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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 61, de 26/09/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 61
ASUNTOS EXTERIORES
PRESIDENTE: DON FRANCISCO JAVIER RUPEREZ RUBIO
Sesión núm. 4
celebrada el jueves, 26 de septiembre de 1996
ORDEN DEL DIA:
Declaración institucional de la Comisión sobre las recientes elecciones
en Bosnia-Herzegovina (Página 1301)
Declaración institucional de la Comisión sobre los incidentes entre
griegos y turcos en la Isla de Chipre (Página 1301)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Política Exterior y de la
Unión Europea (De Miguel y Egea) para informar de la situación creada en
el Sahara Occidental tras la decisión del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas de 29-5-96. A petición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000051) (Página 1302)
Declaración institucional de la Comisión en relación con los sangrientos
incidentes en Cisjordania (Página 1310)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la concesión de la nacionalidad española a los ex
combatientes de las Brigadas Internacionales. Presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000081) (Página 1310)
--En relación con la sentencia recaída en el proceso seguido en Santiago
de Chile por el homicidio de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano
español funcionario internacional de la Organización de Naciones Unidas
(ONU). Presentada por el mismo Grupo Parlamentario. (Número de expediente
161/000111) (Página 1313)
--Relativa a ensayos nucleares en China. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000132)
(Página 1316)
--Relativa a medidas para propiciar la paz en el Sahara Occidental y la
celebración de un referéndum sobre su autodeterminación. Presentada por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000140) (Página 1316)
--Relativa a la investigación de la desaparición de súbditos españoles en
países de América y la violación de los derechos humanos. Del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
(Número de expediente 161/000141) (Página 1318)
Dictamen sobre:
--Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en
Montego Bay el 10-12-82 y Declaraciones interpretativas que España va a
formular en el momento de la ratificación. (Número de expediente
110/000006) (Página 1321)
--Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las
Nacionales Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10-12-82, hecho en Nueva
York el 28-7-94. (Número de expediente 110/000007) (Página 1321)
--Convenio internacional de cooperación relativo a la seguridad de la
navegación aérea «Eurocontrol» (Bruselas, 13-12-60); protocolo adicional
al convenio internacional de cooperación para la seguridad de la
navegación áerea «Eurocontrol» (Bruselas, 6-7-70); protocolo modificativo
del protocolo adicional al convenio internacional de cooperación para la
seguridad de la navegación aérea «Eurocontrol», de 6-7-70 (Bruselas,
21-11-78); protocolo de enmienda a la convención internacional de
«Eurocontrol» para la cooperación en la seguridad de la navegación aérea
de 13-12-60 (Bruselas, 12-2-81); protocolo relativo a la aplicación de
ciertas disposiciones del convenio sobre «Eurocontrol» que afectan a la
defensa (Bruselas, 13-12-60), y acuerdo multilateral relativo a la
protección de materias clasificadas «Eurocontrol» (Bruselas, 18-11-69).
(Número de expediente 110/000004.) (Página 1323)
--Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre
el Reino de España y la República de Colombia, firmado «ad referendum» en
Bogotá el 9-6-95. (Número de expediente 110/000005) (Página 1326)
--Convenio internacional de las Maderas Tropicales, 1994, hecho en
Ginebra el 26-2-95. (Número de expediente 110/000008) (Página 1327)
--Acuerdo constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia y
la Asistencia Electoral, hecho en Estocolmo el 27-2-95. (Número de
expediente 110/000009) (Página 1327)
--Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre el Reino de
España y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26-10-95. (Número de
expediente 110/000010) (Página 1328)
--Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador para el
cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25-8-95. (Número de
expediente 110/000011) (Página 1329)
--Denuncia del Canje de Notas de 13-5-60, constitutivo de Acuerdo entre
España y Gran Bretaña sobre supresión de visados. (Número de expediente
110/000012) (Página 1330)
--Protocolo al Convenio sobre Seguridad Social entre España y Canadá de
10-11-86, firmado en Ottawa el 19-10-95. (Número de expediente
110/000013) (Página 1330)
--Acuerdo Complementario General del Convenio Básico de Cooperación
Técnica entre el Reino de España y la República de El Salvador, para la
financiación de Programas de Cooperación y Anexo, firmado «ad referendum»
en San Salvador el 14-2-95. (Número de expediente 110/000014) (Página 1331)
--Acuerdo sobre Transporte Internacional por Carretera entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en
Madrid el 16-11-95. (Número de expediente 110/000015) (Página 1331)
--Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Francesa para la construcción y explotación de la sección
internacional de una línea ferroviaria de alta velocidad entre España y
Francia (vertiente mediterránea), firmado «ad referendum» en Madrid el
10-10-95, y del Canje de Notas Verbales de 4-12-95 y 9-1-96 por el que se
subsanan errores en el texto original. (Número de expediente 110/000016)
(Página 1332)
--Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa para la
construcción de un Puente Internacional sobre el río Caya entre las
localidades de Badajoz (España) y Elvas (Portugal), firmado «ad
referendum» en Madrid el 18-1-96. (Número de expediente 110/000018)
(Página 1333)
--Segundo y Tercer Protocolo Anexos al Acuerdo General sobre Comercio de
Servicios, Anejo al Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (OMC) --Marrakech, 15-4-94-- hechos en Ginebra el
6-10-95. (Número de expediente 110/000019) (Página 1333)
--Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República Oriental
del Uruguay, firmado en Madrid el 28-2-96. (Número de expediente
110/000020) (Página 1334)
--Tratado entre el Reino de España y la República de Panamá sobre
Traslado de Personas Condenadas, firmado en Madrid el 20-3-96. (Número de
expediente 110/000022) (Página 1334)
--Canje de Notas, de fechas 26-12-95 y 22-1-96, constitutivo de Acuerdo
Entre España y Estados Unidos, por el que se prorroga el Acuerdo entre
ambos países sobre Cooperación Científica y Técnica en Apoyo a los
Programas de Exploración Lunar y Planetaria y de vuelos espaciales
tripulados y no tripulados a través del Establecimiento en España de una
Estación de Seguimiento Espacial, firmado en Madrid el 29-1-64, y del
Canje de Notas de 17 y 31-5-96, subsanando un error material en las
primeras. (Número de expediente 110/000023) (Página 1335)
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, buenas tardes.
Se abre esta sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de
los Diputados, que se celebrará de acuerdo con el orden del día
inicialmente previsto, que todos ustedes han recibido en su momento que
es de su completo conocimiento.
--DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA COMISION SOBRE LAS RECIENTES ELECCIONES
EN BOSNIA-HERZEGOVINA.
--DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA COMISION SOBRE LOS INCIDENTES ENTRE
GRIEGOS Y TURCOS EN LA ISLA DE CHIPRE.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, pasaré a dar lectura a las dos
declaraciones institucionales, previamente decididas por la Mesa y
portavoces de esta Comisión, una sobre las recientes elecciones en
Bosnia-Herzegovina y otra sobre los incidentes entre griegos y turcos en
la isla de Chipre.
Quiero anunciar también a la Comisión que, por acuerdo reciente entre
esta presidencia y los portavoces de los correspondientes grupos
parlamentarios someteremos asimismo a la consideración de la Comisión, en
el momento en que esté redactada, una declaración institucional sobre los
desgraciadísimos y sangrientos incidentes que en este momento están
teniendo lugar, desgraciadamente, en Jerusalén.
La declaración institucional de esta Comisión de Asuntos Exteriores sobre
las elecciones en Bosnia-Herzegovina reza así: La Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso de los Diputados constata con satisfacción el
carácter pacífico y ordenado que ha presidido la celebración de las
recientes elecciones en Bosnia-Herzegovina y expresa su reconocimiento a
la tarea conjuntamente realizada por la OSCE y por la Ifor para
garantizar la tranquilidad en los comicios.
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados constata
asimismo, sin embargo, las dificultades de todo tipo que han presidido la
celebración de estas elecciones, entre las cuales no es la menor el
escaso número de personas desplazadas que han acudido a votar a sus
domicilios de origen. La Comisión expresa su confianza de que las
autoridades ejecutivas y los representantes legislativos elegidos en las
recientes elecciones sean capaces de poner pronto en funcionamiento las
instituciones en sus respectivos ámbitos y que, al mismo tiempo, lo hagan
con espíritu de concordia, pacificación y entendimiento y con la
finalidad de mantener la integridad territorial de Bosnia-Herzegovina y
su pluralidad cultural, lingüística, étnica y religiosa.
La Comisión confía en que los esfuerzos hasta ahora desarrollados por la
comunidad internacional y sus instituciones tengan una continuidad
razonable en el tiempo para garantizar el cumplimiento de los objetivos
fijados en los Acuerdos de Dayton, de diciembre de 1995, en la
perspectiva de una evolución democrática y cooperadora en la antigua
República Yugoslava.
Entiendo que ése es el texto que refleja el acuerdo previamente
encontrado con todos los portavoces y, como tal, queda unánimemente
aprobado como declaración institucional de esta Comisión.
La segunda, sobre los recientes incidentes en Chipre, dice así: La
Comisión de Asuntos Exteriores lamenta profundamente los actos de
violencia cometidos recientemente en Chipre, así como el desproporcionado
uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad turcas en el norte
del país. La Comisión condena estos hechos, especialmente los brutales
asesinatos de dos ciudadanos chipriotas, que además han provocado otras
muertes y diversos heridos, incluyendo a miembros de la fuerza de
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.
Recuerda la Comisión la urgente necesidad de promover una solución
política global en Chipre bajo la égida de las Naciones Unidas y expresa
su apoyo a la tarea realizada por el Secretario General de la ONU y su
representante especial.
La Comisión, asimismo, expresa su pesar por el agravamiento de la tensión
en Chipre, nación europea y mediterránea que espera superar las actuales
dificultades para continuar su integración en la Europa comunitaria.
Entiendo también que éste es el texto que ha recibido el consenso por
parte de todos los portavoces presentes en esta Comisión y,
consiguientemente, entiendo que figurará como declaración institucional
de esta Comisión.
--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y DE
LA UNION EUROPEA (DE MIGUEL Y EGEA) PARA INFORMAR DE LA SITUACION CREADA
EN EL SAHARA OCCIDENTAL TRAS LA DECISION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS
NACIONES UNIDAS DE 29-5-96. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN
(CONVERGENCIA I UNIO) (Número de expediente 213/000051).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al punto 3 del orden del
día: Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores para informar de la
situación creada en el Sahara Occidental, tras la decisión del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas el 29 de mayo de 1996.
Esta comparecencia fue solicitada en su momento por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Figura en la convocatoria
correspondiente que, por acuerdo de la Mesa con los portavoces de la
Comisión, en su reunión del 18 de septiembre, comparecería el Secretario
de Estado de Política Exterior y de la Unión Europea, cosa que así hace
el titular de dicho puesto, don Ramón de Miguel.
Me pide la palabra, entiendo que por una cuestión de orden, el portavoz
de Convergència i Unió, don Luis Recorder. Tiene la palabra.
El señor RECORDER I MIRALLES: Señor Presidente, efectivamente es para una
cuestión de orden.
Nuestro grupo parlamentario solicitó en su momento la comparecencia del
Ministro Matutes para debatir la situación creada en el Sahara Occidental
tras este conocido Acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Cuando recibimos a principios de esta semana el orden el día para esta
sesión, vimos con sorpresa que se había cambiado la comparecencia del
Ministro por la del Secretario de Estado de Política Exterior, sin que se
hubiera consultado a este grupo parlamentario, que entendemos que, como
solicitante de la comparecencia, tenía que haber prestado su conformidad.
No tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, en recibir
información de primera mano del Secretario de Estado de Política Exterior
y poder debatir con él la política española en relación al Sahara
Occidental, pero sí queremos hacer constar en acta nuestra protesta por
este hecho anómalo, que entendemos que no debiera haberse producido.
El señor PRESIDENTE: Señor Recorder, la verdad es que he procurado
reconstruir el curso de la reunión de Mesa y portavoces del pasado 18 de
septiembre, cuando consideramos las diversas peticiones de comparecencia
del señor Ministro en la Comisión y efectivamente decidimos posponerlas
hasta que el Ministro estuviera en situación de comparecer ante la
Comisión. Creo que no fue el caso de la comparecencia pedida por su grupo
parlamentario, precisamente porque en ese momento no se encontraba ningún
representante del grupo parlamentario en la Comisión.
En cualquier caso, constará su protesta, naturalmente, pero le agradezco
su disposición para escuchar las explicaciones que sobre esta materia
pueda ofrecernos el Secretario de Estado, don Ramón de Miguel. De todas
formas, para el futuro lo tendremos en cuenta para que se eviten estos
pequeños o grandes malentendidos.
Don Ramón de Miguel, Secretario de Estado de Política Exterior y para la
Unión Europea nos visita en su primera comparecencia ante la Comisión.
Por ello, tengo la agradable obligación de darle la bienvenida y de
augurarle éxito, no sólo en esta primera comparecencia sino en las muy
frecuentes que seguramente tendrá ocasión de desarrollar en el curso de
los próximos meses.
Don Ramón de Miguel, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y PARA LA UNION
EUROPEA (De Miguel y Egea): En primer lugar, quisiera de nuevo, en nombre
de don Abel Matutes, excusar su presencia. Lamentamos que el grupo
parlamentario que había solicitado su presencia no haya tenido
conocimiento de que don Abel Matutes, como Ministro de Asuntos
Exteriores, se encuentra esta semana obligatoriamente asistiendo a la
Asamblea General de Naciones Unidas. Es una obligación no solamente
como miembro de Naciones Unidas, sino como miembro del Consejo de la
Unión Europea, puesto que durante esta semana el Consejo de Ministros
tiene reuniones colectivas con diversos grupos de países aprovechando la
primera semana de la Asamblea General.
En segundo lugar, quisiera agradecer al Presidente de esta Comisión,
señor Rupérez, sus amables palabras de bienvenida. Al mismo tiempo
presento mis excusas, porque yo ya tenía que haber venido. Recuerdo que
el momento en que se había decidido una comparecencia mía coincidió
precisamente con la celebración del Consejo Europeo de Florencia; es la
única obligación inexcusable que tengo, como Secretario de Estado también
de la Unión Europea, acompañar al Presidente y al Ministro de Asuntos
Exteriores en esa importante cita del Consejo Europeo. En aquel momento
agradecí al Presidente de la Comisión que tuviera la amabilidad de
excusarme ante ustedes y le hice el ofrecimiento, que ahora reitero, de
estar a disposición permanente de esta Comisión para todas las ocasiones
en que sea requerido. Para mí no es solamente una satisfacción venir
aquí, sino de interés profesional, porque nos parece que, en un campo
como la política exterior, donde existe un amplio consenso parlamentario,
tener esa comunicación con la Comisión y comprobar ese consenso en los
grandes temas de política exterior es uno de los grandes quehaceres de
los que tenemos la responsabilidad de dirigirla.
Paso a responder a la petición que se había hecho de informar sobre la
situación creada en el Sahara occidental tras la decisión del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas de 29 de mayo de 1996. Lo haré con modestia
porque precisamente el presidente de esta Comisión es uno de los más
reconocidos expertos en los temas de Sahara occidental. Espero que lo que
diga no vaya a ser objeto de su censura, ya que en muchos casos conoce
los temas mejor que yo.
Como saben SS. SS., en el año 1991 las resoluciones 658, de 1990, y 690,
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dispusieron la
celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sahara
occidental, según el plan propuesto por el entonces secretario general de
la Organización de las Naciones Unidas, señor Pérez de Cuéllar, y
establecieron el cometido de este cuerpo llamado Minurso, que es la
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental,
dirigido por un representante especial del secretario general.
Este plan de paz creó una comisión de identificación encargada de la
elaboración de las listas electorales sobre la base del censo español de
1974. A partir de ese momento, los esfuerzos de Minurso se centraron en
la definición de los criterios concretos que habían de permitir la
participación de la población en el referéndum. Así, el secretario
general propuso, a finales de 1991, una serie de criterios que fueron
aceptados por el Consejo de Seguridad y por las partes. Estos criterios
que voy a enumerar, porque me parece que son muy ilustrativos, son los
siguientes: Primero, para poder votar se exigía figurar en el censo
español de 1974. Segundo, tener determinados lazos de parentesco con las
personas que figuraban en dicho censo. Los que estuvieran en el censo,
que por lo menos pudieran estar emparentados con los que estaban en él.
Tercero, haber residido seis años seguidos o 12 alternos en el Sahara
occidental antes de 1975. Y, por último, ser hijo de padre saharaui
nacido en el territorio.
Cualquiera de estos criterios, subordinado a la acreditación de la
pertenencia a una tribu saharaui establecida en el territorio, eran las
condiciones para poder participar de pleno derecho en el proceso
referendario establecido por Naciones Unidas. Como era de esperar,
Marruecos y el Frente Polisario sostuvieron desde el principio
interpretaciones divergentes respecto a estos criterios, interpretaciones
divergentes que derivan de las diferencias que tuvieron desde el
principio el Frente Polisario y Marruecos respecto de este referéndum.
Para el Frente Polisario suponía que las Naciones Unidas sancionaban el
proceso de autodeterminación. Para Marruecos, la idea que ellos tenían
era que las Naciones Unidas les daba carta blanca para consumar la
marroquinización del territorio.
Precisamente por esta divergencia de puntos de vista ha habido desde
entonces un bloqueo en el proceso de identificación de votantes. Pasó el
tiempo y en el año 1993 el nuevo Secretario General, señor Butros Gali,
en vista de que no se avanzaba, presentó unas propuestas de compromiso
para la interpretación de aplicación de los criterios que determinan la
condición de votante. Estas propuestas de compromiso, que fueron
aceptadas por las partes, confirmaban que la pertenencia tribal saharaui
se había de probar demostrando la adscripción de los candidatos a una
subfracción mencionada en el censo español de 1974 y precisaban las
circunstancias o medios de prueba que habían de acreditar los interesados
para fundamentar su petición.
Por otra parte, se establecía como requisito que la identificación se
llevara a cabo en presencia de representantes de ambas partes y de un
observador de la Organización de la Unidad Africana, organización que,
como ustedes saben, se implicó desde el primer momento en el proceso
saharaui. Solamente en octubre de 1994 se consiguió cerrar el plazo para
la presentación de solicitudes de inscripción en la lista de votantes, y
desde entonces hasta este momento las labores de identificación de estas
solicitudes se han desarrollado a ritmo mucho más lento del inicialmente
previsto, porque el desacuerdo de las partes sobre los puntos
fundamentales continúa.
Esta lentitud con la que se han llevado a cabo estos trabajos y los
escasos resultados obtenidos en los últimos tiempos han sido la razón por
la cual el Consejo de Seguridad decidió el pasado 29 de mayo, por medio
de su Resolución 1056, suspender el proceso de identificación de votantes
para el referéndum de autodeterminación. El Consejo de Seguridad seguía
así la recomendación que le había hecho el secretario general y
justificaba esta medida en la falta de voluntad indispensable de las
partes para brindar a Minurso la cooperación necesaria para continuar y
completar las operaciones de identificación.
Para dar una idea de la magnitud del problema, en el momento de la
suspensión se había logrado identificar más o menos 60.000 eventuales
votantes y quedaban por ser
examinadas unas 180.000 solicitudes; es decir, había habido 240.000
peticiones para entrar en el censo y, de ellas, prácticamente no había
más que 60.000 en las que estaban de acuerdo y 180.000 en las que todavía
había una gran divergencia entre Marruecos y el Frente Polisario.
Ante esta situación, el secretario general decidió congelar el tema,
recoger toda la información y trasladar todos los documentos de
identificación a las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra para su
custodia. De manera consecuente con esta decisión de suspender las tareas
de identificación, el Consejo de Seguridad ordenó proceder a una
reducción sustantiva de los efectivos civiles de Minurso.
También las fuerzas del componente militar para la supervisión del
mantenimiento del alto el fuego, vigente desde 1991, hasta la actualidad
han experimentado un cierto recorte, aunque mucho menor, porque en este
caso solamente ha alcanzado al 20 por ciento de las tropas desplegadas.
Esta reducción del componente militar se ha efectuado de una manera
gradual, dejando vacantes los puestos de los observadores que han llegado
al fin de su período de servicio. El objetivo es que en octubre se llegue
a la cifra aprobada de 230 observadores.
Es conveniente recordar que el Consejo de Seguridad, cuando tomó estas
decisiones de interrumpir el proceso de identificación y de empezar a
reducir Minurso, no decidió en esta resolución 1056 dejar sin vigencia el
plan de arreglo, el plan original del compromiso político, que comprende,
además de la organización del referéndum de autodeterminación, otras
cuestiones tales como la fijación de un código de conducta para la
campaña electoral, el acantonamiento de tropas, la amnistía y libertad de
presos políticos o el intercambio de prisioneros.
El Consejo de Seguridad, pues, no ha renunciado a su compromiso de lograr
una solución justa y duradera a la cuestión del Sahara Occidental
mediante la celebración del referéndum de autodeterminación, de acuerdo
con el plan de arreglo. Se han suspendido las tareas de identificación
pero no se ha renunciado al objetivo primigenio que era celebrar el
referéndum. Por esta razón, además de conservar su presencia militar, el
Consejo ha decidido mantener operativa una oficina política en el
territorio encargada de dialogar con las partes y con los países vecinos.
Esta oficina política es dirigida por el representante especial del
Secretario General de la ONU, el señor Jensen, y cuenta con el apoyo de
una pequeña plantilla en El Aaiún y en la zona de Tinduf, que es la zona
donde se concentra la mayor parte de los saharauis exiliados. Asimismo,
el Consejo pidió al secretario general que prosiguiera sus esfuerzos para
el desbloqueo del plan de arreglo y se declaró incluso dispuesto a
reforzar la Minurso si se demostraba la voluntad política de las partes
de avanzar por dicha vía.
Igualmente, el Consejo de Seguridad instó a las partes a realizar, como
prueba de buena voluntad, progresos para la aplicación de algunos
aspectos del plan de arreglo distintos de la propia identificación de los
votantes, tales como la liberación de los presos políticos o el canje de
los prisioneros de guerra por razones humanitarias. Y también les pidió,
y esto es muy importante, que adoptaran nuevas medidas para fomentar la
confianza entre sí, a fin de eliminar los obstáculos de la aplicación del
plan de arreglo.
En las condiciones señaladas, el Consejo de Seguridad decidió prorrogar
el mandato de la Minurso hasta el 30 de noviembre de 1996. Por lo tanto,
este mandato tiene ya no mucho más que dos meses de plazo. En su
resolución, el Consejo señaló que, en el caso de que no se registren
progresos importantes durante este período, tendría que considerar la
adopción de otras medidas, incluida la posibilidad de reducir aún más las
fuerzas de Minurso. Por su parte, el secretario general ha hecho público
el pasado 20 de agosto un informe que pudiera calificarse como informe de
tapa, en el que señala la improbabilidad de que pueda reanudarse en breve
plazo el proceso de identificación, si las partes no muestran una mayor
flexibilidad y cooperan en la superación de los obstáculos actuales.
El secretario general da cuenta en este informe de las activas gestiones
llevadas a cabo en los últimos meses por su representante, el señor
Jensen, con las partes y con los países vecinos para proseguir el diálogo
y ayudar a las partes a solucionar sus diferencias.
Asimismo, dice el secretario general en su informe que solamente se podrá
superar este estancamiento cuando las dos partes reconozcan que la
identificación es un proceso escrupuloso sustentado en principios bien
definidos y en el contexto de un acuerdo más amplio. Y, en este sentido,
el secretario general ha auspiciado encuentros entre las dos partes,
entre el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos, para ver si existe
un pacto político previo que el referéndum consume. Se pretende, más que
el referéndum sea el principio del proceso, que haya un proceso de
entendimiento político y que el referéndum constituya el punto final.
El Gobierno español, con ocasión de la adopción por el Consejo de
Seguridad de su resolución 1056, reiteró su posición de principios según
la cual la solución definitiva al problema del Sáhara Occidental pasa
necesariamente por la autodeterminación del pueblo saharaui a través de
un referéndum libre y con garantías internacionales.
Por este motivo, el Gobierno ha lamentado la suspensión del proceso de
identificación y por esa razón también el Gobierno español reitera en
todas las ocasiones y en todos los foros la necesidad de reanudación del
proceso de identificación y del diálogo entre las partes a la mayor
brevedad posible.
Es conocido de todos que España ha apoyado con firmeza el plan de arreglo
de Naciones Unidas y todos los esfuerzos del secretario general y,
además, que España ha dedicado importantes contribuciones financieras
para sostener Minurso. Conviene saber que el Gobierno español ha pagado
dos millones de dólares como contribución obligatoria al presupuesto de
Minurso, cuatro millones de dólares como contribución voluntaria en
efectivo y cerca de un millón de dólares en medios de transporte.
Asimismo hemos puesto a disposición de Minurso el censo español de 1974,
el llamado Registro civil Cheránico, y otros documentos útiles para la
identificación de la población saharaui, así como un sinfín de
prestaciones logísticas y sanitarias en Las Palmas de Gran Canaria, que
se han puesto a disposición del contingente de Naciones Unidas.
Asimismo hemos venido desarrollando una actividad diplomática constante y
constructiva a través de contactos bilaterales con las partes, con los
gobiernos interesados, con los que integran el grupo de amigos del
proceso de paz y con los responsables de la organización de Naciones
Unidas. En efecto, el Gobierno en sus contactos con los responsables de
Naciones Unidas, con los países miembros del Consejo de Seguridad y con
los distintos actores regionales y partes interesadas les ha expresado,
lo hace siempre que tiene ocasión, y por última vez lo ha hecho ayer en
Naciones Unidas el Ministro Abel Matutes, su preocupación por el
estancamiento del proceso de arreglo del conflicto y la importancia de
que se evite cualquier acción capaz de alterar el clima de paz y
convivencia armoniosa entre los pueblos del Magreb.
Nos parece que en este sentido es necesario que se mantenga el respeto al
alto el fuego vigente desde el año 1991, puesto que es fundamental que
haya un ambiente de paz y estabilidad, y que las partes interesadas
asuman sus responsabilidades para que se pueda reanudar cuanto antes el
proceso de identificación de votantes y los demás aspectos del plan de
arreglo. Hemos animado a las partes a aprovechar cuantas oportunidades
tengan para avanzar, con un espíritu de compromiso, en la solución de los
problemas actuales con las miras puestas en el futuro del territorio y en
la paz, estabilidad y prosperidad de la región.
Hemos expresado nuestra satisfacción al Gobierno marroquí y al Frente
Polisario por los contactos que sabemos que se han producido últimamente
entre delegaciones del Gobierno de Marruecos y del Frente Polisario.
Nosotros creemos que es un momento para que las partes interesadas hagan
un esfuerzo para que se produzcan avances antes del 30 de noviembre,
fecha en la que expira la última prórroga concedida a Minurso y en la que
el Consejo de Seguridad deberá considerar si mantiene su despliegue
actual o, de no haber progresos, lo reduce aún más, lo que podría
producir una situación inquietante. Esta última posibilidad puede ser muy
peligrosa para el futuro plan de arreglo y para toda la paz y estabilidad
en el Sahara Occidental; por eso, hemos instado a ambas partes a que
demuestren la mayor flexibilidad y una mayor voluntad de cooperación que
permita superar los obstáculos actuales que han motivado la suspensión de
las tareas de identificación de votantes.
Yo quisiera informar a esta Comisión de que el último contacto lo ha
tenido el Ministro de Asuntos Exteriores precisamente ayer, con el
Ministro de la Presidencia de la República Arabe Saharaui, le ha
reiterado las posiciones tradicionales del Gobierno español y hemos
escuchado los argumentos de la parte saharaui. Puedo decir que el
Ministro tomó nota de la preocupación expresada por el interlocutor
saharaui sobre los problemas que han tenido en el proceso de
identificación, también de los recientes contactos que han tenido lugar
entre saharauis y marroquíes, ha enrarecido a su interlocutor el
mantenimiento del alto el fuego, ha insistido en el diálogo entre las
partes interesadas y asimismo ha reiterado la disponibilidad de España
para encontrar una solución al conflicto. Esa es la situación última.
Con esto, señor Presidente, concluyo mi intervención, que quizá ha sido
demasiado larga.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario de Estado. En esta
Comisión, estamos acostumbrados a escuchar intervenciones bastantes más
largas.
En representación del grupo que solicitó la comparecencia, tiene la
palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor Secretario de Estado,
por su información. Quiero que tenga usted muy claro que mis palabras
iniciales nada tenían que ver, en absoluto, con su presencia en esta
Comisión y aprovecho para reiterarle la bienvenida en nombre de nuestro
grupo parlamentario, en una comparecencia que espero que a lo largo de
esta legislatura se pueda repetir numerosas veces.
El objetivo de nuestro grupo al solicitar la comparecencia del Ministro,
al que usted ha sustituido hoy, no es otro que expresar nuestra
preocupación por las siniestras, quizá, perspectivas que se abren en el
proceso de paz del Sahara occidental tras el acuerdo del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas del 29 de mayo de 1996, poder tener un
debate en el seno de esta Comisión y ver si somos capaces, entre todos,
de poder sacar alguna conclusión que sirva de aportación positiva a la
solución de este conflicto, solución que no tengo ninguna duda que todos
los grupos de esta Cámara deseamos con gran sensibilidad. Porque estamos
ante un conflicto que ya dura demasiados años y corremos el peligro de
considerarlo algo normal, algo que forma parte de la escena internacional
más próxima a la de nuestro país. El 14 de noviembre próximo se cumplirán
ya 21 años de la firma, en Madrid, de los célebres acuerdos tripartitos
--un grave error del Gobierno de la época--, unos acuerdos que, como todo
el mundo sabe, negaban al pueblo saharaui el derecho a decidir libremente
su destino, el derecho a la autodeterminación; unos acuerdos que, a la
luz del Derecho internacional, nacieron con vicios de origen y que fueron
rápidamente y de forma muy amplia superados por la evolución del
conflicto.
No podemos olvidar que este conflicto que esta tarde tratamos en la
reunión de esta Comisión esconde tras de sí un drama humano, un drama que
padecen numerosísimos saharauis desde hace muchos años, generaciones de
saharauis que ya deben vivir en el exilio, que sufren en sus carne las
consecuencias de un proceso de descolonización inconcluso. Yo diría que
uno de los últimos procesos de descolonización pendientes en el
continente africano. En este sentido, también quisiera poner sobre la
mesa algo que nos debe hacer reflexionar a los miembros de esta Comisión,
como es el reciente informe de Amnistía Internacional sobre la situación
de los derechos humanos en el Sahara occidental. Ese informe, a pesar de
reconocer tímidos avances en el respeto a los derechos humanos en la zona
y poner de manifiesto hechos positivos, como la liberación de presos de
conciencia y la liberación de presos que se daban por desaparecidos por
parte del Gobierno del Reino de Marruecos, aún pone de relieve lo que
constituye una triste
memoria de sufrimiento, como es, repito, la situación de una gran parte
del pueblo saharaui.
En septiembre de 1991 concluyó el enfrentamiento armado entre el
Polisario y Marruecos, gracias a un acuerdo patrocinado por las Naciones
Unidas --al que usted se ha referido--, que puso fin a dieciocho años de
hostilidades. El célebre plan de paz de Pérez de Cuellar preveía la
celebración de un referéndum de autodeterminación --no lo olvidemos--
para finales de enero del año 1992, pero la comisión de identificación de
Minurso, que debía poner al día el censo español del año 1974, no ha
podido concluir su trabajo, puesto que, según ha manifestado la Minurso
--y consta en la memoria del acuerdo del Consejo de Seguridad de mayo
pasado--, no existe la voluntad indispensable para brindar a la Minurso
la cooperación necesaria para que ésta complete el proceso. Por todo
ello, como usted decía, el Consejo de Seguridad, el 29 de mayo de 1996,
acordó suspender el proceso de elaboración del censo hasta que ambas
partes presenten pruebas concretas y convincentes de que están decididas
a reanudar y completar dicho proceso, pero a la vez prorroga el mandato
de la Minurso hasta el 30 de noviembre de este año.
Esto nos plantea una serie de problemas, señor Secretario de Estado. En
primer lugar, es obvia la incapacidad de Minurso durante todo este tiempo
para aplicar el plan de paz y este grupo parlamentario entiende que,
lamentablemente, ello supone una cierta pérdida de credibilidad de las
Naciones Unidas en la resolución de este conflicto. En segundo lugar, no
podemos olvidar que si es imposible la conclusión del censo, y por tanto
llevar a cabo el referéndum de autodeterminación, que es el gran objetivo
del plan de paz, es debido en gran parte, y quizá fundamentalmente, a los
reiterados incumplimientos por parte del Reino de Marruecos. Creo que no
nos vale situar --llevados de esa cierta tendencia que los occidentales
demasiado a menudo tenemos la tentación de adoptar-- a los dos
contendientes en un plano de igualdad en cuanto a su responsabilidad en
relación a la no solución del conflicto. Esta es la opinión de este grupo
parlamentario, que creo que podemos avalar y contrastar con numerosísimos
incumplimientos, que nos llevan a la conclusión de que al Reino de
Marruecos, en cierta forma, le va bien esta situación, que supone no
avanzar ni retroceder, pero que a la larga puede llevar a la
consolidación de una situación que, en principio, parece que les va bien.
Señor Secretario de Estado, nosotros entendemos que, en medio de esta
situación, existe un deber moral de España, como antigua potencia
colonial, en la resolución del conflicto, y esto es algo que hemos
mantenido en todos los debates, no sólo de esta Comisión, sino incluso en
el Pleno del Congreso de los Diputados. Quiero recordar un debate
celebrado hará menos de un año, en noviembre de 1995, a consecuencia del
cual aprobamos una moción por una amplísima mayoría, y ha quedado patente
que todos nos sentimos responsables en parte de lo que está sucediendo en
el Sahara occidental en la actualidad y, por tanto, de la no resolución
del conflicto del pueblo saharaui. Este grupo parlamentario entiende que,
como consecuencia de este deber moral, nuestro país debe realizar un
esfuerzo adicional para la solución del conflicto. En ese sentido, nos
satisfacen sus palabras, que ponen de manifiesto toda una serie de
iniciativas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, cara a
intentar allanar el camino entre las partes para conseguir la solución de
este conflicto.
Nosotros entendemos que ese esfuerzo se debería encaminar en este momento
a conseguir simplemente aquello que perseguía el plan de paz de Pérez de
Cuéllar; es decir, la realización del referéndum sobre las bases pactadas
y con todas las garantías de transparencia. En este momento es
indispensable conseguir que se sienten las partes en una mesa de
negociación. No estoy lanzando ninguna idea novedosa, pero sí quisiera
conocer su opinión al respecto. Digo que no estoy lanzando ninguna idea
novedosa por cuanto en la moción que aprobamos el año pasado en esta
Cámara, repito, por amplísima mayoría, una de las propuestas que se
efectuaban era la de apoyar todas las acciones de la Secretaría General
de Naciones Unidas para conseguir la celebración de la conferencia de
paz. A tal fin, se solicitaba en la moción un papel activo del Estado
español. Señor Secretario de Estado, yo no sé si usted me puede facilitar
alguna información adicional, pero desconocemos los resultados de los
últimos encuentros entre el Frente Polisario y los representantes del
Gobierno o de la monarquía alauita. No sabemos si han supuesto algún paso
positivo en relación a este objetivo de lograr una paz estable en el
Sahara occidental.
Por último, dos preguntas para terminar esta intervención. En primer
lugar, se ha dicho que el 30 de noviembre de 1996 --por tanto, de aquí a
aproximadamente dos meses-- finaliza el mandato de Minurso, prorrogado
por el acuerdo del Consejo de Seguridad, de mayo de este año. ¿Qué va a
suceder entonces? Quizás esté haciendo una pregunta que cabría situar
dentro de lo que se puede denominar política-ficción. Coincido con usted
en que las sombras más tenebrosas se pueden cernir sobre el conflicto del
Sahara en el caso de que las Naciones Unidas decidan no prorrogar el
mandato. Y la segunda cuestión, vinculada directamente a la anterior, es
que nadie quiere, obviamente, una posible reanudación de las
hostilidades, no sólo del sufrimiento de un pueblo, sino un empeoramiento
de la estabilidad en la zona, lo cual no nos interesa.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y DE LA UNION EUROPEA
(De Miguel y Egea): He escuchado con mucha atención la exposición de S.
S., que no puedo sino coincidir en todos sus términos y compartir esa
preocupación.
Es evidente que falta un acuerdo básico entre las partes para poner en
marcha el plan de arreglo y también es verdad que la parte más fuerte,
que es la marroquí, plantea más problemas en ese acuerdo que tiene que
haber para que las reglas del plan de identificación sean admitidas por
ambas partes y se establezcan unas reglas claras para ver quién puede
participar en ese referéndum.
Minurso ha hecho todo lo que ha podido, pero las partes no han hecho los
esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo, quizás por eso yo dije al
principio, porque cada uno parte de concepciones totalmente opuestas. El
Frente Polisario espera que ese referéndum sea la legitimación de su
autodeterminación y Marruecos espera que ese referéndum sea el
reconocimiento de la marroquinización del territorio. Ahí hay una gran
distancia que les separa.
Yo también comparto con S. S ese sentimiento de que España tiene un deber
moral en la resolución de este conflicto y que nosotros debemos realizar
esfuerzos adicionales para lograr ese entendimiento. Este Gobierno ha
realizado estos esfuerzos desde el primer día. El Presidente Aznar estuvo
en Marruecos y trató de este tema con el monarca alauita y con el
Presidente del Gobierno, señor Filali, y Ministro de Asuntos Exteriores,
así como también el Ministro que estaba presente, señor Matutes. Después,
el señor Matutes ha estado en visita oficial, como ustedes saben, hace
poco tiempo en Argelia. De nuevo este tema fue objeto de las
conversaciones del Ministro, puesto que todos sabemos que Argelia es una
parte importante en este conflicto. Pero no nos engañemos tampoco,
Argelia no tiene ningún deseo altruista. Ha jugado un juego equívoco con
el Frente Polisario. Ha ayudado al Frente Polisario en muchas cosas, pero
no ha contribuido siempre a tener una visión objetiva del tema. Ha
utilizado un poco la situación del Sahara occidental como un elemento
para hacer presión sobre su vecino, para mantener la presión y ponerle en
situación difícil. Ahora, naturalmente, la situación de Argelia es más
problemática desde el punto de vista interno y se puede comprometer
menos, incluso con ayuda específica al pueblo saharaui. Les acabo de
relatar que ayer mismo el Ministro ha estado viendo al Ministro de la
Presidencia saharaui, al cual le ha reiterado la posición de siempre.
Con respecto a los encuentros, yo le puedo decir la información que
nosotros tenemos. Se la voy a dar puntualmente porque la tengo escrita.
Sabemos que se han producido varios encuentros, en Ginebra y en
Marruecos, entre, de una parte, una delegación marroquí presidida por el
Ministro de Interior, señor Basri, y de otra una delegación polisaria con
participación del Primer Ministro de la RASD --de la República Arabe
Saharaui Democrática--, señor Alí Beiba; con su Ministro de Asuntos
Exteriores, señor Bachir Mustafá Sayed; con su Ministro de Defensa, señor
Brahim Ghali; con el jefe de la Tercera Región Militar, señor Lahbib, y
con el coordinador para el proceso de identificación, señor Hada. Con
ocasión de uno de estos encuentros, la delegación polisaria ha sido
recibida por el príncipe heredero de Marruecos. El Secretario General de
Naciones Unidas ha estado al corriente de estos encuentros y el propio
Ministro, Abel Matutes, se refirió a ellos claramente en sus contactos
con las autoridades argelinas. Ahora bien, hay que decir que el Ministro
del Interior, señor Basri, ha negado recientemente y de manera pública
que estos encuentros hayan tenido lugar, seguramente por razones de orden
interno, para evitar la presión de la opinión pública; por razones
políticas que le serán a él bien conocidas. Esta es la realidad. Lo ha
negado, pero estos encuentros han tenido lugar.
Parece --y aquí aventuro una opinión, que no sé si es arriesgada-- que
Marruecos está haciendo un gran esfuerzo para lograr un acuerdo político,
que podría ser el principio de un arreglo para sentar las bases de
identificación. Ese arreglo político sería ofrecer al pueblo saharaui un
estatuto especial de gran autonomía dentro del reino alauita. En este
momento ésa es la dirección en la que van los mayores esfuerzos del reino
alauita; ofrecerles algo que les permita salvar la faz, que el pueblo
saharaui vea satisfechos, de una manera lo más amplia posible, sus deseos
de autonomía, pero, al mismo tiempo, que se engloben dentro de esa gran
monarquía alauita que quiere ser la monarquía de todos los pueblos del
desierto del Sahara occidental.
No cabe la menor duda de que en el Frente Polisario hay dos facciones
encontradas cuya crisis se ha agravado en los últimos tiempos: aquellos
que propugnaban la solución de Naciones Unidas y, por lo tanto, un
arreglo pacífico y un referédum, y los halcones que decían que nunca se
debió llegar al alto el fuego y que había que seguir las hostilidades y
las acciones de guerra contra Marruecos. Tampoco se nos debe olvidar que
esas acciones de guerra, si pararon se debió a que el Frente Polisario
perdió la guerra con Marruecos, porque la superioridad numérica y de
medios materiales del ejército marroquí fue abrumadora y desde el momento
en que Argelia estuvo en una situación débil, no pudo dar el mismo apoyo
que venía dando tradicionalmente al Frente Polisario. El hecho de que
haya este enfrentamiento entre los dos sectores del Frente Polisario nos
hace pensar que no se puede descartar totalmente el que se puedan
producir acciones bélicas esporádicas, atentados y seguramente conflictos
en la zona del Sahara, en un futuro próximo, si una solución negociada no
avanza.
Con respecto a sus preguntas, vamos a seguir manteniendo la presión para
que antes de noviembre de 1996, que está a la vuelta de la esquina,
porque quedan dos meses, haya un signo de esperanza, sobre todo, en lo
que se refiere al proceso de identificación y a celebración del
referéndum. Y si esto no sucede, España alentará a todos en Naciones
Unidas, pero, sobre todo, al grupo de países más concernidos con este
tema para que, en ningún caso, se retiren Naciones Unidas y Minurso. Debo
decir que ahí el trabajo más importante es persuadir a los Estados Unidos
que en un momento dado tuvieron un interés, pero que ahora se van
desinteresando progresivamente sobre el problema del Sahara y pagan una
parte de la factura de Minurso.
En cuanto a la posibilidad de la renovación del proceso, está pendiente
de esta negociación. Por último, me referiré a algo que nos afecta
extraordinariamente en el Ministerio, como afecta a SS. SS., que es la
triste suerte del pueblo saharaui, de muchas personas, sobre todo mujeres
y niños que han sufrido esta situación de guerra casi continua desde hace
veinte años. Le diré que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene
programas importantes (un Diputado en esta Cámara inició, cuando tenía la
responsabilidad de ser Secretario de Estado de Cooperación, programas
importantes
de ayuda a la población saharaui), que se canalizan fundamentalmente a
través de Mauritania para hacerles llegar todos los medios necesarios
hacia la zona de Tinduf, que es donde están los campos de refugiados. El
esfuerzo ya iniciado se está no solamente manteniendo sino incrementando,
por aquello de que compartimos --como dijo S. S.-- esa sensación de tener
un deber moral de ayudar al pueblo saharaui en la terrible etapa de la
vida de este pueblo que se inició ya, como usted ha dicho, el 14 de
noviembre de 1975.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Recoder, para una
brevísima intervención.
El señor RECODER I MIRALLES: Brevísima, señor Presidente.
Para agradecer al Secretario de Estado su información. Simplemente
decirle que nosotros pensamos que hay que continuar manteniendo el
esfuerzo diplomático y muy especialmente en estos momentos en los que
debemos estar atentos a cómo evolucionan los acontecimientos en los
próximos meses (por lo que he podido deducir de sus informaciones, el
resultado de las conversaciones está a un nivel altísimo entre las dos
partes) y a la decisión que adopten las Naciones Unidas antes del 30 de
noviembre, en relación a Minurso. Sugerimos, una vez más, la idea de que
en el caso de que las noticias no fueran positivas, como nosotros
esperamos, sino que la evolución de los acontecimientos fuera francamente
negativa, habría que volver a considerar y a poner encima de la mesa, de
una forma seria y definitiva, la posibilidad de la celebración de la
conferencia de paz.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean tomar la palabra. (Pausa.)
La señora Maestro tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Quiero dar las gracias por su comparecencia al
señor Secretario de Estado.
El reiterado planteamiento del conflicto en el Sahara occidental en esta
Comisión de Asuntos Exteriores parte de un grado alto en la forma en la
que los diferentes grupos parlamentarios planteamos el asunto, como he
tenido la oportunidad de escuchar con la valoración que se hace desde el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
En el mes de junio, se aprobó por unanimidad, con enmiendas, una
proposición no de ley de Izquierda Unida, que instaba al Gobierno a
adoptar todas las fórmulas que estuvieran en su mano en aquel momento
para evitar la retirada de Minurso y desarrollar caminos que no llevaran
a un enfrentamiento armado.
Evidentemente, el tema es complejo. A mi grupo no se le escapa que el
Gobierno español es sólo uno de los países interesados en la resolución
del conflicto. Sin embargo, no quiero dejar pasar la oportunidad de
reiterar que España, como ex potencia colonial, no puede renunciar a
desarrollar todos los instrumentos a su alcance. Hay que evitar un
enfrentamiento armado que, como el señor Secretario de Estado señalaba,
va a ser sin duda desigual, pero que puede ser el último recurso y el
único en su caso al alcance de un pueblo que, más allá de las diferencias
que pueda haber en el seno de su dirección, ha mantenido con una dignidad
merecedora de todo elogio unas reivindicaciones nacionales, de
independencia que pueden llegar, en mi opinión, a que el alargamiento del
conflicto plantee como única salida ese mantenimiento de la dignidad y de
las reivindicaciones nacionales por la vía de las armas.
Mi grupo parlamentario estima que la posibilidad de que finalmente se
lleve a cabo la retirada de Minurso en 1996, no va a ser más que un
empujón o quizás el empujón definitivo para que este enfrentamiento
armado se produzca.
Desconozco las razones que han llevado a los representantes del Frente
Polisario a negar la existencia de esos contactos más o menos discretos,
más o menos secretos, que conocíamos que se habían producido entre los
representantes del Frente Polisario y el Reino de Marruecos. En cualquier
caso, nosotros creemos que ésa es una de las vías a desarrollar. Hay que
propiciar que, desde la fórmula más adecuada, haya contactos directos, al
nivel más beneficioso para las partes, ya impidan, mientras las palabras
estén operando, el recurso a otros procedimientos.
La propuesta de conferencia de paz, a la que aludía el representante de
Convergència i Unió, que en lo que yo conozco fue aprobada por unanimidad
en la sede del Parlamento catalán por una comisión especial destinada al
estudio de este tema, podría ser el marco posterior en el cual el diálogo
pudiera desarrollarse una vez que se hubiera producido ese contacto
directo reconocido y explícito, que al menos abriera el camino para que
esa conferencia de paz se celebre.
Deseo reiterar, aunque creo que esta petición es bien acogida en el seno
del Ministerio de Asuntos Exteriores, la enorme responsabilidad del
Estado español en la resolución definitiva del conflicto y en imaginar
todos los escenarios posibles que impidan ese enfrentamiento armado que
todos nos tememos en breve plazo de no mediar otro tipo de soluciones.
El señor PRESIDENTE: El señor Yáñez, por el Grupo Socialista, tiene la
palabra.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Voy a intentar ser muy breve porque vamos
muy mal de tiempo por el orden denso del día, pero no quería dejar de
tomar la palabra por dos razones: en primer lugar, porque es la primera
comparecencia del Secretario de Estado de Política Exterior, don Ramón de
Miguel, a quien damos la bienvenida y deseamos suerte y éxito en su
quehacer, y esperamos que venga muchas veces a esta Comisión en tantos
temas como lo requiramos o él considere que debe informar a la propia
Comisión; en segundo lugar y sobre todo, naturalmente, por el tema que
nos trae aquí, porque, aunque haya sido debatido en muchas ocasiones en
esta Comisión en los últimos años, es de enorme importancia para España.
También lo es para la comunidad internacional, pero para nosotros, por
razones históricas, de proximidad y de justicia de la reivindicación, es,
repito, un tema de la máxima
importancia. Es oportuno que en este caso lo traiga a colación
Convergència i Unió, en otros casos otros grupos, porque el riesgo
fundamental que corre este asunto es el del cansancio de la comunidad
internacional. De la misma manera que se habla del cansancio de los
donantes en cuanto a cooperación al desarrollo, hay un cansancio de
determinados conflictos que ya no suscitan, desgraciadamente, la
atención, la preocupación y la dedicación que requieren. Eso lo estamos
notando en este tema, y el Gobierno de España, por las razones que he
dicho antes, debe estar, como espero que así lo haga, atento, con
presencia, con dinamismo, con iniciativa, generando una política activa
en esta cuestión. Difícilmente otro país fuera de las partes lo va a
hacer con el interés, la constancia y el dinamismo que deben tener la
diplomacia española y el Ministerio de Asuntos Exteriores en esta
cuestión.
Yo no voy a abundar en los argumentos en los que coincido con el
representante de Convergència i Unió y con la representante de Izquierda
Unida, que son los que han intervenido antes, porque eso haría muy largo
el debate, pero coincido plenamente también con las palabras del
Secretario de Estado, y por eso no voy a abundar en el tema de fondo. Es
un tema pendiente, que requiere nuestra atención de manera preferente.
Cuesta trabajo pensar que otras cuestiones se hayan podido encauzar,
aunque sean diferentes --no hay dos conflictos idénticos--, con el
esfuerzo combinado de países amigos y de Naciones Unidas, como por
ejemplo en Centroamérica, donde el Grupo de Amigos del Secretario General
y determinadas misiones han tenido éxito por la constancia, la tenacidad
y el buen trabajo de muchos profesionales de la diplomacia, de varios
Gobiernos y de las propias Naciones Unidas. Como se ha dicho ahora, se
corre el riesgo de que, si antes de final de noviembre no hay un
reencauzamiento de la cuestión, puedan desencadenarse de nuevo las
acciones bélicas o el conflicto en el Sahara occidental.
Una última palabra que, aunque sea coincidente, subrayo. No debemos caer
nunca tampoco en la equidistancia o en tratar por igual a los que no se
comportan igual. En este caso, ha habido un comportamiento
deliberadamente dilatorio y de mala voluntad por parte del Reino de
Marruecos, pero no ha ocurrido lo mismo con el Frente Polisario. Se hace
el esfuerzo para tratar de llevar al Gobierno de Marruecos a posiciones
más razonables, más negociadoras, más de diálogo, que permitan
desbloquear esta situación antes de que de nuevo sea demasiado tarde o
estén ya las armas actuando.
Con esto termino, señor Presidente, agradeciendo de nuevo la presencia
del Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor De Cáceres.
El señor DE CACERES BLANCO: Nos alegra mucho a todos la presencia de don
Ramón de Miguel en esta Comisión por dos razones: por ser el
representante de nuestro Ministerio y por haber aportado precisiones
importantes en las que en mi breve intervención de ahora, puesto que
luego hemos de volver sobre el tema en el curso del orden del día, no me
voy a detener. Lo más importante de esta comparecencia es subrayar y
poner luz sobre determinadas actuaciones recientísimas --y, por lo que
veo, en curso también-- de los intentos de España por conectar con todas
las partes en conflicto, e incluso con terceros, para tratar de poner en
vías de solución un tema que corre el riesgo de quedar en esa especie de
limbo de la información que es el problema principal para muchos temas
internacionales, limbo de información que se produce muchas veces de una
manera voluntaria y que debemos impedir por nuestra acción diplomática,
gubernativa, que es justamente a lo que se refiere su intervención.
No hace falta subrayar --creo que tenemos todos conciencia de ello-- la
gran importancia histórica, humana y geopolítica del problema del Sahara
para toda España, comenzando por la parte más cercana al conflicto, que
son precisamente las islas Canarias. Por todo ello, es importante, y me
refiero nada más a esta cuestión precisa de su intervención, dejando para
más adelante entrar en la cuestión de fondo.
El señor PRESIDENTE: Me pregunto si el señor Secretario de Estado querría
puntualizar o comentar brevemente alguna de las intervenciones.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR Y DE LA UNION EUROPEA
(De Miguel y Egea): De una manera telegráfica, señor Presidente, porque
no quiero abrumar su programa. Yo creo que hemos tocado prácticamente
todos los puntos. Sólo quiero reafirmar a la señora Maestro nuestro
compromiso --que no solamente es un compromiso de esta Cámara, sino del
Gobierno y, por supuesto, de los funcionarios que servimos a la política
del Gobierno-- de hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr un
resultado pacífico de este conflicto. Desde luego le garantizo que con
este Gobierno y con este Ministerio de Asuntos Exteriores, España no va a
renunciar nunca al objetivo de contribuir decisivamente a lograr un
arreglo pacífico que asegure la estabilidad y, sobre todo, una solución
digna para la suerte del pueblo saharaui en el territorio del Sahara.
Señor Yáñez, comparto todo lo que usted dice. Yo conozco su preocupación
por ese tema cuando tuvo una alta responsabilidad en este Ministerio.
Nuestra política desde entonces no ha cambiado. Yo quisiera asegurarle
que tenemos la misma convicción que tuvo usted y su equipo en la
resolución del problema del referéndum del Sahara y, además, comparto que
las responsabilidades de unos y de otros no son las mismas. Hay que
esperar que un país como Marruecos tenga un gesto más generoso, puesto
que, al fin y al cabo, tiene más medios y en su mano la clave de resolver
el conflicto. Yo también participo de que otros conflictos se han
resuelto. Yo desearía que en el norte de Africa hubiera esa tradición
humanística que existe en Centroamérica, que ha sido la que ha hecho
posible el arreglo allí. Por desgracia, estamos juzgando conflictos que
se parecen, pero no con los mismos actores.
Agradezco también al Diputado señor De Cáceres el voto de confianza que
nos da al esfuerzo continuado que
van a seguir desarrollando el Ministro y todos sus colaboradores para
hacer todo lo que esté en nuestra mano para resolver este conflicto. No
sabemos cuál va a ser el resultado, pero yo les garantizo que la
actuación de España y de este Ministerio será irreprochable. Si el
resultado al que se llega es afortunado estaremos todos muy contentos,
pero si es desafortunado yo estoy seguro de que no tendrán ustedes que
hacer ningún reproche a todo el esfuerzo que vamos a desarrollar para
lograr un resultado que sea satisfactorio para todas las partes.
El señor PRESIDENTE: Que así sea, señor Secretario de Estado. Muchísimas
gracias por su presencia, que todos le agradecemos, y con ello le
despedimos hasta la próxima ocasión.
¿Podría convocar un momento a los portavoces de los grupos, por favor?
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
--DECLARACION INSTITUCIONAL DE LA COMISION EN RELACION CON LOS
SANGRIENTOS INCIDENTES EN CISJORDANIA.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, se reanuda la sesión.
Con la venia de todos los presentes, doy lectura a la declaración
institucional que, previo acuerdo con todos los portavoces de los grupos
parlamentarios aquí presentes, hemos podido poner a punto sobre los
sangrientos incidentes que están teniendo lugar en este momento en
algunos lugares de Cisjordania y de Israel.
Dice así la declaración institucional: «Ante los graves incidentes que
están teniendo lugar en Cisjordania, que se han saldado por ahora en más
de 30 muertos y centenares de heridos palestinos como consecuencia de los
disparos del ejército israelí, así como otras víctimas entre los soldados
israelíes, esta Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados expresa su honda preocupación por los hechos citados y su deseo
vehemente de que cesen los actos violentos.
Esta Comisión de Asuntos Exteriores considera que el proceso de paz entre
israelíes y palestinos, iniciado después de grandes dificultades y
esfuerzos en la Conferencia de Madrid en 1991, se encuentra en grave
peligro, que los citados incidentes han acentuado tras otras actuaciones
que han supuesto reiteradas violaciones de los acuerdos de Oslo.
Por todo ello, apoya todos los esfuerzos que el Gobierno español realice
coordinadamente con la Unión Europea y en el marco de Naciones Unidas,
para que vuelva a imperar el diálogo y la negociación frente a la
dialéctica de la fuerza y la violencia entre israelíes y palestinos.»
La Comisión de Asuntos Exteriores opina que el clima así creado supone un
grave obstáculo en la realización de algunos objetivos de la Conferencia
euromediterránea de Barcelona.»
Entiendo que la Comisión de Asuntos Exteriores aprueba este texto. (El
señor Martínez Casañ pide la palabra.)
El señor Martínez Casañ tiene la palabra.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor Presidente, me acaba de decir nuestro
compañero Alejandro Muñoz-Alonso que, según las últimas noticias, había
ya cuarenta y tantos muertos. Quizá sería mejor no mencionar el número y
cambiar el texto por «decenas de víctimas o de muertos».
El señor PRESIDENTE: Diría entonces: «... en decenas de muertos y heridos
palestinos como consecuencia de los disparos del ejército israelí, así
como otras víctimas entre los soldados israelíes...». Así queda
redactado.
Muchas gracias a todos.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LA CONCESION DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS
EXCOMBATIENTES DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000081.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el desarrollo del orden del día,
pasando al punto cuarto, que contempla la consideración de las
proposiciones no de ley, siendo la primera de ellas la proposición no de
ley relativa a la concesión de la nacionalidad española a los
excombatientes de las Brigadas Internacionales, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad, porque como SS. SS. pueden observar, se trata de
encontrar la fórmula que permita llevar a cabo la voluntad política
expresada por la unanimidad de los grupos de la Cámara en relación a la
celebración del 60 aniversario de la llegada a España de los voluntarios
de la libertad y poder ofrecer la nacionalidad española a unos centenares
de supervivientes, que llegan a nuestro país el próximo mes de noviembre.
Yo me congratulo expresamente en esta Comisión de la actitud de todos los
grupos parlamentarios a la hora de apoyar económica e institucionalmente
en las diferentes comunidades autónomas los actos institucionales que en
muchas de ellas --yo me atrevería a decir que casi en su totalidad-- se
van a llevar a cabo en este otoño. Yo también insto a la generosidad de
los gobiernos y de los parlamentos autónomos para que puedan permitir
llevar a cabo un homenaje costoso, ambicioso y que está promovido por
una coordinadora formada por personas que no tienen ninguna financiación
propia a priori.
Seguramente muchas de SS. SS. han recibido, como yo, cartas de
agradecimiento de ex brigadistas de diferentes países del mundo
manifestando su alegría y su agradecimiento a este Congreso de los
Diputados por esa voluntad política de reconocer la nacionalidad
española, pero expresando asimismo las graves dificultades que la inmensa
mayoría tiene para poder hacer efectivo su derecho a la nacionalidad
española.
Como saben SS. SS., nuestro Código Civil exige que, excepto en aquellos
países con los que existe acuerdo de doble nacionalidad, el acceso a la
nacionalidad española suponga la renuncia previa a su nacionalidad de
origen. Creo que quedaba implícito en el desarrollo de los debates y del
propio acuerdo. No se trata de que las personas que accedan por este
motivo a la nacionalidad española tengan sus derechos completos
(ciudadanos, económicos o sociales), sino que se trata de un acto
fundamentalmente honorífico, de reconocimiento de la memoria histórica y
de la contribución de estas personas a la defensa de la legalidad
democrática de un Gobierno, que era el legítimo en el Estado español y
que, por tanto, no es patrimonio de ninguna fuerza política sino del
conjunto de los ciudadanos españoles.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que hay otras iniciativas en marcha
que plantean la modificación de nuestro Código Civil mediante la
introducción de una medida específica, ad honorem, de reconocimiento de
la nacionalidad exclusivamente a este grupo de personas, hecho que tuvo
algún precedente histórico al principio de este siglo en relación con
ciudadanos turcos, con motivo de concederles protección --es un
precedente jurídico, aunque, evidentemente, las condiciones no son las
mismas--, lo que mi grupo parlamentario pretendía en esta Comisión de
Asuntos Exteriores es que por parte del Gobierno se tomaran las medidas
necesarias e, insisto, con la agilidad necesaria para que esos acuerdos
específicos de doble nacionalidad, y en lo que se refiere a este
colectivo, pudieran finalmente no impedir algo que está por encima de los
trámites burocráticos, que es la voluntad política de esta Cámara de
hacer un reconocimiento de estas características. Se trata de no impedir
que, en fecha próxima, eso pueda producirse con toda la solemnidad y
concreción necesaria para que no sólo sea un papel mojado de una
declaración del Congreso de los Diputados.
Espero que esto, que no tiene otra pretensión que llevar a cabo algo que
ya expresamos todos con suficiente claridad y con una unanimidad que a mi
grupo parlamentario le congratula especialmente, pueda contar con el voto
de SS. SS.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no hay presentada
ninguna enmienda. ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir al
respecto?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García-Santesmases.
El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Como ya le comuniqué
anteriormente a la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
nosotros creemos que podría haber otra redacción, por lo que formulo en
este momento una enmienda in voce, respetando el hecho de que hay que
encontrar ese marco legal con arreglo al Código Civil. Si a la señora
Maestro le parece bien, la formulación podría ser semejante a ésta:
Instar al Gobierno para que los servicios consulares y la Dirección de
Registros y Notariado facilitaran la realización y agilización de los
trámites oportunos para que pudieran acceder a la nacionalidad española
por carta de naturaleza los integrantes de las Brigadas Internacionales,
reconociendo las circunstancias excepcionales que en esta ocasión
concurren para su adquisición.
Puedo pasar el texto a la señora Maestro, para ver si le parece bien,
porque hay coincidencia en los temas y en el procedimiento.
El señor PRESIDENTE: Quiero hacer ver, tanto al grupo proponente como al
grupo enmendante que, por lo que veo, los ámbitos son relativamente
diferentes, de manera que yo agradecería una respuesta rápida por parte
del grupo proponente para saber si esa propuesta del Grupo Socialista que
realiza el señor García-Santesmases es agradable al grupo proponente.
Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Tiene razón, señor Presidente. No es
exactamente una matización de redacción. Yo creo que la voluntad es la
misma, pero una cosa es la agilización de los trámites con aquellos
países con los que hay acuerdo de doble nacionalidad, para lo cual no hay
otro problema que la gestión directa del trámite de la solicitud por
parte de las personas afectadas, y otra cosa es iniciar acuerdos de doble
nacionalidad con los países en los que, de no mediar esto o, en su caso,
añadiendo la modificación del Código Civil, es imposible.
Creo que no hay dificultades para entendernos en cuanto a la voluntad que
expresamos, pero son cosas diferentes: una cosa es la agilización de los
trámites posibles y otra establecer modificaciones para aquellos países
en los que, con la formulación actual de nuestro Código Civil, es
imposible acceder a la nacionalidad. En este último caso no podría
aceptar lo que propone.
El señor PRESIDENTE: Nos atenemos, pues, a la propuesta original, tal
como ha sido formulada.
La señora MAESTRO MARTIN: En su caso, podría aceptarla como enmienda de
adición.
El señor PRESIDENTE: Violentando un tanto las normas reglamentarias de
esta Comisión, señora Maestro, porque entiendo que esa propuesta no ha
sido distribuida al resto de los grupos, es decir, que no cuentan con
ella y es de una cierta complejidad técnica, de manera que sería
saludable que hubieran podido contar con su previo conocimiento.
En estas condiciones, sin entrar en el fondo de la cuestión y aunque
podemos seguir varios procedimientos, creo
que el procedimiento lógico sería que sometiéramos a votación la
propuesta tal como ha sido hecha por la señora Maestro, con independencia
de que, en otros momentos procesales, pudiéramos considerar como
perfeccionamiento a la misma la que nos ha leído el señor
García-Santesmases.
¿Alguna intervención más por parte de los grupos parlamentarios?
Tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Voy a ser muy breve. Nosotros, estando de
acuerdo con el fondo de lo que persigue la señora Maestro y el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya en su
proposición no de ley --de hecho, votamos favorablemente la proposición
no de ley de la que ésta trae causa--, entendemos que lo que ella nos
propone en su texto es, si quieren, voluntarioso y lleno de buenas
intenciones, pero que en la práctica difícilmente va a poder resolver el
problema que preocupa al Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya por cuanto la actuación y las gestiones
diplomáticas que nos insta a solicitar del Gobierno son procedimientos
largos, que no se van a lograr en meses ni quizá en algunos años, y que
afectan a un colectivo que, lamentablemente, por razones de edad, cada
vez es menos numeroso.
Por ello, entendemos que la propuesta más pragmática y posibilista es la
que planteaba el señor García-Santesmases en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, que nosotros suscribiríamos encantados.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Diputado desea tomar la palabra en nombre de
algún otro grupo parlamentario?
Tiene la palabra el señor Bueso Zaera.
El señor BUESO ZAERA: El nombre del Grupo Popular, quiero manifestar que,
aunque la proposición no de ley tiene la mejor voluntad para intentar
solucionar el problema de algunos brigadistas, no podemos aceptarla por
las siguientes consideraciones.
De aceptarse la proposición no de ley, el Gobierno se vería obligado a
intentar negociar convenios de doble nacionalidad con carácter especial,
concreto y excepcional para que los brigadistas afectados pudieran
beneficiarse de la nacionalidad honorífica española sin perder la suya de
origen.
Los convenios de doble nacionalidad o de cualquier otro tipo se negocian
para servir a unos intereses generales, pero no para permitir que un
número muy limitado de personas, por muy meritorias que sean sus
circunstancias, puedan gozar con carácter especial, concreto y
excepcional de unos beneficios que suponen una quiebra de los principios
reguladores del Código Civil en materia de adquisición de nacionalidad y,
por más que el Gobierno español lo intentase, muchos de los países a los
que podría afectar la proposición no de ley, tales como Méjico,
Venezuela, Estados Unidos, Suiza, Rusia, Alemania, etcétera, se negarían
en principio a la negociación misma de un convenio de doble nacionalidad,
ya que no aceptarían que sus ciudadanos pudieran ostentar otra
nacionalidad que la propia de manera simultánea o latente. Ya se intentó
en el pasado y en otras circunstancias, como, por ejemplo, con Venezuela
y Méjico, sin éxito alguno.
Por otro lado, tengo que decir que no tiene ningún sentido acudir a un
instrumento tan complicado como la vía convencional, que, además, exige
una larga gestión administrativa y parlamentaria; fácilmente cinco años
para lograr unos resultados que pueden obtenerse por otra vía.
Quiero decir también que el ofrecimiento contenido en el Real Decreto
39/1966, de 19 de enero, que faculta a los miembros de las antiguas
Brigadas Internacionales para optar por la nacionalidad española si así
lo desean, supone el grado máximo de generosidad a que se puede llegar en
este tipo de normas, ya que los requisitos para la adquisición de la
nacionalidad española están regulados en el Código Civil y no es posible
la modificación de dicho Código para este caso concreto.
Por otra parte, en lo que se refiere a los países de los que son
nacionales las personas que eventualmente pudiesen acogerse a la
posibilidad que les concede la normativa que nos ocupa, tampoco es
posible convencerles para que se avengan a una negociación de estas
características, pues la filosofía que inspira sus legislaciones es
contraria a que sus nacionales puedan tener además otra nacionalidad,
como es el caso de Suiza o de Venezuela, por citar dos de los países
donde hay miembros de dichas brigadas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, después de haber oído las
razones de los grupos que han intervenido, y en aras, sobre todo, de
conseguir un acuerdo en un tema que me parece de una gran importancia
simbólica, para que no pueda romperse la unanimidad que hemos iniciado en
este tema, y reconociendo, además, que la sustancia de los argumentos es
cierta, es decir, que hay dificultad en ver cúal es la fórmula --y es
verdad que los trámites pueden ser largos y pueden ser también una
cortina de humo que haga imposible resolver el problema en el momento
adecuado--, si los grupos que han expresado su oposición estuvieran de
acuerdo en que se aceptara como sustitución la enmienda del Grupo
Socialista que marca el techo normativo en el Real Decreto 39/1996, que
simplemente insta a la agilización de los trámites por parte de los
servicios consulares y de la Dirección General de Registros y del
Notariado, en ese caso, y sobre todo con el objetivo, repito, de mantener
la unanimidad de la Cámara, aceptaría la enmienda como sustitución.
El señor PRESIDENTE: Me produce alguna duda procesal lo que usted
propone, señora Maestro, porque si siguiéramos este procedimiento de cara
al futuro podría haber graves perjuicios para el funcionamiento de la
Cámara. Como antes he dicho, la propuesta que nos ha leído el señor
García-Santesmases va bastante más allá, o bastante más acá, según se
mire, de su propia propuesta, y me preocupa
que ni la Mesa ni el resto de los grupos contemos con dicha propuesta por
escrito.
Sugeriría una propuesta alternativa, señora Maestro, a no ser que los
grupos tengan alguna propuesta alternativa que hacer, y es que en este
momento usted retire la propuesta inicial, la reformule de acuerdo con la
que en su momento hizo el señor García-Santesmases y que individual, o
conjuntamente, haga una nueva proposición no de ley que pudiéramos
considerar en buena forma. Creo que eso sería bastante más satisfactorio
para la regularidad del trabajo y no produciríamos anomalías procesales
que a mí me preocuparían.
¿Le parece adecuada esta propuesta?
La señora MAESTRO MARTIN: De acuerdo.
El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: De acuerdo.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, insto a los dos grupos a que se pongan
de acuerdo para que en una próxima ocasión podamos considerar una
propuesta en las líneas descritas.
¿Entiendo que damos por retirada la propuesta en esos términos, señora
Maestro? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: El Grupo Popular agradece la colaboración de la
señora Maestro, que creo que permitirá estudiar el tema con mayor
detenimiento.
El señor PRESIDENTE: Estoy convencido de que con este sistema en un breve
plazo de tiempo alcanzaremos una solución razonable para todos.
--EN RELACION CON LA SENTENCIA RECAIDA EN EL PROCESO SEGUIDO EN SANTIAGO
DE CHILE POR EL HOMICIDIO DE DON CARMELO SORIA Y ESPINOSA, CIUDADANO
ESPAÑOL FUNCIONARIO INTERNACIONAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES
UNIDAS (ONU). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000111.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 5, proposición no de ley en relación
con la sentencia recaída en el proceso seguido en Santiago de Chile por
el homicidio de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español
funcionario internacional de la Organización de las Naciones Unidas,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Este es un tema reiterativo, ya histórico,
tanto en declaraciones institucionales como en propuestas ante esta
Comisión de Asuntos Exteriores, que afortunadamente han contado también
con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. En concreto, si
ustedes recuerdan, el 5 de abril de 1995 el Congreso de los Diputados
instaba al Gobierno a trasladar al Gobierno de Chile la preocupación del
Congreso por el tortuoso proceso que estaba siguiendo el caso por el
asesinato de don Carmelo Soria y Espinosa, ciudadano español y
funcionario de Naciones Unidas, y reiteraba su profundo interés por el
definitivo esclarecimiento del mismo y el correspondiente castigo a los
culpables.
Desgraciadamente, este tortuoso proceso ha finalizado ya en lo que se
refiere a los trámites posibles a utilizar por la acusación particular,
por la familia en este caso, para que el asesinato de don Carmelo Soria
fuera definitivamente esclarecido y se produjera el oportuno castigo de
los culpables, tal y como deseaba unánimemente este Congreso de los
Diputados. A finales del mes de agosto tuvo lugar la sentencia definitiva
que cierra todas las vías de apelación y que aplica la Ley de Amnistía de
1978 al caso del asesinato de Carmelo Soria. La aplicación de la Ley de
Amnistía se ha producido desoyendo todas las manifestaciones, todas las
declaraciones del Secretariado de Naciones Unidas reiterando el carácter
de funcionario internacional de don Carmelo Soria y Espinosa y no
estimándolas en el momento de dictar sentencia sobre el caso.
En este caso, por tanto, no cabe más, y creo que es oportuno hacerlo
--hubiera podido ser otra propuesta de declaración institucional más y yo
no tendría inconveniente en ello si ésa fuese la fórmula que esta
Comisión de Asuntos Exteriores estimara más oportuna--, que la
manifestación del disgusto, de la preocupación por la aplicación
definitivamente de la Ley de Amnistía que cierra --aunque en falso,
desgraciadamente en el ámbito de la aplicación de la justicia chilena--
definitivamente el caso.
En este caso quiero reiterar el segundo punto de la proposición no de ley
que no tiene sentido en este momento, porque entiendo que la embajada
española en Chile no tiene ya muchas funciones que realizar en una caso
cerrado para la justicia chilena. Otra posibilidad sería la impugnación,
preceptiva, en el seno de Naciones Unidas de la comunicación del Estado
chileno relativa a la sentencia de la Corte Suprema, en virtud de la cual
se aplica la Ley de Amnistía de 1978, y que abrirá la posibilidad de que
el propio Secretario General de Naciones Unidas instara a tribunales
internacionales a manifestarse sobre un caso que afecta a un funcionario
internacional, impugnando una decisión en este caso no ya de la Corte
Suprema, sino asumida por el Estado chileno, que ha ignorado convenios
tales como el convenio sobre la prevención y castigo de los delitos
cometidos contra personal internacionalmente protegido suscrito por el
Estado chileno y, por tanto, en vigor en este momento.
No obstante, en contra de lo que suele ser habitual, esta comunicación,
que suele ser prácticamente inmediata por parte del Estado chileno al
Secretario General de Naciones Unidas, no se ha producido hasta este
momento. Lógicamente mi Grupo Parlamentario, en el momento en que esa
comunicación se produzca, presentará una proposición en ese sentido,
apoyando la actitud del Gobierno español impugnando
en el seno de Naciones Unidas este comunicado del Gobierno chileno y que,
por tanto, apoye, en su caso, la capacidad de actuación del Secretario
General de Naciones Unidas en defensa de un funcionario internacional
que, además, es compatriota nuestro.
Quiero aprovechar esta intervención, finalmente, para desmentir
informaciones de prensa que se han producido en estos últimos días, que
hablaban de la llegada a un acuerdo económico entre la familia y el
Estado chileno que anulara la posibilidad de llegar a instancias de
justicia internacionales. Entiendo que no es un tema económico, ni creo
que la materia sobre la cual tratamos pueda solventarse con garantías
económicas para la familia. En cualquier caso, comunicaciones directas de
los propios familiares han desmentido que este acuerdo se haya producido
y que en el futuro pueda producirse.
Sus señorías saben que los casos de Orlando Letelier y de Carmelo Soria
son los únicos casos que pueden escapar de la aplicación de la Ley de
Amnistía y, por tanto, satisfacer el castigo, aunque fuera nada más que
formal, a los culpables de los miles de asesinatos y desaparecidos
producidos en el transcurso de la dictadura chilena.
Resumiendo, señor Presidente, el único punto que se sometería a votación
sería el primero y dejo abierta la posibilidad, si otros grupos
parlamentarios lo estiman oportuno, de que la proposición de ley pudiera
tomar la forma de declaración institucional.
El señor PRESIDENTE: Antes le he pedido que retirase una proposición.
Ahora le pediría que no la retire porque la verdad es que el segundo
punto seguirá teniendo sentido. Pase lo que pase y sean cuales sean los
procedimientos que se sigan, es evidente que vamos a tener que recurrir a
la Embajada de España en Chile. Aparte de otras consideraciones que en su
momento puedan hacerse. De manera que yo le pediría que no la retirara y
veremos lo que pasa.
¿Grupos parlamentarios que desean tomar la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió), tiene la
palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señor Presidente, nuestro grupo entiende
que deberíamos hacer un esfuerzo en aras a ese consenso que el grupo
proponente pedía. En esta situación y en este momento, por todos los
antecedente que tiene la cuestión y que afectan al ciudadano de
nacionalidad española don Carmelo Soria, habría que buscar esa fórmula de
consenso para restituir en justicia las consecuencias de los hechos
delictivos acaecidos. Por tanto, nuestro grupo se manifiesta de acuerdo
con los términos de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Yánez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Intervengo para sumarme a lo manifestado
por los intervinientes anteriores, en el sentido de que el asesinato del
ciudadano español y funcionario internacional de Naciones Unidas es uno
de los crímenes horribles de la dictadura de Pinochet, y para mayor inri
con conocimiento de quiénes fueron los autores, que siguen ocupando altos
cargos en el ejército chileno.
Una medida burocrática-pseudojurídica, como es que el tribunal
desestimara que era funcionario internacional después de que el Cepal, el
organismo de Naciones Unidas en Chile donde trabajaba, certificara que sí
lo era, es lo que ha permitido que los culpables sigan acogiéndose a la
Ley de Amnistía. De tal manera que debemos hacer todo lo posible para
conseguir su condena política, si no es posible jurídica, así como la
reparación moral y la reivindicación de la persona de Carmelo Soria. Y
también la reparación moral y económica de la familia, no porque lo
económico sea lo más importante, sino porque a veces --hay muchos
antecedentes-- no se encuentran otras fórmulas. Naturalmente, si la
familia no desea eso, no habrá lugar.
Quería hacer hincapié, señor Presidente, puesto que nosotros no estamos
en el Gobierno ahora, en que habría que evitar en este tema una
confrontación entre dos gobiernos que no tiene responsabilidades en los
hechos que estamos analizando; ni el Gobierno chileno democrático de hoy
ni, por supuesto, el Gobierno español. Llevar eso a una instancia que
pueda producir un conflicto diplomático entre ambos gobiernos sería un
poco absurdo, sería la reducción a una situación kafkiana. Se trata de no
desviar la atención sobre quiénes fueron los culpables y buscar las
fórmulas que permitan esa reivindicación del nombre de Carmelo Soria, así
como una satisfacción a la familia. ¿Cuál es esa fórmula? La que pueda
encontrarse entre el Gobierno de España y el Gobierno de Chile con
acuerdo de la familia. Más allá no podemos llegar.
Dicho eso, votaremos a favor de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Quiero expresar ante todo mi total
coincidencia con los términos de la proposición y con las consideraciones
que la señora Maestro y los otros intervinientes han aportado, en línea
con lo que hemos hecho siempre en esta Comisión cuando hemos abordado ya
en varias ocasiones el caso Soria.
También estoy dispuesto a que lleguemos, si así se estima, a una
declaración institucional. Creo que sería la segunda en menos de tres
meses. Además, quiero insistir en que a mí me parece que tiene tanto peso
y tanta importancia como iniciativa parlamentaria una proposición no de
ley como la que creo que vamos a aprobar por unanimidad.
Como digo, estoy muy de acuerdo con los términos. Por eso tampoco creo
que sea oportuno retirar nada, aunque hayan pasado cosas desde la
redacción de esta proposición. Por ejemplo, me parece muy oportuna en la
exposición de motivos la referencia que se hace a la doctrina. Porque se
puede considerar que es auténticamente una doctrina, digna de ser tenida
en cuenta, la de los seis ilustres juristas españoles a que ahí se alude.
Quiero también
subrayar, por ejemplo, el hecho de que uno de esos juristas, el señor
Tomás y Valiente, fue también víctima de un atentado terrorista. Aportan
ideas tan importantes como que no cabe la amnistía cuando se trata de
delitos que suponen violación de los derechos humanos o delitos contra la
humanidad, lo que representa al mismo tiempo un desconocimiento por parte
del Estado chileno --no insisto ahora en su Gobierno-- de textos
internacionales que ese país ha asumido como propios, y en su
Constitución así se establece. Me parece muy oportuna en la doctrina de
esos juristas españoles su referencia a la conciencia universal. Es algo
muy importante porque clama a esa conciencia universal el que ese tipo de
delitos puedan quedar impunes, si no se remedia.
Creo que debemos insistir en la condición de funcionario internacional
del señor Soria, lo que hace inaplicable la amnistía, y la última
sentencia o resolución de la Corte Suprema chilena lo desconoce
claramente. Quisiera señalar que yo retomaría la doctrina que aquí
establecimos en la declaración institucional del 20 de junio --hace, por
tanto, muy poco--, en la que todavía teníamos la esperanza de que un
recurso presentado por el abogado de la familia Soria fuera atendido por
la Corte Suprema. Desgraciadamente eso ha perdido su sentido el día 23 de
agosto, cuando esa Corte Suprema cierra definitivamente el caso y lo
lleva a la situación en que ahora estamos insistiendo en esa increíble
negativa a reconocer el estatus diplomático del señor Soria en contra de
varios tratados firmados por Chile y muy en concreto de un convenio
Chile-Cepal, donde eso figuraba de una manera diáfana.
Desearía señalar que el Gobierno español, al día siguiente de ese auto
último de la Corte Suprema chilena, es decir, el 24 de agosto, emitió un
comunicado, a través de la Oficina de Información Diplomática, que si me
lo permiten voy a leer porque es breve y muy importante. Dice lo
siguiente: La Corte Suprema de Chile ha dictado sentencia ayer
sobreseyendo definitivamente la causa que seguía en el proceso por el
asesinato en julio de 1976 en Santiago de Chile del ciudadano español,
funcionario internacional de la Organización de Naciones Unidas, don
Carmelo Soria Espinosa.
En esta circunstancia, el Gobierno español desea hacer pública la
siguiente declaración: 1. Manifestar su profunda decepción por una
decisión judicial que determina la impunidad para los autores
identificados en el proceso, coronel retirado Guillermo Salinas Torres y
sargento retirado José Ríos Sanmartín, del asesinato del ciudadano
español don Carmelo Soria Espinosa. 2. Reconocer la contribución del
Gobierno de Chile para reactivar este caso ante los tribunales. 3.
Subrayar la disposición del Gobierno español, respaldada por las
reiteradas manifestaciones del Parlamento, en promover la justa
reparación de este crimen, acompañando a la familia de don Carmelo Soria
en las instancias y gestiones que procedan.
Dicho esto quiero también insistir en que nosotros estamos dispuestos a
estudiar cualquier otra iniciativa que se pueda llevar a cabo en
cualquier ámbito, incluido el de Naciones Unidas, aunque entiendo que
tiene mucha razón el señor Yáñez cuando dice que no habría que buscar una
confrontación inadecuada e inútil entre España y Chile. Quiero señalar
que el Gobierno chileno en varias ocasiones ha mostrado su buena
disposición.
En el texto de la proposición no de ley que presenta Izquierda Unida se
señala que recientemente todos los partidos políticos que forman parte
del Gobierno de Chile se han manifestado en contra de la aplicación de la
Ley de Amnistía en el proceso Soria, y en el mismo sentido se ha
pronunciado el Ministro de Asuntos Exteriores de Chile, don Miguel
Insulza, en su reciente visita a España. Es decir, que tampoco se puede
culpar al Gobierno de Chile, un gobierno democrático, de no haber hecho
lo que ha entendido que estaba a su alcance.
Yo, reflexionando un poco en voz alta, me pregunto si no estamos ante un
caso que muestra de una manera muy clara la necesidad de plantearse la
intervención de un tribunal penal internacional, y quiero recordar que en
el informe sobre reforma de las Naciones Unidas, que aprobamos por
unanimidad en esta Cámara no hace todavía un año, había un párrafo largo
donde todos los grupos parlamentarios de esta Cámara decíamos que sería
muy deseable un tribunal penal internacional al estilo del creado
específicamente para los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y
que tuviera una competencia mucho más amplia. Es decir, casos como éste
demuestran que, evidentemente, eso es una gran necesidad.
Insisto, y termino, apoyamos esta proposición no de ley y estamos
dispuestos a estudiar y a apoyar igualmente cualquier iniciativa para
remediar esta situación.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, naturalmente, que el Grupo Popular reitera
la enmienda que inicialmente había presentado.
El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Sí, señor Presidente. No lo he dicho, pero
ya había hablado con el grupo proponente. Había una enmienda presentada
por el Grupo Popular, que nosotros retiramos, que había sido redactada en
un momento anterior a ese último hecho del 23 de agosto y que la deja sin
sentido. Por lo tanto, la retiramos en este acto.
El señor PRESIDENTE: Señores comisionados, tenemos dos alternativas: una,
votar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y entiendo que lo haríamos por
unanimidad; dos, siguiendo la iniciativa de la señora Maestro,
reconvertir esta proposición no de ley en una declaración institucional.
No sería la primera que hacemos sobre el caso Soria. Eso únicamente
requeriría el acuerdo de todos los comisionados.
¿Cuenta la Presidencia con el acuerdo de toda la Comisión para convertir
esta proposición no de ley en una declaración institucional de la
Comisión en los términos en que está presentada? (Asentimiento.) No veo
ninguna objeción al respecto; de manera que entiendo que este texto al
que inmediatamente daré lectura es declaración institucional de la
Comisión de Asuntos Exteriores.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a expresar al Gobierno de
Chile la consternación del Congreso de los Diputados por la reciente
sentencia del juez instructor de la Corte Suprema mediante la cual se
decide la aplicación del Decreto-ley 1921 de 1978 que amnistía
definitivamente a los acusados del homicidio del ciudadano español y
funcionario internacional de la ONU don Carmelo Soria y Espinosa.
Dos. Seguir apoyando con todos los medios a su alcance las actuaciones de
la embajada española en Chile, en coordinación con la familia de don
Carmelo Soria y Espinosa, para lograr la plena consecución de la justicia
en este proceso que afecta a un ciudadano español.
Este es el texto de la declaración institucional.
--RELATIVA A ENSAYOS NUCLEARES EN CHINA. PRESENTADA POR EL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000132.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número seis. Proposición no de ley
relativa a ensayos nucleares en China, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
El señor Yáñez tiene la palabra.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: La retiramos, señor Presidente, porque el
mismo tema se ha debatido en Pleno y ha sido aprobado también, creo
recordar, por unanimidad de la Cámara, con el mismo tenor que esta
proposición.
--RELATIVA A MEDIDAS PARA PROPICIAR LA PAZ EN EL SAHARA OCCIDENTAL Y LA
CELEBRACION DE UN REFERENDUM SOBRE SU AUTODETERMINACION. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000140.)
El señor PRESIDENTE: Punto número siete. Proposición no de ley relativa a
medidas para propiciar la paz en el Sahara occidental y la celebración de
un referéndum sobre su autodeterminación, presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Le rogaría, señora Maestro, que tuviera en cuenta la intervención previa
del Secretario de Estado, porque seguramente nos ahorraría alguna de las
consideraciones de S. S.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, evidentemente, la
coincidencia con la comparecencia del señor Secretario de Estado
celebrada pocos minutos antes, en la cual todos los grupos hemos tenido
ocasión de manifestar nuestras valoraciones, de escuchar las del Gobierno
y de apreciar la coincidencia en los términos, me exime de hacer una
mención más detallada a la exposición de motivos. Por lo tanto,
simplemente, quiero recordar que lo que se pretende es que este Congreso
de los Diputados inste al Gobierno a manifestar ante el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas la inquietud del Gobierno de España por la
marcha de la aplicación del Plan de Paz y expresar la preocupación ante
los indicios, desgraciadamente cada día más patentes, de que pudiera
producirse un regreso a la hostilidad bélica.
Tal como expresaba en la comparecencia, parece oportuno, al menos a mi
grupo parlamentario, y al margen de los contactos que se hubieran
producido, que se propicie la apertura de una vía de diálogo directa
entre el Frente Polisario y el Gobierno de Marruecos, tal y como
recomienda la resolución 1.042, de 31 de enero de este año, del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.
Finalmente, desearíamos que se adoptaran las medidas oportunas para
promover una conferencia de paz con la presencia de todas las partes
implicadas en el conflicto, en el espíritu que ya indicaba, de esa
resolución, a juicio de nuestro grupo parlamentario absolutamente
pertinente, aprobada por unanimidad en el seno del Parlamento catalán.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado enmiendas a la proposición no de
ley. ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
El señor Recoder tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, intervendré muy brevemente
para no reiterar un debate que hemos mantenido largamente durante esta
sesión.
Nuestro grupo parlamentario, coherentemente con lo que hemos manifestado
en el debate sobre el Sahara, no puede valorar el texto de la proposición
no de ley de otra forma que positivamente, ya que en sus tres primeros
puntos ya viene a reiterar, de hecho, lo que ya manifestó esta Cámara en
Pleno el 4 de diciembre de 1995 en una moción consecuencia de una
interpelación que aprobamos, si no recuerdo mal, del señor Albistur,
donde se incluyeron enmiendas de diversos grupos parlamentarios. Quizá el
único punto sobre el que tenga alguna duda, y la tengo después de la
intervención del señor Secretario de Estado, es en el último, en el que
se propone la promoción por parte del Gobierno de una conferencia de paz
con la presencia de todas las partes implicadas en el conflicto. Mis
dudas aparecen, señora Maestro, después de escuchar las explicaciones del
Secretario de Estado en relación a las conversaciones que han tenido
lugar en Ginebra entre unas delegaciones de altísimo nivel del Frente
Polisario y del Reino alauita. Creo que deberíamos condicionar la
celebración de la conferencia a que no haya un acuerdo posible entre las
partes.
Es por ello que yo le sugeriría, y no sé, señor Presidente, si
reglamentariamente es posible, que el último punto pudiéramos
reformularlo en el sentido de considerar la convocatoria de la
conferencia de paz con la presencia de todas las partes implicadas en el
conflicto, en caso de que no sea posible el acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, inmediatamente consideraremos su
propuesta.
Tiene la palabra el señor Yáñez, en nombre del Grupo Socialista.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, sólo intervengo para
decir que apoyamos la proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De
Cáceres.
El señor DE CACERES BLANCO: Ante todo quiero subrayar la evidente
identidad de opiniones de los grupos sobre el fondo de la cuestión, como
se ha puesto antes de manifiesto durante la comparecencia del señor
Secretario de Estado.
La importancia que nuestro grupo atribuye al problema del Sahara deriva
de distintos aspectos, ante todo del aspecto humano, que se subroga de
alguna manera en la vinculación histórica de España con un aspecto humano
no frecuentemente recordado, que es también el de algunas familias
españolas, no solamente militares, que resultaron afectadas directamente
en los orígenes del conflicto; por la vinculación geopolítica general de
España y concretamente de Canarias, dada la cercanía geográfica del
archipiélago a la costa africana que, paradójicamente, se puede entender
también desde un punto de vista geopolítico como la frontera extrema, la
frontera meridional de Europa; por el banco de pesca sahariano; por la
cercanía de los importantes yacimientos a cielo abierto de fosfatos; por
la implicación humana de todo el proceso sahariano, historia que se
remonta, por lo menos, desde hace casi 21 años y por la implicación del
proceso también en la evolución política de Marruecos y sus inmediatas
repercusiones en España y en la cuenca mediterránea. Todo ello hace que
España tenga un interés muy especial, no solamente humano sino
eminentemente político, en todo el proceso.
Ahora bien, nos parece que la proposición, tal como se hace, en primer
lugar en cuanto al punto 1: «Manifestar al Consejo de Seguridad de la ONU
la inquietud de España por la marcha de aplicación del Plan de Paz...»,
etcétera, hay que reconocer que el Gobierno ya ha realizado en él lo que
se le pide. Y no sólo lo ha hecho en el curso de contactos con las partes
y los gobiernos interesados, sino en una comunicación escrita de nuestra
representación permanente en Nueva York al Consejo de Seguridad, en la
cual se trasladaba a este alto organismo el comunicado del Gobierno
español de 3 de junio pasado, en el que se expresaba la preocupación por
la suspensión de la operación de identificación de votantes y el
estancamiento del proceso de arreglo del Sahara Occidental.
Esta, evidentemente, es la clave en el momento en que se rompe, como si
dijéramos, el proceso, y me refiero a una carta anterior, de hace casi
exactamente un año, del Consejo de Seguridad, en la cual, en el proyecto
de solución, entre los considerandos dice: Deplorando que el resultado
del examen preliminar por parte del Gobierno de Marruecos de los 100.000
solicitantes que no residen en el territorio esté contribuyendo a que la
Minurso no pueda dar cumplimiento a su calendario para concluir el
proceso de identificación; deplorando, igualmente, que el Frente
Polisario se niegue a participar en la identificación, incluso dentro del
territorio, de tres grupos dentro de los grupos tribales en litigio,
demorando así la conclusión del proceso de identificación. Para no
alargar la cuestión, quiero decir que es evidente que ahí está la quiebra
del proceso.
En cuanto al número 2: «Expresar la preocupación de España ante los
indicios de que se podría producir un regreso de la hostilidad bélica»,
cabe señalar en cierto modo lo mismo que hemos dicho respecto al párrafo
anterior y, sobre todo, citar la importancia de que el Gobierno español
otorga al mantenimiento del alto el fuego vigente desde 1991, y la
preservación del clima de convivencia entre los pueblos del Magreb.
En cuanto al número 3 de la propuesta: «Hacer un llamamiento a las
autoridades marroquíes y saharauis a propiciar la apertura de una vía de
diálogo directo...», etcétera, realmente en este párrafo, en primer lugar
hay una cuestión procesal, porque no cabe, en propiedad, hablar de
autoridades saharauis sino más propiamente del Frente Polisario. En
segundo lugar, porque el Consejo de Seguridad no emplea los términos
señalados en el texto de la proposición no de ley, sino que se limita a
instar a las partes a que examinen otras formas de crear confianza entre
ellas y de facilitar la aplicación del plan de arreglo. Asimismo, la
Resolución 1.056 les alienta literalmente a considerar la posibilidad de
adoptar nuevas medidas para fomentar la confianza entre sí, a fin de
eliminar los obstáculos a la aplicación del plan de arreglo.
En cuanto al último punto: «Promover una Conferencia de Paz con la
presencia de todas las partes implicadas en el conflicto», nuestro grupo
considera que lo prioritario, a fin de superar los problemas actuales, es
la pronta reanudación del proceso de identificación de votantes y de los
demás aspectos del plan de arreglo. Sin perjuicio de ello, el Gobierno ha
señalado en varias ocasiones --últimamente en esta misma comparecencia--
que daría su apoyo a la Conferencia Internacional de Paz si todas las
partes integrantes implicadas lo solicitan, circunstancia que,
evidentemente, no existe ahora mismo.
Por todo ello, nuestro grupo se opone a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, brevemente por favor.
La señora MAESTRO MARTIN: Con toda brevedad.
Las dificultades del Grupo Popular me parecen difíciles de solucionar, a
no ser algunas formales. Es decir, no hay inconveniente en sustituir
«autoridades saharauis» por «Frente Polisario», o en lugar de decir «tal
como recomienda» sustituirlo por: el espíritu de la Resolución 1.042. No
sé si esto podría satisfacer las preocupaciones del Grupo Popular.
En cualquier caso, quiero decir que acepto la propuesta de Convergència i
Unió de que en el punto 4, en lo que se refiere a la promoción de una
Conferencia de Paz, se añada: en el caso de que la vía del diálogo
directo no tuviera resultado satisfactorio.
El señor PRESIDENTE: Señor De Cáceres, ¿podría pronunciarse sobre lo
manifestado por la señora Maestro?
El señor DE CACERES BLANCO: Señora Maestro, no se trata de un tema
meramente procesal sino, también, del reconocimiento de una labor que
está en curso y que --vuelvo a repetir-- esta misma tarde hemos tenido
constancia directa de las últimas conversaciones que están llevando a
cabo sobre esto, lo cual, en nuestra opinión, modifica sustancialmente la
proposición no de ley que presenta su grupo.
El señor PRESIDENTE: Señor Recoder, ¿podría dar lectura de la adenda que
había propuesto previamente al texto originario?
El señor RECODER I MIRALLES: Sí, señor Presidente.
El texto que yo había propuesto, con la reformulación del punto 4, decía
lo siguiente: Considerar la convocatoria de una Conferencia de Paz con la
presencia de todas las partes implicadas en el conflicto, caso que no sea
posible el acuerdo.
De hecho, si se aprobara, constituiría una reafirmación del Parlamento en
la línea que ya manifestamos el mes de diciembre del año pasado.
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, ¿podría dar lectura a la formulación
que propone?
La señora MAESTRO MARTIN: Ha sido un poco sorprendente que, previa
constatación de una coincidencia básica en las posturas, pudiera darse
una fractura en la votación. Por ello, hemos encontrado una fórmula que
puede satisfacer al Grupo Popular en sus manifestaciones, que yo entendía
que no eran sobre el fondo del asunto sino sobre aspectos que pudieran
ser fácilmente modificados.
La proposición no de ley quedaría de la siguiente forma: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a continuar sus acciones encaminadas a
manifestar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... etcétera. O sea,
haciendo la modificación formal, que me parece oportuna, de hablar de
autoridades marroquíes y del Frente Polisario, y a propiciar la apertura
de una vía de diálogo directo en el espíritu de las recomendaciones de la
Resolución de Naciones Unidas a la que se hace referencia, por supuesto
con la adenda que proponía el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió
en el punto 4.
El señor PRESIDENTE: Señor de Cáceres, ¿resulta agradable a su grupo esta
modificación?
El señor DE CACERES BLANCO: Muy agradable.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación, en los términos en que ha
sido leída la proposición no de ley por la señora Maestro.
Efectuada la votación dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
--RELATIVA A LA INVESTIGACION DE LA DESAPARICION DE SUBDITOS ESPAÑOLES EN
PAISES DE AMERICA Y LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000141.)
El señor PRESIDENTE: Punto 8, último de las proposiciones no de ley.
Proposición no de ley relativa a la investigación de la desaparición de
súbditos españoles en países de América y la violación de los derechos
humanos, presentado por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora Maestro vuelve a tener la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Esta proposición no de ley quizá hubiera podido
ser planteada por mi grupo parlamentario o por varios grupos
parlamentarios de esta Cámara hace bastante tiempo. Evidentemente, la
materia sobre la que se plantea la proposición sucedió entre los años
1973 y 1976 en el curso de las acciones realizadas por fuerzas
paramilitares y militares durante una de las dictaduras más sangrientas
que se han conocido en las últimas décadas, como fue la argentina.
Las decenas de miles de ciudadanos, en su inmensa mayoría jóvenes,
desaparecidos, que fueron asesinados, fue conocido con horror por todas
las conciencias del mundo. Esta situación no solamente se remite al hecho
de desapariciones y asesinatos, sino al secuestro de los hijos de las
personas asesinadas, muchos de los cuales son jóvenes que ignoran en este
momento su identidad.
También, como SS. SS. saben y como desgraciadamente suele suceder en
estos casos, leyes de amnistía y de punto final impidieron que la
justicia interviniera, conociera todos estos crímenes que se han
calificado de genocidio.
Quiero felicitar los trabajos de una comisión del Senado que durante los
años 1982 y 1983 hizo una labor encomiable y exhaustiva destinada a
determinar, a esclarecer, a oír las declaraciones de personas afectadas,
de ciudadanos y ciudadanas españoles y de testigos de aquellos hechos.
Hay que recordar que pese a que estábamos más cerca que ahora de la etapa
de la transición democrática, los grupos parlamentarios --desde luego no
el mío-- que tenían en ese momento presencia en el Senado entendieron que
este tipo de crímenes, como hemos tenido ocasión de hablar en relación
con el caso Carmelo Soria, no pueden quedar impunes si pretendemos que la
confianza en la democracia no suceda a situaciones en las cuales los
crímenes más terribles se han producido, sin que los culpables no
solamente no sean castigados, sino que además sigan gozando de puestos
importantes en la administración, en el ejército y que, por tanto, no
hayan tenido ya sanción jurídica, sino ni siquiera moral por los crímenes
producidos.
Saben SS. SS. también que recientemente la Audiencia Nacional se ha
reconocido competente para juzgar los crímenes cometidos contra
ciudadanos, alrededor de unos trescientos. Desde luego la cifra puede
aumentar en cualquier momento ya que no es fácil buscar en todos los
rincones del Estado español familiares o testigos que pueden testificar
sobre personas que desaparecieron en Argentina y en otros países de
Latinoamérica.
Pese a que el escepticismo pudiera llevarnos a pensar en las enormes
dificultades que un proceso de estas características puede tener para
llegar a su fin y para cumplir sus objetivos, creo que para la conciencia
de la humanidad, para su confianza en el definitivo esclarecimiento de la
verdad y en el respeto a los derechos humanos, yo no minusvaloraría en
ninguna medida los esfuerzos que se han hecho por parte de tribunales
franceses al condenar en rebeldía a altos cargos de la administración
militar argentina o cómo los procesos que por desapariciones de
ciudadanos italianos o daneses están ahora mismo en curso, de forma
parecida a lo que está sucediendo en nuestro país.
Son procesos muy complejos que exigen, lógicamente, de la colaboración
del Gobierno con la Administración de Justicia. Los consulados españoles
recibieron las declaraciones de los familiares, de los amigos, de las
personas desaparecidas, y todo este tipo de denuncias y documentación que
obra en poder de las embajadas, de los consulados españoles son elementos
indispensables para avanzar en el trámite judicial.
Quiero abundar también en que, como SS. SS. saben, desde el año 1987 está
en vigor un convenio de cooperación y auxilio judicial entre España y
Argentina en materia de exhorto y de realización de diligencias
judiciales. Desgraciadamente, ha habido declaraciones recientes por parte
de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
argentino, la señora doña Alicia Pierini, quien declaró con toda claridad
que no se va producir ningún tipo de colaboración con la justicia
española para la consecución de las diligencias de este proceso.
Por todo ello, y retrotrayendo ese trabajo que desde luego ha sido el
fundamento sobre el cual mi grupo parlamentario ha trabajado para la
presentación de esta proposición no de ley --el trabajo de esa comisión
especial de investigación sobre desaparición de súbditos españoles en
países de América, aprobado por el Senado en el año 1983--, es por lo que
se plantea esta proposición no de ley, en la que también se hace alusión
expresa a uno de los aspectos recogidos en las conclusiones de esa
comisión especial y que los diferentes gobiernos sucedidos en nuestro
país todavía no han llevado a cabo, tal y como es que el Gobierno español
planteee la situación de los españoles desaparecidos en países de América
y su necesario esclarecimiento, castigo y reparación ante el grupo de
trabajo sobre desapariciones involuntarias o forzadas de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda del Grupo Popular presentada a
esta proposición no de ley, para cuya defensa doy la palabra a don
Guillermo Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: El Grupo Popular se suma a la iniciativa de la
señora Maestro en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, en su sentido general en cuanto que
expresa una preocupación general de esta Cámara por la suerte de nuestros
desaparecidos y en cuanto que supone un apoyo al Gobierno en la labor que
realiza tendente al esclarecimiento de los hechos que han dado lugar a la
desaparición de ciudadanos españoles en diversos países de América.
Quiero decir que esta iniciativa tiene largos antecedentes en esta
Cámara, a la que por supuesto se han sumado todos los grupos
parlamentarios. Quizá la iniciativa más global que han realizado las
Cortes Generales en relación a este asunto fue, en efecto y como ha
mencionado la señora Maestro, en el Pleno del Senado, en su sesión de 29
de diciembre de 1982, cuando se tomó el acuerdo de crear una comisión
especial de investigación sobre la desaparición de súbditos españoles en
países de América y que emitió un informe en el primer trimestre de 1983,
con las recomendaciones a las que ha hecho referencia la señora Maestro.
El informe de la comisión delimitaba el concepto de desaparecido,
adoptando, a efectos de la investigación, el de detenido-desaparecido. En
este punto quiero recordarle a la señora Maestro, ya que ha mencionado
expresamente algún país de América del Sur, como es el caso de Argentina,
que hoy, a Dios gracias, la República Argentina camina por la senda de la
democracia y merece nuestro apoyo. Quisiera recordar a S. S. que,
desafortunadamente, y haciendo referencia al concepto de
detenido-desaparecido, hay otros países, como es el caso de Cuba, donde
tantos detenidos continúa habiendo, algunos de ellos de origen español,
que todavía no ha elegido el camino de las libertades.
Dicho esto, y para apoyar la iniciativa de la señora Maestro...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Martínez
Casañ.
Pido a la señora o señorita que está escuchando el teléfono que lo
desconecte en aras del propio funcionamiento de esta Cámara.
Tiene la palabra, señor Martínez Casañ.
El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor Presidente, quizá por economía de tiempo,
ya que tenemos una agenda tan larga, me voy a centrar simplemente en las
enmiendas que hemos presentado.
He tenido ya ocasión de discutir con la señora Maestro de las enmiendas y
el Grupo Popular lo que pretende es modificar los puntos 1 y 3 de la
proposición no de ley, en el sentido de que insten al Gobierno a
emprender gestiones que ya están siendo realizadas; por eso proponemos
una nueva redacción de estos puntos que significan un mero añadido en el
sentido de que se sigan utilizando cuantos medios diplomáticos estén a su
alcance para el punto 1. En el punto 3, que se continúe aplicando las
medidas diplomáticas oportunas (son meras adiciones) para conseguir la
colaboración de los gobiernos de los países en los que se hayan producido
violaciones de los derechos humanos en la persona de ciudadanos
españoles.
En cuanto al punto número 4, el Grupo Popular, por cuestiones de
oportunidad en la negociación del Gobierno de España, siempre manteniendo
los mismos objetivos de esclarecimiento de los hechos, quiere presentar
in voce una enmienda de transacción que diría: Que desarrolle las
conclusiones de la comisión especial de investigación del Senado
contenidas en el informe final del 30 de junio de 982, y, en particular,
aquellas que todavía no se han llevado a cabo. Si he entendido bien en mi
discusión con la señora Maestro, esto daría plena satisfacción a sus
objetivos.
El señor PRESIDENTE: Un punto de clarificación, señor Martínez Casañ. Esa
enmienda in voce, ¿se añadiría?
El señor MARTINEZ CASAÑ: No, sustituiría a nuestra enmienda número 4,
para hacerla más general y más de acuerdo con el sentido de la
proposición no ley de la señora Maestro.
El señor PRESIDENTE: Comprendido.
¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Burballa.
El señor BURBALLA I CAMPABADAL: Señora Maestro, nos vamos a encontrar
siempre en ese camino y en el camino del consenso todo lo que sea la
denuncia de la violación de los derechos humanos y colaboración con los
organismos internacionales encargados de velar por su cumplimiento
debemos exigir que sea una norma de actuación de todos los poderes del
Estado. Todo lo que hace referencia a la seguridad jurídica, a la
igualdad de los ciudadanos ante la ley, en reforzar el imperio de la ley
que existe y que debe existir en cualquier lugar del mundo y en cualquier
situación, evitando que se puedan perpetrar agresiones a la integridad
física y jurídica de los ciudadanos, es algo que la sociedad y nuestra
sociedad tiene más en la epidermis, y esto no mengua y esto no debe
menguar nunca. Por ello, cualquier declaración que contribuya, aunque sea
desde el voluntarismo, será apreciada por nuestro grupo como una
contribución positiva a la tranquilidad de los ciudadanos y
verdaderamente a la defensión jurídica y física de estos mismos
ciudadanos ante la ley y ante el Estado que queremos democrático y social
de Derecho.
Por todo ello, nuestro grupo votará a favor de la proposición no de ley
que presentan ustedes.
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: En nombre de mi grupo, también apoyamos con
energía esta proposición no de ley de la señora Maestro, porque pensamos
que la defensa de los derechos humanos y la persecución de los delitos
son un compromiso de todos los países y de todas las naciones llamadas
democráticas o civilizadas, tanto más cuanto que en este caso además se
han producido violaciones de derechos humanos que afectan a ciudadanos
españoles.
En todo caso, lo que mi grupo quisiera señalar es que nos parece que
precisamente porque este tema tiene largos antecedentes en las dos
Cámaras, nos gusta que la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya tenga un tono más enérgico que algunas enmiendas alternativas
porque, dado que la situación es ya de por sí antigua y poco solucionada,
nos parece que limar el contenido intentando bajar un poco el tono no es
lo más conveniente.
Mi grupo sólo haría una pequeña enmienda, que no es una enmienda de
contenido, ni mucho menos, sino que es una enmienda de terminología, y es
que el término América, Hispanoamérica, América del Sur, etcétera, esto
ya ha venido desde hace tiempo siendo sustituido por la palabra
Latinoamérica. Es una apreciación geográfica mucho más exacta de lo que
queremos decir. Todo el mundo sabe que América incluye también Canadá y
Estados Unidos, y no es el caso, y por tanto sólo propondríamos que en
los dos apartados donde aparece la palabra países de América, es decir,
que en la última palabra del apartado 1 y la penúltima palabra de la
primera línea del apartado 4 se ponga países latinoamericanos o de
Latinoamérica, en favor de la precisión.
El señor PRESIDENTE: Procesalmente, primero debo preguntar a la señora
Maestro si acepta las enmiendas unas presentadas por escrito y otras in
voce del Grupo Popular.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, entiendo que la voluntad
política es compartida y que el objetivo es que las cosas avancen. Por lo
tanto, entiendo que en lo que plantean los tres primeros puntos no hay
ningún problema, y entiendo que la propuesta concreta que nosotros
incluíamos en el punto 4 está comprendida y desarrollada en la enmienda
que propone el Grupo Popular. Por lo tanto, mi grupo la acepta. (La
señora Balletbó i Puig pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Balletbó.
La señora BALLETBO I PUIG: Señor Presidente, yo cambiaría americanos por
latinoamericanos también en su enmienda porque es una cuestión de evitar
confusiones entre países.
El señor PRESIDENTE: Puestos a decir cosas, ¿por qué no iberoamericanos,
si nos les parece mal?
La señora BALLETBO I PUIG: Le voy a decir por qué, señor Presidente,
porque a ellos no les gusta, y eso es importante.
El señor PRESIDENTE: Iberoamericanos, ¿estamos de acuerdo?
(Asentimiento.)
Pasamos a votar la proposición presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tal como ha sido enmendada por
el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad en los términos
descritos. (El señor Martínez Casañ pide la palabra.)
El señor MARTINEZ CASAÑ: Señor Presidente, quiero simplemente expresar el
agradecimiento del Grupo Popular a la señora Maestro por el esfuerzo que
ha hecho en pro del consenso.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Casañ, le pediría que pasara a la
Mesa el texto del punto 4, tal como fue originariamente enmendado in
voce.
DICTAMEN SOBRE:
--CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, HECHA EN
MONTEGO BAY EL 10 DE DICIEMBRE DE 1982, Y DECLARACIONES INTERPRETATIVAS
QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA RATIFICACION. (Número de
expediente 110/000006.)
--ACUERDO RELATIVO A LA APLICACION DE LA PARTE XI DE LA CONVENCION DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982,
HECHO EN NUEVA YORK EL 28 DE JULIO DE 1994. (Número de expediente
110/000007.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, pasamos en este momento
al trámite de debate y votación de los dictámenes sobre convenios y
tratados internacionales. La Mesa ha recibido una petición de tipo
claramente humanitario procedente de algún Diputado que, siendo lejana su
residencia, tiene un problema de transporte, y que ha solicitado que
comenzáramos este debate por los puntos 11 y 12, relativos a la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con lo que el
señor Soriano les quedaría eternamente agradecido. ¿están de acuerdo los
señores Diputados? (Asentimiento.)
Entramos en el punto 11, sobre Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982, y
declaraciones interpretativas, que España va a formular en el momento de
la ratificación. Y el punto 12, Acuerdo relativo a la aplicación de la
parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, hecho en Nueva York el 28 de julio de 1994. Ambos puntos serán
tratados conjuntamente, aunque las votaciones se harán de manera
separada.
Para su exposición, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Soriano. (El señor Martinón Cejas pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene S. S. la palabra.
El señor MARTINON CEJAS: Señor Presidente, desconozco cuál es la
costumbre, pero como me parece que el señor Soriano y yo tenemos las
mismas dificultades de transporte, supongo que esto va de grupos de menor
importancia a mayor importancia.
El señor PRESIDENTE: No, esta Comisión hace ya algún tiempo estableció
una costumbre que consiste en alternar en el tema de los tratados los
grupos que comienzan, dando la posibilidad de que todos hablen
naturalmente; de manera que en su caso será el Grupo Popular el que lo
inicie, en otro caso será el Grupo Socialista, y naturalmente el resto de
los grupos también tendrán ocasión de manifestarse. Es una práctica que
no está escrita pero que responde a determinadas necesidades de tipo
político.
Señor Soriano, tiene la palabra.
El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: En primer lugar, agradezco la
benevolencia, por razones humanitarias, del señor Presidente y de todos
los compañeros de la Comisión; y no se preocupe, señor Martinón, porque
yo también voy a ser benevolente y breve, y me parece que estamos
condenados a salir juntos de aquí porque vamos a coger el mismo avión y
habrá que votar los dos puntos del orden del día en cuyo debate entramos.
Como bien ha dicho el señor Presidente de la Comisión, los puntos 11 y 12
se pueden defender conjuntamente, y muy brevemente hemos de decir que el
acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 fue
adoptado el 28 de julio de 1994 mediante la aprobación, por 121 votos
afirmativos y ninguno en contra, de la Resolución 48.263 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. El acuerdo fue firmado ad referendum, y a
reserva de ratificación por el plenipotenciario de España, el 29 de julio
de 1994 en la ciudad de Nueva York en un acto en el que también firmaron
la totalidad de los miembros de la Unión Europea.
El Consejo de Ministros del anterior Ejecutivo, por acuerdo del 17 de
febrero de 1995, aprobó la firma realizada ad referendum el 29 de julio
de 1994 por el plenipotenciario español, y por otra parte el 10 de
noviembre de 1995 el Consejo de Ministros del anterior Gobierno autorizó
la remisión de este acuerdo a las Cortes Generales, pero al haber sido
disueltas el acuerdo ha quedado en consecuencia caducado, por lo que se
ha vuelto a remitir por el actual Ejecutivo a esta Cámara.
El texto del acuerdo de referencia ha sido negociado durante los últimos
cuatro años en el marco de unas rondas de consultas informales
auspiciadas por el Secretario General de las Naciones Unidas en las que
participaron un gran número de países miembros de las Naciones Unidas,
tanto de los países industrializados, incluida España, como de aquellos
en vías de desarrollo.
El objetivo fundamental del acuerdo ha sido modificar sustancialmente el
contenido de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982, parte que regula la exploración y explotación de
los recursos minerales en los fondos marinos y en el subsuelo que se
encuentra en alta mar. Con la conclusión de este acuerdo, en definitiva,
se han dejado sin efecto aquellas
disposiciones de la parte 11 de la Convención que no satisfacían a los
países industrializados y por cuyo motivo éstos, incluida España, no
habían deseado ratificar la magna Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar del año 1982. Gracias al importante carácter
modificador de este acuerdo, un mayoritario número de países
industrializados ha manifestado ahora su disposición a ratificar la
Convención de 1982, lo que producirá el feliz resultado de conferir
universal aceptación a una Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar que, en todo caso, entró en vigor el 16 de noviembre de
1994 al transcurrir 12 meses desde que fue ratificada por 60 Estados,
prácticamente todos ellos en vías de desarrollo.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar entró en
vigor con carácter internacional al transcurrir un año desde que se
depositara el sexagésimo instrumento de ratificación de un Estado. Tal
momento, de consecuencia internacional, tuvo lugar el 16 de noviembre de
1994. Hasta el momento ya son cuatro los miembros de la Unión Europea que
han ratificado estos dos instrumentos internacionales: la República
Federal Alemana, Italia, Grecia y Austria. Esperan hacer lo mismo en los
próximos meses el resto de los socios de la Unión Europea; Estados Unidos
y Japón también están tramitando los requisitos internos que les permitan
ratificar la Convención.
En los años inmediatamente subsiguientes a la firma, y al igual que
hicieron los demás Estados industrializados, España no se mostró
favorable a ratificar la Convención mientras que no se modificara el
régimen desarrollado en la parte XI. Como ya se ha mencionado, dicho
obstáculo quedó finalmente salvado con la adopción del acuerdo relativo a
la aplicación de la parte XI, que España firmó ad referendum el 28 de
julio de 1994 y que el Consejo de Ministros aprobó el 17 de febrero de
1995.
La Comisión Interministerial de Política Marítima Internacional, en su
reunión de 8 de julio de 1994, dictaminó no sólo a favor de que España
firmara el referido acuerdo, sino también confirmando el interés de
nuestro país, como el del resto de la comunidad internacional, por apoyar
este nuevo orden jurídico internacional. Teniendo en cuenta que ya el
Consejo de Ministros del anterior Ejecutivo, en su reunión del día 10 de
noviembre de 1995, como hemos indicado, autorizó la remisión de este
tratado a las Cortes, el nuevo Ejecutivo del Partido Popular no ha hecho
otra cosa que, al declararse disueltas las Cámaras, volver a instar la
aprobación que constitucionalmente se establece. En consecuencia, el
Grupo Popular anuncia su voto favorable para la ratificación de esta
Convención y de este Acuerdo de tanta importancia para los intereses de
nuestra nación y en particular para las zonas marítimas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martinón.
El señor MARTINON CEJAS: Anuncio el voto favorable del Grupo
Parlamentario Socialista a la ratificación por parte de España de la
Convención, a las declaraciones interpretativas que España formula en el
momento de la ratificación, y al acuerdo relativo a la aplicación de la
parte XI de la Convención.
Yo quisiera, en línea con la intervención del señor Soriano, ilustrar a
SS. SS. acerca de que esta Convención se redacta tras la celebración de
la Tercera Conferencia sobre Derecho del Mar, que dura nueve años, desde
diciembre de 1973 a diciembre de 1982, que algún autor la considera como
la reunión acerca del Derecho Internacional que más tiempo ha durado, lo
cual da idea de la complejidad de los asuntos que se han tratado y de la
importancia de la Convención.
Le entrada en vigor --lo ha indicado el señor Soriano-- se produce 12
años más tarde, en noviembre de 1994, y ello fundamentalmente por las
dificultades de aceptación de muchos países de la parte XI de la
Convención. Yo sólo quisiera destacar la importancia de la Convención en
el sentido de que regula, como hasta este momento no se había hecho, el
aprovechamiento económico de los fondos marinos, y un asunto que a
nuestro entender tiene importancia, y es que por primera vez en el
Derecho Internacional relativo al mar se concede un status especial a los
Estados archipielágicos. Los negociadores españoles en la Conferencia
intentaron que también se reconociera un status especial a los
archipiélagos de Estado. Pese a los intentos de nuestros negociadores, no
se consiguió ese objetivo, y lo cierto es, por tanto, que la Convención
tiene una parte destinada a los Estados archipielágicos y no regula de
ninguna forma la situación de los archipiélagos de Estado, que, por
razones obvias, a España le afecta de forma importante, puesto que
tenemos dos archipiélagos.
Yo creo que aquí, quizá, sea adecuado citar a uno de los diplomáticos
españoles que intervinieron en la Conferencia, el Embajador don José
Antonio de Iturriaga Barberán, que, en uno de los libros que ha escrito,
dedicado al Derecho del Mar, comenta --cito textualmente-- que: tras
haber aceptado la comunidad internacional el principio archipielágico,
basado en criterios de índole geográfica, política, económica e
histórica, sus lógicas consecuencias jurídicas deberán resultar
aplicables a todo tipo de archipiélagos conforme a un recto principio de
interpretación analógica.
Yo confío en que resulte innecesario tener que recurrir a las
consideraciones que acabo de leer del Embajador Iturriaga, y también
confío que en una próxima regulación del Derecho del Mar, que
posiblemente tardará tiempo en producirse, ya se reconozca por fin un
status a los archipiélagos de Estado similar a la de los Estados
archipielágicos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: También para anunciar el voto favorable por
parte de Coalición Canaria a la ratificación de este Acuerdo y de esta
Convención.
Me refiero primero al Acuerdo, dado que es un texto más sencillo, que
viene a reglamentar y a complementar lo que ocurrió ya en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Nueva York, en el año
1982, y después la ratificación que se efectúa en 1994, que viene
nada más que a especificar algunas de las bases jurídicas y de garantía
legal que se tienen que adoptar en el procedimiento interno para el
derecho sobre los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, y que se
encuentren fuera de los límites de una jurisdicción nacional.
Nos parece positivo que se reafirme el principio de que son recursos de
la humanidad todo lo que esté fuera de la zona, lo que se ha venido
interpretando como zona económica, en este caso no solamente para las
aguas de superficie y en los recursos pesqueros que pueda haber en la
misma, sino también en los fondos marinos, oceánicos y el subsuelo a
efectos de explotaciones mineras o petrolíferas.
Por tanto, no tenemos nada más que añadir a este respecto, porque en el
caso de que se puedan presentar para España litigios con otros países por
situaciones fronterizas, aquí se ve ya todo el procedimiento legal y
económico que tienen que seguir.
Una mención especial, como han hecho los que me han precedido en el uso
de la palabra, señores Soriano y Benítez de Lugo y Martinón, por los
Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, respectivamente, a la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hecho en
Montego Bay.
Quiero fijarme fundamentalmente en la reserva que ha hecho España, que es
una declaración de interpretación. Es tal la complejidad, como se ha
señalado aquí, de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas
en el Derecho del Mar que su larga elaboración ha motivado una serie de
suspicacias en muchos de los países que firmaron.
No es extraño, por tanto, que el Gobierno español, en uso de su soberanía
estatal y legítima, haya formulado una declaración interpretativa, porque
hay que evitar los contenciosos pero no hay que dejar cerradas la puertas
para el futuro.
Comparto plenamente lo que acaba de decir el portavoz del Grupo
Socialista, señor Martinón, de que una labor de la diplomacia española
llevó adelante algo que estaba también dentro del consenso, que era el
status especial, para los estados archipielágicos, que tuvo siempre un
ambiente favorable dentro de la propia Organización de las Naciones
Unidas, de una jurisdicción en aguas de su soberanía.
El tema se planteó en razón de aquellos archipiélagos que no siendo
Estado sí forman parte del territorio nacional de un Estado, pero que se
encuentran excéntricos en su situación geográfica y por dicha
excentricidad o distancia del territorio principal del Estado se
encuentran próximos o entran en la proximidad de aguas jurisdiccionales
de otros Estados. Es el caso, por antonomasia, del archipiélago canario
con respecto a Marruecos y de algunos islotes en el Atlántico con
respecto a Portugal.
Fundamentalmente la reserva que hago en nombre de Coalición Canaria es
que, estando de acuerdo --y vamos a votar favorablemente este amplísimo
documento--, es importante que resaltemos que España ha introducido una
declaración sobre la interpretación que hace en este caso concreto con
respecto al Estrecho de Gibraltar.
Nosotros lo apoyamos, pero creemos que esto no cierra que durante su
vigencia y evolución se puede presentar un contencioso con el Gobierno
alauita y hay que hacer una delimitación más exacta y más concreta, que
hemos venido pidiendo reiteradamente (se ha seguido el sistema de la
mediana entre aguas de jurisdicción marroquí y de jurisdicción española
alrededor del Archipiélago canario o en la zona fronteriza de ambos), se
recurra a la aplicación, bien de este documento sobre el derecho del mar,
o bien quede abierta la posibilidad --como ahora ha hecho España con
respecto a Gibraltar-- de interpretación que se hace de este documento,
que por su complejidad se presta a zonas grises o a veces de dudosa
comprensión por parte de un Estado: que los Comités de Litigio lo
resuelvan y que en el futuro podamos aplicar también el espíritu y la
letra que entonces se incluya como propuesta del Gobierno español en
cuanto a su interpretación con respecto a las aguas jurisdiccionales
españolas externas en el archipiélago canario frente a las aguas
marroquíes.
El señor PRESIDENTE: No habiendo ningún otro Grupo que desee tomar la
palabra, pasamos a la votación de los puntos 11 y 12.
Votamos el punto número 11, Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar y Declaraciones interpretativas que España va a formular
en el momento de la ratificación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos el punto número 12, Acuerdo relativo a la aplicación de la parte
XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION RELATIVO A LA SEGURIDAD DE LA
NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL» (BRUSELAS, 13-12-60); PROTOCOLO ADICIONAL
AL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION PARA LA SEGURIDAD DE LA
NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL» (BRUSELAS, 6-7-70); PROTOCOLO MODIFICATIVO
DEL PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO INTERNACIONAL DE COOPERACION PARA LA
SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA «EUROCONTROL», DE 6-7-70 (BRUSELAS
21-11-78); PROTOCOLO DE ENMIENDA A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE
«EUROCONTROL» PARA LA COOPERACION EN LA SEGURIDAD DE LA NAVEGACION AEREA
DE 13-12-60 (BRUSELAS, 12-2-81); PROTOCOLO RELATIVO A LA APLICACION DE
CIERTAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO SOBRE «EUROCONTROL» QUE
AFECTAN A LA DEFENSA (BRUSELAS, 13-12-60), Y ACUERDO MULTILATERAL
RELATIVO A LA PROTECCION DE MATERIAS CLASIFICADAS «EUROCONTROL»
(BRUSELAS, 18-11-69). (Número de expediente 110/000004.)
El señor PRESIDENTE: Convenio Internacional de Cooperación relativo a la
seguridad de la navegación aérea Eurocontrol; Protocolo adicional al
Convenio Internacional de Cooperación para la seguridad de la navegación
aérea Eurocontrol; Protocolo modificativo del Protocolo adicional...,
etcétera, tal como está relatado en el punto número 9 del orden del día.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Segura, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
estima que este Convenio Internacional de Cooperación relativo a la
seguridad de la navegación aérea Eurocontrol, que se firmó en Bruselas el
13 de diciembre de 1960, y que será ratificado por parte de España
previsiblemente de un par de meses, tiene una importancia de tal
dimensión que desde luego merece que durante unos breves minutos llevemos
a cabo algunas reflexiones al respecto.
En efecto, señorías, España aún no es miembro de pleno derecho de esta
organización internacional Eurocontrol. España es un miembro asociado, es
un miembro que participa en la toma de determinadas decisiones, no en
todas; es un miembro que hace aportación financiera, no es un miembro de
pleno derecho.
Señorías, en la IV Legislatura y en la sesión plenaria del Congreso de
los Diputados del 11 de octubre de 1990, se concedió la autorización
solicitada por el Gobierno, con arreglo al artículo 94.1 de la
Constitución para que el Estado español pudiera prestar el consentimiento
para obligarse por medio de la Convención Internacional para la
Cooperación en la Seguridad Aérea, de 13 de diciembre de 1960, como he
dicho, enmendada por el Protocolo de 12 de febrero de 1981.
El Congreso de los Diputados lógicamente dio luz verde. Se remitió al
Senado y se pidió al Gobierno español que en las negociaciones últimas se
planteasen determinados requisitos que las Cortes Generales consideraban
esenciales para su defensa.
En efecto, este texto al que hoy vamos a dar previsiblemente luz verde en
esta Comisión para su aprobación definitiva el próximo 8 de octubre en el
Pleno del Congreso, es un texto que amplía el que se vio el 11 de octubre
de 1990, y lo hace porque, en lugar de aquel texto refundido que aquí se
analizó, hoy lleva, complementado con la convención original de 1960, el
texto de los Protocolos modificativos de 6 de julio de 1970, 12 de
febrero de 1981, así como un Protocolo relativo a la aplicación de
ciertas disposiciones del Convenio que afectan a la defensa, del 13 de
diciembre de 1960, y un Acuerdo multilateral relativo a la protección de
materias clasificadas de 18 de noviembre de 1969. Es decir, es todo un
conjunto de normativas que constituye un paquete importante que incorpora
una serie de logros negociadores producidos desde al año 1990 hasta la
fecha.
Sus señorías tienen que tener muy presente que desde 1990 la Unión
Europea se ha dado una normativa global que, en el transcurso del tiempo,
ha ido ampliando en políticas de liberalización del tráfico aéreo. Saben
perfectamente que desde 1990 se han ido subiendo peldaños en esa escalera
de liberalización del tráfico aéreo con los llamados coloquial y
sucesivamente, primer, segundo y tercer paquete de liberalización del
tráfico aéreo, que no ha sido otra cosa que la trasposición a la
normativa española de la correspondiente normativa comunitaria, lo que
nos ha ido permitiendo la incorporación a ese mercado único comunitario
en lo que a políticas de tráfico aeronáutico se refiere, y que alcanzarán
esa máxima política de liberalización a partir del 1 de abril de 1997.
Por consiguiente, parece razonable la ratificación de esta Convención.
Sin embargo, en estos momentos faltan algunos aspectos que no se han
alcanzado todavía, aspectos que en este momento queremos aprovechar la
oportunidad para que las Cortes Generales hagan llegar al Comité Técnico,
a través de los representantes españoles en el mismo, que precisamente en
estas fechas, y con plazo máximo diciembre de este año, están
renegociando esto, a efectos de ampliar, consolidar y adaptar las
necesidades de Eurocontrol a esas políticas de libertad de tráfico aéreo
a las que acabo de hacer referencia, que se ampliarán a una política de
cielos abiertos entre la Unión Europea y otros países no comunitarios,
como, por ejemplo, los Estados Unidos, con quien la negociación se
encuentra bastante avanzada.
Consiguientemente --y con esto termino--, nosotros queremos dar nuestro
voto favorable a todos los textos que se nos presentan en estos momentos,
pero, además, complementarlos con estas consideraciones para que, como
digo, se le hagan llegar a los técnicos españoles, que, en representación
de España, están renegociando la sustitución del Convenio Internacional
de diciembre de 1960, que es el que ahora vamos a ratificar y que,
insisto, tiene como plazo máximo hasta finales de año para adaptarlo a la
nueva situación de política internacional de libertades aéreas y que
tendrá que ser ratificado en los tres primeros meses del año próximo, es
decir, antes del 1 de abril, por una conferencia diplomática.
El Grupo Parlamentario Socialista estima que la adhesión de España a
Eurocontrol resulta muy importante para la propia organización por cuanto
que es innegable el papel vital que el espacio y tráficos aéreos
españoles juegan en Europa. Para España, que participa actualmente en los
trabajos de Eurocontrol a través de un acuerdo de cooperación y que ha
ratificado también el acuerdo multilateral sobre tarifa de ruta de 1981,
hay una serie de puntos esenciales que el Comité Técnico debe tener
presente.
Primero, creemos que es irrenunciable que se continúe reivindicando, para
que figure en el nuevo texto, el uso del idioma español como lengua de
trabajo en la organización Eurocontrol. También creemos que es
fundamental que
España continúe reivindicando con firmeza la aportación financiera que
corresponde al papel que jugamos y un papel mucho más denso en la toma de
decisiones de la organización internacional.
En suma, señor Presidente, señorías, creemos que éste es el momento para
que, sumadas a la ratificación y ante el nuevo protocolo que nos vendrá
en los primeros meses del año próximo, consten las reivindicaciones
mencionadas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Muñoz-Alonso y Ledo.
El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Poco tengo que añadir después de la
minuciosa intervención que ha tenido el señor Segura, que suscribo en
todos sus términos.
Como él ha señalado --quiero subrayarlo--, se trata de seis instrumentos
jurídicos organizados en torno al convenio básico de 1960, de los cuales
dos de ellos, los más importantes, ese Convenio de 1960 y el Protocolo de
Enmienda al mismo de 1981, ya pasaron por esta Cámara, y en concreto por
esta Comisión, que los hizo objeto de autorización en noviembre de 1990,
pero cuyos instrumentos de ratificación no se depositaron porque el
Gobierno inició un proceso de negociación para obtener una serie de
garantías --el señor Segura ha aludido a algunas de esas garantías-- y,
al final, la negociación no acabó en nada.
Pero, como el tiempo ha transcurrido, por la propia normativa de la Unión
Europea se hacía absolutamente necesario que España participara en
Eurocontrol y, dado que había pasado mucho tiempo, se ha estimado por el
Gobierno --tanto a finales del año pasado por el Gobierno anterior como
en la primavera por el Gobierno actual-- que era conveniente renovar la
autorización de las Cortes, a pesar de que en el informe preceptivo del
Consejo de Estado se estimaba que el pasar nuevamente por las Corte no
era un requisito necesario.
En cualquier caso, quiero subrayar la enorme importancia que tiene este
conjunto de instrumentos jurídicos relativos a un bien tan importante
como es la seguridad de la navegación aérea para España, ya que,
evidentemente, no era miembro de pleno derecho, sino que estaba sometida
a un acuerdo de cooperación firmado en 1974. A partir de esta
ratificación, las cosas pueden ser mucho más positivas para nosotros.
Además, entendemos que, para un país turístico como España, el tráfico
aéreo es de una enorme importancia; todos sabemos por noticias de prensa
cómo en determinadas temporadas, en determinados períodos, se producen
congestiones en el tráfico aéreo. Posiblemente --así lo esperamos--, el
hecho de que España entre a formar parte de pleno derecho de Eurocontrol
va a impedir que se pueda producir nuevamente este tipo de congestiones.
También es cierto que nos encontramos con un Convenio que es viejo. A
estas alturas, algunas de las cosas de este Convenio resultan un tanto
curiosas. En los considerandos del Convenio figura que a partir de ahora
va a haber nuevos tipos de aviones, con elevadas velocidades, que tiene
que hacer un ascenso rápido. Se refiere, en suma, a los aviones a
reacción, que hoy día son una cosa normal. Es decir, es una cosa curiosa
que, a estas alturas, estemos ratificando un convenio que, desde el punto
de vista tecnológico, responde a una etapa que ya queda muy atrás.
Asimismo, quería señalar que en este conjunto de instrumentos jurídicos
hay dos protocolos --a los que también ha aludido de pasada el señor
Segura-- que se refieren a ciertas disposiciones que afectan a la
defensa, y quiero hacer una breve alusión a ello. En la Comisión, que es
uno de los órganos básicos de Eurocontrol, cada país tiene un voto, pero
se establece que tendrá dos delegados, uno civil y otro militar, para
conciliar las necesidades de la aviación civil con la defensa militar y,
en suma, con las de la fuerza aérea.
En ese Protocolo figura que el ejercicio de ciertas funciones en el seno
de la Agencia estará subordinado el resultado favorable de
investigaciones de seguridad militar, es decir, que se someterá a los
funcionarios a una determinada investigación desde el punto de vista de
lo que son los intereses de la defensa. Se dice también que el hecho de
formar parte de esa Agencia no dispensa de las obligaciones militares que
puedan tener los empleados en sus respectivos países de origen, y hay un
acuerdo multilateral relativo a la protección de materias clasificadas,
con un reglamento muy minucioso, donde se establecen los distintos tipos
de materias clasificadas --por supuesto, aquí está también muy presente
el tema de la defensa-- y los distintos mecanismos para garantizar ese
secreto, siempre desde el punto de vista de la defensa militar.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar la ratificación de este conjunto de
instrumentos jurídicos, que tiene como punto central la seguridad de la
navegación aérea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Voy a ser muy breve, puesto que sólo haré una
intervención complementaria a las que han hecho los señores Diputados que
me han precedido en el uso de la palabra, que comparto plenamente.
Nosotros vamos a votar favorablemente la ratificación de esta serie de
convenios de cooperación internacional que se engloban bajo Eurocontrol,
pero quiero hacer un recuerdo histórico de los porqués y justificar la
ausencia de España. Si nos damos cuenta de las fechas y de los países que
signan todo este primer marco jurídico del Convenio Internacional de
Eurocontrol, fundamentalmente entre las fechas de 1960 y 1969, y la
especial referencia a la defensa, como ha recordado el portavoz del Grupo
Popular, entenderemos los porqués.
El porqué de todo este reglamento es, sencillamente, la época de la
guerra fría; es la tremenda confrontación de la Europa de la OTAN con la
Unión Soviética. Por eso, España, que no estaba en la OTAN, estaba
ausente de Eurocontrol. Esa es, fundamentalmente, una de las razones y no
otras. Eurocontrol viene a ser, sencillamente, el reglamento de tráfico
de la circulación aérea. Como ha señalado el portavoz del Grupo Popular,
al hablar de los aviones de turbinas, de las elevadas velocidades, nos
damos cuenta de
que en 1960 está apareciendo el mundo del reactor, fundamentalmente en
esa época solamente en la aviación militar de combate no en los aviones
civiles; estamos terminando la época de los DC-4 y están empezando los
superconstellation, los aviones de pistón a hélice y los cuatrimotores
para el transporte civil. Por eso, al hacer la Ley de Tráfico Aéreo, se
ven obligados a tener en cuenta los intereses de la defensa, porque al
regular el espacio aéreo europeo en altitudes de vuelo y de rapidez se
está entrando en el tema de la aviación de combate, pero también hay que
regularlo, para que los aviones de transporte civil que volaban hacia la
Europa occidental desde el bloque del Pacto de Varsovia, desde la Unión
Soviética y sus, entonces, países satélites, estén obligados a cumplirlo.
Si hay algo que aquí nos llama la atención, como ya se ha señalado, por
lo añejo, es ver, cuando entramos en las cuestiones de defensa, con qué
previsión en 1969, para que no fueran interferidas ni las frecuencias ni
las altitudes de vuelo de las aeronaves por los servicios secretos
soviéticos, se hacen cosas, señor Presidente, como las que aquí se citan,
y me va a permitir, señor Presidente, que lea estas cinco líneas del
punto 53 del último de los convenios que aquí vamos a ratificar: «Las
materias de eurocontrol clasificadas confidencial y por encima, que ya no
sean necesarias, deberán ser destruidas tan pronto como sea posible y
reducidas a una forma que las haga irreconocibles e imposibles de
cualquier reconstrucción (incineración, trituración, recorte)...» No sigo
leyendo porque lo tienen ahí sus señorías. Lo podemos trasladar a la
España actual.
Por todas estas razones, votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de los acuerdos y convenios
contenidos en el punto número 9, cuya descripción no es necesario que
repita.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto nueve, y todos sus
contenidos, por unanimidad.
--ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE COLOMBIA, FIRMADO «AD REFERENDUM» EN
BOGOTA EL 9-6-95. (Número de expediente 110/000005.)
El señor PRESIDENTE: Punto 10. Acuerdo para la Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de
Colombia, firmado «ad referendum» en Bogotá el 9 de junio de 1995.
¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pulgar.
La señora PULGAR FRAILE: Señor Presidente, el Acuerdo para la Promoción y
Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la
República de Colombia se firmó «ad referendum» en Bogotá el 9 de junio de
1995 por el entonces Ministro español de Comercio y Turismo y por el
Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. El objetivo del Acuerdo es
fomentar la cooperación económica y favorecer los intercambios
comerciales entre ambos países.
Fue en el mes de septiembre del año 1992, con ocasión de la Comisión
Mixta Hispano-Colombiana, celebrada en Madrid, donde se planteó la
conveniencia de suscribir un acuerdo de protección recíproca de
inversiones. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar en Madrid en
junio de 1994, quedando algunos puntos pendientes de consenso. Un mes más
tarde tuvo lugar la segunda ronda de conversaciones, esta vez en Bogotá,
con un resultado negativo que supuso incluso un retroceso respecto a la
negociación anterior. Finalmente, se llegó a un consenso en el texto,
tras las conversaciones mantenidas en Bogotá el 25 de abril de 1995, con
ocasión de la Comisión Económica Financiera. El acuerdo, como ya se ha
mencionado, se firmó «ad referendum» en la ciudad de Bogotá el 9 de junio
de 1995, durante la Expotecnia 95. Este acuerdo es similar a otros de
promoción y protección de inversiones, firmados por España con otros
países, siguiéndose en todos ellos el modelo elaborado por la OCDE.
El preámbulo expresa el deseo de ambos países de intensificar la
cooperación económica y de crear condiciones favorables para las
inversiones recíprocas.
Porque creemos que es conveniente para ambos países, para España y para
Colombia, el Grupo Popular votará favorablemente este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández Ramiro.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Intervengo muy brevemente para expresar que
este Acuerdo, como ya ha comentado la portavoz del Grupo Popular, es
similar a otros que sobre promoción y protección recíproca de inversiones
ha firmado España con otros países y que, como no podría ser de otra
forma, han sido vistos en esta Cámara. Todos ellos responden a un formato
que podríamos llamar universal, elaborado por la OCDE, con el fin de
garantizar el adecuado flujo de inversiones, sobre todo desde países
industrializados a países menos industrializados.
Este acuerdo también, cuyo objetivo esencial es el de fomentar las
inversiones españolas en la República de Colombia, ofrece un marco
jurídico de protección a las inversiones que se dirijan a aquel país,
asegurando un tratamiento no discriminatorio de las inversiones
recíprocas entre ambos países, tanto en lo que respecta a terceros países
como en lo que se refiere a la libre circulación y repatriación de los
rendimientos de las inversiones.
Asimismo, pretende limitar el riesgo político a que se ve sometida una
inversión, habida cuenta de que a veces hay cambios políticos importantes
que pueden afectar a la estabilidad de las inversiones, por cuanto recoge
aspectos de interés en su artículo 5, como es el de las nacionalizaciones
y expropiaciones sólo posibles por razones de interés
público o necesidades de acuerdo. En ningún caso estas expropiaciones o
nacionalizaciones pueden ser discriminatorias por razón de nacionalidad.
Por último, y en todos los casos, deberá producirse una indemnización
adecuada, sin demoras injustificadas y en moneda convertible y libremente
transferible.
Por todo ello, mi Grupo va a votar favorablemente este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto número 10.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CONVENIO INTERNACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES, 1994, HECHO EN
GINEBRA EL 26-2-95. (Número de expediente 110/000008.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a la consideración, debate
y votación del punto número 13, Convenio Internacional de las Maderas
Tropicales, hecho en Ginebra el 26 de enero de 1995.
¿Grupos Parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Boix.
El señor BOIX PASTOR: Este Convenio Internacional de las Maderas
Tropicales viene a sustituir al Convenio de 1983 y esta sustitución, que
nuestro Grupo considera acertada, se motiva fundamentalmente por cuatro
aspectos que, afortunadamente, gozan de la suficiente importancia como
para que se proceda a la elaboración de este nuevo Convenio. Un Convenio
que, genéricamente, podemos afirmar que posee un menor carácter
comercial, adoptando una mayor preservación de los bosques tropicales,
así como la explotación racional de los mismos.
En primer lugar, y desde una óptica medioambiental, destacar que este
nuevo Convenio viene a apelar, haciendo mayor incidencia, al peligro del
sostenimiento de los bosques tropicales. La mayor sensibilidad
medioambiental de este Convenio se puede apreciar en su propio preámbulo,
en el que nos recuerda la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo.
En segundo lugar, y desde una perspectiva comercial, apuntar que los
cambios que se han producido en el comercio de la madera, con una
considerable devaluación de la demanda de la madera tropical, frente al
incremento de otros tipos de madera, han supuesto un serio riesgo para el
sostenimiento de los bosques tropicales.
En tercer lugar, manifestar la conveniencia para nuestro país de este
nuevo Convenio, dado que España, como importador de este tipo de madera,
está especialmente interesada en el mantenimiento y en la protección de
estos recursos y, por tanto, en la pertenencia al organismo que aglutina
a todos los países exportadores e importadores de maderas tropicales.
Por último, destacar la importancia que tiene la OIMT como instrumento de
cooperación para el desarrollo de los países productores de maderas
tropicales.
Por todo lo expuesto, y resaltando el compromiso comprendido en el
preámbulo del Convenio de conseguir que para el año 2000 las
exportaciones de maderas tropicales provengan de recursos forestales
ordenados y de forma sostenible, reitero la posición favorable de nuestro
Grupo a este Convenio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, como ya se ha dicho por el portavoz
del Grupo Socialista, que ha resumido muy bien los contenidos del
convenio, nuestro grupo lo considera de extraordinaria importancia.
Quiero resaltar únicamente que la pertenencia de España a la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales es muy conveniente, tanto desde
un punto de vista económico como político. Por una parte, España, ya se
ha dicho, es un país importador de maderas tropicales y está interesado
en conservar este recurso en el seno de la organización internacional,
que es una institución fundamental en la cooperación internacional en
materia de maderas tropicales. Por otra, se trata, señorías, de una forma
de cooperación al desarrollo muy importante de mantener.
En este sentido, queremos destacar que el convenio establece el fondo de
cooperación de Bali para la ordenación sostenible de los bosques
productores de maderas tropicales, con el fin de ayudar a los miembros
productores a efectuar las inversiones necesarias. La aportación
medioambiental a estos proyectos y convenios de cooperación, señorías, es
fundamental. Esa condición y protección medioambiental es una aportación
europea muy estimable y conveniente.
Por lo tanto, señorías, el Grupo Popular dará su voto al citado convenio.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el punto número 13, Convenio
Internacional de las Maderas Tropicales.
Efectuada la votación dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO CONSTITUTIVO DEL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y
LA ASISTENCIA ELECTORAL, HECHO EN ESTOCOLMO EL 27 DE FEBRERO DE 1995.
(Número de expediente 110/000009.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 14: Acuerdo constitutivo del Instituto
Internacional para la Democracia
y la Asistencia Electoral, hecho en Estocolmo el 27 de febrero de 1995.
¿Grupos que desean tomar la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Ya adelanto que mi grupo va a votar
favorablemente el Acuerdo constitutivo del Instituto Internacional para
la Democracia y la Asistencia Electoral, hecho en Estocolmo el 27 de
febrero de 1995, por varias razones. Una de ellas es que, según este
ponente, reúne los requisitos fundamentales, pues lo que es conocido como
método Jean Monnet de las relaciones internacionales se deriva de lo que
se denomina primacía del Derecho sobre la fuerza y la fuerza de las
instituciones.
Voy a reseñar de manera sucinta --y me lo agradecerán, estoy convencido
de ello-- lo que mi grupo cree más relevante de dicho acuerdo.
Desde hace tiempo, señorías, Suecia impulsó la idea de crear este
Instituto para coordinar actividades de asistencia electoral y
mantenimiento de la democracia, que hasta ese momento se realizaban de
manera dispersa. Finalmente, el 27 y 28 de febrero de 1995, tuvo lugar en
Estocolmo una conferencia internacional para la firma del acuerdo
constitutivo del Instituto. Sin embargo, pensamos que es importante
referir, entre otros, dos antecedentes. Entre esos antecedentes, debemos
de recordar que el inicio fue plasmándose en la conferencia internacional
sobre coordinación de asistencia en materia electoral, que tuvo lugar en
Otawa a primeros de octubre de 1992. En ese inicio, participaron de
manera activa los países nórdicos, que apadrinaron oficialmente durante
los años 1993 y 1994 este acuerdo y que fue asumido por el Gobierno de
Suecia. También es importante reseñar que España encabezó, durante todo
el primer semestre de 1994, una contraofensiva clara, destinada a hacer
reconocer su experiencia en el campo de la asistencia electoral. Esa
contraofensiva, esa firme posición adoptada en Bruselas por España, hizo
que la delegación sueca reconociera a España como miembro fundador de
este Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral.
Para terminar, quisiera recordarles que el Acuerdo constitutivo del
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
consta de unas declaraciones iniciales de las partes signatarias y
seguidas de dieciocho artículos. Como estoy convencido de que todas SS.
SS. saben de lo que se trata, termino diciendo, señor Presidente, que el
Grupo Popular, al que represento, va a votar favorablemente este Acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Nada más, señor Presidente, que para
anunciar nuestro voto favorable y congratularnos porque se apruebe este
importante convenio de creación de un organismo internacional para la
promoción de la democracia y la asistencia electoral, cosa que está tan
de actualidad, como todo el mundo sabe.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto número 14: Acuerdo
constitutivo del Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--TRATADO DE AMISTAD, BUENA VECINDAD Y COOPERACION ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE TUNEZ, HECHO EN TUNEZ EL 26 DE OCTUBRE DE 1995.
(Número de expediente 110/000010.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 15: Tratado de amistad, buena vecindad
y cooperación entre el Reino de España y la República de Túnez, hecho en
Túnez el 26 de octubre de 1995.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Fernández Ramiro.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Muy brevemente, para decir que el tratado que
vamos a ratificar en este momento es similar a otros muchos aprobados en
esta Cámara que tienen un espíritu y una filosofía común y que se traduce
en la voluntad de ambos países de establecer una nueva etapa en sus
relaciones bilaterales. Por lo tanto, tendremos la oportunidad de
profundizar los lazos de amistad, solidaridad y colaboración con el
pueblo tunecino, con el que no sólo tenemos indelebles lazos de unión en
el pasado sino una firme vocación de cooperación para el futuro.
Túnez está en el marco del Mediterráneo, del que formamos parte.
Compartimos los valores de la paz, el progreso y la democracia,
compartimos muchas producciones comunes y nos movemos en el contexto
internacional buscando la paz en el marco de unas sociedades cada vez más
progresivas que anhelan mayores niveles de crecimiento y de bienestar.
En definitiva, estamos convencidos de que este tratado será un
instrumento eficaz en el campo económico, propiciando cada vez más un
mayor intercambio empresarial que redundará en beneficio de ambos países,
además de ser un instrumento que colabore al mantenimiento de la paz
contribuyendo al progreso de ambas naciones.
Por todo ello, el Grupo Socialista votará favorablemente este tratado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor De
Cáceres.
El señor DE CACERES BLANCO: Este tratado de amistad, buena vecindad y
cooperación entre España y
Túnez, que es en cierto modo similar al firmado en 1991 con Marruecos,
deriva de la declaración política firmada por los ministros de Asuntos
Exteriores de España y Túnez con motivo de la visita de los Reyes de
España a aquel país en noviembre de 1994, que en cierto modo
complementaba las primeras conversaciones tenidas tres años antes durante
la visita del Presidente de Túnez, Zin al Abidin ben Ali.
Las excelentes relaciones actuales entre España y Túnez derivan, y en
cierto modo resaltan, de los lazos geográficos, históricos y culturales,
a los que se hace referencia también en el preámbulo de este tratado.
Querríamos subrayar la importancia de Túnez, país pequeño pero situado en
esa bisagra geopolítica entre ambos mediterráneos, y país moderado, por
otra parte, en una zona especialmente sensible por todo el tema del
fundamentalismo y con posiciones a veces incluso extremadas de algunos
países del Mediterráneo en su orilla africana.
Hay que tener en cuenta que éste es el primer tratado de esta especie que
Túnez firma con un país de la Unión Europea. En sus trece artículos se
prevé un amplísimo rimero de distintos puntos comunes, como la
cooperación política, en la cual se prevé una reunión anual entre jefes
de Gobierno, semestral entre los respectivos ministros de Asuntos
Exteriores, cooperación económica y financiera, de defensa, de
desarrollo, cultural y educativa, especialmente importante por las
vinculaciones, no sólo --con eso que suena un poco a sota, caballo y
rey-- de la cultura árabe en España sino también de la cultura judía y de
los sefardíes en Túnez, que tiene mucha importancia, y cooperación
jurídica y consular.
Por el Consejo de Ministros del 20 de octubre del año pasado se autorizó
la firma del tratado, que ahora necesita la autorización de las Cortes y
nuestro grupo, por tanto, lo va a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del Tratado de amistad, buena
vecindad y cooperación entre el Reino de España y la República de Túnez.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DEL ECUADOR PARA EL
CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES, FIRMADO EN QUITO EL 25 DE AGOSTO DE
1995. (Número de expediente 110/000011.)
El señor PRESIDENTE: Punto 16: Convenio entre España y la República del
Ecuador para el cumplimiento de condenas penales, firmado en Quito el 25
de agosto de 1995.
¿Grupos que desean tomar la palabra? (Pausa.) La señora Amador, por el
Grupo Popular, tiene la palabra.
La señora AMADOR GUILLEN: El Convenio entre el Reino de España y la
República de Ecuador sobre el cumplimiento de condenas penales fue
negociado en Quito en mayo de 1994 entre representantes de los
ministerios de Asuntos Exteriores de los dos países. El Consejo de
Ministros autorizó la firma del 27 de enero de 1995, y ésta se efectuó el
25 de agosto del mismo año y, asimismo, se remitió a estas Cortes
Generales, pero en aquel momento decayó por la disolución de las mismas,
por cuyo motivo el actual Consejo de Ministros en su reunión de 31 de
mayo de 1996 ha autorizado nuevamente su remisión.
Este convenio tiene como fin principal el cumplimiento de la pena
impuesta a los condenados en su país de origen con el objeto de conseguir
una mayor reinserción social al aproximar al penado a su ambiente social
y familiar. Según los últimos datos, hay 48 presos españoles en cárceles
del Ecuador y ocho nacionales ecuatorianos internados en cárceles
españolas.
Este convenio se inscribe en el objetivo español de establecer una red de
instrumentos bilaterales de esta materia con los países iberoamericanos
más importantes y con aquellos otros de distintas áreas geográficas con
los que España mantiene relaciones de mayor intensidad, pero la
originalidad del texto es que se ajusta principalmente al articulado del
Tratado multilateral de la Organización de Estados Americanos, aunque,
lógicamente, se inspira también en los principios del Convenio número 112
del Consejo de Europa en esta materia.
Consta, pues, este Convenio de un breve preámbulo y doce artículos que,
por supuesto, no enumeraré en aras a la brevedad y porque SS. SS. podrán
leer en el Boletín Oficial de estas Cortes Generales de fecha 23 de
julio. Finalizaré, pues, señalando la referencia hecha por el Consejo de
Estado en el dictamen emitido sobre el mismo en el que hace constar que
este convenio influye decisivamente en el régimen de las penas privativas
de libertad que quedan comprendidas en su ámbito, y de este modo afecta a
las previsiones del artículo 25.2 de la Constitución que, como SS. SS.
conocen, hace referencia a que las penas privativas de libertad y las
medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la
reinserción social.
Por tanto, señorías, dado que el fin principal de este convenio coincide
con el espíritu de nuestra norma fundamental, el Grupo Popular, como no
podría ser de otra manera, votará a favor de este convenio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Luis
Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Señor Presidente, la brillante
intervención de la portavoz del Grupo Popular me ahorra argumentos porque
coincido al cien por cien en lo que ha dicho y, por otra parte, hemos
aprobado otros convenios semejantes con países iberoamericanos en esta
Comisión, de tal manera que anuncio nuestro voto a favor.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto 16, Convenio entre
el Reino de España y la República
del Ecuador para el cumplimiento de condenas penales.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 13 DE MAYO DE 1960, CONSTITUTIVO DE
ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA SOBRE SUPRESION DE VISADOS. (Número
de expediente 110/000012.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 17 del orden del día,
denuncia del canje de notas de 13 de mayo de 1960, constitutivo de
Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión de visados.
¿Grupos que desean tomar la palabra? (Pausa.) Tiene la palabra la señora
Castro, por el Grupo Popular.
La señora CASTRO MASEVEU: La denuncia del presente canje de notas se
encontraba en tramitación de las Cortes cuando éstas fueron disueltas,
razón por la cual se hace necesaria la nueva tramitación hoy en esta
Comisión. Se denuncia el acuerdo ejercitando el derecho que le confiere
su artículo 6.o y por unas consideraciones que señalaré muy brevemente.
En primer lugar, el hecho de que una parte sustancial del canje de notas
ha quedado derogado debido a la incorporación de los dos Estados a la
Unión Europea. Sus disposiciones eran contrarias en algunos puntos al
Tratado de la Unión y también a la legislación comunitaria que la
desarrolla, sin olvidar la adhesión de España a los acuerdos de Schengen.
En segundo lugar, la parte que no ha quedado derogada no responde a las
circunstancias políticas y sociales del momento. Y, en tercer lugar, en
el artículo 2.o del canje de notas, aunque no se citaba expresamente,
había determinadas estipulaciones que se referían a Gibraltar,
persistiendo de esta forma los problemas de documentación y de
circulación de personas en esa área. Por lo tanto, es preciso revisar con
Gran Bretaña el tema de documentación, especialmente en las cuestiones
relativas a los residentes de esta área.
Estas son las razones que motivan la denuncia por parte de España, pero
quisiera indicar y resaltar que la denuncia de este canje de notas no
afectará en ninguna medida al tráfico entre los dos países, que seguirá
desarrollándose de acuerdo con el Derecho comunitario vigente y quedando
así salvaguardados los intereses turísticos españoles. Por todo ello, el
Grupo Popular va a votar favorablemente la denuncia de este canje de
notas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación sobre la denuncia del canje de
notas constitutivo de Acuerdo entre España y Gran Bretaña sobre supresión
de visados.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--PROTOCOLO AL CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y CANADA DE
10 DE NOVIEMBRE DE 1986, FIRMADO EN OTTAWA EL 19 DE OCTUBRE DE 1995.
(Número de expediente 110/000013.)
El señor PRESIDENTE: Punto 18: Protocolo al Convenio sobre Seguridad
Social entre España y Canadá, firmado en Ottawa el 19 de octubre de 1995.
¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Don Pedro Moya,
por el Grupo Socialista, tiene la palabra.
El señor MOYA MILANES: El presente protocolo trae causa del Convenio de
1986 sobre Seguridad Social y fundamentalmente pretende adaptarlo a las
modificaciones legislativas habidas en esta materia, tanto en España como
en Canadá, así como a las nuevas realidades sociales.
Yo quisiera subrayar que el interés fundamental de este protocolo es el
de incluir en el mismo las prestaciones no contributivas del sistema de
Seguridad Social español, que también se reconocerán a los nacionales
canadienses residentes en España en justa reciprocidad al tratamiento
equivalente que reciben los españoles residentes en Canadá.
Hay otras razones, indudablemente también significativas, para apoyar la
ratificación de este protocolo pero, fundamentalmente, el interés
prioritario es el que acabo de señalar y votaremos el mismo
favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Castillo.
El señor CASTILLO JAEN: Los días 4 y 5 de mayo de 1994 se celebra en
Madrid la segunda y última ronda de negociación entre las delegaciones de
España y Canadá para finalizar la negociación del texto de un protocolo
al Convenio de Seguridad Social existente entre ambos países desde el 10
de noviembre de 1986. La primera sesión negociadora que estableció un
primer borrador se había reunido seis meses antes, en noviembre de 1993,
en la capital de Canadá. Este protocolo obedece, como antes se ha
indicado, a la necesidad permanente de actualizar los convenios de
Seguridad Social a la realidad aceleradamente cambiante. Los sistemas de
Seguridad Social de las partes han evolucionado notablemente en estos
años, y en particular el español, que ha tenido que adaptarse a la
realidad europea y a la cambiante legislación española.
Hay que destacar por su especial interés el principio según el cual se
permitirá la revisión de los derechos reconocidos siempre y cuando el
contenido de este protocolo los haga más favorables para los interesados,
de acuerdo con el artículo 6.o. El protocolo responde a los criterios
generales que se están utilizando actualmente para la negociación de
tratados internacionales de este tipo y en este contexto nuestro grupo
anuncia, cómo no, su voto favorable a dicho protocolo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto número 18, Protocolo
al Convenio sobre Seguridad Social entre España y Canadá.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO COMPLEMENTARIO GENERAL DEL CONVENIO BASICO DE COOPERACION
TECNICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, PARA LA
FINANCIACION DE PROGRAMAS DE COOPERACION Y ANEXO, FIRMADO «AD REFERENDUM»
EN SAN SALVADOR EL 14 DE FEBRERO DE 1995. (Número de expediente
110/000014.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 19: Acuerdo complementario general del
Convenio básico de cooperación técnica entre el Reino de España y la
República de El Salvador para la financiación de programas de cooperación
y anexo, firmado ad referendum en San Salvador el 14 de febrero de 1995.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señorías, este Acuerdo complementario general
del Convenio básico de cooperación técnica entre el Reino de España y la
República de El Salvador para la financiación de programas de cooperación
pretende dotar de una mayor transparencia y carácter contractual a las
relaciones de cooperación existentes entre ambos países, como reflejo,
sin lugar a dudas, de la nueva situación surgida en El Salvador y
consecuencia, a su vez, del éxito de los acuerdos de paz, proceso en el
que España ha desempeñado un importantísimo papel. Este Acuerdo
complementario establece como principio fundamental la participación de
ambos países en la financiación de todos los proyectos que se llevan a
cabo, de acuerdo con las directrices establecidas en las comisiones
mixtas.
Señorías, en el ámbito de la cooperación con Iberoamérica, y
concretamente con El Salvador, la creación de un fondo mixto para la
ejecución conjunta de actividades y proyectos orientados a los objetivos
antes indicados, constituye una modalidad exigente para ambas partes de
mayor compromiso, asunción de responsabilidades e incidencia sobre
objetivos comunes. Este acuerdo complementario abre, señorías, nuevos
caminos en la cooperación bilateral entre ambos países, en una línea de
asunción de responsabilidades mutuas que impulsará el desarrollo de El
Salvador y contribuirá a la consolidación y ampliación de un espacio
común entre ambos países en los diferentes ámbitos, social, político,
económico y cultural.
El señor PRESIDENTE: Señor Fuentes, por el Grupo Socialista.
El Señor FUENTES GALLARDO: Después de la detallada y elocuente exposición
del portavoz del Grupo Popular, no tengo más que decir. Hacemos nuestros
sus argumentos y votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA ENTRE EL GOBIERNO
DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN
MADRID EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1995. (Número de expediente 110/000015.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 20 del orden del día: Acuerdo sobre
transporte internacional por carretera entre el Gobierno del Reino de
España y el Gobierno de la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 16
de noviembre de 1995.
¿Señores Diputados que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Yáñez.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Aparentemente, un convenio de transporte
por carretera entre España y Eslovenia puede parecer poco relevante. Es
una frase resumiré por qué sí es importante, y es porque permite
establecer un corredor alternativo al territorio austriaco, a cuyo paso
se aplican importantes limitaciones a los transportistas españoles. Por
tanto, con este nuevo corredor, a través de Eslovenia, podrán tener
muchas más facilidades. Por eso, apoyamos y votaremos a favor del
convenio.
El señor PRESIDENTE: Señor De Cáceres.
El señor DE CACERES BLANCO: Efectivamente, como ha señalado el señor
Yáñez, éste es el punto clave del Acuerdo sobre el transporte
internacional por carretera, que se firmó en Ljubljana a finales de
octubre de 1993 y que, provisionalmente, se está aplicando desde 1995,
pero que necesita, naturalmente, la aprobación de las Cortes.
Este soslayar para los transportistas españoles el camino a través de
Austria, gravado por fuertes tasas, mientras que en Eslovenia se van a
suprimir las tasas mutuamente, como es natural, es muy importante. Por
ello estimamos que las Cortes deben aplicar dicho acuerdo, cuya
presentación fue imposible por la disolución de las anteriores, y que ha
sido remitido de nuevo por acuerdo del Consejo de Ministros del 31 de
mayo pasado.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA FRANCESA PARA LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE LA SECCION
INTERNACIONAL DE UNA LINEA FERROVIARIA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE ESPAÑA Y
FRANCIA (VERTIENTE MEDITERRANEA), FIRMADO «AD REFERENDUM» EN MADRID EL 10
DE OCTUBRE DE 1995, Y DEL CANJE DE NOTAS VERBALES DE 4 DE DICIEMBRE DE
1995 Y DE 9 DE ENERO DE 1996, POR EL QUE SE SUBSANAN ERRORES EN EL TEXTO
ORIGINAL. (Número de expediente 110/000016.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 21 del orden del día: Acuerdo entre el
Gobierno de España y el Gobierno de la República Francesa para la
construcción y explotación de la sección internacional de una línea
ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia, vertiente
mediterránea, firmado ad referendum en Madrid el 10 de octubre de 1995, y
del canje de notas verbales al que se hace referencia, por el que se
subsanan errores en el texto original.
¿Señores Diputados que desean intervenir? (Pausa.)
El señor Milián tiene la palabra.
El señor MILIAM MESTRE: Este es un acuerdo que fue adoptado el 31 de mayo
de 1996 por parte del Gobierno español, ratificando un hecho que se había
confirmado el 10 de octubre de 1995 por parte del Ministro a la sazón,
don José Borrell Fontelles, y por el Ministro de Transportes francés el
señor Bernard Pons.
Este acuerdo, promovido por España, comenzó a configurarse de alguna
manera en las cumbres hispano-francesas de Albi, del año 1992; de Toledo,
del año 1993, y de Foix, de 1994. En Albi se firmó un memorándum sobre el
establecimiento de líneas de alta velocidad entre los dos países. El
acuerdo determina las condiciones de construcción y de explotación de la
línea ferroviaria del tramo internacional, especialmente
Figueras-Perpiñán, el tránsito de un país a otro, que comprende el mayor
interés económico centrado la vertiente mediterránea de los Pirineos, en
lo que es llamado por los técnicos como arco del sur mediterráneo de la
Comunidad.
Se establecen en este acuerdo, en once artículos, las condiciones que
deben observarse. Sin embargo, dado que son once artículos que
constituyen prácticamente unos puntos de trámite, salvo un error que se
configura en los mismos cuando se habla de una concesión que se otorgará
por parte de los Estados para construir el ferrocarril, cuando en rigor
después se modifica ese error en una nota verbal posterior de los medios
de los dos gobiernos como construcción y no concesión --hay que hacer
esta observación--, lo importante de este hecho es que justamente en
estos momentos se está perfilando ya lo que es la creación de un gran
medio de interrelación económica entre el norte y sur, es decir, entre
España y Europa, y Europa y España a través de la frontera francesa. Digo
esto porque es el instrumento vital de lo que algunos técnicos en
economía y en transporte llamar la ZAV y que en Barcelona es la que
comunica por vía aérea y por mar sobre todo, y ahí, impulsando
especialmente la alta velocidad aplicada al transporte de mercancías,
tanto más importante que el transporte de viajeros, es lo que da una
nueva significación a esta posibilidad, dado que justamente el transporte
de viajeros es el que menos interés económico tiene, teniéndolo mucho más
el de aceleración de la aportación a los mercados europeos de nuestros
productos nacionales a través de una vía de alta velocidad, como es en
este caso.
Este hecho, por una parte, y otros factores que juegan en el mismo, como
puede ser, por ejemplo, la mayor facilidad para la traslación de los
productos españoles a Europa, dado que se establecerá con un ancho de vía
europeo, pues en este momento la dificultad está precisamente en la
diferenciación de los anchos de vía español y francés, será una razón
prioritaria de inmediata aplicación, tan de inmediata aplicación que
noticias de hoy mismo hablan ya de una dotación de 60.000 millones de
pesetas procedentes del proceso de privatizaciones por parte del
Ministerio de Fomento, para aplicar justamente a este AVE, que sería la
línea Madrid-Barcelona y que en Barcelona empalmaría, gracias a este
acuerdo internacional, con Francia.
Consecuentemente, estamos ante un instrumento de alto interés económico
para ambos países; alto interés que se viene de alguna manera
configurando en lo que es la interrelación económica creciente de este
arco sur mediterráneo, que se configura como uno de los polos de
crecimiento más importantes de la Comunidad Europea.
Nosotros, por estas razones, vamos a votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández Ramiro, por el
Grupo Socialista.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Poco tengo que añadir a lo ya dicho por el
representante del Grupo Popular, aunque sí debo decir que por nuestra
parte también consideramos de sumo interés este acuerdo, máxime cuando
tanto por parte del Gobierno español como por el Gobierno francés se
considera de total importancia desarrollar la red ferroviaria de alta
velocidad entre España y Francia. En el caso puntual de este convenio,
impulsar el tramo Figueras-Perpiñán.
Quiero también señalar que, como no podría ser de otra forma, en todo su
articulado se adoptan todas las disposiciones internacionales legales y
reglamentarias. En general, consideramos que este convenio está presidido
por el espíritu de cooperación amistosa que existe en las relaciones
entre España y Francia.
Por todo ello, mi grupo va a votar favorablemente este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA PORTUGUESA PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO CAYA, ENTRE LAS
LOCALIDADES DE BADAJOZ (ESPAÑA) Y ELVAS (PORTUGAL), FIRMADO «AD
REFERENDUM» EN MADRID EL 18 DE ENERO DE 1996. (Número de expediente
110/000018.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 22: Convenio entre el Reino de España y
la República Portuguesa para la construcción de un puente internacional
sobre el río Caya, entre las localidades de Badajoz, España, y Elvas,
Portugal, firmado ad referendum en Madrid, el 18 de enero de 1996.
¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Fuentes tiene la palabra, por el Grupo Socialista.
El señor FUENTES GALLARDO: Este convenio fue firmado en la cumbre
hispano-portuguesa que se celebró en Madrid a principio de este año, para
la construcción de un puente internacional que va a permitir unir lo que
es hoy la actual autovía Madrid-Badajoz con lo que será en el futuro la
autopista Elvas-Lisboa, que va a suponer una de las conexiones más
importantes de Portugal con el resto de Europa, así como un elemento de
extraordinaria importancia para Extremadura y, en concreto, para la
ciudad de Badajoz.
El convenio prevé la constitución de una comisión técnica, que tendrá que
elaborar el proyecto y contratar las obras. Para terminar, sólo quiero
añadir que espero que la constitución de esta comisión que elabore el
proyecto y saque a concurso las obras se haga lo antes posible y que el
Gobierno español facilite los fondos necesarios para que la construcción
de este puente, tan importante para Extremadura y para la ciudad de
Badajoz, pueda ser una realidad en el menor plazo de tiempo posible.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor De Cáceres.
El señor DE CACERES BLANCO: Para no repetir las ventajas que
evidentemente va a tener este puente, y la conexión de dos autopistas por
parte de Portugal y de España, quiero recordar simplemente que es la
Dirección General de Carreteras del hoy Ministerio de Fomento la que se
va a encargar, en nuestro caso, de proyectar cuanto se refiere a la parte
de España, incluyendo los accesos al puente. La adjudicación,
contratación, dirección y ejecución de estas obras va a correr a cargo
del gobierno de cada país, España y Portugal, en que esté domiciliada la
empresa adjudicataria. Este convenio no se había aprobado previamente,
pasa de nuevo a las Cortes y, naturalmente, dada su importancia, nuestro
grupo va a votar a favor del mismo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto 22: Convenio entre
el Reino de España y la República Portuguesa para la construcción de un
puente internacional sobre el río Caya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--SEGUNDO Y TERCER PROTOCOLO ANEXOS AL ACUERDO GENERAL SOBRE COMERCIO DE
SERVICIOS, ANEJO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACION
MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) --MARRAKECH, 15-4-94-- HECHOS EN GINEBRA EL 6
DE OCTUBRE DE 1995. (Número de expediente 110/000019.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 23: segundo y tercer protocolo anexos
al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, anejo al Acuerdo por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio, hechos en Ginebra
el 6 de octubre de 1995. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Gil Melgarejo.
El señor GIL MELGAREJO: Como bien saben S. S., con fecha 18 de mayo de
1994 y 21 de junio del mismo año, el entonces Ministro de Comercio y
Turismo, señor Gómez Navarro Navarrete, a solicitud del Grupo Popular
compareció ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda para
informar del impacto que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
de Comercio, el GATT, tendría sobre los diversos sectores del comercio.
Es estas dos sesiones de la Comisión se produjo un debate muy complejo y
minucioso, con importantes y brillantes aportaciones al mismo, que dejó
clara la postura de todos los grupos. Sin embargo, quedaban y siguen
quedando cuestiones como la que nos ocupa ahora, que son ajenas a este
Tratado de la Organización Mundial del Comercio, concretamente el que se
refiere al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS), por un
lado y, por otro, el que se refiere, dentro de éste, al movimiento de las
personas físicas proveedoras de servicios. Este sería el tercer protocolo
y el anunciado como el anexo sobre servicios financieros sería el segundo
protocolo.
El grupo al que pertenezco va a votar favorablemente a este acuerdo y de
nuevo asumimos otro importante reto dentro de la libertad de lo que es el
comercio mundial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Rodríguez Bolaños
tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ BOLAÑOS: Señor Presidente, como ha dicho el Diputado
del Partido Popular, efectivamente estos protocolos se hacen en virtud
del desarrollo del acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio. Tanto el segundo como el tercer protocolo, que se
refieren, al movimiento de personas y al movimiento de mercancías,
entendemos que son beneficiosos para España, como así se deduce de los
informes que se remiten con la propuesta de acuerdo. Por tanto, el Grupo
Socialista va a votar favorablemente a la firma de estos protocolos.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto número 23: Segundo y
Tercer Protocolo anexos al Acuerdo General sobre Comercio de Servicios,
anejo al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--TRATADO DE EXTRADICION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ORIENTAL
DEL URUGUAY, FIRMADO EN MADRID EL 28 DE FEBRERO DE 1996. (Número de
expediente 110/000020.)
El señor PRESIDENTE: Punto 24: Tratado de extradición entre el Reino de
España y la República Oriental del Uruguay, firmado en Madrid el 28 de
febrero de 1996. Por el Grupo Socialista, el señor Boix tiene la palabra.
El señor BOIX PASTOR: Señor Presidente, nuestro grupo parlamentario
quiere manifestar su posición favorable en cuanto a este Tratado de
extradición entre España y la República Oriental del Uruguay,
fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque contribuirá de
forma directa en la intensa labor que ese país viene realizando y que
realiza por erradicar el terrorismo de ETA. Este tratado, que sustituye
el antiguo Tratado de extradición de criminales entre los dos países, que
databa de 1885, permitirá que no sea denegada ninguna solicitud de
extradición de miembros de la organización terrorista ETA por
considerarlas de carácter político, siguiendo así los criterios
contenidos en el Convenio europeo de represión del terrorismo de 1977.
Esto, sin duda, contribuirá a la desarticulación del santuario de que
disfrutaba esta organización terrorista en la República Oriental del
Uruguay. En segundo lugar, queremos destacar la importancia de este
tratado, ya que constituye una importante novedad de interés político y
jurídico respecto a la Ley Reguladora de Extradición Pasiva de 1985. La
inclusión de la extradición de nacionales evitará que mediante la
adquisición de una nacionalidad en el país de residencia se impida la
extradición.
Queremos manifestar, por último, nuestra satisfacción por el resultado de
unas largas y complejas gestiones que se realizaron ante el Gobierno
uruguayo y que facilitaron la modernización del antiguo tratado de
extradición. Reitero que votaremos favorablemente porque consideramos que
este tratado contribuye de forma directa a erradicar el terrorismo que
sufrimos en este país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Señor Presidente, simplemente quiero sumarme a
las palabras del portavoz del Grupo Socialista y resaltar que,
efectivamente, a partir de la firma de este tratado habremos dado un paso
más en la lucha antiterrorista, puesto que hasta ahora habían sido
denegadas las extradiciones de los miembros de ETA que residian en
Uruguay debido a que se consideraban estos actos de terrorismo como
delitos políticos. A partir de hoy esto no sucederá y España podrá
solicitar esa extradición que deberá ser concedida. Por tanto, mi Grupo
va a votar favorablemente a este tratado.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación del punto número 24: el
Tratado de extradición entre España y El Uruguay.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DE PANAMA SOBRE EL
TRATADO DE PERSONAS CONDENADAS, FIRMADO EN MADRID EL 20 DE MARZO DE 1996.
(Número de expediente 110/000022.)
El señor PRESIDENTE: Punto número 25: Tratado entre el Reino de España y
la república de Panamá sobre traslado de personas condenadas, firmado en
Madrid el 20 de marzo de 1996. Tiene la palabra la señora Pulgar, por el
Grupo Popular.
La señora PULGAR FRAILE: El Tratado entre la República de Panamá y el
Reino de España sobre traslado de personas condenadas fue firmado en
Madrid el 20 de marzo de 1996 y tiene como objetivo principal el mejorar
las posibilidades de rehabilitación social de las personas condenadas.
Como es habitual en este tipo de instrumentos, para efectuar el traslado
de un detenido tiene que haber consentimiento por parte del Estado de
condena, del Estado de cumplimiento y del propio interesado.
Obviamente, todos estos principios se inspiran en el Convenio Europeo
112. Este tratado se inscribe, por parte española, dentro de la práctica
de los últimos años de concluir acuerdos en la materia con el mayor
número de países iberoamericanos que permitan la protección de españoles
detenidos en esos Estados. En estos momentos hay ya tratados con
Argentina, Méjico y Perú y otros en trámite muy avanzado con Venezuela,
Paraguay, Ecuador y Colombia. El Grupo Popular va a votar favorablemente
a este tratado entre la República de Panamá y el Reino de España.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Boix tiene la
palabra.
Le señor BOIX PASTOR: Señor Presidente, poco más que añadir a lo aportado
por la Diputada del Grupo Parlamentario Popular. Quiero reiterar el
objetivo principal de los dos países con este tratado que ha consistido
en mejorar las posibilidades de rehabilitación social de las personas
condenadas. Consideramos que con este acuerdo dotamos a las diferentes
administraciones y personas afectadas de un buen instrumento para la
protección de los españoles detenidos en Panamá. Por tanto, votaremos
favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación del punto número 25:
Tratado entre el Reino de España y la República de Panamá sobre traslado
de personas condenadas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 26 DE DICIEMBRE DE 1995 Y 22 DE ENERO DE
1996, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS, POR EL QUE
SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE AMBOS PAISES SOBRE COOPERACION CIENTIFICA Y
TECNICA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACION LUNAR Y PLANETARIA Y DE
VUELOS ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO
EN ESPAÑA DE UNA ESTACION DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID EL
29 DE ENERO DE 1964 Y DEL CANJE DE NOTAS DE 17 Y 31 DE MAYO DE 1996
SUBSANANDO UN ERROR MATERIAL EN LAS PRIMERAS. (Número de expediente
110/000023.)
El señor PRESIDENTE: Punto 26, y último, que tiene el siguiente y
brillante enunciado: Canje de Notas, de fechas 26 de diciembre de 1995 y
22 de enero de 1996, constitutivo de acuerdo entre España y Estados
Unidos, por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos países sobre
cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de exploración
lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a
través del establecimiento en España de una estación de seguimiento
espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964, y del Canje de Notas
de 17 y 31 de mayo de 1996 subsanando un error material en las primeras.
Espero que alguien nos explique en qué consistía el error material.
La señora Fernández Ramiro tiene la palabra.
La señora FERNANDEZ RAMIRO: Quiero manifestar, en primer lugar, que el
Grupo Socialista va a votar favorablemente la prórroga de este acuerdo
porque entendemos que se ha llevado a cabo una relación fructífera entre
el Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas (INTA) y la NASA, con
bastantes ventajas para las instalaciones españolas. Como sabrán SS. SS.,
me refiero a la estación de seguimiento de vehículos espaciales de
Robledo de Chavela y otras instalaciones construidas al amparo de este
acuerdo, cuyo funcionamiento ha demostrado ser muy beneficioso para ambos
países a lo largo de sus años de actividad. De la prórroga de este
acuerdo sólo pueden derivarse beneficios para España por cuanto Estados
Unidos es, en estos momentos, una nación líder en el campo de la
investigación aeroespacial. Es necesario negociar un nuevo texto porque
entendemos que, una vez pasada la vigencia del presente acuerdo, tanto
por parte de las autoridades españolas como de las autoridades americanas
se ha llegado a la conclusión de que el acuerdo ha quedado completamente
desfasado.
En consecuencia, como ya he manifestado al principio de mi intervención,
mi grupo considera conveniente y positiva la ratificación de este acuerdo
y votará favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Muñoz-Alonso.
El señor MUÑOZ-ALONSO Y LEDO: Señor Presidente, no tengo que añadir nada
a lo que ha expresado la portavoz del Grupo Socialista. Sólo quiero
señalar que se refiere efectivamente a la estación de Robledo de Chavela
que lleva funcionando más de treinta años muy satisfactoriamente tanto
para los Estados Unidos como para España. Concretamente, desde el punto
de vista español, quiero señalar que allí trabajan ciento cincuenta
empleados españoles de la más alta cualificación técnica, que está muy
avanzada ya la negociación de un nuevo acuerdo, pero que por razones de
tiempo se hace esta prórroga de un año, esperándose que en este período
se llegue a la formulación del nuevo acuerdo. Quiero recordar que hace
aproximadamente dos años en esta Comisión aprobamos una prórroga de un
año y que, por lo que se ve, la discusión del acuerdo se ha complicado
tanto que es necesaria esta otra nueva prórroga. Esperamos que sea la
última y que pronto tengamos aquí el nuevo acuerdo de cooperación que es
tan beneficioso para ambas partes.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de este Canje de Notas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Señoras y señores Diputados, muchísimas gracias por su paciencia y por su
colaboración. Quería decirles simplemente que, sujeto a la convocatoria
formal, seguramente el día 9 de octubre, miércoles, a las nueve y media
de la mañana tendremos reunión de esta Comisión. Previamente procederé a
la convocatoria de la Mesa y portavoces en fecha todavía no descrita,
pero también se lo comunicaré oportunamente. Les agradecería que tuvieran
en cuenta esa fecha, porque seguramente será la de celebración de la
Comisión. Gracias a todos.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.