CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 1996 VI Legislatura Núm. 22



REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS



PRESIDENTE: DON GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA



Sesión núm. 2



celebrada el martes, 11 de junio de 1996



ORDEN DEL DIA:



Elección del Secretario Primero. (Número de expediente 041/000020)
(Página 242)



Aprobación de la delegación en favor de la Mesa, a la que hace referencia
la Resolución de la Presidencia de la Cámara, de 2 de noviembre de 1983,
en relación con el artículo 44 del Reglamento del Congreso de los
Diputados. (Número de expediente 042/000004) (Página 242)



Aprobación de la celebración de las comparecencias del señor Ministro
para las Administraciones Públicas (números de expediente 213/000010 y
213/000025). A propuesta de la Mesa de la Comisión, acordada en su
reunión del día 28-5-96 (Página 242)



Comparecencia del señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey), a petición propia, para informar sobre las líneas generales de la
política de su Departamento. (Número de expediente 214/000002)
(Página 243)



Comparecencia del señor Ministro de Administraciones Públicas (Rajoy
Brey), a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para informar de
las previsiones y líneas generales a desarrollar en su Departamento.

(Número de expediente 213/000010) (Página 243)



Comparecencia del señor Ministro de Administraciones Públicas, a petición
del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para dar a conocer las líneas generales y
proyectos a desarrollar por su Departamento. (Número de expediente
213/000025) (Página 243)

Página 242



Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.




--ELECCION DEL SECRETARIO PRIMERO. (Número de expediente 041/000020.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores Diputados. Buenos
días, señor Ministro.

Comenzamos hoy el funcionamiento de las sesiones ordinarias de la
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, con un primer punto
del orden del día que se refiere a la elección del Secretario primero de
la Mesa, en el puesto que ha dejado vacante don José Joaquín Peñarrubia.

Vamos a proceder a la elección, según lo previsto en el artículo 41. La
Secretaria segunda dará lectura de la lista de los miembros de la
Comisión para que vayan depositando su papeleta en la urna.




Por la señora Secretaria segunda (Pin Arboledas) se procede a dar lectura
de la lista de los miembros de la Comisión, presentes y sustituidos.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. (Pausa.)



Terminada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún señor Diputado que no haya emitido su
voto? (Pausa.)



El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Señor Presidente, parece ser que el
miembro de esta Comisión, del Grupo Popular, Rafael Cámara, ha sido
convocado a esta Comisión y no figura en la lista que se ha leído. En
todo caso, solicitaría que don Rafael Cámara Rodríguez pudiera sustituir
a don Rodolfo Martín Villa.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo.




Terminado el escrutinio, dijo:



El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación es el siguiente: don
José Antonio Bermúdez de Castro, 33 votos a favor.

Queda proclamado Secretario primero de la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas don José Antonio Bermúdez de Castro, que puede
pasar a tomar posesión de su asiento. (Pausa.) Enhorabuena, señor
Secretario primero.




--APROBACION DE LA DELEGACION EN FAVOR DE LA MESA, A LA QUE HACE
REFERENCIA LA RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE 2 DE NOVIEMBRE
DE 1983, EN RELACION CON EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000004.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
aprobación, en su caso, de la delegación en favor de la Mesa, a la que
hace referencia la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de
noviembre de 1983, en relación con el artículo 44 del Reglamento del
Congreso de los Diputados.

Recuerdo a SS. SS. que el artículo 44 del Reglamento dice que las
Comisiones, por conducto del Presidente del Congreso, podrán recabar la
información y la documentación que precisen del Gobierno y de las
administraciones públicas, igualmente la presencia ante ellas de los
miembros del Gobierno, para que informen sobre asuntos relacionados con
sus respectivos departamentos, la presencia de autoridades y funcionarios
públicos, a fin de informar a la Comisión, y la comparecencia de otras
personas competentes en la materia a efectos de informar y asesorar a la
Comisión.

A su vez, la resolución de la Presidencia del Congreso, referida en el
orden del día, indica que las Comisiones pueden delegar en sus
respectivas mesas la adopción de los acuerdos a que se refiere el
artículo 44 del Reglamento.

Para un funcionamiento más ágil de esta Comisión y de su Mesa, proponemos
a SS. SS. el que se arbitre la delegación a que hace referencia el punto
2 del orden del día.

Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente.

Estamos de acuerdo con esa delegación, pero como siempre puede ser en un
momento determinado, a pesar de la agilidad, controvertido, me gustaría
que el aval o el apoyo fuese condicionado a que se produzca acuerdo por
consenso en la Mesa y, si no lo hubiese, que viniese al pleno de la
Comisión, puesto que estaríamos hablando de una comparecencia
determinada.




El señor PRESIDENTE: En esos términos, pues, se hace la propuesta a la
Presidencia. Si SS. SS. están de acuerdo, aprobamos por asentimiento
punto 2 del orden del día y, por consiguiente, la delegación a que se
refiere. (Asentimiento.)



--APROBACION DE LA CELEBRACION DE LAS COMPARECENCIAS DEL MINISTRO PARA
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, A PROPUESTA DE LA MESA DE LA COMISION,
ACORDADA EN SU REUNION DEL DIA 28-5-96. (Números de expediente 213/000010
y 213/000025.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3, aprobación de la celebración de
las comparecencias del Ministro para las Administraciones Públicas,
solicitadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, puesto que aún
no ha podido trabajar la Mesa con la delegación que acabamos de aprobar
en el punto anterior. ¿Les parece, señorías, que aprobemos estas
comparecencias? (Asentimiento.)



Página 243



--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (RAJOY
BREY), A PETICION PROPIA, PARA INFORMAR SOBRE LAS LINEAS GENERALES DE LA
POLITICA DE SU DEPARTAMENTO. (Número de expediente 214/000002.)



--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (RAJOY
BREY), A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA INFORMAR DE
LAS PREVISIONES Y LINEAS GENERALES A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO.

(Número de expediente 213/000010.)



--COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (RAJOY
BREY), A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC, PARA DAR A CONOCER LAS
LINEAS GENERALES Y PROYECTOS A DESARROLLAR POR SU DEPARTAMENTO. (Número
de expediente 213/000025.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4, comparecencia del Ministro de
Administraciones Públicas, a petición propia, para informar sobre las
líneas generales de la política de su departamento, punto al que unimos
los números 5 y 6, comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario
Socialista y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, con identidad de materia con la primera de ellas.

Así pues, señor Ministro, bienvenido a esta su Comisión de Régimen de
Administraciones Públicas en la primera comparecencia en esta primera
sesión ordinaria de nuestra Comisión.

Tiene el señor Ministro la palabra para informarnos sobre las líneas
generales de la política de su departamento, previsiones y proyectos que
piensa desarrollar.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor Presidente.

Quiero comenzar esta intervención agradeciendo al Presidente, que
entiendo lo hace en nombre de todos los miembros de la Comisión, el que
me haya dado la bienvenida en esta que es la primera reunión de la
Comisión de Administraciones Públicas.

Aunque el señor Presidente ha tenido la amabilidad de dejarme el tiempo
que estime oportuno y conveniente a los efectos de hacer la exposición
inicial, voy a intentar no abrumar a SS. SS. con una serie de datos que
se prolonguen en exceso en el tiempo y procuraré hacer una referencia a
lo que son los asuntos más políticos, lo que son los objetivos de este
departamento para los próximos años y, lógicamente, después de que se
produzca la intervención de todos los grupos políticos, en la medida en
que sepa y pueda, intentaré responder a todas las inquietudes que ellos
transmitan a lo largo de la sesión.

Voy a dividir mi exposición en dos partes, como corresponde a las dos
grandes áreas de competencia que se ejercen desde este Ministerio: una
primera parte, la que hace referencia a la política autonómica y local, y
una segunda parte que dedicaré, fundamentalmente, a la explicación de los
temas relacionados con las administraciones públicas en general.

Por tanto, como acabo de señalar, la primera parte de mi exposición, que
intentaré no prolongarla en exceso en el tiempo, como acabo de decir, va
a hacer referencia a las líneas generales de la política autonómica del
Gobierno y también a las líneas de la política local.

Quisiera comenzar esta primera parte de mi intervención con unas
consideraciones previas. Después haré referencia a los siguientes puntos:
la política del Gobierno en materia de temas competenciales, es decir,
competencias que en nuestra opinión deben asumir las comunidades
autónomas a lo largo de los próximos años. Haré, en segundo lugar, una
referencia al modelo de financiación. En tercer lugar, un brevísimo
apunte sobre la reforma del Senado. En cuarto lugar, algunas
observaciones sobre el pacto local. Después un breve comentario, que
luego ampliaré al tratar el tema de la Administración pública, en
relación con la administración periférica, que es un asunto que es de la
Administración pública, pero que también tiene una gran relación como a
buen seguro conocen los miembros de la Comisión, sobre la reforma de la
administración periférica y, por último, haré unos breves comentarios
sobre lo que son asuntos europeos. Intentaré exponer los asuntos con la
mayor claridad posible, porque creo que no tiene sentido el hacerlo de
otra forma, sin perjuicio de que haya algunos asuntos que, como es
natural, estén todavía en fase de estudio, a las cuales también me
referiré indicando con meridiana claridad que están efectivamente en fase
de estudio.

Por tanto, en primer lugar, una consideración previa, que es más
importante aún, en mi opinión, que los temas puntuales y concretos que he
mencionado y que luego desarrollaré, hace referencia a la voluntad que
tiene el Gobierno de desarrollar el Estado de las autonomías mediante el
consenso lo más mayoritario posible.

Creo que éste es un objetivo fundamental del Gobierno y al menos en
opinión del Ministro que les habla es también una necesidad, que parte ya
de lo que se ha hecho en la Constitución española del año 1978. Como
ustedes a buen seguro recuerdan, hubo críticas al Título VIII de la
Constitución por sus imprecisiones jurídicas, pero creo que el valor más
importante que ha tenido el título VIII de la Constitución es que ha sido
el producto de un gran consenso entre la práctica totalidad de las
fuerzas políticas que estaban representadas en las Cortes en la
legislatura del año 1977 y desde luego sirvió para obviar los graves
problemas que se produjeron en materia de organización territorial del
Estado, no en los años anteriores a 1977, sino probablemente en los
siglos anteriores al mismo.

Esta política de consenso fijada fundamentalmente en materia autonómica
en el Título VIII, aunque también en el Título III del Senado y en el
artículo 2 de la Constitución, se ha mantenido, en líneas generales, a lo
largo de los años. En primer lugar, la aprobación de los estatutos de
autonomía



Página 244



del País Vasco y de Cataluña, aprobados con un apoyo mayoritario de las
Cortes Generales, después el de Galicia; después hubo un pequeño
incidente con ocasión del debate del Estatuto de Andalucía que, sin duda,
generó unas tensiones importantes que, a buen seguro, todos los señores
Diputados recuerdan y que no es bueno, al menos en mi opinión, que se
repitan en el futuro. También por consenso se aprobó la generalización
del sistema a todas las comunidades autónomas, después las leyes
orgánicas de transferencia o delegación de competencias a las Comunidades
de Canarias y Valenciana, la LOTRACA y la LOTRAVA, el modelo de
financiación recogido en la LOFCA, aprobado en el año 1980, y los
sucesivos modelos de financiación aprobados, como ustedes recordarán,
para un período de cinco años. Tengo que decir, sin embargo, que algunos
de estos modelos de financiación --ya lo he dicho en otra ocasión, no
recuerdo si en el Congreso o en el Senado, pero sí en esta legislatura--
tenían un cierto tufillo de contrato de adhesión.

Por último, en el modelo de financiación, a lo largo de estos últimos
años, concretamente en el año 1993 cuando se debatió el famoso asunto de
la cesión de una participación en la cuota líquida del IRPF a las
comunidades autónomas, ha habido unas discrepancias que, lógicamente,
debemos intentar que no se produzcan en el futuro.

Por tanto, la política del Gobierno va a ser la de intentar el consenso y
el acuerdo con las fuerzas políticas y creo que responde a lo que ha sido
una política desarrollada por el partido por el cual he sido designado
Ministro en las últimas fechas. En esta última legislatura o en la
anterior se aprobó el pacto autonómico del año 1992, que creo que fue una
buena experiencia --luego me referiré a ella--, y ya de manera más
reciente los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, superando un
problema que llevaba sin resolverse desde la aprobación de la
Constitución en el año 1978.

Esta es la primera idea que quiero transmitir a los miembros de la
Comisión y que me parece que tiene la misma importancia o más, como he
señalado al principio, que los puntos que voy a pasar a desarrollar
brevemente, intentando cumplir lo que ha sido mi promesa al principio de
la intervención.

En materia competencial, es decir, competencias que deben asumir las
comunidades autónomas, el planteamiento del Gobierno para los próximos
años es el siguiente. En primer lugar, cumplir los estatutos de
autonomía, tanto los de las comunidades que accedieron a esa condición
por la vía del artículo 151 de la Constitución como de las comunidades
que accedieron por vías diferentes, concretamente, el artículo 143. Es
evidente que hay comunidades autónomas que entienden que no se han
producido traspasos de competencias que les corresponden, según lo
establecido en sus respectivos estatutos de autonomía, y es evidente que
ha habido, y que probablemente haya en el futuro también, discrepancias
sobre la interpretación de estos estatutos. La voluntad del Gobierno, en
cualquier caso --y estamos ante un asunto en el que la voluntad política
es ciertamente importante, aparte de la interpretación jurídica--, es
hacer una nueva lectura de los estatutos e intentar dar mayor contenido
al régimen competencial de esas comunidades autónomas y, al mismo tiempo,
hacer un estudio, continuando algo que ya se ha iniciado en la última
legislatura, de la conflictividad existente ante el Tribunal
Constitucional entre las comunidades autónomas y la Administración
central del Estado para intentar obviar y, por tanto, superar esa
conflictividad sin necesidad de que tenga que pronunciarse el Tribunal
Constitucional. El Gobierno, en uno de los últimos Consejos de Ministros,
ya ha tomado alguna decisión en relación con alguna comunidad autónoma
retirando ciertos recursos presentados ante el Tribunal Constitucional.

Por tanto, ésa es la primera idea, cumplir los techos estatutarios.

El segundo objetivo del Gobierno, que hace referencia fundamentalmente a
las comunidades autónomas del artículo 143, cumplir el pacto autonómico
del año 1992. Como ustedes saben, en el año 1992 hubo un pacto entre dos
fuerzas políticas representativas de un conjunto muy importante de
Diputados y Senadores de las Cortes Generales, que dio lugar a un
proyecto de ley orgánica de transferencia de delegación de competencias a
estas comunidades y a una ulterior reforma de estatutos. Ese pacto
autonómico tiene un grado de cumplimiento bastante razonable en este
momento, sobre todo en lo que son las competencias más importantes, como
el Inserso y las universidades, aunque todavía no están transferidas a
todas las comunidades autónomas estas dos competencias importantes.

Restan también algunas otras de menor trascendencia económica, aunque no
política, y queda pendiente de resolver y de abordar la transferencia de
la competencia más importante recogida en el pacto de 1992, que es la de
educación.

Pues bien, la intención del Gobierno es dar la mayor celeridad posible al
cumplimiento de ese acuerdo de 1992, que hoy ya es ley, y a lo largo de
este primer mes de gobierno ya se han celebrado dos nuevas comisiones de
traspasos: una, con la Comunidad Autónoma de Cantabria; se han producido
18 traspasos a esa Comunidad, entre ellos, la universidad y el Inserso.

Otra, la semana pasada, con la Comunidad Autónoma de La Rioja, habiéndose
realizado traspasos de competencias que estaba ejerciendo hasta ese
momento el Ministerio de Agricultura, y está previsto antes del verano la
celebración de comisiones mixtas con la Comunidad Autónoma de Galicia,
Comunidad del artículo 151, como es sabido, con la de Asturias, con
Baleares y reunión de las comisiones especiales de transferencias para
Ceuta, que está bastante atrasado, y también para Melilla; éstas son las
que se celebrarán seguro antes del verano, pero eso no quiere decir que
no se puedan celebrar otras comisiones mixtas de transferencias con otras
comunidades autónomas.

Al mismo tiempo, es intención del Gobierno comenzar después del verano a
tratar con las comunidades autónomas el traspaso de la educación que,
como he señalado antes, es la competencia más importante desde el punto
de vista social, económico, incluso me atrevería a decir también que
político. Por tanto, ése es el segundo gran objetivo, cumplir el pacto de
1992.

Tercer gran objetivo, nuevo pacto autonómico. El Gobierno cree que es
preciso proceder a incrementar el techo competencial de las comunidades
autónomas que accedieron



Página 245



a esa condición por la vía del artículo 143 y cree que el procedimiento
que se debe utilizar para ello es la celebración de un nuevo pacto
autonómico similar al del año 1992, que aunque fue objeto de algunas
críticas creo que fue tremendamente eficaz, porque ha servido para
transferir a las comunidades autónomas importantes competencias, a alguna
de las cuales acabo de hacer referencia en un momento inmediatamente
anterior a este en el que estoy hablando.

Sí quiero decir que el objetivo del Gobierno es que todos los servicios
públicos fundamentales, entendiendo por tales servicios sociales,
asistencia social, educación y también sanidad, pasen a ser ejercidos por
las comunidades autónomas. Es decir, no parece una situación lógica que
en este momento haya comunidades autónomas ejerciendo la competencia de
sanidad y la educación, muchas y muy importantes, y que haya otras que no
la estén ejerciendo. Piensen ustedes que una competencia tan importante
como es la del Insalud, con el 62 por ciento de la población protegida
por el servicio de salud, depende de las comunidades autónomas, mientras
que el 38 por ciento depende de la Administración central del Estado.

Por tanto, nos gustaría hacer, y ya se lo hemos planteado a los partidos
políticos, un nuevo pacto, similar al del año 1992, utilizando para ello
el mismo procedimiento, con el objetivo de incrementar el techo
competencial de las comunidades autónomas del artículo 143.

Un cuarto punto específico hace referencia a los estatutos de Canarias y
Aragón. Como ustedes saben, la Comunidad Autónoma de Canarias es la única
de las que accedieron a esa condición por la vía del artículo 143 que
todavía no ha reformado su Estatuto. Creo recordar que hoy se debatirá en
la Cámara la toma en consideración de esa reforma de Estatuto y, además,
la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Como ustedes a buen
seguro recuerdan, ya en la última legislatura se produjo la toma en
consideración de la reforma de esos dos estatutos, aprobada
mayoritariamente por la Cámara, pero lo cierto fue que la disolución de
las Cámaras provocó que decayeran esas iniciativas y, consiguientemente,
ahora estamos obligados a volver a tomarla en consideración. La voluntad
del Gobierno es pactar la reforma de estos estatutos de autonomía de
Canarias y Aragón, presentando a esos efectos las enmiendas que los
grupos parlamentarios crean convenientes presentar a los mismos.

En quinto lugar, también en materia competencial, quiero hacer una
referencia a la utilización del artículo 150.2 de la Constitución. Como
ustedes saben, la Constitución española, en su artículo 150.2, en el
Título VIII, prevé la posibilidad de que se transfiera o delegue la
gestión de competencias que sean de titularidad estatal a las comunidades
autónomas, exceptuando aquellas que por su propia naturaleza no sean
susceptibles de transferencia o delegación. El artículo 150.2 se ha
utilizado hasta ahora en algunas oportunidades por anteriores Gobiernos y
es voluntad del actual utilizarlo también para algunas competencias, como
pueden ser, por ejemplo, los puertos de interés general, como pueden ser
determinadas políticas de empleo, intermediación en el mercado de
trabajo, etcétera. Al mismo tiempo, este artículo 150.2 y su utilización
irá pareja a la reforma de la Administración periférica del Estado, a la
que más adelante haré referencia.

Por tanto, éstos son los cinco ejes fundamentales de la política del
Gobierno en los temas exclusivamente competenciales. Sí quiero afirmar
también, y decirlo con meridiana claridad, lo volveré a reiterar a lo
largo de mi intervención, que los pactos públicos a los que este Gobierno
ha llegado con otras fuerzas políticas y que garantizan la estabilidad
del Gobierno para los próximos meses y años, serán cumplidos en su
integridad por parte del Gobierno. Esta es nuestra intención que, repito,
quiero afirmarla con meridiana claridad.

En segundo lugar, quiero hacer referencia, como señalaba al principio, al
nuevo modelo de financiación autonómica.

El nuevo modelo de financiación autonómica debe reunir, y esto son
principios generales en los que evidentemente todo el mundo está de
acuerdo o debe intentar al menos garantizar, los principios de autonomía,
suficiencia financiera y solidaridad entre comunidades autónomas.

Probablemente en este preciso instante sean muchos los problemas de
financiación que existen en relación con las comunidades autónomas y
quizá uno de los más importantes sea el de la autonomía financiera, que
va muy ligado al concepto de suficiencia, porque es evidente que la
suficiencia financiera tiene mucha relación con la autonomía financiera.

Yo creo que en este momento --y todos los partidos políticos incluían en
sus programas electorales el establecimiento de mecanismos de
corresponsabilidad fiscal-- hay que dar un paso adelante en el nuevo
modelo de financiación autonómica y hay que completar lo que es el
autogobierno de las comunidades autónomas. Es muy difícil hablar de
autogobierno y de autonomía política si no hay autonomía en el ingreso;
la hay en el gasto, pero, desde luego, no la hay en el ingreso.Y esta
situación contrasta con lo que les sucede a las corporaciones locales.

Todos los presentes somos conocedores de que las corporaciones locales
pueden hacer política fiscal. Tienen un amplio grado de autonomía en el
ingreso, pueden establecer impuestos tan importantes como el de bienes
inmuebles, como el de actividades económicas, las tasas, precios,
etcétera. Las comunidades autónomas reciben sus ingresos fundamentalmente
de transferencias del Estado; hay algunas excepciones, como son los
tributos cedidos, los antiguos impuestos de derechos reales y otros, pero
es evidente que no cabe hablar en este momento de una auténtica autonomía
financiera, ni desde luego de la posibilidad de hacer una política fiscal
por parte de las comunidades autónomas, lo cual no tiene mucho sentido,
sobre todo si tenemos en cuenta el calado y la importancia política que
tienen las comunidades autónomas, que también la tienen, pero es evidente
que menor, las propias corporaciones locales.

Por tanto, el Gobierno cree que es el momento de dar el paso, después de
que llevemos prácticamente 15 ó 16 años de funcionamiento del Estado
autonómico, de establecer una corresponsabilidad fiscal y una auténtica
autonomía en el ingreso.




Página 246



Este Gobierno ha pactado con sus coaligados una fórmula concreta que es
la cesión del 30 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas, lo cual
supone la creación de un nuevo impuesto; un impuesto de IRPF para las
comunidades autónomas equivalente al 30 por ciento del actual Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y en el cual se concede a las
comunidades autónomas capacidad normativa para fijar el mínimo exento,
los tramos, las tarifas y las deducciones. Habrá un período transitorio,
porque hay algunas comunidades autónomas que no pueden absorber, dado el
nivel competencial que tienen, el conjunto de la PIE con su 30 por ciento
del IRPF, por lo cual, en un primer momento, todas la comunidades
autónomas tendrán el 15 por ciento del IRPF con capacidad normativa en
los términos a los que acabo de hacer referencia, y las comunidades
autónomas que puedan absorber un 30 por ciento tendrán el otro 15 por
ciento con arreglo al procedimiento que se ha pactado y que ha funcionado
a lo largo de los años 1994, 1995 y 1996. Es intención del Gobierno que,
cuando se produzca el traspaso de educación a las distintas comunidades
autónomas, ya todas las comunidades autónomas entren en el nuevo modelo,
que es un 30 por ciento con capacidad normativa, de la forma a la que
antes he hecho referencia.

Es evidente que hay muchas fórmulas de corresponsabilidad fiscal
posibles. Se ha hablado de la posibilidad de que la corresponsabilidad
fiscal se pueda ejercer vía transferencia del IVA, vía transferencia de
los impuestos especiales. Nosotros hemos optado por esta fórmula
fundamentalmente por dos razones: primera, porque había un antecedente
que operaba sobre el mismo impuesto, que era la cesión del 15 por ciento,
aunque era de la cuota líquida y nada tenía que ver con la
corresponsabilidad fiscal, pero ya había un antecedente. Segunda, porque
las recomendaciones del libro blanco, elaborado por los expertos a los
que el Gobierno anterior les ha hecho ese encargo, decía y entendía que
la mejor fórmula para el ejercicio de la corresponsabilidad fiscal era la
transferencia de una parte del IRPF. Por tanto, ése es un asunto en el
cual el Gobierno manifiesta su voluntad de llevarlo a buen término y
forma parte de los compromisos del discurso de investidura y de la
declaración que el Gobierno aprobó en su primera reunión de Consejo de
Ministros.

Dicho esto, el Gobierno va a intentar, en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera y también en el Congreso de los Diputados y en el Senado,
llegar a acuerdos con las comunidades autónomas. Los temas que hay que
abordar son los siguientes, aunque yo ya voy a adelantar mi criterio
sobre algunos asuntos, si bien es cierto que someto este criterio a lo se
que diga, como es evidente, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
y, ya no hace falta ni que lo recuerde, a lo que se diga en el Congreso y
el Senado, pero éste sería el criterio del Gobierno.

Primero hay que determinar lo que la Administración central del Estado
aporte a la PIE para el presupuesto de 1997. Tiene que haber una partida
presupuestaria en la que se recoja qué cantidades se van a transferir a
las comunidades autónomas. El criterio del Gobierno, que va a hacer un
presupuesto austero para intentar cumplir los requisitos de la
convergencia europea, va a ser el de que esa política y ese planteamiento
austero afecte a todas y cada una de las partidas presupuestarias y,
consiguientemente, también a esta partida presupuestaria. En segundo
lugar, habrá que decidir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
qué variables se van a ponderar para distribuir la PIE y en qué
proporción. En este momento, como todos ustedes saben, la cantidad que
reciben las comunidades autónomas se reparte con arreglo a unos criterios
que son población, superficie, unidades administrativas, insularidad,
esfuerzo fiscal y pobreza relativa y con arreglo a unos índices en los
que no voy a entrar, para no abrumar a sus señorías. En principio, el
criterio del Gobierno es que se mantengan los mismos índices y la misma
ponderación de las variables. En tercer lugar, habrá que terminar el año
base de cálculo para la cesión del 30 por ciento del IRPF. El criterio
del Gobierno es que el año base de cálculo sea el del ejercicio 1996. En
cuarto lugar, la existencia o no de topes en la cesión del IRPF y la
existencia o no de mínimos de garantía. En principio, es criterio del
Gobierno el que haya unos topes mínimos de garantía. Habrá que determinar
cuáles son esos topes, porque se puede garantizar a las comunidades
autónomas que al menos reciben la misma cantidad que si estuvieran en el
sistema PIE, es decir, que sus ingresos por IRPF evolucionan de la misma
forma que que evolucionan los ingresos de la PIE. Hay otro posible
criterio, es garantizar los ingresos tributarios medios del Estado. Hay
otro criterio posible, que es garantizar los ingresos medios por IRPF,
etcétera. Hay muchos modelos. Por ejemplo, en el modelo alemán se les
garantiza que al menos recibirán el 95 por ciento de lo que reciban las
comunidades por IVA. En fin, el Gobierno tiene la voluntad de que haya un
criterio de garantía, pero no está fijado. En cuanto a la existencia de
topes máximos, el Gobierno no es partidario, en principio, de la
existencia de topes máximos, fundamentalmente porque, al tratarse de la
cesión de un impuesto con capacidad normativa y, al mismo tiempo, de un
impuesto en el cual las comunidades autónomas van a tener capacidad de
gestión mediante su participación en la Agencia Tributaria --porque
lógicamente tienen que tener capacidad de gestión, al jugarse buena parte
de sus ingresos en ese IRPF-- la existencia de esos topes supondría
desincentivar el propio ejercicio de la capacidad normativa y el propio
ejercicio de la capacidad de gestión. En cualquier caso, es un asunto
sobre el que, sin duda, se puede hablar.

Hay otro asunto que habrá también que debatir, que es determinar cuál es
la variable decisiva para ver cómo evoluciona la PIE. Como saben los
señores Diputados, a lo largo de estos años la PIE --la Participación en
los Ingresos del Estado-- evolucionó normalmente según evolucionaba el
PIB nominal. Sin duda, puede utilizarse el criterio del PIB nominal, pero
pueden utilizarse otros criterios diferentes, como pueden ser los
ingresos tributarios medios u otros. Habrá que debatirlo también a lo
largo de las próximas fechas.

En suma, sobre todos estos asuntos naturalmente habrá que debatir en las
próximas fechas y habrá que hacerlo en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, y la estrategia que va a seguir el Gobierno es la siguiente:
vamos a entrar



Página 247



en contacto, fundamentalmente los Ministerios de Economía y Hacienda y
Administraciones Públicas, con los consejeros de Economía y Hacienda de
las distintas comunidades, con los presidentes autonómicos y con los
partidos políticos. Habrá una ronda de contactos y nuestra intención es
convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la segunda
quincena del presente mes de junio. Sería bueno que no se produjera la
situación que tuvo lugar en el año 1992, cuando el modelo se aprobó
después del momento en que con la nueva ley tenía que entrar en vigor, es
decir, que se aplicó, por tanto, con efecto retroactivo, porque la
reunión del consejo de Política Fiscal y Financiera fue el 20 de enero y
entraba en vigor desde el 1 de enero, por tanto, con efecto retroactivo.

Nosotros manifestamos nuestra firme voluntad de llegar a entendimientos y
acuerdos. Nos gustaría que todo el mundo también lo hiciera, pero yo
tengo que decir una cosa que espero que se interprete bien, y así lo
anuncio: tampoco puede una o dos comunidades autónomas intentar imponer
su voluntad a nadie. Hay un hecho que es evidente: el año que viene tiene
que haber un modelo, porque el actual termina este año. Por tanto, que
tenga que haber un modelo es indiscutible; cuál será es lo que
naturalmente habrá que discutir. Lo ideal es que se llegase a un acuerdo
entre todas las comunidades. Por tanto, el Gobierno va a hacer un
esfuerzo y se pide a todos que hagan un esfuerzo en esta misma línea.

Pero también tengo que decir que si hay gente que tiene posiciones
absolutamente inmodificables, naturalmente algún modelo tendrá que haber
y entonces habrá que aplicar, lo que no es deseable, el criterio de la
mayoría.

También abordaremos en esas discusiones que se produzcan a lo largo de
las próximas fechas la dotación del Fondo de Compensación
Interterritorial, instrumento de solidaridad por excelencia, que lleva
congelado en su cuantía a lo largo de estos últimos cinco años, como
saben los señores Diputados, y el Gobierno estudiará la puesta en marcha
del artículo 15 de la LOFCA --nivelación de servicios mínimos en el
territorio nacional--, aunque, naturalmente, su puesta en marcha está
condicionada por las exigencias presupuestarias a las que antes hacía
referencia.

Con estas palabras finalizo la segunda parte de mi intervención, que
hacía referencia al modelo de financiación.

Un breve apunte, como he dicho, sobre el Senado. En principio, creo que
hay una voluntad política manifestada por todos los partidos políticos y
los grupos parlamentarios de reformar el Senado y convertirlo en una
auténtica Cámara de representación territorial. La labor que tiene que
desarrollar el Gobierno en esta materia es de impulso, de intentar ayudar
a que se produzca este consenso y el Senado se convierta, efectivamente,
en una Cámara de representación territorial porque, al final, la
decisión, como todos ustedes saben, es de los grupos parlamentarios y, ya
más concreta y jurídicamente, de los propios Diputados y Senadores. Son
dos los asuntos básicos que hay que abordar. En primer lugar, un nuevo
sistema de elección de los Senadores y, en segundo lugar, definir
exactamente en qué consiste o cómo se plasma la afirmación de que el
Senado sea una auténtica Cámara de representación territorial. En mi
opinión creo que el senado debiera ser la primera Cámara para todos los
asuntos de trascendencia territorial y, por tanto, dejaría de ser Cámara
de segunda lectura, como lo es en el presente momento. Yo aquí solamente
puedo avanzar un mínimo criterio porque la responsabilidad no es tanto
del Gobierno como del conjunto de los grupos parlamentarios, y más
jurídicamente, como he dicho anteriormente, de Diputados y Senadores.

En cuarto lugar voy a hacer una referencia al asunto relativo al pacto
local. De este tema se está hablando desde hace bastante tiempo, pero es
lo cierto que ni la FEMP ni los partidos políticos hemos sido capaces de
concretar este deseo en normas jurídicas determinadas. Yo creo que es
bueno que se consiga un pacto local, y creo que es bueno que el principio
de descentralización política y administrativa, que inspira el Título
VIII de la Constitución, no termine en las comunidades autónomas.

Es lo cierto que a lo largo de estos últimos años se ha hecho un esfuerzo
de transferencias de la Administración central del Estado a las
comunidades autónomas, por el cual estas instituciones han obtenido un
gran protagonismo. Tiene su lógica que esto haya sido así, porque
estábamos hablando de instituciones públicas que se constituían después
de la aprobación de la Constitución española de 1978, pero es lo cierto
que la Administración local no ha visto que ese principio de
descentralización política se plasmara en normas jurídicas que a ellos
les afectaran. Por tanto, la voluntad del Gobierno es intentar que se
consiga un acuerdo entre las fuerzas políticas para que una serie de
competencias que en este momento ejerce la propia Administración del
Estado o las comunidades autónomas pasen a ser ejercidas por las
corporaciones locales.

¿Cuál es la estrategia que se ha planteado el Gobierno para conseguir que
el pacto local se plasme en normas determinadas y concretas y, por tanto,
pueda llevarse a buen término? En principio, el Gobierno ha tenido un
primer contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias,
donde están representados buena parte de los grupos políticos que están
hoy aquí presentes, y se ha acordado la elaboración de un documento entre
la Federación Española de Municipios y el Ministerio. Una vez que se
proceda a la elaboración de ese documento --yo espero que no tarde muchos
días-- se iniciarán contactos --ya ha habido algunos informales-- con los
distintos partidos políticos. Estos contactos deben, primero, ir parejos
--en mi opinión-- a los contactos con las distintas comunidades
autónomas.

Debo referirme a un tema con la misma claridad con la que creo que me
estoy expresando, es el siguiente. Va a ser muy difícil que el pacto
local pueda aplicarse en el supuesto de que las comunidades autónomas no
tengan voluntad de hacerlo, porque muchas de las competencias que puedan
ejercer las corporaciones locales en este momento son competencia, según
sus estatutos, de las comunidades autónomas. Por tanto, hay que hacer un
esfuerzo para que las comunidades autónomas se convenzan de que el
principio de descentralización política no se termina en la comunidad
autónoma, sino que debe seguir a las corporaciones locales. En cualquier
caso, las decisiones del Gobierno --como sucede



Página 248



respecto al tema del Senado, aunque aquí tiene más competencias-- tienen
mucha menos importancia, menos capacidad de decidir, realmente las
decisiones más importantes deben adoptarlas los partidos políticos --ni
siquiera digo los grupos parlamentarios--, las propias comunidades
autónomas y los ayuntamientos a través de sus representantes en la
Federación Española de Municipios y Provincias. Sin embargo, el Gobierno
impulsará, desde el punto de vista político, la consecución de este pacto
local.

Ya he hecho referencia a los temas competenciales, al modelo de
financiación, a la reforma del Senado y al pacto local. El quinto asunto
al que quiero hacer alusión se refiere a la reforma de la administración
periférica del Estado. Este asunto lo trataré con más detenimiento en la
segunda parte de mi intervención, pero quiero hacer un apunte. A lo largo
de estos últimos años se ha producido un objetivo proceso de traspasos de
la Administración central del Estado a las comunidades autónomas, como ya
he señalado y sé que no hacía falta, porque todos los señores Diputados
son conocedores de que esto es así. En nuestra opinión, este proceso que
va a continuar, por mandato legal, a lo largo de los próximos años, debe
ir acompañado de una reforma de la administración periférica del Estado,
que este Gobierno tiene voluntad de llevarla a buen término y para ello
ya ha dado un primer paso, que ha sido la presentación de un proyecto de
ley de reforma de esa administración periférica y de establecimiento de
principios para continuar esa reforma. El delegado del Gobierno pasa a
ser la figura clave y representante, con arreglo a lo que establece el
propio texto constitucional ordinario del Estado en el territorio de la
comunidad autónoma y se suprime la figura de los gobernadores civiles,
que pasa a ser sustituida por un subdelegado del Gobierno, nombrado por
el delegado, que tiene que ser un funcionario administrativo, de los
llamados funcionarios pertenecientes al grupo A, y que, por tanto, tiene
un carácter mucho menos político que la anterior figura del gobernador
civil. Esa reforma irá seguida de otra a la cual el Gobierno se obliga,
cumpliendo el texto de la Lofage, en el plazo de seis meses, a intentar
integrar dentro de la delegación y subdelegaciones del Gobierno,
reguladas en los términos a los que acabo de hacer referencia, toda la
administración periférica del Estado e intentará reducirla a sus justos
términos, de acuerdo con los procesos de traspasos que se han producido y
con los que se seguirán produciendo en el futuro. Sobre este asunto haré
una exposición un poco más amplia cuando trate la segunda parte de mi
intervención.

Por último, en esta primera parte de mi intervención, quiero hacer una
referencia a los llamados entre comillas «asuntos europeos». Como saben
SS. SS. --y creo que es una voluntad de todas las fuerzas políticas-- hay
un deseo de una mayor participación de las comunidades autónomas en los
temas europeos, lo cual es lógico, porque en los organismos europeos se
adoptan una serie de decisiones que afectan de manera muy clara a lo que
son competencias de las comunidades autónomas. Aquí se ha producido un
ejemplo que, en mi opinión, no es bueno y que debemos intentar que no se
produzca en el futuro. Se han adoptado decisiones tan importantes como la
aprobación del Tratado de Maastricht, de la Unión Europea, que afecta a
competencias que son de la Administración central del Estado, pero otras
competencias que son de las comunidades autónomas, y es evidente que la
participación que las mismas han tenido a la hora de emitir criterios y
opiniones no ha sido ciertamente la más deseable. Por tanto, el Gobierno
se compromete --como, además, ha acordado con alguno de los partidos
políticos con los que tiene una coalición para su estabilidad-- a que en
el plazo máximo de tres meses, desde la constitución del Gobierno, se
convocará la Conferencia Sectorial para Asuntos Europeos para proceder a
la aprobación del correspondiente reglamento que debe significar una
intensificación de los trabajos de dicha Conferencia. Este compromiso se
cumplirá mañana. Mañana, día 12, se reunirá la Conferencia Sectorial para
Asuntos Europeos en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas y
abordará los siguientes asuntos. Primero, darle un rango similar, por la
importancia que tiene, al del Consejo de Política Fiscal y Financiera
previsto en la LOFCA. Segundo, adoptar medidas para reforzar los
mecanismos de articulación del procedimiento de consulta previa en
aquellas materias del ámbito competencial de las comunidades autónomas,
tema muy importante. Tercero, garantizar la intervención efectiva de las
comunidades autónomas en la fase de formación de voluntad comunitaria,
interviniendo en la definición de la posición del Gobierno español ante
la Unión Europea. En cuarto lugar, se creará la figura de un agregado
dentro de la AREPER con competencia exclusiva para relacionarse con las
oficinas de las comunidades autónomas en Bruselas y para canalizar
información hacia las comunidades autónomas, tema que, sin duda, hay que
abordar y que es una necesidad sentida y entiendo que es voluntad de
todos los grupos políticos hacerlo así. En quinto lugar se articulará --y
se establecerán mecanismos para ello-- la presencia de representantes
autonómicos en las delegaciones españolas ante los comités y grupos de
trabajo en el seno del Consejo cuando se trate de materia de interés
específico o singular para las correspondientes comunidades autónomas.

Por tanto, mañana se reunirá esta Conferencia Sectorial para Asuntos
Europeos en el Ministerio de las Administraciones Públicas con el fin de
abordar estos asuntos.

Probablemente mi intervención se esté produciendo en unos términos
excesivamente rápidos, pero, como dije al principio, no quería avasallar
a SS. SS. y, sobre todo, no quería hacer una exposición excesivamente
larga. Voy a intentar resumir aún más las informaciones que pensaba
transmitirles.

Los temas que voy a abordar en la segunda parte de mi intervención
dependen, naturalmente del Ministro, pero fundamentalmente de la otra
Secretaría de Estado del Ministerio, la Secretaría de Estado de las
Administraciones Públicas. Así como la primera parte de mi intervención
la he dividido en cinco apartados, ésta la voy a dividir en tres.

El primer apartado es sobre la organización de la Administración general
del Estado y organismos públicos. El segundo es sobre la mejora de las
relaciones de los ciudadanos con la Administración Pública y el tercero
se referirá al régimen específico de los funcionarios. Voy a intentar



Página 249



transmitir a SS. SS. --y procuraré sintetizar lo más que sea capaz--
cuáles son los objetivos del Gobierno para la próxima legislatura,
intentando hacerlo también con la concreción con la que creo que se ha
realizado en la primera parte de mi intervención.

Organización de la Administración General del Estado y organismos
públicos. El primer objetivo es el diseño de un nuevo marco normativo
para el Gobierno y la Administración General del Estado. Como saben SS.

SS., el Gobierno, en su reunión del viernes 7 de junio, ha aprobado el
proyecto de ley --que supongo entrará un día de éstos en la Cámara-- de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la
Lofage. Posteriormente, tiene intención de presentar a lo largo del
presente año 1996 --no puedo concretar la fecha-- el proyecto de ley
reguladora del Gobierno. Creo que ambos textos permitirán regular
definitivamente el Gobierno y la Administración General del Estado en el
marco de la Constitución y deslindar los respectivos ámbitos de actuación
y responsabilidad.

La Lofage --el proyecto que se ha presentado-- tiene las siguientes
innovaciones básicas, que voy a intentar resumir.

En primer lugar, contiene una regulación global de la Administración
General del Estado, de la Administración periférica, de la Administración
en el exterior y de los organismos públicos, lo cual es novedoso en
nuestro ordenamiento y permitirá disponer de una visión de conjunto de
todos los aparatos administrativos.

En segundo lugar, permitirá una notable simplificación de los
ministerios, parcialmente adelantada en los reales decretos de estructura
orgánica de los mismos, ya aprobados por el Consejo de Ministros, como
saben, mediante real decreto.

En tercer lugar --probablemente sea la innovación más importante--,
establece un diseño radicalmente nuevo --antes hice una referencia-- en
la organización territorial de la Administración General del Estado, de
acuerdo con el principio de administración única: potencia los delegados
del Gobierno, sustituye la figura del gobernador civil por un subdelegado
dependiente del delegado y nombrado por él entre funcionarios y establece
la integración de los servicios periféricos de los ministerios --esto es
importante--, salvo excepciones que habrá que determinar --hay algunas
muy claras, como es Defensa--, en las delegaciones del Gobierno, que se
adscribirán orgánicamente al Ministerio de Administraciones Públicas.

Por otra parte, potencia la profesionalización de los directivos
públicos, reservando los puestos de subsecretario, secretario general
técnico, director general, aunque, en este caso, prevé alguna excepción,
y subdirector general para su ocupación por funcionarios públicos de
cuerpos que exijan titulación superior, con lo cual la carrera
administrativa termina en subsecretario, y simplifica la tipología de
organismos públicos, reduciéndola a dos categorías, organismos autónomos
y entidades públicas empresariales, con el fin de reconducir la
proliferación producida en los últimos años. Como ustedes saben, había
muchos tipos de organismos públicos, algunos creados en las propias leyes
generales presupuestarias, y creemos que reducir la tipología a dos,
organismos autónomos y entidades públicas empresariales, es un
planteamiento razonable.

En sucesivas reuniones del Consejo de Ministros ya se han adoptado
algunas medidas previas para conseguir algunos de los objetivos de la
Lofage. La primera, la simplificación de la estructura de dirección de
los ministerios. Como ustedes saben, se han aprobado los reales decretos
de organización de los ministerios hasta el nivel de dirección general,
lo cual ha producido una reducción de cargos estrictamente políticos que
también ha ido acompañada de una reducción de asesores y personal
eventual y de confianza de los ministros y de los secretarios de Estado.

En tres meses, que es el plazo que marcan esos reales decretos, se
procederá a una reestructuración de las subdirecciones generales y en el
de seis meses, que es la fecha que establece ese real decreto, a una
reestructuración de los organismos públicos.

En cuanto a las medidas de implantación de la Lofage --voy a intentar ir
resumiendo--, diré que, una vez aprobada, las medidas organizativas
esenciales a poner en marcha serán las siguientes: primero, la plena
reestructuración de la organización territorial de la Administración
General del Estado, es decir, ya habrá que poner en marcha la sustitución
de los gobernadores por subdelegados; segundo, habrá que empezar a
suprimir direcciones territoriales y provinciales, lógicamente, previa
determinación de cuáles son las que hay que suprimir. En principio, y
aunque no es un asunto que esté cerrado, el criterio del Gobierno es que
mientras no se transfieran, por ejemplo, las competencias de Educación y
Sanidad, dado el volumen de recursos que gestionan, parce lógico que
sigan teniendo una dependencia clara del ministerio de que se trate, pero
habrá que ir trabajando ya --se hará en el plazo de seis meses desde la
aprobación de la ley-- en la incorporación de los servicios integrados
procedentes de todos los ministerios. A medida que se vaya avanzando en
el proceso de traspasos, se irá procediendo a una mayor reducción de la
Administración periférica del Estado y a la integración de los servicios
residuales que puedan ser necesarios para el ejercicio de las funciones
de la Administración del Estado en las comunidades autónomas en las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

En cuanto al nuevo modelo de organismos públicos, el plazo que establece
la Lofage es de dos años. Esta labor de reestructuración es ciertamente
compleja, ya que, como he señalado antes, hay muchos tipos de organismos
públicos. Se pretende reducirlos solamente a dos, organismos autónomos y
entidades públicas empresariales, y, por tanto, parece razonable dejar un
plazo de dos años para proceder a una completa adaptación de los mismos a
la nueva situación que produzca la Lofage en el supuesto de ser aprobada,
como es natural, por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

La ley del Gobierno, que, como he señalado antes, se presentará en la
Cámara este año, en 1996, tiene que regular una serie de asuntos que los
señores Diputados conocen muy bien, como son las funciones del Gobierno,
el Consejo de Ministros, los Ministros, la potestad reglamentaria,



Página 250



el Estatuto de Incompatibilidades del Gobierno, su nombramiento, su cese,
los regímenes de suplencia, derechos y deberes, etcétera, y, como digo,
es intención del Gobierno presentar esta regulación a lo largo del
presente año.

Con esto termino la primera parte de esta segunda parte de mi exposición.

Ahora expondré, intentando resumir todo lo que sea capaz, las relaciones
de la Administración con los ciudadanos.

Los objetivos del Gobierno son los siguientes. En primer lugar,
profundización y desarrollo de los derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración. Se adoptarán una serie de iniciativas
normativas, fundamentalmente a nivel de real decreto, con objeto de
desarrollar los principios establecidos en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común. Es intención del Gobierno regular, en desarrollo de
la ley, los siguientes aspectos que, como es natural, todavía no se han
desarrollado: regulación del derecho de acceso a los archivos y registros
administrativos, regulación de la presentación de documentos por los
ciudadanos, cotejo y expedición de copias auténticas, elaboración de las
regulaciones complementarias al Real Decreto 163/1996, por el que se
regula la utilización de técnicas informáticas en la actividad
administrativa, actualización de la relación de procedimientos de la
Administración General del Estado y profundización de los instrumentos de
coordinación con otras administraciones, como, por ejemplo, la
suscripción de convenios que permitan la presentación de documentos en
las entidades locales. También se abordará la simplificación de los
procedimientos administrativos, reduciendo los tiempos de tramitación, la
normalización documental y la incorporación de nuevas tecnologías para la
progresiva informatización de la tramitación, gestión y control de
procedimientos.

Asimismo, es objetivo del Gobierno el impulso y la mejora en la difusión
de la información al ciudadano, el incremento de los centros y puntos de
información general para que los ciudadanos puedan obtener la información
que precisen en su relación con la Administración pública, la utilización
de los servicios telemáticos más avanzados --para la difusión de la
información administrativa se pretenden utilizar todos los medios
proporcionados por las tecnologías de que se dispone en el momento actual
en cuanto a comunicación, como son los sistemas de telefonía inteligente,
Internet, Infovía o cualquier otra autopista de la comunicación; ya hay
algún avance al respecto que habrá que continuar a lo largo de los
próximos años-- y la ampliación de la red territorial de oficinas de
información administrativa, que se encuentran conectadas a la base de
datos del centro de información administrativa.

Paso al tercer punto, régimen de los funcionarios. Es evidente que el
objetivo más importante en materia de funcionarios es abordar de una vez
por todas el Estatuto de la Función Pública y, por tanto, dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103.3 y 149.1.18.ª de la
Constitución Española. Por tanto, hay que hacer un estatuto de la Función
Pública, ya que no deja de ser un mandato constitucional y, al mismo
tiempo, servirá para poner fin a la dispersión normativa existente en
materia de función pública, contenida en numerosas normas tanto
preconstitucionales como posconstitucionales, además de adaptar el
sistema de Administración pública a la nueva concepción administrativa
estructurada alrededor del concepto de administración única y satisfacer
una necesidad altamente sentida tanto por las administraciones públicas
como por su personal.

Voy a apuntar tres o cuatro ideas de lo que, en mi opinión, debe
abordarse en ese Estatuto de la Función Pública que el Gobierno tiene
intención de presentar en esta Cámara el año que viene, el año 1997. El
ámbito de aplicación serán, lógicamente, los funcionarios y el personal
laboral de todas las administraciones públicas, excluidos determinados
funcionarios, como son personal militar, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
Poder Judicial, órganos constitucionales, etcétera.

En cuanto al alcance de la normativa básica, los criterios que van a
utilizarse son los siguientes. En primer lugar, recoger la doctrina del
Tribunal Constitucional sobre esta materia, que es importante; ya hay
definiciones claras del Tribunal Constitucional en muchos aspectos
importantes. En segundo lugar, hay que hacer un estatuto holgado, y no
rígido, para que las comunidades autónomas puedan desarrollar su propio
sistema. Es evidente que este estatuto hay que pactarlo con las
comunidades autónomas y con los sindicatos. En el primer caso, para
evitarnos conflictos de interpretación sobre qué se entiende por bases,
que es la competencia que tiene el Estado, y qué se entiende por el
desarrollo legislativo que puedan tener las comunidades autónomas y, en
el segundo caso, esto es, con los sindicatos, por razones obvias que
todos ustedes entienden perfectamente. Desde luego, el Gobierno
manifiesta su voluntad de pactarlo también con los grupos políticos,
puesto que sería bueno que el Estatuto de la Función Pública fuera fruto
de un acuerdo mayoritario.

En tercer lugar, creo que debe ser un estatuto con afán de permanencia en
el tiempo, lo cual no quiere decir que no se pueda modificar, pero sí
tenemos que plantearnos un estatuto de la función pública con afán de
permanencia en el tiempo. No es fácil aprobar un estatuto de la función
pública --por eso no se ha hecho desde 1978; hay que intentar hacerlo
ahora--, pero hay que intentar que sea un estatuto para mucho tiempo.

Otro de los asuntos que hay que abordar en el Estatuto es la
planificación de efectivos, intensificando la aplicación de metodologías
integrales que permitan la mejor utilización de los recursos humanos de
todas las administraciones allí donde más necesarios sean para prestar un
servicio eficiente y de calidad al ciudadano. La movilidad entre el
personal de las administraciones públicas es algo que, sin duda, habrá
que tratar con las organizaciones sindicales, pero creo que no sería malo
abrir la posibilidad de cambio de administración y, al mismo tiempo,
cuando así convenga a las necesidades de las administraciones públicas
por existir remanentes de efectivos en una Administración, aun respetando
los derechos adquiridos de los funcionarios, intentar que se puedan
intercambiar funcionarios de unas u otras administraciones. Habrá que
regular la adquisición y pérdida de la condición de funcionario,



Página 251



adquisición con sujeción a los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, así como de publicidad, y habrá que regular también
la pérdida de la condición de funcionario, aunque, lógicamente, el
principio de inamovilidad de la condición de funcionario, que constituye
una garantía del ejercicio de la función, de acuerdo con los principios
de imparcialidad y objetividad, es evidente que se va a mantener y no
hace falta ya que lo aclarara este Ministro en su intervención.

Es intención del Gobierno el establecimiento de un sistema flexible de
jubilación, que sin duda es otro asunto de los que habrá que abordar en
este Estatuto, pero, en principio, creemos que debe haber una jubilación
anticipada, que puede haberla incentivada entre los 60 y 65 años, y la
posibilidad de prórroga anual de permanencia en el servicio activo hasta
los setenta años de edad cuando, voluntariamente, lo solicite los
funcionarios del Grupo A.

Hay que regular también el sistema de derechos y deberes. Naturalmente,
en el sistema de derechos individuales estará el de provisión de puestos
y asignación de funciones de la carrera administrativa y los derechos
retributivos, conceptos retributivos que deben relacionarse con los
conocimientos exigidos para el ingreso, la antigüedad en la carrera
administrativa y la forma que desempeñen los puestos y tareas y la
valoración del rendimiento --es un tema importante-- será uno de los
factores a considerar para la adquisición de los antedichos derechos
individuales.

Hay que regular también el sistema de incompatibilidades que tendrá como
objetivo principal asegurar el mantenimiento, la independencia,
profesionalidad e imparcialidad de los empleados públicos, definir con
mayor exactitud el alcance de los acuerdos y pactos entre la
Administración y los sindicatos y delimitar con toda precisión las
materias que han de ser objeto de negociación y las reservadas a la
potestad de autoorganización de la propia Administración pública.

Por último, asunto sin duda importante, difícil de abordar pero al que
habrá que intentar dar una solución en los próximos meses y años, hay que
potenciar los órganos de encuentro y colaboración entre las
administraciones públicas, de manera que, a través de líneas de actuación
homogéneas, se impida la aparición de agravios comparativos, agravios
comparativos que se han producido entre funcionarios de unas y otras
administraciones, entre colectivos que tienen un mismo grado de
dificultad y de responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Es
evidente que aquí hay que potenciar los órganos de encuentro y de
colaboración sobre la base y el principio de cooperación que recoge los
últimos acuerdos autonómicos, que sin duda alguna habrá que aplicar hasta
sus últimas consecuencias, al menos ésa es la voluntad de Gobierno a lo
largo de estos últimos años, pero hay que tratar de evitar que se
produzcan agravios comparativos, como he dicho, entre colectivos que
tienen un mismo grado de dificultad y de responsabilidad en el desempeño
de sus funciones y que reciben percepciones distintas, en algunas
ocasiones con diferencias que no son evidentemente muy razonables.

En fin, he intentado hacer la síntesis de la síntesis de lo que pueden
ser objetivos del Departamento en los próximos años. Me parece, señor
Presidente, que he empleado un tiempo razonable, cincuenta minutos. En
cualquier caso, estoy en disposición --no faltaría más, además es mi
obligación-- de oír todas las sugerencias, comentarios, peticiones de
aclaraciones y críticas de los señores Diputados.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su exposición.

A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios que han tomado
iniciativa en relación con esta comparecencia. En primer lugar, el Grupo
Parlamentario Socialista, señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Quiero sumarme a la bienvenida que hacía el
Presidente al Ministro de Administraciones Públicas en esta su primera
comparecencia ante la Comisión. Espero que sea una línea habitual contar
con su presencia en la misma, entre otras razones porque puede comprender
el señor Ministro que, a tenor del ámbito de actuación de su Ministerio
--no ha habido más que hacer un seguimiento de su prolija y densa
intervención--, comprenderá que seguramente hoy vamos a tener una
limitación objetiva para abordar todas las cuestiones que afectan al
Ministerio de Administraciones Públicas.

En principio, esta comparecencia tiene un sentido teórico, que es
lógicamente anunciar cuáles son las líneas políticas de actuación de su
Ministerio, marcar calendario, compromisos y proyectos. Pero, desde que
el Gobierno ha sido constituido, ciertamente se han producido
determinadas decisiones, de las que buena parte afectan a su Ministerio e
inevitablemente han de ser objeto de un cierto análisis o comentario para
que contrastemos algo que desde el Grupo Socialista vemos que
habitualmente es lo que viene siendo su práctica de Gobierno, que son
profundas contradicciones entre lo que eran sus posicionamientos
políticos, que son profundos, rápidos y no explicados cambios de lo que
ha sido su programa electoral y sobre todo algo de lo que es más
importante, de lo que durante un cierto tiempo constituyó alguno de sus
puntos centrales de su dura crítica a la gestión del Gobierno socialista.

En efecto, señor Presidente, señor Ministro, ustedes han operado una
reorganización de los departamentos ministeriales, de la estructura
básica del Gobierno contenida en diversos decretos y en muchas
rectificaciones de errores en el Boletín Oficial del Estado. Quiero
recordar que algún ministerio no fue suprimido en el primer Decreto de
conformación del Gobierno y que así ha pasado en muchas decisiones de las
que han tomado.

Esa reorganización se planteaba y se ha planteado incluso en el discurso
de investidura bajo los postulados de lograr una racionalización de la
Administración, una máxima eficacia y, sobre todo, como punto central,
una reducción del gasto público.

Yo creo que el señor Ministro estará lógicamente en condiciones de dar
respuesta a algunos de esos objetivos que ya se pueden contrastar
analizando la plasmación de lo que han sido sus decretos de
reorganización ministerial.




Página 252



Quiero recordarle que el Partido Popular había dicho que en este país
había 8.458 altos cargos. Quiero recordarle que el Partido Popular había
dicho que se suprimirían 5.000 altos cargos. Quiero recordarle que el
partido Popular había dicho que esto supondría un ahorro de 70.000
millones de pesetas. Está documentado en sus congresos, en intervenciones
parlamentarias --creo que lo conocerá lo suficientemente bien como para
que omita la cita--, y que, además, ahorrarían otros 60.000 millones de
pesetas en la simplificación y reorganización de la Administración del
Estado, fundamentalmente de la Administración institucional.

Veamos algunos de sus primeros pasos. Resulta que han reducido un
ministerio, que han creado dos vicepresidencias, que han aumentado dos
secretarías de Estado, que han reducido dos subsecretarías y que han
reducido sesenta y siete direcciones generales. Me estoy refiriendo a la
Administración central, porque obviamente la evaluación de la
Administración institucional no es en estos momentos todavía posible de
realizar, aunque alguno de los primeros indicios son preocupantes, señor
Ministro, porque de esa pretendida racionalización de los organismos
autónomos nos hemos encontrado con que, después de hacer el Decreto de
organización del Ministerio de Sanidad y eliminar una serie de
direcciones generales, se publica un decreto posterior que organiza el
Insalud, que por cierto ha asumido desde aquí la transferencia de sanidad
a las comunidades autónomas, y pasamos en el Insalud de una dirección
general a cuatro nuevas direcciones generales, en sintonía con ese
principio de austeridad y de reorganización.

Señor Ministro, mi primera pregunta es: ¿Puede estimar ya hoy el Gobierno
comparativamente cuál es el gasto de la nueva estructura política de los
ministerios? ¿Nos hemos acercado ya a esos 70.000 millones? Pongamos algo
menos. ¿Nos hemos acercado a alguna peseta para los españoles en esa
reorganización? Ese principio de ahorro y de austeridad, que ustedes
situaban como objetivo central de su política, en el que por cierto
basaban lo que podría ser la reducción del déficit dado que había un gran
despilfarro en la administración regida por los socialistas, ¿lo han
encontrado ustedes? ¿Puede estar usted en condición en estos momentos de
decir si va a ahorrar alguna peseta? ¿Si había algún dinero o algún gasto
que pudiera reproducir o que pudiera compaginarse con ese mensaje del
despilfarro? Le recuerdo, hablaron de 70.000 millones y de cinco mil
altos cargos.

Esto no se comparece con sus primeras medidas, porque el recorte que
ustedes han planteado, el recorte o la no disponibilidad de crédito de
esos 200.000 millones para nada afectaba al capítulo 1 y al capítulo 2.

Todos los ciudadanos esperaban con fruición, y desde luego el Grupo
Socialista también, constatar que la no disponibilidad de créditos iba a
afectar a los Capítulos 1 y 2, que es en los que se sitúa ese despilfarro
del que tanto hablaban.

En ese sentido, sería conveniente que el Ministro informara también a qué
partidas y a qué secciones afecta el recorte de los 2.395 millones del
Ministerio de Administraciones Públicas.

Otro de los mensajes con los que el Partido Popular venía construyendo su
modelo de Administración pública era el de la profesionalización, dando
un mensaje que han parado cuando han llegado al Gobierno, porque afectaba
a muchos altos funcionarios de este país, respecto a los que
habitualmente se consideraba que ocupaban esos puestos de subdirectores
generales para abajo como consecuencia de su afinidad, de su simpatía
política y, en definitiva, de un procedimiento poco acorde con los
principios de objetividad y de acceso en el escalafón de la
Administración. Ahora hemos visto que han cambiado notablemente de sus
posiciones iniciales; pero han cambiado de una forma bastante llamativa,
que en algún caso les puede producir cierto sonrojo. Hay notables
contradicciones entre lo que ustedes plasmaron en su propuesta de ley de
regulación de la organización y funcionamiento de la Administración del
Estado y lo que ahora han introducido en la LOFAGE, que, por cierto, en
un 80 por ciento --y debía haberlo indicado el señor Ministro-- no es más
que una reproducción del texto que el Gobierno había remitido a la
Cámara, y por ello vamos a estar de acuerdo en muchos puntos. En aquel
texto todos los directores generales tenían que ser funcionarios y en el
texto que hoy han remitido a la Cámara ya no es necesario. Se permite una
fórmula que, a mi juicio, no se compadece mucho con lo que debe ser la
seguridad jurídica o la claridad. Se deja al libre albedrío de cada
ministerio, en los posibles nombramientos por decreto, la posibilidad de
que sean funcionarios o no. Por tanto, en esta cuestión ya han cambiado
notoriamente. Los secretarios generales, lógicamente, no tienen que ser
funcionarios. Y han cambiado también en algo significativo: en aquella
proposición de ley decían que los puestos de subdirectores generales
serían provistos por concurso de méritos y ahora mantienen la libre
designación, que era la fórmula utilizada por el Gobierno anterior.

Hay un tema que no puede dejar de obviar el Grupo Socialista, porque en
un momento dado fue objeto de mucha controversia, de mucha crítica,
incluso de epítetos que no vamos a repetir ahora, pero sobre el que
conviene que el Gobierno dé una explicación a la Cámara. En aquel texto
de propuesta de ley y en casi todas las enmiendas a los Presupuestos del
Estado consideraban que debía de ser incompatible ser alto cargo con
pertenecer a un consejo de administración de los entes públicos, de
organismos autónomos o de empresas estatales. Parece que el Gobierno ya
ha nombrado a veinte altos cargos o alguno menos --porque quizás alguno
no pueda ser considerado alto cargo-- en esos órganos. Por tanto,
¿considera ahora el Gobierno que es correcto que los altos cargos formen
parte de los consejos de administración de las empresas públicas, después
de lo que, como ha reconocido, dijo durante mucho tiempo el partido que
le ha nombrado Ministro? ¿Mantiene el Gobierno las tesis que defendía en
la discusión de Presupuestos relativas a que los altos cargos que forman
parte de esos consejos de administración no perciban ningún tipo de
remuneración como consejeros de dichas empresas? Tiene que dar una
respuesta a esta cuestión, porque se ha efectuado un cambio que, como
hemos visto en la comparecencia



Página 253



de algún portavoz del Gobierno, ha producido cierto sonrojo.

En el terreno de la Administración del Estado, señoría, en cuanto al
discurso político de cuál era la situación, es verdad que han tenido que
variar radicalmente. Desde el Grupo Socialista nos conformaríamos con que
en estos momentos hubiera un reconocimiento y un cambio radical de cuál
era el diagnóstico y el análisis que se producía de la Administración
general del Estado.

Esto tiene algo que ver también con este pretendido nuevo modelo de
Administración periférica del Estado que ha puesto sobre la mesa. Diré al
respecto que, como antes señalaba, la Lofage reproduce casi un 80 por
ciento el texto que el Gobierno socialista remitió a la Cámara y que no
se llegó a discutir. Es verdad que hay algunas novedades que incluso el
Ministro ha querido apuntar, fruto de la acción del Gobierno, pero la
reproducción literal del texto es tan clara que imagino que no lo volverá
a hacer de nuevo.

Lo que ustedes van a hacer con la Administración periférica del Estado es
complicarla más, ésa es la opinión del Grupo Socialista, a tenor de las
informaciones, porque el texto formalmente aprobado por el Consejo último
no lo conocemos, como tampoco conocíamos el texto anterior que iba a ir
al Consejo de Ministros, como es lógico. Parece que el delegado del
Gobierno va a depender de cuatro ministerios o al menos va a tener una
relación inevitable y obligada con cuatro ministerios: Presidencia,
Presidencia del Gobierno, Administraciones Públicas e Interior. Hacen un
cambio nominal, rebajando el rango político del anterior gobernador al
pretendido actual subdelegado, con lo cual curiosamente vuelven a la
figura de 1833, precisamente cuando se creó la Administración provincial
por el decreto de Javier de Burgos. Lo que hace este proyecto simplemente
es devaluar la representación del Estado. Además, introduce una
indefinición que al Grupo Socialista le preocupa, y solamente lo apunto
porque lo discutiremos más adelante. Es la indefinición de qué
competencias va a tener el subdelegado, porque el texto no le atribuye
ninguna, sino simplemente las que le pueda delegar el delegado del
Gobierno.

Quería preguntarle sobre este punto, señor Ministro, si va a haber
consenso o si es voluntad del Gobierno que lo haya en la definición de la
Administración periférica del Estado, que es un tema tan importante para
el Grupo Socialista como el del pacto local o el de algunos aspectos de
la financiación autonómica. Ha omitido esa oferta y supongo que esto no
estará excluido del consenso, porque entonces sería una posición un tanto
esquizofrénica. El Grupo Socialista sí tiene intención de consensuar
ampliamente la Lofage, como ya hemos manifestado.

Por lo que respecta al Estado autonómico, hay una relación con la
posición de la Administración periférica y esa llamada teoría de la
Administración única. Espero que cuando enmendemos la desaparición del
concepto en el preámbulo, lo acepte el Grupo Popular, ya que ese concepto
ni es jurídico ni siquiera doctrinal; está bien para la resolución de un
partido político, pero no para la exposición de motivos del texto de una
ley. La Administración única es un concepto vago, es un saco sin fondo.

Sin embargo, aquí se ha puesto de manifiesto que la vía para llegar a ese
objetivo va a ser la del artículo 150.2, junto con la reforma de la
Administración periférica; es decir, la transferencia de la delegación de
competencias. ¿Qué delegación y qué transferencia de competencias se van
a operar para lograr ese teórico objetivo de la Administración única, que
a nuestro juicio no responde al esquema o modelo constitucional? ¿Va a
ser para todas las comunidades autónomas, porque aquí se han citado los
puertos, el INEM, y eso se refiere básicamente a los pactos que han
suscrito para la estabilidad? Nos gustaría, por tanto, conocer qué
materias van a ser delegadas o transferidas por la vía del artículo 150.2
de la Constitución.

Sobre este punto, he de señalar que el Grupo Socialista está dispuesto
--ya lo conoce el señor Ministro-- a entablar ese diálogo y a buscar el
consenso en lo que puede ser una nueva fase o versión de un pacto
autonómico que básicamente afecte a las competencias del artículo 143. Y
supongo que habrá que empezar a trabajar con los estatutos de Aragón y
Canarias.

Sobre financiación --sé que ayer tuvo una tarde amplia y densa y no voy a
profundizar excesivamente--, he de decir que yo también creo que el
Senado puede ser un foro interesante para debatir todas estas cuestiones,
pero no puedo resistirme a hacerle alguna pregunta.

Ustedes han dado dos respuestas a nuestras múltiples iniciativas para
aclarar cuál es el coste del nuevo modelo de financiación autonómica,
incompatibles entre sí, señoría. Yo le pediría que optara en este momento
por una de las dos: o el coste es cero o no es determinable. Que a la vez
sea no determinable y cero, comprenderá el señor Ministro y todas SS.

SS., que es imposible intelectualmente. ¿Cuál es su posición? Parece que
usted ha mantenido --incluso lo ha dicho hoy aquí indirectamente-- que el
coste no es determinable. Luego veremos alguna cuestión, en la segunda
intervención, a este respecto. Me gustaría que por fin zanjase ese tema y
dijera si el coste es determinable o va a ser cero. En todo caso, ¿cuál
va a ser la aportación del PIE --lo ha dicho usted de pasada-- para el
presupuesto de 1997?, ¿la misma que para 1996 o más? Y si es más, ¿cuánto
más? Creo que esto es importante.

Respecto de la solidaridad, también de pasada y en el terreno de la
indefinición --a veces inevitablemente se mueve en este terreno-- ha
citado el Fondo de Compensación Interterritorial y el artículo 15 de la
Lofca. ¿Va a aumentar el Fondo de Compensación Interterritorial en el
presupuesto de 1997, ya que todo el mundo parece asumir que el modelo que
ustedes proponen necesita mecanismos más fuertes de solidaridad? ¿En qué
cuantía, en qué porcentaje? ¿Se va a incluir ya alguna partida en
aplicación del artículo 15 de la Lofca en el presupuesto de 1997?
En cuanto al pacto local --quiero ir entrando ya en la recta final y
seguramente muchas de las cuestiones que ha abordado el señor Ministro no
pueden ser objeto de comentario por nuestra parte--, en primer lugar,
tengo que decir que el Grupo Socialista quiere manifestar su profunda
discrepancia con la forma y el fondo de uno de los decretos-leyes que ha
aprobado el Gobierno en su último Consejo de Ministros.




Página 254



El Gobierno ha dado un duro golpe, una bofetada en toda regla, a los
ayuntamientos con el Decreto-ley sobre el suelo. He oído al señor
Ministro en esta intervención --ya se lo he oído otras veces-- que las
corporaciones locales tienen menos calado político que las comunidades
autonómica. Permítame discrepar de esa valoración. Creo que la vida local
es quizá el primer punto de referencia del enriquecimiento de la vida
democrática y, por tanto, un punto esencial de la vida política de una
administración en un Estado descentralizado. Parece que se confirma, en
efecto, esa posición del Ministro, se confirma porque ha dedicado en su
intervención el 80 por ciento a hablar de autonomías, menos de la
Administración del Estado, pero muy poco de los ayuntamientos y de las
diputaciones, que también forman parte de la estructura local.

Usted se comprometió en la primera reunión con la Presidenta de la
Federación de Municipios a que el Gobierno consultaría todas las medidas
legislativas que afectaran a los ayuntamientos, quisiera saber si lo ha
hecho con este Decreto-ley y si va a compensar financieramente en el
presupuesto de 1997 lo que va a ser la pérdida de un tercio de los
ingresos que obtiene por la cesión de suelo en el momento en que entre en
vigor. Creo que el matiz es evidente. Si pasamos de un 15 por ciento de
cesión obligatoria de los constructores a un diez, es un tercio. Y eso
para algunos ayuntamientos es una parte significativa de sus ingresos.

¿Lo va a compensar el Gobierno en el presupuesto de 1997? ¿Va a tomar
alguna medida complementaria para arreglar en cierta medida esta bofetada
que se ha dado a la vida local? Eso sin entrar en el fondo de la
cuestión, que lógicamente se discutirá en su ámbito correspondiente.

Sobre el pacto local, es verdad que el Gobierno manifiesta que tiene que
haber un acuerdo político y que las comunidades autónomas están
necesariamente implicadas en él. Quisiera hacerle dos preguntas sobre
dicho pacto local, una de ellas porque es inevitable, y es seguramente el
fondo de la propuesta que la Federación de Municipios ha aprobado. ¿Va a
aumentar la financiación de las corporaciones locales en el presupuesto
de 1997? ¿Tiene alguna idea, algún proyecto de nuevo modelo o de cambios
de modelos en la financiación de las corporaciones locales?
En segundo lugar, ¿va a impulsar el Gobierno de manera autónoma, propia,
independientemente de lo que hagan las comunidades autónomas,
modificaciones legislativas para traspasar competencias a las
corporaciones locales? En todo caso, ¿va a abordar una regulación sobre
las grandes ciudades? Digo esto porque me parece que el tema de las
grandes ciudades no ha sido tocado en su intervención, seguramente porque
los temas eran muy amplios.

Le reitero, lo conoce bien el señor Ministro, la posición favorable del
Grupo Socialista al acuerdo, al consenso en materia de pacto local, pero
le recuerdo también que es el Grupo Socialista el único que hasta ahora
ha remitido al Gobierno, en su momento, un documento concreto sobre el
contenido del mismo y, por consiguiente, en ese sentido hemos dado pasos
importantes.

Me gustaría saber también cuál es su opinión sobre la situación de las
diputaciones, ya que usted ya ha sido presidente de diputación. La verdad
es que es una administración que atraviesa grandes problemas, que tiene
un encaje complejo en nuestro modelo actual y mucho más con el modelo que
ustedes parece que pretenden diseñar a tenor de su intervención.

Por último, respecto de la financiación pública, quisiera conocer algunas
cuestiones. En primer lugar, nos gustaría que el Ministro hiciera una
proclamación que evitara ese cierto desconcierto, inquietud, malestar que
ha existido como consecuencia de las primeras manifestaciones del
Gobierno que traían causa en esa propaganda política que hicieron en la
legislatura pasada y que tiene que ver con las reestructuraciones de los
ministerios. Usted debe saber que hay una parte importante del personal
directivo, funcionario lógicamente, de la Administración central del
Estado que está en esa situación de inquietud y que, en estos momentos,
con la supresión de las direcciones generales que han hecho, tienen 252
subdirecciones generales en el aire. Por tanto, es una situación
compleja.

En relación con los aspectos relativos a la función pública, casi es
imposible comentar los puntos más centrales del estatuto de la función
pública que ha anunciado. El deseo del Grupo Socialista es que eso tenga
una amplia negociación con los sindicatos representativos del sector y
que se respete el principio de negociación colectiva.

Queremos hacer una pregunta clara y concreta relativa a la función
pública y a retribuciones ¿Cuál va a ser el incremento del retribuciones
para 1997? ¿Se va a cumplir, señor Ministro, el apartado uno, del
capítulo tercero del pacto suscrito en su día entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y los sindicatos?
Creo que son diez o doce las cuestiones que más preocupan al Grupo
Socialista. Terminaré mi intervención diciendo, señoría, que junto a esa
actitud de consenso debería haber por parte del Gobierno actitudes de
rectificación de muchas de las cosas que se han dicho. Si no, seguiremos
señalando permanentemente sus contradicciones notorias entre lo que
dijeron y lo que están haciendo.

Permítame que le haga una última reflexión en el proyecto de desarrollo
del nuevo modelo autonómico. Seguramente nuestra Constitución aboga hacia
que tengamos una situación en ese sentido un poco abierta, ese consenso
es algo absolutamente sustancial. Nosotros advertimos, en temas de
financiación, en temas de administración periférica, en temas de pacto
local, demasiadas indefiniciones y compromisos que seguramente a ustedes
les obligan por encima de un consenso en esta Cámara que debería ser
sustancial. Nos gustaría que tuvieran esa visión de Estado que en
ocasiones se hace imperiosa y, desde luego, en ese punto el Grupo
Socialista estará formulando acuerdos con el Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos Martínez.




El señor RIOS MARTINEZ: Vaya por delante que el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya le desea suerte al Ministro en
su trabajo, porque a la vez que se lo deseamos a usted lo deseamos a
todos los españoles



Página 255



con el fin de que la Administración mejore manifiestamente, que bien lo
necesita. Pero diciéndole a continuación que la suerte no se tiene; la
suerte hay que buscarla, hay que trabajarla. En ese sentido, vaya por
delante, repito --después le precisaré lo que son nuestras
observaciones--, nuestra mano tendida para los cuatro compromisos que
usted ha echado encima de la mesa, compromisos en los que encontrará la
posición de Izquierda Unida desde la óptica de la crítica y también de la
propuesta, de la concreción de lo que nosotros entendemos, tanto de
modelo de Estado como de modelo de la Administración, y también la
articulación de la función pública.

Por lo que he oído esta mañana, he podido comprobar y constatar que una
cosa es estar en el Gobierno y otra en la oposición. Yo espero que cuando
nosotros lleguemos no nos pase igual, que tengamos que decir una cosa en
la oposición y otra en el Gobierno.

A mí me hubiese gustado, señor Ministro, al margen de la intervención que
haya podido tener, que nos hubiese quedado claro hoy dónde estamos y
dónde estaremos al final de su mandato en el modelo de Administración que
ustedes reciben y a dónde van a llegar; las medidas, porque estamos
viendo muchas operaciones, mucha cirugía, mucha modificación, pero no
sabemos a dónde nos quiere llevar, cuál es el modelo de Administración
que al final vamos a construir.

En el modelo de Estado tengo que decirle que ha precisado más, el modelo
competencial, el modelo de financiación. Después le referiré nuestra
prioridad, que no la compartimos con el Gobierno al que usted representa
hoy, y en la función pública. Yo creo que dentro de esa valoración podría
habernos dicho cómo medir su compromiso para que dentro de seis meses,
dentro de un año o dentro de dos pudiéramos haberle hecho el seguimiento.

En todo caso, yo sé que el objetivo de usted hoy es echar encima de la
mesa unos objetivos, unas prioridades, y que el devenir del tiempo nos
irá situando las cosas.

Usted ha empezado con un fuerte peso del desarrollo de lo que es el
concepto autonómico, un escaso peso de lo que es el desarrollo o el
protagonismo local, y luego ya ha pasado al tema función y administración
a otro tenor.

Para no pasar de largo en una de las cosas que usted ha dicho, y
siguiendo su esquema, sus tres grandes bloques, le diré que nosotros
creemos que el nuevo modelo de Estado que necesita nuestro país debe
recuperar un mayor protagonismo de la Administración local. Hoy, todavía
sin abordar estas reformas que usted nos ha planteado, el poder puede
estar distribuido en torno a un 55 por ciento en manos de la
Administración central, un 30 ó 31 por ciento en manos de las comunidades
autónomas, y un 15 por ciento en manos de los ayuntamientos. Cuando
terminemos el proceso de competencias que usted ha anunciado --en un año,
en dos, según cuál sea su rapidez-- tendremos una equiparación,
porcentaje arriba o abajo, entre Administración central y comunidades
autónomas, pero un arrinconamiento de la vida local. En volúmenes, señor
Ministro, en el año 1995 los 3,1 billones de pesetas que pusimos en manos
de los antes territoriales, tuvo una distribución de dos billones en las
comunidades autónomas, 600.000 millones en los municipios y 380.000
millones en las diputaciones provinciales. No es posible darles
competencias a los ayuntamientos si no abordamos un protagonismo mayor
que signifique competencias y recursos, y usted sí que tiene competencia
en esa materia, no solamente las comunidades autónomas. El tema de los
ayuntamientos no es pulsar con las comunidades. Hay una Ley de régimen
local, manifiestamente mejorable y reformable, pero hay una Ley de
haciendas locales que necesita también de su apoyo, y no solamente en las
grandes ciudades, que también es necesario que se aborde, sino en los
municipios rurales y la realidad que viven, así como los recursos y la
situación financiera de los municipios intermedios o medianos, que son de
los que al final no se acuerda a la hora de poder actuar.

En segundo lugar, usted nos ha hecho el comentario de la importancia de
los pactos de partido para el desarrollo autonómico. Estamos de acuerdo
en que es importante eso, pero nos gustaría que se produjese una
simbiosis en la producción de ese acuerdo, protagonismo de las
instituciones, protagonismo de las fuerzas políticas. Usted ha valorado
positivamente el pacto PSOE-PP, que en el año 1992 debería haber supuesto
un incremento de competencias a las propias comunidades autónomas.

Nosotros tenemos una opinión diferente de ese pacto. La prueba eficiente
es que ya tendría que estar culminado, y usted sabe como yo que ni
Inserso ni universidades está ultimado --usted ha dicho que la primera
tarea va a ser terminarlo--, y en educación ha dado un plazo que me
gustaría que me precisase. Ha dicho que en el segundo trimestre de este
año o para el final de 1996 se transferirá educación a esas comunidades.

Yo espero que el nuevo pacto autonómico que ha anunciado cuente con el
encuentro y el consenso político, puesto que si va a incorporar la
competencia de sanidad, también debería llevar el tema de la reforma
institucional, el que los parlamentos de las comunidades autónomas tengan
un funcionamiento normal, en fin, algunas cosas que quedaron pendientes;
que ese pacto no signifique una contraposición o ralentización de la
capacidad de iniciativa o voluntad que cada uno de los parlamentos y cada
una de las regiones puedan tener. ¿Por qué digo esto? Porque podríamos ir
a una idea de decir: si una comunidad propone una iniciativa, una reforma
de un estatuto, esperemos a que se produzca el pacto de todo. Es decir,
combinemos iniciativa y protagonismo de las comunidades con iniciativa y
protagonismo de los partidos. No estoy intentando decir que no se aborde
el acuerdo. Ya le he dicho que tiene nuestra mano tendida para ese
proceso de discusión.

En el tema de financiación que usted ha expuesto nosotros tenemos un
planteamiento que debería llevar no solamente lo que usted ha dicho aquí,
ya que ha expuesto que si unas comunidades lo aceptan, la voluntad del
Gobierno es desarrollar los pactos que tiene ahora mismo contraídos con
las fuerzas, aunque está abierto al Consejo de Política Fiscal y
Financiera para que se sumen. Ha dejado abiertos tres o cuatro temas a
concluir, pero el esqueleto básico ya está decidido y definido. Ha tenido
precisión en lo que va a ser la capacidad normativa de las comunidades
autónomas y el impuesto a utilizar, sin embargo no ha habido concreción



Página 256



en lo que significa el desarrollo del artículo 15 de la Lofca, la puesta
en marcha del fondo de nivelación, ni tampoco lo que va a ser el
incremento, el fortalecimiento de la política de solidaridad a nivel de
inversión nueva que supone el Fondo de Compensación Interterritorial.

Nosotros creemos --y se lo digo con total sinceridad-- que no es verdad
que mayor solidaridad vaya unida a mayor centralismo. Un estado federal
fuertemente asentado en competencias de comunidades autónomas puede ser
también solidario. El problema es cómo diseñamos esa política de
solidaridad. Yo le tengo que decir que o se establecen unos mínimos en
alguna de las capacidades normativas y se busca alguna garantía, o
podemos estar funcionando con un nuevo distanciamiento en comunidades de
mayor renta sobre comunidades que pueden tener un nivel de renta menor;
es decir, comunidades con mayor expectativa de desarrollo frente a
comunidades que componen también el Estado español con menor renta o
capacidad de desarrollo. Por eso, es muy importante el desarrollo
simultáneo. Mi pregunta va dirigida a la voluntad del Gobierno de
desarrollar para el nuevo sistema 1997-2001 simultáneamente los tres
grandes elementos de la financiación que usted ha descrito, que es la
autonomía financiera. Ya sabe usted que el 30 por ciento de IRPF no es la
misma capacidad de autonomía en unas regiones que en otras. Madrid
recauda 1,6 billones de pesetas en cuota líquida de IRPF, el 30 por
ciento es un volumen que recibirá. Extremadura tiene un IRPF de
recaudación de cuota líquida de 88.000 millones, el 30 por ciento son
22.000. Tenemos que unir a esa autonomía su presupuesto real, el volumen
que supone esa autonomía financiera y su capacidad de endeudamiento,
porque la capacidad de las comunidades también está reflejada, en un
momento, señor Ministro, en donde ustedes están fijando un perfil
económico de contención del déficit, contención del endeudamiento y
compromiso presupuestario rígido para todas las administraciones a unos
niveles determinados. En ese momento se va a poner en marcha esa
actuación. Por eso es muy importante para el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya el desarrollo simultáneo de la solidaridad
con los dos elementos: fondo de nivelación para que los servicios se
puedan prestar en condiciones similares --yo no digo iguales-- para todos
los españoles, en condiciones de equidad en cada una de las comunidades,
fondo de compensación y también desarrollo de la corresponsabilidad
fiscal. Y yo le tengo también que reconocer que en los acuerdos que
ustedes han tenido con algunas fuerzas, la capacidad normativa no se
puede separar de la corresponsabilidad fiscal. No hay corresponsabilidad
fiscal si no hay capacidad normativa. Otra cosa son las figuras
impositivas que podamos tomar hacia adelante. En ese sentido es en el que
a nosotros nos gustaría ver el camino de esa concreción definitiva.

Usted ha dejado claro que va a ir al Consejo de Política Fiscal a finales
de junio, y ha hecho una referencia de pasada diciendo que también al
Congreso y al Senado. Nosotros creemos que no sería bueno un consenso
buscado desde la óptica siguiente: comunidades que gestiona el PP,
comunidades que gestiona el PSOE y comunidades que gestionan grupos
nacionalistas, porque eso no es así. Debe producirse un compromiso con un
nuevo modelo de Estado, con un nuevo modelo de financiación de todo lo
que compone la pluralidad en cada una de las regiones. De ahí la
necesidad que yo le planteo de que se haga residir también aquí, en el
Congreso, la parte horizontal de compromiso con todas las fuerzas que
componen el arco parlamentario, en cada comunidad en sus propios
parlamento. Esa es la opinión, el marco, los comentarios que nos gustaría
que precisara en cuanto a la financiación autonómica que usted ha estado
desarrollando en toda su exposición.

Pero permítame que le haga dos comentarios sobre lo que pudiéramos llamar
los otros dos bloques, que al explicarlos ha ido todavía más rápido. Como
me he criado en una tierra muy mediterránea me ha gustado eso de «vísteme
despacio que tengo prisa», porque si se viste uno deprisa se terminan
mezclando las cosas.

A nosotros nos preocupan dos elementos que usted de pasada ha citado en
cuanto al modelo de Administración que los españoles vamos a tener en
adelante. Lo ha dicho de pasada y lo recoge la propia Logse en su
planteamiento global. ¿Cuál es el modelo y el concepto de Administración
que ustedes tienen? ¿Va a ser subsidiario? El punto 10 de la exposición
de motivos de la Logse viene a plantear que lo importante es que la
sociedad y el sector privado sean los protagonistas y que de forma
gradual se ajuste la Administración, se reduzca el aparato público y se
deje como un complemento a esa acción de la actuación de la propia
sociedad.

Eso puede llevar consigo --y mire usted, señor Ministro, que no le estoy
hablando de las privatizaciones, porque es un tema de economía-- lo que
pudiéramos llamar en el ámbito de la Administración privatización de
funciones o privatización blanda. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo.

¿Lo importante está en que los técnicos y los funcionarios recuperen sus
funciones o que concertemos, por ejemplo, o contratemos con consultings
la realización de esas competencias? Porque un proyecto lo pueden hacer
los técnicos y los ingenieros del propio ministerio o podemos contratarlo
con una parte de los propios consultings. Es una fórmula de ir derivando
hacia lo privado obligaciones del propio ministerio. Cuando me refiero a
las obras públicas podemos hablar también de otras cosas, por ejemplo, de
los sistemas informáticos, cómo se están poniendo en marcha.

Por otro lado, está la privatización de la función inversora, la
promoción, cuando hay recursos escasos, poner en marcha obras y servicios
que concertamos y vía la explotación posterior lo pagamos. Podemos
hacerlo invirtiendo en potabilizadoras, en actuaciones concretas con
amortizaciones, esto es: usted no gasta el dinero de la obra, sino que la
hace otro agente.

En suma, nos gustaría que este proceso, que nosotros compartimos y que ha
anunciado, de simplificar la Administración en la parte burocrática de su
funcionamiento, no llevase consigo la renuncia de la actuación pública en
lo que pudiéramos llamar elementos básicos que perciben los ciudadanos de
la propia Administración, porque el interés general mueve más, creemos,
que el interés particular o privado. Nosotros no pensamos que la lucha de
intereses o



Página 257



la obtención de negocios en una actuación determinada haga mejorar la
prestación de servicios.

En cuanto a la reforma de la Administración, creo que en la
reorganización que ustedes han abordado ha habido mucha precipitación. La
mayor reducción está en las direcciones generales y no en las grandes
partes de la Administración del Estado. Pero como ha habido mucha
indefinición, mucha precipitación, algunos de los elementos creemos que
van a ser de ida y vuelta, algunas de las cosas van a tener que
retomarlas. En algunos ministerios el ministro sabe usted que se ha
avispado y lo ha logrado antes de ponerlo en marcha. En otros ministerios
veremos a ver dentro de tres o de seis meses si no reordenamos.

En todo caso, la reforma administrativa de los ministerios se ha quedado
en una actuación determinada y en una declaración en la que usted ha
hecho mucho hincapié y que a nosotros también nos preocupa, es eso que
ustedes llaman la profesionalización de la Administración, aquello que
ustedes dijeron de que a la Administración había que traer el aire del
sector privado, traer personas que conocen la gestión privada, porque la
Administración en sí tenía dificultad. El ejemplo que hemos vivido es que
ustedes en esta misma propuesta de la Logse, en la introducción, en el
apartado 8 dicen: «Para determinados cargos tendrán que ser funcionarios
del grupo A, cuerpos y escalas de titulados superiores.» Mire usted, bajo
la pretensión de lograr una mejor profesionalización lo mismo estamos
consiguiendo todo lo contrario: o una politización de los técnicos o, al
revés, una tecnificación de los políticos, porque el problema está en si
obedecen a un programa y son nombrados por libre designación o si acceden
de otra forma. En ese sentido, tengo que decirle que yo puedo ser un
titulado superior, un biólogo, y puedo después ser un buen director
general de la función pública y, sin embargo, puede que otro señor no lo
sea. Es decir, ser funcionario del grupo A no cualifica para una decisión
política.

Esto es, lo que habría que hacer para llevar adelante esa
profesionalización es separar lo que son puestos y cargos de designación
política, que cumplen su misión política, y ahí nombrarán a quien ustedes
tengan que nombrar, con responsabilidad de acogerse al programa de un
partido que ha sido votado, y otra parte que es la función pública, donde
se accede por concurso, por sus méritos, porque funcionará igual sea cual
sea el gobierno que esté, y por desgracia eso es lo que en su propuesta
no hemos encontrado.

Ha saltado a la palestra un compromiso de profesionalización y la venida
de grandes personalidades que podían gestionar mejor la Administración, y
al llegar a ella se han encontrado con que paga mal --paga mal o paga
bien-- y hemos tenido que completar esa dedicación. Aquí tenemos
nombramientos de altos cargos de la Administración para dirigir empresas,
y me parece muy bien que el Secretario de Economía pueda ser bueno en
Argentaria. Ahora, otros cargos me parecen regular, porque no sé qué hace
el Secretario de Trabajo en Tabacalera o el Jefe de Comunicación en un
puesto en Repsol. Es una fórmula, cada consejo son 100.000, 130.000
pesetas por asistir y eso está bien. Pero díganme ustedes si ésta es la
incorporación de técnicos, porque, ¡ojo!, éstos no vienen de la
iniciativa privada, vienen del aparato del partido. Algunos de ellos son
responsables de ustedes y ahora les complementan esa actuación.

Es decir, una cosa ha sido anunciar profesionalización, capacitación,
incorporación de gentes capaces para gestionar la Administración pública,
y otra cosa es lo que después se ha hecho, es por la propia realidad que
hemos podido comprobar.

Mientras, ustedes tienen otro compromiso en marcha, en la Lofage, y se
dan dos años, que es el tema de los organismos públicos. Es verdad que se
han puesto en marcha organismos públicos, los organismos autónomos
anteriores, lo que se llamaban antes organismos autónomos comerciales y
administrativos, que ustedes llaman entidades públicas comerciales y que
van a proceder a una reordenación dentro de la Lofage.

Tengo que decirle a usted que para nosotros es positivo que dentro de una
misma ley se coja todo el cuerpo que compone la Administración. Ahora
bien, ustedes mantienen una indefinición en una situación complicada
sobre el funcionamiento de algunos organismos autónomos: no tienen
nombrado subdirector, etcétera. Es decir, se está promoviendo dentro de
la Administración y dentro de la función pública, dentro de los empleados
públicos, una sensación de angustia o de duda sobre qué papel tienen
ellos y cómo van a continuar su propia actuación. Me gustaría que usted
nos pudiera decir de qué manera se va a comprometer a los que conocen y
dominan los temas, porque en la Administración pública hay personal muy
cualificado, muy preparado que conoce muy bien lo que está haciendo y que
puede jugar un papel importante, ésa es la profesionalización y
capacitación, todo es cuestión de darle cancha y capacidad de promoción,
eso es lo que debería ponerse en marcha; de qué manera ustedes pueden
conseguir que se pueda combinar este proceso de reforma de dos años con
el funcionamiento de los organismos que ya existen, organismos públicos
que gestionan recursos con un grado de autonomía determinada.

Termino, señor Presidente, con el tema de la función pública, sobre el
que ha pasado usted de puntillas. Creo que esto necesitará de más
profundización, según ha dicho, y me gustaría solamente preguntarle por
dos cosas. Primero, los planes de empleo. Cuando estaban en la oposición
hablaron mucho de la reforma de los planes de empleo, de la planificación
de los recursos humanos, de que había que producir cambios en la
herramienta que el gobierno anterior les dejaba, si debía de ser
previamente la planificación o los propios planes; si se iban a hacer
unos planes de empleo coordinado con las comunidades autónomas. Usted ha
dicho algo de que los funcionarios debían tener movilidad para poder ir a
una administración u otra. En definitiva, quisiéramos saber qué piensan
ustedes hacer con los planes de empleo; qué piensan ustedes hacer con la
oferta pública de empleo; de qué manera va a funcionar la gestión de la
realidad que tienen y que reciben con los compromisos que antes habían
anunciado. Los planes de empleo son importantes, porque al final
administran los recursos humanos de la administración que usted tiene. Es



Página 258



verdad que primero hay que decir qué queremos hacer y después adjudicar
los recursos humanos que podemos poner en marcha. Esa fue nuestra crítica
a los anteriores planes de empleo, que se obligaba a hacerlos sin haber
previamente definido cuáles eran los compromisos que tenía la propia
Administración.

Por último, señor Ministro, dentro de la función pública está bien toda
la propuesta que usted ha dicho, está bien la negociación con los agentes
sociales, la capacidad de negociación colectiva dentro de la función
pública sería bueno recuperarla, pero me gustaría saber si ustedes van a
comprometer para la próxima legislatura un mantenimiento de la capacidad
adquisitiva dentro de la función pública, o incluso una recuperación de
la pérdida de capacidad en los anteriores años y de qué manera van a
evolucionar con lo que ha significado un compromiso en todos los procesos
anteriores. Lo digo porque este año esa cláusula que antes le comentaba
el portavoz del Grupo Socialista no se ha podido aplicar, porque como la
masa salarial ha crecido más que el PIB no se ha podido ir a ese fondo
que iba a cubrir la pérdida de capacidad adquisitiva. ¿Va a haber una
cláusula de revisión permanente, igual que hay en otros sistemas, para la
función pública? ¿Van a mantener ustedes esa dualidad? ¿Van a mantener
ustedes una contención salarial? ¿Van a mantener ustedes una dinámica de
pagar bien? Porque, señor Ministro, no solamente los altos cargos de su
Gobierno pueden estar mal pagados, a lo mejor también los miembros no
altos, que no me refiero a la altura, también tienen esa misma
complicación.

Termino, señor Presidente, diciéndole, como empezaba, que nuestra mano
está tendida, que nos va a encontrar en la crítica y en la propuesta y
esperamos poder concretar lo que hasta ahora ha sido simplemente
declaración, porque tendrá que convenir usted con nosotros en que hasta
ahora todo lo que ha echado encima de la mesa tiene declaración pero no
tiene desarrollo: ni la participación de los ciudadanos dentro de la
Administración, ni está explicada la administración única. En suma, hay
cosas que no se han explicado, que creo que a lo mejor no obedecían al
motivo de esta comparecencia, pero que pensamos que se pueden producir en
siguientes sesiones de esta Comisión, en función de lo que sea la
previsión de la Mesa de la misma.

Nada más, señor Presidente. Nada más, señoría.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir?
(Pausa.)
Tiene la palabra la señora Gil i Miró, por el Grupo Catalán (Convergència
i Unió).




La señora GIL I MIRO: Señor Presidente, desde el Grupo Parlamentario
Catalán hemos escuchado atentamente la exposición que usted, señor
Ministro, ha hecho, y que nosotros agradecemos, sobre los planes de su
Gobierno en lo que concierne al ámbito de las administraciones públicas.

Valoramos positivamente la exposición en sus líneas generales en cuanto
al denso apunte discursivo, y sobre todo en aquellos puntos que pueden
dar satisfacción a una reivindicación reiterada de la sociedad catalana,
que ha sido expresada también en nuestro Parlamento. A su vez, queremos
exponer que nos sentimos satisfechos de que usted haya mencionado
explícitamente la voluntad de cumplir en su integridad los pactos
suscritos, lo que, por otra parte, tampoco habíamos puesto en duda.

En cualquier caso, nos parece oportuno explicar de manera breve nuestra
posición al respecto diciendo, en primer lugar, que consideramos un paso
importante lo que usted ha hablado en cuanto a administración pública,
sobre todo como un avance hacia un objetivo nuestro que sería más amplio.

Nosotros esperamos acciones, si no próximas quizá más adelante, que
conduzcan a la transformación profunda de la Administración del Estado,
lo que necesariamente deberá implicar una fuerte voluntad del Gobierno y
también de las Cámaras creyendo en la construcción del Estado
plurinacional. Todos sabemos que de la redacción y el concepto de la
Constitución española se acuñó un nombre nuevo para la nueva realidad,
nombre y cosa que se han conjugado como el Estado autonómico, y que
nosotros redefinimos siempre como Estado plurinacional.

La construcción de este nuevo Estado, a nuestro parecer, no se ha visto
acompañada por la transformación de las estructuras administrativas. La
Administración pública española se ha modernizado, sin duda, se ha
reformado incluso, pero creemos que no ha cambiado. Desde Cataluña y en
Cataluña deseamos una forma organizativa del Estado distinta,
pluricéntrica y que traduzca de manera inteligible que la administración
catalana es en Cataluña Administración del Estado. Nuestro Grupo tiene
para Cataluña un proyecto, un modelo propio de administración que se
acuerda con la función y la sociedad a la que debe servir, porque
nosotros creemos que la Generalitat, nuestra alta institución de
Gobierno, que expresa y representa la soberanía de la sociedad catalana,
debe seguir progresando en el desarrollo de su autogobierno, lo que
conlleva optimizar sus propias capacidades organizativas, proceso en el
cual la Administración, lógicamente, tiene un cometido esencial, por algo
órgano significa instrumento. Nosotros queremos una administración con
una estructura autónoma, en la que se puedan incorporar los valores
específicos identificativos que hagan que la sociedad catalana se
reconozca en ella.

El Grupo Parlamentario Catalán espera también que se defina una teoría de
la Administración con un lenguaje común, apropiado y coherente, que
permita el cambio, y sobre todo la diferencia. Queremos que se defina una
nueva función pública en la que se radique el principio de
homogeneización y uniformidad, en la que el cambio se pueda considerar un
valor y no un obstáculo y que sea capaz de gestionar la creación de un
futuro posible. Nuestro objetivo no parece acorde con la exposición, que
ha sido muy somera, sobre la proximidad de una ley de la función pública
para el año próximo, que nos ha parecido, en una primera impresión, que
se basa en principios quizá algo retro, que en moda se llevan, pero que
nos parece que en decisión política no.

También estamos satisfechos de que se afronte la autonomía de la
administración local, pero que siempre se tenga en cuenta, como es
lógico, el respeto absoluto, como



Página 259



usted ha dicho, por las competencias de las comunidades autónomas y de
sus estatutos, que en realidad son la voluntad, en nuestro caso, de la
sociedad catalana.

Nosotros creemos que tenemos que estar atentos también, sobre todo porque
hemos escuchado a todos los grupos --desearíamos un consenso en todo lo
que usted ha explicado--, a que el nuevo modelo organizativo que se
presente no responda, una vez más, a una mera organización de signos o de
palabras en los que se pueda organizar un espacio, pero luego éste se
unifique y se cuadricule de tal manera que no haya cabida para una
organización diferente. Estamos seguros de que se va a necesitar energía
política y capacidad técnica para formalizar el nuevo discurso, que son
valores que --como las frases de antaño, que creemos que quizá caerán en
desuso próximamente, al menos en el 2001-- desde ahora le suponemos.

Esperamos que el tiempo, y también con él el riguroso análisis por
nuestra parte de las iniciativas anunciadas por usted, podrán sustentar
la credibilidad que hoy desde luego les otorgamos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría Echevarría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Doy las gracias al señor Ministro por la
explicación tan amplia que nos ha dado sobre aspectos propios de su
Ministerio, a los que me voy a referir por el orden inverso al por él
utilizado.

En primer lugar, la Lofage. Vaya por delante la satisfacción por su
pronta presentación ante la Cámara. Creo que es un texto estimable, pero
me voy a permitir una pequeña crítica que quizá sea apresurada. Si se
compara con el texto que se presentó en la última legislatura, sobre todo
con su memoria, aquél parece como más ideologizado y éste como más
tecnocrático. Me refiero a que éste parece haber sido aligerado de las
proclamaciones de los grandes principios del artículo 103 de la
Constitución, de la Administración como prestadora de servicios al
ciudadano, como servidora, con objetividad, de intereses generales, de la
eficacia, del sometimiento a la Ley o al derecho. Creo que estos
principios deben volver a recogerse, quizá se haga en la memoria, porque
luego sirven más de lo que se cree como guía interpretativa en la
utilización normal de la ley.

Más seria me parece la objeción que voy a hacerle sobre la falta de
referencia que se hace a las comunidades autónomas cuando se habla de la
administración exterior del Estado. Si ya se ha avanzado en el camino de
la participación exterior de las comunidades autónomas, el aparato
administrativo del Estado debe hacerse eco también de esa posible
presencia exterior de las comunidades autónomas. Lo mismo digo en
relación con la participación de las comunidades autónomas en el sector
público estatal radicado en la comunidad autónoma.

Han desaparecido los gobiernos civiles, y bienvenido sea, aunque, al
igual que el representante del Grupo Socialista, no me queda claro qué
supone esa dependencia orgánica de los delegados del Gobierno del
Ministerio de la Presidencia en lugar del Ministerio para las
Administraciones Públicas, como inicialmente se decía en el anteproyecto.

Ha hablado usted del pacto local y me voy a referir a él, aunque yo lo
vinculo también con los contenidos propios de la Lofage. En el modelo de
administración única que ustedes sostienen, tengo la sensación de que lo
local se vincula a las instituciones del Estado, mientras que en el
modelo que siempre se ha sostenido desde el Partido Nacionalista, al
hablar de simplificar la Administración partimos del principio de
subsidiariedad, de que cada nivel de administración no debe hacer lo que
es capaz de hacer el siguiente y, por tanto, lo local para nosotros se
vincula a lo foral o a lo autonómico y no a lo estatal.

En todo caso, creo que es, en principio, un buen texto y que tenemos por
delante toda su tramitación parlamentaria que hará posible que se llegue
a acuerdos en los temas que he expuesto.

En materia de financiación autonómica, le deseo todo el éxito del mundo
en el esfuerzo que creo que se está haciendo respecto de las comunidades
de régimen común, pero, sobre todo, valoro la rápida puesta en marcha del
proceso para cumplir el compromiso asumido con mi partido, de cara a la
investidura del Presidente Aznar, de renovación y actualización del
concierto económico, cumpliendo el prometido impulso de diálogo
institucional en esta materia.

Ha hablado de cumplir los Estatutos --los techos estatutarios, ha
dicho--. En referencia también a la Comunidad Autónoma Vasca, quiero
aludir a la esperanza que, no sólo para mi partido, sino creo que para
todos los partidos del arco parlamentario vasco, ha supuesto esta
posibilidad de completar el texto del estatuto de la autonomía vasca
puesto que, si se cumple el acuerdo del Parlamento Vasco de prioridades
en la negociación de las transferencias, supondrá que se vincula el
proceso de transferencias, no sólo con el autogobierno, con completar lo
que en los estatutos se establece, sino con una realidad más importante,
que es el Pacto de Ajuria Enea, el pacto para la normalización y
pacificación, que tiene como requisito el pleno y leal desarrollo del
estatuto. Por tanto, para los partidos del ámbito vasco --para todos,
repito, según el consenso acordado en el Parlamento Vasco-- el poder
disponer de competencias que nos permitan incidir en el mercado de
trabajo o en infraestructuras, supone no sólo completar el autogobierno,
como he dicho, sino una posible mejora del tejido social que sirva para
evitar crispaciones sociales, bolsa habitual de la que se nutren en gran
medida los entornos violentos.

El camino creo que ha empezado bien, pero me voy a permitir finalmente
hacer un pequeño matiz. En el paquete de medidas económicas aprobadas el
viernes hay temas competenciales que están vinculados a acuerdos
conseguidos con los partidos que votaron la investidura y, quizá, pienso,
debió hablarse de ellos con más calma antes de aprobarse. En todo caso,
parte de los decretos legislativos creo que van a aprobarse como
proyectos de ley, con lo cual eso permitirá la negociación o la
presentación de enmiendas a sus textos, por la vía del consenso, como
siempre, en la que usted encontrará la colaboración modesta,



Página 260



puesto que sólo somos un grupo pequeño, del Grupo Vasco y del Partido
Nacionalista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez Rodríguez, por el
Grupo de Coalición Canaria.




El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Señor Ministro, señorías, Coalición Canaria,
tras oír la documentada, densa y, vamos a llamarla, ágil intervención del
señor Ministro, declara su contento y su apoyo a las líneas generales que
se han marcado. Le deseamos el acierto total en su gestión, porque
estamos seguros que va a usar el diálogo y el consenso y que, por fin,
culminando gestiones que se vienen realizando desde legislaturas
anteriores, se va a lograr la ansiada modernización de la Administración
pública española.

Ha pasado un mes, por tanto, no hemos llegado a los 90 días de la
cortesía parlamentaria para hacer preguntas; bastante tiene con contestar
las del señor Zapatero (Risas.) y de otros compañeros de la Comisión. Yo
solamente, en nombre de Coalición Canaria, voy a hacer algunas
puntualizaciones y perdónenme que la mayoría de ellas las haga desde la
óptica de Canarias.

Conozco por el señor Mauricio, mi portavoz, el esfuerzo que está haciendo
ese Ministerio, y especialmente ese Ministro, para la promulgación de las
normas necesarias para la modernización. Por ello nuestro aplauso, porque
en un mes no se puede pedir más. Esperamos que sea verdad aquella frase
del Gran Corso, a principios del siglo pasado, que decía que el Gobierno
recién nacido debe ante todo deslumbrar. Yo también creo que algo más que
deslumbrar; pero pienso también que con las medidas adoptadas en el
último Consejo de Ministros, tanto en los aspectos económicos como en ese
proyecto de ley tan importante como es la Lofage, ya ha empezado el
destello de ese deslumbramiento que el pueblo español está esperando.

¿Por qué damos nuestro apoyo? Porque creemos en la seriedad del grupo del
Gobierno, creemos en los pactos celebrados y en la palabra del señor
Aznar, en su sesión de investidura, cuando hablaba de la plena asunción
de los hechos diferenciales y su proyección dentro de los límites del
bloque de la constitucionalidad y en un marco que garantice la aplicación
efectiva de la solidaridad.

Dentro de estas líneas generales, abogamos por una Administración pública
más moderna y que evite, por ser más racional, entre otros defectos, el
solapamiento, y también abogamos por un cuerpo funcionarial más
profesionalizado, más independiente, más reciclado, mejor asistido tanto
en los aspectos funcionales como sindicales y económicos, en fin, que el
Estatuto de la Función Pública tiene que lograrse por una exigencia
constitucional. Estamos en una democracia y la Constitución es la primera
norma. Pero también hay que tener en cuenta los derechos adquiridos de
los funcionarios y ponerlos también en un juego de equilibrio con la
modernidad necesaria en la Administración pública. Hay que acabar con
situaciones tan disparatadas como las que yo he vivido en la
Administracion pública Canaria, que un mismo acto administrativo se
realice por dos personas, una con carácter funcionario y otra con
carácter laboral dentro de una Administración pública y con retribuciones
distintas. Yo creía que los cargos públicos se adquirían no por
prescripción sino por oposición, y que la prestación pública era una
fundamental de funcionarios públicos.

Dejemos tanto detalle y digamos que apoyamos también que los puestos de
los altos cargos públicos se cubran entre funcionarios con título
superior, al igual que nos parece muy bien que la jubilación anticipada,
con posibilidad de prórroga por parte de los interesados, se imponga.

Abogamos asimismo por un acercamiento mayor de la Administración a los
ciudadanos, aprovechando los impresionantes e imparables avances de la
técnica informática, de tal forma que también la ley de 1992 se
desarrolle.

No olvidemos que ya desde López Rodó se está hablando de una
simplificación administrativa y de una normalización documental a la que
todavía no hemos llegado. Hay que ver la cantidad de papeleo, la cantidad
de instancias, la cantidad de ventanillas que cada día se van imponiendo
en la Administración, pese a la buena voluntad de los ministros de turno
que intentan que se acabe con este sistema de la ventanilla y del «venga
usted mañana». Vaya por delante mi admiración, porque lo he sido, a los
funcionarios públicos.

Esperemos que se continúe por el camino iniciado en la legislatura
anterior, en ese toque de filosofía empresarial que necesita la gestión
pública. Prueba de ello fue la Ley de la Contabilidad Pública basada
precisamente en el Plan General de Contabilidad Privada. La gestión
presupuestaria por objetivos es una absoluta necesidad.

Nos alegra lo que el señor Ministro señala sobre el artículo 150 de la
Constitución española. Insistimos en la descentralización administrativa
y en que la importantísima administración periférica del Estado se
reduzca a las materias exclusivas señaladas en el artículo 149 de la
Constitución española, en lo que no sea posible la reserva de exclusión a
favor de las comunidades autónomas.

También coincidimos en el carácter de Cámara territorial del Senado, y no
entro más en ello porque bastante lo explicó el señor Ministro. Pero sí
abogamos por una potenciación de la vida municipal, así como por la
continuidad de su saneamiento y transparencia funcional, recepción de
competencias a través del pacto local. Y en lo que respecta a Canarias,
por las circunstancias derivadas de la lejanía --no se olviden nunca que
estamos a 2.000 kilómetros-- y por el hecho insular, la potenciación de
esas entidades locales sui generis, que son los cabildos insulares, que
se parecen mucho a las diputaciones provinciales, pero que tienen unas
competencias y unos medios muy distintos de los que tienen las queridas
diputaciones provinciales, un poquillo abandonadas en la península.

Pedimos también la equiparación en la PIE, al igual que las corporaciones
de régimen común en la península.

En cuanto a los funcionarios en Canarias, pedimos que todos los concursos
u oposiciones para funcionarios de la administración periférica se
celebren, para las plazas que sean necesarias en Canarias, tanto en la
península como en Canarias, y tenga igualdad de oportunidades un joven de
Madrid, de Barcelona, de Bilbao o de Toledo que un joven



Página 261



de Tenerife, de Gran Canaria o de Lanzarote. La distancia es un handicap
impresionante para que la juventud canaria pueda ocupar puestos canarios,
y piensen que estamos en las máximas cotas del paro juvenil. Yo voy con
frecuencia a la administración de la Hacienda Pública en Canarias, y
cuando veo tantas mesas vacías, me acuerdo de una poesía que más o menos
decía lo siguiente. Señor Diputado, río y lloro cuando veo tantos empleos
sin hombres y tantos hombres sin empleo. (Risas.) Eso es lo que ocurre en
la administración periférica de Canarias.

Queremos hacer hincapié sobre que en nuestro programa electoral
solicitábamos las máximas cotas y cuotas de autonomía y que aún se está
pendiente de recibir transferencias de competencias a nuestra comunidad
autónoma. Hacemos especial mención --y usted lo conoce muy bien, señor
Ministro-- a las competencias de costas, dado nuestro carácter insular y
su coordinación con las competencias transferidas, como, por ejemplo,
turismo y urbanismo, puertos --como única salida al exterior, junto con
los aeropuertos-- y suministro interior, junto con el Instituto de Empleo
como medio de coordinar las competencias en materia de empleo, para
lograr una comunidad donde el paro deje de alcanzar el 25 por ciento --a
ver si lo logramos ya-- de la población activa, así como otras
determinadas medidas que se irán estudiando en la actual legislatura.

En definitiva, tenemos la ilusión y esperanza de que, al igual que otras
leyes anteriores trascendentales, como la ley de Mon, la de Bravo
Murillo, la de López Rodó, ya más que superadas y periclitadas, se
consiga, tras los debates constructivos de nuestro Parlamento, la
aprobación definitiva de una ley que, pese a las circunstancias de
variabilidad que imponen las nuevas técnicas y filosofías, creo que sería
de justicia que llevara --con el apoyo del Grupo Socialista y de todos
los demás grupos políticos-- el nombre de nuestro Ministro, la ley de
Rajoy (Risas.), que sea para mañana pero que no sea para hoy. (Risas.)
Para terminar, en materia de financiación autonómica, debemos decir que
nuestro grupo político apoya un modelo de financiación que suponga dotar
de mayor autonomía y suficiencia financiera a las comunidades autónomas.

Junto a este principio, propugnamos el de la solidaridad entre las
regiones y nacionalidades y el de la corresponsabilidad fiscal como
requisito imprescindible para el ejercicio de un autogobierno efectivo.

Es importante para España el cumplimiento de los criterios de Maastricht,
y en eso estamos todos plenamente de acuerdo, por lo menos plenamente de
acuerdo los que hemos firmado el pacto. Ello no debe estar en
contradicción con el mantenimiento de los instrumentos financieros
destinados a compensar los desequilibrios y las desventajas
territoriales; por ello Canarias solicitó, con el apoyo del Estado
español, un estatuto europeo permanente que no es otra cosa que renunciar
a la participación --igual que las restantes autonomías-- en la tarea
europea con representación en los órganos comunitarios cuando se trate de
temas canarios. No es sino un estatuto diferenciado en la normativa
básica comunitaria.

Por último, desearíamos que se acuerde recoger las compensaciones
derivadas del hecho insular, que están muy bien marcadas en nuestra Ley
de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que no voy a enumerar aquí,
porque haría muy larga mi intervención.

Los planteamientos sobre corresponsabilidad fiscal que subyacen en los
acuerdos para el nuevo sistema de financiación, no han de ser
contradictorios con nuestras peculiaridades; por ello exigimos que estos
planteamientos no signifiquen, en momento alguno, un mayor alejamiento de
Canarias respecto a la Unión Europea. Asimismo, estos planteamientos de
corresponsabilidad no deben limitarse sólo a la cesión del 30 por ciento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sino que ha de irse
más allá, buscando también fórmulas de cesión en las normativas
reguladoras, no sólo de este impuesto, sino también de aquellos que ya
están cedidos, en especial también las normativas referentes a las
singulares exacciones para la Comunidad, como son el Impuesto General
Indirecto Canario y el APIC. Queremos mantener el hecho diferencial
canario entre las variables que se definen en el sistema de financiación
de las comunidades autónomas como parámetro de distribución de los
recursos y que el sistema pone a disposición de las comunidades
autónomas.

Señores Diputados, dirán SS. SS. que los canarios somos unos llorones y
que siempre estamos piando, pero fíjense ustedes en que geográficamente
somos unas islas africanas, y aunque tenemos el corazón muchas veces en
Hispanoamérica, somos --por nuestra cultura, por nuestra religión, por
nuestra política, por nuestra nacionalidad, por nuestra formación y por
nuestra economía-- españoles y, por tanto, somos europeos. Solicitamos
que se tengan en cuenta los hechos diferenciales de nuestro Archipiélago.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rahola i Martínez.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Ministro, con tanto López Rodó y tanta
poesía no sé cómo ponerme, porque algunas declaraciones de amor de sus
socios de estabilidad han sido casi alta literatura.

Voy a empezar, señor Ministro, por algo más prosaico, ¿podría usted
correr menos? Porque nos ha confundido con los taquígrafos a los
diferentes Diputados y, como no somos profesionales del ramo, la verdad
es que ha costado bastante cogerle los apuntes. Sin embargo, quiero
agradecer, como mínimo, el dibujo del escenario global. Ciertamente,
todavía no hemos cumplido los cien días y ello no nos permite ponernos
nerviosos, pero sí formular preguntas. En este escenario tan pequeño, ha
llegado usted aquí y, como mínimo, ha cogido todas las piezas y las ha
puesto encima de la mesa. Por tanto, quiero agradecer la amplitud de los
puntos que ha tratado (que yo creo que eran todos), en esta
comparecencia.

No puedo estar tan satisfecha por el nivel de concreción de las piezas
claves de ese escenario que hoy se ha dibujado. Entiendo --y creo que en
esta primera comparecencia ésta tiene que ser la actitud responsable,
crítica siempre, pero responsable, desde la oposición-- que hoy la
concreción era difícil y que más que hacer los dibujos con brocha más
grande era complicado marcar las líneas finas.




Página 262



Sin embargo, es evidente que de la comparecencia surgen diferentes
preguntas que me parecen el núcleo fundamental de la intervención que yo
voy a realizar hoy. Voy a poner encima de la mesa alguna de las
inquietudes derivadas de ese escenario que usted ha dibujado hoy y que a
Esquerra Republicana, una fuerza política que también representa a
Cataluña, se le plantean como más perentorias.

La primera inquietud --y no la planteo en el orden que usted lo ha hecho,
sino en el orden de prioridades e inquietudes de la fuerza política que
represento-- se refiere al tema del Senado. Usted ha hecho una especie de
carta a los reyes al referirse a la Cámara de representación territorial.

Este es un concepto de fondo que a todos nos gusta mucho. Creo que habría
un amplio consenso con todas las fuerzas políticas sobre el hecho de que
todos queremos que sea una Cámara de representación territorial clara,
con un nivel de capacidad y competencia más alto. Pero a partir de aquí,
no es que no haya letra pequeña, es que no hay nada más; hay
sencillamente una especie de titular en esta comparecencia, o de titular
de prensa, que no acabamos de saber exactamente qué significa. En este
sentido le formulo una pregunta concreta, señor Rajoy. ¿Su fuerza
política y el Gobierno al que representa y, por tanto, también
indiscutiblemente su Ministerio, dentro de este titular grande de
representación territorial que tiene que ser el Senado, están clara y
explícitamente a favor --es una pregunta fácil de responder-- de que el
Senado represente también las diferentes culturas y lenguas del Estado y
que ellas puedan, por tanto, verbalizarse y actuar en situación de plena
igualdad entre ellas? Quiero decir que ni un Senador catalán, un Senador
vasco, o un Senador gallego van a continuar siendo tratados
lingüísticamente como ciudadanos de segunda y van a tener que utilizar
una lengua que no es la propia. ¿O en esa Cámara territorial van a
convertirse ya, lingüísticamente, en Senadores con mayoría de edad y, en
consecuencia, podrán utilizar su propia lengua? La pregunta es clara.

Respecto al Senado podría formular muchas preguntas más. Pero yo, en esta
voluntad de no ser hoy excesivamente exhaustivos, sólo le formulo ésta.

Hoy, por ejemplo, el Senador de mi partido político, Angel Colom, va a
utilizar el catalán, como es de rigor; puesto que es un Senador que
representa al Parlamento de Cataluña, va a utilizar la lengua natural en
la que tiene que pronunciarse, que es el catalán. Por tanto, hoy tienen
ustedes una magnífica oportunidad para demostrar que están por esa
representación territorial y que, a partir de hoy mismo, vamos a poder
utilizar en situación de igualdad las diferentes lenguas en el Senado.

Este tema lo dejo así planteado y espero que su respuesta sea posible.

Un segundo tema es el de la corresponsabilidad fiscal. Yo también
entiendo que no se puede ser mucho más exhaustivo de lo que usted lo ha
sido hoy. Indiscutiblemente, como fuerza política catalana, con una alta
preocupación por el negativo balance fiscal que Cataluña padece respecto
al Estado, creemos que el problema de la financiación catalana y el
problema de la redistribución --por tanto, estamos hablando de un
instrumento casi de justicia social-- pasan por conseguir un convenio
tributario propio, aquello que se ha llamado el concierto económico, en
sus múltiples variantes o definiciones. Por consiguiente, están
resolviendo mal el asunto; están poniendo un parche a un problema que es
mucho más de fondo, mucho más de calado, que tiene una componente
política, que es la voluntad de administrar los recursos propios desde
Cataluña, como ocurre con el País Vasco, y un calado económico, que la
balanza fiscal en Cataluña, gravemente negativa, no la podemos aguantar
el colectivo catalán.

En consecuencia, estamos en el parche. Pero como los catalanes somos
gente muy pragmática en toda la esfera política, aplaudimos lo que usted
plantea hoy y lo que ha negociado con Convergència i Unió, en la medida
en que es un avance; lo que ocurre es que tampoco aquí acabamos de
conocer la letra pequeña y esto, como es de rigor, nos preocupa. Sin
embargo, lo dejamos aquí, a la espera de las reuniones que haya, del
consenso, y nos cogemos al concepto de que el impuesto tendrá capacidad
normativa y de gestión, que nos parece fundamental.

Pero déjeme plantearle un aspecto más, que no hace referencia a Cataluña,
sino a las islas Baleares. En este clima de corresponsabilidad fiscal --y
ya hablamos sobre este paquete--, ¿están dispuestos a tirar adelante con
el régimen especial fiscal para las islas Baleares, como ha planteado su
propio partido en esas islas más de una vez? Porque entiendo que éste es
un asunto que falta por resolver, ya no en Cataluña, sino en las islas, y
que, como ustedes saben, preocupa mucho a los propios ciudadanos de las
illes.

Puestos a hablar de este paquete, le planteo otra pregunta: ¿van a
priorizar el traspaso de competencias en materia de enseñanza, en materia
de universidades, para las islas Baleares, que, como ustedes saben, es
una prioridad y una preocupación global de todas las fuerzas políticas en
las islas y que, como es evidente, es absolutamente necesario para
consolidar un modelo de enseñanza y para consolidar el aspecto cultural y
lingüístico de las propias islas?
Continúo con el pacto local. Creo que también aquí ha hecho usted el
titular, y en ese titular, en el escenario global, todos podemos estar
más o menos de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que el
principio de subsidiariedad se aplique hasta sus últimas consecuencias?
Lo que yo quiero decir es que la Administración más cercana al ciudadano
será aquella que tenga más capacidad de actuar, de servir al ciudadano y,
por tanto, de ser controlada por él. Por tanto, estamos todos de acuerdo
--creo-- en traspasar competencias a los ayuntamientos y, desde luego,
aquí tiene que haber un amplio consenso, horizontal y vertical, tanto con
las comunidades autónomas como, por supuesto, con los partidos políticos.

Pero, a partir de aquí, ¿de qué estamos hablando? Porque a usted le
acaban de plantear un decreto-ley en el cual hay, por ejemplo, aspectos
que tocan directamente a los ayuntamientos y yo no tengo entendido que
esto haya pasado por el consenso con la Federación de Municipios, con los
diferentes ayuntamientos, en fin, con todos los órganos que tendrían que
pronunciarse sobre el tema, y estamos hablando de un aspecto de ese
decreto-ley que parece bastante importante y que afectará directamente a
los ayuntamientos.




Página 263



Además, usted ha hablado de traspasar competencias, pero no de cómo
resolver el aspecto fundamental de la situación hoy en día de los
ayuntamientos, de las corporaciones locales, que es precisamente la
financiación. ¿Competencias sin recursos, señor Ministro? Pues ya me dirá
usted; vamos a ir aún peor, porque con los recursos que se tienen ahora
ya es muy difícil poder servir a los ciudadanos con la eficacia
necesaria. En las corporaciones locales estamos en una situación crítica
y, o se resuelve globalmente el asunto de la financiación, y me gustaría
saber exactamente qué están planteando ustedes para resolver este paquete
global del pacto local, que yo creo que es fundamental y prioritario,
puesto que, a partir de aquí, podemos desarrollar el tema competencial,
o, sinceramente, ustedes están montando una casa empezando por arriba,
por el techo, pero sin fundamentos.

Creo que todos en esta Comisión estamos de acuerdo en que, hoy en día, el
problema fundamental de toda la Administración del Estado, globalmente,
es el problema económico de las corporaciones locales. Plantear esto,
llegar a un alto consenso en este nivel es una prioridad absoluta. Deben
darnos las pautas para saber exactamente cómo piensan ustedes resolver un
tema que el partido que gobernó no resolvió en la legislatura pasada ni
en las anteriores o, en todo caso, que resolvió muy mal. Ciertamente, hoy
en día, la situación de casi crack económico en que están los
ayuntamientos es producto de la mala política que, en este sentido, se
produjo en la anterior legislatura.

Ustedes son nuevos, aún tienen esos cien días en los que no nos ponemos
excesivamente nerviosos, pero, ya que ha venido y ha sido tan exhaustivo,
ya que nos ha enseñado un escenario tan global y nos ha abierto tantos
capítulos, empecemos a llenarlo, porque, señor Ministro, no se puede
hablar de pacto local si no nos dice cómo resuelve el tema de la
financiación.

Hablemos de Europa. En este sentido vuelvo al pragmatismo catalán y me
agarro al hecho de que usted dice que se están planteando la posibilidad
de incorporar interlocutores de las comunidades autónomas a los consejos
europeos en los que se traten determinadas materias. Me ha parecido que
iba por ahí, porque tampoco en este caso ha sido usted muy explícito,
señor Ministro. Le formulo la pregunta para que no haya ambigüedades.

Cuando un asunto afecte directamente a intereses de una comunidad
autónoma, ¿se enviará al consejo de esa comunidad? Por ejemplo, ¿se
enviará al Conseller de Agricultura catalán en el momento en que se toque
la avellana de Reus y representará él al Estado? (Denegaciones.) Me dice
que no; con eso ya me avanza algo. Entonces, ¿hará de comparsa?
¿Colaborará, conegociará? ¿En qué nivel se estructurará la representación
en aspectos concretos de las comunidades autónomas en los consejos
europeos? ¿A nivel de secretarías, a nivel de consellers, a nivel
político, a nivel administrativo? ¿A qué se estaba usted refiriendo
cuando abría este paquetito pero no lo acababa de explicar? Porque éste
es un tema muy importante.

¿Gobernadores civiles, delegados? Aquí alegría, por supuesto. Yo, como el
Diputado de Izquierda Unida, estoy encantada de verle en una posición tan
distinta a la que tenían hace unos días, porque recuerdo que, no hace
mucho, hubo un debate en el Congreso de los Diputados sobre el tema de
los gobernadores civiles en el que sus interlocutores se pusieron
literalmente las botas y ahora resulta que va a ser usted quien suprima
los gobernadores civiles. Pues, alegría. Siempre es bueno rectificar;
ustedes rectifican, espero que a tiempo. Ya era hora; ya tocaba, y
lamento profundamente que no hubieran desaparecido antes, y lamento
profundamente que el Partido Socialista, como partido de izquierda, no
hiciera lo que tuvo que hacer en su momento: hacer desaparecer esta
figura, como mínimo, tan antiestética --dejémoslo aquí--, que eran los
gobernadores civiles.

Pero, ¡ay!, es que nos dice que los delegados del Gobierno van a asumir
las competencias. ¿Cuáles? ¿Las mismas? ¿Pierden alguna competencia en
este paso de gobernador civil a delegado? ¿Pasan algunas competencias a
las comunidades autónomas? ¿Pasa alguna competencia, por ejemplo, a la
Generalitat de Cataluña, o el delegado del Gobierno se queda con todo el
paquete? ¿Se suprime la figura pero no todo el paquete competencial?
Porque, claro, también ésa es la clave.

En todo caso, yo creo fundamental que, dentro de esta capacidad que usted
pueda tener hoy de acabar de concretar algunos aspectos, nos diga si la
desaparición de los gobernadores civiles también implica una reducción
importante de las competencias que tenían hasta ahora, o si estamos
hablando de una figura --la del delegado del Gobierno-- que asume
completamente lo que en su momento hacían dos figuras determinadas.

También me gustaría conocer --en Cataluña es un tema fundamental-- su
posición, si es que la tiene, si es que ha tenido tiempo de hablarlo en
sus idas y venidas en el puente aéreo, sobre la provincia única en
Cataluña. ¿Cómo se concreta, si es que se concreta? ¿Hay voluntad de
hacer desaparecer las diputaciones? ¿Tienen el mismo papel, no lo tienen,
se van a resituar? En todo caso, en lo que es todo el reequilibrio
territorial en Cataluña, que, como ustedes saben, es una reivindicación
global el concepto de provincia única y, por tanto, el paso de
diputaciones y demás a consells comarcals, etcétera, es decir, la
administración típica y natural de Cataluña, ¿qué papel, qué actitud
tiene el Gobierno? ¿Esto está medio hablado, no está nada hablado,
absolutamente rechazado?
Ha hablado usted de que en el tema de la financiación no necesitaban
unanimidades. Lo leí el otro día en la prensa y, sinceramente, me pareció
una declaración valiente, una declaración de ministro que no sé si
gobierna, pero que ya quiere gobernar y, por tanto, le felicito; lo que
ocurre es que no acabo de conocer el matiz de la declaración, y hoy me ha
parecido --ya le digo que la celeridad complicaba un poco la
comprensión-- que volvía a repetir que no hacía falta unanimidad a la
hora de decidir en el tema de la corresponsabilidad fiscal. ¿Quiere decir
que si un presidente autonómico, pongamos por caso el señor Rodríguez
Ibarra, veta el concepto de la corresponsabilidad fiscal, usted va a
tirar adelante igualmente si hay un consenso mínimo? ¿Estamos en este
punto concreto? La pregunta la dejo aquí y no voy más allá.




Página 264



Finalmente, señor Ministro, me voy a referir al calendario de traspasos.

En Cataluña tenemos cincuenta y tres competencias pactadas, renegociadas,
que la parte catalana de la Comisión Mixta Estado-Generalitat se pasa la
vida trayendo y retrayendo puente aéreo arriba y abajo, que lo lleva en
la maletita desde hace miles de años y que no acabamos de concretar
nunca. Son cincuenta y tres competencias contempladas en el Estatut,
absolutamente necesarias para el desarrollo de la vida política y de la
vida colectiva de Cataluña y para que el Parlament de Cataluña, órgano
soberano de Cataluña, tenga capacidad de actuación, pero nunca conocemos
el calendario.

Como usted también es nuevo y --repito-- todo es posible en estos
momentos, me gustaría conocer el calendario de traspasos, si es que lo
tienen. ¿Qué competencias de las previstas en el Estatut son las
prioritarias? ¿Cuáles van a priorizarse? ¿Cuáles les preocupan más? Si
vamos a tener un traspaso completo del INEM o estamos en esa fase en la
que tampoco el tema no está resuelto. ¿Qué va a pasar con la Universidad
a Distancia o con la gestión de las grandes infraestructuras, dónde nos
vamos a quedar, en relación con autopistas, aeropuertos, puertos? En fin,
el paquete competencial completo, que es grande, que es absolutamente
necesario y prioritario, sobre el que no conocemos desde su Ministerio
qué tipo de prioridades se van a dar.

En fin, tiempo tendremos, señor Ministro, de bajar a la arena de la
dialéctica y de la sana pelea parlamentaria. Hoy tocaba preguntarle. Yo
le vuelvo a reiterar que le agradezco que haya cogido el escenario
completo y que lo haya puesto en esta comparecencia; que haya puesto sólo
los titulares de cada capítulo, que ha llenado poquito, poquito, de letra
pequeña, y nos preocupa profundamente que algunos de los silencios,
algunas de las ambigüedades y algunas de las concreciones no vayan por el
camino que nosotros quisiéramos. Sin embargo, entiendo que es el momento
de empezar a concretar, y, a partir de aquí, ya iremos viviendo sanamente
comparecencias de su señoría. Eso sí, lo único que le pido es que, a
partir de ahora, el ritmo sea un poquito más lento para poder coger mejor
los apuntes.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor López-Medel Bascones.




El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Ciertamente, no voy a tener la habilidad
que ha tenido el representante del Grupo de Coalición Canaria para hacer
poesía en una materia como es la de las Administraciones públicas, pero
sí quisiera realizar una intervención que pretende ser no sólo
inequívocamente de apoyo a lo manifestado por el señor Ministro, sino
también de algunas reflexiones al hilo de algunas cuestiones que otros
portavoces han dejado planteadas aquí.

Primeramente, quisiera agradecerle al señor Ministro su exposición y el
talante de apertura y de diálogo que ha manifestado refiriéndose al
Partido Popular en todas las materias, singularmente lo que se refiere al
área de las Administraciones públicas. Además de este talante de apertura
y de diálogo, quisiera felicitarle, en nombre del Grupo Popular, por el
acierto de los temas planteados y, de una manera muy especial, por el
acierto en el enfoque y también por la disposición a la colaboración con
todos.

Esta disposición a la colaboración con todos ha tenido también
oportunidad de manifestarla el propio Presidente del Gobierno. En
escasamente un mes que lleva al frente del Gobierno de la nación, ya ha
convocado y ha recibido prácticamente a la totalidad, no a todos pero sí
a casi todos, de los presidentes autonómicos sin ningún tipo de
distinción.

Además, quisiera señalar que, a propósito de lo que ha manifestado el
señor Ministro, sobre que sin duda alguna nuestro país requiere un gran
avance y un gran proceso de modernización en todo el área a que se
refieren las Administraciones públicas. Este es uno de los campos en el
que la sociedad española percibe la necesidad de impulsar un proceso de
modernización.

Por ello, ese proceso de modernización debe estar presidido, como bien ha
señalado el señor Ministro, por los principios de descentralización y
cooperación que no son en modo alguno incompatibles sino complementarios
y también por una profunda reforma de la Administración del Estado.

En primer lugar, el Grupo Popular se congratula el decidido impulso
autonómico que se quiere dar a esta materia. Este es uno de los puntos
principales en los que el Presidente del Gobierno en su discurso de
investidura se extendió más. Entre estos principios --quiero reiterarlo
aquí porque constituyen el marco que comprende la actividad del
Ejecutivo--, está el principio de lealtad al sistema descentralizado y al
sistema constitucional.

En segundo lugar, está principio de solidaridad, para lo cual resulta
fundamental la colaboración entre todas las Administraciones públicas.

En tercer lugar, está principio de estabilidad. Sin duda, hay que
configurar un marco que delimite con una inequívoca vocación de futuro,
con una visión de futuro muy clara, cuál ha de ser precisamente el
espectro territorial de lo que constituye el Estado. No podemos estar
periódicamente, cada muy poco tiempo, hablando de reformar el Estado.

Por ello, felicito al Gobierno por la disposición que tiene a configurar
ese marco de estabilidad con una vocación de futuro en los próximos dos o
tres años.

También, desde la perspectiva del Grupo Popular, queremos destacar la
importancia que supone culminar el proceso de transferencias pendientes,
en lo que se refiere a las comunidades del artículo 143, en un área tan
importante para todas las comunidades como es la de educación. Estoy
convencido de que desde el Gobierno de la nación se va a dar un impulso a
materias todavía pendientes de los actos autonómicos del año 92, tales
como la Ley Orgánica de ese mismo año y la reforma de los estatutos de
autonomía, que no se han llevado acabo.

Además, en todo lo que se refiere al impulso autonómico, creemos que es
importante llevar a cabo un proceso de homogeneización, que nunca puede
ser entendido en modo alguno como un igualitarismo, toda vez que hay que
tener en cuenta los hechos diferenciales porque así lo establece nuestra
propia Constitución.




Página 265



También queremos que se trabaje y se tengan en cuenta las propuestas ya
elaboradas por los parlamentos autonómicos, aun cuando no sea mérito en
este caso del Gobierno, pero sí de esta Cámara, reflejadas en el impulso
que se quiere dar con la reforma de los Estatutos de Autonomía de Aragón
y de Canarias previstas para esta tarde.

Igualmente, en cuanto al Senado, todos los grupos coincidimos en la
necesidad de que deje de ser una Cámara de segunda lectura, a fin de que
sea un auténtico foro de debate en todo lo que se refiere a las
Administraciones territoriales.

Creo que las palabras del Ministro, así como las palabras de los demás
portavoces, no son retóricas cuando se refieren a la Cámara Alta, si bien
también es indudable que esta reforma del Senado no depende tanto del
Ejecutivo como de las propias Cámaras, pero en la parte en que pueda
corresponder al Gobierno, estoy seguro de que se va a facilitar esa
reforma.

En el tema de financiación, el Partido Popular ha venido insistiendo en
la necesidad de una auténtica corresponsabilidad fiscal. Se habla también
de los elementos fundamentales que constituyen la suficiencia financiera
y de un elemento básico, que no debe perderse de vista, como es la
solidaridad. Por ello, nos congratulamos de la decisión de poner en
marcha ese mecanismo todavía no utilizado, cual es precisamente el
artículo 15 de la LOFCA.

Ciertamente, en cuanto a los sistemas de financiación autonómica que
plantea el Gobierno, entendemos que el marco adecuado es precisamente el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que ha expuesto el Ministro
respecto a los criterios del Gobierno en materia de financiación
autonómica, creo que es más que suficientes. Pretender que se fijara
unilateralmente y fuera del seno de este Consejo de Política Fiscal y
Financiera, sería un desprecio hacia las comunidades autónomas, y desde
esa óptica de respeto hacia las competencias y a la participación de las
comunidades autónomas en el diseño del nuevo sistema de financiación que
concluye este año, entendemos que debe ser en el seno del Consejo donde
se lleve a cabo.

Profundizar en la idea de la corresponsabilidad fiscal supone que todos
los ciudadanos puedan conocer a quién pagan el dinero y qué se hace con
él. Ya el Ministro en su exposición se refirió a la necesidad de vincular
también autonomía política y autonomía financiera, unido a algo muy
importante que hay que reiterar en todas las ocasiones: que autonomía
significa responsabilidad. Frecuentemente, los ciudadanos, cualquiera que
sea la comunidad autónoma donde estemos, donde residamos, donde vivimos y
donde nos sentimos, cualquiera que sea nuestra nacionalidad o nuestra
región, tenemos necesidad de identificar en qué se ha empleado nuestros
impuestos o quién los gasta también. Por ello, entendemos que es
importante el paso de la autonomía de gasto a la autonomía de ingreso, en
cuanto supone de responsabilidad.

Igualmente, creemos que es importante lo que el Ministro ha trazado a
propósito del pacto local. La voluntad clara del Gobierno va en esta
línea.

Yo no estoy de acuerdo con lo que ha expuesto el portavoz del Grupo
Socialista respecto de esta materia. ¿Que se han ido dando pasos? Yo
creo, señor Rodríguez Zapatero, que nadie puede atribuirse en exclusiva
la bandera del pacto local. La bandera del pacto local corresponde a
todos los municipios que integran España. En ese sentido, el esfuerzo que
se ha hecho desde la Federación de Municipios y Provincias no ha sido
recompensado o satisfecho por el Gobierno en este tiempo, y esto nadie lo
puede negar. Ustedes han estado dirigiendo la Federación de Municipios y
Provincias de España y en esta Comisión están dos insignes Diputados que
realizaron una buena labor al frente de esta Federación. Pero al mismo
tiempo han estado rigiendo los destinos de esta nación. Considero que
durante ese período se va creando el clima adecuado, pero habrá de
reconocer que los pasos apenas se han dado. Por ello, nadie puede
atribuirse la bandera del municipalismo, porque corresponde a todos.

Se ha hecho una crítica, no sólo por el portavoz del Grupo Socialista,
sino también por la señora Rahola, a propósito de algunas de las medidas
que se aprobaron en el pasado Consejo de Ministros respecto a los
ayuntamientos, calificándolo como duro ataque a los municipios. En primer
lugar, he de decir que los ayuntamientos no han protestado y tienen sus
cauces para ello. Pero es que además no lo van a hacer, por una sencilla
razón: porque la inmensa mayoría de los municipios de España están de
acuerdo con dichas medidas. Están de acuerdo con la liberalización del
suelo. Aunque esto no puede ser objeto de debate en esta Comisión, la ley
de 1990 sobre el suelo y de reforma del régimen urbanístico y el texto
refundido que aprobó el Gobierno en 1992 han puesto un encorsetamiento
tal a los municipios que incide de una manera muy especial sobre el
precio de las viviendas. Por eso los municipios no han reaccionado ni van
a hacerlo, sino que apoyan, como digo, esa decisión incluida en el
paquete de medidas aprobado el pasado viernes por el Consejo de
Ministros.

También se ha referido el señor Ministro a un tema muy importante, que es
la participación de las comunidades autónomas en la formación de la
voluntad y de los criterios del Estado en lo referente a los asuntos
europeos. Ciertamente, hasta ahora no ha sido así. Yo felicito al
Gobierno por la prontitud y por la importancia que se quiere dar a esta
conferencia sectorial. En asuntos como el Tratado de Maastricht las
comunidades autónomas no han tenido cauces para debatir lo que les
afectaba. En los criterios referentes a la obtención de fondos
estructurales, igualmente las comunidades autónomas se limitaban casi
unilateralmente a presentar proyectos y poco más. Sin duda alguna, esa
conferencia sectorial tiene que ser un auténtico foro de encuentro, para
que desde la perspectiva de la Administración del Estado se trasladen a
la Unión Europea las necesidades y los impulsos que se estimen
convenientes desde las comunidades autónomas.

También se ha referido el señor Ministro a la organización de la
Administración estatal. Quisiera felicitarle en nombre del Grupo Popular
por la celeridad, por la prontitud, con que se ha llevado a cabo la
aprobación del proyecto de ley de la denominada Lofage. Es un texto
necesario, sin duda alguna, y está pendiente desde hace muchísimos años.

Yo quisiera recordar que la ley del proceso autonómico



Página 266



ya ordenaba una reordenación de la Administración periférica, aun cuando
quedó parcialmente mutilada con lo que el Tribunal Constitucional
dictaminó. Sigue pendiente este tema y el impulso decidido de la Lofage
será decisivo.

Por el portavoz del Grupo Socialista se incidía respecto de este tema en
que es una copia en un 80 por ciento --el otro día leía en los medios de
comunicación que era un 75--, pero también ha reconocido que no conoce el
texto aprobado por el Consejo de Ministros. Yo no voy a cuantificar si es
un 75, un 80 o un 60 por ciento lo que se ha copiado. Yo creo que eso es
bueno y tenemos que congratularnos todos. Nadie puede tener --insisto en
la misma línea a la que antes me refería a propósito del pacto local-- el
monopolio de la verdad. Ciertamente, el Partido Popular, que apoya al
Gobierno de la nación, es consciente de que en ese proyecto de ley que
ustedes elaboraron en su momento, aunque tardaron muchísimo tiempo,
porque no se ponían de acuerdo los distintos ministerios, había cosas
positivas, y lo tenemos que decir. Algunas de esas cosas positivas están
recogidas en este proyecto de ley. También hay otras que son novedosas
además de positivas. Por tanto, en lugar de decir que hemos copiado parte
de ese proyecto, tenemos que aprovechar las cosas positivas que todos
tenemos que aportar.

En relación con el tema de la organización de la Administración del
Estado, uno de los grandes retos que no se han abordado suficientemente
en estos trece años anteriores es la necesidad de impulsar una mayor
responsabilidad de los gestores públicos en lo que se refiere al
aprovechamiento y planificación de los recursos humanos. Creo que hay que
implicar más a los empleados públicos en el proceso de modernización. En
muchas ocasiones se ha hablado de algo tan etéreo como efectuar un cambio
en la cultura administrativa. Aun cuando sea un concepto un tanto
indeterminado todos nos entendemos cuando insistimos en que es necesario
llevar a cabo ese cambio en la cultura administrativa. Además, la
Administración tiene que aprovechar mejor lo que tiene. Sin duda alguna,
especialmente la Administración del Estado cuenta con un personal
excepcionalmente cualificado, y hay que aprovechar a todos los cuerpos y
de una manera muy especial a los cuerpos especiales.

Por otra parte, considero que es muy importante --y se ha incidido en
ello, tanto por parte del señor Ministro como por parte de otros grupos y
yo quiero remarcarlo-- el proceso de diálogo con las organizaciones
sindicales en el ámbito de los empleados públicos. Creo que nunca se debe
perder de vista este diálogo, en la medida en que no solamente pueden
reivindicar, sino en la medida en que pueden aportar sus experiencias y
necesidades.

Todo gira bajo la óptica de la modernización de la Administración, del
aprovechamiento de los recursos y de la mejora de las relaciones entre la
Administración y los ciudadanos. Anteriormente el Ministro se ha referido
a ello y aun cuando otros grupos no lo han hecho, yo quiero valorar
especialmente el impulso que se quiere dar a esa mejora de las relaciones
entre la Administración y los ciudadanos, a eso que tantas veces se ha
reiterado de que el ciudadano tiene derecho a las prestaciones y que en
modo alguno es una gracia que le da la Administración; que tenga la
constatación de auténtico usuario o, como se dice en el ámbito privado,
de auténtico cliente.

A propósito de este tema de la Administración del Estado, quisiera
terminar haciendo algunas consideraciones, a propósito de determinadas
observaciones efectuadas por otros grupos.

Por parte del Grupo Socialista se insiste en las contradicciones del
Partido Popular. Yo le diría, señor Rodríguez Zapatero, que no hay tales
contradicciones. Si ustedes insisten en ellas, les pediría que asumieran
también la cuota que les corresponde en las contradicciones en que han
incurrido cuando estaban en el Gobierno y ahora en la oposición. He de
decirles que es un debate estéril insistir en que hay tantas
contradicciones. La insistencia en los altos cargos creo sinceramente que
es una obcecación. Es cierto que al nivel hasta donde ahora se ha
llegado, que es el de dirección general, como anteriormente se ha dicho,
se ha producido una reducción. También la ha habido --y ahí están los
acuerdos del Consejo de Ministros del pasado viernes-- en el personal
eventual o asesores de los altos cargos. Al nivel que se ha llegado hasta
el momento, hay una reducción. Yo estoy convencido --y lo veo no
simplemente desde la perspectiva de parlamentario en este momento, sino
también de ciudadano-- de que la preocupación actual no es si se han
reducido 3.000, 5.000 o solamente 400 (Rumores.); yo creo que la
preocupación de los ciudadanos está en mejorar la Administración. Insisto
en que hay que llevar el debate por esta línea.

Igualmente, se hacía referencia, a propósito de las contradicciones, al
tema de la incompatibilidad de los altos cargos con pertenencia a
consejos de administración en entidades públicas. He de decirle algo muy
elemental y es que la ley lo permite (Rumores.) y la ley la elaboraron
ustedes. Es cierto que también se ha reducido el número de altos cargos
que ahora están en consejos de administración. Pero vuelvo a lo que antes
decía: no lleven a un debate estéril algo que no es de especial interés o
por lo menos prioritario a nivel de la ciudadanía.

También se ha dicho que la Administración única es un concepto vago y no
jurídico; es un concepto simplemente político. En efecto, tiene su origen
en lo que es un debate político, pero eso ha tenido traslado no
simplemente a escritos doctrinales, de los cuales ustedes son buenos
conocedores. Es ingente el número de artículos que en todas las revistas
del mundo especializadas en Derecho administrativo han escrito los
catedráticos de este país --y no son políticos, sino personas que
representan lo que es la doctrina-- acerca de este concepto. Es un
concepto jurídico asumido y no novedoso. Anteriormente, otras leyes --y
no voy a entrar en ello-- ya establecieron el sistema, aun cuando no lo
llamaran Administración única o Administración común. A propósito de lo
que supone la desaparición de los Gobiernos civiles, se ha dicho, o me ha
parecido entender así, que ello supone devaluar la representación del
Estado. Estoy convencido de que no es así. Por contra, lo que se está
haciendo es poner la representación del Estado al nivel que le
corresponde a un Estado como el



Página 267



que tenemos, un Estado plenamente descentralizado y no se está devaluando
en modo alguno. También los municipios, también las comunidades autónomas
son Estado en un sentido amplio, como se ha reiterado en múltiples
ocasiones, pero no por el hecho de que sean denominados subdelegados del
Gobierno o por el hecho de que se siga la condición de funcionario supone
una devaluación. Se trata simplemente de colocar la representación del
Estado en el marco del actual Estado descentralizado que tenemos.

Quiero concluir reiterando el agradecimiento y la exposición que han
manifestado todos los grupos, incluso a los que han hecho apreciaciones
críticas, al igual que por el tono. Especialmente quiero agradecer en
nombre del Grupo Parlamentario Popular las valoraciones que desde algunos
grupos se han hecho sobre el esfuerzo, reconociendo el avance habido en
este tiempo, pero yo no voy a hablar, como ha hecho otro portavoz, de un
deslumbramiento en este tiempo. Por el Grupo Popular ya conocemos el
talante y la capacidad tanto del señor Ministro como del Gobierno que él
representa y estamos seguros de que se va a llevar a cabo. En un mes
--también se ha dicho-- no se puede pedir más.

Nosotros vamos a apoyar al Gobierno, pero también vamos a impulsarlo,
porque además el señor Ministro no se ha limitado a diseñar un marco
general o la letra grande. Creo que ha asumido también unos compromisos
en determinados plazos respecto de determinadas materias y por ello desde
el Grupo Popular queremos apoyarlo y queremos agradecerlo.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Rajoy Brey): Perdone un
momento, señor Presidente (Pausa.)
Señores Diputados, si tuvieron paciencia para escuchar mi intervención es
evidente que también la iban a tener para esperar a que encontrase
algunos documentos. (Risas.)
Quiero comenzar mi intervención como la ha finalizado el portavoz del
Grupo Popular, el señor López-Medel, agradeciendo a todos los
intervinientes el tono con el que se han producido a lo largo de sus
intervenciones y, al mismo tiempo, la aceptación a la oferta de acuerdos
que en determinados asuntos ha hecho el Gobierno e incluso la petición de
acuerdos para otros asuntos sobre los cuales la posición del Gobierno,
que yo he expresado aquí, pudiera dar a entender que no había intención
de conseguir acuerdo.

En cualquier caso, agradezco el tono, agradezco la aceptación a la oferta
de acuerdos y creo --y lo dije al principio de mi intervención-- que es
fundamental en asuntos de estas características, sobre todo lo que
concierne a la organización del modelo territorial del Estado, que las
cosas se hagan con los mayores apoyos posibles, porque ya se hizo, como
decía en mi intervención inicial, en la Constitución de 1978 y luego en
sucesivo desarrollo de la misma, particularmente en la aprobación de los
Estatutos, modelos de financiación, etcétera.

Voy a intentar contestar a todas y cada una de las preguntas que han
hecho los distintos intervinientes y portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios. Es posible que no haya sido capaz de tomar notas de todos
los temas que preocupan a SS. SS., pero en cualquier caso voy a intentar
ser lo más claro en responder a las diferentes preguntas que se han
hecho. Comienzo, en primer lugar, puesto que fue la primera persona que
hizo uso de la palabra, por la intervención del señor Rodríguez Zapatero,
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión. Ha empezado
afirmando que el objeto --y es verdad-- de mi intervención o de esta
intervención inicial, la primera que tengo como Ministro y que se produce
además en la primera ocasión que se reúne formalmente esta Comisión, es
anunciar los proyectos que se presentarán a lo largo de la legislatura,
pero también ha señalado que se han tomado decisiones, y también es
cierto. En este primer mes se han tomado decisiones por parte de este
Ministerio, que ha querido --tiene perfecto derecho y hace bien,
además--, comentar. Hace unas alusiones al pasado sobre posiciones
mantenidas por los diferentes grupos parlamentarios y particularmente por
el Grupo Parlamentario Popular. Como usted muy bien recuerda, estoy aquí
en el Gobierno porque éste tiene el apoyo del Grupo Parlamentario Popular
y, sin perjuicio de considerar tremendamente atinadas las palabras que ha
pronunciado el señor López-Medel sobre este punto, quiero hablar con
meridiana claridad porque no sé hacerlo de otra forma y pienso que no
tiene sentido hacerlo de otra manera.

Ha hecho una crítica dura de lo que ha sido la posición del Grupo
Parlamentario Popular en el asunto que ya podemos llamar, porque así es
conocido, de los altos cargos a lo largo de la última legislatura y de la
supuesta contradicción con lo que han sido las primeras decisiones del
Gobierno adoptadas en estos primeros días. Con el ánimo de reflejar los
hechos objetivos solamente, voy a transmitir los siguientes datos, pocos,
al señor Rodríguez Zapatero. Es un hecho objetivo que en este momento en
el conjunto de la Administración central del Estado hay 8.458 personas
que ostentan la condición al menos de nivel 28, de jefes de área y
consejeros técnicos. Es decir, entre jefes de área, consejeros técnicos,
subdirectores generales y asimilados, asesores, directores generales,
subsecretarios y secretarios generales, secretarios de Estado, ministros,
vicepresidentes, presidentes de comunidades autónomas y presidente del
Gobierno hay 8.458 personas. Este es un hecho objetivo. No entro ahora a
calificar si esto es bueno o malo que sea así, pero es un hecho objetivo.

Es también un hecho objetivo que en el año 1982, cuando el Partido
Socialista asumió la responsabilidad de gobernar, estas mismas personas
eran 2.000, es decir, había dos mil y alguna persona que ocupaban estas
responsabilidades de jefes de área, consejeros técnicos, subdirectores
generales adjuntos y asimilados, subdirectores generales, etcétera. Para
darle un dato también objetivo, en el año 1990 --es una fecha razonable,
hoy estamos en 1996-- existían entre niveles 28 y 30, unos 4.992 y hoy
existen 7.949, es decir, 3.000 altos cargos más del año 1990 a 1996. Esos
son los hechos objetivos.




Página 268



¿Cuáles son las decisiones que va a tomar el Gobierno a lo largo de los
próximos meses? Nosotros hemos hecho una primera reestructuración de la
estructura orgánica de los ministerios y los niveles que hemos tratado
han sido los de directores generales hacia arriba --para entendernos-- y
se ha producido una reducción que en mi opinión es significativa y que,
como decía el señor López-Medel en su intervención, ha ido acompañada de
una reducción de lo que son asesores, de lo que es personal eventual, de
los ministros y de los secretarios de Estado.

El Gobierno tiene un compromiso a lo largo de los próximos tres meses,
así se fija en el Decreto de Estructura Orgánica de los Ministerios, para
reestructurar las subdirecciones generales, y tiene un compromiso de
reestructurar en los próximos seis meses los organismos públicos y los
organismos autónomos. El Gobierno va a cumplir ese compromiso. También
tengo que anunciar que el Gobierno va a intentar conciliar la
racionalidad en el funcionamiento de la Administración y en la existencia
de un número concreto de consejeros técnicos, jefes de áreas,
subdirectores generales asimilados o adjuntos y subdirectores generales,
con lo que debe ser la situación de los funcionarios.

Creo que lisa y llanamente lo que ha ocurrido a lo largo de estos últimos
años es que el Gobierno ha creado muchos puestos directivos, supongo y
entiendo que fundamentalmente por razones económicas. Es evidente que un
subdirector general o un nivel 30 tiene una percepción mayor que un nivel
28 y un subdirector general adjunto o un asimilado a un subdirector
general adjunto tiene una remuneración mayor que si no se hubiese creado
esta plaza. Naturalmente el Gobierno puede tomar ahora muchas decisiones
y entre otras suprimir esa figura que no existía hasta que ha gobernado
el Partido Socialista. Es decir, los subdirectores generales adjuntos y
asimilados, que son 1.507, pueden suprimirse o no. ¿Qué supone suprimir
esta figura? Supone que una serie de funcionarios pierden en sus
remuneraciones unas cantidades importantes.

¿Qué es lo que yo creo que ha hecho el Partido Socialista a lo largo de
estos últimos años? Mediante la creación de estos puestos, que podemos
llamar puestos directivos, ha elevado la remuneración de los
funcionarios. El Gobierno va a intentar hacer una reestructuración
razonable, sensata, en la cual intente conciliar el buen funcionamiento
de la Administración con el respeto a las situaciones de los
funcionarios. Esto lo haremos en el plazo de tres meses, luego en las
sucesivas RPT los distintos ministerios irán fijando su número de jefes
de área y de consejeros técnicos y cuando se reestructuren, en el plazo
de seis meses, los organismos autónomos, lógicamente se dará una visión
más definitiva de cómo van a quedar los llamados altos cargos y puestos
directivos de la Administración. Pero es bueno hablar con claridad de
estas cosas y decir exactamente qué es lo que se ha hecho, y lo que se ha
hecho, lisa y llanamente --y me estoy limitando a reflejar hechos
objetivos--, es lo que aquí acabo de señalar. Esta es la contestación más
global a lo que ha dicho el señor Rodríguez Zapatero. Luego ha puesto ya
algunos ejemplos que son relativamente válidos, porque ha dicho que,
efectivamente, en el Insalud, organismo autónomo, se pasa de una
dirección general a cuatro. Es cierto que eso es así, pero esa medida ha
ido acompañada de la supresión de cinco direcciones generales en lo que
es el Ministerio de Sanidad, donde antes estaba el Insalud. Por tanto, se
ha suprimido en el conjunto de la reestructuración de los servicios
nacionales de salud algunas direcciones generales.

Por otro lado, ha hecho alusión a la declaración de no disponibilidad de
200.000 millones, que es un asunto indirectamente relacionado, y así he
querido interpretar la intervención del señor Rodríguez Zapatero. Ha
dicho que no se ha producido una reducción, o mejor dicho, una
declaración de no disponibilidad en los capítulos I y II de los
presupuestos. Sí hay alguna parte de la declaración de no disponibilidad,
por lo menos en mi Ministerio, a los capítulos I y II de los
presupuestos, naturalmente para plazas no cubiertas, porque supongo que
no pretendería usted que hiciéramos una reducción de no disponibilidad en
los sueldos de los funcionarios o en la propia existencia de la condición
de funcionario. Es evidente que si en el capítulo I de los presupuestos
figuran 15 funcionarios con su sueldo y están todos en activo, cualquier
persona sensata entiende que en un primer año es evidente que no se puede
hacer ninguna declaración de no disponibilidad, porque eso sería tanto
como decir que los funcionarios no iban a cobrar o iban a cobrar la
mitad, o que algunos dejarían de cobrar, lo cual, evidentemente, no es
algo sensato. Otra cosa diferente es lo que a lo largo de los próximos
años vaya haciendo el Gobierno en relación con la oferta de empleo
público y en relación con la movilidad de los funcionarios; asuntos todos
ésos que yo simplemente he esbozado en mi intervención y que se
relacionan directamente con el Estatuto de la Función Pública.

Ha hecho también unos comentarios importantes de la Lofage. Yo aquí
suscribo al cien por cien las palabras que ha pronunciado el señor
López-Medel. Ha dicho que en un 80 por ciento el texto de la Lofage es el
texto de la anterior Lofage que presentó el Partido Socialista y que ha
decaído como consecuencia de la disolución de las Cortes. Yo no sé si es
un 80 por ciento, yo creo que no es tanto, pero en cualquier caso supongo
que si es así el Partido Socialista votará a favor de la Lofage, porque
supondría una contradicción el no hacerlo. De todas formas quiero incidir
en lo que ha dicho el señor López-Medel. Pienso que hay que hacer un
esfuerzo --y sé que esto no es fácil, pero yo al menos lo voy a
intentar-- para que la Administración pública no se vea en exceso
resentida por los cambios de Gobierno que se puedan producir. Es decir,
yo creo que los cargos políticos por excelencia --es mi opinión
personal-- son el ministro y los secretarios de Estado, y hay que hacer
un esfuerzo para que lo sean con mayor intensidad, si cabe aún, en el
futuro. Si yo me encuentro en mi Ministerio --como he hecho a lo largo de
toda mi actividad política-- planteamientos sensatos por parte de
alguien, tenga la absoluta seguridad de que los voy a asumir, así como he
asumido en el Ministerio que yo dirijo a algunas personas que han tenido
también alguna suerte de responsabilidad a lo largo de estos últimos
años, porque son personas que han trabajado allí en su condición de
funcionario público, que han desarrollado una buena función, y al



Página 269



fin y a la postre han hecho lo que tenían que hacer, que es, lisa y
llanamente, servir al Estado. Por tanto, si yo me encuentro algún
proyecto de ley en mi Ministerio que considere razonable y adecuado a mi
programa electoral, lo voy a respetar. Naturalmente, en la Lofage se han
modificado algunos aspectos que son los más políticos y los derivados de
la existencia de un cambio de Gobierno, a los cuales usted se ha referido
y yo también voy a referirme.

Ha hecho usted una afirmación en la que yo no puedo estar de acuerdo.

Manifestaba que en el proyecto de ley remitido por el Gobierno todos los
directores generales eran funcionarios. Eso no es así. El proyecto de ley
que presentará el Partido Popular dice que van a ser funcionarios los
directores generales, los secretarios generales técnicos que se regulan e
incluso también los subsecretarios. Sí que establece alguna excepción
para el caso de los directores generales, pero establece alguna excepción
que lógicamente hay que justificar y plasmar en el real decreto de
estructura orgánica de los ministerios, porque las reformas creemos que
no se deben hacer de un día para otro. Es voluntad de este Gobierno el
que en un cierto período de tiempo --que naturalmente yo no puedo
determinar en este momento-- todos los directores generales tengan la
condición de funcionarios. Y ahí sí que discrepo de la intervención que
ha hecho el señor Ríos en representación de Izquierda-Unida,
fundamentalmente porque queremos que los cargos políticos de los
ministerios sean los ministros, los secretarios de Estado y los
secretarios generales, figura que hoy contemplamos con un carácter
excepcional. La Lofage no hace ningún comentario sobre el sistema de
provisión de vacantes de los cargos de subdirectores generales.

Simplemente se limita a señalar que deben ser funcionarios públicos de
determinado grupo.

En cuanto al acceso de altos cargos a los consejos de administración de
las empresas públicas, en este momento --como ha dicho el señor
López-Medel-- estamos en la legislación vigente. No se pueden tomar
decisiones de un día para otro sin antes estudiar los cambios que haya
que efectuar en estas incompatibilidades. Pero dentro del proceso de
privatizaciones que pretende hacer el Gobierno, es evidente que en muchas
de esas empresas ya no habrá representantes y, por tanto, no habrá altos
cargos de la Administración central del Estado. También es evidente que
la Administración central del Estado tiene la obligación de tener
representantes en determinados consejos de administración de las empresas
públicas, y por eso los vamos a mantener. Si quiere usted buscar
contradicciones con determinadas declaraciones que se han hecho a lo
largo de los últimos años, es probable que las encuentre. No era algo que
figurara como tal en el programa electoral del Partido Popular, pero en
cualquier caso le digo que todos los programas electorales requieren para
su cumplimiento un tiempo concreto y determinado.

En cuanto a la administración periférica del Estado, sobre determinados
aspectos de la Lofage habla de la dependencia. La dependencia orgánica es
del Ministerio de Administraciones Públicas. Así figura en el proyecto de
ley que ha aprobado el Gobierno. Otra cosa es lo que se haya podido
recoger en algún medio de comunicación, que probablemente haya dado lugar
a equívocos, por otra parte absolutamente entendibles teniendo en cuenta
que los señores Diputados aún no han recibido el proyecto de ley que no
ha sido remitido a las Cortes. La dependencia orgánica es del Ministerio
de Administraciones Públicas, la dependencia funcional es de Presidencia
del Gobierno, y luego, lógicamente, dependen de los ministerios
competentes por razón de la materia, porque parece lógico que en materia
de interior y mantenimiento de orden público el Delegado del Gobierno
dependa del Ministerio del Interior, y parece lógico también que en
materia de reestructuración de la administración periférica dependa del
Ministerio de Administraciones Públicas.

Hay un tema sobre el que me gustaría hacer algunos comentarios, y es el
de la supresión de la figura del gobernador civil. La figura del
gobernador civil tenía hasta hace no excesivo tiempo cuatro tipos de
competencias claramente diferenciadas: en primer lugar, era el jefe
provincial o local del Movimiento; en segundo lugar, era el «jefe», entre
comillas, de las corporaciones locales, tanto de los ayuntamientos como
de las diputaciones; en tercer lugar, coordinaba la administración
periférica del Estado, y, en cuarto lugar, tenía la competencia de orden
público. Es evidente que esas competencias y, por tanto, la figura del
gobernador civil han cambiado radicalmente en los últimos años.

Evidentemente, el Movimiento, no hace falta que lo diga, ya no existe;
los alcaldes y los presidentes de las diputaciones provinciales son
elegidos democráticamente por un sistema indirecto; es evidente que
aunque mantienen la función de coordinar la administración periférica del
Estado, es lo cierto que, como consecuencia del proceso de traspasos, se
ha reducido de una manera sustancial, y le resta fundamentalmente la
competencia de orden público, aunque incluso en algunas comunidades
autónomas esa competencia es ejercida o comienza a ser ejercida --como es
el caso de Cataluña-- por una policía autonómica propia. Por tanto, ha
variado de manera tremendamente sustancial la figura del gobernador
civil, y yo creo que ya la Constitución apuntaba esta idea. ¿Por qué
apuntaba esta idea? Porque establece como figura constitucional la del
delegado del Gobierno como representante ordinario de la Administración
central del Estado en las comunidades autónomas y, sin embargo, no
obligaba a la existencia del gobernador civil. Repito que yo creo que
esto es algo razonable, sinceramente. Se pueden tener criterios
distintos, y es probable que dentro de las propias fuerzas políticas haya
opiniones diferentes, pero yo le puedo asegurar que la mía personal, que
a lo mejor no era compartida por otras personas de mi mismo planteamiento
político, era que esta figura ya dejaba de tener sentido con el cambio
que se ha producido en el Estado en los últimos años.

Me pregunta también por las competencias de los subdelegados. A los
subdelegados en el proyecto de ley del Gobierno se les atribuye una
competencia muy específica, que es la de orden público bajo la
dependencia directa del delegado del Gobierno. El resto de las
competencias se le atribuyen, por esa razón a la que yo antes hacía
referencia, al delegado del Gobierno, sin perjuicio de que pueda delegar
en los subdelegados. El delegado del Gobierno asume



Página 270



la representación del Estado, asume la máxima responsabilidad y dejemos
que se organice como estime oportuno y conveniente. Desde luego le
recomendaría, sobre todo en las comunidades con muchas provincias, que
hiciera esa delegación y hay que entender que en el ejercicio de su
actividad política así se hará.

Me hace una pregunta sobre si la voluntad de consenso que he manifestado
en la parte, digamos, autonómica y local de mi discurso tengo intención
de que también se traslade a todos los temas que hacen referencia a las
competencias de la otra secretaría de Estado. Desde luego, ya lo he dicho
para el asunto del estatuto de la función pública y también lo digo para
este tema, pero, claro, se puede manifestar la voluntad de consenso
siempre que la misma suponga no pararse. Es decir, es voluntad de
consenso para avanzar, porque piense usted, por ejemplo, que en el tema
autonómico las comunidades del 143 no vieron incrementadas sus
competencias hasta el año 1992, pasaron bastantes más años que los
establecidos en la previsión constitucional, que hablaba de que en el
plazo de cinco años podían aumentar sus competencias. Por tanto,
hagámoslo con voluntad de consenso, pero que la misma no signifique la
paralización de algunas decisiones que parece razonable adoptar.

En materia autonómica ya ha hablado el señor López-Medel de si el
concepto de administración única es o no un concepto doctrinal. Yo creo
que es un concepto doctrinal. Naturalmente, la propia utilización de la
expresión concepto doctrinal puede ser un concepto jurídico
indeterminado, pero repito que yo creo que el concepto de administración
única es un concepto doctrinal y, desde luego, si alguien lo usa es la
doctrina y en multiplicidad de ocasiones, mire usted si no se han escrito
libros, artículos sobre la administración única en uno u otro sentido, a
favor o en contra.

¿Qué vamos a delegar por la vía del artículo 150.2 de la Constitución? El
artículo 150.2 de la Constitución ya se ha utilizado en muchas ocasiones,
no hace mucho, al final de la pasada legislatura, se utilizó dicho
artículo y además hubo una votación creo recordar que fue unánime, en el
Congreso para transferir determinadas competencias a la Comunidad
Autónoma de Galicia.

En principio, nosotros el artículo 150.2 lo vamos a utilizar, como es
natural, con la prudencia necesaria, pero le quisiera adelantar en qué
temas es nuestra intención utilizarlo. En primer lugar, en todos aquellos
temas que supongan un cumplimiento de los acuerdos a los cuales hemos
llegado con nuestros coaligados, y lo digo con meridiana claridad.

Fundamentalmente, creo que aquí podríamos incluir el asunto de los
puertos de interés general y el tema del Inem. Luego hay una cuestión en
la cual mi opinión personal es que creo que debe utilizarse la vía del
150.2, que es para el nuevo sistema de financiación. Para transferir el
30 por ciento del IRPF creo que la fórmula es la del 150.2 de la
Constitución. Por tanto, si me pregunta prioridades, creo que puertos,
Inem y el nuevo modelo de financiación.

Coincido y celebro que usted también lo haga conmigo en los temas de los
Estatutos de Canarias, Aragón y el del nuevo pacto, cuestión muy
importante esta última.

En el tema de financiación me hace alguna pregunta concreta que voy a
intentar responder. Ha dicho usted que se han hecho afirmaciones
diferentes sobre el «coste», entre comillas. A mí me gusta utilizar la
expresión «coste» entre comillas, porque no creo que se deba hablar de
coste exactamente. Por lo visto hay quien ha dicho que el coste es cero,
y es cierto; hay quien ha dicho que el coste no es determinable, dice
usted, y es cierto también, pero le añadiría más, hay muchísimos que han
establecido diversas y diferentes cifras; es decir, he visto publicado
por eso que hemos llamado antes la doctrina innumerables artículos en
innumerables medios de comunicación y cada uno daba su criterio. Incluso
ayer el propio vicepresidente segundo y económico del Gobierno también
aventuró alguna cifra de por dónde creía él que podían ir los tiros.

Creo que estas afirmaciones son conciliables. Cuando se ha dicho coste
cero, ¿qué quiere decir esto? Si hay voluntad --que desde luego creo que
la va a haber como consecuencia de las exigencias del Tratado de
Maastricht y de la convergencia europea-- de que el presupuesto del año
1997 sea muy austero, es evidente que la cantidad que van a recibir en
concepto de PIE, de transferencias del Estado, las comunidades autónomas
en el año 1997 va a ser la misma que este año, incrementada, lógicamente,
en el PIB nominal, que es el criterio que se utiliza para subir la PIE,
como es sabido. Desde ese punto de vista cabe hablar de coste cero.

Cabe hablar también de que el coste no es determinable. ¿Cuándo se dice
que el coste no es determinable? Primero habrá que cerrar todos los
factores y todas las variables que influyen en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, pero luego es muy difícil determinar cuánto se va a
incrementar el PIB nominal en los próximos años, si es que el PIB nominal
es al final el factor que decide cómo evoluciona la PIE. Desde luego es
muchísimo más difícil determinar cómo va a evolucionar el IRPF.

Hay un dato en el que creo que coincidirán todos los miembros de la
Comisión: a quién se le podía pasar por la imaginación que cuando se
aprobó la famosa cesión de una participación en la cuota líquida del
IRPF, el 15 por 100, pudiera recibir más la Comunidad Autónoma de
Andalucía que la de Cataluña. Desde luego confieso que a mí no, pero es
que no he leído ni un solo papel, y se publicaron bastantes sobre ese
asunto, de nadie que sostuviera que eso iba a ser así.

Por consiguiente, es muy difícil de determinar, y desde luego es mucho
más difícil de determinar cómo van a evolucionar los tributos cedidos
cuya gestión en estos momentos corresponde a las comunidades. En el
futuro corresponderá también la capacidad normativa. Desde ese punto de
vista no se puede determinar.

¿Se pueden dar cifras aproximadas? Probablemente se puedan dar cifras
aproximadas, pero con un evidente riesgo de no acertar, porque más o
menos se podría calcular cuánto va a subir el PIB nominal, ya lo han
hecho algunos consejeros en debates en comunidades autónomas, pero a esos
mismos consejeros que se atrevieron a dar cifras la oposición les dijo
que estaban haciendo el cuento de la lechera, sobre todo cuando había
algunas variables no determinadas.




Página 271



Insisto en que éste es un asunto en el cual nosotros lo que hemos
querido, como dije al principio de mi intervención, es dar un paso
adelante importante estableciendo la corresponsabilidad fiscal y sobre
todo diciéndoles a las comunidades autónomas que asuman sus propias
responsabilidades, como lo hacen las corporaciones locales y creo que
esto es necesario, es positivo y es muy difícil negarse, al menos al
principio de que tiene que haber corresponsabilidad fiscal. Comprendo que
se discuta si es bueno que sea en el IRPF o si hay que hacerlo en el IVA
o en los impuestos especiales, entiendo que eso sea discutible, pero
negarse al principio me parece ciertamente complejo y arriesgado.

También dice que no he definido en los criterios de solidaridad el FCI ni
el artículo 15 de la Lofca. Es cierto, no lo he definido y no estoy en
condiciones de definirlo. Ya digo que el Gobierno tiene la voluntad
política de incrementar el FCI, que ha estado, como usted muy bien sabe,
congelado a lo largo de los últimos cinco años, y tiene la voluntad
política de poner en marcha el artículo 15 de la Lofca. Ayer me decía el
señor Armet en el Senado que justo el año ideal para poner en marcha el
artículo 15 de la Lofca era éste; le respondí un poco de broma
diciéndole: podría haber sido 1981, 1982, 1983 y hasta el año 1996, ¿por
qué precisamente éste? El Gobierno tiene voluntad de ponerlo en marcha,
pero es evidente que hay unos condicionantes presupuestarios que no
sabemos en qué sentido pueden influir. Este Gobierno aún no tiene
presentados los Presupuestos Generales del Estado en esta Cámara y por
tanto hay decisiones que hay que ir tomando en su momentos, no se puede
pretender que todas las decisiones se tomen el primer día de llegar al
gobierno, como ustedes perfectamente saben.

Luego hace una referencia a un tema también importante, aunque no es
propio de esta comparecencia, pero estoy dispuesto, como es natural, a
responder, porque además también incide en temas municipales, incluso en
temas que afectan a las comunidades autónomas, que son los reales
decretos-leyes que se han aprobado en la última reunión del Consejo de
Ministros. Hay sin duda un tema polémico que es el del suelo. Hemos
pasado, decía usted bien, de un 15 por ciento de suelo para los
ayuntamientos a sólo un 10 por ciento. Probablemente haya más temas
polémicos, como la liberalización de los servicios funerarios, incluso
desde el punto de vista de las comunidades autónomas la exención en un 95
por ciento del impuesto de sucesiones cuando se trate de heredar padres e
hijos viviendas o empresas familiares.

Es evidente que esto es así, pero es que estas decisiones afectan a los
ayuntamientos, afectan a las comunidades autónomas, afectan a la
Administración central del Estado y a los ciudadanos, y pretenden
resolver, en suma, problemas importantes. No obstante, si mantenemos
siempre la misma política estaremos siempre manteniendo los mismos
problemas. Creo que es un hecho objetivo que hoy el precio de la vivienda
en España es disparatado. Creo que no es fácil de entender por qué lo es,
porque España es de los países de la Unión Europea el segundo en cuanto a
superficie, sólo superado por Francia y, por tanto, el Gobierno está
obligado a adoptar determinado tipo de medidas. Vamos a ver cuáles son
los efectos que se producen. Nosotros creemos que los efectos van a ser
buenos y en cualquier caso es una política diferente a la que han
mantenido ustedes legítimamente, pero es que es legítimo mantener
posturas contrarias.

También es evidente que se puede decir que no se ha consultado, pero se
trata de un decreto-ley al amparo del texto constitucional por urgente y
extraordinaria necesidad. Comprendo que se pueda discutir si hay urgente
y extraordinaria necesidad; sin duda es así. Aquí nos movemos en muchas
ocasiones en el ámbito de lo subjetivo, pero el Gobierno cree que
efectivamente determinadas medidas son de urgente y extrema necesidad y
por eso las adopta, y por eso ha adoptado también el recorte o la no
disponibilidad de esos 200.000 millones de pesetas.

Sobre el calado político de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales también es un tema subjetivo. Yo le puedo asegurar
que soy un hincha contumaz de las corporaciones locales, entre otras
cosas porque yo, que he gobernado en corporaciones locales y en
comunidades autónomas, por razones personales que nada tienen que ver con
las instituciones tengo bastantes mejores recuerdos de las corporaciones
locales; he sido concejal y he sido también presidente de diputación. Si
quiere que le diga mi opinión personal soy partidario de las
diputaciones, personalmente soy partidario. Es más, creo que muchas
comunidades autónomas debieron haber utilizado los servicios de las
diputaciones provinciales en lugar de crear tanta administración
periférica como existe en este momento. Ahora, también le digo una cosa,
las comunidades autónomas tienen sus competencias y tienen su capacidad
de autoorganización y, como es evidente, no voy a ser yo el que se la
coarte. Si yo fuera presidente de una comunidad autónoma tenga la
absoluta certeza de que preferiría utilizar los servicios de las
diputaciones, que tienen una tradición, como aquí se ha dicho, de más de
150 años y no crear tropecientas delegaciones provinciales de las
consejerías en las distintas provincias. Pero comprendo que haya
determinadas comunidades autónomas donde tenga una tradición la
institución comarcal y comprendo que sus gobiernos autonómicos estén
dispuestos a ponerla en marcha. Es decir, mi criterio, al menos el mío
personal, es que no lo haría, pero es evidente que cada uno asume sus
competencias, y en el ejercicio de las mismas cada uno hace lo que estima
oportuno y conveniente, y luego le exigirán las responsabilidades que
estimen oportuno exigir las personas que les eligen para ser cargos
públicos.

Me habla del pacto local. Dice que el Partido Socialista ha aportado un
documento. Es verdad, y se le ha tenido en cuenta, como es natural. Yo se
lo agradezco. Pregunta por el aumento en el año 1997 de la financiación
de las corporaciones locales, es una de las preguntas concretas que me
hace. Mire usted, en este momento no estoy en condiciones de afirmar cómo
van a ser los presupuestos del año que viene, le compete fundamentalmente
al Ministerio de Hacienda y, desde luego, al Consejo de Ministros, y
todavía no estamos en plazo para presentarlos, pero sí le recuerdo



Página 272



el discurso general sobre cómo deben ser los presupuestos del año 1997.

También puedo decirle, y usted lo sabe, que los ayuntamientos tienen
pactado un modelo de financiación para los años 1994 a 1999 y, desde
luego, lo que ahí está pactado el Gobierno, naturalmente, va a
respetarlo. Igualmente me pregunta si estamos dispuestos a hacer
modificaciones legislativas para traspasar competencias a las
corporaciones locales. Pues sí, estamos dispuestos, pero ya he dicho que
el pacto local es, en parte, competencia del Estado y en parte
competencia de las comunidades autónomas. Creo que el grueso de
competencias que pueden ejercer las corporaciones locales en este momento
son titularidad, según sus estatutos, de las comunidades autónomas.

Sobre el asunto de las grandes ciudades, nuestra intención es que sea un
tema que se trate en el conjunto del pacto local y no de una manera
separada.

Respecto a las diputaciones, que vuelvo a verlas en el escrito, creo que
le he respondido.

En cuanto a la función pública, ha hablado de desconcierto, inquietud,
malestar, etcétera. En fin, éstas son opiniones que yo, como es natural,
no voy a discutir, puedo tener otras. Creo que ahí debo remitirme
necesariamente al comentario que he hecho con ocasión de la
reestructuración que vamos a hacer. Ya le he dicho que vamos a intentar
conciliar todos los intereses existentes.

El estatuto de la función pública. Ha manifestado también su voluntad de
acordarlo. Creo que hay que hacer un esfuerzo y manifestar voluntad
política para llevarlo a buen término. En cuanto al pacto con los
sindicatos, representantes del Ministerio, concretamente el Secretario de
Estado de la Administración Pública ha tenido un contacto con los
sindicatos, en el que, evidentemente, sabemos que hay un acuerdo, sabemos
que termina su período de vigencia en el año 1997, sabemos que habrá un
incremento, según ese acuerdo del IPC para dichos ejercicios, pero
también se tendrán en cuenta las previsiones de crecimiento económico y
la capacidad de financiación de los Presupuestos Generales del Estado; es
decir, que estamos ante un buen marco para negociar y vamos a seguir
haciéndolo a lo largo de las próximas fechas.

Creo que en sustancia he dado respuesta si no a todas, porque es probable
que me haya olvidado alguna, sí a la gran mayoría de las cuestiones que
usted me ha planteado.

El señor Ríos me desea suerte, y falta me hace, sin duda alguna, como a
todos los presentes, y me dice que la suerte hay que trabajarla. Hombre,
hay una parte que cae del cielo, y yo procuraré trabajarme la que tengo
que trabajarme y espero en la otra tener «suerte», entre comillas, y en
sentido estricto.

Hace referencia a una serie de asuntos que voy a intentar resumir.

Algunas de las respuestas que he dado al señor Rodríguez Zapatero me
sirven para excusarme de dárselas a usted, porque planteaban los mismos
temas. Concretamente, hace referencia a la administración local y pone
especial énfasis en la atención que hay que tener a lo largo de los
próximos años en relación a dicha administración; hace una alusión a que
las transferencias a las comunidades autónomas en este momento importan
un valor de dos billones 600.000 millones a los ayuntamientos y una cifra
para las diputaciones. Evidentemente eso es así, pero también hay que
reconocer, señor Ríos, que el grado de funciones públicas que hacen las
comunidades autónomas, sobre todo en temas como educación, etcétera,
requiere mucho más gasto que el que hacen los propios ayuntamientos.

Hay otro dato que es importante. Los ayuntamientos tienen autonomía
financiera, por tanto, posibilidad de hacer una política fiscal de la que
carecen las comunidades autónomas, y es precisamente uno de los temas que
vamos a intentar resolver en el futuro. En cualquier caso, habla usted de
que en este momento la distribución del gasto público es de un 55 por
ciento para la Administración central del Estado, un 30 o un 31 por
ciento para las comunidades autónomas y un 15 por ciento para las
corporaciones locales. Son datos sustancialmente ciertos del pacto local,
si se lleva a buen término, como es voluntad de este gobierno, pero tengo
que recordar que las responsabilidades aquí son de todos, y así aprovecho
para responder a alguna señora Diputada que me ha dicho que establezca
mis criterios sobre el pacto local. Yo puedo establecer los criterios
sobre el pacto local, pero cuando se trata de acuerdos creo que hay que
tener la amplitud de miras suficiente para intentar conciliarlos con los
demás, porque también podía yo pedir a los demás que me dieran los
criterios de sus respectivos partidos. En cualquier caso, estoy dispuesto
a tener un debate sobre este asunto del pacto local y sobre cualquier
otro.

En cuanto a los pactos autonómicos, no le ha gustado al señor Ríos, ya lo
manifestó en su día su Partido, el pacto autonómico de 1992. Todo en la
vida es mejorable, lo que pasa es que era mucho mejor el pacto autonómico
de 1992 que no la situación que se produjo en los años anteriores, en los
que no había ni pacto autonómico ni nada y, consiguientemente, era
imposible incrementar el techo competencial de las comunidades del
artículo 143. Creo que el pacto autonómico ha sido bueno y ha supuesto
que importantes competencias se hayan podido transferir a las comunidades
autónomas. Quizá las más voluminosas, por su cuantía, sean las del
Inserso, las universidades y la educación, de la que comenzaremos a
tratar en los próximos meses, pero hay otras con una importante
implicación política y, por tanto, el pacto autonómico creo que ha
funcionado y que va en la línea de lo que se establece en la Constitución
del año 1978. En el nuevo pacto dice que no solamente debe hacerse
referencia a la sanidad, sino también a temas institucionales. Estoy de
acuerdo en que se pueden abordar determinados temas institucionales.

En el importante asunto de la financiación recuerda que yo he afirmado
que este Gobierno cumplirá sus pactos y dice que el esqueleto básico está
decidido. Es verdad que vamos a cumplir los pactos, y es bastante verdad
que el esqueleto básico está decidido. Está decidido que se transfiera un
30 por ciento del IRPF. Y dice, y es verdad también, que he concretado
poco --he respondido al señor Rodríguez Zapatero-- nuestras previsiones
sobre el FCI y el artículo 15 de la Lofca, pero he concretado lo que
estoy en condiciones de concretar; si hay cosas que no puedo concretar,
comprendo que los señores Diputados quieran que



Página 273



lo haga, y que me critiquen, pero prefiero afirmar las cosas que estoy
convencido de que puedo hacer, que no aquellas otras en las que
evidentemente no puedo comprometerme en este momento. Me parece que es
una postura más razonable que comprometerme a una cosa y luego no
hacerla.

Ha hecho mucho hincapié y mucho énfasis en el diseño de la solidaridad
dentro del modelo. Quisiera hacer un comentario sobre la solidaridad que
probablemente no tenga mucho que ver con la intervención que aquí se está
produciendo, pero me parece muy importante. La solidaridad puede ser
entendida de muchas formas. Hay un instrumento de solidaridad por
excelencia que es la Seguridad Social; ése es el instrumento de
solidaridad por excelencia. Unos señores que están trabajando, que están
cotizando y unos señores que reciben pensiones de jubilación, de
invalidez o de otro tipo y con los que la sociedad actual es solidaria;
por tanto, el instrumento básico es éste. Igual que existe la solidaridad
de las cuotas de desempleo y otras muchas. Ese es, en mi opinión, repito,
el gran instrumento de solidaridad porque es un instrumento personal. Por
eso, este Partido ha manifestado el criterio, que probablemente no
compartan algunos otros intervinientes, del mantenimiento de la Seguridad
Social, de la recaudación de cuotas y del pago de prestaciones como
competencia básica del Estado. Comprendo que haya algunas personas que a
lo mejor no estén de acuerdo con ese criterio, pero en cuanto sistema de
solidaridad personal por excelencia, creo que debe ser una competencia
básica del Estado.

Hay otras muchas solidaridades. Existe la solidaridad del FCI, que es
fundamentalmente de infraestructuras; existe la solidaridad de la Lofca,
de la nivelación de servicios mínimos, pero mucho cuidado con la
solidaridad de la nivelación de servicios mínimos de la Lofca, porque
podemos encontrarnos con que comunidades autónomas con una renta per
capita mucho más alta que otras, si se aplica el artículo 15 de la Lofca,
por tener unos servicios públicos de más bajo nivel, como pueden ser
sanidad y educación, al final reciben unas transferencias económicas
mucho mayores que otras. Esto puede resultar una situación pintoresca, lo
cual no quiere decir que yo diga que sea injusta; digo que pueda parecer
pintoresca, aunque no tiene por qué ser injusta.

Luego hay una solidaridad, que, en mi opinión, es la clave, que es la
solidaridad del empleo, de la educación y de la formación profesional.

Antes hablaba el representante del Gobierno canario de la imposibilidad
de algunas personas de su comunidad de acceder a determinados puestos de
trabajo, a determinadas ocupaciones y del nivel de paro. El Gobierno
canario tiene planteado, en mi opinión, un inteligente plan de empleo,
dirigido fundamentalmente a la cualificación de la gente para que puedan
ocupar determinadas responsabilidades que ocupan personas, no sólo de la
península, que yo lo veo bien, sino incluso personas que provienen de
otros países. Por tanto, yo creo que ésa es un poco la solidaridad por
excelencia, porque, al final, ¿de qué depende fundamentalmente la renta
per cápita de una comunidad?, y éste es un tema muy importante. Pues
depende del número de empresas que haya en una determinada comunidad. La
existencia de muchas empresas genera puestos de trabajo, genera una serie
de empresas que son dependientes de las mismas. (Voy a poner ejemplos que
son significativos, aunque poco importantes: servicios jurídicos,
servicios económicos, servicios de publicidad, gabinetes de prensa,
etcétera.) Por tanto, esa solidaridad es más difícil ya que la pueda
hacer el Estado, porque es muy difícil que el Estado pueda crear
empresas. Hay que tener en cuenta que en España entre el 80 y el 85 por
ciento de los empleos provienen de la pequeña y mediana empresa. Por
tanto, probablemente el esfuerzo que tengamos que hacer es trasladar la
mentalidad dinámica que los ciudadanos a título personal tienen en
determinadas comunidades autónomas, a otras cumunidades autónomas, y ahí
sí que habrá que incidir mucho en los planes de empleo, en los planes de
formación profesional, porque, desde luego, yo creo que ésa es la
solidaridad básica y la solidaridad más sensata si queremos afrontar el
problema con una cierta visión de futuro y no estar constantemente en el
parche.

Perdón por hacer una digresión sobre este asunto, pero me parecía
importante dejarlo claro como concepto, sin perjuicio de que yo crea
también que en el modelo de financiación tengan que establecerse unos
determinados mínimos de garantía. Pero no es el modelo de financiación el
instrumento básico de la solidaridad. Creo que hay otros instrumentos
mucho más importantes, como los que he señalado antes y entre los cuales
también están, sin duda alguna, determinados fondos europeos.

Yo creo que es un planteamiento ideológico bastante claro el que me hace
el señor Ríos sobre los servicios públicos fundamentales, la
privatización de funciones administrativas ... Yo me quedaría con una
frase que comparto. Ha dicho que la Administración Pública no puede
renunciar a los elementos básicos que el ciudadano percibe como tal. Es
evidente. Lo que quizá sea más difícil es ponerse de acuerdo en cuáles
son los elementos básicos de la Administración que el ciudadano percibe
como tales. Usted ha hecho referencia incluso a los «consultings». Creo
que está haciendo alusión a los proyectos de ley. Los proyectos de ley
los pueden hacer los propios funcionarios públicos, pero tampoco se debe
impedir a un ministerio que encargue un proyecto de ley a determinado
bufete o a determinado «consulting», como usted lo ha llamado, o que abra
un proyecto de ley al conjunto de la sociedad. Igual que los servicios
públicos fundamentales también se pueden prestar en colaboración con la
iniciativa privada. Se han estado haciendo a lo largo de estos últimos
años, y a mí, personalmente, me parece muy bien, convenios con la
medicina privada, que no tiene nada que ver con el mantenimiento de un
sistema de salud universal, público y gratuito. Yo creo que estos
convenios son buenos, han funcionado bien, han servido para reducir
listas de espera y, siempre y cuando el monto económico que el Estado
pueda destinar a estos servicios públicos fundamentales lo permita, creo
que es bueno que se hagan esta suerte de convenios. En cualquier caso, es
probable que en este tema sea más difícil que nosotros podamos ponernos
de acuerdo, por el distinto planteamiento político que mantienen nuestras
dos fuerzas políticas.




Página 274



En cuanto a la reforma de la Administración, ha manifestado un criterio
diferente al del proyecto de la Lofage sobre la condición de funcionarios
públicos de los directores generales. Bien, es sin duda un criterio
respetable, pero yo ya he dicho antes que, en principio, el Gobierno es
partidario ... Tengo que decirle una cosa: en ninguna comunidad autónoma
esto es así, y cada uno tiene la competencia para organizarse como estime
oportuno y conveniente. Probablemente éste sea un criterio más que
discutible, pero el Gobierno va a hacer un esfuerzo para que los órganos
específicamente políticos de la Administración sean el ministro, los
secretarios de Estado, en su caso, los secretarios generales, e ir hacia
una progresiva funcionarización de estos puestos, lo cual no quiere decir
que eso signifique que no se puedan designar, como es evidente en el caso
de los directores generales, por el sistema de libre designación. En
cualquier caso, es un tema que tendremos tiempo para abordarlo y
discutirlo, porque aquí las soluciones no son matemáticas y criterios
puede haber y muchos sobre este asunto.

Le parece excesivo el plazo de dos años que prevé la Lofage para la
conversión del sinnúmero de organismos públicos que hay ahora en sólo dos
grupos, organismos autónomos y entes públicos empresariales. Yo creo que
se puede hacer y, desde luego, tenga usted la seguridad de que lo haremos
de manera sensata y razonable, pero todas estas reformas llevan su tiempo
y a mí me gustaría que en dos años se pudieran hacer. Vamos a ver si
somos capaces.

Hay un tema importante que nadie más ha planteado, pero sí el señor Ríos
en su intervención, que es el de los planes de empleo. Hay tres o cuatro
planes de empleo que se han aprobado a lo largo de los últimos años, pero
las prioridades del Gobierno en este asunto son las siguientes. Primero,
nosotros somos partidarios de hacer un diseño de un marco general para la
planificación de todos los recursos legales que hay en la Administración
general del Estado. Somos partidarios de eso, porque ese diseño general
servirá de punto de referencia y encuadrará luego los procesos
sectoriales de planificación en los distintos departamentos. Lógicamente
esto es lo que nos permite conectar los excedentes de personal que se
detecten en aquellas áreas administrativas en las que se comprueben
necesidades permanentes y estructurales de personal y ello se puede hacer
con una visión global, que, en mi opinión, es indispensable para
coordinar la planificación general. Luego se fijarán unos criterios
generales, una vez que tengamos esta visión global, para los ministerios,
que contengan al menos un calendario para elaborar los distintos planes
de empleo y una metodología de actuación común en todos ellos. También
habrá que establecer unas medidas transitorias para canalizar los
borradores de planes de empleo que ya están formalmente presentados en la
Dirección General de la Función Pública. Procuraremos que sea desde el
Ministerio de Administraciones Públicas desde donde se pueda organizar
este asunto, pero ya le digo que nosotros somos partidarios de hacer
primero un diseño global y un marco general del que cuelguen --y perdón
por la poco académica expresión-- el resto de los planes de empleo que se
vayan realizando.

Yo creo que no hay ningún asunto más. Cuando me he referido a la
intervención del señor Rodríguez Zapatero, ya he hecho un comentario
sobre el tema de los sueldos. Estamos en negociación con los sindicatos,
sin que el Gobierno haya tomado una decisión hasta cuadrar
definitivamente el proyecto de presupuestos generales del Estado de 1997.

Agradezco el tono de su intervención. Me ha dicho al final que no
concreto y que no desarrollo. Yo creo que este Gobierno lleva un mes y ya
ha tomado decisiones importantes; desde luego en este área ha presentado
un proyecto de ley que también tiene su trascendencia, ha reunido
diversas comisiones sectoriales para traspasar competencias, mañana se
reúne para cumplir sus pactos y para hacer una política que nos parece
más sensata en los temas europeos, y la próxima semana celebrará una
primera comisión delegada de asuntos autonómicos, en la que, entre otras
cosas, se establecerá el orden de los nuevos traspasos que tanto
preocupan a la señora Rahola, y luego al responder ya le iré haciendo
algún avance de lo que supongo dirá la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos si hace caso a lo que yo le diga.

La señora Gil i Miró, en representación del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió, ha agradecido la voluntad que tiene el Gobierno de
cumplir los pactos. Claro. Tenemos voluntad de cumplir los pactos, desde
luego, y así lo hemos manifestado.

Ha hecho algunos comentarios bastante generales sobre que la
descentralización política debe ir acompañada de la descentralización
administrativa. Yo eso lo entiendo como un proyecto de elogio hacia las
ideas que puede recoger la Lofage. Luego ha reivindicado, dentro de lo
que es el autogobierno de cada comunidad autónoma, el desarrollo de su
propia organización administrativa. Efectivamente, así es. Yo he hecho
antes un comentario. Probablemente no coincidan sus criterios con los
míos, pero, en cualquier caso, el partido del que usted forma parte
ejerce sus competencias como estima oportuno y conveniente, como yo antes
he señalado.

Ha calificado de retro mi intervención sobre la Función Pública. Estoy
absolutamente convencido de que la ha calificado de retro porque yo me he
expresado mal. Por tanto, cuando volvamos a hablar de la Función Pública
en esta Comisión, yo me expresaré bien para que usted pueda cambiar el
calificativo de retro y podamos ponernos de acuerdo con todos los grupos
parlamentarios para hacer un sensato y razonable estatuto de la
Administración Pública.

Luego ha incidido en el pacto local y, para que vean ustedes lo
complicado que es este asunto, en el respeto a las competencias de las
comunidades autónomas. Hay que conciliar aquí muchos y muy variados
intereses y competencias.

Ha pedido energía para llevar a buen término el modelo organizativo y
capacidad técnica. Yo le garantizo la energía y espero que la capacidad
técnica la garanticen, y estoy seguro de que así será, los funcionarios
de los correspondientes ministerios.

El señor Uría , que ha intervenido en representación del Grupo
Parlamentario Vasco, PNV, ha manifestado su satisfacción por la prontitud
en la presentación de la Lofage.




Página 275



Ha utilizado la expresión «estimable» en cuanto a la valoración, aunque
luego ha afirmado que ha sido apresurado, y ha dicho que la visión del
PSOE era más ideologizada, al menos en su exposición de motivos, y esto
es más tecnocrático. Probablemente vaya en la línea de prefesionalización
de la Administración pública que pretende el Partido Popular.

Sí me ha dicho que falta un alusión a las competencias de las comunidades
autónomas cuando se regula la administración exterior del Estado. Sobre
este asunto quiero decirle a S. S. que, sin perjuicio de que no voy a
entrar en el problema de fondo en el que, probablemente, tendríamos que
hacer muchísimos esfuerzos para estar absolutamente de acuerdo, es cierto
que no corresponde a la Lofage regular más de lo que hemos señalado, es
decir, la Administración del Estado, la central, la Administración del
Estado periférica y la propia del Estado en el exterior, aparte de los
organismos públicos y entidades públicas empresariales. Por ello, el
sector público estatal en las comunidades autónomas, en el supuesto de
que nuestros criterios coincidieran, tampoco serían materia de esta ley,
aunque, sin duda, es un tema que también puede debatirse.

La desaparición de la dependencia orgánica del MAP no es así, como antes
ya he aclarado. Probablemente la confusión está provocada, como he dicho
antes, por alguna publicación equivocada respecto de este asunto.

En cuanto al pacto local, se manifiesta partidaria y hace un elogio del
principio de subsidiariedad, lo cual es muy razonable, porque dicho
principio es eminentemente demócrata-cristiano y, por tanto, es lógico
que usted haga un elogio y que no se refiera exclusivamente a temas
territoriales, sino incluso a la propia configuración de cómo debe ser la
sociedad. Este principio dice que todo aquello que pueda hacerlo la
persona, la familia, etcétera, no lo haga el Estado; yo desde luego lo
comparto en su plenitud.

Sobre financiación autonómica, efectivamente hay unos compromisos con el
Partido Nacionalista Vasco que deben cerrarse en los tres primeros meses
del año 1997. Hay un compromiso de constituir un grupo de trabajo; creo
recordar que ya ha habido una conversación del Gobierno vasco con el
Ministro de Economía y Hacienda; en cualquier caso, vuelve a haber otra
con el Ministerio de Administraciones Públicas el próximo miércoles y
nuestra idea es comenzar a trabajar en este asunto para así poder cumplir
los compromisos pactados. Y luego pide que se cumpla el Estatuto de
Autonomía del País Vasco. Seguramente estaremos de acuerdo en que se
cumpla, pero es posible que haya algunas discrepancias entre lo que son
competencias que cree una y otra parte que deben ser transferidas. En
cualquier caso, hay que hacer un esfuerzo para llevarlo a buen término.

También me ha hecho S. S. un comentario sobre el decreto-ley del viernes
porque algunos aspectos del decreto- ley pueden incidir en competencias
autonómicas. Probablemente el más importante --como he dicho antes-- es
el de sucesión; hay algunos que se tramitan, efectivamente, como
proyectos de ley y, como bien ha señalado, ahí podrá discutirse lo que
hay que discutir.

Señor Gómez Rodríguez, agradezco sus palabras. Ha hecho S. S. unas
precisiones fundamentalmente referidas al tema canario. Dice que hay que
hacer el Estatuto de la Función Pública, respetando los derechos
adquiridos de los funcionarios. Es evidente que vamos a respetar los
derechos adquiridos de los funcionarios. Ha planteado también S. S. un
tema importante, que es la distinción entre los laborales y los
funcionarios. Este es sin duda un tema muy importante que no ha surgido a
lo largo de este debate porque no podían surgir todos los temas, pero es
un asunto en el que el Ministerio está continuando los trabajos que se
habían iniciado por parte del Gobierno anterior, porque en este momento
hay, aproximadamente, unos 24.000 puestos desempeñados por personal
laboral fijo como reservados a funcionarios. Por tanto, hay un proceso de
funcionalización en el que, en mi opinión, se debe continuar, pero
también habrá que incrementar los niveles de exigencia, las pruebas
selectivas de acceso a esos cuerpos y escalas de funcionarios, porque a
medio plazo solamente tiene que haber un único sistema de acceso a la
función pública, que es lo lógico y lo sensato; lo que ocurre es que los
períodos transitorios siempre generan algunas dificultades que este
Gobierno tiene la intención de plantear a lo largo de los próximos días y
sobre lo que ya ha tenido algunas conversaciones con los sindicatos. Pero
es un tema de suma importancia.

A S. S. le parece bien lo que he apuntado sobre la edad de jubilación,
sobre el desarrollo del pacto de 1992 y también manifiesta su conformidad
con la utilización del artículo 150.2, con la reforma del Senado y con la
potenciación de la vida municipal; hace S. S. un elogio de los cabildos
que son, sin duda, unas instituciones importantes, y aprovecha para
defender las diputaciones provinciales en lo cual, evidentemente,
coincidimos.

Ha hecho un comentario S. S. --me ha parecido que se refería a ese
asunto-- sobre la necesidad de equiparar la financiación de los
municipios canarios con el resto de los municipios españoles. Los pactos
firmados con su fuerza política algo dicen sobre este asunto. Finalmente
plantea el tema de los funcionarios en Canarias y los planes de empleo.

Hace S. S. una mención especial al tema de costas y puertos. Al tema de
puertos ya me he referido y, respecto al tema de costas, estamos
pendientes de una modificación en la legislación de acuerdo con una
sentencia del Tribunal Constitucional. Hace alusión al tema del paro en
Canarias. Repito lo que antes he señalado respecto al plan de empleo que
se está preparando en aquella Comunidad. Hace una afirmación que estoy
seguro comparte todo el mundo, pero que a la hora de aplicarla no es tan
fácil. Aquí todo el mundo está de acuerdo en que España intente cumplir
los requisitos de la convergencia europea, pero que ello no puede afectar
a la financiación de las comunidades. Es evidente que, si dependiera de
mí y de todos los señores Diputados, cumpliríamos los requisitos de la
convergencia europea sin que afectara a nada, ni a la financiación de la
comunidades, ni a las corporaciones locales, ni a los sueldos de los
funcionarios, ni a las prestaciones sociales, pero la vida es muy dura y,
lógicamente, habrá que tomar decisiones



Página 276



en este sentido que, a buen seguro, serán debatidas con importantes
argumentos en el Congreso a lo largo de los próximos meses.

Recuerda, y es importante, la capacidad normativa de los tributos
cedidos. Efectivamente, va a producirse esa capacidad normativa de los
tributos cedidos; éste es un asunto que he olvidado en mi primera
intervención, y S. S. hace una alusión al IGIC y al APIC que son los
impuestos específicos canarios sobre los que hay también algunos acuerdos
con su Partido y, por último, pide respecto al hecho diferencial.

Señor Presidente, voy a contestar a los dos últimos intervinientes, la
señora Rahola y el señor López-Medel, y pido disculpas por lo extenso de
mi intervención; éste es un prólogo de mi petición de disculpas mucho más
intensa la final de la misma.

La señora Rahola me ha hecho una observación que seguramente responde a
la verdad, pero yo tengo que intentar conciliar la necesaria brevedad,
que ahora no estoy consiguiendo, con el hecho de que tengo que darle un
contenido importante a mi intervención. En cualquier caso, me esforzaré
por intentar --como usted muy bien ha dicho-- correr menos, y estoy
absolutamente convencido de que usted me va a acompañar en el esfuerzo,
porque tenga usted la seguridad de que no se queda tampoco muy atrás.

(Risas.)
Respecto al Senado, ha dicho S. S. que yo hago una carta a los reyes y
que no hay letra ni pequeña ni menos pequeña. Es verdad. Pero yo le puedo
decir a uste lo mismo. Usted también está de acuerdo en que el Senado sea
una Cámara de representación territorial y ha incidido mucho en este
asunto, pero tampoco ha habido letra, ni grande ni pequeña. Probablemente
yo haya escrito más que usted. Yo soy un representante del Gobierno, y el
Senado requiere, fundamentalmente --puesto que supone una modificación
del Título III de la Constitución--, un acuerdo entre todos los grupos
políticos que han aprobado la Constitución; los representantes de la
soberanía popular son los Diputados y, en ningún caso, el Gobierno. Yo
aquí represento a un Gobierno, pero puedo ser cesado mañana mismo y, por
tanto, paso a representarme a mí mismo; es decir, tendré una
representación como Diputado. Por tanto, éste es un tema en el que el
Gobierno puede hacer como en el pacto local, pero menos todavía --y lo
dije en mi intervención--, una labor exclusivamente política; pero en
este asunto usted sabe, que en la pasada legislatura hubo ya una Ponencia
constituida en el Senado a estos efectos y no fue capaz de conseguir un
acuerdo; la culpa no la tuvo el Gobierno del Partido Socialista, la culpa
o la tuvieron todos los grupos parlamentarios que estaban en el Senado, o
no la tuvo ninguno, o fue culpa compartida, que es lo que yo creo que
fue. Por tanto, el Gobierno hará el esfuerzo político de que sea capaz,
pero los grupos también tienen que asumir sus propias responsabilidades,
com es evidente.

Sobre la corresponsabilidad fiscal ha hecho referencia S. S. a su
pragmatismo. Yo celebro su pragmatismo, aunque usted en su horizonte
máximo --no sé si es el máximo-- es partidaria de un modelo de concierto
económico. Yo creo que ahí tenemos criterios diferentes, pero bueno es
que S. S. sea pragmática y se apunte a algo que yo creo que es una
reforma en la buena dirección.

No puedo contestarle en este momento al asunto que me plantea del régimen
económico y fiscal de Baleares, pero sí le diré que antes del verano
vamos a convocar una comisión mixta para abordar los traspasos de
universidades. Creo que Baleares es la única comunidad autónoma a la cual
no se ha transferido la competencia de universidades; creo que hay alguna
más, pero, desde luego, son muy pocas. Por tanto, como le digo, antes del
verano habrá una comisión mixta sobre esto.

En cuanto al pacto local, también me ha dicho que he hecho el titular.

Celebro que usted esté de acuerdo con el principio de subsidiariedad,
principio eminentemente demócrata-cristiano, como le he dicho antes a la
señora Uría, pero que también puede ser asumido por personas
republicanas, como muy bien acaba de señalar, pero sí estoy dispuesto a
discutirle que el principio de subsidiariedad no es republicano, sino
democristiano.

Me dice que no he hablado de los traspasos que se van a hacer a la
Comunidad Autónoma de Cataluña. En principio, la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Autonómicos se reunirá el miércoles 19, con el fin
de establecer un nuevo calendario de traspasos, aunque el Ministerio ya
se ha adelantado a ese calendario, ya que, como he dicho, hemos celebrado
dos reuniones de la Comisión Mixta de Transferencias y, además, tenemos
preparadas algunas más. En cualquier caso, el Gobierno está en
conversaciones con distintos representantes del Gobierno catalán y en
algunos casos se está avanzando.

¿En qué temas creo que debemos actuar y, por tanto, dar una cierta
prioridad? Primero, en el modelo policial catalán. Ese es un asunto en el
que se está trabajando ya, pero, además, en el tema de los puertos, en el
tema del Inem, en el tema del suelo y en el tema costas. Estas son las
cuestiones sobre las que hay que comenzar a trabajar y ya se está
haciendo con mayor intensidad.

Está encantada con la supresión de los gobiernos civiles y dice que el
Partido Popular evoluciona. Si evolucionamos a mejor, está bien. En
cualquier caso, he señalado antes que yo, personalmente, no he
evolucionado. De todos modos, es bueno que todos evolucionemos a mejor y
estoy absolutamente convencido de que usted también lo va a hacer.

Habla de la provincia única. Ya he dicho que yo soy partidario de que se
mantengan las diputaciones y de que el Gobierno elegido por los
ciudadanos de Cataluña, en el ejercicio de las competencias que le
atribuye la legislación vigente, haga lo que estime oportuno y
conveniente. Por tanto, la opinión que yo pueda expresar sobre la
provincia única, puesto que no soy competente para resolver este asunto,
entiendo que no tiene excesivo interés.

Ha celebrado usted que yo haya dicho que si no hay unanimidad en la
financiación habrá que aplicar la mayoría. Me preocupa que lo celebre por
si acaso no interpreta bien lo que yo he querido decir. Lo que yo he
intentado transmitir como miembro del Gobierno es que es importante que
se consiga la unanimidad en el modelo de financiación autonómica, pero
para conseguir la unanimidad no



Página 277



basta sólo la voluntad del Gobierno, sino que se necesita la voluntad de
todos. El Gobierno puede tener toneladas de voluntad de conseguir la
unanimidad, pero si hay alguien que no tiene ninguna voluntad de
conseguirla, va a ser difícil. Lo que yo he dicho es algo tan razonable
como que, si no hay unanimidad, habrá que ir a un sistema de mayoría,
porque lo contrario sería el absurdo, supondría que no habría ningún tipo
de sistema. Usted ha citado aquí a un señor que no está y yo no voy a
citarlo, pero ha preguntado qué ocurriría en el supuesto de que alguien
lo vete. Aquí no hay vetos. Si se acuerda un determinado modelo y una
determinada comunidad autónoma no acepta ese modelo, que puede hacerlo,
porque así lo dice su estatuto de autonomía, lo que sucede es que se
aplica el modelo anterior. Esto es exactamente igual que lo sucedido con
el modelo de cesión del 15 por ciento de cuota líquida; algunas
comunidades no lo aceptaron y, consiguientemente, no se les aplicó, pero
luego, cuando cambiaron de criterio, se les ha aplicado.

Señor Presidente, como señalaba hace breves minutos, lamento la extensión
de mi intervención, pero he querido responder, en la medida en que me ha
sido posible, a las innumerables preguntas que me han hecho los señores
Diputados. Sí quisiera que todavía me permitiera hacer un par de
comentarios sobre la intervención del señor López-Medel.

El señor López-Medel, como es lógico, ha hecho una intervención en una
línea parecida a la que ha hecho el Gobierno, al cual apoya el grupo que
él representa, pero ha introducido un par de ideas que me parece
importante señalar, dejar apuntadas, porque versan sobre un asunto sobre
el que queremos trabajar a lo largo de los próximos años. Una de ellas es
la relativa a la responsabilidad de los gestores públicos en el
aprovechamiento de los recursos humanos que tiene la Administración. El
mismo ha dicho que esto puede sonar a declaración genérica, y
probablemente lo sea, pero hay algunos aspectos que no se pueden
convertir en proyectos de ley ni en algo similar, sino que, al final, son
cuestión del día a día y de la actuación concreta de la Administración, y
es un tema que sin duda me preocupa. Desde luego, éste es un asunto muy
importante, pero bastante poco llamativo y que probablemente nunca
preocupe a ningún medio ni a la opinión pública.

Además hay otro asunto que me parece de enorme importancia: que se haya
nombrado aquí el principio de cooperación. Me parece que algún otro
portavoz hizo alusión al principio de cooperación, principio
tremendamente importante y que es conciliable y necesariamente
complementario del principio de autonomía y del principio de
descentralización política. Creo que en el Pacto Autonómico del año 1992
está bien recogido y que debe seguir haciéndose un esfuerzo en esa línea
mediante la potenciación de las conferencias sectoriales que hay en los
distintos ministerios. Lógicamente, respecto a que se cumpla el pacto de
1992, se respete el hecho diferencial y la reforma del Senado, el
artículo 15 de la Lofca, estoy de acuerdo con su intervención.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro, por sus extensas
explicaciones en esta primera comparecencia.

Señoras y señores portavoces, esta Mesa está dispuesta a abrir un turno
excepcional de una duración que no exceda del minuto --al que, por
supuesto, no les invito, dado lo avanzado de la hora--, por si quieren
realizar alguna escueta pregunta o alguna aclaración sobre la información
facilitada.

¿Señores portavoces que deseen intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Quería agradecer al señor Ministro el
notable esfuerzo que ha hecho por intentar contestar a todas las
cuestiones y, además, resaltar una cosa y hacer un comentario en tono
distendido.

Creo que ha quedado claro que la reestructuración ministerial --y perdone
la esterilidad que algunos apuntan --, si no sigue, no va a suponer
ningún ahorro, lo que supondría que no hubo despilfarro. Es muy
importante para el Grupo Socialista que eso quede más o menos claro.

También quiero decirle que ha contestado algunas cosas, otras muchas se
sitúan en el terreno de las indefiniciones, pero no creo que extrañe a
nadie, desde luego no al Grupo Socialista, que haya indefiniciones, en
primer lugar, por el tiempo que lleva en el Gobierno y, en segundo lugar,
porque el titular del Ministerio es un gallego y, además,
demócrata-cristiano. Esa doble condición hará que, en el terreno de las
indefiniciones, en esta Comisión tengamos un caudal enorme para el
ingenio y el esfuerzo parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Quería hacer dos apuntes a dos afirmaciones, dos
compromisos que ha anunciado el señor Ministro, al que agradezco el tono
de su intervención.

Ha dicho que el desarrollo de la financiación se va a hacer por el 150.2
y que no cree que sea necesaria --me refiero a la financiación
autonómica-- la reforma de los estatutos de autonomía. Creo que, a pesar
de esa buena voluntad, en algunos casos, sobre todo los que se hicieron
con posterioridad a la Lofca, incorporaron a los estatutos los sistemas
de financiación y es posible que, a lo mejor, haya que retocarlos.

En cuanto a la solidaridad, yo no he hablado del fondo de nivelación de
servicios como elemento de solidaridad. He dicho que es una actuación
para que todos los españoles recibamos en las mismas condiciones la
posibilidad de un fondo para cubrir y conservar los servicios, para que
tengamos un mínimo de equidad.

Para terminar diré que el ejemplo de los gobernadores civiles, utilizando
la definición de las cuatro competencias que él ha citado, es muy
anterior a la norma que ya funcionaba con los gobernadores civiles con
posterioridad a 1982, pero cada uno utiliza las competencias que quiere a
la hora de definir lo que hacían los gobernadores civiles. Desde 1982
hata ahora los gobernadores civiles, además de representar al movimiento
y ser los jefes locales, hacían otras cosas.




Página 278



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gil i Miró.




La señora GIL I MIRO: Sólo quería apuntar al señor Ministro que,
obviamente, no hemos expresado agradecimiento por la explicitación del
cumplimiento de los pactos, sólo hemos mostrado satisfacción.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Uría.




La señora URIA ECHEVARRIA: Quería agradecer al señor Ministro sus
explicaciones. No albergo duda sobre su talante en el cumplimiento del
desarrollo estatutario. Me reservo para esperar y ver y, de momento, le
mantengo íntegra mi confianza.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López-Medel Bascones.




El señor LOPEZ-MEDEL BASCONES: Muy brevemente, para reiterar nuestra
felicitación al señor Ministro por el acierto en su exposición y hacer,
de nuevo, en la línea de lo ya manifestado por él, una apelación al
consenso. Decir que este Grupo Popular va a estar abierto continuamente a
la apelación al consenso, a la negociación, al acuerdo con los demás
grupos, y estoy seguro de que, por parte de los demás grupos, va a ser
así también.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, muchas gracias por su intervención.

Gracias a las señoras y señores Diputados, a los servicios de la Cámara
por la atención que nos han dedicado y a los medios de comunicación.

La Mesa continuará reunida en esta misma sala, trabajando en favor de la
agilidad de esta Comisión.

Se levanta la sesión.




Eran las quince horas y treinta y cinco minutos de la tarde.