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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 450, de 22/06/1999
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VI LEGISLATURA
Serie D: 22 de junio de 1999 Núm. 450 GENERAL
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno 162/000373 Rechazo de la Proposición no de Ley presentada por
los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Federal de
Izquierda Unida y Mixto, relativa a la necesidad de parar el proceso
de privatización de la sanidad desarrollado por el Gobierno
162/000386 Enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para realizar una
campaña de divulgación científica con objeto de informar a los
ciudadanos sobre productos transgénicos ... (Página 3)
Aprobación de la Proposición no de Ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, para realizar una campaña de
divulgación científica con objeto de informar a los ciudadanos sobre
productos transgénicos ... (Página 5)
Comisión de Política Social y Empleo 161/001038 Desestimación de la
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre establecimiento de la compatibilidad entre
la percepción del incremento de la pensión de incapacidad con la
realización de las prestaciones de servicios marginales que consistan
en la realización de trabajos de duración inferior a doce horas a la
semana o cuarenta y ocho al mes ... (Página 6)
161/001378 Aprobación de la Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Socialista del Congreso, sobre cesión por la Tesorería General
de la Seguridad Social del uso del inmueble situado en la calle
Placeta de la Cruz a favor del Ayuntamiento de Berja (Almería)
161/001473 Desestimación de la Proposición no de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto, sobre dotación a la provincia de
Alicante de un número adecuado de autorizaciones para el empleo de
trabajadores extranjeros no comunitarios ... (Página 6)
161/001518 Desestimación de la Proposición no de Ley presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre criterios a
seguir en la modificación del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo,
sobre reordenación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE) ... (Página 6)
161/001577 Desestimación de la Proposición no de Ley presentada por
el Grupo Socialista del Congreso, sobre normas de cotización
aplicables a los trabajadores en supuestos de Convenio Especial y
otras situaciones asimiladas a la de alta ... (Página 6)
INTERPELACIONES
Urgentes 172/000169 Interpelación urgente formulada por el Grupo
Socialista del Congreso, sobre política general del Gobierno en
aplicación de la normativa de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración
General del Estado ... (Página 6)
172/000171 Interpelación urgente formulada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre el futuro del transporte
ferroviario en España ... (Página 7)
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes 173/000149 Enmiendas formuladas a la moción consecuencia de
interpelación urgente presentada por los Grupos Parlamentarios Vasco
(EAJ-PNV) y Mixto, sobre el grado de cumplimiento de los contenidos
de la moción aprobada por unanimidad de la Cámara, el 10 de noviembre
de 1998, con relación al análisis, valoración, acciones políticas y
medidas a adoptar por el Gobierno para la consecución de la paz
Aprobación, con modificaciones, de la moción consecuencia de
interpelación urgente presentada por los Grupos Parlamentarios Vasco
(EAJ-PNV) y Mixto, sobre el grado de cumplimiento de los contenidos
de la moción aprobada por unanimidad de la Cámara, el 10 de noviembre
de 1998, con relación al análisis, valoración, acciones políticas y
medidas a adoptar por el Gobierno para la consecución de la paz
173/000150 Rechazo por el Pleno de la Cámara de la moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, sobre medidas para incrementar la inversión
pública en infraestructuras y superar las graves carencias que en
política de transportes, vivienda y telecomunicaciones arroja la
gestión de los servicios públicos ... (Página 9)
173/000151 Rechazo por el Pleno de la Cámara de la moción
consecuencia de integración urgente presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa
adoptar el Gobierno para frenar el proceso de mercantilización
progresiva de la sanidad pública, así como enmiendas formuladas a la
misma ... (Página 9)
Otros textos
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000023 Informe de la Subcomisión, creada en el seno de la
Comisión de Asuntos Exteriores, relativa al cincuenta aniversario de
la Declaración de Derechos Humanos, así como votos particulares
presentados al mismo ... (Página 10)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000373
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
rechazó la Proposición no de Ley presentada por los Grupos
Parlamentarios Socialista del Congreso, Federal de Izquierda Unida y
Mixto, relativa a la necesidad de parar el proceso de privatización
de la sanidad desarrollado por el Gobierno (núm. expte. 162/000373),
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 429,
de 14 de mayo de 1999.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
162/000386
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las enmiendas formuladas a la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
para realizar una campaña de divulgación científica con objeto de
informar a los ciudadanos sobre productos transgénicos (núm. expte.
162/000386), publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, núm. 447, de 14 de junio de 1999.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Mixto presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley en
pleno para realizar una campaña de divulgación científica con objeto
de informar a los ciudadanos sobre productos transgénicos, a
instancia del Diputado Joan Saura Laporta y la Diputada Mercé
Rivadulla (Iniciativa-Els Verds).
Enmienda
De sustitución.
Texto que se propone:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte
urgentemente las medidas necesarias para:
1. Prohibir inmediatamente la utilización de genes de resistencia a
antibióticos en las plantas transgénicas, por constituir un riesgo
para la salud humana y el medio ambiente.
2. Establecer una moratoria en la liberalización de organismos
modificados genéticamente, mientras no se apruebe un Protocolo
Internacional sobre Bioseguridad, vinculante para España y basado en
el principio de precaución como piedra angular sobre la que tomar
decisiones en este ámbito, que:
a) Tenga en cuenta los impactos socioeconómicos, sobre la salud y
sobre el medio ambiente, de la liberación de estos organismos.
b) Incluya todos los organismos modificados genéticamente y sus
derivados.
c) Reconozca el derecho de cualquier Estado a prohibir un organismo
modificado genéticamente, por causa de los impactos antes
mencionados.
d) Contemple la necesidad de informar previamente al Estado receptor
de un cargamento de estos organismos o sus derivados, no pudiendo
efectuarse la exportación hasta no recibir su consentimiento.
e) Recoja la obligación de separar los organismos modificados
genéticamente y sus derivados, para su correcto etiquetado y
seguimiento.
f) Incluya reglas de amplio alcance que establezcan un régimen
internacional de responsabilidades que cubra los potenciales daños
por la liberalización de estos organismos.
3. Informar periódicamente sobre los productos que, en el área de la
alimentación y agricultura, están autorizados en España, los
pendientes de autorización y los que les han sido rechazada.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 1999.-Joan
Saura Laporta, Diputado.-Mercé Rivadulla Gracia, Diputada.-Francisco
Rodríguez Sánchez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Francisco Rodríguez
Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de
lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes
enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular,
relativa a realizar una campaña de divulgación científica con objeto
de informar a los ciudadanos sobre productos transgénicos (núm.
expte. 162/000386).
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de junio de 1999.-Francisco
Rodríguez Sánchez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda número 1
De adición.
Al final del punto 3.
«, y haga obligatoria en su etiquetado la indicación expresa de esta
condición, así como de sus componentes, en riguroso cumplimiento de
la normativa europea.»
Enmienda número 2
De adición.
Al final del punto 4.
«, y estudie la necesidad de establecer una moratoria en su
comercialización mientras que no se demuestre con claridad que son
inofensivos para la salud humana y el medio ambiente.»
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo
184 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar
las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular para realizar una campaña de divulgación
científica con el objeto de informar a los ciudadanos sobre productos
transgénicos, para su debate en el Pleno (núm. expte. 162/000386).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso.
Enmienda
Al punto 1.
De modificación.
Sustituir el texto del punto 1 por el siguiente:
«1. En el plazo de seis meses, realice una amplia y rigurosa campaña
informativa dirigida a toda la sociedad española sobre qué son los
productos y alimentos modificados genéticamente, sobre cuáles son sus
ventajas y sus posibles inconvenientes para la salud humana y el
medio ambiente, así como sobre cuál es actualmente la situación de
ellos en nuestro país.»
Enmienda
Al punto 2.
De modificación.
Sustituir el texto del punto 2 por el siguiente:
«2. Suspender toda autorización individual para la comercialización
de organismos modificados genéticamente, hasta que la empresa
solicitante presente las garantías científicas y técnicas que eviten
cualquier riesgo de posibles impactos sobre la salud humana y el
medio ambiente y, en cualquier caso, que la Comisión Nacional de
Bioseguridad emita un informe previo, con carácter preceptivo e
independiente, de las repercusiones de dicha autorización.
Instar, en relación con la liberalización voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente y sus
derivados, al Gobierno a que dote, presupuestariamente, a la Comisión
Nacional de Bioseguridad de los medios técnicos y materiales
necesarios para garantizar el desarrollo de sus funciones consultivas
con total eficiencia e independencia y se estudie si su composición y
funcionamiento es el más adecuado para hacer las evaluaciones de los
productos modificados genéticamente y los nuevos proyectos,
atendiendo a todos los criterios que deben ser tomados en
consideración procediendo, en su caso, a modificar su composición
para una mayor garantía y seguridad en la defensa de la salud y el
medio ambiente.»
Enmienda
Al punto 3.
De modificación.
Sustituir el texto del punto 3 por el siguiente:
«3. Que sus representantes ante las instituciones europeas y ante las
Naciones Unidas impulsen la aprobación de un Protocolo de
Bioseguridad, que establezca el derecho individual de cada Estado
miembro a autorizar la liberación y comercialización de organismos
modificado genéticamente y, en base al Principio de Precaución,
regule y garantice:
a) La inclusión de todos los derivados sustancialmente equivalentes
de los organismos modificados genéticamente.
b) De manera estricta el seguimiento de la liberación controlada de
organismos modificados genéticamente,
en particular, las medidas cautelares con que la misma deba
realizarse, con especial atención a las características de los
refugios.
c) En el caso de importación, el deber de informar, previamente, al
Estado receptor de un cargamento de estos organismos o sus derivados
sustancialmente equivalentes, sin que se permita la importación hasta
recibir autorización informada y expresa.
d) La inclusión de la obligación de su correcto etiquetado, con
especificación de sus componentes.
e) Incluya reglas de amplio alcance que establezcan un régimen
internacional de responsabilidades que cubran los daños potenciales
que se ocasionen por la liberación de estos organismos y sus
derivados sustancialmente equivalentes.»
Enmienda
Al punto 4.
De modificación.
Sustituir el texto del punto 4 por el siguiente:
«4. Extremar la vigilancia e incrementar los controles en las
actividades de utilización confinada y liberación en el medio
ambiente cuando los programas de investigación sean desarrollados por
instituciones, entes u órganos del propio Estado.»
Enmienda
Al punto 5 (nuevo).
De adición.
Añadir un nuevo punto 5 con el texto siguiente:
«5. Establecer los necesarios mecanismos de coordinación y asistencia
administrativa, técnica y científica con las Comunidad Autónomas, a
fin de que éstas puedan cumplir adecuadamente con las obligaciones de
vigilancia y control que les confiere la Ley 15/1994, de 3 de junio.
Dar cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional séptima
de la Ley 15/1994 para que de manera inmediata el Gobierno elabore y
presente en el Congreso de los Diputados el informe sobre la
situación en España de los organismos modificados genéticamente.»
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se formula
la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para realizar una
campaña de divulgación científica con objeto de informar a los
ciudadanos sobre productos transgénicos (núm. expte. 162/000386):
Enmienda
De modificación.
Se propone sustituir los cuatro puntos de dicha Proposición no de Ley
por los siguientes:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar a expertos independientes la elaboración de un informe
sobre productos transgénicos y, una vez que se conozcan sus
resultados, impulsar una campaña en los medios de comunicación de
ámbito estatal, de manera que la opinión pública reciba una
información veraz sobre dichos productos.
2. Prohibir, mientras que no se conozcan los resultados de dicho
informe, tanto la utilización como el cultivo de los productos
transgénicos que se destinen para el consumo alimentario, tanto de
animales como de personas.
3. Elaborar una lista con los productos que tienen autorización en
España, tanto en el sector de la alimentación como en el de la
agricultura, en la que aparezcan, además, las características de
dichos productos.
4. Dar cumplimiento a la Proposición no de Ley relativa a
comercialización y consumo de productos transgénicos en el Estado
español y medidas cautelares al respecto, aprobada por la Comisión de
Sanidad el día 9 de marzo de 1999.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-
Presentación Urán González, Diputada. Felipe Alcaraz Masats, Portavoz
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
162/000386
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, para realizar una campaña de divulgación científica
con objeto de informar a los ciudadanos sobre productos transgénicos
(núm. expte. 162/000386), sin modificaciones con respecto al texto
publicado en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 447,
de 14 de junio de 1999.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
Comisión de Política Social y Empleo
161/001038
La Comisión de Política Social y Empleo, en su sesión del día 15 de
junio de 1999, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de
Ley sobre establecimiento de la compatibilidad entre la percepción
del incremento de la pensión de incapacidad con la realización de las
prestaciones de servicios marginales que consistan en la realización
de trabajos de duración inferior a doce horas a la semana o cuarenta
y ocho al mes (núm. expte. 161/001038), presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y publicada en el «BOGC.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 291, de 3 de junio de 1998.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
161/001378
La Comisión de Política Social y Empleo, en su sesión del día 15 de
junio de 1999, aprobó, en sus propios términos, la Proposición no de
Ley sobre cesión por la Tesorería General de la Seguridad Social del
uso del inmueble situado en la calle Placeta de la Cruz a favor del
Ayuntamiento de Berja (Almería) (núm. expte. 161/001378), presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el «BOGC.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 382, de 22 de febrero de
1999.
Se ordena su publicación de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
161/001473
La Comisión de Política Social y Empleo, en su sesión del día 15 de
junio de 1999, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de
Ley sobre dotación a la provincia de Alicante de un número adecuado
de autorizaciones para el empleo de trabajadores extranjeros no
comunitarios (núm. expte. 161/001473), presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, y publicada en el «BOGC. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 402, de 29 de marzo de 1999.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
161/001518
La Comisión de Política Social y Empleo, en su sesión del día 15 de
junio de 1999, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de
Ley sobre criterios a seguir en la modificación del Real Decreto 358/
1991, de 15 de marzo, sobre reordenación de la Organización Nacional
de Ciegos Españoles (ONCE) (núm. expte. 161/001518), presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y publicada en el
«BOGC. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 421, de 3 de mayo de
1999.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
161/001577
La Comisión de Política Social y Empleo, en su sesión del día 15 de
junio de 1999, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de
Ley sobre normas de cotización aplicables a los trabajadores en
supuestos de Convenio Especial y otras situaciones asimiladas a la de
alta (núm. expte. 161/001577), presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, y publicada en el «BOGC. Congreso de los Diputados»,
serie D, núm. 435, de 24 de mayo de 1999.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
INTERPELACIONES
Urgentes
172/000169
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso,
sobre política general del Gobierno en aplicación de la normativa de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los
altos cargos de la Administración General del Estado (núm. expte.
172/000169), cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con
lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en los
artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente interpelación urgente sobre
política general del Gobierno en aplicación de la normativa de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los
altos cargos de la Administración General del Estado.
Motivación
La transparencia en la vida pública, la independencia y la
imparcialidad de los altos cargos en el ejercicio de sus funciones y
el perfeccionamiento de los mecanismos que permiten la efectiva
realidad de esos principios es una constante preocupación en los
países que gozan de un sistema democrático asentado. En el mismo
sentido, la lealtad al servicio público es también una de las grandes
exigencias de los altos cargos en una Administración moderna.
Así lo ha entendido, desde el inicio de la democracia en nuestro
país, el Congreso de los Diputados en el que reside la soberanía
popular y así ha venido legislando desde entonces en esta materia. La
Ley 12/1995, de 11 de mayo, responde precisamente a la Resolución
número 92 de esta Cámara. En ella se instaba al Gobierno a promover
una reforma de la legislación sobre incompatibilidades de altos
cargos, perfeccionando el régimen sancionador por el incumplimiento
de las obligaciones de declarar en el Registro de Intereses
correspondiente a actividades y bienes patrimoniales, reforzando las
funciones de control de la Inspección General de Servicios de la
Administración Pública.
El Partido Popular estableció, el 24 de abril de 1993, un Código
Ético para lograr «con humildad y sin petulancia... una vida pública
limpia y transparente... y para impedir que sus militantes pudieran
dedicarse... por sí o por persona interpuesta a realizar en provecho
propio actividades que tuviesen... la más mínima relación con el
desempeño de sus cargos públicos».
Transcurridos tres años de la entrada del Partido Popular en el
Gobierno, tan loables y suscribibles principios contenidos en su
Código Ético parecen haber desaparecido o, al menos, han quedado
oscurecidos.
La situación de determinados Ministros y altos cargos del Gobierno,
afectados directa o indirectamente, por situaciones de dudosa
legalidad y desde luego de escasa ética democrática, son en este
momento más frecuentes de lo que sería aceptable en una sociedad
moderna y poco compatibles con un partido que se llamó a sí mismo
«regenerador de la vida pública».
Esta Cámara va a tener ocasión de estudiar en los próximos meses, de
forma individualizada, alguno de los asuntos que en este momento
están en primera línea política. Pero ello no obsta, por el
contrario, lo refuerza, que el Pleno del Congreso de los Diputados
debata políticamente y con carácter general si en este momento
podemos afirmar que el Gobierno y sus altos cargos están a la altura
de esos principios de transparencia que los ciudadanos
reclaman. Es el momento de que los Grupos Parlamentarios
debatan si la normativa de incompatibilidades es la adecuada, si
siéndolo su desarrollo requiere algún perfeccionamiento o si se trata
simplemente de que simplemente se cumpla, asumiendo las
responsabilidades políticas que en caso contrario se producen en
democracia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente interpelación urgente al Gobierno para su debate en el
Pleno de la Cámara sobre política general del Gobierno en aplicación
de la normativa de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de
la Nación y de los altos cargos de la Administración General del
Estado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 1999.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso.
172/000171
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, sobre el futuro del transporte ferroviario en España
(núm. expte. 172/000171), cuyo texto se inserta a continuación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta la siguiente
interpelación urgente, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Tras años de languidecimiento en las que parecía que el ferrocarril
corría el riesgo de desaparecer, el prestigio ganado por los
servicios de Cercanías y por otros de altas prestaciones ha provocado
que este modo de transporte sea de nuevo un punto de atracción tanto
social como político.
Sin embargo, se corre el riesgo de convertir esta situación, que
debería ser un asunto de Estado, en un sumatorio demagógico de
distintos intereses deslavazados que su realización únicamente
conllevaría a una política ferroviaria incorrecta e incoherente, al
existir al día de hoy una notable dispersión de iniciativas que no
cuentan ni con una evaluación económica seria ni con una definición
política de las prioridades a nivel estatal.
Esta situación hace que los ciudadanos se hagan múltiples preguntas a
las que se debería responder para eliminar incertidumbres a los
mismos. Entre estas preguntasse podrían citar las siguientes:
¿Tiene el Gobierno un Plan de Transporte Ferroviario que determine
las prioridades en este medio de transporte para los próximos años?
¿Cuáles son los planteamientos existentes en cuanto a conexiones
tanto con la Red Europea y en especial con Francia y Portugal, como
con las distintas regiones de nuestro país? ¿Cuáles son los planes de
renovación e inversiones en material ferroviario, tanto para
transporte de viajeros como de mercancías? ¿Cuáles son las
actuaciones a realizar para mejorar el intercambio modal en el
transporte de mercancías? ¿Cuál será el ancho de vía que se adoptará
en las nuevas infraestructuras ferroviarias y en la red de alta
velocidad y de velocidad alta? ¿Cuál será el papel del GIF en las
nuevas infraestructuras ferroviarias? ¿Cuáles son los plazos para la
financiación de las obras de la variante de Guadarrama y Pajares?
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario presenta la siguiente
interpelación urgente sobre el futuro del transporte ferroviario en
España para su debate en el Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de junio de 1999.-Mariano
Santiso del Valle, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000149
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES de las enmiendas presentadas a la moción
consecuencia de interpelación urgente de los Grupos Parlamentarios
Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre el grado de cumplimiento de los
contenidos de la moción aprobada por unanimidad de la Cámara, el 10
de noviembre de 1998, con relación al análisis, valoración, acciones
políticas y medidas a adoptar por el Gobierno para la consecución de
la paz (núm. expte. 173/000149), publicada en el «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie D, núm. 447, de 14 de junio de 1999.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de
dirigirme a esa Mesa, al amparo de lo establecido en el artículo 184
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la
siguiente Enmienda de Sustitución a la Moción Consecuencia de
Interpelación Urgente de los Grupos Parlamentarios Vasco-PNV y Grupo
Parlamentario Mixto, sobre el grado de cumplimiento de los contenidos
de la Moción, aprobada por unanimidad de la Cámara el 10 de noviembre
de 1998, con relación al análisis, valoración, acciones políticas y
medidas a adoptar por el Gobierno para la consecución de la paz (núm.
expte. 172/000165).
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso.
Enmienda
Al apartado primero.
De sustitución.
Se propone la siguiente redacción:
«Primero. Cumplimiento inmediato y efectivo del desarrollo de una
nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política
penitenciaria acorde con el fin de la violencia.»
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo
dispuesto en los artículos 184 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la
Moción Consecuencia de Interpelación Urgente de los Grupos
Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre el grado de
cumplimiento de los contenidos de la moción aprobada por unanimidad
de la Cámara, el 10 de noviembre de 1998, con relación al análisis,
valoración, acciones políticas y medidas a adoptar por el Gobierno
para la consecución de la paz.
Madrid, 15 de junio de 1999-Luis de Grandes Pascual, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Enmienda de modificación
El texto que se propone es el siguiente:
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe
llevando a cabo cuantas medidas resulten convenientes a los efectos
de dar el mayor desarrollo posible a todos los contenidos de la
moción aprobada por esta Cámara el pasado 10 de noviembre de 1998.»
Justificación
Mejora técnica.
173/000149
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy,
con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación
urgente de los Grupos Parlamentarios vasco (EAJ-PNV) y mixto, sobre
el grado de cumplimiento de los contenidos de la moción aprobada por
unanimidad de la Cámara, el 10 de noviembre de 1998, con relación al
análisis, valoración, acciones políticas y medidas a adoptar por el
Gobierno para la consecución de la paz (núm. expte. 173/000149),
publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 447,
de 14 de junio de 1999, ha acordado lo siguiente:
«El Congreso de los Diputados proclama que el diálogo, el consenso y
el respeto a los principios democráticos y a las legítimas opciones
políticas de los ciudadanos deben regir todo el proceso que ha de
conducir al fin de la violencia, evitando actitudes de enfrentamiento
entre posiciones ideológicas distintas.
Por ello, y a tenor de la Moción aprobada por unanimidad del Pleno de
la Cámara, de fecha 10 de noviembre de 1998, se insta al Gobierno a:
1. Culminar el cumplimiento efectivo, en el tiempo más inmediato
posible, de una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de
la política penitenciaria acorde con el fin de la violencia.
2. Activar lo más posible la plasmación de acciones concretas y
efectivas de resarcimiento a las víctimas con criterios que permitan
incluir el mayor número de supuestos, valorando positivamente el
proceso ya iniciado.»
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
173/000150
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo
Socialista del Congreso, sobre medidas para incrementar la inversión
pública en infraestructuras y superar las graves carencias que en
política de transportes, vivienda y telecomunicaciones arroja la
gestión de los servicios públicos (núm. expte. 173/000150), publicada
en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 447, de 14 de
junio de 1999.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
173/000151
El Pleno de la cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción
consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa
adoptar el Gobierno para frenar el proceso de mercantilización
progresiva de la sanidad pública (núm. expte. 173/000151), publicada
en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm 447, de 14 de
junio de 1999.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Asimismo, se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente
enmienda de sustitución a la Moción consecuencia de interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno para frenar el proceso de
mercantilización progresiva de la sanidad pública (núm. expte. 173/
000151).
Enmienda
De sustitución.
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
1. Paralizar, en el ámbito del INSALUD, el proceso en curso por el
cual se pretende transformar los centros sanitarios o parte de los
mismos en Fundaciones Sanitarias Públicas o Institutos con
personalidad jurídica propia.
2. No aplicar las nuevas formas de gestión previstas en la Ley 15/
1997 hasta que no se haya publicado el Reglamento que fije el marco
de garantías para su gestión.
3. No introducir las nuevas formas de gestión en aquellas Comunidades
Autónomas que no hayan asumido la transferencia del INSALUD y cuyos
gobiernos se hayan pronunciado en contra de la introducción, por el
momento, de estas entidades.
4. Garantizar la integralidad de la oferta de servicios dentro del
Sistema Nacional de Salud.
5. Abordar en todos sus aspectos una política global de uso racional
del medicamento que asegure que el gasto farmacéutico público se
corresponde con las necesidades de salud de la población.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista del
Congreso.
OTROS TEXTOS
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
154/000023
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de
la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS
CORTES GENERALES del Informe aprobado por la Subcomisión relativa al
cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores
(núm. expte. 154/000023), así como de los votos particulares
presentados al mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 1999.-El
Presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo-Figueroa
Martínez-Conde.
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVA AL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Subcomisión relativa al Cincuenta Aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (154/000023), presidida por el
Excmo. Sr. don Javier Rupérez Rubio, Presidente de la Comisión de
Asuntos Exteriores, e integrada por los Excmos. Sres. don José María
Robles Fraga (GP), don Guillermo Gortázar Echeverría (GP), doña
Alicia Castro Masaveu (GP), doña Blanca García Manzanares (GS), doña
Matilde Fernández Sanz (GS), don José Navas Amores (GIU), don Ricard
Burballa i Campabadal (GC-CiU), don Luis Mardones Sevilla (GCC), doña
Margarita Uría Echevarría (GV-PNV) y don Manuel Francisco Alcaraz
Ramos (GMx), tras el análisis de la documentación solicitada y de las
comparecencias celebradas, ha aprobado las siguientes conclusiones y
recomendaciones que eleva a la Comisión en forma de
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
I. EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO ACTUAL
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados:
Primera.-Reafirma el carácter universal, indivisible
e interrelacionado de los derechos humanos, tal y como han sido
promulgados y suscritos en los correspondientes instrumentos
internacionales, y, en particular, en la Declaración Universal de
1949 y en aquellos textos que constituyen su desarrollo o invoquen su
inspiración.
Segunda.-Recuerda que el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre
de 1950, es uno
de los mecanismos más importantes y desarrollados para la protección
y defensa de los derechos humanos, muy especialmente por la garantía
que ofrece el Tribunal Europeo de Estrasburgo, que permite el recurso
de los ciudadanos de Estados del Consejo de Europa.
Tercera.-Considera que en las actuales circunstancias, cincuenta años
después de la promulgación de la Declaración Universal y tras un
decenio de vida internacional caracterizado por el fin de la guerra
fría y el alto nivel de coincidencia que ahora se produce sobre la
concepción, interpretación y protección de los derechos inalienables
de la persona, todos los protagonistas de la vida internacional,
Estados, Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, los
mismos individuos, se ven llamados a jugar un papel activo y
comprometido en la defensa y promoción de esos derechos.
Cuarta.-Considera que las normas relativas a los derechos humanos, no
sólo obligan a los Estados respecto a sus propios ciudadanos, sino
frente a la Comunidad internacional en su conjunto. Frente a
violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, la Comunidad
Internacional puede y debe arrogarse el derecho de intervención. La
justicia y los derechos humanos hoy no tienen fronteras y ello debe
ser una máxima aceptada, asumida y defendida por toda la Comunidad
internacional.
Quinta.-Estima que tanto la política exterior de España como la
política de cooperación internacional para el desarrollo deben tener
como principios, objetivos y prioridades la defensa y promoción de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En este
campo, la España democrática ha realizado importantes esfuerzos en
aquellas áreas geográficas que constituyen objetivo prioritario de
nuestra política exterior.
Sexta.-Estima que, a tenor de la Carta de las Naciones Unidas y de
otros textos internacionales y, en particular, del Acta Final de
Helsinki de 1975, constitutiva de la Conferencia sobre la Seguridad y
la Cooperación en Europa, el respeto de los derechos humanos no puede
ni debe quedar al arbitrio de las correspondientes soberanías
nacionales y que, por el contrario, la exigencia de su puesta
efectiva en práctica es hoy elemento esencial de las relaciones
internacionales y criterio básico para regir y orientar las
relaciones interestatales, tanto en el plano bilateral como en el
multilateral.
Séptima.-Subraya la creencia y la adhesión a los principios
filosóficos y éticos que configuran la teoría y la práctica de los
derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, en última instancia basados en la dignidad inviolable e
individual de todo ser humano y elementos indispensables para la
construcción y el funcionamiento de los sistemas democráticos, y la
convicción de que su vigencia y observancia contribuyen poderosamente
a la estabilidad interior y exterior, de la que es elemento esencial.
Octava.-Insiste en que la promoción de los derechos individuales,
colectivos y sociales debe significar acciones concretas encaminadas
a combatir las causas que
dificultan su ejercicio material, tales como la pobreza, la
violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia, la
intolerancia y las ideologías que se basan en la idea de superioridad
racial o en la pureza étnica.
Novena.-Recuerda que el marco constitucional y legal que rige nuestra
convivencia ha demostrado ser muy efectivo para la promoción, respeto
y salvaguarda de los derechos humanos en España.
Décima.-Insta al Gobierno a que ahora, y en el futuro, mantenga la
referencia y el respeto a los derechos humanos como uno de los
elementos esenciales de su política exterior, que indudablemente
corresponde a la voluntad del pueblo español.
II. RATIFICACIÓN DE CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados:
Primera.
a) Considera que España ha sido uno de los países más activos en la
definición y negociación del Estatuto del Tribunal Penal
Internacional y en la actualidad es uno de los grandes impulsores de
su proceso de ratificación, y ha sido el único país que ha propuesto
al Tribunal Penal Internacional como instrumento de una estrategia
común europea.
b) Considera que es de la máxima importancia que el ritmo alentador
que ha cobrado el proceso de firma del Estatuto de Roma a lo largo de
los meses siguientes a su adopción, continúe en el curso de este año
y se inicie cuanto antes su fase de ratificación para que pueda
alcanzarse en el futuro cercano el objetivo de las sesenta
ratificaciones que se requieren para su entrada en vigor.
c) Considera que el Gobierno, al tiempo que impulsa el proceso de
ratificación por parte de España, debe continuar explicando en sus
contactos bilaterales con otros Estados su punto de vista favorable a
que incorporen su firma o impulsen los trámites internos de
ratificación si ya son Estados signatarios. Estas gestiones se
concentrarán fundamentalmente en los países más cercanos a España y,
en particular, en los países iberoamericanos, que han venido
dispensando al proyecto del Tribunal Penal Internacional una acogida
de inestimable valor.
d) Considera que España está impulsando en el marco de la Unión
Europea iniciativas dirigidas a lograr que la Unión -cuyos Estados
miembros ya han firmado el Estatuto y están avanzando en su proceso
de ratificación- haga gestiones bilaterales ante otros Estados,
animándose a firmar y ratificar el Estatuto de Roma en el plazo más
breve posible. El Gobierno entiende que la Unión Europea puede jugar
un papel de gran relevancia en la promoción internacional de la Corte
y en la definición de sus mecanismos, que deberán ser examinados
durante la próxima reunión de su Comisión Preparatoria.
Segunda.-Estima que España ha logrado avances importantes en la
suscripción y ratificación de instrumentos internacionales de
protección de los derechos humanos, tales como los Pactos de Derechos
Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales,
así como la Convención contra la Tortura, Convención contra la
Discriminación Racial, Convención de Derechos del Niño y Convención
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer y Convenios de Ginebra y sus Protocolos, en el ámbito
universal, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales, en el ámbito europeo.
También han sido ratificados por España importantes Tratados y
Acuerdos de una gran trascendencia en el respeto a los derechos
humanos, tales como:
- La ratificación de la Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencias de minas antipersonales y
sobre su destrucción (13 de marzo de 1999).
- La adopción del código sobre transferencias de armas de la Unión
Europea (25 de mayo de 1998).
Tercera.-Insta al Gobierno a la participación en la negociación y en
la conclusión de cuantos Convenios e instrumentos internacionales
contribuyan a mejorar la situación de los derechos humanos en el
mundo de conformidad con la política exterior de España en esta
materia. La importante labor codificadora de Naciones Unidas en
materia de derechos humanos proporciona una base suficiente para la
protección de los mismos. Considera más importante la universalidad
de los instrumentos existentes y su aplicación real que la generación
de nuevos convenios internacionales.
Cuarta.-Considera que España, como país que se encuentra a la cabeza
en la firma y ratificación de Convenios Internacionales, debe
continuar en este protagonismo y proceder a:
- La ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, de 25
de mayo de 1993, y promover la ratificación por otros países.
- La adhesión a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 26 de
noviembre de 1968.
- La suscripción de los Convenios 118 y 143 de la Organización
Internacional del Trabajo, de 28 de junio de 1962 y de 24 de junio de
1975, respectivamente.
- Continuar estudiando y, en su caso, tramitando la ratificación de
los Protocolos 4 y 7 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 16 de
septiembre de 1963 y de 22 de noviembre de 1984, respectivamente.
Quinta.-Insta al Gobierno a extremar la vigilancia del respeto a los
derechos humanos de aquellos ciudadanos españoles que se encuentren
en prisión en países extranjeros, potenciando Convenios bilaterales.
III. ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados:
Primera.-Insta al Gobierno a realizar, junto con los países de la
Unión Europea, los esfuerzos necesarios
encaminados a la abolición total de la pena de muerte en todo el
mundo basados en las directrices del Consejo de Europa de 19 de junio
de 1998 y seguir animando a los Estados miembros del Consejo de
Europa que todavía no han firmado el Protocolo número 6 de la
Convención Europea de Derechos Humanos a firmarlo cuanto antes.
Segunda.-Insta al Gobierno a tomar todas las medidas a su alcance
para conseguir el efectivo cumplimiento de la moratoria de la
aplicación de la pena de muerte por parte de los Estados que no han
firmado el Protocolo o lo han firmado, pero aún no lo han ratificado.
Tercera.-Insta al Gobierno a seguir promocionando la abolición
universal de la pena de muerte en todas las organizaciones europeas e
internacionales a las cuales pertenece España en coherencia con su
política de defensa de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de la persona.
IV. MECANISMOS INSTITUCIONALES Y DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados:
Primera.-Considera que España debe continuar colaborando en la
redacción del Informe anual de la Unión Europea en materia de
derechos humanos.
Segunda.-Propone que el Gobierno comparezca ante la Comisión de
Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados para informar sobre
los derechos humanos con motivo de la sesión anual de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la que España será
miembro desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre de
2002.
Tercera.-Propone que el Gobierno lleve a cabo de manera inmediata una
enérgica y eficaz actividad en la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas en el período 2000 a 2002. La actuación de los
representantes del Gobierno español en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU debe estar guiada en todo momento por el propósito
de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo.
Especialmente España pedirá la inclusión en los trabajos de la
Comisión y prestará atención especial a los siguientes temas:
1. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del derecho
humanitario.
2. La tortura y las desapariciones forzadas.
3. Las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias.
4. El genocidio y la limpieza étnica.
5. La abolición de la pena de muerte.
6. La designación de un Relator Especial que exhorte a los Estados a
avanzar decididamente en la aplicación de la Declaración sobre los
Defensores de los derechos humanos.
7. El problema del reclutamiento de menores de edad en los conflictos
armados.
Cuarta.-Recuerda la importante contribución que la diplomacia
parlamentaria española ha tenido y tiene para el desarrollo y
aplicación de instrumentos jurídicos internacionales y europeos para
la promoción y el respeto de los derechos humanos e insta a una mayor
presencia y compromiso de los representantes de la soberanía nacional
en cuantas conferencias, misiones o encuentros promueva España para
profundizar en el cumplimiento de los derechos humanos muy
especialmente en aquellas zonas geográficas con las que España ha
mantenido y mantiene relaciones más intensas.
Quinta.-Insta al Gobierno a dotar de los recursos personales y
financieros necesarios a la Oficina del Defensor del Pueblo para
actividades de asesoramiento y apoyo al desarrollo de Defensorías del
Pueblo en las nuevas democracias, especialmente las de Latinoamérica
y países del Norte de África y para apoyar a nuestra Institución
dentro de la Federación de Defensores del Pueblo (FIO).
Sexta.-Insta al Gobierno a propiciar el incremento de recursos
personales y financieros para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
de Estrasburgo, en el marco del Comité de Ministros del Consejo de
Europa y a incorporar al ordenamiento jurídico español,la obligación
legal de ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo con todos sus efectos vinculantes.
V. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados:
Primera.-Insta al Gobierno a la inclusión de las materias de los
derechos humanos y del derecho humanitario como contenidos
obligatorios de los programas de estudio de todas las instituciones
educativas.
Segunda.-Insta al Gobierno a asegurar un conocimiento suficiente de
los derechos humanos, con una valoración preferente, en las pruebas
de acceso a la función pública o en las que se practiquen previamente
a la contratación. Igualmente en las pruebas destinadas a la
promoción interna, concurso de traslado, así como en la formación
continua.
Tercera.-Insta al Gobierno a reforzar la presencia de educación en
derechos humanos en los planes de estudio y formación en las
Academias Militares y en las enseñanzas dirigidas a la tropa y
marinería, en particular para aquellas unidades que prestarán sus
servicios en misiones de paz.
Cuarta.-Insta al Gobierno a reforzar la presencia de educación en
derechos humanos en los planes de estudio y formación igualmente en
las Academias de formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, de los Jueces, Fiscales e Instituciones Penitenciarias.
Quinta.-Insta al Gobierno a elaborar las publicaciones y otros
materiales didácticos e informativos apropiados. Como principio
general a cada funcionario o contratado se le entregará, el día de la
incorporación a sus
funciones, un ejemplar de la Constitución y otro de la Declaración
Universal. Igualmente se les entregará a los que prestan sus
servicios en la actualidad en las Administraciones Públicas. Para la
elaboración de estas actividades se establecerán acuerdos con
sindicatos, ONG, Asociaciones o Fundaciones especializadas, así como
con Universidades.
Sexta.-Insta al Gobierno a promover acuerdos con Comunidades
Autónomas y Entes Locales para aunar esfuerzos en materia de
educación, formación y difusión de los derechos humanos.
Séptima.-Considera los derechos sociales como derechos humanos. Los
poderes públicos españoles impulsarán en su política social, nacional
y europea la lucha contra la exclusión social y la reducción de la
pobreza.
Octava.-Insta al Gobierno a propiciar Convenios con los medios de
comunicación, en especial con las radios y televisiones públicas,
para la defensa y promoción de los derechos humanos en los diversos
contenidos de su programación.
Novena.-Insta al Gobierno a editar una serie de sellos postales
conmemorativos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
VI. PROFUNDIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados:
Primera.-Insta al Gobierno a la aplicación de elementos de
condicionalidad en su cooperación y asistencia técnica a Gobiernos
que violen sistemáticamente los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
Segunda.-Insta al Gobierno a promover, en el marco de la Unión
Europea, la aplicación de evaluaciones de derechos humanos tanto a
sus actividades internas como externas. Dichas evaluaciones constarán
de cinco elementos de análisis:
1. Análisis de la situación de derechos humanos.
2. Elaboración de estrategias de mejora de los mismos.
3. Vigilancia de su aplicación.
4. Evaluación de su eficacia.
5. Elaboración de informes públicos.
Tercera.-Estima que la necesidad de otorgar al derecho a la
protección del medio ambiente la relevancia que hoy tiene para la
sociedad, justificaría su inclusión en cualquier Declaración
protectora de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta entre otros
los ejemplos de la Cumbre de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
En este terreno la Comisión de Asuntos Exteriores acoge con interés
la Declaración Institucional de la Diputación Foral de Bizcaia y
cualquier otro texto de similar alcance y contenido.
Cuarta.-Considera, de acuerdo con estos principios, que es deseable
que en toda la legislación medioambiental
futura se introduzcan elementos jurídicos que permitan la
invocación de la quiebra de derechos subjetivos por atentados al
medio ambiente.
Quinta.-Insta al Gobierno a propiciar en el sector público y en el
privado como un factor de desarrollo económico, cultural y personal
de los individuos los Grupos Sociales y los Estados, el acceso a las
nuevas tecnologías de la información, así como a las tecnologías
médicas y biológicas promoviendo una serie de medidas que apunten
líneas de evolución, como son conocimiento de las nuevas tecnologías,
conocimiento y uso de Internet, acceso a estas tecnologías a los
sectores desfavorecidos, etc.
Sexta.-Insta al Gobierno a desarrollar su política de cooperación de
acuerdo con los principios emanados de la Ley 23/1998, de 7 de julio,
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, especialmente en su
objetivo de lucha para la erradicación de la pobreza, ya que el
desarrollo de los pueblos es la mejor garantía para el respeto de los
derechos humanos. En este sentido el Gobierno debe apoyar las
iniciativas parlamentarias para estudiar la posibilidad de condonar
la deuda externa de aquellos países que se encuentran bajo el umbral
de la pobreza y para los cuales la deuda constituye una barrera
infranqueable para su desarrollo.
Séptima.-Apoya los esfuerzos del movimiento internacional a favor del
reconocimiento de la igualdad de los derechos de las mujeres a través
de medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación
internacional en campos como el desarrollo económico y social, la
educación, la atención a la maternidad y a la salud, etc., y la
potenciación de los programas de protección a las mujeres víctimas de
la violencia o en situaciones de riesgo a través de centros de
acogida, acercamiento al empleo y campañas de prevención de las
conductas sexistas. Condena todas las formas de violencia sexual
contra las mujeres, incluyendo las que se producen con motivo de los
conflictos armados donde la violación puede constituir un crimen de
guerra.
Octava.-Insta al Gobierno a adoptar medidas legislativas,
administrativas y asignación de recursos para luchar contra la
discriminación del niño, salvaguardar sus intereses y reforzar los
mecanismos para su defensa y protección (derechos de las niñas, de
los niños, abandonados en la calle, explotados económica y
sexualmente u otras formas de maltrato infantil). Evitar la trágica
suerte de los niños en los conflictos armados. Potenciar los
programas que supongan una alternativa al ingreso en prisión de los
niños, manteniendo los proyectos de guardería, de ocupación del ocio
y tiempo libre. Todo ello de acuerdo con la Convención de Derechos
del Niño ratificada en 1989.
Novena.-Insta al Gobierno a continuar armonizando las políticas de
asilo en función de la situación de los derechos humanos en los
países de origen de los solicitantes y junto a los países de la Unión
Europea, en el marco de las discusiones anuales, promover el respeto
a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951.
Décima.-Propone que a ningún solicitante de asilose le envíe a un
llamado «tercer país seguro», a menos
que el Estado que lo envía haya obtenido la garantía de que este
tercer país permitirá al solicitante acceder a un procedimiento de
asilo justo de acuerdo con el Convenio de Dublín de 1 de septiembre
de 1998.
Undécima.-Propone que cualquier medida sobre condiciones de recepción
garantice medios adecuados de subsistencia que permitan a los
solicitantes de asilo vivir dignamente hasta que se tome una decisión
sobre su solicitud, incluyendo el período de tramitación de los
recursos procedentes.
Duodécima.-Considera que es preciso reconocer y atender la
importancia de los problemas planteados por la emigración con
remisión expresa al Informe aprobado por el Pleno de la Cámara sobre
la situación de los españoles que viven fuera y de los inmigrantes y
refugiados que han llegado a España y concretamente que se adopten
las medidas necesarias que lleven a la ratificación de aquellos
Convenios Internacionales, tanto de las Naciones Unidas como de la
OIT, que afecten a emigrantes, inmigrantes, refugiados y desplazados
que aún no hayan sido ratificados (capítulo VIII de Conclusiones del
citado Informe de la Comisión de Política Social y Empleo).
Decimotercera.-Reconoce que las relaciones de buena vecindad y los
vínculos históricos que nos unen a los países mediterráneos son el
marco en el que se fundamente la Declaración de Barcelona, adoptada
por la Conferencia Euromediterránea celebrada en noviembre de 1995.
Por ello se considera adecuado incorporar al Informe de la
Subcomisión los siguientes puntos contenidos en las consideraciones
iniciales de los participantes en la Conferencia Euromediterránea de
Barcelona y en el Capítulo dedicado a la colaboración política y de
seguridad:
«Convencidos de que para alcanzar el objetivo general de hacer de la
cuenca mediterránea un ámbito de diálogo, intercambio y cooperación
que garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad, es preciso
consolidar la democracia y el respeto de los derechos humanos, lograr
un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado, luchar
contra la pobreza y fomentar una mayor comprensión entre las
diferentes culturas, todos ellos elementos esenciales de la
colaboración. Los Estados firmantes se comprometen a:
Actuar de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como con otras
obligaciones de Derecho Internacional, en particular las derivadas de
los instrumentos regionales e internacionales en los que son parte.
Respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales
y garantizar el ejercicio efectivo y legítimo de estos derechos y
libertades, incluidas la libertad de expresión, la libertad de
asociación con fines pacíficos y la libertad de pensamiento,
conciencia y religión, a título individual y entre los miembros del
mismo grupo, sin discriminación alguna por motivos de raza,
nacionalidad, lengua, religión o sexo. Considerar favorablemente,
mediante el diálogo entre las partes, los intercambios de información
sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, a las libertades
fundamentales, al racismo y a la xenofobia.
Respetar y garantizar el respeto de la diversidad y el pluralismo en
sus sociedades, fomentar la tolerancia entre los distintos grupos que
las componen y luchar contra las manifestaciones de intolerancia,
racismo y xenofobia. Los participantes destacan la importancia de una
formación adecuada en materia de derechos humanos y de libertades
fundamentales.»
Decimocuarta.-Insta al Gobierno a extremar el control y la
transparencia en todas las transferencias militares, de seguridad y
policiales y de material o tecnologías de doble uso, que se realicen
a países donde existan violaciones de los derechos humanos, de
conformidad con las Proposiciones no de Ley sobre comercio y
exportación de armamentos, y sobre control del comercio del
armamento, aprobadas con un solo texto por el Pleno del Congreso de
los Diputados el 18 de marzo de 1997, dejando constancia de que el
Gobierno informa al Parlamento en la actualidad sobre este asunto, en
cumplimiento de lo acordado en dicho texto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.
VOTOS PARTICULARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
(Núm. 1)
Voto particular que se presenta al Informe de la Subcomisión relativa
al cincuenta Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara.
A) 1. Enmienda de adición
Del apartado 1, CUARTA.
Se añade a continuación de «... el derecho de intervención...»: «...
a través de las Naciones Unidas y sus organismos...».
Justificación
No se pueden emplear conceptos jurídicos indeterminados como
«Comunidad Internacional» en materia tan delicada como la atribución
de derechos y el presumible empleo de medidas de presión económica o
militar, debe someterse al derecho internacional y su máxima
expresión en la Carta de las Naciones Unidas.
B) 2. Enmienda de adición
Del apartado 2, PRIMERA c).
Se añade a continuación de «Iberoamericanos»: «... y del Magreb...».
Justificación
Los países del Magreb están en nuestro más próximo entorno físico y
deben aproximarse más a nuestro entorno político.
C) 3. Enmienda de adición
Del apartado 2, PRIMERA.
Se añade a continuación de «... proceso de ratificación...»: «...,
manteniendo la política española favorable a que el tribunal pueda
ejercer sin limitaciones las funciones jurisdiccionales que le
atribuye el Estatuto de Roma...».
Justificación
En cumplimiento de la Proposición no de Ley aprobada el 10 de febrero
de 1999.
D) 4. Enmienda de adición
Del apartado 4, SEGUNDA.
Se añade a continuación de «... del año 2000»:
«..., asimismo comparecerá para debatir la posición de España, con
carácter previo a las reuniones de los países miembros de la Unión
Europea destinadas a fijar la posición de ésta ante la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.»
Justificación
La posición común va a determinar la política española en la materia
y por ello es necesario participar al máximo en su elaboración
partiendo del debate previo.
E) 5. Enmienda de adición
Del apartado 4,
Se crea:
«NOVENA.-El Gobierno elaborará con carácter anual un Proyecto de Plan
Global sobre la política española en materia de derechos humanos,
para su debate en el Congreso de los Diputados.»
Justificación
Concreción y transparencia en la política a seguir, contando con la
participación de los ciudadanos a través de sus representantes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-José
Navas Amores, Diputados.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
VOTOS PARTICULARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Núm. 2)
A la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados
Por medio del presente escrito, el Diputado adscrito al Grupo Mixto
Manuel Alcaraz Ramos (Nueva Izquierda) presenta los siguientes votos
particulares al informe de la Subcomisión relativa al cincuenta
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de mayo de 1999.-Manuel
Alcaraz Ramos, Diputado.-Francisco Rodríguez Sánchez, Portavoz
Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
A) Voto particular que formula el Diputado adscrito al Grupo Mixto
Manuel Alcaraz Ramos (Nueva Izquierda) al informe de la Subcomisión
relativa al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Añadir en el apartado IV del Informe, «Mecanismos institucionales y
derechos humanos», la siguiente resolución:
«Considera que los Derechos Humanos deben ocupar un lugar central y
prevalente en la política exterior del Estado dirigida por el
Gobierno. Este hecho requiere de esfuerzos especiales y permanentes
que hagan que esta política sea global y planificada. Igualmente
parece oportuno que se arbitren mecanismos estables que favorezcan la
transparencia y el control parlamentario en materia de Derechos
Humanos, todo ello en el marco de las recomendaciones de la
Conferencia de 1993. Para ello, acuerda dirigirse a los órganos
competentes de la Cámara para que se hagan efectivas las siguientes
medidas:
1. Al inicio del primer período de sesiones anual del Congreso de los
Diputados, el Ministro de Asuntos Exteriores presentará un Plan
Global de Política de Derechos Humanos ante la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputados, que lo someterá a examen.
2. Al finalizar el segundo Período de Sesiones anual del Congreso de
los Diputados, el Ministro de Asuntos Exteriores presentará un
informe sobre la ejecución del Plan Global de Política de Derechos
Humanos ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Este informe
dará lugar a un debate en el que los Grupos parlamentarios podrán
presentar propuestas de resolución, para su debate y votación.
3. En las semanas previas al debate indicado en el apartado anterior,
la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados
celebrará una o varias sesiones monográficas en las que podrán
comparecer especialistas en Derechos Humanos y representantes de
Organizaciones No Gubernamentales a los efectos de exponer sus puntos
de vista sobre el Plan Global.
4. Todo lo indicado se producirá sin menoscabo de las normales
actividades de iniciativa y control parlamentario que
reglamentariamente corresponde a los Diputados y Senadores, Grupos
Parlamentarios y Comisiones de Asuntos Exteriores de ambas Cámaras.»
B) Voto particular que formula el Diputado adscrito al Grupo Mixto
Manuel Alcaraz Ramos (Nueva Izquierda) al Informe de la Subcomisión
relativa al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Añadir en el apartado IV del Informe, «Mecanismos institucionales y
derechos humanos», la siguiente resolución:
«Considera que los miembros de la Casa Real, y en especial el Rey, al
que corresponde constitucionalmente la más alta representación del
Estado español en las relaciones internacionales, pueden llevar a
cabo una importantísima labor de promoción en el exterior de los
derechos fundamentales. Esta promoción de los derechos humanos
necesariamente debe efectuarse en el marco de la política exterior
que corresponde al Gobierno. Por todo ello, insta al Gobierno para
que impulse la participación del Rey, y del resto de los miembros de
la Casa Real, en la difusión y promoción de los derechos humanos, en
el marco de la política exterior española, y específicamente:
1. Aboguen por la derogación de la pena de muerte y se pronuncien en
contra de su aplicación, en los países donde ésta se encuentre
vigente.
2. Alienten la firma y ratificación de los Convenios y Tratados
Internacionales de protección de los derechos humanos por los Estados
que aún no los hayan ratificado, en especial los relativos a la
creación del Tribunal Penal Internacional.»
C) Voto particular que formula el Diputado adscrito al Grupo Mixto
Manuel Alcaraz Ramos (Nueva Izquierda) al Informe de la Subcomisión
relativa al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Añadir en el apartado IV del Informe, «Mecanismos institucionales y
derechos humanos», la siguiente resolución:
«Insta al Gobierno a realizar una constante labor de intercambio de
información suficiente y celebración de contactos con las
organizaciones de derechos humanos en España. De igual modo debe
actuar puntualmente el Gobierno, con aquellas organizaciones de
derechos humanos que realicen su labor en los Estados con graves
violaciones de derechos humanos que van a ser visitados por
autoridades españolas o cuyos dignatarios visiten España. De esta
manera, el Gobierno podrá, y deberá, informar a las Cortes y a las
citadas organizaciones, de sus gestiones en favor de los derechos
humanos durante estas visitas, con carácter previo y posterior a las
mismas.»
D) Voto particular que formula el Diputado adscrito al Grupo Mixto
Manuel Alcaraz Ramos (Nueva Izquierda) al Informe de la Subcomisión
relativa al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Añadir en el apartado VI del Informe, «Educación, formación y
difusión de los derechos humanos», la siguiente resolución:
«Insta al Gobierno a entregar a los jóvenes que concluyan sus
estudios, un ejemplar de la Constitución Española y del texto de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.»
E) Voto particular que formula el Diputado adscrito al Grupo Mixto
Manuel Alcaraz Ramos (Nueva Izquierda) al Informe de la Subcomisión
relativa al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Añadir en el apartado VII del Informe, «Profundización en el
desarrollo de los derechos humanos», las siguientes resoluciones:
«OCTAVA BIS.-Insta al Gobierno a que impulse medidas dirigidas a que
la postura común de la Unión Europea sobre la interpretación de la
definición de refugiado sea revisada con el fin de garantizar que
abarca a las personas perseguidas por entidades no estatales si el
Estado no es capaz de protegerlas o no está dispuesto a hacerlo.
OCTAVA TER.-Insta al Gobierno a que impulse la adopción de medidas
sobre normas mínimas para los procedimientos de asilo que corrijan
las deficiencias de la Resolución de 1995 de la Unión Europea,
especialmente en el caso de las llamadas 'solicitudes manifiestamente
injustificadas' y cuando se aplica el concepto de 'tercer país
seguro'.
OCTAVA QUÁTER.-Insta al Gobierno a que cualquier medida tomada sobre
la 'protección temporal' se aplique exclusivamente en situaciones
excepcionales de afluencia masiva y no provoque el descenso de los
niveles de protección.»
VOTOS PARTICULARES DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Núm. 3)
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
En nombre del Grupo Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa
para, al amparo de lo establecido en el apartado 2, del punto Quinto,
de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de
26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de
funcionamiento de las Subcomisiones en el seno de las Comisiones de
la Cámara, recogida en el Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar y mantener para su debate en Comisión el siguiente voto
particular al Informe elaborado por la Subcomisión relativa al
cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
A) Voto particular
Se formula voto particular de adición a la Primera Recomendación del
capítulo IV, «Mecanismos institucionales», con el siguiente texto:
«PRIMERA BIS.-El Gobierno español elaborará un Plan de Acción
Nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que el
Estado mejore la promoción y protección de los Derechos Humanos, tal
como recoge la Recomendación de la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos y Plan de Acción de Viena de 1993.»
Igualmente, de adición a la Segunda Recomendación:
«SEGUNDA BIS.-El Gobierno comparecerá ante la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso anualmente para informar del Plan de Acción
Nacional y de su desarrollo.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-María
Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Socialista.
VOTOS PARTICULARES DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CiU) (Núm. 4)
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
Don Josep López de Lerma i López, en su calidad de Portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Covergència
siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta un voto particular
al Informe de la Subcomisión relativa al cincuenta aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de junio de 1999.-Josep
López de Lerma i López, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán
Convergència i Unió.
A) Voto particular que presenta el Grupo Parlamentario Catalán de CiU
a las propuestas de resolución del Informe de la Subcomisión relativa
al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derecho
Humanos.
De adición a la primera propuesta de resolución del punto IV,
«Mecanismos institucionales y derechos humanos».
El Gobierno comparecerá ante la Comisión de Asuntos Exteriores del
Congreso para presentar y someter a debate el informe anual de la
Unión Europea en materia de derechos humanos.
Este debate servirá para configurar la posición española en la
redacción del informe anual de la UE.
Justificación
Nuestro Grupo entiende que el informe anual de la Unión Europea en
materia de derechos humanos puede responder a la perspectiva de
posición única en la perspectiva de la PESC, siempre que ello no
suponga un recurso subterfugial que intente soslayar el papel de
Parlamento en la fijación de la posición y el control de la política
exterior del Gobierno en materia de derechos humanos.
Por todo ello, nos parece importante que el Gobierno comparezca ante
el Congreso de los Diputados, y concretamente ante la Comisión de
Asuntos Exteriores, para presentar el informe anual de la Unión
Europea, para dar cuenta de sus aportaciones al Informe, para debatir
estas posiciones y en función de las intervenciones y propuestas de
los Grupos Parlamentarios conformar la posición que el Gobierno
aporte cada año la posición común de la UE.