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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 40, de 26/06/1996
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1996 VI Legislatura Núm. 40
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON FERNANDO FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles, 26 de junio de 1996
ORDEN DEL DIA:
Aprobación de la delegación en favor de la Mesa, a la que hace referencia
la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983,
en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los
Diputados. (Número de expediente 042/000004) (Página 734)
Proposiciones no de ley:
--De creación de una ponencia de estudio sobre los sistemas privados de
previsión social. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
(Número de expediente 161/000015) (Página 734)
--Sobre limitación de la actividad de bancos y cajas de ahorro a las
definidas para la nota del grupo 811 y 812 del Real Decreto legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre. Presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
161/000038) (Página 741)
--Sobre elaboración de un plan global de actuaciones para la Comunidad
Autónoma de Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
161/000054) (Página 745)
--Por la que se insta al Gobierno a que haga cesión del edificio de los
antiguos juzgados de Leganés (Madrid) a su Ayuntamiento para que sea
destinado a su utilización como centro socio-cultural juvenil y de
participación ciudadana. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (Número de expediente
161/000079) (Página 749)
--Sobre cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Gobierno de la
nación, Dirección General de Patrimonio, Junta de Andalucía, centrales
sindicales y comité de empresa de MTT (ex Hytasa) para el cobro de las
indemnizaciones derivadas del expediente de extinción de contratos de
trabajo mediante bajas incentivadas. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000082) (Página 752)
--Por la que se insta al Gobierno a enviar, con carácter cuatrimestral,
un informe sobre la evolución de la economía española y por la que se
acuerda la comparecencia cuatrimestral de diversas autoridades económicas
ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000095)
(Página 756)
--Relativa a la comparecencia periódica, y previa remisión del informe
correspondiente, de diversas autoridades ante la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 161/000104) (Página 756)
--Sobre medidas para evitar cualquier tipo de acción sobre empresas
españolas o particulares en aplicación de la Ley Helms-Burton y
garantizar la libre competencia. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000088) (Página 760)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
--APROBACION DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE HACE
REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE 2 DE NOVIEMBRE
DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000004.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a comenzar esta
sesión de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda en un día muy
señalado --la víspera del día de la Virgen del Perpetuo Socorro--, ya que
aquellas señoras y señores Diputados que sean funcionarios del Ministerio
de Hacienda sabrán que es la patrona de este órgano del Estado.
Pasamos a examinar los asuntos comprendidos en el orden del día.
En primer lugar, vamos a aprobar, si SS. SS. lo tienen por conveniente,
la delegación en favor de la Mesa de la competencia para acordar la
celebración de comparecencias de miembros del Gobierno a que se refiere
el artículo 44 del Reglamento, de acuerdo con la Resolución de la
Presidencia de 2 de noviembre de 1983.
¿Lo aprueban sus señorías? ¿Lo acuerdan? (Pausa.)
Esta aprobación se entiende en el siguiente sentido: por parte de la
Presidencia se convocará a la Mesa y a los portavoces acreditados ante la
Comisión. En el supuesto deque no existiera unanimidad en cuanto a la
celebración de la comparecencia, ésta se entendería desestimada, pero,
por supuesto, aquel grupo parlamentario que desee reproducirlo ante la
Comisión, lo podrá hacer sin lugar a dudas.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--DE CREACION DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LOS SISTEMAS PRIVADOS DE
PREVISION SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (PNV).
(Número de expediente 161/000015.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al examen y votación de las siguientes
proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley de creación de una ponencia de
estudio sobre los sistemas privados de previsión social, a petición del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Advierto a SS. SS. que, si lo tienen ustedes a bien, las votaciones las
celebraremos a partir de la una menos cuarto de la tarde y votaremos
conjuntamente todas las proposiciones no de ley.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Zabalía. ¿Es Lezamíz o Lezámiz, señor Zabalía?
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Lezámiz, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Zabalía. Tiene usted la
palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Como SS. SS. saben, el llamado Pacto de Toledo
ha cumplido ya un año. Concretamente el 12 de abril fue aprobado por el
Congreso de los Diputados el informe de la ponencia que, dentro de la
Comisión de Presupuestos, analizó los problemas estructurales del sistema
de la Seguridad Social y de las principales reformas que debían de
acometerse.
También saben que este informe establece un modelo de protección social
basado en un sistema público, con una modalidad de protección
contributiva, pública y obligatoria, financiada con cotizaciones
sociales; una modalidad no contributiva para los casos de ausencia de
rentas, y financiada con transferencias de los presupuestos de la
Seguridad Social; y unas prestaciones técnicas que comprenden la
asistencia sanitaria y los servicios sociales financiados con impuestos.
Además de este modelo de protección social público, también establece la
ponencia que este modelo puede estar complementado con un sistema privado
voluntario, de naturaleza libre y gestión privada. Sin embargo, al margen
de las reformas que deberán acometerse en este sistema público --cuestión
que preocupa al Parlamento y motivo por el cual ayer fue aprobada en el
Pleno la creación de una ponencia para el seguimiento y el control del
desarrollo de ese sistema público-- digo que además de acometerse esta
reforma, que va a tener que dilucidar sobre la separación de las fuentes
de financiación según la naturaleza de la protección o la adecuación de
las bases de cotización, así como la flexibilidad de la edad de
jubilación y otros aspectos, el desarrollo del sistema complementario va
a ser una de las tareas prioritarias que tenemos que acometer en esta
legislatura. Este sistema complementario lo forman los planes y fondos de
pensiones, los seguros de vida y las mutualidades de previsión social.
Sin embargo, la protección o la potenciación del sistema de previsión
social complementario no debe ir, desde nuestro punto de vista, en
detrimento del sistema público.
Actualmente, a pesar de los desequilibrios financieros de la Seguridad
Social pública, la pensión media de jubilación representa en el Estado
español alrededor del 50 por ciento del salario medio. Más de un tercio
de los ancianos están por debajo del umbral de la pobreza, lo que quiere
decir que tienen ingresos inferiores al 50 por ciento de la renta media y
que, comparando esto con Europa, el Estado español es el tercer país de
la Unión Europea que dedica menos porcentaje del producto interior bruto
a las pensiones de vejez.
Por ello debe hacerse compatible el desarrollo de la Seguridad Social
pública con la potenciación de regímenes de previsión privados
complementarios, fundamentalmente los sistemas colectivos. Esto lleva
consigo el establecimiento de una política equilibrada que permita la
coexistencia de lo público y lo privado dentro de un modelo global
perfectamente encajado... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Zabalía, perdóneme un momento. Ruego a las
señoras y señores Diputados que guarden silencio porque si no nos es
absolutamente imposible seguir la intervención del orador. (Pausa.)
Muchas gracias. Puede continuar, señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Presidente.
Decía que el sistema público de previsión social debe de estar
complementado con un sistema privado, donde coexista precisamente lo
público y lo privado dentro de un único modelo global perfectamente
encajado y que garantice la estabilidad del sistema en el futuro.
Para conseguir estos objetivos habrá que establecer una serie de medidas
como son: la racionalización y coordinación entre la instituciones
asistenciales públicas y privadas, la promoción de las fórmulas de
previsión voluntaria no lucrativa, el condicionamiento de los apoyos
financieros del Estado a la ausencia de interés lucrativo, la limitación
de recursos públicos en gastos fiscales destinados a promocionar
regímenes privados complementarios y el facilitar la gestión privada de
la Seguridad Social básica ampliando el ámbito de colaboración de las
mutuas empresariales.
A pesar de todo, la potenciación hoy por hoy de los sistemas de previsión
social complementaria pasa, indudablemente, por el tratamiento fiscal de
cada modelo. Después de las reformas introducidas en la Ley de Ordenación
y Supervisión del Seguro Privado y de la Ley del Impuesto de Sociedades,
el tratamiento del régimen fiscal de los planes y fondos de pensiones, de
los seguros de vida y de las mutualidades ha sido motivo de análisis en
el propio Parlamento. De esta forma se creó una ponencia en esta Comisión
de Economía, en la anterior legislatura, para estudiar entre otros
aspectos la fiscalidad de estas figuras de la previsión social
complementaria, pero que tuvo que interrumpir sus trabajos por la
disolución de las Cortes.
El motivo de la presentación por parte de nuestro grupo de la creación
nuevamente de esta ponencia es enlazar con los trabajos que ya la
anterior estaba realizando, pero ampliar su objeto social de forma que se
permita el desarrollo de la recomendación número 14 del Pacto de Toledo,
que habla sobre la potenciación y el desarrollo del sistema
complementario de previsión social. Este es el motivo de que nuestro
grupo parlamentario haya presentado esta proposición de ley que espero
sea, digamos, del agrado del resto de los grupos parlamentarios para que
puedan apoyar la creación de esta ponencia.
Sí tengo que decir que, de acuerdo con lo establecido en la misma hay
algunos aspectos que se desarrollan en la proposición no de ley que
pueden ser modificados, y desde luego desde nuestro grupo parlamentario
estamos abiertos a ello, sobre todo en cuanto al plazo máximo de tres
meses que establece para estos trabajos y que consideramos que puede ser
un plazo excesivamente corto, teniendo en cuenta que estamos en los meses
de julio y agosto, y que, por lo tanto, se consumiría prácticamente la
mayor parte del tiempo en estos dos meses. Por ello estamos abiertos a
las consideraciones del resto de los grupos para que en caso de que
tengan a bien apoyar la creación de esta ponencia, establezcamos un plazo
adecuado que el resto de
los grupos crea suficiente para que con una agilidad y una rapidez que no
debemos perder de vista, sin embargo, sí hacerlo posible dentro de un
plazo adecuado, que puede ser de seis o nueve meses.
Por mi parte nada más.
El señor PRESIDENTE: Espero que además el tiempo que ha consumido usted
sea tomado como modelo por los demás portavoces en las sucesivas
intervenciones.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una por
parte del Grupo Parlamentario Popular y otra por parte del Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para defender la enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: En primer lugar, tomaré ejemplo de la
posición del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en cuanto a la
brevedad.
Mi grupo va a apoyar la creación de esta ponencia sobre los sistemas
complementarios de pensiones. Entendemos que es absolutamente necesario
afrontar algunas reformas que reequilibren la situación de los
instrumentos de prestación social complementaria y algunas reformas que
ayuden a su potenciación.
En la legislatura pasada ya se aprobó la creación de una ponencia de
estas características. Se aprobó al final de la legislatura, cuando la
legislatura estaba concluyendo --concluyendo prematuramente, pero
concluyendo-- y no pudo terminar los trabajos que había iniciado. En la
anterior legislatura mi grupo se abstuvo en la votación sobre la creación
de la ponencia porque entendíamos que el alcance que se proponía era
limitado y que había que afrontar una reforma de mayor calado en todos
los sistemas tributarios que incidían sobre el ahorro. Sin embargo,
nosotros trabajamos a lo largo del desarrollo de la ponencia, y lo
hicimos porque entendemos que es un tema que se hace absolutamente
necesario abordar.
El tercer nivel de pensiones, el de las pensiones voluntarias y por
capitalización, recogido en el artículo 41 de la Constitución y en la
recomendación 14 del Pacto de Toledo, creemos que hay que abordarlo con
el mayor consenso posible. Por eso en la legislatura pasada trabajamos
fuertemente a lo largo de los trabajos de la ponencia. Una ponencia que
trabajó, que realizó un esfuerzo importante, donde se produjeron
comparecencias, pero que no logró finalizar sus trabajos. Nosotros, junto
con el resto de los grupos, adquirimos el compromiso de que en esta
legislatura se reanudaran los trabajos de esa ponencia que hoy vamos a
comenzar a través de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo
Vasco (PNV).
Hemos presentado dos enmiendas que no hacen más que mejorar el texto
presentado. La primera hace referencia al plazo de finalización de los
trabajos. Nosotros entendemos que tres meses es un plazo muy corto,
máxime después de la fecha de aprobación de la ponencia, porque comprende
julio, agosto y septiembre, y se ve que no es un plazo fácilmente
abordable para que se realicen los trabajos. También hay una enmienda del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que pretende incluso
ampliar más el plazo, hasta el 31 de marzo de 1997. A nosotros nos parece
correcto, porque no hay tiempo suficiente para abordar los trabajos en
los tres meses que figuran en la ponencia.
La segunda enmienda no hace más que mejorar el texto, dándole a la
ponencia el carácter que ya tenía la anterior, en el sentido de que el
voto sea ponderado. Entendemos que los acuerdos hay que adoptarlos por
consenso, que en este tema no cabe más que el consenso, y es voluntad de
nuestro grupo llegar a acuerdos con el resto de los grupos, pero la
composición de la Cámara marca que si hay que adoptar conclusiones en la
ponencia haya un reconocimiento del voto ponderado.
Nosotros creemos que, además, después de las medidas aprobadas en los
últimos reales decretos-ley sobre fiscalidad de algunas figuras de
ahorro, se hace más necesario aún abordar modificaciones en la fiscalidad
del ahorro para previsión social. Nosotros, y con esto voy concluyendo,
señor Presidente, entendemos que el equilibrio entre las figuras de
ahorro para previsión no tiene que ser la igualdad. La igualdad
suprimiría la adecuación de cada una de las figuras a las necesidades de
los usuarios. Entendemos que el equilibrio es que las características de
cada una de esas figuras hagan posible que, adaptándose a las necesidades
de los ciudadanos, tengan todas un mismo nivel de ventajas.
Entendemos además que es esencial potenciar estas figuras de ahorro a
largo plazo. El ahorro produce acumulación de capital; la acumulación de
capital, inversión y empleo, y es voluntad del Grupo Popular adoptar
todas las medidas necesarias que vayan encaminadas al crecimiento
económico y a la creación de empleo.
Por ello , señor Presidente, mi grupo va a votar favorablemente la
proposición no de ley. Espero que el resto de los grupos voten las
enmiendas que nosotros hemos presentado, y votaremos también
favorablemente a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Recuerdo a los señores Diputados que el tiempo
máximo de intervención es de diez minutos.
También se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: La necesidad de una ponencia que estudiara, con
el objetivo de alcanzar una conclusión satisfactoria, todo el sistema de
la previsión social complementaria es una necesidad compartida por los
grupos de la Cámara desde hace mucho tiempo.
Esa convicción unánime cuajó en la pasada legislatura en la constitución
de una ponencia que inició sus trabajos y que no llegó a terminarlos como
consecuencia de la disolución de las Cámaras, en orden a la convocatoria
de elecciones.
Se ha producido un hecho, que además es importante tenerlo en cuenta en
la consideración de esta materia, y es el que en la pasada legislatura,
paralelamente a la ponencia que estudiaba el tema de la previsión social
complementaria, se reunió, y ésa sí que consiguió culminar sus trabajos,
la ponencia que dio lugar a lo que se conoce como Pacto de Toledo.
El Pacto de Toledo es un análisis de todo el sistema de previsión social
en nuestro país, y dentro de ese Pacto de Toledo y de sus
recomendaciones, una de ellas, en concreto la número 14, hace referencia
a la previsión social complementaria, enmarcándola en el análisis global
de todo el sistema.
Nosotros valoramos positivamente la iniciativa que hoy discutimos,
planteada por el Grupo Vasco, porque viene a continuar el trabajo que se
inició en la pasada legislatura y porque viene a dar respuesta a una
necesidad que nosotros compartimos, como es la de intentar actualizar,
unificar, y sobre todo incluir en el ámbito general, en un análisis
global de todo el sistema de previsión social, ese apartado específico,
tan importante desde el punto de vista económico hoy ya, y posiblemente
más importante en el futuro, que es el tema de la previsión social
complementaria.
Por tanto, nosotros, señorías, vamos a manifestar nuestro apoyo a esta
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco, máxime cuando en la
misma, en su apartado cuarto, se hace referencia explícita a que las
conclusiones deberán enmarcarse en el análisis global y en el conjunto de
recomendaciones del Pacto de Toledo. Esta referencia nos parece
especialmente oportuna y necesaria. Incluso nos permitimos sugerir a los
grupos parlamentarios que las personas que formen parte de esta ponencia
que estudie el tema de la previsión social complementaria guarden una
íntima relación, una estrecha relación, con quienes puedan formar parte
de esa ponencia que ayer se acordaba constituir por el Pleno para hacer
el seguimiento y la valoración del desarrollo global del Pacto de Toledo.
Creemos que este trabajo conjunto permitirá que no sólo sea una
referencia específica, un criterio genérico de esta ponencia, atender el
Pacto de Toledo en su integridad, sino que en el trabajo cotidiano pueda
haber efectivamente una concordancia y no se puedan producir
discrepancias o resultados contradictorios.
Nosotros hemos presentado una enmienda, cuya defensa voy a realizar muy
brevemente, porque hace única y exclusivamente referencia al plazo máximo
de trabajo de la misma. En nuestra opinión, el plazo de tres meses,
propuesto inicialmente por el Grupo Parlamentario del PNV, es un plazo
muy estrecho, muy corto, máxime si tenemos en cuenta las fechas en las
que nos encontramos y que buena parte de esos tres meses serían julio,
agosto, etcétera. Si, por otra parte, el objeto de esta ponencia es más
amplio que el de aquella que no pudo terminar sus trabajos en la anterior
legislatura y que estuvo durante más de tres meses trabajando, ya que
aquélla sólo hacía referencia al tratamiento fiscal, y aquí se pretende
no el tratamiento fiscal, sino la ordenación, potenciación y encaje de
los sistemas de previsión social en la reforma del sistema público de la
Seguridad Social, creemos, señorías, que la enmienda planteada por
nuestro grupo para ampliar ese plazo está perfectamente justificada.
Nosotros planteamos la fecha máxima del 31 de marzo de 1997, que creemos
puede dar respuesta adecuada al trabajo que se plantea esta ponencia.
Me consta, señoría, que tanto el Grupo Parlamentario Vasco como el Grupo
Popular están de acuerdo en esta fecha y que, en este sentido, el Grupo
Parlamentario Popular retiraría su enmienda referida a la fecha y que la
presentada por nuestro Grupo sería aceptada por el Grupo Parlamentario
Vasco. Confío en que eso es así, señorías, y que por tanto nuestro voto
finalmente sea afirmativo, tal y como he expuesto de manera inicial.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿retiran ustedes la enmienda
en el sentido manifestado por el señor Peralta o no? (Pausa.) La retiran
ustedes.
Señor Zabalía, a los solos efectos de fijar su posición en relación a la
aceptación o no de las enmiendas, y ya posteriormente, una vez que
sepamos cuál es el conjunto que se puede debatir, daremos la palabra a
los demás grupos que quieran intervenir.
Por otra parte, de acuerdo a lo que me indican los servicios de la
Cámara, sería conveniente que se pudiera introducir una enmienda in voce
ahora en relación a su proposición no de ley, en el punto cuarto, después
de la palabra «conclusiones», en el sentido de que las conclusiones se
elevasen, bien a la Comisión, bien al Pleno, según desee usted.
Señor Zabalía, tiene usted la palabra.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Por parte de mi grupo parlamentario creo que lo
fundamental es crear la ponencia. Creo que tenemos un consenso en eso y
en el objeto de la misma y que por lo tanto es accesorio el hecho de
establecer un período. Yo creo que lo que mi grupo desea es el consenso
total de todos los grupos respecto al contenido final de esta ponencia,
por lo cual no tenemos inconveniente en aceptar el plazo que se ha
establecido para la finalización de los trabajos de la ponencia.
En cuanto a elevar el informe de la misma, creo que, dada la
trascendencia del tema y el hecho de que el desarrollo del Pacto de
Toledo esté fijado dentro de los debates de Pleno, desde mi punto de
vista, sería aconsejable que los resultados del informe de la Ponencia
fuesen debatidos y aprobados en Pleno.
Esa es mi propuesta, porque creo que de esa forma además enlazamos con lo
que va a ser el propio debate de desarrollo del resto de las
recomendaciones del propio Pacto de Toledo, con lo cual enlazaríamos de
esa forma también y pondríamos al mismo nivel el debate de las
conclusiones de esta ponencia. Por lo tanto, mi propuesta es de que sea
elevada al Pleno.
El señor PRESIDENTE: Entonces, la proposición no de ley, de acuerdo con
la enmienda in voce que formula el señor Zabalía a su misma proposición
no de ley, y la aceptación de las enmiendas formuladas tanto por el Grupo
de Izquierda Unida, en relación a la fecha de finalización de
los trabajos, junto con la enmienda al punto número cuatro que formula el
Grupo Popular, es lo que someteríamos a debate y posterior votación,
quedando redactada, por consiguiente, en los siguientes términos:
Uno. El objeto será el estudio de la ordenación, potenciación y encaje de
los sistemas privados de previsión social en la reforma del sistema
público de la Seguridad Social.
Dos. El plazo máximo del trabajo será hasta el día 31 de marzo de 1997.
Tres. Estará compuesta por dos miembros de cada Grupo Parlamentario.
Cuatro. Las conclusiones, que serán aprobadas por el sistema de voto
ponderado, serán elevadas al Pleno de la Cámara y deberán cumplir con los
objetivos recogidos en la recomendación número 14 del Informe aprobado
por el Pleno del Congreso de los Diputados el 12 de abril de 1995,
emitido por la ponencia para el análisis de los problemas estructurales
del sistema de la Seguridad Social.
¿De acuerdo? (Pausa.) Muy bien.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Brevemente, para decir que el Grupo de
Coalición Canaria va a apoyar plenamente la proposición no de ley, tal
como ha quedado redactada, teniendo en cuenta que consideramos de
carácter irrenunciable el contenido del artículo 41 de la Constitución
española sobre el carácter público del sistema de la Seguridad Social y,
al mismo tiempo, con el respeto máximo al desarrollo del Pacto de Toledo,
especialmente en la recomendación 14.
Consideramos también acertado el plazo de nueve meses para que la
Comisión dé a luz, nunca mejor bien dicho que ahora, y se miren los
trabajos. También queremos decir que estamos plenamente de acuerdo con
esa coordinación, que es necesaria, con la Comisión creada en la tarde de
ayer en el Pleno del Congreso.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: La posición de nuestro grupo parlamentario en
torno a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco es la de aceptar esa iniciativa. Esta es una ponencia que ya tuvo
su constitución al final de la legislatura anterior, a la que nuestro
Grupo se adhirió porque fue una iniciativa trabajada conjuntamente con
varios grupos parlamentarios, entre los que estaba el Grupo Parlamentario
Catalán y, por consiguiente, en esta ocasión vamos a dar también nuestro
voto afirmativo a esa propuesta.
Lo que sucede, señor Presidente, es que quisiéramos dejar constancia de
que esta ponencia se constituye en el seno de la Comisión de Economía por
la misma razón que impulsó también al Grupo Parlamentario Catalán en la
anterior legislatura y proponerla, que es lo que justifica que hoy
estemos haciendo este debate y por lo que aplaudimos la iniciativa del
Grupo Nacionalista Vasco.
El contenido efectivamente se refiere a uno de los puntos del Pacto de
Toledo, a la recomendación 14. No obstante, no sólo se refiere al
contenido de la recomendación 14, sino también al tratamiento del ahorro
en general. Y se suscitó a raíz de la tramitación en esta Cámara y en
esta Comisión de la Ley del Seguro Privado, donde tuvimos un acalorado
debate en torno a la conveniencia o no de modificar el régimen fiscal que
afectaba a los planes de pensiones y a los productos, digamos, de seguro
a largo plazo.
La verdad es que esta ponencia no sólo debe tener la previsión de
estudiar y dar contenido a la recomendación 14 del Pacto de Toledo, sino
que el mandato que hemos establecido con la constitución de la ponencia
va mucho más de darle precisa aplicación al citado punto, porque se trata
de revisar la fiscalidad de todo el ahorro en España. Yo creo que esto es
necesario, máxime cuando el Gobierno ha adoptado unas decisiones por las
que ha modificado el régimen fiscal en el que se aplican las plusvalías.
¿Por qué? Porque se ha afectado un régimen fiscal que afecta a todo el
régimen de plusvalías sin hacer paralelamente el encaje en el tratamiento
fiscal de todos los productos de ahorro del mercado español. Por lo
tanto, ahora se hace todavía más necesario y urgente constituir esa
ponencia, revisar todo el marco de los instrumentos de ahorro y ver a qué
tributación hay que someter esos productos.
En este sentido yo creo, señor Presidente, que el plazo máximo de trabajo
de tres meses era un plazo muy bueno, porque muy probablemente, en ese
tiempo, el Gobierno tenga y ponga sobre la mesa la solución de la que es
objeto esa ponencia, ya que no nos conviene demorar mucho tiempo la
revisión de los marcos tributarios aplicables a los instrumentos de
ahorro, porque se descabalgaría todo el sistema y se producirían,
digamos, desviaciones o movimientos no deseados en torno a unos
determinados productos de ahorro.
Por lo tanto, nuestro Gobierno es partidario de respetar el plazo máximo
de trabajo de tres meses o, al menos, dejar fijado un plazo a 31 de
diciembre, que es el que planteaba la enmienda del Partido Popular, que
me parecía también una buena alternativa, ya que, muy probablemente,
todas estas nuevas decisiones deberán encajarse en el marco de la Ley de
Presupuestos y de la Ley de Acompañamiento.
Por lo tanto, no nos parece nada bien ir al 31 de marzo de 1997, porque
ir al 31 de marzo de 1997 es prácticamente situarnos en que las medidas
que termine de proponer esa ponencia se incorporen a una normativa
legislativa que no tendría vigor hasta 1998, con lo cual es imposible
mantener un año y pico el mercado con instrumentos de ahorro en un marco
general de plusvalías modificado como el que se ha hecho en estos
momentos.
Por ello, señor Presidente, señorías, y especialmente al Grupo Popular,
pido que se reconsidere el plazo temporal y nos situemos como máximo a 31
de diciembre, porque yo creo que la voluntad del Gobierno, y es lo que
sería sensato, es no desplazar excesivamente en el tiempo la medida
complementaria que se tienen que hacer a la que se ha
adoptado en el régimen de plusvalías. En ese sentido yo quiero hacer
mención a ese punto y dejar constancia de que nuestro Grupo a lo que sí
se adheriría, señor Presidente, es o bien a mantener la redacción inicial
de la proposición no de ley, o bien a aceptar la enmienda del Partido
Popular resituando la fecha a 31 de diciembre del 1996.
Si no lo hiciéramos, nos podría pasar que el Gobierno, muy sensatamente,
y en el marco de la Ley de Presupuestos, adoptara decisiones, a lo mejor
no todas, pero buena parte de las decisiones que hay que adoptar para
revisar los instrumentos de ahorro, y que la ponencia todavía no hubiera
terminado sus trabajos. Yo creo que no sería ni voluntad del Gobierno, ni
deseo de esta Comisión, forzar a unos plazos en que el Gobierno tomara la
iniciativa, como debe ser, y la Comisión todavía no hubiera visto los
resultados de esa ponencia.
La segunda conclusión que quisiera hacer observar en torno al punto
cuatro, es que, respecto a las conclusiones, señor Presidente, le
agradecemos su iniciativa de sugerirnos a los portavoces las enmiendas a
incorporar a las proposiciones no de ley. Se lo repito, puesto que no me
ha escuchado, para que me atienda un segundo, si puede ser. (Risas.)
Estaba diciendo, señor Presidente, que respecto al punto cuarto le
agradezco las observaciones que nos ha hecho para terminar, digamos, de
encajar mejor la redacción de esa proposición no de ley. Yo creo que lo
primero que hay que hacer es que estas conclusiones sean remitidas al
Gobierno, porque si la ponencia se constituye es para que sus
conclusiones se remitan al Gobierno.
Ahora bien, yo creo que la redacción más correcta sería que «... previa
aprobación por el Pleno de la Cámara, se remitan al Gobierno». Es decir,
conclusiones que se remitirán al Gobierno, previa aprobación por el Pleno
de la Cámara. No elevarlas al Pleno de la Cámara, sino previa aprobación
por el Pleno de la Cámara. Porque elevarlas al Pleno de la Cámara es
elevarlas, es ponerlas en consideración, es ponerlas, digamos, en el
sistema de aprobación. Yo creo que lo que hay que hacer es someterlas a
aprobación por el Pleno de la Cámara y remitirlas al Gobierno. Esa sería
la redacción correcta que tendríamos que hacer. En ese sentido, si me
permite, señor Presidente, no quiero enmendarle, pero sí sugerirle que
las conclusiones, previa aprobación por el Pleno de la Cámara, sean
remitidas al Gobierno.
Finalmente, quiero manifestar que ésta es una buena iniciativa si la
sabemos, digamos, conducir con eficacia y rapidez. Esa no es una ponencia
para estudiar un tema. El tema está muy estudiado. La ponencia, en la
anterior legislatura, tenía las conclusiones ya muy avanzadas.
Conclusiones en torno a las que había ya un gran consenso, con lo cual no
desea nuestro grupo abrir ahora un gran debate de estudio, de análisis,
sobre esta materia, porque los temas están muy trabajados, muy
estudiados, y creo que se trata simplemente de ponerlos ya sobre la mesa,
iniciar un debate, poderlos aprobar y sugerirlos al Gobierno. Si eso se
hace con cierta celeridad y rapidez, la ponencia tiene un gran sentido y
puede hacer una gran aportación en torno a cómo pueden terminar de
modificarse hoy los regímenes fiscales de los instrumentos de ahorro y
complementar la muy positiva iniciativa que ha tomado el Gobierno en
materia de revisión fiscal de las plusvalías.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Lamentándolo mucho, señor Homs, el trámite de
enmiendas ha concluido. El señor Zabalía ya ha manifestado cuál va a ser
el texto que se somete posteriormente a votación y, por consiguiente,
estamos debatiendo nada más el texto que el señor Zabalía somete, con las
enmiendas aceptadas por él, a debate de la Comisión.
De todas maneras quería decirle, señor Homs, que la Comisión no puede
decir al Pleno lo que debe hacer con el resultado de la ponencia, en el
supuesto de que lo apruebe, sino que será el Pleno el que decida si se
remite o no al Gobierno.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, en justa respuesta a sus
observaciones debo decirle, con todo respeto, que hasta que no fijan
posiciones todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con el Reglamento,
se pueden aceptar observaciones y enmiendas in voce. Su Presidencia ha
cerrado el trámite de enmiendas literales, pero el trámite de enmiendas
in voce no se cierra, señor Presidente, hasta que no intervienen todos
los grupos parlamentarios. Lo digo con todo respeto y de acuerdo con el
Reglamento.
Segundo tema. Esta Comisión es soberana para cerrar la redacción literal
de todos los acuerdos que queremos cerrar. Y si la Comisión quiere cerrar
una remisión al Gobierno, lo puede decir, señor Presidente; con todo el
respeto también.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, el Presidente es el que interpreta el
Reglamento, y le sugiero a usted que se lea el artículo 195 del
Reglamento.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Yo quería insistir en la línea de lo que ya ha
manifestado la Presidencia, en el sentido de que si queda abierto el
trámite de las enmiendas in voce, tendremos que manifestarnos todos los
grupos de nuevo en relación con ellas, y esto sería ciertamente
interminable.
Por lo que se refiere al segundo tema, evidentemente esta Comisión tiene
la soberanía de acordar lo que estima oportuno, pero su soberanía no se
extiende hasta acordar lo que tiene que hacer el Pleno del Congreso, ya
que eso lo debe decir lógicamente el Pleno del Congreso.
Por tanto, señor Presidente, mi grupo comparte la interpretación que se
ha producido por la Presidencia en este acto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Con independencia del contenido literal, tanto
de la proposición originaria como de las enmiendas, constato en las
intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que cada
cual
entiende e interpreta muy a su modo, peculiar y singularmente, el
contenido de la proposición que estamos discutiendo y votando.
Acabo de escuchar a un portavoz decir que, en realidad, esta ponencia en
lo que tiene que entrar es en la discusión de la fiscalidad del ahorro.
No es que nosotros estemos en desacuerdo. ¡Qué más quisiéramos que
discutir la fiscalidad del ahorro en una ponencia, cuando hace pocos días
se han publicado y mañana mismo vamos a discutir decretos-ley sobre la
fiscalidad del ahorro! De manera que si esta ponencia se dedica a la
discusión de la fiscalidad del ahorro, nos parecerá muy bien y nosotros
estaremos de acuerdo; y si no se dedica a discutir la fiscalidad del
ahorro, pues también estamos de acuerdo en que en la ponencia se discuta
lo que sea.
Yo quiero recordar que el origen de esta ponencia es la Ley de Ordenación
y Supervisión del Seguro Privado. Ese es el exacto origen --algún
portavoz se ha referido a ello-- de esta ponencia, que fue necesaria en
su origen, y así estábamos todos de acuerdo, porque algunas
modificaciones fiscales que se produjeron en la citada Ley llevaron a un
reconocido desequilibrio entre las tres figuras de previsión social
complementaria que en estos momentos conviven en la realidad legislativa
española: el seguro colectivo de vida, las mutualidades de previsión
social y los planes de pensiones.
En esa Ley del Seguro modificamos la fiscalidad de alguna de ellas, en
algunos casos sustancialmente, por ejemplo en relación con las
mutualidades, y en otros casos no sustancialmente, pero sí mejoramos el
tratamiento fiscal y financiero de los planes de pensiones. Yo creo que
acertadamente coincidíamos todos los grupos parlamentarios, entonces, en
que quedaba ahí una figura de previsión social complementaria, cual es la
de seguro colectivo, con un tratamiento desequilibrado respecto de las
otras dos.
Este fue el origen de esta ponencia. Hay que recordarlo. Y yo quiero
recordarle al portavoz de Convergència i Unió que hay muchos más
instrumentos para el ahorro que las figuras de previsión social
complementaria. Ahora, si lo que se quiere discutir en la ponencia es la
fiscalidad de todos los instrumentos para el ahorro en la sociedad
española, ya digo que nosotros estaríamos encantados, pero mucho me temo
que eso no vaya a ser así.
En segundo lugar, creo que nos deslizamos también hacia una consideración
demasiado cercana de la ponencia en relación con el Pacto de Toledo. Eso
no quiere decir que no vayamos a votar en contra de la enmienda del Grupo
Popular a esta proposición. Es claro que las conclusiones de esta
ponencia deberán estar en concordancia con los objetivos expresados en la
recomendación 14 del Pacto de Toledo, pero nosotros vamos a tratar de
separar esta ponencia de todo lo que tenga que ver con el Pacto de
Toledo, porque si, aunque sólo sea en términos interpretativos,
asimilamos esta ponencia a la recomendación 14 del Pacto de Toledo, ¿eso
qué quiere decir?, ¿que un eventual desacuerdo en esta ponencia en
relación con la fiscalidad modificada de los seguros colectivos de vida
significa un desacuerdo en relación con el contenido del Pacto de Toledo?
Para nosotros no, porque son dos cosas completamente distintas. La
fiscalidad de los seguros colectivos de vida debería posibilitar un
desacuerdo y, sin embargo, eso no afectará al posible y deseado consenso
por todos respecto al Pacto de Toledo.
Por lo tanto, señorías, mantengamos el contenido, la materia de discusión
de esta ponencia, en los estrictos términos que dieron lugar a la misma,
que es equilibrar el tratamiento fiscal de las tres figuras de previsión
social complementaria. Punto. Y no hay, desde nuestro punto de vista,
necesidad de añadir más elementos para la discusión en la ponencia.
Empiezo por decir, y concluyo, que nuestra posición será ésa, pero que si
algún grupo parlamentario está interesado en que las materias en
discusión vayan más allá de aquellas a las que me vengo refiriendo a lo
largo de mi intervención, también lo aceptaremos gustosamente, insisto,
porque somos más partidarios de la ponencia que del decreto-ley para
discutir y modificar estas cuestiones. De manera que sin ninguna posición
contraria que se manifieste en una votación, ni al texto ni a ninguna de
las enmiendas, queremos dejar sentado que nuestra posición es la de
circunscribir la discusión en la ponencia a aquellas materias que dieron
lugar a su nacimiento en el momento en que discutimos la Ley del Seguro
Privado. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Homs tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Es que me he leído, siguiendo su recomendación el
artículo 195 del Reglamento y, si me lo permite, señor Presidente,
quisiera volver sobre el tema.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, lo siento, pero el debate ha concluido
así, aunque, sin perjuicio de lo cual, cuando acabe la Comisión,
charlaremos todo lo que usted quiera sobre la tramitación de las
proposiciones no de ley.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, yo creo que cuando es
interpretación del Reglamento tengo facultad para pedir que se
interprete.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, si quiere usted, efectivamente puede
leer el artículo del Reglamento que tenga usted por conveniente, por
supuesto que sí.
El señor HOMS I FERRET: Se trata simplemente de que su Presidencia ha
formulado una enmienda in voce, adicionando, a la enmienda concreta y
particular que han hecho los grupos parlamentarios, una modificación a la
redacción de la proposición no de ley. Y siguiendo el mismo
procedimiento, como creo que también tengo derecho, como Diputado y
portavoz de un grupo, a hacer también enmiendas in voce, he complementado
la que ha hecho usted, y usted, en respuesta, me ha dicho que no
procedía, de acuerdo con el Reglamento. Entonces yo quiero saber por qué
razón el Presidente puede hacer una observación in
voce y ser admitida, y por qué un portavoz de un grupo parlamentario no
la puede hacer.
Además el artículo 195, que usted me ha dicho que me leyera, dice
exactamente, señor Presidente: «La proposición no de ley será objeto de
debate en el que podrá intervenir, tras el Grupo Parlamentario autor de
aquélla, un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios que
hubieran presentado enmiendas y, a continuación, de aquellos que no lo
hubieran hecho.» Es decir, mi grupo parlamentario. Y sigue: «Una vez
concluidas estas intervenciones...» --es decir, incluso la del portavoz
que no ha hecho enmiendas-- «...la proposición, con las enmiendas
aceptadas por el proponente de aquélla, serán sometidas a votación». Con
lo cual yo creo que, tras mi intervención, tengo derecho a formalizar
enmiendas in voce, simplemente con el pretexto de complementar la que ha
hecho in voce el Presidente de la Comisión, y no veo por qué razón se me
tiene que excluir el derecho de poder sugerir la enmienda in voce al
texto de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, esta Presidencia no formula ninguna
enmienda in voce. Esta Presidencia ha sugerido al proponente que
formulase él mismo una enmienda a su propia proposición, exclusivamente.
Esta presidencia, evidentemente, ni puede ni debe formular enmiendas in
voce. Ha sugerido, sin embargo, por bien del trabajo parlamentario, y a
instancias de los servicios de la Cámara, el que así se hiciera.
Por otra parte, señor Homs, esta Presidencia entiende que es mejor, a
efectos de su tramitación en Comisión, en la medida en que el debate es
mucho más elástico que en el Pleno y en la medida en que se pueden
introducir, por bien también del trámite parlamentario, enmiendas in voce
en el trámite oportuno del debate de las proposiciones no de ley, que por
parte del proponente se acepten o no las enmiendas antes de que por los
demás grupos se proceda a debatir sobre el fondo de la cuestión de la
proposición no de ley, porque si no estaríamos expuestos a que el debate
se reabriera permanentemente como consecuencia de las sucesivas enmiendas
in voce que se pudieran formular por aquellos grupos que no las
formularon oportunamente en su día, dentro del trámite parlamentario
reglamentario, para que además los otros grupos que han enmendado con
anterioridad, posteriormente ya no puedan debatir sobre las enmiendas in
voce que desconocen, y además posiblemente tampoco por quien presenta la
proposición.
Por consiguiente, esta Presidencia entiende que se pueden introducir
después de que por el portavoz del grupo que presenta la proposición no
de ley se han aceptado o no las enmiendas formuladas por los grupos
parlamentarios que las han hecho, y en su caso alguna enmienda in voce, y
a los solos efectos de la pulcritud de la proposición no de ley para que
pueda seguir adecuadamente el trámite parlamentario, es decir, a los
solos efectos de correcciones formales; posteriormente por los demás
Grupos se fija la posición, como se ha hecho, y esta Presidencia entiende
así que el debate ha sido correcto.
--SOBRE LIMITACION DE LA ACTIVIDAD DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO A LAS
DEFINIDAS PARA LA NOTA DEL GRUPO 811 Y 812 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO
1175/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000038.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por consiguiente, al siguiente punto del
orden del día, que es la proposición no de ley, formulada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre limitación
de la actividad de bancos y cajas de ahorro a las definidas para la nota
del grupo 811 y 812 del Real Decreto legislativo 1.175/1990, de 28 de
septiembre.
Para defender la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: También de forma muy breve, para indicar que esta
iniciativa parlamentaria tiene su origen en el hecho de que hay cajas de
ahorro y bancos que, a efectos de la tributación del Impuesto de
Actividades Económicas, realizan actividades no declaradas (seguros,
leasings, cambio de monedas...), y que, en consecuencia, estas
actividades no declaradas significan el no pago, la no tributación del
Impuesto de Actividades Económicas, resultando además que este hecho
tampoco ha sido detectado regularmente por los servicios de inspección.
En este sentido, los propósitos que animan la presentación de nuestra
iniciativa parlamentaria son dos:
En primer lugar, la equidad fiscal, sobre todo teniendo en cuenta que se
efectúa por parte de estas entidades financieras competencia desleal a
pequeñas y medianas empresas o a empresas familiares.
En segundo lugar, nuestro propósito también es asegurar que no se
produzca una disminución de los ingresos de los ayuntamientos. Es decir,
queremos que las cajas y los bancos declaren todas las actividades que
realizan y que, en consecuencia, coticen por todos los impuestos.
El origen de este hecho ha sido verificado y comprobado por nuestro
grupo, especialmente en la provincia de Murcia. Nos hemos dirigido a
todos los municipios con competencias en inspección delegada, donde hemos
comprobado la no tributación por estas actividades no declaradas, y al
mismo tiempo nos hemos dirigido a la Agencia Estatal Tributaria que,
evidentemente, nos ha confirmado que se ha de tributar por todas las
actividades realizadas.
En este sentido, lo que proponemos en nuestra proposición no de ley es,
en primer lugar, solicitar de las instituciones financieras que
legalmente definan su actividad y que, evidentemente, declaren y tributen
por cuantas actividades realicen, así como que las delegaciones
provinciales de Hacienda respectivas trabajen y colaboren en esta
dirección.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una
enmienda por parte del Grupo Parlamentario
Popular, para cuya defensa tiene la palabra el señor Milián.
El señor MILIAN MESTRE: Evidentemente, entendemos el interés del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por esta iniciativa. A ellos les
preocupa un fenómeno de competencia, por llamarlo, entre comillas,
«ilegal», probablemente harto conocido por determinadas reivindicaciones
sectoriales del pequeño comercio local en amplios ámbitos de nuestro
país, no sólo en Murcia, sino en Cataluña, en Castilla y en otras partes.
Pero es práctica también usual en todas las instituciones de captación de
recursos financieros la utilización de estímulos complementarios
marginales o paralelos, u otros estímulos específicos para completar su
actividad financiera y, evidentemente, recuperar parte de sus pasivos.
Nuestro entendimiento no presupone la comprensión o la anuencia en cuanto
a la filosofía de la propuesta, puesto que por nuestra parte existen
algunas aclaraciones que hacer no solamente al contenido, que en su caso,
tal y como ha sido planteada la propuesta, no es muy explícito, o es algo
confuso, sino en cuanto a los objetivos que se proponen y a la manera de
alcanzarlos.
El objetivo de la proposición no de ley entendemos que cubre un cuádruple
planteamiento:
Primero, que los bancos y cajas de ahorro se limiten a realizar su
actividad propia, consistente en recoger, transformar y repartir recursos
financieros entre sus clientes, eliminando las demás actividades
mercantiles desarrolladas por otro tipo de entidades y estableciendo las
modificaciones legales y reglamentarias que sean precisas para lograr
tales objetivos.
En segundo lugar, que los bancos y cajas de ahorro se den de alta en el
IAE por todas y cada una de las actividades que en sus oficinas y
sucursales se desarrollan.
En tercer lugar, que tributen por las actividades extrabancarias desde el
momento en que se iniciaron tales actividades, con las sanciones
tributarias que procedan en su caso.
En cuarto lugar, evitar que estas entidades financieras realicen una
competencia desleal a los pequeños comercios, negocios y fábricas que
desarrollan su actividad única en una localidad.
Vistas así las cosas, habría que hacer referencia a algunos posibles
antecedentes, puesto que el debate nos retrotrae simplemente a enero de
este año, en la Ley del Comercio, donde ya aparecieron algunas enmiendas,
precisamente una de nuestro grupo parlamentario, que no fue aceptada, y
otra que fue transaccionada por el Grupo Socialista, y que de alguna
manera ya predeterminaban algunos de los defectos que ahora esta
proposición no de ley está aquí subrayando o planteado.
Nuestro juicio crítico respecto a esta propuesta se hace preciso al
indicar que la presente iniciativa, que ciertamente no es modélica en
cuanto a su exposición sistemática, induce a un cierto error en relación
con la cita del Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre,
al referirse textualmente a la nota del grupo 811 y 812. Tal Real Decreto
legislativo, de 28 de septiembre del año 1990, aprobó las tarifas y la
instrucción para la aplicación del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Se trata de una extensísima norma, que simplemente a título de anécdota
puede indicarse que ocupa cerca de un centenar de páginas en el Aranzadi,
y que tiene dos anexos comprensivos respectivamente de dichas tarifas e
instrucción.
Pues bien, dentro de la división 8.a del anexo I, la agrupación 81
contempla la actividad de las instituciones financieras, refiriéndose
justamente al grupo 811 (a los bancos) y al grupo 812 (a las cajas de
ahorro), y distinguiéndose dentro de cada grupo la tarifa a abonar por el
impuesto según el número de habitantes de la localidad en que dichas
instituciones presten sus servicios.
A su vez, en nota incluida en la división 8.ª, la agrupación 81 --y lo
digo por lo que después se propondrá en la transaccional--, en el grupo
811 se define la actividad del epígrafe para los bancos, mientras que en
la análoga nota de igual división y agrupación, en el grupo 812 se
enumeran, en el caso de las cajas de ahorro, las instituciones que
integran el grupo, sin precisar su actividad.
Sin ánimo de hacer más prolija, por lo tanto, tal enumeración, baste
decir que otros grupos contemplan diferentes actividades sujetas a
tributación. Por ejemplo: el 819.3, al arrendamiento financiero o
leasing; el 819.4, al cambio de moneda; el grupo 821, a seguros de vida y
capitalización; el 823, a actividades de montepíos y cajas, etcétera.
Pues bien, lo que la iniciativa expone o en cierto sentido de denuncia es
que las instituciones financieras realizan, junto con la actividad que
pudiera considerarse como propia o típica de las mismas, y que son lo que
en la propia terminología bancaria constituyen las operaciones de activo
y pasivo, otras actividades más o menos conexas de dicha actividad
típica, como los arrendamientos financieros, la intervención en el campo
de los aseguramientos, el cambio de moneda y otras que la iniciativa
silencia y que podríamos añadir, como depósitos regulares mediante cajas
de alquiler, factoring, etcétera, por las cuales pudieran no estar
tributando en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Expuesta así la cuestión, por lo tanto, forzoso es reconocer el casuismo
y el tecnicismo de la misma, no sólo por razón de las múltiples
actividades, sino porque el devengo de un tributo tiene lugar por cada
establecimiento o local donde se efectúen todas o algunas, así dice
textualmente la norma.
Dicho esto, las conclusiones por nuestra parte son las siguientes.
Primero, que las actividades que realizan bancos y cajas constituyen un
entramado sumamente complejo, siendo no obstante su actividad sustancial
de carácter financiero, tal como recogen los grupos 811 y 812,
respectivamente, de la sección 1.ª, de las tarifas sobre el Impuesto de
Actividades Económicas, aprobadas por el Real Decreto Legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre. Segundo, que debido a la complejidad
antes referida, y al igual que ocurre en otros sectores de actividad
económica, surgen dudas interpretativas en cuanto a la calificación y
clasificación en las tarifas de las actividades realizadas por bancos y
cajas de ahorro. Tercero, finalmente, y por lo que
se refiere a la actuación de gestión que demandan, debe indicarse que no
es necesario editar ninguna instrucción concreta, sino que ésta será en
cada caso la que se derive de la normativa vigente.
Hecho este análisis y esta clarificación, nuestro grupo parlamentario ha
propuesto una enmienda, cuyo texto paso a leer.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con el fin de
superar las dudas planteadas con motivo de la aplicación de los epígrafes
811 y 812 de las vigentes tarifas de licencia fiscal, estudie la
modificación de las mismas en un doble sentido: primero, incrementando la
cuantía fijada en ellos, sobre la base de los estudios económicos que se
realicen y teniendo en cuenta el beneficio medio actual por oficina;
segundo, precisando, mediante nota, el concepto de bancos y cajas de
ahorro, así como también el contenido de la actividad propia de las
entidades de crédito, integrado por muy diversas actividades que hasta
épocas recientes se regulaban en una pluralidad de normas, hallándose en
la actualidad recogidas en el artículo 52 de la Ley 26/1988, de 29 de
julio, en su nueva redacción dada por la Ley 3/1994, de 14 de abril. Tras
la realización de los estudios económicos se remitirá a la Cámara la
correspondiente reforma legislativa para su tramitación.
Señorías, se trata de un texto alternativo al presentado por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y esperamos que sea aceptado o
consensuado en la medida de lo posible para poder llegar a un pleno
asentimiento respecto a su propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Saura, para manifestar si acepta o
no la enmienda formulada.
El señor SAURA LAPORTA: Aceptaríamos una enmienda transaccional que
haremos llegar a la Mesa y, por lo tanto, es la que pondríamos a votación
de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Le importa hacérmela llegar para proceder a su
lectura y que sea conocida por los grupos parlamentarios?
La propuesta transaccional que formula el Grupo de Izquierda Unida sería
la siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con el fin de
precisar y aclarar las dudas surgidas con motivo de la aplicación de los
epígrafes 811 y 812 y los demás de la agrupación 81 de las vigentes
tarifas del Impuesto de Actividades Económicas, estudie la modificación y
precisión de las mismas en un triple sentido: primero, incrementando la
cuantía fijada para bancos y cajas de ahorro sobre la base de los
estudios económicos que se realicen y teniendo en cuenta el beneficio
medio actual por oficina, derivado de las actividades recogidas por los
epígrafes de la agrupación 81; segundo, precisando, mediante nota, el
concepto de bancos y cajas de ahorro, así como también el contenido de la
actividad propia de estas entidades de crédito, integrado por muy
diversas actividades que hasta épocas recientes se regulaban en una
pluralidad de normas y que en la actualidad están recogidas en la Ley
3/1994, de 14 de abril; tercero, tras la realización de los estudios
económicos se remitirá a la Cámara la correspondiente iniciativa
legislativa.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Sobre la proposición no de ley que presenta el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre el
tema de la limitación de las actividades de la banca y cajas de ahorro,
basándose en una interpretación de los artículos correspondientes del
Real Decreto legislativo del año 90, de 28 de septiembre, y que tiene
como base unas cuestiones concretas que han observado en algunas
localidades como Puerto Lumbreras, Alcantarilla, Jumilla, Yecla y otros,
tengo que decir en nombre de Coalición Canaria que consideramos que es
necesario un estudio a fondo, como se ha dicho aquí, para delimitar el
concepto de la actividad de bancos y cajas de ahorro, y también de esas
agencias pequeñas que se aprovechan de que están los bancos cerrados para
cobrar comisiones abusivas a los visitantes, con grave perjuicio para la
imagen turística de España, y luego esas agencias llamadas pequeñas, que
suelen tener uno o dos funcionarios, van a los bancos a vender la divisa.
Por lo tanto, la debilidad de estas agencias, por lo menos en Canarias,
no existe; en proporción ganan muchísimo más que un servicio bancario de
este tipo.
Por todo ello es conveniente profundizar en esta legislación y exigir al
Banco de España que la inspección se realice no solamente en los bancos y
cajas de ahorro, sino también a estas entidades que ahora son permitidas,
pero que están cometiendo verdaderos abusos, aprovechando que trabajan
fuertemente en las horas que los bancos están cerrados. Los turistas que
van a la playa, al volver de ésta, suelen ir a estas entidades pequeñas y
ahí se tienen que someter a las comisiones mínimas y a la comisión de
tanto por ciento que les quieran cobrar.
Por lo tanto, la posición de la Coalición Canaria va a ser a favor de la
enmienda presentada por el PP, y si se aprueba alguna transaccional,
también la apoyaremos.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Esta proposición de ley que presenta el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pretende que se
eleven al Gobierno o que se remitan a las Cortes las reformas
legislativas para limitar las actividades de los bancos y cajas de
ahorro. Y concretamente establece esa limitación al Real Decreto
1175/1990, que establece que los bancos y cajas de ahorro recogerán,
transformarán y repartirán recursos financieros que en una parte
importante tienen constituidas sus obligaciones frente a sus clientes por
depósitos a la vista transferibles, eliminando las demás actividades más
propias de otras entidades. También se pretende que se practiquen
actuaciones de inspección sobre el alta en el Impuesto de Actividades
Económicas por cada una de las actividades que realizan las cajas de
ahorro y los bancos, es decir, las entidades financieras. Si bien hace
referencia a la problemática surgida o, digamos, analizada en la región
de Murcia, yo creo que es entendible que esto se extiende al resto de las
actuaciones en el Estado por parte de estas entidades.
En concreto, ¿qué es lo que dice esta proposición de ley? Primero, que la
realización de actividades por parte de cajas y bancos, fuera del campo
específico de las actuaciones, tiene que ser de alguna forma revisada; es
decir, todo aquello que está fuera de sus competencias o de lo que se
establece en las competencias. Y por otra parte, además, se denuncia el
incumplimiento de darse de alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto de Actividades Económicas para todas las actividades que
realizan.
Yo creo que estos dos aspectos están ya regulados con una normativa
específica. ¿Que es mejorable? Por supuesto, eso sería cuestión de
analizarlo. Yo creo que el problema es que no se están ajustando
precisamente a la normativa existente. Por lo tanto, la actividad de
estas entidades sería un problema de incumplimiento de normativa, con lo
cual, lógicamente, la actuación a llevar a cabo sería la de obligar a los
entes correspondientes a que se acogiesen a las competencias que
exclusivamente tienen los bancos y las cajas de ahorro en sus
actividades, es decir, al cumplimiento de esa normativa.
Por otra parte, tengo entendido que ya, por lo menos en relación con las
cajas de ahorro, en este momento, en el seno de la comisión fiscal de
cajas, se está discutiendo esta temática, y existía un cierto acuerdo,
incluso la aceptación de una elevación de la cuota, a cambio de que el
epígrafe 812 incluyera un concepto de actividad de cajas de ahorro más
acorde con la actual realidad económica; y la propia CECA, en
representación de las cajas, yo creo que ha iniciado contactos con la
Administración de Tributos y con la Federación de Ayuntamientos. Por lo
tanto, ya estaban, digamos, en resolver esa problemática.
En esta situación mi grupo, en principio y tal como estaba redactada la
proposición no de ley, no era partidario de la misma o no creía
conveniente su toma en consideración. Sin embargo, a la vista de la
enmienda que ha presentado el Grupo Popular, sí vemos que esa redacción
está más acorde con nuestra postura, porque de hecho lo que se establece
es el estudio detenido de esta problemática para dar la solución
correspondiente, y por lo tanto, si el grupo que es autor de la
proposición no de ley aceptara la enmienda del Grupo Popular, por nuestra
parte no tendríamos inconveniente en votar a favor de su toma en
consideración.
Esta sería nuestra postura en caso de que prosperara la enmienda del
Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene
la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: La posición del Grupo Parlamentario Catalán en
torno a la proposición no de ley es básicamente la siguiente. En el
contenido y el propósito que persigue la misma podríamos estar de
acuerdo, es decir, los epígrafes 811 y 812 del IAE hoy requieren una
revisión, pero para nosotros requieren una revisión estos dos epígrafes y
otros muchos más del IAE. Quizá la simplificación de estos dos epígrafes
no permite recoger exactamente toda la pluralidad de actividades que se
pueden desarrollar a través de una institución financiera, podría ser, y,
por consiguiente, cabría iniciar una revisión de estos epígrafes, pero la
verdad es que, tal como está redactada la proposición no de ley, nuestro
grupo está en contra de esa literalidad. No la vemos acertada. Creemos
que a lo que hay que proceder es a modificar el decreto legislativo,
instar a una revisión más profunda de todo el Impuesto de Actividades
Económicas (no solamente en estos dos epígrafes, sino en otros muchos
más), modificar aspectos procedimentales y definir nuevos criterios para
tipificar cuáles son las obligaciones fiscales para que el contribuyente
pueda, digamos, saber exactamente cuáles son sus obligaciones
tributarias. La verdad es que abordar un compromiso puntal para el 811 y
el 812, sin abordar los demás epígrafes del IAE, no nos parece un
compromiso acertado.
Ahora bien, conocida ya la enmienda transaccional que se plantea a esta
proposición no de ley, señor Presidente, y sin deseos de abrir aquí un
gran debate ideológico en torno a esta iniciativa del Grupo Izquierda
Unida, mi grupo, de la literalidad de la propuesta transaccional que se
hace, llega a la conclusión de que lo que estamos haciendo es instar al
Gobierno a que estudie la posible modificación de estos dos epígrafes,
que no estamos mandatando ningún otro compromiso más que se elabore un
estudio de la revisión de estos epígrafes, el 811 y el 812, y se le dan
unos criterios para realizarlo. Uno es que se incremente la cuantía
fijada para bancos y cajas de ahorro --casi de entrada estamos ya
prejuzgando las conclusiones del estudio--, es decir, que se incremente
la tributación que deben realizar estas instituciones financieras. Bueno,
que se incremente siempre y cuando se ajuste a los criterios que hoy
tiene el impuesto, o si no habrá que cambiar los actuales criterios. Por
eso creemos que la obligación a la que deberíamos instar al Gobierno es a
revisar el impuesto, no solamente en esos dos epígrafes, porque no es un
problema de definición de los contenidos y de los criterios por los
cuales se define la obligación a tributar por el Impuesto de Actividades
Económicas. Ahora, si simplemente se trata de realizar un estudio
económico, como se establece en el primer punto, con el propósito de que
del mismo se desprenda un incremento de tributación, nuestro grupo a ese
propósito no puede, digamos, dar su voto. Sí puede dar su voto a la
voluntad de realizar un estudio, un estudio abierto, sin conclusiones
previas. Si de él se desprenden aplicaciones posteriores, como pueda ser
una revisión de la fiscalidad de ese impuesto y de los criterios, y la
consecuencia es un incremento de tributación, ya se verá, pero, de
entrada, respecto a mandatar que el estudio se haga con el propósito y la
voluntad de incrementar el IAE, nuestro grupo no está de acuerdo en
incrementar ningún impuesto y, por lo tanto, en ese sentido no estamos
por adherirnos a una voluntad de análisis prejuzgando que el resultado
sería incrementar el impuesto.
El segundo punto dice que precisando mediante nota el concepto bancos y
cajas de ahorro. Ahí sí que podíamos nosotros estar más de acuerdo,
porque sí que se requiere una definición de la función de la actividad de
la institución financiera para que encaje en los epígrafes 811 y 812. Ahí
sí que creemos que ese estudio podría ayudar muy bien a tipificar
claramente las funciones y actividades de las instituciones financieras,
deslindando algunas funciones y encajándolas en otros epígrafes. Y en el
tercer punto se dice que tras la realización del estudio económico se
remita a la Cámara la correspondiente reforma legislativa, y nos parece
muy acertada la conclusión.
Por consiguiente, señor Presidente, analizada esa enmienda transaccional
y habiendo hecho estos comentarios, nuestro grupo votaría a favor del
segundo y del tercer punto de la propuesta y se abstendría en el primero.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Fernández Marugán.
El señor FERNANDEZ MARUGAN: Señor Presidente, cuando mi grupo tuvo la
oportunidad de analizar el contenido de la proposición no de ley que ha
presentado a esta Cámara y a esta Comisión el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nuestra posición inicial fue la
de oponernos a la misma. Creíamos que no era conveniente que adoptáramos
una iniciativa de esta naturaleza, a la vista de los argumentos y del
propio contenido de la proposición no de ley. Nos pedía el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que limitáramos
la actividad definida para las cajas y los bancos en las notas a los
epígrafes 811 y 812 del IAE, antigua licencia fiscal.
Pero ha sido un poco el debate habido esta mañana aquí, en el seno de la
Comisión, en el cual nos hemos encontrado con una enmienda presentada por
el Grupo Popular y con una enmienda transaccional presentada a su vez de
nuevo por el Grupo de Izquierda Unida, el que nos ha hecho variar esta
posición inicial, y nosotros hemos de señalar que el propósito de nuestro
grupo es votar a favor de la transaccional que ha leído el señor
Presidente. Y lo hacemos porque creemos que las notas a los epígrafes 811
y 812 establecen única y exclusivamente elementos básicos de la
definición de la actividad de estas instituciones, que, en nuestra
opinión, es preciso, es necesario acotar, con el fin de establecer de la
manera más precisa el régimen de supervisión y control a que están
sometidos las cajas y los bancos. Y nos parecen bien los extremos en los
cuales esta enmienda transaccional se ha establecido, señalando la
conveniencia y la necesidad de realizar un conjunto de estudios en virtud
de los cuales pueda incrementarse la cuantía del IAE en este tipo de
oficinas, con el fin de que refleje el tipo de actividad económica que en
ellos se realice; que se eliminen las dudas interpretativas precisando de
la manera más exacta y conveniente el concepto y de caja y banco.
Por último, teniendo en cuenta que la normativa de actuación de estas
instituciones ha venido fijada a lo largo de los últimos años por una
serie de leyes y decretos legislativos, en los cuales se recogía una
parte importante de la legislación comunitaria, teniendo en cuenta, por
lo tanto, que no es el IAE el instrumento que debe definir el ámbito de
actuación de estas instituciones, a nosotros nos parece conveniente que,
una vez que se hayan hecho esos estudios, se remita a la Cámara la
correspondiente reforma legislativa que ampara y que modifica la
proposición inicial y la enmienda transaccional que ha ofertado en esta
sesión el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate pasamos a analizar la siguiente
proposición no de ley formulada... (El señor Milián Mestre pide la
palabra.)
¿Señor Milián?
El señor MILIAN MESTRE: Queda por nuestra parte manifestar la aceptación
explícita de la transaccional, cosa que no se ha producido.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: En este sentido simplemente quiero decir que la
transaccional recoge absolutamente todo nuestro texto, con un pequeño
añadido respecto a la precisión de la agrupación 81, y en ese caso
nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo nuestro y, por lo
tanto, votar a favor de la enmienda.
--SOBRE ELABORACION DE UN PLAN GLOBAL DE ACTUACIONES PARA LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000054.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día,
proposición no de ley sobre elaboración de un plan global de actuaciones
para la Comunidad Autónoma de Galicia, formulada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para cuya defensa tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Por razones muy diversas de todo tipo y que
además proceden de mucho tiempo atrás, razones que nos podemos atrever a
calificar de históricas, lo que es evidente y resulta indiscutible es que
la Comunidad Autónoma de Galicia se encuentra en una situación distinta
de lo que es la media del conjunto del Estado español, tanto a nivel de
desarrollo económico como a nivel de renta, a nivel de infraestructuras,
y en general en una situación que nos atreveríamos a calificar de
deprimida.
Desde esa perspectiva y ante esa realidad evidente, es una opinión
extendida, yo creo que es una opinión unánime, la de que la actuación del
Estado debe ser especialmente intensa en esta comunidad autónoma, en
orden a intentar conseguir que se recupere de ese proceso histórico, ese
proceso secular, en el que se ha visto sumida por muy
distintas razones que no tiene sentido aquí, en esta Comisión y en el
marco de esta iniciativa, analizar. Pero, sin lugar a dudas --insisto--,
parece evidente que el Estado, la Administración pública, debe llevar a
cabo un papel decidido, un papel protagonista en intentar colaborar a que
la Comunidad Autónoma gallega supere ese atraso histórico en el que se
encuentra en la actualidad.
Sin lugar a dudas, ante este reto la Administración pública, al día de
hoy, actualizando en este sentido la proposición no de ley y los análisis
que sobre la situación gallega se han venido realizando, esa
Administración pública que debería cumplir un papel importante en
relación con Galicia, se encuentra ante una tesitura muy concreta, y es
la tesitura de que esa Administración pública, tanto a nivel autonómico
como a nivel de la Administración central, en estos momentos se encuentra
en manos de gobiernos de la derecha; gobiernos que han planteado un
programa, en concreto un programa de financiación autonómica en virtud de
acuerdo con los grupos nacionalistas vasco, catalán y canario, que, sin
lugar a dudas, en el caso de la Comunidad Autónoma gallega, va a tener
una incidencia perjudicial para la misma. No lo sabemos exactamente
todavía, el Gobierno insiste en que no conoce ese tema, pero existen
cifras muy diversas acerca del coste de esos acuerdos de financiación
autonómica, y la conclusión que parece clara de todos los análisis que
existen sobre este tema es que, así como hay comunidades autónomas, en
general las de renta más alta, que van a salir beneficiadas con dichos
acuerdos, también parece evidente que las comunidades autónomas con renta
más baja van a salir perjudicadas. Desde esa perspectiva, esos acuerdos
de financiación autonómica van a situar a la Administración pública, en
este caso a la Administración pública autonómica, en una situación más
difícil para poder atender ese reto que en opinión de todos debe asumirse
en relación con la situación de Galicia.
Por otra parte, no sólo en el terreno de la financión autonómica, también
en el terreno de la propia actuación de la Administración central en
relación con Galicia, el dato político de que esa Administración central
en estos momentos esté dirigida por gobiernos y por fuerzas políticas que
se reclaman y que comparten los clásicos valores que se han considerado
de la derecha va a tener una incidencia perjudicial en el caso de
Galicia. Basta pensar, señorías, en la política que se ha anunciado por
parte de este Gobierno en relación con la privatización de empresas
públicas. La empresa pública tiene un papel preponderante en Galicia.
Precisamente por ese retraso histórico de esta comunidad autónoma, los
esfuerzos que se han llevado a cabo por la Administración pública tienen
un papel más relevante en la misma. Y en relación con ese papel
relevante, las políticas de privatización tan agresivas como se han
anunciado por parte del Gobierno central obviamente han sembrado la
inquietud y la preocupación en el caso de miles de trabajadores de la
Comunidad Autónoma gallega.
Nosotros, señorías, con esta proposición no de ley queremos llamar la
atención sobre la situación de la Comunidad Autónoma gallega e intentar
al comienzo de la legislatura, por parte del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, en este sentido recogiendo los
planteamientos que nos llegan desde Esquerda Unida-Esquerda Galega, hacer
una llamada de atención sobre la situación de la Comunidad Autónoma de
Galicia. Nos parece que si los datos de inversión por habitante de la
Comunidad Autónoma de Galicia, en lo que se refiere al período 1993/1994,
se sitúan en 13.498 pesetas, un 42 por ciento menos que la media estatal,
estos datos deben ahora, al comienzo de la legislatura, de servir de un
punto de referencia e importante a todos los grupos parlamentarios para
intentar conseguir que el esfuerzo que tiene que hacerse en relación con
Galicia no decaiga en ningún momento, sino que, por el contrario, se vea
incrementado y se vea reforzado hasta conseguir que esta comunidad
autónoma se aproxime y alcance los niveles medios del conjunto del Estado
como mínimo.
Este es el sentido político, éste es el sentido estratégico y éste es el
contenido fundamental de la proposición no de ley que presenta nuestro
grupo, que, como pueden comprender SS. SS. y como conocen a través del
texto que les ha sido repartido, hace hincapié en distintos apartados,
los relativos a desarrollo industrial, al sector agrícola y ganadero, al
sector pesquero, piezas fundamentales de la estructura económica y social
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Nosotros nos permitimos solicitar de SS. SS. que, más allá del dato
concreto que pueda contenerse en esta proposición no de ley, más allá de
la referencia de carácter económico, de carácter temporal, incluso de
carácter político que pueda contenerse en la misma, aprecien esta
iniciativa como un intento del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y de la fuerza política Esquerda
Unida-Esquerda Galega de conseguir que todos los grupos parlamentarios
compartan la preocupación por la situación de Galicia y aúnen esfuerzos
para intentar conseguir que desde la Administración pública, tanto la
autonómica como la central, se redoblen los esfuerzos para conseguir que
Galicia pueda, en el plazo más corto posible, recuperarse de ese atraso
secular.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Socialista tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO ALVAREZ: La verdad es que la intervención del señor
Peralta, muy adecuada y bien planteada, coincide poco con la proposición
no de ley que entregan por escrito. Yo quiero empezar mi intervención
diciendo que si por escrito hubiera aparecido lo que el señor Peralta
acaba de decir aquí, nosotros probablemente fuéramos a votar de forma
diferente. En la proposición no de ley que estamos debatiendo se hace, en
primer lugar, un análisis de la situación de la economía de Galicia que
es bastante incompleta y ciertamente sesgada, y, por tanto, no la podemos
asumir. No la podemos asumir ni desde el plano teórico ni desde el plano
político. Además, en esa exposición por escrito en la que se analizan los
últimos años de la evolución económica relacionados con Galicia, aparece
algún olvido lamentable. No se habla de las autovías que se están
haciendo, que
probablemente sean la obra histórica más importante que se hizo nunca en
Galicia y en estos momentos parcialmente en utilización, en uso ya; no se
habla de los aeropuertos, no se habla de los puertos, no se habla de las
costas. Por lo tanto, en mi opinión, se hace una interpretación no muy
adecuada de lo que fueron estos últimos años en relación con la inversión
desde la Administración del Estado en Galicia.
Cuando se analiza la proposición concreta, vemos que el énfasis y todo el
enfoque se hace excesivamente sobre el papel de la empresa pública. Y
cuando uno lo analiza así, tiene sentimientos e impresiones
contradictorias, porque no parece razonable a estas alturas pensar que la
actividad de la industria en Galicia tiene que solucionarse
exclusivamente o fundamentalmente a través de la empresa pública. Al
tiempo, y el señor Peralta lo decía en su intervención, sí es claro que
la empresa pública juega un papel muy importante en este momento en
Galicia, y nosotros queremos que lo siga jugando.
Hoy es un día de una importancia bastante relevante, porque hoy se está
discutiendo en Galicia y se habla en toda la prensa de Galicia del
intento de privatización de algunas empresas representativas, simbólicas,
que generan empleo. Algunas, como el caso de Barreras, de la que hoy se
está hablando en Vigo de forma bastante importante, con una trayectoria,
con una buena perspectiva. Ciertamente, estas actuaciones en este momento
sí que generan una enorme inquietud, y, por tanto, si en lugar de una
proposición en estos términos, se hubiera resumido a una declaración o a
un posicionamiento sobre la inconveniencia y la oposición a ese intento
de privatización que en este momento se debate en Galicia, yo le puedo
asegurar al señor Peralta que tendría nuestro sí entusiasta. Pero no
parece conveniente centrar la actividad económica de Galicia en la
extensión de la actividad de las empresas públicas. No parece que en este
momento eso sea el ámbito por el que se tiene que ir. Sin embargo, sí
parece razonable plantear que sigan operando las empresas públicas que en
este momento están. Al tiempo, sí hay algunos elementos en la proposición
no de ley que señalan cuestiones importantes; por ejemplo cuando, al
abordar el ámbito de la industria, se habla de la conveniencia de
completar algún ciclo productivo de alguna empresa pública. A mí me
parece que eso es muy sensato, bien planteado. Sin embargo, no
necesariamente tiene que ser la actividad pública la que lo haga. Puede
ser actividad privada, y por ahí probablemente pudiéramos ponernos de
acuerdo.
Respecto a algunas cuestiones de dinamización del entorno de algunas
zonas donde hay empresas públicas, nosotros planteamos en la anterior
legislatura, por ejemplo respecto a Endesa, relacionado con su actividad
en Puentes de García Rodríguez, la conveniencia de que dicha empresa
dedicara una parte de su actividad allí a la dinamización de ese entorno,
que lo necesita bastante. Por tanto, en estas cuestiones y planteadas de
otra forma, sí podríamos tener algún punto de coincidencia, pero con el
enfoque concreto que le dan, de énfasis muy importante y casi exclusivo
en la actividad de la empresa pública, no nos parece conveniente
llevarlas en esos términos.
Después, la proposición no de ley tiene algunas cuestiones que ya
quedaron relativamente o bastante superadas. Por ejemplo, cuando se habla
de la conveniencia de modificar el plan estratégico de competitividad
naval, este plan está pactado con las centrales sindicales, está puesto
en marcha y por lo tanto en este momento cuenta ya con un tiempo de
funcionamiento; o cuando se habla de las negociaciones pesqueras con
Marruecos, ya que se hicieron. En nuestra opinión se hizo lo mejor que se
podía haber hecho, pero hay además un compromiso por parte de la
Administración (de la anterior, por supuesto) de que ningún barco
pesquero de Galicia se quede sin caladero y, por tanto, comprometió su
esfuerzo en buscar caladeros a todos los barcos de Galicia. Creo que
podría haber sido más conveniente haber transformado esta proposición no
de ley en una pregunta al Gobierno actual sobre si mantienen o si están
dispuestos a mantener el compromiso del anterior.
Otras circunstancias que aquí se señalan --y el señor Peralta lo hace
bien en su intervención y yo lo comparto, pero no aparecen por escrito--
son más cuestiones que tienen que ver con el Gobierno autonómico y que
por tanto también tendrían que plantearse en ese ámbito.
En consecuencia, la proposición no nos parece adecuada, pero, dada la
intervención que hizo el señor Peralta, en la que ya pone de manifiesto
otros matices y otras formas, estamos de acuerdo en bastantes puntos. No
quiero entrar a hablar ahora de la cuestión de la financiación autonómica
--esto en Galicia es un clamor-- creo que no es el objeto de esta
proposición no de ley. El contenido de la proposición que aparece por
escrito no está bien plasmado, está sesgado, hace un análisis que no es
adecuado y desde luego no puede ser asumido, pero dada la intervención
que ha hecho el señor Peralta, en la que lo plantea de otra forma y con
otro enfoque, nosotros nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque
creo que hay algunas cuestiones en este momento en marcha y planteadas
desde la Administración y desde el Gobierno de la nación que creemos que
deben ser continuadas en el futuro, y sobre ello más adelante nosotros
traeremos alguna iniciativa parlamentaria, pero la proposición, tal y
como aparece en el texto escrito que se nos ha facilitado, no puede ser
asumida y por tanto nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pérez
Corgos.
El señor PEREZ CORGOS: El Grupo Popular va a votar en contra de esta
proposición no de ley. No coincidimos ni con la forma ni con el fondo de
lo que en ella se contiene. Y de lo dicho por el señor Peralta en su
intervención sí hay un punto de coincidencia. Coincidimos en que es
cierto que tanto en el Estado como en la propia Galicia hay un Gobierno
del mismo signo político. Diferimos en la apreciación que del resultado
se hace. Mientras que el señor Peralta considera que puede ser negativo,
yo considero que va a ser muy positivo.
Entendemos que no se puede utilizar a las empresas públicas como un
instrumento de la política industrial. Precisamente creemos que fue esta
línea de actuación a lo largo
de décadas pasadas la que ha dado lugar a empresas públicas
sobredimensionadas, con unos elevados costes operativos, poco
competitivas e incapaces de sobrevivir en un entorno abierto teniendo que
hacer frente a una fuerte competencia exterior.
La pérdida de empleo que se haya podido producir en Galicia no puede
servir como argumento para proponer un modelo de actuación que se aleje
de los criterios de eficacia empresarial y que se ha mostrado ineficaz
para potenciar el sector industrial. La experiencia nos enseña que el
peso preponderante de la empresa del sector público en una determinada
zona geográfica no ha servido para dinamizar el sector privado, sino que,
por el contrario, ha generado una mayor dependencia del sector público en
detrimento de la implantación y puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales.
Consideramos que el desarrollo de la economía gallega no puede apoyarse
en empresas públicas, que deben ser gestionadas con criterios económicos
enfocados al libre mercado. En este sentido, medidas como las que se
formulan en la proposición no de ley, relativas a la participación de la
Xunta en decisiones de inversión en las empresas públicas, formulación de
compromisos de mantenimiento de empleo en dichas empresas, actuación del
sector público en sustititución del sector privado en la implantación de
nuevas actividades, no conducen a un desarrollo económico sostenido que
permita la creación de empleo en sectores de futuro. El papel de los
poderes públicos ha de orientarse a crear las condiciones idóneas para
que se desarrolle el tejido empresarial y se supriman los obstáculos y
las trabas a la creación de empresas y a la puesta en marcha de nuevos
proyectos de inversión.
Por lo que se refiere al sector naval, todos sabemos que durante décadas
ha estado sometido a mecanismos de protección y que ha tenido muchos
problemas para dimensionarse de acuerdo con la situación del mercado en
el que se desarrolla su actividad. Así, en la década de los sesenta,
mientras el resto de los países acometían un duro ajuste de capacidad
ante la caída de la demanda derivada de la crisis del petróleo, los
astilleros españoles multiplicaron por cinco su capacidad de producción.
El fuerte ajuste que ha sufrido el sector naval en España ha sido
consecuencia de dos factores: por una parte, una situación de partida
caracterizada por un acusado sobredimensionamiento de capacidad y
plantillas, y, por otra, un retraso de diez años respecto a los demás
países. A pesar de su intensidad, el ajuste que se acometió en la segunda
mitad de la década de los ochenta fue insuficiente para hacer frente al
fuerte desequilibrio existente entre la oferta y la demanda en
construcción naval, desequilibrio que ha persistido en el mercado
internacional, lo que ha hecho necesario que el proceso de
reestructuración se prolongue hasta nuestros días.
Desde 1985 el sector de construcción naval ha mantenido mecanismos de
ayuda estatal dentro del marco de las denominadas sexta y séptima
directivas de la Unión Europea, que se han concretado en primas, en
subsidiación de intereses, ayudas para inversiones, para ajustes
laborales, para mejoras técnicas y organizativas y para compensación de
pérdidas de los astilleros públicos. A pesar del proceso de
liberalización económica y de la supresión de obstáculos a la libre
competencia, esta industria es todavía objeto de apoyos en todos los
países. Pero esta situación va a modificarse a corto plazo, ya que el
sector se enfrenta al desmantelamiento de los regímenes de ayuda
existentes en los países de la OCDE. En octubre de 1996 entrará en vigor
el acuerdo suscrito por los principales países constructores de buques.
En dicho acuerdo hay que destacar que España tiene concedida una
excepción en virtud de la cual se autoriza al Gobierno español a conceder
ayudas por valor de 179.104 millones de pesetas, de los que 89.104
millones se destinarán a compensación de pérdidas de los astilleros
públicos, 80.000 millones a ayudas sociales y 10.000 millones a ayudas a
la inversión. Esta excepción fue concedida precisamente sobre la base de
la formulación de un plan de reestructuración de mejora de la
productividad de los astilleros, acordado con los sindicatos del sector
en noviembre de 1995 y aprobado por la Unión Europea. Es el denominado
plan estratégico de competitividad de los astilleros públicos, que ha de
constituir el marco de actuación en relación con los mismos para el
período 1996-1998 y que, a diferencia de lo que se dice en la proposición
no de ley, no implica avanzar en el desmantelamiento definitivo de la
actividad, sino en el desmantelamiento de las ayudas, de manera que los
astilleros alcancen rentabilidad y puedan ocupar una cuota de mercado sin
ayudas públicas. Una renegociación del plan supondría en todo caso la
autorización de la Unión Europea.
Por lo que se refiere al sector agrícola, hay que decir que ha habido una
evolución positiva de las asignaciones de cuota para el conjunto de los
productores gallegos, que ha pasado de 1.058.400 toneladas en el año 1985
a 1.667.705 toneladas para el período 1994-1995, que implica un
incremento del 58 por ciento, mientras que la media española ha sido de
un 22 por ciento.
Y ya, por lo que se refiere al sector pesquero, hay que decir que muy
recientemente la Unión Europea ha firmado el acuerdo pesquero con
Mauritania, un acuerdo pesquero por cinco años, que entrará en vigor el 1
de agosto de 1996 y continuará su vigencia hasta el 31 de julio del año
2001. Se trata del segundo caladero africano en importancia después del
marroquí para el total de la flota española, y, en mayor o menor medida,
este acuerdo repercutirá en la flota pesquera gallega.
Es también patente el interés de la actual Ministra de Agricultura de
solucionar los graves problemas que padece la flota española y, por lo
tanto, la flota gallega, y que se ha conseguido aumentar la cuota de
gallineta en el Atlántico nororiental, tras obtenerse de la NAFO un
permiso de 3.200 toneladas de esta especie, con la consiguiente
repercusión positiva para Galicia.
Para finalizar, diré simplemente que antes de negociar el próximo
programa de orientación plurianual nuestro grupo va a exigir, en cuanto
al planteamiento de reducción del tamaño de la flota, que los demás
países cumplan con los objetivos señalados en el programa anterior en
este sentido, del mismo modo que España ha cumplido sobradamente y por
anticipado con los compromisos adquiridos tanto en materia de tonelaje
como en materia de potencias.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE HAGA CESION DEL EDIFICIO DE LOS
ANTIGUOS JUZGADOS DE LEGANES (MADRID) A SU AYUNTAMIENTO PARA QUE SEA
DESTINADO A SU UTILIZACION COMO CENTRO SOCIO-CULTURAL JUVENIL Y DE
PARTICIPACION CIUDADANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000079.)
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del orden del día, que
votaremos, como todos los demás, a partir de la una menos cuarto de la
tarde, vamos a continuar con la proposición no de ley, formulada también
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por la que se insta al Gobierno a que haga cesión del edificio
de los antiguos juzgados de Leganés, provincia de Madrid, a su
Ayuntamiento, para que sea destinado a su utilización como centro
socio-cultural juvenil y de participación ciudadana, para cuya defensa
tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señoras y Señores Diputados, la proposición no
de ley pretende proponer al Congreso de los Diputados que ejercite una
declaración de principios de voluntad política, cuya ejecución
administrativa evidentemente correspondería en su caso a la Dirección
General de Patrimonio del Estado.
El edificio de los antiguos juzgados de Leganés lleva años sin ser
utilizado, ya que se han construido unos juzgados nuevos en diferente
localización. Era un local absolutamente abandonado, lleno de basura, de
roedores, que suponía incluso denuncias por molestias a causa de la
suciedad para los vecinos.
La localidad de Leganés, como muchas otras situadas en el cinturón de
grandes ciudades, ha sufrido un crecimiento demográfico intenso en unas
condiciones en las cuales el patrimonio público difícilmente estaba en
condiciones de sufragar la construcción de locales para uso social, para
participación ciudadana, para el ejercicio en definitiva de actividades
públicas que permitieran la necesaria integración social de grupos de
jóvenes, la existencia de un tejido social democrático y participativo
que supusiera la posibilidad de una expresión cívica de todas aquellas
tensiones que evidentemente se dan con especial intensidad en núcleos en
los que el paro, la marginalidad y la pobreza conllevan tensiones a veces
difíciles de explicar, de cuyos resultados nos lamentamos y que pudieran
evitarse, evidentemente no exclusivamente con actuaciones como estas,
pero sí ofreciendo núcleos, entidades y locales en su caso, porque todo
lo que existe en la sociedad tiene que ocupar un espacio, en el cual esos
núcleos ciudadanos y juveniles pudieran ejercer sus actividades
asociativas, culturales, etcétera. De hecho, en el edificio de los
juzgados tuvo lugar una especie de ocupación sui generis, y si bien en un
momento determinado conllevó algún tipo de situación de nervios por parte
de las fuerzas de seguridad del Estado de Leganés, la intervención del
Ayuntamiento permitió que la ocupación por parte de grupos de jóvenes y
de entidades ciudadanas de dicho lugar transcurriera de forma pacífica,
en una situación de diálogo y que no se produjera ningún tipo de
enfrentamiento. Así, las razones de las personas que ocuparon esos
locales fueron escuchadas por el pleno del Ayuntamiento de Leganés, que
con fecha 14 de mayo de 1996 acordó solicitar a la Dirección General de
Patrimonio del Estado la cesión del edificio de los antiguos juzgados de
la localidad para su utilización como centro socio-cultural, juvenil y de
participación ciudadana.
Señorías, yo he tenido la ocasión de visitar esos locales recientemente,
y lo que era un nido de suciedad y de abandono ha sido limpiado, ha sido
adecentado y hoy es un centro de actividades culturales juveniles,
plurales en su contenido democrático, y que desarrolla su actividad con
plena tranquilidad, sin que haya habido denuncias por parte de los
ciudadanos vecinos a causa de las molestias, y existiendo una vinculación
de la totalidad de las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales
de Leganés, que lógicamente se verían beneficiadas también por el hecho
de que esta decisión sobre los locales fuera tomada.
Hay un dato más que afecta yo creo a la inmensa mayoría de los
ayuntamientos del Estado español, y es la voluntad de las entidades
municipales y la práctica de cesión de solares, de contribución económica
material para la puesta en marcha de las instalaciones necesarias para el
municipio, pero cuya responsabilidad no es responsabilidad directa del
ayuntamiento, que en este caso simplemente se expresa con una voluntad de
colaborar con otras administraciones centrales para que los municipios
cuenten con las instalaciones de juzgados o de otras instalaciones, que,
insisto, corresponden a otras entidades y a otros organismos de la
Administración del Estado.
En este caso, en un hecho concreto --insisto--, en un edificio patrimonio
del Estado que no está siendo utilizado para el fin para el que se
construyó, porque hay otros juzgados nuevos construidos en la localidad,
en este lugar se solicita una especie de compensación de Patrimonio del
Estado hacia un ayuntamiento en concreto, como tantos otros (no quiere
decir que sea ninguna excepción en el Estado español), que ha contribuido
materialmente y económicamente con cesiones de suelo, cesiones de
instalaciones, para que fuera posible la actividad de otras
administraciones públicas que pudieran tener presencia en Leganés,
facilitando el desembolso y la adjudicación de instalaciones y suelo.
Por lo tanto, señorías --insisto--, la proposición no de ley, que es no
de ley, valga la redundancia, no pretende que este Congreso de los
Diputados usurpe ninguna de las funciones que evidentemente corresponden
al Ejecutivo, sino que el conjunto de los grupos políticos expresen, en
el caso de que SS. SS. tengan a bien votar favorablemente esta
proposición no de ley, una voluntad mayoritaria de la Cámara, que,
lógicamente, en sus términos concretos deberá ejecutar en su caso
--insisto-- la Dirección General de Patrimonio del Estado.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Nosotros, lo adelanto ya desde ahora, no
podemos votar favorablemente esta proposición no de ley, sencillamente
porque consideramos que no debía haberse presentado. No tenemos nada que
decir sobre el fondo de la misma ni sobre la explicación que nos ha dado
la portavoz de Izquierda Unida acerca de la situación de un inmueble en
un municipio español, que está lleno de ratas y que podría ser utilizado
por una asociación, equis, de mayor o menor interés social. Lo que ocurre
es que no le corresponde para nada a esta Cámara entrar en ese
procedimiento. La Ley de Patrimonio del Estado prevé un procedimiento,
que además es un procedimiento no reglado, y eso es muy importante
señalarlo, es un procedimiento no reglado en virtud del cual el Estado
puede desafectar un determinado bien, por las razones que sea, por
ejemplo porque se han vaciado unos juzgados y se han trasladado a otro
lugar, y en su caso hacer una cesión, una cesión modal, una donación, lo
que estime oportuno, a favor de un municipio cuando razones de interés
social así lo justifiquen. Pero ése es un procedimiento no reglado, que
exige un procedimiento administrativo complejo, que exige el análisis de
las circunstancias del caso, exige toda una serie de trámites que
precisamente están previstos al efecto y que en ningún caso el Congreso
de los Diputados ni la Comisión en la que estamos en este momento pueden
sustituir, ni siquiera como mera voluntad política, porque estaríamos
sustituyendo una decisión que sólo corresponde por ley y de forma no
reglada, por tanto discrecional, aunque no arbitraria, que son términos
distintos, pero sí discrecional al Ejecutivo. Esa sería ya clarísimamente
la razón. Esta es una función del Ejecutivo, desafectar un bien y decidir
cederlo a un municipio, y no nos corresponde interferir. Pero es que
además, por puras razones de prudencia política, creemos que sería un
precedente tremendo, y permítanme esta expresión. Existen muchos
edificios en todo el territorio nacional, y estoy pensando concretamente
en cuarteles, que o están en procesos de desafectación o, aunque no lo
estén, son susceptibles de serlo, tienen probablemente tantas ratas o más
que el edificio de los juzgados de Leganés, podrían desarrollar la
función social y estar ocupados por asociaciones tan válidas como la de
Leganés, con unos intereses en favor de la juventud, de los deportes, de
lo que se estime oportuno, tanto o más importantes que en el caso de
Leganés, y, claro, entraríamos entonces en una dinámica según la cual la
Comisión de Economía se tendría que dedicar a hacer proposiciones no de
ley en función de los intereses y de aquellos que nos los hagan llegar,
instando al Gobierno a, sucesivamente, ir cediendo tal o cual edificio en
tal o cual población a favor de tal o cual institución o simplemente a
favor del ayuntamiento. Es decir, el precedente sería espectacular. Sería
planteable, y tampoco es que adelante aquí el voto que nosotros daríamos
en ese caso, quizás una proposición no de ley genérica, donde se
manifestara y se instara al Gobierno a tomar una postura política en la
cual, en aquellos casos en los que existen edificios que no están siendo
utilizados, que son susceptibles de desafectación, que no tienen ningún
destino preciso y que a la vez podrían desarrollar una función social en
el municipio en el que están enclavados, por los cauces que en su caso
están previstos y que legislativamente están establecidos, procediera a
cederlos a los ayuntamientos en cuestión, lo cual, dicho así, de forma
tan absolutamente genérica, tampoco se podría aprobar al cien por cien
porque hay cuarteles, por ejemplo, y pienso en Barcelona sin ir mucho más
lejos, donde evidentemente el Ejército lo que va a hacer es venderlos y
no cederlos, y por esa venta el Estado recibirá una cantidad importante
de ingresos. Por lo tanto, no se puede suponer siempre que haya que ir a
la cesión.
Quiero decir que exigir una voluntad política genérica nos parecería
bien. Entrometernos en un proceso como éste y pedir al Gobierno en un
caso concreto que ceda un edificio concreto a un ayuntamiento concreto
nos parece fuera de lugar, sin prejuzgar para nada que pueda ser muy
conveniente que en Leganés ese edificio tenga esa utilización. Por tanto,
nada más, señor Presidente, nuestro voto será contrario a esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
García-Santesmases.
El señor GARCIA-SANTESMASES MARTIN-TESORERO: Señor Presidente, para
expresar nuestro punto de vista y nuestra posición favorable a la
proposición no de ley presentada por Izquierda Unida.
Creemos que responde a un sentimiento que yo me atrevería a decir unánime
del Ayuntamiento de Leganés, si se atiende a las resoluciones de los
propios grupos que comparten ese Ayuntamiento, hay un acuerdo unánime de
buscar fórmulas y recursos para atender a las necesidades que se dan en
este municipio, y creemos que ha quedado clara en la exposición que ha
hecho la señora Maestro la diferencia de lo que es una expresión de
voluntad política y lo que es un acuerdo de tipo administrativo, de
procedimiento administrativo. Parece que todos los procesos
administrativos, con todos los recursos que haya que hacer, no empecen
para que el Parlamento español pueda pronunciarse y expresar su voluntad
política favorable a dar este recurso a los ciudadanos de Leganés.
Yo tengo, si se me permite una expresión muy concreta, una cierta
satisfacción de decir esto, porque no siendo de esta Comisión, puedo
hablar en este momento y he sido profesor en Leganés durante muchos años,
conozco efectivamente esas necesidades, conozco ese barrio para el que se
pide y creo que sería una buena decisión por parte de este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora
Rodríguez-Salmones.
La señora RODRIGUEZ-SALMONES CABEZA: Yo quiero abundar en lo que ha dicho
el señor Guardans, en el sentido de que el Grupo Popular no puede votar
afirmativamente esta propuesta, y desde luego no lo hace en virtud del
fondo de la proposición, ya que naturalmente nos parece excelente que un
edificio que estaba abandonado y que además estaba en muy malas
condiciones se dedique a estos fines; no nos puede parecer mejor.
Ahora bien, no sólo es que nos parece que efectivamente hay un
procedimiento administrativo perfectamente previsto, y en la Ley de
Patrimonio del Estado está y en el Reglamento se desarrolla muy bien,
sino que además no sólo es una especie de injerencia en un acto
administrativo --no quisiera tener que utilizar la palabra injerencia--,
sino también en la vida municipal. Es decir, si no respetamos entre todas
las administraciones que esta Cámara se ocupa de lo que se ocupa, que la
vida municipal tiene sus cauces y la vida autonómica los tiene también;
si ayer algunos grupos, sencillamente por un procedimiento que estábamos
previendo de desarrollo legal, interpretaban que había una injerencia en
la vida municipal, es que esto ya es una injerencia en la vida cotidiana
municipal.
Como bien ha dicho el señor Guardans, yo creo que España es uno de los
países europeos con más número de municipios por la política de no haber
agrupado muchos de ellos y además, como nos han dicho últimamente (no me
acuerdo de las cifras), con más número de edificios administrativos. Esta
Comisión, aparte de que no debe, yo creo, por respeto a la autonomía
municipal, entrar en estas cuestiones más que en casos muy excepcionales,
es que no haría otra cosa. Creo que cuatro años de legislatura no
bastarían si tuviéramos que opinar cada vez que esto tuviera que suceder.
Hemos dicho --se ha referido a ello muy bien el señor Guardans-- que hay
un procedimiento administrativo previsto y que no presenta, en principio,
más problema que la normal lentitud de las administraciones, supongo que
porque tienen que velar por el patrimonio, que es de todos --palabra
«público» siempre quiere decir que es de todos los ciudadanos; no parece
que sea del Estado, que parece que no es de nadie; es de todos--.
Entonces puede ser que el procedimiento sea lento, pero el procedimiento
de momento no ha presentado problemas. Hay un bien adscrito a un
determinado departamento. Cuando este departamento, por las razones que
estime oportuno (en este caso porque se han edificado unos nuevos
juzgados en terrenos precisamente cedidos por el Ayuntamiento de Leganés,
cosa que pone, digamos, en deuda un poco a ese departamento con el
Ayuntamiento, pero ése es otro problema), solicita la desafectación de
los inmuebles --en este caso, por cierto, el anterior Ministerio de
Justicia e Interior había solicitado sólo la desafectación me parece que
era de unos 140 metros cuadrados, y ha habido que solicitar la
desafectación de los 400 y pico metros cuadrados siguientes precisamente
el 9 de junio, muy recientemente, para poder actuar en la totalidad-- la
Dirección General de Patrimonio del Estado --como bien ha dicho la señora
Maestro-- acepta esto, suscribe el acta correspondiente, lo inscribe en
el Registro y, a través de una junta coordinadora de edificios
administrativos, ofrece el edificio, el inmueble en este caso, al resto
de la Administración. Si nadie acude a esta oferta, pasa al servicio de
enajenaciones, donde se somete a una tasación, y a partir de ese momento
sigue a disposición de lo que prevé la Ley de Patrimonio del Estado o
bien para su cesión, cesión entiendo que gratuita, como se solicita en
este caso, o bien para la enajenación normal. La cesión está
perfectamente prevista y además, lógicamente, en la mayoría de los casos
se puede atender; pero es una cesión llamémosle modal, si es cesión
gratuita, está sujeta a que se presente un proyecto. Es decir, lo lógico
sería que una vez que un ayuntamiento ha aprobado en su pleno esta
solicitud, inicie un trámite, y si es para cesión, presente un proyecto
en la Dirección General de Patrimonio, de tal manera que cuando en ese
proyecto se ponen de acuerdo las dos administraciones, si ese proyecto
finalmente no se llevara a término, el bien revertiría a la
Administración que lo ha cedido.
Todo esto funciona, y funciona perfectamente. Como bien ha dicho el señor
Guardans, ¿por qué tenemos nosotros que entrar en la vida municipal, en
una cosa tan realmente municipal como es ésta, entendiéndolo muy bien,
como han dicho las dos personas que han intervenido por el Grupo
Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida? Podríamos --como ha dicho--
hacer una proposición genérica, puesto que ahora se está hablando de
contemplar y ordenar un poco todo este patrimonio inmueble, sobre que en
estas situaciones se dé siempre una prioridad a los ayuntamientos en sus
usos cívicos de todo tipo porque, como también se ha dicho antes, eso no
presupone cuál es el sentido de nuestro voto. Entendemos que eso es lo
que podemos hacer. Si no nos gusta la Ley de Patrimonio, que además ha
sido reformada en sucesivas Leyes de Presupuesto, podríamos pedir una
modificación de la Ley de Patrimonio o instar al Gobierno a que
modificara el Reglamento, pero entrar nosotros en el desarrollo de una
moción municipal me parece que no tiene sentido.
Por otro lado, aunque no me quiero meter en la vida municipal, sí quiero
hacer una observación. Yo he preguntado en la Dirección General de
Patrimonio y, a esta fecha, aunque la moción se aprobó el pasado mes de
mayo, no había entrado ninguna solicitud del Ayuntamiento. A esta fecha
no, perdón, a 13 de junio, que es cuando yo hablé con la Dirección
General de Patrimonio. A lo mejor entre el 13 de junio y hoy sí se ha
producido esta solicitud. Es decir, estoy segura de que cuando se
produzca la solicitud, se tramitará, esto se verá correctamente y no
habrá ningún problema en que la cesión se tenga en cuenta, previa
presentación de un proyecto, si se trata de una cesión y no de una
enajenación.
Por último sí querría decir que además del respeto a la vida municipal y
a la autonomía municipal, como deben tenerse las tres administraciones
entre sí, y que es la causa de que nuestro voto no pueda ser afirmativo,
como bien ha dicho el señor Santesmases, porque me parece que eso es casi
una intromisión en la vida municipal, sin embargo, efectivamente, Leganés
está muy necesitado de esto, a pesar de que tiene cuatro centros cívicos
yo creo que importantes (Rigoberta Menchú, Besteiro, me parece que otro
es Las Dehesillas y el otro es Santiago Amón), y de que además para
nosotros tiene un especial cariño, ya que los que somos Diputados por
Madrid recordamos que nuestra candidatura al Congreso se presentó
precisamente en el centro Rigoberta Menchú, de Leganés. Es decir, para
nosotros tiene un simbolismo especial. De ahí a que esta Cámara debata
los problemas de Leganés, realmente no me parece oportuno. Y con esto
acabo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
--SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS POR EL GOBIERNO DE LA
NACION, DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO, JUNTA DE ANDALUCIA, CENTRALES
SINDICALES Y COMITE DE EMPRESA DE MTT (EX HYTASA) PARA EL COBRO DE LAS
INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL EXPEDIENTE DE EXTINCION DEL CONTRATO DE
TRABAJO MEDIANTE BAJAS INCENTIVADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000082.)
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del orden del día pasamos al
siguiente, que consiste en una proposición no de ley del Grupo Socialista
sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Gobierno de la
nación, Dirección General de Patrimonio, Junta de Andalucía, centrales
sindicales y comité de empresa de MTT (ex Hytasa) para el cobro de las
indemnizaciones derivadas del expediente de extinción del contrato de
trabajo mediante bajas incentivadas.
Para su defensa tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: En principio habría que decir que la proposición
que hemos presentado ha sido objeto de una enmienda de nuestro grupo
realizada sobre la marcha. Es una enmienda de aclaración, me imagino que
la tendrán SS. SS., que básicamente lo que plantea es que en el párrafo
5, en donde pone «... que las indemnizaciones...», se introduzca «...
cuanto antes se definan las indemnizaciones». Y al final se añade,
después de «Estatuto de los Trabajadores...», «... como establece el
mencionado acuerdo, indispensable para acometer el plan de viabilidad de
la futura SAL».
La proposición que hemos presentado tiene su base en lo siguiente.
Con el fin de garantizar el futuro de la actividad productiva de la
empresa MTT (ex Hytasa), que es de vital importancia para el sector
textil andaluz y el sector primario en el que se apoya, el pasado 27 de
febrero se firmó un acuerdo entre la Dirección General de Patrimonio del
Estado, la Junta de Andalucía, el comité de empresa y las centrales
sindicales. Este acuerdo contemplaba una solución global de las
actuaciones que habría que acometer en esta empresa, que abordara el
problema que tiene y que diera una alternativa industrial viable,
sustentada en los activos necesarios de MTT y en un contexto de
continuidad de la actividad productiva. Todo ello respetando la legalidad
mercantil y comunitaria.
En realidad, el acuerdo, que consta de seis puntos, pretende la creación
de una nueva sociedad desligada de la actual MTT, para lo cual habría que
poner en marcha una serie de mecanismos, que está perfectamente reflejada
en ese acuerdo que consta de seis puntos.
En el primer punto se trataba de ver la situación patrimonial y
financiación subsidiaria de la empresa. Había un compromiso por parte de
Patrimonio de hacer un equilibrio patrimonial de la sociedad, y, en caso
de que no pudiera hacerse, se establecía que subsidiariamente se
acometiera o se buscaran fórmulas de financiación de las indemnizaciones
que permitan la constitución de una sociedad anónima laboral.
En el punto segundo se planteaba la liquidación de MTT, de acuerdo con el
Derecho mercantil y en fórmula de libre competencia, y también se
aportaba en ese punto que, en el marco de ese acuerdo global, las partes
firmantes manifestaban su voluntad de que para las indemnizaciones a
percibir se parta de las establecidas en el artículo 56 del Estatuto de
los Trabajadores.
Luego había un tercer punto, que era la negociación constitucional de esa
SAL y el plan de viabilidad, en el que intervenía la Junta de Andalucía.
El quinto punto planteaba un excedente de plantilla.
Y en el sexto punto, que es de vital importancia en este acuerdo, se
constituía una comisión técnica administraciones-sindicatos.
Literalmente, y lo digo porque tiene su importancia, se crea una comisión
técnica para la ejecución y desarrollo de las presentes actuaciones a las
que la representación del Estado aportará de inmediato las fórmulas que
permitan alcanzar lo previsto en el apartado a) del punto primero. Pues
bien, han pasado ya algunos meses desde la firma de ese acuerdo, y
Patrimonio estaba trabajando, junto con la Junta de Andalucía y la
representación de los trabajadores. Sin embargo, de un tiempo a esta
parte, desde la llegada del nuevo Gobierno, parece que hay una situación
de «impasse» en la que Patrimonio no acaba de poner en la mesa de esta
comisión técnica cuáles son las fórmulas por las cuales se permitía
alcanzar lo previsto en el punto primero de este acuerdo.
¿Qué pretendemos con esta proposición? En primer lugar, resaltar que éste
es un problema grave, que la empresa Hytasa, o MTT, está atravesando una
situación grave. La Junta de Andalucía está apoyando y ayudando a esta
empresa, está acometiendo ese plan de viabilidad, pero en estos momentos
ya no podemos esperar más tiempo, es necesario cuanto antes la definición
por parte de Patrimonio de esta circunstancia, porque si no será
imposible cumplir los compromisos de este documento.
La pregunta sería, y por eso presentamos esta proposición en la que
instamos al Gobierno a que dé cumplimiento a ese acuerdo, si el Gobierno
actual o la Dirección General de Patrimonio está en condiciones de hacer
cumplir este acuerdo, o bien plantea una fórmula distinta, o quiere
llegar a otro tipo de solución. En cualquier caso, lo que nos parece
fundamental es que tendría que definirse, porque así no es posible
continuar con un sector o una empresa que está atravesando estas
dificultades y que, como he dicho al principio, es vital y clave para el
sector productivo andaluz, ya de por sí precario, que además tiene su
incidencia en el sector primario que, como saben ustedes, es importante
en la provincia de Sevilla y en otras provincias de Andalucía.
Por lo tanto, nosotros lo que planteamos aquí es pura y simplemente el
cumplimiento de este acuerdo, que nos parece un acuerdo razonable y en el
que están trabajando con dedicación todas las partes. Nos parece además
que es el único acuerdo que permitiría que la Comisión Europea autorizara
las modificaciones patrimoniales y las modificaciones que aquí se
establecen. Por lo tanto, creemos que es urgente y prioritario que
Patrimonio empiece a trabajar y aporte las soluciones que en el acuerdo
están contenidas que debe de aportar, para solucionar este problema que
está trayendo muchas consecuencias para esta empresa, ya que de continuar
en esta situación, cada día será más difícil acometer y solventar este
problema.
Creemos que no hay ninguna razón para esta demora. Creemos que costó
mucho trabajo llegar a este acuerdo. Creemos que los trabajadores están
aquí dejándose parte de sus aspiraciones. La Junta de Andalucía está
haciendo un esfuerzo importantísimo de financiación, de apoyo técnico y
de tutela de ese acuerdo durante unos años hasta que esa sociedad anónima
laboral sea completamente autónoma, y que este acuerdo permitiría a
Patrimonio, que por su parte tiene responsabilidades en esta empresa,
afrontar este problema en mejores condiciones que las actuales.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que da por defendidas las enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista a la proposición no de ley.
El señor CUEVAS DELGADO: Sí, la proposición no de ley la ha presentado el
Grupo Socialista. Como he dicho al principio, lo que nosotros hemos
planteado es solamente una enmienda a la redacción, que no desvirtúa ni
es distinta de lo planteado al principio, simplemente es una concreción
para aclarar el contenido del texto. Hay otra enmienda que presenta el
Grupo Popular, con la que nosotros no estamos de acuerdo, pero yo creo
que eso es un trámite posterior.
El señor PRESIDENTE: Entonces, entiendo que estamos procediendo a las
enmiendas incorporadas a la proposición no de ley. Gracias.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular, para cuya
defensa tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUAREZ: Una vez más en esta Cámara volvemos a
encontrarnos con un tema que yo voy a calificar inicialmente de
recurrente, como es el de Hytasa, y que paralelamente tiene mucho que
ver, como SS. SS. recordarán, con el tema de Intelhorce.
Es verdad, se ha dicho y es completamente cierto, que Hytasa constituye
un problema social, un problema industrial y un problema económico, pero
fundamentalmente es un problema social en Andalucía, y en concreto el de
Hytasa lo es en Sevilla. Pero hay que dejar bien claro, señorías, que las
cuestiones recurrentes, las llamadas o los recursos a la demagogia --si
se me permite la expresión aunque parezca fuerte-- o a la oportunidad
política de las decisiones que se toman, en este caso no tienen ya ningún
sentido, porque el problema social que ha generado la gestión de Hytasa,
por hacer un poquito de memoria y retroceder un poco en la historia sin
extenderme demasiado, se inicia en un proceso de privatización,
ciertamente escandaloso, probablemente fraudulento, como el de
Intelhorce, y en cualquier caso, y eso es seguro, desafortunado,
desafortunado por parte del anterior Gobierno.
Decir que en estos momentos el nuevo Gobierno está en una situación de
impasse en el tema de Hytasa, cuando prácticamente lo primero que ha
hecho la nueva Dirección General de Patrimonio del Estado ha sido
reunirse con las partes para estudiar el tema de Hytasa e Intelhorce, es
hacer, en mi opinión, voluntarismo.
Yo entiendo, señorías, que la proposición no de ley del Grupo Socialista
se trae a esta Cámara precisamente para seguir con una estrategia
política, no con la voluntad de que se resuelvan los problemas de los
trabajadores de Hytasa, no con esa voluntad, sino para trasladar al
actual Gobierno, al Gobierno central, una responsabilidad política que
es, sin lugar a dudas, de la Junta de Andalucía.
Señorías, la anterior Dirección General de Patrimonio del Estado y el
anterior Gobierno en esta Cámara, en el Parlamento andaluz, ante el
comité de empresa, ante los trabajadores, etcétera, ha mantenido
reiteradamente que el problema de Hytasa es un problema de la Junta de
Andalucía, de la autoridad regional andaluza. ¿Y por qué es esto así?
Esto es así, señorías, porque Hytasa no es una empresa pública.
Después de oír al señor Cuevas pudieran ustedes llegar a la conclusión de
que el Gobierno central está obligado a una serie de compromisos en
función de su titularidad sobre la empresa pública Hytasa. Hytasa no es
una empresa pública. Hytasa es una empresa que fue privatizada, como he
dicho --mal privatizada, por dejarlo en términos bastante sencillos--, y
a la que el Estado acudió en su auxilio en un momento determinado, cuando
los accionistas privados mayoritarios de esa empresa no pudieron sacar
adelante el proyecto industrial. Una vez más el Estado, con dinero de
todos los españoles, acude a solventar una crisis que probablemente él
mismo había provocado. Yo no diría el Estado, diría el Gobierno, o las
decisiones del Gobierno de entonces. En ese momento se toma una
participación del 30 por ciento del capital de Hytasa. Esa participación,
lógicamente, es minoritaria y no cabe deducir que Hytasa sea empresa de
titularidad estatal, puesto que el Estado no es mayoritario. Sin embargo
el anterior Gobierno, y más todavía si cabe el actual Gobierno, sí asume
su responsabilidad política sobre un problema social generado por
decisiones desafortunadas del Gobierno anterior y se está trabajando en
ello.
Como se ha dicho, hay un acuerdo firmado en plena campaña electoral, el
27 de febrero del presente año, y es importante decir que se firma en
plena campaña electoral, presionados como estaban las diferentes partes
por un proceso electoral abierto que desembocó en las elecciones del 3 de
marzo. Sin embargo, en su momento, los servicios jurídicos de Patrimonio
del Estado, que son ahora los mismos que entontes, determinan que ese
acuerdo debe circunscribirse al marco de la legislación interna española
y,
lo que es más importante, señorías, al marco de la legislación
comunitaria. Porque el problema de Hytasa, como el problema de
Intelhorce, se deriva de sendas sentencias de la Comisión Europea que
condenan al Gobierno de España por ayudas ilegales dadas a ambas
compañías. Las ayudas ilegales, por valor de miles de millones de
pesetas, provocaron, sin lugar a dudas, tanto la quiebra de Intelhorce
como la quiebra de Hytasa, al pasar a formar parte del pasivo de ambas
sociedades. ¿Se pretende ahora hacer lo mismo, se pretende una huida
hacia adelante? Tenemos que preguntarnos, señorías, si es que acaso el
Gobierno andaluz no sabe cómo solucionar el problema de Hytasa y pretende
que el problema político de Hytasa se traslade al Gobierno central.
La proposición del Grupo Socialista, en opinión de nuestro Grupo,
interpreta unilateralmente el acuerdo firmado el 27 de febrero, porque
hay, señorías, una circunstancia fundamental: los activos de Hytasa que
puedan ser liberados después del proceso de liquidación de la compañía,
las bajas incentivadas que puedan determinarse en función de los derechos
de los trabajadores y que los trabajadores puedan aplicar esas cantidades
económicas a una futura sociedad anónima laboral, tienen que estar
enmarcadas, como dice ese acuerdo, en un plan de viabilidad. Un plan de
viabilidad, señorías, que tiene que aprobar Bruselas, como no puede ser
de otra manera, porque si aceptáramos la proposición no de ley del Grupo
Socialista, el Gobierno central, y en este caso la Dirección General de
Patrimonio del Estado, estaría estableciendo una disposición, en opinión
de nuestro Grupo, contraria a Derecho, o que pudiera ser contraria a
Derecho.
¿Se aparta entonces el Gobierno, o la Dirección General de Patrimonio del
Estado, de cumplir los acuerdos del 27 de febrero del presente año? En
absoluto. Lo que pretende el Gobierno, y nuestro grupo, es que esos
acuerdos no se interpreten de una manera unilateral.
Yo creo, señorías, que en el tema de Hytasa, tema recurrente como he
dicho antes, hay que coger el toro por los cuernos y llamar al pan, pan y
al vino, vino, y no engañar más a los trabajadores de Hytasa. El Gobierno
actual, a través de Patrimonio del Estado tiene el compromiso, como no
puede ser de otra manera, de cumplir en todos sus términos el acuerdo de
27 de febrero, pero no se puede determinar que esos acuerdos pasen por
aplicar un baremo económico a las indemnizaciones de los trabajadores, a
sus propios derechos económicos en base al artículo 56 del Estatuto de
los Trabajadores, cuando a lo mejor, esa circunstancia no es así
sancionada por la autoridad laboral y cuando además el plan de
viabilidad, donde se debe de enmarcar esa decisión, no es aprobado o
pudiera no ser aprobado por Bruselas.
El planteamiento, señorías, es contrario. El planteamiento es: hagamos un
plan de viabilidad sin engaños; no pretendemos engañar una vez más, como
se ha hecho en el tema de Hytasa y en el tema de Intelhorce, a la
Comisión Europea; que apruebe Bruselas ese plan de viabilidad y, en
función de la aprobación de ese plan de viabilidad, saquemos adelante
entre todos la nueva sociedad anónima laboral.
Por eso, señorías, nosotros hemos presentado una enmienda de modificación
al texto que propone el Grupo Socialista, que entiendo que además recoge,
incluso en sus propios términos, el espíritu del acuerdo del 27 de
febrero. En nuestra opinión no podemos hipotecar la acción de las partes
firmantes del acuerdo --esto es: Patrimonio del Estado, Junta de
Andalucía y comité de empresa-- con planteamientos previos definidos por
esta Cámara.
Por lo tanto, señorías, anunciamos que en caso de no ser aceptada la
enmienda que hemos propuesto en sustitución del acuerdo que propone el
Grupo Socialista, votaríamos en contra de esta proposición no de ley,
dejando bien claro una vez más que, además, explicaremos las
consecuencias de este voto negativo. Explicaremos en Andalucía y en
cualquier foro las consecuencias de este voto negativo, porque sabemos,
sabemos de sobra, que esta proposición no de ley se ha traído a esta
Cámara buscando precisamente el voto negativo.
Yo creo, señorías, que incluso una declaración institucional unánime de
todos los grupos de la Cámara, cambiando el texto del acuerdo que propone
el Grupo Socialista y dejándolo en una mera declaración vaga de
intenciones, instando a que se cumplan esos términos, o de apoyo al
futuro de Hytasa, no resolvería el problema. Es preciso que tomemos
decisiones y es preciso que apoyemos desde este Parlamento decisiones
concretas que sí que abran un horizonte de trabajo y un horizonte
industrial en Sevilla y en Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, a los efectos de aceptar o no la
enmienda formulada por el Grupo Popular.
El señor CUEVAS DELGADO: Sí. Nosotros no podemos aceptar la enmienda no
solamente por lo que pone, sino además por lo que acabamos de oír.
Nada tiene que ver el plan de viabilidad y la situación en la Comunidad
con el acuerdo firmado y con los compromisos adquiridos por Patrimonio.
Nuestra proposición es muy clara y no tiene nada que ver con eso. Lo que
queremos es que Patrimonio asuma sus compromisos. Me parece que estamos
hablando de cosas muy distintas, y que con esa enmienda se quiere
enmascarar lo nuestro. No es una proposición alternativa, es simplemente
otra cosa. No estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, no podemos
aceptar esa enmienda porque no tiene nada que ver. Nosotros estamos
planteando que Patrimonio asuma sus compromisos y que el Estado inste a
Patrimonio para que los cumpla, y aquí se nos cuenta otra historia ligada
con la Comunidad que no tiene absolutamente nada que ver. Los
trabajadores, no le escapa a nadie, lo que quieren saber es si Patrimonio
va a cumplir con esos compromisos, firmados o no, en época electoral o
no, que estaba dispuesto a cumplir en aquellos momentos y que ahora
parece que no está dispuesto a cumplirlos. Ese es el quid de la cuestión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Este es un tema mucho más complejo de lo que
puede parecer a simple vista. Complejo el problema económico de fondo,
complejo el acuerdo que lo intentó resolver, o conforme al cual se
intenta resolver, compleja la situación jurídica planteada toda ella
--porque efectivamente no estamos ante una empresa pública, sino que
estamos ante un supuesto de ayudas del Estado a una empresa que fue
pública y que fue privatizada-- y, por tanto, evidentemente compleja la
solución. De ahí que no valga que una proposición no de ley intente
simplificar el asunto, plantearlo como si tuviera una solución clara,
nítida, como si simplemente estuviéramos ante la encrucijada de poner a
la Dirección General de Patrimonio en decir sí o no, usted va a cumplir o
no lo va a cumplir, porque, mire usted, esto es un poco más complicado.
Es decir, este acuerdo admite varias interpretaciones. Es absolutamente
cierto, conforme a la información de que disponemos, que este acuerdo,
por mucho que lo intente desvincular el portavoz del Grupo Socialista,
está sometido al Derecho comunitario en la medida en que implica a las
ayudas del Estado, que ya han sido declaradas ilícitas por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas; la evolución de la solución del
problema de Hytasa está siendo seguida muy de cerca por la Dirección
General de la Competencia de la Comisión y, por tanto, sólo con la
aprobación previa de la Comisión Europea se podrá llegar a la solución.
Esa ya sería por sí sola razón suficiente para no poder dar un voto
afirmativo a una proposición no de ley que, insisto, pretende plantear el
tema en un sí o en un no por parte de la Dirección General de Patrimonio,
cuando no es ésa la cuestión. El tema es técnicamente mucho más
complicado y exige un plan de viabilidad. Es decir, el hecho de que el
compromiso sea de la Dirección General de Patrimonio no se deriva del
acuerdo cuyo cumplimiento se exige. No vamos a entrar ahora más a fondo
en la cuestión ni en los argumentos que haya para que ésa sea una
interpretación posible, que los debe haber. El hecho de que las
indemnizaciones sean a cargo de la Dirección General de Patrimonio no es
la única, ni mucho menos, interpretación que se deriva de este acuerdo.
Repito lo que decía antes: que la Comisión Europea se tiene que
pronunciar también está absolutamente claro, y tiene que pronunciarse
sobre el plan de viabilidad. Sólo con el plan de viabilidad sobre la
mesa, previamente aprobado --y supongo que sabe el Portavoz del Grupo
Socialista que esa aprobación a veces puede ser una simple carta en un
primer momento por parte de la Comisión Europea--, sólo a partir de ese
momento se puede empezar a hablar de las indemnizaciones y de a cargo de
quién corren.
Por tanto, nosotros hubiéramos aprobado, votado favorablemente, con
algunas modificaciones desde el punto de vista formal, la enmienda
presentada por el Grupo Popular, pero dado que ya ha sido rechazada no
vale la pena que insista en qué es lo que hubiéramos modificado de ella.
Simplemente decir que no podemos votar esto favorablemente porque
entendemos, resumiendo, que no es el texto de la proposición no de ley
del Grupo Socialista la única interpretación posible del acuerdo; punto
primero. Y punto segundo, porque aquí está en juego no sólo la legalidad
interna (aquí se hablaba de la mercantil cuando no sólo es la mercantil,
sino el cumplimiento de la legalidad interna en general, porque eso se
presupone), sino sobre todo la aprobación previa de la Comisión de las
Comunidades Europeas para que se puedan percibir esas ayudas de Estado,
que es de lo que estamos hablando. Sin eso no se puede sacar adelante la
propuesta del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RIO: Estamos hoy ante uno de los problemas más
conflictivos y emblemáticos de Andalucía, en concreto de la provincia de
Sevilla. El sur del sur, como ustedes saben, señorías, en algunos casos
dobla su tasa de desempleo con respecto a las comunidades más ricas de
este país y la triplica con respecto a algunos países europeos, por lo
que la desertización industrial no es ya una amenaza, sino un hecho real.
Sevilla, ustedes recordarán, por edad unos y por historia otros, llamada
«la Roja», de donde salió la punta de lanza del movimiento obrero, es hoy
una ciudad de servicios, donde camareros, funcionarios y parados son los
sectores más representativos.
Las políticas neoliberales, practicadas bajo el paraguas de los plazos y
criterios de convergencia planteados para entrar en la siguiente fase de
la unión monetaria europea, y puestas en marcha por los Gobiernos
anteriores y actuales de Madrid y Sevilla, son la causa del desierto
industrial en que se está convirtiendo Andalucía. Por ello es necesario
realizar un esfuerzo gigantesco --insisto, gigantesco-- en el marco de
políticas activas generadoras de empleo, en torno a inversiones
productivas, en este caso para reflotar empresas en crisis
demostradamente fértiles, como es el caso de las industrias textiles, que
es un sector de reconocido futuro si se actúa de forma decidida y rápida,
ya que de lo contrario podemos encontrarnos con la desaparición de uno de
los últimos baluartes de la industria sevillana, como es el caso de ex
Hytasa, cuya plantilla ya se ha reducido de 800 a 541 trabajadores y
donde se ha acumulado una deuda de casi 16.000 millones de pesetas,
cantidad que parece que no es calderilla.
El primer dato que aconseja la intervención pública, desde el punto de
vista estrictamente económico, lo constituye el hecho de que el principal
acreedor son las instituciones, como ustedes saben, señorías, Hacienda,
Seguridad Social, el ICO, el IFA y la corporación local. Tras el fracaso
del primer intento de reprivatizar la empresa en los años 1990-1991, en
el que el grupo de Villalonga presenta suspensión de pagos a los nueve
meses, haciéndose cargo de algo más del 30 por ciento de lo accionado
Improasa, la otra empresa de los señores Feijoo y Recio, que se habían
comprometido a realizar la ampliación
de capital necesaria para sacarla adelante, argumenta que existen pasivos
ocultos y un desfase de balance por valor de 2.000 millones de pesetas.
En esta situación en mayo de 1995 Improasa abandona y señala suspensión
de pagos.
Del estudio realizado a instancias, y además insisto, a instancias de la
Junta de Andalucía, se deciden los siguientes elementos, y es necesario
señalarlos: primero, una nueva reducción de plantilla para adecuarla a
las necesidades reales, aceptables, claro está; segundo, dejar los
activos libres de cargas; y tercero, reequilibrar el desfase patrimonial
entre activo y pasivo. Hasta el año 1995 era de 3.000 millones;
incluyendo el balance de 1995 la cuantía sube a 5.000 millones, o sea,
casi doscientos por mes.
Señorías, la foto de la situación no es interpretable. O se actúa
solventemente con rapidez o se pierde toda posibilidad de recuperar un
renovado proyecto empresarial y social. De ahí la urgencia de la
intervención pública. Esta no es una situación que permita contiendas
partidarias en las que las fuerzas mayoritarias en el Estado o en la
comunidad puedan jugar o echarse la pelota unos a otros. Los intereses en
juego son los de los trabajadores. Ustedes lo saben, leen la prensa,
llevan más de 35 días de acampada los trabajadores de la ex Hytasa bajo
el tórrido sol sevillano. Muchas familias en la industria textil sólo
exigen que se cumplan, ¡fíjense!, sólo exigen que se cumplan los
compromisos adquiridos por todos los grupos con representación en la
Cámara andaluza, que en muchos casos coinciden con los de la Cámara del
Congreso.
El grupo andaluz de Izquierda Unida por lo tanto insiste con mucha fuerza
en ese emplazamiento a la asunción de responsabilidades a fin de
desbloquear la situación, porque, señorías, obran en mi poder documentos
firmados donde ustedes, unos y otros, prometen en tiempo electoral y
aprueban en sede parlamentaria medidas para un plan de viabilidad
industrial y financiero que haga posible la desaparición de los problemas
que ahora traban a dicha sociedad. Estamos pues en el momento procesal de
pasar de la acción parlamentaria a la ejecución gubernamental. Ya se han
tomado su tiempo para los nombramientos, aducían ustedes: Subsecretario
de Economía, Dirección de Patrimonio, etcétera. Por lo tanto, nosotros
planteamos que ya es hora de fijar la fecha de la tan cacareada reunión
tripartita, a tres bandas, entre la Junta de Andalucía, Patrimonio del
Estado y comité de empresa.
Por lo tanto, insisto una vez más, y con mucha brevedad termino,
llamándoles a que actúen corresponsablemente y constituyan la comisión
mixta en el marco planteado, que cumplan ustedes el acuerdo pactado con
los trabajadores sobre las indemnizaciones necesarias y suficientes que
permitan la liquidación de MTT y la constitución de la sociedad anónima
laboral. Los incumplimientos, señorías, y me dirijo al Gobierno en este
caso, al Gobierno de la nación y al Gobierno andaluz, también tienen
factura, y tienen factura siempre en clave de números rojos. Señorías, la
defensa de la industria textil, de los trabajadores y de Andalucía tiene
hoy nombre y apellido y se llama «salvemos la ex Hytasa».
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ENVIAR, CON CARACTER CUATRIMESTRAL,
UN INFORME SOBRE LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA Y POR LA QUE SE
ACUERDA LA COMPARECENCIA CUATRIMESTRAL DE DIVERSAS AUTORIDADES ECONOMICAS
ANTE LA COMISION DE ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000095.)
--RELATIVA A LA COMPARECENCIA PERIODICA, Y PREVIA REMISION DEL INFORME
CORRESPONDIENTE, DE DIVERSAS AUTORIDADES ANTE LA COMISION DE ECONOMIA,
COMERCIO Y HACIENDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 161/000104.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto anterior pasamos al siguiente,
que lo vamos a acumular con el último punto del orden del día. Son dos
proposiciones no de ley, formulada la primera por el Grupo Socialista, la
segunda por el Grupo Popular, cuyo contenido es análogo, por las cuales
se insta al Gobierno a enviar, con carácter cuatrimestral, un informe
sobre la evolución de la economía española y por las que se acuerda la
comparecencia cuatrimestral de diversas autoridades económicas ante la
Comisión de Economía, Comercio y Hacienda.
Por el grupo proponente, en primer lugar, tiene la palabra el señor
Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Es ya habitual, a lo largo de las legislaturas
precedentes, que los altos cargos, los responsables del Ministerio de
Economía, Comercio y Hacienda, comparezcan en esta Comisión para dar a
conocer, de un modo periódico y recurrente, el estado, las perspectivas y
también el análisis en pasado, la evolución, en otras palabras, de la
economía española. El Grupo Parlamentario Socialista, con la proposición
no de ley que defiendo en estos momentos, pretende dar continuidad a esa
tradición de esta Comisión en legislaturas precedentes, poniendo el
acento en aquellas cuestiones que nosotros entendemos son de mayor
interés para los comisionados y para el conjunto de la sociedad, sobre
todo para los agentes económicos que en los días presentes, y
probablemente con mayor intensidad en el futuro, apetecen y casi devoran
la información económica.
Digo que se comprobará en el párrafo primero de nuestra proposición no de
ley que ponemos un cierto énfasis en lo que tiene que ver con la
evolución de nuestra competitividad nacional, de nuestra competitividad
como país, como nación. No podía ser de otra manera, puesto que a un
elevadísimo grado de apertura de nuestra economía como consecuencia de
nuestra pertenencia a la Unión Europea, las perspectivas de la Unión
Económica y Monetaria en los años venideros añaden todavía más
importancia y confieren un mayor interés a la evolución de una variable
capital para los intereses y para el bienestar de todos
los ciudadanos españoles, cual es la de la competitividad de nuestra
economía. Nuestra propuesta por eso subraya cuáles son nuestras
necesidades, cuáles son nuestros intereses en lo que tiene que ver con el
contenido de esas comparecencias. Incluso, después de ese énfasis que se
pone en la competitividad, detallamos qué variables, qué evolución de
esas variables entendemos que interesan más a los efectos de valorar la
evolución de la competitividad.
Señorías, con esta propuesta no nos separamos, sino que más bien
caminamos en paralelo con las que se realizan en otros países de la Unión
Europea, en los que esta misma especialidad, este mismo interés centrado
en la competitividad viene siendo habitual desde hace años. Seguramente
todas SS. SS. conocen que un país muy comunitario entonces, muy europeo
ahora, como Bélgica, tiene nada menos que una ley de competitividad
nacional que obliga a un órgano independiente del Gobierno a presentar
periódicamente un informe sobre la evolución de determinadas variables en
la economía nacional belga --la inflación, los tipos de interés-- y su
comparación con idéntica evolución en aquellos países que en mayor medida
compiten con los productos belgas. Ese informe periódico, digo, tiene que
dar lugar a una modificación de las medidas y de la política económica
nacional, siempre y cuando se vea afectada por esa evolución la
competitividad. Y esa propia ley insta a los agentes económicos y
sociales a que lleguen a acuerdos para tratar de corregir las pérdidas de
competitividad que eventualmente se puedan ir produciendo. En el caso de
no alcanzarse ese acuerdo en relación con las medidas necesarias para
atajar las erosiones de la competitividad, esa propia ley también, belga
--insisto una vez más--, obliga al Gobierno a tomar las medidas
necesarias para restaurar el nivel competitivo.
Nosotros no estamos proponiendo nada de eso, ni muchos menos, pero sí
queremos que las comparecencias de los altos cargos del Ministerio de
Economía, Comercio y Hacienda en la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda tengan una especialidad y un foco de interés centrado en la
competitividad.
El segundo párrafo de nuestra proposición no de ley hace referencia a qué
autoridades creemos nosotros, a qué responsables de la autoridad
económica del Estado deberían de comparecer en la Comisión: el Secretario
de Estado de Economía, el Secretario de Comercio, Turismo y Pymes y el
Gobernador del Banco de España.
A nuestra proposición se añade, a efectos de trámite, la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular, y tengo que manifestar en este
momento, porque probablemente suponga una economía procesal, señor
Presidente, que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y yo mismo
hemos convenido que puede surgir una proposición no de ley de la fusión
de ambas, una proposición no de ley que mejor explicaría el portavoz del
Partido Popular, ya que es él el que propone cambios en la que nosotros
presentamos y que yo acabo de defender.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Albendea.
El señor ALBENDEA PABON: Efectivamente, la decisión del Presidente de
acumular estas dos proposiciones es acertada, porque no cabe duda que
versan sobre la misma materia.
Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu que anima la proposición no
de ley del Grupo Socialista, porque en definitiva nuestra proposición
está prácticamente en la misma línea. Ambas se basan en una lógica
política impecable, el derecho y el deber de la Cámara a estar informada
periódicamente de la situación económica por parte del Gobierno, sobre
todo en un momento como el presente, en el que la Cámara ha de seguir muy
de cerca la evolución de los objetivos de convergencia económica
establecidos en el Tratado de Maastricht, siendo uno de los objetivos
prioritarios del Gobierno alcanzar esa convergencia.
Por todo ello no podemos sino subrayar la oportunidad política de
nuestras respectivas proposiciones no de ley. Hay únicamente una
diferencia entre ambas proposiciones. El Grupo Socialista propone que el
informe cuatrimestral que el Gobierno remita sobre la situación económica
sea debatido en el Pleno de la Cámara, y además que comparezcan con la
misma periodicidad ante esta Comisión los secretarios de Estado de
Economía, y de Comercio, Turismo y Pymes.
El Grupo Parlamentario Popular estima que un debate cuatrimestral del
informe económico del Gobierno en el Pleno de la Cámara produciría sin
duda un solapamiento con otros debates importantes cuyo contenido es
netamente económico, como es el debate de los presupuestos o el debate
sobre el estado de la nación, que habitualmente viene celebrándose en el
primer período de sesiones de cada año y que aun cuando no está dedicado
en exclusiva a tratar la situación económica, ésta tiene un gran peso en
el debate al ser una de la mayores preocupaciones del pueblo español.
Por otra parte, podrían quedar vacías de contenido las comparecencias que
hemos solicitado ambos grupos de los secretarios de Estado si con la
misma periodicidad se celebrara un debate sobre la situación económica.
Además no existe tradición en esta Cámara; en el dilatado período en el
que el Grupo Socialista ha sustentado el Gobierno no se ha debatido en
Pleno el informe económico periódico del Gobierno; ha sido siempre en el
seno de esta Comisión en donde ha tenido acogida este debate y no en el
Pleno.
Estamos de acuerdo con el contenido de mínimos del informe que contempla
la proposición del Grupo Socialista, aunque en nuestra proposición se
prevé un abanico más amplio. No se constriñe al Gobierno sobre el
contenido del informe --por eso hablamos de contenido de mínimos del
informe--, que nos parece bien, pero el Gobierno por supuesto es libre de
informar sobre otros aspectos no incluidos en la proposición no de ley
del Grupo Socialista.
Estamos de acuerdo con la comparecencia de los secretarios de Estado,
pero todo ello entendemos que debe hacerse en el seno de esta Comisión.
De otra parte, se solicita también la comparecencia del Gobernador del
Banco de España. El Grupo Socialista propone que tenga periodicidad
cuatrimestral Mi grupo estima
más adecuada la periodicidad semestral una en cada período de sesiones.
Quizás, aunque no sea más que por razones estéticas, no es bueno
equiparar al Gobernador con los comparecientes del Ejecutivo, y así queda
más delimitada y subrayada la autonomía del Banco de España respecto al
Gobierno.
Por tanto, señorías y señor Presidente, propongo que se haga una
proposición no de ley conjunta, donde se recoja la parte del contenido
del informe que establece la proposición no de ley del Grupo Socialista y
se modifique en el sentido de que la comparecencia del Gobierno para el
debate del informe no sea en el Pleno, sino en esta Comisión, así como en
el sentido de que la comparecencia del Gobernador, en lugar de ser
cuatrimestral, sea semestral.
Si el Grupo Socialista está de acuerdo con esas dos matizaciones, nuestro
grupo apoyaría esa proposición no de ley conjunta.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval, ¿está de acuerdo o no?
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, sí, totalmente de acuerdo en
las modificaciones que propone a nuestra proposición no de ley el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABON: Señor Presidente, no es una modificación a la
proposición no de ley del Grupo Socialista. Es una proposición no de ley
conjunta de los dos grupos.
El señor PRESIDENTE: No lo he entendido, pero el señor Martínez Noval
quiere decir algo al respecto y luego intentaré aclararlo.
El señor MARTINEZ NOVAL: Sólo quiero expresar que si el portavoz del
Grupo Popular quiere que conste en acta como proposición conjunta, yo no
tengo ningún inconveniente, absolutamente ninguno.
El señor PRESIDENTE: Entonces, si esta Presidencia no lo entiende mal, se
trataría de comparecencias cuatrimestrales, con informe previo, de los
secretarios de Estado de Economía, y de Comercio, Turismo y Pymes, y
semestral por parte del Gobernador del Banco de España ante esta
Comisión, con envío previo, con cuarenta y ocho horas de antelación, y
esperemos que el Gobierno cumpla con el artículo 69 del Reglamento con
esta Comisión, de los informes correspondientes.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la
palabra el señor Zabalía.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, una cuestión formal previa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Exactamente, ¿cuál es la redacción de lo que se
va a aprobar? Rogaría que se nos comunicara, porque no sé si debatimos la
proposición no de ley del Grupo Socialista, si la del Grupo Popular ¿Qué
redacción exacta es la que estamos considerando?
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Noval.
El señor MARTINEZ NOVAL: Señor Presidente, quizá contribuya a solventar
el interrogante que plantea el señor Homs.
Desde mi punto de vista, el documento conjunto consistiría en la
proposición no de ley originaria del Grupo Parlamentario Socialista, en
la que desaparece «para su debate en el Plano de la Cámara», y en la que
además, en el apartado c) del párrafo 2, se diría que el Gobernador del
Banco de España comparezca semestralmente y no cuatrimestralmente.
El señor PRESIDENTE: ¿Está de acuerdo, señor Albendea?
El señor ALBENDEA PABON: Que desaparezca la frase, no. Se diría «para su
debate en el seno de la Comisión de Economía». En lo otro, sí, estoy de
acuerdo e insisto en que aparezca como una proposición no de ley conjunta
de ambos grupos.
El señor PRESIDENTE: Entonces, si no me equivoco, quedaría en los
siguientes términos.
1.La Comisión de Economía, Comercio y Hacienda insta al Gobierno a
enviar, con carácter cuatrimestral, un informe sobre la evolución de la
economía española para su debate en la mencionada Comisión. En dicho
informe se evaluará el desarrollo de la competitividad de nuestra
economía y en concreto se incluirá: un análisis sectorial pormenorizado
de la evolución de cuotas de mercado de las importaciones y exportaciones
españolas; un análisis de las medidas ya tomadas y de sus efectos; las
causas que subyacen a dicha evolución; las medidas precisas a adoptar, en
caso necesario, para restaurar la competitividad de nuestra economía. Por
último, en dicho informe se evaluará el grado de cumplimiento de los
criterios de convergencia con Europa, las causas de las posibles
desviaciones, si es que las hubiere, y las medidas a adoptar para
garantizar el cumplimiento de dichos criterios.
2.La Comisión de Economía, Comercio y Hacienda acuerda la comparecencia
cuatrimestral, previa remisión del informe correspondiente, de las
siguientes autoridades ante la citada Comisión: a) El Secretario de
Estado de Economía, para informar de la evolución de la economía
española. b) El Secretario de Estado de Comercio, Turismo y Pymes, para
informar de la situación del comercio exterior y de la evolución de sus
principales magnitudes. c) El Gobernador del Banco de España, para
informar semestralmente de la política monetaria que se desarrolla, así
como de la evolución de sus principales magnitudes.
¿Estarían ustedes de acuerdo en que el punto 2 estuviera referido nada
más que a la comparecencia del Secretario
de Estado de Economía y al Secretario de Estado de Comercio, Turismo y
Pymes, y que hubiera un apartado 3 que dijera: La Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda acuerda la comparecencia semestral, previa remisión
del informe correspondiente, del Gobernador del Banco de España ante la
citada Comisión?
El señor MARTINEZ NOVAL: Es una buena solución, sí. (El señor Homs i
Ferret pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Homs tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, ¿cuándo podría expresar mi
grupo formalmente sus sugerencias para esa redacción final que vamos a
debatir?
El señor PRESIDENTE: Ya.
El señor HOMS I FERRET: ¿Procede en estos momentos solicitar la palabra
para expresar mi opinión?
El señor PRESIDENTE: Sí, tiene usted la palabra si lo desea.
El señor HOMS I FERRER: La verdad es que yo quería preguntar si la
proposición no de ley del Grupo Popular decae, no se va a votar. (El
señor Aguirre Rodríguez: Se suman las dos, se acumulan.)
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, y pasa a ser una proposición
conjunta, según he entendido yo.
El señor HOMS I FERRET: Con la redacción que S. S. ha leído.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente.
El señor HOMS I FERRET: Bien. Entonces me refiero solamente a la
literalidad de lo que usted ha leído, señor Presidente, y quisiera
sugerir, en nombre de mi grupo, que el primer punto restringe el análisis
del debate a unas consideraciones que se ponen ahí, pero pueden haber
muchas otras más. El análisis del desarrollo de la competitividad de
nuestra economía me parece muy bien, pero luego, en el punto 2, se dice
que la comparecencia del Secretario de Estado de Economía es para
analizar la evolución de la economía española, y la evolución de la
economía española es todo, no solamente el análisis de la competitividad,
con lo cual, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? ¿La comparecencia
cuatrimestral es sobre un informe previo que sólo hablará de
competitividad de nuestra economía y la comparecencia hablará de toda la
evolución de nuestra economía?
Segunda cuestión. ¿Por qué el Secretario de Estado de Economía y no el
Ministro de Economía?
Tercera cuestión. ¿Por qué el Secretario de Estado de Comercio, Turismo y
Pymes sólo debe hablar del comercio exterior y no hablar de pymes ni de
turismo?
Señor Presidente, yo le ruego unos minutos de suspensión para ponernos de
acuerdo los portavoces sobre la literalidad de esa redacción, porque si
no va a ser complicada su votación final, ya que, con el mejor deseo,
vamos a estar todos sugiriendo en estos momentos observaciones, y con
unos minutos, si nos pusiéramos de acuerdo los portavoces, podríamos
sustanciar ese texto nuevo de proposición conjunta, que es una iniciativa
que me parece muy bien, pero que requiere una revisión de su literalidad.
El texto del Grupo Popular era más amplio, y a mi juicio era muy acertado
porque permitía todo, abría todo el proceso; permitía la comparecencia
semestral del Gobernador a la vez que las cuatrimestrales para los dos
altos cargos, pero remitida a toda la evolución de la economía española.
Ahora, yo creo que si nos ceñimos a la proposición no de ley del Grupo
Socialista, para poder lograr un consenso, deberíamos redactar un poco
ese texto de forma que no nos limitara el debate, porque éste no
solamente debe de estar ceñido a la evolución de la competitividad de
nuestra economía, ni tampoco debemos decirle al Secretario de Estado de
Comercio, Turismo y Pymes que sólo venga a hablar de comercio exterior,
porque también puede hablar de pymes y puede hablar de turismo,
básicamente de turismo, señor Presidente. ¿Y por qué el Ministro de
Economía no? Si van a ser cuatro debates los que vamos a tener en esta
Comisión, ¿por qué no puede comparecer también el Ministro de Economía?
Mi grupo desearía que fuera el Ministro de Economía, cuando conviniéramos
que fuera el Ministro de Economía.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Homs. ¿Están ustedes de
acuerdo? (Asentimiento.) Entonces, por favor, acérquense los portavoces
para intentar llegar a un acuerdo, y suspendemos brevemente la Comisión.
Ruego a los señores Diputados que no abandonen la sala.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Por parte del señor Letrado se procederá a la lectura del acuerdo llevado
a efecto ante los diferentes portavoces.
El señor LETRADO DE LA COMISION: Se trataría de añadir a la proposición
no de ley, además de las modificaciones que anunció el Presidente, lo
siguiente:
En el párrafo 2.º del primer apartado, que comienza con: «En dicho
informe...», se añadiría: «En dicho informe, además de otros extremos, se
evaluará...».
En el apartado 2.º, cuando se refiere a las autoridades Secretario de
Estado de Economía, de Comercio, referirse «... para informar de las
materias de su competencia...», y añadir una referencia al Secretario de
Estado de Hacienda «... para informar sobre materias, competencia de esta
Comisión, relativas al sistema tributario».
El señor PRESIDENTE: Por los servicios de la Cámara se reflejará
expresamente en el acta, para su firma posterior de la Presidencia y del
Secretario.
¿El señor Homs quiere intervenir en relación con este punto?
(Denegaciones.)
Si está de acuerdo, entonces le doy la palabra al señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Espero que esta vez sea definitiva, porque
además hay poco que decir. Hemos llegado a un consenso todos los grupos
en algo que no tenía más sentido que dar forma a lo que estábamos todos
de acuerdo, porque en realidad yo creo que la nueva redistribución se
debe a una reforma dentro del propio Ministerio de Economía, Comercio y
Hacienda, y por lo tanto era adecuar ahora esa cuestión a los
responsables de cada área. Algo que en cuanto a las comparecencias y a
los informes ya se venía haciendo en esta Comisión, porque ya lo remitían
con esta periodicidad. Creo que es continuar con estos informes y estas
comparecencias, como digo, reordenando respecto al nuevo organigrama del
Ministerio de Economía y Hacienda.
Además, este período legislativo va a ser importante y donde las medidas
económicas van a tener, digamos, una importancia especial. Estamos dentro
de un período en que tenemos que cumplir con una serie de requisitos en
el plan de convergencia, porque va a haber reformas estructurales
importantes que van a tener incidencia en la política económica y social.
Yo creo que más que nunca se necesita de esta participación del Gobierno
en cuanto a los informes a esta Comisión y del debate que en cada momento
tengamos.
Por lo tanto, yo creo que obvia decir que era necesario continuar con
este tipo de comparecencias. Por parte de nuestro grupo parlamentario no
hay ningún inconveniente en aceptar el texto acordado por todos los
grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: El señor Homs tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: Sí, señor Presidente. Para también adherirme al
consenso que hemos alcanzado en la redacción formal de ese compromiso en
torno a la proposición no de ley del Grupo Popular, integrando la que
había presentado también el Partido Socialista. Simplemente quiero
expresar que me parece que la redacción que se nos ha leído se ajusta con
mucha más precisión a lo que todos los portavoces deseamos y, como que no
tengo ningún deseo de alargar este debate y ya nos hemos transmitido
todas nuestras consideraciones, sólo deseo expresar que tal y como ha
quedado recogido el texto literal me parece que es una buena decisión.
Habrá una información previa ceñida mínimamente a unos contenidos, que
prioritariamente se refieren al desarrollo de la competitividad de
nuestra economía, cosa que nos parece muy bien, sin perjuicio de que
también se puedan abordar muchas otras cuestiones, y también me parece
muy acertada la decisión de que se incorpore el Secretario de Estado de
Hacienda en las materias que son competencia de esta Comisión; y dejar en
seis meses la comparecencia del Banco de España, también me parece muy
positiva, siempre y cuando tengamos presente que el Gobernador del Banco
de España casi siempre, yo creo que siempre, comparece una vez en
tramitación de presupuestos, con lo cual a esas dos semestrales habrá que
sumar una tercera, que coincidirá con la tramitación de los presupuestos
anuales; por lo tanto, no estamos alejándonos mucho de esas cuatro fases
de revisión que va a tener esta Comisión con esas comparecencias.
Señor Presidente, sólo me queda expresar que nuestro Grupo va a votar
favorablemente esa redacción final. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Queda concluido este punto del orden del día.
--SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE ACCION SOBRE EMPRESAS
ESPAÑOLAS O PARTICULARES EN APLICACION DE LA LEY HELMS-BURTON Y
GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000088.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto consistente en la
proposición no de ley, formulada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas para evitar
cualquier tipo de acción sobre empresas españolas o particulares en
aplicación de la Ley Helms-Burton y garantizar la libre competencia, a
petición del grupo parlamentario indicado al principio.
Para su defensa tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: señor Presidente, señorías, como todos ustedes
saben, la empresa Sintel, filial de Telefónica y propiedad al cien por
cien de Telefónica Española, S. A., fue vendida al grupo Mas Tec,
propiedad del empresario norteamericano Jorge Mas Canosa, en un momento
de máxima interinidad política, porque coincidió con los acuerdos del
último Consejo de Ministros del PSOE y en fechas en las cuales todavía no
había sido investido el actual Presidente del Gobierno, señor Aznar.
Dicha empresa no solamente fue vendida en esta situación de interinidad
política, sino que fue vendida en una actitud de máximo secretismo. Las
negociaciones no fueron conocidas hasta el final, ni los empleados, ni
los partidos políticos, ni siquiera alguno de sus directivos tuvieron
conocimiento de tal venta.
Al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya le
resulta incomprensible la venta de una empresa española a quienes, sin
duda --como todas SS. SS. saben en un debate que tuvo lugar en esta
Cámara
en fechas recientes--, es el principal promotor de leyes que afectan
gravemente los intereses de empresas españolas en el extranjero, y que
incluso vulneran el derecho internacional, habiendo recibido el rechazo
de la Unión Europea y de otras instancias internacionales, como son la
Ley de Torricelli y la Ley de Helms-Burton.
A nadie se le escapa que uno de los lobbies fundamentales que han
promovido la aprobación de esta Ley y su ratificación por parte del
Presidente del Gobierno de Estados Unidos, es sin duda el representado
por el señor Mas Canosa.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
entiende que dicho secretismo podría deberse tanto a la personalidad del
citado empresario, al cual se ha relacionado en la prensa insistentemente
con el mundo del narcotráfico, tal y como se supo en el caso Irán-Contra,
así como con las actividades de la Fundación Nacional Cubano-Americana,
que este señor preside, dado que algunos de los miembros críticos con el
señor Mas Canosa han sido amenazados e incluso asesinados en Estados
Unidos, como ha ocurrido en el caso de tres de ellos. El prestigio diario
norteamericano The Heral Tribune ha relacionado las operaciones del señor
Mas Canosa con operaciones de trata de blancas, tráfico de armas y con
haber intervenido en operaciones de la CIA.
La venta de Sintel a Mas Canosa arroja aspectos oscuros, desde el punto
de vista estrictamente económico. Telefónica ha realizado recientemente
inversiones en Sintel por valor de 7.000 millones de pesetas, y la venta
se ha efectuado, según datos de la empresa, por valor de 4.900 millones
de pesetas. Y, a pesar de que Telefónica alegaba como justificación para
su venta el problemático futuro de Sintel, sin embargo se compromete, con
ocasión de la venta de la empresa, a contratar obras e instalaciones con
Sintel por valor de 75.000 millones de pesetas en una situación en la
cual, dentro de un sector que está sujeto a una enorme competitividad,
estos contratos le garantizan la viabilidad por lo menos en tres años
directamente contratados por Telefónica Española, S. A.
En una pregunta escrita realizada por esta Diputada al Gobierno,
solicitando información sobre los contratos de venta y cuantos documentos
anexos concurran al mismo entre Telefónica Española, S. A., y Mas Tec, la
respuesta del Gobierno me plantea una profunda preocupación porque el
secretismo no solamente ha ido dirigido a los medios de comunicación, a
los trabajadores y a los directivos de la empresa, sino que el Gobierno
responde, en pregunta parlamentaria y en ejercicio de actividades de
control al Gobierno y de la obligación del mismo a responder de los
mismos exclusivamente --no creo que haya papeles del Cesid incluidos en
este caso-- que existen razones fundadas que impiden proporcionar
informes o documentos interesados, dado el carácter privado de las
empresas intervinientes en la operación de compraventa de Sintel
sometidas a la legislación mercantil en un contexto de fuerte
competencia.
Señorías, si los grupos parlamentarios no pueden conocer en qué
condiciones se venden empresas públicas a empresas privadas, ustedes me
dirán cómo los grupos parlamentarios pueden ejercer su obligación del
control del Gobierno, no solamente en el caso de Sintel, sino en la
cascada de privatizaciones que el Gobierno del señor Aznar tiene en
marcha. Es decir, el Gobierno pretende ocultar las condiciones de venta
de empresas públicas dado que, en la mayoría de los casos, evidentemente,
son compradas por empresas privadas sometidas a la legislación mercantil.
Yo entiendo que esto es un precedente de enorme gravedad, que hurta a los
grupos parlamentarios el constitucional deber y derecho de ejercer
acciones de control del Gobierno y de conocer en qué términos concretos
se realiza la enajenación de bienes públicos.
No obstante, el objeto de la proposición no de ley se relacionaba no
solamente con las condiciones de venta de la empresa Sintel a Mas Tec,
sino a las actuaciones directamente protagonizadas por el señor Mas
Canosa en la aplicación de la ley Helms-Burton en España.
Sus señorías saben, exactamente igual que yo, cómo no solamente se ha
promovido a través del lobby del señor Mas Canosa la aprobación de la Ley
Helms-Burton, sino que, en una colaboración directa con el Gobierno de
Estados Unidos, el señor Mas Canosa ha elaborado un listado de empresas
de diferentes países del mundo, en concreto 301 empresas de 36 países,
que mantienen relaciones comerciales con Cuba. Dentro de éstas hay 37
empresas españolas, sin contar filiales, en una especie de lista negra
remitida al Departamento de Estado norteamericano. El grueso de las
empresas españolas marcadas por la asociación que lidera Mas Canosa está
conformado por 17 firmas hoteleras, compañías turísticas y seis entidades
bancarias, como el Banco Bilbao-Vizcaya o el Banco de Sabadell.
El Departamento de Estado norteamericano no ha esperado a la entrada en
vigor de la Ley Helms-Burton para establecer presiones directas contra
firmas extranjeras. De las tres primeras firmas extranjeras, una de ellas
es la minera canadiense Sherrit y otras dos son una empresa mejicana y
otra italiana, curiosamente vinculadas al mundo de las
telecomunicaciones.
El señor Mas Canosa, en declaraciones, ha citado que las firmas españolas
se están beneficiando de una situación comercial que no cumple los
requisitos del libre mercado, según su opinión, y comercian con un pueblo
esclavo, y eso no sólo es ilegal, sino también inmoral.
El abogado y dirigente de la Fundación Cubano-Norteamericana amenazó
además con futuras represalias contra las empresas incluidas en su lista
negra. Es decir, directamente la Fundación Cubano-Norteamericana asume la
presión de la cual ya conocemos resultado y de la que se han derivado el
asesinato de personas en Miami. Dice que este tipo de presión es uno de
los principales objetivos de la Fundación Cubano-Norteamericana, y se
elaboró una lista para que después de Castro sepamos quiénes van a perder
sus inversiones en la isla y además deberán enfrentar demandas legales de
los agravios por su actuación, como ya ocurrió en Alemania tras el final
de Hitler.
Evidentemente, señorías, este tipo de presión política está teniendo
lugar en estos momentos. Sus señorías saben cómo una de las principales
hoteleras de España, Hoteles Occidental, ha retirado sus propuestas, sus
proyectos de inversiones
en Cuba. No obstante, pese a la información que evidentemente revelaba el
impacto real de las amenazas que una ley, que todavía no está en vigor,
puede tener sobre las empresas extranjeras, en este caso españolas, no
obstante, digo, sería conveniente que los inversores españoles en Cuba
supieran que probablemente esta situación no es el producto exclusivo de
la aplicación de la Ley Helms-Burton, sino la situación concreta de la
familia De Diego, propietaria del Grupo Occidental Hoteles, cuyo
principal accionista, don Gerardo de Diego, se encuentra en estos
momentos huido de la justicia por su participación en delitos de presunta
estafa y falsedad cometidos en el Banco Occidental, propiedad hoy del
Banco Bilbao-Vizcaya, y que la presencia de esta persona en Miami pudiera
estar amenazada si no cumpliera los requisitos para los cuales está
siendo presionado, en función de la posibilidad de que se concediera la
extradición a España y que pudiera ser procesado por los delitos de que
se le acusa.
Por lo tanto, señorías, y con esto termino, una vez más, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, preocupado por
las graves lesiones que la soberanía española pudiera recibir de la
aplicación extraterritorial de una ley, que evidentemente no tiene
vigencia en las fronteras nacionales y que proviene de la aplicación en
un Estado extranjero, plantea una proposición no de ley en la que insta
al Gobierno a realizar enérgicas protestas diplomáticas en el caso de que
se realice cualquier tipo de acción sobre empresas españolas o
particulares en aplicación de la Ley Helms-Burton. Y que además la
eficacia y el interés de que el señor Mas Canosa, en estos momentos
propietario de Sintel, pudiera ejercer, en su colaboración directa, en la
aplicación de la extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton en empresas
y en cuanto a particulares españoles, pudieran ser sometidos a
resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, o que asimismo
pudiera instarse al Servicio de Defensa de la Competencia para la
instrucción de acciones relativas a la actuación de la sociedad Mas Tec y
su relación con la remisión de una lista de empresas españolas para ser
sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en aplicación
--insisto-- del carácter extraterritorial de una ley extranjera que
pudiese ser contraria a la libre competencia y que pretende directamente
la lesión de los intereses de empresas españolas inversoras en el
extranjero.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Guardans tiene la
palabra.
El señor GUARDANS I CAMBO: El tema de Cuba es reincidente en este
Parlamento y ahora parece en esta Comisión.
Yo querría antes que nada dejarle muy claro a la portavoz de Izquierda
Unida que nuestro grupo --ya lo dijo en el Pleno, por dos veces además, y
lo reitera ahora-- se opone frontal y de la forma más drástica --no sé
qué otro tipo de expresión podría utilizar para convencer a S. S.-- a la
Ley de Helms-Burton y a las consecuencias que dicha Ley en su alcance
extraterritorial puede tener contra empresas españolas, ya que, como bien
ha dicho, de entre esas empresas españolas hay algunas que son empresas e
instituciones financieras catalanas.
Por tanto, respecto de la Ley Helms-Burton no vamos a discutir en
absoluto. Hemos manifestado nuestra oposición, y así ha quedado reflejada
en una resolución aprobada por el Pleno, sin sus votos, hay que decirlo,
lamentablemente sin sus votos. Ustedes no han condenado todavía la Ley
Helms-Burton en esta Cámara. Nosotros ya lo hemos hecho, pero no vamos a
reabrir ese debate.
También quería decirle que las ideas políticas del señor Mas Canosa no
son las nuestras, y no compartimos los planteamientos que pueda tener el
señor Mas Canosa o la Fundación Cubano-Americana y la inspiración que
puede tener, o que de hecho tiene, en la redacción de la Ley
Helms-Burton.
A partir de ahí, el texto de esta proposición no de ley, el contenido que
tiene, no nos permite su aprobación tal y como está formulado, en el caso
que de lo que haya que hacer sea tomar postura sobre la proposición no de
ley en su conjunto. Por razones políticas y por razones jurídicas, por
las dos. Yo rogaría a la representante de Izquierda Unida que las
iniciativas que tenga en este tema sean políticamente viables y
jurídicamente fundadas, y en este caso no son ni políticamente viables ni
jurídicamente fundadas.
En primer lugar, respecto a la exposición de motivos, que evidentemente
no es objeto de votación, sí querría simplemente comentar que en el texto
con que se introduce esta proposición no de ley hay una serie de
contradicciones, de absoluta confusión de problemas y de mezclar lo que
es el posible problema, y que en su caso quizá sí debería ser examinado
por esta Comisión, pero en otro contexto totalmente distinto, de cómo y
por qué Mas Tec adquirió Sintel, en qué condiciones; y si no conocía ese
dato, si le ha sido ocultada esa información, quizá tener la máxima
transparencia sobre el proceso de adquisición de Sintel sí podría ser
objeto de una proposición que en su momento se votara.
Mezclar eso, mezclar el poder que pueda tener desde ese momento el señor
Mas Canosa al haber adquirido la propiedad de una empresa en España, con
el problema de la Ley Helms-Burton o con el problema de la
extraterritorialidad de la Ley Helms-Burton, es mezclar churras con
merinas, y por tanto está absolutamente fuera de lugar. Mezclar las
denuncias que pueda hacer el señor Mas Canosa en la prensa española
anunciando que va a denunciar a empresas españolas ante el Gobierno
norteamericano, todo eso no tiene nada que ver ni con Sintel ni con las
empresas del señor Mas Canosa.
En segundo lugar, si venimos criticando la extraterritorialidad de la Ley
Helms-Burton, lo que no vamos a hacer ahora es predicar la
extraterritorialidad de la legislación española. El señor Mas Canosa,
guste más o menos a los miembros de esta Cámara, y ya he dicho que sus
ideas políticas no son las nuestras --de sus intereses particulares y
negocios no tengo ninguna prueba para dudar de su legalidad, pero las
ideas políticas públicamente manifestadas
por él no coinciden con las nuestras-- es un súbdito norteamericano que
puede denunciar ante el Gobierno norteamericano lo que estime oportuno y
cuantas veces lo estime oportuno, y este Parlamento no puede, so pena de
estar precisamente contradiciéndose con todo lo que viene sosteniendo,
oponerse a que un súbdito norteamericano, ante la Administración
norteamericana, ni siquiera ante los tribunales, denuncie o manifieste
sus opiniones acerca de conductas ilícitas, según el Derecho
norteamericano, cometidas en su opinión por empresas españolas.
El problema en ese caso no es del señor Mas Canosa, el problema es que
existe una ley norteamericana que de esa denuncia pueda sacar
consecuencias contra las empresas españolas. Por tanto, lo que tiene que
hacer este Parlamento, y ya ha hecho, y vigilaremos que el Gobierno siga
haciendo, es oponerse a esa Ley y a que denuncias de ese estilo, del
señor Mas Canosa y de otros cientos de cubanos nacionalizados
norteamericanos, puedan denunciar en Estados Unidos a empresas españolas
por actos realizados fuera de Estados Unidos.
Por tanto, por ese lado no vemos tampoco una fundamentación ni política
ni jurídica para en sí mismo sancionar las denuncias que pueda hacer el
señor Mas Canosa contra empresas españolas en Estados Unidos.
Si entramos ya en el detalle de lo que es la proposición no de ley,
respecto del párrafo primero, ya le he dicho que la oposición por parte
de nuestro Grupo a la Ley Helms-Burton es clara. Creemos que este párrafo
es redundante con lo que se aprobó en el Congreso. Ahora, si se llegara a
una votación separada de los párrafos de esta proposición no de ley,
evidentemente votaríamos a favor, con este texto o con otro que se pueda
mejorar en su redacción, incluso desde el punto de vista técnico, pero,
evidentemente, todo lo que sea manifestar cuantas veces haga falta
nuestra oposición a la Ley Helms-Burton, lo votaremos a favor.
A partir de ahí, hablar de someter al Tribunal de Defensa de la
Competencia las actitudes del señor Mas Canosa, hablar de que se inste al
Servicio de Defensa de la Competencia, todo eso está fuera de lugar. El
Tribunal de Defensa de la Competencia no es competente en este punto, ya
que el artículo 7.º de la Ley de Defensa de la Competencia fija muy
estrictamente los supuestos en los que puede conocer en supuestos de
competencia desleal, que es de lo que estamos hablando, el Tribunal de
Defensa de la Competencia, y no parece que estemos en esa situación, y el
Servicio de Defensa de la Competencia todavía menos.
Por tanto, desde el punto de vista jurídico más básico, ninguno de estos
dos puntos tiene justificación ni razón de ser. Otra cosa es --y ahí el
Parlamento no tiene nada que decir pero querría dejar constancia de ello,
para que se lo pueda comentar la portavoz de Izquierda Unida a aquellas
empresas con las que tenga relación-- que aquellas empresas españolas que
consideren que el señor Mas Canosa, en España, y mediante sus actuaciones
en España y sus declaraciones a la prensa en España, esté violando el
buen nombre de esas empresas o las posibilidades de mercado de esas
empresas en mercados exteriores. Eso podría, en hipótesis, constituir
actos de competencia desleal que deberían ser enjuiciados por la
jurisdicción ordinaria. En ese caso esas empresas tienen a su disposición
la Ley de Competencia Desleal y la posibilidad de interponer una demanda
ante un juzgado de Primera Instancia que territorialmente sea competente.
Y nada más. Entrar a instar al Gobierno a que meta por medio el Tribunal
de Defensa de la Competencia o el Servicio de Defensa de la Competencia
nos parece absolutamente fuera de lugar y por todo ello, siempre y cuando
esta proposición no de ley se someta a votación conjunta, no podemos
votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Costa.
El señor COSTA COSTA: Para fijar la posición de mi grupo respecto a esta
proposición de Izquierda Unida.
En primer lugar, quisiera deslindar la proposición no de ley en dos
apartados claramente diferenciados: la primera, que condena la Ley
Helms-Burton; y la segunda, que básicamente lo que pretende es recurrir
al Tribunal de la Competencia para que se manifieste sobre si ésta se ha
conculcado en algún caso.
En primer lugar, la exposición de motivos de Izquierda Unida relaciona
una lista de empresas entregadas por el Presidente de la Fundación
Cubano-Americana, el señor Mas Canosa, y en relación a esa exposición de
motivos se propone un primer punto que nosotros compartimos plenamente
como es el hecho de que para España es inaceptable que una ley interna de
un país, Estados Unidos en este caso, penalice la acción de empresas
españolas en otros países bajo el pretexto o bajo pretextos de una
conculcación de derechos humanos u otros motivos internos de los países
afectados.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo cuando, como vemos estos días en
España, por parte del Gobierno la exigencia de respeto a los derechos
humanos se mide en magnitudes del tamaño del mercado. Estamos viendo cómo
esta opinión, reiterada por parte del Gobierno de que se conculcan los
derechos humanos en Cuba y que ése es el motivo principal de romper lo
que han sido las relaciones históricas de España con todos los vínculos
humanos e históricos que hemos tenido con Cuba, no se sustenta, no es
coherente, con la acción política del Gobierno, y más escenificado que lo
estamos viendo estos días, imposible. Por lo tanto, lo que ocurre es que
el Gobierno de la derecha, el Gobierno conservador, el Gobierno del
Partido Popular lo que hace es medir la magnitud de los derechos humanos
en función del tamaño del mercado y nosotros, evidentemente, eso no lo
podemos compartir.
No estamos de acuerdo, por lo tanto, con el cambio de política exterior
española que produce el Gobierno del Partido Popular en el caso de Cuba.
No podemos estar de acuerdo. Es un cambio sectario, escasamente
fundamentado, que rompe con la política española de relaciones con un
país al que estamos estrechamente vinculados tanto histórica como
humanamente, un país donde muchísimos españoles han sido acogidos cuando
han tenido necesidad de ello por razones humanitarias. Y no estamos de
acuerdo con la política del Gobierno del PP en Cuba porque actúa
contra los objetivos que dice perseguir, y muy concretamente contra la
posibilidad de una transición pacífica hacia la democracia y hacia el
respeto de los derechos humanos y un mejor nivel de vida del pueblo
cubano.
No entendemos la política del Gobierno de España y del PP cuando
asistimos a condenas de la Ley Helms-Burton en países vecinos y socios de
Estados Unidos, condenas con acciones específicas de países como Canadá o
como México, o como la Organización de Estados Americanos, tan
estrechamente vinculados a España, y no entendemos que desde el Gobierno
español, el que debería ser, por su relación histórica, quien defendiera
los intereses de España y de las empresas españolas ante Cuba, se estén
emitiendo mensajes confusos que en cualquier caso le hacen aparecer como
encubridor, como cómplice de una ley injusta e inadecuada.
En el segundo bloque de la exposición de motivos tendría yo otra opinión.
Yo creo que, efectivamente, tal y como ha dicho ya el portavoz de
Convergència i Unió, contiene elementos de confusión y algunas
afirmaciones de dudosa veracidad. Cuando se dice que se ha ocultado toda
información a los partidos políticos, y no recuerdo a quién más ha dicho,
se omite que se ha informado a las fuerzas sindicales representadas en
esa empresa de la operación y que los representantes laborales en la
empresa conocen perfectamente la situación. Otra cosa es que no compartan
las líneas empresariales que está imprimiendo en esa empresa su nueva
dirección, y nosotros creemos que no nos corresponde en cualquier caso
opinar sobre esta materia y por mucho que en su aspecto público no
podamos compartir la filosofía ni la ideología del señor Mas Canosa, ni
siquiera creemos que el Congreso de los Diputados deba entrar a juzgar
estos elementos.
Por lo tanto, tanto el aspecto señalado de la entrada del señor Mas
Canosa a través de Mas Tec en Sintel, como consecuencia de esa exposición
confusa y a la que se han añadido elementos que la propia Comisión
desconoce, como la respuesta emitida por el Gobierno a una información
que nada tiene que ver con esa proposición no de ley, y en cualquier caso
compartimos una cierta preocupación por lo que ha dicho la Portavoz de
Izquierda Unida, nos hacen ver que se propone un acuerdo a nuestro modo
de ver equivocado, y no es otro que se someta a la resolución del
Tribunal de Defensa de la Competencia para determinar si puede ser
contraria a la legislación española o comunitaria la actuación del señor
Mas Canosa al entregar una lista de empresas españolas para ser
sancionadas por Estados Unidos.
Yo quisiera recordarle a la portavoz de Izquierda Unida que en el
artículo 1 de la ley que regula la defensa de la competencia, sobre las
conductas prohibidas y autorizadas, no encontramos sustento para el
recurso ante dicho Tribunal. Genéricamente esta ley prohíbe todo acuerdo,
decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir
el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en
parte del mercado nacional --del mercado nacional--, y en particular un
listado que sigue a continuación de esta entrada genérica y que ahorro a
SS. SS. leer.
Es verdad que seguramente Izquierda Unida ha recurrido a la forma más que
al fondo de la Ley de la Competencia y que, en su artículo 26.2, permite
a esta Comisión acceder o recurrir a la consulta del Tribunal si
considera que se ha conculcado la libre competencia en alguna materia,
pero el fondo de la cuestión entendemos que hace absolutamente
innecesaria esa consulta, porque estamos hablando de un problema que
afecta a otro país, que no afecta a nuestro ámbito territorial y que, por
lo tanto, es improcedente.
Nuestra opinión es que Izquierda Unida, en su voluntad de defender una
causa justa, se equivoca de mecanismos, que en caso de darles curso
además pueden producir el efecto contrario al perseguido, porque si vamos
al Tribunal de Defensa de la Competencia y nos dice que no es competente,
la impresión que estamos dando es la de que quienes están actuando
inadecuadamente lo hacen correctamente, simplemente por recurrir a un
instrumento inapropiado.
España forma parte de la Unión Europea, que es firmante a su vez de los
acuerdos internacionales sobre libre comercio. Estos acuerdos se están
conculcando a nuestro entender por parte de la normativa de un país
firmante de los mismos, como es Estados Unidos y por ciudadanos de ese
país. España, pues, debe impulsar, en el marco de la Unión Europea, el
recurso ante la Organización Mundial de Comercio para exigir una condena
de inmediato cese de esas prácticas. Y ésta es la vía que nosotros
creemos que tiene que impulsar nuestro país más que ningún otro, en
defensa de los intereses de las empresas españolas en Cuba y en defensa
de que se respeten los acuerdos internacionales.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista quiere apoyar la condena
más enérgica a las prácticas insostenibles en el marco del orden
internacional, pero no puede apoyar aspectos como los referidos al punto
segundo y tercero que recurren a mecanismos inadecuados para dichos
fines. Y esperando que, si es posible, se llegue a una redacción mejor de
la proposición no de ley que responda a lo que es un deseo de nuestro
grupo, apoyaríamos, en el caso de que haya posibilidad de una votación
separada, el punto primero y nos abstendríamos en el segundo y en el
tercero.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Por lo que se ha afirmado aquí respeto a la
política general de España, que desde luego no es el tema de esta
proposición no de ley, sí tengo que confirmar que, efectivamente, el
Gobierno de España ha formulado una política nueva en relación a Cuba,
que tiene en cuenta los intereses permanentes y generales del país, que
defiende de forma clara y rotunda las inversiones de los empresarios y de
las empresas españolas en Cuba, que se opone a a la Ley Helms-Burton, en
tanto que considera que es una ley que no solamente afecta a intereses
legítimos españoles, sino que además viola principios básicos del Derecho
y de la jurisprudencia internacional, pero
que también consiste en otras cosas. Y desde luego, si hablamos de la
vieja política, yo no creo que el Partido Socialista tenga muchos motivos
para enorgullecerse de la política de España hacia Cuba que no ha
provocado ni producido cambio o reforma alguna, que ha consistido en una
mezcla de subvenciones, apoyo diplomático, comprensión ideológica,
afinidades personales y acuerdos vergonzantes, como el del año 1986, que
pretendía poner fin a las reclamaciones de miles de españoles cuyos
bienes habían sido confiscados injustamente por la dictadura de Castro y
que desde luego nunca he visto que nadie desde la izquierda, del Partido
Socialista o de Izquierda Unida, se haya molestado por un solo segundo en
su actividad política y parlamentaria en defender.
La verdad es que, por lo que se refiere a la proposición no de ley, hemos
pasado de la Ley Helms-Burton a la proposición no de ley Alcaraz-Maestro
igualmente disparatada. En su obsesión por defender a Castro se nos ha
llevado a discutir cómo atacar a uno de sus principales oponentes, lo que
puede ser discutible, desde luego yo lo discuto, pero con eso se actúa de
forma irresponsable, se pone en peligro la viabilidad de una empresa
española importante, una empresa con 4.137 trabajadores y 5.000 ó 6.000
empleos indirectos, con tres filiales en España y cuatro en Iberoamérica,
en fin, una importante empresa española, y se pone en peligro una
inversión en España de 5.000 millones de pesetas.
Sin duda podemos discutir, quizás éste no sea el marco adecuado para
hacerlo, sobre si existen o no motivos para que se produzca un conflicto
entre la empresa y los trabajadores a propósito de la inversión
realizada, la compra de Sintel por Mas Tec, pero desde luego habría que
hacerlo en ese marco y no introduciendo en este conflicto posibles
razones extraempresariales, y las razones extraempresariales son desde
luego disparatadas.
No dejaría de ser irónico que se ataque la libertad de competencia en
nombre de la libertad de competencia por parte de un grupo que jamás ha
defendido libertad de competencia alguna. No deja de ser irónico que se
defienda a los trabajadores, impulsados por el amor a un régimen que
niega los derechos de los trabajadores. Y no deja de ser irónico que se
presenten en esta Cámara proposiciones no de ley ad hominem.
Señora Maestro, ustedes han llamado al señor Mas Canosa muchas cosas:
narcotraficante, extremista, terrorista, mafioso, y ahora le añaden un
insulto más, le llaman inversor. Ustedes tratan de atacar al señor Mas
Canosa, y atacan con ello a la inversión extranjera en España, cuando lo
que tendríamos que hacer sin duda es darle la bienvenida, porque buena
falta nos hace. Y con esta proposición no de ley ad hominem tratan de
establecer un apolítica ad metum, es decir, tratan de provocar el miedo,
el mismo efecto que la ley que ustedes condenan con tanta energía, la
llamada Ley Helms-Burton. Pero por muy condenable que pueda ser la Ley
Helms-Burton, no hay ninguna relación entre esa ley y la inversión de Mas
Tec en España, entre otras cosas porque en la lista de empresas
supuestamente entregada por el señor Mas Canosa no figura ninguna
competidora de Mac Tec en el terreno de las telecomunicaciones. Y además
hay incluso algún error. Por ejemplo, se habla de 37 empresas españolas,
cuando no son sino 27, y desde luego ninguna de ellas competidora de Mas
Tec o de inversión alguna en telecomunicaciones del señor Mas Canosa. Por
lo tanto no hay razón alguna para pensar que se ha vulnerado en este caso
la libertad de competencia. Y cabe recordar que hasta ahora el
Departamento de Estado americano sólo ha comunicado la posible relación
con la Ley Helms-Burton a tres empresas, ninguna de ellas española.
Desde luego se parte también de una falacia, la falacia de que se trata
de una operación oscura, opaca, en la que no ha habido información, no se
han respetado trámites, etcétera. Pues no, no se trata de una operación
opaca, se trata de una operación totalmente transparente que ha cumplido
estrictamente las normas sobre inversión extranjera en España, entre
otras, solicitando la verificación pertinente de la Dirección General de
Economía Internacional y Transacciones Exteriores. Además tengo que
recordar, y conviene hacerlo también, que es una operación que se realiza
con el Partido Socialista en el Gobierno, que no parece que sea
especialmente amigo de la Ley Helms-Burton o de la Fundación Nacional
Cubano-Americana o de su Presidente, el señor don Jorge Mas Canosa.
Por lo que se refiere al punto primero, tengo que decir que es en
cualquier caso prematuro, aunque no discuto sus razones, porque entiendo
que están comprendidas y ya adoptadas por esta Cámara en el último Pleno
que aprobó la proposición no de ley sobre política española hacia Cuba y
sobre defensa de intereses españoles, y desde luego no tiene
consideración que ya el Gobierno ha realizado acciones, tanto en
conversaciones bilaterales, como ya ha sido expresado en esta Cámara,
entre nuestro Presidente del Gobierno y el Vicepresidente de los Estados
Unidos, como en declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Abel
Matutes, o en la intervención de nuestro Presidente del Gobierno en el
seno del último Consejo Europeo en Florencia, y muy recientemente, el día
21, en una nota verbal enviada al Departamento de Estado de los Estados
Unidos, primero, protestando enérgicamente por esta ley, segundo,
solicitando al Presidente de los Estados Unidos que ejerza su
prerrogativa para que no entre en aplicación y desde luego no entre en
aplicación el título tercero de la citada Ley Helms-Burton.
Por lo que se refiere a los puntos segundo y tercero, hay que decir lo
siguiente. Sobre el punto segundo, la conducta queda fuera del ámbito de
aplicación de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia y también de la
normativa comunitaria en materia de competencia. Si de lo que se trata es
de atacar a la Ley Helms-Burton por persona interpuesta, el problema es
la Ley Helms-Burton, y, por tanto, no es procedente instar al Tribunal de
la Competencia, sino utilizar las vías diplomáticas y comerciales, bien
de carácter bilateral con los Estados Unidos, como ya se ha hecho, bien
en el seno de la posición establecida por la Unión Europea, cosa que ya
se está haciendo, y, cosa que está todavía por hacer pero que sin duda
será puesta en marcha pronto en el seno de la Organización Mundial de
Comercio, a través de los mecanismos de conciliación en ella previstos.
También se pide en el punto tercero la actuación del Servicio de Defensa
de la Competencia, Servicio de Defensa de la Competencia que se ocupa de
operaciones de control de empresas que puedan significar el reforzamiento
de una posición de dominio del mercado español. Sobre eso hay que decir
que Telefónica valora muy positivamente la venta a Mas Tec de Sintel,
empresa con pérdidas y que tenía comprometido gravemente su futuro, y que
desde luego esta compra no altera, no cambia la estructura del mercado
español.
Por todo ello, resumo mi posición, por lo que se refiere al punto primero
considero que es una, si acaso, escasa aportación al debate. Creo que ya
está comprendido en el texto de la proposición no de ley ya adoptada en
esta Cámara, y desde luego reduce la capacidad de acción del Gobierno,
que no solamente se limita a enérgicas protestas diplomáticas a
posteriori, una vez que el Departamento de Estado comunica o no a
empresas españolas que están afectadas por las disposiciones de la Ley
Helms-Burton. Yo creo que se pueden hacer muchas más cosas y desde luego,
sin duda, el Gobierno las está haciendo.
Por lo que se refiere a los puntos segundo y tercero, votaremos también
en contra por cuanto que no guardan relación con el supuesto motivo
político de la proposición no de ley. Desde luego son inaceptables por
cuanto que constituyen una violación de la libertad de competencia y de
la voluntad de recibir inversiones extranjeras en España, y en cualquier
caso se trata de una proposición no de ley ad hominem totalmente
inaceptable por nuestro grupo, y además se trata de puntos que no
responden, ni siquiera desde el punto de vista técnico-jurídico, como ya
ha sido dicho brillantemente por el señor Guardans, al objetivo supuesto
expresado en el título de esta proposición no de ley. Por eso, por todas
estas razones, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. (La señora Maestro
Martín pide la palabra.)
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Entiendo, de la intervención del señor Robles
Fraga, que no plantea ningún tipo de enmienda transaccional al punto
primero.
El señor ROBLES FRAGA: Desde luego...
El señor PRESIDENTE: Señor Robles, perdone, primero voy a darle la
palabra, si no le importa. Señor Robles, tiene la palabra.
El señor ROBLES FRAGA: Entiendo que no es posible la votación separada,
me gustaría que la Presidencia aclarara este punto, y desde luego si
existiera votación separada, nosotros podríamos ofrecer un texto
alternativo o transaccional sobre el punto primero, que, como ya hemos
dicho, consideramos que es manifiestamente mejorable, pero si no hay
votación separada, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: No cabe presentar enmiendas ni textos alternativos,
y en relación a la votación separada, esta Presidencia entiende que, en
la medida de que es perfectamente escindible la proposición no de ley en
tres puntos separados, sin necesidad de hacer ningún tipo de aclaración
en el texto, depende de la señora Maestro que se acepte o no la votación
separada del punto primero de los demás.
Señora Maestro, tiene la palabra.
La señora MAESTRO MARTIN: Por supuesto, mi grupo acepta, como he
entendido que solicitaba el Grupo Socialista, la votación separada de los
tres puntos, en cualquier caso, la del primero, que parece ser el objeto
de más consenso, de la de los otros dos.
El señor PRESIDENTE: Entonces en relación con este punto del orden del
día procederíamos a hacer una votación separada del punto primero, y del
segundo y del tercero, en este caso concreto porque no ha habido
enmiendas, y al no haber habido enmiendas, se trata de una proposición
que parte solamente de un grupo y además su texto es perfectamente
escindible en tres partes diferenciadas. (El señor Robles Fraga pide la
palabra.)
Señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor Presidente, me pregunto si existiría la
posibilidad de que Izquierda Unida modificase el texto de su propia
proposición no de ley, para hacerlo más correcto desde el punto de vista
técnico y político.
El señor PRESIDENTE: Me temo que no. Si las enmiendas no fueron
formuladas en su día, no cabe que se formulen ahora.
Vamos a proceder a las votaciones.
El punto primero del orden del día esta Presidencia entiende que fue
aprobado por asentimiento. Ruego a los grupos parlamentarios que
comuniquen oficialmente a la Mesa de esta Comisión quiénes son los
portavoces, a los efectos de organizar las correspondientes convocatorias
a la junta, por cuanto, como ustedes saben, los portavoces en Comisión no
es un órgano oficial dentro del Reglamento de la Cámara, y conocemos su
nombre por los corrillos del Congreso y por la prensa, pero no
oficialmente, y bueno sería que se comunicase a la Mesa.
Y ya pasamos a la votación de las diferentes proposiciones no de ley.
En primer lugar, votamos la proposición no de ley sobre creación de una
ponencia de estudio sobre los sistemas privados de previsión social,
presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, de acuerdo con las enmiendas
aceptadas por dicho grupo y formuladas por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad esta proposición no de
ley.
Votamos a continuación la proposición no de ley sobre limitación de la
actividad de bancos y cajas de ahorro a las
definidas para la nota del grupo 811 y 812 del Real Decreto legislativo
1175/1990, de 28 de septiembre, de acuerdo con la enmienda formulada por
el Grupo Popular y la transacción a su vez acordada y aceptada por el
Grupo Popular y formulada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. (El señor Homs i Ferret pide la palabra.)
Señor Homs, tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRET: ¿Es procedente la votación separada de los tres
puntos de ese texto o no es procedente, señor Presidente?
El señor PRESIDENTE: En este caso me temo que no, porque como ya
manifesté con anterioridad al realizar la escisión de la proposición no
de ley formulada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en este caso ha habido una enmienda y a su vez ha sido
transigida, con lo cual pasa de ser una iniciativa de un solo grupo a ser
una iniciativa de dos grupos, aparte que la proposición no de ley en su
texto no es escindible a juicio de la Presidencia. Por consiguiente, no
cabe la votación separada de los diferentes puntos de la proposición no
de ley.
Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley sobre elaboración de un plan global de
actuaciones para la Comunidad Autónoma de Galicia, presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que haga cesión
del edificio de los antiguos juzgados de Leganés (Madrid) a su
Ayuntamiento para que sea destinado a su utilización como centro
socio-cultural juvenil y de participación ciudadana, presentada por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Proposición no de ley sobre cumplimiento de los acuerdos suscritos por el
Gobierno de la nación, Dirección General de Patrimonio, Junta de
Andalucía, centros sindicales y comité de empresa de MTT (ex Hytasa) para
el cobro de las indemnizaciones derivadas del expediente de extinción de
contratos de trabajo mediante bajas incentivadas, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, con el texto resultante después de haber sido
rechazada la enmienda del Grupo Popular.
El señor GUARDANS I CAMBO: La enmienda del Grupo Popular no ha sido
aceptada por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: He dicho que ha sido rechazada.
Se somete a votación la mencionada proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Votamos a continuación la proposición no de ley conjunta por la que se
insta al Gobierno a enviar periódicamente un informe sobre la evolución
de la economía española, y por la que se acuerda la comparecencia de
diversas autoridades económicas ante la Comisión de Economía, Comercio y
Hacienda, formulada por los grupos parlamentarios Socialista y Popular en
los términos resultantes del acuerdo alcanzado por los diferentes señores
portavoces proponentes.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último votamos la proposición no de ley sobre medidas para evitar
cualquier tipo de acción sobre empresas españolas o particulares en
aplicación de la Ley Helms-Burton y garantizar la libre competencia,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
En primer lugar, votamos el apartado 1.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad el punto número 1 de
la proposición no de ley.
Votamos los puntos 2 y 3 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 22; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los apartados 2 y 3 de la
proposición no de ley.
Deseando a todas las señoras y señores Diputados de esta Comisión un
feliz verano y una feliz festividad de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, Patrona de la Hacienda Pública, se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.