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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 113, de 27/11/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 113
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON FRANCESC HOMS Y FERRET
Sesión núm. 8
celebrada el miércoles, 27 de noviembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora Directora General de Minas (Sendín de
Cáceres), para:
--Explicar las futuras normas de los cupos de producción de carbón y las
variaciones en las subvenciones por reducción de capital; las medidas y
política a adoptar relativas a las minas y, en especial, los temas
referentes con la seguridad minera; así como de los criterios para el
cumplimiento de los contratos-programa en vigor y futuros. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 212/000048) (Página 3062)
--Explicar la incidencia en el sector del carbón de las modificaciones
que se están produciendo en el sistema eléctrico nacional. A solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000383)
(Página 3062)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a actuaciones para favorecer el reflotamiento de la empresa
PICUSA, de Padrón (La Coruña). Presentada por el Grupo Mixto. (Número de
expediente 161/000155) (Página 3081)
--Sobre la contratación directa por la Empresa Astilleros Españoles, S.
A., de Cádiz, de los trabajadores necesarios para atender el incremento
de la demanda de construcción de buques. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número
de expediente 161/000004) (Página 3084)
--Sobre medidas a adoptar para garantizar la carga de trabajo en la
Empresa Nacional Bazán, de El Ferrol (La Coruña). Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000177) (Página 3088)
--Relativa al levantamiento de la prohibición que pesa sobre la Empresa
Nacional Bazán para la construcción naval. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000069) (Página 3088)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE MINAS (SENDIN DE CACERES), PARA:
--EXPLICAR LAS FUTURAS NORMAS DE LOS CUPOS DE PRODUCCION DE CARBON Y LAS
VARIACIONES EN LAS SUBVENCIONES POR REDUCCION DE CAPITAL; LAS MEDIDAS Y
POLITICA A ADOPTAR RELATIVA A LAS MINAS Y, EN ESPECIAL, LOS TEMAS
REFERENTES CON LA SEGURIDAD MINERA; ASI COMO DE LOS CRITERIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS-PROGRAMA EN VIGOR Y FUTUROS. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 212/000048.)
--EXPLICAR LA INCIDENCIA EN EL SECTOR DEL CARBON DE LAS MODIFICACIONES
QUE SE ESTAN PRODUCIENDO EN EL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000383.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Comenzamos la sesión. Quiero dar la bienvenida a la Directora General de
minas, doña Paloma Sendín de Cáceres.
Quisiera indicarles, señorías, que, como saben, los contenidos de la
sesión de esta mañana tienen una parte de acción de control y otra de
debate sobre proposiciones no de ley, en las que se van a producir
votaciones.
Si no hay ninguna observación a lo largo del curso de la sesión por parte
de los portavoces, las votaciones de las proposiciones no de ley se irían
sucediendo a medida que se debatan. Si hay alguna sugerencia, observación
o consideración que quiera hacer algún grupo para alterar ese
procedimiento, me lo pueden comentar a lo largo de la mañana.
Sin más, empezaríamos por el orden del día que tenemos fijado. El primer
punto es dar curso a la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Parlamentario Socialista, que
tratan de la misma materia y que han solicitado la presencia en esta
Comisión de la Directora General de Minas para explicar, la primera, las
futuras normas de los cupos de producción de carbón y las variaciones en
las subvenciones por reducción de capital; las medidas y política a
adoptar relativa a las minas y, en especial, los temas referentes a la
seguridad minera, así como los criterios para el cumplimiento de los
contratos-programa en vigor y futuros que se puedan suscribir, y, la
segunda, del Grupo Socialista, para explicar la incidencia en el sector
del carbón de las modificaciones que se están produciendo en el sistema
eléctrico nacional.
Para ello vamos a conceder un turno de intervención a la Directora
General de Minas y, a continuación, los portavoces que lo soliciten
tendrán una intervención. Empezaríamos por los dos grupos que han
solicitado la comparecencia y luego los restantes grupos, si lo desean,
para concluir con una segunda intervención de la Directora General de
Minas.
Así, pues, tiene la palabra para efectuar una primera intervención.
El señor SANTISO DEL VALLE: Perdón, señor Presidente. Quería plantear una
cuestión de orden.
Quizás por olvido no se ha acumulado en el orden del día una proposición
no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la Empresa
Nacional Bazán.
El señor PRESIDENTE: Señor Santiso, en la reunión que tuvimos la Mesa y
la Junta de Portavoces se acordó ese orden del día. Ustedes no asistieron
y por esa razón no pudieron hacer las oportunas observaciones para
acumular otras iniciativas. Si le parece, en el transcurso de la sesión
de esta mañana hablamos un momento, juntamente con los demás portavoces,
para ver si se pudiera proceder a alguna alteración del orden del día.
Sabe que para que eso sea posible todos los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios deben estar de acuerdo. En tal caso, procederíamos
a su revisión. Esta Presidencia, si es de común
acuerdo con todos los portavoces, no tiene ningún inconveniente en que se
haga como sugiere.
Vamos a empezar la sesión. Tiene la palabra la Directora General de
Minas.
La señora DIRECTORA GENERAL DE MINAS (Sendín de Cáceres): Señorías, tengo
la satisfacción de comparecer ante ustedes por primera vez como Directora
General de Minas para tratar de explicar las cuestiones que motivan esta
comparecencia y que acaba de repasar el Presidente de la Comisión.
En relación con las tres primeras cuestiones planteadas, he de referirme,
primero, a los objetivos y resultados de los distintos planes de la
ordenación del sector del carbón y a la propuesta que hemos realizado
desde el Ministerio como base de discusión con los agentes del sector
como futuro plan de reordenación de la minería del carbón y reactivación
de las comarcas mineras.
Saben que tras la primera crisis del petróleo, y a raíz de ella, se
relanza en España la política carbonera, que se encontraba en crisis al
haber sido desplazado el carbón por el petróleo en la década anterior. De
esta forma, la Administración promueve la construcción de nuevos grupos
de carbón y se promociona y fomenta el uso del carbón nacional mediante
sucesivos regímenes de ayuda a la minería. Me estoy refiriendo, en
concreto, al régimen de acción concertada del año 1974 y al de acción
convenida del año 1980. Así tenemos, por ejemplo, que mientras otros
países del entorno, los comunitarios productores, ya iniciaban o habían
iniciado la reordenación del sector, en España la producción de carbón
aumentó de 1980 a 1985 de casi 17 millones de toneladas a 22,5 como
consecuencia de estos planes de fomento.
Llegamos a 1986, y ante la entrada de España en la entonces Comunidad
Económica Europea, nos vemos forzados a abandonar la política de precios
administrados, definidos y fijados por la Administración, y el sistema se
transforma de manera que el nuevo precio fijado tenía implícita ya una
ayuda. Además, y dado que la Comunidad Económica Europea insta a España a
efectuar un saneamiento en la minería del carbón, se pone en marcha el
nuevo sistema de contratación de carbón térmico que, por una parte,
establece la existencia de contratos entre empresas de carbón y empresas
eléctricas para fijar los precios de los suministros y, por otra parte,
pretende sanear empresas que presentaron pérdidas en sus cuentas de
resultados, instrumentando para ello una ayuda que percibían a final de
año de las empresas eléctricas, denominada suplemento de precio, y
destinada a cubrir las pérdidas de explotación según sus balances. Y ello
a cambio de que estas empresas presentaran un plan de reestructuración
puesto que el suplemento de precio pagado inicialmente se reducía
anualmente un 5 por ciento, por lo que sus costes debían reducirse, como
mínimo, a este ritmo.
Dentro de este marco del nuevo sistema de contratación de carbón térmico,
aparece ya una orden ministerial donde se regulan los primeros cierres
con ayuda de la Administración. Paralelamente a esta ayuda seguía en
vigor el sistema de ayudas desde los Presupuestos Generales del Estado a
las tres empresas con contrato-programa, en el caso de dos de ellas,
además, aparecían aportaciones suplementarias del INI si las pérdidas
superaban a las previstas en los contratos-programa.
Esta situación se mantiene hasta el año 1989, en que la Comisión de la
Unión Europea obligó a España a presentar planes de reducción de ayudas,
mediante la decisión de diciembre de 1989 para las empresas en
contrato-programa y otra decisión de julio de 1990 para las empresas con
contrato-programa. Se prepararon de esta manera dos planes: el plan de
reordenación del sector del carbón, de 1989 a 1993, para empresas sin
contrato-programa, y el plan de reordenación para empresas con
contrato-programa de 1990 a 1993.
La decisión CECA de diciembre de 1989 de la Comisión de las Comunidades,
requirió también del Gobierno español la presentación, después, de un
plan de reducción de las ayudas que las empresas productoras de carbón
percibían en función de sus resultados de explotación. En respuesta a
dicha solicitud, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos creó, en febrero del año 1990, una comisión interministerial
integrada por representantes de los Ministerios de Industria y Energía,
Economía y Hacienda y Trabajo y Seguridad Social a la que se encomendó la
elaboración de un plan de reordenación de la minería del carbón para las
empresas sin contrato-programa. Dicho plan fue presentado al Gobierno el
28 de junio de dicho año --el año 1990-- y remitido a la Comisión de las
Comunidades Europeas en el mes de julio siguiente en respuesta a la
solicitud que ésta había formulado.
Distinguía este plan entre empresas viables, que tras el correspondiente
proceso de reestructuración podían continuar desarrollando su actividad
sin ayudas (para este grupo de empresas el plan, además, dispuso ayudas a
la inversión para financiar la referida reestructuración), y, por otra
parte, distinguía las empresas no viables que deberían, en consecuencia,
reducir actividad o cerrar, a cuyo efecto el plan disponía la
financiación del coste de estas operaciones de reducción, en forma de
ayudas, para hacer frente a los costes sociales y a los costes técnicos
correspondientes del cierre o de la reducción. El plan se instrumentó
mediante las órdenes ministeriales del Ministerio de Industria y Energía
de octubre de 1990 y febrero de 1992, y estuvo en vigor entre los
ejercicios 1990 y 1993.
Ejecutados los planes a finales de 1993, en conjunto las empresas sin
contrato-programa, habían reducido sus plantillas en 6.565 trabajadores
con coste a cargo del sistema, es decir, excluyendo las bajas
vegetativas, y reducido la capacidad en 2,2 millones de toneladas. No
obstante, estos cierres se vieron compensados por medidas de política
carbonera, incrementando capacidades en los casos como en la empresa
Minero Siderúrgica de Ponferrada y otras empresas de la cuenca de Fabero,
fundamentalmente Coto Minero del Sil, y autorizando la apertura al
mercado de producciones de cielo abierto.
De las empresas con contrato-programa, Hunosa disminuyó su plantilla en
6.063 trabajadores y su capacidad en 620.000 toneladas, y Minas de
Figaredo redujo la plantilla en 354 trabajadores, manteniendo su nivel de
actividad.
En enero del año 1994 se produce un cambio fundamental en el sistema al
entrar en vigor la conocida decisión 3632/93, CECA, de 28 de diciembre.
La decisión, después de referirse al carácter decreciente de las ayudas y
a la necesidad de reducción de costes y de la capacidad de producción de
la industria del carbón, autoriza ayudas en ella siempre que se cumplan
unos objetivos. Un primer objetivo es lograr, a la vista de los precios
del carbón en los mercados internacionales, nuevos progresos hacia la
viabilidad económica, con el fin de conseguir la regresividad progresiva
de las ayudas. Un segundo objetivo es el de resolver los problemas
sociales y regionales relacionados con la reducción total o parcial de
unidades de producción, y un tercer objetivo se refiere a facilitar la
adaptación de la industria del carbón a las normas de protección del
medio ambiente.
El primer objetivo básicamente modifica el concepto de precio de
referencia, pues introduce el precio pactado entre las partes, tendente
al vigente en el mercado internacional, y considera ayuda el resto de los
ingresos por entregas de carbón que percibían las empresas mineras en el
sistema anterior. Estas ayudas deben ser regresivas, lo que obliga a que
cada año sean menores. La decisión admite ayudas al funcionamiento para
las empresas con posibilidades de que sus costes converjan hacia el
precio internacional del carbón; admite ayudas hacia la financiación de
la reducción y cierre de capacidad para aquellas empresas cuyos costes no
pueden converger; admite que estas empresas, que en principio debieran
cerrar el año 2002, sobrevivan más allá de este límite pero con
capacidades de producción reducidas significativamente, y admite,
finalmente, las ayudas a cargas heredadas del pasado, a I+D y mejora del
medio ambiente afectado por la actividad minera.
Una premisa fundamental es la consignación en presupuestos públicos, o la
inclusión en sistemas estrictamente equivalentes, de las ayudas a
otorgar. Esta premisa obliga a modificar la financiación de las ayudas
que existían hasta la decisión, así como los contratos verticales, que
también existían y que ya no eran legales bajo la nueva normativa. La
decisión daba un período de más de tres años para adaptar la situación
que existía al nuevo marco legal. Obliga también la decisión a que los
gobiernos de los Estados miembros que tenían previsto otorgar ayudas a la
industria del carbón presentasen planes de reestructuración sectorial y
de reducción de actividad antes de finales del año 1994. España presentó
el correspondiente plan de modernización, racionalización y
reestructuración y/o reducción de actividad de la industria del carbón,
con vigencia hasta diciembre de 1997, y deberá presentar otro para el
período de 1998 al 2002, según se desarrolle el plan hoy en vigor.
El plan distingue entre las empresas con contrato-programa, tres con
14.244 trabajadores en diciembre de 1993 y un suministro de 3,2 millones
de toneladas, para las cuales resume sus planes de empresa negociados con
los agentes sociales, que implican una reducción de plantilla de
aproximadamente 4.000 trabajadores al final del cuatrienio y una
reducción del suministro de aproximadamente 150.000 toneladas. Por otra
parte, las empresas sin contrato-programa, con una plantilla de 15.675
trabajadores en diciembre de 1993, y una producción de 15.140
kilotoneladas, para las cuales prevé una reducción conjunta de 3.890
trabajadores y de 1.450 kilotoneladas aproximadamente. En total, por
tanto, entre ambos grupos de empresas la reducción conjunta sería de
7.890 y 1,6 millones de toneladas.
Las previsiones de reducción contenidas en este plan se instrumentaron
para el primer grupo de empresas en sus respectivos contratos-programa.
Para las empresas sin contrato-programa se instrumentaron mediante un
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de
febrero de 1996, que autorizó la aplicación de las medidas laborales
contempladas en el plan a un total de 2.400 trabajadores en los
ejercicios 1996 y 1997. Estando en vigor los tres años de transición a
que me refería antes, y no siendo posible en el tiempo preparar una
normativa adecuada, la reconversión del plan 1994-1997 para empresas sin
contrato programa se efectuó hasta finales de 1994 con un marco legal
prórroga del existente para el plan previo aprobado por la Comisión
delegada de Asuntos Económicos e instrumentada mediante las Ordenes
Ministeriales de julio de 1994 y diciembre del año 1994 también. Basados
en esta normativa se redujeron, hasta diciembre del año 1995, 770 empleos
y 229.000 toneladas de capacidad.
Las empresas con contrato-programa acometieron sus planes individuales en
el marco de sus respectivos planes de empresa. Actualmente están
cumpliéndose en lo relativo a disminución de plantillas y lo mismo en
capacidades, aunque se manifiestan desviaciones de los costes previstos
para reducciones de plantillas y demás cargas heredadas del pasado, como
veremos posteriormente.
Como resumen de los planes 1989-1993 y su prórroga en el marco jurídico
español para 1994 y 1995, compararemos los suministros efectuados en el
año 1989, 17,7 millones de toneladas; en el año 1994, 17,5 millones de
toneladas, y los efectuados en el año 1995, 17,2 millones de toneladas.
Puede apreciarse que la reducción neta de suministros, a pesar de haberse
cerrado capacidades por valor de 2,8 millones de toneladas, ha sido
mínima. La reducción total de plantilla financiada desde la intervención
financiera de Ofico fue, en el mismo período, de 6.625 trabajadores. El
coste total de estos cierres y reducciones de plantilla fue, en el
período 1989-1995, de 129.513 millones de pesetas, de los que 41.500
corresponden a costes sociales y 87.900 a suplemento de precio y costes
técnicos de cierres. Ello supuso un coste de 6,27 millones de pesetas por
empleo perdido y 31.313 pesetas por tonelada reducida. La política
seguida con la empresa MSP y con la cuenca de Fabero se ha traducido en
un incremento de suministros de carbón de 441.000 toneladas anuales para
MSP y 582.000 toneladas para el Coto Minero del Sil, totalizando 1,023
millones de toneladas de incremento de suministro garantizado de carbón
subterráneo en ambas zonas. Asimismo, el incremento de suministro
garantizado de carbón a cielo abierto ha sido de 130.000 toneladas
anuales en Coto Minero del Sil y de 30.000 toneladas anuales en la MSP,
totalizando este incremento 160.000 toneladas.
Por otra parte, si nos remontamos al año 1980, para hacer una evaluación
más amplia, según empezábamos nuestro análisis, veríamos que del año 1980
al año 1995 el empleo
se ha reducido un 47 por ciento, pasando de 49.176 personas a 25.985, y
la producción ha aumentado un 4,07 por ciento, al pasar de 16,9 millones
de toneladas a 17,7 millones de toneladas.
Si hablamos de las empresas que se quedaron por el camino en este
proceso, hemos pasado de 226 empresas en el año 1987, año en que como
hemos visto aparece la primera regulación de cierres con ayudas desde la
Administración, a 106 en el año 1995. Y si habláramos ahora del año 1996
tendríamos que estar hablando ya de 87 nada más.
Es decir, después de un proceso que se ha visto especialmente doloroso en
términos de reducción de empleo y muy costoso en términos económicos, nos
encontramos con que los resultados finales de la política carbonera,
incrementada en ambos planes de reconversión, no ha sido satisfactoria ni
desde el punto de vista del objetivo de reflotar empresas potencialmente
viables, porque muchas de las que percibieron el suplemento de precio
cerraron, ni desde el punto de vista de reducción de suministros, o
incluso, con matizaciones, en el caso del empleo, puesto que parte de la
reducción traumática de empleo ha sido sustituida por personal de
contratas, ni, por tanto, desde el punto de vista de reducción de las
ayudas. Ello es así porque de los 2,8 millones de toneladas teóricas en
que se redujo la capacidad de producción del sector por los cierres entre
1989 y 1995, al final quedó escasamente medio millón de toneladas de
reducción real, por cuatro razones básicas, algunas de las cuales ya he
comentado.
En primer lugar, el incremento en la capacidad de cielo abierto. En
segundo lugar, el traspase, en muchos casos, de los suministros de carbón
garantizado de cielo abierto a subterráneo. En tercer lugar, la
sustitución de empleo fijo por contratas, y, en cuarto lugar, la
reactivación de cupos o suministros de carbón garantizado de empresas que
cerraban a otras.
Mientras tanto, los Estados miembros comunitarios productores de carbón
habían ido reduciendo sus capacidades progresivamente. Bélgica redujo a
cero, en el año 1993, los seis millones de toneladas que tenía el año
1980. Portugal lo hizo en 1994; tenía en el año 1980 0,3 millones de
toneladas de producción. Francia ha reducido su capacidad desde 18
millones de toneladas en el año 1980 a siete millones en el año 1995, y
existe, además, un acuerdo nacional que prevé cerrar toda su capacidad en
torno al año 2003 ó 2005. El Reino Unido, además de cerrar capacidad,
desde 128 millones de toneladas el año 1980 a 53 millones el año 1995, ha
privatizado su industria y eliminado totalmente las ayudas al carbón.
Alemania ha reducido su capacidad desde 100 millones de toneladas el año
1980 a 59 millones en 1995, y ha anunciado su intención de proceder a una
revisión de su política de ayudas con el objetivo final de eliminarlas en
el año 2005.
Por parte de la Comisión de la Unión Europea se manifiesta intranquilidad
ante el desarrollo del plan 1994-1997, presentado en su día. La Comisión
ha exigido aclaraciones de la marcha del plan, tanto en lo que respecta a
los objetivos de reducción de capacidad como de reducción de costes del
mismo, que tendrán que ser explicados por el Gobierno español a este
organismo comunitario.
Esta situación, junto con la propia del sector, que presenta, por lo que
respecta a los aspectos técnicos de nuestras minas, una rentabilidad muy
condicionada por yacimientos difíciles y de baja calidad del carbón,
junto con un sistema de ayudas poco eficaz entre los años 1980 y 1995,
con producción constante, reducción del 50 por ciento del empleo y nivel
de ayudas creciente, y, además, paralelamente, una regulación exhaustiva
con difíciles o casi inexistentes controles, da origen a multitud de
casos de fraude, y, si coincide con una política de liberalización del
sector eléctrico del país, obliga a la negociación de un plan de
reordenación del sector del carbón, plan cuyo objetivo será alcanzar un
mercado que funcione en un régimen de libertad, una vez introducidas las
correcciones precisas para compensar el empleo del carbón nacional.
El plan que hemos puesto sobre la mesa de discusión propone una serie de
medidas orientadas a la liberalización del mercado, la incentivación de
la demanda de las empresas eléctricas y el apoyo a la oferta de las
empresas mineras. Todo, insisto, con el objetivo último de reforzar el
funcionamiento de los mecanismos del mercado, pasando éste de ser un
mercado absolutamente intervenido a otro más libre, en el que primarán
las empresas más eficientes en la gestión de sus recursos.
Pensemos que en este momento una de las ineficiencias graves del actual
sistema es que las empresas con menores costes de producción no podían,
por el propio funcionamiento del sistema de cupos, aumentar su producción
y obtener el retorno adecuado de sus inversiones. Por el contrario, las
empresas menos eficientes y con mayores costes veían cómo la fijación de
los cupos, inamovibles durante años para muchas empresas, les preservaba
de la caída de ventas que les hubiera supuesto una organización más
abierta del mercado.
Pasando al terreno de las medidas concretas --y con esto aclaro algunas
de sus peticiones de información motivo de esta comparecencia--, el plan
plantea, desde el punto de vista de liberalización de la oferta, la
supresión de los cupos o suministros de carbón garantizado, la supresión
de los precios de comercialización, es decir, el ingreso por tonelada de
las empresas mineras y de los costes de producción reconocidos, además de
la supresión de la diferenciación cielo abierto-subterránea,
estableciendo para las empresas eléctricas y mineras la libertad para
acordar las condiciones de suministro que consideren convenientes.
De esta forma, las ayudas actuales por tonelada de carbón producido de
cupo que perciban las empresas mineras se transformarían en una ayuda
anual global por empresa que se establecería en el año 1997 como año
base, a partir del cupo teórico que le hubiera correspondido en ese año,
y que se reduciría desde el año 1998 en un 12,5 por ciento anual hasta el
2005.
Llegados a este punto, tengo que matizar que, según el acuerdo alcanzado
con los agentes sociales del sector, sindicatos y empresarios, los
pasados días 20 y 21 de noviembre, para el año 1997 se ha prorrogado el
actual sistema de cupos y ayudas vigente en el año 1996, en los mismos
términos.
En todo caso, estas ayudas en el plan propuesto, que, por otra parte, se
realizarán desde el año 1998 con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado para cumplir con el mandato de la decisión CECA de diciembre de
1993 a que me refería antes, tendrían condicionadas su percepción por las
empresas mineras a que éstas, en primer lugar, se mantuvieran al
corriente de sus obligaciones de pago frente a Hacienda y Seguridad
Social, y, en segundo lugar, mantuvieran empleo fijo acogido al régimen
de Seguridad Social minera, de forma que el importe a percibir por las
empresas estaría relacionado con el volumen de empleo fijo que mantuviera
la empresa con respecto al año de referencia, 1996, de acuerdo con una
tabla flexible en la que no se penalizaría la reducción de plantilla
hasta que ésta alcanzara una cierta proporción y sí a partir de ese
momento. Ofico, por otra parte, se transformaría en una agencia estatal
de ayudas a la minería del carbón para que la gestión de éstas fuera
ágil.
Por lo que respecta a la demanda de carbón por parte de las centrales
térmicas, se proponen una serie de incentivos para el consumo de carbón
nacional, consistentes, básicamente, en el establecimiento de una prima
especial que podría ser del orden de una peseta kilovatio-hora, e iría
dentro de los llamados costes hundidos en el protocolo eléctrico, junto
con el reconocimiento de las empresas eléctricas de un coste de
combustible, en el caso del carbón nacional, que permita que paguen este
carbón a ocho o nueve mil pesetas tonelada frente a las seis mil pesetas
tonelada del carbón internacional.
Un tercer elemento en el apartado de incentivación de la demanda de
carbón nacional sería el mantenimiento, al menos hasta el año 2001, de la
financiación de los stocks superiores al estratégico.
Por otro lado, se prevé una serie de medidas complementarias relativas a
las ayudas a la reducción de capacidad de actividad, la reestructuración
laboral y un refuerzo del programa de desarrollo y reactivación de las
comarcas mineras.
En el caso de las ayudas a la reducción de la actividad, éstas se
mantendrán hasta el año 2001 en los actuales términos en que se otorgan
en estos momentos y con esto contesto a otra cuestión objeto de la
comparecencia. La única diferencia es que en los casos de reducción total
de actividad se concede a la empresa la posibilidad de elección entre dos
alternativas: una compensación equivalente al doble de la ayuda
correspondiente al ejercicio en que se produce dicha reducción total de
actividad, o bien la compensación prevista en la normativa actual,
equivalente a 2,51 pesetas termia, calculada sobre la base del carbón
suministrado por la empresa como promedio en los tres años precedentes al
de la reducción.
En el caso de que se produzca una reducción total de actividad en algunas
unidades de producción de la empresa o reducciones de plantilla de al
menos un 15 por ciento, que impliquen reducciones de producción, se
mantendrán también hasta el año 2001 las ayudas vigentes a la reducción
de actividad, situadas entre 2,01 y 1,50 pesetas termia, según se trate
de reducciones superiores o inferiores, respectivamente, al 40 por ciento
del suministro promedio de los tres ejercicios precedentes.
Respecto a las ayudas a la reestructuración laboral, el sistema vigente,
en primer lugar, permite prejubilaciones a los trabajadores con 55 años
de edad equivalente y ocho o más años de antigüedad en el sector, con
tres años de bonificación obtenida por aplicación de los coeficientes; en
segundo lugar, jubilaciones anticipadas con 58 años o más de edad
equivalente, ocho años de antigüedad en el sector, que no reúnan esos
tres años de bonificación anteriores, y, en tercer lugar, indemnizaciones
a los trabajadores que no entren en ninguno de los grupos anteriores.
El plan que se propone contempla medidas adicionales, como ampliar el
colectivo del régimen de prejubilación, reduciendo el límite de la edad
bonificada de 55 a 52 años, con lo que hemos calculado que se produciría
un incremento del colectivo prejubilable en torno al 40 por ciento. Y,
por otro lado, compatibilizar la percepción de las garantías
suplementarias a cargo del sistema en el régimen de prejubilación y
jubilación anticipada con el desempeño de un trabajo remunerado en un
sector distinto al del carbón. En este caso, la renta mensual que venía
percibiendo el trabajador pasaría a engrosar un fondo de pensiones a su
nombre, que se le reintegraría en el momento de la jubilación. Si
interrumpiese su trabajo antes de llegar a la edad de jubilación,
recuperaría la percepción de su prestación mensual total, es decir, la
prestación a cargo de la Seguridad Social, y las garantías suplementarias
percibidas desde Ofico.
El plan propone, finalmente, la implementación de un nuevo programa de
reactivación de las comarcas mineras que posibilite su desarrollo. Este
nuevo programa contemplaría cuatro líneas de actuación. En primer lugar,
un apartado relativo a la mejora de infraestructuras viarias de las
comarcas, con unas aportaciones anuales que podrían ser del orden de
100.000 millones de pesetas durante tres años --1997, 1998 y 1999--,
procedentes de los ingresos por privatizaciones que obtenga la SEPI y
transferidos a una sociedad estatal para infraestructuras de las comarcas
mineras de nueva creación. Esta sociedad procedería a firmar convenios
marco con las administraciones públicas titulares de las infraestructuras
en cada caso para la cofinanciación de estas infraestructuras, estando
facultada, a la vez, esta sociedad para abordar la financiación de
proyectos plurianuales con obligaciones económicas que fueran más allá
del año 1999.
Una segunda línea sería la de desarrollo de un enfoque urbanístico
integral, por encima de planteamientos puramente municipales, con el
objetivo de la creación de un entorno residencial y grandes áreas de
servicio, con el objetivo, a su vez, de atraer población y mejorar la
imagen negativa ecológica de las zonas mineras.
Una tercera línea sería la relativa a la formación de capital humano, con
un fondo anual en torno a los 10.000 millones de pesetas, financiado
desde la tarifa eléctrica, durante el quinquenio 1997-2001, destinado a
la provisión de becas de estudios al cien por cien de sus costes para
mineros o hijos de mineros.
Y una cuarta línea de actuación, la última, que sería la de continuar con
el apoyo a proyectos empresariales con implantación en las zonas mineras,
pero con nuevas fórmulas de financiación, como participaciones de capital
riesgo, préstamos subvencionados, créditos participativos, créditos con
tipo de intereses subvencionados o complemento de riesgos asumidos por
entidades financieras. Estaríamos hablando en este caso de una
financiación en torno a los 10.000 millones de pesetas anuales, también
para el quinquenio 1997-2001, y en los que se prestaría una especial
atención a la creación de cooperativas y proyectos de autoempleo, y entre
ellos el fomento del turismo.
Este es, en definitiva, el plan de reordenación del sector del carbón y
de desarrollo de las comarcas mineras que proponemos a discusión desde la
necesidad de refinanciar un sector hoy muy intervenido, pero a la vez
desde un planteamiento que creemos puede ser asumido y beneficia a las
empresas con costes de producción más bajos, que siendo las más
eficientes y rentables tienen en el sistema actual el mismo tratamiento
que las que no lo son. En todo caso, este plan se desarrollará teniendo
en cuenta las directrices necesarias para que se mantenga una seguridad
minera que garantice el menor riesgo posible en el desarrollo de las
funciones diarias de los trabajadores.
Como ustedes saben --y entro ya directamente en lo relativo a la
seguridad minera, otra de las cuestiones planteadas en esta
comparecencia-- el marco legal en que se sustenta la política de
seguridad minera del departamento es fundamentalmente el Real Decreto de
abril de 1985 por el que se aprobó el reglamento general de normas
básicas de seguridad minera, publicado pocos meses antes de la
integración en la Comunidad Europea y después complementado con las
instrucciones técnicas que lo desarrollan, quedando con ello derogado en
gran parte el Reglamento de policía minera de 1934 y demás decretos
complementarios que hasta entonces regulaban las materias de seguridad
minera.
Esta reglamentación específica, acompañada de otras relativas a
infracciones y sanciones en el orden social, comités de seguridad e
higiene en el trabajo, etcétera, ha venido constituyendo la base de la
regulación española de la seguridad minera. Sin embargo, últimamente, y
de una manera importante, la promulgación de la ley de noviembre de 1995,
de prevención de riesgos laborales, que desarrolla el artículo 40 de la
Constitución y que traspone la Directiva marco 89/291 de la Comunidad,
así como la inminente trasposición de la Directiva 92/104, relativa a los
requisitos mínimos de seguridad y salud de los trabajadores en las
explotaciones a cielo abierto y subterráneas, vienen a componer un nuevo
cuerpo legislativo al que es preciso adaptar el referido reglamento
general de normas básicas de seguridad minera.
Los principios de eficacia, coordinación y participación inspiran esta
nueva regulación, ordenando tanto la actuación de las diversas
administraciones públicas como la necesaria participación de empresarios
y trabajadores a través de sus organizaciones representativas. Destaca
también en ella el propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva
mediante la elaboración de las disposiciones reglamentarias necesarias,
así como la promoción de la mejora de la formación en todos los niveles,
involucrando al conjunto de la sociedad. Por tanto, esta adaptación de
nuestra regulación en la materia de seguridad minera hay que hacerla bajo
nuevos enfoques, en su mayor parte derivados de nuestra pertenencia a la
Unión Europea, pero también como consecuencia del desarrollo de la
estructura autonómica del Estado.
Por otro lado, y ante la gravedad de los accidentes que tuvieron lugar el
último día de agosto del año 1995 en el pozo de San Nicolás, con 14
mineros fallecidos, y en octubre en el pozo Candín, donde se produjeron
cuatro víctimas, mi antecesor en el cargo compareció ante las Comisiones
de Industria del Congreso y del Senado el 2 de octubre de 1995 para
tratar monográficamente sobre el estado de la seguridad en las minas
españolas. En dichas comparecencias se adoptó el compromiso de abrir y
articular en el seno de la Comisión de seguridad minera un debate que
condujera a la elaboración del correspondiente informe sobre la seguridad
minera, en España y a una actualización o redefinición del plan de
seguridad minera, entonces vigente, del año 1987.
Establecida la subcomisión correspondiente, y después de concluidos los
oportunos trabajos, someterá al próximo pleno de la Comisión de seguridad
minera, que se celebra pasado mañana, día 29 de noviembre, el documento:
La seguridad minera en España. Análisis y propuestas, con vistas a la
puesta en marcha de un nuevo plan de seguridad minera. En dicho plan se
establecen como objetivos los siguientes. En primer lugar, disponer de un
cuerpo normativo armónico, claro y concreto. En segundo lugar, que todas
las personas que intervengan en la actividad minera, trabajadores y
empresarios, conozcan los riesgos de las explotaciones y de sus puestos
de trabajo. En tercer lugar, un sistema de vigilancia y control adecuado
que esté integrado a todos los niveles --Administración, empresas y
sindicatos-- por personas expertas, conocedoras de la reglamentación y de
la buena técnica minera. Y en último lugar, un nivel óptimo de
equipamiento y cumplimiento reglamentario en las explotaciones mediante
un sistema que facilite la incorporación inmediata de las innovaciones
que en materia de seguridad se vayan produciendo.
Ante estos objetivos, el plan contempla propuestas de actuaciones en
materia normativa, formativa, inspección y vigilancia, fomento, recursos
humanos y acciones estructurales. De todo lo anterior se deduce que las
labores normativas y de fomento son las más importantes en el ámbito de
seguridad minera dentro de las competencias de esta Dirección General de
Minas.
En relación con la primera --decreto de febrero de 1984 por el que la
Comisión de grisú y de seguridad minero pasó a denominarse Comisión de
seguridad minera--, establece, entre otras, las respectivas competencias
del comité permanente y de la Comisión en pleno. El hecho de tener que
elaborar las reglamentaciones y normativas anteriormente mencionadas, así
como ponerlas al día mediante instrucciones técnicas apropiadas, exige
una infraestructura técnico-administrativa especializada capaz de
preparar los trabajos, convocar a los expertos y agentes sociales y
redactar las propuestas y conclusiones que se deriven de los trabajos
anteriores.
Anteriormente, hasta el ejercicio de 1990, existía en el presupuesto de
la Dirección General de Minas un concepto
para gastos de la Comisión de seguridad minera, suprimiéndose en ese
ejercicio del año 1990. La Comisión de seguridad minera acordó, en abril
de 1990, en un pleno, la creación de una secretaría técnica de la
Comisión y que ésta fuera asumida por el área de seguridad minera del
Instituto Tecnológico Geominero de España. Para desarrollar un programa
de actuación normativa aprobado por el pleno de la Comisión, en su
reunión del día 24 de julio de 1990, el ITGE --el Instituto Tecnológico
Geominero de España-- firmó un convenio marco de asistencia técnica y
colaboración con Confeden para que actuase como unidad de apoyo a la
asociación para la investigación y desarrollo industrial de los recursos
naturales --Aitemin--, importando este convenio 15 millones de pesetas
que el ITGE abonaba de sus presupuestos. En diciembre de 1994 el ITGE
comunica que a partir del año siguiente finalizarían las actividades del
área de seguridad minera del Instituto como secretaría técnica de la
Comisión de seguridad minera, y como consecuencia de ello la labor de
Aitemin como unidad de apoyo. Esto ha provocado que desde esa fecha,
enero de 1995, hasta la actualidad, se haya producido una cierta
interrupción de la actividad de elaboración de reglamentaciones y
normativas, afectando a los 14 grupos de trabajo de la Comisión, de los
que están funcionando sólo dos subcomisiones. La primera, para cumplir
con el compromiso ante el Senado del Presidente de la Comisión para la
elaboración de un informe sobre la situación de la seguridad minera en
España, análisis y propuestas. Y la segunda, que fue creada para el
análisis de las causas del accidente del Pozo San Nicolás, de agosto de
1995.
Para realizar esta labor se estima que las funciones que antes
desarrollaba esta Secretaría Técnica serán hechas por los funcionarios de
la propia Dirección General de Minas, habilitándose para ello una partida
presupuestaria de 40 millones de pesetas en el presupuesto de 1997,
destinado a los gastos de los grupos de trabajo, financiación, estudios,
etcétera.
Por otra parte, existe una partida presupuestaria de 166,6 millones de
pesetas, destinada a la transferencia de fondos de las comunidades
autónomas para acciones en campañas de seguridad que actúen en la
revisión mina a mina, formando personal, y en la creación de
infraestructuras de seguridad, de acuerdo con un reparto, según los
baremos acordados en la Comisión de Seguridad Minera. Estas actuaciones,
a su vez, se ven complementadas por otras de fomento, como las
subvenciones a los proyectos presentadas a la convocatoria de ayudas,
según la orden ministerial correspondiente en vigor.
Finalmente, dentro de este apartado de seguridad minera, quiero mencionar
como acciones más inmediatas de esta Dirección General las siguientes. En
primer lugar, concluir, por parte de la Comisión de Seguridad Minera, el
informe sobre el accidente del Pozo San Nicolás, una vez realizada la
prueba, pedida por la subcomisión correspondiente, que se va a ejecutar
en los próximos días en las instalaciones de Explosivos de Burgos,
Sociedad Anónima, y que está financiada por la Dirección General de
Minas. En segundo lugar, tan pronto se apruebe el presupuesto para el año
1997, y como consecuencia del análisis efectuado, se va a relanzar la
actividad de los grupos de trabajo, de acuerdo con un plan que será
sometido a la aprobación del primer pleno de la Comisión de Seguridad
Minera que se celebre el año 1997. En tercer lugar, desarrollar medidas
de fomento a proyectos de seguridad minera, mediante una próxima orden
ministerial que regulará las subvenciones para el año 1997. En este caso
me estoy refiriendo a subvenciones a empresas.
Paso a exponer la situación de los contratos-programa, que es la
penúltima cuestión motivo de esta comparecencia.
Recordemos que, básicamente, los contratos-programa consisten en
convenios entre la Administración general del Estado y determinadas
empresas en las cuales se establece un conjunto de obligaciones y
compromisos mutuos. Están regulados en el artículo 91 del Real Decreto
del año 1988 de septiembre, de texto refundido de la ley General
Presupuestaria. En este artículo se especifica que en los supuestos en
que se estipulen convenios con el Estado que den lugar a regímenes
especiales, tanto por las sociedades estatales como por las demás que
perciban subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
éstos deberán incluir cláusulas relativas a hipótesis macroeconómicas,
objetivos, aportaciones del Estado, adaptación a las modificaciones del
entorno económico y control por parte de la Administración. En este
momento son tres las empresas mineras que tienen convenios de este tipo:
dos estatales, Hunosa y Minas de Figaredo, y una privada, Minas La
Camocha.
Los contratos en vigor contemplan el período 1995-1997, encontrándose
pendiente de formalizar el de Minas de Figaredo, aunque de hecho está
percibiendo las prestaciones presupuestarias convenidas. Todos ellos se
ajustan a las previsiones en sus respectivos planes de empresa,
negociados con los agentes sociales para el período 1994-1997, y ello en
virtud de lo acordado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, en su reunión de 28 de junio de 1994.
Estos planes, aunque son específicos para cada empresa, tienen
características comunes. En todos los casos se trata de planes de
reestructuración, continuación de los iniciados en el año 1991, que
programan una reducción progresiva y continua de actividad e incluyen
fórmulas para mitigar, por otra parte, el efecto social negativo de dicha
reducción, consistente en que las bajas de personal que se produzcan
deben tener carácter voluntaria, utilizando fundamentalmente la vía de la
prejubilación.
Comenzando por el contrato-programa de la Compañía Hulleras del Norte,
Sociedad Anónima (Hunosa), tengo que decir que ha desarrollado planes
cuatrienales de reestructuración desde el año 1980. Estos planes se
instrumentaron mediante sucesivos contratos-programa, y su ejecución
condujo, en la década de los 80, a la introducción de mejoras técnicas en
sus explotaciones, aunque desde el punto de vista económico sus
resultados fueron insatisfactorios. La tonelada de carbón, que el año
1980 tenía un coste de extracción de 13.000 pesetas tonelada, costaba
30.000 en el año 1990.
El plan aprobado en 1992 para el período 1992-1993, así como el aprobado
en 1994, para el período 1994-1997,
representan ya un punto de inflexión por cuanto programan reducciones de
actividad con el correspondiente cierre de instalaciones y reducción de
las plantillas.
El contrato-programa en vigor contempla el período 1995-1997, prevé una
reducción de personal de 941 trabajadores por la vía de prejubilación y
de suministro de 241.000 toneladas. Cifra las aportaciones del Estado en
165.000 millones de pesetas en los ejercicios 1996 y 1997, de los cuales
un 45 por ciento se libraría bajo la fórmula de subrogación de deuda por
parte del Estado, y el 55 por ciento restante mediante subvenciones a la
explotación consignadas en los presupuestos generales.
Proyectando hasta finales del año 1996 los datos conocidos a la fecha,
podemos concluir lo siguiente en cuanto al cumplimiento del contrato
programa.
La plantilla media y final serán superiores a las previstas en el
contrato-programa debido al escaso número de personas acogidas al proceso
de bajas incentivadas, que son de carácter voluntario. El absentismo será
tres puntos superior al previsto, del 20 por ciento, frente al 17 por
ciento previsto en el contrato-programa. La productividad subterránea
será un 4,6 por ciento superior a la prevista, merced a un aumento de la
mecanización y selección del yacimiento por la empresa. Habrá un
incremento de un 0,8 por ciento en el jornal medio sobre la previsión,
consecuencia de las presiones sobre los salarios que llegan a condicionar
la consecución de producción y productividad. El valor de la producción
por tonelada tendrá una desviación por exceso de dos puntos de cenizas en
la producción lavada. El coste producción por toneladas experimentará una
ligera mejoría por el incremento de la productividad. La producción
vendible subterránea crecerá un 2 por ciento, como consecuencia del
incremento de la productividad y a pesar del alto nivel de absentismo.
Las pérdidas de explotación en minería subterránea tendrán una desviación
del 1,3 por ciento, resultado de un ligero incremento en los costes de
subcontrataciones para aumento de la mecanización y productividad.
La producción a cielo abierto tendrá un crecimiento del 25 por ciento,
resultado de la racionalización en la explotación de estas cortas. El
diferencial será consumido por el grupo termoeléctrico, liberando así una
parte de la producción subterránea para el cumplimiento de cupo. Los
beneficios de cielo abierto experimentarán una mejoría de más de un cien
por cien, consecuencia de la mayor producción y menor coste de la misma
por la racionalización de la explotación.
El resultado total de explotación será de 45.508 millones de pesetas
frente a 45.560. Las inversiones mineras tendrán una desviación del 10
por ciento, consecuencia de un mayor esfuerzo en preparación de
infraestructura minera, y finalmente el endeudamiento operativo sufrirá
una desviación del 10 por ciento, causada fundamentalmente por un retraso
medio de 45 días en el cobro de subvenciones del Estado, que no estaba
previsto en el contrato-programa.
Por lo que respecta a Minas La Camocha, se trata de una empresa privada
que se beneficia del régimen de contrato programa. Hasta junio del año
1992 formaba parte de la MSP, de la que se segregó como consecuencia de
los acuerdos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
de abril y diciembre del año 1990. Este último acuerdo programaba la
realización de un plan experimental en Minas La Camocha, destinado a
analizar las posibilidades del yacimiento y, con ello, su viabilidad
futura. Este plan se ejecutó entre los ejercicios 1991 y 1993 y sirvió de
base para elaborar el plan de viabilidad correspondiente al período
1991-1994.
El contrato-programa formalizado con esta empresa abarca el período
1995-1997, durante el cual se prevé una reducción de plantilla de 189
trabajadores, con lo cual quedaría al final en 741 trabajadores y de
suministros de 25.000 toneladas. Las aportaciones del Estado para este
período se cifran en 12.097 millones de pesetas.
En el caso de La Camocha conviene destacar que se está tramitando una
petición adicional de ayuda de 1.386 millones de pesetas por el
Ministerio de Economía, sobre la consignación de 3.000 millones de
pesetas previsto originalmente en los Presupuestos Generales del Estado,
para atender las mayores pérdidas previstas de explotación como
consecuencia de las mayores dificultades encontradas en la explotación.
En el caso de Minas de Figaredo, el plan de empresa negociado para el
período 1994-1997 contempla una reducción de producción de 27.500
toneladas, y de plantilla de 256 trabajadores, con lo cual quedaría en
710 a finales del año 1997. Para el mismo período prevé un incremento de
la productividad del 25 por ciento. Cifra el importe de las ayudas
estatales en el cuatrienio en 25.940 millones de pesetas, incluyendo
estas ayudas las destinadas a financiar el déficit de explotación y las
reducciones de plantilla. Su contrato-programa, aunque está elaborado, no
ha sido sometido a aprobación por el Consejo de Ministros.
Con los datos conocidos del ejercicio de 1996, y extrapolándolos hasta el
final del año, podemos hacer las siguientes observaciones. La plantilla
media y final serán inferiores a las previstas en el contrato-programa,
cumpliéndose el objetivo; el absentismo, finalmente, será 0,8 puntos
superior al previsto (13,5 frente al 12,7); la productividad subterránea
será un 45,8 por ciento inferior a la prevista, debido a una menor
producción del 47,4 por ciento; el valor de la producción por tonelada
experimentará una desviación por exceso de más de un punto de cenizas en
la producción lavada; los costes de producción por tonelada sufrirán un
gran empeoramiento por la caída de la producción (estamos hablando de
53.552 pesetas por toneladas frente a las 31.320 previstas); la
producción vendible subterránea caerá un 47,4 por ciento como
consecuencia de dos hechos: en primer lugar, una menor producción bruta,
principalmente por paros generales en la empresa, por accidentes, motivos
de seguridad y avería en las máquinas de extracción, y problemas en un
nuevo equipo que tiene la empresa, y, en segundo lugar, por un menor
rendimiento del lavadero (54,4 por ciento real frente al 66 por ciento
previsto en el contrato-programa).
En las pérdidas antes de subvenciones no se produce una desviación final
debido a unos ingresos accesorios y extraordinarios de 750 millones de
pesetas aproximadamente.
No hay desviaciones en las inversiones y no se producen tampoco
variaciones significativas en el endeudamiento operativo.
Respecto a los futuros contratos-programa, motivo también de la
comparecencia, la Agencia Industrial del Estado está cumpliendo
escrupulosamente el contrato-programa vigente con Hunosa y con Figaredo,
que comprende hasta el 31 de diciembre de 1997, como he dicho, y así va a
seguir haciéndolo, a pesar de que algunos compromisos, como la reducción
del absentismo, según hemos visto en Hunosa, no están siendo respetados
por las partes que deberían cumplirlos.
Referente al futuro, es necesario definir, en primer lugar, el nuevo
marco general para el carbón, el que les he presentado hace un momento,
que afrontará el futuro del carbón con rigor, desde la perspectiva
evidente de que en junio del año 2002 finaliza el tratado CECA y, por
tanto, el actual régimen que permite la continuidad de estas
explotaciones inviables en un marco de libertad para el carbón; situación
que no sólo afecta a Hunosa y Figaredo, sino que es común al conjunto de
las empresas carboneras de España.
Definido este nuevo marco general, se construirán posteriormente los
nuevos planes de empresa para Hunosa y Figaredo, que podrán abarcar el
período 1998-2002, o acaso algún año más, procediendo entonces a negociar
con seriedad, realismo y rigor el contrato-programa o el instrumento
jurídico que se considere idóneo para el período que se ha fijado.
Finalmente, paso a la última materia objeto de esta interpelación
referente a la incidencia en el sector del carbón de las modificaciones
que se están produciendo en el sistema eléctrico nacional, para lo cual
considero conveniente comenzar con una referencia genérica al denominado
protocolo eléctrico, de manera que se clarifique la independencia
existente entre éste y el plan del carbón, y ello nos permita tratar
adecuadamente los problemas del sector del carbón, lo que constituye mi
parcela de responsabilidad específica en el Ministerio de Industria.
El protocolo eléctrico tiene por objeto establecer los principios básicos
para orientar el proceso de introducción de competencia en el sistema
eléctrico, con el mayor grado de consenso con las empresas directamente
involucradas.
La misión del protocolo es propiciar una reducción de las tarifas
eléctricas, que en España se encuentran en la media alta en relación con
las practicadas en otros países de nuestro entorno para un conjunto muy
importante de consumidores. Por ello, el protocolo constituye un
compromiso de reducción de tarifa durante cinco años consecutivos. Con
este objetivo, los mecanismos de competencia que se introducen en el
sistema eléctrico están presentes como la mejor garantía para este
compromiso de reducción de tarifas.
El protocolo se estructura en cuatro apartados: descripción del modelo de
funcionamiento del sistema eléctrico; mecanismos previstos durante el
período transitorio; separación de actividades (estructura de mercado y
régimen accionarial), y, finalmente, desarrollo del protocolo. El
documento no contiene capítulo específico por fuentes de energía
primaria. No obstante, en el caso de fuentes autóctonas, como es el caso
del carbón nacional, se establecen ciertas excepciones que permitan
compatibilizar la generación en un modelo competitivo con las
particularidades de esta fuente de energía.
Por tanto, en este marco se establecen en el protocolo las siguientes
salvedades a los principios generales de liberalización. En primer lugar,
se dejan abiertos los criterios para el uso de este carbón al plan de
futuro de la minería del carbón y desarrollo de las comarcas mineras, que
se materialice con la elaboración de la normativa correspondiente,
negociada con los agentes sociales y no prejuzgando, por tanto, en el
protocolo, el contenido de dicho plan.
En segundo lugar, se contempla expresamente la formalización de contratos
a medio y largo plazo de adquisición de carbón nacional para la
generación eléctrica, que serán supervisados por el Ministerio de
Industria y Energía y los agentes sociales, y en los que se prevé,
además, la retribución del coste financiero a un determinado volumen de
existencias por encima del stock de seguridad. Todo ello dentro del plan
de futuro del carbón.
En tercer lugar, en el protocolo, el Ministerio de Industria y Energía se
compromete a hacer uso, a partir de la transposición de la directiva de
la Unión Europea sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad, de las facultades que le confiere su artículo 8, con objeto
de dar estabilidad al sector minero español. Asimismo, tratará de mejorar
todos los aspectos que se refieren al carbón en el citado proyecto. En
todo caso, se contempla el compromiso del Ministerio de Industria y
Energía de elevar al Gobierno una solicitud para promover un debate
parlamentario que contribuya a dotar de estabilidad la política que se
establezca con respecto a la minería del carbón.
Estos compromisos quedan reflejados en el protocolo dentro de la
formación de precios de electricidad para los consumidores finales y los
costes de seguridad de abastecimiento, que constan de: costes asociados a
la minería del carbón; costes asociados al stock de carbón nacional;
costes indirectos, y los costes indirectos relacionados con el plan del
carbón que comentábamos antes.
Para el análisis de la normativa necesaria en el desarrollo del protocolo
se crearán grupos de trabajo que convocará el Ministerio de Industria y
Energía, y en los que intervendrán, además del citado Ministerio, las
empresas eléctricas, Unesa y la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional,
y los agentes o colectivos interesados en la materia.
En los grupos de trabajo de formación de precios en generación y diseño
de mercado, así como en estructura de tarifas, se garantiza la
colaboración de los sindicatos mineros, indicando expresamente en el
protocolo la participación de los mismos. Asimismo, de las modificaciones
de la normativa necesaria en el proceso de desarrollo del protocolo se
informará previamente a los firmantes y a los agentes sociales.
Adicionalmente, para establecer los compromisos regulatorios durante el
período de adaptación al nuevo modelo eléctrico, se han considerado los
precios de adquisición del
carbón nacional siguientes. Primero, precio tomado como referencia para
garantizar el consumo nacional a los precios futuros es el de 1996 para
los nuevos suministros, pero afectado por una prima de seguridad del
suministro del 10 por ciento en vez del 14 por ciento existente, para
todo el período de cálculo de los compromisos actuales. Este precio se ha
internalizado en los cálculos de los compromisos regulatorios, por lo que
se garantiza la recuperación de los costes de combustible existentes.
En segundo lugar, a los efectos de posibilitar en un entorno competitivo
la autorización de los carbones nacionales, se ha establecido un
incentivo de entorno a una peseta kilovatio/hora a las centrales que
efectivamente utilizan carbones nacionales a través del sistema de
compromiso regulatorio. Debo decir que el importe global de este
incentivo en pesetas del año 1997 asciende a más de 200.000 millones.
En consecuencia, y como sucede para otros sectores que suministran
materias primas al sector eléctrico, el protocolo no contiene pautas de
ordenación sectorial y, como se recoge en el propio texto, no prejuzga el
contenido del futuro plan de la minería del carbón y desarrollo de las
comarcas mineras.
No se considera, asimismo, que los mecanismos de planificación
tradicionales tengan capacidad para propiciar en España una energía a
costes competitivos.
Con esto finalizo la intervención de 40 minutos, que ha sido un poco más
extensa de lo que pensaba por la cantidad de materias que eran objeto de
esta comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el turno de intervenciones de los
distintos grupos. Empezaremos por los que han solicitado su
comparecencia.
Tiene la palabra, en primer lugar, don Mariano Santiso del Valle, por el
grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Debo recordarles a todos ustedes que las intervenciones tienen una
duración máxima de diez minutos.
El señor SANTISO DEL VALLE: Intentaremos resumir, ante una intervención
de 40 minutos, en diez minutos las preguntas.
De todas maneras, muchas gracias, señora Directora, por comparecer, entre
otras cosas porque creo que era una comparecencia necesaria y quizá llega
incluso un poco tarde, en el sentido de que está pedida antes del verano
por nuestro grupo, entendiendo precisamente que íbamos a entrar en una
situación conflictiva y preocupante en todo lo relacionado en este caso
con la minería del carbón, como desgraciadamente así ha sido.
Esta comparecencia se produce después de haber tenido convulsionadas a
todas las cuencas mineras de Castilla y León, con una grave inquietud
social en el sector minero, con una preocupación que se mantiene y que,
en todo caso, lo que se ha abierto es un período de inicio de
negociaciones para poder evaluar posteriormente cuál es la situación real
en que queda la minería del carbón y su futuro.
En su intervención hay una parte descriptiva, que es interesante para
recordar el origen de la situación actual del sector, pero a mí lo que me
preocupa es que sobre este sector, con declaraciones especialmente
procedentes del propio Ministerio de Industria, se ha creado, en mi
opinión, una imagen distorsionada ante la propia opinión pública.
Una vez más, una parte de los sectores públicos, como puedan ser las
empresas con contrato-programa y el propio sector del carbón, han sido
situados ante la opinión pública como una especie de rémora social con la
cual carga el Estado. Esto, en primer lugar, no responde a la realidad ni
a la evolución histórica del sector y, al mismo tiempo, es una mala
estrategia a la hora de tener que renegociar a lo largo del año 1997
contratos programa como los de Hunosa, Sierra Negra, etcétera. Yo creo
que no se debe crear este tipo de inquietud en las comarcas mineras, en
las comunidades autónomas que ya están muy afectadas por la debilidad de
su propio tejido productivo, en unos casos, como Asturias, por estar
sometida a toda una serie de reconversiones y de retirada de tejido
productivo también industrial, no solamente minero, y en Castilla y León
y las comarcas de Aragón afectadas porque han tenido prácticamente un
monocultivo, que ha sido la minería, a pesar de las promesas permanentes,
antes y ahora, de que estas comarcas iban a tener ayudas suficientes para
ir transformando ese monocultivo en una diversificación industrial, en
una mejora de las infraestructuras, en la creación de empleos para que la
gente pueda ir paulatinamente buscando otras actividades económicas que
solucionen su vida laboral. No hay que olvidar que los mineros ya no lo
son por vocación, se recurre al trabajo en la minería, especialmente la
subterránea, porque no hay otra alternativa, no porque sea una especie de
destino histórico de los que nacen en estas comarcas ni porque su
voluntad personal sea trabajar en la mina, sino porque en general no
tenían más posibilidad que hacer estos trabajos, en muchos casos penosos
y peligrosos. Por tanto, nos parece que ha tenido un tratamiento poco
serio.
En segundo lugar, ha hecho referencia a la negociación del protocolo
eléctrico, a lo que puede suponer para el sector ahora esta solución
mágica, en mi opinión, de separar la discusión no de las ayudas al
carbón, sino sobre el marco de referencia para las empresas mineras a la
hora de poder establecer contratos a largo plazo con las propias
centrales térmicas o compañías eléctricas. Yo sinceramente creo que es
inseparable, que se pueden separar en todo caso las ayudas concedidas vía
presupuestos del Estado o también a través de este nuevo mecanismo
mágico, al que el Partido Popular recurre mucho a lo largo de estos pocos
meses que lleva gobernando, que es el de los conceptos
extrapresupuestarios. Es decir, aquí discutimos unos Presupuestos
Generales del Estado donde la sección de Industria tiene unos ingresos
previstos de 460.000 millones procedentes de la venta de las empresas de
la SEPI, y además ahora tiene que hacer un nuevo esfuerzo de venta de su
patrimonio, porque hay que hacer frente también a los resultados de las
negociaciones, que espero que fructifiquen, con los agentes sociales para
las comarcas mineras, que ustedes mismos evaluaban ahora mismo en unos
100.000 millones/año durante tres años. Quizá no hay tiempo para entrar
en un debate de fondo, pero sinceramente creo que este año van a pasar
muchas dificultades para poder cumplir los
compromisos de ingresos, con la repercusión que esto tiene en los propios
presupuestos, porque poner en venta durante un año más de medio billón de
pesetas sinceramente creo que es una política difícil de llevar a cabo,
al menos con condiciones de garantía incluso para las propias empresas
que se pretenden vender. Aquí mismo se reconoció, en una comparecencia,
que todavía no se había evaluado exactamente cuál iba a ser el origen o
cuáles iban a ser las empresas afectadas. En segundo lugar, porque para
los agentes sociales y para algunas fuerzas políticas, por lo menos las
de la izquierda, es difícil de explicar, por ejemplo, que vamos a vender
patrimonio para cubrir otro hueco; en definitiva, vender el coche para
comprar gasolina. Es decir, venderemos Ensidesa o la Corporación
Siderúrgica Integral para invertir estos fondos en las comarcas mineras.
Sinceramente, nosotros no vamos a estar de acuerdo y creo que los agentes
sociales que se van a ver sometidos a esa dicotomía van a tener muy
difícil poder entrar en este tipo de planteamientos. Creo que es una mala
solución. No es suficiente que esa parte se pueda discutir al margen del
protocolo porque son un tipo de ayudas que intentan el relanzamiento de
las infraestructuras, insisto, en el sentido de que las infraestructuras
son una condición necesaria pero no suficiente para garantizar que se
cree empleo en las comarcas mineras. Podemos tener una especie de
maravillosos parques geriátricos o reservas con unas maravillosas
infraestructuras, pero si además no hay manera de impulsar la instalación
de otro tipo de actividades económicas, con eso no es suficiente; en todo
caso, las infraestructuras sirven para agilizar la huida hacia otros
sitios donde uno pueda ganarse la vida o buscar trabajo.
Como usted sabe muy bien, una orden ministerial de 1 de agosto de 1996
estimulaba a las compañías mineras, en este caso privadas, a que antes
del 31 de diciembre terminasen de realizar los contratos a medio y largo
plazo. La verdad es que con la situación actual me gustaría saber si esta
orden ministerial va a tener algún tipo de prórroga que permita conocer a
todos los interlocutores cuál va a ser realmente la situación, las
condiciones en que va a quedar todo el marco del carbón. Los primeros
avances que usted apuntaba ahora mismo corresponden más o menos a lo que
usted expone en un protocolo que no sé si es el número seis, de 18 de
noviembre de 1996, a las 12 horas de la mañana, porque yo tengo otros
cinco, y cada vez que nos reunimos tenemos que intercambiarlos para ver
en qué párrafo se ha modificado. (Risas.) Ustedes lo deben tener muy
claro, pero tan claro no debe estar cuando van por el séptimo borrador
por lo menos, y es difícil discutir de lo que supone un protocolo cuando
en cada reunión nos encontramos con uno nuevo. También se corresponde con
el documento que ustedes entregaron a los sindicatos y que tengo delante,
y no estaría mal que estos temas se hubieran discutido por lo menos en el
Congreso, como el Partido Popular propone en su proposición no de ley,
con la que en términos generales podemos estar de acuerdo.
En su exposición de motivos el Partido Popular reconoce la importancia
que tiene discutir un tema tan importante como éste en esta Cámara, cosa
que tampoco se ha hecho hasta el día de hoy, en el que empezamos a hablar
de él. Pero yo insisto en que usted dice algo que viene a ratificar mi
posición: el protocolo se deja abierto para que a través de la
negociación se incorpore al propio protocolo o a una prórroga del mismo
el marco estable en que se prefigura el carbón, porque si no es imposible
entenderlo, entre otras cosas --y espero que haya una variación en la
negociación con los agentes sociales y con las empresas-- porque si se
mantiene lo propuesto inicialmente en el plan de reordenación, la
reducción, por ejemplo, de las ayudas en un 12,5 anual --y me gustaría
que me aclarase si hay una propuesta nueva de ir a ocho años--, acabarán
con el sector de la minería en principio privada, pero también la
pública, porque les afecta de la misma manera.
Lo de la peseta sombra queda muy bien una vez más para encontrar fórmulas
extrañas que la Unión Europea parece que puede aceptar, pero nuestro
primer análisis de este borrador de protocolo, insisto, el de las 12
horas del 18 de noviembre, es que se sigue primando a la energía
hidráulica. Si la ayuda queda en los términos que más o menos se apuntan
ahí, seguimos pensando que va a haber una tensión importante sobre el
agua, a pesar de esta peseta sombra o de la fórmula que se busque. Las
compañías eléctricas, como es lógico, van a tirar de aquella energía que
les deja más margen de beneficio, y el margen de beneficio, según
nuestros primeros cálculos, sigue siendo sustancialmente importante, a
mucha diferencia, para la energía hidráulica.
En segundo lugar, hay una discusión global; es decir, nosotros seguimos
pensando que el carbón tiene que estar presente en un paquete energético
diversificado, porque aunque ahora está muy de moda lo del gas,
recordaría que en Inglaterra se está reconsiderando e intentando desviar,
más que para su utilización en centrales eléctricas, para la utilización
directa en el consumo industrial o en el consumo casero o doméstico. No
hay que olvidar que el gas, aunque es verdad que tiene un horizonte más
largo que el del petróleo --algunos lo estiman en unos setenta años--, es
un bien que tiene límites. No creo que sea una buena política general que
nos dediquemos en esta sociedad de hoy a consumir todo lo consumible y
pensar que nuestros nietos ya se apañarán e inventarán algo nuevo que les
produzca energía. En todo ese proceso las energías creo que van a sufrir
lógicamente las tensiones de la oferta y la demanda y sus precios irán
subiendo sustancialmente, especialmente si apostamos sólo a una fuente de
energía.
Por estas preocupaciones que he expuesto es por lo que quisiéramos una
mayor claridad y no discursos contradictorios; todavía ayer mismo, en un
foro europeo, don Nemesio Fernández-Cuesta ha vuelto a insistir en que no
es sostenible la situación del carbón. Se está haciendo siempre un doble
discurso: cuando hay presión social, se habla de que hay que negociar, de
que hay que volver a sentarse, de que no hemos querido decir esto; pero
automáticamente, cuando hay un foro proclive a escuchar ese tipo de
discurso, volvemos al anterior. Espero y deseo que esta negociación
termine bien, en bien de todos. En segundo lugar, me gustaría que a la
sociedad española se le explicasen las cosas objetivamente, y hay que
reconocer que el sector
ha hecho un esfuerzo importante en los últimos quince o veinte años,
porque se ha reducido la plantilla de 52.000 trabajadores que había en el
año 1975 a 25.000, se ha duplicado la productividad en toneladas/hombre;
incluso el carbón ha subido dos pesetas menos que el IPC en los diez
últimos años. Por tanto, hay una reducción en sí misma aproximadamente
del 17,1, independientemente del sistema de ayudas.
Vamos a seguir con mucha atención la política de seguridad minera.
Entendemos --y nos preocupa-- que hay una reducción real de los recursos
disponibles para los temas de seguridad minera si se comparan con los
previstos en el año 1995. Ahora creo que están en torno a los 940
millones, si no me equivoco, cuando en aquel entonces se preveían --luego
no se aprobaron, efectivamente-- del orden de los 3.000 millones. Nos
preocupa el retraso, y sé que no es imputable sólo a esta Administración,
del análisis de los accidentes mineros, aunque, efectivamente, estos días
se va a realizar la prueba de Burgos. Creemos que es un tema muy serio en
el que hay que insistir mucho más, y como hay una ponencia específica, en
su momento continuaremos hablando de este tema.
Nos parece que no hay tanta prisa para cerrar un protocolo eléctrico, en
el que ustedes mismos tienen que hacer referencia a una directiva que
todavía está en fase de borrador; ustedes reconocen que se someterán a la
disposición octava del borrador de directiva. ¿Por qué tenemos que correr
más que nadie? Una cosa es que como Gobierno tengamos en Bruselas
presiones políticas en la negociación de esa directiva, que algo tendrá
que decir nuestro Gobierno, y otra cosa es apuntarnos ya a un borrador de
directiva que todavía no se ha aprobado y que se aprobará probablemente a
primeros del año que viene. Insisto, creo que las cosas van demasiado
rápidas; además, el protocolo puede ir en contra de algunas disposiciones
legales vigentes y creo que es un mal camino negociar primero el
protocolo y después tener que revisar la legislación vigente, la Losen o
el Plan Energético Nacional a posteriori para adecuarlo a un protocolo
eléctrico. Creo que deberíamos haber empezado por explica aquí cuál es
realmente la política energética del Partido Popular y de este Gobierno.
A partir de ahí, si ustedes creen que hay que modificar la ley,
discutámoslo, las compañías eléctricas y el Gobierno podrán discutir un
marco estable que no sea sólo para las compañías eléctricas, porque al no
tener resuelto el tema del carbón ustedes abren una serie de
incertidumbres para el futuro. Por tanto, creo que estamos haciendo las
cosas al revés. Hagámoslo con más calma, discutamos con tranquilidad todo
el protocolo eléctrico, las ayudas al carbón y dejemos tranquilos a los
trabajadores. Porque, además, este inicio ha supuesto que las propias
compañías eléctricas estén preparando una reducción de plantilla del
orden del 25 por ciento.
Insistimos, más discusión en este Congreso para que hablemos de todos
estos temas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don Javier Fernández Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: Gracias, señora Sendín, por su presencia en
esta Comisión.
He escuchado sus manifestaciones, y lo he hecho, en parte, con un cierto
hastío, por que las viene haciendo no solamente usted, sino también al
secretario de Estado de la Energía y el ministro en esas declaraciones
dispersas que se van haciendo por todo el país, incluso fuera de él. Pero
ha escuchado también algunas con franca sorpresa, porque usted, señora
Sendín, ha reprochado a los gobiernos socialistas que hayamos mantenido
una producción y, sin embargo, que hayamos reducido drásticamente, dice
usted, el empleo, es decir, que se haya aumentado la productividad. (El
señor Vicepresidente, Gómez Darmendrail, ocupa la Presidencia.)
Creo que la intención de la decisión de la Unión Europea que usted ha
esgrimido aquí no es que se reduzcan capacidades; se pueden reducir en
aquellas que estén acogidas al artículo 4, pero eso no quiere decir que
no se puedan conceder esas capacidades a las empresas que son ayudadas
conforme al artículo 3.
De todas maneras, me ha sorprendido mucho que diga usted eso cuando lo
único que han hecho, además de asustar al sector con estos anuncios, ha
sido aumentar los cupos. Ustedes los han aumentado me parece que en
bastante más de 300.000 toneladas. Si usted me dice que eso es un
compromiso anterior, confírmemelo, porque entonces en Asturias y en León
lo diré y evitaré que lo esté vendiendo el señor Lucas o el señor
Marqués. Si, por el contrario, usted lo dice como reproche, ha entrado en
una flagrante contradicción. En tercer lugar, si usted lo que hace es
decir en cada foro lo que allí se quiere escuchar, a los sindicalistas
una cosa, a los eléctricos, otra, ésta es una evidente falta de
formalidad.
Usted nos ha diseñado un plan en sus puntos básicos utilizando la
decisión europea; ha hablado de determinados artículos. Le voy a citar el
artículo 3.2, párrafo segundo, que dice que el plan establecerá medidas
apropiadas y esfuerzos continuos a fin de obtener una reducción
tendencial de los costes de producción. Tendencial de los costes de
producción y, por tanto, de las ayudas. Lo que le pregunto es si esa
reducción tendencial significa recortar en el 12,5 por ciento las ayudas,
porque eso no es tendencial, eso es un recorte drástico y forma parte de
un plan claramente liquidacionista. Lo tendencial es otra cosa, y usted
lo sabe perfectamente.
En el protocolo eléctrico se habla de gradualidad. El principio básico
por el que debe desenvolverse el sector, después de la reunión que ha
tenido usted con los sindicatos, dice que debe ser la gradualidad. ¿Es
gradualidad un carbón tipo del 20 por ciento de volátiles, 25 por ciento
de cenizas y 10 por ciento de humedad? Recortarle 700 pesetas de las
14.000 que supone, ¿es gradualidad? No lo es, en absoluto, porque las
empresas no van a poder soportar ese recorte.
Además, ustedes ciertamente han puesto imaginación, demasiada imaginación
para el sector, porque esa cantidad se recoge como ayuda en 1996 y cada
una de las empresas la tendrá como compromiso regulatorio --por usar los
términos que utilizan ustedes en el protocolo eléctrico-- para
1997; imagínese que algunas empresas este año han tenido huelgas --que es
un derecho constitucional, no debe luego penalizárselas por ello--, han
tenido problemas de yacimiento, han tenido regulaciones. Eso supone que
no habrán podido suministrar las cantidades que este año debían
suministrar, con lo que las ayudas quedan amputadas. ¿Qué ayudas van a
tener el año que viene? Empezarán ya gravadas con ese problema. De todas
formas, eso es solucionable, y se lo digo para que lo solucione, aunque
me parece que con este plan no hay solución de ningún tipo. Yo lo he
dividido como usted lo ha hecho: reducción de ayudas, oferta y demanda.
Respecto a la reducción de ayudas en un 12,5, una reducción drástica que
para mí supone el cierre a corto plazo, le diré que nosotros también
conocemos la situación de las empresas, yo conozco algunas cuencas
francamente bien. No le voy a citar las menos eficientes, le voy a citar
una que lo es: la cuenca occidental del Narcea. He calculado las ayudas
de 1996 y las que debe haber en 1997, porque usted sabe que la prima baja
del 14 al 10 por ciento, de acuerdo con el Decreto de 28 de diciembre.
Rengos tendrá 677 millones, Antracitas de Tineo, 794 millones; en total,
unos 5.060 millones, y no me equivoco en más de 20. Por tanto, de 5.000
millones de pesetas que recibe anualmente la cuenca, ustedes van a
recortar 625 millones al año. Antracitas de Gillón. ¿Cuánto cree usted
que puede durar esa empresa si le reducen ustedes los ingresos en 184
millones al año? Yo se lo digo porque ustedes deben saber los costes y
tienen las auditorías de todas estas empresas: pues no durará más allá de
dos o tres años, como máximo.
Hablemos del Bierzo-Villablino. Son 24.000 millones de pesetas/año
aproximadamente, incluidas las ayudas de la MSP, vía Presupuestos
Generales del Estado. Ustedes proponen eliminar ayudas a un ritmo de
3.000 millones/año. ¿Quién lo va a soportar en esa cuenca? Nadie, ni las
más eficientes. Coto Cortés, por ejemplo, que tiene 2.400 millones al año
de ayuda, ¿cuánto sobrevivirá con esa reducción de 300 millones/año?
Igual digo de Coto Minero del Sil, al que le quitarán 675 millones/año, o
la cuenca del norte de León. ¿Qué pasará con ese proyecto de nueva mina
de la Hullera, que tiene comprometidas esas inversiones tan fuertes, que
yo he calculado en 8.400 millones al año de ayuda --7.200 aproximadamente
para la Hullera--. ¿Van a recortar ustedes la ayuda a esta empresa de esa
forma? Porque adiós al nuevo proyecto, téngalo usted por seguro.
Lo dicho vale para la cuenca de Peñarroya, donde Alcasur recibe en torno
a los 1.270 millones, o para Carbones de Pedraforca, que recibe 125, o
para todas las cuencas de España.
Yo he calculado esto con los datos que usted pone en los documentos que
les ha dado a los sindicatos, es decir, 50 dólares por tonelada
equivalente de carbón 130 pesetas/dólar, más transporte, más prima del 10
por ciento, que es lo que corresponde a 1997. Por tanto, insisto, no
pueden diferir sus cálculos. Yo supongo que usted habrá valorado eso y,
como sabe los costes de cada empresa, o tendría que saberlos, quisiera
que usted me dijera qué incidencia han calculado que tiene esto sobre
cada una de las empresas y, por tanto, sobre el empleo de cada una de
ellas.
¿Cree usted sinceramente que las empresas mineras españolas pueden
aumentar su productividad de manera que absorban esta reducción de
ayudas? Teniendo en cuenta que la ayuda media es del orden del 41 ó 42
por ciento del ingreso minero, esta reducción supone un 5,2 por ciento
del ingreso total; es decir, que la productividad tendrá que aumentar en
esa medida, más lo que aumenten los inputs de las empresas, porque,
aunque parece ser que la electricidad no va a aumentar, van a aumentar el
carril, los cuadros metálicos y el precio de la madera, y no podrán tener
ustedes congelados indefinidamente los salarios de los mineros. Tendrán
que hacer ustedes un esfuerzo continuado, año a año, del 6 o el 7 por
ciento para incrementar la productividad.
Si se han conseguido incrementos importantes, aunque no de este nivel, en
el pasado, es porque se ha tecnificado mucho la minería, se han
erradicado sistemas obsoletos y anacrónicos que existían en nuestro país,
pero los límites tectónicos de los yacimientos están ahí, no crean
ustedes que van a inventar nada nuevo y que se va a dar un salto
cuantitativo en la productividad que pueda poner a estas empresas en
situación de competir, porque competir no es posible. Si ustedes
sostienen que van a colocar a las empresas, a partir del año que quieran,
del 2002 o cuando ustedes quieran, en situación de competir con el carbón
internacional, lo que están diciendo es que van a cerrar el sector. El
sector minero español va a durar lo que duren las ayudas, no va a llegar
más allá. Ciertamente las ayudas tienen que ir en disminución, tienen que
ser regresivas, lo dice la decisión y además es lógico, pero hay que
administrar el sector en ese largo plazo y bajo ese principio de
gradualidad al que ustedes se han comprometido en el protocolo eléctrico.
Lo que usted denomina la oferta, que es eso de eliminación de cupos, el
ingreso minero, los precios de suministro, la diferenciación entre cielo
abierto y subterráneo, a mí me parece que es intentar introducir
elementos de competencia en un sector en el que eso no es posible. Si
quieren introducir elementos de competencia, háganlo ustedes con parte
del carbón en aquellas empresas que ya no tengan viabilidad o hayan
terminado con su yacimiento, pero no a costa de lo que tienen ahora las
propias empresas, porque eso que usted llama cupos y ha tratado con esa
displicencia, evitando de esa manera las posibilidades de incremento de
la productividad de cara a las empresas, es lo que esas empresas hace
unos años fijaron en sus planes estratégicos con las eléctricas. Claro
que algunas no lo calcularon adecuadamente, seguramente, por eso los
gobiernos socialistas han dado a veces toneladas a esas empresas, y usted
misma lo ha hecho, como antes le comenté.
¿De qué se trata con la eliminación de cupos? ¿De que entre todas las
empresas aquella que oferte más barato su carbón es la que va a
sobrevivir? Pues yo le digo que no solamente sobrevivirán las más
eficientes, sino aquéllas en las que los empresarios estén dispuestos a
esquilmar sus yacimientos y a vivir en el corto plazo, liquidando el
yacimiento y, por tanto, ofertando más barato porque no van a hacer
inversiones. Van a expulsar al resto del sector, y ellos, en tres o
cuatro años a lo sumo, van a eliminar también sus producciones
y por tanto el conjunto de la actividad en este país. Esto que ustedes
están haciendo está asustando realmente al sector, y tenga usted en
cuenta --debería saberlo y estoy convencido de que lo sabe-- que las
inversiones en minería sólo son recuperables en el largo plazo y además
son necesarias en todo momento. No se puede crear esta tensión, que
inhibe a los empresarios de realizar estas inversiones, porque esto no
tiene luego marcha atrás. Si de manera continuada no se hacen inversiones
en las minas, esas minas no tienen absolutamente ningún futuro.
Explíqueme también lo que significa esa no discriminación entre cielo
abierto y subterráneo. Supongo que tendrán ustedes algún coeficiente,
algo preparado, porque, de lo contrario, ya sabemos quién va a ser el
ganador de todo esto, el carbón de exterior. Y no estamos contra el
carbón a cielo abierto, que tiene un papel en el mix energético español,
y así se reconoce en el Plan Energético Nacional, pero veo que usted ha
confundido los términos. No hay ninguna diferencia entre la componente
energética de un carbón de exterior y uno de interior, pero sí en cuanto
al papel social y territorial que desempeña cada uno de ellos, y las
ayudas vienen por razones sociales y territoriales fundamentalmente, y el
que es intensivo en trabajo no es el carbón de exterior sino el de
interior.
En cuanto a ese precio sombra --ya estoy en la demanda-- que tenía
primero el protocolo, que desapareció después y que ahora ha aparecido de
nuevo, ojalá lo pueda mantener pero es una barrera de entrada de las que
expresamente se condenan desde el ámbito de la Unión Europea, así que la
verdad es que el balance que yo hago de ese plan no puede ser más
negativo.
Quiero que me conteste explícitamente, porque no lo he visto en ese plan,
si ustedes contemplan las ayudas para costes de transporte por razones de
mezcla de combustible y equilibrio entre cuencas.
También ha dicho que las ayudas no van a proceder de la tarifa eléctrica,
y quisiera que me dijera si es que ustedes ya saben que no es un
mecanismo estrictamente equivalente o si es que se adelantan a la Unión
Europea. Además, se podrá implementar algún otro tipo de mecanismo
equivalente. ¿Van a trasladar ustedes a los Presupuestos Generales del
Estado todas las ayudas? ¿Va a permanecer algún tipo de ayudas, las
ayudas a la reactivación, al tratamiento de los excedentes laborales, al
cierre?
En relación al fondo de reactivación de las cuencas mineras, yo leí una
vez unas declaraciones suyas que me inquietaron, porque criticaba que con
esas ayudas se hubiera realizado una inversión en un geriátrico en Pola
de Gordón. Nosotros creemos que esas ayudas no son para la
reindustrialización exclusivamente, van más allá, es un concepto más
amplio, son a la reactivación económica, y los equipamientos, colectivos
y dotaciones son esenciales para conseguir lo que usted decía hace un
momento: fijar población y atraer inversiones. De todas maneras, resulta
paradójico el tratamiento que están dando ustedes a este fondo, un fondo
del 0,5 por ciento de la tarifa eléctrica que el otro día, en una
proposición no de ley, como sabe usted, se determinó en el Congreso que
debía pervivir. Yo no conozco cómo se está distribuyendo ese fondo en el
resto de España, pero sí en Asturias en concreto. Creo que tendrá usted
en proyectos en torno a los 16.000 millones de pesetas y hay siete
resoluciones definitivas, pero son anteriores a su gestión, usted no ha
hecho ninguna. Uno termina por pensar que lo que se dice y lo que se hace
luego parece que entra en colisión. La última es del 6 de mayo de este
año.
También le quería preguntar, ya que estamos en este terreno, sobre Río
Narcea, un proyecto que usted sabe que es extraordinariamente importante
y que supongo que recibirá ayudas por este mecanismo. No quiero que me
diga que se las va a dar, que estoy convencido --¿cómo se las va a
negar?--, sino cuándo se las va a dar, porque esto ya lleva mucho
retraso.
En cuanto a Camocha y la cantidad de 1.300 millones, yo no estoy tan
convencido que se deba a problemas técnicos del yacimiento, sino a que
para este año estaban presupuestados 4.386 millones y con la congelación
del presupuesto usted sabe que se quedaron en los 3.337 millones del año
pasado. Lo cierto es que Camocha en este momento ha tenido que hacer
frente a su reestructuración de personal contra su propia cuenta de
resultados, y eso es urgente. La idea que yo tenía, porque me lo habían
comentado los responsables, era que ya había sido presentada una
iniciativa para la concesión de un crédito en este Congreso, pero lo he
buscado y no está. Usted me ha aclarado que todavía está en el Ministerio
de Economía. Había mirado incluso las referencias últimas del Consejo de
Ministros, pero allí tampoco se encontraba.
Por último, señora Sendín, quería hacer referencia al protocolo
eléctrico. Si lo sintetizamos --aunque las simplificaciones y los
reduccionismos nunca son buenos--, me parece que se trata de que lo que
se puede conseguir --y hablo del kilovatio/hora-- a 6 pesetas se les va a
dar a las empresas eléctricas a 12 pesetas, aproximadamente. Ese es el
compromiso regulatorio del que se habla. ¿Y eso qué es? Eso es una ayuda
a las empresas eléctricas. ¿Por qué no se cuestionan las ayudas a las
empresas eléctricas --con esa diferencia entre lo que costará generar con
gas o lo que costará generar con carbón importado-- y se cuestionan, sin
embargo, las ayudas al carbón nacional, además de esa forma tan
inmisericorde? Repasando el protocolo, ¿cómo se consigue esa reducción
del 3 por ciento de la tarifa? Maquillando contablemente. Se laminan
costes de futuro, se amplía la vida útil de las instalaciones, con lo que
las amortizaciones se difieren; se amputan costes a Enusa, a Enresa, a la
Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, a las propias compañías
eléctricas, para nada. La única reforma estructural que se pretendía
hacer y que siguen pretendiendo hacer no en el protocolo, sino en el plan
específico que ustedes tienen aquí, es recortar las ayudas al carbón y
liquidar el sector. Y eso, sinceramente, no nos parece razonable, porque,
al final, se sacrifica a los consumidores y parece que el único que los
sacrifica es el sector minero.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Por el Grupo Popular, tiene
la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: En primer lugar, quiero agradecer a la
Directora General de Minas,
señora Sendín, su comparecencia en este acto. Su comparecencia se produce
en un momento muy oportuno porque actualmente las cuencas mineras que
inciden en la minería en España, tanto en Asturias como en León, están
pasando momentos difíciles.
Las explicaciones que nos ha dado a lo largo de su extenso informe han
sido totalmente realistas, con una visión clara, concreta y objetiva de
la situación del sector, y ha realizado un examen detallado y completo de
la situación real que viene padeciendo la minería en este país desde el
año 1980 hasta el momento actual.
Todos sabemos que la minería del carbón, indiscutiblemente en este país,
tiene un negro futuro porque lleva muchos años en una situación difícil.
Está claro que a nivel mundial la minería presenta unas grandes reservas
y unos precios que durante los próximos años se han de considerar
estables. Desde el punto de vista europeo, a partir de la crisis del
petróleo del año 1980 España ha intentado incrementar la potencialidad
del carbón. Sin embargo, en esos momentos en Europa --y esto es claro--
ya empezaban algunos países a disminuir su importancia. Hoy día hay
países como Bélgica y Portugal que ya no tienen carbón, en otros, como
Francia, se prevé que en el año 2003 termine, y otros donde subsiste como
en Alemania, que ha hecho una rebaja nada más y nada menos que de 100.000
millones de producción de carbón a 50.000 millones, es decir, ha rebajado
el 50 por ciento de su producción en estos años y se está manteniendo a
base de unas subvenciones muy importantes.
En España, desde su integración en el Mercado Común y sobre todo a partir
del año 1993, la producción del carbón tiende a disminuir
progresivamente, tienden a disminuir las ayudas y hay una idea clara de
que tienen que disminuir sus plantillas.
Nosotros entendemos que el Partido Popular está afrontando, desde el
punto de vista del protocolo, una cuestión fundamental: el examen
completo del sector de la energía, principalmente en lo que afecta al
eléctrico, y también del sector del carbón. En este protocolo ha quedado
definido, mediante el pacto que se ha firmado el día 20 de noviembre, qué
va a suceder con el carbón en España, pero en el momento actual y hasta
el 31 de diciembre de 1998, teniendo en cuenta los contratos-programas,
las ayudas se mantendrán en todos sus planteamientos.
Nosotros estamos a favor de la idea de defender en todo momento el carbón
en España porque consideramos que hay una parte del carbón que,
actualizando la situación de las empresas, puede ser sostenible y, por
tanto, el carbón es un elemento que debe incidir en la dieta energética
de este país.
Los sindicatos, así como las empresas y el Ministerio de Industria, van a
revisar los cupos y las subvenciones actuales. Se va a realizar un
detenido estudio, se van a adoptar medidas serias y conscientes para la
viabilidad del sector, por lo que empezamos una nueva etapa, una etapa de
revisión total del sector, pero siempre con una idea clara de
supervivencia del mismo en la medida de sus posibilidades.
Nos ha ilustrado la señora directora general sobre las medidas a adoptar
y las que se están tomando respecto a la seguridad minera. Lógicamente,
después de los graves accidentes ocurridos en Asturias en el año 1995 se
van a incrementar las medidas de seguridad y todo ello va a beneficiar al
sector del carbón. Tengo la seguridad de que en ese acuerdo a que se ha
llegado con los sindicatos respecto al convenio de 20 de noviembre de
1996, en el que se pone de manifiesto con claridad que el protocolo
eléctrico en modo alguno cuestiona la negociación del plan de futuro de
la minería del carbón, se estudiarán detenidamente todos los
condicionantes que tiene este sector. Todos van a participar para que
salga adelante y se tendrá también en cuenta la reactivación de todas las
cuencas mineras. Durante el año 1997 se han de mantener los suministros y
las ayudas al carbón aprobadas en 1996, y ese plan se negociará durante
1997, comenzando a regir el nuevo plan del carbón el 1 de enero de 1998.
Ese plan determinará el futuro del carbón autóctono atendiendo a unos
criterios que han sido manejados aquí, de racionalidad y de gradualidad,
y atendiendo también a criterios económicos y sociales y siempre creando
un marco estable en el sector que desembocará en el futuro del mismo con
la participación de las empresas y de los agentes sociales.
Creo que la señora directora general ha hecho una exposición real, que
este grupo parlamentario apoya en todos sus planteamientos y espera que
el día de mañana se obtenga el mayor éxito posible.
Quiero dejar constancia de que el Gobierno del Partido Popular y los
gobiernos autonómicos de Castilla y León y de Asturias han defendido con
todos sus esfuerzos, al igual que lo viene haciendo desde hace muchos
años el Partido Popular, la supervivencia del carbón como fuente
energética autóctona, manteniendo y mejorando las medidas complementarias
de ayudas para que los cierres empresariales, si se producen, o la
reducción de la actividad no tenga en modo alguno carácter traumático.
Nosotros esperamos que este plan tenga el éxito apetecido y se logre la
recuperación económica de las zonas a fin de lograr unos puestos de
trabajo para una juventud que en el momento actual los tiene anulados.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): La señora Sendín tiene la
palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL DE MINAS (Sendín de Cáceres): Quiero dar las
gracias a los señores Diputados por los comentarios que han hecho. Espero
ser capaz de responder a todos, incluso quiero contestar a algunos de los
comentarios que han hecho.
Preguntaba el señor Santiso si se va a prorrogar la orden ministerial de
agosto de 1996, que prorrogaba los contratos hasta finales de diciembre
de 1996. En este momento no hay tomada una decisión, pero es muy probable
que prorroguemos esa orden de forma que los contratos sigan vigentes en
el año 1997, aunque sabemos --pienso que usted también-- que realmente no
hay contratos. Estamos prorrogando unos contratos que no acaban de
existir, pero como la situación es la que es, probablemente los
prorrogaremos durante el año 1997 de forma que, como en este año se va a
discutir el nuevo plan, se despejarán todas las
incertidumbres. Unesa y Carbunión, que por otra parte ya han comenzado a
tener conversaciones con vistas al año 1997 y siguientes, durante el año
1997 sí tendrán clara la situación futura y podrán instrumentar los
contratos que haga falta a partir de 1998. Les recuerdo que serán
contratos de suministro a largo plazo y se supervisarán por el Ministerio
de Industria y Energía y por los sindicatos, de conformidad con el
acuerdo al que se llegó el pasado 20 de noviembre.
Con respecto al borrador de protocolo --por cierto, tengo uno de dos días
posteriores y unas horas después al suyo--, hemos dicho que seguirá
habiendo más; seguirá habiendo más en la medida en que la discusión del
protocolo no está cerrada y todavía queda por discutir. Se han mantenido
reuniones con comunidades autónomas, asociaciones de autogeneradores, con
los cogeneradores, con los distribuidores independientes, con los grandes
consumidores, con las empresas eléctricas firmantes. Seguirá habiendo
reuniones porque se sigue discutiendo el protocolo y hay un compromiso de
presentarlo al Parlamento en cuanto esté ultimado para el correspondiente
debate. Y después de él, como ya he dicho, se elaborarán las
disposiciones de rango administrativo que corresponda, puesto que el
protocolo no pretende ser más que un acuerdo de principio sobre el modelo
global del funcionamiento del sistema eléctrico, sin más.
Al Diputado señor Santiso --y luego lo aclararé más al referirme a la
intervención del señor Fernández-- debo decirle que no es segura la
disminución del 12,5 por ciento, desde el mismo momento en que estamos
diciendo que el plan del carbón está sobre la mesa y que en todos sus
términos, en todos, está sujeto a discusión, evidentemente con un
espíritu que es el que nos guía: el de la necesaria reducción de las
ayudas al sector. Todos los términos, todos los parámetros, todo el
borrador del plan del carbón no es más que un borrador que se somete a
discusión y que empezaremos a discutir de hecho la semana que viene con
empresarios y sindicatos.
El señor Santiso dice que se prima la energía hidráulica en el protocolo.
No voy a hablar en profundidad del protocolo porque soy Directora General
de Minas, no Directora General de Energía, pero sí le voy a decir que el
protocolo no contempla favorecer ningún tipo de energía primaria para la
generación de electricidad y que, en todo caso, no tiene por qué ser
Iberdrola la empresa más favorecida porque hay otras empresas que tienen
energía hidráulica exactamente como la tiene Iberdrola, no en la misma
cantidad, pero también la tienen. Iberdrola no es un monopolio en la
generación hidroeléctrica.
Con respecto al gas, usted comentaba que no es una buena política confiar
tanto. Entiendo que se refiere al gas como fuente de energía. Lo que le
puedo decir, aunque tampoco quiero entrar a fondo en los temas
eléctricos, es que en España la participación del gas natural en el
conjunto del balance de la energía primaria es del 8 por ciento frente al
12,5 por ciento de media de la Unión Europea. Muchos otros países de la
Unión Europea están apostando por el gas, como Italia, que no es
precisamente un país con recursos gasísticos. Decir que el Gobierno está
apostando demasiado por el gas natural es desconocer las tendencias
energéticas de los países de la Unión Europea y del resto del mundo.
Reconozco que se ha hecho un enorme esfuerzo en el sector, y además creo
que he utilizado la palabra doloroso cuando me he referido al proceso de
reducción de empleo. No he criticado que haya una disminución de empleo y
un aumento de productividad. Los planes que se han seguido hasta ahora
han sido especialmente dolorosos --además, creo que he utilizado esa
expresión exactamente-- en términos de reducción de empleo, y ha habido
un aumento en la productividad desde el momento en que hay una reducción
de empleo y se mantiene la misma producción. De lo que me he quejado
básicamente es de que no han disminuido las ayudas, que tampoco hemos
conseguido que muchas de las empresas que tenían, por ejemplo, suplemento
de precio --suplemento destinado a garantizar la viabilidad de empresas--
sean viables, porque una gran cantidad de ellas --la mayoría-- cerraron y
no hemos conseguido, a pesar de lo doloroso del proceso de reducción de
empleo, una reducción de ayudas que era el objetivo de los planes de
reordenación.
Con respecto al retraso en el análisis de los accidentes mineros,
efectivamente hay un retraso especial en el estudio del accidente de San
Nicolás y en el informe que hemos comprometido sacar, pero le voy a
explicar por qué. El accidente de San Nicolás se produce el 31 de agosto
de 1995, como bien sabe; en septiembre se reúne la Comisión de Seguridad
Minera y decide crear una subcomisión para estudiarlo, a raíz también de
la comparecencia en octubre del Director General de Minas en aquel
momento. En marzo de 1996 se reciben en esa Subcomisión de Seguridad
Minera los informes que elabora la autoridad minera competente, en este
caso la Junta del Principado, y se plantea en ese momento una polémica
sobre si se han estudiado suficientemente las posibles causas del
accidente, de manera que cuando llego a la Dirección General de Minas a
primeros de junio me encuentro con que la situación es de bloqueo, que la
subcomisión no puede avanzar en sus estudios porque se cuestionan los dos
informes que hay sobre la mesa, y se plantea por parte de una central
sindical mayoritaria si no debería hacerse otro estudio sobre la base de
una hipótesis que la citada central sindical propugna.
Como forma de desatascar el tema, decidí que se hiciera el ensayo sobre
esa hipótesis del sindicato de manera que aclaráramos finalmente si ésa
podía o no ser una hipótesis, pesar de que eso en el fondo contradice la
reglamentación vigente, porque como bien sabrá el señor Fernández la
Junta del Principado es la autoridad minera y el informe de la Junta del
Principado debería ser el único que fuera operativo y válido. En todo
caso, es un ánimo de diálogo y de desatascar el bloqueo al que había
llegado la subcomisión en el estudio de las causas del accidente de San
Nicolás, decidimos que el ensayo se hiciera, y es el que se va a hacer
dentro de unos días. La decisión se tomó en septiembre, una vez que vimos
que podíamos articular una partida presupuestaria, que no fue fácil, para
hacer un ensayo que cuesta 15,4 millones de pesetas, aunque el ensayo
luego ha tenido dificultades técnicas para su puesta en marcha. Lo
que van a hacer es reproducir las condiciones en que el accidente se
produjo, con lo cual hay que construir una tubería, hay que simular una
explosión en unos depósitos de gas natural. Es un tema complejo
técnicamente, según me argumentan todos los días cuando pregunto por
ello, pero en este momento se ha construido una instalación en Burgos y
esperamos que el ensayo se haga mañana, pasado o la semana próxima. Se ha
retrasado ya varios días y varias veces, pero espero que se haga pronto.
En el momento en que tengamos el resultado de ese ensayo se convocará
inmediatamente la subcomisión, que elevará en seguida a la Comisión de
Seguridad Minera los resultados definitivos para realizar el último
informe.
Respecto a la directiva, decía el señor Diputado que está en fase de
borrador y que no hay que correr más que nadie. La directiva tiene
aprobada una posición común en un Consejo de Ministros, si no recuerdo
mal, del 25 de julio de 1996, y en ese sentido está semiaprobado. Falta
ahora la discusión en el Parlamento, que es la que se está llevando a
cabo, de forma que a finales de este año o principios del próximo esté en
marcha. En todo caso, quiero recordar que España, como el resto de países
de la Unión Europea, tiene dos años de plazo para trasponer esa
directiva. Por tanto, no entraría en vigor en todo caso, como poco, hasta
el año 2000.
Un último comentario. Decía que discutamos con tranquilidad el protocolo
y el plan del carbón. Por lo que respecta al plan del carbón, que es de
mi competencia, le puedo asegurar que vamos a discutir con mucha
tranquilidad. Ya hemos empezado, seguimos la próxima semana y tendremos
los meses del año 1997 que hagan falta para la discusión.
En cuanto a la intervención del Diputado señor Fernández, del Grupo
Socialista, digo lo mismo que antes. Yo no he reprochado que hubiera una
reducción de empleo y un aumento de la productividad. Como lo acabo de
explicar, no merece la pena insistir. La decisión no dice que haya que
bajar la actividad, salvo en el caso de las empresas del artículo 4.
Todos sabemos del tipo de empresas que hablamos en ese artículo. Lo que
sí dice la directiva es que las ayudas tienen que ser regresivas. El
señor Fernández estará de acuerdo conmigo que en el actual sistema, para
que las ayudas bajen, tiene que bajar el nivel de actividad.
Hemos aumentado los cupos en la resolución de 31 de julio, y le voy a ser
totalmente sincera. Se han respetado los compromisos anteriores.
Consideramos que la Administración es la Administración y porque hubiera
un cambio de gobierno el administrado, al que se le había hecho una
determinada promesa, no tenía por qué sufrir las consecuencias de que la
Directora de Minas no tuviera bigote como tenía el señor Candil, que era
el anterior director. Quiero decir que por cambiar de director creíamos
que no tenían por qué sufrir las empresas. Pero también hay que decir que
esos compromisos nos han sido recordados insistentemente por las
comunidades autónomas, con lo cual, al César lo que el del César, hemos
respetado compromisos anteriores. Pero le puedo asegurar que las
comunidades autónomas han defendido con uñas y dientes lo que creían que
era justo para sus territorios.
El señor Diputado ha hecho una serie de comentarios sobre la reducción
del 12,5 por ciento, que es drástico, que es un plan liquidacionista.
Tendencial es otra cosa. Desde el momento en que estoy planteando que es
un borrador que está sobre la mesa de discusión, no tiene por qué ser ese
12,5 por ciento. Mayor no va a ser, pero es muy fácil que sea inferior.
Está puesto a discusión y estoy segura de que llegaremos a un consenso.
Si me pregunta mi opinión personal, le diré que es fácil que baje el
porcentaje o que cambiemos los plazos. En todo caso, esto es el resultado
de una negociación que yo no voy a prejuzgar.
Respecto a la gradualidad, es un principio que hemos recogido en el
protocolo y en el acuerdo con los sindicatos el pasado 20 de noviembre.
Estoy completamente de acuerdo.
Le preocupa al señor Fernández el hecho de que las empresas puedan haber
tenido huelgas y no hayan cumplido sus compromisos de cupo el año 1996.
Creo haber dicho que las ayudas de 1997 se calculaban sobre los cupos
teóricos que les hubiera correspondido en 1996, precisamente para evitar
el efecto de las posibles huelgas o accidentes. Pensemos, por ejemplo, en
Antracitas de San Claudio, que ha tenido un problema de hundimiento en la
mina y que probablamente no tendrá todo el cupo. Se le respetará el cupo
teórico de 1996 calculándolo sobre una prima del 10 por ciento, con lo
cual las ayudas suben como es evidente porque se amplía la diferencia
entre el ingreso al minero y el precio que paga a la térmica. Así se han
calculado las ayudas para 1997. Usted hablaba de 5.060 millones para la
cuenca occidental asturiana. A mí me salen 6.259 millones. Me sale más de
lo que dice el Diputado. Ello debe ser debido al efecto del 10 por ciento
y porque se respetan los cupos teóricos.
El Diputado ha mencionado el caso de Antracitas de Gillón. Curiosamente,
si mal no recuerdo, porque estoy hablando de memoria, tiene ya presentado
un expediente de reducción de actividad en la Dirección General de Minas
por falta de yacimiento. También ha comentado el caso de la Hullera
Vasco-Leonesa. Las inversiones que ha realizado la Hullera le permitirán
en el futuro ser mucho más rentable, pero para eso lo que necesita es
liberarse del corsé que le suponen los cupos. Yo no he hablado
despectivamente de los cupos, pero sí que he dicho que suponen un corsé
para aquellas empresas que pudiendo aumentar su producción y reducir
costes hasta ahora no podían hacerlo por la restricción que suponían los
cupos. Prácticamente para muchas empresas, creo recordar que lo he dicho
también, se han mantenido invariables durante muchos años.
No tenemos una idea clara, específica y concreta de las empresas que van
o no a tener que reducir actividad o incluso a tener que cerrar. Es
probable que alguna lo tenga que hacer. Lo que sí le puedo decir es que
la propuesta que hemos hecho --insisto que está en discusión y
probablemente cambiará en muchos de sus parámetros en el borrador con la
redacción final-- lo ha sido desde el convencimiento de que no es un plan
liquidacionista y que no supone cargarnos el sector de la minería del
carbón, porque si no supongo que no lo habríamos planteado así.
Sigo con las preguntas del señor Fernández. Sobre cielo abierto y
subterráneo, nosotros en el plan propuesto propugnamos eliminar esa
distinción porque el carbón es carbón, venga de cielo abierto o de
subterráneo. En un sistema como el propuesto, en el que se eliminan los
cupos, los ingresos, los precios, en que se liberaliza el mercado, no
podemos establecer una diferencia entre cielo abierto y subterráneo. Es
evidente que el efecto social, el empleo en unas y otras es distinto. Eso
está claro y lo comparto plenamente.
Respecto a los problemas que nos puede ocasionar la ayuda de la
peseta-kilovatio con la Unión Europea, francamente veremos cómo lo
podemos solucionar. Es evidente que nos estamos inventando una ayuda y
que habrá que ver cómo lo sorteamos. Es evidente que se contemplan ayudas
por razones de transporte en el año 1997, porque hemos prorrogado el
actual sistema, y para los años siguientes dependerá de la negociación
del plan, de la redacción final del mismo y de cómo quedemos al final en
los distintos temas.
He dicho que se van a pasar las ayudas a los Presupuestos Generales del
Estado en el año 1998, y me he referido a las ayudas a los costes de
explotación. No nos estamos adelantando al dictamen de la Unión Europea.
Tenemos una carta --veo que la conoce-- de la que le voy a leer unos
párrafos: La Comisión considera que su financiación por los Presupuestos
Generales del Estado es la que mejor responde a los criterios de
transparencia y no discriminación. Por otra parte, la aplicación de las
ayudas debe cumplir estos mismos requisitos. La disposición vigesimo
primera que figura en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1997 no responde a estos principios.
Tranquilizo al señor Fernández. Estamos en continuo contacto con la Unión
Europea, en un diálogo fluido en el que no falta que tengamos posiciones
contrarias. Hemos intentado mantener en el año 1997 las ayudas con cargo
a la tarifa, porque el presupuesto no podía probablemente sostener este
coste, y nos hemos encontrado con una reticencia muy fuerte por parte de
la Unión Europea a que eso fuera así. Hemos recurrido al mecanismo de
incluirlo en la disposición vigesimo primera de la ley de presupuestos,
especificando ahí que las ayudas al carbón se pagan con cargo a la tarifa
eléctrica, de manera que pasando por el Parlamento, como pasa la ley de
presupuestos, la Unión Europea pudiera considerar que estamos en un
mecanismo estrictamente equivalente. El problema, y usted lo sabrá bien
porque probablemente siguió en su momento la decisión de la negociación
de 1993 --yo no estaba en este sector entonces y, por tanto, no lo sé-- ,
es que no se define lo que es un mecanismo estrictamente equivalente.
Probablemente fue una forma de salir del paso y aprobar una decisión,
pero sin definirlo, y la Unión Europea en este momento no ve más
mecanismo estrictamente equivalente que los presupuestos. No deja de ser
una contradicción; si dice los Presupuestos Generales del Estado o
mecanismos estrictamente equivalentes, debe haber otro mecanismo que no
sea el de los presupuestos, pero le puedo asegurar que estamos teniendo
muchas dificultades para convencer a la Comisión de la Unión Europea en
que, por ejemplo, lo que hemos hecho este año pudiera ser un mecanismo
estrictamente equivalente. En la carta que yo le acabo de leer, que es de
7 de noviembre, aunque nos ha llegado unos días después, lo dice bien
claro.
No pasamos todas las ayudas a los presupuestos, sino únicamente las
ayudas a los costes de explotación, el resto de ellas (las referentes a
reestructuración laboral, a la reducción de actividad, a la financiación
de los stocks, y a la reactivación en sus distintas formas y apartados)
siguen financiándose en el plan propuesto con cargo a la tarifa
eléctrica.
Me ha sorprendido la alusión a mis críticas al geriátrico en Pola de
Gordón, entre otras cosas porque he visitado Pola de Gordón con el
alcalde, como he visitado otros pueblos de León con su alcalde viendo los
proyectos de reactivación que planteaban, y le puedo asegurar que los
proyectos de Pola de Gordón curiosamente están bastante bien
dimensionados para lo que es el pueblo, cosa que no sucede en otros
pueblos donde están planteando proyectos que probablemente excedan del
tamaño que deberían por la zona en que están. Precisamente los de Pola de
Gordón están, como digo, bastante bien dimensionados, con lo cual yo no
he criticado nada. También es verdad que lo que se lee en las
declaraciones que se supone uno hace es verdad en el 20 ó 30 por ciento,
como usted bien sabe. No sé dónde lo ha leído, pero yo desde luego le
puedo asegurar que no lo he criticado.
Somos conscientes de la importancia de los proyectos dotacionales dentro
del programa de reactivación, y de hecho voy a dar unas cifras, aunque
veo que las tienen, además supongo que son las que yo he mandado a algún
Diputado o Senador. Estoy hablando de proyectos de reactivación con
evaluación positiva en un resumen hecho a 21 de noviembre, es decir al
jueves de la semana pasada, y estoy hablando ahora mismo de proyectos con
resolución definitiva, es decir ya aprobados, con la subvención si no
librada a punto de librarse, porque falte algún trámite tipo aval o algo
parecido: Castilla y León tiene 25 proyectos aprobados, de los cuales hay
19 empresariales, y dotacionales; Asturias tiene 7, todos dotacionales;
Aragón tiene 45, de los que hay 18 empresariales y 27 dotacionales;
Barcelona tiene 13, de los que hay 2 dotacionales y 11 empresariales; y
Córdoba tiene 4. Quiero decir con esto que el número de proyectos
dotacionales es muy elevado respecto al total. En este momento en el
total de los que están con evaluación positiva, que no quiere decir que
estén ya todos aprobados en su trámite administrativo, tenemos 275, de
los que 107 son dotacionales y 168 empresariales.
No quiero aburrirles con cifras. Con esto quiero decir que le damos la
importancia que creo merecen los proyectos dotacionales. Siempre he
comentado que si estuviéramos en un momento en que no nos hiciera falta
dotacionales y estuviéramos sólo con proyectos empresariales sería
estupendo, porque eso querría decir que los pueblos tendrían ya todos los
servicios que necesitan. Usted ha dicho que los 7. Yo no he firmado
ninguno. Le puedo asegurar que si no los he firmado es porque no me los
han puesto en la mesa, es decir, porque no me los han presentado.
El de Río Narcea, Goldmines, que usted hacía referencia, es un caso muy
específico que no sé si merece la pena comentar en extensión, pero le
dirá que se le ha comprometido una ayuda y en este momento la fijación de
la misma, para que sea la mayor posible, depende de la cantidad que pueda
disponer a final de año. Por eso, en este momento no se le ha dicho al
consejero delegado de la empresa la ayuda concreta, pero siempre con el
ánimo de que sea la máxima. Como le he explicado ya en más de una
ocasión, si en el momento que la planteó, en septiembre, hubiera tenido
que definir un porcentaje de ayuda, porque evidentemente no puede ser el
40 por ciento en un proyecto de 11.000 millones, si en ese momento
hubiera habido que decirle ésta es la ayuda, probablemente hubiera sido
muchísimo menor de la que finalmente se le va a poder dar cuando veamos
en el balance de final de año qué ayuda se le puede dar a Río Narcea, que
es un proyecto importante y que prevé la creación, creo recordar, de 170
puestos de trabajo inmediatamente.
El problema que tenemos con el programa de reactivación --aprovecho para
comentarlo-- es precisamente lo que les acabo de decir cuando leíamos las
cifras. Hay 45 proyectos en Aragón, 25 en Castilla y León y 7 en
Asturias, entre empresariales y dotaciones. Yo creo que nadie me negará
que es un desequilibrio bastante fuerte entre zonas. Si hay zonas que han
perdido o pueden perder más empleo, es evidente que son Asturias y
Castilla y León, y no tanto Aragón, que sí ha tenido una fuerte
reconversión en los años pasados, pero no estamos hablando de la misma
magnitud del problema que en Castilla y León y Asturias. A mí me preocupa
mucho este desequilibrio en el balance entre regiones de programas, que
estamos intentando ver cómo se soluciona a final de año.
Respecto a La Camocha y al protocolo, los dos últimos comentarios.
Efectivamente La Camocha tiene que hacer frente a su reestructuración de
personal, que va con cargo a su pasivo. Cuando comparamos muchas veces
las cifras de las empresas con contrato-programa y las sin
contrato-programa, siempre digo que nos olvidamos de ese pequeño detalle:
que las empresas con contrato-programa afrontan los gastos de
reconversión laboral con cargo a su pasivo mientras que las empresas sin
contrato-programa no. Bien es cierto que esto no explica la enorme
diferencia de costes que hay entre unas y otras, pero sí una parte de
ellos. Es decir, que estoy completamente de acuerdo.
El expediente de 2.386 millones de pesetas está en este momento
tramitándose por el Ministerio de Economía y Hacienda y lleva buen
camino, pero todavía no ha acabado de pasar.
Respecto al protocolo, como ya digo no es mi tema, prácticamente sólo un
comentario. Efectivamente contempla ayudas a las empresas eléctricas,
ayudas de facto, vía compromisos regulatorios, y no es que no se
cuestionen; se cuestionan desde el momento que se establece un plazo de
diez años para que las ayudas finalicen (El señor Torres Sahuquillo: 12.)
Esos compromisos regulatorios corresponden a ingresos que hubieran tenido
las empresas de continuar el marco legal y estable en que estaban
inmersas. Quiere decir que también aquí se está respetado cierto
compromiso, pero con la vista puesta en su finalización.
En cuanto a la intervención del señor Landeta, comparto lo que ha dicho.
Es evidente que el plan del carbón que ponemos sobre la mesa es un plan
en el que pretendemos crear futuro, aunque no se nos esté creyendo en
este momento, en el que en definitiva queremos construir la minería del
futuro sobre la que hoy es más eficiente. En ese sentido estoy
completamente de acuerdo en que apuesta por el futuro y que supone la
creación de un marco estable para el sector.
Creo que no merece la pena hacer más comentarios a esa intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): ¿El señor Santiso desea
intervenir? (Asentimiento.)
El señor SANTISO DEL VALLE: Muy breve. Simplemente, sobre algunas de las
cuestiones que ha afirmado ahora.
Somos plenamente conscientes de que todas las compañías eléctricas en
general tienen diversificadas sus fuentes de energía, pero Iberdrola
tiene el 56 por ciento aproximadamente de potencia hidráulica.
En segundo lugar, hay un hecho evidente, y es que el carbón tiene
aproximadamente como combustible 6 pesetas de coste marginal por
kilovatio, más o menos, mientras que la energía hidráulica está
aproximadamente, según nuestras estimaciones, en 0,86; hay casi 5 pesetas
de diferencia. Por tanto, por el sistema que ustedes van a seguir,
insisto en que hay unos borradores, algunos de ellos porque uno se
pierde, donde al final del período se remunera por el precio que oferta
la última central, entendemos que va a llevar a estimular la entrada,
siempre que se pueda, de las centrales hidráulicas en función también de
cómo sea el año hidráulico, etcétera.
Hay un problema añadido, y es que se está privilegiando a quien explota
un recurso público, que es el agua, y ya hay reclamaciones de compañías
eléctricas, por ejemplo en Madrid, cuando ha tenido otro uso con motivo
de la sequía y se reclaman más de 10.000 millones --creo que es el
Ayuntamiento de Madrid-- por parte de una compañía, porque quería
utilizar el agua para la generación de energía y entiende que ha tenido
un perjuicio de 10.000 millones de pesetas.
Me preocupa también que ustedes insistan reiteradamente en sus posiciones
en que el contrato-programa de Hunosa se está cumpliendo, pero resaltan
ustedes la pequeña...
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Señor Santiso, por favor, le
recuerdo que es un turno excepcional para formular escuetamente preguntas
o pedir aclaraciones a la información facilitada; no es un segundo turno.
Tiene tres minutos, señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: De acuerdo.
Discrepo de resaltar el 3 por ciento de incremento del absentismo
laboral, porque ni usted ni yo podemos comprometernos, creo que es un
error del contrato-programa, a decir que el año que viene no nos vamos a
poner enfermos. Una cosa es que lo deseable sea reducir esas tendencias y
otra cosa es estipularlo como un incumplimiento de contrato.
Por último, decirle también que me gustaría saber sobre algunos de los
conflictos que hay abiertos, por ejemplo qué va a pasar con el conflicto
planteado por los trabajadores de Mina Eskar y Teberga Minera que tiene
pendientes de resolución en su dirección general.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra el señor
Fernández.
El señor FERNANDEZ FERNANDEZ: No voy a entrar en ninguna disquisición
técnica ni en ninguna réplica, solamente decirle, señora Sendín, que me
ha tranquilizado mucho que usted diga que este plan es cuestionable en
todos sus puntos, porque si algo ha acreditado este Gobierno es su
capacidad de dar marcha atrás, luego espero que se modifique en todos sus
puntos drásticamente.
El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Darmendrail): Tiene la palabra la señora
Sendín.
La señora DIRECTORA GENERAL DE MINAS (Sendín de Cáceres): Con relación a
las preguntas del señor Santiso no puedo entrar en temas de protocolo
porque ha ido usted muy específicamente y no es mi competencia.
En el caso de Hunosa le diré que el absentismo no es únicamente por
enfermedades, hay otros tipos de absentismo y, en todo caso, cuando
figura como un compromiso por parte de los trabajadores en el
contrato-programa será porque se puede hacer cierta previsión del
absentismo y se puede reducir.
Respecto a los conflictos de Mina Eskar y Teberga. El conflicto de Eskar
es prácticamente jurídico. Son treinta y tantos trabajadores que han
recibido la correspondiente indemnización. Tenemos la lista de las
indemnizaciones que recibieron uno a uno todos ellos y que están
planteando ahora entrar en una empresa, Hunosa, pero la misma
jurídicamente defiende --y lo tiene perfectamente argumentado y
demostrado-- que cuando se hizo cargo de Minas de Lieres figuraba en el
contrato de compra que no se subrogaban en las obligaciones que tuviera
Minas de Lieres. La obligación de contratar a los mineros de Minas de
Eskar en Lieres era una obligación de Minas de Lieres, pero, como digo,
Hunosa no se ha subrogado en esa obligación y, por tanto, la entrada en
Hunosa es imposible.
Con respecto al conflicto de Teberga Minera, le puedo decir que he
mantenido varias reuniones con representantes del principado y con los
propios mineros, el comité de empresa y el alcalde de la ciudad para
intentar buscar una solución y casi le puedo decir que estamos en vías de
encontrarla; no es una solución fácil porque la posición de la empresa no
es compartida por los propios trabajadores, pero estamos intentando
llegar a una solución.
Por lo que se refiere al comentario del señor Fernández, ya le he dicho
que está abierta la negociación, como cualquier cosa que se pone encima
de la mesa en todos sus parámetros, pero manteniendo el espíritu que
decía guía el plan del carbón, que es la necesidad ineludible de reducir
progresivamente las ayudas al carbón, que estarán el año que viene, como
se ha dicho repetidamente, en 220.000 millones de pesetas, bien es verdad
que con una diferencia muy grande entre un tipo de empresas y otras. No
estoy mezclando tendenciosamente las cifras, como se nos acusa muchas
veces, hay cifras muy distintas entre las empresas sin contrato-programa
y las que tienen contrato-programa, pero no deja de ser la cifra de
220.000 millones de pesetas. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Cumplida esta réplica de la directora general y
entendiendo que no hay interés por parte de ningún grupo en alargar ese
debate, procederíamos al debate de las proposiciones no de ley. Antes
vamos a interrumpir la sesión durante un minuto. (Pausa.)
PROPOSICION NO DE LEY:
--RELATIVA A ACTUACIONES PARA FAVORECER EL REFLOTAMIENTO DE LA EMPRESA
PICUSA, DE PADRON (LA CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 161/000155.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con lo convenido con los
portavoces, las votaciones de todas las proposiciones no de ley que vamos
a debatir a continuación se realizará a partir de la una o una y cuarto.
Vamos a iniciar el debate de le primera que está en el orden del día,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a actuaciones para
favorecer el reflotamiento de la empresa Picusa, de Padrón, en La Coruña.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Quizá convenga empezar por decir que uno de
los sectores que más potencialidad industrial tuvo en la Galicia del
siglo XIX y que desembocó en el siglo XX en la creación de una industria
importante del ramo fue el sector de los curtidos. Aun hoy quedan por
toda Galicia cantidad de edificios que estaban destinados efectivamente a
trabajar artesanal o preindustrialmente con toda la piel del ganado,
especialmente del vacuno. Concretamente la factoría a la que estamos
aludiendo, como tal factoría industrial importante empezó a funcionar a
partir del año 1947 y a la altura de los años 1975 y 1976 llegó a tener
un cuerpo de trabajadores de 600 personas. Así permaneció la empresa
hasta el año 1979 en que fue vendida a Rumasa y todos sabemos lo que
aconteció en la etapa del señor Boyer cuando Rumasa fue expropiada, pasó
a formar parte de Patrimonio del Estado y en 1985 éste privatizó la
fábrica de Padrón, siendo adquirida por el empresario catalán señor
Ricardo Vila por un precio
simbólico, prácticamente testimonial y con una plantilla de 480 personas.
Hay que decir que en aquel momento el Estado subvencionó efectivamente la
viabilidad de la empresa con una subvención por valor de 1.700 millones
de pesetas.
La factoría trabajó a buen ritmo e incluso contrató a más personal,
llegando a formar parte de la plantilla prácticamente 600 personas de las
480 con que la había cogido el señor Ricardo Vila.
En 1993 se negoció la fusión de Picusa con el grupo catalán Tipel y entró
a formar parte de este grupo el 1.o de enero de 1994. Se sabe que el
grupo Tipel estaba presidido por el empresario catalán Isidoro Prenafeta.
Picusa aportó la mayor parte de las acciones del grupo; concretamente,
Ricardo Vila tenía el 73 por ciento de las acciones, pero no formaba
parte del consejo de administración del grupo Tipel. El 24 de enero de
1994 se incrementó, de nuevo, la plantilla con otras 25 personas, y la
cartera de pedidos era de 15.000 millones de pesetas para ese período
anual. Curiosamente, en marzo de 1994 el grupo Tipel se declaró en
quiebra, por una deuda de 50 millones de pesetas, que fue levantada
porque la pagó debidamente.
En el mismo año, los señores Ricardo Vila y Javier Zaragoza --este último
era empresario originario de Padrón-- vendieron su participación del 73
por ciento en el grupo catalán y, a partir de ese momento, controló el 40
por ciento de todo el grupo Isidoro Prenafeta. En abril de 1994, el grupo
Tipel presentó suspensión de pagos, con una deuda de 8.445 millones de
pesetas, a bancos, cajas, Hacienda y la Seguridad Social; pero hay que
tener en cuenta que, de esta cantidad, la deuda de Picusa era
exclusivamente 1.000 millones de pesetas; el resto, 7.000 millones, era
de las otras empresas que formaban el grupo. De toda maneras, la empresa
Picusa mantuvo su producción hasta 1995, y el 10 de abril se produjo la
quiebra de todo el grupo Tipel, donde sólo quedaba Picusa, porque el
resto de las empresas habían sido vendidas durante todo este proceso, por
lo que la empresa de Padrón quedó con gran parte de las deudas del grupo,
unos 5.000 millones de pesetas.
Todas las acciones legales de tipo jurídico en relación con estos
procesos de quiebras y deudas, se tramitaron a través del juzgado de Vic,
en Cataluña. En cualquier caso, la potencialidad de la empresa es tan
grande y su ubicación tan adecuada, incluso por una oferta de agua de
gran calidad y muy bajo coste, que el señor Escondrillas hizo una oferta
de 1.000 millones para comprar Picusa a través de una empresa que se
llama Sepyc, S. A., hasta fines de diciembre de 1995. El auto de
insolvencia, de octubre de 1995, obligaba a personarse a la comisión
liquidadora, que estaba formada por los acreedores, la Hacienda y
Patrimonio del Estado, es decir, Rumasa. Curiosamente, nunca pudieron
celebrarse las reuniones pertinentes porque no contaron con la presencia
del representante de Patrimonio del Estado, de tal manera que el señor
Escondrillas, a principios de 1996, reducía ya su oferta de compra a 450
millones de pesetas. La justificación de Patrimonio del Estado era que no
se podía vender, sino salir a concurso público, para que pudiese haber
ofertas oportunas, incluso se barajaron ofertas de grupos extranjeros,
coreanos e italianos, rondando siempre los 500 millones de pesetas,
mientras que la comisión liquidadora abogaba por que fuesen 900 millones
de pesetas. El resultado final fue que la primera oferta del señor
Escondrillas prácticamente desapareció y la Administración autonómica se
preocupó de buscar un inversor mayoritario, con el que cuenta ya en este
momento, un empresario local, el señor Cortizo, que se dedica al sector
del aluminio. Además, comprometió la participación accionarial de la
propia Administración autonómica a través de Sodiga y la ayuda a los
trabajadores, para que se convirtiesen también en accionistas a través
del Igape.
En consecuencia, la que fue mejor empresa de curtidos de todo el Estado
español sigue siendo potencialmente reflotable, con la posibilidad de
mantener 542 puestos de trabajo y solamente falta que no exista oposición
por parte de ninguno de los síndicos. No se puede argumentar por parte de
la Administración del Estado, que es necesario que se devuelva parte de
los 1.500 millones de pesetas que se dieron como subvención al inicial
empresario Vila cuando se hizo con Picusa y cuando fue nacionalizada en
los años posteriores a 1985. Actualmente se vive un impasse, unos
momentos de espera y toda la sociedad de la comarca está pendiente de que
se resuelva positivamente, porque, en este caso, la Administración
autonómica no duda que debe participar, por lo menos con el 26 por ciento
del accionariado; incluso está dispuesta, como dije antes, a que
participen los trabajadores. Además, se cuenta con un empresario local
que está dispuesto a invertir una cantidad importante. El Parlamento de
Galicia, en su momento, se posicionó a favor de todo este tipo de
iniciativas, porque se trata de una empresa ultracompetitiva y sería
grave que, en un país que ya tiene tantísimos problemas económicos, el
Estado fuese principal oponente o la principal dificultad para que el
proyecto se consumase. Por eso pensamos que, en esta situación, vendría
muy bien una decisión del Congreso de los Diputados a favor de instar al
Gobierno a facilitar el reflotamiento de la empresa Picusa, de Padrón,
como empresa de curtidos, a través de la aceptación, por los
representantes del Estado en la comisión liquidadora, de la oferta de
compra más beneficiosa para el erario público y para la recuperación de
la actividad de la factoría, tan importante desde el punto de vista
sociolaboral y económico para la comarca. Debo decir que la autoridad
judicial en este momento ya tiene una posición también proclive a que esa
oferta de compra se puede combinar con la publicidad que se debe exigir a
todo tipo de ventas que tengan algo que ver con el Patrimonio del Estado.
El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Pérez Corgos.
El señor PEREZ CORGOS: Señor Presidente, vamos a utilizar este turno en
contra para explicar cuál es nuestra verdadera posición en este tema.
Nosotros nos oponemos a la aprobación de esta proposición no de ley
porque entendemos que no se puede instar al Gobierno a hacer lo que ya
está haciendo o lo que legalmente está obligado a hacer. Entendemos que
es lógico y
aceptable que al Diputado proponente le interese que, respecto a la
empresa Picusa, se acepte la oferta de compra más beneficiosa para el
erario público y para la recuperación de la actividad de la factoría, tan
importante desde el punto de vista sociolaboral y económico de la
comarca. Es un criterio que compartimos, pero no compartimos la
descripción que se hace en la exposición de motivos porque, a nuestro
juicio, peca de una notable falta de precisión y no responde a la verdad
de los hechos.
No es cierto lo que se afirma respecto a que el representante del
Patrimonio --que no lo es de Patrimonio sino de Rumasa-- en la comisión
liquidadora de la quiebra. El rechazo de las bajas en la oferta de Sepyc,
S. A., fue acordado por unanimidad de los tres miembros de la comisión
liquidadora, y así figura además en las correspondientes actas de las
reuniones de dicha comisión liquidadora. La causa de este rechazo de la
oferta de Sepyc, S. A., no fue otra que la insostenible pretensión de los
ofertantes de modificar su oferta inicial de 950 millones de pesetas,
primero, a 50 millones de pesetas y, más tarde, a 423 millones, sin causa
alguna que lo justificase. La comisión liquidadora, asesorada
jurídicamente --ratificada además esta postura por la asesoría jurídica
del Ministerio de Economía y Hacienda--, rechazó la propuesta por
unanimidad, por no ajustarse a Derecho, y de todo ello se dio cuenta al
juzgado de Vic. A los ofertantes se les notificó, igualmente, la
resolución unánime de la comisión liquidadora, instándoles a mantener su
oferta o, en todo caso, una oferta disminuida en la que, de manera
perfectamente justificada, se acreditase que el paso del tiempo hubiera
reducido el valor de los bienes. Por parte del ofertante no se dio
ninguna respuesta satisfactoria, sino que, por el contrario, finalmente
retiró definitivamente su oferta.
La comisión liquidadora, como ha dicho el Diputado proponente, recibió
verbalmente otra oferta, presentada por un grupo empresarial gallego,
encabezado por el empresario don José María Cortizo. Pues bien, el 26 de
septiembre pasado, la comisión liquidadora recibió en Barcelona a un
representante del Igape, del Instituto Galego de Promoción Económica, y
al empresario ofertante, que expuso verbalmente su proyecto, alcanzándose
un principio de acuerdo. Rumasa quedó encomendada de elaborar los
documentos que lo plasman, cosa que ya se ha hecho, habiéndose sometido a
la aprobación de los otros miembros de la comisión el día 8 de octubre.
La fórmula sobre la que se ha alcanzado el principio de acuerdo consiste
en expresar la posición favorable de la oferta auspiciada por el Igape,
si bien, dado que se aparta marcadamente del convenio inicialmente
aprobado, hay que someter esta aceptación a una junta de acreedores a
convocar por el juzgado a instancias de la comisión, que pedirá la
rescisión del convenio hoy vigente.
Se ha coordinado con los representantes de la quebrada, cuya actuación
coincidente es exigida por las normas de procedimiento --estamos en un
procedimiento de quiebra-- para asegurar la máxima brevedad en los
trámites, negociándose en paralelo la necesaria formalización de una
oferta escrita y pormenorizada de este último ofertante.
En estos momentos se está a la espera de que se alcance un acuerdo
definitivo entre todos los miembros de la comisión liquidadora sobre los
términos de la propuesta presentada para proceder a la firma del
correspondiente contrato, previa restricción del convenio vigente, y la
aprobación de uno nuevo, si ello viniera exigido legalmente.
En consecuencia, el Gobierno central, a través de sus representantes en
la comisión liquidadora, la Hacienda pública y Rumasa, está trabajando de
forma conjunta y coordinada, apoyando la línea de solución propugnada por
el Instituto Galego de Promoción Económica, todo ello con el objetivo del
reflotamiento de la empresa y la recuperación de su actividad y nivel de
empleo.
Tengo que decir, además, que de todo el tracto expositivo que hemos
escuchado al Diputado proponente, tenemos que recordar que desde el 6 de
mayo es cuando este Gobierno tiene posibilidades operativas. Todo lo que
ha sucedido en diciembre de 1995 o enero de 1996 no es responsabilidad
del Gobierno actual, que, como he dejado expuesto, ha dado los pasos
necesarios para lograr ese objetivo común.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Santiso tiene la
palabra.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muy brevemente quiero decir que Izquierda
Unida va a apoyar esta proposición no de ley, discrepando de algunos
argumentos esgrimidos por el Partido Popular. En primer lugar vamos a
votar la proposición no de ley y no la exposición de motivos, por tanto,
creo que ésta es la parte más importante de la propuesta que, en
definitiva, trata de solucionar un problema que lleva mucho tiempo sin
resolverse y no es responsabilidad de este Gobierno, aunque sí es
responsabilidad de este Gobierno intentar agilizarlo. En este sentido es
útil que esta Comisión pueda instar al Gobierno --aunque ya esté
realizando gestiones-- para que esas gestiones sean agilizadas en la
medida de lo posible y para constatar, además --como así se ha hecho--,
la preocupación que pude tener por resolver este problema.
Por tanto, sin más, manifestar nuestro apoyo a esta proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la señora Marón.
La señora MARON BELTRAN: Intervengo para fijar la posición del Grupo
Socialista en la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto,
Bloque Nacionalista Galego, que ha defendido el señor Rodríguez.
Este tema ya fue objeto de debate en dos plenos en el Ayuntamiento de
Padrón, donde nuestro grupo ha prestado su total apoyo al colectivo de
trabajadores, instando a las administraciones central y autonómica para
que arbitren las medidas económicas y políticas que facilitasen la
viabilidad de la empresa y garantizasen los puestos de trabajo. Hubo
posteriormente otro debate en el Parlamento de Galicia
sobre una proposición no de ley presentada conjuntamente por los tres
grupos con representación en dicha Cámara en la que igualmente se instaba
a la recuperación de la empresa Picusa con ayudas del Gobierno gallego,
bien mediante un aval o a través de las fórmulas que resultaran más
eficaces. Esta proposición no de ley fue suscrita conjuntamente por el
Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego.
Queda claro, por tanto, que nuestra posición ha sido siempre de apoyo al
reflotamiento de la empresa Picusa y sigue siendo de total apoyo al
mantenimiento de los 400 puestos de trabajo que en este momento están en
litigio. Tenemos conocimiento, es cierto, que en estos momentos se está
negociando la compra de la misma por parte de una única opción de compra
presentada y que la Xunta de Galicia tiene prácticamente en sus manos
cerrar la operación de compra junto con el Gobierno. Por tanto, esperamos
que ese acuerdo se cierre lo antes posible, garantizando la estabilidad
laboral del total de trabajadores, que se recupere el prestigio de una
empresa pionera en el tratamiento de curtidos y sea, en definitiva, esta
iniciativa en el congreso de los Diputados, la última instancia necesaria
en aras de una solución definitiva al reflotamiento de esta empresa.
Nuestro voto será afirmativo. (El señor Rodríguez Sánchez pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez puede hacer uso de la palabra por
tiempo de un minuto.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Afortunadamente esto es como en los
tribunales de justicia: se juzgan los hechos, no las intenciones, cuando
se actúa con corrección. Quiero decir que aquí se va a votar el texto de
la proposición no de ley, no la historia que el Bloque Nacionalista
Galego tiene legítimo derecho a contar según su interpretación.
Afortunadamente todo lo que no ayuda, no daña; pero parece que todo está
pendiente, desde hace muchísimo tiempo, por una decisión que afecta
fundamentalmente a la representación en la comisión liquidadora de lo que
tiene que ver con el Estado, por lo menos formalmente (no sé si hay otro
tipo de fuerzas ocultas, si las hay que se diga y entonces nos
dirigiremos a ellas), creo que es lo normal presentar aquí una
proposición no de ley para que el Estado o sus representantes, cuando
menos, no sea el pretexto que se utilice para que esto no se pueda llevar
a efecto.
Ya que el Partido Popular dice que este problema se va a solucionar,
espero que se arregle en el plazo de quince días, que fue el que dieron
ya los síndicos del Estado para no poner pegas. (El señor Pérez Corgos
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Me temía que sucedería eso.
Señor Pérez tiene la palabra por un minuto.
El señor PEREZ CORGOS: No es cuestión de una simple declaración de
intenciones. La postura del Partido Popular ha sido muy clara a lo largo
de la historia y prueba de ello son esas resoluciones a las que ha hecho
referencia que se han adoptado en el Parlamento Gallego, así como la
presencia del Instituto Galego de Promoción Económica en la última
operación.
Estamos limitados por el ordenamiento jurídico, es la única limitación
que tenemos en este momento, y por el interés de Patrimonio del Estado,
de los acreedores y de los trabajadores.
--SOBRE CONTRATACION DIRECTA POR LA EMPRESA ASTILLEROS ESPAÑOLES, S. A.,
DE CADIZ, DE LOS TRABAJADORES NECESARIOS PARA ATENDER EL INCREMENTO DE LA
DEMANDA DE CONSTRUCCION DE BUQUES. PRESENTADA POR EL GRUPO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000004)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la segunda proposición no de ley,
presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, sobre la contratación directa por la Empresa Astilleros
Españoles, de Cádiz, de los trabajadores necesarios para atender el
incremento de la demanda de construcción de buques.
Para su defensa tiene la palabra el señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Intentaré, señor Presidente, utilizar también
la brevedad.
Creo que el texto de la proposición no de ley explica la situación.
Astilleros Españoles, de Cádiz, ha tenido un importante aumento en su
cartera de pedidos, por tanto, un importante aumento en su carga de
trabajo y se encuentra en la situación de que la propia empresa no puede
contratar directamente. Ello está produciendo una media de contratación
anual diaria de unos 200 trabajadores de empresas subcontratistas o
interpuestas para resolver esta situación.
Consideramos que es una situación preocupante, prueba de ello es que en
los temas de seguridad en el trabajo, el 90 por ciento de los accidentes
laborales se producen en este tipo de empresas que están participando en
contratos en Astilleros de Cádiz y lo que plantea es algo muy sencillo.
Que se permita a la empresa pública Astilleros Españoles, de Cádiz,
realizar directamente esta contratación, en la medida de lo posible,
sabiendo que no todos los trabajos tienen la misma continuidad,
entendiendo que hay posibilidades de hacer los contratos con mayores
garantías con otros trabajadores aunque sea por el tiempo de duración o
contratación de la obra para esta construcción de buques.
Entendemos mucho más útil que una parte de esta contratación la pueda
asumir directamente Astilleros Españoles, en las condiciones que requiera
esta situación de contratación de obra, que es mucho mejor que la
situación actual de permanente recurso a empresas interpuestas. Todo ello
ayudaría también --insisto-- a mejorar la seguridad en el trabajo y la
propia estabilidad de los trabajadores.
Por todo ello pedimos el apoyo a esta proposición porque es algo
razonable.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición o hacer uso de un
turno en contra?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ HARO: Señorías, señor Presidente, me va a permitir, en
primer lugar, que exprese la satisfacción, el honor y por qué no decirlo
también, la emoción que siento de participar hoy por primera vez en esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Esperamos que no sea la última. (Risas.)
El señor IBAÑEZ HARO: Muchas gracias, yo también lo deseo.
Ahora voy, como representante del Grupo Parlamentario Popular, a exponer
el turno en contra de la proposición no de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Los términos en que la presente iniciativa se formula, que el Gobierno se
dirija a la empresa para que proceda a la contratación directa, etcétera,
causan una cierta extrañeza acerca de la idoneidad de una petición como
la que nos ocupa. No cabe tampoco mostrar excesiva sorpresa por el hecho
de que el Gobierno o el ministro correspondiente pueda en ocasiones hacer
llegar a una empresa pública ciertas indicaciones o sugerencias o
trasladar a la misma determinadas inquietudes económicas, sociales,
etcétera. No parece, sin embargo, que este carácter o calificativo
público de la empresa permita llegar al extremo de que el Gobierno pueda,
y especialmente deba, determinar, un tanto a modo de instrucciones,
cuántos trabajadores han de ser contratados y cómo han de serlo en una
determinada empresa, la cual obviamente cuenta con los oportunos órganos
sociales de dirección, un consejo, administradores, directivos, gerentes,
etcétera, a quienes compete esta función y, correlativamente, la
responsabilidad de la misma.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que el acuerdo para la
aplicación del plan estratégico de competitividad de la división de
construcción naval, firmado el 19 de octubre de 1995 entre las partes
empresarial y sindical, tras unas difíciles negociaciones, se refiere a
las nuevas incorporaciones a la plantilla bajo el principio de que las
mismas, sin duda convenientes para garantizar la actividad futura de la
empresa, deben subordinarse al objetivo básico de la viabilidad económica
estable de cada centro de trabajo. De acuerdo con esa idea, se recoge el
siguiente programa de nuevas incorporaciones dentro del PEC.
Primero. Dentro del primer año de ejecución del plan se incorporarán un
número de 78 personas para potenciar aspectos específicos de la gestión.
Segundo. A medida que se vaya produciendo la salida de los trabajadores
prejubilables retenidos por la empresa, se procederá a la sustitución de
los mismos por personal joven debidamente cualificado.
Tercero. Entre el primero de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año
2000 se garantizan en el conjunto de la división de construcción naval
nuevas incorporaciones de personal joven, hasta un máximo de 1.200, de
las que se deducirán las incorporaciones recogidas en los párrafos
anteriores. Dichas incorporaciones se repartirán proporcionalmente en las
plantillas definidas en cada uno de los centros. Estas incorporaciones
quedan condicionadas a que se hayan alcanzado los objetivos de
rentabilidad previstos, a que exista una carga de trabajo que las
justifique y a que se mantenga el equilibrio de la plantilla en cuanto a
la especialidad profesional de los nuevos trabajadores.
De acuerdo con lo establecido en el plan estratégico de competitividad,
la factoría de Cádiz va a dedicar su actividad --eso ya lo venía
realizando, puesto que Astilleros Españoles, factoría de Cádiz, desde el
año 1982 no tiene construcción naval-- a transformaciones y reparaciones
de buques, necesitando en muchas ocasiones el auxilio de la cercana
factoría de Puerto Real, también de la misma empresa de Astilleros
Españoles.
Una de las características básicas de este tipo de actividad es la
integración y coordinación en un tiempo limitado de diferentes trabajos
que se llevan a cabo simultáneamente sobre el buque o artefacto objeto de
la transformación. La agilidad y la habilidad para coordinar los
distintos trabajos es un factor competitivo decisivo a la hora de obtener
contratos de transformación.
Es práctica no sólo habitual, sino imprescindible, que el astillero
requiera la colaboración de empresas especialistas para abordar parte de
los trabajos. Esto se da en todos los astilleros que se dedican con éxito
a la conversión o transformación de buques en cualquier país del mundo.
Por tanto, no es correcto afirmar que el astillero de Cádiz contrate
personal mediante empresas interpuestas; lo que hace es contratar
trabajos o servicios en paquetes cerrados, lo que se llama popularmente
«llave en mano», habiendo dimensionado su plantilla propia para una carga
que sea posible garantizar permanentemente y con la que se pueda
afrontar, sin pérdida, el punto bajo de contratación que inexorablemente
se produce en una actividad cíclica como ésta, sometida a fuertes
altibajos de demanda.
El mercado de reparaciones y transformaciones ha venido registrando
importantes variaciones en el comportamiento de la demanda y de los
precios. De hecho, es un mercado que se caracteriza por grandes pautas de
actividad. Son obras que se contratan con períodos relativamente cortos
de realización, seguidos de períodos más o menos largos de baja
actividad. La reciente contratación de dos grandes transformaciones, que
sitúan la cartera de pedidos del astillero de AESA en niveles muy altos
en relación a su media histórica, debe interpretarse como una situación
coyuntural. El dimensionamiento previsto en el plan estratégico de
competitividad, que para la factoría de Cádiz son 390 personas, de los
cuales 300 son puestos de trabajo directos, 15 indirectos y 75 de
estructura, está consensuado con los representantes de los trabajadores y
pretende minimizar los costes fijos del astillero, la llamada
subactividad, en épocas de demanda valle. Es, por tanto, perfectamente
lógico que en la situación actual el astillero tenga que recurrir a la
subcontratación de empresas auxiliares cuya supervivencia y rentabilidad
son imprescindibles para los astilleros de la zona y que además generan
un gran volumen de empleo en ellas. Por ejemplo, en estos
momentos, en la factoría de Cádiz, el personal de industrias auxiliares
que está trabajando es de una media de 600 a 800 personas en los últimos
cinco meses. Además, la subcontratación es un fenómeno generalizado en
todas las actividades económicas que no implica necesariamente una
disminución en la calidad del trabajo ni incrementos en los costes
sociales. Antes bien, la sustitución de una estructura de costes rígida
por otra más flexible y la utilización más eficiente de los recursos, al
estar enfocada de forma directa a la labor a realizar, tiende a compensar
sobradamente el margen comercial de las empresas subcontratistas.
En consecuencia, la política laboral de Astilleros Españoles, factoría de
Cádiz, está perfectamente justificada, ya que con la inserción en su
propia plantilla de los trabajadores coyunturales necesarios no le
estaría dando una perspectiva real, sino falta de estabilidad en el
empleo al hacer de este modo menos competitivo y, por tanto, con menores
posibilidades de futuro a la factoría de Cádiz de Astilleros Españoles.
Futuro, señorías, que estaba más negro que el carbón del que hemos estado
hablando en la comparecencia de la Directora General de Minas (Risas.),
cuando se nos anunció por el Gobierno socialista en el verano de 1995 el
cierre de la factoría de Cádiz; futuro, señorías, de los pasados últimos
doce años, donde se ha perdido en la Bahía de Cádiz algo más de diez mil
puestos de trabajo.
Por todo ello, señorías, creemos que no es el momento de plantear esta
iniciativa, puesto que toda actuación o sugerencia sobre los astilleros
públicos debe conectar con el plan estratégico de competitividad del
sector, y lo que procede es hacer el máximo esfuerzo entre todos para su
cumplimiento.
Finalmente, que quede claro, señorías, que desde el Grupo Popular
trabajaremos sin descanso en la defensa de la viabilidad, dentro del plan
estratégico de competitividad, de la factoría de Cádiz, del mantenimiento
de los puestos de trabajo, tanto del mismo astillero como de una
industria auxiliar, complementaria, moderna y eficaz.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Perales.
El señor PERALES PIZARRO: La proposición no de ley que ha presentado
Izquierda Unida a mí me da la impresión --no lo ha mencionado pero creo
que es cierto-- que es una petición del comité de empresa de la factoría.
Se formuló a Izquierda Unida, también al Grupo Socialista y no sabemos si
al Grupo Popular. La verdad es que se trata de una petición que hace
bastante tiempo que se formuló y en aquel momento podría tener algún
sentido mayor probablemente que el que tiene hoy.
La razón de la proposición no de ley, ciertamente extraña, es que hay una
orden interna de la dirección central de Astilleros Españoles para evitar
que cada una de las factorías pueda realizar contrataciones de personal.
Eso es así porque en los astilleros de la Bahía de Cádiz, y en general
del sector naval, hubo una serie de sentencias laborales que obligaron
hace tiempo a Astilleros Españoles a incorporar a la práctica totalidad
de las contratas que se denominan contratas internas. De manera que la
dirección central de astilleros adopta una decisión que no tiene mucha
justificación desde el punto de vista de la estructura organizativa de
una empresa, pero es una dirección muy cerrada en el sentido de que no se
pueden realizar contrataciones de personal.
La proposición viene a corregir esa situación, que no tendría mucho
sentido si no se explicara en función de las sentencias que he mencionado
hace un momento. Creo que la proposición no supone una prioridad, tal
como probablemente lo fuera cuando lo planteó el comité de empresa. No es
una prioridad desde nuestro punto de vista porque hoy, sobre el sector
naval, hay más negros nubarrones que hace un año y, desde luego, que hace
seis meses. Porque el Gobierno actual está llevando una inquietud
extraordinaria al sector de la construcción naval e inseguridad a la
oposición política y a todos los operadores sociales y económicos.
En otras condiciones, el Grupo Socialista podría apoyar esa proposición,
pero hoy consideramos que no es una prioridad porque hay elementos muy
peligrosos que se ciernen sobre el sector de la construcción naval.
Tampoco podemos votar en contra porque la nueva dirección de astilleros
está sembrando una extraordinaria inquietud. La propia dirección de
astilleros puede estar mañana o pasado de acuerdo con esa propuesta,
eliminando esa posibilidad de contratar directamente.
El Gobierno se caracteriza, como hemos mencionado antes en otra
intervención, por su capacidad de rectificar y, por tanto, de variar
también el rumbo de sus decisiones. Por tanto, ante la situación de
inquietud y de inseguridad, ni podemos apoyar en este momento la
proposición no de ley de Izquierda Unida ni tampoco vamos a votar en
contra, sino que nos vamos a abstener en este punto concreto.
Tanto el portavoz de Izquierda Unida como del Grupo Popular han explicado
parcialmente cuál es el problema. El problema en astilleros de Cádiz es
que tiene una importante cartera de trabajo en este momento en el sector
de las grandes transformaciones de buques, de plataformas de extracción
petrolífera y derivados de esas actividades, y tiene una estructura muy
reducida, por lo que en estos momentos ha acudido a contratar todas las
tareas necesarias al sector de pequeñas empresas, subsidiarias
tradicionalmente de Astilleros Españoles. Soldadura, andamiaje, tubería,
estructura, electricidad, carpintería, se han unido en la Bahía de Cádiz
en una corporación industrial. Nosotros apostamos en estos momentos por
consolidar esta corporación industrial con una nueva dinámica de pequeñas
empresas versátiles que añade una novedad importante. Debo decir que todo
este sector de pequeñas y medianas empresas ha vivido siempre de
astilleros, y esta nueva corporación industrial tiene la posibilidad de
acudir a nuevos mercados y no depende ya de astilleros. Se ha hecho un
trabajo importante por parte de la Administración autonómica de manera
especial por consolidar esta corporación industrial de pequeñas empresas
que, más ligeras de estructuras, con circuitos operativos mucho más
ágiles, puedan acudir a atender a esa punta de trabajadores de Astilleros
de Cádiz. Y lo que es más importante todavía, que esta corporación
industrial sea capaz de acudir a otros mercados ajenos a la propia
construcción naval, que se abran huecos de mercado. Por tanto, nos parece
importante que se consolide este sector de pequeñas y medianas empresas.
Es verdad que la proposición no de ley no va en contra de eso, pero nos
parece que es necesario destacar que esa actividad hoy la está atendiendo
un sector al que nos parece muy importante que podamos prestar apoyo.
Todos somos conscientes de que uno de los grandes problemas que tiene hoy
el sector naval es el exceso de oferta, con una lucha de precios
extraordinaria. Hay una oferta muy belicosa en nuevas construcciones por
parte de los astilleros coreanos y por parte de todos los astilleros
europeos, especialmente los astilleros de Europa del Este, en el mercado
de las reparaciones, y ese exceso de oferta está haciendo que la lucha de
precios sea feroz. Todos somos conscientes de que el coste por hora en
este sector de pequeña y mediana empresa es muy inferior al coste por
hora ofertado por la estructura de la factoría de Astilleros Españoles, y
nos parece que podría ir en contra de esa competencia y de ese exceso de
oferta que disminuyera la aportación de las pequeñas y medianas empresas
al precio final de cualquier coste de transformación.
El segundo factor más peligroso para la situación de los astilleros en
general es lo que se llama la lucha contra la subactividad. El absentismo
en astilleros puede estar en el 3 ó 4 por ciento y la subactividad
alrededor del 15 por ciento. Incluso en el astillero de Cádiz hay en
algún momento un porcentaje de subactividad que grava el precio final del
producto y que daña de manera muy importante la competitividad de la
propia factoría. Esto permite, como decía el portavoz del Grupo Popular,
el contrato llave en mano; permite que la subactividad se reduzca porque
se mantiene una estructura fija y una estructura eventual en astilleros
de Cádiz.
Por esas razones el Grupo Socialista considera que no es una prioridad la
proposición del Grupo de Izquierda Unida que se presenta. Pensamos que el
objetivo fundamental de todas las fuerzas sociales, políticas y
económicas hoy en el sector naval deben estar dirigidas a hacer que el
Gobierno y el Ministerio de Industria dejen de ser el primer
propagandista negativo de la situación de astilleros. La primera
prioridad hoy es despejar los negros nubarrones que se ciernen sobre el
plan estratégico de competitividad. Es necesario sacar adelante el plan
estratégico de competitividad, y sólo a esa tarea hoy debemos concentrar
nuestra energía cada uno de los operadores en el ámbito en el que nos
movemos. Nosotros hacemos nuestra oferta al Grupo de Izquierda Unida de
apoyar cualquier iniciativa de este grupo --o bien la presentaremos
nosotros-- en el sentido de instar al Gobierno para que se incrementen
los controles de seguridad en el sector de la pequeña y mediana empresa
industrial que opera en el sector naval y en cualquier otro sector
industrial en la Bahía de Cádiz.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Santiso, para hacer uso de
un turno especial de réplica, por breve tiempo.
El señor SANTISO DEL VALLE: Intervendré brevemente, porque en mi
exposición he intentado serlo.
El recurso por parte de una empresa pública a la subcontratación casi
indiscriminada me parece que obvia algo muy importante. Y es que una
empresa pública tiene en sus manos también toda la gama de modalidades de
contratación que contempla la legislación laboral vigente. Por tanto,
creo que es apresurado afirmar que eso incrementa de por sí los costes
fijos de Astilleros Españoles o de la empresa que sea.
Lo que estamos planteando, como ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista, es que esa orden interna de astilleros de autorrenunciar a
esas posibilidades de contratación directa para trabajos específicos es
absurda y no entra en contradicción, en absoluto, en nuestra opinión,
puesto que era una práctica que además se venía realizando anteriormente,
con los propios planes de reconversión del sector, o como se quieran
llamar.
Creemos que es un poco paradójico que exista una plantilla en torno a 540
y a veces estén trabajando 700 personas, además de la plantilla de
astilleros, en trabajos que no todos son especializados. Si por algo se
caracteriza una parte importante de estas subcontrataciones es por su
baja especialización, y precisamente su falta de preparación es la que
está llevando, insisto, a que el 90 por ciento de los accidentes
laborales se produzcan en este tipo de empresas.
Esto, además, puede conllevar un coste añadido para Astilleros Españoles,
porque según la Ley de Riesgos Laborales, que se acaba de aprobar hace
muy poco tiempo, es responsable subsidiario de las posibles
irregularidades en temas de seguridad en el trabajo que se puedan
producir.
Por tanto, es una propuesta razonable que no intenta perjudicar al sector
de la pequeña y mediana empresa. Y en segundo lugar, porque es obvio que
Astilleros Españoles puede tener un convenio colectivo que puede suponer
algún incremento en el coste, pero también es cierto que las empresas
privadas, como es lógico, tienen un margen de beneficio del 20 o del 25
por ciento, según los casos, que es el que se podría ahorrar precisamente
Astilleros Españoles.
Creo que la empresa pública debe tener en sus manos las mismas
posibilidades que tiene cualquier empresa privada para optar por la
modalidad de contratación que va a utilizar en función de si son
contratos por obra u otro tipo de contratos. Por tanto, yo creo que el
argumento de la disminución de costes no se sostiene. Ese tipo de
contratación para obra puntual permitiría también ayudar a la formación
de esos trabajadores jóvenes que se vienen reclamando precisamente por
los propios Astilleros Españoles, y que es uno de sus déficit por la
pirámide de edad que en este momento tiene la plantilla y la repercusión
que han tenido los planes de reconversión anteriores.
En consecuencia, pensamos que es una proposición no de ley acertada, pero
de todas maneras somos perseverantes y seguiremos insistiendo en nuevas
iniciativas en la misma dirección, incluso en la que apuntaba el portavoz
del Grupo Socialista, porque nos parece muy preocupante la
accidentabilidad que está habiendo en este momento en este sector de la
Bahía de Cádiz.
El señor PRESIDENTE: El señor Ibáñez tiene la palabra.
El señor IBAÑEZ HARO: Señor Santiso, yo tendría que entrar aquí en un
debate más bien técnico que político. Lo que le puedo decir es que el
plan estratégico de competitividad tiene previsto para Astilleros,
factoría de Cádiz, 75 personas en estructuras. El tener 75 personas en
estructuras quiere decir que no tiene la disponibilidad necesaria para
hacer posible esa contratación en un momento determinado de trabajadores
eventuales.
Por tanto, y en la filosofía en que está sustentado el PEC, aquí de lo
que se trata es de tener una industria auxiliar que sea fuerte y
competitiva. Con lo cual, seguimos apostando por el cumplimiento del PEC.
En consecuencia, en este tema no tengo nada más que decir políticamente.
Podría entrar en un debate técnico, pero considero que son los
responsables de Astilleros Españoles, factoría de Cádiz, factoría de
Puerto Real, factoría de Sestao, factoría de Sevilla, los que tienen en
sus manos la manera de hacer contrataciones laborales, esperando que sea
lo más beneficioso para el resultado positivo de la empresa.
En cuanto al señor Perales, quiero decirle que me extraña enormemente su
abstención, cuando tengo aquí la comparecencia del señor Ministro de
Industria y Energía de 26 de julio de 1995, donde el señor Eguiagaray
Ucelay señala que el plan estratégico de competitividad del sector naval
prevé un dimensionamiento que persigue evitar la aparición recurrente de
la infrautilización de las plantillas, manteniendo, sin embargo, un nivel
de producción superior al actual. Para ello se requiere, entre otras
medidas, acudir a la aportación adicional de una industria complementaria
que deberá moverse al mismo ritmo que los astilleros, en el camino de la
mayor eficiencia. Señala que el plan pone énfasis en la industria
complementaria, de modo que una parte de la actividad que en este momento
se lleva a cabo en el interior de la propia empresa sea después ejecutada
por esta industria.
Puedo leerle también lo que dijo en su comparecencia el presidente del
grupo de la división de construcción naval, señor Martínez de Albornoz,
el 19 de septiembre, donde decía que el plan pretendía apoyarse en una
industria auxiliar complementaria, eficiente, moderna y capitalizada, que
sea un complemento al trabajo de los astilleros. Quiero decirle con esto
que este plan estratégico de competitividad viene firmado desde el año
1995. Nosotros lo hemos heredado y, por tanto, vamos a tratar de que se
cumpla.
En cuanto a los negros nubarrones que decía el señor Perales que nosotros
vamos argumentando y poniendo por delante, ya le he dicho anteriormente
lo del carbón. Negros nubarrones, opacidad total es lo que ha habido
durante los doce años anteriores, donde ha habido una reconversión
bastante salvaje --palabra que se ha utilizado por todos los medios en
todos los tiempos--, perdiéndose en la Bahía de Cádiz algo más de 10.000
puestos de trabajo. De eso hay unos responsables, tienen nombre y
apellido: Gobierno Socialista. (El señor Perales Pizarro pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Creo, señorías, que en el debate de la proposición
no de ley no ha lugar a turnos de réplica. He concedido dos turnos de
réplica, y creo que con ello es suficiente.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, el portavoz del Partido
Popular ha reabierto un debate.
El señor PRESIDENTE: Ha expresado una opinión. No ha reabierto ningún
debate.
El señor PERALES PIZARRO: Ha abierto un debate con imputaciones
directísimas. Yo, desde luego, creo que tengo derecho a hacer uso de la
palabra.
El señor PRESIDENTE: Le concedo un turno de contrarréplica a la réplica
del portavoz del Partido Popular, con el deseo de que sea muy breve.
El señor PERALES PIZARRO: Quiero decirle al portavoz del Partido Popular
y a los miembros de la Comisión que el Partido Socialista le desea éxito
al Ministerio del Interior y le desea éxito al Gobierno popular para que
los Astilleros de Cádiz no tengan ni el color del carbón ni negros
nubarrones. Nosotros deseamos que el Gobierno popular saque adelante el
plan estratégico de competitividad, y que sepan que el Partido Socialista
va a colaborar para que eso sea así. No estaremos en la calle, si hay
movilizaciones, jaleando a los opositores, y no estaremos animando desde
luego a los que asalten la sede de los partidos políticos ni estaremos
aplaudiendo a los que asalten la sede de los partidos políticos.
Estaremos ayudando a que salga adelante el plan, que es la
responsabilidad de cualquier político serio.
El señor IBAÑEZ HARO: Señor Presidente, ¿podría hacer una réplica a la
réplica de la contrarréplica?
El señor PRESIDENTE: No puede.
El señor IBAÑEZ HARO: La última palabra la ha tenido el Partido
Socialista.
--SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA CARGA DE TRABAJO EN LA
EMPRESA NACIONAL BAZAN DE EL FERROL (LA CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000177.)
--RELATIVA AL LEVANTAMIENTO DE LA PROHIBICION QUE PESA SOBRE LA EMPRESA
NACIONAL BAZAN PARA LA CONSTRUCCION NAVAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000069.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el debate sobre las dos proposiciones no
de ley relativas a la Empresa Nacional Bazán. Hay dos proposiciones, una
del Grupo Socialista y otra del Grupo Mixto.
Vamos a iniciar los dos turnos de defensa de ambas proposiciones no de
ley, y luego daremos un turno a los demás grupos, turno en contra y
fijación de posición.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Diputada doña
Carmen Marón.
La señora MARON BELTRAN: Señorías, hoy vamos a debatir una proposición no
de ley muy importante para la comarca de El Ferrol, con más de 174.000
habitantes y con 4.000 empleos directos en la Empresa Nacional Bazán.
La carga de trabajo se desarrolla en el contexto de las necesidades
estratégicas y de las decisiones del Estado: política de defensa y otras
decisiones de política en general.
Bazán y su comarca forman una simbiosis única, de tal forma que, junto
con Astano, son el motor de la economía y la subsistencia de la zona.
Finalizada prácticamente la construcción del portaaviones para Tailandia,
que se entregará probablemente en marzo próximo, y del buque anfibio LPD,
en construcción actualmente y cuya finalización también está prevista
para el primer trimestre del año 1998, es necesario garantizar la carga
de trabajo futura, con la construcción de las fragatas F-100, lo que
supondría garantizar la estabilidad del empleo a medio plazo.
Por cierto, pese a la información recogida en diversos medios de
comunicación de recurrir al «Diario de Sesiones», donde reiteradamente en
comparecencias de miembros del Gobierno se habla de que es algo asumido,
hace unos días, creo que concretamente el domingo, leía con sorpresa que
todavía no ha sido aprobada en el Consejo de Ministros la primera partida
de 25.000 millones de pesetas imprescindible para el inicio de ese
proyecto.
Espero nos tranquilicen las palabras del portavoz del grupo que sustenta
al Gobierno en ese sentido y que no haya ninguna vuelta atrás o retroceso
en este acuerdo. No olvidemos que es necesario empezar con el acopio de
materiales y bienes de equipo, y la orden de ejecución no debiera
retrasarse ni un día más.
Dando por sentado que las cuatro fragatas F-100 son una realidad --espero
que me respondan que sí--, es necesario cubrir el vacío en los años 1997
y 1998, que necesariamente pasaría por la construcción de un segundo
buque de apoyo logístico LPD. Este buque anfibio está previsto en los
planes de Defensa. En el Pleno de presupuestos el portavoz del Grupo
Popular hacía suyas las palabras del Jefe de Estado Mayor de la Armada en
el sentido de que tiene intención de construirse un segundo LPD. Su coste
aproximado está en torno a los 20.000 millones de pesetas; su plazo de
construcción, dos años, se puede compatibilizar con otras construcciones.
Existe la tecnología necesaria; los planos de construcción y el proyecto
ya están elaborados, sólo sería necesaria la dotación para acopio de
materiales. Nuestro grupo ha presentado en el Pleno de presupuestos del
Congreso una enmienda con la correspondiente dotación presupuestaria de
100 millones de pesetas, para que esto sea una realidad. Espero --no ha
sido así en el Pleno del Congreso de los Diputados-- que eso se corrija
en el Senado.
Me inquietan, por tanto, las continuas referencias a una posible
regulación de empleo en Bazán. Una de las últimas --porque aquí estamos
continuamente rectificando-- ha sido la afirmación del presidente de la
Agencia Industrial del Estado que considera imprescindible la regulación
de empleo. ¿Saben ustedes, señorías, cuánto costaría tal regulación?
Dieciocho mil millones de pesetas. ¿Saben cuánto costaría contratar el
segundo LPD? Menos de veinte mil millones de pesetas. Es decir, regular
el empleo, con el consiguiente coste económico y social, cuesta casi lo
mismo que construir el buque anfibio LPD. No parece, por tanto, que eso
sea lo razonable si sabemos, además, que el LPD es prioritario en los
planes de la Armada.
Es cierto también que se aprobó un crédito blando para la construcción de
un buque para Uruguay, que supondría, aproximadamente, 1,3 millones de
horas, poca cosa, aunque bienvenidas sean. Tampoco nos consta que tal
contrato haya sido firmado. Sería también de agradecer una respuesta
afirmativa por parte del grupo que sustenta al Gobierno en este acto. La
construcción del portaaviones para Tailandia, que se está finalizando,
avala de un modo rotundo la capacidad tecnológica y la gran cualificación
profesional que caracteriza a su personal, colocando a Bazán en
condiciones de competir con los mejores astilleros del mundo en la
construcción de buques.
La paralización de su actividad sería un retroceso en el esfuerzo logrado
en los últimos años y dañaría su imagen a nivel internacional,
condicionando sus expectativas de futuro. Sería una gran
irresponsabilidad dejar pasar la oportunidad de consolidarse como uno de
los primeros astilleros dentro del concierto internacional.
Por todo ello, el Grupo Socialista formula esta proposición no de ley en
el sentido de que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que
adopte las medidas necesarias en orden a garantizar la carga de trabajo
en la Empresa Nacional Bazán de El Ferrol, encargando de forma inmediata,
por parte del Ministerio de Defensa, los proyectos correspondientes, sin
perjuicio de avanzar en otros extremos en un futuro más inmediato.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta, para
hacer la defensa de la proposición no de ley. Veo sorpresa en su cara.
El señor PERALTA ORTEGA: Sí, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Perdón, se ha equivocado la Presidencia, tiene usted
razón, no es del Grupo de Izquierda Unida, deseaban que lo fuera pero han
retirado la petición. Su proposición no de ley se mantiene viva y se
incorporará en otros órdenes del día de la Comisión de Industria.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Señor Presidente, comenzaremos por lo más
cercano en el tiempo que es la reunión que mantuvo el comité de empresa
con el señor Alsina, presidente de Bazán, ayer día 16 de noviembre de
1996. El señor Alsina anunció al comité de empresa de
todas las factorías de Bazán que sería necesaria una prejubilación de
trabajadores a los cincuenta y cinco años; que fuese cual fuese la carga
de trabajo de las factorías de Bazán habría que reducir los 7.600
trabajadores actuales a 6.000, y que, en todo caso, se prometía que las
fragatas F-100 irían adelante. No fue tan claro en cuanto al petrolero
que públicamente habían prometido que iba a construir Uruguay, porque el
Parlamento de aquel país aboga por la necesidad de que haya un concurso
público para ver a quién se le hace la oferta de la construcción de ese
petrolero.
Lo más llamativo de esta entrevista que hoy publican algunos medios de
comunicación, por lo menos en Galicia, es que para el futuro inmediato,
para el bache productivo 1997-1998, la dirección de la empresa estaría
dispuesta a repartir entre las factorías la construcción del segundo LPD
para la Armada. No es necesario decir, sin entrar en otras
consideraciones, que este tipo de política lleva consigo un
encarecimiento de costes grave y sería curioso ver cómo los buques andan
por las autovías, por las autopistas del Estado español, de norte a sur,
en una nueva formulación que nosotros pensamos que es de auténtico
disparate. si no se construye el segundo LPD, el expediente de regulación
de empleo sería inmediato.
Los sindicatos que están presentes hoy en el comité de empresa están
todos de acuerdo en que una de las urgencias más grandes, incluso para
contar con trabajo a partir del año 2000, sería que se discutiese la
permanencia dentro del nicho de la construcción militar de las factorías
de la Empresa Nacional Bazán, y que además esto sería perfectamente
posible porque ya se sabe que a partir de 1998 la séptima directiva
decaerá y, por tanto, no habrá impedimentos, a no ser que el Estado
español motu proprio vuelva a demostrar un afán de regulación que,
curiosamente, tropieza con esta propaganda desreguladora a que nos tiene
acostumbrados el Gobierno actual.
Por otra parte, los sindicatos, en este caso los que están presentes en
la factoría de Ferrol, abogan por que habría que potenciar el
departamento de turbinas y de fabricaciones y por invertir en programas
de I+D en la industria medioambiental. Concretamente, en lo que afecta a
la factoría de Ferrol, los 4.228 puestos de trabajo actuales, que son
prácticamente más de la mitad de los que reúnen el conjunto de las tres
factorías de Ferrol, Cádiz y Cartagena, podrán permanecer grosso modo si
hay un aumento de la carga de trabajo para todas las factorías y si, por
tanto, se aumenta la capacidad de producción, la cuota de mercado que hoy
tiene el Estado español. Por eso nosotros creemos que es fundamental
discutir la vigencia de los Reales Decretos 1986, 1991 y 1994, que son el
primer tropiezo con que cuentan las factorías para funcionar de otra
manera; es decir, que no queden supeditadas a los programas del
Ministerio de Defensa y que puedan, por tanto, empezar a combatir en el
mercado de la construcción civil. Y esto, vuelvo a repetir, es para todas
las factorías de la Empresa Nacional Bazán.
En el caso de Ferrol, objetivamente, sin entrar en interpretaciones de
otro tipo, está claro que dejar a la factoría pendiente de la hipotética
fabricación de las F-100 o del LPD en exclusiva no va a poder impedir que
se produzcan en 1997 y 1998 regulaciones muy graves de empleo y que la
factoría esté siempre pendiente de una amenaza constante. Si a esto
añadimos --objetivamente también, sin interpretaciones--, que da la
casualidad que es la factoría de Ferrol la que mantuvo más la dependencia
del Ministerio de Defensa y la que mantiene menos autonomía empresarial,
pues las subcontratas electrónicas, incluso las que se hacen en Bazán,
dependen de Cádiz; que, como no se pueden subvencionar los artefactos
construidos para la marina de guerra, pero sí se pueden subvencionar
artefactos de otro tipo, diversificados industrialmente, estas
subvenciones van normalmente a Cartagena o que, incluso, el departamento
general de carenas depende también de Cartagena, se verá hasta qué punto
la factoría de Ferrol tiene una deficiencia en la capacidad de tomar
decisiones propias tremendamente alarmante, que nosotros queremos poner
aquí de manifiesto. De la misma manera, queremos poner de manifiesto que,
habiendo un problema general para toda la construcción naval en el Estado
español, que somos los primeros en combatir, está claro que es también la
industria de la ría de Ferrol la única que, por métodos de prohibición
que implican al Gobierno español, tiene construcción naval que no puede
acceder libremente al mercado y que, sin embargo, sí ha manifestado su
aspecto solidario últimamente, cuando se llevaron a construir artefactos
de estación petrolífera para la bahía de Cádiz, cosa que nosotros no
discutimos; pero pensamos que entonces, hay que discutir el plano general
de la construcción naval en el Estado español, que es la intención del
punto primero de esta proposición no de ley, que afectaría, vuelvo a
repetir, a todas las factorías de Bazán.
Estamos, por tanto, ante una previsión que había hecho ya el anterior
presidente de la empresa en este Congreso de los Diputados, cuando
anunció que para Ferrol el 50 por ciento de la regulación sería
inexorable en el año 1997 y un 90 por ciento en 1998, aunque fuesen
adelante las fragatas F-100, y que se podría mantener el trabajo en el
año 1995 --ya pasado-- con la finalización de la construcción del
portaaviones para Tailandia y del buque anfibio LPD. En consecuencia, en
este momento, si seguimos sometidos exclusivamente a la contratación con
el Ministerio de Defensa, todo va a depender de otro anfibio LPD y de esa
contratación con Uruguay, que no creo sea un artefacto militar, sino que
será para un artefacto civil encubierto en finalidades militares.
Señorías, nosotros apoyamos que San Fernando, en Cádiz, construyese
ferries para Trasmediterránea; aplaudimos, incluso, el valor de la
dirección de San Fernando para actuar de esta manera. Es muy importante
tener en cuenta que, a veces, el erario público sirve no solamente para
mantener los puestos de trabajo, sino también para no tirar alegremente
el dinero. Es mejor gastar más produciendo que no gastar en pagar paros,
subsidios o prejubilaciones.
Aplaudimos que la factoría de Cartagena esté siendo diversificada para
conseguir una producción respetuosa con el medio ambiente, a través de
todos los programas que la revista de la empresa anunció a bombo y
platillo, como la otra Bazán; pero pensamos que la factoría de Ferrol,
cuando menos debería ser impulsada hacia la fabricación de turbinas y a
una diversificación industrial que es muy necesaria e importante, por el
bien de la industria del Estado español y, particularmente, por la de
aquella comarca, que no hace falta decir está en un estado calamitoso. En
este país, todos los sectores productivos, y acabamos de referirnos a uno
competitivo también, por lo que se ve, siempre tienen tropiezos por todas
partes. Vuelvo a repetir que a los dos únicos grandes astilleros se les
prohíbe participar en la construcción civil; prohibición explícita que
además se cumple a rajatabla.
Pido a todos los miembros del Congreso aquí presentes que voten
favorablemente nuestra proposición no de ley y anuncio que nosotros vamos
a votar favorablemente la del Partido Socialista porque, a muy corto
plazo, significa un cierto balón de oxígeno.
Quiero aclarar que el punto 1 de nuestra proposición no de ley se refiere
a todas las factorías de Bazán, no exclusivamente a la de Ferrol, y que
todo lo que va a continuación, hasta el punto 8, es un intento de sacar a
la factoría ferrolana del nicho en que está metida y que supere las
dificultades de no disponer de cierta autonomía de gestión empresarial,
que sería muy importante dentro de la panorámica de que el Estado español
combata denodadamente en el mercado internacional por tener una cuota de
mercado como la que tenía antes de producirse la reestructuración naval,
a partir del año 1986.
Quiero decir también que estoy en contra de la enmienda que presenta el
Partido Popular porque deja las cosas tal como estaban antes, porque no
significa ni siquiera un compromiso del Gobierno para dar salida al
problema a corto plazo, porque sigue empecinado en mantener a la empresa
nacional Bazán con unas limitaciones legales que no se justifican desde
ningún punto de vista, conforme al discurso del propio Partido Popular
vigente en la actualidad, y porque, además, sigue empeñado en mantenernos
vinculados a la marina de guerra, cuando todo el mundo sabe que es
imposible mantenerse en este tipo de mercado que es ultracompetitivo y
que, cuando se hacen convenios con estados extranjeros en este terreno,
siempre piden participación en la tecnología, piden participación en la
construcción, y así sucesivamente. Es decir, hoy esto no es ya una carga
potencial de trabajo que asegure nada, ni siquiera para ninguna de las
tres factorías, por tanto, nos guste o no, habrá que empezar a
diversificarlas todas, a participar en el mercado a nivel internacional,
sin que eso impida que, efectivamente, haya una entidad reguladora que
después reparta la carga de trabajo entre todos los astilleros del Estado
español con un mínimo sentido de equidad y solidaridad.
Pensamos que la solución de conjunto pasa por derogar los reales decretos
que empiezan por impedir unas reglas de juego mínimamente normales en el
interior y unas supeditaciones que no tienen sentido alguno; incluso,
para poder mantener estas factorías, va a haber que burlarlas
continuamente, como se hizo con Trasmediterránea, como se puede hacer
ahora con este petrolero de Uruguay, si llega, aunque sea para la marina
de guerra uruguaya, y así sucesivamente.
Si es posible, señor Presidente, rogaría que se sometieran a votación
todos los puntos por separado. Si el Grupo Parlamentario Socialista no
tiene inconveniente, a no ser que se voten las dos separadas, su
propuesta se podría votar en primer lugar, y después, todos los puntos de
la del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, separadamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, ya he tomado nota de sus
sugerencias.
No ha habido ningún grupo que pida turno en contra. Sí hay dos enmiendas
a la proposición no de ley del Grupo Mixto, presentadas por el Partido
Popular, y para su defensa, tiene la palabra don Jesús Pérez.
El señor PEREZ CORGOS: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda de modificación a la proposición no de ley del Grupo Mixto,
Bloque Nacionalista Galego, porque a nosotros no nos parece que la
empresa nacional Bazán, de Ferrol, tenga que cambiar de estrategia
empresarial, como empresa pública relacionada con las necesidades de la
defensa nacional y no con el mercado internacional de construcción naval
civil. Sin embargo y dadas las incertidumbres de futuro, entendemos que
un nuevo plan de actividad, un nuevo plan de viabilidad como se propone
en el punto primero de la enmienda de modificación, podría asegurar el
uso de las potencialidades de la empresa a medio plazo. Con el segundo
punto, es decir analizar las oportunidades de nueva actividad de la
empresa en relación a los distintos planes industriales y energéticos,
tanto de ámbito regional como nacional, respetando las limitaciones
legales de la propia actividad de la empresa nacional Bazán, se podría
entroncar con nuevas oportunidades tecnológicas y de demanda. De
cualquier manera, señor Presidente, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, anuncio que, en el caso de ser rechazada esta enmienda de
modificación, mi grupo presentará inmediatamente una proposición no de
ley, reproduciendo en sus propios términos esta enmienda de modificación.
Respecto a las dos proposiciones no de ley que estamos debatiendo, y
comenzando por la que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, si
me permite el señor Presidente, tengo que anunciar el voto en contra del
Grupo Parlamentario Popular, porque se nos ha hablado de cifras, de lo
que cuesta una cosa y de lo que cuesta otra, pero no se ha hablado de la
situación económica que se ha encontrado este Gobierno; no se ha hablado
de los agujeros presupuestarios o de las dificultades económicas con las
que el Gobierno se ha encontrado. Es cierto que la empresa nacional
Bazán, de Ferrol, es una empresa importantísima dentro de la comarca, es
uno de los que podríamos llamar motores de la actividad industrial en la
zona, pero tampoco se puede negar la preocupación constante que ha
manifestado el Grupo Parlamentario Popular por los problemas de la
empresa nacional Bazán, por la diversificación de su actividad, por sus
previsiones, por sus proyectos, y en especial en relación con el
mantenimiento de los puestos de trabajo.
En este sentido, quiero destacar la importancia estratégica que ha
atribuido el Gobierno a esta empresa. Recientemente
el Ministro de Industria y Energía, contestando a la pregunta de un
Diputado del Grupo Parlamentario Popular, manifestaba que el Gobierno no
tiene ningún plan de privatización respecto a la empresa nacional Bazán,
dado su carácter estratégico y en una respuesta escrita a la señora Marón
Beltrán, portavoz del Grupo Socialista, ha contestado que los planes para
el futuro de la empresa nacional Bazán, en su factoría de Ferrol, pasan
por la atención prioritaria de las necesidades de la marina militar, en
la evaluación de las implicaciones de la nueva situación internacional
sobre las industrias de defensa, puesto que se han reducido los mercados
y en las posibilidades de diversificación a otras actividades.
El Grupo Parlamentario Popular, respecto a la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se muestra contrario a
dicha proposición no de ley y la va a votar en contra. Hay que dejar
claro que el pasado día 21 de octubre se firmó el convenio entre los
ministerios de Industria y Defensa para el inicio del programa de las
cuatro fragatas F-100. El desarrollo de este programa va a ser financiado
por el Ministerio de Industria con créditos que harán posible comenzar la
contratación principal del programa en 1997, para lo cual el proyecto de
presupuestos para 1997, que hemos aprobado el otro día en esta Cámara y
está pendiente de aprobación en el Senado, cuenta ya con una dotación de
10.000 millones de pesetas.
El Programa F-100 que tiene un coste estimado de unos 280.000 millones de
pesetas en los próximos diez años, supone una carga de trabajo directo
para la industria nacional de unos 16 millones de horas/hombre, generando
el equivalente de más de 3.000 empleos. Bazán va a ser la principal
contratista de este programa, asumiendo el 96,5 por ciento del trabajo, y
la factoría de Ferrol en concreto asumirá el 91,2 por ciento de esta
carga de trabajo. De todas maneras para asegurar la carga de trabajo en
la factoría Bazán, de Ferrol, hay que intentar conseguir otros contratos.
En este sentido, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos ha aprobado recientemente un acuerdo por el que se establecen
condiciones especiales de financiación para la exportación de un buque
petrolero que se pretende contratar con la Armada uruguaya.
En resumen, nosotros coincidimos en que hay que asegurar la plena
actividad de Bazán, en Ferrol, pero a medio plazo la actividad queda
asegurada con el programa de las fragatas F-100, cuya decisión de inicio
ya ha sido adoptada y para 1997-98 especialmente, se está intentando
formalizar el contrato de construcción de ese petrolero con la Armada
uruguaya. Por todo ello, nosotros rechazamos la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, ya que tal y como queda
planteado, parece que se quiere instar al Gobierno a dar actividad a la
empresa más allá de las directrices presupuestarias y de la carga de
trabajo que para los próximos años exista en la empresa. Somos
conscientes de que nuestro grupo podría haber presentado una enmienda
transaccional, pero también lo somos de que cualquier texto que no
pretenda cambiar las directrices presupuestarias y de producción de la
propia empresa sería reiterativo.
Por lo que se refiere a la proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, en concreto por el Bloque Nacionalista Galego, hay
dos puntos que podrían estar contenidos en nuestra enmienda de
modificación. Analizando punto por punto la proposición no de ley
tendríamos que decir, respecto al primer punto, la derogación del Real
Decreto 442/1994, nuestro criterio es oponernos a este punto por lo que
respecta a esa derogación. La limitación establecida para Bazán deriva,
en última instancia, de la distribución establecida en su día de las
reducciones de capacidad para construcciones civiles, con el fin de que
estos astilleros civiles pudieran obtener las autorizaciones pertinentes
de la Unión Europea para conceder estas ayudas. Por otra parte, los
medios técnicos de la empresa nacional Bazán resultan especialmente
apropiados para la construcción naval militar, pero excesivamente
costosos para la construcción civil.
En cuanto a consentir la superación práctica de las restricciones a las
actividades de Bazán establecidas en normas jurídicas, no puede aceptarse
por principio, lo que no impide que si se considera conveniente una
determinada actividad con tecnología de aplicación dual --civil y
militar-- para Bazán, la posible autorización excepcional sea sometida a
la consideración de los órganos competentes, como ya ha ocurrido --y se
ha mencionado aquí-- en el caso de los ferries rápidos.
Por lo que se refiere al segundo punto, impulsar un nuevo plan de
viabilidad, nuestra enmienda contiene ese impulso al nuevo plan de
viabilidad, pero como orientación general sería admisible, salvo en lo
referente a las construcciones y transformaciones civiles. Para la
elaboración de dicho plan se tendría en cuenta el convenio suscrito el
pasado 21 de octubre por los ministerios de Industria y Defensa para la
construcción de las fragatas F-100 y esas posibles operaciones de
exportación, como puede ser la del buque petrolero para la Armada
uruguaya.
Respecto al tercer punto, establecer acuerdos con la Comunidad Autónoma
de Galicia para la participación de Bazán en sus planes industriales y
energéticos, consideramos más adecuado que, en primer lugar, se hable de
analizar las oportunidades concretas que pueden ir surgiendo para la
empresa que establecer un acuerdo global con la Comunidad Autónoma de
Galicia. Como ejemplo ya existe un proyecto de fabricación por el taller
de turbinas de la empresa nacional Bazán de determinados elementos para
generadores eólicos de los futuros parques eólicos, sin que en estos
momentos se hayan concluido los estudios técnicos y económicos.
Con relación al punto cuarto, potenciar en Bazán de Ferrol las áreas de
producción de fuerte valor añadido, salas técnicas, informática,
logística, electrónica, etcétera, para abordar nuevos productos y
mercados, es necesario señalar que esta posibilidad coincide con la
estrategia de actuación de la empresa en general, no sólo de la factoría
de Ferrol; por ello cuando la empresa encuentra una oportunidad está
evidentemente obligada a utilizar los recursos de la forma que considere
más eficiente.
En cuanto a la inclusión de la fábrica de turbinas de la factoría
ferrolana en el sector de bienes de equipo y participación en los
apartados I+D tecnológicos, fundamentalmente dirigidos al mercado de
medio ambiente, nuestro
criterio es oponernos por ser innecesarios, puesto que la fábrica de
turbinas de Ferrol ya está realizando la mayor parte de su actividad
dentro del sector de bienes de equipo. La mayor parte del parque de
turbinas de vapor instalado en España ha sido construido por esta fábrica
de turbinas de Ferrol, que está siendo muy competitiva en el mercado de
mantenimiento y retrofit de este parque. Asimismo Bazán está participando
en los consorcios que ofertan centrales de exportación, tratando de
maximizar la participación en el suministro y que esa participación pueda
extenderse a equipos de medio ambiente, no depende únicamente de la
capacidad tecnológica o fabril de la empresa, sino de la competitividad
de la oferta del consorcio.
Respecto del punto sexto, por lo que respecta a la participación nacional
de la Xunta de Galicia, habría que empezar por conocer la postura de la
Xunta al respecto, si bien en lo que se refiere a su entrada en el
consejo de administración de Bazán, se rechaza por innecesario puesto que
dicha entrada ya se ha producido, sin perjuicio de que, además, la Xunta
de Galicia participa en la gestión de la Agencia Industrial del Estado a
través del consejo territorial de la misma.
Respecto al penúltimo punto, el séptimo, habría que matizar varias cosas.
En primer lugar, si se refiere a la construcción de una nueva empresa
pública, dado que se habla de área de comercialización y negocio que
integre Bazán, factoría de Ferrol y Astano, nos tendríamos que oponer
porque requeriría la autorización previa de la Comisión Europea y, en
cualquier caso, habría que esperar a la finalización del Plan estratégico
de competitividad para sopesar las ventajas y los inconvenientes. Si se
refiere meramente al establecimiento de colaboración en el área de
comercialización y respecto a la única actividad que desarrollan
simultáneamente ambos astilleros, que es la de reparación y carenas, el
criterio también es oponerse, ya que el establecimiento de acuerdos
globales es innecesario. En cualquier caso de forma habitual se está
desarrollando la necesaria colaboración entre las dos empresas para
atender las oportunidades concretas que se consiguen en el mercado de
reparaciones, en términos de máxima eficiencia económica para ambos. De
hecho es muy frecuente que Astano utilice el dique de Bazán y el personal
de esta empresa para realizar parte de sus obras y no sólo las de
reparaciones.
En cuanto a la autonomía de la dirección de Bazán, de Ferrol, para tomar
decisiones, hay que decir que la dirección de la factoría de la empresa
nacional en Ferrol tiene el grado de autonomía necesario y conveniente y
puede tomar las decisiones correspondientes a su ámbito de competencia de
acuerdo con la organización actual de la empresa.
Respecto a la información sobre la cuenta de resultados de cada factoría,
hay que señalar que jurídicamente la empresa nacional Bazán tiene tres
factorías y una única cuenta de resultados a efectos contables y legales.
Las atribuciones internas de ingresos y de algunos costes a las factorías
son únicamente parte de los sistemas de gestión y control de la empresa y
sólo pueden ser interpretadas en los términos de sus sistemas
específicos.
Señor Presidente, señorías, manifestamos nuestro rechazo, nuestra
oposición a las dos proposiciones no de ley presentadas y mantenemos
nuestra enmienda de modificación, afirmando que en caso de no ser
aprobada nuestra enmienda de modificación, presentaremos inmediatamente
una proposición no de ley en los propios términos de la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Como ya ha sido manifestada la posición del Grupo
Parlamentario Mixto de no aceptar estas dos enmiendas, ustedes van a
tener que hacer lo que han anunciado.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Ricardo Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Voy a ser muy breve en fijar nuestra posición,
en relación con las dos proposiciones no de ley que en estos momentos
debatimos.
Por lo que se refiere a la proposición no de ley del Grupo Socialista de
fecha 12 de septiembre de 1996, tenemos que decir, señor Presidente --no
es el caso, también hay convicción-- que, aunque sólo fuera por razones
de coherencia, tendríamos que apoyar esta proposición no de ley por
cuanto tenemos una anterior, de 14 de junio de 1996, en la que decimos lo
mismo que el Grupo Socialista, si bien con mucho mayor detalle.
En lo que se refiere a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, tenemos que decir que el contenido de la misma --que va a ser
votado-- es prácticamente igual que la nuestra citada anteriormente y por
razones de convicción y coherencia apoyaremos con nuestros cuatro votos
al del representante del Grupo Parlamentario Mixto en la defensa de esta
proposición no de ley.
Señor Presidente, señorías, estamos convencidos de que el contenido de
las dos proposiciones no de ley es positivo. Cualquiera que conozca la
historia de la comarca de Ferrol sabe perfectamente la importancia
nuclear que tiene la factoría Bazán y la de Astano en relación con la
misma. Hoy hablamos en concreto de Bazán.
Ustedes saben que la importancia de medidas como, por ejemplo, la
prohibición de dedicarse a actividades civiles, repercute en un momento
en el que la carga de trabajo que atraviesa la factoría Bazán es
preocupante.
Desde luego nos alegramos de que medidas como las que se contienen en
nuestra proposición no de ley citada, del 14 de junio, en concreto en el
primer punto donde se decía que la aprobación, antes del 31 de octubre de
este año, de la orden de ejecución de las cuatro fragatas F-100, en
alguna medida sea realidad por cuanto, como se ha dicho anteriormente, el
21 de octubre se ha firmado ya un convenio en el que se plantean la
construcción de esas cuatro fragatas F-100, sin embargo, no cabe la menor
duda de que en estos momentos se está terminando la ejecución del
portaaviones para Tailandia y que la carga de trabajo depende
exclusivamente de un navío LPD que se ejecuta y que en los primeros meses
del próximo año dejaría sin carga de trabajo, si no se pusiera en
práctica inmediatamente el encargo de un nuevo navío de idénticas
condiciones para lo cual la factoría Bazán está en disposición de empezar
inmediatamente las obras, y de esta manera cubrir
ese período transitorio hasta que se hiciera realidad la construcción de
las cuatro fragatas cuya construcción efectiva requiere de unos complejos
estudios previos que necesitan meses y, por tanto, se produciría un vacío
de carga de trabajo que necesitamos cubrir.
De la misma manera, nos parece que las previsiones relativas a la
elaboración de un plan de diversificación, y no sólo a la elaboración
teórica sino la adopción de medidas de dotación para que ese plan sea
efectivo, son urgentes. Estas medidas se contienen en nuestra proposición
no de ley y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, con
detalle, viene a reproducir de la misma manera que, dicho en términos más
genéricos, la proposición no de ley del Grupo Socialista. Habida cuenta
de esta coincidencia, no hemos planteado sino que hemos retirado nuestra
petición de que se debatiera simultáneamente dicha proposición no de ley
nuestra que viene motivada, señorías, por el anuncio de voto en contra
que ha formulado el Grupo parlamentario. Es una posición que no
entendemos. Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular no
dicen nada real que mejore la situación de la factoría Bazán, pero nos
encontramos con que este grupo va a votar en contra.
Confiamos en que la posibilidad de una nueva discusión de nuestra
proposición no de ley e incluso de la proposición no de ley que el Grupo
Parlamentario Popular anuncia, sirva para que dicho grupo reconsidere su
posición en relación con esta empresa tan importante para una comarca que
en estos momentos está sufriendo gravemente toda la reconversión
industrial. La ciudad de Ferrol ha pasado de ser el tercer núcleo
poblacional de la Comunidad Autónoma gallega, a ser el quinto. Ha pasado
de ser una comarca de inmigración a ser una comarca de emigración. Ha
pasado de ser una comarca con un nivel de actividad muy importante, a ser
una comarca en que el volumen de paro supera, como mucho, las medias de
la comunidad autónoma y la media nacional.
Ante esa situación, señoría, creo necesario se adopten medidas como las
que se plantean en esta proposición no de ley, coincidentes con la
nuestra y, por tanto, vamos a apoyarlas.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista solicita un turno breve de
intervención para fijar su posición en relación a la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Mixto.
Para este turno, tiene la palabra la señora Marón, pero por un breve
plazo de tiempo puesto que hemos debatido simultáneamente las dos
proposiciones no de ley.
La señora MARON BELTRAN: Voy a ser muy breve.
Tomo la palabra para fijar la posición con relación al Grupo
Parlamentario Mixto, pero quisiera hacer antes una mención a las palabras
del portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en el sentido de
agradecerle la postura de apoyo.
Lamento la no aceptación por parte de la Mesa de debatir conjuntamente
esta proposición no de ley que en sus dos primeros apartados es
coincidente con la que nosotros hemos presentado. Respetando la decisión
de la Mesa, nos hubiera gustado que se debatieran las tres que estaban
presentadas. Los últimos dos apartados de la misma son susceptibles de
ser asumidos y en un futuro, cuando vuelvan a ser debatidos, por supuesto
los apoyaremos porque con ello abriremos esperanzas para Bazán.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto,
Bloque Nacionalista Galego, no habría inconveniente por parte de nuestro
grupo en apoyar algunos apartados de su proposición no de ley, pero no
parece este momento oportuno porque algunos de ellos requieren un estudio
más pormenorizado de las consecuencias. Al señor Rodríguez que ha aludido
reiteradamente a las reuniones con los sindicatos --también nuestro grupo
ha mantenido esas reuniones--, le diré que, sobre todo en los tres
últimos apartados, no parece que guarden un equilibrio y solidaridad con
otros trabajadores en distintos ámbitos. Por tanto, creo que sería el
momento de no lanzar cortinas de humo sobre lo que es prioritario ahora,
que es la carga de trabajo, y posteriormente, con más sosiego,
estudiaremos estos puntos que como digo podremos asumirlos perfectamente
y vamos a defender, pero de forma paralela, iniciar esa proposición no de
ley que todos los grupos han anunciado para dar viabilidad a la empresa
Bazán.
En cuanto a la postura del Partido Popular, nos parece que quien tiene
que fijar las prioridades presupuestarias en este momento es el Gobierno,
pero hay que ser valientes a la hora de no castigar a Galicia, como ya se
ha hecho con estos presupuestos y ése parece que va a ser el camino a
seguir en el futuro. Todavía queda el Senado para reflexionar y que se
puedan materializar proyectos esperanzadores para la comarca de Ferrol y,
sobre todo para Bazán.
Nuestra postura con relación a la proposición no de ley del Bloque
Nacionalista Galego será de abstención.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones de las proposiciones
no de ley (Pausa.)
Señor Rodríguez, tiene la palabra para aclaraciones.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Quiero decir que los puntos uno, dos, tres,
cuatro y cinco están aprobados por unanimidad del Ayuntamiento de Ferrol
donde están presentes el Partido Popular, el PSOE, Izquierda Unida, el
Bloque Nacionalista Galego y una candidatura independiente y que, además,
los cinco puntos primeros cuentan con el aval del comité de empresa.
El señor PRESIDENTE: Gracias por la aclaración.
Simplemente quisiera aclarar al señor Peralta que si su proposición no de
ley no se ha incorporado al debate conjunto no ha sido porque esta
Presidencia no lo haya permitido. Me ha parecido entender de sus palabras
que no se había podido incorporar por culpa de la Presidencia, y la
verdad es que ha sido por decisión de su propio grupo. Creo que la
intención de su grupo ha sido mantenerla con el ánimo de poder suscitar
un segundo debate en esta Comisión en torno a esta materia.
El señor PERALTA ORTEGA: En nombre de la portavoz del Grupo Socialista le
agradezco esta referencia, señor
Homs, porque creo que ha sido ella quien la ha hecho y yo he dejado claro
que retiraba la enmienda. En nombre suyo, le agradezco la referencia.
El señor PRESIDENTE: Pero a mí me interesa que usted deje constancia de
que esto ha sido así, señor Peralta, porque los autores de la proposición
no de ley son ustedes. ¿Está al corriente la señora Marón de que esto ha
sido así? (Asentimiento.)
El señor HERNANDEZ MOLTO: Por aclaraciones.
Habría estado mejor que el Grupo de Izquierda Unida nos lo hubiera
comunicado porque nos pidió ayuda para incorporarlo. Por tanto, dentro de
este orden de confusión, quería aclarar la posición de todos.
El señor PRESIDENTE: La Presidencia ha hecho una aclaración indirecta
para sutilmente no decirles a ustedes directamente que no era éste el
comportamiento del Presidente (Risas.) Vamos a proceder a la votación. En
primer lugar, pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Mixto,
relativa a actuaciones para favorecer el reflotamiento de la empresa
Picusa, de Padrón (La Coruña).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La segunda votación será la relativa a la proposición del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la contratación directa
por la empresa Astilleros Españoles, de Cádiz, puesto que no se han
presentado enmiendas a la misma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar las dos proposiciones no de ley relativas a la Empresa
Nacional Bazán. Al haber sido rechazadas las dos enmiendas por el Grupo
Popular, no procede someterlas a votación. Vamos a votarlas por separado.
Primero votaremos la del Grupo Socialista y luego la del Grupo Mixto.
Habiendo sido solicitada votación separada de cada uno de los puntos,
vamos a hacer las correspondientes votaciones de los ocho puntos de la
proposición no de ley.
En primer lugar, se somete a votación la proposición no de ley del Grupo
Socialista, relativa a la Empresa Nacional Bazán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley del Grupo Mixto,
también relativa a la Empresa Nacional Bazán. Como he dicho
anteriormente, se va a someter a votación cada uno de los puntos que
contiene esta proposición.
Votación del primer punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Segundo punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Tercer punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Cuarto punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Quinto punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Señorías, ¿podríamos votar los tres puntos que nos quedan conjuntamente?
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Una pequeña tortura a cambio de tanta
actividad... (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Entiendo la palabra tortura, pero no la respuesta.
¿Se pueden votar conjuntamente?
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Sí, porque yo no soy tan torturador. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Se lo agradeceremos.
Se votan a continuación los puntos 6, 7 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 21; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
No habiendo más asuntos que tratar hoy, les informo que está prevista una
sesión de la Comisión de Industria para el día 10 y otra para el día 19.
Hagan sus reservas de agenda.
Ruego a los portavoces de los distintos grupos que se queden un momento
para hacer una breve reunión de Junta de Portavoces y Mesa.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.