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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 122, de 11/12/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 122
POLITICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENTE: DON JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles, 11 de diciembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia para informar el proyecto de Ley sobre
derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y
grupos de empresas de dimensión comunitaria. (Número de expediente
121/000008) (Página 3318)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley sobre derechos de
información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de
empresas de dimensión comunitaria. (Número de expediente 121/000008)
(Página 3319)
Proposiciones no de ley:
--Sobre creación de un plan de empleo y desarrollo tecnológico.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/000195) (Página 3323)
--Sobre creación de empleo de las personas con discapacidad. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (Número de expediente 161/000200) (Página 3329)
--Sobre forma de pago del subsidio por incapacidad temporal de los
trabajadores fijos discontinuos. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
161/000212) (Página 3334)
--Relativa al trabajo infantil en España. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000220)
(Página 3338)
--Sobre el proceso de transferencia de todo el personal del Hospital
Militar de La Coruña al Servicio Gallego de Salud. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000222)
(Página 3341)
--Relativa a la elaboración de un informe por el Gobierno, en el plazo
de tres meses, sobre la evolución anual de la tasa de cobertura por
desempleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente 161/000244)
(Página 3345)
--Relativa a las personas discapacitadas auditivas postlocutivas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (Número de expediente 161/000247) (Página 3345)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
Antes de entrar en el orden del día, quiero someter a la aprobación de
los miembros de la Comisión una declaración redactada por la Mesa de la
misma, que dice lo siguiente: Ante los graves daños producidos la pasada
semana en la sede del Consejo Económico y Social, con notable alteración
del funcionamiento de una entidad importante en el mundo laboral de
nuestro país, la Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los
Diputados, en la representación política del pueblo español que es propia
de esta Cámara, quiere hacer público su rechazo de tales métodos, que si
carecen de justificación en una sociedad democrática resultan aún más
rechazables al dirigirse contra una institución en la que están presentes
los legítimos representantes de los agentes sociales de nuestro país. La
Comisión de Política Social y Empleo del Congreso de los Diputados quiere
transmitir a todos quienes trabajan en el Consejo Económico y Social su
plena solidaridad y respaldo en el desempeño de sus valiosas funciones.
¿Se aprueba la declaración? (Asentimiento.)
Muchas gracias. (El señor Vaquero del Pozo pide la palabra.)
Señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y
antes de iniciar la sesión de esta Comisión, solicitamos el aplazamiento
de la reunión por solidaridad con los empleados públicos que hoy están en
huelga contra la injusta congelación de sus salarios, impuesta este año
en función de la política restrictiva derivada de la convergencia
nominal.
El señor PRESIDENTE: Señor Vaquero, la Comisión está constituida,
conforme el orden del día y al Reglamento. No creo que sea el parecer de
los grupos parlamentarios efectuar tal suspensión o aplazamiento de la
reunión, en cuyo caso, a efectos de que conste en acta, si procede que se
recojan sus declaraciones.
El señor VAQUERO DEL POZO: En cualquier caso, nosotros solicitamos que en
el «Diario de Sesiones» de esta Comisión aparezcanuestra solidaridad con
los empleados públicos, precisamente hoy, el día que celebran su huelga
para evitar la congelación salarial. (El señor Hernando Fraile pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Unicamente para manifestar en nombre de mi
grupo parlamentario que el derecho a la huelga es precisamente un
derecho, no una obligación. Parece ser que el portavoz de Izquierda
Unida, señor Vaquero, pretende constituirse en piquete informativo.
Nosotros creemos que en estos momentos se dan todas las circunstancias
que hacen posible el desarrollo normal de esta Comisión y, por tanto,
pedimos al Presidente que se dé paso al orden del día y comience el
desarrollo del mismo. (El señor Vaquero del Pozo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Así se hará.
Señor Vaquero, el tema está acabado.
El señor VAQUERO DEL POZO: Por alusiones, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Dígame, pero no abramos debate, señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: No; simplemente quisiera decir que para mí es
un honor que el portavoz del Grupo Popular me considere un piquete
informativo en esta sesión.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE
DERECHOS DE INFORMACION Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS Y
GRUPOS DE EMPRESAS DE DIMENSION COMUNITARIA. (Número de expediente
121/000008.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto primero del orden del día, que es
la ratificación de la ponencia del proyecto de ley sobre derechos de
información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de
empresas de dimensión comunitaria.
¿Se ratifica? (Asentimiento.--El señor Hernando Fraile pide la palabra.)
Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Una cuestión previa.
Señor Presidente, antes de comenzar el debate, si es posible, y así lo
entiende el resto de los grupos, sería deseable que pudiéramos concentrar
las votaciones y que esa Presidencia fije la hora aproximada de esas
votaciones.
El señor PRESIDENTE: Sí es posible. Es que usted se precipita, pero ya
había consultado a los distintos portavoces y, efectivamente, tengo que
decir a SS. SS. que las votaciones, tanto del proyecto de ley como de las
proposiciones no de ley, se concentrarán entre las doce y media y la una.
Es imposible fijar con exactitud el momento oportuno, pero calculen que
las votaciones se iniciarán entre las doce y media y la una.
--APROBACION CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY SOBRE DERECHOS DE
INFORMACION Y CONSULTA DE LOS TRABAJADORES EN LAS EMPRESAS Y GRUPOS DE
EMPRESAS DE DIMENSION COMUNITARIA. (Número de expediente 121/000008.)
El señor PRESIDENTE: Una vez ratificada la Ponencia del proyecto de ley
mencionado, pasamos al punto segundo: aprobación, con competencia
legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del
proyecto de ley sobre derechos de información y consulta de los
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria.
Antes, quiero dar cuenta a SS. SS. del acuerdo de la Mesa del Congreso de
5 de diciembre del presente año, que señala lo siguiente: Autor, Comisión
de Política Social y Empleo. Criterio de la ponencia encargada de
informar el proyecto de ley sobre derecho de información y consulta de
los trabajadores en las empresas y grupos de empresa de dimensión
comunitaria sobre el carácter ordinario u orgánico del artículo 34, en
relación con el 35, y del artículo 36 de dicho proyecto. El acuerdo dice:
tomar conocimiento. Como saben los miembros de la ponencia, pero no el
resto de miembros de la Comisión, el criterio que la ponencia elevó a la
Mesa fue considerar no orgánicos los artículos mencionados.
Con este punto previo, entramos en el debate de las enmiendas presentadas
a este proyecto de ley. Existen enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, don Paulino Rivero va a
hacer la defensa de sus enmiendas, cosa que puede hacer conjuntamente o
por separado, como desee.
El señor RIVERO BAUTE: Las voy a defender conjuntamente, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Perfectamente. Tiene la palabra, señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Señor Presidente, señores Diputados, la primera
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria es de
sustitución del artículo 3.4.º.c). En la exposición de motivos de la
proposición de ley se hace referencia a seguir los criterios de la
Directiva 94/45, de la Comunidad Europea, sin embargo, en el texto, en
este apartado c) referido a lo que son grupos de empresas comunitarias,
se dice textualmente que al menos una empresa del grupo emplea 150
trabajadores o más en un Estado miembro y que al menos otra de las
empresas del grupo emplea 50 trabajadores o más en otro Estado miembro.
Si queremos asimilarnos a la directiva europea, veremos que en ella se
hace referencia a que estas dos empresas, de estados distintos, miembros
de la Unión Europea, deben ser empresas que aglutinen a 150 trabajadores
cada una de ellas. Esta enmienda ha sido recogida en ponencia y, por
tanto, parece que esta corrección apunta en buena línea.
La segunda enmienda es de adición de una disposición adicional tercera.
El artículo 71.1, párrafo primero, del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, queda redactado como sigue: En las empresas
con más de 50 trabajadores el censo de electores y elegibles se
distribuirá en tres colegios: uno integrado por los cuadros y técnicos,
otro por los administrativos y un tercero integrado por los trabajadores
especialistas y no cualificados. También está en relación con la citada
Directiva 94-95 de la Comunidad Europea.
La tercera enmienda es también una enmienda de adición, sería una
disposición adicional cuarta, y tiene relación con la anterior en el
sentido de cuándo entraría en vigor esta nueva estructura en cuanto a la
elección en los comités de empresa. Se propone incorporar una disposición
transitoria duodécima al Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores como consecuencia de la disposición adicional tercera, de
nueva redacción, que modifica el artículo 71.1 del Estatuto de los
Trabajadores, creando el colegio electoral de cuadros y técnicos.
Con la disposición adicional cuarta se añade una disposición transitoria
duodécima, nueva, al Real Decreto Legislativo de 24 de marzo de 1995, por
el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores con
la siguiente redacción: En las elecciones sindicales que se promuevan a
partir de la entrada en vigor de la modificación del artículo 71.1 del
Estatuto de los Trabajadores, conforme establece la disposición adicional
tercera de la Ley
sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, se distribuirá el
censo de electores y elegibles en tres colegios electorales, como
establece la nueva redacción del artículo 71.1 antes mencionado. Los
comités de empresa elegidos con anterioridad a la entrada en vigor de la
antedicha modificación, mantendrán su composición hasta que se produzca
una nueva promoción del proceso electoral. El objeto de esta disposición
adicional cuarta es determinar el momento a partir del cual la elección
de los miembros del comité de empresa se debe realizar, distribuyendo las
listas de electores y elegibles en tres colegios electorales, en el
sentido de que los comités de empresa que estén en vigor hasta que se
produzcan nuevas elecciones, se mantengan en su actual composición.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV). Señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Para defender la enmienda que presenta nuestro
grupo al artículo 27.
Con esta modificación al texto que sustituye al original pretendemos
respetar la proporcionalidad de las organizaciones sindicales según los
resultados electorales. En el informe que obra en mi poder, el Consejo
Económico y Social ya ha entendido que se había aceptado la propuesta de
un sindicato vasco para que en la designación de los representantes de
los trabajadores para la comisión negociadora se atendiese a la
proporcionalidad de las organizaciones sindicales, según los resultados
electorales considerados globalmente con relación al grupo en que se está
midiendo respecto del cual se mide la representatividad. Nos parecía que
en el texto no quedaba claro, y atendiendo esta demanda de los sindicatos
nacionalistas de la Comunidad Autónoma vasca hemos incluido esta enmienda
al artículo 27 para que quedara clara la demanda de los sindicatos en
nuestra comunidad autónoma.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Defenderé conjuntamente las diversas
enmiendas que tenemos planteadas a este proyecto de ley. El proyecto
viene avalado por los informes positivos que en su momento le dio el
Consejo Económico Social. Nuestras enmiendas no entran en contradicción
con el espíritu de este consenso, pero sí pretenden situar dos cuestiones
que el proyecto de ley no resuelve de manera positiva en el margen que el
hecho de la trasposición de una nueva directiva comunitaria le permitía.
En primer lugar, las enmiendas números 2 y 3 introducen una modificación
en el artículo 28 de este proyecto de ley. Dicho artículo remite al
Estatuto de los Trabajadores todo el ámbito de protección de los
representantes de los trabajadores, con excepción de los créditos
horarios, donde establece un régimen diferente; en concreto el artículo
28 del proyecto establece que los permisos retribuidos necesarios para la
asistencia a reuniones que se hayan de hacer en función de sus
responsabilidades y en nombre de ese comité de empresa, tengan un crédito
suplementario de 60 horas anuales. Esta es una previsión que la directiva
no contempla; entendemos que el proyecto de ley se excede en sus
atribuciones, inicia una dinámica que puede provocar disfunción en
relación a otras legislaciones de la Unión Europea y se nos escapan los
motivos que han motivado al Gobierno a trasponer la directiva incluyendo
este supuesto. Es una dinámica que puede generar más problemas que
soluciones. Sabemos que en el Consejo Económico Social este elemento fue
resultado de un consenso entre los agentes sociales, pero a nuestro grupo
parlamentario le han llegado expresiones por parte de diversos colectivos
inquietos ante esta regulación. Por tanto, nuestro grupo parlamentario
plantea la supresión de este crédito suplementario de 60 horas.
La otra enmienda va en la misma línea de la planteada por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria. Es una cuestión que no es novedosa en
el seno de esta Comisión y que se ha planteado ya en anteriores
ocasiones. Hace referencia a la necesidad de encontrar un encaje legal en
el marco legislativo español a una realidad social que existe, y que en
otros estados de la Unión Europea está bien resuelta, como es la realidad
de los cuadros, esos colectivos de trabajadores que podríamos distinguir
del grupo de trabajadores en el sentido más estricto que funciona en
nuestra legislación.
Planteamos, tal como hace el grupo canario, que en la medida en que
estamos hablando de la transposición de la directiva y, por tanto, de la
aplicación de una normativa de otros estados de la Unión Europea
--también el Estado español--, resolvamos una situación anómala que
existe en estados de la Unión Europea donde se reconoce la realidad de
los cuadros. La legislación comparada que podríamos citar sería muy
amplia, pero vale la pena recordar que en estos momentos, en las
transposiciones que desde esta misma regulación se han hecho por parte de
otros estados de la Unión Europea, esta realidad se reconoce de manera
explícita. En otros estados europeos existen legislaciones específicas
para el régimen de los cuadros, y además en las transposiciones que se
están produciendo también se reconoce esa realidad. El hecho de que este
proyecto de ley no contemple la existencia de los cuadros como un
colectivo específico de participación en los mecanismos de dirección de
las empresas, va a generar problemas.
Hay que recordar también que existen pronunciamientos políticos, tanto
del Consejo de la Unión Europea como del Parlamento europeo, que van en
esa línea. Me gustaría recordar una frase del Diputado del Partido
Popular señor Gil-Robles y Gil-Delgado, que afirma: hay que reconocer, en
el seno de los grupos y de las empresas de dimensión europea, el derecho
a un sistema de representación de los cuadros que les permita reunirse y
actuar de forma autónoma, bien en el interior del órgano representativo
del conjunto de los asalariados, bien en el órgano representativo
distinto de los demás trabajadores, en particular en el marco de la
sociedad anónima de Derecho europeo. Entendemos que existe ahí un margen
político y legal, que si estas
enmiendas, especialmente la última, no es votada favorablemente por la
Comisión, perdemos la oportunidad de resolver una anomalía en nuestra
actual legislación.
Nos gustaría que fuese una cuestión que se resolviese ahora. Seguramente
la técnica que planteamos, una modificación del Estatuto de los
Trabajadores a través de este proyecto de ley, puede ser cuestionada por
alguien desde la lógica estrictamente formalista, pero en el contenido de
fondo difícilmente se puede cuestionar que hay que entrar a regular este
tercer colegio de los cuadros. Por tanto, solicitamos de los grupos
parlamentarios, en especial del grupo del Gobierno, que dé apoyo a esta
enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir en contra de las
enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: En primer lugar, quiero manifestar nuestra
satisfacción en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya porque finalmente va a ser realidad esta ley que satisface las
aspiraciones de muchos trabajadores de las empresas y grupos de empresas
de dimensión comunitaria. Esta ley es necesaria, aunque viene con retraso
y, en cualquier caso, quiero manifestar también nuestra contrariedad por
no haber podido realizar a tiempo nuestro trabajo. Digo que es necesaria
porque significa una transposición al ordenamiento jurídico de la
directiva comunitaria correspondiente y al mismo tiempo lo combina con
las peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico laboral. Ello es lo
que nos da pie para rechazar las enmiendas que se han presentado.
En primer lugar, tanto en el tema de los colegios, como en el tema de la
proporcionalidad de las organizaciones sindicales, creemos que no es puro
formalismo acogerse a un criterio de respeto al ordenamiento jurídico
laboral español, sino que defendiendo este ordenamiento jurídico laboral
también estamos defendiendo una idea de sindicalismo de las
organizaciones sindicales más representativas y, por tanto, que la
mayoría de los trabajadores españoles tienen; es decir, una idea de
sindicalismo de clase y unitario y, por tanto, en este sentido, todo lo
que aparezca como distorsión de estos criterios, de dispersión de la
representatividad --me estoy refiriendo a las enmiendas que pretenden que
haya un tercer colegio--, la idea de proporcionalidad de las
organizaciones sindicales favorecería una distorsión en nuestro
ordenamiento jurídico y la defensa de ordenamiento jurídico laboral
responde no solamente a un formalismo, sino a esta idea de sindicalismo
de clase y unitario que se ha defendido por parte de las organizaciones
sindicales mayoritarias en nuestro país y que desde nuestro grupo
parlamentario, nosotros apoyamos sin ninguna reserva.
Respecto a otras enmiendas, en concreto la que hace referencia a la
definición del grupo de empresa, nosotros creemos que restringir el
criterio que aparece en el proyecto de ley sin duda alguna podrá ser más
adecuado a precedentes europeos, pero creemos que es positivo para la
estructura de las empresas existentes en nuestro país y por eso
consideramos adecuado también lo que aparece en el proyecto y vamos a
rechazar en este sentido la enmienda de Coalición Canaria.
Finalmente, respecto a la enmienda que hace alusión a los créditos
horarios, creemos que sería restringir un derecho que al mismo tiempo es
un deber de representación como son las posibilidades que aparecen en el
proyecto y por eso también la vamos a votar en contra.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones, por el Grupo Socialista,
tiene la palabra la señora Alvarez.
La señora ALVAREZ GAYOL: Señor Presidente, me parece una ironía de la
vida y de sus contradicciones que estemos hoy precisamente debatiendo y
votando el proyecto de ley sobre derechos de información y consulta de
los trabajadores en las empresas y grupo de empresas de dimensión
comunitaria cuando estamos asistiendo a una huelga creo que por falta de
información y consulta del Gobierno actual a los trabajadores de las
empresas de la Administración pública.
Dicho esto, nosotros nos vamos a oponer a las enmiendas que se han
presentado, porque creemos que el proceso de elaboración de este proyecto
de ley ha sido intachable en el objetivo de perseguir que se cumplieran
los dos años que mandataba la Comisión el Consejo de Ministros de la
Unión Europea, mediante la directiva que sacaron el 22 de septiembre de
1994, la 94/45, de la Comunidad Europea. Creemos que ha sido intachable
porque queríamos cumplir esos dos años, queríamos que se aprobara antes
del 22 de septiembre de 1996, y también lo ha sido la elaboración de ese
proyecto de ley que se ha hecho en el marco que creo era el mejor. Una
vez presentado el anteproyecto de ley el marco era el CES, donde estaban
las distintas partes y estas partes llegaron a un consenso que permitió
que este proyecto de ley llegase aquí y tenga tan pocas enmiendas como se
han presentado, porque objetivamente las partes lograron ponerse de
acuerdo.
Como ustedes saben, este proyecto de ley se elaboró por el Gobierno
anterior y nosotros valoramos en su justa medida y como se merece que el
Gobierno actual haya traspuesto aquel proyecto de ley a lo que tenemos
encima de la mesa en estos momentos.
Respecto a alguna de las enmiendas --y repito que en este marco
intachable en que se ha hecho el proyecto de ley-- me parece una ironía
que se planteen diría que de extranjis, aprovechando una Ley que emana
del Consejo Europeo, una serie de cosas que vienen desde el nacimiento
del movimiento obrero y no es que me oponga a ellas, porque creo que el
mundo evoluciona y que, indudablemente, en su evolución hemos de tenerlo
en cuenta, pero lo lógico sería que eso se llevará al sitio
correspondiente y se alcanzara el consenso, no que aprovechando esta ley
metamos una cosa que es más vieja que la tana, que no viene de ahora, no
es una novedad, no es un futuro, y no porque se haya reglamentado en
distintos sitios y haya argumentación significa que sea una cosa que
avance; el avance creo que viene de que se busque el método, y lo hay.
Indudablemente en algunas regiones y nacionalidades
españolas existen negociaciones, acuerdos, etcétera, entre las distintas
partes y además incluso lo pueden aportar y puede ser una novedad, ahora,
no aprovechemos la ley para esto, porque creo que sería mucho más
importante que se negociara en el sitio correspondiente.
El segundo elemento fundamental para nosotros es el contenido político.
Creemos que es un proyecto de ley trascendental de entrada y que, además,
en el devenir de los tiempos lo va a ser todavía más. Nos referimos a
ello en concreto porque estamos permanentemente hablando ya de la
globalización económicas, productiva, financiera, etcétera, y en nuestro
caso de lo que es el euro. Cuando hablo del euro me refiero a la
euroeconomía, la europroducción, la euroempresa, el euromercado, la
euroinnovación tecnológica, etcétera.
En lo que creo estamos todavía en mantillas es en el tema eurosocial y
esta ley nos aporta, precisamente, esa posibilidad de desarrollar un
camino que nos permita que no haya exclusión, que no haya marginación y
que en problemas concretos que tenemos todos los países europeos, por
ejemplo el tema del paro, esta ley a través de los mecanismos que en su
desarrollo práctico ponga en marcha, permitirá atajar ese problema tan
grave que es el paro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Camps
tiene la palabra.
El señor CAMPS DEVESA: Señor Presidente, como no podía ser de otra
manera, mi grupo se congratula también de la aprobación del proyecto de
ley que va a tener lugar en el día de hoy en esta Comisión y se
congratula sin ironías y sin acritudes; se congratula simplemente por el
texto del proyecto y se congratula también --y permítame que repita con
insistencia en este término-- porque es significativo que si bien es un
proyecto de ley, como bien a reflejado en este caso la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, que en su mayor parte está redactado conforme
previno el anterior Gobierno --era la trasposición de una directiva,
tampoco tenía excesiva complejidad-- sí es cierto también que, de alguna
manera, ha sido este Gobierno el que presenta a la aprobación de este
Parlamento el proyecto de ley sobre derechos de información y consulta a
los trabajadores en las empresas y grupos de dimensión comunitaria. Si en
algo se ha caracterizado este Gobierno desde el inicio de su andadura ha
sido por la importancia que ha dado al diálogo con los agentes sociales,
empresarios y trabajadores y también, cómo no, en las mesas abiertas con
los funcionarios. Son otros los que ahora tal vez se estén poniendo
detrás de las pancartas de la demagogia, de la desinformación y de
alentar esas posturas cuando en su momento ellos también tomaron la misma
decisión y me extrañan ciertas palabras que ha habido en la intervención
de la representante del Grupo Parlamentario Socialista en este sentido.
Por tanto, sin ironía también paso, señor Presidente, a decir por qué no
van a contar con nuestro apoyo las enmiendas de los distintos grupos que
se han presentado a este proyecto de ley. Haré referencia, en primer
lugar, a la del Grupo Parlamentario Vasco, que pretende sustituir el
artículo 27.1 párrafo primero, por el texto presentado por dicho grupo
parlamentario. Entendemos que la proporcionalidad que se pretende por
dicho grupo no se rompe tampoco con el articulado del propio texto del
proyecto de ley y además así también fue reconocido por el Consejo
Económico y Social, toda vez que este mismo texto contó con el apoyo de
dicho Consejo en su integridad y, por tanto, en ese caso con todos los
agentes representados en el mismo y, cómo no, con las organizaciones
sindicales. En ambos casos que recoge el proyecto, como pueden ser la
designación que se pueda producir bien mediante acuerdo mayoritario del
comité o comité de empresa y delegados de personal, o mediante acuerdo de
aquellas organizaciones sindicales que en su conjunto representen la
mayoría de los miembros de dichos órganos, en ambos casos --repito--, la
proporcionalidad está plenamente garantizada. Cuando la designación se
produce no por los órganos de representación unitaria sino por los
órganos de representación sindical, se ha introducido precisamente la
regla de que las organizaciones sindicales que acuerden la designación
deban representar a la mayoría de los miembros de los órganos unitarios,
con lo que más o menos se llega al mismo resultado en términos de
representatividad o proporcionalidad, como se quiera denominar, que si la
designación hubiera sido realizada directamente por éstos. En virtud de
ello mi grupo no puede apoyar dicha enmienda.
En cuanto a las enmiendas de los restantes grupos, la enmienda número 3,
del Grupo Catalán (Convergència i Unió) de supresión del apartado 3 del
artículo 28 que, además, se une prácticamente a la enmienda número 2
porque no puede entenderse una sin la otra (la enmienda número 2
carecería de sustantividad si no se procediera a la supresión del
apartado 3 del citado artículo), ambas enmiendas tampoco pueden ser
apoyadas por el Grupo Parlamentario Popular. Si bien es cierto la
directiva comunitaria prevé expresamente la cuestión, no realiza una
regulación concreta y armonizada de esta materia, sino que se remite a
las legislaciones y prácticas tradicionales de los Estados miembros, pero
también es cierto que todas las legislaciones nacionales se ocupan de
regular esta materia y el tiempo de los representantes de los
trabajadores para que cumplan adecuadamente sus funciones.
Podemos adoptar tres soluciones: reconociendo a estos representantes
europeos los mismos derechos existentes en la legislación nacional para
representantes nacionales, Alemania, Dinamarca, Austria, Finlandia,
Suecia lo hacen así; introduciendo una fórmula genérica según la cual los
citados representantes deban disponer del tiempo necesario para el
ejercicio de sus funciones, sería el caso de Bélgica u Holanda; o bien,
finalmente, concretando dicha mención a través de la fijación de un
crédito horario específico, como se realiza en el proyecto español, pero
también, por ejemplo, los proyectos de países más próximos a nosotros,
como es el caso de Francia o de Portugal. El proyecto de ley estima que
la solución adecuada es la última, también desde el punto de vista de la
seguridad jurídica, y nosotros compartimos el proyecto de ley en su
conjunto y también en este sentido incluido el crédito horario. Por
tanto, estamos de acuerdo con el dictamen, también unánime
del Consejo Económico y Social y, en consecuencia, con las organizaciones
empresariales y sindicales en él representadas.
Por último, hay un grupo de enmiendas, la número 4, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), igual a la número 6, del Grupo de Coalición
Canaria y a la 7 del Grupo de Coalición Canaria, que es complementaria a
esta última, que tampoco pueden contar con el apoyo de mi grupo y no
porque estemos en contra de la modificación propuesta, que no cuenta con
nuestro rechazo frontal; también hago mías en estos términos, en este
caso sí, las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
en el sentido de que estamos ante un debate antiguo, no es algo
absolutamente nuevo, y, además, los tiempos avanzan y probablemente
tendrá que producirse en su momento con el debido consenso y con el
debido diálogo, para afrontar una modificación de este tipo, pero
consideramos que la modificación no puede ser introducida en este momento
en la transposición de esta directiva. Entendemos que el debate
parlamentario de este proyecto de ley debe quedar ajeno a una materia
como ésta ya que la finalidad del proyecto de ley es únicamente la
transposición de la Directiva 94/45 de la CEE al ordenamiento jurídico
español, y sí es cierto que dentro de las argumentaciones dadas por el
representante de Convergència i Unió podía entenderse, además muy
hábilmente, que este proyecto de ley podía ser el campo donde se pudiera
discutir una cuestión como ésta, nosotros opinamos en sentido contrario,
además de manera general y de manera concreta en este caso, que en las
transposiciones de las directivas no es bueno que se introduzcan
propuestas que modifican otros textos legislativos. La modificación que
se pretende en este caso, es una modificación que entra de lleno en el
ámbito legislativo del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, nosotros
entendemos que dicha modificación debería realizarse con el consenso
necesario entre los agentes sociales, organizaciones empresariales y
sindicales. Hacerlo de otra manera sería casi hacerlo por la puerta de
atrás; por eso mi grupo parlamentario no puede apoyarla, aunque, reitero,
en cuanto al fondo de la propuesta, que es un debate viejo en el tiempo,
no estamos frontalmente en desacuerdo sino que incluso estamos mirándola
hasta con cariño, pero no es el momento adecuado para proceder a una
modificación de este tipo.
Por todo ello, señorías, junto con la enmienda número 5, de Coalición
Canaria, que como ha reconocido el propio proponente ya ha sido recogida
en el informe de la ponencia, con lo cual no ha lugar a su debate,
entendemos que hemos fijado la posición del Grupo Parlamentario Popular y
nos congratulamos --nuevamente utilizo el término-- de que en el día de
hoy se proceda a aprobar un proyecto de ley tan importante para los
derechos de los trabajadores en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los grupos enmendantes quiere hacer uso
del derecho de réplica? (Pausa.) Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Señor Presidente, voy a ser muy breve.
Simplemente quería decir que yo no creo que se pueda afirmar que hemos
intentado introducir una modificación de manera extraña en el Estatuto de
los Trabajadores. El «Boletín Oficial del Congreso» es público, esta
Comisión es pública y todo el mundo sabe cuál es nuestra posición. Otra
cosa es que se entienda si éste es el momento político o formalmente
oportuno, pero creo que la legitimidad a la hora de plantear esta
enmienda por parte de nuestro grupo parlamentario es total y absoluta.
(La señora Alvarez Gayol pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Alvarez.
La señora ALVAREZ GAYOL: Señor Presidente, todo grupo y todo
parlamentario tiene legitimidad para presentar una iniciativa como ésta
en el Parlamento, pero indudablemente todos sabemos que una cosa es la
legitimidad y otra es lo que realmente significa y el fondo que tiene lo
que ustedes plantean. Este es un debate muy antiguo, que se ha discutido
en el Parlamento durante muchos años. Si vamos a traer una propuesta como
ésta --me refiero en la línea que plantea cada grupo públicamente--, lo
menos que se puede pedir es que las partes la conozcan, la discutan y
lleguen a un acuerdo. Eso es lo único que hemos planteado. (La señora
Aguirre Uribe pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Una vez oídos a los portavoces la interpretación
que se hace del artículo 27, retiro la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Queda retirada la enmienda número 1, del Grupo
Parlamentario Vasco.
Concluido el debate del proyecto de ley y de la enmiendas, únicamente
queda pendiente la votación, que se efectuará, como dijimos, al final de
la sesión.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE CREACION DE UN PLAN DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000195.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tres, debate y votación, en su
caso, de proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley
sobre creación de un plan de empleo y desarrollo tecnológico, del Grupo
Parlamentario Socialista, a la cual hay presentada una enmienda por parte
del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista don Carlos Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
como manifestó mi compañero José Antonio Griñán en el debate sobre los
presupuestos, los socialistas no queremos utilizar el paro como arma
arrojadiza desde el punto de vista político (cosa que,
por otra parte, estaría justificada, ya que se hizo contra nosotros
cuando ocupábamos el Gobierno del Estado), sino más bien colaborar de
manera positiva a la erradicación de este tremendo problema no solamente
mundial sino que de muy particular modo afecta a la economía española,
puesto que el parado, en el mejor de los casos, es un subsidiado, no
contribuyente y no consumidor; precisamente en virtud de estas
características hay un techo a las posibilidades del desarrollo económico
de nuestro país. Siempre ha existido un desajuste entre el número de
empresas que van surgiendo en el desarrollo de cualquier país y el número
de empresas que desaparecen. Sin embargo, cuando las proporciones se
alteran y es mucho mayor el número de puestos de trabajo que se necesita
generar que aquellos que se crean se puede hablar de una situación de
crisis. Evidentemente, ésta es una situación planetaria originada por muy
distintos factores, algunos de naturaleza tradicional como es el
crecimiento demográfico, que ha llevado, por ejemplo, al comandante
Cousteau a manifestar que cuando los chinos de la China Popular estén en
disposición de comer pescado se acabará el pescado de los océanos, y lo
que se dice respecto de la nutrición hay que decirlo también sobre los
puestos de trabajo; para que no haya una hecatombe, es preciso que crezca
vertiginosamente el número de puestos de trabajo que se creen en el
mundo. Junto a este elemento tradicional del crecimiento demográfico hay
otros factores tradicionales pero que hoy están intensificados y sobre
los que nos vamos a extender más ampliamente. Me refiero a la evolución
tecnológica y factores de nuevo cuño como es la masiva incorporación de
la mujer al trabajo y la inserción de la economía de cualquier país en
una economía global, lo que origina unos aspectos positivos como es la
reducción de los costos, los mejores precios, una competitividad más
extensa, una mayor calidad, incluso el reciclamiento de los residuos.
Junto a estos elementos positivos hay algunos elementos
extraordinariamente negativos y no es inconcebible que las empresas de
hardware o de software o bien la industria automovilística, por poner
sólo algunos ejemplos, continúen la reducción progresiva de marcas que se
viene produciendo y que va a dar lugar a que en poco tiempo nos
encontremos con que sólo dos grandes empresas automovilísticas o dos
grandes empresas informáticas controlen el mercado mundial, con lo cual,
de hecho se producirá, se está produciendo ya, cierta monopolización u
oligopolización de los poderes económicos.
Ya hemos dicho antes que el cambio tecnológico es un factor tradicional
de generación de paro; sin embargo, yo creo que hay que detenerse en lo
que sucedió en el siglo XIX para comprender lo que se produce en el siglo
XX. En el siglo XIX la aparición de nuevas energías, la mecanización, la
fábrica, producen una desvertebración de tal naturaleza sobre los
procesos industriales anteriormente existentes, básicamente artesanos,
que surge la situación social que nos describe Dickens en sus novelas que
aspira con una serie de reivindicaciones a mejorar las condiciones de
vida, hace que aparezcan los sindicatos de clase y los partidos de
izquierda y que, en última instancia, produce la transformación del
Estado liberal en un Estado intervencionista. Hoy los factores
tecnológicos son de una mayor y mucho más extraordinaria dimensión, por
lo que importa decir qué características tiene la crisis económica que
generan estos nuevos descubrimientos en comparación con lo que sucedió en
el siglo pasado.
En primer lugar, el escenario ya no es nacional sino que es un escenario
internacional y ello supone también que no hay un marco regulador y la
exaltación de las doctrinas diciendo que no hay nada que regular, que el
mercado se encarga de hacer la mejor regulación posible. Como
consecuencia del crecimiento de la oferta de trabajo y la constricción de
su demanda, se produce un deterioro en los derechos adquiridos de los
trabajadores, que vanamente se intenta contrarrestar sólo con fórmulas de
regulación del mercado. También hay otra paradoja que caracteriza lo que
podríamos decir en el momento actual del siglo XX en comparación con lo
que aconteció a principios de este siglo o finales del siglo pasado y es
que hoy el crecimiento económico no significa necesariamente la creación
de empleo. Desde luego no es posible la creación de empleo sin
crecimiento económico, pero asistimos a muchos procesos de crecimiento
económico donde no hay creación de empleo. Finalmente, por hacer un
acopio de los datos más fundamentales que caracterizan la crisis
económica de nuestros días, otra de las notas que la singularizan es la
velocidad vertiginosa con que se producen los cambios tecnológicos.
Al amparo de esta situación, los fotógrafos del instante y los profetas
del Apocalipsis, quizá porque nos encontramos en el fin de un milenio y
en el comienzo de otro, expresan sus pensamientos poco detenidos, poco
reflexionados, en libros como El fin de la historia y el último hombre,
de Fukuyama o el más reciente de Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, que
sentencia estamos ya en la aparición de una vida económica que se va a
caracterizar por la ausencia de trabajo.
Naturalmente iniciativas como las que hoy traemos a esta Cámara no
tendrían ningún sentido si no se parte de una posición optimista sobre
las posibilidades futuras de creación de empleo y encontrar fórmulas de
cobertura a la actual situación de desvalimiento social. Nosotros
compartimos esta teoría optimista sobre la creación de empleo por tres
razones básicas: La primera, porque el trabajo, la participación en el
proceso productivo, es el instrumento más fundamental que tiene la
naturaleza humana para socializar y realizarse individualmente; por
consiguiente, como en la autopista construida en el Amazonas, nada es
posible contra la naturaleza, que más tarde o más temprano volverá por
sus fueros. En segundo lugar, porque si el trabajo no es más que la
aplicación del esfuerzo individual a la satisfacción de necesidades
sociales y éstas por definición son ilimitadas, desde el punto de vista
de la necesidad, nada hay que niegue la categoría del esfuerzo. Y,
finalmente, porque los precedentes históricos, como la grave crisis
acontecida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fueron la
antesala de una situación que hizo posible un mayor bienestar para todos,
una elevación general del nivel y calidad de la vida e hizo posible
también que por primera vez en una serie de países, los más avanzados
industrialmente, se produjera el fenómeno del pleno empleo. Si éste es el
precedente histórico, tampoco hay por qué negar que ese precedente
histórico, con unas mutaciones claras por las características singulares
que concurren en el proceso actual, no se vuelva a reproducir.
Quiero entrar en otra consideración básica sobre nuestra iniciativa, y es
nuestra situación científica y tecnológica. Se puede decir que la
tecnología y la ciencia tienen cierta carta de naturaleza con el
Renacimiento, más aún con la Ilustración y en España, tanto la
Ilustración como el Renacimiento, chocan con los factores históricos que
todos conocemos. De aquí la frase de Unamuno: Que inventen ellos, o lo
acontecido con el autogiro o con el submarino de Peral y De la Cierva,
que pone de manifiesto nuestra posición castiza de desdén por el trabajo,
por el esfuerzo y por la invención.
Una nueva época comienza en el año 1986 con dos pilares fundamentales: El
primero la Ley de fomento y coordinación general de la Investigación
Científica y Técnica, más conocida abreviadamente como la Ley de la
Ciencia, y el segundo, también en dicho año, la Ley del Régimen Jurídico
de las patentes de invención y de los modelos de utilidad. Como
consecuencia de ello se incrementa la fracción del PIB dedicada a la
evolución científica y tecnológica de nuestro país; pero a pesar de este
crecimiento importantísimo, prácticamente fuera de combate ideológico,
reconocido por todo el mundo y así se manifestó en la sesión de la
Comisión Mixta de Ciencia y Tecnología celebrada el día 1.º de octubre
del año 1996, nuestra aportación al proceso de investigación científica y
tecnológica es del 0,92 por ciento del PIB, que contrasta dolorosamente,
a pesar del esfuerzo realizado, con el 2 por ciento, en cifras
redondeadas, que la Unión Europea dedica a este menester. Naturalmente
esta cifra media de la Unión Europea está muy por debajo de lo que
destinan los tres grandes de la economía europea: Reino Unido, Alemania y
Francia.
Pero no me quiero referir sólo a esta situación de inferioridad si nos
comparamos con Europa y mucho más si nos comparamos con Estados Unidos o
con Japón, sino a los desequilibrios internos que tiene nuestra
aportación y nuestro trabajo sobre esta fracción del PIB dedicada a la
investigación y a la tecnología, porque, a diferencia de lo que ocurre en
los restantes países que hemos mencionado, hay una mayor participación de
las administraciones públicas, de las universidades y de los centros
públicos de investigación y, por tanto, una menor participación de las
empresas privadas y de los centros privados de investigación.
Si en proporción a la población existiera en Alemania, en Japón o en
Estados Unidos un número de investigadores siguiendo las reglas de
proporcionalidad que mantiene el número de investigadores que hay en
España respecto a nuestra población, resultaría que como nosotros tenemos
73.000 investigadores; Francia, Inglaterra e Italia, sobre la proporción
española tienen 22.500 más; Alemania, 94.000; Japón, 372.575, y Estados
Unidos, 494.625; por consiguiente, corremos o perdemos la carrera.
La inversión en I+D en España se distribuye casi a un 50 por ciento entre
el sector público y el sector privado. En la Unión Europea la inversión
del sector privado está nueve puntos por encima de la inversión pública.
En la ejecución de los fondos destinados a estas inversiones, el personal
público, es decir, el de las administraciones públicas y el de la
universidad, es el 20 y el 28 por ciento, respectivamente. La empresa
privada en España ejecuta el 52 por ciento de los fondos; en la Unión
Europea, la empresa privada ejecuta el 63 por ciento de los fondos.
Este mismo desacompasamiento o estructura desequilibrada lo hay en la
naturaleza del personal que participa en España en la investigación,
muchos más universitarios que en el resto de Europa, que en Japón o que
en Estados Unidos. Y, curiosamente, si comparamos los resultados de
nuestro proceso de investigación y de tecnología con lo que ocurre en la
Unión Europea o a nivel mundial, tenemos un decoroso 2 por ciento en
nuestra participación en el acervo científico mundial; tenemos también
una decorosa participación en la Unión Europea del 6,1 por ciento, pero
en lo que representan las patentes, que es la transferencia de tecnología
desde los centros de investigación a los procesos productivos de las
empresas privadas, ahí, nuestra participación en el acervo científico
europeo, lejos de ser el 6,1 por ciento, es el 3 por ciento. Luego, por
una serie de conductos, se llega a la misma radiografía: si queremos dar
competitividad a la obsoleta industria española, no hay más remedio que
profundizar en la aplicación de las patentes a los procesos productivos
españoles, patentes o modelos de utilidad.
Tenemos un desequilibrio en nuestra balanza tecnológica, que es otro
argumento más. La Unión Europea tiene también un desequilibrio, puesto
que tiene un déficit del orden del 20 por ciento, pero Japón tiene un
superávit del orden del 30 por ciento y España tiene un déficit del 75
por ciento. La situación, como decía el manifiesto de los científicos,
este verano, el día 2 de agosto, reunidos en El Escorial, es una
situación apremiante y muchas personas dudan, decían ellos, de la
rentabilidad de las inversiones en ciencia y en tecnología, pero no
establecen hipótesis alguna sobre cuánto le cuesta a nuestro país la
escasa dedicación de fondos a las inversiones en esta materia.
En España hay un pletórico yacimiento de empleo y no está muy lejos de
donde nos encontramos situados ahora mismo; se llama Oficina Española de
Patentes y Marcas, que en estos momentos tiene tres graves problemas.
Primero, que es necesario que haya una invención científica que tenga un
cierto carácter secreto, ya que los inventores de ciertos inventos
perecederos se resisten al procedimiento público que en todos los casos
existe en la Oficina Española de Patentes y Marcas; temen el plagio, más
o menos disimulado, y no inscriben en el Registro de Propiedad
Industrial. Segundo, hay que acotar el período de duración o de
maduración de las transferencias desde el centro de investigación hasta
la incorporación a los procesos productivos. Y tercero, que, a pesar de
lo meritorio y muy bien orientados esfuerzos que en materia de difusión
hace la Oficina Española de Patentes y Marcas, el resultado final es que
está siendo infrautilizada.
El plan que proponemos resuelve un mayor incremento de aportaciones al
proceso de I+D, un mayor número de
personas dedicadas al I+D, un incremento de las aportaciones a los
procesos de I+D del sector privado, la ejecución de fondos de I+D con más
empresas y centros privados, la participación más elocuente de personal
no universitario, un incremento de nuestra aportación al acervo europeo
en patentes, un remedio al déficit de nuestra balanza tecnológica, una
estimulación a la dedicación y a la vocación de los inventores, acorta el
período de transferencias, supera la infrautilización de la Oficina
Española de Patentes y Marcas y es previsible que, como consecuencia de
todo ello, hay un importante aumento de competitividad en la industria
española. Al propio tiempo, se ofrece una esperanza y una atención a los
desempleados y a la opinión científica y tecnológica. Y debe quedar
descartada cualquier duda sobre la rentabilidad de estos procesos, ya que
es un axioma, corrientemente admitido por todos, que una inversión en I+D
de 100 dólares genera 123 dólares, por consiguiente, un beneficio neto
del 23 por ciento.
Vamos con nuestra proposición de un programa de empleo y de desarrollo
tecnológico, que viene definido por las siguientes coordenadas,
básicamente. Se trata de comunicar dos conceptos aparentemente
diferenciados. En primer lugar, una gran masa de desempleados, sobre
cuyas características entraremos después y, en segundo lugar, un proceso
de obsolescencia de la industria española.
Desempleados. ¿Cuántos? Según la última estadística de la encuesta de
población activa que manejé al hacer esta proposición, hay del orden de
3.600.000 parados en la economía española, de los cuales, aproximadamente
900.000 están incluidos en la categoría de técnicos profesionales de
grado medio y superior, que incluye los ciclos formativos de grado medio
y superior, de formación profesional y de las enseñanzas de artes
plásticas y diseño, enseñanzas de idiomas y otros estudios reglados de
igual nivel, y universitarios y otros, que incluye tres primeros cursos
de estudios universitarios de dos ciclos que no dan lugar a título,
titulación equivalente universitaria, y estudios postsecundarios no
conducentes a titulaciones equivalentes a universitaria. Novecientos mil
parados cuya inmensa mayoría podemos presumir que tienen un bagaje
tecnológico; unos son sin empleo anterior, otros, personas que en su
tiempo formaron parte de plantillas de empresas que han quebrado o han
desaparecido por diferentes circunstancias.
Corrientemente se dice que la formación es un elemento para potenciar la
colocación, pero a veces ocurre que la verdad es todo lo contrario, que
un perfil claramente especializado y definido en una persona constituye
una dificultad para encontrar un nicho en el complejo mundo del mercado
de trabajo. Por consiguiente, cantera hay; hay 900.000 personas
potenciales dispuestas a resolver los archivos de la Oficina Española de
Patentes y Marcas, donde hay aproximadamente unas 800.000 patentes
españolas y unos 12 millones de patentes, entre patentes europeas,
patentes españolas y patentes procedentes de otro países.
Revolviendo los fondos, ¿qué se conseguiría? Se encontrarían determinadas
patentes que, por sí solas, serían las ideas con las que nacen muchas
empresas; en otros casos, un fortalecimiento de empresas existentes. Yo
me pregunto muchas veces en cuántas ocasiones habrán ido los técnicos de
Hunosa o de otras muchas empresas españolas en crisis a averiguar qué es
lo que hay para solucionar sus dificultades en la Oficina Española de
Patentes y Marcas. Recientemente, he tenido un contacto con una
importante refinería española inserta en una multinacional y me decían
que el procedimiento por el que ellos se abastecían de utillaje era, a
través de su personal especializado, buscar en el mercado aquellos
elementos más novedosos y más baratos. Y yo les decía si no sería más
barato todavía y más novedoso lo que todavía no estaba en el mercado,
pero sí en los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Se trata de agrupar en asociaciones multidisciplinarias a profesionales,
entre los cuales va a haber economistas y abogados que se manejen con
soltura en el mundo del marketing, del cálculo de costos, de la
publicidad, de las relaciones industriales, en la legislación industrial,
etcétera, y personal especializado relacionado con las patentes o los
modelos de utilidad que, en definitiva, van a ser buscados; financiar a
estos grupos con complementos o procedimientos diferentes, que se
mencionan en nuestra proposición, para que tengan un aliciente en la
realización de su trabajo, estudien la viabilidad de determinadas
patentes y modelos de utilidad y finalmente, una vez conocida y
estudiada, den pie a la constitución de una propia empresa u ofrezcan el
resultado de su actuación a las empresas españolas del ramo que pudieran
estar interesadas. Nada de esto se hace. Es más, tenemos las dos actas
consecutivas de la Comisión Mixta de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico. En la primera, compareció el Secretario de Estado
de Universidades e Investigación e hizo un análisis de la situación
científica y tecnológica española que yo no he hecho más que repetir, no
es de mi cosecha, la he tomado de sus propias palabras; y posteriormente
compareció la Ministra de Educación y Cultura para ratificar
prácticamente lo que, de un modo más general, había dicho el Secretario
de Estado de Universidades e Investigación. Reconocen que nuestro
desequilibrio fundamental está en las transferencias de tecnología a las
empresas españolas e insinúan posibilidades que están absolutamente
acordes con la proposición que presentamos; damos la virtualidad de
generar una ilusión a aquel numeroso personal desempleado, ofrecerles un
camino. Probablemente los primeros equipos que se constituyeran serían la
cantera de monitores de los sucesivos grupos que se fueran creando y
estoy convencido de que, como otras iniciativas que se han tomado en
nuestro país (los viajes de la tercera edad, etcétera), al final serían
programas que se autofinanciarían y que incluso generarían beneficios.
Nos vamos a encontrar con una enmienda que, si se acepta todo lo que
hemos dicho, es bastante incongruente con lo que se pretende. Dicha
enmienda la presenta el Grupo Parlamentario Popular; la incoherencia es
suya. Nosotros estamos dispuestos a aceptarla, a condición naturalmente
de que se admita todo el elemento introductorio de nuestra proposición.
Creemos que esta incoherente enmienda que se propone no es ningún
obstáculo, no cierra ningún camino al resto de nuestra proposición. Por
eso estamos
dispuestos a admitirla y esperamos la toma de posición de los restantes
grupos.
El señor PRESIDENTE: Tiene presentada una enmienda el Grupo Parlamentario
Popular.
Tiene la palabra don Atanasio Ballesteros.
El señor BALLESTEROS MORCILLO: Lo que ocurre, señor Navarrete, es que no
he entendido bien el último sentido de sus palabras, a pesar de que
llevamos ya dos días discutiendo sobre las enmiendas para llegar a un
acuerdo.
Me dice que es incongruente la enmienda y, sin embargo, no tiene ningún
inconveniente en aceptarla, siempre y cuando se mantenga el elemento
introductivo. No sé si se refiere a todo lo que nos ha dicho esta mañana,
a todos los datos que nos ha dado, o si se refiere a la proposición no de
ley en esencia, es decir, a su parte expositiva.
Me gustaría que se me aclarara eso, porque es distinto si se está
presentando una enmienda, como la que presenta el Grupo Popular esta
mañana --de sustitución o de modificación, es indistinto-- para para que
quede como proposición no de ley en vez del texto expositivo que ustedes
presentan. Es necesario saberlo a la hora de seguir en estos trámites.
Para decirle que no se puede aceptar la proposición no de ley que se
presenta esta mañana tengo que hacer antes una salvedad y es que
prácticamente la totalidad de los argumentos que ustedes dan los
comparto, lo que ocurre es que digo prácticamente la totalidad, porque en
todo el análisis jurídico, laboral e histórico que ha hecho, quizá, señor
Navarrete, se le han olvidado algunas cosas; se le ha olvidado comentar
parte de la génesis de la situación de los desempleados tecnológicos que
hoy tenemos y que la política educativa, de formación, o de formación
profesional, durante la última decena de años, a lo mejor no ha sido lo
precisa que debería ser y nos ha llevado a la situación en la que en
estos momentos estamos.
Mi grupo dice que si efectivamente el objetivo de la proposición no de
ley es que determinados colectivos de trabajadores desempleados, con una
cualificación profesional elevada, sean aprovechados, ellos y sus
conocimientos, desde el punto de vista técnico, para avanzar en las
tecnologías, nos parece lo más loable. La finalidad la compartimos; la
naturaleza, también. Si se trata de resolver todos los archivos de la
oficina, desde luego no vamos a estar de acuerdo.
Yo creo que con esta enmienda que se presenta se puede llegar a una buena
solución. ¿El objetivo es sacar del desempleo y aprovechar la
cualificación técnica que tienen determinados desempleados? Si ése es el
objetivo, con esta enmienda se cubre perfectamente. Si el objetivo es
estudiar cuáles son las posibilidades laborales que con la legislación
vigente tienen determinados desempleados, con una cualificación
profesional importante, con el punto primero de la enmienda se van a
subsanar los problemas que pueda haber.
No se puede aceptar el instrumento que se pretende con la proposición no
de ley. Se aceptan los objetivos, se acepta la naturaleza, pero no se
pueden aceptar los instrumentos. Porque yo tengo una convicción, señor
Navarrete: pienso que creando los grupos interdisciplinares vamos a
conseguir justo el efecto contrario del que pretendemos. Vamos a
conseguir montar un totum revolutum que no nos va a llevar a sacar del
desempleo a esos desempleados tecnológicos o con una alta cualificación
profesional.
El instrumento de la creación de equipos interdisciplinares no se puede
aceptar, porque no es lo más idóneo, genera problemas desde el punto de
vista técnico, genera problemas desde el punto de vista jurídico, genera
problemas desde el punto de vista laboral. Como se puede dar cuenta,
genera problemas desde todo punto de vista para la legislación y para la
regulación de esta materia.
En estos momentos se puede comprobar cómo, por distintos proyectos, se
está haciendo caso a esta proposición no de ley. Le quiero recordar la
iniciativa Atica, promovida por la Dirección General de Tecnología y
Seguridad, que va a poner en marcha un área de creación e impulso de
infraestructuras y redes de innovación, principalmente constituida por
centros tecnológicos, entre cuyos objetivos se encuentre la realización
de estudios de viabilidad --esto es lo que usted está pretediendo--, para
la incorporación de nuevas tecnologías a las empresas.
Desde los planes nacionales, europeos, regionales, locales, o de
cualquier otra entidad pública, mixta, o privada, que estén trabajando en
la investigación y el desarrollo, se puede apoyar, como decimos en
nuestra enmienda, que se saque a estos desempleados que tengan una
cualificación tecnológica importante y ponerles a trabajar dentro de
grupos que ya tengan una cierta experiencia. Porque otro de los problemas
técnicos que podría existir es que se saque la aplicación práctica del
estudio. Lo que se pretende por el Ministerio y por el Gobierno, lo que
se está haciendo en la investigación y el desarrollo, es que sean
conjuntamente, que la investigación esté dentro de la práctica, que haya
presupuesto, que haya viabilidad para eso. Con nuestra enmienda
subsanamos ese problema técnico.
En cuanto a las marcas, a las patentes y a los modelos de utilidad, le
tengo que decir que hay problemas jurídicos importantes, incluso
comentados por el Tribunal Europeo. No se puede expropiar una marca, que
habría que hacerlo; no se puede comenzar a estudiar una marca sin ser
conscientes de que posteriormente, con su propietario, se va a poder
hacer un convenio. Si hemos tirado el dinero, hemos estudiado, y luego no
lo podemos llevar a la práctica porque no nos lo permite el propietario,
no vamos a ir a ningún sitio.
Ahora mismo también existen, desde el punto de vista laboral --por
cierto, legislados en anteriores legislaturas--, ciertas órdenes
ministeriales que permiten, a través de planes de fomento de empleo local
y otro tipo de planes, que se puedan desarrollar estos equipos, pero no
como equipos autónomos, no como equipos per se, constituidos ad hoc al
efecto, sino como equipos que se pongan a trabajar dentro de los planes
que se tienen.
Por tanto, señor Navarrete, señor Presidente, vamos a decir no al texto
de la proposición no de ley y vamos a mantener nuestras enmiendas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Si la capacidad de convicción estuviese en
relación a la extensión de las intervenciones, seguramente nuestro grupo
parlamentario, hoy, se vería obligado a votar a favor de esta proposición
no de ley, pero como la capacidad de convicción no está en relación a la
intensidad, nosotros, en principio, por los argumentos que ahora daré, no
votaremos favorablemente esta proposición no de ley del Grupo Socialista,
sin olvidar que buena parte de las reflexiones que se han hecho sobre el
futuro del trabajo podría compartirla yo creo que todo el mundo.
En las propuestas específicas que contiene esta proposición no de ley
existen elementos que nos hacen dudar de su viabilidad. En concreto, el
procedimiento de expropiación que nos plantean no nos parece el más
adecuado, porque significa hacer un expediente de expropiación para cada
patente o modelo de utilidad. Esto implicaría un proceso lento y no
negociado y el resultado de la expropiación sería la utilidad pública de
la patente o modelo de utilidad, que después volvería a privatizarse. Si
la selección de patentes y de modelos de utilidad expropiables se hiciese
antes del estudio de viabilidad, muchos resultarían finalmente inviables,
con el consiguiente gasto público y de tiempo de los parados que
realizasen dicho estudio.
Es dudoso el interés social de las patentes y de los modelos de utilidad
que se habrían de expropiar. El interés social, en todo caso, reside en
el programa, no en la patente o en el modelo de utilidad. Esto significa
que se habría de modificar la legislación con todas las limitaciones que
hoy existen en el ámbito internacional, por los diversos convenios
internacionales que regulan estos aspectos.
Por lo que hace referencia a la viabilidad empresarial de la explotación
de las patentes y de los modelos de utilidad, entendemos que la
proposición no de ley no recoge ningún aspecto referido a la misma, desde
el punto de vista de la viabilidad empresarial. Tan sólo se centra en los
aspectos de funcionamiento de estos programas a través de los equipos
interdisciplinarios.
En la motivación de la proposición no de ley sí que se hace referencia a
los beneficios económicos. En concreto, se habla de ayudas eventuales
para favorecer la creación de nuevas empresas, pero hay otras referencias
del tipo de prestaciones económicas complementarias, como el paro o el
compromiso con los centros de investigación públicos y privados a la hora
de adquirir los resultados de los estudios, parece ser que el modelo de
funcionamiento en la mente de los redactores está más relacionado con las
escuelas-taller que con el fomento de la autoocupación. Este elemento, a
nuestro entender, es el más débil de las propuestas concretas que
contiene esta iniciativa. Además, la proposición no de ley pretende
desarrollar el programa sin establecer las modificaciones legales
necesarias para su ejecución. En todo caso, se hace una referencia
genérica y muy amplia a estas modificaciones, que se introduzcan las
necesarias reformas legales. El programa sigue un modelo de
funcionamiento absolutamente alejado de la realidad económica, aunque
figuran los convenios que regulan las relaciones entre los organismos
implicados.
Nos parece que es una propuesta que no se ajusta al funcionamiento real
de la economía en nuestra sociedad y ello no nos permite votar
favorablemente esta proposición no de ley. Entendemos que las enmiendas
que presenta el Grupo Popular permiten crear un marco a través del cual
se pueda desarrollar esta iniciativa y, por tanto, veríamos con buenos
ojos que el Grupo Socialista las aceptase. Si finalmente estas enmiendas
no son aceptadas, insisto, nosotros votaremos en contra de la proposición
no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Nosotros vamos a votar favorablemente esta
proposición no de ley, porque entendemos que cualquier esfuerzo en las
condiciones actuales de dificultad de creación de empleo, cualquier
esfuerzo por encontrar un yacimiento de empleo novedoso y sobre todo un
esfuerzo como el presente, que aporta muchos grados de originalidad, de
minuciosidad en la exposición y, por tanto, de claridad respecto a lo que
se pretende, es conveniente, es necesario y no hay que dejarlo pasar por
la puerta, sino que hay que apropiárselo y tratarlo con cariño para que,
efectivamente, cubra sus objetivos y cree finalmente empleo.
Nosotros creemos, después de haber leído la enmienda presentada por el
Grupo Popular y después de haber oído su explicación, que no es razonable
que se pongan tantas dificultades para la viabilidad de esta proposición
no de ley, porque nos parece que lo que se pretende es, en primer lugar,
generar una facultad por parte del Ministerio de Trabajo y de Asuntos
Sociales para la elaboración de convenios con distintas entidades. Por
tanto, está en manos de la Administración, en cualquier caso, la
generación de las iniciativas concretas y su puesta en práctica. Es abrir
una puerta; en ningún caso es cerrarla a cal y canto.
Nos parece que sería conveniente dar viabilidad a esto. Si no lo hacen
las instituciones públicas, si no lo hace el Gobierno, lo tendrán que
hacer las entidades privadas a título particular o a título colectivo en
la medida en que sean colectivos interesados. Pero nos parece conveniente
que lo haga el Gobierno, que tome esta iniciativa el Gobierno como
principal responsable de la creación de empleo y que nosotros, el
Legislativo, demos luz verde a esta capacidad del Gobierno.
Por tanto, no acertamos a comprender las dificultades, que de todas
formas han de ser superadas en la práctica, tanto las legislativas como
las prácticas; nunca habrán de ser un tropiezo definitivo.
Nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley, en cualquier caso.
Entendemos los motivos del grupo proponente, sin duda alguna, y los
apoyamos, para no aceptar la enmienda, que, en este caso más que en otros
incluso, viene a ser una enmienda para no aceptar enmendando y
nos parece que esta técnica debería dejar de ser usada por el Grupo
Popular tan prolíficamente como lo está siendo hasta la fecha.
El señor PRESIDENTE: Señor Navarrete, la enmienda, aunque se ha
calificado por el Grupo Popular de modificación, yo entiendo que es de
sustitución.
El señor BALLESTEROS MORCILLO. Entiende bien, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Entonces, debe decir el grupo proponente si la
acepta o no.
El señor NAVARRETE MERINO: Señor Presidente, como la enmienda sólo se
refiere a la parte dispositiva de la proposición no de ley, nosotros
vemos que puede ser aceptada. Aunque tiene una cierta incoherencia con lo
que se predica a lo largo de toda la proposición no de ley, no impide que
se lleve a cabo lo que se indica en todo el texto introductorio, bastante
amplio y detallado. Por consiguiente, nosotros estamos dispuestos a
aceptar la enmienda transaccional. No nos gusta, pero la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate...
Señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Si se me concede un turno de réplica, por
alguna de las manifestaciones que se han hecho.
El señor PRESIDENTE: Serán alusiones, porque, si se ha aceptado la
enmienda, obviamente, no cabe réplica.
El señor NAVARRETE MERINO: De acuerdo.
El señor PRESIDENTE: ¿Era por alusiones específicas? ¿Se ha sentido
aludido?
El señor NAVARRETE MERINO: Sí, señor Presidente, en varias ocasiones.
(Risas.) El señor PRESIDENTE: Pero no se trata de hacer un turno de
réplica.
El señor NAVARRETE MERINO: No son juicios personales. Me estoy acogiendo
a la única posibilidad que me concede el Presidente para hablar. Porque
me gustaría matizar algunas de las afirmaciones que se han hecho.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por dos minutos.
El señor NAVARRETE MERINO: En primer término, se dice que no se ve mucho
sentido a los equipos multidisciplinarios. Se puede acudir a cualquier
lugar donde haya unos profesionales dedicados a la investigación y
contemplar que las especializaciones y las titulaciones académicas son
distintas. Por consiguiente, decir que un equipo de investigación no es
multidisciplinario no resiste el más mínimo análisis lógico.
Segundo, los grupos van a salir adelante y probablemente con el apoyo del
Gobierno, desde luego con el apoyo de la UGT, que ha dicho que los va a
poner en marcha haga lo que haga el Gobierno del país, con el apoyo de
una serie de diputaciones que se han comprometido a lo mismo, con el
apoyo probablemente de Comisiones Obreras, que está interesada en
asociarse en esta materia con la Unión General de Trabajadores, con el
apoyo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Las
Palmas de Gran Canaria, que también ha dicho que haga lo que haga el
Gobierno central, lo va a poner en marcha, y con el apoyo de la Unión
Europea, que manifiesta que es necesario que los fondos estructurales
incidan precisamente en la aplicación de las innovaciones, y nada más
innovador que una patente en los procesos industriales de las empresas
privadas. Por consiguiente, esto va a salir adelante. Estoy convencido de
ello.
Segundo, hay un desgarramiento, en materia de expropiaciones. Yo creo que
no se le da la categoría absoluta con que se ha planteado. Decimos que en
el convenio deberían contemplarse las fórmulas posibles de compromiso con
el titular de la patente o modelo para que éste permita el estudio de
viabilidad. En este sentido, nos tenemos que autocorregir, porque no es
necesario la autorización para estudiar la viabilidad, porque las
patentes son públicas a estos efectos de estudiar la viabilidad, no a los
efectos de explotarlas económicamente.
Decíamos que una de las cosas que podía ocurrir es que se expropiaran las
patentes, y se nos niega. Se niega también el artículo 37 de la Ley de
Patentes, que establece la categoría de patentes expropiables. Por
consiguiente, o se modifica la Ley o los argumentos jurisprudenciales de
la Unión Europea que se aducen no tienen la virtualidad con que aquí se
presentan; un procedimiento general de expropiación de patentes no es
válido, pero procedimientos específicos en determinados casos de
expropiación de patentes sí que lo son. Pero no es la fórmula que
nosotros preferimos; la que nosotros preferimos es la aparcería del
titular de la patente para la ulterior explotación económica con el
centro privado que esté interesado en llevar a cabo la explotación de esa
patente. Esto va a ocurrir muchas veces por el interés del propio
investigador de que su innovación se vea colocada en el mercado y en los
procesos productivos.
Quiero dar las gracias a los grupos y espero que Izquierda Unida, a la la
vista de lo que acabo de manifestar, reconsidere su posición y vote
favorablemente, porque estoy convencido de que lo vamos a apoyar todos y
me gustaría que también lo hiciera Izquierda Unida, cuyo estudio
meticuloso, personalmente y en nombre de mi grupo agradezco.
--SOBRE CREACION DE EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000200.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley sobre creación de
empleo de las personas con discapacidad, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, la proposición no de ley que
presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya para la creación de empleo de las personas con discapacidad no
se circunscribe sólo y exclusivamente al ámbito del empleo sino que
además pretende que se puedan recabar de los organismos y de las
instituciones competentes en materia de discapacidad todos los datos
necesarios para llevar a cabo no solamente la creación de empleo o el
aumento de empleo para las personas con discapacidad, sino que al mismo
tiempo seamos capaces de conseguir, de lograr los objetivos del plan de
acción y de integración para las personas con discapacidad.
Señor Presidente, con el permiso de la Mesa no sólo voy a defender esta
proposición no de ley, sino que además me voy a posicionar con respecto a
las enmiendas que se han presentado a ella.
Señorías, refiriéndome a lo que es la exposición de motivos de esta
iniciativa, la Constitución española reconoce el derecho y la obligación
al trabajo de todos los españoles, con independencia, según el artículo
14, de su sexo o de cualquier otro tipo de discriminación, y por lo tanto
consideramos que las personas con discapacidad en estos momentos están
sufriendo una determinada marginación, puesto que la sociedad todavía no
ha alcanzado la sensibilidad suficiente para conseguir que muchas de las
dificultades con las que se enfrenta para la integración plena de estas
personas en la sociedad se hayan eliminado.
En esta Cámara hemos discutido en la legislatura pasada cómo podíamos
eliminar barreras físicas, pero existe otro tipo de barreras, como son
las de comunicación, las de transporte, o el desconocimiento que se tiene
sobre la plena compatibilidad entre muchas de las minusvalías y los
puestos de trabajo.
En estos momentos hay determinados incentivos, ayudas y subvenciones que
sería necesario actualizar, y a eso es a lo que se dedica el primer punto
de la proposición no de ley, a instar al Gobierno a que estas ayudas,
incentivos o subvenciones sean actualizados y reordenados, porque han
quedado un poco obsoletos. En muchos casos se señalaba ya en lo que,
cuando se presentó la proposición no de ley, era el proyecto del plan de
acción para las personas con discapacidad, que en estos momentos ya es el
plan de acción para las personas con discapacidad que tiene aprobado el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Además, existe otro problema, que es el desconocimiento, por falta de
tener todos los datos centralizados, de cuál es la situación real de
empleo de las personas con discapacidad. En un informe del Consejo
Económico y Social de 1994 se hablaba de que la tasa de empleo de la
población en general en aquel momento era del 47,5 por ciento y la de las
personas con discapacidad, del 24,7 por ciento. Estos datos estaban
extraídos de una encuesta que se había hecho en 1986. A casi diez años de
los resultados de esta encuesta, resulta bastante desfasado para poder
hacer una previsión o una elaboración de recomendaciones desde el propio
Consejo Económico y Social.
También es cierto que convenios y recomendaciones de la OIT fijan como
objetivo de la política social que el nivel de paro de las personas con
discapacidad no sea superior al conjunto de la población activa. Todo
esto nuestro Estado lo sabe, lo conoce, somos partidarios de ello y hay
que ponerse a trabajar.
El punto 2 de la proposición no de ley precisamente va encaminado a que
se elabore el censo de personas con deficiencias de capacidad y
minusvalías, de ámbito estatal, para que se pueda tener todos los datos
en la mano y trabajar con cifras actualizadas, además, hay que establecer
el método permanente de actualización de estos datos, para que no se
vuelvan a quedar desfasados.
En el punto 3 de la proposición no de ley pedimos que se promuevan
campañas de información para la inscripción de las personas con
discapacidad, como demandantes de empleo en las oficinas del Inem.
En el punto 4 planteamos que se elabore un registro actualizado de
trabajadores discapacitados, que se puedan desarrollar los instrumentos
de aplicación, con la descripción de perfiles personales y ocupacionales,
para la evaluación de las capacidades ocupacionales en relación con los
puestos de trabajo.
Señorías, estos días pasados se celebró el día mundial del discapacitado
y el propio Consejo Económico y Social hablaba de la necesidad de que
habría que proponer medidas de empleo para más de doscientos mil
discapacitados, según un informe que elaboró el año pasado. Lo que viene
a decirnos el CES es prácticamente lo que está recogido en nuestra
iniciativa, aunque estaba presentada con anterioridad. Ello demuestra que
hay un consenso, de alguna manera generalizado, en que hay que tomar
determinadas medidas y en cuáles son los mecanismos que necesitamos para
obtener los datos que nos permitan iniciar el buen camino del plan para
personas discapacitadas. Además, dicho sea de paso, el presupuesto que se
le ha otorgado para 1997 puede resultar escaso; lo dejamos para empezar a
poner en marcha el plan y veremos qué es lo que sucede. Por eso no
presentamos ninguna enmienda, para ver cómo se pone en marcha el plan y
cómo van evaluándose los objetivos y su aplicación.
Esta es, señorías, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, a cuyo punto 1 el Grupo Parlamentario
Popular ha planteado una enmienda de sustitución, que dice que sea dentro
del plan de acción para la integración de las personas con discapacidad
donde consten las medidas que faciliten la incorporación de los
minusválidos al mercado laboral. Nos hubiera gustado que hubiéramos
instado al Gobierno a que se aumenten o se actualicen las ayudas y
subvenciones que ya están establecidas, que no se pueden hacer desde el
plan, pero como somos conscientes de que estas ayudas ya no se van a
aplicar para 1997, puesto que no hay ninguna enmienda a los presupuestos
generales del Estado que así lo indique y nosotros tampoco la hemos
presentado, creemos
que es mucho más importante que se empiece a trabajar desde el propio
plan de acción y si desde el mismo se pueden establecer o mejorar las
ayudas, subvenciones o medidas de integración de los discapacitados,
bienvenido sea. Además, en aras del consenso, estamos dispuestos a
aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular a este punto 1,
porque consideramos que es importante que empecemos ya a tomar medidas de
acción para las personas con discapacidad.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista se han presentado dos
enmiendas, una, al punto número 2, es de sustitución; en realidad, no
modifica su sentido. Nosotros pedíamos que se elaborara el censo, no
decíamos qué institución o qué ministerio tenía que hacerlo. El Grupo
Parlamentario Socialista plantea que sea el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, utilizando ya los mecanismos establecidos y los
trabajos realizados tanto por el Inserso como por las comunidades
autónomas, cosa que nos parece totalmente adecuada, porque no sería
empezar de nuevo, sino tener ya los datos que las comunidades autónomas
con competencia en la gestión de los servicios sociales tienen; a través
del Inserso y de las comunidades autónomas, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales tendrá muchísimas más facilidades para poder elaborar el
censo, en el ámbito estatal, de las personas con deficiencias. Por tanto,
la vamos a aceptar.
La enmienda número 2, del Grupo Socialista, pide sencillamente impulsar y
desarrollar los planes informáticos que están actualmente introducidos en
la administración. Tampoco tenemos ningún tipo de inconveniente en
aceptarla, entre otras cosas porque lo que hace es mejorar la redacción
del apartado número 4.
Esperamos que con la aceptación de estas enmiendas sea aprobada por
unanimidad la proposición no de ley, porque, en definitiva, el interés de
esta iniciativa era conseguir empezar a actuar, como decía antes,
decididamente, con cuestiones concretas, para las personas con
discapacidad y que sea mucho más fácil que durante 1997 se evalúen los
objetivos del plan de acción para la integración de las personas con
discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Antes de conceder la palabra a los grupos
parlamentarios, quisiera aportar unas sugerencias, para que no nos
critiquen tanto los académicos de la lengua española. Me refiero a la
redacción de las enmiendas aceptadas del Grupo Socialista y propongo una
mejora de la sintaxis. Dice que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales elaborará el censo de personas con deficiencias de ámbito
estatal. Evidentemente, el ámbito estatal no se refiere a las
deficiencias, sino al censo. Tendría que decir: «El Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales elaborará el censo de ámbito estatal de personas con
deficiencias...», etcétera.
En la segunda enmienda del Grupo Socialista, igualmente sugiero cambiar
«mediante la que», después del punto y seguido. Sería mejor decir: «Con
ello se obtiene...» y «se desarrollan» en lugar de «desarrollar», porque
ya no tiene mucha coherencia este infinitivo; «y se desarrollan
instrumentos de aplicación...». Me estoy refiriendo al apartado 4 de la
proposición no de ley. Son sugerencias para mejorar la redacción.
En defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra la
señora Cortajerena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
decirle que vamos a aceptar la sintaxis propuesta; el punto número 2 sí
que estaba mal redactado y en el punto número 4 se hacía con la intención
de no modificar el texto inicial presentado por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya con la enmienda de adición.
En la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, nos
felicitamos por la presentación de esta iniciativa legislativa por el
grupo proponente y queremos dejar constancia de que para el Gobierno
socialista ha sido muy importante, durante estos trece años de gobierno,
impulsar medidas que favorezcan la integración laboral del colectivo de
los discapacitados. Por ello quiero hacer un pequeño resumen. Sin ir más
lejos, en el sector público se promulgó la Ley 23/1988, de modificación
de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en la
disposición adicional decimonovena se elevó la reserva de vacantes para
minusválidos del 2 al 3 por ciento.
En el sector privado, muchas han sido las leyes que se han promulgado, en
concreto la Ley 22/1992, de Medidas urgentes sobre el fomento y
protección por desempleo; la Ley 631/1993, por la que se reguló el plan
nacional de formación e inserción profesional; la Ley 22/1993, de Medidas
fiscales de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la
protección por desempleo; la Ley 10/1994, sobre Medidas urgentes de
fomento de la ocupación y la Ley 11/1994, por la que se modifican
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley sobre Infracciones
en el Orden Social. Estas son las leyes que nosotros hemos promulgado. En
total, han sido siete durante nuestro Gobierno; dos reales
decretos-leyes, cinco reales decretos, cuatro órdenes ministeriales y una
resolución.
Tal y como señalaba el proyecto del plan de acción para las personas con
discapacidad, del Ministerio de Trabajo, del año 1995, se precisó
elaborar una reordenación de todo esto y no consideramos que implique una
ausencia, sino que sería preciso, en función de toda esta normativa y de
todas estas iniciativas legislativas, que tienden a mejorar el proceso de
inserción laboral de las personas con minusvalía, seguir avanzando en
esta línea. Por tanto, nuestra propuesta era mejorar, tal y como ha dicho
la portavoz de Izquierda Unida, los textos que contienen la proposición
no de ley presentada.
Las enmiendas tienen dos características. La enmienda de sustitución del
punto 2 se basaba en un argumento, que es el siguiente: Cuando se pedía
actualizar los datos en la encuesta sobre deficiencias, discapacidades y
minusvalías del Instituto Nacional de Estadística del año 1986, creíamos
que una encuesta se puede modificar por otra encuesta, dado que hacía
diez años que se había elaborado la primera encuesta, planteándonos, sin
embargo, la necesidad de utilizar los datos que ya se tienen.
Desde el año 1973, la creación del servicio de recuperación de
minusválidos creó a su vez los centros base, que tenían los registros
oficiales de valoración de minusvalías de toda España. En la actualidad
poseen un censo de 1.435.993 registros, que están avalados por la Orden
Ministerial de 8 de marzo de 1994, en la que se estableció un baremo con
carácter general para la determinación de las discapacidades de las
minusvalías. Ya está finalizado el trabajo en Aragón, Asturias, Baleares,
Cantabria, Madrid, La Rioja, Ceuta y Melilla. Este año 1996 se han
firmado convenios para realizarlo con las comunidades de Andalucía,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Murcia. En el año 1997, se
realizará con Canarias, Castilla-La Mancha, Valencia y País Vasco. Falta
por firmar, no obstante, el convenio con Galicia.
En este censo aparece la deficiencia, la causa inmediata y la teleología
genérica; por tanto, es una fuente de datos que debemos recuperar y
elevar su rango a la categoría de censo oficial. El INE, sin embargo,
podría utilizar estos datos, o bien el Consejo Económico y Social. Por
tanto, creemos que nuestra enmienda va dirigida a que el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales elabore el censo de ámbito estatal de personas
con discapacidad, utilizando los registros oficiales que ya tenemos en la
actualidad.
El segundo punto de la enmienda de adición al punto 4 del articulado de
la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida
pretende utilizar los mecanismos que están implantados a través del
programa Horizon, en el cual han trabajado los países de la Unión
Europea, que creó una aplicación informática, denominada Estrella y
creemos que es el momento para poder actualizarla, utilizarla y firmar
convenios con todas las entidades que tienen relación con el trabajo y la
incorporación laboral de las personas con minusvalías. Este programa
tiene cinco grandes apartados, que su base de datos permite cruzar,
obteniendo informaciones de todo tipo. El primer apartado es de todas las
personas discapacitadas y una tipología amplia de su discapacidad; el
segundo son las empresas de la zona, del ámbito donde están radicados; el
tercero se refiere a las ofertas de puestos de trabajo y perfiles de los
puestos; el cuarto son los centros de todo tipo donde pueden percibir
información, y el quinto, los cursos de formación profesional ocupacional
a los que pueden tener acceso los minusválidos.
Por tanto, creemos que, tal y como ya se ha dicho, esto mejora la
redacción y que es utilizar los mecanismos que en la actualidad tenemos
en la propia Función pública, que, a pesar de las transferencias, sería
bueno coordinar, para no perder este bagaje de conocimientos que tienen
las administraciones públicas en relación con la situación de la
valoración y de los discapacitados en España.
En consecuencia, nuestra propuesta va a ser, como se aceptan las
enmiendas, aprobar la proposición no de ley presentada por Izquierda
Unida.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Intervengo en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en relación con la proposición no de ley presentada
por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre medidas para promover
la inserción laboral de las personas afectadas por minusvalías,
deficiencias y discapacidades. Se han presentado tres enmiendas, una de
mi grupo y dos del Grupo Socialista, sobre las que pasaremos seguidamente
a posicionarnos.
Partimos de que el principio de integración laboral es el medio idóneo no
sólo de romper las barreras, sino de producir una integración social real
de las personas con discapacidad. A nadie pasa desapercibido el hecho de
que el trabajo en nuestra cultura históricamente ha sido un bien
socialmente reconocido y sobre el cual ha pivotado toda nuestra
estructura de funcionamiento. Es decir, es un medio de subsistencia, como
también lo es de reconocimiento, de prestigio y también de dignidad. Sin
embargo, el problema se suscita cuando bajamos al terreno de lo concreto,
al mercado de trabajo, el cual, en los últimos tiempos, se ha visto
alterado en sus formas tradicionales con la robotización, el principio de
eficacia, la competitividad, etcétera, siendo éstas algunas de las
características del mercado de trabajo, donde nos encontramos con que ese
bien denominado trabajo ha pasado por circunstancias difíciles.
El Gobierno, conocedor de esta situación y mostrándose sensible ante una
realidad social que lleva años siendo evidente, ha anunciado la
presentación de un plan de acción para la integración de las personas con
discapacidad. Ya en la V legislatura el Grupo Popular presentó
proposiciones de ley y no de ley, así como mociones ante el Pleno del
Senado en número de ocho vinculadas a la integración de los
discapacitados. Es en esta legislatura cuando el Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, don Javier Arenas, se ha referido a la presentación del
citado plan así como a la constitución del Consejo estatal de personas
con discapacidad y la elaboración de una ley de defensa jurídica de los
derechos de los minusválidos.
Así pues, como quiera que llegamos a un punto donde el debate no supone
en modo alguno discordia y sí encuentro de posiciones, no caracterizadas
singularmente por matices políticos, he de manifestar en nombre de mi
grupo parlamentario nuestra postura, que no puede ser otra que la de la
apoyar al colectivo de personas con discapacidad para que, a través de la
acción del Gobierno, encuentren las vías reales para la verdadera
integración laboral. Es cierto que se ha andado un largo camino y que
varias comunidades autónomas contemplan en sus presupuestos programas de
empleo varios, que se están llevando a término con el acompañamiento
incluso de monitores y asesores especializados en personas
discapacitadas, como es el caso de la Comunidad Autónoma Valenciana,
entre otros muchos.
Y me gustaría ya, si el tiempo me lo permite y SS. SS. tienen a bien
escucharme, pasar al contenido de la proposición no de ley por puntos. En
el punto 1, no hay objeción alguna que nos haga contemplar una posición
diferente a la presentada por el grupo proponente, ya que parece
coherente articular, actualizar y racionalizar medidas sobre
ayudas financieras e incentivos fiscales vigentes, si bien hemos de
analizar esta situación en un contexto general de lo que es el mercado
laboral, puesto que contemplarla desde un solo ángulo de visión no sólo
nos lleva a errores, sino también a tener una percepción sesgada de la
realidad. Al efecto, hemos presentado una enmienda, que ha sido aceptada
por el grupo proponente de la proposición no de ley, y se lo agradecemos.
En lo referente al punto 2, no sólo resulta razonable sino también
necesario elaborar un censo de personas, con deficiencias, discapacidades
y minusvalías, de ámbito estatal, lógicamente, con la corrección que el
señor Presidente ha realizado, hasta el punto de que ya el Instituto
Nacional de Estadística tiene previsto para el año 1997 publicar de nuevo
y debidamente adaptada la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y
minusvalías. Igualmente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales ya
tiene en marcha un programa cuya finalidad es construir una base de datos
en la que se recoja la información precisa de las personas cuya condición
de minusválidos haya sido reconocida. A la fecha de octubre, se completó
la recogida de estos datos en nueve provincias; hasta el final de este
año, se completarán veinticinco más, y durante el año 1997 se realizará
el resto.
En cuanto al punto 3 de la proposición no de ley, consideramos que,
ciertamente, es necesario promover campañas de información que eliminen
obstáculos de integración laboral en las personas con discapacidad,
existiendo la necesidad de establecer un sistema de información y
sensibilización en el que deberá colaborar activamente el Instituto
Nacional de Empleo.
En el punto 4 me permito hacer la observación de que en el marco de la
iniciativa comunitaria Horizon, a la cual ya se ha hecho referencia, se
ha desarrollado el programa informativo Estrella, que registra los
trabajadores con discapacidad, perfiles, mapa de recursos, lo que es la
formación de empleo y oferta y demanda de los puestos de trabajo a nivel
de zona o municipio. Se está tratando de generalizar este programa
mediante establecimiento de convenio.
Espero haber dejado clara mi posición, si bien quisiera hacer referencia
a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, a
favor de las cuales anuncio que vamos a votar, entendiendo que no alteran
sustancialmente lo que es el espíritu del mismo punto. Al mismo tiempo,
en coherencia con mi intervención, entendemos que lo adecuado es votar a
favor.
El señor PRESIDENTE: ¿Portavoces de los grupos que quieran fijar
posición? En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: El Grupo Vasco va a apoyar esta proposición no
de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida con las enmiendas que
han sido aceptadas por el grupo proponente y que han sido presentadas por
los portavoces de los grupos y, además, con las sugerencias o las
correcciones del señor Presidente en cuanto a la mejora de la redacción.
En primer lugar, quiero indicar que tanto las personas que presentan
minusvalías físicas o psíquicas como aquellas que podríamos denominar
como desfavorecidas socialmente constituyen un grupo social que, aunque
se configura de forma plural en la casuística de sus orígenes, sus
problemas, en lo que a inserción laboral se refiere y, en definitiva, a
su integración social son similares. En todos los casos aparece una
significativa marginación, tanto en la vida laboral como en las más
amplias relaciones sociales. El conjunto de estos grupos se ve afectado
por lo que los expertos han denominado como un proceso de «etiquetaje», y
lo pongo entre comillas, o de reforzamiento psicosociológico de la
desviación, esto es, dada una situación social «anormal», la pongo
también entre comillas, que afecta a un grupo social específico, la
sociedad en general elabora una imagen de las dificultades que lleva
consigo integrar al grupo en cuestión en alguno de los ámbitos de la vida
social, y en este caso, como aparece en la proposición no de ley, en el
mundo laboral. Por eso, decimos que se produce un proceso en espiral que
cierra en gran medida las posibilidades de integración de estas personas.
El Programa de Acción Social 1995-1997, de la Comisión de las Comunidades
Europeas, ya incluye el compromiso de presentar el próximo año una
comunicación que plantee una estrategia coherente de empleo para las
personas con minusvalía, que consolide las medidas en favor de la
prevención del desempleo de larga duración y de la integración de las
personas con minusvalía en la vida laboral. También la directriz marco
para la realización del principio de igualdad de oportunidades en las
personas con minusvalía incluye la promoción del empleo como clave
esencial para la integración.
Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley y antes de finalizar
mi intervención quiero decir que la Comunidad Autónoma Vasca desde hace
ya más de diez años ha desarrollado programas y recursos importantes para
favorecer la integración social, en el sentido más amplio, de las
personas discapacitadas y ha destinado recursos importantes para la
promoción del empleo.
Uno de los puntos a que se refiere la proposición no de ley está
relacionado con el censo y quiero decir que en el territorio histórico de
Alava este censo ya está elaborado en cuanto a la definición de la
minusvalía, la minusvalía agrupada, la relación edad-causa de la
minusvalía y el grado de movilidad de las personas según deficiencia.
Este es un trabajo que supongo otras comunidades autónomas también
tendrán avanzado y que se podría utilizar.
Vamos a dar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley, porque
es necesario adecuar y actualizar todas las acciones que se dirijan a la
promoción de la igualdad de oportunidades, a la eliminación de la
discriminación y el reconocimiento de los derechos de las personas con
minusvalía actualizando todas las acciones que se dirijan a la creación
de empleo para las personas con discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Amorós.
La señora AMOROS I SANS: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) va a dar su voto favorable a esta proposición no de ley por
entender que todas las actuaciones que vayan a incidir en el empleo y en
la plena integración social de los minusválidos son buenas iniciativas.
Me gustaría recabar en el primer apartado que habla de actualizar y
adecuar los incentivos, ayudas y subvenciones a la creación de empleo
para las personas con discapacidad. Señor Presidente, señorías, por
muchos incentivos y subvenciones que den a las empresas, que llegan
siempre tarde y mal a los empresarios, no es motivo de garantía de que se
creen puestos de trabajo. El verdadero incentivo que tiene un empresario
a la hora de contratar a un trabajador, disminuido o no, es la formación
y la capacitación que tiene este empleado hacia el lugar de trabajo que
se le ofrece. Yo creo que las iniciativas tienen que ir dirigidas a la
formación y a la especialización en el más alto grado de este colectivo
que puede optar a importantes puestos de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Intervengo sólo para agradecer a todos los
grupos de la Cámara el apoyo a esta iniciativa y el trabajo que han
realizado para mejorarla. Yo estoy convencida de que el colectivo de
discapacitados nos los agradecerá.
--SOBRE FORMA DE PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS
TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000212.) El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no
de ley sobre forma de pago del subsidio por incapacidad temporal de los
trabajadores fijos discontinuos, presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que también tiene una enmienda
formulada por el Grupo Socialista.
Para defensa de la proposición no de ley tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar ser breve al defender una
proposición no de ley que desde nuestro punto de vista es importante y
que afecta a sectores muy débiles de la población.
Los fijos discontinuos trabajan fundamentalmente en el sector
agroalimentario, en la conserva, y afecta porcentualmente a unas regiones
más que a otras; en el caso de la Región de Murcia a comarcas enteras,
como la de la Vega del Segura, Molina o incluso el noroeste en porcentaje
muy amplio.
El objetivo de nuestra proposición es doble. Por un lado, conseguir
corregir algo en cuanto a la forma. Nosotros planteamos en nuestra
proposición que haya una norma de rango suficiente que regule la realidad
de los fijos discontinuos, que no existe desde la Ley de la Seguridad
Social. No es lógico que el Director General de la Seguridad Social a
través de una nota modifique lo que histórica y tradicionalmente ha
venido siendo la forma de retribuir las situaciones de incapacidad
temporal, que se llama ahora o la ILT antigua, que desde luego no son
nada agradables para los trabajadores, sobre todo mujeres, que son las
que fundamentalmente trabajan en la conserva.
Fíjense SS. SS. que intento defender algo que en pleno siglo XX es un
tanto paradigmático, es lo de virgencita, virgencita, que me quede como
estoy. Queremos mantener lo que hay, lo que tradicionalmente se ha venido
aplicando. La reforma que se abordó en el año 1993 con el Real Decreto
2.319 redujo en Murcia sustancialmente lo que se aplicaba. Antes se
cogían como referencia los ingresos del mes anterior para fijar la ILT y
se cobraban todos los días, desde el primero hasta el último de los 18
meses, si se había cotizado por ello. Este real decreto modificó esa
realidad y cambió; ya no era todo el mes anterior sino los días
trabajados del mes anterior y se percibía en función de los días que
había correspondido de ese mes anterior.
Esa realidad ha venido funcionando tradicionalmente en Murcia y la
resolución del anterior Director General del Instituto de la Seguridad
Social, don José Antonio Panizo, planteó en abril de 1993 que en tanto no
se establezca la regulación de carácter general sobre la situación de ILT
de los trabajadores fijos discontinuos no se modifique el cálculo de la
base reguladora del subsidio ni lo que respecta a los días de abono del
mismo y los días de cotización durante la situación de ILT. Venía a decir
que se siga aplicando en la región de Murcia por el volumen que significa
en esta región; 25.000 trabajadores pueden verse afectados por esta
decisión, a través de ese escrito del actual Director General de la
Seguridad Social al Director provincial del INSS en Murcia.
Nuestra proposición dice que se mantenga lo que estaba funcionando antes,
que ha tenido una evolución histórica, que en la región ha tenido incluso
convenios que han funcionado al margen de la regulación que no existía en
el resto del país. Mientras en el país no estaba regulado, en la región
sí existían convenios que lo regulaban. Pedimos que se mantenga mientras
que el Gobierno desarrolla una norma de rango suficiente. Señorías, hay
sentencias a mansalva de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para
recoger esta realidad: sentencias de mayo de 1993, de octubre de 1993, de
marzo de 1994 y la última del 2 de enero de 1996 del TSJ de Cataluña
planteando la necesidad de que haya una modificación de rango jurídico,
un ordenamiento jurídico que modifique en el mismo nivel, no una
actuación de este tipo.
Y mientras tanto, ¿qué? Pues que el Gobierno en el plazo más breve
posible busque la regulación negociada con los agentes sociales. Esta
propuesta que nosotros hemos traído a la Cámara ha sido trasladada al
Gobierno por parte de los agentes sociales, por la Federación de
alimentación de UGT y de Comisiones Obreras. La propuesta que
hacían era muy prudente. Nadie quiere acabar con el futuro de la
Seguridad Social; al revés, consolidarla. Era muy prudente y para que
ustedes tengan idea les diré que en una empresa de nuestra región el 10
por ciento son fijos, el 20 por ciento eventuales y el 70 por ciento
fijos discontinuos, que vienen a trabajar cinco o seis meses en función
de las campañas del albaricoque, del melocotón, de la alcachofa, del
tomate; sólo trabajan en esas campañas.
Antes de la norma de este ilustre director general dirigida al Director
provincial del INSS cualquier trabajador en conservas vegetales que, por
desgracia, pasaba a tener incapacidad temporal, venía a percibir todo el
mes anterior, 4.080 pesetas en una situación y 3.800 pesetas diarias
desde el primer día de ILT. Si ahora aplicáramos esta norma pasaría a
dividirse todo el año anterior por los días trabajados, unos 112 de lunes
a viernes, que serían unas 1.800 pesetas, pero solamente se les pagaría
hasta que termine la campaña y en la proporción de lo cotizado en ese mes
contratado percibirá los días que sean. Es una reducción bestial en esta
incapacidad. Pero, ¿tiene una relación o parangón de comparación? Si este
trabajador hubiera tenido la suerte (lo digo por la idea de que pueda
haber un fraude galopante en el país a la Seguridad Social) de no ponerse
enfermo, terminada la campaña podría pasar a un trabajo, a otra actividad
o cobrar 180 días de desempleo, que además cotizaría. Pues bien, si este
trabajador cae en esa campaña, por ejemplo, a finales de marzo, que puede
ser una de las campañas, no percibirá hasta enero siguiente y no podrá
acogerse a todas las otras realidades; saldrá perjudicado gravemente.
Nosotros no estamos planteando lo que podrían ser contenidos, que sí lo
ponemos en el punto segundo de la proposición. ¿Qué dice Izquierda Unida?
Que el Gobierno elabore una regulación que recoja el pago del subsidio,
que el pago del subsidio se abone durante todos los días de la
incapacidad, porque cuando uno está incapacitado temporalmente, es todos
los días, no cinco días sí y el resto, no. Si a mí me ha caído un líquido
hirviendo o sosa de las conservas encima de las manos, no sólo me he
quemado los cinco primeros días, es mientras esté incapacitado, mientras
esté enfermo. Nosotros pedimos que se abone durante todos los días de la
incapacidad temporal; que este pago se haga delegado por la empresa
durante lo que resta de campaña, el resto que se haga por parte del INSS
de forma directa y que la cotización sea efectiva durante todo ese tiempo
para lo que es jubilación o derecho de desempleo. ¿Por qué? Porque los
tiempos, con buena lógica, caminan en la línea de incrementarlos, de
buscar proporción entre cotización y prestación. Quince años cotizados,
como mínimo, en esta situación de trabajo como fijo discontinuo, que
trabaja cuando le llama la empresa, va a empezar a ser complicado; pero
es que si se buscan muchas relaciones diferentes, va a ser aún más
complicado. De ahí que sea importante que si está un mes, dos meses o los
meses que esté en incapacidad, se cotice para que después tenga derecho a
lo que puede ser una jubilación en condiciones; si no, expulsaremos; el
sistema será muy rentable, pero porque hemos expulsado del sistema a
gentes que deben tener derecho.
Por tanto, señorías, la propuesta de Izquierda Unida pretende recoger
esta demanda que afecta a un porcentaje alto y que, junto con este pago
de subsidio, tenga como cálculo de la base reguladora lo que viene a ser
la cotización del mes anterior dividido por los días que haya podido
estar cotizando.
Hay dos enmiendas del Grupo Socialista que precisan lo que los sindicatos
UGT y Comisiones Obreras han venido a plantear, con una redacción más
acertada que la propia proposición y, por tanto, ya me anticipo, para
ahorrar una intervención. La propuesta que hace de sustituir la letra b
del punto segundo de nuestra proposición, para que la cotización se
realice durante todos los días que el trabajador permanezca en situación
de incapacidad temporal, la vamos a aceptar, y para el cálculo de la base
reguladora se dividirá la cotización del mes anterior, a la baja, por el
número de días cotizados de dicho mes. Por tanto, estamos proponiendo
nada más y nada menos que mantener un nivel similar a lo que en el real
decreto ya fue un recorte importante para los fijos discontinuos en la
región.
En el último punto, señor Presidente, decimos que quede sin efecto la
circular con que ha respondido el director general a lo que ha sido la
demanda del INSS de Murcia, el 7 de marzo, por cierto, antes de que
llegara este Gobierno. Este Gobierno formuló solicitud para ver si seguía
vigente esta nota del director anterior mientras no haya esa norma. El
Gobierno, con esta propuesta del director general, puede mantener o
modificar sustancialmente lo que se estaba aplicando, pero se ha puesto
en marcha esa aplicación, y no ha regulado normativamente. Pues bien,
nosotros pedimos que se deje guardada y que funcione como funcionaba
antes la relación en la zona de la región de Murcia mientras que el
Gobierno elabora una nueva normativa que haga frente a estas tres
precisiones que decía y la negocie con los agentes sociales. Señorías,
las cosas pueden ser muy buenas vistas por uno, pero las cosas no se
pueden imponer y no será pacífico porque afecta a un porcentaje altísimo
de la población. Yo no puedo caer como Esquilache. Esquilache salió de
aquí por la puerta de atrás y fue nombrado embajador de Milán, pero
Esquilache no entendería nuestra propia redacción. Podremos tener más
razón que un santo, nuestro objetivo puede ser muy bueno, pero el que
pierde el ojo es el vecino, y eso es lo que no podemos aplicar como
situación para poner la norma delante.
Invitamos al Gobierno, a los grupos que soportan al Gobierno, nunca mejor
expresado, que apoyan o mantienen esa relación, a que mantengan la
situación que tradicionalmente se ha venido aplicando, a que elaboren la
norma, negociada y consensuadamente, en el más breve plazo posible; a eso
invitamos al Gobierno. Pueden no votar el punto primero, que dice retirar
la resolución por no dejar en mal lugar al nuevo Director General de la
Seguridad Social, pero acepten los puntos segundo y tercero, que dicen al
Gobierno: Primero, que elabore lo más rápidamente posible una base
normativa de rango suficiente; y, segundo, mientras tanto, que en la
región de Murcia apliquen lo que tradicionalmente se ha venido aplicando.
Esto, desde luego, no es demasié; es muy prudentito. Y sobre el costo,
¡ojo! Ojo con el costo, que todos sabemos usar el lápiz, y
además, nosotros lo apuntamos en papel de estraza, para sacar las
cuentas. Todos sabemos lo que cuesta. No vengan con canciones de gran
costo de la Seguridad Social, porque esto no es la ruina del sistema; es
la racionalización de los derechos con el costo del sistema.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda. Para
su defensa, tiene la palabra don Ramón Ortiz.
El señor ORTIZ MOLINA: Señor Presidente, efectivamente, el origen de la
situación creada que nos ocupa hay que buscarlo en la respuesta de la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, de 25 de junio de
1996, a la consulta formulada por la Dirección Provincial del INSS, en
Murcia, relativa a la vigencia o no de la resolución de la extinguida
Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la
Seguridad Social, de 13 de abril de 1993, relativas ambas a la situación
de incapacidad temporal de los trabajadores fijos discontinuos. Esta
respuesta, como se ha dicho, deroga expresamente la resolución de 13 de
abril, en la medida que su aplicación implique la adopción de criterios
distintos a los expresados en dicho escrito de respuesta; criterios que
constituyen, a mi juicio, toda una teoría jurídica que anula de facto el
régimen por el que tradicionalmente se ha venido rigiendo la ILT de los
trabajadores fijos discontinuos pendientes de reglamentación y esto, sin
lugar a dudas, no se puede hacer con una nota de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, quizás arrastrados por la inercia, que
es verdad no es nueva, de confundir a los trabajadores fijos discontinuos
con trabajadores a tiempo parcial, aunque las realidades laborales son
bastante distintas.
Sin perjuicio de las consideraciones jurídicas que se estime oportuno
formular (y estoy seguro de que los más expertos juristas podrían
elaborar suficientes sobre el particular y quizás también suficientemente
contradictorias dada la singularidad, incluso territorial como se ha
dicho, de esta relación laboral), lo único cierto e indiscutible es que
la resolución de 13 de abril de 1993, aun no dando satisfacción
definitiva a los trabajadores del sector, sí daba cobertura a unos
derechos laborales consolidados y asumidos por empresarios y
trabajadores, derechos que han quedado eliminados con el nuevo escrito de
25 de junio, ya mencionado.
Con esta actuación de la Administración, los trabajadores fijos
discontinuos no sólo han quedado desprotegidos en sus derechos, con el
consiguiente perjuicio, sino que, además, se ha creado una situación de
agravio, a nuestro juicio insostenible, que deberíamos reparar
urgentemente. Sirva a título de ejemplo el elaborado por las
correspondientes federaciones de alimentación de la Unión General de
Trabajadores y de Comisiones Obreras en el sector de conservas vegetales,
que en el supuesto de incapacidad transitoria, un trabajador con
categoría de auxiliar cobraría 4.080 pesetas/mes si es fijo, 3.821
pesetas/mes si es eventual y 1.880 pesetas/mes si es fijo discontinuo,
con jornada de lunes a viernes y en concepto de pago directo una vez
finalizada la campaña. En el supuesto, y también se ha hecho mención, de
que la incapacidad transitoria se produjera al finalizar una campaña, la
situación, sin lugar a dudas, podría tornarse dramática para los
afectados, al no cobrar absolutamente nada hasta la próxima campaña, no
pudiendo, por su incapacidad, ocuparse en otro trabajo y quedando
perjudicado incluso su derecho a la percepción del subsidio de desempleo.
Por todo esto, señor Presidente, señorías, consideramos que, en tanto se
produce la correspondiente reglamentación de esta relación laboral, debe
restaurarse el sistema tradicional en cuanto al abono del subsidio por
incapacidad transitoria, a la cotización y a los criterios para el
cálculo de la base reguladora.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar
favorablemente la proposición no de ley de Izquierda Unida por
considerarla oportuna y justa en sus pretensiones, sin perjuicio de
estimar que la configuración final de la misma debe ser modificada --y se
ha aceptado dicha modificación-- en aquellos aspectos parciales que se
proponen en la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectivamente, el punto número 2, apartado a), último párrafo, quedaría
mucho mejor integrado en el apartado b), donde se contempla de manera
bastante más acertada, como parece que compartimos, que la cotización
debe realizarse por todos los días que el trabajador permanezca en
situación de incapacidad temporal a cargo desde luego de la empresa
durante aquellos días que debería haber estado en activo, y a cargo del
INSS por aquellos espacios de tiempo en que se produzca el pago delegado.
También en el apartado c) de este punto 2 creemos queda mucho más preciso
que el cálculo de la base reguladora se divida por la cotización del mes
anterior. Aquí quiero llamar la atención en el sentido de que ha habido
un error a la hora de redactar la enmienda. En el papel que se ha
distribuido se dice: se dividirá la cotización del mes trabajado anterior
a la baja. Debería suprimirse la palabra «trabajado» y quedar
simplemente: se dividirá la cotización del mes anterior a la baja.
En cualquier caso a nuestro juicio, los puntos 1 y 3 de la propuesta son
básicos, salvo en el supuesto de que el primero decayera, en cuyo caso
pasaría a ser básico el segundo con la nueva redacción que se propone de
esta proposición no de ley; en el resto se podría admitir en última
instancia como adecuado que se concretara definitivamente por la
Administración, de acuerdo con la correspondiente representación
sindical.
Finalmente, y en el ánimo de ser lo más constructivo posible, sólo me
resta, señorías, manifestar nuestro sincero convencimiento de que una
actuación por parte de la Administración pública, como la que nos ocupa,
cabe más ubicarla en el error, en la confusión de la figura de relación
laboral, que en la disposición activa por su parte.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir para fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: Muy brevemente, para fijar la posición del Grupo
Vasco ante esta proposición no de ley presentada por el Grupo de
Izquierda Unida.
Si pudiéramos conseguir una votación separada, apoyaríamos el punto 2; en
caso contrario nos abstendríamos y lo justifico.
Creemos que es necesario que el Gobierno adopte con urgencia las medidas
reglamentarias oportunas para garantizar los derechos de los trabajadores
fijos discontinuos. Quiero indicar, y creo que ha insistido bastante en
ello el portavoz que presenta la proposición no de ley, que una
resolución o una circular de la dirección general no puede mermar unas
prestaciones a las que tenían derecho unos trabajadores con este tipo de
contratos fijos discontinuos. Por ello, nosotros, como Grupo Vasco,
urgimos al Gobierno la norma de carácter general que regule las
prestaciones de los trabajadores con este tipo de contrato.
Insisto, si se puede conseguir una votación separada de los puntos que
propone la proposición del Grupo de Izquierda Unida, nosotros apoyaríamos
el punto segundo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Riera i Ben.
La señora RIERA I BEN: Izquierda Unida presenta esta proposición no de
ley relativa al régimen de prestación de incapacidad temporal para los
trabajadores fijos discontinuos, basándose, como ha explicado muy bien su
portavoz, en la resolución de la Dirección General de la Seguridad
Social, del Ministerio de Trabajo, de 25 de julio de 1996, que considera
perjudicial para este colectivo, especialmente de trabajadoras --tal como
ha dicho-- pues ha comentado que afecta un colectivo importante de
mujeres de la región de Murcia que trabajan en lo que es la recogida de
frutas que luego sirven para las conservas.
Nuestro grupo parlamentario piensa que la proposición no de ley del Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se sustenta en bases que
realmente son ciertas; la problemática que ha presentado esta resolución
es francamente grave y sí sería importante que el Gobierno encontrase una
solución definitiva a la misma.
En el mismo sentido que ha expuesto María Jesús Aguirre, portavoz del
Grupo Nacionalista Vasco, si se admite una votación separada, nosotros
estaríamos dispuestos a votar a favor del punto 2 de la iniciativa, por
considerar que instar al Gobierno a que resuelva esta situación es justo
para este colectivo de trabajadores.
No podemos votar afirmativamente al conjunto de la propuesta de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, porque pensamos que en este tipo de
medidas no es importante tan sólo estar en consonancia y creer en el
fondo de lo que se propone, sino que, además, hay que tener la certeza de
que lo que se propone es viable financiera y económicamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Siempre que procede tratar de cuestiones
sociales tengo que poner de manifiesto que el Grupo Parlamentario Popular
es especialmente sensible. Creo que se ha demostrado ampliamente que
desde que el Gobierno popular está ahí, el Grupo Parlamentario Popular ha
respaldado todas las iniciativas del Gobierno y, además, ha logrado con
éxito llegar a acuerdos sociales importantes que nunca se habían
formulado en este país.
La presente proposición no de ley pretende en realidad establecer una
forma de pago distinta de cierta prestación en un determinado colectivo;
cambiar la cotización y el cálculo de la base reguladora para todo aquel
colectivo que es denominado trabajador fijo con carácter discontinuo.
Este colectivo tiene de siempre un tratamiento especial en los sistemas
especiales encuadrados dentro del régimen general, y afecta, como bien ha
dicho el señor Ríos, a un colectivo importante en Murcia, pero también en
otros ámbitos de nuestro país. Tengo que decir que no ha sido un cambio
formulado y llevado a cabo por este Gobierno sino por el anterior
mediante una resolución que no hace más que interpretar la evolución de
las normas de carácter importante que se han formulado en la pasada
legislatura, como son el Real Decreto 18/1993, de 3 de diciembre, que
reguló nada más y nada menos que las medidas urgentes de fomento de la
ocupación; el real decreto legislativo de refundición de todas las normas
existentes en materia de Seguridad Social, que venía siendo desde largo
tiempo prometido y que finalmente vio la luz también en el año 1993.
La interpretación de los trabajadores fijos discontinuos, si basamos
también la regulación del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores,
no es ni más ni menos de si se trata de trabajadores a tiempo parcial o
no. La tesis que nosotros mantenemos en este turno de voz está sostenida
por amplias capas de la doctrina. Podría hablar de Pedrajas Moreno, de
José María Ordeig, de Juan Ramírez Martínez; también tesis avaladas por
sentencias jurisprudenciales emanadas del Tribunal Supremo.
Como el sistema de seguridad social se basa en un sistema de cuotas en
nuestro país, y no en un sistema de benevolencia que se pueda acceder a
ella en virtud de una mera petición, sino que hay que soportarlo con los
recursos que tiene el propio sistema de Seguridad Social, tengo que decir
que esta resolución invocada de 1996 no hace más que interpretar las
normas que acabo de mencionar.
La normativa general de la incapacidad temporal todos sabemos que en la
pasada legislatura sufrió una modificación y que su cálculo es distinto.
Respecto a los trabajadores que prestan un contrato de trabajo de
duración a tiempo parcial en los distintos caracteres y amplitud con que
esto quiera ser analizado, podríamos decir que el pago de la prestación,
el pago de subsidio de incapacidad temporal no puede dar lugar a
situaciones que pudiera llevar a abusos. Todos sabemos que se producen
notables situaciones de abuso en nuestro país. Por no hablar más que de
la invalidez, hay provincias en España donde en este momento se pagan más
prestaciones y pensiones por invalidez que por jubilación; somos el país
de Europa que más prestaciones de invalidez o más inválidos tenemos.
Hay que ser coherente con el propio contrato de trabajo del que disfruta
el trabajador. Se trata de este colectivo, que evidentemente en Murcia es
importante, pero otro servicio especial como el de la hostelería también
tiene gran incidencia en Murcia y no se ha mencionado por parte del señor
Ríos.
Creemos que la prestación del subsidio de incapacidad temporal tiene que
guardar proporcionalidad entre el salario percibido y la prestación
abonada. ¿En qué cabeza cabe, según las cifras que nos ha dado el señor
Ríos, que se pueda prolongar la situación del trabajador que está de baja
o en situación de ILT o de incapacidad temporal, como se denomina en la
actualidad, y percibe 4.500 pesetas durante 18 meses más los meses
prorrogables que todos sabemos, previo paso al reconocimiento de la
invalidez?
También tendría que decir que se ha puesto como ejemplo que en el
desarrollo de la industria conservera puede caer aceite y quemarse la
mano un trabajador. Estaríamos en una situación de accidente de trabajo,
no en causa de una enfermedad común que diera lugar a la prestación de
incapacidad temporal. No se pueden mezclar los conceptos. Hay que ser un
poco rigurosos.
Tengo que poner de manifiesto que no hay un nuevo director general
nombrado por el Gobierno del Partido Popular. Ha habido ahí una
refundición de direcciones generales, pero sigue siendo la misma
directora general que había en el anterior Gobierno; por tanto, no es un
capricho de la dirección general que se haya interpretado así la norma.
Creo que debemos ser serios. Tenemos que estudiar esa problemática y
encontrar las justas medidas. No se trata tampoco de una puerta cerrada.
Después de lo que ha sido capaz de hacer el Gobierno del Partido Popular,
debemos ser conscientes de que puede existir una pequeña
desproporcionalidad, que hay que ajustar, que hay que estudiar; pero
también es verdad que debemos preservar la viabilidad del sistema;
tenemos que garantizar el sistema de Seguridad Social para el futuro.
A nadie se le escapa que en los últimos ejercicios, tal y como estaban
confeccionados los presupuestos --cuya tendencia ahora ha empezado ya a
marcar un carácter distinto--, han sido deficitarios y en este momento el
Ministerio de Trabajo ha prestado más de un billón de pesetas, que hay
que devolver sucesivamente en el período de diez años, hasta ahora no ha
sido posible poder amortizar las primeras anualidades, y no hablo del
Gobierno del Partido Popular, que lleva ahí escasamente seis meses.
Hay que invertir las fuentes de financiación. Otro caso distinto sería si
esto se hubiera formulado en los últimos presupuestos con una tendencia
mayor y hoy quizá no estaríamos en los momentos difíciles en que nos
encontramos. La pura verdad es que hay que financiar la sanidad y las
pensiones no contributivas con imposiciones directas provenientes de los
impuestos del Estado y esto no se ha hecho hasta la actualidad. Hay que
ser rigurosos, hay que estudiar ese problema y encontrar la verdadera
dimensión de la problemática en cuestión.
El Grupo Parlamentario Popular, al que represento, optaría por admitir el
segundo punto, sin ningún apartado, de la propuesta de Izquierda Unida.
Aceptaríamos que en el plazo más breve posible el Gobierno adopte las
medidas reglamentarias oportunas para los trabajadores fijos
discontinuos.
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, tiene un turno de réplica o de
aclaración.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente.
En todo caso, y con el ánimo positivo de lo que es voluntad que se ha
anunciado de comprometer al Gobierno en la elaboración de una norma, para
que esto pudiera ser aprobado, propondría votación separada, señor
Presidente. Votar por un lado el punto primero; por otro lado, el punto
segundo introductorio --fuera de los puntos a, b y c, que se votarían por
separado para facilitar la propuesta que hace el Grupo Popular--, pero
para que tenga sentido el texto del punto segundo añadiría: para los
trabajadores fijos discontinuos en materia de subsidio por incapacidad
temporal. Se trata de que regule la parte de incapacidad temporal, y así
podría ser votado por separado por los grupos que lo estimen oportuno. Y
mantendría el punto tercero para votarlo por separado.
Con esta propuesta, señor Presidente, los grupos que estimen un apoyo
pueden hacerlo parcialmente y lo que estimen otro apoyo, incorporando
como texto las enmiendas que hacía el Grupo Socialista en los apartados
b) y c). (La señora Montseny Masip pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perfectamente entendida la aclaración.
Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Quería decir que estamos de acuerdo con añadir
la frase que ha propuesto el señor Ríos en el punto segundo.
--RELATIVA AL TRABAJO INFANTIL EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000220.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa al
trabajo infantil en España, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular.
Para su presentación y defensa tiene la palabra don Damián Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Señoras y señores Diputados, me corresponde en
nombre del Grupo Popular defender la proposición no de ley en la que
instamos al Gobierno a la adopción de medidas conducentes a detectar,
prevenir y evitar el trabajo de los menores. Estamos seguros de que SS.
SS. estarán de acuerdo y ello pese a que nuestro ordenamiento jurídico ha
incorporado normas suficientes para erradicar el trabajo infantil, baste
a modo de ejemplo recordar el Convenio número 138 de la OIT, sobre edad
mínima de admisión al empleo, ratificado por España,
y que en virtud del artículo 96.1 de la Constitución forma parte de
nuestro ordenamiento interno.
En este convenio los estados parte se comprometen a establecer una edad
mínima de admisión al trabajo no inferior a aquélla en la que cesa la
obligación escolar y, en todo caso, no inferior a los 15 años. En España,
según el artículo 5 de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema
Educativo, se establece un período obligatorio de diez años, de los 6 a
los 16. Recientemente la OIT, y dentro de su continua preocupación por el
trabajo infantil, ha adoptado en su 83.ª reunión, celebrada en Ginebra en
1996, una resolución en la que exhorta a elaborar políticas
institucionales y a plasmarlas en planes de acción.
En definitiva, la legislación española en materia laboral protege a los
menores ante el trabajo, y el artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores
prohíbe expresamente admitir al trabajo a los menores de 16 años. Pero
ésta no es la cuestión legal. El trabajo del menor existe y aunque la Ley
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, contempla la
obligación de los ciudadanos y autoridades que detectan la situación de
riesgo, absentismo escolar o posible desamparo de un menor de ponerlo en
conocimiento de la autoridad competente, el problema existe. Existe,
primero, porque la Inspección de Trabajo no es competente para controlar
aquellos trabajos que no tienen cabida en la relación laboral por cuenta
ajena como puede ser el arrendamiento de servicio o el trabajo familiar.
Existe porque estamos en un país donde hay una economía sumergida muy
fuerte e ilegal, donde el niño es explotado sin trabas por ser de muy
difícil seguimiento por la Inspección de Trabajo. Y existe también por el
diferente grado de protección que hay en las distintas comunidades
autónomas sobre el menor. Existe, por fin, porque hay una insuficiente
conciencia en ciertos sectores sociales donde se ve como normal que un
niño tenga su jornada laboral después o en lugar de la escolar. En
conclusión, pese a lo legislado y a los convenios internacionales
ratificados, en la práctica, se dan situaciones de hecho, más numerosas
de lo deseable, de explotación de niños y dedicación a actividades que
les originan daños físicos y psíquicos irreversibles.
Por ello, pedimos que se refuercen estas medidas que periódicamente
movilizan a la sociedad hasta la total erradicación del trabajo infantil.
El señor PRESIDENTE: Grupos que quieran fijar posición.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Aguirre.
La señora AGUIRRE URIBE: En nombre de mi grupo, voy a anunciar el voto
favorable a esta proposición no de ley. Coincido con la argumentación que
ha utilizado el proponente de la proposición, porque hoy se calcula que
en el mundo existen más de 300 millones de trabajadores menores de edad.
El uso de la mano de obra infantil se está concentrando en la industria,
en las empresas, en las minas, en el sector de la construcción, en el
sector turístico, y, sobre todo, y últimamente hay una preocupación por
esto de toda la comunidad, en la industria del sexo.
Existe poca información, como ha indicado el portavoz del grupo que
presenta la proposición, sobre las empresas que utilizan mano de obra
infantil. La mano de obra infantil está aumentando vertiginosamente y se
calcula que cada día comienzan a trabajar 80.000 niños más. Este aumento
de la explotación del niño como mano de obra está aumentando en todo el
mundo, no solamente en los países en desarrollo sino también en los
países industrializados.
La utilización de mano de obra infantil viola la Declaración de derechos
del niño de Naciones Unidas, ratificada por más de 152 países desde 1993,
y tiene ante todo, desde nuestro punto de vista, aspectos éticos, porque
afecta a la salud, al desarrollo físico e intelectual, a la educación y,
en definitiva, a la configuración como personas de los niños.
Coincido con la preocupación de todos los grupos de la Cámara por el
crecimiento de la economía sumergida; por añadidura, la tendencia al
traslado de la actividad productiva a las casas de los trabajadores
conduce, por una parte, al incremento de la utilización de trabajadores
menores de edad y, por otra, a escapar a todo control.
Por todo ello, vamos a apoyar esta iniciativa que se presenta en esta
Comisión para que el Gobierno incremente todas las medidas que velan por
el cumplimiento de las normas que vayan a la prevención de los
trabajadores menores de edad, tal y como se está produciendo en el mundo
actual.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, es difícil votar que no a
esta proposición no de ley, en primer lugar, porque el tema requiere todo
el apoyo posible, por la sensibilidad social que despierta y porque, sin
duda, es importante; además, porque hay un compromiso adquirido por
España en la Cumbre mundial sobre el desarrollo social, de Coopenhague.
El anuncio de nuestro voto favorable a esta proposición no de ley no va a
impedirnos que hagamos algunas recriminaciones desde el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya al grupo
proponente, porque esta materia, que además es cumplimiento de un
compromiso adquirido por España en una cumbre mundial como la antes
enunciada, para nosotros hubiera requerido un rango superior a una
proposición no de ley en Comisión. El contenido en sí mismo, bajo nuestro
punto de vista, es escueto, inconcreto, no excesivamente comprometido y
se produce en un contexto preocupante. Recordemos que, en la última
comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, cuando se
hablaba de uno de los elementos en función de los cuales se produce de
forma más prolija la ocupación ilegal del menor, que es la economía
sumergida, cuando se hablaba de la persecución, del fraude, de la
economía sumergida, nos decía el Ministro que se iban a hacer esfuerzos,
pero que era muy difícil y que incluso podrían venir presiones por parte
de los trabajadores y de los empresarios a la hora de corregir las
ilegalidades que se producían en este sector de la economía informal
o irregular, también, atrevidamente, a veces se le llama alternativa,
desgastando ese preciado nombre, o lo que se conoce como economía
sumergida.
En este contexto, no de justificación de la economía sumergida pero sí de
una actitud que nos preocupa, entendemos que la inconcreción del texto de
esta proposición no de ley viene a ratificar un cierto descompromiso,
incluso cubriendo la formalidad de su presentación, y por eso queremos
recriminar el tono en que se hace.
Para nosotros, señorías, hablar de trabajo del menor es hablar, sin duda
alguna, de ilegalidad; no en vano el artículo 6 del Estatuto de los
Trabajadores establece la prohibición del trabajo a menores de 16 años y
también la declaración de los derechos del niño habla de la necesidad de
evitar el trabajo de las personas en este nivel de edad tan importante
para la maduración personal. Pero también es hablar de sociología y, por
tanto, hablar, como dice un estudio de UGT del año 1991, de que existen
unos 400.000 menores trabajando en España, sin contar los que están en
negocios familiares; contándolos, se elevarían a medio millón en el año
1991. Desconocemos otros estudios; sin duda alguna, la gravedad del dato
y la cercanía de la fecha establecen un índice preocupante.
Por otro lado, es hablar de fracaso escolar, es hablar de cultura
familiar, pues muchos padres prefieren que los niños estén trabajando a
que se den, como se suele decir, a la delincuencia, a la droga, que estén
en la calle, en último término; es hablar de explotación en las
relaciones de producción y de embrutecimiento en una edad en la que se
trata de la maduración de las personas, pero es hablar también de las
condiciones de paro de larga y de corta duración de los padres y, por
tanto, de situaciones de necesidad perentoria, en función de las cuales
las familias a veces se sienten obligadas, por incultura, pero sobre todo
por el estado de necesidad, a acudir a estos drásticos medios para
acarrear medios económicos a la precaria situación familiar. Por tanto,
es hablar de todas estas cosas que aparecen, aunque no de forma
explícita, en la proposición no de ley y que nos hubiera gustado que se
contemplasen, porque todos estos aspectos implican que se deberían tomar
medidas en todas estas cuestiones, en todos los segmentos de las
problemáticas que acabo de enunciar.
Además, en la proposición no de ley se hacen, al menos en su exposición
de motivos, afirmaciones con las que no estamos de acuerdo, porque
desdibujan la realidad; por ejemplo, aquella que dice que esto se produce
en sectores no estructurales y rurales y que no se da en empresas
establecidas legalmente. Señorías, nosotros conocemos muchas empresas
establecidas legalmente, en la hostelería, sobre todo en sectores de
trabajo de tipo estacional, donde sí se ocupa ilegalmente a los niños.
Así pues, una de dos, o se desconoce la realidad o no se tiene voluntad
de cambiarla.
Por eso, al mismo tiempo que anunciamos que vamos a votar afirmativamente
esta proposición no de ley, queremos hacer constar que nos resulta
insuficiente y que vamos a estudiar la posibilidad de hacer una
proposición más rigurosa, donde se contemplen las medidas concretas para
erradicar esta situación que nosotros no dudamos en calificar de
vergüenza nacional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
López i Chamosa.
La señora LOPEZ I CHAMOSA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
este tema de la protección a los menores preocupa claramente sobremanera
al Grupo Socialista. Pero precisamente por ser un tema que está en la
sensibilidad de todo ciudadano de nuestro país no se puede tratar,
creemos, desde planteamientos demagógicos y oportunistas y pensamos que
esta proposición no de ley lo hace, porque no quiero creer que sea por
otro motivo.
Esta proposición no de ley insta al Gobierno a la adopción de medidas
para prevenir y evitar y lo que hay que decir aquí, en primer lugar, es
que el control y seguimiento de la legislación básica corresponde a las
comunidades autónomas y nuestra legislación está así y el Gobierno, si lo
que quiere hacer es un trabajo de control y seguimiento, lo puede hacer a
través de la conferencia sectorial de las comunidades autónomas.
Si de verdad lo que queremos hacer es políticas que realmente vayan a la
protección del menor, podemos decir a SS. SS. y al grupo proponente que
sí encontrarán al Grupo Socialista para colaborar en tomar medidas que
vayan en esta dirección. Porque nosotros podemos hacer aquí toda la
disección política que queramos --yo ahora escuchaba algunas
intervenciones y las considero un poco exageradas, teniendo en cuenta que
es un problema que existe y que nos preocupa a todo el mundo--. Pero la
mejor fórmula de evitar el trabajo de menores es a base, por ejemplo, de
tener una buena protección social, una buena protección por desempleo
para garantizar que la unidad familiar tenga unos ingresos; la verdadera
forma de evitar que trabajen los menores es fomentar políticas de sanidad
que prevengan la enfermedad y, sobre todo, fomentar las políticas de
educación y de enseñanza. Y miren ustedes por dónde --porque el problema
es que las acciones nos llevan a veces a hacernos ver la cruda
realidad--, señorías, todo esto significa hablar del Estado del bienestar
social, que a ustedes no les hace tanta gracia. Por poner ejemplos,
acabamos de pasar los presupuestos generales de 1997 y una de las
partidas tan importantes para prevenir estas cosas como es la de la
enseñanza se ha rebajado.
Teniendo en cuenta aquel refrán que dice que obras son amores y no buenas
razones, no veo yo esa preocupación reciente que tienen, cuando ustedes
mismos acaban de suprimir la Dirección General del Menor, que, entre
otras muchas funciones, tenía encomendado buscar políticas, concienciar a
los ciudadanos y desarrollar toda la política del menor. Y ustedes la han
suprimido.
Por tanto, mi grupo se va a abstener en esta proposición porque no
estamos por hacer políticas de boquilla, en esta Comisión o en cualquier
otra. Estamos por desarrollar políticas de verdad de protección al menor.
En ese sentido, para desarrollar esas políticas de verdad nos van a
encontrar, pero no en otras.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, el
señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Gracias, señor Presidente, por permitirme
hablar cuando nuestro turno ya había sido superado.
Muy brevemente voy a anunciar el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán a
esta proposición no de ley del Grupo Popular.
Entendemos que la existencia de una problemática en relación a los abusos
infantiles en el mundo del trabajo no es un elemento escandalosamente
preocupante hoy en el Estado español. Existe una legislación que regula
todas las posibilidades, aunque también es cierto que en ámbitos
concretos, como el de la hostelería o el de la agricultura, se continúan
produciendo abusos y muchas veces vinculados a menores provenientes del
mundo de la inmigración. Por tanto, cualquier iniciativa que tienda a
procurar que los poderes públicos avancen en esta línea nos parece
positiva.
He de recordar que por parte del Gobierno de la Generalitat, que tiene
competencias en materia de protección de menores, cuando la inspección de
trabajo ha detectado problemas de esta índole se ha actuado de manera
pronta para intentar sacar a esos menores de estas situaciones.
La proposición no de ley tiene un carácter muy general que no puede
justificar en ningún caso una posición negativa, ni tampoco podemos
prejuzgar por parte del grupo proponente ninguna intención malévola
alrededor de la misma.
Por tanto, convencidos de que todo aquello que incentive la actuación de
los poderes públicos en esta materia es bueno, vamos a votar
favorablemente, como decía. Eso sí, lo que tenemos que procurar todos los
grupos parlamentarios, incluido el proponente, es hacer un seguimiento
específico de las actuaciones del Gobierno. No estamos ante un problema
de legislación, que es la que hay y es positiva, sino que vamos a estar
en un problema de aplicación de esa legislación desde el punto de vista
de la voluntad política y, en ese sentido, creo que lo que va a ser más
interesante es que los grupos nos comprometamos en serio en estos ámbitos
de la hostelería, de la agricultura, del mundo de la inmigración,
también, por qué no, en el mundo de la prostitución, donde existen
problemas de esa índole a activar que el Gobierno sea sensible a que las
palabras no sean simplemente palabras, sino que se conviertan en hechos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Con mucha brevedad. Refiriéndome a la
apreciación que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida sobre lo legal o
ilegal, nosotros entendemos que, sobre el trabajo legal, cuando hay una
ilegalidad es obvio que hay que actuar.
Sí hemos puesto de manifiesto que hay situaciones que precisamente son
más difíciles de perseguir porque la relación no es la típicamente
laboral, es trabajo familiar y en ciertos sectores sociales se considera
normal esta doble jornada, la laboral después de la escolar, o en muchos
casos sustituyéndola y creando grandes absentismos. Ahí es donde hemos
hecho incidencia en nuestro argumento.
Con relación a las palabras de la portavoz socialista, lamento que, en un
tema que es preocupante y creyendo que, en definitiva, todos estamos de
acuerdo en que la legislación es buena, es suficiente, y que es un
problema básicamente de conciencia social y de perseguir, se estime que
es demagógico. Si, de hecho, hay una situación mala, real, de trabajo
infantil excesivo y de explotación no se podrá atribuir al bienhacer de
la antigua Dirección General del Menor, porque en cualquier caso sería la
responsable.
Creo que éste es un trabajo de todos y que, efectivamente, es un
consenso; hacerlo en un tipo de iniciativa u otro depende de quien la
haga. En nuestra opinión, éste era el momento para hacerla y es bueno,
como he dicho al final de mi argumentación, que periódicamente se den
estos movimientos a la conciencia general para erradicar este trabajo.
--SOBRE EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE TODO EL PERSONAL DEL HOSPITAL
MILITAR DE LA CORUÑA AL SERVICIO GALLEGO DE SALUD, PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000222.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate sobre la proposición no de ley
relativa al trabajo infantil, pasamos a la proposición no de ley sobre el
proceso de transferencia de todo el personal del Hospital Militar de La
Coruña al Servicio Gallego de Salud, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (don Guillerme): Señor Presidente, efectivamente
la transferencia del Hospital Militar de A Coruña al Sergas, al Servicio
Galego de Saude, sufrió, como todos ustedes saben, diversos avatares a lo
largo del tiempo. Después de diversas dificultades, por fin, el pasado 28
de mayo se transfirió y, por cierto, todo hay que decirlo, a cambio de
1.100 millones de pesetas. El problema surge ahora con el personal, que,
curiosamente, no se transfirió íntegramente al Sergas; está sin
solucionar esta transferencia, un número no muy elevado de personas, 76
fijas y 36 eventuales e interinos.
Está claro que el área sanitaria de A Coruña verá mejorada la oferta
hospitalaria y sanitaria en general con el funcionamiento de este
hospital y también que para poner en funcionamiento este hospital a pleno
rendimiento se va a necesitar de todo él. Es un personal cualificado y no
sobrante. A pesar de que todo el mundo, incluido el actual Conseller de
Sanidad --y, por cierto, Senador en la anterior legislatura--, parece
estar de acuerdo en que este personal sería necesario para el
funcionamiento, no se concretó ese traspaso al Sergas, como decía, en su
totalidad, contra lo que, desde mi punto de vista, es habitual en este
tipo de situaciones.
Es muy difícil entender cuál es la causa exacta que impide el traspaso de
todo este personal del Hospital Militar de La Coruña al Sergas, difícil
de entender por la sociedad en general y por los trabajadores en
particular. Al parecer, Defensa arguye que precisa una parte de él para
cubrir las necesidades del Hospital Naval de Ferrol. Sin embargo, los
hechos niegan esta necesidad. El Hospital Naval de Ferrol está en la
actualidad absolutamente infrautilizado, en el mejor de los casos su
índice de ocupación alcanza el 30 por ciento y la incorporación de nuevo
personal lo único que conseguiría sería inflar una plantilla que es
absolutamente innecesaria para atender sus necesidades actuales y, desde
luego, las futuras. De hecho, responsables militares reconocen que el
colectivo adscrito a la sanidad militar disminuye aproximadamente en
10.000 beneficiarios al año, que pasan a engrosar los colectivos
adscritos a la sanidad pública o a las entidades de seguro libre. También
reconocen que esta situación provoca que haya una baja ocupación de las
camas en la red sanitaria militar y un elevado coste en la prestación de
los servicios, con lo cual aumenta aún más la confusión al respecto.
Más bien parecen razones económicas las que impiden este traspaso, que
Defensa no quiera perder la masa salarial que supone la transferencia
para que el Sergas se haga cargo de la plantilla al completo, y cabe
preguntarse si es una masa salarial tan importante. Desde nuestro punto
de vista, naturalmente que no. En todo caso, sean cuales sean las
razones, resultan incomprensibles, como decía, para los trabajadores y
para la sociedad en general, más aún cuando toda esta situación provocó
que durante varios meses el personal estuviera percibiendo sus salarios
sin desempeñar ninguna función, no porque no tuviera derecho, sino porque
no la tenían adjudicada, y ahora se ven obligados, al incorporarse al
hospital naval, y, según decía antes, para ser claramente
infrautilizados.
Esta situación debe ser corregida, por un lado, para mejorar la atención
sanitaria en el área de La Coruña y, por otro, para respetar los derechos
de los trabajadores, que van a ser forzados a trabajar en otra ciudad sin
que, salvo que nos lo explique alguien, o que se lo explique, haya causa
que lo justifique.
Por tanto, la única solución razonable a este problema es retomar el
proceso y transferir al Servicio Galego de Saude todo el personal que
prestaba servicio en el Hospital Militar de A Coruña. En ese sentido,
presentamos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posición, porque no hay ninguna
enmienda presentada, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Señorías, nuestro grupo comparte el relato de
hechos que se ha puesto de manifiesto por el representante del Grupo
Mixto, el señor Vázquez. Si es verdad que, en un momento determinado, se
llevó a cabo la transferencia del Ministerio de Defensa a la Xunta de
Galicia del Hospital Militar de La Coruña, parece que sobre esa base, de
hecho, la legislación laboral obligaría a que todo el personal que
prestaba servicios en dicho centro hospitalario, en dicho centro
empresarial, fuera transferido junto con las instalaciones. Es un
principio del Derecho laboral que, cuando se produce la transmisión de
una empresa, el nuevo empresario asume las obligaciones en relación con
todo el personal.
Por tanto, respetando los derechos que correspondieran a ese personal,
que es una obligación que la legislación laboral impone al nuevo
empresario, parece que la conclusión que la propia legislación vigente
impone es que todo el personal que estaba en dicho centro hospitalario
fuera transferido a la Xunta de Galicia. En nuestra opinión, no sólo son
razones de carácter legal las expuestas, que son las propias del Derecho
laboral, sino que también lo son de eficacia y de racionalización. Es
bueno que todo el personal que presta servicios en un determinado centro
tenga la misma legislación laboral, al objeto de que disponga de las
mismas funciones, de las mismas obligaciones y de los mismos derechos. La
disparidad y coexistencia de distintos regímenes jurídicos sólo sirve
para crear confusión, que es contraria a la racionalización y que es
contraria a la eficacia, y a nosotros nos parece importante que un
proceso de fortalecimiento de las administraciones autonómicas tenga como
características y como objetivos la racionalización y la eficacia, la
mejor prestación de servicio a los ciudadanos.
Las razones que pueda tener el Ministerio de Defensa para oponerse a esa
prestación de que todo el personal sea transferido a la Xunta de Galicia
son razones que, aparte de desconocer, en todo caso pueden tener solución
por otra vía. De la misma manera que se suscriben conciertos entre el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad y Consumo para la
prestación de servicios a beneficiarios de la Seguridad Social por parte
de los centros militares, se puede concertar la prestación de servicios
por centros, del Servicio Central de Salud, el Instituto Nacional de
Salud, o los servicios autonómicos, en favor del personal de las Fuerzas
Armadas. Esta podría ser una solución para que aquellas necesidades
específicas del personal de Defensa fueran cubiertas a través de los
centros que puedan pertenecer al Servicio Gallego de Salud o puedan
pertenecer al Insalud.
Por tanto, esta proposición no de ley tiende a dar respuesta a un
problema creado de manera incidental, en una solución global que nosotros
defendemos, que es la transferencia del Hospital Militar de La Coruña a
la Xunta de Galicia, y bueno sería que cuanto antes se culminara ese
proceso de una forma respetuosa con la legalidad vigente y con los
principios de eficacia y de racionalización, y, desde ese punto de vista,
nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra doña Carmen Marón.
La señora MARON BELTRAN: Si bien, por su contenido, esta proposición no
de ley parece que debería ser debatida en la Comisión de Defensa o de
Administraciones Públicas, entrar en un debate competencial sería caer en
el
marasmo de la burocracia, más que en la eficacia e inmediatez, que parece
que es un principio que debería ser básico en los usos de esta Cámara.
Es cierto que los trabajadores del Hospital Militar de La Coruña tienen
actualmente resuelta de algún modo su situación laboral, puesto que 160
trabajadores fijos han sido trasladados al complejo Juan Canalejo,
dependiente del Servicio Gallego de Salud, 76 trabajadores, también
fijos, están trabajando desde hace pocas fechas en el Hospital Naval de
Ferrol, con cargo a Defensa, así como 38 interinos y eventuales.
Aparentemente la situación está un tanto regulada, y eso es positivo. No
obstante, si el antiguo Hospital Militar va a mantener, como parece y es
deseable, los usos sanitarios que en parte ya están siendo utilizados,
parece lógico que se mantuviese toda la plantilla con transferencia de
todo el personal al Servicio Gallego de Salud.
Por tanto, la posición del Grupo Socialista es de apoyo a la iniciativa,
posición que, por otra parte, siempre hemos mantenido con intensidad, con
presencia activa y con negociaciones desde los distintos ámbitos
institucionales en que nos encontrábamos en el momento de las
negociaciones. Tanto el Grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de La
Coruña como el Grupo Socialista en ambas Cámaras legislativas, en
concreto, en el debate de una moción a instancias del Grupo Popular en el
Senado, y así constan las palabras de nuestro portavoz, señor Barreiro
Gil, lo han apoyado.
No hay duda, pues, de que nuestro Gobierno es el artífice del acuerdo,
pese a las trabas que el Gobierno de la Xunta de Galicia había puesto
para la materialización de dicho acuerdo lo más rápido posible.
Para finalizar, si se mantienen los usos sanitarios del antiguo Hospital
Militar, por otra parte tan necesarios para el área metropolitana de La
Coruña, con la ampliación de servicios y especialidades, ¿qué razón
impide la transferencia de todo el personal al Servicio Gallego de Salud?
Intuimos un apoyo general, puesto que el Partido Popular, hoy en el
Gobierno de España y en el Gobierno de Galicia, debe llegar a un buen
entendimiento. El propio Presidente de la Xunta de Galicia gusta decir
que con el Gobierno amigo es más fácil llegar a un entendimiento;
incluso, el actual Consejero de Sanidad, señor Hernández Cochón, defendió
con ardor la transferencia, y textualmente constan sus palabras en el
«Diario de Sesiones» del Senado.
Por tanto, por un principio de coherencia, espero que los grupos que hoy
sustentan al Gobierno se mantengan en esa línea y que todo el personal
del antiguo Hospital Militar de La Coruña se transfiera al Servicio
Gallego de Salud.
En consecuencia, damos nuestro apoyo a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Pérez Corgos.
El señor PEREZ CORGOS: En primer lugar, quiero manifestar mi coincidencia
con la portavoz del Grupo Socialista en el sentido de que entendemos que
esta proposición no de ley no debería ser debatida en esta comisión
parlamentaria, sino en la de Defensa o en la de Administraciones
Públicas.
Como todas SS. SS. recordarán, el origen de este asunto está en la
reforma de la red hospitalaria militar, una reforma que planteó, desde el
punto de vista parlamentario, dos preocupaciones fundamentales sobre dos
tipos de problemas. En primer lugar, que no redundara en una pérdida de
los recursos asistenciales existentes y, en segundo lugar, que
garantizara el futuro de los trabajadores que prestaban sus servicios en
el Hospital Militar de La Coruña y en los hospitales militares en
general.
Es una preocupación coincidente de todos los grupos parlamentarios y, en
particular, yo haría mención a la preocupación manifestada por el Grupo
Parlamentario Popular. Se ha hecho referencia por la señora Marón, que me
ha precedido en el uso de la palabra, a la interpelación y moción
consecuente presentada ante el Pleno del Senado por el Senador don José
María Hernández Cochón, actual Conselleiro de Sanidad, una moción en la
que se instaba al Gobierno a que no adoptase ninguna medida que pudiese
implicar el cierre, reducción o transformación del Hospital Militar de La
Coruña y se proponía como fórmula alternativa, para el caso de que dicho
hospital no resultara necesario a los fines de Defensa, que se procediera
a afectarlo al Ministerio de Sanidad para poder ser transferido a la
Comunidad Autónoma de Galicia. Contrariamente a lo que ha dicho la señora
Marón de que el Grupo Socialista apoyó esta moción, mis datos son que
esta moción fue rechazada el 28 de abril de 1994.
La proposición no de ley que hoy debatimos plantea la necesidad de instar
al Gobierno a que prosiga las negociaciones con el Sergas, a fin de que
todo el personal sea transferido al Servicio Galego de Saude y expone una
situación que califica de extraña manifestando que no ha sido traspasado
todo el personal al Sergas (eso es cierto, han sido traspasados 160
trabajadores, con un importante esfuerzo por parte de la Xunta de
Galicia) y que el personal que no ha sido transferido no encuentra
acomodo dentro del Ministerio de Defensa y que cobra su salario sin
realizar actividad alguna.
En términos estrictamente dialécticos y con el máximo respeto, por
supuesto, al Diputado y grupo proponentes, tengo que decir que no es
cierto que el personal no encuentre acomodo dentro del Ministerio de
Defensa o que cobre su salario sin realizar actividad alguna, porque el
día 1 de octubre de 1996 todo este personal fue transferido al Hospital
Naval de Ferrol, el día 1 de octubre --repito--, cuando la proposición no
de ley se presenta el día 16.
Como todas SS. SS. saben, la reforma de la red hospitalaria militar
contemplaba el cierre del Hospital Militar de La Coruña, pero al mismo
tiempo preveía y prevé un importante incremento de personal en el
Hospital Naval de Ferrol. Ese personal, dadas las actuales restricciones
presupuestarias, sólo puede provenir del Hospital Militar de La Coruña y,
como he dicho, esa transferencia se ha realizado ya y se ha realizado en
base al acuerdo para el personal laboral del Ministerio de Defensa sobre
condiciones aplicables al caso de reestructuración de centros y
establecimientos,
que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 179, de 1994.
No voy a relatar cuáles eran las fases que se contemplaban en dicho
acuerdo por ser de conocimiento de todas SS. SS., pero sí voy a decir
que, en consecuencia con lo que expresaba el citado acuerdo, no había
ningún inconveniente en que el personal destinado a centros cerrados
pudiera ser recolocado en otros ámbitos de la Administración, ya fuera
administración estatal o autonómica. Pero lo cierto --y esto es notorio
para todos-- es que Defensa no puede prescindir de las dotaciones
presupuestarias correspondientes para atender a las necesidades de
incrementar el personal en el Hospital Naval de Ferrol. Aprobar la
proposición no de ley que hoy se plantea supondría impedir ese incremento
de personal y atender adecuadamente las necesidades del Hospital Naval de
Ferrol.
Respecto a la afirmación de que el personal cobraba su salario sin
realizar actividad alguna, hay que decir que, como he señalado antes, han
sido transferidos el día 1 de octubre y que la eventual falta de
actividad responde únicamente a los plazos establecidos en el acuerdo al
que antes he hecho referencia y no a falta de necesidad de ese personal
por parte del Ministerio de Defensa.
Concluyo diciendo que el proceso está cerrado, con el resultado concreto
que se buscaba inicialmente por el Ministerio de Defensa y por el
Servicio Galego de Saude, y que, en consecuencia, no cabe proseguir las
negociaciones entre Sergas y Ministerio de Defensa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VAZQUEZ VAZQUEZ (Don Guillerme): Efectivamente, cada uno expresa
lo que le viene en gana, pero dejando al lado las disputas entre el
Partido Popular y el Partido Socialista sobre cuál de los dos se lleva
los méritos de este traspaso, el portavoz del Grupo Popular, desde mi
punto de vista, no arguye ninguna razón para que esta transferencia no se
efectúe.
Dice que dije. Yo no dije, como usted quiere dar a entender, los vagos
del Hospital Militar de La Coruña, o algo así. (El señor Pérez Corgos:
Pido el amparo de la Presidencia.) No, estuvieron, efectivamente,
cobrando sin realizar ninguna función. Es lo que dije. No dije que
estuvieran cobrando en la actualidad. En segundo lugar, se acaban de
incorporar el 1 de diciembre, en este momento disfrutan de vacaciones, y
el 1 de enero empezarán a no trabajar en el Hospital Naval de Ferrol. Y
le voy a decir por qué.
Usted me arguye que son necesarios para trabajar en el Hospital Naval de
Ferrol y yo le insisto: Deme usted los datos que argumenten o que
sostengan esa afirmación. El Hospital Naval de Ferrol está absolutamente
infrautilizado. Infrautilizado. Si llega al 30 por ciento de ocupación en
estos momentos es mucho; en el mejor de los casos. No es previsible
tampoco que aumente esa utilización. Por lo tanto, aquí lo único que cabe
pensar es que hay una especie de contumacia por parte del Ministerio de
Defensa de que no se transfieran estos trabajadores. Pero, desde el punto
de vista de la razón, no hay ninguna que pueda sostener esta negativa a
aprobar esta proposición no de ley.
Los trabajadores quieren ser transferidos al Sergas. Las autoridades
sanitarias de Galicia no se oponen, por lo menos públicamente. La puesta
en funcionamiento del antiguo Hospital Militar de A Coruña va a necesitar
del personal, si se pone a pleno rendimiento y eso es lo que se desea. El
traslado al Hospital Naval de Ferrol; con este tipo de ocupación no
necesita incrementar esa plantilla y menos aún el personal sanitario y si
no lo veremos con el tiempo. No se atisban índices mayores de ocupación.
Antes hice referencia a declaraciones de autoridades militares, que se
pueden constatar, que indican que la tendencia no es a aumentar la
ocupación, sino a disminuirla. Entonces el problema, ¿cuál es? El
problema sigue siendo transferir una determinada masa salarial, por
cierto, insisto, una masa salarial escasa.
Yo tengo que decirle que a mí me parece que esta negativa no la van a
entender los trabajadores ni la sociedad en general.
El señor PRESIDENTE: Por alusiones, tiene la palabra el señor Pérez
Corgos.
El señor PEREZ CORGOS: Yo me he limitado a relatar el contenido de la
exposición de motivos de la proposición no de ley, donde se dice
textualmente: dándose la paradoja de que estos trabajadores se encuentran
cobrando sus salarios sin realizar actividad laboral alguna. En ningún
momento he hablado de vagos. La palabra vagos la ha incluido en el debate
el señor Vázquez Vázquez, pero yo en absoluto me he referido a este
personal en los términos despectivos que ha utilizado él.
En segundo lugar, quiero decir que las necesidades del Hospital Naval de
Ferrol están ahí y que la población de Ferrol también sabe cuáles son las
necesidades de ese hospital.
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a la siguiente proposición, quiero
recordar a SS. SS., porque ha habido varios portavoces que lo han
planteado, que las materias que vienen a esta Comisión son decididas por
la Mesa y se publica en el Boletín de la Cámara. En consecuencia,
cualquier grupo puede recurrir la decisión de la Mesa e incluso el
momento oportuno es cuando se fija el orden del día, porque ahí estaría
la teoría de aplicación de los actos propios. Quiero que esto sirva de
aclaración para el futuro, por si algún grupo entiende que determinada
iniciativa parlamentaria corresponde a otra Comisión distinta a la
nuestra.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, sobre este asunto, quería
hacer una matización a lo que usted ha dicho.
Es evidente que la configuración del orden del día reglamentariamente
corresponde a la Mesa de esta Comisión, no a los portavoces; los
portavoces dan su opinión y manifiestan cuál es su criterio, pero el
orden del día lo establece la Mesa.
Situadas y sentadas estas bases, quiero reiterar, como se lo he
manifestado anteriormente en privado al señor Presidente, y así lo han
hecho los demás portavoces de los grupos mayoritarios, que este tema no
debería haber venido a esta Comisión. No es la primera vez que ocurre en
este Parlamento; ocurre en distintas ocasiones. Yo creo que ahí está el
poder regulador de la Mesa de las distintas comisiones para, una vez
asignados los distintos asuntos, poder recurrir de oficio a la Mesa del
Congreso, a la Mesa general, pidiendo la recalificación de estos asuntos
a la Comisión. Por tanto, de alguna forma, quería amparar a los
portavoces de los tres grupos que han hecho la manifestación y reiterar
al Presidente la opinión de este grupo respecto al funcionamiento de la
Mesa en asuntos como éste.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, usted sabe que la Mesa está
compuesta por representantes de varios grupos y que nadie presentó
objeción en el momento de fijar el orden del día.
--RELATIVA A LA ELABORACION DE UN INFORME POR EL GOBIERNO, EN EL PLAZO DE
TRES MESES, SOBRE LA EVOLUCION ANUAL DE LA TASA DE COBERTURA POR
DESEMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000244)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
relativa a la elaboración de un informe por el Gobierno, en el plazo de
tres meses, sobre la evolución anual de la tasa de cobertura por
desempleo.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Señor Presidente, para anunciar la retirada de
esta proposición no de ley, pues en el trámite previo a su defensa hemos
considerado que así debe hacerse, para evitar malentendidos respecto a su
sentido y motivación. Anunciamos también que vamos a convertirla en una
pregunta o petición de información al ministerio y, sobre la base de la
contestación que se nos ofrezca, podremos ocuparnos del asunto de la
cobertura de desempleo, motivo último de esta proposición no de ley
retirada, con la iniciativa adecuada que corresponda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vaquero.
--RELATIVA A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS AUDITIVAS POSLOCUTIVAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000247)
El señor PRESIDENTE: Retirada la anterior proposición no de ley, pasamos
a la última proposición no de ley del orden del día, que es la relativa a
las personas discapacitadas auditivas poslocutivas, presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Señor Presidente, el motivo de esta
proposición no de ley del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
es constatar las dificultades que tiene un colectivo muy importante en
nuestro país, que es el de las personas sordas y, en especial, los sordos
poslocutivos, que en muchos casos no han podido tener el tratamiento
adecuado para sus problemas. En esa idea presentamos esta iniciativa que
intenta mejorar y paliar, en primer lugar, sus propias deficiencias,
teniendo en cuenta que hoy afecta ya al 7 por ciento de la población de
nuestro país, que es un colectivo de alrededor de 3 millones de personas
y que puede ir incrementándose por el aumento de las expectativas de
vida.
Dentro de nuestra proposición no de ley se contemplan las peculiaridades
que tiene este colectivo poslocutivo con absoluto respeto, puesto que
además nuestro grupo ha sido promotor de diversas iniciativas de los
prelocutivos e incluso algunas de estas iniciativas serían
generalizables. Entre esas peculiaridades están, primero, reconocer al
colectivo con estas peculiaridades; segundo, que se ofrezca tratamiento
psicológico a las personas que sufren un proceso de pérdida progresiva;
otro aspecto importante es regular la profesión de protesistas auditivos,
puesto que hoy se encuentran serias dificultades y se ven en situación de
posibles fraudes o, al menos, deficiencias técnicas en calidad y en
disparidad de precios, aparte de no ser todavía suficientes las ayudas
para adquisición de estas prótesis que hoy, en muchos casos, tienen
precios muy elevados.
Por otra parte, hemos recogido las enmiendas del resto de grupos que, en
todo caso, por respeto a ellos, prefiero esperar a que las defiendan,
para después decir que tenemos una redacción de síntesis que
trasladaremos a la Mesa y que recoge las propuestas de todos los grupos
enmendantes.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos
enmiendas del Grupo Popular y cuatro enmiendas del Grupo Socialista.
Para defensa de las enmiendas, por el Grupo Popular, tiene la palabra
doña Carmen Pardo.
La señora PARDO RAGA: Señor Presidente, señorías, quiero manifestar que
respecto a esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el Grupo Popular ha
presentado una enmienda de modificación que pasaremos a explicar, porque
pensamos que, con nuestra modificación, se recogen más ampliamente los
problemas que afectan a esta comunidad sorda.
No nos parece conveniente dividir el colectivo de sordos en cuanto a su
tratamiento normativo y ello por cuanto
las clasificaciones de personas sordas en prelocutivos o poslocutivos,
según el grado de pérdida de audición o según que la pérdida haya sido
con anterioridad o no a la adquisición de lenguaje oral, no son
excluyentes entre sí pudiendo confluir varias circunstancias en una misma
persona y por cuanto, además, las personas sordas con implante coclear o
con prótesis auditiva no dejan de ser por ello sordas. (Rumores.)
Respecto a la utilización del lenguaje de los signos, su uso no está en
función de ser sordo prelocutivo o poslocutivo, sino que está en función
de la identificación... (Continúan los rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Pardo.
Señorías, faciliten el trabajo que refleja sus intervenciones,
manteniendo el debido silencio. Gracias.
Continúe, señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Gracias, señor Presidente.
Decía que respecto a la utilización del lenguaje de los signos, su uso no
está en función de ser sordo prelocutivo o poslocutivo, sino que está en
función de la identificación o sentimiento de pertenencia a un grupo con
una lengua común y por el grado de su pérdida. Así pues, no nos parece
correcta la pretendida separación entre el colectivo de discapacitados
auditivos poslocutivos y la comunidad sordomuda, como manifiesta
Izquierda Unida. Por otra parte, decir que esta expresión no es aceptada
por ellos mismos, dado que ellos prefieren llamarse comunidad sorda. A
las personas que estamos en contacto con estas asociaciones, nos han
manifestado repetidamente que no les gusta la palabra sordomudo; por
ello, también mi grupo la suprimiría y pondría sordos, en general.
En conclusión, no es aceptable considerar a los discapacitados auditivos
poslocutivos como un grupo independiente de la comunidad sorda, ya que el
problema fundamental es la sordera y no tanto el origen de la misma.
Quisiera resaltar que nosotros, señorías, en esta Comisión, no debemos
ser los auspiciadores de esta división dentro del colectivo, sino que
nuestra obligación debía ser aunarlos, y de aquí la manifestación de mi
grupo respecto a este punto primero sobre la división de prelocutivos y
poslocutivos.
Asimismo, quisiera manifestar la sensibilidad tan especial que el Grupo
Popular ha venido ejerciendo en este tema, tanto en la anterior
legislatura, cuando estábamos en la oposición como ahora mismo, cuando
estamos en el Gobierno. Me gustaría destacar que en la última
legislatura, el 26 de junio de 1994 se aprobó una enmienda conjunta de
todos los grupos parlamentarios a una moción en el Pleno, debida al Grupo
Parlamentario Popular, cuyo texto no voy a repetir, aunque resaltaría dos
puntos: en el primero, se adoptarán las medidas específicas para
facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a la
televisión; y el segundo punto, todos los poderes públicos adoptarán las
previsiones necesarias para la puesta en práctica de estas medidas en el
ámbito de sus competencias. Posteriormente el Congreso aprobó también por
unanimidad, con enmienda socialista y en fecha 15 de noviembre de 1994,
una proposición no de ley en Comisión, del Grupo Popular, sobre
adquisición y uso de los elementos técnicos que ofrece el mercado para
posibilitar la comunicación telefónica. Una de las últimas resoluciones
aprobadas en las Cámaras que incide en las políticas de integración de
los discapacitados auditivos, tuvo lugar en el Senado, mediante una
moción del Grupo Popular ante el Pleno. Trataba sobre la adopción de
medidas necesarias para lograr la mayor integración posible de los sordos
en la sociedad. A dicha moción se presentó una enmienda de modificación,
suscrita por todos los grupos parlamentarios, y en cuyos términos se
aprobó por asentimiento el 28 de junio de 1995. Esta decía: El Senado
insta al Gobierno a que el plan de acción para las personas con
discapacidad recoja las medidas necesarias para lograr la mayor
integración de los sordos en la sociedad. Asimismo, se instaba al
Gobierno a presentar ante esta Cámara dicho plan durante el período
próximo de sesiones, o sea, el actual.
En la V legislatura las iniciativas parlamentarias que tratan la
problemática de las personas con discapacidades auditivas se deben en su
mayoría al Grupo Parlamentario Popular, pero también siendo honestos se
debe reconocer que del análisis del conjunto hay que resaltar una gran
sensibilidad de todas las fuerzas políticas en auspiciar la integración
de estos discapacitados auditivos. Ella se han venido plasmando con el
respaldo de todos los grupos parlamentarios, ya fuese vía enmiendas
suscritas conjuntamente, o mediante votación unánime.
Si pasamos a la actual legislatura, me gustaría resaltar los compromisos
de Gobierno, que los hizo el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
refiriéndose a los mismos en una respuesta en el Pleno sobre una pregunta
oral, el día 18 de septiembre de 1996, en que el Diputado Luis Rodríguez,
del Grupo Popular, preguntaba sobre medidas de comunicación que
dificultan la integración social de los sordos con las palabras
siguientes: en relación con la eliminación de barreras a la comunicación
de los sordos, se van a desarrollar una serie de políticas a través del
Inserso. Así pues, creo queda demostrada suficientemente la gran
sensibilidad del Gobierno popular en estos momentos y, cómo no, resaltar
también la sensibilidad del resto de grupos.
También decir que respecto a los discapacitados en general el Gobierno ha
adquirido el siguiente compromiso. Ha hecho la presentación de un plan de
acción integral para personas discapacitadas siguiendo aquella moción del
Senado citada anteriormente del 28 de junio de 1995. Así, podríamos
destacar, que el propio Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el pasado
3 de diciembre, que se celebraba el Día mundial de las personas con
discapacitación, anunció que en 1997 se aprobará un plan integral para
las personas que sufren discapacitación.
Por todo lo expuesto podemos comprobar que en la pasada legislatura se ha
producido un alto interés y, asimismo, una gran convergencia de todos los
grupos parlamentarios en auspiciar políticas que favorezcan la
integración de las personas con discapacidad en general y en particular
con las que poseen discapacidad auditiva aunque,
resalto, sin distinguir entre discapacidades auditivas o poslocutivas. En
la actual legislatura existe el compromiso, anunciado en las Cámaras por
el Gobierno, de la próxima presentación de un plan integral para personas
discapacitadas, así como la realización de políticas vía Inserso para
eliminar barreras en la comunicación de los sordos.
El Grupo Popular, por coherencia con las enmiendas presentadas a esta
proposición no de ley, ha hecho una modificación a la exposición de
motivos. El segundo párrafo quedaría así: Dentro del colectivo de las
personas con deficiencias auditivas existe un grupo de afectados que, con
el conveniente apoyo profesional y técnico, puede llegar a oír.
El cuarto punto quedaría: Teniendo en cuenta que con los convenientes
apoyos técnicos y profesionales el problema que afecta a una parte del
colectivo podría resolverse, la Administración debería realizar un
esfuerzo para asegurar la solvencia técnica de distintas prótesis y de
cualquier otro apoyo en beneficio de los afectados.
Quisiera defender esta enmienda de modificación y que quedara reflejada
en estos términos. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
en la elaboración del plan de integración para personas discapacitadas se
incluya el desarrollo de políticas para eliminar las barreras de
comunicación que impiden la integración social de los sordos, contemple
asimismo medidas de apoyo psicológico, regule y reconozca el ejercicio de
la profesión de protesistas y facilite ayudas para la adquisición de
prótesis auditivas y para la instalación de ayudas técnicas especiales en
los hogares y puestos de trabajo donde se hallen personas con
discapacidad auditiva. Asimismo parece necesario se estudien aquellas
medidas que faciliten el acceso de este colectivo a determinados
servicios públicos.
Presidente, termino ya. A juicio del Grupo Popular es imprescindible
adoptar medidas para la integración de este colectivo en la sociedad, y
como creo que los Diputados y Diputadas de esta Comisión somos personas
sensibles hacia estos temas, sería negativo que no se apoyara esta
enmienda de modificación a la proposición no de ley que hoy presenta
Izquierda Unida. Por eso, espero el voto afirmativo del resto de grupos,
para beneficio, en este caso, de la comunidad de los sordos.
El señor PRESIDENTE: Para defensa de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En primer lugar, quiero felicitar la
iniciativa que ha tenido el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya en relación a la proposición no de ley que
ha presentado.
Nuestro grupo parlamentario valora positivamente que haya una deferencia
especial y una iniciativa legislativa en esta medida; sin embargo,
creemos que todas las dificultades y deficiencias auditivas poslocutivas
tienen dos elementos: uno primero que con prótesis auditivas se puede
solucionar, y uno segundo que si son muy graves pasan a la comunidad de
sordos. Por tanto, en la primera parte de la enmienda que ha presentado
el Grupo Parlamentario Popular aceptamos que se elimine diferenciar la
comunidad sordomuda de la comunidad poslocutiva.
El segundo punto de la enmienda plantea que se ofrezca un tratamiento
psicológico para las personas que sufren un proceso de pérdida progresiva
de su capacidad auditiva. Creemos, y por eso hemos presentado la
enmienda, que es necesario reforzar los equipos multiprofesionales de los
centros bases del Inserso o de las nuevas denominaciones que hayan
asumido las comunidades autónomas a las que se ha transferido esta
competencia, porque son los profesionales mejor cualificados, con más
formación y con más interés en la orientación y resolución de este tipo
de problemas.
En el punto tercero estamos de acuerdo en que se reconozca la profesión
de protesistas auditivos, porque va a mejorar el mercado de la oferta y
la demanda, y sobre todo porque en relación a esta profesión está
habiendo bastante injerencia por parte de algunos profesionales que no
están especializados en los temas auditivos y sería bueno reforzar esa
diferenciación.
En el punto cuarto nosotros hemos hecho una diferenciación y pedimos que
se reconozca dentro del Sistema Nacional de Salud la gratuidad de las
prótesis auditivas. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular ha dicho
que no aceptaba la gratuidad; además, ha habido otra propuesta posterior
diciendo que se eliminen de este texto y se remita a la Comisión de
Sanidad, con lo cual lo tendrá que aceptar el proponente, pero nosotros
estaríamos de acuerdo.
En relación a las ayudas técnicas especiales en el hogar y en los puestos
de trabajo, creemos que es bueno también que lo desarrollen y lo asuman a
través de Ceapat, del Inserso, y de las comunidades autónomas a las que
se ha transferido esta competencia. Por tanto, estaríamos a favor de
aceptar esta nueva redacción.
En el último punto, el quinto, se decía que se facilite en todos los
juzgados españoles la estenotipia informática para todas las personas con
deficiencia auditiva. Hemos hecho una enmienda de sustitución y el texto
en concreto dice que en todas las dependencias de las administraciones
públicas, central, autonómica y local, se facilite la estenotipia
informática y, en su caso, intérpretes de lengua de signos para todas las
personas con deficiencia auditiva que así lo precisen. Creemos que amplía
y mejora la propuesta.
Simplemente una cuestión de matiz, en relación con la concesión de
prótesis auditivas, regulada por el Decreto 620/1981, del 5 de febrero,
que ha establecido un plan unificado de ayudas en las cuales el Inserso,
cuando concede estas ayudas para las prótesis auditivas, tienen carácter
graciable y siempre se conceden en función de que el Insalud haya
denegado parcial o totalmente su concesión. Sin embargo, hay varias
sentencias que quiero dejar constancia en esta Comisión y en el «Diario
de Sesiones», por las cuales se ha obligado al Insalud a hacerse cargo de
esta prestación, es decir del pago íntegro de las prótesis, y creo que
será un tema que tengamos que tratar en adelante para ver, en un plazo de
tiempo razonable, cómo se puede ir acometiendo esta concesión de las
prótesis.
En consecuencia, estaríamos de acuerdo con estas enmiendas que hemos
dicho, y paso la palabra al proponente de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, tiene la palabra.
El señor SANTISO DEL VALLE: Quiero decir que, dada la importancia del
tema, nosotros creemos que hay una voluntad de todos los grupos para
sacar adelante unas propuestas que no intentan en absoluto dividir a
ningún colectivo, sordos poslocutivos y sordos prelocutivos, sino en todo
caso reconocer que dentro de todo el colectivo de sordos hay unos
problemas concretos que solamente los tienen una parte del colectivo. Por
supuesto, nosotros hacemos votos porque todos sean capaces de unirse cada
vez más en la defensa de sus problemas, que, en muchos casos, son
comunes.
En cuanto a la enmienda del Partido Popular a la exposición de motivos,
quiero decir que no es posible reglamentariamente. No obstante, no
tendríamos ningún inconveniente en sustituir un texto por otro si con
esto colaboramos para que no queden dudas precisamente sobre este aspecto
que citaba la portavoz del Grupo Popular de que nuestra intención no es
en absoluto dividir a los colectivos, sino dar un tratamiento específico
a una parte de los problemas. Quiero quede constancia, por lo menos, que
no tengo nada que objetar en ese sentido para la modificación que propone
a la exposición de motivos, aun sabiendo que no es objeto de la votación.
En cuanto al resto de enmiendas, decir que hay un texto conjunto que he
trasladado a la Mesa, que yo creo recoge todas las enmiendas: la del
Partido Popular, en aquellos aspectos no contemplados en el desarrollo
posterior y que pasaría a ser el punto uno diciendo: En la elaboración
del plan de integración para personas discapacitadas se incluya el
desarrollo de políticas para eliminar las barreras de comunicación que
impiden la integración social de los sordos. El punto 2 sería el actual
punto 1 y quedaría resumido a que se reconozca la problemática de las
personas discapacitadas auditivas poslocutivas para evitar cualquier tipo
de interpretación de posible división de los colectivos. El punto 3, que
se ofrezca tratamiento psicológico para las personas que sufren un
proceso de pérdida progresiva de su capacidad auditiva para facilitar su
adaptación a la nueva situación mediante los equipos de los centros base
del Inserso o de la nueva denominación que hayan dado a estos servicios
las diferentes comunidades autónomas. El punto 4 quedaría de la siguiente
forma: Se reconozca y regule el ejercicio de la profesión de los
protesistas auditivos. A fecha de hoy tan sólo se hace referencia a ella
en el Real Decreto 414/1996, resultando del todo insuficiente.
La enmienda que hacía el Grupo Socialista, como ya ha explicado en su
intervención, relativa a reconocer dentro del Sistema Nacional de Salud
la concesión de las prestaciones auditivas, no se aceptaría, sino que se
trasladaría, en todo caso, a la Comisión correspondiente, y quedaría,
entonces, un punto 5 que recoge una enmienda íntegra del Grupo Socialista
y es que se establezcan las subvenciones para la instalación de ayudas
técnicas especiales en los hogares y puestos de trabajo donde haya
personas con discapacidad auditiva a través del Inserso o de la nueva
denominación que hayan asumido en cada comunidad autónoma con las
transferencias.
El punto 6 y último es otra enmienda del Partido Socialista que quedaría
integrada en el texto y diría que en todas las dependencias de las
administraciones públicas --central, autonómica y local-- se facilite la
estenotipia informática, y en su caso intérpretes de la lengua de signos
para todas las personas con deficiencias auditivas que así lo precisen.
Este sería el texto pactado que someteríamos, por tanto, a su
consideración.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posiciones, ¿grupos que deseen hacerlo?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Con mucha brevedad dada la hora que es.
Decir que nos alegramos de que se haya conseguido consensuar un texto
entre el grupo proponente y los dos grupos enmendantes. En buena parte
coincide con un planteamiento nuclear que tenemos en relación a esta
cuestión desde el Grupo Parlamentario Catalán, que es procurar no
disgregar las problemáticas de las discapacidades y más en concreto la
problemática específica que se aborda desde esta proposición no de ley.
Por otro lado, agradecemos que el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya la haya planteado, y creemos que el
conjunto de enmiendas mejoran el texto.
Tan sólo me gustaría remarcar dos cuestiones. Yo no sé si estamos en
condiciones de modificar la propuesta conjunta que se ha trasladado a la
Mesa por parte del grupo proponente, pero en aquello que hace referencia
a la regulación de la profesión de los protesistas auditivos nosotros
entendemos que la problemática de regulación de la profesión va más allá
de ser simplemente una categoría. Hay una problemática general de
regulación de los protesistas, y dentro de ellos, también los auditivos.
Yo no sé si sería posible introducir esta matización.
Por otro lado, queremos remarcar, para que conste en el «Diario de
Sesiones», que la integración que estos colectivos necesitan un esfuerzo
que se debe realizar en el ámbito de la formación y muy especialmente en
el ámbito de la formación del lenguaje labial. Por tanto, ése es el gran
objetivo que el conjunto de las administraciones públicas debe procurar
implementar.
Nada más. Si esta sugerencia tuviese posibilidades de concretarse en el
texto consensuado, a nuestro grupo le facilitaría votar con más alegría
la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿El grupo proponente ha entendido la propuesta?
El señor SANTISO DEL VALLE: Nosotros no tenemos ningún inconveniente en
incorporar la sugerencia del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
El señor PRESIDENTE: No se le oye.
El señor SANTISO DEL VALLE: Decía que no tenemos ningún inconveniente en
que se incorpore la sugerencia última efectuada por el portavoz de
Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: O sea, la primera sería en el párrafo cuarto, donde
dice que se reconozca y regule el ejercicio de profesión de protesistas.
El señor CAMPUZANO I CANADéS: Y en especial los protesistas auditivos.
(La señora Pardo Raga pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Pardo.
La señora PARDO RAGA: Señor Presidente, simplemente quiero manifestar la
buena disponibilidad de todos los grupos y apoyar la iniciativa de
Convergència i Unió en ese sentido.
Quisiera resaltar la buena voluntad por parte de Izquierda Unida para
recoger una serie de modificaciones, pero también me gustaría hacer una
observación y es que en los puntos 1 y 5 no solamente se recogen
enmiendas del Partido Socialista, sino que, según se ve en la enmienda,
el Grupo Popular también lo propone. No hace referencia a las comunidades
autónomas, pero también dice la instalación de ayudas técnicas especiales
en los hogares y puestos de trabajo donde haya personas con discapacidad
auditiva. Por tanto, nuestro voto será afirmativo, pero quisiera que en
el «Diario de Sesiones» se recogiera que no han sido simplemente
enmiendas del Partido Socialista, sino la buena voluntad por parte de
todos los grupos para consensuar esta proposición no de ley sobre todo a
favor de la comunidad sorda.
El señor PRESIDENTE: Así se hará, señora Pardo.
Concluido el debate del proyecto de ley y de las proposiciones no de ley
incluidas en el orden del día, vamos a iniciar las votaciones, comenzando
con el proyecto de ley sobre derechos de información y consulta de los
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión
comunitaria.
Vamos a votar las enmiendas que, por coincidir en su redacción algunas de
ellas, se van a agrupar. En primer lugar, enmiendas números 2 y 3,
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
referidas a los artículos 28.1 y 28.3, se someten conjuntamente a
votación. Repito. Se someten conjuntamente a votación las dos enmiendas
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas números 2 y 3.
Se someten a votación conjuntamente la enmienda número 4, del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), y las 6 y 7, de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 17; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas la enmienda número 4, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y las enmiendas 6 y 7, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
No queda ninguna enmienda más, porque ha sido retirada la número 1, del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y la número 5, de Coalición Canaria,
está incorporada en el texto por la Comisión.
Pasamos a votar el proyecto de ley, en su conjunto.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votación de la proposición no de ley sobre creación de un plan de empleo
y desarrollo tecnológico, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que es de
sustitución. En consecuencia, se vota esta enmienda de sustitución,
aceptada por el grupo proponente de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votación de la proposición no de ley sobre creación de empleo de las
personas con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con las enmiendas introducidas,
tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley sobre forma de pago del
subsidio por incapacidad temporal de los trabajadores fijos discontinuos.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, aceptada por el
grupo proponente, y habían formulado algunos grupos solicitud de votación
separada, que si la reiteran en este momento nos aclararán el proceso de
la votación.
Señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Votación separada del punto 1 de la proposición
no de ley, el punto 2 de la proposición no de ley en el párrafo solamente
de introducción,
sin los apartados a), b) y c), que se votarían por separado, y el punto
3.
El señor PRESIDENTE: Recordarán que el punto 2, introducción, había sido
corregido y aceptada la corrección por el grupo proponente.
Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Simplemente quiero pedir la votación en el mismo
sentido que lo ha hecho el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación el número 1 de la proposición
no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el número 1 de la proposición no de
ley.
Votación del número 2, párrafo introductorio, modificado en el sentido
que voy a leer: En el plazo más breve posible, se insta al Gobierno a que
adopte las medidas reglamentarias oportunas que establezcan para los
trabajadores fijos discontinuos en materia de subsidio por incapacidad
temporal.
Efectuada la votación, dijo: El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por
unanimidad.
Pasamos a votar, dentro del número 2, los apartados a), b) y c).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados a), b) y c) del
número 2 de la proposición no de ley.
Finalmente, se somete a votación el número 3 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el número 3 de la proposición no de
ley.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, relativa al trabajo infantil en España.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
Votación de la proposición no de ley sobre el proceso de transferencias
de todo el personal del Hospital Militar de La Coruña al Servicio Gallego
de Salud, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La proposición no de ley relativa a la elaboración de un informe por el
Gobierno en el plazo de tres meses, sobre la evolución anual de la tasa
de cobertura por desempleo no se somete a votación, porque se ha
retirado.
Votación de la proposición no de ley relativa a las personas
discapacitadas auditivas poslocutivas, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de
acuerdo con el texto consensuado por todos los grupos parlamentarios. ¿La
damos por leída? (Asentimiento.) Se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Con esto queda concluido el orden del día y se levanta la sesión.
Eran la dos y cinco minutos de la tarde.