solidaridad que
hay que poner de manifiesto con la libertad, con el derecho a la
diferencia, con la propia dignidad y la propia conciencia, de esa
verdadera solidaridad se hiciera un esfuerzo muy notorio para que no
podamos incurrir en situaciones en que hemos incurrido en otras
ocasiones.
A lo largo de mucho tiempo y en la evolución de las comunidades se
producen modificaciones legislativas, y cuántas veces la modificación
legislativa viene con tanto retraso que no puede impedir el daño o el
sufrimiento que ha causado una anterior situación legislativa que luego
se nota ha sido anacrónica o ha sido superada.
Por ello, estamos absolutamente convencidos --y repito que ansiosos de
conocer cuáles son las argumentaciones-- de que esta Cámara, aunque sea
el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el que le
ofrece la ocasión, aprovechará esta oportunidad para poder empezar, en un
tema tan importante como este, a plantearnos un trabajo serio, con tiempo
suficiente, pero que vaya al mismo tiempo acompañado de ese gesto
absolutamente inexcusable de despenalización, de modificación del Código
Penal para despenalización de estas conductas y para poner fin a una
situación que ya sinceramente es insostenible.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Castellano.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular a través del Presidente del
Gobierno y como consecuencia de los pactos habidos para la consecución de
un Gobierno estable durante esta legislatura, ha anunciado la creación de
una comisión mixta Congreso-Senado, en el seno de la cual se creará una
ponencia para estudiar la profesionalización definitiva de nuestras
fuerzas armadas y creo que eso, señor Castellano, expresa de manera clara
cuál es la voluntad del grupo del Gobierno en estos momentos, al margen
de las vicisitudes, de las declaraciones o de las posiciones que se hayan
mantenido en anteriores legislaturas.
Como usted muy bien sabe, señor Castellano, en el año 1991 se aprueba un
modelo de fuerzas armadas de cara al año 2000 en el que se preveía la
composición de nuestro ejército de manera mixta y dual y que dejaba la
puerta abierta, como muy probablemente usted conocerá, a cualquier otro
tipo de modelo de fuerzas armadas.
Es bien cierto que el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ha presentado en reiteradas ocasiones en las legislaturas
precedentes iniciativas no sólo en el sentido de profesionalización del
servicio militar o que dejara de ser obligatorio, sino también referidas
a la prestación social sustitutoria o incluso referidas a la objeción de
conciencia que, de acuerdo con la proposición de ley orgánica que ustedes
plantean en el día de hoy, acarrearía la supresión de unos artículos que
están en vigor.
El artículo único que el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya presenta en el día de hoy, a lo largo de treinta y ocho puntos
de desarrollo, suprime o modifica diversos artículos y apartados de la
Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre. En suma, desde mi punto de
vista, deja reducidas las obligaciones militares de los españoles al
cumplimiento de servicios en las fuerzas armadas, de conformidad con la
legislación reguladora de la movilización nacional en caso de guerra o de
grave amenaza exterior para la seguridad nacional. Después, la
disposición derogatoria, que es general; la disposición final primera,
que suprime los artículos del Código Penal relativos a los delitos contra
el cumplimiento de la prestación social sustitutoria y contra el deber de
prestación del servicio militar; y una disposición final segunda que
establece que el Gobierno modificará la disposiciones vigentes para su
adaptación a lo dispuesto en la ley y que elaborará la legislación
complementaria y de desarrollo de la misma; la disposición final tercera,
dispone que la Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».
Pero el Grupo Parlamentario Popular, señor Presidente, señorías, no
coincide en modo alguno con las apreciaciones que se hacen en la
exposición de motivos del proyecto de ley orgánica sobre el actual modelo
de servio militar. Desde nuestro punto de vista, y
respetando las opiniones de cada uno de los grupos que componen el arco
parlamentario, se utilizan expresiones excesivamente duras contra el
servicio militar. Y no podemos olvidar, señor Castellano, que si las
fuerzas armadas y los ejércitos existen, existen porque el poder civil
así lo quiere, y que, por tanto, corresponderá al poder legislativo,
incluso ordenando o instando al poder ejecutivo, modificar aquellos
excesos que se produzcan, que son públicos y notorios en algunas
ocasiones, dentro de determinadas unidades de nuestras Fuerzas Armadas en
el territorio nacional.
Entendemos, señor Castellano, que la profesionalización de las Fuerzas
Armadas precisa de un período de adaptación que evite desajustes, a
nuestro entender, gravosos para el Estado. La fórmula y los plazos de la
profesionalización habrán de establecerse mediante la ponencia que, en el
seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado, se cree para analizar,
estudiar y proponer un texto definitivo para esta profesionalización.
Porque además, señorías, el proceso de profesionalización requiere una
armonización de medidas económicas, legislativas y sociales que permitan
cumplirlo sin merma de la eficacia de nuestros ejércitos; y a nadie se le
oculta que la cuantificación de los gastos que conllevará deben ser
objeto de estudio por el Ministerio correspondiente y que no están
previstos, en modo alguno, en el vigente presupuesto prorrogado del año
1995.
Como ya es conocido por todas SS. SS., la profesionalización paulatina de
nuestras Fuerzas Armadas es uno de los objetivos del nuevo Gobierno. Como
he dicho, en los acuerdos suscritos entre el Partido Popular y los
partidos nacionalistas se dice textualmente que las Fuerzas Armadas que
España necesita en estos momentos deben ser flexibles, polivalentes,
móviles, operativas y eficaces. La adaptación del servicio militar a
tales exigencias se traduce en una profesionalización progresiva hasta
completar un modelo de Fuerzas Armadas totalmente profesional, desde
nuestro punto de vista. El actual modelo mixto se transformará, por
tanto, gradualmente, en uno profesional que ya no exigiría la prestación
del servicio militar obligatorio, previsto para principios del año 2001,
siempre y cuando lo permitan las necesidades presupuestarias y las
exigencias de la defensa.
Por tanto, sin necesidad de entrar a fondo en el análisis de las
supresiones y modificaciones de la Ley Orgánica 13/1991, creemos que
carece de oportunidad, aunque, como ha explicado el señor Castellano, es
una iniciativa presentada en diciembre del año 1995 y que, por la
disolución de las Cámaras, se retoma en marzo del año 1996; una
iniciativa que, desde nuestro punto de vista, queda solucionada no sólo
por la creación de esa Comisión Mixta Congreso-Senado, en el seno de la
cual se originará una ponencia que estudie el modelo definitivo, sino
porque, de facto, empiece a funcionar esa comisión y todos los grupos
políticos podamos empezar a fijar nuestras posiciones en el marco de esa
ponencia y de esa comisión.
En cuanto a la disposición final primera, que establece la supresión de
los delitos contra el cumplimiento de la prestación social sustitutoria y
contra el deber de prestación del servicio militar, en concreto de los
artículos 527, 528 y 604 del vigente Código Penal, Izquierda Unida
expresó, de manera clara y concisa en los debates parlamentarios que
precedieron a la aprobación del nuevo Código Penal, su postura en
relación con los mencionados artículos. Sus enmiendas fueron rechazadas
por una amplia mayoría de la Cámara, que estimó necesario el
mantenimiento de esos delitos.
Si a esto añadimos, y reitero, la voluntad expresada por el actual
Gobierno de acometer la profesionalización de las Fuerzas Armadas,
nosotros, señores de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no
podemos, en este momento, votar a favor de la toma en consideración de la
proposición de ley que ustedes nos plantean esta tarde.
Por último, señorías, la profesionalización de las Fuerzas Armadas
comprometida por el Gobierno reitero que necesita un período transitorio
de adaptación que evite desajustes gravosos en la política de personal de
los ejércitos, por lo que durante este período deberán incorporarse
militares de reemplazo; de lo contrario, la modificación propuesta
incidiría negativamente en la operatividad y eficacia de los ejércitos,
que no podrían hacer frente a sus misiones constitucionales por falta de
efectivos humanos suficientes. Cualquier modificación, por tanto, de la
ley deberá supeditarse a la solución global de plena profesionalización
cuya fórmula y plazos serán establecidos por la comisión creada en las
Cortes.
Señorías, el Grupo Parlamentario del Partido Popular ha entendido que la
sociedad española demanda la profesionalización de nuestras Fuerzas
Armadas. Somos conscientes de que son las propias Fuerzas Armadas las que
demandan también, cada vez con mayor insistencia, que acudan
profesionales para hacerse cargo de esos sistemas, cada vez más
sofisticados y costosos, que el pueblo español pone en manos de nuestras
Fuerzas Armadas. Por todo ello, a iniciativa de este grupo parlamentario
y de Convergència i Unió se crea la comisión mixta a la que me he
referido. Pues bien; nosotros entendemos que será entonces --cuando esta
ponencia se haya puesto en marcha, cuando a ella hayan acudido expertos,
sociólogos, militares o cualquier colectivo que cualquier grupo político
de los que componen la Cámara considere imprescindible su participación
en esta ponencia para aportar cualquier tipo de soluciones-- cuando en el
Congreso de los Diputados, en esta Cámara, debatamos el modelo definitivo
del servicio militar, de un servicio militar profesional para las Fuerzas
Armadas Españolas.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular
entiende que, en este momento,
no procede apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández de Mesa.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Muchas gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores Diputados, yo no tengo convencimiento de que esta
proposición de ley vaya a ser tomada en consideración. En todo caso, el
Bloque Nacionalista Galego quiere subir a esta tribuna ya que, de alguna
manera, hay oportunidad de reflexionar sobre lo que está aconteciendo con
el tema del servicio militar obligatorio y las repercusiones que esto
está teniendo para un cada vez más importante sector juvenil. Cada vez
son más los jóvenes que optan por la objeción de conciencia y también
cada vez más jóvenes optan por lo que, lisa y llanamente, se denomina
insumisión. Yo creo que si abordamos estos problemas, efectivamente, sin
apasionamiento, y lo hacemos desde un punto de vista racional,
convendríamos --y yo creo que ya conviene todo el mundo-- en que el
actual modelo de servicio militar obligatorio está en una profunda
crisis. Y está en una profunda crisis social, porque no se trata ya de
que más o menos jóvenes no deseen para nada realizar el servicio militar,
sino que, además, cuentan con el apoyo evidente de sus familias. Porque
no se puede concebir que, si no hubiese un apoyo social por parte de las
familias, hubiese tal número de objetores e insumisos. Conviene
reflexionar en que, efectivamente, por más que el Gobierno tenga pensado
modificar el modelo, este modelo, desde luego, debe modificarse
urgentemente. Yo creo que también, sin apasionamiento, conviene
reflexionar sobre lo que está suponiendo el actual servicio militar
obligatorio para los jóvenes que se incorporan a filas, el trato que
muchas veces recibe dentro de los cuarteles o, por decir alguna cosa, que
aún a estas alturas sea difícil, por no decir imposible, usar la lengua
de aquellas comunidades que poseen lengua cooficial, por no hablar de lo
que sucede con los homosexuales o con cualquier otro tipo de jóvenes que
sufren constantes agresiones dentro de este modelo de ejército, con lo
cual, efectivamente, no podemos esperar que los jóvenes se incorporen a
filas con alegría, no lo hacen.
Por tanto, conviene abordar este problema con rapidez y nosotros en ese
sentido vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de
ley, puesto que supondría acelerar un proceso que no se puede prolongar
por más tiempo. Y tampoco se puede prolongar por más tiempo la situación
en la que se encuentran en este momento los insumisos, que se ven penados
por oponerse al cumplimiento del servicio militar, puesto que si se
oponen a este cumplimiento, como comprenderán SS. SS., es por profundos
motivos de conciencia. Yo no creo que nadie, si no es por un motivo de
conciencia --porque cree en una sociedad desmilitarizada--, se arriesgue
a sufrir penas de cárcel o a ser inhabilitado de por vida. Más aún si,
como se anuncia, la modificación del modelo del servicio militar se va a
realizar en el plazo de unos años; ustedes me dirán qué va a suceder con
estos jóvenes que ahora se pueden ver penados por su actitud cuando,
dentro de un cierto tiempo, no lo van a ser. Nosotros solicitamos, por
tanto, que se adopten las medidas necesarias para que la insumisión sea
despenalizada.
Termino, señor Presidente. Desde nuestro punto de vista, el modelo actual
del servicio militar obligatorio está en crisis, por tanto, y una gran
parte de la sociedad no apoya el actual modelo. Quiero insistir en que la
vía de la prestación social sustitutoria (aplicada a los jóvenes que se
oponen, por motivos de conciencia, a realizar el servicio militar) es una
vía condenada al fracaso y que va a llevar la penalidad a muchos jóvenes
sin necesidad alguna. Por tanto, reformar el actual modelo del servicio
militar es algo urgente y esta proposición de ley puede ser un buen punto
de partida. Por ello, insisto, vamos a apoyar su toma en consideración.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Presidente, señorías, al fijar la
posición del Grupo de Coalición Canaria ante esta proposición de ley que
nos trae el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, comenzamos nuestra intervención afirmando que tenemos una gran
cantidad de puntos de coincidencia y que participamos en gran parte del
fondo y, por supuesto, en la intencionalidad que trae el Grupo
proponente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Coincidimos en el fondo, pero no coincidimos en la forma. Dada la
singularidad y peculiaridad de la materia del servicio militar, Coalición
Canaria se mantiene en la misma línea --como ya hicimos evidente en
pasadas legislaturas--, recordando aquí lo que fue un espíritu de
consenso en la Cámara en la IV Legislatura, cuando creamos una ponencia
en el seno de la Comisión de Defensa para estudiar el modelo de servicio
militar. Creemos que esa es la fórmula y no la iniciativa, por muy
acertada e inteligente, coincidencia en el fondo, que podamos tener
cualesquiera de los grupos --y el Grupo de Coalición Canaria se hubiera
sumado también a una iniciativa individual de los grupos para
presentar una proposición similar--, tanto en los aspectos que se
refieren al servicio militar en sentido estricto --como una ley del
servicio militar--, como en aquellos otros aspectos que se contemplan en
la iniciativa referidos ya a la modificación del Código Penal, respecto a
esas excesivas penalizaciones --a su juicio-- en cuanto a la insumisión o
a la negativa a la prestación social sustitutoria. En este sentido
también coincidimos con las últimas expresiones que el Defensor del
Pueblo ha tenido, quien, sintonizando con una sensibilidad pública
popular, entiende que el Código Penal, que acabábamos de aprobar en la
pasada legislatura, en 1995, tenía a veces excesos de penalización que
desaparecerían --como ya dijo este portavoz-- del Código Penal una vez
que se suprimiera el servicio militar obligatorio; suprimido el servicio
militar obligatorio, decaen automáticamente las previsiones de
penalización que, frente a la insumisión, contrae nuestro Código Penal
actual.
De aquí que nosotros propongamos que sea un consenso entre todos los
grupos parlamentarios el que lleve a una buena finalidad tanto la reforma
en su día del Código Penal como, lo que es fundamental, una nueva ley
orgánica del servicio militar. Porque la fórmula, el procedimiento
empleado en 1991, de una ponencia, se demostró que fue bueno cuando, el
27 de junio, en Pleno, aprobamos aquel modelo con las enmiendas que
traía, creo recordar, el Grupo Popular, el entonces Grupo del CDS, el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) y también nosotros, que, así mismo,
en los trámites de ponencia y de Comisión introdujimos las modificaciones
que nos parecieron pertinentes. Es una materia puramente de política de
Estado. Es una política que requiere consenso. Hay que renunciar a
determinados preceptivos de individualización, de iniciativas, que, por
otro lado, son legítimas, pero que aquí requieren un ensamble, puesto que
se trata de llegar a un consenso.
Pero Coalición Canaria también quiere dejar aquí constancia de que, para
nosotros, el marco de esta ponencia --que, como se ha anunciado aquí por
el portavoz del Grupo Popular, se formó en el seno de una Comisión Mixta
Congreso-Senado, mientras que la del año 1991 fue sólo Comisión del
Congreso-- se halla dentro de algo que Coalición Canaria ha apoyado
recientemente: la investidura del Presidente Aznar.
Una de las partes del discurso de investidura del Presidente del Gobierno
se refería al compromiso relativo a la supresión del servicio militar
obligatorio. Ese discurso de investidura y esa investidura la apoyó
Coalición Canaria y, por tanto, lo que nosotros exigimos al Gobierno del
señor Aznar es que traiga el modelo que quiera que se discuta en esta
Cámara o que, cuanto antes, se cree la ponencia, puesto que, con los
materiales que aporte el Gobierno y lo que cada grupo introduzca,
empezaremos a trabajar.
Creemos que ése es el cauce, y nosotros nos vamos a sumar, porque, como
digo, participamos plenamente en el fondo de lo que aquí se quiere decir.
Y si el Grupo de Izquierda Unida trae a esa ponencia iniciativas como
ésta en su letra y en su espíritu, nosotros las suscribiremos, nos
sumaremos a ellas, pero, repito, dentro de ese marco, de ese
procedimiento, puesto que nosotros hemos contraído un compromiso,
compromiso que, si bien es de apoyo al discurso de investidura, también
supone que el Presidente del Gobierno y el grupo mayoritario deben dar
salida a esto cuanto antes, deben crear esta ponencia para que estudie el
nuevo modelo de servicio militar, y una condición de la naturaleza
jurídica del mismo será la supresión del servicio militar obligatorio.
Respecto al servicio militar de nuestras Fuerzas Armadas, Coalición
Canaria entiende que, en una línea de modernidad y de lógica, frente al
criterio de obligatoriedad tiene que primar el criterio de
profesionalidad, y que se acaben de una vez en la legislación española
los conscriptos. Así, nos sintonizamos con la política que el Presidente
Chirac ha anunciado recientemente en Francia, donde ya se están haciendo
avances para la supresión del servicio militar obligatorio, incluso con
fechas concretas, y donde prima el principio de profesionalidad, de
profesionalización de todos los componentes de las Fuerzas Armadas, no
sólo, por supuesto, de suboficialidad y cuadros intermedios, sino de los
soldados de base y clases de tropa, como se han llamado habitualmente,
que ya no tienen que proveerse de los conscriptos, de las levas del
servicio militar obligatorio. Este es el marco que nosotros vamos a
apoyar y de aquí, señor portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que nosotros no apoyemos la forma en que
se trata de hacer esta modificación. Nosotros creemos que mantenemos una
línea consecuente, como habíamos hecho con el anterior Gobierno, en la
medida en que es una materia muy delicada. Todo lo que se pueda
perfeccionar por trámite de enmiendas, bienvenido sea, pero creemos que
el documento original sobre el que trabajemos en el Pleno de la Cámara en
relación con el nuevo modelo de servicio militar debe ser el documento
que salga de la ponencia de la Comisión Mixta Congreso-Senado.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a utilizar este turno en nombre del Grupo Vasco para fijar
la posición a favor de la proposición de ley que nos presenta en esta
Cámara el Grupo de Izquierda Unida. Vamos a apoyarla por varias razones:
en primer lugar, quiero recordar que, como
conocen SS. SS., el Gobierno español, en línea con otros gobiernos de la
Unión Europea, ha expresado públicamente su decisión de eliminar el
servicio militar obligatorio para disponer de un ejército profesional y
por tanto voluntario, aunque la tan esperada y deseada medida no sabemos
cuándo va a llegar, porque en campaña electoral el Partido Popular
anunciaba unas fechas, al cabo de tres meses, hablaba de dos
legislaturas, hace pocos días, conocemos la noticia de que parece que
están poniendo como plazo el año 2000, el 2001 ó el 2002, y ya no sabemos
cuándo el Gobierno piensa poner en marcha estas medidas.
De todas maneras, es evidente que ha quedado absolutamente deslegitimada
la conscripción militar y que el rechazo al servicio militar obligatorio
ha dejado de ser una actitud deplorable y criminalizada para convertirse
en el triunfo de una idea y de unos valores que propugnan el fin del
militarismo, la renuncia a toda violencia, la solución negociada de los
conflictos internos e internacionales, la eliminación de los abrumadores
gastos armamentistas y la cooperación al desarrollo de los pueblos menos
avanzados.
En definitiva, señorías, la desaparición de las llamadas obligaciones
militares de los ciudadanos varones debemos saludarla con una
profundización del sistema democrático que, en gran medida, se debe a la
valentía y generosidad de tantos y tantos jóvenes que, aun a riesgo de
incomprensión y de ser condenados a penas privativas de libertad, se han
comprometido en la transformación de nuestra sociedad para hacerla más
justa, más libre, más igualitaria, más tolerante y más solidaria.
Por todo ello, resulta, no ya anacrónico, sino profundamente injusto y
exasperante, la permanencia en prisión de jóvenes que han proclamado, con
su testimonio vital, el rechazo de lo que significa el militarismo y, de
su expresión más negativa, el servicio militar obligatorio.
Igual de rechazable nos parece, señorías, desde nuestro punto de vista,
que se mantengan en el Código Penal como conductas delictivas lo que
políticamente está ya asumido como bueno y conveniente y que sólo por
estas razones, por razones políticas, no se aplica desde este momento.
Hace poco, he creído entender al portavoz del grupo del Gobierno que hay
razones también de tipo organizativo y de tipo económico que no permiten
resolver esta cuestión a corto plazo. Yo quiero recordar que hace unos
meses, en la universidad internacional Menéndez Pelayo, un catedrático de
la universidad de California, en un seminario sobre fuerzas armadas
presentaba un estudio sobre lo que supone la transformación del ejército
español en un ejército profesionalizado, y llegaba a la conclusión de que
no era más caro que el actual. Por tanto, yo creo que no hay razones, ni
organizativas ni económicas, que permitan el tomar una decisión como la
que contempla en esta proposición de ley el Grupo de Izquierda Unida.
Por todo ello, nosotros, como Grupo Vasco, vamos a votar a favor de la
toma en consideración de la proposición de ley que ustedes, los señores
de Izquierda Unida, han presentado a esta Cámara en el día de hoy.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguirre.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Nadal i Male.
El señor NADAL I MALE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
nuestro grupo parlamentario ha optado por la supresión del servicio
militar, sustituyéndolo por un sistema de servicio militar voluntario en
el marco de un ejército plenamente profesional y encuadrándolo en el
proceso de supresión de los ejércitos de masas por otros más técnicos,
potentes, móviles y mejor entrenados.
A tal efecto, se llegó a unos acuerdos con el Partido Popular, básicos
para el discurso de investidura del Presidente del Gobiemo, señor Aznar,
que concretaron una serie de acuerdos por los que se establecía la
creación de una Comisión Mixta del Congreso y el Senado, que debía
determinar cuáles eran los fundamentos, las bases, los reglamentos y los
objetivos que se tenían que establecer en la creación de este ejército
profesional.
No obstante, señor Castellano, y desde el más hondo respeto que le
profeso, le he de reconocer que gracias a que usted, durante años y años,
ha estado proclamando la necesidad de esta evolución hacia un servicio
profesional, es posible que grupos como Convergència i Unió, o quizá como
yo personalmente, no sólo en función de mis propias creencias, sino por
el respeto que le profeso, hayamos instado al Gobierno de este país a
que, de una forma u otra, se establezca definitivamente un ejército
profesional.
No obstante, tendremos que reconocer todos que la historia es un poco
cruel, don Pablo. Porque usted no ha conseguido convencer al Partido
Socialista de la existencia y creación de un ejército profesional a lo
largo de toda una legislatura y, en cambio, el Grupo de Convergència i
Unió sí que ha conseguido convencer al Partido Popular de la necesidad de
la creación de un ejército profesional. (Rumores.) Les gustará o no, pero
la historia se escribirá así.
Sea, pues, esta la apreciación final de este discurso. No creo que sea
este el momento de votar favorablemente la proposición de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, pero sí de decirles que esta proposición
está recogida en los acuerdos entre el Partido Popular, Convergència i
Unió, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, y quizá lo
prudente sería, como muy bien ha expresado el señor Mardones con
anterioridad, que nos pusiéramos de acuerdo todos para conseguir que este
ejército llegara lo antes posible.
No obstante, en estos momentos sí que hay tres cosas importantes que
establecer, aprovechando la ocasión
que su propuesta plantea: primera cuestión. Ayer se planteó en esta
Cámara con el Secretario General de la Alianza Atlántica cuáles tenían
que ser los objetivos de la integración total de España en dicha Alianza.
Este sí es un buen tema a plantear. Segunda cuestión: se tiene que
definir ampliamente cuál es el sentido de este ejército profesional, y
eso tiene que ser bajo el amparo de la Comisión Mixta. Y hay un tercer
tema que tiene que ser aceptado por el Partido Popular y especialmente
tratado por el Ministro de Defensa. No es otro que el de resituar a la
juventud española en estos momentos sobre cuáles son los objetivos de
futuro que se plantean a corto plazo y la necesidad de que estos
objetivos sean claros y determinantes.
En ninguna otra ocasión como ésta se está produciendo un desequilibrio en
las intenciones de la juventud, que no conoce exactamente cuál es el
futuro del ejército profesional. Se está planteando insumisiones
realmente importantes, se está planteando el servicio militar
sustitutorio y se está planteando, por parte de la juventud, quién desea
hacer el servicio militar. Creo que existe una desorientación notable y
sería fundamental que, por parte del Gobierno y de este Congreso, se
estableciera definitivamente, para que todo el mundo lo conozca, cuál es
el futuro de la juventud española en estos próximos cinco años: si
aquellos que creen que aun hoy no van a tener que hacer el servicio
militar, aun estando dentro de los plazos que hemos concretado, o
aquellos que piensan que, a partir de la solicitud constante de
aplazamientos, por causa justificada, llegará un momento en que no
tendrán que hacer el servicio militar. Este sí que es un tema de
inflexión y de amplia y necesaria decisión.
Por tanto, don Pablo Castellano, representante de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sepa usted que, aunque su proposición
está dentro del contenido genérico de lo que podamos aceptar, los plazos
planteados y los acuerdos establecidos entre el Grupo Popular y el de
Convergència i Unió hacen que el camino sea otro. Nos permitirá, pues,
que el camino que recorramos sea el de los acuerdos y no el de la
espontaneidad que en estos momentos ustedes plantean.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nadal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, como muy bien decía al señor Castellano, no es esta la primera
vez que debatimos estos temas ni en el Pleno ni en las comisiones, pero
la situación es nueva. En los debates anteriores se hacía dentro de un
marco de un amplio consenso sobre un modelo respaldado por más del 90 por
ciento de la Cámara, un amplio consenso en un modelo que iba funcionando
de forma aceptable, de forma razonablemente aceptable. (El señor
Vicepresidente Marcet i Morera ocupa la Presidencia.) Sin embargo,
después de las elecciones se produce un acuerdo político entre el Partido
Popular y Convergència i Unió que crea una nueva situación.
Aunque no creo que me quite el sueño, también quiero manifestarle que si
usted no consiguió convencernos durante el Gobierno socialista de la
profesionalización del Ejército, el señor Nadal tampoco consiguió
convencer al Grupo Socialista para que hubiese un Ejército profesional.
Además, no sólo no consiguió convencernos, sino que en ningún momento
planteó la posibilidad de profesionalizar el Ejército. Pero es un hecho
que tenemos un nuevo acuerdo político y un nuevo marco, un nuevo marco
que ha producido --somos conscientes--, como mínimo, una cierta
deslegitimación política del modelo aún vigente y que ha tenido
consecuencias prácticas importantes.
Se plantean, se plantearán en el futuro, dificultades para cubrir las
necesidades de efectivos humanos de nuestras Fuerzas Armadas. Se están
produciendo y se van a producir, de forma acelerada, dificultades en la
gestión de la prestación social sustitutoria por el aumento de las
peticiones de reconocimiento de objeción de conciencia. Y también se
crean profundos problemas en la dificultad de aplicación de una norma
jurídica que tipificaba legítimamente un delito, pero es evidente que en
este momento plantea mayores dificultades porque, ¿cómo es delito
actualmente lo que ya en virtud de un acuerdo político puede dejar de ser
delito al cabo de dos, tres o los años que sean? Esto crea un problema
jurídico importante.
No obstante, la propuesta que ustedes realizan aumentaría incluso los
problemas que en este momento se están planteando. Creemos que su
propuesta no define totalmente el modelo resultante, no plantea la
cuestión fundamental: de dónde saldrían los recursos humanos y económicos
para aplicar de forma inmediata la profesionalización del Ejército o qué
sucedería con los reclutas actuales. Ustedes mismos fijan unas nuevas
obligaciones para los españoles en determinados casos, pero no fijan en
el Código Penal cuáles serían las consecuencias de no cumplir estas
nuevas obligaciones que ustedes mismos fijan en su proposición de ley.
Creemos que lo que es necesario en este momento es constituir ya la
Comisión y que empiece a funcionar.
El Grupo Socialista quiere oír del Gobierno y del grupo parlamentario que
le da apoyo las razones de su cambio de posición, posición que no estaba
recogida en su programa electoral, que se produjo posteriormente a las
elecciones. Queremos oír, aparte de las razones de numérica parlamentaria
para garantizar la investidura, qué otras razones de fondo y que tengan
que ver con el asunto han motivado su cambio de posición respecto al
modelo de Fuerzas Armadas. Queremos oír del Gobierno cuál es el modelo
concreto que se nos propone,
porque hay declaraciones contradictorias sobre si se mantendría un
servicio militar voluntario o no, sobre si la realización plena sería en
el año 2001 o, como hoy decían en el Ministerio, en el año 2003. Queremos
saber cómo se va a articular el período transitorio hasta llegar a ese
modelo que nos proponen el Grupo Popular y Convergència i Unió. Deseamos
oír las comparecencias de especialistas, las comparecencias de los
distintos sectores sociales afectados. Sobre todo, queremos que haya un
debate claro y serio sobre el último punto del acuerdo, el 11.9, sobre el
servicio militar, entre el Partido Popular y Convergència i Unió;
queremos saber qué significa exactamente cuando dice: El plazo de la
consecución de este modelo profesional será el año 2001, siempre y cuando
lo permitan las necesidades presupuestarias y las exigencias de la
defensa.
Y de eso debemos discutir seriamente, de cuáles son las necesidades de la
defensa en nuestro país y de cuáles son las posibilidades presupuestarias
para cambiar el modelo de Fuerzas Armadas. Por todo ello, creemos que no
es el momento oportuno para aceptar a trámite su proposición de ley.
Tampoco vamos a caer en la tentación de utilizar de forma oportunista las
consecuencias que está creando el acuerdo entre el Partido Popular y
Convergència i Unió. También somos conscientes de que la gestión del
nuevo modelo corresponderá a un nuevo gobierno, tanto si se aplica en el
año 2001 como en el año 2003, y nosotros estamos convencidos de que el
nuevo gobierno que tendrá que aplicar el nuevo modelo de Fuerzas Armadas
volverá a ser un gobierno socialista.
También manifestamos claramente nuestra disposición a colaborar en el
diseño del nuevo modelo, dando respuesta tanto a las necesidades de la
defensa como a las posibilidades presupuestarias, así como a las demandas
de la sociedad española.
En el seno de la Comisión Mixta discutiremos todos estos aspectos;
mientras tanto no podemos votar favorablemente la aceptación a trámite de
la proposición de ley que ha defendido don Pablo Castellano en nombre de
Izquierda Unida.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Marsal.
Concluido el debate de esta proposición de ley, vamos a realizar la
votación de la misma. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre supresión del servicio militar
obligatorio y los delitos contra el cumplimiento de la prestación social
sustitutoria y contra el deber de prestación del servicio militar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a
favor, 23; en contra, 284; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley.
TRAMITACION DIRECTA Y EN LECTURA UNICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL
REGLAMENTO DE LA CAMARA:
El señor PRESIDENTE: Señorías, someto a la consideración del Pleno la
tramitación directa y en lectura única de la propuesta de reforma del
Reglamento que ha sido aprobada como punto anterior del orden del día.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Gracias.
En consecuencia, se aprueba la tramitación directa y en lectura única de
dicha propuesta.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE SECTOR INDUSTRIAL AZUCARERO
ESPAÑOL (Número de expediente 162/000031)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto cuarto del orden del día,
proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso sobre el sector
industrial azucarero español.
Tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor Presidente... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor. Señorías, guarden silencio
para que pueda comenzar su intervención el señor Amarillo. (Pausa.)
Cuando quiera.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor Presidente, señora Ministra, señorías,
el Grupo Socialista del Congreso trae la presente proposición no de ley a
esta Cámara a fin de salvaguardar tanto el cultivo de la remolacha como
los legítimos intereses de la industria azucarera de nuestro país, como
fácilmente se puede deducir de la mera lectura de esta proposición.
El sector remolachero representa el 3,4 por ciento de nuestra producción
final agrícola y casi el 2 por ciento de la producción final agraria.
Estas cifras son de por sí lo suficientemente elocuentes como para
indicarnos la importancia de la cuestión que traemos a debate. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.) Pero esa importancia se acrecienta, sin duda, al
analizar el número y la naturaleza de las exportaciones remolacheras.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Perdón, señor
Amarillo. Señorías, les ruego guarden silencio, ocupen sus escaños y no
permanezcan en los pasillos. (Pausa.) Continúe, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Estamos hablando de 40.000 familias con poco
más de cuatro hectáreas de cultivo en explotaciones de seis hectáreas de
superficie media. Estamos hablando, por lo tanto, de pequeños
agricultores que en su práctica totalidad son agricultores a título
principal. Estamos hablando, por otro lado, de un cultivo
fundamentalmente de regadío, excepción hecha de la remolacha procedente
del bajo Guadalquivir; regadíos que en amplias zonas del Estado, por
ejemplo en Castilla y León, Comunidad por la que es Diputada la señora
Ministra de Agricultura, no admiten, por razones climáticas, más
alternativa que la de remolacha patata. Si desapareciera el cultivo de la
remolacha, a estos regadíos se les colocaría en una situación crítica, y
muy probablemente desapareciesen.
Por otro lado, el sector industrial azucarero está fuertemente
concentrado y cuatro empresas se reparten la cuota de un millón de
toneladas de azúcar que, en números redondos, nos ha sido asignada por
Bruselas. La distribución es la siguiente: el 54 por ciento corresponde a
la empresa Euroagrícola; el 24 por ciento a General Azucarera; el 15 por
ciento a ACOR, y el 7 por ciento a ARJ. Con esta estructura del sector
resulta obvio que cualquier cambio empresarial que se produzca en
Euroagrícola o General Azucarera puede afectarle directamente.
A las consideraciones anteriores, señorías, debemos añadir que el sector
industrial azucarero está culminando en estos momentos un plan de
reestructuración aprobado por Bruselas y desarrollado en estos últimos
años. Su función ha sido la de redimensionar la capacidad fabril,
incrementando el tonelaje de remolacha molturada por fábrica a fin de
tener unas industrias más competitivas y más eficaces.
El resultado de este largo y costoso proceso se resume muy gráficamente
en la evolución del índice de tonelada de remolacha molturada por
fábrica. Este índice era de 100 en 1982; en 1994 estaba en 152. Ese
esfuerzo ha tenido costes económicos elevados, pero nos ha permitido
mantener la superficie de producción. Ha sido y es un esfuerzo de
agricultores e industriales que se ha podido realizar en el marco de
nuestro actual horizonte de producción y de mercado. Ese horizonte,
señorías, puede cambiar. Y el cambio se suscita por una cuestión que no
por delicada debemos dejar de abordar con decisión y eficacia.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores nos da la siguiente
distribución del accionariado para General Azucarera: Banco Central
Hispanoamericano, el 49,83 por ciento; Générale Sucrière, el 20,35 por
ciento. El resto se distribuye entre particulares, con carácter personal
en la mayoría de los casos.
Générale Sucrière, Sociedad Anónima, señorías, es una empresa con sede
social en Francia, con una capacidad de fabricación muy superior a su
propio mercado, con producciones muy significativas de azúcar C. Francia,
señorías, dispone de una cuota de azúcar de 3.319.000 toneladas, tan sólo
para la Francia metropolitana (Azúcar toda ella procedente de remolacha
de secano.) Générale Sucrière dispone, pues, de materia prima
competitiva, pero es probable que a Générale Sucrière le falte mercado y
nadie puede objetar nada a que su Consejo de Administración establezca
una estrategia que le posibilite acceder a nuevos mercados y
consolidarlos; está en su derecho. Como igualmente el Banco Central
Hispanoamericano está en su derecho de vender tal o cual paquete de
acciones de una empresa en la que, por los motivos que fuere, no desea
seguir participando o hacerlo con el mismo porcentaje. Pero, señorías,
señores del Gobierno, nosotros impulsando y el Gobierno ejecutando
estamos igualmente en el derecho y en la obligación de arbitrar aquel
conjunto de medidas que impidan que el cultivo de la remolacha
desaparezca de amplias zonas de nuestro país.
Si Générale Sucrière compra bien directa o indirectamente parte o la
totalidad del paquete de acciones que General Azucarera posee en el Banco
Central Hispanoamericano, Générale Sucrière controlará el 24,4 por ciento
del sector y lo probable será que al contar con instalaciones
industriales suficientes y abundancia de materia prima acabe cerrando las
instalaciones fabriles españolas, y estaremos ante un hecho, nada
infrecuente por cierto, de compra de un mercado. Es cierto que hasta el
2001, al ser las cuotas nacionales, tendrá más dificultades para hacerlo,
señorías, pero el 2001 es ya a los efectos de lo que estamos debatiendo.
Por otro lado, no sabemos si se podrá aguantar la presión del sector
industrial o de parte del sector industrial para que las cuotas dejen de
ser nacionales y pasen a las industrias.
No se pretende, señorías, establecer la menor restricción normativa ni
poner obstáculos a los movimientos de capitales ni de interferir en las
estrategias empresariales; lo que queremos es que se potencie el sector
productor para que pueda concurrir en igualdad de condiciones. El sector
remolachero está lo suficientemente organizado como para posibilitar la
creación de fuertes cooperativas que puedan concurrir con éxito a la
compra de paquetes de acciones de los sectores industriales azucareros
cuando las circunstancias lo requieran. Hay entidades financieras, como
cajas rurales, cajas de ahorro u otras entidades, a las que se puede
invitar y animar a respaldar operaciones de esta naturaleza. El Gobierno
tiene precedentes de acciones de defensa de un sector con características
similares
en condiciones menos acuciantes y preocupantes que las del presente caso.
Lo que no hagamos hoy, señorías, lo lamentaremos irreversible e
irremisiblemente mañana. Por todo ello le pedimos el voto favorable para
que se apruebe la presente proposición no de ley.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Presidente.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no va a dar el voto de apoyo
a la iniciativa de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre el sector industrial azucarero español, no por una
cuestión de fondo sino fundamentalmente porque entendemos que es
necesario realizar un debate, tanto en la comisión correspondiente como
en su día si es preciso aquí en el Pleno, para tener un mayor
conocimiento, ya que no está acabado de definir ni la OCM del sector del
azúcar ni siquiera todo el sistema de cuotas y todo el proceso de
industrialización del sector azucarero español. Nosotros lo hacemos desde
una posición no sólo de estar en contra sino, en el mejor de los casos,
desde la óptica canaria y desde su especialidad comercial e industrial,
de abstenernos por entender que allí, sobre el territorio canario, esto
no nos afectaba, dada la peculiaridad del sistema económico y fiscal
canario de que ni hay producción de azúcar ni hay industrialización y que
se rige por un sistema de importación de terceros mercados, incluso fuera
del área de la Unión Europea. Pero nosotros entendemos que por un
principio de solidaridad, tanto con aquellas regiones agrarias españolas
productoras de azúcar de remolacha como con todas aquellas que tienen
ubicadas en su territorio industrias molturadoras del sector del azúcar,
es necesario cohesionar los puntos de vista y poner en armonía el sector
productor y el sector transformador de industrialización.
Ya tuvimos ocasión en la pasada legislatura de tener conocimiento aquí,
por unas iniciativas sugeridas tanto por el Grupo Popular como por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciaitiva per Cataluña, de los problemas que
se suscitaban en la provincia de Córdoba. Recuerdo el apoyo que prestamos
aquí a los Diputados que apadrinaron y trajeron a la Cámara las reuniones
con los afectados, los Diputados por Córdoba, del Grupo Popular, señor
Jordano, y del Grupo de Izquierda Unida, doña Rosa Aguilar, y vimos que
era necesario armonizar de alguna manera las producciones con el sector
industrial. Pero la presencia de multinacionales europeas en el sector de
industrialización del azúcar, de lo que se puede derivar de
perturbaciones en la cuota española, porque parece ser que puede haber
hasta operaciones puramente especulativas de estas multinacionales
europeas para poder utilizar cuota española, nos lleva a adoptar una
postura de prudencia. Y cuando esto tenga las luces y las claridades
necesarias, nosotros estaremos en disposición de dar el apoyo a esta
propuesta.
Teniendo en cuenta las iniciativas de esta Cámara, tanto a propuesta del
Grupo Socialista como del Grupo Popular en la pasada legislatura,
apoyando al sector del azúcar de remolacha o al sector más minoritario
del azúcar de caña, creemos necesario, por tanto, mantener unas posturas
racionales y clarificadoras, y pediríamos que hubiera, al menos, consenso
en el entendimiento si no en el marco de este Pleno sí en el de la
Comisión de Agricultura para que esto se lleve a feliz término. Hasta ese
momento Coalición Canaria hará reserva de su voto y, por tanto, votará en
contra de la proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Companys.
El señor COMPANYS SANTFELIU: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, intervendré brevemente.
Si hacemos un análisis cronológico sobre el tema en que se basa esta
proposición no de ley que estamos discutiendo en este momento, veremos
que en la pasada legislatura el Grupo Socialista presentó una moción en
el Senado que se debatió el día 21 de noviembre de 1994 y que se aprobó
por unanimidad en el Pleno con la incorporación de dos enmiendas de
adición, una a propuesta del propio Grupo Socialista y la otra a
propuesta del Grupo de Convergència i Unió --que en aquel caso tuve el
honor de proponer y posteriormente defender-- y que fue asumida por todos
los grupos presentes en la Cámara.
La moción que se aprobó en aquel momento en el Senado versaba sobre
cuatro puntos fundamentales. Primero, que los cuatro grandes grupos
empresariales productores de azúcar trabajasen de una forma coordinada a
fin de racionalizar el esfuerzo y, por consiguiente, producir un
abaratamiento del producto final. Segundo, que en la venta de las
acciones por parte del socio mayoritario, Sociedad General Azucarera, se
prioricen aquellas ofertas en las que sus promotores tengan una mayor
vocación de permanencia en las zonas españolas donde esa actividad se ha
desarrollado de forma tradicional. Tercero, que se defiendan las reformas
de la OCM del azúcar y que contribuyan a tener un sector cada vez más
competitivo. Y una cuarta, que de forma general, y siempre con el máximo
respeto
a la normativa por lo que hace referencia a la libertad de mercado, en
los casos de sectores estratégicos en los que el Gobierno de una forma u
otra tenga la posibilidad de intervenir procure que en igualdad de
condiciones se prioricen aquellas ofertas que demuestren una mayor
vocación de permanencia en el Estado español.
Al cabo de un mes y medio, o sea a mitad del mes de diciembre de 1994, el
Pleno del Congreso debatió y aprobó por unanimidad una proposición no de
ley prácticamente en la misma línea que la que se había aprobado en el
Senado. Ahora el propio Grupo Socialista presenta una nueva proposición
no de ley que, a nuestro entender, está perfectamente recogida en el
espíritu, y me atrevería a decir que incluso en la letra, de la moción
que en su momento se aprobó en el Senado o en la proposición que a
finales de 1994 se aprobó por unanimidad también en el Congreso. De tal
forma que, por ejemplo, si observamos el apartado 3 de la proposición que
hoy debatimos es exacta al punto 4 de la moción que se aprobó por
unanimidad el 2 de noviembre de 1994 en el Pleno del Senado y que se
incorporó a través de una enmienda adicional que presentó nuestro grupo.
Los apartados 1 y 2 de esta proposición que hoy se someterá a votación
están reflejados en la proposición no de ley que se aprobó el 15 de
diciembre de 1994. Por tanto, estamos frente a una proposición no de ley
cuyo contenido, si bien expresa un sentimiento de preocupación
generalizado en el sector, es, a nuestro entender, reiterativo y, si me
permiten --sin ánimo de ofender----, yo diría que es poco innovador.
Estamos diciendo lo que básicamente manifestamos en noviembre y en
diciembre de 1994. Máxime cuando las dos propuestas, tanto la que se
refiere a la que se aprobó en el Congreso como la del Senado, nacían del
propio Grupo Socialista y que, además, se aprobaron por unanimidad.
En mi modesto entender, sería más positivo para el sector que se
analizara si el Ministerio ha hecho un seguimiento sobre estas dos
proposiciones que se aprobaron por unanimidad y ha dado cumplimiento al
mandato de la Cámara. Por tanto, aunque estamos de acuerdo con el
contenido de la proposición no de ley, como entendemos que a propuesta
del Grupo Socialista ya se aprobaron dos iniciativas --una en el Congreso
y otra en el Senado, como he dicho antes-- que están en la misma línea de
la que hoy estamos debatiendo, para no redundar en el mismo tema y sobre
la misma idea nuestro grupo votará en contra.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores
Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a intervenir brevemente para anunciar nuestro voto
favorable a la proposición no de ley, entendiendo que, a pesar de que se
puede considerar reiterativa, puesto que se aprobó en ocasiones
anteriores, es oportuna porque abre la posibilidad --que ya se ha citado
en la propia defensa por parte del Grupo Socialista-- de que el Banco
Central Hispano se desprenda en breve de un paquete de acciones que puede
cambiar la propiedad mayoritaria de la empresa Sociedad General Azucarera
que, como aquí se ha dicho ya, tiene el 24 por ciento de la cuota del
sector; es decir, alrededor de 1.200.000 toneladas de remolacha
azucarera.
Nuestro grupo comparte la preocupación de que en un sector como éste
pueda, una vez más, escapar del control nacional la gestión futura de la
cuota azucarera, sobre todo a partir del año 2001, dadas las presiones
que están existiendo para que la cuota deje de repartirse en el ámbito
nacional y se haga en el ámbito comunitario entre las propias empresas.
Por tanto, compartimos esa preocupación y ese es uno de los motivos del
apoyo a esta moción. Al mismo tiempo, expresamos también la preocupación
en el sentido de que la reconversión a que se encuentra sometido el
sector no se convierta en una pérdida de actividad o de empleo. Por eso
lamentamos que en el punto 2 no se reitere también como uno de los
objetivos precisamente ese mantenimiento del empleo en el propio sector.
Por último, la necesidad de revisar en futuras negociaciones el sistema
actual de cuotas sobre el cual los agricultores prácticamente no tienen
nada que decir. En este caso, creemos que a partir del punto 1, donde se
habla de la necesidad de diálogo y de acuerdos entre los industriales y
los productores para participar más directamente en la gestión de la
parte industrial y de sus beneficios, habrá que empezar a hablar también
de si es posible conseguir en un futuro que los propios agricultores, a
través de sus sindicatos, tengan alguna participación en la gestión de la
cuota.
Por tanto, apoyaremos favorablemente esta proposición no de ley.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor Presidente, señorías, en nombre del Grupo
Popular deseo fijar la posición sobre la proposición no de ley que
presenta el Grupo Socialista, y en su nombre el señor Amarillo, relativa
al sector azucarero español. Debo decir al portavoz del Grupo Socialista
que su intervención me ha parecido documentada, sólida e ilustrativa;
compartimos los fines, compartimos los deseos, lo que no sé es
cómo se compadece eso con el texto de la proposición no de ley. Lo digo
en tono absolutamente ignorante para ver si me puede ilustrar sobre cómo
se pueden lograr esos fines mediante los tres puntos que propone en la
proposición no de ley, porque en el texto de la citada proposición no de
ley se insta al Gobierno a efectuar una serie de intervenciones dentro
del sector y no acabamos de entender bien cómo se pueden lograr esos
fines, que, repito, compartimos y nos parecen buenos, tales como --se ha
citado también por parte del portavoz de Izquierda Unida-- la permanencia
del cultivo, la racionalización de las inversiones en orden a minorar
costes industriales y a incentivar el ahorro energético, etcétera.
Pues bien, mi Grupo entiende que los profesionales del propio sector
están teniendo ya en cuenta día a día todas estas actuaciones y otras
muchas más que se enmarcan dentro de su actividad normal y cotidiana, sin
que nadie, ni desde aquí ni desde ningún sitio, tenga que estar
vigilándolos y animándolos permanentemente, pues tanto los
agricultores-productores remolacheros como los industriales del sector se
saben perfectamente su papel y, en la medida en que pueden o las
circunstancias económicas lo aconsejan o lo permiten, toman decisiones
para lograr mejores producciones, con costes más racionales y adaptándose
a las cada vez más exigentes condiciones de preservación del medio
ambiente, lo que también se cita en la proposición no de ley.
En definitiva, tanto en el apartado de la producción, es decir del
agricultor, como en el industrial, es un sector, como bien se ha dicho
aquí, dinámico y equilibrado. Mi grupo entiende que lo único que requiere
el sector de la Administración, tanto autonómica como del Gobierno
central, es que se aporten aquellas ayudas posibles y además compatibles
con la normativa de la Unión Europea y que no se intervenga de manera
agobiante y gratuita sino aportando un marco legal adecuado.
He dicho y repito, señorías, que es un sector dinámico que no necesita
más tutelas e intervenciones rígidas como las que, de alguna manera,
propone el Grupo Socialista en esta proposición no de ley que ahora
debatimos. Prueba de ese dinamismo y de ese buen funcionamiento del
sector en muchos aspectos la tenemos en la interprofesión, que se adecua
a la norma hace poco adoptada por esta Cámara.
Por cierto, he hablado de ayudas de las administraciones al sector, tanto
al agricultor remolachero como a la industria, y aquí tengo un cuadro de
las ayudas que el sector ha recibido en los últimos años. Es de justicia
señalar que, en una zona importante de producción de remolacha, citada
por el señor Amarillo, como Castilla y León, la Junta ha aportado ayudas
que duplican a las concedidas por los gobiernos de Castilla-La Mancha y
Andalucía juntos, siendo en estas tres comunidades, Castilla-La Mancha,
Andalucía y Castilla y León, junto con Aragón y alguna otra, donde se
produce la mayor parte de la remolacha española.
Quisiéramos señalar, además, que parte del contenido de esta proposición
no de ley ya está asumido por el Gobierno y aprobado unánimemente en
algunas iniciativas del Congreso y del Senado y, sobre todo, en la que
acaba de citar el portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió, que
tuvo lugar en el Senado la pasada legislatura, y que defendió
brillantemente el hoy portavoz de Convergència i Unió en el Congreso,
señor Companys.
En el tercer punto de la proposición no de ley queremos interpretar,
porque tampoco se dice muy claramente, que lo que se pide es la tutela
por parte del Ministerio de Agricultura para evitar la venta de alguna
empresa azucarera de capital español a una sociedad de capital
extranjero. Este supuesto peligro se ha señalado por parte del portavoz
del Grupo Socialista, y asimismo lo ha reiterado el portavoz de Izquierda
Unida. En este punto, señorías, y en nombre del Grupo Popular, debo
recordar las distintas actuaciones y las repetidas manifestaciones
efectuadas por la Ministra de Agricultura en orden a no autorizar la
venta de una de las cuatro azucareras españolas a una sociedad de capital
no español. Esto ha sido dicho y reiterado por parte del Gobierno y por
boca de su Ministra de Agricultura.
Aquí no hacemos, en este caso no hace el Gobierno, más que seguir el
ejemplo de nuestros socios y competidores, como Francia o Inglaterra. De
todos es conocido que hace muy pocas fechas la sociedad azucarera
Compagnie Française de Sucrerie, con 360.000 toneladas de cuota, fue
vendida a tres sociedades de capital francés, al vetar el Ministerio
francés de Agricultura la entrada de socios extranjeros, quedando fuera
ofertas de compra presentadas por compañías del Reino Unido o de
Alemania. Lo mismo ocurrió hace años al vetar el Gobierno británico la
compra de la compañía inglesa British Sugar por parte del Gobierno
italiano (Ferruzzi). En este sentido, reitero nuevamente la postura del
Ministerio de Agricultura y del Gobierno en su nombre, porque lo hemos
oído por activa y por pasiva, puesto que la postura es clara y firme y no
habrá venta de azucareras españolas a firmas extranjeras.
Esta claridad y firmeza es la que desde esta parte diestra de la Cámara
veníamos pidiendo desde hace años al entonces gobierno socialista en aras
a evitar que ocurriera lo que finalmente ocurrió en algunos subsectores
de la alimentación español, y es que se vendieran a sociedades
extranjeras con gran perjuicio para el sector industrial y, sobre todo,
para agricultores y ganaderos.
Señor Presidente, señorías, si lo que subyace de una manera un tanto
confusa en el fondo de la proposición no de ley, y quieren que se diga
con claridad, es que tememos que se alteren las actuales cuotas
remolacheras, debemos decir claramente que eso, en opinión del Grupo
Popular, ni es viable ni conveniente en estos
momentos. El Grupo Socialista en este sentido parece ignorar que toda
cuota de azúcar de una fábrica o empresa azucarera lleva emparejada
indefectiblemente los derechos de producción de remolacha de un grupo de
agricultores. Recordemos que cuando España se incorporó, y lo ha citado
el señor Amarillo, a la Unión Europea, se nos asignó un millón de
toneladas como cuota nacional, y su distribución se hizo teniendo en
cuenta la ubicación de las fábricas para optimizar costes y poder atender
los derechos de producción de remolacha de los agricultores. Por cierto,
un paréntesis. No vamos a entrar ahora en lo que fue la negociación del
Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea en materia de azúcar,
pero debemos recordar aquí y ahora que esa negociación no fue buena, ya
que se nos fijó una cuota de producción sensiblemente inferior a la media
del consumo habido en los años anteriores a la adhesión y además se
olvidaron totalmente del cultivo de la caña de azúcar.
Cerrado este paréntesis, en concordancia con el espíritu de relación
entre la cuota de una fábrica y los derechos de producción de un
agricultor, en los distintos acuerdos interprofesionales, las partes, los
industriales y los agricultores, han tenido sumo cuidado de no alterar
este equilibrio entre las cuotas de producción de cada una de las zonas
remolacheras españolas. Recordemos incluso que la cuota de una zona no es
más que la suma de los derechos individuales de producción de remolacha
de todos los cultivadores de esa zona. Incluso esos derechos se
respetaron en cada zona cuando en la zona centro durante algunas campañas
no se alcanzó la cuota de producción asignada.
Para finalizar con el tema de las cuotas, debemos hacer alguna
puntualización más. Dentro del marco de reestructuración del sector, los
cierres de fábrica --que también se han citado-- que se han producido en
los últimos años han ido precedidos de los correspondientes acuerdos
interprofesionales, en aras a garantizar tanto los derechos individuales
de cada agricultor como la permanencia del cultivo en cada una de las
zonas productoras, y es el sector mismo quien lo ha hecho, sin
intervenciones exógenas.
Por otra parte, la transferencia de cuotas entre empresas, e incluso
entre fábricas de una misma empresa, implicaría, necesariamente, un
encarecimiento en el transporte y, lo que es peor, supondría despojar a
unos agricultores de sus derechos de producción en favor de otros sin una
causa que lo justifique.
Señor Presidente, señorías, por todo lo expuesto hasta el momento no
vemos la necesidad ni la oportunidad de cuanto nos plantea el Grupo
Socialista en esta proposición no de ley sobre el sector azucarero, pero
es que, además, me permito recordar que los tres puntos de esta
iniciativa parlamentaria están basados en una motivación, como es lógico
en la mecánica parlamentaria. Pues bien, sin ánimo didáctico, pero sí
desde el rigor y desde el deseo de aclarar las cosas, debo decir que en
la citada motivación de la proposición no de ley se aportan datos
inexactos, en parte corregidos en la intervención del señor Amarillo, y
esos datos no responden a la realidad del momento...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor MADERO JARABO: Concluyo, señor Presidente, diciendo que el
número de sociedades que se cita en la proposición no de ley no es
exacto; son cuatro las que intervienen en el sector.
Quiero aclarar también, en nombre de mi grupo, en contraposición a la
información desfasada del Grupo Socialista, que la distribución de la
cuota de azúcar coincide con la que ha señalado el señor Amarillo y no
con la que figura en el texto de la proposición no de ley.
En cuanto al número de fábricas de azúcar de remolacha, permítanme
recordarles que andan atrasados de datos porque en la actualidad existen
doce en la zona norte, una en la zona centro y seis en la zona sur, y
sigue la reestructuración. Esto significa que hay diecinueve fábricas y
no el número que apuntan en la exposición de motivos de su proposición no
de ley.
Las cifras referentes a la capacidad de molturación también están
equivocadas, ya que, frente a la cifra indicada por el grupo proponente,
la realidad es que se dispone en España de una capacidad diaria de
molturación de 5.550 toneladas/día.
Finalmente --y termino, señor Presidente--, reitero la opinión de mi
grupo en el sentido de que esta proposición no de ley que nos presenta el
Grupo Socialista no responde a los intereses generales del sector
azucarero español, tal como está planteada; no la vemos necesaria en el
momento presente; es reiterativa y no se adecua a las condiciones
concretas ni a la realidad que vive el sector ahora mismo.
Queda así fijada la posición del Grupo Popular sobre el tema debatido, y
sólo me queda agradecer la atención de SS. SS.
Señor Presidente, muchas gracias. (El señor Amarillo Doblado pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Madero.
Señor Amarillo, como usted sabe, los debates de las proposiciones no de
ley se llevan a cabo mediante la aplicación del artículo 195, según el
cual el grupo proponente tan sólo puede intervenir en segundo turno para
expresar la aceptación o denegación de las enmiendas presentadas por el
resto de los grupos parlamentarios. No se han presentado enmiendas y los
grupos parlamentarios simplemente han fijado la posición. Gracias, señor
Amarillo.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Socialista del Congreso, sobre el sector industrial azucarero español.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a
favor, 136; en contra, 158; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
--DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONSTITUCION DE UNA COMISION NO
PERMANENTE ENCARGADA DE LA ELABORACION DE UN INFORME QUE SIRVA DE BASE
PARA LA NECESARIA REVISION DEL MODELO DE ESTADO ACTUAL (Número de
expediente 162/000014)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se
acuerda la constitución de una Comisión no permanente encargada de la
elaboración de un informe que sirva de base para la necesaria revisión
del modelo de Estado actual.
Por el Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presentó ante la Mesa de la Cámara, en el mes de abril del presente año,
una iniciativa que pretendía que en el seno del Congreso se constituyese
una Comisión no permanente para analizar, reflexionar y recibir las
propuestas que en su conjunto hacían referencia a un nuevo impulso, a un
nuevo paso en la profundización del modelo de Estado que se había
derivado de todo el proceso autonómico en nuestro país. Pretendía, por
tanto, superar algo que estaba siendo centro de la discusión de una
relación ligada fundamentalmente a componer una mayoría de gobierno y a
un exceso de bilateralidad estable, en la que el Gobierno central, con
cada una de las comunidades autónomas, establecía la velocidad de
competencias, el sistema o regulación de funcionamiento para financiar
actuaciones del Estado, la manera en que se podía fortalecer la vida
municipal y lograr un gran pacto municipal, lo que en su día fue y sigue
siendo conclusión y compromiso de esta Cámara; en suma, había una
relación más bien de parte, había una relación algunas veces de
imposición desde arriba hacia abajo por acuerdo de partidos, pero no
existía un proceso en el que todo el conjunto de medidas estuvieran
encima de la mesa, en el que procediéramos a resituar un futuro de
nuestro país, a la profundización de competencias tanto de las
comunidades del artículo 151 como de las del artículo 143 y en el modelo
de Estado y administración periférica que teníamos en nuestro país,
porque si la financiación de ese modelo de Estado estaba más cercana al
ciudadano podría situarse en mejores condiciones de ser un instrumento
más ágil y, sobre todo, podríamos dar pasos importantes en la
simplificación y la agilización de la Administración.
Por tanto, empezaba yo la intervención diciendo que una propuesta situada
en el mes de abril hoy, en el mes de septiembre, vuelve a cobrar
importancia. ¿Por qué? Porque sigue siendo un tema de candente tensión en
nuestra sociedad la profundización en el modelo de Estado. Tenemos ahora
mismo encima de la mesa que hay comunidades que ven el modelo de
financiación autonómica de nuestro país para el período 1997-2000 de una
manera, comunidades que lo ven de otra, una comunidad que incluso está
planteando hacer un referéndum para poder solucionar el problema, y
estamos hablando una vez más de un nuevo pacto institucional, un nuevo
pacto competencial que pueda resituar o ampliar a las nueve o a las diez
comunidades del artículo 143 el nivel competencial. Incluso nos
encontramos en el seno de la Cámara debatiendo iniciativas parlamentarias
producidas en el seno de cada uno de los parlamentos autonómicos, como es
el caso de Aragón o el caso de Canarias.
Por tanto, ¿cuál es el objetivo de la propuesta de Izquierda Unida?
Conseguir que en el seno del Parlamento se haga una reflexión
globalizadora de ese nuevo impulso autonómico, de ese proceso de revisión
y adaptación del nuevo Estado y un proceso que signifique dar un paso más
en la federalidad de nuestro Estado, un paso más de profundización
autonómica que inicie esa nueva realidad desde el conjunto de toda la
realidad administrativa.
Dicho cuál es el objetivo de recuperar esa globalidad, ¿por qué hacerlo
en el seno del Parlamento en una comisión no permanente en lugar de
hacerlo en una comisión como la Constitucional o puntualmente en cada uno
de los actos que a nivel administrativo puedan funcionar? Porque nosotros
creemos que en el seno de la Comisión Constitucional se verían las
reformas estatutarias de los distintos estatutos de autonomía, pero no
podríamos abordar la dimensión de administración del Estado que queremos,
cuáles de las competencias actuales pasan a las comunidades autónomas,
qué competencias de las comunidades autónomas pueden pasar a la vía local
y a los ayuntamientos, cómo lo financiamos y, sobre todo, de qué manera
abordamos una superación que en nuestro país está empezando a ser
imperiosa y es la realidad provincial.
Nosotros creemos que la excesiva estructuración provincial hoy es
obsoleta y tenemos que dar paso a una nueva dinámica de Estado, a un
proceso federalizante del Estado que culmine en un nuevo modelo.
Por tanto, hay muchas realidades que estudiar, desde un pacto local al
funcionamiento de la administración periférica, a una realidad de la
nueva Función Pública, a una simplificación; en suma, vertientes de
varias administraciones, vertientes de varias competencias. Por eso
creemos que debe hacerlo una comisión no permanente, que, una vez
concluido el trabajo, presenta su informe y se disuelve.
¿Por qué hacer esta reflexión aquí y no en el Senado, cuando estamos
hablando de la organización del Estado? Fundamentalmente porque creemos
que aquí hay una mayor proporcionalidad de todas las formaciones
políticas con presencia en todo el Estado y porque hay una reforma
administrativa por encima de la meramente competencial en los territorios
que debe ser analizada en el seno del propio Congreso.
Por tanto, hoy traemos a este Pleno la posibilidad de componer un
funcionamiento, una comisión no permanente, que permita abordar la
reforma de la organización territorial del Estado, el papel de cada una
de las administraciones, el impulso de ese techo competencial de los
municipios y un mayor protagonismo, la idea de la reducción del papel de
la provincia y de las diputaciones provinciales, la revisión de las
leyes-base y de las distintas competencias de los estatutos de autonomía,
la posibilidad del incremento de los recursos y del poder político de los
entes más cercanos a los ciudadanos y la participación de las comunidades
autónomas en lo que pueden ser decisiones que estamos trasladando desde
el Estado hacia el proceso europeo.
En suma, queríamos hacer una reflexión que en su conjunto evitara la
fractura que se puede producir a nivel político, a nivel territorial, y
el alejamiento de confrontación que puede provocar una discusión,
partidaria por un lado, que luego se impone, o una discusión que se hace
al margen de la luz y taquígrafos de la relación ciudadana. Ese es el
objetivo: retomar en sede parlamentaria la iniciativa política, hacer
residir esa reflexión globalizadora y poner en marcha, a través de esta
comisión no permanente, una serie de estudios o propuestas que durante el
año 1996 profundizara en ese modelo de Estado.
Es verdad que, al margen de que se ponga en marcha esta comisión o no, la
fuerzas políticas pueden llegar, fuera de sede parlamentaria, a
determinados acuerdos que impulsen el modelo autonómico, que profundicen
en el modelo de financiación, que recupere el protagonismo de la vida
local, pero no estaremos abordando el problema desde la dinámica global.
Nuestro país, hoy, necesita de un nuevo salto cualitativo en el modelo de
organización de nuestro Estado. Tenemos experiencia suficiente, han
transcurrido quince años con este funcionamiento de la organización del
Estado, podemos profundizar en esa realidad autonómica actual para
ampliar esa conciencia de una nueva administración que simplifique, que
agilice y que dé mayor protagonismo a los entes más cercanos a los
ciudadanos. Ese sería el objetivo de nuestra propuesta. Porque se ponga
en marcha la comisión no permanente no se ha solucionado todo,
simplemente se ha hecho residir aquí en el Parlamento, con luz y
taquígrafos, la discusión que cada fuerza política quiera traer y, sobre
todo, podremos articular mejor las propuestas que puedan tener un
resultado final a nivel de ley o para estudiar otra solución.
Estoy convencido de que la oportunidad, a pesar de haber perdido la
relación de composición del Gobierno que en el mes de abril teníamos, hoy
sigue estando vigente y que el esfuerzo que podríamos hacer todos sería
positivo. En todo caso, estoy convencido de que los argumentos aquí dados
pueden haber fortalecido las ideas que cada uno de nosotros podríamos
traer. Como no se han presentado enmiendas ni propuestas de modificación
a la proposición no de ley, me imagino que los grupos han tomado su
posición: el rechazo o la aprobación, pero estoy convencido que, por la
argumentación que hemos dado, la posición será de aprobación y no de
rechazo.
Nada más, señor Presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, a nadie se le oculta que uno de los temas pendientes desde la
época de la transición es el problema de los pueblos que estamos
integrados en el Estado español y a nadie se le oculta que una de las
graves contradicciones que mantiene la Constitución Española de 1978 es
la de combinar un Estado unitario con un Estado que se presenta como
descentralizado desde el punto de vista administrativo. (El señor
Vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Y la
culminación de las contradicciones: el manejo de términos como
nacionalidades --que no repercute después en el resto del texto
constitucional-- con frases que pertenecen prácticamente al pensamiento
joseantoniano, como puede ser la patria común e indivisible de todos los
españoles.
En todo caso, está claro que las virtualidades de la Constitución
Española, que las tiene y muy profundas, sobre todo con el paso del
tiempo, no están en su Título I, y no hay más que analizar el problema
lingüístico y cómo hubo que ir resolviéndolo o enfrentándolo en los
estatutos de autonomía, para darnos cuenta de que, realmente, el artículo
correspondiente de la Constitución Española es pacato, exiguo y
restrictivo.
Por si esto fuese poco, parece que hay una especie de actitud implícita,
que nunca se explicita, de que es necesario reformar el texto
constitucional, pero, ¿hasta dónde y en qué aspectos? Nosotros, desde el
Bloque Nacionalista Gallego, creemos que no puede seguir habiendo
temas tabú, que, sin embargo, son realidades contundentes en la práctica.
Es corriente que algunos líderes políticos con audiencia en los medios de
comunicación más importantes hablen de Estado plurinacional, pero,
realmente, este tipo de proclamas no tiene después su traslación a los
debates institucionales, por lo menos en las Cámaras en las que nosotros
tenemos representación. Es urgente que haya un reconocimiento ideológico,
cultural e institucional de lo que es una realidad práctica, porque si no
difícilmente vamos a poder criticar a aquellos que no enfrentan temas que
son intratables o que son demonizados y, lógicamente, hay que hacerlo por
la puerta falsa o bien con un tipo de resultados que puede no gustar a
otras zonas del Estado.
En todo caso, señorías, nos preguntamos si es posible seguir obviando el
problema de la construcción de la Unión Europea cuando, dentro del
Estado, no tenemos solucionado el problema de la convivencia de las
distintas naciones. Nosotros pensamos que hay cinco temas por lo menos
que es importante debatir en esa comisión que se propone y, por eso,
vamos a apoyarla.
Efectivamente, no podemos seguir manteniendo provincias y diputaciones
que tropiezan no ya con un utópico derecho de autodeterminación, sino con
un Estado autonómico que tenga el derecho a denominarse como tal. En ese
sentido, el proyecto de ley de organización administrativa del Estado,
que vamos a debatir, es también un modelo de incapacidad.
Además, si el texto constitucional hace diferencia entre nacionalidades y
regiones, enfrentemos ahora el problema que no hubo capacidad para
enfrentar en 1978 y al que se dio una solución mala para todos, que es el
café para todos. Debatamos si el texto constitucional tiene que enfrentar
o no el problema del derecho de las naciones a la autodeterminación e
incluso si tenemos que debatir o no el derecho de todas las naciones o de
las comunidades que tengan la misma lengua a reconstruirse nacionalmente
y, en todo caso, en qué va a consistir la unidad de las naciones del
Estado y cómo va a ser. ¿Podemos ir dejando al margen de esta unidad
entre iguales la planificación económica, la representación del Estado en
el extranjero o incluso la estructuración de las Fuerzas Armadas? ¿La
reforma del Senado va a seguir siendo palabrería sin trascendencia de la
que escapan fundamentalmente aquellos que tienen una conciencia
nacionalista más aguda? ¿No hay que plantear de una manera realista y
transitoria si no habría que estudiar una estructuración del Senado que
realmente diese el derecho de veto a las naciones que integran el Estado
español para leyes que puedan perjudicarlas gravemente o incluso el
derecho a usar sus lenguas respectivas en las intervenciones en el
Senado?
Por último, señorías, está bien que hablemos de jerarquía de las
administraciones, pero lo primero que habrá que tratar será la relación
igualitaria entre los pueblos. Como sabemos que estos debates se hurtan y
se demonizan, pensamos que, después de más de quince años, esta
problemática merece que esta Cámara, la Cámara de los Diputados, la tenga
en cuenta, por respeto al pluralismo, a la democracia, a los derechos
individuales y a los colectivos sin los cuales no existe el contexto
democrático. Por tanto, demos nuestro apoyo a esa comisión no permanente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Sánchez.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha propiciado
en la tarde de hoy un debate sobre el modelo de Estado, y lo provoca
mediante una proposición no de ley que pretende, como ha dicho el señor
Ríos, la creación de una Comisión no permanente que tenga por objeto la
elaboración de un informe que, a su vez, sirva de base para una revisión
del modelo y, junto a la revisión de ese modelo, una revisión de la
mismísima Constitución.
En consecuencia, mediante el uso legítimo, un uso lícito, por supuesto de
un muy concreto instrumento reglamentario, se quiere llegar a una
modificación constitucional por una vía alejada del artículo 87 de
nuestra Ley de leyes. Quizás una vía no sólo alejada sino sencillamente
opuesta a la que prevé el citado artículo de nuestra Constitución.
Sólo por ello, por vehicularse erróneamente la iniciativa que estamos
tratando, entendemos que debiera ser rechazada por esta Cámara, como lo
va a ser por supuesto con los votos del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), porque el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no nos trae hoy una proposición de reforma
constitucional, conforme a las exigencias de nuestro Reglamento,
concretamente las previstas en los artículos 146 y 147, sino que nos
invita --dicen-- a una reflexión previa a la redacción de un informe que
va a avalar --se nos propone-- esa reforma constitucional que cree
necesaria respecto del modelo de Estado.
Nuestra primera objeción, señor Presidente, señorías, lo es al
instrumento parlamentario escogido por considerarlo cuanto menos
inadecuado respecto de las propias previsiones constitucionales de
reforma del texto constitucional y de las propias previsiones
reglamentarias, al exigir nuestro Reglamento para estas últimas una
proposición de ley no una proposición no de ley, por tanto un texto
articulado que concrete la revisión constitucional que se propone,
suscrito este texto por
dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los Diputados.
Hay más. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en la exposición de motivos que acompaña a esta proposición no
de ley que estamos debatiendo, confunde la cesión de soberanía que ha
supuesto en la práctica la presencia de España en la Unión Europea y
otras organizaciones supraestatales, pongamos por caso la propia OTAN,
con la organización interna del poder político del propio Estado. Aquí
hay una confusión que nosotros entendemos absolutamente innecesaria,
porque, siendo obvio que contribuyendo a la formación de una voluntad
política superior queda resituada, por ejemplo, sin ir más lejos, nuestra
potestad legislativa o la propia potestad ejecutiva, es igualmente
nítido, claro, obvio, que esa idéntica pertenencia a la Unión Europea no
ha supuesto, pongamos por caso, para Francia ni para Alemania, para el
Reino Unido ni para Holanda, y menos para Bélgica, una reformulación de
su propio modelo de Estado.
La ecuación que nos presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
que consiste en decir que construcción europea es igual a cambio de
modelo de Estado, esta ecuación que se nos sugiere, que se nos propone,
no es cierta, al menos no lo es siempre, y por el momento ni tan siquiera
ha sido practicada.
Por otra parte, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya nos formula no pocas contradicciones evidentes en su propia
propuesta, como, por ejemplo, son las siguientes: nos habla --cito
literalmente-- de profundizar en el actual modelo de Estado de las
Autonomías para, a continuación, sugerir --también cito literalmente-- la
necesaria revisión del modelo de Estado actual, con lo que pasamos de un
profundizar a un cambiar la Constitución. Nos habla de un salto adelante
o de un impulso, como ha dicho literalmente el señor Ríos en su defensa
de la propuesta, relativo al modelo de comunidades autónomas para,
seguidamente, proponer un Estado federal como sustitutorio del existente.
Nos habla de que sea este Congreso de los Diputados quien elabore un
informe revisionario del modelo de Estado actual para a continuación
añadir que el llamado proceso federalizante debe ser hecho con las
organizaciones sociales, como si el Parlamento, sindicatos y asociaciones
empresariales estuvieran en un plano de igualdad ante una propuesta de
revisión de la Constitución, hecho que al menos nosotros, desde nuestra
perspectiva, y por supuesto respetamos la perspectiva de Izquierda Unida,
no observamos por ninguna parte, al ser sus orígenes y sus cometidos muy
distintos.
Nos habla, además, de ir hacia un Estado federal, a la vez que se nos
propone mantener la actual organización territorial con municipios, con
provincias y con comunidades autónomas, el doble listado competencial
para el Estado y las comunidades autónomas, etcétera, con lo cual uno no
sabe hacia dónde se va ni a través de qué caminos ni con qué medios se va
a contar. El confusionismo en la exposición de motivos es total en lo
relativo a la concreción de la propuesta que nos hace Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
La verdad, señor Presidente, es que si el objetivo, como subraya y como
dice el grupo proponente, es eliminar duplicidades administrativas,
racionalizar y simplificar las actuaciones públicas, incrementar el poder
político de las comunidades autónomas, abrir la vía --todavía virgen--
del artículo 150.2 de la Constitución, reducir a la mínima expresión la
llamada administración periférica del Estado, revisar leyes básicas que
suponen laminación competencial autonómica, elaborar un modelo de
financiación autonómica basado en los principios de suficiencia
financiera, corresponsabilidad fiscal y solidaridad territorial,
reconocer la realidad plurinacional del Estado o potenciar, pongamos por
caso, y para cerrar, la participación de las comunidades autónomas en los
temas de decisión europea, si el objetivo que pretende esta propuesta es
todo esto, como se dice en el texto que nos ha presentado Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la verdad es que nosotros no encontramos
necesaria la revisión constitucional que se nos sugiere ni se precisa
otra cosa para ello que no sea la voluntad política de hacerlo, porque la
actual Constitución ya lo facilita, que es exactamente lo que venimos
afirmando y propugnando desde 1978 aquí, en el Congreso de los Diputados,
y también fuera de aquí.
En definitiva, señor Presidente, señorías, no nos vamos a subir a un
autobús contratado por una parte, cuyos asientos son variopintos y cuya
ruta es fijada según las circunstancias por las que vayamos o vaya
atravesando esta Comisión.
No siendo del todo atractivo tal viaje que nos propone Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, nos quedamos donde estamos porque con los
años y con la experiencia, señorías, el espíritu aventurero se nos
relaja, al menos a nosotros.
Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Rodríguez Zapatero.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Socialista sobre esta
proposición no de ley, ciertamente amplia, compleja, desde nuestra
perspectiva ambiciosa y que seguramente ha utilizado un cauce, como ha
sido ya señalado por algún portavoz, inadecuado para los fines que
posiblemente laten en el fondo de la preocupación. Es verdad, y yo creo
que hay que remontarse a
la fecha de la presentación de esta proposición no de ley, que el proceso
de formación de la mayoría parlamentaria que sustenta al actual Gobierno
y los acuerdos que en su día se produjeron de manera bilateral entre dos
formaciones políticas, seguramente de forma legítima, abrieron una
expectativa de inquietud, de preocupación y de zozobra en muchos aspectos
tan importantes y tan vitales para el funcionamiento y desarrollo del
Título VIII de la Constitución. No obstante, el Grupo Socialista cree que
la inmensa mayoría de los aspectos que aquí se contemplan, que justifican
en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda-Unida la
posible creación de una Comisión --ciertamente la creación de una
Comisión más-- siempre tiene el aspecto criticable de la virtualidad o de
la utilidad para provocar un informe, la mayoría de esas cuestiones están
en el hecho de la vida política de esta legislatura y seguramente de la
que viene, como lo han estado en la anterior y en la anterior.
¿Por qué? Porque el Grupo Socialista entiende que la organización
territorial del Estado, que desarrolla y regula nuestro Título VIII de la
Constitución, no es algo acabado, no es un modelo cerrado. Lógicamente su
desarrollo durante estos años, desde 1978, ha ido perfilando buena parte
de una nueva arquitectura territorial de un Estado muy distinto, desde un
Estado centralista a un Estado descentralizado políticamente.
No obstante, estamos debatiendo ahora sobre financiación autonómica --no
sé si a través de los cauces más adecuados--, ahí están los instrumentos
que hay --el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el diálogo
directo--, y sin duda esta Cámara intervendrá directamente en el proceso
de modificación, en su caso, de la Lofca y en el presupuesto general de
cada año. Ese debate surgirá muchas veces sin que se tenga que abordar
cada cierto tiempo una revisión del modelo de organización territorial y
mucho menos quizá una revisión del propio texto constitucional.
Creo que cuando hablamos de un modelo, con la tendencia dogmática que
tiene el texto de profundizar, de pasar de un modelo de un Estado
autonómico a un Estado federal, no se sabe muy bien qué es lo que se
quiere decir, qué problemas reales se quiere resolver. Seguramente, el
Grupo de Izquierda Unida compartirá con nosotros que se pueden citar en
esta Cámara muchos países cuyas constituciones son federales o se
autotitulan como federales, pero que tienen un ámbito de
descentralización política menor, sin duda, que el que existe hoy en
nuestro país y permite el Título VIII de la Constitución.
Digamos que esa es la gran virtud del Título VIII, también el gran
problema, que no diseña un modelo cerrado, un modelo final, sino que es
un modelo flexible con una clarísima vocación descentralizadora en
términos políticos y en términos financieros, y creo sinceramente que en
términos objetivos.
Si analizamos con cierta serenidad lo que ha sido el desarrollo desde la
aprobación de la Constitución de 1978, no parece adecuado pensar que
estemos al borde de la necesidad de dar un impulso nuevo o un gran salto,
no se sabe muy bien hacia donde. Hay que reconocer que a pesar de las
críticas y de las insuficiencias objetivas, ese Título VIII ha permitido
provocar, en un cierto marco de estabilidad, la mayor transformación en
profundidad que se puede pensar de un Estado tan centralista, como era el
nuestro, a un Estado tan descentralizado como es hoy el Estado español. Y
se ha hecho, desde nuestra perspectiva, en un tiempo récord, en términos
comparativos o históricos, y también la descentralización en materia
financiera.
Por ello, creemos que el que esta Cámara entre en un debate para analizar
si el actual reparto de poder político entre el Estado y las comunidades
autónomas responde a un modelo más o menos federal o más o menos
federalizante, no nos llevaría a ningún sitio. Lo que hay que hacer es
resolver los problemas concretos que quedan pendientes por ese
desarrollo; algunos de ellos quedarán para siempre, porque todos los
Estados descentralizados cada equis tiempo replantean su modelo de
financiación y otras cuestiones, igual que el Estado del Bienestar tiene
cada cierto tiempo determinados planteamientos de sus fundamentos de su
desarrollo.
Honradamente, creo que la arquitectura del Estado descentralizado,
llamémosle de las autonomías, más o menos federal o con tendencia
federalizante --son opiniones doctrinales-- está bien asentada en su
funcionamiento básico.
Quedan por desarrollar algunos aspectos, muchos de los cuales --no nos
vamos a engañar-- van a estar en la agenda de esta legislatura, incluso
están ya en la propia Cámara. Tendría poco sentido y sería una pérdida de
tiempo entonces debatir, por ejemplo, la ley de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado, que toca algunos
de los temas que el Grupo de Izquierda Unida quiere que vayan a una
comisión para que se elabore un informe, si es que coincidimos --y creo
que coincidimos-- en la necesidad de una reforma de la Administración
Periférica del Estado, o seguramente el pacto local, que es otro de los
puntos que aborda. Es verdad que en esto el Gobierno va lento, y
seguramente podemos compartir esa preocupación, pero que ahora una
comisión no permanente hiciera un informe para el pacto local --informe
que ya está hecho, porque ya hay la suficiente documentación, las
suficientes posiciones clasificadoras sobre lo que debería ser un pacto
local-- no nos llevaría a ningún sitio.
Desde esa perspectiva, lógicamente, queda por completar, y también está
en un proceso bastante avanzado, el desarrollo estatutario de las
comunidades autónomas, tanto por la vía del artículo 143 como del 151.
Hay dos reformas de estatutos en esta Cámara y existe la voluntad
--creo-- de una buena parte de los grupos parlamentarios de intentar que
esta nueva reforma sea
ampliamente consensuada. Sería deseable que la mayoría de los grupos, o
todos ellos, participasen de ese consenso.
Hay algún otro punto que rebasa lo que podría ser el análisis de la
organización territorial del Estado o la conveniencia de modificaciones
más o menos en profundidad, como es el tema relativo a la Función
Pública, que creo honradamente que se saldría de este ámbito.
Además --y ya lo ha explicado o justificado en cierta medida el portavoz
de Izquierda Unida--, es verdad que para muchos de estos temas (que,
insisto, al Grupo Socialista le gustaría que no entraran dentro de la
categoría de grandes reformas, de grandes transformaciones, sino que
entraran dentro de la normalidad de la agenda política, de lo que es un
esfuerzo de impulso de la oposición o de iniciativa del Gobierno que,
como acabo de decir, en alguno temas va ciertamente retrasado y con mucha
confusión, como es la cuestión del modelo de financiación autonómica)
entendemos que existen ya los suficientes ámbitos en esta Cámara, y fuera
de esta Cámara, para la adecuada discusión.
En última instancia el problema será de responsabilidad política de
quienes acuerden un modelo de una manera más o menos consensuada, pero no
de la aceptación de una hipotética revisión constitucional. Creo que es
una virtualidad de nuestro texto que, en una materia históricamente tan
compleja para España, haya habido un Título VIII con vida, y con vida
efectiva, ya desde 1978, que de manera real ha operado una profunda
transformación del Estado español. Creo que eso, para que no siempre
tengamos una visión crítica de nuestra propia realidad, de nuestra propia
historia, sea reciente o sea pasada, también merece la pena resaltarlo.
Hay muchos más problemas que se han resuelto positivamente con este
Título VIII y con el desarrollo que del mismo ha habido, en lo que es la
organización territorial del Estado, que los que quedan pendientes.
Sin duda el problema de la financiación autonómica es muy importante,
pero habrá que abordarlo con la racionalidad y la serenidad de que es una
cuestión más a desarrollar, a discutir y a debatir. Eso seguramente nos
descargará de esa especie de tendencia, muy propia de nuestro país, de
pensar que cada poco tiempo hay que revisar y cambiar todo, incluso
cuando se ha demostrado que las cosas pueden funcionar razonablemente
bien, aunque con tensiones, con problemas y con posiciones lógicamente
diferentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rodríguez
Zapatero, le ruego vaya concluyendo.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Sí, señor Presidente.
En consecuencia, el Grupo Socialista, aunque comparte la inquietud que
aparece y por el fondo de unos pactos de gobierno que han hecho modificar
muchas voluntades políticas, que abre muchas incertidumbres, no considera
que una comisión para redactar un informe sea útil para que nuestro
Estado y nuestra organización territorial funcionen mejor.
Discutamos cada uno de los temas y resolvámoslos en lo que es la
normalidad de los instrumentos que ya tenemos hoy dotados
constitucionalmente y en el Reglamento de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez Zapatero.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor Presidente, señorías, subo a esta
tribuna para expresar el parecer del Grupo Parlamentario Popular sobre la
proposición no de ley formulada por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. En esa proposición no de ley se pretende
que se constituya en el seno de esta Cámara una comisión no permanente
encargada de elaborar y aprobar un informe que sirva de base --y así se
dice para la reforma del modelo de Estado.
Sobre ello he de decirle, en primer lugar, que en nuestro grupo
consideramos como un elemento fundamental el consenso y el acuerdo en
todo lo que se refiere a la organización territorial del Estado. Pues
bien, con tal iniciativa, formulada sin ningún tipo de diálogo previo, de
forma absolutamente unilateral, no se observa lo que antes señalaba: la
interlocución fundamental en estas materias. Lo propio habría sido que
ustedes iniciaran un proceso de consultas con otros grupos a fin de
llegar a un mínimo acuerdo, pero no lo han hecho así, y ésta, decía, es
la primera razón, la forma de presentación de su iniciativa, por la cual
nosotros nos vamos a oponer.
Ustedes han actuado de forma diferente en otros asuntos importantes,
también considerados básicos, como sucede con la ponencia constituida
para el estudio y desarrollado del denominado Pacto de Toledo, que fue
aprobado por unanimidad en esta Cámara respondiendo a una iniciativa
presentada conjuntamente por cinco grupos, entre ellos el de ustedes,
pero no de forma exclusiva.
Pero además de esta razón, también hay otras de fondo. Ustedes piden que
se revise de nuevo el modelo. Nosotros consideramos que el modelo viene
establecido por la Constitución, y lo que hay que hacer es precisamente
aplicar y desarrollar el modelo que la Constitución establece, pero sin
necesidad de llevar a cabo ninguna reforma. Ciertamente, se ha dicho
antes, el modelo que establece la Constitución es un modelo abierto, pero
siempre presidido por el principio de descentralización, y eso es lo que
nuestro grupo quiere seguir impulsando: la descentralización que proclama
el modelo constitucional, pero, insisto, sin necesidad de revisar éste.
Tal vez a algunas personas les parezca muy insuficiente lo que se ha
llevado a cabo en estos más de diecisiete
años desde que existe nuestra Constitución, pero es lo que se ha venido
haciendo, y es indudable --y también se ha dicho-- que nuestra
organización territorial ha sufrido una importantísima transformación en
este tiempo, y de una manera muy especial --quiero destacarlo-- la
realizada por los gobiernos centristas entre los años 1979 y 1982, dando
lugar a la aprobación de los estatutos.
Con posterioridad también se han dado importantes pasos, y es indudable
que muy pocos países pueden haber tenido una experiencia de
descentralización tan importante como la nuestra y en tan breve tiempo.
Sin embargo, no les voy a hablar de lo que se ha hecho o de lo que es el
pasado, sino más bien de lo que se está haciendo y de lo que queremos
hacer, que no es sino desarrollar el sistema autonómico, desarrollar el
modelo constitucional. En el breve tiempo que lleva este Gobierno se han
aprobado nada menos que 45 decretos de transferencia que han permitido a
las comunidades del artículo 143 culminar y dar plenitud a sus estatutos
de autonomía, incluso tras las reformas introducidas en el año 1994. Nada
más queda pendiente el tema educativo; es singular la complejidad como
consecuencia del cambio de sistema educativo introducido por la LOGSE, y,
en todo caso, esta única materia que falta será hecha efectiva en poco
más de un año.
Igualmente, se está tramitando en esta Cámara la reforma de los Estatutos
de Aragón y de Canarias, que deseamos que se completen antes del 31 de
diciembre.
Respecto al pacto local, también se está impulsando, y, en todo caso, lo
que lamento es el profundo retraso y la gran lentitud del anterior
Gobierno socialista, que en trece años no fue capaz de llegar a ese
acuerdo, a pesar de que había personas muy representativas y muy insignes
que, desde luego, defendían lo que es el pacto local.
Además del proyecto de ley remitido ya a esta Cámara, que regula e
institucionaliza la figura de la comisión sectorial de asuntos
comunitarios para incrementar la participación de las comunidades
autónomas, no puede olvidarse la rápida aprobación por el Gobierno del
denominado proyecto de Lofage, una de cuyas principales novedades, bien
es sabido, es que lleve a cabo una profunda reforma de la Administración
general del Estado precisamente para adaptar ésta a lo que es el modelo
descentralizado, al modelo constitucional. Esto es lo que estamos
haciendo: desarrollar el modelo constitucional, por lo que no
consideramos necesario, antes le decía y ahora le repito, modificar este
modelo. Por ello, nosotros vamos a seguir dando pasos con firmeza, pero
no vamos a dar saltos, huidas hacia adelante o hacia no se sabe dónde o
donde ustedes quieren llevarnos. En todo caso, parece que nos quieren
llevar a un Estado federal, dada sobre todo la reiteración de la
expresión que utilizan en su escrito de «federalizantes». Sobre ello
quiero decirle, con toda claridad, que ustedes tienen gran afición al
nominalismo. A nosotros nos interesa más lo que es el fondo de la
cuestión, lo que es el contenido. Y el contenido esencial es la
profundización en el principio de descentralización, lo que es la
profundización en el principio de subsidiariedad, lo que es el desarrollo
de la Administración única. Además, usted sabe que aun cuando España no
se denomina a sí misma un Estado federal, es indudable, nadie lo puede
negar, que nuestras comunidades autónomas tienen en bastantes casos más
competencias que las que pueden tener regiones o länders en otros estados
que sí se denominan a sí mismos federales.
Permítame añadirle una consideración. Ustedes, al presentar esta
iniciativa tal vez han pretendido ser más autonomistas o más
descentralizadores que nadie, pero yo les digo que no es así. Les
aplicaría lo que decía un personaje de Julien Green en una de sus
novelas: La virtud ha de ejercerse con mesura, pues en otro caso corre el
riesgo de convertirse en arrogancia. No creo que ustedes sean arrogantes,
pero sí que están equivocados. Ustedes, ciertamente, tienen la virtud,
así lo consideramos en el Grupo Popular, de ser profundamente
autonomistas. Pero les digo que no son ustedes, en modo alguno, los
únicos. El Partido Popular está gobernando en estos momentos en diez
comunidades autónomas, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla. En todas estas comunidades y en todas estas ciudades autónomas
el Partido Popular está impulsando lo que es el desarrollo autonómico, lo
que es el desarrollo estatutario.
En ese sentido, permítanme también que le eche en cara algo que creo que
debería haberse recogido en su iniciativa, cual es la referencia a la
participación de las comunidades autónomas en el proceso que ustedes
quieren abrir, dado que, lógicamente, al ser una comisión legislativa en
esta Cámara, los únicos miembros, tal como recoge su propuesta, tendrían
que ser los grupos parlamentarios representados en ella. Entonces me
pregunto cuál sería el papel de las comunidades autónomas. ¿Acaso
simplemente ser oídas o ser nada más que oyentes? Nosotros no pensamos
así. Estoy seguro que ustedes en el fondo tampoco. Nosotros consideramos
que las comunidades autónomas, en todo lo que supone la construcción y el
desarrollo del Estado autonómico, deben tener más bien una actitud más
activa y más participativa. Incluso, si las propias comunidades autónomas
sintieran tal necesidad de llegar a esa revisión del modelo de Estado, lo
habrían expresado así y ni siquiera lo han hecho.
Además, ustedes, en su iniciativa, pretenden que se lleve a cabo, que se
elabore e incluso que se apruebe un informe antes de final de año.
Permítame decirle que estos temas tan importantes no se pueden hacer con
tal premura o con tal vértigo. En otro debate se lo dije, señor Ríos, y
permítame que se lo repita ahora: no convirtamos nunca la virtud de la
rapidez en el defecto de la prisa.
Por último, quisiera expresar una razón anteriormente apuntada por otra
portavoz --por lo que simplemente me limitaré a señalarla--, por la cual
nosotros nos vamos
a oponer a su proposición no de ley. Esa comisión que ustedes pretenden
crear ya existe. Ya existe donde tiene que existir, que es precisamente
en el Senado. En su caso, tendría que ser en esa Cámara donde se
debatieran los asuntos, aun compartiendo buena parte de los señalados por
usted. Además, nosotros somos coherentes, y cuando decimos que el Senado
es la Cámara de representación territorial no lo decimos sólo en el
Senado, lo decimos en todos los foros y lo decimos también aquí. En el
Senado se trata de potenciar esa comisión general creada en la reforma de
enero de 1994. La lectura de la exposición de motivos de esa reforma del
Reglamento de la Cámara Alta, incluso el artículo 2.ª, y la lectura de
los apartados que usted considera que deben ser objeto de examen en esa
comisión no permanente, pone de manifiesto una identidad muy importante.
Por todas estas razones que he expresado, permítame decirle que, en
nombre del Grupo Popular, vamos a votar negativamente a su proposición no
de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel.
Vamos a proceder a la votación. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Votación sobre la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por la
que se acuerda la constitución de una comisión no permanente encargada de
la elaboración de un informe que sirva de base para la necesaria revisión
del modelo de Estado actual.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a
favor, 16; en contra, 276; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición de
ley.
DICTAMENES DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
--CONVENIO INTERNACIONAL DEL CAUCHO NATURAL, 1995, HECHO EN GINEBRA EL 17
DE FEBRERO DE 1995 (Número de expediente 110/000001)
El señor PRESIDENTE: Habiéndose acordado el cambio del orden del día,
procede que el Pleno examine los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre Convenios Internacionales.
Convenio Internacional de caucho natural, 1995, hecho en Ginebra el 17 de
febrero del mismo año.
¿Algún grupo desea fijar su posición sobre este Convenio y sobre el
dictamen que se somete al Pleno? (Pausa.) Si ningún grupo desea
intervenir sobre el dictamen, se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a
favor, 285; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen de la
Comisión de Asuntos Exteriores.
--TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO GENERAL SOBRE PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DEL CONSEJO DE EUROPA, HECHO EN ESTRASBURGO EL 6 DE MARZO DE
1959, Y EL ESTATUTO POR EL QUE SE MODIFICA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
DEL CONSEJO DE EUROPA, APROBADO POR EL COMITE DE DIRECCION DEL FONDO EN
VIRTUD DE SUS RESOLUCIONES 247 (1993), 248 (1993) Y (93) 22, Y RESERVA
QUE ESPAÑA PRETENDE FORMULAR (Número de expediente 110/000002)
El señor PRESIDENTE: Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo General sobre
Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el
6 de marzo de 1959, y el Estatuto por el que se modifica el Fondo de
Desarrollo Social del Consejo de Europa, aprobado por el Comité de
Dirección del Fondo en virtud de sus Resoluciones 247, 248 y 22, y
reserva que España pretende formular.
¿Algún grupo desea fijar su posición sobre el dictamen de la Comisión?
(Pausa.)
Se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a
favor, 289; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
--PROTOCOLO NUMERO 11 AL CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES, RELATIVO A LA REESTRUCTURACION
DEL MECANISMO DE CONTROL ESTABLECIDO POR EL CONVENIO, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 11 DE MAYO DE 1994 (Número de expediente 110/000003)
El señor PRESIDENTE: Protocolo número 11 al Convenio para la protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la
reestructuración del mecanismo de control establecido por el Convenio;
protocolo hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994.
¿Desea algún grupo fijar su posición sobre el dictamen de la Comisión de
Asuntos Exteriores? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a
favor, 291.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado por unanimidad.
El punto siguiente del orden del día versa sobre el dictamen de la
Comisión del Estatuto de los Diputados, procediéndose, en consecuencia, a
la sesión secreta, por lo que los servicios de la Cámara realizarán el
desalojo de las tribunas. Una vez que se haya efectuado dicho desalojo,
procederemos a la discusión.
Continúa la sesión con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS (Sesión secreta):
--DICTAMEN DE LA COMISION DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES DIPUTADOS
(Número de registro 3998)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión hasta mañana a las dieciséis
horas.
Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.