CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1999 VI Legislatura Núm. 829



INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SALVADOR SEDÓ Y MARSAL



Sesión núm. 58



celebrada el martes, 21 de diciembre de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Debate y votación de las propuestas de resolución relativas a los
siguientes informes:



- De las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear
durante el primer semestre de 1998. (Número de expediente 401/
000007.) ... (Página 24678)



- De las actividades realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear
durante el segundo semestre de 1998. (Número de expediente 401/
000008.) ... (Página 24678)
Debate sobre:



- Propuesta de nombramiento de doña Paloma Sendín de Cáceres y don
José Ángel Azuara Solís como consejeros del Consejo de Seguridad
Nuclear. (Número de expediente 409/000002.) ... (Página 24682)
Debate y votación del informe de la siguiente Subcomisión:



- Para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión
de las empresas pertenecientes al sector público. (Número de
expediente 154/000019.) ... (Página 24684)

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Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.




DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LOS
SIGUIENTES INFORMES:



- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1998. (Número de expediente 401/
000007.)



- DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CITADO CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1998. (Número de expediente
401/000008.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.

Vamos a empezar la última reunión de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo en esta legislatura, es de suponer.




La señora URÁN GONZÁLEZ: En esta legislatura seguro.




El señor PRESIDENTE: A no ser que salga alguna cosa superextra que
nos hiciese reunirnos; Infraestructuras tiene una reunión extra hoy,
una comparecencia.

En el orden del día tenemos tres temas y el primero de ellos es el
debate y votación de las propuestas de resolución relativas a los
informes del Consejo de Seguridad Nuclear del primer semestre de 1998
y también del informe de dicho Consejo del segundo semestre de 1998.

Están presentadas las correspondientes propuestas de resolución por
los distintos grupos. Ahora procederemos a que sean presentadas por
cada uno de ellos, teniendo en cuenta que las votaciones está
previsto ya en la convocatoria que no se realizarán antes de las
diecinueve horas. Por tanto, los distintos grupos pueden ir
presentando las propuestas de resolución, y cualquier debate que
pueda haber de posibles transacciones durante la tarde y antes de las
votaciones podrán dejar determinada la forma en que se va a realizar
la votación.

Para defender, pues, las propuestas de resolución del Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Pérez de Tudela.




El señor PÉREZ DE TUDELAMOLINA: Señor presidente, señoras y señores
diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista para presentar
las propuestas de resolución de nuestro grupo.

En la sesión de la Comisión de Industria celebrada la semana pasada,
pudimos oir las explicaciones del señor Juan Manuel Kindelan,
presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, que merecieron la
consideración y contraste por parte de los grupos parlamentarios de
Izquierda Unida, Popular y Socialista, en las que también se hizo
plausible el contraste de los informes del Consejo de Seguridad
Nuclear con las comparecencias habidas en la ponencia, comparecencias
entre las que se veía alguna disparidad de apreciación y de las que
se pidió aclaración al señor Kindelan, entre otras una de las
divergencias que llaman la atención
es la del cumplimiento o no de los planes de emergencia nuclear.

Vistas las propuestas del Partido Popular se constata que realmente
no se han cumplido (y no como se decía en la ponencia, por parte de
algún representante del Gobierno, que sí estaban cumplidas) en los
aspectos relacionados con los residuos ocasionados en los incidentes
de Acerinox, cuestiones de información a la población, el radio de
acción de las centrales, lo poco que al parecer se ha avanzado en el
tema de los residuos generados en centros hospitalarios y el control
sobre los mismos o las prórrogas autorizadas y la necesidad de
incorporar un programa de cierre de centrales nucleares, haciendo
especial mención a los planteamientos efectuados por Amac, Asociación
de municipios afectados por las centrales nucleares.

Escuchadas las explicaciones del señor Juan Manuel Kindelan, hemos
sacado nuestras conclusiones y las que a nuestro parecer son más
relevantes las hemos transformado en propuestas de resolución que
sometemos al criterio de esta Comisión.

Podemos compartir el hecho de que las centrales nucleares en el año
1998 han funcionado sin incidentes relevantes para la seguridad de
las personas y del medio ambiente; otrosí es el nuevo campo de
control que se ha manifestado y abierto con el tema de las acerías,
con cuyo tema se debe tener una especial atención, cuestión que ya se
reflejó en las propuestas de resolución presentadas hace un año.

También hemos podido constatar el poco, por no decir nulo avance en
materia de seguridad, seguimiento y desarrollo de un programa de
minimización en materia de materiales radiactivos en los centros
hospitalarios, que está reflejado en las propuestas de resolución que
planteamos este año por entender que es una cuestión vigente y
pendiente, aun considerando la conveniencia de llamar la atención
sobre ello.

En las propuestas presentadas por el Grupo Socialista, de las que
posteriormente daré cumplido detalle, se recaba la actuación del
Consejo de Seguridad Nuclear y del Gobierno en materias de seguridad,
de información, legislativas, sobre infraestructuras, pidiendo la
realización de informes sobre los programas para el cumplimiento del
protocolo Euratóm, referidos a la renovación de permisos y al
incidente ocurrido en Tokaimura, Japón, para incentivar la
coordinación en el control sobre la vida de las centrales y el
incremento de potencia sobre los simulacros de emergencia y para
potenciar el desarrollo de las zonas de influencia de las centrales
nucleares que en estos momentos sufren el monocultivo industrial de
las centrales.

Otros aspectos a los que quisiera hacer referencia que enlazan con
las respuestas dadas por el señor Kindelan en el transcurso de la
comparecencia en la Comisión de la semana pasada, es la felicitación
al Consejo en lo que se refiere al esfuerzo por evitar el
amodorramiento burocrático del organismo con el planteamiento de
nuevas iniciativas y respuestas para adaptarse en cada momento a la
situación, así como la voluntad de facilitar a los miembros de esta
Comisión su trabajo de control con la presentación de informes más
sintéticos y didácticos, según nos anunció el mismo señor Kindelan.

Estamos a la espera de constatarlo de manera positiva.

No podemos dejar de reseñar nuestra preocupación por el temor
manifestado repetidamente sobre el posible relajamiento



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en las cuestiones de seguridad derivadas de la demanda de
rentabilidad emanada de la privatización, cuestión sobre la que se
debería estar con una atención extremadamente vigilante.

Deseo insistir en la conveniencia de ejercer un mayor y mejor control
de los centros hospitalarios, porque si bien los incidentes pueden
ser menos graves, pueden ser muchos y afectar a amplios sectores de
población, problema similar al que se puede producir en las acerías,
de manera especial en las de pequeño tamaño, con la proliferación de
chatarras incontroladas desde el punto de vista de contener
materiales contaminados.

Señor presidente, el Grupo Socialista ha presentado 16 propuestas,
que paso a detallar. La primera se refiere a la conveniencia de
establecer mecanismos de seguimiento simultáneo de los protocolos
establecidos en las operaciones que se realizan en las centrales,
para minimizar la posibilidad de error humano constatado, que
afortunadamente sin consecuencias graves hasta la fecha, estos
errores se producen y comportan incidentes.

La segunda plantea la necesidad de realizar los simulacros de
emergencia con la incorporación de la población en los mismos de
manera periódica.

La tercera recaba un informe sobre incidencia en materia de coste,
seguridad y rentabilidad del aumento de potencia de las centrales
nucleares.

La cuarta plantea el establecimiento de plazos en los permisos de
explotación más limitados, extremando esta limitación en las
centrales con 20 años o más de vida.

La quinta se refiere a la concurrencia y participación de los
municipios en la toma de decisiones que planteen la variación de los
parámetros de funcionamiento.

La sexta se refiere a la necesidad de establecer comisiones
informativas en cada una de las áreas donde existen centrales
nucleares, para garantizar el acceso público a la información.

En la séptima se insta a la constitución de una comisión
interministerial específica, para el estudio de medidas concretas de
desarrollo armónico de las zonas afectadas por una central nuclear,
respecto a los principios de equidad y solidaridad en los ámbitos
social, económico y laboral.

En la octava se plantea la necesidad de que las centrales establezcan
controles de calidad propios sobre los materiales que les
proporcionan sus suministradores. El incidente de los anclajes que se
produjo por un insuficiente control de calidad, es una muestra.

En la novena propuesta se plantea la necesidad de recabar lo que
podríamos concretar en un proyecto de viabilidad y rentabilidad
económica de las modificaciones que se plantean en las centrales
nucleares.

La décima propuestas incorpora la necesidad y demanda de adecuación
de la legislación vigente, atendiendo a las necesidades que la
experiencia ha evidenciado, y de manera especial para poder atender
adecuadamente el desmantelamiento de las centrales y el cierre
progresivo de las mismas, además de contemplar adecuadamente el nuevo
marco de la privatización que seguro nos obliga a contemplar
modificaciones legislativas.

La undécima introduce la demanda de modificación de los presupuestos
del 2000, para hacer frente a los compromisos de ejecución de los
planes de emergencia nuclear
que se ha constatado no están completados, contrariamente a lo que en
alguna comparecencia se ha dicho.

En la duodécima se recaba un informe sobre las actividades en curso y
previstas para asumir la nueva competencia relativa a la vigilancia
de la calidad radiológica del medio ambiente en todo el territorio
nacional.

En la decimotercera resolución se demanda un informe sobre las
evaluaciones e inspecciones realizadas para la renovación del permiso
de explotación de la centra José Cabrera.

En la decimocuarta se pide la elaboración de un informe sobre el
programa de mejoras, que en el término de seis meses desde la
renovación del permiso, debe presentar la central José Cabrera.

En la propuesta de resolución decimoquinta se solicita un informe
sobre el accidente ocurrido en la instalación de Tokaimura, en Japón,
que contenga las lecciones aprendidas y su aplicación a las
instalaciones españolas.

En la decimosexta y última se solicita que se extreme la coordinación
y colaboración entre el Consejo de Seguridad Nuclear, el Miner y
Enresa, en el desarrollo de las medidas contenidas en el protocolo
suscrito el 2 de noviembre, para la vigilancia radiológica de las
instalaciones que intervengan en el proceso y la recuperación de
chatarras en la gestión de los materiales radiactivos que se detecten
en ellas.

Hechas estas propuestas, quisiera recordar la vigencia de muchas de
las presentadas y aprobadas en esta Comisión en el año anterior, para
las que me permito pedir se considere la imperiosa necesidad de su
cumplimiento.

Señor presidente, presentadas las propuestas y solicitada la
aprobación por parte de todos los miembros de la Comisión individual
y colectivamente, no me queda más que congratularme del trabajo
realizado entre todos, y supuesto que ésta sí debe ser la última
reunión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo en esta
legislatura, quiero desear que este encargo que realiza la Comisión
se lleve a buen término y que el control que se ejerza en la nueva
legislatura sea más eficiente y con mejores resultados si cabe.

Quisiera terminar esta intervención agradeciendo a todos los miembros
de la Comisión y más allá de las discrepancias políticas, la
consideración y voluntad de trabajo manifiesta para dar respuesta a
las necesidades de este país, al tiempo que desear a todos y a cada
uno que se cumplan sus expectativas en la inmediatez del panorama
político, en el bien entendido de que ello no es posible para todos,
porque es de suponer que todos esperamos poder ejercer el gobierno en
la próxima legislatura, y eso no es posible para todos. En cualquier
caso, permítan que les desee lo mejor y que donde estemos cada uno de
nosotros, vivamos intensamente cada momento de nuestra vida, que a la
postre es lo que cuenta y puede hacer fructificar nuestras propuestas
para con la comunidad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Izquierda Unida, tiene la palabra
doña Presentación Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida ha presentado siete resoluciones a los dos
informes semestrales del Consejo de Seguridad Nuclear que hemos
discutido del



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año 1998, y aunque nuestro grupo parlamentario a través de los
informes presentados por el Consejo constata, aunque no hayamos
presentado ninguna resolución en ese sentido, que no ha habido
problemas específica o especialmente graves que hayan afectado al
funcionamiento de las centrales nucleares, sí han ocurrido
determinados aspectos en el funcionamiento no solamente de las
centrales sino también otros problemas detectados en el año 1998, que
hacen que nuestro grupo parlamentario presente estas siete
resoluciones.

La primera resolución que presentamos, señorías, se refiere a la
valoración que desde nuestro grupo parlamentario se hace del trabajo
llevado a cabo por el Consejo de Seguridad Nuclear en cuanto al
alcance y las consecuencias del accidente de Acerinox. Por nuestra
parte, creemos que se pueden apreciar, y desde luego nosotros
apreciamos notables incorrecciones y un tratamiento suficientemente
flexible, a nuestro entender, por parte del Consejo de Seguridad
Nuclear referente a esta empresa y en concreto al suceso acaecido en
1998. Por ello, en esta primera resolución nuestro grupo
parlamentario plantea la necesidad de que se reconsidere por parte
del Consejo de Seguridad Nuclear la posibilidad de sanción
administrativa a la empresa Acerinox. Como decíamos la semana pasada
en la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear,
desde nuestro punto de vista la empresa actuó de manera bastante
irresponsable, e intentó en un principio ocultar el accidente
ocurrido en su acería; creemos que eso se ha demostrado por la
comparecencia del representante de la empresa en la propia ponencia,
así como por las explicaciones que se han venido dando al respecto.

Pero además, en esta primera resolución, señorías, nuestro grupo
parlamentario pide que se vuelva a realizar un informe respecto a las
dosis que por exposición externa pueden haber recibido los
trabajadores de esta empresa.

Señorías, nuestro grupo parlamentario, cuando se abrió el plazo
correspondiente, solicitó el informe que había emitido el Consejo de
Seguridad Nuclear relativo a la contaminación entre los trabajadores
de la acería, y de la lectura de este informe se desprende -y
volvemos a insistir en ello- que ha habido una actuación poco
correcta por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, porque en este
informe, señorías, sí se afirma que no ha habido una exposición
suficientemente alta que haya puesta en riesgo la salud de los
trabajadores de Acerinox, y el propio presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear en su comparecencia nos decía que no se podía
asegurar tal cosa. El informe que hace el propio Consejo de Seguridad
Nuclear desmiente a su presidente, porque el mismo sí lo afirma.

Nosotros consideramos que se actuó de manera incorrecta en este
informe, y que por tanto sería conveniente que se utilizaran otros
parámetros de los que se utilizaron en aquel momento, para que haya
una valoración mínimamente correcta del perjuicio que se haya podido
ocasionar a los trabajadores. Pero además, señorías, estamos
planteando también aquí que en esta primera resolución se considere a
Acerinox en estos momentos como una instalación radiactiva, porque
mantiene dentro de sus instalaciones más de 1.000 toneladas de
material que está contaminado con cesio 137 y que tiene diversos
grados de emisiones radiactivas. Por tanto, señorías, es
importantísimo que en una actuación de estas
características se sea mucho más inflexible, mucho más riguroso de lo
que ha sido el Consejo de Seguridad Nuclear ante una situación como
la que se produjo en 1998.

En la segunda resolución nuestro grupo parlamentario plantea que no
seamos todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español los que
paguemos la gestión de los residuos que han producido el accidente
nuclear de Acerinox, sino que sea la empresa, una empresa solvente y
responsable, entre comillas, la que se haga cargo de estos costes
porque consideramos que ella es la responsable de lo acaecido y que
el resto no debemos pagarlo, por lo que no es aplicable la
disposición adicional segunda de la Ley 14/1999, de 4 de mayo.

En nuestra tercera resolución -voy a hacer una corrección técnica,
señor presidente, porque la solución no está bien planteada-
planteamos que se inste al Consejo de Seguridad Nuclear a que no
autorice ningún tratamiento especial, aunque el Consejo de Seguridad
Nuclear no autoriza, informa favorable o desfavorablemente. Lo que
solicitamos es que se inste al Consejo de Seguridad Nuclear a que no
emita informe favorable a ningún tratamiento especial para los
residuos radiactivos procedentes del accidente nuclear de Acerinox.

El presidente de Enresa nos informó en su comparecencia en la
ponencia, que había solicitado el tratamiento específico de una parte
de los residuos radiactivos de Acerinox para que se pudiera utilizar
como relleno en El Cabril. Señorías, si esto se llevara a efecto, si
el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera este informe favorable y se
autorizara por parte del Ministerio del Industria, estaríamos creando
un precedente suficientemente peligroso para que otras empresas u
otras fuentes de producción de residuos radiactivos de diferentes
intensidades radiológicas se sintieran discriminadas al no tener el
mismo tratamiento que se pretende dar a los residuos de Acerinox.

Señorías, no sería una buena actuación sino que sentaría un
precedente muy peligroso.

En la resolución número 4 planteamos que se emita un informe en el
plazo de dos meses y se remita a los miembros de la Comisión, sobre
los componentes de la central nuclear de Garoña afectados por
problemas de degradación severa y media. Estamos hablando de una
central nuclear que ya tiene muchos años,a la que se ha concedido
además un permiso de explotación provisional por un período de diez
años, que tiene componentes afectados por problemas de degradación
por el propio funcionamiento de la central nuclear y sería
conveniente que los miembros de esta Comisión o los miembros de la
Comisión de Industria de la futura legislatura, tengan un informe que
detalle específicamente cuáles son esos problemas, cuál es la función
de esos componentes en la seguridad de la planta, la importancia que
tienen dichos componentes en la seguridad de la planta si es que la
tienen, y los procedimientos de vigilancia que se han introducido
para esos componentes.

En la resolución número 5 estamos planteando lo mismo para los
componentes que puedan estar afectados por los problemas de
degradación de la central nuclear José Cabrera, en Zorita. Hablamos
también de una central nuclear con muchos años de funcionamiento, que
ha tenido permiso de explotación provisional por un período de tres
años y también queremos que los componentes de la futura



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Comisión de Industria tengan una información suficientemente clara
que les permita llevar a cabo el control de las actuaciones del
Consejo de Seguridad Nuclear, sobre el funcionamiento de las
centrales nucleares y la seguridad de las mismas.

En la resolución número 6 estamos instando al Consejo a que se remita
a esta Comisión un resumen del análisis probabilístico de seguridad
de la central José Cabrera, resaltando especialmente los aspectos más
destacables para la seguridad futura de la planta. Señorías, es la
misma argumentación. Estamos hablando de una central nuclear muy
antigua, ya amortizada, que desde nuestro punto de vista tendría que
estar no en un proceso de permiso de explotación provisional
concedido por tres años, sino en un proceso de desmantelamiento por
cierre.

En la resolución número 7, y para concluir, instamos al Consejo a que
en el plazo de dos meses remita a esta Comisión un informe sobre los
criterios para desclasificar residuos radiactivos, señalando al menos
-nos parece muy importante- los criterios que se tienen que seguir
para esta desclasificación en la actividad total de los residuos, la
concentraciónde actividad que tienen, la composición isotópica, la
composición química y el estado de agregación de los mismos.

Señorías, exponemos este problema y creemos que el Consejo de
Seguridad Nuclear se debe pronunciar ya, porque coincidiendo con las
primeras resoluciones que hemos presentado, el accidente de Acerinox
ha producido una cantidad de residuos radiactivos en las más de 1.000
toneladas que todavía permanecen en la acería, donde existe una
diferente composición y grado de actividad e incluso en algún caso
por su baja actividad ni tan siquiera merece la clasificación de
residuos radiactivos. Sin embargo, como no existe en nuestro país
ningún informe ni ningún criterio que permita ese tipo de
actuaciones, está claro que tal y como están las cosas, las mil y
pico toneladas tendrían que ser declaradas residuos radiactivos y
llevadas a El Cabril, aunque una buena parte no tenga necesidad de un
tratamiento especial. Por tanto, es importante que por parte del
Consejo de Seguridad Nuclear se establezcan ya cuáles son esos
criterios y se pueda actualizar y tener claridad suficiente como para
saber qué se considera residuo radiactivo y qué puede no ser
considerado como tal.

Estas son las resoluciones que ha presentado el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Esperemos sean votadas y aprobadas por el
resto de los miembros de la Comisión, porque van sólo y
exclusivamente en la línea de intentar proteger más nuestro entorno y
la salud de las personas en cuanto a cualquier posibilidad de
accidente o de incidente nuclear.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor don Antonio Landeta.




El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Terminamos hoy los trabajos
realizados por la ponencia del Consejo de Seguridad Nuclear a lo
largo del año 1999, con el examen de la actividad desarrollada por el
mismo durante 1998.

Más de veinticinco técnicos han trabajado en la comparecencia y la
actividad desarrollada por el Consejo durante varios meses y han
pasado a exponer la situación real y
cómo se encuentran los problemas nucleares en este país. Todos han
expuesto con claridad y competencia el estado real del proceso
nuclear en España. Examinadas sus declaraciones, el Grupo
Parlamentario Popular ha decidido presentar 15 propuestas de
resolución, señaladas con los números 25 a 39, que recogen los hechos
y actividades más destacadas del Consejo de Seguridad Nuclear durante
1998 y su proyección de futuro, donde se pone de relieve lo
siguiente: (El señor Vicepresidente, Gómez Darmendrail, ocupa la
Presidencia.)



En primer lugar, las centrales nucleares y radiactivas funcionaron
sin incidentes que pudieran afectar a las personas y al medio
ambiente durante el año 1998; que se constató la disminución
progresiva de la dosis recibida por los trabajadores, el control de
los vertidos líquidos y gaseosos y su impacto en el medio ambiente;
que es necesario intensificar la mejora de la formación de los
operadores y supervisores; es importante que por el Consejo de
Seguridad Nuclear se lleve a efecto la mayor potenciación del I+D, y
en especial el plan quinquenal de investigación de 1997- 2001; que es
necesario (y esto se ha puesto de relieve por diferentes
comparecientes en la ponencia) desarrollar y llevar a efecto una
mayor implicación del Consejo en toda la protección radiológica en
los hospitales; hay que incrementar la dotación de los recursos
necesarios para los planes básicos de emergencia; es muy importante
que el Consejo de Seguridad Nuclear siga llevando a efecto una
información detallada (y esto se recoge en la propuesta de resolución
número 7) respecto al desmantelamientos de las partes activas y no
activas de la central nuclear de Vandellós y al avance de las
actividades de dicho desmantelamiento producidas hasta el mes de
junio del año 2000; y una propuesta va dirigida a realizar un informe
sobre situaciones excepcionales de emergencia radiológica.

Otra propuesta de resolución que esta parte presenta y que está
concatenada precisamente con actuaciones y propuestas presentadas por
otros grupos, es la número 9 en la cual se solicita al Consejo de
Seguridad Nuclear que en el plazo de seis meses elabore un informe
sobre las actividades llevadas a cabo por los titulares de las
instalaciones afectadas por el incidente ocurrido en la factoría
Acerinox, de Los Barrios (Cádiz), en 1998, las actividades de
evaluación e inspección realizadas por el Consejo de Seguridad
Nuclear en relación con las mismas y el estado final en que han
quedado las instalaciones y los emplazamientos afectados, así como el
destino de los residuos radiactivos generados.

Consideramos que otro tema importante es un informe sobre la
evaluación del permiso de explotación de Santa María de Garoña, así
como sobre el aumento de potencia y los aspectos de seguridad que en
los momentos actuales está concediendo el Consejo a las centrales
nucleares españolas.




Es también importante que se elabore un informe sobre la directiva de
Euratom y normas básicas de protección radiológica, tendente
principalmente al elemento fundamental de la seguridad, así como un
informe sobre agilización de la estructura del Consejo de Seguridad
Nuclear a la realidad actual. Por último, pedimos que exista una
dotación presupuestaria para atender la energía radiológica.




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Tengo la seguridad de que todas estas propuestas van a obtener el
voto favorable de los miembros de la ponencia así como de los
miembros de esta Comisión, porque tienden precisamente a llevar a
efecto un control y una mejor actuación y seguridad de todo lo
nuclear en nuestra nación. Este buen trabajo tuvo sus frutos -todos
lo recordarán- en la aprobación en esta legislatura de la Ley de
tasas del Consejo de Seguridad Nuclear, con un desarrollo armónico y
en el nuevo campo competencial del marco energético, logrando nuevas
competencias y logrando también que se vayan clarificando las nuevas
competencias del Consejo de Seguridad. Estoy convencido también de
otro beneficio que supone esta ley y por el que los representantes y
participantes en la ponencia podemos felicitarnos. Los informes que
el Consejo de Seguridad Nuclear enviaba semestralmente nunca estaban
actualizados en relación con el momento que se veían en la Cámara,
y como consecuencia de una modificación introducida en vez de informes
semestrales el Consejo enviará un informe anual. Nosotros dejaremos
despachada la actuación en el año 1998 y los próximos miembros
integrantes de la ponencia examinarán la actividad del Consejo
correspondiente al año 1999, mucho más actualizada y en los primeros
meses del año 2000.

Quiero terminar mi intervención agradeciendo el buen clima y trabajo
realizado por los miembros de la ponencia, con el constante
asesoramiento de los letrados de la Comisión, durante los cuatro años
que muchos de nosotros hemos formado parte de la ponencia del Consejo
de Seguridad Nuclear. Entendemos que el trabajo realizado por la
ponencia dio sus frutos en el control del Consejo, cuyo trabajo debe
calificarse de viable, serio y provechoso para el fin encomendado.

Quiero dejar constancia de que este ponente intentará negociar, desde
ahora hasta la votación, la aprobación por consenso del mayor número
de propuestas de resolución, al igual que ha ocurrido en años
anteriores, que se aprobaron por unanimidad.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): ¿Algún grupo quiere
fijar posición? (Pausa.)



DEBATE SOBRE:



- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE DOÑA PALOMA SENDÍN DE CÁCERES Y DON
JOSÉ ÁNGELAZUARA SOLÍS COMO CONSEJEROS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR. (Número de expediente 409/000002.)



El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Pasamos al punto número
3 del orden del día, que es el debate sobre la propuesta de
nombramiento de doña Paloma Sendín de Cáceres y don José Ángel Azuara
Solís como consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Desean fijar
posición? (Asentimiento.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.




El señor CUEVAS DELGADO: La propuesta que nos hace el Gobierno merece
una lógica oposición por la forma y el método empleados. Desde
nuestro punto de vista, no
es que el Gobierno no tenga la pretensión de consenso (algo que ya se
ha comprobado ampliamente en la legislatura) es que ni siquiera se
han molestado en intentarlo.

El Consejo de Seguridad Nuclear debe ser, y así ha sido hasta ahora,
un órgano en el que sus miembros, además de su idoneidad técnica y su
procedencia más o menos cercana a los grupos que los proponen, deben
cumplir un requisito indispensable, que puede posibilitar el
consenso: su contrastada independencia y objetividad de criterio, tal
como establece la ley. Señorías, en la propuesta que hace el Gobierno
y desde nuestro punto de vista, estos requisitos sólo se dan en el
caso de don José Ángel Azuara Solís, y no es una valoración subjetiva
de mi grupo sino que así lo ha demostrado en su ya larga experiencia
en el Consejo, por lo que valoramos positivamente esta parte de la
propuesta, y también por lo que tiene de reconocimiento a su trabajo.

En cambio, a nuestro juicio no se cumplen estos requisitos en el caso
de la señora Sendín, en la actualidad directora general de Minas;
tampoco sabemos si incurre en algún tipo de incompatibilidad en el
momento del nombramiento o si sería suficiente con que dimitiera en
la Dirección General de Minas. Aunque evidentemente no cuestionamos
su capacidad profesional, sí creemos que no cumple el requisito
fundamental para esta responsabilidad: la independencia y la
objetividad de criterio. También en este caso, pero en sentido
distinto, lo demuestra su trayectoria como alto cargo del Gobierno
actual, su actuación como responsable de las ayudas públicas en la
minería del carbón que han sido objeto de debate en esta Cámara y que
desde nuestro punto de vista han sido un ejemplo de arbitrariedad al
confundir su responsabilidad pública con los intereses de su grupo
político, en este caso el Partido Popular. Pero si hubiera alguna
duda sobre lo que estoy diciendo, su intervención de la semana pasada
en esta misma Comisión fue todo un ejemplo de falta de objetividad
y nula independencia, aunque creemos que seguramente éste es el motivo
por el que el Gobierno la propone y de paso le agradece los servicios
prestados. Es lamentable que al día de hoy no exista, para que SS.SS.

puedan ilustrarse sobre lo que digo, una copia de aquella sesión,
porque no hubo taquígrafos y la cinta se está transcribiendo por una
empresa privada.

Por todo ello, señor presidente, el Grupo Socialista valora de forma
desigual esta propuesta. Nos parece bien el nombramiento del señor
Azuara y no nos parece bien el nombramiento de la señora Sendín.




El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Muy brevemente.

Ha venido siendo habitual en esta Cámara que para el nombramiento de
los consejeros, con independencia después de cuáles hayan sido las
posiciones de los diferentes grupos parlamentarios, se haya abierto
al menos una ronda de diálogo con los diferentes grupos
parlamentarios para escuchar sus opiniones respecto a las personas
que tendrían que configurar el Consejo de Seguridad Nuclear. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)



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En esta ocasión, señorías, nuestro grupo parlamentario no solamente
es que no haya sido consultado, sino que además la valoración que
hace de la forma en que se han presentado estas dos sustituciones las
resumiríamos en una frase, con nocturnidad y alevosía, entre otras
cosas, señoría, porque tampoco ha habido tiempo para que esta
Comisión recabe suficiente información más allá de los currículum que
se han presentado respecto al trabajo que puedan desarrollar estas
personas en el Consejo de Seguridad Nuclea, reconociendo que el señor
Azuara repetiría en este caso como miembro de dicho Consejo de
Seguridad Nuclear, y que ya nuestro grupo parlamentario se posicionó
en contra; por tanto no vamos a argumentar en cuanto a su
nombramiento en el momento que se produjo y mantenemos por ello la
misma posición. Pero, señorías, haciendo caso de lo que dice la
propia Ley del Consejo de Seguridad Nuclear los miembros que
configuran éste deberían ser personas con carácter idóneo
técnicamente preparadas y además con probada independencia y
objetividad.




Señorías, del currículum que se nos presenta para que demos el visto
bueno a la señora Sendín, tendremos que decir que no nos parece la
persona más adecuada para formar parte del Consejo de Seguridad
Nuclear a no ser que el objetivo que se pretenda cubrir con esta
vacante no sea votar o informar respecto a la seguridad en materia
nuclear de nuestro Estado sino que se pretenda informe sobre otras
materias en las que esta señora parece ser que puede estar mucho más
preparada que no precisamente con el carácter que debería tener para
desempeñar sus funciones en el Consejo de Seguridad Nuclear.

Además, señoría, se nos suscita la duda que al Grupo Socialista. Esta
señora, la señora Sendín, continúa siendo directora general de Minas,
y no sabemos en estos momentos si incurriría en algún tipo de
incompatibilidad o no. Por tanto, el posicionamiento de nuestro grupo
parlamentario por las personas que se nos plantean y por la forma en
que se ha llevado a cabo esta sustitución es que nos vamos a oponer.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Peralta.




El señor PERALTAORTEGA: Efectivamente, hemos recibido como los
restantes grupos la comunicación de propuesta del Gobierno del
nombramiento de determinadas personas. Esa comunicación responde a lo
previsto legalmente, y de acuerdo con la propia Ley las personas que
se designen para ese órgano deben tener unas determinadas
condiciones.

En nuestra opinión, se trata de un órgano fundamentalmente de
carácter técnico, independiente de la propia Administración, que
requiere un determinado nivel de cualificación como explícitamente
dice la normativa.

Por los datos que nos han sido comunicados a tenor del documento que
ha sido remitido por el propio Gobierno, es difícil saber cuál es el
nivel de cualificación que con arreglo a la ley reúne la persona de
la que estamos hablando, doña Paloma Sendín, a quien en el terreno
personal tenemos todo el respeto, pero tenemos que juzgar aquí su
idoneidad con arreglo a unos términos legales; y decimos que
resulta difícil saber cuál es la idoneidad de la misma pues lo único
que sabemos de ella es que actualmente ocupa un alto cargo en la
Administración.

Sinceramente creemos que en esta situación es difícil que podamos dar
nuestro consentimiento y nuestra aceptación del tema, y esta es la
razón que va a marcar la posición que vamos a mantener.




El señor PRESIDENTE: No sé si SS.SS. lo han recibido, pero tiene
fecha 16 el oficio con el que se envió los currículum de las dos
personas que han sido propuestas.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Landeta.




El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Señor presidente, nosotros
consideramos que el trámite que se ha seguido para la designación de
los dos nuevos consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear ha sido
totalmente correcto y legal. Se han cumplido todos los requisitos
legales, y consideramos que la designación de Paloma Sendín de
Cáceres es una designación totalmente acertada, es una persona
independiente y con objetividad de criterio, puesto que el cargo que
está desempeñando en estos momentos de directora general de Minas es
un cargo en relación directa a que es funcionaria del Estado. Es
técnica comercial y economista del Estado, ha participado y asesorado
no sólo al Gobierno actual sino a anteriores gobiernos -esto lo ha
manifestado en diferentes ocasiones-, es decir, se trata de una
verdadera funcionaria. Tiene una dilatada carrera administrativa en
campos como el transporte, comercial, comercio exterior, Unión
Europea, y últimamente a lo largo de esta legislatura ha tenido una
actuación muy directa en campos tan importantes como la realización
de la Ley Eléctrica, la realización de la Ley de Hidrocarburos y la
Ley de tasas del Consejo de Seguridad Nuclear. Ha demostrado una gran
capacidad de diálogo como director general de Minas, con un trato muy
difícil pero indiscutiblemente con buenos éxitos con sindicatos y
empresarios, lo que trajo la aprobación del Plan del carbón y
desarrollo del Instituto para la reestructuración de la minería del
carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras y en temas de
seguridad.




Tenemos plenamente el convencimiento de que indiscutiblemente en el
momento que ingrese en el Consejo de Seguridad Nuclear y dada su
independencia que la ha demostrado en muchas ocasiones, va a ser una
buena consejera y va a ser indiscutiblemete una persona que va a
vigilar el proceso nuclear en España.

Respecto a José Angel Azuara ya tiene un historial realizado
precisamente dentro del Consejo de Seguridad Nuclear, es un hombre en
el campo nuclear, y por tanto nos atenemos al currículum que se nos
ha presentado.




El señor PRESIDENTE: Señorías, efectuaremos la votación en su
momento, siguiendo la normativa que nos marca y dicta la Ley 15/1980,
de constitución del Consejo de Seguridad Nuclear.

Como decíamos al inicio, la votación no se realizará antes de las
siete de la tarde.




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DEBATE Y VOTACIÓN DEL INFORME DE LA SIGUIENTE SUBCOMISIÓN:



- PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RECONVERSIÓN
DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO. (Número de
expediente 154/000019.)



El señor PRESIDENTE: Por último, entramos en el debate del tercer
punto del orden del día: debate y votación del informe de la
subcomisión relativa a los procesos de privatización y reconversión
de las empresas pertenecientes al sector público. Para presentar el
documento básico de trabajo del informe, tiene la palabra el señor
Gómez, que actúa en este momento como coordinador-presidente de la
ponencia que realizó el trabajo, y después tiene otra intervención
como portavoz de su grupo, del Grupo Popular.




El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Como saben SS.SS., la Comisión de
Industria pretendía que la subcomisión para seguimiento de los
procesos de privatización y reconversión de las empresas
pertenecientes al sector público, emitiese un informe final de sus
trabajos sobre el conjunto del objeto de su estudio.

Señorías, el marco de la política de privatizaciones es el programa
de modernización del sector público empresarial del Estado, y este
programa tenía unas líneas de actuación; privatizar era el tercer
punto porque antes había dos puntos que era sanear las empresas
deficitarias para desvincularlas de los Presupuestos Generales del
Estado y consolidarlas a través de proyectos sólidos y viables; por
tanto, la privatización era un tercer punto después de estos dos que
acabo de decir.

Lo que se desprende de las comparecencias que ha habido en esta
subcomisión es que se ha pretendido cambiar el rol del Estado, es
decir el Estado no debe ser empresario, sobre todo si se van
eliminando los monopolios.

Este programa tenía unos principios básicos, unos principios
fundamentales sobre los procesos de privatización.

En primer lugar, se tenía en cuenta la defensa y aumento de la
competencia; también evitar las dificultades financieras de los
Presupuestos Generales del Estado, además saben SS.SS. la UE prohibe
ayudas estatales a las empresas, excepto a las que sean de defensa, y
luego unos principios básicos que a mi juicio tienen la máxima
importancia y son los de publicidad, transparencia y concurrencia.

Había un dictamen previo del Consejo Consultivo de Privatizaciones
y un doble control posterior como era la fiscalización por parte del
Tribunal de Cuentas y el informe de auditoría de la Intervención
General del Estado sobre el desarrollo del proyecto, y si me permiten
un control adicional, es decir el Congreso a través de esta
subcomisión, a través de la documentación que se ha enviado (toda la
solicitada), y tener a nuestra disposición toda la documentación
relativa a los procesos de privatización, que la teníamos disponible
en la sede de la SEPI. Otros principios básicos eran: la continuidad
del proyecto empresarial de las empresas privatizadas; la
salvaguardia y defensa de los intereses económicos generales y de los
intereses patrimoniales del Estado, y la protección de intereses de
accionistas y terceros.




En cuanto a los ingresos, lo dijo en la última comparecencia el
presidente de la SEPI, han sido aplicados a cancelar deuda histórica
del INI, ha habido aportaciones al Tesoro, dotación de fondos propios
a la SEPI y aportaciones a empresas. Por tanto se ha cumplido que los
ingresos provenientes de privatizaciones no podrán ser destinados a
atender gastos ni obligaciones corrientes de las administraciones
públicas, y se destinarán preferentemente a corregir desequilibrios
presupuestarios o a financiar inversiones.

En cuanto a los resultados, de las comparecencias desarrolladas en la
subcomisión se puede deducir que las privatizaciones han resultado
beneficiosas para las empresas.

En primer lugar, Aceralia, Inespal y el grupo Potasa son buenos
ejemplos de la internacionalización de las compañías privatizadas,
pues la incorporación de socios industriales internacionales ha
conformado alianzas que han terminado en grupos internacionales. En
segundo lugar, las empresas públicas han reforzado su estructura
financiera y societaria, bien por la incorporación de otras
compañías, o por la ampliación de su base accionarial mediante su
oferta en Bolsa. Por tanto, ha habido un fortalecimiento de la
compañía privatizada. En tercer lugar, las alianzas empresariales han
conseguido grupos industriales más grandes que producen sinergías y
economías de escala y reducen considerablemente los costes. Por
tanto, podemos decir que ha habido una mejora de la competitividad.

En cuarto lugar, ha habido un mantenimiento de los niveles de empleo.

El informe termina con unas conclusiones que, para resumir, son las
siguientes: primera, el informe destaca la colaboración del Gobierno
y las empresas privatizadas por las comparecencias y la información
recibida, y mi grupo añade que por la disponibilidad de la SEPI
ofreciendo su sede para cualquier consulta relativa a los procesos de
privatización, pues dado el elevado volumen de documentación
solicitada era materialmente imposible su traslado al Congreso.

En segundo lugar, la tendencia privatizadora es un fenómeno común y
un proceso irreversible en nuestro entorno, donde el Estado abandona
su papel de empresario y da paso a la iniciativa privada.

En tercer lugar, a diferencia de las privatizaciones desarrolladas
por gobiernos anteriores, el proceso llevado a cabo a partir de junio
de 1996 está enmarcado en un programa global que establece una
sistemática y un procedimiento claro en el que priman tres
cuestiones: primera, la transparencia, concurrencia y publicidad que
eliminan cualquier tipo de discrecionalidad; segunda, la
diferenciación clara entre la responsabilidad que corresponde a los
accionistas y las competencias de los gestores de las empresas; y en
tercer lugar los controles a que se someten todos los procesos.

El punto cuarto de las conclusiones es que la aplicación sistemática
y rigurosa de los principios de publicidad, transparencia y
concurrencia ha supuesto una gran competencia entre los asesores de
los procesos, que ha tenido como resultado una notable rebaja de las
comisiones.

En quinto lugar, si bien es cierto que los ingresos obtenidos por la
vía de las privatizaciones contribuyen indirectamente a bajar la
presión de los Presupuestos Generales del Estado y a rebajar el
déficit público de caja, no es menos cierto que se han atendido
prioritariamente los



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aspectos industriales y de empleo sobre los aspectos económicos.

Consecuentemente, el objetivo fundamental ha sido asegurar el
proyecto industrial, el futuro de la empresa y el mantenimiento de
los puestos de trabajo.

En sexto lugar, destacar el talante de diálogo y negociación
permanente, como lo muestra la información que se ha trasladado a
todos los interesados (comunidades autónomas, centrales sindicales y
trabajadores) sobre el desarrollo de cada proceso de privatización.

En séptimo lugar y sobre las OPV, decir que 4,5 millones de pequeños
accionistas han mostrado su confianza en las compañías privatizadas
orientando sus recursos hacia la economía productiva y de riesgo,
alejándose así de la renta fija, lo que es un elemento dinamizador de
nuestra economía.

Resumiendo, señorías, las privatizaciones han resultado beneficiosas
no sólo para las propias compañías que han podido dar continuidad a
su proyecto industrial, sino para el propio Estado puesto que se han
defendido los intereses económicos generales y sus intereses
patrimoniales, y además el proceso se ha desarrollado con total
transparencia y publicidad.

Concluyo, señor presidente, haciendo de viva voz no unas correcciones
sino algunos añadidos, como el hecho de que en febrero de 1999 hubo
un cambio de presidente en la Comisión, por tanto en la subcomisión,
que se ha omitido en el informe; y en la página 31, anexo 2,
simplemente que por razones que desconozco se han olvidado de colocar
las tres últimas comparecencias que son del presidente de la SEPI,
del subsecretario de Economía y Hacienda, y del subsecretario de
Fomento. Son las únicas cuestiones que quería decir.




El señor PRESIDENTE: Aeste informe básico que ha presentado el señor
Gómez existen dos votos particulares: firmados por los portavoces de
los grupos Socialista, Federal de Izquierda Unida, Mixto, Nueva
Izquierda, señor Peralta, y también del Grupo Mixto, señor Chiquillo,
que lo va a defender uno de los firmantes y los demás fijarán su
posición; y también segundo voto particular de Izquierda Unida.

Para la defensa del primer voto particular tiene la palabra el señor
Cuevas.




El señor CUEVAS DELGADO: Nuestro grupo ha presentado un voto
particular a este informe, primero porque creemos que no refleja con
absoluta nitidez la naturaleza, los objetivos y cómo se ha
desarrollado el trabajo de la subcomisión. En ese sentido me gustaría
puntualizar algunas cuestiones relativas al funcionamiento, desde
nuestro punto de vista irregular que se ha tenido en la misma, con la
brevedad que requiere hacer esta cronología.

Baste decir que desde el 10 de diciembre de 1996, que es la fecha de
aprobación por la Comisión de Industria, hasta dos años después,
hasta el 11 de marzo de 1998 no se constituye y se celebran las
primeras comparecencias; por medio ha habido comunicaciones a la Mesa
del Congreso, acuerdos de la Mesa para llevarlo al Pleno, etcétera;
dos años de inactividad en esta subcomisión, y en este tiempo se
estaban privatizando empresas.

Posteriormente, una vez que se constituye la subcomisión en marco de
1998, como digo, hay una serie de procesos
que desde nuestro punto de vista son dilatorios, que lo único que
hacen es mantenernos entretenidos, porque a los dos meses de esta
constitución se solicita al Gobierno un informe sobre las operaciones
concretas de privatización, informe que no llegó; se vuelve a
reiterar el 10 de junio, el 23 de septiembre y el 15 de octubre. O
sea pasan ocho meses hasta que el Gobierno manda un informe, que al
final cuando lo mandó eran dos hojas con una relación de las empresas
privatizadas, y creo que tenía tres o cuatro apartados con números
muy generales.

El 10 de noviembre, sin tener este informe hay varias comparecencias,
de la Seppa, de Aceralia (que estaba solicitada y excusa su
asistencia), y aquí empieza un rosario de inasistencias que
desvirtúan totalmente el trabajo y que hacen imposible algo concreto.

Por medio hay varias peticiones de prórrogas, hay varias fijaciones
de comparecencia, que se aprueban el 10 de febrero de 1998 y que se
fijan para el 17 de febrero, 2 de marzo, 16 de marzo y 24 de marzo,
donde se preveía la comparecencia de los presidentes de las empresas
privatizadas de Aceralia, Aldeasa, Telefónica, Repsol, Tabacalera,
Argentaria, Endesa Retevisión, Inespal y la Intervención General del
Estado. No comparecen, unos por problemas de agenda, a otros no les
parece bien o no creen que deban comparecer y, en consecuencia, no se
celebran estas comparecencias. Hay incluso algunos que dicen que no
comparecen por una incompatibilidad sobrevenida. Ponemos la
interrogante sobre qué puede ser esto.

Ante esta situación y un poco cansados ya, a los tres años de esto,
el Grupo Socialista anuncia que abandona la Comisión por considerarlo
una farsa y una burla al Parlamento. Habían transcurrido ya tres años
desde la aprobación de la subcomisión, tres años de dilaciones, de
engaños y ninguneo a este grupo y, como digo, al Parlamento. Como era
una burla intolerable, y dado que eran tres años, nadie podrá decir
que no tuvimos paciencia y que fue una decisión precipitada. Podemos
imaginar qué hubiera hecho el Grupo Popular en una situación similar.

Pero ahí no acaba la cosa. Milagrosamente, a los dos días después de
esta decisión, y en solo dos días, el 25 y 26 de marzo, comparecen
todos los presidentes que antes no podían comparecer. Bueno, todos
no, porque alguno, como el de Inespal y Argentaria, siguieron sin
comparecer. De los ministros nunca más se supo y no han comparecido
en esta subcomisión.

En resumen, a nosotros esto nos parece suficientemente ilustrativo de
en lo que ha consistido esta subcomisión, que ya advertimos que no
iba a servir para nada y cuya constitución desde luego no votamos.

Pero como éste no es el asunto fundamental, aunque es muy importante
-el asunto fundamental es en qué ha consistido el proceso de
privatizaciones-, me voy a permitir también brevemente decir algo
sobre las características y los procedimientos y cómo ha resultado el
proceso de privatización.

Nosotros creemos que se ha hecho con un predominio de motivos
ideológicos y económicos -económicos entre comillas, porque luego
veremos a quién ha beneficiado todo este proceso- sobre las razones
de carácter industrial, estratégico y de que en España hubiera una
industria pública más eficaz. Tanto es así, que de esas pretensiones
de generalidad de la privatización no se ha hecho nada detodas las
empresas con pérdidas, las que tienen dificultades,



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las que nadie compra porque no se les puede sacar beneficio y porque
estas empresas obligan a los empresarios a poner dinero y no a
recibirlo. Seguimos con la falta de información de todos estos
procesos. Por tanto, no podemos saber y no podemos emitir una opinión
fundada -aunque creemos que desde luego ha sido muy negativa-, una
opinión exacta sobre cuál ha sido la adecuación entre los ingresos
obtenidos y los valores reales de las empresas vendidas. Creemos que
a lo largo del tiempo se hará, se sabrá y los responsables de esta
operación tendrán que responder si esto no se ha ajustado realmente a
lo que es la lógica de venta de bienes del Estado. Porque todo este
proceso ha tenido una falta absoluta de transparencia, a pesar de que
lo primero que se decía en aquel documento de modernización del
sector público era que iba a tener muchísima transparencia y que iba
a haber mecanismos democráticos de control. Aquí no ha habido ni
transparencia, ni mecanismos democráticos; lo que ha habido es mucha
confusión entre los intereses públicos y privados. No se ha tenido en
cuenta a las comunidades autónomas en este proceso de venta. No ha
habido oportunidad de que empresas muy importantes dentro de estas
comunidades autónomas por lo menos fueran oídas y se tuviera en
cuenta su opinión. Se ha impedido, como he dicho antes, y
obstaculizado el trabajo de esta Comisión. No ha habido elementos
democráticos de control porque el sucedáneo que se había puesto para
controlar, que era el Consejo Consultivo de Privatizaciones, ya lo
definimos en su día como un órgano de naturaleza fantasmagórica, que
además respondía exactamente a las pretensiones del Gobierno en cada
caso. Se puso al frente a un diputado del Partido Popular, nada de
equidad, nada de transparencia, nada de mecanismos democráticos de
control. Aún no conocemos los informes de auditorías que según el
propio documento y las normas que el propio Gobierno se dio para este
proceso, tenía que elaborar la Intervención General del Estado.

Algunos de los miembros iniciales de ese Consejo, tres al menos que
conozcamos, han sido o son miembros de los consejos de administración
de esas empresas que se privatizaban. Una vez privatizadas se
nombraban como consejeros de esas empresas. Entidades financieras que
participaban en el capital social de las empresas han cumplido
funciones de asesoría o aseguramiento en estos procesos. La mayoría
de los presidentes de las empresas nombrados por el Gobierno, cuando
tenían el control de las mismas, han seguido siendo presidentes,
nombrando a su vez a los consejeros; estos consejeros, con la vitola
de independientes, son los que han posibilitado el control posterior,
y por eso decían ustedes que no podían comparecer, por eso decían que
ya eran empresas privadas. Eran empresas privadas cuya dirección
seguía estando en manos públicas, o por lo menos en manos de personas
controladas por el Partido Popular.

Este proceso ha tenido y tendrá efectos negativos sobre la mayoría de
los españoles, porque han vendido un patrimonio que tenía unos
ingresos que se veían reflejados cada año en los Presupuestos
Generales del Estado, que a partir de ahora no lo van a tener. Y
seguimos teniendo la carga importante de todas las empresas que
ustedes, con un mecanismo contable muy sui géneris, han podido no
hacer aparecer en los presupuestos año tras años mientras que ha
habido dinero líquido de estas privatizaciones. Ustedes han podido
hacer aparecer que no había dinero en estos presupuestos para estas
empresas públicas deficitarias, pero ese dinero lo han logrado a
través de mecanismos fuera de los presupuestos, a través de
aportaciones de la SEPI, que cuando no haya dinero de venta no podrán
hacerlo, y el Gobierno que venga entonces tendrá que aplicar recursos
a estas empresas deficitarias. Además, las políticas tecnológicas
y de inversiones industriales y de internacionalización de tales
grandes empresas que antes se venían haciendo, no responden a los
intereses generales. Esto responde solamente a la rentabilidad
inmediata, a la subida en Bolsa en poco tiempo, y eso no es defender
los intereses de todos los españoles. Por tanto, en este capítulo, la
oscuridad y el maquillaje contable, la falta de control
parlamentario, se han instalado y han dominado el proceso de
privatizaciones. Sólo el 33,5 por ciento de los ingresos obtenidos se
ha contabilizado en los capítulos correspondientes de los
presupuestos.




Ha habido además otro mecanismo perverso, y es que incluso en juntas
celebradas con consejeros nombrados por el Gobierno, antes de la
salida a Bolsa y antes de la privatización, se han modificado las
reglas de funcionamiento de los consejos y los estatutos, lo cual ha
hecho posible establecer mayorías y excluir a los demás accionistas.

Se han hecho limitaciones y se han blindado contratos frente a los
accionistas, incluyendo cláusulas tan leoninas como las que se han
puesto en Telefónica, como la duración en el consejo para ser
presidente de la compañía, etcétera, de todos conocidas.

En síntesis, este proceso ha servido para constituir un grupo de
personas vinculadas directamente al señor Aznar, al Partido Popular,
y lo hemos repetido hasta la saciedad y lo seguiremos repitiendo, que
hoy dominan la gestión de un gran núcleo económico que tiene mucho
peso en nuestro país. Me acuerdo mucho de cuando en este Parlamento
se hablaba de corrupción si había alguien en la Administración que se
llevaba dinero. Ya decíamos: eso no es corrupción, eso es un delito,
porque alguien se ha llevado dinero. La corrupción es cuando se
conjuga en un mismo acto que el poder público se alía con el
monopolio privado -en este caso privado entre comillas-, y ahí se
pueden fijar precios vía extraoficial, porque no hay ninguna
posibilidad de competencia, se puede fijar precios de las eléctricas,
del gas, de la gasolina, etcétera, y eso es lo que está ocurriendo en
este país. Ahora sí que hay corrupción instalada en los aparatos del
Estado y en los elementos productivos, que además revierten muy
directamente en lo que son las tarifas que los ciudadanos deben pagar
por su servicio. Por un lado, se les enseña la zanahoria de que se
les baja unas décimas o unos puntitos del impuestos que todos
pagamos, del IRPF, y por otro, sistemáticamente, se les va subiendo
los impuestos indirectos que significan estas tarifas abusivas que se
están pagando.

Por eso, nosotros, como grupo, a pesar de no tener los elementos
suficientes para poder analizar en mayor profundidad este proceso,
hemos querido plantear este voto particular. Nos parece de salud
democrática y nos parece que se ha llegado demasiado lejos. Nos
parece que alguien tendrá que responder de esto. Esto no puede quedar
aquí en una sesión en la que formalmente se da carpetazo. No va a



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haber carpetazo, aunque aquí se apruebe el informe que se ha
presentado, que además es incompleto y no refleja, como he dicho, los
trabajos que se han desarrollado o, mejor dicho, los que no se han
desarrollado. Por eso hemos presentado ese informe y unas
conclusiones con propuestas para su votación.

Las conclusiones las he mencionado en mi exposición. Los trabajos han
sido ineficaces y las trabas impuestas por el Gobierno han hecho
todavía más difícil que podamos hacer nuestro trabajo. La creación y
desarrollo de esta subcomisión ya respondía a los intereses que
denunciamos cuando se estaba debatiendo la creación de esta
subcomisión, y los resultados de este proceso no son favorables a los
intereses generales. Con la venta de este patrimonio público
empresarial, rentable por otra parte, acumulado por el esfuerzo de
todos los españoles durante muchos años, y con la creación de una
casta de personas afines al partido dominante que apoya al Gobierno,
que además ha hecho una incursión en los medios mediáticos
comprándolos sin objeto alguno con su actividad, pero que lógicamente
influyen en la opinión pública, cualquier Gobierno futuro lo tendrá
muy difícil para hacer política industrial en este país en estas
condiciones. Evidentemente, habrá que encontrar la fórmula para que
las cosas no sean así de ninguna manera.

Las propuestas y la conclusión que presentamos al final son las
siguientes. Primera, rechazar este informe sobre la subcomisión para
el seguimiento del proceso de privatización y reconversión de las
empresas pertenecientes al sector público por su contenido incompleto
y parcial. Segunda, declarar que, por estas razones, esta subcomisión
ha sido inútil e ineficaz para conocer el desarrollo de este proceso.

Tercera, declarar que este proceso de investigación tiene que
continuar, que se tiene que envíar al Parlamento toda la
documentación anteriormente solicitada, y si no buscaremos los
mecanismos legales para que eso sea así, y habilitar un procedimiento
de urgencia para que en el período correspondiente a la actual
legislatura comparezcan ante la Comisión de Industria y Energía los
presidentes de todas las empresas privatizadas y los ministros de
Industria y Energía, Economía y Fomento, para dar cuenta exacta de su
actuación, de los mecanismos de blindaje en forma de opciones sobre
acciones, de blindajes dentro del Consejo para perpetuarse en el
puesto en el que están y también para dar cuenta de los mecanismos
que dificultan la competencia en todos estos sectores y de la gestión
de estos recursos en relación con la compra de medios de
comunicación.




El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de su grupo, tiene la
palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Agradezco al portavoz de Izquierda Unida que
me haya cedido el turno por tener que acudir a otra Comisión.

Reitero, por supuesto, señor presidente, todos los argumentos
expuestos por el señor Cuevas y que constan en el voto particular que
hemos suscrito junto con el Grupo Socialista y el Grupo Federal de
Izquierda Unida. Yo intentaría hacer una lectura más global de la
situación, y en este sentido me permitiría decir, señor presidente,
señorías, que el Partido Popular ha esgrimido desde el principio de
esta legislatura una agresividad privatizadora apabullante.

Podría decirse que es su marca de fábrica, incluso su apuesta
económica principal. En la ferocidad con que está quemando el sector
público, quiere enterrar probablemente sus fracasos reales en otros
ámbitos económicos, como el de las liberalizaciones, tan
insistentemente recordado pero también tan decisivo en una concepción
europeísta de la que el Gobierno español debe ser partícipe por
obligación.

La avidez privatizadora ha obligado a ejecutar las ventas
a empellones, dependiendo de las urgencias recaudadoras del Ministerio
de Economía y sin un plan técnico adecuado. El plan de
privatizaciones que aprobó el Gobierno en junio de 1996 no es, sin
lugar a dudas, más que una colección de lugares comunes sin el menor
valor, juntados y pegados en un fin de semana, que propone una
especie de privatización virtual a plazo fijo -se decía que en el año
2001 las empresas con pérdidas deberán empezar a retornar parte de
los capitales aportados para su recomposición- y desde luego ese plan
no ha sido criterio para nada. El tono y el color de las
privatizaciones ha sido el del desorden extremo en los modos y
maneras: unas veces se aplica la acción de oro y otras no; unas veces
se busca un socio tecnológico para la empresa que se vende y otras
para la empresa que compra; las empresas se traspasan al sector
privado, pero alguna se malvende a otro sector público; se presume de
comisiones financieras más bajas, pero se hacen campañas de
publicidad institucional para vender una empresa en agosto; nadie
sabe con qué criterio se decide que una empresa se privatice mediante
una OPV y otras no; los informes del Consejo Consultivo de
Privatizaciones existen, en unos casos se conocen, en otros no, y
generalmente pasan absolutamente sin ningún valor o son incumplidos;
la improvisación es, sin duda, la estrella rutilante en la cadena de
ventas aceleradas del Estado.

Si tuviéramos que establecer conclusiones, la primera conclusión de
lo que en otro tiempo se hubiera llamado la realidad privatizadora
del PP es que no ha habido una sola privatización, sino dos,
separadas por profundas diferencias políticas y tácticas. La primera
privatización atañe a las cinco grandes empresas públicas
estratégicas, Repsol, Tabacalera, Argentaria, Telefónica y Endesa, y
en ellas se ha concentrado todo el interés político. En este ámbito
empresarial, el resultado de la privatización equivale a una
apropiación política de los derechos de decisión de las empresas
realizada por el Gobierno mediante un sistema combinado, repetido en
todas ellas, de sustitución de los presidentes, de manipulación
posterior de los consejos de administración, blindajes societarios y,
en todas ellas, aplicación de largos períodos de acción de oro o
intervención estratégica potencial que parecen abusivos.

Las consecuencias de este golpe de mano en esas empresas van mucho
más allá de la inocua sustitución de los gestores de las empresas
públicas cuando cambia un Gobierno. Un grupo de empresarios afines al
PP y leales a Aznar y Rato están dirigiendo empresas privadas
estratégicas que controlan el sector de las telecomunicaciones, la
energía, los servicios y una parte importante de los servicios
financieros que equivale aproximadamente al 1 por ciento del PIB, sin
que medie el mínimo control interno en las compañías que limite su
poder y con la garantía de contar con el favor del Gobierno en caso
necesario o innecesario. El Gobierno de Aznar ya está legislando a
favor de sus



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empresas, como lo demuestra la aprobación de tarifas telefónicas o el
diseño legal de la distribución del tabaco a la medida de Tabacalera.

Asu vez, las compañías privadas ex públicas también están trabajando
para el Gobierno. Así se desprende de la evolución de Telefónica en
Antena 3, su participación en la llamada guerra digital contra Prisa
o la entrada de Endesa en Retevisión. Todas estas operaciones
vulneran la regla que recomienda no emprender actividades de
diversificación a las empresas que obtienen sus ingresos mediante
tarifas públicas. A la escandalosa apropiación de empresas privadas
en nombre de presidentes designados por el Gobierno se suma la
evidente manipulación recíproca de intereses ajenos al libre juego
empresarial. Resulta muy difícil suponer que Telefónica o Endesa
hubieran decidido participar en el negocio de televisión, periódicos
o telefonía por un criterio estricto de rentabilidad. La ocupación
política de las empresas se ha realizado, evidentemente, con estos
fines. Las compañías supuestamente privatizadas actúan como
instrumento al servicio de los intereses del Gobierno y reciben a
cambio favores en forma de tarifa y legislaciones afines.

La segunda privatización es la serie B, que afecta a empresas de
segundo orden, sin carácter estratégico, distintas de las que hemos
citado anteriormente, situadas en sectores rezagados, sin poder
significativo y deficitarias en tecnología de futuro. También son en
ocasiones pequeñas participaciones que no aportan grandes ingresos.

Son Aceralia, Minas de Almagrera, Inespal. Si en el primer caso, el
de las grandes empresas, los estrategas del Gobierno han desarrollado
una estrategia de apropiación blanda o de expropiación política, la
característica principal de la privatización de este grupo B es la
desidia y el desinterés con que se han desarrollado y cerrado las
operaciones. El modelo más destacado puede ser la venta de Aceralia a
un grupo siderúrgido estatal de Luxemburgo a cambio de unas
participaciones que estaban valoradas por el mercado entre un 30 y un
40 por ciento menos de lo que la SEPI pagó por ellas. El proceso
privatizador del Gobierno, finalmente, se ha parado sospechosamente
justo al borde de las empresas de baja rentabilidad, aunque tengan
algún beneficio, y desde luego no llega a las empresas ruinosas, cuya
memoria histórica ya ha olvidado cuándo obtuvieron ganancias y que
tampoco recuerdan el momento en que se conectaron a los Presupuestos
Generales del Estado.

Se podría hablar también del dinero surgido de este proceso de
privatizaciones. Seguramente los ciudadanos están interesados en
saber en qué se han empleado los cuatro billones de pesetas obtenidos
de las ventas. Hay que decir que sobre esta cuestión los dirigentes
gubernamentales han demostrado sobradamente las cualidades de
opacidad y falta de transparencia que les han hecho famosos.

En definitiva, y resumiendo, diríamos de manera sucinta que las
privatizaciones de Partido Popular no han sido un éxito financiero y
social, sino un proceso atropellado y negligente, en ocasiones muy
señaladas y graves, ensuciado por favoritismos empresariales o
personales, de una opacidad informativa a menudo irritante y con un
porcentaje de incompetencia empresarial bastante más elevado que la
media. Quizás ese rosario de corruptelas y desidias hubiera sido
disculpable si la liquidación del mejor patrimonio empresarial del
Estado hubiera beneficiado a los
ciudadanos a través de mejoras en los servicios públicos o tarifas
más baratas, pero tampoco ha sido ese el caso. El efecto social o
competitivo de las privatizaciones ha sido el contrario de lo que
anunciaban los manuales del Gobierno y los piadosos catecismos de los
liberalizadores. Las privatizaciones del Partido Popular, que aquí
valoramos, pasarán seguramente a la historia como una demostración
empírica, representativa de que las ventas de empresas públicas no
equivalen a liberalización de mercados y, por tanto, la
identificación política presentada como axiomática por el Ejecutivo
para convencer a la ciudadanía de la bondad de sus propuestas, de las
privatizaciones con las liberalizaciones y como resultado final la
rebaja de precios y tarifas es falsa.

Señorías, me he permitido citar literalmente en esta intervención
párrafos de un libro que analiza el proceso de privatizaciones del
Partido Popular y que se llama significativamente La gran
expropiación. Terminaría citando también a una persona poca
sospechosa de veleidades de izquierda como es el señor Tussell. En un
reciente artículo decía que en una valoración más política, el
resultado de las privatizaciones en el terreno político ha sido
constituir una especie de brazo armado del Gobierno en el terreno
mediático. Y terminaba diciendo ese artículo: Pues bien, esta
contaminación entre la amistad, la política y la economía, aparte de
esperpéntica resulta intolerable en una democracia. Nada de esto
tiene que ver ni con el mercado ni con el liberalismo ni con la
sociedad civil ni con la propiedad privada, entendido todos ellos de
un modo correcto.

En definitiva, señorías, estas valoraciones hechas por personas
ajenas a quienes hemos suscrito el voto particular, pero que en buena
medida su radiografía y sus valoraciones coinciden con la que
nosotros tenemos, son razones más que suficientes para justificar
nuestro voto particular y nuestro rechazo al dictamen que se pretende
que sea aprobado por esta subcomisión.




El señor PRESIDENTE: Para defender el segundo voto particular,
concretamente de Izquierda Unida, y a su vez fijar su posición sobre
el que se ha defendido hasta ahora, tiene la palabra el señor
Santiso.




El señor SANTISO DEL VALLE: En primer lugar deseo ratificar en todos
sus términos que nuestro grupo suscribe el voto particular firmado
conjuntamente, aunque queríamos destacar algunos aspectos de nuestra
posición. Por eso se ha presentado un voto particular de Izquierda
Unida.

Voy a analizar lo sucedido con esta subcomisión desde su creación.

Esta subcomisión se constituye en principio siguiendo un criterio
compartido inicialmente, aparentemente por todos los grupos, al
entender que un proceso tan importante era necesario acompañarlo de
un proceso transparente, con participación parlamentaria y que nos
permitiera seguir, en el día a día, la evolución de la privatización
de empresas tan importantes como las que estábamos hablando.

Esto parecía al inicio que iba a ser así, incluso el portavoz en
aquel momento de Convergència i Uniò, Sánchez i Llibre, propuso unos
términos determinados para la constitución de esta Comisión en los
que quedaba claro que era



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para analizar las privatizaciones durante el proceso de
privatizaciones. Sin embargo, sobre la marcha se le impuso un cambio
sustancial que ha condicionado los trabajos de la subcomisión hasta
hoy. Ese cambio consistía en evitar la posible fiscalización en
tiempo real y convertirlo en una especie de comunicación al Congreso
de qué es lo que se había hecho, una vez aprobado por el Consejo de
Ministros, y dados todos los pasos correspondientes para las
privatizaciones.




El portavoz de la ponencia recordaba el famoso y rimbombante nombre
que tenía este proceso aprobado por el Gobierno: proceso para la
modernización de las empresas, etcétera. Sinceramente, nosotros
seguimos diciendo lo mismo que decíamos entonces: no se puede
confundir un proceso de venta con un proceso de modernización. Si uno
vende una lavadora vieja no está diciendo que está modernizando la
lavadora, sino que está vendiendo una lavadora vieja. Aquí lo que se
ha hecho, una vez más, es hacer caja con un criterio ideológico
respetable, pero desde luego no compartido y en las antípodas del
nuestro, y poner en valor aquellas empresas que en aquel momento
suponían en general una fuente importante de ingresos para el Estado.

No hay más que recordar, por ejemplo, los ingresos que aportaba
Endesa en el momento de su privatización, de la parte que quedaba por
privatizar, que estaban situados en más de 100.000 millones/año, que
recibía el Estado. Hemos asistido a cómo se han ido descapitalizando
aquellas empresas rentables y vaciando de contenido el Ministerio de
Industria. He dicho alguna vez que estamos asistiendo a los últimos
momentos del Ministerio de Industria como tal. Espero que no sea así,
pero si el Gobierno del PP siguiera en la próxima legislatura estoy
convencido de que no existirá Ministerio de Industria y, como mucho,
existirá una secretaría para gestionar la fiscalización, las ayudas a
las empresas, dentro del Ministerio de Economía.

En cuanto a transparencia, estas privatizaciones que se supone que
teníamos que analizar, no han estado exentas de polémicas. Insisto en
que no compartimos estas privatizaciones, y no por una visión
estatalista, sino porque pensamos que sobre todo en empresas de
servicios y estratégicas, como han sido algunas de ellas, es
suficiente con que haya una presencia del Estado del 30 por ciento,
para tener un control y una cierta posibilidad de influir en
servicios tan importantes como puede ser la telefonía, la
electricidad, los hidrocarburos, etcétera. No es necesario tener el
cien por cien para mantener un control y una presencia pública
importante.

Hagamos memoria. Sobre cualquiera de ellas Endesa fue una de las
primeras en las que aparecieron los problemas. No hay más que
recordar todo el espectáculo de lo que pasó con la toma de posición
en Chile o con la apertura de expediente por parte de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, en razón de la OPA hostil sobre
Sevillana y cómo acabo aquello: incluso con sanciones a Endesa y a
aquellos participantes, a los que parece ser que en aquel momento se
les rompió la famosa muralla china y tuvieron información
privilegiada y grandes beneficios con la adquisición de acciones en
aquel momento. Por lo tanto, la entrada fue bastante desafortunada.

También es cierto que no podemos proclamar que el señor Martín Villa
sea un empresario independiente, ajeno
a la política. Hoy continúa al frente de Endesa y es claro que es un
hombre significativo del partido en el Gobierno. Por lo tanto, esto
de que pasó a manos privadas es también relativo. Hoy continúa al
frente de todo un buque insignia que permite intervenir en distintos
campos y especialmente en los medios de comunicación.

Si analizamos Telefónica, todavía estamos asistiendo a los coletazos
de la privatización de esta compañía. Continúa el mismo presidente
que antes, nombrado y designado por el señor Aznar, con el
espectáculo de las opciones sobre acciones, sobre el que todavía
seguimos debatiendo. Pero, sobre todo, continuamos exponiendo un
problema de fondo que tiene esto de las opciones sobre acciones, y es
que los directivos tienen más interés en la evolución en Bolsa, al
igual que si fueran inversores de fondos americanos, que en la
gestión de los servicios telefónicos. Y así nos va. Nosotros creemos
que hay un deterioro importante en el servicio de telefonía. El
cambio de titularidad que se ha hecho para la empresa ha supuesto
pérdida de derechos para los trabajadores, y ahí están los conflictos
latentes: las prejubilaciones, se ha eliminado de la empresa a todos
aquellos que no han podido mantener sus condiciones anteriores y se
han visto casi empujados a salir de Telefónica; un usuario tiene que
hacer otro contrato sobre el que ya tiene para conseguir que le
vengan a reparar su teléfono en 48 horas, aunque, si quiere que lo
arreglen en 24, tiene que hacer otro nuevo contrato y pagar una cuota
adicional. Ahora vamos a ver cómo por un pacto todavía no explicado
en profundidad, en los próximos tres años se sube la cuota fija de
conexión en 300 pesetas, que supone aproximadamente unos 97.000
millones adicionales para la empresa Telefónica. Por lo tanto,
tampoco vemos la utilidad práctica a corto plazo ni dónde está la
mejora y la competencia real.

Inespal también está en conflicto. Lo que hemos hecho es ponerlo en
manos de otra multinacional, de Alcoa y ya empiezan a surgir los
problemas laborales. En estos momentos existe un conflicto serio.

Tabacalera la hemos vendido y ahora nos asociamos curiosamente con
Seita, que es empresa pública francesa. Aquí demonizamos lo público,
pero después, para alianzas estratégicas, se elige por parte de
Tabacalera a otra empresa pública y además se anuncia el cierre,
teniendo beneficios, de ocho centros de trabajo, con graves problemas
en el futuro para la plantilla de trabajadores.

De Initec hemos hablado largo y extenso. Es otro ejemplo de cómo no
se debe hacer una privatización. La misma empresa que evalúa, al
final, por estas cosas de las fusiones bancarias, resulta ser también
participada por el mismo banco de Técnicas Reunidas, que es el
comprador principal.

Si hablamos de Babcock Wilcox, lleva dos intentos de privatización.

Se despreció públicamente la oferta de Durofelguera diciendo que sólo
daba 10.000 millones de pesetas por la empresa, se apostó
inicialmente por una empresa inglesa, que hubo que desechar porque
exigía para contingenicas 60.000 millones de pesetas, y al día de hoy
nos vamos a encontrar copn un coste aproximado o superior a los
90.000 millones de pesetas si se cierra la operación que en estos día
se está evaluando pro la propia SEPI. Es decir, se desprecia
inicialmente a las empresas de bienes de equipo españolas entendiendo
que eran mejor las de fuera y hoy



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probablement vamos a asistir a un intento de cierre costando al
Estado casi 100.000 millones de pesetas.

Podríamos seguir con el correlato de empresas. Con Aceralia pasa lo
mismo, también se desprecia lo público y acabamos asociándonos con
Arbez (?), empresa pública luxemburguesa, en un mercado con
dificultades en este momento y con una sobrevaloración en aquel
momento de las acciones de Arbez, como se ha citado ya. En cuanto a
Iberia, todavía está en el aire el papel real de Iberia y si va a
conseguir mantener su estatus de compañía bandera.

Esta es la famosa modernización y, desgraciadamente, en muy pocos
años, en algunos de estos casos quizá haya necesidad de que el Estado
emprenda algún tipo de actuación para poder hacer frente a los
problemas que se avecinan. Prueba de ello es lo que está sucediendo
en el sector naval. Entre los avatares del mercado mundial, de la
competencia desleal de Corea del Sur, de todas estas cosas,
curiosamente procedemos a la venta de dos astilleros, se continúa con
la venta de Juliana Constructora en Gijón y, al mismo tiempo, se
anuncia ya que hay que inyectar también ayudas económicas para poder
mantener el sector. Por tanto, estamos probablemente en un ciclo de
ida y vuelta en el que se van a quedar bastantes trabajadores en el
camino. En Initec, no se ha cerrado todavía el plan de empresa y
continúa el conflicto con el comité sin llegar a un acuerdo sobre el
plan de prejubilaciones o el de adaptación de la plantilla de Initec.

Ha sucedido lo mismo, no ha habido transparencia, no ha habido
competencia, y aparecen nuevos compradores o asociándose compradores
a Técnicas Reunidas que no participaron en el proceso inicial de
selección. Éstos son algunos botones de muesrta de cómo se ha llevado
el proceso, en muchos casos con informes relevantes y con objeciones
del Consejo Consultivo de Privatizaciones -recuerdo el caso de
Telefónica y también los ha hecho importantes al proceso de Initec-;
lo que pasa es que es muy difícil mantener el tipo y luego, en las
conclusiones a las que conduce el propio informe que hace el
Consultivo de Privatizaciones, no se atreven a mantenerlo y concluyen
lo contrario de lo que relatan en el informe; no hay más que leerlo,
porque donde hay once objeciones serias y, sin embargo, al final, se
dice que más o menos vale y que para otra vez se diga de otra manera.

También fue relevante la comparecenica del señor Gámir, la única, en
la que vino a reconcoer que su actuación era muy limitada. El proceso
inicial lo llevaba fundamentalmente la SEPI y, en general, el Consejo
Consultivo no tenía conocimiento del procedimiento ni del porqué de
la selección de candidatos o de aspirantes ni de los intermediarios
elegidos. En algunos casos, después de actuaciones muy complejas,
como eran las opciones de Telefónica, etcétera, el Consejo Consultivo
tenía que decidir prácticamente en diez o quince días; hasta tal
punto decidía que algunos consejereos decidieron que aquello era un
rollo y que lo mejor era irse de consejero a algunas de las empresas
de las cuales informaban.

Hemos terminado cerrando de mala manera la subcomisión. Por ello,
pensamos que no ha cumplido el objetivo inicial que esperábamos, al
menos nosotros, y que en la próxima legislatura, puesto que todavía
quedan temas importantes como Santa Bárbara y otras empresas, sería
conveniente revitalizarla, recuperarla y conseguir al menos
lo que no se ha logrado en esta legislatura, que es tener una
información más transparente y una opinión más clara de lo que ha
sucedido realmente con las privatizaciones, proceso que creo que no
ha sido nada ejemplar.

Termino haciendo referencia a otra cuestión que se planteaba en la
ponencia. A mí me parece muy bien esto del capitalismo popular y que
la gente haya cambiado sus ahorros en la cartilla por comprar
acciones de Telefónica o de Argentaria. Eso está muy bien mientras la
Bolsa vaya bien -lo he dicho más veces-, pero que todo el mundo, sin
tener información suficiente, esté invirtiendo en acciones, en muchos
casos no una parte de su patrimonio sino en muchos casos todos sus
ahorros, es un gran riesgo. Sigo haciendo un llamamiento al Gobierno,
al Ministerio de Economía o a quien corresponda, para que den un
cursillo acelerado y no sean los cjaeros de los bancos los que acaben
comprometiendo los ahorros de los pensionistas y de mucha gente sin
información, pues cuando laBolsa cambie la tendencia vana tener uns
erio problema con su patrimonio por estar jugando con algo que no
conocen de verdad.

Esta es nuestra posición.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego,
tiene la palabra el señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Aunque el Bloque Nacionalista Galego no
fue subcomisionado en la ponencia encargada de analizar el proceso de
privatizaciones, tiene verdadero interés en exponer su posición en
relación con el informe oficial y con los votos particulares.

Empezaremos por decir que nos causa especial alarma el proceso
privatizador, si tenemos en cuenta que la propia SEPI anuncia, para
quien quiera leerlo, pienso que incluso por Internet, que el modelo
de privatizaciones del Estado español despierta admiración y puede
ser analizado y copiado en Rumanía, Polonia, Bulgaria, México y otros
países latinoamericanos. Digo esto sin ánimo de descalificar a las
sociedades de estos países, que no solamente merecen todos mis
respetos sino que están entre sociedades que me son muy predilectas,
sino porque son Estados especialmente fragmentados ene ste momento,
debilitados y no precisamente centrales dentro del sistema.

Que después de cuatro años se hayan realizado treinta procesos de
privatización que dieron a las arcas del Estado más de 2,5 billones
de pesetas puede parecer, según los análisis de algunos, toda una
heroicidad, pero según las apreciaciones de otros, entre los cuales
se encuentra el Bloque Nacionalista Galego, no deja de ser un motivo
de grave preocupación. Me voy a referir exclusivamente a las empresas
que fueron privatizadas y que tienen improtante actuación en Galicia,
primero en general y después en particular.




El Partido Popular dice que las privatizaciones conllevaron la
liberalización de los monopolios. Sin embargo, después de cuatro
años, se peude constatar que hay un control oligopólico claro en
sectores básicos, como pueden ser el energético en general, que es
crucial, o el de las telecomunicaciones. Dice que se hace con
criterios de equidad o de eficiencia. Sin embargo, al reducción de
empleo y la desubicación territorial de algunas factorías es una
evidencia.




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En ese sentido, quiero recordar que Endesa, que fue una empresa que
hizo gran parte de sus suculentos negocios en As Pontes de García
Rodríguez, gracias a los cuales se pudo convertir en transnacional,
hoy no se siente obligada ni moral ni materialmente a realizar
ninguna inversión en tejido productico en aquella comarca, y las
fuerzas políticas no podemos ningún interlocutor público para obligar
a estas empresas a asentarse después, vuelvo a repetir, de haber
conseguido engordar a base de la explotación de nuestros recursos. El
otro día, de forma patética, por las calles de A Coruña circulaba aún
la tercera o cuarta manifestación en contra no de la privatización de
Tabacalera sino de la desaparición pura, dura y simple de la factoría
de A Coruña. Por desgracia, seguramente iba encabezada por muchos de
los que promovieron no solo la privatización sino la eliminación de
la propia factoría. Ese es el resultado para Galicia. En el caso de
Red Eléctrica, el resultado fue fulminante con la desparición, como
ellos lo llamaban, de uno de los centros regionales del Estado
español, el de A Coruña. Por tanto, mírese como se mire, la reducción
de empleo y la desubicaicón territorial es un hecho.

En cuanto a la modernización del sector público, no se puede llamar
tal a loq ue es desaparición o reducción productiva, clara en cuanto
a algunos territorios. El Gobierno está actuando como encubridor de
unos itnereses de carácter oligárquico. En ese sentido, quiero decir
que, aunque en la comisión hayan comparecido -por cierto, tarde, mal
y arrastrados- algunos como el presidente de Telefónica, está claro
que todos los presidentes de esas compañías hoy se pueden permitir el
lujo de discutir al Congreso de los Diputados si tienen o no que
venir aquí cuando se les reclama, incluso ante comisiones que son
prácticamente clandestinas.




Por otro lado, este modelo de privatización no es el aplicado en
Francia o en Alemania; desde luego, en Francia y en Alemania las
grandes empresas públicas siguen existiendo, una gran parte del
accionariado se mantiene en manos del Estado e indica que hay
diferencias dentro de los Estados capitalistas, sin duda en relación
con su papel dentro de la estructura jerárquica del imperialismo.

Por fin, dos palabras en relación con la sociedad en general y con
los trabajadores en particular. En primer lugar, es un poco macabro
que el dinero de gran parte de los trabajadores ayude a la
capitalización del mercado bursátil a través de operaciones
precisamente de venta pública de acciones, porque además es con
compañías donde prácticamente no van a tener ninguna capacidad de
decisión; que haya cuatro millones de accionistas no quiere decir
nada respecto de las prepotencias y desde luego de la dirección
oligárquica que tiene, por ejemplo, Telefónica o que tiene Endesa.

Curiosamente, además son las grandes empresas privatizadas las que
están manipuladas de esta forma. En estas compañías hay un núcleo
duro y todo el mundo sabemos que son conglomerados financiero-
industriales, Banco de Santander, Argentaria y BBV, eléctricas,
compañías energéticas, que hoy francamente son un Estado dentro del
Estado.

En segundo lugar, hay algo que es grave porque además contó con una
cierta anuencia de un sector de los trabajadores, que es el gravísimo
problema que crean a la Seguridad Social precisamente las
reestructuraciones empresariales
que emprenden estos grandes grupos de carácter monopolístico; lo
que lleva chupado la compañía Telefónica, en nombre de la clase
trabajadora, de los presupuestos de la Seguridad Social o lo que
lleva Endesa o lo que va a llevar Tabacalera, francamente sería muy
preocupante y desecharía cualquier posibilidad de ser cicateros con
las pensiones en función de que pueda correr peligro la Seguridad
Social. Sin embargo, para esta cuestión el Gobierno parece ser
sumamente comprensivo.

Por todos estos motivos, nosotros vamos a discrepar abiertamente del
informe oficial y votaremos favorablemente las enmiendas particulares
y no solamente como cuestión de método sino como cuestión de fondo.

Estamos abiertamente en contra no solo del método sino de ese
desmantelamiento productivo que realmente nos deja sin
interlocutores, lo cual es más grave en aquellas zonas o territorios
del Estado español que necesitan de la iniciativa pública.




El señor PRESIDENTE: Para finalizar las intervenciones de los grupos
en este debate y para fijar a la vez la posición del Grupo Popular,
tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.




El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Comenzaré por el voto particular del
Grupo Federal de Izquierda Unida que tiene tres párrafos. En el
primer párrafo manifiestan una posición, que es absolutamente lícita,
y es que están en contra de las privatizaciones. No tengo nada que
objetar, aunque esa no sea la opinión de mi grupo. Por otro lado,
entiende el Grupo de Izquierda Unida que la subcomisión no ha
respondido a los criterios solicitados por ellos para analizar el
proceso de privatizaciones en todas sus fases, no una vez realizadas
como lo ha hecho la subcomisión. Creo que el señor Santiso, que ha
estado en todas las comparecencias, podrá reconocer conmigo que ese
asunto es problemático y que podría ser negativo para las compañías.

En cuanto al segundo párrafo, cuando dice que es un documento de
cobertura de las irregularidades existentes en el proceso de
privatizaciones de algunas empresas, comprenderá que yo no puedo
estar de acuerdo; creo que el informe es claro y concreto y que
responde a lo que se ha escuchado en las diferentes comparecencias.

Por tanto, a juicio de mi grupo, no hay ningún tipo de irregularidad.

Finalmente, el Grupo de Izquierda Unida solicita que esta subcomisión
siga abierta en la siguiente legislatura. Creo que no habrá ningún
inconveniente. Mi grupo lo estudiará y seguro que no pondremos ningún
inconveniente como tampoco lo hemos puesto en la presente
legislatura.

Quiero hacerle un comentario al señor Santiso. Cuando hablaba de que
estamos en los últimos momentos del Ministerio de Industria, le diría
que quizá no sea eso, lo que sucede, a juicio de mi grupo, es que
estamos transformando el Ministerio de Industria, que creíamos que
era del pasado, en algo de futuro. Prácticamente el 90 por ciento del
presupuesto del Ministerio de Industria era para tapar los agujeros
de años anteriores, de los déficit provocados por las empresas
públicas. Queremos hacer un Ministerio de futuro que sea
investigación, desarrollo e innovacióntecnológica. En definitiva,
neutralizar aquella famosa frase



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de Unamuno de que inventen ellos, es decir, convertirlo en algo hacia
el futuro.

Señor Santiso, me hubiera gustado realmente aceptarle el voto
particular, aunque solo sea por el trabajo que usted ha desarrollado
y con la seriedad con la que lo ha hecho, asistiendo permanentemente
a todas las comparecencias, pero lamento decirle que mi grupo no lo
puede votar a favor.

En cuanto al voto particular del Grupo Socialista, de Izquierda Unida
y del Grupo Mixto, he de decirles que el informe que hemos presentado
debe ser bueno, porque su texto simplemente va en sentido contrario
al presentado. Donde nosotros decimos que es beneficioso, ustedes
ponen que es negativo; donde nosotros ponemos que hay transparencia,
ustedes dicen que hay oscuridad; donde nosotros decimos que hay
colaboración, ustedes dicen que hay obstrucción. Tiene algún toque de
humor, hay que reconocérselo, sobre todo cuando dicen que hay una
singular alianza entre viejos oligarcas y nuevos mandarines.

Reconozcan conmigo que eso tiene gracia. Como decía, donde nosotros
ponemos blanco, ustedes ponen negro y ya está. No voy a reiterar mi
anterior intervención porque da contestación, punto por punto, a este
voto particular, pero sí quisiera destacar lo que dicen de falta de
transparencia. Ya he hablado de controles en mi intervención
anterior, pero sí me gustaría hacer notar la diferencia que había
entre este diputado cuando estaba en la oposición y ustedes cuando
están en la oposición. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de
acceder a la documentación de las empresas que privatizaban los
diversos gobiernos del PSOE, lo decidían en una reunión en La Moncloa
y nosotros nos enterábamos por los periódicos. Ustedes han podido
solicitar cualquier tipo de documentación y hasta se habilitó al
efecto un despacho que ustedes no han utilizado porque no han
querido, pero ahí estaba. Como les digo, ese no era nuestro caso
cuando estábamos en la oposición. Insisto en que el informe debe ser
bastante bueno porque sólo han cambiado una cosa por la contraria.

Al señor Peralta, que lamento que no esté presente, simplemente
quiero decirle que hay que hacer los deberes. Pregunta que dónde ha
ido el dinero de las privatizaciones. Si hubiera estado en la última
comparecencia del presidente de la SEPI se hubiera enterado, porque
explicó con absoluta claridad dónde había ido y el número exacto de
millones que había ido a cada sitio. Por tanto, lo contestó con
absoluta claridad.

Para finalizar esta breve intervención, señor presidente, me remito
al informe, a sus resultados y a sus conclusiones. Simplemente decir
que, evidentemente, no podremos votar a favor de este voto
particular.




El señor PRESIDENTE: Señorías, habiendo terminado ya el debate de
todos los puntos del orden del día que teníamos en la reunión de la
Comisión de hoy, vamos a suspender por diez minutos, hasta las siete,
para reclamar la presencia de nuestros compañeros, descansar un poco
y después organizar las votaciones que serán quizá un poco
complicadas, dependiendo de las transacciones que básicamente
respecto a las propuestas de resolución del Consejo de Seguridad
Nuclear se han presentado y que es donde puede haber más dificultad.

Se suspende la sesión. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión.

En primer lugar, vamos a proceder a la votación de las propuestas de
resolución relativas a los informes de los semestres primero y
segundo de 1998, del Consejo de Seguridad Nuclear. (Rumores.)
Uno de los portavoces me ha hecho llegar una lista de votación
separada por grupos. Me falta el señor Pérez de Tudela.




El señor PÉREZ DE TUDELAMOLINA: Señor presidente, si me permite,
quisiera presentar unas enmiendas transaccionales sobre las
propuestas in voce.

En la propuesta número 9 del Grupo Socialista, que es la segunda que
habíamos presentado nosotros, se debería sustituir «insta al Consejo
de Seguridad Nuclear» por «insta a la Dirección General de Protección
Civil».

La propuesta número 10 quedaría de la siguiente forma: La Comisión de
Industria, Energía y Turismo insta al Consejo de Seguridad Nuclear a
realizar un informe sobre la incidencia que representa, en materia de
seguridad, el aumento de potencia en las centrales nucleares. Es
decir, se eliminaría «en materia de costes y de rentabilidad». Y se
añadiría una propuesta 10 bis que diría: La Comisión de Industria,
Energía y Turismo insta al Ministerio de Industria a realizar un
informe sobre la incidencia que representa en materia de costes y de
rentabilidad el aumento de la potencia en las centrales nucleares.




El señor PRESIDENTE: Nos lo tiene que dar por escrito.




El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Ahora se lo doy por escrito.

Lo que hemos eliminado en la 10 se introduce en la 10 bis, para que
sea el Ministerio de Industria quien lo haga.

En la propuesta número 14 proponemos sustituir «se insta al Consejo
de Seguridad Nuclear» por «se insta al Gobierno».

Antes hemos presentado una propuesta al Grupo Popular sobre la
resolución número 26, que es la 2 que había presentado el Grupo
Popular, porque antes hemos estado hablando, pero no me ha dicho qué
pensaba hacer. Nosotros dejábamos esta resolución de la siguiente
manera: La Comisión constata por los datos conocidos que la actividad
de vertidos líquidos y gaseosos de las instalaciones nucleares se han
mantenido en los límites legales establecidos, dando cumplimiento a
los criterios del tratado de Euratom. Quisiera saber si esa enmienda
se acepta por parte del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Señor Pérez de Tudela, ¿solicita votación
separada de alguna propuesta? (Pausa.)
Señora Urán, ¿solicita la votación separada de alguna proposición?



La señora URÁN GONZÁLEZ: Solicito que las resoluciones presentadas
por el Grupo Popular se voten separadamente del resto de las
resoluciones.




El señor PRESIDENTE: Señor Landeta.




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El señor LANDETAÁLVAREZ-VALDÉS: En primer lugar, aceptamos la
propuesta del Grupo Socialista sobre la resolución número 26.

En este acto, se van a presentar unas enmiendas de modificación a las
propuestas realizadas por el Grupo de Izquierda Unida a las
resoluciones números 4, 5, 6 y 7. La portavoz de Izquierda Unida las
conoce, pero voy a entregar el texto correspondiente a la
Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Señor Pérez de Tudela, ¿las propuestas de la 25
a la 39 del Grupo Popular se votan globalmente, o solicita votación
separada de alguna?



El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Si ningún grupo ha pedido votación
separada, nosotros tampoco vamos a hacerlo, excepto de la 26.




El señor PRESIDENTE: Señor Landeta.




El señor LANDETA ÁLVAREZ-VALDÉS: Solicito votación separada según
consta en la nota que he entregado al presidente.




El señor PRESIDENTE: Vamos a realizar la votación de la siguiente
manera. En un primer bloque, las propuestas de Izquierda Unida
números 4, 5, 6 y 7, con las modificaciones que leeré dentro de un
momento. En un segundo bloque, las resoluciones del Grupo Socialista
números 8, 9, con una enmienda; 10, con la transacción aceptada; 13,
15, 17 y 19 a 24. En un tercer bloque, las resoluciones 25 a 39 del
Grupo Popular, excepto la número 26, que se votará por separado. En
un cuarto bloque, las resoluciones números 1, 2 y 3 de Izquierda
Unida, y en un quinto bloque, las resoluciones números 10 bis, 11,
12; 14, con la enmienda; 16 y 18. Esta es la votación que me pide el
Grupo Popular, si ustedes están de acuerdo.

Respecto al primer bloque que he citado, las resoluciones números 4,
5, 6 y 7, de Izquierda Unida, hay unas enmiendas que dicen lo
siguiente: Resolución número 4, modificar en los siguientes términos:
Remita en el plazo de seis meses un informe sobre la situación de
estructuras, sistemas y componentes en la central nuclear de Santa
María de Garoña, incluidos en el plan de gestión de vida útil,
afectados por fenómenos degradatorios causados por el envejecimiento
y el procedimiento de vigilancia de los mismos.

Resolución número 5: Remita en el plazo de seis meses un informe
sobre la situación de estructuras, sistemas y componentes en la
central nuclear de José Cabrera, incluidos en el plan de gestión de
vida útil, afectados por fenómenos degradatorios causados por el
envejecimiento y el procedimiento de vigilancia de los mismos.

En la resolución número 6 se introduce «en el plazo de seis meses».

En la resolución número 7 se introduce «antes de que finalice el año
2000».

Vamos a proceder a la votación del primer bloque: propuestas de
resolución de Izquierda Unida números 4, 5, 6 y 7.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




Propuestas de resolución del Grupo Socialista números 8, 9, 10, 13,
15, 17 y 19 a 24.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.




Propuestas de resolución del Grupo Popular de la 25 a la 39, excepto
la 26.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Propuesta de resolución número 26, con la enmienda que ha sido
citada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35;
abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Propuestas de resolución números 1, 2 y 3, de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
votos en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Propuestas de resolución del Grupo Socialista números 10 bis, 11, 12,
14, 16 y 18.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a proceder a la votación correspondiente a la propuesta de
nombramiento de doña Paloma Sendín de Cáceres y de don José Ángel
Azuara Solís como consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, que es
la que hace el Gobierno y envía a esta Cámara en cumplimiento del
artículo 5.2, de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación de dciho
Consejo. Vamos a hacer una única votación a la propuesta que se nos
presenta por parte del Gobierno. (El señor Cuevas Delgado pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas.




El señor CUEVAS DELGADO: En nuestra intervención hemos preguntado, y
no sé si la Mesa está en condiciones de responder a eso ahora, si se
podía votar esta propuesta de la señora Sendín por el asunto de
posible incompatibilidad, puesto que ahora mismo es directora general
de Minas. Jurídicamente no sabemos si estamos en condiciones de votar
eso, porque que yo sepa no ha dimitido.




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El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, la propuesta que nos viene del
Gobierno es conjunta, no se puede hacer una votación en la forma que
usted pide por incompatibilidad. La Ley del Consejo de Seguridad
Nuclear dice que hay un plazo de un mes en el que la Cámara tiene que
contestar y tiene que procederse formalmente al nombramiento. Por
tanto, la incompatibilidad que pueda existir en este momento, que yo
no sé si existe, no creo que podamos considerarla nosotros. La
propuesta que nos llega viene del Gobierno, la Mesa de la Cámara la
ha calificado y nosotros tenemos que votarla. El otro tema queda
fuera. Según la ley, hay espacio de tiempo suficiente para solucionar
este tema.




El señor CUEVAS DELGADO: De todas formas que conste en el «Diario de
Sesiones» que nosotros hemos planteado previamente a esta votación el
asunto de la incompatibilidad. (La señora Urán González pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Queda reflejado en el «Diario de Sesiones».

Señora Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, para solicitar que se vote
separadamente cada uno de los consejeros.




El señor PRESIDENTE: Hay que hacerlo conjuntamente.




La señora URÁN GONZÁLEZ: No necesariamente, señor presidente, porque
se puede estar de acuerdo con una parte de la propuesta y con la otra
no, entonces no hay por qué votar a los dos consejeros conjuntamente.




El señor PRESIDENTE: Tengo la información que me dan los servicios de
la Cámara y no ha sido usual hacer estas votaciones por separado, y
en este momento las últimas que yo tengo a mano se han hecho
conjuntamente. A mí lo que me traslada la Mesa del Congreso es una
propuesta global y concreta. Por tanto, tengo que proponer la
votación de la misma. Lo siento, pero he de rechazar la votación
separada.

Vamos a proceder a la votación de la propuesta que nos envía el
Gobierno, que es el nombramiento de las dos personas antes citadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, cuatro; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: La ley dice que se deben obtener los tres
quintos, que serían 25 votos. Al no haberlos alcanzado, constatamos
que la Comisión no puede expresar ni su aceptación ni su rechazo y
comunicaremos a la Mesa de la Cámara que la Comisión no ha logrado la
proporción que la ley exige.

Vamos a proceder a la votación de los votos particulares que ha
habido respecto al tercer punto del orden del día, que se refiere al
proceso de privatización y reconversión de las empresas
pertenecientes al sector público.

Votamos, en primer lugar, el voto particular presentado por los
Grupos Socialista, Izquierda Unida y Mixto, señor Peralta.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el segundo voto particular, que es de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Vamos a votar a continuación el informe que ha presentado la
subcomisión.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Hay que hacer constar que los votos particulares al informe de la
subcomisión y el texto aprobado por la Comisión se publicarán en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, o sea que todos los
documentos serán publicados.

Al terminar los trabajos de la Comisión en esta legislatura, sólo nos
resta agradecerles en nombre de la Mesa su colaboración,
agradecimiento que es extensivo a todos los servicios de la Cámara,
los que vemos, que están con nosotros en el desarrollo de las
sesiones, y los que no vemos.

Por otra parte, además de desearles a todos unas felices fiestas
navideñas y un próspero año 2000, permítanme desearles muchos éxitos
a todos, ya que dentro de unos días vamos a empezar un peregrinaje
buscando votos.

Se levanta la sesión.




Eran las siete y veinte minutos de la tarde.