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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 135, de 19/12/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 135
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 10
celebrada el jueves, 19 de diciembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Balance de actuación llevada a cabo por la Comisión Nacional del
Amianto. Del señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 181/000111) (Página 36765
)
--Previsiones sobre la modificación de la actual regulación sobre empleo
del amianto en línea con la vigente en otros países de la Unión Europea,
como Francia, Alemania, Holanda, Países Nórdicos, etcétera. Del señor
Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 181/000112) (Página 3676)
--Procedimiento utilizado para el nombramiento del Director Provincial
del Instituto Nacional de Empleo (INEM) de Salamanca. Del señor Caldera
Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 181/000138) (Página 3679)
--Plazo previsto para aprobar la exención fiscal para los prejubilados
del sector naval. Del señor Perales Pizarro, del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 181/000259) (Página 3682)
--Previsiones sobre el desarrollo reglamentario de la vigente ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Del señor Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 181/000113) (Página 3685)
--Previsiones de algún plan específico de actuación de la Inspección de
Trabajo para controlar prácticas fraudulentas en el sector de «empresas
de trabajo en casa». Del señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (Número de expediente 181/000133) (Página 3686)
--Actuaciones para indemnizar los prejuicios sufridos por los
trabajadores españoles desplazados a Berlín por el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) para trabajar para la Empresa Unisys Bausatz Bau GBR. Del
señor Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de
expediente 181/000144) (Página 3688)
--Opinión del Gobierno acerca de la resolución dictada por la Dirección
General de Trabajo en el expediente de regulación de empleo presentado
por la empresa Alcatel-Standard. Del señor Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 181/000204) (Página 3690)
--Opinión del Gobierno acerca de la valoración del informe emitido por la
autoridad laboral competente en relación con el centro de trabajo, sito
en Toledo, en la resolución dictada por la Dirección General de Trabajo
en el expediente de regulación de empleo de la empresa Alcatel-Standard.
Del señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Federal de IU-IC.
(Número de expediente 181/000205) (Página 3690)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
--BALANCE DE ACTUACION LLEVADA A CABO POR LA COMISION NACIONAL DEL
AMIANTO. DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000111.)
--PREVISIONES SOBRE LA MODIFICACION DE LA ACTUAL REGULACION SOBRE EMPLEO
DEL AMIANTO EN LINEA CON LA VIGENTE EN OTROS PAISES DE LA UNION EUROPEA,
COMO FRANCIA, ALEMANIA, HOLANDA, PAISES NORDICOS, ETCETERA. DEL SEÑOR
PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 181/000112.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores Diputados. Vamos a
comenzar la Comisión de Política Social y Empleo en una sesión dedicada a
la formulación de preguntas al Gobierno, que está hoy aquí representado
por el Secretario General de Empleo, señor Pimentel, comenzando con la
pregunta formulada por el señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre el balance de
actuación llevada a cabo por la Comisión Nacional del Amianto.
Tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Me permitiría, en primer lugar, plantearle al
señor Presidente, si lo estima oportuno, y si el señor Pimentel, a quien
agradezco su comparecencia, también lo estima así, que pudiéramos agrupar
algunas preguntas. En concreto, las dos relativas al amianto y las dos
relativas a la empresa Alcatel, en la medida de que se trata del mismo
tema y podríamos simplificar.
El señor PRESIDENTE: Lo estimamos oportunísimo, señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente. Por tanto, haría
ahora las dos preguntas relativas al tema del amianto.
Señor Pimentel, conoce usted perfectamente que es un hecho
científicamente acreditado que el amianto es un producto altamente
cancerígeno. Detrás de esta constatación científica se encuentra la
normativa de carácter comunitario que restringe el uso de este producto.
Esta normativa comunitaria se caracteriza, por decirlo de una manera
simplificada, por la prohibición de la variedad denominada amianto azul,
que se ha utilizado fundamentalmente como aislante, y posibilita el
empleo del amianto blanco, que es usado sobre todo como fibrocemento.
Sobre la base de esta normativa común de carácter comunitario algunos
países han avanzado más y han llegado a la prohibición completa del
amianto. En esta situación se encuentran posiblemente los países más
avanzados: es el caso de Alemania, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia,
Finlandia, y recientemente se ha incorporado a esta situación Francia.
Francia tiene de común con nuestro país que es de los sitios donde más se
utiliza el amianto. En concreto, los datos relativos al año 1994
señalaban que Francia tenía una producción de 34.000 toneladas. España
estaba muy cerca, con 32.000 toneladas, y luego ya, con bastante
distancia, seguían otros países, en primer lugar el Reino Unido, con
14.000, etcétera. Sin embargo, España presentaba la peculiaridad de que
el consumo de este producto había crecido, a diferencia de lo que había
ocurrido en algunos de esos países. Por ejemplo, Alemania había bajado
notablemente el consumo del amianto, de setenta y tantas mil toneladas en
el año 1984 había pasado escasamente a 200 toneladas diez años después,
en el año 1994. Esta es una situación que tiene consecuencia en la salud
de los trabajadores. Un alto cargo del departamento de Salud Ambiental,
el Subdirector General de Salud Ambiental, decía, por ejemplo, que en
nuestro país, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de
Estadística, se puede constatar que en los tres primeros años de esta
década se habían producido 455 muertes por mesotelioma, y aunque
reconocía que esta dolencia no tiene como causa exclusiva el amianto, sí
que ésta es la causa más importante, y que éste era un dato de carácter
objetivo.
Nuestro país, como decía anteriormente, ya ha tomado medidas en relación
con el uso del amianto. En concreto, ha incorporado, a través de
distintas disposiciones, esa prohibición general del amianto azul y, con
independencia de normas específicas relativas a algunos sectores, ha
constituido la Comisión Nacional del Amianto.
Yo desearía saber, señor Pimentel, cuál es el estado de actuación de la
normativa y de los organismos que en nuestro país vigilan una situación
que potencialmente es tan grave (aunque en la realidad esté controlada,
pero que potencialmente es tan grave) y, también, cuál es el nivel de
reflexión del actual Gobierno acerca de las posibilidades de mejora de
esa normativa.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Muchas gracias,
señor Presidente.
Al hilo de la pregunta, como sin duda S. S. sabe, la Comisión de
seguimiento para la aplicación del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo
de Amianto se constituyó en 1985 con el objetivo de desarrollar un
puntual y permanente conocimiento de la situación española sobre riesgos
y patologías por amianto, así como de contribuir a la eficaz aplicación
de los preceptos de dicho reglamento.
Esta comisión, de carácter marcadamente técnico y con una composición
tripartita (estaba integrada por representantes de la Administración, de
las centrales sindicales más representativas y de las organizaciones
empresariales del sector del amianto), ha estado funcionando hasta
diciembre de 1995, fecha en la que tuvo lugar su última reunión.
Actualmente se encuentra ya disuelta, al haberse aprobado el pasado 2 de
agosto el real decreto que regula la composición de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ha asumido los cometidos
anteriormente desarrollados por la comisión de seguimiento. Durante sus
once años de funcionamiento, se ha reunido de forma ordinaria en 24
ocasiones, en las que ha desplegado una actividad que justifica
ampliamente su creación y los objetivos que le fueron asignados. Puedo
decir que ha sido un importante foro de encuentro y de colaboración en un
ámbito que, por sus especiales características y por su peligrosidad,
requería el concurso de todos para establecer acciones eficaces en la
prevención de estos riesgos.
La comisión ha realizado en este sentido una gran contribución, tanto en
lo que se refiere a la discusión y enriquecimiento de numerosos informes
técnicos sobre la exposición laboral a este riesgo específico y la
identificación de patologías derivadas del mismo, como en la elaboración
consensuada de la normativa que se ha ido aprobando para prevenir dichos
riesgos, colaborando además en su aplicación práctica y eficaz. Asimismo,
ha sido una importante fuente de información, estudio y discusión en
relación con toda la demanda planteada por su componente.
Muy sucintamente, de entre las actuaciones realizadas por esta comisión
nacional, resaltaría: la discusión de ocho informes técnicos elaborados
por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo sobre la exposición laboral a fibras de
amianto y patologías encontradas en los trabajadores; discusión de nueve
informes técnicos de la Inspección de Trabajo donde se relacionan los
motivos más frecuentes de los requerimientos y actas de infracción;
discusión de dos informes técnicos sobre exposición a fibras de amianto y
patologías encontradas, presentados esta vez por los agentes sociales;
aprobación de un método analítico especialmente interesante, elaborado
por el Instituto para la determinación de fibras de amianto en el aire;
aprobación de la propuesta de modificación del artículo 13 del Reglamento
sobre el Trabajo con Riesgos de Amianto; aprobación de los anteproyectos
de orden sobre la demolición de amianto o materiales que lo contengan y
sobre el modelo de libros de registro para el seguimiento y vigilancia de
los trabajadores con riesgo de exposición; aprobación de los
anteproyectos de resolución para la tramitación de solicitudes de
homologación de laboratorios especializados en la determinación de fibras
de amianto y sobre la regulación de la remisión de fichas de seguimiento
ambiental y médico; comunicación y discusión del anteproyecto de
transposición de las directivas sobre limitaciones a la comercialización
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos; notificación
periódica del número de laboratorios acreditados para el contaje de
fibras de amianto; discusión de los planes de trabajo sobre operaciones
destinadas a la retirada de amianto en diversos sectores; estudio de las
distintas demandas formuladas por los agentes sociales; información, a
requerimiento de los agentes sociales, sobre la gestión, transporte y
vertido de residuos de amianto en diversas empresas. Y he de señalar, por
último, que a partir de 1994 se da cabida en la comisión a la asistencia
de representantes de las comunidades autónomas para que informen de la
situación existente con respecto al amianto en sus comunidades
respectivas.
En cuanto a la segunda parte, la del entorno europeo y la referencia
obligada europea, le querría reseñar a S. S. que, en el ámbito laboral,
la legislación española entendemos que ha cumplido escrupulosamente sus
obligaciones como Estado miembro de la Unión Europea durante todos estos
últimos años con distintos gobiernos, trasponiendo puntualmente las
directivas sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición del amianto durante el trabajo. Pero
además, en este caso, y creo que es bueno resaltarlo, hemos ido más
lejos, adoptando medidas más estrictas que las puramente reglamentarias,
como ha sido la de prohibir, ya en 1984, la utilización de la variedad
más peligrosa de amianto, la crocidolita o amianto azul, y adoptando
también medidas más amplias para mejorar la protección de los
trabajadores y garantizar un mejor control de las condiciones de trabajo,
siendo el exponente más evidente de ello la creación de la comisión de
seguimiento anteriormente descrita, de cuya labor hemos dado cuenta en la
respuesta anterior.
En lo que respecta a la limitación, a la comercialización y uso de
ciertas sustancias y preparados peligrosos, área que corresponde a los
Ministerios de Sanidad y Consumo y de Industria y Energía, la
lesgislación española tiene incorporadas la disposiciones de las
directivas correspondientes, tanto de aquellas en que se cita
expresamente al amianto en todas sus formas y variedades, como de las que
lo citan indirectamente, al prohibir la comercialización de productos que
contengan sustancias clasificadas como cancerígenas, entre las que se ha
comprobado que están las diversas formas de amianto.
En cuanto a la posibilidad que usted apunta de ir más allá, el Gobierno
suscribe la reciente comunicación de la Comisión Europea, del pasado 5 de
septiembre, relativa a los resultados de la evaluación prevista por la
directiva del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.
La conclusión de la Comisión es que, en el momento presente, no es
necesaria una revisión de la mencionada directiva, estimando suficientes
las medidas tomadas con la aplicación de la misma, modificada ya en 1991,
e incorporada al Derecho nacional en 1993, a lo que se unen las medidas
derivadas de las directivas de los agentes cancerígenos y de limitación
de la comercialización y uso de determinadas sustancias peligrosas. No
obstante, la Comisión tiene previsto replantearse un nuevo examen para el
año 2000, donde veremos si hay variaciones sustanciales o no las hay.
España, por otra parte, ha ratificado en 1990 el Convenio de la OIT
número 162 sobre la utilización del amianto en condiciones de seguridad.
Finalmente, para completar las medidas reglamentarias necesarias, el
Gobierno ha entregado el pasado mes de julio a los componentes de la mesa
tripartita de diálogo social sobre seguridad y salud laboral, entre
otros, el borrador de reglamento por el que se traspone a nuestro Derecho
nacional la directiva relativa a la protección de los trabajadores contra
la exposición a agentes carcinógenos. Se prevé su pronta tramitación para
su presentación al Consejo de Ministros, con lo que el ámbito de la
protección de los trabajadores frente a estos grandes riesgos quedará
completado y con las suficientes garantías de evitar los riesgos de
exposición a este agente.
No obstante, y dado que el período de latencia de los cánceres que la
exposición a este agente puede producir llega a sobrepasar los veinte
años, es de lamentar que desgraciadamente puedan surgir nuevos casos
debido a situaciones anteriores. Además, aunque está prohibida la
comercialización y uso del amianto, cualquiera de sus variedades puede
estar presente en los trabajos de demolición y desguace cuando existan
materiales que lo contengan. En orden a esta cuestión, el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo prosigue su proyecto de
investigación sobre la incidencia y evaluación de la población laboral
expuesta al amianto, y el relativo al reconocimiento médico a
trabajadores expuestos al amianto, así como la especial vigilancia y
control de la inspección de Trabajo y seguridad Social en estas
actividades.
También existe la posibilidad de que algunos de los productos que
sustituyen al amianto en las aplicaciones que fueron propias de este
agente antes de su prohibición puedan ser a su vez peligrosos en mayor o
menor medida que éste. Por esta razón, España contribuye a las
investigaciones que se realizan en la Unión Europea y otros países con el
proyecto de investigación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo sobre valoración de riesgo para la salud derivado de la
manipulación de materiales compuestos de fibras minerales sintéticas.
Espero haber contestado tanto sobre la orientación interna como sobre la
relación europea que S. S. preguntaba.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta, ¿quiere añadir alguna aclaración?
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Pimentel, por su detallada
exposición, de la que se desprende claramente que el Gobierno es
consciente de la peligrosidad potencial del amianto.
Ha puesto usted de manifiesto en su intervención cómo el riesgo se
produce de muy diversas formas, en muy diversos ambientes y en muy
diversas circunstancias. Eso es así, y esa peligrosidad potencial es la
que ha dado lugar a esa normativa comunitaria a la que yo había hecho
referencia y que usted ha detallado. Y es también la base por la que, en
determinados países de la Comunidad, yo los citaba anteriormente, se ha
ido más allá de esa normativa comunitaria básica y se ha dispuesto la
prohibición total.
Es cierto que es una medida complicada y costosa de llevar a la práctica,
pero no es menos cierto que determinados países ya han recorrido ese
camino, y que en nuestro país posiblemente tenemos que avanzar en esa
dirección.
Yo celebro que me diga usted que hay un real decreto que traspone una
directiva, que hay un borrador que ha entregado usted. Creo, señor
Pimentel, que, conscientes, como me consta que son ustedes, de la
gravedad del tema del que hablamos, sería bueno que se siguiera
trabajando muy de cerca en este elemento, porque, realmente, nos lo
podemos encontrar, no sólo en la fabricación, sino en el derribo de
fincas, en cualquier sitio puede aparecer el elemento
cancerígeno que va unido al empleo del amianto. Por tanto, sería bueno
que, por parte de los organismos competentes del Ministerio de Trabajo, o
de los otros Ministerios a los que ha hecho usted referencia, se
redoblaran los esfuerzos en un intento de conseguir reducir al mínimo el
riesgo que conlleva, sin perjuicio de que posiblemente nos encontremos
con que a continuación aparezcan otros riesgos unidos a otros elementos.
Pero esto es un poco el devenir de la historia. Tenemos que afrontar lo
que sabemos y, en relación con lo que sabemos, actuar, y estar atentos a
aquellos nuevos elementos que puedan aparecer.
Yo le animaría a continuar los esfuerzos que me consta se han hecho desde
hace tiempo en nuestro país, en el ámbito comunitario, y a que se siga
trabajando en esa dirección y que tengamos en alguna medida la
perspectiva de lo que están haciendo los países comunitarios más
avanzados.
El señor PRESIDENTE: ¿Algo que añadir, señor Pimentel?
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Con mucha
brevedad, quiero agradecerle no sólo la cuestión, sino el interés que
demuestra S. S., interés que compartimos y que además evidenciamos en
nuestras actuaciones. El Gobierno va a seguir estando al menos en primera
fila europea. Digo al menos porque quizá en algunos aspectos podamos
incluso anticiparnos, como ya se hizo por el Gobierno anterior, a algunas
actuaciones. Hubo un debate en el Consejo de Ministros Europeos (no en
éste pasado, sino en el anterior) muy importante sobre los agentes
cancerígenos. Le digo que España estuvo en la primera fila, en la más
restrictiva y en la más exigente en el uso de este tipo de materiales, y
en ello continuaremos, en la esperanza de que dentro de muy poco pase
afortunadamente al pasado este tipo de enfermedad producida por el
contacto con este material.
--PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR PROVINCIAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) DE SALAMANCA. DEL SEÑOR CALDERA
SANCHEZ-CATALAN. (Número de expediente 181/000138.)
El señor PRESIDENTE: Si me lo permiten el señor Peralta y el señor
Pimentel, pasamos a la pregunta del señor Caldera, quien, por tener un
compromiso, así me lo ha solicitado. De esa forma, le permitimos
descansar al señor Peralta de las serias preguntas que le quedan
pendientes. La pregunta que formula el Diputado socialista don Jesús
Caldera Sánchez-Capitán es sobre el procedimiento utilizado para el
nombramiento del Director Provincial del Instituto Nacional de Empleo
(INEM), de Salamanca.
Señor Caldera, tiene la palabra.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias por su amabilidad y, por supuesto, a quienes me han cedido el
turno, así como al señor Secretario General de Empleo, porque la
pregunta, que entraña, a nuestro juicio, la resolución de un
procedimiento con graves anomalías, había sido dirigida al Ministro, pero
yo le agradezco la sensibilidad y amabilidad al señor Secretario General
de Empleo en venir hoy aquí a contestarme.
Nuestra insistencia no es gratuita; lo hemos preguntado también en el
Senado. Ustedes podrían decir: ¡Pues qué pesados se ponen en volver a
traer otra vez la pregunta al Congreso de los Diputados! Pero verán SS.
SS. y todos ustedes cómo, cuando yo acabe mi intervención, entenderán el
porqué de esta insistencia. Verán que sería grave que nosotros echáramos
al olvido lo que ocurrió con el nombramiento del Director Provincial del
INEM en Salamanca. Grave, porque además, señor Secretario General,
resulta inexplicable. Conociendo el talante de su Ministro --a usted lo
conozco menos, pero seguro que es del mismo tenor--, el talante de dos
demócratas convencidos, a los que no les niego en absoluto esa condición,
con quienes yo puedo tener profundas diferencias ideológicas, sin duda,
discrepancias en el campo de las ideas, también; pero estoy seguro de que
no me separa ninguna diferencia en el campo del respeto democrático al
ordenamiento y a los derechos, en este caso, de los funcionarios. Por eso
a mí lo que ocurrió con este nombramiento me causa extrañeza y no me lo
explico.
Mi obligación es controlar al Gobierno, y por eso lo voy a hacer al
formular esta pregunta. Ustedes han cambiado a los cincuenta directores
provinciales del INEM cuando se les llenó la boca, en su compromiso con
los ciudadanos, sobre la necesaria profesionalización de los responsables
de la función pública, de la Administración. Yo creo que muchos de ellos
no merecían ese trato, especialmente el de Salamanca, sin demérito alguno
para la persona que ha sido nombrada, vayan por delante todos mis
respetos hacia él.
Incluso ustedes, haciendo un repaso a los requisitos y al historial de
cada uno de los nombrados, en un par de ocasiones han nombrado a personas
pertenecientes al cuerpo de Oficiales Instructores de la Juventud (algo
bastante curioso, en dos casos), sabrán ustedes por qué. Pero yo todo eso
lo respeto. Han cambiado a todos, lo han hecho sobre la base y utilizando
la ley actual en vigor, y lo han hecho a través de un procedimiento que
ahora, señor Secretario General, se llama de libre designación, pero que
ustedes no lo llamaban así. Ustedes lo llamaban a dedo. Ustedes decían
que ese procedimiento era a dedo, para atacar la utilización de un
procedimiento reglado, incorporado a la ley, por el anterior Gobierno
socialista. Ahora, repito, se llama procedimiento de libre designación.
Yo tengo una manía, y es leerme a fondo los programas electorales, porque
son el contrato de confianza que cada uno de nosotros ofrecemos a los
ciudadanos. Y fíjese usted lo que decía su grupo político en su programa
electoral: que iban a acabar con la discrecionalidad, arbitrariedad y
hasta el sectarismo en los procedimientos de acceso y promoción dentro de
la función pública; que iban a crear una administración transparente,
eficaz, que evitara el despilfarro
y la corrupción; e iban, sobre todo --iban sobre todo, fíjese usted,
porque es un compromiso concreto-- a utilizar el concurso de méritos como
sistema general y principal para la asignación de puestos de trabajo
hasta el nivel de subdirector general. Uso restrictivo --decían a
continuación-- de las libres designaciones en la asignación de puestos de
trabajo.
No lo han hecho en este caso y yo no lo discuto, porque, repito, es un
procedimiento que está en la ley y es muy libre el Gobierno de
utilizarlo, no lo discuto. Ustedes contravienen ya de entrada lo
establecido en su programa electoral, pero, en fin, como yo creo que ese
procedimiento es legítimo, no tengo que discutir más allá del cambio
producido por ustedes (después de haber prometido que iban a cambiar los
procedimientos) a la hora de nombrar, en este caso, directores
provinciales del INEM, que obviamente son puestos de menor nivel que el
de subdirector, hasta el que ustedes iban a llegar con su esquema de
profesionalización.
Dicho esto, dentro de ese procedimiento, en mi opinión, se han producido
hechos graves. Por eso, señor Secretario General, le formulo la pregunta
que el Presidente ha tenido a bien leer en mi nombre.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Muchas gracias,
señor Presidente.
Como no podía ser de otra forma, también le agradezco al señor Caldera la
pregunta que hace, porque siempre es bueno que un Gobierno aclare, con
suficiente transparencia y ajuste a la ley, cualquier acto administrativo
que haga, y de forma muy importante el nombramiento de las personas que
pone al frente de las funciones administrativas.
No cabe duda de que un Estado es mucho más que sólo las personas, pero
las personas, al fin y al cabo, son las caras, los rostros, los
instrumentos humanos que hacen posible que se lleven a cabo, y hasta el
último rincón de nuestra querida España, lo que son las políticas
gubernamentales.
En este sentido, me parece muy oportuno y conveniente que S. S.,
cumpliendo fielmente el mandato de control del Gobierno, pregunte no
solamente por este, sino por cualquier otro nombramiento que tenga lugar,
y siempre amablemente, y reconociendo la importancia que tiene este tipo
de actuación de control, responderemos.
Otra cosa es que entiendo que de un nombramiento (del que ahora
hablaremos) sobre el cual no ha insistido usted, especialmente se
permita, en su derecho legítimo, por supuesto, montar toda una teoría
general sobre el procedimiento administrativo y sobre supuestos
incumplimientos de un Gobierno acerca de su programa de gobierno en tema
tan general y amplio como es ése.
Ese nombramiento y todos los nombramientos que ha llevado a cabo este
Gobierno a ustedes les podrán parecer más acertados o menos acertados;
lógicamente están en su libre criterio; pero lo que no les puede parecer
nunca es que hayamos faltado ni al espíritu ni a la letra de la ley. Si
usted entendiera que hemos incumplido en algún momento algún
procedimiento, no digo la ley, sino siquiera alguno de los procedimientos
administrativos vigentes, creo que, aparte de denunciarlo en este foro
parlamentario, que es su derecho, podría utilizar cualquier otro foro o
vía, incluso la judicial, que considerara oportuna. Es evidente que, si
no lo ha hecho, no tiene usted constatación en absoluto de ningún tipo de
irregularidad, y todo se debe entonces a supuestos y malentendidos.
En este como en otros temas, señor Caldera, y con el máximo cariño y
respeto a lo que usted representa, creo que a ustedes les falla muchas
veces el subconsciente, y muchas veces, cuando ustedes acusan a un grupo,
a un partido o a un Gobierno de este tipo de actuaciones, les está
traicionando el subconsciente. Y se lo digo, primero con respeto, y
segundo con cariño. Presupone que vamos a hacer nombramientos a dedo sin
otro tipo de valía, sin otro tipo de méritos propios que el de la pura
afinidad política. Señor Caldera, yo no voy a entrar en disquisiciones de
lo que ha hecho su partido cuando gobernó. No quiero entrar. No me abra
usted ese debate, que es al que parece querer llevarme. Sí deduzco de sus
palabras, sin una base jurídica ni administrativa, únicamente por las
declaraciones (que ahora me contará) que hace un día un señor que monta
toda una teoría general de la administración y del sistema. Yo le pido
que se atenga a este tema, porque es muy importante. A un Gobierno hay
que pedirle siempre el rigor en sus actuaciones, pero a la oposición hay
que pedirla el mismo rigor en sus cuestionamientos sobre las mismas. Le
pido, por favor, que tenga en sus consideraciones generales el respeto
que yo estoy teniendo.
El Director Provincial del INEM de Salamanca ha sido nombrado, como
otros, dentro de un procedimiento, de una ley, que además no ha hecho
este Gobierno, cumpliendo todos sus requisitos y básicamente en función a
méritos y a su trayectoria. Por tanto, sí le ruego que delimite siempre
ese confuso límite, esa confusa frontera, entre el subconsciente o
actuaciones propias pasadas de gobiernos anteriores, y lo que quiere ser
una total actuación de transparencia, rigor y eficacia administrativa del
nuevo Gobierno.
No tendría más que decirle, únicamente que entendemos que se han cumplido
estrictamente todos los trámites administrativos legales y que, si no
fuera así, aparte de, lógicamente, su cuestionamiento aquí, que es
legítimo, le pediría que actuara en otro sentido, porque realmente sería
muy grave o no me sentiría cómodo si hubiéramos incumplido alguno de los
procedimientos legales, como usted parece que apunta.
El señor PRESIDENTE: Señor Caldera.
El señor CALDERA SANCHEZ-CAPITAN: Sin duda me he apresurado a decir que,
efectivamente, no ha habido ningún incumplimiento de la letra de la ley.
He dicho que ustedes ya han comenzado contraviniendo su programa
electoral --lo he leído--, en el que comprometían el procedimiento de la
utilización de concurso para el nombramiento de todos los funcionarios
hasta la categoría
de subdirector general. Por tanto, no hay irregularidad legal. Sí hay
graves irregularidades políticas, porque, claro, ahora les voy a
explicar, señorías, lo que ha ocurrido. El día 15 de julio de 1996 el
«Boletín Oficial del Estado» publica la orden de 12 de julio de 1996, del
Ministerio de Trabajo, por la que se anuncia, señorías, convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el procedimiento de libre
designación, estableciendo sus bases que los puestos convocados podrán
ser solicitados por funcionarios que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño de los mismos.
Hablamos de procedimiento reglado, por supuesto, y hablamos de
convocatoria pública, que se ha de dirigir, supongo, a un universo
potencial de afectados que reúnan los requisitos y deseen solicitar el
puesto en cuestión que se somete a la pública consideración para el
nombramiento por el procedimiento de libre designación: 15 de julio de
1996.
Señorías, 16 de julio de 1996: un día después de la aparición en el
«Boletín Oficial del Estado» de la convocatoria para proveer, mediante
libre designación, esa plaza, cuando se concedían 15 días para la
remisión al subsecretario del departamento de los expedientes de aquellos
funcionarios que quisieran optar a la convocatoria del puesto. Periódicos
de la provincia de Salamanca, que es a lo que el señor Secretario General
se refería eufemísticamente como «me sacará usted unas declaraciones».
Claro que le sacaré algunas declaraciones, escandalosas, en toda mi
provincia: «Julio Rodríguez sustituye a Manuel Bazarro al frente de la
Dirección Provincial del INEM; y el futuro director del Instituto
Nacional de Empleo satisfecho por ocupar un cargo que no esperaba y por
la confianza --dice la noticia en su boca-- que el Gobierno de José María
Aznar deposita en él.» Muy normal, ¿verdad? Normalísimo. Una cosa que no
es ilegal. ¡Claro que no! Pero, ¿a que es muy respetuosa con los derechos
de los funcionarios?, ¿a que es muy bonito? Hacer una convocatoria
pública, tal que hoy... Yo soy funcionario, y cuando he concursado a los
diversos puestos de trabajo que he ido ocupando, ahora en situación de
servicios especiales, a mí la Administración socialista, señor Secretario
General de Empleo, me ha respetado, como no podía ser menos, el
procedimiento reglado, y sólo ha decidido al finalizar el período de
convocatoria con arreglo a lo establecido en la ley.
Pero aquí hay una decisión política que a mí me parece grave, a mí, desde
mi escala de valores, desde mi concepción ética de lo que debe ser el
funcionamiento de la Administración. Y esto lo filtra el señor Gobernador
Civil de Salamanca, el funcionario gobernador (según ustedes, ese puesto
ha de ser ocupado ya por funcionarios), que dice a los medios de
comunicación que este señor es el elegido, el que sustituye al anterior,
un día después de abrirse el procedimiento de libre convocatoria para ser
solicitado por los funcionarios que reunieran los requisitos.
Yo lo denuncié, y podría pensarse de un Gobierno razonable que acepta
comisión de errores: se producirá un cambio, o se producirá al menos la
exigencia de responsabilidades a los que han nombrado, o no se nombrará a
esta persona que, de alguna manera, en el argot utilizado, ha quedado
«quemada». Pues no, señor Presidente, no, señorías; el día 16 ó 17 de
agosto es nombrado Director Provincial del INEM. Y ¡asómbrense ustedes!,
en su toma de posesión --pongo a su disposición otra hoja del periódico
de «La Provincia», de Salamanca--, fíjense qué declaraciones emite: «El
nuevo Director Provincial del INEM afirma que desconoce cómo funciona
este organismo.» ¡Pues qué bien!
Es decir, se nombra a un funcionario por sus méritos, según me dice el
señor Secretario General de Empleo; se hace con total respeto a la ley y
con total respecto, según él, a los derechos de los funcionarios; se hace
indicando ya a aquellos que lo hubieran pedido «usted no va a ser
seleccionado, no corra en esta carrera, que no tiene nada que hacer».
Pero es que, además, al designado a través del procedimiento de libre
designación, no a dedo, como decían ustedes, se le pregunta que cuáles
son sus conocimientos del organismo y, como es obvio, cuál es su programa
de trabajo para ese organismo, y contesta el 27 de agosto, el mismo día
de su toma de posesión --pero en titulares, señorías--, que desconoce
cómo funciona este organismo. Díganme ustedes si no es para al menos
utilizar, desde el punto de vista de la ironía, este affaire.
Pero es muy serio, porque yo, señor Secretario General de Empleo, creo
que supone, de verdad, una burla a los derechos de los funcionarios. No
hay ilegalidad, pero en política no nos movemos sólo a través del control
de la legalidad, sino del control de las acciones políticas, y ustedes no
han pedido responsabilidades. Para acabar, le voy a hacer un
recordatorio, para que vea usted las diferencias entre unos y otros. Yo
soy Diputado por Salamanca, castellano-leonés, y un gran dirigente, un
enorme dirigente --digo-- dentro de su grupo político, su máximo
dirigente, ha tenido responsabilidades políticas en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. Y yo le voy a recordar la utilización que él hacía
del concepto de responsabilidad: un día en el que la persona que presidía
la Junta de Castilla y León, hoy Diputado en esta Cámara, don Demetrio
Madrid López, incurso en un procedimiento privado, que no tiene nada que
ver con el ejercicio de su acción pública, en los tribunales, sufrió una
diligencia jurisdiccional, el hoy Presidente del Gobierno le dijo que le
concedía hasta la puesta del sol para dimitir. Pasados los meses y los
años, aquella persona, que efectivamente dimitió en utilización de su
ética personal, fue plenamente exonerada por el tribunal competente
acerca del problema privado que había tenido. Hasta hoy ningún
responsable de su partido le ha pedido siquiera disculpas.
Yo les pido que utilicen ustedes el mismo concepto de responsabilidad, y
que se la pidan al gobernador civil de Salamanca; que se la pidan porque
este hecho no podemos darlo al olvido, ya que en mi opinión y en mi
escala de valores --insisto-- ha sido algo muy grave que no debería
repetirse.
El señor PRESIDENTE: El señor Hernando tiene la palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: Sí, señor Presidente. Me parece que el señor
Caldera ha hecho, aprovechando
esta circunstancia de una pregunta sobre un tema concreto de un
funcionario, unas alusiones a determinadas personas sin que tengan nada
que ver con la cuestión. Ha mezclado asuntos relativos a situaciones
procesales y situaciones en los tribunales, que a mí me parece que nada
tienen que ver. Las situaciones referidas a ese caso y al hoy compañero
nuestro, Diputado don Demetrio Madrid, quedó perfectamente sustanciada y
clarificada en su momento, y lamento que el señor portavoz del Grupo
Socialista utilice este trámite de preguntas para hacer la interpretación
y las manifestaciones que ha hecho.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DEL EMPLEO (Pimentel Siles): Antes de
profundizar en las cuestiones que apunta o que anuncia el señor Caldera,
es muy bueno que sepa --el señor Caldera sin duda lo sabe-- que, en
primer lugar, hay que distinguir mucho respecto a si su crítica va
dirigida a la acción de gobierno o va dirigida a las declaraciones que
una persona concreta hace en la provincia de Salamanca. Es importante
distinguirlo y ahora iremos profundizando en ello y también en lo que es
la supuesta responsabilidad y las bondades de su partido y del Gobierno
que sustentó el partido que usted representa.
Este Gobierno, como no podía ser menos y como supongo es la voluntad de
todos los gobiernos, está sometido al imperio de la ley y siempre tiene
que actuar de acuerdo con él, pero mucho más: tiene que actuar también
con lógica, dignidad política y transparencia política, sin duda de
ningún tipo. Este Gobierno creo que está dando ejemplo día a día, de que
a eso que usted irónicamente llama y parece que desprecia, no lo
comprendo siendo funcionario, funcionario gobernador, nosotros también
queremos darle más oportunidades, y me refiero a las personas que
libremente han escogido la Función pública para desarrollar su carrera
profesional. Hemos elevado hasta donde ustedes no habían llegado nunca el
listón el que puede llegar un funcionario, y vamos a continuar porque
tenemos confianza y fe en las personas que hacen del servicio público y
la Función pública su profesión.
En segundo lugar, y dentro de esa línea, le voy a aclarar una cosa que
sin duda usted no sabe, porque usted era compañero de aquellos que con el
dedo durante años han ido diciendo quién tenía que ocupar y quién no
tenía que ocupar esos puestos. Esa denominación de nombramiento a dedo no
la inventó el Partido Popular, no se equivoque. Lo decían los propios
funcionarios. Deduzco de su intervención que le falla un poquito el
subconsciente, porque no vamos a actuar en este tema como sin duda
ninguna actuó su Gobierno durante muchos años. Le quiero decir que para
nosotros se ha cumplido la categoría.
Ahora vamos a referirnos ya a la actuación concreta. A usted a lo mejor
le parece mal. Yo no conozco a esta persona, salvo por los currícula
cuando los presentaron los analizamos todos y nos pareció oportuno su
nombramiento, pero yo no puedo defender a esta persona si hace ese tipo
de declaraciones, que yo no puedo compartir. Me parece que es una persona
a la que le haría mucha ilusión el puesto, y que el hombre, sin saber
mucho haría unas declaraciones como otros muchos habrán hecho otras de
otra índole, que tampoco puedo compartir. Pero que de ahí deduzca usted
que hay una actuación de gobierno, me parece que no hay relación
causa-efecto ninguna, y mucho menos que construya usted su obtusa teoría
sobre la administración de este Gobierno en razón de una casuística y de
un caso particular y singular. Y que de ahí ya se eleve es algo que le
recomiendo que como técnica parlamentaria no haga, porque pierde fuerza
hasta la parte de razón que usted pudiera tener. En la vida no todo es
blanco ni negro, y a lo mejor usted puede criticar la cuestión de formas
que ha habido en este caso, pero que mezcle a ese alto responsable de
Castilla y León con una actuación que no tiene nada que ver, creo que
quita crédito moral a su intervención. Usted está utilizando el caso
concreto de un señor que habló en un periódico de Salamanca, con más o
menos fortuna, y que sí es criticable lo que dijo en el momento que lo
dijo, pero luego, al hacer esa construcción, me parece que pierde usted
fuerza en lo que puede ser la crítica a esa actuación puntual. Esa
responsabilidad de que usted me habla, ese rigor de su Gobierno anterior,
también podríamos criticarlo y podríamos entrar en un debate infinito. Yo
le podría decir que ese respecto a los funcionarios, a la carrera
funcionarial que el Gobierno que su partido sustentaba parece
representar, a lo mejor tuvo una ligera quiebra cuando el hermano en un
vicepresidente del Gobierno utilizó un despacho oficial sin ser
funcionario, en una delegación del Gobierno. A lo mejor, pero yo no voy a
entrar en esa técnica, porque creo que nos iríamos al infinito. Creo que
usted pierde la fuerza moral de una crítica a una actuación puntual y
determinada con generalizaciones insolventes, porque no hay relación
causa-efecto, y desde luego introduciendo elementos absolutamente ajenos
a este tipo de debates. Lo siento sinceramente, porque esperaba que su
intervención estuviera dirigida hacia una preocupación porque los
procedimientos administrativos fueran rigurosos, y veo que usted viene
aquí a hacer política. No deduzco de su intervención interés por la
carrera --se lo digo sinceramente--, ni por la defensa de los
funcionarios, viene usted a hacer política. Y con el respeto que le tengo
a su decisión de hacer política, le digo que ha perdido un poco el
crédito moral de la pregunta que me hacía.
--PLAZO PREVISTO PARA APROBAR LA EXENCION FISCAL PARA LOS PREJUBILADOS
DEL SECTOR NAVAL, DEL SEÑOR PERALES PIZARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 181/000259.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, con la benevolencia de nuevo del señor
Peralta y el señor Pimentel, a la pregunta que formula por el Grupo
Socialista, el Diputado don Alfonso Perales Pizarro, acerca del plazo
previsto para aprobar la exención fiscal para los prejubilados del sector
naval.
Señor Perales, tiene la palabra.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Secretario General de Empleo, mi pregunta
tiene como objeto el que por parte del Gobierno se responda en qué
momento tiene intención el Gobierno de aplicar la exención fiscal para
los prejubilados del sector naval.
Como el Secretario General de Empleo seguramente recordará que estos
trabajadores prejubilados del sector naval están afectados por la ley de
reconversión y reindustrialización y que han venido gozando de una serie
de beneficios económicos previstos en esta normativa que completaban sus
prestaciones de desempleo básicas.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de marzo de 1993, declaró exentas
las percepciones complementarias de estos colectivos. Esa sentencia fue
recurrida en su día, y en el año 1993, para los presupuestos de 1994, el
Gobierno consideró como rendimiento del trabajo y, por consiguiente,
renta a declarar, las prestaciones de estos colectivos, hasta ese momento
exentas de tributación del IRPF. Era el artículo 63 de los presupuestos
el que recogía esa eliminación de exención para colectivos del sector
naval. Desde entonces las prestaciones por desempleo y las mejoras
complementarias de estos colectivos del sector naval cotizan en el
impuesto sobre la renta.
Mi pregunta viene a aclarar lo siguiente. En la reciente campaña
electoral los máximos dirigentes del Partido Popular prometieron en la
provincia de Cádiz que adoptarían las decisiones necesarias para retornar
a la situación anterior; situación --decían textualmente entonces-- que
los socialistas rompieron mediante la Ley de Presupuestos del año 1994,
rompiendo los socialistas el compromiso sellado con estos trabajadores
exentos de pagar el IRPF, y todo esto dentro del denominado programa del
Partido Popular para la tercera edad.
Como ustedes pueden suponer, este compromiso electoral tiene un impacto
extraordinario en la provincia de Cádiz: hay un colectivo importante de
prejubilados del sector naval que ha observado en la promesa y en el
compromiso electoral del Partido Popular una rectificación muy importante
sobre lo que el Partido Socialista, el Gobierno socialista, había
decidido en el año 1993 para los presupuestos de 1994. De tal manera que
fue un compromiso electoral muy alardeado en los medios de comunicación,
muy tenido en cuenta en la campaña electoral, y que sin duda dejó al
Partido Socialista, principal oponente del Partido Popular, en una
situación realmente muy desairada durante toda la campaña electoral.
Las circunstancias en este momento difieren bastante de las que había en
la campaña electoral. A una pregunta escrita de este mismo Diputado sobre
cuándo tenía previsto el Gobierno del Partido Popular llevar a efecto el
cumplimiento de ese compromiso electoral tan importante para la provincia
de Cádiz, el Gobierno respondió por escrito entonces que no tiene
previsto --decía el Gobierno-- poner en marcha medidas para aplicar
exenciones fiscales a las retribuciones del colectivo de prejubilados.
Por lo tanto, nosotros suponíamos, con buen criterio quizá, que esto
sería suficiente para dar por cerrado lo que era un compromiso electoral,
sin duda de gran impacto en la opinión pública de la provincia de Cádiz,
puesto que el Gobierno ya explicaba su posición, el Partido Popular sin
duda explicaría a la opinión pública que no le era posible el
cumplimiento de ese compromiso electoral. Pues bien, lo que hemos
observado, y tenemos los recortes de medios de comunicación y los
elementos necesarios para poder comprobarlo, es que no fue así, sino todo
lo contrario: en Cádiz se rechazó esa respuesta del Gobierno, le quitaron
importancia, y en las reuniones con los miembros colectivos les reiteran
que se cumplirá ese compromiso electoral, que no se ha podido cumplir en
el Presupuesto de 1997, pero que se aplicará en el del 1998, cuando las
cuentas del Estado se rehagan de la nefasta herencia recibida de los
socialistas.
En consecuencia, lo que pedimos, aunque no tiene mucho sentido que yo lo
diga aquí, es una cierta seriedad a todos; ya que cuando el Gobierno dice
que no va a cumplir un compromiso, que no puede cumplirlo, o ni siquiera
reconoce que sea un compromiso, ¡vaya usted a saber de dónde es el
compromiso!, lo lógico es que todos aceptemos esa respuesta, estando o no
de acuerdo con ella. Lo más sorprendente es que sea el propio partido que
sustenta el Gobierno el que desmienta al propio Gobierno, niegue validez
a la respuesta, diga que son respuestas que se firman a las dos de la
madrugada y que eso no tiene importancia ninguna.
Por eso le pedimos que en la sesión parlamentaria en la que usted está
compareciendo, nos confirme o nos desmienta si el Gobierno tiene
definitivamente previsto cumplir ese compromiso electoral, y lo que le
encarezco es que responda con claridad: sería bueno para la seguridad
jurídica de este Diputado, para la seguridad jurídica de esos colectivos
que están lógicamente expectantes ante esta situación, también para la
seriedad de la Cámara y de las propias circunstancias políticas que
vivimos en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Efectivamente
conocía la pregunta escrita y he ido conociendo las posturas que han
llevado los Diputados del Partido Popular de la provincia de Cádiz. Es
verdad que en este entorno presupuestario, que usted conoce
perfectamente, el Gobierno no ha podido introducir estas exenciones
fiscales.
Le quiero decir que ha habido, y creo que es bueno para su provincia, lo
cual, sin duda alguna le llena de alegría también, compartida por sus
paisanos gaditanos, una tenaz tarea día a día de los Diputados del
Partido Popular presionando al Gobierno para conseguir algo que ellos
consideran que es bueno para los astilleros y que es bueno para la
comarca. Efectivamente sí están manteniendo esa actitud y están
presionando de forma muy importante.
Lógicamente ahora mismo está en estudio el asunto, y le digo que, no
teniéndolo contemplado en nuestra actuación inicial de Gobierno, espero
que ese esfuerzo tan importante que están haciendo los Diputados
gaditanos pueda concluir con la introducción de estas exenciones para el
Presupuesto de 1998.
Es verdad que no figuran para 1997, y me alegro de que lo constate y que
apoye el esfuerzo de esos Diputados del Partido Popular, que están
luchando desaforadamente y con todos los medios a su alcance para
conseguir que se introduzcan esas exenciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: La verdad es que no puedo por menos que estar
de acuerdo con el señor Secretario General de Empleo en la defensa que
hace de los Diputados. Yo también reconozco esa tenacidad de los
Diputados gaditanos, sobre todo en el error, en la confusión y en la
irresponsabilidad a la que someten a la opinión pública gaditana con
carácter habitual.
Usted me introduce muchísima mayor inseguridad todavía, porque si el
Gobierno contesta hace poco tiempo que no tiene previsto poner en marcha
medidas para aplicar exenciones, y usted me dice que las van a estudiar,
yo tengo que entender de manera inmediata que ustedes están estudiando
alguna posibilidad de dejar exentas todas las prestaciones por desempleo
de su cotización al IRPF, porque la consecuencia de dejar a esos
colectivos sin ese privilegio --entre comillas-- del que disfrutaban
hasta el año 1993, es que en el año 1993 el desempleo cotiza el impuesto
del IRPF. Por tanto, usted nos está abriendo una dinámica realmente
sorprendente y que seguiremos en el futuro, porque es muy importante lo
que usted acaba de decir en esta Comisión. Me imagino que esto vendrá
acompañado de un aparato legislativo muy importante, porque usted acaba
de abrir una puerta de un gran calado en las relaciones laborales, en las
situaciones económicas, en la situación económica de la Hacienda estatal,
y desde luego en la situación del país en general.
Nosotros lo que pensamos es que el Partido Socialista, que fue el autor
de la ley sobre reconversión y reindustrialización --que en aquellos
momentos fue una ley muy valorada y puesta de modelo en la mayor parte de
los países de Europa durante los procesos de reconversión siderúrgica,
naval y de todos los sectores más importantes de la economía europea-- se
vio obligado luego a modificar aspectos de esa legislación para hacer que
todos los ingresos por desempleo que superaban una determinada cantidad
cotizaran en el IRPF. Por eso fue necesario adoptar esa medida, que tuvo
como consecuencia que esos colectivos hoy coticen en el impuesto sobre la
renta.
Por lo tanto, usted nos abre una posibilidad que, desde luego, tiene un
enorme impacto, una enorme importancia, y desde luego, si ustedes lo
aplican sólo a los colectivos del sector naval, en la bahía de Cádiz
serán bienvenidos, pero qué duda cabe --y de esto usted, como Secretario
General de Empleo, sabe mucho más que yo-- que lo que usted acaba de
decir tiene un enorme impacto, una enorme responsabilidad, y seguiremos
en el futuro el hilo de sus palabras, el hilo de su compromiso en esta
Comisión, y desde luego le exigiremos la responsabilidad que se
corresponde con lo que usted acaba de decir aquí.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Le agradeceré ese
seguimiento puntual que haga de nuestras actuaciones, que no solamente
fue su deber, sino que también al Gobierno le interesa que su actividad
sea controlada, porque ello nos hace esforzarnos más, si cabe, en la
concreción, etcétera, aunque de mi pregunta a las deducciones que usted
hace también hay un gran asalto. Yo repito que creo que son buenas dos
cosas. En primer lugar es bueno, y creo que lo hace la mayoría de los
Diputados de esta Cámara, que aparte de una necesaria visión nacional
porque pertenece al legislativo nacional, es el Congreso de los Diputados
del Reino de España y por tanto tiene que tener una visión nacional sin
ningún género de dudas, que cada Diputado esté especialmente vinculado
con los problemas de su zona, porque ello enriquece nuestras tierras y
nuestra realidad nacional.
En este sentido, compartiendo o no, a veces, comportamientos o presiones
razonables, o propuestas o proyectos que hagan Diputados con carácter
comarcal o por defender los intereses de una tierra, yo creo que no
empobrece el debate nacional, sino que enriquece siempre un interés del
Diputado por la zona de la circunscripción de la cual ha sido electo. Una
cosa es que ese interés condicione o no después intereses generales. En
segundo lugar, también creo que es bueno que un Gobierno no sea
prepotente, aunque tome decisiones, como ya le hemos anunciado y se le
contestó por escrito que no pensamos ni tenemos previsto en ese momento
hacer nada de esto. Hay que escuchar, oír y estudiar y reflexionar
siempre sobre las propuestas que hagan cada uno de los diputados. Creo
que esta Cámara, su propia tarea, no tendría mayor influencia si no
hubiera un Gobierno dispuesto siempre a oír, reflexionar y estudiar estas
propuestas. Y en esa categoría de estudio y reflexión queda.
No sé si a usted le parece mal que un Diputado tenga una cierta
vinculación territorial o que a lo mejor tenga una percepción más
territorial de actuaciones, o no le parece bien que un Gobierno esté
siempre dispuesto a oír y estudiar las propuestas que hagan los
Diputados. No he comprendido muy bien en su intervención cuál de las dos
patas no le parece adecuada. Yo me siento orgulloso de esos Diputados.
Como Gobierno, podremos o no, entenderemos o no su propuesta, pero desde
luego demuestran un compromiso profundo con su tierra, y además estoy
orgulloso de un Gobierno que en su caso aprobará o no, pero siempre
estudiará, oirá y pensará sobre las propuestas que le hagan.
No tengo más que decir, y le agradezco de doble forma que haga un
seguimiento muy especial de todas nuestras actuaciones.
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a la siguiente pregunta que hace
referencia precisamente a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
quiero trasladarles el parecer de los distintos portavoces de los grupos
aquí presentes e incorporar también el de esta Presidencia y el de los
restantes miembros de la Mesa, para expresar nuestro sentimiento y pesar
por el fallecimiento de dos funcionarias, dos trabajadoras en definitiva,
del Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba, en el pleno desempeño de sus
responsabilidades
laborales. Creo que en estas fechas este tipo de actos tiene un impacto
mayor, dado el clima que se está potenciando en virtud de la proximidad
de las fiestas navideñas. Por este motivo desearía que constase en acta
el parecer de todos los miembros de esta Comisión, al igual que creo
interpretar el sentir del personal de la Cámara al servicio de esta
Comisión, y trasladar este acuerdo al Alcalde de la Ciudad de Córdoba.
--PREVISIONES SOBRE EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA VIGENTE LEY DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 181/000113.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que formula el
señor Peralta, del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre
el desarrollo reglamentario de la vigente Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Por supuesto --señor Presidente, lo ha hecho
usted constar así-- quiero aportar la decisión de mi grupo, ya que me
toca a mí intervenir ahora, y estoy absolutamente convencido de que es la
opinión de los otros portavoces que así se lo han hecho llegar a usted;
en concreto la del portavoz del Grupo Popular, que es quien no ha
solicitado el apoyo a los restantes portavoces aquí presentes.
Respaldamos plenamente el acuerdo, y que conste así, porque nos parece
que es un hecho grave el que se ha producido desgraciadamente en la
ciudad de Córdoba, y apoyamos los sentimientos expresados por la
Presidencia.
Dicho esto paso a formularle la pregunta al señor Pimentel. Sabe usted
que el 8 de noviembre de 1995 se aprobaba la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Esta Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que se había
retrasado durante años, venía urgida por la necesidad de trasponer a la
normativa interna de nuestro país distintas directivas comunitarias, cuyo
plazo de trasposición se había superado hasta el punto de que estaba en
marcha un procedimiento de infracción por parte de los organismos
europeos en relación con nuestro país.
A pesar del retraso de la trasposición mediante la elaboración de la
citada ley, la propia ley tenía un plazo de vacacio legis en la
terminología jurídica, que dio lugar a que no entrara en vigor hasta el
mes de febrero. Acontecimientos políticos que se producen con
posterioridad al mes de febrero han dado lugar también a que distintos
trámites posteriores a la misma hayan sufrido también una cierta demora.
Afortunadamente al día de hoy ya está aprobada y está en funcionamiento
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero hay más
temas pendientes de llevar a la práctica: en concreto el reglamento de
los servicios de prevención o los reglamentos que desarrollen las
directivas específicas que dicha ley contemplaba.
Este es un tema, señor Pimentel, que preocupa hondamente en el mundo
laboral de nuestro país, donde tiene una incidencia notable. Tenemos un
elevado índice de accidentalidad laboral en nuestro país, y no sólo
preocupa a quienes directamente viven en esas condiciones y sufren esos
riesgos, sino que preocupa, estoy convencido de ello, a todos los
ciudadanos y lógicamente a las autoridades.
A mí me gustaría saber cuáles son las previsiones del Gobierno sobre el
desarrollo reglamentario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El señor PRESIDENTE: El señor Pimentel tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Sin duda esta
preocupación que usted manifiesta es compartida no sólo por los grupos
políticos, sino por todos los agentes sociales.
De los distintos aspectos de la secretaría que actualmente ostento, si a
mí me dijeran por qué aspecto de ella estoy especialmente preocupado en
la marcha de este año, yo le diría efectivamente que por el número de
accidentes que ha habido en el ejercicio 1996. No cabe duda de que no
podemos estar satisfechos de la evolución de la siniestralidad laboral.
Tenemos una ley en la que efectivamente los plazos que usted ha dado son
correctos, que contemplaba la necesidad, lógicamente, del desarrollo del
reglamento de los servicios de prevención. Dada la naturaleza preventiva
que tiene en su filosofía, que la propia ley marca y el reglamento que
tiene que desarrollar, entendimos todos que esta naturaleza debería ir
acompañada del mayor consenso social posible. De hecho, una de las mesas
del diálogo social, de las cinco que tuvo dentro del ámbito laboral, fue
precisamente el desarrollo de la salud laboral. Se constituyó la mesa de
salud laboral y dio, en primer lugar, como fruto la constitución, que
también estaba contemplada en la ley, de la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el Real Decreto 1.879/1996, órgano
esencial de participación en las tareas de agentes sociales, Gobierno y
comunidades autónomas. Ya ha habido dos reuniones plenarias, se han
creado todos los órganos, hemos aprobado los estatutos de funcionamiento,
y ya ha informado y conoce el proyecto de reglamento de los servicios de
prevención.
El segundo fruto fue precisamente un acuerdo básico entre sindicatos,
empresarios y Gobierno en cuanto al texto definitivo del reglamento que
define los servicios de prevención. El Gobierno, una vez con ese consenso
básico y con el conocimiento del informe de la comisión nacional, ha
iniciado ya lo que es el puro procedimiento para su aprobación. Así, fue
remitido a la Agencia de Protección de Datos, trámite necesario; ya
tenemos el informe positivo de la Agencia de Protección de Datos del
Ministerio de Justicia, y actualmente está en el Consejo de Estado
esperando ya su último trámite. También, para en paralelo ir avanzando
con la máxima velocidad que nuestras leyes
nos permitan, está ya en el índice de la Comisión de Subsecretarios,
porque tenemos interés en remitirlo automáticamente al Consejo de
Ministros en cuanto tengamos el informe del Consejo de Estado.
Estamos seguros de que en el mes de enero podremos ya dar luz verde a
este importantísimo reglamento que articula básicamente núcleos de
desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como son los
servicios de prevención.
En cuanto a la directiva, hoy precisamente lo hemos estado abordando en
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Como usted
sabe, nos planteamos la trasposición de diez directivas, en ocho de las
cuales se está trabajando ya muy intensamente. Hay un acuerdo básico
entre Gobierno, empresarios y sindicatos para siete de ellas; queda una
en la que todavía hay algún tipo de diferencias. Esperamos poder llevar
las ocho primeras con consenso básico a una sesión de la Comisión
Nacional de Salud Laboral que se reunirá a finales de enero de 1997, con
lo cual en febrero iniciaremos ya lo que es el trámite ordinario (Agencia
de Protección de Datos, Consejo de Estado, Ministerio de Administraciones
Públicas), con objeto de que aproximadamente dos meses después se puedan
tener también aprobadas.
En la reunión de la Comisión Nacional de Salud Laboral que celebremos
antes de verano, en el mes de junio, como es preceptivo por los
estatutos, esperamos aprobar el resto de estas trasposiciones de
directivas, así como la fundación, que usted también conoce, que
contempla la ley y que tiene una especial importancia porque no solamente
es un órgano de articulación y de participación con interlocutores
sociales, sino que además va a tener una importante tarea de divulgación
de este tipo de actuaciones, ya que, como usted sabe, el carácter
punitivo, siendo siempre necesario, no puede ser ni mucho menos el que
priorice este tipo de actuación preventiva, sino que tiene que seguir en
la dureza participativa y didáctica. Por lo tanto, la fundación tendrá un
destacadísimo papel de divulgación de todas las, más que medidas,
filosofía y cultura que pretenden la ley y el reglamento.
El señor PRESIDENTE: ¿Algo que añadir, señor Peralta?
El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, señor Presidente, para agradecer
al señor Pimentel la información que nos ha proporcionado. Como estoy
seguro de que compartimos la preocupación por un tema tan importante, y
conscientes asimismo de la demora que lleva la actualización de la
normativa española en esta materia, me permitiría insistirle en que los
plazos que ha apuntado se cumplan con todo rigor y en la medida de lo
posible se reduzcan. Es verdad que están ya tan adelantados que es
previsible que se pueda avanzar poco sobre esas previsiones.
Desgraciadamente lo que suele ocurrir es que se retrase. Yo le
emplazaría, señor Pimentel, a que ponga su esfuerzo político en que esos
plazos se respeten en todo caso y, si es posible, se mejoren.
--PREVISIONES DE ALGUN PLAN ESPECIFICO DE ACTUACION DE LA INSPECCION DE
TRABAJO PARA CONTROLAR PRACTICAS FRAUDULENTAS EN EL SECTOR DE «EMPRESAS
DE TRABAJO EN CASA», DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/000133.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta siguiente que formula
igualmente don Ricardo Peralta, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya acerca de las previsiones de algún plan específico de
actuación de la Inspección de Trabajo para controlar prácticas
fraudulentas en el sector de empresas de trabajo en casa.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, en los últimos meses, la
Organización de Consumidores y Usuarios de nuestro país presentaba un
informe en el que denunciaba la realidad, según los datos y según los
estudios que había llevado a cabo, de los conocidos como trabajos en
casa.
Decía que, en su opinión, la mayor parte de estos trabajos suponían, por
utilizar las palabras literales que ellos decían, «una estafa pura y
dura»; y cuando no era el supuesto de estafa pura y dura era, desde
luego, un trabajo mal remunerado. Daban detalles de cómo habían
conseguido llegar a estas conclusiones y terminaban planteando la
necesidad de que se adoptaran medidas por parte de las autoridades.
Coincidiendo más o menos con este informe elaborado por la Organización
de Consumidores y Usuarios, los medios de comunicación recogían algún
supuesto específico, por ejemplo, en Logroño, donde se había presentado
denuncia contra empresas que se dirigían a jóvenes parados y les
ofertaban, mediante anuncio, puesto de trabajo. Cuando se tomaba contacto
con ese anuncio, lo primero que hacían era pedir un dinero, aunque
posteriormente se perdía todo contacto con esa empresa y desaparecían.
Esto, que ocurría poco antes del verano, se pudo constatar que era una
variedad de una situación que ya se había detectado unos meses antes
también en la misma ciudad.
Ante estos hechos, se pone de manifiesto una situación preocupante en el
mercado laboral de nuestro país, donde al aire y al socaire de los
elevados niveles de paro que hay y de la necesidad de encontrar trabajo,
hay desaprensivos que utilizan los resquicios legales para producir
resultados claramente rechazables.
Nosotros desearíamos saber si ante esta realidad, por parte del Gobierno
existen algunas previsiones de plan específico, en concreto a través de
la actuación de la Inspección de Trabajo, para controlar las prácticas
fraudulentas que se puedan producir en lo que se conoce como el sector de
empresas de trabajo en casa.
El señor PRESIDENTE: El señor Pimentel tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Efectivamente
conocemos la denuncia de las organizaciones de consumidores. De hecho he
tenido personalmente varias reuniones con ellos, donde me han trasladado
no sólo su preocupación sino su certeza de que en alguno de estos casos
se esconde alguna actuación fraudulenta.
Siempre con la debida prudencia, porque no cabe duda de que este tipo de
trabajo en casa se puede englobar dentro de los tipos previstos en
nuestra legislación laboral, es decir, que no en sí este tipo de
actividad es fraudulento, sino que entra dentro de un marco jurídico,
nosotros tenemos que, efectivamente, hacer cumplir la legalidad de estos
tipos contractuales. Conocemos esa inquietud y esa denuncia de la
organización de consumidores, denuncia y expediente completo que hemos
trasladado automáticamente a la Inspección de Trabajo.
También le querría decir que esta competencia de relaciones laborales
está transferida a las comunidades autónomas y, por tanto, son ellas las
que, en principio, tienen que hacer ya el plan de actuación para cada
comunidad concreta. No podríamos hacerlo nosotros directamente. De todas
formas, la Inspección de Trabajo sí tiene ya este tipo de información.
Hay que verlo con cierta prudencia y saber que hay un porcentaje. Hay que
ver los casos puntuales, no podemos decir que todo este tipo de trabajo
sea perseguible ni mucho menos ya que las formas de trabajo en casa, en
sus diversas fórmulas, desde el teletrabajo a otras, están dentro de una
tendencia de riqueza laboral y de necesidad laboral que parece que va a
ir incrementándose. Por lo tanto, no podríamos generalizar en ningún
caso, no sería conveniente, porque podría volverse en contra incluso de
la propia eficacia de la acción de la Inspección de Trabajo, que actuará
siempre donde haya razonables indicios de actuación fraudulenta.
Debe saber que esta denuncia, esta inquietud de la Organización de
Consumidores y Usuarios ya está en poder de la Dirección General de
Inspección de Trabajo, y hemos entendido que las posibles actuaciones que
hagan en consonancia las comunidades autónomas (que me consta que ya
también alguna de ellas está preocupada y va a trabajar en este tema),
quedan englobadas en el Plan operativo de lucha contra el empleo
irregular, específicamente diseñado para evitar el fraude en la
percepción de prestaciones y la falta del alta en la Seguridad Social,
aplicándose, y ésa es la gran ventaja operativa que tenemos, de forma
especial en sectores, situaciones laborales o zonas geográficas en las
que se presume la posibilidad de un porcentaje alto de fraude. En este
sentido, este plan contra el empleo irregular ha permitido detectar hasta
el mes de agosto de 1996, 6.120 infracciones por percepciones indebidas
de prestaciones y 25.316 por inexistencia de alta en la Seguridad Social.
Se va a empezar a trabajar también en este ámbito, dentro --eso sí, se lo
querría decir-- de la prudencia. No queremos transmitir ni mucho menos a
la opinión pública un sentido generalizado de fraudes en este tipo de
trabajo, sino entender que puntualmente existen casos de fraude, como el
que usted ha comentado y algún otro, que serán perseguidos, pero siempre
entendiéndolo como un aspecto puntual y que no podríamos hacerlo de forma
generalizada.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, yo le agradezco esa referencia a
la prudencia y a la responsabilidad, que yo doy por descontado en el
Gobierno, y estoy convencido de que el Gobierno lo piensa igual de la
oposición.
Yo me había referido en concreto a controlar prácticas fraudulentas, no a
que controlan ustedes el trabajo en casa, sino las prácticas fraudulentas
que se producen en relación con ese fenómeno.
Me consta que el trabajo a domicilio tiene mucha tradición histórica en
nuestro país. Además, aparte de esa raíz tradicional, usted ha hecho
referencia a modernas tendencias de trabajo, como el teletrabajo,
etcétera, que pueden servir para dar una nueva visión de lo que era el
trabajo a domicilio. Pero no es menos cierto que este tipo de trabajo
siempre ha planteado dificultades para la actuación de la Inspección de
Trabajo. Por ejemplo, el servicio doméstico es un sector donde la
Inspección de Trabajo encuentra dificultades, porque el centro de trabajo
coincide con un hogar, con un domicilio, y es muy complicada la actuación
allí. Nos encontramos con que las estadísticas de la Seguridad Social
dicen que la gente se afilia lo justito y que es muy difícil comprobar si
realmente hay o no hay afiliación. Es un terreno que se presta a fraudes.
En el caso de este tipo de empresas de trabajo en casa, yo creo que es
verdad que hay fraude. Usted lo ha dicho: hay casos concretos donde se ha
constatado que hay fraude. Yo creo que ante esta realidad en el terreno
laboral, la prudencia es compatible con la responsabilidad de que la ley
tiene que cumplirse y la Administración tiene que actuar claramente. No
podemos estar en función de que haya o de que no haya denuncias, porque
en el terreno laboral las partes no están en igualdad de condiciones y no
pueden defenderse libremente. Por tanto, la Administración, en un Estado
social y de Derecho, como el que reconoce la Constitución española, tiene
que intervenir. Tiene que intervenir con claridad y con respeto a la ley,
por supuesto. Eso sin lugar a dudas. Pero con claridad. Cuando se
producen situaciones de este tipo hay que estudiar seriamente de qué
forma se pueden evitar estas estafas puras y duras, tal como lo califica
la Organización de Consumidores y Usuarios.
En su informe ellos dan algunas fórmulas concretas que pueden servir de
solución. Yo les pediría que las estudien, porque la respuesta que me ha
dado usted me ha parecido insuficiente. Me dice usted: Se ha trasladado a
la Dirección General de Inspección de Trabajo. Pero no me dice usted si
se ha trasladado con algún criterio político, sino simplemente diciendo
que ahí te mando un papel que a lo mejor te interesa, o que a lo mejor no
te interesa. Un criterio político es el que dice: Mira a ver cómo se
trabaja en relación con estos temas, y cómo en los planes de actuación de
la Inspección de Trabajo para el año 1997 y siguientes aparece un plan
específico de control de esta situación.
No me vale que se diga que forma parte de la lucha contra la percepción
irregular de prestaciones de desempleo, porque desgraciadamente no todas
las personas que sufren prácticas fraudulentas en este terreno cobran
prestaciones por desempleo. Me atrevería a decir que la gran mayoría no
cobra ese tipo de prestaciones y que, por tanto, podría quedar fuera del
ámbito de actuación de ese plan que hoy la Administración tiene puesto a
punto. A mí me parece muy importante combatir el fraude de las
prestaciones por desempleo, muy importante. Pero tan importante me parece
que se controle el fraude que se practica por parte de empresas que
explotan y que producen estafas puras y duras. Tan importante me parece.
Creo que la justicia y la solidaridad requieren actuar simultáneamente en
los dos terrenos.
Yo le pediría que, en relación con este tema, adopten una directriz
política que vaya más allá de la que en estos momentos tienen puesta en
práctica.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Unicamente para
decirle que, coincidiendo básicamente con el hilo de su intervención y lo
que ella traduce, hemos trasladado esa documentación a la Inspección de
Trabajo, lógicamente con el mandato de que estudie cómo se puede actuar
ante esta posible situación de fraude y ante cualquier otra. Lógicamente,
no tan sólo es responsabilidad del propio Gobierno, sino incluso del
propio Cuerpo y de la función de la Inspección de Trabajo. En ese sentido
se puede usted quedar tranquilo porque se va a luchar de la forma más
eficaz que podamos en los casos de fraude que pueda haber, como también
lo hay en otros ámbitos del mundo del trabajo, y también se intentará
actuar, como usted sabe, dentro de nuestras posibilidades.
Además, sabe que ésta es una política que se va a intensificar mucho. No
tan sólo va a afectar a este ámbito concreto del trabajo en el domicilio,
sino en general al conjunto del mundo laboral. Se va a intensificar de
forma muy especial la lucha contra el fraude. Tenemos que luchar no sólo
contra el conjunto de fraude que afecta a este ámbito, sino también
contra el fraude que afecta al mundo laboral. El fraude social, como lo
estamos denominando, va a ser una de las prioridades importantes a lo
largo del año 1997, en la que esperamos tener además frutos muy
concretos, y aunque mi secretaría no está adscrita a la Inspección de
Trabajo, estaremos siempre encantados de informarles de la evolución, que
esperamos tenga buenos resultados, en los distintos ámbitos y también en
el trabajo a domicilio.
--ACTUACIONES PARA INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LOS
TRABAJADORES ESPAÑOLES DESPLAZADOS A BERLIN POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
EMPLEO (INEM), PARA TRABAJAR PARA LA EMPRESA UNISYS BAUSATZ BAU GBR. DEL
SEÑOR VAQUERO DEL POZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000144.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, que fue presentada
por el Diputado señor Vaquero del Pozo, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y que va a formular el señor Peralta,
sobre actuaciones para indemnizar los perjuicios sufridos por los
trabajadores españoles desplazados a Berlín por el Instituto Nacional de
Empleo (INEM) para trabajar para la empresa Unisys Bausatz Bau GBR.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Conoce perfectamente, señor Pimentel, que este
verano, en los meses de julio y agosto, se produjo la circunstancia de
que, en el marco del proyecto Eurex, del Inem, un grupo de trabajadores
de nuestro país, supuestamente contratados por una empresa en Alemania,
se desplazaron a ese país. Fue un grupo importante, y una vez allí se
encontraron con distintas condiciones: unos llegaron a firmar contrato,
llegaron a trabajar; otros ni siquiera llegaron a firmar contrato y no
llegaron a trabajar. Y todo ello como consecuencia de que esta empresa
les dejó en una clara situación de abandono y desconocimiento de las
responsabilidades que había contraído.
La situación de estos trabajadores, que habían sufrido toda una serie de
gastos, que se habían desplazado a un país extranjero sobre la base de la
confianza que les había producido la tramitación de su contratación a
través del INEM, fue realmente difícil para ellos, y dio lugar a que, por
parte de las autoridades españolas, se tuviera que intervenir.
Yo desearía saber, al hilo de este acontecimiento, qué medidas se han
tomado para impedir que se vuelvan a producir situaciones de este tipo y,
en relación con esos trabajadores concretos se vieron afectados con esta
situación, qué medidas se han adoptado para compensarles e indemnizarles
de los perjuicios que sufrieron.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Ya nos ocupó, y
es verdad, a lo largo de este verano este caso concreto, y parte de
nuestros esfuerzos ya los hemos explicado en alguna contestación, en esta
Cámara, sobre la evolución de los hechos. Por tanto, olvidando un poco
los precedentes, por no repetir, le quería trasladar la situación exacta
en que nos encontramos ahora mismo, y le leeré un fax, que me entregan en
el día de hoy, del Consejero Laboral de la Embajada de España en Berlín,
que nos indica cuál es su última situación jurídica, y le puedo decir
que, con fecha 21 de agosto, recién llegados los españoles de vuelta, se
cursó comunicación a las Direcciones Provinciales del INEM a fin de que
se reanudaran las prestaciones por desempleo de los trabajadores
españoles
beneficiarios del derecho, que fueron repatriados por el Consulado
General de España en Berlín (sabe usted ya que el billete de vuelta sí se
lo pagó el Consulado General). Además, se ha solicitado a los afectados,
y fue un acuerdo al que llegamos en el despacho de la Secretaría General
de Empleo, la valoración de los perjuicios económicos sufridos, a fin de
determinar el procedimiento legal de compensación a utilizar en función
de la cuantía. Dicha valoración ya ha sido aportada por los interesados.
En este momento, el expediente económico y de pago de las indemnizaciones
correspondientes se encuentra ya fiscalizado en la Dirección Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales de Madrid, por lo que se irán haciendo
efectivas según vayan presentando los damnificados la documentación
correspondiente.
Por tanto, lo que es el trámite administrativo está ya superado, y espero
que no haya ningún tipo de problema, ni siquiera de retraso.
También quería comentarle, al hilo de esto, la exigencia de
responsabilidades, porque a nosotros nos preocupó (y además le puedo
decir que no es la primera vez, y que no ha afectado sólo a trabajadores
españoles: son muchos más los afectados, trabajadores polacos y
portugueses, básicamente) la situación de empresas constructoras, o
supuestamente constructoras, en el área geográfica de Berlín. Por tanto,
tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo alemán, y le manifestamos
nuestra preocupación o nuestra indignación por el asunto, poniendo en su
conocimiento todas las actuaciones judiciales. De hecho, el INEM
extremará aún más, si cabe, o incluso no recomendará, mientras no lo
veamos claro, que ningún español vaya a trabajar a este tipo de empresas,
y en concreto en Berlín. Siempre se tiene el riesgo de que haya empresas
que funcionen con toda normalidad en Berlín, como sin duda hay muchas, y
perdamos alguna oportunidad, pero creo que, mientras no esté
suficientemente claro, en el ámbito concreto de Berlín tendremos que
extremar todo tipo de precauciones.
Actualmente, los procedimientos legales ante las exigencias de
responsabilidades están como sigue: los propios trabajadores, acompañados
por un funcionario del Consulado de España en Berlín, interpusieron antes
de ser repatriados una demanda ante la autoridad laboral alemana
denunciando la vulneración de las obligaciones contractuales, por
entender que no se cumplieron las cláusulas pactadas por el contrato de
trabajo en lo relativo a jornadas, condiciones salariales y de
alojamiento prometido. A su regreso a España, estos mismos trabajadores
han interpuesto denuncia por incumplimiento contractual ante la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que asumió la denuncia contra
la empresa alemana. Como le he dicho, me ha llegado hoy, y le leo, el fax
que recibo de Bonn, que dice exactamente: «En relación con los problemas
surgidos en su día con la empresa alemana de construcción Unisys Bau,
como ya conocen, por mediación de esta Consejería Laboral y de Asuntos
Sociales, con el apoyo del Consulado General, se interpusieron 24
demandas ante la Magistratura de Trabajo en Berlín, reclamando cantidades
por salarios, viajes, etcétera. Las vistas han tenido lugar durante los
meses de octubre y noviembre. A ninguna de ellas acudió la parte
demandada, a pesar de haberse comprobado por la Magistratura que las
citaciones fueron entregadas debidamente al responsable de la empresa,
señor Volker HÜhn. El precitado, demandado, realizó una declaración
jurada ante el Juzgado de lo Civil de la ciudad de Magdeburgo, lugar de
su residencia, como que, debido a su situación precaria, no podía
soportar los gastos de desplazamiento a Berlín, y recibe ayuda social
para su mantenimiento. En la misma declaración asumía todas las
responsabilidades y reconocía las cantidades demandadas, pero se
declaraba insolvente. Con el fin de confirmar toda esta declaración, se
solicitó del juez de la Magistratura que las sentencias dictadas en
rebeldía fueran embargables. Con fecha de 19-11-1996 remitimos al juez de
Embargos del Juzgado de lo Civil de Magdeburgo la primera sentencia que
teníamos en nuestro poder, solicitando el embargo de las cantidades
aceptadas por el juez en la demanda en Magistratura. Con escrito
3-12-1996 nos remite el juez de Embargos de la ciudad de Magdeburgo acto
protocolario de su visita al demandado. El resultado ha sido negativo, o
sea, que no se han encontrado bienes embargables, por lo que esta
Consejería ha tenido que abonar los gastos (26,10 marcos alemanes) del
embargo.
Todo lo expuesto confirma la información enviada en su día, cuando ya
tuvimos la información, sobre la seriedad de la empresa Unisys. Tenía
interés en aclararle cuál es la situación actual de este procedimiento
laboral.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Pimentel, por su información
actualizada, que nos permite comprobar que ese tipo de empresarios
piratas, en la terminología que se utiliza fundamentalmente en el sector
de la construcción, es una desgraciada realidad, no sólo de nuestro país,
también del extranjero. E incluso a veces en nuestro país las cosas no
están tan mal como creemos; por ejemplo, ese dato, de tener que pagar el
embargo; en nuestro país la justicia es gratuita, lo cual no deja de ser
una ventaja, relativa, pero siempre una ventaja desde el punto de vista
de conseguir la mejor finalidad de la justicia laboral, de la justicia
social.
Pero, en todo caso, señor Pimentel, se pone de manifiesto que hay
problemas, y que hay problemas para los trabajadores. Yo celebro que haya
dicho usted que han tomado medidas en relación con el ministro de Trabajo
alemán, y que han tomado precauciones. Yo creo que en este sentido es
necesario que, en el ámbito de la Unión Europea, y en el ámbito donde se
puedan plantear desplazamientos laborales, las autoridades españolas
intervengan directamente en relación con nuestros trabajadores, o en
relación con otros ciudadanos de otro país, que aquí también tenemos en
ocasiones acontecimientos. Yo he tenido ocasión de preguntar no hace
mucho por la situación de los trabajadores mauritanos abandonados en Vigo
por su armador. Hay que intervenir para que este tipo de situaciones, que
son difícilmente admisibles desde cualquier ideología mínimamente
democrática y comprometida con
los derechos reconocidos en la Constitución, no puedan producirse, porque
son un grave deterioro para muchas personas, y un grave deterioro en
definitiva para la credibilidad del propio Estado.
Por tanto, veamos este caso concreto, saquemos conclusiones y pongámoslas
en práctica para conseguir que en el futuro se reduzcan a la mínima
expresión, y, si es posible, se supriman.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere añadir algo, señor Pimentel?
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Sí, únicamente
una reflexión que, en virtud de mi actual responsabilidad, me he hecho
muchas veces al hilo de esta casuística.
Este tipo de casos fraudulentos no tan sólo perjudican (básicamente lo
hacen) a los trabajadores afectados, sino que generan una profunda
desconfianza hacia lo que es un sistema. Yo le puedo decir que el INEM no
manda, y usted conoce el procedimiento, a los trabajadores, sino que es
fruto de una red donde hay información. El INEM pide un informe, que le
llega en primer lugar equivocado, y se rectifica. Lo que sí es verdad es
que por esa red estaba saliendo una cantidad siempre limitada, pero ya
estamos hablando de un número importante de trabajadores que estaban
yendo, además, salvo este caso, con total garantía. A raíz de este
asunto, no sólo el trabajador coge mucho recelo, sino sobre todo son los
propios funcionarios los que, lógicamente, limitan muchísimo, y le puedo
decir que desde entonces ha bajado el número de personas que está yendo.
Es muy triste que una actuación de este tipo limite posibilidades de
empleo, que siempre son bienvenidas, aunque supongan el desplazamiento
temporal de los trabajadores.
Yo en este sentido creo que tendremos que buscar un equilibrio, que estoy
seguro se puede conseguir, entre el exceso de celo en las confirmaciones
de la seriedad de la empresa y conseguir que haya un número importante de
trabajadores que pueda encontrar este tipo de empleo. Es un equilibrio
que espero que estemos consiguiendo. No hemos vuelto a tener desde
entonces ningún tipo de casuística especial, y desde luego sí lo
extremaremos, sobre todo en el sector de construcción y en el área de
Berlín.
Y terminando por su final, yo le puedo decir que en este tipo de
actuaciones, y conociendo la materia, la empresa de construcción española
es mucho más seria. Este tipo de actuaciones es muy particular, muy
puntual, y le puedo decir que puede estar usted tranquilo y orgulloso. En
este tema en España se funciona con una seriedad superior a la que, en
este caso, el mercado de Berlín en la construcción ha evidenciado.
--OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA RESOLUCION DICTADA POR LA DIRECCION
GENERAL DE TRABAJO EN EL EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO PRESENTADO
POR LA EMPRESA ALCATEL-STANDARD. DEL SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 181/000204.)
--OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA VALORACION DEL INFORME EMITIDO POR LA
AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE EN RELACION CON EL CENTRO DE TRABAJO SITO EN
TOLEDO EN LA RESOLUCION DICTADA POR LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO EN EL
EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO DE LA EMPRESA ALCATEL-STANDARD. DEL
SEÑOR PERALTA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000205.)
El señor PRESIDENTE: Quedan las dos preguntas del señor Peralta, del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y que han sido
agrupadas, relativas a la empresa Alcatel-Standard. Una acerca de la
resolución dictada por la Dirección General de Trabajo en el expediente
de regulación de empleo presentado por dicha empresa, y otra acerca de la
valoración del informe emitido por la autoridad laboral competente en
relación con el centro de trabajo sito en Toledo, en la resolución
dictada por la Dirección General de Trabajo en el expediente de
regulación de empleo de la mencionada empresa, Alcatel-Standard.
Señor Peralta.
El señor PERALTA OTERGA: Gracias, señor Presidente.
Señor Pimentel, conoce usted, aunque se remonte a épocas en las que usted
no tenía responsabilidades gubernamentales, que la empresa
Alcatel-Standard sufre un proceso prolongado de reconversión que ha dado
lugar a la presentación por parte de la misma, durante los últimos 15 o
20 años, de diversos y reiterados expedientes de regulación de empleo.
Esos expedientes de regulación de empleo siempre se han aprobado con
acuerdo entre las partes.
En este año 1996 la empresa presentó un nuevo expediente de regulación de
empleo que pedía la autorización para la rescisión de contratos de 1.338
trabajadores en el conjunto del Estado. No había acuerdo entre las
partes, y este expediente fue resuelto por la Dirección General de
Trabajo en los términos interesados por la empresa.
Esta resolución causó malestar en la representación social, que se había
opuesto a las pretensiones empresariales y que manifestaba su voluntad de
negociar la pretensión empresarial y alcanzar un acuerdo en términos más
o menos similares o en la misma línea en la que se habían reiteradamente
alcanzado acuerdos en ocasiones anteriores y en supuestos similares.
Yo creo que incluso usted mismo, señor Pimentel, en una visita que hizo a
Toledo, compartió esta opinión. No sé si efectivamente pronunció usted
palabras diciendo que quizá había sido poco meditada la resolución que
había dictado la Dirección General de Trabajo y que propiciaría
el que las partes pudieran llegar a un acuerdo. Tengo esa información, y
no sé en qué medida se corresponde con la realidad. Por eso hago esta
advertencia.
En todo caso, lo cierto es que esa resolución no ha resuelto el problema;
ha sido objeto de un recurso por parte de la representación social,
recurso que no me consta que esté al día de hoy resuelto. Sin embargo,
afortunadamente, por parte de los trabajadores, aun con la condición
pendiente de la resolución, de que pueda confirmarse o no, han continuado
negociando con la empresa; se alcanzó un acuerdo provisional, y, según
mis datos, mañana hay una nueva reunión en donde se continuará negociando
con la empresa. Yo creo que hay condiciones, efectivamente, para que se
alcance un acuerdo en relación con este tema, como ha ocurrido en
ocasiones anteriores y con expedientes de más o menos la misma gravedad
que éste.
Yo creo, señor Pimentel, que tanto respecto al global de la empresa como
respecto al centro de trabajo de Toledo, en relación con el cual la
autoridad laboral competente, en este caso la Dirección General de la
Consejería de la Junta de Castilla-La Mancha, emitió un informe negativo,
sería bueno que, por parte del Ministerio de Trabajo, se hiciera una
opción decidida por promover el acuerdo entre las partes. Y desde ese
punto de vista, tanto en el ámbito concreto de una empresa especial, como
es Alcatel, como en el ámbito general del diálogo social, interferencias
que se puedan producir desde fuera, la fijación de plazos o la toma de
posición por parte de la Administración en relación con una de las dos
partes, pueden dar lugar a que ese diálogo no se desarrolle en las
condiciones adecuadas para que pueda producir el acuerdo.
A mí me gustaría saber exactamente la opinión al día de hoy del
Ministerio de Trabajo en relación, tanto con el expediente global de
Alcatel-Standard, como en relación con la situación concreta del centro
de trabajo de Toledo.
El señor PRESIDENTE: Señor Pimentel.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Muchas gracias,
señor Presidente.
En primer lugar, quiero matizarle esas supuestas declaraciones que en
ningún caso realicé. Unicamente, y al mismo hilo de la intervención que
voy a hacer ahora, a nosotros siempre nos gustan las soluciones pactadas
antes que las resoluciones administrativas. Y, en este sentido, siempre
intentaremos llegar al acuerdo, y, por tanto, no nos satisface nunca
tener que ir a resoluciones administrativas en aquello que ha podido ser
previamente acordado.
Por ello le quiero decir que la Dirección General de Trabajo no hizo sino
aquello a que estaba obligada, según la normativa vigente en esta
materia, una vez agotados los plazos de negociación.
El Estatuto de los Trabajadores, como S. S. conoce, establece en su
artículo 51 que la empresa que plantea un despido colectivo por causas
económicas debe abrir un período de consulta y negociación de 30 días con
los representantes de los trabajadores, y, en el caso de que no se
produzca acuerdo en dicho período, la autoridad laboral dispone de 15
días, es tiempo tasado, en todo caso, para dictar resolución sobre el
expediente de regulación de empleo.
Este ha sido el caso de Alcatel, cuyo período de consultas concluyó sin
acuerdo, y a eso me refería. Lógicamente, nos hubiera gustado un acuerdo,
en este caso el 5 de agosto de este año, por lo que la Dirección General
de Trabajo debía dictar resolución antes de finalizar dicho mes, lo cual
hizo efectivamente el 12 de agosto.
De no haberse dictado esta resolución dentro del plazo indicado, además
de haber incurrido en un incumplimiento administrativo, se habría
producido automáticamente la concesión de la autorización solicitada por
la empresa, por lo cual la aplicación de la regla sobre el silencio
administrativo, en este caso sin ningún género de duda, es positivo.
Desde luego, en el Ministerio de Trabajo consideramos, como es obvio, y
lo será y lo va a seguir siendo, dentro de la preocupación que generan
situaciones de esta naturaleza, que lo ideal es que se busquen soluciones
pactadas. Y, en este sentido, la Administración laboral, coincidiendo con
usted, debe ofrecer su apoyo e impulsar la negociación en la fase de
consultas, velando para que éstas se desarrollen con la mayor
flexibilidad y amplitud posible. Y esto es lo que hizo en este caso,
además, y me consta, con bastante tesón, la Dirección General de Trabajo,
la cual estuvo en permanente contacto con la empresa y la representación
de los trabajadores, a fin de conocer su postura y discrepancias,
intentando clarificar los puntos realmente críticos de la negociación,
informando a las partes sobre las distintas posibilidades de
acercamiento.
Pero este papel de impulso a la negociación por parte de la
Administración, jurídicamente no debe confundirse con una actividad de
mediación en sentido estricto, ya que sería contradictorio que, quien va
a tener que resolver sobre el fondo del asunto en el caso de falta de
acuerdo, intervenga directamente en la fase de negociación, anticipando y
marcando criterios de su posible resolución. Ello, además de ser un
elemento de frustración en el diálogo que se mantiene, comprometería
gravemente la imparcialidad que debe caracterizar la actuación
administrativa.
Por otra parte, según se desprende de la información obtenida por el
Ministerio a lo largo de las negociaciones, los principales obstáculos
para la falta de acuerdo no fueron tanto la existencia de una
discrepancia en cuanto a la situación económica de la empresa y a la
necesidad de adoptar medidas en el plano laboral, sino que
fundamentalmente fue el carácter voluntario o forzado del acceso de los
trabajadores a tales medidas, y las condiciones en que deberían
producirse los traslados.
En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores establece que la
autoridad laboral debe conceder la autorización cuando de la
documentación obrante en el expediente se desprenda razonablemente que
las medidas propuestas por la empresa son necesarias para suponer una
situación económica negativa o para garantizar la viabilidad futura de la
empresa a través de una más adecuada organización de los recursos.
Estas son las únicas cuestiones a valorar en un expediente administrativo
como éste. La Administración laboral no puede entrar, en la resolución de
un expediente administrativo,
en fórmulas más propias de un arbitraje de equidad, como por ejemplo la
relativa a las condiciones en las que se produce la salida del excedente
laboral resultado de la situación económica de la empresa.
Las partes podrían haber acordado remitirse a un arbitraje para resolver
sus discrepancias en el período de consulta, conforme al artículo 85.1
del Estatuto de los Trabajadores, pero no llegaron a un acuerdo en tal
sentido y por ello la autoridad laboral tuvo que resolver.
Como ya he dicho, la autoridad laboral instaba a resolver, además, dentro
de determinados plazos: no hay libertad de plazos, y una vez concluidos
opera el silencio administrativo, en este caso con carácter positivo,
centrándose para ello en la valoración de la existencia de una situación
en la empresa que justificara las medidas laborales de reducción de
empleo. Y a partir de esta resolución corresponde a la negociación que se
ha mantenido, como usted indica, entre la empresa y los representantes de
los trabajadores, determinar en qué condiciones ha de producirse la
salida del excedente laboral, respetando en todo caso las competencias
legales mínimas de los trabajadores.
Así pues, la resolución de este expediente no cierra la posibilidad de la
negociación en una situación de esta complejidad, ni tampoco impide que
la Administración laboral continúe desarrollando, como ya lo hizo en el
período de consulta, su actividad de información y favorecimiento del
diálogo entre partes. Así se ha hecho también en este caso desde el
Ministerio de Trabajo, con un resultado afortunado, ya que ello permitió
llegar a un acuerdo para la aplicación negociada del expediente del 23 de
octubre de este año, mejorando el aspecto indemnizatorio y en general
dando mayor desarrollo a las fórmulas favorecedoras de la adscripción
voluntaria al expediente.
Quisiera destacar especialmente de este acuerdo la creación de una
comisión de seguimiento, que usted apuntaba, formada por representantes
de la empresa y de los trabajadores, cuya función es conocer el conjunto
de materias laborales y no laborales que conforman el plan de viabilidad
de la empresa, del que el expediente de regulación de empleo es una
parte.
Me gustaría destacar también, por lo que puede tener de significativo
sobre cómo valoran las partes la posible actuación del Ministerio en la
aplicación del expediente, el que en el acuerdo se prevé que la comisión
de seguimiento puede solicitar al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales la presencia de expertos o asesores que puedan aportar
sugerencias a su trabajo. Con lo cual, están reconociendo ese sentido,
primero de imparcialidad, y segundo de capacidad de apoyo a esa línea que
la Administración laboral española posee.
En relación con la segunda pregunta que plantea, sobre si en la
resolución se ha valorado adecuadamente el informe emitido por la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, le diré que efectivamente dicho
informe fue incorporado al expediente, y fue objeto, por tanto, de
valoración. Pero hay que tener en cuenta que el informe no se refería a
la problemática general de la empresa, sino a la específica situación del
centro de Toledo, por lo que lógicamente la Dirección General de Trabajo
tuvo que integrar los criterios de dicho informe en la perspectiva más
global de la situación general de la empresa, y cómo podría influir en la
misma la adopción de las medidas propuestas respecto al centro de Toledo.
El señor PRESIDENTE: Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señor Pimentel, le agradezco la respuesta. Yo
creo que usted me dice fundamentalmente que se ha respetado la
legislación vigente, y que la legislación vigente condicionaba no sólo
términos de plazo, sino incluso resultados. En este caso concreto me dice
usted que hay un plazo de negociación, hay un plazo de resolución, y si
hay silencio, hay un contenido del silencio de la Administración: en este
caso concreto distinto de lo que es general. El silencio administrativo
suele ser negativo, pero en este caso concreto es positivo.
Y ha dicho usted otra cosa que me parece importante. El punto de
discrepancia fundamental era la adscripción, voluntaria o no, de los
trabajadores que podían resultar afectados si el excedente laboral se
producía de manera voluntaria o de manera forzosa. En estos términos, la
Administración resolvió el expediente dándole carácter forzoso con
efectos de agosto, y, sin embargo (usted también lo ha reconocido), en el
mes de octubre se firma un acuerdo cuyo primer punto es que el plazo
abierto para la empresa para la presentación de solicitudes para acogerse
a las bajas incentivadas voluntarias quedará cerrado el día 28 de octubre
de 1996. Se prorroga ese plazo tres meses más allá del plazo que, al
parecer, de manera perentoria, la empresa había presentado en el mes de
julio y sobre el cual no fue posible alcanzar el acuerdo. Sin embargo, la
empresa firma el acuerdo ampliando ese plazo posteriormente hasta
octubre.
Señor Pimentel, se me ocurriría decirle dos cosas. Primero: yo le he oído
a usted intervenir antes en el debate con un compañero de otro grupo
acerca de la actuación del Gobierno anterior, del Gobierno socialista, y
la valoración crítica que hacía usted de aquel Gobierno. Yo no sé si
entienden ustedes esa valoración crítica a la reforma laboral que llevó a
cabo el Gobierno socialista. Nosotros la tuvimos en su momento, y hoy la
seguimos teniendo. Creemos que es una reforma laboral que sitúa a la
Administración en unas posiciones muy malas, hasta el punto de que se ve
obligada a tomar posición de parte de uno de los agentes sociales,
normalmente el empresario, como ocurre en este caso concreto de los
expedientes de regulación de empleo, y dicta resolución. Y, una vez que
se dicta la resolución, usted lo ha dicho, ya es muy difícil que la
Administración pueda hacer el papel de mediación; se limita la capacidad
de la Administración, pero, además, claramente se refuerza la posición de
una parte. Intentar conseguir un acuerdo justo es muy difícil, es más
difícil.
Yo no sé si, en el ámbito de esa reflexión que lleva a cabo el Gobierno
del señor Aznar sobre el mercado laboral, alguno de estos puntos que
están ustedes viviendo y que están ustedes comprobando que en ocasiones
no producen ese resultado deseable (que yo creo que el Gobierno lo tiene,
que nosotros lo tenemos), de que efectivamente el
acuerdo entre las partes que pueda resolver los problemas, algunos de
estos puntos pudiera ser objeto también de reconsideración. A nosotros
nos parecería muy bien, creemos que serviría para reforzar el papel de
los agentes sociales, y se lo planteamos.
Y luego ya, en relación con este expediente concreto de Alcatel, yo
quiero llamarle la atención sobre ese dato; la empresa, por lo visto,
según dice usted, y ha podido constatar la Administración, está en mala
situación económica, pero formalizó su petición de regulación de empleo
cuando quiso, y coloca a la Administración en una tesitura de un plazo
perentorio. Y a continuación, la propia empresa Alcatel va y negocia lo
que fue incapaz de negociar en el plazo perentorio que le había dado la
Administración. Ahora que se está pendiente de una nueva resolución del
Ministerio de Trabajo en relación con el recurso que se presentó contra
la resolución de la Dirección General, ahora que se está pendiente de esa
resolución, que ese acuerdo que finalmente se alcanzó ha producido que
buena parte de los 1.338 trabajadores inicialmente afectados por aquella
resolución se hayan acogido a procedimientos de baja voluntaria, y, según
datos de los que dispongo al día de hoy, en torno a 150 sería el número
de trabajadores que se discutía, yo le sugeriría (por supuesto, siempre
con respeto a la ley, es evidente), la posibilidad de que la
Administración tuviera en cuenta esta situación a la hora de resolver ese
recurso, y pensara que a lo mejor no son necesarios 1.338 trabajadores si
no hay acuerdo finalmente. A lo mejor con 1.200 ó 1.188 la situación de
la empresa Alcatel queda resuelta y pueden negociar tranquilamente las
partes esos 150 ó 160, que es el número de trabajadores que en estos
momentos les separan.
Quizá ésa sería una solución --quizá, no tengo datos a fondo para
conocer-- más adecuada a la realidad actual, más justa y más favorecedora
del diálogo social. Yo me permito sugerirle que lo piensen, y siempre
pendientes de que mañana en esa reunión, que nos consta que parece que
hay mañana, las partes puedan o no alcanzar el acuerdo; si lo alcanza,
¡ojalá sea así!, y efectivamente será la mejor solución.
El señor PRESIDENTE: Para concluir, señor Pimentel, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Pimentel Siles): Sus palabras,
sobre todo la última parte, en las que especifica incluso el número de
trabajadores, yo estoy seguro que las dice más con buena voluntad que con
posibilidades jurídicas reales. Un Gobierno, en función de sus
competencias, no debe decir en ningún caso --y yo personalmente así lo
creo--, ni opinar sobre si el número de trabajadores debe ser 1.300,
1.254 ó 1.368; corresponde, desde luego, a una parte organizativa propia
de la empresa, y siempre al diálogo de empresa y sindicatos.
Y empezando por la parte general, lo que fue la reforma de 1994, como
usted sabe, el grupo que sostiene a este Gobierno fue crítico en algunos
aspectos y apoyó otros, aunque básicamente sin una filosofía, que sí
compartimos: que es que, considerando la mayoría de edad de los agentes
sociales, no cabe duda de que la capacidad normativa de actuación del
Gobierno con esta reforma cede parte de sus competencias a la negociación
colectiva y al acuerdo entre partes. Compartimos y vamos a compartir ese
principio, porque creo que da agilidad, y desde luego presupone la
mayoría de edad de las partes. Además, no es sólo una tendencia española,
sino una tendencia europea, y en ese sentido nosotros sí compartimos esa
línea que se abrió, que en algunos casos puede tener unas disfunciones o
puede no tenerlas, pero siempre lleva la responsabilidad a los verdaderos
protagonistas de la vida laboral, que son empresas y trabajadores.
Lógicamente, como Gobierno, uno tiene siempre la tentación de excederse,
o siempre pretende conocer y poder solucionar con una varita mágica
problemas de este tipo; yo siempre creo que es mucho mejor que el
Gobierno tenga muy acotadas sus funciones y capacidades. Creo que la
reforma de 1994 creó un marco de independencia y de autonomía de las
partes, en este caso razonable, que está permitiendo operar; en el fondo,
todas las fórmulas nuevas que vamos avanzando, tanto las fórmulas de
diálogo social, como incluso situaciones que realmente son complicadas,
como es el debate sobre mejora del mercado de trabajo, que actualmente se
está llevando a cabo, se está haciendo entre empresarios y sindicatos,
con un compromiso del Gobierno de respeto del acuerdo a que ellos
lleguen.
En el caso concreto de Alcatel, usted ya lo sabe: el Gobierno no podía
entrar al número concreto; ha intentado ayudar, lógicamente, y tuvo que
resolver como marca la ley. Y fíjese, creo que es bueno, porque han
tenido que continuar negociando antes y después, porque lo peor en este
caso es que un Gobierno, de forma absolutamente fuera de lugar, tome
decisiones. Eso corresponde, como usted sabe, a una normativa laboral en
forma de ordenanza laboral, y a un sistema administrativo que es de una
época que pasó y yo creo que, cada día más, se intensificará el
llamamiento a la responsabilidad de los agentes sociales vía diálogo y
vía negociación colectiva, y creo que no irán los tiempos por mayor
intervencionismo administrativo. Creo que no, y probablemente nosotros
continuemos y profundicemos en la línea de diálogo y negociación
colectiva.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pimentel.
Concluido el orden del día, antes de levantar la sesión quiero expresarle
mi felicitación a mis compañeros de Mesa, al letrado, a los miembros de
esta Comisión, señoras y señores Diputados, a los servicios de
estenotipia y taquigrafía y al personal de megafonía y grabación que allá
vemos en cada reunión detrás de los cristales.
Muchas felicidades a todos, y se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta minutos de la tarde.