CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1997 VI Legislatura Núm. 323



PRESUPUESTOS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCIS SERRA I SERRA



Sesión núm. 18



celebrada el miércoles, 5 de noviembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Dictaminar, a la vista del Informe elaborado por la Ponencia, el proyecto
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998 (continuación)
(Número de expediente 121/000082).




Se reanuda la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos el debate del proyecto de ley
de los Presupuestos Generales del Estado para 1998 donde lo dejamos ayer,
es decir, con el título VII.




Al título VII han presentado enmiendas el Grupo Socialista, el de
Izquierda Unida, el de Coalición Canaria y el Mixto. Así pues, y por este
orden, empezamos el debate dando la palabra a doña Amparo Rubiales, del
Grupo Socialista.




La señora RUBIALES TORREJON: Quiero empezar pidiendo a la Presidencia
que, puesto que el título VII tiene

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dos capítulos, el primero referido a las corporaciones locales y el
segundo a las comunidades autónomas, si lo tiene a bien, me dejara
compartir el turno con mi compañero de grupo, Luis Miguel Pérez, el cual
hablará de la parte relacionada con las corporaciones locales, mientras
que la portavoz que les habla lo hará sólo de las comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo, pero les informo que, a partir de la
mitad de la tarde de ayer, se decidió que las intervenciones fueran de
diez minutos.




La señora RUBIALES TORREJON: Intentaré, en la medida de lo posible, hacer
caso de lo que dice el presidente en relación con el tiempo que nos fija.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta tres enmiendas, y puedo
anunciar ya desde el principio que pediremos votación separada de las
mismas, al capítulo II del título VII. La 1193 es de sustitución del
artículo ochenta y tres, párrafo primero, que regula la financiación en
1998 de las comunidades autónomas a las que no les sea de aplicación el
modelo del sistema de financiación para el quinquenio 1997-2001. La 1194
propone un nuevo artículo ochenta y tres bis, con la finalidad de
actualizar la variable población, a efectos de determinar la cantidad que
las comunidades autónomas deban percibir en concepto de participación en
los impuestos estatales no cedidos. La tercera, señorías, hace referencia
a lo que se conoce popularmente como deuda histórica, que afectaría a las
comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Señorías, presentamos estas tres enmiendas en coherencia con la posición
que ha venido manteniendo de forma reiterada el Grupo Parlamentario
Socialista sobre el nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas. Tratan de poner orden en algo que es la característica
esencial de una forma de hacer política del Gobierno del Partido Popular,
que es generar la confusión para tratar de que nadie nos enteremos
realmente de qué es lo que pasa. Si han hecho de la confusión una forma
de hacer política en general, el prototipo de este elemento es, sin duda
alguna, el tema de la financiación de las comunidades autónomas.

Señor presidente, señorías, no es éste el momento de reiterar las razones
de fondo y forma que nos han llevado a oponernos al sistema, un modelo
que pensábamos que nacía ya herido de muerte, y hoy, un año después de
aquel debate inicial, nos reafirmamos en nuestras anteriores
consideraciones. Creemos que se optó por un modelo malo, injusto e
insolidario; en definitiva, señorías, han hecho un modelo que no le gusta
ya a nadie, ni siquiera a los socios del Gobierno del Partido Popular. El
presidente de la Generalitat de Cataluña, como es sabido y conocido, en
el debate de la Comunidad celebrado recientemente en el Parlament de
Cataluña dijo que debía haber un cambio radical en el sistema de
financiación. De la misma manera, el portavoz de Convergència i Unió, en
el pasado y reciente debate de totalidad de los Presupuestos Generales
del Estado, afirmó con rotundidad que la base sobre la que se sostiene el
sistema no da para más. Las competencias sobre los recursos, sobre los
ingresos, son insuficientes. Hemos pasado de un modelo como el de la
Lofca, consensuado entre todos, a un modelo que sólo es defendido hoy ya
por el Partido Popular y que ni siquiera, repito, satisface a los socios
del Gobierno.

La enmienda 1193, la primera, pretende fijar con carácter provisional
para 1998, y hasta que haya acuerdos de las respectivas comisiones
mixtas, que son las únicas que pueden fijarlos, los recursos de las
comunidades autónomas que no han aceptado el sistema, mediante un crédito
presupuestario que responde a los requerimientos básicos que establece la
Lofca. Se trata, señorías, de fijar para las comunidades autónomas un
crecimiento de sus recursos financieros acorde con lo establecido en el
artículo 13.1 de la Lofca, que señala que las comunidades autónomas
tendrán una participación en la recaudación de los impuestos estatales no
cedidos, negociados de acuerdo con determinados criterios. La
determinación de los recursos para 1998 parte de lo establecido en 1996,
que fueron los últimos que se consensuaron entre las comunidades
autónomas y el Estado, y no, como dice el proyecto de ley, con el modelo
1992-1997. A esta cantidad se le sumarán las transferencias que las
comunidades autónomas hayan recibido en este año, evolucionando ambas
partidas según los índices del artículo 13.1 de la Lofca.

Señorías, el Estado de las autonomías está montado sobre una lógica
jurídica que está presidida por la colaboración del Estado y las
comunidades autónomas y que, lógicamente, afecta también a la
financiación autonómica, no pudiéndose fijar por el Gobierno en la ley de
presupuestos del Estado de manera unilateral cómo es la financiación de
ninguna comunidad autónoma. El Consejo de Política Fiscal y Financiera,
señorías, aprueba el modelo, pero sus acuerdos no adquieren validez en
cada comunidad autónoma hasta que no se reúne la Comisión Mixta. El
Consejo de Política Fiscal y Financiera es un órgano consultivo y
deliberante, que no puede sustituir la actuación de las comisiones
mixtas. Esta contundente afirmación que hago no hace sino reiterar lo que
ha dicho recientemente el ministro de Administraciones Públicas, el señor
Rajoy, el 21 de octubre de 1997 en respuesta a una pregunta oral en el
Senado. Dice literalmente el señor Rajoy que las decisiones que adopta el
Consejo de Política Fiscal y Financiera no tienen ningún valor jurídico
y, al final, el voto se reproduce en las comisiones mixtas. Nosotros no
hemos enmendado precisamente la financiación de las comunidades autónomas
que sí aceptaron el modelo, aunque no estemos de acuerdo con el mismo,
justamente por respeto a que dicho acuerdo se produjo en el seno de sus
respectivas comisiones mixtas.

La segunda enmienda hace referencia, como les decía antes, a la
actualización de la variable de población, a efectos de determinar la
cantidad que las comunidades autónomas deben percibir en concepto de
participación en los impuestos estatales no cedidos. Me refiero a la
enmienda 1194 y el famoso tema de la población española



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real y qué efectos jurídicos tiene. El culebrón de la aprobación del
padrón municipal ha sido sobradamente conocido por los miembros de esta
Cámara. El 11 de julio de 1996 el Gobierno aprobó el padrón municipal de
habitantes. Así nos consta en la referencia posterior que por escrito
envía el Consejo de Ministros, así aparece en Internet y así lo informó
oralmente el portavoz del Gobierno, señor Rodríguez. Aquí están las
cifras de población. Efectivamente, en aquella aprobación provisional
había ocho municipios que no habían presentado las cifras al Instituto
Nacional de Estadística, pero el Gobierno dice que respecto de esos ocho
municipios se les da por válida la población de 1991 a expensas de los
recursos ulteriores, como había sido absolutamente normal y ordinario en
todas las aprobaciones del padrón municipal de habitantes, que nunca
habían sido objeto de ningún tipo de conflicto ni de ninguna polémica
porque están reguladas de una manera bastante mecánica en nuestro
ordenamiento jurídico. Al cabo de cuatro meses de eso que creíamos
nosotros que era la aprobación del padrón de la población, tal como viene
--repito-- en la referencia del Consejo de Ministros, con el reparto por
habitante, con el crecimiento total de la población española, nos
encontramos con que, en una respuesta parlamentaria a un diputado de
Coalición Canaria, el ministro Rato dice que no se ha aprobado ese padrón
municipal. Y por último, después de varios tiras y aflojas, el
vicepresidente primero del Gobierno afirma que se había tratado pero no
se había aprobado. No tenemos certeza de lo que ha ocurrido. Mi grupo
parlamentario ha pedido las actas de ese Consejo de Ministros para saber
si se aprobó o no, simplemente por una razón tan importante como
garantizar la seguridad jurídica de los españoles. Afortunadamente, el
pasado 31 de octubre el Gobierno aprobó definitivamente las cifras de
población. Solamente hay discrepancias con respecto de dos municipios en
los que se acepta la cifra que propone el Instituto Nacional de
Estadística, al margen de que se resuelvan los recursos con los mismos.

De esto resulta la cifra del padrón municipal de habitantes a efectos de
1 de mayo de 1996. La portavoz que les habla no sabe si este padrón ha
sido ya publicado o no y yo, hasta que no lo vea publicado en el Boletín
Oficial del Estado, no acierto a tener seguridad jurídica en torno a la
validez del mismo, puesto que ya nos ha pasado en una ocasión que se
aprueba, que no se publica y nos dicen que no se había aprobado.

Esperemos que en esta ocasión no ocurra así.

En este intervalo, el 28 de octubre pasado el Pleno del Congreso de los
Diputados aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios una
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que dice
literalmente lo siguiente: Una vez subsanados los problemas que impedían
disponer de cifras de población a 1 de mayo de 1996 para todas las
provincias y comunidades autónomas, así como para el total nacional,
proceda a la aprobación oficial definitiva de las cifras resultantes de
la renovación del padrón para que tenga --subrayo, para que tenga-- los
efectos pertinentes en la participación de las corporaciones locales en
los tributos del Estado y en la financiación de las comunidades
autónomas. El padrón municipal ha sido, como he dicho, afortunadamente
aprobado por el Gobierno, sin embargo, seguimos leyendo declaraciones de
los miembros del Gobierno insistiendo en que no tendrá consecuencias
jurídicas en la financiación de las comunidades autónomas, en contra de
lo que dice literalmente el artículo 13.1 de la Lofca, según el cual las
comunidades autónomas dispondrán de un porcentaje de participación en la
recaudación de los impuestos estatales no cedidos que se negociará con
las siguientes bases: a) El coeficiente de población. Como quiera que en
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado la financiación viene
referida a la población existente en 1998, el Grupo Parlamentario
Socialista presenta esta enmienda para hacer cumplir tanto lo que dice la
Lofca en su artículo 13 como lo que ha aprobado el Pleno del Congreso de
los Diputados en la proposición no de ley antes referida. Me gustaría
saber por qué se le puede dar más validez al Consejo de Política Fiscal y
Financiera que a lo que establece una ley, que a lo que acuerda el órgano
de representación de la soberanía popular, como es esta Cámara de la que
afortunadamente formamos parte.

Ante la confusión provocada por el Gobierno con el reconocimiento real de
la población española y las consecuencias jurídicas que dicho
reconocimiento produce, el Grupo Parlamentario Socialista presentó
primero la iniciativa que ha conseguido el apoyo mayoritario de la
Cámara, y ahora presentamos esta enmienda a los presupuestos que obligará
al Gobierno a cumplir lo dispuesto en la Lofca y a hacer algo que es de
absoluta justicia: reconocer la realidad de la población española y las
consecuencias jurídicas que de la misma se derivan. El número de la
población española es un concepto reglado. No se puede interpretar cuál
es la población sobre la que estamos tratando y no se puede pactar lo
contrario. Señorías, ustedes saben que en Derecho hay un principio
general muy importante y es que las cláusulas nulas se tienen por no
puestas. Por tanto, no se puede pactar una cosa que es un derecho
irrenunciable. No se puede renunciar a un derecho de los demás. El
ordenamiento jurídico está harto de ejemplos de esta naturaleza.

No se puede pactar, negociar, renunciar a algo que es irrenunciable, y es
que si somos un determinado número de personas, somos los que somos.

Fíjense, señorías, que la revisión del modelo de financiación se hacía
cada cinco años, justamente porque era cada cinco años cuando se hacía la
revisión del padrón municipal de habitantes, para ir adecuando la
revisión del modelo de financiación a la nueva población existente. Es
aplicable a las corporaciones locales, porque lo dice clarísimo el
artículo setenta y tres del proyecto de presupuestos, es aplicable al
Fondo de Compensación Interterritorial y es aplicable a la financiación
sanitaria; es aplicable a todos aquellos lugares y para todas aquellas
cosas o acontecimientos donde el número de la población tenga relevancia
y consecuencias jurídicas, y saber cuántos somos en cada lugar tiene
consecuencias jurídicas evidentes. Hay que decir, señorías, que no
perjudica a las comunidades autónomas que han disminuido la población,
porque se parte de mantener el nivel de recursos que las mismas tienen.

Beneficia a aquellas en las que objetivamente



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aumenta la población, sea la que sea. Si hay más ciudadanos hay que
atenderlos. Tanto hablar de la promoción de la natalidad y cuando hay
comunidades autónomas que crecen se pretende por parte de algunos
castigarlas. Espero que se haya modificado la posición del Gobierno y del
Grupo Popular y que, con el resto de los grupos parlamentarios, aprueben
esta enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que va en la misma
dirección --repito-- que la proposición no de ley que aprobamos en el
Pleno pasado.

La última enmienda es la 1195, que también trata de añadir un nuevo
artículo, el ochenta y cinco bis, que pretende el reconocimiento de lo
que se conoce en la calle como deuda histórica para Andalucía y
Extremadura, con una cuantía de 20.000 y 5.000 millones respectivamente,
que no son, señorías, sino dotaciones excepcionales de financiación
destinadas a asegurar el nivel mínimo en la prestación de los servicios
públicos transferidos, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos
estatutos de autonomía y previo acuerdo de las comisiones mixtas
paritarias, a partir del 1 de enero de 1998 y a cuenta de la que por las
mismas se fijen con carácter definitivo para dicho ejercicio.

Señorías, si los grupos parlamentarios que forman parte de esta Comisión
tuvieran a bien aprobar estas enmiendas, se podrían empezar a corregir
muchos de los grandes defectos, de las grandes injusticias que produce el
actual modelo de financiación autonómica y la aplicación que del mismo
está haciendo el Gobierno.

Hay otras muchas cosas a las que referirnos y en las que hacer hincapié
en cuanto a lo que está ocurriendo con este modelo, por ejemplo, con
respecto a la caída en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, pero nos parece que éste no es el momento y tendremos
ocasión en futuros debates parlamentarios y en comparecencias en esta
Cámara de insistir en ello.

Termino, señor presidente, reiterando el agradecimiento por su
benevolencia con respecto a esta portavoz y pidiendo encarecidamente al
resto de los miembros de los grupos parlamentarios que apoyen estas
enmiendas que tienen tantas consecuencias jurídicas, porque afectan a la
estructura territorial del Estado, a la financiación de las comunidades
autónomas y a la buena marcha del Estado de las autonomías.




El señor PRESIDENTE: El señor Pérez tiene la palabra.




El señor PEREZ SEGURA: Con la rapidez necesaria para no desatender sus
ruegos, el Grupo Socialista tiene que manifestar que, en concordancia con
la técnica legislativa que ya ha venido utilizando en anteriores debates
presupuestarios, incidirá más rotundamente mediante enmiendas en lo que
hace referencia a la sección 22, a la cooperación económica local del
Estado y, sobre todo, a la ley de acompañamiento. Es en estas figuras del
presupuesto donde incidiremos más con nuestras enmiendas; enmiendas
dirigidas a todo lo que hace referencia a las corporaciones locales cuyas
relaciones con el Gobierno popular están basadas en la desconfianza, lo
cual es curioso teniendo en cuenta que este sector de la Administración
pública viene haciendo esfuerzos en la línea que recomienda el Gobierno
para que sus parámetros macroeconómicos incidan en la reducción de su
deuda, en la rebaja de su déficit, pero en cambio se encuentran con la
correspondencia gubernamental que les limita su capacidad de
endeudamiento. Espero que puedan recapacitar. Al menos hay informaciones
suficientes que hacen albergar esperanzas de que el propio Grupo Popular
pueda enmendar las actuaciones de Gobierno a través del texto del
presupuesto.

Otros aspectos ya han sido tratados en artículos anteriores, como los que
hacen referencia a las figuras tributarias de incidencia en el ámbito
local. El texto del Gobierno pretende congelar estas figuras mediante la
no actualización de las bases, con el incremento del IPC. A ello ya hemos
presentado enmiendas en su momento.

Por lo que hace referencia concretamente a estos artículos, del setenta y
dos al ochenta, de hecho lo que se fija es el procedimiento por el que se
financian las corporaciones locales, cuál es el grado de participación en
los gastos públicos, mecanismos de entregas a cuenta, subvenciones
regladas, compensaciones por beneficios fiscales. Muchos de estos
aspectos ya fueron constitutivos del acuerdo suscrito en 1994 entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación de Municipios y
Provincias de España, con vigencia hasta 1998. Sus señorías comprenderán
que nuestro grupo no puede ir contra sus propios actos --los firmantes de
ese acuerdo eran los actuales diputados señores Solbes y Vázquez--, y en
este sentido hemos de decir que nuestro grupo no presentará enmiendas a
estos artículos concretos. Ahora bien, pese al acuerdo general con los
contenidos de estos artículos, los parámetros de la financiación local
tienen el mínimo que se establece en el IPC y el máximo en el PIB nominal
de crecimiento previsto en relación al año 1998; la verdad es que la
opción del Gobierno se sitúa en un punto medio pero creemos que la actual
situación expansiva de la economía permitiría que se pudiese aumentar la
financiación municipal por lo menos en el techo alto de esta horquilla.

El objeto de tomar la palabra es situarnos ante las enmiendas de otros
grupos; no lo voy a hacer una por una, sino con carácter genérico. Los
portavoces podrán observar, en nuestras peticiones de votaciones
separadas, el grado de ayuda de los votos de nuestro grupo a las
enmiendas de Izquierda Unida, del Grupo Mixto, de Iniciativa per
Catalunya, de Nueva Izquierda e incluso a algunas de la señora Rahola.

Por lo tanto, agradeciendo a la Presidencia la benevolencia con la que
nos ha obsequiado, damos por finalizada nuestra intervención.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra don Pedro Antonio Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que esta mañana empezamos con lo que
pudiéramos llamar debate del modelo de Estado derivado del sistema de
financiación



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y con la declaración de voluntad de componer un gran pacto local que
fortalezca la vida municipal, que la llene de contenido y de capacidad
financiera.

Como nosotros creemos que la financiación del modelo de Estado resultante
debe de obedecer a un gran encuentro, a un gran pacto, para que no sea
decidida por una parte sobre otra, como hasta ahora se ha venido
haciendo, a pesar del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, nuestras enmiendas van, por un lado, a lograr una mayor
liquidez de los municipios incrementando lo que son las aportaciones por
participaciones en los ingresos del Estado en un porcentaje similar al de
las comunidades autónomas. Sus señorías saben que las comunidades
autónomas perciben hasta el 98 por ciento y al año siguiente hay una
liquidación definitiva. Bueno, pues a los municipios le damos el 95 por
ciento.

Por otro lado, nosotros presentamos una serie de enmiendas que hacen
referencia a lo que pudiéramos llamar cumplimiento de las obligaciones
del Estado con estas corporaciones locales; cumplimiento a la hora de
hacer la transferencia en doceavas partes dentro de cada uno de los
meses; cumplimiento, si no es así, de un pago de intereses de esa deuda
que el Estado tiene con las propias corporaciones locales, y complementos
de políticas que decide el Estado pero que luego pagan con menos ingresos
los municipios; como por ejemplo, subvención y apoyo al transporte
colectivo, compensación por decisiones que se han tomado para declarar
exentos los centros docentes en lo que son bienes inmuebles o incluso en
las propias autopistas; en resumen, ayuda para llevar a cabo actuaciones
que, de una u otra manera, van fortaleciendo poco a poco este volumen de
ingresos.

Nosotros hemos incrementado, por tanto, las cuantías a transferir por el
porcentaje de participación en 25.000 millones. Hemos valorado en un 5
por ciento de este volumen de ingresos el pacto local, que no se va a
hacer realidad porque el Gobierno diga que lo va a apoyar pero sin poner
los recursos para que los propios municipios tengan liquidez y capacidad
financiera para hacer frente a competencias que no son propias, que han
sido compartidas en el mejor de los casos o que han servido para que el
Estado pueda desarrollar esa política de convenios que lleva a los
municipios a poner dinero para que haya centros escolares o a poner
personal para que haya educación de adultos. En suma, son políticas que
decide el Estado pero que luego tienen que financiar las propias
corporaciones locales.

El otro bloque de enmiendas, señor presidente, va dirigido a lo que
pudiéramos llamar financiación del sistema de comunidades autónomas. En
este bloque planteamos cinco enmiendas que van dirigidas a cuatro
niveles: por un lado, al Fondo de Compensación Interterritorial. Nosotros
creemos que hay que incrementar la cuantía de solidaridad que el Estado
destina a inversión nueva y, sobre todo, que debe de aplicarse una
sentencia del Tribunal Supremo que en un momento determinado obligó al
Gobierno a devolver a una comunidad autónoma el dinero que le había
retenido, a la comunidad que tuvo la sentencia a su favor, cuando el
Gobierno detrajo del Fondo de Compensación 10.000 millones de pesetas
para usos extraordinarios y los destinó a esas obligaciones
extraordinarias a través de ese crédito. Nosotros pensamos que eso debe
de restituirse a las otras comunidades autónomas que en su día perdieron.

Por otro lado, nosotros creemos que para que se cumpla el mandato
constitucional de que todos los españoles tengan una prestación de
servicios similar, vivan donde vivan, el fondo de nivelación debe de
tener una cuantía suficiente. Hay que nivelar de verdad la calidad de los
servicios. Por eso proponemos 50.000 millones de pesetas. Es verdad que
este año hay 10.000 y para el que viene se proponen 12.000 millones de
pesetas. Estoy viendo que en los presupuestos de las comunidades
autónomas hay una distribución de los 10.000 millones como ingresos. Yo
no sé quién les ha dicho a esas comunidades que van a recibir 300
millones, 400 millones ¡como aquí se vende el oro y el humo!, y además lo
cuantificamos como sistema de financiación. Pues no están distribuidos.

Las comunidades autónomas que han puesto dinero de este fondo no perciben
nada hasta que no se apruebe en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Otra cosa es lo que hayan dicho que quieren hacer, so pena de
que el Gobierno aplique un decreto, tenga esa valentía, y lo distribuya
por decisión unilateral. En cualquier caso, nosotros creemos que el fondo
de nivelación debe ser mayor o debe decidirse en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera con una propuesta. Ahí no puede esperarse que se
pongan de acuerdo 17 comunidades. El Gobierno les da una propuesta y
consensuará con todas ellas, pero desde un origen, desde una propuesta de
distribución con criterios que sean homologables.

Por último, nosotros presentamos una enmienda a lo que está siendo el
gran debate del país fuera de los presupuestos; eso que el famoso
profesor dice que está fuera del presupuesto: la discusión de la
financiación de la sanidad. Nosotros hemos expuesto un criterio, no somos
gobierno pero proponemos un criterio: un plan cuatrienal para que en
cuatro años se haga frente a este déficit, que para este año alcance una
cuantía del 25 por ciento y la distribución siga teniendo los criterios
de financiación homologables para todos los ciudadanos españoles, las
comunidades con competencias y el territorio Insalud. Porque no sería
justo que unas comunidades hayan abordado un mayor nivel de prestación de
servicios sanitarios, con mayor volumen de camas por habitante, con mayor
nivel de atención o prestación especializada cuando otras no lo han
podido hacer, y ahora se quiera pagar esa decisión unilateral. No estamos
de acuerdo con que los errores o políticas decididas por los gobiernos
autónomos se paguen con esta financiación. Se debe de pagar el déficit en
la valoración de esa transferencia en origen. Por tanto, no sabemos la
cifra, desde luego con 40.000 millones de pesetas no se hace frente al
déficit sanitario, ni compensado con impuestos especiales. La sanidad no
tiene nada que ver ni con la gasolina ni con el tabaco, la sanidad tiene
que ver con una política dirigida para hacer frente a la enfermedad, con
independencia de que sería bueno que el ejemplo americano se trasladara
aquí y a las empresas de tabacos se les pidiera dinero para hacer frente
a los daños que causa. Por tanto, nosotros hacemos con esta enmienda una
propuesta de cómo cubrir el déficit sanitario.




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Termino, señor presidente. Nosotros vamos a votar a favor de todas las
enmiendas que se han anunciado por parte del Grupo Socialista, tanto por
la filosofía como por la concreción; por la filosofía que se ha defendido
hoy aquí sobre el criterio de población y por la cuantificación de la
sección 32, con la distribución de la participación en los ingresos del
Estado de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que
al final, en los criterios de financiación de la sanidad, se va a aplicar
el censo de población del año 1996. Los ciudadanos (estamos hablando de
déficit sanitario producido en los últimos cinco, seis o diez años) van a
recibir en función de los habitantes que tienen hoy. Sin embargo, para
todos los demás sistemas de financiación, servicios de educación,
servicios sociales, etcétera, no; van a recibir en función de la
población que tenían en el año 1988 porque pactaron así, sin mover la
variable, según el modelo de financiación que pactaron Convergència i
Unió y Partido Socialista con otros socios colaterales. Nosotros no
compartimos ese criterio. El modelo anterior, que nosotros no
compartimos, abordó una actualización de variables que costó un dinero,
200.000 ó 300.000 millones, no recuerdo la cifra, distribuidos en cuatro
o cinco años, porque si, por poner un ejemplo, los murcianos son hoy
1.100.000 y antes eran un millón tienen que recibir en función de la
población que tienen. Por tanto, señor presidente, nosotros creemos que
la variable de población tiene que darse para toda la financiación
autonómica, incluida la sanidad. Dicho criterio lo hemos cuantificado
nosotros en 100.000 millones de pesetas para incrementar la sección 32, y
vamos a apoyar el texto que nos proponen otras enmiendas puesto que
obedecen a los mismos criterios que reiteradamente se vienen defendiendo
en esta Casa desde el principio del desarrollo del pacto de investidura,
pacto de reparto, pero el pacto de reparto se queda limitado a una parte,
y nosotros queremos que llegue a todas las partes.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto,
intervengo para defender las enmiendas a este título VII, entes
territoriales, de la ley de presupuestos.

Doy por defendidas las enmiendas presentadas por la señora Almeida, el
señor Vázquez, la señora Rahola y la señora Rivadulla, pero quisiera
hacer mención en concreto a las enmiendas presentadas por el señor
Vázquez y la señora Almeida al artículo ochenta y seis, referente al
Fondo de Compensación Interterritorial, en el sentido de solicitar un
aumento de las dotaciones de un fondo fundamental para corregir los
desequilibrios de aquellas comunidades del Estado español que, incluidas
en ese fondo, requieren unas mayores dotaciones para proyectos que se
incluyen entre los objetivos del mismo. Desde la óptica del Grupo
Parlamentario Mixto y los diversos partidos que integran el mismo, es
fundamental aumentar las dotaciones de este Fondo de Compensación
Interterritorial.

Doy por defendidas las enmiendas referentes a las entregas a cuenta a las
corporaciones locales y a las subvenciones a entidades locales por
transporte colectivo y, en general, todas las enmiendas se mantienen
vivas en el debate de hoy.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Mercedes
Fernández.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: De forma lo más breve posible, voy a tratar
de dar respuesta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a las
enmiendas que han formulado los diversos grupos parlamentarios, tanto en
lo que se refiere a la participación de los municipios en los tributos
del Estado como a la financiación de las comunidades autónomas.

Así, en el artículo setenta y dos, en el que se establece la
participación de los municipios en los tributos del Estado, hay una serie
de enmiendas que desde luego nosotros no vamos a apoyar. En ellas se
discrepa con la redacción del proyecto respecto a elevar la cuantía
establecida por el mismo como entregas a cuenta. Se plantea por el Grupo
Mixto, a través de diversos diputados, establecer una cuantía superior a
la que nosotros entendemos ya ajustada y que figura en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado.

Por el Grupo de Izquierda Unida se formulan las enmiendas 580 y 581,
solicitando sustituir el 95 por ciento que establece el proyecto de ley
por un 98 por ciento, así como la cantidad determinada en el proyecto de
803.000 millones de pesetas por 828.000 millones de pesetas, exponiendo
como justificación dar cobertura y asegurar la realización del pacto
local. El señor Ríos ponía mucho énfasis en algo que preocupa en los
municipios y ayuntamientos españoles que es el pacto local y que son
todas las derivadas del propio pacto local que traen consecuencia directa
para la vida de los propios ayuntamientos. Créame si le digo que desde
del Grupo Parlamentario Popular tenemos no solamente preocupación sino
absoluto interés en que se desarrolle y se acuerde, con el consenso
adecuado y necesario políticamente, el pacto local. Nos hemos
caracterizado siempre no solamente por seguir el pacto local, sino por
tratar de impulsar el pacto local desde que el Partido Popular tiene
responsabilidades en el Gobierno de la nación.

Existe una enmienda a este artículo setenta y dos, formulada por
Coalición Canaria, que ha sido incluida en el dictamen y a la que por
tanto no voy a hacer ninguna referencia.

En el artículo setenta y tres del proyecto, participación de las
provincias, comunidades autónomas uniprovinciales e islas en los tributos
del Estado, se plantean también dos enmiendas por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, concretamente las números 582 y 583, donde se alerta
acerca de la posibilidad de supresión de las provincias y, en el caso de
que esto sucediese, que no afectase al modelo que está concebido en el
proyecto presupuestario. Desde luego la enmienda, cuando menos, es
singular en su redacción y con un enfoque un tanto opinable, si me lo
permite el portavoz de Izquierda Unida. En la enmienda 582 se plantea
también sustituir el 95 por ciento por el 98 por



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ciento y la cuantía de 437.000 millones por 451.000 millones. El Grupo
Parlamentario Popular no va a apoyar ninguna de estas dos enmiendas.

Por lo que se refiere a las entregas a cuenta que se reflejan en el
artículo setenta y cuatro, de las participaciones en favor de las
comunidades autónomas, se formulan enmiendas por parte del Grupo
Parlamentario Mixto en las que se plantea que en el supuesto de
incumplimiento se establezca un interés de demora creo recordar que del
7,5 por ciento. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida plantea tres
enmiendas, 584, 585 y 586. Se justifican todas ellas bajo una misma
filosofía, que es tratar de dotar de una mayor liquidez a los propios
ayuntamientos, y se establece también la fijación del interés de demora
que establece la propia Ley General Tributaria en aquellos supuestos de
posible retraso o incumplimiento. La redacción literal del proyecto
establece el pago por partes mensuales en doceavas partes. Se dice en la
enmienda que se hagan efectivas el último día del mes y, si no, que se
devengue el interés de demora correspondiente. Nos parece excesivo, desde
luego nosotros no compartimos esa desconfianza y no nos parece adecuado
que la misma tenga ese reflejo literal que proponen las enmiendas del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

En el artículo setenta y cinco, sobre las subvenciones a entidades
locales por el servicio de transporte urbano colectivo, existen enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida plantea la elevación de
la cantidad que aparece en el proyecto de 6.177 millones a 10.000
millones.

El Grupo Mixto plantea la rebaja de las unidades urbanas a efectos de
cómputo, que el proyecto establece en hasta 50.000, por hasta 20.000.

Este debate es recurrente, se suscitó este tema en el debate
presupuestario del año anterior y dimos las razones por las que no
entendíamos aceptable esta enmienda. Seguimos sin entender el espíritu de
la misma y nos parece más ajustada, en este caso, la variable que se
establece en el proyecto presupuestario.

Respecto a la elevación de la cuantía, vemos que la justificación de la
enmienda habla de la necesidad de dotar y apostar por el servicio de
transporte urbano colectivo, quizá sería un debate apasionante y
muchísimo más largo de lo que es la presentación, formulación y defensa
de una enmienda y, en su caso, el rechazo que me cumple realizar en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, pero con ese incremento en más de
3.000 millones --creo recordar-- que plantea el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida no creemos que se dé cobertura al problema que enuncian
en la justificación de la enmienda.

En el artículo setenta y seis, que hace referencia a la compensación a
los ayuntamientos de los beneficios fiscales establecidos, se formula una
enmienda, la 588, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a
nuestro juicio, en discordancia con los preceptos que rigen y que son
aplicables en la Ley de Haciendas Locales y que establece de forma muy
precisa cuándo y cómo se deben establecer esos beneficios fiscales, sobre
todo por lo que al plazo de los mismos y al devengo se refiere. Creemos
que la enmienda no se adecua al tenor literal de lo preceptuado en la Ley
de Haciendas Locales.




El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, lleva en el uso de la palabra un
poco más de diez minutos, sólo se lo recuerdo para que intente ceñirse al
tiempo establecido.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Estoy dando respuesta a las enmiendas,
tratando de agilizar el debate en el Pleno. No obstante, creo que es
bueno que en la Comisión se consuma más tiempo, aunque comprendo también
la pretensión de celeridad que invoca el presidente.

Existen una serie de enmiendas a las que no voy a hacer referencia y daré
justificación, por tanto, en el debate plenario. No vamos a aceptar las
enmiendas formuladas en relación al artículo setenta y siete. A los
artículos setenta y ocho y setenta y nueve no se han formulado enmiendas.

Después aparecen una serie de enmiendas relacionadas con el artículo
ochenta con formulaciones complementarias, ochenta bis, ochenta ter y así
sucesivamente hasta llegar al ochenta 7.

Me voy a referir de forma muy sucinta a las enmiendas números 1193, 1194
y 1195, que ha formulado el Grupo Parlamentario Socialista. Decía la
portavoz socialista, y creo que lo repetía también el portavoz de
Izquierda Unida, que en estas enmiendas que se refieren a financiación
autonómica estamos haciendo referencia a un problema de filosofía
política a la hora de entender el modelo de financiación autonómica.

Decía la señora Rubiales, en defensa de una de las enmiendas que formula
y presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que hace referencia a lo
que se denomina ya como variable población, que esperaba el apoyo del
resto de los grupos parlamentarios, toda vez que el 28 de octubre pasado
se produjo un debate en el Congreso de los Diputados y una votación
unánime por parte de todos los grupos parlamentarios. En nombre del Grupo
Parlamentario Popular, quiero decirle a S. S. que discrepamos del enfoque
que usted hace en defensa de la enmienda. El Grupo Parlamentario Popular
no entiende que haya identidad entre la enmienda que usted ha defendido,
y que ha formulado el Grupo Parlamentario Socialista, y el texto
transaccional que tengo a la vista, como usted lo tenía porque ha hecho
referencia al mismo, que se ha aprobado por el Congreso de los Diputados.

El texto transaccional al que se hace referencia en la sesión celebrada
el 28 de octubre dice literalmente que, una vez subsanados los problemas
que impedían disponer de cifras de población a 1 de mayo de 1996 para
todas las provincias y comunidades autónomas, así como para el total
nacional, procede a la aprobación oficial definitiva de las cifras
resultantes de la última renovación del padrón. Añadiríamos --dice
literalmente-- que tenga los efectos pertinentes en la participación de
las corporaciones locales en los tributos del Estado y en la financiación
de las comunidades autónomas.

La señora Rubiales sabe --porque me consta que conoce y sigue
perfectamente todos los avatares acerca del modelo de financiación
autonómica y las reuniones que se han producido en el seno del Consejo de
Política Fiscal y



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Financiera-- que el 23 de septiembre se produce en el seno del propio
Consejo de Política Fiscal y Financiera un acuerdo por parte de la
inmensa mayoría de las comunidades autónomas y un acuerdo que no se apoya
por tres comunidades autónomas. Se establecen una serie de variables
como, por ejemplo, la población, la renta per capita, el esfuerzo fiscal,
etcétera. Para ello deben ponerse de acuerdo respecto a la definición de
las variables, la ponderación de las mismas y los valores a utilizar. Eso
es exactamente lo que hace el Consejo de Política Fiscal y Financiera de
23 de septiembre de 1996, donde se acordó que para el quinquenio
1997-2001 el porcentaje de participación se calculará con las mismas
variables, valores y ponderaciones que en el anterior quinquenio. Tratar
de entablar un debate político (que seguramente es legítimo y que me
parece perfectamente correcto que se haga en los términos en los que lo
ha formulado la señora Rubiales) no nos debe llevar --y desde el Grupo
Popular no bajamos la guardia-- a una política de confusión, a la que no
queremos colaborar por más que se nos impute, a establecer un paralelismo
exacto entre la enmienda que formula el Grupo Parlamentario Socialista,
que pretende unos efectos específicos y determinados, y la moción que se
aprueba por unanimidad que no tiene los efectos que se contemplan en la
enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Quiero decir
--y seguramente en el debate plenario habrá ocasión de discutir más
ampliamente y con más detalle que en la mañana de hoy-- que, a juicio del
Grupo Parlamentario Popular, no estamos hablando de la misma cuestión ni
de idéntica iniciativa y que, por tanto, nosotros vamos a votar en contra
de las tres enmiendas a las que ha hecho referencia la señora Rubiales
como portavoz de autonomías en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Finalizado el título VII, pasemos al título VIII, al
que no han presentado enmiendas más que el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto.

¿Desea intervenir, señor Ríos?



El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, si no intervengo, no puedo
defender las enmiendas. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: En ese caso, no vamos a privarle de sus derechos.

Les ruego que en relación a este título se ciñan a los tiempos fijados.

Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, voy a ser breve.

También hay enmiendas del Grupo Socialista que fueron defendidas ayer por
el señor Cercas cuando se discutía la parte relativa a la Seguridad
Social. Por tanto, voy a defender las tres enmiendas que mantenemos a
este título VIII, sobre cotizaciones sociales.

En realidad, el objetivo de Izquierda Unida es adoptar medidas que
orienten a la estructura productiva de nuestro país a prescindir de horas
extraordinarias que no sean accidentales o temporales y producidas
puntualmente, es decir, eliminar las horas extraordinarias de fomento o
ayudas económicas a la hora de cotizar; reducir y eliminar las horas
extraordinarias para los contratos de formación y los de aprendizaje,
puesto que entendemos que no tiene relación la hora extraordinaria de
producción con el trabajo de aprender o con la formación. En tercer
lugar, en la contingencia de desempleo para la cotización al Fondo de
Garantía Salarial entendemos que se debe gravar a las empresas que abusan
y usan del trabajo temporal.

Por tanto, nuestras tres enmiendas, señor presidente, pretenden, en
primer lugar la 591, incrementar la cotización, el pago de las horas
extraordinarias que en el proyecto de ley se establece en el artículo
ochenta y siete dos, punto 3, para que las empresas, en lugar de pagar el
28 por ciento, paguen el 35 por ciento, y que, con cargo a la empresa, en
lugar del 23 por ciento de ese 35 pague el 29 por ciento. En suma,
pretendemos que las empresas paguen más dinero por el uso o el abuso de
horas extraordinarias.

La segunda enmienda es para eliminar del tema de las horas
extraordinarias, en el artículo ochenta y siete, dos, punto 3, la
posibilidad de que se puedan aplicar a unos contratos. Se puede decir que
el que no esté en la ley no quiere decir que se vaya a hacer, pero como
lo que abunda no daña, es preferible especificar que los contratos de
formación y los de aprendizaje tendrán prohibidas las horas
extraordinarias.

Por último, señor presidente, en el artículo ochenta y siete, nueve, 2.1,
donde se habla de la cotización de desempleo para el Fondo de Garantía,
proponemos gravar el uso de la contratación temporal en base a esta
cotización. Aquí el proyecto de ley habla de que para la contingencia de
desempleo habrá una cotización, en general, del 7,8 por ciento en su
conjunto, del cual el 6,2 por ciento será con cargo a la empresa y el 1,6
con cargo al trabajador.

Proponemos elevar el 7,8 de cotización por contingencia de desempleo a la
contratación temporal, haciendo así vigente algo que fue pactado por el
Gobierno y los sindicatos, fruto del pacto laboral que ha existido hasta
ahora, y era que la contratación temporal tendría acceso a lo que
pudiéramos llamar contingencias sociales, resultados o beneficios
sociales, entre ellos la sanidad y el derecho al desempleo. Por eso, si
tienen derecho al desempleo, creemos que debe incorporarse y, además,
debe gravarse a la empresa que sale beneficiada con este uso.

Estoy haciendo referencia a lo que pudiéramos llamar actuación abusiva;
lógicamente hay empresas que usan el contrato de trabajo temporal porque
obedece a actividad estacional, a tener que sacar una producción
determinada en un momento concreto, y no a una base estructural de la
propia empresa. Sin embargo, otras camuflan esa realidad de contratación
en lo que es base de la producción, y en el mismo puesto que tienen
durante todo el año pasan cincuenta o sesenta personas a través de
contratos puntuales.

Señor presidente, dentro de la cotización social, ése era el objetivo de
nuestras tres enmiendas: castigar fiscalmente el abuso de las horas
extraordinarias, eliminarlas de los contratos de formación y, por otro
lado, que en el Fondo de Garantía Salarial, en la cotización de
desempleo,



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las empresas que usen la contratación temporal paguen un mayor porcentaje
del que prevé el proyecto de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Tomo la palabra para dar por defendida la
enmienda presentada por la señora Rahola con el número 518 al título
VIII, cotizaciones sociales, y defender la enmienda que presenté con el
número 86 al artículo ochenta y nueve, que sería un artículo nuevo.

Como bien se ha comentado entre pasillos con el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, no entendemos por qué se ha incluido en este
título VIII, porque hace referencia al pequeño comercio y a la petición
de un plan de modernización del mismo. Se solicita mediante una adición
que el Gobierno presente en el plazo de tres meses un proyecto de ley
referente a la modernización del pequeño comercio donde se incluyan un
conjunto de medidas: subvenciones a la mejora de instalaciones e imagen,
así como medidas fiscales referidas a la inversión, promoción y
modernización del citado sector y líneas especiales de crédito a bajo
interés.

Mantengo esta enmienda número 86 reconociendo el esfuerzo que por parte
del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Estado de
Comercio, se está haciendo en alguno de los extremos que se incluyen en
esta enmienda. Sé que hay algunas líneas de ayuda para la modernización
del pequeño comercio, pero parece como si el paso dado fuera poco para
Unión Valenciana y solicitamos que se den dos pasos adelante y se haga un
plan integral para la modernización del pequeño comercio, que tiene unos
retos pendientes con la proliferación de las grandes superficies
comerciales y con la anunciada libertad de horarios a partir del año
2001. En el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana se trata de más de
60.000 establecimientos, es una fuente de creación de empleo, es un
pequeño comercio tradicional familiar y pensamos que se requiere un mayor
esfuerzo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Voy a ser breve.

En primer lugar, quiero hacer una aclaración. El portavoz de Izquierda
Unida ha manifestado que en este título había enmiendas del Grupo
Socialista. No hay enmiendas del Grupo Socialista en este título; lo que
hizo el señor Cercas ayer fue defender, en el turno que le correspondía,
disposiciones adicionales que hacían referencia a la Seguridad Social.

Respecto de la enmienda número 518, presentada por la señora Rahola, del
Grupo Parlamentario Mixto, va a ser rechazada por nuestro grupo, toda vez
que la entrada en vigor del real decreto-ley de reforma del mercado
laboral, tal como se entiende, en relación con la ampliación de la acción
protectora y la consiguiente cotización de los contratos para la
formación, sustitutos de los anteriores contratos de aprendizaje, se
condicionaba claramente por una disposición del texto legislativo, la
disposición transitoria cuarta, en la que se facultaba al Gobierno para
que, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más
representativas, determinaran los tipos de cotización y también el grado
de ampliación. Por tanto, es necesario respetar esa decisión que se
adopte entre el Gobierno e interlocutores sociales y no se puede apoyar
la enmienda número 518.

En cuanto a las tres enmiendas presentadas por Izquierda Unida, quiero
hacer una argumentación global o general en cuanto a la imposibilidad de
aceptación por parte de mi grupo. Las tres enmiendas van a suponer una
carga, en caso de que se aprobaran, para las empresas españolas y, por
tanto, una merma para su productividad que creemos no es el momento
adecuado para que ello se produjera.

Voy a hacer una referencia muy sintética a cada una de ellas. En su
enmienda 591 pretenden incrementar el tipo aplicable de cotización
adicional por horas extraordinarias distintas de las motivadas por fuerza
mayor. Nuestro grupo considera que el tipo de cotización que ustedes
plantean se estima excesivo, pasan del 28,3 al 35,4 por ciento y la
realización de estas horas extraordinarias está suficientemente
penalizada comparando el tipo aplicable a la cotización adicional por las
mismas, el 28,3, con el aplicable a las motivadas por fuerza mayor que,
como bien sabe S. S., es del 14 por ciento.

Además, esta cotización no incide tampoco sobre el cálculo de
prestaciones, o sea, no menoscaba ninguna prestación que se derivara de
la cotización de las mismas. Seguimos desconociendo cuáles han sido los
criterios del Grupo de Izquierda Unida que han servido para cuantificar
ese nuevo tipo pretendido, por qué lo fijan en el 35,4 por ciento.

En cuanto a la enmienda número 592, S. S. sabe que la modificación del
Estatuto de los Trabajadores está en el trámite de Senado, en particular
la modificación de lo que antes eran los contratos de aprendizaje, ahora
para la formación. Allí debía haber sido donde se debiera haber planteado
una medida como la que traen aquí en dicha enmienda. Al margen de ello,
no se se justifica suficientemente el motivo por el que deben prohibirse
las horas extraordinarias en los contratos de formación porque no
entendemos que existan modalidades en las que las mismas resulten
normales y otras modalidades en que esas horas extraordinarias resulten
anormales, o en unas aceptables y en otras inaceptables, si me permite el
cambio de expresión. Las horas extraordinarias por definición son siempre
excepcionales y responden siempre a causas precisas de tal naturaleza, de
naturaleza excepcional, que pueden concurrir tanto en un contrato
formativo como en cualquier otro, porque no hay que olvidar que, aunque
los contratos formativos tienen --y en la misma expresión se contiene--
una finalidad formativa, desarrollan tal finalidad justamente mediante el
desempeño de un puesto de trabajo productivo, y son las circunstancias de
tal puesto de trabajo las que pueden requerir, reitero, excepcionalmente,
la realización de las horas extraordinarias. En todo caso, quiero



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recordar a SS. SS. que la legislación vigente ya prohíbe las horas
extraordinarias de los menores de dieciocho años por motivos de la
protección de su salud y de su seguridad.

Finalmente, esta cuestión de las horas extraordinarias a la que ha hecho
referencia S. S. está siendo abordada por los interlocutores sociales,
que han iniciado en estos momentos un amplio debate sobre las
posibilidades de reordenación, distribución y reducción del tiempo de
trabajo y sobre el papel que en tales ámbitos debe atribuirse a las
normas legales, a la negociación colectiva y a la acción de los poderes
públicos. Parece que, al menos por prudencia, cualquier actuación en este
terreno debería posponerse al momento en que los interlocutores sociales
concluyan este debate y alcancen las conclusiones que estimen oportunas.

En cuanto a su enmienda 593, que pretende un incremento del tipo de
cotización al desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional en el caso de contratación temporal, tampoco va a poder ser
aceptada por mi grupo, ya que ese incremento de la cuota empresarial por
desempleo en los contratos temporales del doble de la establecida por los
contratos indefinidos la consideramos excesiva; incrementa los costes del
factor trabajo de forma muy considerable, por lo que perjudicaría la
contratación temporal y el empleo en sectores donde dicha contratación
responde a una realidad del mercado laboral. Creo que debemos ser
extremadamente justos con la contratación temporal. Cuando digo eso
quiero decir que, si bien hemos de penalizar la contratación temporal
allí donde sea utilizada de manera fraudulenta o fuera de las causas que
la determinen, no tenemos por qué rasgarnos las vestiduras en cuanto a
que la misma sea utilizada debidamente en todos aquellos sectores
productivos en los que la contratación temporal en algunos casos sea
prácticamente la única o en otros sea complementaria con una contratación
de tipo indefinido y cuyas causas estén verdaderamente ajustadas a lo que
la ley dispone al respecto.

Por último, señor presidente, voy a hacer una mención a la enmienda
número 86, que propone un artículo ochenta y nueve nuevo. Haciendo mía la
argumentación del representante de Unión Valenciana, tengo que decir que
este portavoz no acaba de comprender cómo se ha colocado justamente en
este título VIII, de cotizaciones sociales. Al respecto de la misma,
tengo que manifestar que tampoco va a ser apoyada por mi grupo
parlamentario, no porque no estemos de acuerdo con su espíritu, pues me
parece que todo esfuerzo es poco en orden a lo que puedan ser ayudadas y
planes de todo tipo que apoyen a nuestra pequeña y mediana empresa. Sabe
S. S. que nuestro tejido industrial es pequeña y mediana empresa
prácticamente en un 80 ó 90 por ciento. Su señoría y este portavoz, que
somos de la misma circunscripción, conocemos también la importancia que
tiene la pequeña y mediana empresa para la economía valenciana en este
caso concreto, pero al respecto tengo que decirle que ya existe un plan
de modernización, que se encuentra en la sección 15 de estos
presupuestos. Tampoco hay que irrogarse excesivo protagonismo, porque ya
fue puesto en marcha por la anterior Administración. En este caso, la
responsabilidad sería compartida entre anteriores gobiernos y el Gobierno
del Partido Popular. A ese respecto, entendemos que en los presentes
presupuestos está dotado suficientemente. Hay otra cuestión importante,
que su gestión está atribuida directamente a las distintas comunidades
autónomas. En ese caso, coincidirá S. S. conmigo en que no sólo está
dotado suficientemente ese plan, sino que su gestión puede ser seguida
muy de cerca por aquellos poderes territoriales a los que compete esa
gestión por su propio conocimiento de la realidad socioeconómica de su
mercado de trabajo y de su mercado productivo, lo que beneficia mucho la
aplicación de ese plan.

Por tanto, le reitero que compartimos el espíritu de su enmienda, pero
entendemos que está suficientemente recogida en los presupuestos que ha
presentado el Gobierno este año.

Señor presidente, no hay nada más que añadir por este portavoz.




El señor PRESIDENTE: Con su intervención termina el debate del título
VIII.

Vamos a entrar ahora en el debate conjunto de las disposiciones
adicionales, disposiciones transitorias y anexos al proyecto de ley.

Por razón de otras ocupaciones, me ha rogado el señor Homs intervenir en
primer lugar en el debate. Por tanto, vamos a ordenarlo de la forma
siguiente en función de las enmiendas presentadas. En primer lugar,
daremos la palabra al Grupo Catalán (Convergència i Unió); en segundo
lugar, al Grupo Socialista; luego, al Grupo de Izquierda Unida; el Grupo
de Coalición Canaria ha retirado su enmienda 1507, por lo que no tiene
enmiendas en este paquete que vamos a discutir; finalmente, tendrá la
palabra el Grupo Mixto antes del Grupo Popular.

Tiene la palabra don Francesc Homs.




El señor HOMS I FERRET: A este conjunto de disposiciones el Grupo
Parlamentario Catalán, al que represento en estos momentos, tiene
planteadas cuatro enmiendas, y procedo a hacer su defensa.

En la sesión de ayer ya hicimos referencia a la primera enmienda, la
1595, en el conjunto de disposiciones tributarias. Se refiere a la
disposición adicional decimoquinta, que se remite a definir las
actividades y programas prioritarios de mecenazgo de la Ley 30/1994, de
24 de noviembre, de fundaciones e incentivos fiscales, y propone que se
establezca que ese plus de deducción que se reconoce para los donativos
al Instituto Cervantes también se haga extensivo a las instituciones con
fines análogos de las comunidades autónomas con lengua oficial propia
para destinar estos donativos a la promoción y difusión de la lengua
española y también de las lenguas oficiales de los distintos territorios
del Estado español que tengan estos organismos. Se trata, señorías, de
que la deducción que ya reconoce hoy la legislación vigente para estos
donativos sea del 25 en lugar del 20 por ciento y que no sea solamente el
Instituto Cervantes el destinatario de los mismos sino que puedan ser
también los organismos de comunidades autónomas con fines análogos,
referidos



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evidentemente a las lenguas oficiales de sus ámbitos territoriales.

La siguiente enmienda, la 1599, hace referencia a la moratoria de los
créditos financiados en el ámbito del fondo de la Comisión permanente
interministerial de la ciencia y tecnología. En este caso se trata,
señorías, de retomar la problemática que tienen algunas entidades y
empresas que han suscrito créditos dentro de los programas
científico-tecnológicos que promueve el Fondo nacional para el desarrollo
de la investigación científica y técnica que lleva a cabo el Cedeti.

Estos créditos tienen unos aplazamientos hasta un período máximo de cinco
años al interés legal del dinero. Se trata de que se permita la
posibilidad de redefinir estas moratorias y aplazamientos y dar
autorización al Cedeti para poder proceder a las revisiones de estos
compromisos. Esta enmienda es coincidente con otra del Partido Popular
que ya se incorporó en ponencia, por lo que creemos que se puede aceptar.

Las siguientes enmiendas son la 1593 y 1594. Planteamos la problemática
de las deudas de un conjunto de entes e instituciones hospitalarias que,
en su día, ya se acogieron a la moratoria de las deudas de la Seguridad
Social. Esta es una de las cuestiones de cierto interés de nuestro grupo
parlamentario, que ponemos a consideración de esta Comisión y de la
Cámara para tomar la decisión bien de condonar estas deudas de la
Seguridad Social de este conjunto de instituciones sanitarias, bien de
concederles una ampliación del período de carencia. En el año 1994, en la
ley de presupuestos, se tomó la decisión, en este Congreso de los
Diputados, de atender la problemática de las deudas pendientes con la
Seguridad Social de las instituciones sanitarias cuya titularidad
ostentaban las administraciones públicas o instituciones
públicas-privadas sin ánimo de lucro, y se llegó al acuerdo de hacer una
distinción entre lo que eran las deudas anteriores al año 1994 y las
posteriores. Todas estas instituciones se pusieron al día en el pago de
cotizaciones a la Seguridad Social a partir del año 1995, y en lo
referente a las deudas anteriores se estableció la posibilidad de
acogerse a una moratoria, moratoria que tenía tres años de carencia y
diez años de amortización de las deudas existentes entonces. Como vemos
que en esta ley de presupuestos se establece una condonación de las
cotizaciones a la Seguridad Social de las casas militares, entendemos
oportuno también poner a reflexión la oportunidad de tomar la decisión
extendiéndola a las deudas existentes de este conjunto de entidades
sanitarias, que la mayoría de ellas son públicas o son entidades sin
ánimo de lucro. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Cruz Roja o a
instituciones que dependen de las administraciones públicas. Nuestra
enmienda tiene una doble finalidad: por un lado, poner sobre la mesa la
decisión de la condonación, al igual que se hace en otros casos, o bien
extender unos años más el período de carencia, sin tocar las mismas
reglas y las mismas características que tenía la disposición que se
aprobó en el año 1994, que era de tres años de carencia y diez de
amortización sin intereses. Señorías, nuestro grupo entendería que el
paso que se daría con la extensión de la carencia sería suficiente. En un
momento en que estamos afrontando la revisión del sistema de financiación
de la sanidad, en un momento en que estamos reconduciendo toda la
problemática de la financiación de las instituciones sanitarias, en el
que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe tomar algunas medidas
excepcionales para poder dotar de recursos adicionales al sistema
sanitario, creemos que deberíamos ser sensatos y realistas y concederles
a estas instituciones sanitarias dos, tres o cuatro años más --como se
plantea en la enmienda-- para poder tener un tiempo adicional antes de
empezar a proceder a las amortizaciones de estas deudas anteriores al año
1994. No estamos con ello generándole ningún déficit a la Administración
pública, porque éstos son ingresos no existentes y no contabilizados en
éstos momentos. Se trata simplemente de no someter a una exigencia a unas
entidades que hoy por hoy no están en condiciones de atender estas
obligaciones, y sin renunciar a ellas planteamos simplemente aparcar la
moratoria y conceder unos años adicionales de carencia.

Finalmente, señor presidente, la última enmienda de nuestro grupo hace
referencia también a la enmienda que planteamos en las secciones en
relación con el contrato-programa del transporte metropolitano.

Planteábamos la conveniencia en la enmienda 1622 de revisar al alza la
cantidad que se contempla en los presupuestos para el contrato-programa
del transporte metropolitano en una cuantía de 494 millones, y
alternativamente se proponía considerar la posibilidad de declarar
crédito ampliable aquella partida, en el bien entendido de que si no
estamos en condiciones de determinar una cifra revisada al alza en el
sentido que propone nuestra enmienda, se podría dejar abierta la partida
dotándola de la naturaleza de crédito ampliable. Pero mi grupo está
esperanzado en encontrar una solución en la enmienda particular que se
plantea a la sección 32, que es la 1622, y, señor presidente, retira la
enmienda 1596, que es la que plantea la solicitud de crédito ampliable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Fernando Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Con brevedad, quiero informar a la Mesa y a la
Comisión que mi grupo ya ha defendido a lo largo de los títulos muchas de
las disposiciones adicionales que se debaten en estos momentos y que
otras incluso serán defendidas también a lo largo del debate de las
secciones. Como consecuencia, mi grupo da por defendidas todas las
enmiendas relativas a las disposiciones adicionales y anexos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que ayer en los debates de los
distintos apartados y títulos algunos grupos fueron agrupando las
enmiendas que habían presentado a las disposiciones adicionales, y es
lógico, porque obedecen a políticas que se han ido marcando dentro de
esos títulos, pero, señor presidente, yo voy a hacer tres bloques para
presentar las quince enmiendas de Izquierda



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Unida a las disposiciones adicionales, algunas de nueva creación, que
obedecen a políticas que hemos discutido antes, y las tres que hacen
referencia a los anexos, como ha pedido la Presidencia.

Las dos primeras enmiendas hacen referencia a la disposición adicional
segunda, que habla de la asignación tributaria a fines religiosos.

Nosotros vemos cómo se aplican unos criterios, a la hora de discutir
estos presupuestos, de restricción y de contención y, por otro lado, de
mano abierta, de flexibilidad a la hora de atribuir recursos. Creemos que
en la disposición adicional segunda, en el punto uno, debemos mantener
los criterios de austeridad a la hora de la recaudación del rendimiento
del IRPF también para lo que es la asignación del Estado español a lo que
pudiéramos llamar el apartado de la propia Iglesia o a fines religiosos.

Nosotros no estamos de acuerdo con la disposición adicional segunda en su
punto tres. ¿Qué viene a decir esta disposición? Que, como ustedes saben,
se están haciendo entregas a cuenta en función de lo que vayamos a
recaudar a final de año. Bien, pues aquí las anticipaciones, si son más
de lo que al final resulta, para el único caso se le condona, y entonces
se le ha hecho mayor ingreso, cosa que no pasa con ningún ente ni con
ninguna fundación, no entendemos por qué. Por eso, como creemos que es un
trato de favor, proponemos la supresión y que lo que les corresponda, lo
que los ciudadanos hayan puesto en su declaración, sea lo que llegue a
cada una de las confesiones, que me imagino que serán todas las
confesiones las que lo puedan recibir.

El segundo bloque de enmiendas iría dirigido a lo que pudiéramos llamar
proyección social establecida en la disposición decimosegunda, para que
las comunidades autónomas puedan participar en la formación continuada,
en función de los acuerdos que ha establecido el Gobierno con los
interlocutores sociales. Señor presidente, se dice muchas veces que para
qué proponemos cosas de éstas, si depende de la negociación que tenga el
Gobierno con los agentes sociales. Porque lo que estamos proponiendo en
el Parlamento es la nominación de lo que debe ser la disposición; la
concreción la ejecutará el Gobierno haciendo buena aquella base teórica
de Romanones: hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los
reglamentos; es decir, los reglamentos oportunos para lograr esta
disposición. Pero lo que sí queremos decir en este debate es que la
formación continuada puede llegar a las comunidades autónomas.

Por último, dentro de este bloque de disposiciones adicionales,
proponemos una sustitución de la disposición adicional decimosexta.

Creemos que, por la distancia que existe en nuestro país con la media
europea del dinero que se destina a pensiones, y lo que debe ser el
crecimiento económico de nuestro país, deberíamos tomar como compromiso
--y eso planteamos en la enmienda número 600-- que las pensiones cuyos
importes anuales sean menores al salario mínimo interprofesional irán
subiendo
--fíjense que no ponemos cuantía ninguna-- por encima del IPC.

Tomamos como compromiso en los próximos años que la pensión mínima se
acerque al salario mínimo, como un objetivo, y decimos: en función de la
evolución que tengan cada año y la discusión del propio Gobierno con los
agentes sociales. También tenemos una enmienda, la 605, que hace
referencia a lo mismo, a tres criterios: uno, las pensiones serán
revaluadas por ley, según el IPC. Dos, en caso de que la previsión de IPC
sea inferior a la que al final se marque, el Estado indemnizará con una
actuación. Y tres, las pensiones mínimas se acercarán al salario mínimo
como objetivo. No tendría lógica que una Europa moderna, con una moneda
única y con un crecimiento por encima del 3 por ciento en nuestro país no
pudiera dignificar pensiones que no son solamente la de viudedad y
orfandad. Cuando decimos --y fíjense que utilizamos un eufemismo--:
ciudadano con cónyuge a su cargo y sin cónyuge a su cargo, parece como si
a la hora de cotizar y trabajar uno tuviera que hablar del cargo o no
cargo que tiene a la hora de trabajar. No, un ciudadano ha cotizado y
debe percibir con independencia de tener cónyuge o no tenerlo a su cargo.

La pensión de todos los ciudadanos españoles sin cónyuge a su cargo está
en 54.000 pesetas; el salario mínimo interprofesional está en 66.000
pesetas, está por debajo. No es lógico que tenga que funcionar por pares
familiares, por llamarlo de alguna forma.

Otro bloque de enmiendas va dirigido a los accidentes laborales que, por
desgracia, hoy están en vigencia. La disposición adicional decimoséptima
le da al Gobierno un año para que en ese plazo marque una nueva tarifa de
actuación. Nosotros creemos que seis meses es suficiente; llevan mucho
tiempo elaborándola y preparándola para que se dé --a través de una
disposición adicional-- un año de plazo. Yo no sé si merece la pena,
siquiera, ponerlo aquí; con que lo traigan en la próxima ley de
presupuestos va a pasar menos de un año; con que en septiembre esté
puesto, cuando venga el presupuesto nuevo aquí, habrá pasado menos de un
año. Pero, en fin, se dotan para que ni siquiera el año que viene, cuando
discutamos este tema, esté aprobado; le damos un plazo para que ni en
1999 venga recogido aquí. Creemos que es lavarse las manos de una
realidad que está provocada, fundamentalmente, por la temporalidad en el
propio trabajo.

Por último, nosotros hacemos referencia a la creación de un registro
central donde se recojan las personas y las empresas que han cometido
infracciones y, por tanto --a través de ese registro central--, sepamos
cuáles son esas empresas que, o bien tienen problemas de seguridad en el
trabajo, o son morosas con la Seguridad Social, para tenerlo en cuenta,
por lo menos, a la hora de la contratación con el Estado.

En la enmienda 603, señor presidente, hacemos una propuesta que es
meramente tentativa. La suerte y el azar van ligados a muchas realidades
de nuestro país --incluso por ley el Gobierno nos ha presentado un tipo
de sorteo extraordinario para las víctimas del terrorismo-- y nosotros
proponemos un sorteo especial para la cooperación internacional al
desarrollo. Los recursos que se obtengan yo digo que no son suficientes;
lo que es suficiente es que haya partidas para que se destine el 0,7 por
ciento del PIB de nuestro país a la cooperación al desarrollo, pero es
una iniciativa del calor con el que lo hace el Gobierno, y de menor
rango. No nos hemos atrevido a presentar una proposición



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de ley; el Gobierno sí que ha traído un decreto-ley para un sorteo
(además, por cierto; que ni las loterías están reguladas por ley), pero
ha sido un ejemplo, un camino que nos ha enseñado el Gobierno para saber
cómo podemos actuar en otras cosas.

Por último, señor presidente, tenemos un bloque de disposiciones
adicionales que hacen referencia a la discusión complementaria de la
sección 32. Proponemos el mantenimiento de lo que ya recogimos a través
de una disposición en los presupuestos de 1996, de la deuda histórica con
Extremadura y Andalucía, aprobada en el Parlamento y que tuvo su inicio
en el ejercicio pasado con una cuantía simbólica de 25.000 millones. En
este caso proponemos que sea de 51.000 millones y de 10.000 millones
--que, además, es lo que han valorado los gobiernos autónomos de
Andalucía y Extremadura en la negociación con el Gobierno central-- y
proponemos el mantenimiento del PER, de las prestaciones de acuerdo de
empleo y prestaciones del seguro agrario, en un convenio entre Inem y
corporaciones locales.

Asimismo, proponemos la elevación del salario mínimo interprofesional a
70.000 pesetas y a un cómputo anual de 980.000 pesetas; hablamos de un
volumen que, por lo menos, pueda ser competente a la hora de mantenerse a
nivel de subsistencia. En el tema de las horas extraordinarias
recuperamos algo que antes era legal. Fíjense que nos planteamos como
objetivo que se reduzcan las horas extraordinarias a lo extraordinario y
ponemos 50 horas (hubo una ley, antiguamente, que decía que no podía
haber más de 50 horas extraordinarias), y ésa es nuestra aspiración,
porque antes al hablar de horas extraordinarias parecía que era un
invento. Renfe tiene ocho millones de horas extraordinarias en el año
pasado; hay horas, ¿eh?; si son todas extraordinarias, desde luego ya hay
algún puesto que se podría cubrir. Con estos contratos de personas que
trabajan de lunes a viernes, de diez a once, la verdad es que así ni la
red se mantiene bien ni los servicios se prestan bien --aunque sean de
ventanilla, porque lógicamente luego no saben ni dónde están los sitios
donde buscar--. Yo he presenciado eso, como tiene que pasarse a 23
personas para poder solventar algunas de las cosas.

Asimismo, tenemos una disposición adicional nueva para hacer frente a lo
que es la situación de los subtenientes de escala auxiliar del Ejército
de Tierra.

Por último, señor presidente, me voy a centrar en los tres anexos.

Nosotros creemos que el Gobierno declara ampliables muchos créditos que
no lo son, hemos elegido dos nada más. Bajo esta teoría que aplica aquí
el Gobierno, prácticamente, un porcentaje altísimo del nivel de inversión
son créditos ampliables. Le voy a poner un ejemplo: si nosotros
declaramos ampliables todos los créditos financiados al cien por cien o
cofinanciados de los fondos europeos --Feder, Fondo Social y Feoga--
nosotros estamos declarando todas las transferencias del capítulo 7, más
todo el capítulo 6, prácticamente, ampliables. Las escuelas hoy, los
centros de infantil y primaria se hacen con fondos Feder, los fondos de
seguridad se hacen con fondos Feder, luego todo estamos declarándolo
ampliable. Por eso, nosotros proponemos eliminar la cofinanciación,
dejamos la financiación al cien por cien; y, por último, declarar
ampliable el crédito del coste provisional de la policía autonómica --que
solamente afecta a una comunidad autónoma, como todos saben--, incluso
las liquidaciones definitivas de los ejercicios anteriores, la verdad es
que a uno le choca que esto sea declarado como crédito ampliable. Eso
quiere decir que lo no ejecutado hace tres años, o cuatro años, se lo
vamos a trasladar, cosa que no pasa con una carretera, con una escuela,
con una transferencia, con una depuradora, pero sí con la policía
autonómica, y nosotros no queremos que eso sea un crédito ampliable.

Termino con lo que es el anexo tercero de la transferencia, o el
incremento neto máximo al Ente Público Radiotelevisión Española. Nosotros
creemos que la cuantía que hay ahí establecida, de 149.000 millones, como
incremento neto máximo, llevaría a un bloqueo y a un endeudamiento mayor
del propio ente público y creemos que debe elevarse la cuantía, como ha
planteado el propio consejo del ente público --que nos ha hecho llegar a
todos los grupos parlamentarios--, y por eso proponemos que sea de
300.000 millones de pesetas, sabiendo que estamos hablando de 150.000
millones de pesetas; incremento neto máximo; se puede producir menor,
pero no por encima de eso.

Señor presidente, ése es el conjunto de enmiendas a disposiciones
adicionales y a los tres anexos. Espero haber cumplido con el tiempo
establecido.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Nuestro grupo parlamentario ha presentado una
enmienda a la disposición adicional decimosegunda, con la que queremos
dar cumplimiento al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, sobre
el sistema de financiación de la formación profesional continua. Como
saben SS. SS., la formación profesional continua se financia a través de
las cuotas de formación. Son, por tanto, fondos del Instituto Nacional de
Empleo que tienen un destino concreto --lo que se cotiza para formación
debe financiar la formación-- en cumplimiento del principio de mantener
la correlación entre los planes de formación y sus fuentes de
financiación. Por tanto, el presupuesto que se destine todos los años a
este capítulo debe cubrir la financiación de todos los acuerdos que haya
suscrito el Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 84
del Estatuto de los Trabajadores. Ello implica que dentro de este
planteamiento también entran los acuerdos establecidos por el Gobierno
--en su caso por el Instituto Nacional de Empleo-- con otros organismos,
como por ejemplo Hobetuz, que es el organismo integrado por el Gobierno
vasco y los interlocutores sociales vascos --patronal y sindicatos--, que
nació por el acuerdo interprofesional vasco para la formación continua,
firmado por el Gobierno del Estado y el Gobierno vasco en cumplimiento
del acuerdo de investidura del presidente del Gobierno.

Por tanto, nuestra enmienda 1451 tiene como objeto precisar que los
presupuestos generales del Estado tienen



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que recoger, de forma automática todos los años, la financiación de los
acuerdos interprofesionales, no sólo estatales, sino también los de
ámbito territorial distinto del Estado. Debe quedar claro y preciso que
la financiación de la formación profesional continua, desarrollada por el
organismo vasco creado al efecto, debe ser financiada con fondos
procedentes de las cotizaciones para la formación continua y recogidos en
los presupuestos generales del Estado; para este año, como saben SS. SS.,
la cuantía es la que resulte de aplicar a la base de dicha contingencia
hasta un 0,35 por ciento, de acuerdo con lo que dice la disposición
adicional decimosegunda. Lo que nosotros hemos hecho ha sido,
simplemente, precisar estas aclaraciones que he querido dejar expuestas
en la defensa de nuestra enmienda.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo para defender las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, por diversos diputados y,
en concreto, voy a hacer una mención especial a las que yo mismo he
presentado. Son un total de 11 enmiendas adicionales que llevan los
números del 77 al 85 y la 87 y 88.

Las primeras de éstas, la 77, 78 y 80 a 85, se refieren a la solicitud
para que, por parte del Gobierno, se elabore en el plazo de tres meses un
proyecto de ley en el que se contemplen incentivos fiscales y un plan
integral para la modernización y mejora de diversos sectores productivos
en el Estado español, no sólo desde la óptica valenciana --como algunos
de ellos se han presentado--, sino globales, a diversos sectores de la
importancia social y económica como son el de frutas y hortalizas, el
vitivinícola, el de cerámica, vidrio y lámparas, pirotécnico, muebles y
mimbre, juguetes, azulejo y textil, que sirvan de estímulo y apoyo para
la modernización, expansión y crecimiento de estos sectores, de estas
pequeñas y medianas empresas, y que la mayoría de ellas puedan alcanzar
los máximos niveles de competitividad en el proceso de globalización de
la economía y afrontar esos retos en igualdad de condiciones con otras
empresas de otros países y poder entrar --desde los máximos niveles-- a
competir con esas empresas de otros países que afectan a estos mismos
sectores.

Solicitamos sensibilidad para esas enmiendas, aun sabiendo que, por parte
del Gobierno, se han hecho diversos esfuerzos en el propio articulado,
incluyendo incentivos fiscales y dando un mejor tratamiento a las pymes y
a las medianas empresas. Nosotros, como en la enmienda anterior,
solicitamos un paso más adelante en ese estímulo, en ese apoyo que
necesitan estos sectores económicos fundamentales para la economía
española.

A continuación, paso a defender las enmiendas números 87 y 88. La primera
de ellas se refiere al coste sanitario que, sobre la Consejería de
Sanidad de la Comunidad Autónoma Valenciana, supone desde hace muchos
años, desde que se consiguió la transferencia del Insalud a la Comunidad
Autónoma Valenciana, la creación del Servicio Valencià de Salud, ese
coste sanitario adicional que suponen los desplazados de otras
comunidades del Estado español a las arcas autonómicas y de los
desplazados de otros países de la Unión Europea y extranjeros en general
a la Comunidad Autónoma Valenciana. Nosotros pedimos que el Ministerio de
Sanidad haga una transferencia a la Consejería de Sanidad de la Comunidad
Autónoma Valenciana por esos gastos sanitarios adicionales de los
desplazados y de los extranjeros que soportan las arcas autonómicas, que,
en ningún caso, serán inferiores a los 10.000 millones, porque estamos
hablando de una parte de esa deuda histórica que el Gobierno central
tiene para con la Comunidad Autónoma Valenciana por esa transferencia y,
sobre todo, por esos gastos adicionales que suponen a la Consejería de
Sanidad los desplazados y extranjeros en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma Valenciana.

En la enmienda número 88 solicitamos que, por parte del Gobierno central,
se haga un esfuerzo a través del Ministerio del Interior y se transfieran
a la sección 32, entes territoriales, servicio 09, Comunidad Autónoma
Valenciana, los créditos presupuestarios necesarios para la financiación
de la policía autónoma valenciana, en desarrollo del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma Valenciana, que contempla la figura de
la policía autonómica. Se trata de garantizar la existencia de créditos
para financiar esa policía autonómica valenciana, de acuerdo con lo que
se ha convenido por la Comisión mixta Estado-Generalitat valenciana sobre
la financiación de ésta.

Doy por defendidas en este trámite estas enmiendas adicionales y lo que
pido es una sensibilidad al partido que sustenta al Gobierno para que
alguna de ellas, aunque no sea en su totalidad, sea asumida.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Echániz.




El señor ECHANIZ SALGADO: Utilizo el turno de fijación de posición del
Grupo Parlamentario Popular respecto de las enmiendas adicionales,
transitorias y anejos presentadas por los distintos grupos. Comenzaré con
las del Partido Socialista.

Respecto a la 1196, que votaremos en contra, consideramos más correcto el
nuevo régimen de tributación de los incrementos y disminuciones de
patrimonio regulado por el Real Decreto 7/1996, toda vez que somete a
gravamen los resultados reales y no puramente nominales ajustados en
función de la depreciación monetaria, al tiempo que preserva, según
nuestra opinión, las expectativas de los sujetos que en su día efectuaron
inversiones al amparo de la normativa anteriormente vigente.

En relación con la enmienda 1199, consideramos que no está justificada,
en la medida en que en las recomendaciones del Pacto de Toledo no
figuraba la necesidad de modificar esas tarifas. En cualquier caso, no
estimamos correcto incorporar a una norma que tiene rango de ley el
cumplimiento de una obligación que es vigente y que, además, está
establecida en el Pacto de Toledo que vincula a este Gobierno.

Con respecto a la enmienda 1201, tengo que decir que el Real Decreto
15/1997, de 5 de septiembre, que fue convalidado el 25 de septiembre de
este año, da una nueva redacción



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al artículo 16 de la ley 5/1996, relativa a la información parlamentaria
que deberá facilitar la SEPI y sus participadas. La propuesta que se hace
introduce una obligación de informar a las Cortes sobre operaciones
financieras que exceden lo previsto en dicho artículo, sin que parezca en
ningún modo justificable esta necesidad de información más de lo que
exige la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores a las sociedades
que cotizan en Bolsa.

En relación con la enmienda 1202, también del Grupo Parlamentario
Socialista, hasta la fecha no se ha conseguido arbitrar un sistema idóneo
tanto para controlar como para compensar a los citados arrendadores,
teniendo en cuenta la merma de rentas que les produce en cada caso
particular como consecuencia del régimen transitorio y de actualización
de las mismas previstas en la Ley de Arrendamientos Urbanos, y a ello hay
que añadir, además, el elevado coste que supondría la introducción de
esta medida.

La enmienda 1203 tampoco será votada favorablemente por nuestro grupo,
dado que el Pacto de Toledo contempla ya en la recomendación tercera la
mejora de las bases de cotización y en la recomendación sexta la
simplificación y la integración de los regímenes especiales, aunque no
contempla la armonización de los tipos de cotización de forma autónoma.

Ambas recomendaciones han sido recogidas ya en la Ley 24/1997, en su
artículo 3.º y en la disposición adicional primera.

Por todo lo anterior, estimamos que la revisión de los tipos de
cotización en los regímenes especiales no es susceptible de tratamiento
autónomo, sino que, en cualquier caso, deberá abordarse dentro de las
medidas que se adopten en el marco de la unificación de las estructuras
del sistema, según recomienda el Pacto de Toledo en su disposición sexta.

Respecto a la enmienda 1204, en la ley 24/1997 se refuerza la
clarificación y la separación de las fuentes de financiación de la
Seguridad Social. En las prestaciones contributivas se dispone que los
gastos de su gestión y los de funcionamiento sean financiados básicamente
con los recursos derivados de las cuotas de los obligados, pero esta
separación no tiene el alcance que se pretende en la enmienda, sino el
que obra en el artículo 86.2 del texto, es decir, que las prestaciones
contributivas se habrán de financiar con las correspondientes cuotas, sin
perjuicio de que sean contempladas las aportaciones del Estado para fines
específicos. Dicho de otro modo, el sistema financiero de reparto para
todas las contingencias y los sistemas previstos en los regímenes de la
Seguridad Social no permite, señorías, la fragmentación para buscar, como
se pretende con la enmienda, el estricto equilibrio financiero de cada
prestación económica aislada.

En relación con la enmienda 1205, las obligaciones que atenderían con
cargo a este crédito no derivan de una norma de rango de ley, lo cual es
un requisito que consideramos absolutamente necesario para darle a un
crédito la naturaleza de ampliable.

En la enmienda 1206 entendemos que el capítulo 4, de la clasificación
económica del gasto, es vinculante, a nivel de concepto, en virtud del
artículo 59.2 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. En el
caso del artículo cuarenta y ocho se recoge el nivel desagregado de
concepto, incluso subconceptos, créditos diferenciados que financiarán
gastos de distinta finalidad y, además, se consideran suficientes las
consignaciones habilitadas en el programa 322.A del artículo cuarenta y
ocho.

Respecto de la enmienda 1207, entendemos que, tras la caótica y también
deficitaria gestión de las anteriores administraciones al frente del Ente
Público Radiotelevisión Española, lo único que hace este Gobierno es,
como en la parábola del buen samaritano, ayudar al que lo necesita,
mientras que en este momento el Partido Socialista con esta enmienda
pretende lo contrario, negarle el pan y la sal al Ente Público
Radiotelevisión Española.

En relación con las enmiendas de Coalición Canaria, tengo que decir que
la 1506 no será votada afirmativamente, en la medida en que la
Constitución española, en su artículo 149, establece que el Estado tiene
competencias exclusivas en materia de Administración de justicia y las
transferencias a comunidades autónomas únicamente se refieren a las
competencias en materia de medios personales, materiales y económicos
para el funcionamiento de dicha Administración de justicia,
circunscribiéndose, de hecho, a lo que es el funcionamiento de la oficina
judicial. En este sentido, es de destacar que ni los jueces ni los
fiscales, ni siquiera los secretarios de carrera, son susceptibles de
transferencia, en virtud de la garantía de jurisdicción única para todo
el territorio nacional.

Señorías, la gestión de cuentas, de depósitos y de consignas judiciales,
que generalmente corresponden a las fianzas y a los embargos judiciales,
se encuentran asociadas a lo que es propiamente la Administración de
justicia más que a la gestión burocrática de la oficina judicial y, por
tanto, no nos parece pertinente en este momento desvincular su
titularidad de la Administración del Estado, todo ello, por supuesto, sin
entrar en consideraciones de las posibles economías de escala que podrían
derivarse de eventuales acuerdos a nivel nacional con las entidades
bancarias depositarias de dichos fondos.

Respecto a la enmienda 1508, también del Grupo de Coalición Canaria, que
introduce una disposición adicional nueva, tenemos que decir que nuestro
grupo comparte las razones de justicia social alegadas por Coalición
Canaria, pero no considera que sea el momento oportuno para modificar uno
de los aspectos regulados en la ley aludida, la ley 24/1997, al haberse
aprobado en fecha reciente y, además, con el necesario apoyo
parlamentario.

En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Popular entiende que, con los
nuevos criterios de revalorización contenidos en el mencionado artículo
48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, queda
suficientemente garantizado el mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones con una evolución acorde a la evolución real del IPC. En
cualquier caso, entendemos que, por su carácter intemporal, este tipo de
enmiendas deberían ir en la ley de acompañamiento, con una modificación
del artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, y, en ningún
caso, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1998 por
su carácter de



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temporalidad, en la medida en que sólo tendrían efecto para este
ejercicio.

Respecto de la enmienda 1509 al anexo II, la votaremos también
negativamente, ya que la consideramos incorrecta, pues se propone
declarar ampliable un crédito en el presupuesto de un organismo sin
identificar, en cualquier caso, la fuente de financiación, y eso
supondría que si, como es el caso, el organismo no dispone de recursos
propios no sería posible realizar materialmente la ampliación durante el
ejercicio presupuestario, por cuanto el presupuesto del organismo
quedaría absolutamente desequilibrado.

En el caso de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, votaremos
negativamente a la número 1452, porque entendemos que esta enmienda, por
cuanto que la mecánica del impuesto es absolutamente clara, no debe
vincularse a este proyecto de ley. Sólo debe practicarse el acta en el
censo, señorías, si hay ejercicio de actividad sujeta y no exenta, y en
caso contrario no debe proceder la práctica de ningún alta en este
impuesto. En cualquier caso, nuestro grupo parlamentario también entiende
que el Impuesto sobre Actividades Económicas es un impuesto de regulación
estatal pero de recaudación y de gestión municipal; por tanto, este
Gobierno quiere ser enormemente respetuoso con esa consideración.

Respecto a la enmienda 1453, también del Partido Nacionalista Vasco,
consideramos que la medida supone un incremento de gasto para el que el
grupo enmendante no propone financiación; aumentar los módulos
significaría también la partida del presupuesto de gastos, cuya dotación
sería insuficiente al estar calculada con los módulos actuales. Por otra
parte, la partida de otros gastos experimenta unos crecimientos similares
a los aplicados a otros gastos de funcionamiento de los centros docentes
públicos.

Las enmiendas 1454, 1455 y 1456 del mismo grupo, tampoco proponen
financiación en los textos; por tanto, y por los mismos motivos que
esgrimimos en la enmienda anterior, tampoco los votaremos
afirmativamente.

A la enmienda 1594 presentada por el Grupo de Convergència i Unió
ofrecemos otra transaccional; estamos de acuerdo con los objetivos que
plantea la enmienda, con el análisis de la importancia de estas
instituciones sanitarias y, por tanto, estamos de acuerdo en ampliar la
moratoria de diez a trece años, porque eso disminuiría la carga que
soportan respecto de la devolución de las deudas a la Seguridad Social,
pero no nos parece razonable en este momento aumentar otra vez el período
de carencia. Por tanto, presentaríamos una enmienda del siguiente tenor,
que diría: las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las
administraciones públicas o las instituciones públicas o privadas sin
ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición
adicional trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de
1995, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social,
previo cumplimiento de las condiciones y términos que reglamentariamente
se determinen, la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de
13 años con amortizaciones anuales iguales.

En el caso de la enmienda 1595 nuestro grupo también propone al grupo
enmendante, Convergència i Unió, una enmienda transaccional a la citada
enmienda, disposición adicional decimoquinta, actividades y programas
prioritarios de mecenazgo, con el objetivo de que las cantidades donadas
al Instituto Cervantes y a las instituciones con fines análogos de las
comunidades autónomas con lengua oficial propia para la promoción y
difusión de la lengua española y de las lenguas oficiales de los
diferentes territorios del Estado español puedan gozar de una deducción
del 25 por ciento de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.

Nuestro grupo votará afirmativamente la enmienda 1599, ya que existía una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular del mismo tenor, que fue
incorporada en la ponencia.

Respecto a las enmiendas del Grupo Mixto, tengo que decir que las que
presenta Unión Valenciana son unas magníficas enmiendas de campanario, yo
creo que sólo le ha faltado al señor Chiquillo incorporar al sector
arrocero y al fallero. En cualquier caso, y hablando en serio, yo creo
que el Gobierno está llevando a cabo un nuevo proyecto económico que está
dando unos magníficos frutos en nuestro país, siendo la política fiscal
una de esas patas de ese nuevo planteamiento económico. Los sectores de
la cerámica, del vidrio, de la lámpara, de la pirotecnia, del mueble, del
mimbre, del juguete... de la zona del señor Chiquillo forman parte de ese
tejido productivo español, y consideramos que establecer en este momento
incentivos fiscales y planes integrales sólo para estos sectores sería
discriminar negativamente al resto de los sectores productivos de la
economía española.

En el caso del pequeño comercio se solicitan ayudas directas de 5
millones de pesetas por establecimiento, y se pone de manifiesto en la
justificación que sólo en esa comunidad existen más de 60.000
establecimientos, multiplicar esos 5 millones por los 60.000
establecimientos a los que alude el señor Chiquillo, supone más de
300.000 millones de pesetas para la región de la Comunidad Autónoma
Valenciana, lo cual nos parece una cifra absolutamente desorbitada, amén
de la argumentación de excesivo proteccionismo que pondría de manifiesto
esta enmienda.

Respecto a la enmienda 87, del mismo grupo, consideramos que las
compensaciones económicas para asistencia sanitaria a desplazados en las
comunidades autónomas con competencias van a ser fijadas, en su caso,
como parte del nuevo modelo de financiación 1998-2001 por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que creó una comisión de trabajo el pasado
15 de septiembre que se está reuniendo estos días; por tanto,
consideramos que está mal planteada al señalar, además, de forma parcial
la fuente de financiación propuesta, en concreto la del Ministerio de
Defensa. Creemos que dedicar 10.000 millones de pesetas únicamente a la
comunidad de Valencia sería como considerar que esta comunidad sufre en
los meses de verano una verdadera invasión, y siendo así no parece muy
razonable que disminuyamos los presupuestos de Defensa. En serio quiero
decir que el Consejo de Política Fiscal y Financiera está trabajando en
este asunto y esperamos que en breve se



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incorporen esos criterios al nuevo acuerdo de financiación sanitaria para
los próximos cuatro años.

En cuanto a la enmienda 88, no tenemos conocimiento de la existencia ni
del contenido de los acuerdos entre el Estado y la Generalitat valenciana
sobre financiación de su policía autónoma pero, de concretarse el
acuerdo, el crédito necesario se dotaría a través de la correspondiente
modificación presupuestaria, sin tenerla que introducir en el articulado.

Sobre las enmiendas de Eusko Alkartasuna, en cuanto a la 194, ya hemos
dicho que nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda
transaccional a la 1595 del Grupo de Convergència i Unió, y en este
sentido solicitamos de ese grupo la retirada de la enmienda 194. La
enmienda 196, en el mismo sentido que argumentaba el señor Chiquillo,
debería decir las partidas en las que se proponen las bajas de esta
enmienda y en qué programas las altas; en cualquier caso, consideramos
que debe ser una enmienda no al articulado sino al estado de gastos.

Respecto a las enmiendas del Grupo Mixto, consideramos que en la 213 es
prácticamente imposible cuantificar los beneficios fiscales derivados de
la aplicación de los tributos locales y más específicamente de aquellos
que pudieran imputarse a un supuesto origen de índole social. La enmienda
214, que tampoco votaremos afirmativamente, menciona un crédito que tiene
una dotación de 25.400 millones, por tanto, superior al límite que se
expresa en la enmienda, siendo incoherente a nuestro juicio, al exigir,
por una parte, la aprobación del Consejo de Ministros para una dotación
que ya ha sido aprobada por el Consejo y, por otra, porque el crédito que
se menciona es inferior al que contempla la propia Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 1998.

En el caso de la enmienda 215 creemos que la creación de dicho fondo abre
una vía para la configuración de una nueva prestación asistencial que
supondría un aumento de gasto público sin un análisis pormenorizado
previo de las ayudas que ya se conceden en las distintas administraciones
públicas para optimizar los recursos públicos; en cualquier caso, las
obligaciones de alimentos y pensiones compensatorias vienen recogidas en
el Código Civil, en el marco de relaciones estrictamente privadas, y por
tanto consideramos que el Estado puede y debe, como se ha venido haciendo
en recientes reformas legislativas, propiciar las condiciones para que
estas obligaciones se lleven a efecto, incluso tipificando su
incumplimiento en determinadas condiciones en el Código Penal. Cuestión
muy distinta es que el Estado cree un fondo para asumir obligaciones de
pago cuyo origen, como he dicho, se encuentra en incumplimientos de
obligaciones privadas.

En cuanto a las enmiendas de Nueva Izquierda, en la 329 la situación
laboral del menor de 18 años y de los mayores de dicha edad es diferente
en la medida en que la cualificación y la determinación de las
condiciones laborales son distintas. No debe olvidarse que los contratos
laborales para menores de 18 años son contratos de aprendizaje y que, en
virtud del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno es
el que fija el salario mínimo interprofesional previa consulta de las
organizaciones sindicales y asociaciones empresariales.

Por último, en cuanto a las enmiendas de la señora Rahola, votaremos en
contra de la 519, en la medida que el concepto de productividad contempla
que las cuantías individuales del mismo sean públicas, que su
implantación desde 1985 permite su conocimiento por parte de los
sindicatos más representativos en el seno de la Administración general
del Estado de forma mensual o trimestral; por tanto, creemos que esta
enmienda invadiría la responsabilidad de la propia Administración en su
capacidad autoorganizativa.

Finalmente, respecto a las enmiendas de Izquierda Unida, en cuanto a la
número 596 la obligación de colaborar al sostenimiento de la Iglesia
Católica viene impuesta por el acuerdo suscrito por el Estado español y
la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, que tiene
rango de tratado internacional y, por tanto, es inmodificable por
voluntad de una sola de las partes. El acuerdo en el que se prevé el
sistema de asignación tributaria determina que este sistema debe
proporcionar a la Iglesia Católica recursos de cuantía equivalentes a los
que percibía por el sistema anterior de dotación presupuestaria; por esa
razón, no es posible modificar el tanto por ciento a la baja puesto que
determinaría recursos inferiores a los exigidos por el acuerdo y, en
consecuencia, el incumplimiento del mismo.

Respecto a la enmienda 601, hemos de poner de manifiesto que la reforma
de las vigentes tarifas de accidentes de trabajo requiere un profundo
estudio de los factores que inciden en la siniestralidad en el mundo
laboral, lo cual consideramos que es un aspecto absolutamente esencial
para determinar una adecuada clasificación de las actividades laborales y
por ello no nos parece oportuno reducir el período establecido de un año
en el proyecto de ley de 1998.

La enmienda 603 --y concluyo, señor presidente-- supone una reducción de
los ingresos en el Organismo Nacional de Loterías que transfiere al
Estado, por lo que debería haberse recogido la correspondiente
modificación en el presupuesto de gastos de dicho organismo y también en
el presupuesto de ingresos del Estado.

Respecto a la enmienda 609, la proposición no de ley a la que se hace
alusión reconoce al personal de las escalas a extinguir de determinados
cuerpos de suboficiales del Ejército de Tierra, que fueron integrados en
distinta escalas básicas, el derecho a optar por continuar en sus
respectivas escalas o pasar, en su caso, a la escala auxiliar que
corresponda. Entendemos que el ejercicio de esa opción no significa
alteración en el empleo militar y, por tanto, no significa tampoco
incremento de las retribuciones. En el caso de los ascensos, consideramos
que no serían necesarios esos 200 millones y no debe arbitrarse un fondo
adicional, que iría contra las medidas puestas de manifiesto de
contención del gasto público.

Por último, respecto de la enmienda 604 bis, no se prevén las
circunstancias de las pensiones mayores al salario mínimo
interprofesional, entendiendo que en este caso la diferencia entre ambos
índice sí sería absorbida en la siguiente



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revalorización, por lo que, de adoptarse esta medida, se estaría
otorgando un trato discriminatorio, a nuestro juicio, no justificado, a
los pensionistas de la Seguridad Social.

Por otra parte, consideramos que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, dada su vigencia anual, no es tampoco el cauce adecuado para
regular la medida que propone esta enmienda de Izquierda Unida, ya que
con ella se compromete el gasto de los siguientes ejercicios económicos
y, además, se condicionan las previsiones que al respecto pudieran
realizarse. Por tanto, entendemos que la ley 24/1997 ha sido aprobada
hace escasas fechas con el suficiente apoyo parlamentario y que con los
nuevos criterios de revalorización contenidos en el artículo cuarenta y
ocho queda suficientemente garantizado el mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones, ya que la revalorización de las mismas es
acorde con la evolución real del IPC. (El señor Chiquillo Barber: Señor
presidente, por alusiones directas quiero hacer algunas aclaraciones.)



El señor PRESIDENTE: No es necesario, señor Chiquillo, que lo invoque.

Por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, desde el campanario le quiero
decir al que toca la campana, del Grupo Popular, que no se ha enterado de
las enmiendas. Excepto las dos últimas enmiendas que afectan
eminentemente a la Comunidad Valenciana, tengo que recordarle que el
sector de frutos y hortalizas es de interés nacional en diversas
comunidades del Estado español, incluso en alguna otra comunidad distinta
a la Comunidad Valenciana; el sector vitivinícola no es exclusivo de la
Comunidad Valenciana, ni mucho menos; el sector de la cerámica, ni mucho
menos; el sector del mueble, ni mucho menos, ¡ojalá!; el sector del
juguete, en parte, sí; el del azulejo también; el sector textil en
diversas comunidades del Estado español, y así un largo etcétera, incluso
el sector del arroz, que no lo ha mencionado, pero me ha dado usted una
buena idea para el año que viene, pero la Comunidad Valenciana no es la
principal productora, es Andalucía. Por tanto, yo seré el que abre la
puerta del campanario, pero usted toca la campana y se obstina en un
insulto intolerable hacia unas enmiendas que ni mucho menos son de
campanario, porque no son de la Comunidad Valenciana, todos los sectores
que menciono son a nivel estatal. Por lo tanto, afine y desestímelas por
otro motivo, pero no diga que son de campanario, porque no tiene ni pies
ni cabeza su argumentación. (El señor Ríos Martínez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ¿también pide la palabra por alusiones?



El señor RIOS MARTINEZ: Señor presidente, es para hacer una matización.

Le he entendido mal al portavoz del Grupo Popular. Se ha referido al
Grupo Iniciativa Els Verds y a Nueva Izquierda y no sé si hay nuevos
grupos parlamentarios en la Cámara. Si se refiere al Grupo Mixto es otra
cosa. Como lo cortés no quita lo valiente y lo que reglamentariamente es,
que sea, que conste la referencia. (El señor Echániz Salgado pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por tres minutos como máximo, el
señor Echániz.




El señor ECHANIZ SALGADO: Lo único que pretendía este portavoz era poder
diferenciar las enmiendas a las distintas disposiciones por parte de los
diferentes grupos que, a su vez, forman parte del Grupo Mixto, lo cual no
es nada fácil, como ustedes podrán comprender. Ese ha sido el objeto de
intentar nominar con esos apellidos a los grupos parlamentarios.

Respecto al señor Chiquillo, en ningún caso ha intentado este portavoz
insultar, sencillamente pretendía hacer una broma --una más-- en una
jornada tan larga de trabajo. Lo que sí me parece enormemente importante
es poner de manifiesto, como he dicho anteriormente, que en la nueva
política que está desarrollando nuestro Gobierno y que está dándonos
frutos, a nuestro juicio, excepcionales, una parte de ella es la política
fiscal. Los sectores aludidos por el señor Chiquillo son, en definitiva,
parte del tejido productivo español, como decía en esta réplica, y
establecer, desde nuestro punto de vista, incentivos fiscales o planes
integrales a esos sectores supondría discriminar negativamente al resto
de los sectores productivos de la economía española. Por tanto, no vamos
a votar afirmativamente esas enmiendas.

En cualquier caso, repito, este portavoz no pretendía aludir y mucho
menos insultar al señor Chiquillo.




El señor PRESIDENTE: Señorías, con las palabras del señor Echániz hemos
terminado el debate del articulado del proyecto de ley. Por lo tanto,
podemos pasar ahora al debate de las secciones. Previamente quisiera
indicar a SS. SS. la conveniencia de que la Mesa disponga con copias
suficientes, antes de la una y treinta minutos, de los textos de las
enmiendas transaccionales que han sido anunciados en las intervenciones
del Grupo Parlamentario Popular.

Vamos a proceder al debate de las secciones en el orden que indicamos
ayer. Empezaremos por la sección 16, Ministerio del Interior, y
posteriormente continuaremos con la sección número 12, Ministerio de
Asuntos Exteriores.

A la sección 16, Ministerio del Interior, han presentado enmiendas los
Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Unida, Catalán (Convergència
i Unió), Mixto y Popular.

Vamos a conceder la palabra a los grupos en el orden que he mencionado.

Por lo tanto, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don
Alvaro Cuesta. (El señor Gil Lázaro: Señor presidente, las del Grupo
Parlamentario Popular están incorporadas ya al dictamen de la Ponencia.)
En cualquier caso la Mesa da la oportunidad de intervenir al Grupo
Parlamentario Popular.

Señor Cuesta, tiene la palabra. (El señor vicepresidente, Sanz Palacio,
ocupa la Presidencia.)



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El señor CUESTA MARTINEZ: Señor presidente, con suma brevedad voy a
defender el bloque de enmiendas que presenta mi grupo a los presupuestos
del Ministerio del Interior, enmiendas que van desde la 1239 a la 1250.

Un número amplio de ellas plantean directamente la devolución del
presupuesto de Interior porque entendemos que otras deben ser las
prioridades y la reasignación de las partidas. Otra parte de las
enmiendas, en concreto desde la 1245 a 1250, hacen mención al Plan
nacional de la droga. La enmienda 1244 hace referencia a una inversión
puntual y concreta que, además, da cumplimiento a una proposición no de
ley de la Cámara.

Comenzaré realizando una valoración general, y es que el presupuesto del
Ministerio del Interior crece --es cierto-- un 2,1 por ciento, pero el
peso que tiene en el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado es
del 3,4 por ciento; es decir, el mismo peso que ocupaba en el año
anterior y una décima menos que en ejercicios anteriores, lo cual
significa que se mantiene la crítica que hacíamos ya en el ejercicio
anterior en el sentido de producirse una despriorización de las políticas
del Ministerio del Interior, que creemos deben estar mejor tratadas en
los presupuestos.

Apreciamos, a su vez, en los presupuestos algunas deficiencias
importantes. El capítulo 1, presupuesto del Ministerio para gastos de
personal, crece en 6.727 millones de pesetas. Nos extraña el crecimiento
que experimentan los créditos destinados a incentivos al rendimiento, que
podríamos entender, pero que creemos se reparten de una manera desigual y
que en el fondo esconden un vergonzante incremento de retribuciones.

Nosotros creemos que sí deben producirse las retribuciones a los
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que ocurre
es que se hace por una vía que consideramos inadecuada y que significa un
incumplimiento claro y rotundo de compromisos y reivindicaciones del
Grupo Popular. ¿Qué fue de aquel objetivo de equiparación retributiva de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autónomas
de Cataluña o del País Vasco? ¿Por qué hay un reparto desigual, sobre
todo en los créditos de productividad, y un trato absolutamente
diferenciado en clara marginación a los funcionarios de instituciones
penitenciarias, por ejemplo, que tienen tareas muy delicadas?
Observamos también un escaso crecimiento del capítulo II, en contraste
con el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado. Creemos que se
está perjudicando la operatividad en todos los programas del
funcionamiento del Ministerio del Interior y, sobre todo, la operatividad
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tareas fundamentales, como el
desarrollo de la policía en la calle o el de planes específicos de
seguridad ciudadana. Asimismo, analizamos en el presupuesto un problema
serio de coordinación del gasto, lo que nos lleva a plantear que está
fracasando el modelo de optimización de la gestión de los recursos del
Ministerio del Interior, a través de lo que se dio en denominar la gran
piedra angular del Ministerio, con la creación de la dirección general de
la Administración de la Seguridad del Estado, que, desde nuestro punto de
vista, fracasa rotundamente, como fracasa el hecho de la propia
regulación jurídica que se hace en esta dirección general, hasta tal
punto, que se ha ido progresivamente vaciando en sus competencias.

También observamos una mala técnica presupuestaria, por cierto, porque la
dirección general de la Administración de la Seguridad del Estado sigue
sin figurar como servicio presupuestario propio en el presupuesto de
Interior, pese a la importancia teórica de unas competencias que se
extienden y proyectan horizontalmente, pero que han sido en la práctica
vaciadas en relación al marco normativo inicialmente diseñado.

En resumen, creemos que faltan inversiones importantes, imprescindibles
para la seguridad ciudadana, observando, además, algo muy curioso, y es
en materia de determinadas instalaciones, por citar algunas comisarías de
policía o casas cuartel de la dirección general de la Guardia Civil, que
desaparecen del presupuesto. Llamo la atención porque alguna de esas
inversiones llegaron a ser presupuestadas con carácter plurianual en 1997
y ha desaparecido la dotación de los créditos para el 1998 y siguientes,
con lo cual desaparecen algunos compromisos.

Nos merece especial crítica el programa 463.A, elecciones y partidos
políticos, en el que se observa una disminución que no entendemos. En el
año 1998 estará dotado con créditos de 9.948 millones de pesetas, frente
a los 10.881 millones de pesetas de 1997, que representa un decrecimiento
del 9,4 por ciento en términos absolutos; es decir, 933 millones menos de
pesetas. ¿Por qué los gastos de personal de este programa crecen un 53
por ciento, pasando de 94 a 144 millones? ¿Por qué se mantiene congelada,
en cambio, la cifra de 8.805 millones de pesetas para financiación de los
partidos políticos cuando, tanto los gastos de personal, como los gastos
corrientes en bienes y servicios crecen en el proyecto de presupuestos,
respectivamente, el 3 y el 3,6 por ciento? ¿Por qué con un solo proceso
electoral autonómico, elecciones gallegas en 1997 y elecciones vascas en
1998, se presupuesta como subvención de gastos electorales a partidos
políticos 1.282 millones en 1997 y sólo 299 millones en 1998? ¿Hay alguna
actitud de escepticismo frente al papel constitucional que los partidos
políticos deben jugar al amparo del artículo 6.º de nuestra Constitución?
Creemos que hay una disminución de 933 millones menos en esta partida,
injustificada, y anuncio que votaremos la enmienda número 1625 del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) que subsana parcialmente este problema.

La misma crítica nos merece el programa de centros e instituciones
penitenciarias. Observamos no sólo un trato injusto en la política de
retribuciones del funcionariado de instituciones penitenciarias, sino que
se desatienden en esta materia aspectos importantes como, por ejemplo,
los créditos destinados a conciertos de asistencia sanitaria, que
disminuyen, o insuficiencias de gastos en sanidad, productos
farmacéuticos, energía, agua, vestuario, transferencias a corporaciones
locales, etcétera. Lo mismo cabe decir en lo referente al trabajo o
formación y asistencia a reclusos, donde disminuye de manera
exageradísima, además, el capítulo de inversiones. Creemos que en materia
de tráfico no se cumplen los objetivos básicos y, sobre todo, las medidas
nuevas que anunció el ministro en su última comparecencia



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en el Senado, a pesar de que uno de los graves problemas que tenemos en
este momento es la seguridad vial. Se producen serias y sensibles
disminuciones, por ejemplo, en temas que son objeto de prioridad y
objetivo fundamental, como es la formación en materia de seguridad vial.

Por otro lado, las enmiendas 1245 a 1250 se refieren al Plan nacional
sobre drogas. Aquí observamos un aumento de gasto pero, fundamentalmente,
en aspectos policiales, gastos corrientes y personal, y no hay variación
significativa en el gasto para políticas de atención y prevención.

Planteamos unas enmiendas que generan 1.000 millones de pesetas más en el
programa 313.G, Plan nacional sobre drogas. Nuestro aumento de gasto va
en favor de una serie de programas que se proyectan en las autonomías en
relación con el Plan nacional de drogas, programas para situaciones de
alto riesgo desarrollados por entes locales, asistencia y formación e
intervención en el ámbito laboral, programas de rehabilitación y
reinserción de toxicómanos con problemas jurídico penales, programa de
ayuda a las comunidades autónomas para el desarrollo de servicio de
atención a drogodependientes con organizaciones sociales; aumentamos
también la dotación a ONG, a organizaciones no gubernamentales, para
desarrollo de programas supracomunitarios.

Finalmente, presentamos la enmienda 1244 que coincide parcialmente con
algunas otras planteadas y se refiere a la construcción de la academia de
suboficiales de la Guardia Civil de Ubeda, que cuantificamos en 500
millones las necesidades presupuestarias. Con ello pretendemos dar
cumplimiento a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la
Cámara sobre la construcción de la academia de suboficiales de la Guardia
Civil en Ubeda.

En general, creemos que no se cumplen los objetivos. Estos presupuestos
deben de ser devueltos y corregidos en la línea marcada por las enmiendas
de nuestro grupo, sin perjuicio de que apoyemos algunas otras enmiendas
de otros grupos parlamentarios. Dicho esto, doy por defendidas las
enmiendas en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Intervengo con brevedad para defender el bloque
de enmiendas que Izquierda Unida ha presentado a esta sección. Creemos
que en esta sección se produce algo innecesario desde nuestro punto de
vista, y ello por dos razones. Una, porque se va a producir
transferencias de poder hacia policías autonómicas; por tanto, debería
reducir el volumen de esfuerzo que se realiza para esa tarea, que va a
ser sustituida en el caso catalán por los mossos d'esquadra, como ahora
mismo están siendo por la policía vasca. En segundo lugar, porque
nosotros entendemos que la dotación de personal es bastante alta. Fíjense
que esta sección tiene ahora mismo 184.000 de los 717.000 empleados
públicos; es decir, tiene un volumen importantísimo, si sumamos todas las
dependencias, por encima de otras tareas que son tan importantes como
ésta.

Hay una excesiva obsesión hacia el problema de seguridad por parte del
Gobierno, que le lleva inclusive a declarar como ampliable al 25 por
ciento la cobertura de vacantes, que no se hace en otras vertientes. En
general, las enmiendas de Izquierda Unida van dirigidas, más que a este
criterio general, a políticas sectoriales que en este Ministerio se
realizan.

En primer lugar, creemos que en política penitenciaria hay que acabar con
la teoría de las macroactuaciones, que están en marcha o que estaban en
marcha antiguamente, e ir a microactuaciones. Por eso presentamos una
serie de enmiendas tendentes a dignificar la situación de nuestras
cárceles y a mejorar la actuación en determinados centros penitenciarios,
en concreto los centros de Aragón, las tres provincias, en Basauri,
etcétera. Nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor del que se
realiza aquí dentro de la previsión de inversión, entre otras cosas
porque tenemos un proceso de hacinamiento importante y de degradación de
las infraestructuras en las que ahora mismo se prestan estos servicios.

En segundo lugar, queremos fortalecer la actuación de un servicio de la
Guardia Civil, que creemos que va a tener una conexión en demanda
creciente, que es el Seprona, todos los servicios relacionados con la
protección y defensa del medio ambiente. Hay regiones que tienen un
volumen mayor de demanda, como pueden ser las de mayor porcentaje de
zonas protegidas. Nosotros hemos puesto Canarias y otras comunidades que
también tienen un volumen importante de esta necesidad de actuaciones,
que son bastante efectivas y que la presencia de estos equipos son una
mejora en nuestras zonas protegidas y en las zonas a proteger, lo que
significa una no expansión de actividades de deterioro del medio natural.

En tercer lugar, en el Plan nacional sobre la droga nosotros proponemos
incrementar la transferencia a las comunidades autónomas en gasto
corriente para participar en todas las actuaciones de prevención que debe
tener este plan. Cualquier acción que afecta a una degradación de parte
de nuestra sociedad no se puede hacer solamente con medidas policiales.

La medida policial es una, pero la medida preventiva es quizá la que más
garantía puede dar cara al futuro.

Por último, presentamos un paquete de enmiendas que van dirigidas a lo
que pudiéramos llamar dignificar algunas dependencias policiales;
dependencias que están realizando su trabajo en las zonas de nuestro país
en condiciones en algunos casos bastante limitadas. Nosotros proponemos
algunas actuaciones en cuarteles de la Guardia Civil, como es el caso de
Haro, o actuaciones de la policía. Sobre todo proponemos lo que es la
puesta en marcha de algo que se ha aprobado aquí, y es la academia de
suboficiales de la Guardia Civil en Ubeda.

Estoy convencido de que las aportaciones de Izquierda Unida son muy
concretas, muy limitadas, pero pretenden mejorar la propuesta que tenemos
encima de la mesa y que creemos manifiestamente mejorable.

En cuanto a las enmiendas presentadas por los demás grupos, salvo una,
que es la 158 de EA, nosotros las vamos a respaldar, tanto las del Grupo
Mixto como las de Convergència



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i Unió y el Partido Socialista, dirigidas a la financiación de partidos
políticos. No hemos entendido bien a qué obedece esa minoración, ya que
no hay razón, cuando el gasto corriente sube un 2,1, para que esta
partida, en el mejor de los casos, quede como estaba, no evoluciona.

Todas las demás enmiendas del Grupo Socialista también las vamos a
respaldar, porque lo que vienen a decir es: si ustedes no quieren
reelaborar los presupuestos, esta parte por lo menos adécuenla un
poquitín a unas orientaciones más ajustadas a las necesidades y a la
realidad, que no es solamente policial sino de criterios de seguridad, en
la vertiente coincidente con nosotros, tanto en actuación penitenciaria
como en el Plan nacional de la droga.

En suma, señor presidente, salvo la enmienda 158 de EA, las vamos a votar
todas a favor y los criterios que hemos expuesto son posibilidades de
mejora de la propuesta del Gobierno. Que no entienda el Gobierno --porque
si no es fácil no aceptar las proposiciones de los demás grupos diciendo
que todas significan un volumen muy importante-- que significan más
dinero, sino que son posibilidades para mejorar. Si una no es posible,
hay otras; no es o todo o nada, eso es como funcionan otros grupos que
soportan al Gobierno, nosotros no funcionamos así. Si es posible una, y
si son todas, mejor, estarán caminando hacia otra senda.

En todo caso yo espero ávido, aunque la esperanza es reducida, las
contestaciones del grupo mayoritario para saber cuáles son las que pueden
ser admitidas.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra, por el Grupo de
Convergència i Unió, don Manuel Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: El hecho de que tanto por el Grupo Parlamentario
Socialista como por el Grupo de Izquierda Unida, y no dudamos que también
se producirá asimismo por el Grupo Popular, se haya manifestado la
disposición favorable a votar la única enmienda que tenemos en esta
sección, la 1625, respecto a la financiación de partidos políticos, nos
permite darla simplemente por defendida y contribuir de esa manera a la
necesaria agilización del debate.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente para defender las enmiendas
presentadas por diversos diputados del Grupo Parlamentario Mixto a la
sección 16, Ministerio del Interior.

Han presentado enmiendas las señoras Almeida, Rivadulla, Lasagabaster, el
señor Saura y yo mismo. Voy a pasar a defender las enmiendas números 3 y
4 y dar por defendidas el resto.

La número 3 es la referente al extinto patronato de viviendas de la
Guardia Civil, en la que solicitamos unas inversiones que estaban ya
comprometidas para rehabilitación y construcción de viviendas de la
Guardia Civil en Denia y Benidorm, en Alicante, así como en Benicarló y
Alcora, en la provincia de Castellón.

Nosotros consideramos que es importante y necesaria esta inversión, aun a
pesar de que haya desaparecido este patronato, ya que está el compromiso
de llevarla a cabo en viviendas para dotar de unas mayores condiciones a
las casas cuartel de la Guardia Civil citadas y para un mejor
cumplimiento de sus funciones y una mejor atención a las familias que en
estos cuarteles van a residir. Lo que nosotros solicitamos es que, aunque
en el año 1998 haya desaparecido este patronato, se tenga en cuenta este
compromiso adquirido en años anteriores y sean contempladas esas
inversiones en viviendas de la Guardia Civil.

La enmienda número 4 es la relativa a las previsiones establecidas en el
Código Penal respecto a los depósitos municipales. Recientes informes
tanto de los ministerios de Justicia, Interior, así como de la
Generalitat Valenciana, ponen de manifiesto que prácticamente el 99 por
ciento de los ayuntamientos que tienen jurisdicción en temas de
colaboración con la justicia han de tener esos depósitos municipales de
presos y detenidos, no sólo en la Comunidad Valenciana, sino que se ha
hecho extensible por el Defensor del Pueblo a todo el Estado español, y
no existe esa infraestructura, no están construidos estos depósitos para
dar cumplimiento a los mandatos establecidos en el Código Penal.

Doy por defendidas estas enmiendas 3 y 4, así como el conjunto de las
presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto a esta sección 16,
Ministerio del Interior.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Quiero recordar que las enmiendas 1542, 1543 y 1544,
presentadas por mi grupo, fueron ya incorporadas al informe de la
Ponencia.

Igualmente quiero expresar el sentido de nuestro voto favorable a la
enmienda 1625, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).

Probablemente es muy difícil sustraerse en este momento a realizar una
contraargumentación a las valoraciones de naturaleza general que tanto el
Grupo Parlamentario Socialista, como el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, han realizado respecto de la naturaleza y el contenido del
presupuesto de esta sección 16, Ministerio del Interior. Ello, no
obstante, vamos a hacerlo, reservando esas contraargumentaciones para la
sesión plenaria, centrándonos ahora básicamente en una exposición de las
razones por las cuales vamos a rechazar cada una de las enmiendas
presentadas.

En relación con la enmienda 1239, del Grupo Parlamentario Socialista, por
la cual se pretende la devolución de la sección 16, Ministerio del
Interior, debo señalar, con carácter previo, que nosotros consideramos
que el presupuesto de dicha sección es, en primer lugar, adecuado para el
cumplimiento de los criterios de convergencia nominal exigidos para el
acceso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y, en segundo
lugar, de manera ya más



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específica, es igualmente adecuado para el cumplimiento de las
finalidades y políticas sectoriales propias de este Ministerio del
Interior.

El proyecto del presupuesto no financiero sin consolidar del Ministerio
del Interior para 1998 asciende a más de 635.000 millones de pesetas,
creciendo en términos absolutos 13.087 millones de pesetas, que
representan un incremento del 2,1 por ciento respecto del año anterior.

El presupuesto financiero con organismos autónomos supone un aumento del
2,64 por ciento, y consideramos, en conjunto, que el crecimiento real
experimentado por el presupuesto del Ministerio del Interior es del 4,54;
incremento situado por encima, sin lugar a dudas, del índice de inflación
esperada, lo que en términos reales aumenta la capacidad de gasto y viene
a redundar en esa condición que antes señalábamos de un presupuesto
adecuado para el cumplimiento de las finalidades y políticas sectoriales
específicas de este Ministerio.

Sin lugar a dudas, el presupuesto del Ministerio crece por encima del
incremento general del gasto del Estado, por encima del 3,2 por ciento,
lo que significa igualmente que el conjunto de este presupuesto gana peso
específico, a su vez, en el conjunto del gasto del Estado, de los
diversos departamentos ministeriales. Esto, entre otras cosas, viene a
evidenciar un profundo compromiso del conjunto del Gobierno precisamente
con el servicio público de la seguridad y con las políticas sectoriales
que a este Ministerio le compete desarrollar.

Como es natural, el crecimiento presupuestario del departamento se
concentra principalmente en una doble vía: inversiones reales y gastos de
personal. En el capítulo gastos de personal se cuenta con una dotación
para 1998 de 548.536 millones de pesetas, lo que representa un incremento
del 1,54 por ciento respecto del presupuesto de 1997, y del 3,70 por
ciento en términos reales, habida cuenta, como ya se señaló en el trámite
de comparecencias, del traspaso al Ministerio de Administraciones
Públicas de 3.771 efectivos por un importe global de 11.824 millones de
pesetas. Este incremento se debe a las mejoras en el complemento de
productividad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, con el fin de potenciar actuaciones específicas, así como a las
mejoras retributivas del personal funcionario y laboral de instituciones
penitenciarias, especialmente del destinado en el País Vasco. Bajo ningún
concepto, y quedó suficientemente claro en el trámite de comparecencias,
se produce, pues, esa especie de subida vergonzante, calificada así tanto
en aquel trámite de comparecencias como hoy reiterada por el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, y hubo ocasión entonces de explicarle con
suficiencia la naturaleza de esos incrementos.

Los créditos destinados al capítulo 6, inversiones reales, experimentan
un importantísimo crecimiento del 37,63 por ciento sobre el presupuesto
inicial de 1997, y del 45,2 por ciento en términos de homogeneidad, dado
el traspaso antes señalado al Ministerio de Administraciones Públicas de
las dotaciones correspondientes a los servicios específicos. Este
extraordinario incremento de la inversión, sin lugar a dudas, está
destinado a mejorar la capacidad de atención al ciudadano y las
condiciones de trabajo de los profesionales de seguridad, compensando de
alguna manera las restricciones de los últimos ejercicios. Yo creo que no
se puede ignorar, y mucho más cuando se pretende formular o se formula
una enmienda de devolución, que las principales inversiones para 1998
pasan, brevemente, por los siguientes extremos: 4.522 millones de pesetas
para obras en comisarías y edificios policiales, lo que supone un
incremento del 7,2 por ciento; 3.000 millones para obras en
acuartelamientos y edificios de la Guardia Civil, con un incremento del
47,8 por ciento; 1.171 millones para reformas y equipamientos en centros
penitenciarios, con un incremento de 34,4 por ciento; 3.382 millones en
material de transporte para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo
que comporta un incremento del 241,6 por ciento; 1.282 millones en medios
de lucha contra la droga, contra un incremento del 354,6 por ciento; y
603 millones en equipamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con
un 44,6 por ciento de incremento respecto del año anterior.

El peso del ajuste presupuestario es cierto que ha recaído en el capítulo
2, gastos corrientes en bienes y servicios, que, con la dotación actual,
experimenta un incremento, respecto del ejercicio anterior, tan sólo del
0,26 por ciento. Ahora bien, este dato nuevamente se debe matizar con el
considerando previo que enmarca, como ya se señaló y he vuelto a reiterar
hoy, el conjunto de la naturaleza de este presupuesto en lo que afecta
precisamente al traspaso al Ministerio de Administraciones Públicas de
los servicios periféricos.

En segundo lugar, se debe destacar, y esto tampoco se puede olvidar a la
hora de considerar los argumentos que se han expuesto para mantener una
enmienda de devolución a la sección, que parte de la contención del gasto
se debe a las medidas de austeridad en los gastos corrientes puestas en
marcha por el departamento, que están produciendo ya un considerable
ahorro en los consumos.

Por último, estas restricciones presupuestarias no han impedido el
incremento de gastos prioritarios, como por ejemplo los 1.200 millones
para el alquiler, en régimen de renting, de vehículos de la policía, o el
aumento de 418 millones para mejorar las dotaciones alimenticias de la
población reclusa. Por todo ello se puede asegurar que la dotación
propuesta para este capítulo no mermará en modo alguno la eficacia en el
logro de los objetivos asignados a este departamento, y vuelvo a insistir
en la fijación de objetivos ambiciosos, como señaló en el trámite de
comparecencias el director general de la Policía, estimando que con la
aplicación de este sistema renting, por tanto con la inversión prevista
para el sostenimiento del mismo, se podrá durante este ejercicio llegar a
la renovación de casi al 50 por ciento del conjunto de vehículos de la
flota policial dependiente de esa dirección general.

Resulta, por tanto, injustificado, desde nuestro punto de vista, decir
que existe una despriorización de los principales programas y objetivos
del departamento si se tiene en cuenta que éstos presentan, en conjunto,
los siguientes incrementos respecto del presupuesto inicial del ejercicio
anterior. Seguridad ciudadana, 4,32 por ciento; centros e



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instituciones penitenciarias, 7,08 por ciento; actuaciones policiales en
materia de droga, 21,92 por ciento, y seguridad vial, 5,63 por ciento.

En cuanto a la afirmación (que ha sido también una de las afirmaciones
estrella que se hicieron tanto en el trámite de comparecencias como hoy,
brillantemente de nuevo, por parte del portavoz del Grupo Socialista) del
fracaso del modelo de la dirección general de Administración de la
Seguridad como instrumento de coordinación y armonización del gasto de
las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil, tenemos
que decir que la misma resulta claramente desmentida por los hechos, si
se tiene en cuenta que este nuevo centro directivo, dependiente de la
Secretaría de Estado para la Seguridad, ha introducido clarísimos y
evidentes factores de gestión empresarial en el ámbito de la
administración de la seguridad; ha ido dotando, a lo largo del presente
ejercicio, de los medios materiales, financieros y humanos necesarios
para su funcionamiento; y ha comenzado una labor que, desde luego,
nosotros entendemos que, en términos objetivos y sin apriorismos
políticos, casi todo el mundo coincidirá o debería coincidir en valorar
positivamente. Así, desde dicha dirección general de la Administración de
la Seguridad han surgido importantes iniciativas concretas que han
encontrado, además, acogida en el proyecto de presupuestos con la
creación de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado y
el proyecto del sistema renting para la renovación de la flota de
vehículos policiales, al que antes he hecho referencia. Asimismo, se
están poniendo en marcha diversos proyectos, como la mejora de los
servicios de información y comunicación y el Plan integral de seguridad
de Canarias, destinados a atender las necesidades de seguridad en esta
importante zona turística.

En relación con estos criterios para sostener la devolución de la sección
16 pensamos que la actual política de control del déficit obliga a
introducir mecanismos que permitan una mejor explotación de los recursos
disponibles. Y así, inspirándose sin lugar a dudas en la eficacia
demostrada por la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa,
su creación no contradice nada, sino que es coherente con el desarrollo
del proceso iniciado en el ejercicio anterior, a partir de la creación de
la dirección general de la Administración de la Seguridad, y va a suponer
la aportación de un instrumento administrativamente ágil y
patrimonialmente eficaz, que permitirá seguir coadyuvando en la
modernización de las infraestructuras de la seguridad. Este organismo,
siguiendo los planes de infraestructuras formuladas, adquirirá y
construirá bienes inmuebles para su afectación a los fines de la
seguridad, financiándolos con la enajenación, mediante venta o permuta,
de aquellos que resulten obsoletos; por cierto, una experiencia bastante
similar a la que el anterior Gobierno, en términos generales, planteó en
el ámbito de la administración penitenciaria con la creación del llamado
Plan de amortización y renovación de infraestructuras penitenciarias y la
dotación del instrumento correspondiente para la gestión del plan, que
era la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.

Nosotros pensamos que, a través de la creación de este ente instrumental,
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, se
agilizará, sin lugar a dudas, entre otros extremos, la suscripción de
convenios de colaboración con las corporaciones locales y las comunidades
autónomas que, desde hace tiempo, vienen manifestando su interés en
colaborar en el mantenimiento, en condiciones óptimas, de las
instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus respectivos
territorios, como medio, además, de asegurar la permanencia de cada uno
de ellos cerca de los núcleos de población. La creación de este
organismo, en definitiva, se justifica siguiendo la técnica de la
descentralización funcional, en la necesidad de que, tanto la adquisición
y construcción de nuevos inmuebles, como la enajenación de los antiguos,
se haga no sólo de forma coordinada, sino también con un detallado
conocimiento de las necesidades y, desde luego, sujeta a un régimen
estricto de control, precisamente para garantizar la transparencia y la
adecuación plena de su función a los cometidos que le son propios.

Por todo ello, nosotros creemos que el presupuesto de esta sección 16
está de acuerdo con lo que en este momento la sociedad española espera
del desarrollo de las políticas sectoriales del Ministerio de Interior;
creemos que asegura la prestación de esos servicios, y no solamente las
asegura, sino que garantiza la aplicación de criterios de máxima eficacia
desde el punto de vista operativo, y está inserta en esos fines de
política general de austeridad y control del gasto público que enmarcan
el conjunto de la política presupuestaria del Gobierno. Por esas razonas,
sin lugar a dudas, rechazaremos la enmienda.

La enmienda número 1240 pretende la devolución del programa 463.A,
añadiendo que la disminución de los créditos destinados a la financiación
de los partidos políticos supone --quiero pensar que no es más que una
pura licencia-- un ataque a la función que la Constitución encomienda, en
su artículo 6.º, a estos partidos políticos. No vamos a entrar en más
valoración que pensar que ello es una pura licencia. Quiero recordar al
grupo enmendante que la contribución del Estado a la financiación de los
partidos se recoge en dos aplicaciones presupuestarias: en el subconcepto
485.01, que está destinado a la subvención anual para atender los gastos
de funcionamiento ordinario de los partidos políticos, lo cual, según la
Ley Orgánica 3/1987, de financiación, se distribuye en función de los
resultados obtenidos en los últimos procesos electorales y, por ello, se
mantiene la misma dotación que en 1997, por una razón absolutamente
obvia; y que el subconcepto 485.02 incluye la subvención destinada a los
gastos electorales de los partidos políticos, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 5/1985. En esta aplicación se produce un recorte
respecto al año anterior, ya que en 1998 no se prevé que se vaya a
celebrar ningún proceso electoral que corra estrictamente a cargo de los
presupuestos del Estado, estando destinado, por tanto, al crédito
presupuestado a cubrir las liquidaciones finales de las subvenciones
derivadas de las elecciones locales de 1995. El carácter ampliable de
este crédito, además, evita el riesgo de cualquier eventual insuficiencia
del mismo. Me temo que en el contexto del sentido



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de la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista resulta necesario precisar que, según establece la Ley
Orgánica de régimen electoral general, el Estado exclusivamente
subvenciona los gastos ocasionados a los partidos políticos por su
concurrencia a las elecciones a las Cortes Generales, al Parlamento
Europeo y a las elecciones municipales, y los gastos producidos por las
elecciones a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas
quedan fuera del ámbito de aplicación de estas subvenciones.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Gil Lázaro, le ruego vaya
terminando.




El señor GIL LAZARO: Voy concluyendo, señor presidente.

En relación con la enmienda número 1241, de devolución del programa
144.A, de la dirección general de Instituciones Penitenciarias,
entendemos que quedó suficientemente marcado en el trámite de
comparecencias que este presupuesto, por una parte, se orienta a la
modernización de las infraestructuras y, por otra parte, a la
cumplimentación de todos los fines de naturaleza social propios de la
institución penitenciaria y que, por tanto, es plenamente ajustado. Lo
mismo cabe decir en relación con la enmienda número 1242, referente al
programa 144.B.

Respecto a la enmienda número 1243, creemos que también ha quedado
suficientemente claro que el programa 222 cumple las finalidades
previstas con sus actuales dotaciones.

Sobre las enmiendas números 1245 a 1250, que afectan al programa 313.G,
me remito a las mismas valoraciones que hizo el portavoz del Grupo
Socialista en el trámite de comparecencias, destacando el importante
crecimiento que este programa ha tenido.

En relación con el grupo de enmiendas de Izquierda Unida, quiero señalar
que las números 657 y 660 las rechazaremos por entender que las
propuestas que se consignan tienen un marco específico: la segunda
versión del plan de renovación de infraestructuras penitenciarias, sobre
el que se está trabajando; y un instrumento específico, sin lugar a duda,
la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, en sus
propios presupuestos, y adelantar los proyectos concretos fuera del
diseño general que se está haciendo de ese nuevo plan, no sería
probablemente operativo.

En cuanto a las reformas propuestas en la enmienda número 658, para
dotación de reformas en el centro penitenciario de Teruel, las vamos a
rechazar en la medida en que ya es una actuación prevista por este
presupuesto. La misma motivación hay que hacer en relación con la
enmienda número 659.

En relación con las enmiendas números 661 y 662, que pretenden
actuaciones específicas en la Comunidad Autónoma de Canarias, quiero
señalar que éstas ya están siendo puestas en marcha por la Guardia Civil;
que hay consignaciones presupuestarias importantes para poder desarrollar
esas iniciativas previstas y que, por consiguiente, nos parece que las
enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en
este sentido, no aportan nada especialmente nuevo.

En cuanto a la enmienda número 663, deseo señalar que ya se ha
incorporado al informe una enmienda coincidente en su finalidad, del
Grupo Parlamentario Popular, la número 1544, para iniciar los pasos
previos a la construcción de esa academia de suboficiales de la Guardia
Civil en Ubeda, de manera que se dé cumplimiento a la correspondiente
iniciativa aprobada por unanimidad de todos los grupos de la Cámara en su
momento, por lo que nos parece mucho más ajustada la enmienda, ya
incorporada al informe, que la propuesta por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Gil Lázaro, le ruego
termine.




El señor GIL LAZARO: En relación con las enmiendas números 664, 665 y
666, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sobre infraestructuras
policiales concretas, quiero señalar que entendemos que están mejor
acogidas en un diseño de conjunto en las propias previsiones del
presupuesto.

Respecto a la enmienda número 667, vamos a rechazarla por las mismas
razones que hemos citado para el rechazo de las enmiendas números 1245 y
siguientes, del Grupo Socialista.

En conjunto, rechazaremos también las enmiendas presentadas por las
señoras y señores diputados y formaciones políticas integradas en el
Grupo Mixto; muchas de ellas son coincidentes, si no en el contenido, sí
en el sentido, con algunas de las ya presentadas por los Grupo Socialista
y de Grupo Izquierda Unida, a los que hemos dado contestación.

Sin embargo, nos importa señalar algo --y con ello concluyo, señor
presidente-- para que no pueda haber equívoco alguno al respecto. Hay un
conjunto de enmiendas presentadas por los diputados del Grupo Mixto
adscritos a la formación de Nueva Izquierda, que insisten en la necesidad
de dotar de planes concretos de formación y de instalaciones a las
diversas comisarías, en este caso lo circunscriben a las provincias que
forman la Comunidad Autónoma de Cataluña, para el desarrollo del servicio
de atención a la mujer en comisaría, especialmente pensando en la mujer
víctima de delitos contra la libertad sexual. Tenemos que señalar que el
rechazo de estas enmiendas lo es estrictamente porque consideramos
innecesaria la propuesta que se nos hace por estos señoras y señores
diputados de la formación Iniciativa Els Verds, integrada en el Grupo
Mixto, en la medida en que ya la semana pasada el señor ministro de
Interior, en el Pleno de la Cámara, y a propuesta y requerimiento de
nuestro propio grupo, estableció todo un programa concreto de calendario
y de inversiones para el desarrollo de este servicio de atención a la
mujer, ya no sólo en una comunidad autónoma, sino en el conjunto del
Estado.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Pasamos ahora el debate de la
sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.




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Se han presentado enmiendas por los Grupos Socialista, Izquierda Unida,
Mixto y Popular.

Creo que han solicitado la palabra las señoras Balletbó y Fernández.

Repártanse el tiempo como crean conveniente. Tienen un tiempo máximo de
10 minutos.




La señora FERNANDEZ RAMIRO: Señor presidente, este grupo parlamentario va
a defender, por un lado, las enmiendas presentadas a la Agencia Española
de Cooperación Internacional, que lo hará la señora Balletbó, y yo el
resto, por lo que paso a defender las enmiendas correspondientes al
programa 132.A, acción del Estado en el exterior, que aglutina los
antiguos programas de acción diplomática multilateral, acción diplomática
bilateral y acción consular. Según nuestro criterio, supone que la
estructura del programa del presupuesto de Asuntos Exteriores sufre
importantes alteraciones; que este cambio nos parece una medida regresiva
porque este grupo parlamentario entiende que la agrupación y reducción de
programas presupuestarios hurta y limita la información y la claridad
presupuestarias que la anterior estructura facilitaba, y así se lo
manifestamos al señor subsecretario del Ministerio cuando compareció en
la Comisión de Asuntos Exteriores para informar sobre estos presupuestos.

Centrándome en las enmiendas números 1209, 1210, 1211 y 1212, que
presentamos al programa 132.A, proponemos, por un lado, incrementar la
dotación del capítulo 6, puesto que nuevamente en estos presupuestos
mantiene congelada su dotación, y pretendemos con ello mantener y
conservar, con el nivel de decoro que demanda nuestro tiempo, nuestras
representaciones en el exterior y la red consular que exige el incremento
paulatino de españoles en el extranjero.

Con respecto a la enmienda 1210, en primer lugar quiero apuntar que hay
un error mecanográfico en el alta. Donde dice 134.A debe decir 132.A.

Esta enmienda se refiere a los consejos de residentes en el extranjero.

Nuestro grupo entiende que son órganos fundamentales de integración de
nuestros ciudadanos residentes en otros países. Dado que, además, su
estructura es abierta, participativa y plenamente democrática,
consideramos conveniente que sean órganos a potenciar, tanto en su
organización como en sus finalidades. Por lo tanto, el incremento que se
propone tiene como objetivo, por una parte, atender los gastos de
funcionamiento de los consejos existentes y, por otra, facilitar los
fondos necesarios para la realización de las elecciones en aquellos
consulados que tienen prevista su convocatoria.

El incremento de crédito que se propone en la enmienda 1211 viene
motivado por la necesidad de dotar a todas las representaciones en el
exterior del equipamiento informático necesario para hacer frente a los
actuales requerimientos de gestión, y de forma especial a las oficinas
consulares, ya que hay que mejorar la infraestructura de la red mundial
de comunicaciones informáticas del departamento al poner en práctica el
Plan estratégico de modernización del sistema de informatización
consular, en aplicación de los acuerdos tomados por los Estados miembros
en el Convenio de Schengen, en relación con el desarrollo de la red de
consultas Schengen y la nueva legislación que regula la gestión del
padrón de españoles residentes en el extranjero.

Por último, el incremento que se propone en la enmienda 1212 pretende
hacer frente a determinadas ayudas de españoles en el extranjero que se
encuentren en situaciones de necesidad, entendiendo que la acción
consular que exige la presencia de la Administración del Estado fuera de
los límites territoriales españoles ha de responder a las exigencias de
la sociedad actual y, en particular, a las necesidades cada vez más
crecientes de sus ciudadanos.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señora Balletbó.




La señora BALLETBO I PUIG: Al capítulo correspondiente a la cooperación
para el desarrollo que, como ustedes saben, es el programa 134.A,
nosotros presentamos sólo dos enmiendas, la 1213 y la 1214. Proponemos
que se incluyan en el mismo capítulo, es decir, el 4; en el mismo
artículo, es decir, el 18, y en la misma sección, es decir, la 12. Las
dos van en la misma dirección. ¿Cuál es esa dirección, compañeros
diputados? Es la dirección que tiene mi partido en relación a lo que es
la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos, en este
caso concreto la participación de la sociedad civil, desarrollada en
organizaciones no gubernamentales, para la gestión de la solidaridad y la
cooperación internacional.

En este sentido, señores diputados, nosotros pedimos un incremento
modesto, porque somos conscientes de cuál es el problema del presupuesto
este año y no queremos complicar esa situación. Lo que sí queremos es
ampliar en 4.000 millones una partida de 8.000 millones --sería la
enmienda 1214-- para incrementar la dotación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional a las organizaciones no gubernamentales
encargadas de permitir la participación de la sociedad civil en esa
gestión y, a la vez, rentabilizar en la práctica, de una forma mucho
mejor, el dinero público al ser mayores conocedores de la situación
concreta de los países. Esas son las razones que nos llevan a pedir que
esa partida de 8.000 millones, que la consideramos baja, se incremente en
4.000 millones más.

La segunda enmienda, la 1213, pretende pura y simplemente la
incorporación de 30 millones de pesetas para el funcionamiento de la
coordinadora de organizaciones no gubernamentales. No me diga el Grupo
Popular que ésa es una subvención alta --30 millones de pesetas-- para
incorporarla a una partida en la que ya se contempla algún dinero para
familias e instituciones sin fines de lucro. Nosotros no queremos que la
coordinador de ONG esté subvencionada directamente por la Agencia. Lo
único que mi grupo parlamentario pide es que, de la misma forma que
organizaciones patronales, como puede ser la Cámara de Comercio, se
financian a través de un impuesto obligatorio, como ustedes saben de la
participación en los beneficios de las empresas, que por lo menos de una
forma algo más indirecta esa coordinación que tiene que llevar a cabo el
organismo que controla las ONG pueda salir de esta modesta subvención
pública de 30 millones. ¿Significa esto



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que vamos a subvencionar programas de funcionamiento de ONG? No. Si la
Agencia española tuvo que echar mano del presupuesto del actual año para
pagar unas jornadas de ONG organizadas por la Cámara de Comercio de
Valencia, es decir, la patronal no fue capaz de pagar la celebración de
unas jornadas, ¿cómo van a poder pagar las organizaciones de sus propias
coordinaciones unas instituciones que no tienen ánimo de lucro y que,
además, trabajan para el bien y por solidaridad hacia los demás?
Señorías, no sé si les he convencido de algo. Tampoco sé si me han
atendido mucho, porque con ese follón y tantas enmiendas es difícil, pero
por lo menos creo que he conseguido despertar su interés. Anímense un
poquito más y satisfágannos un poco más apoyando un par de enmiendas que,
al fin y al cabo, en el conjunto del presupuesto no significan mucho y,
en cambio, en el terreno de la práctica social representan mucho para
nosotros y también para ustedes señores del PP, porque los votos son los
votos y aquí hay muchos votos, ténganlo en cuenta.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: En primer lugar, tengo que hacer referencia a la
enmienda a la totalidad que ha presentado mi grupo a esta Sección 12
Asuntos Exteriores.

Entendemos que es un presupuesto en el cual nosotros entramos en una
profunda contradicción no sólo desde el punto de vista del contenido
económico de las distintas partidas que en él se recogen, sino sobre todo
en un discurso totalmente diferenciado, en cuanto a la filosofía que se
contempla en los principios, en las prioridades, en los objetivos a
cubrir por dicho presupuesto.

Nosotros hemos entendido que, desde el punto de vista de nuestras
relaciones bilaterales y multilaterales, la política española debe dar un
giro profundo, en la línea de transformar una realidad internacional que
hoy por hoy nosotros entendemos que está hegemonizada por un solo país,
que es Estados Unidos, al cual hay una clara sumisión por parte del resto
de los países y de las organizaciones multinacionales en cuanto a que el
gran comisario de este planeta debe tomar las iniciativas para cualquier
tipo de actuación en cualquier conflicto, de la índole que sea, en
cualquier continente.

Curiosamente, también somos especialmente críticos a la hora de evaluar
el discurso oficial del Gobierno en cuanto a lo que él considera que debe
ser el denominador común de su política exterior, entendiéndola como la
aplicación de principios coherentes, democráticos y defensora a ultranza
de derechos humanos.

Criticamos la poca aplicación de esos principios en las relaciones que el
Estado español tiene con algunos países, que vulneran claramente la
filosofía que define la política exterior del Gobierno del Partido
Popular, puesto que los claros intereses estratégicos y económicos son
los que predominan sobre aquellos otros intereses mucho más idealistas,
en cuanto a que España va a ser una potencia que va a hacer prevalecer
cláusulas democráticas en sus relaciones bilaterales y económicas
respecto a otras coyunturas que pueda haber. Por tanto, criticamos
profundamente esa disparidad de criterios por parte del Gobierno a la
hora de mantener relaciones bilaterales con unos países u otros en base
no a esos intereses democráticos, sino a intereses mucho más pecuniarios,
como podían ser los económicos o los estratégicos, en cuanto a las
necesidades de garantizar una cierta seguridad o un nivel de relación
política con países fronterizos o próximos a nosotros, independientemente
de que allí se estén vulnerando esos derechos humanos.

Hay una serie de carencias dentro de los objetivos de la sección 12 en
política exterior que nosotros entendemos que deberían incorporarse, y de
alguna forma también entendemos que no son ajenos a la línea política del
actual Gobierno. Considero que se podría mejorar el texto. No son
confrontaciones ideológicas, confrontaciones políticas, las que
proponemos en nuestra enmienda a la totalidad; son una aportación para
desarrollar nuestra apuesta política por algunos países y en algunos
conflictos por los que no se pasa ni siquiera superficialmente; incluso
en algunos casos muy concretos se obvia mencionarlos. Entendemos que el
conflicto de Argelia, el conflicto de Angola, la situación de Israel
exigen de una opinión, de una valoración y de una voluntad para el
ejercicio de 1998 que refleje la línea política del Gobierno a la hora de
aplicar estos presupuestos de exteriores.

En cuanto a nuestros acuerdos multilaterales, entendemos que deben sufrir
un vuelco total y drástico. Saben de sobra cuál es nuestra disertación
alrededor de nuestra pertenencia a la Organización del Tratado del
Atlántico Norte; no hay razón política ni coyuntural ni de bloques que
pueda justificar hay en día la supervivencia de una organización que
nació para combatir al otro lado, a los otros, a los malos. En estos
momentos la ONU debería ser la organización que velase por todos los
intereses internacionales y por los principios democráticos en todo el
mundo. Creemos que hay un reparto desproporcionado de las distintas
partidas fundamentales de esta sección. Por lo tanto, la política de
cooperación al desarrollo está infradotada y sobre todo obedece a
criterios políticos que priorizan los elementos económicos y de relación
bilateral más allá que los claros objetivos que deben cubrir este tipo de
cooperación, que es la erradicación de la pobreza, más allá de los
intereses bilaterales tanto políticos como económicos que pueda tener
España con terceros países. Todas estas cuestiones nos han obligado a
presentar nuestra enmienda a la totalidad para devolver los presupuestos
de esta sección. Nuestra filosofía se ha basado en la aplicación de estos
principios políticos, detrayendo de aquellas partidas económicas que
están de hecho vinculadas a asignaciones económicas que estamos obligados
a hacer por nuestra pertenencia a esas organizaciones multilaterales a
las que pertenecemos, como son la OTAN, la OSCE, etcétera.

Hemos hecho un especial hincapié en la defensa de una política de
cooperación situada en los márgenes que esta Cámara y los partidos
políticos han consensuado con anterioridad. Quiero decir que no podemos
entender que todavía en estos momentos el presupuesto de cooperación para
el desarrollo esté situado ni siquiera en la mitad del 0,7 por ciento,
que era un compromiso político de todas las fuerzas



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de esta Cámara. Hemos hecho una serie de modificaciones presupuestarias
incorporando partidas suficientes para alcanzar el menos en este primer
presupuesto esa mitad; queremos acabar la legislatura lo más próximos a
ese 0,7 por ciento.

Hemos hecho una serie de definiciones concretas sobre cuál debe ser la
aportación para política del desarrollo dirigida a organizaciones no
gubernamentales. En este presupuesto se ha globalizado y no se especifica
cuál debe ser la partida destinada a estas organizaciones. Entendemos que
en la coyuntura política que está viviendo el proceso de pacificación, en
el proceso de aplicación del Plan de paz del Sahara, este Gobierno
debería incorporar una especificidad en el presupuesto para dotar
suficientemente una partida que impulse de modo definitivo la celebración
del referéndum del Sahara, que tantos gasto y tanta infraestructura va a
necesitar. Además, no puede ser una aportación en el tiempo porque el
plazo dado para finalizar este último acuerdo entre Marruecos y el Frente
Polisario tiene una vigencia de un año que debe cumplirse a lo largo del
ejercicio próximo, que es el que va a abarcar este presupuesto. Por lo
tanto, creemos que se debe de especificar una apuesta profunda para
apoyar el proceso de pacificación del Sahara.

También hemos especificado la dotación de personal suficiente para la
planificación y evaluación de los proyectos de cooperación para el
desarrollo. No podemos entender que ya se haya detectado un déficit de
personal para cubrir estas funciones y que se siga planteando la
necesidad de subcontratar en el exterior el personal suficiente para
cubrir uno de los objetivos que no sólo era fundamental con anterioridad,
sino que incluso en la propia ley de cooperación al desarrollo, cuya
tramitación estamos a punto de iniciar en la Cámara, está incorporado
como principio fundamental. Por lo tanto, tenemos que acompañar nuestra
oferta pública de empleo con las necesidades que la propia legislación
que vamos elaborando nos va obligando a cubrir.

Por consiguiente, nuestra apuesta profunda por una política de
cooperación para el desarrollo digna de ese nombre, dotando a nuestros
presupuestos de un claro matiz de cooperación para erradicar la pobreza y
para mejorar los actuales niveles de desarrollo político que viven
terceros países.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Doy por defendidas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto a esta sección 12, del Ministerio de Asuntos
Exteriores, en concreto las enmiendas números 217 a 224, del señor Saura
y la señora Rivadulla, y hago mención de la enmienda a la totalidad
número 217 a esta sección de Asuntos Exteriores. Asimismo, doy por
defendidas el resto de enmiendas que se refieren al Instituto Cervantes,
números 223 y 224, así como las presentadas a la Agencia Española de
Cooperación Internacional por los mismos diputados. La enmienda número
479, del Grupo Parlamentario Mixto, se da por defendida en sus propios
términos. Todas ellas aparecen en el texto que se presentó en el plazo
reglamentario de presentación de enmiendas. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Ruego, por favor, que guarden
silencio, porque es muy difícil oír a los señores diputados.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES FRAGA: Naturalmente, agradezco todas las intervenciones
que tratan de mejorar los presupuestos del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Sin embargo, haré unas matizaciones sobre algunas cosas que
aquí se han dicho.

Por lo que se refiere a la señora Balletbó, cuyas intervenciones siempre
suscitan el interés de este diputado (no me mire así, porque lo que usted
dice siempre es interesante), siempre conviene referirse a los debates
precedentes. Usted ha hecho mención a una propuesta de 30 millones de
pesetas para el convenio de cooperación con la coordinadora de ONGs. Ya
conoce usted el criterio de mi grupo, nosotros entendemos que no debe
destinarse dinero para la financiación del funcionamiento ni de ONGs ni
de agrupaciones de ONGs; son las ONGs las que deben sustentar los gastos
de sus propias agrupaciones. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señorías, les ruego guarden
silencio, por favor.

Señor Robles, continúe.




El señor ROBLES FRAGA: Ya sé que este tema no es muy interesante, pero es
que no me escucho a mí mismo. Entendemos que los programas de difusión y
de explicación de actividades con un objetivo concreto tienen cabida en
los presupuestos, sin embargo, los gastos de funcionamiento no entran ni
se corresponden con la filosofía de este presupuesto.

Es una enmienda que se repite, que ha sido presentada por varios grupos,
entiendo que de forma coordinada o conjunta. Nuestro grupo, naturalmente,
hará lo que hizo en la legislatura anterior: rechazarla. Existen cauces
que deben ser utilizados, y creo que no conviene tampoco perseverar
porque, como ya saben SS. SS., el esfuerzo inútil conduce a la
melancolía, sobre todo en materia presupuestaria.

Las enmiendas que presenta el Partido Socialista creo que tienen en algún
caso intenciones loables de mejoramiento del funcionamiento del servicio
exterior del Estado. Entendemos que aquellas que presenta en este sentido
ya están cubiertas adecuadamente por los presupuestos para el año 1998 y,
por tanto, consideramos que deben ser rechazadas. En cualquier caso,
sobre la organización del servicio exterior o la política exterior no
existe una diferencia tan grande con el Partido Socialista, desde luego
no existe en la base misma del consenso que la hace posible y en la dosis
de continuidad que existe de gobierno a gobierno. Por tanto, no es una
discrepancia ideológica, ni siquiera teleológica, pero sí existe con
Izquierda Unida.




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Izquierda Unida presenta una enmienda de devolución que, naturalmente,
entendemos que debe ser rechazada. Sin embargo, hay un asunto que me
preocupa, porque creo que es importante que dejemos clara nuestra
posición, que el señor Navas ha reiterado y que, aunque sólo sea por
respeto parlamentario y por cortesía elemental de esta Cámara, merece que
yo dé la opinión del Grupo Popular. Las operaciones de paz, las
contribuciones para reparar situaciones de emergencia o la participación
de España en el desarrollo y afianzamiento de salidas pacíficas de crisis
graves, como el caso de Angola, el Zaire, etcétera, están cubiertas en
los presupuestos; la partida dedicada a misiones de paz y a organismos
internacionales es generosa en ese sentido. Por lo que se refiere al
Sahara, compartimos el interés y la preocupación, pero existe dotación
presupuestaria suficiente y España está prestando efectivamente un apoyo
eficaz para que el Plan de paz pueda proseguir después de las recientes
iniciativas del mediador, señor Baker. Ese es un interés y un objetivo
fundamental no solamente para nuestro grupo, sino entiendo que para
todos. Quédese tranquilo, S. S.; el Ministerio de Asuntos Exteriores está
ya ocupándose de ese asunto y está en las previsiones presupuestarias.

Quiero reiterar que éste es un presupuesto ajustado pero que se ha hecho
un esfuerzo importante de mejora técnica, de funcionamiento, de gestión
presupuestaria, de control, que, naturalmente, debe proseguir en los
próximos años. Mi grupo entiende que la sección 12, destinada al
presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, está adecuadamente
formulada.

En cualquier caso, por lo que se refiere a las distintas enmiendas que
hablan de los presupuestos de cooperación internacional y de ayuda al
desarrollo, el esfuerzo de consolidación presupuestaria y de aumento de
partidas es notable y debe ser reconocido. Naturalmente, los objetivos
fijados por los distintos grupos van más allá, pero entendemos que los
fondos públicos destinados a la ayuda al desarrollo no sólo deben cubrir
objetivos numéricos, sino que deben ser sustentables y gestionables por
la Administración y por la propia sociedad civil, por las propias
organizaciones no gubernamentales, por lo que yo entiendo que el esfuerzo
realizado este año debe ser destacado y que cualquier otro incremento no
entraría dentro de lo razonable o de lo sustentable y, por tanto, de lo
manejable desde el punto de vista presupuestario, por un lado, que es muy
importante, pero también por el mismo funcionamiento de las
organizaciones no gubernamentales o de las otras instituciones de
reconocido prestigio que son pioneras también en la ayuda al desarrollo y
en la cooperación española.

Tengo que decir que este presupuestos coincide con otro esfuerzo
importante por parte del Gobierno que es la ley de cooperación para el
desarrollo. Creo que estamos en una ancha vía en la que podemos
encontrarnos --espero que así sea-- y estoy seguro de que estos
presupuestos son un paso firme y decidido para que nuestro país continúe
desarrollando ese esfuerzo demandado por la sociedad española, por la
opinión pública española, en la que participan no solamente la
Administración central del Estado sino la Administración descentralizada:
las autonomías, diputaciones y ayuntamientos, las organizaciones no
gubernamentales, instituciones de reconocido prestigio y experiencia,
etcétera. Creo que éste es un paso importante y espero y confío que esta
sección 12 pueda ser aprobada en los términos definidos por la ponencia.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Vamos a pasar al debate de la
sección 13, Ministerio de Justicia.

Hay enmiendas presentadas del Grupo Socialista, izquierda Unida,
Convergència i Unió, Grupo Mixto y Grupo Popular. (Rumores.)
Ruego a SS. SS. que guarden silencio, porque si no es muy difícil seguir
el debate.

Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Fernández de la
Vega.




La señora FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ: El Grupo Socialista ha presentado
enmienda a la totalidad de devolución de la sección 13, Ministerio de
Justicia, porque considera que la cantidad total que se consigna en
132.680 millones de pesetas es absolutamente insuficiente para hacer
frente a las necesidades más inminentes de la Administración de justicia
y para permitir que el Ministerio de Justicia cumpla adecuadamente la
importantísima función que tiene atribuida en defensa de la legalidad y
en garantía de tutela de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas. Es evidente, señorías, que con este presupuesto el servicio
público de la justicia no va a mejorar, y con independencia de lo que
voluntaristamente puedan hacer jueces y magistrados, fiscales y demás
personal al servicio de la Administración de justicia para sacar adelante
los temas que tienen atribuidos, lo cierto es que los medios de los que
van a disponer no van a aumentar y, por tanto, el ciudadano va a tener
que seguir esperando, lamentablemente, a ver resueltos sus conflictos con
mayor celeridad y eficacia.

La razón por la que mi grupo presenta la enmienda a la totalidad no es
sólo la insuficiencia de los créditos, es que además creemos que la
estructura y las dotaciones que se han dado son absolutamente
inadecuadas. Es curioso que en este presupuesto de 1998 las partidas
presupuestarias que ven incrementadas sus dotaciones son aquellas que,
además de tratar de paliar el endeudamiento y la paralización de
determinados servicios que en el presupuesto de 1997 crearon auténticos
agujeros, poco o nada tienen que ver con la mejora del servicio público
de la justicia. Así vemos como en el programa de tribunales de justicia y
ministerio fiscal, sobre todo en el programa general del Ministerio,
dirección y servicios generales de Justicia, se incrementan los gastos de
personal un 16 por ciento, especialmente localizados en funcionarios del
grupo A, lo cual no deja de ser chocante en un Ministerio que se
encuentra en una situación próxima a la parálisis administrativa y en un
Gobierno que ha maltratado literalmente a los funcionarios de nivel
superior con la famosa historia de la reducción de altos cargos. Pues
bien, aquí se incrementa el personal del grupo A, se incrementa el
personal eventual en un 15 por ciento y se incrementan los créditos de
productividad y de gratificaciones, desde luego no del personal al



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servicio de la Administración de justicia, que es donde deberían haber
ido esos dineros.

Lo mismo cabría decir del capítulo II de este programa general del
Ministerio, dirección y servicios generales de Justicia, que recibe un
incremento del 26 por ciento. Evidentemente tenían que paliar el desastre
presupuestario que se hizo demagógicamente en el presupuesto del año
pasado, en el que la regulación del capítulo II debería pasar a los
anales de la historia de la incompetencia e irresponsabilidad
presupuestaria, puesto que lo redujeron un 30 por ciento diciendo que
iban a ahorrar. Este año, a mitad del ejercicio, ya no había ni un solo
duro para atender a gastos de funcionamiento ni del Ministerio, ni de la
justicia, de ahí que este año lo suban para intentar paliar este
endeudamiento. Lo más curioso es que lo suben en conceptos que, como les
decía al inicio de mi intervención, poco o nada tienen que ver con las
necesidades de la justicia. Así vemos que aumentan espectacularmente
conceptos como, por ejemplo, reuniones y conferencias, estudios y
trabajos técnicos o gastos diversos, partida totalmente novedosa que no
sabemos muy bien a qué se va a dedicar y que tiene incrementos, como en
tribunales de justicia y ministerio fiscal, de un 290 por ciento; o en
registros vinculados con la fe pública, un aumento de 34 millones. Lo
mismo se podría decir respecto del resto de programas, incluido el del
servicio jurídico del Estado. Por tanto, en conjunto, el Grupo
Parlamentario Socialista considera que la sección 13 ha de ser devuelta
al Gobierno porque no contiene dotaciones suficientes y los aumentos se
producen allí donde no se tienen que producir.

En segundo lugar, hemos presentado --y éste es el tema que más preocupa a
mi grupo-- una enmienda de devolución del programa 142.A, tribunales de
justicia y ministerio fiscal, porque éste es el programa fundamental del
Ministerio de Justicia, es aquel que tiene por objeto poner a disposición
de jueces y tribunales los medios materiales necesarios para que cumplan
su función. Pues bien, señorías, con este programa no vamos a solucionar
ni uno solo de los problemas que tiene planteados el ciudadano con el
servicio público de la Administración de justicia, y lo que es más grave,
los compromisos públicos adquiridos por el presidente del Gobierno en
orden a apoyar las iniciativas que el Consejo General del Poder Judicial
ha llevado a cabo dentro del Libro Blanco no contienen ni una sola
dotación presupuestaria. Por tanto, creo que tenemos que llamar a la
responsabilidad de esta Cámara, porque si verdaderamente queremos que la
justicia mejore deberían ser apoyadas no sólo nuestra enmienda de
devolución sino las enmiendas concretas que presentamos al articulado,
sobre todo a este programa, de incremento de 16.100 millones de pesetas,
para que al menos podamos hacer frente en el año 1998 a las necesidades
más urgentes señaladas por el Consejo en el Libro Blanco, que exige la
creación y puesta en funcionamiento con carácter urgentísimo de 315
órganos judiciales allí donde se ha sobrepasado ya la carga normal de
trabajo.

Este es el resumen, señor presidente, señorías, del conjunto de las
enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que también ha
presentado enmiendas parciales a los programas de objeción de conciencia,
del servicio jurídico del Estado y de registros vinculados a la fe
pública, porque creemos que tampoco son suficientes para cumplir la
finalidad que tienen atribuida. Por citar un ejemplo, en el tema de
registros vinculados a la fe pública seguimos sin abordar algo tan
importante para la ciudadanía como es la informatización de los registros
civiles, a los que tienen que acceder todos los ciudadanos día a día. El
año pasado desapareció la partida, este año han fijado una partida
mínima, se vuelve a hablar de un proyecto que ya pusimos en marcha y que
está ya experimentado hace más de tres años y parece que es una novedad
que se introduce este año con una mera partida, con lo cual creemos que
seguiremos sin informatización de los registros civiles.

Del conjunto de enmiendas mi grupo hace especial hincapié en la que se
refiere al programa 142.A, de tribunales de justicia y del ministerio
fiscal, porque, repetimos, si no se aprueba nuestra enmienda dudamos
mucho que el servicio público de la justicia mejore. Ustedes saben muy
bien que en las últimas encuestas y barómetros de opinión de los
ciudadanos sobre la justicia ocupa uno de los últimos lugares, y parece
evidente que al Partido Popular le importa muy poco que los ciudadanos
sigan colocando la justicia en el último barómetro de opinión. Desde
luego, no nos vamos a creer que ustedes están dispuestos a colaborar en
sacar adelante las medidas propuestas por el Consejo en el famoso Libro
Blanco sobre la Administración de justicia.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Castellano.




El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Estaba tentado nuestro grupo, llegado
el momento de defender la enmienda de devolución de esta sección, que
tiene el número 628, de dar lectura, pura y sencillamente, en este acto
de las intervenciones de los muy dignos representantes del Partido
Popular cuando se discutían los presupuestos de los años anteriores, en
que gobernaba el Partido Socialista Obrero Español, pero nos parecería de
una absoluta crueldad, porque las cosas que ellos decían entonces sobre
la situación de la justicia harían absolutamente inútil el discurso que
seguramente tienen preparado. A mí me gustaría que se lo repasaran,
porque puede ocurrir que no es que caigan en contradicción, sino que
acaben en absoluta esquizofrenia.

Nosotros compartimos, al introducir esta enmienda de devolución, el
espíritu que guiaba a aquellas intervenciones, que era el que de verdad
haya un servicio público de la justicia que garantice la tutela judicial
efectiva y el derecho a un juicio justo sin dilaciones excesivas. Pues
bien, estas dos cosas tan sencillas, evidentemente, exigen un enorme
esfuerzo. Nosotros no vamos a pedir que ese esfuerzo se realice en un
solo ejercicio presupuestario, pero es evidente que si el presidente del
Gobierno ha dicho que ha llegado la hora de la justicia, con motivo de la
reciente inauguración del año judicial, y acaba de entrar en nuestros



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despachos la memoria remitida por el Consejo General del Poder Judicial,
bastaría simplemente ver qué dicen los responsables de la Administración
de justicia para que este presupuesto fuera inmediatamente devuelto, se
considerara y pusiera de manifiesto y de verdad se demostrara que ese
servicio público de la justicia va a constituir, por fin, una prioridad
presupuestaria.

Desde luego, si el tema de la justicia no se convierte en objetivo
prioritario de la política del Partido Popular, sinceramente ello nos
tendrá que conducir a entender que en lo que se llama el
perfeccionamiento del Estado social y democrático de Derecho tienen muy
poca o nula preocupación. Repito que no queremos ser absolutamente
maximalistas, pero si se dice que se van a crear ni más ni menos que 64
plazas de lo Contencioso-Administrativo y se tiene previsto que más de 50
deberán ser para los órganos unipersonales de esa ley de lo contencioso
que vamos a poner en marcha, ¿qué significa esto? El desprecio más
absoluto hacia el resto de las salas de lo Contencioso-Administrativo,
donde según vamos viendo año a año se va llegando a cifras tan peculiares
como la de tener pendientes más de medio millón de asuntos y resolver a
lo largo del año unos 200.000. Es evidente que cuando el año que viene
nos encontremos con las cifras seguirán en este incremento y en esta
progresión absolutamente geométrica.

A mí me parece que es posible que este presupuesto sea el único que
pueden ustedes presentar y el único que, dentro de esos parámetros tan
estrechos en que ustedes se han colocado como consecuencia del proceso de
la Unión Monetaria, estén dispuestos a aprobar, pero entonces se les
pide, por favor, que en el conjunto de literatura que acompaña al
programa 142.A abandonen todo triunfalismo y digan clara y
definitivamente que no tienen el menor interés en ir saliendo de esta
situación de colapso auténticamente insoportable ya, no sólo para el
justiciable sino absolutamente insoportable para aquellos funcionarios
públicos, aquellos responsables del Poder Judicial que están asumiendo
diariamente una crítica que, sinceramente, es absolutamente injusta.

Las condiciones objetivas en que se desarrolla el trabajo de la
Administración de justicia son tales que no se puede hablar con seriedad
de que haya un servicio público de justicia. Eso tal vez obliga a que
hubiera habido una literatura, repito, en la presentación del programa
que hubiera dicho: No podemos más que parchear. Y parchear en cuanto al
aumento de plantillas, teniendo en cuenta, si examinan ustedes la ratio
del número de magistrados o jueces de cualquier país del entorno que
tenga una vida comercial y ciudadana similar a la nuestra, que es lógico,
como me decía el otro día un abogado en un encuentro, que haya recibido
una citación para la celebración de una vista en un tribunal de lo
contencioso-administrativo para el año 2002; ¡para el 2002! Y no es
ningún chiste, es una realidad.

Creíamos seriamente en todo lo que decían ustedes cuando estaban en la
oposición con respecto a la racionalización del Ministerio de Justicia,
incluso llegaron a decir que lo iban a suprimir, y que sólo con darle las
competencias que exige el Consejo General del Poder Judicial, con
traspasar al Ministerio del Interior algunos otros organismos e incluso
con traspasar a la Presidencia del Gobierno otros que dependen de este
Ministerio --lo decían ustedes-- se iban a solventar todos los problemas
e íbamos a tener la honestidad de dejar en manos de los jueces la
responsabilidad de esa facultad exclusiva de juzgar y ejecutar lo
juzgado. Pues bien, eso no se aprecia hoy en este presupuesto. Por tanto,
sé que no va a prosperar esta queja, pero el hecho de que no prospere no
lo voy a atribuir a que estos razonamientos no estén cargados de sentido
común; lo voy atribuir a que ustedes, cuando estaban en la oposición, o
no tenían conocimiento alguno de qué ocurría en la justicia y lo que
trataban ustedes era pura y simplemente de hacer un flatus vocis, para
aparentar una determinada progresividad, o es que ahora, cuando han
llegado ustedes a tener esta responsabilidad, le tienen un desprecio
absoluto a una de las piezas fundamentales del sistema democrático. Por
ello, por coherencia con ustedes mismos, no porque yo se lo diga,
deberían ustedes coger este presupuesto, admitir la devolución y con
ello, no les quepa la menor duda, ganarían una cierta credibilidad.

Credibilidad que van a ir perdiendo día a día, porque cuando lleguemos al
año que viene ya veremos lo que nos van a responder a esta intervención,
si es que al año que viene no han disuelto ustedes las Cámaras, porque
las amenazas que se vierten desde ciertas zonas del Estado de que van a
durar ustedes cuatro días tal vez nos eviten tener que discutir con
ustedes este presupuesto.

A continuación, vamos a defender, guiados por el principio absolutamente
coloquial de: del lobo un pelo, un conjunto de enmiendas parciales, a ver
si por lo menos hay ocasión de poner fin a situaciones absolutamente
lastimosas. De las enmiendas que a continuación vamos a defender, señores
miembros del Partido Popular, dentro del cúmulo de propuestas que nos han
sido remitidas por todos y cada uno de los municipios y de los
territorios judiciales de este país, hemos seleccionado aquellas que ya
son de inexcusable cumplimiento, porque se refieren a instalaciones que
se están viniendo abajo, en concreto, el Juzgado de Calamocha, en Teruel,
para el que pedimos sencillamente que se dediquen 40 millones de pesetas,
para que de verdad haya un juzgado. Al Juzgado de Menores, en Teruel
también --parece que Teruel tiene mala suerte--, le pasa exactamente lo
mismo y a él se refiere la enmienda 630. Como en la ciudad, cuando se
produce el abandono quizá lo hagan ustedes para que no haya un agravio
comparativo entre unos órdenes jurisdiccionales y otros, no sólo está mal
el Juzgado de Menores o el Juzgado Civil; es que el Juzgado de lo Social,
sinceramente, merece la misma consideración.

Les pedimos que consideren, si es posible --entre otras cosas porque de
ello depende también la imagen que se está dando-- que en la Región de
Murcia se pueda, iba a decir disfrutar, pero yo diría que se pueda
abusar, porque dado el número de funcionarios que van ustedes a destinar
estaríamos abusando de ellos, de un cuerpo mínimo de intérpretes. El
volumen de población procedente de la inmigración dedicado a las faenas
agrícolas, que se acerca a los 15.000 ciudadanos norteafricanos exige que
tengamos con ellos un elemental cuidado, no sólo desde la perspectiva



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del Ministerio de Justicia sino también desde la de Interior, en cuanto a
que puedan tener esa posibilidad de comunicación de cuáles son las
situaciones que atraviesan, porque detrás de esa incomunicación, lo que
hay es una tentación de abuso. En ese sentido va la enmienda número 632.

La enmienda número 633 se refiere a la inexcusable creación de un tercer
juzgado en la ciudad de Andújar y a nuevas infraestructuras para Baeza y
Villacarrillo. Si ustedes se repasan la propia memoria del Consejo del
Poder Judicial, encontrarán que hay una coincidencia en esta llamada de
atención, así como la hay para que el Instituto Anatómico Forense de
Zaragoza pueda tener una mínima presentabilidad. Hablan ustedes
precisamente en su memoria de la puesta en funcionamiento de cinco nuevos
institutos de Medicina Legal. Pues vamos a ver si el de Zaragoza puede
ser uno de ellos.

Al mismo tiempo, es evidente que, en uno de esos actos generalmente
simbólicos de inauguraciones, prometieron ustedes a la ciudad de Murcia
que iba a gozar ni más ni menos que de la ciudad de la justicia. Nosotros
no les pedimos a ustedes que hagan de la noche a la mañana la ciudad de
la justicia pero, por lo menos, háganle un barrio, de modo tal que tengan
acogida los correspondientes órganos judiciales. Con tales afirmaciones
estoy defendiendo la enmienda número 635, que también se refiere a los
juzgados de Jumilla.

La provincia de Baleares y en concreto la capital, Palma de Mallorca, no
ha tenido mucha suerte. Se lleva hablando desde hace más de 10 años del
nuevo edificio para los juzgados. Mientras tanto, una gran parte de los
juzgados civiles están en un edificio propiedad del Consell, por el que
se paga una suma que sólo con que se hubieran atendido estos ruegos de
hace 10 años se habría amortizado ya y no habría habido necesidad de
seguir pagando, porque es una cifra suficientemente cuantiosa. Vamos a
ver si de verdad, no digo por impulso de esta enmienda 636, sino por el
impulso de que además son ustedes los responsables del Gobierno balear y,
por tanto, deberían preocuparse de aquello, conseguimos que le dediquemos
atención y solucionemos este gravísimo problema. Entre otras cosas, les
quiero recordar a ustedes que la ciudad de Palma de Mallorca parece ser
que recibe alguna que otra visita a lo largo del año de otros ciudadanos
que, lógicamente, pueden tener algún conflicto y tienen que acabar
pasando por los juzgados penales o por los civiles y, sinceramente, no
creo que la impresión que se lleven sea muy buena.

También solicitamos que se haga ya una remodelación seria del juzgado de
Marzán, en la enmienda 637; de la Audiencia de Zaragoza, en la enmienda
638 y, también, del Palacio de Justicia de Cartagena, enmienda 639.

Sinceramente les invitamos, si ustedes quieren, a que cojamos estas
enmiendas que acaba de defender Izquierda Unida y las comparemos, si
tienen deseo de conocer, aunque creo que la saben de sobra, cuál es la
situación, con todo el otro cúmulo que podríamos haber defendido hoy aquí
y que se refiere a una enorme cantidad de edificios y de necesidades,
pero hemos seleccionado las que son ya absolutamente imprescindibles.

¿Para qué? Para cargarnos de razón, para que no parezca que estamos en
una actitud maximalista. Vamos a ver qué resultado corren y según el
resultado que corran, lógicamente, veremos si se confirma la opinión que,
lamentablemente, vamos alimentando de un desprecio absoluto hacia el
servicio público de la justicia.

Es obvio que les adelante ya a ustedes que el conjunto de enmiendas
presentadas por el resto de los grupos parlamentarios, que no son unas
enmiendas de carácter maximalista --las hemos examinado debidamente--,
tanto las del Grupo Socialista, como las del Grupo Mixto, como las del
Partido Democrático de la Nueva Izquierda, van a gozar de nuestra
aceptación y van a ser apoyadas por nuestro voto, porque son,
sinceramente, de cajón, en cuanto a lo que en ellas se pide.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: El Grupo de Convergència i Unió a esta sección
13, Ministerio de Justicia, tiene presentadas dos enmiendas. Procederé yo
a efectuar la defensa de la enmienda 1618, mientras que mi compañero
Ramón Companys defenderá posteriormente la 1624. La enmienda 1618 es una
enmienda recurrente, tal y como fue presentada a los presupuestos para el
vigente año y, por tanto, en el debate parlamentario del año pasado. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.)
Como saben SS. SS., con posterioridad a la transferencia a la Generalitat
de Cataluña de los medios materiales para la Administración de justicia,
con eficacia del día 1 de enero de 1994, se produjo la supresión de las
franquicias postales y telegráficas de las que hasta ese momento había
gozado precisamente esta Administración. Desde luego, en ningún momento
se pusieron en duda las facultades o competencias para acordar la
supresión de dicha franquicia, pero esa supresión ha supuesto y supone en
términos del Derecho administrativo estricto ese factum principis, esa
intervención externa de una de las partes que permite o debería permitir
revisar la financiación de esos medios materiales a los que anteriormente
he hecho referencia. De ahí que en esta enmienda 1618 se solicite que se
establezca la transferencia a las comunidades autónomas, para
financiación de traspasos, por un importe de 3.193 millones de pesetas.

Ciertamente éste es un problema que compartimos con alguna otra comunidad
autónoma y que debiera ser resuelto, así lo entendemos sin duda,
posiblemente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera a
través de un reconocimiento sobre la ampliación de financiación respecto
de funciones y servicios ya transferidos. En cualquier caso, en la medida
en que no se produzca ese acuerdo en el seno de dicho Consejo no tenemos
más posibilidad que presentar esta enmienda a los Presupuestos Generales
del Estado para restablecer un equilibrio que se interrumpió o que se
rompió precisamente ese 1 de enero de 1994 por la supresión de las
franquicias de que gozaban, entre otras administraciones públicas o
sectores de la Administración pública, la Administración de justicia y
que tan negativamente incide en la financiación de esos medios materiales
por parte de



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las comunidades autónomas que asumieron esa competencia con anterioridad.

Por lo demás, como he manifestado anteriormente, señor presidente, la
enmienda 1624 será objeto de defensa por S. S. don Ramón Companys.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: Señoras y señores diputados, el Ministerio de
Justicia y el departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya
suscribieron un convenio de colaboración para la construcción de diversos
edificios judiciales en cumplimiento de lo dispuesto en el punto noveno
del acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de mayo de 1990 sobre convenios
de colaboración entre la Administración del Estado y las comunidades
autónomas. El convenio, firmado el 5 de mayo de 1993, en su punto tercero
prevé la financiación con las siguientes aportaciones. Nueva Audiencia
Provincial de Lleida: aportación del Ministerio 200 millones de pesetas,
la Generalitat 130 y el Ayuntamiento 220; total 550. Si tenemos en cuenta
que en los presupuestos de 1997, por tanto el año pasado, ya constaba la
aportación de 50 millones de pesetas, nuestro grupo parlamentario ha
presentado una enmienda cuya justificación es que es un tema tan simple
como necesario, esto es, el cumplimiento de los compromisos contraídos en
el momento de los traspasos en materia de justicia por parte del
Ministerio, en orden a la construcción del nuevo edificio de la Audiencia
Provincial de Lleida, según convenio de 5 de mayo de 1993 y proponemos el
incremento de 150 millones de pesetas que, conjuntamente con los 200 que
estaban presupuestados el año anterior, complementaría la aportación
total del Estado según el convenio suscrito en su momento.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor
Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, voy a defender las enmiendas
del Grupo Parlamentario Mixto a la sección 13, Justicia, y doy por
defendidas en sus propios términos las enmiendas presentadas por la
señora Almeida, del mismo grupo.

Las enmiendas que ha presentado Unió Valenciana a esta sección son dos,
las números 1 y 2. La primera de ellas hace referencia a la Ciudad de la
Justicia, de Valencia, y la segunda a diversas inversiones en las sedes
de órganos judiciales de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana
tiene transferida la competencia en materia de justicia desde el año
1996, empezando a ser efectiva esa transferencia el día 1 de enero.

Estamos hablando de una transferencia que realizó el anterior Gobierno.

En aquel momento se puso de manifiesto por el Partido Popular y también
por Unió Valenciana que en la negociación con el Ministerio de Justicia
se había llegado a una dotación económica de 3.600 millones que
acompañaba las transferencias en materia de justicia. Posteriormente, en
1996, en los primeros meses de ese camino de año y medio recorrido en
materia de transferencias de justicia, el propio consejero de
Administración Pública de la Generalitat Valenciana, del Partido Popular,
don José Joaquín Ripoll, reconoció la racanería del Ministerio, sobre
todo por las condiciones económicas en que se habían producido las
transferencias de justicia, lo que significaba que grandes proyectos que
debería abordar la justicia valenciana en esos momentos podían estar de
alguna manera invalidados o no tener ninguna viabilidad, por cuanto las
transferencias económicas que debían dar sustento a esos proyectos no se
habían efectuado por el Gobierno central. Se ha producido un cambio de
Gobierno y nosotros consideramos, como lo ha hecho la Administración
pública valenciana, que son necesarias unas inversiones millonarias para
recuperar una red de infraestructuras absolutamente deficiente y que se
transfirió de una manera insuficiente. La propia Consejería de
Administración Pública las ha cuantificado y ha llegado a la conclusión
de que tanto la Ciudad de la Justicia, de Valencia, como la sede de los
órganos judiciales en la Comunidad Valenciana requieren de una
cofinanciación por parte de la Administración de justicia estatal para
que se empiecen a subsanar los problemas causados por el lamentable
estado de los edificios judiciales en diversos municipios de la Comunidad
Valenciana, situación que es muy grave, como lo es en otras regiones y
comunidades del Estado español. En concreto, en la enmienda número 1, se
solicitaban 500 millones para la Ciudad de la Justicia, dado el déficit
de instalaciones y el lamentable estado de las mismas, que aconsejan la
ejecución de un proyecto de esa envergadura; pero es que además no sólo
ha sido el poder político el que ha manifestado lo defectuoso y
deficiente de las transferencias resaltando las infraestructuras tan
deficientes que influyen indudablemente en la calidad del servicio, como
ha puesto muy bien de manifiesto el portavoz de Izquierda Unida, señor
Castellano, sino que además el propio señor Juan José Mari
Castelló-Tárrega, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, que está recuperándose de una grave
enfermedad, por lo que le mando mis más tiernos y familiares saludos para
que salga adelante, en un reciente informe, ponía de manifiesto que la
Administración de justicia, defectuosamente transferida a la Comunidad
Valenciana, necesitaba, sobre todo en partidas para inversiones en los
edificios, de una inyección presupuestaria de 25.000 millones de pesetas,
sólo en la Comunidad Valenciana. No vamos a pedir que eso se haga
realidad en estos presupuestos del año 1998, austeros y recortados, pero
sí por lo menos que el Gobierno central, que ha reconocido que se
transfirieron las competencias de justicia y sobre todo las
infraestructuras de una manera nefasta a la Comunidad Valenciana --que
fue la última comunidad que se benefició de dichas transferencias de las
competencias de justicia--, asuma en parte estas enmiendas para que de
alguna manera podamos contar con unas infraestructuras de calidad y se
consiga lo que creo que es el objetivo final del Ministerio y de todos
los grupos parlamentarios, dar calidad al servicio de la justicia porque
los ciudadanos lo están demandando.




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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra don Leocadio
Bueso.




El señor BUESO ZAERA: Señor presidente, en primer lugar, para oponerme a
las enmiendas a la totalidad de los grupos Socialista e Izquierda Unida
--también Nueva Izquierda, del Grupo Mixto, pero no ha estado presente--,
tengo que decir lo siguiente.

En cuanto al discurso catastrofista que ha realizado la representante del
Partido Socialista, los argumentos de la enmienda que presenta no se
corresponden en absoluto con la realidad, puesto que hay que jugar con
datos reales y no con datos ficticios. No se pueden tomar los porcentajes
ni los datos de una forma parcial y escorada y lo primero que hay que
tener en cuenta en este presupuesto es que en el año 1997 se hicieron
traspasos a las comunidades autónomas por un importe de 37.100 millones
de pesetas. Esas transferencias solamente en Andalucía supusieron unos
20.000 millones de pesetas y esto hay que tenerlo en cuenta. Todo el
mundo sabe que ha habido transferencias de justicia a Andalucía,
Canarias, Galicia y Valencia por el importe al que me he referido
anteriormente, de tal manera que el crecimiento del presupuesto de gastos
del Estado para 1998, cuya media es del 3,2 por ciento, ha repercutido en
el Ministerio de Justicia en el 9,7 por ciento y en términos reales el
incremento es de 15.000 millones de pesetas. Esto es así y esos datos se
pueden comprobar perfectamente. En resumen, quiérese decir que con los
aumentos que ha habido se mantiene el incremento global del presupuesto
del Estado para 1998 en ese 9 por ciento siguiendo la pauta que hubo en
1997 y no se puede decir por la representante del Grupo Socialista que la
justicia no va a mejorar, que todo es un auténtico desastre y que hubo
agujeros en 1997, porque si habláramos de agujeros, había que decir otras
cosas que no son objeto de este debate.

Hay cantidad suficiente para que en el programa 142.A, al que hace
referencia, se incrementen notablemente las plazas en la carrera
judicial, fiscal, secretarios, personal de apoyo, equipos técnicos de
menores, puesta en funcionamiento de los juzgados unipersonales, de lo
contencioso-administrativo, etcétera, pues no hay que olvidar que este
programa 142.A tiene un incremento global del 9,1 por ciento y en el
capítulo 1 hay un aumento del 5,8 por ciento, de tal manera que se
consolida la oferta de empleo de 1997 y los ajustes de plantilla por un
total de 1.360 millones de pesetas y con este presupuesto se pueden y se
van a crear 114 nuevas plazas de magistrados, 30 de fiscales, 95 de
secretarios, 21 de médicos forenses, 313 de oficiales, 395 de auxiliares,
293 de agentes y 149 plazas de personal laboral, que va a tener un
destino especialmente en los futuros equipos de menores y también en la
contratación de peritos para determinadas actividades y en determinados
ámbitos judiciales, como pudiera ser, por ejemplo, el de los juicios
rápidos.

No se nos puede decir lo que se ha dicho por la representante del Grupo
Socialista respecto del libro blanco --y aludo a lo que ha mencionado el
portavoz de Izquierda Unida, el señor Castellano-- porque difícilmente
puede haber previsiones sobre el libro blanco cuando se acaba de
presentar, y eso no quiere decir que no se vaya a tener en cuenta, entre
otras cosas porque lo que se publica es la última versión de este libro y
no lo que con anterioridad se va corrigiendo, que, por cierto, en algunos
puntos cambia bastante. No obstante, estamos haciendo previsiones y se
han recogido en estos presupuestos, de conformidad precisamente con el
libro blanco, por ejemplo, en los módulos, que se suben, y en cuanto a la
exigencia de que se establezcan cargas de trabajo para creación de
órganos jurisdiccionales, etcétera. En cuanto a la jurisdicción
contencioso-administrativa, en concreto y sin perjuicio de la creación de
nuevos órganos jurisdiccionales, en una comisión mixta que se ha creado
--Consejo General del Poder Judicial-Ministerio de Agricultura--, van a
celebrarse una serie de reuniones con los presidentes de Sala de lo
Contencioso-Administrativo porque no solamente hay cuestiones
presupuestarias y legislativas, sino también cuestiones como la creación
de nuevas plazas y la mecánica de procedimientos conforme a las cuales se
rigen estas salas de lo Contencioso-Administrativo.

Por una serie de razones a las que no tengo tiempo de hacer referencia y
sobre las que pasaré muy sucintamente, rechazamos las enmiendas a la
totalidad, porque existe la previsión de creación de 92 nuevos puestos de
órganos judiciales, de los cuales 64, como muy bien ha dicho el señor
Castellano, son de lo Contencioso-Administrativo, 80 nuevas agrupaciones
de juzgados de Paz, que están repartidos en 400 pequeños municipios, y 26
adscripciones permanentes de fiscalías, así como 5 institutos de Medicina
Legal.

Se nos ha dicho por don Pablo Castellano que es necesario que exista la
tutela judicial efectiva y un juicio justo. Estamos totalmente de
acuerdo, pero tenga en cuenta que ese esfuerzo al que el Grupo Popular no
renuncia --y estos presupuestos lo demuestran-- no se agota en los 18
meses que llevamos en el Gobierno. En ese esfuerzo sabemos que podemos
contar con ustedes y espero que cuenten también con nosotros para llevar
a efecto lo que todos sabemos que necesita la justicia. Desde luego, el
tema viene muy de atrás y el señor Castellano lo sabe perfectamente. Sí
que es un objetivo prioritario del Partido Popular la solución de los
problemas de la justicia. Yo le aconsejaría, si me lo permite, que sea
optimista, precisamente dentro de ese buen tono que siempre tiene y de
esas grandes enseñanzas que a todos nos alegran.

En cuanto a que hay un desprecio absoluto de una de las piezas
fundamentales de la justicia, señor Castellano, sabe usted perfectamente
que en absoluto es cierto. Estamos en unos presupuestos rigurosos, muy
restringidos, por razones que todos sabemos, y todos quisiéramos incluir,
por supuesto, más partidas, pero la vista que ha citado para el año 2002
no es achacable ni a los presupuestos ni al Grupo Popular. Por supuesto,
tenemos el máximo interés para que la justicia vaya adelante como debe de
ir. El mismo interés que teníamos cuando estábamos en la oposición lo
tenemos desde el Gobierno, pero tenemos que ajustarnos a una serie de
circunstancias que son obvias. Yo creo que estos presupuestos son
rigurosos y realistas.




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Y pasando ya, señor presidente, a contestar al resto de enmiendas,
quisiera decir lo siguiente.

Respecto de las enmiendas del Grupo Socialista, en cuanto a la número
1217, sobre la informatización del Servicio Jurídico del Estado, se
rechaza al estar previsto en el presupuesto un crédito específico de 45
millones de pesetas asociado al proyecto 86.13.07.00.05, que se incluye
en la aplicación presupuestaria 13.04.126.D.63. La enmienda número 1218,
del Grupo Socialista, se rechaza igualmente puesto que no existe ninguna
reducción real de efectivos, sino una reasignación de créditos
correspondientes al personal de la Administración de justicia destinado
en los registros civiles, cuyos créditos son traspasados al programa
142.A. La 1219, también del Grupo Socialista, se rechaza por considerar
que el gasto en vestuario es muy reducido, ya que reglamentariamente sólo
se asigna a los objetores que les corresponde por la naturaleza de su
destino. Además en el capítulo 4 de este programa se incluye el coste del
vestuario que pueda derivar en los conciertos a suscribir. En
consecuencia, la responsabilidad de proporcionar vestuario en su caso
corresponde a la Administración u organización que constituye la otra
parte de los conciertos. Aquí quisiera decir que no es justo que existan
facturas de biquinis y también de cacerolas, correspondientes a un
período anterior, responsabilidad del Gobierno socialista, para
objetores, porque creo que eso no es en absoluto ni serio ni riguroso. La
enmienda número 1220 se rechaza igualmente por considerarse suficiente
para los objetivos del programa 313.F el crédito existente en el
presupuesto por importe de 248 millones de pesetas. La enmienda número
1221 se rechaza por considerarse suficiente para los objetivos el
programa al que he hecho referencia existente entre los presupuestos por
importe de 122 millones de pesetas. La enmienda número 1222 se rechaza
por considerarse también suficiente para los objetivos de este programa
existente en el presupuesto por importe de 1.501 millones de pesetas. La
enmienda número 1223, la última del Grupo Socialista, se rechaza por
considerarse suficiente para los objetivos del programa el crédito
existente en el presupuesto, que se adapta perfectamente a las
necesidades derivadas de las reformas legislativas que entran en vigor en
1998.

En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, la número 629, que es al
programa 141.A, el alta que se propone no sería en el artículo 62, nueva
construcción, sino en el 63, reformas, pero, en todo caso, se rechaza
esta enmienda ya que la obra de referencia es conocida por el
departamento en lo que se refiere al Juzgado de Instrucción de Calamocha.

Yo tengo el honor de haber defendido esta enmienda durante muchas
legislaturas. Yo soy de la provincia de Teruel y la he defendido, pero
tengo que decirle al señor Castellano que no se admite la enmienda entre
otras cosas porque prácticamente el problema está solucionado. Hay un
edificio que ha realizado el Ayuntamiento de Calamocha. Está ya
prácticamente en su fase de terminación y se va a realizar un convenio en
breves fechas. Es decir, que la obra está ya prácticamente realizada. Por
tanto, le agradecemos, y yo de manera especial, que se haya acordado del
Juzgado de Calamocha, pero ya está solucionado prácticamente.

En cuanto al Juzgado de Menores de Teruel, respecto al alta que se
propone, le digo lo mismo, que antes. Sería en todo caso en el artículo
63. Se rechaza porque no figura dentro de las prioridades. A mí
personalmente sí me gustaría que el Juzgado de Menores de Teruel se
pudiese ubicar en otro sitio, pero tendría que ser en otros presupuestos
que sean un poco más expansivos. En cuanto al Juzgado de lo Social,
también de Teruel, el alta que se propone tendría que ser en todo caso en
el artículo 63, y las razones son las mismas que antes.

En cuanto a la enmienda número 632, respecto de los intérpretes de los
juzgados de Murcia, los intérpretes que actúan en la Administración de
justicia no pertenecen a cuerpos de funcionarios sino a laborales. En
todo caso, se desestima la enmienda, ya que como está previsto y existe
dotación presupuestaria para el incremento de plazas de personal laboral
y algunas serán para nuevos intérpretes. No le quepa ninguna duda.

La enmienda número 633, también de Izquierda Unida, se rechaza, ya que
las competencias en la materia corresponden a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de conformidad con el Real Decreto 142/1997, de 31 de enero,
sobre traspaso de funciones, causa por la cual no existe en el anexo de
inversiones el proyecto de Andalucía.

La enmienda número 634 se rechaza también, ya que el anexo de inversiones
--se refiere al Instituto Anatómico Forense de Zaragoza-- recoge
expresamente un proyecto, el número 98.13.02.02.11, con dotación para
iniciar las obras de dicho instituto; es decir, que se va a realizar.

La enmienda número 635, referente a los órganos judiciales de Murcia y
Jumilla, se rechaza, ya que el anexo de inversiones no recoge
expresamente ninguna de esas obras, aunque durante la ejecución
presupuestaria se estudiará su inclusión, una vez que se despejen los
problemas urbanísticos pendientes que existen en Murcia.

La enmienda número 636, referente al Palacio de Justicia de Palma de
Mallorca, se rechaza, ya que el anexo de inversiones en el proyecto de
referencia contiene los créditos necesarios para terminar las obras en
los próximos años, con un coste para el período de 1.450 millones de
pesetas, no siendo necesario incrementar esta dotación, dada la rebaja de
costes que ha conseguido el departamento de Justicia en las
contrataciones que está realizando.

La enmienda número 637 se rechaza, ya que este departamento elabora como
todos los años un plan de reposición preferente donde se incluirán obras
de menor cuantía como la de Monzón. Es la referida a la remodelación del
Juzgado de Monzón. Dicho plan se financiará con dotación de proyectos que
se atrasen por imprevistos y por sobrantes derivados de las rebajas de
costes en las contrataciones.

La enmienda número 638, respecto de la remodelación de la audiencia de
Zaragoza, se rechaza, ya que el departamento de Justicia en el proyecto
de inversión 98.13.02.02.01 contempla esta remodelación con una previsión
presupuestaria mínima de 5 millones de pesetas para el año 1998 y 25
millones de pesetas para el año siguiente. Ambas cantidades se
acumularían en la primera anualidad --es decir, en 1998-- si los
remanentes de la ejecución presupuestaria lo permitieran.




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La enmienda 639, la última de Izquierda Unida, se rechaza, ya que el
departamento de Justicia, en el proyecto al que vengo haciendo
referencia, contempla la financiación del Palacio de Justicia de
Cartagena con una previsión de 25 millones para 1998 y 275 para cada uno
de loa años hasta el 2000. Respecto al Juzgado de Paz, se estudiará la
inclusión en el plan de reposición preferente que se elabore para atender
pequeñas obras.

Paso a las enmiendas de Convergència i Unió. En la en 1618, consideramos
que la transferencia de 3.193 millones a las comunidades autónomas, para
cubrir nuevos gastos por la supresión de franquicias en los envíos
postales telegráficos, las transferencias a las comunidades autónomas en
materia de Administración de justicia se han efectuado en virtud de
distintos reales decretos a partir del año 1986; en los distintos
momentos se efectuó la evaluación económica de los traspasos de acuerdo
con las asignaciones presupuestarias del ejercicio correspondiente y las
eventuales obligaciones surgidas con posterioridad deben, en principio,
ser asumidas por los nuevos órganos gestores con cargo a sus créditos
globales. En cualquier caso, de haber existido algún error de cálculo en
su momento, la transferencia adicional requerida debería figurar en la
sección 32, entes territoriales, y no en el proyecto del Ministerio de
Justicia, pero para ello sería necesario el previo acuerdo de la Comisión
Mixta paritaria Estado-comunidad autónoma respectiva. Por tanto,
rechazamos esta enmienda.

No sucede así con la enmienda 1624, de Convergència i Unió, que
admitimos. Simplemente, en lo que respecta al programa, en su momento se
concretará; pero repito que se admite y el programa ya se verá. Es la
referida a incluir el concepto 450, transferencias a comunidades
autónomas, en el programa 142.A con un crédito de 150 millones con
destino a la Generalitat de Cataluña para inversión en infraestructuras,
concretamente para construir el edificio de la Audiencia Provincial de
Lleida.

En lo que respecta, y voy terminando, señor presidente, a la enmienda
número 1, de Unión Valenciana, referente al proyecto de la Ciudad de la
Justicia en Valencia, la rechazamos, porque no procede en esta sección 13
el traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma Valenciana en materia de medios materiales de la Administración
de Justicia, conforme al Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, que
comprendió en su día los créditos de inversiones. No obstante, y teniendo
en cuenta que son unos presupuestos austeros, se estudiará esta cuestión
en su momento para hacer los convenios correspondientes.

De la enmienda número 2, sobre el proyecto por importe de 10.000 millones
de pesetas para edificios sedes de órganos judiciales en la Comunidad
Autónoma Valenciana, su rechazo está motivado por el traspaso de
funciones también a la Administración de Justicia, como he dicho
anteriormente y por las mismas razones.

Sobre la enmienda número 351, la última de Unión Valenciana, para la
creación del segundo Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante,
hemos de decir que la creación de nuevos órganos judiciales no se realiza
automáticamente a través de un crédito presupuestario específico. Sólo
por medio de lo previsto en la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, la Ley de
Demarcación y Planta judicial, es posible crear órganos judiciales y en
esta caso la planta correspondiente a Alicante está completa, por lo que
la creación propuesta debe esperar a la revisión de la citada ley.

En lo que respecta a las enmiendas de Nueva Izquierda, integrada en el
Grupo Parlamentario Mixto, las razones a las que he hecho referencia
cuando he hablado de la enmienda a la totalidad al resto de los grupos
las doy por reproducidas.

La enmienda número 350, de supresión de la transferencia corriente a la
fundación Justicia en el Mundo, no la admitimos, por entender que el
interés social de la fundación está suficientemente probado, ya que
depende de la Unión Internacional de Magistrados, asociación de gran
prestigio, creada en 1953, constituida actualmente por 47 asociaciones
judiciales de otros Estados, órgano consultivo de las Naciones Unidas y
asesor del Consejo de Europa. La fundación de referencia es una creación
de ámbito internacional y tiene como patronos a personajes de todas las
ideologías. Esta subvención tiene por objeto colaborar a su mantenimiento
y especialmente a la convocatoria y gastos del premio internacional
Justicia en el Mundo.

La enmienda número 352, para financiar la creación de un Juzgado de lo
Social de Alcoi, también la rechazamos, como la otra, porque la creación
de nuevos órganos judiciales no se realiza automáticamente a través de un
crédito presupuestario específico. No obstante, desde hace tiempo el
departamento de Justicia tiene previsto contemplar la creación de un
Juzgado de lo Social en Alcoi cuando se reforme la citada Ley de
Demarcación y Planta.

La enmienda número 353, y última de Nueva Izquierda, sobre la
financiación para la creación de un Juzgado de Primera Instrucción en
Torrevieja, la rechazamos por las mismas razones aludidas anteriormente.




El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de la sección número 13,
correspondiente al Ministerio de Justicia.

Vamos a proceder a las votaciones de los temas debatidos esta mañana.

Para dar tiempo a que los miembros de la Comisión estén en la sala, vamos
a suspender cinco minutos. Ruego a los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios que, como vamos a votar en primer lugar el puesto de
vicepresidente segundo de la Mesa, entreguen a los letrados los nombres
de aquellos diputados que sustituyan a otros diputados miembros de la
Mesa, ya que vamos a llamar por el nombre. También, en lo posible, las
votaciones separadas que se soliciten de los temas debatidos esta mañana.

Suspendemos cinco minutos.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
previstas para esta mañana.




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Deseo indicar a SS. SS. que el Grupo Parlamentario Socialista en estos
momentos tiene 13 miembros, en vez de 14, por haberse solicitado una
sustitución sin indicar el nuevo miembro de la Comisión. Hasta que no se
subsane este problema, el Grupo Parlamentario Socialista votará con 13
miembros.

Votamos la provisión del puesto de vicepresidente segundo de la Mesa de
esta Comisión de Presupuestos. Será una votación nominal, por lo que
llamaremos a cada miembro de la Comisión. Supongo que SS. SS. habrán
tenido tiempo de escribir un nombre en la papeleta correspondiente.




Por el señor letrado se procede a dar lectura de los miembros de la
Comisión presentes y sustituidos.




El señor PRESIDENTE: Señorías, por unanimidad, doña Presentación Urán ha
quedado designada vicepresidenta segunda de la Comisión de Presupuestos.

Ruego a la señora Urán que se incorpore a la Mesa; para hablar con mayor
precisión, la ruego que se reincorpore. (Aplausos.)
Además, señorías, de acuerdo con el letrado, se ha subsanado el problema
formal del nombre que faltaba para el Grupo Socialista y, por tanto,
volvemos a votar el número de miembros de la Comisión que dijimos ayer:
17, por el Grupo Popular; 14, por el Grupo Socialista; tres, por
Izquierda Unida; tres, por Convergència i Unió, y uno por el resto de los
grupos.

Vamos a proceder, señorías, a las votaciones correspondientes a los temas
debatidos en la mañana de hoy, empezando con los títulos finales del
articulado de la ley.

Título VII. El Grupo Socialista ha presentado tres enmiendas y ha
solicitado votación separada para cada una. (El señor Gimeno Marín pide
la palabra.)
Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Señor presidente, he pedido la palabra para
clarificar que la votación separada que se ha pedido de las enmiendas
1193, 1194 y 1195 tienen que ver la primera con las comunidades autónomas
que no aceptan el modelo de financiación; la segunda tiene que ver con el
censo a efectos de financiación autonómica, y la enmienda 1195 tiene que
ver con la deuda histórica de Extremadura y Andalucía. De esta manera
clarifico por qué razón se pedía esa votación separada.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda número
1193.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 1194.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la enmienda.

Enmienda 1195.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.

Enmiendas de Izquierda Unida. Las votaremos en tres bloques: en el primer
bloque la 595; en el segundo las números 580, 582, 584, 585, 586 y 588; y
en el tercer bloque el resto de enmiendas presentadas por Izquierda
Unida.

Por tanto, votamos en primer lugar la enmienda 595.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 36; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

A continuación votamos las enmiendas números 580, 582, 584, 585, 586 y
588.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Mixto. En primer lugar, enmiendas
presentadas por la señora Almeida. Vamos a votar separadamente la 327, y
luego las números 326 y 328 conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 327.

Enmiendas números 326 y 328.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las dos enmiendas.

Enmiendas presentadas por don Guillermo Vázquez. En primer lugar,
enmienda número 110.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 22; abstenciones, 17.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.

Enmienda número 111.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas presentadas por doña Pilar Rahola números 517 y 522.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas presentadas por el señor Saura y la señora Rivadulla. Vamos a
votarlas de la forma siguiente: en primer lugar la 211; en segundo lugar,
las enmiendas números 208 y 210 conjuntamente; en tercer lugar las
números 204, 205, 207 y 209; y por último las restantes, que son las
enmiendas números 206 y 212.

Empezamos, por tanto, por la enmienda 211.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 22; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada dicha enmienda.

Enmiendas números 208 y 210.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 39.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas señaladas
anteriormente.

Enmiendas números 204, 205, 207 y 209.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Restantes enmiendas, es decir, las números 206 y 212.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas dichas enmiendas y hemos votado ya
la totalidad de enmiendas del título VII.

Para la votación del título VII tengo constancia de votación separada de
los artículos setenta y dos a ochenta, ambos inclusive. (El señor Gimeno
Marín pide la palabra.)
Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Señor presidente, pedimos que se vote
separadamente el artículo ochenta y seis pero fuera de ese bloque.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, vamos a votar en tres bloques. El
primer bloque está compuesto por el artículo ochenta y seis.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, cuatro; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo ochenta y seis.

Artículos del setenta y dos al ochenta, ambos inclusive.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en
contra, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los artículos mencionados.

Restantes artículos del título VII.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Pasamos ya al título VIII. Hay enmiendas de Izquierda Unida, tres
enmiendas de las cuales vamos a votar separadamente la 592 y, luego,
conjuntamente las enmiendas números 591 y 593.

Enmienda 592.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas números 591 y 593.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 36; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas del Grupo Mixto. En primer lugar, la número 518 presentada por
doña Pilar Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro,
en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada dicha enmienda.

Enmiendas del Grupo Mixto presentadas por el señor Chiquillo, enmienda
número 86.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 36; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, por tanto, el título VII. Tenemos solicitud de votación separada
de los artículos ochenta y uno a ochenta y cinco, por una parte; ochenta
y seis, ochenta y siete, puntos



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3, 4 y 5, por otra, y el resto del título como un tercer bloque. (El
señor Ríos Martínez pide la palabra.)



El señor RIOS MARTINEZ: En votación separada el ochenta y ocho.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar en cuatro bloques.

Primer bloque, artículos ochenta y uno al ochenta y cinco, ambos
inclusive.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

En segundo lugar, votamos el artículo ochenta y seis, y del artículo
ochenta y siete los puntos 3, 4 y 5.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.

Artículo ochenta y ocho.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Resto de artículos del título VIII.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en
contra, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del título VIII.

Pasamos ahora a las disposiciones adicionales, nuevas, transitorias y
anexos. Vamos a dividirla en cuatro bloques: las adicionales, las
adicionales nuevas, las transitorias y finales, y en un cuarto bloque los
anexos.

Empecemos por las adicionales. Del Grupo Socialista se ha solicitado
votación separada de la 1198 y vamos a votar las tres restantes en otro
bloque.

Enmienda 1198.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 22; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 1196, 1197 y 1199.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En relación a las enmiendas de Izquierda Unida vamos a votar la número
599 por una parte; las números 600 y 602 conjuntamente, por otra, y el
resto en un tercer bloque.

Votamos ahora la enmienda 599.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 600 y 602.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 36; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene en estas
disposiciones adicionales la enmienda 1595, respecto de la cual se ha
presentado una transaccional. Está repartida y SS. SS. disponen de ella.

Por tanto, vamos a votar la enmienda transaccional.




El señor GIMENO MARIN: Señor presidente, para no equivocarme, porque
tengo dos hojas con enmiendas transaccionales, ¿me podría indicar a cuál
se refiere específicamente?



El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la transaccional presentada tanto a la
enmienda número 194, del Grupo Mixto, presentada por la señora
Lasagabaster, como a la enmienda 1595, presentada por Convergència i
Unió.




El señor GIMENO MARIN: ¿Es la relativa al pago de deudas con la Seguridad
Social?



El señor PRESIDENTE: No, a actividades y programas prioritarios de
mecenazgo. Sus señorías la tienen porque ha sido distribuida.

Votamos, por tanto, la transaccional.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos a la enmienda 1451, del Grupo Vasco.




El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, simplemente quisiera saber si
las otras tres enmiendas de disposiciones adicionales son nuevas y están
dentro del grupo de las nuevas.




El señor PRESIDENTE: Si se refiere a sus enmiendas números 1593, 1594 y
1599, las vamos a votar dentro de las disposiciones adicionales nuevas.

Hemos ordenado así la votación.

Votamos la enmienda 1451 del Grupo Parlamentario Vasco.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 23.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas presentadas por el Grupo Mixto. Entre las tres presentadas por
doña Pilar Rahola, vamos a votar separadamente la 526.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 22; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas 524 y 525, presentadas por doña Pilar Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 22; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 195, presentada por la señora Lasagabaster, puesto que la 194 ha
sido transaccionada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 36; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 213, presentada por el señor Saura y la señora Rivadulla.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Votamos ahora el articulado del conjunto de las disposiciones
adicionales. Hay solicitud para votar de forma separada la novena y la
decimotercera, conjuntamente.




El señor RIOS MARTINEZ: Solicito votación conjunta de la séptima y
octava, conjuntamente.




El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, las disposiciones
adicionales séptima y octava.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Perdón, señor presidente, ¿estamos votando
todas las enmiendas adicionales nuevas?



El señor PRESIDENTE: No, hemos votado las disposiciones adicionales
séptima y octava, no las nuevas.

Ahora vamos a votar la novena y la decimotercera.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Resto de disposiciones adicionales, no nuevas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en
contra, tres; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Pasamos ahora, señorías, a las disposiciones adicionales nuevas. Hay
cuatro enmiendas presentadas por el Grupo Socialista 1200, 1201, 1202 y
1631. No hay demanda de votación separada; vamos a votarlas
conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de Izquierda Unida. Votamos en primer lugar y separadamente la
enmienda número 604 bis. Luego votaremos el resto de enmiendas de
Izquierda Unida en otro bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 37.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de Convergència i Unió. Vamos a votar separadamente las tres
enmiendas, una de ellas --la 1594-- ha sido objeto de proposición de
enmienda transaccional.

Señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, mi grupo no acepta esta
enmienda transaccional a no ser que se pudiera admitir una propuesta de
corrección de esta enmienda transaccional, pero tal como está formulada
en su literalidad no la aceptamos. Por tanto, mantenemos la enmienda
original y no la transaccional a no ser que se pueda aceptar alguna
corrección de la misma.




El señor PRESIDENTE: Hay que preguntar al Grupo Parlamentario Popular si
acepta estas correcciones porque es un requisito necesario para que
podamos votarlas.

Señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor presidente, estamos hablando de la
transaccional a la enmienda 1594 del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
lo digo a efectos de que mis colegas del Grupo Socialista puedan seguir
el cambio de impresiones.

Por parte del Grupo Popular se considera expresada su posición política
en el contenido de la transaccional y tiene que dejar constancia de que
recibimos con simpatía la reflexión que nos hace el Grupo de Convergència
i Unió y le



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expresamos en este sentido que podríamos seguir conversando en torno a
esta enmienda y alcanzar un marco de coincidencia cuando celebremos el
debate en Pleno. Por tanto, rogamos a la Presidencia que se mantengan las
votaciones en su sentido original entendiéndose retirada, lógicamente, la
transaccional por parte del Grupo Popular al efecto de que se pueda votar
la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, para agradecer la buena
predisposición del Grupo Popular a continuar hablando sobre esta enmienda
en el trámite de Pleno y vamos a facilitar que esto sea posible para
poder concluir en un satisfactorio y buen acuerdo en torno a esta
enmienda.




El señor PRESIDENTE: En este caso entiende la Presidencia que se ha
retirado la transaccional, y por tanto se va a votar la enmienda 1594
como la presentó el Grupo de Convergència i Unió.

Vamos a votar separadamente, como he indicado anteriormente, cada una de
las tres enmiendas de Convergència i Unió, empezando por la 1593.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmienda número 1594.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 1599.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 1599. (Varios señores
diputados indican que la enmienda 1599 ha sido aprobada.) Perdón, la
enmienda 1599 ha sido aprobada por 22 votos a favor y 18 en contra.




El señor RIOS MARTINEZ: El resultado que ha dicho la Presidencia ha sido
18 votos en contra y 22 a favor, y fueron 18 abstenciones, no votos en
contra.




El señor PRESIDENTE: Muy bien. A efectos de que quede correctamente
anotado, repitamos: 22 votos a favor y 18 abstenciones, por tanto la
enmienda queda aprobada.

Enmiendas de Coalición Canaria. Vamos a votar separadamente las dos
enmiendas, empezando por la 1506.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.

El señor PRESIDENTE: Hay que acudir a la ponderación de Pleno respecto de
esta votación. (Pausa.)
Señorías, efectuada la ponderación por el número de diputados de cada uno
de los grupos en el Pleno, queda aprobada la enmienda 1506, de Coalición
Canaria, por 176 votos a favor y 172 votos en contra.

Pasamos ahora a votar la enmienda 1508. Señor Mauricio, estamos votando
su segunda enmienda.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Señor presidente, me he quedado tan contento
con la primera, que ya casi hasta las regalo. Cuente con mi voto a favor.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la enmienda 1508.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas del Grupo Mixto presentadas por el señor Saura y la señora
Rivadulla. En primer lugar, vamos a votar la enmienda 214 aisladamente y
el resto de enmiendas en otro bloque.

Enmienda 214.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 22; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Resto de enmiendas presentadas por el señor Saura.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 21; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Enmiendas presentadas por doña Cristina Almeida. Vamos a votar
conjuntamente las números 338 y 346; y en otro bloque el resto de
enmiendas.

Enmiendas 338 y 346.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 21; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas presentadas por doña Cristina Almeida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 21; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el señor Chiquillo, de la número 77 a la número
88.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 21; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 196 presentada por la señora Lasagabaster.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 21; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las enmiendas presentadas por doña Pilar Rahola, votamos en primer
lugar la número 519.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 21; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 520 y 521, de la señora Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 21; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos, señorías, a las disposiciones transitorias y finales. En primer
lugar vamos a votar separadamente las dos enmiendas socialistas.

Enmienda número 1203.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 1204.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 21; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Ha sido retirada la enmienda número 1452 del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV). Por tanto, no hay que proceder a su votación. Sí que tenemos
que votar el articulado de esas disposiciones transitorias y finales.

Señor Ríos, tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Pido la votación separada de la disposición
transitoria tercera.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la disposición transitoria tercera.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Resto del articulado de esta parte que está sometida a votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, tres; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos ahora las enmiendas correspondientes a los anexos.

Enmiendas números 1205 a 1207 del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de Izquierda Unida. En primer lugar, votación de la enmienda
número 610.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 611 y 612.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 35; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 1596, de Convergència i Unió.

Tiene la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: No procede, señor presidente. Está comunicada la
retirada de la enmienda en cuestión.




El señor PRESIDENTE: Pues no la teníamos anotada.




El señor HOMS I FERRET: Será que quizá no han estado pendientes cuando lo
hemos dicho.




El señor PRESIDENTE: No, no, porque se entregan a la Mesa por escrito,
señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: En todo caso, pido disculpas porque lo hemos
expresado verbalmente pero no por escrito.




El señor PRESIDENTE: Por tanto, la enmienda 1596, de Convergència i Unió,
se ha retirado.

Señor Zabalía, ¿ha retirado el Partido Nacionalista Vasco las enmiendas
1453 y 1456?



El señor ZABALIA LEZAMIZ: hemos retirado de la 1453 a la 1456, es decir,
la 1453, la 1454, la 1455 y la 1456.




El señor PRESIDENTE: Tampoco habíamos tomado nota correctamente. Así
pues, quedan retiradas las cuatro enmiendas presentadas por el Grupo
Vasco.

Coalición Canaria ha presentado la enmienda 1509 y no está retirada,
señorías, por lo que debemos votarla.

Enmienda 1509, de Coalición Canaria.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 348, del Grupo Mixto, presentada por doña Cristina
Almeida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 35.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar los anexos. Se ha pedido votación separada de los anexos II
y V. ¿Hay alguna demanda más?
Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Solicitamos la votación por separado de los anexos
II y V, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Sí, señor Gimeno, vamos a votarlos por separado y
luego votaremos conjuntamente el resto de anexos.

En primer lugar, votamos el anexo II.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el anexo II.

Anexo V.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36;
abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el anexo V.

Resto de anexos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los restantes anexos.

Pasamos, señorías, a votar la sección 12. Posteriormente votaremos la 13
y, por último, la 16.

Sección 12. Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. No hay demanda
de votación separada.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista.

Enmiendas de Izquierda Unida. Vamos a votar en un primer bloque las
enmiendas números 615, 619, 622, 623 y 625.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el señor Saura, del Grupo Mixto. En primer
lugar, vamos a votar conjuntamente las enmiendas 217, 220 y 224.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 218, 219, 221, 222 y 223.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 479, presentada por doña Pilar Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 39.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la totalidad de la sección 12, correspondiente al Ministerio de
Asuntos Exteriores.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en
contra, tres; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos ahora a votar la sección 13, correspondiente al Ministerio de
Justicia.

Votaremos, en primer lugar, la enmienda 1223, del Grupo Parlamentario
Socialista, y luego el resto de enmiendas de este grupo. (El señor Gimeno
Marín pide la palabra.) ¿Señor Gimeno?



El señor GIMENO MARIN: Simplemente para clarificar, para que lo considere
el Grupo Popular, que la enmienda 1223 se refiere al cuartel de la
Guardia Civil de Ubeda. Supongo que los expertos sabrán de qué va. (El
señor Aguirre Rodríguez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Señor Aguirre?



El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor presidente, quiero decirle a la
experiencia del señor Gimeno que el cuartel de Ubeda está incorporado al
dictamen por una enmienda presentada por el Grupo Popular.




El señor GIMENO MARIN: Me alegra saberlo, señor presidente, porque
supongo que así no tendrá ningún problema en incorporar también la
enmienda el Grupo Popular.




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El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Le agradezco su petición pero, como ya
tenemos incorporada esa cantidad, vamos a mantenernos en el contenido del
dictamen.




El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno, la enmienda 1223 corresponde al
Ministerio de Justicia y tiene que ver con el capítulo de tribunales de
justicia y ministerio fiscal.




El señor GIMENO MARIN: De acuerdo. Mantenemos la petición de votación
separada.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, la enmienda 1223 del
Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas de Izquierda Unida. La Mesa no tiene constancia de
ninguna solicitud de votación separada. Si esto es así, vamos a votar
conjuntamente todas las enmiendas de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Vamos a
votar separadamente la 1618 y la 1624.

Votamos la enmienda 1618.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete;
en contra, 19; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la enmienda 1624.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos, en primer lugar, las
enmiendas 349, 350, 351, 352 y 353, presentadas por doña Cristina
Almeida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, votamos las enmiendas 1 y 2, presentadas por el señor
Chiquillo.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, vamos a votar la totalidad de la sección 13, correspondiente al
Ministerio de Justicia.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas correspondientes a la sección 16, relativas al Ministerio de
Interior. Vamos a votar en dos bloques las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista. (El señor Gimeno pide la palabra.)
Señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Aquí, señor presidente, sí que es la 1244, de
Ubeda.




El señor PRESIDENTE: Ya está previsto votarla separadamente. Señor
Gimeno, vamos a votar esa enmienda y, luego, el resto de enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista.

Enmienda número 1244.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de Izquierda Unida. En primer lugar, votaremos conjuntamente
las números 663 y 667.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, votaremos en un solo bloque las enmiendas 664, 657, 658
y 660.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




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Enmienda número 1625 de Convergència i Unió. A esta enmienda se ha
presentado una transaccional que se ha redistribuido a SS. SS. Donde dice
247 millones de pesetas debe decir 191 millones de pesetas. ¿Acepta
Convergència i Unió la propuesta transaccional? (Asentimiento.)
Por lo tanto, vamos a votar la enmienda transaccional propuesta en
relación a la enmienda número 1625.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, las cinco
enmiendas de doña Cristina Almeida, de la 355 a la 359, ambas inclusive.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, enmiendas del Grupo Mixto presentadas por el señor
Saura y la señora Rivadulla. Como no hay demanda de votación separada los
votamos conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas números 3 y 4, presentadas por el señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 158 presentada por la señora Lasagabaster.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 38.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por último, votación de totalidad de la sección 16.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 17; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 16. (El señor Homs i
Ferret pide la palabra.)
Señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: ¿Nos puede indicar cuál será el orden de las
secciones que debatiremos esta tarde?



El señor PRESIDENTE: Puesto que se ha solicitado pasar a la sesión de
mañana la sección 15, de Economía, esta tarde empezaremos por Defensa y
seguiremos con Educación, sección 18; Trabajo, 19; Industria, 20, y
Agricultura, 21. Pretendemos votar a partir de ese momento y continuar
con una única sección, después del ligero refrigerio, que será la sección
17 que se refiere a Fomento.

¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Quedamos emplazados a seguir con el debate a las 16,30.

Se suspende la sesión.




Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a seguir con el horario previsto.

Comenzamos a debatir la sección 14, correspondiente al Ministerio de
Defensa. Han presentado enmiendas a esta sección el Grupo Parlamentario
Socialista, el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo de Coalición Canaria,
el Grupo Mixto y el Grupo Popular. Por ese orden vamos a dar la palabra a
cada grupo parlamentario.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Marsal.




El señor MARSAL MUNTALA: Señorías, al analizar el presupuesto de Defensa
y considerar las distintas enmiendas que podían presentarse, hemos
desistido de presentar muchas que afecten a proyectos concretos que
creemos que podrían mejorarse, porque teniendo en cuenta que los
innumerables cambios de partidas que se realizan a lo largo del año por
el propio Ministerio ya garantizan la gestión real de los proyectos
concretos, hemos decidido presentar, aparte de la enmienda de totalidad
que defenderemos en el Pleno, dos enmiendas concretas de significado
político que creemos que pueden ser aceptadas por los demás grupos, y
concretamente por el grupo mayoritario, Grupo Popular, ya que en el fondo
estamos seguros de que comparten la misma filosofía que subyace a estas
dos enmiendas.

En primer lugar, la número 1225 es una enmienda referente a consignar una
cantidad para la destrucción de minas antipersona. Hemos discutido y
tomado acuerdos en esta Cámara, así como también el Gobierno ha expresado
su firme voluntad de firmar los acuerdos de Ottawa en su momento, por lo
cual destruiríamos todas o casi todas las minas antipersonas que están en
manos del ejército, excepto una pequeña cantidad para entrenamiento. Por
los datos de que disponemos, la destrucción de estas 700.000 minas que
existen en este momento supondría un coste alrededor de unos 650
millones. El Ministerio ha manifestado en algún momento que piensa
realizarlo en el plazo de unos tres años. Las ONG que han llevado la
campaña en contra de las minas antipersonas han pedido que se haga en un
año. Nuestra propuesta es que se realice en dos años. Concretamente, para
el presupuesto del año 1998 pedimos la creación de un proyecto para
destrucción de minas antipersonas que se englobaría dentro del
superproyecto 9008, de municiones y explosivos, dotándolo de una cantidad
de unos 300 millones y dejando para el presupuesto del año 1999 otros 350
millones.




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Este es un mensaje básicamente político. Estamos casi convencidos de que
el Ministerio piensa dedicar estas cantidades en alguna partida, pero
sería un mensaje positivo para la opinión pública, en un tema que ha
despertado su interés en los últimos tiempos, que constara explícitamente
un proyecto a realizar en dos años para su destrucción. Es una enmienda
que podría ser fácilmente aceptable, que no significa ningún incremento
de gasto y que es, repito, un claro mensaje político a la sociedad.

La segunda enmienda que hemos presentado es la 1226, que pretende
aumentar el concepto 140 del capítulo 1, en el cual se incluyen los
gastos para el personal de servicio militar. Es una partida que está
dotada con 11.674 millones para el presupuesto del año que viene. Nuestra
propuesta es incrementarla en 7.000 millones de pesetas. ¿Cuáles son las
razones que nos mueven a presentar esta enmienda? En primer lugar,
garantizar un compromiso del Partido Popular durante su estancia en la
oposición, también en su programa electoral, por el que se comprometían a
mejorar el haber en mano que se asignaba a los militares de reemplazo, y
que este año es más fácil debido a la fuerte disminución de soldados que
habrá. Por otra parte, es un gasto que no se consolidaría. A partir de la
desaparición del servicio militar este gasto estaría incorporado dentro
de los gastos de profesionalización. Con una consignación de 18.000
millones sería posible, teniendo en cuenta que el año que viene habrá
entre 90.000 y 100.000 soldados de reemplazo cada día, por un lado,
asignar una media de 20.000 pesetas a aquellos que tienen misiones que
significan una especial preparación, penosidad o peligrosidad, que serían
aproximadamente la mitad, unos 50.000. En este momento se asignan
cantidades que van desde las 5.000 hasta las 20.000 pesetas. Con esta
media podríamos aumentar el conjunto y supondría un gasto de unos 12.000
millones. Por otra parte, el haber en mano a los otros 45.000 ó 50.000
soldados que no tienen misiones de especial preparación, penosidad o
peligrosidad se podría garantizar una media para todos de 10.000 pesetas
mensuales, lo cual significaría un gasto de 6.000 millones. Por tanto,
los 12.000 millones anteriormente mencionados sumados a estos 6.000,
arrojan los 18.000 con los que proponemos se dote este concepto 140.

Creemos que la filosofía de esta enmienda puede ser asumida por todos los
grupos, incluido el Grupo Popular. Además, tendría la ventaja de
incentivar, en estos momentos de transición, a los que están llamados a
realizar el servicio militar.

Estas son las dos enmiendas que hemos presentado, para las cuales pedimos
el voto de todos los grupos. Al mismo tiempo quiero indicar, como muestra
de esta voluntad de llegar a acuerdos y consensos en enmiendas concretas,
que votaremos afirmativamente una de las enmiendas del Partido Popular,
las dos de Coalición Canaria y algunas que han presentado los diferentes
partidos del Grupo Mixto.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Marsal, por la administración de su
tiempo.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Ríos.

El señor RIOS MARTINEZ: Voy a defender muy brevemente las enmiendas que
ha presentado Izquierda Unida, tanto a la globalidad de la sección como
las parciales dirigidas a los mismos objetivos que contiene la filosofía
de la enmienda a la globalidad.

Los dos grandes retos que tienen nuestras Fuerzas Armadas son la
modernización, el equipamiento y la profesionalización. Pero por encima
de esos dos grandes objetivos hay uno que debe ser el centro de la
decisión que el Gobierno debe adoptar, y es de qué manera participa
España en esa acción defensiva: o en una dinámica bajo la teoría de que
la mejor defensa es un ataque y, por tanto, hay que participar en
acciones ofensivas (un ejército rápido de actuaciones preparadas, muy
eficaz dentro de la OTAN para actuar rápidamente contra unos pretendidos
adversarios e inutilizarles para que no puedan actuar), o dotándonos de
verdad en modernización y en profesionalización para tener un ejército
defensivo que parta de un criterio que es de seguridad compartida y no un
criterio de seguridad desde el objetivo de que me tienen miedo porque
tengo mucha fuerza, o tengo un buen padrino que puede ayudarme o
defenderme mejor de las actuaciones.

Nosotros no decimos como el asesor de la Presidencia del Gobierno, que
sobran 12.000 mandos. Hay 50.000 mandos en las Fuerzas Armadas mal
distribuidos. Unos 28.000 están en el Ejército de Tierra y 10.000 y 9.000
entre el Ejército del Aire y la Armada. Hay un sobredimensionamiento de
mandos. No sabemos si son 12.000, como dice el profesor Barea, o son
menos. Lo que sí sabemos es que un ejército profesional dotado de
unidades de elite de actuación bien equipada, no puede ser un ejército de
170.000 soldados profesionales. Debe ser un ejército bastante más
reducido, porque lo importante no es el número. Antiguamente era el
ejército de leva, el ejército numéricamente importante el que decidía,
pero en la guerra del Golfo ya vimos para lo que servían muchos soldados
si no estaban bien equipados. Por tanto, no es un problema de muchos
soldados ni de muchos mandos, sino de eficacia en la organización de
nuestra estructura de defensa. Por eso apostamos por una reducción de la
capacidad ofensiva y de ataque de nuestro modelo de ejército y por una
reducción, por sobredimensionamiento, de la dotación en nuestro proceso
de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Esa es la línea argumental.

No entendemos por qué se mantiene como está actualmente. Esta mañana
comparaba el número de efectivos que nuestro Estado va a destinar a la
seguridad (Policía y Guardia Civil), que eran 178.000, con los 174.000 en
educación, cultura, etcétera, y resulta que hay otros 174.000 en defensa.

Creemos que es excesivo y que hay que reducirlo; por eso proponemos una
reducción del gasto militar, tanto en la profesionalización como en lo
que pudiéramos llamar proyectos.

¿Qué proyectos proponemos reducir en las enmiendas concretas? El proyecto
Leopard. Con independencia de que alguna parte de ese proyecto lo podamos
hacer en la fábrica de Santa Bárbara, en Sevilla, lo cierto es que
tenemos cien en alquiler con los alemanes. No sé si serán cien los carros
de combate que adquiriremos, pero no creemos que sea prioritario para
nuestro modelo de ejército o, por lo



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menos, para la actuación en este ejercicio. Está también el proyecto
Eurofighter, del que CASA construye el ala derecha del avión, y que se ha
quedado anticuado para sustituir a los F-18. En todo caso, es un proyecto
que está encima de la mesa y al que se destina un volumen importante.

Por último, defendemos la reducción del gasto que ahora mismo hay, o la
supresión de la actuación en la lanzadera de satélite y en la base de
lanzamiento de Canarias. En suma, un tipo de ejército manteniendo lo que
son los otros proyectos que ahora mismo tiene Defensa como son cazaminas,
fragatas, etcétera. Y proponemos añadir dos actuaciones: una, la del
buque anfibio, que está parado desde hace tiempo, y una especie de
desarrollo de algo que se aprueba. En esta casa estamos acostumbrados a
la aprobación de iniciativas que luego no se concretan en los números, y
es que mientras hablamos de teoría, mientras hablamos de literatura, los
grupos transamos, llegamos a acuerdos y decimos que se hará en el plazo
de seis meses. Bueno, pues hay muchas cosas que hemos aprobado para hacer
en el plazo de seis meses, y una de ellas es ésta que intenta introducir,
aunque es verdad que está escorada hacia una ubicación concreta. ¿Qué es
lo que pretendemos? Un desarrollo de lo que está siendo de verdad una
participación activa de nuestras Fuerzas Armadas en acciones
humanitarias. Por eso proponemos un centro de entrenamiento, ligado a las
acciones humanitarias que dirige la ONU, aunque, algunas acciones
humanitarias que no dirige la ONU, pero eso es otra discusión de si las
debe hacer la OTAN como estructura militar, o la debe hacer la ONU, o la
OTAN dentro de las acciones que decida la ONU. Un centro de
entrenamiento, decía de cascos azules que podía estar integrado por
profesionales de nuestras Fuerzas Armadas y profesionales o participantes
de las ONG, que facilitaría una capacidad de coordinación importante y
que serviría para que nuestras Fuerzas Armadas, cuando llegan a un sitio,
estén preparadas y hayan actuado en función de una experiencia que hayan
tenido con anterioridad. Proponemos una ubicación para esa base, y es en
Los Alcazares, en Murcia, en donde hay una base del Ejército del Aire que
está desocupada, pero puede ser en otro sitio que decida el Gobierno. Lo
cierto es que se pasaron los seis meses, ya hace ocho meses que lo
aprobamos y no se ha decidido, y por eso ponemos una cuantía, que es lo
más importante, ni siquiera la ubicación puede serlo, y es la adaptación
para ese centro de entrenamiento de misiones para la paz.

Señor presidente, éstas son, en su conjunto, el bloque de enmiendas que
doy por defendidas, a la espera de que hayamos podido convencer a los
grupos que dan el apoyo y soporte al Gobierno. Esta mañana ya he
defendido una en concreto, que es la relativa a los suboficiales de la
escala auxiliar del Ejército de Tierra, va añadida aquí como
incorporación al gasto de personal y no la defiendo puesto que, insisto,
ya ha sido defendida en tiempo y forma, aunque rechazada no en tiempo ni
en forma.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria teníamos entre
nosotros al señor Mardones, pero en este momento no está. No vamos a
privarle de la posibilidad de dirigirse a esta Comisión y, mientras
tanto, vamos a pasar al Grupo Mixto.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, quiero dar por defendidas las
enmiendas de Coalición Canaria, por no haber podido estar presente el
señor Mardones. Desde el Grupo Parlamentario Mixto por solidaridad,
repito las damos por defendidas, por la falta de miembros a veces para
llegar a todos los frentes, valga la redundancia en el tema del que
estamos hablando.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Mixto para defender las
enmiendas a la sección 14, Defensa, presentadas por diversos diputados,.

del señor Saura, de la señora Rivadulla, del señor Vázquez y de la señora
Almeida. En particular quiero hacer una especial mención a la defensa de
las enmiendas 154, 155 y 156 de la diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña
Lasagabaster. Son tres enmiendas en las que se solicita la supresión de
una dotación de varios cientos de millones relativos a municipios,
explosivos y pólvoras, así como armamento. Por tanto, solicitamos la baja
de esos créditos en la sección 14.

Por lo demás, doy por defendidas el resto de enmiendas del Grupo Mixto y,
repito, las de Coalición Canaria.




El señor PRESIDENTE: Veo que ha llegado el señor Mardones. Por tanto, en
nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria le damos la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias por su amabilidad, señor
presidente.

Coalición Canaria presenta a esta sección 14 del Ministerio de Defensa
dos enmiendas. Son enmiendas que están relacionadas con la desaparición
de dos de los programas fundamentales de alta tecnología electrónica y
espacial que habían venido figurando en anteriores ejercicios económicos
presupuestarios por parte del Ministerio de Defensa.

La enmienda 1510 se refiere al que siempre se conoció como programa
Cospat y Sarsat. Hacemos una dotación prácticamente de 111 millones de
pesetas, porque entendemos que es necesario que se siga manteniendo. No
entendemos las razones, porque tampoco se explicaron por los responsables
del departamento que comparecieron, cuáles eran los motivos de esta
desaparición. Son programas en los que, por una parte, se hace una
aportación de tecnología del mayor nivel de cualificación científica y
técnica en los momentos actuales y, por otro lado, son programas que se
vinculan con los existentes en otros países y, por tanto, los
consideramos programas trasnacionales; no empiezan y terminan en un
servicio específico de las Fuerzas Armadas españolas, sino que pueden
prestar, además, una asistencia en salvamento, en auxilio, en rescate,
etcétera, que se ha venido garantizando precisamente por todos estos
programas y por nuestras Fuerzas Armadas.

La enmienda número 1511 también trata del mantenimiento del denominado
Programa Crepad, es decir, el Programa del Centro de recepción, proceso,
archivo y distribución



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de datos. Creemos que le acceso a esta tecnología es importante, en
primer lugar, porque si ha habido un centro de recepción, proceso,
archivo y distribución de datos se entiende, en buena logística del
Ministerio de Defensa, que debe seguir existiendo. No son programas de
mantenimiento caro. Son programas que nos prestigian nacional e
internacionalmente, que pueden tener uso y actualizaciones de ese uso a
nivel de empresas y servicios civiles y, por tanto, abogamos por su
mantenimiento con estas dos enmiendas, porque si estamos hablando de
procesos de modernización de nuestras Fuerzas Armadas, no entendemos cómo
el Ministerio de Defensa se puede retirar de ellos. Por estas razones,
señor presidente, hemos presentado las enmiendas y solicitamos el apoyo
de los grupos para la aprobación correspondiente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Luis Mardones, por su brevedad.

Para cerrar el turno de debate en relación a esta sección 14, en nombre
del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández de
Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señorías, el Grupo Parlamentario
Popular, que ha estudiado detenidamente las enmiendas que se han
presentado, y por dar una contestación rápida y en aras a la brevedad,
como el resto de mis compañeros de grupos políticos, empezando por el
Grupo Parlamentario Socialista, que presenta una enmienda a la totalidad
a la sección 14, tenemos que decir que la asignación de los créditos se
realiza en función de las prioridades definidas a los programas y
subprogramas, así como a los compromisos adquiridos tanto con la
industria nacional de la defensa como con la extranjera. De acuerdo con
ello, el anteproyecto de presupuestos del Ministerio de Defensa para el
año 1998, dentro de la política general de austeridad y contención del
gasto impuesta por la necesidad de reducir el déficit, debe permitir a
las Fuerzas Armadas cumplir en lo sustancial con los fines asignados, a
la vez que hace frente a las tres prioridades de la política de defensa:
la profesionalización, al contemplar la entrada adicional de 12.500
nuevos efectivos de tropa y marinería profesional para alcanzar en el año
2003, a nuestro juicio, esa plena profesionalización; mayor participación
en organismos internacionales de seguridad y defensa, y en particular el
ingreso de España en la estructura militar de la OTAN, y potenciación de
la conciencia nacional de defensa nacional, incrementando los créditos
del Instituto Español de Estudios Estratégicos para financiar actividades
conducentes a este fin.

En relación con la modernización de las Fuerzas Armadas, la elaboración
del presupuesto ha tenido en cuenta todos los proyectos previstos de
acuerdo con el objetivo de fuerza conjunto, asignando créditos según su
prioridad y necesidad y considerando las futuras necesidades de
financiación de cada proyecto para que quede asegurada en todos los casos
la continuidad y adecuada conclusión de los mismos. Ese es, en síntesis,
el motivo por el que nosotros rechazamos esta enmienda a la totalidad
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

También quiero hacer mención a las dos enmiendas puntuales que ha
presentado. La 1225 se refiere al proceso de destrucción de minas
antipersonas. En la actualidad se encuentra en fase avanzada de
elaboración el anteproyecto de ley de prohibición de fabricación,
almacenamiento, comercialización, exportación o transferencia de
tecnología de todo tipo de minas antipersonas y armas de efecto similar,
así como de sus componentes de destrucción de las existencias actuales.

Esta norma, que se pretende sea remitida a las Cortes Generales para su
aprobación en el más breve plazo posible, contempla no sólo la
financiación de los gastos de la destrucción de minas antipersonas de las
Fuerzas Armadas y período en el que ha de realizarse, sino otros aspectos
importantes en cuanto a la prohibición de fabricación y comercialización,
dándole un contenido más amplio acorde con los compromisos adquiridos por
el Gobierno y desde luego pendiente de su ratificación en la cumbre de
Ottawa.

Respecto a la propuesta de incremento de haber en mano de los militares
en reemplazo, quiero indicar que, en este momento, ese término de haber
en mano ha sido sustituido por el de gastos personales. El incremento
propuesto en la enmienda no se entiende que se solicite sólo para el
Ejército de Tierra, que es el servicio presupuestario número 12, cuando
parece lógico que deberían figurar también los otros dos ejércitos: la
Armada y el Ejército del Aire. De contemplarse la totalidad del personal
de reemplazo de los tres ejércitos, el incremento de 7.000 millones de
pesetas supondría pasar de las 1.500 pesetas al mes a unas 6.000 pesetas
al mes. Hay que tener en cuenta que el soldado de reemplazo, además de
recibir esta asignación personal, como muy bien sabe el Grupo
Parlamentario Socialista, percibe, en la mayoría de los casos, las
gratificaciones establecidas en función de la movilidad geográfica, de la
responsabilidad, de la dificultad de los cometidos y de sus destinos en
unidades especiales, y que estas gratificaciones se van extendiendo en
los últimos ejercicios a un mayor número de efectivos, por lo que el solo
incremento de los gastos personales entendemos que en este momento no
sería significativo. De ahí nuestro rechazo también a estas dos enmiendas
puntuales del Grupo Parlamentario Socialista.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida plantea una serie de enmiendas.

Teniendo en cuenta que el presupuesto del Ministerio de Defensa está
estructurado en unos programas y subprogramas presupuestarios que son los
adecuados para conseguir el objetivo de fuerza conjunto, nos guste o no
nos guste, definido también en el Plan estratégico conjunto, como
expresión y forma de alcanzar los objetivos prioritarios asignados al
potencial militar de garantizar la soberanía e independencia de España y
la protección de la vida de la población y los intereses vitales de la
nación, tenemos que tener muy en cuenta la participación de las Fuerzas
Armadas españolas en organizaciones internaciones de seguridad y defensa,
en las que todos pedimos su participación cuando llega el momento pero
nadie se acuerda cuando llega la hora de presupuestar para hacer frente a
estos nuevos gastos. Estamos participando también en importantes
operaciones de paz, y se contribuye a



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alcanzar los anteriores objetivos mediante el concepto de defensa
colectiva y seguridad compartida, como decía el portavoz de Izquierda
Unida, ya que los intereses de nuestra nación requieren ser protegidos
más allá de nuestro espacio territorial.

Por otra parte, el incremento del presupuesto del Ministerio de Defensa
para el año 1998 no es desproporcionado, en modo alguno, sino igual al
aumento previsto de la economía nacional, no produciéndose ningún tipo de
desviación en este sentido.

El señor representante de Izquierda Unida ha realizado una especie de
resumen de las enmiendas que ha presentado, en lugar de dedicarse a cada
una, y yo contestaré igualmente a ese resumen que ha realizado.

Simplemente le voy a citar, por decir algo, la enmienda que han
presentado, y usted ha defendido, sobre la construcción del buque
anfibio, que dice que está parado hace tiempo, y no es cierto. El buque
anfibio ya se inició durante el ejercicio pasado, y está presupuestado
para este ejercicio del año 1998 lo que corresponde financieramente para
hacer frente a los gastos de construcción durante ese mismo año.

Se ha solicitado también la supresión del programa de los carros de
combate del Ejército de Tierra llamados Leopardo. Tengo que decir que el
parque de carros de combate del Ejército de Tierra está constituido en
este momento por cinco tipos diferentes, y hay un total de 668 unidades,
incluyendo las correspondientes de enseñanza y centros logísticos. Todos
los modelos datan, señoría, de hace más de cuarenta años. Estamos
hablando de carros de combate que, los más modernos, son de los años 60,
siendo su nivel de operatividad muy bajo, a pesar de las diferentes
modificaciones, reformas y mejoras que se han introducido en los mismos.

El techo fijado por el Tratado FACE para el Ejército de Tierra, para las
Fuerzas Armadas convencionales en Europa, es de 794 carros. La
adquisición de los Leopardo permitirá, además de renovarlos, reducir el
parque a sólo dos modelos: el Leopardo y el M60-A3. El proyecto cuya baja
se solicita corresponde a la cesión de los carros Leopardo por el
Gobierno alemán, que para el año 1998 está comprometido el total de los
112.355.000 pesetas solicitadas.

Cita también el señor representante de Izquierda Unida un programa que es
de carácter importantísimo, no sólo a nivel nacional sino a nivel
internacional, como es el de la construcción a nivel europeo del
Eurofighter; un programa importante en el que se ve beneficiada la
industria de la defensa nacional y también la industria de la defensa a
nivel europeo, que será capaz de competir con la industria
norteamericana.

La participación en un programa de cooperación internacional como el del
EFA-2000, el de mayor importancia y complejidad acometido por Europa y la
OTAN, obliga necesariamente a que los órganos de gestión nacionales
cuenten con apoyos externos para el cumplimiento de sus cometidos. La
dotación que se solicita, por otra parte, es aplicada a la contratación
de asistencias técnicas del programa por parte de empresas nacionales,
cuya participación les sirve para la adquisición imprescindible del know
how.

En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Popular rechaza, y sin
ninguna duda por tener dos concepciones completamente diferentes de lo
que es la defensa para España, las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.

Termino, señor presidente, porque, de la misma manera que se han dado por
defendidas las enmiendas de los grupos que no están presentes, el Grupo
Parlamentario Popular da por rechazadas esas enmiendas sin necesidad de
entrar en el debate en profundidad de las mismas.

Sin embargo, por cortesía parlamentaria, quisiera contestar a las
enmiendas planteadas por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.

Nosotros entendemos importantísimos los dos programas que presenta, y
que, en la enmienda número 1510, los gastos operativos derivados del
normal desarrollo de las actividades del satélite de rescate y salvamento
correspondientes a dicho programa, son financiados desde hace cuatro
años, ni más ni menos, con créditos correspondientes al Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas, el INTA. Por otra
parte, el crédito asignado en el presupuesto del año 1998 para el
proyecto de inversión a que se refiere de comunicaciones y guerra
electrónica, corresponde a los gastos de investigación y desarrollo de
estos sistemas de armas, y en la actualidad se encuentra comprometido en
su totalidad.

Y la enmienda 1511, y termino, el Programa Crepad está constituido
fundamentalmente por un sistema informático conectado a Internet que
permite el almacenamiento de datos suministrados por satélite y su
posterior acceso a los mismos por los científicos. En la actualidad, el
programa se financia en su parte operativa por la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología, aportando el Ministerio de
Defensa, a través del organismo autónomo INTA, los locales donde se
encuentra instalado el centro de Maspalomas. El proyecto de inversión en
el que se propone la baja de 70 millones de pesetas no corresponde a
vehículos de combate, sino a sistemas de mando y control y simuladores,
siendo el crédito asignado en el presupuesto del año 1998 imposible de
minorar por estar ya comprometido.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular lamenta votar en contra
de las dos propuestas presentadas en este mismo instante.

Y con esto, señor presidente, termino.




El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de la sección 14, Ministerio de
Defensa, y de acuerdo con lo que ya expusimos ayer y esta mañana, vamos a
pasar al debate de la sección 18, correspondiente al Ministerio de
Educación y Cultura.

Han presentado enmiendas a esta sección el Grupo Parlamentario
Socialista, el de Izquierda Unida, el de Convergència i Unió, el del
Partido Nacionalista Vasco, el de Coalición Canaria, el Mixto y también
el Popular. Por este orden, vamos a dar la palabra a los distintos grupos
parlamentarios.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, entiendo que en lo que
respecte a Educación intervendrá María Amparo Valcarce, y en lo que se
refiere a Cultura, don Salvador Clotas.




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Tiene la palabra doña María Amparo Valcarce.

Ruego comprendan la necesidad de limitar sus intervenciones al tiempo que
hemos marcado.




La señora VALCARCE GARCIA: Efectivamente, nosotros vamos a defender aquí
dos cosas en materia de educación. Por una parte, una enmienda de
devolución del presupuesto de la sección 18, función educación, por
entender que el proyecto de presupuesto que se nos ha presentado es
claramente insuficiente. Y es un presupuesto insuficiente porque
entendemos que no corrige el agujero generado en 1997 por el recorte
presupuestario en educación. Este presupuesto para 1998 ni siquiera
repone el sistema educativo en los niveles presupuestarios que había
dejado el último Gobierno socialista.

Semejante estancamiento es especialmente grave en un momento en el que
tenemos que aplicar la implantación de la reforma, es decir, de la Logse.

Tanto las comunidades autónomas del artículo 151 como la del 143 están
reclamando más financiación para hacer posible la reforma educativa con
criterios de calidad, y ése debe ser un objetivo prioritario de los
presupuestos de 1998 porque, a partir del 1 de enero, diez comunidades
autónomas del 143 ejercerán competencias propias en materia de educación.

Por otro lado, casi la mitad de lo que sube el presupuesto respecto al
año anterior está destinado a personal, sin que esto signifique un
aumento de profesores. Indudablemente, la calidad del sistema pasa por
incrementar el número de profesores, sobre todo en la etapa más ambiciosa
de la Logse, es decir, la educación secundaria obligatoria, pero también
es necesario seguir manteniendo el esfuerzo de dotación de profesorado
especialista en la educación infantil y en la educación primaria.

El aparente aumento de inversión no logra alcanzar la cota establecida en
el proyecto de presupuestos del año 1996; con este dinero, algo más de
30.000 millones, no se pueden construir centros que permitan crear o
sustituir plazas escolares al ritmo que anualmente se venía realizando en
los últimos quince años. Es decir, en el año 1998 es necesario construir
más plazas escolares, sobre todo en la educación secundaria obligatoria,
para garantizar la escolarización de los alumnos entre 14 y 16 años,
etapa que pasa a ser obligatoria y gratuita.

Por otra parte, estamos viendo que es un presupuesto insolidario. Además
de un presupuesto insuficiente, es insolidario porque profundiza en
desigualdades tales como el hecho de que el presupuesto de la enseñanza
privada aumenta 10.000 millones de pesetas con respecto al ejercicio
anterior, lo que representa un 9,15 por ciento. Si añadimos la
financiación de la educación infantil en centros privados a través de la
figura del cheque escolar, con un presupuesto de 1.861 millones de
pesetas, la enseñanza privada vería incrementado su presupuesto en algo
más de 12.000 millones de pesetas; mientras que, por el contrario, si
hacemos un repaso del incremento que supone para la enseñanza pública,
ésta se queda en algo más de un 5,5 por ciento. Esta es una diferencia
excesivamente fuerte, que marca una clara política de retroceso en la
calidad de la enseñanza pública.

El programa de becas nos parece claramente insuficiente. De los 88.000
millones hay que descontar una importante transferencia a las comunidades
autónomas, que evaluamos en cerca de 8.000 millones de pesetas, para
compensar a las universidades por la disminución de ingresos como
consecuencia de la declaración de familia numerosa a partir del tercer
hijo.

También es un presupuesto insolidario porque no está dirigido a compensar
las desigualdades con las que accede a la escuela una parte todavía
importante de los alumnos. La compensación de esas desigualdades tiene
que hacerse por medio de programas específicos, con un esfuerzo que
entendemos debe incrementarse más del 13,2 por ciento con respecto al año
1997. Junto a los programas orientados a la compensación de
desigualdades, es necesario también incrementar los programas de
actividades escolares para generar y dignificar la escuela pública. En
este sentido, nosotros repondremos los presupuestos que garanticen la
continuidad de los programas de vacaciones escolares.

La tercera --y para nosotros importante-- cuestión es que estos
presupuestos hacen inviable la aplicación de la Logse en condiciones de
calidad para todos, sobre todo porque no proponen un número suficiente de
profesores ni atienden a su formación. La formación del profesorado
entendemos que ha de ser una pieza clave de la calidad de la reforma
educativa. En este sentido van orientadas nuestras enmiendas, para las
que el Grupo Parlamentario Socialista solicita el apoyo de SS. SS.; un
apoyo que supone, por una parte, que la cantidad de 1.861 millones de
pesetas para la educación infantil en centros concertados no se entregue
vía becas, porque caeríamos en el cheque escolar, sino que la vía sea la
del concierto educativo.

Por otra parte, entendemos que es obligado continuar en la plena
escolarización, en una oferta de plazas escolares para todos los alumnos
en el tramo de 3 a 6 años. Ello supondría un esfuerzo de 3.200 millones
de pesetas para la creación de puestos escolares en educación infantil en
la escuela pública. Esta nueva oferta de plazas escolares supondría la
escolarización del cien por cien de los alumnos que lo solicitasen en el
tramo de 3 a 6 años. Solicitamos un incremento de 20.000 millones de
pesetas a invertir en centros de educación secundaria obligatoria, de
bachillerato, de formación profesional, para la implantación de nuevos
ciclos de formación profesional, para la educación especial y para las
enseñanzas artísticas. Estas cantidades se invertirían en las diez
comunidades autónomas que todavía no tienen transferida la educación, es
decir en Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja. Esto supondría
una inversión media por provincia no inferior a 1.100 millones de
pesetas, lo que significa que las provincias con una menor ratio escolar
podrían tener una inversión de 500 millones de pesetas. Esto permitiría,
por poner un ejemplo referido a Castilla y León, la construcción de
institutos en Olvega (Soria), en Laguna de Duero (Valladolid) o las
ampliaciones necesarias en León, Ponferrada y Villablino (León).

Además de las inversiones en centros educativos, tenemos que solicitar el
apoyo para el incremento en los gastos



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de funcionamiento de los centros públicos, tanto de educación infantil,
primaria, secundaria, enseñanzas artísticas o de educación especial,
porque estos gastos permitirán un mejor desarrollo de la enseñanza, una
enseñanza de calidad y una dignificación del funcionamiento del servicio
público de la educación. Asimismo, deben incrementarse las partidas en
formación del profesorado, en lo que se refiere a transportes, comedores
y escuelas-hogar, y es importante avanzar en los programas que contienen
las medidas compensadoras del fracaso escolar en la secundaria
obligatoria. Por ello pido especial atención a la enmienda que propone un
incremento en 2.000 millones de pesetas de los programas de garantía
social. El Grupo Parlamentario Socialista propone avanzar notablemente en
la gratuidad de los libros escolares y un incremento en los programas que
se refieren a la universidad y a la investigación científica y técnica.

Por todo ello, señor Presidente, ruego en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista el apoyo para las enmiendas que se han presentado, porque
todas ellas tienden a conseguir un objetivo, que es la mejora de la
calidad de la enseñanza pública en nuestro país, la compensación de las
desigualdades, también el desarrollo de la investigación y el mejor
funcionamiento de la universidad española.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Clotas.




El señor CLOTAS I CIERCO: Señor presidente, con la mayor brevedad
posible, voy a defender las enmiendas que mi grupo ha presentado a la
Secretaría de Estado de Cultura en los presupuestos para 1998.

En conjunto, el Grupo Socialista presenta 49 enmiendas que ascienden a
4.629 millones de pesetas. Hemos hecho estas enmiendas con unos criterios
claros que, con mucha rapidez, voy a exponer.

En primer lugar, el presupuesto de cultura para 1998, contrariamente a
las manifestaciones de la señora ministra, no solamente no se incrementa
en esos famosos 10.000 millones en los que se debía de incrementar el
capítulo de inversiones, para un vago programa que se ha llamado programa
de inversiones en instituciones de cabecera, sino que el presupuesto
disminuye en números reales exactamente en 41 millones, es decir, el 0,07
por ciento. Asimismo, es un presupuesto que arrastra un parón en
infraestructura cultural, el parón que se ha producido en 1997,
seguramente como consecuencia de la fusión de los dos ministerios, y que
se ha reflejado en la falta de nuevas inversiones e incluso en la falta
de continuidad de muchas de las inversiones plurianuales que estaban ya
programadas anteriormente. Es un presupuesto que demuestra, una vez más,
la falta de interés del Grupo Popular por la cultura.

Quisiera señalar aquí, porque es un problema que arrastramos desde que
gobierna el Partido Popular, la falta de atención hacia la
cinematografía. A pesar de que la ministra manifestó que contenía las
necesidades de la cinematografía española, este presupuesto tiene todavía
un recorte respecto a los presupuestos de los últimos años de gobierno
socialista, y no refleja en absoluto la política de desgravaciones
fiscales con las que se ha llenado la boca el Grupo Popular, que no ha
sido capaz de traducirla en estos presupuestos.

Los presupuestos contienen una extraña filosofía respecto a las
subvenciones. El Grupo Popular, durante muchos años, ha manifestado su
criterio absolutamente contrario a la política de subvenciones del Grupo
Socialista. Yo quiero significar aquí que esa política de subvenciones
dio un buen resultado. Tengo muchas dudas que dé el mismo resultado una
política de subvenciones que, como ejemplo significativo, quita la
subvención a un grupo teatral como el de «La cuadra», de Sevilla, que
tenía 10 millones y, en cambio, da una subvención de 40 millones a la
Fundación Camilo José Cela, y conste que el Grupo Socialista no es
contrario a esta subvención, sino a la falta de un criterio coherente en
la política de subvenciones del Grupo Popular.

El Grupo Socialista ha hecho estas 49 enmiendas con la voluntad y el
objetivo, en primer lugar, de restablecer para Cultura unos créditos
semejantes a los que tenía en los años 1995 y 1996. En segundo lugar,
estas enmiendas pretenden establecer una serie de criterios o prioridades
que nosotros no vemos bien reflejados en estos presupuestos. Y en tercer
lugar, las hacemos con un estricto respeto a la austeridad que el
presupuesto de este año debe mantener con vistas a la entrada en la
moneda única europea. Por tanto, sin alargarme mucho más y sin poder
detenerme en las 49 enmiendas, quisiera señalar que hemos incrementado en
1.420 millones la Dirección General de Bellas Artes; hemos incrementado
en 1.206 millones la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas;
hemos incrementado en 260 millones la Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural; hemos incrementado en 620 millones --500 millones
para restablecer el nivel que tenía el fondo cinematográfico-- el
presupuesto de cinematografía y, finalmente, hemos incrementado en 122
millones el presupuesto del Inaem. Creo que la objetividad de nuestras
enmiendas se manifiesta por el hecho de que muchas de ellas coinciden con
enmiendas presentadas por otros grupos, como el Grupo Vasco (PNV), el
Grupo Izquierda Unida e incluso por el propio Grupo Popular.

Asimismo, quiero aprovechar esta intervención --que imagino que es
única-- para anunciar nuestro voto favorable a una gran mayoría de las
enmiendas presentadas por otros grupos, siempre que representen una
aportación positiva en estos presupuestos que consideramos insuficientes.

En algunos casos nuestro voto no podrá ser afirmativo, sobre todo cuando
la baja que se propone pensamos que supondría un perjuicio de aceptarse
la enmienda.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Aramburu.




La señora ARAMBURU DEL RIO: Señor presidente, con la brevedad que exige
la tarde, quiero anunciar que nos dividiremos la intervención entre mi
compañera la diputada Sabanés, para los temas de cultura y deporte, y yo
misma, que trataré los temas dedicados a educación.




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Dejando claro que podríamos considerar estos presupuestos generales
restrictivos en lo público y despilfarradores en lo privado, dado que su
distribución entendemos que es claramente insolidaria e injusta, paso,
con la solemnidad que requiere un tema de tal magnitud, a defender una
enmienda de devolución. Los motivos, señorías, son los siguientes.

En primer lugar, quiero exponer que los presupuestos correspondientes a
Educación, excluyendo la enseñanza superior, debido a lo artificioso de
una posible comparación y teniendo presente el proceso progresivo de
transferencias a las comunidades autónomas en materia universitaria, han
experimentado un alza, como ustedes bien saben, de un 6,07 por ciento con
respecto a los del año pasado. Pero en este incremento habría que
encontrar una razón que nos llevara a matizar los temas que hemos
planteado con anterioridad, y es que la tercera parte se destina al
aumento de los gastos de personal, quedando tan sólo 38.000 millones, que
verdaderamente son los destinados a engrosar la cifra correspondiente al
gasto propiamente educativo, exigua cifra que sería netamente
insuficiente. Además, habríamos de tener en cuenta dos puntualizaciones:
primera, la escasa credibilidad de las cifras, dado que el Ministerio
gestor ya incumplió manifiestamente su previsión presupuestaria anterior.

Segunda, conviene tener presente que ese incremento se produce sobre una
masa monetaria que había experimentado tan sólo un aumento del 1,7 por
ciento sobre el presupuesto de 1996.

En segundo lugar, señorías, consideramos como parámetro válido el
porcentaje del gasto educativo sobre el PIB. Este se ha incrementado de
forma ridícula, en 4 milésimas: desde el 1,238 por ciento en el año
anterior al 1,242 en el presente proyecto presupuestario, y de ello cabe
deducir que la educación sigue sin ser una prioridad para este Gobierno,
lo cual no es de extrañar dada la ideología, por qué no reiterarlo, e
intereses que subyacen en la formación política que lo sustenta, pero que
se acentúa en este departamento ministerial.

En tercer lugar, los funcionarios docentes, como ustedes saben,
experimentan subidas salariales exactamente iguales a la inflación
prevista. Este hecho, unido a la congelación del ejercicio anterior,
supone, en el fondo, una simple actualización de un salario completamente
desfasado, con las graves repercusiones que ello puede tener en la
necesaria motivación del profesorado, en pleno proceso de implantación d
elas enseñanzas previstas por la Logse. De la misma forma, señorías,
tampoco se avanza un solo paso en la equiparación salarial de los
trabajadores de la enseñanza concertada.

En cuarto lugar, sumados los presupuestos previstos en la memoria
económica de la Logse para adecuar la implantación de la misma, nos
encontramos con un grave incumplimiento, tanto en los gastos de inversión
como en los de funcionamiento, imposible de cuantificar con exactitud
debido a los cuatro retrasos que lleva el calendario de la reforma.

En quinto lugar, el próximo año corresponde transferir las competencias
de educación a diez comunidades autónomas. En los Presupuestos Generales
del Estado no se dice ni una sola palabra que permita un mínimo desglose
de los gastos que van a gestionar tanto el MEC como las diferentes
administraciones autonómicas.

En sexto lugar, tampoco se prevé adecuadamente la implantación
generalizada del tercer curso de la ESO y se silencia por completo la que
afecta al primer curso del bachillerato Logse.

En séptimo lugar, el número de becas en BUP y COU baja en un 22 por
ciento y se congela en el resto de los niveles educativos. Nuestra
formación política teme que la mayor parte del incremento nominal de la
partida para becas, el 9,1 por ciento, vaya destinado a incrementar en un
11 por ciento los gastos de personal.

En octavo lugar, planteamos, asimismo, la escasa preocupación de este
Gobierno por la mejora de la calidad de la enseñanza superior, que se
refleja en la eliminación de la financiación destinada al programa de
doctorado de calidad, que pasa de 433 millones a 0 pesetas, y en el
recorte del plan de evaluación de la calidad de las universidades en un
18 por ciento, que pasa de 189 a 150 millones de pesetas. En este
sentido, los créditos universitarios se dotan con la exigua cantidad de
50 millones de pesetas.

En noveno lugar, los conciertos educativos en la enseñanza secundaria
tiene un incremento de 10.654 millones de pesetas. Esta cantidad no sólo
contempla la implantación progresiva de la ESO, sino que incluye
conciertos con nuevos centros, formalizados sin tener en cuenta el
cumplimiento de las condiciones exigidas por la legislación vigente.

En décimo lugar, carece del más mínimo rigor este presupuesto y, sobre
todo, de lo que llamamos rigor presupuestario, aunque resulta por otro
lado bastante fácil la búsqueda de una explicación al desvío de 4.500
millones de pesetas de inversiones educativas al Plan integral de empleo
en Canarias --insisto, en Canarias.

En undécimo lugar, los programas de garantía social experimentan un
incremento de 10 millones de pesetas, no alcanzándose este año la cifra
de 5.000 alumnos en todo el territorio MEC. Ni siquiera se menciona
partida alguna que corresponda a la oferta pública de escolarización en
el primer ciclo infantil.

Por lo tanto, habría que llegar a tres conclusiones: primera, una
ausencia de financiación, necesaria para garantizar el desarrollo de la
reforma y su implantación. La segunda, profundizar en la desarticulación
del sistema educativo público, favoreciendo con nitidez tendencias
privatizadoras. Y la tercera conclusión, la carencia del lógico desglose
de los presupuestos por comunidad autónoma, lo que aumenta la ya
alarmante opacidad y la falta de transparencia del proceso de
transferencias.

Entre las innumerables enmiendas que hemos presentado a estos
presupuestos, que obviamente significan su devolución, hay algunas muy
importantes y estoy absolutamente confiada en que serán del agrado de SS.

SS., como la que hemos presentado para resolver los grandes déficit que
hay en Murcia con respecto a la enseñanza infantil y primaria para
inmigrantes. En Murcia, por ejemplo, la cantidad de inmigrantes está en
torno a 17.000 personas, con lo que ello significa familiarmente. Esta
enmienda supone



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unos 20 millones de pesetas para un personal autóctono que en las
comarcas más agrícolas sufre deficiencias similares a las que puedan
tener en el Tercer Mundo.

También hay transferencias importantes que significan ni más ni menos que
poner en juego la palabra del partido que sustenta al Gobierno y del
propio Gobierno si no hay --insisto, si no hay-- un adecuado cumplimiento
de las inversiones en las transferencias pendientes. Como verán, las
innumerables enmiendas que hemos presentado configuran el cuerpo de la
enmienda de devolución.

Por todas las razones anteriormente expuestas, Izquierda Unida no tiene
otra alternativa que solicitar del Congreso de los Diputados la
devolución de la sección 18 del proyecto de los Presupuestos Generales
del Estado, pero lo hace en la confianza de que la Cámara rectifique los
errores del Gobierno y se aprueben las enmiendas que plantea Izquierda
Unida para paliar los grandes déficit en la enseñanza pública y en la
enseñanza de calidad.

Paso el turno a mi compañera Sabanés, si así lo decide el señor
presidente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sabanés.




La señora SABANES NADAL: A los presupuestos de Cultura nuestro grupo ha
presentado dos bloques de enmiendas. Por un lado, las que hacen
referencia a mejoras e incrementos de los diferentes programas y, por
otro, las que tienen un carácter territorial y que parten de las
necesidades de participación del Estado en acciones o infraestructuras de
carácter específico en las diferentes comunidades. Entendemos que el
conjunto del presupuesto no garantiza el nivel de inversión ni las
acciones de protección a la cultura, por lo que hemos confeccionado estos
dos bloques de enmiendas.

El primer bloque está compuesto por las enmiendas 890, 891, 892, 893,
896, 897 y 898 y hace referencia a mejoras en infraestructuras o en
acciones culturales en territorios. El resto son de incremento de
dotación por programas y organismos y va fundamentalmente dirigido a la
mejora en dotaciones de bibliotecas escolares del Estado, de promoción
del libro, modernización de bibliografía de librerías y distribuidoras,
apoyo a actividades musicales y ayuda al teatro y a la cinematografía.

Vamos a votar también a favor de las enmiendas que, en general,
significan mejoras, ya que en la mayoría de los conceptos expresados
estaríamos de acuerdo. No votaremos a favor, en cambio, de aquellas cuyas
bajas nos suscitan dudas. De todas formas, tenemos que expresar que es
cierto que existe bastante coincidencia en el diagnóstico y en la
detección de los problemas en el ámbito de la cultura expresado por la
mayoría de los grupos de la Cámara.

En lo que hace referencia al presupuesto de deportes, como en años
anteriores, planteamos un descenso del presupuesto de transferencia a la
Liga de Fútbol Profesional de 765 millones, por entender que aunque esa
cantidad global de más de 5.000 millones (que en nuestra propuesta se
quedaría en 4.870 millones) se desarrolle por decreto, corresponda al
incremento de recaudación por quinielas y se haga con carácter finalista
para la deuda de este sector, no tiene sentido en la actual situación
económica de los clubes de fútbol. Entendemos que en los presupuestos
generales se debería de tender a pedir una progresiva anticipación del
plan de saneamiento y, consecuentemente, a una redistribución del
incremento asignado, sobre todo teniendo en cuenta que hay otros
conceptos que tienen necesidad de una mejor dotación presupuestaria.

Nosotros dividimos los 765 millones que deducimos de la transferencia a
la Liga de Fútbol Profesional de la siguiente forma. En el programa
422.P, deporte en edad escolar, universidad y promoción, 100 millones. En
el 422.L, que correspondería a un compromiso del Gobierno de transferir
el INEF de Madrid a la Comunidad Autónoma de Madrid para garantizar el
decreto de titulaciones deportivas, que se tiene que poner en marcha de
forma inmediata, 100 millones. Otros 50 millones a la Mutualidad General
Deportiva y 400 millones a federaciones, de los cuales un 50 por ciento,
como mínimo, se debería destinar al sector de deporte para disminuidos.

Asimismo, otros 15 millones se transferirían a la Asociación de
Futbolistas Profesionales, por entender que en la transferencia que se
formaliza a la Liga de Fútbol Profesional se está olvidando que el
principal generador de estos recursos, de los que se obtienen con las
quinielas, son los futbolistas. Por tanto, solicitamos una transferencia
a la Asociación para los profesionales de este sector.

Finalmente, he de decir que vamos a votar a favor de prácticamente todas
las enmiendas formuladas por los demás grupos al programa de deportes,
exceptuando una, la 280, del señor Saura, pues si bien estaríamos de
acuerdo en el concepto de la mejora que se concede a esa dotación
presupuestaria, no lo estaríamos en la baja que se establece en
federaciones deportivas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra don Frances Homs.




El señor HOMS I FERRET: A esta sección mi grupo tiene planteadas cuatro
enmiendas, que paso a defender con brevedad.

En primer lugar, quisiera hacer referencia a la enmienda 1626, donde se
plantea la conveniencia de incrementar la dotación que se contempla en el
programa 542.A, de investigación técnica, dentro del fondo nacional para
el desarrollo de la investigación científica y técnica. Con esta enmienda
se trata de impulsar las inversiones en investigación y desarrollo al ser
éste, a nuestro entender, un factor de gran importancia para el futuro
desarrollo de nuestra sociedad. Esta enmienda, señorías, tiene un
propósito muy puntual, que es, por un lado, hacer notar que a pesar de
que el fondo nacional de investigación y desarrollo prevé un incremento
de su presupuesto en 1.439 millones de pesetas --y ello nos alegra y
podría suponer una buena noticia, puesto que un incremento de ese fondo
en esa cantidad debe ser siempre una buena noticia-- en realidad, si lo
analizamos con detalle, nos damos cuenta de que es un incremento ficticio
desde la perspectiva de una mayor dotación de recursos propios a la
investigación y desarrollo. ¿Por qué razón? Básicamente porque la
Comisión Interministerial



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de Ciencia y Tecnología se financia con fondos de investigación y
desarrollo, pero también se cofinancia con ayudas a proyectos Feder, que
van mayoritariamente a las comunidades autónomas de Objetivo 1. El
incremento que se prevé se hace con cargo a los mayores recursos que se
obtienen de los fondos Feder y, por consiguiente, se restringe la
distribución de estos fondos a sólo una parte del ámbito territorial en
España. Por ello, señorías, de la suma de la distribución de estos
recursos se desprende exactamente que en realidad unas determinadas
comunidades autónomas en España van a ver cómo se disminuye en cerca de
3.000 millones de pesetas los recursos de los que hasta la fecha habían
podido disponer en proyectos de I+D, por tener los fondos que se
incrementan para 1998 la condición de estar vinculados a proyectos Feder.

Por consiguiente, aquellas comunidades autónomas más desarrolladas, las
que tienen mayores capacidades para poder proceder a desarrollar
proyectos en I+D y que están dentro del Objetivo 2, no van a poder
participar en el año 1998 de estos recursos con la misma cuantía con que
lo venían haciendo en el año 1997. A pesar de la previsión que hace el
Gobierno, a pesar de que aparentemente hay un incremento de 1.439
millones, una parte del territorio de España va a ver disminuir los
recursos destinados a I+D. Por esta razón nuestro grupo cree conveniente
incrementar esa partida en cerca de 3.000 millones de pesetas, para
evitar esa descompensación que en relación con 1997 va a experimentar la
distribución de los fondos en investigación y desarrollo en el próximo
año.

Estos fondos, señorías, prácticamente se destinan a proyectos de
investigación vinculados al mundo universitario o a los centros de
investigación tecnológica en España. Esos centros de investigación, quizá
los más desarrollados o con unos niveles de capacidad técnica más
elevados, se encuentran básicamente, preferentemente yo diría, en Madrid,
Barcelona, Valencia y Bilbao, en las principales ciudades de España. Como
consecuencia de la previsión que se hace para el año 1998 en esta
partida, estas instituciones van a ver disminuir sus previsiones de
participación en proyectos de investigación y desarrollo, y esto es un
contrasentido. No hay ningún país de Europa que, dotando de más recursos
estas partidas, persiga debilitar lo más capaz y lo más desarrollado que
tiene en centros de investigación y desarrollo. Por eso planteamos
mantener el mismo nivel del año 1997 y por eso proponemos la enmienda que
hemos argumentado.

He analizado las enmiendas de otros grupos y veo que también el Grupo
Socialista presenta una enmienda en la misma dirección, porque el origen
de dicha enmienda procede del mundo universitario, tanto de Madrid como
de Barcelona como de Bilbao como de Valencia. Veo que hay otros grupos
que también plantean la misma cuestión y mi grupo somete a su
consideración esa enmienda con el deseo de que el Grupo Popular la asuma.

La segunda enmienda, señor presidente, plantea una novedad muy puntual.

Se trata de que en el programa 455, que hace referencia a la promoción y
cooperación cultural, se pueda poner un nuevo concepto, el concepto 482,
de ayudas a consorcios de ámbito autonómico para la promoción y
cooperación cultural. Pretendemos que la promoción y la cooperación
cultural en España se pueda también desarrollar a partir de las acciones
que puedan impulsar determinadas comunidades autónomas en el ámbito
exterior. Se trata, señorías, de cooperaciones básicamente culturales, de
relación con instituciones y asociaciones de ciudadanos españoles en el
extranjero. Creo que sería positivo que, una vez transcurrido un período
tan extenso de democracia en este país, podamos dar un paso en la
dirección de que las promociones y acciones de cooperación cultural
puedan también contar con el esfuerzo y la participación que hacen
determinadas instituciones y consorcios de ámbito autonómico. Proponemos
ese concepto nuevo que permita una distribución de una parte --parte
pequeña, por otra parte, porque la enmienda que se propone es muy
puntual-- de los fondos que se prevén en ese ámbito.

La tercera enmienda, señorías, va destinada a atender una sensibilidad
muy concreta. Veo que hay varias enmiendas en trámite parlamentario que
en el ámbito de la cultura hacen referencia a determinadas instituciones
culturales. En este caso la enmienda 1628 tiene por finalidad dotar de
una cantidad pequeña, 60 millones de pesetas, a la Fundación Orfeó
Català-Palau de la Música Catalana, para atender una segunda fase de
rehabilitación de esta institución. Creemos que, en la línea de lo que se
ha venido realizando en los últimos años en esta institución, sería
conveniente considerar esta sugerencia que planteamos.

En último lugar, planteamos una enmienda que ya es recurrente. Es una
enmienda que mi grupo viene planteando desde siempre. Yo soy diputado en
esta Cámara desde hace diez años y creo que en todos los debates
parlamentarios hemos tenido una enmienda de esta naturaleza. Veo que este
año no solamente mi grupo se ha acordado de esta institución musical, de
la Federación de Juventudes Musicales de España. Señorías, esta
institución existe en todos los países de Europa y están inscritos en la
Unesco. Existe en Austria, en Bélgica, en Croacia, en Dinamarca, en
Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Grecia, en Italia, en Portugal,
en Suecia y en Yugoslavia. En todos estos países los presupuestos del
correspondiente Estado dotan una partida de recursos al equivalente
organismo de las Juventudes Musicales de España en estos respectivos
países. Nosotros, que ya venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo, una
vez más proponemos a la Cámara tomar la decisión de dotar de una ayuda a
esta institución. Austria, señorías, destina a esta institución cerca de
160 millones de pesetas; Bélgica, más de 300; Croacia, más de 40;
Dinamarca, cerca de 52; Francia, 380; Alemania, 61; Gran Bretaña, 25;
Italia, 60; Portugal, 40; Suecia, 70; Yugoslavia, 30. Mi grupo propone
que se incorpore una partida por un importe de 50 millones de pesetas.

Quisiera hacer constar en estos momentos a la Comisión que ésta no es una
ayuda baladí ni es un esfuerzo que propongamos sin ningún tipo de
justificación. En estos momentos, España es el tercer país más activo
dentro del ámbito de la federación internacional de las juventudes
musicales y, en cuanto a organización de eventos musicales, estamos
detrás de Bélgica y Francia. Creo que el Gobierno debería ser sensible a
este esfuerzo que hace esta institución. A la vez, es uno de los



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países que menos gasta en estructura y que prácticamente todo lo canaliza
a través de acciones de voluntariado. Quisiera hacer constar que, en
estos momentos, la previsión, por parte de esta institución es de
organizar anualmente más de 3.000 conciertos en toda España, cerca de 46
festivales, 24 cursos musicales y muchas otras actividades puntuales.

Señorías, no se trata, pues, de una cuestión sin ningún tipo de
justificación. Creo que está absolutamente justificada la petición que
hacemos y mi grupo no lograría entender por qué razón la Cámara pudiera
ser insensible a considerar esa partida que proponemos. Señor presidente,
termino mi intervención pidiendo el apoyo de todos los grupos a las
enmiendas que he justificado.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor González
de Txabarri tiene la palabra.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco tiene
21 enmiendas a esta sección 18, las comprendidas entre la 1460 y la 1481.

Comenzaré haciendo referencia a una valoración genérica sobre la sección.

Yo creo que en el conjunto de la sección hemos progresado sustantivamente
en relación al ejercicio anterior, donde recuerdo que mantuvimos con el
Grupo Parlamentario Popular un riguroso debate en esta misma Comisión.

Creo que los criterios que el Grupo Parlamentario Vasco manifestó a lo
largo del debate de aquella sección se ven, en su mayoría --dejando los
matices a un lado--, suficientemente recogidos en el proyecto de ley que
el Gobierno presenta en este momento y que es objeto de debate en esta
Comisión. Repito que hay matices que deberían mejorarse y, en
consecuencia, estas enmiendas intentan avanzar en esa línea de criterios
que el Grupo Parlamentario Vasco entiende que debieran ser razonables
para que el Ministerio de Educación y Cultura tuviera una composición y
un presupuesto ajustado a lo que es un Estado plurinacional,
pluricultural y plurilingüe. Hemos avanzado sustancialmente, como he
indicado, y creo que existen todavía posibilidades en esta línea. (El
señor vicepresidente, Sanz Palacio, ocupa la Presidencia.)
Comenzando por la sección de Educación, el Grupo Parlamentario Vasco
entiende que existen dos programas genéricos en los que habría que
incidir, el primero, en relación a la educación infantil y primaria, con
el objetivo de hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza en centros de
educación infantil con convenio. No entendemos razonable la postura que
recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en orden a que
estas partidas se ejecuten vía becas, en vez de vía convenio o concierto.

Todas las comunidades autónomas que han avanzado en la gratuidad del
segundo ciclo de educación infantil lo han hecho mediante conciertos con
los centros y entendemos que la apertura de la vía de becas en este
momento no es razonable desde ninguna perspectiva, máxime cuando está a
las puertas la transferencia de la competencia de educación por parte del
Ministerio de Educación y Cultura a las comunidades autónomas, en un
calendario que ya está anunciado. Abrir una vía distinta nos parece,
desde la perspectiva política, inoportuno e improcedente, máxime cuando
el propio Grupo Parlamentario Popular, no hace muchos años --el año
1995--, presentó ante esta Cámara una proposición de ley precisamente
sosteniendo esta línea --que fue apoyada por el Grupo Parlamentario
Vasco, entre otros grupos--, en orden a que la gratuidad en la enseñanza
en centros de educación infantil fuese sostenida a través de convenio.

Señor presidente, yo creo que debía hacerse una reflexión importante
desde esta perspectiva.

En segunda lugar, en lo que se refiere a la educación, el Grupo
Parlamentario Vasco propone la apertura de un nuevo concepto 782 en el
programa 423.B, para inversiones en colegios mayores, con el fin de
facilitar la movilidad de estudiantes universitarios. Creo que es un
programa que no está recogido y todos sabemos lo que han significado los
colegios mayores en la enseñanza universitaria y las posibilidades de
intercambio cultural que a través de los cuales se han mantenido.

Asimismo, entendemos que los colegios mayores con las nuevas
definiciones, además de lo que es la asistencia a los estudiantes
universitarios, tanto en los cursos de verano en la universidad como en
otro tipo de programas, cumplen una actividad fundamental, como es la
enseñanza del castellano como segunda lengua o de las otras lenguas
oficiales del Estado, tanto a ciudadanos de otras comunidades autónomas
como a extranjeros que vienen a aprender el castellano, el euskera, el
catalán o el gallego en los distintos programas que a tal fin se imparten
en el Estado. Entendemos que es razonable que se vaya introduciendo este
criterio con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes de
enseñanza universitaria para el mejor conocimiento de estos estudiantes
entre ellos y para el fomento, vía inversión, tanto de programas de tipo
universidad de verano como de enseñanza de las lenguas oficiales del
Estado y del castellano a extranjeros.

En cuanto al ámbito de cultura es quizá donde más se manifiesta que los
criterios que ha sostenido tradicionalmente el Grupo Parlamentario Vasco
en esta Comisión, en orden a que aquellos programas que tengan un
carácter internacional o un carácter intercomunitario sean recogidos en
la sección de Cultura de los Presupuestos Generales del Estado, dado que
la competencia de cultura es concurrente por una sentencia del Tribunal
Constitucional y, en consecuencia, debe ser definida, puesto que el ser
concurrente no quiere decir que cualquier programa pueda estar
establecido en los Presupuestos Generales del Estado, en la sección de
Cultura, sino que debe ser definido a través de una serie de criterios y
entendemos que el carácter de internacional y el carácter de
intercomunitario son los criterios que deben predominar a la hora de
definir lo que es la sección de Cultura. ¿Por qué se sostiene un
Ministerio de Cultura en un Estado que tiene las transferencias
realizadas en su conjunto a todas y cada una de las comunidades
autónomas? Precisamente, para marcar su proyección internacional y para
marcar su carácter intercomunitario. Vemos que estas dimensiones del
presupuesto están mucho más marcadas que en ejercicios anteriores, de lo
que nos alegramos, pero entendemos que en lo que respecta a la Comunidad
Autónoma del País Vasco, entendemos que ésta debe ser todavía más
relevante. Desde esta perspectiva,



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es verdad que está recogido el Festival Internacional de Cine de San
Sebastián, la temporada de ópera de Bilbao. En el programa de reales
academias están recogidas razonablemente las partidas referidas a la Real
Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia), el Instituto de Estudios
Vascos (Eusko Izaskuntza) y la Real Sociedad Vascongada de Amigos del
País, cuyas cantidades fueron detalladas por el secretario de Estado de
Universidades ante la Comisión de Educación y Cultura en el trámite de
comparecencias para explicación de los presupuestos, pero entendemos que
cabría una serie de retoques, sobre todo en lo que se refiere al programa
del Inaem, que deberían ser recogidos en estas partidas.

Señor presidente, entendemos que el carácter plurilingüe del Estado debe
recogerse con mayor suficiencia, con mayor profundidad y quizá con mayor
detalle. Llama la atención, en el conjunto del programa de cultura, la
dificultad que existe en el Ministerio para para ser conscientes de que
vivimos en un estado plurilingüe, donde más de la mitad de los habitantes
conocemos una condición bilingüe. Desde esta perspectiva, nos llama
particularmente la atención la baja que se produce en la convocatoria de
la creación literaria en lenguas oficiales distintas del castellano. Este
diputado preguntó al secretario de Estado de Cultura si se va a mantener
esta convocatoria debido a la creación literaria y el secretario de
Estado de Cultura en su comparecencia respondió que sí. Nosotros
observamos que hay una baja llamativa y, en consecuencia, solicitamos la
inclusión de esa partida.

Por lo que se refiere a los auditorios, no entendemos razonable que el
plan de auditorios del Estado no recoja la construcción del palacio
Euskalduna, en Bilbao, dado que sería el único auditorio que se está
construyendo desde que dicho plan de auditorios se definió en esta
Cámara. No está recogido en este programa y entendemos razonable su
inclusión.

En lo que respecta al 1 por ciento cultural, el Grupo Parlamentario Vasco
presenta sendas enmiendas, la 1474 y la 1479, de proyectos concretos de
las distintas administraciones vascas en orden a que se aplique el 1 por
ciento cultural de la inversión que el Estado realiza en cada ejercicio
en la Comunidad Autónoma vasca. Señor presidente, desde que se definió el
programa del 1 por ciento cultural y se suscribió el convenio entre el
Ministerio de Fomento y el Ministerio de Educación y Cultura en orden a
la aplicación del 1 por ciento cultural de inversión real de obras del
Estado en las distintas comunidades autónomas, la Comunidad Autónoma del
País Vasco no ha conocido todavía la aplicación en ninguno de sus
programas, al margen de que cada año se realizan de 10.000 a 13.000
millones de inversión real en la comunidad autónoma.

En lo que se refiere al programa de deportes, el Grupo Parlamentario
Vasco solicita un incremento en la partida de federaciones. Entendemos
que todavía no hemos llegado a un nivel razonable. Se hacen discursos
teóricos en orden a que debe ser la sociedad civil la que funcione en los
distintos ámbitos culturales, educativos o deportivos y, sin embargo,
cuesta ir introduciendo partidas para este tipo de agrupaciones que desde
la sociedad civil van organizando las distintas actividades deportivas
que se van desarrollando. Uno observa con sorpresa cómo las partidas que
se refieren al sector público se van consolidando y, sin embargo, existe
una dificultad añadida en aquellos puntos en los que los agentes que
ejecutan los programas son agentes de la sociedad civil.

Exactamente igual presentamos una enmienda, la 1475, en orden a
incrementar las partidas de los centros de alto rendimiento, que creemos
que es un programa excelente que está dando unos resultados muy
satisfactorios en lo que son los entrenamientos de los deportistas de
elite y que debe conocer unas partidas de apoyo más significativas en
orden a que los objetivos que se recogen en la memoria de este programa
puedan ser consolidados.

Desde la misma perspectiva, el Grupo Parlamentario Vasco solicita que se
incrementen las ayudas a clubes sin ánimo de lucro que participan en
competiciones internacionales o que ceden sus jugadores a las selecciones
del Estado. No entendemos razonable que con subvenciones ordinarias estos
clubes, precisamente por ser los mejores, sean los que conozcan las
peores finanzas en su propia organización.

He subrayado anteriormente, señor presidente, el carácter pluricultural
del Estado, lo he hecho después con el carácter plurilingüe y quisiera
subrayar en la sección deportiva el carácter plurinacional del Estado.

Hay una enmienda, la 1476, del Grupo Parlamentario Vasco en orden a que
se pongan en marcha los mecanismos precisos para que las selecciones
nacionales deportivas de las comunidades autónomas de Euskadi, de
Cataluña y de Galicia, puedan constituirse debidamente. Sería un buen
momento para marcar el carácter plurinacional del Estado. Existe una
demanda social en orden a que estas selecciones nacionales deportivas de
Euskadi, de Cataluña y de Galiza puedan ejecutar sus programas, hay
selecciones deportivas en algunas especialidades que están compitiendo yo
diría que casi a escondidas en ámbitos internacionales y entendemos
razonable que se abran los caminos necesarios para que estas demandas
sociales y esa realidad social se vean reflejadas en la legislación del
Estado.

Finalmente, señor presidente, en lo que se refiere a la Secretaría de
Estado de Investigaciones, el Grupo Parlamentario Vasco presenta dos
enmiendas, la 1480 y la 1481, dado que el Estado sigue negándose a
transferir la competencia de investigación y desarrollo que por ámbito
competencial corresponde en su territorio a la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Desde los Presupuestos Generales del Estado es precisamente
en estas materias donde debía de hacerse un esfuerzo significativo por
parte del Estado. Lo que no se puede hacer es negarse a la transferencia
y, por otra parte, no destinar ningún recurso. La Comunidad Autónoma del
País Vasco no conoce ningún centro asociado ni ningún centro mixto
adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y entendemos
que ya es hora de terminar con este tema.

Finalmente, hay una enmienda, la 1462, que hace referencia a la réplica
de las cuevas de Ekain en Zestoa, que deviene de un programa europeo,
concretamente, el Arpalea. En este momento se está haciendo la réplica de
las cuevas



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de Altamira; se han llevado a cabo las réplicas tanto de las cuevas
francesas como de las portuguesas, dentro del eje arqueológico recogido
en el citado programa y entendemos que es razonable que las cuevas que
están en territorio vasco estén inclusas en este programa, así lo ha
entendido la Unión Europea y tiene los recursos necesarios para la
réplica de estas cuevas y, en consecuencia, para poder jugar con esos
fondos europeos, es razonable que el Estado realice la misma aportación.

Estas son, señor presidente, las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Vasco presenta a esta sección 18.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Mixto tiene la
palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Muy brevemente, señor presidente. Nos
dividiremos el tiempo de intervención la diputada de Eusko Alkartasuna,
señora Lasagabaster, y este diputado, anticipándole que con toda
seguridad no lo vamos a cubrir.

Doy por defendidas el resto de las enmiendas de los diputados inscritos
en el Grupo Parlamentario Mixto y voy a pasar a la defensa de las
presentadas por Unión Valenciana, números 35, 36, 37 y 89, haciendo
especial hincapié en la número 89, que es la referente a la solicitud de
una partida adicional de inversiones reales en el departamento de Cultura
para infraestructura cultural de la ciudad de Valencia, puesto que
Valencia ha sido designada candidata a la capitalidad cultural europea
del año 2001, y solicitamos en el anexo de inversiones un alta de 15.000
millones para diversos proyectos de inversión cultural para cofinanciar
junto con el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat valenciana
iniciativas de infraestructura cultural debido a que, habiendo sido
designada la ciudad de Valencia candidata en representación del Estado
español a la capitalidad europea de la cultura en el año 2001, deben
planificarse y consignarse presupuestariamente en el ejercicio 1998,
dentro de la programación plurianual, un conjunto de inversiones en
infraestructuras culturales. Ahí está el proyecto de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias en la ciudad de Valencia y están iniciadas o en
trámite de iniciarse diversas inversiones en el Palacio de Congresos, por
ejemplo, en dicha ciudad, para que el Gobierno central sea sensible con
esa candidatura y la ciudad de Valencia pueda, en igualdad de
condiciones, competir con el resto de ciudades candidatas a ese 2001, que
son Oporto, Génova, Rotterdam o Lille. Por lo tanto, solicitamos esa
inversión adicional para que la infraestructura cultural de la ciudad de
Valencia, representante del Estado español, pueda aspirar y quedarse con
la nominación de ese evento del 2001 como capital europea de la cultura.

Doy por defendidas el resto de las enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra la señora
Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: De las 15 enmiendas que esta diputada
tiene presentadas a esta sección 18 de Educación y Cultura, me gustaría
reseñar tres, que son la 168, 169 y 170, que corresponden a una cuestión
absolutamente política pero no por ello menos trascendente, que es la
transferencia de competencias como la investigación científica, la
investigación técnica o el desarrollo tecnológico. Estas competencias,
que estaban establecidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco de
1979, al día de hoy, 18 años después, siguen sin ser transferidas.

Entendido que una de las cuestiones clave al día de hoy a nivel
internacional para hacer desaparecer el problema tan preocupante del
desempleo son las competencias de formación y de investigación,
entendemos que ésta es una cuestión vital que debe ser planteada
ejercicio presupuestario tras ejercicio presupuestario. Ciertamente,
estamos aportando desde la Comunidad Autónoma del País Vasco una serie de
dotaciones presupuestarias y financieras a través del cupo para esta
cuestión clave de la investigación científica e investigación técnica,
pero, curiosamente, no sólo no recibimos las transferencias que nos
corresponden por ley, sino que además las inversiones presupuestarias que
se están realizando en estas materias son ciertamente escasas, por no
decir insignificantes. Eso significa que el propio Gobierno vasco, a
través de su propio presupuesto, tiene que hacer una serie de inversiones
que no debieran realizarse si tenemos en cuenta lo que establece la ley,
por no decir el espíritu de ese Estatuto de Autonomía. Con ello volvemos
a reiterar, por no extendernos más, que es clave la transferencia de la
investigación científica y técnica y que por ser una cuestión política
debemos de plantearla no en esta fase del procedimiento sino en el Pleno,
como ya lo señalamos igualmente en la enmienda de totalidad a los
Presupuestos Generales del Estado.

En otro orden de cuestiones hemos planteado 12 enmiendas que hacen
referencia a partidas que consideramos que corresponde realizar por parte
del Gobierno central en estos Presupuestos Generales del Estado para
inversiones culturales dentro de la propia comunidad. Algunas enmiendas
hacen referencia a infraestructuras propiamente dichas, por ejemplo, el
estudio de creación de un centro-museo de arte contemporáneo en Alava.

Creemos que podría ser clave para el desarrollo cultural de esta zona y
que sería importante a su vez este centro-museo de arte contemporáneo,
porque existe ya una serie de recursos culturales y de infraestructura
que permitirían la creación de dicho centro con no demasiadas
inversiones, pero que supondría un gran desarrollo en la zona.

Igualmente hemos presentado enmiendas que hacen referencia a museos, por
ejemplo el de San Telmo, que requiere de una especial conservación. En
este sentido hemos presentado una enmienda de 300 millones de pesetas. Lo
mismo ha ocurrido en el museo Naval y de la Industria, de la zona de
Abandoibarra, en Bilbao, que creemos que es necesario potenciar para que,
junto con Euskalduna, el Palacio de Congresos, y el museo Guggenheim,
puedan completar esa zona de desarrollo cultural y, a su vez, de
desarrollo económico.

Otra serie de enmiendas hacen referencia a la potenciación del desarrollo
plurinacional, es decir, de las diversas culturas que existen en el
Estado español. El reconocimiento de un Estado español plurinacional y
plurilingüe



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tendría que llevar consigo inversiones en culturas y en lenguas que no
sean exclusivamente la española. Por tanto, pedimos una serie de
inversiones para sociedades, centros y organismos que están realizando
importantes trabajos a la hora de desarrollar lenguas como el euskera, o
trabajos como son, por ejemplo, los que realiza la Sociedad de Estudios
Vascos.

No queremos dejar de mencionar otra serie de eventos que tienen
importancia cultural europea, como puede ser la quincena musical u otra
serie de certámenes, como el de masas corales, o de festivales en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Por último, como también ha señalado el representante del Partido
Nacionalista Vasco, aunque su enmienda hace referencia a una ubicación
geográfica distinta, presentamos una enmienda para la réplica de las
cuevas de Ekain, cuya ubicación proponemos en la zona de Deba, porque
entendemos que existe una mayor proximidad geográfica con las cuevas
originales, ya que pueden existir mejores condiciones de infraestructura
y características geológicas y porque creemos que los estudios económicos
y de desarrollo de las mismas pueden estar más avanzados, con
subvenciones y ayudas del propio Gobierno vasco.

En cualquier caso, son quince enmiendas que hacen referencia a diferentes
cuestiones, políticas por supuesto, muy importantes, y también de
inversiones en cuestiones de desarrollo de la lengua y de la cultura, que
creemos no deben ser obviadas.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En aras a la brevedad no me puedo referir a
cada una de las enmiendas; por eso me voy a ceñir a las fundamentales y
especialmente a las de totalidad que han presentado Izquierda Unida, PSOE
y Grupo Mixto.

Quiero decir, señorías, que éste es el presupuesto que más aumenta en
Educación y Cultura de los últimos años, porque hay que tener además la
proporción --y sacaríamos un cuadro-- de los aumentos teniendo en cuenta
la inflación. Ha habido años con un aumento superior, pero con una
inflación que casi triplicaba la que se prevé para el año 1998. Es decir,
un presupuesto que aumenta un 6,4 que sería un 6,8 si consideramos
presupuesto consolidado, puesto que hay algunas partidas que pasan al
Ministerio de Administraciones Públicas, en un año de inflación del 2,2,
significa un aumento muy considerable, que no se había tenido en los
últimos años, y tengo aquí, por ejemplo, el «Diario de Sesiones» del 19
de mayo de 1991, cuando el presupuesto inicial sufrió un recorte del 3
por ciento, y decía el entonces ministro de Educación y Ciencia, señor
Solana Madariaga: Creo que es buena política siempre que haya que asumir
este recorte del 3 por ciento que tuvimos que asumir en 1991 por razones
sociales, es decir, con los parados.

Pues bien, el Gobierno del Partido Popular ha hecho un esfuerzo porque
damos importancia capital a la educación, lo hemos dicho en diferentes
ocasiones y lo dijo el presidente del Gobierno en el debate de
investidura, que el Partido Popular iba a hacer un gran esfuerzo. Ese
esfuerzo está plasmado ahí, en donde solamente el gasto de educación va a
ascender a 994.709 millones. Además, este esfuerzo tiene que hacer
referencia concretamente, porque lo hemos defendido siempre, a la
educación pública y a la educación concertada. Quiero decir como dato
importante que en 1998 la red de centros públicos se ampliará y
modernizará con una inversión de 47.000 millones de pesetas para 119
centros, no todos ellos nuevos, pero sí readaptados. Este es un esfuerzo
realmente importante, teniendo en cuenta además que habrá 72.000 alumnos
menos en el territorio MEC.

Junto a este aumento de la red de centros tenemos también que decir que
hay un incremento de 1.740 profesores. Es indudable que en un momento en
el que se está intentando reducir los gastos de la Función pública, sin
embargo, Educación es un ministerio en donde no se van a adoptar las
medidas que afectan a otros ministerios de reponer nada más que el 25 por
ciento. El de Educación no sólo se mantiene sino que aumenta en 1.740
profesores.

A investigación se van a destinar 74.000 millones, es decir, un 6,6 por
ciento más. En bibliotecas, museos, archivos, patrimonio histórico,
etcétera, se invertirán 24.000 millones de pesetas.

La enseñanza de iniciativa social concertada aumenta un 9,1 por ciento.

Sin embargo, conocen perfectamente SS. SS., especialmente el Partido
Socialista que dirigió el Gobierno durante lo últimos años, que es
producto de los acuerdos correspondientes y de que en estos momentos,
aplicando la Logse, tenemos la ESO que se aumenta y los diez años de
enseñanza obligatoria y gratuita. Por tanto, no hay en absoluto por parte
del Partido Popular un apoyo, como parece ser que se indica velada o
expresamente, a la enseñanza de iniciativa social en contra de la
pública. No es esto y he dado los datos respecto de la pública.

En lo que respecta a algunas enmiendas del Partido Socialista me voy a
referir a ellas en conjunto, tal como se ha hecho en la defensa de las
mismas. Yo pensaba que el Partido Socialista especialmente, pues es el
que ha tenido la responsabilidad de Gobierno anteriormente, iba a hacer
un presupuesto de Educación indicándonos qué partidas quería quitar y
cuáles poner, porque hacer unas enmiendas y cargarlo todo a la Sección 31
se fija aumentos absolutamente superiores a cualquier presupuesto
posible. Si suman SS. SS. todo lo que se fija con cargo a la sección 31,
estaríamos en más de un billón de pesetas para dicha sección.

Me quiero referir aquí a una enmienda en concreto, que es la relativa a
los libros de texto a efectos de la enseñanza obligatoria. El Partido
Socialista presenta una enmienda que asciende nada más y nada menos que a
40.000 millones de pesetas mediante la fórmula de que se den 8.000
pesetas para libros a todas las familias españolas. Si se hubiese
iniciado el camino anteriormente, no por esta cifra ni mucho menos, el
Partido Socialista podría preguntar por qué no se sigue esa vía, pero
quien ha iniciado el camino, refiriéndonos a libros de texto en la
enseñanza obligatoria,



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ha sido el Gobierno del Partido Popular, que ya en 1997 destinó 2.000
millones en concepto de becas de 10.000 pesetas a familias cuyos ingresos
fueran inferiores a 1.300.000 pesetas, más una cantidad por hijo. Lo que
no comprendemos es que se quieran además 8.000 pesetas y 40.000 millones,
con cargo al presupuesto salvo que sea una enmienda a modo de carta a los
Reyes Magos pidiendo 40.000 millones de pesetas a los Presupuestos
Generales del Estado cuando el Gobierno ha iniciado la vía de los 2.000
millones de pesetas en concepto de becas para libros de texto.

En cuanto a la educación infantil, el año pasado se hizo un pequeño
esfuerzo de 400 millones de pesetas y este año se hace uno mayor de 1.400
millones. Hay varias fórmulas, pero la que adopta el Gobierno es la de
becas porque considera que es la más social. Se dirigirán a las familias
con menos ingresos y serán ellas las que elegirán el centro a donde
quieran mandar a sus hijos.

En lo que respecta a Cultura, me dirijo al señor Clotas, que ha
preguntado qué eran las instituciones de cabecera. Lo explicó el
secretario de Estado de Cultura y es lo siguiente. Saben SS. SS. que
había un crédito finalista más o menos por esa cifra para el museo
Thyssen que quiere decir, como SS. SS. saben --por lo que pido excusas
por la redundancia por mi parte--, que terminaba cuando se pagara el
último plazo del museo Thyssen. Por parte del Gobierno y del Ministerio
se ha querido mantenerlo en Cultura, es decir, sube los 10.000 millones
de pesetas, que se van a destinar a lo que se llaman instituciones de
cabecera que son instituciones fundamentales en las diferentes
comunidades autónomas. Agradecería que se tomara nota de qué es este
programa de instituciones de cabecera, que antes era un crédito
finalista, que ha terminado, y que se corresponde con el aumento que se
recoge. En el plan de bibliotecas, museos, archivos y patrimonio
histórico artístico se van a invertir 24.000 millones de pesetas, lo que
significa un esfuerzo por parte del Gobierno.

Finalmente, querría dar a Izquierda Unida los mismos argumentos que al
Partido Socialista, con una diferencia y es que Izquierda Unida no ha
tenido la responsabilidad de gobierno. Coincido en que entre todos
tenemos que hacer un esfuerzo mayor para educación. Este año lo ha hecho
el Gobierno del Partido Popular y creía que íbamos a recibir el aplauso,
especialmente de los grupos que no han estado en el gobierno. Igualmente,
hago referencia sobre el particular al Grupo Mixto.

La señora Aramburu se ha referido a Canarias. Ya explicamos el año pasado
que esto provenía... No está la señora Aramburu y como los demás grupos
conocen perfectamente los detalles, no me voy a referir a ello.

Respecto a deportes, hay unas enmiendas de Izquierda Unida haciendo
referencia a la Liga profesional de fútbol. Quiero insistir en que es un
acuerdo que se firmó anteriormente para la amortización de las deudas con
motivo del Mundial de fútbol. Efectivamente, es una cifra importante,
pero no podemos tocarla, porque no se les puede decir a los clubes de
fútbol que algo que estaba firmado anteriormente para la amortización de
las deudas que tenían se va a suprimir ahora. No es que tenga lógica que
se financie a la Liga profesional de fútbol, pero es un acuerdo y hay que
cumplirlo. Cualquiera que sea el partido que esté en el Gobierno tiene
que cumplir los acuerdos efectuados por gobiernos anteriores.

En cuanto a las enmiendas concretas, hay una de Convergència i Unió, la
1626, en la que pide un aumento de 5.000 millones para el Fondo nacional
de desarrollo de la investigación científica. Queremos indicarle al
representante de CiU que este Fondo va a disponer de 10.439 millones de
pesetas más que en 1997, ya que al incremento de 1.439 millones de
pesetas previstos en los presupuestos hay que añadir la aportación de
9.500 millones de pesetas de los fondos Feder. Efectivamente, esto va
para las regiones Objetivo 1 y 2, pero saben SS. SS. perfectamente que
estas regiones son las menos desarrolladas. El esfuerzo para
investigación y desarrollo no se debe concentrar sólo en las grandes
capitales de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, sino que es
de justicia y además es la palanca que puede servir para desarrollar las
regiones con menores ingresos. Por tanto, en aras del equilibrio y, en
definitiva, para hacer cumplir nuestra Constitución, estos fondos --y así
lo prevén los fondos Feder-- van a las regiones Objetivo 1 y 2.

En cuanto al Partido Nacionalista Vasco, hemos estudiado detenidamente la
enmienda 1467, que pretende que haya un concepto nuevo en el programa
423.B, que consideramos muy interesante, relativo a los colegios
universitarios. La enmienda del PNV fija una cantidad y ya adelanto que
vamos a votar favorablemente dicha enmienda, porque creemos que no es
sólo para el territorio de Euskadi, sino también para el conjunto del
Estado español. Es un programa nuevo que puede aumentar en años sucesivos
y puede ser muy interesante. Por tanto, vamos a votar favorablemente la
enmienda 1467. En lo que respecta a la 1470, relativa a la Coral, o la
1471, al Orfeón Donostiarra, estaríamos dispuestos a una enmienda
transaccional, que podríamos redactar antes de la votación, para que la
Coral de Bilbao reciba 10 millones de pesetas y el Orfeón Donostiarra, 15
millones. En aras a la brevedad, no quiero hacer un canto al Orfeón
Donostiarra, sin detrimento de otros orfeones, pero en esta casa fue el
ejemplo de lo que debe de ser un orfeón que está por toda España,
llevando no sólo la canción vasca sino el conjunto de todas las canciones
del Estado español. En cuanto a la enmienda 1472 vamos a apoyarla.

Respecto a las enmiendas 1474 y 1475, el Partido del Gobierno se
compromete a que se incluyan en la comisión mixta y en el programa del 1
por ciento del Ministerio de Fomento.

Finalmente, hay una serie de enmiendas que ha defendido desde el Grupo
Mixto la diputada de Eusko Alkartasuna. Algunas de ellas son temas que
interesan desde el punto de vista de la cultura, pero estamos haciendo un
esfuerzo por todas partes y, por desgracia, incluso con un presupuesto
que aumenta tanto en Educación como en Cultura, no podemos llegar a más.

Por tanto, respecto a las enmiendas relativas al territorio de Euskadi,
al que me siento particularmente muy unido, hacemos un esfuerzo
importante con las que vamos a aprobar del PNV.




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Quisiera hacer especial referencia a lo que nos ha indicado Unión
Valenciana y también decimos lo mismo. Unión Valenciana presenta una
serie de enmiendas, una de incremento de 190 millones para la cuarta fase
del museo; queremos indicarle que en este museo, que es objeto de una
atención especial por parte del Ministerio de Educación y Cultura, y a
través de una planificación coordinada con la Comunidad valenciana, este
departamento ha invertido 624 millones de pesetas. La inversión prevista
para 1998 de 550 millones de pesetas se considera realmente importante,
así como los 190 millones para 1999. Por tanto, lo que sí quiero despejar
absolutamente es cualquier duda de que el Ministerio, en este tema del
Museo de Bellas Artes, tiene un especialísimo interés que se está
demostrando con las inversiones que se están haciendo, las que se van a
hacer, como he dicho, en 1998 y las que están previstas en el plan
plurianual para 1999.

Yo celebro con Unión Valenciana que el Gobierno esté apoyando para el año
2001 la capitalidad de Valencia. Si esto se consigue (conoce S. S. el
esfuerzo y el apoyo que está dando el Gobierno para ello), será el
momento de que estudiemos algunas inversiones para la ciudad de Valencia.

Puede tener la seguridad S. S., y lo conoce, de que el Gobierno va a
hacer todo lo posible, y que si solamente dependiera de él en Europa,
estaba hecha la capitalidad.

Quiero terminar agradeciendo al Partido Nacionalista Vasco que ha
indicado que, junto a no estar de acuerdo en algunos términos del
presupuesto, había visto que, con relación a las propuestas que ellos
habían hecho el año anterior para educación (no a temas de Euskadi, y sí,
por tanto, al conjunto del Estado), se ha hecho un esfuerzo por parte del
Gobierno y de este Ministerio en el aumento de la cantidad destinada a
educación. Si todas las comunidades autónomas, a medida que se vayan
transfiriendo y las que lo tienen transferido, hacen un esfuerzo similar
al que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, conseguiremos ese
objetivo final de aumentar el porcentaje del PIB destinado a la
educación.

Finalmente, quiero agradecer a todas SS. SS: la forma que han mantenido,
y ruego disculpas si en alguna cosa no he contestado, que habrá sido por
falta de tiempo y no por voluntad de este portavoz.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Con esto acaba el debate de la
sección 18 y vamos a comenzar el de la sección 19.

Quiero advertir a los portavoces de los grupos que esta Presidencia va a
ser muy estricta en el cumplimiento de los diez minutos que se van a
asignar para defender las enmiendas de cada grupo.

Por parte del Grupo Socialista hay presentadas enmiendas. Creo que han
pedido la palabra doña Isabel López, doña Elvira Cortajarena y el señor
Cercas. Repártanse el tiempo como crean conveniente, pero tienen diez
minutos para defender sus enmiendas. (El señor Cercas Alonso pide la
palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Cercas.

El señor CERCAS ALONSO: ¿Habla de la sección 19 exclusivamente o de la
sección 60 acumulada a la 19?



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Secciones 19 y 60. Teniendo esto
en cuenta, daremos 15 minutos; repártanselo como crean conveniente.




La señora LOPEZ I CHAMOSA: Buenas tardes, señor presidente.

Siempre que nos toca a nosotros es cuando nos pillan las restricciones.

No sé a qué viene esto, pero bueno. (Risas.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Perdone, éstas son las normas que
se han fijado por la Presidencia desde el principio del debate. En
algunos momentos se ha sido más flexible, pero, dado lo avanzado de la
hora y teniendo en cuenta todo lo que nos queda, les ruego que se atengan
estrictamente a lo marcado por acuerdo de la Mesa.




La señora LOPEZ I CHAMOSA: Sí, sí, pero siempre vamos a lo mismo.

Sean mis primeras palabras de extrañeza al mirar esta sección y estos
presupuestos y no encontrar una enmienda del PP para que corrigiera al
Gobierno en el apartado que propone que las horas extraordinarias coticen
al 28 por ciento, puesto que recuerdo que el año pasado el Grupo
Socialista hizo esta propuesta y los señores del PP nos dijeron cosas tan
bonitas como que esto iba contra el empleo, que éramos unos demagogos,
todo eso. Y ahora, en estos presupuestos, un año después, el Gobierno
propone pasar las horas extraordinarias estructurales al 28 por ciento de
cotización. Sea bienvenida la propuesta, pero reconozcan que van con un
año de retraso.

Aunque hay muchas razones para presentar la enmienda de devolución de la
sección 19, correspondiente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
incluido el Inem, la fundamental es la insuficiencia de medios y de
programas concretos para abordar el problema del paro en una fase
expansiva del ciclo económico como la que estamos atravesando. Parece que
hay dos discursos, uno lo que decimos y otro lo que hacemos. Decimos que
queremos combatir el paro, pero, a la hora de poner medidas y medios para
hacerlo, la realidad es otra.

El programa de empleo que el Gobierno ha presentado a Bruselas prevé una
tasa de desempleo del 17 por ciento en el año 2000. Esto viene a
significar la absoluta resignación por parte del Ejecutivo conservador
ante este problema. Con un crecimiento económico sostenido como el que se
ha previsto, no es posible concluir que, seis años después de la salida
de la crisis económica 1992-1993, la tasa de paro va a ser superior a la
que existía en el momento anterior al comienzo de la misma, que era de un
15,9. Es decir, que no vamos a aprovechar el crecimiento económico para
la creación significativa de empleo.

Los presupuestos para 1998 son la prueba más evidente de esta falta de
compromiso del Gobierno con el empleo. Las aportaciones del Estado al
Inem se reducen en un 21



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por ciento respecto a las que recibió este organismo en 1997, y en un 46
por ciento respecto a las que recibió en 1996. Baste un dado: mientra que
la aportación del Estado al Inem era de 808.676 millones de pesetas en el
presupuesto de 1995, en 1998 es de 216.052 millones. Como las
cotizaciones sociales al desempleo se han mantenido constantes, lo que ha
ocurrido es que éstas, contra todo criterios incluso los Pactos de
Toledo, se han ido haciendo cargo paulatinamente de los gastos no
contributivos, manteniéndose así una presión fiscal sobre el empleo a
todas luces innecesaria. Junto a esto, las políticas activas se centran
básicamente en las bonificaciones de cuotas sociales para determinados
tipos de contrato, sin que haya una atención específica hacia aquellas
personas que tienen una mayor dificultad para integrarse en el mercado de
trabajo. Es decir, las políticas activas no tienen carácter alguno de
solidaridad y se echa de menos un compromiso expreso con los parados de
larga duración.

Las enmiendas del Grupo Socialista tienden, por consiguiente, a resolver
los problemas desatendidos por el Gobierno y a corregir algunos de los
aspectos más regresivos de este apartado presupuestario. En primer lugar,
insta al Gobierno a que abra consultas con los empresarios y sindicatos
con el fin de que los ingresos por cotizaciones sociales al desempleo se
destinen exclusivamente al pago de la prestación contributiva y, en
consecuencia, se señalen los recursos presupuestarios necesarios para
afrontar los gastos de prestaciones y programas no contributivos, así
como, en su caso, la reducción de la cuota en los términos en que
proceda.

En segundo lugar, se incrementan las partidas presupuestarias destinadas
a políticas de fomento del empleo en 110.000 millones de pesetas, con el
fin de cumplir los objetivos siguientes: primero, extensión progresiva de
los servicios integrados para el empleo, en concertación con las
comunidades autónomas, corporaciones locales y agentes sociales, en
municipios, mancomunidades y distritos urbanos con elevadas tasas de
desempleo y con riesgo de exclusión social. En los convenios de
implantación se incluirían, entre otras, las medidas destinadas a la
calificación, mejora de la ocupabilidad, planes personalizados de
formación a los desempleados, así como programas mixtos de formación de
empleo, iniciativas locales de empleo y propuestas concretas sobre
acciones de inserción laboral. Segundo, establecimiento de un plan de
empleo para jóvenes y desempleados de larga duración, concertado con las
corporaciones locales, para que, a través de estas entidades, las
organizaciones del llamado tercer sector --cooperativas, mutualidades,
asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales-- puedan
llegar a ser agentes impulsores de iniciativas tendentes a satisfacer
necesidades sociales y, a través de ellas, crear fuentes potenciales de
empleo.

El tercer objetivo es la ampliación del programa de escuelas-taller y
casas de oficio a cien nuevas iniciativas dirigidas a fomentar, a
integrar laboralmente a desempleados mayores de 40 años sin calificación
profesional que tenga respuesta en el mercado.

El cuarto objetivo es la implantación de unidades de promoción y
desarrollo para la inserción laboral, con el fin de potenciar las
posibilidades de empleo de los alumnos que hayan concluido su período
formativo en escuelas-taller y casas de oficio.

Quinto objetivo, implantación de agencias de colocación sin ánimo de
lucro en centros docentes para la orientación y atención de las demandas
de empleo a los alumnos que estén finalizando su ciclo formativo.

Por último, incentivar los procesos de reducción de jornada que puedan
acordarse en la negociación abierta entre empresarios y sindicatos.

En definitiva, diría a los señores del PP que, teniendo en cuenta que el
Gobierno nos copia un año después, podemos tener este año la oportunidad
de contar con sus votos para aprobar estas enmiendas del Grupo Socialista
y así ganaríamos todos, especialmente los parados de este país, que se
verían con más ayudas para dejar de serlo.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra la señora
Cortajarena.




La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señor presidente.

Paso a defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista a la ley de presupuestos, vinculadas a la Secretaría General
de Asuntos Sociales, extinto Ministerio.

Hemos planteado una enmienda de devolución porque creemos que en el año
1996 la situación no era comparable a la actual. En el anterior
presupuesto, y de forma machacona, nos argumentaron que la entrada en la
moneda única exigía grandes restricciones presupuestarias, se lo pueden
preguntar a los funcionarios públicos. Por suerte o por milagro, según se
mire, este argumento ya no nos sirve: España va bien. Y alegrándonos de
esa bonanza económica, nos tenemos que preguntar ¿para quién? ¿Para los
parados, para las personas mayores dependientes, para los discapacitados,
para las personas excluidas, para las mujeres maltratadas? Y un largo
etcétera. Queremos que estas enmiendas permitan mejorar las condiciones
de vida de estos colectivos, siempre desde la óptica de la izquierda,
defendiendo que la generación de riqueza junto al crecimiento económico
se redistribuya equitativamente entre los más necesitados.

Las enmiendas que hemos propuesto tienen un sumatario de 8.200 millones
de pesetas. En concreto, en primer lugar, van 3.000 millones de pesetas
para incrementar el plan concertado y en su undécimo año conseguir cubrir
el 50 por ciento de las previsiones iniciales; en segundo lugar, para el
plan gerontológico hemos solicitado una dotación de 2.000 millones, dado
que al haberse transferido el Inserso a todas las comunidades autónomas
hay cantidad de residencias creadas por la iniciativa pública, las
administraciones locales y la iniciativa social, que se cierran, dado que
los pensionistas con bajos ingresos no pueden pagar la cuantía total de
sus estancias; al plan de lucha contra la pobreza se le han asignado 700
millones de incremento. En relación con la política de los emigrantes, el
Pleno de la Cámara del 7 de octubre, en el debate de una moción de
Izquierda Unida sobre la política hacia las migraciones



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el señor Jordano, del Grupo Popular, afirmó que en 1997 se han gastado
832 millones de pesetas. Si hay 250 millones para el año 1998, es obvio
pensar que no van a poder acometer la atención sanitaria y social de
estas personas. Por tanto hemos solicitado un incremento presupuestario
de 1.000 millones. También hemos solicitado una dotación inicial de 500
millones para habilitar la residencia-hospital española en Tánger. Las
transferencias del Inserso a La Rioja tienen pendientes 250 millones.

Hemos presentado una enmienda para incrementar en 500 millones la
dotación prevista por el Gobierno para atender el endeudamiento que
acarrea en las organizaciones no gubernamentales la tardanza en el cobro
de las subvenciones del Fondo Social Europeo. En el Instituto de la Mujer
se han presentado dos enmiendas de carácter técnico, de transferencia del
capítulo 2 al capítulo 4.

En definitiva, las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista ponen de manifiesto la coherencia de nuestro grupo al
aprovechar un clima favorable y, sobre todo, la bonanza económica, que
tiene que quedar reflejada en alguna medida en unos presupuestos más
solidarios, el compromiso con los más débiles y necesitados de nuestra
sociedad y la corresponsabilidad con los miembros del Gobierno. No hemos
hecho la carta a los Reyes Magos; nuestro sentido de lo público nos
obliga a adoptar propuestas concretas de solidaridad que redistribuyan
mejor los logros económicos. Se propone obtener, en definitiva, un
crecimiento del 14 por ciento para las políticas de solidaridad.

Me gustaría concluir diciendo que cada lustro la bonanza económica ha
llevado aparejada, desde la época de UCD, alguna medida importante en el
ámbito de las prestaciones sociales y asistenciales, tenemos la Lismi, el
plan concertado, los planes integrales, la Ley de Pensiones no
Contributivas, el programa de vacaciones del Inserso y muchas más.

Señorías, ¿no les parece extraño que en la actualidad no haya ninguna
iniciativa? El Gobierno debería aprovechar la bonanza económica para
consolidar y ampliar algunas políticas y prestaciones de servicios
asistenciales y sociales. A pesar de que los pantanos rebosan, en esta
materia tenemos sequía. Nos preguntamos, ¿durará mucho?



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, aunque ciertamente en la
distribución de tiempo le queda poco a este portavoz, si han seguido
atentamente los debates de la tarde de ayer no sorprenderá a todos los
comisionados que el Grupo Parlamentario Socialista tenga que mantener hoy
vivas cuatro enmiendas: una de devolución del conjunto de la sección 60;
otras dos de devolución a la Tesorería y al Instituto Nacional de la
Seguridad Social; y otra de devolución también de las entidades
colaboradoras de accidentes de trabajo.

A lo largo del día de ayer intentamos ofrecer una alternativa
posibilista, ciertamente de mínimos, frente a los retos y los riesgos que
en este momento está sufriendo la institución tras dos años de
desgobierno del Partido Popular, pero todos nuestros ofrecimientos, que
han sido constructivos, han sido contestados por la vía de los hechos con
una posición frontalmente negativa a todas y cada una de nuestras
enmiendas, a pesar de que en el debate no se adujo argumento en contra de
la idoneidad de nuestras enmiendas, más bien se crearon maniqueísmos, se
crearon estructuras de pensamiento o escenarios totalmente alejados de
nuestras posiciones para poder ser rebatidos. Como consecuencia, en este
momento llegamos a una triste situación, y es la de que, a pesar de que
nuestra voluntad hubiera sido retirar estas enmiendas de devolución,
porque se hubiera corregido mínimamente el presupuesto con arreglo a
nuestras enmiendas parciales, ninguna de ellas ha sido objeto de
consideración. Por tanto, solicitamos en este momento la devolución de
estos presupuestos al Gobierno.

Simplemente por recordar alguno de nuestros argumentos, diremos, señoras
y señores diputados, que estos presupuestos tenían que haber sido el
correlato fiel de compromisos asumidos en el Pacto de Toledo. El Pacto de
Toledo no vino a ser otra cosa, en el fondo, en el núcleo profundo de ese
compromiso político, que tratar de solucionar algo que era muy evidente
para todos los grupos de la Cámara en la primavera de 1995, y es que el
sistema de financiación de la Seguridad Social era tan injusto como
ineficaz para dar continuidad a un programa como este de la Seguridad
Social en el próximo siglo XXI.

La Seguridad Social venía acumulando cargas indebidas por la financiación
de prestaciones no contributivas; como consecuencia de ello, se estaban
abriendo unas vías de endeudamiento y de préstamos a la Seguridad Social
que había que cerrar, haciendo una distinción muy clara entre lo que
debía ser objeto de una financiación por cotizaciones sociales, que no
deja de ser otra cosa que un impuesto sobre el empleo, respecto a lo que
debía ser financiación fiscal. Pues bien, lo que durante años había sido
compromiso de todos los gobiernos de la democracia, ir incrementando el
peso de la aportación estatal e ir reduciendo el peso, la participación
de las cotizaciones sociales en la financiación del conjunto del sistema,
vemos en estos presupuestos, por segundo año consecutivo, que no
solamente no se avanza en esa línea, sino que se retrocede. Hoy las
cotizaciones sociales representan dos puntos porcentuales más respecto a
la financiación total del sistema de lo que eran en el último
presupuesto; en los trece años de gobierno socialista se redujo esa
participación en 18 puntos, sin que mediara el Pacto de Toledo. Si
hicimos el Pacto de Toledo fue porque aquel esfuerzo era aún pequeño
frente a la magnitud de los retos que tenía la Seguridad Social y frente
al compromiso de no poder seguir imaginando el sistema de protección
social pivotando sobre las cotizaciones sociales, sobre los
endeudamientos progresivos del sistema. Pues bien; el Gobierno del
Partido Popular nos trae unos presupuestos que incrementan el
endeudamiento, porque ya nos ilustraron de que los 350.000 millones no
van a ser una aportación a la Tesorería, sino que va a ser una aportación
estructural a las diferencias entre lo que señalan, lo que pintan
teóricamente como ingresos por devengo y lo que realmente ingresan a la
Seguridad



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Social. Por tanto, habrá 600.000 millones más de deuda de estos
presupuestos cuando se liquiden, que vendrán a acumularse al billón largo
en que se ha incrementado el endeudamiento en el tiempo de gobierno del
Partido Popular.

Como consecuencia, en las prestaciones el proyecto también es cicatero,
no aborda la corrección de determinados colectivos que están necesitados
simplemente de que se haga realidad lo que se les promete en la
propaganda gubernamental. Vemos que ni las viudas ni los huérfanos ni los
inválidos permanentes, totales, ni siquiera la revalorización de
pensiones va más allá de los ambiguos procedimientos del presupuesto.

Por tanto, señoras y señores diputados, hemos hecho el esfuerzo de
corregir al mínimo, y ya que no avanzaba este Gobierno, por lo menos que
no retrocediera respecto a lo que era la historia reciente de la
Seguridad Social desde la democracia. Tenemos unos presupuestos de franco
retroceso, de incremento de los riesgos, de incremento de los
desequilibrios y, por tanto, como ni siquiera han hecho el mínimo
esfuerzo para aceptar las enmiendas de corrección parcial que les ha
ofrecido nuestro grupo, lamentablemente, señor presidente, mantenemos
vivas nuestras de devolución, devuelvan ustedes el presupuesto al
Gobierno y traigan un presupuesto que dé continuidad, que permita a la
Seguridad Social verlo en el próximo siglo XXI. Ya sé que me van a
contestar ahora, sin posibilidad de réplica por mi parte, lo que quieran,
pero este debate lo continuaremos en la primavera de 1999, cuando
liquiden estos presupuestos y verán cómo ustedes, si tienen un mínimo de
honestidad intelectual, tendrán que convenir conmigo que dos años antes
los diputados socialistas les dijimos que España no sé si irá bien o mal,
pero la Seguridad Social va fatal, señores del PP.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo de Izquierda Unida,
han solicitado la palabra la señora Sabanés y el señor Vaquero. Tienen el
tiempo también limitado y les ruego concreten al máximo la defensa de sus
enmiendas.




El señor VAQUERO DEL POZO: Señor presidente, sin duda alguna, vamos a
hacer uso del tiempo de la forma más limitada posible.

Queremos decir que Izquierda Unida no ha realizado enmiendas de
devolución de las secciones de Trabajo y Seguridad Social, pues siendo
tan profundas y patentes nuestras diferencias con las políticas
practicadas por el Gobierno respecto a la política de empleo y
prestaciones sociales, sin embargo, las enmiendas de devolución no
reflejan exactamente el carácter cualitativo de esas diferencias, no
exactamente convertibles en cifras y en propuestas que o se plasman en
propuestas alternativas o bien pueden ser interpretadas como diferencias
cuantitativas de grado y no sustanciales. Una ley de presupuestos como la
presente es una ley a la que hay que contestar con una propuesta
alternativa global; pero eso es cuestión de una correlación de fuerzas
que en estos momentos no es favorable.

Por eso, no sé si acertada o equivocadamente (en cualquier caso, es
cuestión de criterios), hemos adoptado la decisión de no presentar
enmienda a la totalidad de ambas secciones, lo que, insisto, no debe
confundirse con un acuerdo o apoyo, implícito ni explícito, a las
políticas que indirectamente éstas reflejan.

Sin embargo, comprendemos y apoyamos a aquellos que han elaborado
enmiendas de devolución desde una defensa de lo que se ha dado en llamar
Estado de bienestar, con el ánimo progresista de que el nuestro,
incipiente e imperfecto como es, no ceda paso a esa tentativa derechista
de evaluarlo y diluirlo en la sociedad del bienestar, que refleja una
actitud dejacionista y privatizadora por parte de quienes gestionan ahora
el Estado desde el Gobierno. Votaremos, por tanto, las enmiendas números
1353, 1354 y 1419 a 1424, de devolución, que presenta el Grupo
Socialista, en coherencia con lo expresado anteriormente.

No vamos a apoyar la enmienda número 182, de Eusko Alkartasuna, pues
estando de acuerdo en que la gestión del Inem debe pasar al Gobierno
vasco, sin embargo, defendemos que ello no signifique desmantelar el Inem
ni la unidad de Caja de la Seguridad Social como elemento de solidaridad
entre todos los trabajadores del Estado.

También vamos a apoyar aquellas enmiendas parciales del Partido
Socialista que implican incrementos del gasto en políticas tales como
mejoras de los planes de reinserción, de la capacidad de ocupación de los
demandantes de empleo y creación de actividad, mejora de las escuelas
taller y casas de oficio, de la asistencia técnica a cooperativas y
sociedades laborales, de subvenciones a la economía social, de planes de
ayuda a la mujer rural y fomento del empleo y otros programas del
Instituto de la Mujer para distintos servicios sociales, etcétera; y en
la sección 60, el tratamiento que hacen las enmiendas del Grupo
Socialista respecto a los complementos a mínimos, los conciertos de
plazas de residencias de mayores construidas por las corporaciones
locales, las ONG y otras instituciones; lo que hace referencia a la
acogida de inmigrantes procedentes de Ceuta y Melilla, así como otros
servicios sociales locales.

Apoyamos también la enmienda número 438, de Nueva Izquierda, por la misma
razón.

No participamos, sin embargo, del criterio del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que presenta la enmienda número 1619 contra la
disminución de dotaciones para el fomento de la contratación temporal, ni
vemos claro el objetivo de la enmienda número 1620, anticipar la dotación
del plan estatal del voluntariado, por lo que nos vamos a abstener en la
votación.

Finalmente, quiero indicar que en las enmiendas parciales que Izquierda
Unida ha presentado, tanto al articulado del proyecto de ley de
presupuestos generales del estado, como a las secciones 19 y 60, que a
continuación va a defender mi compañera Inés Sabanés, como a la ley de
acompañamiento que veremos en otra ocasión, se contienen las
modificaciones más sustanciales que creemos corresponden en estos
momentos en materia de empleo y protección social.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): La señora Sabanés tiene la
palabra.




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La señora SABANES NADAL: Señor presidente, el bloque de enmiendas que el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado, y que hacen
referencia a asuntos sociales, están encaminadas a la corrección y, de
forma general, también al incremento de una serie de prestaciones
sociales que para nuestro grupo adquieren una especial importancia. Los
temas de exclusión social, protección y tutela de menores, protección de
minorías, temas de tratamiento e integración de la inmigración o de
juventud, están prácticamente en su totalidad discutiéndose y
analizándose en este Parlamento y en las respectivas ponencias y
subcomisiones. Nuestro grupo, por tanto, ha tratado con las enmiendas de
adecuar las necesidades de un mejor dimensionamiento de las diferentes
problemáticas, consciente de que es insuficiente, pero que, en todo caso,
entendemos que mejoraría situaciones en las que está seriamente
comprometido el conjunto de la Cámara.

El primer grupo de enmiendas tratan de mejorar prestaciones básicas de
servicios sociales, programa 313.L, y que corresponden a las enmiendas
números 923, 924, 925 y 926, que hacen referencia a la mejora de
programas de protección e integración de minorías étnicas nacionales,
plan de lucha contra la exclusión social, incremento para el desarrollo
del plan gerontológico, etcétera. En todo caso, aunque no sé si es el
momento oportuno, entiendo que sí, retiramos la enmienda número 927.

Las enmiendas números 928, 929 y 930 hacen referencia a mejoras en los
programas de acción en favor de inmigrantes, con especial relevancia la
enmienda número 930, que propone un incremento de transferencia a Ceuta y
Melilla para el tratamiento de los inmigrantes en dichas comunidades.

La enmienda número 935 se refiere a la mejora de atención a menores
tutelados, con dotaciones complementarias para familias desfavorecidas,
maltrato a menores o mejora de la atención a menores.

A la sección 60 irían las enmiendas números 1107 y 1108, de incremento
para la atención a la tercera edad e incremento del plan de acción
integral a discapacitados, porque entendemos que además existía el
compromiso expresado por el propio Gobierno de una mejora cuantitativa
del programa del plan integral de discapacitados.

Finalmente, quería llamar la atención sobre la enmienda número 941, que
hace referencia al Consejo de la Juventud de España y que es una enmienda
técnica, a la que se ha presentado una corrección, registrada, a la Mesa
del Congreso. Por tanto, la enmienda publicada decía: baja, en el
concepto 481, transferencias a asociaciones prestadoras de servicios, y
debe de decir: Baja, en el concepto 450, transferencias para el plan de
juventud. Es una enmienda técnica, en realidad, los 28 millones que se
pretenden de control directo para el Consejo de la Juventud de España es
un convenio que se realiza a través del Injuve y que funciona así. Lo que
mi grupo pretende --y hemos hablado con el Consejo de la Juventud de
España y con el Injuve-- es que se refleje la realidad de la situación y
no que se tenga que seguir un trámite injustificado de aparecer como un
convenio al que tiene que presentarse el Consejo de la Juventud de
España. Por tanto, entendemos que significa una mejora técnica que sería
importante para el Consejo de la Juventud de España.

Finalmente, especial reflexión nos merece el presupuesto del Instituto de
la Mujer, preocupación por la poca incidencia de las enmiendas, lo que
demostraría que no es una prioridad política. Las enmiendas que se han
formulado fundamentalmente por el Grupo Socialista nuestro grupo las va a
votar a favor. Existe en ese presupuesto una frágil subida que entendemos
es insuficiente para cumplir los compromisos y paliar los déficit en
políticas de igualdad.

Izquierda Unida, a través de sus enmiendas al programa de la Mujer,
quiere poner de manifiesto su preocupación por resolver los conflictos,
sorprendentemente crecientes, de violencia y malos tratos a mujeres y
niñas y defender en general los intereses del colectivo más amplio de
esta sociedad, que supongo que alguna vez, no lo dudemos, lo exigirá con
menor nivel de paciencia. Planteamos una subida de casi 3.000 millones
para el Instituto de la Mujer, más un montante superior en educación,
sanidad, servicios sociales, etcétera, para lo que hemos presentado
diversas enmiendas transversales que pretenden avanzar en una sociedad
más igualitaria, incidiendo las enmiendas que presenta nuestro grupo en
la parte más débil, que significa el conjunto de las mujeres.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: El Grupo de Convergència i Unió tiene dos
enmiendas a esta sección 19, una primera cuyo objetivo consistía en
aumentar la dotación al concepto 460.01, planes de contratación temporal
de trabajadores desempleados. Mi grupo había apreciado que este concepto
había sufrido una merma importante del 40 por ciento, aproximadamente,
10.000 millones de pesetas, mientras que lo que se refiere al programa de
políticas de inversiones y empleo agrario había registrado un aumento muy
importante.

Hay que decir que, puestos en contacto con el Grupo Popular, se nos
ofrece como razón, y entendemos que como razón convincente, que estas dos
materias, los planes de contratación temporal de trabajadores
desempleados y lo que hace referencia a la protección social agraria y
política de inversiones y empleo agrario estaba incluido en el
presupuesto para 1997 en ese concepto 460.01. Lo que se produce en el
presupuesto para el año que viene es un desglose, generando en ese caso
un nuevo concepto 460.07, manifestándose también por el Grupo
Parlamentario Popular que en ninguno de los casos se produce una
reducción de las cuantías que se aplican a uno y otro concepto, sino un
puro desglose que, por lo demás, recibe un incremento respecto de las
cantidades presupuestadas para 1997.

Esta razón nos parece convincente en estos momentos y, por tanto,
procedemos a retirar la enmienda 1619. Sin embargo, mantenemos la
enmienda 1620, cuyo objetivo es aumentar la dotación al concepto 458,
plan estatal del voluntariado, en 250 millones de pesetas.




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Queremos manifestar como una prioridad de nuestro grupo parlamentario el
fomento, el apoyo o la promoción de las actuaciones del voluntariado. No
creo que sea muy necesario recordar a la Cámara la reciente aprobación,
hace poco más de año y medio, de la Ley 6/1996, de 15 de enero del
Voluntariado, en cuya exposición de motivos se manifestaba precisamente
que la acción voluntaria era uno de los instrumentos básicos de actuación
de la sociedad civil en el ámbito social y, como consecuencia de ello, se
reclamaba un papel más activo, que se traduce en la exigencia de mayor
participación en el diseño y ejecución de las políticas públicas sociales
por parte de esta acción voluntaria. Precisamente, esta acción aparece
recogida en el artículo 9.2 de la Constitución y en razón a este artículo
los poderes públicos están obligados a su promoción, impulso y
protección.

Pues bien; sobre la base de esta reciente ley y de la aprobación del Plan
estatal del voluntariado por el Consejo de Ministros del 24 de julio de
1997, plan que prevé un conjunto de actuaciones que corresponden
competencialmente a las comunidades autónomas, tenemos que manifestar que
esta declaración de principios que se contiene en la ley y el inicio de
la aplicación práctica que se contiene en el Plan estatal del
voluntariado, atendiendo a estos elementos, la dotación que se efectúa,
queremos recordar de 200 millones de pesetas, es notoriamente
insuficiente y, por tanto, es procedente y necesario aumentar esa
dotación en la cuantía de 250 millones de pesetas que se reclama en la
enmienda 1620.

Tenemos que decir que podrá discutirse el concepto que se llama minorar,
concepto que, por otra parte, no tiene más finalidad que salvar anticipos
y, por tanto, realizar finalidades propiamente de tesorería; no se trata
de disminuir aplicaciones o dotaciones económicas finalistas o que cubran
políticas de esta naturaleza.

Por tanto, reitero, mi grupo procede a la retirada de la enmienda 1619,
atendiendo a la explicación formulada por el Grupo Popular de que se ha
producido un desglose y en ningún caso una disminución de las dotaciones
oportunas, mientras que, por las consideraciones expresadas y para no
cansar más a SS. SS., se mantiene la enmienda 1620.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la señora Lasagabaster para defender las enmiendas que
ha formulado en nombre propio y las que ha presentado la diputada señora
Almeida.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Voy a dar por defendidas la cuatro
enmiendas que ha formulado la señora Almeida, números 437, 438, 439 y
440, si no estoy equivocada, y a defender las dos enmiendas que se han
presentado por esta diputada, en concreto a la sección 19, de totalidad,
y a la sección 60, también de totalidad.

No voy a cansarles, porque el argumento que podría aducir lo hemos dado
en esta Cámara muchos años. La primera enmienda es la relativa a la
transferencia al Inem. Entendemos que el Inem como tal tiene que ser
transferido en virtud del artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en
función de lo que viene establecido por el artículo 18 de la misma ley
orgánica. Ciertamente, ambas cuestiones aparecen muy claramente definidas
en esta ley orgánica, pactada, aprobada y ratificada hace 18 años.

Creemos que son de vital importancia, en la medida en que se hace
referencia a una materia sociolaboral, que es una de las cuestiones más
importantes, en especial en este momento el Inem, como para proceder, en
su política de actuación y de políticas activas y pasivas de empleo, a
una mejora de la situación de la problemática... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señorías, ruego guarden silencio,
porque si no es muy difícil seguir el debate. (Pausa.) Continúe, señora
Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señor presidente.

No voy a cansarles, porque tendré oportunidad de volver a repetir este
mismo argumento, espero que no un año más, pero sí una vez más en el
Pleno.

En cualquier caso, quiero señalarles que estas cuestiones han sido
planteadas no solamente en este proyecto, sino en otros muchos en este
Parlamento. En ocasiones, y ocasiones importantes, esta necesidad de
transferencia de estas dos competencias ha sido recogida en el Pleno del
Parlamento vasco, en el cual están representadas las voluntades de los
ciudadanos vascos y, en concreto, en dos informes de transferencias
pendientes del año 1993 y 1995. En particular, he de señalar que en 1995
se establecía no solamente un recopilatorio de todas las transferencias
de competencias pendientes, sino que también se hacia un esfuerzo aún
mayor, que era el establecer un escalonamiento de cuáles eran las
transferencias que, por su virtualidad y su importancia, eran
absolutamente urgentes para solucionar y solventar los problemas
económicos que tenía y tiene planteados la Comunidad Autónoma del País
Vasco.

Creemos que el voto unánime de ese informe, en el cual aparece el Inem
como una de las cuestiones vitales y primordiales de transferencia, es
suficiente como para cumplir una cuestión que ya debía haberse cumplido
hace 18 años, pero que además viene siendo reclamada por todos los
partidos que aparecen representados en el Parlamento vasco. Huelga decir
que muchos de los que hoy aquí estamos representando determinadas
formaciones políticas también tienen representación en el Parlamento
vasco. Se nos escapa el porqué de unas votaciones a favor en un foro
parlamentario concreto y en otros de diferente manera. Nosotros creemos
que, por coherencia con las leyes, por coherencia con los cuerpos
legislativos que se pactan, y que responde no solamente a una ley sino a
un pacto político, y además por coherencia con lo que las propias
formaciones políticas están realizando en esta comunidad autónoma en
concreto, debían aprobarse estas transferencias. Y se debían aprobar,
primero, por cuestión política y, segundo, porque podrían ayudar a
solventar un problema económico, en concreto el de desempleo, a través de
políticas activas y pasivas de empleo; en cualquier caso permitiría,



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como se señala en toda la doctrina, un instrumento que llevaría a cabo
una rebaja del desempleo, de la tasa del paro, tema que es muy importante
no solamente en cuanto a tasa de paro a nivel ordinario en el País Vasco,
sino que también es muy importante y muy elevado en tasa juvenil, hecho
que realmente nos preocupa.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra su portavoz don Rafael Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: En mi grupo vamos a compartir el turno
dividiéndonos las distintas secciones. Yo haré la contestación a las
enmiendas a la sección 19 y las enmiendas a la sección 60 y mutuas serán
contestada por don Gerardo Camps.

En primer lugar, quiero agradecer a los distintos portavoces tanto el
tono como las enmiendas que han presentado, entendiendo siempre que
cualquier enmienda que se presenta a un presupuesto es porque quiere
mejorarlo y ser constructiva. Por eso, quizá he visto con mejores ojos
aquellas que estaban referidas a determinados conceptos o a la mejora de
determinados programas y no he entendido tanto las enmiendas a la
totalidad, ya que éste es el mejor presupuesto que se ha realizado en los
últimos años. Este presupuesto es una parte más de los Presupuestos
Generales del Estado; un presupuesto que tiene como objetivo fundamental
la creación de empleo, porque coincidirán conmigo, señorías, en que la
creación de empleo es la herramienta básica para tener una política de
solidaridad, es sin duda la mejor política de solidaridad que se puede
hacer. El presupuesto de la sección 19 es un elemento muy importante en
esa política y un elemento más del conjunto del presupuesto. Por eso,
como le decía antes, no entendemos esas enmiendas a la totalidad, porque
en aquellas partidas destinadas a la creación de empleo ha sido donde ha
existido un esfuerzo extraordinario por parte del Gobierno y del
Ministerio en estos presupuestos, alcanzándose unos incrementos muy
notables en las dotaciones de cada uno de ellos, tanto en las partidas
destinadas a las políticas activas de empleo como en las partidas
destinadas al mantenimiento de la solidaridad, así como en la sección 60
que luego entrará a valorar mi compañero y portavoz don Gerardo Camps.

Por dar un repaso a lo que son los incrementos que se han realizado en
las distintas políticas y partidas, quiero recordar a SS. SS. que en
políticas activas de empleo hemos tenido un aumento del 35 por ciento en
fomento y gestión de empleo. Hemos pasado, señorías, de un presupuesto de
173.000 a 234.000 millones de pesetas, lo que supone un incremento de
60.969 millones. Lo mismo ocurre en formación profesional ocupacional,
donde el incremento ha sido del 28,4 por ciento, pasando de los 148.000
millones en 1997 a los 191.000 de 1998. Ese incremento, aunque menor,
también se mantiene en escuelas taller, donde el crecimiento del 4 por
ciento se sitúa por encima de lo que es el incremento global del
presupuesto. Esto se hace, señorías, a pesar de que con el presupuesto de
1997 se está creando empleo en España, y se está creando, señora Chamosa,
con una intensidad notable. España es en 1997 el país de la Unión Europea
que más empleo está creando. El 46 por ciento del empleo que se va a
crear en Europa va a ser en España, y por eso es muy importante que a
veces prescindamos de lo que son retóricas infundadas y nos centremos en
lo que son los datos reales. Esos datos reales nos demuestran que sí se
está aprovechando el momento y que además se está beneficiando a esos
sectores más desprotegidos. En el tema de las bonificaciones,
consecuencia de la reforma laboral y que ha tenido como desarrollo esos
dos reales decretos, en el segundo, en el nueve, se contemplan
importantes bonificaciones para los parados de larga duración, hasta el
50 por ciento de la bonificación a la cuota de la Seguridad Social. Por
tanto, creemos que ese esfuerzo que se recoge en un importe superior a
los 100.000 millones para 1998 es un esfuerzo que apuesta por proyectar
esa reforma laboral aún más de lo que está en estos momentos, que ya está
teniendo resultados positivos y que está haciendo que, por ejemplo, en
los cinco meses que lleva de aplicación se hayan creado 280.000 contratos
indefinidos, 170.000 para jóvenes, que es un resultado, sin duda alguna,
muy importante.

Si me permiten, voy a dar una respuesta a cada una de las enmiendas que
ustedes han planteado, y además voy a procurar hacerlo por el orden en el
que vienen presentadas en la sección, al objeto de facilitar el debate
tanto a los servicios de la Cámara como a los ponentes.

A esta sección 19 el Grupo Socialista ha presentado 17 enmiendas, tres de
totalidad, que considero que en parte están contestadas y pasaré a
responder con posterioridad a la tercera, la del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales; 29 el Grupo de Izquierda Unida; dos el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), una de las cuales ha sido retirada, hecho
que agradezco a su portavoz, y tres el Grupo Mixto, dos a la totalidad
que hacen referencia al Inem y otra al Instituto de la Mujer.

Las enmiendas del Grupo Socialista números 1424 y 1425 hacen referencia
al aumento de la dotación en 200.000 millones de pesetas destinados a
financiar los complementos de pensiones mínimas del sistema de Seguridad
Social. No podemos votar a favor de esta enmienda ya que, aparte de que
es técnicamente inviable y aplica bajas en la sección 31 la segunda de
ellas, lo que haría sería limitar la cobertura que nos hemos planteado a
los efectos de contabilidad de Maastricht, incrementaría el déficit en
términos de contabilidad de Maastricht en un 0,15 por ciento de nuestro
producto interior bruto. Estos son los 125.443 millones que se plantean
en esta enmienda 1424. Lo mismo ocurre en la 1425, ya que en ésta,
además, no se señala cobertura suficiente para financiar el incremento de
gasto, al margen de cualquier otra consideración.

El Grupo de Izquierda Unida ha presentado la enmienda 928 en la que pide
un incremento de 60 millones de dotación para mantener en términos reales
las cantidades destinadas a este concepto, que es el 489 del programa
313.H. Nosotros creemos, señoría, que el incremento que se ha hecho en el
presupuesto de la Secretaría General de Asuntos Sociales es notable. El
total de ese aumento que se ha hecho en políticas de solidaridad es del
12,6 por ciento



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y yo creo que es una dotación muy importante; es un total de 5.550
millones, y esta enmienda, que en principio parece que no está bien
argumentada, no nos aporta absolutamente nada al presupuesto, por tanto,
vamos a votarla desfavorablemente.

Del Grupo Socialista está la 1355, en la que pretenden un aumento de
100.000 millones en la aplicación 19.03 y su repercusión en el
presupuesto del Instituto Nacional de Empleo. La baja que se plantea, sin
embargo, no afecta a dicho Instituto Nacional de Empleo, sino a un
crédito de la sección 31, por lo que técnicamente tampoco está, a nuestro
juicio, bien planteada.

Por lo que se refiere al alta, no se estima conveniente el incremento
solicitado, habida cuenta de que el porcentaje al que antes me he
referido al rechazar la enmienda a la totalidad nos parece claramente
suficiente para afrontar y dar consecuencia a uno de los objetivos
fundamentales del presupuesto de este Ministerio, como es el fomento de
la creación de empleo. Esta enmienda, además, tenía correlación con una
enmienda de adición a una disposición adicional vigesimoséptima, que ya
ha sido rechazada.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Hernando, le ruego que
concentre su intervención en los diez minutos de que disponen para
defender su posición.




El señor HERNANDO FRAILE: Muy bien, señor presidente.

Las enmiendas 1356, 1357 y 1358 también pretenden incrementos de partidas
en los distintos conceptos del Inem a los que antes he hecho referencia.

En un caso, para las escuelas taller y casa de oficio; en otro, para
asistencia técnica a cooperativas y sociedades laborales, y, por último,
para subvenciones a estas cooperativas y sociedades laborales. Nosotros
creemos que los conceptos que se contemplan en los Presupuestos Generales
del Estado son, en algunos casos, conceptos nuevos y que, sin duda
alguna, van a dar suficiente respuesta a estas demandas y a estos
programas, por lo que consideramos estas enmiendas absolutamente
innecesarias.

Por lo que se refiere al área de la Secretaría General de Asuntos
Sociales, como les he dicho antes, aquí se contempla un incremento de
5.550 millones, el 12,6 por ciento, y si excluyéramos los gastos de
funcionamiento, estaríamos hablando de 5.352 millones, que es un 11,2 por
ciento. El área de la Secretaría General de Asuntos Sociales, en su
conjunto, supone un total de 53.073 millones de pesetas, frente a los
47.000 millones de 1997, y el crecimiento supera en 8 puntos porcentuales
el crecimiento general de los Presupuestos Generales del Estado. El
proyecto de presupuestos para 1998 en este área de asuntos sociales
asciende a 502.931 millones de pesetas, lo que supone un incremento de
casi 30.000 millones de pesetas para este ejercicio, con un 6,34 por
ciento.

Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
desde la 923 hasta la 937, incluida la 941, que pide determinados
incrementos en distintas partidas, creo que en estos presupuestos las
áreas que se pretende cubrir, matizar o incrementar su presupuestación
con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda se contemplan
suficientemente defendidas con las dotaciones actuales y, por tanto,
vamos a votar que no. Lo mismo haremos a las enmiendas 1361, 1362, 1363,
1364, 1426 y 1427, del Grupo Socialista, en las que pretenden también
determinados incrementos de partidas para algunos programas del área de
asuntos sociales, tanto el programa de emigraciones como el programa de
mujer, y otros programas añadidos.

Quiero hacer una referencia especial a las enmiendas que se han
presentado al Instituto Nacional de Empleo. La señora Lasagabaster
presenta una enmienda a la totalidad, con la cual discrepamos; es una
discrepancia básica y fundamental. Creemos que las políticas pasivas del
Instituto Nacional de Empleo no deben ser transferidas a las comunidades
autónomas porque estaríamos afectando a lo que consideramos un elemento
fundamental de la solidaridad, que son las políticas pasivas basadas en
la caja única. Nosotros estamos dispuestos a seguir hablando y avanzando
para transferir a la comunidad autónoma vasca lo que son las políticas
activas de empleo, como hemos hecho ya en algunas otras comunidades
autónomas, y definir este punto de una forma más precisa, si ustedes
quieren.

La enmienda 1354, del Grupo Parlamentario Socialista, es también una
enmienda a la totalidad del Inem. He explicado ya los importantes
incrementos que tienen las distintas partidas que el Instituto Nacional
de Empleo dedica al fomento del empleo.

La señora Almeida ha presentado la enmienda 438, que propone una
transferencia a Cantabria para el desarrollo de determinadas zonas, con
la que no estamos de acuerdo porque con el incremento que tenemos en esta
partida va a haber dinero suficiente para atender a este y a otros
programas que desarrolla el Inem, tanto en Cantabria como en el resto de
la geografía nacional. Las enmiendas 938, 939, 940, 949, 950 y 951, en
las que Izquierda Unida pide determinados incrementos de campanario para
algunas comunidades autónomas, tienen el mismo sentido que la anterior y
van a ser rechazadas porque creemos que las dotaciones y el programa
elaborado por el Inem establece criterios objetivos que van a permitir
atender la realización de escuelas taller y otras iniciativas que se
plantean en estas enmiendas, como mejora y adecuación de oficinas del
Inem en distintos territorios.

La enmienda 1619 ya ha sido retirada, y se me olvidaba contestar a la
enmienda 1620, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Quiero decirle que la partida para el plan de voluntariado --para el que
se contempla una dotación de 200 millones de pesetas-- es una partida
absolutamente nueva. Queremos ver y analizar cómo evoluciona este plan
del voluntariado, que es un programa totalmente innovador y que creemos
que, en principio, está suficientemente dotado, si bien estamos
dispuestos a seguir estudiando la posibilidad de incrementar esa partida,
si fuera necesario en el futuro.

En cuanto al Instituto de la Mujer --y por continuar--, ha presentado una
enmienda a la totalidad la señora Almunia... (Rumores.) Perdón, debe ser
Almeida. Es un error de los servicios técnicos, que sin duda alguna han
avanzado



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un matrimonio que posiblemente se vaya a realizar en la Cámara antes de
concluir la legislatura, pero que parece que en estos momentos no está
realizado. Quizás ha sido una musa extraña quien ha confundido, digo a
los servicios de la Cámara al equivocar la señora Almeida con la señora
Almunia. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señorías, les ruego guarden
silencio.

Señor Hernando, por favor, vaya concluyendo.




El señor HERNANDO FRAILE: Sí, señor presidente, inmediatamente.

La enmienda a la totalidad de la señora Almeida no la entendemos, porque
si ha habido un esfuerzo extraordinario en incremento de dotaciones ha
sido precisamente en el Instituto de la Mujer, cuyo presupuesto se ha
incrementado hasta un 20,5 por ciento para los distintos programas, y se
ha pasado de los 2.164 millones a los 2.607 millones de pesetas, lo cual
nos parece una dotación muy importante.

Respecto a las distintas enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, creo que los diferentes compromisos que se han adoptado en la
Cámara y el incremento de dotaciones que se aporta en estos presupuestos
van a ser suficientes para atender el III Plan de igualdad de
oportunidades entre las mujeres. Siempre podemos considerar que el dinero
no es suficiente, pero también hay que tener en cuenta la mejora de la
gestión, y yo creo que esa mejora de la gestión y el incremento que
existe en este capítulo para los presupuestos de 1998 va a ser bastante
para que SS. SS. vean cómo estas situaciones, que todos deseamos que se
vayan superando, tienen ese reflejo positivo no sólo en los presupuestos
sino, por supuesto, en lo que es la eficiencia de las políticas activas
en esta materia de lucha contra el mal trato a mujeres y niños, en un
caso, y de la desigualdad de las mujeres en el trabajo. El Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado también las enmiendas 1359 y 1360
que, a mi juicio, tienen un argumento suficientemente contrastado en mis
palabras.

Por último --si me permite, señor presidente--, en el Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales hay otra enmienda a la totalidad del
Grupo Parlamentario Socialista. Quiero decirles, señorías, que el
Imserso, con un presupuesto de 455.000 millones de pesetas, tiene un
incremento del 5,89 por ciento, que es superior al incremento total de
los Presupuestos Generales del Estado y al crecimiento del PIB, y por
encima, incluso, del crecimiento nominal de nuestra economía. El gasto de
gestión directa es de 306.214 millones, que equivale al 67,2 por ciento
del presupuesto, mientras que la dotación de las comunidades autónomas
por la gestión de los servicios sociales asumidos asciende a 149.000
millones, que representa el resto. Dentro de la gestión directa del
programa de pensiones, absorbe el 72,9; los de atención a diversos
colectivos, el 25,45, y los de administración tan sólo el 1,7 restante.

En definitiva, señorías, yo creo que este presupuesto que ha presentado
el Gobierno en la sección 19 es, como decía antes, el mejor presupuesto
presentado en los últimos quince años por lo menos, que es lo que uno
alcanza a tener memoria, y no entendemos las distintas enmiendas de
devolución porque las consideramos poco ajustadas al rigor de la
cuantificación económica y del esfuerzo que en ese sentido se ha venido
realizando este año por el Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio
de Trabajo, y por supuesto a los resultados que ya se han obtenido en
virtud de unos presupuestos aún más austeros que éstos ya en 1997. (El
señor Cercas Alonso pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Tiene la palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Para una cuestión de orden, señor presidente.

Me gustaría saber cuántos minutos ha utilizado el portavoz del Partido
Popular, el primer interviniente.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Lamento no poder decírselo porque
no he contabilizado el tiempo.




El señor CERCAS ALONSO: En todo caso, señor presidente, parece bastante
evidente que han sido más de los quince minutos con los que usted inició
el debate de estas secciones, advirtiéndonos a todos los portavoces que
sería el tiempo máximo a utilizar por cada uno de nosotros.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Exactamente, señor Cercas. Pero
el portavoz del Grupo Popular ha tenido que responder si aceptaba o no
las determinadas enmiendas de todos los grupos y contestar a las mismas,
cosa que no han hecho cada uno de los portavoces de los grupos, que se
han limitado a exponer sus enmiendas. Por este motivo he sido un poco más
condescendiente con el portavoz del Partido Popular y no por otra causa.

Tiene la palabra por dos minutos el señor Camps.




El señor CAMPS DEVESA: Señorías, en dos minutos la brevedad de mis
palabras no se deben entender por simplicidad de los argumentos. De todas
maneras, remito a ustedes al debate en el Pleno que mantendremos al
efecto, porque no cabía dejar sin voz al principal grupo de esta Cámara,
el principal apoyo de este Gobierno. Por eso, y con absoluta brevedad,
diré que reproduzco los planteamientos de mi compañero en cuanto a la
enmienda a la totalidad que ha presentado la señora Lasagabaster, porque
pueden ser aplicados en este caso respecto a la devolución de la sección
60, y haré referencia muy brevemente a las enmiendas a la totalidad más
importantes que han sido presentadas por el Partido Socialista dentro de
ese brevísimo o muy corto plazo que me ha sido dado por la Presidencia.

Señorías, en este caso podemos ser breves porque estamos de acuerdo con
el diagnóstico. Suscribo las palabras del portavoz socialista respecto a
las necesidades de nuestro sistema y al porqué llegamos a un pacto todos
los grupos políticos denominado Pacto de Toledo, pero ustedes ni se
hicieron corresponsables de los presupuestos del año 1997, ni se hacen
corresponsables de los presupuestos de Seguridad Social del año 1998.

Ahora mantienen la misma



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justificación, y es que no se aceptaron ninguna de las enmiendas previas
debatidas en el articulado de la ley, así como a las disposiciones
adicionales, pero lo que no dicen es que entonces eran unas y ahora son
otras completamente distintas. Yo lo entiendo. La realidad que
mantuvieron en su momento era que los presupuestos del año 1997 eran
absolutamente insostenibles; hoy nos estamos dando cuenta que la
ejecución del presupuesto va bien, como le gusta reiterar al señor
Cercas; que los pensionistas perciben sus pensiones, y el señor Cercas lo
sabe; que ha mejorado la capacidad adquisitiva en este mismo año de los
pensionistas de este país y mejorará la capacidad adquisitiva el año que
viene, entiéndame bien, señor Cercas, mejorarán, no mantendrán,
mejorarán, repito la capacidad adquisitiva de sus pensiones durante estos
dos últimos años; que la situación de las viudas, huérfanos y
minusválidos mejora con respecto a situaciones anteriores; que se
gestiona mejor; que se lucha contra todo y mejor, por eso hay un ahorro
de 200.000 millones; que se ahonda en la separación de fuentes, y que se
está manteniendo la pervivencia del sistema para generaciones futuras.

(Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Ruego silencio, señorías.




El señor CAMPS DEVESA: Por ello, señores del Partido Socialista, sus
enmiendas cometen varios errores formales de planteamientos porque se
justifican, tanto el año pasado como éste, en que no se ahondaba en la
saparación de fuentes y, en cambio, es claro y evidente --sólo basta
leerse los presupuestos-- que las aportaciones del Estado experimentan un
incremento, desde 1997 a 1998, de 301.920 millones de pesetas, el 8,26
por ciento.

Además, le voy a reiterar algo para finalizar de una manera muy breve y
únicamente con dos pinceladas sobre sus propios argumentos. El año pasado
justificaron que no podían ustedes votar estos presupuestos, que debía
devolverse esta sección 60 justamente porque cuantificábamos pocas
cantidades para préstamos a la Seguridad Social, porque les parecía pocos
los préstamos que nosotros fijábamos en los presupuestos (tengo el
«Diario de Sesiones», no se lo puedo leer por falta de tiempo): ustedes
decían que les parecían pocos los préstamos, repito que fijábamos para
poder mantener la estabilidad financiera del sistema, y este año
justamente nos piden que los quitemos, o sea, todo lo contrario.

Ustedes este año defienden que esta sección no es posible cuando hacen
manifestaciones del tipo de «situación inquietante en nuestro sistema de
Seguridad Social», «situación de crisis de nuestro sistema de Seguridad
Social», y, en cambio, todas las enmiendas van encaminadas a aumento de
gasto de nuestro sistema de Seguridad Social. ¿Esa es su manera de
contribuir? Si su análisis es que estamos en una situación peligrosa, de
crisis, ¿qué sentido tiene que todas sus enmiendas, que justamente dicen
que van encaminadas a mejorar dicha situación, sean de aumento de gasto?
Nosotros no entendemos que sea un ejercicio claro de oposición
responsable. Ya ven ustedes qué apoyos van a concitar; les van a apoyar
legítimamente los miembros de Izquierda Unida de este Congreso. Ustedes
reconstruyen la casa común; yo preferiría que volvieran a la causa común.

(Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (San Palacio): Señora Fernández, le ruego que
guarde silencio.




El señor CAMPS DEVESA: Ese camino, el de la causa común, no el de la casa
común, es el que deberíamos recorrer todos los grupos de esta Cámara. El
Grupo Parlamentario Popular en este momento, este portavoz, les invita a
que retiren sus enmiendas, y, coincidiendo en el diagnóstico, seamos
capaces de ponernos de acuerdo en los medios para mantener y consolidar
nuestro sistema de Seguridad Social.




El señor VICEPRESIDENTE (San Palacio): Pasamos al debate de la sección
20, Industria, a la cual hay enmiendas presentadas del Grupo Socialista,
del Grupo de Izquierda Unida, del PNV, del Grupo Mixto y del Grupo
Popular.

Por el Grupo Socialista, y para defender sus enmiendas, tiene la palabra
el señor Hernández Moltó (Rumores.)
Perdón, señor Hernández Moltó.

Señorías, ruego guarden silencio para poder hacer el debate con
tranquilidad.

Señora Fernández, la llamo al orden.

Cuando quiera, señor Hernández Moltó.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Intentaré contribuir a la normalización del
debate, al menos en cuestión de tiempo, para que cuando los historiadores
saquen la media parezca que ha habido equidad en el tratamiento de los
grupos parlamentarios.

La posición de nuestro grupo en relación al Ministerio de Industria es
una posición que se caracteriza y se sintetiza en una enmienda a la
totalidad de la sección 20 en el sentido de que sería difícil desbrozar
esa sección, aunque no hacer un trabajo más minucioso, porque el
Ministerio de Industria, con el tiempo, pasará a ser una sección delegada
del Ministerio de Economía y Hacienda, puesto que, en definitiva, ha
pasado a ser una de las contribuciones fundamentales en el capítulo de
ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, toda vez que podría
ser el ministerio de las privatizaciones. Quizá con el tiempo también
habrá una segunda sección, que es la sección de la minería; por tanto,
ese ministerio tiene el tiempo contado.

Nuestra enmienda a la totalidad va en la dirección de denunciar lo que es
una ausencia total de política industrial, a denunciar lo que es una
dejación en lo que son las políticas básicas de reestructuración
industrial, de reorganización del sector público empresarial y a poner de
manifiesto lo que es un proceso de opacidad, que año tras año, al menos
en los dos que lleva gobernando el Partido Popular, se ha caracterizado
porque se supera a sí mismo escondiéndose del Parlamento, introduciendo
opacidad y eliminando los mecanismos de control.




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No hay que olvidar que hace tan sólo unas semanas discutíamos aquí ya la
imposibilidad de debatir un presupuesto del Ministerio de Industria en
aquel decreto-ley, que por cierto fue negado a este grupo la posibilidad
de que se tramitara como ley; aquel decreto-ley, decía que venía a
reorganizar el sector público empresarial, precisamente para evitar un
debate presupuestario en el capítulo de industria, en el capítulo del
sector público empresarial, que hasta ahora se veía sometido a control
parlamentario y a debate presupuestario, y eran las empresas que estaban
dentro de la Agencia Industria del Estado, por tanto, las empresas que
estaban enganchadas a los presupuestos Generales del Estado, las empresas
que tenían contratosprogramas y la obligación parlamentaria de ser
discutidos en esta casa; ese debate a partir de ahora ya no iba a ser
posible. En ese sentido entenderán perfectamente las razones de nuestra
enmienda a la totalidad, y la rapidez y síntesis en nuestra exposición,
toda vez que consideramos que un debate de estas características debe ser
reservado al Pleno. En cualquier caso, pensábamos que por cortesía a esta
Comisión no debía sustraerse al menos esta breve introducción a lo que
será nuestra posición en contra.

En cualquier caso, señor presidente, ya anuncié que íbamos a tener dos
intervenciones. La otra intervención será del diputado Rodríguez Zapatero
en relación a una enmienda sobre el capítulo minero.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: En efecto, para defender la enmienda número
1366, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, destinada al
presupuesto del Instituto para la reestructuración de la minería del
carbón.

La enmienda pretende constituir un plan especial en el sector privado de
la minería con una dotación de 15.000 millones, que irían como ayudas por
una sola vez y que tendrían el objetivo básico de hacer viable el plan
del carbón firmado entre el Gobierno y los sindicatos, con vigencia desde
1998 al 2005. Desde la aprobación de ese plan, que supone una reducción
notable de producción, de ayudas y de empleo, se ha puesto en cuestión,
desde diversas instancias empresariales (la última más reciente ha sido
una empresa de la solvencia histórica de Hullera Vasco-Leonesa, que ha
advertido recientemente deberá despedir a 1.000 trabajadores con el plan
actual), la imposibilidad práctica de que el plan que todo el mundo ha
apoyado pueda dar sus frutos y someter a una reducción razonable en
producción, en empleo y en ayudas.

Quiero recordar, señor presidente, que estamos ante un problema de gran
importancia para una provincia como León, donde la minería del carbón
representa el 20 por ciento del producto interior bruto; donde el 15 por
ciento de la población activa, es decir, 22.000 trabajadores, dependen
directa o indirectamente de la minería del carbón. La minería del carbón
en León ha llevado a cabo un proceso razonable de mejorar su
competitividad en los últimos años, y lógicamente muchas de esas empresas
bien tienen cargas heredadas del pasado, de gestiones históricamente
nefastas, o bien han realizado inversiones, como es el caso de Hullera
Vasco-Leonesa, en un marco radicalmente diferente, inversiones de decenas
de miles de millones y que ahora obviamente ponen de manifiesto la
imposibilidad de continuar con sus planes.

Parece razonable que si el plan, el protocolo eléctrico y la ley
eléctrica abren un marco hacia la competitividad de las empresas mineras,
haya una ayuda especial y global, que permita su viabilidad de futuro,
igual que las compañías eléctricas han tenido una ayuda con los llamados
costes hundidos, por importe de un billón de pesetas para ajustarse al
nuevo marco de competitividad.

Desde luego el Grupo Socialista está convencido de que sin una dotación
que afecte a todas las empresas privadas del sector de la minería del
carbón y que permita superar sus problemas financieros graves, el plan
que se ha firmado entre Gobierno y Sindicatos, y que nosotros apoyamos,
será inviable y nos veremos abocados en muy pocos meses en este sector
con gran impacto regional y territorial a una situación enormemente
preocupante.

Por ello creemos imprescindibles estos 15.000 millones, que se adaptan
perfectamente al contenido de la directiva y de las ayudas que permite la
misma en tanto en cuanto no son ayudas directamente relacionadas con la
producción.

Quiero recordar, para terminar, que siempre en los últimos años ha habido
ayudas a planes de viabilidad de empresas en los Presupuestos Generales
del Estado, no sólo a planes de viabilidad como ha sido la MSP, que tuvo
una dotación de 7.500 millones de pesetas en los últimos años para su
plan de viabilidad, sino que otras empresas han tenido ayudas importantes
para sus inversiones. Las ayudas que contempla el plan no son más que la
traslación a los presupuestos de las ayudas que históricamente venía
recibiendo la minería con cargo a la tarifa eléctrica.

Entendemos, por consiguiente, que de lo que pueda resultar de este
debate, de la actitud del Gobierno y del grupo que lo sustenta, puede
depender en gran medida el futuro del sector industrial básico para
muchas comarcas que ya vienen sufriendo un importante descenso de su
actividad y una importante pérdida de población y de empleo.

Por ello, solicitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios al
contenido de la enmienda que acabo de defender.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo de Izquierda Unida
tiene la palabra la señora Urán. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio porque si no, es muy difícil seguir
el debate. (Pausa.) Gracias.

Señora Urán.




La señora URAN GONZALEZ: Señorías, creo que la primera enmienda que
habría que hacer a la sección 20 sería el cambio del nombre del
Ministerio, y en lugar de llamarse Ministerio de Industria y Energía
deberíamos llamarlo Ministerio de las privatizaciones. Este Ministerio se
está dedicando únicamente a privatizar; privatizar las empresas
insertadas en los sectores estratégicos y que sirven



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para incidir en el sector industrial desde el sector público para generar
empleo y para ser motor de la economía y del desarrollo industrial en
nuestro país.

El Ministerio de Industria, el Gobierno del Partido Popular y el grupo
que lo sustentan apuestan decididamente por acabar con el patrimonio
industrial público, y además lo hacen de manera totalmente oscura y
opaca. La Comisión de privatizaciones no ha servido para dar claridad a
las privatizaciones y tampoco se ha conseguido que este Parlamento tenga
incidencia y notificación de las mismas antes de que hayan surgido.

Todo esto conlleva a que la pérdida de incidencia en las políticas de
investigación y desarrollo son cada vez más amplias. Si tenemos en cuenta
el desfase que existe ya en nuestro país en este tipo de inversiones,
vamos quedándonos cada vez más por detrás de aquello que tanto defienden
los representantes del Partido Popular, que es nuestra convergencia con
la Unión Europea, pues en investigación y desarrollo parece ser que no
hay interés en converger y, por tanto, se va renunciando cada vez más a
hacer este tipo de políticas y a apoyar decididamente la investigación y
el desarrollo.

Además, como ya es costumbre habitual en el tiempo que llevan gobernando,
ustedes maquillan contablemente todas las privatizaciones para encubrir
los desfases presupuestarios de la SEPI. ¿Qué va a ocurrir dentro de dos
años, cuando ya no quede nada que privatizar y los desfases económicos de
la SEPI no se puedan cubrir precisamente con las privatizaciones? ¿Vamos
a cerrar empresas públicas sin tener en cuenta los costes sociales ni las
posibilidades de reflotación para hacerlas competitivas --entre
comillas-- en el mercado? ¿Se va a despedir a los trabajadores? Esa es la
preocupación que tiene también este grupo parlamentario y un motivo más
para pedir la devolución de esta sección.

La política industrial que se está desarrollando tiene una clara
orientación ideológica y no de eficacia. No se trabaja por la eficacia
dentro del servicio de la industria pública, sino que más bien se decide
vender, y todo esto redunda en una pérdida de posiciones dentro del
sector industrial.

Aunque nos parece positivo el acuerdo alcanzado con los sindicatos
mineros y en este momento anunciamos el apoyo a la enmienda presentada
por el Grupo Popular en este sentido, nos tememos mucho que, a pesar de
que sea positivo, existen unos elevados riesgos para su cumplimiento y,
desde luego, una escasa dotación económica al Instituto de
reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las
comarcas mineras, con lo cual todo esto nos hace dudar. Este grupo
parlamentario ha presentado una enmienda en la ley de acompañamiento
precisamente por lo mismo, porque dudamos que se vayan a cumplir esos
planes y que realmente las cuencas mineras se vayan a ver favorecidas por
una inversión o por un mejor desarrollo para paliar lo que va a suceder
en la minería del carbón, que poco a poco se van a ir perdiendo
posibilidades de generación de empleo y, es más, se van a destruir.

Por tanto, señoría, estamos en contra de la sección 20, Ministerio de
Industria, porque no se están acometiendo planes de modernización, como
de forma tan rimbombante se tituló al documento de privatizaciones; lo
que se está haciendo es destruir nuestros bienes públicos que en grandes
sectores genera beneficios. No se hace una apuesta clara y decidida por
impulsar las energías renovables; no se hace una apuesta clara y decidida
por las políticas de ahorro energético, y desde el Ministerio de
Industria no se hace una apuesta por combatir o reducir las emisiones de
CO2 que tanto beneficiarían a nuestro país y que vendrían a generar
mayores y mejores puestos de trabajo y una mejor situación ambiental de
nuestro entorno. Por tanto, señorías, por muchas razones llegamos a la
conclusión de que es necesaria la devolución de esta sección al Gobierno,
para que redacte una vez más los presupuestos.

Continuando por el camino que van ustedes, dentro de poco tiempo no habrá
nada que privatizar y sí muchos problemas para mantener un tejido
industrial serio, competitivo, eso que tanto les gusta utilizar a
ustedes, moderno, y que, además, pueda converger con la Unión Europea.

Cuando desde el Gobierno se renuncia a hacer una política industrial
activa, que sea el motor que tire de la iniciativa privada, al dejar todo
en manos de la iniciativa privada, renuncian a mejorar las condiciones
para que nuestro país converja con la Unión Europea y sea competitivo,
eso que tanto les gusta a ustedes.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco
presenta12 enmiendas a esta sección. 20. Dado que el contenido de la
intervención de la portavoz del Grupo de Izquierda Unida ha hecho
referencia a muchas privatizaciones, empezaré tomando el hilo de esa
consideración, en el sentido de indicar que puede ser válida en relación
a la sección 20, salvo los centros de investigación. El Grupo
Parlamentario Vasco ha presentado tres enmiendas, incluso de modificación
literal, para que los programas que tiene el Ministerio de cara a los
centros tecnológicos, aquellos programas de fomento de tecnología
industrial, puedan ser abiertos a centros que no tenga naturaleza
pública. Puede parecer una aberración, señor presidente, pero sigue
siendo así, incluso en un Gobierno del Partido Popular que conoce serias
sinergias en estos programas.

Vamos a ponernos en el análisis, en la consideración de cómo es posible
que el Ministerio de Industria y Energía mantenga los programas de
investigación en esta sección 20 exclusivamente a los centros de
investigación públicos, y no haya posibilidad de abrir los programas de
todas estas consideraciones en orden a que los propios centros
tecnológicos existentes en el país puedan conocer la bondad de estos
presupuestos en cuanto al fomento de sus propios programas. Parece muy
razonable en una sociedad moderna que las empresas, junto con las
administraciones públicas y a través de distintas figuras jurídicas,
puedan establecer programas de fomento de tecnología industrial o de
investigación y desarrollo. Sin embargo seguimos encontrándonos,



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en una clara inercia de programas de gobiernos anteriores, con que estos
programas están cerrados a todo aquel que no tenga la consideración de
público en su título. Entendemos que es un auténtico dislate, señor
presidente, y no hay falta de recursos que puedan justificar esta
situación. Al igual que hemos hecho antes en la sección 18, debemos
esperar que el Grupo Popular corrija con la máxima urgencia esta
situación. Hoy día es normal que las empresas generen programas e
instituciones de investigación con las administraciones o con la
universidad en la interrelación de sus distintos programas. Lo razonable
sería que el Ministerio de Industria atendiera a una situación real. No
existen OPI consideradas como están definidas en el programa de fomento
de tecnología industrial. Y, en consecuencia, sería razonable que se
abriera esta consideración para que los presupuestos respondieran a la
realidad de la investigación y el desarrollo en este país.

En cuanto al programa de ahorro y eficiencia energética, el Grupo
Parlamentario Vasco no comparte el criterio del Ministerio de destinar
los recursos también exclusivamente a los proyectos adscritos a la
Administración general del Estado. La consideración que he realizado
anteriormente en relación con los centros de investigación y desarrollo,
que deben conocer su naturaleza pública para poder acogerse a estos
programas, se manifiesta también en el programa de ahorro y eficiencia
energética. No parece lógico reducirlo a la Administración general y
tampoco sólo a las administraciones públicas; parece coherente que estos
programas deban conocer una ampliación de los sujetos que pueden acogerse
a los mismos.

En cuanto a la Oficina española de patentes y marcas, el Grupo
Nacionalista Vasco presenta una enmienda en orden a mejorar las unidades
de información que esta oficina española de patentes y marcassuministra,
sobre todo para realizar los proyectos que se proponen. Desde esa oficina
se debe acceder a la investigación tecnológica existente desde los puntos
de información de las administraciones públicas; si no, el objeto de esta
oficina se ve claramente dificultado.

En relación al Plan de calidad y seguridad industrial, se debe acelerar
el lento proceso a través del cual este plan se está implantando. Se debe
propiciar el consenso debido entre el Ministerio y la comunidades
autónomas, que en su momento cedieron en su competencia exclusiva, para
alcanzar una amortización deseable. Entendemos que este proceso sigue
excesivamente ralentizado y que debiera acelerarse.

Existe una enmienda en relación al fomento del plan Zabalgarbi en
Vizcaya, sobre la incineración de residuos y en orden al fomento de este
programa, para que la Administración general del Estado coopere en la
viabilidad económica de la planta de tratamiento de residuos sólidos
urbanos en Vizcaya, precisamente dentro de este plan de ahorro y
eficiencia del Ministerio de Industria y Energía.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Vasco presenta dos enmiendas tendentes
al fomento de las políticas de reindustrialización, que entendemos deben
ser prioritarias dentro de los programas del Ministerio de Industria y
Energía, dado que el Grupo Parlamentario Vasco considera insuficientes
las partidas presupuestadas que a estos efectos de política de
reindustrialización se recogen en este proyecto de ley. Igualmente,
proponemos una enmienda de incremento de 1.500 millones de pesetas del
programa de fomento de tecnología industrial. Es una enmienda de
incorporación de mayor presupuesto a esta partida, dado el carácter
estratégico de todos los programas de investigación y desarrollo y el
debilitamiento que está conociendo este programa del Estado en los
últimos años. Creemos que además de mayores cantidades presupuestarias,
deberían incorporarse nuevas áreas tecnológicas de transporte, en lo que
respecta al ferrocarril, al transporte urbano y al transporte marítimo,
igual que en el tema de carreteras.

Estas son en síntesis, yacogiéndonosaltiempo que S. S. concede, las 12
enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco presenta a esta sección 20.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Muy brevemente, para dar por defendidas
y que no decaigan dos enmiendas presentadas por la señora Almeida, la 39
y la 440, en las que se solicitan, en un caso 100 millones para la
empresa pública Tabacalera, de Alicante, y en otro caso, 1.100 millones
para la empresa Astander, de Cantabria.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario
Popular han solicitado intervenir el señor Landeta y el señor Núñez. Les
ruego concreción en un tiempo máximo para las dos intervenciones de diez
minutos.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Intentaremos sujetarnos al corto espacio
de tiempo que nos asigna.

En primer lugar, respecto a las enmiendas a la totalidad presentadas, la
952 por el Grupo de Izquierda Unida, y 1365 el Grupo Socialista, que
proponen la devolución de esta sección, entendemos que si la economía
general va bien, la industria en particular va especialmente bien.

Durante el segundo trimestre las ramas industriales han crecido el 3,5 y
entendemos que los indicadores más recientes señalan que, en lo que va de
año, hasta agosto, la producción industrial ha crecido el 5,7 respecto a
los niveles de igual período del año anterior. Esto indiscutiblemente
viene a demostrar con claridad que en el Ministerio de Industria existe
una política industrial y que esta política industrial está dando buenos
resultados.

En el marco general de la política de apoyo directo a la industria, se
incluyen tres tipos de actuaciones: unos actuaciones de carácter
horizontal destinadas a apoyar factores que permiten la diferenciación
del producto más allá del precio y destacan las políticas de apoyo a la
tecnología, a la calidad y a seguridad industrial.

En segundo lugar, y esto es importante, nosotros entendemos que desde el
Ministerio se está haciendo una política de modernización del sector
público empresarial de nuestro país, según se recoge en el acuerdo del
Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, que tiene como



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fin principal mejorar la eficiencia de las empresas y reducir el coste
endémico que algunas de ellas suponen para el erario público. A este fin
se han dictado normas para suprimir la Agencia Industrial del Estado y se
transfieren sus activos y pasivos a la Sociedad Estatal de Participación
Industrial (SEPI), lo que tiene unas implicaciones presupuestarias
evidentes y cuyo fin es agrupar todas las empresas industriales para una
misma unidad de gestión.

Por último, el ministerio ha tendido a la liberalización del sector
energético, pues el abaratamiento de la energía es excesivo para que
nuestras empresas puedan competir internacionalmente al tiempo que ello
favorece la lucha contra la inflación.

En el tema de la minería del carbón se ha creado el Instituto para la
reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las
comarcas mineras que realizará durante estos años todas las funciones que
tienen atribuidas. Asimismo, esas actuaciones se complementan con la
política de ahorro y de eficiencia energética y el programa de
explotación ordenación y seguridad minera, que duplica los presupuestos
del año anterior.

Los argumentos planteados demuestran claramente que las cifras del
presupuesto respaldan una política industrial firme y coherente con los
objetivos generales de la política económica del Gobierno, rechazando la
acusación de falta de transparencia en la asignación de los fondos
públicos, puesto que en todo momento los representantes del ministerio y
de empresas públicas han comparecido ante esta Cámara para dar cuenta de
la gestión económica de las empresas cuantas veces fueron requeridos. Con
estas alegaciones ponemos claramente de manifiesto que existe una
política industrial y, por tanto, nos vemos obligados a rechazar las dos
enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo
Socialista.

Respecto al resto de enmiendas, vamos a intentar resumirlas brevemente en
el sentido siguiente. Las presentadas por la diputada del Grupo Mixto,
señora Almeida, números 439 y 440, en modo alguno pueden admitirse porque
plantean incrementar la dotación de partidas de subvenciones a empresas
públicas en el marco de las políticas de reindustrializaciones --es el
caso de Astander, en Santander, y también el de Tabacalera--, pero no
tienen en cuenta en modo alguno la normativa reguladora de estas
subvenciones ni establece una convocatoria y una evaluación de los
proyectos presentados al objeto de optimizar la utilización de los
recursos presupuestarios. Por ello, no cabe individualizar previamente
las subvenciones a conceder y deben ser rechazadas ambas enmiendas.

Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida,
números 955, 956, 957, es de alegar que la generación está primada vía
precios que abona el distribuidor de la energía eléctrica. Con los
precios actuales de dicha energía, el período de recuperación de la
inversión en cogeneración oscila entre 24 y 36 meses. Por esta causa, no
parece en modo alguno necesario abrir una nueva dotación presupuestaria
para este tipo de instalaciones, por lo cual nos vemos obligados a
rechazar las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.

Respecto a las enmiendas del Grupo Vasco, números 1487, 1488, 1489, 1484,
1485, 1490, 1491, 1492 y 1493, hemos de alegar que no proceden, puesto
que el sistema de coordinación con los convenios que se instrumenta, se
hará indiscutiblemente en el próximo ejercicio.

En cuanto a la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo
alternativo de las comarcas mineras, es de señalar que la enmienda número
1366, del Grupo Socialista, será contestada por mí compañero don Manuel
Núñez.

Respecto a la enmienda 1486, del Grupo Parlamentario Vasco, es de alegar
que se deniega la enmienda, dado que las actuaciones que financia el
concepto exploración, ordenación y seguridad minera, al contrario de lo
que parece que ha entendido el Grupo Parlamentario Vasco, afecta a toda
la minería y no sólo a la faja pirítica del sudoeste en exclusiva.

Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, número 1575, la
defendemos en el sentido de que la baja en el presupuesto de ingresos del
instituto, se justifica debido a que en el proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y en el orden social no se han incluido las
tasas vinculadas al funcionamiento del mismo. La baja en el presupuesto
de gastos del instituto se justificó, dado que, revisadas sus funciones,
no se considera que preste servicio que pueda dar lugar a la percepción
de una tasa, por lo que a fin de que su presupuesto se presente
equilibrado hay que minorar los gastos e ingresos en el mismo importe de
20 millones de pesetas.

Con relación a las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, números 1482
y 1483, respecto a la 1482 hemos de decir que el grupo enmendante propone
incrementos en partidas que no corresponden al fin que pretende, ya que
el servicio 20.102 de la Oficina española de patentes y marcas y el
programa 722.B se denomina regulación y protección de la propiedad
industrial, ambos sin relación alguna con la calidad industrial. Debido a
estos errores materiales resulta imposible la instrumentación de esta
enmienda, por lo que no puede ser informada favorablemente.

Respecto a la 1483, el grupo enmendante propone la creación de un nuevo
concepto, en el capítulo de servicios 20.102 y programa 722, con una
dotación de 50 millones de pesetas, que no corresponde al fin que se
pretende, ya que el artículo 65 se destina a inversiones militares en
infraestructuras. Debido a este error material, resulta imposible la
instrumentación de esta enmienda, por lo que se debe informar
desfavorablemente.

Por último, respecto a la enmienda número 954, del Grupo de Izquierda
Unida, sobre el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales
y Tecnológicas, nos vemos obligados a rechazarla dado que las ayudas para
cofinanciación de proyectos de este tipo de canalizan a través del plan
operativo de las comunidades autónomas en el ámbito del marco de apoyo
comunitario regional. En consecuencia, se estima innecesaria la nueva
dotación presupuestaria propuesta en la Secretaría de Estado de Energía y
Recursos Minerales.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Muchas gracias, señor Landeta,
por su concisión.




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Señor Núñez, tiene usted la palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señorías, va a limitarse mi intervención a analizar
la enmienda 1366, que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, al
programa 714, relativo a la reactivación de las comarcas mineras y al
plan de la minería del carbón.

En primer lugar, tengo que decir que a mi grupo le hubiera gustado, cómo
no, votar favorablemente cualquier enmienda que redundase en beneficio de
la minería y, concretamente también, por qué no decirlo, de la minería
leonesa. La enmienda que se ha presentado no tiene pies ni cabeza y tiene
unas motivaciones que, evidentemente, no van a en una línea de finalidad
tan clara y tan determinante como la que nos hubiera hecho, repito,
proferir un voto favorable.

Tenemos que decir que el Grupo Parlamentario Popular votará, como ha
dicho mi compañero, favorablemente, como no podía ser menos, la sección
20, relativa al Ministerio de Industria, de los Presupuestos Generales
del Estado para 1998 y al programa nuevo que esta sección, por primera
vez, contiene, que es el programa 714. Y va a votar favorablemente porque
recogen punto por punto todos los compromisos financieros hasta los
65.000 millones pactados que figuran en el plan 1998-2005, de la minería
del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, que fue
aprobado exactamente el 15 de julio del presente año. En concreto, la
enmienda pide 15.000 millones para cubrir costes sociales y técnico, y
tenemos que señalar que para el concepto cubrir costes sociales y
técnicos hay precisamente 10.325 millones de pesetas para empresas
privadas y 10.095 millones de pesetas para familias e instituciones sin
fines de lucro que se consideran suficientes, a nuestro entender, para
cubrir costes sociales y técnicos, así como obligaciones contractuales
derivadas de la ordenación del sector.

Por si fuera poco, el proyecto de ley de medidas crea el instituto para
la reestructuración de la minería del carbón y desarrollo alternativo de
las comarcas mineras, y el objeto del mismo, según el artículo 67, es la
ejecución de la política de reestructuración de la minería del carbón,
así como el desarrollo y ejecución de cuantas medidas se dirijan a
fomentar el desarrollo económico de aquellas zonas que, de acuerdo con la
normativa aplicable, tengan consideración de municipios mineros del
carbón.

En el artículo 69 del proyecto se recogen las obligaciones del instituto
y se mencionan expresamente las obligaciones económicas que se deriven de
procesos de reestructuración o cierre de empresas dedicadas a la minería
del carbón. Y para no dejar dudas al respecto, el párrafo segundo del
mencionado artículo concreta lo siguiente: Se consideran incluidos entre
tales obligaciones los complementos salariales que se reconozcan
individualmente a favor de los trabajadores que perteneciendo a la
plantilla de dichas empresas queden en situación de jubilación
anticipada, como consecuencia de procesos de reestructuración o cierre.

El párrafo tercero del mismo artículo trata de evitar cualquier duda o
zozobra que pudiera surgir en relación con las dotaciones
presupuestarias, para hacer frente a los citados complementos salariales,
estableciendo que se devengarán anualmente y se consignarán en el
presupuesto de gastos de este organismo autónomo durante el tiempo
necesario hasta la declaración de cada trabajador en situación de
jubilación ordinaria.

Carece, por tanto, de toda lógica, y únicamente puede ser fruto de la
ofuscación política o sencillamente del planteamiento puramente
partidario de la política minera, el que por boca de representantes
parlamentarios socialistas leoneses se pretenda sembrar dudas en relación
con tan contundente previsión legal. Hay que tener en cuenta que el
instituto para la reestructuración del carbón está dotado nada más y nada
menos que con 149.175 millones de pesetas; eso, con los 65.000 millones
que están incluidos y que forman parte del plan, es la primera vez en la
historia de los presupuestos de España que significa una ayuda a la
minería como, repito, no tiene parangón, no tiene precedentes en el
tratamiento por un Gobierno de los problemas de la minería. Por tanto, la
enmienda presentada por el Grupo Socialista reclamando un aumento de
15.000 millones de pesetas, pretende, a nuestro juicio, oscurecer, echar
tierra a unos Presupuestos Generales del Estado que, repito, por primera
vez en la historia comprometen las cantidades necesarias para tratar de
asegurar el futuro del carbón leonés y la reactivación de las comarcas
mineras. Recuérdese que la primera maniobra realizada por los
parlamentarios socialistas para descalificar los Presupuestos Generales
del Estado consistió en ocultar el crédito ampliable que completaba los
65.000 millones comprometidos en el plan, tal como reconocieron
posteriormente las propias centrales sindicales.

El Grupo Parlamentario Popular, y muy especialmente los parlamentarios
leoneses, asturianos y de otras provincias, palentinos, oscenses,
aragoneses, que tienen minas en su territorio, han estado y seguirán
estando siempre en la primera línea de defensa de la minería del carbón y
creen que en estos momentos la mejor defensa es el apoyo al plan del
carbón que garantiza la viabilidad del sector. No se oponen --y quiero
que quede bien claro-- ni se opondrán nunca a que dentro del plan del
carbón se aprueben planes específicos para todas las empresas que se
encuentren en especiales dificultades; pero por respeto a la voluntad
soberana de las partes, estiman que la posible aprobación de estos planes
específicos debe hacerse por parte de los mismos que aprobaron el plan
del carbón, que negociaron las correspondientes partidas y que
negociaron, repito, el plan que está vigente y que tiene como
protagonistas al Gobierno, sindicatos y empresas.

Nos parece temerario y presuntuoso que en la motivación de la enmienda
socialista y en las propias palabras del portavoz que la ha defendido, el
señor Rodríguez Zapatero, se diga que la finalidad de la misma es hacer
viable el desarrollo del plan del carbón. ¿Suponen los parlamentarios
socialistas que los sindicatos fueron tan irresponsables que estamparon
su firma en un acuerdo inviable? ¿Suponen esto? Porque eso parece
desprenderse del tenor literal de la enmienda. Tengo que decirle que,
efectivamente, la asamblea regional de Comisiones Obreras, uno de los
firmantes de pacto, urge precisamente la firma del plan del



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carbón a los empresarios para no perder ningún tipo de ayudas. Lo digo en
contrarréplica a lo que aquí se ha dicho de que determinados empresarios
no quieren saber nada del plan. Querrán saber, efectivamente, de un plan
que contenga las modificaciones necesarias que resuelva los problemas que
tiene pendientes. Pero lo que sí está claro es que eso debe hacerse sobre
la base de una vía negociadora que no tiene nada que ver con el
planteamiento ni con la estrategia de la enmienda. Es, por tanto, un
sarcasmo hacia los leoneses que quienes durante 14 años en el Gobierno no
fueron capaces de garantizar la viabilidad del sector carbón, traten
ahora de enmendar la plana a un Gobierno que apenas transcurrido un año
sí fue capaz de acordar un plan con inmediato y puntual reflejo
presupuestario. El sarcasmo resulta más hiriente en el caso de los
parlamentarios socialistas leoneses que a lo largo de esos 14 años
mantuvieron un silencio sepulcral al respecto y no fueron capaces de
presentar nunca una enmienda, ni parecida, a los presupuestos generales
correspondientes.

Desde un punto de vista técnico --y termino, señor presidente--, el
concepto presupuestario cuyo incremento se propone hace referencia a
actuaciones de futuro previstas en el plan de la minería que con una
dotación, ya sumada por los dos conceptos, de 20.420 millones, tiene que
ver con la cobertura de esos costes sociales y técnicos. En ese concepto
no encaja la pretensión de la enmienda socialista de resolver los
problemas de deudas históricas y financieras de las empresas privadas del
carbón.

Nos sorprende, finalmente, la simpleza de la enmienda socialista, que a
la hora de buscar cobertura a los 15.000 millones de pesetas se limita a
proponer una baja equivalente en la sección31,gastosdediversosministerios
--que todos los grupos parlamentarios utilizan y el Grupo Parlamentario
Socialista en diversas ocasiones también--, en tal cuantía que de ser
aprobadas todas las enmiendas que causan baja en dicha sección no tendría
suficiente cobertura presupuestaria. Este tipo de enmiendas son un
brindis al sol. Para que fuese creíble la citada enmienda socialista,
debería haberse comprometido seriamente y ofrecer en compensación del
alta de los 15.000 millones una baja en partidas claras y concretas, como
las que se requieren, por ejemplo, en determinadas empresas públicas, o
cualquier otro concepto.

Por todas las razones apuntadas, el Grupo Parlamentario Popular rechazará
la enmienda socialista sin que nadie pueda vincular este rechazo con el
apoyo real y eficaz al carbón leonés y a los carbones de todas las
provincias, que queda plenamente garantizado. Defenderemos y apoyaremos
cuantas medidas se adopten en favor de la viabilidad del sector, de su
reestructuración, con garantía de los derechos sociales y del desarrollo
alternativo de las comarcas mineras, pero siempre que ello se haga en el
marco del plan de la minería del carbón y mediante los mecanismos en él
previstos.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Pasamos a debatir la sección 21,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El señor Chiquillo ha solicitado intervenir en primer lugar, ya que tiene
que ausentarse. Por cortesía parlamentaria, si los grupos no tienen
inconveniente, será él quien defienda en primera lugar sus enmiendas.

Señor Chiquillo, tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, gracias a los compañeros de
la Comisión por la deferencia y cortesía parlamentaria que he recibido en
estos momentos.

Intervengo rápidamente, por no abusar de esa confianza, en defensa de las
enmiendas que a su sección 21, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, se han presentado por los diversos integrantes del Grupo
Parlamentario Mixto. Voy a hacer una defensa rápida de las enmiendas que,
en concreto, ha presentado Unión Valenciana, las números 38, 39 y 40.

La primera de ellas, la número 38, hace referencia a una inversión
adicional, un alta, en el anexo de inversiones, en un plan de lucha
contra la tristeza de los cítricos, con el importante argumento de la
magnitud de la problemática que sufren las explotaciones agrarias
valencianas. En el censo de plantaciones citrícolas de la Comunidad
Valenciana, que se sitúa actualmente en cerca de 80 millones de árboles,
hay unos 38 millones, es decir, casi el 50 por ciento, que están todavía
injertados sobre naranjo amargo y, en consecuencia, son los candidatos a
desaparecer y a quedar productivamente inútiles en un corto plazo de
tiempo. Se puede añadir a ese dato, que ilustra de la magnitud del
problema, que desde los años sesenta han desaparecido más de 25 millones
de árboles y que en la actualidad, en el año 1997, cinco millones de
árboles se encuentran afectados por la enfermedad de la tristeza de los
cítricos en un grado máximo, y 15 millones en diversos grados de
afección, que pueden y están, de hecho, mermando de una manera muy
importante la explotaciones agrarias y produciendo unos daños
multimillonarios.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el último
ejercicio, prevenía unas inversiones, en el programa 712-B, que ascendían
a 75 millones de pesetas, que a nosotros nos parece de todo punto
insuficiente. Por ello pedimos el alta de 1.000 millones, dada la gran
magnitud del problema y contando con que ese gran problema puede costar a
los agricultores más de 7.000 millones de pesetas en los próximos dos
años. Por tanto, al programa de inversiones que ya tiene reconocido la
Unión Europea y la Consellería de Agricultura de la Generalitat
Valenciana, pedimos el esfuerzo al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para que complemente con una mayor dotación, si no de 1.000
millones, sí lo más próximo a estos 1.000 millones, pero que salga de esa
ridícula cifra de 75 millones.

A continuación, defiendo las enmiendas números 39 y 40, que afectan a una
plaga que está afectando a las explotaciones agrarias valencianas y a la
reparcelación de unos polígonos en el término de Antella, provincia de
Valencia, que estaban pendientes de ejecución desde hace 15 años, cuya
ejecución correspondía al Iryda, pero, al desaparecer, se ha transferido
el proyecto a la Generalitat Valenciana,



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aunque no así la consideración presupuestaria para hacerla realidad.

Por tanto, doy por defendidas estas tres enmiendas y el resto de
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, dando las gracias de nuevo por
la cortesía parlamentaria de la deferencia de permitirme intervenir en
primer lugar.




El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Socialista, han
solicitado intervenir el señor Amarillo y el señor Chivite. Tienen 10
minutos para intervenir, por lo que les ruego se repartan el tiempo como
crean conveniente.




El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, en primer lugar defiendo la
enmienda número 1361, de devolución de toda la sección, enmienda que se
justifica clarísimamente. Hay que tener en cuenta que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación disminuye, en pesetas constantes, el 6
por ciento, y lo hace en un momento en el que las necesidades de recursos
económicos del sector agrario son mayores. Nos encontramos ante la
aplicación de los acuerdos del GATT; nos encontramos en plena
convergencia de precios; nos encontramos en plena discusión de la Agenda
2000, y nos encontramos ante unas reformas estructurales de gran calado,
de gran profundidad, que exigen cuantiosos recursos económicos. Por
tanto, esta sección no sólo no tenía que haber disminuido, sino que, muy
al contrario, tenía que haber aumentado considerablemente su presupuesto.

Pero si ya es grave que de una manera global no se atienda a las
necesidades del conjunto del sector, es aún peor la distribución interna
que se hace de la sección. El MAPA obvia totalmente en este presupuesto
aquellas partidas que podían traer recursos importantes para el
desarrollo no sólo del sector agrario, sino del medio rural. Hay
importantes partidas de cofinanciación, pero no hay la aportación debida,
por lo que vamos a perder la cofinanciación que nos viene de Bruselas.

Por otro lado, hay demandas inaplazables en desarrollo de
infraestructuras, tanto en política de regadío como en política de apoyo
a la modernización de la explotación agraria, que también son totalmente
ignoradas o tratadas con una insuficiencia muy grande por el actual
presupuesto. Prácticamente podemos decir que se ignoran dos capítulos
importantísimos dentro del sector como son la formación y el
asociacionismo agrario. Finalmente, para agravar la situación desde un
punto de vista presupuestario, estando en un momento en que se pone en
marcha toda la política de organizaciones profesionales, que son las que
realmente van a hacer de sistema de intervención en el mercado, puesto
que el mercado con la nueva normativa comunitaria tiende a autorregularse
vía organizaciones de profesionales, éstas están totalmente infradotadas,
sobre todo las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que
son importantísimas para el desarrollo del sector.

En este contexto, el Grupo Socialista del Congreso ha elaborado más de 22
enmiendas, que vamos a defender conjuntamente mi compañero Carlos Chivite
y yo. Tengo que decirle, en primer lugar, que hay programas como el
712.E, que, por la importancia que tienen la industrialización y la
ordenación alimentaria dentro de los procesos productivos agrarios y por
ser éste uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de la
comercialización y la industrialización, debe ser totalmente enmendado.

Por lo tanto, nosotros enmendamos el programa en su totalidad ya que
resultan insuficientes todas las partidas de cofinanciación específicas
que vienen en este programa de la Unión Europea. Asimismo la cantidad
para el desarrollo de las organizaciones interprofesionales es totalmente
insuficiente ya que la calidad y la competitividad de nuestros productos
constituye uno de los ejes básicos para poder desarrollar la
comercialización. Todo ello justifica esta enmienda número 1369 a la
totalidad.

También presentamos la enmienda número 1372. Esta enmienda atiende a la
reestructuración y reconversión de los cultivos y proponemos
incrementarla con una dotación de 800 millones de pesetas. La demanda
actual de los programas operativos que están ya comprometidos supera la
oferta del proyecto de presupuestos del MAPA. Se impone, por lo tanto,
enmendarla solamente con el fin de poder hacer frente a la demanda de
proyectos existentes. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Asimismo hemos presentado la enmienda número 1373 que va en este mismo
sentido, de potenciar la vertebración del sector productivo, del sector
agrario, y para ello es clave fomentar el asociacionismo agrario. Si no
hay asociacionismo dentro del sector muy difícilmente podremos abordar
los graves problemas de comercialización que el sector tiene pendiente.

En este sentido intentamos incrementar la partida asignada al efecto en
600 millones de pesetas. Hay una demanda actual de programas operativos
ya comprometidos, que igual que ocurría en el apartado anterior, supera
los presupuestos del MAPA.

Hay otras partidas que, aunque puedan parecer de tono menor, no lo son
porque están muy relacionadas con la política medioambiental, están muy
relacionadas con el fomento de determinadas producciones, principalmente
con las producciones de carácter frutícola, y están muy relacionadas
también con la cobertura de gran parte de nuestros territorios, el
mantenimiento del sotobosque y el mantenimiento de la flora autóctona de
muchos territorios. Y esto está muy relacionado con el mundo apícola. La
apicultura, por lo tanto, trasciende, pasando de ser un sector meramente
productor de miel para convertirse en un vector importantísimo de la
conservación de las áreas medioambientales. En este sentido va dirigida
la enmienda número 1377, con la cual incrementamos la partida
presupuestaria en 125 millones de pesetas.

En esta política de vertebración, que es totalmente coherente, puesto que
las enmiendas tiene una coherencia conjunta y todas ellas van destinadas
a la vertebración, en distinto sentido y en distintos aspectos de lo que
es el sector agrario, tenemos las agrupaciones para la defensa sanitaria,
que es una forma de asociacionismo que nos ha permitido y que nos permite
hacer frente a los problemas de sanidad que tiene nuestra cabaña
pecuaria. En este sentido, tenemos la enmienda 1378, en la cual se
solicita un incremento de 95 millones, con el fin de intentar potenciar
todo el asociacionismo referente a la defensa sanitaria.




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Coherente con nuestra enmienda al programa 712.E hemos presentado la
enmienda 1380, que pretende incrementar en 1.200 millones de pesetas la
partida destinada a ordenación y fomento de la industrialización
agroalimentaria. Es uno de los ejes básicos, como he dicho antes, para
poder llevar nuestros productos agrarios a un sistema de competitividad y
conseguir que los valores añadidos se queden dentro del sector agrario.

Si la infraesructura, a la hora de enmendar la sección, decíamos que era
una de las cenicientas de este presupuesto, en este sentido tenemos la
enmienda 1382, con la cual pretendemos que haya una inversión nueva de
2.000 millones de pesetas en infraestructura y en bienes destinados a uso
general, dentro del sector agrario. De igual manera podemos argumentar la
enmienda 1383, destinada también a inversiones de reposición de
infraestructura y bienes destinados al uso general, por un importe de
1.000 millones de pesetas.

Ni que decir tiene que los regadíos son uno de los elementos básicos para
mantener e incluso incrementar la producción agraria. Por eso se necesita
incrementar el programa 531.A. En ese sentido va nuestra enmienda 1384,
por la cual se solicita un incremento de 1.000 millones de pesetas para
las transferencias a empresas y entes públicos destinados a la mejora de
los regadíos.

Coherente también con lo dicho anteriormente está la enmienda 1386, de
fomento al asociacionismo agrario y de integración cooperativa. El mundo
cooperativo es la columna vertebral del sistema agrario español. Sin
cooperativas difícilmente podemos ser competitivos. Las cooperativas
constituyen, por lo tanto, la base del asociacionismo agrario, y en este
sentido va dirigida la enmienda 1386.

La modernización de las estructuras agrarias, a la que se refiere la
enmienda 1387, es también uno de los ejes básicos que nos permiten hacer
explotaciones competitivas, que en el nuevo marco de la Agenda 2000 y
entre este intervalo de los acuerdos del GATT y de la conferencia de
Singapur obligará a modernizar las estructuras agrarias; para eso
presentamos la enmienda 1387 con 2.000 millones de pesetas.

Finalmente, en el mismo sentido, y con los mismos argumentos, defendemos
la enmienda 1389, dedicada a la promoción y diversificación de la
economía rural. Incrementamos esta partida en 1.200 millones de pesetas.




El señor PRESIDENTE: El señor Chivite tiene la palabra.




El señor CHIVITE CORNAGO: Complementando la intervención de mi compañero
Paco Amarillo, quiero defender la enmienda 1368, de totalidad de la
sección 21 al programa 542.J, de investigación y experimentación agraria.

Este programa adolece de un vicio de fondo, ya que no presta atención
alguna a los sectores estratégicos del ámbito agrario, particularmente en
lo que a tecnología de alimentos se refiere, teniendo además en cuenta
las dificultades que existen para importar tecnología dentro de este
sector. Se ignoran en este programa sectores tan importantes como el
aceite de oliva --hoy desgraciadamente de actualidad-- y se presupuestan
de manera insuficiente áreas de producción tan determinantes como la de
los cultivos leñosos.

El presupuesto global asignado a esta partida, aunque aparece con un
incremento de un 5,12, lo cierto es que, al ser desglose de un programa
anterior, el 542.F, no llega a subir --en términos reales diríamos que
baja-- del orden de un 8 por ciento respecto del presupuesto del año
1996. Existe, además, una clara dispersión de recursos económicos y
humanos a la hora de abordar el I+D y de los campos que abarca en este
programa, con disminuciones importantes de recursos humanos, básicos en
un área precisamente referida a la investigación. Incluso desde el punto
de vista de la insuficiencia presupuestaria del reparto que se hace del
escuálido presupuesto, es improcedente e inoperante, siendo mucho mejor
un reparto por áreas y una integración vertical de las actividades.

Pasando a lo que son las enmiendas parciales, suponiendo que la anterior
no ha de ser aprobada, quiero hablar de la enmienda 1370, de
transferencias a organizaciones profesionales con presencia
internacional, sobre todo en un momento en que estas organizaciones van a
tener un papel fundamental en el desarrollo de la agricultura.

La enmienda 1371 se refiere al fondo operativo para la ordenación del
sector hortofrutícola. La OCM del sector hortofrutícola aprobada en
noviembre del año pasado ha tenido precisamente su inicio en este
ejercicio y va a tener su desarrollo en el año 1998, lo cual va a
significar que va a requerir más fondos de los que el presupuesto
contempla, teniendo además en cuenta que esta partida es cofinanciada con
la Unión Europea y esta restricción de fondos significa perder también
financiación de la Unión Europea.

La enmienda número 1374 hace referencia a la reproducción y selección
animal y, con la partida presupuestaria que contempla el proyecto de
presupuestos, contrastándola con la demanda actual, no llega ni con mucho
a atender la demanda que en estos momentos tenemos sobre la mesa.

La enmienda número 1375, referida a la reordenación del sector productor
de leche, propone la incorporación de 1.000 millones de pesetas más a lo
presupuestado para hacer frente a la necesaria reordenación de este
sector y evitar que se puedan producir efectos como los de la supertasa
ya repetida.

La enmienda número 1376 va incardinada con la anterior, ya que en esta
reordenación del sector productor de leche es de importancia sustancial
el fomento de la incorporación de jóvenes ganaderos. Por lo tanto, además
del plan previsto para liberar cuotas lácteas, para facilitar la
contratación de las explotaciones competitivas, se considera necesario
por nuestra parte un plan especial dotado con 500 millones para abandono
de cuota a adquirir por el MAPA para su distribución entre jóvenes
agricultores.

La enmienda 1379 hace referencia a programas estatales de erradicación de
organismos nocivos en los vegetales. Creemos que están insuficientemente
dotados, por lo que queremos incorporar 50 millones de pesetas más.

Las ayudas a formación profesional agraria en cursos y estancias van
unidas a parte de las enmiendas que ha defendido



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mi compañero en lo que se refiere a la importancia que en estos momentos
tiene la formación profesional de cara a la modernización de las
estructuras agrarias y de cara a la incorporación de jóvenes a este
sector productivo.

La enmienda 1385 está en la misma línea que la anterior.

En cuanto a la enmienda 1388, dado que se trata de la compensación de
rentas Feoga-Garantía, viene muy ligada con todos los programas
anteriores, a los cuales dotamos con mayor presupuesto. En esa
correlación también incorporamos 1.630 millones de pesetas como dotación
proveniente del Feoga.

En la enmienda 1390, de 490 millones, referida a la reestructuración y
renovación de la flota pesquera, lo que hacemos, para no perder el efecto
de inflación de estos años, es incorporar esta medida para que el
incremento propuesto permita la actualización en pesetas corrientes de
los presupuestos anteriores. En la misma línea va la enmienda 1391, en la
que proponemos el incremento de 150 millones de pesetas.

En la enmienda número 1392 se trata de incrementar 100 millones de
pesetas para la iniciativa comunitaria pesca, haciendo referencia también
a que es una iniciativa cofinanciada con fondos de la Unión Europea. El
incremento propuesto simplemente es para no perder peso de este programa
en el conjunto del presupuesto de la sección 21.

Con esto he terminado.




El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida tiene la palabra el señor
Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Señor presidente, nosotros presentamos una
enmienda de totalidad de devolución de esta sección porque, al margen de
cualquier guerra de cifras, entendemos que los presupuestos que se nos
presentan son la expresión de la política del Gobierno en este sector;
política que no afronta de manera seria los problemas que tiene como son
el desempleo, el saneamiento del sector ganadero o la creación y
modernización de regadíos.

En concreto, los presupuestos presentados establecen un incremento del
14,4 por ciento en la indemnización compensatoria básica, partida que
llevaba tres años congelada, lo que es totalmente insuficiente para
frenar la caída de empleo que se reconoce con la desaparición de 30.000
agricultores y ganaderos que vivían solamente de su trabajo. España es el
país que menor cuantía aporta por explotación de esta indemnización, ya
que la media española es de 522 ecus frente a los 1.300 del resto de
Europa y la indemnización por unidad de ganado mayor es de 38 ecus en
España frente a los 65 que se dan en Europa. Por otra parte, el proyecto
también recorta las previsiones de beneficiarios que disfrutan de la
ayuda en 142.000 cuando en 1996 estábamos en 172.882, es decir, hay una
reducción del 18 por ciento en dos años, a costa de incrementar esta
ayuda de 66.000 millones hasta 80.000 millones. Nosotros sólo podemos
explicar esta circunstancia como el fracaso de la política agraria y
rural, fundamentalmente en las zonas más desfavorecidas; fracaso que este
Gobierno ha continuado de gobiernos anteriores.

En el mismo sentido, los presupuestos evidencian cómo el Ministerio no
apuesta por la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, ya que
baja considerablemente los objetivos de la política de modernización de
estructuras tanto en el número de agricultores jóvenes instalados, 6.224
en 1996 frente a los 4.100 que se presupuestan para 1998, como en el
número de planes de mejora, que pasan de 9.104 en 1996 a 8.600 para el
próximo año. Todo esto sucede en el marco del sector agrícola en el que
ustedes saben muy bien que el 57 por ciento de los responsables de
explotaciones tienen más de 55 años. Estos presupuestos también
evidencian cómo el Gobierno sigue sin creerse que es necesario apostar
fuerte para que dé los frutos oportunos la formación profesional agraria.

En el apartado referente a la creación y modernización de regadíos
tampoco salen beneficiados los presupuestos de 1998, ya que el balance es
claramente negativo al comparar su crecimiento con el producido en los
años 1992-1995, que fue de más de 5.000 millones. Además, todavía está
sin finalizar, y por tanto sin presentar al Congreso de los Diputados y a
las organizaciones agrarias, el estudio sobre el plan nacional de
regadíos, que nosotros seguimos considerando fundamental para ahorrar ese
50 por ciento de agua que se sigue perdiendo en la canalización y del
cual nos acordaremos cuando vengan nuevas épocas de sequía. Señorías, no
es posible que con estas premisas se planteen unos objetivos
contradictorios que son muy inferiores a los de 1997. Nosotros solamente
nos explicamos estos objetivos inferiores si hubieran estado disparados
los costes o por el argumento que nosotros consideramos como más probable
de que los objetivos que ustedes presupuestaron el año pasado no eran
realistas. En este sentido, los presupuestos siguen sin señalar las
hectáreas que se van a poner de nuevo en regadío ni dónde van a estar.

Como ya sucedió en los presupuestos de 1997 también se reducen otras
líneas de actuación que para nosotros son muy importantes, y parece ser
que para ustedes no, como son los caminos rurales, las concentraciones
parcelarias, etcétera. El abandono de estas líneas nos parece muy grave,
ya que se trata de la infraestructura necesaria para la modernización que
el campo reclama. Por último, queremos señalar que el Gobierno sigue sin
apostar decididamente por la investigación y le experimentación, ya que,
aunque se frena el descenso que se ha producido en los últimos años, el
incremento presupuestario no es ni mucho menos el necesario para
conseguir una investigación que logre realmente que se corrijan una serie
de deficiencias como es el uso, por ejemplo, de productos alternativos.

En este sentido, hemos presentado una enmienda para que sea denunciado el
uso del bromuro de metilo, que se está utilizando en suelo agrícola, sin
buscar una alternativa, cuando todos sabemos que este producto se va a
prohibir en el año 2000.

En definitiva, son unos presupuestos que no afrontan, como ya dijimos al
señor secretario general en la comparecencia, los problemas que tiene
nuestra agricultura y nuestra ganadería; unos presupuestos que de no
modificarse



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sustancialmente --y es evidente que ustedes no tienen esa voluntad--
creemos que van a seguir manteniendo las desigualdades que existen en el
sector agrícola y ganadero con otros sectores de la producción;
desigualdades que parecía que al secretario general de Agricultura y
Alimentación no le preocupaban mucho cuando llamaba a resignarse a los
ganaderos y agricultores diciéndoles que nunca tendrían el nivel de vida
que podían tener otros sectores, como el de servicios, según decía él
textualmente. Por tanto, nosotros presentamos esta enmienda de devolución
con la idea de que podamos discutir unos presupuestos sean de verdad, un
instrumento útil al servicio de que nuestro sector agrícola, ganadero y
pesquero.

Entraré en la explicación de alguna serie de enmiendas concretas que
hemos presentado y que tratan de abordar actuaciones que consideramos
necesarias por puntuales; actuaciones de mejoras de regadíos para la
optimización de los recursos y del ahorro de agua; proyectos que, como
los de Jódar en Jaén o las actuaciones que proponemos en el río Mula
suelen anunciarse, suelen presentarse una y otra vez, y o bien no se
realizan o no se terminan nunca. También proponemos enmiendas para la
construcción de invernaderos en Jódar y la modernización de los regadíos
de Jumilla, Librilla, Totana y Alhama de Murcia. En otro sentido, como
hemos señalado antes, presentamos iniciativas para promover la
utilización de productos alternativos al bromuro de metilo.

Quiero repetir que con nuestras enmiendas tratamos de asegurar el
cumplimiento de los acuerdos que este Gobierno ha establecido con el
sector ganadero, así como también --otro portavoz lo ha explicado antes
con más profundidad-- hacer más efectiva la lucha contra la enfermedad de
la tristeza del cítrico o el fomento de la apicultura. Son enmiendas
todas ellas que tratan, como decía al principio, de hacer de estos
presupuestos una herramienta útil para la agricultura, la ganadería y la
pesca.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco ha presentado también
enmiendas a esta sección 21. Tiene la palabra el señor Caballero.




El señor CABALLERO BASAÑEZ: Señorías, en relación con las dos enmiendas
que hemos presentado al Plan sectorial lácteo de la cornisa cantábrica y
al Plan de regadíos de Alava he de decirles que la mejora, modernización
y saneamiento del sector lácteo, cuyos problemas arrastramos desde la
desafortunada negociación que de nuestra incorporación al Mercado Común
se hizo en su momento, ha sido una de las constantes preocupaciones del
Grupo Vasco (EAJ-PNV). El sector lácteo constituye uno de los sectores de
mayor relevancia socio-económica del Estado tanto en el ámbito
productivo, 16,1 por ciento de la PCA, como en el de la industria
agroalimentaria, 11,4 del VBI. Dicha relevancia socioeconómica adquiere
su mayor dimensión en el marco territorial que conforman las comunidades
autónomas de la cornisa cantábrica, que en su conjunto representan el 74
por ciento de las explotaciones ganaderas de leche de vaca del Estado
español y el 60 por ciento de la cuota láctea asignada al Estado,
superando los 250.000 millones de pesetas sólo el valor final de la venta
de la producción de leche de la cornisa. Al igual que ocurre en los
Estados del norte de Europa, la producción láctea es la actividad agraria
más importante de la cornisa cantábrica, que representa más del 30 por
ciento de la producción final agraria. Asimismo, el empleo agrario en la
cornisa cantábrica es muy elevado y puede llegar a representar más del 30
por ciento del empleo. Es decir, se estaría hablando de una masa laboral
dedicada a la producción agraria de unas 450.000 personas, de las cuales
casi 90.000 dependen solamente de la producción de leche, y todo ello en
un entorno socioeconómico donde se registra una elevada tasa de paro y
después de haberse suprimido cerca de 85.000 puestos de trabajo en el
sector en los últimos años.

Así pues, es necesario recoger esta importante singularidad --productiva,
económica y social-- de la cornisa cantábrica y comprender la exigencia
de defensa de los correspondientes intereses. La rigidez del régimen de
cuotas, la injusta e insuficiente cuota láctea de que dispone la cornisa
y la incapacidad de contar en muchas de sus regiones de otras opciones
económicas significativas, fuera del binomio productivo leche-carne,
pueden significar un cierto riesgo de empobrecimiento sectorial regional,
si no se permite y apoya el rápido desarrollo y la competitividad de su
sector lácteo-ganadero. Por otra parte, la fuerte dependencia de la
producción lácteo-ganadera provoca serias desventajas en la percepción de
apoyos financieros comunitarios, acentuándose el desequilibrio entre
sectores y con otras regiones, por lo que se hace indispensable la
recepción de ayudas compensatorias para evitar desequilibrios y
distanciamientos entre rentas. En este marco socio-económico, el sector
lácteo de la cornisa cantábrica se ve obligado a sobrevivir y jugar un
papel importante como motor o pilar de la economía rural de la región.

Sin embargo, a pesar de su enorme importancia estratégica y su absoluta
trascendencia socio-económica, el sector productor de leche de vaca de la
cornisa cantábrica carece, en general, de una adecuada estructura
integradora o vertebradora. En el momento actual, si bien para algunos el
principal reto del sector es tan sólo la expansión productiva, no
obstante, la realidad objetiva es que hay otras prioridades, entre las
que se encuentra conseguir un adecuado nivel de competitividad
homologable al de las grandes regiones productoras de leche de la Unión
Europea. Es evidente que no hay otro problema de mayor envergadura que la
insoportable insuficiencia de cuota y la referenciación grasa, pero esa
prioridad no debe suponer olvidarse de los demás problemas del sector
lácteo de la cornisa, que debe contar con una política de reordenación
del sector a nivel estatal. Entre estos problemas se encuentran la
necesidad de acceder de inmediato a una calidad real homologable, la
inexistencia de una interprofesión, la escasa vertebración del sector y
el insuficiente papel de las cooperativas en dicha vertebración.

En el aspecto industrial, la estructura de la oferta está muy fragmentada
si se compara con otros mercados europeos. Los tres mayores productores
del mercado estatal representan en torno al 25 por ciento, frente al 75
por ciento en Holanda o el 50 por ciento en el Estado francés. Esta
situación



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limita la posibilidad de alcanzar niveles adecuados de productividad. A
esto se añade también un volumen relativamente bajo de producción, con la
consecuencia de exceso de capacidad y la subescala de las plantas. Por
otro lado, se dispone de una cuota insuficiente, el sector no es
exportable ni excedentario, no recibe por tanto fondos del Feoga y, a
pesar de su continuo proceso de simplificación de explotaciones, nunca se
ha reordenado planificadamente y nunca ha dispuesto de fondos suficientes
para hacerlo. Entre 1986 y 1997, todo el sector lácteo estatal tan sólo
ha recibido 90.000 millones de pesetas para programas de abandono, siendo
a todas luces un gasto escaso, si se tiene en cuenta la magnitud y las
exigencias de reordenación del sector. Comparativamente, en el Estado
francés, con un sector lácteo potentísimo y mucho más competitivo que el
del Estado español, en siete años se invirtieron más de 300.000 millones
de pesetas para programas de reordenación de similar alcance.

Es inevitable actuar urgentemente en el sector lácteo de la cornisa
cantábrica para hacerlo más competitivo y viable, garantizando así su
contribución estratégica y decisiva al desarrollo socio-económico de la
región. No cabe otra alternativa que abordar un proceso auténtico e
intenso de racionalización sectorial, que debe tener un enfoque integral
en el que se incluya la defensa medioambiental, la calidad real, la
imagen diferenciada y el potencial representativo. El objetivo básico y
específico del proceso de racionalización sería conseguir y mantener en
la cornisa cantábrica una estructura de explotaciones lácteas viables,
rentables, competitivas y equiparables a sus homólogas de la Unión
Europea. En este contexto, no se puede aplazar por más tiempo la solución
que posibilite alcanzar estos objetivos estructurales, ni se puede perder
la oportunidad de incorporar los necesarios planes de acción, a ser
posible dentro de la reforma de la OCM láctea actualmente en curso. El
Estado español, por tanto, debe valorar en su justa medida las magnitudes
socioeconómicas antes señaladas y comprender que se trata de un sector
que como mínimo tiene igual envergadura, posición crítica y exigencia de
apoyo que otros sectores agroalimentarios básicos o estratégicos
actualmente en candelero, como el olivar o el viñedo, o que fueron en su
día fuertemente apoyados, como el azucarero. Por todo ello, en el marco
del Plan de reordenación del sector lácteo estatal que se está elaborando
por parte de todas las comunidades, impulsado por el grupo de la cornisa
cantábrica en colaboración con el MAPA y donde ya se han acordado una
serie de actuaciones, es donde se plantea esta enmienda. Finalmente,
quiero señalar que no va a ser precisamente la Comunidad Autónoma vasca
la principal beneficiaria de esta propuesta, porque ya tiene en gran
medida reorganizado este sector, sino que más bien lo van a ser las
comunidades de Galicia, Asturias y Santander.

En relación con la segunda enmienda relativa al Plan de regadíos, hay que
señalar que en el territorio histórico de Alava se evidencian problemas
socioambientales en épocas de estiaje y dificultades para garantizar la
capacidad competitiva de numerosas explotaciones de carácter familiar,
ubicadas la mayoría en zonas desfavorecidas, que deben ser respondidas
desde una adecuada programación de desarrollo de las infraestructuras de
riego. Durante los últimos doce años el Gobierno Vasco y la Diputación
Foral de Alava han venido desarrollando un importante esfuerzo inversor
para habilitar infraestructuras de regadío, lo que se ha traducido en la
puesta de riego en más de 22.000 hectáreas en ese período. La necesidad,
en el marco restrictivo de la PAC, de potenciar competitividad en los
cultivos tradicionales de Alava, patata y remolacha, junto a los nuevos
cultivos con perspectivas de crecimiento, hortaliza extensiva, han
llevado a las instituciones agrarias vascas a la elaboración del Plan de
regadíos de Alava, el cual prevé una superficie de actuación de 37.000
hectáreas y un presupuesto total de 21.000 millones de pesetas, y cuya
primera fase de desarrollo ya se halla en marcha. Este plan se va a
incluir en el Plan estatal de regadíos, pendiente de aprobación
definitiva, así como en el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, en su
integridad, contando con el acuerdo del MAPA para su financiación al 50
por ciento de la correspondiente inversión pública en infraestructuras de
riego. A pesar del retraso que acumula, ocho meses, la elaboración y
presentación del Pleno estatal de regadíos, la Intervención del Estado
posee mecanismos y normativas que posibilitan su participación financiera
sin esperar a dicha aprobación. Ese ha sido el caso de la participación
ministerial en la financiación de importantes infraestructuras de regadío
en Navarra, en Itoiz, o en el canal de Navarra. Para el próximo año,
dentro del Pleno de regadíos de Alava, las instituciones agrarias vascas
pretenden abordan proyectos de inversión pública por importe de 3.000
millones. Finalmente quiero señalar que en caso de no aceptarse esta
enmienda, pediría a la señora ministra que no vaya haciendo cantos de
cisne por La Rioja, ni por la alavesa ni navarra, engañando a los
agricultores.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
tiene la palabra el señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: Señoras y señores diputados, voy a defender
la enmienda 1632, que hemos presentado a la sección 21, en la que se
propone la modificación de la denominación de la aplicación
presupuestaria 21.207.712F.471 con la siguiente redacción, Plan de
seguros agrarios para 1998. Con esta enmienda intentamos que el
incremento de la partida presupuestaria vaya directamente a una mayor
calidad del seguro agrario. La actividad agraria, por su propia
naturaleza, se encuentra expuesta durante todo el ciclo productivo a las
inclemencias meteorológicas en mayor medida que la mayoría de los
diferentes sectores productivos. Las heladas tardías, los vendavales, las
sequías, las inundaciones, el granizo y el fuego son fenómenos
meteorológicos que afectan de una forma muy importante el proceso
productivo del sector agrario, hasta el punto de que pueden poner en duda
su viabilidad. Si bien el seguro es imprescindible para el conjunto de
las agriculturas, no es menos cierto que en aquéllas más especializadas,
básicamente de carácter mediterráneo, que no están contempladas
adecuadamente en la política agraria



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común y, en contrapartida, se ven inmersas en una lucha día a día por
ganar cuotas de mercado en un marco desprotegido, la existencia de un
seguro moderno efectivo es la base de su supervivencia. En el sector
industrial es impensable la no existencia de seguros, y éstos forman
parte de los costos de producción.

Por tanto, es imposible pensar en una agricultura moderna, tecnificada y
con altos costes de producción sin una cobertura que en caso de desgracia
eviten la ruina de la empresa agraria. En contrapartida, debido a que en
el campo el riesgo es muy elevado, es imposible que el coste de la cuota
la pueda sobrellevar únicamente el agricultor. Por ese motivo, nuestro
grupo parlamentario vio con satisfacción el crecimiento de la partida
destinada a este menester. Pero como la felicidad siempre es escasa en
casa del agricultor, al leer con detenimiento la denominación de la
partida presupuestaria, entendimos que podía existir la tentación de que
ese incremento no fuese dirigido a la ampliación de las aportaciones del
Estado a los seguros agrarios o a la ampliación de líneas, sino a
financiar un déficit acomodado en años anteriores. Por eso creemos que
hay que modernizar el sector, y esta modernización pasa por la aplicación
de unos seguros agrarios modernos que cubran los déficit existentes, y
hay que emplear de una forma nítida el número de riesgos que hay que
cubrir, porque sin duda el seguro agrario es el más firme sostén de los
cultivos más especializados, ya que los costes de producción son muy
altos, pero también es indiscutible que en las zonas de monocultivo una
inclemencia puede echar a perder la totalidad del esfuerzo de todo un
año. Por ello nos felicitamos del incremento de la partida. Es bueno que
quede absolutamente definida la finalidad de la misma, que debe ser una
mayor cobertura de riesgos, una mayor calidad del seguro, la posibilidad
de asegurar todos los productos y sobre todo, en caso de desgracia, que
los métodos del cálculo se ajusten a la realidad comercial, acciones que
sin duda redundarán en la mayor potenciación del sector, que es lo que en
este momento todos estamos deseando.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero.




El señor MADERO JARABO: Respecto a las enmiendas presentadas a la sección
21, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mi grupo tiene bien
poco que añadir a lo que aquí se ha manifestado por parte del
representante del Grupo Mixto, puesto que algunas enmiendas no las
acabamos de entender cuando las ha expuesto el diputado de Unión
Valenciana. Entendemos que el contenido escrito de las mismas no tienen
mucho sustento lógico, mucho menos las que presenta el Bloque
Nacionalista Galego, dentro del Grupo Mixto, referidas fundamentalmente a
pesca, porque son la copia mimética de ejercicios anteriores, y en
opinión de mi grupo tienen poca solidez parlamentaria. Lo mismo podemos
decir de Iniciativa-Els Verts, que no ha hecho una defensa ad hoc de cada
una de las enmiendas y mi grupo no acaba de entender qué significación
pueden tener. Sin embargo, sí hemos vuelto a entender la queja, el
lamento del Grupo Parlamentario Socialista, incluso de Izquierda Unida,
diciendo --y vuelta al ritornello que hemos escuchado ya en
comparecencias de distintos altos cargos del Ministerio cuando se explicó
el presupuesto correspondiente a la sección 21-- que disminuye el
presupuesto del Ministerio de Agricultura.

Estoy seguro de que siguen haciendo oídos sordos a aquello que estamos
siempre diciendo, que los números ahí están, y que si es cierto que el
presupuesto inicial del Ministerio de Agricultura figura para 1998,
respecto a 1997, con un 4 por ciento de disminución es debido --se
explicó entonces y este portavoz lo repite ahora-- a las transferencias
que desde el Ministerio, en virtud de la Lofage, se han hecho al
Ministerio de las Administraciones Públicas. Además, existe una partida
llamada técnicamente de correcciones financieras, efectuadas por la Unión
Europea, en donde el Ministerio de Agricultura este año, respecto al
anterior, tiene que desembolsar menos 18.000 millones de pesetas. Dicho
en román paladino, que en la multa de la leche este año hay que pagar
18.000 millones de pesetas menos, con lo cual el Ministerio tiene un
fondo operativo importante.

Dicho esto, para que conste ante esta Comisión y por supuesto en el
«Diario de Sesiones», y no con ánimo de convencer a nadie --que nadie
quiere dejarse convencer aunque la realidad sea tan clara como se está
diciendo--, el presupuesto operativo del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación en el año 1997 era de 147.000 millones y en 1998 es de
162.000; es decir, aumenta un 10,2 por ciento El presupuesto del Feoga
pasa de 886.000 millones a 950.000, mediante una sencilla operación que
si alguien no sabe hacer este grupo se brinda a ayudarle a hacerla. El
incremento de esta partida en el Feoga es del 6,7 por ciento, es decir,
64.030 millones más. El presupuesto consolidado, si sumamos el subsector
Estado más el Feoga, aumenta de un billón 90.000 millones de pesetas del
año 1997 a un billón 110.000 millones en el año 1998, con un incremento
de 20.000 millones de pesetas. Esta es la realidad. Estas son las cifras
auténticas, las cifras reales. Para que no haya dudas, podemos decir que
ha habido un ahorro importante en los intereses a pagar por los créditos
dados a la sequía, ese ahorro, que supone en la partida global un 32,1
por ciento, es de casi 5.000 millones de pesetas, porque este Gobierno ha
conseguido que se paguen menos intereses de esos créditos que estaban
contraídos en ejercicios anteriores. En seguros agrarios ha habido un
incremento de más de 6.000 millones de pesetas, lo que supone un 38,1 por
ciento. En la promoción y diversificación de la economía rural hay un
incremento --si suman las partidas-- del 18 por ciento. En modernización
de estructuras también es del 18 por ciento. Bien es verdad que no son
cantidades excesivamente grandes, pero teniendo en cuenta que muchas
competencias están transferidas a las comunidades autónomas, las cifras
en alguno de estos capítulos no pueden ser elevadas. Además, existe un
incremento en el Fondo Español de Garantía Agraria de un 15,8 por ciento;
en Investigación Agraria del 2,6 por ciento; en Infraestructuras Agrarias
de un 16,8 por ciento; en la Agencia del aceite de oliva --también es una
cantidad modesta-- hay un incremento del 42 por ciento. Quiere decirse



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que aun siendo austero el presupuesto de este Ministerio, al igual que
los Presupuestos Generales del Estado, sin embargo es realista, nada
restrictivo y desde luego --y respondo a las enmiendas 957 a 966, que
presenta Izquierda Unida-- es un presupuesto claramente destinado a
fomentar políticas agrarias activas, es decir, de fomento del empleo.

Por tanto, si no se hacen las sumas y correcciones oportunas y se admiten
los aumentos correspondientes de la sección y cada uno de los capítulos,
huelga cualquier otra defensa de este presupuesto y cualquier otro
posible debate con las cuestiones que se plantean tanto por parte del
Grupo Socialista, con las enmiendas 1367 a 1392, como del Grupo de
Izquierda Unida, con las enmiendas 957 a 966. Diré, para satisfacción del
sector, que el año pasado se nos anunció por ambos grupos una catástrofe
absoluta y que el sector se iba a hundir. Luego los acontecimientos no
dieron la razón a predicciones tan fatalistas y la renta aumentó, como no
podía ser menos. También es verdad que este año coadyuvará a una mejor
renta del sector la enmienda que en otras secciones y en otros capítulos
de los que hoy nos ocupan presenta mi grupo para incrementar la
compensación por IVA en un punto, del 4 al 5, lo que supone no menos de
30.000 millones de pesetas que van directamente al sector.

Respecto a algunas enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida
y la 1494, del Grupo Vasco EAJ-PNV, debo decir en nombre de mi grupo que
no podemos apoyar enmiendas que se refieren a regadíos cuando hay un plan
que está elaborándose y que hará, sin duda, la más adecuada y consensuada
distribución de un bien universal y escaso como es el agua. No se pueden
ver parcialmente unos regadíos de Alava, de Jódar o de algunas
poblaciones de Murcia cuando de lo que se está hablando es de planes
enteros de una cuenca hidrológica --planes que el Gobierno está
ultimando-- y del Plan nacional de regadíos, que en breve podremos tener
en la mano y ver cómo se satisfacen en su mejor medida las demandas que
hay en un tema tan importante como es el agua para regadíos.

Otra de las enmiendas del Grupo Vasco (PNV), concretamente la 1495, al
plan sectorial lácteo en la cornisa cantábrica, mi grupo no puede
apoyarla, porque en estos momentos se está elaborando por el Ministerio
de Agricultura y las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica ese
plan sectorial, ese plan de trabajo conjunto para, de una manera
consensuada, armónica y adecuada, resolver el grave problema con que se
encuentra el sector lácteo en toda España y fundamentalmente en la
cornisa cantábrica y, por supuesto también, dentro de ella, en el País
Vasco. Si ese plan está en marcha, si hay anunciados por parte del
Ministerio de Agricultura no menos de 6.000 millones de pesetas en un
futuro próximo como apoyo al plan, es momento de esperar a que los
actores de esta cuestión den luz verde a ese plan que tanto las
comunidades autónomas como el propio Ministerio están a punto de
elaborar.

Desde luego sí quisiera decir amablemente tanto a los Grupos Socialista e
Izquierda Unida como al Vasco que hay poca imaginación para detraer
fondos y de esta manera sustanciar financieramente las enmiendas que se
proponen: en el caso de la enmienda 1495, del Grupo Vasco, aportar los
10.000 millones desde los capítulos del presupuesto que lo hace puedo
decirle, señor Caballero, que queda el presupuesto de la sección absoluta
y totalmente descuadrado. No es posible técnicamente admitir esta
enmienda, no ya por las razones que he dicho antes, sino incluso por la
detracción de fondos que hace para la compensación financiera de dicha
enmienda.

En el caso de la enmienda 1632, que presenta el Grupo de Convergència i
Unió --y ya voy concluyendo, señor presidente--, mi grupo tiene que
decir, en primer lugar, que, por razones que se escapan a este portavoz y
desde luego a mi grupo, ha llegado a nuestro poder hace horas. No sabemos
técnicamente qué ha pasado con ella. Parece ser que fue incorporada en
otras secciones, o en la ley de acompañamiento, o no sabemos dónde. El
caso es que esta enmienda, que está estudiando con sumo interés el Grupo
Parlamentario Popular, ha llegado a nuestro poder hace bien poco, y de lo
que conocemos hasta ahora y de las explicaciones que el señor Companys ha
aportado en la presentación de la misma, lo que se pretende es la
supresión del párrafo «liquidación de planes anteriores», en base, según
nos ha dicho el señor Companys, a que se pretendía financiar déficit
acumulados en años anteriores.

En opinión de mi grupo, de los 21.000 millones de pesetas con los que se
dota este artículo dentro del programa de Enesa entendemos que hay una
distribución bastante clara, que se divide de la siguiente manera: 18.000
millones de pesetas para consolidar las mismas líneas de seguros que ya
estaban funcionando anteriormente, incluyendo como nuevas aportaciones la
subvención a las primas de seguros para inundaciones, el mejillón, los
multicultivos y los seguros plurianuales, por cierto, novedad incluida en
el programa de Enesa a petición del Grupo de Convergència i Unió que lo
planteó en la iniciativa parlamentaria correspondiente, y que al ponerlo
en marcha significa que se consolidan las líneas anteriores más estas
nuevas.

Por tanto, la petición del portavoz de Convergència i Unió de mayor
cobertura, más líneas de seguros y, en definitiva, una mejora para el
sector, entendemos que con esta cantidad se cubre sobradamente. Pero es
que, además, 3.000 millones de pesetas se destinan a pagar las
subvenciones de las pólizas suscritas en años anteriores, pero no es
ningún déficit, no es ningún atraso en el pago, es simplemente que hacen
falta esos 3.000 millones de pesetas presupuestados que, con los otros
18.000, hacen los 21.000 total de la partida que CiU enmienda en el
capítulo 4 del organismo correspondiente para pagar la subvención de las
pólizas suscritas en años anteriores, por ejemplo, en vacuno, en
cereales, en cítricos. Señor Companys, yo le invito a una reflexión para
que podamos llegar a un acuerdo sin que haya que quitar ese párrafo de
«liquidación de planes anteriores», porque no responde a nada raro, sino
simplemente a pagar las subvenciones de pólizas de seguros inscritas en
años anteriores, por ejemplo en vacuno o, en el año anterior, en cereales
o en la cosecha de cítricos. Quiere decirse que, si quitamos este
párrafo, en algunos subsectores



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agrícolas y ganaderos podrá darse la paradoja de que, aun teniendo el
dinero, no pueda subvencionarse la prima.

Con todo lo dicho, señor presidente, reitero la postura de mi grupo
parlamentario que, naturalmente, no ha enmendado ninguna de las partidas
de la sección 21, en donde mostramos nuestra satisfacción por la
naturaleza del presupuesto y la cuantía de las partidas asignadas a cada
uno de sus capítulos.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las secciones discutidas esta tarde.

Empezamos por la sección 14, correspondiente al Ministerio de Defensa. En
primer lugar, votamos las tres enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, números 1224, 1225 y 1226 en un solo bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Pasamos a votar en tres bloques las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida. En primer lugar, la enmienda 640.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

En segundo lugar, votamos las enmiendas números 641, 648, 649 y 650,
conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las cuatro enmiendas.

Votamos en tercer y último lugar el resto de las enmiendas de Izquierda
Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas de
Izquierda Unida.

Pasamos a votar las dos enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, en un
solo bloque, números 1510 y 1511.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de Coalición
Canaria.

Enmienda del Grupo Mixto, número 225, presentada por el señor Saura y la
señora Rivadulla.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Enmiendas presentadas por don Guillerme Vázquez, números 117, 118 y 119.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 354, presentada por doña Cristina Almeida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Las tres enmiendas presentadas por la señora Lasagabaster serán votadas
de la forma siguiente: en primer lugar la 155 y luego la 154 y 156
conjuntamente.

Votamos, en primer lugar, la enmienda número 155.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 36; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de las enmiendas 154 y 156.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 35; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a proceder al voto de la sección número 14.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección número 14.

Pasamos a la sección 18 correspondiente al Ministerio de Educación y
Cultura. A las enmiendas del Grupo Socialista se ha presentado una sola
demanda de votación separada, la de la enmienda 1263. ¿Hay otras
demandas? (Pausa.)



El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor presidente, mi grupo solicitaría que se
votara de forma separada la 1303.




El señor PRESIDENTE: Votamos, en primer lugar, la enmienda 1263.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 22; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En segundo lugar, votamos la enmienda 1303.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39;
abstenciones, una.




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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de Izquierda Unida. También aquí hay una sola solicitud de
votación separada, que corresponde a la enmienda 848. ¿Hay alguna
solicitud más de votación separada? (Pausa.)
Votamos, en primer lugar, la enmienda 848 del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 36; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En segundo lugar, votamos el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las restantes enmiendas de
Izquierda Unida.

Pasamos ahora a votar cuatro enmiendas... (El señor Silva Sánchez pide la
palabra.)
Sí, señor Silva.




El señor SILVA SANCHEZ: El Grupo Parlamentario Catalán retira la enmienda
1627 y la 1628.




El señor PRESIDENTE: Por tanto, quedan para votación las enmiendas 1626 y
1629.




El señor SILVA SANCHEZ: Efectivamente, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna demanda de votación separada? (El señor
Aguirre Rodríguez pide la palabra.)
Señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi grupo querría presentar una transaccional
a la 1626. La formulo ahora, porque simplemente se trataría de, donde
dice 5000, dijera 2500.

En el caso de que se aceptara esta transaccional por parte del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), no tendríamos inconveniente en que se
produjera la votación en conjunto.




El señor PRESIDENTE: Señor Silva, ¿acepta su grupo parlamentario la
transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Popular.




El señor SILVA SANCHEZ: No, señoría.

El señor PRESIDENTE: En ese caso, votamos la enmienda 1626 separadamente
de la 1629.

Votamos la enmienda 1626.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda 1626.

Votamos en segundo lugar, la enmienda 1629.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la enmienda 1629.

A continuación, vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV). Propongo a SS. SS. y solicito del señor Zabalía que me corrija si
la propuesta de la Presidencia no es ajustada a la situación de estas
enmiendas. Propongo que se voten separadamente la enmienda 1462, luego la
1467 y luego la 1472; y que después votemos las transaccionales
correspondientes a la 1470 y 1471.

¿Está de acuerdo el señor Zabalía?



El señor ZABALIA LEZAMIZ: Sí, señor Presidente, es correcto. Estoy de
acuerdo.




El señor PRESIDENTE: En ese caso, votamos, en primer lugar, la enmienda
1462.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 1462.

Pasamos ahora a votar la enmienda 1467.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en
contra, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda 1467.

En tercer lugar, votamos la enmienda 1472.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos ahora a votar la enmienda transaccional presentada a la enmienda
1470.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

En último lugar, votamos la transaccional presentada a la enmienda 1471.




Efectuada la votación, dijo:



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos a votar la enmienda número 1515, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Por parte del Grupo Mixto, y en relación con las enmiendas presentadas
por el señor Saura y la señora Rivadulla, vamos a proceder a la votación
en dos bloques; en el primer bloque la enmienda 280 y el resto de
enmiendas en un segundo bloque.

Enmienda número 280 presentada por el señor Saura.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 22; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Resto de enmiendas presentadas por el señor Saura.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Vamos a votar en bloque, puesto que no hay demanda de votación separada,
todas las enmiendas presentadas, dentro del Grupo Mixto, por doña
Cristina Almeida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Vamos a votar en cinco grupos las enmiendas presentadas, dentro del Grupo
Mixto, por la señora Lasagabaster.

Vamos a empezar por la enmienda número 171.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 171.

En segundo lugar, enmienda número 172.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 172.

Vamos a votar ahora, en tercer lugar, la enmienda número 173.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Vamos a votar conjuntamente las enmiendas números 168, 169 y 170.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 34; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Finalmente, resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Dentro del Grupo Mixto vamos a votar conjuntamente las cuatro enmiendas
presentadas por el señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

A continuación las tres presentadas por don Guillerme Vázquez.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Finalmente, la enmienda 481, presentada por doña Pilar Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.

Agotada la votación de las enmiendas de la sección 18, Educación y
Cultura, vamos a votarla como tal sección.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la sección 18.

Pasamos a votar la sección 19 y también la sección 60, aunque separaremos
las enmiendas correspondientes a la 19 y a la 60.

Empezamos por la sección 19. Enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. No hay ninguna solicitud de separar ninguna de estas
enmiendas para su votación.

Votamos el conjunto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Vamos a votarlas en
tres bloques, anunciando que ha sido retirada la enmienda 929.

En primer lugar, votamos las enmiendas 924, 927, 930, 931, 936 y 945.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 36; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, votamos las enmiendas números 938, 939, 940, 950 y 951.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Ha
sido retirada la enmienda 1619. Por tanto, votamos la enmienda 1620.

Votación de la enmienda 1620, de Convergència i Unió.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

En el Grupo Mixto han presentado enmiendas doña Cristina Almeida, las
números 437 y 438, y la señora Lasagabaster.

Vamos a votar primero las enmiendas 437 y 438, presentadas por doña
Cristina Almeida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 182, presentada por la señora Lasagabaster.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 24; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar la totalidad de la sección 19.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Entramos en la sección 60, exceptuando las partidas correspondientes al
Insalud.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. No hay demanda de votación
separada. Vamos a votarlas en bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Mixto tenemos una enmienda de la señora Lasagabaster, la número
190.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 37.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la sección 60.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Pasamos a la sección 20, del Ministerio de Industria y Energía.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas 1365 y 1366, presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas 952 y 954, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas presentadas por Izquierda Unida, es decir, la 953, 955
y 956.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 36; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar, en cinco bloques, las enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, vamos a votar la enmienda 1484.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21; abstenciones, tres.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 1484.

Vamos a votar, en segundo lugar, la enmienda 1486.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 1486.

Ahora vamos a votar las enmiendas números 1482, 1485 y 1488.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación vamos a votar conjuntamente las enmiendas números 1483,
1487 y 1489.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas, es decir, las números 1490, 1491, 1492 y 1493.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Han votado en contra el Grupo Parlamentario Popular
y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que son veinte, y ha
votado a favor el resto de los grupos parlamentarios. (Rumores.)
El voto ponderado da un resultado de 176 a 172, por lo tanto, hemos de
declarar aprobadas las enmiendas 1490, 1491, 1492 y 1493 del Grupo
Parlamentario Vasco.

A la sección 20 ha presentado dos enmiendas doña Cristina Almeida, del
Grupo Mixto. Vamos a votarlas separadamente.

Enmienda número 439.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 36.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 440.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a votar, señorías, la totalidad de la sección 20.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Finalmente, pasamos a la sección 21.

Las enmiendas del Grupo Socialista se dividen en dos bloques: en el
primero, exclusivamente la enmienda número 1387; el resto de enmiendas,
en el segundo bloque.

Votamos la enmienda número 1387.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 22; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación del resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida también se
dividen en dos bloques: en el primero, vamos a votar las enmiendas
números 958, 959 y 960.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a votar la enmienda número 1632, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmiendas presentadas por el Grupo Vasco (EAJ-PNV). Votamos las dos
enmiendas separadamente. En primer lugar, la enmienda número 1494.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, en segundo lugar, la enmienda número 1495.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 35.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Mixto. En primer lugar, las
presentadas por el señor Saura y la señora Rivadulla. No hay demanda de
votación separada, por lo que las votamos en bloque.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En segundo lugar, votamos las cinco enmiendas presentadas por don
Guillerme Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

En tercer lugar, votaremos las enmiendas presentadas por el señor
Chiquillo en dos grupos; primero, la enmienda número 40.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Para finalizar, votamos las enmiendas números 38 y 39 conjuntamente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 22; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

La última votación es la correspondiente a la sección 21, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Ahora sí que suspendemos la sesión por unos quince minutos, si es
posible, y pasaríamos luego a debatir la sección 17.

Quiero indicar a SS. SS. que mañana por la mañana empezaremos con la
sección del Ministerio de Administraciones Públicas y con la sección de
Presidencia, y hay una demanda que se debatan conjuntamente. Luego
pasaríamos a la sección 15 y sucesivas hasta terminar.

Mañana sería conveniente, por el orden del debate, que empezáramos a las
9 en punto de la mañana.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Comenzamos el debate correspondiente a la sección 17
del presupuesto, que se refiere al Ministerio de Fomento.

Han presentado enmiendas a esta sección el Grupo Parlamentario
Socialista, Izquierda Unida, Convergència i Unió, Grupo Vasco, Coalición
Canaria, Mixto y Popular, por lo tanto, la totalidad de los grupos
parlamentarios representados en esta Cámara y en esta Comisión. Por este
orden, daremos la palabra.

En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Jenaro
García-Arreciado.

El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Con la brevedad que requiere el
ambiente de confortable intimidad en el que nos encontramos a estas horas
de la noche, me voy a referir al presupuesto de Fomento.

En primer lugar, la enmienda 1251 solicita la devolución de la totalidad
del presupuesto al Gobierno por varias razones. Primera, porque la
función planificadora, que es fundamental en el Ministerio responsable de
la articulación del territorio, brilla por su ausencia, y eso se traduce
en que la improvisación campea con absoluta libertad a lo largo del
capítulo de inversiones reales. La distribución del gasto hace que las
inversiones en carreteras continúe por sendas de manifiesta insuficiencia
para las necesidades del país, y apuntan a un creciente desequilibrio
territorial que puede terminar por afectar gravemente las potencialidades
de desarrollo de varias regiones españolas.

La inversión directa del Ministerio (no la que se debiera de producir a
través de un ente fantasma que circula por ahí que parece llamarse GIF,
que ni invierte ni gasta; por decirlo con más precisión, invierte en
deuda pública en lugar de invertir en inversiones), la inversión directa
del Ministerio es puramente testimonial, y se acrecienta de manera
drástica la política iniciada en años anteriores de reducir las
subvenciones y transferencias de capital al sector público en beneficio
de las efectuadas fuera del mismo. La demagógica inclusión de docenas de
obras con créditos irrisorios quita cualquier credibilidad al presupuesto
y sembrará la desconfianza y las frustraciones por doquier, pero éste es
un apartado que podremos poner de manifiesto en años sucesivos. Todo ello
sin olvidar la creciente deslegalización presupuestaria que se lleva a
efecto en el Ministerio, sustrayendo del conocimiento del debate y de la
aprobación por las Cortes Generales el destino final de nada más y nada
menos que 120.000 millones de pesetas, que constan en el capítulo de
activos financieros y que se dedican al benéfico fin de realizar
aportaciones patrimoniales a promotores de infraestructuras.

Todas estas razones, más la creciente centrifugación del gasto del
Ministerio hacia ejercicios de los presupuestos futuros y a la
contrastada incapacidad del equipo del Ministerio para ejecutar
correctamente los pobres créditos de inversión que han tenido en este
año, nos llevan a presentar esta enmienda 1251 en la que se solicita la
devolución al Gobierno. Pero hemos de complementar esta enmienda,
fundamentalmente política, de devolución al Gobierno con enmiendas que
puedan poner de manifiesto cuáles son las prioridades que mantendríamos
nosotros en el presupuesto de inversiones del Ministerio de Fomento.

Empezamos por la enmienda 1252, en la que pretendemos incrementar en algo
más de 42.000 millones la consignación del programa 513.A, de
infraestructuras del transporte ferroviario, es decir lo que invierte el
centro directivo de una manera directa en la red de ferrocarril;
inversión que ha pasado de algo más de 60.000 millones en el año 1995 a
poco más de 30.000 millones este año, lo que significa una reducción en
términos monetarios de casi el 50 por ciento. Están olvidando las líneas
de futuro del ferrocarril español, olvidan la política ferroviaria de
cercanías, que es una de las más brillantes que ha llevado a efectos



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Renfe en los últimos años, hasta el extremo de que los servicios de
cercanías de Renfe transportan algo más de un millón de pasajeros diarios
y lo hacen en términos de calidad y de puntualidad que eran impensables
hace muy pocos años.

Otra de las prioridades ferroviarias --yo creo que la más importante, y
no los pajares que hemos introducido últimamente por ley en el Plan
director de infraestructuras-- es el corredor de Madrid con el noroeste
de España, territorio en el que vive más del 30 por ciento de la
población española, que tiene una aportación al producto interior bruto
superior al 25 por ciento y que, sin embargo, solamente representa el 9
por ciento de los usuarios del ferrocarril. El cuello de botella que
impide la integración del noroeste español es precisamente la ausencia de
un adecuado servicio en el corredor de Madrid al norte y fundamentalmente
la llamada variante del Guadarrama. Nuestras enmiendas van, por tanto, a
dotar no solamente el programa de cercanías, sino el corredor
Madrid-norte de los créditos necesarios para poder desarrollar lo que, a
nuestro criterio, junto con el Euromed y el corredor Madrid-Valencia, son
las prioridades de largo recorrido de Renfe y que se encuentran
completamente desasistidas en los presupuestos del año pasado, en los del
año actual y en la planificación de los presupuestos para los próximos
años. Todo se remite a un milagroso año 2001, en el cual el Gobierno de
turno, si tiene que cumplir las actuales previsiones de los presupuestos
plurianuales, tendría que abordar inversiones extraordinarias. Esto hay
que unirlo a actuaciones puntuales extraordinariamente significativas,
como la mejora de la línea Madrid-Cuenca a Valencia, la alta velocidad a
Barcelona y a la frontera francesa, que queremos encargar a quien
realmente sabemos que invierte, que es el Ministerio, y no al órgano
encargado actualmente de hacerlo porque, como he anticipado en otras
ocasiones y quiero subrayar ahora, de los 60.000 millones que tenía en el
ejercicio que vence este año ha invertido 3.000 y tiene 57.000 en deuda
pública. Es una situación insostenible, más si consideramos que el
próximo año no se le dan 60.000 sino 80.000 millones. Como no tiene
ningún proyecto de inversión, nada más que el Zaragoza-Lleida y el
Ricla-Calatayud, que les dejamos en cartera, es absolutamente imposible
que gasten el próximo año --y a los presupuestos del próximo año me
remito-- más de 15.000 millones, IVA incluido. Por tanto, 80.000 millones
de inversión en el GIF nos parece una inversión de pintura para intentar
justificar el alarmante decrecimiento de la inversión pública por parte
del Ministerio.

La enmienda 1253 propone un incremento de 1.500 millones para el convenio
firmado con la Junta de Andalucía para construir la carretera de Jerez a
Los Barrios, carretera fundamental para el puerto de Algeciras que es el
gran puerto español y que encuentra permanentemente el obstáculo del
Ministerio. Sobre todo es un año tan dado a los convenios de carreteras
porque, por ejemplo, incluyen 14.000 millones para el convenio con las
Islas Canarias, no se sabe muy bien para qué proyectos porque no existe
ninguno. Desde luego, los pliegos de bases que se están redactando no
resistirían el análisis crítico de un estudiante de segundo de
ingenieros; o un convenio reciente firmado con las islas Baleares, que
además lleva una enmienda del partido que soporta al Gobierno aumentando
en 1.000 millones más. Pues si se van a realizar estos convenios que se
producen con comunidades que tienen la competencia plena en carreteras,
sería buena ocasión para cumplir los convenios firmados con una comunidad
como Andalucía que tiene red de interés general del Estado y, por tanto,
es responsabilidad directa del Gobierno.

La enmienda 1254 pretende simplemente incrementar en vivienda los
créditos para subsidiación de intereses en 6.000 millones. No se trata
nada más que de recuperar la cantidad que figuraba hace tres años en los
presupuestos generales, y de recuperarla en términos monetarios, sin
descontar los efectos de la inflación, sino reponiendo simplemente el
esfuerzo inversor. Aunque en este caso es en el capítulo VIII, por
transferencias de capital, tienen prácticamente una consideración de
inversión puesto que facilitan la compra y, por tanto, la producción de
viviendas por el sector de la construcción.

Terminamos con la 1255, en la cual solicitamos 54.000 millones más, en
números redondos, para creación de infraestructuras en carreteras,
intentando paliar los defectos graves del documento que nos ha sido
remitido por el Gobierno en los grandes programas de actuación en
carretera, en alta capacidad, en actuaciones en medios urbanos, en la
autovía del cantábrico, que inexplicablemente está basante paralizada, en
actuaciones en medios urbanos en Madrid, en la red arterial
fundamentalmente, y una serie de pequeñas consignaciones para el
planeamiento y proyectos de obras que se puedan iniciar en los próximos
años.

A este respecto quiero decir que el presupuesto de este año, con una
inversión escasamente superior a 11.000 millones de pesetas, pone en
marcha proyectos que superan los dos billones de pesetas, con lo cual
queda claramente demostrado que son inversiones dedicadas exclusivamente
a la pintura y que realmente no se van a traducir en actuaciones reales
del Ministerio. La autovía de la Plata, que es un eje estructurante
básico de todo el suroeste y noroeste español, duerme el sueño de los
justos. Hay una serie de actuaciones puntuales en las que no me quiero
extender porque en este trámite carece de sentido el referirse a las
obras concretas, y sí hemos querido referirnos a las grandes líneas de
actuación del Ministerio que han sido desatendidas en los presupuestos de
este año.

Sorprendentemente, me veré en la necesidad en el Pleno del Congreso de
los Diputados --lo cual anuncio en este acto, después lo haré por
escrito-- de pedir un voto particular para defender el texto del proyecto
remitido por el Gobierno en relación con un conjunto de enmiendas
absolutamente inexplicables e impresentables que el grupo que apoya al
Gobierno ha metido en Comisión. (El señor Homs i Ferret: ¿Qué grupo?) El
Grupo que apoya al Gobierno y los que hayan apoyado esa iniciativa. Me
refiero a la enmienda 1579, que reduce en 3.000 millones de pesetas las
transferencias de capital a Correos, con el peregrino argumento de que la
mejora de la actividad económica y la mejora del funcionamiento del
sistema postal va a producir unos mayores ingresos en Correos que no
hacen



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necesario esos 3.000 millones de pesetas de transferencias de capital. El
argumento es insostenible, por ese mismo argumento el Gobierno no debería
haber aumentado el plazo de concesión de las autopistas porque el aumento
de la actividad económica va a producir un incremento de sus ingresos,
con lo cual se podría haber producido la reducción de los peajes sin
ampliar el plazo concesionado.

Con respecto a la enmienda 1580, que también pretendo rebatir en el Pleno
del Congreso y volver al texto del proyecto de los presupuestos, cuando
contempla uno el destino de esos 3.000 millones que se le quitan a
Correos no tiene uno más remedio que hacer una acusación formal de
clientelismo explosivo y espectacular del Gobierno con Coalición Canaria.

Los 3.000 millones que se le quitan a Correos van, en primer lugar, a
incrementar el crédito 1732514D442, que, para que nos entendamos --y el
señor Ortiz me entenderá perfectamente--, pretende incrementar la
dotación de la compañía adjudicataria del futuro concurso de servicio
público de líneas marítimas con las islas Canarias y, por supuesto, con
las demás. Concurso que se está forzando hasta el límite de lo increíble
que sea para una determinada compañía, y esa determinada compañía lleva
cuatro meses organizando --si me permite la expresión de un maestro-- un
«carajal» tremendo en el Ministerio para conseguir que sea esa empresa
quien se lleve un concurso que debe ser convocado en términos de equidad
para cualquier empresa que se quiera presentar. El resto va a las
subvenciones aéreas, al tráfico con las islas Canarias. Para empezar, es
un crédito ampliable, es decir, que no sería necesario quitar 3.000
millones a Correos para meterlos en un crédito que por ley de
presupuestos es ampliable; subvenciones que, además, se han multiplicado
por tres en los últimos tres años y que constaban en el célebre real
decreto de los 700.000 millones de déficit del Gobierno anterior, que no
se han pagado y que están abriendo otra vez una deuda con los ciudadanos
residentes en las islas Canarias que utilizan las líneas aéreas.

Por tanto, los compromisos del Gobierno son compromisos del Gobierno
pero, desde luego, no son compromisos del Grupo Parlamentario Socialista
y no se pueden utilizar los Presupuestos Generales del Estado con la
absoluta desfachatez --si me permiten el término-- con la que se ha
producido estas dos enmiendas, subrayando que se trata de ampliar
créditos ampliables y de hacerse una mera fotografía.

Tampoco estamos de acuerdo, y mantendremos un voto particular, con el
contenido de la enmienda 1549, que le quita 4.500 millones al convenio
que figura en el anexo de inversiones de carreteras con las islas
Canarias. Pero como el anexo de inversiones no es vinculante, como todos
sabemos, el Gobierno canario quiere obras y no buenas razones y saca
4.500 millones del convenio para convertirlos directamente en altas en un
programa que sí ejecuta el Ministerio. Con lo cual estaremos en la
sorprendente situación de un Ministerio actuando en una actividad y en
una comunidad en la que no tiene competencias, y fotografiando 4.500
millones que, como he dicho antes, ni tienen proyectos en los que puedan
sustentarse ni los pliegos de bases que se están haciendo para la
adjudicación de esos proyectos resisten el más mínimo análisis crítico.

Por lo tanto, pedimos la devolución al Gobierno, pedimos más dinero para
carreteras, pedimos más dinero para ferrocarriles y pedimos, sobre todo,
que las copas de los compromisos particulares del Grupo Popular las pague
el grupo y no los presupuestos de inversión del Ministerio de Fomento.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra don Julián Fernández.




El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Voy a proceder a la defensa de la enmienda de
devolución a la totalidad de la sección 17, Ministerio de Fomento. En
Izquierda Unida entendemos que el Ministerio de Fomento tiene que cubrir
las necesidades reales que tiene el país en diversos ámbitos de su
competencia. El Ministerio de Fomento debe actuar decididamente para
dotar a este país de las infraestructuras necesarias, teniendo en cuenta
que somos un país con un cierto déficit con respecto a los vecinos de
nuestro entorno. También queremos destacar que las inversiones del
Ministerio de Fomento crean puestos de trabajo y tejido industrial en el
ámbito de la construcción, obras públicas, industria, acero y otras
empresas relacionadas con este sector.

Estamos preocupados porque la inversión pública en 1997 ha sufrido un
recorte importante respecto a años anteriores, concretamente el 16 por
ciento en términos reales. Por los datos que conocemos, en lo que va de
año se está produciendo un auténtico desplome en la licitación de obras
públicas. Recuperar el ritmo inversor para 1998 debiera haber sido el
reto de este Gobierno y una de sus prioridades. Pero, a la vista del
presupuesto que hoy debatimos, vemos que el presupuesto del Ministerio
inversor sigue decreciendo, a pesar de contar con partidas no
comprometidas de ejercicios anteriores. Porque si se ha ido retrasando la
licitación pública en este ejercicio, va a pasar al siguiente. Por esto
afirmamos, sin temor a equivocarnos, que la inversión para 1998 es
insuficiente y, por tanto, hipoteca las posibilidades reales de
desarrollo de este país. También constatamos que el Ministerio de Fomento
dirige las inversiones, de forma que no busca el equilibrio territorial
en la creación de nuevas infraestructuras, intenta crear desarrollos poco
armónicos y no busca el equilibrio interterritorial.

La política de infraestructuras por carretera siendo la más potenciada
por el Partido Popular. El 66,5 por ciento de las inversiones de este
programa van dirigidas a crear nuevas infraestructuras por carretera. Se
nos proponen nuevas vías de comunicación, pero se invierte muy poco en
mejorar la red existente. Desde nuestro análisis, entendemos que el
Partido Popular no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Se están
duplicando constantemente las vías por carretera, tenemos puntos con dos
o tres vías, autopistas, autovías, carreteras nacionales, lo que nos
parece una falta de planificación total y absoluta. El Partido Popular,
que tanto le gusta el modelo alemán, el modelo de llave en mano, este
modelo que está ahora de moda pero



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que todavía no ha dado ningún resultado positivo, lo que debería observar
es qué hacen los países de nuestro entorno. La realidad es que cuando
viajas al extranjero ves que no existen estas duplicidades de vía, sino
que los recursos, tanto territoriales como económicos, se dirigen a crear
únicamente una vía. Por eso nosotros reclamamos que haya un mayor rigor,
para no estar despilfarrando los recursos públicos.

La propuesta que nos hace el Gobierno en su programa 513.A, de
infraestructura del transporte ferroviario, a criterio de Izquierda Unida
es repetitiva con respecto a la formulada en 1997. Le reconocen al
ferrocarril cualidades como una elevada capacidad de transporte,
posibilidad de alcanzar altas velocidades, seguridad y menor impacto
ambiental que otros, pero, a pesar de tan grandes cualidades, a la hora
de la verdad, no le dotan económicamente con partidas presupuestarias
suficientes para mejorarlo. Izquierda Unida propone una red integrada de
servicio público que vertebre el territorio y evite barreras
disfuncionales, pero estamos viendo que la propuesta del Gobierno cierra
totalmente las puertas a esta idea. Para que nos hagamos una idea de lo
que estamos hablando, la carretera consume el 66,5 por ciento y el
ferrocarril el 15 por ciento de las inversiones del Ministerio de
Fomento. Es obvio que después de estos datos podemos decir con claridad
que al Gobierno no le interesa el ferrocarril.

En cuanto a la política de vivienda, observamos que el programa
representa el 10,7 del presupuesto del Ministerio de Fomento, y sólo el
0,8 es gasto directo, en inversiones el resto es gasto fiscal. Los
presupuestos generales de 1998 en vivienda no suponen ninguna
modificación o ajuste respecto a los presupuestos de años anteriores, no
sólo en cuanto al montante de gasto directo y, en general, al gasto
público en vivienda, sino en cuando a la estructura de este gasto, que
sigue teniendo una especial regresividad derivada del alto peso de los
gastos fiscales.

Izquierda Unida, a través de las enmiendas que presentamos a los
Presupuestos Generales del Estado, pretende variar las líneas maestras de
los mismos para adecuarlos a las necesidades reales del país. En este
sentido, proponemos eliminar dotaciones presupuestarias a los entes de
financiación extrapresupuestaria, en concreto al GIF y a los
suministradores de infraestructura de carreteras, para que esta dotación
presupuestaria se invierta en otras prioridades de mayor interés social,
máxime si tenemos en cuenta que llevamos un año con dotación
presupuestaria de 60.000 y 40.000 millones y que no ha servido
absolutamente para nada. Por eso, proponemos un gasto adicional en
inversión para el ferrocarril de 142.000 millones, cantidad necesaria
para priorizar este medio de transporte, 127.000 millones para mejorar la
red nacional de carreteras y 84.000 millones para rehabilitación de
viviendas y adquisición de las mismas.

Voy a pasar a hacer la defensa de algunas de nuestras enmiendas, porque
son tan numerosas que me voy a limitar solamente a unas cuantas. Hay una
enmienda que consideramos de sumo interés, que pretende dotar con una
cantidad de 70.000 millones las subvenciones para adquisición y
rehabilitación de vivienda, siempre que se trate de subvenciones
directas. Hay otra enmienda que también consideramos de bastante interés,
que es una de poca cuantía económica, la 750, que trata de dotar con 500
millones de pesetas la instalación del sistema de seguridad ASFA en el
tramo de Pamplona-Alsasua. En este tramo es donde se produjo
recientemente un desgraciado accidente con 18 muertos y decenas de
heridos, y hubo promesas de inversiones en este punto para tratar de
vitar accidentes de este tipo.

La enmienda 729 también hace referencia a un punto donde recientemente ha
habido un accidente grave de ferrocarril, y proponemos una dotación de
500 millones de pesetas para la supresión de un paso a nivel.

Consideramos también de interés dotar de consignación económica el Comité
Nacional de Hábitat 2. Habilitamos una partida de 100 millones de pesetas
para poner en marcha y dotar del presupuesto necesario los costes de
funcionamiento y coordinación, realización de estudios del Comité
Nacional de Hábitat 2, que viene funcionando pero no tiene consignación
presupuestaria.

Doy por defendidas el resto de las enmiendas que presenta mi grupo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra don Francesc Homs.




El señor HOMS I FERRET: Mi grupo tiene once enmiendas planteadas, que,
señorías, están ubicadas dentro de lo que constituye para nosotros uno de
los elementos fundamentales de la posición de nuestro grupo parlamentario
en torno al debate de los Presupuestos Generales del Estado para 1998:
afrontar un necesario reequilibrio de la distribución del capítulo 6 de
inversiones, en especial de aquellas inversiones que hacen referencia a
las infraestructuras que este país necesita para poder afrontar los retos
de integración en Europa.

Quizá la pretensión de nuestro grupo de intentar plantear una mejor, más
óptima y más justa, a nuestro entender, redistribución de la acción
inversora en infraestructuras, podría parecer a algunas de SS. SS. poco
fundamentada. No lo es en sí misma, toda vez que nuestro grupo valora y
considera --y no solamente nuestro grupo porque si analizamos las
enmiendas que tienen presentadas también otros grupos parlamentarios de
esta Cámara vemos que también lo juzgan así-- la necesidad y conveniencia
de tomar en consideración algunas de las infraestructuras que hay que
impulsar en los próximos años, no solamente en la comunidad catalana,
sino también en otras comunidades en España. El Partido Popular ha
planteado unas enmiendas dirigidas a ese ámbito de infraestructuras, que
van en la dirección también de priorizar algunas actuaciones del
Ministerio de Fomento en determinadas actuaciones que es de absoluta
necesidad impulsar con carácter inmediato, y así lo han hecho también
otros grupos parlamentarios que inciden en el ámbito territorial en que
nuestro grupo pone el acento con estas once enmiendas. Son once
enmiendas, señorías, que pretenden afrontar once problemas, históricos
muchos de ellos, que venimos arrastrando desde hace muchos



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años y que son nudos problemáticos en el uso de las infraestructuras
viarias en el ámbito de Cataluña. Todas ellas son enmiendas que en sí
mismas no son caprichosas ni deseables, son simplemente temas pendientes,
asuntos que ya llevan mucho tiempo afrontados y no bien resueltos, y que
ponemos a consideración de esta Cámara.

De estas once enmiendas, habrá algunas en que probablemente coincidiremos
los grupos que configuramos lo que denominan la mayoría estable en esta
Cámara, y nuestro grupo se alegrará de ello. Y hay otras, señorías, que
tienen por finalidad, dentro de las previsiones que ya el Gobierno tiene
y de las partidas que el Gobierno ya contempla en determinadas
actuaciones, traer a colación el objetivo de nuestra enmienda: suscitar
una precisión del compromiso que el Gobierno puede adquirir, o bien que
el Grupo Parlamentario Popular puede interpretar, acerca de la propuesta
que nuestro grupo hace en algunas de estas enmiendas. Y a lo mejor con la
explicación y con el razonamiento que se puede hacer a la misma, puede
perfectamente incardinarse la pretensión cuantitativa de nuestra enmienda
en las previsiones que ya tiene hechas el Gobierno en las partidas
crediticias del Ministerio de Fomento. Por tanto, de estas once
enmiendas, algunas de ellas son novedades adicionales, incrementos, y en
otras, señorías, nuestro grupo podrá darse por satisfecho con la simple
clarificación de si la pretensión ya se incardina dentro de las
previsiones del Gobierno. Si es así, si son satisfactorias las
explicaciones, estaremos dispuestos a reconsiderar nuestra posición en
alguna de ellas, señor presidente, y a retirarlas si cabe.

Quisiera, señor Presidente, hacer mención puntualmente a todas ellas. La
primera, señorías, hace referencia a la Dirección General de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo. Traemos a debate algo que cada año viene al
debate de presupuestos, que son estas partidas que el presupuesto
contempla en esta Dirección General en relación a la remodelación de los
barrios más antiguos y degradados de las grandes ciudades en España
aunque principalmente el presupuesto atiende los núcleos más degradados
de las ciudades de Madrid y Barcelona. Estamos proponiendo a la Cámara un
incremento, mantener la partida pero aumentada, porque la partida de los
años 1996 y 1997 preveía una cifra superior y este año 1998 se ha
rebajado la partida que tenía estos dos últimos años y no hemos
comprendido porqué razón no estando todavía resuelta la finalidad que
pretenden estas enmiendas de remodelación de barrios se han minorado
dichas cantidades. La enmienda pretende aumentar en 1.200 millones de
pesetas el concepto destinado a la remodelación de barrios de la ciudad
de Barcelona. Hay otras partidas suficientemente dotadas, algunas de
ellas incluso incrementadas, que atienden otras remodelaciones de barrios
de otras ciudades en España.

La siguiente enmienda, señor Presidente, es la 1601, y tiene por
finalidad atender en el servicio de infraestructuras y transportes,
dentro del programa infraestructura del transporte ferroviario, una
necesaria inversión para mejorar la línea férrea entre Ripoll y
Puigcerdà. Se plantea un incremento de la dotación que ya prevé el
proyecto de ley en el capítulo 6, de inversión nueva, para poder
incrementarlo en 350 millones de pesetas. Nuestro grupo cree que debe
continuar la rehabilitación de los tramos de esta línea, que se empezó en
su momento y se paralizó en su día, y quisiéramos volver a insistir en la
conveniencia de continuar la rehabilitación de toda esta línea que une
Barcelona con Puigcerdà, con la frontera, y especialmente en algunos
tramos donde el estado de la infraestructura requiere una actuación de
rehabilitación y mejora.

Esta enmienda, señorías, está abierta a una posible interpretación y
clarificación puesto que hay ya una previsión presupuestaria amplia no
precisada en esta Dirección General y es de aquellas que yo decía al
comienzo de mi intervención que quizá podría perfectamente incluirse en
las previsiones que ya se hacen en estos momentos en el presupuesto;
estaré a la espera de conocer la posición del Grupo Popular al respecto.

La siguiente enmienda, la 1602, es una enmienda que también está situada
en este mismo servicio y el mismo programa de infraestructuras de
transporte ferroviario y es para tender la supresión de unos pasos a
nivel y soterramiento de la travesía ferroviaria de Sant Feliu de
Llobregat. Les sonará a SS. SS. la temática del soterramiento de la línea
ferroviaria en el municipio de Sant Feliu de Llobregat porque ha sido
esta cuestión ya en varias ocasiones objeto de iniciativas parlamentarias
en esta Cámara. Lo fue en la legislatura anterior a instancias del
Partido Popular, y se aprobó entonces una proposición no de ley en este
sentido; lo ha sido en esta legislatura, que se ha aprobado también una
iniciativa a instancias del Partido Socialista, y nuestro grupo cree que
en estos presupuestos para el año 1998 debe dotarse el proyecto de
referencia y garantizar al menos el inicio de las obras en cuestión.

La enmienda 1603, señorías, también está situada en el ámbito de las
infraestructuras de transporte ferroviario. Se trata en este caso de
adecuar las inversiones a las necesidades reales de la red de las
cercanías de la ciudad de Barcelona. Proponemos incrementar la dotación
ya existente en 500 millones de pesetas y poder atender en este sentido
las necesidades reales que entendemos que tiene hoy la red arterial de la
zona de cercanías de dicha ciudad. Sería quizá excesivo detallar ahora a
todas SS. SS. las distintas circunstancias y problemáticas que hoy tiene
esa red en ese ámbito nuclear de población, porque son muchas las
insuficiencias y deficiencias --si me permiten que lo diga-- que tiene en
estos momentos esta red próxima a la ciudad de Barcelona. Pero como
también la partida que proponemos incrementar tiene ya su dotación, quizá
el Partido Popular, haciendo un esfuerzo de concreción y de precisión,
podría indicar, con cargo a las partidas que ya se están contemplando en
el presupuesto, qué actuaciones pueden atenderse en esta zona. De esta
forma, conociendo entonces cuáles podrían ser las prioridades de
actuación que podrían atenderse en esta zona con cargo a las previsiones
que ya están contempladas en el presupuesto, quizá mi grupo podría dar
por asumida en el propio proyecto la finalidad de esta enmienda y, por
consiguiente, retirarla.

La siguiente enmienda, la 1604, también está situada en ese campo de las
infraestructuras de transporte ferroviario, y es la última que planteamos
en este capítulo. Se trata, señorías,



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de aumentar la dotación del proyecto de mejora de la infraestructura
ferroviaria en el tramo Lérida y La Pobla de Segur. El tramo de Lleida-La
Pobla de Segur, señorías, también ha sido una de las cuestiones relativas
a infraestructuras reiteradas en los debates de presupuestos. El señor
Borrell que ahora se gira y me dirige la mirada, recordará perfectamente
la insistencia de nuestro grupo, incluso me atrevería a decir que de S.

S. también, porque es muy sensible y conoce perfectamente la situación y
la realidad de esta infraestructura en su zona. Insisto en la
conveniencia de dotar de unas previsiones presupuestarias, superiores a
las existentes, la partida de inversiones del capítulo 6 que van a
destinarse a esta finalidad. Proponemos aumentar en 100 millones de
pesetas la previsión que hoy se contempla en el presupuesto para poder
--digo y repito-- atender esta mejora de la línea Lleida-La Pobla de
Segur. Creemos, señorías, que si hubiera voluntad de realizar de forma
prioritaria esta actuación podría quizá atenderse esta pretensión con las
previsiones presupuestarias que existen. Voy a estar a la espera de
conocer también si esta voluntad es compartida por el Partido Popular. En
este caso, mi grupo también podría darse por satisfecho con las
respuestas que pudieran darme al respecto.

La siguiente enmienda, señorías, lleva a otro ámbito; se trata ya de
modificar algunas partidas del servicio de la Dirección General de
Carreteras. Concretamente es la enmienda 1605, que tiene por finalidad,
con el aumento de dotación de 350 millones que proponemos, permitir la
licitación, la adjudicación, incluso que se puedan iniciar las obras en
este año 1998 de la variante de Cervelló, que es, diría, señorías,
absolutamente necesaria y urgente para descongestionar el tráfico en la
Nacional 340. Diría que históricamente éste es, como he dicho
inicialmente, uno de los nudos problemáticos, conflictivos, en los que
llevamos retraso para afrontar su infraestructura. Creo, señorías, que
procede aumentar la dotación del proyecto de ley de presupuestos, porque
ya ha sufrido, como he dicho, numerosos retrasos y resulta crucial para
atender las vicisitudes y la congestión del tráfico en ese punto de la
Nacional 340 y poder resolver esta situación en el año 1998. Planteamos
que la previsión contenida en el proyecto de ley de 50 millones para
atender esas obras, que con esta dotación no se podrá iniciar en el año
1998, podría incrementarse con 350 millones adicionales para poder así
hacer realidad la solución definitiva de esa cuestión.

Creo, señor presidente, que con la siguiente enmienda, la 1606, también
incidimos en otro de los problemas críticos del tráfico en una
determinada zona, absolutamente saturada, que es el denominado cuarto
cinturón del área de Barcelona, en el tramo de Abrera-Tarrasa. Se trata,
señorías, de dotar de 680 millones de pesetas la partida que ya se
contempla en los presupuestos para hacer realidad este tramo del cuarto
cinturón entre Abrera y Tarrasa. Proponemos, señorías, que se atienda
esta previsión que nuestro grupo propone para poder hacer efectivo este
proyecto que está absolutamente aceptado por el Ministerio de Fomento; ya
lo fue con anterioridad. Han suscrito un acuerdo entre el Ministerio de
Fomento y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la
Generalitat de Cataluña, para poder avanzar en la construcción de este
cuarto cinturón de Barcelona. Lo que sucede, señorías, es que con la
previsión presupuestaria, difícilmente podríamos ir más allá del estudio
informativo; por esa razón se plantea dotar de más recursos para poder
hacer realidad ese proyecto.

La enmienda 1607 propone atender la mayor dotación al proyecto de
acondicionamiento del nuevo enlace de la autopista A-7 en el municipio de
L'Ampolla, de acuerdo con la respuesta dada por el Gobierno en la
Comisión de Medio Ambiente de este Congreso de los Diputados. Se trata,
señorías, de dotar con un importe de 50 millones esta previsión que se
hace en la Dirección General de Carreteras, dentro del programa de
creación de infraestructuras de carreteras, para las actuaciones de
reposición y acondicionamiento y dotar --repito-- de esa cantidad, para
poder construir la salida adicional en la autopista A-7, a la altura del
municipio de L'Ampolla, de acuerdo con el convenio que firmó el
Ministerio de Obras Públicas y la entidad Autopista del Mediterráneo y
que se publicó en el BOE del día 2 de octubre de 1993; es decir, un
acuerdo pendiente de realización y de ejecución, que fue publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» en el año 1993, que planteamos afrontarlo de
una forma decidida. Es de aquellos incumplimientos a los que me refería
al comienzo de mi intervención, que venimos arrastrando desde hace 3, 4 ó
5 años.

La enmienda 1608, señor presidente --ya voy casi terminando, sólo me
faltan tres-- es una enmienda que plantea también, en el ámbito de las
infraestructuras de carreteras, atender la necesidad de mejora de la
Nacional 260 --el denominado eje pirenaico-- que va desde Girona a
Lleida, en el tramo Llançà-Portbou. Se plantea dotar en 100 millones de
pesetas esta previsión y con ello poder iniciar en 1998, las obras de
acondicionamiento del tramo de dicha carretera, especialmente en el tramo
intermedio de Grifeu a Colera.

Señor presidente, la siguiente enmienda, la 1609, tiene por finalidad
incluir un aumento de la dotación contemplada en el presupuesto, dentro
de la Dirección General de Carreteras, en el programa también de creación
de infraestructuras de carreteras, la inversión prevista de reposición en
la Nacional 260 Montagut-Olot y variante de Castellfollit. Los diputados
que son de mi circunscripción electoral sabrán que la problemática de
esta variante es casi histórica, histórica la pretensión de afrontar la
solución de mejora de esta infraestructura e histórico también el retraso
en llevarla a cabo. Nuestro grupo plantea aumentar la dotación en 950
millones de pesetas y, de esta forma, hacer realidad este proyecto de
mejora de esta infraestructura de carretera.

Señor presidente, la última enmienda, la 1610, tiene por objeto, también
en ese mismo capítulo de la Dirección General de Carreteras, en el
superproyecto red de alta capacidad, atender la construcción de la
calzada lateral de la A-7 y eliminar los semáforos. Esta es, también, una
de aquellas cuestiones tradicional e históricamente conflictivas y no
quiero cansar a SS. SS. con los detalles que encierra esta problemática
de la construcción de las calzadas laterales, suprimiendo dichos
semáforos. Con nuestra enmienda proponemos dotar de un importe de 1.000
millones de pesetas



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la partida correspondiente para poder iniciar las obras y, a lo largo de
los próximos 3 ó 4 años, reducir totalmente la saturación de los
laterales de la autopista A-7, que día a día están sometidas a un proceso
de saturación, con conflictos, atascos e infinidad de complicaciones, que
creo que deberían haberse ya resuelto muchos años atrás.

Señor presidente, con estas breves referencias, puesto que la hora
tampoco me invita a extenderme mucho más, he hecho la justificación y la
argumentación puntual para que todas SS. SS. puedan conocer la finalidad
de estas once enmiendas que nuestro grupo plantea a la sección 17. Repito
que nuestro grupo con ello no tiene ninguna pretensión de que en esta
Cámara se tome ninguna decisión de privilegio, ninguna actuación
injustificada ni que con esas enmiendas se tomen decisiones que pudieran
indicar acciones de preferencia y de deseos no justificados. Se trata
sólo y exclusivamente, señorías, de resolver problemas que debían haberse
resuelto hace muchos años y que alguna de SS. SS. tuvo la oportunidad de
resolverlos y, a pesar de desearlo e intentarlo, no lo consiguió.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la
palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor presidente, dentro de la sección 17,
Ministerio de Fomento, nuestro grupo parlamentario ha presentado cuatro
enmiendas, una de ellas conjuntamente con la señora Lasagabaster, de
Eusko Alkartasuna.

Por lo que respecta a las dos primeras enmienda, las números 1457 y 1458,
corresponden al programa de infraestructuras de transporte ferroviario.

En concreto, solicitamos financiación para la línea II del metro de
Bilbao y para el proyecto de la «Y» vasca. Los dos proyectos cumplen
plenamente con los objetivos que persigue el Gobierno, por la importancia
que el transporte ferroviario tiene para la articulación de las redes de
comunicación del Estado y que está recogido en la memoria de esta sección
17, Ministerio de Fomento. Estos dos proyectos son vitales para el
desarrollo económico y social de Euskadi. El Gobierno debe de estar
implicado en su financiación, máxime cuando la «Y» vasca está contemplada
en el Plan director de infraestructuras, por lo que entendemos que es de
obligado cumplimiento para el Gobierno. Es curioso cómo en estos
presupuestos, entre las actividades del departamento correspondiente a
las infraestructuras del transporte ferroviario, figura como la primera
--puede ser una casualidad-- de las actuaciones a realizar en 1998 la «Y»
vasca y, sin embargo, sólo se presupuestan 250 millones para la
realización de estudios y proyectos. Se han consumido casi seis años
desde que se inició el Plan director de infraestructuras, la mitad del
tiempo, y por tanto, cada vez hay menos tiempo par poder realizar y
cumplir con este proyecto. Aún estamos en una fase de estudio. Año tras
año, observamos, desde nuestro punto de vista, una falta de voluntad
política clara hacia los proyectos de inversión en la Comunidad Autónoma
del País Vasco, discriminando de forma evidente a este territorio
autónomo. Esta situación debe de corregirse de forma inmediata, por lo
que proponemos dotar de fondos suficientes para acometer, sin más demora,
el proyecto de ferrocarril de alta velocidad en Euskadi.

De la misma forma, solicitamos, a través de la enmienda número 1457, el
destino de una partida para la cofinanciación de la línea II del
metropolitano de Bilbao. Esta línea, que transcurrirá por la margen
izquierda del Nervión, es fundamental para la población de esta área, que
engloba unas localidades de una gran densidad, que están sufriendo las
consecuencias de una dura reconversión industrial y que, por tanto, están
necesitadas de una revitalización de la zona. La construcción de una
línea del metro permitirá descongestionar las vías terrestres de
comunicación y permitirá también mayores posibilidades no sólo de
comunicación, sino del propio desarrollo económico de la margen izquierda
del Nervión. Pedimos que el Gobierno se involucre en este proyecto,
participando en la financiación junto con las instituciones vascas, de la
misma forma que lo está haciendo en otros metropolitanos del Estado que
todos conocemos.

Las otras dos enmiendas de la sección 17 hacen referencia a inversiones
en infraestructuras de carreteras. La enmienda número 1503 contempla la
dotación plurianual desde el año 1998 al año 2000 para la construcción de
la autopista A-1, tramo Eibar-Vitoria. Esta propuesta no viene más que a
paliar la falta de cumplimiento que el Plan de autopistas del Estado
aprobó en 1973 y, adjudicada a Eurovías, concesionaria de Autopistas
Españolas, dejó de construir lo referente a este tramo. Las instituciones
vascas están intentando acometer este proyecto, para lo cual es
absolutamente necesario la búsqueda de fórmulas financieras en
colaboración con el Estado. Y así lo entendió también esta Cámara de
diputados puesto que en el debate sobre el estado de la Nación, celebrado
este año, se acordó instar al Gobierno a colaborar con las
administraciones vascas para la construcción, en el más breve plazo
posible, de esta variante de Armiñón-Urbina, Urbina-Maltzaga. Y lo que
estamos pidiendo, entre otras cosas, es que se cumpla con ese mandato que
dio la Cámara al Gobierno.

Por lo que se refiere a la enmienda número 1459 viene a cubrir la falta
de destino de fondos de cohesión para proyectos de redes de transporte en
Euskadi. Como SS. SS. saben, los fondos de cohesión se destinan a la
cofinanciación de proyectos de redes transeuropeas de transportes y de
medio ambiente. El destino de fondos a proyectos presentados por Euskadi
es absolutamente ínfimo; me atrevería a decir, ridículo. Para que se
hagan una idea, la participación del País Vasco sobre la del Estado en
los fondos de cohesión ha sido en 1993 del 0,23 por ciento; en 1994,
cero; en 1995, el 3,59 por ciento; en 1996, el 4,85 por ciento; para el
período 1997-2000, el 1,52 por ciento. En concreto, para este período se
ha aprobado un solo proyecto, la construcción de una celda de seguridad
para Lindane, en Baracaldo (Vizcaya), y entendemos que los criterios de
selección que se están utilizando por el Gobierno no son respetuosos con
la distribución competencial actual en materia de carreteras que tiene el
País Vasco y Navarra. La administración no ha destinado ninguna
asignación para la cofinanciación en materia de carreteras con fondos



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de cohesión. Por ello, consideramos que debe de subsanarse esta situación
mediante la dotación de una partida para proyectos de inversión en
carreteras; ésta es la propuesta que hacemos en nuestra enmienda número
1459.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria me ha pedido que demos por defendidas sus enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.




La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Intervengo para dar por defendidas un
número bastante importante de enmiendas que han sido presentadas por los
diferentes integrantes del Grupo Mixto. Así, existen tres enmiendas a la
totalidad y 29 enmiendas en concreto de Unión Valenciana; otras 29
enmiendas del señor Saura y de la señora Ribadulla; 61 enmiendas de la
señora Almeida; 24 enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, y 18
enmiendas de la señora Rahola que en este momento quiero dar por
defendidas y, por supuesto, no explicarlas por cuanto que sólo por el
número sería absolutamente imposible.

Sí me gustaría referirme siquiera brevemente, y aunque coincido en
algunos de los argumentos con el anterior orador, a las ocho enmiendas
presentadas por la formación que esta diputada representa y luego, en
concreto, también a otra enmienda que ya ha sido defendida por el señor
Zabalía que ha sido presentada de forma conjunta tanto por el Partido
Nacionalista Vasco como por Eusko Alkartasuna.

En concreto, de las ocho enmiendas presentadas por esta diputada, dos
hacen referencia a rehabilitación o infraestructuras que tienen que ver
más con el desarrollo turístico o cultural. Hago referencia a los
compromisos que ya habían sido adquiridos por parte del Gobierno, pero
que entendíamos no eran suficientes en los ejercicios que estaban
planteados.

Me gustaría hacer referencia al resto de las enmiendas, que se podían
circunscribir a las infraestructuras de transporte ferroviario. En
concreto, hay una enmienda, como ha señalado el señor Zabalía, muy
importante para el territorio al que represento, que trata del aumento de
dotación presupuestaria para la «Y» vasca. No me gustaría volver a
reseñar los argumentos que se han dado, pero este proyecto es importante
porque afecta no solamente a una parte muy importante de la Comunidad
Autónoma del País Vasco sino también a la parte norte del Estado y se
encuadra no sólo en el Plan director de infraestructuras, sino también en
lo que se llaman redes transeuropeas, es decir, que este proyecto
permitirá establecer en un futuro todo un sistema de redes transeuropeas
y pasa por esa zona de manera clara como enlace hacia el resto de Europa.

Creemos que el proyecto está muy retrasado. Está en su fase intermedia,
se ha cubierto la mitad del tiempo para su realización y, por supuesto,
la inversión. Los compromisos que se están adquiriendo en cada ejercicio
presupuestario son francamente pobres. No es de recibo que para una
infraestructura cuyo coste para el Gobierno central es de alrededor de
200.000 millones de pesetas y que tiene que terminar en el 2001, o al
menos así está planteado, el año pasado se concedieran simplemente 100
millones de pesetas y éste la ridícula cantidad --perdonen por la
expresión coloquial de ridícula, entendida como mínima-- de 250 millones
de pesetas. Es muy complicado pensar que para el 2001 el Gobierno del
estado pueda haber invertido en este proyecto el resto del dinero, porque
en ese momento se producirán a la vez los pagos de toda una serie de
obras que han quedado dilatados en el tiempo al realizarse a través de
una serie de sistemas que permiten dilatarlos.

Esta infraestructura fue objeto de una importante resolución presentada
por esta parlamentaria en el debate sobre el estado de la Nación, el 11 y
12 de junio pasado, en el cual la mayoría de los diputados mostraron,
mediante la aprobación de la misma, su interés y la importancia de esta
infraestructura. Por tanto, creemos ante el incumplimiento de ese
compromiso que tiene el Gobierno para con la Cámara, debería plantearse
en estos presupuestos una visión mucho más realista y, sobre todo, una
voluntad mucho más clara para poder realizar y llevar a buen término un
proyecto que puede ser clave, no solamente para las personas que podemos
representar a la circunscripción, como la que les habla, sino también
para cumplimentar las llamadas redes transeuropeas y servir de enlace con
el resto de Europa en ese famoso eje atlántico que creo que hoy por hoy
está todavía muy desatendido.

Esta es una de las enmiendas que creemos muy importante y, junto con
estas enmiendas relativas a la infraestructura del transporte
ferroviario, se añaden otras que llamaría complementarias, porque lo que
pretenden es o bien establecer una consignación presupuestaria para
determinados ramales de enlace o bien mejorar determinadas
infraestructuras relativas a construcción o mejora de apeaderos, por no
hablar de estaciones como la del puerto de Bilbao o estaciones
intermodales, una cuestión muy importante en la villa fronteriza de Irún,
que sería francamente de utilidad para poder lograr un sistema de
transportes conjunto o intermodal que pudiera estar en primera línea de
competitividad con el de las fronteras de otros Estados. Estas son las
enmiendas principales y creo que la explicación puede ser suficiente,
porque SS. SS. conocen --se ha reiterado en muchas ocasiones en esta
Cámara-- la importancia de estos temas.

No quisiera dejar de mencionar que en la medida en que hemos presentado
una enmienda conjunta, me permito en este momento, sin perjuicio de que
lo comunique por escrito a la Mesa, retirar la enmienda 192, formulada
por esta diputada, por cuanto que en el fondo su contenido puede ser el
mismo.

La enmienda conjunta, la 1503, como el señor Zabalía señalaba, lo que
pretende es reparar lo que creemos es un incumplimiento para con la
Comunidad Autónoma del País Vasco en una de las cuestiones que es muy
importante --lo ha sido siempre--, pero que en este momento realmente no
puede demorarse más. El eje del tramo Maltzaga-Urbina o también llamado
Eibar-Vitoria creemos que es una cuestión tan vital que corresponde a un
importante pronunciamiento de las tres formaciones políticas que en



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este momento gobiernan la Diputación de Guipúzcoa y creemos que es
importante porque constituye un auténtico eje territorial reconocido no
solamente por las administraciones competentes del lugar donde se
encuentra, sino porque puede ser un eslabón del eje transeuropeo, ya que,
como señalaba, es importante como enlace, en este caso terrestre, para
con el resto de Europa. Lo que se pretende es una compensación por esa
resolución, que entendemos que quizá no fue la más justa en aquel
momento, correspondiendo este año la cantidad de dotación plurianual a
10.000 millones, así como otros 10.000 en los ejercicios posteriores de
los años 1999 y 2000. En cualquier caso, solicito a todos los grupos el
apoyo para esta enmienda, porque realmente corresponde a una voluntad y a
una pretensión de la gran mayoría de los ciudadanos representados en las
instituciones competentes, en concreto en Guipúzcoa y en Alava.

Para no alargarme más, termino aquí la explicación de estas enmiendas,
dando por defendidas la gran cantidad restante que mis demás compañeros
del Grupo Mixto han presentado a esta sección.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
don Luis Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: La verdad es que a estas horas, las doce menos
diez de la noche, encarar la réplica y la fijación de posición de mi
grupo es un cometido bastante complicado. Se trata nada menos que de casi
400 enmiendas a esta sección 17 y, de ellas, cuatro de totalidad, habida
cuenta de que, naturalmente, paso por alto la defensa de las enmiendas de
mi propio grupo, 19 en total, que han sido ya incorporadas al informe
correspondiente. En primer lugar, me voy a referir a las enmiendas a la
totalidad, por ser aquellas que pretenden afrontar en su conjunto la
política del Gobierno concerniente al Ministerio de Fomento, y después
haré referencia a las restantes, sin duda con un subjetivismo obligado,
para evitar una mención puntual no ya de todas sino ni siquiera de
algunas de ellas, pero espero dar satisfacción al menos a los grupos
presentes; aquellos que no lo están y cuyas enmiendas han sido mantenidas
o dadas por defendidas que me perdonen si me remito al debate en Pleno.

Se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad, del PSOE, de Izquierda
Unida, de Nueva Izquierda y de Iniciativa-Los Verdes. El común
denominador de todas ellas, tomando como punto de referencia la enmienda
1251 del Grupo Parlamentario Socialista, está en acusaciones como
ausencia de planificación e insuficiencia de recursos, no sólo en
carreteras sino también y sobre todo en ferrocarriles, donde ha habido
una insistencia repetitiva y recurrente con la problemática que eso
conlleva de acentuar los desequilibrios regionales. En algún momento, en
lo que concierne al ferrocarril, se ha hablado de que la dotación
presupuestaria es testimonial --me parece que ésa es la palabra casi
literal que ha pronunciado el portavoz socialista y el portavoz de
Izquierda Unida lo ha hecho en términos muy parecidos--; del abuso de la
incorporación en el anejo de inversiones de pequeñas obras con partidas
muy pequeñas, lo cual significa algo así como un propósito del Gobierno
de demorar ad kalendas graecas acometer las inversiones correspondientes.

Y ya en términos más polémicos o políticos --el portavoz socialista ha
calificado su enmienda a la totalidad de política, y le felicito por su
sinceridad, porque, evidentemente, todo grupo de la oposición que se
precie tiene, cómo no, que presentar una enmienda de totalidad a los
Presupuestos Generales del Estado-- se ha referido a la deslegalización
presupuestaria --he tomado nota muy precisa de sus palabras--, sin duda
haciendo un juicio de valor de lo que significa el capítulo 8 de los
presupuestos, y no tanto el portavoz socialista, al menos en esta ocasión
aunque sí en un debate reciente, pero sí el portavoz de Izquierda Unida a
falta de ejecución. En definitiva, ha venido a decir que este Gobierno no
sólo da un tratamiento insuficiente a las infraestructuras, sino que
además, por decirlo en términos coloquiales, no se gasta el dinero que
tiene en el presupuesto, como acredita el curso del año actual 1997. En
la misma línea va el portavoz de Izquierda Unida, que ha hecho un canto
al transporte público colectivo y se ha referido a la insuficiencia de
los créditos para la política de vivienda.

No quiero hacer mención ahora de las enmiendas a la totalidad de aquellos
grupos que no están presentes, pero, en definitiva, se han manifestado en
términos no muy distintos de los que acabo de hacer referencia.

En este orden de cosas yo quisiera, con carácter general, recordar el
sentido que tienen los presupuestos del Ministerio de Fomento, cómo se
enmarcan en una política económica concreta; cómo, en última instancia,
no son más que la traslación a la política de infraestructuras de
criterios que están establecidos para el marco económico de carácter
general y cómo, en la línea de ir a la consolidación del crecimiento y
del empleo, se trata de ir en el año 1998, por el contrario, a una
auténtica dinamización de las inversiones públicas en las que
evidentemente siempre tiene un papel protagonista el Ministerio de Obras
Públicas antes y de Fomento en estos momentos.

Quiero referirme a cómo el gasto de capital de los Presupuestos Generales
del Estado se materializa en un importante esfuerzo inversor. He de
recordar a SS. SS. que las operaciones de capital del sector público
ascienden a casi dos billones de pesetas, un billón 952.000 millones de
pesetas, tanto a través de inversión directa (un billón 122.000 millones)
como de transferencias de capital (829.000 millones), y a través del
esquema del abono total del precio, el llamado modelo alemán, se
comprometen recursos por valor de 166.000 millones de pesetas, un 5,4 por
ciento más que en 1997.

En ese contexto es como hay que entender los presupuestos. Retrocediendo
al debate presupuestario del año anterior, vemos que poníamos en
evidencia que hay dos modelos de política de infraestructuras --en todo
caso siempre con recursos públicos en términos muy importantes--, aquel
de los que entienden que el modelo debe ceñirse al ahorro público y el de
aquellos otros que entendemos que la política de infraestructuras
correcta, en la España de cara a la convergencia europea del año 1997 y
1998, desde ser un modelo donde haya una apelación, fundamental



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siempre, al capital público, compartido con una apelación al capital
privado. En ese contexto se sitúa el presupuesto del Ministerio de
Fomento de cara al año 1998, en el que hay que señalar que con respecto
al año 1997 se registra un crecimiento del 8,9 por ciento.

Cuando en éste y otros debates el portavoz socialista, y amigo a pesar de
todo, don Jenaro García-Arreciado ha dicho que se registra una baja con
respecto al año anterior yo no sé si es que él necesita gafas o las
necesito yo o mis papeles están mal o es que él no ha tenido tiempo para
leer la documentación que se le ha facilitado. En esto apelo a un
argumento seguramente recurrente en otras legislaturas y en ésta. Yo le
ruego --con ruego de amigo en este caso-- que se lea los papeles
despacio, y si no tiene bastante con los suyos, yo le doy los míos. Yo
tengo aquí un papel en el que se me dice que el año 1998 con respecto al
año 1997 las partidas dedicadas a infraestructuras y conservación de
carreteras crecen el 5,2 por ciento. Las dotaciones para infraestructuras
de transporte ferroviario rozan el 15,1, excluida la apelación al modelo
alemán. Las infraestructuras y explotación del sistema de circulación
aérea crecen el 3,8 y las infraestructuras y explotación portuaria crecen
el 15,5, con un promedio del 9, por ciento, el 8,9 para ser exactos y
unos decimales, que en este documento se han redondeado en el 9 por
ciento. Las cifras totales están claras: 824.000 millones de pesetas
(1998), versus 755.900 (1997). Estoy dispuesto a chequear estas cifras
cuando él quiera, como quiera, con los auditores que quiera o simplemente
tomando café con muchísimo gusto.

En resumen, entiendo que con mis cifras, que parece que no son las suyas
--pero las mías, si me lo permite, son las buenas porque son las del
Gobierno, como nosotros entendíamos que eran las suyas en su momento--,
se produce un incremento, por lo cual, se caen al suelo, si me permite la
expresión coloquial, todos argumentos de la insuficiencia, de dotaciones
testimoniales, etcétera, y desde luego la argumentación, que es la que
hiere más desde el punto de vista parlamentario, de la deslegalización.

Lo dije el año pasado y lo repito éste, tanto yo como cualquiera de mi
grupo. El capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado es un
capítulo --perdón por la perogrullada-- de los Presupuestos Generales del
Estado y consecuentemente sometido a todos los controles internos y
externos pertinentes, a la Intervención General, al Tribunal de Cuentas,
y evidentemente al control político de esta Cámara, que es la que examina
de responsabilidades de carácter político. Podríamos seguir ad infinitum
argumentando y contraargumentando, pero ni hay falta de planificación, ni
hay improvisación, ni hay insuficiencia, ni hay dotaciones testimoniales,
ni hay deslegalización presupuestaria.

Pero es que, señorías, tampoco hay falta de ejecución en los presupuestos
del año en curso, de 1997. Antes de venir aquí, a esta sala, y
seguramente con el privilegio que da pertenecer al partido que apoya al
Gobierno en este acto, me he tomado la molestia de pedir el grado de
ejecución, como habría hecho S. S. en su momento, de los capítulos 6, 7 y
8 de los Presupuestos Generales del Estado, comparándolo con el año
anterior. Capítulo 6: 1997, 56,4 por ciento; año 1996, 55,5.

Consiguientemente, hay un incremento de un punto. Capítulo 7: grado de
ejecución 1997: 75,4, señor Borrell; 1996, 66,6. Es un crecimiento casi
de 9 puntos respecto al año anterior. Ya sé que del capítulo 7 me puede
decir S. S. que es un capítulo de cumplimiento facilón, porque es
transferir, señor Borrell. Capítulo 8, 60 por ciento en 1997 versus 42,7
en 1996. En definitiva, señorías, estamos en presencia de un cumplimiento
normal de un presupuesto normal. Cuando llegue el mes de diciembre todos
podremos decir seguramente que hemos cumplido en los términos en que se
cumplen los presupuestos de la sección 17 desde hace muchos años.

Estaremos en el entorno del 93, del 94 o del 95 por ciento.

Consiguientemente, ni siquiera ese argumento del incumplimiento o falta
de capacidad de ejecución que se ha utilizado para la enmienda a la
totalidad puede entenderse que sea de recibo, al menos por aquellos que
tenemos que recibirlo; seguramente desde aquellos que tienen que
pronunciarlo y que contarlo será el mismo de siempre, este año, el que
viene y dentro de muchos, pero los que tenemos que responder podemos
hacerlo con estos datos que están a disposición de S. S. y supongo que a
disposición de quien nos controla.

Junto a estas enmiendas de totalidad, hay múltiples enmiendas parciales,
hasta 390, incluidas las nuestras. Las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, sin duda, están formuladas con una óptica de partido que ha
estado en el Gobierno, porque la verdad es que se ha limitado a no
formular 2.000 enmiendas, sino una de totalidad y cuatro más,
articulando, dentro de cada una de ellas, todo un conjunto de lo que
serían enmiendas parciales. En la 1252 pide 42.000 millones de pesetas,
naturalmente, dándolos de baja en aquel capítulo en el que no cree, que
es el capítulo 8, con un listado de obras que se refieren al programa
512.A. En la 1253 piden 1.500 millones de pesetas para el cumplimiento
del convenio con la Junta de Andalucía-Jerez-Los Barrios. Hay una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en la misma línea, si bien la
nuestra se limita a un cambio de rótulo, pero un cambio de rótulo
bastante expresivo. En la 1254 piden 6.000 millones de pesetas más para
vivienda. Es bueno, todo lo que se dé para vivienda, señoría, es
positivo, pero hay que decir que cuando la dotación presupuestaria para
vivienda en este año, en términos del crédito del Ministerio de Fomento,
son 108.000 millones de pesetas. Me parece que son 600 millones menos que
el año anterior, que fueron 108.000 y un pico y este año 108.000 y un
pico, que es menor en 600 millones de pesetas, pero se ha producido un
hecho básico para la política de vivienda --como para tantas otras
políticas--, que es la baja en los tipos de interés, y pedir 6.000
millones de pesetas es una petición loable --no quiero hablar del
chocolate del loro y otras cosas--, realmente es estimable el interés en
que se fomente la política de vivienda, pero, de verdad, no va a producir
ningún cambio sustancial en esta política un incremento en la dotación de
este porte, cuando los tipos de interés han bajado cuatro o cinco puntos
desde los tiempos en que ustedes gobernaban. Y en la enmienda 1255 piden
53.000 millones de pesetas más para carreteras --con lo cual son ya
prácticamente 100.000 millones



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de pesetas más en carreteras--, con la consabida petición de baja en el
capítulo 8, en el GIF, en los anticipos reintegrables, etcétera.

Señorías, en este tipo de valoraciones sólo queda constatar nuestras
discrepancias. Ustedes no creen o creen poco en la política de
colaboración del sector privado, no creen en el GIF y dicen que el GIF no
es más que un inversor en no sé qué tipo de activos financieros. Pues
bien, asistimos a la comparecencia del gerente del GIF. Usted dice que se
ha gastado sólo 3.000 millones de pesetas. Es verdad. Hasta ahora, se ha
gastado sólo, en términos de pagos, 3.000 millones de pesetas, pero tome
nota de cuándo se constituyó el GIF, cuándo se ha aprobado su reglamento
y cuáles son las previsiones a cortísimo plazo. El GIF se va a gastar los
60.000 millones de pesetas del año 1997 y los siguientes del año 1998, en
un cortísimo plazo, una vez que está constituido, estructurado, regulado,
etcétera.

Me tengo que referir a los votos particulares que parece que va a
formular S. S. a las enmiendas 1579, 1580 y 1549, del Grupo Parlamentario
Popular, que evidentemente ya están incorporadas al informe
correspondiente. O S. S. no me entiende las enmiendas o mi grupo no sabe
explicarlas en su texto. En definitiva, se trata de producir bajas en las
previsiones de gastos de Correos y utilizar esas bajas en la misma
mecánica presupuestaria que se producen las altas y las bajas. (El señor
García-Arreciado Batanero: ¡Hasta ahí llegamos!) Es decir, ustedes apelan
a la sección 31, de gastos de los diversos ministerios y, este año, por
novedad, al capítulo 8, de activos financieros, por si no, todas sus
altas las tendrían que compensar con unas bajas en la sección 31. Pues lo
que ha hecho el Partido Popular es prever menos gastos necesarios para
Correos e incrementarlo allí donde es necesario, sin ningún género de
clientelismo. Dígale usted a sus correligionarios de Canarias que
subvencionar el servicio marítimo con las islas Canarias es clientelismo.

Dígaselo; pero dígame después en qué periódico se ha publicado, para que
yo pueda comprobar que efectivamente lo ha hecho. Consiguientemente, no
utilice argumentos numérico-contables que se caen solos y, en todo caso,
con mucho gusto estudiaremos y consideraremos su voto particular, como
siempre y como todas y cada una de sus enmiendas, y también éstas. De
ninguna manera entienda que se trata de responder a compromisos
particulares del Partido Popular más allá de la medida en que todas las
enmiendas y todas las actividades parlamentarias son el reflejo de
compromisos con el conjunto de la ciudadanía, y en algunos casos de
compromisos con la ciudadanía singular, la de Barcelona del señor
Borrell, la de Huelva del señor García-Arreciado, etcétera, pero, en
definitiva, en el marco de compromisos que todos los diputados que
estamos aquí tenemos contraídos con los ciudadanos españoles y luego cada
uno con su región.

A las enmiendas de Izquierda Unida en sus términos generales de
insuficiencias o de la necesidad de recuperar el ritmo inversor me parece
que las he contestado de alguna manera o al menos he hecho una referencia
suficiente en lo que llevo de intervención hasta ahora.

En el orden personal veo con simpatía las dos enmiendas que formula don
Julián Fernández y las vamos a estudiar de aquí al Pleno, la 750 y la
829, con esa visión que probablemente criticaría el señor
García-Arreciado, porque las dos se refieren a su circunscripción,
Navarra, y con la perspectiva cerrada del señor García-Arreciado, a lo
mejor había que rechazarlas. Pues no, vamos a estudiarlas de aquí al
Pleno con la simpatía que sin ningún género de dudas nos merece Navarra,
como Huelva, como Barcelona o como Zamora, que es mi provincia. No sé si
las cifras son las que deben ser. Usted habla de 500 millones para un
paso superior o inferior, no recuerdo bien, en el tramo ferroviario
Pamplona-Alsasua y de otra cantidad en la misma línea para otro paso
elevado en el ámbito de su provincia. Las consideraremos de aquí al Pleno
y ya veremos.

Respecto a las enmiendas de Convergència i Unió, debería hacer una
referencia detallada en función de la pormenorización que ha hecho el
señor Homs, que ha dicho que son once enmiendas que se refieren a once
problemas. De entrada y no por ser socios o consocios en este momento,
sino porque ha hecho usted una referencia absolutamente precisa y
concreta, voy a ser un poco más concreto; no tanto como S. S. señor Homs,
pero sí un poco concreto. Efectivamente, ha presentado once enmiendas, de
las que vamos a aceptarle, porque nos parece razonable y porque las
cifras son asumibles, la 1605, la 1607 y la 1609. En cuanto a la enmienda
1600 nos vamos a circunscribir a reproducir en el año 1998 la misma cifra
que figuraba para el problema de la remodelación de barrios en Barcelona
para el año inmediatamente anterior, es decir 900 millones de pesetas.

Habrá que darle fórmula de transacción de cara al Pleno. En definitiva,
compartimos su preocupación por este tema, que viene arrastrado desde
antes del Gobierno del Partido Popular, como S. S. ha recordado, y
creemos que sería una vía de entendimiento reproducir la cifra que
figuraba para este menester en el año 1997.

En lo que concierne a la enmienda 1609, que se refiere a la variante de
Castellfollit y el tramo Montagut-Olot, creemos que la cifra que figura
en el anejo de inversiones es coherente con el momento en que las obras
se pueden iniciar, teniendo en cuenta el tiempo requerido para la
licitación y la redacción del proyecto de construcción. La dotación
presupuestaria que solicita nos parece excesiva y entendemos que no
podría gastarse en ningún caso, pero estaríamos en línea de presentar una
enmienda transaccional en el orden del 40 o el 50 por ciento de la cifra
a que hace referencia.

No podemos aceptar o tenemos dificultades para aceptar al menos en este
trámite, sin perjuicio de reconsiderarlo de aquí al Pleno, la enmienda
1601, el tramo Ripoll-Puigcerdà, por importe de 350 millones; igualmente
la enmienda 1603, que se refiere a las cercanías de Barcelona, debiendo
entender S. S. que se han hecho muchas cosas al respecto, ya que se ha
considerado la construcción de una nueva subestación así como la
redacción de diversos estudios y proyectos que tienen repercusión directa
en el tráfico de cercanías, que tanto les preocupa, como son el estudio
informativo de la tercera y cuarta vía entre Castelldefels y Prat de
Llobregat, el estudio de la conexión Prat-Sants y la remodelación de la
cabecera sur de Sants.




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En relación con la enmienda 1604, que se refiere al incremento de 100
millones para la mejora ferroviaria del tramo Lleida-La Pobla de Segur,
entendemos que se ha consignado en los presupuestos la partida necesaria
para dar la redacción al proyecto, que estará disponible a fin de año, y
que no es posible realizar un gasto mayor en el momento actual en la
ejecución de obras.

La enmienda que se refiere al cuarto cinturón Abrera-Tarrasa, con un
incremento de 680 millones de pesetas, entendemos, señoría, que la
dotación prevista en el anejo de inversiones puede considerarse
suficiente, puesto que en el iter desde ahora hasta que se pueda comenzar
a ejecutar las obras hay el estudio informativo, la información pública,
la declaración de impacto ambiental y la aprobación definitiva del
proyecto. Nos parece exagerada la consignación que solicitan y sí podemos
decir que en todo caso las obras comenzarán en el año 1999. Otro tanto
hay que decir de la enmienda 1602, que se refiere a las obras de
soterramiento del ferrocarril de Sant Feliu del Llobregat. Entendemos que
no es viable consumir 100 millones de pesetas en esas obras durante el
año 1998.

En definitiva, señor Homs, vea la voluntad de mi grupo de hacer un
esfuerzo importante de aproximación a sus enmiendas en términos de
realismo y que, en la medida en que estamos en presencia de obras
ejecutables en corto plazo, las obras se ejecutarán. Allí donde hay
pendientes trámites de todo tipo como a los que he hecho referencia,
creemos que la consignación que hemos reflejado en el anejo de
inversiones es claramente suficiente.

En lo que concierne a las enmiendas del Grupo Vasco, algunas en
colaboración con Eusko Alkartasuna, me quiero referir, en primer término,
a la enmienda que parece emblemática no en este presupuesto, sino en
otros anteriores, la famosa «Y» vasca. El Ministerio de Fomento está
redactando el estudio informativo de la bien conocida «Y» vasca, que está
previsto concluir a finales del presente año y que después deberá
someterse al trámite de información pública y a la evaluación de impacto
ambiental, al Real Decreto 1302/1986. Una vez cubierto este trámite y
analizadas las alegaciones correspondientes, el Ministerio de Medio
Ambiente deberá emitir la referida declaración de impacto ambiental, paso
previo a la aprobación del proyecto por el Ministerio de Fomento.

Comprendo que la señora Lasagabaster diga que todos estos plazos le
parecen excesivos. Coincidimos en la afirmación de que el proyecto es
fundamental no sólo para el País Vasco, sino para la conexión del País
Vasco con Europa, pero creemos que esta partida de 250 millones de
pesetas que se prevén en el presupuesto de este año para la redacción del
proyecto de infraestructura del tramo prioritario Vitoria-Bilbao es
suficiente. Dado que el coste de estos proyectos oscilará entre 2.000 y
3.000 millones de pestes, la cantidad presupuestaria es la máxima
razonable que podrá consumirse en el año 1998.

Otra enmienda importante también, me parece que suscrita por ambos
grupos, en todo caso compartida, es la que se refiere a los fondos de
cohesión. Es verdad que durante los años 1993 y 1994 no se destinaron
recursos del Fondo de Cohesión a la financiación de proyectos de
transportes por comunidades autónomas. En 1995 y 1996 se destinaron
11.000 millones y en este período el País Vasco, quiero recordarle, fue
beneficiario de 6.825 millones de pesetas y recibió una subvención del 80
por ciento. Para el año 1997-1999 el Ministerio de Economía ha adoptado
--y este grupo lo comparte-- la decisión de mantener el volumen de
recursos destinados a proyectos de las comunidades autónomas para el
conjunto de medio ambiente y transporte. Consiguientemente, compartimos
los propósitos que inspira la enmienda, pero no su conclusión. La
enmienda no puede ser aceptada, al menos en este momento, por varias
razones. La primera es que el País Vasco ha sido beneficiario destacado
del Fondo de Cohesión en el tramo de transportes. La segunda es que se
rompería el criterio de la Comisión de concentrar los fondos de cohesión
en el área fundamental de medio ambiente, con independencia de que la
cifra de 15.000 millones de pesetas, por su propio enunciado, es a todas
luces claramente excesiva.

Finalmente, respecto a la enmienda 1457, que se refiere a la financiación
a la línea 2 del ferrocarril metropolitano de Bilbao, con independencia,
como saben SS. SS., de que estamos en presencia de un conjunto de
contenciosos que es preciso soslayar y solventar y que está siempre en
cuestión el problema de la medida en que la Administración general del
Estado debe --si me permite la expresión coloquial-- mojarse en ese tipo
de proyectos, entendemos que la inversión que se solicita es
absolutamente correcta, pero que parece razonable esperar a la solución
de los contenciosos que están pendientes en el momento presente, sin
perjuicio de poder debatir el tema con más detenimiento de aquí al
trámite en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Señorías, llevo mucho tiempo hablando, mucho más del que yo desearía
haber utilizado. Lamento no poder referirme a aquellos grupos que han
presentado enmiendas de totalidad, como Nueva Izquierda o Iniciativa-Los
Verdes, y a otras parciales de la señora Rahola, del Bloque y de Unión
Valenciana que se han dado por defendidas, y espero que en el Pleno haya
lugar para hacer una puntual referencia a estas enmiendas.

En todo caso, y concluyo, señorías, en los términos que utilizaba para
referirme a las enmiendas a la totalidad, la política de infraestructuras
de este Gobierno se incardina en el marco de una política económica que
ha conseguido y está consiguiendo unos resultados. No tendría sentido
salirse de ella sobre todo cuando se ha superado algo que el Gobierno
anterior hizo recurrentemente --cosa que no hace este Gobierno--:
utilizar el presupuesto del Ministerio de Fomento, entonces Ministerio de
Obras Públicas, como elemento de ajuste presupuestario. Estamos
asistiendo a una importante dinamización de la inversión pública en el
marco de una política económica cuyos resultados están ahí y que ustedes
podrán discutir o no compartir, pero no podrán dejar de constatar. (El
señor García-Arreciado Batanero pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: No hay segundo turno, señor García-Arreciado. Si
quiere una aclaración, sí, pero turno de debate no puede haberlo.




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El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: En la magistral intervención del
señor Ortiz ha habido un exquisito equilibrio --él lo ha llamado-- de
aproximación realista a las enmiendas defendidas por el señor Homs que yo
tengo que reconocer también. Nosotros lo que queremos hacer es poner a
trabajar el dinero del capítulo 6, inversiones del Ministerio, lo que
quisiera el Ministerio, lo que debiera hacer el Ministerio, haciéndolo
constar en ese capítulo. A ese respecto sólo quiero decir que en la
página 262 del presupuesto general del Estado de este año dice:
inversiones reales, capítulo 6, 391.940.195.000 pesetas. Estos son 4.000
millones menos que el año pasado, 63.000 menos que el anterior y 150.000
menos que el precedente. Las inversiones reales del Ministerio descienden
0,8 por ciento. Ahora bien, si se mete en un truco dialéctico, que ya
está uno viejo en eso, las inversiones de Aena, las de Puertos del
Estado, ésas no son inversiones de los Presupuestos Generales del Estado,
no tienen ni una peseta de dotación en los Presupuestos Generales del
Estado. Por tanto, en esta discusión yo creo que tenemos razón los dos.

Usted utiliza sector Estado más todo el añadido, y yo utilizo subsector
Estado, lo que son inversiones, capítulo 6, inversiones reales del
Ministerio.

No quiero entrar en polémica. Sólo quiero decir, en relación con las
enmiendas de los otros grupos, que nuestra oposición, incluso al Grupo
Popular, no es ciega. Hay siete u ocho enmiendas de las que presenta el
Grupo Popular que nos parecen razonables y que las vamos a votar, si es
que son sometidas a votación. Vamos a votar las once enmiendas que ha
presentado el Grupo CiU y que ha defendido el señor Homs; nueve coinciden
prácticamente con enmiendas presentadas por nosotros, un poco más o un
poco menos de crédito, y las dos restantes la verdad es que suman una
cantidad ridícula. Por tanto, vamos a apoyar las once enmiendas
presentadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Izquierda Unida
tiene una relación de 45 enmiendas, que le vamos a aceptar y a las que
hemos de añadir la 750 y la 739 que también les vamos a votar. Al Grupo
Vasco le vamos a votar la 1457 y la 1458. Y a Eusko Alkartasuna le vamos
a votar las 161, 164, 166 y 167. En todas las demás de los grupos que he
mencionado, que son los presentes, nos vamos a abstener porque ninguna
merece el rechazo frontal de nuestro grupo y las que lo merecen
pertenecen a grupos que no nos han acompañado en el esfuerzo nocturno.




El señor PRESIDENTE: Señor Ortiz, dos minutos.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Con uno me basta, señor presidente.

Aquí hay un problema de contrastación de cifras que yo estoy dispuesto a
solventar, no ahora, por muy benevolente que fuera el señor presidente,
sino en cualquier momento posterior. Es más, le recomiendo al señor
García-Arreciado que lea un documento impreso, que es el libro amarillo,
el pequeñito, que acompaña a la presentación de los presupuestos. Lamento
no tenerlo presente para citarle la página. El me ha hablado de la página
27022, que yo voy a mirar. Yo le recomiendo a él que lea el libro
amarillo donde vienen claramente reflejadas las partidas dedicadas a
inversiones reales.

Pero le voy a recordar algo más que su portavoz en materia de
presupuestos seguro que suscribe. Este año el Gobierno del partido al que
yo represento en este momento cumple lo que se llama la regla de oro de
los presupuestos, que es la cifra de inversiones supere la cifra de
déficit. La cifra de déficit se sitúa en un billón 459.000 millones de
pesetas de los presupuestos del Estado y la cifra de inversiones se sitúa
en un billón 800.000 millones de pesetas. Es la regla de oro que se
cumple por primera vez este año y que no hay que decir que ustedes no
cumplieron o cumplieron poco porque utilizaron los capítulos de inversión
como mecanismo de ajuste del déficit público y de los Presupuestos
Generales del Estado.

Le agradezco al señor García-Arreciado que vote nuestras enmiendas y le
agradeceré también, pero no me toca a mí sino al señor Homs, que vote las
suyas. Nos hubiera gustado que otros años votaran las enmiendas de CiU
con el mismo entusiasmo que anuncia este año, sin duda con propósitos
loables. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a dejar aquí el debate y mañana lo
continuaremos, pero no con esta sección sino con la siguiente.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, han sido anunciadas unas
transaccionales y quisiera dar la respuesta de mi grupo a las mismas.




El señor PRESIDENTE: Las respuestas a las transaccionales, señor Homs, y
usted lo sabe, las damos en el momento en que se está procediendo a la
votación.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, si usted demora la respuesta
hasta el momento de la votación, es difícil entonces repartir la
transaccional a todos los grupos con tiempo suficiente.




El señor PRESIDENTE: No. La aceptación de la transaccional la tiene que
hacer con el grupo que la propone y dárselo a los demás, una vez
mecanografiada o fotocopiada esa enmienda transaccional. Señor Homs,
dejamos aquí el debate.




El señor HOMS I FERRET: Señor presidente, yo quisiera saber por qué razón
ha dado usted dos minutos al Grupo Socialista, dos minutos más al Grupo
Popular y a mi grupo, al que le han ofrecido transaccionales, no le da
ningún tiempo para responder a la aceptación estricta de dichas enmiendas
transaccionales. Ahora bien, yo acato la decisión de la Presidencia, me
remito a la sesión de mañana y no pasa nada, pero lamento que a mi grupo
no le dé el mismo trato que a los demás.




El señor PRESIDENTE: Si se quiere limitar a aceptar las transaccionales,
hágalo ahora y así mañana nos ahorra



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otro tiempo antes de votar, pero mañana no le volveremos a dar el tiempo
para la misma función.




El señor HOMS I FERRET: Si se plantean más transaccionales, sí, señor
presidente.

Se han planteado dos transaccionales a la 1600 y a la 1609, que mi grupo
acepta con agrado. En relación con las demás, agradezco las explicaciones
y ya veremos el resultado en la votación final y la suerte de la misma,
toda vez que todos los grupos están entusiasmados con nuestras enmiendas,
señor presidente. Gracias por su benevolencia.




El señor PRESIDENTE: Le recuerdo que, aparte de haber aceptado las
transaccionales, para ser operativos lo que hay que hacer es entregarlas
a la Mesa para tenerlas antes de la votación.

Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve.




Eran las doce y treinta minutos de la noche.