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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 532, de 12/01/2000
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 12 de enero de 2000 Núm. 532 GENERAL
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COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000019 Votos particulares presentados al Informe de la
Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Industria, Energía y
Turismo, para el seguimiento de los procesos de privatización y
reconversión de las empresas pertenecientes al sector público.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de los votos particulares presentados al Informe de
la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo, para el seguimiento de los procesos de
privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector
público (núm. expte. 154/000019), publicado en el «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 522, de 21 de diciembre de 1999.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Ala Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes tienen el honor de
dirigirse a esa Mesa, a fin de presentar votos particulares al
Informe de la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de
privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector
público (núm. expte. 154/000019).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 1999.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso. Mariano Santiso del Valle, Portavoz del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.-Ricardo Peralta Ortega, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.- José María Chiquillo Barber, Portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto.
Voto particular al «Informe sobre la Subcomisión para el seguimiento
de los procesos de privatización y reconversión de las empresas
pertenecientes al sector público»
I. Sobre la naturaleza y objetivos de la Subcomisión
La Subcomisión nace de una iniciativa de octubre de 1996 del Grupo
Parlamentario de CiU, ya formulada en la anterior legislatura, con el
objetivo de «conocer los criterios del Gobierno respecto a la
creación y ordenación de los grupos sectoriales con importante
dimensión financiera, capacidad tecnológica y presencia
internacional». Según el grupo proponente, el interés de la
Subcomisión se deriva directamente del Programa de Modernización del
Sector Público Empresarial del Estado, aprobado por el Gobierno en la
reunión del Consejo de Ministros de fecha 28 de junio de 1996.
La razonable pretensión de que el Congreso -a través de la Comisión
de Industria, Energía y Turismo- conociera ex ante los proyectos de
privatización del Gobierno a fin de emitir su opinión sobre los
mismos se vio truncada inmediatamente. En la reunión de la Comisión,
de fecha 10 de diciembre de 1996, el Grupo Parlamentario de CiU
acepta tres enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que, en lo aquí
interesa, transforman sustancialmente la naturaleza y objetivos de la
Subcomisión:
- El objetivo será «conocer, sin necesidad de emitir informe, las
operaciones concretas de privatización que se hayan realizado con
previa aprobación del Gobierno según lo previsto en el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996 por el que se establecen
las bases
del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del
Estado». Se trata, por tanto, de una Subcomisión que conocerá a
posteriori lo que el Gobierno haya aprobado, función para la que no
se necesitaría la existencia de un órgano específico, ya que
corresponde a una actividad normal del Congreso.
- La naturaleza de la Subcomisión se transforma en la medida en que
no deberá emitir informes específicos sobre los procesos de
privatización y que no podrá influir de forma relevante en las
actuaciones del Gobierno por cuanto que se limitará a conocer las
decisiones adoptadas por éste. Las posteriores precisiones sobre el
significado y alcance de la frase «sin necesidad de emitir informe»
no cambian en lo sustancial el enfoque adoptado.
Con estas características, la Subcomisión nace herida de muerte. El
desarrollo posterior de su lánguida vida mostrará su ineficacia y
sinsentido. La ceremonia de la confusión se ha iniciado.
II. Sobre el desarrollo de los trabajos de la Subcomisión
II.1 Sobre el ritmo de los trabajos de la Subcomisión
El ritmo de los trabajos de la Subcomisión ha sido lento, irregular y
sometido a las necesidades y deseos del Gobierno. Los siguientes
hechos avalan las afirmaciones realizadas:
- Transcurre un año entre la aprobación de la creación de la
Subcomisión en la Comisión de Industria, Energía y Turismo (diciembre
de 1996) y la aprobación por el Pleno del Congreso (diciembre de
1997).
- En tres ocasiones (junio de 1998, diciembre de 1998 y junio de
1999) el Pleno del Congreso ha debido acordar sucesivas prórrogas del
período de vida de la Subcomisión a efectos de la conclusión de sus
trabajos.
- Entre octubre y noviembre de 1998 se realizan dos sesiones de la
Subcomisión en las que comparecen tres altos cargos. Hay que esperar
hasta marzo y abril de 1999 para que, en otras tres sesiones,
comparezcan otros diez altos cargos. Después, la Subcomisión ha
permanecido inactiva hasta los días 13-14 de diciembre.
- Cuando se producen las primeras comparecencias, en octubre de 1998,
el Gobierno ya había adoptado acuerdos autorizando la privatización
del 81 por 100 del total de las empresas privatizadas en el período
1996-1999.
- Posteriormente a las últimas comparecencias, el Gobierno ha
adoptado, al menos, cuatro acuerdos de privatización.
II.2 Sobre las comparecencias de los altos cargos
El proceso y ritmo de las comparecencias de altos cargos ha puesto de
manifiesto la falta de respeto del Gobierno a los trabajos de la
Subcomisión y, por tanto, al propio Parlamento. Así:
- No han tenido lugar las comparecencias solicitadas de los tres
Ministros (Economía y Hacienda, Industria y Energía y Fomento) con
competencias en la materia.
- Las comparecencias de los Presidentes de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) y de la Sociedad Estatal de
Participaciones Patrimoniales (SEPPa) agentes gestores del proceso de
privatización, se realizaron antes de que se recibiera la información
solicitada por los grupos parlamentarios; consecuentemente, fue
imposible que los representantes de los citados grupos realizaran
eficazmente su tarea.
- En varias ocasiones, las comparecencias señaladas no han podido
realizarse en las fechas previstas, porque los Presidentes de las
empresas privatizadas llamados han alegado motivos de agenda o
similares, mostrando, así, su incapacidad para observar los usos
propios de respeto al Parlamento en una sociedad democrática. Ante
tales comportamientos, el Gobierno se limitó a ejercer una función de
mensajero diligente.
- Las sesiones de la Subcomisión, celebradas los días 25 y 26
-elevado número de comparecientes concentrados en pocas horas- son la
respuesta hipócrita del Gobierno para salvar la cara y cumplir
formalmente el procedimiento; misteriosamente, respetables
Presidentes de empresas privatizadas, con apretadas agendas de
trabajo, coinciden en el mismo día para cumplir sus obligaciones
ciudadanas antes olvidadas. La precipitada convocatoria de los días
25 y 26 se produce inmediatamente después de que el Grupo
Parlamentario Socialista anunciara su retirada de la Subcomisión ante
las reiteradas negativas de determinados Presidentes de empresas
privatizadas a comparecer ante la Subcomisión y la inacción del
Gobierno que amparaba este comportamiento insultante para el
Parlamento.
II.3 Sobre la información puesta a disposición de la Subcomisión
La información dispuesta para los trabajos de la Subcomisión ha sido
insuficiente, de baja calidad y de accesibilidad limitada:
- Insuficiente tanto en relación con las solicitudes concretas de los
grupos parlamentarios como en lo que afecta a la petición realizada
por el propio Presidente de la Subcomisión el 10 de junio de 1998.
Sin carácter exhaustivo, pueden citarse las siguientes carencias:
* Cuadernos de privatización de las empresas cuya enajenación se ha
realizado por procedimientos distintos a las ofertas públicas de
venta en los mercados de valores.
* Privatización de Aceralia: (i) Acuerdos del Consejo de Ministros y
de la Agencia Industrial del Estado sobre el inicio del proceso y
otras fases del procedimiento; (ii) Valoraciones realizadas por tres
expertos independientes de las acciones de las empresas filiales de
Arbed intercambiadas por acciones de Aceralia; (iii) Valoraciones de
las empresas del Grupo Aristrain que se incorporaron a Aceralia.
* Privatización de lnespal: (i) Valoraciones realizadas por expertos
independientes de lnespal; (ii) Acuerdos entre comprador y vendedor
respecto de las condiciones futuras de suministro de energía
eléctrica a las plantas de electrolisis.
* Informes-dictámenes prometidos por el Presidente del Consejo
Consultivo de Privatizaciones (en adelante, CCP) sobre el resultado
de las OPV de las empresas privatizadas por este procedimiento.
* Informes de auditoría emitidos por la Intervención General de la
Administración del Estado (en adelante, IGAE) sobre las operaciones
de privatización según lo establecido en el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 28 de junio de 1996 por el que se aprueba el Programa de
Modernización del Sector Público Empresarial del Estado.
* Distribución por conceptos de los gastos asociados a los procesos
de privatización.
* Aplicaciones detalladas por conceptos, empresas y años de los
ingresos derivados de privatizaciones obtenidos por la SEPI.
- De baja calidad, porque el Gobierno ha sustituido las informaciones
documentales solicitadas por otras referentes a tales materías, pero
procedentes de reelaboraciones o resúmenes de la documentación
original. En particular, cabe destacar que: (i) el Presidente del CCP
ha enviado a la Subcomisión los resúmenes elaborados para los medios
de comunicación de los acuerdos aprobatorios de los informes
emitidos, y (ii) que los informes de los Agentes gestores se limitan
a describir las fases del procedimiento y resumir algunas de las
ofertas sin que se adjunten las copias de los documentos originales
relevantes solicitados por los grupos parlamentarios.
- De accesibilidad limitada en la medida en que: (i) la Subcomisión
ha conocido los informes no originales de los acuerdos del CCP con
posterioridad a que éstos hayan sido divulgados públicamente y con el
mismo contenido; (ii) el Gobierno, mediante escrito de fecha 10 de
octubre de 1998, en contestación a la solicitud de documentación
realizada por la Subcomisión, contesta que: «El elevado volumen de
documentación solicitada por la Subcomisión dificulta, en gran
medida, su duplicación y traslado al Congreso. En consecuencia, la
documentación relativa a los procesos de privatización culminados por
la sociedad Estatal de Participaciones Industriales estará disponible
para su consulta por la Subcomisión en la sede de la SEPI, plaza del
Marqués de Salamanca, número 8». ¡Curiosa manera de facilitar a los
miembros de la Subcomisión el ejercicio de sus funciones!
III. Sobre las características, procedimientos y resultados del
proceso de privatización
III.1 Características
- Predominio de los motivos ideológicos sobre las razones de carácter
industrial. El Gobierno ha pretendido la desaparición del sector
público empresarial del Estado, apoyándose en argumentos puramente
ideológicos (ventajas de la propiedad privada frente a la pública,
mayor eficiencia del sistema económico, creación de un accionariado
disperso como forma de capitalismo popular, etcétera) que no resisten
el mínimo análisis riguroso desde las perspectivas teórica y de
política económica.
- La pretensión de generalidad, indiscutible en la formulación
gubernamental, se ha visto confrontada con
la dificultad de privatizar empresas con problemas de viabilidad
financiera o con necesidades de reestructuración. Por ello, el
Gobierno ha concentrado sus actuaciones en aquellas cuya enajenación
era sencilla, bien porque eran de pequeño tamaño, sea porque eran
empresas muy rentables en sectores en proceso de liberalización o con
características de monopolio natural o de hecho (servicios públicos,
como telefonía, electricidad, gas; distribución de tabaco), sea
porque eran empresas con fuertes posiciones en el mercado nacional y
recientemente reestructuradas y/o saneadas (Aceralia, Inespal, Indra,
Grupo Potasas). La simple enumeración de la cartera actual de
participaciones industriales de la SEPI (defensa, minería del carbón,
construcción naval, etc.) es indicativa, de una parte, del
incumplimiento de los objetivos gubernamentales (recuérdense
declaraciones del tipo «en el año 2000, sólo quedará Hunosa en el
sector público empresarial) y, de otra, de las limitaciones objetivas
del proceso de venta acelerado y generalizado.
- La obtención de ingresos para el saneamiento de las cuentas
públicas ha sido un objetivo explícito, aunque matizado por criterios
formales de tipo industrial y social, y razonablemente logrado. No
obstante, es necesario hacer algunas consideraciones críticas: (i) la
buena coyuntura económica ha favorecido notablemente la colocación de
acciones en las Bolsas de Valores, especialmente de las empresas con
posiciones dominantes en los mercados; (ii) la falta de información
en algunos procesos instrumentados mediante procedimientos distintos
dificulta emitir una opinión fundada sobre la adecuación entre los
ingresos obtenidos y los valores reales de las empresas vendidas.
III.2 Procedimientos
Los procedimientos reales utilizados, contradiciendo las previsiones
formales contenidas en el Programa de Modernización y de las
autoalabanzas habituales del Gobierno, se han caracterizado por la
falta de transparencia, la ausencia de mecanismos democráticos de
control y la confusión entre los intereses públicos y privados.
- Falta de transparencia ante los representantes de los intereses
generales y particulares, ya que:
* El Gobierno no ha proporcionado información suficiente ni
participación a los Sindicatos.
* El Gobierno no ha reunido en toda la legislatura la Conferencia
Sectorial de Industria, que es el órgano institucional establecido
para la cooperación de la Administración General del Estado con las
Comunidades Autónomas.
* El Gobierno ha impedido y obstaculizado el trabajo de la
Subcomisión creada en el Congreso, según se explica anteriormente.
- Ausencia de mecanismos democráticos de control, porque:
* El CCP es un órgano de naturaleza indefinida cuando no
fantasmagórica, no sometido al derecho administrativo, cuyos miembros
han sido designados por el
Gobierno, cuyo Presidente es diputado nacional por el Partido
Popular, y cuyas recomendaciones han sido y son sistemáticamente
desoídas e incumplidas por los agentes gestores. Resulta obsceno que
a pesar de las reiteradas críticas realizadas en los informes del CCP
al comportamiento de los agentes gestores, siempre se concluya que
«se han cumplido suficientemente los principios de transparencia,
publicidad y libre concurrencia».
* Aún no se conocen los Informes de auditoría que debe elaborar la
IGAE.
* Los trabajos de la Subcomisión no se han podido desarrollar por las
obstrucciones del Gobierno; sus actas no son públicas, y su
desarrollo ha estado plagado de imposiciones de los grupos
parlamentarios que apoyan al Gobierno.
* No existe ningún mecanismo institucional que permita que el
Congreso realice un seguimiento de los compromisos industriales y
laborales suscritos por los compradores de las empresas privatizadas.
- Confusión entre los intereses públicos y privados plasmada en
diversos hechos y fenómenos:
* Algunos de los miembros iniciales del CCP (tres, al menos) han sido
o son miembros de los Consejos de Administración de las empresas
privatizadas respecto de las que emitieron informes positivos cuando
eran integrantes del CCP.
* Entidades financieras que participaban en el capital social de las
empresas han cumplido funciones de asesoría o aseguramiento en los
procesos de privatización.
* La mayoría de los Presidentes de las empresas nombrados por el
Gobierno cuando tenía el control de las mismas se han mantenido en
sus puestos en la fase posterior a la privatización en claro
incumplimiento de las normas más elementales de ética pública.
Además, en las fases anteriores a la privatización, el Gobierno, a
través de los Presidentes designados, nombró a su vez a Consejeros
-independientes según su eufemismo habitual- de entre sus clientelas
habituales que se han mantenido en los órganos de gobierno de las
empresas. Ésta es la forma en la que el Gobierno materializa su noble
e innovadora iniciativa de «separación de la propiedad y la gestión
de las empresas».
III.3 Resultados
El proceso de privatizaciones realmente desarrollado ha tenido y
tendrá efectos negativos y rechazables en relación con los intereses
generales y el bienestar de la mayoría de los españoles. Algunos de
ellos son:
1. El Estado ha perdido instrumentos para hacer política económica e
influir en decisiones que afectan a la estructura industrial: (i) al
privatizar, antes de liberalizar, empresas en sectores que, en parte,
han sido o son monopolios de derecho o de hecho, los poderes públicos
no pueden utilizar la empresa estatal para ordenar y, en su caso,
acelerar los procesos de liberalizaciones sectoriales en curso; el
caso de Telefónica es paradigmático y patético es observar al
Ministro de Fomento intentando tumbarle el brazo al exultante
Presidente de la empresa; (ii) además, las políticas tecnológicas, de
inversiones
industriales y de internacionalización de tales grandes empresas, que
tienen gran capacidad de arrastre sobre otras empresas españolas, se
han escapado del ámbito de influencia de los poderes públicos y
quedan al arbitrio de accionistas y gestores más motivados por el
valor en la Bolsa a corto plazo (aquí, de nuevo, Telefónica se lleva
la palma de oro) que por la rentabilidad a largo. Mejor para los
intereses de todos hubiera sido que las privatizaciones definitivas
de tales empresas se hubiesen realizado en una fase posterior y una
vez que los respectivos sectores estuviesen más abiertos a la
competencia; claro que, en tal situación, las empresas hubieran
tenido probablemente un menor precio relativo, pero ello indicaría
que los ciudadanos estarían mejor, aunque el Gobierno y sus amigos
sufriesen algo.
2. La oscuridad, el maquillaje contable y la falta de control
parlamentario se han instalado y han dominado el proceso de
privatizaciones:
(i) Sólo el 33,5 por 100 de los ingresos obtenidos se han
contabilizado en los capítulos correspondientes de los Presupuestos
Generales del Estado; el resto, más de tres billones de pesetas, han
sido utilizados por los gestores de la SEPI para cubrir pérdidas y
deudas de empresas en dificultades -lacras del pasado socialista,
dice el Ministro Piqué- sin que el Parlamento conozca y apruebe con
detalle la aplicación de tales recursos. (ii) Sonroja ver cómo los
ilustres miembros del Consejo Consultivo de Privatizaciones (este
órgano semifantasma que debe garantizar la limpieza del proceso)
justifican en sus informes las decisiones del Gobierno y, cada vez
con más melancolía, formulan recomendaciones que éste incumple. (iii)
Con el sistema contable diseñado, el Gobierno puede presentar mejores
cifras de déficit público, ya que no computa como gastos las
aportaciones que hace la SEPI a sus empresas por un importe total,
para el conjunto de la legislatura, superior a 1,8 billones de
pesetas. Lo grave del asunto es que el chanchullo, la manipulación
contable y la propaganda sobre la transparencia se han enseñoreado
del paisaje y no será fácil sacarlas del cuadro.
3. El proceso de privatizaciones recompone y concentra la estructura
del poder económico en España mediante una singular alianza entre
viejos oligarcas y nuevos mandarines, casi todos afectos
ideológicamente a la derecha política española, cuyos efectos
negativos sobre la deseable autonomía del poder político serán
percibidos y sufridos por la mayoría de los españoles en los próximos
años. La secuencia de acontecimientos es tan precisa que no puede ser
casual:
- Primero, el Gobierno nombra a los Presidentes cuando las empresas
son públicas y no los cesa cuando las privatiza. Con ello: (i) viola
sus compromisos electorales sobre la profesionalización de los
directivos de las empresas públicas (el plantel de profesionales es
espléndido: ¿qué experiencia previa tenían buena parte de los
actuales Presidentes de las empresas en los sectores, o en otros
aledaños, en los que ahora deciden?); (ii) burla la normativa sobre
incompatibilidades de altos cargos de la Administración; (iii) impone
sus amigos a los accionistas
dispersos que han comprado acciones de las empresas privatizadas.
Probablemente, todo dentro de la legalidad, mas poco ético.
- Segundo, antes de privatizar nombra a otros de sus amigos que, bajo
la falacia de «consejeros independientes», toman el poder en la
empresa. Casualmente, estos «consejeros independientes» suelen ser
próximos al Gobierno, muchos no tienen experiencia en los sectores de
actividad de las empresas y se sitúan en varias de las empresas
privatizadas; algunos, incluso, han informado o decidido previamente
sobre las operaciones de venta (el último episodio es el nombramiento
como consejeros de Red Eléctrica de España del ex Director general
del Patrimonio del Estado y, a la vez, Presidente de la SEPPa y del
ex Vicepresidente de la SEPI). El curioso podría descubrir ciertas
tramas: el núcleo duro de los amigos de Aznar; los militantes del PP;
los de siempre; los antiguos agentes de cambio y bolsa; las
relaciones sociales de Piqué; viejos franquistas reconvertidos; los
advenedizos.
- Tercero, una vez nombrados y ya privatizadas las empresas, adoptan
dos decisiones urgentes: 1.a se suben el sueldo, de forma sencilla o
sofisticada (el caso de las opciones sobre acciones del Grupo
Telefónica es el más escandaloso, aunque probablemente no único),
pero siempre en cuantías que producen alarma; curiosa costumbre de
las empresas que han devenido en oligopolios privados; 2.a se blindan
ante los accionistas y frente a cualquier operador del mercado
(restricción de los derechos de voto, exigencia de antigüedad para
formar parte del Consejo, exigencia de acciones para asistir a las
Juntas), poniendo de manifiesto sus arraigadas creencias en el
mercado de valores y en el mercado de compraventa de empresas; en
plata, pretenden perpetuarse en el poder sobre las empresas
incumpliendo de forma burda las recomendaciones de los códigos
deontológicos sobre el gobierno de las empresas.
En la segunda fase del proceso, los responsables de las empresas
privatizadas en sectores regulados -energéticos, telecomunicaciones,
TV- empiezan una frenética danza de alianzas empresariales y tomas de
participaciones cruzadas, entre sí y con las entidades financieras,
con la finalidad de evitar la competencia en los sectores en proceso
de liberalización, consolidar su poder en los medios de comunicación
y aumentar su capacidad de presión e influencia sobre el Gobierno y
contra los consumidores. El Gobierno y los diversos órganos
encargados de la defensa de la competencia en los mercados
permanecen, salvo pocas dignas excepciones, impávidos ante el
proceso; cuando hablan de él, se refieren a actividades propias del
mercado entre empresas privadas.
El resultado del proceso, ya evidente, es un aumento alarmante del
grado de concentración del poder económico en España y de la
capacidad de los grandes grupos económicos y financieros para
influenciar y presionar al Gobierno. ¿Qué hacen estos nuevos
mandarines del poder económico?:
- Acuerdan, en secreto, con el Gobierno las nuevas normas reguladoras
de los sectores en proceso de liberalización para que después el
Gobierno o el PP las tramiten
en el Parlamento; así ha ocurrido y ocurre en los sectores eléctrico,
hidrocarburos, tabaco y telecomunicaciones.
- Presionan al Gobierno para que las políticas de tarifas y precios
regulados beneficien a sus intereses y perjudiquen a los nuevos
competidores potenciales y a los consumidores y usuarios.
- En suma, empiezan a conseguir el más utópico sueño del
administrador de monopolios: que el Estado, aunque pequeño, se ponga
a su servicio.
IV. Conclusiones y propuestas
IV.1 Conclusiones
1. La creación y desarrollo de la Subcomisión responde a los
intereses del Gobierno de crear un marco ficticio de control
parlamentario del proceso de privatizaciones.
2. Los trabajos realizados por la Subcomisión han sido ineficaces o
de poca relevancia. Las trabas impuestas por el Gobierno a los
parlamentarios de la oposición para disponer de información
suficiente, de calidad y a tiempo han hecho imposible el cumplimiento
de las tareas de control parlamentario.
3. Los resultados del proceso de privatizaciones no son favorables a
los intereses generales: la venta del patrimonio público empresarial
rentable acumulado por el esfuerzo de los españoles está creando una
casta de personas afines al partido que soporta al Gobierno que
concentra en sus manos un elevado poder económico y mediático.
Cualquier Gobierno democrático futuro distinto del actual se
encontrará con enormes dificultades para tomar decisiones que
subordinen los intereses económicos generados a los intereses de la
mayoría de los ciudadanos.
IV.2 Propuestas
1. Rechazar el «informe sobre la Subcomisión para el seguimiento del
proceso de privatización y reconversión de las empresas
pertenecientes al sector público» por su contenido incompleto,
parcial e infundado.
2. Declarar que, por las razones expuestas anteriormente, la
Subcomisión ha resultado inútil e ineficaz para conocer el desarrollo
del proceso de privatizaciones realizado en la legislatura por el
Gobierno del Partido Popular.
3. Declarar la necesidad de que continúe la investigación sobre el
proceso de privatizaciones, recabar el envío al Parlamento de toda la
documentación anteriormente solicitada y habilitar un procedimiento
de urgencia para que, en el período correspondiente a la actual
legislatura, comparezcan ante la Comisión de Industria, Energía y
Turismo los Presidentes de todas la empresas privatizadas y los
Ministros de Industria y Energía, Economía y Hacienda y Fomento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 1999.
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Por medio del presente escrito, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida pone en conocimiento de esa Mesa el siguiente voto
particular que se realiza al informe de la Subcomisión para el
seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las
empresas pertenecientes al sector público (núm. expte. 154/000019).
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 1999.-
Mariano Santiso del Valle, Diputado. Felipe Alcaraz Masats, Portavoz
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Voto particular
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta el
siguiente voto particular al informe realizado por la Subcomisión
para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión
de las empresas pertenecientes al Sector Público, dado, por un lado,
nuestra ya conocida posición política en contra de la privatización
total de las empresas públicas rentables y, por otro, por entender
que la Subcomisión no ha respondido a los criterios solicitados por
nuestro Grupo, puesto que en nuestras
propuestas solicitábamos que esta Subcomisión sirviera para
analizar el proceso de privatizaciones en todas sus fases, y no como
al final se ha realizado, analizando las privatizaciones una vez
hechas y aprobadas por el Consejo de Ministros, desvirtuándose así el
carácter y resultados de esta Subcomisión.
Desde nuestro punto de vista el informe que se presenta sólo intenta
ser un documento de cobertura de las irregularidades existentes en el
proceso de privatizaciones de algunas empresas, como puede ser el
caso de INITEC, en donde el propio Consejo Consultivo de
Privatizaciones encuentra distintas irregularidades y a pesar de esto
el propio Consejo Consultivo emite dictamen favorable a la
privatización cuando todavía no se ha aprobado el Plan de Futuro de
esta empresa, ni se llegado a acuerdo con los representantes de los
trabajadores.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida rechaza el Informe de la Ponencia y solicita que esta
Subcomisión, ante las próximas privatizaciones, deberá seguir abierta
en la siguiente Legislatura, recuperando, no obstante, el carácter
inicial de la propuesta, analizando el proceso de privatizaciones en
todas sus fases, con el fin de asegurar la concurrencia, aumentar la
transparencia y, sobre todo, garantizar lacontinuidad de las empresas
y sus puestos de trabajo.