CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 76



DE REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS



PRESIDENTE: DON GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA



Sesión núm. 4



celebrada el miércoles, 16 de octubre de 1996



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de personalidades y funcionarios de la Administración del
Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1997. (Número de expediente
121/000015.)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1997. (Número de expediente
121/000015.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, señor
Secretario de Estado y autoridades comparecientes.

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Vamos a iniciar la sesión de nuestra Comisión, prevista para la
comparecencia de autoridades de la Administración del Estado, a fin de
informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997.

Antes quisiera transmitirles el calendario de trabajo inmediato de
nuestra Comisión, según acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces al que
hemos llegado en nuestra última sesión.

Van a comenzar inmediatamente, el día 22 de octubre, los trabajos de la
ponencia relacionada con el proyecto de ley por el que se regula la
competencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas.

Seguidamente, a partir del día 6 de noviembre, abriremos las sesiones de
la ponencia para estudiar el proyecto de ley de organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado, y realizaremos
pleno de nuestra Comisión el 13 de noviembre, miércoles --ya se les
convocará a la hora oportuna--, para dictaminar ambos proyectos de ley,
en la esperanza, si no en la seguridad, de que las ponencias hayan
terminado sus trabajos para los dos proyectos de ley que tenemos sobre la
mesa, en nuestra Comisión. Este es el calendario inmediato de nuestras
sesiones.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(FERNANDEZ DIAZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número
de expediente 212/000337) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de expediente 212/000239).




El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar ya con la sesión de hoy, en la que
van a comparecer diferentes autoridades del Ministerio de
Administraciones Públicas, empezando por el señor Secretario de Estado
para las Administraciones Territoriales, a quien doy, por supuesto, la
bienvenida a esta Comisión.

Comienza interviniendo el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo portavoz,
señor Morlán Gracia, tiene la palabra.




El señor MORLAN GRACIA: Señor Presidente, por parte de mi grupo queremos
dar la bienvenida al señor Fernández Díaz, aunque como miembro que ha
sido de esta Comisión hasta hace muy poco tiempo sabe perfectamente el
funcionamiento de la misma y cómo en otras ocasiones hemos discutido
sobre el contenido de los presupuestos que el Ministerio de
Administraciones Públicas ha presentado al Congreso en estas fechas.

En el ámbito de su competencia, hay algunos aspectos que quisiera me
aclarara. Hay que entender que esta Comisión es únicamente para pedir
información sobre el contenido de los presupuestos, para que nos haga
llegar y nos resuelva las serias dudas que tenemos sobre su contenido y,
por ello, lejos de hacer alguna valoración política en algún momento
determinado, indudablemente vamos a centrarnos en aclarar dudas y
conceptos de lo que a nosotros nos parece que está un tanto oscuro, un
tanto opaco, en el conjunto del presupuesto de la sección 22, en lo que
se refiere a la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, y en las secciones 32 y 33, que hacen referencia a
competencias de su propia Secretaría de Estado.

Empezando por la Sección 32, en el cuadro que ustedes presentan relativo
a la diferencia de programas entre el presupuesto de 1996, que no fue
aprobado o el presupuesto prorrogado, como ustedes llaman de 1996, y el
presupuesto para 1997, existen unas variaciones ciertamente importantes
que, a pesar de que tienen explicación en el texto de presentación del
proyecto, ciertamente es una explicación demasiado genérica y me gustaría
que usted concretara.

Así, en el programa 513.A, cuando se habla de Infraestructura de
transporte ferroviario existe una variación del 36,8 por ciento, es
decir, se sube de 11.000 millones de pesetas de 1996, a los 15.000
millones de pesetas de 1997. Nos gustaría que nos detallara en lo que
usted pudiera esta diferenciación, en qué dirección va, qué compromisos
se adquieren y qué compromisos se atienden con el aumento de esta partida
presupuestaria.

En el programa 513.B, Subvención y apoyo al transporte terrestre, también
existe una diferencia del 18,4 por ciento, y supone que de los 31.000
millones de 1996, se pasa a los 37.000 millones de 1997.

En el programa 911.B, transferencias a comunidades autónomas por
participación e ingresos del Estado, la cuantía también es importante, a
pesar de que ustedes mismos reconocen en el proyecto que no es del 25,7
por ciento, sino del 13 por ciento aproximadamente, debido a
modificaciones presupuestarias que ha habido durante 1996, derivadas de
operaciones crediticias. En este aspecto hay una diferencia de los 1.957
a 2.461 millones de pesetas que figuran en el presupuesto.

En el programa 912.A, transferencias a corporaciones locales por
participación e ingresos del Estado, también hay un aumento del 9 por
ciento, pasando de 1.139 a los 1.242 millones. En el programa 912.C, hay
también una diferencia sustancial del 161 por ciento. Es un incremento
considerable que nos gustaría saber con mucho detalle a qué se refieren
estos 33.000 millones de pesetas de 1997 respecto a los 12.000 millones
de pesetas de 1996. Aquí va incluida una partida de 9.180 millones de
pesetas que está dedicada a financiar las corporaciones locales, como
consecuencia de tener derecho a percibir una cantidad correspondiente al
pago del Impuesto de Actividades Económicas. Nos gustaría saber si es el
conjunto de la partida destinada a este concepto, y en otro caso dónde
contempla el pago de la obligación reconocida por parte del Ministerio de
Fomento del pago del IBI por la ubicación de centrales hidroeléctricas y
térmicas en términos municipales, que no aparece detallada en estos
conceptos. Nos gustaría saber si está o no incluida.

Respecto a lo que es el programa 124.A, desarrollo de la organización
territorial del Estado y sus sistemas de colaboración, existen en sus
distintos capítulos una serie de variaciones que desearíamos nos
explicara. Por ejemplo,



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mientras en gastos de personal mantienen una cifra similar respecto a
1996, en el capítulo 2, gastos corrientes, existe una disminución
importante para lo que es el presupuesto del propio programa; se
disminuye de 85 a 38 millones de pesetas. Desaparecen parte de
arrendamientos y parte de cánones que figuran en el mismo programa. Nos
gustaría saber si tiene algo que ver con la supresión de fianzas a las
administraciones públicas que ustedes en la Ley de acompañamiento
establecen, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos. Curiosamente el
Grupo Popular, cuando se debatió la Ley de Arrendamientos Urbanos, fue
uno de los que más insistió en que las administraciones públicas también
tenían que depositar la fianza correspondiente a la hora de firmar los
contratos de arrendamiento. Esta modificación que plantean me gustaría
saber si la tienen en cuenta aquí o qué tipo de arrendamientos y cánones
van a desaparecer o a disminuir.

También nos gustaría saber de dónde se reducen 22 millones de pesetas de
material, suministros y otros que contemplan dentro de su partida
presupuestaria. Estamos observando que se produce una disminución del
gasto, pero se va a llevar a cabo de tal manera que dentro de poco los
funcionarios van a tener muy complicado poder trabajar, porque me imagino
que a la mesa, a la silla y al teléfono habrá que añadir algunos otros
implementos de carácter informático que faciliten su trabajo y sitúen a
los funcionarios de nuestro país a la altura de cualquier trabajador de
la Administración pública de otros países, que se encuentran en unas
condiciones buenas para desempeñar una función. Si vamos recortando todo
aquello, no modificando el personal, como sucede en este caso concreto y
en otras partidas de estos presupuestos de Administraciones Públicas,
manteniendo el mismo presupuesto de personal, se disminuyen los gastos
corrientes, como ya llevamos un proceso de importante disminución de
gastos corrientes en los últimos tiempos, una disminución tan fuerte como
la que ustedes plantean va a cercenar bastante lo que es el desarrollo de
la función normal dentro de la Administración central de Estado.

En el programa 912.B, sucede más o menos lo mismo, pero al revés. Nos
gustaría saber a qué viene este aumento del gasto corriente. En gasto de
personal es irrisoria la cantidad. La diferencia es aproximadamente de
seis millones de pesetas, de los 456 de 1996, pasa a 450 de 1997, sin
embargo, en gastos corrientes hay un aumento del 12,5 por ciento. Nos
gustaría saber a qué se debe este aumento de gastos corrientes que
nosotros saludamos en tanto en cuanto vaya en beneficio del mejor
funcionamiento y la mejor prestación de los servicios dentro de este
programa. Nos gustaría conocer qué razones motivan que por un lado
disminuyan y por otro incrementen estos gastos corrientes.

En inversiones reales del capítulo 6, en el programa 912, hay una
reducción de 15 millones. Nos gustaría saber en qué dirección y por qué
razón se plantea esta reducción. En el capítulo 7, transferencias de
capital a empresas públicas y otros entes se produce un fenómeno curioso.

En 1996 había 90 millones de pesetas y en 1997 hay 40 millones. Se
disminuyen 50 millones en transferencias al Instituto de Crédito Oficial
por el diferencial de tipos de interés por daños y por inundaciones.

Ustedes piensan que no va a ser necesario que el Instituto de Crédito
Oficial atienda los posibles daños que puedan plantearse, las posibles
catástrofes que puedan producirse. Con esto no se facilita que los
afectados, tanto a nivel personal, como societario, puedan acceder a ese
tipo de ayudas que debe tener la Administración del Estado, cara a
resolver esos problemas que se plantean de manera coyuntural y
excepcional, pero que se plantean. Si disminuyen ustedes esa partida,
están planteando que en un momento determinado, cuando aparezca el
problema tendrán que ir a una ampliación de crédito o tendrán que acudir
a otros sistemas, pero habrá algunas dificultades de desarrollo dentro de
la solución del problema.

En transferencias a corporaciones locales existe una diferencia
importante. Nos gustaría saber por qué se produce una reducción del 37
por ciento. En 1996, en este capítulo 7, transferencias de capital, había
27.000 millones de pesetas, y en 1997 hay 19.754 millones de pesetas. Las
corporaciones locales tienen objetivos de financiación de
infraestructuras y equipamientos, dentro de estas tres líneas que tienen
de actuación que son unas líneas generales relacionadas con planes
provinciales, insulares de cooperación a obras y servicios de competencia
municipal y para cobertura de servicios obligatorios, en esa otra línea
especial de financiación de programas de acción especial en territorios
menos favorecidos, o en la tercera línea sectorial que ustedes definen en
el programa orientada a aquellos servicios locales selectivamente
elegidos que tienden a una vida local más equilibrada, se produce una
reducción que consideramos importante. Nos gustaría saber por qué razón
se produce ésta para nosotros inusitada reducción en un aspecto tan
importante como es el desarrollo o al menos atender a infraestructuras de
equipamiento que son necesarias para la calidad de vida de nuestros
ayuntamientos y de las poblaciones que residen en los mismo.

Por último, quiero indicar que el hecho de que el programa 912.B se
reduzca el 37 por ciento es una cifra que consideramos importante, a
pesar de que me diga que por otro lado vienen otro tipo de aportaciones a
las corporaciones locales, pero da la impresión que van a ir a aspectos
más globales o más generales. Desde luego, no creo que vaya con los
mismos objetivos a los que va dirigido el programa 912.B en su capítulo
7, transferencias de capital.

Por último, señor Presidente, voy a hacer referencia al Fondo de
Compensación Interterritorial. Me gustaría que nos explicara un poco esa
tabla que ustedes plantean dentro del presupuesto, en la que hacen una
distinción o diferenciación importante entre el presupuesto aprobado de
1996 y el presupuesto de 1997. Desearíamos conocer detalles de estas
diferencias entre lo que percibían o perciben las comunidades autónomas
con cargo a 1996 y lo que van a percibir con cargo a 1996 en función de
la participación que tienen asignada.

Con esto, señor Presidente, acabo mi intervención y espero que el señor
secretario de Estado me conteste ahora o si no, que dé la contestación
por escrito a la mayor brevedad posible con la finalidad de ir
presentando las enmiendas que estimemos oportunas.




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El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya va a dividir su intervención en la parte
de Administración territorial centrada en comunidades autónomas que la
haría yo mismo y en la parte destinada a la colaboración o cooperación
territorial con los entes locales que la hará el Diputado José Navas.

En principio, el objetivo de las preguntas que vamos a intentar realizar
al secretario de Estado va dirigido para conocer mejor la propuesta
presupuestaria y para facilitar, ya lo digo de antemano, nuestra
posibilidad de enmiendas. Por tanto, no tiene como objetivo entrar en
controversias, en discusiones teóricas. Tendríamos que decir, señor
secretario de Estado, y es cierto, que el presupuesto del programa básico
de Administración territorial, programa 124.A, de 566 millones de pesetas
es pobre en los recursos, incluso en las cuantificaciones (ya le diré que
tendría usted que medir un poquitín mejor algunos incentivos al
rendimiento y gratificaciones o indemnizaciones por el servicio), pero
muy rico en cuanto al protagonismo y controversia a que su secretaría va
a estar sujeta a lo largo del año. Por tanto, no voy a hacerle preguntas
porque yo creo que su propuesta presupuestaria en cuanto a este programa
que habla del personal, de los funcionarios que usted tiene y de su
funcionamiento es bastante limitado. En todo caso, solamente le voy a
hacer una pregunta y es la referida al artículo 10 de este programa, a si
el número de altos cargos son dos o uno, y qué volumen de vacantes tiene
usted recogido en el artículo 12, que pone funcionarios, si está cubierto
el número de personas que usted tiene incorporado en los anexos de
personal. La segunda pregunta iría dirigida a algo que nosotros siempre
hemos dicho. Hasta ahora hay mucha presupuestación funcional. Yo he hecho
la pregunta de si son uno o son dos, porque no sé si ahora mismo están
cubiertos los altos cargos, suponiendo que son dos. Son 14 millones de
pesetas los que aparecen aquí; en altos cargos hay 14.898.000 pesetas.

Lo más importante para nosotros es conocer de qué manera se objetivan los
números. Hemos ido a la literatura de este programa, a los objetivos que
usted se ha marcado para este programa y a mí me gustaría conocer cómo
distribuyen ustedes los recursos, la presupuestación por objetivos. Yo sé
que en el capítulo 1 va a ser difícil porque unos funcionarios pueden
asesorar jurídicamente a la vez a corporaciones locales y a las propias
comunidades autónomas, pero sería bueno saber cómo distribuyen el volumen
de recursos incluso porcentualmente a cada uno de los objetivos que se ha
marcado porque así veremos si se ha ajustado a la presupuestación por
programas y objetivos o simplemente es una literatura que no obedece a
una valoración en cuanto a qué recursos humanos y en cuanto a qué
recursos materiales ponemos al frente de cada objetivo. Mi pregunta es la
siguiente. Usted para el año 1997 ha definido metas sectoriales --me
imagino son los objetivos de los cuales se derivan después una serie de
actividades-- y una de ellas es afianzar los instrumentos de cooperación
y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Me gustaría
conocer, si es posible, el volumen de recursos en cifras orientativas que
ustedes destinan a ese objetivo.

Luego hay otro objetivo que usted se ha propuesto, que es mejorar,
impulsar y establecer la cooperación técnica y administrativa de la
Administración del Estado con otras entidades territoriales, llámese
comunidades, llámese corporacionales locales fundamentalmente aquí.

Por último, usted tiene un objetivo que es reducir la conflictividad
jurídica Estado-comunidades autónomas. Ese es un objetivo. Lo que el
viento anuncia parece ser que a lo mejor ese objetivo tiene alguna
limitación, por decirlo de alguna manera. Por tanto, a mí me gustaría
conocer qué esfuerzo va a realizar para conseguirlo.

En cuanto al desarrollo y concreción de los objetivos tiene usted
propuestas unas actividades. En el reforzamiento de la cooperación con
las comunidades autónomas y las comisiones bilaterales usted propone
negociar en los casos que proceda los acuerdos de revisión de los
servicios y sus correspondientes medios traspasados con anterioridad.

Esto es muy importante, sobre todo para las comunidades que tienen unas
valoraciones de traspasos muy limitadas o, por lo menos, dicen que
limitadas anteriormente. Fíjese que habla de traspasos realizados con
anterioridad. ¿Piensan ustedes revisar los traspasos anteriores y
proceder a una nueva valoración? ¿De qué manera van ustedes a realizar
esto y cuál va a ser la proyección en los propios presupuestos? Permítame
le diga que mucho me temo --después me referiré a la parte más
inversora-- que tanto la sección 32 como la 33 tendrán modificaciones y
me imagino que esas modificaciones se pueden hacer de muchas maneras.

Siempre que discutimos inicialmente unos presupuestos nos ceñimos a lo
que es previsión --siempre se nos dice es una previsión indicativa--,
pero luego en el devenir del año va teniendo unas modificaciones. Nos
gustaría que hubiese las menores modificaciones. Yo sé que usted en su
etapa anterior fue muy exigente para evitar que hubiese diferencia entre
lo que inicialmente se ha previsto con lo que al final se ha podido
llevar a cabo.

Terminaría esta parte con algo que a mí me ha extrañado enormemente.

Dentro de este volumen de actividades, cuando hablan de garantizar las
actividades jurídicas de la Administración del Estado, ustedes ponen una
dedicación especial para valorar las enmiendas competenciales presentadas
por los diversos grupos parlamentarios. Me gustaría saber si ustedes
tienen un departamento para eso, si es normal que ustedes valoren,
cuantifiquen las enmiendas, si eso se produce previamente, o cuál es la
realidad, porque le auguro y me imagino que después se derivarán de sus
propias propuestas muchas modificaciones reglamentarias o algunas
derivaciones reglamentarias. Quiero centrarme, señor Presidente, señor
secretario de Estado, en los números de los grandes proyectos que usted
nos presenta en la sección 32 y que obedecen a lo que ha estado muy
discutido.

La primera pregunta va dirigida al programa 911.B, transferencias a las
comunidades autónomas por participación en los ingresos del Estado.

Cuando para el año 1997



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ustedes proponen 2,3 billones de pesetas para transferir a las
comunidades autónomas ¿lo hacen sobre el sistema de financiación anterior
o sobre el que ha aprobado el Consejo de Política Fiscal y Financiera del
día 23 ó 24 --no sé el día exacto--? Y si es así, si obedece solamente a
la realidad anterior, ¿cuál es la modificación que ustedes tienen
prevista o en 1997 son estas cifras las que van a funcionar?
La segunda pregunta va dirigida en este mismo programa a algo que ponen
ustedes y que yo tengo dificultad para controlar y es el concepto 453.

Ustedes proponen 10.000 millones de pesetas para hacer efectivas las
asignaciones de nivelación de los servicios públicos fundamentales. ¿Cómo
se van a distribuir? Dicen: por lo que acuerden las comisiones mixtas.

¿Es una cifra orientativa? ¿Es una cifra tentativa? ¿Va a tender al alza
o a la baja? ¿Sobre qué criterios están trabajando ustedes para la
precisión de estos 10.000 millones de pesetas? Yo sé que esto está
concretado en el último Consejo y es posible que no haya datos todavía,
pero, lógicamente, estamos aprobando esta cifra y no sabemos si obedece a
una valoración de ustedes o es simplemente simbólica. Si usted me dice
que ha puesto 10.000 millones de pesetas como podía haber puesto 5.000 ó
15.000 millones de pesetas y que lo van a estudiar con cada comunidad
autónoma, yo me doy por satisfecho.

La pregunta siguiente va dirigida a la sección 33, que habla del Fondo de
Compensación Interterritorial. Ustedes cumplen parcialmente un
compromiso, suben el Fondo de Compensación Interterritorial en 5.000
millones de pesetas, pero la distribución de este fondo funciona mediante
una ley; por tanto, la evolución de la ley es la que indica una
distribución interna. ¿Piensan ustedes proponer la modificación de esa
ley durante el año 1997? Si no se modifican los criterios de esa ley,
aunque aquí se especifiquen 5.000 millones más, habrá comunidades que
dejen de percibir asignaciones del FCI. Ustedes vana contar con una
innovación en los criterios de inversión nueva del Estado y por
financiación, extrapresupuestaria, por financiación de lo que pudiéramos
llamar en la sombra, van a invertir indirectamente un volumen de
millones. Por tanto, no sabremos cómo podrá atribuirse la inversión
nueva, a la hora de cuantificar el porcentaje, ya que, como usted sabe,
la ley habla de un porcentaje. En todo caso, mi pregunta es si se han
ajustado o se piensan ajustar los conceptos de esa ley para la
distribución del FCI con independencia de la distribución de esos 5.000
millones, una subida que no sé ahora mismo si estará en torno al 35 o al
36 por ciento de la inversión nueva del Estado.

Por otro lado, a mí me gustaría que usted nos explicara las
cuantificaciones de tres programas que son complementarios y que
colaboran con los entes territoriales de las comunidades autónomas.

Fundamentalmente, el programa 513.B, que habla de subvenciones y apoyo al
transporte. Todos éstos obedecen, señor secretario de Estado, a los
contratos-programa que el Estado tiene suscritos. Estos
contratos-programa van destinados a Cataluña en un volumen de 14.556
millones de pesetas; a Valencia, para los ferrocarriles, en 2.000
millones de pesetas y para Madrid, en 20.000 millones de pesetas. Este
programa me imagino que obedece a un contrato-programa anterior. Mi
pregunta es: ¿estas cifras se han concretado porque en los
contratos-programa se decía que para 1997 irían estas cifras? ¿Han
desarrollado, interpretado o renegociado esos contratos-programa con las
comunidades autónomas y por tanto los han variado y concretado o --y ésta
sería a tercera pregunta-- piensan estudiar la modificación de estos
contratos, que al final significan 37.000 millones de pesetas?
¿Por qué le pregunto esto señor secretario de Estado? Porque a nosotros
no nos gusta, primero, que se incumplan compromisos anteriores, pero
sobre todo que no se establezca una relación bilateral entre el Estado y
cada una de las comunidades y se busquen compensaciones bilaterales en
las que se puedan subir o bajar determinadas inversiones. Es decir, que
se utilicen en la negociación como instrumentos de presión determinados
programas en marcha o que obedecen a actuaciones muy puntuales. Por
ponerle un ejemplo, hay un programa de subvenciones a inversiones que se
refiere a un plan de Teruel. Usted sabe que Aragón no se incorpora al FCI
ni a los fondos y le concedemos un programa para una zona que lo
necesita, se trata de un programa de 1.800 millones de pesetas.

Por otro lado, tenemos 6.000 millones para la policía catalana, que me
imagino obedecerá a la puesta en marcha de los mossos d'Esquadra.

Por último, señor Presidente, hay dos programas que hacen referencia a la
inversión nueva en infraestructuras ferroviarias. Para ello han puesto en
marcha una fórmula en la ley de acompañamiento por la que crean una
sociedad estatal que gestionará las infraestructuras, igual que Renfe,
una sociedad para la gestión de la conservación de esas infraestructuras.

Ustedes proponen 4.300 millones de pesetas para Cataluña, inversión nueva
para el ferrocarril metropolitano de Barcelona; 3.000 millones de pesetas
para Valencia y 7.700 millones de pesetas para Madrid. Es verdad que en
el consorcio van dos: por un lado, el Consorcio Regional de Transporte de
Madrid, y por otro lado, el ferrocarril metropolitano.

Mi pregunta va dirigida a saber si estas inversiones por transferencia de
capital obedecen a compromisos anteriores. ¿Los proyectos corresponden a
la proyección plurianual relativa a este año en estas cuantías u obedecen
a recepciones de compromisos anteriores?; es decir, ¿qué derivación han
tenido estos programas, se ha transferido algo del año pasado, por no
estar comprometido en la ejecución de la anualidad anterior, obedece
simplemente a la previsión de este año o pretenden renegociar o
establecer una nueva dinámica?
Y termino. El Consorcio de Santiago de Compostela cuenta con 2.065
millones de pesetas, un ente público para invertir, me imagino, en la
Catedral de Santiago. Mi pregunta es: ¿se va a mantener este programa?
¿Se piensa abrir otros programas con otras comunidades para estas mismas
actuaciones?
Señor Presidente, creo que con estas preguntas hemos intentado hacer un
recorrido por los compromisos presupuestarios de esta Secretaría de
Estado. Me gustaría que las respuestas nos las dieran por escrito, a fin
de que fueran más precisas, pues aquí no se trata de pillar en un
rifirrafe sistemático al secretario de Estado. A través de la Presidencia



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se nos podrían hacer llegar, no a mi grupo sino a todos los grupos que
están en la Comisión, antes del día 24 para poder formular mejor las
enmiendas. Si llegan después, la comparecencia habrá tenido una utilidad
solamente discusiva, pero no la presentación de enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Señor Navas Amores.




El señor NAVAS AMORES: Señor Secretario de Estado, a la hora de valorar
los Presupuestos Generales del Estado destinados a corporaciones locales,
voy a hacer una reflexión comparando algunos criterios contenidos en el
presupuesto con los ejercicios anteriores, que creo es una forma de
conocer la evolución de las intenciones del nuevo Gobierno, en cuanto a
algunos objetivos fundamentales.

Una de las comparaciones que no quiero dejar pasar por alto es la
relativa a los acuerdos o protocolo que tenían suscrito la Administración
y los sindicatos en cuanto a las condiciones de trabajo en la función
pública para el período 1995-97. Estos acuerdos englobaban múltiples
facetas, una de las cuales era incremento de retribuciones para 1996 y
1997.

Evidentemente, ambas partes tienen que negociar distintas opciones,
distintas ventajas e inconvenientes y lo que ustedes han conseguido con
el criterio que el Gobierno está aplicando en el conjunto de la
Administración pública es cargarse una negociación en la que los
sindicatos se habían comprometido llevar hasta el final y en la que este
año contemplaba una subida del orden del 2,6 por ciento.

Otra de las cuestiones que se destaca en el contenido del presupuesto es
que no se incorpora una estructura importante dentro de lo que es la
Administración local. Me gustaría que usted me explicase cuál es el
criterio que piensa desarrollar su ministerio al respecto, si realmente
la estructura dedicada a Administración local es suficiente o piensan
modificarlo y espero que sea al alza, porque nuestro criterio es que
actualmente tiene una infravaloración en cuanto a las dotaciones del
departamento.

Existe una serie de modificaciones importantes en la Ley de haciendas
locales. Nosotros consideramos que la ley de acompañamiento no es el
mejor camino para hacer modificaciones sustanciales en algo que tanto
afecta a todos los municipios y a uno de sus problemas fundamentales,
como es la financiación y todo lo que lleva aparejado de control del
gasto, disponibilidad, etcétera. Someramente voy a hacer un enunciado de
las modificaciones que se introducen para el acceso a nuevas operaciones
de crédito; la necesidad, en algunas circunstancias, de aprobar planes de
saneamiento; la limitación de las operaciones de tesorería respecto a la
capacidad que tenían anteriormente de acceder a nuevas operaciones; la
concertación de operaciones de crédito; la regulación de operaciones de
crédito, que se podrán realizar en situación de prórroga de presupuestos,
etcétera. Esta serie de modificaciones van a afectar lógicamente al
funcionamiento de las corporaciones locales y nosotros entendíamos que
debían tener un tratamiento específico que supondría un debate
monográfico al respecto. Es decir, situar la globalidad de los problemas
de financiación local y su problemática general en cuanto al control
presupuestario para llegar a la conclusión de si realmente es necesario
cambiar criterios fundamentales contenidos en la filosofía de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales o son suficientes parches y
modificaciones parciales en cada presupuesto.

Concretaría una serie de preguntas al respecto. ¿Cuál es la evolución que
ustedes realizan de los objetivos fijados en la Ley Reguladora de
Haciendas Locales respecto a la ordenación de un sistema financiero
encaminado a la realización de los principios de autonomía y suficiencia
financiera, algo que está recogido en el apartado II de la exposición de
motivos? En esa misma línea, si con estas modificaciones que incorporan
en el proyecto de ley, ustedes dan por cerrado el largo período de
transitoriedad que en la Ley Reguladora de Haciendas Locales se decía que
se ha venido desenvolviendo la actividad financiera en el sector local.

¿Cómo explica el hecho de que en los cinco años transcurridos desde 1991
a 1995 la deuda pública de los municipios haya crecido más del 40 por
ciento, situándose desde los dos billones 299.400 millones hasta los tres
billones 298.000 millones, cuando realmente estamos hablando de
enunciados en la propia ley? Parece absurdo, es una contradicción, que
con una ley tan maravillosa se puedan seguir produciendo aquellas causas
que se pretendía subsanar.

También quisiéramos conocer cuál es el escenario que ustedes dibujan para
los próximos años en la evolución de la deuda municipal y de alguna forma
el ataque frontal a esa situación de asfixia financiera que viven los
ayuntamientos. En esa situación de demanda de nueva financiación hay
municipios que no pueden atender sus obligaciones más acuciantes. ¿Se ha
considerado la posibilidad de incorporar una asignación complementaria
para aportar a aquellos municipios que no pudieran prestar adecuadamente
los servicios públicos obligatorios? ¿Se tiene constancia de a cuántos
municipios podría afectar esta circunstancia?
Dentro del apartado de fondos de cohesión, me gustaría que nos explicase
a qué se debe la disminución de 5.000 millones de pesetas que se refleja
en la evolución de lo presupuestado de 1996 a 1997, con un descenso del
31 por ciento. Dentro de la sección 22, sobre cooperación local, queremos
que nos detalle las aportaciones que hace por separado tanto el Estado
como las corporaciones locales y la Unión Europea respecto a los
objetivos sobre red viaria local, fondo de infraestructuras locales,
programas operativos locales, etcétera. No hemos encontrado ninguna
valoración de qué puede suponer para el presupuesto la aplicación del
pacto local, si se lleva definitivamente a la práctica ese acuerdo.

Estamos hablando de descentralizar, de que los ayuntamientos apliquen
principios de subsidiariedad, pero no hemos encontrado una reflexión
económica al respecto. Si queremos situar a los ayuntamientos en ese
nivel de importancia que parece persigue el pacto local, no se podría
alcanzar nada si no va acompañado de la aportación económica necesaria.

Hay una serie de datos en la misma línea que han hecho referencia los
anteriores portavoces y cuando tenga oportunidad rogaría que nos los
proporcionara. Quisiéramos



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conocer cuál es la evolución de la presión fiscal por comunidades
autónomas, por tamaño de municipios, con el mismo tamaño que viene
contemplado en las tablas de distribución en los servicios del Estado:
500.000, 50.000 habitantes; es decir, la evolución por comunidades
autónomas y tamaño de municipios. Cuál es la evolución de la presión
fiscal por los tributos locales en los últimos cinco años y cuál es la
evolución del endeudamiento anual también con esos mismos criterios.




El señor PRESIDENTE: Voy a conceder la palabra a continuación al señor
secretario de Estado. Le recuerdo, como han hecho los portavoces de los
grupos parlamentarios, la posibilidad de contestar por escrito a alguna
de la multitud de cuestiones que se le han planteado, siempre por
conducto de esta Presidencia y con tiempo suficiente para que se puedan
aprovechar las informaciones que emita al hacer las oportunas enmiendas
al presupuesto.

Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Muchas gracias a los señores portavoces de los grupos
parlamentarios que han solicitado mi comparecencia. Tengo que decir que
para mí es una satisfacción tener la oportunidad de volver a esta casa,
sede de la soberanía nacional, y a la que he tenido el honor de
pertenecer durante unas cuantas legislaturas.

Como muy bien me recordaban los portavoces, conozco el trámite en que
estamos y ya por anticipado comunico a la Presidencia que haré uso de esa
posibilidad de contestar por escrito en el espíritu y en la letra de lo
que son estas comparecencias, a fin de aclarar a los grupos
parlamentarios cuestiones relacionadas con el proyecto de ley de
presupuestos a efectos de que, una vez aclaradas las dudas que suscita
ese proyecto, puedan presentar las correspondientes enmiendas con mayor
conocimiento de causa. Lo digo porque hay muchas cuestiones que en estos
momentos me siento incapaz de contestar porque no tengo suficiente
conocimiento. Son algunas de ellas especialmente casuísticas y me
comprometo a hacérselas llegar vía Presidente de la Comisión en el plazo
que me han señalado. En todo caso y a esos efectos también agradeceré que
la copia taquigráfica que recoge sus intervenciones la podamos tener
nosotros con tiempo suficiente, ya que no he podido tomar nota de todas y
cada una de las cuestiones, y alguna de las mismas no las entendía o no
he escuchado con suficiente nitidez el programa concreto al que se
refería porque mientras escribía alguna de sus preguntas se me han
escapado otras.

Hecha esta aclaración inicial, intentaré contestar, en la medida de mis
conocimientos y de mis posibilidades, a la mayoría de cuestiones que me
han formulado. Contestaré desordenadamente para estructurar mejor mi
intervención.

El señor Morlán, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, me
ha planteado cuestiones que afectan a diversos programas que están dentro
del ámbito del Ministerio de Administraciones Públicas y concretamente
dentro de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales. Aludía, entre otras cuestiones, a que dentro de los dos
programas que gestiona esta Secretaría de Estado, el 124.A y el 912.B, en
relación con el primero se produce un descenso en los gastos corrientes
de 22 millones correspondiente a suministros, entiendo que bienes y
servicios; y por el contrario planteaba la contradicción aparente que se
producía en relación con el programa 912.B donde había un incremento de
los gastos corrientes del 12,5 por ciento. Preguntaba por esta
contradicción. Decía que asimismo dentro del programa 912.B se producía
un descenso en inversiones reales de 15 millones de pesetas. A su vez,
que dentro del capítulo 7 veía un descenso de 50 millones de pesetas de
transferencias al ICO, de 90 millones por un lado y de 40 millones por
otro, y planteaba que dado que esas transferencias al ICO se habían
producido para cubrir algunos diferenciales en los tipos de interés de
los créditos extraordinarios que vinieron para sufragar los gastos
originados por algunas catástrofes, concretamente inundaciones de 1989,
si nosotros pensábamos, si he interpretado bien, que no iba a haber más
catástrofes este año y en su caso si iríamos a la fórmula de ampliación
de créditos que tanto criticábamos en el pasado.

En relación con el programa de cooperación local del Estado, sobre todo
ha centrado sus preguntas en el excesivo descenso que ha tenido este
programa en cuanto a su dotación en relación con lo que era la misma en
ejercicios anteriores. Después, dentro de las secciones 22, 32 y 33, se
ha referido a cuestiones muy concretas. Intentaré contestar a las mayores
posibles y las demás --repito-- lo haré por el trámite de la respuesta
por escrito. También me preguntaba, creo que así interpreto la globalidad
de su intervención, por el Fondo de Compensación Interterritorial y la
tabla que aparece en el proyecto de presupuestos donde se recogen las
inversiones que irán destinadas a las diez comunidades autónomas
destinatarias de esas inversiones del FCI, las comparaciones respectivas
entre las previstas en este proyecto de ley para 1997 y la relación con
las mismas del ejercicio anterior, así como los criterios que se han
utilizado para obtener --creo que no interpreto mal-- estas cuantías,
estos destinos para las respectivas comunidades autónomas.

En relación con el programa 124.A, en el que se produce un descenso en
gastos corrientes, me aceptará, señor Morlán, que, en principio, es una
filosofía general de todo el mundo --no sé si justa o no-- que hemos de
intentar disminuir los gastos corrientes y hemos de conseguir una
Administración cada vez más austera, una Administración, sin perjuicio de
esa austeridad, cada vez más eficaz en el servicio a los ciudadanos y una
Administración que cumpla con el mandato constitucional de servir con
objetividad a los intereses generales de los ciudadanos. En todo caso,
estoy seguro de que compartirá conmigo que la dotación de este programa
124.A, 566 millones de pesetas, es especialmente austera para gestionar
nada más y nada menos que, básicamente, la organización territorial del
Estado en lo que hace referencia, fundamentalmente, a la implementación
de los mecanismos e instrumentos de cooperación multilateral y bilateral
con las comunidades autónomas, y también con las corporaciones locales.

Verá usted que hay



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una continuidad prácticamente total en relación con lo que es la dotación
de este programa respecto a ejercicios anteriores, y con esto no quiero
decir más que una cosa, que eso supone financiar a la Dirección General
de Cooperación Territorial dependiente de esta Secretaría de Estado, que
presta sus servicios a mi juicio con una gran eficacia y con una gran
calidad, con la importante función que, dentro de esta Secretaría de
Estado y dentro del esquema general de organización de la Administración
general del Estado, tiene por finalidad; implementar y desarrollar
efectivamente el principio de cooperación, que, si bien no está definido
explícitamente en la Constitución, como ha señalado la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, se deriva necesariamente de ella. Sin el
desarrollo efectivo del principio de cooperación, a nivel sectorial, a
nivel bilateral y a nivel multilateral, el Estado autonómico simplemente
no funcionaría. Desde luego, que a esto se destinen 566 millones de
pesetas en los presupuestos creo que dice mucho en favor de los
funcionarios, de los empleados públicos, que están dedicándose a esta
función. El presupuesto prácticamente no varía en relación con años
anteriores y lo que representa la disminución de los gastos corrientes es
que, aun con todo eso, intentamos conseguir, en la parte alícuota que nos
corresponde, unos presupuestos para 1997 que nos permitan a todos cumplir
lo establecido en el programa de convergencia, a efectos de que España
consiga aprobar ese examen, tipo test, al que se nos someterá a 31 de
diciembre de 1997. Eso es lo que, en definitiva, refleja, repito, esa
reducción de 22 millones de pesetas, muy simbólica y pequeña, pero en
todo caso significativa, dada la modestia del presupuesto del programa
124.A, que se recoge en estos presupuestos. No tiene más que esa
explicación.

En el programa 912.B, sin embargo, se produce un incremento de gastos
corrientes del 12,5 por ciento. No hay contradicción porque, lógicamente,
se puede reducir en unos supuestos y no en otro. El programa 912.B es el
relativo a la cooperación local del Estado, como usted sabe. El órgano
gestor, fundamentalmente, en la perspectiva de la Administración general
del Estado y en lo que es mi responsabilidad inmediata en este supuesto
es la Dirección General de Régimen Jurídico y Económico Territorial. Le
quiero significar, señor Morlán, que esta dirección general es la
resultante de la fusión de dos direcciones generales preexistentes, la
Dirección General de Acción Económica Local del Estado y la Dirección
General de Régimen Jurídico. Dentro de la política del Gobierno de
supresión de altos cargos y reducción de la Administración central del
Estado, a mi Secretaría de Estado le correspondió reducir un tercio de
sus direcciones generales, una de tres, y esto ha ocasionado que en
algunos supuestos, como en éste, se hayan tenido que incrementar los
gastos corrientes en la medida que se ha reducido estructura de personal.

En cuanto al programa de cooperación local del Estado, quiero recordar a
SS. SS. que es un programa especialmente importante, y me permitiré una
reflexión política que creo les puede ilustrar a la hora de saber
interpretar mejor las finalidades de estas comparecencias y, después, a
través de sus grupos parlamentarios, plantear las enmiendas que ustedes
decidan al proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Las
corporaciones locales, como ustedes saben --las entidades locales, en
general-- según ha señalado una reiterada jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, tienen carácter bifronte en el sentido de que tienen una
doble dependencia, del Estado y de las comunidades autónomas. La
bifrontalidad en lo que hace referencia al Estado la representa,
fundamentalmente, el programa de cooperación local del Estado. Es un
programa que tiene su regulación jurídica básica, como saben, en el Real
Decreto 665/1990, que se desarrolla a través de diversas líneas de
actuación y diversos programas de carácter general, como el plan de obras
y servicios, la red viaria local, los programas de ayuda a zonas que la
requieran de una forma especial, las anteriores comarcas de acción
especial, zonas del territorio nacional especialmente deprimidas, con
unas especiales carencias y déficit en materia de infraestructuras,
etcétera, y otras líneas de actuación especiales, como pueden ser los
programas o líneas de ayuda para los equipamientos selectivos. Este
programa de cooperación local del Estado tiene, por tanto, una especial
trascendencia, además moviliza, con un efecto multiplicador, recursos de
otras instituciones y constituye, sin duda, para los municipios pequeños
y medianos de nuestro país, la principal fuente de recursos para hacer
frente a las inversiones que necesitan a fin de mejorar sus
infraestructuras, en general.

Me permitirán que aquí haga una conexión con las últimas preguntas del
representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, señor Navas
Amores, que me decía si precisamente en este ámbito le podía dar yo
cuenta, por separado, de las aportaciones de las diferentes instituciones
que financian el programa de cooperación local del Estado. Para el año
1996, y como ejemplo de lo que estoy diciendo, al programa de cooperación
local del Estado que antes de la no disponibilidad del crédito 200.000
millones, que supuso casi 2.900 millones para este programa, con un
volumen de recursos aportados por el Estado de 26.742 millones, las
diputaciones aportaron 35.000 millones más; los ayuntamientos, 20.493
millones más; las comunidades autónomas, 4.004 millones; la Comunidad
Europea, 13.346 millones; y otros, 948 millones. De tal suerte que los
26.700 millones iniciales presupuestados en este programa 912.B que
estamos comentando, por el efecto multiplicador de integración de
esfuerzos de otras instituciones con esa finalidad, en este ejercicio se
convertirán en 100.615 millones de pesetas. Por tanto, yo aquí plantearé
siempre --y, desde luego, estaré encantado de que ustedes ayuden con
enmiendas en este sentido-- que en el programa de cooperación local del
Estado, para defender la bifrontalidad del Estado en relación con las
entidades locales y para ayudar de esta manera a mejorar la calidad de
vida y la prestación de los servicios básicos que tienen encomendados los
municipios en la Ley 7/1985, se incremente esta dotación. Lo que pasa es
que este ministerio, como todos los ministerios, ha de ser solidario con
la acción del Gobierno. Saben ustedes que los presupuestos de este año
son muy restrictivos y, ciertamente, la reducción que experimenta este
programa es una reducción sensible. En términos relativos, en relación
con el ejercicio 1996,



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sobre el presupuesto originario el 28,8 por ciento de reducción, sobre el
presupuesto real, una vez deducidos los 2.900 millones en que se redujo
el presupuesto de este programa con ocasión del acuerdo del Consejo de
Ministros de no disponibilidad de créditos por 200.000 millones, la
reducción es de un 20,3 por ciento, aproximadamente. Muy sensible,
ciertamente pero en todo caso obligada por las circunstancias. Repito
que, como ustedes comprenderán, estaríamos encantados de que la dotación
fuera mayor, pero ésta es la situación en que nos encontramos y el
objetivo de contención del déficit, en el que está absolutamente volcado
el Gobierno --y entiendo que todas la fuerzas políticas e instituciones
del país--, lo hacen necesario e indispensable.

Asimismo, el señor Morlán, del Grupo Parlamentario Socialista, me
preguntaba por el FCI, la relación entre las inversiones previstas
procedentes de la dotación del FCI que contienen estos presupuestos, su
proyección por comunidades autónomas para el año 1997 y su relación con
las previstas en el año 1996. Aquí me permitiré enlazar con las preguntas
que ustedes me han hecho respecto a esta cuestión. Ustedes saben que el
FCI aparece regulado en el artículo 158 de la Constitución, como
instrumento básico para hacer efectivo el principio de solidaridad y
cohesión interterritorial consagrado en la Constitución. Ese Fondo de
Compensación Interterritorial después aparece regulado por una ley de
1990, que además precisamente por las características de este Fondo tiene
una tramitación especial en las Cortes Generales, con un protagonismo de
la Cámara teóricamente especializada en la representación territorial,
que es el Senado. Esa ley de 1990 establece los criterios legales, y
después la concreción de esos destinos se establece por consenso con las
comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. En principio, el Gobierno, que yo sepa por lo menos en estos
momentos --y creo que hoy por hoy lo sabría--, no tiene previsto, cuando
menos a corto plazo, modificar la ley que regula el Fondo de Compensación
Interterritorial. Lo que sí se ha hecho ha sido, precisamente en un año
en el que hemos tenido que negociar con las comunidades autónomas un
nuevo modelo de financiación autonómica en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera para el quinquenio 1997-2001, y dado que
pudieran existir algunos recelos en relación con que ese modelo podía
originar algunos desequilibrios territoriales no queridos por el Gobierno
y, en todo caso en la convicción del Gobierno de que no será así, pero
para mayor garantía y tranquilidad de las comunidades autónomas con menor
nivel de renta; lo que se ha hecho, repito, ha sido descongelar la
dotación del Fondo de Compensación Interterritorial y, pese a que estamos
en un año de enorme restricción y austeridad presupuestaria,
incrementarlo en 5.000 millones de pesetas, pasando, en cifras redondas,
de 128.000 a 133.000 millones de pesetas, lo que supone, si no recuerdo
mal, un incremento de un 3,4 por ciento.

¿Qué es lo que ha supuesto? Aplicar estrictamente los criterios que se
determinan en la Ley reguladora del fondo y los mismos que se aprobaron
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la sesión que, si no
recuerdo mal, fue de 20 de enero de 1992, y aprobó el modelo de
financiación para el quinquenio 1992-1996 que finalizará el 31 de
diciembre de este año.

Esos criterios yo se los recuerdo a ustedes brevemente, pero son
exactamente criterios técnico-matemáticos. No ha habido ningún tipo de
decisión política en este caso. Es decir, es aplicar a los 133.000
millones las mismas líneas que se establecían para los 128.000 millones.

Eso da una resultante que se traduce en comunidades autónomas.

Como ustedes saben, no se han modificado tampoco las comunidades
autónomas destinatarias del Fondo de Compensación Interterritorial. Son
las diez que ya existían, que coinciden con las regiones objetivo uno a
efectos de la Unión Europea; comunidades autónomas que tienen un nivel de
renta inferior al 75 por ciento de la renta media comunitaria. Son las
diez mismas que existían antes e incluso, insisto, con los mismos
criterios se produce lógicamente un incremento proporcional en los
destinos de esas inversiones del FCI en esas comunidades autónomas.

Si quieren les recuerdo los criterios: una vez determinado el volumen del
FCI, en este caso, insisto, 133.000 millones, su importe ha sido
repartido entre las comunidades autónomas beneficiarias según las
siguientes variables distributivas: población, 87,5 por ciento; saldo
migratorio, 1,6 por ciento; paro, uno por ciento; superficie, tres por
ciento, y dispersión de la población, 6,9 por ciento.

Una vez efectuado el reparto del fondo en función de las variables y de
las ponderaciones que acabo de citar, el resultado obtenido se
redistribuye en función de las variables inversas de la renta e
insularidad --exactamente como se aplicaba antes--, y eso da, repito,
como resultante lo que usted me comentaba, y que se traduce en que las
comunidades autónomas destinatarias del fondo, que son Andalucía,
Galicia, Castilla-León, Extramadura, Castilla-La Mancha, Comunidad
Valenciana, Canarias, Principado de Asturias, Región de Murcia y
Cantabria, pasen a obtener esos recursos, que va a significar que
Andalucía obtenga el 39,95 por ciento del total; Galicia, el 18,23;
Castilla-León, el 8,95, etcétera, hasta sumar cien. Es decir, en este
sentido en el trámite de aclaración no hay ninguna novedad, sino que se
han distribuido proporcionalmente los 5.000 millones adicionales con esas
resultantes.

Me preguntaba el señor Ríos, también en relación con el programa 124.A,
sobre los 566 millones, y decía que este programa es pobre en recursos y
rico en protagonismo y en objetivos, y que desde esa perspectiva le
parece limitado. Yo se lo agradezco, porque no es una felicitación, en
todo caso, a mi persona. Había otro titular en esta Secretaría de Estado
que ha estado durante muchos años y ha funcionado con ese presupuesto, y
yo, en sus comparecencias, se lo reconocía; él lo recordaba, y creo que
es justo y necesario hacerlo, porque, efectivamente, la Dirección General
de Cooperación Territorial juega, en lo que es la estructura de la
organización de la Administración general del Estado a nivel central, un
papel decisivo, yo creo que políticamente cada vez más importante y
trascendente, y en el futuro, sin duda, habrá que potenciar ese órgano de
la Administración, dado que en un esquema de un Estado autonómico que ya
empiece a consolidar su delimitación competencial



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interna y que se tenga que preocupar menos de estar transfiriendo
competencias de la Administración central a las administraciones
autonómicas, en lo que se tendrá que poner el acento es precisamente en
la potenciación de los instrumentos de cooperación, insisto, tanto a
nivel bilateral y multilateral como a nivel sectorial. Eso exigirá,
lógicamente, mayores dotaciones, mayores recursos, mayores medios
personales y mayores medios materiales.

Le pondré un ejemplo. Como señalaba el Presidente van ustedes a tramitar
próximamente el proyecto de ley que regula la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas. Un ejemplo muy específico de
conferencia sectorial que reúne al Gobierno central y a los gobiernos de
las comunidades autónomas representados a través de sus responsables a
nivel de Consejo Ejecutivo de las relaciones con las comunidades
autónomas y las comunidades europeas.

Cada vez es más necesario el implicar de una manera adecuada los
esfuerzos y las relaciones de la Administración central con las
administraciones autonómicas en orden a garantizar su presencia en el
ámbito de las comunidades europeas y a garantizar la participación
efectiva de las mismas en lo que ha de ser la voluntad del Estado ante
las instituciones comunitarias, y también garantizar la participación de
las comunidades autónomas en la aplicación del derecho comunitario,
reglamentos y directivas comunitarias en lo que es su ámbito
competencial.

Todo eso va a generar crecientemente mayores necesidades de recursos
humanos y materiales por parte de la Administración del Estado para hacer
efectiva esa demanda de las comunidades autónomas de participar de una
manera más intensa, insisto, en todo el proceso europeo, lógicamente
dentro de su ámbito competencial y ciñéndonos exclusivamente a lo que son
políticas comunitarias y, por supuesto, no a lo que pueden ser otros
pilares, el segundo y tercero, de la Unión Europea, que ya no son
políticas comunitarias, sino que, por afectar a la seguridad, a la
defensa, a la justicia o a interior, pertenecen al ámbito de las
políticas intergubernamentales y no son competencia de las comunidades
autónomas.

Es una reflexión que me permito al hilo de la suya, puesto que coincido,
señor Ríos, con su planteamiento.

Me preguntaba, en relación con ese mismo programa 124.A, si los altos
cargos son dos o uno. Yo lo que sí le puedo decir es que en esta
Secretaría de Estado, de la que soy titular, estoy yo y hay dos
directores generales. Yo me lo planteaba cuando usted me hacía la
pregunta y decía que hay una dotación presupuestaria en torno a 14
millones. La retribución de un Secretario de Estado aparece en los
presupuestos, que es en torno a 10 millones de pesetas brutas, no 14
millones; por tanto, si aparece 14, desde luego no puede ser uno ni dos,
porque las retribuciones de un director general tampoco son cuatro. Yo
procuraré que me lo aclaren, porque, ya digo, hay un secretario de Estado
y dos directores generales. Si se consideran altos cargos también a los
subdirectores generales, desde luego ya no serían ni uno ni dos, serían
muchos más. Yo creo que la Lofage nos lo aclarará bastante, porque ahí
aparecerán órganos superiores: ministros y secretarios de Estado; cargos
directivos, secretarios generales, subsecretarios, directores generales,
secretarios generales técnicos, etcétera; todos ellos altos cargos, pero
hasta ahora hay una indefinición jurídica en lo que yo sé.

En todo caso, le contesto, señor Ríos, que si es uno no tiene una
retribución de 14 millones. No pueden ser dos. En todo caso, han de ser
tres. Lo intentaré aclarar.

Me pregunta por el número de vacantes y si tenemos todas las plazas
cubiertas. No; me consta que hay vacantes. No le puedo dar el dato. Si
usted lo quiere yo se lo proporcionaré, pero desde luego me consta, por
el conocimiento que tengo de las direcciones y de los órganos directivos
que dependen directamente de esta Secretaría de Estado, que no tenemos
cubiertas todas las plazas que aparecen en las RPT.

Me hablaba de los recursos y su presentación por objetivos en relación
con el año 1997. Me ha hecho algunas referencias especialmente
significativas. Me pregunta que como los objetivos del programa 124.A son
afianzar los instrumentos de cooperación, qué recursos hay. De alguna
manera ya le he contestado o he pretendido hacerlo con esta reflexión que
he hecho anteriormente.

Me dice que hay que afianzar los instrumentos de cooperación técnica y
administrativa con otras administraciones territoriales. Efectivamente.

Yo le puedo decir que en estos momentos, una vez que se ha constituido el
pasado mes de julio la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales en el
Ministerio de Trabajo, que era la única que quedaba pendiente de
constituirse de acuerdo con los compromisos adquiridos en los acuerdos
autonómicos de 1992, hay 24 conferencias sectoriales ya constituidas, de
las cuales puedo decirle que hay 18 que tienen un reglamento de
funcionamiento y que acredita que esas conferencias funcionan yo creo que
relativamente bien. Lo que hay que hacer es dotar de reglamentos, y en
eso estamos, a las seis conferencias sectoriales que no lo tienen y, por
supuesto, mejorar la eficacia de ese instrumento en la línea de lo que
antes comentaba, de ir cada vez más a un desarrollo efectivo del
principio de cooperación interadministrativa.

Otro de los objetivos es reducir la conflictividad jurídica
Estado-comunidades autónomas. Evidentemente, todo lo que sea reducir la
conflictividad jurídica Estado-comunidades autónomas es bueno. A esto se
dedica fundamentalmente la Dirección General de Régimen Jurídico, y ahora
también Económico-territorial. En ese esfuerzo estamos. ¿Qué hacemos?
Intentar por todas las vías posibles prevenir la conflictividad jurídica.

En el caso concreto de la responsabilidad de la Administración general
del Estado le diré que precisamente esa Dirección General de Régimen
Jurídico y yo, como Secretario de Estado para las Administraciones
Territoriales, tenemos encargado supervisar, previamente a su envío a la
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y después al
Consejo de Ministros, todas las propuestas de disposiciones normativas,
en la medida en que esas propuestas de disposiciones normativas de
distintos rangos pudieran, a nuestro juicio, entrar en colisión con la
esfera competencial propia de las comunidades autónomas, de tal suerte
que se circulan entre todos los ministerios las observaciones que envía
este



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Ministerio y normalmente intentamos conseguir que se produzcan las
reformas que se exigen, porque entendemos que esos proyectos de
disposiciones normativas después precisamente podrían dar lugar a
interposición de requerimientos previos a conflictos de competencias o
recursos de inconstitucionalidad por las comunidades autónomas por
entender que habíamos invadido su esfera competencial. A ese esfuerzo, de
manera creciente, estamos dedicando mucha parte de nuestros efectivos.

Creemos que hemos de seguir haciéndolo así.

Otra cosa es la conflictividad que nos viene, lógicamente, de las
comunidades autónomas. Hay una comisión de seguimiento de los actos y
disposiciones normativas de las comunidades autónomas, una comisión
interministerial que preside el Director General de Régimen Jurídico de
esta Secretaría de Estado, y es la que sirve después para que se informe,
se eleve propuesta de acuerdo al Consejo de Ministros a través de la
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

En todo caso, también quiero decirle que, por supuesto, intentamos
resolver extraprocesalmente la conflictividad. Para eso sirven, entre
otras cosas, las comisiones bilaterales de cooperación entre el Estado y
las comunidades autónomas, y algunas otras comisiones ad hoc que creamos.

Le puedo anunciar, por ejemplo, que recientemente hemos creado una
comisión mixta ad hoc entre el Departamento de Gobernación de la
Generalitat y el Ministerio para las Administraciones Públicas, para ver
si podemos resolver extraprocesalmente algunos de los contenciosos que ya
están planteados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, incluso
ante el Tribunal Constitucional, por parte de la Generalitat de Cataluña
y en relación, precisamente, con el Real Decreto 665/1990, que regula la
cooperación local del Estado.

Hay muchísimas fórmulas que intentan prevenir la conflictividad jurídica
entre el Estado y las comunidades autónomas y entre las comunidades
autónomas y el Estado, y si no la hemos podido prevenir intentar después,
como le digo, por vías extraprocesales o extrajudiciales, resolverlo. En
eso estamos y me parece que es un objetivo especialmente importante; lo
hemos señalado como uno de los más trascendentes que están dentro del
ámbito de responsabilidad de esta Secretaría de Estado.

Me ha dicho, además, el señor Ríos, que otro de los objetivos era revisar
valoraciones de servicios correspondientes a traspasos realizados con
anterioridad y cómo se traducen después, en su caso, esas revisiones
desde el punto de vista presupuestario. Me ha dicho --parece que le
llamaba la atención-- que otro de los objetivos es el de garantizar las
actividades jurídicas, de tal suerte que puedan valorarse las enmiendas
competenciales --si no es así me lo corrige-- que presentaban los grupos
parlamentarios en las iniciativas legislativas que venían a las Cortes.

Es así, pero es que, además, ha sido así siempre y entiendo --ahora se lo
explicaré-- que tiene que seguir siendo así. En lo que hace referencia a
lo primero, que hay que revisar valoraciones de servicios
correspondientes a traspasos realizados con anterioridad, eso se produce
permanentemente. Es una realidad. En el momento en que se negocia un
traspaso y se acuerda en el pleno de la Comisión Mixta, se efectúa una
valoración del coste efectivo vinculado a ese traspaso, de los medios
personales vinculados a ese traspaso; ese acuerdo de la Comisión Mixta se
eleva después, como propuesta de Real Decreto, al Consejo de Ministros y
de ahí va al «Boletín Oficial del Estado».

El transcurso del tiempo pone de relieve, en muchas ocasiones, que por
diversas circunstancias ha habido, efectivamente, una insuficiente
valoración del traspaso en la medida en que, acreditada por ambas partes,
Administración del Estado y Administración de la comunidad autónoma, se
conviene en que es así. Entonces, lo que se tiene que hacer, lógicamente,
es volver a convocar una Comisión Mixta de transferencias y adoptar un
acuerdo de revisión de esas valoraciones, que tiene después su traducción
en los presupuestos a través de la sección 32 y, en su caso, por
desaparición en la cuantía correspondiente de los créditos
presupuestarios asignados a la Administración del Estado.

Pero quiero decirle, señor Ríos, que ésa es una práctica normal que,
evidentemente, en la medida en que no sea muy frecuente, demuestra que
las valoraciones se ajustan y se hila más fino en el momento de los
traspasos, pero que no debe escandalizar a nadie porque, insisto, es una
práctica ordinaria. Y para hacer eso están los servicios de la Dirección
General de Cooperación Territorial. Por tanto, ése es un esfuerzo y es un
objetivo que tiene que tener su correspondiente dotación presupuestaria.

En cuanto a lo de valorar las enmiendas competenciales de los grupos
parlamentarios, usted sabe que toda iniciativa que signifique o se pueda
traducir en un incremento de gasto y que venga por la vía de una
proposición de ley, tiene que ser primero, según el Reglamento del
Congreso de los Diputados, si no recuerdo mal, aceptada o no por el
Gobierno. El Gobierno ha de tener unos servicios que le acrediten eso.

Pues éstos son los servicios. Precisamente, la Dirección General de
Régimen Jurídico Económico-territorial, entre otras cosas, y junto con
otras direcciones de este Ministerio y alguna otra de esta Secretaría de
Estado, tienen que hacer ese servicio que le brinde al Gobierno la
posibilidad de tomar la decisión política que está prevista en el
Reglamento del Congreso de los Diputados. Es decir, si hay una
proposición de ley que presentan los grupos parlamentarios y que
significa un incremento de gasto, el Gobierno tiene la facultad de
aceptarla o no a trámite. El Gobierno, en este caso, necesita una
administración que le preste el soporte técnico y le haga los estudios
correspondientes. A eso atiende este objetivo que aparece dentro de este
programa por el que S. S. se interesaba.

Me pregunta (no sé si me estoy extendiendo mucho, señor Presidente, voy a
procurar terminar ya; me han preguntado muchas cosas, pero las demás las
dejaré para contestar por escrito) sobre el artículo 15 de la Lofca,
concepto 413 del programa 911.B, 10.000 millones. Este es un acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera del 23 de septiembre pasado. Como
usted sabe, la Lofca, que fue aprobada el 22 de septiembre de 1980, en su
artículo 15 preveía la creación de unos fondos de nivelación para
garantizar una prestación mínima equivalente al promedio



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nacional de los servicios públicos fundamentales por cada una de las
comunidades autónomas. Hasta ahora no se había desarrollado ese artículo
15. Es complejo el que haya consenso entre las comunidades autónomas. Lo
que el Gobierno ha dicho este año es que precisamente para demostrar su
voluntad política de que se cumpla con las previsiones del artículo 15 de
la Lofca, pese a las restricciones y a la complejidad de este
presupuesto, dota 10.000 millones de pesetas, de tal suerte que si nos
ponemos de acuerdo el Gobierno y las comunidades autónomas en el seno del
Consejo, habrá 10.000 millones este año que se distribuirán con los
criterios que se establezcan por consenso con las comunidades autónomas.

Por supuesto, si hay 10.000 millones este año, ¿cómo no va a haberlos en
años que previsiblemente no van a ser tan difíciles? Creo que con eso le
he contestado. En cuanto a la sección 33, FCI, ya le he contestado
anteriormente.

Termino --las demás cuestiones las contestaré, repito, por escrito para
no extenderme y abusar más de su amabilidad--. Me aludía a que en el
programa 513.B aparecen subvenciones y ayuda al transporte. Le contestaré
por escrito, pero en general le puedo decir que son compromisos
adquiridos con anterioridad e inversiones plurianuales. No ha habido, en
general, ningún tipo de negociación nueva de carácter bilateral que haya
producido una modificación de compromisos por parte del Estado. Estos son
compromisos adquiridos con ocasión de contratos o programas suscritos con
anterioridad y su proyección plurianual tiene su traducción en estos
presupuestos en las cantidades que se especifican.

En el caso de Teruel sí le contestaré, porque usted me ha hecho una
referencia especial. Lo cierto es que el FCI tiene como destinatarias a
las diez comunidades autónomas que he dicho; Aragón no está incluida. Hay
un común general aceptado de que la provincia de Teruel, ciertamente,
como tal provincia, desde luego está muy por debajo del 75 por ciento de
la renta comunitaria. En consecuencia, si la consideráramos aisladamente
debería ser destinataria del FCI, pero como es una provincia que está
integrada en una comunidad autónoma y su globalidad no cumple con ese
requisito, Teruel se encuentra en una situación especial de agravio
comparativo con otros territorios y con otras provincias. Por eso, ya
anteriores gobiernos dotaron con una cuantía especial, dentro de este
programa 513.B, con 900 millones, si no recuerdo mal, para subvenir
precisamente estas carencias de infraestructuras que tiene la provincia
de Teruel. Este año lo que se ha hecho es duplicarlo y pasarlo de 900 a
1.800 millones.

Podría seguir, pero ha habido tantas preguntas que, si le parece a la
Presidencia y me lo permiten ustedes, se las contesto por escrito, pero
confío en haber podido responder, por lo menos ha sido mi voluntad, a
algunas de las cuestiones más importantes que me habían formulado.

En todo caso, hay una última, la del pacto local, que me hacía el señor
Navas. No hay reflexión económica al respecto, lo que hay en estos
momentos es el documento base para negociar un pacto local aprobado por
la Comisión Ejecutiva de la FEMP el pasado día 24 de septiembre. El
Gobierno todavía no ha empezado a negociar el pacto local, por tanto, no
puede haber reflexión económica. Habría que pedírselo a la FEMP, que es
quien ha hecho este documento. Pero usted ha puesto el dedo en la llaga
en cuanto a que sin duda ése será uno de los aspectos capitales de ese
eventual pacto local. Sí quiero dejar constancia expresa en esta
comparecencia de que no es al Gobierno al que le corresponde el principal
protagonismo. Los sujetos pasivos van a ser las entidades locales, los
principales sujetos activos han de ser las comunidades autónomas. El
papel del Gobierno en este caso puede ser de impulsor y movilizador, pero
en ningún caso el protagonismo, puesto que las competencias que la propia
FEMP reclama para las entidades locales, y singularmente los municipios,
no son competencia en estos momentos del Estado, sino que la ostentan las
comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: La Mesa ha acordado abrir la posibilidad de que si
algún grupo parlamentario desea dirigirse al Secretario de Estado a los
efectos de hacer alguna manifestación puntual o solicitar alguna
información específica pueda hacerlo en este momento.

Señor Morlán, tiene la palabra brevísimamente.




El señor MORLAN GRACIA: Sí, señor Presidente. Un segundo.

Muchas gracias, señor Secretario de Estado, por su información, pero
indudablemente se nota que tiene usted tablas, que ha pasado por esta
Cámara y que cuando se sienta en esa Mesa sabe contestar perfectamente a
muchas cosas sin comprometerse.

Usted no ha tocado nada de la sección 32, de la pregunta que le he hecho
sobre cuáles son los programas de la sección 32. Ha hecho referencia
únicamente al programa 911 pero no ha tocado ninguno de los otros temas.

Yo espero que, como ha dicho usted al principio, se coja el acta
taquigráfica, analice la intervención que he hecho como Portavoz del
Grupo Socialista y dé contestación por escrito a esa preguntas,
incidiendo especialmente en una que me parece que debo comentar, y es que
hay 9.180 millones de pesetas en el programa 912.C, que hace referencia a
compensación a municipios con centrales hidroeléctricas térmicas, que,
como corresponde a las paradas, le he preguntado si estaba incluido aquí
el impuesto de bienes inmuebles o no estaba incluido, y solamente era
impuesto de actividades económicas.

Si eso es así, puede contestarme ahora o me lo dice por escrito.




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, tiene la palabra brevemente.




El señor RIOS MARTINEZ: Yo le agradezco la respuesta que nos pueda dar
por escrito de antemano y la respuesta oral que se nos ha dado en algunas
cosas. Yo solamente he preguntado por objetivos para conocer el volumen
de recursos que le destinan a cada objetivo, no por entrar en
controversia con ello. En todo caso, no me ha respondido al tema de
programa de financiación de comunidades autónomas. Le he hecho una
pregunta concreta, si



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estos 2,3 billones de pesetas a comunidades autónomas de participación en
los ingresos del Estado obedecen al criterio del sistema anterior, o si
obedecían al que ha aprobado el día 23 de septiembre el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, y, si no, las modificaciones o incrementos
que puedan tener, si es que lo tienen, si se tienen estudiadas, después
de tener el acuerdo en la mano, a futuro.

En cuanto a la ley del FCI, me ha quedado clarísima la respuesta que ha
dado de que no se ha modificado, que se han aplicado estrictamente los
criterios del FCI, y hay elementos de esa ley que son obsoletos. El saldo
migratorio hoy ya no es negativo, empieza a ser positivo para nosotros.

Se están reincorporando nuestros emigrantes y está creciendo la
inmigración interior. Por tanto, hay determinados elementos que se
hicieron en su día con esta ley pero que a lo mejor necesitan resituarse.

Pero es un comentario aparte.




El señor PRESIDENTE: Señor Navas, tiene la palabra brevísimamente.




El señor NAVAS AMORES: Más breve todavía. No quisiera que terminase la
comparecencia sin valorar de alguna forma la evolución del endeudamiento
municipal del ente local aplicando los criterios de financiación que
actualmente se están desarrollando, y sujetos también como están a la Ley
de Haciendas Locales, analizando la situación general que he comentado en
los últimos cinco años, sí quisiera al menos conocer un poco cuál es la
posición del Gobierno al respecto.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
(Fernández Díaz): Señor Presidente, reitero mis disculpas porque sin duda
me he dejado muchas preguntas sin responder, pero ustedes han preguntado
mucho, aunque están en su derecho. Ya comentábamos que como se trata de
aclarar algunas cuestiones, las aclararemos mejor enviándoles la
respuesta por escrito.

Empezando por el señor Morlán, me planteaba los 9.180 millones del
programa 912.C para compensar los municipios en relación con las paradas
de centrales eléctricas. Me preguntaba si incluía el IBI. Yo creo
recordar que incluye el IBI, pero, si no recuerdo mal, en la memoria de
los presupuestos lo concreta. Se lo voy a enviar, pero cuando hace
referencia dicha memoria precisamente a esta partida de 9.180 millones,
cuando yo lo leí, ya aludía a esta compensación en relación con qué
figuras tributarias locales incluía.

Referente a lo que me dice el señor Ríos, respecto de los 2,3 billones
presupuestados como PIE, sección 32 de los presupuestos, y en qué medida
eso tiene o no tiene presente la entrada en vigor del nuevo modelo de
financiación autonómica para las comunidades autónomas que en comisión
mixta así lo acuerden con efectos del 1 de enero de 1997, eso ya tiene
una mecánica absolutamente prevista, y que, además, aparece
casuísticamente detallada en el acuerdo del 23 de septiembre que S. S.

tiene y que desglosa claramente cuál es la metodología en virtud de la
cual las comunidades autónomas que una vez aprueben las Cortes Generales
las modificaciones legislativas que exige la puesta en práctica del
modelo (entre otras la reforma de la Lofca, la reforma de la Ley de
cesión de tributos, la Ley 30/1983, etcétera); esas comunidades
autónomas, repito, que acuerdan en plenario o comisión mixta incorporarse
al modelo con efectos de 1 de enero de 1997, el proceso a seguir a
continuación ya parece regulado en el articulado correspondiente a la
sección 32, del título VII, del proyecto de ley de presupuestos de los
entes territoriales, y aparece --insisto-- en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera.

En todo caso, usted sabe que, a efectos del modelo, para las que no se
acojan sigue vigente subsidiariamente el anterior modelo. Por tanto, ahí
no habría solución de continuidad. En cuanto a las que se acojan al nuevo
modelo (15 por ciento IRPF en 1997; 30 por ciento IRPF en 1998), una vez
que la educación universitaria haya sido traspasada a las comunidades
autónomas del 143 con efectos 1 de enero de ese año, en ese supuesto el
año base es el año 1996, y, por tanto, la PIE que cuenta es la PIE que
aparece en el proyecto del presupuesto para 1997.

Otra cosa es que, como usted sabe, el proceso autonómico es un proceso
dinámico, y estamos produciendo traspasos del Estado a las comunidades
autónomas continuamente, lo que significa que el coste efectivo valorado
al traspaso se incorpora a la sección 32, se consolida en la PIE del año
siguiente y causa baja en la partida presupuestaria del estado
correspondiente. Este es un proceso que hace que en ocasiones, si no se
entra en detalle, las comparaciones no sean homogéneas, y se compare la
PIE de un año con la PIE de otro, sin tener en cuenta que se han
producido nuevos traspasos y que, en consecuencia, eso no se debe a
incrementos de dotaciones presupuestarias, sino que hay traspasos
efectuados a comunidades autónomas que han tenido traducción
presupuestaria en la sección 32.

El balance neto es nulo, y eso con traspasos cualitativa y
cuantitativamente pequeños no es trascendente, pero piense usted cuando
se haga el traspaso de la educación no universitaria, que significará
aproximadamente el traspaso de unos recursos económicos de en torno al
billón de pesetas. Eso aparecería en la PIE, que de dos y pico billones
pasarían de repente a tres y pico billones, y la explicación tiene que
interpretarse a la luz de lo que estoy comentando. Y así con tantos
otros, como Justicia, y ya no digamos Sanidad en su momento y en su caso,
que moviliza un nivel de recursos económicos especialmente importantes.

En cuanto a lo que me decía el señor Navas respecto de la valoración que
hago de la evolución del endeudamiento local en los cinco últimos años y
la valoración que podemos hacer de la evolución de la presión fiscal en
las entidades locales también de los cinco últimos años, yo no me atrevo
a hacer una valoración política global en estos momentos, puesto que,
evidentemente, el caso requeriría no sólo seguramente una respuesta por
parte de otro representante del Gobierno más cualificado que yo,
seguramente del Ministerio de Economía, sino porque no dispongo de los
datos concretos en este caso.




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En lo que sí estaré de acuerdo con S. S. es en que hemos de intentar
superar el período de transitoriedad de la aplicación de la ley 39/1988
que, sin perjuicio de que por quinquenios se pacta con la FEMP el
porcentaje definitivo de participación en los ingresos del Estado por
parte de las corporaciones locales, no es menos cierto que en la Ley de
Acompañamiento cada año se modifican aspectos relevantes de esa Ley de
Haciendas Locales y que habrá de llegar el momento en que hagamos la
reforma global de esa ley y no la parcheemos como estamos haciendo cada
año.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, de nuevo, señor secretario de
Estado. Le haremos llegar la copia taquigráfica en cuanto sea posible
para que pueda contestar a través de esta Presidencia a las preguntas que
quedan pendientes.

Interrumpimos un minuto la sesión para despedir al Secretario de Estado.




Se reanuda la sesión.




--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (VILLAR
GARCIA-MORENO). A SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA
(número de expediente 212/000336) E IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA (números de expediente 212/000238, 212/000241, 212/000243 y
212/000244).




El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión dando la bienvenida al
Secretario de Estado para la Administración Pública.

Sin más, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Morlán,
para efectuar sus preguntas y manifestaciones.




El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor Villar, por su presencia en
esta Comisión. Desde el Grupo Socialista le damos la bienvenida a la
misma a fin de tratar de una serie de aspectos, creo yo importantes, para
lo que es el desarrollo presupuestario de esta sección 22 y otros
aspectos que vienen contemplados en los Presupuestos Generales del
Estado. Antes de entrar en el análisis concreto de los programas que
hacen referencia a sus competencias y preguntarle qué soluciones tienen
para algunas dudas que nos han surgido, me gustaría hacer una serie de
comentarios sobre otros aspectos del presupuesto, que también tienen
incidencia en su Secretaría de Estado.

Es lógico y obligado hablar el día de hoy de las movilizaciones que se
produjeron el día de ayer como consecuencia del desacuerdo manifiesto de
las centrales sindicales respecto al no incremento de las retribuciones
salariales de los funcionarios públicos. Es lógico y obligado por nuestra
parte que puesto que el Gobierno socialista firmó un acuerdo con los
sindicatos hace dos años, después de otro año en el que hubo una
congelación de retribuciones y lo puedo decir yo perfectamente porque en
aquel momento me tocó defender la congelación de las retribuciones,
siendo perfectamente consciente de que en aquellos momentos había una
justificación motivada por la situación económica que atravesaba el país
que entendíamos nosotros fundamentaba perfectamente esa congelación,
circunstancia que, actualmente, desde nuestro punto de vista y después de
ese acuerdo que hay firmado con los sindicatos hace dos años, no debía
producirse. Con independencia de ver cuál es la cuantía en que deberían
incrementarse esas retribuciones, creo que el Gobierno tendría que hacer
extensiva a los trabajadores de la función pública (y le pido a usted
como secretario de Estado competente en estas materias que lo transmita a
su Ministro y al conjunto del Gobierno) la misma sensibilidad que ha
mostrado en reivindicaciones de otros sectores o de otras comunidades y
deberían sentarse a negociar. Creo que esas movilizaciones que se
produjeron ayer tarde en toda España son movilizaciones que deberían
hacerles ver a ustedes que es bueno negociar, es bueno que hablen de
temas retributivos, es bueno que este acuerdo que se firmó en un momento
determinado no quede en papel mojado en estos momentos por unas
consecuencias tan negativas como puede ser no reconocer que los
funcionarios públicos, los trabajadores de la Administración pública
tienen derecho a este aumento de retribuciones. Es bueno que se haga
porque yo creo que de hombres es errar, pero de sabios es enmendar el
error, y ustedes en estos momentos tienen perfecta justificación para
modificar su criterio, para sentarse con los sindicatos y hallar un punto
de encuentro en el que satisfagan sus pretensiones los sindicatos a la
vez que ustedes exponen cuáles son sus planteamientos.

Se ha demostrado que por parte de los trabajadores de la Administración
pública ha existido en todo momento una comprensión hacia las
dificultades que ha atravesado el país en las distintas épocas y que,
indudablemente, en estos momentos también entenderán, pienso yo y piensa
mi grupo, los planteamientos que ustedes hagan respecto a cuál tiene que
ser el nivel de incremento de las retribuciones. Por eso no sería malo
que, antes de producirse ninguna movilización especial o antes de que se
produzca otro tipo de actuaciones, ustedes entendieran que es bueno
sentarse a hablar, entiendan que la mesa de la Función pública debe
funcionar y entiendan que en ella hay que hablar de retribuciones, de
compensaciones, de revisión y de aplicación de un acuerdo que fue
suscrito entre el antiguo Gobierno y los sindicatos.

Dentro de los aspectos que contempla el presupuesto, a mi grupo le ha
llamado la atención concretamente el tema de la jubilación voluntaria a
los 65 años y forzosa a los 70. No vamos a valorar aquí, porque no es el
momento adecuado para hacer esa valoración sobre si es bueno, malo o
regular; simplemente quiero preguntarle, para que nos lo diga, si se ha
calculado qué repercusión económica va a tener esta medida. Es decir, si
ustedes tienen pensado a cuántos funcionarios o trabajadores de la
Administración pública puede afectar y qué repercusión económica va a
tener.

¿Qué va a suceder con los que se han jubilado forzosamente a partir de
los 65 años y ahora tendrían posibilidad



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de seguir trabajando? Se establece una situación que es compleja porque
hay muchos funcionarios, muchos trabajadores de la Administración pública
que se han visto forzados a jubilarse a los 65 años y ahora ustedes abren
una espita, una puerta que, si hubieran sido jubilados meses después, les
habría permitido seguir trabajando. Por eso sería bueno que nos aclararan
de qué manera piensan solucionar estas situaciones que se van a producir
si esta norma se sigue planteando tal y como está.

Ustedes han hablado de la incidencia que va a tener en la generación de
empleo. Hay muchos jóvenes, hay muchos ciudadanos y ciudadanas españoles
que tienen aspiraciones a ingresar en la Función pública. Como es lógico,
una jubilación del tenor de la que ustedes plantean trae consigo muchas
limitaciones en la generación de nuevos empleos en la Función pública y
muchos ciudadanos y ciudadanas de este país van a ver mermadas muchas
posibilidades de acceder a puestos de trabajo.

En otro ámbito de su competencia, y ya me refiero a la ley de
acompañamiento, ustedes introducen una serie de modificaciones
ciertamente importantes en el título III, capítulo I, cuando habla de
retribuciones y situaciones. Pretenden adicionar al artículo dieciocho el
concurso previo entre quienes ya tuvieran la condición de funcionario
cuando se convoquen nuevas plazas para ingreso de nuevo personal. Es
decir, ¿desaparece la promoción interna? ¿Cómo lo van a plantear? Se
adiciona otro párrafo al artículo dieciocho para que se fijen cada año
los criterios de la oferta pública de empleo. Se adiciona un nuevo
apartado al artículo veinte, regulando una excepción en la provisión de
puestos de trabajo. Se modifica la letra d) del artículo veinte. Se
modifica el punto 3 del artículo veintinueve sobre excedencia voluntaria.

Se modifica el artículo treinta y siete. Es decir, mediante la ley de
acompañamiento introducen una serie de modificaciones en la Ley 30/1984.

En principio, me gustaría que nos explicara qué valoración han hecho
sobre estas iniciativas que usted plantea y nos diga si la incorporación
de este tipo de medidas a la ley de acompañamiento es un acuerdo con los
sindicatos en las diferentes mesas de la Función pública que ustedes
tienen abiertas, si es que los han tratado.

Pasando a los programas que dependen de su Secretaría de Estado para la
Administración Pública, en el programa 121.B, dirección y organización de
la administración pública, en gastos de personal existe una modificación
mínima respecto al conjunto del programa, porque fueron 1.733 millones en
pesetas, en 1996 y serán 1.741 millones, para 1997. Sin embargo, a estos
funcionarios a los que se les está pagando unas retribuciones en gastos
corrientes les dicen que hagan el favor de apretarse el cinturón; esa
reducción de gastos corrientes asciende al 41 por ciento.

A veces me pregunto, y se lo he dicho al anterior compareciente, yo no sé
qué pretenden. Una cosa es racionalizar el gasto, intentar por todos los
medios que en la Administración pública exista control de ese gasto, pero
que se posibilite que el funcionario cumpla con su misión, con su labor,
con su trabajo, y otra cosa es cortar por recortar, porque hay que
recortar. A veces creo que este tipo de reducciones, como es pasar de 707
a 498 millones en un año, ciertamente es una reducción bastante
importante. Me gustaría saber cómo van a plantear esa reducción y en qué
capítulos, en qué sectores, en qué áreas, en qué temas o aspectos se va a
producir.

En otro apartado de gastos corrientes, en arrendamientos y cánones para
1996 hablaban de 210 millones y en 1997 de 43 millones de pesetas. ¿Dónde
se produce esa reducción? Como ya he dicho antes al señor Fernández Díaz,
ustedes incorporan también en la ley de acompañamiento una modificación
de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en virtud de la cual no existe
ninguna obligación por parte de las administraciones públicas de abonar
las fianzas correspondientes que se tienen que pagar en los contratos de
arrendamiento. Tras la pelea, que ustedes nos hicieron contestar en la
anterior legislatura, cuando se planteó esta ley, porque ustedes decían
que las administraciones públicas también tenían que aportar su cifra
correspondiente, querríamos saber si lo han contemplado así, opinan lo
contrario, o es que esta reducción se debe a otro tipo de causas.

En reparaciones, mantenimiento y conservación, sin embargo, ustedes
aumentan. De los 122 millones de 1996 pasan a 174 millones para 1997. Me
gustaría saber en qué se basa este incremento. En materiales, suministros
y otros en 1996 había 351 millones y en 1997 hay 260 millones. Disminuyen
la partida para teléfono. No sé si dentro del teléfono se incluye el fax,
porque ahora casi todo ciudadano utiliza más el fax que hablar por
teléfono.

También se ha producido reducción en electricidad y en combustible. A
veces creo que se está reduciendo en partidas que tienen mucho que ver
con la calidad de vida del empleado público, del trabajador de la
Administración pública que dentro de su trabajo ordinario tiene derecho a
tener unas mínimas condiciones. Si ustedes van a empezar a ahorrar en
electricidad, en combustible, en teléfonos, en fax, en lapiceros, al
final va a sobrar la Administración, porque para qué queremos
funcionarios si no tienen medios con qué trabajar. Como es una aclaración
que le planteo, no quiero entrar en debate sobre este tema, yo espero que
usted me pueda justificar perfectamente a qué se deben estas reducciones.

En transferencias corrientes había 13.760.000 pesetas en 1996 y para 1997
hay 5 millones. Son las cuotas internacionales. ¿Es que se ha reducido la
presencia en algún organismo internacional o es que han bajado las
cuotas? Nos gustaría saber en qué se basa esta reducción.

En inversiones reales, artículo 63, inversiones de reposición asociadas
al funcionamiento operativo de los servicios, se produce un incremento
considerable; se pasa de 330 millones, en 1996, a 945 millones, en 1997.

Nos gustaría saber por qué razón se produce este incremento y a dónde van
a ir dirigidas estas inversiones de reposición que ustedes plantean
dentro del programa.

Paso al programa 314.D, Muface, y en el capítulo 1, gastos de personal,
entre 1996 y 1997 la diferencia es escasa; son 14.600 millones en 1996 y
14.200 en 1997. Sin embargo, nos llama la atención un aspecto importante.

Pagando la misma Seguridad Social que en 1996 se reducen más de 300
millones de prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador. ¿A qué
se debe esta reducción, de



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acuerdo con los datos que usted especifica en el programa 314.D?
En el capítulo 2, en el que existía una dotación de 980 millones para
1996 y 882 para 1997, se reducen gastos de luz, combustible, teléfono,
etcétera, y se gastan 107 millones nuevos en gastos postales. ¿Qué gastos
son éstos? ¿Es que antes no se escribían cartas? Me gustaría que se
aclarara. Llama la atención estos equilibrios que ustedes mantienen
dentro del presupuesto de reducir unos determinados gastos y luego dan
papeles y sobres para que escriban. Me gustaría saber a qué se debe esta
reducción, dicho en el tono de cordialidad con que espero ustedes reciban
los planteamientos que estoy haciendo.

Las publicaciones se reducen de 100 a 36 millones. Me gustaría que usted
nos contestara, bien ahora o bien por escrito, qué publicaciones había
antes y qué publicaciones van a quedar después de esta reducción.

Las transferencias corrientes a familias e instituciones sin ánimo de
lucro en 1996 era de 18 millones, y en 1997 casi 22 millones. ¿A qué se
debe este aumento?
Con estos datos nos haremos un perfecto cuadro de la actitud de la
secretaría que usted dirige, con relación a aspectos importantes no sólo
porque estén incluidos en estos dos programas a que he hecho referencia,
sino porque creo que las decisiones políticas que dependen de su propia
secretaría van a ser tomadas por Consejo de Ministros o por el propio
Ministro de Administraciones Públicas.

Termino reiterándole lo que le he dicho al principio: Siéntese a
negociar. Hablen con los sindicatos. Lleguen a acuerdo respecto al
aumento de retribuciones de los empleados públicos y verán ustedes cómo
las cosas funcionarán mejor en este país.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: En principio me gustaría quedase claro y patente,
al margen de la respuesta oral que aquí se nos pueda dar, que pretendemos
poder cuantificar las informaciones que se nos dan en cuanto a los
programas como objetivo, así como las propuestas de consignación. Yo sé
que cualquier consignación presupuestaria es indicativa y orienta hacia
dónde va a ir el gasto, pero me gustaría que la respuesta que se nos dé,
al margen de que aquí oralmente se puedan precisar algunas cosas, se nos
hiciera llegar por escrito a través de la Presidencia para después
proceder a presentar nuestras propias enmiendas.

A mí me gustaría que me diera una explicación sobre la actuación de la
ley de acompañamiento; sobre la gestión de 3.592 millones de pesetas,
programa 121-B, y después sobre Muface. En último lugar, me voy a referir
a la objetivación con programas que ustedes nos han propuesto.

En primer lugar, me gustaría conocer si ustedes tienen cuantificado lo
que en la ley de acompañamiento denominan una oferta pública de empleo
limitada al 25 por ciento de las vacantes. ¿Nos podría dar usted el
volumen de vacantes que tiene la Administración del Estado, que puede
estar en condiciones de salir a oferta pública de empleo y las
limitaciones de ese 25 por ciento, ya que, como ustedes lo han puesto,
conocen bastante bien cuáles serían los servicios fundamentales
afectados? Ustedes dicen que estas vacantes irían dirigidas a garantizar
el funcionamiento de servicios fundamentales y a reducir aparato
administrativo público por parte del Gobierno actual.

En segundo lugar me gustaría conocer, y ya se ha referido a ello el señor
Morlán, el compromiso de ampliar o incrementar la estancia en la Función
pública. Es verdad que hay determinados empleados públicos que no van a
tener complicaciones. Ahora bien, para mí empleados públicos son, desde
un chófer de Parque Móvil, al empleado de un hospital o de una escuela
pública, me gustaría saber si ustedes esa estimulación la han orientado a
determinados servicios o prestaciones, o si ese aplazamiento de la
jubilación a los 70 años a que se invita a los empleados públicos es en
general. ¿Ustedes han hecho un cálculo de qué beneficios tendrían? Pienso
que el ahorro del Estado iría a clases pasivas.

Quiero preguntarle también si la voluntad del Gobierno de congelar los
ingresos de los empleados públicos ha sido o va a ser homogénea. ¿Por qué
digo esto? Porque a nosotros nos llegan informaciones controvertidas en
el sentido de que en determinados sitios se pueden haber producido
reclasificaciones en sectores de la Administración pública --léase
Seguridad Social u otro-- con una subida del uno por ciento. En suma,
para que sea más precisa mi pregunta --aunque sé que esto lo negocia
Hacienda, además de usted, con los agentes sociales-- en qué medida están
dispuestos a abrir la mano y cuantificar lo que puede ser fruto de una
negociación, para un incremento o una revisión salarial, y en qué medida
la propuesta es firme.

Y ahora, stricto sensu, teniendo en cuenta las declaraciones que se han
hecho por parte de su ministerio de que se vigilará el cumplimiento de la
política del Estado en todo el aparato territorial, me gustaría saber
cómo se va a hacer. Yo le puedo asegurar a usted que ahora mismo hay
ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, por el Partido
Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida que tienen convenios
firmados con sus empleados públicos en unas cifras determinadas. ¿Van
ustedes a proceder a una armonización salarial a machamartillo? Si
ustedes han hecho un cálculo del costo habrán visto que esto les va a
costar, en procesos y en tiempo, un volumen importante de su dedicación
este año, suponiendo que tengan efectividad, porque yo he visto cómo a
los tres años se han declarado nulos convenios. Esto no es nada nuevo en
la vida administrativa.

Voy a pasar a los números concretos. En el programa 121.B pone altos
cargos 22.347.000 pesetas, me gustaría conocer para cuántos altos cargos
es esta previsión presupuestaria. Cuántos de esos altos cargos están en
funciones o se piensa cubrir con esta partida presupuestaria.

En este mismo programa, en la previsión de 1.741 millones de pesetas en
funcionarios y 81 millones en laborales, me gustaría conocer el número de
funcionarios que ustedes tienen vacantes. El capítulo 1 es muy importante
porque se congela, pero luego queda la gestión; pasa un mes, otro y otro
y las vacantes se cubren a partir del sexto mes, es decir,



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hay ahí una bolsa de previsión presupuestaria con una capacidad de
movimiento en función de sus actuaciones.

La pregunta más importante que le quiero hacer se refiere a los 160
millones de incentivos al rendimiento en productividad y 20 millones de
pesetas por indemnizaciones en razón del servicio. Nos da la impresión de
que en estos sistemas la productividad va ligada a algunas cosas y las
gratificaciones son muy pequeñas y no creo que sean lo más importante de
esos incentivos al rendimiento y los criterios de producción de estas
productividades, no vaya a ser que esto sea una fórmula de cofinanciar
aportaciones salariales a determinados mandos del aparato administrativo
o, si hay unos criterios generales, cómo participan todos los componentes
del aparato administrativo en esa productividad.

Por último, me voy a referir al artículo 63. Ustedes van a ser inversores
en 945 millones de pesetas, poco dinero pero van a ser inversores. Me he
ido al anexo de inversiones para saber cómo se van a gastar estos 945
millones. Ustedes hacen superproyectos y proyectos muy globales y
genéricos que a mí me gustaría que nos los precisaran mejor. Hay un
superproyecto, que me alegra enormemente que esté puesto, que es el 002,
de su servicio, del año 1996, por 98 millones de pesetas para mejora de
condiciones ambientales y funcionales de los centros de trabajo. Esto
está bien, porque es importante incorporar el medio ambiente en los
centros de trabajo. Dentro del aparato administrativo, me gustaría saber
a qué proyectos obedecen estos 98 millones y medio porque es genérico.

Cómo los van ustedes a distribuir y cuáles son esos proyectos para
mejorar las condiciones ambientales y funcionales de los centros de
trabajo. Es solamente una precisión que me ha chocado en la explicación
del anexo de inversiones. Es verdad que el anexo de inversiones, insisto,
es indicativo, y ustedes luego pueden gastárselo en eso o no, pero dentro
de esa aplicación me gustaría conocerlo.

Yéndome a la literatura, a las propuestas que hacen ustedes de objetivos,
ya lo he pedido al secretario de Estado que ha comparecido anteriormente.

Aquí hay una discusión eterna. ¿Tenemos unos presupuestos por programas
con objetivos y actividades de verdad o tenemos simplemente una
literatura que acompaña a una distribución funcional de los gastos? Usted
tiene muy bien definidos en su programa, y en seis grandes objetivos,
toda la actuación de su secretaría de Estado: uno es racionalización y
simplificación de la estructura organizativa; el segundo es optimización
de recursos humanos; tercero, desarrollo de los acuerdos con las
organizaciones sindicales --aquí se van a ahorrar ustedes bastante,
porque no creo que tengan mucha complicación con este objetivo en cuanto
a recursos, so pena que se cambien un poquitín algunas cosas--; cuarto,
racionalización, simplificación de la actividad administrativa; quinto,
promoción y mejora, evaluación de calidad de los servicios públicos --lo
que ustedes van a gastar en mejorar y evaluar a los empleados públicos--;
sexto, promoción y coordinación de tecnologías de la información en las
administraciones públicas.

Esos son los seis grandes objetivos, que me parecen muy bien como
declaración, pero mi pregunta es, ¿podría usted aportarnos los volúmenes
de recursos económicos y humanos --es decir capítulos 1, 2, 4 y 6-- que
van a destinar para conseguir estos objetivos? ¿Podrían cuantificarme la
objetivación de su propuesta presupuestaria? Si no es posible,
porcentualmente lo podría hacer: un tercio de hora de auxiliar
administrativo, más un 20 por ciento de abogado, si es que hay problema,
pero creo que no. En todo caso, si no me lo puede cuantificar, me
gustaría que precisara, algo que ustedes dijeron, tanto usted en su
comparecencia como el ministro, y es esa idea de introducir criterios de
gestión privada en la Administración pública y de qué manera eso va a
tener relación con los dos primeros objetivos de racionalización y
simplificación de la estructura administrativa y de optimización de los
recursos humanos. Quede claro que esto no se lo pregunto a usted para su
programa solamente, sino cómo lo van a aplicar a la Administración,
porque me imagino que usted tendrá una doble faceta: armonizar la
actuación de la Administración pública para que todos tengan la misma
evolución y al mismo tiempo usted predicar con el ejemplo, porque también
es bueno que esa prédica vaya acompañada de la exigencia a los demás.

Creo que a esta argumentación ustedes añaden --y yo se lo quiero
preguntar-- el funcionamiento de algo que es importante, que hasta ahora
quizá haya funcionado de una manera determinada, pero que se puso de
manifiesto al principio de la legislatura y es esta actuación de la
Inspección general de servicios donde plantean la racionalización,
profesionalización y modernización de la Administración general del
Estado y en relación con ese objetivo plantean ustedes una especie de
mejora en la gestión de la materia de incompatibilidades. Me gustaría que
usted nos explicase cuál va a ser esa actuación y los recursos que va a
destinar a eso, porque el tema de las incompatibilidades es un tema que
se está dejando de lado, es simplemente declaración, pero luego cuando
venimos a la concreción es muy difícil seguirlo y es muy importante eso
de las incompatibilidades para demostrar que estamos en un cargo público
y no en veintitrés actuaciones del cargo público.

Ustedes proponen algo que comparto y que ha sido siempre un discurso suyo
y la racionalización de los procedimientos administrativos. Luego
proponen muchas más cosas: simplificación y agilización de los
procedimientos comunes, automatización de procedimientos, etcétera. Mi
pregunta es, ¿van a producir reformas legales sustantivas para hacer esto
eficaz o se van a quedar solamente en actuaciones de administración
interna? Porque los procedimientos administrativos pueden obligar a la
Administración a responder, por ejemplo con el silencio administrativo
positivo, o puede ser simplemente una agilización de trámites y
procedimientos en cuanto a días para informar, para presentar actuación o
proceder a que la Administración responda. Me gustaría conocer esto y de
qué manera se proyecta ese compromiso nuevo a una variación
presupuestaria.

Yo soy de los que cree --y en esto soy poco murciano, soy más bien del
noreste de mi país-- que donde hay pelas hay compromiso, los compromisos
que no llevan pelas al lado y funcionarios al lado, se quedan en
declaración de intenciones.




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Más o menos ésa es la impresión que tengo por el poco tiempo que conozco
la Administración. Por eso cuando me hacen declaraciones que luego no me
concretan digo: date, esto está bien para que quede aquí, igual que
cuando lo digo en plan de quedar bien sé que queda como filosofía, pero
no como compromiso concreto. ¿Qué compromisos concretos puede usted
señalar sobre este asunto?
En cuanto a la Muface ya le han hecho algunas preguntas concretas que
comparto. Voy a hacerles las mismas preguntas que le hacía para su
programa. El programa 314.D, que es el de prestaciones económicas del
mutualismo, recoge en el artículo 15, incentivos al rendimiento, 178
millones de pesetas; añade en indemnizaciones por razón del servicio, 11
millones de pesetas, y la verdad es que por lo que son las cifras es un
volumen muy importante de la complementación salarial. Me gustaría
conocer cuáles son los criterios de distribución también aquí, porque
podría ocurrir que en una parte de la propuesta presupuestaria de ustedes
se dijera: es que tenemos unos determinados puestos que van a tener una
compensación por su dedicación, pero aquí estamos en la gestión de algo
que es similar a lo anterior. Por tanto, no sé a qué obedece esta vida
complementaria en su actuación.

Le han hecho preguntas concretas del gasto corriente. Habría resaltado
los 107 millones de postales; me imagino que Correos y Telégrafos va a
subir y, por tanto, ustedes van a tener que hacer frente a esa
complicación.

Me voy a ir a la literatura de los dos programas que se refieren tanto a
asistencia sanitaria del mutualismo administrativo, como a previsión del
programa de prestaciones económicas del mutualismo.

En el primer programa ustedes plantean un compromiso en cuanto a una
especie de actuación complementaria desde un fondo especial, el fondo
especial que existe dentro de la Muface. Este fondo especial recoge
multiplicidad de variedad de relación histórica, en la anterior relación
de la Administración, y tiene un volumen muy alto de pensionistas, tiene
97.000 pensionistas y unos cotizantes de 65.000. Quiero saber de qué
manera van ustedes a proceder con este fondo especial de Muface para que
la evolución que tiene de reducción de cotizantes y de incremento de
perceptores, de pasivo, cómo se va a compensar y de qué manera tiene
proyección a la concreción de las partidas presupuestarias, porque lo
engloban ustedes. Cuando me dan las cifras del programa, en las
transferencias corrientes hablan de subsidios e indemnizaciones, de
prestaciones sociales y todo va englobado. Entonces, no sé qué parte
obedece a ese fondo especial. Le pregunto si me puede dar datos sobre
cuáles son las condiciones del fondo especial el año pasado, cuáles son
éste y de qué manera el Estado o la Muface suple esa evolución que tienen
mutualismos anteriores, que son muy dispares, se lo reconozco, porque
vienen las de mutualidades de cada uno de los ministerios, porque antes
cada ministerio tenía su propia mutualidad.

En cuanto a la asistencia sanitaria me va a permitir usted que le
pregunte sobre los compromisos nuevos que contraen como desarrollo de los
objetivos generales dentro de las actividades para complementar esos
objetivos.

Ustedes hacen una especie de replanteamiento del concierto. Actualmente
la Muface tiene un concierto con la red sanitaria pública y con el
Colegio Oficial de Farmacéuticos. Ustedes hacen un replanteamiento de ese
concierto para ir a un nuevo concierto en donde fundamentalmente se
modifique esta actuación que tiene contratada con estas entidades y
ustedes proponen realizarlo con entidades de seguros. Me gustaría conocer
si van a modificar los agentes de este concierto, si van a hacerlo con
otros agentes de seguros o si lo que van a hacer es modificar los
elementos internos y qué efectos tendría para la percepción de estos
servicios que se están recibiendo desde la propia Muface.

Ustedes plantean ir a un nuevo concierto trienal para la asistencia
sanitaria. Es verdad que se hace cada tres años, pero lo añaden como para
incorporar, a través de las experiencias, modificaciones a este concierto
anterior. Me gustaría conocer, en cuanto a las prestaciones, cuáles son
las modificaciones que ustedes van a recoger en este nuevo concierto
trienal.

Por último, ustedes tienen un compromiso con lo que pudiéramos llamar un
diseño informatizado del control de la facturación. A mí me gustaría
conocer cuál es la inversión prevista para esto, si la partida de
inversión dentro de mutualidades, que es inversión asociada con el
funcionamiento operativo de los servicios, de 15 millones de pesetas, es
para eso, si es para hacer frente a ese proceso de informatización de la
Muface, o si se va a hacer una inversión superior que yo desconozco, que
no he podido encontrar, quizá por mi torpeza ante la cantidad de papeles
que barajo.

Fruto de esa informatización van a proceder a algo que es bueno, van a
gestionar, informatizando desde la propia Muface, lo que hoy hacen a
través de otros agentes externos; es decir, el Colegio de Farmacéuticos
les gestiona parte de este control informático, por lo menos eso aparece
aquí, hay un concierto entre Muface y el Consejo General del Colegio
Oficial de Farmacéuticos y ahora ustedes pretenden informatizar y
gestionar directamente, según dice en la página 190 de este libro, que es
la sección 22, Administraciones públicas. Puede ser literatura y que la
realidad sea otra cosa, pero como yo creo lo que dicen que van a hacer,
le pregunto por esta actuación.

Esperamos la respuesta que se nos pueda dar, sobre todo a la parte
inicial de la pregunta, lo relativo a la oferta pública, las vacantes y
la posibilidad de introducir sensatez dentro de la relación pública con
los agentes de los empleados públicos. Sería bueno conocer esto puesto
que estamos en tiempo de enmiendas, incluso para redactar una enmienda
genérica en relación con la ley de acompañamiento, que a mí no me gusta
nada, porque luego no se sabe qué acompaña a qué. Puede parecer que los
presupuestos acompañan a la ley de acompañamiento en vez de la ley de
acompañamiento a los presupuestos . En fin, sería bueno conocerlo, por si
queremos hacer alguna pequeña enmienda a ese articulado que abra el
portillo a la posibilidad de conseguir algo positivo en la negociación
entre el Gobierno y los agentes de los empleados públicos.




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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno): Quiero, en primer lugar, agradecer a los portavoces de
los grupos parlamentarios la cantidad de preguntas e interpelaciones, que
voy a tratar de contestar en su mayoría, pero como alguna me quedará, le
mandaré contestación por escrito y no habrá ningún problema.

El señor Morlán, del Grupo Parlamentario Socialista, me pregunta, como es
normal, por las manifestaciones de ayer y la actitud del Gobierno. Tengo
que decir que la decisión de no subir las retribuciones se decidió a
finales de julio, como todos saben, y así se comunicó a los sindicatos.

Tiene que quedar claro que ésta no es una medida agradable para nadie y
que no se ha tomado aisladamente, sino con un conjunto de medidas
necesarias para mantener el marco presupuestario del déficit público y
cumplir unos objetivos. Como digo, aparte de esta medida de no subir las
retribuciones se han tomado otras medidas, como es la disminución en un
10 por ciento del capítulo 2, que luego discutiremos qué es lo que
contiene; la disminución de la subvención a las empresas públicas; el
decreto de nueva disciplina presupuestaria; se ha empezado la reforma de
la Administración general del Estado reduciendo sus estructuras por
encima, etcétera. Es decir, una serie de medidas que hacen que la no
subida no sea un hecho aislado.

El segundo punto que me gustaría destacar es la relación con las
centrales sindicales. Como todos ustedes saben, hay un acuerdo entre los
sindicatos y la Administración firmado en septiembre de 1994. Yo estoy
absolutamente convencido de que el acuerdo con los sindicatos no se
incumple, esto es lo que yo quiero dejar claro. El acuerdo con los
sindicatos, en relación con el acuerdo que establece la subida de
retribuciones en el IPC, dice que ésta va condicionada a la previsión del
crecimiento económico y la capacidad de financiación de los Presupuestos
Generales del Estado determinada en función de la previsión del déficit
presupuestario del conjunto de las Administraciones públicas. Este
acuerdo está firmado en 1994 y perfectamente diseñado. No se podía haber
firmado de otra forma, porque es posible que un gobierno firme el acuerdo
de una subida en el presupuestos sin dejar la salvaguarda de que las
condiciones del marco global presupuestario le permitan hacer esa subida.

A nosotros el acuerdo nos parece perfecto, nos parece un marco ideal de
negociación con los sindicatos y no se nos puede acusar de incumplirlo.

Nosotros hemos aplicado el artículo 6 del acuerdo y, viendo cómo está el
marco presupuestario, hemos decidido la no subida retributiva.

Para ahondar en este punto tengo que señalar que el diálogo con las
centrales sindicales existe diariamente desde que me hice cargo de esta
secretaría de Estado; en este momento tenemos en marcha 15 mesas de
negociación con las centrales sindicales, y, naturalmente el régimen
retributivo es importantísimo, pero existen otras muchas materias sobre
las que estamos negociando diariamente. Les voy a dar unos datos sobre
las negociaciones: el grupo de trabajo sobre personal laboral en el
exterior se hizo el día 10 de octubre; el grupo de trabajo de
transferencias, el 10 de octubre; el grupo de trabajo sobre
funcionarización, el 11 de octubre; el grupo de trabajo de consolidación,
el 11 de octubre; el grupo de trabajo de promoción, el 11 de octubre; el
grupo de trabajo del acuerdo marco, el 16 de octubre; el grupo de trabajo
de concursos, el 17 de octubre, y si nos vamos un poco para atrás, puedo
decirles que el 4 de septiembre se reunió el grupo de trabajo del fondo
de mantenimiento del poder adquisitivo; funcionarización, el 6 de
septiembre; personal laboral en el exterior, el 10 de septiembre; fondo
de mantenimiento del poder adquisitivo, el 16 de septiembre;
consolidación, el 18 de septiembre; concursos, el 19 de septiembre;
comisión de acuerdo marco de personal laboral, el 23 de septiembre;
comisión general de formación continua, el 25 de septiembre, etcétera.

Creo que no es necesario narrar la serie de acuerdos; lo único que quiero
manifestar con esto es que no se nos puede achacar la falta de diálogo
con las centrales sindicales. El diálogo existe y existe la concertación
social, lo que no existe es un acuerdo en cuanto al incremento
retributivo de los funcionarios.

De todas maneras, y antes de pasar a otro punto, me gustaría destacar, y
esto es importante decirlo, que no sólo se pide un sacrificio a los
funcionarios, que es indudable que se les pide un sacrificio, pero es que
en este presupuesto sólo suben las pensiones, la sanidad y las
transferencias a ayuntamientos y comunidades autónomas, el resto del
presupuesto baja.

Señor Morlán, no quiero referirme a tiempos pasados, y si S. S. defendió
la congelación en 1994 comprenderá perfectamente dónde estoy yo, pero sí
quiero decir, sin entrar en polémica, que no es mi intención, que el
crecimiento del presupuesto en este año va a ser del 1,7 mientras que en
1994 fue de 11,8. Sólo quiero poner sobre la mesa la diferencia puesto
que ha hecho usted referencia a cómo estaba entonces la situación
económica.

Pasando al punto relativo a la jubilación, tengo que decir que se
mantiene la edad de jubilación en los 65 años y lo que se hace es
permitir que los funcionarios que quiera puedan prorrogarla hasta los 70
años. Esto afecta a todos los funcionarios, y no sólo a los del grupo A,
y se ha hecho, en primer lugar, porque creemos que se debe rentabilizar
al máximo la capacidad profesional de los empleados públicos, porque
creemos que es una manera de racionalizar los recursos humanos y porque
creemos que se aumenta la productividad. Por otra parte, esta medida de
la jubilación da satisfacción a una reivindicación sentida desde hace
muchos años --y SS. SS. lo saben-- por todos los funcionarios.

Además, seguimos la recomendación del Pacto de Toledo que en su punto 10,
y leo textualmente, dice: Y, sin perjuicio de mantener la edad ordinaria
de jubilación a los 65 años, resultaría muy aconsejable, en términos
financieros y sociales, facilitar la prolongación voluntaria de la vida
activa de quienes libremente lo deseen. Esta es la lectura textual del
Pacto de Toledo.

En cuanto a su repercusión económica, es complicado tenerla exacta,
porque, como S. S. se puede imaginar perfectamente,



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va a depender mucho del número de funcionarios que pida la jubilación,
según de qué grupos estemos hablando, sobre todo con la diferencia que
exista entre estar en activo o pasar a clases pasivas.

Nosotros hemos hecho --no se lo voy a negar y sería absurdo que no
hubiésemos hecho ninguno-- cálculos de lo que saldría, pero siempre
jugamos con porcentajes un tanto supuestos. Por ejemplo para el grupo A
se calcula un porcentaje que siempre es mucho mayor al del grupo B, y
conforme van descendiendo los grupos y se iguala lo que percibe el
funcionario estando en activo o estando en pasivo, va disminuyendo.

Nosotros hemos hecho un cálculo teniendo en cuenta --como S. S. decía--
que se deja de pagar en clases pasivas un dinero, aproximadamente 200 ó
300 millones de pesetas, lo cual, en términos financieros o económicos no
es una cantidad importante. En cambio creemos que, como reivindicación, a
la Administración le viene bien aprovechar a los funcionarios que quieran
voluntariamente seguir trabajando durante cinco años más, hasta los 70;
ellos pueden solicitar en cualquier momento el pase a la jubilación.

En cuanto al efecto retroactivo, evidentemente pensamos en esa
posibilidad. Se reclamó por algunos funcionarios, como es normal, la
posibilidad de la retroactividad. Todas las normas que tienen una fecha
de comienzo tienen el problema de la retroactividad, pero nos parecía
difícil poner una fecha porque, ¿qué fecha podíamos fijar? ¿Poníamos la
de los que se jubilaban en diciembre, la de seis meses antes,
recuperábamos a los que llevaban tres años jubilados? La verdad es que se
decidió no dar efecto retroactivo a la medida por la serie de problemas
que se nos podía plantear. Con respecto a la jubilación creo que no hay
nada más.

En cuanto a las medidas, sobre las que me preguntaba el señor Morlán, que
figuran en la ley de acompañamiento --si ve que me salto alguna me lo
puede decir y le intento contestar--, efectivamente, el artículo 82 habla
de: «Las vacantes correspondientes a las plazas incluidas en las
convocatorias para ingreso de nuevo personal, no precisarán la
realización de concurso previo entre...» Se las voy a ir enumerando muy
brevemente y, después, le aclaro más alguna, si lo desea. Se trata de
separar un poco la dicotomía entre concurso previo y nuevos
nombramientos. Son todas medidas de flexibilización de la gestión de
recursos humanos, que abre la posibilidad de que pueda hacer la
adscripción de un puesto de trabajo sin necesidad de hacer un concurso
previo. También le señalaré que todas estas medidas las conocen los
sindicatos y que no existe problema alguno en su aplicación.

En cuanto al artículo 82, tres dice que las Administraciones públicas
podrán utilizar la convocatoria de concursos de provisión dirigidos a
funcionarios destinados en áreas o sectores departamentales. No es más
que otra medida para que en sitios donde sean deficitarios o
excedentarios se puedan hacer pequeños concursos de funcionarios,
voluntariamente, sin necesidad de tener que realizar un plan de empleo
que requiere muchísimo más tiempo.

El artículo 83, cuatro dice que por necesidades del servicio podrán
adscribirse funcionarios que ocupen puestos no singularizados a otros con
el mismo procedimiento. Aquí había una frase que estaba incluida en el
texto anterior, que decía: de la misma naturaleza. Era una frase ambigua
y luego no se prestaba muy bien, en la práctica, a realizar las posibles
adscripciones de funcionarios de puestos no singularizados. Lo que se ha
hecho es cambiar simplemente la frase: de la misma naturaleza, por: el
mismo procedimiento de provisión.

Después tenemos el artículo 82, dos, que se refiere a la oferta de empleo
público. Aquí por primera vez --es importante reseñarlo y a mí me
gustaría dedicarle un minuto a esto--, se incluye a todo el sector
público en la oferta de empleo público, como dice aquí, incluido en el
capítulo II, del título III de las leyes presupuestarias y los del
artículo 6.5 de la Ley General Presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto?
Simplemente que, como sabe S. S., hasta ahora una serie de colectivos muy
importantes quedaban excluidos de la oferta de empleo público, con lo
cual el control que se tenía sobre el global del capítulo I y sobre la
gestión de los recursos humanos de la Administración del Estado en su
totalidad no era posible.

Nosotros nos encontramos con que la oferta de empleo público sólo se
ceñía a la Administración general del Estado, mientras la oferta de
empleo público de otros colectivos se pactaba en otros ámbitos, sin tener
la necesaria información global. Como ejemplo, se incluye en esta norma
al personal sanitario, que son 140.000 personas, que estaba excluido; a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que son 122.000 personas,
que estaban excluidas; las Fuerzas Armadas, que son 81.000 personas, que
estaban excluidas; el personal de la Administración de justicia, que son
33.000 personas, que estaban excluidas, y al personal del 6.5 de la Ley
General Presupuestaria, que son aproximadamente 63.000 personas. Con esto
englobamos a todo el personal de la Administración general, que
aproximadamente son 903.000 personas.

Además de esto, hay otro artículo que se ha introducido --que también me
gustaría comentarlo, aunque no me lo ha preguntado--, que es la creación
de un órgano común entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de
Administraciones Públicas para el control completo del capítulo I, de
toda la Administración general del Estado, y creo que es importante.

Luego aclararé algo que es imprescindible para esto, que es la inversión
--por lo que preguntaban los dos portavoces--, de 750 millones, que se
fijan para crear un registro central de personal que incluya a todo el
personal de la Administración general del Estado, no como hasta ahora que
sólo incluye a parte, y no tenemos capacidad de controlar el capítulo I
de toda la Administración.

Creo que estos tres puntos son fundamentales y creo que es una innovación
clave para la gestión de los recursos humanos. Me refiero a la creación
del órgano de control, a aumentar el registro de personal y a controlar
la oferta de empleo público global y no parcialmente.

Después hay otra serie de normas, como es la excedencia voluntaria, pero
no citaré todas, si le parece, aunque me gustaría hacerlo, porque se
prolongaría mucho la sesión.

Después pasamos a los presupuestos, al programa 121.D, sobre el que me
han preguntado.




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Prefiero ir desgranando todas las partes y así les queda más claro.

En cuanto al artículo 10, altos cargos, la subida es de un 3,5 que es la
subida del IPC de este año que, como el presupuesto no pasó por las
Cortes, hay que incluir aquí la subida del 3,5 del IPC de este año, y no
tiene otro problema.

En cuanto a los funcionarios, la subida es del 5,1 por ciento. Es el 3,5
e incluye, además, los reingresos de altos cargos que nos han llegado al
ministerio como consecuencia de los ceses de los altos cargos del
Gobierno anterior. Por eso tenemos esta subida en el artículo 12, en
funcionarios.

Los laborales son vacantes que existen. Los incentivos consisten en la
subida del IPC y una redistribución interna que ha habido, y las cuotas y
prestaciones bajan un 2,2 por ciento.

Me parece que me preguntaba si sabíamos el número de vacantes, pero no
está el señor Diputado.




El señor PRESIDENTE: El señor Ríos me ha comunicado que ha tenido que
ausentarse para acudir a otra comisión, que se está celebrando en este
momento. Si desea contestarle, muy bien, pero si no, señor secretario de
Estado puede contestar por escrito a ambas cosas.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno). Contesto a todo, señor Presidente.

Me parece que me preguntaba sobre las vacantes, y le voy a contestar. Las
vacantes de la Administración general del Estado en este momento no sé
las que hay. Si quiere, le puedo decir las que tenemos nosotros. Nosotros
tenemos ahora alrededor de un 17 por ciento de vacantes. La media
calculada de vacantes, el promedio para la Administración general del
Estado, que también se la puedo decir, está aproximadamente entre el 14 y
el 15 por ciento. Si el portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya quiere la contestación exacta, se la mandamos y no hay ningún
problema.

En cuanto a los gastos corrientes del programa 121.B, decía que respecto
a arrendimientos y cánones le llamaba la atención la disminución del 75
por ciento. Está clarísimo. Es que en el paseo de La Habana nosotros
tenemos dos direcciones generales, la Dirección General de la Función
Pública y la de Organización Administrativa, y además ahí estaba
Turespaña, pero compró un edificio el año pasado y lo ha dejado libre. Lo
que estamos haciendo es arreglar este edificio --que son los 89 millones
que también le preocupaban muchísimo al portavoz de Izquierda Unida-- y
vamos a trasladar la Dirección General de la Inspección de Servicios, que
está en alquiler, al local del paseo de La Habana, que no está en
alquiler, que es nuestro. De ahí sale la disminución de 132 millones en
concepto de arrendamiento.

En cuanto a las reparaciones, disminuyen en 30 millones. Casi todas son
mantenimiento de informática, que sube un 8,8 por ciento.

En cuanto a material, suministros y otros, hay un incremento global de
21,6 millones, entre otras cosas porque aquí hay que incluir los
incrementos de los gastos de comunidad que vamos a tener que pagar con el
traslado de la inspección. Hay que pagar los gastos de comunidad de lo
que se traslada a María de Molina.

Las indemnizaciones por razones de servicio son las dietas, que
disminuyen 1,3 millones, lo cual creo que es loable.

En cuanto al capítulo 4, transferencias corrientes externas, ha
desaparecido la dotación que había del CREI, que era el Centro Regional
de Enseñanza para la Informática, que desapareció por un decreto de marzo
de este año, y se incrementan 3 millones en dotación de apoyo
instrumental a la Ley 7/1990, sobre negociación colectiva.

El portavoz de Izquierda Unida también hablaba de los 5 millones para el
exterior. Se incrementan 4,2 millones porque había 800.000 pesetas para
la contribución al programa intergubernamental de informática de la
Unesco y la cuota a un organismo internacional que se llama Council for
ADP in Government Administration.

En cuanto a las inversiones repito otra vez que la partida que aumenta es
la relativa a los 750 millones del registro de personal.

Yo creo que del programa 121.B no me queda nada.

Con relación a Muface diré que tiene un presupuesto de 162.799 millones y
dos programas fundamentalmente. El primero es el programa 314.D, de
prestaciones sociales. Aquí quiero destacar la aportación que se hace de
4.315 millones --por la que creo que me preguntaba S. S.-- para un
programa especial de atención sociosanitaria a la tercera edad, que no
existía en el momento actual y que suponía una diferencia clara con los
usuarios del régimen general de la Seguridad Social. Se refiere a la
asistencia a centros de tercera edad, bien sea de válidos o de asistidos,
a las prestaciones a las personas minusválidas, etcétera. Es un programa
de atención sociosanitaria nuevo que se crea y que es importante. El
segundo es el programa 412.L, de asistencia sanitaria. Lo que se ha hecho
ha sido equiparar la subida al PIB nominal, que es la misma subida que se
ha hecho para el Insalud. Es la misma subida que el Ministerio de Sanidad
ha aplicado a la asistencia sanitaria en el territorio Insalud. De ahí
provienen las subidas del presupuesto, porque si se remiten SS. SS. al
presupuesto general del ministerio verán que prácticamente las partidas
que suben son las relativas a Muface. El Ministerio sube a costa de
Muface, bien del capítulo 2, que son los conciertos de asistencia
sanitaria con las mutualidades, o bien del capítulo 4, que es farmacia y
otras prestaciones.

El señor Ríos preguntaba también sobre la oferta de empleo público. Yo ya
he dicho en varias ocasiones que había cierto temor por parte de las
centrales sindicales de que no fuera a haber oferta de empleo público. Va
a haber oferta de empleo público. Es un instrumento de gestión de
recursos humanos buena e imprescindible y yo no creo que la
Administración se pueda permitir la descapitalización de ciertos
sectores. Lo que va a ser es una oferta de empleo público restringida y
selectiva en aquellos departamentos que se consideren esenciales. Lo que
se ha introducido como novedad en el presupuesto es que la tasa de
reposición sea inferior al 25 por ciento. El señor Ríos me preguntaba



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qué considerábamos nosotros que era la tasa de reposición.

Aproximadamente, sin hablar de cifras exactas, tenemos 10.000 bajas en la
Administración, y serían unas 2.500, pero insisto en que la lectura
exacta de la oferta de empleo público dice entrada de personal nuevo. La
oferta de empleo público no excluye algo que es muy importante para la
gestión de los recursos humanos y para las centrales sindicales, que es
la consolidación del empleo temporal. Este 25 por ciento de la tasa de
reposición es de personal que ingrese directamente de la calle en la
Administración, pero al mismo tiempo, dentro de la oferta de empleo
público, se hará consolidación de empleo temporal, bien sea de empleos
temporales o de interinos.

Sobre la jubilación ya contesté.

El señor Ríos también tenía una duda en cuanto a si afectaba la
congelación a todos los colectivos. Insisto en que la congelación afecta
a todos los colectivos de todas las administraciones públicas y empresas
públicas, salvo aquellas empresas públicas del 6.1.a) de la Ley General
Presupuestaria que no tengan subvenciones, que es lo que dice la ley. No
están exceptuados los médicos. Los médicos no van a tener subida
retributiva en el año 1997. El conflicto que se originó por las
discusiones con los médicos fue porque éstos pactaron con las centrales
sindicales para el año 1996 un reparto de productividad si disminuían un
5 por ciento los gastos corrientes y aumentaba el 5 por ciento la
productividad en los centros hospitalarios. En aquellos centros
hospitalarios donde se mantuvieran esas dos constantes, que se tuviera el
5 por ciento más de productividad y se disminuyera el 5 por ciento de los
gastos corrientes, se hablaría de un reparto de productividad, pero para
este año 1996. No estamos hablando del año próximo ni va a haber subida
retributiva para el año 1997.

En cuanto a los otros funcionarios, como ya se sabe, afecta a todas las
administraciones públicas y no está en discusión.

También preguntaba el señor Ríos qué pensábamos hacer si alguna
administración pública, bien sea ayuntamiento o comunidad, no quisiera
cumplir el precepto legal. Pues lo mismo que hizo el Gobierno anterior en
1994, que todavía lo tenemos.

Yo tengo aquí una lista de infinidad de recursos,
contencioso-administrativos o ante el Tribunal Constitucional, que
presentó el Gobierno en su momento, en la correcta aplicación de la ley.

Si hay una ley, habremos de cumplirla y el Gobierno, sea el que sea,
tendrá que dedicar el tiempo necesario para que se cumpla la ley. No
tiene otra posible contestación.

Creo que sólo me queda darles las gracias por sus preguntas, y no
aburrirles más, porque yo también les he echado una sarta de
contestaciones.

Si quieren alguna otra aclaración por escrito, se la enviaré encantado.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario de Estado. No nos ha
aburrido, sino todo lo contrario. (El señor Morlán Gracia pide la
palabra.)
Sí, brevemente, señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por
su información. La verdad es que, de las preguntas que le hemos hecho, ha
contestado bastantes, pero falta alguna otra. Lo que yo plantearía --como
hemos hecho en el caso anterior-- es que se le haga llegar el «Diario de
Sesiones» de esta comparecencia para que tenga posibilidad de contestar a
las preguntas que faltan antes de la presentación de enmiendas, con el
fin de ver si presentamos alguna al respecto.

En cualquier caso, sí quiero hacer un comentario a las afirmaciones que
ha hecho sobre el capítulo VI del acuerdo con los sindicatos. Vamos a
leerlo todo, y vamos a leer el último punto cuando señala que también se
tendrá en cuenta la evolución de los salarios y del empleo del conjunto
del país; o, también, la valoración del aumento de productividad del
empleo público. Creo que son aspectos que, mirados en su conjunto, pueden
perfectamente justificar que ustedes se sienten y que ustedes negocien,
porque se sentaron para decir únicamente que no habría aumentos, no se
sentaron para negociar que no hubiera aumentos. Ahí hay un matiz
importante que hace falta tener presente.

Por ello, reitero que ustedes, que son sensibles a estos planteamientos
--si quieren, pueden serlo--, reconsideren la posibilidad de negociar,
hablen con las centrales sindicales y vean que, por muy dispersa que sea
la interpelación que hacemos de las cifras macroeconómicas, en conjunto,
hay posibilidades de que se consiga este aumento retributivo. Creo que
enmendaremos un error que puede traer unas consecuencias muy positivas
para el funcionamiento de la Administración pública. (La señora Rivadulla
Gracia pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Sí, brevemente, señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: En nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, únicamente quiero decir que no es falta de cortesía que se
haya marchado el Diputado Pedro Antonio Ríos; tenía que atender otra
comisión.

Señor secretario de Estado, hay dos cuestiones que creo que han quedado
sin contestación. Una de ellas era si se piensa aplicar la ampliación de
la edad de jubilación para todo el colectivo de funcionarios. A nosotros
nos parece muy negativo. Pensamos que hay trabajos que quizá sea posible
realizarlos con la misma calidad de servicio a los setenta años, pero hay
trabajos en los que no ocurre lo mismo; me estoy refiriendo, por ejemplo,
a la enseñanza en primaria. Realmente, es complicado y pensamos que eso
puede repercutir en la disminución de la calidad del servicio, en algunos
de estos sectores de servicios públicos.

La otra partida, referida a mejora del medio ambiente en el entorno del
trabajo --creo que el señor Ríos ha dicho que era de unos 80 millones de
pesetas-- creemos que resulta realmente pequeña si es que se piensan
generalizar las condiciones medioambientales. Le agradeceríamos que nos
informara sobre ella por escrito --lo mismo le pediría en relación a todo
lo que no haya quedado contestado-- y,



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a través del Presidente de la Comisión, lo hiciera llegar a nuestro grupo
parlamentario. (La señora Fernández González pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, tiene la palabra para hacer alguna
manifestación puntual al secretario de Estado.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: Desde el Grupo Parlamentario Popular, vamos
a realizar unas consideraciones muy breves dentro de este turno de
comparecencias en la Comisión de Administraciones Públicas. En nombre del
grupo, yo quisiera redefinir las siguientes preguntas que se han
formulado a lo largo de las anteriores intervenciones de los portavoces
de los diversos grupos parlamentarios, pero hay algún extremo que a
nosotros nos parece que vale la pena resaltar en este turno breve del que
hacemos uso.

Cuando se hace referencia a la congelación salarial --término acuñado de
forma coloquial--, es decir, al no incremento de retribuciones para los
empleados públicos en el ejercicio 1997, a nosotros nos gustaría que se
delimitase, si es posible en este momento, qué trámite y qué dotación
presupuestaria ha tenido el último incremento salarial, respecto a los
funcionarios públicos, del vigente ejercicio económico. Toda vez que
estamos hablando de un presupuesto prorrogado y que el presupuesto de
1996 fue devuelto por la Cámara; toda vez, igualmente, que experimentó un
incremento salarial, como usted recordará, del 3,5 por ciento, nos
gustaría saber, presupuestariamente, cómo se ha dotado ese incremento y
qué repercusiones --tal vez, de cara al futuro y, eventualmente, en el
ejercicio del 97-- pudiese tener esa medida a consecuencia de la prórroga
presupuestaria.

Nos gustaría también coincidir --porque es un planteamiento del grupo
parlamentario-- respecto a un tema importante que se ha puesto de
manifiesto por anteriores comparecientes: la ampliación voluntaria de la
edad de jubilación. Nos parece que es una medida que se puede cuantificar
de forma aproximada, pero que es imposible --y nos gustaría que lo
ratificase-- una concreción milimétrica, por cuanto que una medida
voluntaria no es susceptible de medición exacta, como parece que
pretendían algunos de los intervinientes, y traslado presupuestario
correspondiente.

Por lo que se refiere al posible incumplimiento o no del convenio firmado
con los funcionarios, a nosotros nos gustaría que se pusiese también de
manifiesto la implicación que el carácter jerárquico de la Ley General
Presupuestaria tiene no sólo respecto a la Administración del Estado sino
también respecto a la administración local y autonómica y, por tanto, la
vinculación que la Ley General Presupuestaria tiene, desde el punto de
vista legal, respecto a esta importante consideración retributiva. Desde
compartimos el criterio que se ha esgrimido en su respuesta anterior, en
el sentido de que no haya incumplimiento, porque llegaríamos al
sinsentido de que, si se firmasen convenios con carácter trianual o
cuatrianual, realmente se hipotecaría el debate presupuestario del
capítulo 1, que afecta a todos los departamentos ministeriales. A nadie
se le ocurre que, con independencia de las variables económicas y de la
situación económica del país, en general, se pueda hipotecar dicho
debate, como no lo hizo el convenio colectivo, porque efectivamente no lo
podía hacer y así lo recogía en una de sus cláusulas o disposiciones.

Finalmente, nos gustaría remarcar --porque creo que se ha dicho en la
intervención--, dentro de las características generales de austeridad
presupuestaria que preside el departamento ministerial al que usted
pertenece, como el resto de los departamentos ministeriales, que nos
parece importante el esfuerzo inversor que se hace, concretamente, en el
programa 121.B, referido a dirección y organización de la Administración,
que arroja ese incremento de 750 millones de pesetas. Entendemos que
dotar con dicha partida al centro de proceso de datos de toda la
Administración pública, dentro de estas características genéricas de
austeridad presupuestaria, supone un esfuerzo que, por eficiencia en la
gestión y prestación de servicios, y dentro del contexto general del
propio marco presupuestario, desde el Grupo Parlamentario Popular
queremos resaltar y remarcar.

Quiero finalizar agradeciendo la información que se nos ha facilitado,
interesantísima, en esta comparecencia y que a todos nos resultará de
gran utilidad para los ulteriores debates y tramitación presupuestaria.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA (Villar
García-Moreno): Sólo quiero decir a la portavoz del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya que no sólo no me parece una descortesía,
sino que he intentado contestar, aunque no estuviera el señor Ríos, a
todas las preguntas que había formulado.

En cuanto a las dos cuestiones que me plantea, creo que dije que lo de la
jubilación afectaba a todos los funcionarios. Lo que pasa es que debí de
hablar de forma un poco atropellada. Y respecto a la consideración que
ella hace sobre el trabajo en la enseñanza, creo que los profesores no
estarán de acuerdo en que no puedan dar clase a los sesenta y cinco años.

Yo creo que todos los funcionarios son aprovechables, salvo que tengan
alguna discapacidad que les impidiera ser útiles. De todas maneras, esa
medida está sujeta a debate o a cualquier interpretación. En nuestra
opinión, no podía haber exclusiones. Hay una serie de cuerpos o de
grupos, como ustedes saben, que ya están excluidos, como son las Fuerzas
Armadas, Guardia Civil, Policía, etcétera, que por sus características
tienen la edad de jubilación antes, y existía ya una serie de grupos que
ya lo tenían, como SS. SS. saben también, muchos componentes del grupo A
--abogados del Estado era el único excluido--, como son jueces,
magistrados, fiscales. Me parece que son diez colectivos los que estaban
incluidos en la prolongación.

En cuanto a los 80 millones del capítulo 6, también le dije antes, pero a
lo mejor no me entendió, que la mayor



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parte de ellos estaban destinados a la adaptación de los nuevos locales
de la Dirección General de la Inspección, que se traslada a María de
Molina. De todas maneras, si quiere le mandamos por escrito exactamente a
dónde va. La disminución del importe de los arrendamientos viene del
alquiler que pagábamos por esa dirección general que trasladamos ahora
donde estaba Turespaña, en María de Molina.

Agradezco la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

Ya dije antes también que es difícil medir el gasto en la jubilación,
aunque hemos hecho un cálculo de los porcentajes para cada uno de los
grupos, suponiendo que se acogieran a esta medida, y el gasto no es
excesivo, porque hay que deducir lo que se gastaría por la otra parte, al
pasar a clases pasivas, y dije que aproximadamente eran entre 200 y 300
millones de pesetas. También dije que la congelación afectaba a todas las
administraciones, y recalco lo del convenio Administración-sindicatos.

Agradezco a todos sus preguntas y perdonen por la extensión de las
respuestas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado. Le
haremos llegar el borrador del acta cuanto antes para que pueda contestar
por escrito a aquellas cuestiones que han quedado pendientes. Diríjase,
por favor, a esta Presidencia, que hará llegar a los grupos
parlamentarios esa contestación.




--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (RODRIGUEZ-ARANA
MUÑOZ), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (número de
expediente 212/000338) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA (número de expediente 212/000240).




El señor PRESIDENTE: Seguimos con la comparecencia del Subsecretario del
Ministerio de Administraciones Públicas, a quien damos la bienvenida a
esta Comisión que es la suya.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Rodríguez
Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Quisiera, en primer lugar, dar la bienvenida
al subsecretario del departamento ya que creo que es ésta su primera
comparecencia en la Comisión, aunque lógicamente se producirán más en el
desarrollo de esta legislatura y de su responsabilidad. En todo caso,
cuente con que el Grupo Socialista intentará colaborar al máximo en el
desarrollo de sus funciones. Funciones que, desde la perspectiva
presupuestaria y dada la naturaleza del ministerio que representa en este
acto, tienen un carácter bifronte en cierta medida. Usted gestiona una
parte ciertamente pequeña stricto sensu de su ministerio, pero
obviamente, al ser el Subsecretario de Administraciones Públicas,
proyecta su ámbito de responsabilidad en la gestión prácticamente al
conjunto de administraciones públicas. Hemos querido reservar para su
comparecencia algunas cuestiones que tienen trascendencia en el debate
político y también en el desarrollo presupuestario. (El señor
Vicepresidente, Soriano Benítez de Lugo, ocupa la Presidencia.)
En esa dirección la primera pregunta que le quería formular era, si está
en condiciones de responder y si no lógicamente que nos las transmita por
escrito, cuál es la cifra general correspondiente a altos cargos en el
presupuesto de 1997 de Estado, organismos autónomos y Seguridad Social, y
lógicamente, la comparación con el presupuesto de altos cargos del
ejercicio en vigor, es decir, del ejercicio del presupuesto prorrogado
con el decreto-ley de prórroga y de modificación de algunos aspectos
presupuestarios. No se le oculta que la intención del Grupo Socialista
con esta pregunta es conocer el ahorro que el Gobierno ha formulado en
este presupuesto, si es que hay ahorro, cosa que, a tenor de los datos
iniciales, sospechamos que no se va a producir así. Le quiero recordar,
aunque seguramente a usted le vincula menos desde el punto de vista
político, que el Grupo Popular prometió profusa y difusamente en esta
Cámara, no hablo fuera de ella, un ahorro cercano a los 70.000 millones
de pesetas en materia de altos cargos. Seguramente la cifra en su momento
era disparatada, muy elevada, pero, como estamos hablando de un
presupuesto que se presenta como austero en muchas de las partidas y que
incluso está sirviendo para justificar la congelación de las
retribuciones de los funcionarios, nos gustaría conocer el dato exacto
que abarcara Estado, organismos autónomos y Seguridad Social del
presupuesto de altos cargos que, hasta este momento, estaba en 8.400
millones aproximadamente, y queremos ver la evolución.

En segundo lugar, queremos conocer también la comparación del presupuesto
del personal eventual, que tiene también su cierta importancia para que
nuestro grupo se haga un juicio de valor sobre si, en efecto, ese norte o
ese principio de la austeridad que se ha pregonado anteriormente, incluso
en el debate justificativo de la congelación retributiva de los
funcionarios, se ha producido. Lo digo por algún dato que hasta ahora
hemos podido consultar, pero sabemos que la lectura global de los
presupuestos tiene ciertas dificultades, incluso para los propios
responsables del Gobierno, y no quisiéramos equivocarnos sin tener su
dato como oficial, es decir, cuánto es y cuánto era el presupuesto del
personal eventual.

También nos gustaría conocer si es una ausencia o un olvido en la ley de
presupuestos o, en su caso, en la ley de acompañamiento de lo que durante
muchos años fueron dos propuestas del Grupo Popular, que se venían
inscribiendo también en ese testimonio de política de gestos de
austeridad y que, en su momento, concretamente en el año 1994, cuando se
produjo la congelación salarial de la que hemos discutido durante esta
mañana aquí, también justificó la postura del Grupo Popular para proponer
el aumento salarial que en aquel entonces defendía el Gobierno y que así
quedó definitivamente en los presupuestos de 1994. Me refiero a dos
cuestiones concretas, si es un olvido, si se ha reflexionado mejor o si
se va a incorporar en



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algún otro precepto, porque han sido posturas reiteradas año tras año del
Grupo Popular. La primera cuestión es la incompatibilidad retributiva de
los alto cargos con las retribuciones que obtienen por su presencia en
los consejos de administración de empresas públicas. Le puedo confesar
que, cuando la ley de presupuestos entró en esta Cámara, fue uno de los
primeros temas que fui a buscar, a ver en qué precepto de la ley
presupuestaria se encontraba la que había sido una enmienda ya clásica
del Grupo Popular, justificada, explicada y difundida como gesto de
austeridad de lo que debiera ser un nuevo modelo de la administración. Y
la segunda, obviamente, va en la misma dirección. Es decir, es una
ausencia, es un olvido --casual o no casual, se ha reflexionado-- sobre
la propuesta de que los contratos en empresas públicas no llevaran
aparejados en ningún caso indemnización, porque hemos visto que en
renovaciones en determinadas empresas públicas ese punto tampoco ha
aparecido. Esto también se proponía en la ley de presupuestos
permanentemente y queremos saber si es un olvido. Digo esto porque,
desgranando algunos de los aspectos objetivos de esa política de gestos,
pudiera estar justificada en cierta medida, por la coherencia histórica
de las posturas, la actitud en torno a la congelación salarial de los
funcionarios. Ya lo he manifestado en la comparecencia anterior, no voy a
recalcar más cuál es nuestra posición, pero ciertamente hay que subrayar
que lo que le preocupa al Grupo Socialista en relación con esta cuestión
es que ni siquiera haya habido cinco minutos para negociar con los
sindicatos la posibilidad de un incremento retributivo. Y más allá de eso
nos preocupa la ruptura que ellos han interpretado, además unánimemente.

Es muy difícil ver la unanimidad que se ha puesto de todas las centrales
sindicales en el ámbito del sector público. Todos somos conscientes de
que son muy plurales desde el punto de vista de sus posiciones
ideológicas, pero en sus propias manifestaciones hay alguna cuestión que
sí nos preocupa y que yo creo que va a cuestionar en buena medida muchos
de los objetivos que tiene el programa y que acompaña la memoria de la
sección de administraciones públicas, porque ellos mismos están diciendo
que esta medida va a tener unas nefastas consecuencias para las
relaciones laborales en el sector y un evidente deterioro para el normal
funcionamiento de los servicios públicos. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Esto es lo que dicen los sindicatos que va a originar la
medida de la congelación, y no sólo la medida, sino la forma en que se ha
tomado, presumiendo --como ya hemos indicado en algún otro momento-- que
los empleados públicos no estarían dispuestos a hacer ningún tipo de
sacrificio. Por tanto, quiero reiterar, en nombre del Grupo Socialista,
que sería bueno que hubiera esa voluntad negociadora, sin prejuzgar el
resultado final. La verdad es que hasta ahora se nos está diciendo --y
forma parte, según la memoria, de una de sus competencias, que es el
seguimiento e impulso del acuerdo firmado con los sindicatos-- que hay
muchas mesas abiertas, pero en las reuniones que formalmente algunas de
estas centrales han tenido con los grupos parlamentarios la versión que
nos han trasladado es que la situación es bastante decepcionante, quizá
como consecuencia del tema de fondo, del tema que más les ha preocupado
y, lógicamente, su posición no es precisamente muy favorable a esta
cuestión. Le quiero decir que ustedes han justificado en reiteradas
ocasiones la medida de la congelación por el escenario presupuestario y
se ha interpretado cuál es la lectura del capítulo 6 de ese acuerdo. Yo
no lo voy a sacar aquí, va a haber ocasiones de hacerlo en el Pleno de la
Cámara y seguramente ante altos cargos que tienen una responsabilidad
distinta y más comprometida en esta tarea que usted mismo, pero la verdad
es que se dijo muchas veces en esta Cámara que no podía afectar a la
cuestión del déficit la congelación salarial, e incluso se dijo que
--como se ha ido diciendo por este Gobierno--, el hecho de que sean los
funcionarios personas con una relación estable en el empleo, es atentar a
la independencia, o poner en cuestión su independencia como elemento
justificativo. Este es un problema que nos preocupa. Yo creo que la
gestión de su ministerio está comprometida seriamente para el año 1997
por su actitud cerrada a sentarse a negociar la posibilidad del
incremento retributivo. Insisto, afecta muy directamente a su ámbito de
competencias, aparece en la memoria y, desde luego, es conocido que el
Grupo Socialista, en el trámite parlamentario, va a elevar al debate del
Pleno de la Cámara una propuesta para que inmediatamente el Gobierno se
siente a negociar. Por consiguiente, nos gustaría que esa actitud
flexible existiera en el conjunto del ministerio y, desde luego, en lo
que afecta al Gobierno.

En esta última parte de mi intervención, voy a referirme a lo que es
estrictamente su ámbito de competencia, a lo que es un programa casi
único de gestión, que es el programa 121.A, y fundamentalmente voy a
dirigirle algunas preguntas aclaratorias, que es el sentido virtual y
principal de este trámite. ¿A qué se debe el aumento de gastos de
personal en un 12,4 por ciento en el capítulo 1 del programa 121.A, que
pasa de 1.655 a 1.860 millones? También queríamos saber a qué se debe el
aumento del gasto corriente, que aumenta el 3,6 en el capítulo 2, de 918
a 950, y por qué se produce una ligera --es verdad-- reducción en el
capítulo de inversiones reales. Esas son las tres cuestiones que
quisiéramos conocer en relación con el programa 121.A, es decir, la
dirección y servicios generales de la Administración general del Estado,
lógicamente para conocer si el Grupo Socialista puede tener alguna
intención de enmendar parcialmente si no obtenemos una explicación
satisfactoria de ese aumento del capítulo 1, del gasto del capítulo 2 y
de la disminución del capítulo de inversiones reales.




El señor PRESIDENTE: El señor Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Yo no voy a intentar repetir lo que ha sido la
discusión con los otros secretarios de Estado, me voy a concentrar en la
función que debe tener el subsecretario, que es administrar los servicios
generales, y parece ser que también gestionar un programa, que es el
121.D, sobre un apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del
Estado, por valor de 537 millones de pesetas. En la explicación de este
programa se nos dice que orgánicamente



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corresponde a la subsecretaría la gestión de las unidades administrativas
para este programa de apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura
del Estado. Como se han hecho varias preguntas, yo no las voy a reiterar.

En función de las respuestas que se dé a los otros grupos, nosotros
tendremos esa información, pero me va a permitir que le intente realizar
dos, de carácter general, de los servicios generales y de una actuación
que, en función de los objetivos y actividades que se marcan para el
programa 121.A, debería derivarse de las actuaciones de la subsecretaría.

A mí me gustaría conocer si se hace un seguimiento, desde los servicios
generales, al sistema de contratación de altos cargos no administrativos.

Los altos cargos administrativos son lentejas; lo que está fijado es lo
que hay, por más que se busquen algunos complementos de asistencia a
algunos consejos de administración; pero las contrataciones en entes
públicos, comerciales, entidades o empresas públicas ya no es igual, y a
mí me gustaría saber, porque fue una controversia, si se limitan los
contratos, la forma de salir de esos contratos, es decir, los blindajes
de los contratos, las indemnizaciones en caso de sustitución, cuáles son
las orientaciones que se han dado para esa firma por parte de las
empresas públicas, organismos públicos --administrativos y comerciales
antiguos, ahora ya ustedes proponen una reforma englobándolos de otra
manera--, para evitar que exista esa evolución tan anómala de que
determinados cargos de la Administración pública pueden tener solventes
salarios o solventes asignaciones, mientras que la evolución es más
constreñida para otros. ¿De qué manera ustedes garantizan, desde la
política del propio Ministerio de Administraciones Públicas y desde los
servicios generales que eso sea así?, no en cuanto a la evolución de
otros datos.

En concreto, me va a permitir que le solicite información sobre el
programa 121.A como precisión, porque lo desconozco, a pesar de haber
leído atentamente los documentos que se nos han acompañado. En el
artículo 10, altos cargos de este ministerio y servicios generales, están
previstos 54.348.000 pesetas. ¿Qué personas son las que se recogen, qué
puestos están cubiertos ya y cuáles están a expensas de cubrirse, porque
puede ser que en la estructura de su aparato administrativo no estén
cubiertos?
En segundo lugar, el volumen --es verdad que aquí es menos importante-- o
el peso que tienen dentro de este servicio los incentivos al rendimiento,
a través de productividad, que es de 147 millones de pesetas, y las
indemnizaciones por razón del servicio, que son 16 millones de pesetas.

Ustedes tienen un volumen de funcionarios y de personal eventual. Además
de altos cargos, hay una partida de 113 millones de pesetas de personal
eventual adscrito a los servicios generales. En la pregunta anterior que
le han hecho ya explicará usted lo que es general de lo que es su propia
actuación, dentro de lo que tiene que gestionar, para así poder sacar la
conclusión.

Ustedes tienen una inversión a realizar aquí de 139 millones de pesetas.

Es verdad que la inversión nueva es pequeñita, de unos 28 millones de
pesetas; la más grande es de inversión en reposición. Me gustaría conocer
la concreción de estas inversiones, porque en el anexo viene muy
globalizado, no viene detallado. En todo caso, hay obras que pueden ser
prioritarias y me va a permitir que le diga que así puedo arañar; como
luego no puedo hacer enmiendas para quitar y poner... lo digo por si
aplazamos el arreglo de esta farola o de ese patio y lo dejamos para el
año que viene, y así podemos sacar unos dineros para hacer frente a otro
programa. Con ese objetivo se lo digo, por ver si son aplazables o no y,
dentro de las prioridades, poder decidir luego a la hora de hacer las
enmiendas.

Estas serían las preguntas correspondientes a la gestión del programa
121.A. Hay una parte que es alta por su volumen, pero me imagino que hay
una especie de alta distribución de determinados edificios, por así
decirlo. Hay un volumen muy alto de arrendamientos --es verdad que va
unido a cánones, pero me imagino que eso será pequeño--, 167 millones de
pesetas. En todo caso, quisiera conocer la razón de ese volumen tan alto
y si ustedes piensan incidir sobre él. También es verdad que está
contenido, es decir, que no es un gasto al alza, pero es alto en cuanto
al volumen que representa.

Antes de pasar al otro programa, dentro de la literatura de los objetivos
y actividades que ustedes proponen del programa 121.A, hay dos
actividades, que ustedes denominan gestión particularizada, que a mí me
gustaría que me precisara para ver de qué manera se proyecta a la gestión
presupuestaria.

Hay una actuación que ustedes denominan mejora de la eficiencia en la
utilización de recursos a través de adaptación de planes de actuación que
conjuguen el ahorro con la mejora de la calidad del servicio. ¿El ahorro
se refiere a los recursos humanos? ¿A los recursos materiales? ¿A los
gastos corrientes? ¿A las transferencias? Es decir, ¿cuál es esa
actuación y de qué manera se va a proyectar?, si ustedes tienen previsto
que con esta actuación pueden derivar unas conclusiones presupuestarias
que permitan al final del ejercicio llegar a una actuación de mejora de
la calidad ahorrando dinero. Me gustaría que me explicara si hay
concreción, y si hoy no es posible, que después se pudiera aportar al
Presidente y se nos hiciese llegar, porque de esta manera sería
suficiente.

Hay otra actuación que nos gustaría que nos precisara. Yo sé que esto es
residual y ha aparecido en todos los presupuestos. Me refiero a la
adquisición, liquidación y venta del patrimonio de los extinguidos
patronatos de las casas de funcionarios civiles. Aquí hay muchos
patronatos de casas de funcionarios civiles que han tenido una evolución
determinada. A mí me gustaría conocer si la liquidación y venta de
patrimonio está recogida dentro de las previsiones de ingresos, o si una
buena gestión de esto significa un incremento de esa oferta, o de esos
conciertos con determinadas administraciones públicas para ceder, que
puede ser uno de los casos, o al propio ministerio; o sea, que los
propios ministerios reutilicen determinadas viviendas. En educación, ya
sabe, le pueden dar muchas explicaciones, porque han sido unos artistas,
de cómo han sido transformadas viviendas en locales escolares; es el
canto del día, por lo menos de lo antiguo, yo no sé ahora mismo cómo
podrá venir.




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En cuanto al último programa de apoyo a la gestión administrativa a la
Jefatura del Estado, la cuantía es muy pequeña, pero son 553 millones de
pesetas. Ustedes fundamentalmente tienen dos actividades aquí: una, la
armonización del régimen del personal que presta su servicio en la casa
de S. M. el Rey, y otra --ustedes ponen aquí--, un apoyo técnico
especializado en la gestión administrativa. Me gustaría saber cuál es su
papel, si solamente es ubicar aquí una partida presupuestaria que
gestiona otro o si usted gestiona. No sé si soy muy brusco al plantearle
la precisión que quisiera obtener, pero quisiera saber cómo va este
funcionamiento. Porque, fíjese, le voy a hacer una pregunta concreta
respecto a este programa. Tiene un volumen de gratificaciones por
productividad superior al 15 por ciento del volumen de sueldo; es decir,
tiene, para funcionarios, 436 millones de pesetas, y para
gratificaciones, 65 millones de pesetas, indemnizaciones de los dos
servicios, 16 millones de pesetas. Me gustaría conocer las razones de
este alto porcentaje en estos servicios y si obedecen a que el personal
civil tiene una dedicación más complicada y necesita estos complementos.

En todo caso, escucharé atentamente y si algún ahorro podemos hacer, lo
haremos, y si hay que añadirle, porque tienen poca previsión, también lo
haremos con nuestras enmiendas. (Un señor Diputado: Lo han recibido de
Anguita.) No, lo hemos recibido directamente desde la sede de Ferraz, no
ha sido desde Anguita. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos, incluso por su
aclaración.

Señor subsecretario, tiene la palabra para contestar las preguntas de los
representantes de los grupos parlamentarios.




El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rodríguez-Arana
Muñoz): Señoras y señores Diputados, antes de comenzar formalmente a
aclarar o contestar las preguntas y las consideraciones que el proyecto
de ley de presupuestos les suscita al Grupo Socialista y al Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, no puedo resistir la tentación
de decir que es la primera vez que vengo a esta Comisión, después de
haber renunciado a mi escaño como Diputado por la provincia de La Coruña,
y que realmente se está más cómodo, al menos el rato que he pasado como
oyente, que cuando uno tiene que subir a esta silla, desde la que, con
mucho gusto pero con alguna dificultad derivada también de que es la
primera vez que vengo, voy a intentar dar respuesta a todas las preguntas
que se han hecho, haciendo la reserva también, como es lógico, de que
algunas contestaciones a materias muy puntuales y muy concretas se las
remitiré a través del conducto de la Presidencia, para que ustedes tengan
conocimiento de ellas.

Le agradezco al señor Diputado, Rodríguez Zapatero, que haya dicho que
piensa que el subsecretario, aunque gestiona parte pequeña, iba aquí a
intentar dar cumplimiento y explicar una serie de cuestiones sobre la
política general del ministerio, pero lo único que puedo y debo hacer --y
es mi función como responsable de los servicios comunes del ministerio--
es intentar, en la medida de mis posibilidades, explicar esas
consideraciones generles a lo que es el proyecto de presupuestos del
Ministerio de Administraciones Públicas en relación con estas materias.

Por ejemplo, en el capítulo de altos cargos, hay una disminución
sustancial del 16,8 por ciento, y, lo ha dicho el secretario de Estado y
se puede subrayar porque es verdad, es la primera vez que la
Administración española de los últimos años empieza a tomar medidas en
las que no hay aumento de personal. Creo que esto es importante
señalarlo. Es una tendencia que vamos a mantener y creo que en este
ministerio la supresión de algunos altos cargos va en esta dirección.

En lo que se refiere al personal eventual, puedo decirle que en el total
de la Administración del Estado hemos pasado de 394, que había antes de
llegar al Gobierno, a 327; que bien es cierto que en el capítulo de altos
cargos y de personal eventual hay que tener siempre en cuenta que no se
incluyó en la ley de presupuestos de 1996 el incremento del 3,5 por
ciento que, a su vez, hay que tener presente. Si a esto se añade el
acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de julio de 1996, que creo que de
una manera completa da regulación a esta materia que antes estaba quizá
un poco dispersa, nosotros lo único que hemos hecho ha sido dar
cumplimiento a ese acuerdo y es la cifra que aparece en el presupuesto en
relación con el personal eventual.

El personal funcionario crece también 3,5 por ciento. Como ha explicado
el secretario de Estado, hay que añadir que en nuestro ministerio hemos
tenido que asumir a una serie de altos cargos que venían del Gobierno
anterior y que, de acuerdo con la norma de la Cecir de 1995, que se
implementó en 1996, a este tipo de funcionarios ha habido que prestarles
una especial atención para dar cumplimiento también a las cláusulas que
estaban previstas en esas normas. Por tanto, ha habido un ahorro en altos
cargos en el ministerio.

Ya se ha explicado antes la cuestión de la congelación salarial, y ha
quedado perfectamente claro. Quizás también sea conveniente señalar, en
la línea de lo expuesto por el señor secretario de Estado y por el Grupo
Popular, que también en esta materia que regula una ley general de
presupuestos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es bastante
clara, y no es solamente desde el año 1990, sino que arranca del año
1985, en la que se dice con toda claridad y con toda solemnidad que la
ley, como no podía ser de otra manera, está por encima de otro tipo de
elementos normativos, y, por tanto, la jerarquía normativa también tiene
que aplicarse en este supuesto, aunque también conviene subrayar y
señalar lo que dijo el secretario de Estado de que el capítulo 6 de ese
acuerdo, cuando se refiere a los elementos del sistema económico y el
déficit público, también permite decisiones como la que se ha tomado.

En relación con la negociación, puedo decir que, en lo que se refiere al
Ministerio de Administraciones Públicas, hemos aprobado en varias
reuniones con las centrales sindicales que la acción social del
Ministerio para las Administraciones Públicas crece. Hemos incrementado
algunos capítulos para la atención del personal; la formación también
crece, no mucho, pero crece el 8 por ciento en el ministerio.




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Creo que son capítulos importantes. Como ha dicho el secretario de
Estado, este tipo de cuestiones están abiertas en la Administración
general del Estado, pero en el ministerio estamos intentando demostrar,
en la medida de nuestras posibilidades, que, a través de este tipo de
acciones, se puede ir sustituyendo la trama que puede causar la cuestión
de la congelación salarial, que es una cuestión cerrada y que nosotros lo
que tratamos es de intentar por estas vías, con más de dieciséis mesas de
negociación abiertas, ir supliendo para que el diálogo y el acuerdo en la
negociación sea la característica del ministerio.

En relación con el programa 121.A, de apoyo a las normas, ya también aquí
se ha dicho que la subsecretaría tiene una función muy instrumental, que
se refiere fundamentalmente, a través de la Secretaría General Técnica, a
apoyar, como hemos apoyado, en los estudios relativos a la ley de
organización y funcionamiento de la administración general del Estado,
que está en las Cortes. Estamos colaborando también en los estudios
previos a la ley del gobierno y de la administración, que también el
ministro ha señalado que presentaría antes de acabar el año en las
Cortes; estamos colaborando también en la reforma de la famosa ley 30 de
Régimen jurídico de administraciones públicas y procedimiento
administrativo común, y estamos asimismo trabajando en esta dirección
para intentar reformarla en lo que entendemos que tiene que ser
reformado.

Hay otra consideración también que ha hecho S. S. en relación con el
capítulo 6. Hay que decir que la inversión de reposición es una inversión
que está motivada fundamentalmente, porque, como aquí se ha dicho
también, como resulta que vamos a agrupar distintas dependencias en este
momento dispersas del ministerio en María de Molina, de alguna manera en
el capítulo 2 hay una disminución en este concepto y también hay un
aumento de los gastos de comunidad, porque es evidente que una medida
lleva a la otra.

En lo que se refiere al capítulo 2, hay un disminución importante del
13,5 por ciento, que va en la misma línea de lo que ha señalado el
Gobierno como filosofía general de austeridad y restricción, y yo
destacaría que hay partidas importantes que bajan sustancialmente, como
reuniones y conferencias, gastos protocolarios, dietas, en fin, partidas
que nosotros pensamos que, a pesar de esta reducción, se pueden asumir
con rigor y con criterios de eficacia los objetivos del ministerio,
porque, si se tiene claro que la unidad de medida es la peseta y se mira
la peseta, se puede sacar partido a muchas pesetas, que a lo mejor no son
todas las que quisiéramos, pero que son suficientes para llevar adelante
los objetivos del ministerio.

Por tanto, el aumento de gastos de personal ya he intentado explicarlo.

El gasto corriente en el capítulo 2 decrece en un 13,56 por ciento; y
luego las inversiones, que es el capítulo 6, tienen que ver también, como
he expuesto anteriormente, con los cambios de ubicación de estos
departamentos.

Al señor Ríos le agradezco también su intervención y su interés por
conocer algunos aspectos del presupuesto, que voy a intentar comentarle.

En primer lugar, ha planteado el programa 121.D, que es el que se refiere
al apoyo a la Jefatura del Estado. La única función que tiene nuestro
ministerio en relación con esta cuestión es el apoyo instrumental, como
dice en la memoria, derivado de un decreto del año 1985, para hacer
frente a las obligaciones del personal civil de la Administración del
Estado que presta servicios en la Casa de S. M. el Rey. Con relación al
presupuesto del año pasado, hemos tenido que hacer algunas variaciones
para adaptar la relación de puestos de trabajo a los conceptos
presupuestarios y que se pagaran de acuerdo con los conceptos, tal y como
se tienen que pagar, pero es una actividad que para nosotros es muy
instrumental; hay algunos conceptos que pueden llamar la atención, pero
que se entienden en un concepto de lo que es la especialidad y la
actividad propia de la Casa de S. M. el Rey, como son las dietas, cuando
se desplaza el Rey, la Reina y el Príncipe; este tipo de gastos se
afronta por este concepto.

En el programa 121.A, sobre altos cargos, me ha preguntado qué altos
cargos se pagan con cargo a este concepto. Se paga al ministro, los dos
secretarios de Estado, el subsecretario, el jefe de gabinete del ministro
y el secretario general técnico. Estos son los altos cargos que tiene
este capítulo 1, 121.2.

Los directores generales van en otros programas, por ejemplo, el 121.B,
los de secretarios de Estado de Administraciones públicas y el
correspondiente para el secretario de Estado de comunidades autónomas.

Me ha parecido muy interesante su observación sobre el ahorro y las
relaciones entre la calidad y el servicio. De verdad que el ministerio
está interesado y comprometido en la reforma administrativa, en intentar
ofrecer más y mejor, si es posible con menos, y esto es un reto y un
desafío francamente importante y que inspira todos los programas de
reforma administrativa.

Decía un autor inglés que un penique ahorrado es un penique ganado y
nosotros queremos fomentar el ahorro, y el capítulo 2 verá usted que es
un capítulo muy restrictivo, es un capítulo muy riguroso, es un capítulo
en el que se ha hecho un gran esfuerzo, en la línea de lo que ya venía
haciendo el Gobierno anterior, porque es verdad que el capítulo 2 ha ido
bajando en el ministerio en estos años. También es de destacar que el
compromiso de los responsables del ministerio va en esta dirección de
intentar la calidad. En este sentido ahora estamos con un programa de
reestructuración de la Administración periférica del Estado que lo
presiden los criterios de austeridad, como consecuencia del proyecto de
la Lofage.

También quisiera decirle que los patronatos de casas de los funcionarios
de la Administración Civil del Estado es un programa que está en
extinción; ya el Gobierno anterior ha venido con acierto reduciendo
notablemente las obligaciones y derechos derivados de este programa.

Incluso hemos reducido en la subsecretaría una estructura que se ocupaba
de la liquidación de los patronatos de casas de funcionarios porque
entendíamos que ya no era necesario, puesto que ya se estaba dando
cumplimiento a ese mandato de la Ley de Presupuestos del año 1985 y, por
tanto, verá usted que la cantidad del capítulo 3 y la del capítulo 9 es
exigua y es para afrontar las últimas obligaciones que se derivan de ese
capítulo.




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Tenía aquí anotado algo en relación con el apoyo a la Jefatura de la Casa
de su Majestad el Rey que me he permitido contestárselo al principio y
con estas consideraciones, fundamentalmente en lo que se refiere a la
subsecretaría; tiene mucho que ver con el capítulo 2. Y con lo que afecta
a esa restricción del capítulo 2, con permiso de la Presidencia, termino
esta intervención.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Rodríguez Zapatero, pero por
un tiempo muy breve.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Comprendo que el señor subsecretario haya
omitido una mínima reflexión sobre la ausencia de dos posibles preceptos
en el articulado de la ley de presupuestos porque no tiene la obligación
ni siquiera de emitir su valoración, pero llama la atención.

Lo que sí quiero reiterar formalmente es que le he preguntado por el
presupuesto de altos cargos del conjunto del Estado, organismos
autónomos, Seguridad Social y por el presupuesto del personal eventual de
la Administración General del Estado. Comprendo que no tenga el dato aquí
ahora, pero lo queremos para analizar el conjunto del presupuesto.




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, tiene la palabra, pero sea breve, por
favor.




El señor RIOS MARTINEZ: Le he hecho una pregunta sobre la línea a seguir
para la contratación de cargos directivos o altos cargos de los
organismos autónomos, de las empresas públicas, contratos blindados, no
contratos blindados, salida. Es decir, de qué manera se ha actuado para
evitar que haya una actuación dual en la vida de la propia
Administración. No he recibido información y me imagino que eso debe
investigarse más.

Respecto a lo que se ha preguntado antes, se han dado las cifras del
personal eventual: 327 personas. El problema es qué es lo que está
presupuestado, porque pueden ser plazas vacantes, pero se pueden cubrir.

Solamente he preguntado sobre los 113 millones de su programa para
personal eventual. En cuanto a los altos cargos, a ver si nos ponemos de
acuerdo para localizarlos, porque en los programas de la Secretaría de
Estado de Administración Territorial se dice que ahí están unos; ahora se
dice que todos están aquí y que allí están los secretarios generales.

Nada más quiero que nos den una sola información y que sea la misma para
así saber dónde están las cuantías de cada uno, porque no queremos dejar
sin sueldo a nadie; lo que queremos es saber lo que hay en cada sitio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Cámara para hacer alguna manifestación puntual al Secretario de
Estado.




El señor CAMARA RODRIGUEZ: Voy a hablar telegráficamente, señor
Presidente.

Primero, deseo agradecer sinceramente al subsecretario el contenido de
las respuestas que ha dado y aunque usted decía sentirse incómodo por
subir ahí y que alguna dificultad tenía, será porque usted lo ha dicho,
ya que lo que ha trascendido aquí ha sido su habilidad y alguna dosis de
paciencia, porque al contestar ha repetido usted argumentos dados
anteriormente por algún secretario de Estado.

Por último, quería puntualizar un tema referente al recurrente asunto
relacionado con los altos cargos para reiterar los argumentos dados por
el subsecretario en relación a que la política iniciada por el
ministerio, con ocasión de este presupuesto, es la de eliminar para
siempre la tendencia acusada desde el año 1982 por gobiernos anteriores
de incremento de altos cargos que, como ha dicho el subsecretario, no
sólo se reduce, sino que con ocasión de este presupuesto se verá la línea
descendente y no ascendente que se ha visto hasta el momento.




El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario, tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rodríguez-Arana
Muñoz): Con mucho gusto, haremos llegar al Grupo Socialista estas
informaciones que pide en relación con el global de la Administración del
Estado de altos cargos y miembros de los gabinetes, y que tendrá
puntualmente a través del conducto de la Presidencia.

Lo mismo tengo que decir, porque excede de mi ámbito material de trabajo,
con los órganos de alta dirección que es lo que probablemente usted
plantea.

No quisiera terminar esta intervención sin decir que existe una
resolución conjunta del año 1993, creo que es de la Subsecretaría de este
Ministerio de Administraciones Públicas, donde se dan unas normas muy
estrictas sobre los blindajes, intentando poner coto a una situación que
quizá se podría haber desmesurado. Esta resolución está en vigor y tiene
su eficacia en el mundo del ordenamiento jurídico y, por tanto, creo que
hay que hacer referencia a esa disposición.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Subsecretario, por su comparecencia.

(Pausa.)



--DEL SEÑOR DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(ALVAREZ CONDE). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000242.)



El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, señoras y señores Diputados.

Damos la bienvenida al Director del Instituto Nacional de Administración
Pública, que comparece por primera vez ante esta Comisión, para contestar
en esta ocasión a las cuestiones que le vaya a plantear el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Para ello, tiene la palabra el señor Ríos.




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El señor RIOS MARTINEZ: Voy a ser muy breve porque reconozco que es tarde
y creo que la persona que hoy comparece está recién llegado al cargo; por
tanto, me imagino que son voluntades de gestión lo que aquí se recoge y
compromisos de él en la gestión de este presupuesto.

Me gustaría solicitar información en cuanto al programa 121.C de
formación de personal de la administración general, que engloba, por así
decirlo, cuatro grandes actuaciones dentro del propio Instituto.

Por un lado, la selección del personal y la promoción del mismo dentro de
la Función pública; por otro, la cooperación para la formación del
personal y, por otro, el desarrollo de cursos dirigidos por la Función
pública. Sin embargo, la presupuestación se nos da en un volumen global,
cuando se habla de los números y de los funcionarios; en este caso como
sólo hay un alto cargo y está muy claro, está localizado. Así pues, la
distribución se da globalizada. Me gustaría ver la posibilidad de conocer
las cuantías de recursos humanos y presupuestarios de cada uno de estos
cuatro bloques. La verdad es que los objetivos que ponen para el INAP son
más, pero pienso que son asociados. Yo he definido las cuatro grandes
líneas de actuación pero puede haber otras. De qué manera se podría
precisar las prioridades que podemos dar a uno u otro, puesto que la
política del Gobierno va a condicionar, por ejemplo, la oferta pública o
la necesidad de selección y, sin embargo, se podría valorar más la
promoción y la distribución dentro de la Función pública; es decir,
conocer esos recursos para poder plantearse las enmiendas.

En todo caso, me gustaría, dentro de las actividades, hacerle dos
preguntas sobre algo que ustedes plantean como nuevo. Ustedes se proponen
dentro de la selección, formación y perfeccionamiento la elaboración de
un nuevo plan de formación, que definen diciendo que va a tener nuevos
productos formativos. La verdad es que luego señalan los objetivos que se
van a marcar, pero no dicen cuáles son los nuevos productos formativos
que van a componer ese plan. Quisiera conocer cuáles son esos nuevos
productos formativos que componen el plan de formación que ustedes van a
ofertar a la propia Función pública. Eso iría dentro de lo que pudiéramos
llamar actividades derivadas de los objetivos.

Hay otra que ustedes proponen que es de colaboración, de oferta hacia el
exterior, que es un plan de formación a la Administración local
ofertándoles medios técnicos y de conocimiento, es decir, la facilidad de
formación a esa Administración local. Nos gustaría saber qué actuaciones
son las que van a centrarse en esa relación de colaboración con la
Administración local.

En cuanto a los números, señor Presidente --y con esto terminaría--, me
gustaría que me precisara fundamentalmente lo que pudiéramos llamar
dentro de ese capítulo 1, artículo 2, funcionarios, cuáles son las
vacantes. Nosotros conocemos la relación de puestos de trabajo que
ustedes tienen, pero no sabemos los que están cubiertos y los que están
vacantes. También nos gustaría saber cuáles estiman ustedes fundamentales
o básicos. ¿Por qué digo esto? Porque sería interesante saber cuáles son
los que podemos cubrir en este año y cuáles son los que ustedes se van a
quedar. Y cuando hablo de funcionarios me refiero también a los
laborales, por lo que entraría no solamente el capítulo 1, artículo 2,
sino también el capítulo 1, artículo tres.

En cuanto a la política de subvenciones que ustedes tienen en el capítulo
4, artículo 8, familias e instituciones sin ánimo de lucro, engloban en
22.500.000 pesetas toda un serie de actuaciones que ustedes definen como
ayudas a instituciones sin ánimo de lucro, becas globales, becas a
funcionarios y becas al alumnado en formación. A mí me gustaría conocer
si se puede desglosar ese volumen de subvenciones a instituciones sin
ánimo de lucro para conocer cuáles van dirigidas a política de becas
hacia funcionarios, cuáles van a políticas globales, a instituciones sin
ánimo de lucro, colaboraciones con otras entidades que ustedes recogen en
la explicación para ver más o menos los volúmenes de actuación que
ustedes distribuyen.

Las otras cifras que vienen aquí se refieren a programas muy concretos,
becas de formación a nivel de programa internacional y la aportación al
centro iberoamericano. No quiero más precisión sobre ello.

Terminaría, señor Presidente, con la inversión que ustedes tienen
prevista de 105 millones de pesetas en reposición y mejora. Nos gustaría
saber dónde la van a concentrar, y desearíamos que nos desglosara la
concesión de préstamos fuera del sector público. Me imagino que esto
siempre obedecerá a convocatorias que estarán regladas por órdenes
ministeriales o por circulares de ustedes, pero me gustaría conocer cuál
es esta concesión de préstamos fuera del sector público, quiénes son los
beneficiarios de esos préstamos; la cuantía es ínfima, pero me gustaría
que nos diera esta información no por el número sino por la dedicación.




El señor PRESIDENTE: El señor Director tiene la palabra.




El señor DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
(Alvarez Conde): Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente de
agradecimiento al Presidente de esta Comisión y a los miembros de la
misma por haber solicitado la comparecencia del Director del Instituto
Nacional de Administración Pública. Mi agradecimiento también tiene que
dirigirse al señor representante de Izquierda Unida, que no sé si se
acordará de que coincidimos en otros foros en su ahora lejana tierra de
Murcia. Evidentemente, como él ha señalado, yo tomé posesión hace apenas
tres meses del cargo de Director General del Instituto Nacional de
Administración Pública, y en este breve período sí he tenido el tiempo
suficiente como para asumir el propio presupuesto del Instituto y para
intentar dar respuesta a algunas de las cuestiones que ha planteado,
acogiéndome también a esa práctica parlamentaria de que algunas
respuestas se las remitiré por escrito, y en este caso con mayor motivo.

En cuanto a la enseña propia del Instituto, los cursos de formación, es
difícil cuantificar a qué aspectos concretos se va a dirigir cada uno de
ellos por una razón puramente teórica o puramente dialéctica. Yo creo que
no es adecuado



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separar la selección de la formación. Son dos procesos dialécticos
perfectamente relacionados entre sí y que deben ser tenidos en cuenta, de
tal manera que si hacemos especial hincapié en uno es porque el otro se
encuentra cojo, y, en consecuencia, hay que proceder a una valoración
global del proceso de selección, del proceso de formación en prácticas y
del proceso de formación continua.

Como usted sabe también perfectamente, dentro de los propios presupuestos
del INAP hay un posible presupuesto, cuyo proceso de negociación termina
ahora. Me refiero a la formación continua, que cuenta con importantes
cantidades presupuestarias, sobre todo si lo comparamos globalmente con
el propio presupuesto del Instituto, y dentro del mismo se van a dedicar
importantes recursos económicos al proceso de selección de todos los
funcionarios de la Administración central.

Dentro de esta filosofía que a mi modo de ver debe inspirar la formación
de los funcionarios públicos, los productos formativos deben ir
orientados a un criterio claro y contundente, y ese criterio es primar el
principio cualitativo frente al principio cuantitativo sin desdeñar que
la formación alcance a todos los funcionarios. En ese sentido, esos
productos formativos, siguiendo su terminología, están en función de los
propios destinatarios de los mismos. Los productos formativos dirigidos a
un cuerpo, a una determinada escala de funcionarios no pueden ser los
mismos que los destinados a otros cuerpos. En este sentido, ha sido
intención de este Instituto procurar una mínima formación cuantitativa lo
más deseable posible, pero ir buscando la calidad en esa formación,
porque precisamente esa calidad en la formación está en función del
propio modelo de Administración pública que queramos e incluso del propio
modelo de Estado. La Administración pública en nuestro país se va a
convertir cada vez más en una Administración pública competitiva
fundamentalmente con otras entidades privadas que también prestan
productos formativos, y, en consecuencia, es una obligación nuestra estar
en condiciones de competitividad con otras ofertas formativas que se
hacen en ese sentido. Hay otras ofertas formativas que a mi modo de ver
no tienen por qué ir en contra de la propia oferta formativa que se haga
desde el Estado; es decir, la idea es que el INAP se convierta en el
líder, dicho entre comillas, de la formación de la Administración pública
y que esté en plena cooperación con la formación que ofrezcan otras
entidades privadas, como hoy existe, mediante la celebración de numerosos
convenios al respecto.

Usted me preguntaba también en relación directa con la Administración
local. Estoy plenamente de acuerdo con usted en la filosofía. Creo que la
Administración local es una de las asignaturas pendientes en materia de
acción formativa que se han tenido durante épocas importantes. En este
sentido, yo le puedo apuntar que ya existen establecidos y desglosados
para este presupuesto una serie de cursos tendentes a la formación de los
funcionarios procedentes de la Administración local y que, si quiere, le
detallo. Se imparten cursos sobre Derecho comunitario, sobre urbanismo,
etcétera, es relación que me comprometo a enviarle a través de la
Presidencia de esta Comisión. La cantidad global destinada a la formación
de estos funcionarios de la Administración local asciende a más de 100
millones de pesetas.

Si no recuerdo mal, usted también se refería a las vacantes, no de altos
cargos, porque sólo hay uno y es perfectamente identificable como usted
ha señalado, dentro del Instituto Nacional de Administración Pública.

Como usted sabe, el Instituto Nacional de Administración Pública tiene su
sede central en la calle de Atocha, pero también tiene otra serie de
centros por toda la geografía del Estado español. Tiene centros en la
calle José Marañón, en la Universidad de Alcalá de Henares y también en
la ciudad de Peñíscola de la Comunidad Autónoma Valenciana.

En este sentido, habría que señalar que el total del personal al servicio
de la Administración pública, tanto personal funcionarial como personal
laboral, es de 243 personas, teniendo en cuenta que ya se han transferido
más de 20 personas a través del Ministerio de Educación y Ciencia, y
podría afirmarse --aunque se lo puedo confirmar por escrito-- que el
total global de vacantes del personal dentro del Instituto no llega al 10
por ciento, es decir, hay un nivel de ocupación bastante elevado dentro
de la casa, y precisamente porque el INAP pretende convertirse en un
centro de formación por excelencia, es intención de este director que las
personas que vayan destinadas al Instituto sean partícipes y colaboren de
esta filosofía política y, en consecuencia, dotarle de esa idea de
excelencia en el proceso de formación.

Su señoría se refería con carácter concreto a una serie de partidas
presupuestarias de escasa entidad financiera y quería saber cuáles eran
los destinatarios. Por poner un ejemplo, se ha referido usted a la
partida presupuestaria de ayudas por un importe de 5 millones, que no
está destinada a ninguna entidad privada, sino que son ayudas destinadas
al propio personal de la casa, es decir, para satisfacer aquellas
posibles necesidades que pueda tener el propio personal de la casa.

Se refería también a una partida presupuestaria que asciende al monto
global de 22,5 millones de pesetas y que está configurada, dentro del
apartado 4.8.0, en el gráfico de becas, subvenciones y ayudas a
instituciones sin fines de lucro. Esta partida presupuestaria que, como
usted dice, está globalmente considerada y no está especificada por
partidas concretas, va destinada a una pluralidad de finalidades a las
que hay que añadir otras que también están en otras partidas
presupuestarias. Encontraría ahí desde becas y ayudas hasta las partidas
de formación que se destinan a las organizaciones sindicales, etcétera, a
las que hay que añadir siempre todas aquellas cantidades que van con
arreglo al programa de formación continuada.

No quisiera terminar mi intervención sin señalar una idea importante. El
presupuesto del Instituto es bastante ajustado, no es un presupuesto
cuantitativamente grande, y creo que una de las finalidades fundamentales
del Instituto Nacional de Administración Pública, como organismo autónomo
que es, dentro de esa idea de hacerse competitivo, es procurar la
existencia de ingresos propios. Estamos estudiando diversas formas de
procurar ingresos propios



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para que se destinen a esas actividades formativas, que van desde la
reducción del gasto corriente hasta conseguir otros ingresos, como pueden
ser una mejor explotación del edificio de Peñíscola, del servicio de
publicaciones para que lleguen perfectamente a todos los destinatarios,
etcétera.

Estas son simplemente las ideas generales que yo quería exponerles,
reiterándole, una vez más, mi agradecimiento por la solicitud de
comparecencia y comprometiéndome a contestar por escrito aquellas
cuestiones que no hayan quedado respondidas a su plena satisfacción.




El señor PRESIDENTE: Señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Para agradecerle las respuestas. Espero pueda
aportarnos después algunas concreciones que no ha podido dar. También
quiero manifestar que miramos con mucho cariño la formación de nuestros
empleados públicos.




El señor PRESIDENTE: Supongo que con esto está de acuerdo el señor
director general. Muchas gracias, señor director general
Levantamos la sesión agradeciendo la presencia de los medios de
comunicación y del personal de la Cámara.




Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.